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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 802, de 28/03/2007
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 802
EDUCACIÓN Y CIENCIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN
Sesión núm. 58
celebrada el miércoles, 28 de marzo de 2007
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la incorporación en los libros de texto escolares de la desmemoria histórica de la II República y la dictadura franquista. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/001136.)...
(Página 3)
- Relativa a la eliminación de prejuicios y vejaciones contra los gallegos en la última actualización del diccionario de la Real Academia Española.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001643.)...
- Relativa a la modificación del procedimiento de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario, utilizado para conceder los llamados 'sexenios de investigación'. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/002035.)... (Página 10)
Por la que se insta al Gobierno a que la Alta Inspección intervenga y garantice el derecho y libertad de los profesores de lengua y literatura castellanas a elaborar la programación didáctica en castellano.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001953.)... (Página 16)
- Relativa a incrementar la igualdad de oportunidades en los estudios a los miembros de familias numerosas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001865.)... (Página
20)
- Sobre medidas de promoción de los programas de cooperación territorial.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/002103.)... (Página 25)
- Sobre medidas de impulso de la cultura científica en el sistema educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
(Número de expediente 161/002133.)... (Página 27)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señores comisionados, señoras comisionadas, la Comisión de Educación y Ciencia va a debatir a lo largo de esta mañana una serie de proposiciones no de ley presentadas por diferentes grupos parlamentarios. Y antes de
comenzar la misma quiero informar a los señores y señoras comisionados que en relación al debate de las diferentes proposiciones no de ley, les comunico que después de las proposiciones no de ley 1 y 2, de Esquerra Republicana y del Grupo Mixto,
veremos seguidamente la que en el orden del día aparece con el número 5, que es del Grupo Parlamentario Popular, referida a los sexenios de investigación; seguidamente veremos la número 4, y en el lugar de la 5 veremos la que en el orden del día
aparece como número 3, respecto al incremento de igualdad de oportunidades en los estudios a los miembros de familias numerosas, por disponibilidad de los diferentes ponentes con los que he hablado con anterioridad.
También comunico a los miembros de la Comisión que la proposición no de ley que tiene el número 8 en el orden del día sale del orden del día por cuanto que la Mesa del Congreso ha decidido, y lo acaba de comunicar esta mañana, su traslado a
la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, por cuanto que hace referencia a medidas destinadas a favorecer la participación de la mujer en los estudios científicos y tecnológicos.
Señor Nasarre, es un tema que no depende de esta Comisión; la Mesa del Congreso ha decidido su traslado a la Comisión Mixta de la Mujer porque es una cuestión de transversalidad en determinada política, con la que puedo coincidir o no, pero
no es objeto de discusión, señor Nasarre.
La señora SÁENZ ROYO: Si me permite, señor presidente, para dar una explicación a ese punto: como miembro de la Mesa, ayer se calificó, en principio. Por lo tanto, cuando se elaboró el orden del día no estaría en condiciones para ser
incorporado. Pero en todo caso, ayer se calificó, y a petición del Grupo Socialista, de una persona miembro del Grupo Socialista, de la Mesa, solicitó que pasase a la Comisión mixta. O sea, que no ha sido una...
El señor PRESIDENTE: Y como tal fue decidido por la Mesa y Junta de Portavoces.
Como a los efectos oportunos lo que nos interesa en esta Comisión es el resultado, no el proponente, he hecho referencia al resultado de la misma, no a la proposición, de quién fue.
Hechas estas aclaraciones en relación al orden del día, comunico a los señores portavoces, a los efectos oportunos y de intendencia, que celebraremos la votación de las diferentes proposiciones no de ley al término del debate de las mismas,
y no se producirá antes de las 12.30 horas, si les parece. De tal forma que, concluido el debate y votación del orden del día, recuerdo a los señores portavoces que tendremos a continuación una reunión de Mesa y Junta de Portavoces, y sería
deseable la finalización de todo el trabajo de esta Comisión antes de las 13.20 horas, con el fin de incorporarnos, aquellos comisionados que así lo deseen, al acto que ha sido decidido o ha sido comunicado por el Congreso de los Diputados en
relación a la realización de un minuto de silencio en las escalinatas de la Cámara en recuerdo por el fallecimiento de don Ambrosio Fernández Recio, y que me imagino que todas sus señorías conocen.
Bueno, sin más dilación empezaremos el orden del día, dando siete minutos para la defensa de las proposiciones no de ley y la fijación de posiciones en el orden tradicional y que marca el Reglamento, que es: en primer
lugar intervendrá el grupo proponente, a continuación los grupos que hayan presentado enmiendas a las proposiciones no de ley (lo ha sido a tres, concretamente a la 2, a la que va en lugar quinto y a la número 6), y a continuación fijará
posición el resto de los grupos parlamentarios.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA INCORPORACIÓN EN LOS LIBROS DE TEXTO ESCOLARES DE LA DESMEMORIA HISTÓRICA DE LA II REPÚBLICA Y LA DICTADURA FRANQUISTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001136.)
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley sobre la incorporación en los libros de texto escolares de la desmemoria histórica de la II República y la dictadura franquista, presentada por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Cañigueral en primer lugar.
La señora CAÑIGUERAL OLIVÉ: Como afirma la exposición de motivos de la proposición no de ley, la ONU, en el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad establece
como tales el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del Estado. Según la ONU, el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial para que no se repitan crímenes aberrantes mediante la violación masiva y
sistemática de los derechos humanos.
Si el Estado español asume este conjunto de principios de la ONU, como ha hecho reiteradamente ante violaciones de derechos humanos de otros países, debe poner en marcha las medidas adecuadas encaminadas a hacerlos efectivos en su propio
territorio. Porque qué duda cabe de que el franquismo llevó a cabo crímenes aberrantes mediante la violación sistemática y masiva de los derechos humanos.
La labor para hacer efectivos estos principios debe ejercerse necesariamente desde el ámbito educativo, comenzando en la educación básica, profundizando en la educación secundaria, y apoyando la investigación en la educación universitaria.
Sólo así se podrá dar cumplimiento a lo establecido por la ONU.
Y es esto lo que reclama la presente iniciativa. Porque si no es así, ¿cómo piensan darle cumplimiento? ¿Apoyando la publicación de libros de memoria histórica, esperando a que la población general lea libros tan especializados? ¿O quizás
piensan que el Estado español no debe cumplirlos?
Los partidos que van a votar en contra de esta iniciativa, que no rehuyan este debate. Dígannos si el Estado español está obligado a cumplir o no con estos principios de la ONU. Y si es que no, dígannos cuáles son las diferencias entre la
represión española respecto a la represión en los países latinoamericanos o de cualquier otro país que esté obligado a cumplir los principios de la ONU.
Pero más allá de esta postura, coherente con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español, existe una razón estrictamente educativa. ¿Cómo puede ser que el alumnado conozca más a fondo la etapa íbera, la romana o la
musulmana que la reciente etapa republicana? ¿Cómo es posible que se estudie más la Revolución Francesa o la bolchevique que la revolución que supuso la II República española, y que supone el gran antecedente de la actual democracia parlamentaria?
¿Cómo es posible que no se estudie obligatoriamente en la educación cuál fue y qué significó la represión franquista?
¿No se realiza esta labor pedagógica? ¿De qué nos extrañamos entonces cuando la juventud española sale a la calle con banderas y consignas franquistas? La mejor política preventiva, la mejor vacuna para neutralizar el virus franquista es
precisamente la educación, el conocimiento de lo que pasó, de lo que significó la dictadura y la represión franquista.
Desde este punto de vista puedo entender que quienes se consideran hijos o herederos de este periodo no tengan ningún interés en recuperar una etapa de la historia que llevan años escondiendo y enterrando. Pero no puedo entender que
aquellos que padecieron esta represión, que aquellos que tienen tantos militantes muertos o torturados no tengan interés en que la verdad se conozca. No hablo de odio ni de rencor ni de venganza; hablo de historia.
Y todas las fuerzas democráticas deberían estar unidas en reconocer el antecedente republicano y la barbarie que supuso la represión franquista.
Porque la división no es entre izquierdas y derechas (hay que recordar que en la II República
también gobernó legítimamente la derecha), sino que la división es entre demócratas y no demócratas, es entre quienes condenan sin fisuras la dictadura y difunden pedagógicamente su barbarie y quienes la ocultan como una manera de no condenar la
etapa dictatorial antidemocrática.
Pero incluso más allá de la valoración política y educativa, hay un tercer factor que nos parece esencial: la no aprobación de una iniciativa como esta significa que la dictadura no está superada, que la democracia no está suficientemente
consolidada y que todavía sigue existiendo un miedo y una reacción franquista. Lo lamentamos profundamente, de la misma manera que lamentamos que el PSOE no vaya a aprobar la iniciativa. Y sobre todo, porque no lo va a hacer ni en los términos en
los que la formulamos ni en otros términos más suaves, dejando en papel mojado la voluntad expresada a favor de la recuperación de la memoria histórica y que hasta el momento sólo ha sido concretada en la aprobación de la Ley de Proclamación del año
de la memoria histórica, que desconoce la gran mayoría de la población.
Aquí termino; quiero disculpar mi asistencia en la defensa y exposición de las otras pnl, pero los miembros de los grupos parlamentarios pequeños tenemos que hacer varias cosas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo con la señora Cañigueral. ¿Grupos que desean fijar posición? Lo haremos de menor a mayor. Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Mi grupo parlamentario se acerca a esta iniciativa valorando que la misma fue presentada en julio del año 2005, es decir, hace un año y medio, y que tenía un claro objetivo, que se recoge en los puntos 3 y 4, que era
el que se incorporara en la Ley Orgánica de Educación el temario específico sobre la II República y un temario específico sobre la represión de la dictadura fascista y la lucha por la libertad y la democracia. Todo ello según un informe que
previamente se tenía que elaborar en esta Cámara.
Como es lógico, los puntos primero y segundo se refieren al procedimiento o la manera para elaborar dicho informe, que realmente prácticamente es una tramitación parlamentaria, es decir, una propuesta, comparecencias aportaciones de los
grupos, conclusiones, y que en función de estas conclusiones se hiciera esta incorporación en el temario de lo que se refiere a la II República y a la represión de la dictadura franquista.
Yo creo que aquí hay dos temas: uno que es lo que se propone en la iniciativa, que es sobre lo que nos tenemos que pronunciar, que francamente yo le he de decir a la señora Cañigueral que me parece que está ya extemporáneo; la Ley Orgánica
de Educación ya se ha tramitado, estos temarios habrán entrado o no; si realmente han de entrar a través de los decretos que los desarrollan, tendremos que hacer las iniciativas pertinentes para que se recojan allí, o las protestas pertinentes si
allí no se han recogido, pero la literalidad de esta proposición realmente nos parece extemporánea. Se podía haber hecho una enmienda por el propio grupo proponente para adaptarla, pero como no se ha hecho, lo que hemos de votar es lo que pone
aquí.
Por otra parte está el fondo de la situación. Yo creo que sobre el fondo de la situación no es esta la Comisión para pronunciarnos en este momento. Yo puedo coincidir con buena parte o con casi todo lo que ha expuesto la señora Cañigueral,
pero creo que se está tramitando la Ley de la Memoria histórica, y por lo tanto allí seremos los grupos los que podamos hacer las aportaciones según nuestras distintas maneras de ver el tema.
Todo ello sin olvidar las manifestaciones que hacen investigadores y científicos con respecto al estudio de este periodo; es decir, que la memoria histórica no sólo es y ha de ser un pacto político, que lo ha de ser, sino que también ha de
ser un estudio objetivo y que, por lo tanto, tendremos que escuchar lo que ellos tengan que decir.
Estas son las razones que inducirán a mi grupo parlamentario a no poder apoyar la literalidad de lo que aquí se propone. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lassalle Ruiz. ¿Es así, señor 'Lassalle'?
El señor LASSALLE RUIZ: En francés, sí; en español, en castellano, 'lasalle'.
La posición del Grupo Parlamentario Popular va a ser la de no respaldar esta proposición no de ley de Esquerra Republicana por dos razones básicamente.
La primera es porque invoca inoportunamente un acervo normativo que no le es aplicable a España. El llamado conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, aprobado en
1998 por la Comisión de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y actualizado en el año 2005 en el sexagésimo primero periodo de sesiones de la citada Comisión, no es aplicable, ni tampoco lo es el acervo normativo que le acompaña, que son los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, de 1985, y los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del
derecho humanitario de interponer recursos y obtener reparaciones, del año 2000.
No lo es porque es un acervo que trata de abordar demandas de justicia planteadas en el seno de países que han sufrido escenarios de impunidad -y ahora explicaré lo que significa este concepto- en el marco de prácticas genocidas y
violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de acuerdo con la reciente jurisprudencia penal internacional.
La impunidad, de acuerdo con la doctrina científica y por parte de la jurisprudencia de la Corte Internacional, es hoy considerada de la siguiente manera: primero, una situación que se opone al sentido comunitario de la justicia y que
provoca en el cuerpo social conmociones negativas, sentimientos de desánimo y desesperanza colectiva que afectan al conjunto social en los planos cultural, político y económico; segundo, una violación del conjunto de principios y normas de derecho
internacional orientado a la promoción y protección de los derechos humanos; tercero, un factor que contribuye a la comisión de nuevos crímenes atroces, porque la falta de enjuiciamiento y sanción debilita la convicción sobre la ilegalidad de las
conductas; cuarto, un factor que tiende a generar más violencia porque no sólo alienta la reiteración de los delitos, sino porque crea condiciones para que algunas víctimas busquen la justicia por sí misma; quinto, un obstáculo para la paz, porque
al amparar a los culpables siembra graves dudas sobre la justicia y la sinceridad del proceso desarrollado con miras a obtenerla.
Demostrando por tanto la radical inoportunidad de la aplicación normativa de este acervo jurídico de Naciones Unidas; pensado para procesos vividos al amparo del Convenio Iberoamericano de Derechos Humanos y la práctica de las comisiones de
la verdad y reconciliación vividas de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Internacional en Timor, Sudáfrica, o el ejercicio procesal de tribunales como los de Ruanda y la ex Yugoslavia, no existe margen para reclamar el ejercicio de un
derecho simbólico a la verdad en los términos que, como digo, se plantean en esta proposición no de ley, que -señalo- alega directamente la obligación moral del Reino de España de atender este derecho en virtud de la aplicatividad del mismo a
nuestro país.
Hecha esta consideración, que creo que es fundamental a la hora de justificar o no la obligación moral de esta obligación normativa, paso a la segunda consideración. Y es que tratar de cubrir una laguna de investigación y difusión sobre lo
que sucedió en la historia de España durante el periodo comprendido entre el año 1970 y 1976 es en el fondo, y con perdón, una desacreditación de la labor científica llevada a cabo por los historiadores españoles a lo largo de estos treinta y dos
años ya de democracia. No voy a citar ni obras ni autores, porque es imposible hacer recopilación de la ingente bibliografía universitaria y académica que en estos momentos está a disposición de cualquier persona en el catálogo bibliográfico al uso
en cualquier universidad española.
Pero es que además, en el fondo es una petición que, como digo, aparte de desacreditar la labor de la comunidad científica española, no se ajusta a lo que ya es una realidad en el sistema educativo español, que es atender oportunamente al
conocimiento histórico de lo que pasó en este país entre los años 1930 y 1936. Si decía George Santallana que conocer la historia es necesario para no volver a tropezar en ella, en este caso creo que se pone de manifiesto que quienes no conocen la
historia no pueden invocarla, a menudo, para tratar de justificar reclamaciones que responden más a planteamientos ideológicos que de puridad científica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señorías, nuestro grupo tiene que vota en contra de esta proposición no de ley. Realmente lo sentimos, pero es que querríamos hacerle una serie de objeciones. Algunas no las voy a repetir porque las ha dicho, yo
creo que con mucha claridad, la señora Pigem. Es una en relación a la exposición de motivos, y otra en relación al cuerpo de las propuestas que ya hacen en concreto en su proposición no de ley.
En primer lugar, ustedes lo que solicitan en concreto es que haya un estudio en la escuela de la II República, de la Guerra Civil y del franquismo. Y para ello se basan, en su exposición de motivos precisamente, lo ha dicho usted en su
exposición, en los tres primeros principios de un documento de la ONU, que es el conjunto de principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Por lo tanto, dicen ustedes, y nosotros estamos
de acuerdo, se lo leo casi textual: 'cada pueblo tiene el derecho a conocer la verdad acerca de los acontecimientos acaecidos en el pasado y que forman parte de su propia historia'. Nosotros estamos plenamente de acuerdo como grupo, pero es que
también lo está el Gobierno, y también otros muchos grupos de la Cámara. Y quería recordarle por lo tanto lo siguiente: y es que hemos aprobado una ley de educación recientemente donde hay precisamente una asignatura dedicada a la promoción y al
estudio y al buen conocimiento de lo que son los derechos humanos, eso a nivel, diríamos, general. Esta asignatura se llama educación para la ciudadanía, y para los derechos humanos precisamente fue una enmienda que introdujo la señora Pigem. Por
lo tanto, hay a nivel general para todos nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, y en todos los niveles educativos, una asignatura que se va a dedicar específicamente a esto, a la promoción y el estudio de los derechos humanos.
Pero a nivel individual quería recordarle -claro, es verdad, ya se lo recordaban- que esta proposición no de ley tiene casi un año o más, y por lo tanto quizá deberían ustedes haberla retirado o haber traído una..., haberse autoenmendado,
para que la hubiésemos podido apoyar. Porque precisamente la semana pasada, creo que el 20 de marzo, el jueves 20 de marzo, a nivel individual también hay un proyecto de ley que en este momento el Pleno, se votó la advocación por el Pleno, que le
recuerdo que es el proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Por lo tanto, tanto el Gobierno como la Cámara
están protegiendo todo ello, a nivel general en esta propuesta de ustedes de lo que tiene que estudiarse en la escuela con esta asignatura específica, y a nivel individual de aquellos que padecieron precisamente, se ha atentado contra sus derechos.
Pero yo quería hacerle otra segunda consideración en relación al cuerpo de su propia proposición no de ley, y es la siguiente: mire, en relación al punto primero, ustedes proponen que se debería realizar un informe sobre la historia del
Estado español, que ha sido deformada, silenciada, enterrada durante los cuarenta años de la dictadura franquista. Y entonces, sobre esto quería hacerle una serie de matizaciones.
Primero, estamos de acuerdo en que eso ha sido durante muchos años deformado, no ha formado parte de nuestro estudio escolar, y por lo tanto no ha formado parte, digamos, de la percepción que tenemos de nuestra propia historia y de nuestra
propia sociedad. Pero mire, cuando conseguimos que la democracia llegase a nuestro país, que fue un logro que costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos años, muchas persecuciones, pues con
la llegada de la democracia entraron y llegaron las leyes escolares amparadas por la democracia, y por lo tanto, todos los conocimientos educativos se hacen desde un nivel científico, que no ideológico. Y yo quería recordarle por lo tanto
que desde el año 1990, con la Logse, posteriormente con la LOCE, aprobada y siendo del Gobierno del Partido Popular, y actualmente con la LOE, lo que usted propone que se estudie ya se está estudiando: la II República, la Guerra Civil y el
franquismo.
Es más, le he traído precisamente... en la LOE no es que ya se está estudiando desde el año 1990, es que está absolutamente asegurado que se va a seguir estudiando. Mire, es porque quiero también que conste en el Diario de Sesiones de la
Comisión, por lo siguiente: en Educación Primaria -en la LOE, el decreto de mínimos, que usted debe conocer- en el bloque quinto del tercer ciclo de primaria, del área de conocimiento del medio natural y social precisamente se va a estudiar esto,
naturalmente, adecuado a esos niveles de estudio. Pero es que en el decreto de mínimos de la secundaria, mire, cuarto curso, bloque dos, leo textualmente: 'transformaciones en la España del siglo XX; crisis del Estado liberal, la II República, la
Guerra Civil y el franquismo'. Por lo tanto, como ya está asegurado, no solamente que se lleva produciendo el estudio de lo que usted propone, ya desde hace mucho tiempo, sino que además está asegurado que va a seguir estudiándose, porque el
decreto de mínimos publicado en el BOE del viernes 5 de enero de este mismo año, pues así viene ya proclamado.
Por lo tanto, no tiene mucho sentido que ahora..., no es que escurramos el bulto en este debate, como usted decía, al contrario, lo consideramos importante. Pero es que usted propone una cosa que ya se está haciendo, y que por lo tanto es
reiterativo, no ha lugar aprobarlo.
Por ultimo, yo quería decirle además, en relación a los puntos 2, 3 y 4, que aquí sí que creo que hay una serie de objeciones importantes. Verá señora portavoz: en el punto 2 ustedes solicitan que haya un informe -creo que también se lo ha
apuntado la señora Pigem- que pase a esta Comisión de Educación para que aquí podamos pedir informaciones adicionales y además comparecencias. Bueno, es que eso tiene el formato de una proposición de ley más que el formato de una pnl, que es lo que
ustedes traen.
Pero aparte de eso hay dos cosas que no nos han parecido demasiado correctas, y que se lo sugiero, en fin, con verdadero afecto: y es que en los puntos 3 y 4, ustedes lo que vienen a decir es a priori en qué tienen que acabar las
conclusiones de esa Comisión; ustedes restan libertad a esa Comisión, a esa Comisión específica, porque si esta Comisión de Educación tiene que hacer un informe dedicado a esto, bueno, los grupos parlamentarios veríamos a qué conclusiones llegamos;
pero es que ustedes en los puntos 3 y 4 dicen 'y la conclusión de esto tiene que ser que tiene que estudiarse la II República y la dictadura'. Le recuerdo: uno, que eso ya se está estudiando; y dos, que cuando se propone que haya una comisión, lo
que no se puede establecer a priori son las conclusiones que tendría que haber en esa comisión.
Y por otro lado, y con ello acabaría, señor presidente, es que también quiero recordarle que en este momento hay una comisión de historiadores y de docentes, por lo tanto desde el punto de vista científico y desde el punto de vista
profesional de la docencia, que está analizando cómo llevar no solamente estos contenidos, todos los contenidos de la historia, cómo tienen que llevarse a la aulas. Y que por lo tanto, aquí nosotros no haríamos tanto el asunto desde el punto de
vista científico, porque es que no cabe. Nosotros somos legisladores, y ponernos aquí a estudiar y a decir al pueblo español cuál es la verdad de los hechos históricos, pues me parecería que no tocaría. Nosotros lo que tenemos que hacer es
legislar, y poner precisamente las condiciones legislativas adecuadas para que precisamente, gracias a esas leyes democráticas, la Logse, la LOE, la LOCE, la libertad de cátedra y la libertad de investigación establezcan cómo y qué es lo que se debe
estudiar en las aulas de nuestro país.
Por lo tanto, esas serían un poco las razones por las cuales nosotros consideramos que no ha lugar apoyar en este momento la proposición no de ley que el Grupo de Esquerra Republicana ha traído a esta Comisión.
- RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PREJUICIOS Y VEJACIONES CONTRA LOS GALLEGOS EN LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001643.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el punto número 1, pasamos al número 2, que es la proposición no de ley relativa a la eliminación de prejuicios y vejaciones contra los gallegos en la última actualización del diccionario de la Real Academia
Española.
Para la defensa de la misma y por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Empezaremos por decir que la Real Academia Española es una institución oficial que vela por la propiedad de los usos del idioma castellano, por la mejor elegancia de los textos orales o escritos, por la pureza
del idioma y, en definitiva, por cubrir las necesidades de los hablantes y mantener la unidad de la lengua en una y otra parte del Atlántico. Por lo tanto, normalmente la Real Academia Española lo que hace es recoger en sus diccionarios los usos
frecuentes de los vocablos en los distintos territorios de habla española.
Un problema espinoso es el problema de los gentilicios, porque a veces resulta difícil distinguir lo que es denotativo de lo que es puramente connotativo, y resulta más difícil en sociedades que tienen sus sustratos ideológicos,
su historia, y su cultura no caer a veces en la xenofobia o en el prejuicio.
No hay ningún diccionario, ya que todos son producto de la pragmática lingüística, que esté al margen de los sustratos ideológicos de las sociedades respectivas. Pero es cierto que los diccionarios, si tienen que caer en alguna ocasión en
algún tipo de utilización prejuiciosa en relación con los gentilicios, deben señalar que se trata de usos vulgares, chabacanos o despectivos.
Así es lo que hace la Academia cuando se trata de usos muy frecuentes en el ámbito hispanohablante en relación, por ejemplo, con la palabra 'gitano', que solamente tiene una acepción de carácter despectivo y, por cierto, figura como tal, y
se refiere a los gitanos siempre connotados en relación con el hurto, con el robo.
Estas primeras advertencias son fundamentales para entender la intención de nuestra proposición no de ley. Pero vayamos a lo que consideramos pragmática lingüística, y por lo tanto a la ideología subyacente en todos los diccionarios de
todas las lenguas, que responden a la historia de esa comunidad de hablantes; y si es una comunidad de hablantes que además tiene diversidad cultural, lingüística y nacional, está claro que se traduce mucho más precisamente en los usos hegemónicos
de la lengua.
Para eso voy a dar unos cuantos ejemplos sucintos de las ediciones del diccionario de la Real Academia Española en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el XX y en el XXI.
Curiosamente, en el siglo XVIII hay tres ediciones del diccionario de la Real Academia Española: la de 1734, 1783 y 1791. Pues bien, resulta que la palabra 'gallego' ahí aparece solamente como cosa perteneciente a Galicia, y pone un
ejemplo: 'gallego o gente gallega'. Y además, la segunda acepción sería el viento del noroeste, es decir, está hecho desde una perspectiva totalmente castellana. Y es curioso que, aunque no hay nada vejatorio, sin embargo ya hay algo indicativo,
y es que, mientras que el gallego es 'cosa perteneciente a Galicia', sin embargo para los catalanes y los vascos no, son 'naturales de Cataluña' o 'naturales de Vascongadas'; es decir, nosotros aparecemos como cosas, pero en absoluto aparecemos
como naturales de un determinado lugar. Ahora, la descripción es puramente racionalista, si bien con un carácter de connotación negativa en la medida en que nosotros no somos personas.
Bien, si vamos al siglo XIX, curiosamente hay una inversión que resulta expresiva y sintomática. Las ediciones que se hicieron en el siglo XIX son desde la 4.ª hasta la 13.ª en 1899, la 4.ª en 1803. Pues bien, señorías, resulta que aquí
gallego es 'natural de Galicia' -y es interesante, lo homologa con lo vasco y lo catalán- pero además le pone una descripción sorprendente para hoy, pero rarísima desde el punto de vista histórico: 'o lo perteneciente a aquel reino'. Hoy le
preguntamos a un muchacho de enseñanza secundaria si Galicia fue un reino, y dice que no. Bueno, no tenían duda alguna todos los académicos, que eran los grandes de España, desde principios del siglo XIX, curiosamente hasta 1884; sin embargo,
Cataluña es una provincia, es una provincia, no es un reino; o es un principado en otro tipo de ediciones. Pero resulta que a partir de 1884 pasamos ya a ser una región, y curiosamente 'gallego', que no aparecía nunca como idioma, nunca -el vasco
y el catalán, sí-, ahora aparece retratado como dialecto. Si duda es la versión que tiene la España de la Restauración de Galicia.
En el siglo XX van las ediciones desde la 14.ª hasta 22.ª, desde 1914 a 1992; seguimos con el dialecto entre 1914 y 1956, mientras que el catalán y el vasco eran lenguas, y señorías, curioso, en 1936, en plena etapa democrática, porque el
diccionario se publica en 1936 pero se elabora anteriormente, resulta que le introducen una connotación terrible para los gallegos, que es gallego igual a 'mozo de cuerda' (un mozo de cuerda es un criado, un esclavo, un señor que está tirado en la
plaza pública esperando a que alguien le dé una maleta o un bulto para llevarlo).
Bueno, esta acepción duró hasta 1970. Pero se retiró no por caída del cielo, se retiró porque el señor Cela, que no ejercía precisamente de muy gallego, acabó
impresionando al resto de los académicos y logró que retirasen esa acepción del diccionario que estuvo desde 1936 hasta 1970.
Desde 1970 hasta el año 2001 vivimos en tranquilidad: el gallego era la lengua, desaparece el mozo de cuerda, por
supuesto nada que ver con las acepciones que ahora aparecen de Latinoamérica. Y había una que además la ponían como despectiva: llamaban 'gallegos' a los españoles en América, pero con intención despectiva, por lo menos en Argentina y en algunos
otros países.
Bien, este fue el estado de cosas, que era totalmente asumible entre 1970 y el año 2001. Pero en el año 2001 nos regalan con 11 entradas, con 11 acepciones de la palabra 'gallego': una que es el gentilicio, natural de Galicia; otra es la
comunidad autónoma, que ya ni reino ni nada; por supuesto la lengua (aparece en séptimo lugar); el viento del noroeste está en tercer lugar, para que vean el rigor metodológico; los nacidos en España o de ascendencia española en Latinoamérica,
pero sin matiz despectivo -aquí son muy finitos, le quitan el matiz despectivo, cuando lo sigue teniendo, señores, en Argentina llamarle 'gallego' a alguien es una intencionalidad terrible-; y puestos a recoger, pudieron recoger los académicos de
la lengua lo que opinan en Argentina sobre la palabra 'gallego', quedarían con la cara a cuadros, y no recoger un uso residual, que es el quinto y el sexto lugar, de Costa Rica, que todo el mundo sabemos que no hay precisamente muchos gallegos,
donde dice 'tonto, falto de entendimiento o razón'; y el sexto, de El Salvador, 'tartamudo', que, como se sabe, El Salvador está lleno de indígenas y no creo que conozcan nada de Galicia ni les importe ni les interese, ni hables de los gallegos
normalmente ni siquiera con este matiz de tartamudo, que seguro que el español o sus lenguas originales tienen cantidad de matices para referirse a los tartamudos. Después, en séptimo lugar 'la lengua de los gallegos', además 'la lengua de los
gallegos'; resulta que la lengua es algo más que la lengua de los gallegos,
porque se habla en otros sitios que no son Galicia, cosa que tienen mucho cuidado de poner respecto del catalán, que se habla en otros lugares, no solamente en Cataluña.
Y después ponen ya en octavo lugar, noveno, décimo y undécimo acepciones de Latinoamérica que para nosotros no tienen ningún problema, son puramente denotativas aunque sea para referirse a animales (se le llama 'gallego' a una especie de
lagartija, a una libélula, a un ave palmípeda, y también por supuesto a una especie de ingenio para liberar la caña en Cuba, porque, claro, los que cortaban la caña en Cuba, ya sabemos quiénes eran, sobre todo en el siglo XIX: negros y gallegos).
Bien, en todo caso el diccionario se abre a Latinoamérica; esto es correcto, nada tenemos que decir, pero creo que aquí hubo un abuso metodológico, en concreto en las acepciones quinta y sexta, que se colocan por encima de la séptima (la
lengua de los gallegos), y que además creo que son usos residuales totalmente dialectológicos, que las propias autoridades de Costa Rica, cuando se expresaron, no eran conscientes de que ese fuera un uso normal del español en sus respectivos países.
Por lo tanto, no son usos extensivos ni horizontal ni verticalmente, es decir, ni en el aspecto territorial ni en el de clases. Por lo tanto pensamos que sería, en nombre del rigor, de la necesidad y del buen gusto, si empleamos un
eufemismo, que esto se revisase.
Las relaciones con la sociedad de este Congreso de los Diputados, y en concreto con otras instituciones oficiales, deben estar basadas en la autonomía, en el respeto, en el respeto por la autoridad científica. Pero creo que las
instituciones, y la Real Academia Española en especial, deben ser sensibles al rigor de lo necesario, no solamente a la recogida sociolectológica como curiosidad; y sobre todo, guiarse por el criterio de unidad y de necesidad.
Por eso, señorías, pensamos que unos diccionarios que van a ser fuente de información para todos sus usuarios y también para los que aprenden el español, debieran ser un diccionario lo más limpio y fijo, seguro en sus usos y limpio, es
decir, con las menores adyacencias de carácter estereotipado o prejuicioso; ponerle límite al tópico, al prejuicio y a la parcialidad innecesaria, que no contribuye precisamente a la claridad ni la expresividad ni, por supuesto, a la unidad de la
lengua.
Por todo esto pedimos que, cuando menos, haya sensibilidad para que las acepciones quinta y sexta se revisen desde el punto de vista de la pertinencia.
Y después hablaremos en todo caso, en la definición de voto, de una transaccional a la que doy por seguro que vamos a llegar. Nada más.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ SALVÁ: Como muy bien expone el señor Rodríguez en la justificación de su proposición no de ley, la Real Academia, en el artículo primero de sus estatutos establece que tiene como misión principal velar por que los cambios
que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantienen en todo el ámbito hispánico.
Y sin duda es así. Pero también es cierto que los diccionarios están obligados a señalar los usos que la comunidad lingüística correspondiente ha dado o da a las palabras que integran la lengua que utilizan. Una obra lexicográfica no
cumpliría su función si se hicieran intervenir más factores que los derivados de su ámbito de aplicación; es decir, que faltaran en el registro acepciones que tiene cada una de las voces en él contenidas, tanto las referidas a una determinada
palabra o acepción, estableciendo las condiciones gramaticales, cronológicas, de nivel de lengua, de registro e intención del hablante, a fin de que quien consulta la obra debe conocer para entenderla y utilizarla, de modo que la comunidad hablante
sienta como lingüísticamente adecuado y completo.
La acepción 4 del artículo 'gallego(a)' es: 'dicho de una persona nacida en España o de ascendencia española'. Sin duda esta acepción dice mucho de los gallegos; el hecho de haber sido una sociedad emigrante ha hecho que la historia
reconociera a los gallegos como a los españoles en Hispanoamérica. Y el ejemplo es esta acepción número 4. De hecho, trasladasteis la cultura propia, integrándoos en una nueva sociedad, conformando una pluralidad y diversidad en los nuevos
territorios, en los cuales erais embajadores de España, trasladando también la cultura y la lengua española. Creo que la labor hecha por los gallegos emigrantes a Hispanoamérica ha resultado muy positiva para la comunidad hispanohablante y
culturalmente afín, en la cual tenéis un papel relevante.
Quiero dejar constancia de otras dos características que tiene el diccionario de la Real Academia Española además de la característica general propia de cualquier obra lexicográfica, como he expuesto anteriormente.
Una es que el diccionario de la Real Academia Española no sólo contiene el español general utilizado en España, sino también el utilizado en alguno o algunos de los países que integran la comunidad hispanohablante, utilizando para su
correcta determinación las marcas geográficas y de uso oportuno.
Otra de las características es que es un diccionario normativo, lo cual supone que no incluye aquellas voces o acepciones que los hablantes consideran lingüísticamente incorrectas y, en consecuencia, no están integradas en la norma propia
del país.
Desde estas dos características, el diccionario de la Real Academia Española somete las propuestas de adición o modificación a consulta de las academias que forman la Asociación de Academias de la Lengua Española; y recibe las presentadas
por las diversas academias,
que son valoradas y, en su caso, aprobadas por la comisión permanente de la asociación, responsable esta última del registro de las palabras y acepciones que llevan marcas americanas en el diccionario de la Real Academia Española.
Por tanto, el funcionamiento y organización de la Real Academia Española y de su diccionario responden a una gestión propia e independiente; tiene un funcionamiento autónomo establecido por las diferentes leyes y decretos que lo establecen,
junto con sus propios estatutos. Sin duda es cierto que no queda recogido en estas acepciones un objeto de su proposición no de ley: el carácter familiar o coloquial de dichas acepciones.
En cuanto a la posición de la acepción que hace referencia a la lengua gallega, que cita en la exposición de motivos, el diccionario de la Real Academia Española establece que los usos adjetivos deben preceder a los sustantivos. Es por ello
que aparece en séptima posición dentro del artículo referido a la lengua que utilizan los gallegos.
Por lo tanto, dicho lo expuesto, consideramos que el ministerio tiene que interesarse sobre estas acepciones objeto de la proposición no de ley ante la Real Academia Española, sin obviar sus propios criterios de funcionamiento y de relación
con el resto de academias; y este interés tiene que corresponderse con que se intensifique la información pertinente a las academias de Costa Rica y El Salvador, de manera que se incorpore lo que resulte de dicha consulta en la Real Academia
Española.
Nosotros hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Pero al margen de esta enmienda, también hemos llegado a un acuerdo para una transaccional conjunta entre el Grupo del BNG y nosotros mismos. Por lo cual, esto sería lo
que propondríamos para que se votase.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que, una vez conocida también por los grupos parlamentarios, la hagan llegar a la Mesa para, en su momento oportuno, proceder a la votación después de su conocimiento y lectura.
Para la fijación de posición en el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pan. ¡Ah, perdón!, no le había visto cuando ha solicitado la palabra. Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Pigem.
Discúlpeme, señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Vamos a ver: desde Convergència i Unió vamos a apoyar la iniciativa que nos presenta el Bloque Nacionalista Gallego, y la vamos a aceptar en los términos en que la acepte su portavoz.
Las razones son, en primer lugar, las que brillante y magníficamente ha expuesto en la presentación de la iniciativa el propio portavoz, Francisco Rodríguez Sánchez. Pero además es que desde Convergència i Unió creemos que la palabra,
evidentemente, expresa el pensamiento; y desde este punto de vista, recogemos algunos argumentos que se dan en la justificación de la iniciativa, en la que se dice que realmente no debiera recogerse lo que es prejuicioso, estereotipado o
simplemente xenófobo o discriminatorio, máximo cuando se trata de definiciones caracteriológicas de deficiencias humanas.
Se han puesto encima de la mesa algunos argumentos de las propias normas de funcionamiento de la Real Academia, y hay también un informe en el que se dice que se viene obligado a poner lo que les dicen las reales academias de otros países,
en función de que el diccionario se ha abierto a los países también que hablan castellano.
No dudamos que esto es así, pero, digamos que la leyenda que acompaña al emblema de la Real Academia (que es 'limpia, fija y da esplendor') realmente alude a que la Real Academia ha de tener y tiene un grado de decisión que va más allá de
ser un órgano meramente ejecutivo de lo que le puedan decir otros países. Y la prueba de ello es que, a pesar de estas normas de funcionamiento, se nos ha expuesto también en la presentación de la iniciativa que a lo largo del tiempo han entrado y
han salido acepciones de palabras en función de lo que se consideraba adecuado en cada momento.
Además de esto, creemos que esta iniciativa ha sido votada en el propio Parlamento Gallego y con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista, y no hay nada que nos impida pedir a la Real Academia que realice esto, sin perjuicio de
lo que luego ella pueda decidir.
Por lo tanto, y desde esta consideración de que la Real Academia no es un órgano meramente ejecutivo de lo que le puedan trasladar otros países, y por los brillantes argumentos que ha dado el proponente, nuestro grupo parlamentario va a
apoyar la iniciativa en los términos en que se acepte por el mismo. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pan.
La señora PAN VÁZQUEZ: Señorías, quisiera iniciar mi intervención, en la que informaré de la postura que mi grupo va a adoptar en relación a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Gallego, mostrando nuestro reconocimiento y
respeto por esta noble institución, la Real Academia Española de la Lengua, y por su trabajo, por el trabajo en favor del idioma, del español, que compartimos no sólo en España, sino también en tantos otros países del mundo.
Si hay algo que merece la pena y que hay que destacar, respetar y preservar de esta institución, de la Real Academia Española es básicamente su independencia, para que continúe en la senda de trabajo serio, riguroso que la caracteriza; y
por lo tanto, desde la política -entendemos- no deberíamos mediatizar, coercer o tratar de influir sobre decisiones que se adoptan desde el más puro y neutro sentido técnico del idioma, de este idioma que compartimos con cientos de millones de
personas en el mundo.
Señorías, el español ha dejado de ser nuestro en exclusividad. Es un idioma universal, con singularidades, eso sí, en los distintos países que lo hablan. Sirva como ejemplo México, donde hay 100 millones de hablantes, más del doble de los
que somos en España. Es el cuarto idioma más hablado en el mundo, aunque es el segundo en comunicación, en importancia en la comunicación, con lo que esto conlleva.
No hay, señorías, un centro de la lengua española; hay muchos centros de la lengua española: en Buenos Aires, en Bogotá, etcétera. Creer que somos los españoles los propietarios de la lengua es algo irreal, incierto y sin fundamento
científico. Por tanto, tratar de imponer nuestros usos a otros países resulta, al menos hoy en día, impropio.
Debemos además sentirnos orgullosos de que esto sea así: es nuestro legado y nuestro común idioma. Esto supone una gran oportunidad, una fortaleza que hemos de ser capaces de aprovechar en el futuro. Las cifras del interés que el español
despierta en el mundo las conocen sus señorías; el propio Ministerio de Educación nos ha hecho llegar a todos los miembros de esta Comisión un libro que las refleja: el mundo estudia español. Esta es la importancia de un idioma que, como estoy
diciendo, no es exclusivamente nuestro.
La Real Academia viene realizando desde su creación una magnífica labor que se refleja en el diccionario de la Real Academia Española, donde reflejan los usos de una lengua consolidada. La Real Academia, desde sus distintas comisiones de
trabajo, y también desde la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde están representadas todas las academias de los países hispanoparlantes, es donde se realizan las oportunas actualizaciones del diccionario de
la Real Academia Española.
Como gallega, señorías, que soy, y hablando desde el corazón, nos choca ver las acepciones que en Costa Rica o en El Salvador tienen del vocablo, que hay que hacerlo así porque hay que ver las cosas desde este punto de vista técnico, que se
le da a la palabra o al vocablo 'gallego', como tonto o como tartamudo. Y comprendemos, ¡cómo no vamos a comprender!, que el Parlamento de Galicia hace un año mostrase esta preocupación en forma de la aprobación de una iniciativa que iba en la
misma línea que la que hoy trae el Bloque Nacionalista Gallego a esta Cámara.
Pero no es la única acepción que se da a este vocablo, lo recordaba el señor Rodríguez; también hay otras, como libélula o como especie de lagartija, o como un ave palmípeda (que la utilizan en Cuba y en Puerto Rico); en definitiva, una
palabra, que no un insulto consciente, hecho desde luego por ciudadanos hispanohablantes de otros países, una palabra que tiene multitud, sin duda, de singularidades. La Real Academia Española lo dice: los empleos hay que desvincularlos unos de
otros del que tiene como gentilicio; no podemos entender que el viento gallego sea igual que el natural de Galicia, o que una lagartija sea natural de Galicia, es absolutamente inapropiado el uso y la conexión que de unas acepciones se hace con las
otras. Es precisamente esta conexión entre estas acepciones la que hace que se entiendan estas acepciones en un sentido vejatorio.
Señorías, es más importante para los gallegos que se prioricen otras políticas que realmente van a redundar en la resolución de los problemas que hoy se tienen: políticas que afectan al bienestar de los gallegos, como una educación de
calidad o las becas, aunque este no es el sentido, y no entraré a desarrollar más estas iniciativas.
La Real Academia, además, ha recogido la preocupación que el Parlamento de Galicia le ha trasladado y está estudiándola. Eso sí, nos recuerda que los diccionarios, como ya ha dicho el ponente del Partido Socialista, están obligados a
reflejar los usos que la comunidad lingüística ha dado a las palabras, las palabras, que hay que subrayar esto con énfasis.
En el caso del diccionario de la Real Academia se añade además un carácter especial de este, porque contiene, no sólo el español general, sino también el utilizado en alguno o en varios de los países hispanohablantes.
Por tanto, señorías, a mi grupo, que comprende la preocupación mostrada en el Parlamento de Galicia, nos parece indispensable mantener, como he dicho al inicio de mi intervención, una posición de absoluto respeto por la independencia, la
autonomía y la actuación de la Real Academia. Y por tanto, estamos más de acuerdo con la enmienda que ha planteado el Partido Socialista que por la propia iniciativa que plantea el Bloque Nacionalista Gallego; o con la transaccional que nos han
hecho llegar y que se propone..., porque mantiene ese respeto que desde la política hemos de mantener con una institución como la Real Academia Española de la Lengua.
El señor PRESIDENTE: Espero que con esta era de Internet, si esta sesión se está televisando a través del circuito del Congreso, alguien en la cumbre del castellano o del español en Medellín esté interesado en las cosas que están diciendo
aquí, para que algunas reales academias como la de Costa Rica y alguna otra puedan efectivamente cambiar su acepción del concepto de 'gallego'.
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO, UTILIZADO PARA CONCEDER LOS LLAMADOS 'SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/002035.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al que será tercer punto del orden del día, que es el que aparece con el
número 5 en el orden del día que conocen sus señorías, que es la proposición no de ley relativa a la modificación del procedimiento de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario, utilizado para conceder los
llamados 'sexenios de investigación'. Para la defensa de la misma y por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, el procedimiento de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario, utilizado para conceder los sexenios de investigación, que realiza la Comisión Nacional de Evaluación de la
Actividad Investigadora, depende del Ministerio de Educación y Ciencia a través de comités asesores, está recibiendo la crítica de más de 2.000 profesores de universidad (me acaban de dar el dato de que van a llegar a ser 4.000 ya los profesores que
se están levantando contra ese sistema de especialidad), 2.000 sobre todo en este momento constatados, profesores de universidad de áreas con especiales problemas, porque estos problemas no suceden en todas las áreas.
Pero de una manera fundamental en las de economía y empresa, que son las áreas más afectadas, como revela el hecho de que, de esos 2.000 firmantes, la mitad sea de esta área. Y como se desprende también de datos comparativos que figuran
también en las tablas del ministerio, que hablan de por qué, por ejemplo, nos interrogamos por qué el 64 por ciento de los profesores de economía no tienen ningún sexenio frente, en cambio, al porcentaje mucho más bajo de 15 por ciento de algunas
otras o de muchas áreas. O por qué, por ejemplo, al menos tres trienios los tienen reconocidos solamente en el terreno de economía un 8 por ciento de los profesores, mientras que en cambio, la media de las otras materias, de las otras áreas, de los
otros campos, como se llama, está cerca de un 40 por ciento. No creemos que los profesores de economía tengan unos problemas insalvables. Algo está fallando.
Críticas lógicas, a las que se han sumado además sindicatos, asociaciones de catedráticos, la Conferencia de Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y el Defensor del Pueblo, en los informes ya del año 1996 y también
ahora de 2005 y de 2006.
Aspectos básicos de esta crítica se basan, en lo que se refiere al proceso de evaluación, en una serie de extremos. Primero, no participan especialistas de todas las materias en los comités asesores, debido a la excesiva amplitud de los
campos científicos.
Segundo: los asesores no son elegidos por procedimiento de sorteo, sino por designación directa; y esto es especialmente grave si observamos que son siempre los mismos asesores los que participan en ese proceso de selección. ¿Por qué,
señorías?
Tercero: los criterios para la evaluación en algunas comisiones, como las que yo hablo, del campo 8, no son claros, no son conocidos, son claramente discrecionales, y además, en ocasiones, contradictorios. Ni que decir tiene que la
ausencia de criterios objetivos conlleva agravios comparativos importantes y que tienen reflejo en los datos que yo a ustedes les adelantaba.
Cuarto: no se evalúan los trabajos, sino sólo los títulos y los soportes de publicación, y en algunas áreas no se valoran suficientemente las publicaciones reconocidas en los índices más relevantes de la especialidad, que así está
reconocido por los máximos especialistas a nivel internacional, a juicio, lógicamente, de la mayoría de los investigadores, menos de los que siempre están ahí año tras año valorando esos méritos.
Quinto: sólo se evalúan cinco aportaciones correspondientes a los seis años de investigación, y no toda la investigación, porque tampoco se valora toda la investigación realizada en ese periodo, y tienen repercusión además muy grave cuando
son trabajos en equipo, que lógicamente las de investigación se basan fundamentalmente hoy día en el trabajo de equipo.
En este sentido me gustaría recordar que la resolución del ministerio se limita en algunas áreas a reconocer, como es en el caso de económicas, el índice ISI, es decir, como base de datos para valorar las revistas, sólo aquellas que aparecen
en el llamado índice ISI, que es considerado incompleto en muchas áreas de ciencias sociales, en áreas de económicas, y en algunas especialidades no. Pero en esas precisamente sí, porque hay comisiones de la Unión Europea que dicen que es un índice
de base de datos claramente incompleto para economía. Porque lo dicen también estudios que figuran en el Ministerio de Educación. ¡Ah, pues bien!: los señores que evalúan solamente tienen en cuenta las publicaciones de esos datos.
No se reconocen artículos publicados en revistas de investigación científica de gran prestigio nacional e internacional, como las incluidas en el catálogo seleccionado Latindex, el cual es bastante selectivo, ya que sólo incluye el 10 por
ciento de las revistas científicas más destacadas en el ámbito latinoamericano, de España y también de Portugal; o las incluidas en el índice Econlink de la Asociación Americana de Economía, que es el de mayor prestigio internacional, reconocido
claramente para las investigaciones de economía y empresa; y en otros índices de prestigio y en otras áreas.
¿Cómo puede, por lo tanto, sostener el Gobierno además -porque esa es la conclusión de los índices que tiene y que valora- que todo lo que se publica en castellano -señor presidente, usted que parece estar también preocupado por el tema del
español- o en otras lenguas también españolas, porque lo que se publica en gallego, lo que se publica en catalán, etcétera, no se valora? ¿Es esto razonable, es esto lógico? ¿Cómo puede sostener el Gobierno y aceptar que todo lo que se publica en
España, en cualquier lengua, repito, incluso en este caso aunque sea extranjera, no es válida, cuando España ocupa un lugar destacado en las investigaciones económicas internacionales?; que por cierto, habría que decir que España ocupa el séptimo
lugar de Europa en indicadores
de investigación económica, mientras que en cambio, el 13 en el resto de investigaciones. ¡Ah, pues bien!, en España los economistas están los peor valorados de todos los investigadores y de todos los docentes.
Todo lo relacionado con la evaluación es, además secreto: se especifican criterios, no se justifica convenientemente la calificación final, y se niega dar la más mínima información y aclaraciones. Existe una falta de garantía absoluta en
los procesos de revisión, no se razonan las contestaciones; los comités asesores que resuelven los recursos son los mismos que han evaluado por primera vez.
Por lo tanto, lógicamente todo esto ha tenido una repercusión muy grave, muy negativa, en todo el área de estos profesores a los que estamos refiriéndonos, causando un perjuicio económico para los que no han alcanzado resultados positivos,
señorías, es que tenemos a todos los profesores de económicas, a un porcentaje muy elevado, con unos agravios comparativos importantes.
Recordemos que los sexenios afectan no sólo a la remuneración, además, económica, sino también a los complementos autonómicos que van ligados a ellos. Y en estas áreas discriminadas, fundamentalmente la economía, pero también hay
ingenierías y determinadas especialidades minoritarias en algunas áreas, no tienen sexenios los profesores, cuando con los criterios de otras áreas sí que los hubieran alcanzado.
Naturalmente, lo único que se desprende de esto es la desmoralización y la frustración de los docentes. Y conviene tener presente que en muchos casos profesores de reconocido prestigio académico y/o profesional no tienen los sexenios, lo
cual está desprestigiando aún más todo el proceso de evaluación.
Ante todo esto, señorías, la comunidad educativa afectada lleva tiempo mostrando su preocupación por el procedimiento de reconocimiento de los sexenios, dado que este vulnera derechos que están amparados en la Constitución, como el de
igualdad ante la ley y la no indefensión. No es aceptable el resultado que da que determinadas áreas, fundamentalmente las de economía y empresa, presentan a la hora de comparar la concesión de sexenios con otras áreas, como decía. ¿Cómo se puede
explicar esto? ¿Qué está pasando?
Pero este proceso, además, adquiere una especial gravedad, señor presidente, a partir de la entrada en vigor de la LOU, al haber dejado el sexenio de ser un mero complemento salarial para pasar además a convertirse en un criterio
diferenciador del profesorado.
Y por ello se viene a presentar, señorías, por parte de nuestro grupo esta proposición no de ley en la que instamos a que se proceda a modificar el proceso de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario, utilizado
para conceder los llamados 'sexenios de investigación'; que se mejore la organización de los comités asesores, de forma que incluyan a representantes de todas las especialidades y no de una sola, en el caso de áreas heterogéneas, especialmente en
aquellas áreas que agrupan un elevado número de profesores en materias científicas, porque se juegan mucho los docentes.
Segundo, que el nombramiento de los miembros de los comités asesores se realice por sorteo, señorías, no por designación directa, entre todos los de cada área; y que se vaya variando, en su caso, de especialidad; que tengan suficiente
experiencia investigadora avalada por dos sexenios de méritos de investigación reconocidos; que los criterios utilizados sean claros y conocidos una vez constituido el comité y antes de la presentación de sus solicitudes; que se indique la
puntuación básica que se otorga a las revistas incluidas en los índices, para que la gente lo sepa. Lógicamente, no será en estos momentos. Que se evalúen todos los trabajos y toda la investigación realizada en el periodo a evaluar, y no sólo
cinco aportaciones, especialmente en los casos de trabajo, y sobre todo, cuando no se sabe qué puntuaciones se dan a cada uno de ellos; que se garantice que en los procesos de revisión las contestaciones sean razonadas, que no se resuelva sólo por
los mismos comités asesores que han participado en la evaluación; además de existir un recurso de reposición ante el propio comité, debería existir la posibilidad de recurrir a un comité de garantías, el cual analizaría los informes que sean
relevantes para el caso, incluidos los que puedan aportar los interesados y los emitidos por el comité asesor. El comité de garantías debería estar formado por miembros de reconocido prestigio de la comunidad científica y velar por el
reconocimiento de los méritos y el cumplimiento de los principios de equidad.
Señorías, creemos haber evidenciado que el sistema falla. En 2003 este problema fue abordado por un senador de Convergència i Unió que denunció que se echaba en falta una transparencia real en los presupuestos utilizados por la comisión
para la evaluación de la investigación; y reclamaba que se tuviesen en cuenta las particularidades de los distintos hábitos científicos, y de una manera especial los vinculados con estas ciencias empresariales. Y eso, señorías, se ha ido agravando
después de la LOU; y como hemos dicho, exige, a nuestro juicio, una revisión urgente del sistema de evaluación.
En ningún país del mundo se da la espalda a más de 2.000 profesores universitarios que utilizan argumentos razonables. Hacerlo sería caer en una actitud de prepotencia, mala consejera siempre, pero muy peligrosa en el mundo de la educación.
Y no olviden que esta actitud, como decíamos, ha sido denunciada ya por el Defensor del Pueblo en el año 1996...
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Sainz, por favor.
La señora SAINZ GARCÍA: Termino, señor presidente. Y en los informes de 2004 y de 2005, y ha llevado a que miles de docentes se sientan indefensos, algo que supone una enorme injusticia, una terrible responsabilidad
de las autoridades y de cuantos políticos son insensibles a esta demanda, que como creemos que son fundadas y justas, defendemos y para las que pedimos el voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Grupos que desean fijar posición: por el Grupo Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Rodríguez.
EL señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Gallego va a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y lo hace porque efectivamente pensamos que los criterios para otorgar los sexenios remunerados para los
docentes universitarios son unos criterios que han de someterse a una cierta revisión.
Una valoración que lleva a cabo la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora se basa fundamentalmente en un grupo de revistas contempladas en la base ISI; una base que, ya se ha denunciado, bastante raquítica, puesto que
no incluye muchas publicaciones referidas a áreas de relevancia, como la economía, la ingeniería o, en el ámbito de las ciencias sociales y políticas muchas revistas que tienen desde luego rigor metodológico y científico. Se trata por lo tanto de
una base en la que existe una fuerte presencia del campo de las ciencias experimentales sobre todo.
Los profesores universitarios pertenecientes a las áreas de estudio más perjudicadas alegan que el Ministerio de Educación sólo reconoce los artículos publicados en las revistas integradas en la base ISI, unas 7.000 en total, donde por
ejemplo las relativas a la economía y empresa no son más de 150, mientras que se contemplan unas 1.200 revistas pertenecientes a la física y química. Según las estadísticas realizadas por los propios profesores, la Cneai concede casi tres sexenios
por doctor en el campo de las ciencias experimentales frente a uno procedente del campo de la economía. Yo creo que ese es un dato suficientemente elocuente.
Además de tomar como referencia la base ISI, la Comisión Nacional de Evaluación tiene en cuenta otros méritos que no figuran como criterios objetivos, lo que da lugar a muchas decisiones injustas, arbitrarias, a las que ya se hizo
referencia, y que no garantizan la igualdad de oportunidades para todo el cuerpo docente universitario, ya que privilegia unas materias de estudio e investigación por encima de otras.
Por eso nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley, y solamente nos gustaría que pudiese figurar un añadido, si se nos permite como transacción oral, que sería en el punto número 3 en concreto de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, añadir un párrafo que pusiese 'se cambie la base de publicaciones, base ISI, que la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora toma como referencia para la concesión al profesorado universitario de méritos
investigadores, remunerados a través de sexenios, por otra base más completa y equitativa entre las diferentes materias de investigación universitaria'. Pensamos que con este añadido, si es posible, para nosotros la proposición no de ley sería más
asumible y también más adecuada a lo que es la discriminación que se está efectuando, en particular con el profesorado de las universidades gallegas. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Le rogaría que, a pesar de haberlo dicho verbalmente, nos lo haga llegar por escrito a la Mesa, por cuanto que en estos momentos los servicios jurídicos no han podido tomar nota por la rapidez con la que lo ha dicho.
Tiene la palabra por el Grupo de Convergència i Unió la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Desde Convergència i Unió compartimos la preocupación que subyace en la proposición no de ley que se está debatiendo. Y buena prueba de ello es que, tal como ha citado la señora Sainz, ya en el año 2003 un senador
de mi formación política hizo una pregunta al Gobierno interesándose por este tema.
Lo que no ha explicado la señora Sainz y voy a explicar yo es la respuesta que se le dio desde el ministerio. Desde el ministerio la ministra contestó: 'el Gobierno no puede entrar a determinar cuáles son los criterios ni los profesionales
a los que se conceden los sexenios'. Y no estoy hablando de una ministra del Partido Socialista, estoy hablando de doña Pilar del Castillo, ministra del Partido Popular con mayoría absoluta y que, si hubieran tenido interés, evidentemente hubieran
podido resolver esta situación.
Por otra parte quiero aclarar también que el senador de mi grupo parlamentario no hacía una serie de propuestas concretas, era una pregunta parlamentaria, y a lo que se limitaba era a decir que se estudiara la situación por ver si en las
denuncias que se tenían, las reivindicaciones que se pedían había una base objetiva que se tuviera que modificar.
Realmente las protestas son de las áreas de economía y empresa; pero vemos que lo que se propone en la parte dispositiva de esta proposición no de ley es nada más y nada menos que cambiar todo el sistema, todo para todos los investigadores
de todas las áreas. Frente a esto tengo que argumentar en primer lugar, pues las propias palabras de doña Pilar del Castillo, que decía 'este tipo de evaluación desde el año 1989 es extraordinariamente bien valorada, tanto nacional como
internacionalmente'.
Pero además, el hacer un cambio de la atribución de sexenios a todos los investigadores de todo el sistema, yo creo que a las alturas que estamos no puede hablarse en clave, desde luego ni catalana ni gallega ni castellana ni española;
estamos en un contexto no nacional, sino internacional, y especialmente en un contexto europeo. La declaración de Lisboa establece que la Unión Europea ha de convertirse en diez años en el líder mundial de una economía basada en el conocimiento. Y
para ello la
Comisión Europea propugna la creación de un espacio europeo de investigación donde las inversiones en investigación de calidad sean prioritarias.
Es cierto que la política científica desarrollada en España durante los últimos veinte años ha conseguido sacar a nuestro país de su secular aislamiento científico y hacer que una parte de nuestros científicos sean competitivos al más alto
nivel internacional, y que uno de los instrumentos para hacerlo hayan sido los llamados 'sexenios de investigación'.
Pero también es cierto que este objetivo de estar entre los mejores tiene, lógicamente, consecuencias. Parte de las consecuencias es el listado de base de publicaciones y la lengua que se debe emplear para hacer las investigaciones. Y es
imprescindible también que el primer objetivo de la política científica sea promover la excelencia. Es evidente asimismo que esto reclama la aplicación de las metodologías de evaluación vigentes en los países científicamente más adelantados, y
calibradas, por supuesto, a los estándares internacionales más exigentes. En ello radica que no podamos desde aquí decidir cuál es la lengua y cuáles son las publicaciones que queramos. No es el tiempo para inventar metodologías más propias de un
país que se supiera fuera del concierto internacional de las ciencias y que nos devolvería a una situación insostenible en un mundo cada vez más competitivo.
En el tema de la economía, que es el que nos ocupa, señalaba Jacques Drèze, un eminente economista, ex presidente de la Econometric Society, decía: 'hago notar que ningún departamento español apareció en un trabajo de unos autores, y que es
una referencia clásica sobre la clasificación de los departamentos de economía del mundo a finales de los años setenta.
Pues bien, ahora al menos tres aparecerían hoy, y bien colocados. Por lo tanto, hemos de ir hacia esa excelencia, no podemos
reducir los niveles de exigencia. Una política de esta naturaleza supondría un paso atrás. La única solución para mantenerse en un mundo donde cada vez hay más y mejores competidores es competir con los baremos internacionales, no crear baremos
para posicionarnos internamente y quitarnos de las posiciones internacionales. Nos harán lucir bien, a lo mejor, estos baremos, pero sólo ante nosotros mismos.
Esto es la síntesis también de manifiestos que se están preparando, digamos, de alguna manera reacios a que se rebajen las condiciones para el procedimiento y criterios de valoración para dar los sexenios de investigación.
Yo creo que no se puede pedir la revisión de todo el sistema; sí se puede estudiar lo que pasa y se puede, de alguna manera, clarificar las situaciones que son controvertidas. Pero esto no nos puede suponer que nos quedemos atrás en el
concierto de la Unión Europea si somos parte de esta declaración de Lisboa, como lo somos.
Entre los puntos que se solicitan hay uno especialmente preocupante, que es el tema de que las publicaciones no se referencien de acuerdo con el resto de países, sino que se haga una referencia únicamente española. Por eso yo digo que, de
todos los puntos que se proponen, hay un punto merecedor de nuestra atención, que es el punto quinto, donde dice que se garantice que en los procesos de revisión las contestaciones sean razonadas y que no se resuelva sólo por los mismos comités
asesores que han participado en la evaluación. Esto nos parece que redunda en una claridad y en una transparencia. Y que haya además una posibilidad de recurso, pues realmente, como jurista que soy, no voy a negar el derecho de defensa, aunque sí
he de manifestar que, evidentemente, cualquier resolución administrativa con la que el administrado no esté de acuerdo es susceptible ya de un recurso contencioso-administrativo. Pero de todas manera nosotros podríamos apoyar este punto número 5, y
para ello yo voy a pedir al grupo proponente si admite la votación separada de este punto.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para concluir el debate, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Aranda.
El señor ARANDA ÁLVAREZ: Señorías, como todos ustedes conocen, como todos ustedes saben, la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora desarrolla su actividad de análisis de la producción científica de los profesores
universitarios españoles desde 1989. Durante todos estos años se ha acumulado una gran experiencia en la labor de control y evaluación de la actividad investigadora; además durante todos estos años hemos tenido la oportunidad de recoger las
prácticas de muchos otros países de nuestro entorno científico y académico. Y con todo este bagaje se han podido elaborar criterios para el funcionamiento tanto de los órganos de evaluación (la comisión o los comités asesores) como los
procedimientos para la evaluación de la actividad investigadora. Los procedimientos con los criterios generales, que como ustedes conocen, se recogen en la Orden de 1994, y los criterios específicos, que se recogen en diferentes resoluciones (la
última, la resolución de 2006).
Las observaciones que dan lugar a la proposición no de ley que presenta el Partido Popular, que son observaciones de un colectivo de profesores de la rama, del área de conocimiento de economía, merecen para el Grupo Socialista toda nuestra
consideración, como también ha merecido la consideración nuestra, del ministerio y de otros ministerios a lo largo de todos estos años de aquellos grupos que han aportado ideas y experiencias que han servido para mejorar un sistema dinámico que,
como se ha señalado en las diferentes intervenciones, se ha ido perfeccionando a lo largo de estos años.
Por lo tanto, nosotros no estamos por un sistema fijo que tiene establecidos ya los criterios de funcionamiento, sino que sin duda alguna es un sistema mejorable, que se puede mejorar, y de hecho los criterios, criterios específicos que se
recogen en las diferentes resoluciones
pretenden hacer estas modificaciones para mejorar la situación de los sistemas de investigación.
Pero miren ustedes, señorías: si analizamos cómo ha funcionado el procedimiento a lo largo de estos años, podemos comprobar con los datos que ha sido razonablemente bien. Actualmente, en todos estos años más del 45 por ciento de los
profesores investigadores que se han sometido a estas evaluaciones han conseguido la evaluación positiva de todos los sexenios que han solicitado. El 23 por ciento ha conseguido más de un sexenio de los solicitados, y tan sólo el 12 por ciento de
los profesores no ha conseguido ningún sexenio. Por lo tanto, el sistema, como les decía, porcentualmente está funcionando razonablemente bien.
Señorías, como ustedes seguramente saben, la evaluación científica, que se realiza en todos los países, no solamente en nuestro país, y la evaluación de esta actividad científica está siempre basada en aplicar a la obra del científico
criterios discriminantes de calidad. Esos criterios son los que en cada circunstancia estiman adecuados los colegas independientes que forman parte de los comités asesores. Además, esa evaluación se realiza mediante unos procedimientos: un
procedimiento directo que es una evaluación de fondo y que consiste en el estudio de la obra de los especialistas investigadores que se someten a la evaluación, y que es el sistema que normalmente utiliza la mayor parte de las revistas científicas
de prestigio; y también hay un procedimiento indirecto de evaluación formal que consiste y que se pone en marcha cuando el número de investigadores que se han de evaluar es importante, muy numeroso; y entonces lo que se hace es evaluar los papers,
las revistas que desarrollan la actividad de control y de publicación de estas investigaciones.
La Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora ha utilizado ambos criterios, el criterio directo y el criterio indirecto, a lo largo de todos estos años, y en este momento también lo sigue utilizando. Y estos criterios son
criterios públicos que están a disposición de todos aquellos científicos que se somete a evaluación.
Además son criterios que, como decía antes, están recogidos, como no podía ser de otra manera, en las resoluciones y en las órdenes del ministerio;
y los comités evaluadores que desarrollan esta evaluación también están recogidos en estas normas.
Por lo tanto, las características de los campos de los comités evaluadores, lo que persiguen es alcanzar un nivel de la investigación y de la suficiencia de esa investigación en nuestro país que sea homologable al resto de los países de
nuestro entorno. Y para ello se han utilizado y se utilizan, como se ha dicho también aquí, diferentes criterios: se utilizan los criterios de listados de publicaciones internacionales (por ejemplo, la base ISI), pero hay otros criterios que
también se utilizan. Son criterios que sirven para identificar espacios donde se publican trabajos que tienen un gran impacto.
Pero fíjense, actualmente la Comisión Nacional no solamente está utilizando estos criterios, sino que para determinadas áreas de conocimientos, que por las circunstancias específicas no publican en estos ámbitos, en estos listados de impacto
internacional, también se están recogiendo y se están elaborando listados propios para que esos científicos puedan ser evaluados.
Es decir, todos estos motivos ya son razones suficientes para que el Grupo Socialista vote en contra de la pnl. Pero es que además, señorías, la proposición no de ley que presenta el Partido Popular hace determinadas propuestas, unas que
son, desde nuestro punto de vista, de imposible cumplimiento, y otras que ya están previstas en la normativa sobre investigación y los criterios de investigación.
Por ejemplo, miren: la proposición no de ley presenta o establece un apartado donde dice que la evaluación debe ser directa. Le tengo que decir a la señora Sainz que los profesores españoles universitarios susceptibles de someterse a
criterios de investigación son más de 47.000; están distribuidos todos estos profesores en 199 áreas de conocimiento; y por supuesto, las líneas de investigación que desarrollan todos estos profesores son muchísimas. Quiero decir que
porcentualmente, aproximadamente son unos 6.000 expedientes los que llegan a la Comisión Nacional para evaluar los sexenios de los profesores todos los años.
¿Esto a qué nos lleva?: a que la evaluación directa es imposible. Y por eso se recurre a
la evaluación formal, a la evaluación del impacto de revistas donde se publican los trabajos, que además es un sistema internacionalmente reconocido. Por lo tanto, esto es así porque no puede ser de otra manera.
Pero es que, además, con este sistema no hace falta que los miembros de los comités sean especialistas de las áreas de conocimiento, ¿no? A pesar de eso, a lo largo de todos estos años se han hecho cambios para que los comités puedan estar
formados también por áreas de conocimientos pequeñas que no tienen presencia de una forma constante.
En la proposición no de ley también se señala, se hace referencia a la forma de designación de los miembros de la comisión. La señora Sainz decía que tengan dos sexenios. No, mire, la norma actualmente establece que los miembros de los
comités y de la Comisión Nacional deben tener tres sexenios al menos, ser catedráticos con tres sexenios, con una gran experiencia, y además con experiencia en procesos de evaluación. Y además se nombran oído el Consejo de Coordinación
Universitaria.
En tercer lugar, se habla sobre la claridad de los criterios de evaluación. Mire, señora Sainz, los criterios de evaluación están establecidos en la norma: los criterios generales en el artículo 7 de la Orden de 1994, y los criterios
específicos, que son los que se adaptan para cubrir las necesidades y los fallos que se puedan ir detectando, están en las diferentes resoluciones (la resolución vigente es la de 17 de noviembre de 2006).
Se dice que la Comisión Nacional no evalúa todo el currículum. No es cierto. Es cierto que el procedimiento
establece que el investigador puede presentar cinco aportaciones, sus mejores cinco aportaciones, y que la comisión o el comité evalúa con esas cinco aportaciones. Pero en el supuesto de que la evaluación -termino, brevemente- sea negativa
con esas cinco aportaciones, el comité entra a conocer todo el expediente, todas las aportaciones que ha hecho. Por lo tanto, legalmente está previsto así.
Y finalmente, se habla sobre el proceso de revisión de los sexenios denegados. Le tengo que decir que el proceso de revisión se estudia por el nuevo comité evaluador, no lo estudia el comité evaluador que ha denegado el sexenio, sino que se
constituye un nuevo comité que es el que va a evaluar el año siguiente, y ese es el encargado de hacer el proceso de revisión. Y evidentemente, como la señora Pigem me parece que señalaba, como es lógico en un procedimiento administrativo siempre
cabe la vía, la jurisdicción contenciosa si no se está conforme con la resolución interna.
Por lo tanto, por todo esto -y ahora sí que ya acabo-, señora Sainz, nosotros creemos que el sistema se puede mejorar, se tiene que seguir trabajando para mejorar, pero estamos en un sistema que se considera que está suficientemente
contrastado con los criterios internacionales y los procedimientos internacionales en esta materia, y por lo tanto vamos a votar en contra de la proposición no de ley.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE LA ALTA INSPECCIÓN INTERVENGA Y GARANTICE EL DERECHO Y LIBERTAD DE LOS PROFESORES DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANAS A ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASTELLANO.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001953.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que la Alta Inspección intervenga y garantice el derecho y libertad de los profesores de lengua y literatura
castellanas a elaborar la programación didáctica en castellano.
Para la defensa de la misma tiene la palabra también la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, según la legislación los departamentos de los centros educativos son organismos pedagógicos, y por ello sus jefes forman parte de la comisión pedagógica, y es tarea de todos los departamentos realizar una
programación en la que, entre otros muchos aspectos, se incluyen los contenidos del curso, los libros de texto, las lecturas, etcétera.
La legislación recoge que los profesores adaptarán su actividad docente a las programaciones didácticas aprobadas por los departamentos. Pues he aquí que en los centros educativos de Galicia se está obligando a todos los profesores,
incluidos los de lengua y literatura castellanas, a realizar la programación didáctica de su asignatura en lengua gallega, hasta el extremo de que se ha apercibido a varios y se les está amenazando con abrir expediente disciplinario a todos aquellos
que se niegan a hacerlo.
Este hecho, señorías, es grave y sólo puede ser calificado de atropello y vulneración del derecho y libertad de los docentes a utilizar la lengua oficial de todos los españoles, que además es también la de su asignatura. Estamos, por tanto,
ante un hecho sumamente grave. Y lo es por múltiples razones.
En primer lugar porque va en contra del artículo tercero de la Constitución, que establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
En segundo lugar porque el castellano es además, en el caso de los profesores de lengua castellana, la lengua instrumental de su asignatura, y la programación didáctica es un instrumento pedagógico. En él los departamentos confeccionan
aspectos como contenidos de curso, libros de texto, lecturas, terminología que se debe emplear, tipo de ejercicios, modelo de prueba, etcétera. Se trata por tanto de un documento planificado y sostenido de un proceso de enseñanza, de una
herramienta de trabajo que incide directamente, e incluso forma parte fundamental del desarrollo de las clases. Por ello está recogido en la legislación que los profesores adaptarán su actividad docente a las programaciones didácticas aprobadas por
los departamentos.
Pues bien, el despropósito que se está produciendo en Galicia es mayúsculo. ¿Cómo se puede exigir que se redacte y se programe en gallego la asignatura de lengua castellana? ¿Qué criterio pedagógico barajan para pretender que una
programación pensada en castellano con referencia a autores y títulos castellanos, con análisis de estructuras castellanas, con terminología lingüística literaria castellana tenga que traducirse al gallego? ¿Es que acaso pretenden darle al
castellano el tratamiento de lengua extranjera en Galicia?
En tercer lugar tengo que señalar, señorías, que este tipo de actuaciones va en contra también del artículo 20 de la Carta Magna, que reconoce y protege en su punto 1, entre otros, los derechos a la libertad de expresión y la libertad de
cátedra; y en el punto 2 nos informa que estos derechos no pueden restringirse por ningún tipo de censura previa.
En cuarto lugar, esta imposición va también en contra del Estatuto de Autonomía de Galicia, que dice a su vez en su artículo 5.2 que los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el derecho de conocerlos y usarlos;
y en su artículo 5.4, el mismo estatuto establece que nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua. Pues bien, llegan hasta tal grado de discriminación que incluso a los docentes de lengua y literatura castellana los quieren sancionar por
razón de usar la lengua que es la de su asignatura.
En quinto lugar, conviene recordar también que el Decreto 247/1995, que indicaba que los documentos administrativos de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria, de sus delegaciones y de los centros de enseñanza dependientes de
ella se redactarán en gallego, fue anulado por sentencia 3(?) de 1996 del Tribunal Superior de Justicia, por ser manifiestamente anticonstitucional. Textualmente señala la sentencia: 'la inconstitucionalidad del precepto, puntos 1, 2 y 3, en
relación con el artículo 14 de la Constitución resulta manifiesta al determinar una patente desigualdad frente al uso del idioma castellano, que absolutamente se posterga en todas las relaciones, anuncios y comunicaciones con la única salvedad de
las actuaciones que se realicen a solicitud de persona interesada y para el caso de que esta la pida. Ello también supone una vulneración de los artículos 5 del Estatuto de Autonomía y 4.2 de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización
lingüística, que en coherencia con el proceso constitucional citado vienen a establecer la cooficialidad de ambas lenguas en consideración a las dos comunidades lingüísticas'.
Pues bien, para superar esta situación, la administración procedió a modificarlo por el Decreto 66/1997, introduciendo el inciso con el carácter 'será'. Es evidente que tal modificación no puede tener otro objetivo que el de acatar la
sentencia 84/1986 del Tribunal Constitucional, y no puede de ninguna manera significar obligatoriedad, ya que entonces incumpliría el fallo del Tribunal Constitucional. Pues bien, esto es lo que está ocurriendo en Galicia, un auténtico desacato a
la sentencia del Tribunal Constitucional, porque no podemos olvidar que el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional establece que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad -cual es
el caso- tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los poderes públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el 'Boletín Oficial del Estado'.
Por tanto, señorías, estamos hablando de una cuestión muy grave, estamos hablando de atropello, de vulneración de derecho, de libertad de los docentes a utilizar no sólo la lengua oficial de todos los españoles, que además es la de su
asignatura, sino también el perjuicio pedagógico que tal medida puede suponer. ¿O es que acaso no se han parado a considerar que la riqueza que supones estar en una sociedad bilingüe conlleva, sin embargo, algunas lógicas y mutuas interferencias, y
que para evitarlo resulta indispensable establecer claramente la frontera formal que las delimite, y que los documentos que se manejen no deben presentarse de ninguna manera entremezclados? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que una
programación de lengua castellana redactada en gallego sólo puede contribuir a alimentar la ceremonia de la confusión? Y teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2006 de educación establece que la Alta Inspección tiene entre sus competencias la de
velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de su derecho y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos de acuerdo con las disposiciones
aplicables, es preciso instar al Gobierno para que Alta Inspección intervenga y garantice el derecho y libertad de los profesores de lengua y literatura castellanas a elaborar la programación didáctica en castellano, algo que en este momento no
pueden hacer, no tiene, quien esté expuesto a una sanción.
El Gobierno no puede admitir que se esté amonestando, que se esté amenazando con expediente disciplinario a los profesores que no se someten a realizar su memoria didáctica en gallego. ¿Creen de verdad que es razonable, que es sensato, que
puede redundar en la calidad de la enseñanza que los profesores de castellano tengan que planificar y programar sus clases sobre García Lorca, Unamuno, Machado, etcétera en idioma gallego? ¿Por qué, para qué? Salvo, claro está, que quieran entrar
en el libro Guinness de los despropósitos. ¿Se imaginan un profesor de lengua gallega siendo obligado a que programe su asignatura en castellano? No, ¿verdad? Pues esto es lo que se está haciendo en Galicia.
Y miren, no sólo lo denuncia el Partido Popular, porque no estamos hablando de ideologías, señorías, estamos hablando de cordura, estamos hablando de la aplicación de la ley. Por ello, también militantes del Partido Socialista denuncian
estos hechos. Escuchen las siguientes palabras publicadas en 'El País', no son mías, son de una persona fundamentalmente sensata, dice textualmente: '¿En verdad hay alguien tan cretino que considere conveniente que el español se programe en
gallego?.
La respuesta es que sí, que efectivamente hay alguien. Pero la fuente de la orden no es didáctica, sino ideológica. La Consejería de Educación se ha deslizado del galleguismo al antiespañolismo. Cosas, evidentemente, distintas. Cosas
de las malas compañías. Le escribo desde mi triple condición de director del Instituto Valle-Inclán de Pontevedra, de catedrático de lengua y literatura españolas y de miembro del Partido Socialista Obrero Español. Comprendo y acepto la necesidad
de pactar con el nacionalismo y incluso de hacer concesiones en el terreno de los símbolos, pero no he visto nada en el programa de gobierno que nos imponga a los socialistas la obligación de convertirnos en estúpidos'.
Firmado: Eduardo Cid
Sánchez.
Señorías, aquí lo que ha ocurrido es que ha cambiado el Gobierno, se ha producido un cambio radical en la aplicación de la normativa de normalización lingüística. Y esto no es legal, ni es justo ni es razonable ni tiene sentido. Es una
imposición de tintes totalitarios que sólo puede crear graves prejuicios a los profesores y puede provocar una absurda batalla lingüística.
Lamentamos que opten por la imposición, por las amenazas. Si alguien cree que se protege al gallego y se le promociona e impulsa su utilización por el camino de la fuerza, se equivoca. La imposición es el peor camino para avanzar en la
normalización lingüística. La imposición y la sanción son los mayores enemigos frente al
estímulo y al fomento de una lengua, el gallego, que es también lengua oficial y patrimonio, ¡cómo no!, de todos los gallegos.
Quien les habla, señorías, impartió la enseñanza del gallego en su etapa de docente en un instituto de Santiago de Compostela cuando salieron los primeros métodos del gallego ('Galego 1' y 'Galego 2'), y lo hizo de manera voluntaria,
gratuita, utilizando incluso las horas del recreo. Y lo hacíamos porque pensábamos que era justo, y que era necesario que en Galicia se sentasen las bases para la construcción de una sociedad bilingüe. Defenderla es también función de las
instituciones. Pero hechos como los denunciados suponen moverse en el terreno de la confrontación y del sectarismo, inadmisibles con el espíritu y la armonía que debe reinar en los centros educativos.
Y termino, señorías, diciendo que las políticas lingüísticas no exigen forzar a nadie ni imponer un idioma ni sancionar, y mucho menos reprimir a unos profesores de lengua castellana porque utilizan como lengua vehicular la de su asignatura.
Por todo ello, señorías, solicito el voto favorable a esta iniciativa, que creemos que es justa, que está cargada de sentido común y que busca imponer la legalidad en las actuaciones del sistema educativo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, para fijar su posición, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: En la parte expositiva de la iniciativa que estamos debatiendo se dice, y así lo ha citado la señora Sainz, que a los profesores de la asignatura de lengua y literatura castellanas se les está obligando a realizar la
preceptiva programación didáctica de su asignatura en lengua gallega, hasta el extremo de que se les está amenazando con abrir un expediente disciplinario.
Realmente, si esta es la situación, que es una situación de amenaza, yo creo que la situación es de juzgado, es decir, nadie puede ser amenazado ni compelido a realizar ninguna cosa. Pero, dicho esto, que las amenazas, lo que se tiene que
hacer es denunciarlas en el juzgado correspondiente, nosotros no vamos a apoyar en modo alguno esta proposición porque está lo más alejada posible del pensamiento político que representamos.
Es decir, una cosa es hablar del contenido de una asignatura, y es lógico que las asignaturas de castellano se impartan en castellano, y otra cosa es hablar de la lengua de la administración. Se está hablando de en qué lengua la
administración o el sistema administrativo debe utilizarse en Galicia. Yo, evidentemente, lo desconozco, no sé si esta iniciativa es en esta Cámara donde tiene que verse, pero sí conozco que hay una ley de normalización lingüística aprobada por
unanimidad en el Parlamento Gallego en junio de 1983, y que en función de esta Ley de normalización lingüística los sucesivos gobiernos habrán ido dando los respectivos decretos de cuál es la lengua que va a utilizar la administración.
Yo, por tanto, a esta Cámara, ¿por qué se trae esta iniciativa? Pues me imagino que porque a lo que se insta al Gobierno es a que intervenga la Alta Inspección, que es la parte que menos ha sido tratada en la intervención de la señora
Sainz. Pero nosotros tampoco estamos de acuerdo, porque no se altera, a nuestro modo de ver, ninguna de las competencias del Estado.
Y por todas estas razones nosotros vamos a votar en contra de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Señorías, hay una palabra gallega que explica claramente la sensación que a uno le queda después de ver su pnl y escucharle su intervención en esta Comisión, señora Sainz, y es 'abrallado', que viene siendo algo así
entre asombrado y estupefacto, sin saber bien si tiene más de una que de la otra acepción. Y se lo digo y se lo explico en varios niveles de respuesta a lo que usted ha manifestado, y para rebatir: eso que usted llama 'absurda batalla lingüística'
que tan sólo usted ve y en la que sólo usted cree.
Primero, a nivel competencial es harto discutible que este sea el foro adecuado o la cámara que entienda de esta materia, toda vez que hablamos de una competencia plena de la comunidad autónoma, de la Xunta de Galicia, y en lo tocante a las
cuestiones lingüísticas y de enseñanza fue legislado por la Ley de 15 de junio de 1983 de Normalización lingüística, y el Decreto 247/1995 que la desarrollaba la enseñanza de lengua gallega en las enseñanzas de régimen general impartidas en los
niveles no universitarios.
Debo recordarle además que son unas normativas elaboradas todas ellas desde la mayoría absoluta del Partido Popular en la Xunta de Galicia.
El segundo nivel, a nivel de legislación, hace 23 años el Partido Popular, con su presidente Fernández Albor, presidente de la Xunta de Galicia, aprobó la Ley 3/1983, de 15 de junio, de Normalización lingüística; posteriormente el Gobierno
de Manuel Fraga aprueba el Decreto 247/1995 que desarrolla la ley. Dos años más tarde, y siendo presidente de la Xunta de Galicia Manuel Fraga Iribarne, se aprueba el Decreto 66/1997, de 21 de marzo, en el que se modifica parcialmente el decreto
anterior. Y asimismo, y vinculado con este asunto, el Decreto 324/1996, de 26 de julio, por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria; y el 374/1996, del Reglamento de los centros de Educación Infantil y
Primaria, ambos bajo la presidencia de Manuel Fraga Iribarne en la Xunta de Galicia.
Por lo tanto, es bien cierto lo que decía el poeta de que la memoria es un país lejano y extraño, del cual hoy tenemos buena muestra en la pérdida del norte político
del Partido Popular, ya que la normativa vigente no ha cambiado, es la misma que ustedes hicieron, y la Inspección sólo cumple y hace cumplir la legislación que cuando ustedes, el Partido Popular, gobernaba en Galicia aprobó; y queremos
entender que ustedes también lo hacían así, ¿o es que no cumplían ustedes con su propia ley? ¿Qué es lo que ha cambiado?; ¿acaso es que Núñez Feijoó está menos comprometido con la lengua y la cultura gallega que Manuel Fraga Iribarne? Le llama
usted totalitario a Fraga, según todo el planteamiento que acaba de realizar en esta intervención.
Yo he sido director de un instituto de secundaria durante seis años, y nunca ha habido el más mínimo problema en lo referido a las programaciones, y evidentemente había departamento y había profesores de lengua y literatura castellana, y no
se ha planteado nada de esto, porque cumplían con la ley, cumplían con la normativa y con la legislación vigente.
En tercer lugar y a nivel de réplica, señora Sainz, manifestar que no es en absoluto un conflicto amplio, como tiene usted manifestado, ya que el 92 por ciento cumple totalmente con la legislación, mientras que en el 8 por ciento restante se
incluyen los incumplimientos parciales (donde algún profesor o algún departamento o algún material curricular no cumple con la normativa); contrariamente a lo que usted manifiesta, no hay expediente alguno abierto a ningún profesor, no hay ningún
expediente abierto a ningún profesor. Y hay que hacer constar que hay lugares donde el jefe de departamento se niega a realizar la programación en gallego, y los restantes miembros del departamento no necesariamente están en la misma situación ni
opinan de la misma manera.
La Consejería está intentando resolver este problema por la vía del diálogo y del convencimiento, confiando en que todos los funcionarios cumplan con la normativa en vigor. Por lo tanto, ni hay censura ni hay discriminación ni otros
términos alarmantes que usted ha utilizado, y confundiendo en su exposición lo que es el uso didáctico de la lengua en una asignatura determinada (por ejemplo, castellano, inglés, francés, alemán o italiano) con la realización preceptiva de la
programación para la administración, que se hace en la lengua de la comunidad autónoma, cumpliendo la normativa que, como ya bien dije, el Partido Popular, don Manuel Fraga y demás, consejeros de Educación de la Xunta de Galicia en su momento
aprobaron.
Cuarto nivel: a nivel de asombro y de sorpresa; asombro y sorpresa por su cambio de criterio, manifestar que cuando ustedes gobernaban en Galicia este asunto fue objeto de consulta a la Inspección de Educación de la Xunta por parte de
varios profesores; y esta consulta se trasladó desde la Inspección a la asesoría jurídica de la Consejería de Educación y a la asesoría jurídica de la Consejería de Presidencia. Con las respuestas emitidas por estos órganos, don Alberto Fernández
Armesto, director general de Ordenación Educativa, y don Pablo González Moreiras, director general de Política Lingüística, con fecha 3 de diciembre de 2004, bajo Gobierno del Partido Popular en Galicia y con don Manuel Fraga en la Xunta, presidente
de la Xunta, refrendaron la legalidad de realizar con carácter general todas las programaciones didácticas de las diversas materias en lengua gallega (y tengo aquí el documento, el informe, en lo cual asientan estas afirmaciones). Además, las
actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes en Galicia, tales como actas, comunicados, anuncios, relaciones con los miembros de la comunidad educativa, administración, etcétera, serán redactados con carácter general en
gallego; eso dice la ley, lo mismo que decía la ley y lo mismo que sigue diciendo la ley.
Este documento, y analizando una amplia legislación que afecta a este asunto, concluyó además que las programaciones didácticas son documentos que deben darse a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa y a la administración,
porque tienen carácter de documentos administrativos, es decir, empleados por una unidad dependiente de la administración educativa (centro escolar), en su relación con los administrados (padres y madres de alumnos, y alumnos asimismo), y con sus
órganos superiores jerárquicos (es decir, la administración).
Además, esta pregunta fue realizada no sólo en el caso de lengua castellana, sino que la pregunta formulada, que era 'programaciones didácticas de las áreas de lengua castellana, lengua inglesa, lengua francesa'. Y digo que a nivel interno,
para que los profesores programen su actividad, los departamentos de lenguas -así lo manifiesta el informe- pueden realizar una versión o traducción en la lengua de que se trate.
Esa fue la respuesta de la administración de Manuel Fraga, justo la
misma que está vigente hoy.
Por lo tanto, señoría, no alcanzamos a explicarnos qué es lo que motiva este cambio de criterio, esta pérdida de norte político y toda esta reflexión que no conduce más que al alarmismo, que a asentar una serie de criterios desconocidos
hasta ahora en todo lo referido a la gravedad de lo manifestado, y que no sabemos bien adónde quieren llegar con esto.
El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Por último, señorías, en un nivel que va más allá de lo legal y de lo reglamentario, quisiera decirle que una lengua no es un mero código, sino una emoción, un sentimiento, una creencia, una patria y un refugio donde
sentirnos seguros y reconocernos como comunidad, como herederos de cientos de generaciones que han puesto nombres al mundo y a las cosas, a las heridas y a los triunfos, a las emociones y a los sueños. En gallego se pilotan aviones y se levantan
rascacielos, se dictan sentencias y se escriben libros, se hace investigación y se pesca en todos los mares del mundo, se levantan empresas fuera y dentro de nuestro territorio, y en gallego se explica la naturaleza,
la vida y la historia. Al final, se trata de que todos somos responsables con nuestras acciones o nuestras omisiones de potenciar, difundir y fomentar el uso de la lengua y la cultura gallega para evitar la pérdida de parcelas de uso y
lograr la absoluta normalización, aquella en la que ni nos fijemos en qué lengua está redactada una programación didáctica.
Por eso votaremos en contra de esta iniciativa, porque no compartimos su espíritu y además militamos en la defensa de la lengua y la cultura de Galicia.
El señor PRESIDENTE: Señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, al amparo del artículo 72 del Reglamento, punto 2, que dice que...
El señor PRESIDENTE: Sí, sí, no... lo conozco, señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: ...cualquier diputado, durante la discusión antes de votar, podrá pedir la lectura de normas o documentos que crea conducentes a la ilustración de la materia de que se trate, la diputada señora Sainz querría,
sucintamente, es un breve documento, utilizar este artículo para leerlo en esta Comisión. (Varias voces inaudibles.)
El señor TABUYO ROMERO: Señor presidente, yo en ningún momento he manifestado nada de apercibimientos; dije que no hay abierto ningún expediente, eso es lo que he manifestado. No hay abierto ningún expediente en este momento por esa
razón.
El señor PRESIDENTE: Yo no tengo ningún problema en leerlo, pero me parece que vamos a sentar un precedente leyendo un documento en gallego y no traduciéndolo. Podríamos incorporarlo traducido a la próxima Comisión y lo leemos
oportunamente; lo digo para no sentar un precedente.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Señor presidente, completamente de acuerdo.
- RELATIVA A INCREMENTAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS ESTUDIOS A LOS MIEMBROS DE FAMILIAS NUMEROSAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001865.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la proposición no de ley, pasamos a la que ordinalmente era la número 3, que va a ser la quinta en el debate, relativa a incrementar la igualdad de oportunidades en los estudios a los miembros de
familias numerosas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Nasarre. Tiene la palabra, señor Nasarre.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Con la venia del presidente: la semana pasada, en la sesión que tuvimos en el Pleno de informe del presidente del Gobierno sobre la última cumbre de la Unión Europea se produjo un hecho relevante, una novedad
muy interesante, y es que apareció como asunto de la agenda europea el tema de la familia, la familia. Fue la consecuencia de una feliz iniciativa de la canciller alemana Angela Merkel, que ha introducido efectivamente en la agenda política europea
el problema de la familia, porque yo creo que es una iniciativa que hay que aplaudir, yo la aplaudo; en el debate celebrado en el hemiciclo, la mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios también asumió el compromiso de los acuerdos, del
comunicado de la última cumbre, y yo creo que ha sido un acierto, una oportunidad de la canciller Merkel el que en esta necesidad de acercar las políticas europeas a las necesidades de los ciudadanos se haya introducido como tema central, como tema
prioritario la familia.
En el fondo, lo que esta introducción del tema de la familia en la agenda política europea supone es la necesidad de un impulso de políticas públicas que favorezcan, faciliten, apoyen las funciones de la familia y supongan una mayor
protección a la familia.
Y en España hay que reconocer que es más necesario que en otros países europeos el impulso de estas políticas públicas, porque, todos lo sabemos, no voy a dar aquí datos que son suficientemente conocidos, los conocemos en la Cámara, lo
conoce la sociedad española, estamos en los puestos de cola, desgraciadamente, de ayudas directas a la familia, de protección a la familia. La democracia española no se ha portado bien con la problemática familiar, y yo creo que tenemos que
reconocerlo todas las posiciones políticas, todos los grupos políticos con humildad: hay un déficit en nuestras políticas sociales de un tratamiento directo de mejora a la familia.
Pero si la familia en general necesita más atención, que es, en fin, el punto de partida de esta proposición no de ley, de esta iniciativa que mi grupo presenta hoy en esta Comisión, las familias numerosas, es decir, aquellas que en nuestra
legislación tienen más de tres hijos, son las que merecen una mayor protección y apoyo. Hoy hay en España aproximadamente un millón de familias numerosas, a pesar de la crisis demográfica, a pesar de que tenemos una tasa de fecundidad, como todos
ustedes saben, que no llega al 1,3 por ciento, muy lejos de la tasa de reposición, y que constituye evidentemente un problema real para el futuro de la sociedad española, y por lo tanto tenemos que reconocer en este contexto que los beneficios que
las familias numerosas aportan a la sociedad, al conjunto de la sociedad española son extraordinarios, son evidentes, y más allá incluso de los
aspectos puramente demográficos, que son los que aseguran el reemplazo de las generaciones.
Las familias que deciden en nuestros días tener varios hijos lo hacen por su libre elección, libre elección que yo quiero decir que respeto y alabo; pero esa libre elección no debe suponer en ningún caso una penalización en las condiciones
de bienestar, sino todo lo contrario, o en las oportunidades para sus hijos.
La proposición no de ley que hoy debatimos y que mi grupo presenta, yo creo que en este contexto puede ser una señal positiva de la Cámara, del Congreso de los Diputados, a las familias numerosas para decirles que hay una voluntad de poner
en marcha medidas concretas para impulsar políticas públicas de apoyo a las familias. Es una proposición no de ley, como ustedes se pueden imaginar por la mera lectura, que no va contra nadie, que no tiene ni siquiera, diríamos, elementos
ideológicos que poner en cuestión, porque lo que pretende es facilitar una mayor igualdad de oportunidades en materia educativa a quienes pertenecen a las familias numerosas a través de un instrumento clásico de la política de igualdad de
oportunidades, cuales son las becas y ayudas al estudio.
La proposición no de ley tiene cuatro puntos muy sencillos, el petitum es muy sencillo. El primer punto es establecer el criterio de la renta per cápita familiar para la fijación de los umbrales de renta de las unidades familiares que dan
lugar al derecho a percibir las becas y ayudas al estudio en todas sus modalidades. Ustedes saben que venimos arrastrando ya de hace décadas el criterio de las llamadas economías de escala para la fijación de los umbrales de renta, como en otros
elementos, como son las leyes fiscales, etcétera; y la última normativa, el Real Decreto de 21 de abril de 2006, esto también arrastra esa inercia, y ese criterio cada vez resulta menos equitativo y menos justo para las familias con menor número de
hijos, y por lo tanto perjudica a las familias numerosas.
Porque las economías de escala, que se basan en suponer que los hogares familiares con más miembros reducen los costes per cápita cada vez están más cuestionadas, es un criterio que no responde a los comportamientos de nuestra sociedad y a
las necesidades de las familias en una sociedad cada vez de incremento del consumo individual.
Y por lo tanto creemos que ha llegado el momento de ser revisado. La realidad es que en los momentos actuales su aplicación genera perjuicios evidentes a las familias numerosas, que con niveles de renta per cápita notoriamente inferiores a
las de menor tamaño, con uno o dos hijos, se ven privadas de las becas y ayudas al estudio por sobrepasar los umbrales de renta actualmente establecidos.
Les voy a poner un solo ejemplo, y voy ya terminando, señor presidente: en el llamado umbral 3 de renta familiar establecido por el citado real decreto, que es el que se utiliza para la mayoría de las modalidades de becas, las familias con
cuatro hijos que superen el 75 por ciento de la renta per cápita familiar, y una familia con un solo hijo quedan excluidos de la percepción de las becas; y en el umbral 4, que se aplica, entre otros, a las ayudas a libros de texto, material
escolar, etcétera, las familias con cuatro hijos que superen el 71 por ciento de la renta per cápita familiar respecto a las de un solo hijo se ven asimismo privadas de los mencionados beneficios. Y con familias con seis hijos, la renta per cápita
familiar que supere el 61,5 por ciento excluye a esas unidades familiares de la percepción de becas. Yo creo que es el momento de revisar este criterio de las economías de escala y de pasar al del cociente familiar o la renta per cápita familiar.
En segundo lugar, en aplicación de este criterio de alguna manera, creemos que ha llegado el momento de otorgar el derecho a ser beneficiarios de las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar a todos los miembros de
las familias que ostenten la condición legal de familias numerosas, sin atención a sus rentas. Sé que este criterio se está aplicando en varias comunidades autónomas; yo lo celebro, yo lo aplaudo. Sé también que otras comunidades autónomas están
practicando una política de extensión de la gratuidad del libro de texto, pero en el Gobierno de la nación, en la normativa de becas creo que es importante, creo que es imprescindible, es urgente, no se puede retrasar que este criterio ya se adapte
en la próxima convocatoria 2007-2008.
El tercer punto del petitum, muy brevemente: consiste en conceder la exención del 100 por cien, es decir, la exención total de las tasas o precios públicos que se apliquen a los derechos de matriculación y examen, así como por la expedición
de títulos de diplomas y títulos académicos y profesionales, a todos los miembros de las familias numerosas. Ustedes saben que la situación actual es que tienen esta exención total las llamadas familias de categoría especial, a partir de cinco
hijos, pero las familias que no tienen esta categoría especial, es decir, a partir de los tres hijos, sólo tienen una bonificación parcial.
Se ha producido, como consecuencia ya de este cambio demográfico, una disminución tremenda de los beneficiarios en los últimos años de las exenciones de precios públicos. Nada más les doy un dato: en el curso 2000-2001 había 167.172
beneficiarios de las bonificaciones y exenciones por condición de familia numerosa; y han pasado en el curso de 2005-2006, el último del que disponemos de datos suministrados por el Ministerio de Educación y Ciencia, a 96.064, es decir,
prácticamente un 43 por ciento menos de beneficiarios. Y por lo tanto ha llegado el momento, y no supone ningún gran incremento de costo, etcétera, de que todos los miembros de las familias numerosas, sea cual sea su condición, sean de categoría
especial o de la categoría ordinaria, sean beneficiarios de la exención total de precios y tasas por matriculación por estudios de las materias y enseñanzas no gratuitas.
Y por último, una última petición de cierre, que es complementaria a todas las anteriores, para que haga eficaz estas medidas, que es incrementar -dice en los próximos tres cursos, pero en fin, se podría, obviamente, prolongar en el futuro-
al menos un 10 por ciento en términos reales, como es natural, con carácter anual y acumulativo, los umbrales de renta familiar fijados para las distintas modalidades de becas y ayudas al estudio.
Señor presidente, y con esto concluyo ya, el Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda de sustitución. Y francamente, le tengo que decir, y se lo tengo que decir al Grupo Socialista, se trata simplemente de aguar el vino, de vaciar de
contenido concreto esta proposición no de ley que tiene, digamos, si tiene alguna característica o alguna virtualidad esta proposición no de ley, es que se trata de medidas muy concretas; y claro, decir que se va a seguir ayudando a las familias
numerosas es volver otra vez a las proclamaciones retóricas en favor de la familia numerosa, pero no a la aplicación de medidas concretas.
Yo comprendo que al Grupo Socialista le cuesta sumarse a cualquier iniciativa del Grupo Parlamentario Popular; nosotros hemos anunciado en las dos iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión que vamos a
votar a favor. El Grupo Socialista, sea cual sea el contenido de la iniciativa, por un motivo o por otro o por lo que sea, se niega sistemáticamente a aceptar las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular. A mí me gustaría que hubiera una
excepción con este tema, porque va en beneficio de las familias numerosas, porque hay un millón de familias numerosas que están esperando un gesto -en fin, si puede ser- de consenso de la Comisión de la Cámara en este semestre comunitario en el que
la propia Unión Europea ha adoptado esta política de impulso a las políticas familiares por parte de los estados miembros.
Yo lamento mucho decirlo aquí, pero me da la impresión de que el espíritu del pacto del Tinell está sobrevolando en esta Cámara demasiado y debemos desterrarlo; y tiene una magnífica ocasión el Grupo Socialista para, sumándose a esta
iniciativa en favor de la familia, en favor de las familias numerosas, en favor de la igualdad de oportunidades de las familias numerosas, desterrar, enterrar ese espíritu y, en los temas que son razonables, que van en beneficio, en fin, de la
sociedad, sumar los votos a las iniciativas del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: No por el hecho de hablar usted de más hijos tiene usted más tiempo para intervenir, recuerde.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Benzal, y le recuerdo que tiene siete minutos para intervenir.
El señor BENZAL ROMÁN: Yo también quiero empezar haciendo una brevísima referencia al Consejo de Ministros de la Unión Europea; yo quiero referirme a la resolución final del Consejo de Ministros, y a lo que dijo -con todo respeto, por
supuesto- la presidenta de Alemania, a su vez presidenta ahora mismo de la Unión Europea. Bueno, nosotros nos sumamos a esa resolución final que fue consensuada, y por cierto, muy trabajada, en lo que tuviera relación con la familia; dudo mucho
que tuviera algo de relación con la familia numerosa, que es a lo que trae referencia la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular.
Y empiezo por una afirmación que pretende manifestar el error de la apreciación sobre el número total de familias numerosas: no creemos que lleguen a esos 10 millones -¡ah!, perdón, un millón sí-; familias numerosas en este país hay más de
un millón. En cualquier caso, el dato no es correcto.
A nosotros nos parece que las becas y las ayudas para el estudio son un elemento fundamental de solidaridad, un instrumento, por tanto, clave de la política educativa, porque en primer lugar promocionan a los más necesitados, y en segundo
lugar porque aumenta el número de estudiantes, de lo que está muy necesitado nuestro país, puesto que especialmente en aquellos niveles a los que se refiere la proposición no de ley precisamente son niveles -recordemos, que no lo ha dicho el señor
Nasarre- no obligatorios ni gratuitos, en esos niveles, especialmente en los postobligatorios, estamos muy necesitados de más estudiantes; y por tanto, aumentando la política de becas y ayudas al estudio lo conseguiremos.
El contexto en el que hay que enmarcar la proposición no de ley es el siguiente: se han aumentado en tres años las becas, los becarios y los umbrales de las becas, en una proporción enorme. Con estos indicadores: hay 1.215 millones de
euros para becas, cuando había en la última época del Partido Popular 800 millones; es decir, se han aumentado en cuatro años 400 millones de euros las becas a los alumnos de este país, de unos 67.000 millones de las antiguas pesetas.
Algunas de esas becas se han multiplicado por cinco, e incluso por nueve, y no me refiero sólo al aumento de las becas Erasmus, que en este año que estamos aumentarán un 825 por ciento; y además se han incluido nuevas becas, tanto para los
estudios de máster como para los estudios de idiomas, con una estimación de unos cincuenta y tantos mil para estos últimos.
El Partido Popular, en cambio, pide más; pide más y pide más quien precisamente en su época de gobierno, muy reciente, y a la que desde luego no nos vamos a agarrar, puesto que los que gobernamos somos nosotros, pero en su época de gobierno
muy reciente precisamente no dio, pide más quien no dio; pero nosotros somos los que gobernamos y queremos hacer referencia precisamente a nuestras responsabilidades. Todo es mejorable: nos cabría preguntar por qué no se hizo entonces, por qué no
se hizo entonces hasta los niveles en que se ha hecho ahora. Pero por supuesto que todo es mejorable, y lo dice un grupo parlamentario que sostiene a un
Gobierno que tiene la autoridad moral precisamente de quien lo está haciendo.
También, y ahí ahora voy a los datos, en el caso de las familias numerosas. Porque hay una atención específica a las familias numerosas, sin duda alguna, mejorable como todo, pero no desde la irresponsabilidad -si me permiten- de pedir más
sin dar argumentos fiables. Y voy con esos datos que decía.
Se habla de que el umbral 3 de las becas, para solicitud de becas, es el que de forma más generalizada se aplica a la petición de beca. Bien, eso es así en algunos casos; en otros, como en algunos otros que el Grupo Parlamentario Popular
indica en su proposición no de ley, no es así, porque por ejemplo para las becas de matrícula los umbrales que se aplican -lo dice el decreto, precisamente, de umbrales- cuando se está pidiendo que los precios y las tasas públicas se mejoren para
las familias numerosas, hay que hacer referencia, lógicamente, puesto que así lo indica la proposición no de ley, la propuesta que hace el Partido Popular, a las becas de matrícula; y en esos casos se aplican los umbrales 4 y 5, no el 3; y los
umbrales 4 y 5 suponen un 30 y hasta un 40 por ciento más que el umbral 3. Por tanto, vaya esa consideración inicial. Los mínimos, por tanto, son muy superiores; al ser los mínimos muy superiores, hay muchas más familias que pueden solicitar beca
o exención de matrícula.
Pero vamos al umbral 3, que es al que hace referencia la proposición no de ley. Hace una comparación de las familias, como ejemplo, no es el único, pero en fin, como ejemplo, hace una comparación de las familias con un hijo con las de
cuatro hijos, y hace una comparación diciendo que están beneficiadas las de un hijo con relación a las de cuatro hijos, es decir, familias de tres miembros, familias de seis miembros. Pero no hace, en cambio, un estudio que complementa y matiza
enormemente esto: familias que estén por debajo del umbral, y por lo tanto con derecho a beca, con tres miembros, hay un 45 por ciento del total de las familias, aproximadamente. Mientras que familias con seis miembros que están por debajo del
umbral hay un 60 por ciento. Es decir, hay un 15 por ciento más de familias con seis miembros que pueden solicitar beca de las que tienen tres miembros. Pero además es que los umbrales en este año se han aumentado un 7 por ciento, como muy bien
sabe el señor Nasarre, puesto que se le ha contestado así por el Gobierno en una pregunta que en su momento le hizo, indicándole una serie de modalidades en las que eso ocurría. Pero no acaba ahí la subida de los umbrales: los umbrales se suben el
7 por ciento si se llega al mínimo de becarios del año anterior; porque si no se llega, los umbrales aumentarán. Y van a aumentar, haciendo una estimación con relación al número de becarios del año anterior, en más de un 7 por ciento. Y por
tanto, aproximándose mucho a ese 10 por ciento que reclama el Partido Popular en su propuesta.
Pero además a eso hay que sumar otra cosa, y es que para calcular la renta familiar sí se tiene en cuenta el número de hijos. No se tiene en cuenta el número de hijos de manera doble, como no se tiene en cuenta de manera doble tampoco el
número de hijos a la hora de admitir a los alumnos en un centro educativo. Es decir, hay un descuento por cada uno de los hijos de la familia, que evidentemente aumenta lógicamente para la familia numerosa, puesto que tiene más hijos; y para
calcular esa renta familiar se va descontando. Por ejemplo, entre 600 y 2.400 euros se descuenta de la renta familiar por cada uno de los hijos. Por lo tanto, las familias numerosas descontarán más. Pero es que además, si el hijo es por ejemplo
universitario, en lugar de ser entre 600 y 2.400 euros, llega a 5.000 euros, y un 20 por ciento más se aumenta en el caso de que sean huérfanos. Por tanto, resumiendo: para las familias numerosas se tiene una atención específica.
Pero además nos parece que es completamente injusto si atendiéramos solamente al criterio económico. Es decir, no puede ser sólo el requisito económico el que nos dé la beca; también hay un requisito académico, puesto que estamos hablando
de becarios para niveles no obligatorios ni gratuitos. Y por tanto, el nivel académico también tiene que matizar eso.
Porque si no, estaríamos dando una doble discriminación: habría como mínimo una primera discriminación, es decir, darle,
simplemente por el hecho de tener más hijos, la beca y la matrícula gratuita a quienes podrían tener unos recursos económicos impresionantes, fabulosos.
Pero además hay una segunda condición, y es que si solamente tenemos en cuenta el criterio económico estaríamos dando más un premio de natalidad que una condición de solidaridad. Y claro, los premios de natalidad nos parece que son unos
criterios que sí que caen precisamente en la ideología que el señor Nasarre quería rebatir anteriormente.
Además de eso, las tasas y los precios públicos que también se piden en la proposición no de ley del Partido Popular están incluidas; y están incluidas exactamente de la manera en que una ley que elaboró el Partido Popular (por cierto, una
ley que elaboró en diciembre del año 2003 a punto de convocarse, ya convocadas probablemente, unas elecciones y con la duda de la eficacia que pude tener en periodo prácticamente electoral elaborar una ley que atendía a las familias numerosas); no
obstante, esa ley es la que está aplicando precisamente el Gobierno socialista, porque hay una disminución, una exención de un cien por cien de la matrícula, y precios y tasas, etcétera, para las familias numerosas especiales (más de cuatro hijo) y
de hasta un 50 por ciento de las que tienen menos de cuatro hijos, pero teniendo en cuenta que eso es automático. A partir de ahí hay muchas otras familias que, cuando tienen algún tipo de beca, también pueden acceder a un mayor beneficio con
respecto a la matrícula, lo hemos visto antes con los umbrales 4 y 5.
Además de eso el Gobierno ha enviado -y voy concluyendo- un decreto nuevo que está ahora mismo en estudio, si no ha salido ya, vamos, está en el Consejo
Escolar del Estado, puesto que el decreto al que hace referencia la propuesta del Partido Popular solamente era válido para el curso 2006-2007; se está elaborando un nuevo decreto más permanente, con una vocación de mayor permanencia en
donde, por supuesto, se siguen aplicando todos estos criterios a favor de la familia numerosa.
Resumo: se pide aumentar las atenciones, que nosotros estamos de acuerdo, pero por ejemplo podríamos decir '¿y por qué no se pide aumentar la atención para las becas compensatorias?'; a nosotros nos parece que, aunque sean familias de un
solo hijo, de tres miembros, un solo hijo, hay muchas de ellas que tienen una beca compensatoria que seguro que es más insuficiente que lo que se pide para la familia numerosa. Pedir, se podría pedir para todos, por ejemplo para las compensatorias,
más.
Hay un aumento de becas de un 50 por ciento respecto a años anteriores; se va a llegar a unos umbrales que van a superar en algunos casos el 10 por ciento que el Partido Popular indica en su proposición no de ley, puesto que hay un 7 por
ciento revisable (al alza siempre, por supuesto) que a la familia numerosa se le tiene en cuenta, en la matrícula, en las tasas y en el total de las familias que pueden acceder a las becas y ayudas al estudio, y que hay que compensar los requisitos
económicos con los requisitos académicos.
No obstante, y concluyo, conscientes de que efectivamente se podría, tanto en este como en otros muchos casos de becas y ayudas al estudio, aumentar la consideración y la atención a las familias numerosas, le he hecho llegar antes al
representante del Partido Popular una modificación de la enmienda, que parece que no va a ser atendida, en donde a las dos propuestas que nosotros incluíamos en la enmienda inicial se suma una tercera indicando que el Gobierno aumente la
consideración que se tiene hacia la familia numerosa, que en cualquier caso creemos que es muy adecuada en el contexto general. No nos cuesta sumarnos en absoluto a algo que propone el Partido Popular si nos parece razonable; creo que he dado
datos más que suficientes para indicar que no es así, pero sí que nos sumamos a las necesidades de los ciudadanos, y creemos que están perfectamente atendidas y no tienen nada que ver con el pacto del Tinell.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el Grupo Socialista se ha autoenmendado la propia enmienda transaccional, ¿que conoce el Grupo Parlamentario Popular?
El señor NASARRE GOICOECHEA: Sí, conoce. Ha añadido un tercer punto que dice 'aumentar de nuevo la consideración económica del criterio de familias numerosas para la obtención de becas y ayudas', y por las razones que he dicho antes no la
vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: Quiere decir que cuando usted se ha referido, señor Nasarre, a la anterior, ya era con la modificación, cosa que la Mesa no conocía.
El señor NASARRE GOICOECHEA: Era este punto que no dice nada y vacía de contenido mi propuesta.
El señor PRESIDENTE: Así que entiende la Mesa que, desde luego, la enmienda transaccional no va a ser aceptada por el Grupo Popular.
Por último, para terminar el debate de esta proposición no de ley, por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM PALMÉS: Quiero manifestar que desde Convergència i Unió vamos a apoyar esta proposición no de ley porque coincide completamente con el pensamiento político al que represento, de potenciar la política de protección a las
familias, y además de potenciar especialmente la protección de las familias numerosas.
Porque aunque tener una familia numerosa es evidentemente fruto de una decisión personal, no puede negarse que beneficia a toda la sociedad, especialmente en un momento como el presente en donde el bajo índice de natalidad nos hace, incluso,
temer por el futuro de un sistema de protección social que se basa precisamente en la pirámide de población.
Esta es una preocupación no sólo española, sino también europea. Y permítanme traerles a colación que en una revista alemana que hemos recibido hace pocos días, parafraseando el lema de la República francesa (legalité, fraternité, egalité),
decía legalité, fraternité, fertilité.
Estos son los objetivos que hemos de atender. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de esta preocupación, y nos parece que la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular atiende a esta preocupación.
El señor Benzal, en su intervención, rigurosa y minuciosa, realmente nos ha pormenorizado todos los avances que se están realizando, y realmente nos congratulamos. El señor Benzal, como perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, que
da apoyo al Gobierno, realmente puede de alguna manera darnos el termómetro de por dónde vamos avanzando en esta protección, y por eso digo que nos congratulamos.
Pero realmente, aunque se está haciendo mucho, nunca nos parece mucho en la política de protección a las familias, sobre todo teniendo en cuenta que España está muy por debajo en el índice del PIB en la política fiscal y de ayudas a las
familias, que en todo caso son ayudas a la socialización del costo de reproducción. Yo quiero aquí señalar que en España se destina aproximadamente un 0,5 por ciento, mientras que la media de la Unión Europea es de un 2,2 por ciento. Por lo tanto
estamos todavía lejos.
Y ya por último, no me puedo resistir, ya que estoy en el uso de la palabra, a señalizar que en el tema que nos ocupa, que además de ser familias numerosas es el tema de becas, quiero señalar para que quede constancia en el Diario de
Sesiones que sigue sin cumplirse la sentencia del Tribunal Constitucional referente al tema de las becas, una sentencia en donde se señala la injusticia que representa la no adaptación de las becas a las peculiaridades territoriales; una sentencia
que lleva seis años sin cumplirse, tres años por parte del Partido Popular, tres años por parte del Partido Socialista; y que evidentemente, dentro de esta injusticia de no adaptación territorial, perjudica también a las familias numerosas porque
sus umbrales de renta son calificados en un territorio en donde la renta es más alta en general.
Reitero finalmente el apoyo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, y digo que la votaremos en los términos en que sean aceptados por el proponente. Nada más.
- SOBRE MEDIDAS DE PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/002103.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos al siguiente punto, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de promoción de los programas de cooperación territorial. Para la defensa de la misma
tiene la palabra la señora Elías.
La señora ELÍAS CORDÓN: Señorías, esta proposición no de ley va dirigida al Gobierno para que a través del Ministerio de Educación y Ciencia, junto con las comunidades autónomas, desarrolle en mayor medida el artículo 9.1 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece que 'el Estado promoverá programas de cooperación territorial con el fin de alcanzar los objetivos educativos de carácter general y reforzar las competencias básicas de los estudiantes, favorecer el
reconocimiento y aprecio por parte del alumnado de la riqueza cultural y lingüística de las comunidades autónomas, así como contribuir a la solidaridad interterritorial y al equilibrio territorial en la compensación de desigualdades'. Así como en
el mismo artículo, en el punto 2, que dice 'los programas a los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo mediante convenios o acuerdos entre las diferentes administraciones educativas competentes'.
La misma Ley de Educación recoge en su preámbulo que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, con el convencimiento de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La
educación integral es el medio de transmitir, y al mismo tiempo de renovar la cultura y el conjunto de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer las máximas posibilidades de fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el
respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social.
La educación es también el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, libre, responsable y crítica que resulta imprescindible para el funcionamiento de las sociedades avanzadas.
Por otra parte, ofrecer una educación de calidad es un mandato constitucional que las administraciones educativas tratan de llevar a cabo día a día garantizando una igualdad efectiva de oportunidades y tratando de conciliar la calidad de la
educación con la equidad de su reparto. Pues bien, dentro de este marco conceptual el Ministerio de Educación y Ciencia, en colaboración con las comunidades autónomas y de acuerdo con los convenios suscritos entre estas y el departamento, convoca
cada año los programas de cooperación territorial dirigidos a alumnos y alumnas de las diferentes comunidades autónomas.
Estos programas de cooperación territorial, que tienen una gran aceptación entre los centros educativos, y sobre todo entre el alumnado, son el programa de escuelas viajeras, que está dirigido a alumnos de 5.º y 6.º curso de Educación
Primaria, y que tiene como objetivo fundamental este programa fomentar el conocimiento de la diversidad lingüística, cultural y social de las distintas comunidades autónomas y fomentar con ello la convivencia y el respeto mutuo; los programas de
centros de educación ambiental, que están dirigidos a alumnos de Educación Secundaria Obligatoria: este programa tiene como objetivo principal que los alumnos estudien y analicen las formas de relación con el entorno natural, social y cultural, y
que posibiliten una actuación responsable tanto a nivel individual como social. Otro programa es el de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados, que está dirigido a alumnos de 3.º y 4.º curso de Educación Secundaria Obligatoria,
de Bachillerato, ciclos formativos de grado medio, de escuelas taller y alumnos de enseñanza universitaria, y es un programa educativo que pretende el acercamiento a la vida rural de los jóvenes, que en su mayoría viven en el mundo urbano, y
contempla la realización de actividades relacionadas con la recuperación cultural, el medio ambiente, la salud, la convivencia y los oficios, como son constructores, agricultores, artesanos, ganaderos, etcétera.
Otro programa es el de rutas literarias, que está dirigido a alumnos de 3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria, que tiene como objetivo (y además es un recurso educativo) que pretende complementar la educación impartida en el aula, a
la vez que consolida el hábito lector en la población escolar.
Otro programa, y de reciente creación, es el programa de inmersión lingüística, que está dirigido a alumnos de 6.º curso de Educación Primaria y se enmarca en el
ámbito del aprendizaje de lenguas extranjeras, promoviendo además la convivencia entre alumnos de distintas comunidades autónomas. El objetivo de este programa es posibilitar el ejercicio oral de la lengua inglesa en su vertiente expresiva
y comprensiva, por lo que todas las actividades se realizan íntegramente en inglés. Como digo, es de muy reciente creación porque este se ha creado en el curso 2005-2006.
Otro programa de reciente creación este año, 2006-2007, es el programa de rutas científicas, que está dirigido a alumnos de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Su objetivo prioritario es complementar y mejorar los conocimientos
científicos que se adquieren en el aula, para despertar en los alumnos el espíritu investigador, su interés por el método científico y el posterior desarrollo tecnológico que dichas investigaciones producen. El programa conecta directamente con los
objetivos marcados en la agenda de Lisboa 2010 y se dirige a incrementar el número de estudiantes matriculados en titulaciones de carácter científico.
Y como último tenemos el programa de aulas de la naturaleza, que es una actividad que se desarrolla en espacios naturales durante el verano, y participan tanto alumnos de régimen general como alumnos con necesidades específicas de apoyo
educativo. El principal objetivo de este programa es potenciar la integración, la autonomía personal y la convivencia armónica de los alumnos, teniendo en cuenta que participa hasta un 30 por ciento de alumnos con necesidad específica de apoyo
educativo.
En definitiva, que con estos programas cerca de 20.000 alumnos y alumnas toman parte cada año en estos programas de cooperación territorial, con un grado de satisfacción muy alto y con un trabajo educativo que se extiende en el tiempo:
entre el periodo de preparación a la realización del programa, durante la realización del mismo y después de haberlo llevado a cabo. De ahí su importancia educativa.
Por ello, esta proposición no de ley va dirigida, en los términos de la promoción y de la incentivación de la motivación, para potenciar la buena disposición de centros y alumnos hacia estos programas, que su principal objetivo es fomentar
en los alumnos, a través del conocimiento mutuo, valores democráticos de primer orden como son el respeto y aprecio a la riqueza lingüística, cultural, social y ambiental en todo el territorio español; y todo ello al tiempo que se trabajan diversos
contenidos curriculares en entornos menos escolares, menos formales y fuera, sobre todo, de su medio habitual.
Por todo ello, para aumentar la participación de estos programas y la oportunidad de fomentar el intercambio y conocimiento entre comunidades autónomas, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente proposición no de ley: 'El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, en colaboración con las comunidades autónomas, medidas de promoción en los programas de cooperación territorial con alumnos, con el fin de ampliar la participación en dichos programas tanto de
los centros como del alumnado de las diferentes comunidades autónomas'.
El Partido Popular nos presenta una enmienda en la que tiene dos apartados más; en el segundo no hemos quedado de acuerdo, que no lo admitíamos porque realmente en los objetivos de la proposición no de ley contempla totalmente este
apartado; y en el segundo apartado que propone el Partido Popular hemos llegado a un consenso, en que la redacción sería que 'dichos programas tendrán dotación presupuestaria para el cumplimiento de sus objetivos'. Quitamos, presidente, lo de
'una' y 'suficiente'.
El señor PRESIDENTE: Rogaría a los señores portavoces que, una vez concluido el debate, hagan llegar a la Mesa la enmienda que ambos grupos transaccionan, para que la podamos someter a votación en sus justos términos una vez aceptada.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley referente a los programas de cooperación territorial, programas que vienen realizándose con éxito desde hace varias legislaturas, legislaturas
con gobiernos socialistas y gobiernos populares, merced a la estrecha colaboración del Estado con las comunidades autónomas promoviendo esos programas de cooperación territorial. Y son muchos los alumnos y alumnas que se han beneficiado de esta
modalidad educativa y que les ha supuesto un enriquecimiento educativo y cultural en su educación integral como personas.
Han sido, pues, varias legislaturas las que han transcurrido desde la implementación de los programas de cooperación territorial, que han demostrado a lo largo de estos años que los fines y objetivos de interés general de tipo educativo
siguen vigentes. Los que nos hemos movido en el mundo docente recordamos los programas de escuelas viajeras, educación ambiental, recuperación de pueblos abandonados, aulas de la naturaleza, rutas literarias, música para jóvenes, y un largo
etcétera que ha servido para generar en los alumnos participantes los valores y actitudes humanas necesarios para su formación como personas e integrantes de esta moderna sociedad que nos acontece.
Hoy, no ya en los umbrales del siglo de la información, sino ya inmersos en el siglo de la información, de la comunicación y de la ciencia, la elaboración y desarrollo de estos programas de cooperación territorial siguen siendo convenientes
y necesarios, aunque las rápidas transformaciones de estos tiempos hagan variar la metodología educativa para llevar a efecto estos programas. Metodología que se enriquece con el aprovechamiento de los medios tecnológicos colaterales como radio,
televisión, informática general, la salida a la red informática Internet, los modernos medios de comunicación, la imagen y creación digital, la proliferación de
ofertas de los medios de transporte; todos estos tienden, digo, a facilitar aún más el aprovechamiento de estos programas de cooperación territorial, sin olvidar nunca los grandes objetivos generales y finalidad de estos programas, que
siguen siendo la formación integral del alumnado y, en particular, la profundización en el conocimiento, respeto y aprecio de la riqueza cultural de España, fomentando la solidaridad interterritorial. Son nuevas ofertas educativas las que
incrementan la programación de estas actividades.
Los valores que transmiten a los alumnos y alumnas la participación en rutas viajeras, las aulas de la naturaleza, el programa -por ejemplo, que es nuevo- 'Clases sin humo', la cooperación educativa con Iberoamérica o la sensibilización
sobre temas medioambientales o la recogida de datos, que esto es importante notificarlo vía Internet a otras personas, siguen vigentes en el crecimiento personal de los alumnos y alumnas de estos programas de cooperación territorial.
El Grupo Parlamentario Popular, cuando tenía responsabilidad de gobierno, siempre estuvo en esta dirección, siempre los defendió; y ahora también.
Por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque estamos convencidos de la bondad
de estos programas. Vamos a apoyar esta proposición no de ley, que ha introducido en su texto el Grupo Socialista la potenciación de las medidas de promoción de los programas de cooperación territorial.
Pero si se trata de incrementar las medidas de promoción es necesario lo que hemos colocado en un punto en nuestra enmienda: es necesaria la habilitación de una mayor cantidad de las partidas del presupuesto, para abordar con éxito el
objetivo de esta proposición no de ley. Es lógico: si se trata de potenciar, habrá que hacer un esfuerzo financiero para que esta potenciación sea reflejada en los presupuestos.
Vamos a apoyar, repito, esta proposición no de ley y vamos a tratar de colaborar siempre en su desarrollo, porque creemos en estos programas como medida de educación integral de los alumnos y alumnas de este país.
El señor PRESIDENTE: Señora Pigem, ¿va a fijar posición? Tiene la palabra.
La señora PIGEM PALMÉS: Sí, nosotros vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha tenido una gran aceptación en mi grupo parlamentario y que se suma a todo lo que es la promoción y ampliar la participación en estos programas, de lo que
podríamos llamar este 'Erasmus' interno. Nos gusta mucho el programa Erasmus y nos gusta también mucho el que los estudiantes puedan tener esta movilidad para conocer las distintas partes del Estado.
Nosotros, cuando teníamos responsabilidad de gobierno, especialmente el presidente Pujol tenía un gran empeño en todo lo que era pedagogía, y sostenía la idea -que, naturalmente, comparto- de que, conociéndose, se vencían las reticencias y
los estereotipos que se creaban de unas partes a otras del territorio del Estado.
Yo creo que estos programas en buena medida pueden servir para vencer estos estereotipos y estas reticencias e integrar la diversidad, integrar las diferencias, integrar las distintas lenguas como una riqueza y no como un instrumento de
batalla. Yo, por lo tanto, creo que sí son instrumentos de educación integral y que además potencian la autonomía personal de los alumnos.
Por todo esto vamos a apoyar la iniciativa.
- SOBRE MEDIDAS DE IMPULSO DE LA CULTURA CIENTÍFICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002133.)
El señor PRESIDENTE: Con el punto séptimo que viene a continuación, la proposición no de ley sobre medidas de impulso de la cultura científica en el sistema educativo, del Grupo Parlamentario Socialista y que defenderá el señor Tomás,
concluiremos el orden del día para posteriormente llamar a votación.
Tiene la palabra el señor Tomás.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley sobre medidas de impulso de la cultura científica en el sistema educativo, y lo hace con una doble finalidad.
En primer lugar es una finalidad coyuntural: estamos en el año de la ciencia, es de todos conocido el objetivo y el compromiso que de forma explícita todos los grupos de esta Cámara han formalizado en el día de ayer en el Pleno de este
Congreso en torno a la proposición no de ley, también, sobre el año de la ciencia, que fue aprobada por unanimidad.
Evidentemente, esta iniciativa se mueve en esa dirección, pero también persigue otro fin: y es que la ciencia y el impulso de las medidas para el desarrollo de la cultura científica no quede limitado exclusivamente al año de la ciencia,
sino que vaya mucho más allá, creando procesos que puedan permanecer en el tiempo y puedan de alguna manera llegar a alcanzar los fines que han hecho esta gran movilización en torno a la cultura científica.
En la proposición no de ley que ayer veíamos en el Pleno, a propuesta de todos los grupos parlamentarios, en su exposición de motivos se insistía en la poca presencia de contenidos científico-técnicos en la educación secundaria y en la
necesidad de mejorar didácticas y curriculares en todos los niveles educativos.
Efectivamente, las enseñanzas de la ciencia en España han sufrido notables cambios, tanto en sus contenidos como en el enfoque. Nadie discute hoy ya la necesidad de su presencia en los currículos escolares. Pero sigue existiendo una cierta
preocupación por la educación científica que se recibe en las aulas. Esta misma semana
hemos visto reflejada esta preocupación por la educación científica que reciben nuestros alumnos y alumnas en algún medio de comunicación, en relación con la propuesta de la nueva asignatura LOE, en Bachillerato, denominada 'ciencias para el
mundo contemporáneo'. Efectivamente, entre las líneas y los fines generales del sistema educativo definidos por la LOE se encuentra la mejora de la capacidad de los alumnos para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu
emprendedor, elementos estos que forman parte de la actividad investigadora.
De modo expreso, la Ley Orgánica de Educación señala entre los principios generales de la Educación Secundaria Obligatoria, y también en la etapa de Bachillerato, la adquisición de elementos de la cultura científica y tecnológica, e incluso
va más allá cuando establece para alumnos y alumnas la comprensión de elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos.
En resumen, por imperativo legal y por convicción, también, de todos los grupos parlamentarios, la escuela en nuestro actual sistema educativo debe afrontar el reto de proporcionar la formación científica necesaria para que todos sean
capaces de desenvolverse frente a la complejidad de un mundo en permanente cambio y con un gran caudal informativo. El método científico se revela de esta manera como una excelente herramienta para afrontar este reto. Y hablamos, estamos hablando
en esta proposición no de ley que presentamos hoy de extender procesos de alfabetización científica y de convertir la educación científica en parte esencial de la educación general de las personas.
El informe que recientemente presentó la Confederación de Sociedades Científicas de España, denominado 'Acción Crece', advertía sobre la manera de abordar la enseñanza de la ciencia en el proceso educativo.
Señalaba y señala que la
motivación de los jóvenes hacia la actividad investigadora, fundamentada en la profundización en el conocimiento y en su aplicación en la realidad económica y social, está sufriendo un deterioro progresivo.
Entre las propuestas que hacía la Confederación de Sociedades Científicas de España se encuentra y se explicita la necesidad de fomentar las enseñanzas que contribuyen a crear y desarrollar mecanismos de abstracción y formulación de
interrogantes, a sistematizar ideas y a estimular intelectualmente a los estudiantes para la investigación y el desarrollo del pensamiento creativo.
En concreto, decía el informe, se trata de aprovechar esta oportunidad para intentar que los jóvenes dejen de ser espectadores pasivos de los desarrollos tecnológicos y las innovaciones científico-técnicas.
Pero, señorías, no partimos de cero. La Administración General del Estado, Educación y Ciencia junto al Injuve, al Instituto de la Juventud, viene ya realizando algunos esfuerzos desde hace más de 19 años para despertar vocaciones
investigadoras entre los jóvenes estudiantes de enseñanza secundaria y de Bachillerato. Se mantiene una convocatoria anual del certamen 'Jóvenes investigadores' que pretende mejorar la cultura científica y fomentar la actitud racional crítica entre
la juventud de nuestro país.
Del mismo modo, las comunidades autónomas somos conscientes de que ha venido desarrollando certámenes cuyo objetivo persigue igualmente impulsar la cultura científica y despertar el interés por la investigación. La experiencia acumulada de
todas estas iniciativas sirve como referente para hacer extensivo sus planteamientos al currículum e impulsar nuevas vías de investigación participativa en la escuela.
Pero esto no es suficiente. Estas experiencias son altamente positivas para quienes han participado en ellas, pero suponen en la mayoría de los casos experiencias aisladas en la dinámica general de los centros educativos. Por esta razón,
señorías, es necesario incentivar proyectos de mayor recorrido y participación que fomenten la cultura científica en el sistema educativo.
Y por todo ello, nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, insta al Gobierno a promover, en colaboración con las comunidades autónomas, en primer lugar una convocatoria de los programas de actuación para centros educativos de niveles
no universitarios en los que se impulse de forma prioritaria el desarrollo de la cultura científica a través de proyectos de investigación escolar enmarcados en el currículum ordinario. Estamos hablando de centros educativos para el fomento de la
cultura científica y tecnológica, que podríamos denominar 'centros ciencia', que podrían actuar en red, y centro donde las enseñanzas de la ciencia tengan como una de sus finalidades que los estudiantes se impregnen de la cultura científica de
manera articulada; centros donde los contenidos consideren la incorporación de los avances más recientes de las ciencias, atendiendo a su complejidad; centros donde se contemplen proyectos de investigación escolar integrados; centros ciencia
donde de manera autónoma se flexibilice la organización de los espacios y tiempos de enseñanza para aprender ciencias, donde se facilite la coordinación entre los departamentos didácticos del centro directamente implicados, donde igualmente se
garantice la dotación de los recursos didácticos, la elaboración de materiales didácticos y la divulgación posterior de los proyectos de investigación escolar, donde la institución escolar, en definitiva, se implique en la tarea de divulgación
científica estimulando el acercamiento en la escuela de la ciencia que se elabora en los campus universitarios, y viceversa.
Finalmente, centros donde se potencien iniciativas y experiencias que aportan innovación al conocimiento de las ciencias y que permitan visualizar los vínculos entre la ciencia básica y la tecnología e insistan en la idea de que la ciencia
es cultura, con una visión contextualizada de los descubrimientos científicos.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, al establecimiento de una serie de incentivos, que pueden parecer cortos pero que, en respeto también a las
competencias de las competencias autónomas, que fundamenten el reconocimiento de buenas prácticas de la enseñanza de las ciencias en todos los ámbitos.
En definitiva, señorías, como puede observarse, estamos hablando de dar cumplimiento a los objetivos del plan integral de comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología que impulsan el Ministerio de Educación y Ciencia y otros
ministerios, entre los cuales se cita textualmente 'la promoción de la educación y la cultura científicas y el acercamiento de la ciencia a los ciudadanos, fomentando su participación'.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a fijar posición? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González, don Adolfo.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: ¡Vaya pnl presenta el Partido Socialista en esta ocasión! Y lo digo tanto por su extensión como por su contenido. Mi intervención se podría eternizar, pero no se asusten: no será así, e intentaré acogerme al
tiempo establecido, cosa que es realmente difícil.
Desde el principio diré, al igual que mi anterior compañero en otra pnl anterior, que estamos de acuerdo y que la votaremos positivamente, pero hay mucha tela que cortar, es decir, hay mucho razonamiento y análisis y, tal y como está el
debate de estos temas a nivel nacional e internacional, podremos ser utópicos, pero nuestra responsabilidad política nos obliga a ser sobre todo realistas, que es exactamente lo que intentaré hacer desde la perspectiva, por supuesto, del Grupo
Popular.
Comenzando por el año 2007, como año de la ciencia, sin duda que estamos de acuerdo, demostrado ayer de nuevo con un consenso por parte del Grupo Popular y el resto de los grupos parlamentario con la proposición no de ley presentada por
todos los grupos.
El fomento del estudio y el conocimiento científico es una de las finalidades del sistema educativo; pero existe seria preocupación por la educación científica que se recibe en las aulas, como se dice textualmente en la exposición de
motivos. También estamos de acuerdo.
Pero es que esta preocupación está especialmente presente entre los expertos, pues siguiendo a la Fecyt, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dice lo siguiente: 'La sociedad en la que vivimos parece enfrentarse a dificultades
para encontrar sus señas específicas de identidad, a juzgar por la nube de adjetivos que sobre ella se descarga.
Se habla de sociedad globalizada, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad del riesgo, sociedad tenocientífica'.
Es curioso que la mayor parte de estos adjetivos guarde una estrecha relación con el proceso científico-técnico, cuando se constata precisamente que hay un importante déficit en la comprensión de este proceso por parte de la ciudadanía. Esta
situación está particularmente presente, como dice la Fecyt, en el caso de la sociedad española. Por ende, añadimos nosotros, singularmente en la educación española, situación que consideramos complicada para resolverla pues, continuando con el
comentario de la Fecyt, no podemos vivir en una sociedad del conocimiento si no hacemos partícipe a la sociedad de cuáles son los conocimientos producidos en su entorno y de los factores y actores que contribuyan a esa producción.
Esta misión, cada día más necesaria, no es sencilla. Decía Sir John Kendrew, premio Nobel de química en el año 1962 y promotor de la biología molecular en Europa, que una de las tareas más difíciles que tuvo que realizar en su vida fue la
preparación de capítulos de difusión de la biología molecular que le encargó la BBC.
Pues bien, para solucionar estas carencias entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, lo que se conoce como la CTS, esta proposición no de ley propuesta por el Partido Socialista Obrero Español afirma que es en los distintos niveles de
la educación no universitaria en donde se debe afrontar el reto de proporcionar la formación científica necesaria para que todos sean capaces de desenvolverse frente a la complejidad de un mundo en permanente cambio y un gran caudal de información
disponible.
También estamos de acuerdo, pero con nuestro realismo práctico, no imaginario, y siguiendo a diferentes organismos, para que no nos achaque de sectarios ni de otras simplezas semejantes, este reto debe solucionar antes problemas en el
sistema educativo, y que creemos que hoy por hoy la LOE no resuelve satisfactoriamente.
Así, el Círculo de Empresarios, por citar un ejemplo, en 2006 decía que la educación científica tiene un grave problema hoy día: la cultura de la inmediatez. Es decir, el valor del esfuerzo y de la responsabilidad se ha visto desplazado
por la inmediatez. Esta nueva cultura representa en sí mismo una trampa que dificulta la labor educativa, puesto que la formación exige esfuerzo personal que ha de ser, primero, requerido, y luego reconocido.
En esto tenemos que aprender mucho -sigue diciendo el Círculo de Empresarios- de los asiáticos, pues es el mejor ejemplo de que la valoración del esfuerzo redunda en beneficio del sistema educativo.
Si a estos comentarios se les puede criticar que son conceptuales, bajemos aún más a la realidad y veremos que no es así. Datos elaborados por el Consejo Escolar y publicados por el Ministerio de Educación y Ciencia en 2004-2005, y de todos
conocidos, nos dicen que los alumnos que acaban la ESO con 15 años son el 58,4 por ciento; el abandono educativo temprano entre los 18 y 24 años es el 29 por ciento, 10 puntos por encima de la media europea; evaluaciones en primaria nos dicen que
en conocimiento del medio los resultados son altos sólo en los chicos y en centros privados, en las matemáticas los resultados son altos sólo en los chicos y en centros privados. Datos de la OCDE nos dicen que en conocimiento en matemática España
ocupa el número 23 de 29; en conocimientos en ciencia, el número 21, también de 29.
Por supuesto que la proposición no de ley, como ha dicho también el portavoz del Partido Socialista, aborda
esta perspectiva al señalar que, según el informe 'Acción Crece' de la Confederación de Sociedades Científicas de España en 2005, la motivación de los jóvenes hacia la actividad investigadora sufre un deterioro progresivo. Por ello
consideramos que, previo a todo lo que se estipula y a que se insta al Gobierno en esta ocasión, se deben mejorar con carácter general las actitudes ante el aprendizaje, y en especial la autoestima.
Pues hay que atender, según Planas Domingo,
presidente de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España, al alumno de manera especializada: si es en infantil, mejor que en primaria. Precisamente hace unos días salió un estudio de Estados Unidos donde se le
daba una mayor importancia a lo denominado vulgarmente 'la formación en las guarderías' para el desarrollo futuro del individuo.
Porque si no, el alumno tiene problemas de autoestima, menos perseverancia, los padres se desmotivan porque su hijo no
tiene resultados positivos, y los profesores lo abandonan por falta de medios.
Es más: continuando con el realismo práctico al cual he hecho mención anteriormente, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas dice que abandona la universidad sin titulación un 49 por ciento; la media europea es de 16 por
ciento. Ello supone, sin duda alguna, que la orientación académica en secundaria, Bachillerato y ciclos formativos es claramente insuficiente.
Por ello el Consejo Escolar -y repito, el Consejo Escolar- ha solicitado, repito, al Ministerio de Educación y Ciencia y a las comunidades autónomas, programas que aborden la autoestima y la asertividad como elementos principales en el
desarrollo del individuo, que es el objeto de la educación en sí misma.
De ahí que está muy bien el impulso del plan integral, también comunicado anteriormente y que aparece en la exposición de motivos de la proposición no de ley, el plan integral de comunicación y divulgación de la ciencia y la tecnología, que
se refleja, repito, en esta proposición no de ley.
Pero tal vez lo primero que hay que hacer es fomentar programas individuales de lectura en Educación Primaria, dado el fracaso en este ciclo.
Finalmente, y respecto a otro de los planteamientos reflejados en esta proposición no de ley, abordaremos la discutida alfabetización científica, concepto surgido en Estados Unidos a mediados del siglo XX.
El señor PRESIDENTE: Señor González, discúlpeme: dado que no andamos mal de tiempo, dado que no tenemos servicio de taquígrafo y que tenemos que transcribir el acta los servicios técnicos directamente del sistema de grabación, le rogaría
que pudiera ir quizá un poquito más despacio, para que no haya problemas de interpretación, si le parece bien.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: No sabe usted cómo se lo agradezco, por supuesto que voy a ir más despacio.
Y finalmente, respecto a otro de los planteamientos reflejados, repito, en esta proposición no de ley, vamos a hablar sobre la discutida alfabetización científica. ¿Es necesaria realmente esta alfabetización científica para la ciudadanía?
¿Se va a lograr alguna vez? ¿Merece la pena el esfuerzo? La Unesco -y aquí aprovecho también el uso de la palabra para que los compañeros del Grupo Socialista le comuniquen a la ministra de Cultura que el Partido Popular sí acepta, y por supuesto
tiene a bien todos los comentarios que se hagan desde la Unesco; los que estuvieron en la Comisión de Cultura saben perfectamente a lo que me refiero, y si no, se lo pasan directamente a la señora Calvo- en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia
para el Siglo XXI, repito, de la Unesco, celebrada en Budapest en 1999, declaró lo siguiente: 'Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y las tecnologías es un
imperativo estratégico. Hoy más que nunca es necesario fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad'.
Pero esta declaración, como apuntan bien los profesores Daniel Gil y Amparo Vilches en un reciente artículo, junto a los datos de otros científicos, se podría resumen en lo que ellos mismos dicen en la sencilla frase de 'lo nuestro es muy
importante'. De ahí las críticas de muchos científicos (por ejemplo Chamos(?) en 1995 le llama 'auténtico mito' a la necesidad de alfabetizar científicamente a toda la población; Laox, en el año 2000, afirma que se dan muchos supuestos,
perspectivas, concepciones y significados, haciéndola muy compleja). Por lo que aún hoy día el debate está abierto, con muchos interrogantes; véanse como paradigma los foros de Internet.
En consecuencia, opinamos en este doble planteamiento que estamos realizando de utopía y realidad que podemos quedarnos con lo expuesto por Zeuzmann en el año 2002 sobre la capacidad que tiene la ciencia para sorprender y maravillar, al
ayudarnos a comprender fenómenos que durante milenios espantaron a los seres humanos, liberándonos de prejuicios. Y por supuesto, no se entienda esto como una resistencia a la alfabetización científica y a la defensa de análisis reduccionistas o a
planteamientos elitistas. Pues no podemos dejar de ser realistas, ya que si el objetivo primordial de esta cultura científica es que especialmente los jóvenes adquieran actitudes responsables, puedan resolver problemas cotidianos para que se
integren de manera crítica y autónoma a su vida, desarrollando su identidad individual y social, la realidad es que, aun cuando los jóvenes accedan a distintas propuestas de la enseñanza de las ciencias, esta está alejada de sus propios intereses,
descontextualizada, creando desmotivación y en muchos casos rechazo. Es decir, un escenario de analfabetismo científico y una desmotivación en la educación científica.
Y respecto a los profesores, estos también tienen que mostrar entusiasmo para promover actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología en la sociedad, por lo que
deben reflexionar sobre la enseñanza de las ciencias en el siglo XXI y recibir la formación adecuada y de calidad.
Voy terminando, señor presidente. A partir de ahí se propiciará la enseñanza de las ciencias y la alfabetización científica y tecnológica más completa y útil posible para todas las personas.
Termino: apoyamos, de nuevo lo repito, esta proposición no de ley, pero no podemos silenciar que para su aplicación, previamente, pero muy previamente, se deben desarrollar las competencias básicas de los alumnos en infantil, primaria y
secundaria, ocupando un lugar central entre estas, primero, desarrollar su capacidad de adquirir y procesar información, es decir, su capacidad de leer y entender en su lengua vehicular; segundo, transmitir y aplicar los conocimientos adquiridos, o
sea, desarrollar la escritura y la expresión oral; tercero, análisis y planteamientos de problemas y soluciones, especialmente lenguaje y método matemático; y cuarto, adquirir y transmitir conocimientos en otras lenguas, especialmente el inglés.
Finalizo, señor presidente: algo que parece obvio y sencillo (los cuatro puntos expresados anteriormente), pero que podemos estar, aunque resulta asombroso, en los límites de la utopía en el sistema educativo español, y muy alejados de la
realidad de lo que debe ser un buen sistema educativo para la España del siglo XXI.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las proposiciones no de ley, vamos a proceder a la votación de las mismas, no en el orden en que se han debatido, sino en el orden en que están incluidas en el orden del día.
Les recuerdo a sus señorías que, dado que a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, número 3, respecto a las ayudas de igualdad de oportunidades en los estudios a los miembros de familias numerosas, el Grupo Parlamentario
Popular no ha aceptado la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, se votará la misma en sus justos términos.
No así las proposiciones no de ley números 2 y 6, que han sido presentadas enmiendas transaccionales, y que han sido aceptadas por los respectivos grupos parlamentarios. Y que les recuerdo a sus señorías, dado que han sido leídas: una es
en referencia a la eliminación de prejuicios y vejaciones contra los gallegos en la actualización del diccionario de la Real Academia Española; y la otra hace referencia a los programas de cooperación territorial, en la que votaremos los términos
de la transacción asumida por cada uno de los grupos.
También, discúlpeme, señor Nasarre, quiero llamar y quiero preguntar al Grupo Parlamentario Popular, dado que a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular número 5, relativa a los sexenios de investigación el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió ha pedido votación separada del punto número 5, sólo sería factible si el Grupo Parlamentario Popular accede a la votación de forma separada.
La señora SAINZ GARCÍA: Señor presidente, por supuesto la aceptamos, pero recuerde que también el Grupo del Bloque Nacionalista Galego, el Grupo Mixto, había hecho una enmienda a esa iniciativa que parece, según la información que tengo,
que no es aceptado que se haga la enmienda transaccional por el Grupo Socialista. Si fuera aceptada, nuestro grupo la aceptaría, con lo cual no sé si se podría hacer la votación separada.
Pero en su caso, recuerde que el Bloque Nacionalista
Galego, en su intervención dijo que apoyaba la iniciativa pero que deseaba que se hubiera aceptado, a ser posible, una enmienda transaccional de adición al final.
Sí, pidió añadir un punto que nosotros le habíamos dicho verbalmente que se aceptaba. En el momento en que salió de la sala el portavoz que la defendió, me dijo que el Grupo Socialista se oponía a su incorporación.
Entonces querría
constatar que efectivamente eso era así, porque si no, nuestro grupo sí que la aceptaba. Es en la proposición no de ley del tema de los sexenios.
El señor PRESIDENTE: La Mesa ha entendido que, dado que era una enmienda de adición, si no había unanimidad por los grupos parlamentarios, no podía ser tramitada.
La señora SAINZ GARCÍA: Claro, a mí no me constaba que el Grupo Socialista no lo había aceptado, y por eso preguntaba si efectivamente no aceptaba esa enmienda transaccional o si sí; simplemente, señor presidente, para saberlo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver: formalmente, señora Sainz, no se va a someter a votación porque formalmente no la ha incluido, no la ha tramitado formalmente el señor Rodríguez.
La señora SAINZ GARCÍA: Señor presidente, pero él hizo una enmienda in voce transaccional, de adición. Entonces, si todos los grupos están de acuerdo, se incorporaría, y nuestro grupo lo aceptaría. Eso es lo que preguntamos.
El señor PRESIDENTE: Señora Sainz, dado que era una enmienda de adición, que sería una nueva enmienda transaccional, y no ha sido tramitada formalmente como tal, no podemos, porque no tenemos en estos momentos los términos de la
proposición, aunque incluso el Grupo Parlamentario Socialista decidiera aceptarla en este momento.
La señora SAINZ GARCÍA: Los tenemos, señor presidente. Yo soy capaz de dárselo porque es el primer punto de la iniciativa del Bloque Nacionalista Galego, que él leyó aquí y que yo, desde luego, en este momento también puedo darle, que es
cambiar la base de publicaciones, base ISI, que la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora toma como referencia
para la concesión al profesorado universitario de méritos investigadores remunerados a través de sexenios por otros bases más completas y equitativas entre las diferentes materias de investigación universitaria.
Este que era su primer punto
de la proposición no de ley, que no fue debatida pero era del Bloque Nacionalista, él en su intervención pidió que pudiese ser incorporada de manera transaccional como adición a la nuestra.
Por mi parte, por parte del Grupo Popular no hay ningún inconveniente, pero cuando salió de la sala me dijo que el Grupo Socialista parecía que se oponía.
El señor PRESIDENTE: Eso es lo que había entendido la Mesa, y como tal, si eso es verdad, como no la ha tramitado formalmente, voy a preguntar al Grupo Parlamentario Socialista si efectivamente admitía la transacción.
Dejando muy claro,
señora Sainz, como se conoce bien el Reglamento, que si se aceptara la tramitación de esa transaccional, no podríamos votar separadamente los términos de su moción.
La señora SAINZ GARCÍA: Claro, exactamente.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor presidente, y a efectos de aportar claridad a esta confusión: el Grupo Socialista no ha sido preguntado formalmente sobre si aceptaba o no la transacción. No tendríamos ningún problema en que esto se
sometiera a votación, pero es posible que con el señor Rodríguez del BNG haya habido una confusión, puesto que al decirnos que tenía una transacción para proponer, le hemos dicho que en cualquier caso íbamos a votar en contra. Entonces, es posible
que se haya producido la confusión de que el señor Rodríguez ha entendido que nos oponíamos a que se sometiera a votación la transacción. No es costumbre de nuestro grupo oponerse a que se presenten transacciones. En cualquier caso habrá sido
porque yo he manifestado al señor Rodríguez que, a pesar de la transacción que él proponía, la intención de voto del Grupo Socialista sería en contra.
El señor PRESIDENTE: Entonces significa que en este cruce de información informal que ha habido entre los grupos parlamentarios, y dado que el Grupo Socialista ha debido de transmitir formalmente o informalmente al Grupo Mixto esta
decisión, la cuestión está en que el señor Rodríguez formalmente no ha tramitado la enmienda transaccional.
Así que no la vamos a someter a votación, sino que es su momento la votación de la proposición no de ley se hará en los términos que los grupos parlamentarios deseen, separando el punto quinto del resto de los términos de la proposición no
de ley.
¿Tienen claro sus señorías lo que vamos a votar? ¿Señor Nasarre?
El señor NASARRE GOICOECHEA: Le pediría un receso de tres minutos porque, como avisó usted que a la una menos cuarto y tal, en fin, yo creo que están llegando algunos de los diputados. Dos o tres minutos nada más.
El señor PRESIDENTE: No vamos a descalabrar el buen ambiente de la Comisión por dos minutos.
Se suspende la Comisión durante dos minutos.
(Se suspende la sesión.)
(Se reanuda la sesión.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la votación. En primer lugar votamos la proposición no de ley número 1 sobre incorporación en los libros de texto escolares de la desmemoria histórica de la II República y la dictadura franquista.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 30; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Seguidamente votamos, en los términos objeto de la transacción, la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, Grupo Mixto, relativa a la eliminación de prejuicios y vejaciones contra los gallegos en la última actualización del
diccionario de la Real Academia Española.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad
Seguidamente votamos, en los términos de la proposición no de ley, la del Grupo Parlamentario Popular relativa a incrementar la igualdad de oportunidades en los estudios a los miembros de familias numerosas.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20; abstenciones, dos.
El señor señora PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a que la Alta Inspección intervenga y garantice el derecho y libertad de los profesores de lengua y literatura castellanas a
elaborar la programación didáctica en castellano.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a la modificación del procedimiento de evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario, utilizado para conceder los llamados
'sexenios de investigación'.
Vamos a votar en primer lugar los puntos 1 a 4, ambos inclusive.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados los puntos 1 a 4 de la proposición no de ley.
Y seguidamente votamos el punto número 5.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el punto quinto del orden del día, con lo que consecuentemente queda rechazada en su conjunto la proposición no de ley.
A continuación votamos la proposición no de ley número 6 sobre medidas de promoción de los programas de cooperación territorial, en los términos en que ha sido acordado con las enmiendas transaccionales del Grupo Socialista y del Grupo
Parlamentario Popular.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Y por último votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas de impulso de la cultura científica en el sistema educativo.
¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Se levanta la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
Nota: Texto procedente de la grabación correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el miércoles 28 de marzo de 2007, ante la ausencia de personal de la Redacción del 'Diario de Sesiones', debido a su presencia en otras
comisiones de la Cámara.