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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 794, de 28/03/2007
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2007 VIII Legislatura Núm. 794

SANIDAD Y CONSUMO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA

Sesión núm. 39

celebrada el miércoles, 28 de marzo de 2007



ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley de investigación biomédica. (Número de expediente 121/000104.)... (Página 2)


Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de Ley de investigación biomédica. (Número de expediente 121/000104.)... (Página 2)


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Se abre la sesión a las diez de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. (Número de expediente 121/000104.)


La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, damos comienzo a la sesión número 39 de las habidas en esta Comisión en esta legislatura y que, como todos ustedes saben, tiene hoy un contenido legislativo para proceder a la tramitación y
aprobación, en su caso, del proyecto de Ley de Investigación Biomédica. Como es preceptivo, comenzaremos por someter a la consideración de SS.SS. la ratificación de la ponencia. ¿Se considera ratificada? (Asentimiento.) Queda ratificada, ya que
ningún grupo tiene ninguna observación que hacer.



APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. (Número de expediente 121/000104.)


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos a la tramitación del informe de la ponencia, como suele ser habitual, por los grupos de menor a mayor y en una única intervención. Adelanto ya a SS.SS. que la hora de votación se señala desde
la Mesa indiciariamente hacia la una del mediodía. En el caso de tener que efectuarse más tarde por alargarse el debate, comunico también a SS.SS. que a la una y media suspenderíamos momentáneamente la Comisión puesto que, como todos ustedes
saben, está prevista una concentración en las escalinatas por un suceso vinculado a un fallecimiento por terrorismo. Supongo que parte de SS.SS., o quizá todas y todos, desean participar en esta concentración. Por tanto, no existiendo ninguna
representación en este momento ni del Grupo Mixto ni del Grupo de Coalición Canaria-Nueva Canarias, considero que la primera intervención que se producirá es la del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para ello doy la palabra
en este momento al señor Llamazares.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Desde el inicio de la tramitación de la Ley de Investigación Biomédica nuestro grupo parlamentario ha tenido una diferencia de fondo, que consiste en que nosotros pensábamos que o bien el contenido no se
correspondía con el título, o bien el título era demasiado amplio para el contenido que reflejaba la ley. En nuestra opinión -pues, en las enmiendas lo hemos reflejado así-, debería restringirse el título de la ley o bien debería ampliarse el
contenido de la misma. Preferiríamos que se ampliara el contenido de la misma, y en ese sentido hemos presentado enmiendas para que la ley sea bastante más que una Ley de Investigación Biomédica centrada básicamente en la investigación celular y
embrionaria. Creemos que la investigación biomédica es mucho más amplia y, por tanto, en ese sentido han ido buena parte de nuestras enmiendas.



De la negociación entre los grupos parlamentarios, en nuestra opinión, aunque se mantiene el mismo título, ha mejorado el contenido, si bien no tanto como nosotros hubiéramos deseado. Por eso mantenemos una serie de enmiendas que tienen que
ver, en primer lugar, como he dicho con anterioridad, con el título de la ley; en segundo lugar, respecto a los principios generales y la responsabilidad pública en materia de investigación; y en tercer lugar, respecto al Instituto Carlos III.
Nos parece que esos tres aspectos son todavía mejorables en el texto legal y, en todo caso, queremos destacar los avances que se han producido básicamente en relación con la cuestión sectorial o en relación con otras materias que hemos ido pactando
los grupos parlamentarios. En ese sentido, mantenemos las enmiendas que no han sido incorporadas a la ponencia o transaccionadas. Hay unas transacciones respecto a las enmiendas números 9, 13 y 15 que nosotros aceptamos. Mi grupo parlamentario,
que ha conseguido incorporar alguna de las enmiendas, considera que todavía existen vacíos en el texto. Nosotros hubiéramos visto de forma muy favorable, por ejemplo y básicamente, que se incorporasen las enmiendas que tienen que ver con el
Instituto Carlos III porque creemos que debería ser tratado en el contenido del texto de forma más sustancial. Por otra parte, el Instituto Carlos III -y es una de las enmiendas que nosotros mantenemos- debería ser reconocido, al menos por parte de
todas las instituciones sanitarias de la Administración central, como un instrumento esencial en materia de investigación. Todavía no es así, aunque hemos llegado a una enmienda transaccional. Nos gustaría que a lo largo del trámite parlamentario
consiguiéramos avanzar aún más, para dar a esta Ley de Investigación Biomédica más contenido del que hemos logrado hasta ahora.



La señora PRESIDENTA: Se ha solicitado a la Mesa, y lo hemos comentado con los diferentes grupos, una cierta alteración del orden de las intervenciones por tener algunos diputados que acudir a otros cometidos con posterioridad. El portavoz
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solicitaba ser el siguiente en intervenir. Antes de darle la palabra al señor Xuclà, quiero hacer además la advertencia a SS.SS., que no he hecho al comienzo de la sesión, de que estamos
aprobando el proyecto de ley con competencia legislativa plena, lo cual quiere decir que no está avocado el proyecto al Pleno y, por tanto, seré relativamente flexible -insisto- en cuanto a la duración de las intervenciones de SS.SS., puesto que,
votado el texto aquí y en caso de ser aprobado, pasará ya directamente al Senado para su tramitación.



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Con estas advertencias, tiene la palabra a continuación el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Xuclà.



El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta, por la generosidad de la alteración del orden de intervenciones porque tengo otro compromiso en una ponencia dentro de media hora. Como muy bien ha apuntado la señora presidenta,
esta es la intervención final en el trámite del proyecto de Ley de Investigación Biomédica en el Congreso de los Diputados, ya que estamos en sesión en Comisión pero con competencia legislativa plena, por lo que quiero hacer unas breves
consideraciones generales antes de pasar a hacer la defensa de las enmiendas que quedan vivas para debate y votación en esta sesión.



El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree que esta es una ley necesaria. Es un anteproyecto que llegó al Congreso de los Diputados el verano del año pasado con algunos elementos que había que mejorar.
Apreciábamos
claramente que estábamos ante la yuxtaposición -si se me permite la expresión- de tres aportaciones de tres unidades administrativas distintas del Gobierno y que eran distintos institutos de investigación incluso dependientes del Gobierno y que por
tanto era necesario dar al texto una cierta coherencia y una cierta armonización a los fines y objetivos que perseguía, no solo en la terminología, que también, porque incluso a veces en la terminología se apreciaba claramente esta falta de armonía
entre las distintas partes del texto, sino además sobre las finalidades. Creemos que esta es una ley necesaria y vamos a apoyar la votación final del dictamen, aunque hay algunos aspectos que no compartimos. Sin embargo, son aspectos que no
compartimos y que en estos momentos aún no se han incorporado en la ley, sino que forman parte de alguna aportación que haría mi grupo parlamentario y que en estos momentos de tramitación final en el Congreso de los Diputados aún no está
suficientemente madura.



Quiero hacer una valoración de aquello que ha aportado mi grupo parlamentario a esta ley. Hemos hecho algunas aportaciones, conjuntamente con otros grupos, algunos nacionalistas, en el ámbito autonómico y en el de la mejor y mayor
coordinación entre las distintas administraciones.
Esta es una ley en la cual se ha reproducido un debate parecido al que se produjo con la Ley de Reproducción Humana Asistida, en la cual el legislador estatal renueva notablemente su legislación
ante ciertas realidades privadas respecto a las que algunas comunidades autónomas ya tienen sus registros, sus comités, etcétera. En este sentido, esta tenía que ser una ley en la cual hubiera un punto de coordinación por parte de la Administración
General del Estado y de los órganos dependientes del Ministerio de Sanidad y Consumo, pero con evidente respeto a las realidades ya existentes en las comunidades autónomas. En este aspecto ha habido mejoras desde un punto de vista de adaptación de
la ley a la realidad del Estado de las autonomías. Continuamos pensando que la disposición adicional segunda de este proyecto de ley pone al Instituto Carlos III en una posición preeminente en los encargos que la Administración General del Estado
puede hacer en materia de investigación. No diré que es centro de referencia, porque esta no es la expresión exacta de la disposición adicional segunda, pero sí se le da una posición muy preeminente, y en esta recta final del debate en Comisión aún
estamos en condiciones de contemplar en esta disposición adicional segunda -esta es una enmienda de mi grupo parlamentario que mantenemos viva- la necesidad de hacer compatible la función del Instituto Carlos III con la de algunos otros institutos,
no solo de carácter autonómico sino del conjunto del territorio español. Una segunda aportación que hemos hecho en forma de enmiendas incorporadas y transaccionadas con el grupo de la mayoría y con otros grupos, es una mejora del perfil de las
competencias así como de la definición de los integrantes de los comités de bioética. Estamos reproduciendo, una vez más, el debate que también tuvimos en la Ley de Reproducción Humana Asistida. Creemos que es muy importante que los comités de
bioética estén integrados por personas absolutamente independientes de aquellas que puedan desarrollar labores de investigación o de aplicación médica práctica en casos en los cuales se requiere una valoración ética importante. En este sentido, una
vez más hemos incorporado una mayor transparencia a los comités de bioética, como la declaración de intereses de los miembros que integran dichos comités. Algunos parlamentarios de distintos grupos, y a título individual, creen que hay demasiados
comités de bioética y que esto se tendría que simplificar. En todo caso, y siempre desde el consenso, en la tramitación del Senado lo podremos comprobar, pero quiero decir que de la misma forma que en la Ley de Reproducción Humana Asistida, también
en esta ley -ley que en su mismo título hace referencia a la bioética- hemos mejorado la transparencia inspirándonos básicamente -tampoco hemos descubierto nada del otro mundo- en el modelo inglés de buena práctica y el control ético de lo regulado
por esta ley.



Mi grupo parlamentario mantiene vivas varias enmiendas, pero en este turno de defensa de enmiendas quiero hacer especial referencia a la 221 y a la 222, que en su momento fueron objeto de debate en ponencia y sobre las cuales hay una
diferencia de fondo e incluso de concepto entre el grupo de la mayoría y mi grupo parlamentario. Como les decía al principio, nosotros estamos a favor de esta ley, pero no de que el grupo parlamentario de la mayoría no sea receptivo a lo que
plantean las enmiendas 221 y 222 en la línea no ya de contemplar ni de crear ex novo, sino de considerar que en estos momentos en el campo de la investigación bioética existen sectores importantes que desarrollan labores primordiales de alto nivel y
de prestigio en el ámbito privado. A través de las enmiendas 221 y 222 simplemente queremos coordinar lo público y lo privado, reconocer esta realidad en el sector privado y hacer un


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diseño que permita el desarrollo en el sector privado a partir de un control público evidente, de un censo público, de un alto control por parte de las administraciones sanitarias, pero con reconocimiento de esta labor que también están
desarrollando centros privados en la investigación biomédica. (La señora vicepresidenta, Grande Pesquero, ocupa la Presidencia.) En las enmiendas 221 y 222 se plantea un tema muy incipiente que aún tiene potencialidades, aunque no sabemos hasta
dónde puede llegar, y que son las potencialidades del cordón umbilical. En estos momentos existen bancos de cordón umbilical que han nacido de la iniciativa privada, y nosotros no queremos que esta iniciativa privada quede fuera de las normas y del
control público, sino que se integre dentro del sistema y que tenga un control público; que haya normas iguales para todos, pero que también exista la posibilidad de iniciativa desde el sector privado. Tenemos una diferencia importante con el
grupo que da apoyo al Gobierno, en tanto en cuanto el grupo de la mayoría aplica una analogía estricta entre la donación de órganos y los bancos de cordón umbilical. Mi grupo parlamentario tiene sus dudas sobre esta analogía estricta. Hemos tenido
un debate en ponencia que no quiero reproducir ahora en Comisión; queda dicha y señalada en el 'Diario de Sesiones' nuestra discrepancia, y creo que la realidad está desbordando razonablemente el carácter restrictivo que esta ley plantea en este
punto. Como señalaban los representantes del Grupo Socialista, es cierto que estamos constreñidos por un reglamento previo, pero, como muy bien saben SS.SS., las leyes pueden modificar los reglamentos y, como también decía algún ponente del Grupo
Socialista, quizás a medio plazo la Administración tendrá que revisar este reglamento que condiciona la posibilidad de aceptar las enmiendas 221 y 222. En cualquier caso, este es un punto de discrepancia. Si hubiera votación separada, nosotros
votaríamos separadamente esta parte. El problema es que no se ha incorporado la consideración de lo público y lo privado, concretamente de los bancos de cordón umbilical, pero queremos señalar que este es el punto de discrepancia más importante que
mantenemos y que evidentemente mantendremos vivo también para la tramitación del Senado.



Quiero terminar recordando algo que SS.SS. ya saben, y es que el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) en algunas cuestiones que hacen referencia a debates de carácter ético y de conciencia da libertad de voto entre sus
integrantes. Fruto de esta libertad de voto, que por cierto es una práctica saludable -no porque sea de mi grupo, ya que también lo es de otros grupos de esta Cámara-, los señores Duran i Lleida y otros diputados de mi grupo parlamentario,
concretamente cuatro diputados, han presentado las enmiendas 187 a 194, que también doy por defendidas, y el conjunto del grupo parlamentario ha presentado el resto de las enmiendas que se mantienen vivas para la votación final. En último lugar,
quiero felicitar al conjunto de los ponentes porque esta ha sido una ley que se ha trabajado con calma, con sosiego y con voluntad de llegar a consensos, algo que hemos hecho sin ahorrar horas. Por otra parte, como entre el conjunto de los ponentes
he transaccionado especialmente con el señor Fidalgo, quiero hacer especial referencia a su receptividad respecto a los puntos de encuentro así como a los de desencuentro a los que hemos llegado en los aspectos que les he señalado previamente.



La señora VICEPRESIDENTA (Grande Pesquero): A continuación tiene la palabra la señora Uría, en nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), para la defensa de las enmiendas que mantienen vivas.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: A pesar de que no se trata del final de la tramitación, puesto que del Senado volverá el texto de la norma si sufre alguna modificación, pero sí por no haber un debate posterior en Pleno, como se ha indicado al
comienzo de esta sesión, me extenderé en algo más en mi intervención que en la defensa de las enmiendas que quedan vivas porque efectivamente estamos aprobando un proyecto de ley con real trascendencia para el futuro. La investigación biomédica y
las ciencias de la salud están adquiriendo una importancia relevante para la sociedad por la trascendencia que pueden tener sus investigaciones en el tratamiento y prevención de las enfermedades y para mejorar la calidad y la expectativa de vida de
los ciudadanos. En este aspecto se ha producido en los últimos años un cambio sustancial en esta materia. Se trata de una materia que plantea a su vez difíciles dilemas éticos, entre otros, la creación o no de embriones destinados a la
investigación que posteriormente puedan ser destruidos. A las líneas de legislación y de investigación que en este ámbito se han seguido en los distintos países me referí el día del debate de totalidad -que sí hubo debate de totalidad en Pleno-;
por lo tanto, como consta en el 'Diario de Sesiones' les ahorraré a SS.SS. en este momento una intervención de ese estilo. Eso sí, me gusta reiterar que en el ámbito internacional se puede decir que existe unanimidad respecto a la prohibición
absoluta de la clonación con fines reproductivos. Pero detrás de toda la discusión que subyace a la materia que estamos regulando se encuentran, además, los grandes beneficios terapéuticos que se intuye que puedan derivarse de estas técnicas, y a
ello van unidos -y mi grupo es especialmente sensible en esta cuestión- los grandes intereses económicos de las empresas farmacéuticas y de biotecnología y las posiciones que defienden la dignidad del embrión desde sus estudios iniciales, que no
admiten su creación artificial para su consiguiente destrucción ni siquiera por razones basadas en potenciales beneficios para la humanidad. De todo ello se deduce que la labor científica en el área de la biomedicina tiene que verse sustentada en
la confianza de la sociedad, en su buen hacer y en la legitimidad de sus fines. Para ello, el proyecto de ley establece los principios que deben guiar la labor científica en esta área de una manera que nos


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parece adecuada: fija el marco normativo de la acción investigadora en este ámbito con objeto de lograr un adecuado equilibrio entre la libertad de investigación que garantiza la Constitución en el artículo 20 y la protección de las
personas que se pueden ver afectadas por dicha acción investigadora. El proyecto se sustenta en bases científicas, creemos que sólidamente fundamentadas, y es adecuado al estado actual de la ciencia ya que, como gusta decir a la profesora Camps, la
moral se construye socialmente y una base moral ha de tener un proyecto legal de este estilo. El proyecto crea diversos órganos colegiados, a algunos de los cuales se ha referido el grueso de las enmiendas presentadas por los grupos y la
negociación que entre todos los grupos ha habido, como las relativas a los comités de ética de la investigación en la Comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos, el Comité de Bioética de España o la regulación
que se hace del banco nacional de líneas celulares.



En el debate de totalidad tuve ocasión de manifestar que nos parecía que el proyecto de ley era equilibrado en línea con los principios éticos, pero que no podíamos llegar en aquel momento a la misma conclusión en lo que respecta al reparto
institucional de las funciones, en el que nos parecía que se evidenciaba una importante tendencia a la centralización.
Sin embargo, señorías, durante la tramitación del proyecto -el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha aludido
también a ello- ha habido un importante proceso de negociación entre las distintas formaciones políticas y de voluntad de acercamiento de posturas, singularmente por parte de quien está en condiciones de acercarse al resto, que suele ser el grupo
mayoritario en la Cámara, y desde el propio Gobierno se nos han ofrecido bien transacciones o la aceptación de algunas de las enmiendas que teníamos presentadas en esta línea competencial. Y es que estamos hablando de una materia, el campo de la
biomedicina, en la que, como ha señalado -yo creo que con acierto- la escasísima doctrina que existe al respecto, la distribución territorial del poder se halla todavía pendiente de realizar. La biomedicina es una ciencia muy reciente y con
múltiples implicaciones y ello conlleva, por un lado, que no esté citada expresamente en los listados que constituyen el bloque de constitucionalidad -en el año 1978 no se hablaba de estas cuestiones- y, por otro, que afecte a distintos ámbitos de
la realidad que han sido atribuidos en grado diverso de responsabilidad a distintas instancias territoriales. Alguna referencia a cuestiones parecidas, si no con la literalidad de la expresión biomedicina, sí se encuentra en los estatutos de
autonomía más recientemente aprobados por esta Cámara. Nos parece que hubiese sido importante -no se ha hecho aunque se ha corregido algo a lo largo de las enmiendas, y los estudiosos de la materia de delimitación competencial podrán deducirlo de
la literalidad de los preceptos de la norma- diferenciar los títulos competenciales que se emplean y que se citan conjuntamente en los apartados finales del proyecto, puesto que hablamos del título competencial sanidad, el 149.1.16.ª, y de otro
título importante, el 149.1.15.ª, que es el dedicado a la investigación. Creemos que aun reservándose competencias al Estado en los dos apartados, en el 1.16.ª y en el 1.15.ª, funcionan de distinta manera y quizá hubiese sido más correcto, desde el
punto de vista de la técnica legislativa, una separación específica. Pero, repito, mi formación política no está descontenta con cómo ha quedado el conjunto del articulado y cómo figuran en el informe de la ponencia.



Presentábamos enmiendas importantes referidas a los comités de ética de la investigación, también a las autorizaciones, registros, acreditaciones y a la competencia sancionadora, entendiendo que se trataba de competencias ejecutivas y que
por lo tanto debieran corresponder en su integridad o por lo menos reconocérsele como tales a las comunidades autónomas, y así ha quedado salvado en determinados momentos del articulado. En el debate de totalidad hacíamos una observación que sirve
también ahora, en el momento final del paso de la norma por la Cámara, que es la relativa a la financiación. El proyecto de ley encauza la financiación de la red investigadora estatal a través de un plan nacional y deja abierta la vía de los
convenios con instituciones públicas y privadas. A nuestro juicio, esto no resulta satisfactorio porque no instaura ningún mecanismo que permita participar a los centros investigadores creados por las comunidades autónomas, y sobre todo se olvida,
como casi siempre en la normativa que se hace en esta Cámara, que no todas las formas de financiación son idénticas en las comunidades autónomas. La Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, por el sistema que parece
intuirse que se prevé en la norma, acabarán pagando dos veces la competencia en materia de investigación: por un lado, la investigación que hagan y, por otro, la estatal a través del correspondiente pago del cupo. Pero tampoco insistiré en esto,
es un problema eterno que se da en este proyecto y en casi todos los que se tramitan en el Congreso de los Diputados.



Voy a referirme ahora a las enmiendas que mi grupo tenía presentadas, casi todas ya introducidas en el informe de la ponencia, directamente o a través de transacciones, pero que sí pueden marcar en su ruta cuál era la postura inicial de mi
formación política y cuál es en este momento.
Cuando presentábamos la enmienda 174, al artículo 12, en el que se regulan los comités de ética de la investigación clínica, lo que pretendíamos introducir respecto a la posibilidad de que la comunidad
autónoma tuviese un cierto campo de actuación para constituir estos comités de ética de la investigación, uno o varios según se desee, ha quedado plasmado bien en el texto del precepto, así como los criterios que introducíamos de independencia e
imparcialidad que debían exigirse de los miembros respecto a los promotores e investigadores de los proyectos de investigación biomédica, de la misma manera que también aludíamos a la cierta necesidad de tener una composición interdisciplinar, que
aparece perfectamente en el texto del artículo


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tal y como se somete hoy a votación en el informe de la ponencia. También nos fue aceptada la enmienda 175, al artículo 14, con la que pretendíamos introducir el juicio de evaluación entre lo que es objeto de los comités de ética de la
investigación, a través de la enmienda 161 del Grupo Socialista, si no lo tengo mal anotado. Respecto a la enmienda 176, al artículo 16, referida a la evaluación y autorización, consideramos que también se ha aceptado lo que pretendíamos, y es que
en el caso de proyectos de investigación que se realicen en varios centros se garantice la unidad de criterio y la existencia de un informe único, tal y como literalmente consta en el tenor del artículo 16 del informe de la ponencia. Con la
enmienda 177, al artículo 31, relativo a los requisitos de utilización entre las condiciones para la investigación biomédica con embriones y fetos humanos, nosotros pretendíamos que se hablase solo de autoridad autonómica, pero se nos ha explicado,
desde el ministerio y también desde el grupo mayoritario, que puede haber proyectos de investigación que se hagan también desde el ámbito estatal y que por lo tanto no sobraba la referencia a la autoridad autonómica o estatal que hubiese dado su
autorización a la utilización prevista en los preceptos anteriores. El artículo 36 ha pasado a ser el 34, fruto de una enmienda transaccional que unía las de varios grupos de la Cámara y que daba una nueva redacción al título IV, creo que en su
totalidad, y también ha trasladado de manera fidedigna lo que con nuestras enmiendas al artículo 36 se pretendía introducir, y por eso la hicimos objeto de aceptación en el momento de debatirse si aceptábamos o no las transacciones que se nos
ofrecían. Lo mismo ocurre cuando se alude al registro de proyectos.



Las enmiendas que le quedan vivas a mi formación política son las números 177, 180, 183 y 185. En cuanto a la enmienda 177, he indicado ya que consideramos aceptable la explicación que se nos ha dado sobre la referencia a la autorización de
la comunidad autónoma o estatal, por lo que la retiro ya en este momento. Igual criterio voy a sostener respecto a la enmienda 180, que también hacía referencia a la única posibilidad de autorización por parte de las comunidades autónomas; si hay
proyectos que son de necesaria autorización estatal, no nos parece mal que se incluya, por lo que también retiro la enmienda 180. Exactamente igual ocurre con la enmienda 183. Por lo que se refiere a la enmienda 181, se nos ofreció ya una
transacción que en su día aceptamos, que era referida al artículo 62, el informe del comité ético de investigación -así se denominaba en aquel momento y finalmente comités de ética para la investigación-, y también nos parece que ha quedado
trasladada al proyecto de manera adecuada. Quiero hacer alguna referencia a la enmienda número 183, que previsiblemente también voy a retirar, en cuanto a que nuestro grupo pretendía que se trasladase lo que hemos indicado respecto a los beneficios
que el Sistema Nacional de Salud pueda tener de las investigaciones a las que esta ley se refiere, y hacíamos alusión a las patentes. En el caso de que se derivasen patentes de los proyectos en los que se hayan utilizado muestras cedidas a las que
se refiere el artículo concreto en el que nosotros formulábamos la enmienda, que es el 69, se tendrían que fijar cláusulas que determinasen la percepción de un porcentaje en los beneficios de la explotación de dichas patentes. Se nos daba la
explicación por parte del grupo mayoritario, ya antes de la celebración de esta sesión de la Comisión, de que finalmente en el artículo 87, fruto de enmiendas de otros grupos al regularse la cooperación entre los sectores público y privado, había
una percepción de que podía tener, aunque no se hablaba directamente de las patentes, alguna traslación al Sistema Nacional de Salud cuando se dice que se adoptarán medidas que contribuyan a favorecer los adecuados retornos al Sistema Nacional de
Salud en atención a las inversiones realizadas en el ámbito de la investigación biomédica. Nos parece satisfactorio el tenor de lo que se manifiesta.



Solo me queda referirme de las cuatro enmiendas que tenía vivas a la 185, respecto a la cual también se ofrece una transacción por parte del grupo mayoritario en la que lo único que faltaría mencionar para que me satisfaga -no voy a hablar
en plural si soy la única representante de mi grupo, el Grupo Vasco, en esta Comisión- es que, además de referirse al artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en
cuanto al plazo para la resolución y notificación, que se cifra en doce meses, hubiera la posibilidad de que la normativa autonómica correspondiente pudiera ser más generosa con los solicitantes y considerar que estaba en condiciones de establecer
un periodo para la resolución de los expedientes quizá más corto del que establece la norma estatal. Con esta mención, si finalmente por parte del Grupo Socialista se nos manifiesta que se acepta la introducción de un añadido del estilo del que he
manifestado, también retiraríamos esta enmienda 185.



Respecto a las enmiendas de los demás grupos, por ser de una filosofía absolutamente contraria en lo que podríamos llamar contenido ético del proyecto, no votaremos las presentadas por los cuatro diputados de Unió ni tampoco las que sostiene
todavía en este trámite el Grupo Popular, porque ya he indicado que mantienen un criterio respecto a lo que se puede regular en esta materia distinto del de mi grupo. Sí nos felicitamos de que la enmienda número 190 de las presentadas por este
grupo de cuatro diputados de Unió dentro del Grupo Catalán esté ya introducida en el texto del informe de la ponencia, pues en el artículo 29 ha quedado introducido en el texto algo que también es especialmente grato para mi grupo cuando se habla de
la gratuidad en los requisitos relativos a la donación y se establece que la donación y utilización posterior nunca tenga carácter lucrativo o comercial. Mi grupo tendrá respecto a las enmiendas de las demás formaciones políticas la postura de
abstenerse, salvo en aquellas a las que ha hecho mención en último lugar el


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representante del Grupo Catalán, el señor Xuclà, cuando ha hablado de la posibilidad de una regulación distinta de los bancos de cordón umbilical que supondrían una gestión empresarial. Que en la justificación de la enmienda se hable de
hacer viable económica y financieramente una demanda de este tipo de servicios o incentivar adecuadamente estructuras empresariales, la viabilidad económica y financiera de este tipo de establecimientos, son todas ellas expresiones que a mi grupo le
resultan muy poco adecuadas para la idea de lo que se pretende regular. Nos parece bien el criterio que hasta ahora se ha sostenido desde el Gobierno y desde el grupo mayoritario, y que es exactamente el mismo que en el ámbito de la comunidad
autónoma donde mi grupo tiene responsabilidades de Gobierno se sigue. Los bancos de sangre de cordón umbilical se vinculan en su regulación, que es la gestión de la sanidad pública vasca, y tal debe ser el criterio que se sostenga también en la
tramitación de la norma. Estas dos enmiendas concretas del Grupo Catalán (Convergència i Unió) también serán objeto de votación negativa por nuestra parte.



Creo haberme referido a todas las cuestiones que sustentaban la postura de mi formación política en este trámite de aprobación de la norma, y sin más concluyo, señorías, mi intervención.



La señora VICEPRESIDENTA: Hemos entendido que ha retirado las enmiendas 177, 180 y 183 y que está pendiente de una transaccional de la 185.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Previsiblemente también será objeto de transacción.



La señora VICEPRESIDENTA (Grande Pesquero): Muchas gracias. A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo de Esquerra Republicana, la señora Bonàs.



La señora BONÀS PAHISA: Esquerra Republicana considera que este es un proyecto de ley importante y necesario. Estamos de acuerdo en que era necesario establecer un marco legal que permita fomentar la investigación con las máximas garantías
éticas de seguridad. Es positivo que se permita abrir nuevas vías de investigación, como la transferencia nuclear con fines terapéuticos y de investigación, que se regule la realización de cribados genéticos dedicados a detectar enfermedades o
riesgos graves de padecerlas con el fin de tratarlas precozmente, que se regulen las condiciones en que deberán producirse los procedimientos invasivos, el derecho a la información y el funcionamiento de los biobancos. Estamos de acuerdo en que se
mantenga el principio de gratuidad para evitar la discriminación de los pacientes e investigadores en el acceso a dichas muestras y a posibles investigaciones y terapias que se realicen con ellas. Es positivo que esta ley sienta las bases jurídicas
para impulsar una investigación biomédica de calidad y competitiva en su entorno europeo, con las mayores garantías éticas y de seguridad para los ciudadanos y con el fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de los nuevos avances científicos en
el tratamiento y la prevención de las enfermedades.



Nos consta que es un proyecto de ley que llega a la Cámara muy trabajado y consensuado con los distintos estamentos implicados. También ha habido un buen trabajo de ponencia que se refleja en el dictamen, en el que hay muchas aportaciones
de todos los grupos ya que la ponencia se ha realizado con un fin -que deberían tener todas las leyes- positivo y constructivo. Esquerra Republicana ha hecho bastantes aportaciones a este proyecto de ley; por ejemplo, la posibilidad de que los
comités de ética de la investigación puedan desarrollar sus funciones en dos o más centros. Así no será imprescindible que todo centro donde se realice investigación deba crear su propio comité, sino que puede ser tutelado por el comité del
hospital de referencia, y también por cuestiones de economía organizativa mientras se constituya el comité de ética los comités de investigación clínica existentes podrán realizar sus funciones. También se ha introducido gracias a Esquerra
Republicana más precisión en cuanto a la protección de datos. En el proyecto quedaba una laguna en cuanto se remitía solo a la Ley Orgánica de Protección de Datos sin tener en cuenta que en algunas comunidades autónomas, como la de Cataluña, existe
su propia legislación. Se ha aceptado la enmienda 88, por lo que creemos oportuno retirar las enmiendas 137, 138, 139, 142 y 143, pues todas se referían a la protección de datos, una vez aceptada la enmienda 88. También se ha introducido gracias a
Esquerra el criterio de médico responsable de la asistencia para prevenir riesgos a los individuos participantes en la investigación.



Gracias a aportaciones de Esquerra el informe de la ponencia es mucho más cuidadoso con las competencias autonómicas a través de distintas enmiendas aceptadas en varios artículos, como el 16, sobre la evaluación y autorización de las
investigaciones; el 25, sobre comprobaciones sobre el curso de la investigación; el 27, sobre gestión de la información; el 31; el 34, sobre garantías para la investigación; el 35, el 38, el 40, el 50, el 57... El documento final es mucho más
cuidadoso con las competencias autonómicas. La enmienda 146 prevé que puedan participar en la investigación biomédica organismos públicos y privados no integrados en el Sistema Nacional de Salud. Se ha aceptado la enmienda 149, por la que no se
excluye la coexistencia de personal sometido al régimen estatutario, funcionario de carrera y laboral. Respecto al Instituto Carlos III, gracias a Esquerra se contempla la presencia de centros virtuales en red no propios del instituto.



Repito que ha sido un buen trabajo de ponencia donde se ha alcanzado un consenso importante. Esquerra Republicana presentó 78 enmiendas que han sido transaccionadas o aceptadas y someteremos a votación solo 18, que voy a enumerar para que
tengan la lista preparada. Las enmiendas que se someterán a votación serán las


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números 83, 84, 88, 105, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 128, 135, 136 y 145. Voy a hacer una defensa en grupos para no cansar a SS.SS. Hay unas enmiendas de tipo técnico, como la número 83, sobre la definición de
embrión, o la 84, sobre la definición de pseudoembrión. El producto resultante de la transferencia nuclear en inglés se denomina NT embryos; en español no hay traducción y se podría denominar embrión de transferencia nuclear. Hemos propuesto la
palabra pseudoembrión. Se ha querido obviar en la ley, pero en algún momento habrá que denominar qué es lo que resulta de la transferencia nuclear. En la enmienda 105 creemos necesario precisar que cuando la investigación se realiza en una mujer
en edad fértil no es suficiente tenerlo en cuenta, sino que debe asegurarse que esta mujer utiliza métodos anticonceptivos durante la investigación.
La enmienda 112 establece la obligación de dar publicidad a los resultados de las investigaciones,
tanto positivos como negativos. Las enmiendas 116, 117 y 118 proponen sustituir la palabra ovocitos por gametos, ya que entendemos que los gametos se refieren a un material genético de procedencia tanto masculina como femenina y la ley obvia
material genético proveniente de un espermatozoide, que aunque sea más fácil de obtener y más abundante, merece una cierta regulación y protección. La redacción de la 119 es poco clara, porque da a entender que la ley prohíbe la creación de células
troncales humanas mediante la activación de ovocitos por transferencia nuclear, cuando no es así. Es un error de redacción que se evitaría si fuera más clara. La 150 es una enmienda técnica. La ley hace referencia a una empresa de base
tecnológica cuando es una expresión que no tiene una definición única, por lo que creemos que no procede en una ley.



Hay otro grupo de enmiendas, las números 114, 120, 122, 123 y 125, de tipo competencial. Si bien he comentado antes que la ley ha hecho una importante reflexión sobre las competencias de las comunidades autónomas, como pone de relieve el
elevado número de enmiendas que se nos han aceptado, nuestra concepción del proceso de autorización es un poco diferente. En estas enmiendas nos referimos a la comisión de garantías para la donación y utilización de células y tejidos humanos.
Creemos que vulnera la competencia exclusiva de la Generalidad en relación con sus centros y estructuras de investigación. Desde la perspectiva de coordinación general del Estado, podemos admitir la necesidad de que los órganos sean evaluados por
un órgano colegiado con especialistas de reconocida competencia, con lo que dejaríamos en manos de las comunidades autónomas la creación de dicho órgano y su concreta composición, que más tarde podría reunificarse en uno solo a nivel estatal, pero
siempre desde la visión de la comunidad autónoma para respetar sus competencias. La enmienda 122 pretende evitar que la función de garantía se atribuya en exclusiva al Instituto Carlos III. Creemos que es una vulneración de las competencias
exclusivas en investigación. En la enmienda 135 explicitamos que para la constitución de un biobanco sea la autoridad competente la que fije los requisitos y procedimiento de autorización. Por la 136 podrán crearse bancos autonómicos de muestras
biológicas que se estimen convenientes por razones de interés general.



Por esta ley se crean varios organismos a nivel estatal, uno de los cuales es el Comité de Bioética de España. Nosotros proponíamos su supresión, pero en este caso no por razones competenciales. Lo aclaro, en este caso era porque creemos
que debe pertenecer a una normativa independiente de esta ley. Sabiendo que no prosperaría nuestra propuesta, presentamos la enmienda 145 al artículo 77, que regula sus funciones. Enmendamos la letra d) de este artículo en respuesta al necesario
reconocimiento del ámbito competencial que se deriva del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que en su artículo 198 establece que la Generalidad debe participar en los organismos internacionales competentes en materias de interés relevante para
Cataluña. Las leyes que ahora están saliendo de la Cámara no tienen en cuenta los nuevos estatutos. Creemos que en algún momento deberá revisarse toda la legislatura de esta Cámara. Sería conveniente que, antes de que se promulgasen las nuevas
leyes, se hiciera una lectura de los nuevos estatutos, como por ejemplo en este caso de la representación internacional, porque en algunas competencias ya se contempla la representación de las comunidades autónomas en organismos internacionales.



A pesar de todo, nuestro voto va a ser favorable porque estamos de acuerdo con este proyecto de ley, que ya he dicho que era necesario y es un buen proyecto de ley por los fines que persigue: el fomento de la investigación biomédica con las
máximas garantías de seguridad y respeto a los principios de la bioética. Aparte de este pequeño número de enmiendas que quedan pendientes -que esperamos mejorar en el trámite del Senado, por lo que ya hemos expresado nuestro voto favorable-, el
importante volumen de enmiendas que introducimos responde a una concepción distinta del Estado en cuanto que esta ley va a ser demasiado burocrática. Entendemos que es importante para la seguridad, pero cuando se ponga en marcha esta ley se
comprobará que va a generar serias dudas: hay muchos comités de autorización, hay mucha burocracia, y nosotros proponíamos unos sistemas más sencillos. Nos adelantamos en el tiempo, como siempre. Pasarán unos años y se nos dará la razón en que
era necesario simplificar los procedimientos de autorización y reducir los comités. Estas reticencias siempre son hacia el Instituto Carlos III, que es un elemento desestabilizador de las inversiones en investigación. Se está descentralizando la
investigación biomédica alrededor del kilómetro cero y a la larga esto va a generar tensiones. Son temas que no corresponden a esta ley, que veremos más adelante en su desarrollo.
Anunciamos que seguramente serán puntos de conflicto, no por
Esquerra Republicana, sino por todas las comunidades autónomas, las inversiones del Instituto Carlos III,


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la burocracia y centralización de las autorizaciones, que en un futuro deberán agilizarse. Nuestro voto será favorable al proyecto.



En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, excepto la enmienda 185, del PNV, que puede mejorar las competencias, no estamos de acuerdo con ninguna por su filosofía. Creemos que los biobancos deben ser gratuitos y accesibles a todos los
ciudadanos.



La señora VICEPRESIDENTA (Grande Pesquero): A continuación tiene la palabra el Grupo Popular. Van a repartirse el tiempo los dos portavoces, comenzando por el señor Mingo.



El señor MINGO ZAPATERO: Debatimos hoy un tema de extraordinaria trascendencia en un Sistema Nacional de Salud como el español, que es la investigación biomédica. Mi grupo ya manifestó su posición política y filosófica en el debate de
totalidad en el Pleno de esta Cámara anunciando una posición contraria a la tramitación del proyecto que el Gobierno había enviado a la Cámara por dos razones fundamentales. La primera, porque contenía errores conceptuales graves que, a pesar de
todos los esfuerzos que se han hecho en ponencia, se mantienen, y la segunda por carencias significativas evidentes en distintos campos que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han manifestado en algunos casos y que pretendo
explicar en mi exposición.
Pido un poco de generosidad por parte de la presidenta, puesto que este es el último momento, antes de enviarlo al Senado, en el que los grupos podemos manifestar nuestra posición con relación a un tema tan trascendente.
Decíamos que este proyecto de ley tenía errores conceptuales en los que quiero insistir. Tiene carencias en relación con algo tan trascendente en la práctica clínica diaria como es la investigación con medicamentos y productos sanitarios. Desde mi
punto de vista, es completamente incomprensible que una ley de investigación biomédica no contemple la investigación en lo que, en la práctica diaria y año tras año, es la industria farmacéutica, la industria de medicamentos y productos sanitarios,
la que más dinero invierte en investigación, la que más novedades ofrece a los sanitarios y la que ofrece a los profesionales nuevas iniciativas para mejorar la salud de los enfermos e incorporar novedades científicas en relación con el diagnóstico
y el tratamiento. Es decir, no hay modelo de investigación más eficaz en el momento actual y que mayor incidencia de beneficio produzca a los ciudadanos que esta parte de la investigación.



Segundo error conceptual, creo que de trascendencia: cómo se huye en este proyecto de ley de los principios éticos manifestados por el Estado español en la legislación internacional, en la legislación europea y en la legislación española y,
muy concretamente, en el Convenio de Oviedo.
No hay ni una sola mención en todo el articulado de la ley a esos acuerdos y a esas obligaciones que el Estado español tiene con la ética.
El tercer gran error conceptual es el de decir a los ciudadanos
españoles que la clonación terapéutica es una realidad; esa es la mayor falsedad y el Gobierno incorpora como una gran panacea la clonación terapéutica.
Señorías, la gente que está acostumbrada a este campo más especializado desde el punto de
vista sanitario sabe que no es posible hoy obtener ningún embrión por transferencia nuclear -lo dije en el Pleno de esta Cámara y lo digo aquí- ni en España ni en el mundo; ni en humanos ni tampoco en los primates. Se pueden conseguir embriones
por transferencia nuclear en algunos mamíferos y ejemplos son la oveja Dolly así como la inmensa cantidad de ratones que se utilizan en los distintos laboratorios españoles en la investigación biomédica. Les quiero recordar que estos trabajos de
investigación en ratones conllevan el 60 por ciento de patología tumoral en este tipo de experimentos. Por tanto, no es verdad que se pueda producir un embrión somático, no preembrión, no pseudoembrión, en lenguaje científico de 2007, no de 1995.
Tengo la impresión de que el Gobierno está anticuadísimo en esta materia, es una antigualla; se siguen los criterios de 1995 cuando estamos en 2007. El criterio del Gobierno y del grupo parlamentario que le sostiene en este momento no tiene en
cuenta a la hora de la tramitación de la ley la diferencia que hay en investigación y en terapéutica en relación con las células madre embrionarias y con las células madre adultas. Las células madre adultas en este momento están tratando
eficazmente 85 enfermedades y hay 544 protocolos de trabajo. El potencial de las células madre embrionarias es en este momento una entelequia. No digo que no haya que investigar, por supuesto que sí y el Grupo Parlamentario Popular que apoyaba al
Gobierno popular fue el que hizo posible que se pudiera investigar con células madre embrionarias. Por lo tanto, ¿que tiene que existir la investigación con células madre embrionarias? Desde luego, pero las células madre embrionarias no han
producido hasta ahora ningún resultado terapéutico eficaz en las expectativas terapéuticas que están ofreciendo. Insisto en un aspecto, señorías, los conocimientos científicos actuales van por otros derroteros. En este momento, en la Universidad
de Stanford y también en España, en la Comunidad Valenciana, se está trabajando en la obtención de células madre embrionarias sin sacrificio del embrión, lo que se llama la técnica de uso compasivo. Esta es la línea moderna, la línea de 2007 que
tiene que incorporarse a la ley que estamos debatiendo hoy. Pero voy más allá, ¿qué camino sigue la investigación con células madre embrionarias o con células madre adultas en los trabajos científicos más actuales en todo el orbe, en los
laboratorios internacionales más avanzados? La capacidad de reparación de los propios tejidos, la capacidad que tiene el propio organismo de repararse y la capacidad que tiene el propio organismo de crear nuevas células, que es lo que se llama,
como es lógico, la capacidad autorregeneradora. Estas son las líneas que están marcando los científicos en el momento actual. Insisto ante esta Comisión en que potenciemos en esta ley -es una


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buena oportunidad y todavía tenemos el trámite en el Senado- lo que es actual y dejemos atrás lo que la historia ha demostrado ya que no es eficaz.



Señalaba en aquel debate e insisto hoy en que había muchísimas carencias y quiero reconocer que la ponencia ha trabajado bien y que, así como el Gobierno había iniciado este trámite parlamentario con una actitud completamente negativa y no
había aprobado al Grupo Parlamentario Popular enmienda alguna, en las reuniones segunda y tercera de la ponencia y gracias al trabajo de los ponentes socialistas de esta Comisión -que agradezco y, muy en concreto al señor Fidalgo que es el ponente
principal de la ley-, hemos podido incorporar diez enmiendas transaccionales que mejoran el texto de la ley y que no son menores: incorporar los principios de precaución para prevenir y evitar riesgos en salud; incorporar la necesidad de evaluar
la investigación; garantizar mejor la protección de los datos; dar una definición mayor a los biobancos en relación con su titularidad, sea pública o privada; definir los comités de ética multicéntricos o esbozar mayores competencias en la
iniciativa sectorial en salud y el papel del Carlos III, son avances que se han conseguido en la tramitación de esta ley. No son menores los aspectos en relación con los investigadores, cuya carencia en el proyecto inicial de la ley ya denunciamos.
La incorporación de la enmienda de nuestro grupo en relación con la necesidad de dar becas y ayudas a los investigadores y mejorar sus condiciones de trabajo, creo que es un acierto. Otra incorporación que quiero resaltar es la mayor y mejor
cooperación entre los sectores público y privado que el proyecto inicial no tenía. La incorporación en el texto de las sociedades capital riesgo, del papel de la universidad o de los retornos en las empresas, aunque no alcanzan el nivel que quería
nuestro grupo, sí se recogen en la ley y esto es extraordinariamente positivo. Otro aspecto que está preocupando hoy en los hospitales y a bastantes pacientes es que en la Ley de Reproducción Humana Asistida, del año 2006, los hombres que no puedan
eyacular no pueden ser padres. Afortunadamente, con la aceptación por parte del Grupo Socialista de la enmienda que ha presentado nuestro grupo, a partir de ahora, a través de una punción testicular y como se regulaba antes en la Ley de 2003 y en
la de 1989, los hombres que no puedan eyacular podrán ser padres. Es decir, la tramitación en ponencia de la ley ha mejorado algunos aspectos de la misma pero, en su línea conceptual es una ley anticuada que mira atrás y no adelante.



Pasaré a defender no todas las enmiendas que mantenemos vivas, que son en este momento 54, creo recordar, sino las cuatro que tienen mayor jugo y que cuentan con alguna posibilidad de paliar las carencias de la ley. (La señora presidenta
ocupa la Presidencia.) La primera de ellas es un concepto sencillo y esencial que compartimos todos, que es que la investigación tiene que tener una prioridad en la incorporación de los resultados y que las administraciones públicas tendrán que
marcar prioridades a la hora de investigar. Vuelvo a insistir en que es importante que potenciemos aquellas líneas de investigación que más rápidamente van a aportar datos a los enfermos, van a prevenir enfermedades y van a mejorar el tratamiento
de los pacientes. Esa es nuestra enmienda número 21 que, en concreto, dice que en el establecimiento de prioridades se tendrán en cuenta aquellas iniciativas y programas científicos clínicos o básicos que puedan conducir con mayor rapidez y
eficacia a soluciones terapéuticas para los problemas de salud.
Esto lo compartimos todos. Esta enmienda incorporada al proyecto de ley solventaría una de las grandes deficiencias de este proyecto de ley.



En la tramitación de la ley hemos debatido sobre el Consejo de Bioética de España. Compartimos ese criterio y vamos a aceptar la transaccional a la enmienda número 64, que el Grupo Parlamentario Socialista nos ha ofrecido, en el sentido de
modificar la composición de la misma, dando en vez de once miembros, doce, y una paridad entre las comunidades autónomas y el Gobierno central: seis miembros serán los representantes de una y otra parte en paridad, siendo presidido por el designado
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.



Otra enmienda que tengo verdadero interés en defender, porque es de una extraordinaria trascendencia para la investigación en España, es la que afecta a la financiación. Podemos hablar mucho de investigación, es bueno que tengamos
herramientas y una legislación adecuada, pero si no tenemos una financiación suficiente, hemos hecho un pan como unas tortas. La enmienda número 74, que nuestro grupo defiende, pretende algo extraordinariamente sencillo pero bastante eficaz: que
priorice el Estado español, como hace la Unión Europea, todo lo que es investigación, desarrollo e innovación en el ámbito sanitario. Es un tema razonable, que aportará a la sociedad española soluciones muchísimo más eficaces, y la lucha contra las
enfermedades y la promoción de la salud se verá francamente incrementada. En la misma enmienda de financiación hay otro asunto que no es novedoso en otros países pero que en España sería una novedad, y es que parece que es razonable que el Gobierno
fomente las investigaciones empresariales en investigación biomédica mediante desgravaciones y ayudas fiscales en el impuesto de sociedades. Lo mismo que hemos aprobado e incorporado los retornos en la ley, es razonable que apoyemos a las empresas
y que creemos el estatuto de empresas de biotecnología no solo en su calidad, sino en su preferencia para invertir en investigación, que es uno de los factores más importantes para mejorar la salud.



Otra enmienda que quiero destacar y defender en este momento -intento convencer a SS.SS. para que lleguemos a un acuerdo en beneficio de la investigación y de todos los españoles- es la número 66 donde nuestro grupo describe la iniciativa
sectorial en el marco del Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación. Ahí proponemos 20 iniciativas que no voy a resaltar para no cansarles, pero algunas de ellas me parecen de extraordinario valor. Que España busque alianzas
internacionales


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para fomentar la investigación es imprescindible; que haya una mayor participación de España en el área investigadora europea es una asignatura pendiente y llevarlo a la ley es oportuno; que tengamos una mayor potenciación en el incremento
de las patentes o una rentabilización rápida de las patentes en la explotación en España sería extraordinariamente positivo; que haya una mejor orientación de la universidad a la empresa, algo se ha recogido en el texto, pero es insuficiente; que
haya un desarrollo mayor de las agencias regionales de investigación; que haya un fomento de la responsabilidad corporativa en investigación son facetas que, a mi juicio, debían incorporarse en la ley. Todavía no entendemos por qué, a pesar del
esfuerzo que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho en la tramitación de este proyecto de ley, no se incorporan porque no tienen ninguna dificultad filosófica y sí, a mi juicio, un concepto restrictivo que en nada ayuda a la investigación.



Antes de ceder la palabra a mi compañera, Mercedes Roldós, para que defienda la posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas de los grupos restantes, termino diciéndoles que hemos mejorado el proyecto de ley. El Grupo
Parlamentario Socialista ha aceptado 80 ó 90 enmiendas transaccionales. Es un mérito, y ha mejorado el proyecto de ley. Sin embargo, es un proyecto de ley que sigue teniendo irracionalmente, a mi juicio, carencias, errores conceptuales y mira más
al pasado que al futuro. Por eso nuestro grupo votará mayoritariamente en contra de la tramitación de este proyecto de ley.



Antes de terminar, señora presidenta, quiero agradecer la magnífica labor realizada por el letrado en la ponencia.



La señora PRESIDENTA: El conjunto de los ponentes podemos unirnos a la felicitación y al agradecimiento que ha hecho de la tarea desempeñada por el letrado de esta Comisión en la tramitación de esta norma, puesto que el número de
transacciones que S.S. ha citado hace que luego su traslación exacta al informe tenga la complejidad que todos conocemos por el tiempo que llevamos ya trabajando en proyectos de ley.



Sin más, para completar la intervención del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la diputada señora Roldós.



La señora ROLDÓS CABALLERO: En este turno me toca fijar nuestra posición con respecto a las enmiendas que quedan vivas a este proyecto de ley por parte del resto de los grupos parlamentarios.



Comenzaré rápidamente por las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Nosotros hemos pedido votación separada. Vamos a votar favorablemente la enmienda número 6 porque en un
título importante, que es el de promoción y coordinación de la investigación en el Sistema Nacional de Salud, Izquierda Unida pretende incluir principios rectores con los que estamos de acuerdo. Pretende promover una investigación de excelencia
dirigida a resolver necesidades de salud de la población; que la práctica clínica esté basada en el conocimiento científico; que se fomente la investigación en todo el Sistema Nacional de Salud; que se incluyan normas éticas en la investigación y
que haya derecho, seguridad y formación continuada del personal investigador. Nos vamos a abstener en la enmienda número 2, de sustitución del título de proyecto de ley, en la que Izquierda Unida pretende que no sea solamente una ley de
investigación biomédica, sino reguladora de los aspectos relativos a la investigación biomédica. De igual manera, con respecto a la enmienda número 4, nuestra posición es de abstención porque Izquierda Unida pretende dar mayor realce al título
VIII, de promoción y coordinación de la investigación en el Sistema Nacional de Salud, pasándolo al título II de la ley. También mantendremos nuestra abstención en las enmiendas números 8 y 10, de Izquierda Unida, porque pretende que la regulación
del Instituto Carlos III pase al título II y no quede en una disposición adicional. Podemos estar de acuerdo con Izquierda Unida en el papel clave y en que quizá esa ubicación del Instituto Carlos III en la disposición adicional segunda sea una
minusvaloración de un instituto tan importante para la investigación. Respecto a la enmienda número 11 de Izquierda Unida, vamos a votarla negativamente porque intenta crear un comité científico asesor, a través de un nuevo artículo, en la
regulación del Instituto Carlos III. El Instituto Carlos III tiene la suficiente entidad en materia científica como para no necesitar un comité asesor que, al fin y al cabo, retrasaría las decisiones del Instituto Carlos III y le quitaría agilidad.



En cuanto a las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, hemos pedido votación separada. Ha habido una retirada importante de enmiendas en este trámite en la intervención de la señora Bonàs y simplemente quedarían las números 135 y
136 sobre la regulación de los biobancos, en las que mantendríamos una posición de abstención. Somos favorables a la creación de biobancos con carácter autonómico, pero deben ser las autoridades competentes de las comunidades autónomas quienes lo
autoricen, de la misma manera que en determinados territorios como Ceuta y Melilla tiene que hacerlo el ministerio. No son comunidades autónomas, pertenecen al Ingesa y por tanto tiene que hacerlo el ministerio.



En cuanto al resto de enmiendas de Esquerra Republicana, vamos a votar que no. En primer lugar, hay un grupo de enmiendas con las que Esquerra Republicana quiere dar una nueva denominación al producto de la transferencia nuclear. En el
ámbito científico tanto nacional como internacional y en todas las publicaciones científicas se viene hablando desde hace unos cuantos años de que ese producto se llama embrión somático y Esquerra Republicana quiere acuñar un nuevo término que para
nosotros es seudocientífico: seudoembrión. Igualmente vamos a rechazar la definición de embrión por que el Grupo Popular sigue los criterios científicos nacionales e internacionales reconocidos en todo el


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mundo. Vamos a votar que no a la pretensión de sustituir el término ovocito por gameto porque todos los ovocitos son gametos, por lo que es una redundancia. Vamos a rechazar aquellos artículos que Esquerra Republicana pretende modificar
ante su postura de no reconocer a la Comisión Nacional de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos. Tienen un concepto diferente al del Grupo Popular respecto del reconocimiento de estructuras nacionales, como es esta
Comisión nacional de garantías. De la misma manera, vamos a votar en contra de enmienda número 145, con la que pretenden algo con lo que no estamos de acuerdo, que se aprobó en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y es que la comunidad autónoma y
no el Estado ostente las funciones de representación internacional del Comité de Bioética de España. Seguimos pensando que nuestra nación está compuesta por un sistema autonómico y que la representación internacional corresponde al Ministerio de
Sanidad, en este caso al Comité de Bioética de España, un órgano que representa a todos los españoles en el ámbito internacional en materia de investigación y bioética.



Respecto a las enmiendas del PNV, la señora Uría acaba de manifestar que únicamente deja viva la número 185. Pues bien, nosotros vamos a votar en contra ya que, en cuanto al artículo que pretende modificar, el número 86, relativo a la
certificación de la capacidad investigadora de los institutos de investigación, el proyecto de ley dice que se hará por el ministerio o por las comunidades autónomas y a nosotros no nos parece adecuado que se pretenda eliminar al Ministerio de
Sanidad de esa competencia de certificación de la capacidad investigadora de los institutos.



Paso a manifestar nuestra posición respecto a las enmiendas que quedan vivas presentadas por el señor Duran y otros, es decir, por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Vamos a votar favorablemente las comprendidas entre los números 187 y
192, pues estamos de acuerdo con la posición del señor Duran. La número 187 coincide con nuestra enmienda número 59 y pretende sustituir en todo el proyecto de ley el término preembrión por el de embrión. Señorías, como decía mi compañero de grupo
y portavoz, el señor Mingo, no solo en el artículo 3 sino en todo el proyecto de ley aparecen definiciones obsoletas que no se corresponden con las ampliamente aceptadas por los organismos internacionales. Estamos totalmente de acuerdo en que se
sustituya el término preembrión por el de embrión. A lo largo de los últimos años el término preembrión -ahí están todas las publicaciones internacionales de carácter científico: el PubMed o el Medline prácticamente ha desaparecido. Es verdad que
hace diez o quince años se empezó a utilizar, pero actualmente carece de respaldo científico. Solamente se mantiene por el Gobierno socialista porque tiene una connotación ideológica con la finalidad de desproveer al embrión de su categoría
ontológica de ser humano vivo. ¿Y por qué intentan desproteger al embrión llamándole preembrión? Simplemente para poder manipularlo sin ninguna responsabilidad ética.



Estamos de acuerdo y vamos a votar favorablemente la enmienda número 188, relativa a las definiciones. Como les decía, abogamos por la terminología internacional aceptada de embrión preimplantatorio, que no es más que la fase más temprana
del desarrollo, el periodo que va desde la fecundación hasta que se produce la anidación en la mucosa uterina, y no como se mantiene en este proyecto de ley, una terminología confusa y anticuada.
Con nuestras enmiendas números 25 y 26 damos una
nueva definición a términos que están ausentes en el proyecto de ley. Una de ellas, la del embrión generado in vitro, es importante. El proyecto de ley olvida esta definición, la cual está ampliamente consensuada en el ámbito científico.
Por otro
lado, parece mentira que en la Ley de Investigación Biomédica no haya una definición de lo que es un ensayo clínico. Estamos de acuerdo y vamos a votar favorablemente también la enmienda de CiU número 189, que pretende suprimir el punto 2 del
artículo 33, en el que se habla de la activación de ovocitos por transferencia nuclear. Señorías, el portavoz Mario Mingo ha destacado que las técnicas de transferencia nuclear no son otra cosa que técnicas de clonación humana. Suponen la creación
de un embrión somático, pues, indudablemente, al embrión resultante de la unión de dos gametos, de un espermatozoide y de un ovocito, se le llama embrión gamético y el resultado de la transferencia nuclear no es más que un embrión somático, al fin y
al cabo un embrión. Pues bien, la finalidad de crear este embrión somático no es otra que su posterior destrucción con fines de investigación y experimentación, finalidad que está prohibida expresamente por el artículo 160.2 de nuestro Código Penal
y por un convenio que el Gobierno español ha firmado y ratificado, el Convenio de Oviedo, que nos obliga. En ese convenio se prohíbe la constitución de embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación, independientemente de la técnica
que se utilice para su obtención. Por otra parte, en la Resolución del año 2000 del Parlamento Europeo se hace un llamamiento a los Estados miembros para que promulguen normas -ahora estamos elaborando una- que prohíban la investigación sobre
cualquier tipo de clonación en humanos. Constatamos que en derecho comparado el criterio mayoritario de los países de nuestro entorno es el de prohibir la clonación por transferencia nuclear, aunque la finalidad sea la experimentación o la
investigación. Solamente dos países a nivel europeo, que son Bélgica y el Reino Unido, permiten esta clonación llamada terapéutica, porque, como decía el señor Mingo, la llamada clonación terapéutica no es más que humo que nos quiere vender este
Gobierno socialista, esto no es más que una entelequia, porque a día de hoy no se ha conseguido la clonación humana ni siquiera en los primates. Como decía antes el señor Mingo, todos los estudios revelan la baja eficacia de la clonación en
mamíferos, como es el caso de la oveja Dolly o de otros mamíferos, y la alta inseguridad


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de los productos de clonación, con un índice realmente preocupante de producción de tumores. Quiero destacar que, sin embargo, en este proyecto de ley no se impulsa algo que sí está dando muy buenos resultados como es toda la investigación
y aplicación clínica de células troncales de origen adulto y de células troncales de sangre de cordón umbilical. Vamos a votar favorablemente las enmiendas 191 y 192 de Unió por el mismo motivo, y vamos a votar que no a las enmiendas 193 y 194,
referentes a la investigación con personas menores de edad o con incapacidad, porque entendemos que la regulación que nosotros ofrecíamos en el texto alternativo que presentamos en el artículo 40.5 daba unas mayores garantías para la utilización de
muestras biológicas de personas menores de edad y con incapacidad.



Finalmente, me falta fijar nuestra posición respecto a las enmiendas de Convergència. Vamos a votar que sí a todas las enmiendas que quedan vivas, salvo las números 221 y 222, en las que nos vamos a abstener.
Vamos a votar que sí a la
enmienda número 199, porque indudablemente la definición de muestra biológica que ofrece Convergència en la enmienda es un concepto que está recogido en todos los protocolos médicos nacionales e internacionales, tanto a nivel ético como técnico y de
calidad, y porque incluye otros materiales en la definición de muestra biológica, no solamente los que tienen información genética; incluye todos los materiales de origen biológico humano, como puede ser el suero, el plasma, la orina, las lágrimas,
la saliva, el líquido encefalorraquídeo, etcétera. Por tanto, la definición estaba absolutamente coja y espero de SS.SS. que, por el bien de tener algo presentable, apoyen esta enmienda de Convergència. También vamos a votar que sí a las
enmiendas 202 y 203, porque entendemos razonable, en relación con el consentimiento informado y del derecho a la información, que en el caso de menores se haga una comunicación a la Fiscalía del Menor, según recoge la legislación vigente, porque
este es un criterio de garantía. Vamos a votar también que sí a la enmienda 209, que pretende modificar el artículo 18.4, que es compensación por daño y aseguramiento de las personas que son sujetos o fuente de esa investigación biomédica, porque
entendemos que es una mejora técnica que ofrece mayores garantías para los investigadores.
También vamos a votar que sí a la enmienda 214, de modificación del artículo 59.10, porque entendemos que da una mejor definición de a quién se debe
transmitir la información. El proyecto de ley establece un indefinido aquellos y la enmienda lo cambia por su representante legal, que es mucho más adecuado. Vamos a decir también que sí a la enmienda 218, relativa a la movilidad del personal
investigador, porque entendemos que sería un acierto que el Gobierno impulsara el trabajo de proyectos compartidos entre los distintos centros en el marco nacional y con las empresas de base tecnológica, porque daría una posibilidad de trabajar en
proyectos compartidos. Vamos a votar que sí también a esa disposición adicional nueva, en la que el señor Xuclà ha hecho tanto hincapié y con la que estamos absolutamente de acuerdo, con respecto a los bancos de sangre de cordón umbilical. Es
absolutamente acertado que las comunidades autónomas puedan autorizar bancos con gestión empresarial para el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución, tanto para uso alogénico como autólogo, es decir, para uso propio y
para uso de un tercero -desde luego, sometido a registro público y a la supervisión pública-, porque de esta manera también impediríamos lo que está sucediendo en nuestro país, que cuando libremente los padres deciden conservar la sangre de cordón
umbilical de sus hijos, para uso propio o para un tercero, se ven obligados a salir de España y llevar esas muestras a bancos de sangre de cordón umbilical de otros países. Nos vamos a abstener, como les decía, en las enmiendas 221 y 222 de
Convergència, relativas a la gestión de biobancos, en la 221 por la posibilidad de poder externalizarse total o parcialmente y porque la gestión de varios bancos se pueda asumir por una determinada empresa y en la 222 porque Convergència i Unió pide
algo que en cierto modo es razonable, y es que en el plazo de seis meses el Gobierno lleve a cabo los cambios legislativos necesarios para garantizar los derechos de privacidad y de no discriminación por razones genéticas en todo lo que son
relaciones jurídico-privadas y, más concretamente, en lo que se refiere a las empresas de aseguramiento.



Señorías, con esto hemos terminado nuestra intervención.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Elola.



El señor ELOLA RAMÓN: En primer lugar, quiero destacar, como han destacado todos los grupos, que se trata de una ley muy consensuada, una ley en la que todos los grupos hemos trabajado -y nos tenemos que felicitar por ello- con un enorme
esfuerzo y realizando un amplio consenso, que se refleja en el alto nivel de enmiendas aceptadas. La ley respeta escrupulosamente los límites competenciales de las comunidades autónomas y, por ello, muchas de las enmiendas presentadas por los
grupos se han aceptado; casi la mitad de las enmiendas, la mayoría, con alto contenido, porque ha habido muy pocas enmiendas que fueran técnicas o de redacción.
Esta ley respeta sobre todo y garantiza los principios éticos de la investigación, por
eso me asombra en parte -aunque era más o menos esperable- la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Hay una insistencia nominal en la mención expresa al Convenio de Oviedo, que aparece dentro de la ley en la exposición de motivos. Respecto
a la exposición de motivos, a veces me gustaría que alguien me hiciese una tesis doctoral sobre cuándo es importante y cuándo no es importante.
Parece que lo que viene en la exposición de motivos ha perdido fuerza de un año a esta parte, cuando
antes parecía que lo que ponía la exposición de motivos era lo trascendente de la ley. No obstante, abriendo el debate sobre cuáles son las expectativas de diferentes líneas de


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investigación y cuáles son las líneas de investigación predominantes, se pretende poco menos que restringir determinadas líneas de investigación, alegando esos motivos científicos, pero que realmente están movidos por otras motivaciones de
tipo ideológico. Si no es por la vía de la prohibición directa, se introduce ahora por la vía de la limitación de determinadas líneas de investigación, marcando cuáles son las prioritarias y, por tanto, excluyendo a otras. A nosotros nos parece
claro que no es en esta ley en la que hay que poner expresamente la prohibición de la clonación humana con fines reproductivos, porque está reflejado en la Ley de Reproducción Humana Asistida, que es en la que tiene que reflejarse, y queda clara la
prohibición de la investigación sobre clonación humana en el artículo 33.1 que establece: Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación. Se prohíbe la producción, su constitución,
nominal y teóricamente. Podríamos entrar en el debate sobre qué es un preembrión o qué es un embrión, pero en cualquier caso se prohíbe la constitución de cualquiera de los dos. Con respecto a la obtención de células troncales por activación de
ovocito mediante transferencia nuclear, únicamente se permite la obtención de células y no de embriones ni de preembriones, con lo cual queda limitada y prohibida cualquier posibilidad de investigar en clonación terapéutica y en clonación
reproductiva humana.



Creo que nuestro grupo ha hecho un gran trabajo y un gran esfuerzo para alcanzar un amplio estado de consenso que queda bien reflejado en la ley, aunque existen algunos grupos de enmiendas que han quedado fuera, como se ha manifestado en las
intervenciones que me han precedido. Ha habido especialmente algún tema que consideramos que tiene un contenido que no se ajusta estrictamente al contexto de la ley. En ese sentido creemos que queda suficientemente reflejado dentro de la ley el
carácter investigador del Instituto de Salud Carlos III y su organización, que tendrá que ajustarse a la Ley de Agencias y tiene que tener un desarrollo normativo específico en el que se va a regular su funcionamiento. Por ello hemos rechazado
alguna de las enmiendas que proponía Izquierda Unida. Las enmiendas que hemos rechazado son las que reflejan de forma casi literal lo que ya está regulado en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y en el Real Decreto
590/2005, de funcionamiento del Instituto Carlos III. Por eso nos parecía que esas enmiendas no tenían peso, ni sentido aprobarlas aquí. Otra serie de enmiendas iban encaminadas, por un lado, a cambiar desde la Ley de Investigación Biomédica la
Ley de Reproducción Humana Asistida, cosa que no veíamos aceptable, ni tan siquiera coherente, y por otro, a cambiar artículos de la Ley del Medicamento; nos parecía que estaba fuera de sitio aprovechar el contexto de la Ley de Investigación
Biomédica para introducir enmiendas a leyes que han sido recientemente aprobadas en el Congreso. Luego ha habido dos bloques de enmiendas que se mantienen vivas porque no se han incorporado, principalmente tres, sobre las que hemos tenido un vivo
debate en esta Comisión. Por un lado, desde Esquerra Republicana de Cataluña se hablaba de la capacitación a los comités de ética en la investigación para autorizar directamente las investigaciones. Desde el Grupo Socialista mantenemos la postura
de que debe existir una autorización por un órgano administrativo, aunque será la comunidad autónoma quien regule como se desarrolle esa autorización, y no debe ser el comité de ética en la investigación directamente el que debe actuar así. Se ha
abierto un intenso debate por dos enmiendas que ha presentado el Grupo de Convergència i Unió acerca de los bancos de cordón, y han hecho mención a ello algunos de los que me han antecedido en el uso de la palabra. Desde el Grupo Socialista
seguimos considerando, y supongo que lo seguiremos haciendo, las donaciones como algo altruista, algo público y algo sin ánimo de lucro. Nos parece que ese debe ser el objetivo fundamental de la donación y cualquier cuña que se metiese o cualquier
cosa que alterase este concepto genérico de donación podría alterar el sentimiento que tienen los españoles, tema que funciona muy bien, sobre las donaciones. Por ese mismo motivo no hemos incorporado en ponencia las enmiendas que introducen algún
tipo de compensación o de expectativa económica en la donación de órganos, ovocitos o células.



Otro tema sobre el que también se ha mantenido bastante debate en la comisión ha sido el de la comisión de garantías. Nosotros hemos mantenido, y así queda reflejado en la ley, su necesidad como órgano estatal y las funciones que debe
tener, que están reflejadas en el informe de la ponencia. Nos parece, además, que es un órgano que da mayor rango de prestigio a la investigación que se hace con el respaldo de garantías que tiene detrás.



Del Partido Nacionalista Vasco se han admitido prácticamente la totalidad de las enmiendas. Quisiera destacar, porque supone una amplia mejora en los textos, lo que se ha incorporado a la organización de los comités de ética de la
investigación, en los que ha habido un gran trabajo por parte de los grupos, la redacción es totalmente nueva y creo que bastante bien desarrollada, y también en cuanto a la regulación de los biobancos y su recogida de datos. No queda regulado en
el texto la forma de función de los centros de investigación autonómicos, ni se prevé la forma en que se financian o establecen convenios con otros órganos públicos o privados, porque se considera que estos centros están suficientemente capacitados
y podrán establecer sus propios mecanismos de cooperación que, si los fijamos en la ley, no harían más que limitar las posibilidades que tienen.



Finalmente, y aunque se han aceptado la casi totalidad de enmiendas técnicas -las escasas que había, como ya dije-, quedan algunas de ellas y quiero hacer mención de la referida a la definición del cribado genético.
Hemos intentado que
hubiera una definición de este cribado que fuera, dentro de las garantías éticas que la ley define y


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que impiden que se acepte cualquier proyecto que no respete la dignidad humana o la de los individuos objeto de la investigación, lo suficientemente amplia para permitir que investigaciones, por ejemplo, sobre la farmacogenética o la
relación genética con distintas afectaciones o forma de presentación de enfermedades, tengan cabida dentro de la ley, aunque no estén directamente dirigidas a la detección directa de enfermedades, que era lo que se preveía en las definiciones
alternativas que se nos han planteado.



Por otro lado, se respeta la capacidad de las comunidades autónomas para que, fijando una base uniforme para todo el Estado, se haga y regule la investigación desde estas comunidades. Concretamente, en representación internacional, lo que
refleja la literalidad de la ley es que el Comité de Bioética de España representará a España en foros y organismos internacionales. Lo cual obviamente no condiciona otras representaciones, pero tampoco puede ser de otra forma. España tiene que
estar representada globalmente como país por el Comité de Bioética de España, como no puede ser de otra manera.



Queda una última referencia que voy a hacer a la enmienda 214, que acaba de ser mencionada también por la representante del Partido Popular, que literalmente dice: 10.º Advertencia de la implicación de la información que se pudiera obtener
para sus familiares y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a aquellos. Es decir, a sus familiares. Cosa que no consideramos coherente sustituirla por su representante legal, puesto que este solo tendría cabida
en el caso de que los familiares a los que se refiere el artículo tuvieran algún tipo de problema o estuvieran incapacitados. Si no, lo lógico es que la información se transmita directamente a aquellos, es decir, a los familiares que puedan verse
implicados.



Por mi parte no quiero decir nada más.



La señora PRESIDENTA: Señor Elola, entiendo que compartía participación para fijar la postura de su grupo con el señor Fidalgo. Por tanto, tiene la palabra don Alberto Fidalgo.



El señor FIDALGO FRANCISCO: Señorías, estamos en el trámite final, en el que afecta en esta primera fase al Congreso de los Diputados, de la Ley de Investigación Biomédica, ley que consideramos importante, importancia de la que todos los
que hemos trabajado en ella estamos absolutamente convencidos. Pero también está convencida la propia sociedad española, porque todo lo que significa investigación y ciencia está adquiriendo una importante relevancia en nuestro país. Tanto es así
que ya la tercera Conferencia de Presidentes celebrada en el mes de enero elegía como uno de sus temas estrellas la investigación, el desarrollo y la innovación, y declaraba el año 2007 como el Año de la Ciencia, con el objetivo de difundir en
España el esfuerzo investigador. Ayer mismo aprobamos por unanimidad en el Pleno del Congreso una iniciativa en el mismo sentido, que refleja la importancia que unánimemente confiere nuestro país al conocimiento en el hoy, en el día a día, pero
también como certeza del mañana. Uno de los ejes acordados por todos los presidentes en esa conferencia fue el refuerzo de la capacidad investigadora del Sistema Nacional de Salud en consonancia con su importancia en España. Tanto es así que la
investigación biomédica supone más de la mitad de la producción científica en nuestro país y el sector salud alberga en torno al 25 por ciento del conocimiento; conocimiento en el que la gente deposita todos los días sus esperanzas y al que miles
de profesionales dedican gran parte de su vida, con una gran dosis de voluntarismo e inseguridad, a veces, tanto laboral como por muchos de los condicionantes intrínsecos y extrínsecos de la propia investigación; inseguridad muchas veces también en
los sujetos investigados y en las personas que tienen expectativas. Por ellos, por los pacientes, por los investigadores, por las personas altruistas y por nuestra sociedad en su conjunto era necesario e imprescindible establecer el marco legal
preciso para fomentar este tipo de investigación en nuestro país con las máximas garantías éticas de calidad y seguridad y con el fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de los nuevos avances científicos en el tratamiento y prevención de las
enfermedades, al mismo tiempo que los investigadores puedan plantearse también con garantías su propia actividad como una carrera profesional.



Después de un largo trámite, muy participativo, durante todo el año pasado y su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, desde su entrada en el Congreso, en el mes de septiembre, los diputados y diputadas hemos recibido sugerencias
y aportaciones de muchos interesados y haciendo nuestro trabajo con sensatez y colaboración traemos hoy a esta Comisión un texto mejorado, como ya se ha repetido, para unos y para otros, por unos y por otros, pero en todo caso mejorado. En este
recorrido se ha producido el debate en Pleno de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, del Grupo Popular, que más allá de determinadas premisas ideológicas, también pretendía retrocesos legislativos en reproducción asistida, política
farmacéutica, etcétera, que no podían ser asumidos. La enmienda fue rechazada por todos los grupos dando inicio así a un recorrido por ponencia que hoy termina, donde el debate constructivo ha sobrevivido a la lógica defensa de posiciones de grupo
e incluso a apasionantes, pero aquí un poco bizantinas, argumentaciones con pretendida aproximación científica. La ciencia, desde luego, ya es discusión en sí misma y tiene su propia dinámica; a la política le corresponde poner los medios para que
la ciudadanía se sirva de ese apasionado y creativo debate. Creo sinceramente que esta Comisión en algo está contribuyendo a ello.



Se ha incorporado o transaccionado más del 60 por ciento de las 222 enmiendas presentadas y el resultado es un texto que hoy sometemos a votación y que esperamos sea aprobado. Es un texto equilibrado, que contempla todas esas enmiendas e
intenta centrar precisamente


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las expectativas. Por eso, no podemos aceptar más enmiendas, porque desequilibrarían el conjunto del texto. En todo caso -aunque mi compañero el señor Elola ya lo ha explicado-, debe quedar claro que tanto los ensayos clínicos como la
investigación en fármacos quedan absolutamente recogidos en la Ley del Medicamento. En cuanto a las cuestiones de ética, clonación terapéutica y todas aquellas otras a las que nos hemos referido, que el Grupo Popular una y otra vez reitera, creo
que sobran palabras gruesas y como es un tema absolutamente debatido me ahorro los comentarios. Simplemente recomendaría al Partido Popular que revisase los diarios de sesiones para ver sus propias contradicciones, porque si no es posible actuar en
este tipo de materias, ¿por qué les preocupan? Si son tan a futuro que son imposibles, ¿por qué les preocupa que hoy iniciemos o propiciemos vías para que eso sea posible? El texto facilita o prevé que se puedan incorporar todas las posibilidades
y técnicas sujetas al dictamen de la ética y de la bioética. Se ha hecho referencia al Convenio de Oviedo y creo que queda claramente explicitado donde tiene que estar, que es en la exposición de motivos. ¡Claro que la ley prohíbe! Prohíbe la
constitución de preembrión y embrión exclusivamente con fines de investigación.



Es cierto que ha habido incorporaciones importantes a lo largo de esta tramitación, y el diputado que me ha precedido ya lo ha explicado. Desde luego, celebramos expresamente que se nos haya dado la oportunidad de corregir un error en la
tramitación de la Ley de Reproducción Humana Asistida con la incorporación de una enmienda del Partido Popular; enmiendas del Partido Popular que han sido incorporadas en varias transaccionales, no tanto textualmente como en el fondo y en el
espíritu de lo que se pretendía, con el ánimo de concertar entre todos los grupos, como así se ha hecho, textos que den satisfacción precisamente a las expectativas que habían suscitado. En todo caso, las prioridades de la investigación y también
los compromisos de financiación quedan ya recogidos en la enmienda de la iniciativa sectorial presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que incorpora a su vez un párrafo de una enmienda del Grupo
Popular. En esta enmienda relativa a la iniciativa sectorial se dice explícitamente que en la elaboración de la iniciativa sectorial de investigación en salud, integrada en el Plan de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica,
el Ministerio de Sanidad y Consumo tendrá en cuenta las propuestas presentadas por las comunidades autónomas para el establecimiento de las áreas prioritarias, de acuerdo con las necesidades de salud de la población y los objetivos de mejora en los
servicios sanitarios y de salud pública. Reconozco que no recoge textualmente lo que pretendía el Partido Popular, pero es un texto acordado entre varios y creo que satisface plenamente lo que pretendía. Asimismo, en el apartado 2 dice: En la
elaboración de la iniciativa sectorial de investigación en salud se tendrán en cuenta los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para asegurar la financiación regular de la promoción y el desarrollo de la investigación científica
y técnica de calidad en biomedicina. Por tanto, insisto en que creo que la pretensión queda perfectamente recogida. Tengo que hacer también una pequeña referencia al artículo 86, de los institutos de investigación, que son objeto de una enmienda
del Grupo Parlamentario Vasco. Creo que además del texto que ya les hemos presentado como transaccional, podemos hacer alguna concreción más para ponernos de acuerdo antes de iniciar las votaciones.



Decíamos que habíamos mejorado el texto y creo que es así. Voy a citar solamente algunas de las mejoras de una larga lista. Se ha mejorado todo el tema de los comités de ética, incluido su nombre, porque ética tiene que ser la
investigación, no tiene que ser solo ético el propio comité; se ha mejorado en el sentido de que no tienen por qué ser unicéntricos; hay una mayor garantía en la independencia de los equipos investigadores y asistenciales en el caso de la
investigación con fetos, embriones inviables o muertos procedentes de embarazos; hay una nueva redacción del capítulo sobre investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria mejorando las especificaciones competenciales, la
coordinación entre administraciones y explicitando los casos en los que se necesita informe favorable de la comisión de garantías; hay una mayor participación de las comunidades autónomas en la composición de la comisión de garantías, como ya se ha
explicado; también hay mejora en los criterios objetivos para los cribados genéticos; hay un endurecimiento de las infracciones, pasándolas a muy graves por el incumplimiento de los preceptos básicos de la ley; las comunidades autónomas, a través
del consejo interterritorial proponen también, como se ha dicho, la mitad de los miembros del comité de bioética; se introduce la iniciativa sectorial, parte de la cual he referido anteriormente; se mejora la cooperación con las universidades, los
sectores públicos y privados y la iniciativa empresarial; finalmente, se corrige, como hemos dicho, la Ley de Reproducción Humana Asistida.



Sinceramente creo que esta Comisión ha contribuido a toda esa mejora y permítanme que agradezca aquí su trabajo, el de todos los ponentes, y la disposición de todos y cada uno de ellos, pero especialmente a la señora Carcedo y al señor Elola
por su ayuda y dedicación, pero también a todos los que desde el Congreso y el ministerio han ayudado y han sabido ser receptivos a los cambios de contenidos, hasta en los puntos y las comas.



Señorías, el texto que vamos a aprobar incluye en su artículo 2 los principios y garantías de la investigación biomédica -creo que es importante que conste en el 'Diario de Sesiones'-; la protección de la dignidad e identidad del ser
humano; la no discriminación y el respeto a la integridad de las personas y a sus derechos y libertades fundamentales; la salud, el interés y el bienestar del ser humano por encima del interés de la


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sociedad y de la ciencia; la confidencialidad; la libertad de investigación y de producción científica; las garantías bioéticas; el principio de precaución y la obligación de la evaluación de lo investigado, en un acto de responsabilidad
social. Son principios y garantías que iluminan una ley abierta que respalda las actividades científicas ya en marcha en todas nuestras comunidades autónomas. En nuestras comunidades autónomas y centros de investigación ya se está investigando
sobre estas materias, ya se está trabajando -aquí simplemente respaldamos esa investigación y le damos seguridad; comunidades autónomas, por cierto, gobernadas por unos y otros partidos-, lo que abre nuevas perspectivas desde una visión positiva y
confiada de la ley en las capacidades del ser humano, cuya trayectoria como especie es la historia de un indagación permanente. Por eso, para finalizar, quiero citar a T. S. Eliot, que en un año tan convulso como fue 1944 advertía con humildad: En
la época actual, en la que los hombres parecen más inclinados que nunca a confundir sabiduría con conocimiento y conocimiento con información y a tratar de resolver problemas vitales en términos de ingeniería, están naciendo una especie nueva de
corta simplificación, un cierto provincianismo cuya historia es la mera crónica de las invenciones humanas que escribieron en su momento y fueron desechadas. Debemos huir, pues, de esos cortos provincianismos intelectuales y buscar la trascendencia
de la obra humana en beneficio de los demás. Esta ley quiere facilitar la renovación permanente de la inventiva en una carrera compartida por la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Debemos seguir trabajando por ello y para ello,
debemos seguir trabajando por nuestro Sistema Nacional de Salud. No hacerlo sería no solo una irresponsabilidad en el presente y hacia el futuro; sería además un acto de soberbia injustificable hacia todos los que cada día mueren sin oportunidades
y también hacia todos los que cada día están dispuestos a morir en la búsqueda de nuestras migajas.



La señora PRESIDENTA: Concluidos los turnos de intervención, como habíamos indicado en el comienzo de la Comisión que la votación no se produciría antes de la una, sería bueno que se acercasen los señores portavoces para poder ordenar y ver
si, sobre todo por parte del Grupo Socialista -porque creo que los demás grupos ya han manifestado su voluntad al respecto-, se solicitan votaciones separadas.



Yo quisiera, en la doble condición que tengo de pertenecer a esta Comisión y ser portavoz de mi grupo en Justicia, hacer una indicación que creo que es necesario que sea tenida en cuenta en el trámite en el Senado, puesto que si como se
deduce del tenor de las intervenciones, el informe de la ponencia va a ser aprobado en parecidos términos, salvo algunas aceptaciones de enmiendas que ha habido, se produciría una circunstancia curiosa: una ley posterior, de este año, de carácter
científico autorizaría cierto tipo de investigaciones que, sin embargo, el Código Penal de 1995 consideraría delictivas en un apartado. En el momento inicial del debate de la norma, creo que lo manifesté en la tribuna, se estaba produciendo la
tramitación en paralelo de una reforma del Código Penal y la elaboración de esta norma. El Gobierno ahora ha cambiado de alguna manera su calendario legislativo y el ministro de Justicia, en su última comparecencia en la Cámara, manifestó que no
estaba entre sus prioridades, que no era su deseo que se produjese la tramitación del Código Penal. No sé si mediante una reforma sectorial del Código Penal o dando el carácter de orgánico a algunos de los preceptos en esta propia norma, creo que
la técnica legislativa correcta para no introducir confusiones dentro del derecho a aplicar por los operadores jurídicos debiera llevar a que se valore este aspecto, bien por el Gobierno bien por nosotros mismos, puesto que todos tenemos iniciativa
legislativa en esta Cámara. Sin más, ruego a los señores portavoces que se acerquen para ordenar las votaciones. Suspendemos la sesión hasta la una de la tarde, que es el momento en el que hemos dicho que se llamaría a votar.



Se suspende la sesión.



Se reanuda la sesión.



La señora PRESIDENTA: Señorías, procedemos a iniciar la votación del proyecto de ley objeto de la convocatoria de la Comisión de hoy.
Comenzamos con las enmiendas al articulado y, como siempre, primero votaremos las transacciones. Votamos
la enmienda transaccional con la número 198, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la número 22, del Grupo Parlamentario Popular. Todos los grupos conocen su contenido porque ha sido distribuida.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



La segunda de las transacciones que vamos a votar lo es con la enmienda número 64, del Grupo Parlamentario Popular, y hace referencia al artículo 78, apartados 1, 2 y 3. También la conocen todas SS.SS. y procedemos a su votación.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



La transacción número 3 se refiere a las enmiendas 9, 13 y 15, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la adición de un nuevo apartado 2 en el artículo 81.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Procedemos a votar la cuarta transacción con la número 185, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Votamos las enmiendas presentadas por el diputado Duran i Lleida y otros tres diputados más del Grupo Parlamentario Catalán (Converència i Unió).
Se votarán en dos bloques. Votamos las enmiendas números 193 y 194.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 36; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos el resto de las enmiendas, las comprendidas entre los números 187 y 192, del señor Duran y Lleida y tres diputados más del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



El Grupo Vasco solo tenía viva la enmienda 185, que ha sido objeto de una transacción, por lo que no hay nada que someter a votación respecto de este grupo.



Pasamos a votar las enmiendas de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en tres bloques. En primer lugar, la número 6.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 19; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Segundo bloque. Enmiendas números 2, 4, 8 y 10.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 19; abstenciones, 18.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmienda número 11.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos las enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya en cuatro bloques. En primer lugar, las enmiendas 135 y 136.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 18; abstenciones, 18.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmienda 88.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Enmiendas números 114, 120, 123, 125 y 145.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 33; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas, las números 83, 84, 105, 112, 116, 117, 118, 119, 122 y 128.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos las números 221 y 222.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 16.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Resto de enmiendas del Grupo Catalán (Convergència i Unió).



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, la número 21.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Pasamos a votar la enmienda 66.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.



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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Enmienda número 74.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos las enmiendas 16 a 79, excepto la 27, la 33, la 45, la 57, la 67, la 71, la 72 y la 77.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20; abstenciones, dos.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votación del dictamen en tres bloques. En primer lugar, vamos a votar los artículos 5, 12 y 28, el capítulo 4 del título V, el título VII, el nuevo artículo del título VIII y los artículos 81 a 87 y la nueva disposición final cuarta.



Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad.



La segunda de las votaciones que vamos a hacer respecto del dictamen es la disposición adicional segunda.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; en contra, uno.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.



Finalmente, el resto del contenido del dictamen.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.



Señorías, les recuerdo que por tratarse de una ley no avocada a Pleno, no existe este trámite en la tramitación e inmediatamente el texto del dictamen, tal y como ha sido aprobado, será trasladado a la Cámara Alta, al Senado.



Se levanta la sesión.



Era la una y veinticinco minutos de la tarde.