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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 597, de 24/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 597
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 24 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
-De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre opinión del Gobierno acerca de la situación del sector lácteo en Galicia. (Número de expediente 181/001838.) ... (Página 3)
-De la misma señora diputada, sobre previsiones acerca de la elaboración de la Ley de desarrollo rural y de la agricultura. (Número de expediente 181/001839.) ... (Página 6)
-Del señor Grau i Buldú (Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre previsiones acerca de la elaboración de la Ley Básica de Desarrollo del Medio Rural. (Número de expediente 181/002138.) ...
(Página
6)
-De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Ourense. (Número de expediente 181/001840.) ...
-De la señora Naharro de Mora (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre opinión de la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de las correcciones financieras aplicadas por la Unión Europea en el sector del lino.
(Número de expediente 181/002022.) ... (Página 12)
-De la señora Ramón Llin i Martínez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre novedades que contiene el plan de choque para la modernización y consolidación de regadíos para el período de 2006-2007.
(Número de expediente
181/002088.) ... (Página 14)
-De la señora Juaneda Zaragoza (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre inversiones que está desarrollando Seiasa Sur y Este en materia de regadíos en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Murcia y Canarias. (Número de
expediente 181/002116.) ... (Página 17)
-De la señora Villagrasa Pérez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre inversiones que está desarrollando Seiasa del Nordeste en materia de regadíos en las Comunidades Autónomas de La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e Illes
Balears. (Número de expediente 181/002117.) ... (Página 19)
-De la señora Armengol Criado (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre inversiones que está desarrollando Seiasa de la Meseta Sur en materia de regadíos en las Comunidades Autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y
Comunidad Valenciana. (Número de expediente 181/002118.) ... (Página 21)
-Del señor Cuadrado Bausela (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre inversiones que está desarrollando Seiasa del Norte en materia de regadíos en las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y
León. (Número de expediente 181/002119.) ...
(Página 22)
-De la señora Fernández Davila (Grupo Parlamentario Mixto), sobre valoración de la prohibición de utilizar el arte de enmalle en diferentes zonas de la Unión Europea. (Número de expediente 181/001765.) ...
(Página
25)
-De la misma señora diputada, sobre razones por las que en el mes de enero de 2006, aún no se hayan adjudicado las licencias de pesca para faenar en aguas de Marruecos, de acuerdo con el convenio firmado en julio de 2005.
(Número de
expediente 181/001766.) ... (Página 25)
-Del señor Marquínez Marquínez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre valoración del conflicto con la flota pesquera del Golfo de Cádiz. (Número de expediente 181/002009.) ... (Página 28)
-Del señor Maldonado i Gili [Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)], sobre previsiones acerca de los expedientes sancionadores abiertos a los pescadores durante las reivindicaciones por la crisis del sector debido al aumento del
precio del combustible. (Número de expediente 181/002137.) ... (Página 30)
-Del señor García Díez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre medidas para mejorar la seguridad de los pesqueros contemplados en el acuerdo entre los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fomento y Trabajo y Asuntos
Sociales. (Número de expediente 181/001532.) ... (Página 33)
-Del señor García Díez (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre opinión del Gobierno acerca del posicionamiento en defensa de la flota volantera española mantenido durante la reunión del último Consejo de Ministros de Pesca de la
Unión Europea el 27 de febrero de 2006. (Número de expediente 181/001832.) ... (Página 35)
-De la señora Porteiro García (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre fecha prevista para la instalación en la ciudad de Vigo de la Agencia Europea de Calidad de la Pesca. (Número de expediente 181/001710.) ...
-De la señora Cedrés Rodríguez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre valoración de los beneficios que aportan las reservas marinas de interés pesquero. (Número de expediente 181/001978.) ...
(Página
39)
-De la señora Fuentes González (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre actuaciones para acabar con la alta tasa de mortalidad por pesca o de la biomasa en el Golfo de Cádiz. (Número de expediente 181/002034.) ...
-Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre situación de las negociaciones sobre el Fondo Europeo para la Pesca.
(Número de expediente 181/002141.) ... (Página 42)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
-DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN GALICIA. (Número de expediente 181/001838.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar esta sesión de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación que hoy esta dedicada a preguntas a dos comparecientes del Gobierno, el secretario general de Agricultura y el responsable de Pesca. El
orden del día de hoy es de 20 preguntas, diez de agricultura y diez de pesca, que se verán en dos bloques: en primer lugar las diez de agricultura y finalizadas éstas, las diez de pesca.
Quiero agradecer la presencia del secretario general de Agricultura don Josep Puxeu, y recordarles -ya sé que SS.SS. lo saben, pero así lo hablamos en la reunión de Mesa y portavoces- que hemos incluido un mayor número de preguntas del que
hubiera sido razonable, entre comillas, para el tiempo del que disponemos, pero la condición de obligado cumplimiento para todos y para todas es que en quince minutos resolvamos cada una de las preguntas. Quiero decir quince minutos máximo entre el
diputado o diputada que pregunta y el compareciente que responde; hacerlo en uno o dos turnos queda ya al criterio de la persona que pregunta.
Sin más, pasamos a desarrollar el orden del día. En primer lugar, pregunta de doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular: opinión del Gobierno acerca de la situación del sector lácteo en Galicia.
Su señoría tiene la
palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Simplemente, por una cuestión de orden, ¿podría acumular después los tiempos? Es decir, a lo mejor en una pregunta tengo más posibilidades de intervenir que en otras en las que prefiero tener menos tiempo.
El señor PRESIDENTE: Como la cuestión del tiempo es fundamentalmente para que en la globalidad las 20 preguntas -a quince minutos cada una, son cinco horas- nos lleven a las tres de la tarde, si el propio desarrollo de las preguntas nos va
permitiendo un pequeño margen no hay absolutamente ningún problema, siempre que ese margen no sea extraordinariamente grande, porque si se va de hora tendríamos problemas.
Por tanto, no tiene por qué haber ninguna dificultad.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor Puxeu, en la actualidad se está produciendo el estrangulamiento de la única actividad que todavía sigue siendo rentable dentro del sector primario en Galicia: los bajos precios que abonan las industrias por
el litro de leche, una cuota escasa para el potencial productivo gallego -sepan ustedes que siete de cada diez ganaderos gallegos no tienen cuota suficiente- los créditos a los que tienen que hacer frente para crear explotaciones lácteas viables y
competitivas. ¿Qué tiene previsto hacer el ministerio para ayudar a los ganaderos gallegos a solucionar estos problemas? ¿Qué opinión tiene el Gobierno acerca de la situación del sector lácteo en Galicia?
El señor PRESIDENTE: Señor Puxeu, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Como bien sabe S.S., nuestra apreciación es diferente. El sector lácteo es un sector de vanguardia en Galicia. Necesita apoyos y mejoras, pero es el sector
productivo, como usted bien ha dicho, de más envergadura y probablemente de más futuro. Por tanto, niego con rotundidad que esté en crisis, a no ser que sea una crisis de adecuación a unas estructuras de futuro, que en el marco de relaciones dentro
de la Unión Europea y dentro del sistema de cuotas y un mercado regulado por los reglamentos comunitarios ha evolucionado y está evolucionando bien.
El Ministerio de Agricultura ha prestado a
este sector un apoyo absoluto con el fin de fortalecerlo y asegurar su futuro, y así va a seguir haciéndolo.
Quiero reiterar que Galicia, que cuenta con el 55 por ciento de los ganaderos de España (16.000 de los prácticamente 30.000) y con el 35 por ciento de la cuota, está avanzando claramente acercándose a la media en cuanto a producciones y, por
tanto, es un sector que tiene futuro, siempre que las administraciones y el propio sector apuesten y decidan avanzar. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Rogaría a los señores diputados y diputadas que mantuvieran el silencio en la sala puesto que en las preguntas orales es fundamental.
Señora Vázquez, tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor Puxeu, pocos gallegos podremos coincidir con usted en la descripción que usted hace de la situación del sector lácteo en Galicia. Hace escasos días, concretamente el 7 de abril, vimos como todos los
ganaderos gallegos salieron a la calle para intentar evitar el colapso que iba a sufrir el sector lácteo gallego y el estancamiento que estaba sufriendo este sector. A día de hoy los ganaderos gallegos han sufrido una rebaja en los precios
percibidos, una rebaja en torno al 8 por ciento con arreglo a los precios medios percibidos en 2005; esto no lo digo yo, lo dicen todos los sindicatos agrarios gallegos. Esta situación ha provocado una pérdida de renta tan elevada para las más de
15.000 explotaciones lácteas gallegas que las ha llevado en la práctica a una quiebra técnica, ya que en muchos casos se está vendiendo por debajo de los costes de producción, que por cierto han aumentado enormemente, entre otras cosas debido a la
escalada de los precios del petróleo, como ustedes saben, señorías, y a las repercusiones que todo ello conlleva. Desde nuestro punto de vista, pese al clamor del sector que desde comienzos de año se viene manifestando, la ministra de Agricultura
se viene desentendiendo continuamente de este enorme problema económico-social, culpando al mercado de esta situación. Debe saberse que en agricultura y ganadería la mayoría de las producciones están sujetas a reglamentaciones muy estrictas, como
son las cuotas de producción, y además se da la paradoja de que España solo dispone de cuota para atender el 80 por ciento del consumo nacional. Esta es una de las razones por la que la producción nacional de leche debería tener un precio
diferenciado, incluso con nuestros vecinos y competidores más directos, como son los franceses. Es necesario establecer una mesa de negociación en el ámbito nacional dado que la mayoría de las empresas tiene su sede y centro de decisión fuera de
Galicia. En Galicia, señor secretario, están más del 50 por ciento de las explotaciones lácteas españolas y más del 35 por ciento de la producción nacional de leche, sin que ningún órgano de decisión importante para el sector esté en nuestra
comunidad. El año pasado he registrado una proposición no de ley que todavía no se ha debatido en la que insto al Gobierno a que se instale la mesa de negociación de la leche en Galicia. Es el sector más importante y se puede hacer. Igual que la
del porcino está en Lleida, ¿por qué nosotros, los gallegos, no podemos tener la de la leche cuando usted mismo reconoce hoy en esta Comisión que somos la comunidad autónoma en la que el sector lácteo tiene mayor importancia?
Por otra parte, podríamos hablar, como ya hemos hecho en su comparecencia en el Plan de reestructuración del sector lácteo, del anterior plan, el anterior a las elecciones autonómicas, cuando la ministra envió una carta en gallego o en
castellano diciendo a los ganaderos gallegos que podían acogerse a solicitar más cuota; esto fue quince días antes de las elecciones, es decir en precampaña. Ese plan le dio a Galicia 185.000 toneladas, es decir casi el 60 por ciento del nacional,
como usted un día aquí reconoció. ¿Por qué este año no se le da? ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia un año del otro? El año pasado, como estábamos en vísperas de elecciones, había que intentar convencer a los ganaderos y de alguna forma se les compró
así. Este año se les abandona, no se les ayuda a fijar un precio mínimo. ¿Qué inconveniente hay en que la ministra intente negociar y sentar a la industria y a los ganaderos y fijar un precio mínimo para la leche? Hablo de un precio mínimo, no ya
de un máximo. Lo han hecho algunos países, ¿por qué no lo puede hacer España y esta ministra? El plan que prepara su ministerio atenta gravemente contra los intereses de Galicia porque es un desagravio; no se puede un año otorgar esa cantidad de
cuotas y otro año abandonarlos. Por la información que tenemos, el Plan de reestructuración en estos momentos pretende regionalizar las cuotas lácteas y marcar con foto fija la actual asignación individual de la que disponen los ganaderos. Los
ganaderos gallegos han hecho un enorme esfuerzo para, con fondos propios, adquirir más de las 400.000 toneladas de cuota láctea a otros ganaderos de España que han abandonado la producción, algunos iniciándose por primera vez en las explotaciones
ganaderas, como jóvenes y mujeres, a los que se les ha dado una ridícula cuota y que ahora hay que completar; pero, claro, ¡hete ahí!, no hay elecciones y este año Galicia no va a llevar el 60 por ciento de la cuota nacional. Está sobradamente
demostrado el peso del sector lácteo gallego en el conjunto del Estado y resulta evidente que existen alternativas muy escasas a la producción láctea en el medio rural gallego. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura pretende frenar las
necesidades y aspiraciones de los ganaderos gallegos imposibilitando el trasvase de cuota entre ganaderos y comunidades autónomas, lo cual impide el desarrollo del sector lácteo gallego y la consecución de unas explotaciones viables, competitivas y
dimensionadas. Los ganaderos gallegos, señor Puxeu, en los últimos cuatro años, en las últimas cuatro campañas han invertido 210 millones de euros en sobredimensionar sus granjas para poder hacerlas competitivas. ¿Qué va a hacer ahora el
ministerio para ayudar a toda esta gente que ha invertido en estas explotaciones?
Por último, señor secretario general, ya se lo puse de manifiesto en la primera comparecencia a la que usted vino para explicar la situación del sector lácteo: los continuos cambios de política y criterios del ministerio arrojan una
tremenda incertidumbre sobre el sector, dado que para cada campaña láctea se están cambiando las normas y reglas del juego, lo cual además actúa como freno a la incorporación de muchos jóvenes y de mucha gente, agricultores que quieren incorporarse
a explotaciones, y posibilita la desertización poblacional de muchas comarcas de Galicia. En el mes de abril, cuando usted vino a comparecer aquí, finalizaba un plan de reestructuración que tuvo vigencia de un año y todavía usted no nos podía decir
cuál era el siguiente plan de reestructuración. Si en aquel momento los señores diputados tenían incertidumbre sobre lo que iba a ocurrir al día siguiente, cuando finalizaba ese plan de reestructuración, figúrese usted la incertidumbre de los
ganaderos españoles y gallegos por no saber lo que les va a ocurrir cada año, sabiendo que están a expensas de un ministerio que, según como vaya el proceso electoral, actúa de una manera u otra. Eso es lo que no se puede hacer, señor Puxeu.
Por último, quiero pedir, quiero instar y solicitar, ya que ustedes sí pueden hacerlo, que sienten a las industrias y a los ganaderos y fijen un precio mínimo; ustedes sí les pueden ayudar, porque eso era lo que pedían antes, cuando estaban
en la oposición, hace escasamente dos años, no hace tanto tiempo. ¿Por qué ahora no lo pueden hacer? ¿Qué ha cambiado en el discurso político para que lo que antes era válido ahora no? No quiero mostrar aquí algunas intervenciones de algún
portavoz de la Comisión de Agricultura de la legislatura pasada, pero consta en los 'Diarios de Sesiones' y ustedes pueden verlo.
El señor PRESIDENTE: Señor Puxeu, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): En primer lugar quiero agradecer que con esta pregunta podamos reabrir el debate que tuvimos en la comparecencia y espero que en pocas fechas podamos tener otra
comparecencia a instancia de algunos de los grupos, de la ministra o mía, para poder cerrar el escenario de los cambios o de las incertidumbres que usted apunta.
Con relación al primer punto, es cierto que desde el Ministerio de Agricultura no vamos a fijar precios, porque no está en nuestra competencia y está fuera del marco económico en el entorno comunitario del mundo occidental en que nos
movemos; por tanto eso no lo haremos. Lo que sí podemos hacer, y estamos haciendo, es instar a las partes, a los interlocutores, con reuniones, con todo tipo de iniciativas al máximo nivel para que lleguen a acuerdos privados, como debe ser. Lo
he dicho antes, y lo reitero: el mercado de la leche es un mercado distorsionado por un régimen que nos viene bien, un régimen de cuotas. Centrarnos en que la tasa de cobertura de la cuota actual con los consumos actuales de leche y sus derivados
en España es insuficiente es un debate que podría llevarnos a discutir lo mismo para otros sectores, como el del azúcar y la remolacha, con una tasa de cobertura -le recuerdo- del 70 por ciento y con una reducción por compromisos multilaterales
aprobados en organismos comunitarios del 50 por ciento. Por tanto, no estamos hablando en términos de tasa de cobertura; estamos hablando de precios diferenciados del precio de la leche dentro del marco de la Unión Europea y los mercados
internacionales. Cuando alguien -pienso que de forma bien intencionada- pide el acabar con el régimen de cuotas, no quiero ni imaginarme qué pasaría si estuviésemos compitiendo con los precios del mercado internacional: En Nueva Zelanda, Australia
y en otros países el precio de la leche está aproximadamente al 50 por ciento del que está en estos momentos en el mercado interior de la Unión Europea, por tanto, del precio en España. Es cierto -lo avanzaremos- que tenemos la sana intención de
mantener relaciones claras con el sector, con la presencia de las administraciones -como hacemos en frutas y hortalizas-, con nuestros competidores vecinos, por ejemplo los franceses, con Francia. Lo hemos hecho al máximo nivel y vamos a instaurar
una mesa de negociación continuada. Esta misma semana en una reunión de directores generales se está intentando alcanzar un acuerdo para ver cómo hay que gestionar lo que usted define como el nuevo plan lácteo que para nosotros no es tal; lo que
hay es un cambio clarísimo a partir del 30 de abril, con el inicio del nuevo periodo, que es la aplicación del pago único para muchos sectores agrícolas, también para el sector de la leche, y a partir de esa realidad, como no puede ser de otra
manera, a petición no solo de Galicia sino de todas las comunidades autónomas en nuestro marco constitucional, reconocer que la competencia en gestión de todas las producciones de mercados agrícolas, y también en el caso de la leche, es de las
administraciones autonómicas. De una forma excepcional, y antes del pago único, el año pasado se hizo un decreto de urgencia previo al inicio de un episodio que es el pago único, en el que había que tomar una serie de medidas, y a Galicia le fue
bien; pero a Galicia le va a seguir yendo bien porque tiene el 55 por ciento de los ganaderos de leche y el 35 por ciento de la producción, y es la comunidad autónoma que más ha crecido, que más se ha aproximado a la media y que más voluntad tiene
de permanecer en el sector lácteo.
En cuanto a si hay liderazgo empresarial o no, es un tema que deben plantearse los empresarios, los agricultores y ganaderos gallegos. Yo creo que se está en la buena iniciativa siempre que se deje que sea el sector privado quien tome esas
decisiones. No verán a este secretario general tomando iniciativas de tipo intervencionista o dirigista para crear grupos o empresas que gestionen el mercado de la leche. Por tanto, Galicia puede y tiene derecho a hacer con una postura melancólica
-lo digo con todos los respetos- una aproximación
a su posición de liderazgo, pero no puede obviar que es la comunidad autónoma con más potencial productivo, con más ganaderos y con más futuro en el sector lácteo.
-DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DE LA AGRICULTURA. (Número de expediente 181/001839.)
-DEL SEÑOR GRAU Y BULDÚ [GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ)], SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA ELABORACIÓN DE LA LEY BÁSICA DE DESARROLLO DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 181/002138.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda pregunta del orden del día, también de la diputada señora Vázquez Blanco, relativa a previsiones acerca de la elaboración de la ley de desarrollo rural y de la agricultura.
El señor GRAU I BULDÚ: Señor presidente, como hay una coincidencia en la pregunta con la interviniente, no sé ni podría acumular la mía o las hacemos por separado.
El señor PRESIDENTE: Por mí no hay ningún problema. No es habitual acumular las preguntas, porque la pregunta, por definición, es con carácter individual de cada diputado o diputada y posiblemente el enfoque que le quiera dar sea de una
naturaleza o de otra; pero, si quieren, podemos hacerlo y según resulte la experiencia ya lo sabemos para otro momento.
La señora Vázquez Blanco tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor secretario general, cada día son más los jóvenes y no tan jóvenes que abandonan el medio rural; se lo dice una diputada de una provincia eminentemente rural, como es la provincia de Ourense. Cada día se
produce un éxodo importante del campo a la ciudad.
Mientras tanto el Gobierno continúa en esa dejadez. Necesitamos, España necesita, un Ministerio de Agricultura que haga posible la igualdad de derechos y oportunidades entre los ciudadanos del
mundo rural y del mundo urbano. Hay que hacer posible que un joven o una mujer pueda alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos, impedir en definitiva el abandono de habitantes del medio rural. Por eso le pregunto por las previsiones acerca
de la elaboración de la ley de desarrollo rural y de la agricultura.
El señor PRESIDENTE: El señor Pere Grau tiene la palabra para la pregunta de la misma naturaleza que aparece en el orden del día en el lugar décimo, sobre previsiones acerca de la elaboración de la ley básica de desarrollo del medio rural.
El señor GRAU I BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señora Vázquez, por permitirme participar en esta pregunta. Creo que de la acumulación puede salir una respuesta más completa. Nuestro enfoque es que la base de la
nueva agricultura necesita, al menos según las previsiones del Gobierno, de nuevas ayudas o de nuevos campos de ayuda, como una pata más. Ante las previsiones de la PAC de desacoplamiento en cuanto a la producción y después en intervenciones que se
han hecho en esta Comisión, cuando nuestro grupo pedía un estudio diferente de las ayudas de la PAC respecto al sector del aceite de oliva, se nos indicó que habría medidas ambientales que permitirían compensar las pérdidas que tenía el sector en el
caso particular del aceite de denominación Garrigues con las ayudas de Medio Ambiente. Esto configuraba, pues, que las ayudas venían de una forma transversal, unas por la propia producción y otras por la preservación del medio ambiente, que era el
mantenimiento de una agricultura sostenible, de un medio ambiente equilibrado del cual con los rasgos principales se generaba una nueva vida rural. Además, el ministerio y la señora ministra se ha manifestado muchas veces acerca de la nueva ley de
desarrollo sostenible del medio rural. Por esta razón preguntamos cuáles son las previsiones que se han hecho y que tiene el ministerio sobre este tema y, más concretamente, el calendario que se prevé en cuanto a la creación de esta ley y la
incidencia que puede tener en las competencias transferidas a las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: El señor Puxeu tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Intentaremos que este nuevo formato nos sirva para poder explicar un poco más -este es un tema que necesita de la comparecencia específica de la ministra en breves
fechas- cómo está el texto. En primer lugar, y para ser concretos, estamos en una fase muy avanzada de redacción de la ley de desarrollo sostenible del medio rural.
Intentaremos llevarla antes del verano a la conferencia sectorial y empezar el
proceso de discusión con los diferentes agentes económicos y sociales para que entre durante este periodo de sesiones en las Cortes, para debatirla y poder avanzar. Por tanto, no estamos hablando de un proceso que esté muy dilatado sino que
claramente estamos avanzando, pero con todas las cautelas. Si me permiten, ahí es donde quiero extenderme un poco más, en la necesidad de por qué hay que hacer una legislación básica, en este caso de desarrollo rural, cuando estamos en una
situación en la que las competencias son de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales. Hay que ser extremadamente prudentes y no separarse demasiado de los reglamentos comunitarios,
teniendo en cuenta además que solo tres países (Alemania, Reino Unido y Suecia) nos han adelantado en la legislación básica o nacional, en una política de desarrollo de las directivas comunitarias en torno al desarrollo rural.
Si este es el calendario y el escenario, ¿cuál es el contexto? Estamos en una situación -yo lo he dicho en el Congreso de los Diputados- en la que realmente apostamos por una agricultura y una ganadería que sigan creciendo y que sigan
liderando una serie de sectores, utilizando las ayudas comunitarias por supuesto las del Feoga-Garantía, que suman más de 6.000, 6.200, 6.500 millones de euros -debería ser el objetivo-, para seguir fomentando una agricultura competitiva con una
especialidad en una serie de producciones en las que podamos ser líderes en el ámbito mundial y tener un mercado no solo de proximidad, de los propios consumidores de la Unión Europea, sino en otras áreas del planeta en las que podamos tener un
papel preponderante. Ese es nuestro escenario, y en eso podríamos coincidir prácticamente todos los agentes y económicos que están alrededor del sector; pero es cierto que ese contexto nos obliga a la discusión multilateral, a la defensa en foros
como la Organización Mundial de Comercio, a la defensa y protección de nuestras fronteras con los puestos de inspección de fronteras, a defender nuestro potencial productivo, etcétera. Se trata de un paquete muy importante; no quiero definirlo en
porcentajes, pero es muy alto, de lo que deberían ser nuestros objetivos y nuestra gestión. Es cierto, lo decía una de SS.SS., que tenemos dos cuestiones tan o más importantes que las propias macromagnitudes del sector: unos territorios y unas
personas con unos problemas específicos, con unas necesidades específicas que habrá que atender. Para ello los reglamentos comunitarios fijaban toda una serie de líneas directrices, pero se olvidaron de la mayor. Después de la reforma de la PAC de
2003 y con el pago único se vendió suficiente humo como para decir que se compensaría con fondos todo ese entramado de áreas geográficas, regiones con problemas y situaciones individuales o colectivas con problemas. Esos fondos, señorías -no
descubro la sopa de ajo- no han aparecido, no se han dotado o no se han dotado suficientemente, y eso es cierto en el marco europeo; o sea, la reforma de 2003 fue un parche para contentar la negociación multilateral en el ámbito de la Organización
Mundial de Comercio, pero no vino compensada más allá de un escenario hasta el 2013, cortoplacista, en el cual -y SS.SS. lo conocen bien- ya debemos estar trabajando los Estados miembros -ya lo están haciendo las organizaciones agrarias y
empresariales- para poder definir un escenario de continuidad, porque esos fondos que hasta ahora vienen muy discutidos son bastante difíciles de explicar ante los ciudadanos, especialmente ante ciudadanos urbanos que a la vez son contribuyentes, y
habrá que buscar justificaciones y un sentido a por qué seguimos apoyando a este sector productivo. Mucho más debemos hacer en cuanto a esos territorios y esos colectivos. Para esos territorios y esos colectivos hay que hacer una norma básica
respetando, insisto, todo el marco competencial, intentando sumar más recursos que los tradicionales y no estamos hablando solo de agricultura y ganadería, sino de esta palabra tan de moda, de la transversalidad. Si realmente queremos actuar sobre
más del 90 por ciento del territorio, aunque solo tenga el 25 por ciento de la población, debemos hacer una serie de políticas que permitan que la calidad de vida en ese entorno sea equiparable a la del resto de los ciudadanos urbanos; y, si el
resto de los ciudadanos pretende que ese medio rural, que ese entorno territorial sea un medio vivo, deberán fijarse una serie de prioridades. Nosotros mantenemos -por eso esta ley la va a presentar el Ministerio de Agricultura- que el principal
motor de actividad en todo ese territorio debe seguir siendo la agricultura, la ganadería y la agroindustria y los servicios vinculados a ese motor de producción. Es cierto que en áreas determinadas, como las cercanas a la zona litoral, a parques
nacionales, etcétera, puede haber otro tipo de actividades que sean incluso generadoras de más empleo, de más actividad o de más riqueza que la propia agricultura, pero a grandes rasgos la agricultura va a ser el motor. Deberemos seguir haciendo
políticas no solo de agricultura; habrá que hacer políticas de educación, de cultura, de transporte, de inmigración, de incorporación de jóvenes, de una atención especial a la mujer en cuanto a equiparación, mucho más allá que la cotitularidad.
Debemos definir en ese marco legislativo -aquí acaba esta intervención-, algo que para nosotros es muy importante, a través de los contratos territoriales o unos contratos de explotación, quién esta ejerciendo de una forma seria la actividad
agrícola y ganadera en el territorio. Probablemente nos llevaremos la sorpresa de que de 1.300.000 perceptores de pagos únicos actuales solo 500.000 ó 600.000 personas físicas o jurídicas están desarrollando un trabajo muy serio en cuanto a la
defensa del territorio, creación de empleo y generación de actividad económica, y sobre estos individuos, sobre estas sociedades, es sobre las cuales el resto de los ciudadanos contribuyentes deberán apostar y aportar recursos. En esa fase estamos.
Insisto, está muy avanzada, es una ley de muy pocos artículos, no tiene nada que ver con lo que ustedes han visto en algunas informaciones que han circulado por ahí; es muy respetuosa con el marco competencial no solo de comunidades autónomas sino
también de administración local, que tiene mucho que decir. Por tanto, son 25 ó 30 artículos de muchos departamentos, en tanto en cuanto debe ser transversal, y en los que se impliquen desde las áreas más sociales a las áreas económicas del
Gobierno. Es un tema en el que hay que implicar a todos, sin ir más allá de hacer grandes planes de actuación y dotarlos con fondos suficientes, para que sean las administraciones competentes y los propios ciudadanos que viven en esos territorios
los que lo hagan posible. Por supuesto, hay que dotarlo de suficientes recursos porque, si no, nos quedaríamos en una situación
meramente declarativa, que es lo que pasó con la broma de pasar fondos del primer pilar al segundo pilar.
El señor PRESIDENTE: La señora Vázquez Blanco tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: En junio de 2004 el presidente del Gobierno y la propia ministra de Agricultura dijeron -leo textualmente-: La ley de orientación para el desarrollo rural y la agricultura es uno de los objetivos fundamentales que
este Gobierno se ha marcado para esta legislatura en materia de política agraria. Miren ustedes qué fundamental y qué objetivo prioritario era cuando a día de hoy, en el año 2006, todavía no tenemos esta ley presentada aquí. Permítanme ustedes que
califique al Ministerio de Agricultura como el ministerio-anuncio y a la ministra como la ministra-propaganda. Diré por qué. A continuación en unas declaraciones de la ministra en varias comunidades autónomas decía: Se prevé aprobar la ley de
orientación de desarrollo rural y la agricultura a finales de 2005. ¿Dónde queda ya el año 2005? Por otro lado, ¿por qué digo lo de ministra-propaganda? La hemos tenido en muchas provincias, entre ellas la de Ourense y otras de Castilla y León, y
en todas decía que a cada provincia le iba a dar no sé qué cantidad de dinero; en Soria daba lo mismo que en Ourense, y no estoy de acuerdo con eso, porque cada provincia tendrá unas necesidades diferentes para el medio rural. Por ejemplo, el 14
de septiembre de 2005 decía que era inminente la entrada en el Congreso de la ley de desarrollo rural; en diciembre de 2005 decía que a principios de 2006 se presentaría la ley; después en un acto, recientemente, dice que en el primer semestre del
ejercicio, pero nos queda un mes. Yo le emplazo a que en un mes esté aquí la ley. De todas formas, ya voy por el borrador tercero; no sé si ya tienen más; ustedes tampoco tienen muy clara la ley de desarrollo rural, porque cada día está llegando
uno. ¿Me puede decir si vamos a trabajar sobre el borrador tercero o si ya vamos por un cuarto, un quinto o un sexto?
Por otra parte, si este era el objetivo prioritario de su ministerio, mal está la agricultura, el campo y el medio rural cuando a día de hoy todavía no se ha presentado la ley de desarrollo rural. Mal estamos todos aquellos que vivimos en
el campo y que creemos que se puede seguir viviendo del campo, respetando el medio ambiente y respetando el cambio climático. Todo eso está muy bien también, pero necesitamos explotaciones rentables; necesitamos formación; necesitamos evitar el
éxodo que antes le había dicho de jóvenes y mujeres a la ciudad; necesitamos facilitar el acceso al empleo, que esa ley facilite ese acceso al empleo, a esos sectores más desfavorecidos del medio rural como los jóvenes y las mujeres; necesitamos
en definitiva cambiar el concepto y la mentalidad que hay hacia el campo y decirle a nuestros jóvenes que en el campo se puede vivir y que el campo también es calidad de vida. Eso, posiblemente lo tenga que hacer esa ley de desarrollo rural a la
que ustedes le han dado tanta prioridad que después de dos años todavía sigue sin debatirse en el Congreso de los Diputados ni en ningún lugar, porque las comunidades autónomas a día de hoy no la conocen, ya que están también trabajando con
borradores.
¿Por qué la necesidad de esta pregunta cuando la hice? Porque ya estaba bien de anuncios. Vengan aquí, traigan la ley y la debatiremos todos; miraremos si afecta o no a las competencias de las comunidades autónomas, la enmendaremos las
veces que haga falta, pero tráiganla para que entre en vigor cuanto antes. No se puede estar esperando a que pase el tiempo, a ver si pasan estos cuatro años y ya no la presentamos. Recientemente, incluso los grupos Reder, aparte de las
comunidades autónomas, denunciaban el retraso de esta ley. Tengo aquí una nota de prensa en la que ellos denunciaban este retraso y pedían que se acelerasen los trabajos con el objeto de avanzar en esa estrategia y en ese desarrollo rural que en
estos momentos no hay. Además, no olvide usted que tenemos que aplicar el nuevo reglamento Feder a principios de 2007. No sé si eso se va a contemplar dentro de la ley y cómo va a afectar. Son cosas que también hay que ir mirando.
Si necesita el impulso de los grupos parlamentarios para traer la ley lo va a tener, pero déjense ya de anuncios y de propaganda. No podemos ir por toda España haciendo unas campañas impresionantes que dicen: Comprometidos con la España
rural, y después, a la hora de la verdad, venir aquí y de comprometidos nada. Hoy Convergència i Unió y el Grupo Popular presentan esta pregunta. Le animo a que tenga la fuerza suficiente para que presente esta ley que tanto necesita España y que
tanto necesitan el medio rural y la agricultura.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau, tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDÚ: En primer lugar, quiero insistir también en la urgencia de esta ley porque, como ha dicho el señor secretario general, la aplicación del pago único conllevaba un enfoque distinto a la agricultura y, al menos, dotar de
los elementos complementarios que este pago único generaba. También estoy de acuerdo en la transversalidad de esta ley, en que sea una ley corta, una ley de bases que marque las acciones que tiene que hacer cada comunidad autónoma. En Cataluña
acabamos de hacer el Congrés del mond rural, que ha sido un paso de casi tres meses en todas las comarcas catalanas, y se han obtenido acuerdos importantes que van a ser importantes aportaciones en la mesa sectorial una vez esté hecha la ley, al
menos para aportar lo que va a llevar a cabo.
En estos momentos estamos viendo en Cataluña un tema que también urge para buscar una solución en la ley de desarrollo rural. Estamos intentando implantar el riego del canal Segarra-Garrigues. Han aparecido unas zonas de protección de aves
esteparias, las ZEPA, y esto ha generado una respuesta social muy importante, un
desentendimiento de cómo equilibrar esta situación. Por una parte, el Gobierno de Cataluña está diciendo que esto tendrá unas compensaciones; la pérdida de capacidad de regadíos se compensará en determinados pagos, pero no hay ni planes de
gestión ni hay fondos aclarados en el tema. La ley de desarrollo rural tiene que contemplar estas alternativas, toda la suma de posibilidades o todas estas patas de generación de ingresos que tiene la nueva agricultura para establecer esta
sostenibilidad. Ha habido planes que se han empezado a aplicar y que han generado expectativas muy importantes, como los programas Leader y Leader II en zonas de determinada agricultura, no las más desfavorecidas, pero sí zonas intermedias, lo cual
ha permitido crear ya un marco más amplio de posibilidades de explotación agrícola en determinadas zonas. Estas acciones necesitan, primero, una ley que las coordine; segundo, una posibilidad de acudir a la Unión Europea buscando los fondos que
esto necesita y que generen los ingresos a todo este sector. Por ello nos felicitamos de que, como promete el señor secretario general, esta ley la tengamos en uno o dos meses y la podamos dejar resuelta antes de finalizar el año. Así estaríamos
muy preparados para el año 2007, dejando una base legal para las comunidades autónomas de una aplicación y de una base de entendimiento muy necesaria.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Señorías, con todo el cariño, agradezco las dos preguntas y la vehemencia con que la señora Vázquez nos anima a que presentemos este texto. Discrepo, como no puede
ser de otra manera, de la idea de que seamos un ministerio-anuncio y que tengamos una ministra-propaganda. Yo creo que tenemos un ministerio que trabaja a favor del sector y una ministra que trabaja y se preocupa por el territorio. Es bueno que
las ministras y los ministros viajen por el territorio; hay que ver la realidad más allá que desde el propio despacho, aunque en el despacho también hay que estar trabajando. Salvo esa discrepancia, reitero las fechas. Miren los trabajos que se
han hecho en el Congreso del mundo rural catalán; miren las iniciativas que a este respecto han hecho comunidades autónomas como el País Vasco, La Rioja, Castilla-La Mancha y algunas otras que han avanzado en ese tema; fíjense en lo que se ha
hecho en el Reino Unido y en Alemania. Olvidemos esos borradores bienintencionados y muy trabajados por los sectores, pero muy parciales.
Esos borradores son muy extensos y tienen dos problemas: uno, son demasiado agraristas, pero no estamos
hablando de un problema agrario. El problema agrario, el problema de la producción agraria lo hemos visto con el otro paquete: hacia dónde enfocamos nuestras producciones agrícolas y ganaderas y cómo gestionamos el mecanismo económico que va
alrededor de todo esto. Estamos hablando de territorio, estamos hablando de personas, por tanto va mucho más allá de lo que sería una ley agrarista; no estamos en esos términos. Estamos hablando de una definición de territorio que probablemente
abarcará el 90 por ciento o el noventa y tantos por ciento de la superficie y un nivel de población, insisto, no superior al 25 por ciento. Dentro de esa definición de territorio que habrá que hacer habrá zonas que tendrán unos handicaps
específicos, como pueden ser las actuales zonas que ya perciben fondos de indemnización compensatoria de montaña, o la vieja Ley de Zonas Desfavorecidas. Por tanto, hay que aproximarse a esa realidad no olvidando que las competencias son de quien
son y las ejerce en esos territorios; hay que ser extremadamente respetuoso con esos marcos; si no, vean ustedes las sentencias de parques nacionales que se están empezando a aplicar ahora mismo. Por tanto, no se puede hacer un ejercicio ni
intervencionista ni voluntarista desde la Administración General del Estado. Véanse -lo siento pero eso es así- los reglamentos comunitarios y su dotación presupuestaria, por lo que estamos absolutamente obligados a aplicar todo tipo de políticas,
no solo las que estarían en el programa Feader. Hay que volver a utilizar el Feder, hay que utilizar los fondos de I+D+i, hay que buscar los fondos para formación e incorporación de Fondo Social Europeo y habrá que utilizar probablemente el
presupuesto nacional y los presupuestos autonómicos y locales si queremos hacer un trabajo dedicado a esos territorios y a esas personas.
Una vez definidas cuáles son las zonas o territorios de actuación y los colectivos sobre los que se quiera priorizar, adelanto hoy claramente, previamente a la entrega del documento, del borrador de la ley, que todo fondo que se detraiga de
lo que es el actual Feoga-Garantía debe y puede ser solo y exclusivamente a favor de los profesionales de la agricultura; no pensemos que vamos a financiar no sé qué tipo de actuaciones con los pagos de Feoga-Garantía. Más claro y en sede
parlamentaria: si se utiliza la modulación, como permite el acuerdo de perspectivas financieras de diciembre de 2005, debe utilizarse para la mejora de posición de los que están actuando en el marco de la agricultura y la ganadería. Lo quiero
dejar claro porque también ha surgido por ahí algún rumor de que los huecos que se producen financieramente deberían cubrirse con fondos de Feoga-Garantía. No; los del Feoga-Garantía deben utilizarse para la mejora de posición de esas
explotaciones, como usted decía muy bien antes, en el caso de la leche, y solo para esos profesionales. Por supuesto con contrapartidas, y ahí están las pistas que el señor Grau conoce bien, como aparecía en las conclusiones del Congreso del mundo
rural después de un amplísimo debate: la interrelación entre la industria agroalimentaria de matriz sociedad anónima, sociedad cooperativa, la que sea, y la propia producción; la vinculación contractual entre producciones agrícolas e industria
transformadora; las ventajas -no tiene nada que ver en este caso ni con
fondos europeos ni con políticas estrictamente agrícolas- fiscales de instalar industrias en zonas con handicaps específicos como puede ser fuera de las zonas urbanas o fuera de los grandes ejes de comunicación.
Todo ese tipo de políticas
debe configurar, insisto, muy especialmente las políticas sociales, porque tenemos grandes zonas del territorio -las comunidades autónomas lo conocen muy bien, especialmente las comunidades autónomas del interior: Castilla y León, Aragón,
Castilla-La Mancha, Extremadura y algunas zonas de Andalucía- en las que no es un problema de rentas, de nivel de ingresos o de dimensionamiento de explotaciones, es un problema de calidad de vida. La gente no se quiere quedar porque faltan
alicientes, faltan atractivos, faltan infraestructuras. Hay una realidad, señorías -ustedes la conocen bien-, de emigración importante en la gestión de algunas de las producciones agrícolas; no hablo solo de la temporalidad en el tema de las
cosechas de primor, hablo de estructuras de producción vinculadas a la ganadería o a cultivos más tradicionales, en las que hay un problema de integración, porque son municipios donde hay menos de 500 habitantes. Por tanto, son toda una serie de
cuestiones que un plan nacional de desarrollo rural dentro del marco de la ley podría detectar. Deberían dotarse fondos suficientes por las distintas administraciones públicas, y por supuesto debería ejecutarlos quien es competente. Esta ley de
desarrollo rural, que no debe dejar de ser una indicación básica y una dotación de fondos dentro de unas directrices pactadas y consensuadas con el mayor abanico posible del sector y de los agentes sociales, quien debe ejecutarla probablemente es el
alcalde del municipio que está en el entorno rural y, muy especialmente, también su diputación y su comunidad autónoma. Poco puede hacer Bruselas o Madrid en esas políticas específicas, porque son políticas que deben hacerse a escala 1:1,
individualizadas, atendiendo a esos colectivos. Esa es la voluntad de esta ley y esa es la voluntad de este texto que, insisto, en estos momentos está prácticamente acabado. No ha circulado porque hay que respetar todos los trámites, pero hay que
traerla a sede parlamentaria en el tiempo más breve posible antes de empezar procesos de discusión fuera del marco parlamentario.
-DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN EN LA PROVINCIA DE OURENSE. (Número de expediente 181/001840.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta tercera del orden del día, también de la señora Vázquez Blanco: inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Ourense. Su señoría tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: ¿Cuáles son las inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la provincia de Ourense?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): El pasado mes de marzo, en varias preguntas escritas le facilitamos información sobre las ayudas e inversiones realizadas en el último año. Como ha podido observar
se trata de actuaciones gestionadas mayoritariamente por la comunidad autónoma, excepto algunas inversiones que realiza el propio Ministerio de Agricultura. Poco más puedo decirle que lo que se le respondió en pregunta escrita sobre inversiones que
van a llevarse a cabo en Ourense en modernización de explotaciones o por incorporación de jóvenes, ya que dependerá de la iniciativa de los propios agricultores y ganaderos. En esta línea de actuación en Ourense, durante el periodo 2000-2005, 1.020
agricultores o ganaderos han realizado una inversión de 37,7 millones de euros y han recibido un apoyo público de 18,3 millones de euros. También puedo añadir que en el actual periodo de programación 2000-2006 el conjunto de la Comunidad Autónoma
de Galicia dispone de una dotación de gasto público de 215,5 millones de euros para estos programas.
Otra medida que gestiona la Administración autonómica es la de mejora de condiciones, transformación y comercialización de productos agrícolas o silvícolas, las líneas clásicas de agroindustria. Se han transferido durante 2005 casi 9
millones de euros, y del apoyo que recibe la provincia de Ourense de otras actuaciones, como son los grupos Leader o las medidas de acompañamiento, ya dispone usted de información detallada; no obstante, si quiere se la puedo concretar y añadir los
datos que desee.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, tiene la palabra.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Efectivamente, yo tengo aquí delante la respuesta que dio el ministerio sobre esta cuestión, pero tengo que hacer un inciso porque aquí nos dicen que para la pesca y la acuicultura en 2005 han transferido a la
Xunta de Galicia 4,20 millones, pero sepa usted que en Ourense como mucho pescamos unas truchas en el río Miño, y poco más, es decir esto no era para la provincia de Ourense. A lo que me refiero es a que en los últimos presupuestos, en los de 2006,
hemos visto cómo el Ministerio de Agricultura dedicaba a la provincia de Ourense cero euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado; cero euros. Sí aparecían, a través de la Seiasa del Norte, en 2006, 1.675.000 euros para regadíos.
Comprenderá usted que 1.675.000 euros no era suficiente en aquel momento; se debía presupuestar más, y le
explico el motivo. Esta cantidad de 1.675.000 euros estaba destinada a los regadíos de La Limia, concretamente a la zona de secano de la goa de Antela. El ministerio iba a financiar esas 612 hectáreas, que tienen un valor de 4.532.000
euros, y esta actuación ya aparecía recogida en el Plan de Regadíos aprobado por el Grupo Popular en la anterior legislatura. Nosotros ya habíamos solicitado en el ministerio que debía hacerse la zona de regadíos de Entrerríos, con un presupuesto
de 7 millones de euros; la zona de regadíos Alto río Limia, con un presupuesto de 5,5 millones de euros; y la zona de regadío Baixo río Limia, con un presupuesto de 6,5 millones; en total 19 millones, de los cuales -ustedes saben que firmaron un
convenio marco la Xunta de Galicia con el Estado- la Xunta de Galicia se comprometía a financiar el 53,5 por ciento y el Estado el 38,5 por ciento. El Estado tendría que financiar entonces 7.604.000 euros que no se han financiado ni se han
proyectado en ningún presupuesto en 2005 ni en 2006, simplemente este año aparece esa cantidad en la Seiasa del Norte. Para mayor inri, por decirlo de alguna forma, se aprueba ahora un plan de choque, un programa de actuaciones de regadíos
2006-2007, en el que yo no sé qué hemos hecho los gallegos para ser la única comunidad -en este mapa usted lo puede ver- junto con La Rioja que no tienen ni un solo euro destinado a las zonas de regadíos, cuando estaban ya contemplados en el plan
anterior que se iban a solucionar los problemas de los regadíos de La Limia y de La Terra de Lemos. No sé por qué ahora no se destina ni un solo euro, no sé por qué es la única provincia para la que los últimos Presupuestos Generales del Estado no
contemplan ni un solo euro, pero sí para todas o casi todas las provincias de España -he comprobado que en el resto de Galicia había dos que estaban contempladas en los presupuestos con algún tipo de inversión-. No entiendo por qué la provincia de
Ourense se ve discriminada de esta forma, máxime cuando tenemos a la ministra que es de Ourense y -se puede decir así coloquialmente- cada uno barre para casa, pero, por lo visto, en este caso no es así.
¿Por qué formulo esta pregunta? Pues, precisamente, por esa preocupación.
A mí no me vale decir, como me dijeron en esta pregunta, con lo que financian del Leader plus, con lo que financian con los programas del Feoga. ¡Claro que lo
financian! Porque entre otras cosas Galicia es Objetivo 1, como usted bien sabrá, y por eso tenemos derecho; a eso tenemos derecho de los fondos comunitarios y ustedes no nos lo pueden quitar nunca. Pero, ahora sí, el Ministerio de Agricultura no
ha hecho ningún esfuerzo inversor en la provincia de Ourense en los presupuestos.
Yo le preguntaba por las previsiones de futuro. Dígame usted si va a venir en los próximos presupuestos alguna cantidad destinada para Ourense; pero en concreto
para los regadíos; estaban aprobados con los Gobiernos anteriores pero ahora no aparece contemplada ninguna cantidad, ni tampoco en la Seiasa del Norte, donde dicen que ya dan por finalizada toda la proyección de regadíos, cuando faltan más de
3.000 hectáreas de regadío en la zona de La Limia, sin contar ya la Terra Cha y la zona de Lemos, que excede ya de las 1.000 hectáreas, a las que ustedes no van a hacer frente.
Quiero agradecerle las preguntas que hoy ha venido a contestar.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Señora Vázquez, ésta también se la voy a contestar, por supuesto. Buscar en los Presupuestos Generales del Estado las partidas finalistas por provincia es bastante
complicado, aunque en algunas provincias aparecen partidas finalistas principalmente vinculadas a obras de infraestructura con compromisos plurianuales, algunas de ellas, como usted bien ha dicho, dependientes más de las actuaciones de empresas
públicas -durante la mañana de hoy lo veremos-, como pueden ser las Seiasa, que no sobre programas generales. La programación general se hace con las comunidades autónomas y en función de la demanda generada sobre cada uno de los territorios,
colectivos o individuos; así es como se atienden esas posibilidades, no como cuando la estructura del Estado era una estructura o una administración centralista, centralizada, que actuaba en el territorio a través de sus delegaciones provinciales,
y por supuesto en aquellos momentos provincias como Sevilla, Valencia, Lérida y Zaragoza tenían más nivel de dotación en los presupuestos del Ministerio de Agricultura. Esto ha pasado a la historia, y yo creo que para bien.
Por tanto, buscar y
rastrear en los presupuestos más allá de las líneas de actuaciones y programas es bastante complicado aplicándolas al territorio aunque, insisto, tiene razón, en algunos casos ahí aparece.
Es cierto que en el plan de choque no hay obras en Galicia; lo he discutido, señoría, con las propias autoridades gallegas, con el propio conselleiro de Medio Rural; pero no es menos cierto que seguimos invirtiendo en Galicia en el Plan
Nacional de Regadíos y muy especialmente, como en otras comunidades autónomas, en planes de infraestructuras. ¿Por qué? Porque no es menos cierto que el plan de choque se ha centrado en las cuencas centrales y muy especialmente en las del arco
mediterráneo, que es donde realmente teníamos un déficit importante, y se ha compensado con convenios de infraestructuras que la comunidad autónoma, de acuerdo -me imagino- con los sectores sociales implicados, ayuntamientos, consellos, ha dedicado
a obras de infraestructura. También es cierto que en los Presupuestos Generales del Estado aparecen partidas del orden de 20 millones de euros para infraestructuras, no para regadío de huerto, pero sí para infraestructuras. En la zona de Antela
-usted lo conoce bien- más allá de la posibilidad o no de recrecer esas 3.000 hectáreas de nuevos regadíos, movimientos ecologistas y del propio Gobierno gallego -yo los conozco, he visto informes- están
pidiendo la vuelta a la inundación de la laguna de Antela. Yo no soy demasiado joven, los de 1958 ya nos estamos haciendo mayores, pero yo he conocido por el Iryda la desecación de la laguna de Antela; conozco toda la puesta en regadío del
sistema hasta estas 3.000 nuevas hectáreas y conozco también la demanda de los ecologistas. El señor Grau conoce muy bien lo que sucede en el Estanc de Linyola. Creo que son los dos únicos ejemplos, porque se salvó la laguna Fuentepiedra de tal
desaguisado, donde los que tenemos pocos años hemos visto desecación, puesta en regadío y demanda de inundación. En el caso del Estanc de Linyola ya está inundándose. Por tanto, la compatibilización de usos no debemos definirla nosotros como
Administración General del Estado, y mucho menos desde el Ministerio de Agricultura; deben ser los agentes que estén en el sector.
No solo estamos dispuestos a seguir invirtiendo en los regadíos de la zona de Antela, en la zona de Entrerríos, sino
que hay un compromiso serio: la partida de 7 millones que usted ha dicho, 4 más 3, ahí está, no está agotada; la programación es la que es, está abierta, y el avance y la licitación de las obras siempre es en función de las licencias de impacto
ambiental, de la cofinanciación por los propios regantes o de la Administración autonómica. La voluntad del ministerio es seguir en ese programa, a favor de mantener la agricultura en esa zona. Estamos hablando de un nivel de inversión muy alto
para muy pocos agricultores -usted lo conoce bien, y yo también-, pero vamos a seguir apostando por esa comarca, que tiene pocos cultivos alternativos a la patata y a otros cultivos hortícolas; es una zona que se ha especializado y vale la pena
apostar por la continuidad, siempre de acuerdo con las necesidades ambientales y con respeto a las decisiones que allí se tomen. Por tanto, no hay ninguna marginación, muy al contrario; tampoco hay ninguna ventaja, no voy a ser yo quien defienda,
aunque lo haría con mucho placer, las virtudes o bondades de la ministra de Agricultura -orensana-, además, pero es cierto que nunca la he visto actuar con ningún tipo de favoritismo; aprecia las demandas de todos los territorios y lo que viene de
Orense, por supuesto, lo atiende. Yo incluso he compartido con ella visitas a las obras de Antela y de la laguna y he visto el nivel de compromiso y las indicaciones que se han dado para seguir trabajando en la dotación de infraestructuras para
esos territorios.
-DE LA SEÑORA NAHARRO DE MORA (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE OPINIÓN DE LA MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN ACERCA DE LAS CORRECCIONES FINANCIERAS APLICADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL SECTOR DEL LINO.
(Número de expediente 181/002022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta pregunta del orden del día, en este caso de la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Naharro de Mora, respecto a la opinión de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación acerca de las
correcciones financieras aplicadas por la Unión Europea en el sector del lino. Su señoría tiene la palabra.
La señora NAHARRO DE MORA: Señor secretario general de Agricultura, bienvenido y gracias por comparecer esta mañana en la Comisión de Agricultura.
Con esta pregunta oral a la señora ministra mi intención no es otra que conocer cuál es la postura exacta de este Gobierno sobre las correcciones financieras del cien por cien que la Unión Europea pretende aplicar a España en las ayudas
concedidas al cultivo del lino textil desde el año 1996 al año 2000. Ni más ni menos que 126,5 millones de euros, aproximadamente 21.000 millones de pesetas, es lo que España tendrá que devolver si esto no se remedia. Se han escrito ríos de tinta
sobre este tema, tanto en el 'Diario de Sesiones' de este Parlamento, en los de Castilla-La Mancha, en los juzgados, en los medios de comunicación, pero, señorías, el tema no ha acabado, ahora llega la hora de la verdad, la hora de pagar o defender
los intereses de los agricultores de España, en definitiva de todos nosotros. Por ello quiero preguntar por la postura de este Gobierno socialista ahora, justo en este momento.
El señor PRESIDENTE: El señor Puxeu tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Señoría, con sumo placer le contesto a esta corrección financiera y a las demás. No es el interés de los agricultores, es el interés de todos los contribuyentes,
de todos los ciudadanos del Reino de España.
Las correcciones financieras son discutidas en todo momento en cuanto se producen -si quiere, podemos entrar un poco más a fondo en cómo son los dos órganos de conciliación que utilizamos- y por supuesto discutimos hasta el final, incluso a
nivel del Tribunal de Justicia, para defender los intereses de los contribuyentes españoles. Esto no tiene nada que ver ni en el caso del lino ni en el de otras correcciones financieras de periodos anteriores, sean de aplicación de cuota láctea, de
herbáceos, de frutas y hortalizas transformadas, como bien conoce, de plantaciones irregulares, o del control del potencial vitícola. Son infracciones que se han producido a criterio de la Comisión y de la OLAF, para decirlo más claramente.
Algunos de los datos son claramente identificados, otros son extrapolaciones a partir de muestreos. En cualquier caso, la obligación del Gobierno de la nación, en este caso de este Gobierno socialista pero yo creo que debe ser de todos, es defender
hasta el último euro los intereses de los contribuyentes españoles, muy especialmente en este caso, en el que no estamos hablando de identificaciones personalizadas, como es el caso del último ejercicio del lino, de los 134 millones de
euros, cuando se trata de una extrapolación al cien por cien de la producción. Eso es lo que estamos discutiendo y vamos a discutir en todos los foros, insisto, incluso en el Tribunal de Justicia. Esto no obsta para decir claramente que
los motivos en los que se fundamenta la demanda del Estado español son que la Comisión considera que en las campañas a que se refiere la corrección financiera se produjo en España una situación de fraude generalizado que justifica una corrección del
cien por cien de la ayuda de las campañas 1998-1999 y 1999-2000, por 113.399.000 euros, y del 25 por ciento en las campañas 1996-1997 y 1997-1998, que asciende a 16.129.000 euros. Entendemos que esta situación no solo no se produjo en España, sino
que la Comisión no ha valorado los controles realizados por las comunidades autónomas ni las medidas correctoras que estas pusieron en marcha una vez que se detectaron las primera irregularidades.
Insisto en que el criterio de España es recurrir siempre ante dichas instancias y defender los intereses de los contribuyentes, teniendo claro, en el caso del lino textil, y ustedes lo conocen perfectamente, que hay unas cuestiones
judiciales que todavía se están viendo y dictaminando, que hay una serie de imputaciones y que hay una serie de irregularidades sobre las que en su día la justicia decidirá. Son dos caminos absolutamente paralelos y sería confundirnos y confundir a
la opinión pública pensar que la defensa de los intereses del total de los contribuyentes españoles tiene que ir por caminos paralelos a las cuestiones que se deriven de la gestión de una organización común de mercados determinada y de las
actuaciones individuales de unos empresarios o unos responsables públicos determinados.
El señor PRESIDENTE: Señora Naharro de Mora.
La señora NAHARRO DE MORA: Me alegra mucho su respuesta sobre la demanda que han hecho llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hemos de recordar que el escándalo del lino aparece cuando, en vísperas de las elecciones
autonómicas municipales y europeas, el ex presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, acusa a la candidata del Partido Popular a las elecciones europeas de consentir que altos cargos de su departamento se enriquecieran con las subvenciones. Tras
esto hubo una Comisión de investigación en este mismo Congreso, de la cual todos resultaron exculpados, aunque hubo grupos que no estuvieron de acuerdo con las conclusiones. Fue entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción del Estado elabora un
informe con una serie de datos, de cálculos, a nuestro entender siempre, y al de ustedes ahora, según se puede leer en la demanda, erróneo, en el que se concluye que hay un fraude generalizado en las campañas 1996 y 1999, justo lo contrario de lo
que usted acaba de decir. Al conocer este informe se presenta una denuncia en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, como usted también ha dicho, hay una vía judicial, solicitando una investigación de los hechos contenidos en el informe, por
si pudieran ser constitutivos de delito. Se realizan unas actuaciones judiciales bajo la dirección del juez Garzón y, para no extenderme en el proceso, le resumiré que a día de hoy no se ha celebrado el juicio. El famoso fraude generalizado quedó
reducido a la imputación de un pequeño número de personas, entre agricultores y administradores de empresas. Finalmente, los agricultores quedaron exentos de responsabilidad penal y solo se imponen fianzas a algunos administradores de empresas.
Concretamente, las que están ubicadas en Castilla-La Mancha quedan fuera -tan nombradas que fueron-, y hay una, que es la que ha tenido que depositar la mayor fianza, que son los administradores de la sociedad cooperativa Los Linares, muy
relacionada con la organización UPA, y todos sabemos quién era su presidente en aquella época. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que guarden silencio para que la señora diputada pueda seguir su parlamento.
La señora NAHARRO DE MORA: Gracias, señor presidente.
Después vino la decisión de la Comisión Europea, que se basaba en el informe de la OLAF, que a su vez se basaba en el del fiscal. En todo momento desde entonces, los portavoces de esta Comisión en anteriores legislaturas, el señor Cuadrado,
aquí presente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entre ellos también su ex consejero, aquí presente, la actual consejera, el presidente Bono, siguen sosteniendo que hay un fraude generalizado. Así se puede leer en todos los diarios de
sesiones. Mi interés, señorías, además de que España quede libre de esta corrección financiera del cien por cien, es que en este 'Diario de Sesiones' quede constancia del contenido de la demanda que ustedes presentan y en la que están de acuerdo
con lo que siempre hemos mantenido desde el Partido Popular: que no ha habido fraude generalizado y que es totalmente desproporcionada la corrección financiera.
Voy a hacer un pequeño resumen de la demanda que ustedes presentan. En primer lugar, hace hincapié en la inexistencia de irregularidades que justifiquen el porcentaje aplicado; esto es lo que siempre hemos mantenido. En segundo lugar,
denuncia la falta de fundamentación del informe de la OLAF, de 19 de marzo de 2001, por haber extendido a todas las empresas transformadoras de España la capacidad de transformación media de tan solo cuatro empresas comprobadas por los inspectores
de Bruselas y, lo que es más importante, por haber incurrido en incorrecciones a la hora de calcular el tiempo efectivo de trabajo y determinar el número de días de trabajo, como expresó en la Comisión de investigación nuestro portavoz, el portavoz
del PP, que calificó en aquel entonces el informe del fiscal de papelito. En tercer lugar, esta demanda alega la falta de consideración de la Comisión con la actuación de las comunidades autónomas,
únicas encargadas en España del control de los cultivos y del cumplimiento de los demás requisitos, incluida la inspección y por supuesto el pago de las ayudas. De nuevo nos dan la razón. Y, en cuarto lugar, además, dice la demanda que no
puede procederse con el suficiente rigor jurídico a extender a todo el territorio español una imputación generalizada, que coloca en grave situación de indefensión a quienes no han sido inspeccionados; sobre ellos no recae ninguna prueba, indicio o
evidencia razonable, de una conducta contraria al ordenamiento jurídico. Esta es en resumen la justificación de la demanda, coincidente siempre con nuestros argumentos.
La claridad de los argumentos que la Abogacía del Estado muestra en esta demanda así como en el escrito de réplica del Reino de España contrastan con los argumentos sostenidos por el Partido Socialista anteriormente. Es justo lo contrario
de lo que se dice por parte de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Aquí tenemos a su ex consejero, como he dicho, el denunciante del fraude generalizado, con José Bono a la cabeza.
Pero yo creo que no se puede sostener una cosa y la
contraria. Ustedes sacaron esta falacia del fraude generalizado como cartel electoral en 1999, haciendo muchísimo daño con acusaciones falsas y aireando el fraude y después se ha demostrado lo contrario. Estamos cerca de unas elecciones y no
sabemos cuál será la sorpresa que nos espera, pero nos tienen acostumbrados a actuaciones de este tipo. El lema debe ser: miente, que algo quedará, y no piensan en las repercusiones que todo ello tiene; pero sí les puedo decir que en el Partido
Popular seguimos manteniendo nuestra postura y seguimos pensando en la honorabilidad de nuestros agricultores.
Esperamos que tengan suerte y que en esta defensa de la demanda la Unión Europea les atienda y el Reino de España quede libre de esta corrección del cien por cien.
El señor PRESIDENTE: Señor Puxeu.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Señoría, el caso del lino, del que hemos estado hablando desde el enfoque de la corrección financiera, la primera intervención, que, reitero, es un ejemplo claro, y
el procedimiento judicial está abierto, de cómo algunas personas pueden beneficiarse de ayudas comunitarias; en otros casos, lo hemos visto, están en los juzgados. Lo que no se puede hacer es imputar a esas personas la corrección financiera más
allá de lo que hagan las autoridades judiciales. La corrección financiera es una corrección financiera que va contra el Tesoro del Reino de España; por eso decía que no tan solo a los agricultores. En algunos momentos determinados iba contra el
Feoga-Garantía, pero ahora es el Tesoro quien debe cubrirlo. No puede por menos que dejar de defenderse correcciones financieras del orden de 150 ó 200 millones de euros anuales -y en algunos casos durante el periodo 1996, 2002 y 2003, esas
correcciones financieras crecieron mucho-, pero la obligación, no solo de la Abogacía del Estado, que lo hace, y perfectamente bien, sino del organismo pagador y del propio Ministerio de Agricultura, es defender el criterio de no generalización, de
circunscribir la corrección financiera a los hechos probados, de imputar al director de una fábrica determinada o al proveedor de materia prima de esa fábrica transformadora determinada, sean frutas y hortalizas transformadas, sea lino como en este
caso, e intentar no generalizar y, por supuesto, salvaguardar la honorabilidad de la buena gestión de las comunidades autónomas, que son las que están gestionando este tema. La obligación del Estado es pelear, dentro de la legalidad, hasta el
último euro, y esto no es óbice para que la vía judicial y las responsabilidades penales o económicas que tenga cada uno de los posibles infractores se lleven a cabo por otra vía. Son dos vías absolutamente diferentes y es tan obligación del Estado
de derecho defender hasta el último euro de los contribuyentes españoles como defender la capacidad de rescate de hasta el último euro de inversión de ayudas públicas de la Unión Europea hacia España y que las vías judiciales y jurídicas funcionen.
Yo no veo que haya discrepancia y no puedo más que decirle que reitero la línea argumental de defensa, porque no puede ser de otra manera, de nuestro ministerio, del Gobierno de la nación; por otro lado, reitero que este tipo de
situaciones, en que las infracciones de unos se extrapolan a todos y acaba costando dinero a los ciudadanos, no es plato de gusto; por supuesto que no.
-DE LA SEÑORA RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE NOVEDADES QUE CONTIENE EL PLAN DE CHOQUE PARA LA MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REGADÍOS PARA EL PERIODO DE 2006-2007.
(Número de expediente
181/002088.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la quinta pregunta del orden del día, de la diputada del Grupo Parlamentario Popular señora Ramón-Llin, respecto de novedades que contiene el plan de choque para la modernización y consolidación de regadíos
para el periodo 2006-2007. Su señoría tiene la palabra.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor secretario general de Agricultura, nos vamos a referir al Real Decreto 287/2006, de 10 de marzo, por el que se regulan las obras urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un
adecuado ahorro de agua que palie los daños producidos por la sequía. En primer lugar, y antes de entrar más en materia, queremos decir que el propio título resulta bastante inadecuado porque plantea la regulación de obras urgentes, que ya veremos,
con el concepto de daños producidos por la
sequía, que entendemos que es un concepto diferente, al margen de las infraestructuras. En cualquier caso, para formular la pregunta vamos a hacer referencia también al Plan Nacional de Regadíos, que se menciona en la exposición de motivos
y que tiene su origen en un real decreto del año 2002, que aprueba precisamente el Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008, que suponía y supone, si no ha cambiado, el instrumento básico para la modernización, ordenación y fomento de los regadíos
españoles. En este momento nos encontramos a dos años de finalizar ese horizonte, que contemplaba como objetivos generales los mismos que ahora se persiguen con este real decreto, es decir la modernización de las infraestructuras, distribución y
aplicación del agua de riego para racionalizar el uso de los recursos, reducir la contaminación de origen agrario de las aguas superficiales y subterráneas y promover innovaciones en los sistemas de riego para reducir los consumos de agua. Hacemos
mención de todo esto porque pensamos que el Plan Nacional de Regadíos contemplaba todas las medidas y lo que tenía que hacerse era ejecutarlo y porque, durante dos años de su Gobierno, han sido muchas las solicitudes al ministerio de diferentes
comunidades autónomas, fundamentalmente de las de la cuenca mediterránea, y también de comunidades de regantes, sin que hayan obtenido respuesta hasta la fecha. Después de todo ese trámite nos encontramos con que el pasado día 10 de marzo se
aprueba este real decreto. Por todo ello le preguntamos: ¿cuáles son las novedades que contiene ese plan de choque para la modernización y consolidación de regadíos 2006-2007?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Usted conoce bien -nos conocemos de hace años- nuestra sensibilidad y nuestra especial voluntad de aplicar las políticas adecuadas para favorecer una agricultura
viable. Hemos pasado mucho tiempo en debates arduos, en el marco de la Unión Europea más que en el ámbito nacional, pero también en éste, y muy especialmente durante los últimos cinco años, sobre todo desde los debates previos a la reforma de la
PAC de 2003. Subliminalmente se decía que lo mejor que le podía pasar al sector agrario era desaparecer y que la mejor fórmula de optimización de agua es no regar. Ese debate más ajeno a la sociedad urbana, absolutamente ajeno a la realidad, ha
ido calando poco a poco y era absolutamente necesario además, partiendo de un escenario de extrema crisis a lo largo de 2005 en cuanto a los sistemas hidráulicos del país, darle un cambio sustancial. Había que romper, y eso es lo más novedoso del
plan de choque, con la imagen de que el agricultor es un mal utilizador de agua y muy especialmente el agricultor de regadío tradicional, que genera el 50 por ciento de la producción final agraria rama agrícola, que desde el punto de vista de empleo
genera más empleo que todo el resto de las agriculturas y que, desde el punto de vista de gestión eficiente, lleva no solo décadas, sino siglos de eficiencia.
Es cierto que convive un sistema dual de regadíos muy eficientes y muy avanzados y de regadíos tradicionales que necesitaban y necesitan procesos de modernización, pero lo más importante de elaborar un plan de choque en el que se sincronizan
las actuaciones del Ministerio de Agricultura con las del Ministerio de Medio Ambiente sobre sistemas de riego tradicionales es romper ese falso debate que se estaba instalando en la sociedad de que los agricultores consumían el 80 por ciento del
recurso, que lo devolvían al sistema en peores condiciones de lo que lo habían recibido, cargas de nitratos, metales pesados, etcétera, y que la culpa de su uso ineficiente la tenían solo ellos y los grandes perjudicados era el resto de la sociedad.
Ese debate es falso, y usted lo conoce perfectamente, porque si alguien sabe gestionar el agua, insisto, son las comunidades de regantes; lo saben hacer bien. Pero podíamos aprovechar ese debate y la falta de recurso en un momento determinado. Lo
podíamos aprovechar con un buen argumento: hagamos un plan de inversiones rápido, durante dos años -por eso la limitación en el tiempo de este plan-; dotémosle de presupuestos de los ya existentes en los Presupuestos Generales del Estado más los
presupuestos de las partidas posibles de confederaciones hidrográficas, de Seiasas y de Tracsa, para hacer unas actuaciones rápidas, avancemos en todo ese sistema y produzcamos y generemos dos cuestiones: una menor utilización del recurso, con una
programación que se acerca al 20 por ciento de ahorro de agua y una mejor calidad en el sistema de riego, más comodidad para el usuario.
En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, el programa que estamos poniendo en marcha, de acuerdo con la comunidad autónoma, es muy importante y además es muy novedoso, con un parcelario tan repartido como es la actual estructura de
producción, especialmente el sector de cítricos, que está alrededor de la acequia real del Júcar. La consellería está haciendo planes generales de gestión y mejora de infraestructuras hidrantes, que dotan de capacidad de riego y de capacidad de
fertilización a muchos más propietarios que lo que permite el propio parcelario, son medidas que avanzan, medidas que necesitaban de inversión pública y son las que recoge el decreto. Por tanto, sincronización de las actuaciones de las distintas
administraciones, especialmente las medioambientales y las de agricultura; agilización de los trámites de impacto ambiental, que, como ustedes bien conocen, han dificultado y dificultan en alguna medida la toma de decisiones rápida y la inversión
rápida, porque estamos hablando ya de sistemas ejecutados, estamos hablando ya no de nuevos regadíos, sino de comunidades de regantes con su superficie regable identificada. Ese escenario es la novedad. Si quiere, se lo cuento después, no tiene
nada que ver con el Plan Nacional de Regadíos, que sigue su marcha.
En cuanto a nuevos regadíos, serían posibles, se lo digo en condicional, si hubiese dotación en algún sistema, en alguna confederación, demanda por parte de algún colectivo de usuarios y capacidad de financiación por parte de las
administraciones públicas o voluntad de hacerlo. La ejecución del Plan Nacional de Regadíos marcha a un muy buen ritmo y al final de esta legislatura entendemos que va a estar a unos niveles de ejecución superiores al 70 por ciento, cuando
arrancábamos la legislatura con un nivel de ejecución cercano al 15 por ciento. Por tanto, insisto en que el Plan Nacional de Regadíos sigue su marcha. Es difícil hablar de nuevos regadíos, lo he dicho claramente, si no se tiene dotación y
voluntad por parte de las nuevas comunidades de regantes y capacidad financiera para hacerlo, pero donde sí había un hueco y una posibilidad de actuación rápida durante estos dos años, y así coincidimos con prácticamente todas las comunidades
autónomas, fue en hacer este plan de choque para regadíos históricos, para sistemas ya en uso, que es lo que hemos abordado con este plan de 2.300 millones de euros de inversión.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Señor secretario general, efectivamente, lo que ha dicho usted al principio de su intervención puede haber sido un debate que se ha producido en muchos momentos en la sociedad. Desde luego, no ha partido de
los gobiernos del Partido Popular que ese problema pudiera resolverse dejando de regar y dedicándose a otras actividades en muchas zonas españolas. En cualquier caso, yo entiendo de sus palabras que poco o nada tiene que ver con este plan de
choque, porque esa es otra cuestión. Vamos a ver si ustedes plantean como novedoso en el plan de choque, respecto a lo ya puesto en marcha y que está funcionando muy bien, como usted ha dicho -y me alegra oírlo-, romper con la mala imagen del
agricultor. Si pensábamos que este real decreto era absolutamente innecesario, que solo obedece a su política propagandística -y ahora se lo demostraré-, me parece del género absurdo plantear este real decreto, de una vigencia breve, que nada
aporta a lo que ya había en el panorama y que sí complica más la situación en la actuación de modernización de regadíos, probablemente a los propios regantes a los que más; creo que es bastante penoso.
Desde los gobiernos del Partido Popular, del Estado y de diferentes comunidades autónomas -en el caso valenciano por proceder yo de allí y por haberlo gestionado-, y en muchos otros casos, siempre hemos defendido que los propios agricultores
son los más eficientes en el uso del agua, y para determinadas zonas húmedas protegidas por la Unión Europea también son los agricultores los fundamentales en su protección; tienen además una gran tradición en el manejo del agua, desde pobladores
muy antiguos de estas regiones. Pero todo ello no resuelve este problema.
Indudablemente, el Plan Nacional de Regadíos planteaba y plantea la mejor utilización del recurso, la modernización. No como ustedes dicen en su real decreto, el mayor
potencial de ahorro está en conseguir disminuir la cantidad de agua necesaria para el riego. Sabe perfectamente, y de sus palabras se deduce, que no en todos los casos es así, porque son muchísimos los regadíos, y cada vez más, que no pueden
reducir ya el consumo de agua. Esto habría que explicárselo a aquellos que todavía no han procedido a su modernización. Nosotros lo entendemos de una forma distinta, y así se decía en el Plan Nacional de Regadíos que se está ejecutando; nosotros
etendemos que el mayor potencial de ahorro está en conseguir disminuir las pérdidas que se ocasionan en muchos sitios en la distribución y en la aplicación del agua necesaria para el riego. Se habla de una serie de conceptos improcedentes e
irreales. Además, no tiene sentido cuando existe el Plan Nacional de Regadíos. Usted dice que -no se lo he preguntado aún pero se lo iba a preguntar- ese plan sigue en marcha. Si en muchos casos son exactamente las mismas obras o puede haber una
variación de un porcentaje mínimo respecto al Plan Nacional de Regadíos, ¿qué sentido tiene este real decreto? ¿Por qué ustedes no han hecho algo mucho más sencillo, que era el compromiso existente del Gobierno anterior? Ustedes han mantenido esa
ejecución del plan nacional y lo que esperaban todos es que se revisara su aplicación, que es el compromiso inicial que hubo cuando se aprobó como real decreto. Sigue habiendo un desnivel importante en la aplicación, porque había que hacer esa
revisión en el año 2004 para reasignar fondos, de aquellas comunidades autónomas que todavía tenían niveles muy bajos de ejecución hacia las que habían cumplido sobradamente sus deberes y sus compromisos.
No entendemos cómo, en vez de todo ello, lo
paralizan durante dos años, no reúnen al Consejo interterritorial para la gestión del Plan Nacional de Regadíos, no consultan con las comunidades autónomas qué obra se necesita y no cuentan con ellas tampoco en la elaboración de este real decreto.
Es verdad que se lo entregaron e hicieron las alegaciones que consideraron oportunas, pero, a la hora de consultas a las comunidades autónomas para obras en concreto, no se les ha tenido en cuenta. No pueden obviar que la mayor parte de estas
actuaciones requieren una declaración de interés general de la comunidad autónoma y que son actuaciones que han propuesto las comunidades autónomas desde hace años.
Ustedes no les han escuchado y, aunque ha dicho usted que iban a resolver
cuestiones importantes, como el impacto ambiental, no se deduce de este real decreto, que entendemos que no mejora nada y que va a seguir siendo un problema entre comillas, para la realización de estas obras. Lo que sí está bien claro es que el
Ministerio de Medio Ambiente en estos últimos dos años acumulaba, no sé a día de hoy, una gran cantidad de proyectos pendientes de este impacto ambiental; indudablemente requieren su tiempo, pero no dos años con proyectos de una parte del área
mediterránea. Ahora, repentinamente, se acuerdan de que existen y los incluyen, sin tener en cuenta que en
muchos casos, como se da en algunas regiones, hay proyectos que no van a servir tal como estaban por la falta de esa comunicación; hay regiones en las que hay obras que tienen que modificarse, porque se ha producido a lo mejor un cambio de
la planificación urbanística, porque han surgido problemas o porque los propios regantes demandan otra cosa diferente en estos momentos. Todo eso no se ha tenido en cuenta.
El señor PRESIDENTE: Señora Ramón-Llin, ya ha sobrepasado su tiempo ampliamente. Ruego que concluya.
La señora RAMÓN-LLIN I MARTÍNEZ: Sí, señor presidente. Nosotros sabemos qué es lo importante para ustedes y los regantes lo saben también. Que lo sepa la oposición está bien, pero, como digo, lo saben los regantes.
Usted también lo sabe:
lo importante es cambiarlo todo, cambiarle de nombre, cambiarle de envoltura, cambiarle el lacito, si hace falta; le cambian el papel, le ponen un lacito de otro color, que me da igual del color que sea, y dicen que ustedes se preocupan del ahorro
del agua.
Hacen chapuzas y no se han atrevido a tocar el Plan Nacional de Regadíos, porque es bueno y porque funciona bien. Lo que tienen que hacer es coordinarse mejor y agilizarlo. Revisen ese Plan Nacional de Regadíos, ejecútenlo y sobre todo
no digan lo que no es. Porque este plan de choque no tiene un ahorro de agua, es una ahorro de agua absolutamente ficticio; podemos decir que en algunas comunidades de regantes -y con esto finalizo, señor presidente- incluye ahorros de agua
anuales que superan a la concesión de agua de esa propia comunidad; o ahorros de agua en comunidades de regantes, por ejemplo, del Segura, que están comprando agua para salvar al arbolado. Eso es lo que contiene este plan de choque, que lo único
que va a hacer es chocar contra cualquier árbol, de esos ya secos y que no producen. En realidad, lo que tienen que hacer ustedes es aplicarse, ponerse en marcha y olvidarse de los complejos de que lo que hizo el Partido Popular hay que cambiarlo.
Lo que se hizo en este caso es bueno y hay que seguir haciéndolo. Háganlo, que les aplaudiremos; agilicen todos los trámites y no engañen a los regantes, ni a los del Mediterráneo ni a los que se han quedado sin obras en este plan de choque, que
lo único que va a hacer, repito, es chocar contra todos los regantes. Sabe que no entienden nada de lo que está ocurriendo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): En un minuto que me queda de tiempo es bastante complicado contestar, pero voy a intentarlo. No vamos a chocar con nadie, porque los regantes lo conocen y están
absolutamente a favor, y usted también. En cuanto al Plan Nacional de Regadíos, compromiso de ejecución superior al 70 ó 75 por ciento al final de la legislatura, habiendo arrancado de un 15 por ciento. No solo lo hemos puesto en marcha, sino que
lo hemos revisado de acuerdo con las comunidades autónomas y llevamos un nivel de ejecución altísimo, porque era necesario. El ahorro generado entre el plan de choque y el Plan Nacional de Regadíos se acercará a los 3.000 hectómetros; en la
gestión de un recurso escaso, generar un ahorro parecido a la capacidad de embalse que tienen Entrepeñas y Buendía es muy, muy, muy importante para mantener esa superficie de regadío por la cual apostamos. No voy a entrar en datos concretos -por
ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde se dispararía-, pero, por ejemplo, en Valencia, ¿qué apoya o qué aporta el plan de choque al Plan Nacional de Regadíos? Pues 20 millones de euros de común acuerdo con la comunidad autónoma y con
los regantes, para la acequia real del Júcar, 10 millones para Nules, Mascarell, que no estaba considerado, el del Lliria, el del Turis, varias otras obras; en total, 150 millones de euros adicionales al Plan Nacional de Regadíos. El Plan Nacional
de Regadíos se sigue ejecutando, se incorporan 150 millones de euros más, en nuevas obras, de acuerdo con la comunidad autónoma y de acuerdo con los regantes. Trámite ambiental. Como ya son sistemas ejecutados, en la mayor parte se obvia el
procedimiento de impacto ambiental o solo con el informe de la comunidad autónoma o de la confederación es suficiente. Por lo tanto, el compromiso de ejecutar las obras en dos años está ahí y muchas de ellas salen a licitación. Solo esta semana
han salido 11 obras a licitación.
-DE LA SEÑORA JUANEDA ZARAGOZA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO SEIASA SUR Y ESTE EN MATERIA DE REGADÍOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA, MURCIA Y CANARIAS. (Número de
expediente 181/002116.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la pregunta sexta del orden del día, de la diputada del Grupo Socialista señora Juaneda Zaragoza, relativa a inversiones que está desarrollando Seiasa sur y este en materia de regadíos. Tiene la
palabra.
La señora JUANEDA ZARAGOZA: Señor secretario general, hemos visto cómo el Partido Popular intenta dar la vuelta incluso a lo que es irreversible.
Lo que ellos hicieron mal lo achacan al Gobierno socialista; lo que no fueron capaces de
hacer en ocho años lo quieren hecho en dos; lo que como Gobierno no fueron capaces de cumplir, como oposición lo exigen. No son serios y lo saben, pero su estrategia es la negación absoluta. Y así les va. Vamos a hablar de cosas serias.
En España, como todos saben ya, muchas de las zonas rurales siguen teniendo como eje principal de su desarrollo
la agricultura. En unas condiciones climatológicas y geográficas duras, el agua se convierte en un factor primordial, en una parte muy considerable de los sistemas agrarios, de manera que el regadío es un vector importantísimo de desarrollo
de muchas zonas rurales, sobre todo cuando va acompañado de otros elementos como puede ser una agroindustria asociada a su producción. Y esta realidad la vivimos muy de cerca en las comunidades de Murcia, Andalucía y Canarias. No debemos olvidar
que el regadío se presenta como la única forma de agricultura viable en muchas zonas en las que no existen otras alternativas para el mantenimiento de la población en los núcleos rurales. La agricultura de regadío es el principal usuario del agua
en nuestro país, hasta casi un 70 por ciento.
Sin embargo, el regadío depende totalmente de la disponibilidad del agua.
La escasez y fragilidad de este recurso en España se resiente ante una creciente demanda, problema que se agrava durante las
graves y frecuentes sequías que afectan a nuestro país. La escasez de precipitaciones del anterior año hidrológico causó un descenso espectacular de los recursos hidrológicos disponibles y las actuales lluvias no han sido capaces de recuperar ese
déficit, sobre todo en muchas zonas donde los regadíos son de vital importancia. En estas circunstancias es obligado hablar de la economía del agua, lo cual equivale a que la asignación del recurso hídrico debe atenerse a principios de ahorro y
racionalización de su uso.
Inversión y esfuerzo para paliar lo que otros gobiernos dejaron de hacer.
Durante el periodo 2002-2003, el grado de ejecución del Plan Nacional de Regadíos a cargo del anterior Gobierno del Partido Popular era bastante
bajo, lo digo con cariño, bastante bajo. Casi todo eran proyectos en redacción, cuando los había, de un bajo nivel de inversión. Es a partir de la entrada del Gobierno del Partido Socialista en abril de 2004 cuando se da un fuerte impulso al ritmo
de las actuaciones a cargo del Ministerio de Agricultura. Hoy nos encontramos ante obras realizadas y obras en ejecución y una de las pruebas la tenemos precisamente, usted lo ha dicho, en la Comunidad de Murcia.
La ejecución del Plan Nacional de Regadíos se ha concebido bajo los principios de coordinación y cooperación, concretándose mediante convenios específicos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Y no se le
cambia el nombre, sino que se le impulsa. Es sabido que las actuaciones correspondientes a la Administración General del Estado se realizan directamente a través de sus medios propios o por medio de las sociedades estatales de infraestructura
agraria, Seiasa. Las cuatro sociedades creadas abarcan todo el territorio nacional, pero es a la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del sur y el este a las que me voy a referir, comprendiendo zonas regables cuya superficie mayoritaria se
encuentra en las comunidades autónomas de Andalucía, Murcia y Canarias. Estas sociedades están teniendo una gran relevancia en la ejecución del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008 y, por eso, es de gran interés conocer cuál ha sido la
actuación que se ha realizado en ellas.
Quiero destacar que el ministerio ha informado a través de diversos canales y medios que su objetivo prioritario es el ahorro y uso racional del agua en los regadíos, poniendo el énfasis en la ejecución del principal programa en superficie y
en inversión del Plan Nacional de Regadíos, el programa de consolidación y mejora de los regadíos existentes. El Grupo Parlamentario Socialista cree que esta apuesta del Gobierno por un regadío moderno y altamente tecnificado en explotaciones
competitivas frente a un regadío obsoleto y con baja eficiencia hídrica es fundamental para que el futuro sea posible. A lo que hasta ahora se ha mencionado tendríamos que añadir que en la actualidad estamos sufriendo las consecuencias de un año
hidrológico, el 2004-2005 que ha sido el más seco desde que se tiene información sistematizada. Ante estas circunstancias se hizo imprescindible aplicar una serie de medidas financieras y administrativas urgentes para paliar los efectos de esta
sequía, un auténtico plan de choque al que se refiere el real decreto de 10 de marzo, del que también se ha hablado, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, y por el que se regulan las obras
urgentes de mejora y consolidación de regadíos, con objeto de obtener un adecuado ahorro de agua que palie los daños producidos por esta sequía. En este real decreto se han incluido entre las actuaciones que pertenecen al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación una serie de obras cuya ejecución y financiación corresponde a las diferentes Seiasas. Las Seiasas solo pueden iniciar sus actuaciones a iniciativa de las comunidades de regantes interesadas en el programa de modernización que
se contempla en el plan nacional, una vez que las obras han sido declaradas previamente de interés general, a petición por lo general de las comunidades autónomas. Por ello nos gustaría conocer cuáles son los proyectos que se están realizando y
cuál es la inversión prevista por parte de la Seiasa sur y este en materia de regadíos en las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía y Canarias.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Tengo poco que añadir, señoría, a esta brillante intervención.
Solo quiero reiterar la necesidad y la apuesta del Gobierno por la agricultura productiva, por el
uso eficiente del agua, ciñéndonos por supuesto al papel que juegan estas sociedades estatales, las Seiasas, dentro del marco de la gestión global de todo este recurso.
Es cierto, y aprovecho para decirlo, que todas las actuaciones, la del plan de choque de regadíos, las del Plan Nacional de Regadíos y todos los demás programas, como, por ejemplo, los que se están llevando a cabo en zonas insulares como
puede ser Baleares y Canarias, o los que están llevando a cabo los gobiernos de Navarra
o País Vasco, dentro de su régimen especial, todas van en un sentido parecido. Las sociedades estatales de inversión en infraestructuras del agua, las Seiasas, se concibieron como un mecanismo de financiación y participación en el
desarrollo del regadío. Lo que hemos hecho, y usted lo ha puesto de manifiesto en su intervención, durante estos últimos meses desde el inicio de la legislatura es dinamizar los fondos que tenían, tanto patrimoniales como de circulante, en la
ejecución de toda una serie de obras que eran altamente demandadas por los regantes. Hay que hacer hincapié en que, a diferencia de las obras del Plan Nacional de Regadíos y de otros tipos de financiación, estas obras llevan una coparticipación muy
alta de los regantes. Son obras cofinanciadas por los propios usuarios, muy demandadas y seguidas muy de cerca. La interrelación entre los regantes, las administraciones públicas, en este caso la autonómica y la central, y por supuesto estas
propias sociedades de inversión es muy eficiente y está dando grandes resultados.
En la Seiasa del sur y el este, yo lo decía antes y siento tener que recalcarlo -permítanme la ironía, a lo mejor pilló a las sociedades recién constituidas; lo he discutido con ministros de anteriores gobiernos y a lo mejor es que eran
demasiado jóvenes-, a 30 de octubre de 2004, el presupuesto en obras terminadas era solamente de 7 millones de euros y solamente estaba terminada una obra en Campo de Cartagena. Usted conoce muy bien que a partir de ahí hemos trabajado bastante y
seguimos trabajando. En abril de 2006, el presupuesto ascendía ya a 24 millones de euros y se habían finalizado las obras de Totana, Caz de Torres y Lorca.
Sabe usted que estuve en Lorca hace pocos días y seguimos invirtiendo en obras de
modernización. Si nos referimos a las obras en ejecución, la cifra no llegaba a los 80 millones de euros, mientras que a 23 de mayo superaba ya los 180 millones de euros. Para dar algún dato por comunidades autónomas le diré que en Murcia, en
concreto, el presupuesto en obras terminadas en 2004 era de 7 millones y ahora estamos en 21 millones; en Andalucía, en abril de 2004 no había ni una sola obra terminada y el presupuesto no llegaba a 65 millones, y en este momento solo con una
obra, la de Sevilla, de 110 millones, si no recuerdo mal, las obras en ejecución ascienden a 165 millones de euros, y muchas de ellas están ya en avanzado estado de ejecución; no estamos en fase de primeras piedras. Se está avanzando y se está
coordinando el nivel de gasto para llegar a final de legislatura con un nivel de inversión muy alto y un nivel de satisfacción por parte de los usuarios también alto, cosa que nos importa tanto o más que el nivel de ejecución presupuestaria.
Solo puedo reiterar el buen uso de estos fondos públicos, la colaboración y coparticipación de las comunidades de regantes y de las comunidades autónomas en esta gestión. Y en algunos casos, también tengo que decirlo, no está Seiasa, que
tenía actuaciones sobre Canarias. Por el propio régimen insular y porque tenemos niveles de cofinanciación hasta en cien por cien con el Plan Nacional de Regadíos, no está actuando, pero en Andalucía y Murcia el nivel de satisfacción es bastante
alto y además estamos compitiendo en una zona donde el recurso sí que es verdaderamente escaso.
-DE LA SEÑORA VILLAGRASA PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO SEIASA DEL NORDESTE EN MATERIA DE REGADÍOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA RIOJA, NAVARRA, ARAGÓN, CATALUÑA E ILLES
BALEARS. (Número de expediente 181/002117.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta séptima del orden del día, de la señora Villagrasa Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre inversiones de SEIASA del Nordeste en materia de regadío. Su señoría tiene la palabra.
La señora VILLAGRASA PÉREZ: En primer lugar quiero agradecer la presencia en esta Comisión del señor Puxeu para comunicarnos la política que en materia de regadíos esta llevando a cabo el Ministerio de Agricultura a través de las distintas
sociedades estatales de infraestructuras agrarias, Seiasas. Por no repetir lo que ya han dicho mis compañeros, comenzaré mi exposición citando a Joaquín Costa, aragonés ilustre nacido en mi ciudad, Monzón (Huesca), que fue la base ideológica del
primer Plan Nacional de Obras Hidráulicas, redactado por Gasset en 1902.
Haciendo un breve repaso, el regadío ha tenido un papel clave en la economía agraria española, especialmente a partir de 1940. Recordemos la etapa del racionamiento de alimentos, en la que el regadío, transformado por la iniciativa privada,
permitió mejorar el abastecimiento de alimentos básicos. Fue en los años cincuenta cuando la agricultura española inicia el despegue económico y el regadío se convierte en la vanguardia del proceso de modernización agraria. En los sesenta, el
rápido crecimiento económico y el fuerte aumento de la renta per cápita provocó el cambio de la dieta alimenticia española, disminuyendo el consumo de algunos alimentos, cereales y leguminosas, y aumentando el de otros: azúcar, carnes, leche,
aceites, vegetales, frutas y hortalizas.
Todo ello produjo fuertes desajustes productivos que provocaron tensiones inflacionistas y un creciente desequilibrio de la balanza comercial agraria, por lo que las importantes transformaciones públicas en
regadío supusieron una oportunidad, ya que gracias a la diversidad de producciones que el regadío permite, fue posible atender a las nuevas demandas de alimentos de la población. Pero el gran despegue comercial se da durante la segunda mitad de la
década de los noventa, pues se produjo una fuerte expansión de las exportaciones de las producciones de regadío y de modo especial de las frutas y hortalizas. El regadío no solo es relevante desde el punto de vista
macroeconómico. El regadío ha supuesto para muchos agricultores que puedan aumentar su producción y renta agraria; en muchos casos ha sido la única salida que les ha permitido permanecer en la agricultura. Recordemos que, por término
medio, una hectárea de regadío produce seis veces más que una de secano y genera una renta cuatro veces superior, pero existe otro factor clave y es la importancia del regadío en el desarrollo rural, pues ello conlleva la creación de empleo y la
fijación de la población del medio rural, factor muy importante en la zona a la que yo represento y en muchas de estas zonas rurales. La existencia del regadío ha permitido articular en torno a él un importante complejo agroalimentario que ha
mantenido vivas estas zonas, lo que se ha manifestado en una densidad de población mayor, una población menos envejecida, una menor tasa de desempleo y una mayor tasa de actividad. Por ello sigue existiendo una fuerte demanda social para mejorar
los regadíos existentes o para incluso aumentar la superficie de regadío, demostrándonos la experiencia que el regadío es uno de los elementos claves para el mantenimiento de la población del medio rural pues cumple una función social como factor de
equilibrio territorial, pudiendo frenar el éxodo rural de zonas con riesgo de abandono o al menos de pérdida de población, porque, como se ha comprobado en algunas zonas transformadas, ha actuado como elemento de recuperación demográfica,
contribuyendo a la vez al mantenimiento del equilibrio territorial fijando población, lo que en las zonas rurales en declive es un objetivo básico para evitar el abandono y la consiguiente degradación del espacio, paisaje, recursos naturales y medio
ambiente.
Se puede considerar que el regadío multifuncional constituye una pieza básica del nuevo modelo de agricultura europea consagrado en la Agenda 2000, y que se define en el Plan Nacional de Regadíos como regadío social que merece el apoyo
público por los importantes servicios que presta al conjunto de la sociedad, pero no debemos olvidar la importancia del regadío como usuario del agua en España, por lo que cualquier medida o plan de actuación para mejorar la gestión del agua pasa
por mejorar la gestión y el uso del agua en el regadío. Para explicar los cambios importantes que se han llevado a cabo en la planificación de los regadíos en España no debemos olvidar los traspasos de funciones y servicios de reforma y desarrollo
agrario desde la Administración del Estado a las comunidades autónomas, la incorporación de España a la Unión Europea participando plenamente de sus reglamentos y directivas y la necesidad de encuadrar el desarrollo de los regadíos en la política
agraria común. El análisis de situación y diagnóstico de los regadíos que actualmente están en explotación ha permitido identificar y cuantificar varios tipos de problemas que es necesario corregir, tanto para optimizar la gestión del agua
utilizada como para mejorar los resultados económicos de las explotaciones y la calidad de vida de los usuarios. De ahí que se hable del horizonte 2008, cuyo objetivo es transformar un total de 138.365 hectáreas.
Quiero finalizar mi exposición recordando, como ya se ha dicho anteriormente, que, cuando el Gobierno socialista accedió a su actual responsabilidad, el Plan Nacional de Regadíos no alcanzaba ni siquiera el 15 por ciento de las inversiones
previstas, mientras que en la actualidad llega casi, como se ha dicho, al 70 ó 75 por ciento, pues se han recuperado partidas no ejecutadas. Para conocer en detalle dichas inversiones, le formulo la siguiente pregunta: ¿qué inversiones está
desarrollando Seiasa del nordeste en materia de regadíos en las comunidades autónomas de La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña e Illes Balears?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Señoría, es un placer contestar una pregunta de agua a una diputada de Monzón. De Joaquín Costa, algunos en Madrid solo conocen la calle; otros, que hemos pasado
mucho calor en algunos secarrales, aprendimos cómo un visionario como él, en momentos difíciles para este país, tuvo la idea y la ilusión de tramar todo un sistema que hoy algunos a lo mejor dirían que no es compatible con algunos conceptos y nuevas
culturas del agua, pero que en aquel momento no solo era compatible, sino fundamental y necesario. Si Joaquín Costa no hubiese diseñado toda esa trama de estructura hídrica en ese momento, el secarral pasaría desde Bárdenas hasta bien avanzado
Lérida y probablemente llegaría hasta el puerto de Cervera. Estaríamos hablando de una zona esteparia, despoblada, sin ninguna posibilidad. La estructura de Aragón y Cataluña, la estructura del Canal d'Urgell, Canal de Pinyana, los actuales
sistemas ya más avanzados de Monegros, de Bárdenas y todo lo que se ha ido haciendo en la zona más dura de la estepa aragonesa, leridana y navarra, fueron en gran medida idea de esos visionarios, que hasta hoy se sigue poniendo en práctica. Estamos
obligados a mantener la ilusión de aquellas gentes, a mantener la inversión pública en esos territorios, porque, si no lo hiciésemos, estaríamos defraudando la voluntad de una serie de gente que sí apostaron de verdad, y lo hemos hablado antes, por
el territorio y por las personas; que todos estuviésemos en este momento en Zaragoza, en Barcelona, o en áreas periurbanas, dedicándonos a no se sabe qué y que hubiésemos dejado toda aquella estructura y ese patrimonio en manos de la nada y la
desidia podía haber sido un gran problema. Además, ellos no lo hicieron con esa visión, ellos lo hicieron, como usted muy bien decía, con la visión productivista de poner al alcance de los ciudadanos una solución a las hambrunas, que eran endémicas
e históricas. Las grandes migraciones industriales no son tan lejanas, son de finales del siglo XIX, y se producían por hambrunas en las zonas de secano. No había en esos momentos ni política agrícola común tan denostada, ni sistema de
seguros agrarios que lleva 25 años funcionando más que razonablemente, ni una estructura de redes de seguridad que facilitase la vida en esos territorios. Por tanto, la obligación de todos es perseverar en esas ideas de esos desarrollistas.
En concreto, las Seiasas han actuado, lo he dicho antes, como una iniciativa más dentro de la gran trama de obras en esas zonas, usted lo conoce bien. No quiero reiterar el nivel de ejecución, lo he dicho anteriormente, pero en el caso
concreto de la Seiasa del nordeste tiene una especial significación porque, al haber salido de zona de Objetivo 1, ya debe finalizar sus obras y debe entrar en un proceso de nueva etapa, de nueva fase de gestión de infraestructuras realizadas, ya
que los retornos con fondos comunitarios van a ser diferentes, como usted bien sabe, a partir de la finalización de 2006. Por tanto, estamos en una necesidad urgente de imprimir ritmo a todas las obras y a la ejecución presupuestaria para no perder
fondos europeos. Y así se ha hecho. Si tomamos como fecha octubre de 2004, también lo decíamos antes, las obras terminadas no llegaban a 30 millones de euros y en este momento estamos mucho más arriba de 50 millones de euros, pero con un nivel de
ejecución absolutamente avanzado; no llegaba a los 60 millones de euros en 2004 y estamos ya en 215 millones de euros. La gran mayoría de las obras estarán finalizadas este mismo año y 11, de las 15 que se están realizando, van a cerrarse antes de
31 de diciembre, por lo que quedarían muy pocas obras.
La Seiasa del Nordeste está gestionando también obras del plan de choque por un valor muy importante. El desglose de cada una de las actuaciones se lo vamos a remitir por escrito, si usted lo cree oportuno, pero me gustaría hacer hincapié
en dos cuestiones: Seiasa ha colaborado en la finalización de algunos sectores de Monegros como zonas absolutamente importantes, está haciendo una ejecución muy destacada prevista en la margen derecha del delta del Ebro como una cuestión también
absolutamente imprescindible en esa zona, en cuanto a mejora y consolidación, y no actúa, permítame también que se lo diga, porque es el área de influencia de las Seiasas, en las islas Baleares, porque, como en Canarias, vamos a un procedimiento del
Plan Nacional de Regadíos y de cien por cien de participación pública. En Baleares, en concreto, la reutilización de aguas procedentes de usos urbanos, los acuíferos existentes y la interrelación de los dos sistemas se está llevando a unos niveles
de ejecución importantísimos, y el plan de choque de regadíos que antes hemos visto contempla actuaciones que, cuando se ven globalmente, son 8 millones en Formentera. En Formentera, 8 millones, el Gobierno de la nación con el Gobierno balear, de
común acuerdo, pero financiado por el Gobierno de la nación; es la mayor obra de infraestructura que se ha hecho jamás allí. En Ibiza hay un nivel de ejecución muy importante también, con un aro perimetral y la interconexión de todas las
depuradoras, y en Mallorca se están haciendo ya y finalizando todas las obras en muchas de las estaciones depuradoras y la conexión de los sistemas de riego. Insisto, nuestras actuaciones en Baleares, más las actuaciones en la margen derecha del
Ebro, la finalización de tramos de Monegros y también, por primera vez después de muchos años y para concluir, dos actuaciones importantes de mejora en dos sistemas tradicionales que tenían déficit de inversión desde hace muchos, años como pueden
ser el Aragón y Cataluña y el Canal d'Urgell. Por tanto, señoría, de acuerdo con esos criterios y esas premisas del visionario Joaquín Costa, vamos a seguir trabajando a favor del regadío eficiente en esas zonas.
-DE LA SEÑORA ARMENGOL CRIADO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO SEIASA DE LA MESETA SUR EN MATERIA DE REGADÍOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE EXTREMADURA, CASTILLA-LA MANCHA, MADRID Y
COMUNIDAD VALENCIANA. (Número de expediente 181/002118.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta de la señora Armengol Criado del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las inversiones de Seiasa de la Meseta Sur en materia de regadíos. Su señoría tiene la palabra.
La señora ARMENGOL CRIADO: Después de la brillante intervención de mis dos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, me queda poco que añadir; solamente quiero recordar la importancia estratégica del agua como recurso, junto
a la necesidad de acometer un uso mucho más racional, sobre todo dentro del sector de la agricultura. Está claro que este Gobierno se ha marcado como objetivo prioritario la puesta en marcha de políticas públicas de regadío adaptadas a la actual
situación económica y social y que emplea un sistema de gestión en la que convergen tanto las comunidades autónomas como la Administración central y las propias comunidades de regantes y que se concreta en el Plan Nacional de Regadíos. A través de
la Seiasa, este plan nacional está contribuyendo a la modernización de las infraestructuras de distribución y aplicación del agua de riego, está contribuyendo también a reducir de manera notable la contaminación de origen agrario y sobre todo a
promover innovaciones en el sistema de riego orientado a reducir el consumo de agua. Ello convierte a estas sociedades en el instrumento de modernización más poderoso al alcance de los regantes y las administraciones en todas las comunidades
autónomas. Junto con la modernización y la consolidación de las infraestructuras y la optimización de los recursos disponibles se mejorará gracias a este Plan Nacional de Regadíos el nivel socioeconómico de los agricultores al incrementar su
productividad y la rentabilidad de sus
explotaciones agrarias; se fijará asimismo la población y se crearán sinergias que vertebran el territorio, evitando o reduciendo los procesos de abandono y el envejecimiento de las zonas rurales.
Después de seis años de funcionamiento con un fuerte impulso en los dos últimos años, como hemos podido comprobar tanto por la intervención de mis compañeras como con la intervención del secretario general, muchas de las actuaciones que
estaban proyectadas ya se han acabado, están en proceso de licitación muchas otras y todavía quedan algunas por realizar.
Nos gustaría, señor secretario general que detallase las inversiones que se están desarrollando en la Seiasa centro, en las
Comunidades autónomas de Extremadura, Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana.
El señor PRESIDENTE: Señor Puxeu, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Como usted conce perfectamente, porque hemos visitado algunas obras y hemos discutido el tema del aprovechamiento del agua sabe la sensibilidad que hay al respecto
y la comparto con usted. Por tanto, permítame que le facilite alguna información sistemática de cuáles son las actuaciones de esta sociedad en las comunidades autónomas en las que actúa. En la Comunidad de Madrid -vamos a empezar de menor a mayor
en territorio e inversión-, se están ejecutando obras de modernización en Chinchón, por valor de 11 millones de euros con el objetivo de ahorro de agua y evitar la sobreexplotación del acuífero existente. En Castilla-La Mancha, además de las obras
ya finalizadas en la comunidad de regantes de El Salobral y las que se incluyen en el plan de choque se va a posibilitar realizar las obras de la comunidad de regantes de Balazote-La Herrera, con 32.700.000 euros, son unas 5.300 hectáreas y
aproximadamente 1.400 regantes y, en las próximas semanas, se firmará el convenio con la comunidad de regantes de Barajas de Melo, en Cuenca, para modernizar unas 750 hectáreas; estas son las obras que tiene la Seiasa.
En Extremadura podríamos hablar de un grado de actuación próximo al cien por cien de lo presupuestado, ya que se están realizando obras en diez comunidades de regantes o zonas regables con una inversión de 55 millones de euros y más de
90.000 hectáreas afectadas. Es de destacar la inversión de casi 21.000 millones de euros en el Canal de Orellana para modernizar 40.000 hectáreas y más de 10 millones de euros para la consolidación de los regadíos del Canal del Zújar. Las obras de
mejora del Canal del Zújar se iniciaron el pasado 25 de enero, y quiero destacarlo porque se trata de la mayor instalación de sistemas de telecontrol de riego por telefonía móvil que en estos momentos está funcionando. Saben ustedes que la misma
tecnología se está aplicando ya en otras zonas regables: Murcia, Valencia, Aragón, etcétera. Este proyecto pondrá a disposición de los regantes diferentes herramientas de gestión aparte de la cartografía digital utilizando el SIG, lo utilizamos
para el Sigpac para uso agrícola, aplicaciones web y, además, permitirá planificar cada campaña de riego en función de los recursos hídricos disponibles, optimizar la distribución, obtener información sobre los niveles de agua almacenada, incluso,
conocer la calidad con controles permanentes de contenido en sales, nitratos y metales. Cuando me refería al alto grado de actuaciones en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estoy considerando también que se han firmado seis convenios con seis
comunidades de regantes, así como las actuaciones incluidas en el plan de choque por el que se modernizarán 16.500 hectáreas con una inversión de 37.500.000 euros. Los regadíos en la Comunidad Valenciana, son los que más conoce usted María Antonia.
Tienen la enorme importancia que históricamente se les ha concedido por parte de los agricultores y antes me he referido sin ningún empacho a la buena gestión que ellos han hecho de este recurso. Por eso es bastante fácil, en un sistema de
cofinanciación, llegar a acuerdos, en Valencia es más fácil, con las comunidades de regantes porque saben que es de vital importancia disponer de un medio de financiación que les permita optimizar el uso del agua, porque todas las producciones están
claramente enfocadas al comercio exterior, al comercio en fresco y saben que este coste de producción es fundamental para ellos. Como saben, no solo el Ministerio de Agricultura y este secretario general estamos absolutamente volcados en la mejora
y la eficiencia del regadío, porque aquí incluso, en este ámbito de actuación de estas Seiasas, si hacemos los repasos mes a mes, veríamos que el nivel de ejecución de las obras, el nivel de iniciación de obras, el nivel de avance, de proyectos y de
acuerdos con las comunidades de regantes es constante.
Solo quiero referirme, para acabar, a que el día 10 de abril la ministra firmó diez convenios en Valencia para modernizar 25.000 hectáreas cuyas obras están incluidas en el plan de choque (y lo digo no para quitar hierro, sino para ver cuál
es el nivel de colaboración y complicidad de las administraciones, aunque sean de distintos signos políticos) y la Comunidad Valenciana cofinancia con un 25 por ciento la parte que aportan las comunidades de regantes. En estos diez convenios en
concreto hay una voluntad explícita de avanzar en ese tipo de obras liderada por este Gobierno.
-DEL SEÑOR CUADRADO BAUSELA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE INVERSIONES QUE ESTÁ DESARROLLANDO SEIASA DEL NORTE EN MATERIA DE REGADÍOS EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA, ASTURIAS, CANTABRIA, PAÍS VASCO Y CASTILLA Y
LEÓN. (Número de expediente 181/002119.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta de este bloque de agricultura, que aparece en 9.º lugar en el orden del día, del diputado señor Cuadrado Bausela, relativa a inversiones de Seiasa del Norte en materia de regadíos. Su
señoría tiene la palabra.
El señor CUADRADO BAUSELA: Me corresponde a mí preguntar a propósito de la Seiasa del Norte, es decir, la cornisa cantábrica más mi comunidad autónoma, Castilla y León, que por razones obvias tiene un porcentaje altísimo en superficie de
regadío en el ámbito de actuación de esta Seiasa, la Seiasa del Norte.
Señor Puxeu, verá con claridad que la política de regadío no era el fuerte del Partido Popular. Lo verá por la propia escenificación aquí, en la Comisión. Basta echar una mirada, hacer una panorámica con la cámara para ver hasta qué punto
esto es así, pero también porque los datos son tan evidentes que aquí estamos ante aquel viejo dicho de raíz agraria, que la cuestión no es predicar, sino dar trigo. Yo he asistido en la legislatura anterior a muchas sesiones de control
parlamentario sobre temas de regadío y ningún responsable del Ministerio de Agricultura de entonces pudo hacer lo que usted ha hecho hoy aquí: dar trigo. Usted ha podido decir hoy, sin réplica posible, que encontramos las obras de regadío en
España en un grado de ejecución del 15 por ciento y estamos en el 70 por ciento de esta legislatura. Dicho esto, casi, casi tengo la tentación, señor Puxeu, de no decir más, pero voy a aprovechar esta ocasión para decir alguna otra cosa.
No me extraña que la señora diputada de la Comunidad Valenciana que ha tenido alguna responsabilidad en materia de regadío no esté en la sala.
(La señora Naharro de Mora: Acaba de entrar.-La señora Ramón-Llin i Martínez: Las conozco.)
Agradezco mucho que esté, pero no estaba cuando se habó de la Seiasa que corresponde a su comunidad autónoma y se han dicho las cosas que se han dicho, muy interesantes, interesantísimas, tanto como que los datos son tan evidentes que aquello de la
guerra del agua se quedó en guerra y en poca agua y ahora hablamos de agua. Ya quisiera yo haber tenido un plan de choque en mi comunidad autónoma de 150 millones de euros extra -repito, extra- para tener resultados como los que se están viendo en
el Levante en este momento, resultados prácticos más allá de las palabras. Así que, primera cuestión, hemos pasado del humo, un humo parecido al que desprendían las sacas de lino cuando se quemaban, en materia de política de regadíos a los datos
reales, a los datos prácticos.
En mi pregunta voy a pedir que amplíe la información porque he visto en la página web de la Seiasa del Norte datos tan contundentes -que también conozco porque vivo allí y tengo contacto con las comunidades de regantes-, aunque no voy a
darlos todos, de evolución de adjudicaciones de obras, de obra ejecutada en modernización de regadíos, algo tan importante como la modernización de regadíos, obra ejecutada, hectáreas modernizadas, regantes afectados. Solamente hablaré de un solo
dato, hasta junio de 2005, y por eso me gustaría tener más datos desde junio de 2005 en adelante, porque es lo que aparece en la última memoria presentada por la Seiasa del Norte. He visto que hasta que hay un cambio de Gobierno en mayo de 2004 se
había adjudicado obra por valor de 25 millones de euros en la Seiasa del Norte y, que en junio de 2005, un año, se habían adjudicado obras por 78 millones de euros. La primera pregunta es: ¿es esto posible? ¿Qué es lo que había ocurrido antes?
Porque yo oigo mucho a los diputados del Partido Popular, tanto en el territorio como aquí en sede parlamentaria, una expresión que ya tienen ustedes acuñada, señorías del Partido Popular: estaba contemplado. Es la expresión que yo oigo más
repetida: lo teníamos contemplado. Me interesa mucho la literatura sobre la vida contemplativa que da unos resultados enormes de satisfacción, pero la vida contemplativa, señorías, que es desde el punto de vista individual muy satisfactoria para
las comunidades regantes, para los contribuyentes, para los habitantes de los territorios da pocos resultados; es como aquello de la Ley de desarrollo rural, que fue la prioridad en ocho años del Partido Popular. Yo pregunté muchas veces por la
Ley de desarrollo rural y ahora he oído aquí lo que he oído esta mañana; pues igual ocurre con las obras de regadío.
Señorías, señor Puxeu, me gustaría oír más datos concretos sobre la Seiasa del Norte. Ya veo como van las cosas por la memoria presentada de un año presupuestado. Me gustaría alguna precisión sobre cómo van las conversaciones con la
comunidad de regantes de la margen derecha del Tera en la provincia de Zamora o del Canal Toro-Zamora, por hablar de dos grandes comunidades de regantes pero en cualquier caso -concluyo con esto-, señor Puxeu, ahora hay una política de regadíos y
antes no había una política de regadíos. No sé si ustedes saben, que el Plan nacional de regadíos horizonte 2008 es una copia del Plan nacional de regadíos horizonte 2005, los dos del Partido Popular, que a su vez es una copia del Plan de regadíos
que ya estaba redactado en 1995. Por eso, cuando hablan de vida contemplativa, entiendo que quieren decir esto, hacer muchas revisiones. Nos dicen incluso que por qué no hemos revisado en 2004 el Plan Nacional de Regadíos que se aprobó en 2003.
Es decir, la vida contemplativa, señor Maldonado, consiste en revisar mucho los papeles y no hacer nada en el territorio. Afortunadamente ahora estamos hablando del territorio.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (Puxeu Rocamora): Vamos a intentar aterrizar de la vida contemplativa al hormigón y al tubo de PVC, porque cuando uno no tiene presupuesto a lo mejor tiene que decir aquello de:
vivo sin vivir en mí, y la buena gestión empieza por la buena
gestión presupuestaria y defender los intereses de los ciudadanos rescatando el máximo de fondos posibles de la Unión Europea, ahorrando en todos los aspectos y optimizando el uso, porque si no la alternativa en noches frías zamoranas tiene
que ser el beleño, que como pócima y en caliente hace hasta levitar. Algunos lo hicieron. Pero pasando de la vida contemplativa al hormigón, en los niveles de ejecución presupuestaria estaríamos en esta Seiasa en situaciones parecidas a la que
hemos visto en las anteriores, porque a finales de 2003, por ejemplo, la Seiasa del Norte había terminado una obra -insisto, eran sociedades muy recientes-, el Canal de Aranda, en Burgos, por valor de 900.000 euros sobre 588 hectáreas y había cuatro
obras en ejecución y ocho obras que se encontraban con proyecto de redacción en Castilla y León.
En Galicia estaba pendiente de firma, en línea con lo que hemos hablado de la zona de la laguna de Antela, un presupuesto de 3,7 millones de euros de 609 hectáreas y en Tierra Llana un presupuesto de 16 millones de euros y 2.700 hectáreas;
esa era la realidad en ese momento. A partir de ahí, por supuesto, ha habido un cambio radical en niveles de ejecución. En este momento tenemos seis obras terminadas con un presupuesto de 23.300.000 euros sobre una superficie de 6.800 hectáreas y,
nueve obras en ejecución, por valor de 68 millones de euros. De todas maneras, me gustaría centrar un poco más la intervención en algunas de las obras porque a lo que hemos comentado, en Galicia, de las obras de Limia en estos momentos tendríamos
que unir ya los acuerdos con comunidades de regantes en Tierra Llana o Terra Chá, en Lugo, con un presupuesto de 16,7 millones de euros y 2.783 hectáreas. Asimismo, la Seiasa del Norte está actuando, al igual que las otras, en la promoción,
contratación y explotación de obras de modernización y consolidación de regadíos, incluidas en este caso en el Plan Nacional de Regadíos y declaradas de interés general. A partir del pasado mes de marzo también actúa en el desarrollo del plan de
choque del decreto que hemos visto esta mañana.
Las inversiones que estamos realizando a través de la Seiasa del Norte, solo le daré unos datos que vienen a corroborar este impulso de los planes de modernización de los regadíos existentes, tal como usted conoce, por ejemplo son los que se
están llevando a cabo en Castilla y León. Son ya seis las obras terminadas durante el año 2004-2005, con un presupuesto, como he dicho, de 23,3 millones, 6.800 hectáreas y 4.800 regantes, por tanto, es un parcelario bastante limitado, bastante
minúsculo en zonas de concentración, pero se están realizando ya obras en otras doce zonas que benefician a más de unos 10.000 regantes y unas 22.000 hectáreas. De estos doce proyectos, once se están llevando a cabo en Castilla y León, siendo
Salamanca con cinco actuaciones la zona con mayor inversión y regantes beneficiarios. Usted sabe que hubo un problema de impacto ambiental que se ha resuelto favorablemente y ya se están llevando a cabo las actuaciones y, también la Seiasa del
Norte, ha incorporado una obra del plan de choque que va a afectar a unas 26.000 hectáreas con una inversión de 200 millones de euros. Sabe usted que prácticamente son: Páramo Bajo, Páramo Alto y Canal de Payuelos. El 16 de abril, la ministra de
Agricultura presidió la firma de convenios -estaba también el consejero y las autoridades de la zona- en la provincia de León, incluidos en el plan de choque. Quiero aprovechar para reiterar que estamos absolutamente comprometidos en la ejecución
de este plan y las dos obras son las que comentaba antes. En concreto, Páramo Bajo, 66 millones de euros; 4.400 regantes y 11.000 hectáreas, aquí ya son parcelas bastante superiores, y el del Páramo Alto con 36 millones de euros, 6.000 hectáreas y
2.000 comuneros. El esfuerzo inversor que se está llevando a cabo el Castilla y León por parte de la Seiasa es muy importante, junto con Galicia, aunque creo que más allá de las grandes cifras el compromiso va por la vigencia de los cultivos.
Usted lo conoce bien porque lo hemos discutido cuando la reforma del sector del azúcar en la Unión Europea, la voluntad primera de mantener el cultivo o de buscar soluciones alternativas, como pueden ser los cultivos energéticos, pero en cualquier
caso en ningún aspecto se ha planteado una política de achatarramiento del sector o de destrucción de la capacidad productiva ni mucho menos, sino que se están planteando todas estas iniciativas de inversión pública para poder mantener la población,
para poder mantener la actividad y poder mantener el territorio.
Con estas intervenciones alrededor de estas sociedades, las Seiasas, hemos hablado durante la mañana de hoy entre otros aspectos del plan de choque de regadíos. No me queda más que reiterar la voluntad firme del Gobierno de la nación en
mantener esta política de inversión hacia esos territorios y en esas políticas.
El señor PRESIDENTE: Hemos agotado las diez preguntas del orden del día correspondientes al bloque de agricultura. Quiero agradecer la presencia del señor Puxeu en la Comisión en el día de hoy. Suspendemos la sesión por el tiempo
estrictamente imprescindible para proceder al cambio de compareciente. (Pausa.)
Continuamos la sesión con las diez preguntas correspondientes a pesca. Ha habido una petición de alteración del orden del día por motivos de trabajo, en el sentido de que las dos primeras preguntas de la señora Fernández Davila, las números
11 y 12, se hagan de manera acumulada. La alteración consistiría en que en la pregunta que aparece en 17º lugar, del señor Marquínez, pasaría a ser la segunda del orden del día y la que aparece en 19.º lugar, del señor Maldonado, pasaría a ser la
tercera, si no hay inconveniente.
Aprovecho para recordar que al final de la Comisión, por un tiempo extraordinariamente breve, celebraremos una reunión convocada ya de la Mesa y portavoces, por lo que ruego a sus miembros que se queden.
Quiero agradecer la presencia del secretario general de Pesca, don Juan Carlos Martín Fragueiro en esta
Comisión. Sin más preámbulos pasamos al desarrollo de las preguntas.
-DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO MIXTO, SOBRE VALORACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR EL ARTE DE ENMALLE EN DIFERENTES ZONAS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 181/001765.)
-DE LA SEÑORA FERNÁNDEZ DAVILA, DEL GRUPO MIXTO, SOBRE RAZONES POR LAS QUE EN EL MES DE ENERO DE 2006, AÚN NO SE HAYAN ADJUDICADO LAS LICENCIAS DE PESCA PARA FAENAR EN AGUAS DE MARRUECOS, DE ACUERDO CON EL CONVENIO FIRMADO EN JULIO DE 2005.
(Número de expediente 181/001766.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas 11º y 12º del orden del día, de manera acumulada, de la señora Fernández Davila, tal cual figuran en el mismo.
Su señoría tiene la palabra para la formulación de las mismas.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Agradecemos la presencia del secretario general de Pesca para informarnos respecto al interés que nos suscitan las preguntas que presentamos, independientemente de que después del tiempo transcurrido desde que
las hicimos haya alguna cuestión que pueda parecer que está desfasada, concretamente la relacionada con la segunda pregunta y, en cuanto a la primera, pedimos nos explique cual es la valoración del Gobierno en lo que respecta a la prohibición de la
utilización del arte de enmalle en las diferentes zonas de la Unión Europea. En este caso puede estar avanzado un debate debido a que cuando presentamos esta pregunta, dada la preocupación que teníamos, presentamos también distintas iniciativas,
entre ellas una pregunta por escrito y una proposición no de ley, que ya fue debatida en esta Comisión. Se aprobaron cuestiones que, desde nuestro punto de vista, son de mucho interés para la flota afectada por esta prohibición de la Unión Europea.
Una prohibición que ya explicamos en su momento, y además todas SS.SS. lo saben, no contaba con los informes científicos que justificaran la decisión de la Comisión de Pesca de la Unión Europea. Desde nuestro punto de vista y así también lo hemos
manifestado en otras ocasiones, esta decisión corresponde más a una decisión política y económica que a cuestiones medioambientales o de atención a las políticas de prevención de los malos usos de las artes de pesca para que no vaya en deterioro del
ecosistema marino. Nos interesaría saber la valoración que hace el Gobierno de esta prohibición, porque entendemos que, aunque la mayoría de los barcos afectados tienen bandera de otros Estados de la Unión Europea, son barcos propiedad de armadoras
españolas en la medida que son gallegas, que la tripulación es gallega en su práctica totalidad, que la descarga de la mercancía, la descarga del pescado se hace también en puerto gallegos y, por lo tanto, la afectación económica que tiene para
Galicia esta prohibición es evidente.
En respuesta escrita, y creo que también en una comparecencia, aunque no exactamente por esta cuestión, el secretario general nos aclaraba que las medidas definitivas por las que se regularían estas artes de enmalle tendrán, a propuesta del
Estado español, en la Comisión Europea, que contar con el informe del Consejo Técnico Científico y Económico de la Pesca. Así se nos respondió en una pregunta escrita. De la misma manera que también en la misma respuesta se nos dijo que por parte
del Gobierno había un compromiso para elaborar los estudios, tanto socioeconómicos como científicos, que puedan contrarrestar la postura de la Comisión de Pesca de la Unión Europea.
En ese sentido, también se aprobó en esta Comisión una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno, entre otras cosas, a elaborar esos estudios científicos y económicos para contrarrestar, como dijo, la decisión de la Unión
Europea y, además, también se acordaron otras medidas que tienen que ver con las ayudas tanto a la tripulación afectada económicamente por el paro que esto significa, como a los propietarios de las embarcaciones en lo que representa la pérdida
económica. Esto se acordó aquí siendo todos conscientes de que las ayudas que el Estado español tiene para destinar están orientadas a las embarcaciones que tienen bandera española y, en este caso, ocurría o concurría la cuestión que yo decía al
principio, del abanderamiento de otros Estados de la Unión Europea, pero con las circunstancias que también acabamos de comentar y que todos y todas conocemos. Por lo tanto, se instaba al Gobierno en esta proposición no de ley a que se apliquen
medidas de ayuda tanto a armadores como a tripulación por la afectación económica que esta decisión de la Unión Europea tiene en el sector. De ahí que estemos y continuemos preocupados, a pesar del debate que se produjo cuando defendimos la
proposición no de ley y del conocimiento de la respuesta que nos dio el Gobierno a nuestra pregunta por escrito. Nos gustaría saber si después de cinco meses de la decisión el Gobierno tiene una valoración más concreta de la afectación económica y
social que esta medida tuvo sobre estas embarcaciones y sobre estas tripulaciones y, por ende, sobre la economía gallega; en qué momento se encuentran los estudios que el Gobierno se comprometió a hacer, así como en qué situación están las medidas
que, como contesta el Gobierno español y por propuesta de éste, la Unión Europea se comprometía a hacer para la decisión definitiva de esta prohibición, y que era contar con el informe del Consejo Técnico Científico y Económico de Pesca, cuestión
que no existía cuando acordaron el tema. Todo esto es en lo que respecta a la valoración de la prohibición de utilizar el arte de enmalle en diferentes zonas de la Unión Europea; es
decir, la valoración de la afectación económica y la valoración al respecto de las ayudas que el Gobierno tendría previsto hacer a este sector.
La otra pregunta, tal como está formulada, está desfasada en la medida en que se refiere a la tardanza en dar las licencias de pesca para faenar de acuerdo a los acuerdos, valga la redundancia, con Marruecos. La hicimos de esta manera
porque, en su momento, estas licencias no estaban otorgadas. A día de hoy, hace una semana que fueron otorgadas.
Entenderíamos que el secretario general considerara oportuno no contestar por cómo está formulada la pregunta, pero agradeceríamos que
respondiera actualizando la pregunta en el sentido de por qué, y a pesar de una proposición no de ley que se aprobó en esta misma Comisión de que se reconocieran los derechos históricos de las flotas que faenaban en el caladero marroquí
anteriormente a la ruptura de los acuerdos, para la flota gallega, en ese reparto de cien licencias, no quedaran más que 17.
Agradeceríamos que nos pudiera explicar esto, porque ni nosotros ni el sector en Galicia entiende esta mínima cantidad de
licencias que se le otorga a la flota gallega, teniendo en cuenta el nivel de embarcaciones que existía en su momento en la costa marroquí. Nos gustaría saber si esto tiene relación con el tipo de embarcaciones gallegas y lo que se tiene que pescar
de acuerdo con el convenio firmado con Marruecos o si responde a otro tipo de cuestiones porque, desde luego, al reconocimiento de los derechos históricos que existían cuando la flota faenaba no puede ser, porque la flota gallega era la flota
mayoritaria en aquel entonces en ese caladero marroquí. Por lo tanto, agradecería que me permitiera hacer esta pregunta actualizada y también la respuesta a la primera pregunta.
El señor PRESIDENTE: Tal como ha explicado la señora Fernández Davila, el compareciente solo tiene obligación de contestar a las preguntas tal cual están formuladas y, si dispone de información respecto de otra cuestión que se plantee,
queda a su criterio el referirse a ello.
Señor Martín Fragueiro, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Voy a proceder, en consecuencia, a contestar las dos cuestiones planteadas por S.S., la primera referida a la situación de la flota volantera y la segunda con relación al
reparto de las licencias de Marruecos.
Empezando por la primera cuestión, la referida a la situación actual de la flota volantera afectada por la prohibición del uso de determinadas artes de pesca, cuestión adoptada en el Consejo de Ministros del mes de diciembre, en el que una
vez más hubo un posicionamiento de España, el único, en contra de la propuesta presentada por la Comisión Europea. Me gustaría recordar brevemente que esto ya viene de atrás. En el mes de julio del año 2005 la Comisión Europea ya propuso adoptar
como medida de emergencia la prohibición de utilizar redes de enmalle en fondos superiores a 200 metros en determinadas zonas comunitarias, propuesta que se justificaba en un informe, entrecomillado podemos decir, elaborado por científicos noruegos
e irlandeses, llamado informe Deepnet.
Posteriormente, en la reunión de NEAFC, celebrada en el mes de noviembre en Londres, se prohibió la utilización de las artes de enmalle en todas las zonas de regulación de la organización. España manifestó
siempre su desacuerdo ante la propuesta de la Comisión, siempre fuimos partidarios de regular ese tipo de artes de la misma forma que están reguladas otras artes y modalidades de pesca dentro de las aguas comunitarias. En la sesión del Consejo de
diciembre, la Comisión volvió a presentar la propuesta basándose precisamente en la recomendación adoptada en el seno de la NEAFC el mes de noviembre. El Gobierno siempre ha mantenido la necesidad de establecer una norma que regule estas artes en
lugar de prohibirlas. En lo que se refiere a la volanta, se ha mantenido siempre que este arte no figuraba entre los evaluados en el informe Deepnet, y dado que la posición mantenida por la flota española es totalmente coincidente con la apertura
de la pesquería de la merluza, el compareciente, es decir, yo mismo, me he dirigido al director general de Pesca de la Comisión Europea solicitando el levantamiento inmediato de la prohibición de las artes de enmalle lo antes posible. En ese
sentido, se encuentra en el Consejo una propuesta de modificación de ese reglamento para optar a determinadas cuotas y se ha solicitado también el levantamiento de la prohibición. El Gobierno y el Ministerio de Agricultura, y en particular la
Secretaría General de Pesca, han mantenido diversas reuniones con el sector afectado, tanto en Madrid como en el puerto más implicado, en este caso el puerto de La Coruña, y siempre hemos dicho que buscaríamos soluciones para esta flota. A pesar de
que, cómo usted decía, estamos hablando de flota de pabellón británico en la mayor parte de los casos, con tripulación comunitaria en la que la mayor parte no son tripulantes gallegos, son tripulantes portugueses porque son tripulantes
especializados en ese tipo de artes -también es necesario focalizar esa cuestión de forma adecuada- en el compromiso asumido por la Administración con el sector se han solicitado estudios al efecto y ya tenemos conclusiones previas, que han servido
de base para dirigirnos a la Comisión Europea y que esta prohibición se levante lo antes posible.
Me preguntaba también S.S. por el reparto de las licencias de Marruecos.
Hacía referencia a la proposición no de ley y a si se han reconocido o no los derechos históricos. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, quería aportar unos
datos, que creo que ya han sido aportados en varias ocasiones, sobre cuál era la situación de la flota en noviembre de 1999, cuando finalizó el acuerdo de pesca, y cuál es la situación de esa flota en la actualidad. Y ya que entramos por
comunidades autónomas, aunque a mí no me gusta realmente entrar en ese tipo de debates porque aquí se aplican los principios
establecidos en la Ley de Pesca Marítima y en el Real Decreto de aplicación y adjudicación de derechos de pesca, simplemente quiero decirle las comunidades afectadas. Los 397 buques que formaban parte de la flota española que operaba en
Marruecos en el mes de noviembre de 1999 se distribuían de la siguiente forma: Andalucía, 93 arrastreros, 4 cefalopoderos, 38 palangreros, 32 cerco norte, 1 atunero y 2 sardinales; Canarias, 69 cefalopoderos, 3 palangreros, 36 artesanales, 26
atuneros y 8 sardinales; Galicia, 6 cefalopoderos y 51 palangreros, entre palangre de fondo, que afectaba a la flota de Ribeira, y palangre de superficie, que afectaba fundamentalmente a la flota de La Guardia; Ceuta, 2 arrastreros, 2 palangreros
y 5 cerco norte; Melilla, 9 buques arrastreros; Valencia, 5, y País Vasco, 1. Esta es la situación a 1 de noviembre de 1999, con lo cual, haciendo una suma aritmética de cuántos barcos están afectados por cada comunidad autónoma, todos podemos
llegar a la misma conclusión.
Para poder repartir las licencias de pesca era necesario disponer de una base reglamentaria, y la base reglamentaria derivada del acuerdo de pesca firmado el 28 de julio, en Bruselas, entre la Comisión y el Reino de Marruecos, fue presentada
el día 23 de diciembre del año 2005, y sabemos lo que significa 23 de diciembre del año 2005. Esa propuesta hay que debatirla en los grupos internos de la Comisión Europea, grupos que se han prolongado hasta el día 7 de abril. Por parte de la
Comisión Europea, el 30 de enero se remitió ese proyecto de reglamento al Parlamento Europeo para que realizase el correspondiente dictamen. En esa primera propuesta de reglamento a España se le asignaban 95 licencias y, después, durante todo el
trámite y el trabajo que se ha llevado a cabo en los distintos grupos de política exterior en la Comisión Europea, hemos alcanzado una cifra de cien. Ya 95 satisfacían los intereses de España, pero cien, obviamente, satisfacen mucho más. Se ha
pedido al sector que presentase sus peticiones en el mes de febrero; se han recibido peticiones prácticamente hasta la reunión que hemos celebrado el día 16 de mayo y en esta reunión, en la que participaron, además del sector, las comunidades
autónomas implicadas, se procedió a adjudicar las licencias a nivel nacional conforme a los criterios, vuelvo a repetir, establecidos tanto en la Ley de Pesca Marítima como en el Decreto 1549/2004, de 25 de junio, por el que se regula el acceso de
la flota española a los caladeros de terceros países. Entre esos criterios, el que prevaleció, como no podía ser de otra manera, eran los derechos históricos presentes en la pesquería. No podemos olvidarnos de que en el acuerdo anterior había unas
de las modalidades de pesca y en el acuerdo actual hay algunas de las modalidades de pesca que existían anteriormente y, sin embargo, hay otras modalidades de pesca que se han creado nuevas. En cualquiera de los casos, un buque que tuviese una
presencia trimestral en el caladero de Marruecos con anterioridad tiene prioridad absoluta sobre cualquier otro barco. Le repito que los criterios utilizados han sido esos; se han respetado los derechos históricos y aquí no estamos hablando de
reparto por comunidades autónomas, estamos haciendo un reparto en función de los derechos atribuidos a cada buque individual y, por supuesto, a su armador correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila tiene la palabra, por breve tiempo, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Quiero agradecer al señor Martín Fragueiro las respuestas y, sobre todo, esta última, que no estaba obligado a dar por cómo estaba formulada. Quiero agradecerla porque ha aclarado, dando los números que acaba de
dar, una serie de dudas que en todo caso explican por qué se otorgan esas 17 licencias.
En cuanto a la pregunta relacionada con la prohibición del arte de enmalle, me gustaría saber si lo que se presentó por parte del Gobierno a la Comisión Europea para que se modifique la norma que regula estas artes y que además se derogue la
prohibición de las mismas, está acompañado de la documentación que se nos informó que el Estado se comprometía a dar, que era el estudio económico y el estudio científico; si esa solicitud de derogación y de modificación de la norma está
suficientemente avalada, en la percepción que tiene usted, para que pueda llevarse a cabo; que se derogue la prohibición, al mismo tiempo que se hace una regulación. De todas maneras, yo creo que ya existía una regulación, no sé si estoy
equivocada, que era por la que funcionaban estas embarcaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Por supuesto, la información que hemos remitido a la Comisión es una información científica, todos los datos han sido recopilados por los institutos científicos asesores de
la Secretaría General de Pesca Marítima. Además. hemos recibido el informe socioeconómico que ha elaborado el doctor Franquesa, de la Universidad de Barcelona, un estudio socioeconómico del impacto de la prohibición en la flota afectada. Este
último estudio ya está finalizado; lo vamos a remitir a las asociaciones profesionales del sector porque ellas han sido precisamente la base de datos para que pueda hacer el informe la Universidad de Barcelona.
Además, dentro de la comunicación
interna que hemos hecho a la Comisión Europea para reabrir la pesquería, se ha incluido, aprovechando una modificación que se va a introducir en el reglamento de TAC y cuotas, un considerando que indica que los buques que tienen como objetivo la
pesquería de la merluza utilizando redes de enmalle en las zonas VI a, b y VII b, c, j, k, no estaban implicados en las prácticas pesqueras para las que ha establecido la prohibición con carácter general del enmalle de fondo en esa área. Por lo
tanto, en el
anexo 3.8 de ese reglamento se incluye un nuevo punto 85 que dice lo siguiente: 'Por derogación de lo previsto en los apartados 8.3 y 8.4, los buques que tienen como objetivo la merluza podrán utilizar redes de enmalle de fondo, con malla
de 120 milímetros, en las áreas indicadas en cualquier posición que no supere los 600 metros de profundidad. Hasta ahora la prohibición era en 200 metros. Antes de que se pronuncie el Comité Científico Técnico de la Pesca, nos hemos anticipado
aprovechando esta modificación del reglamento de TAC y cuotas, hemos convencido a la Comisión Europea de que era el momento para hacerlo; el sector ha hecho también un trabajo importante a través de los RAC, es decir, de los consejos consultivos
regionales, y a partir de ahí esperamos, casi con toda seguridad, que el día 30 de este mes, que es la próxima semana, esto se adopte en el Coreper y el día 1 de junio, aprovechando un Consejo de Ministros, no de Agricultura ni de Exteriores, sino
un Consejo de Cultura, se adopte como punto a), sin discusión, y, por tanto, gran parte de la flota pueda volver a realizar su actividad mucho antes de lo inicialmente previsto.
-DEL SEÑOR MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ, (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DEL CONFLICTO CON LA FLOTA PESQUERA DEL GOLFO DE CÁDIZ. (Número de expediente 181/002009.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que aparece con el número 17 en el orden del día, del diputado del Grupo Parlamentario Popular don Luis Marquínez. Su señoría tiene la palabra.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Señor Martín Fragueiro, muchas gracias por su presencia aquí para contestar a las preguntas de los distintos grupos.
Recordará que el día 21 de febrero del presente año compareció usted ante esta Comisión para
hablarnos de los planes de regeneración de los caladeros nacionales. Recordará también que, justo a partir de su comparecencia, se produjeron una serie de incidentes que yo llamaría, cuando menos, muy importantes, no me atrevería a decir graves
-aunque yo lo crea- sobre ese caladero. La pregunta es, como se refleja en el orden del día de la Comisión: ¿cómo valora el Gobierno esos incidentes en relación con la situación del caladero del golfo de Cádiz?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): En el golfo de Cádiz, como usted sabe, existe una flota tradicional de esa pesquería, que es una flota de artes menores; existe otra flota, que es la flota de cerco y, por
último, existe una flota, desde nuestro punto de vista excesiva para lo que es ese caladero, de arrastre. Estamos hablando de aproximadamente 217 buques, si mal no recuerdo. A esa situación se ha llegado como consecuencia de una serie de
actuaciones que se han realizado en el pasado. No se trata de buscar culpables, pero realmente eso ha provocado un incremento de la explotación sobre el recurso en épocas en las que el gasóleo era barato. Además, no me cabe duda de que las
potencias de algunos barcos son superiores a las que realmente se requieren para hacer esfuerzo pesquero sobre el caladero. Todo eso ha conducido a una situación de sobreexplotación. Por parte de este Gobierno, tanto en el año 2004 como en 2005,
de forma consensuada con el sector pesquero, tanto de arrastre como de cerco del gofo de Cádiz y con la Comunidad Autónoma de Andalucía, hemos abordado dos planes de gestión con unas paradas de 45 días. Planes de gestión restrictivos y que, aunque
a corto plazo no podemos ver los resultados, estamos seguros que a medio plazo sí los encontraremos. Pero en ese caladero existe además tradicionalmente un alto porcentaje de capturas de inmaduros de pescado, tanto por la situación de desequilibrio
entre la flota pesquera que faena en el mismo y los recursos disponibles como por los hábitos de consumo.
Como consecuencia de esa sobrepesca, España tiene un procedimiento abierto desde el año 2003, y este Gobierno no quiere que la Comisión
Europea vuelva a abrir nuevos procedimientos por infracciones o por falta de control en materia de pesca. Con objeto de adoptar medidas globales que frenen la pesca de tallas ilegales y de paliar el procedimiento citado, a principios del pasado mes
de marzo se convocó una reunión en Huelva a la que asistieron todas las instancias implicadas tanto en la pesca extractiva como en la comercialización. En el transcurso de esas jornadas, que yo tuve ocasión de inaugurar junto con el consejero de
Pesca de Andalucía, una parte del sector pesquero decidió abandonar su participación, así como darse de baja en las federaciones andaluzas a las cuales estaban adheridos, tanto en la Federación de Armadores como en la Federación de Cofradías. Debe
señalarse que no existe un conflicto generalizado en el golfo de Cádiz. Como queda dicho, el conflicto se limitó exclusivamente a una parte de la flota de arrastre sin que en el mismo se vieran involucradas el resto de las flotas que están operando
en ese caladero.
El señor PRESIDENTE: Señor Marquínez, tiene la palabra.
El señor MARQUÍNEZ MARQUÍNEZ: Nos ha contestado lo mismo que dijo el día que hizo la comparecencia. Usted explicó en su comparecencia los planes para esas pesquerías, concretamente el arrastre de fondo y de cerco. Son dos órdenes
ministeriales -nos dijo-que tenían vigencia de un año, pero a la vista de los resultados obtenidos con su aplicación se han vuelto a publicar órdenes que establecen, en condiciones similares
al año anterior, regulaciones para ambas pesquerías por otro periodo de vigencia igual. Estos planes han sido consensuados con la Dirección General de Pesca de la Junta de Andalucía así como con las organizaciones representativas del sector
afectado. Señor Martín Fragueiro, reconocerá usted conmigo que lo que dijo usted entonces y lo que nos ha dicho ahora, que nos ha dicho lo mismo, choca con los resultados de la vida diaria. La realidad es muy tozuda. Usted, ese día que compareció
aquí nos dijo eso y, a continuación, el mismo día empiezan movilizaciones. Fíjese, he hecho un pequeño recuento para no hacer muy larga la intervención. El 21 de febrero las cofradías le exigen a la Administración que no se pesque boquerón y quese
reformen las tallas. El día 24 de febrero siguen las protestas de la flota pesquera.
El día 1 de marzo se produce su presencia en la provincia de Huelva, lo cual es muy de agradecer porque demuestra el interés del Gobierno por las pesquerías de Huelva, pero se le marchan a usted cinco puertos. ¿Dice que no es eso un
conflicto? Cinco puertos se le marchan y lo dejan a usted plantado en las jornadas. Algún conflicto habrá. Son cinco puertos importantes, no solo por su capacidad de captura sino por su incidencia en el caladero y por la incidencia que la pesca
tiene en la economía de esos cinco puertos. El día 4 de marzo aparece por allí don Fernando Curcio, subdirector general de Recursos Pesqueros, y no quiere reunirse con el sector, dice que solamente habla con las federaciones que estén acreditadas.
No quiero acusar al señor Curcio ni a usted de esa actuación, pero es una vieja táctica intentar dividir las representaciones del sector pesquero. No es la Administración quien tiene que decidir cómo se manifiesta, se reúne y se asocia el sector
pesquero; es el sector pesquero el que decide quien lo representa. Ustedes en la Administración (y no digo que ustedes solos, probablemente haya habido otros gobiernos y otras gentes que lo han hecho; no son ustedes los únicos malos de esta
película, han sido malos muchos más) tienen la tentación de que el sector se organice como ustedes quieren, y no es así.
En el sector se tienen que organizar como ellos quieran.
El 7 de marzo sigue la flota parada -fíjese usted lo que ocurre desde el 21- y el PSOE de Huelva se reúne con la flota para tratar de arreglarlo en una reunión que fracasa, no quiero decir que porque sea el PSOE de Huelva, sino que fracasa
porque no hay entendimiento. El 8 de marzo sigue la flota parada y se proponen segregaciones de las asociaciones de armadores, se provoca esa división. La Junta sigue muda y los ayuntamientos están apoyando a sus puertos y a sus armadores y a sus
pescadores porque son importantes en la economía. El 9 de marzo siguen las protestas, se cortan puentes, hay actuaciones y provocaciones de los pescadores porque no pueden aguantar más tiempo y los mayoristas amenazan con movilizarse. El 10 de
mayo el señor Saldaña, consejero de Pesca de la Junta de Andalucía, que usted bien conoce, dice que no se reúne con el sector -algo parecido a lo del señor Curcio-, y el 11 de marzo finalmente los pescadores no aguantan más (me imagino que sucumben
ante la presión de la Administración y también de la situación) y ofrecen reunirse de la manera que sea y acaban reuniéndose con la Ejecutiva del PSOE de Huelva y después con el consejero. El 13 de marzo salen a faenar, del 13 al 20 se empiezan a
enviar datos a Bruselas y el 29 de marzo aparece el señor Saldaña y nos dice que se está trabajando en el tema ¡qué curioso! desde el 21 al 30 de abril y que lo que se propone es un desguace de 35 barcos.
Si usted a eso no le llama conflicto, ¿a
qué le llama conflicto? Si no llama a eso conflicto generalizado, ¿a qué llama conflicto? Que se presente usted en Huelva, con la importancia que tiene un secretario general de Pesca Marítima y lo importante que vaya a un puerto como Huelva y se
le marchen de la reunión cinco puertos importantes, los más importantes en esa pesquería, que se produzcan movilizaciones, que se corten puentes, que no se reúna el sector con la Administración, ¿qué es un conflicto para usted? Quiero que nos lo
explique.
Sabe usted además que en esas reuniones se pedían una serie de reivindicaciones. Una reivindicación histórica que le supera a usted no solo como secretario de Pesca sino como ser humano, es más vieja que usted y que yo casi, es la
desaparición de ilegales. Otra reivindicación histórica continuada en el tiempo es el abaratamiento del gasóleo, que no depende de usted y ya sé lo que me va a decir, pero realmente había que crear medidas compensatorias. Otra reivindicación
histórica que también le supera a usted en el tiempo es arreglar los conflictos con el caladero portugués, el acoso de las patrulleras portuguesas y la maldita indefinición -perdone que emplee esta palabra- de la raya portuguesa. ¿No llama usted a
eso conflicto? La verdad es que me deja perplejo. Debía usted contestarnos -y yo se lo ruego, señor Martín Fragueiro- cuál ha sido la incidencia de ese conflicto, qué ha supuesto la intervención de ese conflicto en la actuación del Gobierno y qué
está haciendo el Gobierno para solucionar esos famosos cuatro problemas que le repito por si no los recuerda: tallas de la merluza y del boquerón comparativas con el Mediterráneo, ayuda al gasóleo, control de ilegales y acoso de las patrullas
portuguesas; qué se ha hecho concretamente y qué supone para usted un conflicto que parece que no lo es.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Se lo voy a decir muy claro, señor Marquínez. Primero, yo fui a inaugurar esas jornadas y mientras yo estaba nadie ha abandonado la reunión; nadie ha abandonado la reunión.
Las jornadas que iban a estar moderadas por mi director general de Recursos, don Fernando Curcio, se empezaron a celebrar a partir del momento de la inauguración, y ahí fue cuando hubo la espantada a que hace usted referencia.
El conflicto generado se limitó exclusivamente a una serie de organizaciones pesqueras de algunos puertos y la razón que esgrimieron para adoptar la medida de participar en una reunión convocada desde hace tiempo con las administraciones
implicadas, incluso la comunitaria, fue fundamentalmente el incremento de la actividad inspectora motivada por el procedimiento de infracción antes mencionado que ha iniciado la Comisión Europea. Supongo que usted estará conmigo en que no podemos
permitir que se continúen pescando especies antirreglamentarias porque entonces el recurso no puede ir adelante. Ese es el motivo fundamental por el cual el sector no quiso participar en la reunión, por el incremento de la actividad inspectora,
incremento que viene motivado por un procedimiento abierto por la Comisión Europea, procedimiento abierto no por este Gobierno precisamente sino desde el año 2003. Y yo como secretario de Pesca no quiero para el que me sustituya o para gobiernos
futuros que haya procedimientos abiertos durante el tiempo en que este Gobierno estuvo al cargo de la situación y, en particular, la Secretaría General de Pesca Marítima.
La pretensión del sector es que las tallas mínimas de determinadas especies coincidan tanto en el golfo de Cádiz como en el Mediterráneo; son dos unidades biológicas separadas, nos guste o no. No hay argumentos científicos por el momento
que nos digan que hay que igualar la talla de la merluza o del boquerón del Mediterráneo y del Atlántico. A pesar de todo ello, hemos hecho una serie de actuaciones para intentar obtener la máxima información científica y en la medida de lo
posible, si podemos y la Comisión Europea lo acepta, que se puedan modificar algunas de las reglas de juego actualmente en vigor. En ese sentido las tallas mínimas no están establecidas por la norma autonómica o por la norma nacional, están
establecidas en base a un reglamento comunitario. Con el objetivo fundamental de obtener el máximo rigor y la máxima base científica para actuar en este asunto, se llevó a cabo durante el pasado mes de abril una campaña de investigación
desarrollada con el buque Emma Bardán en la que ha participado, asesorando, el sector pesquero de la provincia de Huelva y cuyo objetivo fundamental era analizar la selectividad de distintos copos de arrastre a fin de que puedan estar acordes con
las tallas mínimas establecidas. El informe preliminar se ha presentado este fin de semana, los días 19 y 20, a todo el sector pesquero andaluz y todos sabemos cuáles son sus conclusiones. A partir de ahí, cuando tengamos los datos definitivos los
presentaremos a las instituciones correspondientes, porque lo que queremos buscar es que el futuro del sector de arrastre de todo el golfo de Cádiz exista realmente y que las generaciones venideras puedan seguir actuando sobre ese recurso.
-DEL SEÑOR MALDONADO I GILI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES ABIERTOS A LOS PESCADORES DURANTE LAS REIVINDICACIONES POR LA CRISIS DEL SECTOR DEBIDO AL AUMENTO
DEL PRECIO DEL COMBUSTIBLE. (Número de expediente 181/002137.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta 19 del orden del día, del diputado del Grupo Catalán (Convergència i Unió) señor Maldonado, quien tiene la palabra.
El señor MALDONADO I GILI: Señor secretario general, bienvenido y gracias por su comparecencia.
Esta es una pregunta que va dirigida al Gobierno, en este caso a la ministra, y lógicamente entendemos que por motivos de agenda comparece usted en su nombre y aunque se la hacemos a ella sus respuestas serán en nombre de la ministra que hoy
representa. La pregunta es sobre las previsiones acerca de los expedientes sancionadores abiertos a los pescadores durante las reivindicaciones por la crisis del sector debido al aumento del precio del combustible. La pregunta viene derivada de
que hace unas semanas el delegado del Gobierno en Cataluña, señor Rangel, hizo unas sorprendentes declaraciones en las cuales decía que los expedientes sancionadores seguían su curso y las multas se pagarían íntegramente. Decimos que son
sorprendentes las declaraciones porque quien más quien menos sabe que ante hechos parecidos la respuesta no acostumbra a ser esta. ¿Por qué? Porque el Gobierno reconoció que los pescadores tenían razón. ¿Y cómo lo reconoció? Con una larga, dura,
tensa pero fructífera negociación en la cual se firmó un acuerdo en el que de alguna forma se daba la razón a los pescadores que denunciaban una situación angustiosa en el sector. Decimos que son sorprendentes porque antes de este conflicto en
Tarragona, Cataluña y el Estado español se han vivido conflictos parecidos. El que le habla ha sido delegado del Gobierno de la Generalitat de Cataluña en Tarragona y vivió situaciones de este tipo, incluso más duras y más tensas, y con el acuerdo
final con el sector se llevaba a cabo un sobreseimiento de los expedientes. ¿Por qué décimos esto, señor secretario general? Porque si ante la presión del sector el Gobierno se sienta a negociar, entiende que hay una grave crisis y que tiene que
ayudar al sector, le da la razón. Y si esta razón viene acompañada de unos expedientes sancionadores, algunos de los cuales rondan los 10.000 euros, ya me dirá, señor secretario general, qué ayuda puede ser para el pescador, para el sector, que por
un lado le den una ayuda y por otra le sancionen con una cantidad tan astronómica. Se ha sancionado a 500 pescadores en Cataluña de las cofradías de Tarragona, de la demarcación de Girona y de Barcelona, pero igual podían haber sido 1.000 ó muchos
más, porque sabe que en la calle estaban todos los pescadores del Estado y fueron sancionados como Fuenteovejuna, todos a una.
Curiosamente los expediente siguen su curso. Hay declaraciones innecesarias del delegado del Gobierno en Cataluña diciendo que no se preocupen que se va a pagar íntegramente, pero de las ayudas firmadas hace casi medio año por el
ministerio, por el Gobierno, no ha llegado ni un duro. Hace poco el presidente de la Cofradía de Tarragona, señor Esteve, me decía: No hemos visto ni un euro del acuerdo que firmamos el último trimestre del año. Por un lado no se paga y, por
otro, se pretende cobrar estas multas. Yo creo que es ya el remate para un sector que no solo tenía razón sino que el tiempo le ha dado la razón, desgraciadamente, porque el combustible no baja, su precio sigue al alza y hay crisis en el sector:
combustible caro y para más inri expedientes sancionadores. Es una crisis que usted conoce mucho mejor que yo porque es erudito en el tema. La sardina se está tirando y hay sitios donde ya ni se pesca. El combustible está llegando a precios
altísimos y estos expedientes sancionadores, si no hay voluntad política -que creo que la tiene que haber y que la habrá- pueden llevar a la ruina definitiva a muchos pescadores y a sus familias, que no acaban de entender nada.
Mis preguntas son, señor secretario general, qué curso seguirán estos expedientes y si el Gobierno piensa llevar a cabo el cobro íntegro de estas sanciones a unos pescadores que se manifestaban para concienciar al Gobierno de que había un
grave problema y que había que sentarse a negociar, lo cual se hizo.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Fragueiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro) : Como usted conoce, por los actos realizados en el pasado año de bloqueo de los puertos se han instruido una serie de expedientes, conforme a lo previsto en la Ley de Puertos
del Estado y Marina Mercante, considerándose como infracción muy grave contra la ordenación del tráfico marítimo. Todos sabemos y la opinión pública en general conoce las implicaciones que ha tenido para la economía nacional el bloqueo en
determinados puertos del Mediterráneo. Corresponde, por tanto -y que no quede ninguna duda-, al Ministerio de Fomento y en particular a la Secretaría General de Transportes la potestad para la resolución de ese tipo de expedientes.
En el acuerdo suscrito el 27 de octubre entre la ministra, la Federación nacional de cofradías y todas las federaciones territoriales o provinciales, no aparece ni la más mínima referencia a todo lo relacionado con las sanciones. Como usted
decía, según la información de que disponemos existen unos 500 expedientes sancionadores que están en fase de instrucción y algunos de ellos en fase de alegaciones, y corresponde a las capitanías marítimas la gestión administrativa de los mismos.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha interesado ante el Ministerio de Fomento por esta situación y ha solicitado el estudio caso a caso de esta problemática, dadas la trascendencia y las repercusiones económicas que tienen para
el sector.
Ahora bien, vuelvo a repetir y a señalar que nuestro departamento es muy respetuoso con las competencias que detenta el Ministerio de Fomento y en modo alguno el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ni la Secretaría General de
Pesca Marítima podríamos alterar la resolución de estos expedientes. Lo que nosotros hemos hecho, y así se lo he manifestado al sector en diversas ocasiones, es colaborar con el Ministerio de Fomento para poder aportar cuanta información, elementos
técnicos y precisiones permitan modular la resolución de los expedientes.
Tenemos constancia de que el Ministerio de Fomento quiere concluir estos expedientes conforme a los plazos establecidos en el procedimiento vigente, pero vuelvo a repetir que
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a pesar de no tener las competencias en esta cuestión, nos hemos interesado por la situación y hemos llevado al Ministerio de Fomento una serie de argumentos. Somos conscientes de la
problemática situación en la que se encuentra el sector por el incremento del precio de los carburantes y hemos establecido unas medidas de apoyo. Del acuerdo que se suscribió el 27 de octubre, con vigencia hasta el 1 de noviembre de este año, ya
hemos atendido en el mes anterior una serie de pagos que fueron remitidos tanto a la Federación nacional de cofradías como a la Federación catalana de cofradías de pescadores. Y venimos trabajando con la Comisión Europea -y no nos ha ayudado mucho
la enfermedad del comisario- para tratar de incrementar de una vez por todas las ayudas de minimis, con lo cual se daría cumplida satisfacción a los intereses del sector. Pero nuestros esfuerzos y la comprensión por la problemática del sector nunca
debía haberse desvirtuado con actuaciones que todos sabemos que están tipificadas y que en muchas ocasiones no ayudan precisamente a un diálogo constructivo y tendente a resolver un problema de tanta importancia.
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Comprendo que es muy difícil su papel en esta pregunta, pero entienda que para mí es desoladora su respuesta. Me está diciendo que un ministerio no tiene nada que ver con el otro. Da la impresión de aquello que
pasa a veces de que un Gobierno dice que es culpa del anterior. Me está diciendo que ustedes no pueden invadir competencias del Ministerio de Fomento, pero que se han interesado y que tienen comprensión. Señor secretario general, más que interés y
comprensión ustedes tienen responsabilidad en el sector de la pesca, porque hay 500 familias en Cataluña y en el resto del Estado que están sufriendo una angustia vital. Me está diciendo que son actuaciones tipificadas, seguro, que son actuaciones
incorrectas, posible, ¿pero sabe qué pasa? Que la angustia y la desesperación no están tipificadas y cuando un pescador en lugar de salir a la mar -que es lo que le gusta, lo que quiere y debe
hacer porque es su vida- bloquea puertos y se manifiesta es porque está desesperado y porque el Gobierno no le escucha. Si no fuera así ¿cree que bloquearían o se manifestarían? Saldrían a pescar y a ganarse la vida.
Por tanto, sí que
está tipificado lo que han hecho, seguro, pero la Administración tiene una obligación. ¿O es que las amnistías que se han dado para delitos mucho más graves en este país no han sido porque había una base social de comprensión, de lucha callejera
que ha hecho amnistiar a gentes que se han manifestado para que ustedes se sentaran a negociar? Si lo hubieran hecho antes no se habrían manifestado. Habrían pescado ellos, no habrían sancionado ustedes y estaríamos todos tan contentos.
Estoy muy triste por su respuesta. En este momento no vale tirar balones fuera, señor secretario general. No quiero ser duro, nuestro grupo no se caracteriza por la oposición, por la crítica y por la dureza. Hemos estado en el Gobierno y
sabemos lo que es. Yo sé lo que le pasa a su Gobierno, sé que es muy difícil afrontar crisis como esta, pero por favor no me diga que se ha pagado. No se ha pagado nada. Se ha pagado el minimis del año 2004, lo que faltaba a unos pescadores de
los 3.000 euros. ¿Cómo puede decirle a un diputado por Tarragona, que no es pescador pero que tiene la proximidad que ha de tener cualquier político con el sector, que se ha pagado? No se ha pagado nada del acuerdo de final de año, ni un euro.
Los minimis son de 2004, y eran restos hasta los 3.000 euros, no las ayudas acordadas, no las ayudas firmadas.
Recordando expresiones anteriores...
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Acabo diciéndole, señor secretario general, que me preocupa la situación. Hagan de puente; que el Consejo de Ministros apruebe lo que haga falta, que se puede hacer, no es ninguna ilegalidad.
¿Sabe qué pasará?
Que volverán las manifestaciones y que se tendrá que volver a dar la razón a los pescadores, y esta vez los políticos sensibilizados nos uniremos a estos pescadores y les ayudaremos a llevar la pancarta. El portavoz que le habla solo dos veces ha
llevado pancartas en manifestaciones, cuando pedíamos libertad, amnistía y estatut de autonomía para Cataluña, en la posdictadura, y cuando el golpe de Estado vulgarmente llamado tejerazo, que llevamos la pancarta Democracia sí; nunca más he
llevado pancartas. Esta vez yo y muchos más políticos de diferente de color en Tarragona y en Cataluña saldremos al lado de los pescadores porque es una injusticia y porque nunca se ha llegado a estos extremos. Y declaraciones como las del señor
Rangel diciendo que esto se pagará íntegramente, o las suyas que buenamente hablan de comprensión y de que darán cariño, con cariño no se paga nada. Le ruego que le diga a la señora ministra que tenga en cuenta que hay 500 familias en Cataluña y
otras partes del Estado que están muy angustiadas, que este dinero puede ser el fin de una trayectoria laboral familiar, que los pescadores quieren pescar y no quieren manifestarse, y si lo hacen es por obligación, porque no tienen más remedio para
que se les escuche. Se les escuchó y ahora se les sanciona. Por favor, señor secretario general, le ruego que tenga a bien hacer de puente con la ministra, que la ministra haga de puente con Fomento, que no sea una pelota que se pasan unos a
otros, porque volverá un momento tenso y volveremos a manifestarnos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Yo también estoy triste por su intervención, señor Maldonado. Le repito una vez más que a pesar de no tener las competencias a la hora de instruir un expediente de ese tipo,
ante la problemática derivada de una actuación que han llevado unos señores libremente pero con unas consecuencias que han afectado a la economía nacional, no se olvide usted de que además de los expedientes que hay incoados en las capitanías
marítimas, hay expedientes que finalizarán en los tribunales de ciudadanos españoles que se han visto perjudicados por una serie de actuaciones. Este Gobierno siempre se ha sentado con el sector pesquero, siempre, y le ha dicho que con medidas de
presión no se avanza, pero a pesar de todo ello este Gobierno se ha sentado las veces que fue necesario. Al sector pesquero de Tarragona en particular y a la persona que usted ha mencionado les hemos dicho por activa y por pasiva que se podía
actuar de otra forma, pero puede que existan otros argumentos no pesqueros que hayan motivado el bloqueo de determinados puertos, porque en algunos lugares, señor Maldonado -y usted lo sabe igual que yo-, existían cajas de resistencia; eso lo han
promovido en determinados puertos.
Vuelvo a repetirle que nosotros hemos hablado con el Ministerio de Fomento para, en la medida de lo posible, tratar de modular y que se analice caso a caso cada una de las actuaciones llevadas a cabo por parte del sector y de sus
representantes. Hay barcos que han hecho bloqueos permanentes y hay barcos que han hecho bloqueos parciales. Le puedo asegurar que por parte de este Gobierno se hará todo lo posible para minimizar el impacto de una actuación que se ha llevado a
cabo de forma irresponsable, y muchos de ellos lo saben y además lo reconocen. Vuelvo a repetirle que haremos todo lo posible por minorar esa cuestión. Este Gobierno cumplirá con el compromiso asumido y firmado por la ministra el día 27 de octubre
del pasado año. El acuerdo tiene vigencia hasta el día 1 de noviembre del año 2006 y las ayudas de minimis a que ha hecho referencia son del periodo 2004-2005 y del periodo 2005-2006. Y que no se confunda que una cosa es el periodo de referencia
utilizado para determinar la compensación, que fue 2003-2004, y otra cuestión es cuando los acuerdos han estado en vigor, tanto el acuerdo de 2004 con vigencia
hasta 2005 como el acuerdo de 2005 que tendrá vigencia hasta el año 2006.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que termine, señor Martín Fragueiro.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Esto es todo lo que tengo que decirle. Este Gobierno es muy sensible a los problemas de la pesca española.
-DEL SEÑOR GARCÍA DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE MEDIDAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PESQUEROS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO ENTRE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, FOMENTO Y TRABAJO Y ASUNTOS
SOCIALES. (Número de expediente 181/001532.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13 del orden del día, del diputado del Grupo Parlamentario Popular señor García Díez, que tiene la palabra.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor secretario general, esta pregunta a la que hace mención el orden del día tiene que ver con un paquete de medidas que se han venido anunciando en relación con incrementar la seguridad de nuestros pescadores, de
nuestros marineros, de nuestra flota, en definitiva.
Recordarán SS.SS. que al comienzo de esta legislatura habíamos debatido en el Pleno de esta Cámara una proposición no de ley que nuestro grupo presentó, que recibió aportaciones de otros grupos mediante las correspondientes enmiendas pero
que, finalmente, fue rechazada porque en aquella ocasión el portavoz del grupo que apoya al Gobierno argumentó que no tenía sentido aprobar aquella propuesta dado que aquella misma semana se iba a firmar un convenio entre distintos ministerios. Lo
cierto es que aquel convenio nunca existió, lo que existió fue un acuerdo de Consejo de Ministros entre tres ministerios para poner en marcha un paquete de medidas. Este diputado que les habla se interesó en diversas ocasiones por esas medidas
mediante otro paquete de iniciativas, con preguntas escritas, algunas de las cuales han tenido respuesta. Para transmitir la preocupación que encierra mi pregunta, me voy a referir a la actualización de los últimos datos que he recibido del
Gobierno en respuesta a esta materia. En la última se dice que después de ese acuerdo de Consejo de Ministros se constituyó una comisión de trabajo -estamos hablando de hace casi un año, de junio de 2005-, y a mí me gustaría saber, señor Martín
Fragueiro, si tiene conocimiento del número de veces que esta comisión de trabajo se ha reunido, si tiene marcado un calendario, una periodicidad; en definitiva, el dinamismo de esta comisión. En las respuestas que he recibido -tengo que referirme
fundamentalmente a la de marzo de este año- se explicita por capítulos cuáles son las medidas que se están tomando. Respecto a las radiobalizas a bordo, se nos comunica que hay un borrador de real decreto que va a afectar a los barcos que faenen a
más de tres millas de la costa y que va a obligarles a instalar este tipo de radiobalizas con GPS. Nos gustaría saber si este real decreto, que en el momento de contestar el Gobierno era un borrador, hoy ya ha pasado a otra fase, si hay consenso en
las reuniones que usted mantiene con el sector y si se contemplan ayudas económicas, porque en algunos medios de comunicación hemos conocido este hecho. No sé si la información publicada sobre las ayudas que van percibir los propietarios los
marineros, los pescadores, los propietarios de los barcos para instalar estos GPS es fidedigna. Esto por lo que se refiere a las radiobalizas a bordo, que era un paquete importante de medidas. Hay otro grupo de medidas de seguridad que afecta a
las radiobalizas personales. Recordará S.S. que en aquella proposición no de ley proponíamos que se implementara algún artilugio de los que ya existen en el mercado y que se están usando en otros casos muy similares, aunque no en un medio marino,
para detectar a personas, para que en el caso de producirse la situación de hombre al agua pudiera recogerse rápidamente al pescador que cae al mar. Me gustaría saber si ese programa que anuncian que se está preparando para incentivar la
instalación de este tipo de radiobalizas personales está ya muy avanzado, si podemos conocer las medidas y cómo afectan a la instalación de las radiobalizas personales. El Gobierno ha hablado de la obligación del uso de chalecos salvavidas y de
trajes de supervivencia en barcos de eslora menor a 24 metros. Me gustaría saber si el real decreto que lo va a exigir tiene ya fecha de aprobación en su calendario y si las personas obligadas a adoptar esas medidas van a recibir algún tipo de
ayuda con fondos del ministerio u europeos. Para terminar con este grupo de preguntas que corresponden al contexto y al título de la pregunta genérica que se ha formulado, asimismo me gustaría saber si algunas de las medidas que propusimos en el
Pleno no solamente el Grupo Popular sino otros grupos que enmendaban la proposición no de ley están siendo estudiadas. Me referiré brevemente a dos o tres: instalación de balsas de supervivencia en pesqueros mayores o menores de 24 metros de
eslora; unificación de criterios para las balsas de supervivencia, tanto en náutica de recreo como en pesqueros de flota mercante; y escucha permanente en el canal 16 de VHF en la frecuencia de 2.182 megahercios de onda media de radiotelefonía.
Por lo que se refiere a las medidas puestas en marcha para que los barcos de nueva construcción o los que se vayan renovando sean lo más seguros posibles, proponíamos que fueran autoadrizantes o insumergibles en algunas esloras. Nos
gustaría conocer las previsiones de su departamento a raíz de ese acuerdo del Consejo de Ministros. En alguna de las respuestas a las que me he
referido se habla de que están iniciándose dos proyectos de investigación, uno de los cuales dice textualmente que es para el estudio de condiciones de estabilidad, tanto en aguas tranquilas como en olas, de diversos buques que han sufrido
accidentes recientemente. Me gustaría conocer en esta comparecencia qué previsiones hay de forma más concreta. La última pregunta de este paquete, que usted contestará si puede y tiene conocimiento, se refiere al último hundimiento que nos
preocupó mucho a todos, en mi provincia, Lugo, del barco Sempre Casina. Queríamos conocer si las familias de los tripulantes fallecidos, ocho si no recuerdo mal, han percibido al día de hoy las ayudas que se les habían prometido. Si no me puede
proporcionar la información, lo entenderé.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Intentaré responder a las cuestiones que me ha planteado. A través de la comisión de trabajo que se había previsto en el acuerdo del Consejo de Ministros de abril del año
2005, se han formado tres grupos de trabajo: uno dedicado a inversiones en materia de salvamento y seguridad de los trabajadores del mar, que lidera nuestro ministerio; un segundo grupo llamado estudios y coordinación administrativa, que lidera el
Ministerio de Fomento; y un tercer grupo, campañas de formación, concienciación y control, que lidera el Ministerio de Trabajo. Pregunta S.S. por la periodicidad y cuántas veces se han reunido. Los grupos se reúnen todos los meses y la comisión
de trabajo con una periodicidad de dos meses, para examinar los avances de los grupos de trabajo y establecer directrices, con participación de los directores generales de Estructuras y Mercados Pesqueros, el director general de Marina Mercante y
director del Instituto Social de la Marina y de Trabajo. El grupo primero, el de inversiones, ha preparado dos órdenes ministeriales que, con la conformidad de nuestro ministerio, ha publicado el Ministerio de Fomento y figuran ya en el BOE de 18
de mayo de 2006, es decir, hace una semana.
En la primera se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de radiobalizas con GPS a otorgar por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, Sasemar y en la segunda se
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición e instalación de balizas hombre al agua -también balizas personales- chalecos salvavidas y goniómetros de localización para los tripulantes de los buques de pesca nacionales a
otorgar por Sasemar. El presupuesto inicial es de 5,2 millones de euros para radiobalizas de activación manual en los buques pesqueros carentes de espacios cubiertos de eslora superior a 6 metros autorizados a faenar más allá de tres millas de la
costa, y las balizas de activación automática en los demás buques pesqueros con espacios cubiertos que se otorgarán a lo largo de los ejercicios 2006, 2007 y 2008. El número de buques objeto de esta medida es de 5.500; la cuantía individualizada
por buque no podrá superar los 1.000 euros para la radiobaliza automática con GPS y los 600 euros para la radiobaliza manual. La inversión prevista para balizas de hombre al agua es de 7,8 millones de euros con cargo a los presupuestos 2006-2008,
con una cuantía de subvención por cada buque que no podrá superar los 3.000 euros, con la siguiente distribución: los chalecos de baliza hombre al agua, 180 euros; receptores de alarma, 140 euros por unidad, y radiogoniómetros, 1.400 euros por
unidad. Actuarán como entidades colaboradoras las cofradías de pescadores, sus federaciones y las organizaciones de productores del sector y, seguidamente, se publicarán las órdenes de convocatoria de ayudas correspondientes de acuerdo con la Ley
de Subvenciones.
El grupo de estudios y coordinación administrativa está desarrollando un programa sobre estabilidad y comportamiento en la mar en condiciones extremas de buques pesqueros de características semejantes a las de los últimos accidentes. Para
ello se ha suscrito un convenio con la Universidad Politécnica de Madrid y se prevé su finalización en el segundo trimestre del año 2006. Se está haciendo un procedimiento de armonización entre los tres ministerios relativo al despache de buques,
inclusión en el censo de flota operativa y la concordancia con los registros de buques y empresas navieras para que, mediante un manual concordado, se articule a través de instrucciones de servicio de las direcciones generales correspondientes para
optimizar de esa forma las actuaciones en este ámbito y tener una mayor fluidez en las comunicaciones de las bases de datos. Para resolver el problema de la discordancia entre las mediciones reales de los buques pesqueros y las que figuran en su
hoja de asiento, se ha elaborado un anteproyecto de ley de regularización y actualización de inscripciones de empresas pesqueras en el registro de buques también llamado anteproyecto de ley de irregulares, que precisamente en el día de hoy ha sido
remitido al sector, a todas las comunidades autónomas y a la Secretaría de Relaciones con las Cortes para su correspondiente discusión parlamentaria. En este anteproyecto se establecen las actuaciones coordinadas con comunidades autónomas,
capitanías marítimas y, por supuesto, la Secretaría General de Pesca Marítima. Se trata de regularizar de forma definitiva aquellos buques pesqueros que por una u otra razón han hecho obras no autorizadas y no existe concordancia entre los datos
registrales y los datos reales relativos al arqueo, eslora, manga, puntal y potencia propulsora. Se está estudiando la conveniencia de ratificar el Convenio internacional de formación, titulación y guardia para la gente del mar y preparando la
memoria justificativa al efecto. El grupo dedicado a las campañas de formación, concienciación y control a través de Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y prevención denominada AME-2005 de asistencia médica,
botiquines a bordo, material promocional y presentación de una campaña de seguridad
en los pesqueros en soporte DVD y con una unidad móvil que se desplazará por los puertos pesqueros con personal especializado y material didáctico gratuito. En cuanto al control, se han realizado inspecciones selectivas en buques pesqueros
en los puertos de las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia y Comunidad Valenciana y se han formulado propuestas de mejora para la subsanación de las anomalías detectadas.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, número 14.
El señor GARCÍA DÍEZ: Señor presidente, yo solo he intervenido una vez.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero consumió no solamente el tiempo de la pregunta sino en demasía.
El señor GARCÍA DÍEZ: Me parece que no, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Como usted comprenderá, yo me guío por el tiempo que marca el cronómetro.
El señor GARCÍA DÍEZ: Cuando terminé de hablar la luz estaba en amarillo.
Creo que me podrían quedar 15 segundos o medio minuto, que es el tiempo que voy a consumir. Me llamaría la atención que no me lo permitiera la presidencia después
de haber visto a los anteriores diputados y al compareciente rebasarlo sin ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Señor García Díez, usted siempre hace el mismo planteamiento en estos temas: la exigencia en el cumplimiento del tiempo sólo para S.S., cuando no es así. Lamento que dude de la presidencia como si tuviera algún
interés personal en el asunto. El cronómetro indica que usted se ha excedido en 23 segundos en el tiempo de la pregunta. No obstante, si S.S. me dice que tiene interés en hacer alguna matización, como hago habitualmente con todo el mundo, no
tengo ningún problema en darle la palabra. Pero el planteamiento previo no es que usted la solicite, sino que duda de la presidencia. Sencillamente, el cronómetro está aquí y el tiempo está controlado.
El señor GARCÍA DÍEZ: No me interprete mal, señor presidente. Perdóneme si lo he visualizado mal. No tenemos como en el Pleno un reloj que nos marca el tiempo, pero no me pareció que me estuviera excedido como otros compañeros a lo largo
de esta mañana.
Como S.S. bien dice, pretendía hacer una pequeña puntualización que no me va a llevar más que quince o diez segundos. Quiero agradecer al secretario general toda la información que nos ha dado porque actualiza la pregunta que había hecho
por escrito y que se había respondido hace unas semanas. Lo único que quedaba pendiente es si el señor secretario general sabe en qué situación se encuentran, aunque no dependa directamente de su departamento, las ayudas a las familias de estos
ocho fallecidos en el naufragio del Sempre Casina.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Martín Fragueiro, por favor.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Voy a ser muy breve. Este conjunto de medidas que he tratado de resumir en el poco tiempo del que disponemos constituyen un plan estratégico integral para el sector
pesquero, que vamos a continuar intensificando y mejorando en los siguientes ejercicios en las distintas áreas que prevé el acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril del año 2005. El objetivo final es incrementar la seguridad de los buques de
pesca y, por supuesto, la seguridad de los tripulantes.
En cuanto a las indemnizaciones o ayudas del buque Sempre Casina no le puedo contestar porque lo desconozco. Me consta que hay unos seguros colectivos para ese tipo de siniestros que han suscrito directamente las comunidades autónomas con
una compañía aseguradora, que tienen un montante en función de la carga familiar o de las circunstancias personales en cada caso. Si tiene interés especial me puedo interesar y le podría dar una contestación por escrito.
-DEL SEÑOR GARCÍA DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL POSICIONAMIENTO EN DEFENSA DE LA FLOTA VOLANTERA ESPAÑOLA MANTENIDO DURANTE LA REUNIÓN DEL ÚLTIMO CONSEJO DE MINISTROS DE PESCA DE
LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 181/001832.)
El señor PRESIDENTE: Respecto a la pregunta número 14, la diputada señora Porteiro, por cuestiones de trabajo, no está presente en la sala. Me ha preguntado si podría pasar al final. ¿Hay inconveniente por parte de los interpelantes?
(Pausa.) Pasamos a la pregunta que figura en el orden del día con el número 15, también del diputado del Grupo Popular señor García Díez. Para su formulación tiene la palabra.
El señor GARCÍA DÍEZ: Voy a tratar de no rebasar el tiempo. Es una pregunta que ha tenido parte de contestación cuando el señor secretario general de Pesca ha contestado a la compañera de esta Comisión señora Fernández Davila, al principio
de la sesión, porque los dos nos interesábamos por una cuestión muy parecida. Quiero recordar que fue objeto en su día de una comparecencia que había solicitado nuestro grupo y que el señor secretario general de Pesca llevó a cabo hace unas
semanas, en la cual todos clarificamos nuestras posturas. De aquella comparecencia en la que formulamos preguntas los diputados que teníamos preocupación por este tema, llegamos al día de hoy tratando de actualizar la situación.
El señor Martín Fragueiro nos habló -y hace un momento ha vuelto a repetirlo- de los compromisos que había adquirido con el sector, que no tenían otra finalidad que conseguir en el menor tiempo posible una regulación -término enel que a
usted le gusta insistir- de estas artes.
Uno de esos compromisos era realizar el estudio de evaluación del impacto socioeconómico de la medida aplicada. Si no he entendido mal -la pregunta que tengo que hacer en este momento se ciñe a esta
cuestión-, ese estudio ya está en poder del ministerio, de la Secretaría General de Pesca. Usted dijo que tenían un plazo de no más de dos meses desde el momento en que se encargó. Si es así, se ha cumplido. Pero añadió en aquella comparecencia
que en ese plazo dispondrían de él, lo cuantificarían y lo publicarían. Esta es la parte que a mí me gustaría saber: ¿Cuándo se va a conocer su contenido? No por el sector, sino por los miembros de esta Comisión que lo deseemos, los diputados que
lo solicitemos. Nos gustaría saber si podemos conocerlo o si está en fase de evaluación o cuantificación lo aportado por los economistas, las personas que ustedes contrataron o el catedrático al que se refirió hace un momento. Al igual que mi
compañera de Comisión, la señora Fernández Davila, me gustaría saber si ese estudio científico -que era el segundo compromiso, me he referido primero al estudio económico, ahora destacaré el estudio científico y la evaluación de los sistemas de
marcado de las artes de pesca-, se ha llevado a cabo. En su comparecencia manifestó que contaban con los buques que iban a participar en esa campaña en la que habría a bordo unos observadores para recabar esas medidas. Creo recordar que ya tenían
los buques que iban a participar, eran evidentemente, buques comerciales, y me gustaría saber si ese estudio científico se encuentra ejecutado o está en fase de ejecución sin finalizar.
Para terminar, ha vuelto a insistir en que España fue el único país que estaba en contra de esta medida, pero como afirmé cuando usted compareció aquí, lo cierto es que a pesar de estar en contra, el Consejo de Ministros no contó con el voto
en contra de la ministra de Pesca, votaron a favor; es un hecho que hay que matizar. Eso ya pasó. Lo importante ahora es que esas medidas en las que están trabajando y que han anunciado aquí puedan concluir cuanto antes. Por eso me uno a la
preocupación que manifestaba la diputada que intervenía con anterioridad sobre esta cuestión. ¿Qué previsiones hay? ¿Nos puede concretar lo expuesto? Me pareció entender que a partir del 1 de junio podíamos prever un levantamiento de esta veda.
Si no he entendido bien le ruego que rectifique o, en caso contrario, lo confirme.
Finalmente, la última pregunta que ya le había formulado pretende conocer si descartan algún tipo de medida económica de compensación a los barcos que están sufriendo la veda o prohibición de usar estas artes.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Con relación a los compromisos que había asumido el sector, como ya manifesté en mi comparecencia anterior, a partir del mes de enero, tanto la ministra de Agricultura como
yo mismo, hemos mantenido numerosas reuniones con el sector pesquero afectado por la prohibición al objeto de buscar las soluciones más satisfactorias que permitan conseguir la regulación de este arte de pesca lo antes posible.
El apoyo técnico y científico prestado al sector ha sido para llevar a cabo una campaña experimental en buques que, como había manifestado, ya se han determinado para verificar el impacto de las volantas en el medio marino y la mejor
regulación para ésta teniendo en cuenta el doble objetivo de capturas de especie objetivo y menor daño para el ecosistema.
Los resultados de esta prueba científica -cuando los tengamos los traeremos a esta Cámara- van a servir de base para que
definitivamente la Comisión Europea haga la regulación sobre las artes de pesca de enmalle de fondo.
Hemos mantenido contactos con las administraciones pesqueras que cuentan con buques afectados por la prohibición, como son Francia y el Reino Unido, para que éstas también lleven a cabo pruebas científicas al objeto de que ese estudio que
está haciendo la Administración española sea más representativo y cuente con una mayor participación de las flotas interesadas. A través del Consejo Consultivo Regional de Aguas Noroccidentales, el sector ha analizado la prohibición y las posibles
soluciones para resolver este problema. Se ha alcanzado un amplio acuerdo sobre el hecho de que la volanta es un arte muy selectivo que no incide negativamente en los ecosistemas de profundidad y que, además, no había sido objeto del informe
Deepnet, por lo que en principio no debería verse afectada por las prohibiciones que con carácter general afectan a las artes de enmalle. En la última reunión celebrada a este respecto con la Comisión el pasado 7 de abril, la Comisión manifestó su
voluntad de reabrir la pesquería de la merluza lo antes posible mediante la modificación del Reglamento 51/2006, sin tener que esperar a la reunión del Comité Científico Técnico de la Pesca previsto para el próximo mes de julio. Respecto a las
otras pesquerías afectadas por la prohibición, la Comisión ha aceptado que se creen dos fases de actuación. Una a corto plazo, que es la realización de campañas experimentales en colaboración con las administraciones pesqueras afectadas -en ello
estamos por parte de España- durante los meses de mayo y junio, que serían presentadas a esta reunión del Comité Científico Técnico de la Pesca previsto para el mes de julio, para que éste pueda realizar recomendaciones
que sirvan de base para la reapertura de esas pesquerías. Esta actuación se complementaría con el establecimiento de medidas técnicas que regulen las pesquerías de enmalle de fondo como ya existen para las artes de arrastre. La solicitud a
la Comisión de reapertura de la pesquería ya se ha hecho. Está previsto llevar este punto al Coreper del día 31 de mayo y si no hay ninguna circunstancia excepcional (en estos momentos ni pensamos en ello), iría a un Consejo de Ministros el 1 de
junio como punto a), es decir, ya sin discusión, con lo cual a partir de esa fecha gran parte de la flota que hoy en día no está amarrada sino que está pescando en la zona 8, en la costa de Francia, volvería a estar pescando.
Por lo tanto, lo
primero que hay que decir es que la flota no ha estado parada en este periodo, salvo algunos barcos afectados por la prohibición, que es la flota de rasco y, a pesar de ello, algunos han cambiado a otro arte de pesca.
El estudio se ha recibido como borrador. El sector tiene hasta el día 30 de mayo para hacer comentarios, y el día 31 lo presentará definitivamente el catedrático encargado al efecto de la Universidad de Barcelona tanto al sector como a la
Administración. En cuanto a medidas de compensación de la flota, las que podemos adoptar son pagar las campañas experimentales y el estudio socioeconómico, pero respecto a la paralización de flotas de pabellón de otros Estados miembros, salvo que
haya una medida horizontal de la Comisión Europea, España tiene prohibido otorgar ese tipo de ayudas. Veremos el informe y yo no tengo ningún inconveniente en que también lo pueda conocer la Comisión de Pesca de este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Señor García Díez, tiene la palabra.
El señor GARCÍA DÍEZ: Nada más quiero hacer una matización o una solicitud de aclaración al señor Martín Fragueiro. Respecto a esta cuestión que comentaba de que como la flota no ha estado paralizada en su mayor parte, sino que algunos de
ellos han podido ir a otros caladeros, concretamente a la zona 8, quería saber si tienen algún dato o algún comentario de los patrones de las embarcaciones que están en la zona de si ahora como que ya era un caladero que estaba sometido a una cierta
saturación, el hecho de incorporarse allí estos barcos que antes no lo hacían, ha provocado algún problema, algún conflicto o alguna información que pueda preocupar a la Secretaría General de Pesca o si todo se está desarrollando con normalidad en
esta zona 8.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Martín Fragueiro, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Evidentemente, la modificación de este reglamento va a permitir que las unidades pesqueras que están todas concentradas en una zona puedan redistribuir mucho mejor el
esfuerzo de pesca. Por una parte, que vuelva a sus caladeros habituales y, por otra, que se pueda reducir ese esfuerzo pesquero en la zona 8, donde se había aumentado, obviamente, en los últimos meses, ya que los buques afectados se habían
trasladado a esa zona de pesca. No tenemos conocimiento de que haya habido los más mínimos incidentes. Están conviviendo tanto las artes fijas, palangre y enmalle, en este caso, con la flota de arrastre, fundamentalmente la flota de arrastre del
País Vasco, porque la flota gallega va más a las zonas 6 y 7. Obviamente, el sector estará mucho más satisfecho cuanto mejor estén distribuidas las flotas.
-DE LA SEÑORA PORTEIRO GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN EN LA CIUDAD DE VIGO DE LA AGENCIA EUROPEA DE CALIDAD DE PESCA. (Número de expediente 181/001710.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta del orden del día, en este caso de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista doña Olivia Cedrés, respecto de la valoración de los beneficios que aportan las reservas marinas de
interés pesquero. Su señoría tiene la palabra.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Disculpe, señor presidente. Me está pidiendo la otra portavoz del Grupo Socialista, María José Porteiro, también por temas de otra Comisión, si le puedo ceder el orden de pregunta, si usted lo autoriza.
El señor PRESIDENTE: Yo lo autorizo todo, pero espero que en una próxima sesión, por trabajo de otras comisiones ésta tenga alguna prioridad en alguna ocasión, porque hemos hecho más cambios que puntos hay en el orden del día. Pues
retrocedemos a la pregunta 14, que yo tenía una nota de pasar al final y ahora pasa al intermedio. Pasamos a la pregunta número 14.ª de la diputada doña María José Porteiro. Para la formulación de la misma, S.S. tiene la palabra.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Le agradezco muchísimo su comprensión, señor presidente. Dé por presentadas todas las disculpas que yo pueda plantear.
En todo caso, y por no robar más tiempo al resto de los miembros de esta Comisión, paso
directamente a la exposición de la pregunta, que tiene que ver con la Agencia de Control de la Pesca. Hay un error en el orden del día respecto a la denominación de esta institución; es así: Agencia de Control de la Pesca, porque se va a dedicar
precisamente al control comunitario de esta actividad, que es uno de los aspectos más relevantes de la política europea de pesca. Como consecuencia de la política comunitaria, como todos recordamos, se decidió
crear una Agencia Comunitaria de Control de la Pesca, con sede en Vigo, para coordinar las actividades de los Estados miembros. Una de las cuestiones que plantea la regulación de la futura agencia europea es la necesidad de disponer de un
sistema adecuado de control, de inspección y de sanción. Para una mayor brevedad no recordaré todos los cometidos y objetivos que esta agencia conlleva; han sido explicados profusamente por la señora ministra en diferentes comparecencias o
respuestas a preguntas de diferentes diputados en sesiones parlamentarias. Si acaso, quiero recordar que la iniciativa, que procedía ya de la etapa del Gobierno anterior, fue mejorada sustancialmente por la gestión realizada por la propia ministra
y por la Secretaría General de Pesca Marítima, que hoy está aquí representada, para aumentar sus competencias ampliándolas a temas tan importantes como la pesca ilegal, la cooperación con terceros países, el análisis de costes y beneficios o las
labores de inspección.
En relación con la colaboración con terceros países, me parece especialmente interesante recordar el marco de los acuerdos de partenariados, no solamente en el marco de control, sino también en el de una política de pesca
sostenible. Después de un proceso no excesivamente largo en el tiempo, creo que el justo y necesario, en el cual desde un primer planteamiento se ha conseguido una mejora importante de los cometidos y funciones de esta agencia europea que ha
elegido a España como su sede, no en vano, sino precisamente por la capacidad y la potencia que España supone en el ámbito de las actividades relacionadas con la pesca y, muy particularmente, la comunidad autónoma en la que estará su sede, Galicia,
que, como todos ustedes saben, tiene un papel protagonista en este marco, ya que somos la comunidad que posee la flota más importante de España y de Europa, que la mitad de los pesqueros abanderados en España son gallegos, o que reunimos más del 50
por ciento en tonelaje y más del 30 por ciento en potencia de motores, todas estas características sin duda influyeron en la decisión que se tomó en su momento por el Consejo de Europa. Pero me interesa destacar la elección de Vigo como sede física
y material de esta institución, una ciudad en la que confluyen instituciones de gran relevancia y prestigio en el ámbito de la investigación científica relacionada con el mar y con la pesca, que son también aspectos que desde la Agencia Comunitaria
de Control de Pesca van a ser tenidos en cuenta. Por ello querríamos saber si hay alguna previsión ya en cuanto a plazos de cumplimiento de las primeras fechas que se habían dado, que hablaban del año 2006 como un año en el que tal vez podría
empezar a funcionar esta agencia; ese es el motivo de la pregunta que hoy formulamos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): A día de hoy podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que contamos ya con una Agencia Comunitaria de Control de Pesca, con un consejo de administración formalmente
constituido y que la misma empezará a dar sus servicios en la ciudad de Vigo, y todo ello tras los últimos acontecimientos acaecidos. A principios del mes de febrero tuvo lugar en Bruselas una reunión participada por representantes de los gobiernos
de los Estados miembros y la Comisión Europea para la constitución del consejo de administración de esta Agencia Europea de Control de Pesca, que contará además de con seis miembros de la Comisión, con un representante y un representante adjunto de
cada uno de los Estados miembros. En el caso de España ha quedado incorporado a ese consejo el director general de Recursos y el subdirector de Inspección Pesquera, como representante adjunto. Una vez constituido el citado consejo de
administración, por parte española se procedió a exponer todos los trámites que se habían realizado hasta la fecha para la ubicación de esta agencia de control en el edificio de la Comandancia Naval de la ciudad de Vigo a partir del proyecto inicial
realizado por la Dirección General de Patrimonio con conocimiento del Ayuntamiento de Vigo, con el objeto de encuadrar las obras en los planes urbanísticos. En este contexto se va a llevar a cabo una reforma profunda en el edificio de la antigua
Comandancia Militar de Marina, ampliando su superficie con el objeto de atender las necesidades de espacio requeridas tanto por la Agencia de Control de Pesca como por la propia comandancia.
Los técnicos de la Oficina Comunitaria de
Infraestructuras y Edificios están analizando el dossier elaborado por nuestra Dirección General de Patrimonio. Partiendo, además, de que la presentación de la propuesta fue muy bien recibida tanto por el consejo de administración como por la
Comisión Europea, se van a mantener reuniones técnicas con la Comisión para finalizar el proyecto, tras establecer las condiciones de uso y proceder inmediatamente a la ejecución de las obras de reforma del edificio en cuestión que, según el
calendario previsto, van a comenzar este año para finalizar en el año 2007. No obstante, el consejo de administración de la Agencia de Pesca va a mantener sus próximas reuniones en la ciudad de Vigo. Concretamente, la primera está prevista para
los días 15 y 16 de junio, y en esa reunión, que será una reunión importante, se decidirá, además, el nombramiento del director de la agencia para el que existen ya dos candidatos. A partir de que tome posesión el director general de la agencia se
procederá ya a la contratación de todo el personal previsto en el reglamento de control.
Por tanto, los servicios de la agencia, como en todas las agencias, inician su andadura en Bruselas hasta que finalicen definitivamente las obras. Pero todas
las actuaciones destinadas a cumplimentar los cometidos de la agencia y de los funcionarios que conforman su plantilla se van a decidir a partir de la mitad del próximo mes, con ocasión de esa reunión.
Como información complementaria, en la reunión
de constitución del consejo de administración a la que hacía referencia, del día 1 de febrero, se presentó
el proyecto de reforma del edificio. Esta remodelación del edificio ya está aprobada por el ayuntamiento de acuerdo con el nuevo plan urbanístico. La Dirección General de Patrimonio que ha realizado el proyecto ha confirmado ya su
disponibilidad a la finalización de las obras y la ubicación temporal de las oficinas de la Comandancia es un acuerdo al que se va a llegar entre nuestro ministerio y el Ministerio de Defensa. La Comisión manifestó algunas observaciones al proyecto
de reforma, pero con la última modificación les ha parecido adecuado y que además reúne todos los requisitos que preveían, como eran buenas comunicaciones, que existiesen hoteles cerca del edificio -y existen-, que haya lugares de ocio, por
supuesto, proximidad al mar; todo el mundo que conoce ese edificio sabe perfectamente la magnífica ubicación que tiene. El contrato de explotación del edificio será un contrato que hará el Patrimonio del Estado directamente con la Comisión
Europea. Todas las demás agencias han sido siempre financiadas y pagadas por la Unión Europea; en este caso también va a ser así, lo que ocurre es que la inversión se materializará, lógicamente, con un sobrecoste del alquiler que en su momento se
defina entre la Dirección General de Patrimonio del Estado y la Comisión Europea. Por último, el Ayuntamiento de Vigo ha expresado su interés en la ubicación de la agencia y, por supuesto, la disponibilidad para acoger a todos los empleados de la
misma. Dije antes los días 15 y 16, pero serán los días 14 y 15 de junio cuando se celebre definitivamente en Vigo la reunión del consejo de administración con el importante cometido de elegir al director de la agencia. Esa reunión se celebrará
previsiblemente en las oficinas el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Vigo.
-DE LA SEÑORA CEDRÉS RODRÍGUEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS QUE APORTAN LAS RESERVAS MARINAS DE INTERÉS PESQUERO. (Número de expediente 181/001978.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16º de la diputada doña Olivia Cedrés, del Grupo Parlamentario Socialista, respecto de los beneficios que aportan las reservas marinas de interés pesquero. Su señoría tiene la palabra.
La señora CEDRÉS RODRÍGUEZ: Señorías, señor secretario general, el efecto de una reserva marina se manifiesta por una recuperación significativa de los caladeros en los que está inserta, por efecto de la dispersión de especies cuya
reproducción se ha protegido en la misma. Está claro que las reservas marinas son necesarias y en muchos casos las pide el propio sector. Las causas que los justifican son diversas y puede enumerar algunas: en algunos casos, el fracaso de la
gestión pesquera hace que se necesiten nuevas herramientas para la sostenibilidad de las pesquerías.
Además, los impactos humanos han crecido rápidamente en las últimas décadas y prácticamente todos los fondos marinos a menos de 1.000 metros están
explotados comercialmente y la pesca ha llegado a transformar los ecosistemas marinos. El total de las reservas marinas ocupan menos de un 1 por ciento de la superficie marina y, en muchos casos, no son respetadas, como podíamos leer, por ejemplo,
este fin de semana en medios de comunicación canarios, que está ocurriendo en La Graciosa en Lanzarote. Por tanto, quiero especificar que las reservas marinas son útiles para la gestión pesquera y las pesquerías, ya que nos permitirían proteger
poblaciones sobreexplotadas incrementando su reproducción, mejor gestión y explotación que nos llevan a mayor predictibilidad en las capturas y son fáciles de implantar y controlar, y por último, pueden en algunos casos facilitar la recuperación
tras catástrofes humanas, por ejemplo, mareas negras, o naturales. Teniendo en cuenta estos datos y la necesidad las reservas marinas de interés pesquero, señor secretario general de Pesca, nos gustaría preguntar por la valoración de los beneficios
que aportan estas reservas refiriéndonos específicamente a las que son competencia del MAPA.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Fragueiro, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Efectivamente, las reservas marinas de interés pesquero se crean sobre la base de nuestra actual Ley de Pesca y el objetivo no es otro que la regeneración de los recursos de
interés pesquero en zonas que son de especial riqueza e importancia para pesca artesanal. El objetivo de estas reservas es contribuir al mantenimiento de pescas artesanales que sean sostenibles y que favorezcan el mantenimiento de las citadas
actividades.
La creación de estas reservas, como usted muy bien manifestaba, resulta muchas veces en base a peticiones del sector pesquero, y siempre apoyadas y avaladas por informes científicos al respecto. En ese sentido, la gestión de la
reserva proporciona los medios necesarios para que los niveles de la riqueza pesquera, la conservación del hábitat de estas especies y de las comunidades y fondos marinos se mantengan en los niveles existentes en el momento de su creación incluso,
como se ha venido comprobando, permitan el enriquecimiento de todos estos valores.
Los beneficios que pueden aportar estas reservas son de tres tipos: beneficios pesqueros, beneficios socioeconómicos y beneficios científicos. En el caso de los resultados pesqueros, a través de los trabajos de seguimiento, ya sea a través
de campañas experimentales o de muestreos aportados tanto por informadores como por las capturas que extrae el sector pesquero, podemos decir que los resultados se ponen de manifiesto a través de los conocimientos que nos están aportando a través de
los convenios de colaboración que hemos suscrito con
el IEO, Instituto Español de Oceanografía, centrados en el seguimiento de lo que llamamos efecto reserva. Es decir, se trata de muestrear las zonas protegidas dentro de la zona de la reserva. La Secretaría General de Pesca, en coordinación
con distintas universidades y con distintos organismos científicos, va a organizar el próximo año, concretamente en septiembre del año 2007, un congreso europeo sobre las reservas marinas en el que se van a presentar los resultados de las reservas
marinas de interés pesquero del conjunto del Estado español, participando también con los gestores de proyecto europeos, que se han centrado en zonas marítimas protegidas del Mediterráneo y en el norte de Europa, respectivamente. A lo largo de
todos los estudios que he mencionado, tanto con las universidades como con los institutos de investigación, se han puesto de manifiesto los siguientes efectos pesqueros: aumento de las capturas en las reservas marinas y en sus aledaños, aumento en
las tallas, aumento en los pesos, reestablecimiento del equilibrio natural entre las poblaciones, aumento en los reclutamientos, cambios en el comportamiento -en el caso, por ejemplo, de los meros, se encuentran en cotas más superficiales, es decir,
que los individuos no huyen del hombre- y la reaparición de especies de interés pesquero sobrepescadas, como es la langosta roja o la cigarra de mar, y el mejor ejemplo es la reserva de Columbretes.
También mencionaba que había resultados socioeconómicos tanto sobre el sector pesquero como sobre el resto del sector pesquero inducido, podemos llamarle, y por supuesto, de la sociedad civil. El grado de aceptación de las reservas marinas
es ya en sí mismo un claro indicador del éxito de estas reservas. Hemos observado también indicadores importantes a nivel socioeconómico ya que, como uno de los objetivos de la reserva es el mantenimiento de la actividad pesquera, como conclusiones
hemos visto que hay una ralentización del abandono de la actividad pesquera en aquellas zonas donde se encuentran ubicadas las reservas, y han contribuido también a una modernización de las embarcaciones. Sobre otros sectores económicos y la
sociedad civil podemos citar los efectos derivados de la elevada calidad ambiental y paisajista, que beneficia a actividades de ecoturismo relacionado con los productos pesqueros, sus lonjas, la calidad de las capturas que se extraen, el alto valor
de las mismas y la elevada demanda de las reservas marinas como destino del buceo.
Actualmente, la Secretaría de Pesca participa en un proyecto comunitario del Fondo Social Europeo con el fin de ordenar la diversificación del sector pesquero con
relación a actividades turísticas con la pesca artesanal, que tienen perfecta cabida en todo lo que llamamos efecto reservas. Por tanto, en el ámbito socioeconómico, hay alternativas relacionadas con el ecoturismo sostenible, oportunidades para
actividades educativas y de difusión, y oportunidades también para el voluntariado.
En cuanto a los resultados científicos, las reservas, por supuesto, presentan una ocasión única para la observación del medio marino y se han revelado como una auténtica red de vigilancia sobre determinados fenómenos físicos, sobre la
biodiversidad marina y, por supuesto, sobre los impactos humanos. Los resultados científicos, aparte de los pesqueros ya señalados, son el mantenimiento de la biodiversidad vegetal en cuando a los bosques de Posidonia oceánica, las praderas de
algas, los bosques profundos de laminarias. El mantenimiento de la biodiversidad animal ha permitido que lleguen a la costa especies raras como algunos cefalópodos, por ejemplo, en la reserva marina de la isla de La Palma, algo que ha llamado la
atención, y eso significa que se están mejorando, por supuesto, las condiciones del recurso en la zona, y, por último, los puntos de observación y control de fenómenos ambientales. Se observa un calentamiento de las aguas que produce un blanqueo de
corales en el Mediterráneo, los estudios de relaciones tróficas en los ecosistemas marinos y también el impacto del buceo y de la navegación.
Dentro del marco de la cooperación, podemos decir que la red de reservas marinas del Estado español ofrece una oportunidad magnífica para la cooperación interadministrativa y con otros países. Este año se ha continuado con la coordinación y
participación activa en el grupo de trabajo técnico entre nuestro ministerio y el de Medio Ambiente relativo a aspectos pesqueros y medioambientales. Se está cooperando con gestores de otros espacios marinos protegidos no iberoamericanos como
Francia, Italia, Reino Unido, Grecia, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
El señor PRESIDENTE: Le ruego termine, señor Martín Fragueiro; estamos fuera de todo tipo de tiempo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): En el año 2005 la Secretaría de Pesca realizó un proyecto específico de cooperación y se apoyó el proyecto con la Fundación CDB-Hábitat para la participación activa de la
flota industrial española que faena frente a Mauritania para concienciar sobre la problemática de la foca monje.
-DE LA SEÑORA FUENTES GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE ACTUACIONES PARA ACABAR CON LA ALTA TASA DE MORTALIDAD POR PESCA O DE LA BIOMASA EN EL GOLFO DE CÁDIZ. (Número de expediente 181/002034.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta 18º del orden del día de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista señora Fuentes González, relativa a actuaciones para acabar con la alta tasa de mortalidad por pesca o de la
biomasa en el golfo de Cádiz. Su señoría tiene la palabra.
La señora FUENTES GONZÁLEZ: Señor secretario general, de todos es conocido que una intensa actividad durante mucho tiempo en una determinada zona del litoral, unido a una mala utilización de determinadas artes pesqueras, fundamentalmente
las artes pesqueras menores, puede acarrear un importante descenso de la población pesquera, además de la degradación de la biomasa que en ella se alberga. En el litoral andaluz, concretamente en el golfo de Cádiz, la biomasa y su población ha
estado sometida a una importante presión por parte del sector pesquero, lo reconocemos, presión que, aunque no se justifica, es comprensible, sobre todo, si tenemos en cuenta que durante siete años el sector pesquero de la zona ha tenido que
buscarse de aquella manera la forma de seguir faenando en las aguas del golfo de Cádiz, intentando respetar al máximo el entorno, al mismo tiempo que efectuaba, de la mejor forma posible, las capturas necesarias para sobrevivir. Estos siete años de
sequía para el sector pesquero andaluz y para el sector pesquero español, en general, por falta de un convenio con el país vecino, ha tenido consecuencias; consecuencias que siempre pagan los mismos, y nuestro sector ha intentado llevarlo de la
mejor forma posible. Sabemos que los esfuerzos de este Gobierno y de su ministerio tanto para la consecución de este convenio como para la conservación de las poblaciones pesqueras y la biomasa que en ella se alberga, es continua. Con relación a
esto queremos preguntar, señor Martín Fragueiro, ¿qué actuación o iniciativa está llevando a cabo el Gobierno para intentar acabar con la alta tasa de mortalidad por pesca en el golfo de Cádiz?
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Fragueiro, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): Como he dicho con ocasión de la contestación a otra pregunta que ha hecho hoy el Grupo Popular, hemos hecho una serie de actuaciones en el golfo de Cádiz en el ámbito
científico y hemos mantenido reuniones periódicas con el sector pesquero, las últimas de ellas los días 19 y 20. En el aspecto normativo, en el año 2004 se puso en marcha un plan anual de carácter urgente para la conservación y gestión de la
pesquería de arrastre de fondo del caladero del golfo de Cádiz. Se adoptó también un plan anual de carácter urgente para la pesquería de cerco. En el año 2005 se adoptó un segundo plan de carácter urgente para la pesquería de arrastre de fondo,
otro segundo plan de carácter urgente para la pesquería de cerco y un plan para la conservación y gestión sostenible de la pesquería del pulpo.
En el ámbito de la inspección, vigilancia y control se ha experimentado una mejora en las inspecciones y controles realizadas. En los años 2004-2005 se ha aumentado en un 43 por ciento respecto al año 2000. Se ha incrementado la intensidad
y eficacia de las actuaciones conjuntas, un 90 por ciento más que en el año 2003. Se ha aumentado la frecuencia de las inspecciones realizadas, 465 inspecciones en 2005 frente a 253 en el año 2003. Se han reactivado los controles por carretera en
el año 2005, y se han mantenido contactos directos con la Junta de Andalucía y responsables de los mercas para abordar la problemática de los inmaduros. Hay que señalar que después de la campaña de evaluación científica hecha con el Emma Bardán en
el mes de abril del presente año, y después de las conclusiones alcanzadas en las reuniones de los días 19 y 20 del corriente mes, en las que hubo una alta participación del sector, tomando, además, parte de las mismas, representaciones de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y de la Secretaría de Pesca, se formularon una serie de propuestas, entre las que cabe destacar las siguientes: primera, erradicación de las embarcaciones ilegales.
Próximamente se va a
celebrar en la Subdelegación del Gobierno en Huelva una reunión que podrá en marcha el correspondiente operativo, que ya cuenta con la dotación presupuestaria necesaria, empezándose en breve plazo a inmovilizar las embarcaciones, así como a retirar
las artes ilegales. Segunda, posibilidad de que cierto número de buques de arrastre puedan ser autorizados a ejercer su actividad en aguas de Portugal sin que ello conlleve la renuncia definitiva al caladero nacional. Tercera, realización de
nuevos estudios científicos por medio de la Secretaría General de Pesca Marítima con el fin de mejorar el conocimiento de la pesquería e introducir nuevas medidas. Cuarta, continuación de las paradas biológicas y, antes de finalizar la vigencia del
plan de gestión de la pesquería de arrastre en vigor, se considerará la oportunidad de continuar las paradas biológicas incluyendo, en su caso, medidas complementarias tales como la limitación de capturas por barco. Quinta, reducción del esfuerzo
pesquero tras la finalización de las paradas biológicas y, con el objeto de prologar el efecto de las vedas, se podrá establecer un retorno a la actividad de la flota de forma gradual.
En cuanto a la diversificación de las pesquerías, que es otra cuestión que se ha debatido, podríamos contemplar dos baterías o dos tipos de medidas: uno, referido a la especialización de los buques respecto a las especies a capturar y,
otro, ligado a las expresadas, referente a una diversificación de los horarios de actividad. Este último asunto, por su complejidad, debemos considerarlo con extrema prudencia, no obstante, en el menor plazo posible trataremos de dar una respuesta
al respecto al sector implicado.
DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES
SOBRE EL FONDO EUROPEO PARA LA PESCA. (Número de expediente 181/002141.)
El señor PRESIDENTE: Última pregunta del orden del día, formulada por el señor Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que por ausencia del mismo va a llevar a efecto el diputado del mismo grupo señor Benito Serra. Su señoría tiene la
palabra.
El señor BENITO SERRA: Señor secretario general, permítame en primer lugar hacer una cosa que no se ha hecho hasta ahora en esta Comisión -a pesar de compartir territorialidad con otro diputado, obviamente no comparto criterios-, pero creo
que es necesario felicitarle por su trabajo y el de la ministra, por los esfuerzos realizados para conseguir que finalmente en el último Consejo de Ministros de la Comunidad Europea se aprobara el acuerdo de pesca con Marruecos que, después de seis
años de haber expirado el anterior, y sin que el Gobierno del Partido Popular hiciera nada para renovarlo, representa un verdadero balón de oxígeno para una parte importante de nuestra flota pesquera que estaba atravesando, como todo el mundo sabe,
verdaderas dificultades. Este reconocimiento es de justicia.
En el proceso de renovación reglamentaria de la Comunidad Europea para adaptarse a la realidad de los veinticinco países que la conforman, cabe destacar la propuesta del nuevo Fondo Europeo de Pesca como nuevo instrumento de programación de
la misma para el periodo 2007-2013, que ha de sustituir el actual IFOP y que supondrá también la modificación de los vigentes reglamentos 1263/1999 y 2792/1999. Conscientes de las dificultades que representa este proceso de negociación del nuevo
Fondo Europeo para la Pesca, sobre todo, y para ser claros, ante las resistencias manifestadas por países como Bélgica, Reino Unido o Alemania a mantener una atención financiera preferente respecto a los países ribereños del sur del Mediterráneo,
entre los que se encuentra España, y conocedores de que los objetivos del Gobierno español pretenden alcanzar unos criterios de reparto del Fondo que no perjudiquen la situación hasta ahora conseguida, además de las propuestas de abrir nuevas líneas
de ayuda para la instalación de motores de bajo consumo en los buques y habilitar líneas de subvención para conseguir que los pescadores jóvenes puedan adquirir sus primeras embarcaciones, entre otras medidas y, sobre todo, ante el interés que este
proceso ha despertado en todo el sector, permítame, señor secretario, que haga la siguiente pregunta: ¿cuál es el estado actual de las negociaciones en este nuevo Fondo Europeo de la Pesca?
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Fragueiro, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Martín Fragueiro): En el Consejo de Ministros del pasado lunes se ha mantenido el último debate sobre el Fondo Europeo de la Pesca y donde no se ha alcanzado un acuerdo, dadas las posiciones
manifestadas tanto por Reino Unido, Alemania y Bélgica, con la abstención de Polonia. Me gustaría informar de que la Presidencia, prácticamente a las doce y media de la madrugada, suspendió el turno de opiniones de los Estados miembros en el
instante en que comprobó que los países anteriormente citados conformaban una minoría de bloqueo y renunció, por tanto, a continuar con su ronda de consultas. En esta circunstancia, la Presidencia y la Comisión deben valorar la oportunidad de que
este punto sea tratado en el próximo Consejo de Pesca de junio o que pase a ser discutido bajo la Presidencia de Finlandia, que será la responsable de dirigir los trabajo del Consejo de Pesca en el segundo semestre del año 2006. Me gustaría señalar
el esfuerzo realizado por la Comisión y por la Presidencia, así como también el trabajo de la Administración española de concertación con esas dos instituciones, Presidencia y Comisión. Igualmente, me gustaría destacar la concertación y
colaboración desarrolladas por los llamados bad boys, siete países de la Unión Europea, que al final eran good boys, por el que se ha logrado mejorar notablemente la propuesta de la Comisión y la fórmula final de compromiso de la Presidencia. Como
bien conocen todos ustedes, en términos de negociación, tanto para esta Presidencia como para Presidencias futuras, parece lo más razonable partir de esta formulación para intentar desbloquear la negociación.
Me gustaría destacar los avances y los aspectos de mayor interés para España, como el reconocimiento, en primer lugar, de un arqueo histórico para adecuar la situación de los índices de referencia marcados en 2003.
Es decir, a partir del
año 2003 hubo un incremento, y ese incremento, en definitiva, nos lo ha admitido por primera vez la Comisión Europea. Se ha introducido un nuevo concepto, una bolsa de reutilización para renovación o modernización de las embarcaciones, e igualmente
se ha introducido en la fórmula de compromiso un mecanismo de ayuda financiera en paralizaciones temporales dentro de los planes de gestión -antes únicamente para los planes de recuperación- que establezcan los Estados miembros y se ha abordado un
tema importante como es el de modernizar las embarcaciones y, en particular, dotarles de flexibilidad con el cambio de motores.
Resumiré de forma muy breve otros elementos planteados y que han suscitado debate, pero que también han sido incorporados a la fórmula de compromiso. El primero de ellos es el apoyo a las sociedades mixtas.
Hemos incluido una fórmula que
permitirá estudios de viabilidad en relación con la promoción de asociaciones con terceros países, que, junto con la posibilidad de desarrollar mecanismos de contribución del Fondo distintos a la ayuda directa, permitirán la financiación de las
sociedades mixtas.
En segundo lugar, renovación y construcción de nuevos buques.
Inicialmente, se ha abierto ya la posibilidad de crear una reserva de GT con un porcentaje
limitado de las toneladas correspondientes a las salidas de flota que se hayan producido con ayuda pública y se abre la posibilidad, además, de utilizar los remanentes de tonelaje existentes desde el 1 de enero del año 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2006. Pero nosotros, además, esa bolsa de GT la queremos utilizar fundamentalmente, aunque no exclusivamente, para mejorar la seguridad, la higiene, las condiciones de la flota y la calidad del producto, dándole prioridad a la flota
pesquera artesanal, ya que en España existen casi 9.000 embarcaciones de una elevada edad, seis mil y pico de ellas tienen más de 33 años.
En paralización definitiva se ha conseguido que pueda efectuarse la paralización definitiva con fórmulas alternativas al mero desguace, como son la reasignación a fines distintos de la pesca o hundimientos con fines de arrecife artificial.
Igualmente estas ayudas se aplicarán a la capacidad de pesca y no a la licencia de pesca. Es decir, la licencia de pesca puede permitir su transmisión o su acumulación en otros buques.
En paralización temporal hemos elevado en un 50 por ciento el tope máximo de contribución del actual IFOP, es decir, pasar del 4 por ciento al 6 por ciento de porcentaje de utilización de todo el fondo, que incluso se podía superar por un
procedimiento de comitología.
En el contexto de planes de gestión en el ámbito nacional, y cuando estos planes prevean reducir nuestro esfuerzo pesquero, podrán darse ayudas hasta un plazo máximo de ocho meses frente a los seis meses que permite el actual IFOP. Hay
también una novedad, dar ayudas por paralización temporal durante un máximo de tres meses para permitir el cambio de los motores de los barcos, con las consecuencias socioeconómicas que ello comporta tanto para tripulantes como para armadores de los
buques. Se han vuelto a incluir de nuevo las primas globales para pescadores que cesen en su actividad. En cuanto a la sustitución de motores se abre la posibilidad para la sustitución de los mismos, tanto para flota artesanal como para barcos de
hasta 24 metros y mayores de 24.
Con respecto a modernización de embarcaciones, continuaremos con ello. En cuanto a los jóvenes pescadores, se ha incrementado la ayuda hasta un 15 por ciento del coste de adquisición, con una cantidad máxima de 50.000 euros y edades hasta
40 años, con lo cual se han incrementado 5 años. Y continuarán todas las medidas destinadas a la acuicultura, transformación y comercialización, y los tamaños de las empresas llegarán hasta 200 millones de facturación y 750 trabajadores, un
objetivo que también nos habíamos marcado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martín Fragueiro. Agotado el orden del día, le vuelvo a reiterar el agradecimiento de la Comisión por su presencia hoy aquí.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.