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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 581, de 22/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 581
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO
Sesión núm. 35
celebrada el lunes, 22 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Celebración de comparecencias en relación con la proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear. (Número de expediente 122/000157.) ... (Página 2)
-De la señora presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (Estevan Bolea).
(Número de expediente 212/001115.) ... (Página 2)
-Del señor vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear (Azuara Solís).
(Número de expediente 212/001116.) ... (Página 2)
-De la señora consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (Sendín de Cáceres) (Número de expediente 212/001117.) ... (Página 19)
-Del señor consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (Barceló Vernet).
(Número de expediente 212/001118.) ... (Página 25)
-De la señora consejera del Consejo de Seguridad Nuclear (Martínez Ten).
(Número de expediente 212/001119.) ... (Página 28)
-Del señor gerente de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares, AMAC (Vila de Abadal). (Número de expediente 219/000602.) ... (Página 33)
-Del señor responsable de la Campaña de Energía Nuclear Greenpeace, España (Bravo Villa). (Número de expediente 219/000603.) ... (Página 37)
-Del señor presidente de la junta de personal del Consejo de Seguridad Nuclear, CC.OO. (Rey Gayo). (Número de expediente 219/000604.) ...
(Página 45)
-Del señor miembro de la junta de personal del Consejo de Seguridad Nuclear, UGT. (Biurrum González). (Número de expediente 219/000605.) ... (Página 45)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
CELEBRACIÓN DE COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL, DE CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Número de expediente 122/000157.):
-DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (ESTEVAN BOLEA).
(Número de expediente 212/001115.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a esta sesión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. Vamos a celebrar unas comparecencias en relación con la proposición de ley de reforma de la Ley de 22 de abril de 1980, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear. El esquema por el que vamos a sustanciar estas comparecencias, acordado en reunión de Mesa y portavoces, es sencillo porque pretendemos ser operativos. Cada grupo parlamentario tendrá un primer turno para hacer las
preguntas que estime convenientes y luego contestarán los comparecientes. Si algún compareciente quiere hacer alguna observación sobre cuestiones que no le hayan preguntado pero que considere interesantes -de lo que se trata es de enriquecer el
desarrollo de esta ley- lo puede hacer; lógicamente tenemos un tiempo limitado. Cualquier otra indicación de mayor extensión que necesite hacer, la puede enviar por escrito y la remitiremos a cada miembro. Sin más dilación, damos comienzo. Le
doy la bienvenida a doña María Teresa Estevan Bolea, presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, una vez más a esta casa, agradeciéndole su amabilidad y su disposición para estar aquí el día que la hemos reclamado, junto a los demás miembros del
Consejo y a otros comparecientes para ayudar a las labores legislativas.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: En primer lugar, como es natural, deseo darle nuestra más cordial bienvenida, señora Estevan, presidenta del CSN. Tal y como se acordó en la reunión de Portavoces, simplemente voy a hacerle unas preguntas sobre
temas que nos interesan para después, según las contestaciones, tomar las medidas necesarias para hacer una mejor proposición de ley. Como es natural, la primera pregunta tiene que ser si cree usted necesario reformar la Ley 15/1980, de creación
del CSN. En segundo lugar, cuáles cree usted que deberían ser los nuevos puntos a incluir. Voy a hacer un inciso en este apartado porque la proposición de ley habla de permisividad del CSN con los titulares. Me gustaría saber si cree que es
cierta esa aseveración que se hace en el proyecto. En tercer lugar, cómo funciona a grandes rasgos el pleno del Consejo. En cuarto lugar, qué formación y capacitación cree que deberían tener los miembros del pleno del Consejo, porque hay
innovaciones en la proposición de ley que nos parecen muy graves, como la supresión de la necesaria cualificación o solvencia de los aspirantes a consejeros del CSN. No entiendo bien cómo se quiere dejar nada menos que la seguridad nuclear en manos
de personas con limitadas o nulas aptitudes. No sé si lo que se quiere es colocar a amiguetes. No entiendo bien esta situación. Por eso le pregunto cuál es la formación y capacitación que deberían tener los miembros del pleno del Consejo. Por
último, como quinta pregunta, quisiera saber qué reforma o puesta al día cree usted que precisa el personal técnico
del CSN y por qué se contratan empresas de ingeniería o consultores externas.
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra.
El señor RAMÓN TORRES: Quiero dar la bienvenida a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear en esta comparecencia y agradecerle sus respuestas para orientarnos y dar su posición sobre esta reforma del Consejo. En primer lugar, en
todos los debates que hemos tenido en esta Comisión y en ponencia nuestro grupo ya ha venido advirtiendo y recordando cuáles eran los compromisos del señor Rodríguez Zapatero y del grupo que apoya al Gobierno, y también de nuestro grupo, para
intentar marcar un plan de cierre de las centrales nucleares, entendiendo que tenemos que diseñar un horizonte energético sin pensar que la energía nuclear será para siempre. En este sentido esta reforma del Consejo de Seguridad Nuclear tendría que
dar un papel más decisivo al Consejo para que si este plan de cierre se pone sobre la mesa sea él quien haga un seguimiento de la seguridad del plan y no se minimicen los costes de personal y de otro tipo. Por eso le pregunto si cree que tendría
que ser un objetivo básico del Consejo de Seguridad Nuclear la previsión de todas las contingencias asociadas a un posible proceso de cierre de las centrales nucleares. Habría que cumplir rigurosamente los estándares internacionales de seguridad
durante la vida útil que le resta a cada central y que los procesos de cierre conlleven propuestas para el futuro de las instalaciones clausuradas, para que una vez desmantelada y descontaminada la mayor parte de su superficie se garantizaran los
niveles de inversión en seguridad. Nos gustaría preguntarle si no creen que debería ser un objetivo a incluir en la lista y funciones del Consejo de Seguridad Nuclear el control de los estándares internacionales y todo lo que sea mejorar la
seguridad en ese plan de cierre.
Se ha dicho muchas veces -usted misma también nos lo ha dicho- que las resoluciones que toma esta Cámara sobre el Consejo de Seguridad Nuclear no son vinculantes. Cuando no se han cumplido las resoluciones que hacemos se nos ha recordado
que las que emite esta Cámara no son vinculantes. ¿Cree usted que el control de esta Cámara debería reforzarse y que las resoluciones y mandatos que salen hacia el Consejo de Seguridad Nuclear debieran ser de obligado cumplimiento? Hacemos esta
pregunta para saber cómo podemos conseguir que estas resoluciones dictadas por esta Cámara sean vinculantes. ¿Qué opinión tiene usted sobre que en esta reforma del Consejo de Seguridad Nuclear se contemple que las comunidades autónomas que tienen
centrales nucleares en sus territorios puedan nombrar un consejero para el Consejo de Seguridad Nuclear? Esto que le comento ya lo expuso el director General de Energía en la tercera sesión de la mesa nuclear diciendo que las comunidades autónomas
deberían poder designar un consejero. Mi pregunta es, ¿qué opina de esta propuesta, si ve que puede salir adelante y si el Consejo de Seguridad Nuclear lo ha valorado con anterioridad?
Le quiero preguntar sobre la nueva directiva de información ambiental.
Como saben está a punto de formar parte del ordenamiento jurídico español la trasposición de la Directiva 2003/4 de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa al acceso del público a la información medioambiental. A partir de aquí deberemos considerar que la información ambiental no es solo una cuestión de buena voluntad de los titulares de las instalaciones ni de los poderes públicos y
que el acceso a una información transparente y rigurosa y con unos plazos definidos es un derecho respaldado jurídicamente. ¿Qué medidas están tomando para dar cumplimiento a los preceptos de la citada ley y qué aspectos creen que deberían hacerse
constar específicamente en la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear sobre esta nueva normativa? Respecto al inspector residente lo que le quedó claro a mi grupo respecto a lo sucedido en Vandellòs...
El señor PRESIDENTE: Señor Ramón, le ruego que sea conciso en las preguntas sin introducir valoraciones porque, si no, no terminamos ni siquiera una comparecencia.
El señor RAMÓN TORRES: Básicamente, cómo podríamos mejorar esta figura del inspector residente. Una de las grandes preocupaciones de nuestro grupo sobre Vandellòs es el papel del inspector residente. Esta figura tiene que potenciarse en
la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. También le quiero preguntar sobre los comités técnicos asesores. No voy a hacer ninguna valoración porque hay que reducir el tiempo, pero me gustaría que nos diera su opinión sobre el papel de estos
comités técnicos asesores porque es una figura que nos preocupa. Para terminar, una de las cosas que se comentó fue la posibilidad de potenciar la defensa de los trabajadores para que sean una fuente de información dentro de las centrales
nucleares. ¿Es posible que en esta proposición de ley se pudiera tratar este tema para darle una seguridad mayor a la defensa de los trabajadores para que sean un polo más en la seguridad y de alerta ante posibles problemas de las centrales
nucleares?
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Maldonado va a usted a intervenir en este punto?
El señor MALDONADO I GILI: Señor presidente, si es tan amable me gustaría cambiar el turno.
El señor PRESIDENTE: El grupo no tiene inconveniente por lo tanto, tiene la palabra el señor Maldonado por Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: Perdón, le he pedido al letrado que, si era posible, se me permitiera
intervenir después del Grupo Vasco, porque estaba preparando la intervención.
El señor PRESIDENTE: Perdón, como le he visto entrar y he visto que estaba un poco ocupado, le he dado la palabra para facilitar la tarea, pero no hay inconveniente.
Tiene la palabra el señor Beloki.
El señor BELOKI GUERRA: Agradezco a la presidenta del CSN su presencia y, de antemano, las respuestas que dé a mis preguntas.
La primera pregunta es si usted entiende que es necesario un cambio de la ley y por qué. Si es porque el CSN tiene problemas que pueden ser resueltos a través de diversas modificaciones de la ley, querría que me explicara cuáles son esos
problemas: si son problemas internos, como su independencia -porque no está garantizada suficientemente- respecto del Gobierno o del Parlamento; si son problemas que se pueden resolver a través de la ley en el campo de la autoridad, si es una
autoridad que la sienten reconocida, si disponen de los mecanismos y medios que les permiten garantizar una auténtica autoridad en este campo; si estamos hablando de problemas relacionados con la transparencia en la gestión; si con la ley se puede
garantizar algo mejor de lo que hoy lo está o si los problemas que ustedes tienen no son debidos a la ley, sino que son de estructura y de funcionamiento; o si los problemas son externos, por ejemplo de intromisión política en el CSN. Me gustaría
saber si quizá también estamos hablando de ese tipo de problemas, que serían más difíciles de resolver, en su caso mediante una modificación en la ley; o si no se trata tanto de problemas que habría que resolver mediante dicha modificación, como de
nuevas necesidades generadas desde que existe el CSN y cuáles son esas necesidades; si están relacionadas con las demandas sociales, con la evolución del ciclo de vida de las instalaciones, con las actividades de I+D, o en su caso con el contexto
internacional, lo cual requiere algún tipo de modificación de la ley. Me gustaría saber si se trata de nuevas necesidades, generadas después de que se pusiera en vigor la ley que ahora se trata de modificar. Asimismo quiero hacerle una pregunta
más específica. ¿Entiende usted que tanto frente a los problemas -espero que me cuente cuáles son- como a las nuevas necesidades es realmente necesario hacer modificaciones en la ley o bastaría con hacerlas en el reglamento o en el estatuto del
Consejo de Seguridad Nuclear? Por otra parte, y también de forma específica, quiero preguntarle si usted entiende que la estructura de la que hoy en día está dotada el CSN puede garantizar todas estas cosas debidamente, y qué modificaciones habría
que hacer. Si usted me dice que no se trata tanto de cuestiones de modificación de la ley, también daré por buena la respuesta, entendiendo que estaríamos ante cuestiones que se pueden resolver de otra forma.
El señor PRESIDENTE: Por Convergència i Unió tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Señora presidenta, muchas gracias por su comparecencia hoy aquí. En mi opinión, con esta comparecencia, a diferencia de otras que usted ha realizado, intentaremos buscar luz.
Estamos ante un periodo legislativo
en el cual este Congreso se plantea llevar a cabo una nueva ley que regule el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear. La energía nuclear está en el debate político por muchos aspectos. Hay entidades que proponen que finalice el
funcionamiento de las centrales y otras que no, así como entidades que piden que se supervise más, etcétera. Nuestro grupo es de los que cree que la energía nuclear debe estar muy fiscalizada y ser muy transparente.
Sin ningún tipo de dudas tiene
que haber una total confianza en la gente que realiza el seguimiento del normal funcionamiento de las centrales nucleares. La energía nuclear hoy en día forma parte importante de la opinión pública y nos da la impresión de que ustedes capitalizan
esta opinión. Últimamente ha habido polémica sobre el incidente grave ocurrido en Vandellòs II, y esto ha concienciado aún más a la clase política respecto a la necesidad de una nueva ley que regule el Consejo de Seguridad Nuclear. Este debate y
esta percepción de la clase política no se ha producido solo a raíz de este accidente en Vandellòs II, pero es cierto que debido a la situación que se creó de desconexión y desinformación, tema que no es momento de reiterar, esta concienciación ha
ido en aumento. En este sentido, nuestro grupo quisiera saber qué hay en esta normativa que no marcha bien y preocupa a la máxima dirigente de esta entidad. Incluso haría mías las palabras del portavoz del Grupo Vasco al preguntar si a usted le
parece que la ley actual debería ser modificada o no. Nuestro grupo cree que sí, por esto firmó una petición conjunta con otros grupos en la que pedíamos que se hiciera una nueva ley que regulara el Consejo de Seguridad Nuclear, pero sería bueno
que usted, como máxima responsable de esa entidad, nos dijera si comparte esta opinión. Asimismo nos gustaría saber respecto al marco legal que actualmente regula este funcionamiento qué lagunas detecta usted y cuáles son las grietas jurídicas que
la nueva ley debería enmendar, ya que la nueva ley debería lograr que el funcionamiento sea el mismo e incluso mejor. Recuerdo alguna comparecencia suya en la que usted se quejaba amargamente de algunos aspectos. Pues bien, la nueva ley debería
ayudar a que el presidente y los consejeros tengan un instrumento que permita un buen funcionamiento a fin de lograr esta fiscalización de la energía nuclear en España. También me gustaría que me diera su opinión sobre si este ha de ser un ente
totalmente independiente o si debe haber determinada presencia política en él. Es verdad que el Congreso es quien debe regular las leyes, pero ¿usted cree que esta ley debe orquestar la presencia política en el seno del consejo, o no? Mi grupo
sigue pensando que la independencia debe ser total, pero me gustaría conocer
su opinión al respecto. Por otra parte, ¿cuál cree que debe ser el futuro papel de la presidencia de esta entidad? ¿Debe desempeñar el papel actual u otros distintos?
El señor PRESIDENTE: Señor Maldonado, como no ha estado en la sala al principio de la sesión, le diré, igual que a otros intervinientes, que el acuerdo de Mesa y portavoces era hacer un trabajo ágil y, en lo posible, hacer las preguntas de
la manera más escueta posible y sin valoraciones, porque si no va a ser imposible completar el orden del día que tenemos.
El señor MALDONADO I GILI: Mis preguntas son las siguientes: ¿cuál cree que debe ser el papel de la presidencia en este nuevo escenario que se vislumbra? ¿Cuál debe ser el papel territorial? El nuestro es un Estado formado por autonomías
y a mi grupo, como nacionalista, le preocupa el papel que en este caso deben tener las comunidades autónomas en aquellos territorios en los que haya presencia de centrales nucleares. Por tanto, ¿cuál debe ser este papel? ¿Debe ser mayor o no? Con
estas preguntas, y ante la recomendación del presidente, mi grupo se da por satisfecho.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, en Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds queremos agradecer a la señora presidenta su presencia en esta Comisión y, en segundo lugar, no vamos a hacer consideraciones en torno al futuro de
la energía nuclear, porque esta ley servirá para discutir precisamente la regulación del CSN, cuestión sobre la que le haremos algunas preguntas. Señora Estevan Bolea, la primera de las preguntas es la siguiente: ¿cuáles son los mecanismos que
usted cree que se deben incorporar para garantizar una mayor independencia en la petición de información o encargos de informes a empresas externas, sabiendo que en muchos casos estas empresas están vinculadas con el sector y con la industria?
Segunda pregunta: ¿cuáles son los elementos que se deberían introducir en la nueva ley respecto a la información y la participación, sabiendo que en estas materias ha habido mucha innovación desde el punto de vista legal desde que se aprobase la
ley actualmente vigente sobre el CSN? En este sentido, ¿considera que el CSN debería dotarse de un espacio atendido por especialistas que permita a los ciudadanos y a las organizaciones sociales consultar documentación y resolver dudas sobre
seguridad nuclear? ¿Cómo entiende usted que esta nueva ley tendría que adecuarse a otra normativa en cuanto a participación e información, como ocurre en otras materias como la información ambiental, y qué representa el Convenio de Arus y su
transposición? Lo decimos porque la actual ley del CSN no menciona ningún derecho de participación del público. Hace una referencia genérica, pero no detalla esta materia. Por tanto, ¿cómo deberíamos incorporar este aspecto?
Tercer elemento: ¿La ley del CSN debería incorporar las obligaciones y los derechos de los trabajadores a denunciar los casos en que los titulares no tomen medidas necesarias? Esto se lo decimos, señora Estevan Bolea, por la experiencia,
ya que en España no consta que haya trabajadores que denuncien -al menos este grupo parlamentario no tiene constancia-; en Estados Unidos -se lo pongo como ejemplo- hay 500 denuncias anuales, y en el derecho comparado existe esta obligación, estos
derechos incorporados, por ejemplo, en la normativa norteamericana. ¿Qué valoración hace usted de los comités asesores externos e independientes? Por último, ¿cuáles son las medidas en las que, según usted, el Congreso y el Gobierno deberían
intervenir y en cuáles no, especialmente en materias presupuestarias y en muchas otras?
Como ya le he dicho anteriormente, no quiero valorar en este momento nada relacionado con la energía nuclear ni tampoco con mi intervención -entiendo que así debe ser hoy-; he pretendido valorar la actividad del CSN, en la que por supuesto
todos tendremos puntos de vista diferentes, pero que no es lo que nos ocupa en esta comparecencia. Quiero agradecerle su atención y nos gustaría que nos contestara a estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrera, también por ayudar al presidente a cumplir los acuerdos de la Mesa y portavoces. También quiero agradecer a los demás portavoces su colaboración porque son los portavoces de los grupos
quienes han decidido que esta comparecencia sea de esta forma.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Velasco.
La señora VELASCO GARCÍA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear en esta comparecencia que pretende ayudarnos a modificar la Ley del Consejo de Seguridad
Nuclear con el fin de que esta favorezca el desarrollo del sistema regulador, dotándole de una normativa jurídica más completa y que mejore la participación de los ciudadanos.
Dicho esto, las preguntas de mi grupo son las siguientes: ¿Considera apropiado que el Congreso de los Diputados lleve a cabo con carácter permanente la supervisión de la gestión y el control financiero del Consejo de Seguridad Nuclear o es
suficiente con que el CSN le informe sobre el anteproyecto de presupuesto anual? En segundo lugar, asumiendo que el asesoramiento externo del Consejo de Seguridad Nuclear debe ser independiente de los afectados por la materia de que se trate,
¿considera que ello plantea alguna dificultad de orden práctico para el funcionamiento del CSN, teniendo en cuenta las actuales capacidades nacionales en el ámbito nuclear y la participación accionarial de las empresas que prestan servicios en el
sector nuclear? En tercer
lugar, ¿cómo valora la actual política informativa del CSN hacia las instituciones y el público en general en relación con los incidentes en las instalaciones nucleares y radioactivas y con otros aspectos de su funcionamiento, tales como
acuerdos del Consejo, elaboración de normativa, etcétera? ¿Considera que los derechos de los ciudadanos de acceso a la información y de participación, establecidos con carácter general en la legislación medioambiental, son suficientes para
facilitar sus relaciones con el CSN o que, por el contrario, resulta necesario que la legislación nuclear contemple de manera expresa aspectos específicos para el ámbito nuclear? En este segundo supuesto, ¿qué cuestiones cree oportuno que se
consideren?
¿Considera que los derechos y obligaciones de los trabajadores en relación con las denuncias de hechos que puedan afectar al funcionamiento seguro de las instalaciones y la protección frente a posibles represalias de los empleadores están
suficientemente salvaguardados en la legislación laboral general? En caso contrario, ¿considera que tales derechos y obligaciones deberían hacerse constar en la Ley de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear o sería más apropiado contemplarlo en
la legislación general que regula las actividades nucleares y radioactivas?
¿Cómo valoraría que el CSN se dotara de comités asesores? En caso de que se constituyan, ¿cuál debería ser el número de comités, teniendo en cuenta las dimensiones del sistema español? ¿Cuál debería ser el perfil profesional de sus
componentes y sobre qué materias deberían asesorar; únicamente sobre materias técnicas, sobre transparencia e información o sobre ambas? ¿Quién debería proponer y nombrar a sus miembros? ¿Cómo se garantizaría la independencia del Consejo en la
toma de decisiones? ¿Podrían actuar de oficio o solo bajo petición del Consejo? ¿Deberían asesorar únicamente al Consejo o también podrían asesorar al Parlamento y al Gobierno, si lo estimasen oportuno? ¿Le parece conveniente que la movilidad de
funcionarios dentro de la administración incluyese también a los técnicos del CSN o, por el contrario, debe preservarse como un cuerpo especial reservado al CSN, dado su alto nivel de especialización? ¿Considera que el actual marco jurídico
proporciona la independencia adecuada al CSN o debería reforzarse o limitarse? En este segundo caso, frente a quién o en qué materias. ¿Considera que el actual marco competencial del CSN es adecuado o deberían ampliarse o reducirse las funciones
que actualmente tiene asignadas? En particular, ¿qué opina de la actual distribución de competencias entre el CSN y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio? ¿Considera que el funcionamiento del CSN como órgano colegiado es el modelo más
adecuado? ¿Debería reforzarse el carácter como órgano colegiado o bien tender hacia un modelo más presidencialista? Actualmente, todos los órganos de trabajo del CSN dependen de la secretaría general que, a su vez, asiste al Consejo en su
funcionamiento como órgano colegiado. Dado que esto implica asumir la supervisión de funciones, tanto de contenido técnico como de carácter jurídico, administrativo y económico, ¿considera que la estructura actual es adecuada o que, por el
contrario, pudiera resultar más operativo separar las funciones de dirección o supervisión de las actividades que desarrollan las dos direcciones técnicas del resto de las funciones de la secretaría general? ¿Debería reservarse la ley del Consejo
para incluir únicamente los principios generales y desarrollar el resto en su estatuto o bien incluirlo todo en la ley? ¿Considera suficiente el actual desarrollo normativo en materia de seguridad nuclear y protección radiológica? En caso de que
no sea así, ¿qué elementos a desarrollar considera prioritarios? ¿Qué valoración le merece el informe realizado por el comité de expertos que evaluó las actuaciones del Consejo con relación al incidente de Vandellòs? ¿Considera oportuno incorporar
en la nueva ley alguno de los aspectos a los que se refiere el citado informe?
El señor PRESIDENTE: A continuación voy a darle la palabra a la señora Estevan Bolea, pero dada la amplitud de las preguntas y su complejidad, aunque muchas de ellas las contestará ahora, sabe que no hay inconveniente en que las conteste
por escrito, dada su gran envergadura y sobre todo porque no hay tiempo para una contestación exhaustiva. Además, como el objetivo que se persigue es hacer una buena ley, sería más interesante que algunas de estas preguntas las contestase por
escrito.
Tiene la palabra, señora Estevan.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Gracias por su cordial bienvenida a todas SS.SS., a los que en el día de hoy vamos a informarles sobre estas cuestiones. No voy a contestar a todas las preguntas porque
sería interminable, pero he captado el sentido de muchas de las preguntas y muchas de las inquietudes son semejantes en todos los grupos, por tanto voy a intentar refundir algunas preguntas. Si me olvido de algún tema, me lo recuerdan después, y lo
que quede pendiente o sea muy largo lo enviaremos por escrito. Lo mismo haré con los temas que todavía no tenemos definidos, porque sería una temeridad contestarlos sin haberlos estudiado.
Varias de las preguntas se refieren a si me parece pertinente una reforma de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear del año 1980. Sí, me parece pertinente, porque ha quedado anticuada -han pasado 25 años- o incompleta en algunos aspectos;
es más pertinente todavía reformar la Ley de Energía Nuclear del año 1964, que todavía tiene mayores carencias. La Ley del Consejo se ha reformado tres veces -por la Ley del Sector Eléctrico, por la Ley de Hidrocarburos y por la Ley de Tasas y
Precios Públicos-, pero es verdad que los avances tecnológicos, los nuevos sistemas de vigilancia y control, el incremento continuo de instalaciones radioactivas de las que debe ocuparse el Consejo de Seguridad Nuclear, las nuevas tecnologías en
equipos y sistemas implantados
en diferentes instalaciones, hacen necesaria una nueva reforma. Me refiero sobre todo a instalaciones radiactivas, porque una cosa que me produce profunda tristeza en todas mis intervenciones -no solo aquí, sino en otros sitios- es que solo
me hablan de centrales nucleares, y nosotros tenemos ahora ocho reactores nucleares, 1.500 instalaciones radiactivas importantes y 23.000 instalaciones de radiodiagnóstico que a mí me preocupan y me ocupan mucho más que todo el ciclo nuclear, porque
los incidentes que tenemos -muy pequeños, ciertamente, pero incidentes- se producen todos en instalaciones radiactivas. Allí es donde creo que tenemos carencias grandes. La Ley del Consejo se refiere a instalaciones nucleares y radiactivas; por
consiguiente, me parece que una primera reforma de una ley que tiene veinticinco años es interesante. Es verdad, como han dicho algunas de SS.SS., que muchos de los puntos que plantean corresponden a estatutos, a reglamentos. Conozco muy bien la
técnica parlamentaria, como ustedes saben, por mi presencia en esta Cámara, por lo que he trabajado en el Ministerio de Industria y Energía antes, por el Parlamento Europeo y por la continua elaboración de normas, y creo que gran parte de lo que
ustedes plantean es tema de estatuto, pero eso se podría estudiar con más calma.
Me parece que es importante establecer de forma reglada la participación de otros órganos de la Administración general, y aquí, señor Maldonado, quiero hacer mención al tema de las comunidades autónomas. Tenemos encomiendas en ocho de
ellas, entre las cuales está Cataluña, y creo que esto tiene que desarrollarse algo más. Por tanto, si nuestra estructura territorial, nuestra Administración, es muy distinta, naturalmente las leyes tienen que seguir las prácticas de cada día, y
creo que es muy importante también la incorporación de municipios. Las corporaciones locales tienen mucho que decir, creo que en el tema de comunicación -al que me referiré luego- deberían participar mucho y desarrollarse más los comités locales, y
por tanto es extensa la tarea que hay que hacer, parte de la cual se recogerá en esta ley y parte en el estatuto o en otras normas que promulgue la Administración del Estado.
En síntesis, creo que en esta ley hay que incorporar con una cierta urgencia distintas novedades, aunque ya se haya modificado tres veces. En primer lugar, me parece útil una puesta al día, y es imprescindible incluir la regulación de la
seguridad en materia de gestión del combustible gastado y de residuos radiactivos -por el tiempo transcurrido, tanto en la Ley de Energía Nuclear del año 1964 como en esta no se había previsto todo ello-; la regulación del desmantelamiento en lo
que concierne a la seguridad nuclear y protección física; la regulación de la protección física de las instalaciones, que a partir del 11 de septiembre del año 2001 ha tenido un desarrollo enorme y en la que España ha tenido actuaciones realmente
ejemplares, sobre todo en el campo de las centrales nucleares, no todavía en el de las instalaciones radiactivas; hay que desarrollar el contenido de órganos asesores de alto nivel; habría que concretar el capítulo de sanciones y actualizarlas -la
disposición adicional segunda que se cita en el artículo 2, apartado d), de la Ley de Energía Nuclear ya aclara bastante-, y me parece fundamental desarrollar la creación de un órgano consultivo -hay un comité asesor y un órgano consultivo, que son
cosas distintas, y luego me extenderé en ello- sobre seguridad nuclear y protección radiológica semejante a los consejos consultivos que tiene la Comisión Nacional de Energía, en la que hay uno de hidrocarburos, donde se incluye el gas natural, y
otro sobre el sistema eléctrico. Este órgano consultivo se contempla ya en el artículo 7 de la Ley 25/1964, de Energía Nuclear, y allí se denomina comisiones mixtas de carácter consultivo, no considera la incorporación de las autonomías, porque no
existían, o de los municipios o asociaciones profesionales, universidades y asociaciones ciudadanas. Desde luego, lo que no me parece que se ajuste a la realidad en esta ley que ustedes están tratando es la exposición de motivos. Con respecto a la
Ley de Energía Nuclear, que es la que a mí me parece que necesita una urgente puesta al día, quiero señalar que el marco institucional es muy distinto, no se menciona la protección del medio ambiente -claro está, en el año 1964 no se hablaba de
ello-, no se desarrolla la regulación de la gestión del combustible gastado ni de los residuos radiactivos, no se regula la clausura y desmantelamiento de instalaciones nucleares, en cuyo ámbito cada vez hay más tarea, y las sanciones son muy
limitadas. Gran parte de los principios básicos de la Ley del año 1980, del Consejo de Seguridad Nuclear, se derivan de la Ley del año 1964. Por tanto, creo que estas dos normas tendrían que ir en conjunto.
Me preguntaban, entre otras cosas, si es necesario incluir algunos puntos; ya he dicho anteriormente cuáles son. Querría decir algo sobre la normativa con la que operamos. Básicamente, están las disposiciones administrativas, cuyo marco
legal es muy escaso, y luego utilizamos muchas normas técnicas, como las de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC), porque trabajamos con la legislación del país de origen de la tecnología, que en todos los casos es de Estados
Unidos, menos Trillo, que es una central alemana. Pero tendríamos que hacer bastante más esfuerzo en este caso, que podrían ser instrucciones técnicas del Consejo o de reales decretos de la Administración General.
En cualquier caso, esta forma de
actuar que tenemos es muy difícil de entender fuera. Tenemos muchas actividades en el mundo internacional, cada vez más los temas de energía nuclear o protección radiológica son cuestiones internacionales, y dentro de los grupos de trabajo hay
algunos que son reglados, instituciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, con sede en Viena, o la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE (NEA), con sede en París, y hay otros grupos que se han creado por los reguladores,
como INRA, que es internacional, de todo el mundo occidental, donde hay ocho países -ahora nueve-,
entre los que está España y al que se va a incorporar Corea del Sur, y WENRA, que es como un club privado, como se dice allí, una asociación de reguladores europeos, compuesta por diecisiete miembros, los quince que tienen energía nuclear de
los veinticinco que ahora conforman la Unión Europea -está también Suiza- y los dos que se van a incorporar en 2007, que son Rumanía y Bulgaria. Allí se ha hecho durante los últimos años un trabajo extraordinariamente interesante de armonización de
las exigencias de seguridad -se llaman niveles de referencia de seguridad- de los reactores nucleares, con el fin de que todos los reactores de la Unión Europea -hay más de 140, la mayor parte de los 440 reactores nucleares que hay en el mundo no
están en Estados Unidos ni en Asia, sino precisamente en Europa-, a pesar de sus diversas tecnologías y de las distintas generaciones -hay primera, segunda y tercera generación, tecnología rusa, americana, francesa y alemana; es muy diversa la
tecnología de nuestros reactores-, tuvieran unos niveles de referencia básicos mínimos. Hay 291 niveles de referencia, de seguridad, y se ha hecho un trabajo largo, completo, con autoevaluaciones, con evaluaciones externas, un benchmarking muy
completo, y en el caso de España los resultados -todo esto está colgado en nuestra web, se lo podemos enviar- son realmente muy curiosos, porque tenemos implantado un 38,5 por ciento en materia legislativa, nos queda por implantar en requisitos
legales un 58 por ciento, pero en cambio tenemos un 87 por ciento -más, un noventa y tantos por ciento- de estas exigencias legales implantadas en nuestras centrales nucleares. En estas reuniones internacionales me resulta muy difícil explicar a
los alemanes, por ejemplo, el porqué de esta situación, porque ellos no terminan de entender, si no tenemos legislación, cómo es posible que las centrales nucleares la cumplan. Pues sí, la cumplen, porque estamos utilizando las normas de la NRC, y
me parece que es una pena que ustedes no hayan podido hacer el viaje que iban a hacer a la Comisión Reguladora de Estados Unidos, donde les esperaban con mucho afecto, porque les hubiera sido de enorme utilidad para entender qué hay en esta ley que
ustedes van a trabajar, en la necesidad de reforma de la Ley de Energía Nuclear del año 1964, en lo que estamos. Los temas de WENRA que les he comentado, están muy relacionados con los trabajos que en este momento está llevando a cabo el Consejo
para ponerse al día en una serie de cuestiones que hacen que nuestra incompleta ley no haya podido formalizarse antes.
Me preguntaba el señor Gómez Darmendrail sobre la permisividad o no del Consejo sobre el titular. Quiero decir que este es un tópico, como el de la comunicación, que no nos queda más remedio que escucharlo y leerlo, pero me parece que ya
sería hora de hablar con más rigor. Quiero decir taxativamente que el Consejo no es permisivo ni complaciente, simplemente cumple con su deber, y este continuo ataque al Consejo de Seguridad Nuclear por parte de unos pocos -es verdad que son pocos,
aunque estén siempre en los medios- me parece injusto y es muy difícil de entender, salvo que se desconozca cuál es la realidad de nuestra tarea. No creo que sea este el caso, porque nuestras puertas están abiertas y estos grupos, que continuamente
están en la prensa con este tratamiento tan injusto del Consejo, reciben información ingente por propia iniciativa nuestra o porque nos la solicita de forma específica. A veces tengo la impresión de que con esos continuos e injustos ataques pudiera
pretenderse que el Consejo se pronunciara por el cierre de las plantas. Algo ha planteado de esto el señor Ramón Torres. Quiero decirle, señor Ramón Torres, que no nos...
El señor PRESIDENTE: Señora presidenta, perdón que la interrumpa. Todos tenemos que ceñirnos al objeto de esta comparecencia, es decir, contestar las preguntas relacionadas con la Ley del Consejo, sin entrar en más valoraciones. Entiendo
que es difícil no entrar en alguna valoración, pero como no tenemos mucho tiempo todos, los diputados y los comparecientes, yo le ruego concisión y que nos ciñamos a las preguntas que se han planteado, con independencia de que haga alguna alusión
porque también los señores diputados en algún momento tampoco se han ceñido a su turno de preguntas estricto y también han hecho alguna valoración. Pero, exceptuando esa puntualización, le ruego, en la medida de lo posible, esa concreción.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Señor presidente, tiene usted razón, lo que ocurre es que está muy ligado con información, comunicación, con comparecencias del Pleno y con los trabajos que proponen que
esta casa haga, que entiendo que corresponden al Consejo, y como además ha sido tremendamente injusto, permítame usted que aproveche la ocasión solamente, señor Ramón Torres, para decir dos cosas: el Consejo ni abre ni cierra centrales, eso es
tarea de otros.
El señor PRESIDENTE: Señora presidenta, lo que no puede hacer es referirse a ningún diputado.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Tengo varias preguntas sobre ese tema. Las estoy contestando.
El señor PRESIDENTE: Sí, señora presidenta, le digo que conteste a las preguntas, pero no a las valoraciones, porque si no tendré que dar la palabra otra vez a los diputados y entonces no terminamos nunca. ¿Lo entiende?
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Señor presidente, si es que no es una valoración, es un hecho.
El señor PRESIDENTE: Pues conteste a los hechos.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Por tanto, debo decir que el Consejo ni cierra ni abre centrales, simplemente cumplimos con nuestro deber de vigilancia, de inspección, de control, y a lo que usted me
ha preguntado, señor Ramón Torres, no le voy a poder contestar, porque no nos concierne, corresponde a otro ámbito. Sí que quiero señalar que me hubiera gustado, señor presidente, que hubieran hablado bastante más de instalaciones radiactivas, pero
ningún miembro lo ha planteado.
Por otra parte, me ha preguntado la portavoz del Grupo Socialista si considero apropiado que el Consejo lleve a cabo con carácter permanente la supervisión de la gestión y el control financiero. Me parece que no.
El Consejo es un órgano
regulador, no es distinto de otros órganos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Energía u otras y, por tanto, me parece que estas singularidades serían un poco originales, un poco sorprendentes. No
obstante, la Cámara o los gobiernos pueden hacer las leyes que les parezcan e incluir en ellas los puntos que quieran, pero parece que sería una cosa poco lógica. Me preguntan también cómo funciona el pleno del Consejo y la formación y capacitación
de los miembros del Consejo. El Consejo funciona como un órgano colegiado y el pleno actúa del modo siguiente: ve y examina todas las cuestiones que le conciernen y las que llegan a la Presidencia y ello se refleja perfectamente en nuestras actas.
Algunos miembros del Consejo participan en comisiones o grupos de trabajo, no en solitario, pero sí quiero señalar que toda la información que llega al pleno del Consejo, toda, viene de los servicios técnicos. Ni los consejeros ni la presidenta
redactan por sí solos un documento, sino que son los que los servicios técnicos nos presentan. Nuestro estatuto dice en el punto 4 del artículo 35 que los consejeros pueden actuar de ponentes, como, por ejemplo, hace la Comisión Nacional de
Energía, pero eso no se viene haciendo. Tengo otra pregunta aquí del Grupo Socialista, que no es completa, sobre las funciones que tiene la secretaría general.
Señorías, la secretaría general depende, en primer lugar, de la Presidencia, también
del Consejo, y en nuestro estatuto los órganos de dirección son el Consejo y el pleno. Voy a decir pleno para no confundirnos con Consejo, porque Consejo es todo el CSN. Es decir, hay dos órganos de dirección: el pleno y su presidente. Ese es el
artículo 32 del estatuto. Por tanto, venimos funcionando como marca la legislación vigente. Sí quiero señalar que seguramente el 70 por ciento de los informes y trabajos técnicos no los ve el pleno ni la presidencia, porque son elaborados,
resueltos y enviados directamente a las direcciones técnicas. Tienen delegada esta función y, si se desea, se puede modificar, pero actualmente eso opera así. Sí sería bueno en un futuro -y es una de las cosas que me preguntaba el señor Beloki-
que los consejeros cumplieran la función que menciona el estatuto de ser ponentes. He sido consejera de la Comisión Nacional de Energía y allí todos los temas los ve el pleno de la Comisión Nacional de Energía, todos los asuntos que entran por
rotación se asignan a uno de los consejeros, que es el ponente en el pleno, y me parece que eso permitiría una participación mayor y un funcionamiento más operativo y más flexible del organismo. Es cierto que, una vez que el pleno toma un acuerdo,
los escritos de remisión, como es natural, los firma la presidenta. Pero hay una cosa en la que sí quiero hacer mucho hincapié, señor presidente y señorías, y es que, mientras tengamos la vigente legislación, yo al menos la cumpliré. Si ustedes lo
desean o los gobiernos lo desean, cámbienla, pero, mientras tengamos la que tenemos, no conculcaré la normativa por la que nos regimos, porque me parece que esto es el Legislativo y no podrían recomendarnos que lo hiciéramos. Me preguntaban si las
resoluciones que formula esta Cámara se deben cumplir. Se debe cumplir todo lo que se deba cumplir, pero no cuando conculcan la legislación vigente. O se modifica la legislación o se cumple lo que tenemos, pero la legislación vigente dimanada de
las Cámaras y dimanada del Consejo de Ministros me parece que no debe soslayarse por una resolución cuando no coincide. Esta idea la tengo clarísima, señorías, y, por tanto, la puedo contestar así de rápido. Me preguntaban también qué capacitación
deben tener los miembros del pleno.
El trabajo del Consejo, señor Gómez Darmendrail, es francamente bonito, pero es muy especializado y me parece que es muy difícil, sin tener unos conocimientos básicos, poder opinar con conocimiento de causa. Por
tanto, pronto habrá un nuevo pleno, habrá una nueva elección de miembros del pleno y si puedo pedir algo a título personal por el afecto que le tengo a las Cámaras, donde he estado dos legislaturas, es que hicieran el esfuerzo de seleccionar
personas con conocimiento porque, si no, los conflictos internos en gran parte, señorías, se derivan de allí. Se han desmesurado esos conflictos internos o alguien los ha desmesurado, pero sin ninguna duda sería muy bueno que tuvieran esos
conocimientos.
En cuanto a la reforma o puesta al día que tendríamos que hacer con el personal del Consejo y las contrataciones externas, este es un tema muy importante que llevamos siguiendo mucho tiempo y guarda relación con una de las preguntas sobre la
disposición adicional cuarta a la que se refería la señora Velasco que dice: ¿Le parece conveniente la movilidad de funcionarios dentro de la Administración o debe preservarse un cuerpo especial reservado al Consejo dado su alto nivel de
especialización? A mí este tema me parece importantísimo. Señorías, yo querría las dos cosas.
Querría que se mantuviera un cuerpo específico que necesita una capacitación muy distinta a la de otros funcionarios de las administraciones y que, al
mismo tiempo, hubiera movilidad, porque sería muy bueno para el Consejo. Una cierta movilidad ya la hay, porque realmente los técnicos que quieren ir a otros
departamentos, a organismos internacionales, lo han conseguido. En todo caso, si se opta por incorporarse a un cuerpo general de la Administración del Estado, los sindicatos deberían consultar a los 400 funcionarios que hay en la casa,
porque todo el mundo tiene que opinar.
Por cierto, han convocado, señor presidente, a dos sindicatos, a Comisiones y a UGT, y el otro sindicato que tenemos en la casa tiene un gran enfado, el CSIF. Simplemente se lo traslado, pero el Congreso es
muy libre de convocar a quien le parezca pertinente. No obstante, estas cuestiones deben verlas todo el personal de la casa. Sí que querría señalar que la situación de los funcionarios del Consejo es realmente muy ventajosa, tiene los
inconvenientes que les he dicho de la falta de movilidad, pero tienen unas ventajas que no tienen otros funcionarios.
Tienen cuatro meses de jornada intensiva, que mucha gente los querría para sí; en muchos puestos por un día de trabajo hay un día
de descanso; hay una jornada flexible; hay una acumulación de permisos; hay una intensa formación continua incluso en idiomas, inglés, francés y alemán, que es fundamental para el trabajo en el Consejo; pueden asistir a reuniones nacionales e
internacionales casi sin límite, lo cual también es otra ventaja que no siempre se produce en la Administración, y una atención médica especial. Por tanto, tendrán que estudiar con detalle su situación en el terreno económico, que quizá no la
tendrían como cuerpo especial. Tienen una productividad por objetivos que se añade a la básica y a la complementaria. Se ha hecho un incremento de plantilla en los últimos años, dentro de lo que hemos podido, importante. Desde el año 2001 ha
habido 15 funcionarios del cuerpo técnico más, siete de cuerpos generales y 11 menos en laborales. De todos modos, creo que es urgente revisar la RPT, la relación de puestos de trabajo, para cubrir áreas que ahora no tienen el nivel administrativo
adecuado, pero sí el nivel técnico. Tengamos o no tengamos determinada Administración, nosotros nos ocupamos con la misma intensidad de todos los temas, pero administrativamente el ámbito de residuos y desmantelamiento de plantas no está cubierto.
Con respecto a las contrataciones externas, estoy en contra desde que llegué al Consejo. También debo decirles que en cinco años no he tenido absolutamente ningún éxito. ¿Por qué estoy en contra? ¿Por qué no me parece bien? Más que por el gasto
en sí -y con esto contesto a varias preguntas-, porque me parece que los que aprenden y los que se ponen al día son los técnicos de las consultoras y de las ingenierías a los que encargamos los trabajos y nuestros técnicos efectúan solo el
seguimiento y consulta de estudios y trabajos realizados. Hemos tratado muchas veces esta cuestión en el pleno del Consejo, pero siempre se aprueban las propuestas de contratación que envían los servicios. Este es un tema que se tendrá que
revisar, pero evidentemente no es un tema de ley, sino de estatuto, e incluso de organización interna. No obstante, de algo ha servido nuestra dedicación al tema de las contrataciones externas y, paulatinamente, se va contratando bastante menos que
hace años, pero esta es una cuestión abierta. Ahora hay más personal y sería útil hacer internamente bastantes de estos trabajos, sobre todo por lo que representa de capacitación y formación de nuestros técnicos.
En cuanto a información y acceso a la información del público y la normativa ambiental, desde el Convenio de Aarhus se recoge en muchas normas. Seguramente, sería repetitivo, pero repetir y añadir algo no está de más. Se podrían incluir
los párrafos que van en todas las leyes que se hacen ahora de acceso a la información, excepto lo que es confidencialidad que, como es natural, también se respeta en todas las leyes. El artículo 14 de la ley que están ustedes debatiendo no tiene
una redacción válida, porque los preceptos de dicho artículo no aportan nada nuevo, salvo una redacción bastante confusa. Las prácticas actuales de gestión del Consejo de Seguridad Nuclear son bien conocidas, a través de nuestra web interna y
externa se facilita información constante tanto sobre los hechos relevantes producidos en la explotación de instalaciones nucleares y radiactivas, como en la información que se nos pueda solicitar y que consideramos interesante colgar en la web. No
me parece necesario crear una unidad especializada para gestionar informaciones que ya pueden facilitarse a través de los servicios ya existentes. Señorías, existiendo Internet y las web ¿creen ustedes de verdad que hace falta un servicio? (Un
señor diputado: Sí.) Es su opinión, pero a mí me parece que sería un sinsentido. No obstante, ustedes pueden incluir en la ley lo que les parezca. En el mundo de la información, en el mundo de las comunicaciones, donde tenemos toda la tecnología
y toda la información, me parece que esto no es necesario. Se habla de falta de transparencia y realmente me parece otro tópico. No hay falta de transparencia y, aunque una frase se repita cien veces, señorías, seguirá siendo falsa si es falsa, no
se convierte en verdad...
El señor PRESIDENTE: Señora presidenta...
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Es que es el artículo 14, que habla de falta de transparencia...
El señor PRESIDENTE: No le digo que no conteste a este artículo o a otro...
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Cuando quiera, corto.
El señor PRESIDENTE: No. Le digo que ayude en lo posible. Yo sé que usted tiene capacidad de concisión y en la medida de lo posible le pido que sea más concisa, porque, si no, no podemos terminar. Quizá lo hemos hecho mal, pero tenemos
muchos comparecientes citados y mucho me temo que vamos demasiado retrasados. Llevamos ya más de media hora de retraso sobre el
tiempo previsto. Le ruego que conteste a todo, pero que aplique la concisión. Yo sé que es complicado.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): De acuerdo. Voy a contestar casi sí o no y, si nos quedamos cortos en algo, lo mandaremos por escrito.
Respecto al asesoramiento externo, sobre el que también ha habido varias preguntas, les he comunicado que son dos cosas: Un consejo consultivo semejante al de la Comisión Nacional de Energía, que me parece muy interesante y debería
incluirse en la norma, donde debería haber representantes de la Administración General del Estado, el Consejo de Seguridad Nuclear, comunidades autónomas que tengan en su territorio instalaciones nucleares, que son cinco, las que tengan encomiendas
del Consejo, los municipios que pertenecen a AMAC, que son los de las centrales nucleares, los titulares de instalaciones, consumidores y usuarios, agentes sociales, asociaciones en defensa y protección del medio ambiente, más o menos como los
consejos consultivos de la Comisión Nacional de Energía, y además debería haber una comisión permanente en la que estuvieran las personas más concernidas. Insisto en que la participación de los entes externos, la de los comités locales, hay que
desarrollarla mucho más y habría que dar una mayor divulgación respecto a la potencial participación. Por ejemplo, el VI Plan de residuos radiactivos se ha colocado en la web para que todo el mundo opinara. Se habían hecho consultas a lo que
llamamos los grupos de interés, stakeholder, pero no ha habido ninguna opinión que no fuera la de los grupos de interés previamente consultados, luego quizá estamos fallando un poco en que la gente sepa que puede participar a través del mecanismo
que se utiliza hoy día, que es Internet, porque no tendría mucho sentido ir de colegio en colegio o de puerta en puerta contándolo.
El señor Maldonado me preguntaba si debería haber consejeros de las comunidades autónomas. Se lo contesto cuando venga.
El señor PRESIDENTE: Puede hacerlo, porque queda en el 'Diario de Sesiones'.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Vamos a tener la gentileza de esperarlo.
Otra pregunta que han formulado varios miembros de esta Comisión es si considero que los derechos y obligaciones de los trabajadores en relación con la denuncia de los hechos pueden afectar al funcionamiento de las instalaciones y si hay que
protegerlos frente a posibles represalias de los empleadores. En una ley se puede incluir todo lo que se quiera, no dejaría de ser también un poco original. Lo tienen en Estados Unidos, pero ninguna de nuestras leyes contempla esto. Yo no creo
que ningún trabajador sea represaliado en absoluto por los representantes y dirección de los titulares de las centrales. Si ustedes lo quieren incorporar lo incorporan, pero no tiene sentido porque está cubierto.
Hay una pregunta del Grupo Socialista respecto al artículo 15, que incluye varios aspectos. ¿Cómo valoraría lo de los comités asesores respecto al número de comités? Ya le he dicho que yo creo que debería haber dos: un comité asesor
externo, generalmente internacional, de personas de fuera, y que sería sobre todo para asesoría del Consejo. Yo no creo que el Congreso de los Diputados necesite que le expliquen el flujo neutrónico en determinadas circunstancias de operación de
una central, eso correspondería mucho más a los técnicos del Consejo, pero pueden hacer ustedes lo que les parezca. En cuanto a cuál debería ser el perfil profesional de sus componentes, materias que deberían asesorar, materias técnicas o no, quién
debería proponer y nombrar, todas esas preguntas, señora Velasco, no estoy en condiciones de contestarlas porque, primero, habrá que estudiarlo, hacer una propuesta formal, meditarlo y presentarlo al Congreso cuando tengamos una idea muy clara de
qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cuándo y para qué. En este momento yo no se lo puedo contestar. ¿Es independiente el Consejo? No mucho. El Consejo nació de la estructura que tenía la NRC americana, la comisión reguladora americana.
Yo
participé en ella -estoy hablando de los años 1979, 1980 y 1981- con varios ministros y, aunque en un principio se hizo la estructura de la NRC, los gobiernos de entonces se asustaron de que tuviera tantas funciones y las recortaron mucho, hasta el
punto de que el verdadero regulador es el Ministerio de Industria y Energía. Considero que deberían incluirse sanciones, y nosotros deberíamos tener alguna potestad más de la que tenemos, aunque todo depende de cómo se lea la Ley sobre Energía
Nuclear y la Ley del Consejo, pero deberíamos ajustar estas competencias.
Dentro de unos días un grupo de técnicos del Consejo va a ir a Estados Unidos a hacer un benchmarking con la NRC, lo que no sé es si nos va a dar muchos resultados, porque
nosotros somos muy pocos. Tengan en cuenta que ellos son 2.500 personas, tienen 104 centrales, todo el ciclo, acaban de cambiar radicalmente toda su organización, pero de algo nos servirá este benchmarking con la NRC que nos ayuda tanto. En cuanto
a cómo debería seguir funcionando el Consejo, si con dos órganos de decisión: presidencia y pleno, creo que sí porque, si no, sería un ente inmanejable, pero también ustedes pueden reestructurarlo como quieran.
Dentro de otros temas, en el párrafo
cuarto dice: todos los órganos dependen de la secretaría general. Y, a su vez, la secretaría general, señoría, depende de la Presidencia. Se han olvidado de colgar la cabeza de todo eso. Evidentemente, hay que reformarlo, puesto que además el
secretario general, que generalmente no es técnico, se tiene que ocupar de todas las tareas de las dos direcciones técnicas más la asesoría jurídica, la administración y los temas económicos. Por tanto, es una tarea excesiva para la secretaría
general. Seguramente en la próxima revisión de la RPT podrá estructurarse de otro modo. Muchos de
los temas que ustedes han planteado, señorías, corresponden al estatuto.
No me voy a detener para no alargarme, pero están bastante claros. La última pregunta del Grupo Socialista ha sido qué valoración me merece el informe realizado por
el comité de expertos que evalúa las actuaciones del CSN y si habría que incorporarlos. No, son temas absolutamente técnicos, fruto del benchmarking. No tendría ningún sentido entrar en detalles técnicos en una ley, ni siquiera en un real decreto,
pues es algo que suele ir en los anexos para poder hacer una puesta al día.
Vuelvo a decir que esta es mi opinión después de conocer a fondo la organización, las necesidades y lo que nosotros precisamos.
Señor Maldonado, usted me ha preguntado qué me parecía que las comunidades autónomas con centrales, que son cinco, pudieran nombrar consejeros.
Convergència ya tiene uno. (El señor Maldonado i Gili: Convergència no.) ¿Convergència no?
(El señor Maldonado i Gili: Es un partido, pero Convergència no. Está hablando del Gobierno de Cataluña. Ya me gusta que confunda Generalitat y Convergència, pero no es lo mismo. Está hablando del Gobierno de Cataluña.)
El señor PRESIDENTE: Vale. Aclarado el asunto, siga, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): En cualquier caso, sería posible, pero en vez de los cinco miembros que tiene ahora el pleno del Consejo, un presidente y cuatro consejeros, tendrían que ser ocho o
nueve que sería mucho mejor, porque con cinco personas se queda corto. La Comisión Nacional de Energía tiene muchas más -son nueve miembros- y funciona. El pleno del Consejo debería tener nueve miembros y estar allí; se quedarían muy tranquilos
viendo lo que tratamos con total transparencia, pues, evidentemente, una sesión de pleno de tres horas es difícil proyectarla en una acta. Por tanto me parecería muy interesante, pero también tendría que haber alguien que representara a
asociaciones de instalaciones radiactivas. No se olviden de ellas, que todos ustedes están sometidos a radiaciones en radiodiagnóstico, en radioterapia y en otros tratamientos. Yo sé que la señora Velasco se ocupa mucho de ellas por su profesión,
pero yo lo hago tanto como ella y me gustaría que las tuviesen en cuenta en todo momento en la ley.
Al señor Ramón ya le he dicho que los temas relativos a la clausura, desmantelamiento, cierre de las centrales y gestión de los residuos, del combustible gastado, son una carencia en la ley, pero más que en esta ley, que creo que no encaja,
señor Ramón Torres, en la Ley sobre Energía Nuclear. Si yo tuviera algo que decir, les diría que empezaran por reformar esa ley y que de ella se derivara esto, pues si no el trabajo que hagan en esta ley va a quedar absolutamente cojo. O bien
modifican enormemente el texto actual o les va a quedar muy cojo. En cuanto a la figura de los inspectores residentes, ahora tenemos dos en cada central -es verdad que los viernes y los sábados no tenemos inspectores residentes en las plantas- y yo
he abogado bastantes veces para que tengamos tres. De momento se va a ampliar un poco y estamos estudiando un estatuto del inspector residente, que es muy necesario, pero quiero que sepa que no solo yo, sino todo el pleno compartimos el interés que
hay que dedicar a los inspectores residentes, pues su presencia es crucial en la planta y para el trabajo del Consejo.
Señor Beloki, ya le he dicho que es necesario un cambio de la ley, pero más la del año 1964, porque si no lo que hagan ustedes en esta ley seguirá siendo incompleto. Usted me preguntaba si tenemos problemas de estructura y funcionamiento.
Pues quizá tenemos una estructura muy rígida, quizá se trabaja mucho con compartimentos estanco y quizá está demasiado anticuada nuestra organización, pero, si me apura, ese ni siquiera sería un tema de estatuto, sino de voluntad propia nuestra, que
la tenemos. ¿Bastaría con hacer modificaciones en el estatuto? Sí. ¿La estructura actual es adecuada? No.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias y perdone la urgencia, pues ya sé que este tema daba para mucho más.
La señora PRESIDENTA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Estevan Bolea): Solo dos segundos, por favor.
Señorías, una vez más debo repetir en este momento y siempre que todas las centrales que están operando son plenamente seguras. No un poco inseguras; no, señorías, absolutamente seguras; si no, el Consejo no permitiría que funcionaran.
Esto que he dicho es lo más importante de toda mi comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias de nuevo.
-DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (AZUARA SOLÍS).
(Número de expediente 212/001116.)
El señor PRESIDENTE: Damos la bienvenida a esta Comisión a don José Ángel Azuara Solís, vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, que es el siguiente compareciente, para sustanciar las preguntas que SS.SS. quieran hacerle en
relación con la Ley de modificación del Consejo de Seguridad Nuclear.
Antes de que empecemos formalmente el turno, quiero hacer un llamamiento a SS.SS. para que, en la medida de lo posible, sean concisos en las preguntas, porque si no, no podemos exigirles a los comparecientes que sean concisos en las
respuestas. Reclamando la colaboración de todos, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Seguiré sus indicaciones y voy a ser telegráfico para facilitarle el trabajo, señor presidente.
Quiero dar la bienvenida al señor Azuara, como en otras ocasiones, y voy a pasar directamente a hacerle cinco preguntas, como he dicho, telegráficas. En primer lugar, como sabe muy bien -lo sabe mejor que yo-, la cultura de seguridad no
solo es exigible a los titulares, sino también al CSN. En ese sentido, le quiero preguntar en qué categoría enmarcaría usted la gestión de la cultura de seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear; ¿orientada a procesos, a resultados o a simple
buena disposición? También me gustaría que me dijera en qué basa su opinión. Le pregunto esto, porque para mi grupo la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente es un asunto clave. En segundo lugar, quiero preguntarle cuáles
deberían ser, a su juicio, las relaciones entre el CSN y las Cortes Generales y entre el CSN y las comunidades autónomas.
En tercer lugar, señor Azuara, se lo pregunto a usted, porque la visión que le dan sus 14 años de presencia en el CSN es
fundamental para la pregunta que le voy a hacer, ¿cree justo este continuo vapuleo al que está sometido el CSN? Se lo pregunto, porque hay gente que está aplicando la máxima de los prorevolucionarios soviéticos, aquello que decía: al enemigo hay
que eliminarlo, pero primero hay que desprestigiarlo. Algunos están en este desprestigio y por eso le pregunto si le parece justo ese vapuleo al que está sometido el CSN. En cuarto lugar, a mi grupo le parecen muy importantes las relaciones
internacionales en el ámbito del Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que me gustaría preguntarle cómo están funcionando actualmente en el organismo. También quería preguntarle si el CSN es respetado en el extranjero o no. En quinto, y último
lugar, quería preguntarle con qué normas técnicas se suplen las carencias legislativas españolas en el dominio de la seguridad nuclear. La señora presidenta ya ha dicho algo al respecto, pero me gustaría conocer su opinión. (El señor
vicepresidente, Beloki Guerra, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Voy a intentar ser lo más rápido posible.
Quiero dar la bienvenida a don José Ángel Azuara. En primer lugar, me gustaría preguntarle qué lista de funciones cree que tendría que incluir esta nueva reforma para, sobre todo, potenciar la seguridad y la falta de posibles inversiones de
los titulares en un posible marco de cierre de centrales o de disminución de la energía nuclear. Para que ese Consejo de Seguridad Nuclear tuviera mucha más fuerza a la hora de exigir a los titulares que no redujeran esa inversión en interés de la
seguridad de las centrales nucleares, ¿qué funciones cree usted que tendría que tener este Consejo de Seguridad Nuclear? También me gustaría preguntarle sobre las resoluciones que elabora esta Cámara y si usted entiende que tendrían que ser
vinculantes, al contrario de lo que son ahora, que son para proponer medidas. También quiero preguntarle rápidamente si ha valorado la posibilidad de que las comunidades autónomas que tienen en sus territorios centrales nucleares puedan designar
miembros del Consejo de Seguridad Nuclear. Quiero preguntarle también sobre la nueva Directiva de información ambiental, como ya le he preguntado a la presidenta, y sobre qué aspectos cree que deberían constar especialmente en esta reforma del
Consejo de Seguridad Nuclear para dar cumplimiento a esta nueva normativa. Quiero preguntarle también cómo se puede potenciar o dar más seguridad a la figura del inspector residente, así como -esto es algo que ya le había preguntado a la
presidenta- sobre la defensa de los trabajadores para que estos puedan verse con más capacidad para poder denunciar todo lo que consideren que es inaceptable en las centrales nucleares en las que están trabajando.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra don Josep Maldonado, en nombre de Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: Quiero darle la bienvenida y agradecerle su comparecencia. Mis preguntas estarán básicamente dirigidas a cuál cree usted que debe ser el papel de la nueva ley, desde el punto de vista de composición del Consejo.
Se le ha preguntado a la presidenta y se le pregunta a usted, por ejemplo: ¿Qué espacio se debe dar a las comunidades autónomas que tienen centrales nucleares o a alguna asociación de municipios de centrales nucleares, que también existe? ¿Qué
importancia han de tener los municipios y las comunidades para que usted crea que sea importante su presencia? ¿Cuáles son para usted -dado que es una ley que se aprobó en 1980 y, por tanto, viene de un periodo en el que había una evolución
importante de la energía nuclear- las lagunas que tiene la ley actual que deberían subsanarse en la nueva ley que este Congreso aprobará en su momento? Básicamente estas son las preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra don Joan Herrera, en representación de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, quisiera darle la bienvenida, señor Azuara, y pasar telegráficamente a formularle algunas preguntas. La primera de ellas es si usted cree oportuna o no la ley, y si cree que determinados aspectos
se deben regular en la ley o en el estatuto, como planteaba la presidenta. Si fuese en el estatuto, la pregunta obvia sería: ¿Por qué no se ha regulado hasta ahora? En segundo lugar, no quería hacer esta valoración pero, dada la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quisiera preguntarle por qué esta proposición de ley llega ahora de la mano
de nuestro grupo parlamentario y no se ha producido antes. ¿Cómo lo valora usted? Porque se habla mucho de que hay grupos que lo que hacen es desprestigiar, pero lo cierto es que existía una necesidad de hacer una reforma legislativa y
nosotros entendíamos precisamente que era necesaria. En todo caso, no voy a entrar en polémicas. Si otros lo quieren hacer, que lo hagan. Voy a entrar en las preguntas concretas. La primera pregunta que le quería formular es cómo valora usted el
actual régimen jurídico del Consejo como organismo colegiado y si cree que en el marco legal que debemos aprobar debería acentuarse el Consejo como organismo colegiado o si, por el contrario, deberían darse mayores atribuciones a la presidencia, y
concretamente si usted cree que la presidencia debe tener un voto dirimente o no debe tenerlo. En segundo lugar, si considera usted que el nombramiento del secretario general debería estar sometido a un trámite específico -no sé si el equivalente a
los consejeros- a la hora de poder escogerlo. Cuando uno observa el organigrama del CSN, a nuestro grupo le sorprende comprobar que muchas unidades directivas dependen de la secretaría general que, a su vez, debe asistir al Consejo en su
funcionamiento como órgano colegiado. En este caso no es el funcionamiento de la NRC norteamericana, que es el modelo del CSN. ¿Considera usted que esto debe mantenerse? ¿Cree usted que la falta de movilidad del personal del CSN puede tener algún
impacto negativo en el funcionamiento del CSN? ¿Cree usted que debería incrementarse esta movilidad? ¿Cómo? Otra pregunta sería si usted cree que deberían implementarse medidas que garanticen la independencia del CSN, sobre todo respecto a la
industria titular, en cuanto a los informes que encarga. Se lo digo, señor Azuara, porque usted sabe, como yo sé, que algunos informes se encargan a empresas u organizaciones que son titulares. Le pongo el ejemplo de un caso muy reciente. La
señora presidenta decía que no existían, pero el CSN ha contratado recientemente a la empresa de ingeniería Soluziona, que pertenece a Unión Fenosa, para que le preste asesoramiento en torno a la evaluación del diseño del contenedor de combustible
gastado de la central nuclear José Cabrera, que también es propiedad de Unión Fenosa. No sé si este caso era evitable, pero es evidente que existen problemas en esta materia. ¿Usted cree que deberían implementarse medidas para garantizar esta
independencia? ¿Cuáles concretamente? ¿Usted considera que el CSN debería dotarse de unidades especializadas de información al público, sabiendo que este es uno de los elementos que más se critica del funcionamiento del CSN? También quisiera
saber si este espacio debería dotarse de especialistas que permitieran, en definitiva, mejorar la consulta de los ciudadanos, y cómo cree que se debería adecuar la legislación vigente a la normativa en materia de participación, en la que, como usted
sabe, en otros aspectos, como en información medioambiental, se ha innovado mucho.
Por otra parte, ¿cuáles son las medidas que considera que deberían incorporarse para garantizar las obligaciones y los derechos de los trabajadores, sabiendo que el principal problema que detectamos en las centrales es de tipo organizativo,
sabiendo que la comparación con otros marcos como el de la NRC norteamericana aporta datos de que en España no existen denuncias, y sabiendo, en definitiva, las peculiaridades de la industria nuclear y, por tanto, la necesidad de regular sobre la
materia? Lo digo porque, por ejemplo, en la legislación norteamericana se reconocen obligaciones y derechos específicos a los trabajadores de plantas nucleares. Por eso nos gustaría saber si usted cree que el artículo 13, tal y como está
redactado, es o no oportuno. Por último, ¿cuál es su opinión sobre los comités asesores externos independientes y cuáles son las virtudes o defectos que estos tendrían?
Gracias por su comparecencia, señor Azuara.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Gracias, señor Herrera.
Finalmente, en el turno de preguntas, tiene la palabra la señora Velasco en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VELASCO GARCÍA: Bienvenido a la Comisión, señor Azuara. Le agradecemos su comparecencia. Con el fin de abreviar, el Grupo Socialista ha preparado una relación de preguntas que ya le hemos facilitado. Son las mismas que se van a
hacer a todos los miembros del pleno del Consejo (presidenta, vicepresidente y vocales), por lo que no las voy a repetir.
Comprendo que es un amplio listado de preguntas, señor Azuara, por lo que si hay algunas que prefiera responder por escrito o
trasladar a la Comisión con posterioridad, nuestro grupo lo entenderá.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Quiero agradecer a los grupos el esfuerzo que han hecho para precisar las preguntas. Siempre las cosas son algo mejorables y pediré un esfuerzo todavía mayor para huir algo más de valoraciones y
debates. En cualquier caso, con este antecedente, también me atrevo a pedir al vicepresidente del Consejo de Seguridad Nuclear, don José Ángel Azuara, que se sume a este esfuerzo.
El señor VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Azuara Solís): La verdad es que la papeleta es difícil, porque aunque han hecho un esfuerzo de síntesis, el número de preguntas y de temas a tratar es muy amplio. Es decir, me
parece que esta petición es más formal que real.
Nos estamos enfrentando a la modificación de una ley importante, como es la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, en una situación en la que confluyen tres factores. Uno, que sencillamente han pasado 25 años desde que la ley se
promulgó y, por tanto, ha pasado el tiempo, es decir, que nuestra sociedad ha cambiado en muchos aspectos. Dos, que el marco de relación con los titulares de las centrales nucleares también
ha cambiado y hemos pasado de una situación de regulación económica a un mercado liberalizado, en el que se van a tomar iniciativas distintas por parte de los titulares. Y tres, que estamos viviendo las consecuencias de un fracaso
regulador, como es el de Vandellòs II. Deberíamos intentar mantener la cabeza fría y separar las implicaciones de cada uno de estos temas porque, si no, podemos hacer una pelota en la que no acabemos de aclararnos y acabemos tomando soluciones
puntuales para problemas estructurales y viceversa. La propuesta que hago -dentro de la brevedad de mi intervención- es que tengamos la capacidad de análisis suficiente para distinguir lo que son cambios estructurales debido a que ha pasado el
tiempo y ha cambiado la realidad social; cambios debidos a que la relación con los titulares ha cambiado y se impone una aproximación distinta, y el hecho de que hayamos vivido un fracaso organizativo -que creo que reconocemos- que ha situado al
Consejo de Seguridad Nuclear en una mala posición. Ese fracaso ha sido reconocido por el propio Consejo, y ha sido reconocido también en el informe de expertos de la NEA. Ese fracaso demuestra una serie de carencias organizativas. Usted, señor
Gómez Darmendrail, me preguntaba sobre la cultura de la seguridad. Ahí podríamos hacer bastantes esfuerzos para mejorar. Cuando una organización fracasa en el seguimiento de un tema y se demuestra que ese tema es crónico -porque la cuestión de la
corrosión no es una cuestión de un día-, sencillamente tiene la obligación de pensar que no está funcionando bien. Ese es un hecho, pero si lo mezclamos todo podemos llegar a conclusiones que confundan las cosas.
El aspecto más importante a dilucidar es si una organización que se crea en el año 1980 -con un diseño que se plagia en cierta medida de una organización de un país distinto- sigue teniendo vigencia 25 años después, cuando otras muchas cosas
han cambiado, y parece que uno tiene que entender que no es así. Lo primero que me gustaría clarificar es la relación del Consejo de Seguridad Nuclear con el Parlamento, porque en la ley de creación, las menciones que se hacen son sobre un informe
anual sobre los consejeros, sobre el que ustedes se pronunciarán; cosa que, a veces, hacen sin conocer la experiencia y el perfil personal de los mismos. No se produce una comparecencia a la americana en la que se examina a los candidatos para
poner de manifiesto su formación y experiencia, sino que se aceptan con criterios que no hacen al caso y que además luego genera mucha lejanía del consejero nombrado respecto de la Cámara que lo nombró, porque realmente no le ha examinado y, por
tanto, el voto de abstención, positivo o negativo, es un voto fundado. También está la cuestión del control presupuestario. No sé si la ley pretende que el Parlamento controle al Consejo de Seguridad Nuclear. Hay que cambiar la ley ¿para qué?
Depende de lo que se pretenda. ¿Se plantea el consejo como un órgano independiente de la Administración del Estado y, por tanto, debe de reportar a algún poder del Estado y se considera que ese debe ser el Parlamento? Pues perfecto. ¿Cómo se
articula ese control? Supongo que se puede hacer de muchas maneras. Al final nunca se produce un resultado con una sola fórmula organizativa; hay distintas variantes.
Me parece que sería bueno que el nombramiento de los consejeros se hiciera de
una manera más seria. Que ustedes tuvieran información -que explicaré más adelante- sobre cómo funciona el Consejo, a través del informe de un consejo asesor también sería positivo. Además del informe que plantea el propio Consejo, se podría
cruzar eso con un informe emitido por un consejo asesor o de seguimiento, de manera que ustedes tuvieran una valoración crítica adicional. Sin embargo, considero que el control presupuestario tiene tres aspectos: un control de legalidad -creo que
el Estado ya tiene instituciones para hacerlo y no creo que debiera hacerlo el Parlamento-, un control de adecuación de medios -sí creo que el Parlamento debería vigilar si el Consejo de Seguridad Nuclear tiene los medios pertinentes-, y un control
que no se hace nunca, que es el de seguimiento de los resultados; un control de la eficacia en el uso de los recursos que se han destinado a la institución y que no se hace ni en este caso ni, que yo sepa, en muchos otros. En este caso el
Parlamento sí podría ver si los recursos son adecuados y si se han gastado adecuadamente, y no establecería ese control de legalidad que creo que ya hacen la Intervención General de la Administración del Estado y los tribunales de cuentas.
El primer aspecto -que no es una cuestión baladí sino difícil y que tiene muchos matices que precisar con tiempo- es cuál es la relación del Consejo de Seguridad Nuclear con esta Cámara y si se va a instrumentar su control a través de ella,
porque -y voy al siguiente paso- debería de ser independiente del Gobierno. En este momento el sistema regulador español está compuesto por el Consejo de Seguridad Nuclear y el Gobierno, en un tándem que a mí personalmente no me gusta. Hay una
pregunta sobre este tema, y por tanto aprovecho para decir que el Consejo de Seguridad Nuclear debería ser absolutamente independiente; una agencia. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque ya lo es de facto. Todas las críticas sociales, toda
la percepción de la sociedad sobre si funciona bien o mal jamás recae sobre el ministerio. Nosotros ya arrastramos la crítica de la incompetencia, de la venalidad y del oscurantismo, pero nunca se plantea si el Ministerio de Industria ha sido o no
oscuro o si ha sido o no laxo.
Luego, ya estamos arrastrando de facto esa crítica. En segundo lugar, porque el trámite administrativo para que el ministerio haga las resoluciones no aporta nada; solamente crea un proceso administrativo que
retarda la cuestión burocráticamente. En tercer lugar, la dependencia nos subordina y voy a decir en qué. Muchas veces los expedientes disciplinarios no se resuelven o no se tramitan porque las comunidades autónomas tienen la competencia. En
cuanto a la normativa -creo que la normativa de alto nivel debe tramitarse a través del
Gobierno y del Parlamento-, lo que sí se produce son procesos de discusión informales en los que nuestras propuestas de normativa quedan detenidas sin ninguna justificación. A mí me gustaría que cuando el Consejo de Seguridad Nuclear hace
una propuesta de modificación de un decreto o de un reglamento, aunque el Gobierno tiene todo el derecho del mundo de analizar los criterios de legalidad, coherencia y armonía administrativa no lo tiene para detener la tramitación de esta norma por
una razón de coyuntura política, con independencia de que la coyuntura política esté perfectamente fundada y sea objetiva. Por lo menos, que hubiera una relación que formalizase ese trámite y que después no apareciese el Consejo de Seguridad
Nuclear como una institución que no ha tomado ninguna iniciativa en la modificación de una norma. Por tanto, soy partidario de una agencia independiente que asuma todas sus responsabilidades frente a la sociedad con un control parlamentario.
En tercer lugar, la composición del órgano colegiado. Mi experiencia -que no es de 15 años, sino de 11, que también son bastantes- me lleva a decir que no encuentro justificado el valor añadido del órgano colegiado respecto de lo que puede
ser un órgano de decisión unipersonal. Respondo así a una pregunta del Grupo Socialista. Para ello, me remito a que analicen ustedes el resultado de nuestro trabajo en las actas del Consejo o en los órdenes del día, donde se ve que el 95 por
ciento de los temas son rutinarios. Si un presidente con rango de ministro, cuatro consejeros con rango de secretarios de Estado, más un secretario general y dos directores técnicos son una dotación de alto nivel -mayor que el que tienen muchos
ministerios o por lo menos comparable-- habría que exigir a ese órgano colegiado un mayor valor añadido que no fuera limitarse a aprobar las propuestas de las direcciones técnicas sino a crear estrategias políticas, directrices, etcétera. Es decir,
¿dónde está el papel rector del órgano colegiado? No está, y eso es una cosa que más que la ley plantea el Estatuto. El órgano colegiado es un órgano pasivo que asume una serie de propuestas que le elevan las direcciones técnicas. Su capacidad de
iniciativa es menor porque no está prevista en la ley. El Consejo de Seguridad Nuclear no es un órgano que tenga una misión, tiene funciones y sus órganos directivos no tienen obligación de establecer directrices políticas, al menos de forma
explícita, de manera que si tengo que hablar del funcionamiento del pleno y sus carencias más que de los problemas de procedimiento lo que me preocupa es analizar si ese órgano ha producido un valor añadido en los 25 años de funcionamiento, no en
los últimos seis. A partir de aquí nos podemos plantear qué tipo de órgano se pretende, ¿un órgano unipersonal con un consejo fuera? Porque otro aspecto que me parece importante es que somos un órgano que asesora y decide en temas técnicos, pero
también en temas de servicios. Podemos aprobar la prórroga de un contrato de servicios de vigilancia o de limpieza del organismo, es decir, hay un batiburrillo y se entiende que si existen cuatro consejeros con ese alto nivel administrativo es para
que tengan conocimiento, experiencia e iluminen las decisiones y propuestas de la dirección técnica, y no que se preocupen de s si se hace un contrato nuevo o se produce la prórroga de un contrato de servicios de limpieza, por ejemplo. De esta
manera, incluso manteniendo el órgano colegiado se podía depurar cuáles deben ser sus competencias, en qué es importante que participe y en qué debe apoyar al Consejo. Si eso lo tenemos claro, podríamos también tener claro qué tipo de órgano asesor
se plantea, e incluso preguntas como la presencia de las comunidades autónomas. El tema energético ha dejado de ser un asunto de la Administración General del Estado por mucho que ella lo pretenda, ya que los territorios tienen mucho que decir. La
cuestión es cómo se persona el territorio en un órgano como el Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Pueden estar los representantes de las comunidades autónomas? Sí, ¿pero qué se pretende que hagan allí? ¿Velar por los intereses de la comunidad
autónoma o asesorar técnicamente? ¿Qué debe prevalecer, la capacidad técnica del consejero, su adscripción a un partido político o la representación de una comunidad autónoma? Ese es el modelo y, con todo el respeto, señorías, les paso la pelota
porque son ustedes los que tienen que decidir cuál es el modelo de organización que quieren. Yo sugiero que el Consejo siga siendo un órgano técnico, que el pleno del Consejo se dedique a labores técnicas y no a labores administrativas y que tenga
un comité que yo no le llamaría asesor sino de seguimiento donde estuvieran representadas ese tipo de instituciones e instancias que tienen cosas que decir. La presencia de las comunidades autónomas es decisiva porque las comunidades autónomas, en
algunos casos, hacen dejación de sus funciones.
En las emergencias radiológicas, el Consejo se enfrenta a un papel ejecutivo cuando simplemente tendría que asesorar a la autoridad autonómica, que no quiere saber nada. Las encomiendas no deberían
ser voluntarias, tendrían que ser obligatorias. ¿Cómo se puede pretender que una comunidad como la de Madrid o la de Andalucía diga que no quiere saber nada de todo el asunto radiológico que hay en su territorio? No tiene sentido. ¿Cómo puede ser
que se tramite un expediente y dos años después no sepamos si la comunidad autónoma ha hecho la resolución correspondiente o no? Eso también facilitaría la labor del Consejo; integrarlo en un órgano de seguimiento, al igual que organizaciones
sociales, etcétera. Ese órgano de seguimiento podía analizar, seguir y validar las políticas y las actuaciones del Consejo, elaborar un informe y someter ese informe al Parlamento, de manera que ustedes, cuando comparezca el presidente -yo planteo
que si es un órgano colegiado comparecieran todos- puedan cruzar la información, se pueda tener un informe crítico que ustedes contrasten, donde haya valoraciones de las comunidades autónomas, de las organizaciones sociales y de todos los
estamentos. De esta manera no sería una comparecencia que dice poco frente a una realidad que luego es bastante más complicada.
Estos son los elementos estructurales que yo destacaría y que, vuelvo a decir, creo que tienen más de una solución posible. Cómo lo hagan depende más de ustedes que de mí.
Ahora contestaré algunos aspectos concretos. Respecto al varapalo al Consejo voy a ser franco, en alguna medida sí, pero también considero que nosotros hemos cometido errores que lo han propiciado. Como suele pasar en la realidad, todo es
cierto al mismo tiempo. ¿Las relaciones internacionales funcionan bien, mal o regular? Depende, lo que no sé es si tenemos una estrategia, y ese es un trabajo que sí tendría que hacer el pleno del Consejo. Si usted reclama algún documento de
política de relaciones internacionales elaborado por el pleno -incluyo también mi responsabilidad- no existe. Esto no quiere decir que no tengamos buenas relaciones con la NRC y con otros organismos reguladores, sino que hay una práctica que es
mejor. ¿Deberíamos tener un documento de política de las relaciones internacionales? Sí. ¿Debería haberlo reclamado o elaborado el pleno? Sí. ¿Está? No y como esa otras muchas. Ese es el trabajo del pleno, donde creo que hay un valor añadido.
El asunto de la normativa me parece esencial. Distingo entre tres clases de normativa: la administrativa, la técnica y la de regulación. Una normativa administrativa define los procesos de autorización asociados a todo el funcionamiento
de las instalaciones, es nuestro reglamento de instalaciones nucleares radiactivas. La normativa técnica en el caso de las centrales nucleares en España es, afortunadamente, americana. Nunca me pondría a perder el tiempo en desarrollar una
normativa técnica tan detallada, compleja y bien hecha como la americana. La seguiría utilizando sin ningún empacho. La normativa reguladora es la que define condiciones de funcionamiento asociados a esa tecnología donde aparecen figuras que
pueden escandalizar tanto como las exenciones, el compromiso de titular, condiciones degradadas de funcionamiento, es decir, cómo se aplican las normas. Esa sí que la tiene que desarrollar un país, de manera que en la normativa, si tenemos que
hacer hincapié en alguna, no sería en la técnica, sí en la administrativa para que todos esos procesos administrativos tengan su fecha de comienzo, de finalización, sus plazos, pero eso ya está regulado. Lo que me preocupa es la normativa
reguladora porque las acusaciones de dejación de funciones del Consejo están asociadas a la aplicación de esa normativa reguladora. Cuando se dice que un titular puede arrancar con una condición degradada de la planta o cuando hemos concedido una
exención o hemos aceptado un compromiso como si fuera una condición, se están haciendo críticas que tienen que ver con la normativa de regulación y ahí hace falta un cuerpo de doctrina. ¿No la tenemos? Sí la tenemos. ¿Cuál estamos usando? La
americana, lo que pasa es que formalmente no la endosamos. Cuando compramos las centrales americanas no compramos solo la tecnología, sino que compramos la normativa reguladora y la técnica. Si el país tiene que reflexionar sobre si tiene que
adaptar o no la normativa, fundamentalmente deberíamos hablar no de la técnica sino de la normativa reguladora. Por supuesto la normativa administrativa la tenemos adaptada.
¿Resoluciones del Parlamento vinculantes o no? Depende del tipo de control que se haga. Si el Consejo depende seriamente del Parlamento esas resoluciones deberían ser vinculantes; ahora no lo son. He pedido un informe al servicio
jurídico del Estado para saber cuál es el carácter de las resoluciones del Parlamento respecto del Consejo y la verdad es que el informe tiene su gracia porque no concluye nada. Es verdad que políticamente sí porque si no este mismo organismo puede
pedir la revocación o la destitución del presidente, pero una cosa es la responsabilidad política en la que incurre y otra es la responsabilidad legal o jurídica, que no esta claro.
En cuanto a la información y la directiva ambiental, parto del principio de que el Consejo de Seguridad Nuclear es una institución pública y toda la información que maneje debe estar al servicio de los ciudadanos, con las únicas
restricciones que establece la ley respecto de la confidencialidad por razones de seguridad, de datos personales, etcétera.
No sé si eso es el Convenio Aarhus, aunque también hay una ley más general, pero en mi opinión no debe haber ninguna
restricción. Después de lo sucedido en Vandellòs, nosotros hemos hecho el esfuerzo de adaptarnos a las resoluciones del Congreso y a las propias exigencias de la sociedad, de manera que reconozco explícitamente que el Consejo ha defraudado las
expectativas en cuanto a la política informativa. La verdad es que si me comparo con alguna otra institución, algún otro órgano colegiado u alguna institución de la Administración no sé si saldríamos tan mal parados, lo que ocurre es que este tipo
de afirmación en términos relativos es fea; lo elegante es aceptar que nosotros hemos defraudado las expectativas y que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar. Es verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme por mejorar, de hecho, las actas de
reuniones del pleno se publican. ¿Cuántos órganos colegiados publican sus actas en la web con las propuestas de dictámenes técnicos que fundamentan? Creo que ninguno, aunque en definitiva tampoco tenemos que valorar nuestra actuación por la mala
actuación de otros, sino valorar realmente si estamos respondiendo a las expectativas. En este sentido, las expectativas sociales son de mayor transparencia, comunicación y participación y creo que el camino que hemos emprendido es bueno y la
reacción del organismo también es positiva. Por tanto, no tengo nada más que decir.
En cuanto a las denuncias de los trabajadores -esto es algo muy americano-, no sé si esto colisiona con algún tipo de legislación laboral normal. En mi opinión, un trabajador tiene el derecho y la obligación de denunciar cualquier
deficiencia en su ámbito normal de trabajo y si no lo hace se le pueden exigir responsabilidades, pero en cuanto a decir que no haya ninguna colisión con la legislación laboral ordinaria la verdad es que no tendría nada que oponer. Francamente, no
sé si es un problema,
pero, adelante. Ahora bien, respecto a si esto debe estar contenido en la ley, quizá habría que idear un nuevo capítulo que hablara del derecho de la participación y la información de ciudadanos y trabajadores, porque con la estructura que
tiene ahora la ley no cabe este aspecto, aunque se podría pensar en introducir una mención explícita.
Por otra parte, me gustaría hablar de la plantilla del cuerpo técnico del Consejo y de los trabajadores en general, porque es el fundamento de toda nuestra actuación. Yo estoy a favor de que los funcionarios del cuerpo técnico puedan salir
del mismo, y además creo que desempeñarían un buen papel en muchas otras instituciones de la Administración pública.
Asimismo considero una aberración que una persona pase toda su vida profesional en la misma institución, lo cual no es ni siquiera
mentalmente sano. Aceptemos eso, aceptemos que para entrar tienen que hacer una oposición, y aceptemos también que el número de los que se van va a ser relativamente limitado y que, por tanto, deberíamos definir una carrera profesional. Si el
cuerpo técnico del Consejo se resiente de algo es de no tener una carrera, en la que tendrían que estar establecidas no solamente la retribución, sino también las posibilidades de promoción ligadas a la experiencia y al tiempo, así como la
formación. Yo creo que el cuerpo técnico del Consejo tiene una formación razonablemente buena, pero podría tenerla mejor y cae en la misma tentación que su órgano colegiado de dirección, su pleno, y es saber que existe la Nuclear Regulatory
Commission de los Estados Unidos, que establece muchos precedentes. Cuando tenemos que regular sobre una situación difícil, si existe un precedente, lo hacemos con mucha comodidad, pero cuando hemos afrontado algún tema difícil donde no existía
precedente, ese cuerpo técnico ha sido más vacilante y el pleno también lo ha sido. No obstante, no se puede concebir una situación en la que un juez no emita una sentencia porque no haya un precedente, o que en ese caso tire por la calle de en
medio y sea muy conservador, porque el titular tiene derecho a una regulación justa y predecible. No digo que no sea estricta, pero sí justa y predecible. Estamos en el marco de considerar que las empresas eléctricas son las propietarias de estos
activos y tienen derecho a conocer el contexto de regulación en el que se mueve su actividad. Por tanto, creo que hay que darle salida al cuerpo técnico, hay que crear una carrera profesional y también hay que exigir o sistematizar más desde el
punto de vista de la formación, extremo que podría quedar recogido en la ley.
Respecto a la organización y la secretaría general, creo que todas las unidades que penden de la secretaría general estarían muy bien estructuradas en una dirección general de servicios. El modelo inicial era el siguiente: secretario
general, director de seguridad nuclear, protección radiológica y director de servicios. Por cuestiones de economía del ministerio de Haciendo no se consiguió y al final se sacrificó, con lo cual un secretario general tiene nueve unidades de segundo
rango, pero eso se resuelve con una dirección general. Una secretaría general con tres direcciones generales empieza a tener cierta racionalidad. Podría delegar -si es que somos capaces de entenderlo- en esos directores generales, y así le
quedaría un margen para ser secretario del Consejo, que en mi opinión es la otra función importante.
Ahora bien, si tiene nueve unidades administrativas que le reportan directamente y tiene que coordinar las dos direcciones generales, esto no es
fácil. En cualquier caso, para mí un secretario general es un gestor y nunca un especialista, por tanto, puede coordinar los esfuerzos de las direcciones técnicas en cuanto a los recursos, etcétera, pero nunca sustituir al director técnico en la
componente técnica.
Por lo que se refiere a las compañías de ingeniería, es cierto que el panorama tecnológico español es el que es y que el número de empresas de ingeniería existente es muy limitado, y algunas o muchas de ellas tienen que ver con empresas como
Iberdrola o Unión Fenosa. Esto nos crea un problema bastante serio de compatibilidades y muchas veces hacemos ejercicios arduos para que la empresa que realiza una evaluación no pertenezca al mismo grupo de la correspondiente compañía, aunque es
posible que a veces ni siquiera lo consigamos. ¿Cómo se resuelve este problema, teniendo en cuenta que el panorama tecnológico no lo vamos a modificar? En mi opinión hay que reforzar la competencia propia del Consejo y elegir cuáles son las
competencias esenciales que debemos poseer y cuáles las que podemos contratar. La Nuclear Regulatory Commissión resuelve bien ese dilema. Se definen las competencias esenciales, el corazón, lo cual se debe poseer, sin embargo, lo que no es
esencial se puede contratar, y aquí aparece la capacidad de cálculo, de modelización, etcétera, pero, como digo, todo lo que sean criterios, fundamentos, aspectos esenciales a la regulación, debe hacerse dentro; lo accesorio puede hacerse fuera.
Con esa filosofía tan sencilla, a lo mejor podremos distinguir. Es posible que esto signifique aumentar un poco el cuerpo técnico del Consejo, lo cual no sería el problema.
Respecto del voto dirimente del presidente, tengo que decir que en el Consejo somos cinco miembros y todo está pensado para que este sea impar.
En este sentido, les diría que las sesiones del Consejo deben realizarse con la asistencia de
todos los miembros. Me parece peligroso que se lleve a cabo una sesión del Consejo en la que solo haya tres miembros, porque dos se hayan ausentado por determinadas razones. A mí ni siquiera me gusta hacer el papel de presidente en funciones por
ausencia de la presidenta, porque me parece que no es correcto. En mi opinión en un órgano colegiado no debe haber delegación de voto, sino que este tiene que ser presencial y debemos estar todos los miembros que lo componen, ya que en definitiva,
esta es la obligación más importante, teniendo en cuenta que no tenemos ninguna otra responsabilidad individual más que participar en las sesiones del Consejo. Es muy difícil que un miembro justifique que no asiste a una reunión del Consejo, y en
ese sentido la verdad es que no sé si este es un problema grave.
Señor presidente, he tratado de contestar a todas las cuestiones. Si me he dejado alguna en el tintero, la repasaré y quizá la conteste por escrito.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Señor Azuara, le agradezco especialmente el esfuerzo que ha hecho para ir poco a poco intentando entrar en el horario previsto, respecto del que ya vamos muy retrasados.
-DE LA SEÑORA CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (SENDÍN DE CÁCERES) (Número de expediente 212/001117.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Gracias, señorías. Quizás no esté de más recordar que llevamos más de dos horas de retraso, según el horario previsto. Ya les he dicho antes que iba a animarles a realizar otro esfuerzo para
centrar y limitar todavía más las preguntas. No se me ocurre otro criterio para ese cedazo que recordarles que hoy estamos en comparecencias con relación a una proposición de ley de reforma, y no sobre otros temas que no afectan al Consejo de
Seguridad Nacional, sino en concreto sobre los temas que figuran en la proposición de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril. Si además de ser precisos en las preguntas, pueden ustedes hacer un esfuerzo para limitarlas a este ámbito, se lo
agradecería.
Tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: En primer lugar, quiero dar la más cordial bienvenida a la señora Sendín en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y sin más, siguiendo las instrucciones del presidente, paso directamente a formularle las
preguntas.
Señora Sendín, los redactores de la iniciativa pretenden convencernos -a nuestro grupo parlamentario con escaso éxito, por cierto- de que desean unos niveles de independencia -por supuesto, me refiero a la proposición de ley-, eficacia y
transparencia que según ellos el CSN ahora no tiene.
La realidad es justo la contraria, porque una lectura detallada de la proposición de ley lleva a conclusiones absolutamente opuestas a dichos objetivos, se crean mecanismos que limitan la
independencia del CSN o que entorpecen el funcionamiento ágil del mismo. Por ese motivo la primera pregunta que le realizo, señora Sendín, es: ¿Qué independencia cree usted que tiene el CSN y cuáles necesitaría? En segundo lugar, me gustaría
saber qué opina del órgano controlador del controlador - lo denominan comité asesor técnico en la proposición de ley-, al que se refiere el artículo 15 de esta proposición de ley de reforma de la Ley 15/1980. En tercer lugar, ¿cuál es su opinión
sobre las contrataciones de servicios técnicos, ingenierías y consultoras, de apoyo fundamentalmente a la Dirección de Seguridad Nuclear? En cuarto lugar, cuál es su opinión sobre el cuerpo de funcionarios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear;
si le parece mejor un cuerpo específico, como el actual, o cambiar a un cuerpo general de la Administración General del Estado. En quinto lugar, en la proposición de ley existen cuestiones no menores, como la figura del delator, que opera en las
instalaciones nucleares y radiactivas para formular denuncias de forma confidencial, cuestión muy extraña en el ordenamiento jurídico español. Por eso quiero preguntarle si está usted de acuerdo con el texto del nuevo artículo 13 en lo que se
refiere a la instrumentación de las denuncias de los trabajadores de las instalaciones nucleares. En sexto lugar, me gustaría conocer su opinión -yo tengo la mía- sobre la exposición de motivos de la proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el señor Maldonado en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
El señor MALDONADO I GILI: En la misma línea de antes, haremos una pregunta muy sencilla que es un compendio de lo que queremos preguntar, y es qué opina usted de esta voluntad política de hacer una nueva ley que venga a sustituir la del
año 1980 y qué lagunas intuye usted que existen en la actual que han de ser subsanadas en la nueva ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el representante de Esquerra Republicana, señor Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Intentaré ser breve, señor presidente, porque toda la mañana estamos preguntando lo mismo a los diferentes consejeros. En primer lugar, se debería garantizar la protección legal de los trabajadores y sus
representantes frente a posibles represalias que puedan sufrir a la hora de denunciar algunas deficiencias de las centrales nucleares. Nos gustaría saber cómo podríamos amparar a estos trabajadores que puedan denunciar diferentes problemas de las
centrales nucleares en esta reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. También queremos preguntarle por el inspector residente, ya que en el problema de Vandellòs II constatamos que era un figura que tenía que estar más potenciada. Por ese motivo
nos gustaría saber cómo podríamos potenciarla en esta reforma. También queremos conocer cuál es su posición frente a los comités técnicos asesores, que nos hiciera una valoración de los mismos y que nos dijera si hace falta o no potenciarlos.
Al igual que hemos hecho con los dos anteriores comparecientes, también queremos preguntarle sobre la nueva directiva de información ambiental y qué aspectos cree usted que deberíamos hacer constar especialmente en esta reforma para dar
cumplimiento a esta nueva directiva de información ambiental que le he comentado
anteriormente. También quiero preguntarle, como se ha hecho con diferentes miembros del Consejo, sobre la posibilidad -ya se ha posicionado en ese sentido algún miembro de la mesa nuclear- de que las comunidades autónomas pudieran nombrar
un consejero dentro del Consejo. El ponente anterior en su intervención ha dicho que a veces la relación recíproca entre el Consejo y las comunidades autónomas no era la adecuada. Ese consejero podría favorecer esa unión entre las comunidades
autonómas y el Consejo. Me gustaría conocer qué opina de esta posibilidad y si ha contemplado la posibilidad de que este miembro fuera nombrado por las comunidades autónomas. También nos gustaría que nos hiciera un comentario -también se lo hemos
preguntado a los anteriores comparecientes- sobre la posibilidad de que las disposiciones del Congreso tengan que ser vinculantes, ya que ahora no lo son. Por último, con relación a los procesos de desmantelamiento o de abandono progresivo de la
energía nuclear, me gustaría conocer su opinión sobre qué funciones necesitaría tener el Consejo de Seguridad Nuclear para una máxima seguridad en este tipo de procesos. Ahora no pretendo entrar en un debate sobre nucleares sí o no, o si el Consejo
tiene que cerrar o abrir centrales; solo nos gustaría conocer qué funciones son necesarias para que ese proceso esté regulado al máximo por el Consejo de Seguridad Nuclear, de manera que este Consejo pueda exigir la máxima seguridad a la hora de
una posible desinversión de los mismos titulares de las centrales.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el señor Herrera por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Señora Sendín, le agradezco su presencia en la Comisión. La primera pregunta es si usted cree que esta proposición de ley se debe más a un capricho del legislador o a una crisis acontecida en Vandellòs II, que
precisamente supuso la necesidad de reformar la regulación de la ley del CSN. La segunda pregunta que quería hacerle es cómo mejoraría o empeoraría el funcionamiento si se pusiese el acento en el desarrollo legislativo en el carácter colegiado del
mismo órgano o si usted cree que se debería tender a un modelo más presidencialista. La tercera pregunta es acerca del nombramiento del secretario general, si cree usted que debería estar sometido a algún trámite especial y si cree que debería
haber modificaciones en las funciones de la secretaría, a semejanza de la NRC norteamericana donde existe una separación diáfana entre la funciones de la secretaría de la comisión, que las ejerce la oficina del secretario, y las funciones de
supervisión del resto de los ámbitos, como los puramente técnicos, los asuntos públicos, los asuntos institucionales, en definitiva, si cree usted que debería haber o no esta separación. La cuarta pregunta es si usted considera que la falta de
movilidad del personal del CSN es un elemento negativo o positivo, y si deberíamos hacer alguna reforma en la movilidad de dicho personal para su mejora. Quinta pregunta: ¿Qué mecanismos introduciría usted para garantizar la independencia del CSN,
en concreto en los encargos de informes de empresas de ingeniería externas que frecuentemente tienen relación con el regulado? Puedo ponerles ejemplos al respecto, porque existen. Sexta pregunta, cuáles son los mecanismos que usted incorporaría en
información y participación en la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, a sabiendas de que es uno de los elementos que se deben incorporar en la ley, que no están en la ley de hace veinticinco años, y que es uno de los retos y una de las críticas
que se le hacen de forma reiterada al Consejo de Seguridad Nuclear, y si se debería dotar de un espacio concreto atendido por especialistas de una unidad específica. La séptima pregunta tiene que ver con la regulación en el artículo 13 de las
obligaciones y de los derechos de los trabajadores, una regulación que usted sabe que existe en el derecho comparado, por ejemplo en Estados Unidos, legislación de referencia, y si usted cree oportuno o no que estas obligaciones y estos derechos de
los trabajadores existan en un marco tan específico y concreto como el de la energía nuclear, a sabiendas de que los principales problemas que se detectan en las centrales y que han acontecido, como el de la corrosión en Vandellòs II, se deben a
problemas organizativos. ¿Qué valoración hace usted de los comités asesores externos independientes? ¿Cree usted que deberían existir para asesorar al Congreso y al Gobierno? Última cuestión, cómo se debería incardinar la participación de las
comunidades autónomas en esta nueva legislación del Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra la señora Velasco, en nombre del Grupo Socialista.
La señora VELASCO GARCÍA: Bienvenida, señora Sendín, a esta Comisión. Le agradecemos su comparecencia.
Como he hecho con el compareciente anterior, nuestro grupo ha preparado un listado de preguntas que he leído en mi primera intervención y que no voy a repetir en aras de la brevedad. Si hay alguna pregunta de las que hemos formulado que
prefiera contestar con posterioridad a esta Comisión, lo entenderemos, puesto que es un dossier amplio que pretendemos pasar a todos los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear para conocer así de una forma más directa cuáles son sus percepciones
o su opinión con relación a la proposición de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Antes de dar la palabra a doña Paloma Sendín de Cáceres, quisiera en primer lugar pedirle excusas, porque creo que no le he dado formalmente la bienvenida al comienzo de esta sesión. Se la doy ahora
tras solicitarle las excusas. En segundo lugar, quisiera hacer saber a todos los señores diputados y a cuantos están aquí por motivo de esta comparecencia que es propósito de la
Mesa que, al filo de las 14:30, tras la intervención de la señora Sendín, hagamos una breve interrupción de un cuarto de hora para tomar algo que hemos solicitado que se baje a la sala de al lado, con el fin de que podamos acabar las
comparecencias a una hora oportuna sin retrasarnos mucho más.
Hechas estas advertencias, doy la palabra a la señora Sendín de Cáceres.
La señora CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Sendín de Cáceres): Buenos días a todos. Señor presidente, en primer lugar querría hacer una pregunta a la señora Velasco. ¿Las preguntas que me ha pasado usted ahora son las de su
grupo? (Asentimiento.)
Hay muchas preguntas y muchas versan sobre lo mismo. Si les parece, por no aburrirles y por ir un poco más rápido, podría decirles lo que pienso de la proposición de ley -yo lo he dividido en lo que me parece bien, lo que me parece
aceptable siendo un poco indiferente y lo que no me parece bien- y dos o tres sugerencias que me parece que faltan en la ley y les podrían ser útiles, o no. Después de hacer eso, repasaré las preguntas y veré aquellas a las que no he contestado
haciendo esta exposición y contestaré una a una. Si les parece bien el procedimiento...; quizá sea más rápido que ir una a una y grupo a grupo.
Dos consideraciones previas. Me parece que el modelo, diseño y estructura del Consejo en su estado actual no solo es bueno, sino que lo están siguiendo otros países europeos. En concreto Francia en este momento, por poner un ejemplo, está
reformando su estructura del órgano regulador y está cogiendo como modelo -aunque no diría el español, como el español a su vez se basa en el modelo americano- el español y por ende el americano o el americano, y por el ende el español; me da
igual. Es un modelo de órgano colegiado, y recuerdo que comenté en la comparecencia de 13 de junio del año pasado que me parecía un modelo sabio, porque quien lo hizo pensó bien que asuntos tan delicados como los que afectan a la seguridad nuclear
es mejor que estén regulados o dirigidos por cinco personas en vez de por una. En ese momento recuerdo que hice un repaso de los modelos de otros países, y les puedo asegurar que en Europa el modelo del Consejo de Seguridad Nuclear es el más
avanzado. En todos los otros países -Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Finlandia, Suecia u Holanda- son órganos unipersonales y dependientes de un ministerio; nosotros somos un órgano colegiado, con cinco miembros, y no dependemos de ningún
ministerio, sino que, como ustedes saben bien, solo reportamos al Parlamento. Por tanto, la independencia en el Consejo de Seguridad Nuclear está muy reforzada con respecto a otros órganos reguladores de nuestro entorno. Tomamos el ejemplo -lo he
dicho antes y lo dije también el año pasado- del modelo americano, probablemente incluso con alguna diferencia a mejor en el Consejo, como el caso de los nombramientos de los consejeros con un sistema que hace que en ningún momento pueda haber una
vacante. La NRC en algún momento podría funcionar hasta con un administrador único, lo cual desde mi punto de vista hechas en un órgano colegiado no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos hechas las provisiones en el estatuto y en la ley para que
eso no exista, y por tanto me parece que es un buen modelo. Dicho esto voy a comentar lo que me parece bien, como he dicho antes, lo que me parece aceptable pero ni bien ni mal y lo que no me parece bien de esta proposición de ley.
Segunda
consideración previa. Tengo que decir no estoy en absoluto de acuerdo con la exposición de motivos de la proposición de ley, sobre todo su primer párrafo. No creo que sea el momento de entrar punto por punto en cada una de las consideraciones que
hacen, pero quiero que quede claro que no puedo estar de acuerdo con lo que dicen; no lo estoy en absoluto.
¿Qué es lo que me parece bien de la proposición de ley? Voy por el orden que está en la proposición de ley, no por orden de importancia ni a lo que le doy yo más o menos importancia, sino desde el artículo 1 hasta el final. Me parece bien
que la renovación de los miembros del pleno sea una sola vez, por ejemplo; me parece bien que el nombramiento y separación de los subdirectores requiera el acuerdo del consejo. Al ponerlo en la ley de esta manera queda claro que el pleno puede
hacer propuestas de nombramiento y de cese de los subdirectores. En este momento, tal y como está en el estatuto, el pleno solo puede acordar el nombramiento y el cese de los subdirectores a propuesta del presidente y no a propuesta del propio
pleno. Por tanto, si esta redacción tal como está implica que el pleno pueda proponer el nombramiento y el cese, que considero importante, me parece bien. Me parece bien que el Congreso pueda instar en cualquier momento el cese de cualquier
miembro del pleno al Gobierno; me parecen bien las modificaciones relativas al cuerpo técnico del Consejo para que haya más movilidad de los funcionarios -esta es una de las preguntas bastante repetidas por SS.SS.-; me parece bien la idea del
gabinete del pleno, incluso no sé si ustedes conocen el modelo de la Unión Europea, lo que llaman el colegio de comisarios, que son los gabinetes de los distintos comisarios de la Comisión de la Unión Europea, que se reúnen antes de cada sesión del
Consejo y con el cuerpo técnico, con las distintas direcciones, repasan y analizan los temas que van a ir a los distintos consejos. Una cosa de ese estilo me parecería muy útil en el consejo, porque permitiría que antes de cada uno de los plenos
tuviéramos más información de los temas que van a cada uno de los consejos. Es una idea que dejo aquí encima; me parece bien el gabinete del pleno, que con una función de este tipo sería mejor todavía. Me parece bien -no puedo pensar de otra
manera- cuando dicen que el personal externo no pueda participar en tomas de decisiones del Consejo de Seguridad Nuclear, pero aquí apuntaría que como no lo hace ahora la frase será para mayor garantía y no porque pase ahora. En este
momento nadie externo al pleno participa en las tomas de decisiones del pleno. Que haya o no contrataciones externas es otra cosa, pero eso no quiere decir que nadie participe en nuestras tomas de decisión.
Me parece bien todo lo relativo a mantener informados al Gobierno, al Congreso y a las autonomías, y la regulación en general de las denuncias, esto que ustedes llaman delatores, palabra que tiene un sentido peyorativo que yo procuraría
evitar, pero no sé muy bien cómo se podría llamar; los ingleses -recuerdo que también lo comenté el año pasado- les llaman los whistle blowers, los silbadores, pero me parece que esta regulación tiene que hacerse con todas las garantías de que algo
que es bueno en sí mismo no se convierta en algo malo. Recuerdo que lo comenté también. Esto abre posibilidades, muchas y malas; por ejemplo, utilizar una denuncia falsa para hacer daño a alguien, a algo o a alguna instalación. Si se regulara
con todas las garantías, por qué no.
Finalmente, me parece bien todo lo relativo a la mayor transparencia y participación del público. Lo único que pasa es que habría que acotar el público porque podríamos llegar a un estado inoperante en el que
el consejo se vería colapsado por multitud de peticiones de información o de participación con gente que no tendría mucho sentido y que, en cambio podría hasta paralizar la actividad del consejo. Es decir que con las limitaciones legales que haya,
que también las habrá en términos de secreto, confidencialidad, etcétera, y en un sentido práctico y operativo también me parece bien. Quiero recordarles que yo propuse, por ejemplo, en un procedimiento de organización interna del pleno que sometí
al Consejo en octubre del año 2003, y del que les dejé una copia hace un año, que las sesiones del Consejo, por ejemplo, fueran públicas. Qué mayor transparencia que las sesiones del Consejo fueran públicas. En ese sentido cualquier mecanismo o
medida para aumentar la transparencia y la participación del público interesado en las actividades del Consejo me parece bien. Es aceptable, aunque es más o menos inocuo que, por ejemplo, el voto del presidente no tenga carácter dirimente. Puede
ser, por qué no, pero es poco práctico porque puede haber una situación de empate sobre la que alguien tiene que decidir. Por tanto, que el voto del presidente tenga carácter dirimente la verdad es que no me parece mal, pero si se quiere quitar
tampoco pasaría gran cosa. Que el secretario general y los directores técnicos sean nombrados y cesados por el Gobierno también se puede hacer; no veo particular problema, aunque este punto no refuerza precisamente la independencia del CSN. En
cuanto a que los miembros del pleno sigan seis meses en una prórroga automática no pasa nada, también me parece aceptable, lo que pasa es que no debe ponerse plazo, sino cumplir el periodo del mandato. Es una responsabilidad del Gobierno cuando se
ha agotado el periodo del mandato proceder enseguida a la renovación o al cese de los miembros, y realmente no debería hacer falta ninguna prórroga, debería hacerse en plazo.
Ahora voy a lo que no me parece bien. No me parece bien la supervisión de la gestión y control financiero del CSN por el Congreso y la fiscalización de los expedientes. Me parece poco operativo por un lado y además me parece que tampoco
refuerza mucho la independencia del Consejo, que es de lo que entiendo que entre otras cosas se trata con esta proposición de ley. Que la emisión de las instrucciones sean comunicadas a las Cortes y al Gobierno antes de ser aprobadas por el CSN
tampoco me parece que añada mucho a la independencia del CSN; por tanto no estoy de acuerdo con esto. Que los nombramientos de los miembros del Pleno sean por cuatro años me parece también mal porque deben desligarse completamente de lo que es un
periodo de ciclo electoral, y en este caso coincidirían y podría dar lugar a situaciones que nadie desearía. Que todos los ciudadanos puedan acceder a archivos, registros y documentos de los expedientes me parece -lo he dicho antes- bien; la
participación, la transparencia y la información a los ciudadanos es bueno, pero todos, como ya lo he explicado, no me parece operativo. No me parece imprescindible el comité asesor técnico que propone la proposición de ley, y no me lo parece -es
una opción como otra cualquiera evidentemente- porque, visto desde fuera en plan muy objetivo y diciendo que una opinión técnica más nunca es malo, eso es evidente; por eso digo que no es que me parezca mal, es que no me parece necesario e
imprescindible por varias razones. Primero, el CSN puede acudir a opiniones externas cuando quiera y de hecho lo ha hecho. Una última vez en que lo ha hecho ha sido, por ejemplo, con el informe de lecciones aprendidas. Acudimos a un grupo de
expertos y asesores internacionales -también lo pidió el Congreso, pero ya lo habíamos debatido en algún momento- para que nos evaluaran ese informe; luego esa posibilidad la tenemos. Cuando nosotros contratamos -estoy pensando en un caso de hace
relativamente poco tiempo- a la Universidad Politécnica de Madrid para que nos haga un informe sobre el análisis coste-beneficio para implantar un sistema de feed and bleed en la central nuclear de Trillo, estamos haciendo la contratación de
consultoría a un experto asesor independiente porque es la Universidad Politécnica, en concreto creo recordar que era el departamento de energía o de nuclear de la Escuela de Industriales.
Además, hace unos meses estuve en Estados Unidos y tuve la oportunidad de sentarme con los comissioners americanos de la NRC y les hice estas mismas preguntas sobre el comité asesor, porque ya entonces se estaba planteando. Las
contestaciones de estos comissioners que llevan años en la NRC y que llevan trabajando tiempo con los comités asesores y expertos independientes que ellos tienen eran de este tenor: Es una opinión técnica más, pero tiene también sus problemas
operativos y prácticos. Por ejemplo, me decían que si está formado por catedráticos -es como están formados los suyos, gente académica- los informes que nos hacen tienden a ser teóricos y poco prácticos, más bien desligados
del mundo real. Ellos estaban empezando no a pensar, sino que iban a regular, a meter en estos comités a profesionales del sector, por ejemplo, a jubilados de las empresas eléctricas o personas que hayan trabajado, pero que no tenían por
qué necesariamente estar en edad de jubilación. ¿Por qué? Porque precisamente lo que querían era introducir un elemento de realidad en esos comités asesores que les resultaban demasiado académicos. Me decían también que estos comités tienen una
consecuencia no deseada que es la desmotivación de su cuerpo técnico, porque en el fondo el cuerpo técnico lo que ve es que está emitiendo una opinión y hay otro grupo de expertos independientes que emite otra opinión que no tiene por qué ser
necesariamente igual. Por tanto, ahí hay un cierto elemento de incomodidad para su staff, para su cuerpo técnico, que en algún momento les había planteado algún problema. Me decían también que qué pasa si la NRC se encuentran con una opinión -esto
mismo que acabo de decir- de este comité asesor independiente distinta de la opinión de su staff, y los americanos tienen un staff de 2.500 personas.
Eso también puede plantear algún problema. Por todo ello francamente, partiendo de la base de que
podemos hacerlo cuando queramos, no veo una gran ventaja y sí veo estos pequeños o grandes inconvenientes que se pueden plantear con los comités asesores independientes.
He dado un repaso a todo lo que dicen las disposiciones de la ley y ahora me permito hacerles un par de sugerencias, cosas que no están contempladas en la ley y que podrían ser útiles. Uno de los problemas que tiene el consejo es que hay
una cierta bipolaridad, vamos a llamarlo así, entre un modelo presidencialista y un modelo colegiado. El estatuto establece dos órganos de dirección: el pleno y el presidente. Una sugerencia podría ser que hubiera un solo órgano de dirección que
fuera el pleno y que el gestor, quien gestionara el consejo, podría ser el secretario general. Así, ¿qué es lo que conseguiríamos? Desde mi punto de vista conseguiríamos eliminar esos elementos de confusión que hay entre lo que es gestión y lo que
es técnico. Todo esto viene, como saben bien, del artículo 34 del estatuto, que habla de las funciones del presidente y entre ellas hay una que dice dirigir, impulsar y hacer cumplir todas las decisiones y actividades del CSN. La palabra dirigir
tiene distintas interpretaciones, de hecho se ha interpretado de distinta manera en algunos momentos, ahora y hace muchos años en otros consejos. Por tanto, por qué no va a haber un solo órgano de dirección, que es el pleno, un gestor, que es el
secretario general; a lo mejor esta confusión y estos problemas de bipolaridad que existen ahora podrían desaparecer.
Otra sugerencia quizá todavía más insólita es la posible recusación del pleno hacia cualquiera de sus miembros cuando se considera que estos no cumplen bien sus obligaciones. Entonces el propio pleno recusaría a cualquiera de sus miembros,
cualquiera de ellos, y enviaría esa recusación al Gobierno para que él, el Congreso o quien fuera pusiera en marcha el procedimiento oportuno. Luego habría pequeños detalles como que puedan comparecer todos los miembros del pleno; pero, en fin,
eso, aunque no está regulado como tal, de hecho se está haciendo ya; serían pequeños detalles. Sobre esta segunda sugerencia que les he hecho de la recusación, y que me imagino que les parece bastante insólita, curiosamente este fin de semana,
viendo la ley que están estudiando -no sé exactamente en qué momento procesal del trámite está ahora-, he comprobado que en el Senado francés había un artículo sobre lo que llaman la alta autoridad reguladora, que es el CSN francés, que dice
expresamente que los miembros del pleno de ese órgano francés, de la alta autoridad, pueden recusar y cesar a cualquiera de sus miembros por mayoría, ni siquiera por unanimidad. Es decir, esto que podría llamar la atención está recogido en la ley
que el Senado está debatiendo sobre la alta autoridad reguladora francesa. Por tanto, no me parece tanta barbaridad.
Voy a entrar en las preguntas que me han formulado y que no han quedado contestadas. ¿Qué independencia tiene el CSN y qué necesitaría? Yo creo que el modelo que tiene actualmente el CSN es bueno y lo único que le hace falta es cumplir lo
que se dice en la norma, pero me parece que el CSN es suficientemente independiente. Ya he comentado que alguno de los elementos de esta proposición de ley atenta -si me permiten que lo diga así- contra esa independencia. No creo que necesite más
independencia. Se ha planteado alguna vez si debemos tener capacidad sancionadora hasta el final. Yo he dicho muchas veces que a mí no me hace ser más independiente tener la capacidad de fijar directamente la sanción. Tenemos la capacidad de
proponer y no me parece que eso sea imprescindible. La verdad es que no necesita más elementos para ser independiente, que reforzar su funcionamiento de órgano colegiado.
Respecto a las contrataciones de servicios técnicos, sobre las que hay varias preguntas, es un problema de hace mucho tiempo. Es verdad que en España hay poco conocimiento sobre el sector nuclear. Reside fundamentalmente en las
universidades en la parte más académica y luego hay una serie de organizaciones formadas -y no vamos a negarlo- por las propias eléctricas, que hacen labores de consultoría en materia nuclear.
El problema es que tenemos muy poquito y tenemos lo que
tenemos. Es verdad que en un mundo ideal lo mejor sería no recurrir a contrataciones externas, a aquellas empresas o instituciones que están a la vez formadas por los propios titulares nucleares o explotadores nucleares, pero tenemos lo que tenemos
y es muy difícil decir que no hagamos esas contrataciones porque no tendríamos a quien contratar. Dicho esto, a mí me preocupa hasta cierto punto. Tenemos 450 personas en el Consejo, de los que más de 200 son técnicos y estos son los que
supervisan la labor de estas contrataciones que hacemos fuera. Yo no tengo ninguna duda de que lo hacen bien. Por tanto, respecto a si las contrataciones externas pueden en algún momento posicionarse o hacer informes a favor de sus accionistas
-vamos a llamarlo así-, yo
les podría dar algunos ejemplos en los que los informes de estas empresas han ido en contra de los intereses de sus propios accionistas, de las empresas eléctricas. A mí no me preocupa mucho, pero reconozco que desde fuera parece un poco
raro.
Respecto a arbitrar protección legal de los trabajadores a la hora de denunciar los temas, yo ya me he referido a hacerlo con las debidas garantías, y me estaba refiriendo a las garantías para los denunciados-, pero es evidente que también
tienen que establecerse garantías para quienes denuncian. No es difícil arbitrar un mecanismo para hacerlo y, desde luego, se tendría que hacer. En este momento, si me preguntan, no sé cómo se podría hacer, pero está claro que se podría hacer.
En cuanto al inspector residente, es una figura que tendríamos que potenciar. Esta historia se remonta a diciembre de 2004, por tanto, cuatro o cinco meses después del suceso de Vandellòs nos planteamos en el Consejo, como ustedes saben,
porque creo que lo conté el año pasado, el refuerzo de la figura del inspector residente y, después de una encuesta que hicimos entre los inspectores residentes, el pleno decidió hacer un nuevo procedimiento, un nuevo manual de la inspección
residente. Se formó un grupo de trabajo, que me tocó dirigir, y ha acabado sus trabajos hace exactamente dos semanas. La semana pasada entregó en el pleno un borrador de manual de la inspección residente, que contiene un paquete de medidas, que
tiene una instrucción del Consejo y un procedimiento técnico referido a la inspección residente. La instrucción recogería todos aquellos aspectos de las actividades de la inspección residente que atañen básicamente a los titulares, es decir, las
obligaciones de los titulares para con la inspección residente, y el procedimiento sería un procedimiento al uso de los que hay en el Consejo, que recogería toda la regulación interna del inspector residente. Tanto la instrucción como el manual
tienen varios apartados, entre ellos los referidos a la relación del inspector residente con la central, donde se intenta reforzar la figura del inspector residente, regulando a qué reuniones del titular puede acudir o el nivel de interlocución del
residente con la central. El espíritu tanto de la instrucción como del procedimiento es reforzar la figura del inspector residente de cara a la central, de cara a los propios servicios centrales del CSN e incluso de cara a las autoridades locales y
autonómicas y a las autoridades del entorno de las centrales.
Si les interesara, no habría problema en mandar ese borrador para que lo vieran, pero este mandato al pleno, que salió a raíz del suceso de Vandellòs, con esta instrucción y el
procedimiento quedaría cumplido. De momento no ha sido aprobado como tal por el pleno, se discutirá dentro de dos o tres semanas, pero en el momento que así sea, con las debidas modificaciones, se iniciará en el Consejo su proceso normal de
trámite, por una parte, la instrucción y, por otra parte, el manual.
Me preguntan sobre la nueva directiva de información ambiental. La verdad es que no sé cuál es, por tanto, no les puedo contestar. Entiendo que todo lo referido al Convenio de Aarhus ha intentado quedar reflejado en la proposición de ley
con todos estos apartados relativos a la regulación de la transparencia y de la información al público, pero la nueva directiva de información ambiental no sé muy bien a qué se refiere.
Sobre la participación de las comunidades autónomas en el CSN -entiendo que como un miembro del pleno-, me preguntan si podría ayudar a una mejor relación con las comunidades autónomas. No creo que sea imprescindible, porque por esa misma
regla de tres también tendríamos que tener un miembro que representara a todos los hospitales o a muchas otras actividades en las que nosotros tenemos relación. Es decir, no hace falta tener un miembro dentro del CSN para mejorar las relaciones con
aquellos organismos o estamentos con los que debemos tener relación, y buena relación. Dicho esto, no tengo una posición muy clara de decir no o sí.
Es una posibilidad más que haya un consejero o un miembro del pleno en representación de las
comunidades autónomas. En este sentido, cada órgano regulador tiene su modelo. En el modelo del Senado francés que yo les comentaba intentan que el órgano regulador tenga cinco miembros -esa es la propuesta-, de los cuales tres son nombrados por
el presidente de la República, uno por el presidente de la Asamblea -es decir, el Congreso de los Diputados- y otro por el presidente del Senado francés. Cada uno tiene su modelo y podría caber el modelo en que haya un representante de las
comunidades autónomas, pero no creo que la justificación sea que ayude a una mejor relación con las comunidades autónomas, porque esta puede existir perfectamente sin tener un miembro. De hecho, yo creo que existe ahora en líneas generales, otra
cosa es que de vez en cuando haya alguna disfunción.
¿Qué opino sobre que las disposiciones del Congreso tengan que ser vinculantes? Yo diría que espiritualmente lo son, es verdad que legalmente no lo son ahora. Incluso pedimos un informe hace unos meses al servicio jurídico del Estado
preguntando hasta qué punto eran vinculantes. La contestación del abogado del Estado respondía bastante a lo que pensábamos varias personas, y es que se deben intentar cumplir en la medida de lo posible. Si no se pueden cumplir porque no se pueden
cumplir, el Consejo debería justificarlo al Congreso, pero deben cumplirse porque para eso reportamos a ustedes. El hacer que las disposiciones tengan que ser vinculantes, me parece bien, el caso es hacerlo.
¿Qué funciones deberían incluirse en el Consejo para buscar la máxima seguridad en relación con el abandono de la energía nuclear? Entiendo que estamos hablando del desmantelamiento de las instalaciones nucleares y esas funciones el Consejo
ya las tiene y las ejercita y yo creo que bien.
Hemos desmantelado ya Vandellòs I, bien es verdad que con unas características especiales, pues el combustible estaba en Francia desde hace muchos años, pero se ha desmantelado, y ahora se va a
iniciar el desmantelamiento de Zorita. Con la experiencia operativa -vamos a llamarla así- del desmantelamiento de
Vandellòs I, el Consejo cuenta ya con un cuerpo de normas que va a aplicar a Zorita, aunque las características son distintas, puesto que su combustible se encuentra en la central y ahora vamos a construir un ATI para almacenarlo. Con esto
quiero decir que el CSN va adquiriendo experiencia en el desmantelamiento de centrales y que en todo caso las funciones las tiene ya y lo hace con la máxima seguridad, no tengo ninguna duda. Por tanto, no creo que haga falta funciones nuevas, sino
que ya las ejercitamos.
En cuanto a si la proposición de ley se debe más a un capricho del regulador que a una necesidad resultante de Vandellòs II, las lecciones aprendidas de Vandellòs II son evidentes. Ustedes saben que nosotros elaboramos un informe
autocrítico, en el que desgranamos lo que creíamos que eran disfuncionalidades del CSN en relación con el suceso de Vandellòs II. Como he dicho antes, a mí me parece que el modelo actual es bueno, aunque, como todo en la vida, es mejorable. Hay
pocas cosas en la vida que sean perfectas y que no se puedan mejorar. Dicho lo cual, me remito a lo que acabo de decir, que desde mi punto de vista hay cosas que caben y otras que no. Y, en cuanto a tender a un modelo colegiado o más
presidencialista, con mi sugerencia he explicado claramente lo que pienso.
Con respecto a someter a trámite especial el nombramiento del secretario general, ya he dicho antes que no. El nombramiento del secretario general y de los directores lo puede hacer el Consejo, como lo hace ahora. Y me va a perdonar, señor
Herrera, pero no he entendido muy bien la parte de la separación en las funciones del secretario general. No sé si luego me lo querrá explicar. De la movilidad de los funcionarios ya he hablado, así como de los mecanismos para garantizar la
independencia, de las contrataciones, de los mecanismos de información, de la regulación y derechos de los trabajadores -entiendo que estamos hablando otra vez de los que ustedes llaman delatores- y de los comités asesores. Las preguntas del Grupo
Socialista, si no me equivoco, también están todas contestadas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Muchas gracias, señora Sendín.
Tal como he anunciado antes, espero que con la comprensión de los consejeros que van a comparecer de inmediato, don Julio Barceló y doña Carmen Martínez Ten, vamos a hacer un breve receso de un cuarto de hora para que todos, si lo desean,
podamos tomar un pequeño refrigerio en la sala de al lado. También quiero anunciarles que doña María Rosario Sola Farre ha anunciado que no puede venir por motivos de salud, con lo cual vamos a poder ir recuperando el retraso que llevamos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
-DEL SEÑOR CONSEJERO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (BARCELÓ VERNET).
(Número de expediente 212/001118.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Señorías, vamos a reanudar la sesión, dando la bienvenida a don Julio Barceló Vernet, consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. Seguimos con la misma tendencia de la mañana de centrarnos en las
preguntas para que estas sean lo más precisas posible, para así poder cumplir con el amplio temario de comparecencias que tenemos previsto para el día de hoy. Sin más, doy la palabra al representante del Grupo Popular, el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor Barceló, sea bienvenido a esta Comisión.
Paso directamente a hacerle cinco preguntas que son muy breves. En primer lugar, ¿cree que se agilizaría el trabajo del CSN con la reforma propuesta? En segundo lugar, ¿le parecería oportuno un cambio completo, a la mayor brevedad posible,
de todo el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear? En tercer lugar, en la actual Ley 15/1980 de creación del CSN, el CSN hace partícipe de sus actuaciones a las comunidades autónomas en cinco ocasiones: en el artículo 2, en el artículo 3.1, en el
artículo 3.2, en el artículo 3.3 y en la disposición adicional tercera. Por más que he buscado en la proposición de ley no se nombra la palabra encomienda, pero, por el contrario, sí desarrolla tres o cuatro nuevos artículos sobre derechos de todos
los ciudadanos para acceder a todo lo que el CNS piense, proyecte y ejecute con todo lujo de detalles. Ese tema es repetitivo hasta la saciedad, convirtiendo al CSN en casi una agencia de comunicación incluso instaura la figura del delator
consentido. O sea, quiebra la confianza y el espíritu de la profesionalidad de las personas para optar por los vericuetos informativos por los que, por cierto, acostumbran a ir algunos. Quiero que me diga qué piensa, señor Barceló, de esto, si
funcionan las encomiendas o tenemos también que cambiar el artículo 15 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula la figura de las encomiendas de funciones, ley que, por
cierto, posee un carácter básico y, por tanto, es también de aplicación al CNS. También quiero saber qué le parece la figura del delator frente a la denuncia legal y responsable. En cuarto lugar, en qué aspectos cree usted que deberían -si es
preciso- mejorarse los servicios técnicos del CNS. En quinto y último lugar, qué medidas se precisan en el CSN en la atención de emergencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el representante de Esquerra Republicana, señor Jordi Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: (Comienza su intervención saludando en catalán.) Para ser ágil le pediría
que, como he visto que esta mañana ha estado siguiendo parte de las comparecencias y ha visto las preguntas que le hacíamos a los diferentes comparecientes, diera respuesta a las preguntas que ha hecho mi grupo, pero en su caso concreto me
gustaría que se especificara algo más sobre el asunto de las comunidades autónomas y los representantes. Parece ser que alguien con bastante responsabilidad tenía entendido que usted era un consejero nombrado por la Comunidad Autónoma de Catalunya,
supongo que porque aún hay gente que confunde grupos políticos con comunidades autónomas. Espero que vayamos cambiando en ese aspecto. Como usted es lo que más se asemeja a un consejero de una comunidad autónoma, me gustaría que nos respondiera a
las preguntas sobre cómo aglutinar esa relación entre comunidades autónomas y Consejo de Seguridad Nuclear y si encuentra si es una buena decisión que las comunidades autónomas con centrales nucleares puedan nombrar un consejero del Consejo de
Seguridad Nuclear.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el señor Herrera, representante del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: (Comienza su intervención saludando en catalán.) Quisiera dar por reproducidas las preguntas que he hecho anteriormente y que creo que ha escuchado todas. Como ha dicho el señor Ramón, hago especial hincapié en
cuál cree usted que puede ser la fórmula de participación de la comunidad autónoma, si con un representante o si en el consejo asesor. Por tanto, le pido que haga una reflexión sobre cuál debería ser esta participación y, como digo, doy por
reproducidas las preguntas que he hecho a los anteriores consejeros.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Finalmente, tiene la palabra la señora Velasco, en representación del Grupo Socialista.
La señora VELASCO GARCÍA: Bienvenido señor Barceló, le agradezco de antemano su comparecencia aquí.
Nuestro grupo ya le ha pasado el listado de preguntas que hemos hecho al resto de los comparecientes, y solamente quiero decirle que si en alguna de las preguntas considera oportuno dar una explicación más amplia y quiere hacerlo por escrito
con posterioridad, no tenemos ningún inconveniente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el consejero del Consejo de Seguridad Nuclear, don Julio Barceló.
El señor CONSEJERO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Barceló Vernet): Voy a ir contestando en el mismo orden que han intervenido sus señorías.
El señor Darmendrali me preguntaba si se agilizaría la actuación del CSN con esta proposición de ley. Depende de cómo acabe y de cómo sea la ley.
Todos los que formamos parte del Consejo estamos de acuerdo en que una Ley del año 1980, con
todas las cosas que han pasado, es bueno que se ajuste, porque hay campos que en aquel momento no estaban y ahora están, como una división territorial que antes no estaba y ahora sí. Más adelante, contestando a las preguntas del Grupo Socialista,
expondré puntos que creo que se deben ajustar. Lo que sí pediría -algún otro consejero también lo ha pedido- es que la ley sirva para arreglar los problemas estructurales que pueda tener el Consejo y no los coyunturales, porque estos se arreglan
con otro tipo de norma.
En segundo lugar, me preguntaba si sería conveniente un cambio completo del CSN. Si no se hace estará muy cerca, porque el espíritu de la ley -no veo que se proponga ninguna modificación- está en que cada tres años se cambia la mitad. En
el Consejo, en el más largo de los casos, el cargo termina en julio de 2007, luego sí habrá un cambio completo en menos de un año. En cualquier caso, según como quede la norma, debería haber instrumentos para que la elección de los consejeros fuese
un paso solemne y se viese que se cumple con lo que se espera de ellos en la ley. De hecho, en el punto 5, respecto de los cambios que se proponen -motivos de sustituir a consejeros- alguno me ha parecido un poco ambiguo. Los que estemos -ya me
incluyo aunque ahora no lo contemple- deberíamos tener el apoyo de esta Cámara a través de esta Comisión y que en el momento en que se pierde este apoyo se pierde la condición de consejero. En la futura ley esto no está muy claro y debería ser así.
En cualquier caso, si la ley lo prevé, no hay ningún inconveniente en cambiar completamente, pero como muy tarde en verano del año próximo habrán cambiado todos los cargos.
En cuanto a las comunidades autónomas -que se ve que es una de las preguntas más dirigidas hacia mí- empezando por la pregunta del Grupo Popular, las encomiendas fue una buena idea en su momento, se encontró una vía con la que sin quebrar el
principio de que el Consejo es la única autoridad, se podía delegar en los entes autonómicos y regionales para ayudar al Consejo. Es verdad que algunos lo han entendido mejor que otros y que algunos lo han querido y otros no. Funciona bien, pero
creo que deberíamos mejorar e ir poco a poco transmitiendo las competencias a estos organismos en función de la experiencia que van adquiriendo cada una de las comunidades, aspecto que es muy asimétrico ya que va desde las que no tienen nada hasta
las que llevan suficientes años trabajando para adquirir más responsabilidades.
Antes de continuar, quiero hacer referencia a las preguntas de los grupos de Esquerra Republicana e Iniciativa
per Catalunya sobre las comunidades autónomas. Yo creo que ni una ley ni su reglamento pueden cubrir todo lo que se necesita, por tanto, a veces hay que utilizar el sentido común, que dice que independientemente de quien tenga las
competencias -y yo creo que nadie pone en duda que el Consejo debe ser el único organismo responsable-, está la realidad, y la realidad es que donde están las instalaciones está el territorio y donde está el territorio están sus responsables. Por
tanto, el contacto con las comunidades autónomas y con los municipios tiene que ir por dos caminos, uno de los cuales es el de la información, por lo que no hace falta que tengan alguna competencia para estar informados. Hay que buscar un sistema
diferente del actual, porque se ha demostrado que este no funciona, consistente en informar puntualmente a los territorios que están alrededor de las instalaciones. Siempre pensamos en instalaciones nucleares, pero también hay que tener en cuenta
las instalaciones radiactivas. También quiero hacer referencia a un buen instrumento -y cuando se nos ha pedido nuestra participación, el CSN lo ha aceptado-, como es el de las comisiones locales de información, comisiones que en este momento están
creadas en Vandellòs y en Zurita, aunque también tiene que haber participación a un cierto nivel. Pero también depende de cómo quede al final la ley. Si el pleno del Consejo tiene que ser un organismo técnico, entonces no tiene cabida la
representación de las comunidades autónomas, aunque es verdad que tiene que haber un foro donde estas puedan participar adecuadamente. Mi propuesta sería un pleno del Consejo puramente técnico -es decir, con una componente técnica importante- y un
órgano consultivo en el que estuviesen representados los organismos, todo esto ligado a que podría ser el momento de traspasar alguna que otra responsabilidad a las comunidades que tienen capacidad para ello, lo que hasta ahora no se ha hecho en
instalaciones nucleares. Incluso nosotros, en el trabajo diario, estamos mirando cómo mejorar la figura del inspector residente, así como el plan de comunicación. No tiene por qué ser un sistema homogéneo, sino que puede ser un sistema un poco
desequilibrado. Por ejemplo, en Cataluña, que tiene un 30 por ciento de producción de energía nuclear y las centrales están muy cerca, puede haber alguna figura que no sea repetible en otros sitios. En este contexto, quiero hacer referencia a algo
que decía el señor Darmendrail.
Por ejemplo, en el caso de Cataluña, como algunas veces se ha señalado aquí, no tiene sentido que tengamos dos grupos de emergencia, uno para el sector químico y otro para el sector nuclear, cuando están al lado y ya
están trabajando. Deberíamos mejorar este aspecto. Esta es mi opinión en cuanto a las comunidades autónomas.
Para acabar con el tema relativo a las emergencias, tengo que decir que hay una idea en la que se debería profundizar, y es la de mejorar y optimizar los recursos en esta materia. Otra idea en el campo de las emergencias es mejorar la
coordinación entre todos los campos, así como el sistema de simulacros. Cada año se hace un simulacro de gran calidad, sin embargo, todavía estamos fallando en el caso de los simulacros de espectro amplio, es decir, con uso de movimientos al
exterior. Esto no supone nada malo para las poblaciones, porque desafortunadamente las emergencias nos pueden servir para otras actividades donde desgraciadamente también se producen hechos de este tipo.
A continuación me voy a referir a las preguntas del Grupo Socialista, que engloban casi todas las demás. Se me pregunta: ¿considera apropiado que el Congreso lleve la supervisión de la gestión y el control financiero de la CSN? Me voy a
saltar las preguntas para ir a lo que podría hacer la ley. Yo haría una petición, si puede ser, y es corregir el preámbulo de esta proposición de ley -si va a ser ley-, porque contiene muchos juicios de valor y alguna que otra mentira. Yo creo que
la ley hay que cambiarla, pero no precisamente por lo que se ha dicho. En mi caso, yo mañana ya no estaré aquí, pero el cuerpo técnico estará siempre allí y cada vez que tenga que hacer referencia a la ley verá que se dicen cosas que no nos dejan
muy bien y que desde mi punto de vista no son ciertas. Aparte de esto, el tiempo ha pasado y han sucedido cosas nuevas, por lo que hay que cambiar la ley y hay que mejorarla en cuanto a aspectos nuevos que han aparecido. Por ejemplo, ¿quién va a
tener la responsabilidad en materia de salvaguardias, porque Euratom la ha traspasado al Gobierno español? ¿Qué va a pasar con las competencias en materia de tráfico ilícito y movimiento inadvertido en materia nuclear y radiactivo? ¿Cuál tiene que
ser nuestra labor en materia de seguridad física? Lo que ocurre es que al ser el consejo el único organismo participa en todo, pero muchas veces no tiene explicitadas sus funciones. El grupo NSRA, donde están representados los organismos
reguladores de Reino Unido, Francia, Bélgica, Finlandia, Alemania, Suiza, Suecia y España, está realizando comparaciones en cuanto al ámbito de la seguridad física y España es el único país de Europa donde no existe un sistema de control ni del
personal que trabaja en al organismo regulador ni del que lo hace en las instalaciones, lo que se llama el clearance por seguridad física.
Otro de los temas que hay que aclarar, como aquí se ha dicho, es el de las resoluciones de la Cámara. Desde mi punto de vista, estas deberían ser resoluciones que se pudieran cumplir, y que fuesen obligatorias y cuyo cumplimiento fuese
fiscalizado, es decir, tanto el informe anual como la comparecencia deberían dar cuenta de ello. Por otra parte, debería reforzarse el control por parte de la Cámara mediante la creación de una ponencia permanente que no se limite solo a las
típicas preguntas o a realizar una comparecencia anual. Respecto al tema presupuestario, tengo que decir que no es tan importante, porque en el fondo, si admitimos que el Consejo es un organismo independiente, se entiende que después habrá
mecanismos suficientes de control en la Administración del Estado.
Con la experiencia que hemos tenido tras el incidente de Vandellòs, este es un buen momento para oficializar
la creación de comités ad hoc o de la obligatoriedad de la revisión inter pares, etcétera, primero, porque forma parte de las lecciones aprendidas, y, segundo, porque forma parte de las mejores prácticas, de manera que si queremos mejorar la
seguridad, es el momento de que aparezcan las buenas prácticas. Por último, quiero decir que ya que la ley de regulación de los conflictos de intereses obliga a pasar por aquí a los candidatos, sería un buen momento para que se comprobase la
idoneidad de los mismos.
Otra pregunta interesante es la relativa a la creación de los comités y las comisiones. En este aspecto les puedo hablar por experiencia propia, porque soy miembro del Comité científico-técnico de AVN, que es uno de los dos órganos
reguladores belgas. Esta comisión asesora está integrada por miembros de reguladores europeos, cuyo objetivo, en el momento en que ellos han realizado el informe anual, es el de llevar a cabo una reunión que dura todo un día para analizar lo que
han hecho, proponer puntos para hacer durante el año siguiente y revisar los que les propusimos el año anterior y que forman parte de dicho informe anual. Sería una figura parecida a lo que aquí también se ha dicho, tener un comité asesor que
valore la actividad, que hace sus recomendaciones y puede enviarlas al Parlamento. En cualquier caso, dado el sistema de creación del Consejo, tendrá que haber una comisión donde puedan estar representados los territorios -dada la importancia que
tienen-, en la que habrá gente que pueda valorar la actividad en términos generales para saber si vamos o no por el camino correcto. Por supuesto, también está contemplado lo que he dicho anteriormente respecto a los inter pares, de forma que
cuando salga algún punto específico podamos tener una valoración independiente.
Procuraré contestar el resto de las preguntas por escrito y mandárselas.
Respecto al derecho de los ciudadanos a la información al que, como decía el señor Gómez Darmendrail, se hace mucha referencia, en el fondo casi todos estamos de acuerdo en que el Consejo tiene que ser transparente -que lo es-, aunque muchas
veces es difícil serlo, y me explicaré. Muchas veces aparece en la prensa que el Consejo no ha informado de un hecho que sucedió en una central en un día determinado, pero es que en los libros de explotación de las centrales están recogidos muchos
hechos cada día.
Acertar que sobre lo que se quería que se informase era sobre uno determinado, que además no forma parte de todo el volumen de sucesos notificables, es difícil. Siempre habrá problemas. Por supuesto, debemos ser transparentes;
se ha hecho un gran esfuerzo preparando las documentaciones para que puedan ser públicas y, por tanto, todas las actas lo son. Estamos trabajando con más dificultades de las previstas para que los documentos de inspección puedan ser públicos -hay
que tener en cuenta que entre otras muchas cosas se mezcla la Ley de Protección de Datos-, con el interés de poder dar toda esta información. Ahora bien, si en el Senado en este momento hay una ley que es general, que es la de aplicación del
Convenio Aarhus, o hacemos referencia a aquella ley en esta o en aquella hacemos referencia a que esta ley contendrá cuestiones específicas, desde mi punto de vista, cuanto más ágil sea la ley, mejor, porque la inercia es importantísima. Por
ejemplo, se ha preguntado si la secretaría general está bien ubicada o no. Yo llegué en el año 2001; en el año 1999 se había aprobado el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y en los primeros plenos se nos dijo que había que
hacer unas modificaciones del mismo porque eran mejoras necesarias. Estamos en el año 2006, ya he visto siete u ocho borradores del reglamento y, sin embargo, sigue vigente. Con esto quiero decir que modificar una cosa cuesta mucho en este país
-por lo menos en nuestro campo-, por tanto, cuanto más especifiquemos las cosas, mejor, porque si después sale cualquier cosa que no esté recogida, costará más ampliarla. Por ese motivo, la ley que está actualmente en el Senado y que traslada
literalmente el acuerdo a que se llegó en Aarhus, en mi opinión, es más que suficiente. En cualquier caso, si después hubiese ese órgano de seguimiento del Congreso, a través de las modificaciones de estatuto, de reglamentos e instrucciones se
puede ajustar, si es que no vamos por el camino que se precisa.
No quiero consumir más tiempo con mi intervención. Si me he dejado algo sin contestar, estoy a su disposición y, por supuesto, contestaré a todas las preguntas por escrito.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Muchas gracias, señor Barceló, por sus explicaciones y por el esfuerzo que ha hecho para responder de forma resumida a todas las preguntas.
-DE LA SEÑORA CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (MARTÍNEZ TEN) (Número de expediente 212/001119.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Agradezco la comprensión de doña Carmen Martínez Ten, que comparece a una hora no prevista, y le doy la más calurosa bienvenida a esta Comisión.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: El Grupo Parlamentario Popular también da la bienvenida a la señora Martínez Ten. Paso directamente a hacerle las siguientes preguntas.
En primer lugar, quería saber si, en su opinión, la actual estructura del CSN permite a los técnicos trabajar de modo que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares. En segundo lugar, quería hacerle algunas preguntas sobre la
exposición de motivos de esta proposición de ley que, en definitiva, es en la que vamos a trabajar para reformar el Consejo. La exposición de motivos comienza diciendo que la actitud del CSN ante
los problemas de seguridad de las centrales nucleares es cada vez más permisiva y complaciente. Quisiera que usted me hiciera alguna reflexión respecto a lo que yo considero que es un dislate colosal. Después, hablan de la necesidad de
emprender una profunda reforma legal del Consejo de Seguridad Nuclear -dice la exposición de motivos-, si queremos que este organismo sea en verdad independiente de los intereses de la industria nuclear, etcétera. Usted, como yo, habrá leído esta
proposición de ley, y sabe que la lectura de la misma lleva a conclusiones absolutamente contrarias a esto. Por eso le quisiera preguntar si está de acuerdo conmigo en que esto también es otro dislate. Y la guinda, sobre la que también quiero que
me hable, es la creación de un comité asesor técnico independiente que asesore y supervise técnicamente al pleno del CSN.
Pretender que el CSN sea independiente e imponerle un comité asesor técnico de composición variada, variopinta y extraña, con
miembros designados por el Gobierno, por las comunidades autónomas y por las entidades ecologistas, es algo bastante difícil de comprender. La figura de este organismo, controlador del controlador, pero sin ninguna de sus responsabilidades, aparte
de tener una dudosa utilidad, puede ser generadora de conflictos y de mala gestión, lo que al final se traduce en menos seguridad y menos eficacia. Por eso le pregunto si usted está de acuerdo conmigo sobre esta cuestión o si tiene alguna otra
opinión al respecto. Al final, también se dice que, con el fin de aumentar la transparencia, se propone la figura del delator. Estas cosas, tal y como ya le he dicho, me parecen un absoluto dislate. En definitiva, me gustaría que me hiciese algún
comentario sobre el conjunto de la exposición de motivos, por no entrar en la proposición de ley, porque supongo que usted también tendrá algo que decir al respecto. También quería preguntarle si usted considera que sería útil, como sucede en la
NRC de Estados Unidos, el cese automático del puesto de consejero o presidente una vez que ha cumplido el período para el que fue designado.
Eso evidentemente no significa que luego no pueda volver a ser nombrado, como sucede también en la NRC. En
quinto y último lugar, me gustaría conocer qué medidas ha tomado el CSN en materia de protección físicas en las instalaciones nucleares y radiactivas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Quiero agradecer su comparecencia que, al igual que las otras, es para aportar luz a dudas que podamos tener los distintos grupos parlamentarios. En aras de la brevedad que se nos pide para intentar acabar hoy
todas las comparecencias, voy a intentar formularle alguna pregunta que no sea reiterativa. Mi pregunta es la siguiente: ¿Avala usted la voluntad de este Congreso de hacer una nueva ley que venga a sustituir la ley de 1980 que regula el Consejo de
Seguridad Nuclear? En caso afirmativo, ¿qué aspectos le parece que tiene que tener esta nueva ley? En caso negativo, ¿por qué cree que no habría que hacer una nueva ley? Y sobre todo si esta ley debe aportar algunos instrumentos que eviten
situaciones como la que hemos vivido recientemente, en la que ha habido una disparidad tan enorme de criterios dentro del Consejo. A nuestro grupo le sorprendía ver que con cinco consejeros había opiniones muy diferentes sobre un mismo problema.
¿Esta nueva ley tiene que dar instrumentos técnicos que lleven muy claras las definiciones que el Consejo tenga que aprobar para evitar que el mismo tenga que tener un debate previo para adoptar decisiones que son de control y que han de dar una
cierta garantía a la sociedad? Esta es una pregunta que tengo que hacerle porque nos gustaría saber si esta nueva ley ha de dar un nuevo funcionamiento al Consejo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el representante de Esquerra Republicana, don Jordi Ramón.
El señor RAMÓN TORRES: Doy la bienvenida a doña Carmen Martínez Ten y le agradezco que esté hoy aquí para comentar los aspectos que tendríamos que reformar del Consejo de Seguridad Nuclear. Como los demás consejeros también han opinado
sobre la necesidad o no de esta reforma, me gustaría que primero hiciera una valoración general de si es positiva o no. Todos nos han transmitido la idea de que solo por el tiempo que hace que no se modifica ya es necesaria, pero querríamos saber
si usted cree que hay algún aspecto positivo en esta reforma.
Esta mañana he estado comentando la necesidad de potenciar la figura del inspector residente, y nuestro grupo entiende que esta ley es un buen marco para ello. Para ser más concretos le voy a hacer una serie de consideraciones en cuanto a
potenciar esta figura y me gustaría saber si usted está de acuerdo. Nosotros entendemos que hay que garantizar la actualización del conocimiento técnico de este inspector, que hay que potenciar y consolidar su cometido en el organigrama del Consejo
de Seguridad Nuclear y garantizar su presencia en el comité de seguridad de la central y en el comité de seguridad del explotador. Este fue un tema del que se habló bastante cuando ocurrió lo de Vandellòs. El titular nos decía que no era
conveniente o que sí que lo era. ¿Usted cree que es conveniente que sea obligatorio que el inspector residente esté en el comité de seguridad de la central?
Querríamos asimismo que nos hiciera algún comentario de los comités técnicos de asesores, porque ha habido varios consejeros que, a mi entender, no lo ven necesario y otros que sí. Esta mañana hemos estado puntualizando sobre el
cumplimiento vinculante de las disposiciones del Congreso, y le agradecería que nos hiciera algún comentario más respecto a cuál sería la más idónea relación entre el Congreso y el Consejo de
Seguridad Nuclear en este cumplimiento vinculante, así como sobre el papel o la relación de las comunidades autónomas con el Consejo de Seguridad Nuclear.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra don Joan Herrera, en representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora Martínez Ten, por su comparecencia. Creo que estaba anteriormente, cuando nuestro grupo planteaba las diferentes preguntas, por lo que doy por reproducidas las mismas, muchas de las cuales coinciden
con las que le ha hecho el Grupo Socialista, pero quiero hacer mención a algún aspecto. ¿Qué opinión le merece el artículo 13, a sabiendas de que en materia de Derecho comparado ese artículo 13 y ese reconocimiento de derechos y obligaciones a los
trabajadores de las centrales existen en el marco normativo norteamericano y en el Reino Unido? Quería que usted me hiciese una valoración sobre ello, así como de las medidas que se incorporaron en la ley y que pueden ser o no discutibles, pero en
ningún caso se puede tildar de dislate lo que existe en el Derecho comparado. Por tanto, querría que usted nos hiciera una reflexión en torno al comité asesor técnico u otras materias.
Yo creo que uno de los elementos cruciales de estas comparecencias va a ser cómo damos cabida a las comunidades autónomas, sabiendo la necesidad de adecuar el Consejo de Seguridad Nuclear al modelo de Estado que no teníamos o que apenas
empezaba en el año 1980. Otro es cómo afectan las resoluciones del Congreso al Consejo y los instrumentos de independencia, sabiendo que definitivamente este es uno de los elementos que se han discutido. Querría que usted hiciese la valoración de
esto, dando por repetidas las preguntas formuladas, muchas de las cuales coinciden con las del Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra doña Rosario Velasco, en representación del Grupo Socialista.
La señora VELASCO GARCÍA: Bienvenida, señora Martínez Ten, a esta Comisión de Industria, para darnos luz acerca de los matices o las cuestiones en las que debemos incidir para la reforma de la ley del Consejo de Seguridad Nuclear. Ya hemos
escuchado al resto de los comparecientes, usted ha estado aquí y ha oído las preguntas que se han hecho por parte del Grupo Socialista, por lo que me limito a decirle que si hay alguna que prefiera aclarar de una forma más exhaustiva por escrito lo
puede hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Doy la palabra sin más a doña Carmen Martínez Ten.
La señora CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (Martínez Ten): Comienzo agradeciendo la convocatoria para expresar nuestra opinión en esta Comisión y diciendo que yo creo que por lo menos en este periodo de sesiones la labor
parlamentaria ha sido muy importante. Creo que la Comisión ha hecho mucho trabajo con el Consejo, más que en periodos anteriores.
Voy a empezar con la consideración genérica de si hay que cambiar la ley y si la ley actual es buena o mala. Creo que la Ley del Consejo de 1980 es estructuralmente buena, lo cual no quiere decir que no convenga, porque ha pasado mucho
tiempo, modificar algunas cosas. Además -y ahora explicaré por qué- creo que Vandellòs ha puesto de manifiesto cosas que los consejeros hemos visto que había que mejorar. Pienso que, sin renunciar a las cosas buenas que tiene estructuralmente la
ley, se puede, aprovechando esta crisis que yo creo que ha sido Vandellòs, hacer una mejora sobre esa estructura fundamental.
Antes de comparecer he estado leyendo los debates parlamentarios de cuando se aprobó la Ley de 1980 y es muy interesante, porque SS.SS. de entonces hacían mucho hincapié en el tema de la independencia. El Consejo tiene un sistema de
contrapesos que yo creo que otras instituciones no tienen, que no tiene una Comisión Nacional de la Energía o un Tribunal de Cuentas.
Ese mecanismo complejo de contrapesos entre lo que es la decisión por parte del Ejecutivo -por ejemplo, de las
autorizaciones- y la designación y el papel que tienen el Parlamento y el Congreso hace un sistema muy sofisticado y estructuralmente bueno, lo cual no quiere decir que no se pudieran reforzar algunos temas, y ya voy entrando en cuestiones que
plantea la proposición de ley. Por ejemplo, yo no estaría de acuerdo con que se asimilaran los mandatos a las legislaturas, porque creo que es bueno que los consejos no sean del mismo color del partido político en el Gobierno, y lo digo
sinceramente, porque yo he convivido, no como consejera, sino como jefe de gabinete del anterior presidente, y creo que es bueno que no coincidan periodos legislativos y periodos del Consejo.
Algo que habría que reforzar o vigilar son los
conflictos de intereses que se pueden crear entre los miembros del Consejo y el sector industrial que es frente a lo que más hay que exigir independencia. Si hubiera que graduar en escalones de quién tiene que ser más independiente el Consejo de
Seguridad Nuclear, primero de la industria, después del Gobierno y después del Parlamento. La industria tiene intereses legítimos, pero no tiene los intereses generales que tiene el Parlamento o que representa el Gobierno. Que los consejeros y la
presidencia tengan que pasar por el Congreso y someterse al veredicto de la Comisión antes de ser nombrados, me parece que puede evitar conflictos de intereses. El sistema de nombramiento y separación de los consejeros es correcto y esa estructura
que cesa a la mitad, y no a todos a la vez, tiene también sus ventajas, porque garantiza que el Consejo tenga una continuidad en la experiencia
de los equipos, lo cual no quiere decir -antes lo ha preguntado el señor Gómez Darmendrail- que el actual Consejo vaya a cambiar entero en un año.
Hay que tener en cuenta que el Consejo actual es distinto al de 1980 y que durante todo este
tiempo ha habido adaptaciones sin modificaciones profundas. El primer Consejo licenciaba centrales nucleares, pero a lo largo de estos últimos años ha ido adquiriendo más competencias. Por ejemplo, antes no tenía competencias sobre medio ambiente
y ahora, mediante modificaciones parciales de la ley, tiene competencias sobre el medio ambiente y la protección radiológica de medio ambiente en todo el territorio nacional. Hay un sistema muy sofisticado de control. Por ejemplo, está a punto de
unirse la red extremeña de estaciones, Revira, que hace siete años no existía -creo que esto es una competencia de 1999-. Con la crisis de Acerinox el Consejo fue consciente de que podía haber contaminaciones medioambientales fuera de las
instalaciones licenciadas -tuvimos un cesio de 137 que se colmó en una acería, que no era una instalación regulada-, pero eso sirvió para que con una modificación parcial de la ley se incluyera que el Consejo tuviera también control sobre
instalaciones no reguladas. Las instituciones tienen que ser organismos vivos e irse adaptando a la realidad, y eso ha pasado con el Consejo a lo largo del tiempo. Vandellòs ha sido muy importante porque ha puesto de manifiesto carencias, errores
y cosas que mejorar. En ese sentido, sería bueno que una reforma de la ley cubriera estas carencias o estos problemas y que se adaptara al paso del tiempo, porque han pasado 26 años. No hay por qué asustarse. Las instituciones tienen que ser
vivas y adaptarse al cambio de los tiempos.
Quisiera referirme también a algunas cosas que para mí han sido muy importantes y que se han puesto de manifiesto en el asunto de Vandellòs.
El Consejo se ha dado cuenta por la propia evolución temporal de las cosas, de que tenemos
instalaciones nucleares de 1988 como la de Trillo que es la última instalación nuclear que se licenció, y que en Vandellòs hubo un problema de mantenimiento. Sabemos que tenemos que hacer muchos esfuerzos, que tenemos que poner mucha atención sobre
el envejecimiento de las plantas y en los programas de mantenimiento de inspección. Hemos aprendido en Vandellòs que hay que reforzar este aspecto, pero también que es importante reforzar el papel de la inspección residente. En ese sentido, ya se
ha empezado a trabajar en un manual de la inspección residente -la consejera Paloma Sendín lo ha dicho-, que contempla que los inspectores residentes estén en los comités de seguridad de las plantas, que tengan más competencias y una relación más
que estrecha con la casa madre, porque es muy importante ya que los inspectores residentes son nuestros ojos en las centrales. También nos hemos dado cuenta de que es muy importante tener un mecanismo de inspección reactiva inmediata ante sucesos
notificables que nos puedan preocupar. Estamos haciendo un desarrollo para poder catalogar aquellos sucesos que requieran una inspección reactiva inmediatamente. Por tanto, el proceso de Vandellòs ha sido difícil, pero nos ha servido para aprender
y contemplar una serie de cosas que ahora se podrán introducir en la ley.
Hay otro tema que quería plantear a SS.SS., que no sé si se ha comentado pero que es muy importante, y es que como siempre hemos tenido mucho miedo en este país a tocar las normas que tengan que ver con la seguridad nuclear nos estamos
encontrando con que se nos están quedando obsoletas normas importantes, la Ley de Seguridad Nuclear es una norma de 1964, una norma preconstitucional, y ahora diré lo que pienso al respecto. Además, carecemos de algunos instrumentos básicos. Es
decir, estamos haciendo las cosas pero no tenemos instrumentos jurídicos. Eso se está poniendo de manifiesto porque a raíz de lo ocurrido en Vandellòs el comité de expertos de la NEA ha tenido unas conclusiones muy interesantes y estamos trabajando
con otros organismos reguladores en este grupo, Wenra, y nos damos cuenta de que necesitamos soportes jurídicos en algunos temas concretos. El año que viene el Consejo va a recibir una misión de la OIEA, que también nos va a pedir una
instrumentación jurídica sobre algunos temas concretos. Por ejemplo, hay que reformar el cuadro sancionador de La Ley de Seguridad Nuclear, no solamente porque las cuantías de las sanciones son muy bajas, que lo son, sino porque es una legislación
muy antigua. Además, es un mal cuadro sancionador. Yo ahora soy presidenta de la comisión de normativa en el Consejo y tenemos ya un proyecto, pero para cambiar el cuadro sancionador hay que hacer una modificación en la ley, quitar los aspectos
promocionales y contemplar cosas como la adhesión de España a convenios internacionales, como es la seguridad nuclear o la convención de residuos radioactivos. Comprendo que políticamente es complicado, pero el cuadro sancionador hay que cambiarlo,
lo digo sinceramente. Es muy difícil tipificar con el cuadro sancionador que tenemos y, para eso, hay que cambiar, por lo menos, ese artículo de la Ley de Seguridad Nuclear. En cuanto a otros aspectos normativos, además de la reforma de la Ley del
Consejo, que ya digo que me parece que puede mejorarse en algunos aspectos, tenemos una buena norma para la protección radiológica y un reglamento de protección contra radiaciones ionizantes de 1999, que traspone una directiva y que está bien; por
tanto, el tema de protección radiológica lo tenemos cubierto; tenemos una buena normativa en emergencias, porque se acaba de aprobar hace un año el Plan de Emergencias Básico; tenemos también un reglamento de instalaciones, que es un reglamento
administrativo y que hay que actualizar, pero el cuerpo está. Por cierto, señor Gómez Darmendrail, en la nueva reforma del reglamento el Consejo ha aprobado que se incluya la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer denuncias cuando hay
problemas de seguridad en las plantas y también en la reforma del cuadro sancionador, que hemos propuesto en la comisión de normativa; se plantean sanciones para aquellos titulares
que no recojan adecuadamente las inquietudes de los trabajadores respecto a problemas de inseguridad. Todo esto en unos términos que aseguran la legalidad de estas actuaciones y además lo hemos visto desde el punto de vista jurídico. Por
tanto, no hay ningún problema jurídico al respecto, por lo menos tal como se ha evaluado por los servicios jurídicos del Consejo.
En cuanto al tema de los trabajadores -a mí no me gusta la palabra delatores-, ya está incluido en una primera propuesta del reglamento de instalaciones y también en una propuesta de cambio del cuadro sancionador. Existen agujeros
normativos en los elementos básicos de seguridad nuclear, lo que en el OIEA se llaman normas estándar y en lo que se refiere a residuos. Esa es una tarea importante que hay que abordar.
Esto es más general, pero ahora lo que considero más importante, lo que más podría aportar en el caso de que la ley del Consejo se reformase, dejando claro que considero que hay aspectos que se deben reformar, es que, por una parte, se debe
reforzar la relación del Consejo con el Parlamento. ¿Por qué? Quizás por lo que ha ocurrido en esta legislatura y también en la anterior. No está escrito en la ley, pero la relación del Consejo con el Congreso es más estrecha y va más allá de
presentar un informe anual. De hecho, comparecemos muchas más veces y la Comisión aprueba resoluciones que guían la actuación del Consejo. Esa parte habría que tocarla, habría que reforzar esa relación. Quizás no se debería limitar a fijar la
presentación de un informe anual, sino que debería establecer la comparecencia del Consejo cuando hubiera temas que se considerasen de interés. No sé si se puede regular el funcionamiento de la ponencia, porque eso no aparece en ninguna norma.
También insisto en que los consejeros puedan comparecer en el Congreso antes de su nombramiento y en el carácter de las resoluciones, que deben ser vinculantes o deben tener una mayor relación con las obligaciones del Consejo. Esa es una parte
importante que se puede incorporar en la reforma de la ley.
Otro tema importante es el reforzamiento del Consejo como órgano colegiado. Aquí es muy importante separar los problemas coyunturales, que tienen que ver con las personas -y yo me incluyo en las desafortunadas situaciones que hayamos podido
vivir-, de lo que es permanente, es decir, de la institución a futuro. En ese sentido, es muy importante que el organismo sea colegiado, pero también tiene que poder gestionar. Esas son dos cosas importantes. Aunque llegue el día en que yo no
esté, todo lo que ralentice o burocratice el trabajo del Consejo es malo para los administrados. Una pelea que tenemos en el Consejo es que los expedientes no se eternicen. Por ejemplo, el control de los expedientes del Consejo por el Parlamento
ralentizaría nuestro funcionamiento. El Consejo tiene que funcionar como órgano colegiado y aquellos artículos que impliquen confusión deben ser corregidos, pero la gestión del organismo tiene que ser ágil y no se debe limitar su funcionamiento,
porque una de las funciones del Consejo como organismo público es responder en tiempo, en forma y con celeridad a sus obligaciones y a los administrados. No podemos tardar un año en dar licencias y eso hay que tenerlo en cuenta.
Por tanto, creo
que órgano colegiado sí, y hay que reforzar sus elementos sin burocratizar el funcionamiento. Este es el segundo tema importante de la ley que quería mencionar.
Otra cuestión es la transparencia y la relación con la sociedad. La sociedad ha cambiado y tenemos el convenio de Aarhus. El Consejo no tiene que tener ningún problema para ser transparente. Recogiendo las resoluciones del Congreso, que
nos pidió que lo fuéramos, hemos dado pasos en ese sentido. Ahora las actas del Consejo y los documentos importantes se publican en la web y creo que esto es bueno, pero publicar todo en la web no significa ser más transparente, porque a veces uno
se puede morir de transparencia y no enterarse de nada. Hacer una política de transparencia implica que lo que se transmita a la sociedad debe ser además comprensible. Una buena política de transparencia y comunicación, como la que debe hacer un
organismo eminentemente técnico como el Consejo, debe contar con profesionales cualificados que trasladen el lenguaje técnico a un lenguaje que pueda entender la mayoría de los ciudadanos y esto no se resuelve únicamente publicando todos los
documentos técnicos en la web. Lo digo sinceramente. Para tener una política de transparencia hacia los ciudadanos hace falta una política de comunicación proactiva, que traslade el conocimiento y el saber de los técnicos -esto no lo pienso solo
para la seguridad nuclear, sino también para la biotecnología o para cualquier cosa- de forma que puedan ser comprensibles por los ciudadanos. Dentro de este contexto de aumento de la transparencia y de respuesta al convenio de Aarhus es donde
coloco a los comités asesores o los comités consultivos. Respecto a los comités asesores técnicos, no habría mayor problema, pues hay otros organismos reguladores que los tienen, concretamente, la NRC o el SKI sueco. En caso de existir, deberían
ser personas cualificadas, independientes, con una trayectoria importante en seguridad nuclear y protección radiológica. Sin embargo, no es imprescindible que sean de constitución permanente. La experiencia que tuvimos con el grupo de expertos de
la NEA, siguiendo en parte una recomendación del Congreso, fue muy satisfactoria, pues en un momento determinado, en un momento de dificultad, ante un problema en el que confluían cuestiones de diseño de la central, problemas de mantenimiento,
cuestiones de funcionamiento interno y organizativo de la empresa y cuestiones de funcionamiento interno del Consejo fue muy útil contar con estos asesores. Sin embargo, ahí no me pronuncio, porque creo que las dos fórmulas son buenas, se puede
tener un advisor permanente, como tiene la NRC o se puede tener la capacidad -que ya la tiene, pero se puede reforzar- de convocar expertos en seguridad nuclear y científicos que ante problemas concretos puedan reforzar el Consejo y responder
también al Parlamento o al Gobierno.
En relación con la transparencia con la ciudadanía y los agentes sociales, la consejera Sendín ha dicho que todos los plenos deberían ser públicos, como hace la NRC. Eso podría ser, pero no es una práctica muy extendida en nuestro país.
Sin embargo, sí podríamos tener un organismo de participación e información que tuviese relación con el Consejo y en el que pudiesen participar los ayuntamientos y las comunidades autónomas -no solo las que tienen centrales nucleares, porque también
las hay que tienen instalaciones del ciclo y tienen interés en saber qué pasa con ellas, o que tienen instalaciones mineras o instalaciones en clausura-, los grupos ecologistas y los representantes de la universidad. Eso podría ser una ayuda para
el Consejo y su relación con la sociedad, sabiendo que la responsabilidad de las decisiones debe ser de los consejeros nombrados por el Congreso. El Congreso tiene que nombrar a los que le parezca bien, pero esos tienen que ser responsables de sus
decisiones. Además, podría contarse con la comisión asesora -eso sería un avance y otros países lo tienen- para debatir asuntos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad de residuos nucleares, con emplazamientos, con sistemas de
protección radiológica, etcétera. En cuanto a la comisión asesora científica puede ser permanente, pero también tenemos la posibilidad de convocar grupos de expertos, como ha pasado ahora con la NEA. Ambas opciones son buenas y deben de hacerse.
Por otra parte, sería muy bueno tener un comité de relación, de vinculación donde pudiera haber una relación entre el Consejo y los agentes sociales interesados o implicados en la seguridad nuclear y en la protección radiológica.
A continuación voy a contestar a algunas preguntas concretas que me han hecho sus señorías. He contestado a las preguntas del señor Gómez Darmendrail, menos a la de la protección física. En cuanto al tema de protección física, hemos
avanzado bastante en estos últimos años a raíz de la entrada de Greeenpeace en Zorita. La verdad es que ha sido así y lo digo como lo pienso. Con ese episodio vimos que había vulnerabilidad en nuestros sistemas de protección física. También es
verdad que luego han ocurrido muchas cosas, que han hecho que todas las sociedades se plantearan los temas de seguridad física. En este sentido, a pesar de que hay que seguir mejorando, hemos avanzado bastante y hemos establecido un modelo para
todas las centrales que estamos inspeccionando, en el cual además trabajamos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estamos mejor que hace unos años.
El señor Maldonado y los representantes de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida me han preguntado respecto a la participación de las comunidades autónomas en los temas de seguridad nuclear y protección radiológica. Existen distintos
mecanismos que se deben potenciar y en algunos casos crear. Hay que impulsar los acuerdos de encomienda y reforzarlos. Sería muy importante crear los comités de información, que ya están contemplados en el reglamento de instalaciones nucleares y
radioactivas, pero que solo existen en estos momentos en dos provincias, que son Tarragona y Guadalajara. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos están ahí y debemos intentar crear estos comités de información en el resto de provincias con
instalaciones. Además, en el comité consultivo -yo lo llamo así, no sé muy bien el nombre- deberían tener representación las comunidades autónomas. Los asuntos de seguridad nuclear y protección radiológica son de ámbito nacional y, por tanto, no
deberíamos tener consejos en las comunidades autónomas con instalaciones nucleares. El representante de Esquerra Republicana de Catalunya me ha hecho otra pregunta respecto a los inspectores residentes, que ya creo haber contestado, que hay que
reforzarlo. En cuanto a las denuncias de los trabajadores, ya le he contestado también.
Finalmente, quisiera repetir el mensaje de que tenemos que cubrir algunos huecos en la normativa. En este caso, comprendo que políticamente a veces es muy difícil porque el tema de la seguridad nuclear y protección radiológica siempre es
complicado, pero precisamente por eso es muy importante el consenso de todos los grupos. Yo les pediría a SS.SS.
arrojo para cambiar lo que haya que cambiar.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Gracias, doña Carmen Martínez Ten. Al mismo tiempo que la despedimos, prácticamente sin solución de continuidad, vamos a dar la bienvenida a don Mariano Vila de Abadal.
En cualquier caso, como conocerán SS.SS. -y ya he adelantado-, doña María Rosario Sola Farre que era la siguiente compareciente no podrá asistir por razones de salud. Ha enviado por correo electrónico -y creo que aquí están las copias- los
diversos documentos sobre los que ella iba a basar la exposición. Sus señorías pueden hacerse con tales documentos.
Lógicamente, ella ha mostrado su disposición a responder posteriormente a cuanto deseen SS.SS. de una forma que habría que
comunicárselo a ella.
(Pausa.)
-DEL SEÑOR GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLEARES, AMAC (VILA DE ABADAL). (Número de expediente 219/000602.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Damos la bienvenida al gerente y presidente de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares, AMAC. No sé si tienen ustedes claro cuál es el procedimiento con el que estamos
actuando. En primer lugar, los representantes de los distintos grupos parlamentarios le harán a usted las preguntas y después darán ustedes las respuestas. Después de una mañana un tanto accidentada hemos llegado a poner el tren a su hora.
Desearíamos que pudiéramos acabar a la hora prevista, por lo que les voy a pedir un esfuerzo de síntesis en las respuestas, como también, por supuesto, sigo pidiéndoles
esfuerzos a los grupos parlamentarios para que sean sintéticos en las preguntas asimismo.
Tiene la palabra don Javier Gomez Darmendrail por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Desde mi grupo queremos dar la bienvenida a los representantes de AMAC y, siguiendo la línea que llevamos durante todo el día, vamos a hacer unas preguntas muy concretas, en este caso, tres. En primer lugar
quería preguntarle cómo son las relaciones de AMAC con el CSN, si han sido siempre igual de productivas que lo son en la actualidad. En segundo lugar quiero decir que las últimas actividades enmarcadas en un convenio de colaboración estaban
dirigidas a la formación, la información y la divulgación en materia de seguridad nuclear, protección radiológica y gestión de residuos radioactivos en los municipios del entorno de instalaciones nucleares. Quería saber si ha cumplido el CSN su
parte y también si están funcionando las comisiones locales de información. En tercer lugar, como saben, la proposición de ley que hoy nos ocupa y por la que ustedes comparecen aquí pone especial énfasis en tres o cuatro nuevos artículos sobre
derechos a la información sobre la base del convenio Aarhus que está mal entendido en la proposición de ley; cuando AMAC ha solicitado al CSN alguna información o mantener reuniones al más alto nivel ¿se les ha denegado?
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Doy la palabra al representante de Convergència i Unió.
El señor MALDONADO I GILI: (Comienza su intervención saludando en catalán.) Quiero agradecer la presencia de los dos responsables máximos de AMAC. Han comparecido miembros del Consejo, comparecerán representantes de entidades sociales y
nos parecía importante que AMAC también compareciera, por tanto, agradecemos su presencia hoy aquí porque nos hallamos ante una situación en la cual el Congreso está trabajando para la elaboración de una nueva ley que viene a sustituir la del año
1980 -hace más de un cuarto de siglo- que regulaba el funcionamiento y, afortunadamente, la evolución de la energía nuclear ha variado mucho desde aquella época. La primera pregunta que quería hacer a los representantes de AMAC es: ¿creen que es
necesario este cambio de ley? ¿Creen que después de más de 26 años la ley que regulaba el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear es obsoleta o no? ¿Cómo ve AMAC esta nueva ley que, en principio, desde el Congreso de los Diputados quiere
actualizar una realidad de funcionamiento? En caso de que la vean favorable, ¿qué aspectos creen que debe recoger esta nueva ley que no recoja la anterior? Otra pregunta es: ¿qué papel creen que tienen que llevar a cabo en esta nueva ley los
municipios con instalaciones nucleares? ¿Creen que están suficientemente representados los municipios y las comunidades autónomas? Se ha dicho anteriormente por algún consejero compareciente que quizás la presencia de representantes de autonomías
y de municipios podría hacer un totum revolutum. A nuestro grupo le ha dado la impresión de que la presencia de técnicos cualificados, de personas de nivel que representen a municipios y autonomías podría ser importante. ¿Qué opina AMAC sobre
esto? Para acabar -porque hemos hecho una especie de pacto de no alargarnos en exceso-, ¿qué papel ha jugado hasta ahora AMAC en su relación con el Consejo, creen que esta nueva ley podría regular las relaciones de las entidades municipalistas con
el Consejo de Seguridad Nuclear?
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Muchas gracias a usted, Josep Maldonado, por su esfuerzo en resumir.
Doy la palabra al representante de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera.
El señor HERRERA TORRES: (Comienza su intervención saludando en catalán.) Quiero decirles, aparte del agradecimiento, que les haremos unas preguntas muy concretas, que estamos seguros que AMAC, por su tradición, por su experiencia, las
responderá de forma eficaz.
En primer lugar queríamos saber cuáles son los mecanismos que ustedes introducirían para garantizar precisamente la presencia de los municipios y de los ayuntamientos en los órganos correspondientes del CSN, cómo valoran el consejo
consultivo que aparece en la ley, si creen ustedes -y es el parecer de nuestro grupo parlamentario- que deberíamos incorporar alguna referencia a los municipios en torno a las centrales. Segundo elemento: ¿cómo valoran el consejo asesor técnico,
que debería servir, digámoslo, para descodificar determinadas informaciones del CSN y que también permitiría una mejor información a los municipios? Tercer elemento: en primer lugar, si ustedes han tenido canales estables de participación con el
CSN -porque una cosa es la información concreta en un momento determinado- y, en segundo lugar, si cuando ha habido un incidente -el ejemplo más claro lo tenemos en el de Vandellòs II en el año 2004-, ustedes siempre han tenido la información en
tiempo y forma y cuál fue la experiencia. A partir de aquí, si ustedes consideran oportuno que hubiese no solo un marco, sino un órgano específico del Consejo que se encargase precisamente de las tareas de información y de participación en parte en
las formas que ustedes han desarrollado, por ejemplo, con el Cowan. Lo decimos porque hoy mismo la presidenta Estevan Bolea ha dicho que los marcos ya existían en Internet, que toda la información estaba colgada, cuando nosotros entendemos
precisamente que la información y la participación deben ser algo más que colgar en una web parte de la información y que tiene ser proactiva y uno de los elementos claves en el trabajo del CSN.
Estas son las preguntas concretas sobre AMAC y sobre su participación, pero además queríamos introducir algunos elementos: ¿cuál es su opinión sobre el artículo 13 de la ley? Precisamente el artículo 13 habla de los derechos y de las
obligaciones de los trabajadores en las centrales -en ningún caso habla de delator, como el señor Gómez Darmendrail ha dicho-, derechos y obligaciones que conllevan precisamente mayor número de denuncias. ¿Saben ustedes que esta legislación existe
en Estados Unidos, y ello, por ejemplo, hace que haya denuncias de trabajadores que en España no se producen? Pregunto si tienen ustedes opinión.
Estas son las cuestiones que queríamos plantearles, más allá de los elementos que ustedes puedan añadir. Por supuesto, quiero sumarme a la alegría, como planteaba el señor Maldonado, de que ustedes estén compareciendo hoy, precisamente
porque entendemos que su voz es importante en una ley que afecta a comunidades autónomas pero también a ayuntamientos, una ley que tiene que dar cabida precisamente a los ayuntamientos en el órgano regulador que es el CSN.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Doy la palabra a don Luis Tomás García en representación del Grupo Socialista.
El señor TOMÁS GARCÍA: En primer lugar queremos agradecer su comparecencia. Nuestro grupo conoce ya las valoraciones de AMAC referida a la propuesta de modificación de ley del Consejo de Seguridad Nuclear y que se nos han hecho llegar como
resultado de nuestra solicitud previa a la organización. No obstante, nos gustaría aclarar algunos aspectos y, en consecuencia, le dirigimos las siguientes preguntas: En primer lugar, ¿cree suficiente que el Consejo de Seguridad Nuclear informe al
Parlamento de su proyecto de presupuestos o, por el contrario, cree que es necesario un control más directo? En segundo lugar, ¿cree que es eficaz un modelo de dirección colegiada en el Consejo de Seguridad Nuclear o cree que sería más operativo un
modelo presidencialista? En tercer lugar, en cuanto a la duración del mandato de los consejeros, sabemos -porque así se nos hizo llegar- que le parece bien una duración de seis años. ¿Le parece oportuno fijar un límite de dos mandatos? En cuarto
lugar, nos gustaría saber qué piensa acerca de la independencia de la industria, cómo se garantiza la independencia de la industria y si esta es posible. Asimismo, ¿cómo cree que se podría mejorar la comunicación y/o participación de las
administraciones locales? Por último, al Grupo Parlamentario Socialista le gustaría conocer si usted es partidario de que el Consejo de Seguridad Nuclear se dote de comités asesores y, en caso afirmativo, cuál debería ser el número de comités
teniendo en cuenta la dimensión del sistema español, cuál debería ser el perfil profesional de sus componentes y sobre qué materias debería asesorar, quién debería proponer y nombrar a sus miembros, cómo se garantizaría la independencia del Consejo
en la toma de decisiones, si podrían actuar de oficio o solo bajo petición del Consejo y, finalmente, si deberían asesorar únicamente al Consejo o también podrían hacerlo al Parlamento y al Gobierno, si así lo estimasen oportuno.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Ya ven ustedes que estamos haciendo todos un esfuerzo de síntesis y de concisión. Les animaría a sumarse a este esfuerzo.
Sin más, doy la palabra a don Mariano Vila de Abadal.
El señor GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLARES, AMAC (Vila de Abadal): Gracias por el esfuerzo de síntesis. Voy a intentar contestar a sus preguntas, y además he traído copias de los comentarios que aprobó
la comisión directiva de AMAC sobre el proyecto de ley del Consejo de Seguridad Nuclear.
Hay algunas preguntas que se refieren a las relaciones de AMAC con el Consejo. Las relaciones de AMAC con el Consejo son buenas o muy buenas, lo han sido desde siempre. Ya en el año 1990 AMAC consideraba al Consejo como el referente en
cuanto a la valoración de los incidentes de las centrales nucleares, y el Consejo en aquel momento ya consideró a AMAC como un organismo a incluir en los primeros niveles de aviso. Cuando hay cualquier incidente, se avisa a la organización y esta
avisa a los ayuntamientos de la zona implicada. Por tanto, nuestras relaciones con el Consejo han sido siempre buenas y esperamos que lo sigan siendo. Nosotros hemos firmado unos convenios de colaboración con el Consejo de Seguridad Nuclear en los
dos últimos años, que han permitido llevar adelante un proceso de información y formación a la población como un primer paso, reconocido por las dos partes, que esperemos que pueda continuar en el futuro. Entendemos que hay que abrir una vía de
información directa a la población y se ha utilizado esta posibilidad para crear las comisiones locales de información; comisiones que, como ustedes saben, se han creado al margen del reglamento de actividades nucleares y radiactivas, porque no son
los comités de información que creó el reglamento de actividades nucleares y radiactivas, sino que son unas comisiones locales de información que los municipios consideraron que había que crear para dar mayor participación. Ha habido una
colaboración con el Consejo y por nuestra parte habrá siempre la colaboración en este sentido porque el Consejo es nuestra garantía de seguridad, y sobre todo la garantía de percepción de la seguridad por parte de la población. Nosotros vivimos en
zonas nucleares y la población necesita sentirse segura. Por tanto, necesitamos un organismo de referencia y el Consejo es nuestro organismo de referencia, el organismo regulador en España, como existe en otros países de Europa, con el que nosotros
tenemos relación. El Consejo no nos ha fallado nunca, cuando hemos pedido
información, la hemos tenido; cuando hemos querido una reunión, nos la han dado, y siempre hemos tenido la relación normal de un organismo de este tipo con unos ayuntamientos que conviven con el entorno.
Dicho esto, que creo que responde a algunas de las preguntas, en la proposición de ley hay algunas cosas que nosotros comentamos aquí, pero hay otras que son interesantes. Creemos que crear una relación institucionalizada entre los
municipios y el Consejo es positivo; tener algún comité, alguna comisión donde no solo se rinda cuentas al Congreso sino también a la sociedad, es positivo. El mundo nuclear necesita más transparencia de la que hay actualmente, por tanto, sería
positiva la creación de algún comité o de algún Consejo donde la sociedad recibiera información periódica institucionalizada de cómo marchan las centrales nucleares en nuestro país -este aspecto es interesante-, pero también habría que evitar en
todo momento que el Consejo perdiera su independencia. Es cierto que en nuestros comentarios sobre el proyecto de ley opinamos que no es bueno que se equipare el mandato de los consejeros con el mandato electoral, porque podríamos entrar en una
dinámica demasiado ligada al proceso de elecciones, y esto no es bueno para un organismo independiente. El control presupuestario del Consejo debe ser realizado por el Tribunal de Cuentas y no por el Congreso de los Diputados, sin que el Congreso
deba estar controlando presupuestariamente un organismo. Entendemos que la dirección colegiada es positiva, debe seguir siendo colegiada, y es importante que los consejeros sigan tomando decisiones. No es bueno trasladar decisiones a comités u
organismos superiores al órgano colegiado, porque podrían en algún momento provocar la paralización de las decisiones necesarias en el tema nuclear; un tema que precisa decisiones rápidas, ágiles y competentes, y no podemos entrar en discusiones
que muchas veces podrían afectar al funcionamiento de una planta industrial, que obliga a tomar decisiones concretas en momentos puntuales, porque hay cuestiones de riesgo importantes a tener en cuenta.
En cuanto al artículo 13 -voy contestando genéricamente-, en principio, nos parece bien que un trabajador pueda opinar sobre lo que pasa en su empresa sin recibir penalizaciones -básicamente, nos parece democrático-, pero en nuestro
documento no hemos opinado sobre este artículo concreto, así como hemos opinado sobre otros.
Respecto a cómo mejorar los sistemas de información y participación, es un problema de política diaria. Nosotros defendemos que el reglamento de actividades nucleares y radiactivas incluya a nuestras comisiones locales de información -esto
quiero decir convertir los comités existentes actualmente en algo mucho más participativo-, porque hay que acercar la realidad nuclear a la población en todo momento. No se trata de hacer política solo -que también- de información a través de
páginas web o de revistas, sino que se trata de acercar la información a la población, de no tener miedo a la población y de acercarse a explicar las cosas a la gente, directamente. Nosotros estamos en marcha, seguiremos trabajando en este aspecto
y esperamos recibir los apoyos correspondientes. Las políticas informativas y participativas no se hacen con declaraciones de principios ni cosas de este tipo, se hacen con el día a día, como se dice aquí, estando en el tajo, trabajando con la
gente y explicando las cosas.
En este sentido, esperamos tener la colaboración del Consejo siempre que la necesitemos.
En resumen, nuestra visión general de la modificación de la Ley del Consejo es que sería bueno abrir el Consejo a la sociedad, sería altamente positivo que la sociedad recibiera información sobre la marcha de las centrales nucleares a través
del Consejo de Seguridad Nuclear, pero deberíamos evitar en todo momento quitarle al Consejo el carácter de independiente que tiene en estos momentos, que beneficia en muchos casos el juzgar la marcha de las centrales o tomar decisiones. No sé si
he dejado alguna cuestión sin respuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Entiendo que deja los comentarios oficiales de AMAC aquí a disposición de todos los grupos parlamentarios.
EL señor GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS AFECTADOS POR CENTRALES NUCLEARES, AMAC (Vila de Abadal): Naturalmente, he traído una copia para ellos.
El señor ALCALDE DE VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT Y PRESIDENTE DE AMAC (Castellnou Barceló): Soy Josep Castellnou, alcalde de Vandellòs i L'Hospitalet de l'Infant y presidente de AMAC. Hay una pregunta en concreto que se refiere a
la evolución del Consejo en el tiempo. Es evidente que ha habido un cambio importante. A mí me ha tocado vivir un incidente en Vandellòs I y otro en Vandellòs II. Realmente nos tenemos que sentir todos orgullosos del cambio que se ha producido en
la información, en la rapidez y en la eficacia de los resultados, a pesar de las cuestiones que se puedan plantear posteriormente, entre un incidente de Vandellòs I a otro de Vandellòs II. Es evidente que los años han mejorado muchísimo el clima de
relación existente entre la sociedad y el Consejo de Seguridad Nuclear, que actualmente es mucho más rápido y eficaz en la toma de decisiones o en la información que en un momento de estos críticos se puede necesitar. En este aspecto me gustaría
hacer hincapié en lo que ha dicho Mariano Vila de Abadal, gerente de AMAC. Lo que les pido sobre todo es que hagamos un esfuerzo en normalizar el tema nuclear. Nuestros pueblos necesitan una normalización importante y posiblemente esta tiene que
empezar por una credibilidad. Actualmente, el único organismo que nos da credibilidad a todos los municipios que tenemos centrales nucleares se llama Consejo de Seguridad Nuclear. Es evidente que, transcurrido el tiempo, haya que mejorar la ley,
las relaciones.
Lo estamos intentando, pero les pido que esta sea la premisa fundamental que exista en el Congreso, la normalización de estos defectos, porque las consecuencias son dramáticas muchas veces en la convivencia diaria de nuestros pueblos con
este tipo de instalaciones si no tenemos un marco de relación fluido, estable y creíble.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Muchas gracias, señores Castellnou y Vila de Abadal por su información, por sus opiniones y por su concisión también.
-DEL SEÑOR RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA NUCLEAR GREENPEACE, ESPAÑA (BRAVO VILLA) (Número de expediente 219/000603.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Podemos solicitar ya la comparecencia de don Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear, Greenpeace, pero quiero decirles a SS.SS. que por acuerdo de todos ustedes y de los propios
comparecientes la próxima comparecencia se va a hacer conjuntamente; esto es, don José María Rey Gayo, en representanción de Comisiones Obreras, y don Eduardo Biurrum González, en representanción de UGT, van a comparecer a la vez y ustedes podrán
hacer las preguntas al mismo tiempo a cualquiera de los dos. (Pausa.)
Comparece don Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear, Greenpeace España. Como sabrá el compareciente, el sistema con el que estamos actuando hoy es el siguiente: Primero los grupos parlamentarios formulan las preguntas
de la forma más concisa y resumida posible, y con esa misma lógica le solicitamos que responda usted posteriormente a las preguntas que le hagan. Sin más, doy la palabra al representante del Grupo Popular, don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Quiero dar la bienvenida al señor Bravo a esta Comisión. Ahora que había aprendido de mis compañeros Maldonado y Herrera a darla en catalán, y lo iba a hacer, resulta que el siguiente compareciente vive en la
provincia de Segovia. De todas formas, quería decirle (Pronuncia palabras en catalán.), que para eso lo he aprendido.
(El señor Maldonado i Gili: En segoviano.-Risas.) Sin más, señor presidente, señorías, paso a hacer las preguntas al señor
Bravo.
En primer lugar, le quería preguntar si son partidarios ustedes, al igual que el grupo proponente, de instalar un comité supervisor que sustituya el papel de esta Comisión del Parlamento; también, si quieren ustedes emparejar el mandato de
los consejeros a los cambios de legislatura porque a nosotros nos parece descaradamente político. El señor Maldonado, en la excelente intervención que tuvo cuando se tomó en consideración la proposición no de ley, y algunos más ya dijeron que no
había que politizar esta institución. Si hay algo que no hay que politizar en España es el Consejo de Seguridad Nuclear. Igualmente, quería preguntarle, señor Bravo, sobre la información. Ustedes reciben, según tengo entendido, toda la
información que solicitan al CSN cuando la piden. Si no es así, le ruego que me lo diga. ¿No es verdad que en el año 2005 mandaron unas veinte cartas que fueron respondidas de forma rigurosa? Si es así, por qué entonces sustentan sus argumentos
en informaciones que siempre -y así lo han reconocido ustedes en la reunión con el CSN que mantuvieron en febrero pasado- provienen de personas desleales, agraviadas o sectarias y nunca de denuncias legales o abiertas, y por qué es el CSN su diana
de tiro.
Quería hacerle una última consideración, porque en la proposición de ley hay un punto que quita competencias técnicas al gabinete de la Presidencia. A mi juicio, eso es no haber leído la Ley 15/1980, porque en ella y en los estatutos se
establece que las únicas funciones del gabinete técnico de Presidencia son las relaciones institucionales, las relaciones internacionales y la comunicación. Señor Bravo, ¿saben ustedes qué se pretende realmente con eso?
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Doy la palabra al representante de Convergència i Unió, don Josep Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Como no domino el acento segoviano, le daré la bienvenida en el castellano que como catalán utilizo; supongo que después de tantas horas nos gusta hacer bromas a todos. Agradezco de verdad su presencia. Por
aquí están desfilando representantes de diferentes sectores sociales, como son alcaldes, entidades de ámbito social, ecologistas, representantes de los trabajadores, etcétera, y sin duda su presencia es la de un sector importante en la sociedad.
Por tanto, a mi grupo le interesaría mucho hacerle algunas preguntas. Como se han hecho tantas, estarán enmarcadas en el ámbito de las acciones de su entidad y del sector que usted representa en relación con el Consejo.
Me consta que ustedes son partidarios de una nueva ley. Después de 26 años de tener una ley, la evolución lleva a que se pueda hacer una nueva. Mi pregunta es: Según usted y la entidad que representa, ¿qué es lo que no ha funcionado de
esta ley anterior que debería recoger la nueva, la futura? Y sobre todo, en cuanto a las relaciones, etcétera, ¿qué papel han de jugar aquellos segmentos sociales, cuya labor es la defensa del medio ambiente y de la naturaleza, en la nueva ley?
¿Tienen que llevar un papel nuevo, diferente, más intenso, más expectante, etcétera? En la misma línea, ¿qué ha fallado de la ley anterior? ¿Qué se podía hacer? Por actitud o por falta de voluntad de los diferentes consejos de seguridad nuclear
-no solo del actual, sino de los anteriores también-, ¿qué ha fallado que estuviera programado en las relaciones con ustedes en estos últimos años y que se debería recoger en la nueva ley?
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Doy la palabra al representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds, señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar, quería agradecer a Carlos Bravo su presencia hoy aquí, porque han sido también hacedores de la ley pero, además, por la tarea que han desarrollado en estos últimos meses -incluso podríamos hablar de
años- durante los cuales nos hemos enterado de muchos incidentes acontecidos en diferentes plantas antes por la labor de organizaciones como la de Carlos Bravo que por el propio Consejo de Seguridad Nuclear. El ejemplo paradigmático está en el
incidente de Vandellòs II; Greenpeace, hay que recordarlo, denunció precisamente el proceso de corrosión en Vandellòs II mucho antes que el propio CSN, y explicó a la opinión pública pero también al conjunto de grupos parlamentarios aquello que el
CSN no nos explicaba. Con esto quiero decir que organizaciones como la de Carlos Bravo y también el trabajo posterior que hicimos los parlamentarios han puesto de manifiesto las deficiencias en el funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear, lo
que algunos definen como explicar mentiras, como se ha dicho ya en esta sesión en alguna ocasión y no solamente por parte de los comparecientes y que nosotros entendemos como explicar simplemente las verdades, las denuncias y el mal funcionamiento
de un órgano que ha adolecido a veces precisamente de falta de independencia.
Dicho esto, voy a hacer una serie de preguntas, algo más extensas en este caso, aunque intentaré hacerlas de forma telegráfica, como está siendo el normal desarrollo de la sesión. En primer lugar, quería saber, señor Bravo, cómo valora la
actual dependencia del CSN frente al Gobierno y al Parlamento y si usted cree que el actual modelo es el adecuado, si debería incrementarse la independencia o si debería haber otros marcos de mayor dependencia. Tenemos un ejemplo en la ley, el tema
del presupuesto, y quisiera saber si usted valora positiva o negativamente el hecho de que este presupuesto se tenga que validar en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, cómo valora en este caso la dependencia o la independencia del CSN
respecto a la industria y si existen los elementos suficientes como para salvaguardar la independencia. ¿Considera que afectan positiva o negativamente a esta independencia los diversos comités de coordinación que el CSN mantiene con el sector en
materia de desarrollo del marco regulador, investigación, etcétera? Y, a la vez, ¿cómo cree usted que se debería salvaguardar la independencia del CSN en el momento en que encarga informes a la industria o a sectores asociados a la misma, sabiendo
que existen pocas asesorías independientes de la industria y sabiendo, en definitiva, que esos informes se tienen que llevar a cabo? En tercer lugar, en lo que se refiere a la normativa, quisiéramos saber si usted considera que sería positivo o,
por el contrario, innecesario, que los borradores de las instrucciones del CSN y las guías de seguridad se sometiesen a comentarios públicos antes de su aprobación y cómo debería ser la participación, en todo caso antes de que se aprobase esta
normativa. En cuarto lugar, en lo que se refiere al cuerpo de funcionarios, ¿cree usted realmente que debería incrementarse la movilidad de este cuerpo de funcionarios? ¿Considera usted que si se incrementase la movilidad se conseguiría realmente
un mejor funcionamiento del CSN? En quinto lugar, hasta qué punto considera que la ley debería conocer derechos específicos en torno a información y participación. En sexto lugar, se ha hablado mucho aquí del Convenio de Aarhus, pero lo cierto es
que precisamente en dicho convenio -quiero decirlo respecto a anteriores intervinientes- hay exclusiones explícitas respecto a la energía nuclear. Entonces, ¿cómo deberíamos implementar este Convenio de Aarhus precisamente en una ley y en un marco
en el que la participación y la información aún no han llegado? En séptimo lugar, le pregunto si considera que el CSN, a partir de aquí, debería dotarse de unidades especializadas que se ocupasen de la información y la participación pública,
sabiendo que este es uno de los elementos a desarrollar. Se lo digo, señor Bravo, porque la presidenta del CSN ha dicho que simplemente con una información colgada en Internet ya era suficiente esa participación y esa información. En octavo lugar,
en cuanto al artículo 13, las denuncias de seguridad, ¿cómo valora dicho artículo? ¿Entiende que sería positivo que ese artículo se implementase, a sabiendas de que esa normativa existe en el derecho comparado, sin ir más lejos en el marco
regulador referencial, que es el de la NRC norteamericana, y a sabiendas del gran diferencial que existe entre denuncias presentadas por trabajadores en España y, por ejemplo, denuncias presentadas en Estados Unidos? ¿Por qué cree usted que en
España los trabajadores de las instalaciones nucleares son menos proclives a denunciar? Esto es lo que le queríamos plantear en torno al artículo 13 y que nos hiciese una valoración extensa del mismo. En noveno lugar, en cuanto al comité asesor
externo, ¿cómo valoraría que el CSN se dotara de comités asesores técnicos y sobre qué materias deberían asesorar? ¿Cree usted que debería ser un asesoramiento puntual, como ha dicho alguno de los vocales del CSN o debería ser un asesoramiento
permanente? ¿Cómo podría actuar, de oficio o revisando aquellos temas que considere de especial interés o solo debería actuar a petición del CSN? La décima pregunta sería si considera que la actuación de un comité podría afectar negativamente a su
independencia en la toma de decisiones o si, por el contrario, la reforzaría al proporcionarle más elementos de juicio independiente sobre los que tomar decisiones. La undécima es qué personas y qué experiencia y conocimientos deberían tener
quienes integrasen este comité. A su vez, le quería preguntar cuál sería para ustedes el papel de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y también de los organizaciones sociales y ecologistas. Por último, en torno a la elección de los
vocales del Consejo, ¿cree usted que la actual forma garantiza una elección no solo adecuada
sino equilibrada, a sabiendas de que estas mayorías de dos tercios a veces excluyen determinados perfiles en la elección de los vocales e imposibilitan, en definitiva, una afiliación plural y equilibrada de los mismos a la hora de
implementar sus tareas?
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Es el turno del Grupo Socialista.
En su nombre, tiene la palabra el señor Tomás García.
El señor TOMÁS GARCÍA: Señor Bravo, agradecemos su comparecencia y le damos la bienvenida, como no puede ser menos. Nuestro grupo reconoce la importancia de la participación de las organizaciones como la que usted representa en el proceso
de modificación de la Ley del Consejo de Seguridad Nuclear, una modificación que favorecerá, sin duda, el desarrollo de un sistema regulador que ofrezca garantías jurídicas y mejore la implicación y la información a los ciudadanos.
Con tal fin, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a plantear dos cuestiones muy breves también en relación con su postura sobre la propuesta de modificación de la proposición de ley. En primer lugar, ¿cree que la reforma de la Ley
del Consejo de Seguridad Nuclear, tal y como está planteada, cumple con el objetivo Aarhus de más información y más participación de los ciudadanos? En segundo término, ¿cómo cree que debe articularse la política de comunicación para que realmente
sea accesible a los ciudadanos?
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Le doy la palabra al responsable de la campaña de energía nuclear Greenpeace España, don Carlos Bravo, no sin antes, por igualdad de requerimientos para todo el mundo que ha venido compareciendo y
que comparecerá, decirle que todos le rogamos un esfuerzo de síntesis y de concisión.
El señor RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE ENERGIA NUCLEAR GREENPEACE, ESPAÑA (Bravo Villa): Voy a intentar contestar por bloques, más o menos en orden, a lo que me han preguntado, ya que se han referido varias veces al comité asesor, a la
transparencia, etcétera.
Por lo que se refiere a la pregunta del representante del Grupo Popular de si estábamos a favor de ese comité supervisor que dice que sustituiría a esta Comisión de Industria, tengo que decir que no creo que sea esa la situación. En Estados
Unidos, la comisión reguladora norteamericana NRC, no solamente tiene comités asesores de diferente tipo, sino que además en el Parlamento norteamericano hay varias comisiones que controlan y supervisan la actividad del NRC, y entre ellas hay una
sobre presupuestos. El que haya comités asesores con organismos reguladores similares al CSN en el extranjero no quiere decir que se vaya a sustituir la labor de la Comisión de Industria o de cualquier otra Comisión del Parlamento que tenga
funciones al respecto. Nosotros creemos que es muy importante que haya un comité asesor técnico como figura en la proposición de ley. Como ha habido un problema con la palabra supervisar que aparece en la proposición de ley en el sentido de que
algunos han interpretado que eso podría quitar el carácter vinculante a las decisiones del pleno, creemos que se debería de cambiar por revisar la gestión técnica del pleno, ya que se trata de un comité asesor al uso como otros muchos comités
similares que hay en otros países. Por tanto, creemos que se podía cambiar que asesora y supervisa por asesora y revisa la gestión técnica del pleno. Lo importante es que este comité podría mejorar el funcionamiento del pleno, y por tanto del
Consejo, como se ha visto en otros países, asesorando y revisando esa función e incluso enriqueciendo la labor del Consejo con sus informes, ya que hay mucha experiencia técnica fuera del Consejo en aspectos relacionados con la seguridad de las
centrales nucleares o la protección radiológica que no están en el Consejo de Seguridad Nuclear y esto podría enriquecerlo. Por eso sería muy positivo que existiera ese comité asesor técnico, y que se cambiara supervisar por revisar para que no
genere conflictos con la misión que tiene el pleno y las decisiones que tome, que lógicamente tendrían que ser vinculantes. Sobre esto ya hay la experiencia internacional y siempre ha sido valorado positivamente. Incluso los organismos asesores de
la industria nuclear son partidarios de este tipo de comités.
Hay muchas preguntas sobre el comité asesor técnico, sobre la independencia del CSN frente al Parlamento y al Gobierno y sobre el control presupuestario. Pues bien, como decía antes, en Estados Unidos hay una comisión especial que se dedica
a vigilar las cuestiones presupuestarias del RNC. La afirmación de que este comité asesor técnico sustituiría a la Comisión de Industria me parece que es un poco fuerte.
Resumiendo, nosotros creemos que este comité, que no sustituye a la Comisión
de Industria, podría informarla y enriquecer el control que tiene que tener esta Cámara sobre ese organismo público.
Sobre si la información del comité asesor debería ser puntual y permanente, si debería actuar de oficio o a petición del CSN, nosotros creemos que este comité debería informar de oficio y no solo a petición del CSN. La proposición de ley
dice que podría trabajar a petición del Consejo. Yo creo que debería ponerse también a petición de cualquier miembro del Consejo o del pleno para que pudiera actuar a requerimiento, no solo del pleno por una decisión colegiada que hubiera tomado al
respecto, sino de alguien que lo planteara. Es evidente que debería actuar de oficio ante determinadas situaciones que podrían darse, como antes se ha mencionado. En el caso de Vandellòs II hubo una situación que ustedes conocen bien en la que la
compañía propietaria estuvo ocultando información al CSN, y luego este, desde nuestro punto de vista, no actúo con las debidas garantías y permitió que la central estuviera funcionando en una condición degradada con un aumento del riesgo, como
reconoció el Consejo de Seguridad Nuclear. Pues bien, en este caso, si hubiera habido un comité asesor externo que hubiera tenido información de lo que estaba pasando, podía haber encargado un informe externo que hubiera evitado esa
situación que consideramos lamentable y que hizo que este incidente se calificara como el más grave después del accidente de Vandellòs I. Por tanto, creemos que debería estar trabajando de forma permanente, no de forma puntual, y actuar de oficio.
Sobre si afecta a la independencia del CSN, por supuesto que no, sobre todo matizando esa palabra para que quede claro que las decisiones del pleno son vinculantes y que la función de este comité sería asesorar y revisar. También se podría
establecer que emitiera un informa anual al Congreso para dar cuenta de sus actividades y opiniones con respecto a la labor que tuviera encomendadas. En cuanto a las personas que deberían formar parte de ese comité, al uso de lo que hay en otros
países, lo que dice la proposición de ley está bien y nos parece acertado. Las organizaciones sociales y ecologistas también deberían tener una participación porque son entidades interesadas en estos asuntos. Aunque he oído que podía haber otros
comités territoriales paralelos a este comité asesor, pensamos que en este podía haber representantes de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Debe quedar establecido en la ley qué tipo de miembros deberían participar en este comité y
el reglamento posterior deberá especificar cómo se eligen cada uno de sus miembros. Si no hubiera representantes de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las organizaciones ecologistas y sindicales, como se manifestó en las reuniones
de la mesa nuclear, este comité quedaría, desde nuestro punto de vista, totalmente cojo. En cuanto a la elección de los miembros, la mesa de la energía nuclear hizo una referencia a que el nombramiento de los vocales se hiciera por el Parlamento.
Nosotros creemos que tiene que ser a propuesta del Gobierno con la intervención del Parlamento. Lo otro se podía eliminar. Lo importante es que las ONG y las entidades sociales tuvieran participación en este comité puesto que son entidades
interesadas.
Respecto a si los mandatos deben de ser o no de cuatro años, en la ley así se establece. Este tema deben decidirlo aquí, en el Congreso, aunque se dice que eso podía generar politización. Los mandatos deberán estar limitados, como mucho, a
dos mandatos. Sobre si deben de ser de cuatro o seis años para no hacerlos coincidir con las legislaturas, nosotros preferimos no entrar ya que creemos que es una decisión sobre la que no tenemos que opinar.
Con respecto a la información del Consejo de Seguridad Nuclear y a si la recibimos toda, tengo que decir que no, ni mucho menos. Es verdad que tuvimos una reunión en febrero, en la que se habló de cómo debería de ser el procedimiento y de
la intención que tiene el Consejo de mejorar sus relaciones y ser más transparente. De hecho hay que reconocer que recientemente ha habido algunos avances al respecto, como la publicación de las actas de las reuniones de los plenos, una información
mínima que antes no existía. Desde hace poco hay una línea sobre los sucesos a notificar a las centrales, y poco más; hay algún avance más en ese sentido pero es totalmente insuficiente. Aunque nosotros hemos escrito mucho al Consejo y
normalmente se nos ha contestado a todo, no siempre satisfactoriamente -de hecho en el caso de Vandellòs II todavía tenemos alguna documentación que no se nos ha querido entregar-, lo cierto es que cuando escribimos al Consejo y luego se nos
contesta, como no podía ser de otra manera, ya previamente hemos recibido información por parte de trabajadores sobre los sucesos y los problemas que tienen las centrales.
No es una información que el Consejo ofrezca a priori Por ejemplo, nosotros
nos enteramos de que Ascó I hizo una modificación de diseño sin permiso del Consejo de Seguridad Nuclear y que cuando le salió mal tuvo que pedir permiso al Consejo, que le concedió una exención temporal a cambio de que hiciera un informe que
justificara esa modificación de diseño. Ese informe se hace tarde y cuando finalmente se le concede la autorización ya ha pasado el plazo de la exención temporal y sigue funcionando la central. Luego el ministerio tarda otros quince días más en
autorizarla y aprobarla, y mientras tanto la central está funcionando sin cumplir las especificaciones técnicas de funcionamiento. De eso no nos enteramos porque el Consejo lo ponga en su página web, sino porque los trabajadores nos denuncian estos
hechos y es cuando nosotros escribimos al Consejo, que tiene que informarnos. Entiendo que esta no es la manera en la que tiene que proceder un organismo que debe tener vocación pública.
Si ustedes acceden a la página web del NRC americano, se encontrarán con que no solamente está la información de todos los sucesos notificables de los que informa el propio NRC, sino que el titular de las centrales también lo publica en
tiempo real, de tal manera que no es una línea solo, como sucede con el Consejo, sino que son páginas y páginas de información que se actualizan continuamente. Además hay diferentes foros de discusión, como el Ruleforum, donde pueden encontrarse
miles y miles de informaciones, muchas de las cuales puede consultar cualquiera, no hace falta ser americano, está abierto totalmente al público y se facilita todo tipo de foro de intercambio y de comentarios a la normativa que está elaborándose,
etcétera. Por tanto, no es cierto que recibamos todo, si recibimos muchas cosas es a posteriori, cuando nosotros hemos escrito porque previamente nos hemos enterado de un fallo porque nos lo han comunicado los trabajadores que están preocupados por
esta cuestión y no se sienten protegidos.
Por supuesto nosotros no tenemos al Consejo de Seguridad Nuclear como diana de tiro. De hecho me gustaría destacar que esta proposición de ley que se está discutiendo ahora, y que agradecemos mucho al Grupo de Izquierda Verde que la haya
presentado, parte de una propuesta mucho más genérica que nosotros hicimos a todos los grupos, y esta propuesta pretende precisamente
que el Consejo sea un organismo transparente, participativo, independiente del de industria, que es lo que se requiere. En ese sentido, nosotros, como grupo ecologista, estamos tratando de que el Consejo funcione como debería de hacerlo,
precisamente si quisiéramos que fuera nuestra diana de tiro nos sentiríamos mucho más a gusto con que siguiera comportándose de la misma manera que actualmente, que es objeto de crítica. Por tanto, no es una diana de tiro para nosotros sino, al
contrario, queremos que funcione de forma independiente y neutral, no a favor de la industria nuclear, como hace continuamente, sino como un órgano de vocación pública que tiene que pensar en la protección del medio ambiente y del público contra las
reacciones ionizantes, contra los accidentes nucleares.
Quitarle competencias técnicas al gabinete técnico de Presidencia.
Nosotros somos mucho más partidarios de un organismo totalmente colegiado, por no entrar en disquisiciones sobre si debería de haber otro tipo de estructura como hay en
otros países. Cuando el Consejo de Seguridad Nuclear se creó en la Ley de 1980 se le proporcionó un régimen jurídico que en cuanto a su capacidad de autogestión e independencia está hecho a imagen y semejanza de la Comisión Reguladora de Estados
Unidos y está a años luz de la mayoría de los organismos reguladores de todo el mundo. Sin embargo, luego no ha hecho un buen uso de las prerrogativas que le ofrecía la ley para consolidar un modelo regulador riguroso, transparente, imparcial y
participativo, como perfectamente podía haber hecho y como se ha hecho en gran medida en el NRC americano. Y precisamente porque no ha trabajado en ese sentido es por lo que estamos aquí hoy discutiendo la reforma de una ley, y lo hacemos porque si
en 25 años el CSN no lo ha hecho, quizá ahora el legislador tendría que iluminar más la senda por la que debería de caminar el Consejo.
Nosotros creemos que tiene que ser un organismo colegiado que tenga como ejes fundamentales de actuación la transparencia total, la participación del público en las materias objeto del Consejo, que esté regulado -y ese es otro tema en el que
entraré luego sobre el que se me ha preguntado- el tema de las denuncias de los trabajadores para que haya garantía de que no sean represaliados, por supuesto la independencia de la industria nuclear, y un aumento de su funcionamiento colegiado.
Actualmente el funcionamiento no está siendo todo lo colegiado que debería de ser. Hay unas tendencias hacia el presidencialismo que ni siquiera se corresponden con lo que actualmente está en la ley, y creemos que hay que estimular medidas para que
sea más colegiado. Incluso hay otras medidas que se podrían recoger, aunque esto implica cambios en la figura del secretario general, como es crear la figura del gerente, como pasa en la NRC, que se llama director ejecutivo para operaciones, que se
ocupa de toda la parte técnica, dejando al secretario general de la Comisión, en este caso del Consejo, los aspectos más administrativos. Creemos que todo esto puede mejorar el funcionamiento del Consejo y desde luego debería ser más colegiado y
las cuestiones técnicas no deberían depender del Consejo sino de esta figura del director ejecutivo para operaciones.
El representante de Convergència i Unió me preguntaba qué es lo que no ha funcionado. La Ley de 1980 decía que el Consejo podría informar al público, pero no decía ni cómo, ni de qué manera, ni en qué extensión, sino que parecía más o menos
que era una opción graciable, cuando quisiera y como quisiera. A la luz de los avances legislativos que se están dando en los organismos internacionales, como el convenio de Aarhus, se está viendo en las diferentes convenciones internacionales que
son cada vez más partidarios de hacer pública toda la información. El Consejo tiene que convertirse en un organismo transparente, porque hasta ahora no lo ha sido. Es lamentable -luego hablaremos de eso también- que la información la consigamos
más de los trabajadores que están preocupados por la falta de transparencia del Consejo y por la falta de seguridad que generan algunas de sus actuaciones, por connivencia o por favorecer los intereses de la industria nuclear. Por eso tiene que
regularse y quedar claramente especificado, como contempla la proposición de ley, que el Consejo tiene la obligación de ser transparente y de ofrecer a la opinión pública, al ciudadano, todos los documentos que estén en su poder, evidentemente
eliminando, por criterios de confidencialidad, los nombres de personas u otras cuestiones relativas a patentes o de otro tipo. Como los ciudadanos y las organizaciones ecologistas no pretendemos tener conocimiento de las patentes ni de los
procedimientos que usa la industria nuclear, sino que lo que se quiere es saber si funcionan con seguridad o no esas instalaciones, lo que se quiere es la información de lo que pasa en los sucesos no la de quién ha elaborado documentos o de si hay
algún proceso industrial, eso se puede eliminar. Evidentemente, no ha funcionado la información al público, tampoco la participación del público en las materias que son competencia y objeto del Consejo. En Estados Unidos, en la NRC, se puede
participar incluso desde cualquier otro país y se facilitan las multiconferencias, que las paga el propio NRC, para que la gente pueda llamar por teléfono y dar su opinión respecto a la normativa que se está elaborando y que se pone en la página
web. Eso no pasa aquí ni por asomo. Otra de las cosas que no ha funcionado es que el Consejo de Seguridad Nuclear, a pesar de tener este régimen jurídico tan ventajoso, como he comentado hace un rato, no ha elaborado normativa técnica vinculante
-en seguridad nuclear prácticamente nada y algo más en protección radiológica-. A pesar de que su régimen jurídico se ha hecho a semejanza del de la NRC americana, que tiene un compendio amplísimo de normativa técnica vinculante, el Consejo en
veinticinco años no ha cumplido con sus deberes. Es necesario que la proposición de ley insista en esta cuestión y en que los ciudadanos tenemos derecho a participar.
En relación con las entidades sociales, ha habido una falta de información, mínimamente solventada en los
últimos meses con algunas mejoras en la información de la página web. Pero el problema no es tanto que no se nos facilite información, sino que la tendencia del Consejo en todos estos años -parece que está cambiando, ya que de las
conversaciones que hemos tenido con el Consejo se atisba otro tipo de actitud-, lo he vivido en propia carne, es el desprecio absoluto al público y, en particular, a las organizaciones ecologistas. Nos lo comentan mucho trabajadores del Consejo,
con los que tenemos contacto.
Hay una especie de aversión a hablar con el público. El interlocutor del Consejo de Seguridad Nuclear es la industria nuclear, y eso se ve continuamente con todos esos comités que se han formado, en los cuales se
modifican cosas e incluso se propone un cambio de sistema regulador, a espaldas de los ciudadanos. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero no voy a incidir en ellos por falta de tiempo. Es necesario un cambio de actitud del personal del Consejo
hacia el público, que esta proposición de ley puede propiciar, para que entiendan las medias de transparencia y de participación que aquí se tratan de implementar, para que entiendan que el Consejo es un organismo que tiene que tener vocación
pública y que tiene que tener como prioridad la atención y el respeto al público, así como mantener un grado de seguridad en las centrales nucleares. Pero no puede hacerse a espaldas de los ciudadanos, y eso lo tiene que entender el Consejo. Sería
absolutamente anacrónico con los tiempos que corren. El representante del Partido Popular preguntaba si recibimos todo. Es cierto que el Consejo está contestando a nuestras cartas mejor que hace tiempo, pero muchos interlocutores sociales, ONG y
plataformas de vecinos del entorno de centrales nucleares nos piden que escribamos al CSN en su nombre porque le han escrito y nos les contesta. Parece que como Greenpeace tiene más repercusión en los medios, les preocupa más contestarles. Pero no
se da el mismo tratamiento a las demás organizaciones ni, por supuesto, a los ciudadanos en general.
Paso a las preguntas de Izquierda Unida. Ya sé que algunos dicen que esta proposición de ley puede quitarle independencia al Consejo frente al Parlamento y al Gobierno. Me gustaría centrar la cuestión en lo que es realmente importante.
Hay que entender cuál es el concepto de independencia efectiva. Yo he traído aquí una frase del Insag, que es el principal organismo asesor de la Organización Internacional de Energía Atómica, que define el concepto de independencia efectiva. El
concepto de independencia efectiva -lo dicen el Insag y otros organismos reguladores- se refiere siempre a independencia de la industria nuclear, no del Parlamento ni del Gobierno, pero sí de los departamentos gubernamentales que promocionen la
energía nuclear. En ningún momento se cuestiona que pueda existir cierta dependencia de los gobiernos o de los parlamentos.
Siendo estas las instituciones democráticas que representan de forma legítima la soberanía popular, estaría bueno que el
Parlamento o determinadas partes del Gobierno no pudieran tener alguna relación con el Consejo. Según el Insag, la independencia se refiere a independencia en el proceso de la toma de decisiones reguladoras, algo que no tiene por qué extenderse a
otros aspectos tales como el régimen jurídico, la financiación o la gestión del personal, asuntos sobre los que los gobiernos y los parlamentos están perfectamente legitimados para intervenir con el fin de establecer un modelo regulador acorde con
las expectativas de la ciudadanía. El informe del Insag sobre la independencia de los organismos reguladores dice algo que no deja lugar a dudas: Aunque el organismo regulador no debe estar sujeto a la influencia política o presiones en su toma de
decisiones específicas de seguridad, es responsable frente al Gobierno y al Parlamento, así como frente al público en general, con respecto al cumplimiento eficiente y eficaz de su misión de proteger a los trabajadores, al público y al medio
ambiente. En caso de que una auditoría -continúa diciendo- o una revisión por pares demuestre un funcionamiento deficiente del organismo regulador, el Gobierno y el Parlamento tienen la responsabilidad y la autoridad para asegurarse de que se toman
las medias correctivas necesarias. Por tanto, el Consejo, tal como está configurado en nuestro régimen jurídico, es un organismo que tiene un alto grado de independencia. Pero esta independencia ha fracasado con respecto a la industria nuclear.
Evidentemente, tiene que tener una relación con el Parlamento y con el Gobierno. Con el Gobierno entendemos que la relación es más o menos adecuada, porque hay determinadas prerrogativas que no puede tener el Consejo por sí solo, como la del
régimen sancionador u otras y, por tanto, tiene que haber un organismo del Gobierno que controle esas funciones. Pero con respecto al Parlamento, puede mejorarse mucho, sin que eso ponga en duda o en riesgo la independencia. Vuelvo a repetir lo
que dije al principio. En Estados Unidos, la NRC tiene un grado de independencia enorme y un funcionamiento mucho más transparente y participativo; si no me equivoco, hay cuatro comisiones del Congreso que controlan y supervisan la labor del
Consejo, y una de ellas es sobre la cuestión del presupuesto. Por tanto, nadie debería rasgarse las vestiduras con respecto a esto. Es evidente que el Parlamento tendrá que decidir qué grado de control quiere tener sobre el Consejo de Seguridad
Nuclear. Si se dice que el Consejo es independiente y que solo debe rendir cuentas al Congreso, y para eso hace nada más que un informe una vez al año y comparece, aunque sea una comparecencia más extensa con diferentes miembros del Consejo,
también una vez al año, nos parece muy poca información para el órgano que es el Congreso. En el año 2005 vimos una actuación especial con respecto al caso de Vandellòs II que debería ser la norma, porque no se puede esperar no ya un año, sino
mucho más, hasta que aparece el correspondiente informe del CSN. El informe del CSN del año 2006 se verá a finales del 2007. Es una labor de control muy poco eficaz para problemas urgentes que están poniendo en riesgo la seguridad de los
ciudadanos. Por tanto, la proposición de ley recoge mejoras muy
posibles y muy plausibles para que el Parlamento tuviera una mayor labor de control y supervisión del Consejo.
Con respecto al presupuesto, en Estados Unidos sucede lo que he comentado, y no pasa nada. Como mínimo se debería informar previamente al Consejo, antes de que entraran los Presupuestos Generales del Estado, el anteproyecto de presupuestos.
Hay otras cuestiones que aparecen en la proposición de ley que nos parecen razonables. Quizá la fiscalización de los expedientes no corresponde al Congreso, pero el resto de lo que se dice en la proposición de ley nos parece completamente adecuado.
Con respecto a la industria nuclear, no hay esa independencia. Ya lo he comentado antes. Esos comités de coordinación que se han formado reflejan más una relación íntima con la industria nuclear. La contratación de empresas que están
relacionadas con la industria nuclear deja muy en entredicho esa independencia. En concreto, tenía apuntadas una o dos cuestiones que me parecían importantes. Por ejemplo, el CSN mantiene desde hace años un plan coordinado de I+D, parcialmente
pagado con dinero público, cuyo principal objetivo es desarrollar un nuevo marco regulador que reduzca la presión del regulador. Fruto de este programa, el CSN ha acordado con Industria un nuevo proceso regulador, sin que en ningún momento se haya
pedido opinión a los agentes sociales ni se haya informado al público. Esto es precisamente lo opuesto a lo que ha venido haciendo la NRC en Estados Unidos en los últimos años, que cuenta plenamente con los agentes sociales y con el público en
general cuando introduce cambios en su reglamentación.
Con respecto al asesoramiento externo, la situación actual nos parece muy lamentable. Cuando el CSN necesita asesoramiento externo no duda en contratar a empresas de ingeniería que son propiedad de las empresas eléctricas, dueñas de las
centrales nucleares. De hecho, hay un informe remitido por el Consejo, a petición de un grupo parlamentario, en la legislatura pasada que pone de manifiesto que el CSN ha firmado importantes y cuantiosos contratos con empresas como Iberinco,
Tecnatom o Empresarios Agrupados, que son propiedad de una forma u otra de Iberdrola, Endesa o Unión Fenosa, propietarias de centrales nucleares.
Dentro del propio CSN trabajan de manera permanente ingenieros de Sener y de Empresarios Agrupados,
que hacen informes de evaluación y participan en inspecciones como si fuera algo normal. La muestra más reciente es que el CSN ha contratado a la empresa de ingeniería Soluziona, que pertenece a Unión Fenosa, para que le dé soporte técnico en la
evaluación del contenedor de combustible gastado que se utilizará para almacenar el combustible gastado de la central nuclear de Zorita, que es propiedad de Unión Fenosa. Lógicamente, si hubiera un criterio mínimamente riguroso, no se podría
considerar que el asesoramiento de la empresa Soluziona en este tema fuera imparcial. Consideramos que este hecho es gravísimo.
¿Puede alguien imaginar a un ingeniero de Soluziona llegando a la conclusión de que es preciso introducir
modificaciones en el diseño del contenedor que hacen necesario retrasar el inicio del desmantelamiento de Zorita, con el impacto económico que ello tendría para Unión Fenosa? Es evidente que es un escenario muy poco creíble. Hay muchos, muchísimos
ejemplos más que podríamos poner, y esto implica que con la proposición de ley es necesario cambiar esta situación. Lo que se refleja en la proposición de ley nos parece completamente acertado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Señor Bravo, por exigencias de igualdad con todo el mundo, le pido una cierta concisión.
El señor RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA DE ENERGÍA NUCLEAR. GREENPEACE ESPAÑA (Bravo Villa): De acuerdo.
Por supuesto, nos parece muy razonable que se pasen a comentario público los borradores, las instrucciones técnicas y otras normativas, como hacen otros organismos similares. Lo que no puede ser es que estas cosas se hagan contando
simplemente con la industria nuclear.
Respecto al cuerpo de funcionarios -y además esto es algo que nos han pedido los trabajadores del Consejo, que están preocupados por la situación del organismo-, creemos que el cambio de un cuerpo especial a un cuerpo general va a mejorar
muchísimo el funcionamiento del CSN.
Actualmente, cuando hay ceses de funcionarios de alto nivel u otro tipo de cambios, se producen situaciones muy lamentables que llevan a que haya gente que se quede marginada, a que se cree una especie de
cementerio de elefantes o a situaciones de dependencia muy lamentables. El hecho de que los funcionarios del Consejo no puedan pasar a otros organismos cuando a lo mejor han perdido la motivación que tenían, hace que el Consejo se convierta en un
organismo endogámico, en el que existe poca motivación y en el que hay unas dependencias muy raras. Además, la situación de los funcionarios del CSN es discriminatoria, porque desde otros cuerpos o desde otras escalas del cuerpo general se puede
acceder al CSN, pero al revés no puede ser. Con idea de generar un poco de aire fresco para el Consejo y para que esas relaciones de dependencia y de endogamia fueran evitables, consideramos que sería muy ventajoso que se cambiara el estatus de su
cuerpo de funcionarios.
Los derechos específicos de información y participación ya los he comentado bastante. La tendencia internacional y la legislación, como el convenio de Aarhus, van en ese sentido. Además, me consta que en organismos internacionales en los
que España participa se está yendo en la línea de hacer públicos todos los informes. Esto no solo es de sentido común, porque si no hay nada que ocultar, lo lógico es que toda la información se haga pública, sino que también lo dice el Insag. No
quiero extenderme leyendo cosas que dice el
Insag y que ha traído aquí para leer literalmente, pero lo que dicen los comités asesores como Insag y otros organismos es que la transparencia, la información y la apreciación del público contribuyen a mejorar la seguridad. Por tanto, no
entendemos por qué se ponen trabas para que eso se lleve a cabo. ¿Tiene que haber una unidad especializada? Entendemos que sí. Lo que hay en Internet ahora mismo no vale, es muy poca información. Evidentemente, la herramienta informática de
Internet debe ser utilizada amplísimamente, como hace la NRC, porque ahí cabe muchísima información, pero sería conveniente fijarse en que lo que se hace en otros países. En Estados Unidos y en Francia, tanto en los organismos reguladores como en
torno a las centrales, se generan bibliotecas especializadas, atendidas por funcionarios especialistas en seguridad, que pueden explicar a los ciudadanos cuáles son los problemas de las centrales y enseñarles la documentación técnica, que es lo
único que hay ahora en España que sea legalmente vinculante, además de algunas escasísimas normativas técnicas que he comentado antes. Ahora mismo, en torno a las centrales nucleares no hay nada. Existen esos comités locales de información, que
tienen una función derivada de los comités de información que se regulan en el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, pero que, por lo que nos transmite la gente del entorno de las centrales, no cumplen la función que desean los
ciudadanos, porque no tienen acceso a la información de seguridad ni tienen información sobre los sucesos ocurridos en las centrales nucleares en tiempo real y con el detalle suficiente. Por tanto, como dijimos en la mesa de energía nuclear, no
estamos en contra de los comités locales de información, pero creemos que eso no es suficiente, que es muy poco en relación con lo que sería deseable. Desde luego, en el Consejo, en vez de esa especie de museo temático de promoción de la energía
nuclear que tienen para informar al público, debería haber una biblioteca que informara realmente a los ciudadanos sobre los problemas de seguridad y que les permitiera tener acceso a toda la información.
Con respecto a los trabajadores, no nos parece bien que ese tema no esté en la ley, porque sabemos que se está planteando. Debe estar en la ley para que dé garantías. No se puede pensar que la obligación de los trabajadores de denunciar
los problemas de seguridad que vean y la necesidad de evitar las represalias de las que podrían ser objeto por parte de los empleadores puedan estar en un reglamento o en el estatuto del Consejo. De hecho, si ahora los trabajadores no denuncian y
prefieren pasar información a los grupos ecologistas es precisamente porque no están suficientemente protegidos, porque no hay garantías de que no vayan a ser represaliados. Ahora mismo nadie les impide denunciar estos hechos, pero no solamente no
existe el marco procedimental adecuado para hacer esas denuncias, sino que además saben que recibirían represalias, y nos han comentado algunos ejemplos. Por tanto, consideramos muy positivo -y así lo reconocen también los organismos reguladores-
que los trabajadores estén obligados a denunciar. Es más, el Insag y otros organismos de este estilo recomiendan que los trabajadores denuncien, porque eso, como es obvio, contribuye a mejorar la seguridad, pero, para que lo puedan hacer con la
seguridad de no sufrir represalias, se tiene que garantizar la confidencialidad y establecer medidas que castiguen a quien represalie a los que denuncien. Eso es algo que en la NRC norteamericana se lleva a rajatabla, incluso se persigue a los
empleadores que represalian a los trabajadores que han hecho denuncias si se entera de que son perseguidos o represaliados. Es tal la importancia que la NRC norteamericana da a esta cuestión que la protección a los trabajadores está recogida en un
título de la Ley de reordenación de la energía de Estados Unidos; no en un apartado o en un artículo, sino en un título de la ley. Por tanto, creemos que esto es necesario, y sería muy decepcionante que este artículo 13 se eliminara de la
proposición de ley y se llevara a un reglamento o a una normativa de rango inferior. Se podría decir que debería estar en la Ley de la Energía Nuclear. Nosotros también hemos propuesto eso; no que debería estar en la Ley de la Energía Nuclear y
no en la del Consejo, sino que debería estar en las dos. Creemos que una cuestión que afecta claramente al funcionamiento del Consejo de Seguridad Nuclear y a la seguridad nuclear debe estar recogida en la ley que establece cómo debe funcionar el
Consejo de Seguridad Nuclear. Como ahora hay una oportunidad, porque estamos trabajando en la reforma de la Ley del año 1980, reguladora del Consejo, creemos que esta cuestión debe aparecer en esta ley. Si en el futuro se quiere cambiar -esperamos
que así sea, porque existe también un compromiso del Parlamento instando al Gobierno a cambiar la Ley de la Energía Nuclear-, y que también figure allí, nos parece bien. Esa doble cobertura jurídica sería muy positiva.
Con respecto a la elección de los consejeros, debería ir en la línea de lo que establece la proposición de ley. El Parlamento debería pronunciarse explícitamente y eliminar, tal como está ahora contemplado, que se pueda aprobar el
nombramiento o el cese de un consejero simplemente porque haya pasado un mes sin que haya habido un pronunciamiento, el silencio positivo. El Parlamento debería mejorar el proceso de elección de los consejeros y, entre otras cuestiones, no debería
aceptar esto, ya que es mejor para el control democrático que haya un pronunciamiento expreso.
Con respecto a las preguntas del Partido Socialista, la reforma del CSN cumple el objetivo de Aarhus -me parece que he entendido- de mayor participación. Nosotros creemos que lo que plantea la propuesta va en la línea de Aarhus. Sin
embargo, tienen que estar contempladas en la Ley del Consejo -y esta proposición de ley así lo hace- las cuestiones de transparencia, participación del público, posibilidad de recurrir a la justicia, etcétera, no refugiarse en la normativa general
medioambiental que pueda estar en vigor ahora o en el futuro. Lógicamente una ley de este tipo, que establece
cómo ha de funcionar el Consejo de Seguridad Nuclear, tiene que tener también recogidas claramente en su articulado estas cuestiones.
La última pregunta se refería a cómo articular la política de comunicación. De alguna manera ya lo he dicho, creemos que tiene que haber una unidad especializada. No vale solo con meter la información en la página web, aunque lógicamente
Internet, la página web, sea un soporte muy interesante y muy válido, como ya hemos visto que hacen otros organismos reguladores, y debe aprovecharse al máximo. Sin embargo, en muchas ocasiones los ciudadanos pueden tener la necesidad -como sabe
usted que ocurre en otros países- de recurrir a personal especializado.
Por eso tiene que haber una unidad especializada que informe al ciudadano y que transmita una información mucho más rigurosa, mucho más extensa, mucho más clara al público en
general y a los medios de comunicación. No sé si con esto he respondido a sus preguntas. Perdónenme por la extensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Gracias por su comparecencia, señor Bravo. (Pausa.)
-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR . COMISIONES OBRERAS. (REY GAYO). (Número de expediente 219/000604.)
-DEL SEÑOR MIEMBRO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. (BIURRUM GONZÁLEZ). (Número de expediente 219/000605.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Vamos a finalizar las comparecencias del día de hoy, tal como he dicho anteriormente, con la comparecencia conjunta de don José María Rey Gayo, presidente de la junta de personal del Consejo de
Seguridad Nuclear y miembro de Comisiones Obreras y don Eduardo Biurrum González, componente de dicha junta y miembro también de la Unión General de Trabajadores.
Los señores Rey Gayo y Biurrum González han escuchado a lo largo de todo el día todas las preguntas y respuestas. En cualquier caso, ustedes pueden volver a formularles las preguntas. Para ello tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Popular, señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Antes de formularles las preguntas a cada uno de ustedes, quisiera darles la bienvenida en nombre de mi grupo y agradecerles su comparencia.
Empezaré con las preguntas dirigidas a don José María Rey. Me imagino que usted conoce la proposición de ley de reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. Usted sabe que había alguien -no recuerdo ahora quién era- que decía que al que le
gustan las salchichas y las leyes es que no ha visto cómo se hacen ninguna de las dos. Yo creo que lo dijo viendo esta proposición de ley. Imagino que usted la conoce, por eso le pregunto, en primer lugar, si cree necesaria la existencia de un
comité de supervisión por encima del pleno. Acaba de marcharse ahora el señor Bravo, que ha dicho que ese comité llegaría a informar de oficio al Parlamento, con lo cual no es que quiera ser el regulador del regulador, parece que quiere suplantar
al Consejo de Seguridad Nuclear. Además, me acabo de enterar también de que el modelo ahora es USA, con lo cual me parece muy bien; ha hablado del Congreso y de la NRC, espléndido, pero ahora le quería preguntar a usted qué piensa de este comité
de supervisión. En segundo lugar, ¿cree que se agilizaría el trabajo del Consejo de Seguridad Nuclear con la aplicación de la reforma propuesta? También le pediría que me dijera en qué aspectos mejoraría usted el funcionamiento del CSN y en qué
aspectos lo mejoraría esta ley si saliera como está. En tercer lugar, me gustaría que nos dijese si usted cree que su área de trabajo está mal o poco dotada en cuanto a recursos humanos y si se consideran técnicamente bien preparados usted y el
resto de técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Yo creo que sí, pero me gustaría oírselo decir a usted también.
En cuanto al señor Biurrum le preguntaría si ha mejorado algo en el Consejo de Seguridad Nuclear en cuanto a organización, medios y legislación el tema de las emergencias nucleares desde el año 2001 y cuál es el papel de las comunidades
autónomas y del Estado en las emergencias nucleares. También le pregunto en qué lo mejoraría la reforma de la ley.
Asimismo, quiero preguntarle -y con esto concluyo- si se consideran técnicamente bien preparados usted y sus compañeros de área o
subdirección. Me imagino cuál será la respuesta, pero me gustaría oírselo decir a usted. En este mismo sentido, quisiera saber si usted cree que el incidente de la central nuclear Vandellòs II del año 2004 ha sido bien, regular o mal gestionado
por el cuerpo técnico, por el pleno y por el titular.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Josep Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Me corresponde en nombre de Convergència i Unió agradecerles su presencia hoy aquí, ya que nos permite conocer la opinión del sector de los trabajadores y, por tanto, cierra el ciclo después de haber oído a
consejeros y a representantes sociales. Desde ese punto de vista, mi grupo se da por satisfecho al ver que podemos oír la opinión de todos y cada uno de los sectores implicados en el tema nuclear.
Mi pregunta, que es indiferente que conteste uno, otro, o los dos, es cuál es su opinión sobre la proposición de ley que vendría a sustituir a la vigente Ley 15/1980. Quisiera saber si es una buena propuesta, si es un texto que ustedes,
desde el punto de vista sindical, lo ven mejorable o si ven lagunas en él. Me
gustaría saber cuál ha sido la relación que ha habido hasta ahora, según el organigrama y la legislación actual la Ley de 1980 que regulaba la composición del Consejo de Seguridad Nuclear entre el mundo laboral, en este caso los
trabajadores, y la cúpula del Consejo. Si ha habido una relación fluida, si ha existido o no y, en caso de haber existido, cómo ha sido y si creen que esta nueva ley puede mejorar esta situación. Esta nueva ley debería ser un instrumento de
incorporación de la opinión de los trabajadores al organigrama. En último lugar, quisiera saber si en estos últimos años la opinión directa que los trabajadores -no lo que hemos oído hace poco de que organizaciones ecologistas se enteraban de
informaciones, gracias a filtraciones o llamadas de trabajadores anónimos que las filtraban- hayan podido dar a la dirección ha servido para de alguna forma alertar de problemas e informar a la dirección. Es decir, si esta correa -en caso de que
haya existido- ha sido positiva en el normal funcionamiento del Consejo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Tiene la palabra don Joan Herrera en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El señor HERRERA TORRES: En primer lugar quiero agradecerles no solo su comparecencia sino también su paciencia en el día de hoy, porque han asistido a todas y cada una de las comparecencias, en segundo lugar quiero decirles que la
importancia de su presencia hoy aquí para nosotros no es tanto por que hagan una reflexión en torno al papel de los trabajadores de las plantas, sino de los trabajadores del CSN, entendiendo que es un papel completamente distinto. Por ejemplo,
hemos estado discutiendo sobre el artículo 13, que tiene importancia en lo que se refiere a los trabajadores de las plantas pero tiene un sentido muy relativo en lo que se refiere a las obligaciones y a los derechos de los trabajadores del CSN. Por
tanto, nos interesa conocer su visión global, si ustedes entienden que tanto los comités técnicos como los comités consultivos pueden favorecer la dinámica del trabajo de los trabajadores del CSN y si entienden que esta dinámica podría suponer un
mejor funcionamiento del órgano regulador. El segundo elemento sobre el que a nosotros nos interesa saber su opinión es el de la movilidad de los trabajadores del CSN a otros órganos de la Administración, si creen que esta movilidad favorecería o
no la dinámica del trabajo. El representante de Greenpeace acaba de decir que sería bueno, y me interesaría mucho saber cuál es su opinión sobre si esta movilidad sería positiva o no. Por último, quisiéramos que nos hicieran una valoración global
del conjunto de la ley y que nos dijeran cómo entienden que debería acabar esa proposición de ley para que redundara en un mejor funcionamiento del órgano regulador, y, para acabar, si entienden que tienen canales estables de participación no solo
como comité de empresa que son, sino más allá, sabiendo que la participación en materia nuclear es un elemento fundamental, ya que uno de los problemas de la falta de cultura de seguridad se deriva precisamente de los elementos organizativos, que en
seguridad nuclear no son un problema menor. Los elementos organizativos en seguridad nuclear tienen mayor fuerza que en una planta de papel, pongamos por caso, porque afectan a elementos de seguridad fundamentales.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Doy la palabra a doña Rosario Velasco, en representación del Grupo Socialista.
La señora VELASCO GARCÍA: En primer lugar quiero agradecer la comparecencia de los representantes de los trabajadores y darles la bienvenida.
Para no repetir las preguntas que han hecho los portavoces anteriores, quería formularle solo tres preguntas concretas. En primer lugar, si considera que los derechos y obligaciones de los trabajadores en relación con la denuncia de hechos
que pueden afectar al funcionamiento seguro de las instalaciones y la protección frente a posibles represalias de los empleadores están totalmente garantizados en la regulación actual o si es necesario explicitar algún sistema de garantías en el
proyecto de ley que estamos ahora revisando. En segundo lugar, si le parece conveniente -esta pregunta ya la ha hecho el portavoz de Izquierda Unida- la movilidad de los trabajadores del CSN, pero matizando si en concreto en el cuerpo de técnicos,
por su grado de especialización, podría dificultar el proceso de movilización, o cómo lo analizan desde el punto de vista sindical. En tercer lugar, si consideran que el funcionamiento del CSN como órgano colegiado es el modelo más adecuado, o si
puede condicionar la operatividad del sistema de funcionamiento del CSN. Por último, actualmente dependen varios órganos de trabajo del CSN de la secretaría general, y quisiera saber si consideran oportuno separar las funciones de dirección o
supervisión de las actividades que desarrollan las dos direcciones técnicas del resto de la secretaría general.
Por nuestra parte no hay ninguna pregunta más.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Señores don José María Rey y don Eduardo Biurrum, tienen la palabra en el orden que ustedes prefieran.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. COMISIONES OBRERAS (Rey Gayo): Antes de nada quiero agradecer la posibilidad que se nos da por primera vez por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio a los
trabajadores y trabajadoras del CSN de hablar sobre algo que nos afecta directamente como es una modificación de la ley, lo que no había ocurrido
hasta ahora y nuestro agradecimiento proviene de todos los trabajadores.
Quisiera hacer un breve comentario para aclarar de qué estamos hablando.
Hemos entendido siempre tanto Eduardo Biurrum como yo que se nos ha llamado como representantes de la junta de personal, por encima de nuestra particular adscripción a
un determinado sindicato -en su caso, UGT y en el mío Izquierda Unida, Comisiones Obreras-. Yo no soy de Izquierda Unida pero sí soy de Comisiones Obreras. (Risas.) Lo digo porque esta mañana la presidenta ha hecho el comentario de que hay otro
sindicato representado en la junta de personal de funcionarios y funcionarias, que es el CSIF, que está molesto. No lo sé, pero ha sido nuestra tarea y hemos dedicado mucho tiempo la semana pasada y la anterior, dentro de la junta de personal, con
las tres representaciones sindicales a ponernos de acuerdo en lo que les íbamos a contar a ustedes respecto a las preguntas que se nos hicieran. No hemos conocido las preguntas, evidentemente, hasta este momento y en ese sentido a lo mejor queda
alguna cosa abierta, pero tanto Eduardo como yo intentaremos en todo momento referirnos a lo que en estas conversaciones previas se ha hablado dentro de la junta de personal como opinión común de los trabajadores y trabajadoras respecto a lo que
opinamos de esta proposición de ley. Por eso, algunas cosas sobre las que nos ha preguntado el representante del Grupo Popular intentaremos responderlas de igual modo, pero referido a que nuestra opinión siempre refleja la de la junta de personal y
no la particular de cada una de las personas que estamos aquí. Por último quiero decir que, aparte de los funcionarios y funcionarias, en el Consejo hay una parte de trabajadores que son laborales y que tienen un comité de empresa.
Empezando con las preguntas que se han formulado, y si te parece bien, Eduardo, contesto a las que me ha hecho directamente el representante del Grupo Popular. Sobre si creo necesaria la existencia de un comité de supervisión, supongo que
se refiere al artículo 15 nuevo, comité asesor técnico. Para empezar, entendemos como trabajadores del Consejo que las decisiones sobre temas de seguridad nuclear y protección radiológica pueden ser mucho más amplias que las que se refieren solo a
la seguridad nuclear y protección radiológica. En ese sentido nos puede parecer perfectamente viable un comité asesor técnico compuesto como quiera la ley -el Parlamento, por supuesto, y con lo que diga aquí-, pero lo que no vemos muy claro es que
este comité asesor técnico tenga que ser informador, supervisor o revisor. No sé qué palabra quedará al final, pero quiero decir que hemos pensado que sea para el Consejo de Seguridad Nuclear como órgano colegiado. Entendemos que este comité
asesor técnico puede valer para otros organismos que toman decisiones en el Estado español, puede ser el Parlamento, puede ser el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que es el que actualmente tiene competencias en el tema centrales
nucleares, o las comunidades autónomas, que también tienen muchas competencias en el campo de instalaciones radioactivas. En ese sentido, no tenemos claro que el comité asesor que se plantea en el nuevo artículo 15 de la ley del Consejo deba ser un
organismo del Consejo.
Entendemos perfectamente válida su actuación, su papel como un comité asesor técnico del que tenga en definitiva el Poder Ejecutivo en cada caso. Para instalaciones nucleares actualmente es el Gobierno y para instalaciones
radioactivas en muchos casos son las comunidades autónomas.
En cuanto a si agilizaría el funcionamiento del CSN, si se meten más cosas seguramente no, pero somos conscientes de que no se trata necesariamente de agilizarlo, sino de que la toma de
decisiones sea más completa. Por cierto, nos gustaría que el Consejo de Seguridad Nuclear se llamara también de protección radiológica, porque una gran parte de trabajadores se dedican a la protección radiológica de instalaciones radioactivas o de
instalaciones nucleares, pero una cosa es la seguridad nuclear y otra es la protección radiológica, y ahí estamos dedicados todos a eso. A lo mejor la toma de decisión es más general que las simples consideraciones técnicas de seguridad nuclear y
protección radiológica, que es a lo que nos tenemos que dedicar los técnicos del Consejo. Por ello, nos parece muy adecuado el asesoramiento que al final tenga el Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo haría yo? Como acabamos de decir.
¿Cómo está dotada la
unidad de trabajo? Yo no sé si usted sabe cuál es.
Entiendo que no es exactamente esa la pregunta, sino cómo está dotado el Consejo, más que mi área particular de trabajo, que, por cierto, por si les interesa, es la ingeniería nuclear. Hay unas
áreas mejor dotadas que otras. En ese sentido, y uniendo las cosas que se han dicho a lo largo del día -aunque no sé si es coger un poco el rábano por las hojas-, el tema del asesoramiento de las empresas externas es poco presentable para la
sociedad. Los casos que han presentado los diputados son válidos, lo que pasa es que es muy difícil hacerlo con empresas verdaderamente independientes dado el panorama español. ¿Qué pensamos las organizaciones sindicales presentes en el Consejo?
Sobre esto tenemos una opinión fundada porque hace unos años hicimos un grupo de trabajo, promovido por la junta de personal y con participación de personal del Consejo -no solo de organizaciones sindicales-, para tratar este tema porque habíamos
detectado que ciertas áreas de trabajo del Consejo estaban, como nosotros decíamos, cuasi privatizadas y su personal era muy escaso. Aquel grupo de trabajo elaboró un informe -no sé si se llegó a mandar en esto que ha comentado el diputado de
Izquierda Unida-, en el que se señalaba que para ciertos casos puntuales sí que podría ser necesaria la contratación de empresas externas al Consejo, con dos condiciones claras: una, que fuera un aspecto puntual y no continuado en el tiempo -que
era lo que habíamos detectado en el Consejo como problema grave- y, otra, que en las condiciones del contrato se exigiera una
cláusula de traspaso de información, es decir, que el conocimiento generado por la realización de ese contrato no quedara solo en la empresa que lo había realizado, sino que una de las misiones del contrato fuera la formación de técnicos del
Consejo en lo que se había contratado para que eso no se volviera a contratar. No sabemos si en las actuales contrataciones, que se siguen haciendo, se están incluyendo estas condiciones o no; nos gustaría que se incluyeran.
En cuanto a la formación de los técnicos, el Consejo no tiene un mal plan de formación -dinero para ello tiene-, pero sí es mejorable, por varios motivos. Por un lado, porque, aunque podamos decir que somos muy listos y estas cosas -que
posiblemente no sean ciertas del todo-, lo que sí es cierto es que aparecen campos nuevos tanto tecnológicos como de otros aspectos ligados con la seguridad nuclear o la protección radiológica. El diputado de Izquierda Unida ha hecho alusión a los
aspectos organizativos, algo que hace unos años no se tenía en cuenta y últimamente todos nos vamos dando cuenta de que tiene mucha más importancia de la inicialmente prevista. Tenemos que preocuparnos, tanto los trabajadores y trabajadoras como
los gestores del organismo, de que ese plan de formación se renueve todos los años, se den los cursos necesarios y que esos cursos nos sean útiles. No quiero equivocarme, pero me parece que el presupuesto del Consejo para formación interna,
incluyendo idiomas y otras cuestiones que son importantes, es superior a los 600.000 euros, más de 100 millones de pesetas.
El resto de las preguntas que ha realizado iban dirigidas a Eduardo.
El señor MIEMBRO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, U.G.T. (Biurrum González): Me reitero en el agradecimiento de José María a SS.SS. por habernos invitado a comparecer ante esta Comisión, porque no es la práctica
habitual y creo que los funcionarios del Consejo tenemos bastante que aportar ya que somos los que damos una cierta continuidad al funcionamiento del Consejo. Aunque los gestores cambian periódicamente y vienen con nuevas iniciativas, digamos que
nosotros mantenemos el background, que creo que tiene su importancia.
Algunas de sus preguntas concretas parece que van dirigidas casi personalmente. Respecto a si ha cambiado algo el Consejo en lo que se refiere a su respuesta a emergencia, evidentemente, sí, porque incluso ha cambiado el país. Desde que se
creó el Consejo y empezó a funcionar, en el año 1983 hasta ahora ha habido grandes cambios en el Ejecutivo. De hecho, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias prácticamente no existía o tenía muy pocas capacidades y competencias; no
existía el plan básico de emergencia nuclear ni existían los planes provinciales. Indudablemente, el país ha cambiado mucho y el Consejo se ha ido adaptando. Pero queda mucho por hacer.
En cuanto a cómo puede influir esta nueva ley, yo diría que en dos aspectos muy importantes. Primero, en la participación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de otras organizaciones externas al Consejo. Mientras que la
mayoría de las funciones del Consejo son de asesoramiento al Gobierno o al Congreso, a quien lo solicite, en lo que se refiere a emergencias tenemos unas funciones ejecutivas propias, es decir, tenemos que actuar. No solo tenemos funciones como
asesores, sino que hay funciones que tenemos que asumir nosotros, y en eso tenemos mucho que hacer todavía. El segundo aspecto vital en el que puede influir este nuevo proyecto de ley, en lo que se refiere a emergencias, es la información a la
población, a los ayuntamientos, en que haya transparencia en nuestra política. Todo lo que sea aumentar en este sentido va a redundar indudablemente en una mejor respuesta a emergencias tanto del Consejo como de la población y de todas las demás
organizaciones implicadas. En este aspecto, también habría que hacer un esfuerzo grande porque queda mucho por hacer.
Su segunda pregunta es si estamos técnicamente bien preparados. Sí.
Supongo que eso es lo que espera que conteste, pero es que además es cierto. En el Consejo tenemos una experiencia media de más de diez años, no solo los técnicos sino
también al personal administrativo y personal informático, cada uno con un alto grado de especialización en asuntos muy concretos. Igual que hay que reconocer que en sus comienzos los propietarios de las centrales nucleares y los explotadores de
las instalaciones radiactivas podían saber más que nosotros recién entrados, yo diría que actualmente la situación es la opuesta. Después de diez años -en algunos casos el doble- de trabajar en asuntos concretos, en muchas instalaciones y en muchas
centrales diferentes, creo que tenemos un conocimiento técnico probablemente superior al que tengan los explotadores. Hemos visto muchos problemas, hemos visto cómo se trataban y cómo se solucionaban muchos de ellos y creo que tenemos una
experiencia acumulada que es importante.
Su tercera pregunta era sobre cómo se ha gestionado el incidente de Vandellòs II, si bien, mal o regular. Permítame que no le conteste. No lo hemos tratado antes en la junta de personal y la opinión que le pudiese dar sería personal;
además, tampoco veo una relación directa con la propuesta de cambio de la ley.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. CC.OO. (Rey Gayo): El resto de intervenciones lo iremos contestando al alimón o como buenamente podamos, puesto que han sido realizadas en general.
Se nos ha pedido una opinión sobre el proyecto de ley desde un punto de vista sindical. Hay dos cosas. En primer lugar, nosotros siempre hemos defendido que nuestra opinión como miembros de la junta no solo se
debe referir a los aspectos puramente de defensa de los trabajadores del Consejo, retribuciones monetarias y mejoras sociales, que evidentemente hacemos, sino también respecto a nuestra obligación hacia la sociedad como trabajadores de un
organismo público. En este sentido, entendemos que en la proposición de ley hay puntos concretos en los que prácticamente no entraremos, por ejemplo, si tienen que ser cuatro o seis años o quién debe ejercer el control presupuestario del Consejo
-aspecto que se ha discutido mucho a lo largo del día-, porque se nos escapan un poco, pero haremos un par de consideraciones respecto a temas sindicales y otro par de consideraciones respecto a temas generales que plantea la proposición de ley.
Por lo que se refiere a los aspectos sindicales, se nos ha preguntado expresamente sobre un tema que se trata aquí: si cuerpo especial, cuerpo general, movilidad o no. La reivindicación de los trabajadores técnicos del Consejo es la movilidad, no
si somos un cuerpo especial o no, cuestión que se nos escapa un poco. Otros organismos -cuyos cuerpos no sé si son especiales o generales, porque ni siquiera nos queda clara cuál es la distinción-, en distintas leyes, a cual más variopinta, porque
es un tema que ha salido recurrentemente ligado a cuerpos de organismos o entes específicos -no sé cómo llamarlos, cuerpos raros de la Administración-, tienen reconocida su movilidad, que es lo que pedimos los que somos ahora mismo del cuerpo
técnico de seguridad nuclear y protección radiológica. Movilidad dentro de la Administración General del Estado, y en el caso de comunidades con encomienda de funciones o con centrales nucleares, movilidad intercomunidades autónomas. Es una
reivindicación que siempre hemos tenido, porque estamos en Madrid y hay gente en las centrales nucleares, inspectores residentes, pero es más genérico. Ahora mismo, para que nos hagamos una idea, el puesto de inspector residente adjunto está
abierto a personal de las comunidades autónomas, pero al revés no tenemos nosotros puestos abiertos dentro de las comunidades autónomas. Eso sí que nos gustaría arreglarlo.
En cuanto a un tema técnico de administración, ahora mismo hay dos escalas
en nuestro cuerpo, una técnica, en la que no sé si quedan seis o siete personas que llevan haciendo el mismo trabajo que el de las superiores desde que entraron, desde hace más o menos 26 años. Creemos que se pueden unificar las dos escalas y hacer
a las personas que ahora mismo están en el cuerpo o la escala técnica hacerlas equiparables a las personas de la escala superior. Por otra parte, como he comentado al principio también, aparte de lo que son -cada cual lo llama de una manera-
direcciones técnicas, cuerpos técnicos o servicios técnicos, hay un importante grupo de personas dentro del Consejo que hacen tareas administrativas, informáticas o de oficios, o tareas que tradicionalmente se llaman de apoyo -es una palabra que no
nos gusta especialmente-, y lo que queremos es que estas personas mantengan sus derechos, sus antigüedades y sus actuales vinculaciones con la Administración General del Estado, porque si no, nos veríamos obligados a generar cuerpos propios u otras
cosas raras para mantener estos derechos dentro del organismo.
Otra cosa son las valoraciones que nos ponen en esta ley, cosas que se crean. No se modifican las funciones del organismo ni tampoco el punto uno del artículo que habla de los consejeros, las características que tienen que tener. Esto nos
parece tremendamente importante en la junta de personal. La valoración que se ha podido hacer de las actuaciones pasadas del Consejo -y me refiero a toda su historia- como demasiado políticas en algunos casos pueden ser cierta. Es una valoración
que ha hecho la junta de personal, pero a la hora de arreglar, por ejemplo, el artículo 15 de esta proposición de ley, del que hemos hablado antes en cuanto al comité asesor técnico, la junta de personal cree que lo que se hace para intentar
corregir lo anterior es meter más política dentro del organismo, a costa de la creación de este comité asesor técnico, compuesto a partir de especialistas en muchos campos propuestos por el Parlamento, los parlamentos autonómicos que tengan
instalaciones nucleares y entidades ecologistas. Ya he dicho que a nosotros nos parecía mejor que este comité asesor técnico fuera de otro órgano, no del mismo Consejo, puesto que el órgano asesor del Consejo debe ser sus direcciones técnicas con
apoyos puntuales en algún caso concreto por determinado tema muy específico. Nos parece correcto que este comité asesor técnico tal como viene aquí vaya a otros, pero lo que es muy importante para el futuro organismo como órgano independiente es
que esta independencia se tiene que ver reflejada a la hora de elegir los miembros -cinco, nueve o los que sean, pero desde luego siempre más que uno- que formen parte del Consejo de Seguridad Nuclear. La independencia de estas personas,
representantes de toda la sociedad en seguridad nuclear y protección radiológica, debe servir de acicate para mantener la independencia de nuestros dictámenes técnicos, del cuerpo técnico y de su solvencia de independencia ante la sociedad española,
que es ante la que en definitiva tenemos que rendir cuentas.
El representante de Izquierda Unida ha hecho alguna referencia al artículo 13, sobre la protección de trabajadores, que nos parece bien. Es cierto lo que se ha dicho en cuanto que en otros países esto existe, y si de verdad existen
problemas de posibles represalias, aquí se dice que, en primer lugar, estas denuncias deben ser hechas en las respectivas empresas, y solo en el caso de que se tomaran represalias actuarían los otros puntos. Esto nos parece bien. Estoy
absolutamente de acuerdo en que el Consejo debe ser más transparente y que tiene que haber más implicación pública. Nos preocupa un punto concreto del nuevo artículo 12, que es el que dice expresamente: ...acceder a los registros, archivos y, en
general, a todos los documentos que formen parte de los expedientes administrativos en curso o terminados. No nos gusta que todo el mundo tenga acceso a todos los informes durante su creación, dicho de una manera clara.
Tienen que ser públicos al final y recurribles y hay que ser informados -no me refiero a la participación durante la normativa, pues es evidente que tiene que ser así-. La participación ciudadana durante la normativa o la presentación de
proyectos es baja y debe mejorarse, pero no nos gusta -dicho claramente- que las actuaciones de valoración del Consejo también tengan que ser públicas.
El señor MIEMBRO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR.
UGT. (Biurrum González): Tal vez podríamos ampliar algún punto concreto.
Respecto a la contratación de ingenierías y de personal externo para funciones técnicas,
la idea general de los funcionarios del cuerpo técnico es que esas contrataciones pueden ser necesarias en momentos concretos para algún asunto muy específico para el que no haya en ese momento un experto en el Consejo capaz de hacerlo, pero tiene
que ser siempre para este tipo de asuntos y que la relación del contratado o de la empresa contratada con el Consejo cese en el momento en que entrega el trabajo con sus conclusiones. Al mismo tiempo, en las contrataciones que se hagan debe
incluirse una cláusula en la que la empresa se comprometa a formar a un técnico del Consejo en ese asunto específico, de manera que esa situación no vuelva a darse. Lo que no consideramos aceptable es que como de hecho se ha dado, personal de otras
empresas realicen las funciones que son propias del personal del cuerpo técnico, es decir, funciones de evaluación o de inspección, simplemente porque no gozan de la misma protección que tenemos los funcionarios y que nos permite denunciar
situaciones que sean denunciables. Alguien que trabaja en una empresa está bastante más coartado en esa situación.
Respecto a la pregunta que nos hacía el representante de Izquierda Unida sobre la situación de denuncias no tanto enfocadas al personal de empresas exteriores sino a internas del Consejo, realmente es una situación que no se ha dado. Por lo
que sabemos, los técnicos del Consejo nunca hemos estado presionados en absoluto para dar nuestra opinión técnica sobre los asuntos más conflictivos. No hemos recibido nunca presiones de la estructura orgánica en un sentido o en otro. Nos hemos
podido expresar siempre con total libertad, defendiendo técnicamente las opiniones que cada uno hemos tenido, lo cual nos ha llevado a veces a contradicciones entre unos técnicos y otros, porque la técnica tampoco es una matemática pura y siempre
hay un cierto grado de valoración, pero podemos afirmar que no hemos tenido presiones internas en este aspecto.
El señor PRESIDENTE DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR. CCOO. (Rey Gayo): Había otra pregunta de la representante socialista respecto a la estructura del Consejo y de la secretaría general, y aprovecho también para
contestar a una pregunta que ha hecho el representante de Convergència i Unió referida a los cauces de comunicación entre el personal y el Consejo. La sensación es un poco agridulce en el sentido de que nosotros podemos decir muchas cosas, pero no
a la hora de tomar decisiones de organización o de modificaciones del catálogo de puestos de trabajo, que tiene un nombre técnico, RPT (relación de puestos de trabajo). Esta mañana algún consejero también lo ha dicho, y es que dentro del Consejo se
tratan desde modificaciones de la ley de la energía nuclear -por ponerlo en lo más alto- o grandes permisos o grandes solicitudes de instalaciones hasta las prórrogas de los contratos de limpieza. Todo eso lo trata el pleno. Quizá se le ha
olvidado decir que las cosas de personal también las trata el pleno y, en ese sentido, nuestro interlocutor suele ser en máxima instancia, aunque en algunos casos hemos hablado con los consejeros, con la presidenta actual o con los presidentes
anteriores, el secretario general, pero él mismo a la hora de modificar cosas que le estamos pidiendo y que creo que todo el mundo sabe que se tienen que modificar -puestos de trabajo o lo que se ha comentado esta mañana de la carrera profesional-
dice que esto hay que hablarlo con el pleno. En ese sentido, nos parece mejor lo que se está diciendo a lo largo del día de crear una especie de divisoria entre lo que puede ser una dirección, un gerente o una unidad con máximas competencias para
temas internos, llamémosles así, de personal, de gestión del organismo; nos parece mejor que si luego esta organización encima tiene que hablar con todo el pleno, porque el pleno en general tiene que tener otras cosas más importantes que hacer y no
se va a meter en si este puesto es necesario o no, a lo que actualmente se ve obligado.
Nos parece adecuado lo que se ha propuesto por algunos -aunque no sé si esto debe ser cosa de la ley, del estatuto o de normas de menor rango, posiblemente no
sea de la ley, pero lo digo porque nos lo han preguntado en este momento- que posiblemente una secretaría general, subsecretaría o como se le quiera llamar por equipararla con otros departamentos ministeriales, debería tener plena capacidad de ver
los puestos de trabajo, ponerlos aquí o allí.
Creo que hemos contestado a todo. Si faltase algo, nos acogeríamos a eso que se ha dicho también de enviar alguna contestación por escrito.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Hemos llegado ya al final de estas comparecencias. Yo diría que hemos llegado en forma y en horario razonables. No se llega sin el esfuerzo y la colaboración de mucha gente y yo quiero agradecerlo:
en primer lugar, a las taquígrafas y taquígrafos que durante todo el día nos han acompañado; a todos los servicios técnicos de la casa, que han debido de ser muchos; a todos los que nos han ayudado incluso en la logística variada de la que hemos
echado mano.
Quiero agradecer también a los comparecientes su presencia, uno a uno: a los dos últimos, Eduardo Biurrum y José María Rey; a Carlos Bravo, a Mariano Vila de Abadal; quiero dar las gracias también a María Rosario Sola que no ha
podido venir
pero nos ha enviado documentación; a Carmen Martínez Ten, Julio Barceló, Paloma Sendín, José Ángel Azuara y María Teresa Estevan. También quiero agradecer, cómo no, la colaboración magnífica que he encontrado por parte de los diputados.
Fuera del orden del día, me habían dicho que podíamos tomar un acuerdo, en relación con el resto de las comparecencias solicitadas. Hay una propuesta escrita una misiva que dice lo siguiente: A propuesta de todos los grupos políticos y con
el fin de recoger la opinión del mayor número de agentes económicos, técnicos y sociales para mejorar la legislación en materia de seguridad nuclear en nuestro país y, en concreto, en lo referente a la modificación de la Ley del Consejo de Seguridad
Nuclear, ruego nos hagan llegar su posición respecto a la proposición de ley. Les adjuntamos a modo de guía una relación de preguntas que contemplan algunos aspectos de modificación de la propuesta más relevantes.
Se haría esta misiva, se remitiría a todos los comparecientes, salvo, he entendido, a los que son del extranjero. Esta es la propuesta y no sé si hay acuerdo entre los grupos.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Si me da la palabra un segundo, señor presidente, en principio estaría de acuerdo con eso, pero me gustaría -se lo he dicho a la portavoz del PSOE- pensarlo 24 horas y dar la contestación, si le parece bien, por
lo menos en lo que respecta a mi grupo, mañana o pasado.
El señor VICEPRESIDENTE (Beloki Guerra): Seguro; nos parece bien.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.