Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 582, de 16/05/2006
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 582
NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. CIPRIÁ CÍSCAR CASABÁN
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 16 de mayo de 2006
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora directora general de la Función Pública (Mella Puig) para informar sobre las actuaciones que ha realizado y tiene previsto realizar el Ministerio de Administraciones Públicas en relación al empleo público de los
discapacitados. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 212/000661.) ... (Página 2)
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la elaboración de un programa de actuación para facilitar el acceso a materiales de información en los museos adaptados a las personas con alguna discapacidad sensorial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso. (Número de expediente 161/001604.) ...
(Página 9)
-Relativa al impulso de medidas que favorezcan el autoempleo de las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001164.) ... (Página 12)
-Sobre la eliminación inmediata de las barreras arquitectónicas de la estación de Renfe de Nules-La Vilavella (Castellón). Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000669.) ...
-Sobre accesibilidad de las personas con discapacidad visual a la televisión digital. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001006.) ... (Página 17)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (MELLA PUIG) PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES QUE HA REALIZADO Y TIENE PREVISTO REALIZAR EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CON RELACIÓN AL EMPLEO PÚBLICO DE LOS
DISCAPACITADOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 212/000661.)
El señor PRESIDENTE: Comienza la sesión. Quiero en primer lugar indicarles que hay una propuesta de cambio en el orden del día, de forma que la proposición no de ley contenida en el apartado tercero pasaría a considerarse en el apartado
segundo y a su vez la contenida en el segundo se trataría en el tercero. Si no hay ninguna disconformidad al respecto, queda así determinado. También quisiera indicarles que las votaciones correspondientes a las proposiciones no de ley no tendrán
lugar antes de las 12,45.
Pasamos al primer punto del orden del día, que es la comparecencia de la directora general de la Función Pública para informar sobre las actuaciones que ha realizado y tiene previsto realizar el Ministerio de Administraciones Públicas con
relación al empleo público de los discapacitados. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a esta Comisión a doña Olga Mella Puig y estamos seguros de que sus aportaciones y la información que nos va a dar en esta comparecencia van a ser de mucho
interés y gran utilidad para los trabajos de esta Comisión. Tiene la palabra la directora general de la Función Pública.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Mella Puig): Señorías, es para mí un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión para informar sobre las actuaciones del Ministerio de Administraciones Públicas en materia de empleo
público. Como ustedes ya saben, la discapacidad no ha sido objeto de una regulación propia en el ámbito del empleo público hasta fechas más o menos recientes; así, en la Ley de funcionarios civiles de 1964 apenas se hace referencia a las personas
con discapacidad. Las únicas menciones que se hacen se refieren a los requisitos para ser admitido en las pruebas selectivas de ingreso en la Administración que se establecen en el artículo 30 y que señala como requisito no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. Es nuestra Constitución, a través de su artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan o dificulten una igualdad real y efectiva, y más
específicamente el artículo 49, ha que dispone que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos fundamentales de que gozan todos los ciudadanos. Entre tales derechos está el previsto en el artículo 23.2 de nuestro texto constitucional de acceder en
condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Tales preceptos y principios
constitucionales han sido progresivamente objeto de desarrollo legal a través primero de la Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos, que se refiere específicamente en su artículo 38 apartado 3 a las pruebas selectivas para el
acceso a los cuerpos y escalas de la Administración General del Estado, en las que serán admitidos en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, y posteriormente la Ley 23/1988, que modifica la Ley 30/1984, de medidas para la reforma de
la Función pública, incluyendo en esta una disposición adicional decimonovena con la previsión de un cupo de reserva de plazas no inferior al 3 por ciento de las ofertas de empleo público para personas con un grado de minusvalía igual o superior al
33 por ciento, siempre que superen las pruebas selectivas y que en su momento acrediten el indicado grado de minusvalía y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes. La constitucionalidad de esta medida fue
confirmada por el Tribunal Constitucional, que en su sentencia 269/1994 señala que es claro que la reserva porcentual de plazas en una oferta de empleo destinada a un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo no vulnera el artículo 14 de
la Constitución, sino que constituye un cumplimiento del mandato contenido en el artículo 9.2 por el que se obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan la participación real y efectiva de todos en consonancia con el carácter
social y democrático de nuestro Estado de derecho. Se descarta por tanto que la medida sea discriminatoria en sí misma considerada y también se establece su legitimidad desde la perspectiva del derecho a acceder a funciones públicas en condiciones
de igualdad. La Ley 30 de medidas para la reforma de la Función pública fue desarrollada en este aspecto por el real decreto por el que se aprueba el reglamento general de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles del Estado. Este reglamento del año 1995 hacía ya mención a la admisión en los procesos selectivos de personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los
demás aspirantes, con las adaptaciones de tiempos y medios necesarios para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, así como la asignación de puestos de trabajo adaptados y compatibles con las circunstancias personales del candidato
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto. Las disposiciones de este reglamento se aplican también a la selección de personal laboral.
Aunque el mandato legal era explícito, lo cierto es que los resultados concretos eran muy poco alentadores, por lo que la Ley 53/2003 de empleo público de discapacitados dio una nueva redacción a la citada disposición decimonovena de la Ley
de Función pública elevando la reserva de un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad, ya que, como la propia ley reconoce en su preámbulo, las personas con discapacidad que llegaron a aprobar
en las distintas convocatorias para funcionarios de la Administración General del Estado en los últimos años anteriores a la publicación de esta ley, oscilaban en torno a un 0,2 por ciento y que el número de aspirantes era muy reducido, por lo que
se ponía de manifiesto que las personas con discapacidad se ven sometidas a importantes barreras para acceder al empleo público, obstáculos que no son justificables, pues por la actividad de los servicios públicos es perfectamente compatible con la
capacidad y formación de las personas con discapacidad. Se sabe -por la larga experiencia de la aplicación de la disposición adicional decimonovena de la Ley 30 /1984- que establecer simplemente un cupo de vacantes en las ofertas de empleo público
y un objetivo de llegar progresivamente al 2 por cien de los efectivos totales de la Administración no es suficiente para que dicha meta se consiga.
También la Directiva del Consejo de 27 de diciembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación obliga a que nuestra legislación prohíba la discriminación en el empleo por
varios motivos, entre los que se incluye la discapacidad; se promuevan medidas positivas de igualdad de oportunidades y la adopción de ajustes razonables que remuevan las barreras u obstáculos en el acceso al empleo y en las condiciones de todo
tipo de ocupación integrada en la Administración pública.
En desarrollo de las disposiciones anteriores, el Gobierno actual aprobó el 3 de diciembre de 2004 el reglamento por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, cuyo
objetivo es fomentar la práctica de acciones positivas que favorezcan la igualdad de oportunidades de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal y compensación de desventajas, sin perjuicio de la igualdad de condiciones
de acceso que debe imperar entre los candidatos a la cobertura de puestos de empleo público. Así pues, en las convocatorias de ingreso libre previstas en la oferta de empleo público se reservará un 5 por ciento de las vacantes y se establece como
posibilidad la convocatoria, de forma independiente, de estas plazas reservadas, así como la posibilidad de acumular el porcentaje de plazas no cubiertas al cupo de reserva del año siguiente con un máximo de un 10 por ciento. Esta obligación de
reserva se extiende a las convocatorias de selección de personal temporal, si bien con una serie de condiciones y limitaciones que tienen por objeto adaptarse a las peculiaridades de estas convocatorias y a su carácter de extraordinaria y urgente
necesidad y se extiende también a los procesos de promoción interna. Se incorpora a este real decreto la adopción de diversas medidas de adaptación, de medios y ajustes razonables a las necesidades de las personas con discapacidad en el desarrollo
de los procesos selectivos y en el lugar de trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación por motivos de discapacidad en la esfera del empleo público, lo que supone la puesta a disposición del aspirante de los
medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las
ayudas técnicas y tecnologías asistidas que precisen para la realización de las pruebas en que participen, así como la garantía de la flexibilidad de información y comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde estas
pruebas se desarrollen. En los procesos de acceso al empleo público, tanto de personal funcionario como de personal laboral, se da preferencia en la elección de destino a los aspirantes con discapacidad, que podrán solicitar la alteración del orden
de prelación, siempre que se justifique por razones territoriales, de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otras análogas, que deberán ser debidamente acreditadas. Se evitará así que la inadecuación de un destino a los
condicionamientos que la discapacidad provoca tenga como resultado la no incorporación del candidato que haya superado las pruebas a un puesto de trabajo. También se prevé la obligación que tiene la Administración de proceder a la adaptación de los
puestos de trabajo que solicite el candidato en cualquier procedimiento de adjudicación de puestos. Por último, este real decreto de diciembre de 2003 contempla asimismo la aplicación de otras medidas que tienen por objeto favorecer la integración
de las personas con discapacidad mediante la facilidad de acceso a la formación, bien a los cursos dirigidos a la formación de los trabajadores para el mejor desempeño de sus puestos de trabajo, bien por el acceso a la formación destinada a apoyar
la promoción profesional. En todo caso, la persona con discapacidad conserva siempre la posibilidad de optar entre el turno libre y el reservado. Es a partir de esta disposición legal, de esta disposición reglamentaria por lo que las ofertas
anuales de empleo público contienen previsiones relativas al acceso de personas con discapacidad. De acuerdo con los últimos datos disponibles, los resultados de las ofertas del año 2004 y 2005 pueden calificarse de alentadoras, en el sentido -que
luego veremos con más detalle- de que marcan un cambio de tendencia muy significativo tanto por el número de aspirantes como por el número de aprobados con respecto a años anteriores. En este sentido, me gustaría recordar que en noviembre del año
pasado el Cermi, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, otorgó en la cuarta edición de sus premios anuales el primer premio en la categoría de acción institucional al Ministerio de Administraciones Públicas por sus
iniciativas en el campo del empleo público para discapacitados, accesibilidad a las páginas web de la Administración, así como en la mejora de la accesibilidad de las dependencias administrativas. En cuanto a los resultados concretos de las ofertas
de los últimos años y para valorar lo positivo de los resultados obtenidos, quiero recordar que en toda la década de los años 1994 a 2003 la cifra de aprobados por el turno de reserva se situó en 147 personas, es decir, apenas un 0,6 por ciento de
los nuevos empleos públicos en este periodo. Para la obtención de los datos relativos a los aprobados en estas dos últimas ofertas hay que recordar aquí que el artículo 3.3 del Real Decreto 2271/2004 al que estoy haciendo referencia, establece que
las pruebas selectivas tendrán idéntico contenido para todos los aspirantes, independientemente del turno por el que se opte, sin perjuicio de las adaptaciones de medios necesarios. Durante el procedimiento selectivo se dará un tratamiento
diferenciado a los dos turnos en lo que se refiere a las relaciones de admitidos, los llamamientos a los ejercicios y la relación de aprobados. No obstante, al finalizar el proceso se elaborará una relación única en la que se incluirán todos los
candidatos que hayan superado todas las pruebas selectivas ordenados por la puntuación total obtenida, con independencia del turno en el que hayan participado. Dicha relación será la determinante para la petición y para la adjudicación de destinos.
En consecuencia, al ser única la lista de aprobados, no existen datos diferenciados respecto de los aprobados que pertenecen al turno de discapacitados y al turno libre. No obstante, y a través del trabajo de seguimiento de las ofertas de empleo
público que se realizan desde la Dirección de la Función Pública, se han extraído estos datos referidos a las dos últimas ofertas. Así, en el año 2004, en la forma de ingreso libre para el conjunto de todos los cuerpos y escalas, se convocaron
4.117 plazas, de las cuales 205, es decir el 5 por ciento, fueron convocadas por el turno de reserva de discapacitados. Se cubrieron un total de 3.002 plazas, de las cuales 95 fueron ocupadas por personas con algún tipo de discapacidad, lo que
supone un porcentaje del 3,16 sobre el total de personas que accedieron a la Administración General del Estado por el turno libre. En promoción interna en el año 2004 se convocaron 4.496 plazas para el conjunto de todos los cuerpos y escalas, de
las cuales 187 fueron cubiertas por el turno de reserva. En este caso, accedieron un total de 3.794 personas, de las cuales 50 eran discapacitadas, lo que representa un 1,32 por ciento del total. En el año 2005 los datos de los que disponemos son
los siguientes: por el sistema de ingreso libre, en el conjunto de cuerpos y escalas se convocaron 4.193 plazas, de las cuales 237 eran para el turno de reserva de discapacitados. El total de aprobados discapacitados ascendió a 124 personas sobre
un total de 2.589 que accedieron a la Administración, lo que supone un porcentaje del 4,79 por ciento, sensiblemente superior al año 2004, que, quiero recordar, estaba en el 3,16. En promoción interna, para el conjunto de cuerpos y escalas se
convocaron 3.999 plazas, de las cuales 198 eran de reserva para el turno de discapacitados. De los 3.179 aprobados, 76 fueron personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa un porcentaje del 2,4, que casi dobla el porcentaje del 1,32
del año anterior. Cabe resaltar el dato referente al conjunto de cuerpos y escalas, cuya selección corresponde al Ministerio de Administraciones Públicas a través de la comisión permanente de selección, que, en ingreso libre, representa alrededor
del 30 por ciento del total de las plazas ofertadas de empleo público para el año 2005. En lo que respecta al efectivo cumplimiento de la reserva del 5 por ciento de las plazas para personas con discapacidad, el porcentaje de aspirantes que acceden
a la Función pública a través del cupo de reserva para personas discapacitadas no ha dejado de crecer, pasando del 3,2 en el año 2003 al 6,4 en el año 2004 y llegando en el año 2005 al 7,1 por ciento
para los aspirantes que acceden por el turno libre. En el caso de acceso a través del turno de promoción interna, dicho porcentaje también ha crecido año a año pasando del 1,4 por ciento en 2003 al 1,7 en 2004 alcanzando en el año 2005 el
2,3. Además, se señala que en cumplimiento del Real Decreto 2271/2004 por el que se regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, se han concedido también más de 400 adaptaciones de tiempo y/o de medios para el desarrollo de
las pruebas selectivas, con el fin de asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad.
Finalmente, me gustaría terminar señalando que si bien es mucho lo que queda por hacer en este campo, las medidas adoptadas en los últimos dos años nos hacen ser optimistas en el sentido de que la tendencia está evolucionando muy
favorablemente tanto en número de plazas ofertadas como en el número de aprobados, lo que manifiesta que las personas con discapacidad acuden con garantías al empleo público y se integran con normalidad en la Administración General del Estado, que
ha incluido el cupo de reserva para discapacitados como un elemento positivo para nuestra organización.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Bienvenida, señora directora general de la Función Pública a esta Comisión y quisiera agradecerle su clarificadora exposición. Mi grupo parlamentario tenía bastante interés en su comparecencia para conocer qué se
estaba haciendo por parte de las administraciones públicas para facilitar el empleo a las personas con discapacidad, porque hay que recordar que el 9 por ciento de la población española, casi 4 millones de ciudadanos de nuestro país, son personas
con discapacidad. Si tenemos en cuenta a sus familias, estamos hablando de 10 millones de ciudadanos para los que la discapacidad es una realidad presente cotidianamente en sus hogares. Estas personas se siguen enfrentando con demasiada frecuencia
a distintas formas de discriminación que las coloca en una situación de particular vulnerabilidad ante los riesgos de pobreza económica, exclusión social y aislamiento personal. De hecho, sufren unos niveles inaceptablemente bajos tanto de
educación como de empleo.
En el informe del Consejo Económico y Social de finales de 2003, cuando todavía gobernaba el Partido Popular, sobre la situación en España de las personas con discapacidad, se señalaban que eran estas personas, las personas discapacitadas
las que encabezaban las listas por desempleo. El porcentaje de españoles en edad de trabajar con una discapacidad era del 8,7 por ciento, es decir, había más de un millón de personas en estas circunstancias que tenían una tasa de actividad que era
la mitad de la del resto de la población, solo un 32 por ciento, pero al mismo tiempo tenían una tasa de paro que era del doble, más del 26 por ciento. El compromiso de este Gobierno desde el primer día fue poner en marcha todas las medidas
necesarias tendentes a facilitar el acceso al empleo de las personas discapacitadas, porque sin duda alguna la verdadera integración social pasa por la plena inserción laboral ¿Cuál era la situación que nos encontramos lo socialistas el 14 de marzo
de 2004? La situación era que el número de personas con discapacidad en las administraciones públicas era únicamente del 0,7 por ciento, es decir, no se llegaba ni siquiera al uno por ciento. En esta Comisión lo hemos dicho en muchas ocasiones y
es que algo tuvo que hacer mal el Partido Popular para que ni siquiera se alcanzara el uno por ciento. Sin embargo, esta incomprensible gestión del anterior Gobierno contrasta con la apuesta que desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero y
concretamente desde el Ministerio de Administraciones Públicas se está llevando a cabo. Incluso hay que recordar que fue el ministro de Administraciones Públicas quien planteó en el Congreso de los Diputados la conveniencia de corregir esa realidad
asumiendo el compromiso de duplicar esa cifra hasta alcanzar el 2 por ciento mediante medidas concretas que hiciesen posible el cumplimiento de ese objetivo. En ese sentido -usted lo ha dicho muy bien-, se impulsó el Real Decreto 2271/2004, de 3 de
diciembre, donde se establece un 5 por ciento de las plazas para personas con discapacidad, un real decreto que ha dado respuesta a las reivindicaciones del Cermi y otras asociaciones representativas al objeto de que tuviese, evidentemente, el mayor
apoyo social posible. En dicho decreto -y aunque usted lo ha explicado, me parece muy importante que se incida en ello- se establece que si no se cubriesen esas plazas, se acumularían para la siguiente convocatoria o que las personas con
discapacidad tienen preferencia a la hora de elegir provincia de destino, así como la adjudicación de los puestos de trabajo en función de las disponibilidades y habiendo una garantía de adaptación obligatoria de los puestos de trabajo a sus
necesidades y también impulsando medidas formativas específicas que permitan una adecuada promoción profesional.
Me gustaría conocer en este sentido qué sistemas, qué indicadores, qué registros se están llevando a cabo para ver cómo están evolucionando los datos de empleo de personas con discapacidad en administraciones públicas, porque los datos
aportados por ustedes muestran que algo está cambiando. Lo decía usted, está cambiando, existe una tendencia que está cambiando y buena muestra de ello lo constituye que el porcentaje de las personas con discapacidad que accedieron a un puesto de
trabajo en la Administración General del Estado en 2004 se situase en el 7 por ciento del total, dos puntos por encima de la obligación legal del 5 por ciento y el doble de lo alcanzado en 2003 cuando gobernaba el Partido Popular.
Es significativo
que mientras que en el periodo que va entre 1994 hasta 2003 se incorporaron únicamente a la Administración Pública 147 personas, esto es, un 0,46 por ciento de los nuevos empleos en ese periodo, en el primer año de
este Gobierno lo hicieran 94, casi tantas como en la última década. Estas cifras ponen de manifiesto la efectividad de las medidas adoptadas por el Ministerio de Administraciones Públicas en materia de acceso al empleo de personas
discapacitadas y que se recogen, como digo, en el citado real decreto. Hay que añadir también la oferta de empleo para 2005 aprobada por el Gobierno el 4 de febrero, en la que se estableció ese 5 por ciento de reserva para las personas
discapacitadas; de hecho, en la Orden ministerial de 14 de marzo de 2005 se convocaba un total de 4.005 plazas, de las cuales 250 eran para personas discapacitadas. Esto significa un 6,2 por ciento del total, incluso por encima de ese 5 por ciento
establecido. En definitiva, queda claro que en los dos primeros años de este Gobierno, el Ministerio de Administraciones Públicas ha hecho más por incorporar a las personas con discapacidad a un empleo que el anterior Gobierno del Partido Popular
durante ocho años. Sin duda alguna -vuelvo a insistir- la verdadera integración de estas personas pasa por su plena inserción en el mercado laboral. Por tanto, concluyo felicitándola por el trabajo que realiza desde su ministerio con una última
cuestión y es que me gustaría conocer dentro del estatuto básico del empleado público cuál es la previsión que existe con relación a las personas con discapacidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Murcia Barceló.
El señor MURCIA BARCELÓ: Gracias, señora directora general, por su comparecencia y por habernos ilustrado en lo que ha sido el devenir normativo de todo lo relacionado con la Función pública. Creo que le habrá venido bien a mi compañero
del Partido Socialista que nos haya explicado e ilustrado para que vea y reconozca que esto no ha sido fácil, y, desde luego, en dos años de Gobierno nadie puede conseguir el éxito, pese a que vaya mejorando lógicamente. Es evidente que nosotros
tuvimos que hacer algo mal -como ha dicho que algo tuvo que hacer mal el Partido Popular- y fue decir sencillamente la verdad. En el preámbulo de la Ley 53/2003 reconocimos que la situación fue calificada por la exposición de motivos como programa
desalentador y lamentable incumplimiento. Eso fue lo que nosotros dijimos en la ley, porque era una evidencia que venía de atrás y que no se estaba haciendo prácticamente nada o se estaba haciendo muy mal dentro de la Función pública con respecto a
la discapacidad y el empleo. Por lo tanto, hay que partir del reconocimiento de la existencia de un problema para poder andar a solucionarlo y nunca estar -y creo que hemos dado pruebas de ello en esta Comisión- obsesionado por lo que se hizo mal o
lo que se está haciendo bien para mayor gloria del que lo hace y para mayor desastre, por así decirlo, del que lo hizo. Creo que la sociedad ha cambiado, las asociaciones han hecho mucho por esa circunstancia, la propia discapacidad ha entendido
que podía acceder a esos puestos, ha conseguido seguridad con otras leyes que se fueron haciendo dentro del Gobierno del Partido Popular e indudablemente tendrán que seguir haciéndose por el partido que gobierne en cada momento y todos estaremos de
acuerdo en que lo que es una mejora y una evolución será bueno y correcto para este tipo de personas que, en definitiva, son iguales que las demás, pero que en muchos momentos han sido maltratadas y discriminadas. No debemos olvidar que hay una
Directiva del Consejo de Europa que obliga a los Estados miembros de la Unión a promover medidas positivas de acceso al empleo público y esta es del 2000. También en Europa lo reconocieron quizás algo tarde, pese a que se iban tomando algunas
medidas al respecto, pero fue del año 2000, motivo por el cual se puso a trabajar en aquel momento también el Gobierno que dirigía los destinos de este país. En su consecuencia, yo no voy a entrar nuevamente en el desarrollo normativo, aunque me lo
he mirado, se aprobó en 2003 la Ley 53. Eso quiere decir que fue algo que dio pie, evidentemente, al desarrollo reglamentario que usted y la directora general han explicado.
Lógicamente, reconocemos que el reglamento es un paso más, que es un buen
paso y que está, efectivamente, llevando a conseguir frutos razonablemente buenos, como era de esperar. Ya digo que ha cambiado tanto la presencia de los discapacitados como esa Ley de discriminación positiva que, hasta aquel momento era muy
limitada.
Entro en el tema de la ley y concretamente en algunos puntos y me gustaría, si la directora general lo tiene a bien y puede, que me dijera si tiene la misma opinión que yo. En el reglamento, por primera vez, en el derecho al acceso a la
Función pública estatal, se regula, como creo que ha dicho, la discriminación positiva en el acceso al empleo público temporal. La norma se refiere a personal temporal, entiendo que es una expresión de derecho laboral, pero que en este caso también
se utiliza para determinar al funcionariado interino. La convocatoria dice que debe ser por oposición o concurso-oposición y dado que muchas de estas convocatorias para personal no permanente se efectúan por concursos de méritos, la norma en este
caso efectúa una distinción que no nos parece apropiada. ¿Por qué? Porque podría deducirse que en este supuesto no hay obligación de reserva de cupo para discapacitados. Este es un punto que me gustaría que usted me aclarara, si me lo puede decir
hoy, y, si no, que lo vea en el reglamento y me dé una contestación, porque puede haber un error que puede provocar impugnaciones o quizá discriminaciones.
También, en esta reserva de plazas de empleo público temporal, dice que será del 5 por
ciento, siempre que se convoquen un mínimo de 20 plazas.
Es evidente que ello conlleva una merma, creo yo, importante en las opciones de las personas con discapacidad, pues no es usual que en las pequeñas y medianas administraciones se convoquen 20
plazas de una sola vez para personal no permanente; lo que quiere decir que podría haber una discriminación porque no tendrían la posibilidad de acceder. Hablamos de pequeños ayuntamientos que dependan del Ministerio de Administraciones Públicas,
claro, no hablo en absoluto
de cuestiones autonómicas, porque lo tienen transferido y, efectivamente, son ellos quienes legislan. En cuarto lugar está lo que creo que es una pequeña crítica a la norma, que podría ser solventada, y es que al vincular el cupo del 5 por
ciento a una convocatoria de plazas mínima en número de 20, se ignora la discriminación positiva en las convocatorias de bolsas o listas de espera en donde no se prefija ningún número de plazas, pues únicamente suponen el derecho a formar parte de
una relación de aspirantes que pueden ser requeridos o no en el futuro a ocupar una plaza temporal. Esos son algunos puntos del empleo público temporal que creo que podría discriminar, y si tiene a bien mirarlo, no ahora mismo, creo que podría
haber una fórmula de solventar y solucionar ese problema, porque en el ánimo de mi grupo está la solución del problema y no tratar de defender lo que hicimos. Queremos hacer con ustedes, los que están hoy en el Gobierno, algunas cosas.
En otro orden de cuestiones, ya he recibido información de cuál es su postura o el balance sobre el cambio normativo -usted lo ha dicho con cierta prudencia- de ir mejorando, tampoco sin alharacas, lógicamente.
Estoy de acuerdo con usted en
que ha sido positivo, yo también lo reconozco en la medida en que todos podemos reconocer que un avance siempre es bueno, aunque tampoco hemos solucionado el problema. En segundo lugar, ha hablado de cifras. ¿Dispone el ministerio de datos
fidedignos de cuántos empleados públicos con discapacidad trabajan en el ámbito de la Administración General del Estado. ¿Se cumple por la Administración General del Estado de la reserva del 2 por ciento en favor de personas con discapacidad de los
efectivos totales? Y si no es así, ¿en qué cifras estamos? En la esfera del ministerio, ¿qué grado de cumplimiento de esa obligación legal se está produciendo?
Señora directora general, el Gobierno se comprometió pero no ha promulgado todavía, después de año y medio, la orden ministerial sobre adaptación de tiempos en los procesos selectivos para personas con discapacidad que exige el apartado 3
del artículo 8 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Ha hablado usted de ello, ha hablado de lo que dice el reglamento,
pero no nos dice para cuándo se va a establecer esa adaptación de tiempos.
¿Cuándo piensa el Gobierno aprobar esa orden? ¿Cree que se aplicará a los procesos selectivos que se desarrollen como consecuencia de la oferta pública de empleo de 2006?
No basta con que esté en el reglamento sino que se desarrolle, determine y estipule en forma concreta.
Voy a seguir preguntándole porque tengo que aprovechar su presencia, ya que en esta Comisión han sido exiguas las comparecencias. Hemos tratado en muchas ocasiones de que el ministro del ramo de asuntos sociales viniera y no ha venido,
aunque sí habló algunas veces de estos temas. Por eso es doble el agradecimiento por tenerla a usted, y perdónenos que intentemos exprimirla un poco pero es que no tenemos demasiadas oportunidades.
El artículo 13 del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, establece que con carácter anual el Ministerio de
Administraciones Públicas elaborará un informe-balance en el que constará toda la información y las estadísticas relevantes producidas en el periodo sobre el acceso de personas con discapacidad al empleo público. Dicho informe-balance se elevará
para su conocimiento a la Comisión superior de personal y al Consejo Nacional de la Discapacidad. No nos consta, señora directora general -y si no es así nos lo dice-, que el informe correspondiente al año 2005 se haya realizado, al menos no se ha
presentado al Consejo Nacional de la Discapacidad, según tenemos entendido. ¿Cuándo estará listo ese informe? ¿Por qué el ministerio no ha cumplido -o no ha podido- el plazo ordenado por el real decreto? Le rogaría que nos lo remitiese a la
Cámara, una vez esté disponible, para conocimiento de la Comisión.
¿Qué medidas en favor del empleo y de las condiciones laborales y sociales de las personas con discapacidad va a incluir el proyecto de ley de estatuto básico del empleado público? Es un tema importante que puede plasmarse -quizás es una
repetición de lo que se viene haciendo del reglamento- y entendemos que es importante que en este caso se incluya, porque así lo quieren, la discriminación positiva determinada y la concreción de la discapacidad en un artículo. En segundo lugar,
entendemos que debe establecerse de manera taxativa la eliminación de barreras físicas, de transporte, tecnológicas y de comunicación en los puestos de trabajo para personas discapacitadas. Parece ser que también habla el borrador de que se
reservará un cupo no inferior al 5 por ciento de las vacantes para ser cubiertas. Además de las convocatorias ordinarias de plazas para la Función pública se propone la posibilidad de realizar un turno independiente para los aspirantes. Esto es
algo que entendemos lógico y positivo, y creo que también lo entienden así las asociaciones de discapacitados. Por último, sugiere la inclusión de un nuevo apartado para garantizar que las plazas para aspirantes discapacitados que no sean cubiertas
puedan acumularse en siguientes convocatorias. Asimismo, si las plazas reservadas que han sido cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzan la tasa del 3 por ciento de las convocadas, las plazas no cubiertas se acumularían al cupo del 5
por ciento de la oferta siguiente con un límite máximo del 10 por ciento, que es lo que dice el reglamento que no se puede superar. Son ambiciones que tienen las asociaciones y que nosotros hacemos nuestras para que se incluyan en el futuro
estatuto de la Función pública.
Por último, ¿piensa el Gobierno extender a los empleados públicos con discapacidad el régimen de jubilación anticipada existente en el régimen general de la Seguridad Social para los trabajadores ordinarios? Los empleados públicos no gozan
de este derecho y tengo
que recordar, no por darnos flores sino porque era una realidad, que sí fue reconocido en la etapa del Gobierno del Partido Popular a los trabajadores con discapacidad acogidos al régimen general de la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios tiene la palabra la señora directora general de la Función pública.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Mella Puig): Voy a intentar contestar a las cuestiones que se han planteado, agradeciendo a sus señorías el talante y el tono en que han sido formuladas.
Contestando a la pregunta concreta que hacía el representante del Grupo Socialista, y que ha coincidido también con una de las que ha planteado el representante del Grupo Popular, me voy a referir a las disposiciones que en esta materia
están previstas incluir en el estatuto básico del empleado público, teniendo en cuenta, como sus señorías saben, que estamos en plena fase de negociación con partidos políticos, sindicatos, comunidades autónomas, y que por tanto el texto se
encuentra en una fase de borrador que puede ser modificado a lo largo de las negociaciones que se van realizar en estas fechas. Efectivamente, el borrador recoge varias disposiciones en las que la discapacidad está presente como eje transversal que
inspira toda la acción de las administraciones públicas en materia de empleo público, y que atraviesa de manera horizontal todas las actuaciones tanto en materia de promoción como de selección y de desarrollo profesional. En el artículo 14 del
segundo borrador (los números de los artículos pueden ser objeto de variación en borradores sucesivos que se puedan elaborar), que en este momento sus señorías tienen a su disposición en la página web del Ministerio de Administraciones Públicas y
que es con el que estamos trabajando, entre los derechos individuales de los empleados públicos se recoge expresamente no ser discriminado por ninguna razón que tenga que ver con circunstancias personales y, por supuesto, entre ellas está incluida
la discapacidad. También dentro de los principios éticos que deben inspirar toda la actuación de los empleados públicos en el desarrollo de sus funciones, la no discriminación por ninguna causa, incluida la discapacidad, es uno de los elementos
básicos que luego tiene su reflejo en la parte correspondiente al régimen disciplinario en el supuesto de que esta obligación de no discriminación se incumpliera en alguna actuación concreta por algún empleado público. Pero lo más importante es la
incorporación en el texto del artículo 59, especialmente destinado a las personas con discapacidad, del establecimiento de un cupo de reserva no inferior al 5 por ciento de las ofertas anuales que se realicen de empleo público para las personas con
un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, y se establece como objetivo alcanzar un 2 por ciento de los efectivos al servicio de las administraciones públicas de personas con discapacidad. Este artículo y la inclusión del mismo en el
estatuto básico tiene una enorme trascendencia, y así ha sido recogido en las observaciones que al texto nos ha hecho Cermi, que ha informado esta parte muy favorablemente. La incorporación de este artículo es fundamental porque estamos hablado de
un estatuto básico, es decir, de un conjunto de normas comunes de obligado cumplimiento en todas las administraciones públicas. Hoy, las disposiciones de las leyes correspondientes y el reglamento tienen un alcance mucho más limitado porque estamos
hablando de Administración General del Estado, que siempre tiene un efecto de mostración frente a otras administraciones, pero no son de obligado cumplimiento. Si el proyecto de estatuto básico prospera en los términos en que está planteado, el
establecimiento de esta cuota y el objetivo de un 2 por ciento de efectivos con discapacidad al servicio de las administraciones públicas será una obligación para el conjunto de las administraciones públicas. Creo que esto es un cambio cualitativo
de una enorme trascendencia para el tema que nos ocupa.
En cuanto a las otras cuestiones que me ha planteado el representante del Grupo Popular, coincido con su señoría en que las convocatorias para la contratación de personal temporal, tanto personal funcionario como personal laboral, tienen
algún tipo de limitación tal como está planteado en el artículo 6 del Real Decreto 2271, porque se establece que en estos supuestos haya reserva de cuota siempre y cuando las adaptaciones de medios y las especiales características de estos procesos
selectivos no perjudiquen la necesaria urgencia y celeridad que debe regir en los procesos de contratación de personal temporal. Estamos hablando de contratación de personal interino fundamentalmente, que es una contratación muy excepcional y que
nuestra legislación prevé solamente en los supuestos de urgente, extrema y acreditada necesidad. Estamos trabajando para que en todas las bolsas de empleo y en todos los procesos selectivos para este tipo de personal se puedan conjugar estos dos
principios que a veces pueden parecer difíciles de articular, la necesaria celeridad en los procesos y el derecho de las personas con discapacidad que en ellos participan a tener todas las garantías para que las pruebas se realicen en condiciones de
igualdad. Estamos trabajando, estamos haciendo camino al andar y, como digo, los resultados no son satisfactorios al cien por cien pero sí estamos en el buen camino y les puedo asegurar que por parte de Administraciones Públicas, que tenemos la
competencia para vigilar los procesos selectivos que se realizan desde otros órganos de la Administración General del Estado, la vigilancia del cumplimiento de estos principios es máxima y siempre con el mayor interés en conseguir los mejores
resultados.
En cuanto a si cumplimos o no el porcentaje del 2 por ciento de personas con discapacidad al servicio de la
Administración General del Estado en nuestros efectivos totales, tengo que compartir con sus señorías un problema o una dificultad. Primero, el cupo es una medida relativamente reciente. Quiero decir que nosotros estamos haciendo el
seguimiento y tenemos los datos de las personas que ingresan en la Administración General del Estado a partir de los años noventa, cuando se estableció el cupo, pero no tenemos datos sobre los años anteriores en que entraban por los turnos
ordinarios de acceso al empleo público. Y una vez que estas personas se incorporan a la Administración General del Estado, el seguimiento de sus carreras profesionales está muy limitado por la Ley de protección de datos. Tenemos un seguimiento
relativo aunque estamos trabajando con el registro central de personal, que también depende del ministerio, para ver de qué manera, sin atentar a los derechos de privacidad y de intimidad que nuestras leyes protegen, podemos identificar a estos
trabajadores y hacer un seguimiento más pormenorizado de la carrera, pero he de decirles que muchas veces son los propios trabajadores los que tampoco desean dar estos datos. No solo estamos hablando de personas con algún tipo de discapacidad que
tiene que ver con la movilidad, sino que estamos hablando de discapacitados psíquicos, y no todos desean facilitar determinados datos que nos permitan luego un seguimiento de su carrera profesional en el seno de la organización al que se incorporan
absolutamente con todas las garantías y con todos los derechos. Por tanto, datos ciertos de personas con discapacidad al servicio de las administraciones públicas no los tenemos lo suficientemente contrastados como para poder facilitarlos en este
momento.
Me ha preguntado también su señoría por la orden de adaptación de tiempos.
La orden se encuentra en este momento pendiente de su publicación inmediata en el BOE. Como usted bien sabe porque está muy informado, el Ministerio de
Administraciones Públicas ha trabajado en estrechísima colaboración con el Ministerio de Trabajo, ha sido aprobada esta orden en el Consejo Nacional de Discapacidad en la última reunión que se celebró hace un mes y está en este momento firmada por
el Ministerio de la Presidencia y pendiente, como digo, de su inmediata publicación, porque lo que queremos y vamos a conseguir es que esta orden sea de aplicación a los procesos selectivos que se van a iniciar a partir del mes que viene en
desarrollo de la oferta de empleo del año 2006. Como ustedes saben, el real decreto de oferta se publicó en febrero de este año y luego hay unos plazos de unos meses en los que los distintos ministerios de los que dependen los cuerpos y escalas que
convocan plazas nuevas deben presentar sus temarios, sus convocatorias, que son aprobados por la Dirección General de la Función Pública y a finales de mayo se ponen en marcha estos procesos y se realizan la pruebas concretas. Tenemos mucho
interés, tanto el Ministerio de Trabajo como el de Administraciones Públicas y el propio Cermi, en que la orden esté vigente y sea de aplicación en la oferta de 2006, y así deseamos que ocurra.
En cuanto a la obligación que establece el Real Decreto 2271 de realizar un informe anual, su señoría tiene razón, estamos elaborando todavía el informe. De hecho, los datos que he dado en esta Comisión son una primicia por lo recientes.
Hemos tenido que esperar a la finalización de los procesos selectivos de la oferta del año 2005. Los procesos selectivos se realizan a lo largo de todo el año natural, después en algunos casos hay cursos de formación que forman parte del proceso
selectivo y en el primer trimestre del año 2006 es cuando el grueso de los cuerpos que ingresaron de acuerdo con la oferta de 2006 toma posesión. Por tanto, hemos tenido que esperar a cerrar los procesos selectivos y todas las convocatorias del año
2006 para recabar estos datos. Con estos datos que hoy he presentado aquí estamos en condiciones de presentar la evaluación al Consejo Nacional de Discapacidad, a la Comisión superior de personal y por supuesto a esta Cámara la evaluación y
seguimiento de los datos correspondientes a la oferta del año 2005.
Sobre el estatuto básico he contestado al principio. Efectivamente, contemplamos el establecimiento de ese cupo y de ese objetivo a alcanzar del 2 por ciento de los empleados con carácter básico para el conjunto de todas las
administraciones públicas, no solo de la Administración General del Estado.
Por último, me ha preguntado por el régimen de jubilación anticipada.
Efectivamente, el problema se plantea, como usted muy bien ha señalado, en los funcionarios del régimen especial, es decir, funcionarios de clases pasivas. Hay que
trabajar con el Ministerio de Economía y Hacienda, que es el que tiene la competencia en materia de clases pasivas, y estamos trabajando. Es una demanda que el Cermi nos ha planteado y que estamos estudiando, sin que podamos presentar resultados
concretos.
El señor PRESIDENTE: Finalizada la comparecencia, quiero agradecer a la señora directora general de la Función pública su presencia y la información que ha ofrecido mediante su comparecencia en esta Comisión.
Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
PROPOSICIONES NO DE LEY.
-RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO A MATERIALES DE INFORMACIÓN EN LOS MUSEOS ADAPTADOS A LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD SENSORIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001604.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con el debate de las cuatro proposiciones no de ley que se
contemplan en el orden del día y su posterior votación. En primer lugar, de acuerdo con el cambio producido en el orden del día, proposición no de ley relativa a la elaboración de un programa de actuación para facilitar el acceso a
materiales de información en los museos adaptados a las personas con alguna discapacidad sensorial. Por el grupo autor de la proposición no de ley, para su defensa y también de la enmienda planteada por el mismo grupo, tiene la palabra el señor
Tabuyo.
El señor TABUYO ROMERO: Señorías, la proposición no de ley que hoy presentamos tiene que ver con la inclusión y con el derecho de acceso de las personas con discapacidad a todos los campos de la vida social, destacando el acceso y
utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento. Esta garantía de accesibilidad no puede entenderse como una cuestión de sensibilidad o de buena voluntad de los gestores, sino
que es un derecho que el Estado debe garantizar y, por ello, la falta de accesibilidad debe ser considerada como una discriminación injustificada.
En el programa electoral con el que conseguimos el apoyo mayoritario de la ciudadanía y bajo el epígrafe La discapacidad como prioridad política se recogía el compromiso de garantizar el derecho de acceso de las personas con discapacidad a
la educación, al empleo, a la asistencia sanitaria, a la vivienda y a la cultura, el ocio y el deporte, removiendo los obstáculos que lo impiden o dificulten. En esta línea de trabajo y de compromiso estamos, sabiendo que muchas iniciativas de los
más diversos grupos políticos se han aprobado y que desde el Gobierno se impulsa la accesibilidad universal en todos los campos, desde el más clásico de la eliminación de las barreras arquitectónicas hasta la televisión digital terrestre, y hasta
las más relacionadas con las TIC de última generación, como la resolución aprobada por la Comisión de la sociedad de la información y el conocimiento en el plan de convergencia con Europa, concretamente el punto 1.3, noveno, referido al plan de
accesibilidad e inclusión tecnológica, para dar respuesta a los posibles problemas de exclusión fomentando una innovación y diseño para todos. Inclusión significa también un cambio de mentalidad basado en que es la sociedad la que levanta las
barreras contra los discapacidades cuando crea o diseña equipamientos no accesibles a ellos; no son las discapacidades las que crean la marginación. Por eso es importante avanzar en la aplicación de nuevos conceptos como el del diseño universal
creado en 1985 por el arquitecto Ronald Mace, que consiste en el diseño de productos y entornos de manera que puedan ser utilizados por el mayor número de personas sin necesidad de adaptación o diseño especializado. Esta filosofía, que incide en
simplificar la vida de todos con costes adicionales bajos o nulos, se contrapone a otras, hasta ahora más generalizadas, de dar un trato especial o crear espacios especiales, lo cual constituye también una discriminación. Lo recoge muy
acertadamente Antonio Espinosa Ruiz en su decálogo de accesibilidad al patrimonio cultural, donde plasma que lo que es bueno para los discapacitados es mejor para el resto del público.
La accesibilidad es comodidad y ventajas para todos. También tiene que ver con la cultura y con la generalización del conocimiento y del disfrute de nuestro patrimonio, entendiendo el patrimonio cultural como los bienes materiales e
inmateriales que hemos heredado del pasado, que estamos disfrutando en el presente y que por sus valores culturales, educativos y sociales los hacen merecedores de conservarse para el futuro. Los recursos del patrimonio cultural son cada vez más
variados y diversos, ampliando el concepto clásico de museo como espacio cerrado dentro de un edificio para desarrollar nuevas formulaciones que pasan por los parques culturales, museos al aire libre, centros de interpretación o parques
arqueológicos. Tiene que ver con la memoria también, con la construcción de las sociedades y con la interacción con el medio natural para aprovechar sus potencialidades en la construcción de un modelo común de vida. La nueva museología es una
tendencia que se ha desarrollado en las últimas décadas y que busca la democratización de los valores y de los productos culturales. Se han producido muchos cambios, sobre todo derivados de la incorporación de las nuevas tecnologías audiovisuales,
que han modificado la relación entre el museo, sus contenidos y el espectador, pero la denuncia de profesionales y asociaciones es que no se contempla la accesibilidad integral como prioridad, y si bien hay normas legales para evitar las barreras
que imposibilitan el acceso, aún no se ha superado lo que se refiere al acceso a los contenidos de los museos y a sus entornos. Por ello es fundamental seguir avanzando en el esfuerzo de coordinación de administraciones, técnicos y asociaciones
para fomentar la investigación y la incorporación de las nuevas tecnologías para mejorar no solo la calidad de vida de los ciudadanos sino el tratamiento de la información, el acceso al conocimiento y el diseño de nuevos materiales que faciliten la
difusión de nuestro patrimonio en toda la sociedad, independientemente de su realidad física, sensorial o psíquica, sea esta temporal o permanente.
El 23 de septiembre de 2004 se firmó entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las entidades representativas de personas con discapacidad auditiva, el Cermi, y las empresas audiovisuales el protocolo para promover la creación del
Centro español del subtitulado y la audiodescripción. Mediante un convenio de colaboración con la Universidad Carlos III, suscrito también por la ONCE y por Fiapas, entre otros, se pone en marcha en noviembre de 2005 dicho centro y empezará a
desarrollar sus actuaciones en 2006. Entre sus objetivos más destacados figuran ejercer como organismo de referencia en la subtitulación y acceso a la comunicación audiovisual, crear una base de datos actualizable que potencie el intercambio y la
circulación de los
materiales audiovisuales subtitulados y en general accesibles, impulsar acciones de investigación en este marco y prestar asistencia técnica y servicios a empresas que lo soliciten para solventar las necesidades que al mercado no le sea
posible o rentable abordar. En el proyecto de ley de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral, su artículo 19.1 determina la obligación de las administraciones de promover el establecimiento de los medios de apoyo a la comunicación
oral para las personas que sean usuarias de los mismos en aquellas actividades culturales, deportivas, de recreación y de ocio, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos de patrimonio nacional y visitas guiadas
en las que participen personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas.
En el artículo 20 de este proyecto se crea el centro español del subtitulado y audiodescripción con la finalidad de investigar, promover, fomentar iniciativas y coordinar actuaciones manteniendo consultas y estableciendo convenios con las
entidades representativas de las personas sordas o con discapacidad auditiva y sordociegas y de sus familias. El nacimiento de este centro supone poner el mundo de los medios audiovisuales al alcance de todos mediante la conversión en contenidos
visuales de los sonoros básicos y convertir en mensajes sonoros las imágenes que resultan importantes para la completa comprensión, para que las personas sordas y ciegas puedan, desde sus dos diferentes percepciones del mundo, unirse entre sí y al
resto de la población en el disfrute de las programaciones televisivas o aplicadas a otras áreas del conocimiento como el arte y la cultura. La tecnología puesta al servicio de la resolución de las necesidades de colectivos sociales facilita la
adopción de medidas como las audio-guías adaptadas que se sumarían a la utilización de otros recursos como accesibilidad al tacto, lenguaje Braille, etcétera, publicitando los productos accesibles y con su constante actualización con la
incorporación de nuevos sistemas fruto de los proyectos de investigación que, desde la Universidad Carlos III y el parque científico y tecnológico de Leganés llevan a cabo en las líneas de integración, investigación y desarrollo, sobre todo en lo
relacionado con la tecnología de la rehabilitación.
Señorías, vivimos en una sociedad sometida a constantes cambios y donde los avances tecnológicos en vertiginosa evolución diseñan mundos donde las distancias son cada vez menores y donde las posibilidades de poner al servicio de todas las
personas instrumentos que les faciliten su vida cotidiana y su acceso a la formación y al disfrute del ocio y del patrimonio y en general del conocimiento, son cada vez mayores.
Priorizar, favorecer proyectos de investigación en estos campos y
apostar por diseños accesibles para los ciudadanos es una tarea de todos para conseguir que la pulsión creativa, el lenguaje de la emoción y del sentimiento que late en los espacios del arte cumpla su objetivo fundamental de comunicación estética,
de transmisión de sensaciones y de diálogo permanente de expresión, fascinación y memoria. Por eso, el Partido Socialista ha presentado esta proposición no de ley. Junto a ella ha presentado una autoenmienda al texto que inicialmente habíamos
entregado, dado el tiempo desde el que se presentó esta iniciativa, para aclarar que no es el propio centro del subtitulado el que elabora los materiales sino el que dirige, coordina y, evidentemente, no compite con las empresas del mercado que se
ocupan de la subtitulación, el lenguaje de signos y la audiodescripción. Esta autoenmienda es mucho más completa y amplia que la que habíamos presentado. En ella se recoge la filosofía de la enmienda que presenta el Partido Popular. Dice: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar conjuntamente con las comunidades autónomas y las asociaciones de personas con discapacidad, mediante la asistencia técnica del centro español del subtitulado y audiodescripción y la Universidad
Carlos III, un programa específico para facilitar el acceso de las personas con discapacidad sensorial a los materiales adaptados que les permita el disfrute y utilización de los medios audiovisuales y de información, en especial, museos y otras
instituciones de difusión de la cultura mediante medidas de fomento, incentivos y coordinación que se consideren adecuadas a los fines de promoción de iniciativas empresariales asociadas o de gestión pública en orden a la elaboración y difusión de
los necesarios medios materiales a tales fines.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular y para la defensa de la enmienda presentada por este grupo tiene la palabra el señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Quiero dar las gracias al Grupo Socialista, al señor presidente y a mis compañeros por haber accedido al cambio de orden del día, que me facilita estar en otra Comisión, donde tengo que intervenir en breve. Señor
presidente, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda de adición a la proposición no de ley que se está debatiendo. Una vez examinada la filosofía que subyace en la misma, creemos que mejora y completa el espíritu y la letra de la
iniciativa.
Hemos escuchado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en conversaciones previas nos han informado de la autoenmienda que ha presentado el citado grupo y, salvo algunas matizaciones, votaremos a favor de ella. Para que conste
en el 'Diario de Sesiones', quiero hacer constar este voto favorable, en la intervención que estoy realizando.
Señor presidente, el centro español del subtitulado y audiodescripción, como organismo público, sin invasión alguna en la iniciativa
privada o en las empresas como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, tiene que contar con un verdadero contenido; debe ser eficaz. Que la reivindicación histórica que se señala en la exposición de motivos de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista, que la accesibilidad universal de las personas con discapacidad sea una realidad estable, perenne y no cambiante; que no sea coyuntural ni tenga carácter provisional
o aleatorio. Las políticas sociales que aquí debatimos son algo más que un criterio de voluntad política y trascienden la alternancia en el Gobierno. Nadie debe tener el paradigma o la bandera del desarrollo de las políticas sociales
porque trascienden ideologías e incluso los programas electorales con que los distintos partidos concurrimos a las elecciones.
El proyecto de ley de lenguaje de signos es importante. Por economía de tiempo y teniendo presente el largo orden del día de la Comisión, queremos manifestar que deseamos que se profundice en la situación, que no quede en una retórica vana
sino en un desarrollo cada vez más equilibrado, más profundo y más adaptado al carácter cambiante y dinámico de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Una segunda y última matización, señor presidente. Vamos a aceptar la proposición no de ley
incorporando la autoenmienda que el Grupo Socialista ha presentado, pero me gustaría enfatizar que en la misma exposición de motivos ya lo ponía.
(Rumores.) Señor presidente, he hecho esfuerzos con objeto de acallar el murmullo.
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. Continúe, señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: Gracias, señor presidente, por su amparo. Me gustaría hacer una segunda matización a mi intervención con objeto de que puedan seguir las interesantes conversaciones que rodean a la misma.
Con independencia de lo que se recoge en la exposición de motivos y de su aprobación, sería muy interesante seguir haciendo consultas -sin que eso implique revisionismo- con las distintas asociaciones de personas discapacitadas y
dependientes, como ha dicho el portavoz socialista, como pueden ser la ONCE, el Cermi o con universidades para colaborar con éstas con el fin de que no pueda tacharse nunca a esta proposición no de ley, y mucho menos al espíritu que subyace en el
proyecto de ley de lenguaje de signos, de endogámica, y estén implicados otros organismos científicos.
Se contiene en la exposición de motivos y lo ha reiterado el portavoz socialista. En nombre de mi grupo quiero manifestar que sería muy
fructífero y saludable para el espíritu de la proposición no de ley que vamos a votar favorablemente que no con carácter permanente sino cíclico, se haga un seguimiento de esta iniciativa con el fin de que se conozcan las enmiendas que se han
presentado, la fijación de los grupos parlamentarios, lo que se insta al Gobierno, las políticas del Gobierno, en una palabra, que los grupos mayoritarios y otros grupos de la Cámara tengamos un compromiso con dichas asociaciones para perfeccionar
el espíritu de esta proposición no de ley y de las enmiendas para que la hagan verdaderamente eficaz. Quisiera ratificar una vez más el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a la proposición no de ley a tenor de la autoenmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Socialista y hacer constar las apreciaciones que he intentado explicar en el transcurso de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Tomo la palabra para un brevísimo apunte que tiene que ver con algunos aspectos que convergen en esta proposición que, evidentemente, vamos a apoyar. En primer lugar y relacionado con los museos, hubo una iniciativa
de nuestro grupo parlamentario en Pleno que tenía que ver con otra clase de discapacitados, los que no tenemos reconocida nuestra lengua materna, pues también somos discapacitados.
Pues bien, sepan que no se ha hecho absolutamente nada y que se
aprobó hace un año y medio.
El diputado socialista ha hablado de la ley que tiene que regular las lenguas de signos y el proyecto del Gobierno se refiere a la ley que regulará la lengua de signos española, este es, título del proyecto de ley. Las nuevas tecnologías
deben impulsarse con el fin de aumentar la capacidad de comprensión y de autonomía de aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad, pero esas nuevas tecnologías tienen que hacer posible este plurilingüismo. Este proyecto de ley marca la
entrada a una preeminencia total y absoluta de una lengua, la lengua de signos española, por encima de la lengua de signos catalana. No debería ser así puesto que las dos lenguas deberían estar en el mismo nivel con el mismo rango. Espero que en
el trámite parlamentario se efectúen las correcciones necesarias con el fin de lograr la igualdad de todos los ciudadanos. Vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Socialista pues el criterio expresado por el grupo parlamentario se ajusta
y coincide con nuestras posiciones.
-RELATIVA AL IMPULSO DE MEDIDAS QUE FAVOREZCAN EL AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001164.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, relativa al impulso de medidas que favorezcan el autoempleo de las personas con discapacidad. Por el grupo autor de la misma tiene la palabra el señor Oreiro
Rodríguez.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Señorías, la aspiración máxima de las personas con algún tipo de discapacidad y la obligación de las administraciones públicas es la normalización de las mismas y uno de los elementos
fundamentales para alcanzarla es la integración laboral. Si hablamos de personas con determinados tipos de discapacidad que les condicionan altos índices de bajas laborales o que necesitan ayuda de terceras personas, la incorporación de
medidas que fomenten su inserción laboral se hace todavía más necesaria. El establecimiento como trabajadores autónomos puede ser una buena alternativa laboral siempre que se cuente con los apoyos necesarios. El 13 de septiembre del año pasado se
aprobó en esta Cámara una moción de Convergència i Unió sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno frente a la integración laboral de las personas con discapacidad. El grupo que yo represento presentó una enmienda de modificación que hacía
algunas aportaciones que considero interesantes como medidas para facilitar el autoempleo; se hablaba, por ejemplo, de aumentar hasta 6.000 euros las subvenciones dirigidas a los trabajadores con discapacidad que se constituyan como autónomos,
modificando lo establecido en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo, así como de aumentar hasta el 70 por ciento las bonificaciones de la cuota de los autónomos asimilándose a las bonificaciones de contratación indefinida de personas con discapacidad y aplicarla a todas las
bases de cotización establecidas por el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos, modificando lo establecido en la disposición adicional undécima de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad; medidas que son absolutamente razonables, que favorecerían sustancialmente el establecimiento de los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, esta enmienda no
fue aceptada en aquella proposición no de ley. Resulta a veces bastante desalentador y un poco frustrante no solo que el grupo que apoya al gobierno no acepte propuestas razonables del Partido Popular, sino que aun aquellas medidas que son
aprobadas no sean ejecutadas. Durante la pasada legislatura en la que gobernaba el Partido Popular se consiguieron bastantes logros. No quiero hacer un relatorio exhaustivo, pero se aprobó el segundo Plan de Empleo para personas con discapacidad,
se han hecho bonificaciones a contratos indefinidos, se puso en marcha la renta activa de inserción social, se hacían bonificaciones a la contratación de mujeres con discapacidad, etcétera. Queda muchísimo por hacer, pero teniendo en cuenta la
doctrina de los portavoces del Partido Socialista -especialmente del señor Heredia, martillo de herejes que gobernaron entre 1996 y el 2004, da la impresión de que este país comenzó su andadura en el año 1996-, el balance de la anterior legislatura
no parece muy desdeñable. Todos tenemos que poner empeño y navegar en el mismo sentido. Nosotros así lo vamos a hacer en esta legislatura y para ello presentamos esta proposición no de ley encaminada a potenciar las medidas de fomento del empleo
autónomo para las personas con diversidad funcional.
Realmente hay una discriminación en el fomento de ayudas para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Un empresario que contrate a un trabajador con discapacidad tiene muchísimos más incentivos que si este discapacitado
decide establecerse por su cuenta. No hay un equilibrio entre las ayudas al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. La realización de trámites necesarios para la constitución de una empresa y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
parafiscales deben contar con canales de comunicación con la Administración adecuados a las personas con discapacidad. Proponemos una serie de medidas en el apoyo al autoempleo de personas con discapacidad, que van desde la financiación de
proyectos a la creación de un fondo social por parte de la Administración Pública o la financiación ajena de los proyectos como hacen algunas entidades, como pueden ser las obras sociales de las cajas de ahorros, o un salario social de inicio de
actividad. Dada la trascendencia de estas medidas para la inserción laboral de las personas con discapacidad, mostramos nuestra mejor disposición y hemos aceptado una transacción con el Grupo Socialista, mediante la cual éste presenta una enmienda
que hemos transaccionado y que quedaría de la manera que sigue: Se insta al Gobierno a seguir impulsando la inserción laboral de las personas con discapacidad priorizando medidas de apoyo al trabajo por cuenta propia, así como estudiar la
posibilidad de reforzar la creación de fondos, ayudas y el establecimiento de programas específicos para la promoción del empleo autónomo. Creo que es lo que habíamos acordado. No me queda más que agradecer la buena disposición de la portavoz del
Partido Socialista, que coincide con la nuestra y quiero comentar que nos gustaría que la proposición fuera más específica, impulsando medidas concretas para el establecimiento de trabajadores discapacitados de forma autónoma. Quiero añadir que
vamos a hacer un seguimiento de estas medidas para que el Gobierno las ponga en marcha.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la señora Corral Ruiz.
La señora CORRAL RUIZ: Señorías, el Grupo Socialista considera que el objetivo de favorecer el empleo de las personas discapacitadas, de las personas que quieren acceder al autoempleo, está plenamente asumido por el Gobierno de España y lo
ponen de manifiesto también las diversas actuaciones que se están realizando y no solo las actuaciones, sino también los resultados de las mismas. Me gustaría hacer algunas consideraciones y reflexiones previas. Actualmente se está tramitando un
proyecto de real decreto que recogerá -y esto es importante- en una sola norma todos los nuevos contenidos de los diferentes programas que constituyen las políticas activas de empleo que seguramente
existen ahora pero de una forma dispersa. Esto va a ayudar a la eficacia de las mismas. También es cierto que estas políticas activas de empleo van a estar profundamente reforzadas. Entre estos programas está el del empleo autónomo con
ayudas claras y específicas para incentivar el autoempleo de las personas discapacitadas, y, en especial, el de las mujeres discapacitadas. Ello va a suponer la actualización y ampliación de las subvenciones que contempla la Orden de 16 de octubre
de 1998 por la que se establecen -como sabemos y ha nombrado el portavoz del Partido Popular- las bases reguladoras para la concesión de ayudas, de subvenciones públicas destinadas al fomento de la inserción laboral de los discapacitados en centros
especiales de empleo y empleo autónomo. El contenido de esta orden se va a ver muy reforzado por el real decreto que estoy comentando.
La segunda reflexión que quería hacer es que en el proyecto de ley de presupuestos para el 2006, como saben SS.SS, se ha incluido una modificación de la disposición adicional undécima en el sentido de eliminar los requisitos para las
personas discapacitadas a fin de que agilicen las tramitaciones administrativas. Con esta medida se intenta que las personas discapacitadas que se establezcan por cuenta propia puedan eliminar barreras y procesos burocráticos. Asimismo, se
bonifica durante tres años o más el 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social como consecuencia de la modificación de este proyecto de ley de los presupuestos de este año 2006. En cuanto a la formación, a la que también hace referencia la
proposición no de ley, las personas discapacitadas que quieren acceder a cualquier forma de actividad económica tienen múltiples accesos, hay planes de formación diversos y específicos a través de los contratos-programa. Voy a leer algo que me ha
llamado la atención y que así se lleva a cabo. Dicen los contratos-programas que deben establecerse, en el caso de las personas con discapacidad, las peculiaridades formativas y las medidas de superación de barreras que sean necesarias para
favorecer la adquisición de competencia por parte de los colectivos prioritarios a lo largo de su vida laboral. Tanto en el contexto normativo como presupuestario, se realizan acciones formativas para el autoempleo. Nada es suficiente y todo es
mejorable, pero hay un amplio abanico de posibilidades formativas para las personas que quieran acceder a esta forma de inserción laboral.
Una tercera reflexión muy rápida y una referencia al acuerdo para el diálogo social que se ha firmado recientemente. Hay algo que debemos conocer y así lo significo. De todas las bonificaciones para los supuestos excepcionales de
contratación, en el caso de las personas discapacitadas casi se cuadriplica la bonificación. En concreto, la contratación de una persona discapacitada está bonificada con 2.200 euros al año. Digo que casi se cuadriplica, porque el siguiente
colectivo más beneficiado serían las mujeres víctimas de violencia de género por las que las empresas reciben una bonificación de 600 euros al año. Quiero poner de manifiesto la voluntad y la sensibilidad del Gobierno hacia las personas con
discapacidad.
Otra reflexión rápida que quería hacer, porque no es mi voluntad alargarme, es que la gestión de los programas de apoyo al empleo autónomo está transferida a las comunidades autónomas, fundamentalmente la labor que se señala en esta
proposición de asesoramiento de los servicios de empleo. Creo que este seguimiento debe hacerse a nivel territorial y se incluye en este proyecto de real decreto en el que está trabajando el Gobierno. Comentaba en esta sede la secretaria de Estado
que en este programa se incluye la promoción del empleo autónomo recoge entre los diferentes incentivos unas subvenciones de asistencia técnica al objeto de que estas subvenciones puedan cubrir carencias gerenciales del trabajador autónomo mediante
la financiación parcial de la contratación de los servicios externos necesarios para mejorar el desarrollo de la actividad empresarial. Por último, se está trabajando en el estatuto del trabajador autónomo, que tiene rango de ley. El citado
estatuto tiene un capítulo específico que, sin duda, va a contemplar todas las medidas y proyectos que el portavoz del Partido Popular nos hace llegar. Agradezco la buena voluntad por él expresada de consensuar una enmienda. Esta es la dinámica de
esta Comisión: el consenso, el acuerdo. El Grupo Socialista entiende que no debemos caer en la autocomplacencia y que debemos de ser rigurosos y exigentes. Por ello hemos llegado al acuerdo que leía el diputado del Partido Popular y que, si les
parece, reitero: Se insta al Gobierno a seguir impulsando la inserción laboral de las personas con discapacidad, priorizando medidas de apoyo al trabajo por cuenta propia, estudiando la posibilidad de reforzar la creación de fondos, ayudas y
estableciendo programas específicos para la promoción del empleo autónomo.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptación o rechazo de la enmienda transaccional presentada tiene la palabra en representación del Grupo Popular el señor Oreiro.
El señor OREIRO RODRÍGUEZ: Tomo la palabra para aceptarla y congratularme de que hayamos llegado a un acuerdo.
-SOBRE LA ELIMINACIÓN INMEDIATA DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS DE LA ESTACIÓN DE RENFE DE NULES-LA VILAVELLA (CASTELLÓN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000669.)
El señor PRESIDENTE: Tocaría ahora entrar en el debate de la proposición sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a la televisión digital, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Vasco. Por dificultades que se nos han
comunicado, el diputado encargado
de su defensa no puede estar presente en estos momentos y se nos ha pedido que dejáramos su debate en último lugar. Si hay acuerdo de la Comisión pasaríamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la eliminación inmediata de las
barreras arquitectónicas de la estación de Renfe de Nules-La Vilavella (Castellón). Para su defensa, en representación de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Tardá.
El señor TARDÁ I COMA: Mi intervención será muy breve puesto que se han presentado en esta Comisión y en la de Fomento muchas proposiciones no de ley de este tipo y los argumentos siempre son los mismos. Partimos de una situación heredada
muy deficitaria y hay una demanda social muy exigente en la medida en que un Estado moderno como el nuestro exige facilitar medidas de accesibilidad a todos los ciudadanos. En esta legislatura, sobre todo en la Comisión de Fomento, se ha visto un
buen número de proposiciones no de ley de este cariz. Como todas las proposiciones no de ley anteriores, ésta, la que viene de Nules, de la Plana Baixa, cuenta con el apoyo del pleno del municipio, lo cual es lógico y demuestra que se trata de una
reivindicación asumida por la ciudadanía. Es una de las múltiples estaciones que todavía no han sido acondicionadas, Excepto la estación de Valencia-Cabañal, Puzol, Sahagun, Amenara y Moncofa, la mayoría de las estaciones de la línea C-6 adolecen
los mismos déficit, lo cual pone de manifiesto la necesidad de una actuación urgente y global, y da argumentos para que, aún reconociendo que el problema es general -hay una cierta universalidad en el déficit-, existan estas reivindicaciones
singulares que provienen de un solo municipio en tanto en cuanto la realidad es la que es. Debo añadir -y esto explica mi anterior intervención- que nuestro grupo parlamentario se siente un poco desmoralizado porque en el año 2004 se aprobó por
unanimidad una proposición no de ley relacionada con un municipio de Cataluña, Santa Perpètua de Mogoda, en la que se solicitaba que se llevaran a cabo las obras de acceso a la estación a todas las personas, sobre todo, a aquellas con problemas de
movilidad y de accesibilidad a los trenes y a las dependencias. Hoy, año 2006, no tenemos constancia de que se haya hecho nada. En nombre de una cierta honradez y de autoestima de la Cámara, no está de más exponerlo. Esto explica que hayamos
cometido el pecado -es un cierto atrevimiento el ponerlo en la proposición no de ley, en la parte resolutiva- de incorporar el plazo de seis meses. ¿Qué demuestra esto? ¿Ingenuidad? No; demuestra que tenemos interés de instar a los grupos
mayoritarios -y en este caso al grupo que apoya al Gobierno- a pasar a concreciones mayores que las de meses atrás donde se prometían actuaciones más o menos inmediatas y nosotros incautos nos lo creíamos.
Pero todo tiene su tempo. Estaríamos
dispuestos a aceptar una enmienda siempre y cuando se fijaran calendarios, siempre y cuando se temporalizara. Demostramos sentido común y madurez al reconocer que todo no se puede abordar al mismo tiempo, que somos herederos no ya del Gobierno
anterior, del anterior al anterior, etcétera, que tenemos una situación muy deficitaria, que esta Comisión es un fiel reflejo de la voluntad de buscar fórmulas y acuerdos para avanzar, pero no estamos dispuestos a que se nos siga -lo digo entre
comillas- engañando. De manera que estaríamos dispuestos a aceptar algún tipo de transacción, siempre y cuando se marcara un calendario, alguna fecha a partir de la cual podamos ver que esta buena voluntad que tenemos y que hemos compartido durante
estos dos años en esta Comisión, no se vea frustrada por un cierto desengaño al ver que las proposiciones no de ley a veces se convierten en puro humo. Creo que nuestra autoestima como diputados y la autoestima de la Cámara se debería alejar de
esta situación que quizá es demasiado subjetiva y, si lo es, estaría dispuesto a rectificar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular y en defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora González Gutiérrez.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: La proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana expresa un deseo que el Grupo Popular comparte.
Compartimos que la estación de Renfe Nules-La Vilavella sea accesible, pero creemos que esta
proposición no de ley es poco ambiciosa, soluciona apenas nada; un grano de arena en una gran montaña. Hemos presentado una enmienda de adición porque entendemos que no se puede minimizar este gran problema. Sería un comportamiento irresponsable
proponer únicamente la accesibilidad de un solo caso. ¿Estamos convencidos? ¿Sería un disparate? Tendríamos una doble vara de medir que no debe ser utilizada nunca y mucho menos si estamos ante personas discapacitadas. Las leyes, señorías, para
que sean justas deben contribuir al supremo objetivo del bien común, solucionar una mínima parte de un gran problema es enmascararlo. Existen un gran número de estaciones de Renfe que no son accesibles, muchas con grandes dificultades, muchas sin
posibilidad alguna de acceso a ellas para las personas discapacitadas. Señorías, según los datos facilitados por el Gobierno en contestación a una pregunta del señor Vañó, el 31 de mayo de 2005, por ejemplo, en la provincia de Cáceres, mi tierra,
no existe una sola estación accesible, excepto la de la capital; igual pasa en la provincia de Almería, en la de Ávila, Guadalajara, Huelva, Oviedo, etcétera. La diputada del Partido Popular doña Alicia Castro, en pregunta escrita con fecha 5 de
diciembre de 2005, le hacía llegar al Gobierno su preocupación por la estación de Pravia en Asturias, donde los viajeros tienen que salvar 75 peldaños, o la estación de Monfragüe, en Cáceres.
Son ejemplos y los pongo porque habitualmente -todas las
semanas- estoy en esa estación de tren y no solamente hay que salvar peldaños, sino que hay que cruzar las vías del tren; acudo a ella cada semana y cada semana me pregunto cuándo se podrán quitar esas barreras insalvables para una mayoría de
personas. Por
ello, señorías, presentamos una enmienda de adición que estamos dispuestos a enmendar, según lo hablado con el resto de grupos, y cambiar donde pone: un plazo de un año, por: el menor tiempo posible, en aras de consensuar esta proposición
no de ley con el resto de grupos y en aras del espíritu que prevalece en esta Comisión.
Por último, le ruego, señor presidente, que me permita una licencia, porque me gustaría hacerle llegar al portavoz del Grupo Socialista una reflexión; no al portavoz del Grupo Socialista de esta proposición no de ley, sino al señor Heredia.
En esta Comisión, señor Heredia, prevalece en la mayoría de las ocasiones el buen hacer de todos los grupos, el trabajo, en definitiva, buscar y consensuar soluciones para las personas discapacitadas. El partidismo no suele estar presente en esta
Comisión.
Señor Heredia, en mi tierra, Extremadura, igual que en la suya, Andalucía, la sabiduría popular es importantísima y hace que lleguen reflexiones serias, y decimos que cuando una persona coge una linde y camina, camina y camina y la linde
se acaba y esa persona sigue caminando, y caminando, es que esa persona tiene un gran problema, y se lo hago llegar al señor Heredia sin acritud, como decía un compañero suyo, pero me gustaría que reflexionase en su manera infantil, machacona,
reiterativa y cansina que hace que en esta Comisión haya un garbanzo de distinto color al resto. ¿No comprende, señor Heredia, que resulta jocoso oírle a usted día tras día e intervención tras intervención considerar que todo lo que hace el Partido
Socialista está bien y todo lo que hace el Partido Popular está mal? Señor Heredia, su actitud, como decía un ilustre compañero suyo, le vuelvo a repetir, enrarece el clima de esta Comisión y creo que debería usted considerar su postura y
cambiarla.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora García Valls.
La señora GARCÍA VALLS: Señorías, nos encontramos con una proposición no de ley que se refiere a la exigencia de accesibilidad en una estación de cercanías de Renfe en la ciudad de Nules, concretamente en la estación de Nules-La Vilavella,
en la provincia de Castellón; una proposición no de ley que tiene un antecedente inmediato en la proposición no de ley presentada por mi grupo, por el Grupo Socialista, en el Pleno del Congreso el día 31 de noviembre de 2004, precisamente sobre
accesibilidad a los servicios de Renfe de personas con movilidad reducida y que, concretamente, se refería a las estaciones de cercanías de Renfe, pues consideraba que éste era un paso importantísimo y que había que dotar a los trenes de cercanías
con los sistemas adecuados, en función de la disponibilidad presupuestaria, para permitir el acceso y la utilización por las personas con movilidad reducida. Somos conscientes, tal como establece el primer plan nacional de accesibilidad, de que
poco a poco las personas con movilidad reducida van ganando espacio como ciudadanos de pleno derecho en nuestra sociedad. No cabe duda de que poco a poco se van solucionando las demandas y reivindicaciones de las personas con movilidad reducida,
pero la realidad de la que se parte es la que es y nos demuestra que todavía queda mucho por hacer en este ámbito. Tenemos la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad, aprobada en la anterior legislatura y que se intenta llevar a cabo desde el Gobierno socialista, porque es indiscutible la voluntad política del Gobierno socialista en esta cuestión. El Partido Socialista tiene un compromiso claro
con las personas con discapacidad y con sus familias. El presidente del Gobierno ha manifestado en múltiples ocasiones que hay que acabar con ese menoscabo en los derechos de las personas con discapacidad y no cabe duda de que en el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales se trabaja con firmeza para cumplir ese objetivo que, en definitiva, supone avanzar en las políticas de igualdad de oportunidades, eje fundamental de nuestro programa socialista, del programa con el que nos presentamos a
las elecciones generales, concretamente en el punto número 3, donde nos comprometimos a mejorar y llevar a cabo medidas de accesibilidad universal para las personas con discapacidad, y eje también sin duda alguna de nuestras acciones de gobierno.
Un ejemplo importantísimo en este campo es el proyecto de ley que el Gobierno ha presentado sobre la promoción de la autonomía personal y atención a las personas con dependencia. Como ya decíamos en la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista a la que me he referido al inicio de la intervención, quiero reiterar que en este momento nos encontramos ante una cuestión que no es estrictamente política sino de sensibilidad; creo que estamos todos de acuerdo en que, en cualquier
caso, se debe plantear en términos de racionalización y que el compromiso que tenemos todos los grupos parlamentarios en estas cuestiones nos haga avanzar en un entorno más accesible que, al final, resulta más humano. Manifestamos desde el Grupo
Parlamentario Socialista que es intención del Gobierno eliminar las barreras arquitectónicas y en particular, refiriéndome al caso concreto que nos ocupa, aquéllas que se producen en las estaciones Renfe. Por ello, tal como aparece en una respuesta
del Gobierno a una pregunta escrita sobre esta cuestión, leo literalmente: En las estaciones de viajeros de nueva construcción se prevén, desde la fase de proyecto, la existencia de recorridos accesibles para personas con todo tipo de
discapacidades, ya sean motrices o sensoriales, desde la entrada de la estación hasta los andenes comerciales pasando por los servicios básicos que se ofrecen en este recorrido, información, venta, atención al cliente, aseos, etcétera. No obstante,
la supresión de las barreras arquitectónicas existentes en todas las estaciones requiere de un gran esfuerzo económico, por lo que hay que acometerlo progresivamente y en función de las disponibilidades presupuestarias. Convendrán conmigo en que
sería un agravio comparativo con otras estaciones o no demasiado
responsable ir aprobando proposiciones no de ley como la que se propone singularizando una estación concreta, porque podría darse el caso de que hubiera un aluvión de iniciativas referidas a cada uno de los pueblos y ciudades en los que en
este momento hay que realizar las obras necesarias de accesibilidad teniendo en cuenta -como antes he mencionado- la realidad de la que se parte. Se está trabajando con firmeza y con convicción desde el Gobierno en esta cuestión en todos los
ámbitos, con inversiones importantes para facilitar la igualdad de oportunidades a las personas con movilidad reducida, pero como en todas las cuestiones, no se pueden solucionar los problemas de accesibilidad a golpe de iniciativa, sino que debe
hacerse siguiendo una programación planificada, organizada y presupuestada. Por ello, esperamos que en este punto lleguemos a un acuerdo, porque como antes he comentado, no estamos ante una cuestión de discusión política, sino una cuestión en la
que demasiadas veces hemos manifestado que todos los grupos somos sensibles a ella, para que al final la proposición salga por unanimidad de todos.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) A los efectos de aceptación o rechazo, corresponde al señor Tardà manifestarse sobre las enmiendas planteadas.
El señor TARDÀ I COMA: Todavía no hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular y con el Grupo Socialista, con los cuales hemos tenido contacto.
Me gustaría saber si es posible aplazarlo.
El señor PRESIDENTE: En la medida en que nos queda todavía un punto por tratar, si ustedes quieren seguir, le pediré la opinión posteriormente para que manifieste si acepta o rechaza las enmiendas.
-SOBRE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL A LA TELEVISIÓN DIGITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001006.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto para su debate, que es la proposición no de ley sobre accesibilidad de las personas con discapacidad visual a la televisión digital, de la que es autor el Grupo Parlamentario Vasco y, para su
defensa, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que mi grupo no va a contribuir mediante la concesión de una gran disponibilidad de tiempo a los consensos que se están trajinando aquí, justo a mi vera, porque la proposición no de ley... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Yo les rogaría que, si pueden, salgan de la sala o busquen un lugar más tranquilo, gracias.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente. Las apelaciones a la melancolía y al carácter incauto de algunos personajes en la política eran reflexiones muy pertinentes y las quería remarcar, señor presidente.
Uno que también
tiene cierta propensión a la melancolía después de tantos años como diputado, comprende las lamentaciones del señor Tardà, más conociendo los últimos acontecimientos. Pero al margen de esta circunstancia, si le sirve de consuelo al señor Tardà, mi
grupo va a apoyar con entusiasmo la proposición que él tan brillantemente ha defendido; es una pequeña contribución, la sustitución parcial de la melancolía por un cierto atisbo de optimismo.
En relación con lo que en este momento nos tiene interesados, señor presidente, la portavoz del Grupo Socialista nos ha presentado una enmienda interesante, una enmienda de sustitución en principio, pero que coincide con el tenor literal y
que además ubica el pedimento de la proposición que nosotros hemos presentado allá donde debe estar, que es en la Ley general audiovisual que está a punto de ser presentada en esta Cámara. Nosotros, desde esta perspectiva, hemos considerado que si
el Grupo Socialista se compromete con el contenido material de su enmienda y este contenido material que se consigna en la enmienda va a estar realmente reflejado en sus propios términos en la Ley general audiovisual, la nuestra devendría en
extemporánea inmediatamente y, por tanto, si es así y sin perjuicio de otra aportaciones que quizás otro grupo parlamentario esté en condiciones de efectuar, a nosotros nos parece muy correcto que sencillamente el contenido material de nuestra
proposición se ubique ahí, tanto en lo relativo al Plan técnico nacional para que los operadores de televisión digital a quienes se concede autorización dispongan del ancho de banda para poder emitir programación audiodescrita con la adecuada
calidad sonora, tal y como se propugna por la enmienda, soportar la instalación de herramientas de navegación para acceder a todos los contenidos visuales que aparecen en pantalla, acceder a las ampliaciones interactivas ofertadas por las diferentes
plataformas; en definitiva, el contenido material que, para superar las disfunciones que pretendíamos remover, se ubique en la Ley general audiovisual. Nos gustaría solo que en el turno de intervención de la diputada del Grupo Socialista haga
alguna consideración cronológica más exacta sobre en qué tiempos estamos pensando o está pensando el Gobierno en este momento a los efectos de presentar en esta Cámara este proyecto de ley tan importante, porque la demora en el tiempo excesiva
convertiría en oportuna otra vez temporalmente la proposición de mi grupo parlamentario.
Nos gustaría que, evidentemente, su promesa de que se va a presentar con inmediatez se concrete. Sin perjuicio de eso, el contenido de la enmienda coincide
con nuestra proposición y la ubicación
en esa próxima ley nos parece razonable, señor presidente. Por lo cual, anuncio, sin ningún tipo de defensa que no resulta pertinente y resultaría excesivamente abundante, la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Escudero Sánchez.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Por parte de mi grupo nos gustaría, al menos en el turno de fijación de posiciones, contar lo que el Gobierno está haciendo en este sentido, independientemente de que el contenido de su PNL entiende el Gobierno
que sería mucho más razonable circunscribirlo al ámbito de la tramitación de la ley general audiovisual. En ese sentido, me gustaría utilizar mi turno para hacer una breve exposición. Creo que es muy importante la proposición no de ley que el
Grupo Parlamentario Vasco nos presenta hoy, tan importante que permítanme que me remita a una cita que se produjo precisamente en el ámbito de nuestra Comisión por parte de don Xavier Grau, representante de la Delegación Territorial de la
Organización Nacional de Ciegos de España en Cataluña, que decía textualmente: La televisión digital es una tecnología nueva, de muy nueva implantación, está ahora surgiendo, pero si la televisión digital no se genera bajo los principios del diseño
universal, yo que soy una persona ciega me voy a volver dependiente con respecto a la televisión. Yo creo que esto clarifica mucho la importancia de lo que estamos hablando. En este sentido, me gustaría contarles que la Ley 10/2005, de 14 de
junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y del fomento del pluralismo, en su disposición adicional segunda recoge claramente que las administraciones competentes
adoptarán las medidas necesarias para garantizar desde el inicio la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de la televisión digital terrestre. Para propiciar que tal circunstancia acontezca, las medidas que se adopten se
atenderán a los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Por otra parte, el día 22 de febrero de 2005 se constituyó la Comisión para el seguimiento de la transición a la televisión digital terrestre, que tiene como
objetivo proponer las medidas necesarias para el relanzamiento de la televisión digital terrestre y diseñar la estrategia global para el proceso de transición y de los mecanismos que permitan su seguimiento y su control. Por último, el Foro técnico
de la televisión digital se constituyó el 2 de marzo de 2005 y en su seno se han constituido siete grupos de trabajo. Uno de estos grupos centra su actuación en el problema de la accesibilidad en televisión digital para personas con discapacidad.
Por tanto, el Gobierno está trabajando en ese sentido. Uno de los documentos aprobados por el Foro técnico de la televisión digital se refiere a la accesibilidad a la televisión digital para personas con discapacidad. Uno de los objetivos del
documento es promover el desarrollo de productos accesibles bajo el concepto de diseños para todos, aunque también se fomenta la adaptabilidad, la interoperatividad y la accesibilidad de productos y servicios ya existentes. Respecto a la
accesibilidad, el foro pretende que alcance a todas las personas con discapacidad, independientemente del tipo que se padezca -en ese sentido es quizá todavía más amplio que lo que usted plantea en su PNL-, lo que implica extender los beneficios del
diseño universal a todo el mundo, por lo que se considera absolutamente necesario el trabajo conjunto. En este sentido -quiero recoger una propuesta que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me hacía-, y plantea lo necesario del trabajo
conjunto de todos los agentes que intervienen, operadores de red, proveedores de servicios, fabricantes de equipo, universidades, centros de investigación y de formación y, sobre todo, asociaciones de usuarios. La subtitulación, la
audiodescripción, el lenguaje de signos, la accesibilidad en la navegación, son aspectos reconocidos como esenciales para garantizar la accesibilidad y, por tanto, deben ser asegurados a través de estrategias comunes, criterios técnicos, acuerdos
entre los agentes y exigencias administrativas. Por tanto, en concordancia con lo expuesto, en el grupo 5 de trabajo participan las administraciones, los proveedores, los fabricantes, los operadores, los organismos de normalización, las
universidades y, por supuesto, las asociaciones de usuarios a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el Cermi. En ese sentido, creo que el Gobierno está haciendo su trabajo, pero me gustaría también aclarar que
las comunidades autónomas tienen -y eso es así, lo saben- más televisiones públicas que dependen de ellas. Lo que nosotros conocemos es que a lo largo del 2004 Televisión Española ha emitido más de 224 horas de programación audiodescrita, en
concreto 141 largometrajes y 26 documentales, además de la serie infantil de dibujos animados NICOLÁS; una cuota que ha triplicado los datos de audiodescripción correspondientes al año anterior. En España, por otra parte, otras televisiones como
son la catalana TV3 y la andaluza Canal Sur, han emitido también series y películas audiodescritas, precisamente la cadena pública catalana ha anunciado la firma de un convenio con la ONCE para desarrollar emisión de producciones audiovisuales
accesibles a los espectadores con limitaciones de visión. Me queda por decir que hace falta seguir trabajando en ese sentido y que el aumento de los contenidos audiodescritos en las emisiones de la televisión digital -tanto en el ámbito público
como en el privado- estarán condicionados por la dificultad del proceso, un proceso que, como todos conocen, es complejo.
Solo me queda instar a los diferentes grupos políticos a que, allí en donde sus formaciones gobiernan y lógicamente de una
manera muy especial al Grupo Parlamentario Vasco, insten a que sus televisiones públicas se adhieran al esfuerzo que el Gobierno está haciendo en
esta materia. Respecto del tiempo -le contesto, señor Olabarría-, la información que tengo del Gobierno es que, como muy tarde, en el próximo periodo de sesiones el proyecto estará aquí para su debate.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Mi grupo estaba de acuerdo con la iniciativa tal y como la presentaba el Grupo Parlamentario Vasco, estábamos de acuerdo con las tesis que exponían para llevar a cabo esta PNL, las cuales íbamos a suscribir, pero
solamente queremos hacerle una sugerencia, una especie de enmienda in voce, en el sentido de que al ser muy técnico, que tuviesen en cuenta la opinión de las asociaciones afectadas por esta ley, es decir, asociaciones de discapacitados a los que les
afecten estas soluciones. En cualquier caso, insisto en que, si ha habido un acuerdo entre ambos grupos para subsumir en la ley general audiovisual, nosotros vamos a aceptar que se lleve a cabo, aunque nos parecía más ambiciosa la propuesta del
PNV. De hecho, vemos que en el punto 1 suprimen el que los operadores de televisión digital de titularidad estatal y de titularidad privada van a garantizar un porcentaje mínimo inicial de emisiones de programas audiodescritos. Veo que no figura
en esta propuesta, no sé si será por error, ni el punto 3, que también establecía, entre otros, un plan de desarrollo de dichos programas audiodescritos para que sean obligatorios en el caso de las televisiones de carácter público. Nuestra tesis
siempre ha sido que todo lo que signifique avanzar vamos a aceptarlo y a apoyarlo aunque nos parecía, insisto, más ambicioso el planteamiento tal y como lo había propuesto el PNV. Dado el acuerdo, vamos a suscribirlo también e insisto en esta
especie de enmienda in voce -no sé cómo calificar la sugerencia-, que se tenga en consideración, se cuente con las asociaciones representativas a la hora de llevarlo a cabo.
El señor PRESIDENTE: En la medida en que ya el señor Olabarría manifestó la aceptación de la enmienda planteada por el Grupo Socialista, no le pregunto más. En todo caso, para responder a la propuesta que le ha hecho el señor Vañó, tiene
la palabra, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Quiero entender, señor presidente, que la propuesta del señor Vañó es una enmienda in voce, que se la propone en los términos expuestos verbalmente por él. No hay ningún inconveniente en aceptarla. En cuanto a la
ambición, el pragmatismo a veces también, para no incurrir en la melancolía a la que se refería con tanta lucidez el señor Tardà antes, impone la aceptación de ciertos criterios que son más pragmáticos quizás, y desde esa perspectiva no nos parece
irrazonable lo que nos presenta la portavoz del Grupo Socialista. Creo que de alguna forma se subsume prácticamente la totalidad aunque en términos, como bien decía el señor Vañó, más perifrásticos, menos concretos, menos de compromiso, menos
comprometidos que lo que consignamos nosotros en nuestra proposición no de ley. Ahora, lo que no termino de entender muy bien, señor presidente, son estos reproches que al parecer la portavoz del Grupo Socialista ha tenido a bien realizar a los
gobiernos autonómicos con competencias en materia de televisiones públicas, porque le puedo asegurar que el avance en este ámbito es mucho más importante y relevante que el que se consigna incluso en esta enmienda y en esta proposición no de ley que
hemos presentado. Yo les inquiriré por si algo no lo están haciendo bien, pero si usted tiene idea de qué es lo que no están haciendo bien, me gustaría que pormenorizase cuáles son las críticas que tiene a bien hacer a Euskal Telebista o a alguna
otra televisión autonómica, porque me da la impresión de que más bien están en condiciones de dar lecciones a las televisiones de ámbito estatal que de recibirlas.
El señor PRESIDENTE: Dado que se trata de una enmienda in voce la que ha formulado el portavoz del Grupo Popular, si no hay ningún rechazo por parte de ningún grupo, en la medida en que está aceptada por el grupo autor de la proposición no
de ley, sería considerada como tal. Por último, señora Escudero, bien a estos efectos o para alguna precisión, le doy la palabra, pero con brevedad.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Muy brevemente. Señor Olabarría, todo lo contrario, era una llamada a la colaboración y al compromiso, porque sin el esfuerzo y el concurso de todo el mundo -y, en ese sentido, las comunidades autónomas son
esenciales porque tienen competencias plenas y televisiones propias- no podemos avanzar para hacer accesible la televisión digital terrestre de manera universal al conjunto de la ciudadanía española. No era un reproche, sino una llamada al
compromiso y a la colaboración en ese sentido.
El señor PRESIDENTE: Por último y en relación con la proposición no de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre eliminación inmediata de las barreras arquitectónicas de la estación de Renfe de
Nules-La Vilavella, Castellón, y a los efectos de manifestar si acepta o rechaza la enmienda planteada, tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Ya le he presentado el contenido de una transaccional que, con su permiso, paso a leer: Incluir la estación de Nules como prioridad en la programación del Ministerio de Fomento para la supresión de barreras
arquitectónicas, para hacer accesible a las personas con movilidad reducida y con minusvalías el paso de viandantes subterráneo de dicha estación, que debe impulsarse en la actual legislatura.
El señor PRESIDENTE: Ha sido aceptado por el Grupo Parlamentario Socialista y, por tanto, pasamos a la votación. La vamos a realizar de acuerdo con el orden del debate que se ha producido.
La señora GONZÁLEZ GUTIERREZ: Es que el Grupo Popular presentó una enmienda de adición a la proposición de Esquerra Republicana y no ha habido ningún comentario de aceptación o no de mi enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, ¿quiere manifestar alguna cuestión con relación a esa intervención?
El señor TARDÀ I COMA: Debo decir que más allá de que pudiéramos compartir la enmienda del Grupo Popular, hemos transaccionado con el grupo mayoritario una transaccional que nos parece la más adecuada a nuestro objetivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
El señor VAÑO FERRE: Le rogaría que nos diera, por favor, un par de minutos para que la gente venga a votar.
El señor PRESIDENTE: Vamos a esperar dos minutos para que se incorporen las personas que tienen que votar. (Pausa). Vamos a proceder a la votación de las distintas proposiciones no de ley por el orden -como he indicado anteriormente- en
el que han sido debatidas. En primer lugar, proposición no de ley relativa a la elaboración de un programa de actuación para facilitar el acceso a materiales de información en los museos adaptados a las personas con alguna discapacidad sensorial.
Con la incorporación de la enmienda del propio Grupo Parlamentario Socialista, que es el autor de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa al impulso de medidas que favorezcan el autoempleo en las personas con discapacidad, con la aceptación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre la eliminación inmediata de barreras arquitectónicas de la estación de Renfe de Nules-La Vilavella, Castellón, con la incorporación de la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, proposición no de ley sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a la televisión digital, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y también con la incorporación de
la enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.