CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 570

INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO CUEVAS DELGADO

Sesión núm. 34

celebrada el miércoles, 10 de mayo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor secretario general de Energía (Fernández Segura) para informar sobre:


-La planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011, revisión 2005-2011. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001091.) ... (Página 2)


-Presentar el Plan nacional de reserva estratégica de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006. A petición del
Gobierno. (Número de expediente 212/001090.) ...
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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (FERNÁNDEZ SEGURA) PARA INFORMAR SOBRE:


-LA PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y GAS 2002-2011, REVISIÓN 2005-2011. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001091.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio cuyo orden del día tienen sus señorías.
Celebramos dos comparecencias del secretario general de Energía, don Antonio Fernández Segura, a
quien damos la bienvenida a esta Comisión. A petición de los portavoces, vamos a cambiar el orden de los puntos y comenzamos debatiendo el segundo, que se refiere a la planificación de los sectores de electricidad y gas. Señor secretario general,
tiene la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Señorías, comparezco ante esta Comisión para dar cumplimiento al mandato legal recogido en las leyes de los sectores eléctrico y de hidrocarburos por el cual la planificación
energética ha de ser sometida al Congreso de los Diputados. La regulación de los sectores de electricidad y gas que se deriva de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, determina el procedimiento a seguir en la planificación. Como criterio general, la planificación de las infraestructuras energéticas tiene para los agentes carácter indicativo y, como excepción, la planificación de aquellas
infraestructuras de especial relevancia para garantizar la seguridad del suministro, como es el caso de las infraestructuras de transporte de electricidad y de la red básica de gas, incluidas aquí las plantas de regasificación y los almacenamientos
subterráneos, tiene carácter vinculante para los agentes. Las leyes mencionadas, la del Sector Eléctrico y la de Hidrocarburos, establecen que tal planificación sea realizada por el Gobierno, por la Administración General del Estado, con la
participación de las comunidades autónomas. El documento de planificación de los sectores de electricidad y gas, desarrollo de las redes de transporte 2002-2011, que es el documento de planificación que está vigente hasta la fecha, preveía una
actualización con el objetivo de ir corrigiendo las estimaciones que se contemplaban en el mismo en función de las desviaciones detectadas y de la aparición de nuevas necesidades. Pues bien, con esta premisa se ha realizado la revisión para el
periodo 2005-2011 manteniéndose buena parte de los criterios que sustentaban el contenido del anterior documento de planificación. El proceso de revisión de ese documento de planificación se inició el 17 de marzo de 2005 mediante cartas que envié a
los presidentes de Red Eléctrica y Enagas como operadores de los sistemas de electricidad y gas y a los consejeros de las comunidades autónomas que tienen competencias en estas materias. Con la información que han proporcionado los operadores de
mercado y agentes de los sistemas eléctrico y gasista, las comunidades autónomas, los promotores de nuevos proyectos y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos se elaboró un primer documento que fue analizado primero de
forma bilateral con todas y cada una de las comunidades autónomas y posteriormente fue discutido en una Conferencia Sectorial de Industria y Energía que tuvo lugar el 18 de octubre de 2005. Tras ese proceso de participación de las administraciones
autonómicas, se elaboró una revisión del documento, que ha sido sometido, de acuerdo con las prescripciones reglamentarias vigentes, a la Comisión Nacional de Energía. Finalmente, en el documento de planificación se han incorporado una serie de
observaciones que fueron formuladas por las comunidades autónomas en el trámite de audiencia que significa el Consejo Consultivo de Hidrocarburos, el Consejo Consultivo de Electricidad y de la propia Comisión Nacional de Energía y la resultante
final es el documento de planificación revisado para el periodo 2005-2011 que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo.



El documento de planificación vigente hasta la fecha, es decir, el que fue aprobado en octubre de 2002, establecía una previsión de desarrollo de las redes de transporte de los sistemas de electricidad y gas para el horizonte 2002-2011
basándose en una estimación de los escenarios más probables de evolución de la demanda de los sectores gasista y eléctrico.
El tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la planificación a finales del año 2002 ha puesto de manifiesto la
existencia de diferencias con las previsiones que se efectuaron en ese momento. Entre esas diferencias hay que destacar el crecimiento superior de la demanda eléctrica y la aceleración de la incorporación de centrales de ciclo combinado con gas
natural y de algunas energías renovables a la estructura de oferta del suministro eléctrico. Dentro de estas últimas, dentro de las modificaciones que ha habido en el proceso de incorporación de energías de origen renovable, la revisión de la
planificación que hoy se presenta aquí ha incorporado ya los datos que corresponden al Plan de Energías Renovables 2005-2010 que aprobó el Consejo de Ministros en agosto del año 2005, según el cual se establece como objetivo que en el año 2010 el
30,3 por ciento del consumo bruto de electricidad sea abastecido por fuentes renovables, para lo cual se requiere, entre otras actuaciones y programas de fomento de energías renovables, un notable incremento del objetivo de potencia eólica instalada
hasta alcanzar los 20.200 megavatios en el año 2010. Sin embargo, las novedades que se recogen en esta revisión de la planificación, en el documento que aquí se presenta hoy, no se justifican solo por los cambios mencionados en la previsión


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de la demanda, sino que fundamentalmente se deben a la necesidad de garantizar la seguridad del suministro tanto en el sector eléctrico como en el del gas natural. Además este documento de revisión que ha aprobado el Gobierno mantiene la
estructura del documento de la planificación aprobado en el año 2002 e incorpora un nuevo capítulo referido a las infraestructuras de almacenamiento de reservas estratégicas de productos petrolíferos que no fue incorporado en el anterior documento
de planificación.



Expondré ahora los elementos principales del documento de planificación.
En primer lugar y por lo que se refiere a la previsión de la evolución energética española, voy a comentar la evolución de variables relevantes como el consumo de
energía primaria, el consumo de energía final y el papel que juega el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en la evolución energética española prevista, es decir, en el balance de energía primaria y final previsto al acabar el periodo. Por lo que
se refiere al consumo de energía primaria, en el periodo 1990-2004 creció en torno al 54,4 por ciento, es decir, una tasa superior a la del PIB, que fue próxima al 44 por ciento, lo que indica, como es conocido por ustedes, que la intensidad
energética primaria española ha seguido creciendo en contra de la tendencia que se ha observado en otros países de la Unión Europea. Sin embargo, en el año 2005 se ha podido observar una flexión todavía pequeña pero apreciable en este indicador, en
la intensidad energética primaria, y se espera, al menos es una previsión del documento de planificación, que en el periodo 2005-2011 se reduzca de manera progresiva la intensidad energética primaria de forma que en el año 2011, en el plazo final
del periodo al que se refiere la planificación, se alcance un nivel similar al del año 1990. Para ello se estima que entre los años 2005 y 2011 la tasa de crecimiento de la energía primaria será del 2 por ciento anual, que es sensiblemente inferior
a la que se contenía en el documento aprobado en el año 2002, que era del 3,18 por ciento. La consecución de este objetivo del 2 por ciento anual supondrá un ahorro de algo más de 10 millones de toneladas equivalentes de petróleo en el año 2011.
Las razones que justifican este cambio en la previsión de la demanda de energía primaria son los efectos positivos derivados de la aplicación del Plan de acción 2005-2007 de la estrategia de ahorro y eficiencia energética que aprobó el Gobierno el
pasado mes de julio y que contempla, como ya he tenido ocasión de presentar en algún momento, en primer lugar, una definición de medidas precisas y, lo que es más relevante, una financiación suficiente de las medidas que permitirán conseguir los
objetivos de ahorro y eficiencia energética y, en segundo lugar, la mejora en la eficiencia de la transformación de la energía primaria en energía final derivada del cambio en la estructura de fuentes de suministros para la generación eléctrica, por
cuanto que hay una evolución hacia una mayor presencia relativa de tecnologías de generación eléctrica más eficientes. Por su parte, el consumo de energía final experimentará un crecimiento medio del 2,6 por ciento anual en el periodo de la
planificación, que es igualmente inferior al crecimiento previsto del PIB, que se sitúa en el 3 por ciento anual, por lo que también en este caso en el indicador de intensidad energética final esperamos que se reduzca su valor a partir del año 2007,
aunque en este caso de una manera más suave que la previsión existente para el caso de la intensidad energética primaria.



Por lo que se refiere a la estructura de consumo de energía final, se producirá un cambio importante durante el periodo de planificación que se pone de manifiesto al comparar las tasas de crecimiento de las diversas energías, que varían
notablemente entre ellas. Así, el carbón continuará su tendencia decreciente, el consumo de productos petrolíferos crecerá a una tasa en torno al 1,2 por ciento, la electricidad a una tasa siempre en términos anuales del 2,9 por ciento anual, el
gas natural al 5,4 por ciento y las energías renovables al 10,5 por ciento. Como resultado de estos cambios previstos en la evolución de las diversas fuentes de energía primaria, el consumo final en el año 2011 tendrá una estructura en la que los
productos petrolíferos, aunque bajen siete puntos porcentuales con respecto a la participación del año 2002, seguirán representando más de la mitad del consumo de energía primaria, aproximadamente el 53 por ciento; el gas natural y la electricidad
tendrán una participación en torno al 20 por ciento, las energías renovables, aunque aumentarán mucho su participación en la estructura de energía final, superarán el 5 por ciento y el carbón no alcanzará el 2 por ciento.



La apuesta por el desarrollo de las energías renovables, junto con el impulso al ahorro y la eficiencia energética, tiene un doble objetivo: reducir la fuerte dependencia de la economía española de las importaciones de energía y contribuir
al cumplimiento de los compromisos asumidos por España dentro de la Unión Europea en relación con el Protocolo de Kioto. A este respecto el Plan de Energías Renovables 2005-2010 se plantea como objetivo alcanzar en 2010 una producción a partir de
energías renovables de 20,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo, lo que representa el 12,1 por ciento de la energía primaria en dicho año; para ello hay que duplicar aproximadamente los valores que las fuentes de energías renovables
tenían en el año 2004. La contribución que el Plan de Energías Renovables tendrá en la reducción de emisiones de CO2 puede estimarse en más de 27 millones de toneladas de CO2 anuales a partir del año 2010. La aprobación de este plan en agosto del
año 2005 ha tenido una notable incidencia sobre la planificación. Es el tercer elemento que quería comentar respecto de la evolución previsible del balance de energía primaria en el horizonte de la planificación. Esta apuesta por las energías
renovables concretadas en ese plan va a suponer que la potencia eléctrica instalada de origen eólico pase de 13.000 megavatios, que era la cifra de referencia en la planificación de 2002, a 20.000 megavatios que se contemplan en esta revisión de la
planificación.
La evacuación de esta energía de origen eólico


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y las actuaciones para garantizar la estabilidad de la red de transporte eléctrico para permitir tal evacuación ha sido otro de los inputs, de los nuevos elementos de información que han condicionado la revisión de las infraestructuras
eléctricas.



Pasaré ahora a hacer unas consideraciones específicas sobre los sectores incluidos en el documento de la planificación, es decir, sobre el sector eléctrico, el sector de hidrocarburos gaseosos y el sector de hidrocarburos líquidos. En el
sector eléctrico los aspectos de mayor relevancia son, en primer lugar, la modificación del mix de generación y la estructura de la generación eléctrica. El peso relativo de los diversos combustibles o de las fuentes de generación eléctrica va a
cambiar notablemente en el periodo de la planificación. Así, las fuentes de energía que eran dominantes en el año 2000 como el carbón, que pesaba en torno al 35 por ciento en la producción de energía eléctrica, o la energía de origen nuclear, que
pesaba en torno al 27,6 por ciento, tendrán en el año 2011 una participación aproximada del 15 por ciento en el caso del carbón y del 17,3 por ciento en el caso de la energía nuclear fundamentalmente por el mantenimiento de la potencia instalada con
un régimen de utilización razonable que verá reducida su participación en el total de la energía eléctrica producida porque los incrementos de la demanda serán cubiertos por otras fuentes. Por el contrario, otras fuentes que en el año 2000
disponían de cuotas menos relevantes en la aportación a la generación eléctrica, como las energías renovables, que pesaban en torno al 17 por ciento, y el gas natural, que participaba con el 9,7 por ciento, tendrán, según las previsiones de la
planificación, un papel más importante en el año 2011 y cubrirán el 30,9 por ciento en el caso de las energías renovables y el 33,3 por ciento en el caso del gas natural.



El segundo elemento de relevancia es aquel que expresa el interés de la planificación por la cobertura de la demanda. Los años transcurridos desde la aprobación de la planificación, es decir, desde 2002 hasta ahora, han mostrado que el
crecimiento de la demanda eléctrica ha sido superior al esperado, de manera que si en aquella planificación aprobada en 2002 se estimaba una demanda eléctrica peninsular en 2005 de 237 teravatios/hora, la demanda real ha sido de 245,4
teravatios/hora, y aunque se espera que entre 2005 y 2011 se reduzca la tasa de crecimiento de la demanda con respecto a la planificación vigente hasta ahora, aun así en 2011 se espera una demanda eléctrica peninsular de 290 teravatios/hora, es
decir 6 teravatios/hora superior a la estimación que había en la planificación del año 2002.



En cuanto a las puntas de demanda a nivel peninsular, que es la variable de referencia para el diseño de la potencia que debe ser instalada en el sistema, se puede apreciar que en el periodo transcurrido desde la aprobación de la
planificación en 2002 se ha producido también un crecimiento superior al estimado. La punta estimada en invierno para el año 2011 es ahora de 53.300 megavatios cuando era de 49.000 en el documento de 2002. Además, el margen de reserva que
contemplaba el documento de 2002 no permitía asegurar un índice de cobertura de 1,1, cifra que en este caso se establece como objetivo en la planificación.
Eso significa que habrá que instalar en el sistema 3.000 megavatios adicionales de reserva
sobre la cifra que contemplaba el anterior documento de planificación. La suma de estos dos efectos, la mayor punta de demanda respecto de la prevista y la necesidad de asegurar un índice de cobertura del 1,1 por ciento frente a un índice de
cobertura no definido, se traduce en la necesidad de disponer en 2011 de más de 7.000 megavatios por encima de lo que contemplaba la planificación efectuada en el año 2002. Este es uno de los cambios más significativos que presenta esta revisión de
la planificación en el caso del sector eléctrico en relación con el documento de planificación actualmente vigente.



Un tercer elemento relevante dentro de la planificación del sector eléctrico es el que afecta a la definición de la generación eólica técnicamente admisible en el sistema eléctrico peninsular. Como he indicado, el Plan de Energías
Renovables pretende potenciar al máximo las energías renovables y, entre ellas, la energía eólica. Ya he indicado también cuáles son los beneficios que la energía eólica, como otras energías renovables, aporta al sistema, que son beneficios
evidentes. No obstante, las características de los parques eólicos presentan algunos problemas en relación con la estabilidad del sistema eléctrico que hay que tener en cuenta y que llevan a adoptar las necesarias medidas para hacer compatible la
incorporación masiva de estos parques, como pretende la planificación -pasar de 13.000 a 20.000 es un objetivo ambicioso, en este caso en cinco años-, con el funcionamiento seguro y fiable del sistema eléctrico. Uno de los problemas que deberá ser
abordado con urgencia -ya lo está siendo- es el de la falta de tolerancia relativa de los parques eólicos en su funcionamiento a los huecos de tensión, que se resuelve a través de la adaptación tecnológica del parque eólico existente. Esta
adaptación tecnológica será obligatoria para los nuevos aerogeneradores que se instalen y habrá un programa de renovación de los parques eólicos instalados, de manera que cuanto mayor sea la adaptación tecnológica de los ya existentes, mayor
potencia instalada en el sistema será compatible con la estabilidad de las redes. Ese es un objetivo que permitirá que realmente la energía eólica se desarrolle, mientras que si mantenemos el sistema de los aerogeneradores con las tecnologías
anteriores que no aguantan los huecos de tensión, no se podrá desarrollar de una manera tan ambiciosa la potencia eólica en España. En este documento de revisión de la planificación se ha incorporado un estudio sobre la producción máxima admisible
de generación eólica que no ponga en riesgo la estabilidad del sistema, del cual extracto dos conclusiones básicas. La primera es que se podrán instalar hasta 20.000 megavatios de potencia eólica si se cumplen una serie de condiciones, entre las
cuales la que tiene mayores implicaciones de carácter


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económico es la exigencia de que las máquinas actualmente instaladas y las futuras soporten los huecos de tensión asociados a cortocircuitos. La segunda conclusión es que, puesto que hoy hay instalados poco más de 10.000 megavatios en
parques eólicos, al menos tres cuartas partes de ellos, es decir, 7.500 megavatios, deberán ser adaptados para que no se ponga en riesgo la seguridad del sistema. Ciertamente, si consiguiéramos un objetivo de adaptación del parque existente
superior y si aseguráramos -que habrá que asegurarlo- que el nuevo parque esté adaptado tecnológicamente, el objetivo de los 20.000 megavatios podría ampliarse, puesto que sería compatible con la seguridad del funcionamiento de las redes.



Como consecuencia de los tres elementos que he comentado, de la preocupación por la seguridad del suministro, de las previsiones de cambio en el mix de generación y de las necesidades de hacer compatible la seguridad del funcionamiento de
las redes con un objetivo ambicioso de incorporación de energía eólica a la potencia eléctrica instalada, se producen cambios en las infraestructuras eléctricas que están programadas en relación con el documento de planificación actualmente vigente.
Así, en el caso de las líneas eléctricas, se ha procedido a la repotenciación de una gran cantidad de líneas existentes como objetivo de planificación, con la finalidad de aumentar su uso y retrasar la necesidad de nuevas instalaciones. Con ello se
puede reducir el número de nuevas líneas a construir. La planificación de octubre de 2002 preveía la construcción de 7.680 kilómetros de circuitos de 400 kilovoltios y 3.573 kilómetros de circuitos de 220 kilovoltios, mientras que en el documento
actualmente vigente se produce una reducción en torno al 10 y 12 por ciento respectivamente de las líneas nuevas a construir respecto de las previsiones existentes en la anterior planificación por la opción de repotenciación de líneas. Es obvio que
esta opción frente a la anterior también está asociada a un menor rechazo social al proceso de construcción de líneas eléctricas, con lo cual esperamos que sea más fácil cumplir los objetivos temporales con una estrategia de repotenciación que con
la estrategia anterior.



En el caso de las subestaciones se ha incrementado notablemente el número de nuevas posiciones, es decir, los puntos de conexión en la subestación de los distintos elementos que constituyen la red, y en particular en los parques de 220
kilovoltios el incremento ha sido del 52 por ciento respecto de la planificación del año 2002, que se debe en primer lugar al crecimiento de los parques de generación que deben evacuarse a través de la red de transporte -ya he indicado que pasaremos
de 13.000 megavatios en el sector eléctrico a 20.000- y habrá también un incremento en torno a 10.000 megavatios de potencia instalada en las centrales térmicas de ciclo combinado respecto de las previsiones contempladas en el documento de 2002; en
segundo lugar, este incremento de infraestructuras de subestaciones está asociado a la necesidad de apoyo a la distribución motivada por el crecimiento de la demanda punta y a la necesidad de garantizar la calidad del suministro, y en tercer lugar
se produce por la atención a demandas especiales que no estaban contempladas en el pasado, unas porque no existían los planes de referencia que motivan las necesidades previas de las infraestructuras y otras porque no estaban disponibles; en
particular, estas nuevas demandas especiales son las que están asociadas a la alimentación de las nuevas líneas del tren de alta velocidad y al desarrollo de las plantas desaladoras que están incluidas en el programa AGUA. Además, el incremento de
la potencia punta demandada también ha supuesto que sea preciso incrementar el apoyo desde la red de 400 kilovoltios a las redes de menor tensión, lo que ha obligado a planificar más unidades de transformación. Por último, he de señalar que en este
documento de revisión de la planificación en lo que se refiere al sector eléctrico se ha incluido un incremento importante de la compensación de energía reactiva como consecuencia de los estudios de seguridad de la red.



En el sector de hidrocarburos gaseosos los aspectos más relevantes que incluye la planificación son, por una parte, la modificación de la estructura del consumo de gas natural respecto de la estructura prevista en el anterior documento de
planificación. El sector industrial en el año 2000 representaba el 77 por ciento del consumo y acabará en el año 2011 con una participación del 56 por ciento; por el contrario, el sector eléctrico, que en el año 2000 apenas representaba el 5 por
ciento del consumo de gas natural, va a representar según las previsiones en el año 2012 en torno al 30 por ciento, mientras que el consumo doméstico va a reducir ligeramente su participación bajando del 17,5 por ciento del año 2000 al 15,5 por
ciento en 2011.



El segundo elemento relevante es el que afecta a la demanda de gas natural. En España el consumo de gas se ha multiplicado por 1,8 en los últimos cinco años y como consecuencia de ello ha ido creciendo la participación del gas natural en la
matriz energética nacional, que ha pasado entre 1999 y 2004 del 11,3 al 17,4 por ciento del consumo total de energía primaria. Sin embargo, el crecimiento de la demanda de gas natural real ha sido ligeramente inferior al que estaba previsto en la
planificación realizada en 2002, en que se previó para 2004 alrededor de 330 teravatios/hora de demanda de gas natural, mientras que la real ha sido de aproximadamente 320, es decir, hay una diferencia de 10 teravatios/hora entre la demanda real y
la planificada. Por lo que se refiere al documento actual, la previsión para el año 2011 es aproximadamente de 500 teravatios/hora, incluidas las Islas Baleares, que se incorporarán al sistema gasista en tanto en cuanto se cumplan las previsiones
de la planificación de que en el año 2008 el gasoducto Península-Islas Baleares esté construido. Esa previsión para el año 2011 en el actual documento de planificación también es ligeramente inferior a la prevista en el año 2002. Esta demanda
provisional es el resultado del sumatorio de las estimaciones de las


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demandas de los diversos segmentos, es decir, de la doméstica, comercial e industrial y la que generan los ciclos combinados de gas natural. La demanda de gas para generación de electricidad en las centrales de ciclo combinado, que es la
que presenta mayor crecimiento, se prevé que alcance los 148 teravatios/hora al final del período, que será aproximadamente 2,7 veces el valor de la demanda que ha tenido ese segmento en el año 2004.



El tercer elemento relevante dentro de la planificación del subsector de hidrocarburos gaseosos es el que afecta a la cobertura de demanda de gas natural. Los criterios de dimensionamiento de las infraestructuras del sistema gasista para
que garanticen la cobertura de esa demanda son, en primer lugar, asegurar la cobertura de la demanda convencional en situación de punta anual y simultáneamente atender al conjunto de la demanda derivada de las instalaciones eléctricas de ciclos
combinados con gas natural. El segundo criterio indica que en caso de que hubiera un fallo total de cualquiera de las entradas al sistema, se debe asegurar la cobertura del cien por cien de la demanda convencional en situación de día laborable
invernal, excepto en el caso de que exista demanda interrumpible, así como también debe garantizarse un suministro como mínimo del 90 por ciento de los ciclos combinados considerados. Son hipótesis de cobertura de la demanda de gas natural que
obviamente soportan posteriormente el programa de construcción de infraestructuras.
En tercer lugar, debe existir una sobrecapacidad suficiente, aproximadamente del 10 por ciento, para asegurar la cobertura de la demanda ante la eventualidad de que
la demanda punta de gas crezca durante varios años seguidos a un ritmo superior al previsto. Por tanto, el dimensionamiento de las infraestructuras de gas natural viene determinado por la demanda punta invernal en situación de operación normal.



La demanda anual, distinta de la demanda punta invernal, no es la que establece el criterio básico para el dimensionamiento del sistema gasista. En la planificación del año 2002, con un escenario de ciclos combinados de gas natural
considerados, se alcanzaba al final del periodo una demanda punta del orden de 2.400 gigavatios/hora/día y en esta revisión de la planificación, según la última información de que se dispone sobre el desarrollo previsible de los ciclos combinados,
la nueva demanda punta que se estima para el año 2011 será un 25 por ciento superior a la considerada para el periodo 2002-2011. Este nuevo escenario de demanda punta va a requerir aumentar tanto la capacidad de entrada al sistema gasista,
fundamentalmente a través de las conexiones internacionales y de las plantas de regasificación, como la capacidad de transporte del mismo, lo que significa nuevas actuaciones en materia de gasoductos y estaciones de compresión. Además, en esta
revisión de la planificación se ha optado por un incremento notable de la capacidad de almacenamiento del sistema gasista que permita la operación segura del mismo y posibilite una capacidad de almacenamiento para el cumplimiento de las obligaciones
de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, que son 35 días de las ventas firmes, según lo dispuesto en la Ley del Sector de Hidrocarburos del año 1998 y en el Real Decreto de 2004, que regula las existencias mínimas de seguridad en este
tipo de hidrocarburos.



El cuarto elemento de relevancia es la extensión del sistema gasista a los sistemas insulares, contemplado ya en una adenda a la planificación del año 2002. La previsión más razonable que existe es que el gasoducto Denia-Ibiza-Mallorca esté
operativo en el año 2008 y que las plantas de regasificación de las islas Canarias lo estén en los años 2009 y 2010, en Gran Canaria y Tenerife respectivamente. Nuevamente, como consecuencia del conjunto de elementos relevantes citados
anteriormente que afectan a la demanda, a la distribución de la misma y a los criterios de cobertura, se producen cambios en las infraestructuras que deben ser planificadas en relación en este caso con el documento de referencia, que es del año
2002. El primer cambio afecta a la capacidad de entrada al sistema, que se va a incrementar tanto en los gasoductos internacionales como en las plantas de regasificación. En cuanto a los gasoductos internacionales, el más relevante es el proyecto
Medgaz, que une directamente Argelia con España entrando por Almería y que va a permitir que se aporten entre 8 y 10 BCM al sistema gasista español en el año 2009. Este era un gasoducto en estudio en la anterior planificación. En el mes de junio
del año pasado el Gobierno adoptó un acuerdo por el cual reclasificaba la naturaleza del mismo y lo consideraba urgente y prioritario y ahora estamos en la fase final de suscripción de los contratos comerciales de gas, que permitirán que los
promotores del gasoducto en la parte internacional tomen sus decisiones de inversión, que serán compatibles porque están siendo coordinadas con las decisiones de inversión que ha adoptado la Administración argelina en el caso del gasoducto del tramo
terrestre argelino y con las decisiones de inversión que ha adoptado la Administración española en el caso del tramo del dominio público marítimo-terrestre español. Por lo que se refiere a las plantas de regasificación, se ha pasado de una
capacidad planificada en el periodo de 5,1 millones de metros cúbicos/hora normales a 7,1 millones de metros cúbicos/hora normales, es decir, serán 2 millones de metros cúbicos hora/normales más, aproximadamente el 40 por ciento respecto de lo
previsto en el documento de 2002. También hay un aumento de la capacidad de transporte del sistema gasista, es decir, de los gasoductos y de las estaciones de compresión, de manera que se incrementa la longitud de los gasoductos planificados en un
40 por ciento y las estaciones de compresión en un 125 por ciento en cuanto a la potencia instalada, que es el indicador de referencia. Asimismo, hay un importante incremento de la capacidad de almacenamiento del sistema gasista con el objetivo que
he citado antes de cumplir las obligaciones en materia de existencias mínimas de seguridad, que se concreta fundamentalmente


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en un incremento del 36 por ciento en la capacidad de almacenamiento de gas natural licuado en las plantas de regasificación -lo que permitirá disponer de una reserva operativa en esas plantas de entre ocho o diez días de la producción
nominal- y en una actuación intensa en materia de almacenamiento subterráneo, de forma que el documento de planificación recoge todos los proyectos y estudios que existen, con independencia de su desarrollo y su ubicación geográfica, siempre que
puedan ser viables.
De la previsión de la planificiación resultará un crecimiento del 28 por ciento del volumen operativo de almacenamiento subterráneo respecto de los previstos anteriormente.



Finalmente, el tercer sector de referencia es el de productos petrolíferos. Como saben, España tiene una elevada dependencia del suministro exterior de estos productos, lo que hace necesario el almacenamiento de un volumen importante de los
mismos para garantizar el suministro y que ello sea una de las prioridades de la política energética española. A este respecto, la directiva vigente comunitaria del año 1993 establece la obligación de los Estados miembros de garantizar un nivel
mínimo de reservas de petróleo, sea en crudo o en productos, que equivalgan a 90 días de consumo o de ventas de productos petrolíferos. La Ley española 34/1998, del Sector de Hidrocarburos, y el Real Decreto del año 2004, de existencias mínimas de
seguridad, trasponen esta normativa europea al derecho interno español y, como producto de ese proceso de trasposición y de esa obligación de carácter comunitario, en este documento de revisión de la planificación se ha introducido un capítulo nuevo
dedicado a las infraestructuras de almacenamiento de reservas estratégicas de productos petrolíferos, que atiende a lo que prevé el artículo 4.c) de la Ley de Hidrocarburos. Del total de existencias mínimas de seguridad que establece la Unión
Europea, lo de los 90 días, solo una parte tiene la consideración de reservas estratégicas, que son las que en España son constituidas y gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores). Estas reservas
estratégicas deben ser las que corresponden a 45 días y esos 45 días deben estar constituidos y asegurados a partir del 1 de enero del año 2007. Pues bien, en este documento de revisión de la planificación se analiza la demanda de productos
petrolíferos en el periodo 2000-2005 y la previsión de la evolución de los mismos en los próximos cinco años y a partir de esos datos se planifican las infraestructuras de almacenamiento de productos petrolíferos que debe constituir y gestionar la
citada Corporación de Reservas Estratégicas.
Hoy Cores, la corporación, dispone de una capacidad de almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos y tiene comprometido en torno a los 7,2 millones de metros cúbicos para el año 2011, es decir, hay
actuaciones o proyectos de inversión en curso que permitirán tener esa capacidad. Sin embargo, las necesidades de infraestructuras para almacenamiento de productos petrolíferos son superiores en una cantidad que ronda los 1,55 millones de metros
cúbicos en 2011, por lo cual Cores deberá realizar actuaciones complementarias y adicionales, ya sea mediante arrendamiento de los servicios de almacenamiento a los operadores petrolíferos españoles o mediante la construcción, con cargo a sus
propios recursos, de nuevos almacenamientos.



Como resultado de este conjunto de actuaciones y orientaciones en la revisión de la planificación se produjo una modificación en el conjunto de las inversiones presupuestadas en el periodo de referencia, es decir 2005-2011, que cambia las
que estaban previstas en el año 2002. Las inversiones que se efectuarán en el periodo 2002-2011, es decir, incluyendo las ya realizadas en 2002-2005, ascienden en el sector eléctrico a 6.671 millones de euros, un 31 por ciento por encima de las que
estaban planificadas en el año 2002, y en el caso del sector gasista ascienden a 7.608 millones de euros, es decir, un 45 por ciento por encima del valor monetario de las inversiones que fueron planificadas en el año 2002. De estas inversiones,
para el conjunto del periodo 2002-2011 revisadas en este documento de planificación, ya se han realizado en el periodo 2005, en el sector eléctrico, 1.500 millones de euros, y en el caso de las infraestructuras gasistas 1.300 millones de euros, por
lo que las inversiones pendientes de realización en el periodo 2006-2011 ascienden a 5.180 millones de euros en infraestructuras eléctricas y 6.450 millones de euros en infraestructuras gasistas. Finalmente, las actuaciones previstas por parte del
ministerio en el futuro inmediato en el marco de la planificación energética, y dentro del contexto de la regulación española existente, son: en primer lugar, gestionar administrativamente los proyectos relevantes de infraestructuras de redes,
tanto en el sector eléctrico como en el sector del gas, en los plazos previstos por la planificación aprobada para que estén disponibles en relación con el objetivo de la cobertura de la demanda prevista; en segundo lugar, diseñar e implantar un
sistema de seguimiento, que hoy no existe, que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos y, en su caso, responder a las nuevas demandas o necesidades que aparezcan en el horizonte de la planificación, y en tercer lugar iniciaremos en breve un
nuevo ciclo de planificación que deberá cambiar el horizonte temporal, como uno de los elementos novedosos para ampliarlo; siguiendo, en términos generales, el periodo de planificación que se está aplicando en estos 10 años haremos una revisión de
la planificación para el periodo 2007-2016 o 2007-2017, y también el proceso nuevo de revisión de la planificación deberá incorporar nuevos criterios sobre las fuentes de energía primaria.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Castelló.



El señor CASTELLÓ BORONAT: Quiero agradecer al secretario general de Energía su comparecencia y las explicaciones que nos ha proporcionado sobre el documento de planificación de los sectores de electricidad y


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gas y su revisión, que es para lo que ha venido hoy a esta Comisión.



En primer lugar quiero manifestar en esta Comisión y sobre el asunto que nos ocupa que desde el Grupo Parlamentario Popular no vamos a entrar en las cuestiones técnicas de la planificación. Todo el mundo conoce y sabe que esta Comisión
tiene un ámbito político, y por tanto nuestra intervención y nuestro punto de vista sobre la revisión y sobre la actuación del ministerio va encaminada a valorar políticamente el documento y a extraer algunas conclusiones de la revisión que se ha
hecho que son importantes y de lo que entendemos que forma parte de la política energética del Gobierno, porque esto, evidentemente, tiene sus lecturas desde otro punto de vista. La primera conclusión es que es una prueba más de lo que venimos
denunciando desde hace dos años, es decir, este documento es una prueba más de que el Gobierno y el Partido Socialista no tienen modelo energético. El modelo energético que está desarrollando -y mal- el Gobierno es el que implementó el Partido
Popular en los años 1997 y 1998, que ha dado buenos resultados y los sigue dando, pero evidentemente hay que creer en ese modelo para desarrollarlo convenientemente, y eso es lo que no está haciendo el Gobierno del Partido Socialista, en este caso
el Ministerio de Industria; esta es una prueba más. Hay otra conclusión muy clara, que se explicita en el documento, y es que el documento 2002-2011, que corresponde al periodo de gobierno del Partido Popular, ha tenido buenos resultados, unos
resultados que considera satisfactorios, ya que, como se dice en el documento, las infraestructuras incluidas en la planificación han demostrado ser adecuadas para atender la creciente demanda y además la puesta en operación de las infraestructruras
se ha realizado de acuerdo con las prioridades del sistema, teniendo en cuenta -esto lo ha dicho el señor secretario general y todos lo sabemos- que se ha producido una realidad que superaba las previsiones iniciales, es decir, ha habido un
crecimiento superior de la demanda, ha habido una aceleración de la incorporación de los ciclos combinados y también ha habido una aceleración en la incorporación de las energías renovables sobre lo que inicialmente se preveía. Es decir, ha habido
muy buenos resultados teniendo en cuenta además una ejecución superior, en cuanto a las necesidades. Es importante resaltarlo. Además hay algunas conclusiones muy claras que hemos venido indicando, y es que el Gobierno ha estado maquilllando y
criticando con su discurso algunos de los documentos que son el soporte de lo que venimos diciendo que es el modelo energético del Partido Popular. Por ejemplo, se aprobó la revisión del documento de la estrategia de ahorro y eficiencia energética,
E-4, y aquí se dice claramente que ha habido un gran esfuerzo de las administraciones públicas en ese sentido. Ha habido una incorporación muy importante, sobre todo en la parte de la industria, con la cogeneración, pues a principios de los noventa
había del orden de 500 megavatios y en el año 2004 hay 5.800 megavatios, y también en las renovables. Son datos de 2004. Ha habido mucha propaganda, pero quiero dejar claro que ese es el modelo que continúa. Lo que ocurre es que se continúa con
muy poca fe en ese modelo, porque no se tiene otro y porque además el contexto europeo obliga al Gobierno en ese sentido. Esas serían las primeras conclusiones.



El documento nace superado no por el escenario 2005-2011, que es el que contempla, sino por la propia realidad. Hay datos de 2004 que hoy, en 2006, están absolutamente superados, con lagunas importantes. Tengo dudas de que los escenarios
que plantea, basándose en las previsiones que se hacen de los precios, del crecimiento demográfico, de la evolución económica y del consumo de la energía final, no se van a cumplir en absoluto. Se ha hecho más un ejercicio de voluntarismo literario
para obtener una conclusión -que no sé si es que a alguien le interesa tener-, y es que va a bajar la intensidad energética en los próximos años, porque si no, no sé para qué se toman los datos que se toman en los escenarios que se contemplan, los
precios por ejemplo. Se habla de los precios a largo en la banda de 37-43 dólares barril. A largo ¿qué quiere decir, en el horizonte de 2011? En el horizonte de 2011 el documento estará finiquitado, pero en estos momentos los precios del barril
de petróleo brent están donde están y la previsión no es que bajen a corto plazo.
Tomar como referencia la media de 40 dólares barril me parece cuando menos un acto de voluntarismo de que el precio esté situado ahí.
Posiblemente me digan que esas
son las previsiones de organismos internacionales, de la OCDE y de algunos otros, pero internamente debemos decir las cosas claras y me parece que eso no es lo más razonable. Cuando se habla del crecimiento demográfico, que es muy importante -se
explicita que es sobre una determinada banda de edades- y que seguramente va a tirar mucho del consumo, y se dice que la evolución económica puede estar en el 3 por ciento de media, me parece que no es muy razonable que el consumo de energía final
medio del periodo sea del 2,6. La realidad va a superar estas previsiones. Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que políticamente es criticable.



Entramos ya en algunas cuestiones que nos preocupan mucho porque tienen que ver con el modelo energético. Es verdad que en la revisión del documento han participado las comunidades autónomas y los operadores de mercado y que ha sido
revisado por la Comisión Nacional de la Energía, pero falta la definición de algo fundamental para el futuro, que es el mix de generación. Deberíamos acordar -nosotros lo propusimos en una proposición no de ley- cuál debe ser el menú energético que
este país necesita no ya para los próximos cinco años sino para mucho más allá.
Deberíamos acordar cuál es el menú de generación propio que necesita este país. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y no descartamos ninguna de las tecnologías para
alcanzar el mix de generación. Debemos tener claro cuál es el menú propio. España no es Francia, no es Reino Unido ni Alemania; está en la Unión Europea, pero no es ninguno de esos


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países. España tiene unas características propias, y algunos de los problemas que todos sabemos que tenemos se pueden agudizar, como se dice en el documento, por ejemplo el de la dependencia energética. El documento dice claramente que
puede incrementarse nuestra dependencia energética en los próximos años. Eso se tiene que acometer con urgencia.
Ya debería haberse acometido.



Hay otras cuestiones muy preocupantes desde nuestro punto de vista, como la de que no tienen claro cuál debe ser el mix de generación, el menú que haga que España vaya resolviendo sus problemas para poder transitar con seguridad hacia lo que
se va a producir en los próximos años: un cambio de la energía del petróleo a una energía diferente. Esto lo tenemos que hacer con seguridad, pero como no se tiene claro, hay algunas cuestiones que nos preocupan mucho. Ha hablado de la energía
eólica, de las renovables. Nosotros hemos sido -no hay que hacer un gran esfuerzo para entenderlo- claros defensores de las energías renovables como parte del mix de generación, como complemento de otras tecnologías desde el punto de vista de la
generación. Pero aquí hay cuestiones que no se acometen y que después de dos años de gobierno -ahora ya no estamos al principio de la legislatura- se siguen enunciando en el documento. El documento dice: El problema que hay que solucionar es cómo
integrar en el sistema un contingente considerable de generación de incorporación prioritaria al sistema. Es necesario establecer unas condiciones técnicamente realizables que permitan la generación eólica participada de la gestión del sistema.
Apunta también el documento algunas cuestiones que se deben acometer en los próximos años y después habla de las conclusiones del estudio de integración de la generación eólica que están realizando Red Eléctrica, Red Eléctrica Nacional de Portugal,
la Asociación Empresarial Eólica y la Comisión Nacional de la Energía. Si nos pasamos el tiempo diciendo que se deben hacer pero no se toman decisiones, el tema es preocupante. Tenemos un Plan de Energías Renovables que en el horizonte de 2010
prevé incorporar 20.000 megavatios de generación eólica, cuando las comunidades autónomas tienen en este momento unas previsiones de 40.000 megavatios, con los problemas que están planteados, por lo que me gustaría que despejara algunas incógnitas
sobre cuál es el criterio del Gobierno, en este caso del secretario general de Energía, sobre lo que se va a hacer realmente con la energía eólica, si se pretende sacarla del mercado, como en algún momento se ha leído y se ha dicho, lo cual tendría
incidencia en el propio modelo. Podríamos hablar en otro momento sobre lo que hace referencia al propio mercado, porque yo tengo la convicción de que ustedes no creen en el mercado, como han demostrado con alguna de sus actuaciones en estas últimas
fechas, con los reales decretos que aprobaron el 24 de febrero. No creen en el mercado. En cualquier caso, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la cuestión de la energía eólica, que creo que es muy importante. Además, en ninguna parte del
documento -por eso decía que nace ya obsoleto; una cosa son los datos de 2004 y otra los datos de 2006, aunque se haya iniciado el proceso en el año 2005- se indica ninguna previsión de la energía que tiene que incorporarse como consecuencia del
desarrollo de la solar. En el Plan de Energías Renovables hay un horizonte de 400 megavatios en la fotovoltaica y 500 en la térmica, pero por lo que conocemos por la prensa solamente en fotovoltaica hay en estos momentos peticiones a las
distribuidoras que rondan los 4.000 megavatios. Ese es un problema, y aquí no se habla para nada de esa circunstancia, de esa parte de las renovables, que en este país pueden tener en los próximos años un buen recorrido.



Hay otro asunto que a nuestro grupo no nos ha llamado mucho la atención pero que es muy curioso. En el documento de planificación y en la revisión, que es lo que estamos tratando, cuando se habla de las desaladoras la cuestión se liquida
simple y llanamente con tres párrafos y con un mapita en el que están ubicadas las 16 previstas. En su momento le pregunté en una sesión de la Comisión cuál era la previsión, desde el punto de vista energético, del impacto que iba a tener el plan
del Gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, que hacía referencia a las desaladoras como la gran alternativa del Plan Hidrológico Nacional que se nos ha vendido a los españoles. Desde el punto de vista energético, 16 desaladoras tienen un
impacto muy fuerte, y en el documento de planificación se liquida con tres párrafos diciendo: Dentro del desarrollo previsto del área de transporte un capítulo relevante -menos mal que es relevante- corresponde a las instalaciones necesarias para
el suministro eléctrico de las distintas desaladoras que se prevé instalar a lo largo de la costa mediterránea. La alimentación de estas nuevas instalaciones se realizará principalmente desde el área de transporte.
Sin más. No solo es criticable
sino también lamentable que en esta revisión se liquide con un párrafo y dos reseñas más uno de los proyectos estrella del Gobierno Socialista, del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene un impacto trascendental en los próximos años desde el punto
de vista energético. Eso quiere decir o bien que el Ministerio de Medio Ambiente no les ha querido facilitar datos para que los incorporasen a la revisión y, por tanto, el Ministerio de Industria, en este caso el secretario General de Energía, no
sabe lo que debería saber, o bien que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene esos datos, lo que sería mucho más grave porque significaría que uno de los proyectos estrella del Gobierno está en la situación que parece que está, por lo menos desde
el punto de vista energético.



Asimismo, me gustaría que se hubiera hecho alguna mención de las instalaciones atrasadas que se contemplan tanto desde el punto de vista eléctrico, fundamentalmente, como de gas; digo fundamentalmente eléctrico porque es donde más se da
este caso y en los cuadros que se reseñan se contempla esta situación. Hay instalaciones que se han eliminado, hay instalaciones de las que se ha desistido, pero hay otra serie de instalaciones


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se contempla así ese capítulo- atrasadas. Habría que saber por qué están atrasadas esas instalaciones, y si en algunos casos están atrasadas, como muchos de nosotros sabemos, por cuestiones que dependen de las propias administraciones, hay
que resolver esas cuestiones. Por tanto, sería muy bueno que en la planificación tuviéramos un documento en el que constara esa revisión porque esa es una de las cosas que podrían haberse hecho y que usted ha apuntado con vistas al futuro, y no sé
por qué no se han incorporado ya algunas de esas cuestiones. El sistema de seguimiento es solo un sistema de seguimiento, pero nos gustaría saber el porqué de esas instalaciones atrasadas y que se reflejara en este documento. Estoy seguro de que
en el ministerio lo tienen, y me pregunto por qué no se ha incorporado aquí.



En cuanto a las infraestructuras de gas, esta es una prueba evidente de que la planificación hecha en el año 2002 ha sido excelente, tanto en lo que se refiere a las redes de gas de los gasoductos como a la incorporación de las
regasificadoras para tener más posibilidades de entrada de gas en este país. Me parece oportuno -aunque de eso hablaremos en otro momento porque me interesa mucho centrar las cuestiones que le he planteado- que las reservas estratégicas se hayan
incorporado al documento de planificación, aunque todos somos conscientes, y más el ministerio, de que en las reservas estratégicas no se está cumpliendo la legalidad, pero ese es un tema del que podemos hablar en otro momento. Y ya que estamos
hablando de gas, me gustaría saber si ligan el proyecto Medgaz -desde nuestro punto de vista, así debe ser- con las interconexiones con Europa. En esa dirección, que yo creo que es la necesaria, hay que impulsar y favorecer ese hipotético mercado
europeo de la energía y pelear por él, cosa que el Gobierno no ha hecho hasta ahora, y desde luego esto no se consigue con planteamientos y decisiones proteccionistas e intervencionistas como los que hemos venido observando, eso sí, con la aureola
de defender los intereses generales, porque no solo no los defienden sino que, por el contrario, los perjudican. Es importante saber si el proyecto Medgaz se liga a las interconexiones con Europa para facilitar a largo plazo no solo esas
interconexiones sino también con el gran productor de gas que es Rusia. Sería importante conocer esto.



El señor PRESIDENTE: Señor Castelló, tiene que ir terminando ya. Lleva veinte minutos.



El señor CASTELLÓ BORONAT: Concluyo.



El señor PRESIDENTE: No le digo que concluya ya, pero quiero que sepa que lleva veinte minutos.



El señor CASTELLÓ BORONAT: Como la actualidad a veces marca la pauta, y aprovechando que estamos hablando de energía, me gustaría saber cuál es la opinión del secretario general de Energía sobre las decisiones que el presidente de Bolivia
ha adoptado en su país y que afectan a importantes empresas españolas en el ámbito de la energía. En ese sentido, no solo me gustaría conocer su opinión, sino que me gustaría preguntarle también si entiende que el Gobierno debería actuar de alguna
manera en concreto desde el punto de vista energético y cómo piensa que nos puede afectar en el futuro.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Energía, don Antonio Fernández Segura, ante esta Comisión de Industria.



El señor secretario nos ha detallado los aspectos relevantes de la planificación de la electricidad y del gas para los años 2002-2011, así como la revisión para los años 2005-2011. Convergència i Unió entiende que planificar, en este caso
sobre sectores estratégicos como son la electricidad y el gas, es necesario, porque a través de la planificación se pueden corregir en un momento determinado las desviaciones que se produzcan en sectores tan volátiles y tan importantes como el
eléctrico y el del gas. Todos sabemos perfectamente que el papel lo aguanta todo, y por tanto, independientemente de que las planificaciones sean indispensables, lo más interesante es poder incorporar los aspectos necesarios para que finalmente se
puedan cumplir dichas previsiones.
Sabemos que hacer una planificación de sectores tan importantes como el gas y la electricidad no es fácil. Nosotros siempre hemos puesto encima de la mesa -y en esto estoy seguro de que coincidimos con otros
grupos parlamentarios- que tanto en el sector del gas como en el de la electricidad y en el de los hidrocarburos hay incógnitas muy importantes que todos debemos tener en cuenta. Por ejemplo, ¿van a existir reservas suficientes teniendo en cuenta
el crecimiento de las economías que se están desarrollando fuertemente como la china y la india? Al mismo tiempo, ¿va a haber unas políticas de aprovisionamiento adecuadas para poder mantener unos precios en función de las planificaciones que usted
ha planteado en esta comparecencia? Es cierto que en el seno del Ministerio de Industria hay una comisión que está estudiando una cuestión que Convergència i Unió entiende que es importante, que es el papel que puede tener la energía nuclear en un
futuro, si se pueden resolver aspectos como el almacenamiento de residuos radioactivos. ¿Va a continuar teniendo un papel importante la energía nuclear en los próximos veinte años, sí o no? Seguramente cada opción política tiene sus respuestas,
pero este es un tema importante para la planificación. Convergència i Unió también va para plantear algunas cuestiones para las que no hemos encontrado explicación precisa en la planificación de los sectores de la electricidad y del gas para los
años 2005-2011. Partiendo de la base de que España tiene una gran dependencia


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energética y gasística respecto a otros países y de que no somos autosuficientes y vivimos en una isla energética gasística y eléctrica, Convergència i Unió entiende que es fundamental y prioritario acometer una interconexión eléctrica entre
España y Francia. En este documento no hemos encontrado datos precisos que demuestren una voluntad efectiva del Gobierno para acometer esta interconexión eléctrica.



Señor secretario de Estado, en el Consejo Europeo celebrado en Barcelona en el año 2002 se acordó que todos los Estados miembros asumieran un objetivo de interconexión eléctrica de al menos el 12 por ciento de su capacidad de producción
instalada en el año 2005. En estos momentos España está solamente al 3 por ciento de esta capacidad de producción instalada sobre la base de la interconexión que podríamos tener con otros países de la Unión Europea, como por ejemplo Francia. Si no
se produce esta interconexión eléctrica entre España y Francia vamos a tener muchísimas dificultades para poder tener una industria competitiva, una industria energética capaz de generar electricidad con una calidad determinada, y si esto no se
acomete con contundencia y con eficacia probablemente vamos a tener problemas a muy corto plazo. Señor secretario de Estado, usted sabe perfectamente que el Ministerio de Industria tiene una responsabilidad absoluta sobre diversas opciones, como
puede ser el objetivo de construir una interconexión eléctrica en la línea transfronteriza de alta tensión entre Bescanó y Francia. Esta es una cuestión que mi grupo ha planteado reiteradamente a su ministerio a través de mecanismos parlamentarios,
como preguntas, en el Pleno del Congreso de los Diputados. Aun siendo responsabilidad del Gobierno, es cierto que desde la Generalitat de Catalunya y con el actual tripartito existe un desconcierto absoluto y total, porque no hay una voluntad
política del tripartito del Gobierno de la Generalitat para poder acometer esta interconexión transfronteriza en la línea de alta tensión entre Bescanó y Francia. Partiendo de la base de que es imposible que los actuales socios del tripartito se
pongan de acuerdo para que esto sea una realidad y también que algunos miembros del Gobierno del tripartito, como son Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya, han pedido una moratoria de diez años para que pueda existir esta
interconexión, me gustaría manifestar al señor secretario de Estado que la responsabilidad es del Ministerio de Industria y no pueden hacer dejadez de sus obligaciones. Ustedes han de implementar rápidamente esta interconexión, porque la
planificación que usted ha planteado en esta comparecencia va a ser imposible realizarla sin esa interconexión, y en este caso es imposible que la industria de Cataluña, País Vasco y Valencia tenga la capacidad y la calidad suficientes de energía
eléctrica para poder incrementar nuestra actividad económica, catalana, valenciana y en general la actividad económica española.



Hoy volvemos a plantear al Gobierno que por responsabilidad y por obligación en sus actuaciones, para que se pueda cumplir la planificación de los sectores de electricidad y gas frente al año 2002 y 2011, actúe con contundencia, con
responsabilidad y con la máxima rapidez para que sea efectiva la construcción de una línea transfronteriza entre Bescanó y Francia. También quisiera preguntarle -puede contestarnos en este momento o en el futuro mediante respuesta parlamentaria por
escrito- si se va a construir o no esta línea, si el Gobierno va a renunciar a la interconexión eléctrica entre Francia y España, si será la línea Sentmenat-Bescanó o será la línea Vic-Baixas. En caso de que ustedes no quieran hacer dejadez de sus
obligaciones ni actuar irresponsablemente desde el Ministerio de Industria y si tienen claro si pretenden acometer esta interconexión, me gustaría saber cuál va a ser el calendario que contempla el Gobierno en un futuro inmediato y bajo qué
condiciones se va a construir esta interconexión. Repito, si no hay posibilidad de interconexión eléctrica entre España y Francia probablemente no se cumplirá la planificación que usted nos ha expuesto desde la óptica de generación de electricidad,
ni sus previsiones.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Beloki.



El señor BELOKI GUERRA: Señor presidente, también agradezco la presencia y las informaciones que nos ha dado el secretario general de Energía y me adelanto a decirle, señor secretario general de Energía que la opinión de mi grupo frente a
lo que usted ha dicho y a los documentos que previamente hemos conocido se definiría con eso que antes se solía hacer con los libros antes de su publicación, el nihil obstat, ninguna objeción por parte de mi grupo para que usted siga adelante.
Ninguna objeción mayor, lo cual no significa que mi grupo esté de acuerdo con cada una de las cosas que pudiera estar en ese libro y en este caso en estos documentos. Le voy a explicitar más: ninguna objeción, en primer lugar, porque efectivamente
ustedes cumplen razonablemente las dos leyes que en sus respectivos artículos 4 les obligan a ustedes hacer lo que han hecho; y en segundo lugar porque cumplen asimismo razonablemente con la forma que está prevista en las leyes. Por ejemplo, tengo
que reconocerle desde mi grupo que han cumplido ustedes razonablemente con el entendimiento con el Gobierno vasco y por lo que hace referencia a mi Comunidad Autónoma del País Vasco han sido ustedes corteses y atentos y han sabido mantener un
diálogo que es en el fondo beneficioso para la planificación. Tampoco tenemos mayores objeciones sobre las orientaciones y actuaciones que ustedes contemplan aquí. Situado uno en la perspectiva en que están situados estos documentos, no sé si las
cosas pueden ser muy distintas.
Sin embargo, sí tenemos algunas pequeñas objeciones que hacerle, y enlazo con una reflexión que quisiera hacerle sobre la perspectiva desde la que se hacen estos documentos.



Mi grupo ha expresado muchas veces que estas planificaciones indicativas -en general suele decirse que las planificaciones están hechas para equivocarse, no ésta


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sino en general- están hechas para ser corregidas y para ser actualizadas permanentemente, pero hay que hacerlas también. Mi grupo es de los que cree que hay que hacer planificaciones pero hay que tener muy claro que están hechas para
equivocarse porque luego la realidad de la vida no va de acuerdo con los esquemas que uno previamente, con toda razonabilidad, va pensando, sobre todo si a la hora de abordar estos planes no se consideran algunos de los problemas que en un
determinado momento o coyuntura pueden pasar relativamente desapercibidos, pero ahí están y afloran luego de pronto y tergiversan el conjunto de las planificaciones.
A este respecto, insistiendo en que ustedes han recogido razonablemente las
previsiones que a su vez tiene el Gobierno vasco en este plan, ¿cree usted razonable que en un documento de estos no se diga nada sobre unas centrales de carbón que en Euskadi, en la perspectiva de los años que contempla el plan, debieran cerrarse?
Me estoy refiriendo a Santurce 3 y 4 y a Pasajes. Es decir, centrales con un rendimiento energético bajísimo, con una obsolescencia económica clarísima y una obsolescencia medioambiental evidente. Pues bien, ¿no deberíamos decir nada al respecto
en un documento orientativo? ¿No debiera decirse al menos que ustedes serían partidarios o propiciarían el cierre de este tipo de centrales, si es que efectivamente estamos hablando de la fecha actual hasta el año 2011? Sería razonable que hubiera
alguna actuación al respecto, aunque en este momento no se sepa cuál haya que llevar a cabo -o quizá sí-; en cualquier caso sería lógico que también se dijera algo sobre esto.



Por hablar de otro detalle, ¿usted cree que es razonable que no se diga nada sobre la central nuclear de Garoña? Usted y yo sabemos que antes de 2011 hay que tomar alguna decisión al respecto. Uno puede decir que en su momento se aplicará
una mecánica y ya se tomará la decisión. Muy bien, pero entonces está usted dejando en el aire una previsión -que alguna tendrá este ministerio- sobre la central nuclear de Garoña. Ustedes evitan este tipo de problemas que van a aparecer. Usted
sabe, como yo, que esa decisión hay que tomarla. ¿Cuál es la decisión? Uno podría suponer a partir de este documento que todo sigue igual. Expliciten cuál es esa decisión. Si se va a cerrar, explicítenlo, si no, dígannos qué prevé a este
respecto el ministerio.



En el fondo mi grupo piensa que en este contexto -no sé si en este documento o en otros- debería reflexionarse sobre algunas otras cosas que aquí lógicamente se obvian. Uno podría decir que los artículos número 4 de la Ley de Hidrocarburos
y de la del Sector Eléctrico no obligan a tanto. No obligan, pero tampoco impiden, porque si, por ejemplo, uno lee el artículo 4 de la Ley de Hidrocarburos, planificación en materia de hidrocarburos, se dice que dicha planificación deberá referirse
al menos a determinadas cosas, pero a lo más podría referirse a muchas otras cosas. ¿A qué cosas podría referirse de las que mi grupo cree, tanto en este contexto como en otro, que habría que hablar? Seguramente hay que hablar, entre otras cosas,
de que en el mundo energético hay muy poco espacio para la poesía en estos momentos. No sé si hay que hablar, como algunos hacen, de que tenemos que dejar de engañarnos creyendo que se puede conseguir un mundo plano con 3.000 millones de
consumidores potenciales -eso son China e India- siempre que no encontremos un método radicalmente diferente de uso energético y de conservación de la naturaleza. Esto no está en el documento. Si lo piensan algo habría que hacer en esta dirección
de aquí a 2011. No digo que se tenga que resolver este tema, que lógicamente ni siquiera depende exclusivamente de este ministerio, pero hay que hacerse este tipo de reflexiones para saber de qué estamos hablando. A este respecto no sería malo que
hubiera más ambición, aunque fuera solo en el aire, aunque a partir de ahí ustedes concluyeran que efectivamente las planificaciones que hay que hacer son las que se pueden hacer hoy día, porque tampoco se pueden hacer planificaciones sobre
consideraciones genéricas. En cualquier caso, esos problemas existen y no son solo de otros sino también nuestros, como el de una demanda que es absolutamente inatendible en los esquemas actuales y que nos va a afectar.



Otro tema para mí absolutamente necesario y sobre el que echo en falta una cierta reflexión es, como señalaba mi compañero de Convergència i Unió, el del mercado energético europeo. Leíamos hace no mucho que los presidentes habían aparcado
este tema. Pues bien, se puede aparcar una vez, se puede aparcar dos, pero tenerlo aparcado de aquí a 2011 es un poco complicado, por lo que habría que fijar posición sobre este asunto.
Habría que saber si el ministerio y este Gobierno creen que
hay que avanzar en serio en esta dirección o si -como se ha hecho esta vez- todos miramos hacia otro lado y ya iremos viendo qué pasa. Esto tendría mucho que ver, como decía el señor Sánchez i Llibre, con las interconexiones.
Efectivamente ustedes
hablan de la interconexión con Francia y dicen que la creación de un nuevo eje de interconexión por el Pirineo Oriental permitirá alcanzar una capacidad de intercambio comercial en invierno, etcétera. ¿Usted cree que esto es todo lo que se puede y
se debe hacer o se debería impulsar de aquí a 2011, o en cambio tenemos que ir con mucha mayor decisión a interconectarnos dentro de las redes europeas sabiendo que luego va a afectar a muchas de las variables que se pueden calcular en los términos
en que ustedes lo han hecho? Porque si en definitiva hubiera una interconexión mucho más fuerte es posible que muchas de las variables que ustedes calculan fueran distintas. Este es otro de los grandes temas a tratar, y lo mismo ocurre en materia
nuclear. Supongo que algo habrá que decir o hacer de aquí a 2011. No sé si el equilibrio en este tema -que personalmente estimo como bastante precario- se puede mantener mirando hacia otro lado. Yo creo que no. Por tanto, algo podría caber como
reflexión al respecto para saber en qué dirección se puede ir avanzando. Ustedes dicen -y es cierto- que no se prevé la construcción de nuevos grupos nucleares y que la potencia nuclear disminuirá ligeramente en los próximos años


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debido al desmantelamiento del grupo nuclear de José Cabrera, etcétera, y en mi opinión esto no refleja la situación hasta donde debería hacerlo de lo que va a pasar de aquí a 2011.



Otro campo en el que mi grupo cree que también es muy necesario lanzar previsiones o dinámicas es el de la I+D. Cuando uno ve que el presidente de los Estados Unidos habla de la visión energética para los próximos años piensa que también
tendrán una planificación, pero lanza una visión en la que los temas de I+D son absolutamente sustanciales, y lo lanza este año. No sé si será en estos documentos donde haya que tratar estos asuntos -a mi entender en algunos cabría hacerlo
perfectamente-, pero habría que hacerlo de alguna manera y habría que hablar de estas cosas porque no se puede creer que esto vaya a ser un continuum, sino que efectivamente van a cambiar los términos señalados y seguramente ocurrirá así en los
próximos años. Pensar que todo se basa en eso y que no estamos ante problemas de más hondo calado me parece que no responde exactamente a la realidad. De todas formas-y concluyo, señor presidente-, vuelvo a decirle que no hay nada que objetar a
este documento, salvo que podría haber sido otro respecto del que tendríamos menos que objetar, a pesar de que quizá hubiera mayores discrepancias, de que fuera menos preciso o no pudiéramos concluir planificaciones distintas. En cualquier caso,
sería bueno que ustedes lanzaran desde esta perspectiva reflexiones y orientaciones sobre la complejidad, sobre el mal momento, sobre los grandes problemas que hay en este campo y a los que hay que responder haciendo unas planificaciones como las
que ustedes hacen, pero también lanzando otras dinámicas como las que este documento no contiene.



El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Quiero hacer una salutación de bienvenida al señor secretario general de Energía en su comparecencia de hoy. Señor secretario, me voy a limitar a la problemática de la planificación del sector de la electricidad
y del gas en el archipiélago canario, por razones obvias y comprendidas perfectamente. Como usted bien sabe, en el año 1997 se aprobó la Ley 54, del Sector Eléctrico, que regulaba esta materia, y en el año 2003 se produce la publicación del Real
Decreto 1747, que regula los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, es decir, los relativos a Ceuta y Melilla. Me centro en los insulares porque afectan en términos parecidos a la problemática del archipiélago balear y del archipiélago
canario, donde usted sabe que se han ido produciendo una serie de circunstancias y, afortunadamente, después de las gestiones realizadas por el presidente del Gobierno autónomo de Canarias con el señor Montilla, ministro de Industria, Turismo y
Comercio, se llega en el pasado mes de marzo a la publicación de dos órdenes ministeriales, la 913 y la 914. La primera de ellas viene a aprobar el método de cálculo de coste de cada uno de los combustibles utilizados y el procedimiento de despacho
y liquidación de la energía en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. La orden 914, de 30 de marzo, también de su departamento, establece un método de cálculo de la retribución de garantía de potencia para las instalaciones de
generación en régimen ordinario en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Todo ello está basado legalmente en el Real Decreto 1747/2003, de 19 de diciembre, ya que el decreto implicaba que el desarrollo fuera por orden ministerial,
que fue lo que se planteó en la negociación de meses atrás entre el Gobierno autónomo de Canarias y su departamento de Industria y finalmente se cumple la promesa del señor Montilla y se publican en marzo estas dos órdenes ministeriales. Hemos
tenido una serie de incidencias porque el único proveedor fundamentalmente o productor de energía eléctrica en Canarias es la empresa Unelco, que pertenece -como usted bien sabe- al grupo Endesa.
Hemos pasado situaciones variopintas: tendidos de
la línea, que tienen que ir al sur; problemas con agrupaciones ecologistas, ayuntamientos, etcétera y seguimos todavía con el proyecto de ver el tendido de las líneas de alta tensión que tienen que garantizar el suministro en una zona de alto
desarrollo turístico, y por tanto de fuerte demanda energética, como es el sur turístico de las islas, y en el caso concreto de la isla de Tenerife con todos estos problemas. Mis preguntas son qué previsiones tienen ustedes, en qué situación se
encuentra el desarrollo y aplicación de estas dos órdenes ministeriales que venían a desatascar el problema, porque no se había podido hasta la fecha dar cumplimiento con estas órdenes ministeriales al imperativo del Real Decreto 1747, y qué
perspectivas hay de las que nos pudiera informar hoy aquí.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Quiero agradecer también la presencia del secretario general de Energía. Empezaré por una reflexión de carácter general. A la luz de los resultados, podríamos deducir que es muy difícil hacer una planificación
de lo que va a ser o lo que tiene que ser la energía y, en concreto, la calidad y seguridad del suministro en el Estado español, teniendo en cuenta que se trata de un sector que no está reglamentado desde el punto de vista público sino que es un
sector totalmente liberalizado. Al tratarse de un sector liberalizado, las empresas privadas tienen un importantísimo papel y además tienen un carácter oligopólico que creo que tiene unas grandes consecuencias desde el punto de vista práctico.
Desde la óptica de que no es posible un control adecuado desde el punto de vista democrático por las instituciones de representación popular, y tampoco está adecuado al reparto de poder político en el Estado español, hay unas discordancias que en el
caso de Galicia son muy notorias.



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Leyendo la planificación originaria 2002-2011, que fue elaborada en la etapa del Partido Popular, se veía una clara tendencia a conformar un modelo de generación eléctrica en el Estado español que aparecía claramente desplazándose de las
zonas tradicionalmente productoras de energía eléctrica al levante y al sur, sin duda teniendo en cuenta el cambio de las fuentes de energía y también un desequilibrio muy poderoso del Estado español desde el punto de vista demográfico y de la
estructura económica. En todo caso, Galicia es un ejemplo en este aspecto muy ilustrativo. Galicia dedica aún hoy prácticamente el 40 por ciento de energía eléctrica producida a la exportación, con una estructura tarifaria que es única para todo
el Estado español y de la cual nosotros no hemos sacado ninguna ventaja de carácter comparativo; con todas sus empresas con sede en Madrid y por tanto tributando, desde el punto de vista fiscal, en la capital del Estado español; con graves
deficiencias de suministro de energía eléctrica en muchas zonas del país e incluso siendo la principal baza de fuentes de ingresos para la trasnacionalización de algunas de las grandes empresas como, por ejemplo, Endesa. Ahora estamos en un momento
crítico porque podemos pasar de ser exportadores sin beneficio alguno a ser importadores con todas las consecuencias que esto tiene. Por tanto, la actual planificación va a ser determinante para el futuro del país porque se produce, primero, el
fenómeno de que se agotan las explotaciones de lignitos pardos que dieron lugar precisamente a Endesa y a Meirama, a la construcción de la gran Endesa, una empresa con gran capacidad económica -reconocido por el propio Martín Villa-, y si no llega a
ser por las explotaciones de As Pontes y García Rodríguez hubiera sido muy difícil que Endesa fuera la gran trasnacional que es hoy en día, y porque efectivamente para sustituir la capacidad de producción que tiene la actual Endesa en Galicia no
cabe duda de que hay que ir al gas, a la regasificación y a los ciclos combinados y, en segundo lugar, a una energía alternativa como la eólica en la que Galicia tiene también ventajas comparativas muy notorias en el conjunto del Estado español.
Aquí es donde están ya los problemas.



Cuando se elabora el Plan 2002 resulta que estaba totalmente desdibujada la necesidad de los ciclos combinados y de la regasificadora, de tal manera que había una distorsión entre lo que se decía desde el punto de vista propagandístico o
informativo por parte de las autoridades gubernativas y lo que las empresas estaban dispuestas a hacer. Hoy en día nos encontramos con que, a pesar de todo, seguimos con el mismo problema, y a los datos me remito. Por ejemplo, se estuvo diciendo
-y en la revisión que hace el Gobierno del plan se dice también- que en Galicia estaban con autorización administrativa los ciclos combinados por un total de 1.600 megavatios -esto es lo que dice el Gobierno en la revisión-, pero cuando uno va a la
potencia instalada prevista para cada comunidad autónoma con los datos que dan las empresas observamos que solamente son 1.170 megavatios, en concreto dos para As Pontes de 770 megavatios y otro en Sabón de 400 megavatios. Esta es la realidad
objetiva, 1.170 frente a los teóricos 1.600 de la planificación y aún así con el gravísimo problema de que solamente está en ejecución el de Sabón, los dos de As Pontes siguen en una especie de stand by administrativo sin salir para la información
pública y la realización del estudio de impacto ambiental. Esto hay que vincularlo, por tanto, a otro problema que en Galicia es pavoroso y es el de la falta de planificación total. Se está construyendo, sin embargo, una regasificadora que sí va a
estar construida en el año 2007 y podría entrar en funcionamiento en ese año, pero con el problema añadido de qué se hace con ese gas si no tiene los ciclos combinados, y además con otro problema muy grave y es que, con la infraestructura gasística
que existe, los gasoductos en el país, habría que preguntarse -esto es falta de planificación- si el gasoducto troncal de Galicia, el que va de Tuy a Llanera, que conecta con Portugal y después va para Asturias, tendría capacidad para absorber la de
Reganosa si no funcionan los ciclos combinados de As Pontes y de Cerceda. Es un disparate de planificación. Es igual que hacer puertos exteriores -que pasa allí también- sin carreteras ni ferrocarril. Esto está pasando en este país, no en un país
del Tercer Mundo. Esta distorsión es indicativa de cómo se actúa incluso con un país que ha dado hasta hoy semejante cantidad de energía eléctrica al Estado español. Esto puede ayudarle a usted a explicarse por qué razón el actual Gobierno de
Galicia está muy preocupado -y a lo mejor en algunas cosas se equivoca desde el punto de vista técnico, pero tiene la razón desde el punto de vista de la necesidad- en relación con la energía eólica.



Usted sabe que todas las comunidades autónomas sufrieron una rebaja muy fuerte entre lo que plantearon como objetivo y lo que ustedes están dispuestos a aceptar. Ustedes dicen que se debe a problemas de carácter tecnológico, que no hay
capacidad en la red para absorber desde el punto de vista técnico esas propuestas de las comunidades autónomas, en particular la de Galicia, además del problema tecnológico de discusión entre los constructores de los parques empresariales y la
propia Red Eléctrica sobre los parámetros técnicos que habría que discutir, y no acabamos de aclarar bien, para los huecos de tensión. Como esto no se aclara bien desde el punto de vista tecnológico, en Galicia el Gobierno está muy preocupado y
reivindica por qué se rebaja a 3.800 megavatios una petición de 6.500 megavatios que se tenía como objetivo. Pero eso no crea que solamente es por tener más, sino porque allí el viento funciona, es una ventaja comparativa en relación con otras
muchas partes del Estado español, porque están muy preocupados por paliar la desaparición de los lignitos, y por tanto de mantener por lo menos una capacidad productiva similar, y con estos interrogantes sobre los ciclos combinados, aparte de todo
el desarrollo técnico que significaron las construcciones eólicas y algún impacto social positivo, sin negar el negativo que tuvieron desde el punto de vista medioambiental, porque hay zonas claves de Galicia que


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están afectadísimas desde el punto de vista medioambiental. Nosotros podemos comprender las reticencias del Gobierno respecto al plan eólico, pero en este aspecto habría que dialogar con más transparencia y ver que cuando se hacen estos
planteamientos desde un Gobierno autonómico es no solamente porque hay la conciencia de que esa energía puede funcionar en el país y tiene un gran valor añadido desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, sino también para
suplir la rebaja brutal que va a haber de producción de energía eléctrica en el país. Por tanto, le invito a que reconsideren la cuestión o, por lo menos, la expliquen dialogando y si se hace una nueva revisión dentro de pocos años admitan, después
del debate sobre los problemas de adecuación tecnológica, si es posible esta cuestión.



Una tercera cuestión es que las infraestructuras gasistas son fundamentales. Ya le planteé el problema de las que están relacionadas con Reganosa. ¿Qué va a pasar si Reganosa empieza a funcionar y el gasoducto troncal Tuy-Llanera no tiene
capacidad para absorber la de Reganosa al no estar en funcionamiento los ciclos combinados y de ahí la necesidad de que estos funcionen? Hay dos obras, una que ustedes consideran categoría C, que no está justificada económicamente, la del ramal
Noia-Muros-Cee en la Costa da Morte, tan afectada por la catástrofe del Prestige, y la de Ourense-Ponferrada. En el documento se dice que la puesta en marcha del ramal Noia-Muros-Cee sería en el año 2007 y el de Ourense-Ponferrada en el 2010. No
se especifican más detalles técnicos.
Estas infraestructuras son esenciales para el desarrollo de una comarca muy deprimida como la Costa da Morte y para la conexión con la meseta.
¿Se puede decir que son realistas y, por tanto, se puede aguardar
a que se cumplan los plazos previstos con esta consideración de categoría C? Si no fuese así, ¿cuáles son los plazos nuevos para la puesta en funcionamiento de estas infraestructuras que, vuelvo a repetir, están muy desconsideradas en la revisión
del plan?


Acabo diciéndole, señor secretario general de Energía, que en el caso de Galicia ustedes deben comprender que no se puede pasar de ser potencia exportadora sin ventajas de ningún tipo para el país, a ser ahora deficitarios porque no se
atienda debidamente a una planificación por parte de las empresas, que son las grandes responsables de esta situación de stand by en que estamos situados, en concreto por parte de Endesa, que no actuó como debía haberlo hecho después de tener el
reconocimiento público de que es una gran empresa transnacional gracias a Galicia.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Mendizábal.



La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Quiero dar la bienvenida al secretario general de Energía y agradecerle su presencia una vez más en esta Comisión. Al comienzo de mi intervención quisiera hacer algunas consideraciones generales respecto a
la política energética y el modelo energético o, mejor dicho, carencia de modelo energético por parte del Gobierno, afirmaciones que se han hecho en esta sala y que desde luego quedan muy bien desde el punto de vista de la descalificación, pero hay
que aportar argumentos para soportarlas. Hablar del seguimiento del modelo del Partido Popular con poca fe, creer poco en él, no deja de tener muy poca consistencia como tal argumento, primero, porque el modelo energético no se cambia de
legislatura en legislatura (incluso me gustaría saber, después de ocho años de gobierno, cuál es la especificidad del modelo energético del Partido Popular) y estamos en un sistema abierto, la creación de un mercado único en la Unión Europea y,
segundo, porque la energía no es un problema de fe sino de garantía de suministro, de gestión de recursos y de precios y de sostenibilidad del medio ambiente. Por tanto, tiene unos objetivos muy claros que son los que debemos y tenemos que cumplir,
y no tenemos que creer en nada sino buscar las fórmulas para poder cumplir esos objetivos.



En este caso no estamos hablando de modelo energético, que puede ser un debate teórico muy interesante en algunos momentos, sino que estamos hablando de la revisión del documento de planificación de los sectores de electricidad y gas,
desarrollo de las redes de transporte 2002-2011, presentado por el anterior Gobierno en la anterior legislatura, en septiembre de 2002, que pretendía recoger un mandato que estaba implícito en las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos, leyes
de 1997 y de 1998, y que fue necesario pasar a una segunda legislatura, llegar hasta el año 2002, para que se pusiera en marcha algo que estuvo aprobado en los dos primeros años de la primera legislatura del Partido Popular; tiempo por delante y de
sobra. Ese documento recogía las previsiones de demanda eléctrica y de gas y los recursos necesarios para satisfacer esas previsiones, y recogía también las redes de transporte de electricidad y gas que se debían construir con carácter vinculante.
Aquí tuvimos un pequeño lío, que si en la planificación se mezclaba la indicativa con la vinculante, pero resultaba que como señalamos desde el Grupo Socialista, en la oposición en aquel momento, las carencias y defectos que tenía este documento,
sobre todo en lo que a planificación vinculante se refería porque faltaban las instalaciones de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos líquidos, estas carencias, como se recoge en el documento y como el secretario general ha dicho,
se superan en esta revisión con la inclusión de un nuevo capítulo dedicado a estas instalaciones. Además, esta revisión ha mejorado algunos aspectos importantes y necesarios del documento inicial. No obstante, celebro -quiero señalarlo y que
conste, como ya lo ha dicho el secretario general- que se vaya a realizar una previsión global que abarca hasta el año 2016 y que además revise los criterios en los que se basó esta planificación en el 2002 con modelo o sin modelo, pero lo que
tenemos que hacer es mejorar y establecer nuevos criterios para


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que la planificación sea mejor de cara al año 2016. Estamos solo ante una revisión, ni más ni menos, para los años 2005-2011, que ya estaban en la anterior planificación, y se mantienen en este caso los criterios del anterior documento,
como se ha señalado. Nadie puede dudar en estos momentos de la necesidad de una revisión debido a las diferencias habidas con las previsiones establecidas en el anterior documento respecto al crecimiento de la demanda, que es superior al previsto.
Yo no sé si esto es bueno o malo, o si el documento estaba bien o estaba mal, pero se equivocó, y como ha dicho antes otro interviniente en la planificación y en las previsiones existen equivocaciones y no voy a descalificar por eso el documento
presentado por el Partido Popular. Ha habido diferencias en las previsiones de la demanda, así como de la puesta en marcha de la oferta, y ha habido mayor aceleración de la puesta en marcha de los ciclos combinados, opción que se adoptó con esta
planificación en la anterior legislatura y de la que participó también mi grupo parlamentario estando en la oposición, porque en aquellos momentos la opción por los ciclos combinados era compartida y generalizada, y no creo que haya sido una
equivocación. Como digo, es necesario corregir esas diferencias habidas respecto a la planificación anterior, pero hay que incluir nuevas necesidades porque de lo que se trata en estos momentos es de cumplir con el objetivo principal de garantizar
la seguridad en el suministro.



Vista la necesidad de la revisión, y pasando a la evolución de las previsiones energéticas, sin duda es una buena noticia el cambio de tendencia que se está experimentando en la intensidad energética. En cuanto a la relación entre el
consumo de energía y el producto interior bruto, que ha estado descendiendo en la Unión Europea desde los años ochenta y que, sin embargo, en España ha registrado un incremento continuo por múltiples razones que no vamos a entrar a analizar, yo creo
que debemos felicitarnos por esa disminución de la previsión de la tasa de crecimiento de la energía primaria al 2 por ciento frente al 3,18 que se estimaba en el anterior documento. Nuestro grupo espera seguir avanzando en esta senda gracias a la
aplicación del Plan de acción 2005-2007 de la E4 y con todas aquellas mejoras que puedan derivarse de la eficiencia que puede haber por el cambio de estructura de las fuentes de suministro, que también se está produciendo en el consumo de energía
final, con una tendencia decreciente del carbón, con un incremento cada vez menor del petróleo, por tanto baja su participación, y con un mantenimiento del incremento de la electricidad y del gas natural, pero sobre todo con un incremento de la
participación de las energías renovables, aunque todavía tengan una pequeña participación sobre todo en lo que a la energía eólica se refiere, que pasa de una previsión -como ya se ha señalado- de 13.000 a 20.000 megavatios. Todo esto supone, desde
nuestro punto de vista, una apuesta decidida por las energías renovables, si bien no quiero dejar de señalar en estos momentos, aunque es para la soledad de la sala porque no me escuchan quienes me tienen que escuchar -perdón, hay uno en la Mesa
(Risas.)-, que el Plan de fomento de energías renovables que fue aprobado en la anterior legislatura tuvo un cumplimiento muy bajo. Me alegra oír decir al Partido Popular que hay una apuesta por las energías renovables, pero quiero señalar que
desde 1999 a 2004 el consumo global tuvo un incremento muy insuficiente para alcanzar los objetivos que se habían fijado al final del periodo de 2010, porque en 2004 solo se había conseguido cumplir el 28,4 por ciento del objetivo que se había
establecido. Yo me alegro de que se haga esa opción. Mi grupo opta por las energías renovables tanto por la importancia que puede tener en el cumplimiento del Protocolo de Kioto como por la reducción que va a suponer de las emisiones de CO2, como
ya se ha señalado, y también por la importancia que pueda tener para la menor dependencia energética de España.



No quiero extenderme mucho más, pero quisiera hacer alguna consideración sobre cada uno de los sectores: el eléctrico y el de hidrocarburos y gas y su influencia en la modificación precisamente del documento para las infraestructuras.
Respecto al sector eléctrico, el incremento de la demanda eléctrica mayor al previsto, los incrementos que ya se han señalado en las puntas de demanda superior a las que estaban establecidas en el documento del 2002 y la necesidad de asegurar un
mayor índice de cobertura nos lleva a prever más megavatios, y esto supone la necesidad de modificar las infraestructuras eléctricas planificadas para dar salida tanto a los incrementos de los parques de generación de energía eólica como al
incremento de 10.000 megavatios más en ciclo combinado. En cuanto a los hidrocarburos y el gas, el crecimiento de la demanda de gas natural ha sido menor a la prevista y no hay previsión de que la demanda media anual pueda aumentar. La necesidad
de modificación de las infraestructuras viene determinada por la demanda punta, estimada para el año 2011 en 3.000 gigavatios/día, un 25 por ciento superior a la estimada en el anterior documento, lo que unido, como ya se ha señalado, a la extensión
del sistema gasista a los sistemas insulares obliga a la introducción de una serie de modificaciones en estas infraestructuras gasísticas planificadas tanto en los gasoductos como en las plantas de regasificación en lo que a capacidad de entrada se
refiere, al transporte también y a la capacidad de almacenamiento, que ha registrado un importante incremento. Vistos los dos subsistemas, el eléctrico y el gas, no quiero terminar mi intervención sin señalar nuevamente la importancia de haber
incluido en este documento las reservas estratégicas de productos petrolíferos, que además de ser exigidas por una directiva comunitaria ya estaba previsto en la Ley de Hidrocarburos que se hiciera como planificación vinculante y no fue introducida
en el anterior documento, como así lo señalamos nosotros en su momento.



Quiero terminar diciendo, una vez más, que estamos ante la revisión de un documento de planificación


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vigente desde el año 2002 hasta el año 2011. Por tanto, se trata de mejorar las previsiones para poder llevar a cabo una planificación de infraestructuras que, como ya he señalado, cumpla los objetivos que tiene que cumplir y es que
garantice el suministro de energía a unos mejores costes, siendo respetuoso con el medio ambiente, y que los beneficiados sean realmente los consumidores y usuarios, que es nuestra obligación.



El señor PRESIDENTE: Finalmente, para responder a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el secretario general de Energía, señor Segura.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Intentaré responder en el orden en que se han producido las intervenciones de los representantes de los grupos y espero que a la mayor parte de las cuestiones que se han formulado.



El Gobierno no ha cambiado las leyes del sector de hidrocarburos y del sector eléctrico en las materias referidas a la planificación, y en la medida en que no las ha cambiado aplica las leyes. Si eso es tener un modelo energético igual o
distinto al del anterior Gobierno es discutible, pero lo que está claro es que aplica las leyes. Por otra parte, el ejercicio de planificación tiene un contenido a veces muy técnico y sobre la base de principios parecidos lleva a conclusiones muy
parecidas, con independencia de las posiciones políticas de los grupos.
Es un ejercicio racional. Si uno quiere garantizar el suministro, tiene que disponer de unas redes que permitan que el producto circule por las redes y llegue a los usuarios
finales. Podrá hacerlo mejor o peor, pero ahí hay unos elementos técnicos que no son susceptibles de disponibilidad política. De todas maneras, he de decir que el Partido Popular se ha confundido bastante en la planificación que hizo en el año
2002. Aún así, con ser un ejercicio que, obviamente, siempre tiene el riesgo de las estimaciones y evolución futura en contextos liberalizados, hay que decir que se ha confundido bastante, y a las pruebas me remito. No hay más que comparar las
previsiones del documento de 2002 con las de 2004. En algunos casos se ha confundido y en otros no puede decir que nuestro modelo energético es el mismo, sin perjuicio de que tenga elementos comunes, cuando al menos existen tres asuntos respecto de
los cuales este Gobierno ha cambiado el modelo energético del PP en la práctica, no en las formulaciones teóricas. Por ejemplo, hemos cambiado el modelo energético del PP creyéndonos el protocolo de Kioto no desde el punto de vista religioso, sino
desde el punto de vista laico, es decir, estableciendo una norma, el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, que lleva al cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado español en el seno de la Unión Europea, algo que no se
hizo en su momento. También nos hemos creído desde el punto de vista laico que hay que hacer ahorro de eficiencia energética y para eso hemos elaborado un Plan de ahorro de eficiencia energética, que no es un documento analítico, sino que conlleva
medidas, actuaciones, compromisos y financiación, que es lo más relevante. El Gobierno ha tenido el coraje de decir a los consumidores eléctricos que los 180 millones de euros anuales que pagarán a través de tarifas se aplicarán a programas de
ahorro y eficiencia energética. Lo ha reconocido así como coste permanente del sistema eléctrico y se lo ha pedido a los consumidores; no ha dicho a los consumidores que hay que hacer ahorro de eficiencia energética, sino que les ha pedido que
colaboren financieramente pagando tarifas para poner en marcha ese tipo de políticas. También hemos elaborado un Plan de Energías Renovables -lo ha comentado la señora Mendizábal y no me voy a extender en ello- que supera las dificultades, los
riegos y los errores cometidos en el documento anterior. Si es el mismo modelo energético, decir que puede haber 13.000 megavatios de potencia eléctrica eólica instalada en España en el año 2011 y que haya 20.000 megavatios instalados no responde
exactamente a la realidad, teniendo en cuenta sobre todo que, cuando se fijaron los 13.000 megavatios eólicos en la planificación a finales del año 2002, las peticiones, como se ha dicho, de las comunidades autónomas o las autorizaciones
administrativas es probable que estuvieran muy cerca ya de los 13.000, cosa que no se vigilaba y comentaré posteriormente por qué estamos obligados a vigilar ese proceso. Por otra parte, hay elementos del modelo de organización de los sistemas de
fijación de los precios del Partido Popular, en el mercado eléctrico en particular y en el del gas, que están en crisis, es decir, el modelo de fijación de los precios en el mercado eléctrico funcionaba mientras que los precios del gas, del crudo
básicamente, eran muy bajos y había un precio máximo del sistema, 36 euros megavatios/hora. En cuanto ha habido un año seco, los precios han subido, ese tope ha desaparecido y el modelo entra en crisis.
De manera que ya hay una política energética
alternativa, que en algunos casos es muy explícita y en otros va a cambiarse y es producto de la revisión de ciertos elementos de fracaso del modelo anterior, lo cual no quiere decir que las leyes haya que cambiarlas de arriba abajo, pues todos
sabemos que con el mismo marco jurídico se pueden desarrollar políticas distintas. Y por supuesto podemos confundirnos en los escenarios, como cualquiera se puede confundir en las previsiones de planificación. Lo han dicho bastantes diputados que
han intervenido y es una opinión compartida. Ahora bien, una cosa es cuando uno se confunde y otra es que se sea voluntariamente más ambicioso de lo razonable y se planteen estimaciones fuera de todo fundamento. Si nosotros decimos que la
intensidad energética de la economía española puede bajar y proyectamos una bajada es porque ha bajado en el año 2005, algo ha pasado en la realidad que nos indica que puede bajar; lo que no tiene mucho sentido es decir siempre que va a bajar
cuando se está viendo que no baja. Uno podrá confundirse si va a bajar en una proporción o en otra, en un ritmo o en otro, pero que puede bajar es cierto porque lo ha hecho en 2005, y si uno pone en marcha políticas


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como el Plan de ahorro de eficiencia energética es más fácil que baje que si uno no hace absolutamente nada. Y nos podemos confundir en el precio del crudo, por supuesto, como cualquiera -la historia está llena de experiencias de analistas
que se han confundido al prever precios del crudo más allá de dos años-, pero estoy casi convencido de que las previsiones que había de evolución del precio del crudo en la planificación de 2002 están infinitamente más confundidas que las que
nosotros vamos a hacer, entre otras cosas porque no incurrían en el riesgo político de Irak, y si el riesgo sociopolítico de Irak-Irán -lo dicen los analistas en los foros internacionales, no yo, que no soy un experto- hace que el barril esté entre
10 y 20 dólares por barril, más cercano a 15, ya tenemos ahí una desviación de la realidad de los precios del crudo respecto de la previsión del año 2002 que alguien tendría que explicar. En todo caso, nosotros nos sometemos en las previsiones de
este tipo de indicadores a aquellas que hacen los organismos oficiales, que tienen una visión de carácter general, y los organismos internacionales, que consecuentemente son el consenso de los expertos y uno no puede hacer mucho más que aceptar el
consenso de los expertos en este punto. No podemos definir el mix de generación de una forma planificada vinculante porque no lo exige la planificación ni la ley española. Si cumplimos la ley, que es el modelo energético del PP, no podemos
planificar de manera vinculante el mix de generación. Hay un mix indicativo que se apoya sobre las previsiones razonables del conjunto de los operadores. Si el Partido Popular cree que ese mix no es bueno, tiene todo su derecho a pensarlo y puede
decir cuál es el mix que quiere, pero en el horizonte del año 2011, que es del que estamos hablando aquí, de esta revisión de la planificación, el mix de referencia que sitúa el documento de planificación es probable que sea acertado y que no haya
grandes cambios, pues las inversiones energéticas no maduran ni producen cambios sustanciales, salvo cataclismos, en periodos de tiempo tan corto. Si lo que se pretende es que haya una discusión en España sobre cuál debe ser el balance de fuentes
de energía primaria o el mix de generación eléctrica, en un horizonte más allá del 2011, por supuesto, el 2020 o el 2030, el Gobierno estaría dispuesto a oír las opiniones de los grupos parlamentarios distintas de las del Gobierno y a escuchar las
iniciativas que se planteen. Si lo que se quiere decir es que sería bueno que en este país hubiera un debate sobre las fuentes de energía en el horizonte del 2020 o el 2030, estoy de acuerdo y, consecuentemente, cualquier iniciativa en ese punto
será bienvenida. Estoy de acuerdo porque lo están haciendo otros países de la Unión Europea, porque los problemas asociados a la incertidumbre a largo plazo en el mundo energético son reales y porque la planificación que tenemos ahora a 2011 es
suficiente de aquí a 2011 pero los problemas tienen una proyección temporal mayor.



Hemos hecho cosas para permitir la integración de la potencia eléctrica eólica en el sistema. Cuando no había ninguna seguridad de que se podía integrar era antes. El sistema legal existente español es un sistema que produce
comportamientos oportunistas y no sostenibles, es decir, las comunidades autónomas pueden autorizar instalaciones de generación eólica en general del régimen especial, pero las restricciones energéticas desde el punto de vista de la potencia máxima
que el sistema puede asumir desde el punto de vista técnico y la prima, es decir, la retribución por encima de la del mercado que se puede pagar a la electricidad generada por esas tecnologías, la tiene la Administración General del Estado, y el
mecanismo de la ley, en este caso del Real Decreto 436, del Gobierno anterior, no es un mecanismo que permita esa coordinación y se pueden producir comportamientos en los que las comunidades autónomas, en el uso de su competencias, pueden autorizar
instalaciones que, agregadas, suponen cifras por encima de aquellas que el sistema puede aguantar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. En todo caso, las comunidades autónomas no pueden decidir porque ellas no ponen
las primas a la energía eléctrica generada por sistemas de energías renovables. Lo que estamos haciendo es justamente garantizar que los objetivos de energía eólica se integren en el sistema, y para garantizar esto estamos discutiendo, debatiendo e
intentando llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para que el mal diseño del sistema jurídico de autorizaciones, que sin una coordinación potente entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas no funciona, sea
corregido por la voluntad política de llegar a acuerdos. Hemos reunido a las comunidades autónomas y les hemos explicado cuál es el problema -lo saben igual que nosotros- y han acordado con nosotros que tenemos que buscar un esquema de acuerdo,
porque no podemos seguir con la orientación actual, ya que si seguimos con la orientación actual sinceramente no se podrán integrar 20.000 megavatios de energía eólica en el sistema en el 2011 y, lo que es peor, pueden aparecer compromisos
patrimoniales de las comunidades autónomas que no se podrán satisfacer con los promotores de energía eólica. La discusión sobre creer o no en el mercado o sacar la energía eólica del mercado es una discusión que podría llevar mucho tiempo, pero se
puede simplificar de una manera muy sencilla: si un productor de energía eólica no asume riesgo alguno de cantidad y de precio -y no lo asume-, ya me dirá alguien en qué mercado estamos.



Respecto de la energía fotovoltaica se pueden estar planteando situaciones similares a las que se han planteado en el caso de la energía eólica y ya estamos respondiendo a este fenómeno también. Ya hemos invitado a las comunidades autónomas
a hacer una discusión sobre cuál es el nivel de desarrollo de la potencia eléctrica fotovoltaica, de cómo queremos cumplir el compromiso existente en el Plan de Energías Renovables y cómo tenemos que hacer para que ese compromiso sea consistente con
las autorizaciones que las comunidades autónomas tienen que aprobar para esta tecnología de generación eléctrica.



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Aunque, como es obvio, estoy de acuerdo con el enfoque que ha dado el Gobierno al Plan Hidrológico Nacional, no estoy en condiciones de hacer una discusión aquí sobre política hidráulica, porque es competencia del Ministerio de Medio
Ambiente y nuestra responsabilidad exclusiva es asegurar la energía eléctrica que necesite el funcionamiento de las plantas desaladoras y cumplir el calendario y el programa que tenga el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que las redes estarán
disponibles para transmitir la energía que sea necesaria para que esas plantas desaladoras funcionen.



Sí tenemos que resolver los problemas de las instalaciones atrasadas y es mejorable el sistema de seguimiento de la ejecución razonable de los programas de infraestructuras, por tanto vamos a mejorarlo y la primera medida que vamos a tomar
es poner un sistema, porque no existe.



El gasoducto del Medgaz es, en nuestra opinión, una infraestructura de entrada a la Unión Europea, no es una infraestructura de entrada al sistema español. Entra en España, porque es una buena vía de entrada al sistema europeo, pero nuestra
voluntad es que sea una infraestructura de entrada a la Unión Europea y, consecuentemente, cooperará a la construcción del mercado interior de la energía desde el punto de vista de la integración de las redes. Ahora bien, si un Gobierno quiere
construir una infraestructura de interconexión entre dos países necesita el acuerdo del otro Gobierno para hacerla. Consecuentemente, cualquier crítica razonable que se pueda hacer a la posición del Gobierno español en materia de interconexiones
eléctricas o gasistas deberá tener en cuenta también que en este punto no somos soberanos, por lo que deberían ayudarnos, estimularnos y apoyar el máximo grado posible de cooperación política con el Gobierno francés, porque esto se traducirá en un
máximo de cooperación en materia energética y garantizará que las interconexiones eléctricas y gasistas funcionen y podamos cooperar con estas infraestructuras a la construcción real del mercado interior de la energía, que no se construirá sin
interconexiones, y necesitará algo más que interconexiones. Con lo cual he de decir, señor Castelló, que la opa no tiene mucho que ver con el mercado interior de la energía, porque el mercado interior de la energía es una integración física de los
mercados, de manera que el producto, la mercancía, en este caso la energía eléctrica o el gas, fluya de una manera normal y natural a través del conjunto del territorio en el que ese mercado se establece, una regulación común y unas reglas comunes
del funcionamiento de los operadores. Mientras no exista un suficiente desarrollo de las interconexiones físicas y un progreso suficiente de la regulación común y situaciones recíprocas relacionadas con la libertad de movimiento de los capitales,
que no solamente es libertad para moverse, sino también para comprar, no existirá un mercado interior de la energía como tal; otra cosa es que existan reglas comunes para avanzar, y consecuentemente la opa no tiene mucho que ver con el mercado
interior de la energía, en todo caso tiene que ver con la libertad de movimiento de los capitales en el mercado no interior de la energía, en el mercado en general.



Mi opinión sobre las políticas del Gobierno boliviano, es que es un Gobierno soberano que adoptará las que crea conveniente. La posición del Gobierno español ya ha sido puesta de manifiesto por quienes tienen competencia en la materia y,
simplemente, he de recordarle que no traeremos gas de Bolivia. Por tanto, no existe un problema importante de abastecimiento energético para España. Nuevamente será más un problema de política de relaciones exteriores del Gobierno español en
relación con la cooperación en materia energética, apoyada sobre las empresas españolas, que un problema estricto, por ejemplo, de seguridad del suministro -que no lo es- o de nivel de precios del mercado español -que no lo es- o de sostenibilidad
del desarrollo medioambiental energético en España -que no lo es-, porque básicamente es un problema de relaciones políticas y económicas en el plano internacional.



Intentaré responder a las observaciones del señor Sánchez i Llibre. Con el horizonte de 2011 no hay problemas de sostenibilidad de los recursos. Me dirá que es un horizonte tan pequeño que cómo se va a agotar el petróleo; tiene razón.
Hasta el año 2011 no hay grandes problemas ni de recursos ni de precios. Los precios pueden seguir siendo razonables con la incertidumbre que siempre está asociada a los riesgos sociopolíticos del mercado del petróleo. De aquí al año 2011 el papel
relevante en temas de la planificación que tiene la energía nuclear en el mix energético español es el que dice el documento. La energía de origen nuclear se reducirá en términos proporcionales y se mantendrá grosso modo en términos absolutos.
Como sabe, el Gobierno ha puesto en funcionamiento una mesa de diálogo sobre la evolución futura de la energía nuclear como producto de un compromiso del presidente del Gobierno en el último debate del estado de la Nación. Esa mesa de debate ya ha
tenido, si no recuerdo mal, cinco sesiones y todavía tendrá una última de clausura el próximo día 17. El ministerio llevará a esa mesa un conjunto de propuestas de cómo seguir adelante, cuál es nuestra opinión sobre el resultado de ese debate, la
utilidad del mismo -que la tiene- y cómo se puede seguir.
Esperamos que el resto de los participantes en la mesa -aquí están de acuerdo todos los grupos parlamentarios-, más el conjunto de las asociaciones y grupos de operadores que tienen opinión
en este asunto nos planteen también iniciativas que permitan seguir avanzando en ese debate necesario, respecto del cual -repito lo que he dicho antes- hay iniciativas de grupos parlamentarios en relación con la posibilidad de darle continuidad en
un debate más general sobre las fuentes de energía primaria. Este es un asunto que tiene, en mi opinión, bastante interés y que será bien recibido por el Gobierno.



En cuanto a la interconexión eléctrica con Francia, la voluntad del Gobierno de España es que se cumplan los compromisos de la cumbre de Barcelona. Hay acuerdos


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que estableció el anterior Gobierno que a nosotros nos parecen razonables y buenos, como es alcanzar un nivel de interconexión de 2.600 megavatios en el año 2007 y un nivel de interconexión de 4.000 megavatios en el año 2010. El Gobierno es
partidario de hacer la interconexión eléctrica con Francia. Ha discutido con el Gobierno francés en diversos momentos cuál era el trazado más adecuado. Ha puesto en marcha los trámites administrativos para esa interconexión. Está sometida a
estudio de impacto medioambiental, que es la fase previa del procedimiento medioambiental, porque hay diversas variantes de un trazado para realizar esa interconexión eléctrica y, consecuentemente, en la posición actual, el Gobierno mantiene la
necesidad de la interconexión, la defiende, y negociamos con el Gobierno francés para encontrar el punto de conexión que sea satisfactorio para ambos gobiernos.



Hay cuestiones que la planificación no puede integrar, porque son decisiones autónomas en un marco liberalizador de los operadores energéticos. En el caso concreto de las centrales de carbón de Euskadi, la Administración General del Estado,
el Ministerio de Industria, no puede cerrar o abrir una central de carbón cuando le parezca bien. Como ustedes saben, el establecimiento de centrales de generación eléctrica está liberalizado. En último extremo, si alguien pudiera cerrar las
centrales, estas o cualesquiera otras, estén donde estén, de carbón o de otro tipo de combustible que plantee problemas medioambientales, serían los gobiernos regionales, que son los competentes en materia medioambiental. Lo que sí incluye nuestra
planificación es la previsión de evolución de las vidas de las plantas de generación de energía eléctrica con carbón relacionada con los techos de emisión que establece la directiva de grandes instalaciones de combustión. En la medida en que las
plantas vascas, en este caso, se hayan acogido a una determinada opción de esa directiva, desaparecerán o no entre el año 2008 y 2015, que es su máximo periodo de vida usando 20.000 horas de actividad. Pero ahora mismo no soy capaz de decirle si
esas dos plantas de carbón se han acogido o no a ese mecanismo de muerte asegurada entre el año 2008 y el 2015.



Tampoco podemos decir nada en relación con la planificación sobre Garoña desde el punto de vista jurídico, porque en el año 2006 el titular de la explotación de Garoña deberá proponer a la Administración General del Estado su proyecto de
autorización, en su caso, para otro periodo adicional y en el año 2009 deberá ser tomada esa decisión por el Gobierno, que podrá tener un grado de disponibilidad relativo. Si el Consejo de Seguridad Nuclear dice que esa central debe cerrarse por
motivos de seguridad, esa central se cierra, piense lo que piense el Gobierno. El Gobierno solamente puede decidir de manera distinta al Consejo de Seguridad Nuclear si lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear es que la central está en las
condiciones de seguridad legalmente establecidas y evaluadas por el propio Consejo para su funcionamiento futuro. En consecuencia, hoy no podemos decir absolutamente nada sobre Garoña.



Estoy de acuerdo con las observaciones relacionadas con que el documento de planificación debiera incluir algún tipo de previsión sobre cuestiones de sostenibilidad en un plazo mayor. Este documento no lo incluye porque tiene un horizonte
de tiempo limitado, que es el 2011. Nuevamente reitero las consideraciones que he hecho antes sobre la oportunidad, en su caso, de un debate sobre la fuentes de energía primaria a largo plazo, con un horizonte del 2020 al 2030, que sea
suficientemente tranquilo, sosegado y que incluso pudiera ser después de las próximas elecciones, de manera que no perturbara excesivamente el proceso electoral del año 2008, para que pudiéramos estar dos o tres años, al menos, hablando
tranquilamente en este país sobre cuál debe ser el futuro de las fuentes de energía primaria y el mix de fuentes de energía primaria más adecuado para nuestro país.



Respecto a la cuestión relacionada con las interconexiones, ya he hecho algún comentario de carácter general. Hay que potenciarlas. No hay mercado interior de la energía sin interconexiones, y no habrá interconexiones si los dos países
soberanos que están a cada parte en este caso de los Pirineos no dicen que las interconexiones existan. Por tanto, nosotros tenemos que proponer planes razonables y sensatos al Gobierno francés, que es lo que estamos haciendo.



Finalmente, coincido con sus observaciones relacionadas con que el documento de planificación energética quizás es un tanto corto en materia de I+D energético. Quizá no sea su sitio. Como sabe, existe un programa de fomento de la
investigación técnica, un Profit -dicho sea en la jerga burocrática-, para el ámbito de la energía. Si existen unas orientaciones básicas sobre cuáles son las áreas prioritarias de desarrollo en materia de I+D energético español, yo creo que son
fundamentalmente las áreas de energías renovables de eficiencia energética y de desarrollo limpio de carbón. Ahí es donde debemos hacer los esfuerzos más intensos, sin perjuicio de que se pueda también desarrollar en otras áreas, pero con una
prioridad relativa.



No está el diputado señor Mardones y, por tanto, no sé si procede que conteste, pero lo haré porque es muy rápido. Las órdenes ministeriales se han publicado por acuerdo entre ambos gobiernos, por tanto todos estamos de acuerdo en que tiene
un buen contenido. Las previsiones de futuro son muy sencillas, y es cumplirlas. Es decir, Red Eléctrica de España, que es el operador del sistema en la Península, entrará a operar en el sistema canario, como debe ser. Las empresas deberán
auditar los costes de desarrollo de su actividad para que sean reconocidos por la Administración General del Estado y tendremos que reconocer en la tarifa del año 2007 una deuda por el coste de generación de los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, que no ha sido reconocido en el pasado y que es producto de este desarrollo normativo.



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El sistema español es un sistema único de energía eléctrica. Lo es desde hace mucho y cualquier discusión sobre la localización de la generación y del consumo llevaría mucho tiempo porque habría, en este caso sí que referirlo a un modelo de
conjunto del país. Si el modelo es unificado, la localización de las centrales de generación responderá o a criterios de optimización de la existencia del recurso o a criterios políticos en sentido estricto. Ahora estamos en un mercado
liberalizado y las decisiones de localización responden básicamente a criterios empresariales, sin perjuicio de que la Administración pueda condicionar alguna de esas localizaciones, pero los precios son iguales. En la medida en que los precios
finales son iguales en todo el país, los consumidores están igual, con independencia de cuál sea el nivel de déficit producción-consumo o de superávit territorio a territorio español.



Yo no tengo preocupación más allá de la normal por el hecho de que las infraestructuras de gas gallegas, sea transporte o regasificación, vayan a estar descoordinadas respecto de las necesidades del consumo. Yo creo que estamos
razonablemente bien desde el punto de vista de la coordinación y que los ciclos combinados que está previsto que se instalen en Galicia tendrán el gas a través del sistema en su conjunto y entrarán en funcionamiento cuando la planta de
regasificación esté disponible. La planta de regasificación de Reganosa tiene su actividad garantizada. Todas las plantas tienen su actividad garantizada porque la gestión técnica del sistema la hace Enagas, con independencia de que la planta sea
de Enagas, de otro propietario o esté en otro sito. Es una gestión unificada del sistema y la haremos de manera óptima, con criterios de gestión técnica eficiente de un sistema de redes.



Respecto de la cuestión eólica, no tengo mucho más que decir. La legislación actual es mala. Yo no sé si era buena en el año 1998 o en el 2002, pero hoy no es buena y hay que cambiarla. Hay que cambiarla porque la Administración General
del Estado tiene al menos tres restricciones y las comunidades autónomas deben someterse inevitablemente a ellas porque no son restricciones caprichosas ni políticas. Hay una restricción de la red, y esa es una restricción técnica; otra
restricción es tecnológica, si los aerogeneradores no se adecuan a las necesidades de aportación de la energía al sistema, le causan problemas al sistema y se desconectan, no podrán implantarse, por tanto, deben someterse a la restricción
tecnológica y no causarle problemas al sistema. Después hay otra restricción que es la financiera. Es el Gobierno de la nación el que adopta las decisiones de precios finales de la energía, de las primas, y el Gobierno de la nación ha dicho en el
Plan de Energías Renovables -y ahora lo va a decir cuando revise el Real Decreto 436- que ya no va a haber garantizados 13.000 megavatios de potencia eléctrica instalada en el año 2010 con prima, sino que va a haber 20.000, lo cual supone, en mi
opinión, un importante esfuerzo en apoyo del desarrollo de la energía eólica con prima. Si hay comunidades autónomas u operadores que tienen interés en desarrollar proyectos eólicos no acogidos al sistema de primas nada les impide que lo hagan,
pero en las leyes españolas la restricción de la política tarifaria es de la Administración General del Estado. Por eso el sistema no funciona bien, ya que las comunidades autónomas pueden, por decirlo así, favorecer el desarrollo tanto como
quieran de la energía eólica en sus territorios -tienen todo su derecho hacerlo en la legislación española- pero en un momento determinado deberán coordinarse con la Administración General del Estado, porque en el límite tendríamos 40.000 megavatios
cuya integración en el sistema desde el punto de vista técnico y económico no estaría garantizada. Es absurdo que nos engañemos pensando que va a haber 41.000 megavatios eólicos en España en el año 2010 cuando no puede haberlos. El problema está
identificado y estamos dialogando con las comunidades autónomas. Queremos un acuerdo político que después tenga validez jurídica, no queremos cambiar la norma -que podemos hacerlo- de manera independiente o autónoma. Queremos pactar con las
comunidades autónomas el cambio de la norma que permita una distribución razonable de acuerdo con sus previsiones, equilibrada y eficiente de los 20.000 megavatios en el sistema y, si somos capaces de mejorar la adaptación tecnológica de los
aerogeneradores, de más potencia eólica. Nosotros no rebajamos las decisiones de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han hecho previsiones que no han confirmado con la Administración General del Estado, pero nosotros no rebajamos
las decisiones de las comunidades autónomas. Estamos intentando hacerlas compatibles con la restricción de la red, con la restricción tecnológica y con la restricción financiera, en el sentido de que las primas son fijadas por la Administración
General del Estado. Podrá haber más de 20.000 megavatios, si nos ponemos de acuerdo con las comunidades autónomas. Si se cumplen esas condiciones, puede haber más, y en el año 2008 o en el 2009 se puede tomar la decisión de aumentar la potencia
eléctrica eólica estimada a instalar en España si las restricciones que existen hoy van desapareciendo.



Respecto de las obras concretas que ha comentado el señor Rodríguez, como sabe, si están clasificadas como C, están en estudio y hay que esperar, pero una vez que se acabe el estudio pueden incorporarse a otro nivel de la planificación que
las ponga más cerca de su ejecución. El hecho de que estén en estudio significa simplemente eso, que están en estudio, pero es que hoy ni siquiera podemos tomar una decisión sobre su necesidad a corto plazo y el momento en el que pueden ponerse en
marcha.



Nada más. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender un momento para contingencias.
Reanudamos en cinco minutos. (Pausa.)


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-PRESENTAR EL PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DE CARBÓN 2006-2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS, EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 31 DE MARZO DE 2006. A PETICIÓN DEL
GOBIERNO. (Número de expediente 212/0001090.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para abordar el segundo punto del orden del día, que correspondía originalmente al primero previsto, para hablar del Plan nacional de reservas estratégicas de carbón 2006-2012 y el nuevo
modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2006. Para ello tiene la palabra el secretario general de Energía, señor Fernández Segura.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): Comparezco para exponer los elementos básicos del Plan nacional de reservas estratégicas de carbón 2006-2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas
mineras, en adelante diré Plan del Carbón o el plan.
Finalmente haré algunas consideraciones sobre las actuaciones que se realizarán por parte del ministerio en el próximo periodo.



El proceso de reestructuración que se ha realizado en la minería del carbón española en el marco del Plan 1998-2005, no ha permitido que las empresas productoras de carbón puedan mantener en el futuro su actividad en un mercado competitivo
sin ayudas del Estado. Las empresas españolas del sector del carbón son inviables económicamente en las condiciones vigentes del mercado, por lo cual el proceso de reestructuración debe continuar. El reglamento comunitario 1407/2002, sobre ayudas
del Estado a la industria del carbón, contiene el marco comunitario para las ayudas públicas a este sector en la Unión Europea y reconoce que debe preverse un apoyo financiero a la producción de carbón, al tiempo que expone la necesidad de aumentar
la eficiencia y reducir las subvenciones a las empresas del sector. El fortalecimiento de la seguridad energética de la Unión Europea, basado en el principio de precaución, justifica el mantenimiento de una capacidad de producción nacional del
carbón que se apoye en ayudas al Estado. Por ello, en aplicación de este reglamento y teniendo en cuenta la situación de la minería del carbón española a lo largo del año 2005 y durante los primeros meses del año 2006, se ha negociado un nuevo plan
para el periodo 2006-2012 entre, de una parte, la representación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y, de otra, las centrales sindicales mayoritarias, es decir, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, y la asociación
empresarial Carbounión.
También han participado en el proceso, aunque sin formar parte de la mesa negociadora, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Una vez alcanzado, el pasado 28 de marzo, el acuerdo entre los componentes básicos de la
mesa, es decir, la Administración General del Estado, Carbounión y los sindicatos sobre el plan, el documento fue aprobado por el Consejo de Ministros, de 31 de marzo de este año, y ha sido puesto en conocimiento del Congreso de los Diputados, según
establece el propio documento del plan acordado. Obviamente, la vigencia efectiva del contenido de este plan está condicionada a la aprobación, por parte de la Comisión Europea, del contenido del mismo y en particular de las ayudas de Estado que el
mismo contiene.



El Plan del Carbón tiene dos objetivos principales: en primer lugar, ordenar el proceso de reestructuración de la minería del carbón de un modo que sea compatible con la necesidad de mantener una determinada producción de carbón autóctono
que permita garantizar el acceso a las reservas de este combustible, y, en segundo lugar, atenuar el impacto que en las comarcas mineras produce la pérdida de puestos de trabajo en la minería. Para ello fomenta la diversificación de la base
económica de las comarcas mineras con la finalidad de crear actividad y empleo alternativo. En apoyo del proceso de reestructuración se aplican fundamentalmente dos tipos de ayudas: las que financian las pérdidas de las empresas y las que cubren
los costes técnicos y sociales de los cierres de las instalaciones y de las reducciones de la producción. El reglamento comunitario dispone que el volumen global de ayudas a la industria del carbón por los dos conceptos mencionados, es decir, por
las ayudas que financian las cuentas de resultados de las empresas y las que cubren los costes técnicos y sociales de la reestructuración, deben seguir una tendencia decreciente, de manera que en el horizonte del plan se produzca una reducción
apreciable de tales ayudas. Al tratarse de ayudas que están vinculadas a la producción, la reducción de las mismas se traslada inevitablemente a la producción de las empresas mineras y con ello a las plantillas ocupadas en el sector, puesto que es
improbable pretender un aumento sustancial del nivel de productividad en el sector que permitiera el mantenimiento de las plantillas. En función de este esquema general, el plan define la evolución de los principales parámetros del sector, es
decir, producciones, plantillas y ayudas de Estado en el periodo de vigencia del mismo.



En el caso de la producción, el objetivo que se establece es que sea una cantidad compatible con las previsiones que están contempladas en las medidas de planificación energética, es decir, las previsiones de producción con entrega
garantizada a las centrales térmicas subvencionadas por los recursos públicos son compatibles con las previsiones de participación del carbón nacional en el consumo total del carbón y con las previsiones de actividad de las plantas eléctricas
españolas en el horizonte del año 2011. Esta es una producción que se considera indispensable para mantener


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abierta la posibilidad de acceder a las reservas de carbón en el caso de que existan crisis del suministro o se ponga en peligro la continuidad del mismo. En concreto, en el plan la producción pasará del 12,1 millones de toneladas extraídas
en el año 2005 a 10,4 millones en el año 2007 y a 9,2 millones en el horizonte del plan, es decir, en el año 2012. Esta producción se extraerá de las empresas que tengan mejores posibilidades por el volumen y características de las reservas de las
mismas. El plan distingue dos horizontes temporales: el primero en 2007 y el segundo en 2012. En los dos primeros años del plan, 2006 y 2007, el ritmo de disminución de la producción se mantendrá igual que el ritmo que se contemplaba en el
anterior plan 1998-2005. Esta reducción se conseguirá mediante el cierre de unidades de producción -cierre obligado por una decisión de la Unión Europea del año 2002 que no se había aplicado- y por el cese de actividad de aquellas minas cuyo coste
de explotación sea superior a 120 euros/tonelada equivalentes de carbón en minería subterránea y 90 euros/tonelada equivalentes de carbón en minería de cielo abierto. En el supuesto de cierre empresarial no se incluyen, por razones sociales y
regionales, las mayores empresas españolas que tienen un coste unitario superior al que he citado anteriormente. Estas empresas van a reducir su capacidad para completar con esa reducción las reducciones de capacidad de los cierres y, de esa
manera, conseguir el objetivo global de reducción del periodo. Además, la reducción de producción que se haga, tanto en el primer periodo del plan, 2006-2007 como en el segundo, 2008-2012, se realizará de manera -y esta es una novedad del plan- que
se mantenga la misma proporción entre el carbón subterráneo y el carbón de cielo abierto que existe actualmente entre los orígenes de producción de ambos tipos de minería y todo ello con el objeto de mantener el mayor nivel relativo de la plantilla
que, como saben ustedes, es propio de la minería subterránea en relación con la minería de cielo abierto. También se supone que antes del final de 2007 se habrá cumplido con los compromisos derivados de la decisión comunitaria que he citado, es
decir, con el cierre de esas empresas que debían haber sido cerradas en periodos anteriores de tiempo por mandato de una decisión comunitaria del año 2002. Asimismo, existe un tratamiento diferenciado para Unosa, dada su situación particular y sus
implicaciones en el plano regional en cuanto a su aportación a la economía y al empleo de la comarca minera central asturiana. Dicho tratamiento especial de Unosa se concreta en que Unosa acuerda, dentro del ámbito de los objetivos generales de
este plan, un plan específico que está en proceso de negociación y que se prevé se acuerde en un plazo de tiempo relativamente breve.



El segundo horizonte temporal es el año 2012. El periodo 2008-2012 se va a caracterizar por la reducción selectiva de la producción al ritmo que requiera la consecución de la producción objetivo y por un proceso uniforme entre el carbón
subterráneo y el de cielo abierto, de manera que se mantenga la proporción de ambos orígenes en el horizonte del año 2012.
Como en el periodo anterior, el criterio por el que se reducirá la producción será el del coste de explotación, de manera que
irán reduciendo producción aquellas explotaciones cuyo coste unitario sea más elevado. En el conjunto del periodo se producirá una reducción de 1,2 millones de toneladas, de las cuales 0,8 millones de toneladas serán de carbón subterráneo y 0,4
millones de toneladas procederán de explotaciones de cielo abierto. En el conjunto del plan 2006-2012, la reducción de la producción será del 24 por ciento, reducción inferior a la que se ha producido en el plan 1998-2005, que ha sido del 33 por
ciento.



El segundo parámetro de referencia del plan son las plantillas. Como norma general, las bajas de personal se producirán por vías no traumáticas, es decir, a través de prejubilaciones de los trabajadores que tengan 52 años de edad
equivalente y, en su caso, bajas incentivadas para aquellos trabajadores que no cumplan con los requisitos necesarios para acceder a las prejubilaciones. En el capítulo de altas de personal se prevé una nueva contratación de 1.700 trabajadores que
procedan de excedentes del actual plan 2006-2012 que se va a aplicar, de empresas subcontratistas de la minería del carbón y trabajadores de fuera del sector de la minería.
Además de esos 1.700 trabajadores, que serán nuevas altas, se prevé una
recolocación de 520 trabajadores que proceden de las empresas que van a cerrar por aplicación de la normativa comunitaria que he citado y por la aplicación del criterio de coste relativo de producción. De esta manera, existirán 2.220 trabajadores
en el sector, de los cuales 1.700 son nuevos trabajadores que se incorporan y 520 son trabajadores de las empresas que cierran. Para el conjunto del periodo 2006-2012 la reducción neta de la plantilla, es decir, bajas por prejubilaciones y en su
caso bajas incentivadas menos altas de los trabajadores, será de aproximadamente de 3.000 trabajadores, es decir, el 36 por ciento de la plantilla inicial, que contrasta con el 63,6 por ciento de reducción de la plantilla que se produjo en el
periodo 1998-2005.



El tercer parámetro relevante de la reestructuración del sector lo constituyen las ayudas asociadas a la producción, que evolucionarán con reducciones de un 1,25 por ciento anual para la minería subterránea y de un 3,25 por ciento para la
minería de cielo abierto, previa aplicación de una actualización de las ayudas en función de la evolución del IPC prevista, es decir, el 2 por ciento anual, que es la tasa anual prevista de inflación para el próximo periodo. Además, las ayudas se
reducirán también, como es obvio, por las disminuciones de producción que sean necesarias durante el periodo de aplicación del plan. La reducción de las ayudas no será igual durante los dos periodos. En el primer periodo, 2007-2008, será una
reducción de carácter global, de manera que la ayuda global se reducirá en las proporciones que he dicho y después se producirá un reparto de la reducción de la ayuda por empresas; mientras que en el segundo periodo, 2008-2012, la reducción de las
ayudas


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será individual y para cada empresa se calculará la ayuda en el año 2008 y a cada una de ellas se aplicará el criterio de reducción de las ayudas de forma individual. De esta manera se prevé que las ayudas, en este caso a las cuentas de
resultados, al funcionamiento ordinario de las empresas, disminuirán de 372 millones de euros en el año 2005 a 323 millones de euros en el año 2012. Esta es una previsión, puesto que finalmente las ayudas han de ajustarse en función de las pérdidas
reales que tengan las empresas al final de cada año, con una restricción, porque si no estaríamos incentivando aquello de que cuantas más pérdidas mejor. Además de estas ayudas a la producción, otro grupo de ayudas directas al sector son aquellas
que van dirigidas a cubrir las cargas excepcionales en la terminología comunitaria, es decir, los costes que se produzcan como consecuencia de la reestructuración de las empresas y que no se relacionen directamente con la producción corriente. El
concepto más importante de estas ayudas es la cobertura de las cargas sociales, es decir, los costes económicos derivados de los programas de prejubilaciones y, en su caso, de las bajas incentivadas. En este caso, la variación básica respecto del
plan anterior es que se ha mejorado el coeficiente de cobertura de los trabajadores afectados por las prejubilaciones, que tendrán un salario garantizado no del 78 por ciento de la base de partida en el momento en que accedan a la edad de
prejubilación, sino del 80 por ciento. También dentro de estas ayudas para la cobertura de cargas excepcionales se contempla la denominada, vale de carbón, y las ayudas dirigidas a la cobertura de los costes técnicos asociados a los cierres de las
empresas y reducciones de capacidad productiva, básicamente por los costes derivados de las amortizaciones no realizadas y algún otro tipo de costes excepcionales derivados del cierre como los relacionados con la recuperación del medio.
Todo este
conjunto de ayudas y costes están bien definidos en la normativa comunitaria y nuestro plan y marco de ayuda se adecua al reglamento comunitario de referencia. Hay otros dos tipos de ayudas además que están previstas en el plan, una de ellas es al
transporte de carbón entre cuencas en la medida en que no necesariamente la producción garantizada de cada cuenca minera coincide con el consumo garantizado de cada cuenca minera y, consecuentemente, se requieren traslados de carbón entre algunas
cuencas que son subvencionadas por los fondos públicos.
También se ayuda a un almacenamiento de carbón por encima de las 720 horas de seguridad. Es decir, un sistema de ayudas que permite que, en el supuesto de que haya discrepancias entre el
ritmo de producción y el ritmo de consumo del carbón de origen nacional, los sobrecostes asociados a almacenar más carbón del necesario sean pagados por los fondos públicos. Otro grupo de ayudas que contempla el plan son las ayudas al consumo de
carbón nacional que se hacen en aplicación de la Directiva 54/2003 de la Unión Europea, que es la Directiva sobre el mercado interior de la electricidad, y que permite que cada país miembro defina incentivos específicos para garantizar determinados
consumos o determinadas tecnologías de generación eléctrica en su territorio. En el caso concreto español, lo que se decidió en la Ley eléctrica española, que posteriormente fue confirmado por otras decisiones y lo seguiremos confirmando durante el
periodo vigente del plan, es que las empresas eléctricas españolas tengan un incentivo económico para que consuman carbón de origen nacional. Ese incentivo económico en el plan anterior era de una peseta por kilovatio/hora producido y en este plan
se ajustará de una manera que sea equivalente en términos económicos y supondrá una ayuda anual en torno a 145 millones de euros/año.



El segundo gran programa de actuación dentro del plan es el programa de reactivación de las comarcas mineras -el primero es el programa de reestructuración del sector y el segundo el programa de reactivación-.
Las acciones de reactivación
de las comarcas mineras son el complemento indispensable de las actuaciones que se realizan en materia de reestructuración. El declive de la producción de carbón no debe ir aparejado con el declive de las economías de las comarcas mineras en el
sentido de que el tejido productivo de las mismas debe ser reforzado y diversificado para compensar los efectos negativos que sobre la actividad y el empleo tiene el proceso de reestructuración. Con esta finalidad de conseguir paliar los efectos
negativos derivados de la reestructuración y favorecer un proceso de diversificación de la base económica de las comarcas mineras se establecen tres programas y sus consiguientes líneas de ayudas en este plan: el primero es el desarrollo de
infraestructuras, el segundo el de la financiación de proyectos empresariales y el tercero el de formación. Recogen en lo esencial conceptualmente las tres grandes líneas de actuación del plan anterior, aunque con modificaciones que posteriormente
iré señalando. El importe de las ayudas para actuaciones de reactivación en este periodo 2006-2012 se cifra en 2.880 millones de euros con una distribución entre los tres grandes subprogramas que es distinta de la del plan anterior. Esta
modificación en la distribución está orientada a reforzar la financiación dirigida al programa de ayudas a proyectos empresariales de inversión para la creación de empleo, ya que la pérdida de empleo que se ha producido en el periodo 1998-2005 ha
sido superior a la prevista. Además, se pretende adaptar la financiación de la línea de infraestructuras a las necesidades previsibles de las cuencas con criterios que se establecen en el plan.



La selección de las actuaciones en materia de infraestructuras -hablo ahora del primer programa básico de reactivación- debe ser coherente con la planificación regional y local y debe ser adicional al esfuerzo inversor que puedan desarrollar
las comunidades autónomas y los ayuntamientos de las comarcas mineras. Cuando se firmen los protocolos de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que es la técnica de gestión coordinada y en cooperación
de las acciones de reactivación que contempla


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este plan, por tanto, en el marco de esos protocolos, se desarrollarán las ayudas dirigidas a la financiación de la construcción de infraestructuras y las comunidades autónomas presentarán a la Administración General del Estado un documento
que contenga su planificación para las comarcas mineras y la estimación del propio esfuerzo inversor que van a hacer dichas comarcas. El plan prevé que la priorización de las actuaciones de infraestructuras se desarrollará en el seno de una
comisión bilateral comunidad autónoma y Administración General del Estado, en este caso a través del Instituto para la reestructuración de la minería del carbón, que es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y que se dedica
específicamente a la gestión administrativa de estos programas, tanto del de reactivación como del de reestructuración. Estas comisiones bilaterales entre la Administración General del Estado y la de cada una de las comunidades autónomas, que están
previstas en los protocolos que se van a suscribir, van a trabajar sobre la base de un listado de actuaciones elegibles, es decir, de proyectos de infraestructuras susceptibles de ser apoyados financieramente, que será confeccionado en las mesas de
la minería que se constituyan en cada comunidad autónoma con la participación de los órganos representativos de la propia comunidad autónoma, de los sindicatos firmantes del plan y de los ayuntamientos mineros, de manera que todos los proyectos de
infraestructuras que serán financiados con cargo a los recursos del plan, deberán haber sido objeto de análisis por parte de las mesas regionales de la minería del carbón y ningún proyecto que se financie con cargo a estos recursos presupuestarios
puede eludir el paso por el sistema de búsqueda del acuerdo y del consenso en las mesas regionales de la minería del carbón.
La ejecución en la práctica de estos proyectos de infraestructuras se realizará tras la suscripción de un convenio
específico para cada proyecto de infraestructuras entre el ministerio, a través del instituto, y la Administración autonómica concernida o, en su caso, el ayuntamiento afectado.



En términos de gestión del gasto público de la Administración General del Estado, los convenios se plantearán, como norma de carácter general, como plurianuales, dado que el ritmo previsible de ejecución de los proyectos llegará más allá de
un año y se fijará una secuencia de pagos similar a la que existía en el plan anterior, es decir, se abonará un 25 por ciento del importe total de la financiación con cargo a los recursos presupuestarios del instituto en el momento de la
adjudicación del proyecto, el 50 por ciento cuando se haya ejecutado la mitad del mismo y, el resto, en la fase de liquidación del proyecto. En concepto de cofinanciación, que es la forma en la que hacemos visible el compromiso de adicionalidad y
complementariedad de las comunidades autónomas en la financiación de los programas de reactivación, las comunidades autónomas van a contribuir con un 25 por ciento del presupuesto que aporta el Instituto del Carbón, es decir, tendremos una
disponibilidad financiera para proyectos en la que el Instituto del Carbón aportará sobre cada cien y 25 adicionales serán aportados por parte de cada una de las comunidades autónomas.



El plan contempla dentro del programa de infraestructuras de las acciones de reactivación, algunas novedades adicionales respecto del plan anterior, así como un límite porcentual máximo del uno por ciento de los recursos. Se podrá abordar
la ejecución de infraestructuras cuya titularidad corresponda a una entidad sin ánimo de lucro o de reconocido prestigio en el ámbito territorial de referencia, por ejemplo, cámaras de comercio, fundaciones u otras similares para permitir
simplemente que determinados proyectos que se suelen presentar como iniciativa de este tipo de instituciones puedan ser financiados, aunque no sean infraestructuras públicas propiamente dichas, en el sentido de que no son infraestructuras de las que
son titulares las administraciones públicas -una cámara de comercio podrá ser titular de una infraestructura que se financie con cargo a los recursos de este plan-.



La distribución de los recursos presupuestarios globales para esta línea de apoyo a proyectos de infraestructuras entre las comarcas mineras de las diversas comunidades autónomas tendrá en cuenta tres variables: una de ellas es el nivel de
paro existente en las comarcas mineras; la otra es el nivel relativo de empleo que se haya perdido en el periodo 1998-2005 y, la tercera, es el empleo que se prevé perder en el periodo de vigencia del plan, es decir, en 2006-2012. Cada una de
estas variables tendrá pesos relativos del 10, 20 y 70 por ciento respectivamente para calcular la distribución de los recursos entre el conjunto de las comunidades autónomas. El acuerdo existente hoy en el marco del plan es que durante los dos
primeros años, es decir, durante 2006 y 2007 se aportarán 250 millones de euros anuales de fondos de la Administración General del Estado para financiar proyectos de infraestructura y, para el periodo siguiente, es decir, para el periodo 2008-2012,
será necesario un nuevo acuerdo con los sindicatos que el propio plan contempla que se haga en el segundo semestre del año 2007, para establecer cuál sea el criterio de distribución entre el programa de infraestructuras y el programa de apoyo a
proyectos empresariales generadores de empleo, siempre dentro de un marco global que he de recordar que aumenta respecto del plan anterior. En el plan anterior se aportaban 390 millones de euros anuales para los tres subprogramas de reactivación,
para infraestructuras, proyectos empresariales generdores de empleo y formación. En el plan actual se aportan 440 millones de euros anuales durante los tres primeros años del plan, 2006, 2007 y 2008, y 390 millones de euros anuales durante los
siguientes años del plan, pero la aportación presupuestaria anual es superior a la del plan anterior.



El segundo subprograma dentro de las acciones de reactivación es el de apoyo a proyectos empresariales, apoyo a fomento de la inversión privada.
En este caso


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tenemos un régimen de ayudas a proyectos empresariales que está autorizado por la Comisión Europea bajo la cobertura genérica de ayudas regionales y que está vigente hasta finales del año 2006. Consecuentemente, aquí deberemos notificar un
nuevo régimen que dependerá de cuál sea el acuerdo que finalmente adopte la Unión Europea para el mapa de ayudas de carácter regional que se apruebe para España. El alcance territorial de las actuaciones que se desarrollarán en esta materia en
materia de apoyo a proyectos empresariales de empleo durante el periodo 2006-2012, tendrá en cuenta que es necesario mantener la discriminación positiva a favor de los municipios mineros que estén más afectados por la reestructuración de la minería
del carbón, y para ello se ha reconsiderado la relación de municipios considerados como muy mineros. Consecuentemente, lo que hace el plan es que establece una clasificación de los ayuntamientos en tres tipos. En primer lugar, ayuntamientos muy
mineros muy afectados por la minería del carbón, que es el grupo 1, entre los cuales hay 79 ayuntamientos. En segundo lugar, ayuntamientos mineros limítrofes de los anteriores, dentro de los cuales hay 146 ayuntamientos. En tercer lugar, el resto
hasta el conjunto de la población, que ya venía siendo apoyada por el plan anterior, y ahí hay otros 115 ayuntamientos. En total son 340 ayuntamientos que se beneficiarán de las ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo, bien que la
intensidad de la ayuda que se dé en cada grupo será distinta, y ahí ha habido una nueva innovación respecto del plan anterior.



En cuanto a la naturaleza de los proyectos empresariales susceptibles de ayuda, hemos considerado oportuno, y así se ha acordado en el plan, ampliar el colectivo de estos proyectos. Se han incorporado los proyectos que vienen a complementar
los proyectos estrictamente industriales y serán susceptibles de ayuda los servicios a las empresas y algunos servicios asistenciales en municipios del grupo 1, serán objeto de apoyo los proyectos y las actividades relacionadas con el ocio, el medio
ambiente y el tiempo libre, así como los proyectos relacionados con las actividades de innovación y desarrollo de nuevas tecnologías.



Además vamos a diversificar este plan, los instrumentos de fomento a la inversión empresarial y a la creación de empleo, mediante la aplicación de nuevas fórmulas que van a complementar el instrumento clásico utilizado en el plan anterior de
ayuda en forma de subvención a fondo perdido a la inversión. Vamos a incorporar nuevos instrumentos que forman parte de las actividades de promoción económica habituales de las administraciones públicas, como los fondos de capital riesgo, y una
nueva línea de ayudas a proyectos de pequeña entidad, lo que hoy se conoce como microproyectos, a los cuales se aplicará el instrumento financiero de los micropréstamos que pueda adaptarse a determinadas peculiaridades de ciertos sectores de
emprendedores en las comarcas mineras. La dotación presupuestaria para este programa de ayudas a la inversión en proyectos empresariales, y en general a la actividad empresarial privada, experimenta un incremento sustancial en este periodo respecto
del periodo anterior. En el plan anterior se aplicaban 60 millones de euros anuales para este tipo de línea y en el plan actual se han acordado 150 millones de euros anuales para los dos primeros años, para el año 2006 y el 2007.
Ya he indicado
que posteriormente habrá un nuevo acuerdo con los sindicatos para la distribución de los 390 millones de euros anuales entre los programas de infraestructuras y los programas de apoyo a proyectos generadores de empleo.



También se contempla la aportación de recursos económicos a las agencias de desarrollo regional, con el fin de asegurar una mejor atención a los promotores de proyectos y conseguir agilizar e incrementar las actividades de las
administraciones públicas, con lo cual vamos a proceder a la suscripción de convenios de colaboración con todas las agencias de desarrollo económico de las comunidades autónomas afectadas para favorecer obviamente el mayor impacto posible y la mayor
agilidad en el desarrollo de proyectos empresariales. En el caso de este tipo de proyectos empresariales generadores de empleo, la participación de centrales sindicales y ayuntamientos en la gestión tiene un carácter fundamentalmente informativo y
no decisivo. Estos proyectos habitualmente se seleccionan en el marco de procedimientos reglados administrativos bajo la fórmula de concurrencia competitiva y, consecuentemente están sometidos a las prescripciones de las leyes españolas y a la
formación de comisiones de evaluación formadas por técnicos de las administraciones públicas y por funcionarios públicos que se someten obviamente a las leyes, a los reglamentos y a sus regímenes disciplinarios. La participación de entidades
distintas de las administraciones públicas a la selección de los proyectos es exclusivamente en la fase informativa.
Los sindicatos y ayuntamientos de las comarcas mineras conocerán los proyectos que se han presentado y podrán opinar sobre los
mismos en el seno de las comisiones regionales de la minería, pero no decidirán sobre los proyectos que serán apoyados.



El tercer subprograma dentro de las acciones de reactivación es el de formación, que viene motivado fundamentalmente por las necesidades de potenciar el desarrollo del capital humano como requisito básico para que se produzca en realidad una
diversificación de la base económica de las comarcas mineras. Las orientaciones principales para el periodo 2006-2012 serán dar prioridad a las becas sobre otras líneas de actuación, ampliar la política de becas a nuevos estudios y formación,
concentrar los esfuerzos en ayudas a la formación profesional relacionados fundamentalmente con el estímulo a los nuevos yacimientos de empleo, aprovechar las sinergias existentes entre las líneas de proyectos empresariales y la línea de formación y
coordinar la política de becas con la de otras administraciones públicas. La


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innovación en este plan respecto del anterior es que hemos aumentado el programa en cuanto a su dotación presupuestaria de 30 a 40 millones de euros anuales y esos 10 millones de euros anuales adicionales se dedicarán exclusivamente a
financiar acciones de formación vinculadas a los proyectos empresariales que se desarrollen en las comarcas mineras durante el periodo del plan. Además, la financiación del programa de formación, antes 30 millones de euros mensuales, ahora 40 en el
marco de este plan, no será a costa de los recursos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, como ocurría en el plan anterior, sino que serán financiadas directamente con cargo a los presupuestos del instituto, con cargo a los
presupuestos de la Administración General del Estado, que transferirá al instituto los fondos necesarios para atender a la financiación de las actuaciones de ese programa de formación.



Paso finalmente a exponer en líneas generales el capítulo de costes y financiación del plan. Las ayudas del plan para todo el periodo son 8.398,2 millones de euros, que están distribuidos en anualidades superiores a los mil millones de
euros anuales. Hay dos grandes bloques, ya los he citado, como son las ayudas a la reestructuración, que a su vez se subdividen en ayudas a la producción, al consumo y ayudas a la reactivación económica de las comarcas mineras. Dentro de las
ayudas a la producción las más importantes son la cobertura del déficit de las empresas mineras, 2.454,7 millones de euros en el periodo, es decir, esto consume aproximadamente el 53 por ciento de los recursos totales que se aplican a la producción
minera, y las ayudas laborales en forma de ayudas a los costes del proceso de prejubilación alcanzarán 1.920 millones de euros anuales, aunque esta es una previsión, dado que depende finalmente de cuántas prejubilaciones se produzcan. Ambos
conceptos, ayudas a la producción y ayudas a los costes sociales, a los costes de la prejubilación, son el 95 por ciento de las ayudas a la producción minera.
El resto de las ayudas a la producción minera son ayudas a los costes técnicos de los
cierres, a vales del carbón, a las ayudas del transporte y a la constitución de stocks que tienen cuantías menores. Las ayudas al consumo, de las cuales no son beneficiarias las empresas mineras que producen carbón sino las empresas eléctricas que
consumen el carbón de origen nacional, son 898 millones de euros, manteniendo el actual nivel del incentivo existente, cosa que pensamos hacer, aunque requerirá una ampliación del marco normativo disponible, puesto que ese marco normativo permite
hoy aplicar ese tipo de incentivos hasta finales de 2006, pero pondremos en marcha la modificación legislativa necesaria para que eso se amplíe hasta el año 2012, que es el horizonte temporal del plan. Las ayudas a la reactivación de las comarcas
mineras son 2.880 millones de euros, que se distribuyen de forma desigual a lo largo del periodo. Ya he indicado antes que en los tres primeros años las ayudas son de 440 millones de euros, 50 millones de euros más por encima de la ayuda anual del
plan anterior, y durante los cinco años siguientes, 2008-2012, las ayudas serán de 390 millones de euros anuales, igual que la ayuda anual del plan anterior. Recuerdo que hemos acordado la distribución de los 400 millones de euros para ayudas de
reactivación entre infraestructuras y proyectos generadores de empleo para los dos primeros años, 250 millones de euros para ayudas a infraestructuras y 150 para ayudas a proyectos, y esos mismos 400 millones de euros en el año 2008 y 390 el resto
de los años, se distribuirán de una manera que hoy no es posible prever, puesto que depende del acuerdo que adoptemos con los sindicatos a finales de 2007, aunque lo razonable sería que el peso que hoy tienen las infraestructuras y los proyectos
generadores de empleo dentro del capítulo global de esa financiación para la reactivación se mantenga o vaya evolucionando a favor de la ayuda a proyectos versus ayuda a infraestructuras, aunque esto está todavía abierto puesto que requerirá un
acuerdo con los sindicatos.



El capítulo final que debo exponer es el que tiene que ver con el seguimiento y control de los objetivos del plan. Los objetivos de plantilla, producción y orígenes de la producción serán objeto de seguimiento por parte de una comisión de
la que van a formar parte representantes de la mesa de negociación, es decir, sindicatos y Administración General del Estado. Esta comisión se reunirá con periodicidad trimestral, tendrá también competencia interpretativa en el caso de que se
produzcan discrepancias respecto de los mecanismos de ejecución del plan y valorará anualmente la marcha del plan en todo lo que tenga que ver con la ordenación del sector minero. En el interior de esta comisión funcionarán dos subcomisiones: la
llamada subcomisión de adaptación laboral, en la que estarán representados los sindicatos y la Administración General del Estado y cuyo objeto es seguir todo el contenido del plan que se relaciona con las plantillas y con el cumplimiento de los
programas de recolocación, y la denominada de seguimiento de la reactivación, en la que estarán los mismos componentes que en la anterior, la Administración General del Estado, patronal y sindicatos. Perdón, en este caso no estará la patronal
porque es una subcomisión de reactivación, que tiene que ver exclusivamente con programas de apoyo a infraestructuras y a proyectos, sin perjuicio de que la patronal esté representada en las mesas regionales de la minería. Como novedad de este
plan, a la subcomisión de seguimiento de la reactivación se incorporará una representación de los ayuntamientos de las comarcas mineras.



En resumen, el plan que se ha suscrito y que será objeto de aplicación durante estos siete años es un plan riguroso en el sentido de que se adecua a las prescripciones normativas de la Unión Europea, a lo que establece su reglamento y,
consecuentemente por eso, ha de ser aprobado por la Unión Europea. También es riguroso en los sistemas de control de los objetivos de producción y de plantilla, dado que establece mecanismos específicos que aseguran el cumplimiento de los mismos.
Es un plan que expresa claramente la voluntad del Gobierno de contribuir de forma eficaz y significativa a la reactivación


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económica de las comarcas mineras mediante la aportación de un importante volumen de recursos presupuestarios, cuya importancia adquiere más relieve si se tiene en cuenta que se aplica sobre un sector que es un 40 por ciento del existente
hace ocho años, mientras que la intensidad de la ayuda anual se mantiene, incluso crece un poco. Además, es un plan participativo tanto en su elaboración como en su ejecución. Los sindicatos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos afectados
han participado, y lo van a seguir haciendo, en el establecimiento y control del cumplimiento de los objetivos básicos del plan.



En los meses próximos las actuaciones de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Industria, se van a centrar, en primer lugar, en conseguir la aprobación de las ayudas ofrecidas al plan por parte de la Comisión
Europea, que ya han sido notificadas y esperemos que en un plazo relativamente breve sean aprobadas; en segundo lugar, estamos disponiendo la plena vigencia del marco normativo nacional que permite aplicar las ayudas previstas en el plan -ya se ha
publicado una orden ministerial que regula las ayudas a las cuentas de resultados de las empresas y en breve se publicarán las normas que regulan las ayudas al programa de prejubilaciones, a los costes técnicos y a proyectos empresariales
generadores de empleo-; en tercer lugar, vamos a acordar con las comunidades autónomas afectadas, y a través de ellas con los ayuntamientos mineros, los instrumentos -protocolos primero de carácter general y convenios específicos singulares
después- que permitan la gestión en cooperación de los programas de reactivación y, en cuarto lugar, vamos a poner en marcha de manera puntual, y de acuerdo con las prescripciones del propio plan, los mecanismos de participación y seguimiento de la
ejecución del plan.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Castro.



La señora CASTRO MASAVEU: En primer lugar, señor Segura, quisiera agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular su comparecencia hoy en esta Comisión de Industria para hablarnos sobre el nuevo Plan de la minería del carbón
2006-2012, pero no quiero ocultar el hecho de que mi grupo lamenta profundamente que su comparecencia llegue en el día de hoy, puesto que usted tendría que haber comparecido antes del 31 de diciembre de 2005, fecha en la que finalizaba el plan
anterior y que, por tanto, debería estar ya aprobado el que tendría que entrar en funcionamiento a partir del 1 de enero.



Ustedes tuvieron año y medio para negociar con los sindicatos mineros, año y medio para redactar y año y medio para firmar ese plan, sin embargo, hasta los últimos meses del año no les interesó a ustedes llevar a cabo esa negociación con los
sindicatos mineros, porque, sinceramente, yo creo que están ustedes más ocupados en otros negocios como el del gas. De hecho en Asturias lo hemos conocido en profundidad con la instalación de una regasificadora, que usted tan bien como yo sabe que
no necesita para nada Asturias, pero que esa es su apuesta y así lo dejan en evidencia precisamente en una región minera y en una región que es excedentaria de energía. Para nosotros, para el Partido Popular, la minería del carbón, los mineros, las
comarcas mineras y las familias de todas esas gentes que allí viven son temas prioritarios y, cuando tuvimos oportunidad de demostrarlo con tareas de Gobierno, así lo hicimos.



Una vez más, y como viene siendo habitual, ustedes siempre que comparecen es para dar unos datos interesados según les venga a ustedes bien, lógicamente, pero la realidad es muy diferente, señor Segura, y lo que ustedes pintan no es el
paraíso que pretenden. El coste para los Presupuestos Generales del Estado del Plan 1998-2005 no solo estaba circunscrito a la construcción de infraestructuras, financiación de proyectos empresariales, enseñanza y formación profesional, para los
que en el anterior plan se destinaron 3.120 millones de euros y en este nuevo plan 2.880 millones de euros, sino que había otra serie de ayudas que debo decirle que por ser menos vistosas no son menos importantes. Me estoy refiriendo a las ayudas a
la producción, a las ayudas a la reducción de la actividad y costes por las bajas de personal, así como las ayudas al vale del carbón. Este capítulo en ocho años supuso 7.048 millones de euros, es decir, un 226 por ciento más que las ayudas de las
que ahora se está hablando para el nuevo plan.



Los datos, señor Segura, son tozudos y por poco que a usted le guste la ingente labor que realizó el Partido Popular a favor de la minería, debería al menos reconocerla porque en toda su intervención, que ha sido larga y extensa, no ha
habido ni una sola mención hacia la bondad de aquel plan y hacia lo que supuso. Sinceramente, debería haberlo hecho, porque así me evitaría tener que recordarle que durante los 14 años anteriores los diferentes gobiernos de Felipe González no
hicieron absolutamente nada por las comarcas mineras. Por ajustarme a la realidad, sí se hizo algo, se hizo un libro blanco, pero las familias, los mineros, la minería no vive de libros blancos. Decir ahora, como se ha dicho cuando se presentó el
nuevo plan, que el coste por empleo minero perdido con el actual plan es cinco veces superior es sencillamente falso, y usted lo sabe. Están ustedes ocultando interesadamente la parte menos vistosa de esos fondos, sin embargo, esta parte es la que
garantiza una transferencia de renta a las comarcas mineras.



Por otra parte, debo decirle que, como ustedes fueron incapaces de pactar en tiempo y forma con los sindicatos mineros el nuevo plan, es decir, como el Gobierno que preside el señor Zapatero, que tanto presume de talante y de diálogo, no
logró los acuerdos debidos antes de finalizar el año 2006, como era no solo deseable sino preceptivo, los Presupuestos Generales del Estado del año 2006 no han tenido ninguna aportación, por lo que tanto solo se está trabajando con remanentes del
plan anterior, más los costes de las prejubilaciones realizadas


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en el Plan 1998-2005. Por tanto, si se reducen las prejubilaciones, si las ayudas a la reducción de la actividad son menores y si la empresa estatal Hunosa disminuye su actividad, el coste para el Estado será menor año tras año. Eso, señor
Segura, es así, por lo que no es que ustedes hayan incrementado las inversiones, sino todo lo contrario, lo que pasa es que utilizan los datos de forma que a ustedes les interesa, pero en las cuencas mineras saben perfectamente lo que hay detrás de
cada una de las dos declaraciones, de las suyas y de las del anterior Gobierno. Y por si esto fuera poco, debo decirle que, dado el retraso que se está produciendo en los niveles de ejecución de los proyectos que desarrollan algunas de las
comunidades autónomas, en otras se efectúan con más agilidad, pero en el caso de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, que por otra parte absorbió el 52 por ciento de las ayudas del anterior plan, la gestión de los fondos se va a
agravar, lógicamente. En Asturias, al menos en 61 proyectos para las comarcas mineras afectadas por la reestructuración no solamente no se han iniciado las obras, sino que ni tan siquiera se han adjudicado, y este no es un dato que me esté
inventando, sino un dato de ustedes, del Ministerio de Industria que creo me ha aportado el 8 de marzo -en cualquier caso en marzo- del año 2006.
¿Sabe usted, señor Segura, lo que esto representa y lo que significa? Que el Gobierno asturiano,
también socialista, es incapaz de llevar a cabo una eficiente gestión de los fondos mineros; sin embargo, en otras comunidades autónomas, como decía antes, no sucede esto, pero esos proyectos tienen que ser realidades para que puedan beneficiar a
la gente de esas comarcas, porque si están plasmados en el papel pero no se convierten en una realidad, de nada sirve, es vender humo. Por cierto, la semana pasada el señor Montilla firmó en Asturias el acuerdo que incluye la posibilidad de
desarrollar obras de saneamiento con el dinero del Plan del carbón y esto es algo que rechazan frontalmente los sindicatos mineros. Además, el señor Montilla, ratificando precisamente lo que yo le acabo de decir respecto al retraso en la ejecución
de los fondos, ha prometido que antes del verano se firmarían los convenios de las obras que restan de los años 2004 y 2005. Esto significa un evidente y sorprendente reconocimiento de que en los dos años que llevan ustedes gobernando no han hecho
absolutamente nada, y es muy grave, señor Segura.
Y por si esto fuera poco, esos últimos proyectos que anunció el ministro que se iban a firmar antes del verano también son rechazados por los sindicatos mineros y yo le quiero preguntar algo que es
de la máxima importancia, puesto que el plan está aprobado, está ahí, y hay que ejecutarlo y para las comunidades autónomas con minería, fundamentalmente para el Principado de Asturias, el desarrollo de ese plan es de vital importancia. Ayer el
consejero de Industria del Principado de Asturias, el señor Torre, en el tono amenazante que le caracteriza, porque el pobre no sabe hablar de otra forma y cada vez que interviene lo hace amenazando a alguien, en este caso amenazó a los sindicatos
mineros diciéndoles que los proyectos tendrán que aprobarse en la mesa regional, pero que eso no significa que la mesa regional tenga poder decisorio y que, si en la misma no hay unanimidad, el Gobierno asturiano será quien decida. Yo le quiero
preguntar aquí -probablemente sea lo único que le pida que me diga en su réplica- qué va a suceder en el supuesto de que esa mesa regional no apruebe por unanimidad los proyectos que allí se planteen porque los sindicatos se opongan con razones de
peso, que las tienen, pues ya las han manifestado. ¿Será el ministerio y las comunidades autónomas quienes decidan? ¿Será el Gobierno asturiano? ¿Quién decidirá? ¿No se ejecutarán? ¿Qué va a pasar? Porque ya le anuncio que ese es uno de los
primeros problemas que van a tener.



Señor Segura, agradeciéndole su información, que por otra parte está publicada y por lo tanto es una relación de datos que conocíamos, simplemente quiero pedirle que ustedes, que tanto les gusta, insisto, el talante, el consenso y el
diálogo, tengan muy en cuenta a los sindicatos mineros en la negociación de la inversión de los fondos, porque quién diría que un Gobierno socialista es el que está dando la espalda a la minería y a los mineros en comparación con lo que hizo por las
comarcas mineras, no por otra cosa, sino porque era de justicia, el Partido Popular cuando tuvo tareas de gobierno.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor secretario general, nos encontramos ante un tema ilustrativo desde bastantes puntos de vista. El primero de ellos es que posiblemente en el Estado español, como en cualquier otro Estado con una diversidad
territorial y política importante, este tipo de problemas exige que se traten también con esa diversidad política y sindical que se da. En relación con el tema de la minería del carbón, tuvimos que asistir, por lo menos en los precedentes del
primer plan que hubo, el de 1998-2005, a una forma de concebir la unidad política y los problemas económicos del Estado español indicativa del carácter desequilibrado, inarmónico y muchas veces discriminatorio con que se acostumbra a conducir no
solamente el poder político, sino también las organizaciones de carácter estatal. Digo esto porque se produjo el hecho llamativo de que las explotaciones de lignitos pardos, que no estaban subvencionadas, era la única minería que no recibía estas
ayudas públicas, por lo que se estaba haciendo una explotación conforme a unas reglas del mercado, y además no era el tipo de carbón característico de la Unión Europea, carbón CECA, pero abarcaba dos importantes cuencas mineras en Galicia,
especialmente una en As Pontes de García Rodríguez, y, tal como está concebido el Estado español, quedaban fuera precisamente de ser contempladas en los planes del carbón, como si realmente el hecho de que las características de un determinado


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carbón, su ubicación o la falta de presencia de unos determinados sindicatos pudiese conllevar que fuesen problemas marginales en el Estado español y no dignos de atención precisamente por el Gobierno del Estado cuando debía hacer frente a
los problemas creados por el agotamiento de las minas, problemas de carácter laboral, económico y social muy evidentes. Digo esto porque hubo que luchar denodadamente para que en 1998 se aceptase la presencia de los lignitos pardos de Meirama y de
As Pontes de García Rodríguez en el plan. Lo recuerdo vivamente porque no solamente fue el sindicalismo nacionalista el que tuvo que movilizar a la clase obrera en As Pontes y en Meirama, sino que en este Congreso de los Diputados la defensa de
esta reivindicación estuvo exclusivamente en manos del Bloque Nacionalista Galego. Afortunadamente, conseguimos introducir malamente, de forma discriminatoria, a Galicia en el plan anterior. Al final, el resultado fue que participamos con el 2,5
por ciento del conjunto del plan cuando representábamos el 33 por ciento del carbón producido en el Estado español y prácticamente el 8 por ciento de la pérdida de empleo. En fin, conseguimos introducirnos, a pesar de Comisiones Obreras y de UGT, y
esto hay que decirlo, pues es uno de los elementos clave de este tipo de debates. Ahora viene un nuevo plan, el Plan 2006-2012. Afortunadamente, el resultado del debate no fue tan negativo como el anterior, sin duda porque contábamos con
precedentes, porque posiblemente el Gobierno actual en Galicia no actuó con el mismo nivel de sumisión que el anterior Gobierno y seguramente también porque el Gobierno del Estado estaba dispuesto por lo menos a escuchar los distintos criterios.
Ahora parece que el reparto es más equitativo. Según el documento que ustedes han entregado, Galicia llegaría al 4,7 por ciento del conjunto, es decir, pasaríamos de 64 millones de euros en el plan anterior a 120 o algo así en el actual. Pero,
para que se den cuenta del problema, con todos los respetos, por ejemplo en el plan anterior Asturias tenía 18,8 veces más en infraestructuras y 5,2 veces más en lo referente a inversión por pérdida de empleo y el resultado fue 1.500 millones de
euros para Asturias y para Galicia prácticamente el dinero al que antes aludí. Sería importante mantener el mayor equilibrio actual.
Usted se ha referido a la fecha del año 2007 que es cuando va a haber una nueva revisión. Sería muy importante
que esta revisión no volviese a conllevar la batalla sobre la discusión de fondo, porque eso sería volver a empezar. Me gustaría que ustedes pensasen lo contradictorio que es que para el Plan de Infraestructuras sean las comunidades autónomas las
que tengan que poner el 25 por ciento y, sin embargo, la negociación se deje exclusivamente en manos del Ministerio de Industria, del plan y de los sindicatos estatales. Los sindicatos son muy importantes y los estatales seguramente más, en nombre
de la unidad de España y de lo que se quiera, pero si después quien va a tener que poner el dinero y va a decidir incluso el criterio sobre qué proyectos se aceptan y qué proyectos no, no participa en la negociación de la elaboración del plan, me
parece simplemente un contrasentido y una deficiencia, además grave. Porque si las comunidades autónomas estuvieran en el debate, primero, habría también un sentido más político de las cosas; segundo, se podría objetivar mejor algún tipo de
planteamiento y de necesidades y, tercero, nos veríamos todos las caras, con lo cual se sabría perfectamente qué está defendiendo cada cuál por detrás con su grado de influencia en el Gobierno, porque nos consta que hubo posiciones de algunas
comunidades autónomas delirantes que casi rozan la xenofobia. En algún periódico de Asturias se me llegó a acusar de decir que en Asturias no había carbón; cosa que no dije nunca en este Congreso de los Diputados, nunca. Es más, admití que era
normal que el 50 por ciento fuera para Asturias en función de la importancia de la minería, de la pérdida de empleo y de otros criterios. Ahora bien, de ahí a decir que los demás no tenemos derecho a existir, porque no es carbón CECA o porque
simplemente somos marginales desde el punto de vista de la presencia sindical que negocia, porque el sindicalismo nacionalista es muy importante en el caso de As Pontes de García Rodríguez, o que no deben funcionar las mesas regionales, como no
funcionaban anteriormente, y estoy de acuerdo en que ahora deben de funcionar, como ustedes llaman, las regionales, aunque yo las llamaría las territoriales en todo caso, porque no en todos los casos somos regiones, hay una diferencia. Es
importante tener estos criterios en cuenta, porque ahorrarían muchos debates viciados y, en todo caso, se demostraría la voluntad constructiva de cada uno y la voluntad de llegar a acuerdos que nos beneficien a todos, que es en definitiva el
resultado al que tenemos que llegar al final. Por tanto, para nosotros hay un optimismo moderado en relación con el pasado. creemos que se ha hecho más justicia equitativa y ahora esperemos que en lo que queda, en el año 2007, si hay que
renegociar a algo se haga bien y que, efectivamente, la Comunidad Autónoma de Galicia presente proyectos, juntamente con los ayuntamientos, que no sean para suplantar los deberes del Estado español de competencia claramente estatal. Lo que no puede
hacer ahora con los fondos del carbón es una carretera al puerto exterior de Ferrol, porque es una competencia del Ministerio de Fomento, o como hizo el anterior Gobierno, que en vez de emplearlos, porque no podía invertir los fondos de la minería y
del carbón en una autovía, acabó cargando a la propia comunidad autónoma con el gasto del cien por cien de esa autovía entre Ferrol y As Pontes de García Rodríguez. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo último que quiero decirle, por
si lo tiene a bien acoger en nombre de la legalidad vigente, porque esto siempre es un desbarajuste, en las páginas 58, 67 y 73 del plan se reproducen unos topónimos de Galicia, en unos casos correctamente y en otros casos deturpados, es decir,
deformados. En concreto, el municipio que está colindante con Cerceda es Ordes y no Órdenes, hay una diferencia sensible entre el nombre de una planta y las


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órdenes militares o las órdenes religiosas -miren hasta qué extremo lleva el disparate de la españolización-, y el caso de la provincia, que por ley del Congreso de los Diputados es A Coruña y no La Coruña.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Velasco.



La señora VELASCO GARCÍA: Le agradezco al secretario general de Energía su presencia para comparecer en un tema tan importante como el desarrollo futuro o la planificación futura de las comarcas mineras. Es cierto que desde la perspectiva
de cada uno de los grupos parlamentarios se puede analizar o valorar la voluntad política, pero hay una cosa que está clara: la voluntad política se demuestra con documentos, con hechos, con presupuestos y con dinero encima de la mesa. Mi grupo
parlamentario está orgulloso de la negociación que el Ministerio, el Gobierno y, en concreto, su secretaría general, ha llevado a cabo con todos los agentes sociales para elaborar el Plan del Carbón. Entendemos que está por encima de las
expectativas que se habían generado, tanto en mantenimiento de la producción y ayudas a la producción, como en reducción de plantilla.
Usted lo ha comentado en su intervención, desde luego las reducciones porcentuales de las ayudas son mucho
menores que las que se hicieron en el Plan 1999-2005. Por tanto, no entiendo a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular cuando duda de la voluntad política del Gobierno socialista respecto a la apuesta por las comarcas mineras y tampoco entiendo
por qué hace esa valoración negativa de la firma de este acuerdo.



Respecto al tiempo de negociación del acuerdo, hay cuestiones muy importantes que destacar. Nosotros entendemos que es mejor que el plan se haya firmado en marzo y no en diciembre y que se haya logrado un acuerdo importantísimo con los
sindicatos con un escrupuloso respeto a las comunidades autónomas, que siempre han participado del proceso y, desde luego, logrando corregir defectos que se dieron en el plan anterior. En este sentido, no me puedo resistir a analizar cómo en este
plan, además por una reivindicación sindical, se incorporan 50 millones de euros anuales en los dos primeros años para compensar unas previsiones del Plan 1999-2005 que no se cumplieron, como fue la reducción de empleo por encima de lo estipulado.
Insisto en que en la negociación ha sido importante la apuesta del ministerio por el respeto a las comunidades autónomas y a la negociación sindical. En este plan hay que destacar esto, porque en todo momento -además lo he escuchado en varias
ocasiones en esta Cámara, por el secretario general y por el ministro, ante preguntas parlamentarias de los grupos- ha existido una lealtad institucional muy clara por parte de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas, ya
que siempre se ha dicho que son las comunidades autónomas las que tienen que definir las prioridades en el ámbito de sus comunidades respecto a las medidas de reactivación. En el plan se definen instrumentos para que eso sea así a través de las
comisiones regionales de minería.



Respecto a los juicios de valor sobre cómo se ha desarrollado el plan anterior en las diversas comunidades autónomas o cómo está la situación actual, no querría entrar a valorar los comentarios que se han hecho desde los responsables de las
diferentes comunidades autónomas, pero respecto a la lealtad, a la que antes hacía referencia, y a la cooperación y colaboración entre administraciones, cuando en el plan se decide -así figura- que las comunidades autónomas tienen que participar con
un 25 por ciento en los proyectos de reactivación, sólo recuerdo -corríjame si me equivoco- una comunidad autónoma que se ha posicionado públicamente en contra, que es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, comunidad autónoma gobernada por el
Partido Popular. Por tanto, es menester que lo diga, puesto que se han hecho valoraciones políticas sobre las actuaciones de gobiernos socialistas en comunidades autónomas respecto a este plan y por eso lo reflejo.



En cuanto a las condiciones del plan y a las ayudas, nos parece muy importante alguna de las cuestiones a las que usted ha hecho referencia.
En primer lugar, el montante económico del plan supera las expectativas -son cerca de 9.000
millones de euros lo que se va a destinar-. Respecto a las ayudas a la formación, es importante que sean a cargo de los recursos del Plan del Carbón y no de la SEPI. Es un matiz importante que nosotros compartimos como una estrategia de mejor
conexión e identificación de este proyecto de reactivación de las comarcas mineras y de formación para el empleo. Por otra parte, cuando se hablaba aquí de la apuesta o no por la combustión del carbón, ha hecho referencia a un tema que me parece
muy importante, que es el de las políticas de I+D en la combustión limpia del carbón y el del cumplimiento de este Gobierno del Protocolo de Kioto. Es importante que este Gobierno haya apostado por el mantenimiento de un sector, de una reserva
estratégica de carbón, que el carbón tenga un peso específico dentro del mix energético en nuestro país, y que haya hecho un esfuerzo muy importante en sacar el Plan nacional de asignación de emisiones porque quiere cumplir con los compromisos de
nuestro país con el Protocolo de Kioto. Es un esfuerzo importante que hay que poner en valor.



Respecto a los proyectos de generación de empleo y a la cooperación con las comunidades autónomas, hay un tema que en el Plan del Carbón anterior generó bastante discusión en el debate político, que era el de los instrumentos con que se
había dotado para el seguimiento del cumplimiento del plan. En este sentido, usted ha hecho referencia a la comisión de seguimiento y a las subcomisiones que se van a crear, y yo quería hacer una reflexión. En esta Cámara se presentó recientemente
el informe del Tribunal de Cuentas, que evaluaba los dos primeros años del Plan del Carbón, y veíamos que había un montón de proyectos empresariales fallidos. No había


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una política de buena gestión de esas actividades de reactivación. Le quiero preguntar al secretario general si se han tenido en cuenta esas consideraciones para que a la hora de desarrollar esta comisión se generen instrumentos que evalúen
con prontitud y establezcan las medidas correctoras para que no haya desvíos como los que se produjeron en el plan anterior.



Hay otro tema que quería analizar, y es el de la calificación de los municipios mineros. Ha existido un debate público respecto a cómo deben ser las ayudas. Es cierto -usted hacía referencia a ello en su intervención- que hay municipios
muy mineros a los que no pueden llegar proyectos empresariales de mediana envergadura o en los que la iniciativa privada no entraría. Se prevé la clasificación de los municipios con grados y con diferentes fórmulas de financiación o la
cuantificación de la financiación de diferentes maneras. Yo le pregunto si a propuesta o interés de las comunidades autónomas o de los sindicatos o de las propias comisiones regionales de la minería hay posibilidad de cambiar o modificar la
clasificación no solo de estos incentivos sino de proyectos estratégicos de interés para la comunidad que puedan estar considerados con mayor nivel. Es un tema que ha surgido en muchas comunidades autónomas, y me gustaría conocer si a lo mejor se
ha previsto desarrollar en las negociaciones con las comunidades autónomas alguna fórmula concreta.



Agradezco nuevamente al secretario general su rigurosa exposición y quiero manifestar que el Gobierno socialista apuesta claramente por las comarcas mineras, no solo con documentos y palabras, sino con hechos, y uno muy concreto es este
acuerdo importante para todas las comarcas mineras.



El señor PRESIDENTE: Para contestar a todas las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Fernández Segura.



El señor SECRETARIO GENERAL DE ENERGÍA (Fernández Segura): A mí también me hubiera gustado haber venido antes de finales del 2005 a decir que teníamos un plan suscrito con los sindicatos, pero cuando varias partes negocian el resultado se
produce cuando dichas partes deciden que se produzca el buen resultado, que es el acuerdo. Yo he venido aquí tantas veces como me han llamado. En cualquier caso, el día 7 de noviembre, si no recuerdo mal, ya teníamos un acuerdo suficiente sobre
los aspectos del plan relacionados con la reestructuración, es decir, ya había un acuerdo con los sindicatos sobre la evolución previsible de la producción, sobre los indicadores de plantilla y, en general, sobre el marco de ayudas, tanto a la
reestructuración como el marco global de las ayudas a la reactivación. Es cierto que después hemos dedicado más de dos meses a ir resolviendo los problemas adicionales, no más importantes pero sí importantes, relacionados con la reactivación, en
concreto los criterios de reparto entre sus programas y de reparto entre comunidades autónomas, y a perfilar el texto final del plan, pero en el acuerdo de noviembre ya estaba lo esencial del plan. No estábamos distraídos en otras cosas, como en la
regasificadora. Por otra parte, creo que la regasificadora la necesitan Asturias y España, porque he de decir nuevamente que el sistema gasista español, como el sistema de transporte de alta tensión, es único y está gestionado de manera coordinada.
En España no existe criterio alguno - en mi opinión- para discutir sobre autoabastecimiento o autosatisfacción de las necesidades energéticas, puesto que existe un sistema integrado. La regasificadora de El Musel es tan buena para Asturias como lo
es para España; la regasifadora de Reganosa es buena para Galicia como lo es para España, y la regasificadora vasca es buena para el País Vasco y buena para España, así como todas las regasificadoras y todas las instituciones básicas del sistema,
porque sirven al sistema o se conectan al sistema, por decirlo así. Si fuera un sistema aislado alguien podría discutir sobre la utilidad o la idoneidad de una u otra infraestructura, pero no están en un sistema aislado sino en un sistema, por
definición, interconectado.



Respecto a la cuestión de las ayudas hay que hablar con claridad. Aquí tenemos dos grandes bloques de ayudas: ayudas a la reestructuración -aquí está incluida la ayuda al consumo- y ayudas a la reactivación. Las ayudas a la
reestructuración deben ser las necesarias para que el sector se reestructure. En la normativa comunitaria las ayudas a la reestructuración deben reducirse de manera significativa, como es lógico, puesto que lo que se pretende es que sea un sector
más pequeño y más viable y, en consecuencia, que necesite menos ayudas. Si las ayudas a la reestructuración crecieran mucho respecto de planes anteriores, la reestructuración habría sido un fracaso. Uno puede discutir cuál es el ritmo de reducción
de esas ayudas, pero es indiscutible que debe reducirse. El único asunto por el que pueden aumentar es porque la intensidad de la ayuda cambie. La intensidad de la ayuda a las cuentas de resultados no va a cambiar en lo sustancial porque creemos
que son razonables. Solamente hemos cambiado la intensidad de la ayuda a los trabajadores afectados por las prejubilaciones, que no van a recibir el 78 por ciento del salario garantizado en el momento de salida, sino el 80 por ciento. Por tanto,
hemos mejorado la transferencia de rentas a los trabajadores prejubilados, que son los que lo necesitan. Las otras ayudas son a la reactivación. Las ayudas a la rectivación de este Plan 2006-2012 son mayores anualmente y en términos unitarios que
las del plan anterior.
En el plan anterior se aprobaron y se aplicaron 390 millones de euros de ayudas anuales durante los ocho años y en este plan se han aprobado y se van a aplicar 440 millones de euros de ayuda durante los tres primeros años y
390 millones de euros durante los años siguientes, en este caso cuatro. Por tanto, se puede comparar 3.120 millones de euros frente a 2.880, pero no responden al mismo periodo de tiempo; hay que comparar cosas homogéneas, y aquí la cosa homogénea
es


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la ayuda anual media, y la ayuda anual media de este plan para la reactivación es superior a la ayuda anual media del plan anterior, porque 2.880 millones entre siete es más grande que 3.120 millones entre ocho.
Otra manera de compararlo es
en términos unitarios. Es decir, ¿para qué se ayuda a la reactivación? Se ayuda a la reactivación porque hay que compensar la pérdida de actividad o de empleo que produce la reestructuración. Un buen indicador es comparar la ayuda de reactivación
por cada empleo perdido, puesto que lo que se pretende es compensar los empleos perdidos y crear nuevos empleos. En este caso, la ayuda a la reactivación por empleo perdido del plan anterior fueron 215.000 euros por trabajador -se perdió mucho
empleo respecto del previsto y no se cambió el presupuesto de reactivación-, mientras que en nuestro caso la ayuda prevista son 957.000 euros por empleo perdido. Eso es casi 4 veces más por empleo perdido, y es así. Lo que pasó en el plan anterior
fue que el plan estaba inicialmente bien dotado, pero después el empleo se desvió mucho respecto de las previsiones. Estaba previsto que se perdieran en términos netos 7.000 empleos y se perdieron 15.840. Consecuentemente, como no se modificó el
presupuesto de reactivación, pero se duplicó el número de empleos perdidos, la ayuda de reactivación por empleo perdido cayó mucho respecto de la previsión. En el caso del plan actual hemos mantenido, con una ligera mejora, la ayuda anual de
reactivación, y como los empleos perdidos son muchos menos -y cuánto menos, mejor, porque es un sector más pequeño-, la ayuda unitaria por empleo perdido es mayor, y eso es así. Este plan tiene otras deudas con el plan anterior, buenas en este
caso. Había elementos del plan anterior que eran buenos y por eso los hemos mantenido y hay otros que son claramente mejores. Tenemos que decir lo que mantenemos, lo que corregimos y lo que mejoramos, y en términos presupuestarios, la ayuda para
reactivación es claramente mayor y las ayudas a las rentas que quedan finalmente en la región, en este caso en Asturias, pero también se podríamos hablar de cualquier otra, lo idóneo es que las rentas se generen cada vez más fuera de la minería. Si
estamos reestructurando el sector de la minería es para que las rentas se generen en otros sectores. Luego las ayudas de reestructuración deben reducirse, las ayudas de reactivación deben crecer y las rentas deben proceder más de sectores no
mineros que de sectores mineros, porque si proceden más de sectores no mineros, serán más estables en el tiempo. Las aportaciones presupuestarias se hacen todas. Nosotros hemos respetado en sentido estricto el plan anterior. Cada año de los que
este Gobierno ha sido responsable de las aportaciones presupuestarias que ha realizado el ministerio al presupuesto del instituto para abordar el Plan del Carbón han sido las que establecía el plan anterior pactado con los sindicatos, ni una peseta
más ni una peseta menos. La Administración General del Estado tampoco ha sido especialmente lenta en la gestión de los proyectos. Cuando entró este Gobierno, en abril o mayo de 2004, en el caso asturiano, todavía no se habían aprobado los
proyectos que se iban a financiar correspondientes a la anualidad 2003; los firmamos antes del mes de julio de ese año. En el resto de las comunidades autónomas firmamos todos los del año 2004 antes de final de año y los del año 2005 los hemos
firmado, salvo cuando ha habido problemas en alguna comunidad autónoma, antes de mitad del año 2005. Si en Asturias no se firmaron los convenios con las comunidades autónomas durante el año 2005 fue porque hicimos lo que no había hecho el Gobierno
anterior, que fue dar audiencia formal, no discreta, sino formal, a los sindicatos para negociar los proyectos que la comunidad autónoma había presentado y nos sentamos con los sindicatos y con la comunidad autónoma tantas veces como fue necesario
para llegar a un acuerdo, y lo conseguimos en una proporción elevadísima. En otro tipo de proyectos no se pudo conseguir el acuerdo Administración General del Estado, sindicatos y comunidad autónoma, no porque nosotros no quisiéramos, sino porque
la comunidad autónoma y los sindicatos tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo. En este caso, la solución que se adoptó fue la coherente con el plan anterior, porque hemos gestionado los proyectos de infraestructuras en Asturias y en todas
las comunidades autónomas de acuerdo con las previsiones del plan anterior y los proyectos se llevan a cabo a través de acuerdos entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, porque eso es lo que decía el plan anterior. En
ningún sitio del plan anterior dice que los sindicatos firmantes del plan decidirán sobre los proyectos de infraestructuras, en ningún sitio. De hecho, en el plan anterior no había ninguna obligación formal de constituir organismos de consenso o de
búsqueda del acuerdo a nivel territorial entre Administración General del Estado, administraciones autonómicas y sindicatos. Eso no existía en el plan anterior. Funcionó allí donde quisieron hacerlo autónomamente las autoridades e instituciones de
uno y otro territorio, pero donde no quisieron hacerlo no lo hicieron. Ahora, no; ahora hay que hacerlo.
Consecuentemente, el nivel de participación, a pesar de algunas críticas que hacen de los sindicatos a este plan, ha sido y va a ser mayor
que el que hubo en el plan anterior, y en el plan anterior se financiaron obras de saneamiento, no hay más que verlo. Además, eso es público y, como es público, no tengo que demostrarlo más que diciendo que se acuda a los listados, que son
públicos, y se verá como se han financiado obras de saneamiento en Asturias y en otras comunidades autónomas en el marco del plan anterior. Consecuentemente, este Gobierno no ha cambiado de criterio ni impone a los sindicatos lo que no pasó en el
plan anterior, puesto que si se financiaron en el plan anterior, también se pueden financiar con este. Mi antiguo jefe y amigo, Graciano Torres, consejero del Gobierno regional, se defenderá solo, yo no tengo por qué defenderle. Además, me parece
que el sitio en el que se defiende habitualmente es en el Parlamento asturiano. Consecuentemente, lo que vamos a hacer en el supuesto de que no haya


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acuerdos en la mesa territorial entre sindicatos y comunidades autónomas es exactamente lo que dice el plan. Haremos lo que dice la página 34 del plan. Como usted conoce igual que yo la página 34 del plan, haremos lo que dice y cumpliremos
el plan en sentido estricto.



En cuanto al caso de Galicia o único que hemos hecho en el proceso de discusión de este plan ha sido normalizar la situación de las empresas mineras del carbón gallegas en relación con la situación anterior. Las empresas mineras gallegas se
integran en el plan igual que las empresas mineras asturianas o de cualquier otra comunidad autónoma afectada. Es verdad que tiene singularidades, las derivadas de que el lignito pardo no es un carbón CECA y las derivadas de que las minas de
Meirama y As Pontes son minas de Fenosa y Endesa. Consecuentemente, al hablar de la política de subvenciones a empresas mineras, no es lo mismo hablar con Endesa en el pasado, ni lo ha sido, o con Fenosa, para subvencionar la actividad de las minas
de lignito pardo hay que hablar con explotaciones mineras de empresarios pequeños de otras comunidades autónomas. Hemos aceptado también una plena integración de las comarcas mineras de Galicia en el plan como de las demás. Lo único que hemos
hecho ha sido eliminar las discriminaciones y hacer aflorar objetividad y transparencia en el proceso de distribución de los fondos. En el plan anterior había una clara discriminación; lo firmaron quienes lo firmaron, y allá ellos. En este plan
no hay discriminación alguna. La distribución de recursos para proyectos de infraestructuras de este plan la puede calcular cualquier persona que disponga de una maquinita y sepa dividir y multiplicar. No hace falta ir a ningún arcano ni a ningún
extraño despacho para aplicar los criterios que están en el plan y que les salga lo mismo que me ha salido a mí. Luego, hay transparencia. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo sobre si los criterios son los mejores o los peores, uno podrá
estar de acuerdo o en desacuerdo sobre si el indicador elegido es el mejor o el peor, pero es transparente y objetivo. Consecuentemente, se pueden discutir los criterios, pero nunca el sistema de cálculo, porque no hay discriminación entre
comunidades autónomas. Los proyectos que se financien con cargo a los recursos de infraestructuras serán los promovidos por cualquiera de las instituciones públicas de los territorios en los cuales haya minas de carbón, sean comunidades autónomas,
sindicatos, ayuntamientos o cualquier otro tipo de instituciones. Las mesas territoriales promoverán proyectos y adoptarán iniciativas, pero la decisión final es que se suscriben convenios formales entre la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, porque la Administración General del Estado no puede intervenir directamente en una comunidad autónoma, en una infraestructura pública de competencia autonómica, no puede hacerlo. Aunque
nosotros quisiéramos hacer no sé qué proyecto de infraestructura que fuera competencia de la Administración gallega en Galicia, no podríamos hacerlo, sería imposible, por la misma razón que la Administración gallega no puede hacer una actuación de
competencia de la Administración General del Estado salvo que convenien, acuerden y, consecuentemente, hagan compatible y coordinada por la vía del convenio la competencia y la ejecución del proyecto. Por tanto, no hay posibilidad alguna de que
pretendamos sustituir a las comunidades autónomas, porque no podemos sustituirlas. Lo único que queremos es cofinanciarlas, cofinanciar proyectos con las comunidades autónomas, pero la planificación territorial es competencia de las comunidades
autónomas y nuestra obligación es preservar las competencias constitucionales de las comunidades autónomas, entre ellas la planificación territorial. Por tanto, ahí, la única solución razonable es la cooperación. Cualquier pretensión de posible
enfrentamiento no conduce a ninguna solución razonable, porque es imposible que no estemos de acuerdo. La comunidad autónoma es competente, decide cuál es la planificación territorial, decide cuáles son las obras de su titularidad que quiere hacer,
la Administración General del Estado lo enmarca dentro de los criterios del plan y cofinanciamos los costes de los proyectos en una proporción de 100 y 25 por parte de la Administración General del Estado y comunidad autónoma respectivamente.



Tiene razón el señor diputado, cambiaremos los nombres de los lugares gallegos adecuándolos a las leyes españolas vigentes.



Pretendemos nuevamente en el caso de proyectos empresariales generadores de empleo nuevamente objetivar los procesos de selección de los proyectos y de aplicación de los recursos a los mismos. Por eso, el sistema de selección de los
proyectos empresariales que van a ser apoyados tanto a través de subvenciones directas a la inversión como a través de cualquier otro instrumento financiero que el plan disponga, se basará, en primer lugar, en el criterio de la calidad de los
mismos; es decir, los proyectos empresariales van a concurrir de manera competitiva entre ellos para obtener el apoyo de la financiación pública. En segundo lugar, va a haber un proceso de participación de las agencias de desarrollo regional que,
en nuestra opinión, conocen muy bien el tejido empresarial a nivel territorial; y sobre todo cuando es un tejido empresarial de determinadas empresas, lo conocen mejor que la Administración General del Estado y consecuentemente sus propuestas o
dictámenes serán tenidos en cuenta. En tercer lugar, vamos a garantizar la objetividad de las decisiones a través de las comisiones de evaluación y decisión sobre los proyectos, que estarán formadas por funcionarios sometidos a las leyes y no por
otro tipo de personas o instituciones.



El listado que se ha aprobado de municipios susceptibles de beneficiarse de las ayudas y la clasificación de los mismos es producto de un acuerdo, y como tal, parte de su bondad deriva del acuerdo y también parte de sus errores, que los
tendrá seguro. Lo que interesa es que todos los que estaban antes están, y ahora lo que hay que hacer es poner en marcha la experiencia de la aplicación


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de los recursos. Sin embargo nada impide que los firmantes del plan, que en la parte de reactivación son los sindicatos y la Administración General del Estado, puedan decidir modificar esa clasificación, si bien tenemos que hacerla de forma
justificada y razonada. Se podrá reclasificar a un municipio de una a otra categoría, de las tres que contemplan el listado actual que está en el plan, siempre que lo hagamos de manera acordada y justificada y, obviamente, siempre que sea
defendible públicamente y se pueda justificar delante de las comunidades autónomas, que por sí mismas podrán tener la iniciativa de proponernos en su caso modificaciones del listado existente actualmente.



Nada más. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de estas dos comparecencias solicitadas por el Gobierno y agradeciendo nuevamente su presencia, se levanta la sesión.



Eran las dos y quince minutos de la tarde.