CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2006 VIII Legislatura Núm. 529

TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN MARÓN BELTRÁN

Sesión núm. 31

celebrada el martes, 21 de marzo de 2006

ORDEN DEL DÍA:


Celebración de las siguientes comparecencias en relación con el proyecto de Ley del estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior. (Número de expediente 121/000075.)


-Del señor presidente de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles (Aliaga Hernández). (Número de expediente 219/000545.) ... (Página 2)


-Del señor presidente de la Confederación Europea de Asociaciones Españolas de Padres de Familia (Beltrán Talavera) y del representante de la misma (Riesgo Alonso). (Número de expediente 219/000546.) ...
(Página
8)


-Del señor secretario general de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados (López Pujol). (Número de expediente 219/000561.) ... (Página 15)


-Del señor presidente de la Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo, en su sección venezolana (Rodríguez Losada). (Número de expediente 219/000562.) ... (Página 21)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.



CELEBRACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR. (Número de expediente 121/000075.)


-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COORDINADORA EUROPEA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES ESPAÑOLES (ALIAGA HERNÁNDEZ) Y DE LA SEÑORA REPRESENTANTE DE LA MISMA (HERNÁNDEZ PEDRERO). (Número de expediente 219/000545.)


La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Señorías, comienza la comparecencia que va a ser conjunta de don Antonio Aliaga Hernández y de doña Emilia Hernández Pedrero, quien hablará de los problemas de los emigrantes españoles
vinculados al ámbito de la mujer. Ya que estamos en el mes de marzo creo que se lo merece. Por tanto, si dan su aquiescencia los dos harán su exposición. (Asentimiento.)


Don Antonio Aliaga Hernández, presidente de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles, tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA COORDINADORA EUROPEA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES ESPAÑOLES (Aliaga Hernández): Señorías, yo soy el representante de la coordinadora europea y, como a lo mejor no la conocen, quiero hacer una pequeña presentación
de la coordinadora y de su funcionamiento. La coordinadora europea está compuesta de nueve federaciones nacionales de ocho países europeos, en la que está incluida España con la Federación de emigrantes retornados a España. Últimamente la
coordinadora ha realizado una serie de trabajos, sobre todo seminarios referentes a lo social y a la mujer; hace una semana aproximadamente que tuvo lugar este acontecimiento en Madrid. La coordinadora trabaja en torno al movimiento asociativo
emigrante español en Europa. El número de asociaciones es muy importante. No las tengo todas en la memoria, pero sin duda tiene una representatividad muy importante a nivel de todos los países europeos donde hay emigración española. Donde
únicamente no estamos en la actualidad es en Suiza, aunque estuvimos antes, donde también hay una colonia muy importante de españoles.



Teniendo en cuenta la posibilidad que se nos ha ofrecido por parte de ustedes, a quienes damos las gracias por tener esta atención hacia los residentes españoles en el exterior (es la primera vez que venimos y es un acontecimiento para
nosotros muy importante), quiero aprovechar la ocasión para pedir perdón por mi vocabulario, que no tiene la riqueza que ustedes merecen porque hace 42 años que me encuentro fuera de España y eso, pese a todo, nos marca. En función del guión que
nos ha procurado la Comisión, vamos a tratar de hacer un resumen general de cuáles son las inquietudes que tenemos en el movimiento asociativo en Europa respecto al proyecto de ley de estatuto para los residentes españoles en el exterior.



Entre los principales problemas de la actual regulación de los derechos y obligaciones de los españoles que se encuentran en el extranjero cabe destacar, en primer lugar, los de orden simbólico. Los emigrantes españoles sufren profundamente
de la falta de consideración que el Estado español tiene a su contribución al desarrollo económico y cultural de nuestro país. También se sufre de la falta de sensibilidad hacia sus problemáticas específicas y particularmente de que no se
reconozcan los grandes sacrificios que tuvieron que realizar más de un millón de nuestros compatriotas al salir de España en situaciones extremadamente difíciles, de que no se reconozca que la emigración fue consecuencia de la dictadura política de
aquella época, de la ignorancia y la poca valoración del aporte que continuamos haciendo los emigrantes hoy día tanto en términos económicos como de contribución al acervo español allende nuestras fronteras. En definitiva, los españoles del
exterior vivimos cotidianamente situaciones de agravio comparativo, resintiendo como una gran injusticia el ser considerados en la práctica como españoles de segunda. Los españoles emigrantes nos sentimos los grandes olvidados de la España
constitucional y de la España del bienestar social. En segundo lugar, entre los problemas de orden material pondremos de relieve los ligados a la nacionalidad, a los derechos civiles y a los de participación, los ligados a los derechos económicos y
los derechos sociolaborales, los ligados a la educación y a la cultura, los ligados a la problemática de la mujer, los ligados al retorno, siendo en cada uno de estos ámbitos muy diversos y complejos los problemas que afectan al colectivo de
españoles que residen en Europa, así como a aquellos que han retornado.



El elemento del proyecto de ley que se considera positivo por nuestra parte es precisamente el reconocimiento implícito de que los españoles en el exterior sufren un trato discriminatorio y desigual con respecto a sus compatriotas residentes
en el interior y la voluntad manifestada por el mismo de garantizar a los ciudadanos residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en términos de igualdad con los residentes en el territorio nacional. Los
elementos del proyecto de ley que consideramos negativos son que en su redacción actual el proyecto se limita esencialmente a recordar y compendiar derechos genéricos ya reconocidos constitucionalmente, mientras que la situación requiere que la ley
precise con la mayor concreción aquellos derechos inalienables que permitan alcanzar la plena igualdad entre todos los españoles, cualquiera que sea su lugar de residencia, y de corregir las consecuencias propias del hecho migratorio. Entre los
elementos


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omitidos en el proyecto de ley destacamos principalmente la ausencia de la cuestión relativa a la nacionalidad, la ausencia de la cuestión relativa a las pensiones, la ausencia de la cuestión relativa a la dependencia, la ausencia de la
cuestión relativa a la problemática de la violencia de género, la ausencia de la cuestión relativa a la política tributaria, la ausencia de una referencia explícita a las asociaciones de la sociedad civil como interlocutores a través de los cuales
deben componerse los órganos consultivos.



Respecto a las propuestas concretas que sugerimos, ustedes han recibido de la coordinadora unas enmiendas al estatuto en las que se contemplan todas nuestras reivindicaciones. Creemos que en el futuro proyecto de ley o en la ley que salga
definitivamente de este Congreso se deben contemplar aquellas enmiendas que consideramos fundamentales para que den una respuesta a las inquietudes que tenemos los emigrantes en Europa, y yo particularmente pienso que para España también es una
necesidad dar una respuesta actualmente a esas inquietudes que venimos manifestando desde hace ya muchísimos años. Creemos que el estatuto es un paso muy importante y que hay que aprovechar este momento para poner de relieve todas estas cuestiones
que habían quedado en el olvido y ponerlas a la orden del día dando una solución a esa problemática que tenemos los españoles residentes en el exterior.



En cuanto a los efectos previsibles, la respuesta a esta pregunta está supeditada al contenido definitivo de la ley y en particular si se contemplan o no y de qué manera las cuestiones de la nacionalidad y de las pensiones, que son las de
mayor incidencia en términos políticos y económico que tenemos hoy la primera generación de los emigrantes, particularmente la de emigrantes económicos de los años cincuenta, sesenta y setenta.



No quisiera alargarme más. Ustedes han recibido las enmiendas que hemos enviado a todos los grupos parlamentarios y, si tienen algunas cuestiones que no les han quedado claras en esas enmiendas que hemos presentado al proyecto de ley de
estatuto, nos hacen las preguntas y nosotros podremos responderles. Lo siento mucho, igual no he sido lo suficientemente explícito, pero en líneas generales pienso que hemos presentado las inquietudes generales en la actualidad de los emigrantes
españoles en Europa.



La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra doña Emilia Hernández Pedrero.



La señora REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA EUROPEA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES ESPAÑOLES (Hernández Pedrero): Es un momento histórico que hoy estemos aquí, no solo porque es la primera vez desde hace muchos años, desde el Gobierno de UCD,
que se nos invita a participar y a presentar nuestros problemas, sino porque hoy también es el día contra el racismo y la xenofobia, y no puede ser una coincidencia, porque aquí estamos para ver cómo podemos subsanar y aportar algo para que el
estatuto sea válido para todos los españoles en el exterior sin distinción de si se está dentro o fuera de España. Les agradezco poder estar aquí porque para nosotros es también un reconocimiento al trabajo y a la experiencia del movimiento
asociativo desde hace años.



Tengo unas propuestas muy concretas que me gustaría discutir con ustedes.
Me gustaría proponer como enmienda que en el estatuto se recogiera un artículo en el cual se tenga en cuenta la situación de una persona maltratada en el país de
residencia y se le facilite un retorno asistido, pudiendo acogerse a la Ley Orgánica, de 28 de diciembre de 2004, sobre medidas integrales contra la violencia de género. La inclusión de esta causal es por razones de justicia y para evitar la
desigualdad y discriminación de las mujeres españolas emigrantes en el exterior en relación con las que residen en España.



Aunque en este momento no tratemos el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, nos ha llamado la atención un artículo que creemos que podría ser revisado para que no haya
contradicciones con el estatuto. Se trata del artículo 5, titulares de derechos, en el que proponemos eliminar el punto 1 c), que se refiere a que las personas que puedan acogerse a esta ley tengan que residir cinco años en España y de ellos los
dos últimos consecutivamente. Nos parece que hay una contradicción si en el estatuto se recoge que tiene que haber una igualdad de derechos tanto para los que están en el exterior como en el interior, y por eso proponemos que se revise este
anteproyecto de ley, para que no haya contradicción con el estatuto.



También la cuestión de la nacionalidad presentada por nuestro compañero Aliaga nos preocupa muchísimo, porque sobre todo al casarse las mujeres españolas con una persona de otra nacionalidad sus hijos han perdido la nacionalidad, y no solo
en este caso sino también en el de mujeres que no se han casado, es decir que han tenido los hijos solteras, y su hijo o hija no es reconocido como español o como española. Pienso que esto de alguna forma habría que subsanarlo.



Proponemos también que en el estatuto se tenga en cuenta el lenguaje a nivel de género, que en vez de hablar de los jóvenes se hable de la juventud. Es decir, un lenguaje en el que sea más visible el rol de la mujer.



Por último, proponemos que haya un análisis por parte de ustedes sobre la eutanasia pasiva y activa, que existe en diferentes países de Europa.
Pedimos que cuando discutan la ley de atención tengan en cuenta estas normativas, porque a
nosotros nos gustaría poder acogernos a la ley de atención personal y autonomía sin que de antemano en los países de residencia se considere que no tenemos derecho a una segunda opinión médica, una revisión médica.



Mi exposición ha sido corta y a lo mejor no ha quedado claro el tema, pero estamos aquí para aclararlo.



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La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente tiene la palabra don Gaspar Llamazares por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.



El señor LLAMAZARES TRIGO: Quiero agradecer la comparecencia de los representantes de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles. Me ha parecido muy interesante su reflexión y su aportación al proyecto de ley de
estatuto de los españoles en el exterior. Era una comparecencia en nuestra opinión obligada después de mucho tiempo en que la emigración española en el exterior no solo ha contribuido al desarrollo económico del país sino también a la participación
y la recuperación de los derechos políticos y democráticos, y después de mucho tiempo en que la retribución a esa contribución de los emigrantes españoles en el exterior no ha sido la debida, no ha sido completa, como han dicho los comparecientes.
Estamos en estos momentos ante la oportunidad de elaborar un estatuto de los españoles en el exterior que de alguna manera retribuya esa contribución económica, social, cultural y democrática a nuestro país, contribución que es indudable que han
hecho los emigrantes españoles en el exterior. En ese sentido mi grupo parlamentario ha recogido las propuestas de la asociación, consideramos que son en la mayor parte adecuadas y que podrían mejorar el texto.



Quería hacer alguna pregunta respecto, primero, a los mecanismos de representación y participación, y luego a lo que podríamos denominar los derechos políticos y sociales. En relación con los mecanismos de participación querría hacerles dos
preguntas. Por una parte, cuál sería en su opinión la medida han participado en la elaboración del estatuto de los españoles en el exterior y en el futuro en qué medida podrían participar en este tipo de legislación. Por otra parte, a nuestro
grupo le sorprende que en el proyecto de estatuto no se hayan incluido dos temas importantes, habrá argumentos en pro y en contra pero nos sorprende, como son -y se ha planteado por su parte- el de la nacionalidad y el que tiene que ver con las
pensiones, es decir, la plenitud de los derechos políticos y también de los derechos sociales. Se ha hablado incluso de derechos hoy en ejecución, como es el caso que tiene que ver con la ley violencia de género, y de derechos cuya puesta en marcha
se prevé, como son todos los relativos a la dependencia.
¿Consideran ustedes que el Estado debe facilitar el reconocimiento de la nacionalidad a los nietos de españoles residentes en el extranjero? Es una pregunta que tiene trascendencia
particular no tanto para Europa, aunque cuantitativamente es importante, pero lo más importante desde el punto de vista cuantitativo parece ser para América Latina. Por otra parte, ¿qué medidas deberían ser incluidas en el estatuto para garantizar
el derecho a la educación y mejorar la situación actual de la educación? Yo extendería esta pregunta a los temas de la formación e información de los españoles en el exterior, incluso de los medios de comunicación que llegan a los españoles en el
exterior.



Otra pregunta tiene que ver con las pensiones. Había hablado de los derechos políticos y de los derechos sociales. Como ustedes conocen, en el decretazo del año 2002, una de las disposiciones suprimió el derecho al subsidio de desempleo a
los emigrantes retornados de Europa mayores de 52 años. ¿En qué medida esa cuestión debería restablecerse a través bien de esta o bien de otras normas para recuperar o recomponer los derechos de los emigrantes?


Por último, quería agradecerles su comparecencia. Hay otras preguntas relativas a la fiscalidad, a la bonificación de intereses o incentivos fiscales y a Radiotelevisión Española en el exterior, pero creo que las preguntas que a mi grupo
más le preocupan son las que tienen que ver con la participación y con los plenos derechos políticos y sociales, con el reconocimiento de la nacionalidad y también con la recuperación y el avance en algunos derechos sobre todo en materia social y en
materia de pensiones. Quiero agradecerles su comparecencia y garantizarles que vamos a recoger sus aportaciones y a someterlas a debate y a negociación con el resto de los grupos parlamentarios.



La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Ángeles Muñoz.



La señora MUÑOZ URIOL: Muchísimas gracias a don Antonio y a doña Emilia, representantes de la coordinadora, por su presencia hoy aquí. Al principio de su intervención decía que su lenguaje a lo mejor estaba algo oxidado después de tanto
tiempo fuera, pero le puedo garantizar que está perfectamente en orden y que ha sido muy claro, muy explícito y, por tanto, muchas felicidades por estar aquí esta mañana con nosotros.



Me gustaría preguntar al letrado si la Comisión tiene el informe que la coordinadora nos ha hecho llegar, porque sería oportuno que se adjuntara a la documentación con la que vamos a trabajar para tenerlo no solo los grupos parlamentarios
sino toda la Comisión a los efectos de que consten las aportaciones que han hecho a este texto. Sus peticiones son muy coherentes y se han ido reivindicando desde hace mucho tiempo. Se ha ido avanzando, aunque probablemente no como ustedes que lo
han vivido en primera persona hubieran querido. Y es cierto que ahora tenemos la posibilidad de que, si somos capaces, entre todos salga un texto positivo para la emigración, positivo para los emigrantes retornados, positivo para todos en conjunto,
y les puedo asegurar que nuestro grupo lo va a apoyar. En cualquier caso, les agradezco las aportaciones que nos han hecho llegar.



Cuando doña Emilia estaba hablando de malos tratos y de la discriminación que sufren las mujeres, yo hacía una valoración y recordaba el informe que el Consejo Económico y Social ha hecho sobre este texto, que no sé si se lo han hecho llegar
pero sería bueno que lo


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tuvieran porque algunas de sus reivindicaciones vienen recogidas en el mismo. El Consejo Económico y Social dice que es un texto que intenta hablar de la plena igualdad, pero cuando se empieza a estudiar artículo por artículo la plena
igualdad queda muy desdibujada y, al final, no podemos caer en la tentación de hacer un texto que reconozca esa plena igualdad y que a la hora de que se vaya a reconocer legalmente no sea así. No podemos crear falsas expectativas y que a la hora de
la aplicación de la ley nos quedemos con un texto vacío de contenido.
Nuestro grupo va a trabajar con el resto de los grupos parlamentarios para que alcancemos un texto que garantice al menos la mayoría de las reivindicaciones que se están
haciendo. Cuando se habla de una ley que no profundiza lo suficiente y que deja al desarrollo reglamentario algunas de las cuestiones fundamentales, se nos está escapando la posibilidad de que de esta Cámara pueda salir un texto favorable para
todos.



En cuanto a los derechos, el Consejo Económico y Social dice -como usted acaba de decir- que la cuestión de las pensiones no queda bien recogida y eso se ve en la memoria económica. Como saben, con esta ley viene una memoria económica y en
ella se recoge, por ejemplo, que la asistencia de los mayores en el exterior desciende en un dos por ciento, con lo cual difícilmente se puede pensar que va a haber una actuación más amplia o con mayor cobertura de la que actualmente hay. Habla
también de las pensiones y hay un artículo muy claro sobre la situación de las mujeres maltratadas. Me gustaría que hicieran un análisis y una reflexión. Cuando en el texto se habla de la igualdad de derechos, por poner un caso muy concreto, no
hay referencia alguna a la vivienda, y ustedes saben la dificultad que en un momento determinado entraña la vivienda para una persona que vuelve a su país. Esa será una de las enmiendas que nuestro grupo va a introducir.



En cualquier caso, tal como comentaba el portavoz de Izquierda Unida, las aportaciones que nos hacen en cuanto a la participación a través de los órganos correspondientes de los colectivos nuestro grupo también las va a estudiar. Creo que
ustedes tienen que estar representados en la mayoría de esos órganos que tienen capacidad de análisis y de hacer un informe acorde con las necesidades de hoy. Por tanto, nuestras propuestas irán encaminadas a que parte de ese desarrollo
reglamentario que se intenta dejar para un posterior paso esté presente en la ley. Tenemos demasiados reglamentos que han salido diez años después de la entrada en vigor de la ley y creo que no podemos perder esta oportunidad. Por eso no solo
vamos a estudiar y a debatir las propuestas que han hecho con mucha calma y detenimiento, porque son de ley que puedan estar incluidas en este estatuto, sino que nuestro grupo va a trabajar para que este estatuto salga con el mayor consenso de todos
los grupos, y esperemos que este estatuto sea un ejemplo de lo que debe ser un estatuto.



La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Antonio Hernando.



El señor HERNANDO VERA: Voy a ser muy breve porque creo que hoy es su día, no el nuestro. En primer lugar quiero darles las gracias. El agradecimiento tiene que ser de nosotros hacia ustedes, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestra
obligación, que es escucharles antes de hacer una ley cuáles son sus inquietudes y si están o no satisfechos con este proyecto, y sin embargo ustedes están quitando tiempo de su trabajo y de sus obligaciones, que no son precisamente estas, aunque
voluntariamente las hayan asumido como representante de los emigrantes españoles y estén aquí dedicándonos su tiempo. Por tanto, muchas gracias.



Respecto a su intervención inicial, don Antonio, hay aspectos de este estatuto que son mejorables y por eso estamos aquí, porque estamos intentando mejorarlo, y ojalá sea con consenso y atendiendo en la medida de lo posible todas las
enmiendas que ustedes nos han remitido. Hay una cosa un tanto dramática en la situación actual de la emigración -creo que usted ha utilizado el mismo término- y es la falta de reconocimiento histórico de distintos gobiernos de diferente signo
político que de alguna manera con este estatuto se quiere solventar. Sin embargo ha hecho una alusión -y veo que algunas de sus enmiendas van por ese camino- respecto a que seguimos sin reconocer la causa de la emigración más reciente, de la
emigración posterior a la guerra civil y a todos esos años. Además, esta enmienda coincide con enmiendas de otras organizaciones de recuperación de la memoria histórica que nos la están pidiendo. Tendremos que hacer un esfuerzo para llegar a un
acuerdo y reconocer cuál es la causa. Tanto la guerra como la posterior dictadura son la causa de muchas de esas salidas en unos casos hacia el exilio, en otros casos hacia la emigración económica pero como consecuencia de esa situación social y
política que se vivía en España. Por tanto, me parece que nos deberíamos hacer eco de estas enmiendas que proponen en este terreno.



El señor Llamazares les ha hecho muchas preguntas que me hubiese gustado hacer y por tanto no voy a repetir. Solo quiero decir dos cosas. Ustedes presentan una enmienda respecto a los derechos de participación en los órganos consultivos en
las administraciones públicas, en los artículos 9 y 13, y proponen suprimir muchas de las funciones de los consejos de residentes españoles. Les quería pedir una opinión sobre cómo ven el futuro tanto de estos órganos de participación institucional
como de los consejos de residentes y del consejo general. Otra pregunta está más relacionada con un aspecto en el que van a tener una opinión mucho más cualificada que cuando vengan organizaciones de América y es respecto a la lengua y la cultura.
Actualmente hay un sistema que es el de las agrupaciones de lengua y cultura. Sin embargo, sabemos que hay una cierta insatisfacción y de hecho presentan una enmienda al


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artículo 24 respecto a este tema. Quisiéramos que nos hiciesen un análisis, no porque esto tenga que ir en la ley sino porque hay que ver en el futuro cómo solventar un problema que se presenta a los descendientes, a los hijos e incluso a
los nietos de españoles, fundamentalmente en Europa, en países donde el castellano no es la lengua habitual. En unos sitios se están reduciendo las clases, en otros se están produciendo reconversiones y nos interesa conocer su opinión directa sobre
este tema.



No sé si la señora presidenta permite a mi compañera hacer alguna pregunta.



La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: Quiero felicitarles, agradecerles su presencia y darles la bienvenida a esta Comisión porque es importante para conocer la situación actual de la emigración, pero me voy a dirigir a doña Emilia para preguntarle
por la situación de la mujer emigrada. Ha hecho una exposición exhaustiva y con rigor de lo que quiere que recoja el estatuto. Yo compartí con usted el seminario realizado en Madrid sobre la situación de las mujeres que en su momento tuvieron que
emigrar a distintos países europeos. Por eso su presencia en esta Comisión es muy valiosa, pues está representando a un movimiento asociativo muy fuerte en toda Europa. Me gustaría citar a todas las mujeres que compartieron con usted el seminario
y desde aquí felicitarles por el trabajo y el esfuerzo tan valioso que han hecho en los distintos países y a lo largo de muchos años por dignificar al colectivo de la mujer. Ha sido fundamental el trabajo desarrollado para que las mujeres ganen la
voz y la palabra, superen la invisibilidad histórica y avancen hacia formas de relación más justas, más duraderas y equilibradas. Usted más que nadie, doña Emilia, conoce la discriminación que produce más vulnerabilidad, la de que a la propia
discriminación de género se une la situación de la mujer emigrada, con la angustia y la soledad que produce estar fuera de su país y principalmente de todos los servicios especializados de igualdad. Como ha sido un debate amplio el que todas las
mujeres han tenido y creo que nos va a hacer llegar las conclusiones, solamente me gustaría preguntarle qué aspectos considera prioritarios y que deban recogerse en el estatuto para lograr la plena integración sociolaboral de la mujer emigrante.



La señora VICEPRESIDENTA: Para responder a las preguntas voy a pasarle la palabra a don Antonio Aliaga, presidente de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles.



El señor PRESIDENTE DE LA COORDINADORA EUROPEA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES ESPAÑOLES (Aliaga Hernández): Respondo a la primera cuestión que ha formulado don Gaspar Llamazares, sobre los cauces de participación y la representación
institucional de las asociaciones. Los cauces de participación a través de los cuales se está desarrollando la representación institucional de los españoles en el exterior actualmente son los CRE y el Consejo General de la Emigración, que en
nuestra opinión son completamente anodinos y que no sirven absolutamente para nada.
Además, la forma en que eso se está realizando, siendo necesario el sufragio universal para elegir a los miembros de unos consejos que son apenas consultivos,
creemos que es una verdadera aberración. Hay dos colegios, el primero de los cuales -es como si fuese el Senado- es el que elige por sufragio universal unos consejos de residentes y estos consejos a su vez eligen a sus representantes en el Consejo
General de la Emigración, que es también un órgano consultivo. Si verdaderamente se quiere hacer que los españoles del exterior sean iguales que los del interior, lo que pedimos es que se nos apliquen las mismas formas de representatividad de la
sociedad civil en España, a través de -como ya conocemos- los consejos de la mujer, de las personas mayores, de la juventud..., órganos representativos de la sociedad civil pero que no son elegidos por sufragio universal; sus representantes son
designados por sus mismas asociaciones y es la vía que se nos debiera de aplicar también en Europa en particular y en general a los españoles emigrantes en el extranjero.



Consideramos que hay un agravio comparativo en función del reconocimiento de las asociaciones. Las asociaciones en el exterior no tenemos el reconocimiento oficial del Estado español, no hay un registro de las asociaciones del exterior. A
partir del momento en que no hay un registro oficial de estas asociaciones, estas no tienen derecho a percibir ayudas y subvenciones que legalmente correspondem en España al movimiento asociativo. Creemos que en el estatuto se debe reconocer
oficialmente a las asociaciones de españoles en el exterior y que estas puedan beneficiarse de las ayudas correspondientes, como el porcentaje del IRPF, las ayudas a obras sociales que las cajas de ahorros realizan al asociacionismo español en el
interior del país y a las que nosotros no tenemos derecho, porque hay un estatuto de estas cajas que dice que no pueden exportar esas ayudas, que tienen que quedarse en el interior.
Nosotros consideramos que es un agravio, porque los españoles en
el exterior hemos contribuido y hemos enriquecido también a esas cajas, hemos enviado nuestras divisas a través de ellas y hemos obtenido préstamos y créditos que han fortalecido la economía de estas cajas durante muchos años y actualmente. Pienso
que esto es primordial si queremos avanzar en el sentido que pretende el estatuto de ir hacia la igualdad de derechos entre los españoles del exterior y los del interior.
No sé si con esto he respondido a su pregunta. (Asentimiento.)


La cuestión de las pensiones gira en la misma órbita. Siento tener que repetirlo tantas veces porque hablar de discriminación es un barbarismo, pero es real: a los españoles en el exterior también se nos discrimina en cuanto al cálculo de
las pensiones de jubilación. Aquí no se trata de pensiones no contributivas, se trata de pensiones contributivas, de un derecho adquirido. Por


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una interpretación que nosotros consideramos muy restrictiva de los reglamentos europeos e incluso de la Ley de la Seguridad Social española, el cálculo de la pensión de los españoles en el exterior se hace sobre la base reguladora de las
cotizaciones realizadas antes de la emigración. Sí que hay un porcentaje de revaloración, pero es muy pequeño. Nosotros consideramos que eso es un agravio, que no es justo y que se tiene que actualizar esa base reguladora al momento en que se va a
percibir esa pensión. Es irrisorio pero les puedo decir que hay personas con años trabajados en España que reciben una pensión de 20 ó 25 euros mensuales e incluso menos. Si los españoles que hemos salido fuera nos hubiésemos quedado aquí, nos
hubiésemos beneficiado del cálculo que los españoles tienen aquí. En principio el cálculo de la base reguladora se hace sobre los 180 últimos meses de salario dividido por 210 y esa es la media que sirve para el cálculo de la base reguladora para
las pensiones en España; para nosotros no, se nos contabiliza única y exclusivamente el tiempo trabajado y el valor de cotización que teníamos en aquellos años, que serían 100 ó 200 pesetas. De esta forma el cálculo que se hace es irrisorio, no
sirve ni para pagar los gastos de correos. Nosotros pensamos que el INSS debe -y tienen que ser el Parlamento y el Gobierno español los que incidan en torno a que ello- modificar esa ley porque en principio, según el reglamento de la Seguridad
Social española, el cálculo de las pensiones se hace en función del momento en que se va a percibir la pensión, con los 180 meses de media salarial, pero en el momento en que se va a percibir la pensión. A nosotros el cálculo se nos hace sobre las
cotizaciones de la época anterior a la emigración.



Otra cuestión es que para poder tener derecho a pensión tenemos que formularlo a través de los organismos competentes en el exterior. Hoy hay un intercambio en Europa entre las cajas de retiro de un país y de otro, incluyendo España.
Cuando hacemos esa tramitación todo sale perfectamente, pero si el cálculo ha sido equivocado, nosotros tenemos que presentar recurso, jurídico inclusive, que nos lleva entre otras cosas a tener que recurrir a un abogado. Esto en España será más
fácil, pero nosotros tenemos que consultar con un abogado en España, que el abogado haga la tramitación y si hay un fallo que no es favorable nos dan un plazo de diez días para poder recurrirlo. En España es fácil realizarlo en ese tiempo porque la
tramitación es mucho más rápida, pero cuando nos encontramos en el extranjero nos topamos con las barreras normales del contacto. Creemos que se debe ver la forma de dar solución a este tema con el fin de que los españoles en el exterior nos
podamos beneficiar de una mayor flexibilidad en los plazos que se nos otorgan cuando hay recurso jurídico en estas cuestiones de pensiones. No sé si he satisfecho su petición de información. (Asentimiento.) Todo esto está de todas formas recogido
en nuestra propuesta de enmiendas.



Señor Llamazares, nos habla del problema de la recuperación de la nacionalidad. Según el artículo 11 de la Constitución, ningún español de origen perderá su nacionalidad salvo que la rechace directamente ante los tribunales. Nosotros
creemos que los españoles, los hijos de los españoles emigrantes y los nietos de españoles que quieran ser españoles deben tener posibilidad de recuperar la nacionalidad española, se encuentren donde se encuentren, en el día en que quieran volver a
España; deben poderla recuperar sin ningún trámite o gestión. Es una de las reivindicaciones que venimos realizando desde hace ya muchos años, para que no haya ninguna discriminación y a los descendientes de españoles se les conceda esa
posibilidad de recuperar la nacionalidad española automáticamente, sobre todo aquellos que la perdieron por causas de emigración. Ahora no se dan en Europa casos, como ocurría en otras épocas, en que teníamos que nacionalizarnos en el país en que
nos encontrábamos para poder ejercer nuestro trabajo y nuestra vida social en ese país, lo que nos llevaba a perder la nacionalidad española automáticamente. Consideramos que eso hoy debemos suprimirlo y debería figurar también en el proyecto de
estatuto.



En cuanto a las cuestiones de la educación en el exterior, yo no quisiera profundizar en esto porque luego vamos a tener la comparecencia de la Confederación de padres de alumnos en Europa que está más dedicada a estas cuestiones. Nosotros
consideramos globalmente -porque ellos entrarán más en detalle en su exposición- que es necesario y es una obligación que el Estado español garantice a los españoles del exterior la enseñanza del castellano y de las lenguas de las diferentes
comunidades autónomas cuando así se solicite. Es una obligación de nuestro Estado garantizar esa posibilidad a todos los españoles donde nos encontremos. Esto se debería recoger asimismo en el estatuto.



Señor Llamazares, la fiscalidad es un problema bastante complejo. Nosotros quisiéramos que se nos aplicase la misma reglamentación que se aplica aquí a los españoles del interior sobre todo en cuanto a la fiscalidad del patrimonio, en
cuanto a la plusvalía de los bienes inmuebles y demás, porque hasta ahora se nos está aplicando la fiscalidad como a todos los extranjeros; los porcentajes de contribución de los extranjeros cuando hacen operaciones sujetas al fisco son más
elevados que los de los españoles del interior. A nosotros se nos debiera aplicar la misma reglamentación que a los españoles del interior, en tanto que españoles que nos encontramos desafortunadamente en el exterior, pero no como extranjeros.
Queremos continuar siendo españoles y lo seremos hasta que dejemos de vivir.



Otra de las cuestiones por la que S.S. se interesaba es la relativa a las televisiones. Es verdad que actualmente los medios de comunicación, Internet, etcétera, se están desarrollando a un ritmo muy acelerado, pero esa oportunidad que nos
ofrecen estos avances tecnológicos no se aprovecha lo suficiente por parte del Estado español para proyectar de mejor manera en el exterior el español


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o castellano, o cualquier lengua de una de las comunidades autónomas.
Creemos que la programación de Televisión Española debiera ser más fluida, rica y de más duración cuando se orienta a los emigrantes españoles en Europa. Pensamos que en
esto se tiene que dar un gran salto cualitativo y hacer programaciones que no consistan solamente en telenovelas, sino que sean enriquecedoras y portadoras de la cultura española hacia nuestros compatriotas en el exterior. No se si he respondido.
(Asentimiento.)


La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Aliaga, por su amplia exposición.
Seguidamente tiene la palabra doña Emilia Hernández.



La señora REPRESENTANTE DE LA COORDINADORA EUROPEA DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES ESPAÑOLES (Hernández Pedrero): Enlazando con lo que se ha dicho por diferentes partidos aquí presentes en cuanto a la función y la visibilidad que puede tener
el movimiento asociativo y específicamente las agrupaciones y comisiones de mujeres, concretamente el estatuto mismo ha sido consultado el Consejo General de la Emigración, se le ha pedido a los consejeros que lo estudien pero no se le ha enviado
directamente al movimiento asociativo, es decir, no ha habido una consulta a ese nivel, ha sido indirectamente por los cauces institucionales. Creo que esto respresenta una pérdida de oportunidades y que se debería cambiar. Si tenemos en cuenta,
como ha dicho el compañero, que los consejos nos tenemos que regir por sufragio universal, vemos que el anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal en este momento ya se ha consultado a distintintos órganos, como el consejo de la mujer
y otros.
Sin embargo, para la emigración ni siquiera ha sido consultado el consejo general y menos las federaciones y asociaciones, para los que el estatuto tiene repercusiones y un enlace directo. Creo que esto hay que agilizarlo y que
efectivamente ahí la televisión internacional podría tener una misión informativa. Ahora se ha llegado a un acuerdo por el que durante dos horas semanales se van a emitir cuestiones relativas al Consejo General de la Emigración, pero lo interesante
sería contar con un especio para divulgar aspectos relacionados con el movimiento asociativo y específicamente con colectivos de retornados, mujeres, jóvenes y mayores.
En cuanto a la pregunta de cuáles son los temas prioritarios, enlazando con una
propuesta sobre el artículo 5 del estatuto, asistencia y protección de los españoles en el exterior, podría incluirse que se tenga en cuenta el maltrato de una persona con motivo del retorno y que las instituciones españolas en el exterior
informaran y apoyasen a esa persona maltratada para un retorno asistido. Ese sería un tema primordial, a la vez que el que anteriormente hemos mencionado de la ley de promoción de la autonomía personal, es decir, que no haya dificultades para
acceder a los servicios que esta le ofrece.



Vuelvo a las funciones de los consejos de residentes españoles. La competencia de asesoramiento es atribuida solamente a las juntas consulares, mientras que existen problemas también respecto al área laboral o de las pensiones. Tendrían
que ampliarse las funciones de las consejerías laborales y de la embajada que permitieran no solamente tener reuniones con el cónsul sino también por petición del movimiento asociativo, es decir, que hubiera reuniones con cierta regularidad donde se
puedan plantear los problemas conjuntamente por parte del consejo y por parte del movimiento asociativo. Espero que exista un consenso entre los partidos en estos temas tan primordiales.



La señora VICEPRESIDENTA: Quiero, en nombre de esta Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, agradecer la comparencia de los representantes de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles. Realmente nos han aclarado
bastantes temas y nos han planteado su plataforma reivindicativa. Esperamos que con el trabajo de todos y el apoyo que nos puedan ustedes brindar el estatuto sea el mejor que entre todos podamos conseguir.



-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE PADRES DE FAMILIA (BELTRÁN TALAVERA) Y DEL REPRESENTANTE DE LA MISMA (RIESGO ALONSO). (Número de expediente 219/000546.)


La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, si les parece oportuno daríamos comienzo a la segunda comparecencia convocada para el día de hoy, del presidente de la Confederación europea de Asociaciones Españolas de Padres de Familia, don Antonio
Beltrán Talavera, al que acompaña, si están ustedes de acuerdo, don Vicente Riesgo. (Asentimiento.) Damos la palabra a don Antonio Beltrán Talavera como presidente de la Confederación europea de Asociaciones Españolas de Padres de Familia.



El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE PADRES DE FAMILIA (Beltrán Talavera): En primer lugar voy a hacer la presentación de la Confederación europea de Asociaciones Españolas de Padres de Familia.
Somos asociaciones de padres que se fundaron hace 40 años, tenemos ya una camino de 40 años al servicio de las familias emigrantes, sobre todo en el tema de educación; esa fue la razón por la que se formaron las asociaciones de padres de familia.
Los emigrantes de hace 40 años, cuando emigraron, sentían la necesidad de que sus hijos no perdiesen el español y así se comenzaron a organizar clases de la lengua en diferentes localidades, hasta que el Gobierno comenzó a hacerse cargo de esa
organización. Ese fue el tema central de las asociaciones siguiendo el interés de los


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padres de que sus hijos participasen en las clases regulares de los países de residencia, cuestión muy importante, ya que estos primeros emigrantes veían la necesidad, quizá por sus experiencias y situación, de que sus hijos se
desarrollasen. Dentro de la educación las asociaciones siguieron trabajando en todo lo referente a temas sociales, formación de adultos, la mujer, personas mayores; tratamos, pues, toda la gama de temas de familia y sociales. Quiero agradecer
esta posibilidad que se nos da de comparecer. Para nosotros, después de estos 40 años -se ha dicho también por parte de la coordinadora-, es una de las pocas veces o la primera que tenemos la posibilidad aquí de aportar lo que pensamos y lo que
creemos que es necesario. Vamos a hacer nuestras propuestas al proyecto de ley de estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior.



Principales problemas de la actual regulación de los derechos y obligaciones de los españoles que se encuentran en el extranjero. Los principales problemas se derivan de la ausencia de una normativa de rango legal que haga efectiva la
aplicación de los principios inspiradores de la Constitución española y de los derechos sancionados por ella a los ciudadanos españoles residentes en el exterior. Estas graves lagunas legales han permitido que los diversos gobiernos y
administraciones españolas hayan actuado y sigan actuando con amplio margen de discrecionalidad y con planteamientos fuertemente restrictivos en cuanto al reconocimiento y a la satisfacción de algunos derechos básicos de los ciudadanos españoles en
el exterior. En el ámbito europeo la Administración española y diversos representantes políticos utilizaron frecuentemente el concepto ciudadanos europeos aplicado a los emigrantes españoles residentes en los países de la Unión Europea de forma
ideológica e interesada como coartada para desmontar servicios existentes y desentenderse de la defensa de sus intereses sociales, económicos y culturales. Como ejemplos notorios de la problemática a la que hacemos referencia se pueden citar
algunos especialmente relevantes. Las sangrantes discriminaciones a que la Seguridad Social española sigue sometiendo a los emigrantes españoles en el cómputo de sus pensiones están en abierta contradicción con el mandato del artículo 42 de la
Constitución española y con el principio constitucional de igualdad de todos los españoles ante la ley fijado en el artículo 14. La discriminación de los españoles emigrantes retornados de países de la Unión Europea en cuanto a la percepción del
subsidio de desempleo lesiona directamente tanto el mencionado artículo 42 como el artículo 41 también de nuestra Constitución. La ausencia casi total de representantes de los españoles residentes en el exterior en las listas electorales de los
partidos políticos y en los órganos de representación política, sobre todo en el Parlamento nacional y en los parlamentos autonómicos, constituye igualmente una lesión de hecho y continuada del derecho de participación sancionado por el artículo 23
y por el 68.5 de la Constitución. Están esas posibilidades pero no se hacen realidad. El bajo rango normativo y la aplicación frecuentemente restrictiva por parte de las administraciones educativas de todas las disposiciones que rigen las
enseñanzas de la lengua y cultura española en el exterior resulta incompatible con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución, en relación con el castellano, y en el artículo 44 en relación con el acceso a la cultura. La negativa contumaz
de la Administración estatal a reconocer a las asociaciones de emigrantes como interlocutores válidos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten contradice el principio de participación ciudadana
establecido en el artículo 105 de la Constitución y constituye un trato fuertemente discriminatorio de las asociaciones de emigrantes españoles en relación con las asociaciones de ciudadanos residentes en el interior o incluso con las asociaciones
de inmigrantes a las que las administraciones sí consideran interlocutores válidos. Comentábamos que, para la inmigración, existen en España el Foro estatal y el Foro regional para la inmigración en la Comunidad de Madrid. Se echa en falta ese
reconocimiento de las asociaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que en los países en donde residimos nos tienen como ejemplo de asociaciones que trabajan en pro de la sociedad; incluso trabajamos junto a los gobiernos de estos países para
trasladar nuestras experiencias a otras etnias. La negativa a reconocer el derecho individual de los padres y del colectivo de sus asociaciones a intervenir en el control y gestión de las enseñanzas de lengua y cultura españolas en el exterior
lesiona doblemente las disposiciones del artículo 27 sobre la libertad de enseñanza y los derechos de los padres y las citadas del artículo 105.a) sobre las asociaciones en general. La falta de coordinación entre las actuaciones y programas de las
diversas administraciones públicas destinados a los españoles residentes en el exterior contradice los principios sancionados por el artículo 103.1, dificulta las acciones destinadas a toda la comunidad española en el exterior y resta eficiencia y
eficacia a los recursos disponibles. Se puede mencionar en relación con estas actividades que cuando se trata de comunidades autónomas naturalmente hay más ayuda y asistencia; cuando se trata del ámbito nacional parece que no interesan estas
actividades. Las dificultades puestas por la legislación española para conservar la ciudadanía española en el caso de adquirir otra por razón de emigración, especialmente tratándose de la ciudadanía de un país de la Unión Europea, son difícilmente
conciliables con lo dispuesto en el artículo 11.2 y 11.3 de la Constitución española. Sabemos que cuando se trata de nacionalidad y ciudadanía se dice que puede haber convenios con países latinoamericanos u otros países con los que se tienen
vínculos especiales, y nosotros pensamos que con países de la Unión Europea ese vínculo especial existe ya de hecho.



Elementos del proyecto de ley que se consideran positivos. El elemento más positivo es sin duda el objeto mismo de esta iniciativa legislativa, así como la referencia


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explícita al cumplimiento del artículo 14 de la Constitución española, que establece la igualdad ante la ley de todos los españoles, y la voluntad que los poderes públicos manifiestan en el proyecto de ley de adoptar las medidas necesarias
para que dicha igualdad alcance a los ciudadanos españoles residentes en el exterior con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. Es igualmente positiva la alusión al mandato contenido en el artículo 42 de la Constitución y la voluntad
manifiesta de establecer una política integral de emigración y retorno. En este sentido se considera positivo lo establecido en el artículo 25.2 para garantizar a los españoles retornados el acceso a las prestaciones o beneficios sociales
existentes en las mismas condiciones que los españoles que residen en España. La Confederación europea considera igualmente de forma positiva todos y cada uno de los objetivos enumerados explícitamente en el artículo 3 del proyecto de ley,
especialmente la voluntad de garantizar la promoción educativa y el acceso a las lenguas y culturas españolas de los descendientes españoles residentes en el exterior, así como la voluntad de fomentar y consolidar el movimiento asociativo de los
emigrantes españoles. Se considera particularmente positivo el reconocimiento del papel vertebrador de las asociaciones de emigrantes españoles contenido en el preámbulo y en el carácter imprescindible de las mismas para canalizar y materializar
las actuaciones de apoyo y atención desarrolladas por las distintas administraciones públicas a favor de los españoles en el exterior. Vemos que en el preámbulo se hacen muchas referencias a las asociaciones, a su labor y al servicio que prestan,
pero luego en el articulado eso va desapareciendo. El objetivo de coordinar las actuaciones de las distintas administraciones públicas fijado en el proyecto de ley para mejorar su eficiencia y eficacia es también ampliamente compartido por la
Confederación europea. Ya lo dijimos antes, si no hay una coordinación, difícilmente vamos a poder conseguir lo que nos proponemos.



Elementos que se consideran negativos o elementos omitidos que se deberían abordar en el proyecto de ley. La Confederación europea considera negativa la escasa, por no decir nula, atención que el proyecto de ley presta a las numerosas
discriminaciones practicadas por la Seguridad Social española -me remito a lo que dijo el señor Aliaga de la coordinadora porque asumimos lo que dice- hacia los emigrantes españoles, particularmente en cuanto al cálculo de las pensiones
correspondientes.
El proyecto de ley ignora así de forma grave las reivindicaciones al respecto planteadas de forma insistente tanto en el movimiento asociativo en su conjunto como por el Consejo General de Emigración. Numerosas sentencias de
tribunales españoles y del propio Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas han puesto repetidamente de relieve esta injusticia histórica cometida por la Seguridad Social española hacia los emigrantes. Lo dispuesto en el artículo 17.3 del
proyecto de ley elude cualquier alusión a la eliminación de las discriminaciones mencionadas.
El proyecto de ley omite establecer la posibilidad de una representación directa de los españoles residentes en el exterior en el Parlamento español y en
los parlamentos autonómicos tal y como existe en otros países de la Unión Europea. También en este punto ignora una reivindicación insistente del movimiento asociativo y del Consejo General de la Emigración. La Confederación europea considera
insuficiente lo dispuesto en el artículo 24.1 del proyecto de ley sobre la actuación del Estado para facilitar a los descendientes de españoles residentes en el exterior el conocimiento del castellano, ya que no desarrolla justamente el objetivo
fijado en el artículo 3, letra c) que habla de garantizar el acceso a las lenguas y culturas españolas. El concepto de garantizar es el único que se adecua correctamente al contenido del artículo 3 de la Constitución española. El proyecto de ley
omite regular la participación de los padres en el control y gestión de los programas de lengua y cultura españolas en el exterior y consagra así una situación de hecho que atribuye estas competencias a los CRE y que solo se puede calificar de
predemocrática y anticonstitucional. La Confederación europea considera igualmente que el artículo relativo al derecho de asociación -artículo 15 del proyecto de ley- refleja una actitud un tanto paternalista del Estado hacia las asociaciones,
tiene poco en cuenta lo que estas representan como recurso para la acción española en el exterior y no desarrolla los contenidos del preámbulo sobre el papel vertebrador de las asociaciones de emigrantes y su función para canalizar y materializar
las actuaciones de atención y apoyo desarrolladas por las administraciones públicas. El proyecto de ley omite igualmente cualquier alusión al derecho de participación de las asociaciones que la Constitución española reconoce según su artículo 105
-parece que hay poca confianza en la sociedad civil, en las asociaciones-. El proyecto de ley establece órganos representativos de la emigración en el ámbito consular, o sea consejos de residentes españoles, y en el ámbito que se podría denominar
mundial, el Consejo General de la Emigración, pero omite el ámbito estatal del país de residencia ya que las competencias de mayor trascendencia para los emigrantes españoles, tales como los temas educativos, laborales y sociales, están en las
consejerías de las embajadas. Se considera negativo que en este ámbito no exista ningún tipo de interlocución institucional entre la Administración española y los ciudadanos españoles en el exterior. En el proyecto de ley no se hace referencia al
potencial que representan los trabajadores emigrantes españoles y sus descendientes para fortalecer la presencia cultural, empresarial y económica de España en el exterior. Los jóvenes emigrantes, o los jóvenes de la segunda y tercera generación,
son un potencial para España, y de eso no se da cuenta España pero sí otros países, las empresas alemanas, francesas, inglesas, pero no España. El proyecto de ley omite cualquier referencia a la conservación del patrimonio colectivo y la memoria
histórica de la emigración española, en contradicción


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con la caracterización de la emigración española hecha en el preámbulo como un fenómeno político, social y económico que ha caracterizado nuestra historia; se puede decir que la emigración fue algo bueno o algo negativo, pero son positivas
las experiencias que tenemos, que son muchas.



Pasamos a las propuestas concretas que la Confederación sugiere a la Comisión para la ley y asumimos las propuestas de la organización hermana, la Coordinadora europea. Primero, añadir en el artículo 4 un nuevo párrafo que diga: Los
ciudadanos españoles residentes en el exterior tendrán una representación directa en los órganos legislativos estatales y autonómicos del Estado español. En dicho artículo 4, alterar el orden de los actuales párrafos 2 y 3 anteponiendo el actual
párrafo 3, porque pensamos que primero hay que pensar y barrer hacia dentro y luego hacia fuera. Redactar el artículo 9 como sigue: Los españoles residentes en el exterior tienen derecho a participar en los asuntos que les conciernan a través de
los consejos de residentes españoles del Consejo Estatal de la Emigración Española en los países de residencia y del Consejo General de la Emigración. Estos órganos de participación estarán compuestos por representantes de las administraciones
públicas y de los ciudadanos residentes en el exterior a través de sus asociaciones. Esto está en consonancia con lo que se dijo anteriormente de consejos de juventud, de personas mayores, etcétera. Introducir un nuevo artículo 11 que diga: Los
consejos estatales de la emigración española serán órganos de carácter consultivo adscritos a la embajada de España en el país correspondiente. Su composición y funcionamiento se regularán reglamentariamente. Como ya dijimos antes estamos a nivel
local por los consejos de residentes y a nivel mundial con el Consejo General de la Emigración, pero no hay ningún órgano nacional y eso es necesario ya que, como hemos dicho también, las competencias y los temas con los que tratamos -sean de
educación, laborales o sociales- se tratan en las consejerías y en las embajadas. En el artículo 15 añadir después del primer párrafo los siguientes textos: Los poderes públicos regularán la participación del movimiento asociativo en los órganos
consultivos del Estado. Las administraciones públicas contarán con las asociaciones de emigrantes españolas para canalizar y materializar las actuaciones de apoyo y atención desarrolladas a favor de los españoles en el exterior.
Añadir en el
artículo 17, párrafo 3, que trata de los derechos sociales, pensiones, etcétera. Eliminando cualquier tipo de discriminación con respecto a los residentes en España. A esto se ha hecho referencia antes cuando se decía que estamos discriminados.
Si nosotros decimos que eliminando cualquier tipo de discriminación con respecto a los residentes en España se recoge que no queremos discriminaciones y tampoco queremos más privilegios, queremos lo mismo. En el artículo 21, añadir nuevo párrafo 3,
que diga: El Estado fomentará activamente con programas específicos la contratación de trabajadores emigrantes españoles y de sus descendientes por parte de empresas españolas activas en el exterior.
Como ya he dicho, esto lo hacen las empresas
extranjeras, las españolas menos porque no se dan cuenta del potencial que hay ahí, eso es una estrategia de empresas extranjeras que buscan a hijos de emigrantes porque son bilingües, que es una cosa muy importante, y biculturales. Yo puedo hablar
muy bien en inglés pero si no tengo la cultura difícilmente voy a transferir ciertas cosas. En el artículo 24, párrafo 1, cambiar el término 'facilitar' por 'garantizar'; lo hemos comentado antes, con lo que el texto quedaría redactado: El Estado
arbitrará los mecanismos necesarios para garantizar a los descendientes el idioma castellano. Esto nos parece el punto central de partida, también lo ha dicho el señor Aliaga, la educación. En el artículo 24 añadir al final el párrafo siguiente:
El Estado reconocerá el derecho de los profesores, padres y alumnos en el control y la gestión de los programas de enseñanza de la lengua y cultura españolas en el exterior. Añadir un nuevo título, que faltaba y pensamos que es algo positivo, no es
nada vergonzoso, es algo de lo que podemos aprender y las experiencias que tenemos pueden ayudarnos: Memoria histórica de la emigración. Artículo 31: Documentación e historia de la emigración. Se creará un centro de documentación y museo estatal
de la migración y exilio español; el currículo escolar reflejará la historia de la emigración española y su trascendencia para la historia general de España.



Efectos previsibles de este proyecto de ley y posibles dificultades para su aplicación. La aprobación de este proyecto de ley con las enmiendas propuestas supondría la llegada al ámbito de la emigración de la normalidad democrática
instaurada por la Constitución española y representaría un primer e importante paso en el camino hacia el equiparamiento real de los derechos de los emigrantes españoles con los ciudadanos residentes en España. El posterior desarrollo normativo de
los derechos constitucionales reflejados en este proyecto de ley dependerá en buena medida de la voluntad de los poderes públicos para tener en cuenta las reiteradas reivindicaciones concretas presentadas por el movimiento asociativo y por el
Consejo General de la Emigración, poniendo fin así a las numerosas discriminaciones históricas a que han estado y están sometidos los emigrantes españoles. Pienso que esta comparecencia es un primer paso, o debería serlo si es que va en serio, a
seguir; creo que no puede ser la última vez que nos veamos sino la primera. En todo lo que sigue, decretos, órdenes ministeriales, creo que se debe preguntar y tenemos que estar presentes para hacer nuestras aportaciones. Si de verdad hay
voluntad política, así va a ser.



Antes de terminar repartiremos para cada grupo parlamentario unos documentos. Verán que tenemos una campaña para motivar las clases de lengua y cultura, esto lo hacemos todos los años. La importancia que le damos nosotros, las asociaciones
y la Coordinadora, a la educación es inminente. Esto lo tenemos que hacer con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor, sin ayuda prácticamente


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del Gobierno, del Ministerio de Educación. Contempla las propuestas que tenemos, las que hicimos al anteproyecto, tenemos unas propuestas concretas operativas para la reforma de los órganos de participación institucional de los emigrantes
españoles en Europa y tenemos también propuestas para mejorar las clases de lengua y cultura fundamentadas.



La señora VICEPRESIDENTA: En nombre de la Confederación europea de Asociaciones de Padres de Familia doy la palabra a don Vicente Riesgo Alonso.



El señor REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE PADRES DE FAMILIA (Riesgo Alonso): Yo no tengo nada fundamental que añadir a lo que ya ha expuesto el presidente de la Confederación europea pero estoy
dispuesto, lo mismo que él, a responder a cualquier tipo de pregunta sobre los temas de los que entendemos algo, que son estos relacionados con la emigración.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias por su celeridad a la hora de intervenir. Paso la palabra a doña Ángeles Muñoz en nombre del Grupo Parlamentario Popular para que efectúe las consideraciones y preguntas que estime oportunas.



La señora MUÑOZ URIOL: Quiero agradecer al presidente de la Confederación europea su exposición y su documentación que creo que ha sido no solamente muy clara sino muy concisa, queda perfectamente identificado cuáles son sus propuestas y
desde aquí le aseguro que nuestro grupo les va a hacer llegar las enmiendas que vamos a presentar.



Hay una cuestión en la que yo coincido completamente con usted. Entendemos que este proyecto puede ser un buen paso, hemos dicho desde el principio que nuestro grupo va a apoyar cualquier modificación de este estatuto siempre y cuando de
verdad persiga y consiga los fines que nos hemos propuesto. En cualquier caso, desde este mismo momento, nosotros consideramos positivo este paso pero creo que perderíamos una ocasión única si no profundizáramos. Si realmente se pretende que haya
una igualdad y en el preámbulo así se anuncia, y después, cuando se va desarrollando artículo por artículo e incluso cuando se ve la memoria económica, nos damos cuenta de que no soluciona algunos de los problemas que son fundamentales y que están
ahí, creo que estaríamos jugando un doble papel, diciéndole por un lado a los españoles en el exterior que queremos tener una legislación que garantice todos los derechos y que después, a la hora de la verdad, no sea tal. Nuestro grupo va a hacer
las enmiendas teniendo en cuenta que llegaremos a un punto de encuentro, fundamentalmente con los comparecientes que están acudiendo en esta mañana y que lo harán a lo largo de los próximos días, y le garantizo desde ahora mismo que no solamente
tendremos posibilidad de compartir esas enmiendas sino de colaborar a lo largo de todo el desarrollo incluso reglamentario, que espero que sea fructífero y que consigamos lo que usted decía. ¿Esto va en serio, va a ser real, va a haber una plena
igualdad o al final va a quedar en un estatuto que no profundiza? Creo que tenemos que ser conscientes de que nos estamos jugando mucho, es una decisión y un paso que hay que abordar con muchas expectativas y no podemos defraudar.



Lo ha dejado usted muy claro y yo solamente voy a reiterar que considero que tenemos que hacer nuestras dos consideraciones importantes, por un lado está la participación, que efectivamente es una reivindicación desde hace mucho tiempo, no
solamente la participación aquí sino también la participación en los países de residencia y, por supuesto, la asistencia, las prestaciones y el tema de las pensiones. Dos cuestiones que estudiaremos con profundidad en base a las propuestas que han
hecho no solamente ustedes sino también el resto de los comparecientes. Y para que conste en el 'Diario de Sesiones', hubiéramos necesitado muchos más días para que hubieran podido comparecer muchas personas, y estoy convencida que lo haremos de
otra manera para que ejerzan su derecho a opinar, pero lo que pretendíamos es que hubiera una cobertura generalizada. Es verdad que ustedes siempre han sido muy claros a la hora de reivindicar el tema de la lengua, el tema de los derechos de la
segunda generación y por eso creo que hay una cuestión que tiene que quedar clara en este estatuto; por un lado, la garantía. Estoy con usted en que se tiene que aplicar el término correcto. Creo que hoy por hoy lo del ministerio y la
discrecionalidad a que usted hace referencia aquí ya lo tenemos, y le digo que no es una cuestión de este Gobierno, lo es del anterior y del otro, llevamos una trayectoria. Tenemos que ser todos a una, esto no es cuestión de un color político sino
de una voluntad por parte de todos. El tema de facilitar el lenguaje ya lo hemos previsto desde hace tiempo, ahora hay que garantizarlo y ver de qué manera se hace. Por otro lado, estoy de acuerdo con usted en que hay que potenciar esa segunda
generación, tenemos un gran potencial en ella y creo que hay que fomentar el vínculo de esa segunda e incluso tercera generación con su país de origen. Daremos, por lo tanto, buena cuenta de las propuestas que usted hace en el informe que ha
presentado, haremos las enmiendas correspondientes y antes de presentarlas les aseguro que se las haremos llegar para que ustedes nos den su opinión al respecto.



Solo me resta agradecerles de verdad que hayan podido estar aquí, la exposición tan clara que han realizado y la documentación, que nos va a ser muy útil para presentar esas enmiendas.



La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hernando.



El señor HERNANDO VERA: Quiero agradecer a los comparecientes su presencia en la Comisión. Decía


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don Antonio Beltrán que pensaba que no teníamos confianza en la sociedad civil, yo creo que hablo en nombre de todos los grupos -de los presentes y de los ausentes- si digo que precisamente nuestra confianza en la sociedad civil es la que
nos permitió que llegásemos a un acuerdo de todos los grupos para que ustedes estuviesen aquí. Tenemos una gran confianza en la sociedad civil y sobre todo en organizaciones como la suya -y es una felicitación y un reconocimiento a ustedes y por
ende a todos los miles de padres y madres de familia a los que ustedes representan e incluso a los que no representan-, que durante tantos años han ayudado a conservar la lengua y la cultura y han transmitido un patrimonio que para España es
fundamental como Estado. Confiamos, de verdad, mucho en la sociedad civil. Usted decía que este no podía ser el final de una etapa sino el principio, yo espero que este sea el principio de una larga amistad entre el Parlamento, esta Comisión, y
ustedes por que en el futuro sigan teniendo una buena y estrecha relación con nosotros y ayudándonos a hacer leyes que mejoren y que reconozcan la situación y el esfuerzo que han hecho los españoles en el exterior.



Solamente dos preguntas, una de ellas para pedir una opinión más de reflexión y otra muy concreta. La primera es para don Antonio Beltrán y es respecto al bilingüismo y la biculturalidad, la riqueza y el potencial que eso significa para
España. Yo me quedé absolutamente sorprendido, y es algo que después he ido repitiendo en algunas reuniones en las que he tenido ocasión de participar, cuando participaba en una actividad y una joven española, perfectamente bilingüe en castellano y
en alemán, decía que para muchas personas el bilingüismo -el tener dos lenguas y dos culturas- es estar sentado entre dos sillas, y para ella esa situación era la de estar sentada en dos sillas, con toda la potencialidad que significa el tener esas
dos culturas y esas dos lenguas. Me gustaría que usted profundizase en este aspecto porque creo que esto es fundamental y de alguna manera deberíamos contemplarlo en el estatuto y reconocer esa potencialidad. En segundo lugar, una pregunta
dirigida a don Vicente.
Desde un punto de vista más conceptual, ustedes piden en la primera enmienda -y hacen bien en pedirlo porque me parece que las asociaciones tienen que servir de avanzadilla social de cambios futuros- una representación
directa en el exterior, saben que para esto sería necesario incluso modificar la Constitución, hacen bien en pedirlo y es algo sobre lo que habrá que reflexionar en el futuro, pero a mí me gustaría una reflexión conceptual respecto a la diferencia
que hay entre esa representación que ustedes piden, que estaría dentro del concepto de democracia representativa y la representación institucional que en estos momentos ejercen a través de las distintas instituciones o a través de las asociaciones
de emigrantes, de la representación de la sociedad civil. ¿Cómo ven esto y cómo ven el desarrollo futuro de estos órganos de representación institucional?


Les agradezco de nuevo su presencia aquí y el trabajo que llevan realizando durante tantos años.



La señora VICEPRESIDENTA: Para dar respuesta a las cuestiones que han enunciado paso la palabra a don Antonio Beltrán Talavera.



El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE PADRES DE FAMILIA (Beltrán Talavera): Sobre el tema del bilingüismo y la biculturalidad, el comienzo es garantizar esas clases de lengua y cultura. Las
asociaciones, por su situación o por la situación cultural o educativa de los emigrantes, se centraron en la educación de los hijos, en la escuela reglamentaria y en la escuela de clases de lengua materna.
Esa visión es la que nos ha llevado
durante tanto tiempo a las asociaciones a ver lo positivo que es para nuestros hijos el ser bilingües y biculturales, primero porque les ayuda, y me parece acertado el ejemplo de nuestra compañera Carmen Segura, ese estar sentado entre dos sillas;
eso es lo importante, el ser bicultural o bilingüe en un país que no es el nuestro. Está comprobado que para el desarrollo personal de los hijos de emigrantes el ser bilingüe es algo positivo porque no es que estén sentados entre dos sillas, es que
están sentados en dos sillas, y eso es lo importante. Reconocer esto ha costado mucho en los países de residencia. Se trata de tener la visión de que eso es positivo y bueno para el desarrollo personal; digo que está comprobado porque en
estadísticas en Alemania y en Suiza el porcentaje de alumnos españoles en escuelas superiores es mayor que el de los alemanes o el de los suizos.
Todavía en algunos sitios se dice que es negativo para un niño o un estudiante que estudie en dos
lenguas, pero vemos que es totalmente lo contrario. Garantizar esa educación ayuda al desarrollo personal, y hay que hacer ver a la sociedad y a las empresas españolas qué potencial tiene y qué significa económicamente hablando. La Confederación
junto con la Academia Española de Formación en Alemania estamos viendo, gracias a un proyecto que se llama Impulso, de qué manera nosotros podemos ayudar a contactar con empresas españolas jóvenes bilingües y biculturales que están en toda Europa.
Esta es la gran importancia de la biculturalidad y el bilingüismo.



La señora VICEPRESIDENTA: El señor Riesgo tiene la palabra.



El señor REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS DE PADRES DE FAMILIA (Riesgo Alonso): Me imagino que no me la quería quitar en ningún caso. Gracias por la pregunta que me dirige don Antonio Hernando que nos
permite abundar un poco en algunas ideas que han ido exponiendo el compañero Aliaga y el compañero Beltrán. Quisiera, con permiso de la señora vicepresidenta, abundar un poco en las ideas del bilingüismo


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porque pienso que el modelo de la emigración española en Europa está adquiriendo un gran reconocimiento en los países de residencia. Por ejemplo, el Estado alemán en estos momentos está proyectando con la Confederación europea modelos de
transferencia de nuestra experiencia y metodología a otras etnias porque la emigración española en Europa ha conseguido, con una estrategia acertada, que sus descendientes en segunda e incluso tercera generación estén por encima de la media escolar
de varios países. Se ha citado dos países sobre los que existes estadísticas concretas, Alemania y Suiza, pero sabemos que en Francia la situación es semejante, no conozco estadísticas pero quizá los compañeros lo puedan decir. El modelo de la
emigración española es un modelo con dos pies estables, uno el haber reivindicado desde el primer momento la integración sin ningún tipo de duda o vacilación de los emigrantes en los países de residencia, con todas las consecuencias. Cuando incluso
los gobiernos de esos países no querían que los niños inmigrantes asistieran a las escuelas normales para facilitarles el retorno, los españoles fueron los primeros que dijeron: no, nuestros niños van a las escuelas donde van los demás; una opción
clara por el modelo integrativo pero a su vez evitando la presión asimilatoria que hubiera condenado a nuestros hijos al fracaso tanto como a la marginación, y en ese sentido los padres emigrantes tuvieron una visión impresionante de futuro y un
pragmatismo que yo admiro porque estamos hablando de las personas que a finales de los cincuenta o los sesenta cogían su maletita con un año o dos de escuela; personas que no siempre tenían la formación suficiente para haber entendido lo que
estaban haciendo lo hicieron muy bien, con una capacidad enorme de organización, de estrategia, reivindicaron con la misma claridad la enseñanza de la lengua y la cultura española para sus hijos. Esto es un capital enorme que tiene esa segunda
generación pero que tiene toda la sociedad española y creo que es un modelo no solo para otras comunidades étnicas en los países de residencia, sino que también es modelo para la inmigración que llega en estos momentos a España.
España no empieza
de cero la historia de la emigración, puede empezarla con un gran capital social, con un gran capital cultural que es la experiencia de los propios emigrantes en el exterior. Creo que si España sabe aprovechar este potencial puede evitar que algún
día pase aquí lo que sigue pasando en algunas ciudades europeas. Es un aviso, pero es un desafío y una oportunidad real que tenemos si la sabemos utilizar. Pido disculpas por haber abundado en una idea que me parecía importante. La pregunta que
se me dirige es en relación con el tema de la participación, si la Confederación europea apunta en doble dirección, una, la representación directa parlamentaria. Entendemos que en un país con unos dos millones de emigrantes en el exterior es una
petición que nos parece justa y plausible; si hay comunidades autónomas españolas que no llegan ni al medio millón de habitantes, pienso que no es tan desatinado pedir esta representación directa de la emigración española. Estamos convencidos de
que si hubiera existido desde el principio de la democracia esta representación, algunas de estas sangrantes discriminaciones, de estas contumaces actuaciones de las administraciones que ha denunciado el señor presidente de la Confederación no se
hubieran producido porque no es de recibo en un país democrático todo lo que aquí se ha ido denunciando después de casi treinta años de democracia en España. En la emigración estamos viviendo situaciones que solo se pueden caracterizar de
predemocráticas, estamos convencidos de que si hubiera una representación parlamentaria directa esto no se hubiera dado, estaríamos mucho más adelantados de lo que lo estamos en este momento. A su vez vemos que otros países de nuestro entorno
tienen este modelo, no se trata de inventar el Mediterráneo o la rueda, tendríamos ejemplos en países vecinos con la democracia consolidada para ver cómo se podría hacer. Es un guante que queda ahí y ustedes tienen que ver si lo quieren recoger,
miro sobre todo a los grandes partidos, que pienso que tienen mucho que decir, porque si ellos no se ponen de acuerdo nunca vamos a tener esto que nos parece justo, plausible, razonable y útil para la democracia española y para mejorar la calidad de
vida de los emigrantes españoles en el exterior.



En cuanto a la representación institucional, que es la otra pregunta, es algo quizá más inmediato y esperamos que sean capaces de ponerse de acuerdo más pronto que en la democracia representativa para los emigrantes. Estamos hablando de la
democracia participativa. La emigración española, quizá también como consecuencia de esa falta de representación parlamentaria directa, sufre una situación absolutamente anómala en democracia y es que, de hecho, a la sociedad civil de la emigración
española no se la escucha, no se la tiene en cuenta. Este acto hoy aquí, del que nos congratulamos, es absolutamente novedoso. Ya ha dicho la compañera de la Coordinadora que desde tiempos de UCD no se daba una situación semejante a la de hoy y ya
han pasado años, ya ha pasado historia de la democracia. Entonces, hace falta reconocer el trabajo que hace la sociedad civil y darle unos cauces institucionales y los cauces institucionales actualmente previstos están llenos de contradicciones
internas, son un modelo híbrido. El modelo de los consejos de residentes en su forma y constitución actual responden a una hibridación entre el concepto de participación política y el de participación institucional.
Porque, si tenemos en cuenta
que para su constitución se exige el sufragio universal, lo lógico en buena tradición democrática sería dar a esos órganos unos poderes reales, no solo consultivos, tendrían que tener algún tipo de poder ejecutivo, tendrían que ser soberanos
siquiera sobre su propio presupuesto y ni siquiera sobre eso lo son. Nosotros no pedimos unos consejos de residentes con poderes ejecutivos porque nos parece que eso está fuera del tiesto, no es el caso. Pedimos unos consejos de residentes con
competencias consultivas porque es evidentemente el objetivo de este


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tipo de participación, pero consideramos que en un órgano consultivo el procedimiento normal de su elección, de su constitución, es a través de las instituciones de la sociedad civil. Es que me parece casi increíble que yo tenga que estar
diciendo esto en el Parlamento español, me parece increíble después de años de democracia. Ya ha dicho el señor presidente y el compañero de la Coordinadora también cuál es la situación normal en España. Tenemos todos los consejos consultivos
estatales creados y articulados a través de las organizaciones de la sociedad civil; tenemos incluso los foros de la emigración en varias comunidades autónomas, una de ellas la de Madrid en la que estamos aquí; tenemos el foro estatal para la
integración de los emigrantes. Todos ellos cuentan con las asociaciones de la sociedad civil. Esto es lo normal, lo usual en un concepto de participación institucional bien entendido. Lo que estamos pidiendo también aquí es normalidad
democrática, nada más; pedimos lo normal, no pedimos nada extra. Esto, a su vez, lo hacemos desde una experiencia que es la de haber estado durante varios años en estos órganos consultivos constituidos en la forma en la que se constituyen
actualmente y ver que eso crea graves disfunciones, crea insatisfacciones profundas y grandes frustraciones. Ustedes tienen que pensar que un consejero de un CRE que ha sido elegido a través del sufragio universal, en principio, aunque le hayan
votado diez personas, formalmente tiene la misma legitimidad que un diputado, que un concejal, pero luego, a nivel práctico, es llamado a consulta, como dice el real decreto, si el cónsul lo estima oportuno. Son una serie de incongruencias del
actual modelo.
Podríamos hablar mucho sobre ello y tenemos ahí precisamente uno de los documentos que se les ha entregado, que es el de las propuestas operativas para la reforma de estos órganos. A su vez, la experiencia nos demuestra que no solo
nos hemos frustrado nosotros participando en ese tipo de órganos, sino que se ha frustrado la población española en general. Y sobre la participación que hay ahora en general para las elecciones a los CRE creo que como buenos demócratas que somos
todos los que estamos aquí y convencidos de la importancia de que las formas respondan a los contenidos, que es también en buena parte la democracia, tenemos que tomar medidas porque no es de recibo que sigamos manteniendo unos órganos con esta
composición en cuya elección están participando en algunos consulados incluso menos del uno por ciento. Les pongo un último ejemplo, el CRE de la demarcación consular en la que yo vivo, en Dusseldorf, Alemania, no se ha podido ni siquiera
constituir, ha habido que suprimir las elecciones, suspenderlas y aplazarlas de nuevo porque no ha sido posible siquiera crear una lista. O sea, el ciudadano se da cuenta de que eso no es coherente. La incoherencia del modelo está llevando a una
falta de participación. En Alemania, por poner un ejemplo -pero podríamos ponerlo de Bélgica, de Francia o de otros países-, de equis CRE que se podrían haber creado, se han creado el 10 o el 20 por ciento, porque en los otros consulados ni
siquiera hay suficiente participación electoral o no se han presentado listas, etcétera. No podemos seguir haciendo como que esto es la representación de la emigración española. Creo que si nos tomamos en serio, como digo, que en democracia las
formas deben responder a contenidos, hay que tomar medidas, hay que introducir algún cambio. Pienso que no podemos estar tranquilos como si esto estuviese funcionando normalmente, porque se está transmitiendo la impresión de que esto está
funcionando. No está funcionando y ustedes, todos los que están aquí sentados, lo saben muy bien. Pienso que realmente es un mandato, es un imperativo de la democracia, de la aplicación de la Constitución a los emigrantes que vivimos fuera, que
también los órganos de representación se reformen y se les dé la seriedad que merecen, adaptando las formas a los contenidos para los que han sido creados.



La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Riesgo, y nuevamente agradecemos a la Confederación europea de asociaciones españolas de padres de familia su comparecencia y las aportaciones que han hecho a esta tarea.



Se suspende la sesión por cinco minutos. (Pausa.)


-DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS (LÓPEZ PUJOL). (Número de expediente 219/000561.)


La señora VICEPRESIDENTA: Señorías y comparecientes, si lo tienen a bien, podríamos reanudar la sesión. Solicito que don Carlos López Pujol acceda a la mesa como compareciente.



Tiene usted la palabra.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS (López Pujol): Voy a procurar ser breve y conciso, dentro de lo que pueda.



En primer lugar, voy a hablar quiénes somos. La Federación española de asociaciones de emigrantes retornados es una organización que cuenta con dieciséis asociaciones agrupadas en toda España de emigrantes retornados, algunas con una
antigüedad casi de cuarenta años. Nosotros, como decía también nuestra compañera de la Coordinadora -organización a la cual también nos vinculamos porque entendimos en su momento que el retorno no podía ir desligado de la emigración-, decidimos
vincularnos a la Coordinadora europea. Esa era una de las asignaturas pendientes que teníamos y que pienso que también tiene el Consejo General de la Emigración: vincular el retorno como un hecho intrínseco y no para que figure en el título de sus
comisiones de trabajo, sino como una realidad patente e histórica. Decía la representante de la Coordinadora que hoy era un día histórico. Para nosotros es un día importantísimo. Es la


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primera vez en la historia que el retorno puede hablar y expresarse en un parlamento. Ya era hora. Nosotros, los retornados, siempre hemos sido los grandes ignorados, los últimos de la fila. Está en la mente de todos que cuando un español
volvía a casa ya estaba solucionada su situación y ya no había más problemas, y eso nunca ha sido cierto, pero no hemos tenido la posibilidad de expresar a esta sociedad actual, a esta nueva sociedad española, lo que hemos sido y queremos ser en
España. Tal vez no fuimos recibidos a bombo y platillo o como algunos presidentes en el exilio, como Josep Tarradellas, quien, cuando volvió a Cataluña, dijo: Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí. A todos nos habría gustado haber sido bien
recibidos en su momento pero, lamentablemente, eso no se ha dado en muchísimos casos. Hay un bagaje de vivencias, de experiencias tan importantísimas en el retorno que, sustancialmente, se desaprovechan en la sociedad española. También el exilio
marcó mucho la faceta del retornado, y muchos volvían de incógnito, camuflados. Todos hemos conocido personas que, por desgracia, tuvieron que venir de esa manera, y creo que es una deuda histórica reconocer todo lo que esta gente hizo y aportó a
la sociedad democrática actual.



Lamentablemente, el retorno no es un fenómeno nuevo ni ha estado de moda, como parece que lo está ahora. Manifestaba antes que hemos sido los grandes ignorados y, aunque la experiencia demuestra que las asociaciones que llevamos funcionando
más de treinta años no hemos salido todos los días en las planas de los periódicos, pero sí hemos hecho una labor de hormiga. Nos ha tocado hacer el día a día con los que retornaban, cumpliendo con nuestro papel de asesoramiento, de información, de
orientación, siendo el pañuelo de lágrimas de todos los que venían, prestando atención psicológica, etcétera, con los escasos recursos de que hemos dispuesto de las administraciones. Sin embargo, la aportación de los emigrantes, de los retornados,
sigue siendo aún importantísima, y no hay que olvidar que todavía los ingresos de las divisas por emigración y retorno son superiores incluso a las que está realizando la inmigración.
Solo hay que referirse a las estadísticas del Banco de España y
nos daremos cuenta de la riqueza que todavía la emigración y los retornados están inyectando al capital económico de España y la contribución incluso al producto interior bruto.



Decía antes que parecía que todo español que retorna ya tiene todo solucionado, y no hay nada más lejos de la realidad, ya que se inicia un nuevo proceso de inmigración en su propia tierra, y eso es lo lamentable.
Se encuentra con otra
sociedad, no hay acceso a la vivienda, la mayoría de los ayuntamientos o municipios exigen un empadronamiento de equis años y, por lo tanto, no hay un derecho real a la vivienda; en muchos casos nos encontramos con la dificultad de la obtención de
los documentos básicos, como el documento de identidad. Las familias son mixtas, y entramos en la Ley de extranjería en muchos casos. Las familias son comunitarias, pero la legalización de esa documentación es lenta. Eso también lo sufre la mujer
emigrante en muchos casos, y no digamos los niños. La homologación de los títulos es lenta, es todavía rigurosamente lenta y, por lo tanto, se impide el acceso al mercado laboral de los retornados. Ese es un asunto que también está pendiente.
Ahora, con la nueva ley de dependencia que se va a tratar, tenemos inclusive en el artículo 5 una mención específica a que se exigen los cinco años de empadronamiento previo para lograr el acceso a los cuidados por dependencia para los mayores. Esa
es otra de las grandes barreras que nos vamos a encontrar los retornados, porque se nos piden esos cinco años de residencia previa, y los dos últimos en territorio español.



No hablemos ya de lo que es emprender una nueva vida en lo laboral, en lo empresarial. Hay que empezar una nueva etapa económica, los créditos bancarios para un retornado son imposibles, porque no cuenta con un currículum, una historia
económica en el país, o sea, que no se puede pensar en hipotecas o en préstamos para emprender un negocio. También, debido al famoso decretazo, se produjo un bloqueo en los subsidios de los retornados, principalmente de Europa, de los mayores de 52
años, sobre todo en Suiza. Ese famoso decreto de mayo de 2002 todavía está causando grandes estragos en la emigración y en el retorno. También nos vemos ante la imposibilidad de acceder a la pensión no contributiva porque también se exigen diez
años de residencia en España, y los dos últimos habiendo estado aquí. Por tanto, tampoco tendrían derecho los españoles emigrantes retornados a las pensiones asistenciales, como se las conoce.



También contamos con unos programas de la Dirección Nacional de Emigraciones que considero que están un poco anticuados, porque los derechos para el emigrante solo duran 18 meses, o sea, el emigrante retornado pierde la condición de tal a
los dos años de residencia y ¿cuántos españoles han solucionado su vida en dos años? Entendemos que estas leyes y disposiciones que todavía rigen en la Dirección de Emigraciones deberían ser modificadas para precautelar los derechos sociales y
laborales de los emigrantes retornados.



Entrando ya en el estatuto, empezaré primero por mencionar el título que, para nosotros, no debería llamarse solo Estatuto de los ciudadanos españoles en el exterior, porque habla del retorno. Para nosotros debería denominarse el Estatuto
de los españoles emigrantes, residentes en el exterior y retornados en España. Entendemos que el mismo título discrimina el término retornado. Luego se omiten cuestiones básicas -no voy a entrar a fondo, porque las han mencionado los compañeros de
la Confederación europea y de la Coordinadora Europea-, como la de las pensiones. Para nosotros es uno de los grandes agravios que tenemos todavía, del que no salimos, y parece mentira que todavía el INSS no reconozca la sentencia de los tribunales
europeos que exigen el cumplimiento, como la famosa sentencia Barreira Pérez, etcétera. También tenemos la ausencia


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de la nacionalidad; no se trata a fondo este asunto, con un grave perjuicio especialmente para los nietos. Los estamos tratando de una manera lamentable. ¿Cómo es posible que todavía tengamos nietos de ciudadanos españoles en situación
irregular en España, y cómo es posible que en el estatuto se refleje un artículo de una manera muy cáustica, diría yo, hablando de los derechos laborales de los españoles cuando en ese artículo se menciona que se darán visados en búsqueda de empleo
para los nietos de españoles? Ya sabemos todos que estos visados estarán sujetos a los contingentes de extranjería, con lo cual estamos cerrando las puertas a nuestros nietos. Este Gobierno, los grupos parlamentarios, deberían hacer ese esfuerzo
que han hecho otros países como Portugal o Italia de reconocer implícitamente el derecho a la nacionalidad de los nietos de los españoles. Hay que ser valientes, y hay que afrontar este reto, pero no podemos mantener a nietos de españoles en
situaciones irregulares y esperando, como hace una organización que se está formando ahora de nietos esperando.



En materia de derechos económicos existen también algunas carencias de fondo, y no tan solo en el tratamiento fiscal. Hemos detectado problemas de importante calado como son la protección de las inversiones y los intereses de los ciudadanos
españoles en el exterior. Tuve que vivir una etapa en Ecuador, y pude participar de la suscripción de un convenio de protección de las inversiones, y se pudo incluir en ese convenio bilateral a los emigrantes. Esto es algo importantísimo. Si
nosotros podemos revisar los convenios de protección de las inversiones y de los intereses, podremos proteger en fenómenos como el que está sucediendo ahora en Venezuela de españoles que sufren la violación de propiedades o problemas con sus
viviendas, fincas, etcétera. No solo hay que proteger a las multinacionales, como Repsol; hay que proteger también a nuestros emigrantes que están allí viviendo el día a día, y que han formado una empresa o un negocio. Debemos apoyar a todo
español que esté fuera de su territorio, y de ahí la importancia de incluir los derechos económicos en este Estatuto. Hay una ausencia total del derecho a la vivienda. Hemos presentado una enmienda y cabe decir que nuestras enmiendas se encuentran
dentro del marco presentado por la Coordinadora Europea, pues nos reunimos para elaborarlas conjuntamente. Es un derecho reconocido en la Constitución. Nosotros, como decía antes, no podemos acceder a una vivienda porque no tenemos un
empadronamiento en un municipio y, por tanto, es importante que esa condición sea suprimida.



También notamos la ausencia de representatividad para los retornados, para el movimiento asociativo. Aquí, las organizaciones europeas han manifestado su representatividad ante el Consejo General de la Emigración, ante el Consejo Estatal de
los Mayores y ante los consejos de la Juventud y de la Mujer. Nosotros, los retornados, consideramos que hemos de estar también allí como miembros de pleno derecho, no convocados para una sesión o como expertos, sino realmente como protagonistas
con nuestra experiencia vivida, porque tenemos mucho que decirles a estos consejos, mucho que aportar al debate de estos organismos y enriquecerlo.



Manifestamos también que no hay ninguna mención a la ley de dependencia en este estatuto. Se debe abordar este asunto especialmente para que puedan tener derecho, etcétera.



Los aspectos positivos que aprecio en este estatuto, lo primordial es que estamos iniciando una nueva ley. La ley anterior es de 1971, y ya tocaba hacer una nueva ley o un estatuto para actualizarnos y, sobre todo, porque se aprecia una
voluntad explícita de cambio en este estatuto.
Necesitamos escuchar a la sociedad civil. Por lo menos en la parte preliminar del estatuto se aborda mucho lo relativo a las asociaciones y, como muy bien decía Vicente Riesgo, en el articulado se
diluye mucho el movimiento asociativo y de los retornados. Nosotros tenemos que estar en esa voluntad de cambio que se aprecia en esta ley.



Nuestras propuestas también están planteadas -no las repetiré porque están ya presentadas-, pero hay que abordar el problema de la vivienda mediante un plan de vivienda. El Ministerio de la Vivienda, que fue creado por este Gobierno, debe
abordar un plan de vivienda integral para emigrantes y retornados. Hace 15 años existía un programa de la vivienda del Ministerio con el que cualquier emigrante que retornaba tenía acceso a una vivienda de protección oficial a través del Banco
Hipotecario; este Banco Hipotecario fue privatizado por Argentaria, y esta por el BBV, y este programa, que estaba en la Dirección de Migraciones, se diluyó y desapareció. Desde esa época no tenemos ningún plan de vivienda y, por tanto, debe
abordarse uno para los emigrantes y los retornados.



Respecto al derecho de participación en los órganos consultivos, nosotros nos basamos también en el artículo 105 de la Constitución, igual que los sindicatos y la patronal. No entendemos por qué no podemos estar presentes en estos órganos
consultivos como miembros de pleno derecho cuando hay un Consejo General de la Migración. Si están los sindicatos y la patronal, ¿por qué no estar nosotros allí como colectivo de los retornados y movimiento asociativo en el mundo? Consideramos que
esta es una mesa coja, porque le falta una pata y hay que asentarla bien.



En los derechos económicos también hay algo importante que es la reparación de los bienes; todavía hay cuestiones relativas a la gestión de aduanas que deben pulirse; existe sugerencia sobre la fiscalidad de los bienes cuando uno retorna
para que sea menos burocrática la gestión de los muebles, enseres, etcétera, de los que retornan.



También en cuanto a los servicios sociales para mayores apreciamos que debe contarse con los programas de acogida que se están desarrollando por algunas de las asociaciones de retornados. La acogida de los mayores va a ser el principal reto
al que nos vamos


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a enfrentar ahora en el retorno. La soledad de muchos mayores, de muchas personas que viven solas en Europa, y la imposibilidad del retorno de las personas mayores en América es una realidad evidente. Se va a producir un retorno -lo
entendemos-, y a veces pensamos que las políticas que ha habido hasta ahora han sido de contención. Queda muy bien hacer una donación a un hospital o a una sociedad de beneficencia en el exterior, pero eso es como una pequeña aspirina, un gran
parche, porque hay unos problemas de mucho fondo en la tercera edad en el exterior. Sobre todo, América Latina es un pozo sin fondo, nosotros lo sabemos, no existen los derechos sociales que han adquirido los emigrantes en Europa, y ese asunto del
retorno debe ser abordado con rigurosidad para facilitarles la asistencia sanitaria real y, si no, el retorno mediante programas de acogida en los que las asociaciones de retornados estamos dispuestos a participar.



Respecto a la política integral en materia de retorno, estamos muy preocupados porque nosotros, como movimiento asociativo de los retornados, siempre hemos estado vinculados a la política estatal. En este estatuto se aborda directamente una
transferencia, una competencia autonómica hacia las comunidades autónomas y los ayuntamientos; situación que también nos preocupa, porque si antes teníamos un interlocutor, ahora las asociaciones de retornados vamos a tener tres interlocutores y
vamos a tener que referirnos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Es decir, el presupuesto que hay destinado para el retorno puede ser fraccionado de muchas maneras y no llegar necesariamente a los agentes que a diario atendemos a los
retornados. Estamos muy preocupados con esta transferencia de competencias para que pueda hacerse, si se hace -de hecho se va a hacer-, de acuerdo con las asociaciones de retornados.
Tenemos que estar presentes, y queremos estarlo en la oficina
del retorno, ese proyecto que se plantea en el estatuto. Nosotros brindamos nuestra colaboración, queremos participar en la oficina del retorno como asociaciones de retornados, aportando nuestra experiencia y, sobre todo, nuestros medios para que
el Estado tenga una red de asistencia real y no virtual.



En cuanto al fomento del empleo, mencionaba anteriormente que ahora no hay una política unitaria en cuanto a lo que llamaríamos una política integral, porque cada autonomía ha realizado su ley del retorno o su ley autonómica. Tenemos la ley
de la galleguidad, la ley catalana del retorno, la ley canaria, la extremeñidad, el estatuto de los ciudadanos de las comunidades andaluzas. Tenemos un montón de leyes, y cada una ampara únicamente a los originarios o descendientes de esa
comunidad, con lo cual se genera un problema de discriminación. Voy a poner ejemplos: un español, un ciudadano andaluz que retorne a Cataluña no podrá beneficiarse de la ley del retorno catalana, que solo ampara a los catalanes o descendientes o,
inclusive, a los extranjeros que hayan residido anteriormente un mínimo de seis meses. Hay que reconocer que la ley catalana es muy moderna, interesante, pero solo va a proteger a ese tipo de ciudadanos. Lo mismo ocurrirá con un catalán que se
desplace a Galicia o a Andalucía, que no podrá beneficiarse de las leyes de emigración y retorno de esas comunidades. Esa situación nos preocupa, porque si no hay una coordinación real, si no se coordina este plan con las asociaciones de
retornados, nos vamos a encontrar nuevamente ante un grave problema, porque en algunos proyectos que presentamos las asociaciones de retornados en las comunidades nuestro sentimiento es: ¿por qué yo no tengo derecho a este servicio?, ¿porque no he
nacido aquí? Eso puede llegar a ser una bomba en el tiempo. Por eso es importante firmar convenios entre asociaciones de retornados y el Estado, la oficina del retorno y las comunidades autónomas. Este es nuestro planteamiento y una de las
soluciones que proponemos en este estatuto, y de ahí que se mencione constantemente: y retornados. Va en ese sentido.



Finalmente, para no extenderme más, quisiera aprovechar para rendir un homenaje a aquellos que nunca pudieron volver, a aquellos retornados que siempre tuvieron la voluntad de volver, algunos de los cuales fallecieron en los campos de
concentración, otros en el exilio, otros por enfermedades o por tantas y tantas circunstancias. Considero que hoy se ha hecho justicia al convocar aquí a los retornados.



La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor López Pujol, por su intervención.



Seguidamente damos la palabra a doña Ángeles Muñoz, que interviene en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que le expondra las cuestiones que considere pertinentes.



La señora MUÑOZ URIOL: En nombre de mi grupo parlamentario quiero decirle que en su exposición se aprecia que en algunos casos debemos hacer una reflexión para ver hacia dónde queremos ir con el Estatuto. Lo comentaba antes con el portavoz
del Grupo Socialista; tenemos que ser capaces de dar salida a muchas de las expectativas que se están generando en torno a este estatuto. Nuestro grupo quiere dejar claro, como con los anteriores comparecientes, que vamos a hacer un esfuerzo
importante para hacer aporteaciones y enmendar el texto en el sentido en que ustedes lo están haciendo. Cuente con el firme compromiso de nuestro grupo para que sea un estatuto de consenso y que de verdad dé salida a muchas de las situaciones que,
hasta ahora, desgraciadamente -y tengo que decir que no solamente por parte de un grupo político o de un Gobierno, sino durante demasiados años-, no la han tenido. Algunas de esas cuestiones nos parecen fundamentales. Es verdad que se ha avanzado,
y usted sabe que sobre nacionalidad se hizo un esfuerzo en la pasada legislatura. Es verdad que en las pensiones sobre el retorno se logró un avance para aquellas personas que estuvieran cobrando una pensión asistencial en el exterior y que
pudieran seguir cobrándola, inmediatamente


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cuando reformaban, pues había un periodo de carencia de dos años. Es verdad que se ha ido avanzando, como con el plan de salud que se implantó también en la pasada legislatura. Pero es verdad que tenemos muchas cuestiones abiertas y muchas
otras por abordar, y el compromiso de nuestro grupo es hacerlo con el máximo rigor posible, sabiendo que es una cuestión que no solamente afecta a un partido político o a un Gobierno, sino que debe ser un estatuto que todos podamos asumir y del que
todos nos sintamos orgullosos como partidos políticos, y ustedes como representantes de sus respectivos colectivos.



Por lo que se refiere a la vivienda, estoy con usted. La cuestión de la vivienda, al igual que otros derechos que se recogen en el preámbulo, debe ser abordada con profundidad. No es una cuestión menor. La nacionalidad, los derechos de
participación, las pensiones y otros temas que se han ido suscitando son muy importantes y habrá que abordarlos, pero de la vivienda también. En efecto cuando una persona retorna, uno de los principales problemas que se le plantean -y el estatuto
no hace ninguna mención a ello aunque habla de derechos en igualdad de condiciones- es el de la vivienda, y estoy de acuerdo con usted en que tiene que introducirse una enmienda específica y clara que dé salida al menos a esa situación, que estoy
convencida que supone una gran preocupación para el sector.



Me gustaría preguntarle dos cosas muy concretas. En primer lugar, usted hablaba de la coordinación que debe existir entre las administraciones, y es cierto que el estatuto la deriva en cierta medida hacia ese posible reglamento. Me
gustaría que usted, que seguramente se conoce todos los reglamentos, las leyes y los decretos de las diferentes comunidades autónomas, nos hiciera un balance sobre cuáles son los aspectos más positivos en esas regulaciones legislativas de las
comunidades autónomas con el fin de disponer de algún guión para saber de qué forma habría que implicar a las distintas administraciones que no lo esten, probablemente porque no tengan un número suficiente de retornados o no lo hayan incluido entre
sus prioridades. Coincido con usted, en que debemos garantizar un mínimo de igualdad para todas las personas, aun teniendo en cuenta que nuestro sistema se articula en torno a comunidades autónomas y ayuntamientos, y las prioridades de cada uno
están avaladas por los diferentes signos políticos o por la diferente composición que tiene a nivel social cada comunidad autónoma. Me gustaría que señalara cuáles son, a su modo de ver y dentro de la organización que representa, los puntos más
importantes para que puedan ser consensuados y para alcanzar un nivel básico en torno a esos derechos.



La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora López Rodríguez.



La señora LÓPEZ RODRÍGUEZ: En primer lugar, quisiera agradecerle, en nombre del Grupo Socialista, su presencia en esta Comisión. Soy consciente de que las propuestas e iniciativas que hoy nos ha presentado representan a un colectivo grande
de asociaciones de retornados que han sido el reflejo -usted decía que de más de treinta años- de trabajo y esfuerzo y, principalmente, para ir conquistando derechos, que es lo que han hecho a lo largo de estos 30 años con el único objetivo de
conseguir la plena igualdad de todos los españoles cualquiera que sea su lugar de residencia.



En esta Comisión, mi grupo quisiera unirse al homenaje a todos aquellos que no pudieron volver, que se fueron un día y se murieron con la esperanza de poder retornar a su país, y por razones muchas veces políticas no pudieron hacerlo.
Quiero agradecer el trabajo desarrollado por las asociaciones a las que usted representa -dieciséis ha dicho hace un momento-, que creo que nos va a servir de base para la construcción de un Estado del bienestar mucho más amplio. Usted lo citaba:
la última ley en materia de emigración fue la de 1971, de 21 de julio, y desde entonces ha quedado patente que las políticas desarrolladas hasta ahora no han resuelto los problemas de discriminación y trato desigual que están sufriendo los
emigrantes retornados. Esta es la petición que nos llega de los profesionales, de las asociaciones y de las distintas instituciones.
Hoy sí que podemos decir que nuestra Constitución nos permite afrontar este estatuto, esta ley, y garantizar,
tanto a los españoles residentes en el exterior como a los retornados, el ejercicio de derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad -y esto es lo más importante- con los residentes en España. Mi grupo cree que con este estatuto
intentaremos paliar los déficits sufridos por los emigrantes retornados y las dificultades que se han encontrado en su reinserción sociolaboral, económica y cultural. Tiendo mi mano a la señora Muñoz, que me ha precedido en el uso de la palabra.
Es verdad que, después de tanto tiempo, hoy estamos en condiciones de hacer un estatuto de consenso, y lo estamos por las aportaciones tan importantes que nos están haciendo todos los colectivos que están compareciendo esta mañana y los que vendrán
mañana y, principalmente, porque veo que los grupos políticos queremos sacar entre todos la mejor ley, el mejor estatuto que pueda sacar el Gobierno.



Sí me gustaría formular algunas preguntas. ¿Qué colectivos considera usted más vulnerables y con mayores dificultades de inserción sociolaboral? Con el objetivo de unificar y abarcar todos los aspectos relativos al retorno, el Gobierno
tiene la intención de crear la oficina española de retorno, ¿cuál es su valoración de la oficina de retorno?, ¿qué aspectos considera que debe abordar dicha oficina?


La última pregunta es sobre lo que manifestaba la señora Muñoz y que usted ha citado. El Grupo Socialista cree que el estatuto lo debemos abordar en relación con las comunidades autónomas y las corporaciones o entidades locales, en diálogo
también con los agentes


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sociales y con los representantes de las entidades sociales, con un criterio principalmente de universalidad y de responsabilidad que permita la igualdad. No va a haber tres administraciones, sino que lo que pretende es la relación entre
ellas, pero yo le pregunto concretamente, ¿qué instrumentos cree usted necesarios para la mejor cooperación, colaboración y coordinación entre las distintas administraciones competentes en este ámbito?


La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente, doy la palabra al señor López Pujol para que responda a las cuestiones que se han planteado.



El señor SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EMIGRANTES RETORNADOS (López Pujol): Voy a responder a la pregunta sobre los puntos de coordinación de las comunidades autónomas, en la que coinciden los dos grupos políticos.
Las comunidades autónomas han desarrollado unas leyes de emigración, algunas unos años atrás, otras muy recientemente. El Estatuto de los ciudadanos de las comunidades andaluzas es muy reciente; la Ley de retorno catalán es de hace prácticamente
dos años, y sobre la Ley de la galleguidad ahora está en estudio un estatuto gallego del tema de la emigración que estaba en debate interno, aunque anteriormente existía la Ley de la galleguidad; la Ley de la extremeñidad también tiene sus años, es
muy antigua también. Estas leyes, básicamente, estaban orientadas hacia los españoles en el exterior y ya incluso en el exterior generaban discriminación porque ha habido centros de emigrantes -un casal catalán, o un lar gallego, una casa vasca, un
centro español o un centro asturiano- con una serie de subvenciones, entre comillas, y una serie de prebendas que generaban diferencias entre colectividades, aunque hay que ser honestos y hay que decir que un español que está fuera cuando ve un
partido de fútbol ve a la selección española y todos somos uno, pero a veces hay intereses creados motivados por los propios programas autonómicos de cada comunidad; eso lo sabemos todos. Esto ahora se está trasladando -yo lo veo de una manera
preocupante- a las comunidades autónomas porque cada comunidad autónoma está haciendo su ley del retorno. Eso es lo que me preocupa. Yo puedo hablar muy concretamente de la comunidad de Cataluña, donde estoy residiendo ahora y estoy colaborando
con esa comunidad en la ley del retorno, donde he apreciado que hay una discriminación hacia ciudadanos que no son de origen catalán.
Cuando un señor de Zaragoza, de La Rioja o de otra comunidad quiere beneficiarse de los pisos compartidos o de una
ayuda que hay para los temas de canje de permisos de conducir o ayudas puntuales, no se puede beneficiar, y eso lo achaca a que hay una discriminación y se pregunta por qué no puede acceder a ese beneficio. Lo mismo he escuchado a ciudadanos que
están en Galicia y que son catalanes, castellanos o de cualquier otra comunidad, que no se han podido beneficiar de las becas de programas de estudio que son para gallegos o descendientes de gallegos; lo mismo ocurre en Canarias, que solo son para
canarios. Esto, de la manera en que se está llevando, crea una gran frustración en el colectivo del retorno porque muchas familias retornan a veces por los hijos a Madrid o a Barcelona o a determinadas comunidades donde creen que pueden ser mejor
atendidos o que van a tener mejor futuro sus hijos. Creo que este problema requiere de una coordinación muy a fondo. En este estatuto se podrían delimitar lo que son las actuaciones en política de integración y de cooperación entre Estado y
autonomías. No abordo más allá de lo que es tema de las administraciones locales porque cada ayuntamiento, hoy día, desde que salió este tema del retorno -lo sabemos en Galicia- han aumentado las oficinas del retorno; antes había muy pocas pero
ahora las diputaciones abren oficinas de retorno, los ayuntamientos también y, al final, los que siempre hemos atendido a los retornados, que somos las asociaciones, nos vemos rodeados de oficinas paraestatales de atención al retornado. Entonces
nos preguntamos por qué no se ha hablado con nosotros para hacer una complementariedad conjunta o abordar una asistencia que no sea de funcionarios de 9 a 2, como en muchos casos se da, sino que estamos abiertos todo el día y estamos dispuestos a
aguantar lo que tengamos que aguantar. La oficina del retorno podría ser ese ente regulador; podría y debería serlo siempre y cuando haya un convenio con las asociaciones de retornados. Nosotros estamos en casi todas las autonomías, y en las que
no estamos, podemos estar, y nuestra experiencia es muy válida. Pondría un ejemplo como el de la Asociación de retornados de Granada, que tiene un nivel de visitas de casi 200 personas diarias, como si fuera una oficina de la Seguridad Social, con
un marcador que va marcando las visitas de atención a los retornados por temas de pensiones, de nacionalidad, o por diferentes temas. Estos recursos que el Estado ha puesto ya hace años es lamentable que se vayan diluyendo con la competencia,
diríamos, paraadministrativa de las comunidades autónomas o de las corporaciones locales. Si no hay una labor coordinada entre todos -y consideramos nosotros que la oficina del retorno debe ser un ente regulador- no podremos dar una atención justa
y equitativa a todos los ciudadanos españoles. Por tanto, sí hay instrumentos para arreglar esta situación. La oficina del retorno puede ser ese ente, pero considero que debemos estar ahí los retornados en ese mismo programa o paquete coordinador.



Respecto a cuáles son nuestros colectivos vulnerables, los jóvenes que vienen aquí a lo que primero vienen es a buscar trabajo y hay que facilitarles esta venida. Antes hablaba de los nietos, pero los nietos ni siquiera pueden venir porque
se les exige un visado. Los hijos de los retornados, si tienen la nacionalidad española, pueden salir adelante relativamente, pero van a tener que arrastrar una serie de problemáticas: tienen un acento o un castellano diferente; pueden ser
considerados inmigrantes


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porque tienen un acento argentino, etcétera, y aunque enseñen su DNI les dirán que son inmigrantes. Hay situaciones muy difíciles también para los retornados; los que vienen de Europa tendrán un acento francés, alemán, etcétera. Pero las
personas mayores son el principal reto de los retornados y España no está preparada para recibir a los que van a retornar, hay que reconocerlo. Aquí en Madrid hay una residencia, El Retorno, la única, que está llevada por una fundación y que
atiende a las personas mayores que retornan, especialmente vienen de América Latina.
Esta residencia tiene unos overbooking temporales hasta que pueden ser diferidos a residencias en diferentes comunidades. Pero a ese emigrante que retorna,
automáticamente, se le retiene su parte de pensión porque hay que cubrir ciertos gastos y se le limita el acceso a la capital porque está a unos cuarenta y pico kilómetros de Madrid. Pero estos son temas menores, lo de fondo es que para todo un
territorio nacional tener solo una residencia de retornados es lamentable. Ahora hay iniciativas a nivel de algunas comunidades autónomas para hacer pisos de acogida. Es una iniciativa que nosotros hemos apoyado porque nuestra labor fundamental va
a ser la acogida y creo que en nuestras asociaciones conocemos la idiosincrasia, porque hemos sido emigrantes, entendemos que tenemos que estar en ese programa de acogida de los nuestros porque conocemos su problemática y podemos ayudar a que esa
integración sea lo más plácida y buena posible y no digamos ya de la mujer emigrante, que no tiene ningún derecho. Hay que reconocer que es una mujer que ha sido ama de casa en todos los sitios, que viene aquí sin ningún certificado de trabajo y
que no tiene acceso a ninguna pensión, está totalmente en el aire y si encima es maltratada y no puede retornar, como mencionaba antes Emilia, estamos abriendo una etapa de marginalidad impresionante. Los hijos vienen con un idioma adquirido en el
exterior, vienen hablando alemán, inglés o francés y es lamentable que ese idioma que aprendieron en la emigración se diluya, se pierda. Algunas organizaciones nuestras dan clases para el mantenimiento del idioma de emigración y eso hay que
potenciarlo. Lamentablemente, a veces no tenemos los recursos necesarios o los programas para poder continuar con esa labor de formación. Yo diría que los colectivos vulnerables son especialmente estos y sobre todo los mayores de 45 años -ya lo
son aquí los mayores de 45 años- y a eso se añadiría la complicación de no tener un currículum en España, ya sea económico o de empadronamiento, lo que multiplica los problemas. Vuelvo a decir que volvemos a emigrar, paradójicamente, en nuestra
propia tierra, y eso es lo lamentable.



La señora VICEPRESIDENTA: Don Carlos López Pujol, muchas gracias por su intervención en nombre de la Federación de Asociaciones de Emigrantes Retornados.



-DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL ESPAÑOLES EN EL MUNDO, EN SU SECCIÓN VENEZOLANA (RODRÍGUEZ LOSADA). (Número de expediente 219/000562.)


La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la cuarta comparecencia de esta mañana y le vamos a dar la palabra al presidente de la Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo, en la sección venezolana, don Cándido Rodríguez
Losada.



El señor PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL ESPAÑOLES EN EL MUNDO (Rodríguez Losada): Señora presidenta, señoras y señores diputados, agradezco la invitación para conversar en la mañana de hoy en referencia al proyecto de ley de los
estatutos de ciudadanos españoles en el exterior.



La primera pregunta que habría que hacerse es por qué requerimos un estatuto de españoles del exterior, y creo que para eso hay que hacer un balance histórico de la emigración. La emigración española, que se paró en el año 1975, duró
aproximadamente 120 años; desde 1855 hasta 1975 cientos de miles de españoles en diferentes etapas salieron de España. La primera gran emigración fue a finales del siglo XIX hasta que finalizó la Primera Guerra Mundial, a consecuencia de lo cual
retornaron una gran cantidad de españoles. Después tenemos la segunda emigración como consecuencia de la Guerra Civil cuando 500.000 personas salieron de España por motivos políticos. Y la tercera y última gran emigración fue entre el año 1940 y
1975. Desde 1940 a 1960 la emigración se dirigió básicamente hacia Iberoamérica y, posteriormente, la emigración con el despegue europeo fue una emigración hacia Europa. En los actuales momentos vivimos en el exterior, registrados en los
consulados, 1.500.000 personas, es decir, 1.500.000 españoles, de acuerdo con los registros consulares, estamos viviendo en el exterior. A esta cifra se le puede sumar de una forma moderada unas 500.000 personas que no están registradas porque hay
españoles -donde yo resido, en Venezuela, donde me reúno constantemente con la colectividad, porque llevo 40 años allí y he desarrollado mi vida dedicado al trabajo y a la emigración y hablo con mucha gente- que no están registrados en el consulado
porque si la persona no requiere algo del consulado no se registra. Además, Venezuela tiene cerca de un millón de kilómetros cuadrados y tenemos un solo consulado en Caracas. A la gente del interior se le dificulta el registro y si no hay
necesidad no se registran. Eso se puede demostrar porque si revisamos las cifras de españoles residentes en el exterior, hemos pasado de 900.000 hace apenas cinco años a 950.000, 1.000.000, 1.200.000 y todos los meses crece esta cifra. Tengo las
cifras que da el Registro Consular y esta es una cifra en constante aumento, lo que quiere decir que hay gente sin registrar. Podríamos decir, en cifras globales, que tenemos dos millones de españoles viviendo en el exterior


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y por eso se requiere un estatuto de los españoles residentes en el exterior. Nosotros -y cuando digo nosotros quiero decir el CRE de Venezuela y los representantes en el Consejo de emigración- participamos en la elaboración del estatuto,
es decir, el estatuto le fue consultado al CRE y al Consejo General de la Emigración. Allí se crearon unos equipos de trabajo donde está Coalición Canaria, el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que tienen representación en el CRE
porque las elecciones en Venezuela las hacemos por partidos; allí la representación en el CRE es de los partidos. Hemos llegado a un acuerdo entre los partidos y cuando hay que plantear problemas de la emigración lo hacemos de forma conjunta
después de que haya las discusiones en las que cada uno mantiene sus posiciones, consulta con su partido pero al final llegamos a un acuerdo e hicimos las observaciones que consideramos oportunas al estatuto y que fueron en gran parte recogidas.
Siempre todo es perfectible. Nosotros, en principio, estamos satisfechos y vamos a darle una segunda discusión al estatuto y al proyecto de estatuto, a través del CRE, que ayer se reunió oficialmente, y para ese otro asunto vamos a hacer un aporte
en la medida de lo posible para que puedan hacerse las enmiendas que se considere. Pero creemos que es un avance importantísimo en la ley, puesto que la ley anterior era de 1971 y debe ser una de las pocas leyes preconstitucionales porque todas las
leyes se han ido actualizando y esta Ley de la emigración, que pasa ahora a ser sustituida por el estatuto de los españoles residentes en el exterior, no había sido modificada. Creo que es necesario hacer un balance de la emigración para que se
entienda por qué hay que hacer una ley; porque si uno está en Venezuela, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros paisanos se quejan de que no son bien recibidos cuando vienen a España, sienten una discriminación -y aquí no me refiero al
Gobierno-. Es una cuestión social; la gente siente que hay algo que no es bien recibido. Y cuando uno viaja por España hay gente joven que siente que se le está dando demasiado a la inmigración. Creo que eso está pasando porque se enfoca
demasiado en la asistencia sanitaria, en la asistencia de pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas para los españoles que vivimos en el exterior es el 6 por ciento de las españolas; las pensiones no contributivas en Venezuela son
10.000 y somos 150.000 registrados en el consulado, en Argentina sucede lo mismo, en Uruguay y en Brasil... Si quieren podemos llegar al 10 por ciento, de acuerdo con las proyecciones, porque la población se está haciendo mayor, porque nosotros
somos una emigración de los años cuarenta -en Venezuela fundamentalmente entre los años 1948 y 1956, que fue cuando más españoles nos residenciamos en ese país-; la argentina es anterior y la uruguaya; la brasileña es conjunta con nosotros, y la
de Méjico es una emigración del exilio mayoritariamente. En consecuencia, se está haciendo gran hincapié y no se valora el aporte que la emigración hizo históricamente y el aporte que podemos hacer, o que estamos haciendo, en el futuro. Voy a
tratar de explicarme. El aporte que la emigración hizo a España es un aporte importantísimo porque entre el año 1940 y el año 1960, suponía un cuarto de las divisas que entraban en España -es decir, el 25 por ciento- eran remesas de la emigración;
eso indica la importancia que eso tenía, en los aportes que hacía la emigración. La emigración europea, entre el año 1960 y el año 1970, remitió a España 2.500 millones de dólares para poder modernizar la economía española. La emigración hizo un
gran aporte en el sentido de que al emigrar, los emigrantes dejaron puestos de trabajo libres y eso después permitió que, en los que quedaran, no hubiera conflictos por puestos de trabajo; porque de no haber existido la emigración, se hubiera
presentado un desempleo que hubiera alcanzado cifras extraordinarias y se hubiera creado un conflicto.



Por otro lado, la emigración, como dijimos, también hizo un aporte económico que permitió modernizar la economía española y también mejoró los salarios porque, al haber menos competencia por los puestos de trabajo, mejoraban los salarios de
los trabajadores y eso mejoraba el nivel de vida. En consecuencia, creo que hay que divulgar, incluso en las escuelas, que el emigrante hizo un aporte y que hoy en día puede seguir haciendo ese aporte. Puede hacer ese aporte porque el principal
problema que tiene la economía española hoy día es de balanza de pagos; aquí se han resuelto brillantemente los problemas económicos pero si ustedes revisan las cifras de la balanza de pagos, España está teniendo problemas porque las importaciones
son mayores que las exportaciones. Dos millones de españoles en diferentes países -y me refiero en este caso a Iberoamérica, pero también Europa- consumen y pueden consumir muchos más productos si hay una coordinación empresarial entre los
empresarios españoles y los empresarios y agentes económicos de españoles en esos países. Hay aquí un mar de oportunidades que otros países desearían tener y que los españoles podemos potenciar. La emigración que verdaderamente no ha tenido
fortuna, y que no vamos a analizar, es una minoría; como en toda sociedad, hay unos que ganaron mucho dinero, el resto somos clase media y hay un conjunto de personas que, por diferentes motivos, requieren el aporte de todos nosotros. También es
necesario considerar que la emigración española en América, y quizá también en Europa, hemos constituido una cantidad de sociedades de mutuo auxilio entre nosotros y que han estado funcionando excelentemente -en Caracas tenemos la hermandad gallega
y en todo Venezuela hay centros- y yo diría que los mejores servicios médicos o de los mejores servicios médicos de atención que hay en Venezuela están en la hermandad gallega -medicina de todo tipo; me refiero a medicina consultiva o primaria,
como también se le denomina-. También hemos logrado protegernos entre nosotros y lo que requerimos es un apoyo del Estado español -del Gobierno, pero del Estado que es en este caso- que destine unos recursos porque la población se está haciendo
mayor y requiere un mayor esfuerzo. Creo que


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es una gran oportunidad el estatuto, que espero que eso sea aprobado de forma unánime por ambas cámaras, porque permitirá que se recoja allí lo que se necesite para ayudar a los españoles que lo requieran, porque además es de justicia; pero
ahí hay un gran potencial, hay una gran oportunidad de negocios para España y para los españoles que residen fuera. Eso ya se está haciendo, no se divulga y, como dije antes, hay esta sensación de que nosotros somos solo unos pedigüeños. Insisto
siempre en que no queremos pedir más allá, lo que queremos es la igualdad ante la ley. Si nuestros hijos retornan, tendrán que someterse aquí al mercado de trabajo; el mercado de trabajo es un mercado exigente y, de acuerdo con la preparación que
tengan, podrán tener las oportunidades. Es decir, tenemos que ser conscientes también de que nadie va a regalarles nada porque vengan de Venezuela, Uruguay, Argentina; lo que tenemos que hacer es preocuparnos de que vengan de forma preparada, de
que haya una oportunidad.



Quisiera tocar dos puntos del estatuto. Uno es el derecho al voto.
Nosotros creemos que hay que reformar, sabemos que eso no se va a poder hacer con el estatuto porque hay una Ley electoral, pero proponemos que se reforme la Ley electoral
para que se pueda votar en las mismas condiciones que se vota en España. Será en aquellos países donde haya más de 5.000 o 10.000 españoles porque si hay cinco españoles no les vamos a establecer una mesa, pero yo hice un cálculo y, si son más de
10.000, serían diez países en los que hay que establecer mesas electorales sin que eso indique que se deje el correo y que se hagan los seguimientos.
Pero se requiere una reforma de la Ley electoral. Por otro lado, tenemos que España,
conjuntamente con el Vaticano, es el único país -que yo sepa- que regula la nacionalidad en el Código Civil; todos los demás países tienen una Ley de nacionalidad y esa ley permite resolver este problema de los nietos que no es un problema fácil,
es un problema muy difícil, sobre todo en Iberoamérica, porque hay países que, de aprobar esta ley, el 50 por ciento de la población podría tener derecho a la nacionalidad.
Como dije antes, no quiero plantear, ni lo planteaba antes -y llevo años
dando vueltas en esto de la emigración- cosas irracionales porque si no, no se consigue; hay que plantear cosas que se puedan conseguir, ya sea a través del Código Civil, que es más difícil, ya sea que se plantee una ley de nacionalidad donde se
puedan establecer una serie de características. Es necesario porque a mí, que me la paso recorriendo, se me acercan ciudadadnos españoles que llevan años casados con personas de Iberoamércia, en este caso, y que sus esposas no pueden tener la
nacionalidad. Entonces aquí se puede recoger que a lo mejor después de diez años de casados, las esposas puedan adoptar la nacionalidad española, porque si vivieron diez años juntos y era un española es lógico e importante. Lo que quiero decirles
es que la cultura española -y todos los que nos han visitado, aquí en esta sala hay gente que ha visitado Venezuela, Argentina o Uruguay, y a los que no lo han hecho les invito a que lo hagan- es una cultura respetada, una cultura preponderante e
incluso -por poner alguna anécdota- la primera vez que se cantó el himno gallego fue en Buenos Aires y eso indica la importancia que los españoles que vivimos fuera le damos a la cultura española.



Por otro lado, hay hijos de españoles científicos y dirigentes del Gobierno, hay hijos de españoles en todas las actividades de estos países y eso también indica que se integraron, que se preocuparon. No va a haber un retorno masivo,
olvídense de eso -mi papá vivió 50 años allí y se murió allí y mi mamá lleva 55 años en Venezuela-, porque cuando uno vive en esos países retorna solo si se hace imposible vivir allí. Pero algunos argentinos que vinieron con la crisis ya están
retornando otra vez para Argentina porque el trópico debe ser que se le mete a uno en los huesos y no quiere retornar. Los animo a que no tengan miedo, a que entre los de allá y los de aquí hagamos el mejor estatuto posible dentro de las
limitaciones, porque entiendo también que los presupuestos del Estado son limitados y no queremos pedir lo que no van a darnos, queremos pedir sensatamente y esperamos que todos los grupos apoyen este estatuto que va a favorecer tanto a España como
a los españoles que vivimos fuera.
Insisto en que hay una gran oportunidad de intercambios de todo tipo entre los españoles de fuera y los españoles que viven en el territorio español.



La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente, tiene la palabra María Ángeles Muñoz en nombre del Grupo parlamentario Popular.



La señora MUÑOZ URIOL: Quiero decirle que, efectivamente, es un gran conocedor, en primera persona además, de la situación que se vive en torno a la emigración. A mí me gustaría que también nos hiciera llegar a nuestro grupo las
aportaciones que, según usted dice, hizo llegar al Gobierno o al grupo parlamentario para la elaboración de este estatuto.
Creo que es importante que pudiéramos tener conocimiento de cuáles fueron sus reivindicaciones y si están todas incluidas en
esta redacción o hay algún tema que todavía queda pendiente, y nos gustaría saber de qué manera le dan ustedes solución. Me gustaría hacerle un comentario. No sé si usted valora o da a entender que, cuando se habla del tema de la inmigración, de
ese 6 por ciento de personas que efectivamente necesitan una pensión asistencial o necesitan algún tipo de ayuda por parte de las administraciones, eso significa una incompatibilidad con la importancia que tiene la inmigración y con lo que ha
aportado y sigue aportando la emigración; porque yo creo que no, no está reñido. Pienso que la inmigración tiene un gran caudal -aquí lo hemos estado viendo-, hay que seguir potenciando y hay que seguir hablando de la importancia que tiene la
inmigración. Además, es una cuestión que ha calado y que está perfectamente reconocida por toda la sociedad. No sé en qué términos puede existir esa falta de reconocimiento. Yo le puedo asegurar como andaluza,


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que tenemos muy a gala y estamos muy orgullosos de la aportación que hicieron muchísimos de esos españoles que salieron en un momento determinado. Creo que se tiene que entender perfectamente que pueda haber situaciones de necesidad y, por
lo tanto, exactamente igual que si queremos hacer un estatuto en términos de igualdad de los españoles que residen fuera respecto a los que residen aquí, también aquí tiene que haber una cobertura para aquellas personas que tiene una necesidad
concreta. Entiendo que no se debe malentender que exista un volumen de población, sobre todo en Iberoamérica, que necesite esa cobertura, además, del estatuto en ciertos términos, sobre todo lo que va relacionado con las pensiones, con la
asistencia y cobertura social. A mí me gustaría que usted hiciera una valoración si entiende que esa igualdad queda reconocida en este estatuto porque mi opinión, fundamentalmente dirigida a esas personas, es que este estatuto no da cobertura en
términos de igualdad a las personas que residen fuera, sobre todo en Iberoamérica. Cuando se intenta decir que aquí va a haber una equiparación de los servicios, una equiparación en cuanto a la asistencia o en cuanto a las prestaciones,
difícilmente se puede entender si después uno coge la memoria económica o coge el informe del CES y se hace una valoración exacta de lo que está suponiendo este estatuto. Cuando el estatuto lo que hace realmente es una suma de las partidas
presupuestarias que ya están consignadas en los presupuestos, usted y yo sabemos que hoy por hoy no están garantizadas, en términos de igualdad, las prestaciones que se están realizando en el exterior, probablemente porque sea complicado, incluso
porque tenga un coste económico adicional.
Se ha hecho un intento importante. Creo que comentábamos aquí el tema de ir nivelando las pensiones asistenciales en el exterior pero, sobre todo, las prestaciones sanitarias, y el resto de las
prestaciones que se están dando en España. Creo que hay que intentar meter en un estatuto el término de igualdad -a mí me gustaría saber su opinión-, pero con respecto a los españoles en el exterior va a ser muy difícil que habiendo venido aquí,
habiendo sabido cuál es el término de prestaciones que aquí se dan -la cobertura sanitaria, la cobertura social que aquí se tiene-, después se pueda retornar y que piensen que están en igualdad de condiciones con respecto a un español que reside
aquí. Esa es una de las preguntas que a mí me gustaría hacerle, cuál es su valoración en torno a ese asunto. Creo que efectivamente habrá que valorar el tema de la nacionalidad y el tema de la ley electoral, pero a mí me interesaría conocer -sobre
todo porque usted es el primero que hoy ha estado aquí como representante de los españoles que todavía siguen residiendo en Iberoamérica y creo que el tema de cómo se van a hacer las coberturas no queda bien recogido en el estatuto- su opinión
teniendo en cuenta además que espero que muchas de las iniciativas que usted habrá llevado como senador y como parlamentario habrán ido encaminadas en ese sentido. Estoy convencida también que dentro del trámite parlamentario -que, efectivamente,
tiene que pasar por el Senado- si aquí no se ha sido capaz de dar una cobertura explícita y que quede bien garantizada esa igualdad, usted seguro que las propondrá y que hará que el Gobierno lo modifique y que, al menos, incluya alguna de las
cuestiones que le tengo que asegurar que el propio CES echa en falta. El informe que hace el CES es explícito en algunas cuestiones que se deben de facilitar o algunas cuestiones más políticas o de participación, pero cuando entra en esa igualdad
de derechos creo que es muy explícito cuando habla de cuáles van a ser las prestaciones económicas, la memoria económica que debe acompañar un estatuto de estas características y, sobre todo, cuando habla de cómo queda en el aire y sin concretar la
igualdad en cuanto a servicios y a derechos en estos asuntos tan fundamentales, creo, para los españoles que siguen residiendo en Iberoamérica.



La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Porteiro.



La señora PORTEIRO GARCÍA: Bienvenido, señor Rodríguez Losada. Con especial satisfacción le saludo y con gran interés he escuchado su intervención que nos ayudó a recordar de dónde viene el fenómeno de la emigración en nuestro país y
también nos ha ayudado a ponernos quizá las gafas de ver esta situación a día de hoy con un color más optimista porque usted también nos ha aportado algún elemento de modernidad y de mirada hacia el futuro, que me ha parecido especialmente
interesante.
Evidentemente en los orígenes, la necesidad -fuera de tipo económico, de tipo social, de tipo político- fue el impulso por el cual muchos españoles se movilizaron hacia el extranjero en busca de nuevas vidas.
Hoy seguimos moviéndonos
y, por qué no, trasladándonos al extranjero a buscar trabajo, a buscar otro medio de vida, pero desde la movilidad en libertad y como una opción más en un mundo cada día más abierto, más integrado...En fin, qué le voy a decir, lo que usted comentaba
hace un momento.



Es verdad también que todo ese proceso, ese largo recorrido histórico de más de 150 años, al que usted hacía referencia, nos permite -tanto a las personas que hoy tenemos oportunidad de legislar sobre esta materia como a los comparecientes y
a los que siguen viviendo en esa situación de residir fuera del territorio español- un conocimiento en carne propia y como colectivo de lo que significa una sociedad que fue preglobal. Es decir, la imagen que tenemos hoy de la sociedad global, de
lo globalizado, sin duda ustedes la tienen por necesidad pura y auténtica desde hace mucho más tiempo y también con la circunstancia curiosa -que quizá a veces no se comente demasiado- de un punto de partida estrictamente local generalmente, en el
sentido más micro de la palabra, porque el emigrante español que ha salido al mundo exterior generalmente procedía de un pequeño lugar y por más español que sea y se identifique, tiene


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muy arraigado el sentimiento de lo local y, a veces, una escasa visión o conocimiento, que con el tiempo puede adquirir, de lo que es España en su conjunto. En ese sentido, creo que este es un rasgo cultural que la emigración tiene. Es
también una consecuencia de este proceso histórico algo que se comentó antes de que usted interviniese -y que es uno de los datos más positivos también de todo este fenómeno- que es que producimos seres multiculturales, en algunos casos bilingües,
trilingües -sobre todo si proceden de una comunidad autónoma donde también hay una lengua propia- pero evidentemente, aunque sea la misma lengua, sí que es cierto que la biculturalidad es un fenómeno que tiene mucho que ver también con el mestizaje
y, efectivamente, con la capacidad que los españoles y españolas han tenido de integrarse en los territorios a los que han ido, como digo, en busca de otra vida.



Hacía usted referencia a la riqueza, a las remesas aportadas -efectivamente, a lo largo de la historia han supuesto algo muy importante para el desarrollo económico de nuestro país y que también recoge la ley- y también a cómo los españoles
en el exterior han sido capaces de generar redes de solidaridad y redes de transmisión cultural, escasamente reconocidos en mi opinión y que creo que, probablemente, a partir de la puesta en marcha de esta ley, tengan algún reflejo. Quisiera
recordar -no a título anecdótico pero sí como una cuestión a lo mejor un poco local- que los emigrantes gallegos durante los primeros años del siglo XX cuando tenían recursos los enviaban para hacer escuelas, en una sociedad, en un territorio, donde
el acceso a la cultura, a la educación, era absolutamente difícil, y todavía existen las escuelas en mi país, en mi tierra, que se recuerdan como fundadas por el dinero de los españoles, de los gallegos, que lo compartieron con nosotros.



Por último, como consecuencia también, entiendo que ustedes nos ayudan a los españoles a tener una mayor tolerancia y comprensión hacia el fenómeno de los nuevos movimientos migratorios que en este momento estamos abordando. Quizá usted
porque representa de una manera más expresa a la emigración que se fue a América, a la emigración de segunda vuelta que se fue a América en la segunda mitad del siglo XX, probablemente nos podría hacer algún tipo de referencia a los mayores
problemas que tienen nuestros mayores, desde esos países, por la crisis económica que están sufriendo. Yo no sé si usted comparte conmigo la idea de que hay generaciones perdidas que ya nunca van a poder ser compensadas y que encontraron las
barreras habituales cuando las migraciones se producen, como casi siempre, desde la pobreza a las oportunidades. Hemos comentado, durante las intervenciones de otros comparecientes, que quizá sean las mujeres mayores las que, por una situación de
soledad, se puedan ver más solas, más desarraigadas, con más necesidades, a veces también con problemas de dependencia, y creo que esta es una situación que merece la atención de las personas que estamos trabajando en este proyecto de ley.



Algo que también se dijo aquí antes, que le quiero trasladar y que me parece que usted también refleja, es que esta es una ley con voluntad de cambio. Efectivamente el cambio social es evidente, la situación de estar o vivir en el exterior
para los españoles ya trasciende a la visión antigua de la emigración porque las distancias se acortan, las situaciones de temporalidad, menor para un desarrollo profesional, son más posibles y porque esto es algo que también tendría que ser
contemplado y tratado en esta ley sin el enfoque, meramente, de la necesidad o de las situaciones de mayor precariedad en la que pueden vivir algunos de nuestros compatriotas.



Yo querría saber, si a usted le parece, si en alguna medida habría que ligarlo con otra ley, que está en este momento en proceso de ponencia, que es la de reforma del servicio exterior. Usted hacía referencia antes a la Ley electoral -que
evidentemente ya son palabras mayores- pero entiendo que está procediéndose a día de hoy a debatirse, en el seno de una ponencia, la reforma de servicio exterior. Quizá haya alguna cosa que pudiéramos contemplar de manera transversal entre ambos
documentos.
Quisiera saber si usted cree que esta ley, de la que estamos hablando, mejora verdaderamente el derecho a elegir y a ser elegido -evidentemente experiencia no le ha de faltar en esa materia-. Quisiera saber qué valoración hace usted de
la propuesta de coordinación a las comunidades autónomas, o con las comunidades autónomas, algunas de las cuales -precisamente de las que más masa de emigrantes han generado a lo largo de la historia- están en proceso de reforma de sus estatutos de
autonomía, y en qué medida esa reforma estatutaria podrá también tener que ver con la situación de las leyes previas y de esta nueva ley de la que estamos hablando. La Ley de la galleguidad, por ejemplo, era una ley que se basaba en aspectos
relativos a la lengua, la cultura y demás porque lógicamente por competencia no podía ir mucho más allá; sin embargo, la realidad ha hecho que las ayudas a otro nivel, desde el punto de vista económico y social, se hayan ido produciendo y
entendemos que eso habrá que reformarlo o renovarlo.



Por último, usted que vive en Venezuela pero viene con mucha frecuencia a España, ¿qué cauces cree que deberían tener los ciudadanos residentes en el exterior para estar realmente al tanto e implicados en la realidad española? Porque
entiendo que ser español, además de una condición de derecho, se incrementa o se mejora con el conocimiento o el acceso a lo que está pasando en la sociedad española, y participar en alguna medida, pues refuerza ese sentimiento de ciudadanía y de
pertenencia. ¿Qué cauces cree usted que se pueden crear o cómo funcionan los ya creados? Aquí se ha hablado antes de la televisión, por ejemplo, como mecanismo que evidentemente todos conocemos.



La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Rodríguez Losada.



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El señor PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL ESPAÑOLES EN EL MUNDO (Rodríguez Losada): Me refería a las pensiones no contributivas y también a la parte sanitaria. Solo se habla de eso. Yo he peleado y voy a seguir peleando en el
Senado por las pensiones no contributivas porque, como dije antes, hay españoles que pueden a lo mejor estar en este momento en el 6 y que podemos estimar que pueden llegar a un 10 por ciento; sobre todo en Iberoamérica porque es una población
mayor; pero, además de eso, para que la gente no sienta -sobre todo la sociedad española- que lo único que hacemos es pedir, que nosotros también hicimos un aporte y seguimos haciendo un aporte. Estoy totalmente a favor, no nos vamos a rendir e
incluso hemos logrado que en Venezuela, en los últimos dos años, pasaran de 7.000 a 10.000 y el consejero me dice que paremos de pedir, pero yo no voy a parar; ya quisieran por aquí que dijera que no se puede, pero nosotros no vamos a dejar de
pedir porque no pedimos para nosotros, pedimos para la gente que lo necesita. Y también en otras partes. Yo he viajado a Argentina, Uruguay, estuve también estos días en Panamá, y aun cuando es una población de españoles que está en una situación
realmente buena, siempre hay alguno que no ha tenido suerte y que requiere también el apoyo. En consecuencia estamos de acuerdo. Lo que digo es que no hay que hacer solo eso porque hay un problema de opinión en los medios.



En cuanto a la valoración de los servicios que reciben, tanto de pensiones como sanitaria, la sanidad española para mí es una de las mejores del mundo, si no es la mejor. Entonces, va a haber un esfuerzo, entiendo yo, del Estado español
para que los que vivamos fuera tengamos un aporte para tener una sanidad allí donde vivimos. En Venezuela hay excelentes médicos, en todos los sentidos, pero no hay los medios tecnológicos que tiene la medicina en España, según reconocimiento.
Entonces, vamos a luchar por el mismo servicio, pero sabemos que es imposible porque lo que sí estamos planteando -y ya lo hemos planteado y está en camino- es que muchas enfermedades que no sean de urgencia incluso puedan tratarse en España con un
pago. Porque no estamos planteando que se haga nada gratis sino que, de acuerdo con los ingresos -así como las pensiones no contributivas se pagan de acuerdo con la capacidad de cada uno de los países y con lo que estamos totalmente de acuerdo-,
también haya un aporte a la Seguridad Social. Pero el aporte no puede ser igual que el que hacen los españoles, tiene que ser de acuerdo con el sueldo que hay en ese país, pero como la persona tampoco va a incidir en la Seguridad Social con los
mismos gastos porque solo va a venir en caso de enfermedad, es como si tuviera un seguro para enfermedades de alto riesgo. Aquí hay mucho campo donde se puede trabajar. Yo puedo hablar con propiedad de esto porque llevo un año trabajando con un
equipo donde están tres de los mejores médicos de Venezuela -hijos de gallegos los tres-, le presentamos al Gobierno un proyecto sanitario que, después de muchas discusiones, se fue ajustando y el día 6 de este mes se va a firmar un convenio con la
Cofundación de Venezuela España Salud y el Ministerio del Trabajo para iniciar, donde estos médicos han trabajado totalmente ad honorem, un proyecto piloto. Tengo la certeza total, por la capacidad que tienen estos médicos, de que va a tener éxito,
de que eso pueda después implementarse en otras partes. Estamos empezando allí un programa muy pequeño donde estos médicos se han involucrado a fondo, van a dirigirlo ad honorem. El compromiso que han adquirido con nosotros es que van a
involucrarse allí -no a tiempo completo porque ellos tienen que ejercer la medicina- van a implicarse allí ad honorem por lo menos por un plazo de dos años, para ver si llevamos a cabo este plan piloto que yo espero que tenga la mayor posibilidad de
éxito porque esto sería exportable para otras partes donde hay españoles.



En cuanto a la Ley de dependencia, le voy a decir una cosa. Los españoles que migramos todavía atendemos a nuestros padres. Ese es uno de los problemas de la sociedad que se desarrolla -yo no estoy criticando eso-, pero en Venezuela hay
una cultura arraigada de que los padres se mueren en la casa de los hijos; no solo los españoles sino el venezolano, desde el más pobre al más rico. Yo estuve el domingo pasado que me invitaron en Carabobo, en la ciudad de Valencia, con un grupo
de canarios que montaron una residencia extraordinaria y no consiguen gente para ir y me dijo el señor: Mira, si tienes a alguien me lo mandas. Porque montaron eso, tienen los recursos para tener la gente; quiero decirles además que están en un
sitio extraordinario, en Cagua, hicieron una cosa muy bien hecha, pero la gente no quiere ir porque tiene que ser gente que no tenga familia. Es más, sería mejor una ayuda a estas familias que cuidan allí a sus familiares, más que residencias.
Incluso nosotros tenemos allí un convenio con la colonia italiana que tiene una extraordinaria residencia -el que conozca Caracas, en San Antonio de los Altos, que es un sitio con un clima maravilloso que está a 30 kilómetros de Caracas- y son 50
camas y tienen 20. Yo hablo mucho con estos señores italianos porque mi hija se graduó en el colegio, en esa fundación italiana, y mantenemos allí la relación que siempre queda donde estudiaron los hijos, y ellos siempre me llaman y me dicen:
Mire, si hay alguien que tengan por allí, me lo mandan. Con la pensión no contributiva ya lo tienen allí e incluso le cobran el 80 por ciento para que le quede el 20 para gastos de la persona. Entonces, tiene que haber una ayuda a las familias más
que a otra cosa, porque es una sociedad en la que, de momento -y yo digo que afortunadamente-, todavía los viejos se mueren en las casas.



En lo que se refiere al servicio exterior, sí que considero que fue un punto que se me pasó allí y coincido con una exposición que hicieron anteriormente. La protección -y es una lucha vieja que tenemos organismos de la embajada y
organismos oficiales españoles- tiene que ser tanto a las empresas multinacionales que están allí como a los emigrantes que tienen allí inversiones.



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Hay que firmar convenios con los gobiernos donde el Gobierno pueda proteger esas inversiones; ese es un punto importantísimo. Y en cuanto al servicio exterior, en alguna forma, podemos potenciar los CRE para que tengan una relación. Por
aquí se planteó que a lo mejor eso existía a nivel del embajador -no es que el embajador vaya a atender-, que existía un nivel alto para que el embajador fuera delegando en diferentes direcciones que él tiene, como es la del trabajo y asuntos
sociales, aunque esa administrativamente, desde el punto de vista funcional, depende del Ministerio de Trabajo.



La otra cosa que quería decirle es que los CRE funcionan de acuerdo con las personas que estén al frente. Yo no estoy en el CRE, pero nosotros tenemos la coordinación con el CRE -y además tengo que decir que son muy amables conmigo y nos
invitan a todas las reuniones- y si el cónsul no llama, el CRE va y se reúne. Porque el CRE está allí, es asesor del cónsul y no lo tienen que llamar; el CRE puede ir donde el cónsul y allí hemos ido resolviendo problemas, porque hubo un momento
en que las colas -lo llamamos colas nosotros, la gente en la fila- daban tres vueltas alrededor del edificio donde estaba el consulado. Afortunadamente ha ido mejorando tanto el servicio consular, por diferentes mecanismos que se han adoptado, como
también ya la gente que ha arreglado sus papeles porque hubo un momento en que todo el mundo estaba en recuperación de nacionalidades y se crearon allí algunos problemas, pero afortunadamente han ido mejorando. Bienvenida sea la Ley de servicio
exterior. Se puede incluir algo que vincule tanto al estatuto como al CRE y al Consejo de la Emigración.



Es evidente que el estatuto recoge que uno puede ser elector y puede ser elegido, pero eso va a depender de la voluntad política de los partidos y eso también depende del trabajo que uno haga. Yo donde voy siempre le pido a la gente que
vote; cuando voy a pedir el voto ni le digo que vote por nosotros ni que voten por otros partidos, sino que voten, porque si no hay voto -la democracia es el voto-, si la gente no vota, no va a haber interés en la democracia. Antes decían aquí que
se vota al uno por ciento. Precisamente hay que estimular que se vote, pero si yo tengo un organismo que lo elijo democráticamente no estoy de acuerdo con que el mecanismo sea que lo van a elegir tres; no, es que yo he luchado toda la vida para
las elecciones, para que haya votaciones, para que sea en la forma más colectiva posible, y estoy de acuerdo en que haya otros organismos representativos, pero el CRE tiene que elegirse por votación popular de los españoles que estamos fuera. Yo no
estoy dispuesto a delegar mi elección en nadie. Con un sistema democrático en el que se puede elegir y ser elegido no se puede decir que lo elijan tres, como pasaba antes, porque con eso tenemos allá un rollo. Ahora que hemos logrado avances...;
no. Tienen que estar las instituciones. Yo he estado en los centros; fui directivo de los centros, fui directivo de la Hermandad Gallega de Caracas, pero los centros tendrán su representación.
El CRE es un organismo reconocido oficialmente por
el Estado español y la elección tiene que ser popular mediante el voto, como se elige a los diputados, senadores, concejales y a todas las personas que nos sometemos al escrutinio público. Eso es informar. Los partidos -aquí tendrá uno que hacer
un esfuerzo-, si hay muchos votos, van a incluir candidatos del exterior; si no votamos, el partido, como es lógico, tiene que buscar su voto cuando hay elecciones. Entonces va a estar en función de la fuerza que uno tenga desde el exterior. Hay
que organizarse, todos tenemos que organizarnos, cada uno en nuestros partidos; los partidos nos van a escuchar si hay votos. Esa es una misión que también nos tenemos que imponer todas las fuerzas políticas que estamos fuera para darle a entender
a los partidos que sí hay votos. Por ejemplo, Coalición Canaria está proponiendo que Venezuela sea una circunscripción, que sea la octava isla, como se llama; pero que lo sea de verdad electoralmente, porque allí hay 80.000 votos canarios. No
siendo en tres islas, hay más votos allí que en el resto. Además los hermanos canarios son disciplinados, votan y en estos momentos están mejor organizados allí, lo que está teniendo un resultado extraordinario para los canarios. El Gobierno
canario tiene allí unas instalaciones que son mejores que las del consulado y las de la embajada de España; tiene allí gente que tiene de todo. Me preguntaban: ¿Por qué estos canarios tienen tantas cosas? Yo les respondo que tienen tantas cosas
porque las buscan y porque cuando llegan las elecciones votan.



Han tenido la amabilidad de convocarme para la reforma que se está gestando acerca de la Ley de la galleguidad pero, como también está el Estatuto, me imagino que a lo mejor hasta que no se avance en el Estatuto no se va a sacar la Ley de la
galleguidad. En el Estatuto va a primar ese aspecto; allí se recogerán una serie de características referidas a los gallegos que vivimos fuera. La realidad de los españoles la explicaba un poco al principio. Hay que hacer hincapié -en los medios
de comunicación, en Televisión Española arrancaron ahora unos programas sobre la emigración- explicando lo que fue la emigración, la importancia que tiene la emigración. Hay que profundizar en esto, e invito a todos los partidos a que visiten,
vayan a esos países -sobre todo donde hay más españoles- para que vean la realidad. No es igual que yo llegue aquí y se la cuente, por más vehemente que trate de ser para que ustedes me compren la tesis de que hay que ayudar a la emigración, a que
ustedes vayan allí y se reúnan con la gente. Cuando van allí no miro de qué partido son. Si me invitan, yo voy a todo allí, a exponerle la situación sin ningún tipo de miramientos. Afortunadamente me invitan de todos los partidos; vamos allí,
exponemos todas nuestras características. Alguno de ustedes pudo ver el foro que tuvimos en la Hermandad Gallega en la que la estábamos de todas las corrientes y de todos los partidos. Allí se habló sin ningún tipo de tapujo y sin ningún problema
de lo que creíamos; cada uno expuso los problemas y me imagino que con eso se trajeron una impresión de primera


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mano que no es igual que se la cuenten. Les animo a que el Estatuto salga como salió en el Senado cuando yo tuve la oportunidad de presentar una propuesta allí de que se le pidiera al Gobierno que acelerara la ley.
Entonces todos los
grupos votaron favorablemente, y tengo la esperanza de que esta ley avance, salga lo mejor posible. Tengan la seguridad de que no solo va a favorecer a los españoles que vivimos fuera sino también a los españoles que viven en España, porque al fin
y al cabo todos somos un país.



La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Rodríguez Losada, presidente de la Fundación Ramón Rubial Españoles en el Mundo en su sección venezolana.



Ya que quiere intervenir la señora Muñoz, tiene la palabra.



La señora MUÑOZ URIOL: Solamente quiero hacerle una puntualización. Dado lo que nos ha estado comentando aquí de que se intentará hacer el mejor Estatuto, y aun sabiendo que en este caso es senador por el Partido Socialista, ya que ha
hablado del tema de la asistencia sanitaria, le diría que hiciese especial hincapié -nosotros vamos a presentar una enmienda en ese sentido- en la memoria económica y en las partidas presupuestarias que van a destinarse. Tal como dice, sanidad se
incrementa solo el 2 por ciento, y estará usted de acuerdo conmigo en que con el 2 por ciento de incremento difícilmente podremos equiparar la asistencia sanitaria, que usted dice que aquí es de primera calidad con respecto a la que se está teniendo
en el exterior. La ayuda a centros de mayores debe ser mejorada, por lo que usted ha dicho, pero el Gobierno la disminuye en un 4,9 por ciento en la memoria económica de este Estatuto.
Estoy convencida, senador, de que usted será capaz de apoyar
una enmienda que vaya a favor de la emigración y de que, por lo tanto, si no sale aquí, saldrá en el Senado.



La señora VICEPRESIDENTA: Se levanta la sesión.



Era la una y veinte minutos de la tarde.