CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 328

CULTURA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CLEMENTINA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA

Sesión núm. 15

celebrada el miércoles, 29 de junio de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el Proyecto de Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la guerra civil custodiados en el Archivo General de la Guerra
Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. (Número de expediente 121/000035.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA: Iniciamos esta sesión, cuyo objetivo, como saben por el orden del día, es emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los
documentos incautados con motivo de la guerra civil, custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del centro documental de la memoria histórica.



Ordenaremos el debate de la siguiente manera: Cada grupo tendrá un turno a favor de diez minutos; posteriormente, pasaremos a un turno en contra o para fijar posiciones también por un tiempo de diez minutos. Seré estricta en la aplicación
de los tiempos. Este tema ha sido debatido ya durante mucho tiempo y creo que diez minutos son suficientes. Ruego a SS.SS. que se ciñan a ese tiempo a fin de que este debate sea ágil. (La señora Rodríguez-Salmones Cabeza pide la palabra.)


Señora Rodríguez-Salmones.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Perdón, señora presidenta. ¿Serían diez minutos los grupos que tienen enmiendas, para su defensa, y otros diez minutos para fijación de posición de los demás grupos sobre...?


La señora PRESIDENTA: Los cuatro grupos que han presentado enmiendas, el Grupo Vasco, el Grupo Mixto, el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Popular, tendrán un tiempo de diez minutos.
Posteriormente, pasaremos a
un turno en contra de las enmiendas presentadas o para fijar posición sobre las mismas que es aplicable a resto de los grupos parlamentarios.



La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: ¿Sabemos ya cómo vamos a organizar las votaciones? ¿Podemos fijar alguna hora?


La señora PRESIDENTA: Es difícil prever una hora para las votaciones. El objetivo es que el orden del día de esta Comisión pueda sustanciarse en una hora u hora y media. Me resulta muy difícil fijar una hora, puesto que hay grupos
proponentes de enmiendas que no están en la sala y otros grupos a lo mejor renuncian a su turno en contra o a fijar posiciones. Me resulta verdaderamente difícil hacer una previsión del tiempo. Votaremos cuando terminemos esta sesión.



Empezamos con la intervención de los grupos de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, para defender sus enmiendas 1 a 3, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez. (Pausa.) No está presente en la sala. Si a lo largo de la
sesión viniera en algún momento y quisiera intervenir, le daríamos la palabra.



Pasamos al siguiente grupo proponente de enmiendas, que es el Grupo Vasco, enmiendas 4 a 18. Tiene la palabra su portavoz, el señor Esteban Bravo.



El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a ser muy conciso, porque nuestra posición ha sido expuesta en muchas ocasiones y, como saben los representantes de los distintos grupos, todas las enmiendas excepto una, que tiene un carácter más específico,
tienen el mismo sentido y, por tanto, idéntica justificación. Sin embargo, considero preciso hacer una defensa mínima, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de cuál es el espíritu que ha animado a nuestro grupo al presentarlas.



Hemos manifestado en muchas ocasiones que entendemos las dificultades del proyecto que se presenta y, en ese sentido, no pretendemos variar las bases en las que se ha fundamentado el mismo. De una lectura de la exposición de motivos se
deduce claramente que la razón de la que trae causa jurídicamente se fundamente en la reinstauración de las instituciones autonómicas democráticas que existieron en la época de la República, además de una mención especial a la disposición
transitoria segunda de la Constitución y a la transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Pues bien, con los mismos mimbres jurídicos existe otro caso en el Estado, el único que se podría considerar paralelo al caso catalán, que es el
caso vasco, puesto que allí también existió un Gobierno autónomo durante la República, con un estatuto aprobado por el Parlamento republicano y con unas instituciones que fueron recuperadas precisamente mediante la disposición transitoria segunda y
de la disposición adicional primera de la Constitución, pero sobre todo a través de la primera, que es la misma que en el caso catalán. En el Estatuto de Gernika existe una disposición transitoria, en concreto la segunda, que es paralela a la sexta
del Estatuto Catalán. En ese sentido, entendemos que, para hacer justicia, con el 0,5 por ciento de los documentos de las instituciones vascas que se encuentran en ese archivo debería suceder lo mismo que con ese estimado 2,5 por ciento de los
documentos que van a ser devueltos gracias a este proyecto a Cataluña, un 0,5 que además está absolutamente listado y localizado y del que tiene constancia el Ministerio de Cultura, porque se le ha remitido, aparte de alguna publicación en la que se
hacía constar dónde había documentación vasca muy variada: en el fondo catalán -como ya expliqué en otra de mis intervenciones en esta Comisión, puesto que el Gobierno vasco mantuvo una delegación en Cataluña-, en el fondo Santander, en el fondo
Bilbao, en el fondo Madrid, etcétera. Ese listado y los legajos que lo componen se encuentran desde hace ya tiempo en manos del Gobierno, y las instituciones vascas, discretamente, a través de comunicaciones tanto verbales como escritas, han
reclamado esa documentación. También los ayuntamientos vascos -listado del que también dispone el ministerio- han reclamado sus escritos, aunque -como verán- no hemos presentado enmiendas respecto a los ayuntamientos, porque no


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pretendíamos romper ese razonamiento que se hacía desde el proyecto de ley.



El otro día, la señora Cunillera, portavoz socialista, tuvo una intervención en el Pleno muy emocionante y llena de sensibilidad que yo aplaudo. Estoy absolutamente de acuerdo con todos los razonamientos que hizo, pero me temo que en el
caso que nos ocupa, aunque veamos su justicia, desgraciadamente no va a existir la misma sensibilidad.
Sinceramente, no encuentro razones jurídicas que lo justifiquen y tampoco de oportunidad. El momento más sencillo para hacerlo era este,
haciéndolo en un solo acto. Remitirnos -si es que se nos va a remitir, que vaya usted a saber cuál será exactamente la intención del Gobierno- a momentos posteriores puede hacer que las cosas sean más complicadas. Al estar esto avanzado, si había
voluntad política, este era el momento de hacerlo. Si se es valiente -que se ha sido, eso hay que reconocerlo-, hay que serlo para todo.



Si nuestras enmiendas no son apoyadas, que parece que va a ser así, lo lógico sería que mi grupo parlamentario votara en contra del proyecto.
Pues bien, esto no va ser así; nosotros lo vamos apoyar. Quizá esta sea una visión romántica de
la política, visión que espero que permanezca y subsista porque desde luego eso es lo que vale en muchas ocasiones. Se trata de una causa justa y aunque nuestros deseos y nuestros derechos no sean apoyados no seremos rácanos y apoyaremos con fuerza
las reivindicaciones que se hacen desde Cataluña. No sé si esta visión romántica e ilógica va a ser la misma que se va a seguir por parte de los demás grupos, pero en este sentido cada uno tiene que mirarse ante el espejo y saber hasta dónde puede
y quiere llegar y cuáles son sus pautas.
En cualquier caso, nuestra actitud será esa.



Por último quiero señalar que hay una enmienda que tiene unas características especiales y diferentes a las demás. Se trata en concreto del traslado de los protocolos notariales e históricos a los archivos forales donde se encuentra la
mayor parte de esa documentación. Me explico brevemente: en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca los archivos provinciales no han sido transferidos ni se ha hecho un convenio de gestión con el Gobierno autónomo. Como digo, en esos archivos
provinciales existen protocolos notariales históricos, pero el mayor volumen de los mismos se encuentra en los tradicionales archivos históricos forales porque esta era una competencia foral y, por tanto, son las diputaciones las encargadas de su
custodia. En nuestra opinión lo más lógico sería, sobre la base de la adicional primera y de esos derechos históricos, así como por una mejor organización de los archivos, que esos documentos que se encuentran en Bilbao, en Vitoria, etcétera,
pasaran a engrosar el conjunto de la documentación del mismo carácter que la que está custodiada por las instituciones forales tradicionales. En cualquier caso y aunque parece que verdaderamente el objeto de esta sesión es el archivo de Salamanca,
en esta casa hemos visto leyes de ámbito notarial o de arbitraje mezcladas con contenidos penales, fiscales, etcétera. En este sentido, tengo que decir que esta ley no se acerca ni por asomo a esas divergencias tan grandes en cuestión de la
materia, por lo que entendemos que quizá con una cierta voluntad sería posible llevarla adelante. Parece ser que tampoco va a haber esa voluntad y, por tanto, anuncio a la Mesa que se puede dar un voto conjunto y único de nuestras enmiendas.



Finalizo diciendo que espero y confío en que el archivo histórico nacional vasco que va a crear el Gobierno del País Vasco, recientemente constituido, pueda acoger estos documentos que ahora se reclaman, así como documentos custodiados y
repartidos en otras instituciones para que verdaderamente las instituciones legales vascas que han representado al conjunto del País Vasco puedan recuperar esa parte tan importante de su patrimonio.



La señora PRESIDENTA: En representación del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro Casillas.



La señora NAVARRO CASILLAS: Tengo que decir que en esta intervención represento a Izquierda Unida. Quiero manifestar que no pretendemos reabrir el debate respecto al contenido, pero sí ampliarlo porque entendemos que los mismos criterios
que fueron alegados en la intervención plenaria por parte de otros grupos parlamentarios son de aplicación para el resto del Estado. ¿Por qué los más de 200 ayuntamientos del País Valenciano que han reclamado la devolución de la documentación
incautada por las tropas de Franco tienen un menor derecho que la Generalitat catalana? La verdad es que en la izquierda, desde ese criterio que se defendió por parte de los grupos parlamentarios, no entendemos el porqué. En este sentido, tengo
que darle un mensaje al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Nosotros tampoco entendemos que se reclame únicamente este derecho para Cataluña y el País Vasco.
Nosotros queremos que este criterio ético moral de restitución histórica sea también
de aplicación para los papeles de todos los ciudadanos y administraciones del conjunto del Estado que así lo reclamen, porque este debe ser un criterio de justicia. En el caso del País Valenciano la Delegación del Estado para la recuperación de
documentos expolió más de 700 cajas de documentación diversa que se depositó en Salamanca. Hay actas municipales, cartas personales tanto de valencianos como de ciudadanos de todo el Estado que la portavoz del Grupo Socialista leyó durante una
intervención en el Pleno. Por tanto, ese mismo criterio por el que estas cartas personales no tiene por qué no formar parte de este archivo es de aplicación para todos. Ya es hora de que se nos devuelva lo que nos robaron hace más de 60 años, pero
a todos. Se trata de una simple cuestión de legalidad democrática, legalidad que defendían aquellos a los que se les hurtaron todos sus papeles; aquellos que lucharon por la cultura y la libertad y que ahora reclaman la restitución de los mismos.

Como sabemos esto no ocurrió


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solamente en dos partes del territorio, es decir, en Cataluña y el País Vasco, sino en todo el Estado. Por otra parte, me gustaría recordar que los documentos de Franco o de Carrero Blanco son privados e inaccesibles mientras que, por
ejemplo, los de mis familiares están en un archivo público. Por tanto, no se trata solo de los papeles de Salamanca, sino también de los papeles de cada entidad, cada organización, cada Administración pública o de cada persona, papeles que nunca
serán propiedad del archivo de Salamanca. Como dijo Raimon: tot torna a començar. Por el derecho de las víctimas, por el derecho de la memoria de todos, hemos presentado estas enmiendas pidiendo para todos aquellos la devolución de los papeles
que un día les expoliaron.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Robles para defender las enmiendas números 30 a 44.



El Señor ROBLES OROZCO: Intervendré también muy brevemente porque a estas alturas del debate los argumentos están bastante explicados tanto en los diferentes trámites parlamentarios como en la reciente enmienda de totalidad. Quiero
aprovechar para sintetizar básicamente el bloque de enmiendas que hemos presentado y la filosofía de las mismas. Como digo, hemos presentado una enmienda a la totalidad y eso lo dice todo. Es decir, para el Grupo Parlamentario Popular
evidentemente esta es una ley que no debería haber surgido porque ha reabierto debates innecesarios, y, sobre todo, se ha hecho sin los criterios de objetividad y de carácter científico que deben acompañar a cualquier debate que tiene que ver con el
patrimonio cultural o, como en este caso, documental español. Por tanto, nuestra enmienda a la totalidad -insisto en que eso lo dice todo- supone un rechazo frontal al conjunto de la ley y quiero aprovechar a decirlo porque muchas veces se pueden
haber generado ideas equivocadas o incluso alguna noticia equivocada como la que ayer aparecía por el hecho de que nosotros no estemos a favor del contenido de esta ley. En cualquier caso, en este trámite parlamentario podemos aprovechar para hacer
lo que se debería haber hecho con una ley de esta naturaleza. No se trata de una ley que vaya en la dirección de desintegrar parte de un archivo nacional, sino que la misma se debería haber aprovechado precisamente para generar una ley de
protección del patrimonio documental español. Por eso la primera de nuestras enmiendas pretende cambiar el título y la naturaleza de la ley y aprovechar un trámite parlamentario que nos permita crear mecanismos u objetivos científicos regulados
para solucionar cualquier demanda, presente o futura, que se pueda ocasionar respecto del patrimonio documental español. Por tanto, la primera de nuestras enmiendas tiene que ver con el cambio de denominación de la ley para proteger el patrimonio
documental español. Asimismo, hay un bloque de enmiendas de sustitución que pide excluir de esta ley toda referencia a esos supuestos argumentos y justificaciones históricas y evitar, a nuestro juicio, la disgregación de un archivo nacional.



Hay otro bloque de enmiendas que va precisamente a generar ese marco jurídico, de seguridad jurídica, de normas, de procedimientos que permitan que cualquier demanda, legítima o no legítima, justificada o no justificada, que en un Estado
democrático, libre y de derecho se pueda producir -cualquier institución, cualquier persona puede hacerlo de forma legítima en términos de sentimientos, de razones históricas o no- tenga que seguir un procedimiento. Es decir, es cierto que, con
mayores o menores razones, se pueden producir reivindicaciones y el Estado tiene que tener un procedimiento reglado, objetivable, que, fuera de los procedimientos políticos o exclusivamente políticos, basándose en informes científicos, en informes
vinculantes o no vinculantes -ahora hablaré sobre ello-, pero sí preceptivos, pueda dar al poder político en cada momento las normas objetivables, reguladas, de seguridad jurídica y de procedimiento que permitan establecer criterios. Por tanto, un
bloque de enmiendas tiene como objetivo fundamental fijar normas por las que los archivos integrados en la red de archivos de titularidad del Estado puedan ser capaces de gestionar cualquier demanda que se pueda presentar en el futuro. Primero,
cambio en la denominación; segundo, eliminación o sustitución de toda aquella parte que hace referencia a la salida de los fondos documentales; tercero, seguridad jurídica, es decir, crear el método, el procedimiento por el que puedan establecerse
las reclamaciones pertinentes y, cuarto, potenciación de lo que ya existe. Hay que recordar que el Archivo General de la Guerra Civil española se generó, por un real decreto, en marzo de 1999 y que, además, en ese real decreto se creaba ya el
Centro de Estudios y Documentación. Por tanto, la ley establece una nueva confusión, la creación de un nuevo centro de documentación de la memoria histórica, que, a nuestro juicio, no es más que una cortina de humo o, dicho de otra forma, un
intento de maquillar o compensar lo que es claramente una desintegración el archivo. Ya existe un centro de estudios y documentación y, por tanto, lo que hay que hacer es potenciarlo desde el punto de vista de personal, de medios económicos, de
acceso a la investigación. Ese bloque de enmiendas que proponemos va precisamente en la dirección de potenciar el actual Archivo General de la Guerra Civil española, especialmente potenciando lo que es el Centro de Estudios y Documentación. Por
tanto, ese es el último bloque de enmiendas, sobre las que, además, pediremos votación separada.



Hay una enmienda en la que me gustaría detenerme especialmente, la enmienda número 40, al artículo 5, que hace referencia a los criterios objetivos. Nuestra enmienda propone que cualquier demanda de fondos documentales sea estudiada por los
patronatos u órganos rectores de estas instituciones y que, además, sea la Junta Superior de Archivos la que emita informe de carácter preceptivo y vinculante. Este ha sido nuestro argumento permanente. Al margen de insistir en el hecho de la


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reclamación poco fundada y grave para el patrimonio documental, hay una cuestión básica, el informe de carácter científico, riguroso, técnico que debe ser emitido ante cualquier demanda. Esto es fundamental para que las coyunturas
políticas, las necesidades políticas, los avatares parlamentarios no sean los que rijan las decisiones sobre el patrimonio, en este caso documental, sino razones de carácter científico. Me voy a permitir hacer una autoenmienda de nuestra enmienda o
una enmienda de carácter transaccional, especialmente para facilitar al Grupo Socialista que pueda votar esta enmienda y que lo haga, sobre todo, por coherencia con lo que acaba de aprobar el Gobierno, al que soporta el Grupo Socialista, en relación
con otro archivo tan importante como el Archivo de Salamanca, el Archivo General de Indias. Hace unos días, la ministra de Cultura acaba de inaugurar una reforma importante iniciada hace cinco años, por tanto por el Gobierno del Partido Popular, y
lo ha hecho a bombo y platillo en Sevilla. Además el Gobierno acaba de aprobar un decreto -el día 24 de junio de este mismo año- de regulación del Archivo de Indias, que en su artículo 5, funciones del pleno, dice lo siguiente: e) Corresponde al
pleno del Patronato del Archivo General de Indias emitir informe preceptivo sobre cualquier propuesta de salida de fondos del archivo. Resulta absolutamente sorprendente que el Gobierno de la nación acabe de aprobar una regulación del Archivo de
Indias que otorga al Pleno del Patronato del Archivo General de Indias lo que se le niega al Archivo General de Salamanca y que nosotros estamos pidiendo aquí.
Nosotros estamos pidiendo que el Patronato del Archivo de Salamanca emita un informe
preceptivo sobre la salida de los fondos. Eso se le niega al Archivo de Salamanca, no se quiere escuchar lo que tiene que decir el Patronato del Archivo de Salamanca, probablemente porque a este Gobierno no le gusta escuchar lo que tiene que decir
el Patronato, pero, curiosamente, el 24 de junio ha aprobado el decreto que rige las funciones del Patronato del Archivo de Indias, donde dice literalmente: Artículo 5, e) Emitir informe preceptivo sobre cualquier propuesta de salida de fondos del
archivo. Exactamente lo mismo pedimos para el archivo de Salamanca. Por tanto, por coherencia, presentamos una autoenmienda y, así, que el Grupo Socialista pueda votar lo que acaba de aprobar su Gobierno respecto del Archivo General de Indias.
Por eso digo que donde nosotros decíamos que los informes sean preceptivos y vinculantes, mi autoenmienda consiste en que no sean vinculantes, pero sí preceptivos, para, repito, dar coherencia a lo que acaba de aprobar respecto al Archivo General de
Indias y para que quede siempre en manos de la decisión política la capacidad de tomar una decisión política, pero después de haber escuchado con carácter preceptivo al órgano técnico del archivo, el patronato. Por tanto, autoenmiendo sobre la
enmienda número 40 y la dejo exclusivamente en que sean informes de carácter preceptivo.
Insisto, pido para Salamanca lo mismo que acaba de aprobar el Gobierno para el Archivo General de Indias, ubicado en la ciudad de Sevilla.



Estos son básicamente nuestros bloques de enmiendas, nuestros argumentos, sobradamente conocidos. Espero que los grupos sean sensibles, especialmente sobre esa autoenmienda o enmienda transaccional.



La señora PRESIDENTA: Le rogaría, señor Robles, que entregue a esta Mesa la autoenmienda a la enmienda número 40.



Concluido el turno de defensa de las enmiendas, damos un turno para fijación de posiciones o turno en contra, también por un tiempo de 10 minutos, en el mismo orden que hemos seguido hasta ahora.



¿Grupos que desean intervenir? Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.



El señor ESTEBAN BRAVO: Voy a ser muy breve, señora presidenta.



En primer lugar, respecto al Grupo de Izquierda Unida -por cierto, su representante ha aprovechado el turno inicial para hablar de las mías, aunque no ha captado la idea, bien porque ha llegado tarde, bien porque no ha prestado mucha
atención a mi argumentación-, y esto que voy a decir tiene que ver con sus enmiendas, diré que nuestras enmiendas no persiguen mantener la injusticia. Cada uno tiene una táctica y una estrategia y, vuelvo a repetir, y creo que ahí está el error de
las enmiendas de Izquierda Unida y por eso no van a recibir nuestro apoyo, nosotros no hemos querido romper las bases del proyecto. Cuando un proyecto que nace con dificultades, por lo menos hay que intentar encajar las bases; pero, sin tocar eso,
el caso de las instituciones vascas entra perfectamente ahí y, desde luego, nosotros no renunciamos a los documentos de los ayuntamientos, incluidos los vascos, ni a otras reivindicaciones que pueda haber posteriormente de Aragón, Valencia,
etcétera; desde luego, el objetivo de las enmiendas ha sido ese, no tocar esa base. Después, cada partido tiene su propia estrategia y actúa de una manera o de otra; desde luego, nosotros no renunciamos a que otras instituciones, particulares,
partidos, asociaciones, etcétera, puedan recibir esa documentación y entendemos que facilitar las cosas es mantener las bases del proyecto.



Con respecto a las enmiendas del Grupo Popular, me he manifestado antes en el sentido de que es una reivindicación justa la que se realiza desde Cataluña; este es un asunto que innecesariamente se está alargando demasiado y, por tanto,
vamos a favorecer esa devolución y a intentar que se eviten los obstáculos que se pudieran poner para esa pronta devolución. Por ello -repito- votaremos en contra de las enmiendas del Grupo Popular.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra la señora Navarro.



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La señora NAVARRO CASILLAS: Un partido tiene toda la legitimidad del mundo para decidir cuál es su propia estrategia, pero también la tienen los demás para manifestarse y pronunciarse sobre las estrategias de los otros. En este caso
entendemos que este proyecto de ley nace bajo una visión errónea, que es la de restituir únicamente los documentos a Cataluña, y ese error se mantiene si se restituyen únicamente a Cataluña y al País Vasco. Entendemos que este problema que
padecemos y esta restitución que reivindicamos es necesaria para todo el Estado como ya he manifestado.



La señora PRESIDENTA: Por Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Canet.



El señor CANET COMA: Brevísimamente porque, como ya ha dicho el portavoz del Grupo Popular, en este asunto está casi todo dicho y repetido.



Voy a recordar cuatro o cinco cosas. Primera, no pensamos que este proyecto de ley, que nace del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados, de 18 de mayo de 2004, reabra debates sino que empieza a cerrar heridas. Recalco lo de
empieza porque, como también se ha puesto de relieve, es un proceso que no estaría completo, caso que llegue a buen puerto este proyecto de ley, porque geográficamente hay personas e instituciones que también deben recuperar sus documentos y, en el
caso de Cataluña, incluso, pese a que parezca que ahora se recuperan todos, los ayuntamientos no los recuperan. Por tanto, el proceso es incompleto, pero se inicia. También quiero recordar, porque a veces tampoco se quiere hacerlo y se suele
malinformar, por no decir denigrar, que no es una reivindicación de un partido político, como, a veces, parece querer decirse en alusión a Esquerra Republicana de Catalunya, es una reivindicación de país, en el caso catalán. Por eso el protagonismo
lo ha tenido en los últimos años la Comisió de la Dignitat que representa a la sociedad catalana y, además, en el Parlamento de Cataluña se votó por unanimidad pedir que se iniciase el proceso de restitución, incluyendo, como ya dije en el Pleno a
los diputados del Grupo Popular en el Parlamento de Cataluña.



No voy a insistir en lo de la unidad del archivo porque técnicamente todo el mundo sabe cuándo hay unidad de archivo y cuándo no, pero políticamente interesa decir que hay ciertas unidades de archivo que, por origen en la generación de
documentos, si hubiera alguna unidad de archivos sería justamente la que procedería de la generación de documentos que hizo la Generalitat republicana en su momento. Quiero recordar que después de la guerra los papeles que afectaban a los del bando
vencedor fueron devueltos casi inmediatamente. No se pensó en esas unidades.



En cualquier caso, y termino, estamos de acuerdo en que el proceso es incompleto; que debe continuar, así lo preveía la disposición adicional primera del proyecto de ley y nos duele, es verdad, a la hora de votar las renuncias que hacemos
precisamente porque somos conscientes de que el proceso es incompleto. Por tanto, no votaremos sí a determinadas enmiendas, y nos duele porque compartimos absolutamente el contenido, de la primera a la última línea de las mismas. En ese momento
primamos la posibilidad de cerrar una primera fase de acuerdo. Esperemos que eso sea una primera y que permita en un tiempo breve cerrar los demás contenciosos provocados por la expoliación de documentos después o antes de terminarse la Guerra
Civil por parte de los que serían los vencedores.
Nos parece una manera razonable, aunque muy tardía, de cerrar una herida histórica.



La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vilajoana.



El señor VILAJOANA ROVIRA: También voy a ser muy breve porque entiendo que es un tema ampliamente debatido, pero me gustaría marcar nuestra posición como grupo respecto a algunas enmiendas presentadas.



En esta línea también quiero lamentar que no podremos votar algunas enmiendas que se han presentado hoy, con las cuales compartimos el objetivo final que hemos de conseguir todos, que toda esta documentación que fue decomisada alrededor de
una guerra muy dura sea devuelta. En este sentido me gustaría, y aludo a algunos argumentos que ha utilizado el Grupo Popular durante estos debates, referirme a la Unesco. Hace unos quince días hubo una manifestación en Salamanca y hubo una nota
oficial del decanato de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Salamanca que me parece que rompe muy claramente algunos de los argumentos que se han dicho. Este decanato hizo oficial una nota en la cual se decía que el decanato ha
de lamentar ante los miembros de la universidad y ante la opinión pública, la desaparición o sustracción, de manera premeditada y por métodos ajenos a la libertad de expresión, de la pancarta colocada en el interior de la Facultad de Geografía e
Historia.
Esta pancarta decía: Los archivos desplazados en tiempo de guerra deben devolverse a sus archivos de procedencia. Firmado: La Unesco. Esta es la posición de siempre de la Unesco. No estamos hablando del Archivo General de Indias, que
también se podría discutir el origen, pero claramente la Unesco siempre ha dicho -y repito que esto no lo dice no sé quien, lo dice el decanato de la Facultad de Historia y Geografía de la Universidad de Salamanca-: Los archivos desplazados en
tiempo de guerra deben devolverse a sus archivos de procedencia. Por tanto, no ulilicemos más a la Unesco como cobertura, porque no es así.



No voy a entrar en el tema de la unidad sobre el que ya hablado el señor Canet, pero me gustaría entrar en otro matiz. Reclamaba el portavoz del Grupo Popular una ley que protegiera el patrimonio español. Pues bien, hasta hoy el patrimonio
español es todo patrimonio de toda institución o ciudadano del Estado español. Por tanto, esta documentación que se va a desplazar a Cataluña,


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hasta que no se demuestre lo contrario y la Constitución no se varíe, se va a España. Lo protegeremos igual, con la misma ley, la misma fuerza y la misma calidad, si lo situamos en Salamanca o en San Cugat del Vallès.
Lo digo porque muchas
veces se dicen cosas -y siquiere un día entramos en este debate- en el sentido de si hay una España que está situada en no sé donde o no. Es curioso. Que a usted le parezca que el patrimonio español, porque se mueva de Salamanca a San Cugat del
Vallès, deja de ser español, lo encuentro curioso. Es decir, la protección del patrimonio se hace, donde se haga, en cualquier parte del territorio español, hasta que cambiemos la Constitución y diga otras, pero en este momento la Constitución dice
lo que dice.



Paso a referirme a las enmiendas de Izquierda Unida, porque, como dice mi compañero de Esquerra Republicana, nos sabe mal. En una proposición no de ley que presentó el Grupo Parlamentario Vasco, el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
concretamente yo mismo hice una defensa clara del derecho y deber que tiene el Estado de devolver unos documentos y que, con el mismo concepto que defiende la Unesco esta devolución, el Gobierno Vasco lo debe hacer. Igualmente diría respecto a los
200 ayuntamientos del País Valencià. Por tanto, este portavoz y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que hoy no podrá votar sus enmiendas, sí defenderá a su lado que esta restitución sea mucho más rápida e instantánea. Además, el
Gobierno adquirió en una sesión en el Pleno el compromiso de que en la ley de memoria histórica esto se arreglaría.
Pedimos que sea lo más rápido posible y se permita este acto de justicia y de técnica archivística correcto que es la de devolver a
sus orígenes unos documentos que fueron sustraídos por métodos violentos.



Quisiera añadir que nosotros también renunciamos a un hecho como es que los documentos de los ayuntamientos de Cataluña tampoco estén en esta ley. Sin embargo, actuamos así por pura disciplina y un poco por coherencia, ya que esta ley surge
de una negociación entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado y han llegado a este acuerdo.
Como decía también el portavoz de Esquerra Republicana, nosotros en los últimos años, después de más de 25 años de reivindicación
política, social, etcétera de esta documentación, hemos delegado en una comisión que representa al conjunto de la sociedad, que es la Comisió de la Dignitat, y esta comisión ha actuado también en esta negociación y en la construcción de esta ley.
En este sentido nosotros hemos renunciado a presentar una enmienda que hubiese sido razonable para reclamar también los archivos de los ayuntamientos por creer que este es un acuerdo cerrado, que nos parece muy positivo. Es un hecho importante,
aunque tardío, que es un acto de dignidad y de justicia y entendemos que esto debe ir así. Por eso nosotros también renunciamos a este aspecto.
Lamentamos no poder apoyar sus enmiendas, pero entendemos que es una operación que se ha ligado
alrededor de los archivos de Cataluña y concretamente de las instituciones catalanas: Generalitat, Parlamento y documentos privados. Sí permite que personas o entidades privadas de todo el Estado puedan reclamar estos papeles. En cualquier caso,
apoyaremos claramente cualquier reivindicación y cualquier planteamiento que haga el Grupo Vasco y también el Grupo de Izquierda Unida respecto de ampliar esta devolución al conjunto de papeles del archivo de Salamanca. Por tanto, no podemos apoyar
las enmiendas que se presentan, pero en el futuro nos tendrán a su lado, como nos han tenido siempre, en una reivindicación que consideramos justa y que tiene que ver con la dignidad de las personas y de las instituciones.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Robles.



El señor ROBLES OROZCO: Tampoco voy a hacer un turno demasiado extenso porque los argumentos están explicados. Las enmiendas de los diferentes grupos van en la línea contraria de lo que hemos propuesto. Lo que queremos es reforzar una ley
que garantice el patrimonio, en este caso documental. La ley va en sentido contrario y las enmiendas de los grupos van en el sentido de ampliar una línea equivocada, porque amplían el objeto de la ley a otras comunidades, a otros colectivos con lo
que nosotros, coherentemente, no podemos estar de acuerdo. Resumiendo, no vamos a apoyar ninguna enmienda. No tengo la más mínima duda sobre la españolidad de ninguna parte del Estado español. No tengo ninguna duda, tampoco, sobre la calidad que
se pueda hacer de la custodia de los documentos, pero de lo que estamos hablando no es de eso, sino de la función que ejerce la unidad del archivo. No estamos hablando de si el documento va a estar bien o mal custodiado y cuál es la función que va
hacer en ese archivo. Ese no es el debate. El debate es el valor que tiene la unidad de los archivos o el valor de cualquier bien cultural. No me gustaría establecer comparaciones ni poner ejemplos que pudieran ser equivocados. Supongo que si
los fondos del museo del Louvre salieran a otras zonas del territorio del Estado francés, seguirían siendo franceses, pero probablemente el valor del museo en su conjunto que todos visitamos con una característica, sería distinto. Si la Gioconda en
vez de verla en París la viéramos en Estrasburgo, la Gioconda seguiría siendo la misma, pero el valor de conjunto de la colección archivística de las diferentes fases de la pintura sería distinto. Por eso digo que no sé si los ejemplos son
ilustrativos, pero el archivo de Salamanca tiene una función, como todos los archivos, y lo que hacemos es mantener ese archivo. No quiero entrar tampoco en el tema de la Unesco, pero sobre la Unesco, como sabe el portavoz de Convergència, hay
otros muchos grupos de trabajo creados ad hoc para los archivos de la represión que han defendido exactamente lo contrario de lo que acaba de decir el portavoz.



Quiero terminar mi intervención diciéndole que estamos pidiendo un método objetivo, científico y de garantías para todos. Pedimos para el archivo de Salamanca lo mismo


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que en este momento estamos otorgando a cualquier otro archivo nacional.
La pregunta definitiva es por qué al Patronato del Archivo de Salamanca no se le deja emitir un informe, que en este momento sí se consolida en un decreto para el
Archivo General de Indias de Sevilla. Lo que pedimos es un método objetivo y científico que pueda darnos garantías a todos y que pueda solucionar aquellas legítimas aspiraciones de particulares o de instituciones. Lo que queremos es mantener una
política coherente, mientras que las enmiendas de los grupos van precisamente a profundizar en la línea equivocada que, a nuestro juicio, tiene esta ley.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista solicita distribuir su turno de intervención entre dos miembros de la Comisión. Empezaría por un tiempo de cinco minutos el señor Sáez Jubero, que tiene la palabra.



El señor SÁEZ JUBERO: Quisiera empezar mi intervención manifestando la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista por superar en la presente Comisión los últimos escollos que quedan para la devolución de los documentos incautados a las
instituciones políticas de Cataluña y a sus partidos políticos, sindicatos, entidades sociales, culturales y a particulares. Se trata de un acto de justicia y de recuperación de la memoria histórica. Intervendremos en esta comisión en
representación de nuestro grupo mi compañero Mario Bedera y yo mismo. Quisiéramos, con nuestra aportación, poner de relieve que esta es una ley de todos y para todos, que concilia, que devuelve a Cataluña y que construye en Castilla y León, en
Salamanca, el centro documental de la memoria histórica. Paso a argumentar el rechazo a las enmiendas y Mario Bedera fijará la posición del grupo.



En cuanto a las enmiendas números 1 y 2 de la Chunta, del Grupo Mixto, la número 3 de EA y la 20 y 21 de Izquierda Unida, mostramos nuestra disconformidad con las mismas, no tanto por su contenido sino porque el objeto de la ley no es la
devolución de todos y cada uno de los documentos que actualmente alberga el Archivo General de la Guerra Civil.
Esta ley tiene un límite definido conforme al mandato del Parlamento articulado a través de la proposición no de ley del 18 de mayo de
2004, que se refería... (Rumores.)


La señora PRESIDENTA: Les ruego que mantengan silencio en la sala y que no hablen entre ustedes.



El señor SÁEZ JUBERO: Hacía referencia a esta proposición no de ley del 18 de mayo de 2004, que instaba a iniciar un proceso de diálogo con el gobierno de la Generalitat para la recuperación de la documentación incautada en el Archivo
General de la Guerra Civil de Salamanca. En el caso de las personas físicas y jurídicas de carácter privado, y debido al principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, el proyecto también prevé que la
restitución de los documentos pueda llevarse a cabo por las comunidades autónomas que lo soliciten, de acuerdo con el procedimiento que el Gobierno establecerá.
En cuanto a las enmiendas números 5 a 16, del Grupo Vasco, en cuanto a la inclusión en
la ley de los documentos incautados al Gobierno y a las instituciones vascas, deberé manifestarles nuestro rechazo únicamente por el desborde del ámbito marcado por la proposición no de ley de 18 de mayo de 2004. Si en el caso de la Generalitat ha
de tenerse en cuenta que tras el advenimiento de la democracia esta institución recupera su continuidad jurídica en virtud del Real Decreto-ley 276/1977 por el que se derogó expresamente la ley que había abolido la Generalitat, parece razonable, por
un criterio de equidad y de justicia, la demanda de las instituciones vascas de recuperar los documentos depositados en el archivo de las instituciones políticas vascas. Vean en nuestro rechazo a su enmienda cuestiones de procedimiento y de forma.
Señor Esteban, deberá confiar en la sensibilidad de este grupo y del Gobierno para resolver sus legítimas pretensiones. En cuanto a la enmienda número 18 del Grupo Vasco, no consideramos que el presente proyecto sea la norma adecuada para modificar
el reparto competencial Estado-comunidades autónomas, para proceder a disponer el futuro traspaso de los archivos de protocolos notariales en archivos de titularidad estatal al patrimonio cultural vasco. La delimitación competencial en materia de
archivos se ha ido concretando en los decretos de transferencias y convenios Estado-comunidades autónomas. En este marco deberán reclamar sus pretensiones.



En cuanto a la enmienda 22 de Izquierda Unida, estimamos que en buena medida queda incorporada con la enmienda 45 admitida en ponencia.
Rechazamos la enmienda 23, ya que es una norma con rango de ley. Al ser una norma con rango de ley y al
crearse un órgano de coordinación interadministrativa Gobierno-Generalitat, es más conveniente que únicamente se enuncie la existencia de la comisión, sin perjuicio de contar entre sus representantes con historiadores expertos, tal y como sugiere la
enmienda de Izquierda Unida. En cuanto a la enmienda 27, no es cierto que el Estado renuncie a sus obligaciones. Se trata de un proyecto del Gobierno que establece un procedimiento concreto de devolución, al que deberá ceñirse la Generalitat de
Cataluña, la devolución de documentos de particulares del resto de comunidades autónomas para la aprobación de un procedimiento por parte del Gobierno. En cuanto a la enmienda 28 de Izquierda Unida, la rechazamos porque en caso de existir
documentos públicos pertenecientes a la Segunda República custodiados en el archivo, pasarán automáticamente a formar parte del centro documental de la memoria. Por tanto, no es necesaria la precisión que se establece en la enmienda. En cuanto a
la 29, de restitución de documentos a los partidos políticos y sindicatos, haremos referencia... (Rumores.)


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La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Sáez Jubero. Por favor, guarden silencio.



El señor SÁEZ JUBERO: Hacemos referencia a la existencia de dos leyes, la Ley 43/1998, de restitución a los partidos políticos de bienes y derechos incautados, y la Ley 4/1986, de cesión de bienes del patrimonio sindical acumulado, que es
el marco legal para restablecer los bienes incautados a instituciones, partidos políticos y a sindicatos.



Por último, vamos a rechazar las enmiendas del Partido Popular porque por esta vía pretenden conseguir el objetivo de aprobar lo ya rechazado por el Pleno del Congreso de los Diputados, celebrado el pasado jueves 23 de junio de 2005, que fue
la toma en consideración de la enmienda a la totalidad presentada, mediante la redacción de un nuevo texto que en ningún caso cumple las expectativas planteadas por el Gobierno ni da cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por el Congreso
de los Diputados el pasado 18 de mayo de 2004. Las enmiendas al proyecto presentadas por el Grupo Parlamentario Popular pretenden fijar normas por las que los archivos de titularidad estatal deban responder a las demandas de restitución de las
instituciones y los particulares. En este sentido, el proyecto de ley, en un texto conciliador y garante del interés general, ya resuelve las históricas reclamaciones de los documentos incautados que han ido jalonando durante más de un cuarto de
siglo toda suerte de iniciativas, propuestas y peticiones parlamentarias hasta ahora infructuosas.



Por un lado, es esa legítima reivindicación histórica, hasta ahora desatendida, y, por otro, la salvaguarda de la integridad del archivo como patrimonio cultural, lo que ha inspirado el proyecto. Por este motivo rechazamos también las
enmiendas del Partido Popular.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Bedera.



El señor BEDERA BRAVO: Intervengo en el turno de fijación de posiciones, tras haber justificado mi compañero el señor Sáez el rechazo a las enmiendas presentadas por el resto de los grupos.



Nos gustaría explicar nuestro voto positivo al informe de la ponencia para constituir el dictamen, y para ello queremos recordar el doble objetivo que persigue este proyecto de ley. Por una parte, se trata de restituir a la Generalitat de
Catalunya los documentos incautados en la Guerra Civil, cuestión suficientemente debatida; por otra parte, la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, hecho este que ha pasado -y todos lo sabemos- más desapercibido y que, sin
embargo, para nuestro grupo tiene una significación capital. Habría que recordar, en primer lugar, que estamos hablando de un centro que asume buena parte de las recomendaciones hechas por la comisión de expertos -repito, comisión de expertos, que
sí ha habido-, encabezada por el señor Mayor Zaragoza.
Pero más allá de dar forma a las conclusiones de dicha comisión, el centro documental está llamado a ser el gran contenedor -culturalmente hablando- de buena parte de la memoria de nuestro
siglo XX, la memoria como presencia del pasado, como representación de un tiempo anterior, que siendo memoria biográfica para cada persona no es nunca del individuo aislado, sino de un individuo inserto en un contexto social. Por esta razón la
memoria, por definición, es memoria colectiva.



Señorías, ha llegado ya el momento de que en este país se pueda hablar con normalidad de la guerra civil como parte de nuestra historia. La mejor prueba de que nuestra democracia está consolidada sería levantar el velo de amnesia que
nuestra transición echó con la Ley de amnistía de 1977 y que siendo necesaria en su momento por estar en juego valores superiores, hoy día, desaparecidas las circunstancias que explicaron la anterior política de gestión del pasado dictatorial, no se
sostienen. El Centro Documental de la Memoria Histórica nace con esa vocación colectiva de servicio público a los ciudadanos en su conjunto y no como instrumento de reivindicación de unos frente a otros. Quienes estamos aquí reunidos en esta
Comisión constituimos la tercera generación de aquel país en guerra y tenemos el derecho de organizar nuestra convivencia conforme a reglas de normalidad, es cierto, pero también tenemos frente a futuras generaciones la obligación de incorporar a
nuestro acervo la memoria real de nuestro pasado traumático.



Desde esta perspectiva, el centro de la memoria cumple varias funciones.
Se presenta como la gran oportunidad de dar respuesta a la vez al derecho colectivo a conocer la verdad sobre nuestro pasado y al derecho individual de las víctimas de
la represión a la reparación de daños.
Desde el punto de vista de las funciones que va a desarrollar este centro, el derecho a conocer la verdad se garantiza con la correcta conservación documental en lo que será el archivo general del Centro
Documental de la Memoria Histórica, cuyo núcleo básico es el actual Archivo General de la Guerra Civil, y al que se incorporará una ingente cantidad -que luego referiré rápidamente- de documentos en todo tipo de soportes y de muy variadas
procedencias. Temporalmente abarcará, además de la guerra civil, franquismo y transición, y materialmente incluirá también el exilio, la represión, la oposición política y la clandestinidad. Junto al archivo que actuará como garante de la custodia
de las fuentes directas, se alimentarán también tres nuevas secciones del centro: la dedicada a la investigación y estudios sobre la guerra civil, franquismo y transición, que evidentemente parte de esa normativa del año 1999 que ha citado el
portavoz Popular, pero también hay que decir que nunca se puso en marcha. Esta sección de investigación y estudios estaría vinculada por convenios a las universidades, fundamentalmente a universidades de Castilla y León -hay algún convenio ya con
la Universidad de Salamanca-, e incluiría también -y eso es novedad- el taller de creación de fuentes orales, herramienta


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muy importante para el estudio de la historia contemporánea más próxima, cuyo objetivo es recoger los testimonios orales de los protagonistas.
También incluiría el centro de documentación, que reuniría las fuentes secundarias de todo tipo,
referidas al período señalado, y que tendrían en la biblioteca y en la hemeroteca -especializadas- sus principales ejes de irradiación. Una tercera sección sería la de difusión, en el doble sentido de, por un lado, transmitir las actividades del
Centro Documental de la Memoria Histórica a través de sus exposiciones, conferencias o material pedagógico en general y, por otro -y a la vez-, admitir el uso de espacios a quienes se acerquen individual u organizadamente a través de asociaciones.



Archivo, investigación, documentación y difusión componen, pues, los elementos que garantizan, como decía antes, el derecho colectivo a saber, a conocer la verdad. El derecho individual de las víctimas de la represión a la reparación se
garantizará con la sección de información y asesoramiento, con una doble función: facilitar, por una parte, información sobre la normativa de reparación, la actual y la futura, y sobre los derechos que se les han reconocido, así como encauzar
solicitudes en ese mismo sentido, y también hacer memoria social desde la memoria individual; es decir, ofrecer la opción a los afectados para que aporten sus testimonios orales o escritos.



Señorías, este compendio de esfuerzos constituye el Centro Documental de la Memoria Histórica. Las nuevas tecnologías en pleno siglo XXI van a hacer posible reunir en un solo lugar la documentación de toda una etapa histórica que hasta
ahora había sido conocida, es cierto, pero en un ámbito reducido, en un ámbito, si quieren, erudito, académico, universitario en muchos casos, y que ahora estará al alcance de todos y de cualquiera de los ciudadanos. En los próximos tiempos
documentos originales, microfilmados o digitalizados de todo el mundo tendrán un único destino: Salamanca y el Centro Documental para la Memoria Histórica. Hay que decir que ya ha empezado este efecto llamada. Vamos a tener archivos de todo el
mundo: del exilio de Méjico; del Ateneo Republicano de Argentina; está a punto de firmarse un convenio para traernos la documentación de 584 archivos franceses; igual va a ocurrir con Rusia: fondos de las Brigadas Internacionales, de niños de
la guerra, de División Azul, del Ejército del norte, del Estado Mayor Republicano; los propios archivos españoles: va a ser copiada, microfilmada, o enviados los originales en algunos casos, la documentación de hasta 500 archivos que van a ser
aportados a este centro, entre ellos -tengo que decirlo-, la documentación de la Fundación Francisco Franco, ya digitalizada y que va a estar a disposición de todos los ciudadanos. Este efecto llamada llega hasta hace apenas 48 horas, cuando el
presidente de la Conferencia Internacional de Cruz Roja, el señor Kellenberger, ha hecho saber al Gobierno español la disposición de este organismo para que también sea copiada, microfilmada o puesta en cualquier soporte, la documentación que sobre
esta materia pueda tener la Cruz Roja Internacional.



Señorías, el Palacio de Orellana, donde se situará el Centro Documental de la Memoria Histórica, va a recibir en los próximos años más de diez millones de documentos. Creemos que eso no es una cortina de humo.



La señora PRESIDENTA: Concluido el turno en contra o de fijación de posiciones, pasamos a la votación.



Comenzamos votando conjuntamente las enmiendas del Grupo Mixto números 1, 2 y 3.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos, en votación conjunta, las enmiendas del Grupo Vasco, que van de la 4 a la 18.



El señor ESTEBAN BRAVO: Señora presidenta, ¿estamos votando por orden de menor a mayor? Lo digo porque en los turnos me ha tocado hablar antes que el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. No es por ningún prurito, pero nosotros tenemos 7
diputados e Izquierda Unida 5. Quiero decir que corresponde votar las enmiendas de Izquierda Unida.



La señora PRESIDENTA: Me comunica el letrado, señor Esteban, que estamos votando por orden de presentación de enmiendas.



El señor ESTEBAN BRAVO: Estoy de acuerdo, señora presidenta. En el turno de intervenciones, que era de menor a mayor, ha habido un pequeño error por la Mesa lo que ha inducido a mi error en la votación de las enmiendas.



La señora PRESIDENTA: Repito que votamos las enmiendas del Grupo Vasco, que van de la número 4 a la 18.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, tres.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Pasamos a continuación a votar las enmiendas números 20 a 29, de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, una.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Han solicitado votaciones separadas. En primer lugar, votaremos la enmienda número 40. Leo la


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enmienda in voce del señor Robles para que sea conocida por SS.SS. La enmienda 40 al artículo 5, apartado primero, quedaría de la siguiente forma: Cualquier demanda de fondos documentales deberá ser estudiada por los patronatos u órganos
rectores de estas instituciones, además de por la junta superior de archivos. Ambos informes serán preceptivos. En esta enmienda, que el propio grupo ha enmendado, desaparece la expresión: y vinculantes. El segundo apartado queda como está.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos ahora la enmienda número 43, también del Grupo Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



A continuación, votamos la enmienda número 44.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.



La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.



Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 22.



La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.



Si ningún grupo tiene alguna alegación podemos pasar a votación conjunta de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; la disposición adicional primera, la disposición adicional segunda; la disposición derogatoria; la disposición final; el
preámbulo con sus distintos apartados y el título del proyecto.
(Pausa.)


Pasamos a hacer votación conjunta.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15.



La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto.



Se levanta la sesión.



Eran las once y quince minutos del mediodía.