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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 301, de 25/05/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 301
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROMÁN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Sesión núm. 11
celebrada el miércoles, 25 de mayo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora directora general de Funcionarios Civiles del Estado (Román Riechmann), para informar sobre los objetivos que se plantean para el próximo ejercicio de 2005 en materia de prestación de los servicios médicos,
quirúrgicos y farmacéuticos a los mutualistas y familiares. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000409.) ... (Página 2)
Comparecencia del señor director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Pedroche y Rojo), para informar sobre los criterios de organización, distribución del trabajo, asignación de productividad y ejercicio de otras
facultades discrecionales dentro de la función pública en la Agencia Tributaria. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000430.) ... (Página 16)
Comparecencia de la señora subsecretaria de Administraciones Públicas (Carrión Martín), para informar sobre el Protocolo suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia sobre los términos de la financiación del tramo
Cabreiros-Vilalba de la autovía Ferrol-Vilalba. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000272.) ... (Página 33)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (ROMÁN RIECHMANN), PARA INFORMAR SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE PLANTEAN PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO DE 2005 EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS,
QUIRÚRGICOS Y FARMACÉUTICOS A LOS MUTUALISTAS Y FAMILIARES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000409.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión de la Comisión con la comparecencia de la directora general de la Mutualidad general de Funcionarios Civiles del Estado, para informar sobre los objetivos que se plantean para el próximo ejercicio
2005 en materia de prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos a los mutualistas y familiares. Solicitud de la comparecencia del Grupo Parlamentario Popular.
Bienvenida, señora directora general. Tiene usted la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (Román Riechmann): Señor presidente, señoras y señores diputados, es para mí un placer y un honor comparecer por primera vez ante esta Comisión, a
petición del Grupo Popular, para informar, dentro de los objetivos del departamento, de lo que afecta al ámbito de la dirección general a cuyo cargo me encuentro.
Uno de los objetivos que el Ministerio de Administraciones Públicas se ha marcado para el año 2005 y que, como todos ustedes recordarán, fue presentado en la comparecencia del secretario general para las Administraciones Públicas, don
Francisco Javier Velásquez, en fecha 20 de octubre de 2004 ante esta Comisión, es conseguir unos servicios públicos de calidad, en cuyo diseño y evaluación participen activamente los ciudadanos a través en el cambio en el modelo de prestación de los
servicios públicos. Por ello, el Ministerio de Administraciones Públicas se ha marcado una serie de objetivos específicos que persiguen mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, con una paralela dignificación de la trascendental labor
desempeñada por los empleados públicos.
Se trata de conseguir unos servicios públicos de calidad, en cuyo diseño y evaluación participen activamente todos los ciudadanos, para lo cual se están llevando a cabo una serie de acciones, entre las que cabe destacar -y es motivo de esta
comparencia- la mejora del mutualismo administrativo, que da cobertura a 1.600.000 personas, entre funcionarios públicos y sus familiares, con un horizonte a tres años. Para dar cumplimiento a los objetivos del departamento, mi dirección general
está desarrollando a lo largo de este año y de los años próximos una serie de medidas concretas que van a permitir poner en práctica ese servicio público ágil, transparente, eficaz, de calidad y cercano al ciudadano que todos deseamos.
Como sus señorías conocen, la cobertura de asistencia sanitaria que gestiona Muface, debe enmarcarse constitucionalmente a partir del reconocimiento, en el artículo 43.1 de nuestra Carta Magna del derecho a la protección de la salud, así
como, en el artículo 41, de la existencia de un sistema público y universal de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones suficientes antes casos de necesidad. En el caso de los funcionarios civiles del Estado, existe un régimen
especial de Seguridad Social integrado en el Sistema General de Seguridad Social y actualmente regulado -como todos ustedes saben- por el Real Decreto-Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Específicamente, la regulación de la asistencia sanitaria se encuentra en los artículos 13 a 17 de la citada ley, conformándose como un mecanismo de cobertura, cuya gestión corresponde a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, y que tiene por objeto la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos conducentes a conservar o restablecer la salud de los beneficiarios de este régimen especial, así como su aptitud para el trabajo, atendiendo de un
modo especial a la rehabilitación física para la recuperación profesional de los incapacitados con derecho a ella. Estas normas otorgan a la mutualidad la posibilidad de facilitar asistencia sanitaria a su colectivo protegido, bien directamente o
bien por concierto con otras entidades o establecimientos públicos y privados. Por ello, desde de su creación hace ya treinta años, Muface ha mantenido la
tradición, heredada de las mutualidades profesionales a las que sustituyó, de prestar dicha asistencia sanitaria a través de los servicios públicos de Salud de las comunidades autónomas y de las entidades de seguro de asistencia sanitaria,
de modo que el 1.600.000 asegurados de Muface pueden elegir anualmente por recibir la asistencia sanitaria de medios públicos o privados, dándose en estos momentos la circunstancia de que en torno al 87 al ciento de los beneficiarios ha optado por
recibir dicha asistencia de las distintas entidades de seguro libre.
En cuanto a la asistencia sanitaria de la población atendida por los servicios públicos de Salud de las comunidades autónomas, son éstas las que lideran y determinan, para su territorio y en sus respectivos planes de salud, los
correspondientes objetivos sanitarios, por lo que Muface se adhiere plenamente a dicho objetivo, como no puede ser de otra manera.
Ahora bien, en cuanto a la asistencia prestada a través de las entidades de seguro, para este año 2005 se han
suscrito conciertos con nueve entidades de seguro, conciertos que han sido la renovación de los suscritos para el año 2004. Así, los objetivos de Muface en materia de asistencia sanitaria para el año 2005 se han plasmado en estos instrumentos de
colaboración, siendo los prioritarios el promover la mejora de la salud de su población, mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados, garantizar la equidad en el acceso a los servicios, conseguir un mayor acercamiento a las
necesidades de su colectivo, mejorar la satisfacción de los mutualistas, y conseguir la máxima homogeneidad con las prestaciones que otorga el resto del Sistema Nacional de Salud. Para lograrlo, todas las partes firmantes de los conciertos han
adquirido el compromiso de mantener un modelo de excelencia, en el que son pilares fundamentales las relaciones de plena confianza y la necesidad de incidir en la transparencia y transferencia de información entre las partes, incardinándola dentro
de los sistemas de información del Sistema Nacional de Salud del que formamos parte como pieza esencial. Para ello, en el concierto firmado para 2005, se define y concreta el catálogo de prestaciones, garantizando como mínimo las mismas que están
establecidas para el resto del Sistema Nacional de Salud y se desarrolla la cartera de servicios, para lo cual las entidades deben poner a disposición de los beneficiarios todos los medios propios o concertados precisos para prestar una asistencia
sanitaria integral de calidad o, en caso de que excepcionalmente no dispusieran de ella, asumir los gastos ocasionados por la utilización de los medios públicos o privados necesarios para lograr dicha asistencia. Existe además una cláusula
específica que garantiza la accesibilidad a los servicios.
En este ejercicio 2005 se ha puesto especial énfasis en asegurar por parte de Muface que la oferta de servicios de la entidad es adecuada y suficiente para cubrir las necesidades de sus beneficiarios, garantizando la continuidad asistencial
y la no transferencia de riesgos de unas entidades a otras en caso de producirse modificaciones de los medios concertados. Para ello, la asistencia sanitaria que proporcionan las entidades debe estructurarse, al igual que la del resto de los medios
sanitarios de las comunidades autónomas, en niveles asistenciales por tamaños de población, contando con los medios estipulados en cualquier parte del territorio nacional y asegurando que dichos medios tengan el mismo alcance para todas las
entidades que han suscrito el concierto, de forma que sea cual sea la elección que hayan realizado los mutualistas, la asistencia que reciben no difiera ni cuantitativa, ni cualitativamente. Muface exige, asimismo, que los medios sanitarios de las
entidades cumplan los requisitos establecidos con carácter general por la normativa sanitaria vigente, bajo la supervisión que pueda proceder por parte de la Administración sanitaria competente. La oferta detallada y exhaustiva de dichos medios
debe reflejarse en los distintos catálogos de servicios de ámbito provincial, que con una periodicidad como mínimo anual, deben editar las entidades y que también se encuentra disponible a través de la página web de Muface.
Se han producido mejoras también en la transparencia e información a los mutualistas, ya que el concierto en vigor ha incorporado de forma explícita los derechos de los pacientes reconocidos en las leyes y de cuyo cumplimiento depende la
efectiva consideración del paciente como agente activo del sistema de cuidados sanitarios. Es importante destacar, igualmente, la introducción en distintas partes del articulado del concierto para el 2005, de la obligación de incorporar pautas de
comportamiento ético en las actuaciones de las entidades, tanto en su relación con los beneficiarios del sistema, como con los proveedores sanitarios.
Otro objetivo prioritario para el año en curso es la participación y colaboración de todas las entidades en el uso racional de los recursos disponibles, potenciando el uso de guías clínicas y protocolos de actuación que ayuden a mejorar la
calidad asistencial, disminuyendo la variabilidad de las decisiones clínicas de los distintos especialistas, sin menoscabo de su autonomía profesional, así como el desarrollo de programas de actuación en materia de promoción de la salud, el impulso
de los programas de atención domiciliaria por su cercanía e inmediatez al usuario, el fomento de alternativas a la hospitalización convencional, como el desarrollo de cirugía mayor ambulatoria, hospital de día, cuidados paliativos, etcétera. Hay
que recordar también la importancia que tiene la incorporación de nuevas técnicas de diagnóstico y tratamiento, ya que durante este ejercicio las entidades están obligadas a proporcionar aquellos tratamientos o técnicas de diagnóstico que, aunque
aparezcan con posterioridad a la firma del concierto, se apliquen a pacientes del Sistema Nacional de Salud en alguno de los centros propios o concertados de los servicios de salud de las comunidades autónomas.
Además del desarrollo de todas las actividades establecidas en los conciertos para la prestación de asistencia sanitaria con las entidades de 2005, en este ejercicio, Muface tiene encomendada otra tarea fundamental, que
es la preparación del nuevo concierto con las entidades de seguro para los próximos tres años. El nuevo concierto pretende realizar un control, a lo largo de todo el proceso de prestación de servicios, para lograr una adecuada calidad
asistencial enfocada a una constante mejora de las prestaciones sanitarias y fijar los indicadores y criterios de calidad con los que se evalúe el servicio prestado por los proveedores, proponiendo así las medidas correctoras necesarios. Para ello
se están estudiando las carencias que los conciertos vigentes han puesto de manifiesto a través, fundamentalmente, de las reclamaciones que los beneficiarios han planteado, y se están revisando todas las carteras de servicios y prestaciones, a fin
de proceder a su actualización y adecuación a las novedades que en materia sanitaria se han producido en el ámbito científico y en el marco del Sistema Público de Salud.
Dentro de las líneas generales expuestas, quisiera ahora entrar en detalle en algunas acciones específicas y concretas que Muface está desarrollando en la actualidad. En primer lugar, me gustaría referirme a la extensión del Plan de riesgo
cardiovascular a todos los empleos públicos en todo el territorio nacional, lo que conocemos como el proyecto Cuidacor. El Ministerio de Administraciones Públicas, como responsable de la tutela de la salud de los empleados públicos, es consciente
de que la base para una buena salud es promover la salud de la población y prevenir la enfermedad. En palabras de la ministra de Sanidad, la protección de la salud establecida por la Constitución no se consigue con la pasividad de los poderes
públicos, sino que requiere la intervención de éstos, tanto preventivamente como con actuaciones directas cuando hay una falta de salud. La conjunción directa de estos dos factores es lo que define constitucionalmente el derecho a la salud y no la
visión reduccionista de limitar ese derecho a la asistencia sanitaria.
Por otra parte, como todas sus señorías conocen, dentro de los países más desarrollados, los factores de riesgo cardiovascular, como son tabaco, colesterol, obesidad, consumo de alcohol, diabetes, estrés, sedentarismo, etcétera, producen
patologías encuadradas entre las más prevalentes. Este hecho se traduce en un incremento de la morbi/mortalidad, costes asistenciales, consumo de recursos, número de consultas y procedimientos, número de días de ausencia del trabajo,
discapacidades, etcétera, que hace que los gobiernos se estén planteando cambios en los modelos sanitarios, potenciando las actuaciones dirigidas hacia la prevención.
Por este motivo Muface, junto con las otras mutualidades, Isfas y Mugeju, y en
colaboración con profesionales médicos, colegios profesionales y sociedades científicas, está liderando el proyecto Cuidacor, que supone la aplicación de la guía europea de prevención cardiovascular en la práctica clínica habitual de los médicos que
prestan asistencia sanitaria al colectivo de funcionarios y sus familias en todo el territorio nacional.
Durante el año 2005, y dentro de las estrategias metodológicas empleadas para la implantación y extensión de la guía, se han diseñado diversas actividades que incluyan la celebración de seminarios-taller de formación sobre prevención
cardiovascular dirigidos a los médicos, con el propósito de aprender el manejo y utilización de la guía, analizar la importancia epidemiológica de la prevención cardiovascular en la práctica clínica y valorar el beneficio que la aplicación de la
guía supone para la salud de los pacientes. La celebración de los seminarios de formación está teniendo lugar en diversas provincias de España y durante el año 2005 está previsto que la guía de prevención se extienda a todos los médicos de familia,
medicina general, medicina interna y cardiología, proveedores de las entidades concertadas con Muface, Isfas y Mugeju, que estén ejerciendo su práctica asistencial en las distintas comunidades autónomas. Esta actividad formativa para los médicos se
completará a finales de este año 2005 y va a involucrar a más de diez mil profesionales que atienden a una población de, en torno, a dos millones de beneficiarios.
También el proyecto Cuidacor cuenta con un portal dirigido a los médicos, con diversas actividades y servicios, y que además constituye un foro de debate entre profesionales. Por otra parte, el proyecto Cuidacor, para garantizar su máximo
nivel estratégico, científico y metodológico, tiene constituido un comité científico asesor formado por representantes de las sociedades científicas españolas involucradas en el ámbito asistencial de la guía, tales como la Sociedad Española de
Cardiología, Medicina interna, medicina general, medicina de familia, hipertensión; la fundación de hipercolesterolemia familiar; la Organización Médica Colegial; Instituto de Salud Carlos III; y el Ministerio de Sanidad y Consumo. Este comité
científico está jugando un papel fundamental en la adaptación española de la guía de las recomendaciones elaboradas por el III Grupo europeo de trabajo en la prevención del riesgo cardiovascular.
Como sus señorías saben, para lograr que estos proyectos se extiendan y sean exitosos se necesita no sólo la colaboración de las administraciones y el interés de los profesionales como eje principal de la asistencia, sino también la estrecha
colaboración e implicación de los usuarios. Por ello, Muface está incorporando nuevas estrategias de comunicación dirigidas a los empleados públicos para que programas como Cuidacor sean conocidos, incorporados como propios y, en consecuencia,
demandados como una prestación necesaria y eficiente como es la prevención. En la era tecnológica en la que nos encontramos, la mejor y más rápida fuente de información y de comunicación es la que se realiza a través de redes informáticas. Es así
como el proyecto Cuidacor desarrolla una estrategia de prevención y promoción de hábitos saludables, mediante la publicación y el mantenimiento del portal Cuidacor del empleado público, con la finalidad de sensibilizar del riesgo cardiovascular y
promover hábitos y estilos de vida saludables para los empleados públicos. Puedo decirles, señorías, que el proyecto Cuidacor está muy desarrollado y avanza con éxito y gran entusiasmo de todos los que de una u otra
forma participamos en el mismo, ya que consideramos la prevención como un objetivo primordial de nuestra gestión.
En segundo lugar me gustaría referirme a la elaboración del código de buenas prácticas. Señorías, la dirección general que dirijo entiende la existencia de un código ético de buenas prácticas como una responsabilidad social y de
autoexigencia de la Administración, que establece la inseparabilidad de los objetivos de control del gasto con la mejora del entorno y la calidad de vida de los asegurados, tomando como base mínima exigible el cumplimiento escrupuloso de la
legalidad y como principal objetivo, ser merecedores de la confianza de los mutualistas y de sus familias, las entidades de seguro, proveedoras de la asistencia sanitaria, y los propios empleados públicos al servicio de la mutualidad.
Este código
de buenas prácticas no pretende la sublimación de grandes principios universales que cualquier persona o colectivo razonable comparten, sino que Muface, como administración sanitaria con responsabilidad pública al servicio del ciudadano, asume el
principio de que hacer mejor las cosas genera confianza, transparencia y mayor satisfacción entre todas las partes implicadas.
Como les he comentado antes, la prestación de la asistencia sanitaria a los asegurados se realiza a través de los servicios públicos y de los medios de las entidades de seguro con las que se suscriben conciertos.
Así, las entidades deben
poner a disposición de los mutualistas y de sus familias todos los medios humanos y materiales necesarios que garanticen una asistencia sanitaria integral de calidad, que cubra sus necesidades y sea sostenible para el sistema. Por todo ello,
señorías, esta dirección general está elaborando un código de principios éticos y de buenas prácticas, para que guíe y marque las bases fundamentales de las relaciones de Muface con las entidades y de éstas entre sí. El código de buenas prácticas
de Muface pretende definir y hacer cumplir principios éticos mediante un catálogo de deberes deontológico, basado en los principios de profesionalidad, transparencia, objetividad, lealtad, integridad y confidencialidad, que guíe y sustente con
carácter presente y futuro todas las actuaciones que hagan referencia al ámbito sanitario de los asegurados, garantizando la excelencia de los servicios sanitarios y la mayor calidad asistencial. Teniendo como referencia el marco constitucional
básico que tiene todo ciudadano español de que los poderes públicos garanticen su salud, prevengan y curen sus enfermedades, reduzcan el sufrimiento y se consiga una buena calidad de vida, el código ético y de buenas prácticas de Muface se basa en
el establecimiento de principios básicos éticos y de reglas de conducta. A los efectos de velar por el cumplimiento estricto de este código, se creará un comité de ética y buenas prácticas. En todo caso, la firma o adhesión a este código ético y
de buenas prácticas, será condición previa y necesaria para que las entidades de seguro puedan concertar con Muface la asistencia sanitaria que presta a los mutualistas. En definitiva, este código ético y de buenas prácticas se crea con vocación de
perdurabilidad, que sobrepase la vigencia de los conciertos que se suscriben periódicamente. Por tanto, con independencia del trabajo en paralelo en la mejora permanente de los textos de los nuevos conciertos, el código debe ser un valor añadido a
los mismos que inspire las actuaciones, el funcionamiento y la relaciones entre las partes.
Tengo también el placer de poner en conocimiento de sus señorías un proyecto que Muface está desarrollando con un horizonte inicial de al menos tres años, que es la creación de un modelo de evaluación de la asistencia médico-quirúrgica,
prestada por las entidades de seguro concertadas, con la finalidad última de obtener un instrumento de gestión que permita a Muface evaluar el comportamiento de cada una de las entidades concertadas en la prestación de servicios sanitarios a los
mutualistas y de comparación con el resto de proveedores sanitarios del Sistema Nacional de Salud. Este modelo ha de ser suficientemente sensible para incidir en la organización, bien a modo de instrumento de señalización en el diseño de los
convenios de colaboración con las entidades, bien a modo de generador de medidas puntuales correctivas.
Desde la perspectiva del financiador de servicios, la evaluación de proveedores finales de atención sanitaria, ya sea de gestión directa o fruto
de políticas de contratación, no puede entenderse sin un enfoque que comprenda y mida la pluralidad de factores que coadyuvan a la calidad de la prestación sanitaria.
Dada la trayectoria de los sistemas de salud en nuestro entorno, y específicamente los desarrollos que se han producido en nuestro país en la última década, las mejoras operativas de la mayoría de los modelos de evaluación han venido de la
mano de la implantación, en todos los centros hospitalarios públicos, del conjunto mínimo básico de datos -el conocido como CMBD- de la actividad de hospitalización y de cirugía mayor sin ingreso, lo que ha permitido a las administraciones
sanitarias obtener indicadores de evaluación de forma rutinaria y estandarizada. Como no puede ser de otra forma, el modelo evaluación previsto por Muface se ajusta a los planteados por los de los servicios de salud y utilizará fundamentalmente
como instrumento de información los datos del CMBD. El modelo de evaluación diseñado se basa en la medición de cuatro dimensiones, como son eficiencia, efectividad-calidad, adecuación y satisfacción. Como podrán entender sus señorías, este
objetivo se plantea, en principio, a tres años, ya que para que Muface pueda disponer de la información necesaria para analizar resultados de calidad, se necesita un periodo amplio de adaptación de los centros sanitarios a evaluar, que les permita
adecuar sus sistemas informáticos a las nuevas exigencias del CMBD, demandadas por Muface. Les puedo asegurar, señorías, que en el momento en que nos encontramos existe una alta disposición y colaboración, por parte de los agentes implicados
-centros sanitarios y entidades- de facilitar a Muface, como Administración sanitaria pública, el CMBD como elemento informativo fundamental para evaluar el nivel de
calidad de los servicios que se prestan a los mutualistas en todas las dimensiones citadas.
En cuarto lugar, querría referirme a la implantación de un sistema de información que permita evaluar la gestión. Muface tiene establecidas tres líneas de actuación en esta materia. Por una parte, colabora y participa, junto con los
servicios de salud de las comunidades autónomas, en la subcomisión de sistemas de información del Consejo Interterritorial de Salud, con la finalidad de establecer un sistema de información capaz de evaluar la gestión interna y ser comparable con el
resto del sistema.
Desde mi responsabilidad como directora general, transmito a SS.SS. que Muface tiene el compromiso de colaborar con el resto de las administraciones públicas en el consenso técnico para el desarrollo de un sistema de información
sanitaria eficiente y oportuno, que permita la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información gestionados en cada ámbito de competencias.
Por otro lado, entre las innovaciones que Muface viene realizando en los últimos conciertos de la mutualidad con las entidades de seguro para la asistencia sanitaria y orientados a la mejora de la prestación sanitaria de los mutualistas, se
incluyen las dirigidas a permitir un mejor conocimiento por parte de la mutualidad de la información sobre servicios sanitarios prestados por las entidades de seguro. Con la finalidad de conocer los principales fines de actividad asistencial y
económicos de los servicios sanitarios, ambulatorios y hospitalarios prestados por las entidades de seguro a los beneficiarios, se ha establecido, como exigencia del actual concierto, la obligación para las entidades de disponer de un sistema de
información que permita conocer el número y tipo de servicios proporcionados. Este sistema de información interno va a permitir a Muface, con criterios objetivos de gestión, mejorar en la función de compra de servicios asistenciales, establecer
comparaciones entre los distintos proveedores y con el resto del Sistema Nacional de Salud, todo ello en aras a una mayor homogeneidad y en consonancia con los datos disponibles de los sistemas de información desarrollados por los servicios de salud
de las comunidades autónomas.
Asimismo, y dentro de la coordinación con los sistemas de información sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Instituto Nacional de Estadística, y en consonancia con las directrices europeas que establecen la obligatoriedad de
comunicar a los organismos internacionales los gastos del gasto sanitario, sobre la base de las normas establecidas en el sistema de cuentas de la Salud de la OCDE-Unión Europea, las entidades, bajo la supervisión de Muface, deben facilitar las
distintas tablas de recogidas de datos establecidas al efecto, a fin de que los mencionados organismos dispongan de los datos de gasto público sanitario de Muface realizado a través de las entidades de seguro.
Por último, esta dirección general, haciendo uso de la actual tecnología de la información de que dispone, ha puesto en marcha durante este año una base de datos de consulta, dirigida a los gestores de Muface, con el fin de servir de
asesoramiento en la toma de decisiones, a la par que permitir homogeneizar criterios sobre distintos aspectos de gestión asistencial entre los diferentes servicios provinciales de Muface. Les puedo asegurar que este sistema de información común
para todos los servicios provinciales disponible en la red está produciendo gran satisfacción entre los gestores y se está detectando una importante sintonía y homogeneidad en la toma de decisiones para resolver temas comunes en distintos
territorios.
Querría referirme también a un proyecto que verá próximamente su culminación, como es el proyecto de orden ministerial, del Ministerio de Administraciones Públicas, por el que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia
sanitaria en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, lo que sería el nuevo de catálogo de material ortoprotésico de Muface. Como ustedes seguramente conocen señorías, la regulación de las prestaciones complementarias para los
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, que reciben su asistencia sanitaria de los servicios públicos de Salud, se compone de una normativa básica que prevé, en el caso de la prestación ortoprotésica, un desarrollo específico por parte de cada
Administración sanitaria competente en su respectivos catálogos de prestación.
Respetando los criterios establecidos por esta normativa básica sanitaria, la Orden de 18 de septiembre de 2001, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado recogió, en una única disposición y por primera vez, el contenido completo de las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria de Muface. Desde su entrada en vigor, esta norma integradora no sólo ha conseguido el
adecuado paralelismo y homogeneidad entre estas prestaciones y las establecidas en el régimen general de la Seguridad Social contenidas en el mandato legislativo, sino que ha supuesto una importante ordenación y racionalización de la prestación.
Sin embargo, la evolución de las nuevas necesidades detectadas entre el colectivo de Muface y de la cobertura que este tipo de prestaciones ha tenido en los últimos años en el Sistema Nacional de Salud, motivada fundamentalmente por las variaciones
tecnológicas y económicas detectadas, aconsejan una revisión en profundidad, tanto de las prestaciones a cubrir como de las cuantías económicas a financiar.
La elaboración del proyecto de orden ministerial ha implicado el análisis pormenorizado de la situación de las prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud, en cumplimiento del mandato de tener en cuenta, para la definición,
extensión y contenido de las prestaciones complementarias, lo dispuesto en el régimen general de la Seguridad Social. Además, Muface participa activamente en el comité asesor para la prestación ortoprotésica, dependiente del Ministerio de Sanidad y
Consumo, por lo que para la elaboración de esta norma
se han analizado y comparado los nueve catálogos de prestaciones ortoprotésicas elaborados por ocho servicios de salud de las comunidades autónomas y el todavía vigente del Insalud en aquellas comunidades que recibieron las transferencias
sanitarias en 2002 y que todavía no han elaborado catálogo propio, así como el catálogo de Isfas. A su vez, se han tenido en cuenta las modificaciones conceptuales y principios de ordenación contenidos en el borrador de la nueva orden de prestación
ortoprotésica que, como actualización de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, está preparando el Ministerio de Sanidad y Consumo. Este borrador ha sido verificado por el mencionado comité asesor para la prestación ortoprotésica e
informado favorablemente por Muface.
En paralelo, se han llevado a cabo distintas consultas con otras instituciones, públicas y privadas, prestadoras de asistencia sanitaria -Mugeju, entidades de seguro, etcétera-, así como con la base de datos de la mutualidad, para valorar
las necesidades de nuestros usuarios y su mejor forma de cobertura para la inclusión de productos sanitarios específicos. Informo a sus señorías de que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado la nueva orden de prestaciones
complementarias de Muface, que incluye el nuevo catálogo de material ortoprotésico de aplicación para los mutualistas de Muface y que supone una mejora considerable de la prestación, tanto desde la perspectiva de la adecuación tecnológica, como de
la mayor cobertura económica para aquellas patologías más graves y que producen un mayor grado de discapacidad.
Como ustedes saben, señorías, Muface también tiene cubierta la asistencia sanitaria que puedan precisar los mutualistas y sus beneficiarios cuando se desplazan temporalmente a cualquier país del mundo. El sistema actual consiste en el
reembolso, por parte de Muface, de los gastos en que se haya incurrido y que se hayan justificado. Pues bien, dentro de los objetivos de mejora de la asistencia sanitaria a prestar a los beneficiarios de Muface que se desplacen al extranjero, esta
dirección general estudia la posibilidad de integrar al colectivo protegido por el Sistema español del mutualismo administrativo, que incluya, además del de Muface, el de Isfas y Mugeju, en el sistema de protección sanitaria previsto en los
reglamentos de la Unión Europea de Coordinación de Seguridad Social, sistema que tiene como exponente más representativo la emisión de la tarjeta sanitaria europea.
El sistema compuesto por la tarjeta sanitaria europea y otros formularios complementarios consiste básicamente en facilitar a los ciudadanos de un Estado miembro el disfrute de las prestaciones en otro Estado integrante de la Unión, del
espacio económico europeo y Suiza, a través de los medios disponibles, propios o relacionados, con sus respectivos servicios públicos de Salud, con el mismo contenido y procedimientos que cada sistema nacional proporciona a sus ciudadanos
residentes.
La protección prevista en esta normativa comunitaria se aplica, en el caso de España, a todos los beneficiarios del régimen general de Seguridad Social, así como a los de los regímenes especiales gestionados por el INSS quedando, desde el
ingreso de nuestro país en la Unión, expresamente excluidos de su disfrute los beneficiarios de los regímenes especiales de Funcionarios Civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la Administración de Justicia, cubiertos por el mutualismo
administrativo español; exclusión, que permanece en el Reglamen-to 883/2004 que sustituirá al anterior, cuando sea de aplicación, que solamente se extiende en todo el ámbito de la Unión a los funcionarios alemanes y que tiene su origen en
peticiones expresas de los representantes de ambos Estados. Desde la entrada en vigor de la tarjeta sanitaria europea, el 1 de junio de 2004, se han incrementado las peticiones de los beneficiarios afectados para poder hacer uso de este sistema de
protección, por lo que Muface, en coordinación con Isfas y Mugeju, ha convocado distintas reuniones y planteado distintas consultas a las unidades del INSS y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, responsables de la gestión de la protección
comunitaria en España, a fin de estudiar y valorar la viabilidad y, en su caso, los pasos a seguir para que las mutualidades puedan adquirir la posición de instituciones de enlace y competentes en la administración del sistema de información,
distribución de la tarjeta sanitaria europea, expedición de certificaciones y pago de facturaciones que se derivarían de la aplicación del sistema comunitario a sus respectivos colectivos.
Por último, me gustaría hacer alguna referencia a la gestión de la prestación farmacéutica por parte de Muface. En primer lugar, quiero hablar del papel tan importante que los medicamentos y productos sanitarios tienen en la mejora de la
salud y en la calidad de vida de la población, así como de la extraordinaria labor que desempeñan las oficinas de farmacia, como establecimientos sanitarios que son, y los farmacéuticos de nuestro país, como agentes fundamentales de la salud.
Quiero destacar también que la oferta de medicamentos en España es amplísima, de las más elevadas de Europa, con más de 6.000 especialidades, de las que cerca del 60 por ciento son financiadas por el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, por
Muface, ya que la prestación farmacéutica de la mutualidad tiene la misma extensión, en cuanto a medicamentos incluidos y excluidos, que el resto del sistema, de acuerdo con el artículo 16.b) del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de
los Funcionarios Civiles del Estado.
La dispensación de medicamentos prescritos en receta oficial de Muface se realiza a través de la red de oficinas de farmacia, en las condiciones que están establecidas en el concierto suscrito entre Muface y el Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, salvo los dispensados en régimen de hospitalización, que se realiza por los servicios de farmacia hospitalaria de los centros sanitarios sin aportación económica alguna por los beneficiarios. Los gastos de la medicación
los
asumen en este caso las entidades de seguro, en virtud de los conciertos al efecto.
La Ley del Medicamento establece que la prestación de medicamentos por el Sistema Nacional de Salud a precios razonables y con un gasto público ajustado se posibilita mediante la financiación selectiva y no indiscriminada. Lo importante no
es gastar menos sino gastar mejor, dentro de un uso racional del medicamento. En este sentido, Muface no puede sino adherirse a la política farmacéutica del Ministerio de Sanidad y Consumo, y más concretamente al Plan estratégico de política
farmacéutica desarrollado por este departamento. No obstante, en lo que se refiere a los indicadores del gasto farmacéutico, Muface mantiene cifras inferiores al gasto de Ingesa y de las comunidades autónomas, y se ha beneficiado en las medidas del
resto del Sistema Nacional de Salud relativas al impulso de la extensión de las especialidades farmacéuticas genéricas. El establecimiento de la financiación pública de los medicamentos de un conjunto homogéneo, con un mismo principio activo, al
sistema de precios de referencia, ya ha empezado a notar los efectos favorables también de la aplicación de las medidas adicionales para la contención del gasto farmacéutico, que se regula por el Real Decreto 2402/2004, de 30 de diciembre, que
establece la reducción del precio de venta de laboratorios de las especialidades farmacéuticas en un 4,2 por ciento para este año.
Además, la actividad gestora en la prestación farmacéutica de Muface, referida a la mejora en el uso racional del medicamento, se centra en el control previo de la dispensación a través del visado de recetas, en las mismas condiciones y con
los mismos requisitos establecidos para el resto del Sistema Público de Salud; en el control de la dispensación de los medicamentos con cupón de precinto diferenciado, para los que se exige prescripción por médico-especialista y justificación de
las dosis terapéuticas a dispensar; en la supervisión de los tratamientos con hormona de crecimiento y con interferona beta y acetato de glatiramero, por los comités asesores para la hormona del crecimiento y para el tratamiento farmacológico de la
esclerosis múltiple, del Ministerio de Sanidad y Consumo, y de las comunidades autónomas. También se centra en la aplicación del Real Decreto 1663/1998, sobre financiación selectiva, que incide en la calidad de la prescripción al descartar los
medicamentos de baja utilidad terapéutica. Estas mejoras en el uso racional del medicamento llevan aparejadas, inevitablemente, unas consecuencias en orden a la contención del gasto, toda vez que los medicamentos de estos grupos tienen en su
mayoría unos precios elevados y someter a límites su dispensación supone una mayor eficiencia, no sólo en cuanto a su uso, sino también en cuanto a su financiación.
Además, Muface realiza un exhaustivo control de las recetas dispensadas y facturadas a través de los colegios oficiales de Farmacia de cada provincia, para detectar posibles anomalías y mensualmente realiza un control y seguimiento de los
posibles consumos excesivos de medicamentos, en orden a la detección de posibles tratamientos inadecuados que pudieran ser perjudiciales para la salud o determinantes de un uso no racional del medicamento, así como posibles fraudes, incidiendo
especialmente en el consumo de psicotrópicos y antibióticos, así como en otros medicamentos de alta tecnología, por encima de los límites estimados como usuales y razonables.
Señorías, no quiero terminar mi intervención en esta Comisión de Administraciones Publicas, sin antes señalar lo fundamental: la razón de ser de Muface es el empleado público, que se configura como verdadero protagonista y como eje y centro
del sistema. Todo nuestro trabajo, esfuerzo, dedicación y toda la planificación y gestión que esta dirección general realiza, están orientados a garantizar la eficacia y la eficiencia en la producción de salud, la equidad en el acceso de los
usuarios y, si es posible, un mayor acercamiento a las necesidades de la población y a las preferencias individuales, con el objetivo último de contribuir a la mejora de salud de los ciudadanos, no de forma aislada sino en coordinación y cooperación
con el resto del Sistema Nacional de Salud.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, señorías, señora directora general, nuestro cordial saludo con ocasión de esta comparecencia en la Comisión. Quiero agradecerle el esfuerzo de síntesis para intentar dar respuesta a la demanda
que llevaba aparejada esta solicitud de comparecencia de conocer -creo que es razonable teniendo en cuenta la entidad y lo que supone, dentro de la estructura de la Administración General del Estado, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado- los objetivos que se plantean para el ejercicio en curso en materia de prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y farmacéuticos a los mutualistas y familiares, en definitiva, el objeto mismo de esa mutualidad y que pone de relieve la
sensibilidad que el Grupo Popular tiene en relación a este esencial elemento conformador de la situación jurídica de los funcionarios civiles del Estado en nuestra Administración.
Hay que decir que, siendo enormemente amplia esa información que nos ha prestado, echaríamos de menos la idea de objetivos. Algunos ha citado, pero realmente ha sido más un relato de lo que en este momento está llevando a cabo la mutualidad
que una idea innovadora o las ideas innovadoras hacia el futuro de este ejercicio 2005 y quizá de los próximos. La propia realidad de una entidad como Muface supone constantemente la búsqueda de fórmulas y soluciones mejores. Por poner un ejemplo,
lo que ha relacionado respecto de la tarjeta de asistencia europea y del personal que se encuentra prestando sus servicios fuera de España, tiene una vocación de fortaleza hacia el futuro o de experiencia de
búsqueda de prestaciones mejores para esos funcionarios, que no ha estado presente en lo que sería el bloque fundamental de los funcionarios civiles del Estado.
Dicho esto, a nosotros nos gustaría poner un cierto acento en algo que ya se ha expresado sobre lo que nos gustaría conocer su opinión. He de decir que lo hacemos sin búsqueda alguna de requerirle maliciosamente para que haga juicios que de
alguna manera puedan poner en entredicho ninguna situación, ni política, ni de objetividad. Nos ha informado, nos ha confirmado de alguna manera lo que ya va siendo una constante en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y es que el 87,2
por ciento de los beneficiarios optan por las prestaciones de entidades de seguro libre. Eso, evidentemente, es un serio juicio crítico de la sanidad pública española, porque si quienes tienen la opción de recibir, con cargo al sistema público en
su conjunto, las prestaciones sanitarias, bien por el régimen general de la Seguridad Social, bien por entidades libre de seguro, de manera no mayoritaria, sino abrumadoramente mayoritaria, lo hacen por las entidades libres de seguro, evidentemente
no es Muface la responsable de eso. Sin embargo, hay que reconocer que ese amplio espectro -en todos los sentidos- de beneficiarios del sistema público sanitario establece una valoración que es la que es. Además, pone de relieve algo que, en la
comparecencia del secretario general de la Función pública, puso de relieve el señor Guerra Zunzunegui, y que el secretario general, aunque no asintió, sí lo vino a reconocer. Nos ha llamado la atención y nos gustaría que nos confirmara lo que nos
dijo el secretario general con ocasión del debate de los presupuestos.
En los Presupuestos para 2005, los conciertos de asistencia sanitaria con la Seguridad Social sufren un descenso importante, de 319 millones de euros, y los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre experimentan un
aumento de 71.588 millones de euros. Supongo que lo digo bien, pues como es en miles en euros, a veces, los que somos de letras, tenemos alguna dificultad. El señor Guerra Zunzunegui preguntó al secretario general sobre esta cuestión. Insistimos
en esta cuestión pues, además de curiosidad, no fuimos nosotros quienes en nuestro programa electoral hacíamos declaraciones en relación a esta cuestión orientadas también a lo que sería Muface. El secretario general contestó con unas expresiones
que merecerían que, si él fuera parlamentario, le dieran el premio los periodistas parlamentarios a esa pregunta complicada que dan todos los años, como aquella de Burkina Faso, que terminaba en una expresión absolutamente ininteligible. Contestó
exactamente lo siguiente. Luego, ha hecho usted una pregunta importante en materia de Muface. Le diré, en primer lugar, que yo también soy partidario de lo público y que no se preocupe, la modificación que ha tenido lugar ha sido porque, una vez
terminado el proceso de traspaso de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas, había un flujo financiero que pasaba desde el Estado a Muface, Muface lo pasaba a la Tesorería General de la Seguridad Social, la Tesorería General de la
Seguridad Social descontaba con el Insalud y, a continuación, se lo pasaba otra vez a presupuestos. Una vez toda la asistencia sanitaria, excepto Ceuta y Melilla, está en manos de comunidades autónomas, este proceso no tiene sentido. Por eso se ha
minorado en este caso la aportación del Estado.
Todo eso es muy interesante pero, con toda sinceridad señora directora general, a nuestro juicio, esto no explica ni la reducción para esos conciertos, ni ese aumento en cuanto a las entidades de seguro libre. La transferencia a todas las
comunidades no explica ese aumento espectacular, teniendo en cuenta cuáles eran ya las situaciones anteriores de los conciertos de asistencia sanitaria con entidades de seguro libre. Todo eso, supone una contradicción con la voluntad política
expresada por el partido que sustenta al Gobierno (en este momento lo sustenta, en minoría parlamentaria, pero lo sustenta) respecto de sus propósitos en relación a estas cuestiones. No hay peor en política que terminar impulsando aquello que es
negado de una manera reiterada y es considerado malo para el sistema. Nosotros no somos los que lo vemos así.
Lo cierto es que al final la voluntad de los funcionarios es la que es.
Tengo curiosidad, señora directora general, sobre los objetivos hacia el futuro, de los que le he hablado. En primer lugar, querría conocer la opinión de la directora general de Muface en relación con el hecho de que haya un espectro muy
amplio de funcionarios, desde un concepto amplio de la idea de funcionario, que no están en Muface, están en el régimen general de la Seguridad Social y que podrían estar en Muface. Habría que hacer una pregunta: ¿es bueno que aumente el tamaño de
Muface o no? Punto segundo: ¿la prestación de Muface es una prestación más adecuada por su singularidad, por su cualificación y por su especialidad o no? Quisiera conocer su opinión sobre la oportunidad o no, de que los funcionarios de los
organismos autónomos, en vez de estar en el régimen general de la Seguridad Social como prestación sanitaria y de los demás elementos que constituyen en definitiva la prestación que proporciona Muface, pudieran incorporarse, también a dicha
mutualidad aunque fuese con un carácter riguroso de organismo autónomo del Estado.
En segundo lugar, ya hubo una pregunta en esta legislatura en relación con la participación de las comunidades autónomas en Muface. Como estamos en tiempos claramente de cambio, nos gustaría conocer su opinión al respecto; aunque ya vimos
la contestación a la pregunta, nos gustaría abundar en esa cuestión.
Nos ha hablado de los materiales ortopédicos y otros elementos de las prestaciones de la Seguridad Social. Nos sorprendió, porque nos gusta hacer un seguimiento amplio de todas las cuestiones, una carta de un mutualista que figura en el
ejemplar de la revista Muface, correspondiente al segundo trimestre de 2005, mutualista que firma como Rafael Muñoz y que tendrá la satisfacción de ver que los representantes de los ciudadanos
atendemos a todo y nos preocupamos por todo, incluso de las cartas que aparecen en una revista como la de esta mutualidad. Recordará que ese mutualista pone de relieve su sorpresa por el hecho de que la ortopedia visual esté cubierta y, que
en el caso de sus hijos, que al parecer tenían serios problemas en sus pies que obligaban también a que se les dispensaran botas ortopédicas especiales y zapatillas de deporte también ortopédicas, se le había indicado que éstas no estaban
comprendidas en las prestaciones de Muface. Él se preguntaba, con cierta gracia, si podría explicarle alguien por qué su vecino, funcionario como él, con una hija con miopía, recibe ayudas para las prótesis de su hija, y él no.
Naturalmente
llegaba a la conclusión lógica del buen ciudadano: ¿Acaso no pagamos los dos la misma cuota de la mutualidad? ¿Es que la salud de los ojos es una necesidad y la de los pies un lujo? Se lo planteo, señora directora general, por saber si eso ahora
y en el caso de este ciudadano ya lo contemplan. Por eso la comparencia era para informar sobre objetivos previstos hacia futuro.
Tenemos una especial curiosidad, señora directora general, en conocer -porque sobre eso no he escuchado nada y creo que es un problema importante-, contemplando el catálogo de asistencia a mayores por parte de Muface, si en cuanto al
Alzheimer, que sin duda es un problema muy preocupante para todos los ciudadanos y naturalmente también para los funcionarios, tienen previsto algún programa. Yo creo que es hora de hacer programas específicos de atención a estos pacientes
mutualistas.
También nos gustaría conocer qué iniciativas va a promover Muface, si tiene prevista alguna, para extender la cobertura de las prestaciones a personas dependientes que sean empleados públicos, y si considera que las actuaciones que se están
desarrollando en ese campo por parte de Muface son suficientes. También, naturalmente, en qué medida y con qué medidas concretas podrían mejorarse.
Quisiéramos conocer -sería un resumen de la exposición que ha hecho en relación con el altísimo porcentaje de funcionarios que optan por las prestaciones de entidades libre de seguro- qué valoración hace la directora general de los acuerdos
para 2005 suscritos por Muface con las entidades médicas de seguro libre, en términos de beneficios nuevos para los empleados públicos. O sea, en qué medida, efectivamente, en los distintos acuerdos, intenta Muface que estas entidades libres
mejoren a su vez sus prestaciones, mediante la incorporación de beneficios nuevos para los beneficios públicos.
Finalmente, me he dejado los datos en el despacho -tengo que confesar ese déficit-, pero lo recordará con claridad, que ya en el debate de Presupuestos Generales del Estado hicimos patente que en algunas prestaciones, había habido una
disminución presupuestaria, una disminución presupuestaria que se produce para los funcionarios, en definitiva, en Muface. Queremos saber las razones de esa disminución si las conoce; si no, con mucho gusto, incluso le plantearía una pregunta por
escrito. Sin embargo, creo que lo recuerda y recuerda incluso los términos en que nos interesamos por esas cuestiones, quizá con mayor detalle, puesto que el ministro no respondió a nuestras preguntas relacionadas con algunas ayudas para la
adquisición de viviendas por funcionarios; en definitiva, se trataría de los aspectos sociales de las prestaciones de Muface. Curiosamente, en turno de Gobierno socialista es muy interesante ver esa gran sensibilidad que les lleva a hacer esos
recortes en el presupuesto. Como supongo que la señora directora general, lo que hace es pedir siempre que aumente el presupuesto, nunca que disminuya, no puede más que sumarse a nuestro deseo de que ese presupuesto no disminuya. Nos gustaría
conocer si hay alguna razón -que también podría haberla, exactamente igual que ésa tan pintoresca que nos contaba el secretario general en relación con la disminución del presupuesto para los conciertos públicos y el aumento para las entidades
privadas- que justifique que las ayudas, por ejemplo, para la adquisición de vivienda en los supuestos en que estaba prevista para mutualistas, hayan disminuido. Acaso sea -y habrá que permitir una ironía, porque si no dirán que soy políticamente
muy plano y eso es muy aburrido- que, como van reduciéndose las superficies de las viviendas sociales, hará menos falta la subvención. En fin, por alguna razón será.
Agradecemos su comparecencia y su información. Seguro que entre todos iremos haciendo lo posible para que Muface, hacia el futuro, sea un organismo asegure y proporcione a los funcionarios públicos españoles las mejores prestaciones.
El señor PRESIDENTE: Le he pedido a la directora general que acumule las respuestas porque el tiempo se nos acaba y el director de la Agencia Tributaria ya espera.
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: En nombre de Coalición Canaria, señora directora general, quiero darle la bienvenida a nuestra Comisión por su comparecencia, así como agradecer la amplia información que nos ha facilitado sobre Muface.
Nuestro interés está justificado pues, aparte del control al Gobierno en esta Comisión, en esta casa somos 82 los diputados que estamos acogidos al régimen de Muface. Esto no significa que los otros -hasta 350 diputados que forman la
Cámara- no estén interesados al no ser funcionarios de carrera del Estado o no estar en cualquier situación laboral con relación a la Función pública. Los que pertenecemos a cuerpos del Estado y estamos al amparo de la Ley Moscoso, como se llamaba
en su momento la de la Función Pública, los que estamos en el régimen de Servicios Especiales, estamos en activo, en cuotas y en prestaciones, en Muface. Le doy estas cifras que me han facilitado los servicios de la
Cámara: 82 diputados estamos acogidos al régimen de Muface y esto tiene un interés muy directo.
La segunda cuestión que quiero plantearle es que nosotros apoyamos plenamente la permanencia y la potenciación de Muface. En primer lugar, porque se encuentra dentro de un escenario de competitividad con las entidades privadas de seguros,
que realizan los conciertos con Muface.
Esto permite al funcionario una doble opción, bien el régimen general de Muface, bien los conciertos que Muface tiene con las entidades privadas de seguros. Esto me lleva a reconocerle una cuestión que se ha
empezado a hacer en Muface muy importante, que era comparar el grado de eficiencia.
Estamos en un escenario competitivo, que es el régimen de Muface, los servicios de Salud en las distintas comunidades autónomas en que están los funcionarios y se
acogen al régimen general de la Seguridad Social y los que están dentro de los conciertos de Muface. Esto permitirá la comparación. Hasta ahora no se había podido hacer un estudio. Yo celebro haberle escuchado ahora en su intervención, señora
directora general, que hay un programa de evaluación de los servicios que da Muface y las entidades concertadas libres. Esto es importante, porque, al tener libertad el funcionario, a través de los conciertos de Muface, de irse cada uno a la
entidad privada de seguros libres concertados, hay que evaluar comparativamente el grado de eficiencia, de satisfacción en todos los órdenes y de eficacia, en la calidad de los proveedores finales de la prestación sanitaria. Esto hacía falta y
reconozco, señora directora general, que nos permitirá mejorar, por efecto comparativo, lo que genera Muface. Yo espero que se dé a conocer esta evaluación a través de las revistas que publica Muface para sus afiliados funcionarios.
No sé si en este programa de evaluación, señora directora general -y se lo pregunto-, introducen ustedes no solamente los grados de eficiencia y de calidad de prestación del servicio, en clínicas concertadas, los servicios, en la rama de
cirugía quirúrgica fundamentalmente, sino también la evaluación del gasto farmacéutico. Usted se ha referido en la última parte de su intervención a la prestación farmacéutica. Usted sabe que dentro del régimen general de la Seguridad Social y la
sanidad pública, el gasto farmacéutico parece imparable, sigue subiendo; vemos las estadísticas en las distintas comunidades autónomas y en Canarias este es un tema muy preocupante también. El gasto farmacéutico arranca en la receta que hace el
facultativo, el médico. Me gustaría saber si, en esa evaluación que se está haciendo de Muface y los servicios privados, se introduce la prestación farmacéutica y ver cuál es el volumen de gasto farmacéutico por vía de receta de los médicos que
están en las entidades privadas de seguros concertados con Muface, si es superior o inferior al gasto farmacéutico por recetas que expiden los facultativos, los médicos de Muface. Me parece interesante ver ese comportamiento en el gasto
farmacéutico dentro del sistema oficial de Muface y dentro de los seguros concertados.
Creo que también se ha dado un paso importante (hay que potenciarlo, y le animo, a ello, señora directora general) con la mutualidad integrada. Una de las últimas cuestiones que ha puesto en circulación, es una cuota especial, ofertada
incluso a los funcionarios que estaban en periodos de prórroga de su condición de actividad funcionarial entre los 65 y los 70, incluso en algunos cuerpos que puedan tener una actividad hasta los 72, también. Esto es positivo para Muface para todo
el sistema de protección que tenemos en este momento.
Quiero hacer también un reconocimiento a un programa que han puesto en marcha. Yo he captado en los ambientes funcionariales cuestiones de estrés con casuística de mortalidad. Se trata del Programa Cuidacor, de prevención de los riesgos
cardiovasculares, que han puesto ustedes en marcha. Es muy positivo que entidades como Muface, que para determinadas dolencias o situaciones de riesgo patológico que pueden existir por la tensión en la Función pública, se pongan en marcha programas
que vayan más allá del simple diagnóstico y tratamiento de cualquier proceso patológico o enfermedad, que se hagan también programas de prevención. No se trata solamente de actuar en el momento en que el funcionario entra en un proceso patológico
de enfermedad y requiere inmediatamente la asistencia médico-sanitaria, sino también en la prevención de aquellos riesgos, como es el programa Cuidacor. Le animo, señora directora general, a seguir en esta línea porque creo que es muy positiva y ha
sido bien acogida por los funcionarios. Si puede decirnos algo al respecto del programa Cuidacor, sería positivo.
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora directora, le quiero felicitar por su intervención porque ha sido tan exhaustiva, tan prolija, que ha tenido la capacidad de que, preventivamente, resolver todas las dudas que mi grupo parlamentario pensaba
plantearle. En todo caso, le quiero felicitar por su exposición, por su trabajo, sobre todo quiero felicitar a los 82 diputados que se acogen al servicio asistencial que usted en este momento tan dignamente dirige, porque los que pertenecemos al
mutualismo laboral ordinario, poseemos una insana -por no decir celos-envidia por los niveles prestacionales de la Muface.
Podría ser una reflexión filosófica a valorar en otra ocasión. Algún compañero me ha llegado a comentar que por qué los funcionarios, amén de otras prebendas, poseen esta también, una asistencia notablemente mejor que la de los trabajadores
que están sujetos al Régimen General de la Seguridad Social y a las mutuas laborales, que en estos momentos tienen deficiencias estructurales, muchas de ellas financieras y de todo tipo, que no resultan seguramente desconocidas. Cualquier
comparación con Muface, con Fremap, con Fraternidad, con cualquiera de las mutuas -Mutua Vizcaya Industrial, Previsora cualquiera del País Vasco, que son las que más conozco-, no
voy a decir que resulte odiosa, pero sí que las diferencias son verdaderamente sustanciales.
La primera pregunta que me gustaría hacerle es la siguiente: usted sabe que se va a acometer por parte del Ministerio de Trabajo una profunda reflexión sobre cuál tiene que ser el contenido, las funciones, la propia naturaleza de las
mutuas. Ya va a desaparecer el arcaico seguro de enfermedad profesional. El sistema de financiación de las mutuas tiene que hacerse mucho más riguroso; sobre todo se va a incrementar la función atinente a la prevención de riesgo laboral. Yo no
he oído ninguna reflexión en su exposición -quizá es que me ha pasado desapercibida- sobre las actuaciones en materia de prevención de riesgo laboral, que es una actividad importante para una entidad como la que usted dirige. Los requerimientos en
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son claros y este tipo de entidades tiene una función muy relevante que hacer seguramente, para actuar en el ámbito preventivo contra una de las lacras que en este momento el mundo del trabajo posee, que es
la alta siniestralidad. Y quizás aquí también los funcionarios son un colectivo favorecido; los índices estadísticos en materia de siniestralidad son notablemente más inferiores que en el resto del mundo, podríamos decir.
Pero no vamos a seguir
con estas digresiones comparativas entre los cuerpos de funcionarios y los demás trabajadores.
Termino diciéndole -y ésta es la segunda pregunta- que, con relación al crecimiento de gasto sanitario, que efectivamente es grave y preocupa a la Administración Central del Estado y a las administraciones autonómicas, no he oído ninguna
reflexión sobre la dispensación de medicamentos genéricos, en contra de los que proveen las multinacionales de la industria farmacéutica; y si van a utilizar ustedes alguna línea de actuación específica en este ámbito para intentar reconducir a sus
justos términos el gasto.
Solo quiero ya felicitarle otra vez, tanto a usted como a los 82 beneficiarios en esta casa del nivel de asistencia que Muface proporciona.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Socialista.
El señor TURIEL SANDÍN: Doy también la bienvenida a la directora general de Muface y la agradezco muy sinceramente su exposición tan detallada.
Tenemos que agradecer al Grupo Popular que haya pedido esta comparecencia. Como el señor
Mardones, yo estoy en el grupo de 82 diputados que somos mutualistas de Muface.
La creación de Muface en su momento -va a hacer 30 años, el día 1 de junio de 1976 fue cuando empezó a funcionar; como yo soy funcionario hace mucho tiempo, miraba esta mañana el carné para recordar la fecha en que habíamos entrado en
Muface- fue un gran avance para los funcionarios.
Oyendo al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, me he dado cuenta de que es verdad que hemos pasado a una situación, en estos treinta años, totalmente distinta. Antes envidiábamos lo que pasaba
en el régimen laboral; en algunos casos eran buenas mutualidades -Magisterio, por ejemplo tenía una mutualidad buena-, pero en otros eran bastante peores.
Teníamos graves problemas a la hora de la asistencia sanitaria y en modo alguno teníamos
cubiertas nuestras necesidades, sobre todo fuera del ámbito de actuación de nuestra provincia. La creación de la Muface fue un gran logro. En estos 30 años ha habido un enorme avance, con todos los gobiernos; ha sido una labor constante de todos
los gobiernos, pues se han preocupado de que Muface haya ido funcionando cada vez mejor. Es importante ver que hoy día estamos homogeneizados con el Sistema Nacional de Salud; bien porque optemos por recibir asistencia sanitaria a través de lo que
era el antiguo Instituto Nacional de la Salud, bien porque optemos por una asistencia libre, se nos garantiza ese mínimo de prestaciones que también garantiza el Servicio Nacional de Salud. Es algo muy importante que hemos conseguido a lo largo de
estos años y nos sentimos satisfechos.
Hay un dato que ha comentado el portavoz del Grupo Popular que me gustaría, si lo tiene la directora general, que nos lo aclarara. Es verdad que en el momento actual, según ha expuesto la directora general, el 87% de los mutualistas de
Muface optan por la asistencia sanitaria a través de sociedades libres de seguro. Sería interesante saber cuál es la evolución en el tiempo y si en el momento actual este porcentaje es mayor o es menor que en épocas anteriores; incluso, si la
transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas ha supuesto en estos años un incremento o una disminución del porcentaje de mutualistas que optan por un sistema o por otro. Me hace relativamente gracia lo que dice el portavoz del Grupo
Popular sobre la respuesta que le dieron en su momento de por qué varían en el Presupuesto las aportaciones relativas a la asistencia sanitaria cuando se hace a través de sistemas públicos de salud. A mí me parece que no es que no se lo hayan
explicado bien, es que no lo han entendido. El sistema es bastante fácil de entender. Antes el sistema era muy complejo, porque figuraban los presupuestos de Muface, se descontaba lo que entregaba el Estado, el Estado tenía un sistema complejo con
el Sistema Nacional de Salud, y terminaba en las comunidades autónomas. Ahora el sistema es bastante más simple. ¿Qué se está haciendo? Se ha disminuido la aportación del Estado en el importe de la salud de los funcionarios que optan por el
Sistema Nacional de Salud y se ha disminuido de los gastos del capítulo dos. Lo único que ha pasado es que se han disminuido las aportaciones del Estado en un caso y se ha disminuido el importe de los conciertos, la cantidad que figuraba en la
Seguridad Social, por otro. Eso lo único que hace es simplificar el sistema. Además, ustedes que fueron quienes en su momento aprobaron el sistema de financiación de las comunidades autónomas, saben perfectamente que, por aplicación de ese
sistema, se tiene que
hacer así. Por eso digo que me sorprende que no lo hayan entendido, porque ustedes son los que estaban en el Gobierno cuando se aprobó el sistema de financiación de las comunidades autónomas, incluyendo el sistema sanitario. Simplemente lo
digo porque parece que ustedes no han entendido lo que ustedes han hecho. Esa es la realidad: el Partido Popular parece que no entiende lo que ha hecho en el sistema de financiación de las comunidades autónomas.
El portavoz del Grupo Popular decía que por qué no se extendía este sistema a otros empleados públicos que están en el Régimen General de la Seguridad Social. Le quiero preguntar si esto es posible, si a la vez no se hace la ligazón a las
clases pasivas del Estado. Porque la característica básica que tenemos los que somos mutualistas de Muface es que también estamos acogidos simultáneamente al Régimen General de Clases Pasivas del Estado. El sistema especial de protección de
Seguridad Social de los funcionarios públicos no comprende solamente la asistencia sanitaria, sino que comprende también el sistema de pensiones. Por eso decía yo si es posible separarlo o no en la medida en que lo decía el portavoz del Grupo
Popular.
Quiero felicitar a la directora general, como cabeza visible de Muface, por haber liderado el proyecto Cuidacor -ya lo ha dicho el portavoz de Coalición Canaria-. Es muy interesante; es una forma de prevenir riesgos, no solo laborales,
sino también con relación a la vida, fomentando mejores hábitos de vida. Es importante saber que un organismo como Muface está liderando un proyecto de tanta envergadura.
Termino mi intervención animando a la directora general a que ese nuevo concierto que se proyecta, tres años de asistencia sanitaria con las entidades libres de seguros, resulte lo más beneficioso posible para los que somos mutualistas.
Animo también a que la nueva orden de prestaciones complementarias de asistencia sanitaria se haga de la mejor manera.
Quizás eso sirva para solucionar el problema que planteaba el mutualista Rafael Muñoz, que se quejaba -no sin razón- de que pueda
haber discriminación. A ver si es posible que esta nueva orden acabe con estas discriminaciones. Sería asimismo interesante conseguir que no haya discriminación en la asistencia exterior; a ver si es posible que Muface y el resto de las
mutualidades consigan que se aplique al ámbito de los funcionarios mutualistas la tarjeta sanitaria europea. Ya ve el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco que sí que hay un tema en el que tenemos que seguir envidiando a los que están en el
régimen general, porque, en la asistencia exterior, nosotros no tenemos todavía derecho a la tarjeta sanitaria europea.
Felicito de nuevo a la directora general y, como yo soy uno de los 82 diputados mutualistas, insisto sinceramente en que los mutualistas que estamos en buenas manos.
El señor PRESIDENTE: Señora directora general, sería interesante que respondiera, como hemos pactado, conjuntamente y en el menor tiempo posible, porque tenemos al director de la Agencia Tributaria esperando para comparecer.
La señora DIRECTORA GENERAL DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO (Román Riechmann): Voy a empezar hablando de los flujos financieros, aunque me parece que lo ha aclarado el portavoz del Grupo Socialista. Yo tuve la
suerte de que, cuando llegué a Muface, mi antecesor ya lo había solucionado, porque es, evidentemente, es algo que se plantea desde el momento en que se culminan las transferencias y que la financiación de la asistencia sanitaria deja de ser vía
cotización a la Seguridad Social y se produce vía presupuestos. En el momento de las transferencias se tiene en cuenta al colectivo de Muface que es asistido por los servicios públicos de salud de las distintas comunidades autónomas. Era un flujo
financiero casi de carácter ficticio, porque lo que pasaba es que el Estado hacía su aportación a Muface, que a su vez transfería los créditos a la Tesorería General de la Seguridad Social, que volvía a remitirlos al Tesoro. De ahí el descenso,
porque solo se ha conservado lo que corresponde a Ceuta y Melilla, como no puede ser de otra forma, al no estar transferida esta asistencia sanitaria. En cuanto al aumento en los créditos destinados a los conciertos privados, viene siendo del tenor
de lo que ha sido en los últimos años, que es lo que ha permitido que se mantenga Muface como se ha mantenido hasta ahora y que se mantengan los conciertos y su nivel de prestación.
Me preguntaba si es posible extender Muface, si me tengo que inclinar por un modelo o por otro. Yo creo -y estoy plenamente convencida de ello- que el modelo de Muface existe porque existe el modelo de sistema sanitario público. Son dos
modelos dentro de un único sistema sanitario público.
Nunca podemos olvidar -y está en la base de los logros de Muface- que lo que se está haciendo por parte de la mutualidad es un servicio público, con unos medios concertados, pero formando parte
de todo lo que es el sistema sanitario público. Esa es la gran bondad, que nosotros tenemos ahora mismo la posibilidad de actuar sobre todo el territorio nacional. Y de ahí vienen los réditos, no solo para Muface, sino para todo el sistema
público. Porque cuando nosotros estamos hablando de lograr unos sistemas de información homogéneos para todos los centros privados, lo estamos haciendo porque existe el sistema del mutualismo administrativo, que permite que todos esos datos se nos
proporcionen y que los pongamos en consonancia, como no se ha hecho hasta ahora, con lo que ocurre con el sistema público.
Que si se puede ampliar a otros funcionarios o no. Yo pienso que es el legislador el que tiene que decidirlo y así se ha ido haciendo hasta ahora. Muface es un organismo de gestión fundamentalmente, que lo que tiene que hacer es velar para
que aquellos objetivos que tiene claramente adjudicados sean realizados con la mayor
calidad y con la mayor satisfacción de sus usuarios. A eso es a lo que nos estamos dedicando. No lo hago yo sola, como directora, sino que tengo detrás un equipo, en muchos casos incluso desde la Fundación de Muface -si se me permite
decirlo- y que es el gran hacedor y el gran capital que tiene esta mutualidad para que siga adelante.
Se refería también usted, señoría, al problema de la participación de las comunidades autónomas en Muface. Es verdad que nosotros participamos muy activamente con las comunidades autónomas y no solo en aquellos foros a los que me he
referido, en los que dentro del ámbito, bien del Ministerio de Sanidad y Consumo, bien individualmente con las comunidades autónomas, tenemos firmados convenios de colaboración de todo tipo. Tenemos firmados convenios de colaboración de asistencia
en el medio rural para aquellos mutualistas a los que no llegan las entidades privadas porque no tienen implantación en lugares muy alejados, como pueden ser pedanías o lugares de este tipo. Además, tenemos convenios de asesoramiento sobre
determinadas materias científicas, como puede ser sobre hormona de crecimiento, y en cuestiones concretas en las que el asesoramiento médico nos lo presta la comunidad autónoma correspondiente. Nosotros -y creo que lo señalaba en mi comparecencia-
tratamos de ceñirnos en cada comunidad autónoma a lo que la autoridad sanitaria de esa comunidad autónoma determina en cuanto a sanidad se refiere. Estamos abiertos a cualquier tipo de convenio -y en este sentido estamos trabajando-, ya no solo
para cuestiones de asesoramiento o de prestaciones sanitarias por su parte, sino también para que programas como el programa Cuidacor, que nosotros lideramos, pueda extenderse a los empleados públicos de las comunidades autónomas, de forma que
rentabilicemos sus resultados.
Ha mencionado el caso desgraciado del mutualista, que aparecía en la revista. Es un caso concreto que solucionará el nuevo catálogo. Tenemos como proyecto, de cara al 2005 o para que fuera efectivo en el 2006, una revisión completa de la
cartera de servicios, revisión completa que empieza por el catálogo de material ortoprotésico, que va a ver la luz en pocos meses y que va a traducirse en otras cuestiones importantes.
Estamos muy preocupados -y usted se ha referido a ello- por el
tema de la dependencia. Ahora mismo es el reto fundamental que tiene el Estado del bienestar y que tiene nuestro Estado. Y Muface ha sido pionera en estas materias. Me preguntaba si es suficiente la atención que da Muface. La atención que da
Muface, como la que da cualquier otro organismo en este momento, no es suficiente. No lo es porque, con lo que son los comportamientos ahora mismo en cuanto a esperanza de vida, en cuanto a necesidades que deben atenderse en un Estado del
bienestar, estamos empezando. Estamos empezando, pero puedo decir que Muface tiene ya importantes avances. Además estamos participando en el grupo de trabajo que estudia el Libro Blanco de la dependencia y que posteriormente dará lugar a la ley de
la dependencia y lo estamos haciendo de forma activa porque, por las mismas razones que citaba antes, tenemos un colectivo que viene a suponer un laboratorio magnífico en cuanto al número y al ranking de su composición. Tenemos una experiencia
importante a la hora de extraer consecuencias de cara a la dependencia.
En este año 2005, los programas sociosanitarios atenderán del orden de 7.000 casos anuales, con 7.300 asignaciones por minusvalías y 1.100 asistencias a grandes inválidos; 15.000 casos de dependencia en total, que vienen siendo atendidos
por Muface. ¿Qué carencias detectamos? Detectamos servicios de atención a personas dependientes menores de 65 años, a los que no damos cobertura, sobre todo en casos de convalecencia, de posterior hospitalización y demás; atenciones a grados de
minusvalía inferiores al 80 por ciento; servicios de atención residencial de carácter no permanente. Sí que detectamos muchísimas carencias. Esto me permite enlazar con otra de las cuestiones que se planteaban. ¿Por qué disminuye el presupuesto
en determinadas ayudas y aumenta en otras? Precisamente por esta revisión que estamos haciendo. Dentro de Muface nos planteamos que la apuesta por la dependencia tiene que ser esencial y vamos a volcar todos nuestros esfuerzos para que los
créditos, que todos esperamos y deseamos que sean lo más altos posible, se dediquen a la dependencia. Hemos recortado algunas ayudas y vamos a seguir recortando otras, pero sustituyéndolas.
Mencionaba usted las ayudas para la adquisición de vivienda. Este año han disminuido y esperamos que desaparezcan el año que viene. Esperamos que desaparezcan porque lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho es sacar a concurso, con las
entidades bancarias que trabajan con nosotros, unas ofertas de hipotecas más beneficiosas para todos los mutualistas, de forma que incluso van a salir más beneficiados que con las actuales ayudas por adquisición de vivienda, que se recibían
directamente de la mutualidad. Con esto conseguiríamos unos ahorros que trataremos de dedicar a aquellos temas que consideramos cruciales. Esta es la razón de las modificaciones que se han producido en el presupuesto. Evidentemente, los objetivos
de Muface son seguir dando la atención de calidad que se da y, una vez que se haya logrado una homogenización con los niveles asistenciales de los sistemas públicos, nuestra obligación será velar y no bajar la guardia para que nos disminuya la
calidad de estas prestaciones. A partir de ahí, queremos -y es la línea en la que estamos trabajando- lograr una mayor transparencia, una mejor información, de forma que aportemos un valor añadido, no sólo a lo que es la gestión de Muface, sino a
todo el sistema público de salud y, en definitiva, a todo lo que es el sistema sanitario de nuestro país, que al final es lo que nos interesa a todos.
Quiero felicitar al portavoz del Coalición Canaria por ser mutualista.
También es verdad que aumenta bastante
la responsabilidad de esta dirección general saber el alto número de diputados a los que atendemos.
Se refería a la evaluación del gasto farmacéutico. Sí que tenemos datos.
Ahora mismo, si comparamos los acumulados anuales de gasto farmacéutico con los del Sistema Nacional de Salud -datos 2004, mes de diciembre-, el acumulado anual de
Muface es de un 4,52 por ciento, frente a un 6,40 por ciento del Sistema Nacional de Salud. También tenemos datos respecto a cómo se han comportado estos tres primeros meses. La evaluación del gasto farmacéutico de las recetas, la hacemos
habitualmente; es uno de los controles más exhaustivos y más desesperantes para nuestros empleados, por lo minucioso del trabajo. Lo que tenemos es que el uso de genéricos, que evidentemente potenciamos, si bien es cierto que su efecto se ha visto
atemperado por los precios de referencia, va aumentando, dentro de la mutualidad, a un ritmo inferior que en el sistema general, pero también es verdad que va creciendo menos el número total de recetas que en el sistema general. Si tienen interés,
puedo mandarles datos detallados sobre todos los gastos de farmacia que tenemos en Muface.
Ahora mismo, a finales de 2004, tenemos una facturación del 3,10 por ciento, en genéricos, que en enero de 2005 había subido a 3,58. Estamos en una línea
ascendente y yo confío en que siga comportándose de esta manera. También es verdad que en estos tres primeros meses del año se contempla una contención del gasto de farmacia, que si aumentó considerablemente en enero y en febrero fue debido
fundamentalmente a que, con los cambios legislativos, la facturación de las oficinas de farmacia se hizo a final de mes, cuando normalmente se hace el 20 de cada mes, más o menos. Este efecto ya se ha corregido en marzo, donde se ha producido una
disminución del gasto del 6,92. Ahora mismo estaríamos en un incremento en torno al 13 por ciento.
Programa de prevención de riesgos cardiovasculares. Tengo que confesar que es una de las niñas bonitas de Muface. Lo es porque está teniendo aceptación entre los empleados públicos. Se trata de combinar dos vertientes que son
fundamentales: la vertiente científica y la implicación del profesional y la implicación del individuo, que tiene que ser el principal responsable. Por poner algún ejemplo de lo que el portal ofrece al empleado público, tenemos consulta de
enfermería; el empleado puede acceder a una consulta mediante chat de enfermería, en la que recibe, en 24 horas como máximo la respuesta exacta sobre la cuestión que plantee; tenemos un boletín que se hace llegar mensualmente a todos los que se
han conectado con el portal Cuidacor y que les va poniendo al día de las novedades en estas materias. Lógicamente, queremos que todo esto se extienda -por eso hablaba yo de la colaboración con otras administraciones públicas- y llegue no solo a los
empleados públicos. En todo este tipo de patologías es mucho más importante la prevención que la curación a posteriori, y por eso queremos darle la mayor extensión posible. Invito a todos los señores diputados a que se conecten alguna vez a este
portal y que vean lo que es la vida saludable para todos los ciudadanos, que al final revierte, no solo en unos ahorros en salud, sino en una mejora de la salud de todos.
El portavoz del Grupo Parlamentario Vasco se refería a los riesgos laborales. Nosotros no tenemos competencias directas en prevención de riesgos laborales, que sí que las tiene nuestra secretaría general. La dirección general de Función
Pública tiene encomendada la coordinación y el impulso de la prevención de riesgos laborales en la Administración del Estado y a mí me parece que lo está haciendo de una forma magnífica.
Nosotros sí que tenemos una colaboración muy intensa con
ellos. Se refería a la siniestralidad. Nosotros no teníamos datos sobre siniestralidad en los mutualistas. A partir de ahora, y gracias a la colaboración con la dirección general de Función Pública, vamos a poder ofrecer datos de siniestralidad
laboral de los acogidos al régimen de Muface. Además, el desarrollo de programas preventivos lo estamos haciendo de la mano de la dirección general de Función Pública, actuando en distintos centros de trabajo. Entendemos que esto también ayuda a
la mejora del clima laboral y a la prevención del riesgo laboral. Hablaba de los medicamentos genéricos y ya lo he respondido.
El portavoz del Grupo Socialista se refería a la evolución en el tiempo del colectivo. Curiosamente, hay una estabilidad tremenda. Tengo la evolución del colectivo desde el año 2000 hasta el año 2005 y varían los porcentajes entre
entidades privadas; pero el porcentaje entre entidades privadas y entidades públicas se mantiene más o menos estable, en torno al trece y pico por ciento en servicios públicos y el resto en entidades privadas. Esto es así y es posible que sea así
porque al final todo forma parte de un sistema público y porque los dos sistemas interfieren uno en el otro, de forma que empujan y ayudan a las mejoras respectivas de los sistemas. Si se extendiera el régimen, habría que extenderlo a todo lo que
es el régimen especial de la Seguridad Social, incluyendo clases pasivas. Habría que hacer estudios de todo tipo y habría que ver la viabilidad o no de la medida y su conveniencia o no. Esperamos acertar en el nuevo concierto y para eso es un
pulsómetro -si se me permite la expresión- importante lo que son las quejas, los recursos, el contacto muy directo que todos los directores provinciales de Muface tienen con los mutualistas, para ver cuáles son las carencias, cuáles son las
necesidades y aquellos puntos en los que tenemos que incidir.
Un punto importante es la asistencia en el exterior que esperamos dejar resuelto de forma satisfactoria para todos los mutualistas. Como decía yo al inicio de mi intervención, estamos tratando de mejorar la asistencia a nuestros
beneficiarios. Tengo que decir que esta no es una labor que se haya empezado hoy ni mucho menos ha empezado esta directora general. Es una labor que, como decía antes, se lleva haciendo treinta años. Si algo ha caracterizado a Muface siempre ha
sido la profesionalidad de todos los responsables que han estado al
frente y de todos los que han trabajado en esta mutualidad; al final, son los que han hecho posible -y espero que lo sigan haciendo- que la mutualidad siga dando una respuesta satisfactoria a los que, no como privilegio, sino como
obligación legal, tienen que estar dentro de este régimen. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Un segundo, señor presidente. Una petición circunstancial de un diputado por una circunscripción concreta: que sugiera usted a los responsables de Muface que las delegaciones provinciales no haya que buscarlas
con la lámpara de Aladino. Lo digo concretamente por la de mi provincia, Lugo; para llegar allí hay que llevar un detector. Dicho esto, muchas gracias por su información.
Al señor Turiel le quiero decir que entender, entendemos. Lo que hay que entender es que la política tiene sus sutilezas y claramente el señor Turiel no captó la nuestra; no es nuestro problema. La política no es solo retórica, porque la
retórica, generalmente, acaba, de manera fatal en estos casos en los números.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos por sus aportaciones, en especial a la directora general por sus explicaciones exhaustivas y claras. Puedo decirle que seguro que la volveremos a invitar a pasar por esta Comisión.
Vamos a dar entrada al siguiente compareciente. (Pausa.)
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (PEDROCHE Y ROJO), PARA INFORMAR SOBRE LOS CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO, ASIGNACIÓN DE PRODUCTIVIDAD Y EJERCICIO DE OTRAS
FACULTADES DISCRECIONALES DENTRO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/000430.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con el segundo punto del orden del día, que, como saben, es la comparecencia del director general de la Agencia Tributaria, para informar sobre los criterios de organización, distribución del
trabajo, asignación de productividad y ejercicio de otras facultades discrecionales dentro de la función pública en la Agencia Tributaria.
Damos la bienvenida al señor director general a esta Comisión para esta comparecencia, que ha sido solicitada por el Grupo Popular. Tiene usted la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Pedroche y Rojo): Muchas gracias, señor presidente.
Comparezco en esta Comisión de Administraciones Públicas, como ha dicho el presidente, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para hablar del funcionamiento, organización, productividad y demás cuestiones que afectan a la Agencia
Tributaria.
Como saben, la Agencia Tributaria se crea en el año 1990, enmarcada en un proceso de modernización de las administraciones públicas y basado fundamentalmente en la consecución de un objetivo, que no era otro que el de prestar un servicio
eficaz y más eficiente al ciudadano. En el origen de esa reforma hubo dos aspectos fundamentales. Uno, se inicia, finalizado el periodo de dictadura, un proceso de reforma fiscal que pone de manifiesto la incapacidad del sistema organizativo
anterior de la Hacienda pública para llevar a cabo ese reto de articular en el Estado español un nuevo sistema tributario. Y otro, la propia incorporación de España a la Unión Europea -en aquel momento Comunidad Económica Europea-, donde en el año
1986 es necesario implantar el IVA. También se ve que es una cortapisa si no se llevan a cabo importantes reformas organizativas.
Los criterios que en el momento de la creación de la Agencia se toman en consideración para reformar la Administración pasan por el desarrollo de un nuevo procedimiento de gestión tributaria que responda a una serie de principios o de
decisiones nucleares. En primer lugar, se tomar la decisión de invertir enormemente en informática, entendiendo que va a haber un crecimiento -como luego veremos- del número de contribuyentes a los que hay que atender y que es la única forma de
poderlo cumplir; el establecimiento de un sistema de captación de información como elemento nuclear para poder aplicar el sistema tributario; la normalización de los procedimientos; el refuerzo de la estructura administrativa. Y dos aspectos
fundamentales: un sistema de colaboración con el sector financiero, con las entidades bancarias y cajas de ahorro, que puedan articular o sirvan de cauce para la recaudación de los impuestos; otro hito fundamental es el establecimiento del sistema
de declaración y autoliquidación por parte del contribuyente. Junto con todo esto se ve la obligación de que la Agencia Tributaria desarrolle unos sistemas de ayudas y asistencia a los contribuyentes que puedan facilitarles el cumplimiento de esas
obligaciones tributarias en un contexto de complejidad que tienen los sistemas tributarios.
La Agencia Tributaria es una fórmula novedosa organizativa que había de permitir la superación de esas rigideces que tenían nuestra organización anterior y que traían consecuencias básicamente de dos grandes aspectos que creemos que la
Agencia Tributaria superó: uno es la inexistencia de una política de recursos humanos en aquel momento y otro, la vigencia de un
modelo financiero y presupuestario insatisfactorio. Ese es el mapa que lleva en el año 1992 a crear de forma efectiva la Agencia Tributaria. La agencia se constituye y se configura en su ley de creación como un ente de derecho público, con
un régimen jurídico distinto al de la Administración General del Estado, que, sin menoscabo de los principios esenciales que deben presidir la actuación de cualquier Administración pública, le confiere cierta autonomía en dos ámbitos: en materia
presupuestaria y en lo que se refiere a la gestión del personal. La misión que la ley de creación de la agencia atribuye a la misma no es otra que la aplicación del sistema tributario estatal y del aduanero y también de aquellos otros recursos de
otras administraciones y entes públicos, tanto nacionales como de la propia Unión Europea, cuya gestión se pueda encomendar a la Agencia Tributaria, bien por ley o por convenio.
Para ello le dota de una autonomía organizativa y de funcionamiento,
cuyos rasgos característicos se pueden concretar en la capacidad de autoorganización. El presidente de la agencia puede, a través de resoluciones, modificar la estructura de la agencia y atribuir competencias concretas a los órganos que la
integran. En materia de recursos humanos, se faculta a la agencia para aprobar la relación de puestos de trabajo, así como el régimen de acceso a los cuerpos y especialidades. Se atribuye a los órganos rectores, al presidente y al director de la
agencia, las competencias sobre la gestión del personal destinado en los servicios centrales y en el ámbito o en la estructura territorial de la agencia. Además, se le atribuye un régimen de financiación diferenciado, con participación porcentual
sobre cierto límite de la recaudación efectiva derivada de los actos de liquidación practicados por la Agencia Tributaria.
Esta función de gestión integral que constituye la misión de la Agencia Tributaria se materializa en un amplio conjunto de actividades como son la gestión, la inspección, la recaudación, la gestión aduanera, la represión del contrabando y la
recaudación ejecutiva. Hasta un poco antes, la recaudación ejecutiva se llevaba de forma externalizada por los recaudadores de zona o los recaudadores de las diputaciones y pasa a estar integrada en la Agencia Tributaria. También a través de un
mecanismo de colaboración y participación, como luego veremos, de las comunidades autónomas. Para dar alguna referencia de la magnitud e importancia de la función que tiene encomendada la Agencia Tributaria, sólo dos pinceladas de algunas de las
cifras más relevantes. En el año 2004, los ingresos tributarios que ha gestionado la Agencia Tributaria han ascendido a 163.300 millones de euros. Hemos recibido más de 67 millones de autoliquidaciones y hemos atendido directamente a más de 11
millones y medio de contribuyentes en nuestras oficinas.
Vista la misión que tiene encomendada, ¿cuáles son las líneas estratégicas que lleva a cabo la agencia para el cumplimiento de esa misión, que, como he dicho antes, es fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias?
Para llevar a cabo esto, las líneas estratégicas se inspiran en una serie de principios. El primero, en el desarrollo de unos sistemas de asistencia y formación a los ciudadanos para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones, al mismo tiempo
que persigue reducir al máximo la presión fiscal indirecta que el cumplimiento de esas obligaciones pudiera conllevar. El segundo es la detección, corrección y prevención del fraude, garantizando de esa manera la generalidad y la equidad en la
aplicación del sistema tributario y aduanero. Otro de los principios que dirigen y presiden nuestra actuación es la transparencia en la información, tanto sobre actividad como en los resultados; el funcionamiento de la agencia, soportado en un
esquema de planificación y programación de las actuaciones a realizar cada año, como veremos más adelante. Y, por último, un esquema de participación y colaboración con las distintas administraciones tributarias; en concreto, con las comunidades
autónomas y con las haciendas públicas de las entidades locales.
De acuerdo con esos principios, las grandes líneas estratégicas de la agencia van dirigidas al cumplimiento voluntario, a través de ese esquema, de ese desarrollo de servicios de asistencia y ayuda al contribuyente, ofreciéndole los mejores
y mayores servicios que podamos diseñar. Otra línea está integrada por las actuaciones de control y prevención y lucha contra el fraude. En cuanto a lo que es el objetivo de asistencia e información, la Agencia Tributaria ha conseguido unos
resultados reconocidos con carácter general por la sociedad, a través de las encuestas donde ponen de manifiesto su opinión, pero también por las restantes administraciones de nuestro entorno más próximo. Y ha sido debido a la incorporación de las
nuevas tecnologías, a la apuesta que hizo en su día la Agencia Tributaria por esa incorporación de nuevas tecnologías; al diseño y desarrollo de distintos servicios de atención al contribuyente y a la configuración de un sistema de gestión
tributaria ampliamente desconcentrado, dado que la operación se desarrolla básicamente en el ámbito de la comunidades autónomas, provincias y en nuestras administraciones. En el otro objetivo, prevención y lucha contra el fraude, la complejidad de
las relaciones económicas que hoy caracterizan el mundo globalizado y sometido a continuas y permanente transformaciones, propicia la aparición de nuevos e importantes mecanismos de defraudación cuya corrección exige que deban ser abordados con
instrumentos y estrategias distintos de los que se venían utilizando hasta la fecha. Ello va a requerir -y en esa actividad estamos- el reforzamiento de los mecanismos de investigación, en el sentido de que la agencia debe poner el foco en la
detección de las rentas y de los patrimonios ocultos, más allá de lo que es la pura comprobación y contrastación de aquellos contribuyentes que estén declarando y hayan podido cometer errores, sin perjuicio de que esa comprobación también deba
hacerse. Ello exige que llevemos a cabo una detección temprana de esos fenómenos de fraude para poderlos corregir en el inicio,
evitando que puedan ser extendidos. A este fin ha obedecido el plan de prevención del fraude fiscal, un documento que conocen, cuya línea direccional es el refuerzo de la investigación, fundamentado o proyectado básicamente sobre
determinados sectores donde creemos que hay un mayor riesgo de fraude fiscal, donde haya una mayor concentración de fraude, y también sobre aquellas formas de defraudación más grave, como pueden ser las tramas organizadas, la ingeniera fiscal o los
delitos contra la Hacienda pública.
Junto a esta modificación de los sistemas de control, que exigen un reforzamiento de la investigación, tenemos que mejorar los sistemas de información, para que nos permitan tenerla de forma más sistematizada, evitando en lo posible derivar
hacia los agentes económicos, a los contribuyentes, que nos tengan que remitir información de la que podamos ya disponer o que de una forma más sencilla pudiéramos captar. También con la adopción de medidas preventivas y con la introducción, como
el propio plan contenía, de algunas modificaciones organizativas que superen algunas deficiencias que el modelo funcional, como veremos más adelante, tiene hoy la Agencia Tributaria.
Vista la misión, la estrategia y los dos grandes objetivos que centran la actividad de la agencia, sería el momento de ver cómo está organizada y con qué medios cuenta para el cumplimiento de esos fines con la máxima eficacia y eficiencia.
La organización de la Agencia Tributaria se estructura básicamente de acuerdo con un principio funcional. Podría haber otros modelos organizativos, pero el que hoy tiene la agencia es básicamente funcional, modificado a veces por tipo de
contribuyentes, con una matriz de doble entrada, funciones, gestión, inspección, recaudación y aduanas, y con la segunda entrada, que serían los contribuyentes.
Además, con un amplio despliegue geográfico que nos confiere una gran desconcentración
en la aplicación del sistema tributario.
La agencia está presidida por el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos y bajo la dirección ejecutiva del director general de la misma. En esa estructura caben distinguir dos ámbitos: uno, los órganos centrales, cuya competencia
se extiende a todo el territorio nacional -departamentos y el resto de los servicios centrales-; y otro, los órganos territoriales, que son básicamente los que desarrollan la operación, la aplicación del sistema tributario. Disponemos de 17
delegaciones especiales, que vienen a coincidir en su ámbito competencial con la estructura de las comunidades autónomas; 56 delegaciones, cuya competencia se extiende básicamente a lo que son las provincias; 205 administraciones, con un ámbito
territorial delimitado en cada caso según la norma correspondiente; y 37 administraciones de aduanas y 82 recintos aduaneros. El diseño funcional se corresponde, como decía antes, con las funciones y cometidos que la agencia tiene atribuidos y se
identifican con las áreas operativas que se pueden distinguir en lo que es el proceso de gestión y aplicación de los tributos y que se corresponden básicamente con el departamento de Gestión Tributaria, el de Inspección Financiera y Tributaria, el
de Recaudación, y el de Aduanas e Impuestos Especiales.
Además de esos cuatro departamentos operativos, cuya función básica es la dirección, la planificación y el establecimiento de la estrategia, existen otros tres departamentos, que podríamos
llamar horizontales de apoyo: un departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales; un departamento de Informática, que da el soporte a toda la operación, a los distintos procedimientos; y un departamento de Recursos
Humanos, Gestión y Administración Económica. La estructura organizativa de la Agencia Tributaria se completa con un órgano de control y auditoría de los servicios, el servicio de Auditoría Interna, y un órgano de asesoramiento, representación y
defensa jurídica, que es el servicio Jurídico de la agencia, cubierto por abogados del Estado. Ésta es la organización.
¿Con qué recursos contamos? En primer lugar, el activo más valioso que tiene la Agencia Tributaria son los recursos humanos, que se caracterizan por un alto grado de cualificación y profesionalidad en todos sus niveles. A 31 de diciembre
de 2004, la agencia contaba con 27.415 efectivos. La mayoría, el 90 por ciento, funcionarios públicos -24.846- y un 10 por ciento -2.569- personal contratado en régimen laboral. El personal funcionario, el 90 por ciento de los empleados públicos
de la agencia, se rige por la normativa general sobre la función pública, con alguna especialidad en lo que es el régimen más riguroso de incompatibilidades, que afectan básicamente al grupo A y al grupo B.
Estos dos grupos están sujetos al régimen
de incompatibilidades, pudiendo únicamente tener una dedicación a la enseñanza como asociado a alguna universidad. En lo demás tienen absoluta incompatibilidad. Como en el resto de la Administración General del Estado, los funcionarios de la
agencia están clasificados en los grupos que tiene hoy la Administración: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D y grupo E. Y en cuanto al personal laboral, tiene ocho niveles retributivos, disponiendo de 39 categorías profesionales, a los que se les
aplica las normas generales del derecho laboral, con arreglo al convenio colectivo específico propio de la agencia. La Agencia Tributaria no está en el convenio único de la Administración del Estado, sino que, por acuerdo de la agencia con los
representantes de los trabajadores, en el año 2003 adoptó la decisión de tener un convenio colectivo propio. En cuanto a los funcionarios, hay una especialidad y es que la Agencia Tributaria cuenta con numerosos cuerpos, escalas y especialidades
adscritos. En el grupo A tenemos siete cuerpos o escalas que están adscritos a la Agencia Tributaria; cinco en el grupo B; siete en el grupo C; y cinco en el grupo D.
La Agencia Tributaria, desde su constitución efectiva en el año 1992 -ya han transcurrido trece años-, ha tenido un pequeño crecimiento de los efectivos adscritos, solo un tres por ciento. Este escaso crecimiento contrasta enormemente con
el fuerte incremento relativo a la carga
de trabajo en estos años. Para dar tres cifras, el número de autoliquidaciones por empleado ha crecido un 34 por ciento en estos tres años, la relación entre lo recaudado y el número de empleados ha aumentado en un 123 por ciento, y, si
este ratio lo referenciamos en términos del PIB, el crecimiento ha sido del 158 por ciento. Comparando las cifras del personal de la agencia no sólo con lo que han sido las variables más internas de España, sino también con las cifras de otros
países de nuestro entorno, llegamos a que tenemos una Administración tributaria de un tamaño inferior. La media de los países es que tienen 200 ciudadanos por cada funcionario, en tanto que en España ese ratio se eleva a 1680. Es un dato de un
estudio de la OCDE, del año 2002. Estamos por debajo de todos los países de nuestro entorno económico del área de la Unión Europea, en lo que es tamaño de la Administración Tributaria con respecto a población.
¿Cuáles son los recursos y medios materiales de que dispone la Agencia Tributaria? La Agencia Tributaria dispone de un presupuesto anual propio, cuya principal características es la naturaleza limitativa de su importe global y la condición
estimativa de la distribución por las categorías económicas de sus créditos. Tenemos un presupuesto, que en el año 2005 es de 1200 millones de euros -ese es el límite-, pero a través de modificaciones, que en algunos casos están atribuidas al
presidente de la agencia y, en cuanto pueda afectar al capítulo uno, gastos de personal, al ministro de Economía y Hacienda, se puede hacer una redistribución de esos 1.200 millones. De esos 1200 millones, el 66 por ciento de esa cuantía
corresponde a gasto de personal -en torno a 805 millones-; un 25 por ciento a gastos corrientes, capítulo dos, gastos de funcionamiento -303 millones-; y el resto es fundamentalmente capítulo seis, capítulo de inversión, unos 95 millones, algo más
del 8 por ciento del total del presupuesto de la agencia.
La peculiaridad que incorpora el presupuesto de la Agencia Tributaria y su régimen de financiación es la previsión legal que incorporó el artículo 103 de creación de la agencia, que preveía una participación en la recaudación de los actos de
recaudación dictados por los órganos de la agencia y que se incorpora al presupuesto a través del mecanismo de generación de crédito en el porcentaje que fije cada año la Ley de Presupuestos. En los presupuestos para el año 2005 ese porcentaje se
ha fijado en el 5 por ciento, con un límite máximo de 90 millones. Tiene dos limitaciones: 5 por ciento, sin que en ningún caso pueda superar 90 millones.
¿Cuál ha sido la evolución de la actividad y de los costes de gestión en los que ha incurrido la Agencia Tributaria desde 1992 a 2003? Hay que poner de manifiesto que las decisiones de inversión que se tomaron al inicio, fundamentalmente en
informática, en incorporación de las nuevas tecnologías, el hecho de que no haya habido un crecimiento -como antes comenté, un 3,3 por ciento- del personal, ha hecho que la eficiencia de la agencia se haya incrementado, entendiendo como ratio de
eficiencia el coste de la recaudación; el presupuesto de la agencia con respecto a lo que cada año se ha recaudado ha supuesto una mejora del 25 por ciento con respecto al ratio que había en 2002. En este mismo contexto, la OCDE, en ese informe al
que yo hacía referencia, también analiza la eficiencia de las administraciones tributarias de los países de la OCDE, incluido Estados Unidos de América y Canadá, y el ratio de eficiencia es del 1,18 por ciento, en tanto que España está en el 0,78.
Con lo cual, estamos entre los cinco primeros países en mejor eficiencia de la OCDE. Este es el panorama legislativo que el legislador otorgó en su momento a la Agencia Tributaria para la gestión del sistema tributario, que era el mandato legal y
la misión que le encomendaba a esa organización.
¿Cómo ha evolucionado y, por tanto, cuál es la situación actual? La agencia, que, como he comentado, se crea como una entidad dotada de una gran autonomía y de un elevado grado de flexibilidad para el funcionamiento, en lo que eran las
competencias y especialidades del régimen jurídico que con respecto al sistema general de la Administración General del Estado se le confiere a la Agencia Tributaria, se ha visto desdibujado a lo largo de este proceso de trece años. La autonomía
inicial ha tenido drásticas reducciones con posterioridad. La primera es que enseguida la agencia perdió uno de los instrumentos que eran más relevantes y significativos para la política de recursos humanos: pierde la potestad que se le había
otorgado para aprobar su propia oferta pública de empleo, y hoy la oferta pública de empleo está integrada en la común de la Administración General del Estado. Igualmente, la mayor independencia de la Agencia Tributaria que se le otorga en aquel
momento en materia de contratación, pronto es sustituida por la plena aplicación del régimen general de la contratación pública. Del mismo modo, sus recursos económicos han quedado supeditados a las limitaciones presupuestarias introducidas
mediante las modificaciones del artículo 3, regulador de la Agencia Tributaria, y a través de las posteriores leyes de Presupuestos Generales del Estado. La agencia empezó con un porcentaje de participación en la recaudación de los tributos que era
del 18 por ciento -seguramente un porcentaje excesivo- y hoy, como he comentado antes, nos encontramos con el 5 por ciento, pero además con el límite cuantitativo de los 90 millones de euros.
La pérdida de aquellas especialidades iniciales que se otorgaron a la Agencia Tributaria incide de forma determinante en la gestión del personal de la Agencia Tributaria. Estamos ya en un proceso más normalizado, el general de las
administraciones públicas, ya no tenemos la misma flexibilidad -aunque luego veremos que todavía mantenemos alguna- que se nos confirió en origen. Actualmente se puede decir, por tanto, que ya no son tantos los elementos excepcionales, los
elementos diferenciales de la agencia con respecto al régimen común de las administraciones públicas que le permitan funcionar con independencia y autonomía. De modo que hoy, una gran mayoría de lo que es la normativa aplicable
a la Agencia Tributaria es idéntica a la que al resto de la AGE, de la Administración General del Estado, se le viene aplicando.
El funcionamiento de la agencia, como contrapartida a aquella autonomía, a aquella flexibilidad y a aquel ámbito de cierta independencia que se le atribuye en el momento de la creación, asume un compromiso -como no podía ser de otra manera-
de funcionar a través de un sistema de gestión basado en la dirección por objetivos, que se articula año a año a través de un sistema de planificación y programación que se concreta en un plan de objetivos, y que ha llevado a que -como antes decía-
en la estructura central de la Agencia Tributaria exista un departamento específico de organización, planificación, que es el que tiene ese cometido. Este sistema de programación ha sufrido en 2005 una importante revisión de esos instrumentos y de
los criterios de planificación de la agencia, con el fin de perfeccionarlos -los sistemas hay que mantenerlos siempre actualizados- y también de adaptarlos a lo que es la nueva estrategia, a las previsiones del plan de prevención del fraude.
Entre las premisas que inspiran el nuevo sistema de planificación pueden citarse algunos elementos que la caracterizan. En primer lugar, la coherencia de los sistemas de planificación, la alineación de los sistemas de planificación con lo
que es la estrategia que el Plan de prevención establece para el funcionamiento de la agencia. En segundo lugar, el aumento de la participación de los diferentes niveles de la organización en las labores de planificación. La planificación y los
objetivos, o son asumidos por quien tiene que llevarlos a cabo, o finalmente quedarán en un documento, pues el papel todo lo aguanta.
Transparencia en la transmisión de la información, tanto cuando va dirigida hacia la organización -hay un
permanente seguimiento mensual de cómo vamos, quién se está desviando, con petición a los distintos ámbitos operativos para que expliquen el motivo de la desviación y pongan de manifiesto cuáles son los planes que van a acometer en un plazo
inmediato para corregir esa situación-, como cuando se explica y se traslada esa información a la sociedad. Por último, la planificación que hemos diseñado para 2005 parte de un principio en el que hay que hacer avances, que es la coordinación y la
colaboración entre las distintas áreas, teniendo como objetivo fundamental, no solo la corrección del fraude desde el punto de vista de la liquidación, sino que esas liquidaciones que se practiquen finalmente sean cobradas y se integren en el Tesoro
Público.
Sobre estas premisas, la planificación de la Agencia Tributaria ha reorientado en 2005 su planteamiento y su formulación, para así dar respuesta, como decía, a las directrices del Plan de prevención. Con ello se pretende fomentar la
investigación y la atención prioritaria a las formas más graves y complejas del fraude; favorecer el cobro de las deudas gestionadas; ofrecer una visión integral de la lucha contra el fraude; y ofrecer también una mejor visión del funcionamiento
general de la organización. Esta planificación se estructura básicamente en tres planos y en tres planes. El primero, el plan de objetivos, donde con respecto a las delegaciones, a lo que son las unidades operativas, delegaciones especiales y
oficinas nacionales, que son las que vienen obligadas a cumplir con unos objetivos, se ha dado un giro cambiando el criterio que hasta este momento venía aplicándose de deuda liquidada, entendiendo que no era un referente que midiera adecuadamente
la dificultad y el trabajo realizado por las distintas unidades. Por lo tanto, no recogía de forma clara el esfuerzo que la organización estaba haciendo día a día en la lucha contra el fraude, e incluso en lo que eran los servicios de atención y
asistencia al contribuyente. También porque entendíamos que podía ser contraproducente respecto de aquellos aspectos que queríamos atacar, los más graves, cuando el resultado podía no concluir con una deuda, sino que pudiera terminar remitiéndose
una denuncia por delito fiscal. Por lo tanto, hemos cambiado el objetivo, que deja de ser el de la deuda, para pasar a definirse en términos de actuaciones realizadas por las unidades operativas. Pero como creemos que la deuda también tiene su
trascendencia, la deuda liquidada la mantenemos como criterio de calidad, como criterio de ponderación, que habrá que tener en cuenta al final del proceso.
El segundo gran elemento de planificación es el plan general de control, que a principio de cada año se aprueba y se publica en el Boletín Oficial del Estado, y que recoge las líneas principales que ha de seguir el control tributario y por
dónde va a ir la lucha contra el fraude, identificando lo que son las áreas de rigor fiscal y aduanero, en las que vamos a centrar los esfuerzos de toda la organización.
Hay un tercer documento que hemos incorporado este año, que es el del compromiso de los servicios centrales. En la medida en que los servicios centrales no tienen una actividad operativa, sino directiva, de planificación, de diseño de la
estrategia, se ha dado también a los servicios centrales una herramienta para planificar las actividades que ellos realicen y que van a redundar, en cuanto a mejoras de procedimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones, en un mejor trabajo del
ámbito operativo.
En cuanto a la distribución de las funciones competencia de la Agencia Tributaria, esta cuenta con una detallada normativa que atribuye a los distintos órganos y unidades cuáles son las funciones y las competencias que tiene. Esta
normativa, que como dije antes es uno de los elementos diferenciales que identifican a la Agencia Tributaria, en la medida en que el presidente de la Agencia, a través de resoluciones, puede hacer una concreta atribución de competencias dentro de
las que el ordenamiento jurídico reconoce a la Agencia Tributaria, ha sido objeto de una profunda reforma a través del proceso de regionalización. Entendíamos que el elemento básico, la provincia, la delegación provincial, tenía elementos de
ineficiencia, en la medida en que no siempre en todas las provincias disponíamos de los efectivos necesarios, y además tenía un problema de
limitación competencial: solo los miembros que allí estaban tenían competencias sobre el territorio de la provincia. Lo hemos extendido al ámbito de la delegación especial, al ámbito regional que, como decía antes, coincide con el de la
comunidad autónoma, porque entendemos que mejora la eficiencia y ofrece importantes sinergias. Esto ha sido objeto de una resolución del presidente de la agencia, de 21 de septiembre de 2004, donde hemos modificado la estructura y organización
territorial de la Agencia Tributaria con esa finalidad.
Por ir concluyendo, ¿cuáles son las políticas de personal y, en particular, los mecanismos de incentivación? Entendemos que la política de recursos humanos debe estar basada en una pluralidad de instrumentos.
Tal vez el principal
instrumento, o uno de los más importantes, está constituido por las retribuciones y, dentro de ellas, por las retribuciones variables que van dirigidas a incentivar la productividad, con el fin de incentivar la dedicación, el interés, la iniciativa
y el trabajo en equipo de los empleados. Estos márgenes de productividad que podía tener la Agencia Tributaria y que en su origen estaban previstos a través de ese mecanismo de participación en la recaudación, de ese importante porcentaje del 18
por ciento, se han visto drásticamente reducidos. A pesar de todo, la agencia tiene hoy destinado a productividad en torno a un 10 por ciento del capítulo 1 de gastos. Un 10 por ciento es una parte vinculada a productividad y, como veremos ahora,
está vinculado al mejor desempeño y a la forma en que los distintos miembros y colectivos que integran la Agencia Tributaria han participado en la consecución de los objetivos que la agencia se ha fijado para cada año.
La existencia de esta política de retribuciones variables yo creo que ha sido y sigue siendo el marco de la política de incentivación más importante con la que hemos contado y la que ha permitido a la Agencia Tributaria alcanzar unos niveles
de cumplimiento y de exigencia que se incrementan año a año, dando respuesta a las demandas que la sociedad planteaba.
En la regulación y en la fijación de los criterios, el esquema de productividad está regulado a través de la normativa general de la Función pública. Ahí no nos separamos, pero la materialización de esa productividad se instrumenta a través
de distintas instrucciones de la Dirección General de la Agencia Tributaria. Estas instrucciones, en primer lugar, lo que llevan a cabo es una distribución entre los distintos departamentos y las distintas delegaciones, de ese 10 por ciento de
crédito del capítulo 1, que más o menos es lo que se dedica a productividad, por lo tanto, lo distribuye en base al número de efectivos y en base a las retribuciones objetivas, a lo que es el BOR; ese es el criterio de distribución. Por lo tanto,
parte de un sistema objetivo y también de un principio de proporcionalidad. Allá donde hay un mayor número de las categorías superiores, necesariamente va a ir, en términos relativos, un mayor importe de la recaudación. También se establecen
criterios para la asignación individualizada de los importes de productividad. Bajo esa denominación o calificación de complementos de productividad, se engloban en la agencia un conjunto de mecanismos y modalidades de retribución adaptados a los
múltiples colectivos que hoy prestan servicios en la Agencia Tributaria. Los criterios de distribución fijados en la instrucciones a las que hacía referencia dejan un margen a los responsables de los distintos departamentos y de las distintas
delegaciones, que han de acreditar los importes individuales de productividad a cada funcionario, en la medida en que ellos tienen un conocimiento de cuál ha sido la aportación y la contribución que esos funcionarios individuales han tenido en los
resultados alcanzados por la agencia. Esto lleva a que haya una gran dispersión en los importes de productividad que puedan cobrar unos y otros funcionarios, incluso la posibilidad de que pueda haber algún funcionario que no perciba ningún importe
por este concepto de productividad.
Para ir concluyendo, existen un conjunto de modalidades de productividad que podemos agrupar en dos grandes bloques. Por un lado, la que podríamos llamar productividad asociada al mejor desempeño, que es la que se vincula al cumplimiento de
los objetivos y a la participación individual de cada funcionario en el cumplimiento de esos objetivos. Y luego un segundo bloque de productividad destinada a compensar trabajos fuera de la jornada, que básicamente yo diría que están referidos a
aquellos colectivos que tienen unos horarios especiales: vigilancia aduanera, informáticos; hoy prestamos 24 horas al día el servicio de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria durante 365 días del año, y eso lleva a que haya unos horarios
especiales también en los servicios de informática, cuyo personal es recompensado a través de productividad fuera de la jornada normal.
Dentro lo que era el primer bloque, productividad por mejor desempeño, existen distintos mecanismos de atribución específica. En el ámbito del personal adscrito al área de inspección financiera y tributaria, tanto inspectores como cuerpo
técnico que trabajan en el área de inspección, existe un baremo, donde al final cada actuación, cada expediente de control que ha llevado a cabo un equipo -no hay actividades individuales; el funcionamiento de la inspección es por equipo-, se
convierte en unos puntos donde, más allá de la propia actuación, se pondera por la deuda liquidada, se pondera por los elementos de calidad que se hayan podido incorporar en el expediente, como pueden ser captación de información que se haya podido
obtener en ese momento y que puedan ser de interés para otras actuaciones con respecto a otros contribuyentes, y ese es un sistema de atribución específica individual, en base a ese baremo.
El pago de productividad con carácter general parte de dos mecanismos de acreditación en la nómina: mensualmente hay unos pagos a cuenta, donde existe un importe mínimo y un importe máximo. El importe mínimo puede ser cero. Existe una
horquilla, sin perjuicio de que pueda ser cero para aquellos contribuyentes
que en el periodo mensual no hayan tenido una actividad razonable. Esa productividad a cuenta, en el caso del ámbito de inspección, se va verificando en función de cuál es el grado de cumplimiento. En este momento estamos revisando, junto
con el colectivo de los representantes de la inspección, el baremo de productividad, porque queremos que cada mes los pagos tengan en consideración de una manera más nítida el nivel del cumplimiento de los objetivos, para romper con la
estacionalidad con la que habitualmente venía trabajando la inspección y que por tanto haya un funcionamiento más normalizado. Para el resto de unidades, donde es más complejo establecer esa identidad que tiene el baremo, ahí son los responsables
de cada unidad los que deben llevar a cabo la valoración de esas personas y, como antes decía, disponen de un margen en esa horquilla para poder fijar a cada persona la acreditación de productividad a cuenta que le corresponde. Al final de cada
trimestre, y ya directamente vinculado con el grado de cumplimiento de los objetivos, es donde se hacen regularizaciones trimestrales y se tienen en cuenta los pagos a cuenta. Existen cuatro regularizaciones, siendo la última la regularización
anual en el mes de diciembre. En el caso de la inspección, en la medida en que en el mes de diciembre no tenemos los datos actualizados, se traslada al mes de abril del año siguiente.
Para finalizar con mi exposición, dentro de la política de personal, me gustaría hablar de los sistemas o las políticas de provisión de puestos de trabajo que la agencia tiene en este momento diseñados. La forma mayoritaria de provisión de
los puestos de trabajos de los funcionarios en la agencia es el concurso. Este sistema es el que ha sido utilizado para la asignación de puestos en un 93 por ciento del total de los funcionarios de la agencia y tan solo un 7 por ciento de los
puestos ocupados hoy en la agencia han sido provistos a través del mecanismo de libre designación. Y exclusivamente referidos al grupo A, un 50 por ciento de las plazas del grupo A están cubiertas por este sistema de libre designación, y solo un 9
por ciento de los puestos ocupados del grupo B, básicamente algunos jefes de dependencia y algunos administradores, están cubiertos a través del mecanismo de libre designación. Este sistema de provisión, que fundamentalmente es el de concurso, pone
de manifiesto -y así lo ponen de manifiesto algunas sentencias de los tribunales- la autolimitación que la Agencia Tributaria se ha dado en el ejercicio de la capacidad discrecional que legítimamente el ordenamiento le atribuye para establecer las
reglas de adjudicación.
Hemos creído que el concurso era el mecanismo objetivo y más transparente para llevar a cabo la provisión de puestos de trabajo. Esta autolimitación es, si cabe, más relevante en los puestos del grupo A. Un gran porcentaje
del personal tiene como función principal la directiva, incluso en el ámbito de la inspección financiera y tributaria los inspectores llevan a cabo la función directiva, planificadora y coordinadora de los distintos miembros que integran el equipo.
Por lo que se refiere a este sistema de provisión de concurso, más allá de esa autolimitación a la que hacía referencia, merece destacar el consenso que la agencia ha conseguido de los representantes del personal y la transparencia en la
determinación de los criterios de valoración de méritos de esos concursos. En concreto, la semana pasada se publicó un concurso para los grupos C y D, donde los criterios de valoración fueron objeto de acuerdo, un acuerdo firmado el 17 de marzo de
2005, con seis de las siete organizaciones sindicales de la Agencia Tributaria. Igualmente cabe predicar del grupo A, donde también en este momento hay convocado un concurso que afecta a 365 plazas y los criterios de valoración fueron consultados y
convenidos con las asociaciones representativas de este colectivo. Por lo tanto, no solo nos hemos autolimitado, sino que hemos discutido con los distintos representantes de los funcionarios cuáles deben ser los criterios que lleven a cabo la
asignación, una vez que tengamos la valoración y la recepción de las solicitudes y, por lo tanto, hacer lo más transparente posible el proceso de asignación de puestos de trabajo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Esta Comisión de Administraciones Públicas, señor director general de la Agencia Tributaria, le agradece sus explicaciones sobre los criterios que tiene la nueva dirección de la Agencia Tributaria en cuanto a
organización, distribución del trabajo y asignación de productividades.
En su exposición ha hecho un repaso de la normativa que regula la creación de la Agencia Tributaria; cuáles son sus competencias; cómo se financia; cuál ha sido su evolución a lo largo de los últimos años desde su creación en el año 1991,
a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1990; y ha pintado un panorama de la actualidad yo diría que bastante idílico. Su intervención ha sido menos política de lo que va a ser la mía, pero a mí me gustaría conocer algunos
temas que me han trasladados diferentes colectivos que trabajan y que desarrollan su labor profesional en la agencia, y que en estos momentos tienen mucha inquietud con respecto a los objetivos de los que nos ha hablado y del reparto de esa
productividad.
En primer lugar, le quería decir que en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos, el 13 de octubre de 2004, nuestro grupo ya denunció la escasa dotación presupuestaria que la Agencia Tributaria tenía en los presupuestos para el año
2005, porque solo había crecido un 2,6 por ciento con respecto al ejercicio anterior. En aquella comparecencia usted alegó en defensa de su responsabilidad como director de la Agencia Tributaria que puesto que, como ha explicado, la agencia tiene
un sistema por el que se financia a través de la dotación en los Presupuestos Generales del Estado y además por un porcentaje de participación en la recaudación de los
tributos del capítulo 1 y capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado, en función de la desviación que puede haber entre las previsiones y la recaudación efectiva por esos tributos puede haber generaciones de crédito, que
efectivamente usted preveía que iban a elevar el porcentaje de aumento de los presupuestos con respecto al año anterior de un 2,6 por ciento a un 4,5 por ciento. Mi primera pregunta era si la agencia tiene calculado, con la ejecución presupuestaria
a día de hoy, cuál ha sido el aumento de esa recaudación efectiva respecto a la previsión en los Presupuestos Generales del Estado para ver si vamos en el camino de aumentar el presupuesto de la Agencia Tributaria en el porcentaje adecuado para
cumplir con los objetivos que tiene encomendados.
No podemos obviar en su comparecencia de hoy el llamado Plan de prevención del fraude fiscal, que el nuevo Gobierno anunció a bombo y platillo, incluso con anuncios publicitarios en televisión, que consta de 300 medidas para combatir el
fraude fiscal y que, implícitamente, por lo menos es lo que yo escuché en sus comparencias tanto en la Comisión de Presupuestos como en la de Economía y Hacienda, parece que dejaba en entredicho la predisposición del Gobierno anterior para perseguir
ese fraude fiscal que, por supuesto, es uno de los objetivos fundamentales de la Agencia Tributaria, al margen del Gobierno que pueda haber en cada momento. En aquel momento se hizo mucha publicidad del plan, con 300 medidas centradas
fundamentalmente en sectores de ingeniería fiscal, sector inmobiliario, las tramas de fraude de facturas falsas de IVA, contrabando y blanqueo de capitales; es decir, una serie de sectores donde se consideraba que existía un gran fraude fiscal y
parece que se daba a entender que el anterior Gobierno no había hecho lo suficiente para incidir en estos aspectos. De entrada, ya nos explica en su comparecencia de 13 octubre de 2004, palabras textuales del 'Diario de Sesiones' que con este mapa
asume la Dirección General de la Agencia Tributaria, entendiendo que esta organización tiene que dar un giro -o sea, parece que se va a dar un giro de 180 grados-: 'hemos conseguido grandes avances en materia de asistencia' -eso siempre lo han
reconocido-, 'pero ahora tenemos que poner el énfasis en la lucha contra el fraude' (a alguien le puede sorprender cómo con los mismos recursos, porque la intención parece ser que es con los mismos recursos mejorar la lucha contra el fraude), 'y
para ello se van a establecer prioridades y vamos a priorizar la lucha del fraude enfatizando ese aspecto'. Respecto a eso, parece que en este Plan de prevención del fraude se propone, para mejorar esa eficiencia de los recursos -que, como vemos,
van a ser los mismos- una mayor coordinación entre las distintas áreas funcionales, entre las áreas de gestión, inspección, recaudación, aduanas e impuestos especiales.
La verdad es que los que conocemos la agencia sabemos que eso ya se ha impulsado, me parece a mí, mucho tiempo. O sea, que no hay nada nuevo en su propuesta. También proponen una mayor colaboración con otros organismos de la Administración
pública, como pueden ser las comunidades autónomas, las administraciones locales o incluso con colaboración policial. En ese sentido, vuelvo a incidir en que creo que es una campaña de puro marketing, porque estas medidas ya se habían impulsado con
la anterior Dirección de la Agencia Tributaria y, además, yo lo conozco desde un punto de vista y desde el otro.
Mi siguiente pregunta sería ¿qué reasignación de medios se ha efectuado por parte de la nueva Dirección de la Agencia Tributaria para conseguir esa mejora en la eficiencia y, sobre todo, perseguir con mayor eficiencia y con mejores
resultados el fraude fiscal existente? Además, resaltan también en su Plan de prevención que va a incentivar unos mejores canales de comunicación con el personal de la Agencia Tributaria, para conseguir una cultura corporativa que consiga
identificar los objetivos de los propios empleados de la Agencia Tributaria con los objetivos de la dirección, cosa que desde luego es básica. Pero, a la vista de los medios que se proponen, que son los mismos que ya existían, y las medidas que se
adoptan, dudamos desde nuestro grupo que eso vaya a conseguirse porque sabemos los que conocemos la agencia que es un lugar de trabajo bastante desmotivador para los funcionarios que trabajan en ella, desde el grupo A al D, bastante incómodo, donde
tienes que intentar transmitir al contribuyente la bondad de nuestro sistema tributario, intentar que el propio contribuyente se identifique con los objetivos de la agencia, que entienda que estamos invirtiendo en su país, que es importantísimo para
mejorar las prestaciones sociales de todo tipo de un país. Pero, como comprenderá, eso es muy difícil cuando a un señor le estás pidiendo que pague un dinero de su bolsillo. Desde luego, con los actuales sistemas retributivos de la Agencia
Tributaria dudamos, no solo de esta dirección sino también de la anterior, y vemos que el colectivo de funcionarios que trabajan en la agencia necesita un especial reforzamiento de sus retribuciones, de su ambiente laboral y de su identificación con
los objetivos para conseguir que eso efectivamente sea así.
¿Qué sistema de incentivos y qué pago de productividades proponen ustedes? ¿Cómo piensan cambiar esa trayectoria de la lucha contra el fraude que tanto han criticado? Parece ser que en solo un año que llevan en la nueva dirección de la
agencia, todos los colectivos de la Agencia Tributaria están especialmente descontentos con este nuevo sistema de incentivos y con este reparto de productividades. Porque usted conocerá que la Asociación de Inspectores de Hacienda denuncia a los
medios de comunicación -y este fin de semana hemos tenido la ocasión de comprobarlo- que la propia organización, el propio sistema de incentivos actual, da lugar a que se produzca una amnistía fiscal -son palabras de la propia organización de
inspectores de Hacienda- a las grandes empresas, a las empresas que más facturas en este país, que facturan más de 60 millones de euros. Con lo medios que ahora mismo tienen esas unidades, las unidades regionales de Inspección y la Oficina Nacional
de Inspección,
denuncian que es claramente insuficiente su dotación para poder hacer una inspección realmente seria y en profundidad de esas empresas, que al fin y al cabo son las que facturan más millones en este país y, por tanto, más posibilidades
tienen de defraudar a la Hacienda pública. ¿Ustedes han tomado, en este sentido, alguna medida para reconducir, para cambiar ese sistema que ellos denuncian de pago de las productividades y que este colectivo, efectivamente, se implique en la lucha
contra el fraude? Esta era otra de las preguntas que quería hacerle.
Por un lado, hablábamos del grupo A; y luego tenemos el grupo B, el cuerpo técnico de Hacienda, que es un cuerpo que tiene una especial cualificación, la mayoría de los funcionarios que pertenecen a él son licenciados, y es un cuerpo que
está especialmente desmotivado; no están definidas con claridad cuáles son las competencias que corresponden al cuerpo de inspectores de Hacienda y cuáles al cuerpo técnico de Hacienda.
Por lo tanto, se sienten desmoralizados y desmotivados. Y
respecto a este cuerpo, no sé si usted conoce que existe un estudio, un barómetro que se llama el barómetro Cisneros, que se hizo especialmente en este colectivo del cuerpo técnico de Hacienda sobre mobbing y acaso psicológico en el trabajo y, desde
luego, los resultados son espectaculares en el sentido de la alta desmotivación que existe en este colectivo, del amplio descontento, pues no se sienten implicados en los objetivos actuales de la dirección, ni mucho menos en ese Plan de prevención
del fraude.
Quisiera saber si la Agencia Tributaria ha iniciado algún estudio en este sentido o ha tomado algún tipo de iniciativa tendente a corregir esta situación, pues parece que en el cuerpo técnico existe mucho mobbing, acoso psicológico y se
sienten muy desmotivados en el trabajo.
Sobre este cuerpo técnico de Hacienda también quisiera poner de manifiesto que la Agencia Tributaria, debería plantearse -y no lo achaco solo a la dirección actual, como he dicho en otro tema, sino también a la anterior- que existen 6.000
funcionarios del cuerpo técnico de Hacienda y solamente 1.500 inspectores. Con 1.500 inspectores, de los que 500 ejercen funciones directivas, es difícil que se puedan perseguir las grandes bolsas de fraude que exigen dedicación, conocimientos,
tiempo, investigación de hechos imponibles no declarados. O sea, todas las líneas maestras de su Plan de prevención del fraude exigen una mayor dotación de personal. ¿No cree usted que sería conveniente replantearse una mayor implicación de este
cuerpo técnico que tiene la preparación suficiente para la persecución de ese fraude fiscal?
En cuanto a los grupos C y D, creo que nunca se han sentido identificados con los objetivos. Ahora le pregunto si se ha adoptado alguna medida para mejorar la situación de esos colectivos que a veces se enfrentan directamente al
contribuyente en un mostrador de cualquier delegación o administración, sin los conocimientos adecuados, que sabe que son complejos, que son cambiantes, que exigen un esfuerzo de actualización continuo para los funcionarios, muchas veces enfrentados
a contribuyentes que no llegan precisamente predispuestos a acoger bien la información que le dé ese funcionario. Realmente creo que habría que plantearse el sistema de mejorar la situación salarial y entorno laboral de estos funcionarios.
Respecto al sistema de objetivos, del que nos ha hablado al final de su intervención, denuncia esta asociación de inspectores -y el cuerpo técnico también participa de esa opinión- que el sistema anterior de retribución de estos objetivos y
de asignación de productividades en función de la cuantía de la deuda y del número de actuaciones inspectoras podría tener deficiencias. Pero yo creo que todos están de acuerdo en que el actual es muchísimo peor porque se basa únicamente en número
de actuaciones y tiene en cuenta la deuda con unos índices de ponderación; en función de los sectores a los que pertenezca el contribuyente, se tiene en cuenta la deuda media que haya tenido determinado sector en los últimos años y, a partir de
ahí, el inspector o subinspector tiene que hacer un número de actuaciones determinado y además alcanzar esa deuda media que se supone que ese contribuyente tiene que tener. Con lo cual, se producen situaciones realmente pintorescas, porque haciendo
a lo mejor el doble de actuaciones y sin la menor deuda -poniéndonos en el extremo, que no se va a dar, porque yo creo en la profesionalidad de todos los que trabajan en la Agencia Tributaria o de la mayoría de los que trabajan en la Agencia
Tributaria-, podemos llegar al absurdo de que un actuario o un inspector que tenga que hacer, por ejemplo, cincuenta actuaciones en un determinado sector y en lugar de cincuenta haga cien, pero haga todo actas de comprobado y conforme, no saque
ninguna recaudación en la comprobación de esas actas y cobre la misma productividad que otro que hace cincuenta pero con deuda. Desde luego, nosotros entendemos que con ese sistema nuevo de incentivos y el nuevo plan de objetivos, con los que en
realidad se persiguen los mismos objetivos que ya se perseguían con la anterior dirección, con este sistema de incentivos y de reparto de productividades va a ser imposible que ese Plan de prevención del fraude tan anunciado y tan cacareado, pues
parecía que iba a ser la primera vez que se persiguiera el fraude en este país, consiga ni identificar al personal con los objetivos de la agencia -por supuesto, mucho menos al personal que se dedica precisamente a la investigación de ese fraude-,
ni detectar las importantes bolsas de fraude que puedan existir en el país.
Porque se están incentivando, como ya dijimos en otra comparencia -no sé si suya o del secretario de Estado de Hacienda-, las inspecciones basura, fáciles, hacer mucho
número de actuaciones y no las labores de investigación y de descubrimiento de nuevos hechos imponibles no declarados. Creemos que eso, con el nuevo sistema de incentivos, no se está haciendo. Esperaré a ver si alguna de esas preguntas que le he
planteado, dudas o incertidumbres acerca del nuevo sistema de
reparto de incentivos y productividades tienen respuesta por su parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida-Izquierda Verde, la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Hay varias preguntas que le quisiera formula al compareciente al que, por supuesto, agradezco su presencia en esta Comisión.
En primer lugar, si considera justa la asignación de productividad entre los distintos grupos de trabajadores en la Agencia Tributaria. Las razones por las que no se hacen públicas y transparentes las cuantías totales ni los criterios de
reparto de productividad en todos los casos.
Si el acuerdo de 18 de noviembre de 2004, suscrito por la agencia y la mitad de los sindicatos, incorporan o no subidas retributivas o programación de concursos para los inspectores. La cuantía anual
que se les está pagando a los inspectores de Hacienda en concepto de productividad adicional y si las razones de su pago es eludir que el MAP y el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos no autoricen nuevas subidas a los inspectores. Las
nuevas circunstancias que recaen exclusivamente en el cuerpo de inspectores de Hacienda para hacerlos acreedores de los pagos de productividad adicional. Y las razones por las que no se hacen públicas las gratificaciones extraordinarias.
También me voy a referir al informe Cisneros porque, efectivamente, contiene unos datos que no son nada halagüeños, más bien todo lo contrario. Lo que establece es que el sistema de promoción concita una insatisfacción de más del 92 por
ciento de los técnicos del Ministerio de Hacienda y de más de un 87 por ciento del cuerpo técnico. En cuanto al sistema de concursos, una insatisfacción de la plantilla del 87 por ciento; y en cuanto al sistema actual de libre designación, un 65
por ciento. Respecto del deterioro del clima laboral, igualmente los datos son del todo preocupantes: un 21 por ciento presenta una situación técnica de moobing; el 31 por ciento está en situación de alto riesgo laboral psicosocial. Bueno, no
voy a leer todos los datos, pero lo que nos da a entender es que la herencia del Gobierno del Partido Popular es muy preocupante y lo que hay que abordar es una clara reforma de cómo está el personal, no solo en cuanto al sistema de productividad y
las negociaciones que se están llevando a cabo, sino en cuanto a sus condiciones laborales. Porque, desde luego, esto implica que tenemos a muchísimos trabajadores que no están satisfechos con su trabajo y que no están prestando el servicio de una
manera satisfactoria y con normalidad.
Yo le puedo decir que, como letrada de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, llevaba el ámbito público e hice muchos pleitos contra la Agencia Tributaria. La verdad es que se ganan la mayoría o todos porque se hacen mal las cosas,
y no se deben hacer mal. Existe una normativa que ya está mal, porque es una normativa que implica un amplio margen de discrecionalidad para los sistemas de concurso, de promoción, para las condiciones laborales, en definitiva. Además, esa
normativa se incumple, con lo cual, la situación en la que viven permanentemente esos trabajadores ha de ser modificada.
También quería preguntarle cuál es la valoración que a usted le merecen estos resultados y, a su entender, cuáles son las causas; qué medidas se han adoptado para la prevención y erradicación de estos riesgos; las medidas que va a impulsar
para modernizar y respetar ampliamente la legalidad vigente y las iniciativas para modificarla en los puntos que considere necesario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Agradezco al compareciente su prolija información. Tan prolija y acotada que también cautelarmente ha tenido la virtualidad de responder anticipadamente a algunas de las dudas que mi grupo le iba a plantear, cosa
que le agradezco.
De entrada, quería reproducir alguna de las inquietudes que han sido planteadas por las portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Da la impresión de que el ambiente laboral es manifiestamente mejorable en el seno de la
Agencia Tributaria. Estar hablando de porcentajes de moobing -desde luego, si este informe está elaborado por Iñaki Piñuel, es un informe riguroso, se lo puedo asegurar con total seguridad-, es hablar de una situación que raya lo laboralmente
patológico. El moobing es una infracción laboral que puede ser sancionada por el ámbito sancionador administrativo, por la autoridad laboral, y puede llegar a ser un delito. Hay jueces, hay órganos judiciales que han tramitado diligencias penales
por prácticas de moobing. Me imagino que estaremos hablando además del que se denomina moobing vertical, el moobing practicado por los jerárquicamente superiores sobre los jerárquicamente inferiores. Esta situación, si es cierta, requiere medidas
de actuación y de corrección inmediatas.
Y no es menos preocupante el abrumador porcentaje de insatisfacción en cuanto a las medidas de promoción profesional o de carrera, que se acerca a porcentajes -me parece haber oído- del 92 por ciento. Realmente, desde la perspectiva de la
articulación y de la estructuración de la carrera profesional y de las posibilidades de ascenso, estamos ante una situación muy deficiente si estos datos son reales y usted no está en condiciones de refutarlos, de rectificarlos o siquiera
explicarlos.
Desde la perspectiva de mi grupo parlamentario, que pertenece a un país, a una comunidad autónoma que tiene ya una administración tributaria propia, en virtud de la Ley del Concierto Económico, donde la Agencia Tributaria ve muy minorada sus
capacidades de actuación y sus efectivos, tanto personales como materiales,
realmente el tema merece menos inquietud. Pero nosotros somos representantes estatales y yo me hago partícipe de estas inquietudes.
En todo caso, esto me llevaría a la primera pregunta. Los territorios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, sujetos respectivamente al régimen del concierto económico y del convenio, en su
caso, en este momento, ¿qué disponibilidades hay, tanto materiales como personales, en este ámbito, dado que la mayoría de los tributos están concertados y que las administraciones tributarias, tanto de Navarra como de la Comunidad Autónoma Vasca,
son administraciones tributarias integrales en este momento? ¿Cuáles son los impuestos no concertados, en definitiva?
Y una cuestión casi anecdótica, colateral, depende de la relevancia que se le quiera dar, no es una cuestión en absoluto sustancial, ni siquiera importante: en la Subdelegación en Bilbao de la Agencia Tributaria todavía sigue figurando en
el frontispicio un signo preconstitucional de gran tamaño, que entre los urbanistas e incluso entre los ciudadanos normales suscita ciertas polémicas recurrentes sobre las cuales, quizá, habría que tomar algún tipo de decisión de naturaleza
arquitectónica, en este caso.
No me parece pertinente, señor presidente, hacer un análisis comparativo en cuanto a la eficiencia en materia de funcionamiento de la agencia y de la represión del fraude de legislaturas anteriores o administraciones anteriores con la
actual. Yo espero -además tengo muy buenas referencias sobre su capacidad profesional- que las cosas mejoren notablemente. Yo espero que el anunciado -con cierto autobombo- Plan contra el fraude funcione efectiva y eficazmente. No sé hasta qué
punto los efectivos disponibles, 100 inspectores, pueden ser suficientes. Espero que sí; espero que realmente se pueda realizar algo contra lo que resulta una patología secular en el ámbito tributario en la lucha contra el fraude.
Nunca se ha
terminado de acertar en este ámbito. Desde esta perspectiva, le deseo suerte. Y me gustaría conocer en este ámbito, puesto que estamos hablado de una materia particularmente delicada, la del fraude fiscal, que es una actividad muy vinculada al
blanqueo de capitales, a la existencia de mafias, de organizaciones que se dedican al blanqueo de capitales, que practican el fraude fiscal simultáneamente y en donde la actuación policial se ha especializado mediante la creación de brigadas de
cuerpos especiales de policías, ¿cuáles son los mecanismos de conexión, tanto cuando estamos hablando de una situación que puede ser de delito fiscal, con el Ministerio Fiscal, con la Administración de Justicia con carácter general y con los cuerpos
policiales? ¿A través de qué procedimientos o qué medios de coordinación hay? Porque en este caso se nos antoja que la coordinación resulta absolutamente indispensable para reprimir una patología que de repente está aflorando espectacularmente,
que es la de las grandes organizaciones, las grandes mafias organizadas, en donde el blanqueo y el fraude fiscal es una práctica sistemática. Desde esa perspectiva, poco más que decirle.
Tenía la intención de hacerle una pregunta, pero comprendería que usted, con toda la legitimidad, no me la responda. Desde una perspectiva de una cierta especulación prospectiva, las reformas estatutarias en curso, ¿hasta qué punto pueden
afectar a la propia estructura de la Agencia Tributaria? ¿Tiene usted alguna opinión al respecto. Comprendo que es adelantar las situaciones y tal vez no sea usted el cargo político al que hay que dirigirle esta pregunta, pero si usted considera
oportuno hacer una reflexión, si quiere de naturaleza técnica o teórica, sobre cómo articular un sistema, en donde no estamos hablando ya de un nuevo sistema solo de financiación de las comunidades autónomas, sino de un nuevo sistema incluso de
estructurar la Administración tributaria del Estado, pues si usted tiene alguna opinión que le resulte prudente y razonable transmitir, yo le estaría muy agradecido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista, el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, el Grupo Socialista le agradece el detalle con el que ha explicado la organización de la agencia y cuáles son las perspectivas, los retos a los que se
enfrenta, sobre todo para la aplicación del Plan de prevención del fraude y de reorganización de la agencia con los objetivos que usted nos ha anunciado.
Quisiera comenzar por la cuestión más general: si realmente estábamos en una situación idónea para luchar contra el fraude, para prevenir el fraude y si esa era la percepción de los ciudadanos. La contestación, como es conocida, es que no
era así. Casi el 60 por ciento de los ciudadanos, según las encuestas del CIS, entendían que el fraude se había acentuado en los últimos años. No le faltaba razón en parte. Estudios independientes venían afirmando que las medidas que se aplicaban
cada vez eran menos eficaces por la especialización de los defraudares, tanto sectorialmente como territorialmente, y hacía falta un cambio, que creo que este Gobierno ha abordado con el plan y con las medidas que el mismo contiene. Quiero recordar
también que el plan no se ha hecho desde un campanario. El plan ha requerido más de 60 informes de expertos; hay más de 500 sugerencias individuales y más de 22 informes de colectivos, colegios profesionales, que han sido tenidos en cuenta y de
los cuales se dio cuenta en la presentación, tanto por parte del secretario de Estado como por parte del director de la agencia. Por lo tanto, el plan contiene las sugerencias de todos los implicados en la agencia y también, por supuesto, de los
sindicatos y de los trabajadores, inspectores, a título individual.
Enmarco esto porque no es posible decir que a partir de ahora las cosas funcionan mal y antes venían funcionando bien. Parece que la situación era más bien la
contraria. Había una situación de deterioro de las instrucciones, igual que cuando, con todo derecho, la señora portavoz del Partido Popular alude al informe Cisneros, el informe Cisneros -si no estoy equivocado- se presenta a finales de
2004 y hace referencia a un periodo anterior bastante amplio, en el cual es prácticamente imposible que el nuevo equipo directivo de la agencia haya tenido posibilidad de intervenir e incidir. Por cierto, yo le preguntaría al director de la agencia
si realmente se ha tenido en cuenta este informe para corregir alguna de las cuestiones que se denuncian, sobre todo las cuestiones referidas a lo más duro de un trabajo, como el acoso o la desconsideración general de superiores respecto a
inferiores jerárquicos en los diferentes niveles.
Esa sería una primera pregunta: dado este informe y esta situación, si este dato ha sido incorporado por parte de la agencia para corregir estas situaciones o estas malas prácticas.
Se ha insistido desde el primer momento en que no crecía el presupuesto de la agencia. Ya se repitió de manera equivocada; hoy la portavoz del Grupo Popular ha matizado que no había crecimiento en el presupuesto de la agencia un poco para
trasladar que íbamos hacia atrás. Esto fue contestado por el director, pero quiero recordar que el crecimiento está en torno al 5 por ciento, que es un crecimiento relativamente superior al de otras administraciones y, por lo tanto, en términos
relativos, la agencia ha tenido un pequeño incremento. Desde el primer momento se ha señalado que la reorganización, en base a los principios que se enuncian en el plan, es el pilar de obtención de nuevo personal, que pase de tareas administrativas
a tareas más vinculadas con la investigación y la cercanía al contribuyente, tanto en positivo como en negativo, respecto al defraudador. Otra de las preguntas que me gustaría formularle al director es si ya se ha iniciado esta reorganización y si
realmente, a pesar del breve espacio de tiempo, ya ha dado instrucciones para que este plan, esta reorganización del personal y esta mayor eficiencia puedan traducirse en resultados efectivos.
No me cuadra el dato de empleo público. Yo tengo un dato general -espero que el director me lo pueda confirmar- y según mi información, en 2005 se ha incrementado, respecto a la media de 2000-2004, en un 83 por ciento la oferta pública de
empleo de la agencia, con lo cual, si mi dato es correcto, sí se ha realizado un esfuerzo muy importante que no se puede distorsionar con algunas de las afirmaciones que se han hecho. ¿Es que el Grupo Socialista piensa que la agencia funciona como
un reloj y al cien por cien? Pues no. ¿Por qué? Porque tiene un reto, como nos acaba de describir, tremendo y porque realmente la carga de trabajo que tienen los funcionarios en la agencia es más que notable. Por lo tanto, también nosotros vamos
a estar en la línea de que se le vayan facilitando posibilidades a la Agencia, que con su propio esfuerzo se gane este aumento de recursos. Estamos un poco en la línea que me ha parecido entrever en algunas de las intervenciones.
Nos preocupa también, señor director, el malestar, que a través de alguna declaración, los colectivos, los sindicatos -tanto de inspectores financieros y tributarios como del cuerpo de subinspectores- vienen manifestando. Nos preocupa
porque, junto a la legítima reivindicación de mejora salarial, se entremezclan cuestiones -como decía la portavoz del Partido Popular- de desmotivación. Nosotros no creemos que como tal exista, pero sí que de alguna forma están señalando cuestiones
reivindicativas. Me gustaría saber si la agencia está hablándolo con estos colectivos, si realmente hay un diálogo, o no se han visto ustedes las caras y realmente esta lectura que se ha hecho respecto a los problemas de asignación de
productividad, al derecho de las juntas de personal de conocer los motivos de reparto, están insinuando que hay mecanismos un poco oscuros para redistribuir la productividad y encubrir otras cosas o encubrir sobresueldos, etcétera; me gustaría
saber si ha habido algún tipo de conversación, si hay o no transparencia en el planteamiento de la agencia.
El cuerpo de técnicos, representando por su asociación, es activo y merece todos nuestros respetos. Queremos mostrar también la preocupación de nuestro grupo, porque son funcionarios muy cualificados que realmente están haciendo muchísimas
funciones y tienen un papel básico en la agencia. Quizá -y esta es otra pregunta-, desde nuestra óptica, cabría ir aproximando de alguna manera las retribuciones tan diferentes que tienen los cuerpos, respetando las funciones directivas y la
retribución que tiene el grupo A. Pero, a nuestro entender, en un escenario de medio o largo plazo habría que tender a una cierta convergencia o, al menos, a una disminución de una distancia que a veces no refleja suficientemente el nivel de
cualificación y de responsabilidad que estos técnicos están aportando.
Para finalizar, quiero agradecer la información detallada que en todas sus comparecencias nos ha venido suministrando. En las diferentes comisiones en las que ha comparecido siempre, tanto a las preguntas orales como a las escritas, se ha
contestado con diligencia y con claridad. Por lo tanto, no veo ningún motivo para que, precisamente igual que hacia fuera la agencia es ejemplar en todos los niveles de información y de asistencia a los contribuyentes, en el orden interno siga como
hasta ahora. Si hay alguna sombra, la petición del Grupo Socialista al director es que colabore al máximo para que no se ensombrezca cuestiones, que a lo mejor tienen una base legítima reivindicativa, pero que alcanzan a principios de
funcionamiento de la agencia que deben quedar fuera de esta legítima reivindicación.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el director general para responder acumuladamente a los requerimientos de los grupos.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Pedroche y Rojo): Aunque yo soy el compareciente
y soy el que tengo que contestar, me van a permitir iniciar esta fase de contestación con una reflexión.
La portavoz del Partido Popular ha presentado una situación apocalíptica de la Agencia Tributaria. Mi reflexión sería: si eso fuera así, ¿cómo es posible que la OCDE tenga una percepción de la Agencia Tributaria? Una consultora nada
sospechosa, informaba el mes pasado -voy a leer, si me permiten-: Como cada año, a medida que se acaba el plazo para entregar la declaración de los impuestos, el nivel de estrés de los contribuyentes aumenta con cada formulario, cláusula,
subsección y exención que rellena.
Ahora, imaginemos un sistema fiscal donde la Administración se encargara de hacer el trabajo. Cuando llega el momento, la Agencia Tributaria nos envía por correo su propuesta de declaración. Si no requiere
ningún ajuste, la tarea puede darse por terminada. ¿Es este el futuro de la tributación? ¿Y por qué no el presente? Bienvenidos a la Agencia española y a la Agencia Tributaria finlandesa.
Yo creo que no sería pensable que en un escenario de caos, prácticamente como el que usted nos ha pintado, fuera posible que una consultora, un órgano multilateral como la OCDE, incluso los propios ciudadanos españoles, tuvieran una
percepción de la Agencia Tributaria como la que tienen. Creo que es una reflexión, pues a veces el mundo real y el mundo oficial van separados. Me parece legítimo que los representantes de los trabajadores, en su estrategia legítima de conseguir
mejoras retributivas, quieran plantear un escenario que no es el que es.
Escasa dotación presupuestaria. Como usted misma ha reconocido, yo le contesté que el incremento era del 4,8 y en el mes de junio tendremos la recaudación que nos permite generar los 90 millones. Si usted recuerda el presupuesto de la
agencia, no es vayamos a tener una financiación adicional, es que esos 90 millones son estrictamente necesarios, entre otras razones para pagar la nómina. Tenemos un déficit en el presupuesto inicial de 12 millones de euros. En la información que
se mandó al Parlamento del presupuesto de la agencia así estaba reflejado. Por lo tanto, en el mes de junio, tal como va el cumplimiento del objetivo de recaudación de actos de liquidación de la agencia, habremos alcanzado el umbral que nos va a
permitir con ese 5 por ciento llegar, más o menos, muy cerca ya de los 90 millones. En todo caso, antes de verano lograremos el cumplimiento, porque luego hay un desfase temporal en la tramitación del expediente de generación de crédito.
Ha hecho tantas preguntas que las voy a priorizar por el impacto. Habla de lo que en los medios de comunicación del sábado pasado se decía de amnistía fiscal por parte de los inspectores. Yo creo que era una persona, un inspector, pero me
remito a los datos: tenemos 29.000 empresas con un volumen de facturación en términos de IVA superior a seis millones. Y grandísimas empresas, aquéllas que están en un volumen de facturación superior a 60 millones de euros, hay poco más de 2.000.
Esas 2.000 empresas están atribuidas a las distintas oficinas nacionales. Hoy, la Oficina Nacional de Inspección, a fecha de 19 de mayo, lleva instruidas actas de inspección a 171 contribuyentes. Si consideramos que esta tendencia se debe
mantener, y en el año 2003 la Oficina Nacional de Inspección también inspeccionó a 500 contribuyentes, si mantenemos esto es la actividad de un tercio del año, 171 por tres, por lo que estaríamos en 510 contribuyentes que la oficina nacional
inspeccionaría en este año.
Como el periodo de prescripción son cuatro años, quiere decir que 500 por cuatro, son algo más de los 2.000 contribuyentes que la oficina nacional tiene para inspeccionar. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que ahí
se esté dando ninguna amnistía. Del resto de los 26.000 contribuyentes, que sería el ámbito de la ONI, el inspector que daba esa información solo estaba hablando de un tipo de actuaciones: las actuaciones generales, en profundidad, donde se
incorpora al plan de inspección a un contribuyente y donde se le ven todos los impuestos y los últimos cuatros años. La Agencia Tributaria hace muchísimas actuaciones de control, no son sólo de inspección. Por ejemplo, mes a mes, que es el
cumplimiento de las obligaciones por parte de estas empresas, se verifica el cumplimiento, pero no sólo formal -si han presentado las retenciones, si han presentado el IVA-, sino si lo que han declarado se corresponde con el vector fiscal que
tenemos de ese contribuyente, no solo por su evolución histórica, sino en relación con el sector en el que está. Y los propios órganos de control, que también están cubiertos por inspectores, pero que son las oficinas de gestión de grandes
empresas, hacen liquidaciones, en torno a 17.000 liquidaciones, a través de procesos que no son actuaciones en profundidad.
¿Qué pretendemos y que estaba previsto en el plan de inspección? Pretendemos aumentar mucho más el número de actuaciones. ¿De qué manera? En principio, reduciendo el número de ejercicios, inicialmente tomando como referencia no cuatro
años -tampoco hay por qué molestar a los contribuyentes abriéndoles cuatro años y todos los ejercicios-, sino abriendo en principio sólo dos años. Eso nos va a dar una mayor posibilidad, un mayor censo de contribuyentes a comprobar, lo que no
quiere decir que el inspector, en un momento determinado, si en esa actuación respecto a un contribuyente y dos años ve que hay un mayor riesgo, pueda plantear que se amplíe a todos los impuestos y a los cuatros años que están pendientes de
prescripción. Creemos que ese es el mecanismo. Lo que está sucediendo en este momento es que la inspección, que se sabe que tiene un plazo máximo de ejecución de 12 meses, está cerrando actuaciones que se habían iniciado en 2004 con la estrategia
anterior. A partir del mes de junio empezaremos a ver cómo crece el número de contribuyentes a los que se les hacen actuaciones de inspección. Por lo tanto, no creo que haya ningún riesgo y me parece una barbaridad -y lo digo aquí- que alguien
pueda hablar de amnistía fiscal.
Tengo que reconocer que la función de los empleados públicos de la Agencia Tributaria es compleja. No es lo mismo gastar, dar ayudas, dar subvenciones, que pedir a la gente que pague lo que le corresponde en los términos que establece el
principio de solidaridad que contempla la Constitución en su artículo 31. Ahí hay una medida que también hemos previsto en el plan de prevención: tenemos que ser capaces de crear una conciencia cívico-fiscal, y hay determinadas actuaciones en las
que desde la escuela hay que empezar a concienciar a los futuros mayores, a los futuros contribuyentes, que para vivir en un Estado democrático donde los distintos poderes públicos prestan una serie de servicios, esos servicios hay que financiarlos
de alguna manera. Y la manera que han adoptado los Estados democráticos ha sido a través de la articulación de un sistema tributario y, por lo tanto, el pago de unos impuestos que, efectivamente, tenemos que conseguir -y ese es un objetivo de la
agencia-, que su aplicación sea justa, equitativa y general, sin existir diferencias de trato entre uno y otro ámbitos territorial.
¿Qué no hemos identificado las funciones de los grupos A, B y C? Su señoría sabe que la Ley 30/1984, de Reforma de la Función Pública, impidió que se asignaran funciones específicas a los cuerpos. Sí que tenemos un diseño, a través de las
distintas resoluciones, donde los distintos órganos -que son los que tienen las competencias, no las personas, no los funcionarios, los funcionarios son miembros de una organización- están perfectamente identificados. Y vaya por delante que el
grupo B tiene una magnífica cualificación. Tal vez, el problema que podemos encontrarnos -en este y en otros ámbitos- esté cuando el nivel de titulación es muy superior al nivel requerido; posiblemente al final eso es lo que termina produciendo
frustración. Pero yo, absolutamente conocedor del tema, y así se lo he transmitido al grupo B, les digo que su concurso es imprescindible para la correcta aplicación del sistema tributario. Sin ellos no seríamos capaces de hacer lo que la Agencia
Tributaria viene haciendo, no solo en lo que es el ámbito de prestación de servicios de ayuda y asistencia, sino en lo que es también el control tributario. Tenemos que ver fórmulas que nos lleven a mejorar la situación, pero no nos debemos
equivocar por lo que en una legítima negociación para la mejorar retributiva se plantea. Yo he recibido una última comunicación de la asociación de Gesta, donde empieza a llamar a las cosas por su nombre, que yo creo que eso también aclara qué es
lo que quiere cada uno, y dice: La Agencia Tributaria no nos reconoce, y pone, entrecomillado, remunera. Pues bien, vamos a hablar de retribuciones, siendo conscientes que el grupo B de la Agencia Tributaria, comparativamente con el grupo B del
resto de la Administración tributaria, lo mismo que el conjunto de la Agencia Tributaria, está en una situación retributiva mejor que el resto de la Administración.
Dotación de personal insuficiente y cómo vamos a llevar a cabo el plan de prevención. El plan de prevención, entre otros objetivos, lo que plantea es un cambio en los métodos y en los procedimientos de trabajo. Yo creo que tenemos que
dejar de hacer lo que hacíamos; tenemos que empezar a identificar dónde está el riesgo fiscal; el panorama que antes ponía de la comparación de un funcionario que haga ochenta contribuyentes y que al final el resultado de la actuación sea
comprobado y conforme, o sea cuota cero, es que nos habríamos equivocado en la selección. Pero no solo nos habríamos equivocado en la selección, sino que habríamos molestado a un contribuyente que había declarado correctamente. Por lo tanto, lo
que estamos es reforzando, a través de distintos sistemas informáticos, de una red neuronal, viendo dónde están los riesgos fiscales de verdad y centrarnos en esos contribuyentes. No podemos ir de forma indiscriminada a cualquier contribuyente.
Ese panorama, que usted a título casi hipotético planteaba, es imposible que se pueda presentar, porque alguien, el que seleccionó al contribuyente, se habría equivocado doblemente, ya que habría sido ineficaz y habría molestado a un contribuyente,
a un ciudadano, persona física o persona jurídica.
Vamos a tener una mayor dotación de efectivos. En la oferta de empleo aprobada por el Gobierno -como decía antes, la agencia ya no tiene esa posibilidad- para el año 2005, se nos ha aprobado 872 personas de los distintos colectivos,
mientras que en la media de los últimos cinco años ese número había sido de 474. Esto supone, como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Socialista, un 83,90 por ciento más. Usted conoce perfectamente cuál es el sistema de acceso a la
función pública, es por estricto concurso-oposición, y lleva necesariamente aparejado una oferta pública de empleo; por lo tanto, por más que a mí me gustara tener más medios -sin duda, con más medios haríamos más cosas y todos felices y
contentos-, no es posible en un plazo tan corto como el de unos meses.
Tiene que haber una oferta de empleo y empezaremos a notar ese incremento de efectivos a lo largo del año. Yo espero que el Gobierno, que es el que tiene que aprobar la oferta
pública de empleo, mantenga como ámbito preferente de la oferta pública de empleo la Administración tributaria.
Ha dicho que el sistema de planificación y objetivos es peor que el anterior. Eso es una opinión, pero yo le querría dar un dato. En el mes de junio -meses después de asumir la dirección-, uno ya había estado muchos años en la agencia, y
siempre habíamos pensado que la deuda tributaria era un indicador en sí mismo perverso, no medía el esfuerzo que se había hecho. Podía uno tirarse meses en una situación compleja de una actuación y al final tener una deuda relativamente pequeña; y
otro, con muy pequeño esfuerzo había hecho una deuda tremenda y, pongo un ejemplo: una empresa que esté en quiebra, puede llegar un inspector o un subinspector, la empresa ya estaba en liquidación y derribo, alguien llegaba y firmaba. Por supuesto
luego habría que ver cuál era el resultado de cobro de aquella deuda. Por lo tanto,
desde la dirección creíamos que no era el indicador que medía el esfuerzo y el trabajo realizado, pero como no queríamos que la planificación y la determinación de los objetivos fuera algo ajeno a la organización, constituimos un grupo donde
se integraron distintos funcionarios de la inspección en representación del colectivo. Y ellos mismos avalaron la superación de la deuda, porque no era la que medía la actividad. (El señor vicepresidente, Torres Sahuquillo, ocupa la Presidencia)
Yo creo que ahora el problema que se puede plantear con un indicador de actuaciones es que obliga a trabajar día a día. Es un cambio de cultura que los propios colectivos tienen que asumir, pero es un cambio que nos va a permitir no vivir de las
rentas, sino que tenemos que tener una actividad diaria para ir llenando la cesta de esos objetivos que nos hemos marcado.
Preguntaba qué medidas se han establecido a favor de los grupos C y D y también ha hecho referencia al acuerdo que se firmó en noviembre de 2004, que es un acuerdo en el que se revisan parcialmente las RPT, pero que al final es una revisión
que afecta prácticamente al 80 por ciento de los funcionarios. Es una RPT que negocia la dirección de la agencia, que aprueba el presidente de la Agencia, secretario de Estado de Presupuesto y Gasto. Por lo tanto, la agencia no ha ocultado nada al
órgano competente, que es el que la firmó -el presidente- y ha supuesto que en esa revisión de las RPT y en la distribución del coste que las mismas conllevan en un periodo 2000-2004-2007 no teníamos posibilidad de encajar un coste que en términos
anualizados supera los 24 millones de euros, lo hemos diferido en cuatro años-, se haya centrado fundamentalmente en las categorías que entendíamos que estaban más desfavorecidas: grupo C, grupo D y grupo B. El personal del grupo A también ha
entrado, pero no ha entrado en esa revisión -y siento que en este momento no esté la representante del Grupo de Izquierda Unidad-. El grupo A no ha entrado en la revisión de las RPT, pues quisimos que ese dinero fuera para las categorías más
desfavorecidas, sin perjuicio de entender que en el grupo A, la retribución de los inspectores, en la medida en que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la dirección del control tributario y de los equipos, tendría que venir por los resultados
obtenidos. Y por lo tanto, anudarle al cumplimiento de esos resultados la posible mejora retributiva. Espero no haberme dejado ninguna cuestión.
El representante del Grupo Vasco plantea la inquietud que le suscita la afirmación del moobing. A mí también. Yo creo que el moobing es una acción que hay que evitar por todos los medios. Yo no pongo en cuestión la profesionalidad del
investigador que ha llevado a cabo el estudio, pero permítame que pueda discrepar con los porcentajes de moobing que pone de manifiesto el informe que, casualmente, solo se hace para un colectivo, para el grupo B, y que además está hecho en una
época, 2003, en la que yo me lo encontré y me preocupó. Y después de la preocupación, lo que uno tiene que hacer es ocuparse. Nos hemos ocupado y en este momento hemos remitido a los sindicatos un protocolo para la prevención de los riesgos
psicosociales: saber qué tiene que hacer una persona, qué puede hacer un empleado público de la Agencia Tributaria, cuando considere -porque a veces el problema es que la persona no es consciente de que está siendo objeto de moobing- que está
sufriendo moobing. En este momento tienen un protocolo y nuestra idea es aprobarlo antes de verano.
Lo difundiríamos para que todo el mundo sepa qué puede hacer. También he dado instrucciones a los delegados especiales para que lo vigilen
especialmente, porque a veces uno sin darse cuenta -en la Administración suele ser frecuente y en el sector privado también- uno termina pidiendo muchas cosas a quien tienes la seguridad de que en poco tiempo te lo va a hacer. Pero con ese
tratamiento, igual estamos machacando a esa persona y estamos anulando la capacidad de otras. Por lo tanto, también se ha pretendido una distribución de carga y un equilibrio en el tratamiento.
Nos hemos ocupado de ello -están en tiempo los
representantes de los trabajadores para hacer observaciones- y espero que en poco tiempo lo podamos aprobar.
Le agradezco que me desee suerte. Yo creo que, como otras cosas de la vida, las cosas complejas no solo deben ir acompañadas de ganas, esfuerzo y técnica, sino también de un poquito suerte. Le agradezco esa suerte que me desea.
¿Cómo vamos a atacar el tema del blanqueo de las organizaciones criminales? En el Plan de prevención del fraude era un ámbito de actividad preferente, no solo en los sectores económicos donde creemos que está enraizado parte del dinero
negro y del blanqueo de dinero, sino también en las tramas organizadas. Ahí tenemos un serio problema, no solo España, sino todos los países de la Unión Europea, que son las adquisiciones intracomunitarias, porque la supresión de las fronteras ha
facilitado el tráfico y, obviamente, también determinados mecanismos de fraude. Y ahí estamos en estrecha coordinación con los restantes países; antes del 30 de junio vamos a firmar un convenio con el Ministerio de Justicia, fundamentalmente
centrado en impulsar los resultados de los delitos fiscales y, por lo tanto, con implicación de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que lleva a cabo la acusación particular en defensa del interés público. Creemos que en un breve plazo estará
aprobado. Pero de entrada, y sin perjuicio de ese convenio que se suscriba con el Ministerio de Justicia, hemos dado algún paso en el tema del delito fiscal, ya que entendemos que tiene que haber una mayor imbricación de las partes que intervienen
en las fases subsiguientes de una actuación inspectora, en las que de repente aparecen indicios de delito fiscal. Y ahí, lo primero que hemos incorporado, es que antes de remitir al fiscal ningún expediente, ninguna denuncia de delito fiscal, tiene
que haber un informe del servicio jurídico. De esa manera, el abogado del Estado que en el tribunal lleve a cabo el proceso se va a encontrar prácticamente con la acusación hecha. Además estamos desarrollando mecanismos de información
y de seguimiento, incluso ofreciendo toda la colaboración que precisen los órganos jurisdiccionales para la obtención de las pruebas que sean necesarias. En el contexto de ese convenio también se va a aprobar la creación de un observatorio
para análisis del delito fiscal, para ver qué problemas estamos teniendo, qué carencias, qué insuficiencias, de cara a valorar si debe, incluso, hacerse una modificación del tipo y de las penas.
Y con Interior, igualmente. Tenemos unos órganos de investigación, como Vigilancia Aduanera, en íntima colaboración y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En una operación reciente, la operación Ballena Blanca,
en Marbella, la Agencia Tributaria, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción y con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Elaboraron en la lucha contra las organizaciones criminales, porque en esta cuestión no puede haber división,
sino suma y multiplicación de los distintos órganos de los poderes públicos que tienen competencias en la misma.
Me preguntaba cuáles son las disponibilidades en el País Vasco.
Efectivamente, la Agencia en el País Vasco está compuesta de un número relativamente pequeño. En las tres delegaciones que tenemos en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tenemos 33
personas del grupo A y algo más de 100 personas del grupo B, teniendo en cuenta que entre esas funciones hay una que no es competencia de la comunidad autónoma, como es la aduana. Esa es la situación.
En cuanto a las agencias tributarias, tenemos que esperar a ver cuál es el diseño del sistema de financiación. Yo creo que no podemos decir que cualquier organización tributaria sirve a cualquier modelo de financiación y, por lo tanto, lo
primero es ver el diseño de ese sistema de financiación, que de alguna manera tendrá que determinar cuál es el sistema de organización más eficaz de la Administración tributaria. Pero dicho esto, en un momento donde se tiende a la globalización y
los movimientos son tan rápidos, yo entiendo que deba haber administraciones y agencias tributarias que, en el ámbito de las competencias de autoorganización que tienen las comunidades autónomas, tengan sus tributos propios, sus tributos cedidos, y
si consideran que la mejor forma de organizarse es mediante el modelo de agencia, nada que decir y me parece razonable. A partir de ahí, para los tributos compartidos o los tributos estatales en los que hay una participación en la financiación y en
donde no hay una clara correlación con el territorio -y eso ocurre en el impuesto sobre el valor añadido y en el impuesto sobre sociedades-, seguramente una parcelación de la agencia sería un mal negocio, sería ineficaz en la lucha contra el fraude
y podría terminar teniendo un coste de cumplimiento muy alto para los propios contribuyentes, pues se tendrían que relacionar con una multiplicidad de administraciones tributarias. No obstante puede haber fórmulas de colaboración que permitan unos
espacios propios y una actividad perfectamente coordinada, sin poner en riesgo la lucha contra el fraude ni perjudicar a los contribuyentes incrementando sus cargas de cumplimiento.
No está la diputada que ha intervenido en representación de Izquierda Unida. Ha dicho que prácticamente se ganan todos los pleitos que ponen los funcionarios de la Agencia en el ámbito de la gestión del personal y las retribuciones. La
realidad no esa. Afortunadamente para la Agencia, pues significa que no lo hacemos tan mal, en el 80 por ciento de los pleitos los tribunales nos dan la razón. Respetamos escrupulosamente la legalidad vigente. No he entendido muy bien esa
afirmación que ha hecho, pero quiero constatar que el marco de actuación de la Agencia es el marco del ordenamiento jurídico que el Poder Legislativo nos ha dado. Por lo tanto, no deja de sorprenderme, a lo mejor no lo he entendido bien, esa
manifestación que ha hecho.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya le he contado que hemos tenido en cuenta el informe Cisneros, teniendo discrepancias sobre las conclusiones del mismo. En breve plazo tendremos el marco que facilite que no se produzcan esas
situaciones y, en el caso de producirse, que las podamos identificar de forma temprana, y que de forma inmediata se puedan corregir. El moobing, es un problema que puede existir en cualquier organización y posiblemente en las administraciones
públicas -es una percepción-, comparadas con las privadas, haya un mayor porcentaje. No sé cuál es el porcentaje. Las organizaciones privadas siempre tienen algún resorte: cuando no están a gusto con una persona, no tienen que hacer moobing, la
despiden y se acabó el problema. Las administraciones públicas no tenemos mecanismos de remoción en estas situaciones, en situaciones límites, con lo cual, a mí no me sorprendería que en todas las administraciones públicas, sin excepción, hubiera
mayor número de casos que en el sector privado.
Pregunta si habría mecanismos para buscar un acercamiento en las proporcionalidades. Me ha parecido entender que ponía de manifiesto el gran diferencial que hay entre las retribuciones del grupo A y del grupo B en la Agencia Tributaria. Yo
estoy dispuesto a analizar esa situación.
Soy consciente de cuál es la proporcionalidad entre las retribuciones del grupo A y las de grupo B. En todo caso, cualquier medida que se adopte, nunca se iguala bajando a los de arriba, sino necesariamente
subiendo a los de abajo, y eso hay que encajarlo en las posibilidades financieras del Estado. Por lo tanto, cualquier decisión que tomemos tiene que ser en el medio y largo plazo.
En relación con la intervención del representante del Grupo Socialista, el Plan de prevención cambia la metodología de lo que queremos que sea el trabajo, donde lo hemos hecho muy bien, de asistencia y ayuda al contribuyente, y donde hemos
puesto muchos medios. Seguramente no hemos puesto tantos en la otra pata; con lo cual, podemos tener escorado este buque que es la Agencia Tributaria. El diseño de ese Plan de prevención, no solo lo hicimos público para que la sociedad y los que
podían decir algo nos lo dijeran, y así lo hicieron, y de esta forma hemos incorporado al documento final modificaciones sobre el borrador que en su día se público, sino que desde el origen participaron los profesionales de la Agencia. Se
constituyeron más de sesenta grupos que identificaron el problema, se hizo una propuesta en la que se establecían las medidas y luego se abrió un debate en el ámbito de la Dirección para ver cuáles se asumía y cuáles no. Esa es la situación.
Seguimos con los mecanismos de productividad. Vamos a intentar racionalizarlos. La productividad se conoce; todos los funcionarios, mes a mes, tienen acceso a ella. Se publican unas listas en cada centro de trabajo con la percepción
nominal de todas las personas que están en esa delegación. Por lo tanto, me sorprende que digan que no se conoce. No les informamos a todos los funcionarios sobre cómo la hemos distribuido, pero en el tablón de anuncios de todas las delegaciones
de la Agencia Tributaria está la relación de las productividades que se han cobrado, mes a mes, por todos los conceptos. Con esto se da clara y adecuada respuesta al principio de transparencia que debe presidir el funcionamiento de una
organización, máxime de una organización pública que está gestionando recursos públicos. Seguramente tengamos que publicar también todas las resoluciones por las que se aprueba, por parte del ministro, la productividad. El crédito de productividad
no se lo puedo inventar el director de la Agencia; es aprobado por el ministro de Economía y Hacienda, de la misma manera que son aprobados los distintos créditos de productividad para el resto de los distintos órganos de la Administración General
del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Saben que tenemos pendiente otra comparecencia. Andamos muy mal de tiempo. Por lo que observo, la portavoz del Grupo Popular me pide la palabra. Por un tiempo muy breve, por favor. Señora
Madrazo, tiene la palabra.
La señora MADRAZO DÍAZ: Solo quiero hacer dos o tres precisiones respecto al comentario que ha hecho el director sobre que mi visión había sido muy catastrofista y cómo era posible -nos planteaba en esta Comisión- que en el informe de la
OCDE, que no conocía, tengan tan buena percepción de la Administración tributaria y los ciudadanos a su vez también lo perciban así. Yo creo que la explicación está en los datos que usted precisamente nos ha dado en esta comparecencia sobre el
pequeño crecimiento que han tenido los efectivos en la Agencia en los últimos años, solo un 3 por ciento, y, sin embargo, la relación entre la recaudación y el número de empleados ha crecido un 123 por ciento. Esto indica que esto se logra no
porque los funcionarios estén contentos -pues todos los colectivos están muy descontentos-, sino porque hay un alto grado de profesionalidad, cualificación y dedicación al trabajo. Yo estoy firmemente convencida de que la Agencia tiene unos
funcionarios excelentes, pero pienso que es manifiestamente mejorable la situación de todos estos colectivos.
Otra cosa que me interesaba comentar era el tema de esa supuesta amnistía fiscal a las grandes empresas, que ha sido denunciada. Decía usted en su contestación que había sido denunciada por un inspector. No ha sido un inspector, sino que
en la propia página de la organización que agrupa a los inspectores de Hacienda, se denuncia esa situación. Simplemente aclarar que no ha sido solamente un inspector.
Por último, hay un tema que también le iba a plantear y que después, dada la cantidad de preguntas que le hice, se me pasó. Es el tema de las agencias tributarias autonómicas. Lo que usted plantea en un principio -ya sé que aventurándose
mucho a lo que pueda pasar con la reforma de los estatutos y de la financiación- es un modelo de Agencia Tributaria en las comunidades autónomas similar a la Agencia Tributaria estatal, que gestione sus tributos propios, más la parte que le
corresponde de los cedidos en los que tiene competencias de inspección y gestión. Eso es lo mismo que lo que existe ahora, pero con distinto nombre. En vez de llamarse Dirección General de Tributos o Dirección General de Hacienda de la comunidad
autónoma equis, se llamará Agencia Tributaria de Valencia.
Por lo que usted nos dice -ya sé que es anticiparse-, sería lo mismo que existe ahora, pero con otro nombre.
Me gustaría referirme a otras muchas cuestiones, pero por no entretenernos más, porque queda otro compareciente, termino aquí mí intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Gracias, señora Madrazo, por su breve intervención.
Tiene la palabra el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Pedroche y Rojo): Efectivamente, es el presidente de la asociación y se hace eco la organización de esa amnistía.
En cuanto a la Agencia Tributaria, cuya decisión corresponde al Ejecutivo, creo que dependerá del modelo de financiación que se articule, del espacio fiscal que se le da a cada comunidad y del ámbito de capacidad normativa se dé incluso a
los tributos compartidos. He dicho que, más allá de la Agencia del Estado y del órgano de gestión de los tributos que puedan ser propios, podría haber distintos mecanismos de organización, de coordinación, para llevar a cabo la gestión en aquellos
aspectos que son compartidos o que tienen una participación territorial, sin tener en este momento ninguna posición al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Muchas gracias, director general, por su comparecencia y por las explicaciones dadas a la Comisión.
Vamos a suspender la sesión por el tiempo imprescindible para producir el relevo de los comparecientes.
- COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (CARRIÓN MARTÍN), PARA INFORMAR SOBRE EL PROTOCOLO SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE FOMENTO Y LA XUNTA DE GALICIA SOBRE LOS TÉRMINOS DE LA FINANCIACIÓN DEL TRAMO
CABREIROS-VILALBA DE LA AUTOVÍA FERROL-VILALBA, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000272.)
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Reanudamos la sesión con la comparecencia de la subsecretaria de Administraciones Públicas -tal y como acordó la Mesa en su reunión de 27 de abril de 2005-, para informar sobre el Protocolo
suscrito entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia sobre los términos de la financiación del tramo Cabreiros-Vilalba de la autovía Ferrol-Vilalba. El grupo parlamentario solicitante de la comparecencia es el Grupo Parlamentario Popular.
Por lo tanto, vamos a dar, en primer lugar, la palabra a la subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, doña María Dolores Carrión, para que haga una primera intervención y a continuación daremos la palabra al Grupo Parlamentario
Popular y al resto de los grupos.
Señora Carrión, tiene usted la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Carrión Martín): Comparezco ante esta Comisión -se ha hecho un poquito tarde, por lo que voy a intentar ser breve- a petición del Grupo Popular, para informar sobre el Protocolo suscrito
entre el Ministerio de Fomento y la Xunta de Galicia sobre financiación del tramo Cabreiros-Vilalba de la autovía Ferrol-Vilalba. Lo hago, como en otras ocasiones, con mucho gusto, aunque el objeto de la comparecencia no se refiere en sentido
estricto a las competencias del MAP, que se circunscriben, como saben perfectamente SS.SS., al informe estrictamente jurídico de los proyectos de convenio de colaboración entre el Estado y las comunidades de autónomas.
El 23 de diciembre de 2002 se firmó un Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Xunta para la ejecución de una vía de gran capacidad entre la autovía del Cantábrico y Ferrol. En concreto, el Protocolo establecía las
bases para la colaboración entre la Xunta y el ministerio, en relación con la ejecución del tramo de dicha autovía que debe transcurrir entre Cabreiros y Vilalba.
De acuerdo con la cláusula segunda de este protocolo, la Xunta se comprometía a aprobar definitivamente un estudio informativo sobre el tramo en cuestión y poner dicho estudio a disposición del Ministerio de Fomento. A su vez, la cláusula
tercera del protocolo establecía el régimen de financiación el mencionado tramo, que consistía en la realización, por parte del Ministerio de Fomento, de las transferencias de crédito a la Xunta por un importe de casi 41 millones de euros,
indicándose además que los presupuestos anuales contemplarían las partidas necesarias en la aplicación presupuestaria correspondiente, para hacer frente a estas transferencias del Ministerio de Fomento a la Xunta.
Señorías, este protocolo no fue informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento ni por la Abogacía del Estado y, por consiguiente, menos todavía se pudo solicitar la intervención del MAP a través de la autorización de
la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica, cuyo secretario es el secretario de Estado entonces llamado de Organización Territorial, ahora de Cooperación Territorial.
Muy brevemente les voy a resumir las actuaciones posteriores a estos trámites. Durante el año 2003 no consta que se realizara ninguna actuación, ni por parte de la Xunta, ni por parte del Gobierno anterior -del presidente Aznar-, para la
formalización del correspondiente convenio y, por tanto, para dar cumplimiento a la voluntad de las partes acordadas en el protocolo. La Xunta no remitió nunca el estudio definitivo al que se comprometió al Ministerio de Fomento, ni tampoco el
ministerio -dirigido en aquellas fechas por el señor Álvarez-Cascos- se dirigió a la Xunta para solicitar este estudio informativo. Sin el estudio, como es lógico, tampoco se acometieron por las partes las actuaciones necesarias para elevar el
protocolo a la categoría de convenio de colaboración. No es hasta finales de febrero de 2004, en concreto el día 23, cuando se inician actuaciones por parte de la Administración General del Estado, con la emisión, por la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Fomento, de un informe sobre un futuro proyecto de convenio de colaboración relativo al protocolo firmado en diciembre de 2002.
El proyecto de convenio, según puede deducirse de su cabecera, databa, en lo que es la redacción o ese borrador, de 2003, e iba a ser firmado supuestamente en Santiago de Compostela en dicho año; circunstancia, que por las razones que les
he expuesto de falta de iniciativa de las partes -tanto del Ministerio de Fomento como de la Xunta, puesto que no hubo ninguna actuación-, no llegó a producirse. El informe que emitió la Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento no
realiza observaciones al contenido del proyecto de convenio. Consideraba este informe que había en la aplicación presupuestaria correspondiente, denominada Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación de la autovía
Ferrol-Vilalba, tramo Cabreiros-Vilalba, un crédito previsto de tres millones de euros. Desconozco, según los antecedentes que obran en el ministerio, cuándo y quiénes, en nombre de las partes, acordaron las cuantías de las transferencias a
realizar por Fomento a lo largo de varios ejercicios presupuestarios, hasta completar los 41 millones de euros. Lo cierto es que, de acuerdo con el texto del convenio, para el ejercicio de 2004 solo estaba prevista una transferencia a la Xunta
equivalente a esos tres millones de euros, un 7,5
por ciento del total a financiar por el Ministerio de Fomento.
Con mucho gusto, porque es un poco farragoso, puedo detallarles, en el siguiente turno, si lo desean, cómo se repartían las transferencias a lo largo del tiempo y también en qué momento debían de satisfacerse esas cantidades a la Xunta.
Desde luego, de esta fórmula de financiación nada se decía en el protocolo, que se limitaba a establecer que el Ministerio de Fomento correría a cargo de esos 41 millones de euros. Supongo que hubo alguna negociación posterior a la suscripción del
protocolo, pero no tengo constancia ni la hay tampoco en los archivos del Ministerio de Fomento. No obstante, advertí a la Secretaría General Técnica de Fomento que los gastos que pretendía asumir el ministerio superaban los límites porcentuales
recogidos en el artículo 47.2 de la Ley General Presupuestaria, por lo que era necesario que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, modificara dichos límites para adaptarlos a las previsiones de ese futuro convenio de colaboración.
Igualmente, al ser gastos que comprometían al Estado para ejercicios presupuestarios futuros, se señalaba en el informe de la Secretaría General Técnica que por imperativo de la Ley General Presupuestaria era necesaria la autorización previa del
convenio por el Consejo de Ministros, una vez obtenida previamente la autorización de la Comisión Delegada del Gobierno para Política Autonómica y la fiscalización previa, igualmente, de la intervención delegada.
Con posterioridad al informe emitido por la Secretaría General Técnica de Fomento, la Abogacía de Estado del mismo ministerio informa favorablemente el 24 de febrero de 2004 el proyecto de convenio, por considerarlo ajustado a derecho. El
siguiente trámite del que tengo constancia es la autorización del proyecto de convenio, con fecha 4 de marzo de 2004, por la Comisión Delegada de Política Autonómica. El siguiente paso, la fiscalización previa de la Intervención, no se instó, como
tampoco la remisión de los correspondientes acuerdos, por los Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento, al Consejo de Ministros para su autorización. Todas estas actuaciones de trámite se producen, como les he contado, poco antes de las
elecciones generales del 14 de marzo. Comprenderán SS.SS. que los tres millones de euros que había en el presupuesto eran insuficientes, tal y como ha admitido el Gobierno, para financiar la totalidad de la obra del tramo Cabreiros-Vilalba, que
ascendía, como he dicho, a 41 millones. De hecho, fue la propia Xunta de Galicia, según consta en el 'Diario de Sesiones' de 9 de febrero de esta Cámara, la que rechazó los tres millones presupuestados en el ejercicio 2004, dentro del Fondo de
Compensación Interterritorial, solicitando el conselleiro Pita que se dedicasen a otras obras.
En conclusión, poco o nada decía el protocolo del régimen de financiación, excepto que la Xunta financiaría el tramo Cabreiros-Ferrol y que el Ministerio de Fomento correría a cargo de la financiación de los 41 millones correspondientes al
tramo Cabreiros-Vilalba. La concreción de la fórmula de financiación quedaba demorada al preceptivo convenio en el que el protocolo debía de formalizarse para tener validez jurídica entre las partes. El proyecto de convenio no llegó a elevarse al
Consejo de Ministros y, por consiguiente, lo que se debía haber producido tras las elecciones y la formación de un nuevo gobierno, es una negociación para ultimar un régimen de transferencias viable. Sí puedo informarles de que la Xunta no se ha
dirigido ni al MAP ni al Ministerio de Fomento para retomar el expediente y buscar una fórmula de financiación adecuada. El Gobierno de la nación está abierto al diálogo y a la colaboración para resolver este asunto. Esperamos que el nuevo
Gobierno de la Xunta esté en la misma posición que la nuestra para llegar a un convenio que permita la realización de este tramo de autovía.
En conclusión, la voluntad del Gobierno actual es hacer lo que la Xunta y el Gobierno anterior no tuvieron tiempo de ejecutar en el casi año y medio que transcurrió desde la firma del protocolo hasta el 14 de marzo.
Pero para asegurar la
viabilidad de la obra es preciso establecer, mediante el diálogo, un acuerdo entre las partes respecto al régimen concreto de financiación, del que nada decía, como les cuento, el protocolo, de forma que los gallegos y el resto de los españoles
dispongamos cuanto antes de ese tramo de autovía. En este sentido, ha contestado el Gobierno a una pregunta que todavía no se ha publicado en el Boletín de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Para iniciar el turno de las preguntas de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el grupo que ha solicitado la comparecencia, el Grupo Parlamentario Popular y, en su nombre, el señor
Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señora subsecretaria, gracias por la información.
Hemos solicitado, efectivamente, esta comparecencia en esta Comisión porque queríamos conocer, desde la perspectiva del Ministerio de Administraciones Públicas, los pormenores que con tanto detalle nos ha proporcionado de este protocolo, que
evidentemente tenía o debía tener la vocación de formalizarse en convenio. Algo ya hemos avanzado, en el sentido de que el Protocolo existía y tenía unas finalidades. Lo digo porque podíamos habérselo preguntado también a los responsables del
Ministerio de Fomento, pero conocida su actitud en la praxis y supongo que en la inspiración política en todo lo que concierne a todos los asuntos relativos a estas infraestructuras en Galicia, hemos preferido recabar, desde el punto de vista de la
unidad general de la Administración, el parecer del Ministerio de Administraciones Públicas.
Créame que le estoy muy agradecido, y lo está mi grupo, por esta información que nos ha proporcionado.
De lo que pueda suponer o haya podido suceder o lo que suceda hasta ahora, en ese deseo de que esa infraestructura sea un hecho, hay una realidad concreta. Lo digo
porque siempre parece que se quiere buscar el dar algunas ideas más o menos de eficacia o de actividad administrativa tendente, naturalmente, a la culminación de los fines propios de un acto administrativo de colaboración, en este caso, para
la culminación de una infraestructura.
Es cierto que esta es una infraestructura autonómica, de competencia autonómica; es cierto que había una voluntad de colaboración expresada por la Administración General del Estado en relación a la
Administración de la Xunta de Galicia; es cierto que se firmó ese protocolo, lo ha reconocido ahora -en algunos momentos se ha negado y en otros no-, pero lo cierto es que tenemos ya esa constancia; es cierto que en este momento la infraestructura
se encuentra en esta situación, que creo que es bueno que se refleje para que se vean realmente cuáles eran los fines, qué era lo que se perseguía y en qué momento.
La situación en 2005 es que el tramo Catabois-Igrexafeita está en servicio; Igrexafeita-El Espiñaredo está en servicio; El Espiñaredo-As Pontes, en obras; As Pontes-Cabreiros, en obras -todo lo que había asumido la Xunta de Galicia-; y
Cabreiros-Vilalba, que es a lo que se habría obligado en la voluntad, evidentemente no en los términos definitivos, por las razones que justamente ha puesto de relieve la señora subsecretaria de que, dados los términos en que se planteaba y el
reflejo presupuestario que suponía, era necesaria la aprobación en un convenio por el Consejo de Ministros.
Esta es la realidad, esta es la realidad que después naturalmente se encuentra, porque hemos insistido mucho en esta cuestión. Le habíamos preguntado al Gobierno sobre el cumplimiento de este protocolo en cuanto a la financiación por parte
de la Administración General del Estado de este tramo. He de decir que por las funciones generales en la colaboración entre administraciones públicas que corresponden al ministerio del que es subsecretaria la compareciente, hemos considerado
oportuno también formular aquí esta petición de comparecencia, pues tienen también esa información, sobre todo a la vista de la respuesta que se dio por el Gobierno a la pregunta que formulamos varios diputados de circunscripciones gallegas, en la
que le preguntábamos al Gobierno si mantenía el compromiso de financiar íntegramente el tramo Cabreiros-Vilalba de la autovía Ferrol-Vilalba, cuya ejecución correspondía a la Xunta de Galicia, por qué razón el ministerio había dilatado la
tramitación del expediente previo a la firma del convenio de colaboración con la Xunta para concretar los compromisos financieros y su desglose por anualidades del tramo al que nos referimos, y cuándo preveía el Gobierno proceder a la preceptiva
autorización para la firma de este convenio de colaboración. La contestación del Gobierno en nada aludía a todo eso. La contestación del Gobierno, que es del 10 de enero de 2005, señala que 'Esta actuación, el tramo de la futura autovía autonómica
Ferrol-Vilalba, que estaba incluido en el Protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento, de fecha de 23 de diciembre de 2002, por limitaciones presupuestarias y por tratarse de una autovía de titularidad autonómica,
se ha decidido no suscribir dicho convenio, por lo que el Ministerio de Fomento no participará en su financiación'.
Esto parece el dictado imperativo de alguien con mucha autoridad. Después las circunstancias cambian porque la política impone muchas cosas. Y ya, en una proposición no de ley que se vio hace pocos días, el propio Grupo Socialista hizo una
enmienda, que después se recogió en parte, para volver otra vez a la financiación, apelando a los fondos Miner y otra serie de cuestiones que no son especialmente interesantes concretar, pero que vamos a dejar en lo que ha sido el acuerdo de la
Cámara en la Comisión de Fomento y Vivienda: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abordar su participación en la autovía Ferrol-Vilalba, en concreto, en el tramo Cabreiros-Vilalba, sobre la base de la importancia que este corredor
tiene para la vertebración del territorio de Galicia dentro de la aplicación de los fondos Miner'. El fundamento último de esta colaboración estaba esquemáticamente recogido en el protocolo, en el momento en que el ministerio decía que habiendo
optado por la fórmula central, la infraestructura básica que recorre la provincia de Lugo, se consideraba complementario y necesario, y desde luego desde el punto de vista de los intereses generales, que se hiciera esta autovía
Cabreiros-Vilalba-Ferrol.
En todo caso, señora subsecretaria, sí que me gustaría dejar constancia de que, según la información de la que nosotros disponemos, este Protocolo dio lugar a un proyecto de convenio. Ese proyecto de convenio fue aprobado, por parte del
Gobierno autonómico, por el conseller de la Xunta de Galicia, y se remitió para que se tramitara y autorizara por el Consejo de Ministros. Este proyecto de convenio ha tenido el visto bueno de la Secretaría de Estado de Infraestructuras; lo tuvo
de la Abogacía General del Estado y también del Ministerio de Administraciones Públicas, señora subsecretaria. De tal manera que el único paso que quedaba era la autorización del Consejo de Ministros, que es la que naturalmente no se tramitó, o
sencillamente no se otorgó -de eso no tenemos constancia-.
Suponemos que sencillamente no se tramitó porque tampoco figura en ninguno de los órdenes del día de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Le agradecemos la información que nos ha proporcionado. De todo ello deducimos, sencillamente, algo de lo que queríamos dejar constancia, que es de la existencia de este protocolo, de su fundamento. El desglose económico, naturalmente, mal
podía recogerse en ese protocolo porque, como he dicho, el protocolo tiene que plasmarse después, como es lógico, a efectos de determinar sobre todo los plazos, que quedaban solamente cerrados en cuanto a su punto final en el correspondiente
desarrollo del mismo, que es el convenio que, como he dicho, la actual Administración tramitó y que quedó pendiente de ese acuerdo del Consejo de Ministros.
Como quiero terminar con la lógica de lo que era nuestra petición de esta comparecencia, sí me gustaría dejar constancia de que el propio protocolo dice lo que dice. Dice que surtirá efectos -en su punto sexto- a partir de su firma y su
vigencia terminará, salvo mutuo protocolo entre las partes o incumplimiento denunciado del mismo, una vez ejecutadas las obras y puestas en servicio, de acuerdo con las provisiones del convenio que desarrolle el presente protocolo. Por lo tanto, lo
lógico hubiera sido, desde el rigor con el que siempre deben actuar las administraciones públicas, denunciarlo si se hubiera considerado oportuno, por las razones que sean, no por la imperativa impertinencia implícitamente recogida en esa
contestación del Gobierno a miembros de la Cámara diciendo que por razones presupuestarias, se ha decidido... Bueno, cuando uno ha firmado una manifestación de voluntad con otra Administración, esas decisiones se plasman en una denuncia del
protocolo por incumplimiento porque se considera unilateralmente que algunas razones, que se deben explicitar, determinan desistir de la voluntad de continuar en ese protocolo.
Suponemos y esperemos que esto no responda a una duda que a mí, francamente, me sorprendió mucho. El otro día, en el debate sobre el estado de la Nación, el presidente del Gobierno daba a entender que se estaban haciendo cosas
excepcionales; que el Gobierno había tenido que continuar ejecutando -hablando del Plan Galicia- obras comprometidas por la anterior Administración. Bueno, anterior Administración, señora subsecretaria, no hay. La Administración es la única que
hay, la de antes y la de ahora. Y, gracias a Dios, en un Estado de derecho, en un Estado moderno, en un Estado que naturalmente tiene una idea de que su personalidad jurídica no se interrumpe y la continuidad tampoco, ¡faltaría más, señora
subsecretaria, que el cambio de Gobierno supusiera la reconsideración de todas las obligaciones asumidas por las administraciones públicas! ¡Faltaría más! El cambio de Gobierno no altera para nada esas obligaciones. Y, desde luego, lo necesario, lo
pertinente y lo legal es su cumplimiento. Y yo creo que esa voluntad de cumplimiento debe afectar a todos los compromisos. Yo creo que podemos hablar aquí de compromiso. No estamos hablando, probablemente, de un acto jurídico definitivo, pero sí
de compromiso, de los compromisos adquiridos por la Administración pública y por quienes la dirigen, que son en este caso los miembros del Gobierno. Que son los miembros del Gobierno, no son los miembros de un gobierno o de otro gobierno. Nosotros
entendemos que los miembros del Gobierno son todos los que en cada momento ejercen las potestades de gobierno y los que obligan a las administraciones públicas.
Ciertamente, ha terminando manifestando su deseo de que al final se lleve a cabo esta infraestructura y que en ella colabore la Administración General del Estado. Pues efectivamente sí; evidentemente va a ser con retraso. Esperemos, como
ha dicho la señora subsecretaria, que el nuevo Gobierno (se refiere, supongo, a las próximas elecciones; lo ha dicho la señora subsecretaria, no lo he dicho yo, se supone que el que salga del resultado electoral del 19 de junio en Galicia), sea
cual sea ese nuevo Gobierno, obtenga la colaboración comprometida en esta infraestructura por la Administración General del Estado. Yo creo que es buen momento para que, en este caso, en la persona que hoy de alguna manera simboliza la voluntad
permanente de la Administración expresada por sus representantes en el Gobierno, se tenga en cuenta que no es cuestión de oportunidad electoral, sino sencillamente razón de buen gobierno, la del pacta sunt servanda, que es en definitiva lo que
determinaba la posición que hemos mantenido los diputados del Grupo Popular en todas las cuestiones relacionadas con el Plan Galicia y también en éste, y nos congratulamos que haya quedado patente que este convenio era necesario, porque ahora lo
ratifican. Lo ratifican de una forma, digamos, retardataria, porque dicen que se buscará la participación -no se sabe exactamente qué-, es el quedar bien costando poco. En todo caso, la necesidad de este compromiso o de que era razonable este
compromiso, yo creo que eso ha quedado claro en la propia postura del Grupo Socialista, naturalmente autorizado por el Gobierno para hacer esa enmienda que determinó la proposición no de ley a la que he dado lectura en su texto sustancial. Esto
quiere decir que no eran razones de oportunidad política anterior, sino razones de oportunidad política permanente las que determinan esta necesidad. Y la que ha incumplido ha sido la Administración General del Estado. Por lo tanto, el responsable
del retraso es también la Administración General del Estado. Buena hora es para rectificar, para que las intemperancias del Ministerio de Fomento, sean o no de su ministra, como la de que se ha decidido no participar en la financiación, queden como
eso, como anécdotas de alguien que a lo mejor no supo asumir bien su responsabilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Malaret.
La señora MALARET GARCÍA: Bienvenida de nuevo a la Comisión de Administración Públicas, señora subsecretaria.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecerle su exhaustiva información; su pormenorizada aportación de datos, que nos ha ilustrado de manera muy satisfactoria sobre la cuestión que está en el origen de la solicitud de
comparecencia que ahora estamos diligenciando.
Debo confesar que la solicitud de comparecencia y su vinculación con un denominado Protocolo de colaboración vinculado a materias de Fomento, nos dejó un tanto perplejos. Por ello, la comparecencia
hoy ha sido muy útil, puesto que nos ha aportado luz, nos ha dado los datos necesarios y creo que la contundencia de los mismos no permite valoraciones. Cuando hay evidencia empírica, no cabe la retórica.
Permítaseme ahora, en todo caso, y a la luz no solo de su intervención, sino de algunos comentarios del portavoz del Grupo Popular, algunas observaciones de carácter general en torno a las características o al significado o al valor del
denominado Protocolo de colaboración, un protocolo de colaboración firmado el 23 de diciembre de 2002.
En primer lugar, yo creo que es importante señalar para colocar en sus justos términos el debate, que no nos encontramos ante un documento de naturaleza contractual. Por lo tanto, no hay obligaciones pendientes de ejecutar; no hay
compromisos. No existen, ya digo, obligaciones que requieran la adopción de determinadas conductas. En realidad nos encontramos ante un documento cuyo valor está en la misma existencia del documento. Me ha hecho pensar mucho una reflexión que me
hizo un grupo de funcionarios hace años, cuando intentábamos precisamente racionalizar toda la temática de los convenios interadministrativos, un tipo de documentos que florecían en las relaciones interadministrativas, pero que luego, cuando uno los
leía, no sabía exactamente qué valor ni qué sentido tenían. Y como me explicaron algunos funcionarios en aquellos momentos, en realidad la dinámica de gestualización política había conducido a que para obtener determinadas imágenes gráficas, era
necesario primero escribir un poco. Entonces, cuando uno lee este documento, este texto, tiene la impresión de que nos encontramos ante una situación similar: para obtener una imagen gráfica, es mejor tener una pluma en la mano porque tiene más
valor simbólico.
Por lo tanto, ya digo, de la lectura de este denominado Protocolo de colaboración se ve claramente que no hay un acuerdo claro y preciso del que puedan inferirse unas conductas ciertas. No solo se remite a un convenio de colaboración
posterior, y es que si no, cuando se habla de cantidades, se nos dice que los presupuestos anuales -sin precisar de qué año- contemplarán en el futuro -tampoco sabemos si tiene que ser muy inmediato o muy próximo- determinadas partidas
presupuestarias. Por lo tanto, ya digo, estamos ante un documento en el que es importante subrayar que tiene una fuerza, que yo creo que no es ni la fuerza política de los protocolos que están en la Ley de Régimen Jurídico y de las Administraciones
Públicas. ¿Por qué? Porque para que un protocolo de los contemplados en la ley tenga valor, aunque sea político, como quien representa la voluntad de una de las partes es el representante de una administración pública y éste no expresa su posición
como fruto de la autonomía de su voluntad, como su libre albedrío, sino que expresa su posición en tanto que representante de una administración pública, para que este consentimiento tenga un valor y alguna relevancia, es preciso señalar que solo
cabe otorgarle valor si se ha seguido previamente un determinado cauce, que al margen del procedimiento, al margen de los cauces establecidos, cuando no hay informes previos, el valor que tiene es absolutamente nulo. Por lo tanto, yo me alegro
mucho de que hoy hayamos conocido exactamente qué sucedió; hayamos visto qué pasó antes del protocolo -no pasó nada, no hubo nada-; y luego, cómo tampoco han desembocado las actuaciones posteriores en un acto que tenga algún valor jurídico. Y me
parece importante señalar, como es un dato bien conocido por los diputados de esta Cámara, el dato que aparece en los boletines oficiales, que constatan la ausencia de voluntad de la Xunta de Galicia en estas obras determinadas cuando se pidió que
no constaran en el Fondo de Compensación Interterritorial que, en cumplimiento del mandato constitucional, el legislador entendió -y hace unos cuantos años- que era el lugar idóneo para la financiación estatal de los servicios básicos cuando estos
eran competencia de las comunidades autónomas.
Por lo tanto, ya digo, muchas gracias, señora subsecretaria, por su información exhaustiva, que nos ha permitido tener luz, que nos ha ilustrado muy bien sobre las características y el valor de un documento firmado hace ya un cierto tiempo,
un 23 de diciembre de 2002.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señora subsecretaria, tiene usted la palabra.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Carrión Martín): Gracias a los dos portavoces. Dada la hora, hago una aclaración concreta.
El protocolo famoso nunca fue informado ni por la SGT de Fomento, lo he dicho, ni por la Abogacía del Estado, ni mucho menos por el MAP. De hecho, yo he tenido que recabar los antecedentes en el Ministerio de Fomento. Porque si hubiera
sido informado, se hubiera dicho que requería, uno no, dos acuerdos previos del Consejo de Ministros, además de la autorización de la Comisión Delegada de Política Autonómica. Por cierto, no es que el MAP informe los convenios; es la Comisión de
Política Autonómica, cuyo secretario es el secretario de Estado. Evidentemente que al secretario de Estado también se le prepara, como no puede ser de otra manera, un papel. Pero lo que hace -y es el único antecedente que hay- es levantar acta del
acuerdo adoptado por los miembros de la Comisión Delegada de Política Autonómica. Pero el protocolo nunca fue informado, ni por el MAP, ni por la SGT, ni por la Abogacía. (El señor Padilla Carballada: He hablado de convenio, no de protocolo.) Yo
lo quiero aclarar porque es lo que había. Y en año y medio, hasta el 4 de marzo, con las elecciones en campaña, no hubo tiempo, o no hubo dinero, o no hubo voluntad -yo no voy a poner en boca de gente con la que no he hablado cuáles fueron los
motivos, porque no los sé- de elevar ese proyecto de convenio al Consejo de Ministros y de obtener, también vía Consejo de Ministros, la autorización para el compromiso de varios ejercicios.
En cuanto a la respuesta a la que ha aludido S.S., tampoco es que el Gobierno dijera nada extraño: tres millones no financian 41. Por lo tanto, había limitaciones
presupuestarias. Y como las había, había que haber acordado cómo se iba a pagar la transferencia. Porque en el proyecto de convenio había un sistema de libramiento de los pagos, no solamente de transferencias en varios ejercicios, sino un
sistema de libramiento de los pagos en distintas fases del procedimiento, que hacía viable una determinada financiación de una determinada cantidad que no era pequeña.
En cuanto a la oportunidad del proyecto de convenio del protocolo, comprenderá S.S. que yo no sé valorar, porque no es ámbito de mi competencia, si era oportuno o inoportuno. Y claro que los acuerdos suscritos vinculan a las
administraciones cuando se han suscrito, pero cuando lo que hay que acordar es cómo se van a hacer efectivos unos pagos, hay que mover ficha. Cuando a uno le interesa, mueve ficha. Y la Xunta ni siquiera ha enviado el estudio. Entonces, como no
hay estudio, habrá que ver quién no ha movido qué y por qué. Esto es lo que tengo que decir sobre esta cuestión. Y a lo mejor podía decir cosas más duras, porque las ha dicho el señor Fraga, pero no es mi estilo y, por tanto, no las voy a repetir
en esta Comisión. En todo caso, algunas declaraciones del presidente de la Xunta son bastante más duras que la contestación recibida a una pregunta parlamentaria por escrito, que no hace sino decir la verdad: que con tres millones no se podían
financiar 41. ¿Podía haber sido más extensa la respuesta, indicando todos los pormenores? Seguramente sí; a lo mejor podía haber sido más extensa. Pero cuando las respuestas son muy extensas, como saben SS.SS. son más adecuadas para una
pregunta oral que no para establecer todo ese iter procedimental en una pregunta escrita. Desde luego, lo que había era tres millones de euros y no 41 millones, que es de lo que se habla en el protocolo.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo):Señor Padilla, muy brevemente, por favor.
El señor PADILLA CARBALLADA: Brevísimamente. Vamos a ponernos las gafas de leer, las buenas, para leer la contestación y lo demás, señora subsecretaria.
Lo que dice el Ministerio de Fomento es: por limitaciones presupuestarias, y no por limitación presupuestaria en ese ejercicio, sino con carácter general, y por tratarse de una autovía de titularidad autonómica (¡vaya descubrimiento! Lo
hemos descubierto ahora; lo descubrió la señora titular de Fomento actual), se ha decidido no suscribir el convenio. O sea, de lo que se trataba era de no suscribir el convenio, que es donde aparecía, efectivamente, esa financiación. Y que fue
aprobado por un órgano de derecho público español, señora portavoz del Partido Socialista, como el Conseillo de la Xunta de Galicia, según certifica -y lo tengo aquí a su disposición, si lo desean- su secretario, que es el conselleiro de
Presidencia, en su reunión del día de 4 de marzo, y en el que figuran los ejercicios, los plazos, en definitiva, lo que había plasmado inicialmente como pura orientación el protocolo en el correspondiente convenio.
Yo no voy a hablar, señora portavoz del Partido Socialista, de lo que es un precontrato porque no son horas, pero le advierto que es algo y que luego se convierte en contrato. Por eso he hablado de compromiso. Si queremos hablar de
Derecho, hablamos con rigor, pero vamos a hablar de las cosas.
En resumen, lo que finalmente dice esa contestación, en ese momento, es que el Ministerio de Fomento no participará. Después, cuando llegan las oportunidades políticas, se está dispuesto a participar, aunque no se sabe cuándo, cómo, ni
dónde. Nosotros, en todo caso, sí hemos de decir una cosa: hay una voluntad política de volver la voluntad de la Administración General del Estado contra la voluntad política anterior y ahora cambiamos de torna porque tocan otros clarines, que son
los electorales.
En todo caso, es lo que queríamos que quedara claro en esta comparecencia.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Señora subsecretaria, tiene usted la palabra para concluir la comparecencia.
La señora SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Carrión Martín): Únicamente decir que el Ministerio de Administraciones Públicas no entra en el fondo del asunto -lo he dicho ya-, ni en la oportunidad política, ni en si tiene que
participar porque no somos nosotros los que fijamos la política de infraestructuras; nosotros hemos informado de los aspectos relativos al protocolo y al proyecto de convenio.
Dicho esto, creo que ha quedado puesto de relieve que no había presupuestos suficientes para atender ese compromiso en ese momento.
Vuelvo a insistir -y también ha quedado puesto de relieve- en que tampoco hubo voluntad, en año y medio, de
suscribir ese convenio, cuando los que habían asumido el compromiso estaban todavía en el Gobierno, el de la Xunta y el del Estado.
No tengo nada más que decir.
El señor VICEPRESIDENTE (Torres Sahuquillo): Muchas gracias a la subsecretaria.
Está concluido el orden del día. Levantamos la sesión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.