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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 279, de 17/05/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 279
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ PLIEGO CUBERO
Sesión núm. 14
celebrada el martes, 17 de mayo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la autorización de un punto de inspección fitosanitario (PIF) en el aeropuerto de Girona-Costa Brava. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC). (Número de expediente 161/000293.) ...
- Por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para periodificar los cobros del seguro agrario. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000847.) ...
- Sobre la eliminación del certificado veterinario específico del anexo XI del Real Decreto 3454/2000. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000875.) ... (Página
4)
- Relativa a la creación de una estación biológica en O Courel (Lugo).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000913.) ... (Página 7)
- Relativa a la elaboración de un plan de control en la pesca de cerco en Galicia, que tenga como finalidad erradicar la utilización de explosivos.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente
161/000678.) ... (Página 10)
- Relativa al nuevo reglamento de fondos para la pesca. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000715.) ... (Página 12)
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras agrarias.
(Número de expediente
121/000024.) ... (Página 16)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de Ley por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las
Cámaras agrarias. (Número de expediente 121/000024.) ... (Página 16)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN DE UN PUNTO DE INSPECCIÓN FITOSANITARIO (PIF) EN EL AEROPUERTO DE GIRONA-COSTA BRAVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA (ERC). (Número de expediente 161/000293.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, damos comienzo a la sesión de la Comisión que, sin perjuicio de ser unitaria en su desarrollo, tiene, por la propia naturaleza de los temas a tratar, un primer bloque de proposiciones no de ley y un segundo
bloque relativo al proyecto de ley que se considera.
Vamos a desarrollar la sesión de manera ininterrumpida, como hemos comentado a los portavoces, de forma que fijaremos la una del mediodía como hora de referencia para la votación.
La primera proposición no de ley que figura en el orden del día, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, relativa a la autorización de un punto de inspección fitosanitaria en el aeropuerto de Girona-Costa Brava ha sido retirada por
su proponente.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE MEDIDAS PARA PERIODIFICAR LOS COBROS DEL SEGURO AGRARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000847.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley del orden del día, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para periodificar los cobros del seguro agrario.
Su portavoz, el señor Grau, tiene la palabra.
El señor GRAU I BULDÚ: Nuestro grupo ha presentado esta proposición no de ley para tratar de una forma más correcta al cultivo de los frutales y de todos aquellos productos que, por razones de mercadeo, precisan de un almacenamiento y
conservación que hace que se genere un escalonamiento de los pagos en dos ejercicios fiscales, ya que normalmente las campañas de determinados productos no coinciden con los años fijados en el calendario, que son los que marcan el ejercicio fiscal,
de acuerdo con las previsiones de los Presupuestos Generales del Estado. Esto ocasiona que las liquidaciones de determinadas cosechas se produzcan a lo largo de dos años fiscales. Generalmente se produce un pago inicial, que puede coincidir con
uno de los ejercicios fiscales, y un segundo pago, que puede producirse en el siguiente ejercicio fiscal. Ello ocurre en los casos en que, al producirse pedrisco, heladas o cualquier otra inclemencia climática que genere una pérdida de toda o parte
de la cosecha, se cobre el seguro agrario. En ese momento, una vez declarados los daños correspondientes, se liquida la totalidad del seguro, lo que normalmente coincide con uno de los ejercicios fiscales. Puede suceder que en un ejercicio fiscal
se acumule el segundo pago de la cosecha
anterior y la totalidad del cobro del seguro. Esto rompe el uso normal de los pagos y de los ingresos del agricultor, con lo cual el tipo de gravamen aplicado en la renta es superior porque en un año se han acumulado los dos cobros de las
cosechas, aunque el año siguiente los ingresos sean inferiores.
Es por esta razón que, sin perjuicio de la recaudación fiscal que pueda producirse a favor del Estado, con esta proposición no de ley se solicita que se encuentren las vías para que el propio agricultor pueda periodificar una parte en el año
siguiente -digamos un 40 por ciento-, de forma que obtenga una normalidad en los pagos y que los tipos medios de liquidación de su impuesto sobre los beneficios o sobre la renta no se vean alterados por esta digresión en los ingresos. Nuestro grupo
considera que eso no supone ninguna merma para los ingresos del Estado y que conlleva una normalización de estos pagos y una sistematización de los ingresos del agricultor que normalmente son percibidos en dos partes.
Damos a ello un carácter
voluntario en tanto en cuanto, como en todas las previsiones de los ingresos de la renta, siempre se puede buscar la vía más favorable. Así, si un agricultor lo desea, podrá hacer la declaración de todos los ingresos en un solo ejercicio. Somos
conscientes de la existencia de los módulos que ajustan los tipos impositivos en el caso de estos ingresos y también de que posiblemente abramos una vía de periodificación en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que puede no convenir,
pero consideramos que nuestra legislación tiene que adaptarse a los usos del trabajo de los administrados. Nuestra proposición no de ley da continuidad a una sistemática que ya existe, puesto que, como decía al inicio de mi intervención, las
necesidades del mercado obligan al agricultor porque las cooperativas o las empresas en las que sitúa su producto le dan un pago inicial que se produce pocos meses después de la obtención de la cosecha y normalmente antes de fin de año -si nos
referimos a fruta dulce o las típicas del verano, se da antes de diciembre- y un segundo pago que se produce a partir de la venta, normalmente en los meses de enero, febrero y marzo, y que fiscalmente corresponden a un ejercicio posterior. La
cuestión es que, si esto se da normalmente, también debería poder darse una división en la declaración de los ingresos, aunque provengan del cobro de una póliza de agroseguro.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas. En el turno de fijación de posiciones corresponde la palabra al Grupo Parlamentario Popular. Su portavoz, el señor Pintado tiene la palabra.
El señor PINTADO BARBANOJ: Como filosofía general del sistema de seguros agrarios, hemos alcanzado la mayoría de edad después de 25 años de experiencia que nos han permitido estar al frente de los aseguramientos del sector agropecuario, no
solo a nivel europeo sino a nivel mundial.
Como anécdota, ayer mismo pudimos comprobar cómo el ministro de Agricultura brasileño se dirigía a la ministra española de Agricultura para conseguir información sobre cómo extrapolar a ese país el sistema
de seguros que durante estos 25 años hemos sido capaces de poner en marcha; un sistema ágil, modelo para otros países y en el que se dan garantías al sector, sobre todo y especialmente, de cubrir las rentas. El sistema de seguros agrarios ha sido
un buen instrumento a favor de los agricultores y ganaderos de nuestro país y previsiblemente ha llegado el momento de hacer un estudio con profundidad para analizar varios aspectos como el que hoy nos trae la proposición no de ley del Grupo de
Convergència i Unió, a la que nuestro grupo ya anuncia su voto favorable, porque entendemos que puede beneficiar de una forma ostensible al sector agrario, especialmente a los agricultores especializados en la fruta dulce, y que no perjudicará los
ingresos de las administraciones públicas. También hay que mejorar el estudio y análisis de aquellos subsectores del sector agrario y ganadero que, tras 25 años de existencia del seguro agrario -aunque hay algunas líneas de seguros más recientes-,
todavía no lo consideran con el atractivo suficiente para contratarlo de forma masiva.
Sabemos que en estos momentos Enesa está haciendo un trabajo de esta índole y que está haciendo propuestas concretas en cuanto a la renovación de los seguros y a evitar los períodos de carencia, especialmente en el caso del pedrisco; en
definitiva en cuanto a ajustar las primas y las coberturas, porque, lógicamente, el seguro agrario no se escapa de aquellos elementos comunes al sector del seguro: a mayor prima, mayor cobertura, y a mayor riesgo, mayores primas. En este sentido,
la orografía, la climatología y las distintas características del territorio nacional hace que haya disfunciones entre unas zonas y otras en cuanto a que sea más o menos atractivo contratar un seguro. Bien es cierto que -y creo que todos los
responsables políticos somos conscientes de esto- en la medida en que seamos capaces de proponer al sector normas que hagan mucho más ágil y más atractiva la contratación de esos seguros, ampliaremos la base, reduciremos los riesgos desde el punto
de vista de la Entidad estatal de seguros a la hora de pagar las indemnizaciones y todos saldremos mejor parados.
En cuanto a la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió, entendemos esa propuesta porque afecta a determinadas zonas de nuestro país con un alto grado de contratación del seguro, como ocurre especialmente con la fruta, y
lógicamente porque tiene una repercusión en cuanto a la posible acumulación de dos percepciones importantes en dos campañas: una que correspondería a la cosecha del año en curso y otra al cobro de la indemnización del seguro por la cosecha
anterior. Desde ese punto de vista manifestamos nuestro apoyo a esta iniciativa y esperamos tratar con el Grupo Socialista y con el Gobierno la forma de colaborar para que podamos ir profundizando en este gran instrumento que son los seguros
agrarios y dotarle entre todos de
mayor atractivo. Ya sé que cuando hablamos con los agricultores nos dicen que a la hora de contratar el seguro, lógicamente, lo que analizan es cuánto pagan y cuánto les garantizan. No es solamente un problema de la financiación del seguro
agrario, en la que se está haciendo un esfuerzo importante por parte de las administraciones principalmente a través de las dotaciones que concede el Ministerio de Agricultura, sino que también -y en eso el Grupo Popular está abierto a seguir
hablando, profundizar en alguna propuesta y consensuarla con el resto de los grupos de la Cámara-, es necesario buscar otros medios de financiación para dotar al seguro agrario de mayor atractivo para todo el sector.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Armengol tiene la palabra.
La señora ARMENGOL CRIADO: La proposición no de ley que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió expone el problema que supone para los agricultores cuando se producen riesgos cubiertos por el seguro agrario la coincidencia del cobro de
las indemnizaciones correspondientes al seguro con el cobro parcial de la cosecha de la campaña anterior al siniestro, lo que provoca un incremento de la base imponible y, en consecuencia, del tipo del IRPF. Con ello se produce una tributación más
elevada de la que correspondería en condiciones normales. Desde un punto de vista estrictamente fiscal, hay que decir, primero, que la imputación temporal de ingresos y gastos de las actividades económicas en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas se encuentra regulada en el artículo 14.1.b del texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2004, de 5 de marzo, y el artículo 6 del Reglamento del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, aprobado por el Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio. En estos preceptos se establecen dos criterios diferentes de imputación temporal de ingresos y gastos. Por una parte, el criterio general de
imputación temporal previsto por este tipo de rentas es el de devengo, según el cual el rendimiento declarado coincide con el resultado contable de la actividad. Por otra parte, a los contribuyentes que desarrollen actividades económicas que no
tengan obligación de llevar la contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio se les da la opción de imputar sus ingresos y gastos por el criterio de cobros y pagos. Por lo tanto, la proposición no de ley que presenta el Grupo de
Convergència i Unió solamente afectaría a los contribuyentes que hubiesen optado por el criterio de cobros y pagos, pues para los contribuyentes que utilicen el criterio de devengo no tiene incidencia alguna. La propuesta consiste en diferir la
imputación de las indemnizaciones derivadas del seguro agrario en dos ejercicios: en el que se perciban y en el siguiente. Es decir, se trataría de una especialidad del criterio de cobros y pagos que se apartaría de la corriente real de cobros y
pagos en la que se basa este criterio opcional de imputación temporal. Además, esta propuesta no se acomoda al criterio general de devengo, por el que los ingresos de la actividad deberán declararse en el periodo impositivo en que se entregan los
productos, con independencia del momento en que se cobren los mismos. Hay que añadir, por otra parte, que los contribuyentes que puedan sentirse perjudicados por el cobro anticipado de las cosechas pueden revocar la opción temporal de cobros y
pagos, con lo que el rendimiento neto a declarar coincidirá con el rendimiento obtenido en el periodo impositivo, es decir, ajustarán su tributación a la realidad económica de sus explotaciones agrarias.
Desde el punto de vista de los intereses de los agricultores, la normativa mediante la que se regula la aplicación del seguro agrario combinado establece que los agricultores asegurados que hayan sufrido daño en sus producciones perciban las
indemnizaciones debidas por las entidades aseguradoras en un plazo de 60 días a contar desde la realización de la tasación definitiva de los daños. La periodificación del cobro de las indemnizaciones en dos campañas agrícolas supondría un perjuicio
para los agricultores que han sufrido siniestros, ya que percibirían sus indemnizaciones con excesivo retraso. Debe tenerse en cuenta que los plazos actualmente establecidos presentan un desfase de dos meses respecto de la fecha normal de su
recolección. Podemos señalar que, si bien en algunas producciones concretas pudieran derivarse unos ciertos beneficios para el productor, el fraccionamiento del cobro de las indemnizaciones con carácter general perjudicaría a los productores al
dilatarse el plazo de percepción de las indemnizaciones.
Por lo tanto, vamos a rechazar esta proposición no de ley en los términos en que está redactada, pero si S.S. lo desea, podemos estudiar llegar a un acuerdo sobre una transaccional que nos permita acercar posturas en beneficio de los
agricultores que se puedan ver afectados por este tema.
Estaríamos dispuestos, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, a negociar una transaccional en la que hiciéramos un estudio sobre las consecuencias que se pueden derivar de lo que plantea
el Grupo de Convergència i Unió y basándonos en ese estudio, tomar las medidas adecuadas.
El señor PRESIDENTE: En caso de que, efectivamente, se llegara a algún acuerdo, háganlo llegar a la Mesa.
- SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL CERTIFICADO VETERINARIO ESPECÍFICO DEL ANEXO XI DEL REAL DECRETO 3454/2000. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000875.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la eliminación del certificado veterinario específico del Anexo XI del Real Decreto 3454/2000.
El señor Alonso tiene la palabra para su defensa.
El señor ALONSO NÚÑEZ: El Grupo Socialista presenta en la Comisión el tan traído y llevado tema del certificado veterinario específico establecido en un Real Decreto del año 2000 que aprobaba el Plan integral coordinado de vigilancia y
control de las encefalopatías espongiformes transmisibles para que el Congreso de los Diputados manifieste nítida y claramente su posición e inste al Gobierno a que sea eliminado urgentemente este certificado que, desde nuestro punto de vista, nada
aporta a la situación actual. Este es un certificado que se incluyó en el real decreto de 2000 y a cuyo cumplimiento están obligados todos los ganaderos de la especie bovina, ovina y caprina que destinen sus animales a mataderos. Todos los
animales deben ir amparados por esta declaración del responsable o titular de la explotación ganadera y de una autorización sanitaria certificada por un veterinario de ejercicio privado. Se trata de una documentación complementaria a la Guía de
origen y sanidad pecuaria que deberán expedir obligatoriamente los servicios veterinarios oficiales.
Desde nuestro punto de vista, esta es una medida extraordinaria. Está claro que es única en todos los Estados miembros de la Unión Europea y que ha supuesto un incremento de los costes que tienen que soportar los ganaderos. Quizá en
principio, en el año 2000, se hiciera una valoración positiva por la situación de emergencia y de inseguridad que se creó en los consumidores, pero ahora, a juicio de todo el mundo, es una medida obsoleta; es una medida desproporcionada después de
cuatro años de vigencia del plan integral. Por tanto, el Grupo Socialista propone la actualización del plan integral y en concreto la eliminación de esta documentación que consideramos inútil en este momento.
El cumplimiento de este requisito ha producido confusión y dificultades, tanto en los sectores afectados como en los servicios competentes de las comunidades autónomas, de forma que los implicados cuestionan permanentemente la utilidad
práctica y la justificación sanitaria, tanto desde la perspectiva de la salud pública y protección de los consumidores como desde la perspectiva de la sanidad animal. Desde el prisma económico, hay que recordar que esta emisión que regula el anexo
XI cuesta al ganadero entre 24 y 30 euros por bovino trasladado al matadero.
Supone, por tanto, un fuerte perjuicio económico para el sector, que tiene que asumir los costes de retirada de los MER que les repercute la industria cárnica. Como he
comentado al principio, en ningún país de la Unión Europea existe un documento similar al anexo XI y se da la circunstancia paradójica de que en España están entrando animales procedentes de otros Estados miembros que no deben cumplir estos
requisitos, por lo que, aunque solo sea desde el punto de vista económico, están generando una competencia con la producción nacional. A modo de ejemplo, se puede señalar los animales que proceden de Portugal, donde recientemente se ha levantado el
embargo que se le aplicaba por razones sanitarias, debido a la alta incidencia del denominado mal de las vacas locas.
Como conclusión, a día de hoy los ganaderos españoles están siendo obligados a cumplir con un nivel de exigencia muy superior al del resto de los ganaderos de la Unión Europea, lo que supone una discriminación evidente tanto desde el punto
de vista económico como respecto a la puesta en duda de su profesionalidad como ganaderos de la Unión. Esta situación se refleja claramente en el caso de las importaciones de animales de otros Estados miembros con destino a los mataderos españoles.
Los animales procedentes de otros Estados miembros no vienen acompañados de un certificado veterinario similar al que estamos tratando y cuya eliminación estamos proponiendo. Por tanto, esta norma va en contra del acervo comunitario, siendo, como
decía anteriormente, muy llamativo el caso de los animales que proceden de países que han tenido una mayor incidencia del mal de las vacas locas que España. Esta situación está creando un sentimiento de indignación y cierto desánimo en los
ganaderos españoles, ya que no comprenden por qué sistemáticamente se les somete a una sospecha en su actividad productiva, no comparable a la que tienen otros eslabones de la cadena alimentaria ni con la situación que viven el resto de los países
de la Unión Europea.
En esta iniciativa el Grupo Socialista propone que se proceda urgentemente a la eliminación del certificado veterinario específico del anexo XI del Real Decreto 3454/2000 y que se modifique el citado real decreto para ajustarlo a la
legislación comunitaria en vigor, teniendo en cuenta las líneas directrices establecidas en los reglamentos comunitarios sobre higiene de los alimentos de origen animal elaborados y aprobados en el año 2004.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra la señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy una proposición no de ley que tiene como fin último retirar el certificado de aptitud para el sacrificio de los rumiantes. Este certificado se hizo necesario en el
año 2000 a través del Real Decreto 3454/2000 para regular en plena crisis de las vacas locas la problemática de la encefalopatía espongiforme bovina. En ese momento era necesario, y así se consideró cuando se aprobó ese real decreto, que el mercado
de carne estuviese muy controlado y, al mismo tiempo, que diese seguridad a todos los consumidores. Hoy el Grupo Socialista presenta esta iniciativa que, señor Alonso, no entendemos muy bien a qué responde.
Permítame que, después de la breve exposición que ha hecho usted, le diga que, efectivamente, usted no era diputado en la anterior legislatura y posiblemente de ahí su negligencia a la hora de hablar en la mañana de hoy. (El señor Alonso
Núñez: Qué barbaridad.) Cuando se celebraron sesiones de la Comisión de Agricultura en muchas ocasiones hablamos del compromiso que los políticos teníamos con los ganaderos y de que en ese momento no convenía alarmar a la sociedad. Así se le dijo
muchas veces al Grupo Socialista: que no convenía alarmar a los consumidores para no perjudicar a los ganaderos. En aquel momento se tomaron esas medidas y se tomaron muchas otras porque ustedes estaban muy interesados también en que se tomasen.
Hoy, un año después de haber llegado ustedes al Gobierno, piden que esta medida, que en aquel momento era extraordinaria y que afectaba a las especies bovina, ovina y caprina, se retire. Le voy anticipando que nosotros estamos de acuerdo, como lo
están también todas las organizaciones de agricultores en España. Sabemos que supone un coste muy elevado para los ganaderos y yo, por ejemplo, le puedo decir que en el último año, 2004, supuso 43,44 millones de euros. En este momento creemos que
efectivamente no existe ninguna justificación técnica ni científica que avale la continuidad de este certificado. Además, consideramos que todo lo que sea aumentar los gastos de producción no sirve en estos momentos para nada; todo lo contrario,
actualmente los ingresos de los productores se encuentran por debajo de los costes de producción. Todo lo que sea ayudar a los ganaderos está bien, pero no sé a qué responde la iniciativa y a qué responde la palabra urgencia.
Quiero, de alguna
forma, dejar constancia de que pienso que usted obra de buena fe, pero no sé si ha sido así por parte de la persona que haya hecho la iniciativa. Puedo decirle que el 3 de agosto de 2004 se decía: El Gobierno suprimirá el certificado veterinario
que se exige a los productores para los animales de más de 24 meses -aquí ya se especificaba para cuáles era-; lo decía el secretario general de Agricultura y Alimentación, señor Moraleda, el 3 de agosto en Asturias. Pero es que después se va a
Galicia y dice en Lugo: El Ministerio de Agricultura suprimirá de forma inmediata -esto lo decía el 13 de agosto de 2004- el certificado veterinario. A día de hoy eso todavía no se ha realizado. Se han hecho anuncios y ahora nos presentan esta
iniciativa que creo que sé a lo que responde. Mi compañero de Lugo, que está sentado a mi vera, había presentado una pregunta para respuesta oral en la Comisión de la próxima semana en la que preguntaba cuándo se iba a eliminar ese certificado y,
mire por dónde, se presenta ahora esta iniciativa en la que se pide eliminar el certificado veterinario. Desde el mes de agosto el propio ministerio, la ministra y el secretario de Estado vienen anunciando que se va a retirar y no se ha hecho;
entonces, ¿a qué responde en estos momentos esa urgencia que usted tiene, señor Alonso? Quiero decir que usted obra de buena fe y que lo habrá presentado porque ha visto que el ministerio en reiteradas ocasiones viene anunciando que lo hará y no lo
hace; creo que usted, efectivamente, tiene mayor perspectiva política que el Ministerio de Agricultura y está a favor de no perjudicar a los ganaderos, sin embargo el ministerio lleva anunciándolo desde hace un año y todavía no lo ha hecho. Me
parece muy bien, pero también me parece penoso que el Congreso de los Diputados tenga que decirle al Ministerio de Agricultura lo que tiene que hacer cuando éste, desde el mes de agosto, nos viene engañando a todos y nos viene tomando por pargos,
señorías, diciendo que lo va a hacer; y ahora me viene usted hablando de urgencia. Felicito doblemente al señor portavoz, al señor Alonso, por atreverse a decirle al Ministerio de Agricultura que lo haga de una vez, pero que no nos venga otra vez
de vacaciones a Galicia el señor Moraleda a decir que lo va a hacer. Le puedo dar también todos los teletipos que ponen de manifiesto que ese día fue titular en todos los periódicos gallegos anunciando que, con carácter inmediato, se eliminaba.
Todos nos creíamos que en el mes de septiembre ya no iba a haber certificado y cuál ha sido nuestra sorpresa cuando hemos visto que sí lo sigue habiendo. Hemos presentado una enmienda a esa iniciativa en la que pedimos que sea avalada por el
consenso de todas las comunidades autónomas y por informes favorables de las consejerías de Agricultura a tal supresión. Creo que son las competentes en la materia, han sido las que tuvieron que dar la cara cuando se dio el problema de las vacas
locas y no debemos olvidarnos de ellas ahora y tomar nosotros en el Congreso unilateralmente una iniciativa.
Otra cosa. Espero que en otros temas el Ministerio de Agricultura tenga la perspectiva política que usted tiene en este momento, porque muy mal le van a ir las cosas a los ganaderos y a los agricultores si nosotros tenemos que hacer toda la
política desde el Congreso porque el ministerio no la haga y más cuando en este sentido las primeras palabras de la ministra en el mes de junio fueron que retiraba el certificado veterinario; hace un año y todavía está sin retirar.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, ¿desea intervenir algún grupo parlamentario?
A los efectos de fijar posición sobre la aceptación o no de la enmienda tiene la palabra el señor Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señora Vázquez, por sus elogios personales, que rechazo en el orden político por lo que suponen de crítica a quien en este momento dirige la política agraria del departamento.
Quisiera decirle a la señora Vázquez que no vamos a aceptar su enmienda, sobre todo por coherencia con sus propias palabras. Si es tan urgente, si este es un tema que tenía que estar resuelto hace ya muchos meses, no entendemos conveniente
que se establezca este procedimiento incluso de veto para impedir la aprobación de esta norma. Si tuviéramos ahora que requerir el criterio favorable
de todas y cada una de las comunidades autónomas ello supondría que, con que una sola dijera que no, esta proposición no de ley...
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le pido por favor que solo manifieste la aceptación o no de la enmienda. No es por nada, yo no tengo ningún problema, pero reabrimos un debate que probablemente sea innecesario.
El señor ALONSO NÚÑEZ: No vamos a aceptar la enmienda y estaba justificando el motivo de la no aceptación.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señor presidente, creo que de alguna forma el señor Alonso ha contestado a mi intervención.
Simplemente quiero decirle que éste es el talante del Partido Socialista de hacer todo por decretazo.
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, le ruego que, para cumplir lo que usted misma predica, primero pida la palabra diciendo en qué se basa para ello, después se la doy o no y así llevaremos las cosas más en regla que si automáticamente se
la toma usted por su cuenta, porque entonces las reglas del juego no sirven para todos igual.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN BIOLÓGICA EN O COUREL (LUGO).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000913.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura con el número cuatro: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso relativa a la creación de una estación biológica en O Courel (Lugo).
Si mi pronunciación no ha sido la correcta, lo lamento, ya que la expresión del nombre del municipio está en gallego.
Tiene la palabra la señora Salazar Bello para su defensa.
La señora SALAZAR BELLO: Hoy quisiera aprovechar las primeras palabras de mi intervención, dado que es el día de las letras gallegas en Galicia, para dedicarle este punto de la estación biológica, traído por el grupo que sustenta al
Gobierno de España, al poeta más importante que ha habido en nuestra provincia, que se llamaba Uxio Novo Neyra que además procedía de la sierra del Courel; nació en esa zona exactamente, fue quien le dio un gran auge a la cultura y conocimiento de
la zona y por eso quisiera dedicárselo.
Pues bien, señorías, les voy a explicar la razón por la cual presentamos esta proposición no de ley aquí, en el Parlamento de España. La universidad de Santiago preparó hace unos años una red de estaciones biológicas que intentaba dar apoyo
a la investigación en el campo de la biología. Se creó la estación biológica de A Graña, en Ferrol; la estación hidrobiológica del Encoro do Con en Vilagarcía de Arousa y la estación biológica que estaba proyectada en O Courel, que no fue
realizada. Los objetivos de estas estaciones biológicas eran: dar apoyo a los grupos de investigación propios y externos; impulsar la formación de jóvenes investigadores procedentes de licenciaturas relacionadas, por supuesto, con medio ambiente
y, sobre todo, ser un foco de transmisión de conocimiento científico desde la universidad al propio entorno geográfico. La vocación de esas estaciones biológicas era poder crear posteriormente estancias para reuniones científicas y cursos allí
mismo en las estaciones y de esa manera potenciar, con los distintos intercambios de conocimiento científico, iniciativas y apoyos. Los antecedentes son importantes para entender la razón de esa proposición no de ley y también para entender por qué
no ha sido construida esta estación biológica. La universidad de Santiago, como he dicho, ya llevaba adelante en el año 2000 el plan de desarrollo estratégico para las estaciones biológicas, pero esa zona fue una de las que no salió adelante, por
múltiples causas aunque, sobre todo, fueron causas políticas porque no se consiguió una financiación, debido al color político de su ayuntamiento. Es muy difícil entender, sin embargo, que esos proyectos científicos de investigación, de docencia y,
sobre todo, de defensa del medio ambiente y del desarrollo sostenible de una zona sumamente deprimida como es O Courel, quedaran en tercer plano ante la construcción de un centro tan importante y las reacciones políticas que hubo en ese momento. A
pesar de ser una zona muy deprimida, su ciudad y su alcaldía cedieron una parcela de suelo edificable en el núcleo urbano de Seoane do Courel, cuyo territorio, en un 50 por ciento, está protegido y no se puede construir en él. Por eso tiene todavía
más mérito traer a este Parlamento una proposición de este tipo, porque la propia ciudadanía trató de ofrecer una oportunidad más para que se pudiera crear esa estación.
La estación fue concebida como un centro dedicado al estudio de la biología de las áreas de montaña de Lugo, sierra do Courel y los Ancares.
Desde allí se podrían facilitar las actividades de investigación de la universidad de Santiago de
Compostela y de otras instituciones. Los objetivos científicos son: en primer lugar, la investigación; el objetivo de la docencia y, sobre todo, el objetivo del desarrollo rural de la propia zona de O Courel. Dentro de la investigación se quiere
que éste sea un centro dedicado al estudio de la biología, de las áreas de montaña de O Courel y de los Ancares, posibilitando así el fácil acceso -por la ubicación que tienen las áreas interiores gallegas mejor conservadas- y las actividades de los
investigadores gallegos y de otras comunidades.
Esto supondrá, a su vez, un gran salto en la calidad de la investigación, ya que va a potenciar la actividad interdisciplinaria
y la cooperación entre los distintos grupos científicos; posibilitará, igualmente, un mejor conocimiento y ejecución y mayor rentabilidad científica a los proyectos de investigación de las distintas áreas y potenciará, por supuesto,
convenios de colaboración con investigadores y otros centros nacionales e internacionales con intercambio más eficaz de todos los conocimientos e ideas. Desde hace más o menos 16 años están trabajando allí constantemente investigadores que vienen
desarrollando su actividad en esas sierras surorientales de Galicia, con grandes limitaciones derivadas de la falta de infraestructuras, de investigación, así como limitaciones logísticas que son propias de la montaña, tratando de paliar este
déficit mediante viviendas alquiladas y constantes desplazamientos con la consiguiente pérdida de rentabilidad de su tiempo científico. La situación actual imposibilita el desarrollo de técnicas in situ, ya que han de realizarse posteriormente en
los laboratorios de los científicos y en su lugar de origen y, a pesar de eso, sigue habiendo en este momento de tres a seis investigadores constantemente en esa área, número que normalmente se duplica en las épocas de floración y la producción de
frutos. Aquí también se están llevando a cabo tesis doctorales, algunas financiadas en su totalidad por el Ministerio de Educación y Ciencia y, además de eso, hay adicionalmente dos investigadores que están contratados con cargo a proyectos de
investigación fijos. Si conseguimos la construcción de esta estación biológica de O Courel se aumentará el número de investigadores de forma muy importante y la producción científica se verá incrementada sustancialmente con varios departamentos de
distintos grupos, porque en este momento se ha creado ya una unidad científica, que se llama unidad asociada, que desarrollará toda su actividad y su trabajo de campo en esta estación biológica. Se pretende también que tenga una parte de docencia,
donde la universidad de Santiago de Compostela tiene previsto incorporar los programas de formación y prácticas de sus alumnos a las distintas titulaciones, siempre relacionadas con medio ambiente, al igual que cursos de verano y programas de
doctorado que se van a plantear allí.
También está el proyecto, dentro de la universidad de Santiago de Compostela, de cursos de formación de medio ambiente para alumnos de enseñanza media, tanto de la montaña lucense como de la población española
en general. Todo ello con una programación siempre estable de convenios con las distintas administraciones públicas y el sector privado.
Por último, quisiera recordar uno de los puntos más importantes para nosotros, los socialistas de Lugo y de Galicia, y es que ese desarrollo podría ser un desarrollo rural sostenido muy importante, tras diferentes actividades a desarrollar
en el marco de una estación biológica, como es la de O Courel; ello contribuiría, sin duda alguna, a convertir O Courel en un foco de cultura dentro de la montaña lucense. Estas actividades incidirían de forma muy positiva en la dinamización
económica, social, cultural y turística para esta zona tan deprimida y especialmente abandonada y a la vez haríamos un marco muy adecuado para la conservación de los valores naturales que tenemos. Solamente para que SS.SS. lo sepan, la sierra de O
Courel representa el 1 por ciento del territorio de Galicia y, sin embargo, recoge el 40 por ciento de la vegetación existente en Galicia y, a la vez, tiene plantas increíbles, que ya no existen siquiera en otras zonas del noroeste, como son las
plantas insectívoras, y esto es debido al aislamiento, a su gran montaña, a su capacidad y a sus propios humedales, laderas rocosas y un suelo muy pobre en nitrógeno. Por eso nosotros, los socialistas, hemos presentado esta proposición no de ley.
Imagino que todos los grupos apoyarán el desarrollo de una estación biológica en O Courel, instando al Gobierno a impulsar la creación de una estación biológica allí, orientada al estudio y protección de la biodiversidad de la sierra de O Courel, en
coordinación con los ministerios competentes como son el de Agricultura, el de Medio Ambiente y el de Educación y Ciencia y que se concierte el oportuno convenio con la universidad de Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de O Courel.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor García Díez para su defensa.
El señor GARCÍA DÍEZ: Igualmente, antes de comenzar mi intervención, me sumo a ese recuerdo especial en el día de hoy, festivo en Galicia por el día de las letras galegas.
Refiriéndome ya a lo que es la proposición no de ley que acaba de defender la portavoz socialista, la señora Salazar, quisiera decir, de entrada, que nuestro grupo está igualmente a favor de la creación de esta estación biológica porque,
entre otras cuestiones, ya se ha venido trabajando durante algunos años en este sentido por parte de distintas instituciones y de distintos grupos de acción local, como ahora plantearé. Por eso hemos presentado una enmienda que creemos que es
importante. La portavoz socialista no ha hecho referencia a ella y, por tanto, ignoro en este momento si la considera oportuna o si la van a rechazar, pero voy a explicar el motivo por el cual la hemos presentado, que no es otro que el de matizar,
dentro de lo que supone la creación y la potenciación de esta actuación, el marco competencial en el que se desarrollan o se deberían desarrollar estas actuaciones. Tal y como está hecha la propuesta del Grupo Socialista, es el Gobierno el que en
este momento crearía la estación biológica con unos convenios en los que no se menciona para nada al Gobierno gallego que, como ahora diré, tiene absolutamente todas las competencias y ha dado ya pasos en este sentido. Por eso nosotros introducimos
esa enmienda de modificación que lo que pretende es matizar y no dejar fuera al principal actor, al principal protagonista de esta actuación, que es la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia. Es evidente,
como ya se ha recordado aquí, que estamos hablando de una zona, la sierra del Courel, que constituye un referente de la máxima relevancia dentro de lo que es el conjunto de espacios que configuran el patrimonio natural de Galicia. No voy a
hablar ahora aquí ni de la diversidad de su flora ni de su fauna ni de sus paisajes; está fuera de toda duda, al igual que el valor de los conjuntos etnográficos y culturales que conforman en esta zona una de las más valiosas representaciones, como
le gusta decir a nuestro presidente del Gobierno -y en esto coincido con él- del noroeste peninsular. Forma parte de los lugares de interés comunitario. Así, fue declarada LIC, lugar de interés comunitario, la zona de Ancares-Courel, por una
directiva comunitaria; está declarada también zona de especial protección de los valores naturales, de acuerdo con el Decreto 72 de 2004 y, por otro lado, como decía hace un momento, la Consellería de Medio Ambiente está ultimando el plan de
ordenación de los recursos naturales con la intención de formular en este mismo año un proceso de participación pública encaminado a, mediante los oportunos consensos, la declaración de parque natural. Pero, evidentemente, el paso previo a esa
declaración de parque natural, es lo que se está elaborando en este momento, que es el plan de ordenación de los recursos naturales.
Como decía al principio de mi intervención, no podemos perder de vista el marco competencial en el que se basa nuestra enmienda, dado que el Estatuto de Autonomía de Galicia establece que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene la competencia
exclusiva del establecimiento de normas adicionales sobre protección del medio ambiente y del paisaje en los términos que la Constitución española fija en el artículo 149.1.23, pero además de esto, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma
el fomento de la cultura y de la investigación en Galicia, sin perjuicio de lo que establezca también la Constitución en su artículo 149.2. Por eso, en este sentido, la Comunidad Autónoma de Galicia aprobó el 21 de agosto del año 2001 la Ley 9 de
conservación de la naturaleza y esta ley, señorías, es un instrumento adicional a la conservación de los espacios naturales y a la biodiversidad. Por otro lado, la Consellería de Medio Ambiente mantiene contactos con la universidad de Santiago de
Compostela -en eso sí que estamos de acuerdo, en la necesaria colaboración con la universidad de Santiago y también se recoge así en nuestra enmienda-, pero también con la asociación Río Lor, que es la que en este momento gestiona como grupo de
acción local el programa Leader Plus en la sierra do Courel. Es importante, por tanto, no olvidar que uno de los principales actores -y esta es la filosofía de los programas de desarrollo rural- pueda quedar marginado mediante una iniciativa que,
en el fondo, insistimos, compartimos, pero que, si no se corrige y no se matiza en estos aspectos, pudiera tener como consecuencia que grupos de acción local que gestionan programas con importantes fondos comunitarios, como es el caso de la
asociación Río Lor, pudieran quedar al margen de la participación en este programa. La Consellería de Medio Ambiente, quiero recalcar también, posee consignación presupuestaria específica en los presupuestos de este año para abordar este enfoque.
Por todo ello, hemos presentado la enmienda que pretende, insisto, dejar bien claro que sea el Congreso quien inste al Gobierno a colaborar -dentro de ese respeto que debe prevalecer por encima de todo entre las competencias que tiene, por un lado,
la comunidad autónoma y, por otro, el Estado- con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, que es la que ha estado llevando esa iniciativa y que es el principal actor, no solo competencial sino también presupuestario, hasta la fecha,
para que mediante los oportunos convenios de colaboración con los ministerios competentes que pueden ser perfectamente los que cita en su proposición no de ley la diputada socialista, la universidad de Santiago, que también es citada, la asociación
Río Lor que, como dije hace un momento, no figura en el texto inicial y el propio Ayuntamiento do Courel, que es el que, entre otras cosas, ha puesto a disposición de las administraciones unos terrenos sin los cuales muchas veces es imposible
ejecutar estas acciones, se impulse la creación de esta estación biológica en este término municipal de O Courel con los fines ya anunciados. Espero que se pueda entender esta enmienda para que podamos sacarla por unanimidad, si es posible, porque
no tiene ningún objetivo oculto sino que, al revés, lo único que pretende es situar dentro del marco competencial lo que le debe corresponder a cada administración y que sean esos convenios los que determinen después, en cualquier caso, el nivel de
participación de la universidad, de la asociación, del Ayuntamiento, del Gobierno y de la consellería.
El señor PRESIDENTE: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Solamente quería exponer una cuestión respecto a esta proposición no de ley, porque entendemos perfectamente la propuesta, tal y como se hace por parte de la diputada que la acaba de exponer, y también entendemos
algunos de los argumentos -porque compartimos algunas cuestiones en concreto- que se hacen en la enmienda que se presenta. Pensamos que hay unas competencias que corresponden a los gobiernos autónomos -en este caso al Gobierno de Galicia- que no
solo hay que respetar, sino que en las actuaciones que se hagan desde el Gobierno central debe estar siempre clara la colaboración o la celebración de convenios entre una administración y otra. En ese sentido, pediría, si es posible, que se haga
una transacción con esta enmienda que se presenta, porque tampoco estoy de acuerdo con la enmienda en su conjunto, ya que, si el Gobierno central puede hacer un convenio con una entidad como es la universidad de Santiago, entiendo la necesidad, por
respeto a la cuestión competencial, del convenio con la Xunta de Galicia, pero
ya no tiene por qué ser así cuando en esos convenios tienen que entrar otras entidades e instituciones, como algunas de las que se acaban de comentar, la del Río Lor entre otras cosas, porque podemos tener también nuestra prevención al
respecto. En ese sentido, pediríamos que, si se puede, se llegue entre el grupo proponente y el grupo enmendante a una transacción en el sentido del reconocimiento competencial en cuestión de medio ambiente, porque efectivamente no compartimos
tampoco la enmienda en su totalidad.
El señor PRESIDENTE: Correspondería a la señora Salazar, en nombre del grupo proponente, fijar posición sobre la aceptación o no de la enmienda en su caso.
La señora SALAZAR BELLO: Quisiera explicar por qué el Grupo Socialista no va a aceptar esta enmienda con cuatro razones fundamentales, para que se entienda muy bien. Han pasado casi seis años desde el inicio del plan estratégico de la
universidad de Santiago de Compostela sobre las estaciones biológicas y sin embargo la única razón por la cual no se hizo esa estación biológica es por la discusión de su ubicación. El Partido Popular, políticamente, quería ubicarlo dentro de
Quiroga, que no correspondía al trabajo de campo que se estaba haciendo. En segundo lugar, porque el convenio que vamos a hacer es con una institución autónoma, que es la universidad de Santiago de Compostela con la que ya tenemos convenios y
pactos especiales desde el Gobierno central, donde no tiene nada que ver la comunidad autónoma y donde no nos metemos para nada en las competencias de medio ambiente. En tercer lugar, porque se firman unos apoyos de investigación con convenios y la
Comunidad Autónoma de Galicia tiene capacidad para seguir firmando esos convenios y dar mayor apoyo a las investigaciones. Quisiera recordarle al señor diputado del Partido Popular que dentro del propio libro Estados naturales se dice que son
varias las amenazas -y por tanto la Consellería de Medio Ambiente podría estudiarse esto- que permiten que esto pueda desaparecer, como son los vertederos de basura -que usted conoce muy bien y contra los que no se ha hecho nada-, la eliminación de
los bosques, las minicentrales de los ríos...
El señor PRESIDENTE: Señora Salazar, no abra otro turno de intervención.
Simplemente diga de forma breve si se acepta o no.
La señora SALAZAR BELLOS: No vamos a aceptar esta enmienda porque creemos que no se afecta a las competencias de la comunidad autónoma y porque es un convenio de colaboración con una institución autónoma como es la universidad de Santiago
de Compostela.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Solamente diré que lamentamos esta falta de sensibilidad en este caso porque, como quise dejar claro, no se trata de estar en contra de la iniciativa -la compartimos-, sino de intentar, como también decía la señora
Davila en su intervención, buscar una redacción alternativa que dejara bien claro que hay unas competencias que no se pueden ver alteradas. Nosotros no podemos apoyar la redacción por esa cuestión, pero si esto no fuera posible, lo sentiríamos,
evidentemente.
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTROL EN LA PESCA DE CERCO EN GALICIA, QUE TENGA COMO FINALIDAD ERRADICAR LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000678.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley que figura como punto quinto, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la elaboración de un plan de control en la pesca de cerco en Galicia, que
tenga como finalidad erradicar la utilización de explosivos. Para su defensa tiene la palabra el señor García Díez.
El señor GARCÍA DÍEZ: Estamos hoy con esta iniciativa abordando una proposición no de ley que había sido presentada ya hace algún tiempo y que lo que pretende, de alguna forma, es incidir o poner de manifiesto una problemática que se ha
puesto de manifiesto en los últimos años -concretamente los datos más preocupantes son de los años 2003 y 2004- en cuanto a la utilización de explosivos en determinadas artes -por llamarles de alguna forma, aunque habría que decir malas artes- en la
pesca de cerco y que en Galicia, igual que en otros puntos de la costa de España, han llevado a la preocupación de algunas cofradías y del propio sector. La Xunta de Galicia, a través de lo que era -y es todavía- la Subdirección General de control,
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación, hoy convertido todo ello, en su estructura orgánica, en un servicio de guardacostas gallego y en el marco, como decía, de la lucha contra el empleo de explosivos, en estos años a los que yo me
refería al principio, 2003-2004, desarrolló una serie de acciones conocidas probablemente por todas SS.SS. que se realizaron fundamentalmente en tres campos: el primer campo era -y sigue siendo- el de inspecciones sobre buques de la flota de
cerco. Para que se den una idea de en qué consisten exactamente estas inspecciones, simplemente les diré que se hacen en el puerto base donde están amarradas las embarcaciones, que se hacen por sorpresa, que se hacen minutos antes de hacerse a la
mar, cuando ya está toda la tripulación a bordo y cuando los motores de estos barcos ya están en marcha y que, por tanto, dan un resultado eficaz en la inspección, como decía hace un
momento. En este primer grupo de acciones, no fueron encontrados explosivos ni fue puesta de manifiesto ninguna acción, como decía, que hiciera temer este uso. Sin embargo, hay un segundo campo que es el control y registro de todas las
boyas, de las marcas, de las señales que figuran en los canales balizando las entradas y salidas de las rías, en las proximidades de la costa, etcétera, en definitiva, en las rutas de navegación que emplean habitualmente no solo las embarcaciones de
la flota de cerco sino también embarcaciones deportivas y de otro tipo. En este tipo de controles sí se han encontrado explosivos, como diré más adelante.
Finalmente existió un tercer campo, que eran las acciones de vigilancia y de acompañamiento de la flota de cerco durante el desarrollo de la actividad pesquera. Se vigilaban con mucha proximidad, con mucha cercanía, siempre evitando la
interferencia en las labores de pesca, y de esta manera no fue encontrado el uso de explosivos, o digamos que fue una acción disuasoria para utilizar los explosivos sabiéndose vigiladas estas embarcaciones.
De todo ello se ha elaborado una información que se remitió en su día a los grupos parlamentarios del Parlamento Gallego para su conocimiento, y ha sido, como decía hace un momento, en el segundo campo, en el control y registro de las boyas,
marcas y señales, donde se ha producido detección de explosivos, concretamente cartuchos, detonadores y mechas. Por tanto, podemos concluir que es muy probable, fruto de estas investigaciones, que estos explosivos, estos cartuchos, detonadores y
mechas, sean depositados en las bases de estas boyas o en las marcas mediante otro tipo de embarcaciones, no las propias de pesca, sino con pequeñas lanchas con motor o embarcaciones incluso de carácter deportivo, que dejan ya preparadas para su uso
para que las embarcaciones pesqueras las recojan de una forma muy rápida y en cantidades y dosis, por decirlo gráficamente, que se utilicen en un solo día de faena para que al regreso a puerto no lleguen con restos y puedan ser inspeccionados a
través de los servicios de guardacostas en el momento de la descarga.
No cabe duda de que la erradicación de las prácticas ilegales en la pesca debe ser un objetivo prioritario, y lo es, de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, y de forma particular el empleo de explosivos, y aunque, como decía hace un
momento, sigue siendo competencia, fundamentalmente el transporte y el control, de los servicios policiales -sobre todo, insisto, en la circulación y en su uso-, los servicios de inspección pesquera están desarrollando una gran iniciativa
requiriendo la presencia y la colaboración de la Policía y de la Guardia Civil para realizar controles preventivos, no solamente en los barcos, sino también en puertos y en las rutas entre canteras y otros focos posibles de utilización de estos
explosivos.
Durante los meses de julio y agosto del año pasado se encontraron explosivos fondeados en el mar, frente a Cabo Vilán, y en la entrada sur de la Ría de Vigo, entre las Sisargas y las islas Cíes. Pensamos que toda la labor desarrollada por
los servicios de inspección se vería considerablemente potenciada con actuaciones a iniciativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que ya tienen una formación específica en el manejo y en la manipulación de explosivos, particularmente la Guardia
Civil del Mar, que siempre contaría, como ya está contando, con toda la colaboración de los diferentes servicios implicados por parte de la administración gallega.
Por ello consideramos importante que se elabore un plan como el que proponemos, un plan específico, al margen de las medidas ya puestas en práctica estos últimos años. En este sentido se redacta nuestra propuesta, que contempla cuatro
aspectos: Por un lado, que el Gobierno promueva un plan de control para la pesca de cerco en Galicia que tenga como finalidad erradicar la utilización de explosivos. En segundo lugar, que se haga partícipe de este plan a la Guardia Civil como
cuerpo especializado en la vigilancia y tratamiento de explosivos. En tercer lugar, que se solicite a la autoridad competente de la administración de la comunidad autónoma la utilización de los medios marítimos que puedan contribuir a la solución
de este problema, que colaboren en ello. Y en último lugar, que a aquellos pescadores, aquellos marineros, que se confirme que han utilizado o utilizan estas prácticas se les pueda aplicar con el máximo rigor las sanciones que la ley contempla para
estas actuaciones. Esa es la propuesta en nuestros términos.
Finalmente haré una referencia a las enmiendas que hemos conocido y que intentaremos consensuar a lo largo de esta sesión, porque pensamos que están muy cerca de lo que es la propuesta de nuestro grupo. Quizá se reitera en los dos puntos de
la enmienda que presenta el Grupo Socialista alguno de los aspectos ya contemplados en cualquiera de los cuatro puntos propuestos por nuestro grupo, y si fuera posible podríamos llegar a su aceptación por la vía de la transaccional. En todo caso,
esperemos que sea aceptada por la mayoría o por unanimidad de todos los grupos por el interés general que tiene para el conjunto de la pesca en toda España.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a esta proposición no de ley se han presentado tres enmiendas, la primera de ellas del Grupo Parlamentario Mixto. La señora Fernández Davila tiene la palabra para su defensa.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Respecto a la utilización de explosivos, que efectivamente somos conocedores y conscientes de que está ocurriendo, no tenemos nada que añadir a todo lo que acaba de exponer el señor García Díez. Estamos
completamente de acuerdo con la necesidad de que se haga un programa o un plan desde el Gobierno central, que tiene la competencia en la cuestión de explosivos, pero teniendo en cuenta -y aquí volvemos otra vez al problema competencial- que, si bien
el Gobierno central tiene la responsabilidad
y la competencia en materia de explosivos, también es verdad que la Xunta de Galicia tiene algún nivel de competencia en la cuestión de la pesca de cerco, sobre todo en aquello que se refiere a la pesca de litoral. Por tanto, volvemos a lo
mismo de la proposición no de ley anterior y presentamos esta enmienda en el sentido de que la actuación que haga el Gobierno central esté coordinada con la Xunta de Galicia como administración que tiene las competencias que corresponden a esta
materia, independientemente de que desde nuestro grupo político defendamos en materia de pesca un nivel competencial mayor del que se tiene en este momento.
Por tanto, no podíamos dejar pasar esta proposición no de ley, con la que compartimos el fondo de lo que se plantea y los argumentos que acaba de dar el señor García Díez, pues efectivamente en el sector de la pesca de cerco es un clamor que
se actúe al respecto, porque si es cierto que actúan lo que podríamos denominar furtivos también es verdad que el sector no está por esta labor y está mucho menos por que un caladero de la importancia que tiene donde actúan estos barcos se estropee,
se acabe con él, por este tipo de prácticas furtivas, como decía anteriormente.
Por consiguiente, esperamos que se pueda llegar a alguna transacción con la enmienda del Grupo Socialista y lo que nosotros planteamos. Esa es nuestra postura.
El señor PRESIDENTE: Las otras dos enmiendas han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. La señora Porteiro tiene la palabra para su defensa.
La señora PORTEIRO GARCÍA: Señor García Díez, nos parece oportuna y necesaria la proposición no de ley que presenta su grupo. La explicación que usted ha hecho es la misma que podríamos hacer nosotros. Por tanto, no voy a insistir en
argumentos que usted ha dado, si acaso dar alguna información que justifica el matiz que nuestras enmiendas aportan a su iniciativa, básicamente porque entendemos que hay algo donde todavía se puede hacer algo más, y es impedir que la dinamita en
tierra llegue al mar. Cuando llega al mar es mucho más difícil de controlar, usted daba datos de que se sigue encontrando en lugares que no son exactamente las embarcaciones, pero lo importante sería que el material explosivo no llegase nunca al
mar.
Por eso el punto número 2 de nuestra enmienda insiste en este tema y consideramos que aporta algo verdaderamente novedoso a su iniciativa.
Nosotros pedimos que, contando con la colaboración de las autoridades competentes de la Xunta de
Galicia, se amplíen las actuaciones realizadas por la Guardia Civil destinadas a la vigilancia de posibles proveedores de explosivos en lugares próximos a las canteras, con el fin de impedir el transporte de la dinamita para su utilización en las
embarcaciones de pesca. Entendemos que aquí sí hay todavía un trabajo importante por hacer. Del mismo modo, en el punto número 1 de nuestra enmienda lo que estamos intentando es que este trabajo de control se haga en todo el caladero nacional, no
solamente en Galicia, y que se coordinen las actuaciones de las administraciones competentes, en este caso la Xunta de Galicia, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y por supuesto también la Guardia Civil.
Diríamos que estos son los dos matices que queremos aportar, recordando al resto de los miembros de la Comisión que quizá no sigan tan de cerca este tema que es un campo en el que el trabajo de inspección es importante y permanente y que,
como ya se ha dicho aquí, las inspecciones que se realizan en embarcaciones no dan frutos positivos desde que en el año 2000 en su momento se realizaron varias inspecciones y en algunos casos se encontró material a bordo de los barcos y se sancionó
pertinentemente.
A partir de ese momento, ni en 2001, ni en 2002, ni en 2003 ni en 2004, en todas las inspecciones que se han llevado a cabo en el mar en las embarcaciones, se ha podido encontrar dinamita, pero es evidente que se sigue utilizando.
Existe un operativo permanente entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Guardia Civil y la Xunta de Galicia para el control y erradicación de la dinamita en la pesca de especies pelágicas con artes de cerco y es cierto
que las administraciones emplean todos los medios materiales y humanos con que cuentan. Quizá lo que tendríamos que hacer sería que se incrementaran o que se coordinaran mejor. El día 10 de marzo pasado se celebró en A Coruña una reunión con
representación de todos estos organismos y también de la Federación Gallega de Cofradías de Pescadores, como seguramente usted conoce, señor García Díez, en la que, entre otras cosas, se manifestó la preocupación por el asunto que hoy estamos
tratando, por la cantidad de dinamita que parece que se mueve mensualmente con esa actividad.
Por ello, desde el acuerdo en el fundamento de su proposición no de ley, como le decía, y agradeciendo su manifestación de que podríamos llegar a un acuerdo transaccional antes de llegar a la votación de la misma, doy por presentadas
nuestras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, si se llega a un acuerdo, como ya indicó el señor García Díez en su intervención, ruego que el texto del mismo lo hagan llegar a la Mesa y será en su caso el que sería sometido a votación en el momento
oportuno.
- RELATIVA AL NUEVO REGLAMENTO DE FONDOS PARA LA PESCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000715.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley que figura en el orden del día, en este caso del Grupo Parlamentario Popular, relativa al nuevo reglamento de fondos para la pesca.
Para su defensa tiene la palabra el señor Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: La propuesta de reglamento de la Unión Europea ha sido muy criticada por el sector porque no da respuesta a las necesidades que hoy tiene este sector, parece más un reglamento de conservación de recursos que de apoyo
al sector pesquero. Desde el Grupo Popular consideramos que es imprescindible retomar las posibilidades de creación de sociedades mixtas en aquellos países con posibilidades de pesca, como nos ocurre por ejemplo con Marruecos, donde ya sabemos el
deseo que tenemos todos -Unión Europea, Gobierno español y sector- de un nuevo acuerdo de pesca con Marruecos, pero hasta ahora Marruecos es reticente a renovarlo en las condiciones en que se había hecho anteriormente y hablan de nuevos tipos de
acuerdo, soluciones innovadoras, alternativas, y yo creo que las sociedades mixtas no pueden estar ajenas a esta petición que hace Marruecos.
También hay que retomar el apoyo a las nuevas construcciones, no podemos convertir nuestra flota en obsoleta y mucho menos en peligrosa, y hay que dotar a los barcos de mayor capacidad selectiva de pesca.
En cuanto a la acuicultura, el reglamento prevé ayudas a las microempresas, pero no creemos que eso deba ser así, debe ser a todas las empresas, a todo tipo de inversión, a los que más tecnología apuesten, a todo el que aporte algo en
beneficio de la acuicultura.
La propuesta de reglamento que hay sobre la mesa limita también la declaración de zonas altamente dependientes de la pesca por el tamaño de la población, o sea, aguas jurisdiccionales de poblaciones de más de 100.000 habitantes quedarían
fuera, y poblaciones como Vigo, Coruña, Cádiz o Algeciras quedarían fuera de esta posibilidad.
No se tiene en cuenta tampoco la colaboración entre científicos y sector, y entendemos que es una situación a la que hay que dar respuesta.
Se menciona el apoyo a la flota artesanal, pero sobre medidas de difícil aplicación, y lo realmente necesario es que se fijen unas medidas destinadas a la renovación y modernización de esta flota tan importante para España.
Es necesario establecer también un sistema de garantía financiera para acceder a las entidades de crédito, para lo cual lógicamente hace falta contar con fondos comunitarios, de lo que el reglamento no dice nada.
En la propuesta de reglamento han quedado excluidos los planes de gestión en base al reglamento 2371/2002 para que puedan ser financiados por la Unión Europea. Nosotros consideramos fundamental esta actuación.
En cuanto a la dotación financiera, en febrero del año pasado el Gobierno del Partido Popular negoció que el nuevo acuerdo dispusiera para toda la Unión Europea de un montante de 7.500 millones de euros. Por la propuesta de reglamento que
se ha acordado con el nuevo Gobierno del Partido Socialista parece que se dispondrá de 4.963 millones de euros, un 34 por ciento menos. Por si esta situación no fuera ya grave, Francia y Alemania, amigos entre comillas del nuevo Gobierno español,
han propuesto rebajar incluso del 1,15 por ciento del PIB al 1 por ciento, con lo cual esa reducción tan importante del 34 por ciento podía ser aún mayor. Aquí hay que decir, porque es verdad y lo hemos venido diciendo desde siempre, que España va
a salir muy perjudicada, y lo va a ser por las concesiones sin contrapartida que el Gobierno socialista realizó en el acuerdo de Niza. Hemos perdido fuerza y poder y ahora nos tendremos que aguantar con lo que decidan otros.
Nosotros planteamos, conociendo lo que ha expuesto el nuevo Gobierno a la Comisión y que no ha sido recogido en el nuevo reglamento, una serie de propuestas de políticas activas que venían siendo una exigencia del sector. Es necesario que
nos pronunciemos aquí y apoyemos estas reivindicaciones del sector sobre qué medidas deben ser propuestas para su incorporación en el proyecto de reglamento y que actualmente no han sido recogidas con la importancia que tienen para el período
2007/2013.
Ante eso hemos presentado esta proposición no de ley, en la que pedimos que el Congreso inste al Gobierno a que, mediante los mecanismos más idóneos, realice las gestiones de cara a conseguir incorporar en el nuevo reglamento del Fondo
para la pesca las siguientes cuestiones: Primera, que los planes de gestión desarrollados según el reglamento 2371/2002 puedan ser atendidos con financiación del Fondo, tanto para los tripulantes como para los armadores. Segunda, que las
sociedades mixtas creadas en los países con posibilidades de pesca dispongan de financiación del Fondo de forma suficiente. Tercera, que las medidas socioeconómicas incluyan ayudas a los jóvenes pescadores que pretendan acceder a la propiedad de un
buque. Cuarta, que las construcciones de buques que incorporen nuevas tecnologías para la realización de una pesca selectiva y respetuosa con el medio puedan recibir ayudas a fondo perdido. Quinta, que la contribución del Fondo sea ampliada a la
modernización de la flota, especialmente en aquellos elementos que contribuyen al cumplimiento del compromiso de Kioto. Sexta, que los proyectos de acuicultura no tengan limitaciones en cuanto a su tamaño y coste para ser financiados, siempre que
sean respetuosos con el medio ambiente. Séptima, evitar la exclusión de zonas de pesca que puedan recibir financiación del Fondo en función del tamaño poblacional. Octava, que las colaboraciones entre científicos y sector reciban apoyo financiero.
Novena, oportunidad de crear con el Fondo de pesca un fondo de garantías suficiente para atender la necesidad de avales que demande el sector. Décima, que la flota artesanal mantenga un trato diferencial que posibilite su renovación y
modernización, con especial mención a utilizar financiación para incrementar su seguridad mediante la construcción de embarcaciones insumergibles. Undécima, que se solicite al presidente del Consejo de Ministros comunitario y al presidente de la
Comisión Europea la disposición para
el Fondo de pesca de una dotación de al menos 7.500 millones de euros.
Esta es la propuesta que presenta el Grupo Popular. Hemos recibido dos enmiendas que hemos transaccionado. En un ejercicio de responsabilidad el Grupo Popular ha considerado que nos jugamos mucho en esta negociación, ya que la Unión
Europea no ha aceptado las propuestas del Gobierno español, con las que sí estamos de acuerdo, en temas tan importantes como nuevas construcciones, renovaciones, sociedades mixtas, planes de gestión, acuicultura, incremento de fondos... Nosotros
queremos apoyar al Gobierno y hacemos una transacción incorporando a nuestros puntos lo que viene recogido en la enmienda que presenta el Grupo Socialista, incluso incrementada. Nosotros consideramos que es válido, que es lo que el sector quiere, y
apoyamos al Gobierno en esta negociación. Lo difícil es que el listón está muy alto, no porque lo hayamos puesto nosotros, sino porque ha rebajado mucho nuestras condiciones la Unión Europea en su borrador de reglamento.
Nosotros apoyamos al Gobierno y le instamos a que consiga todo lo que tanto en nuestra proposición no de ley como en su enmienda se propone, que va a redundar en beneficio del sector. Deseando suerte en esta negociación porque es
fundamental, recordando que es una lástima que hayamos perdido fuerza para conseguir estos logros, estamos con el Gobierno y con el sector en la consecución de estos logros.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente a esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, la primera del Grupo Parlamentario Mixto. La señora Fernández Davila tiene la palabra.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Presentamos esta enmienda a esta proposición del Grupo Popular porque, estando de acuerdo con los once puntos que en ella se plantean e incluso estando de acuerdo en los apartados que se añaden en la propuesta de
enmienda del Grupo Socialista, consideramos oportuno presentar lo que manifestamos por lo que respecta a la consideración de Galicia como zona de especial atención pesquera debido a que en los antiguos fondos IFOP sí había algunas zonas europeas que
estaban así consideradas, caso de Irlanda, y teniendo en cuenta que las características pesqueras de Galicia no eran distintas a las de Irlanda, es más, tradicionalmente la importancia del sector pesquero en Galicia es mayor desde el punto de vista
del PIB de lo que puede ser en Irlanda o por lo menos está al mismo nivel, y esa misma circunstancia del reconocimiento de los fondos IFOP de Galicia como zona especial no se dio por una razón completamente extemporánea en estos momentos, que fue
utilizar como criterio para esta evaluación el censo del año 1978, momento en que el Estado español no formaba parte de la Unión Europea.
Por tanto, entendemos que se debería debatir dentro de la Comisión Europea de Pesca esta característica que
nosotros entendemos que tiene Galicia y que dentro de los fondos sería muy positivo para el Estado en general y concretamente para nuestro país, precisamente por la vinculación y la importancia económica que tiene el sector pesquero.
De todas maneras, entendiendo los argumentos que acaba de exponer el diputado del Grupo Popular, somos conscientes de que la propuesta que se hace es mucho más generalista y está relacionada con los fondos a todos los niveles de la pesca en
todo el territorio del Estado español y que probablemente incluir una propuesta mucho más concreta pueda crear algún tipo de desvirtuación en el enfoque que se le da desde la posición del grupo que presenta la proposición no de ley. En ese sentido
nosotros podríamos retirar esta enmienda si hay un acuerdo de transacción con la que presenta el Grupo Socialista, reservándonos la libertad de presentarla en otra ocasión para seguir realizando el debate en el sentido que yo explicaba de la
importancia para Galicia de ser considerada como zona especial de pesca para el reparto de los fondos europeos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Ceferino Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Voy a empezar por la última intervención. Señora Fernández Davila, agradezco en nombre de mi grupo su comprensión, y yo le digo aquí que, si hay en el nuevo reglamento del Fondo una mención especial a un territorio,
intentaremos que Galicia figure también de manera específica.
Nosotros no quisiéramos hablar de la etapa anterior, porque el pasado no se puede cambiar, pero es necesario hacer alguna precisión para entender lo que está pasando ahora. Señor Sánchez Ramos, valorando muy positivamente su intervención,
el problema en este caso no es Niza. El Fondo europeo de pesca y su propuesta de reglamento son el resultado de una política pesquera que comenzó a marcar un rumbo negativo para España hace años. Usted tiene que coincidir conmigo en que el Grupo
Popular no supo defender el papel de España como primera potencia pesquera de la Unión Europea y también como primer mercado, y ahí empezamos con los problemas. El resultado de la pérdida de peso de España en la política común de pesca explica que,
bajo Presidencia española -recordemos-, el señor Fischler nos presentara una reforma de la política común pesquera contraria a nuestros intereses, reforma que por cierto al final contó con la bendición de nuestro Gobierno. De esa reforma, de esa
política que estamos ya sufriendo de rebajas, vienen estos resultados. De todos modos, yo tengo que decir que valoramos muy positivamente la preocupación que demuestra el Grupo Popular en su propuesta. Después de escuchar al señor Sánchez Ramos,
considero una pena que no fuera él el responsable en el anterior Gobierno de la política pesquera. De haberlo sido, seguramente la remodelación de la flota artesanal estaría en mejores condiciones después de doce años, doce años con fondos IFOP.
Sabemos que la asignación final de
fondos corresponde a las autonomías, pero desde el Gobierno se podía haber hecho algo más. Yo le doy un dato: en Galicia la remodelación afectó al 3 por ciento de la flota después de doce años de fondos IFOP. Por eso ahora es muy difícil
hacer entender a la Unión Europea que la renovación de la flota artesanal es una prioridad para España, cuando en doce años se renovó en alguna comunidad, como Galicia, el 3 por ciento de la flota, siendo una prioridad. Para nosotros sigue siendo
una prioridad, lo compartimos, pero hay que entender que el tema no nos lo dejaron fácil.
En los últimos años el sector pesquero español -es un dato objetivo- perdió peso en la política común de pesca y también perdió muchas ayudas por tener una
administración pesquera distante y despreocupada que no informaba debidamente al sector. El señor Arias Cañete -y no queremos especular sobre el porqué- tenía más interés en hacer oposición frontal y patriota a la Comisión Europea que en resolver
los problemas, se olvidaba de que España está en la Unión Europea y debe contribuir a su gobierno, y además que como potencia pesquera debía ejercer como Gobierno y no jugar a ser minoritario. Tengo que decirle que en el poco tiempo que lleva el
actual Gobierno aprendió la lección y está restableciendo puentes en la Unión Europea, no sólo con los amigos de Alemania y Francia, porque no son suficientes para este tema e incluso a veces no hay coincidencias, sino con un núcleo muy amplio de
países, y por otra parte practicando de cara al sector una política de información y colaboración para que se aprovechen todos los fondos de la Unión Europea, incluidos los que están por aprobar.
Entrando en el estudio de la proposición no de ley, tenemos que reiterar que tampoco nos gusta la propuesta de reglamento del Consejo del Fondo Europeo de Pesca. Esta postura la dejó clara la ministra en la reunión del Consejo de Ministros
europeo de noviembre pasado, al plantear la posición española fundamentada en la necesidad de corregir una visión desequilibrada y continuista de la actual política pesquera. En definitiva, el Grupo Socialista y el Gobierno -y creo que la mayoría
de la Comisión, por lo que acaba de decir el señor Sánchez Ramos y la señora Fernández Davila- consideran prioritario lograr los objetivos que se recogen en nuestra enmienda de sustitución, que puede entenderse, como decía el señor Sánchez Ramos,
como una transacción, porque recoge lo fundamental de lo planteado por el Grupo Parlamentario Popular y en el fondo no deja fuera tampoco la propuesta del Grupo Mixto. Lo que hacemos es matizar, no el fondo sino aspectos formales, para hacerlas
viables y también ampliamos en nueve propuestas más la proposición del Grupo Popular. Estas propuestas en conjunto pasan por la definición de una política pesquera que siendo respetuosa con los contenidos medioambientales, integre los relativos a
la competitividad, al mantenimiento de la rentabilidad, los de sostenibilidad y defensa del empleo, que mejore sustancialmente la formación y las condiciones de trabajo de los pescadores, especialmente los de la pesca artesanal, que incorpore las
conquistas sociales y las condiciones de habitabilidad y navegación dignas. En resumen, se trata de defender un reglamento que posibilite el desarrollo de una política de pesca europea equilibrada. De todos modos, conseguir los objetivos que
defiende el Gobierno, y que espero que la mayoría de la Cámara comparta, no va a ser una tarea fácil.
Primero, porque en los últimos años nuestra política pesquera en la Unión Europea y nuestras alianzas nos llevaron a perder peso a favor de
concepciones no favorables a nuestros intereses en la orientación de la política pesquera de la Unión Europea. Además, dentro de la Unión Europea hay una mayoría de países sin grandes intereses pesqueros directos que son sensibles a llamadas no
siempre desinteresadas de políticas de sostenibilidad que consideran en gran parte incompatibles con la pesca.
Estas políticas no reconocen la pesca responsable de nuestros pescadores y asimismo entienden que la pesca de la Unión Europea en aguas
exteriores no contribuye al desarrollo de los países atrasados. Aquí también hay un desconocimiento importante del trabajo de una parte importante de las empresas mixtas en el desarrollo de países menos desarrollados. De todas maneras, hay que
entender que no es fácil cambiar esas tendencias asumidas por una parte importante de la opinión pública europea, pero no es imposible. De todos modos, señorías, gobernar no es refugiarse en la herencia recibida para no hacer nada o hacer poco.
Por ello, el Grupo Socialista está en condiciones de demostrar que el Gobierno, conocedor de las circunstancias que condicionan el reglamento, tiene planteadas una serie de propuestas que individualmente y en conjunto atienden a los intereses de
nuestra flota. Estas propuestas están consensuadas con el sector e intentan alcanzar los objetivos de la propuesta del Grupo Popular -y esto no es campaña gallega-, tratando de sumar el apoyo de otros Estados con los que hay que contar para que
prosperen nuestras enmiendas. Señorías, todos sabemos que la obligación del Gobierno no es presentar propuestas para contentar íntegramente a sectores más interesados en posturas radicales que en el resultado de las negociaciones, sino sacar
adelante ideas positivas para el sector pesquero en general que beneficien nuestros intereses. Por este motivo, para alcanzar resultados positivos matizamos la formulación de la propuesta del Grupo Popular y formulamos nuestra propuesta de
sustitución, que recoge el fondo de la propuesta del grupo proponente y matiza las formas y las amplía en nueve propuestas más para facilitar que pueda alcanzar resultados positivos. Todos ustedes tienen el texto de nuestra propuesta. Como les
digo, no queda nada fuera. Ampliamos al conjunto de las propuestas hoy encima de la mesa de negociación y esperamos el apoyo unánime de la Comisión, porque como bien decía el señor Sánchez Ramos, una posición unánime de este Parlamento va a servir
para reforzar nuestra posición en la Unión Europea, y le agradezco en este tema su sensibilidad.
Por último, quiero decirles que el tema no está en la misma posición que estaba hace unos meses, sino que hubo avances ya importantes pero de momento insuficientes; avances como flexibilizar el plazo de duración máxima de los planes de
ajuste pesquero; aumentar a seis meses los plazos para adoptar los planes; modificar y flexibilizar los mecanismos para calcular las ayudas; incorporar las medidas financiables, la situación de los trabajadores y la situación del mercado;
continuar financiando embarcaciones auxiliares de la acuicultura; abrir la relación cerrada de medidas financiables; incluir financiar las campañas experimentales; la posibilidad de financiar la rehabilitación de lonjas; avances también en la
definición de zonas eliminando el tamaño de los municipios a la hora de limitar las zonas; y una cuestión que nos parece importante, corregir el mensaje negativo dado al sector y del sector a la sociedad. Estos son avances ya conseguidos en este
momento, aunque hay otros pendientes.
Estamos lejos de sentirnos satisfechos. La discusión continúa y pese a las dificultades de las que hablábamos, confiamos en que el Gobierno consiga mejorar sustancialmente esta última propuesta. Reitero el
agradecimiento a los grupos que van a apoyar esta enmienda, que consideramos también transacción, para que contemos en Bruselas no solamente con la oposición del Gobierno, sino con el respaldo a esta posición del conjunto de la Cámara, que va a
reforzar nuestra capacidad de negociación.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
El señor Sánchez Ramos había expresado el acuerdo, pero si quiere ratificarlo, puede intervenir.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Creo que es importante que hoy aquí tengamos una postura común de todos los españoles; el sector se lo merece. Nos sentimos satisfechos por haber colaborado a dar fuerza y unanimidad a la posición española. Les
deseamos suerte en la negociación, cosa que hasta ahora no ha habido con otros fondos, pero todo eso puede cambiar, y desde luego nuestro deseo es que todo salga lo mejor posible.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS CÁMARAS AGRARIAS.
(Número de expediente
121/000024)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo bloque de esta Comisión.
En primer lugar, corresponde ratificar la ponencia que en su momento fue designada por parte de todos los grupos parlamentarios de esta Comisión, para establecer el trabajo relativo al proyecto de Ley por el que se deroga la Ley 23/1986, de
24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias.
Pido a la Comisión que ratifique por asentimiento esta ponencia, para pasar al debate del trabajo que esta ponencia ha realizado. ¿Se acuerda así ratificar esta ponencia? (Asentimiento.)
Gracias.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE DEROGA LA LEY 23/1986, DE 24 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS
CÁMARAS AGRARIAS. (Número de expediente 121/000024)
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el debate del proyecto de Ley por el que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las cámaras agrarias. El formato
del debate es que intervienen los grupos parlamentarios de menor a mayor, en un único turno de diez minutos, para la defensa de las enmiendas que han quedado vivas después del trabajo de la ponencia en esta Comisión. Una vez que se produzca la
intervención de los grupos en defensa de sus enmiendas, se producirá la intervención de aquellos grupos -en este caso el único que no tiene es el Grupo Parlamentario Socialista- que no tengan, en un único turno y también por un periodo de diez
minutos, para fijar la posición que estime oportuno sobre estas enmiendas, y luego procederemos a la votación de las mismas en el mismo orden en que se ha producido su defensa. Éste es el modelo tasado que hay. Solamente lo explicaba porque como
es la primera vez que en este periodo parlamentario consideramos un proyecto de Ley en esta Comisión, para que lo conocieran aquellos diputados o diputadas que por primera vez se incorporan a la misma. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, quisiera pedir la benevolencia de la Presidencia y de los señores portavoces para que me dejaran intervenir en primer lugar, además voy a ser muy breve. Tengo que intervenir en la Comisión de
Interior, en la que está el señor ministro del Interior, y pediría esta cortesía parlamentaria a usted como presidente, a la Mesa y a los señores portavoces.
El señor PRESIDENTE: Nuestra obligación es facilitar la tarea, sobre todo de los grupos minoritarios, que tienen más dificultades. Entiendo que por parte de la señora Fernández Davila no hay ningún problema.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Si el señor Mardones promete ser breve.
El señor PRESIDENTE: Con una promesa específica de brevedad voy a dar la palabra el señor Mardones, que mantiene vivas cuatro enmiendas, las números 9, 10, 11 y 13. Para su defensa el señor Mardones tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias a la portavoz del Grupo Mixto, BNG. Posiblemente haga uno de los discursos más cortos de mi vida parlamentaria.
Retiro las enmiendas números 9 y 10. Mantengo para su votación en los términos en que están hechas sus justificaciones las enmiendas números 11 y 13, en razón de guardar una garantía -no tiene otra finalidad, y en el trámite del Senado, si
lo hubiere, se podrían retirar también- con respecto al personal contratado, personal laboral o funcionariado, para que si hay algún caso en España -en Canarias no lo hay- de funcionarios contratados o de personal administrativo en las respectivas
oficinas de las cámaras, salvaguardar sus derechos. La enmienda número 12 ya se asumió en ponencia en una enmienda transaccional del Grupo Socialista y, por tanto, no hay que votarla. Por tanto, solamente quedan para su votación en sus justos
términos las enmiendas número 11 y 13. Reitero mi agradecimiento por la cortesía que se me ha prestado.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, ha cumplido usted su palabra.
El Grupo Mixto tiene dos enmiendas vivas, las números 7 y 8.
Tiene la palabra la señora Fernández Davila para su defensa.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Mantenemos vivas estas dos enmiendas por una misma razón y el argumento que podemos dar para una es válido para la otra. En concreto, la enmienda número 8 podríamos retirarla si en parte de la enmienda que
presentamos no estuviera también incluido algún concepto que tiene relación con la enmienda número 7, que tiene que ver con la cuestión de la representatividad. Nos parece bien el acuerdo al que se acabó llegando en ponencia sobre la nueva
disposición adicional única y la disposición transitoria única que añadió la ponencia al proyecto de ley, pero seguimos discrepando en la cuestión de la representatividad, en el sentido de que en esa disposición adicional única -y ahí es donde
radica la discrepancia- se considera la representatividad cuando se tenga el 10 por ciento en todo el territorio del Estado español. Desde nuestro punto de vista, esto es un retroceso en prácticas que se venían teniendo con anterioridad a los
últimos años y que, por ejemplo, en el caso del sindicalismo obrero sigue estando en la Ley de libertad sindical de una manera totalmente distinta, aunque en la práctica también el sindicalismo obrero que se dio en los últimos años es el mismo que
se recoge en este caso en este proyecto de ley de disolución de las cámaras agrarias. Es decir -y lo doy como argumento, no como base jurídica para lo que estamos debatiendo-, en la Ley de libertad sindical se recoge que las centrales sindicales
serán representativas en el ámbito de Estado y ante la Administración central cuando tengan más del 15 por ciento de representación en la comunidad autónoma en la que participen.
Eso en los últimos años quedó en la práctica derogado, aunque no en
la ley, y en el proyecto de ley, tal como se acordó en ponencia, de esta disolución de las cámaras ya se recoge que para que las organizaciones profesionales agrarias sean representativas, tienen que tener el 10 por ciento en el conjunto del
territorio del Estado y no un porcentaje determinado en la comunidad autónoma en la que participen. Como grupo político nacionalista no podemos estar de acuerdo porque consideramos que esto niega la capacidad de las organizaciones autónomas de
ámbito autonómico a organizarse o cuando menos niega la posibilidad y la capacidad de los agricultores a organizarse en sindicatos propios autónomos al territorio al que pertenece, en este caso pueden ser las nacionalidades históricas como Galicia o
Cataluña o Euskadi, o cualquier otra comunidad autónoma, porque en este sentido no vamos a hacer ningún tipo de diferenciación. Por tanto, mantenemos las dos enmiendas, la enmienda número 7 porque está relacionada concretamente con la consideración
de interlocutor ante la Administración central de las organizaciones profesionales agrarias representativas autonómicamente, y la número 8, que, repito, estaríamos de acuerdo con lo que se acordó en ponencia, pero discrepamos justamente en el
apartado d) del punto 2, donde se hace mención específica a que serán reconocidas como representativas las organizaciones profesionales agrarias que hayan obtenido en dicho ámbito, es decir, en el del territorio del Estado, el 10 por ciento de los
votos válidos. Por tanto, vamos a mantener las dos enmiendas, sin que esto signifique que no podamos en Pleno modificar nuestra postura.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Davila, le quiero hacer una pequeña aclaración. La Comisión de Agricultura en este tema tiene plena competencia legislativa, por tanto posteriormente no hay Pleno. Lo digo por si tiene usted que tomar
alguna determinación de aquí al comienzo de la votación.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias.
El señor PRESIDENTE: En tercer lugar, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds hay vivas tres enmiendas, la 4, la 5 y la 6. No veo en la sala a ningún portavoz de este grupo
parlamentario, por tanto las enmiendas decaen.
El Grupo Parlamentario Vasco mantiene una enmienda viva después del trabajo de ponencia, la número 2. El señor Txueka tiene la palabra para su defensa.
El señor TXUEKA ISASTI: También voy a ser muy breve. Es una enmienda de modificación de determinados párrafos de la exposición de motivos. Como ya manifestamos en el Pleno, la exposición de motivos de este proyecto puede inducir a pensar
que lo que se pretende mediante el proyecto es extinguir las cámaras agrarias, cuando tanto en su contexto competencial como en el literal lo único que se hace es que una ley estatal posterior deroga una anterior, pero no extingue a las cámaras
agrarias en cuanto a corporaciones de derecho público reguladas por normas autonómicas. La sentencia del Tribunal Constitucional de 1999 ya decía que las cámaras agrarias son corporaciones vinculadas a la Administración de las comunidades autónomas
y no a la Administración del Estado.
Independientemente de que la relevancia de las cámaras quedó ya muy reducida, también lo es que la decisión sobre su extinción en todo caso la deben de tomar las comunidades autónomas competentes, puesto que su
disolución o supresión, como ha citado la sentencia anterior y también la de 1989, les corresponde de acuerdo a dichas sentencias y de acuerdo al ordenamiento que existe en esta materia. Por tanto, vamos a seguir manteniendo, para que queden claras
dichas competencias y dicha formulación, esta enmienda que, vuelvo a decir, se refiere a determinados párrafos de la exposición de motivos y no a la redacción de los distintos articulados.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) mantiene seis enmiendas vivas, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. El señor Grau tiene la palabra para su defensa.
El señor GRAU I BULDÍ: En aras al consenso en este proyecto de ley, mi grupo va a retirar nuestras enmiendas, con el ruego de poder explicar nuestra posición en la Comisión.
Cuando se produjo el debate de totalidad de este proyecto de ley en el Pleno -sí que se ha puesto de manifiesto que prácticamente se había rechazado por la totalidad de los grupos- ya anuncié que sólo se guardaba el número de la ley y el
título no, pero definitivamente el título de la ley sí se guarda, y esto es una mala praxis en una ley del calado de ésta, que en definitiva trata de resolver una situación de más de veinte años y en la que la realidad se sobrepone a la problemática
del sector.
Incluso, como decía el señor Txueka del el Grupo Parlamentario Vasco, ya hay una transferencia de competencias y determinadas comunidades autónomas hemos hecho los deberes en el sentido de resolver el tema del patrimonio de las cámaras
agrarias sin realizar elecciones agrarias y sin intentar al menos una incardinación con todos los grupos estatales para dar voz al sector. No se ha resuelto el tema de dar voz a los agricultores, a los sectores agrarios de las comunidades
autónomas, tanto en el ámbito de Estado como en el ámbito de comunidades supranacionales, y me refiero más estrictamente al tema de la Unión Europea. Esperamos que esta ley tenga sus frutos después de la nueva ley de la representatividad y que
seamos todos capaces de conseguir en esta legislatura una nueva ley que resuelva esta situación que esta derogación pretende resolver. Esta situación se ha generado a partir de un texto de devolución al proyecto de ley del Gobierno que sale de esta
Cámara mejorado, porque nuestro grupo entendió en su momento que una enmienda de devolución hay que mejorarla al menos con texto alternativo. En este caso, aunque el articulado era único -es decir, se deroga-, sí que habría que mantener unas
salvedades que se han respetado en esta ley; salvedades que en nuestro caso particular no afectan explícitamente a Cataluña, porque, como he dicho antes, el tema está ya resuelto, pero en la voluntad de la generalidad de las soluciones sí que era
necesario mantenerlas para las comunidades autónomas que no las habían resuelto. La necesidad de escuchar al sector era una de las aspiraciones que el sector nos hizo llegar, como supongo que le hizo llegar al Grupo Socialista y a los otros grupos
de la oposición en esta Cámara, hoy también a los grupos del Gobierno. Por ello, nuestro grupo, en aras al consenso, retira las enmiendas, porque en el texto de la ponencia ya se han transaccionado todas ellas, pero sí quería dejar claro que estas
enmiendas han abierto la posibilidad de esta ley alternativa, de este texto definitivo de la ponencia y la voluntad de que esto tuviera una aceleración mayor de la que tenemos, por ejemplo que se tuviera la ley en seis meses como mínimo.
Hemos
transaccionado que sean dos años, en la voluntad -y no como en el texto inicial de la ley, que eran tres años- de que éste no fuera un tema que se abría en esta legislatura, que decaía y que podía abrirse y negociarse en la legislatura posterior.
Por esta razón, nuestro grupo entendía que habría que acelerar los trabajos o las conversaciones, para que al menos sí que podamos decir en esta legislatura que hemos hecho los deberes y que tenemos la solución al tema de la representatividad
agraria a nivel del Estado español. La enmienda número 22, que también retiramos, en definitiva era -y técnicamente lo entendemos así- una derogación.
Nosotros entendemos que la modificación no es una modificación, sino una derogación. Así
entendemos el informe del letrado a este respecto y por tanto lo aceptamos. Por eso decía que en esta ley no se salvaba ni el título y este título se va a salvar técnicamente. Por ello, entendemos que hay que retirarla.
Finalmente, desde el respeto a las competencias autonómicas, esta representatividad de las comunidades autónomas debe ser respetada, y aún aceptando las puntualizaciones del portavoz del PNV, nuestro grupo va a votar en contra de su
propuesta por el acuerdo al que hemos llegado en el ámbito general del texto de la ley, que esperamos sea de alguna forma la solución a este
tema. Esperamos que en otras propuestas que pueda realizar el Grupo Socialista a este tema escuchen más al sector y que de alguna forma no seamos los otros grupos los bomberos o los apagafuegos de la creación de una alarma social.
Esperamos que este consenso de la mayoría de los grupos de la Cámara que se obtiene hoy y que va abrir las puertas a la solución de este problema, sea una situación previa, no una situación hecha con la premura de unas negociaciones rápidas para
cumplir con las fechas. No debemos decir que se han cumplido por parte del grupo proponente, del grupo que sustenta al Gobierno, los objetivos de un programa electoral y que si este cumplimiento va para adelante bien, y si no va para adelante
también, porque como ya se había cumplido el objetivo del programa, este tema se olvidaba. Entendemos que buscar soluciones es en definitiva escuchar, negociar y en una situación anómala o reiteradamente mantenida como difícil, el diálogo es
bastante más importante. El diálogo es importante de cara a que todos los grupos políticos, que también escuchamos a los sectores, los podamos oír conjuntamente. Esperamos que este talante del que presume el equipo de Gobierno se utilice en la
elaboración de la ley. Espero que este tropezón -y permítaseme esta palabra- se resuelva con un buen texto en esta legislatura que respete el aspecto competencial que corresponde a las comunidades autónomas y que respete a las organizaciones
agrarias, tanto autonómicas como estatales, y así obtengamos un texto que satisfaga a todos. La intervención que tenemos que realizar desde el Congreso, que puede parecer una limitación de la capacidad de decisión de la propia organización agraria
y de su representatividad, ha de reflejar las necesidades y las aspiraciones del sector, y la nueva ley que nazca para las cámaras agrarias habrá de ser positiva.
El señor PRESIDENTE: Aprovecho para indicar que la votación de las enmiendas al proyecto de ley que quedan vivas de cada grupo parlamentario se hará en bloque. Por tanto, si algún grupo desea que se vote alguna de ellas de forma separada o
parte de una enmienda, por favor, que lo haga llegar a esta Mesa para tenerlo en cuenta antes de la votación.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Popular, que mantiene vivas las tres enmiendas presentadas a este proyecto de ley números 15, 16 y 17. La señora Naharro de Mora tiene la palabra para su defensa.
La señora NAHARRO DE MORA: Señorías, con estas tres enmiendas parciales, el Grupo Parlamentario Popular quiere ratificar su posición respecto al proyecto de ley de derogación de la Ley 23/1986, de las Cámaras Agrarias, que ya defendimos en
el pleno con la enmienda a la totalidad. Tal y como se presenta este proyecto de ley, no ofrece solución a las cuestiones jurídicas, patrimoniales ni de personal de las cámaras y, mucho menos, al establecimiento de un sistema que sustituya al
actual en cuanto a la representatividad del sector agrario. El proyecto de ley que presenta el Gobierno genera una grave inseguridad jurídica en comunidades donde no se ha legislado nada en esta materia; en las comunidades en las que se ha
legislado en el ámbito de sus competencias, teniendo como base la ley estatal, la aprobación de esta nueva ley no implica la desaparición de las cámaras agrarias. Estamos de acuerdo en que las cámaras agrarias han perdido gran parte de las
funciones para las que fueron creadas y, por supuesto, creemos necesario dar una solución a esta problemática. A pesar de que en esta enmienda transaccional al texto de la ponencia se cambia el periodo de tres años a dos años para el cual el
Gobierno debe presentar una nueva normativa de representatividad, nos parece excesivo y, además, de no aplicarse este plazo, no se produciría ninguna consecuencia jurídica con el consiguiente problema que se generaría. Por otro lado, respecto al
informe de la ponencia, la disposición transitoria única no aclara mucho --no sabemos si las elecciones van a ser a cámaras agrarias, a consejos asesores o a qué órganos-, y consideramos que, con este proyecto de ley, se le resta importancia a una
cuestión que creemos que es fundamental en el sector agrario. Por tanto, mantenemos la misma posición que en el pleno y, por ello, las tres enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Ramón tiene la palabra.
El señor RAMÓN TORRES: Para fijar posición aun cuando ya la habíamos expuesto en el pleno y también, el otro día, en la primera reunión de la ponencia.
Ratificamos el texto original que nos había presentado el Gobierno -estábamos de acuerdo en la necesidad de derogar la Ley anterior de las cámaras agrarias-, pero ya habíamos hecho saber al Gobierno el problema en el texto originario de cómo
quedaba la representatividad en el campo después de este proyecto. También comentamos en el pleno que, después de una negociación con varios grupos, habíamos intentado solucionar el problema de la representatividad, que teníamos que asegurar la
representatividad de forma transitoria hasta que el Gobierno nos presentara el nuevo proyecto de ley, que es donde van a tener cabida todas las reivindicaciones que todos los grupos hemos hecho hoy, y no en la disposición transitoria, porque
debíamos de asegurar la representatividad que teníamos hasta ahora y más cuando en el periodo que marcaba el Gobierno para la nueva ley había periodos electorales en muchas de las comunidades autónomas, que podían cambiar el mapa de representación
actual. El Gobierno nos presentaba en el texto originario congelar esta representación y nosotros entendimos que era un mal favor a estas comunidades autónomas y a muchas de las organizaciones profesionales agrarias que tienen en esas elecciones el
marco para buscar la democracia en el campo; entendíamos que iba en detrimento de la democracia y de la representatividad.
Como aquí se ha comentado, seguramente en muchas de las comunidades autónomas no están así diseñados, y nosotros creíamos que era bueno que estuvieran como en Cataluña y como desde hace mucho tiempo se ha buscado esta representatividad en el
campo. Nosotros entendíamos que de manera transaccional habíamos de buscar una solución. El texto que se ha transado conserva bastante la voluntad que había anteriormente, es decir, todo lo positivo que tenía la Ley de cámaras agrarias, lo
correspondiente a la representatividad; también se ha comentado por varios portavoces que las cámaras agrarias servían para poco así como lo que teníamos hasta ahora. Creo que hemos hecho un gran favor a la democracia en el campo transando este
texto, conservando durante estos dos años la representatividad que teníamos hasta ahora y no la que había. Como han comentado algunos grupos, que su intención es aprovechar la disposición transitoria para intentar incorporar todas las demandas
políticas que tengamos cada grupo en lo que tiene que ser el nuevo proyecto de ley, entendemos que no es el momento. Lo bueno será que, cuando se presente el nuevo proyecto de ley, todos los grupos políticos, también las organizaciones
profesionales agrarias y todo el sector, intenten incorporar el máximo de demandas para que el nuevo proyecto de ley de representatividad sea de consenso, que estemos todos de acuerdo y que sea el proyecto de ley necesario. En la disposición
transitoria tendríamos que incorporar algunas demandas históricas que tenemos sobre todo los grupos nacionalistas. Como decía la señora Fernández Davila, será un buen momento para modificar los porcentajes en el proyecto de ley, para que la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias de cada comunidad autónoma tenga un peso específico mayor en el ámbito estatal.
Nos congratulamos de que en el texto que hemos consensuado entre varios grupos se asegure la representatividad, de que las nuevas elecciones que han de venir en este periodo puedan marcar quién o quiénes han de ser las organizaciones
profesionales que sean más representativas y de que sean las que tengan esa representatividad ante el Estado. En cuanto a la disposición adicional única quiero señalar el patrimonio, tema que también creíamos que quedaba bastante ambiguo, muy
colgado; nosotros entendíamos que, como mínimo, este patrimonio se destinara al servicio del interés general agrario. Entendemos que el proyecto de ley tiene que ir mucho más allá, tiene que estar más consensuado y tiene que aceptar muchas de las
demandas, sobre todo de las comunidades autónomas que están haciendo las elecciones. Visto como está todo, votaremos en contra de todas las enmiendas que queden vivas porque el texto que ha sido transado al día de hoy es bueno y el proyecto de ley
tal como quedará será bastante acorde con nuestros intereses.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Alonso tiene la palabra.
El señor ALONSO NUÑEZ: Muy brevemente, señor presidente.
En primer lugar reitero que, a juicio del Grupo Socialista, el documento que figura como texto en la ponencia mejora sustancialmente el contenido de la ley y sobre todo, y quizá es lo más importante, da respuesta a las inquietudes que habían
sido planteadas por distintas organizaciones profesionales agrarias con relación a la representatividad en el ámbito estatal. Nadie ha discutido hasta este momento que es procedente la derogación de la Ley de bases de las Cámaras Agrarias y quizá,
efectivamente, dada la inquietud sobre el periodo transitorio, desde la derogación de esta ley hasta la elaboración de una ley de representatividad en el ámbito nacional, deberíamos establecer un procedimiento más garantista, que es lo que hemos
hecho al introducir esta disposición transitoria única, que fija el procedimiento de determinación de las más representativas en el ámbito estatal durante el tiempo que transcurra desde la derogación de la Ley de cámaras hasta la elaboración de una
ley de representatividad. Por tanto, el Grupo Socialista quiere agradecer la disposición de los grupos que han facilitado este acuerdo -Convergència i Unió y Coalición Canaria, en el orden estrictamente formal del documento de ponencia-, pero
quiere reiterar que las conversaciones que mantuvimos alcanzaron también al Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña y al Grupo de Izquierda Unida, con los que llegamos a un acuerdo final respecto a la redacción, acuerdo este seguramente que
justifica la no presencia hoy del portavoz de Izquierda Unida, que suscribió el documento que da base al texto final de la ponencia.
Con relación a las enmiendas que se mantienen vivas, las dos enmiendas de Coalición Canaria que se refieren al personal de las cámaras, tanto laboral como funcionario, lógicamente, no vamos a poder votarlas a favor puesto que estamos seguros
de que los derechos funcionariales, laborales, sindicales de los trabajadores de las cámaras agrarias están perfectamente garantizados con los reales decretos de transferencia y las legislaciones laboral y de la Función Pública. Por tanto, no
parece procedente incorporar aquí condiciones a los derechos laborales o funcionariales, que, repito, están incluidos en los reales decretos de transferencia. Con relación a la enmienda número 8 del Grupo Mixto quiero decirle a doña Olaia que está
fielmente recogido el procedimiento de determinación en el texto de la ponencia, y con relación a la enmienda número 7, efectivamente, esta ley fija las organizaciones más representativas en el ámbito estatal, lo que no quiere decir que la
representatividad en el ámbito autonómico no pueda estar fijada y determinada por cada una de las comunidades autónomas. Si queremos tener una interlocución seria y rigurosa, lógicamente hay que concretarla en unas organizaciones profesionales
agrarias, que, al menos, obtengan el 10 por ciento de votos en el ámbito nacional. Con relación a la enmienda viva del Grupo Vasco (PNV-EAJ), estamos absolutamente de acuerdo en que las comunidades autónomas
son las que tienen competencia; precisamente a partir de la derogación de esta ley, las comunidades autónomas podrán decidir -y, de hecho, decidirán- si mantienen las cámaras con la actual estructura o la modifican adaptándolas a su ámbito
competencial propio, pero no parece procedente derogar la mitad de la exposición de motivos para algo que desde nuestro punto de vista es obvio y que no se modificaría con la introducción de esta enmienda de sustitución. Con relación a las
enmiendas del Partido Popular es difícil entender que se mantengan vivas, enmiendas que están justificadas en la presentación de una enmienda de totalidad que no prosperó, e intentando buscar coherencia al mantenimiento de la decisión, que se
proponga la derogación artículo por artículo. No sé qué pasaría si alguna de estas enmiendas prosperara, señora portavoz del Partido Popular, nos parece que es una posición no coherente con la pérdida de la votación de la enmienda de totalidad. En
cualquier caso, en coherencia con el mantenimiento de la norma, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el buen hacer de todos, como debe ser, como la votación era a la una y hemos terminado antes, suspendemos la sesión hasta la una en que procederemos a la votación. (Pausa.)
Vamos a votar los asuntos tratados tal cual aparecen y han sido debatidos en el orden del día. La primera proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, fue retirada. En consecuencia, pasamos a la que aparece con
el número 2, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a que adopte medidas para periodificar los cobros del seguro agrario.
El señor GRAU I BUDÚ: Señor presidente, hay una propuesta transaccionada.
El señor PRESIDENTE: Esta proposición no de ley tiene una propuesta transaccional. Antes de la votación necesito preguntar a los grupos si alguno se opone a que se le dé curso a la misma, toda vez que no tiene el sustento preceptivo de
enmienda presentada a la proposición no de ley.
(Pausa.)
No habiendo ninguna dificultad, se vota en los términos de la transacción que se ha derivado del debate de la misma.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 3, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación del certificado veterinario específico del anexo XI del Real Decreto 3454/2000. Había una enmienda presentada
por el Grupo Popular que no ha sido aceptada, por tanto, se vota en los términos de la propia proposición.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley también del Grupo Socialista que aparece en número 4 del orden del día, relativa a la creación de una estación biológica en O Courel (Lugo). Esta proposición no de ley tenía una enmienda del
Grupo Popular que no ha sido aceptada, por los cual se vota en los términos de la misma.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la proposición no de ley del número 5 del orden del día, del Grupo Popular, relativa a la elaboración de un Plan de control en la pesca de cerco en Galicia, que tenga como finalidad erradicar la utilización de explosivos. Esta
proposición no de ley se vota en los términos de una transaccional a que se ha llegado sobre el texto de la proposición no de ley, las dos enmiendas del Grupo Socialista y una del Grupo Mixto. Procedemos a la votación en los términos de esa
transacción acordada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley que aparece en el orden del día con el número 6, del Grupo Popular, relativa al nuevo reglamento de fondos para la pesca.
También existe una transaccional. Pregunto si es correcto sobre la base del texto de la
proposición no de ley y la aceptación como enmienda de adición presentada por el Grupo Socialista, en este caso en que ha sido retirada la enmienda del Grupo Mixto. (Pausa.) Procedemos a su votación en los términos de su transacción.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Continuamos con la votación del orden del día. Procede ahora la votación del proyecto de ley por el que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. La
ratificación de la ponencia que corresponde con el número 7º del orden del día ya se
hizo en tiempo y forma. Por tanto, corresponde directamente la votación de las enmiendas. En primer lugar, del Grupo Mixto, en este caso de la señora Fernández Davila, las enmiendas 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
En segundo lugar, corresponde la votación de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, concretamente las que aparecen con los números 11 y 13, toda vez que la 9 y la 10 fueron retiradas por el señor portavoz en su intervención.
Procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 15, 16 y 17 en este caso del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, la votación del informe de la ponencia. Se vota de manera conjunta toda vez que ningún grupo ha pedido votación separada de ninguna de sus partes.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Agradeciéndoles su trabajo, se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.