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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 217, de 09/03/2005
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2005 VIII Legislatura Núm. 217
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO GUTIÉRREZ VEGARA
Sesión núm. 13
celebrada el miércoles, 9 de marzo de 2005
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la defensa ante la Unión Europea del mantenimiento de la tributación reducida del IVA para los servicios de peluquería y los trabajos de albañilería para la reparación de viviendas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente 161/000644.) ... (Página 2)
- Relativa a la adecuación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, a la normativa comunitaria en relación al tratamiento de las subvenciones no vinculadas al precio y la regla de prorrata. Presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unio). (Número de expediente 161/000594.) ... (Página 4)
- Para la reforma del mercado hipotecario. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. (Número de expediente 161/000607.) ... (Página 8)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias:
- De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para estudiar la situación de la economía social en España.
Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 158/000014.) ...
(Página 12)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos (Fernández Ordóñez) para informar sobre:
- La posición del Gobierno respecto a los incentivos al ahorro a largo plazo. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 212/000397.) ... (Página 14)
- El contenido esencial y el calendario de aplicación del plan de prevención del fraude fiscal. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/000423.) ... (Página 14)
- El tratamiento fiscal que el Gobierno pretende desarrollar por adquisición de vivienda. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000083.) ... (Página 15)
- La reforma fiscal anunciada, ante las reiteradas contradicciones mostradas por el Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/000202.) ... (Página 15)
Preguntas:
- Del señor Heredia Díaz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre previsiones del Gobierno en relación al aumento de las ayudas a las familias que tienen entre sus miembros a una persona discapacitada.
(Número de expediente
181/000522.) ... (Página 15)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA DEFENSA ANTE LA UNIÓN EUROPEA DEL MANTENIMIENTO DE LA TRIBUTACIÓN REDUCIDA DEL IVA PARA LOS SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA PARA LA REPARACIÓN DE VIVIENDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000644.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Empezamos con el primer punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la defensa ante la Unión Europea del mantenimiento de la tributación reducida del IVA para los servicios de peluquería y los trabajos de albañilería para la
reparación de viviendas, presentada por el Grupo Popular.
Para su exposición tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó para su debate en esta Comisión una proposición no de ley relativa a la defensa ante la Unión Europea del mantenimiento de la tributación reducida del IVA para
los servicios de peluquería y los trabajos de albañilería para la reparación de viviendas. En efecto, la Directiva 1999 de 1985 autorizó que el IVA se aplicara con un tipo reducido a determinados servicios que hacen un uso intensivo de mano de
obra. Esta autorización, sin embargo, se limitó a un período experimental de sólo tres años, con el objeto de comprobar el impacto que tenía la medida en la creación de los puestos de trabajo y en la lucha contra la economía sumergida.
La directiva permitía que los Estados miembros solicitaran la aplicación de los tipos reducidos a dos o, en casos excepcionales, a tres de las cinco categorías de servicios contemplados. El Reino de España propuso
los servicios de peluquería y los trabajos de albañilería para la reparación de viviendas, y con fundamento en esta directiva aludida la Comisión autorizó que hasta el 31 de diciembre de 2002 los Estados miembros aplicaran el tipo reducido
del IVA al 7 por ciento. Lo cierto es que al vencimiento de este primer plazo el Consejo aprobó una nueva directiva en diciembre de 2002 para prorrogar un año más, hasta el 31 de diciembre de 2003, los tipos reducidos aplicables a título
experimental, dando así una garantía de continuidad y seguridad jurídica, a expensas de realizar una evaluación en profundidad de los resultados de este experimento.
El día 2 de junio de 2003, la Comisión emitió un informe evaluando la eficacia de la medida y con fecha 23 de julio de ese mismo año 2003 la Comisión presentó una propuesta de directiva con vistas a la simplificación y racionalización de los
tipos reducidos de IVA. La citada propuesta preveía la desaparición del anexo K y la inclusión en el anexo H de los bienes y servicios sometidos al tipo reducido de IVA, sin observar en este nuevo anexo la actividad de la peluquería. Lo cierto es
que, debido a numerosas divergencias en el Consejo, no se consiguió aprobar una nueva directiva y se procedió, ante el riesgo de la inseguridad jurídica que podría crearse entre los Estados miembros que aplicaban tipos reducidos, a proponer una
nueva prórroga de la directiva del año 1999 hasta el 31 de diciembre de 2005. Esta propuesta se limita, pues, a modificar la fecha límite de aplicación de la directiva, sin ningún otro cambio. Por lo tanto, no se pronuncia sobre las propuestas de
racionalización y simplificación formuladas ni sobre las solicitudes de los Estados miembros destinadas a modificar o añadir sectores beneficiarios de dichas medidas. La Comisión no propone modificar el nivel de los tipos de IVA ni suprimir el
carácter facultativo de los tipos reducidos.
¿Cuál es la situación actual? Pues que quedan diez meses para que venza el plazo de esta segunda prórroga; que, según nuestras noticias, en la actualidad existe una postura firme de cinco Estados miembros -ya la tenían antes- que no son
partidarios de que se mantenga el actual sistema de IVA reducido, y también sabemos que la última propuesta de la Comisión Europea ha incluido los servicios de peluquería, que no habían sido recogidos en la anterior propuesta. El Gobierno del Reino
de España tomó parte activa en la adopción de los acuerdos comunitarios de los años 1999, 2003 y 2004, que no resultaron nada fáciles por las divergencias existentes entre los países, y también el Gobierno del Reino de España contó con el
inestimable apoyo de las organizaciones representativas de la peluquería de España en su objetivo de defender el IVA al 7 por ciento. En este sentido, quiero reconocer en la Comisión el trabajo y el interés demostrado por la Federación española de
imagen personal, peluquería y belleza y también el trabajo de la Federación de empresarios de peluquería y estética de Galicia.
Señorías, estamos hablando de un sector muy importante en la economía española por distintos motivos. Si nos atenemos al personal remunerado dependiente del sector de la peluquería, observamos que desde que entró en vigor este IVA reducido
no ha cesado de incrementarse el número de empleados: si en el año 2001 había 72.880 y en 2002, 81.176, en el año 2004 el personal remunerado ascendía a 86.909 personas. Y quiero significar que estamos hablando del empleo que más demanda en este
momento la sociedad española, empleo femenino y empleo de personas jóvenes. Por otra parte, también se ha incrementado el número de empresas del sector de la peluquería, que ha pasado de 65.621 en el año 2001 a crecer hasta 72.011 empresas en el
año 2004. Por lo tanto, es una evidencia que la aplicación de un IVA reducido para los servicios de peluquería ha incidido muy decisivamente en la creación de empleo y en el incremento del número de empresas, pero también en la reducción de los
costes, de los precios de los servicios de peluquería, y por tanto ha beneficiado que nuestra inflación no se incrementase.
¿Por qué traemos, por lo tanto, esta iniciativa? Porque en este momento se dilucida en los órganos competentes de la Unión Europea la discusión sobre si se prorroga o no, sobre si se mantiene o no, o si, por el contrario, esta
simplificación y racionalización pudiera llevar a la desaparición de estos tipos reducidos. Nosotros creemos que no debe producirse esta situación y queremos que el Gobierno del Reino de España, que nos consta que está trabajando a través de la
Reper y de otros organismos en la línea que nosotros propugnamos, cuente con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de los Diputados para que esto le dé ánimo y fuerza en esta gestión. La no concesión para el
próximo período de un IVA reducido para los servicios de peluquería traería, sin duda, una disminución en la contratación, probablemente implicaría la reducción del número de empresas de peluquería y supondría una detracción en las demandas de los
servicios y, lógicamente, una repercusión del IVA en el coste final del producto. Por lo tanto, señorías, pido a todos ustedes, que representan a los grupos parlamentarios del Congreso, que apoyen esta iniciativa que busca convertir en definitiva
esta situación de IVA reducido para los servicios de peluquería y de trabajos de albañilería para la reparación de viviendas, porque esta medida es buena para la peluquería española y en general para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista, que va a defender la señora doña Carolina Castillejo.
Cuando quiera tiene la palabra.
La señora CASTILLEJO HERNÁNDEZ: Como ya ha expuesto el grupo proponente, la Directiva 1999/85, de 22 de octubre, modificó la Directiva 77/388, Sexta
Directiva del Consejo en materia de IVA, en lo que se refiere a la posibilidad de aplicar con carácter experimental un tipo reducido de IVA para los servicios de gran intensidad de mano de obra, servicios de peluquería y trabajos de
albañilería. Esta medida, como también se ha dicho, tenía una vigencia inicial de tres años y actualmente se encuentra prorrogada por acuerdo del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Dice el grupo proponente en su exposición de motivos que la
adopción de esos acuerdos no estuvo exenta de dificultad -nosotros, evidentemente, no lo ponemos en cuestión- y que el Gobierno anterior tomó parte activa de esta decisión con el apoyo de las organizaciones representativas de la peluquería española.
El Grupo Socialista, como supongo que el resto de grupos, ha sido y es conocedor de las demandas de estos sectores porque hemos mantenido contactos con las asociaciones y reconocemos y compartimos las consecuencias que el tipo reducido del
IVA ha tenido para el sector en cuanto a precios, creación de empleo y creación de empresas. En estos momentos se está debatiendo en el seno del Consejo una propuesta presentada por la Comisión en junio de 2003 por la que se modifica la Sexta
Directiva en la parte relativa a los tipos impositivos. En esta propuesta se pretende proceder a la racionalización de los supuestos en los que los Estados miembros puedan aplicar los tipos impositivos reducidos, así como una posible ampliación de
los mismos. Fruto de esa consideración y de ese conocimiento de la situación del sector al que hacemos referencia, la posición mantenida por el Gobierno español en estos debates del Consejo es la de defender la aplicación de un tipo reducido para
los servicios de peluquería, como ha venido siendo habitual en los últimos años. Por tanto, y sin acritud, se solicita que nuestro Gobierno actual tome conciencia de la importancia del tema que nos ocupa, y decimos a los redactores de la iniciativa
que no es necesario tomar conciencia de lo que se es consciente. No obstante, sí es necesario poner de manifiesto que la resistencia de otros países a admitir esta ampliación ha impedido que hasta la fecha se alcance el consenso necesario sobre
esta cuestión.
Es evidente, como sabemos todos y como sabe el grupo proponente, que esta no es una cuestión que dependa en exclusiva de la voluntad del Gobierno de España y que efectivamente está defendido con toda firmeza, como solicita la iniciativa, el
mantenimiento de la tributación reducida para los supuestos citados. Por ello, desde la consideración positiva de que los matices en política son muy importantes, y ajustándonos a la realidad de la acción política del Gobierno, hemos querido
presentar una enmienda de modificación que insta al Gobierno -y este es el matiz- a continuar defendiendo en el Consejo su actual posición, que es la de mantener la tributación reducida en el IVA para los sectores citados. Es una enmienda que
presentamos con la voluntad de transmitir y aclarar cuál es la actitud real del Ejecutivo ante la cuestión que se nos plantea y que espero que el grupo proponente acepte.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las intervenciones de los portavoces.
En primer lugar tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Catalán.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a apoyar la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular que hace referencia a la defensa ante la Unión Europea del mantenimiento de la
tributación reducida del IVA para los servicios de peluquería y para los trabajos de albañilería para la reparación de viviendas, ya que nosotros compartimos la necesidad de que el Gobierno pueda desarrollar de una forma activa una actitud positiva
y potente en defensa de la permanencia de la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido a aquellos servicios en los que esté incorporado un considerable porcentaje de mano de obra intensiva.
Desde esta perspectiva, como ya pudimos manifestar cuando se realizó la primera trasposición en la legislatura pasada, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que la posibilidad de esta
prórroga favorece a aquellas cuestiones que afectan a negocios muy concentrados en pequeñas y medianas empresas y en un alto porcentaje de mano de obra.
El señor PRESIDENTE: Señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Intervengo para agradecer su posicionamiento a los grupos parlamentarios que han intervenido. En relación con la enmienda planteada desde el Grupo Parlamentario Socialista, la vamos a aceptar porque nos parece que se
ajusta a lo que nosotros hemos manifestado y contribuye a que el acuerdo tenga todavía mayor efectividad.
- RELATIVA A LA ADECUACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, A LA NORMATIVA COMUNITARIA EN RELACIÓN AL TRATAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES NO VINCULADAS AL PRECIO Y LA REGLA DE PRORRATA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000594.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la adecuación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, a la normativa comunitaria en relación con el
tratamiento de las subvenciones no vinculadas al precio y la regla de prorrata, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Catalán ha presentado una proposición no de ley que va en la dirección de modificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, que hace referencia a la prorrata sobre el valor
añadido a los efectos de poder eliminar la obligación de aplicar la susodicha regla de prorrata en los supuestos de percepción por parte del sujeto pasivo de subvenciones no vinculadas a precio que se destinen a financiar actividades empresariales o
profesionales del mismo, adecuando así esta ley a lo establecido en el derecho comunitario. Esta iniciativa pretende beneficiar fiscalmente a una serie de organizaciones y entidades de tipo cultural, social y entidades vinculadas a la
investigación, al desarrollo y a la innovación, sin olvidar que si esta iniciativa prospera ayudará a aquellas entidades públicas de prestaciones de servicios vinculadas a las administraciones locales y a las autonómicas. No podemos perder de vista
que, en caso de prosperar, saldrán beneficiadas de dicha iniciativa todas aquellas empresas públicas que reciban subvenciones de las administraciones central, local y autonómica.
Existe un precedente que va en la misma dirección de esta iniciativa presentada por nuestro grupo parlamentario y que data concretamente del año 2003, cuando la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea por su legislación sobre la deducción fiscal del IVA en caso de percepción de subvenciones, por considerarla contraria a las disposiciones contenidas en la directiva 77/388 de la CEE en materia de armonización de legislaciones de los Estados
miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de los negocios, al sistema común del impuesto sobre el valor añadido y a la base imponible uniforme, cuyo procedimiento judicial está pendiente de sentencia.
La Sexta Directiva permite a los Estados miembros la articulación de un mecanismo para que aquellos contribuyentes que realizan al mismo tiempo actividades sometidas al régimen general del IVA y actividades exentas de la repercusión del
impuesto puedan deducirse el IVA soportado en un porcentaje proporcional al peso de las actividades económicas efectuadas bajo el régimen general en el conjunto de la actividad económica total de dicho contribuyente, que es lo que se define como
regla de prorrata. Esto funcionó perfectamente hasta el año 1997, fecha en la cual la legislación española extendió la aplicación de la regla de prorrata a unos contribuyentes muy diferentes a los contemplados en la normativa comunitaria,
concretamente a aquellos contribuyentes que perciben subvenciones vinculadas a su actividad económica -es el caso de las entidades que perciben subvenciones vinculadas a la realización de actividades culturales, científicas o de carácter social-,
que, por el mero hecho de percibirlas, se ven imposibilitados para recuperar una parte del IVA que han soportado en el ejercicio de sus actividades. La normativa española cae en el despropósito de gravar aún con más IVA a las entidades que las
propias administraciones subvencionan. Esta modificación ha supuesto un gran perjuicio económico para muchas entidades de carácter social y cultural o entidades que perciben subvenciones por su actividad investigadora. También ha supuesto un claro
perjuicio para entidades vinculadas a la prestación de servicios de administraciones territoriales, especialmente de comunidades autónomas, ayuntamientos y entes locales, en los ámbitos del transporte, la limpieza, el abastecimiento de aguas, así
como para todas las empresas públicas que no van a poder deducirse un porcentaje importante del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas a causa de la aplicación de esta regla de prorrata del IVA.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), teniendo en cuenta que la Comisión Europea ha denunciado formalmente al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, nosotros entendemos que, teniendo en cuenta
el perjuicio que desde el año 1999 viene gravando a estas organizaciones, la mayoría de ellas sin ánimo de lucro, sería el momento oportuno de que existiera consenso entre todas las formaciones políticas para poder eliminar este despropósito que se
implementó en España a partir del año 1998.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Teniendo en cuenta que estamos a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte de manera inminente una sentencia en relación con la denuncia planteada por la Comisión Europea contra el reino de
España por la forma en la que se ha procedido a la trasposición de la Sexta Directiva, en relación con la incorporación de las subvenciones no vinculadas al precio recibidas a la hora de determinar el denominador para el cálculo de la regla de
prorrata, consideramos que la prudencia aconseja esperar a conocer la interpretación auténtica del precepto en cuestión. Es discutible que la Sexta Directiva faculte, tal y como dispone en su artículo 19, a que los Estados miembros incluyan en el
denominador de la regla de prorrata el importe de las subvenciones que no estén vinculadas al precio, por lo que la proposición no de ley planteada para la eliminación de dicha inclusión, en todo caso, no respeta la literalidad de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior, y una vez conocido el criterio del Tribunal de Justicia sobre si el mero hecho de recibir las subvenciones en cuestión obliga indefectiblemente a la aplicación de la regla de prorrata, sería el momento de
plantearse la oportunidad de dar una solución definitiva que conjugue la normativa europea aplicable con los intereses de la Administración tributaria y los perceptores de las subvenciones.
Por todo ello, nuestro grupo no votará a favor de esta proposición planteada por Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Como ya saben SS.SS, el impuesto sobre el valor añadido, IVA, creado por la Ley 37/1992, tiene como objetivo y filosofía ser un impuesto neutral, pues en las distintas fases de la actividad económica los
distintos sujetos pasivos van deduciendo el IVA soportado y van repercutiendo el IVA en función del valor añadido que le incluyen en el precio del producto, de ahí que el nombre sea el de impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, quien va a
soportar el IVA definitivo va a ser el consumidor final, y con ese criterio, lógicamente, la Ley 37/1992, en sus artículos 102 y 104, establece una regla de prorrata. ¿Qué significaba eso? En definitiva, que aquellos empresarios o sujetos pasivos
que no pudiesen deducir la totalidad del IVA se transformaban de hecho en un consumidor final. Es decir, si no se puede repercutir el IVA es que hay que soportarlo y en ese caso se transforma en consumidor final. Entonces se inventa -aunque esta
palabra no sea la más exacta- un sistema llamado regla de prorrata. ¿Qué significa la regla de prorrata? Que el sujeto pasivo solamente podría deducir el IVA soportado en función del IVA que pudiese repercutir. Se trata de una regla de prorrata
que no guarda demasiada relación técnica con la realidad. Tal y como han explicado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en el numerador se ponen todos los importes de las enajenaciones que llevan IVA y en el denominador se
ponen las enajenaciones que llevan IVA más las que no tienen IVA. Esa proporción es lo que permite después deducir el IVA soportado. Esta regla no es muy exacta, pero es una manera más o menos técnica para cumplir el objetivo del IVA. Por tanto,
el consumidor final no puede deducir todo el IVA que puede repercutir.
La proposición no de ley de Convergència i Unió parece que pretende que todo tipo de subvención no influya en la regla de prorrata. Quiero pensar que eso es una mala redacción de la proposición no de ley, porque si hubiere actividades
diferenciadas, unas que estuviesen sujetas y exentas de IVA y otras no, está claro que por la subvención que se perciba tiene que aplicarse la regla de prorrata al igual que por cualquier input que tuviese la empresa. Estamos diciendo que si solo
se puede deducir en proporción a lo que se puede repercutir, obviamente una subvención no deja de ser un ingreso como otro cualquiera. Nosotros solo apoyaríamos la proposición no de ley si se refiere única y exclusivamente a cuando el sujeto pasivo
tiene el derecho a deducir la totalidad de su IVA. No está muy claro, y esta puede ser una enmienda in voce que proponemos a Convergència y Unió.
La Ley 66/1997 -en aquel entonces el Gobierno estaba apoyado por el Partido Popular-, con entrada en vigor el 1 de enero de 1998, modifica los dos artículos vinculados a la regla de prorrata, el 102 y el 104 de la Ley del IVA, e introduce
que en la regla de prorrata van a incidir las subvenciones que no estén vinculadas al precio. Las subvenciones que están vinculadas al precio llevan el IVA automáticamente, por tanto no inciden en la regla de prorrata, pero aquellas que no
estuviesen vinculadas al precio sí van a incidir en la regla de prorrata. Además, esta ley busca un artificio fiscal para solucionar el tema de las subvenciones de capital cuando son para bienes determinados o para un bien en concreto. Como digo,
se trata de un artificio fiscal, pero es demasiado engorroso; hay opciones, y se puede aplicar la regla de prorrata en cuatro o cinco años, por lo que hay que estar pendientes de la regla de prorrata anterior, hay que regularizar al final del año,
etcétera. En definitiva, es un problema grave desde el punto de vista operativo y que da lugar a muchas confusiones y a muchas sanciones a los empresarios, porque, como digo, no es fácil conocer la regla de prorrata.
Repito que el Gobierno apoyado
por el Partido Popular introdujo modificaciones en los artículos 102 y 104, pero parece que esas modificaciones chocan con los artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva de la Comunidad Europea, por lo que las Comunidades Europeas nos han presentado un
recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 14 de mayo de 2003, en el sentido de que, como decíamos, las modificaciones introducidas en los artículos 102 y 104 chocan con los artículos 17 y 19 de la Sexta Directiva. Parece
que es inminente -y cuando digo inminente me refiero a horas- la resolución del tribunal. Yo comprendo la postura del portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el sentido de que podemos adoptar una decisión que vaya en contra de lo que decida el
Tribunal de Justicia, pero también es cierto que rechazarla o no rechazarla no se puede posponer. Lógicamente, si la sentencia viene de forma totalmente negativa, al Gobierno de España no le queda más remedio que adecuarse a la directiva
comunitaria.
Es cierto que la introducción de la regla prorrata en las subvenciones ha causado muchísimos problemas; por ejemplo, hay un tratamiento discriminatorio cuando se percibe una subvención para la financiación de un equipo industrial. Si es un
equipo industrial en concreto, de la parte que está subvencionada no se puede deducir el IVA correspondiente de la adquisición. Es decir, si una máquina costaba 10 millones de euros y tiene 1.600.000 euros de IVA y la subvención fue del 50 por
ciento, solamente se podría deducir el 50 por ciento. Pero hay una cosa que está clara, y es que también la Administración, cuando financia la adquisición de un equipo, no financia el IVA. Por tanto, de alguna manera la Administración se está
beneficiando porque da una subvención en función del precio de adquisición, pero después detrae el porcentaje que le corresponde
sobre la totalidad del IVA. Eso es totalmente discriminatorio.
Finalizo diciendo que es cierto que el Partido Popular introdujo esas modificaciones que parece que chocan con el sentido de la Sexta Directiva y que el Partido Socialista había propuesto una ley, presentada el 7 de marzo de 2003, en el
mismo sentido de lo que hoy estamos defendiendo; es decir, que se retirase de los artículos 102 y 104 lo que se había introducido incorrectamente por la Ley 66/1997. No se ha debatido; y a lo mejor en aquel momento el Partido Popular hubiese
dicho que no, pero al no debatirse, queda la incógnita de qué hubiese hecho. Estamos hablando de algo que no es político sino absolutamente real, y nosotros estamos supeditados a lo que diga el grupo proponente. Nosotros apoyaríamos cualquier
decisión que fuera correcta en ambos sentidos; esto es, por un lado, en principio tiene razón la proposición no de ley y, por otro lado, decimos que posiblemente en horas se emita la pertinente sentencia por el Tribunal de Justicia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Agustín Turiel.
El señor TURIEL SANDÍN: Señorías, el planteamiento que hace la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió no responde a una ilación lógica que nos lleve desde unos hechos y una apreciación de los mismos a una conclusión
coherente con tal apreciación. Lo que se hace es establecer a priori una conclusión para, seguidamente, buscar en qué apoyarla. Tal y como se razona, parece que las modificaciones operadas en el artículo 102 de la Ley 37/1992 por el artículo 6.15
de la Ley 66/1997 y en el 104 por el apartado 16 de ese mismo artículo constituyen sendos atentados a la Sexta Directiva. Para ser tales los atentados, se entiende mal que ningún grupo político formulase enmienda al proyecto presentado por el
Gobierno del PP, entonces en franca minoría. Oyendo lo que hemos oído a los portavoces de Convergència y del Partido Popular, cualquiera diría que Convergència y el Partido Popular eran asbolutamente ajenos al asunto en el momento en que lo
aprobaron.
No es cierto, como parece afirmar la proposición no de ley, que la Sexta Directiva no permita incluir en el cálculo de la prorrata las subvenciones no vinculadas al precio; la proposición no de ley oculta la facultad que el artículo 19.1
otorga a los Estados miembros para hacerlo.
Lo que discute la Comisión Europea es la posibilidad de aplicar la llamada regla de prorrata cuando se trata de sujetos pasivos totales; es decir, de sujetos pasivos sujetos y no exentos del IVA por la
totalidad de sus operaciones, pero la Comisión Europea no discute la posibilidad de aplicarla tratándose de sujetos pasivos mixtos, es decir, sujetos pasivos que realizan tanto operaciones sujetas y gravadas por el IVA como operaciones sujetas pero
exentas al IVA. Justamente, todos los casos que la proposición no de ley cita como grandemente perjudicados por la modificación de la Ley 37/1992, entidades de carácter social, cultural o investigadoras, se refieren fundamentalmente a meros
consumidores finales que no son sujetos pasivos del IVA o, en el mejor de los casos, a sujetos pasivos mixtos, en los cuales unas operaciones están sujetas y gravadas por el IVA y en otros casos sujetas pero exentas del IVA. Es decir, que
justamente los casos que cita la proposición no de ley de Convergència i Unió no son casos controvertidos en este momento por la cuestión planteada al Tribunal de Justicia por la Comisión Europea. La primera conclusión que hemos de sacar es que la
proposición no de ley que hoy se presenta aquí no es sincera. Está planteando que la Comisión Europea ha impugnado algo absolutamente distinto a lo que en realidad ha impugnado, y no sabemos por qué se citan esos casos. Cítense casos concretos de
empresarios sujetos exclusivamente al IVA, pero no se apoyen en temas de entidades culturales, entidades de carácter social y entidades investigadoras que en ningún caso se refieren a los supuestos que han sido impugnados en la Unión Europea.
Por otra parte, el Reino de España se encuentra inmerso en un contencioso que está pendiente de fallarse -parece que el fallo va a ser inminente- ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por cierto que no solamente es el
Reino de España el que se encuentra en esta situación, pues la República de Francia se encuentra incursa en un contencioso similar, muy parecido a lo que es el artículo 104 de nuestra ley. En todo caso, no podemos ignorar que es bastante usual que
existan discrepancias en torno a la aplicación de la Sexta Directiva entre la Comisión y los Estados miembros. La anterior proposición no de ley se refería a un tema respecto al cual la Comisión es muy puntillosa. Como decía la portavoz del Grupo
Socialista, se crea el apartado k) como un sistema de transacción de las discrepancias entre la Comisión y los Estados miembros. Aquí estamos ante un caso más y no podemos prejuzgar cuál va a ser la resolución. Es verdad que siempre se producen
filtraciones en los tribunales; yo pensé que eso solamente se producía en los tribunales de España, pero también se producen en los tribunales de las Comunidades Europeas y parece que ya sabemos cuál va a ser el sentido de la sentencia que va a
salir. En todo caso, en este momento me parece inoportuno pronunciarse allanándose; es decir, si es cuestión inminente, si es cuestión de muy poco tiempo, vamos a esperar a que salga la sentencia. No tiene ningún sentido allanarse en este momento
porque en el fondo sería reconocer que la cuestión planteada por parte de España era injusta y que la Comisión lo hacía con toda la razón. En este momento, yo creo que lo prudente, como decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, es esperar.
Por otro lado, en el caso que se plantea, la modificación que se tuviera que producir en la legislación española como consecuencia de que el recurso de la Comisión Europea prosperase no sería en su totalidad.
Puesto
que, como hemos dicho, el problema afecta exclusivamente a los sujetos pasivos totales, vamos a dejar que la legislación española, en su momento, si la sentencia es desfavorable al Reino de España, determine cómo tienen que redactarse
definitivamente los artículos 102 y 104 de la Ley 37/1992. Pretender que no se aplique el tema de las subvenciones en el caso de sujetos pasivos mixtos es injusto porque si nos ponemos en un caso límite, señores de Convergència i Unió, resulta que
si la subvención fuera al cien por cien de la actividad, nos encontraríamos con que, de no admitir, como parece, en el cómputo del denominador en el cálculo de la prorrata de la subvención al no vincularse al precio, el sujeto pasivo, pese a no
repercutir cantidad alguna por IVA -y estaríamos de hecho en una situación similar a lo que son las operaciones exentas-, tendría derecho a deducir la totalidad del IVA soportado. Por tanto, en dos casos que económicamente serían idénticos, de no
incluir el cálculo de las subvenciones para el caso de sujetos pasivos mixtos, se produciría una situación injusta porque en un caso la actividad estaría subvencionada al cien y en el otro no. Los casos serían idénticos desde el punto de vista
económico, pero por la mala redacción de la ley, por haberla suprimido, resultaría que el sujeto pasivo, en el caso de ser actividad subvencionada al cien por cien, tendría derecho a recuperar todo el IVA soportado y, sin embargo, en el caso de que
se tratara de una operación exenta, como por ejemplo la enseñanza, el sujeto pasivo no tendría derecho a recuperar ninguna cantidad del IVA soportado. Por eso digo que es tremendamente injusto pretender aplicarlo con carácter general. Vamos a
esperar a que salga la resolución del tribunal y, en ese momento, si el tribunal fallara a favor de la Unión Europea, promoveríamos la modificación de la ley en el sentido de excluir a los sujetos pasivos totales, pero desde luego nunca a los
sujetos pasivos mixtos, porque eso sería injusto.
Nuestro grupo va a votar en contra de la admisión de la proposición no de ley porque entendemos, en primer lugar, que es insincera; en segundo lugar, porque es inoportuna y, en tercer lugar, porque de aplicarse en su totalidad, sería
tremendamente injusta al tratar de manera diferente situaciones que económicamente serían similares.
- PARA LA REFORMA DEL MERCADO HIPOTECARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000607.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día: Proposición no de ley para la reforma del mercado hipotecario, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Traemos esta iniciativa sobre la reforma del mercado hipotecario porque el Grupo Parlamentario Socialista está preocupado y a su vez está trabajando con el Gobierno para tratar de flexibilizar el mercado y sobre
todo para que los consumidores tengan un marco de seguridad jurídica en un entorno que no es estático y que, por lo tanto, en los próximos años va a generar sin duda movimientos que esperemos no afecten de manera significativa a ninguna familia, a
ningún ciudadano. Voy a dar unos breves datos para situarnos en la magnitud del problema.
Conocidos ya los datos del año 2004, sabemos que el saldo del crédito hipotecario gestionado alcanzó 581.000 millones de euros. Es una variación interanual que se ha situado en el entorno del 24 por ciento -cifra ligeramente superior a la
del año anterior, pero de las mismas magnitudes- y cuyo crecimiento neto mensual ha estado en el entorno de 11.000 millones de euros. Por lo tanto, durante el año el crédito hipotecario ha crecido en 113.000 millones de euros, el mayor crecimiento
registrado en toda la historia de España. Parece que en los últimos meses se ralentiza el crecimiento y que, aunque en 2005 se mantenga un importante ritmo de actividad, ese proceso de desaceleración irá poco a poco imponiéndose. Se cierra, pues,
un año histórico en cuanto a volúmenes, pero también ha tenido el nivel más bajo de tipos de interés de toda la historia del mercado hipotecario, y además el perfil más plano. Recordemos que durante el año pasado el euribor, el principal índice de
referencia de los tipos variables, tuvo un valle en marzo con el 2,055 y una cumbre en junio con el 2,40 por ciento. Por lo tanto, año récord en cuantía global y año récord en cuanto a tipos bajos y a tipos planos.
Tenemos que ser conscientes de que los hipotecarios que manejan nuestras familias y nuestros ciudadanos tienen una ponderación del tipo variable altísima. En el último año hablaríamos de cifras superiores al 99 por ciento de préstamos
contratados a tipo variable. Por eso, durante el año 2004 todos los nuevos contratos lo han sido en este porcentaje y además se ha incrementado también la revisión a plazos menores, y ello a pesar de que cada vez es objetivamente más difícil que
los tipos continúen bajando y más probable que repunten ligeramente al alza. Está claro, pues, que nos preocupa la seguridad futura de los ciudadanos que han financiado la adquisición de su vivienda en el mercado hipotecario. Por eso nuestra
propuesta tiene elementos respecto a la transparencia en la información que suministran las entidades de crédito para que estas familias y estos ciudadanos sean conscientes de los riesgos de interés y, por lo tanto, opten por la fórmula crediticia
que mejor cubra sus necesidades. Nuestra propuesta hace un llamamiento también a una distribución eficiente en el mercado español de productos hipotecarios alternativos que diluyan la actual concentración de riesgo de interés en las nuevas
contrataciones y permitan la reordenación y adecuación de la cartera viva que está expuesta a estos riesgos. Es evidente que los riesgos se concentran fundamentalmente
en los dos últimos años, que es cuando se han producido estas contrataciones récord y además coincidiendo con los menores tipos de interés de la historia. Por lo tanto, nosotros pretendemos mejorar la protección de los consumidores y la
gama de productos disponibles, eliminando obstáculos a la oferta de productos con tipos de interés mixtos y ampliando la información a los consumidores sobre los riesgos asociados a la contratación de productos a tipo de interés variable. Se trata
de introducir más flexibilidad en el mercado hipotecario, de fomentar la creación de hipotecas más ágiles, más fáciles de transmitir, con mayor facilidad para pasar de una entidad bancaria a otra. Es una eficiencia que en parte puede conseguirse
con un abaratamiento de los costes asociados al cambio de entidad de las hipotecas.
Nuestra propuesta tiene varios puntos. Uno es el de la transparencia y la diversificación que les he comentado. También contiene un apartado referido a las entidades crediticias y a los títulos que manejan: cédulas hipotecarias, bonos,
facilitando también su gestión y sus costes en aras de que esto repercuta en la eficiencia del mercado. Y un último punto se refiere fundamentalmente a aranceles y a la pretensión de que respondan a principios de proporcionalidad, calculabilidad,
imparcialidad, transparencia y verificabilidad. Se quiere fomentar la colaboración de notarios y registradores e impulsar nuevas tecnologías, superando algunas normas del arancel vigente que proceden del año 1989.
Convergència i Unió ha presentado una enmienda en aras de mejorar la redacción, una enmienda que fundamentalmente contiene dos puntos y que ha sido aceptada por nuestra parte, pues entendemos que mejora la propuesta.
Uno es su preocupación
por continuar el abaratamiento en los costes de transmisión y otro se refiere a la transparencia y a la información a los consumidores, que cuando contraten tengan la posibilidad de asegurar una variación en los tipos, evidentemente con el coste
respectivo. Se trata de que a pesar de ser tipos de interés variable, puedan contratar operaciones intermedias, operaciones túnel, operaciones collar, denominación con la que se las conoce en el mercado. Nos parece una aportación adicional, no
contradice nada y por nuestra parte quedaría integrada en la propuesta que hemos hecho llegar a la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Damos paso a las intervenciones.
Por el Grupo Vasco, el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a intervenir para fijar nuestra posición, que es favorable a la proposición de ley planteada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, enmienda que el portavoz de dicho grupo ha manifestado que va a aceptar. En cuanto al
objetivo fundamental que persigue dicha iniciativa legislativa, mi grupo parlamentario piensa que esta proposición no de ley es de rabiosa actualidad, máxime teniendo en cuenta las informaciones que se han publicado recientemente por la Asociación
Hipotecaria Española, que ha manifestado que existe un alto riesgo de que a medio y largo plazo la cuota mensual de las hipotecas firmadas después del año 2002 puedan incrementarse entre 69 y 204 euros, ya que cuando se firmaron los tipos de interés
estaban en unos mínimos históricos. Dicha asociación también ha dicho que el incremento a medio y largo plazo de las hipotecas que se hayan firmado antes del año 2002 consistirá en una cantidad inferior, puesto que cuando se firmaron los tipos de
interés también eran mucho más bajos. Por este motivo, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda que va en la dirección de comprometer e instar al Gobierno a que continúe reduciendo los gastos relacionados con las novaciones y subrogaciones
de préstamos hipotecarios, y en segundo lugar se tendrían que tener en cuenta todas aquellas cuestiones que hagan referencia al impulso y al reforzamiento de la suscripción de instrumentos de cobertura del riesgo y del tipo de interés en los
préstamos hipotecarios a fin y a efecto de que en caso de que dichos intereses pudieran incrementarse, el consumidor final no se vea perjudicado por dicha alza.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Erias Rey.
El señor ERIAS REY: Señoras y señores diputados, estamos debatiendo en este punto del orden del día un asunto verdaderamente trascendente y que ciertamente preocupa a todos los agentes que intervienen en el mismo.
Preocupa a los
consumidores, preocupa a los promotores de vivienda, preocupa a las entidades financieras, preocupa al Gobierno y, lógicamente, preocupa a los grupos políticos que le dan su apoyo y a los que estamos en la oposición, pero tampoco son ajenos a esta
preocupación los reguladores europeos. Los reguladores europeos en el desarrollo y fomento del mercado interior también están preocupados por lo que está pasando en los mercados hipotecarios dentro de cada uno de los territorios nacionales de la
Unión Europea. Con un asunto, pues, que genera tal nivel de preocupación, a mi juicio resulta muy loable que el Grupo Socialista inste al Gobierno al que apoya a que lleve a cabo una serie de medidas para que estas preocupaciones, en la medida de
lo posible, se atenúen, desaparezcan en algunos casos o, en todo caso, el marco regulatorio contribuya a disponer de mayor seguridad para todos los que intervienen en este mercado.
Dicho esto, y examinado lo expuesto por el señor Torres con el espíritu de consenso que le caracteriza y
el buen conocimiento de la PNL que hoy nos presenta, he de manifestar que ha desarrollado un conjunto de principios en relación con los cuales es difícil estar en desacuerdo. Pero, dada la complejidad del tema y las distintas posiciones que
sobre el mismo se pueden adoptar y dado el impacto que tanto desde la perspectiva social como desde la económica pueden tener las medidas propuestas o las que en su caso puedan derivarse ante escenarios diferentes de los que existen en la
actualidad, mi preocupación se mantiene, pero no por estar en la oposición sino porque, después de escucharle, tengo la sensación -permítame, señor Torres, que haga un juicio de intenciones- de que esto no pasa de ser una instancia al Gobierno, una
declaración más.
El Gobierno ciertamente está preocupado. Ya en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 anunciaba reformas en los mercados de capitales y, consecuentemente, del mercado hipotecario.
Digo esto porque a mi
juicio no pasa de ser una cuestión de trámite, pues las medidas que se proponen tienen dos aspectos, y probablemente pueda estar forzando la interpretación, pero desde mi punto de vista o ya están contempladas en recomendaciones por parte de los
reguladores internacionales, como puede ser la Comisión europea en todo lo tocante al llamado código de conducta europea del mercado hipotecario, o en su caso, algunas -y esto sí que ciertamente me preocupa- están ya recogidas en nuestra normativa,
que no es perfecta, que es mejorable, que no es definitiva, porque este es un mercado muy dinámico y el paso del tiempo introduce nuevos productos, nuevos escenarios y la normativa ha de acompañar a todas estas cuestiones que estoy enumerando. En
particular dos referencias que hace en su exposición, y estuve atento a la misma: el arancel vigente del año 1989. Dice: adecuar los costes arancelarios y registrales en las operaciones efectuadas al amparo de la Ley 2/1994. A mí me preocupa
porque la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de reforma económica, en su capítulo V, artículos 17, 18 y 19, dice: Modificación de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de los préstamos hipotecarios. Artículo 18:
Aranceles registrales y notariales. Y artículo 19: Instrumentos de cobertura del riesgo del tipo de interés de los préstamos hipotecarios.
Ciertamente, esta normativa, que transforma el arancel de 1989, y que modifica la Ley de 1994, a la que usted hace referencia, ya incorpora parte de las preocupaciones, que de no ser más explicitadas o en su caso definidas con más precisión,
podemos encontrarnos con que estamos debatiendo algo que no es necesario debatir, porque ya está en el marco regulatorio y si lo queremos transformar debemos decir cómo queremos hacerlo. Pero incidir en lo mismo a mí me parece, permítanme el
calificativo, un cierto descuido que probablemente no tenga que ver con el abandono de la normativa anterior, que es evidente que se respeta, pero que no se pone en el valor adecuado que la misma puede tener para los agentes implicados.
El Grupo Parlamentario Socialista, y lo dice en la exposición de motivos, en la proposición de ley y en la enmienda de sustitución, continúa preocupado por la eficiencia del sector. Y, claro está, tenemos que conocer el significado de las
palabras, y los que nos dedicamos a esto hemos de poner especial empeño en entender qué significan, porque si no al ciudadano se le puede crear una cierta preocupación sobre asuntos que realmente no están en el escenario de preocupación de ninguno
de los agentes que enumeré al principio.
Yo tengo que decirle varias cosas, pues creo que usted también las habrá leído en más de un lugar, y con más profusión si se analiza la literatura que existe sobre el tema. Los mercados hipotecarios europeos hay que continuar
perfeccionándolos, pero el mercado hipotecario español, de todos los de la Unión Europea, es el más eficiente. Pero tenemos que saber con qué medimos esa eficiencia. Si utilizamos como indicador de eficiencia el precio que paga el prestatario por
el producto que utiliza, no cabe duda alguna de que estamos en mejor posición que ningún otro mercado europeo desde hace años. Es más, sabemos bien que las diferencias de precios no responden a diferencias de costes de distribución, de
establecimiento y de servicio, que tienen que ver también con las diferentes gamas de productos que existen entre los distintos países, con el grado de competencia en el mercado o, en su caso, con la venta sincronizada de otros productos. Pero
tampoco podemos olvidar cómo influye el tamaño del crédito, la regulación del cobro y el tiempo requerido para el registro. Por ello, el mercado hipotecario español, señor Torres, es de los más eficientes, por lo que es capaz de obtener una
rentabilidad sobre el capital ajustado al riesgo, con unos tipos de interés más bajos de la media europea. Y sabe usted que esto es cierto.
Los tipos de interés han pasado del 16 por ciento hace escasamente una década a niveles del 3, 4 por
ciento. Por tanto, con una caída tan importante de los tipos de interés, el mercado y las entidades continúan siendo eficientes y los usuarios de esos mercados continúan disfrutando de las ventajas de este nuevo escenario que Europa tiene.
Ahora bien, nuestro grupo, y a pesar de todos estos comentarios que acabo de hacer, está en el ánimo del consenso, pues estima que el tema es muy importante. Por lo tanto, considera conveniente continuar profundizando y llevando a cabo
reformas en un conjunto de aspectos que voy a intentar resumir brevemente, y que además coinciden algunos con la enumeración de esos principios que usted ha explicitado. Voy a intentar precisar algunos asuntos que creo que son de gran relevancia.
Por una parte, asuntos de tipo informativo y aclarativo. Es cierto que los consumidores, cuando nos sentamos en una oficina financiera, probablemente porque estamos más preocupados por la disponibilidad que por el coste, porque este es uno
de los graves problemas con los que a veces se enfrenta el que va a una oficina financiera, no tenemos la información adecuada. Hay que obligar a las entidades financieras a que desarrollen
simulaciones en las que los consumidores conozcamos todas las consecuencias. Y usted lo ha dicho: más del 90 por ciento de los préstamos se han contratado a tipo de interés variable. Es preocupante que las cosas se sigan haciendo de esta
manera. A nadie se le puede imponer que contrate a tipo fijo si el precio es más elevado, pero en todo caso debe saberlo. Por eso, ofrecer ciertas simulaciones de las consecuencias de modificación en la estructura de los tipos de interés me parece
que sería adecuado.
Por otra parte, hay que introducir determinados incentivos para la contratación de hipotecas a tipo fijo, ampliando el plazo y la duración del tipo de referencia. Piénsese que ahora la revisión se hace cada seis, cada doce meses. ¿Y por
qué no se puede hacer cada tres años? ¿Y por qué estos préstamos a largo plazo no pueden tener una vinculación diferente o una flexibilidad distinta? Este tipo de escenarios hay que contemplarlos y en ese sentido le pediría al Grupo Parlamentario
Socialista más ambición y más compromiso para encarar esta dificultad, que sin ninguna duda existe. Es evidente, por lo tanto, que la normativa tiene que encaminarse a proteger a los consumidores y a los productores, pero también a las entidades
financieras, y por lo tanto, al sistema financiero, de ese evidente riesgo de modificación de los tipos de interés y probablemente de su elevación. Y usted tiene razón cuando dice que los tipos de interés están extremadamente bajos, particularmente
en España. España mantiene un diferencial importante con respecto a los socios de la Unión Europea en cuanto al precio de las hipotecas. Por lo tanto, esto nos ha de hacer reflexionar sobre que tarde o temprano todo lo que está a estos niveles
puede modificarse.
Seguidamente quisiera referirme a la enmienda que ha presentado CiU, que es muy sugerente, no desde la perspectiva de la normativa, pero sí desde la perspectiva de lo que ya se está haciendo en otros mercados, como es qué consecuencias puede
tener este tipo de propuesta, especialmente el apartado segundo, que pretende impulsar la suscripción de instrumentos de cobertura de riesgo del tipo de interés en los préstamos hipotecarios. Se trata de una cuestión muy clara, dentro de los
mercados financieros, que es lo que se llama la obligatoriedad o no de incluir lo que se llama un cap, un derivado, es decir, un instrumento de cobertura de posibles eventualidades no conocidas y si esto se debe hacer en las minutas hipotecarias que
sirvan para cubrir las dificultades de las subidas de tipos de interés en el futuro. Esto, a mi juicio, tiene varias dificultades. En primer lugar, el cap depende en su precio de factores como la volatilidad de los tipos de interés a corto plazo,
que aunque actualmente es baja es imposible de prever en el próximo futuro, lo cual podría llevar a un efecto perverso; es decir, incrementar sensiblemente el precio de estas hipotecas en el futuro, frenando por tanto la evolución del mercado
inmobiliario más de lo que lo pudieran hacer las subidas de los tipos, porque si no hay un segundo mercado en el que este tipo de derivados tenga una auténtica lógica puede producir un efecto perverso. Por eso digo que aunque la intención es instar
al Gobierno -y es una intención-, conviene que se madure y que se tenga en cuenta, a ser posible, lo que la oposición pueda desarrollar. Por mi parte, me ofrezco encantado a analizar con prudencia estos asuntos, porque me apasiona este mercado, que
tiene mucha incidencia además en la economía española y en la economía europea.
Quiero apuntar algo más. Dentro de lo que dicen los expertos, podría parecer más conveniente cubrir ahora con cap las hipotecas vivas, otorgando algún tipo de ventaja fiscal al prestatario. Sin embargo, piensen ustedes que están haciendo
el efecto anuncio de los aspectos fiscales que tienen que ver con la vivienda y que son ciertamente preocupantes porque no aclaran las consecuencias, o por lo menos no las matizan. Yo creo que hay que generar incentivos. Se me puede decir: bueno,
ese es un planteamiento en el que se defiende más el papel de los reguladores que el de los gobiernos; sé bien que existen estas diferencias de postura: algunos creen que deben ser los gobiernos, y otros creen que deben ser los reguladores. En
todo caso, situándome en una posición neutra, creo que a lo que habría que atender sería a las hipotecas vivas.
Además, habría que pensar en otra cuestión: los plazos. Así como los tipos de interés han caído drásticamente desde el 16 al 3 por ciento, los plazos han pasado de 12 a 25 años. La cuestión a analizar es, pues, la siguiente: si queremos
hacer más soportable la situación para aquellos que tienen más dificultades para acceder al mercado de la vivienda por medio del préstamo hipotecario, y queremos ampliar los plazos, hay que aplicar una dosis de prudencia. Ciertamente, puede ser más
interesante la cuota a pagar; o incluso podría ser mucho más interesante no amortizando capital, una práctica que se lleva a cabo en algunos sitios: no se amortiza, se amplía el plazo y se pagan solamente interese, con lo cual lo que hay que pagar
cada mes se convierte prácticamente en un alquiler.
Pero cuidado con esto, porque puede producir el efecto rebote de que los promotores de viviendas anticipen que las facilidades crediticias propiciarán una demanda mayor de viviendas, de modo que
el efecto anuncio podría producir alzas no deseables en el precio de la vivienda.
El Grupo Parlamentario Popular se ofrece a cooperar con el Gobierno y con el grupo que le presta su apoyo, pero nos gustaría que se trabajara también por el consenso, porque este es un asunto muy importante. Por mi parte, me he despachado
gracias a la enmienda que reclamé ayer a las nueve de la noche, hora a la que terminaba el plazo. Pero es quien presenta y defiende la iniciativa quien debe desarrollarla; yo, encantado de escuchar a quien me llama, pero, donde no me llaman, no
tengo mucho que hacer ofreciendo mis servicios. De modo que desarrollaré la responsabilidad que me corresponde por medio de la PNL que me ha asignado mi grupo parlamentario, y le ofrezco al Grupo Parlamentario
Socialista la posibilidad de consensuar, aparte de dicha PNL, un escenario de desarrollo futuro del mercado hipotecario, en beneficio de todos los agentes que intervengan en él. (El señor Torres Balaguer pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Intervendré muy brevemente, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la actitud constructiva de todos los grupos, que es un paso para el diálogo que se producirá durante los próximos meses, como todos ustedes saben, conforme se vaya articulando la norma que se pretende. El
Gobierno nos irá ofreciendo los frutos de su trabajo, y este grupo se compromete, en la medida de sus posibilidades, a poner el asunto sobre la mesa para que se debata.
Quiero apuntar algunos detalles para tranquilidad de alguno de los intervinientes. En cuanto a la enmienda de CiU sobre los derivados, que hemos aceptado y a la que se refería el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hemos introducido
el matiz de que se informará a la familia y al ciudadano de que tienen la posibilidad de contratar el producto derivado bien por todo el período o por una parte; se dice siempre que los primeros años de una hipoteca son los más difíciles. Ese
matiz está en la proposición. No es imperativo; si lo fuera, podrían darse los efectos perversos -entre comillas- de los que hablaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Eficiencias del mercado. No es sólo opinión de este grupo que la regulación actual del mercado hipotecario tanto sobre las cuestiones anejas a los costes, como pueden ser las tasaciones -alrededor de las cuales no hay todavía un mercado
suficientemente eficiente-, como sobre otros instrumentos como cédulas o bonos, todavía tiene recorrido pendiente. Las propias agencias de rating vienen presentando una serie de demandas a favor de la transparencia de ese mercado y de una
calificación superior. Es decir que, en este momento, todavía tenemos la posibilidad de dar un pasito hacia arriba. Quiero decir con esto que estoy de acuerdo con usted, pero que yo no estaba juzgando el mercado, sino tomando lo que el mercado
indica que se puede regular para evitar algunos costes de transacción y dar mayor transparencia al producto. Esto redundará al final en una mejora de los márgenes, mejora que lógicamente se trasladará al consumidor final. No estoy criticando lo
que hay, sino diciendo que hay un recorrido pendiente, de acuerdo con lo que el mercado indica.
No quiero que se queden con la impresión de que estamos criticando lo bueno que hay. No es cierto; se ha hecho mucho en el mercado hipotecario, y lo damos por bueno. Ahora bien, como es posible dar un paso más todavía y todos tenemos la
misma preocupación, vamos a pedirle al Gobierno que lo lleve a cabo. El vicepresidente primero -el ministro de Economía- ya se ha comprometido, de modo que no son juegos florales: hay un compromiso.
El Grupo Parlamentario Socialista tratará de
que el Gobierno comparta su trabajo con esta Comisión, para que gente experta, como usted y como otros comisionados, pueda hacer las aportaciones pertinentes.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, PARA ESTUDIAR LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN ESPAÑA.
FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 158/000014.)
El señor PRESIDENTE: Cuarto punto del orden del día: debate sobre creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para estudiar la situación de la economía social en España. Ha sido propuesta por el
Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: La propuesta que hace nuestro grupo pretende estudiar y analizar aquellos colectivos que representan al tercer sector en la economía nacional. Eso que se ha dado en llamar la economía social, algo difícilmente
cuantificable y de límites imprecisos, parte creciente de la economía española, cuyo número de trabajadores el profesor Barea, y más recientemente el rector García Delgado en Las cuentas de la Economía Social. El tercer sector en España, han
situado en 1.300.000. Hay una parte más difícilmente mensurable, que el profesor Barea distingue como la parte del tercer sector que es de no mercado -es decir, aquella que no pone en el mercado sus servicios y sus bienes-, y otra más fácilmente
mensurable: la propiamente de mercado.
Durante los últimos años ha tenido lugar un extraordinario reverdecer de fórmulas históricas como el cooperativismo o las sociedades laborales, en toda su dimensión. Es decir, cooperativismo de viviendas, cooperativas agrarias, del mar, de
transporte, de consumo y un largo etcétera.
Naturalmente, este crecimiento no ha ocurrido por sorteo, puesto que durante las dos últimas legislaturas se produjo un cambio extraordinario en las normas y también en las ayudas que percibe el sector,
lo que ha favorecido su crecimiento de forma considerable. Lo deseable es que este crecimiento sea sostenido, que sea permanente y constante en el tiempo y para ello es bueno que, dado que llevamos un año sin ninguna medida que permita al sector
darle las esperanzas de una
continuidad, de un desarrollo en el tiempo, al menos alumbren con sus comparecencias y sus intervenciones las medidas que pacientemente esperamos que adopte el nuevo Gobierno. En este sentido, quisiera destacar que es un colectivo
variopinto, plural, diverso, que tiene entidades singulares como la Fundación ONCE, Cáritas, Grupo Mondragón o la propia Cruz Roja, que a veces precisan de singular consideración y por eso es bueno que sus representantes alumbren a esta incipiente
subcomisión, que espero que obtenga el respaldo unánime de esta Comisión para ser creada y, por tanto, se arroje luz sobre un sector profundamente desconocido en la realidad nacional a pesar de su importancia.
Para que se sepa también la trayectoria de estos últimos años, cabe destacar que la parte más fácilmente conocida, que es la del cooperativismo y la de las sociedades laborales, en tanto en cuanto son cuantificados sus datos por la Seguridad
Social y son trabajadores cotizantes, en los últimos ocho años ha tenido un crecimiento de un 60 por ciento. Esto es extraordinario, nunca antes, jamás, había vivido la economía social un reverdecer, un renacimiento tan grande como el que ha tenido
en las dos últimas legislaturas de gobierno popular y esto ha tenido lugar porque ha habido una nueva Ley de sociedades laborales, una nueva Ley de cooperativas, una nueva Ley de asociaciones, una nueva Ley de fundaciones, una nueva Ley de mecenazgo
y ese nuevo marco normativo que ha ordenado la pluralidad y la diversidad de este tercer sector ha venido acompañado de ayudas, como bonificaciones o capitalización por desempleo; se ha pensado la posibilidad de establecer la formación continua;
se ha mejorado el tratamiento en el IRPF de las ayudas que recibían del Fogasa, Fondo de Garantía Salarial; se han mejorado sus prestaciones sociales dando flexibilidad, estableciendo contratos a tiempo parcial o extendiéndoseles la posibilidad de
conciliar la vida familiar y laboral. Por tanto, un conjunto de medidas que ha dado como resultado que el número de trabajadores de las sociedades laborales y de las cooperativas haya pasado de 250.000 a más de 400.000 en España y que si en 1996,
cuando llegamos al Gobierno, había 25.000 cooperativas y sociedades laborales en España, hoy hay más de 42.000, es decir, un 70 por ciento más. Es bueno que este crecimiento, que este desarrollo, no se trunque y para eso sería conveniente que se
crease una subcomisión que permitiera intervenir a los miembros del sector para que instruyeran e informaran a todo el Parlamento, pero especialmente a quienes ahora tienen la responsabilidad de gobernar, sobre las nuevas medidas que deben ir
acompañando a este sector para que mantenga ese crecimiento sostenido.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres por el Grupo Socialista.
El señor TORRES BALAGUER: Creo que es conocida la posición del Grupo Socialista respecto a la economía social y no hay más que remitirse a la anterior legislatura y a las anteriores para saber que comparte la filosofía y ese doble punto de
vista, por una parte la propiedad compartida y por otra parte la visión empresarial, que tiene todo el mundo de la economía social. Por tanto, no me voy a detener en las cifras ni voy a insistir en el apoyo que siempre se ha dado a todo el mundo
vinculado a la economía social, pero sí le quiero hacer una reflexión al portavoz del Grupo Popular y pido que nos dé su opinión.
Según nuestras noticias, en la Junta de Portavoces de ayer se decidió -también por su portavoz- limitar al máximo el número de subcomisiones.
Los argumentos son varios, pero queda claro que una subcomisión tiene una limitación de la
transparencia, ya que los debates tienen una repercusión menor por su publicidad restringida, por llamarlo así, y también se sustraen del seno de la Comisión y de la participación del conjunto de sus miembros; a su vez, crea unas estructuras
administrativas que, dada la expectativa que hay del volumen de subcomisiones, podía llevar a situaciones como las recientemente vividas en las que un grupo, no presente en estos momentos en la Comisión, pide una subcomisión y no ha acudido a las
reuniones hasta ahora, dándose la circunstancia de un movimiento de medios, etcétera. No digo que vaya a ocurrir en la de economía social, sino que de alguna forma es multiplicar los órganos y, aunque puede ser necesario en algún caso -y este tema
es importante-, yo le ofrezco en nombre de mi grupo político la posibilidad de que hiciésemos unas sesiones monográficas, con un plazo determinado, donde pidiésemos las comparecencias que todos quisiésemos, para mejor conocimiento y diagnóstico de
la situación, y que lo integrásemos dentro del funcionamiento ordinario de la Comisión. Creo que no perdería calidad el debate ni la profundización en el diagnóstico y que ganaríamos tanto en transparencia como en el número de miembros de esta
Comisión que pudieran participar e intervenir. En todo caso, quiero dejar claro que si el Grupo Popular no acepta esta fórmula, nosotros, a pesar de que entendemos que sería la más idónea, aceptaríamos la subcomisión, pero dado el acuerdo previo de
la Junta de Portavoces y por tanto esa petición expresa que nos hacen llegar -espero que a usted igual que a mí-, le pido esa reflexión de aquí al momento de la votación por si pudiésemos reconvertir la propuesta de la subcomisión en una dinámica de
trabajo específica por parte de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Señor Barrachina, ¿ha reflexionado ya la propuesta del señor Torres y nos puede contestar o quiere usted esperar un tiempo?
El señor BARRACHINA ROS: En primer lugar, la creación de una subcomisión se pide para arrojar luz y para que un conjunto de gente que en el devenir natural de esta Comisión no podría asistir -y de hecho no ha venido nunca a comparecer-,
pudiese venir a esa subcomisión específicamente. Se recoge taquigráficamente
y se graban las intervenciones de todos y de hecho lo natural es que al final, tal y como he hablado con letrados de otras comisiones y como vamos a hacer en la subcomisión de responsabilidad social de las empresas, no solo se recojan sino
que se publiquen las intervenciones de los que allí comparezcan. Por tanto, sería un motivo la transparencia y de hecho el sector unánimemente así lo reclama. Es verdad y a mí me parece razonable que esto haya que acotarlo y de hecho hay un límite
ya de dos subcomisiones. Por ejemplo, lo que se ha hecho en la subcomisión de responsabilidad social de las empresas es reducir a 45 minutos toda la intervención de cada grupo y del compareciente para que no pierdan interés las intervenciones.
Incluso se puede establecer un menor número de intervinientes o reducir el tiempo en lugar de a dos períodos a uno o a aquél que se estime conveniente para que esa subcomisión se realice.
Justamente, creo que cuando se produciría un bloqueo sería
si en las actividades ordinarias de esta Comisión se tratara de introducir un conjunto de 20 ó 30 comparecientes de la economía social que lo que haría sería dilatar las actividades ordinarias. Además, de lo que hagan otros grupos -en este caso el
de Convergència i Unió- naturalmente no me siento responsable. Las subcomisiones que pide el Grupo Popular siempre tienen la presencia necesaria. Si hay otras formaciones que, respetando su dimensión, reclaman subcomisiones y después no asisten,
tendrán que pechar ellos con su responsabilidad, no el Grupo Popular, que responde de aquellas subcomisiones que pide y, además, tiene la presencia históricamente acreditada.
Me parece razonable y, salvo mejor criterio del portavoz de mi grupo en esta Comisión, estoy de acuerdo en acotar, en reducir, en menguar tanto las intervenciones como el tiempo de duración de la subcomisión, pero no directamente eliminarla
para que comparezcan aquí. Eso no es ninguna propuesta, es un derecho que siempre ha existido en esta Comisión y nunca hemos renunciado que en esta Comisión puedan comparecer personas de la economía social o cualquiera. Consideramos conveniente
que, además de eso, que ya existía, que no es algo nuevo que nos ofrezca generosamente el Grupo Socialista, exista una subcomisión. Nuestro grupo está dispuesto a limitar tanto el número de intervenciones como el tiempo de cada una de ellas e
incluso el número de intervinientes, no hay ninguna dificultad en eso.
Por ello mantenemos la propuesta de creación de la subcomisión, aunque ya digo que estamos dispuestos a acotarlo y a que ese período se pueda ver reducido, tanto aquí como posteriormente en la primera de las reuniones que tenga la
subcomisión. Me parece razonable la decisión de ayer de la Junta de Portavoces.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión por diez minutos, hasta las once y cuarto, hora prevista para las votaciones. (Pausa.)
Votaremos, en primer lugar, la proposición no de ley sobre la defensa ante la Unión Europea del mantenimiento de la tributación reducida del IVA para los servicios de peluquería y trabajos de albañilería para la reparación de viviendas.
Había sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Les recuerdo que había sido asumida una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que, en realidad, sustituye al texto presentado inicialmente y que es lo que vamos a votar.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la segunda votación de la proposición no de ley relativa a la adecuación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, a la normativa comunitaria en relación con el tratamiento de las subvenciones no
vinculadas al precio y la regla de prorrata.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Tercera votación, relativa a la proposición no de ley para la reforma del mercado hipotecario, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que incluye una enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Cuarta votación, para la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Trabajo de Asuntos Sociales, que estudie la situación de la economía social en España.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por mayoría.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO RESPECTO A LOS INCENTIVOS AL AHORRO A LARGO PLAZO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 212/000397.)
- EL CONTENIDO ESENCIAL Y EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (NÚmero de expediente 212/000423.)
- EL TRATAMIENTO FISCAL QUE EL GOBIERNO PRETENDE DESARROLLAR POR ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000083.)
- LA REFORMA FISCAL ANUNCIADA, ANTE LAS REITERADAS CONTRADICCIONES MOSTRADAS POR EL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000202.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR HEREDIA DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL AUMENTO DE LAS AYUDAS A LAS FAMILIAS QUE TIENEN ENTRE SUS MIEMBROS A UNA PERSONA DISCAPACITADA.
(Número de expediente
181/000522.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con la comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, que responderá a su vez a las que figuran en los puntos del orden del día con los números quinto a octavo, ambos inclusive,
acumulando asimismo la pregunta que aparece en el punto nueve.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Señorías, comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda para atender a distintas solicitudes, relativas todas ellas a cuestiones de carácter fiscal. En
concreto, una de ellas se refiere al Plan de prevención del fraude fiscal, recientemente presentado, mientras que el resto atañe a la reforma fiscal proyectada por el Gobierno.
Quiero comenzar recordando que, como bien saben SS.SS., el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las elecciones abogaba tanto por una reforma fiscal del impuesto sobre la renta de las personas físicas como por un
nuevo impulso en la lucha contra el fraude fiscal. En estos momentos, el Plan de prevención del fraude fiscal es ya una realidad y las líneas directrices de la reforma del IRPF serán presentadas por el Gobierno próximamente, aunque su concreción se
realizará a lo largo del año y la aprobación final corresponderá a estas Cortes Generales.
La reforma del IRPF ha despertado, como no podía ser de otro modo, un gran interés. Las medidas en el ámbito fiscal afectan de modo directo al conjunto de los ciudadanos, permiten redistribuir la riqueza y constituyen por otra parte un
importante instrumento de política económica. Por último, tal y como está configurada hoy en día la financiación territorial, las reformas en materias tributarias inciden directamente en los recursos con que pueden contar las comunidades autónomas.
Entiendo el interés que genera esta reforma, pero como expondré más adelante todavía nos encontramos trabajando sobre la misma y, aunque es posible avanzar algunos aspectos, hay cuestiones relevantes que todavía no hemos decidido.
Sí puedo abordar ampliamente -y comenzaré por ahí- la solicitud de comparecencia relativa al Plan de prevención del fraude fiscal. Desde la toma de posesión del actual Gobierno, en el Ministerio de Economía y Hacienda nos marcamos como
prioridad reforzar los mecanismos con los que cuenta el Estado para hacer frente al fraude fiscal. El fraude no solo comporta una merma para los ingresos públicos, sino que constituye un comportamiento insolidario que condiciona el nivel de calidad
de los servicios públicos y agrava la presión fiscal soportada por los contribuyentes cumplidores, puesto que de otra forma no se podría mantener el gasto público. En este punto me gustaría recordar que el plan parte de una premisa básica: la gran
mayoría de los obligados tributarios cumple con sus obligaciones fiscales, por lo que se les debe seguir facilitando el cumplimiento voluntario. A este respecto, el que se realice un esfuerzo para combatir el fraude en ningún modo va a suponer que
se abandone la labor que la Agencia Tributaria desempeña en orden a facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Esta labor, en la que la Agencia Tributaria española ha alcanzado un reconocimiento unánime no solo en el
ámbito nacional sino incluso en el internacional, queremos seguir potenciándola. De hecho, hace poco más de una semana que comenzamos la campaña de renta correspondiente al ejercicio 2004 en la que se ha hecho un esfuerzo adicional para dar impulso
a los procedimientos de devolución rápida y de remisión de borradores de declaración. Las devoluciones rápidas pueden ser solicitadas desde el pasado 1 de marzo por quienes no estén obligados a declarar. La Agencia Tributaria les calculará la
devolución que les corresponde y se la ingresará antes del próximo 31 de mayo. Calculamos que alrededor de un millón de contribuyentes se va a beneficiar de esta medida. Del mismo modo, el próximo día 20 se van a comenzar a enviar los borradores
de declaración a los ciudadanos que así lo solicitaron en la declaración del pasado año. Para que se hagan una idea de la importancia de esta medida basta con señalar que 7,3 millones de contribuyentes solicitaron el citado borrador en su
declaración del año pasado. Los que no lo solicitaron
pueden hacerlo desde el pasado 1 de marzo, incluso por internet o por teléfono, y les será remitido también próximamente. Quienes estén de acuerdo con el borrador que les remita la agencia podrán limitarse a confirmarlo y su declaración
estará ya presentada. Lógicamente, en caso de no estar de acuerdo con los datos podrán y deberán modificarlos. Este año, como he dicho, hemos adelantado respecto al pasado el plazo de remisión de borradores y, por tanto, el plazo en que se
efectuará la devolución correspondiente. En este sentido está previsto que las devoluciones se inicien en la segunda quincena de abril, lo que supone un adelanto sustancial respecto de la pasada campaña de renta.
Por último, no quiero dejar de mencionar otros servicios como la remisión de datos fiscales, la puesta a disposición de los contribuyentes del programa Padre, el servicio de cita previa o la atención telefónica. Como novedad de este año, me
gustaría hacer mención a la colaboración que prestará la entidad pública empresarial Red.es, que proporcionará aulas de internet fijas y móviles en las que se prestarán los servicios de la campaña de renta que no exijan firma electrónica. En
definitiva, y como pueden ver, en ningún caso se han dejado de lado las actuaciones orientadas a favorecer el cumplimiento voluntario; antes al contrario, este tipo de servicio se ha visto reforzado y mejorado.
Respecto al Plan de prevención del fraude fiscal, motivo de la comparecencia, lo primero que me gustaría destacar es que ha sido concebido no como un plan de la Administración o del Gobierno, sino como un plan de la sociedad. En este
sentido, la elaboración del plan comenzó con un diagnóstico de la situación por parte de los técnicos de la Agencia Tributaria, a partir del cual se redactó un borrador que fue sometido a un proceso de información pública a través de la página web
de la agencia, permitiendo que cualquier persona, tanto particulares como asociaciones, realizaren observaciones, aportaciones o críticas al mismo.
Además, como ustedes saben, pusimos en la web no solo el plan sino las observaciones y sugerencias
remitidas, con lo cual todo el mundo, y no solo el Gobierno, podía ver las críticas o sugerencias que se hacían y, por tanto, tenía toda la información que hemos tenido nosotros. Esta apuesta por la transparencia y la participación no puede
valorarse sino de forma claramente positiva. Hemos recibido más de 500 sugerencias y 22 informes de distintas organizaciones que, como he dicho, publicamos también en la web. Algunas de las sugerencias las hemos incorporado al plan o han motivado
su revisión en varios puntos, otras lógicamente las hemos desechado. Por último, algunas se han considerado de interés, pero se ha decidido estudiarlas con más detalle para su eventual incorporación en la próxima revisión del plan, y es que -me
gustaría señalarlo aquí- el plan lo concebimos como un instrumento dinámico sujeto a un proceso de adaptación continua.
Respecto a las sugerencias, a título de ejemplo puedo apuntar que se han incorporado sugerencias como las relativas a reducir al mínimo las medidas dirigidas a exigir nuevas obligaciones formales y de información, de tal forma que hemos
decidido que solo cuando se observe una carencia fundamental que no pueda resolverse de otro modo se establecerá la obligación de suministrar los datos. También hemos quitado del plan original la idea de acceso al Registro de la Propiedad de los
documentos privados sobre la compraventa de un inmueble. Y entre las sugerencias que hemos dejado pendientes con el fin de incorporarlas, en su caso, más adelante, me parece interesante destacar la relativa al establecimiento de valores de
referencia para los inmuebles que tengan validez para todos los impuestos. Este es un asunto crucial que puede significarnos una reducción trascendental de litigiosidad en el campo tributario. En este momento tenemos en España una litigiosidad del
orden de 150.000 casos al año y una buena parte de ellos se debe a una falta clara de valores de referencia, ya que a veces tenemos distintos valores de referencia para distintos impuestos. Esto lo hemos puesto ya en marcha dentro de la Agencia
Tributaria en relación con las comunidades autónomas. Hemos creado un grupo de trabajo para estudiar esto, que yo creo que puede liberar de medios de forma importante a la Administración tributaria y a los tribunales. Es un objetivo realmente
importante.
Entrando en el contenido del plan, debo poner de relieve que comporta un cambio de orientación en algunos aspectos que consideramos básicos. Así, queremos pasar de una acción hasta ahora centrada en la comprobación -en traer al
contribuyente y comprobar- a una acción basada en la investigación, en la detección de rentas no declaradas. Decimos de alguna forma que los inspectores deben pasar de la oficina a la calle, que deben investigar el fraude más que estar en la
oficina comprobando contribuyentes, que también tendrán que estar. En fin, frente a la creciente litigiosidad pretendemos fomentar la colaboración social; hay unas líneas de colaboración con asociaciones, colegios, etcétera. Frente a una
organización del trabajo separada en áreas dentro de la Administración tributaria hemos impulsado la integración y, frente a una actuación orientada a la liquidación de las deudas tributarias, hemos pasado a reforzar el cobro efectivo de la deuda
tributaria y no exclusivamente de la deuda descubierta y no la liquidación. Finalmente, se apuesta decididamente por la prevención y detección temprana del fraude, tratando de evitarlo antes de que se produzca. En vez de ir a investigaciones de
muchos años atrás, se trata de ir a la investigación de los últimos momentos. Todas estas ideas se han concretado en más de 300 medidas que son fundamentalmente operativas y organizativas, cambios de orientación importantes en la forma de actuar de
la Agencia Tributaria en la línea que he señalado, pero si ustedes examinan el plan verán que también hay normativas dirigidas a prevenir y corregir el fraude fiscal.
Estas medidas normativas se concentran especialmente en ámbitos prioritarios como
el sector inmobiliario,
las tramas organizadas en relación con el IVA e impuestos especiales, la ingeniería fiscal y el fraude a través de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales o el delito fiscal.
Entrando ahora en el detalle podemos poner de relieve medidas como las siguientes. Reforzar la actividad investigadora. ¿Dónde especialmente? En el sector inmobiliario, donde vamos a realizar una planificación integral de las actuaciones
de control con inspecciones verticales, es decir, actuaciones coordinadas y simultáneas acerca de diversas empresas del sector que estén interrelacionadas o que realizan operaciones entre ellas. Además, se llevarán a cabo actuaciones específicas
acerca de subcontrataciones y uniones temporales de empresas. Respecto a las tramas organizadas del IVA, se establece una estrategia única y centralizada para combatir este tipo de fraude, así como protocolos de actuación ante las distintas
situaciones que puedan producirse. A estos efectos, todas las actuaciones de las distintas áreas de la agencia en este ámbito se llevarán a cabo con la coordinación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. En los impuestos especiales se
actuará contra las tramas organizadas, en especial las vinculadas a la introducción en España de vehículos; supuestos en los que en ocasiones se declaran bases imponibles bajísimas. Se hace un esfuerzo específico para combatir el blanqueo de
capitales sobre los expedientes del delito fiscal. Dentro del plan está previsto crear un observatorio del delito fiscal e incrementar la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la Abogacía del Estado, con el ministerio
fiscal, con el Ministerio de Justicia y con el Consejo General del Poder Judicial. Asimismo se contempla un mejor aprovechamiento de los recursos del Servicio de Vigilancia Aduanera, en particular en tareas de prevención de contrabando y
narcotráfico y apoyo a la investigación fiscal. Se han adoptado medidas específicas para hacer frente a la denominada ingeniería fiscal, estableciendo un procedimiento para gestionar la información y el conocimiento disponibles y garantizar su uso
en los procedimientos de control, de forma que se puedan detectar casos similares y se normalice el modo de actuar contra este tipo de fraudes. Hacemos especial hincapié -lo he mencionado antes- en la fase de recaudación. ¿Para qué? Para
garantizar el cobro de la deuda mediante la adopción de medidas cautelares y la adopción de acciones judiciales para lo que se denomina levantamiento del velo en los casos de entramados de sociedades utilizadas para eludir el pago de la deuda.
Finalmente, se apuesta decididamente por una mayor presencia de la Agencia Tributaria fuera de las oficinas de la Administración, potenciando tareas de investigación y recopilación de información in situ. Además de reforzar la actividad
investigadora se recogen otras líneas de actuación como las siguientes.
Una apuesta decidida por las actuaciones preventivas, promoviendo la colaboración social en la prevención del fraude. En el plan hemos previsto la suscripción de acuerdos de
entendimiento con sectores económicos en los que la generalización del fraude constituye un importante factor de competencia desleal. No sólo nosotros estamos interesados como Administración tributaria, sino las empresas que están trabajando y
están pagando sus impuestos y consideran el fraude como un caso claro de competencia desleal. Impulsamos la educación tributaria y la comunicación externa, y se crean nuevos servicios para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se
lleva a cabo un mayor control de las devoluciones mediante actuaciones de comprobación limitada por unidades especializadas cuando se trate de contribuyentes con actividades económicas y actuaciones inspectoras en casos de mayor riesgo fiscal. Por
último, hemos impulsado alianzas institucionales con otras administraciones tributarias y con otros organismos e instituciones, en especial con las administraciones tributarias autonómicas. En la web del ministerio está colgado un documento, que yo
creo que es de enorme interés y que ha sido muy valorado por las comunidades autónomas, titulado Relaciones entre los órganos de la Secretaría de Estado de Hacienda y las comunidades autónomas. Realmente hemos dado unos pasos muy importantes,
haciendo cosas que deberían ser obvias pero que no se hacían. Finalmente, aunque el plan, como he dicho, tiene un carácter eminentemente operativo, se incluyen determinadas medidas normativas que pueden contribuir en forma positiva a la prevención
del fraude. La idea es elaborar, a lo largo de este año, un proyecto de ley de prevención del fraude en el que se recojan las principales medidas de tipo normativo.
Quiero señalar también que en la agencia hemos adoptado medidas organizativas que a mí me parecen importantes. Durante los últimos once años, la agencia se había ido fragmentando y separando, desintegrando de alguna forma. ¿Y qué hemos
hecho? En este momento hay cuatro oficinas nacionales, de inspección, recaudación, gestión y aduanas, y se crea una delegación central que de alguna forma integre todas -es un proceso lento, no es un proceso rápido-; y ante las dos oficinas de
investigación de fraude fiscal que teníamos, la del resto de los impuestos y la de aduanas, se crea una sola oficina nacional de investigación del fraude.
Todo esto quizá les puede parecer poco importante pero es trascendental para el
funcionamiento de la Agencia Tributaria. En cuanto a las actuaciones de coordinación e integración entre áreas funcionales, desde el 1 de enero, inspectores y aduanas están llevando a cabo actuaciones a la vez. Les parecerá obvio pero no se ha
hecho nunca, se hace desde el 1 de enero, y es algo absolutamente fundamental. Los inspectores y los encargados del servicio de aduanas actúan conjuntamente sobre los sujetos pasivos que tienen ambos tipos de impuestos, y lo mismo ocurre en un área
fundamental como es la de liquidación y recaudación -como les he dicho- para conseguir el cobro efectivo de la deuda. En este sentido, desde el 1 de enero, hemos empezado una experiencia piloto, cuatro delegaciones especiales y una provincial
lo están haciendo y a partir del 1 de abril lo extenderemos a todas para las actividades previstas. Todo esto, insisto, parece obvio pero no se hacía. Siento mucho decirlo pero es una cosa elemental y uno se pregunta cómo podían estar
funcionando todas estas áreas de forma diversa. El resultado era que no se cobraban las deudas. Todos los años teníamos unos informes enormes de liquidación de cantidad de deuda, pero cuando íbamos al cobro efectivo no se cobraba. Ahora estamos
pasando de algo que es menos espectacular a una cosa más efectiva.
Para concluir, pondría de relieve que el plan ha comenzado, como ven, a aplicarse de forma inmediata; que la mayoría de las medidas tienen carácter operativo y pueden ser puestas en práctica sin necesidad de grandes cambios, y que el resto
de las medidas las iremos aplicando a lo largo del año. En todo caso, la Agencia Tributaria ha identificado ya un documento de las unidades responsables de la aplicación de cada una de las medidas y cada una de ellas tiene un calendario para su
puesta en práctica. Esto refleja nuestro compromiso con el plan y nuestra voluntad de llevarlo adelante de forma rigurosa.
Pasemos ahora a abordar lo relativo a la reforma fiscal, aunque como ya les adelantaba, señorías, no se han adoptado decisiones finales. Llevamos tiempo trabajando en la reforma, analizando el funcionamiento del IRPF vigente y estudiando
los aspectos que hay que modificar y, como he dicho, próximamente, en este mes, se darán a conocer las directrices básicas de la reforma, pero creo que entenderán que ahora, antes de que hagamos ese anuncio, yo deba ser prudente. Señorías, el
Gobierno ha querido desde el primer momento huir de prácticas como las vividas en los últimos años, con modificaciones tributarias continuas que iban acumulándose hasta alcanzar más de 2.000 cambios normativos en este ámbito en la pasada
legislatura, tres diarios, el BOE inflado absolutamente. Dijimos en nuestro programa que una de las ideas clave es el sosiego tributario, y hemos arrancado con sosiego tributario. ¿Por qué? Porque la inestabilidad normativa favorece la
conflictividad y la litigiosidad, y de ahí que insistamos en mantener cierta estabilidad normativa en el ámbito fiscal y tranquilidad y prudencia en los cambios. Por esto motivo, por ejemplo, hemos mantenido íntegramente la Ley General Tributaria
aprobada en la legislatura anterior. Ustedes saben que el Partido Socialista presentó enmiendas importantes a esa ley y que no fueron aceptadas con el rodillo de la mayoría absoluta; sin embargo, no hemos venido a esta Cámara a modificar aquello
que ahora, con una nueva mayoría, deberíamos haber modificado en la línea de veamos qué sucede, experimentemos tranquilamente y si es necesario modifiquemos. Por ello también nos estamos tomando el tiempo previsto en el programa electoral para
presentar a lo largo del segundo año de legislatura la reforma del IRPF, que hemos empleado en analizar con detalle, como les he dicho, el régimen vigente y en estudiar posibles modificaciones y evaluar sus efectos. Por el momento, y como saben
SS.SS., los únicos cambios normativos que hemos introducido en el campo de los impuestos se han orientado a bajarlos moderadamente. Hemos deflactado la tarifa del IRPF tal como prometimos en el programa electoral. En este sentido, creo que hemos
puesto fin a una práctica perniciosa del Gobierno anterior, y que habíamos denunciado, que iba subiendo los impuestos en frío todos los años para luego decir que los bajaba justo antes de las elecciones. Por lo demás, en la Ley de presupuestos se
han introducido poquísimas modificaciones tributarias, todas ellas en el sentido de reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas; otra línea de política fiscal que propugna este Gobierno. Igualmente se ha aprobado una Ley de
modificación de tasas y beneficios fiscales de acontecimientos de interés público, que no me cabe duda que ustedes conocen bien porque ha sido objeto de trabajo en esta Comisión, que es la que da lugar a la desaparición de la ley de acompañamiento y
a que estas modificaciones se puedan estudiar de nuevo sosegadamente, no con una enmienda en el último momento en el Senado, tal como se hacía habitualmente.
Me gustaría referirme también brevemente a las poquísimas medidas fiscales contenidas en el Plan de dinamización de la economía e impulso de la productividad, que podrán debatir ustedes muy pronto. Este plan, que abarca un amplio elenco de
medidas liberalizadoras y que fundamentalmente es un plan de liberalización y de creación al menos de cinco mercados nuevos, incluye también un proyecto de ley en el que se recogen medidas fiscales para el fomento de la competitividad empresarial y
el crecimiento de la economía. Yo querría destacar de esas medidas las adoptadas para potenciar el régimen de vivienda en alquiler, creando un nuevo tipo de institución de inversión colectiva de carácter inmobiliario y simplificando los
complejísimos requisitos del régimen especial de las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. Además, lo que hemos hecho ha sido extender los beneficios fiscales que se habían dado a las instituciones de inversión colectiva a aquellas
instituciones que hagan promoción inmobiliaria, porque uno de los grandes problemas que tenían estas instituciones es que no encontraban el tipo de inmuebles para de alguna forma poder alquilar y, por tanto, se abre la posibilidad de que ellas
mismas puedan promoverlo. Por otro lado, hemos potenciado el tema de la investigación e innovación en las pymes, reformando el impuesto sobre sociedades en dos sentidos: modificando la deducción por actividades en investigación, desarrollo e
innovación tecnológica y potenciando las nuevas tecnologías en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, incrementando en cinco puntos el porcentaje aplicado a la deducción para el fomento de tecnologías de información y de la comunicación,
pasando del 10 al 15 por ciento.
No obstante todo lo anterior, no me cabe duda que lo que despierta mayor interés es la próxima reforma del
IRPF, reforma que -como digo- estamos ultimando y cuyas directrices presentaremos este mes. Esta reforma es, como saben ustedes, un compromiso recogido en el programa electoral con el que el Partido Socialista concurrió a las últimas
elecciones generales. Las líneas generales de la reforma se encontraban recogidas en ese programa y en buena lógica pueden pensar que las vamos a respetar. Como hemos venido reiterando, la idea es configurar un impuesto sobre la renta más simple,
más equitativo, más eficiente y con tipos más bajos. Lógicamente, no se tratará de imponer el programa a rajatabla, entre otras cosas porque -como ustedes saben-, dadas las mayorías en este Congreso, la reforma deberá ser necesariamente negociada
en sede parlamentaria y asimismo -no lo olviden- habrá de tenerse en cuenta la posición de las comunidades autónomas. Aunque legalmente uno pudiera decir que no porque tienen capacidad normativa para, evidentemente hay un tema de lealtad
institucional de dialogar con ellas a la hora de reformar este impuesto.
El 33 por ciento va directamente a comunidades autónomas, por supuesto mucho más del 33 a través del fondo de suficiencia, pero el 33 va directamente a comunidades autónomas y
por tanto estamos reformando algo que les afecta sin duda. A partir de estos criterios básicos, en la Secretaría de Estado hemos llevado a cabo un intenso trabajo de estudio y análisis, tratando de perfilar una reforma que se ajuste a estas ideas
del programa electoral y que al mismo tiempo garantice la suficiencia, que es algo que ha de presidir todo sistema fiscal que se pretenda viable. Lo primero que me gustaría destacar es que se presentará una reforma moderada. Nuestra apuesta por la
estabilidad y por evitar cambios bruscos que puedan causar incertidumbres nos ha llevado a seguir una línea de trabajo orientada a introducir cambios que consideramos importantes, pero no revolucionarios. Así, en la línea de lograr un tributo más
sencillo y eficaz nos hemos propuesto desde el primer momento reducir el número de tramos del mismo. Este compromiso, que proviene también del programa electoral, nos ha llevado a analizar distintas hipótesis y aunque -insisto- no hay una decisión
definitiva, es cierto que algunas cuestiones ya han sido aclaradas por el vicepresidente segundo en el sentido de ir a un impuesto con un número de tramos que se situaría entre dos y cuatro. Asimismo nos hemos propuesto bajar los tipos. Desde el
primer día hemos venido apuntando la conveniencia de reflexionar acerca de si resulta preferible un impuesto con tipos elevados, como el que hemos heredado, el impuesto actual, el de las últimas reformas, o un impuesto con tipos más reducidos y un
menor peso de las deducciones. En esta línea, estamos tratando de hacer lo posible por llevar a cabo una reducción de tipos que siempre habrá de conjugarse con el mantenimiento de un cierto nivel de recaudación, otro de los compromisos que está en
el programa electoral. Por otro lado -y en esto sí quiero ser categórico-, nos proponemos corregir algunos de los que consideramos aspectos injustos y regresivos de las reformas del Gobierno anterior introducidas en este impuesto. Me he referido
ya en anteriores ocasiones y aquí mismo al tratamiento de las circunstancias personales y familiares. En esta materia ya he comentado que la reforma que introdujo el Partido Popular yo solo la puedo calificar de regresiva e injusta. En su
configuración actual, la que le dio el Gobierno anterior, el tratamiento de las circunstancias personales y familiares depende del nivel de renta, de tal forma que reporta mayor beneficio fiscal a los contribuyentes con mayores rentas. Pongamos un
ejemplo gráfico. Si a dos ciudadanos con un hijo a cargo se les reduce la base imponible en 1.400 euros, como prevé la ley, y uno con rentas menores tributa al 24 por ciento mientras que el otro con mayores ingresos tributa al 45 por ciento, el
primero tendrá una deducción en la cuota de 336 euros mientras que la deducción del segundo alcanzará los 630 euros. ¿Por qué tiene que subvencionar el Estado en mayor medida a los hijos de los ciudadanos con rentas más elevadas? Es algo que
carece de toda lógica y atenta contra los elementales principios de progresividad y solidaridad. Por eso esta es otra de las cuestiones que vamos a modificar. Del mismo modo, nos parece profundamente injusto el tratamiento de las rentas de
trabajo, otra de las cuestiones que ya se apuntaban en el programa electoral. En esta materia, siguiendo lo que decía el programa, debemos avanzar hacia una mayor equidad horizontal, que hoy se ve vulnerada en perjuicio de las rentas de trabajo
frente a las de actividades empresariales o de capital.
Las rentas de trabajo han venido suponiendo en los últimos años casi un 80 por ciento de las rentas declaradas en el IRPF y en torno al 75 por ciento de la cuota líquida frente a las rentas
procedentes de otras fuentes. El dato más claro, más rotundo es el siguiente. Por rendimientos de trabajo se declara una media de 15.000 euros y por actividades empresariales no se llega a 11.800. Parece evidente que existe un desequilibrio y que
debe hacerse un esfuerzo por corregirlo, al menos parcialmente. El IRPF, pues, debe ganar en horizontalidad, de tal forma que, como señalaba nuestro programa, vayamos a que ciudadanos con iguales niveles de renta y circunstancias similares paguen
lo mismo.
Algo podemos decir asimismo de las reducciones y deducciones, y con ello entraríamos en algunos aspectos concretos sobre los que se ha solicitado mi comparecencia en esta Comisión. Me referiré en primer término al tratamiento fiscal de la
adquisición de vivienda. Las deducciones fiscales para adquisición de vivienda tienen un hondo arraigo en nuestro país y, aunque han sufrido modificaciones en el tiempo, lo cierto es que son muchos los contribuyentes que se benefician de las mismas
y que vienen contando con ellas cuando deciden adquirir una vivienda. Más de 5.500.000 contribuyentes se acoge a este tipo de deducciones, con una distribución en función de sus niveles de renta bastante homogénea. De hecho, los tramos en los que
nos encontramos mayor número de declarantes que se
benefician de estas deducciones son los situados entre 12.000 y 21.000 euros, seguidos de los situados entre 6.000 y 12.000. No obstante, pese a su indudable popularidad, no han faltado los comentarios críticos respecto a estas deducciones
relacionados con la situación que atraviesa el mercado inmobiliario en nuestro país y en particular el importante incremento de los precios de la vivienda, que dificulta a menudo el acceso a la misma. También se ha destacado desde distintos ámbitos
el desequilibrio que se da en España entre la vivienda en propiedad y la vivienda en alquiler, desequilibrio en el que también pueden influir estas deducciones. Es cierto que es un problema complejo y que en él existen factores muy diversos, como
la situación de los tipos de interés, las políticas sobre el suelo e incluso la indudable existencia de una cultura en España de la vivienda en propiedad, pero ello no obsta para que no se haya suscitado una reflexión sobre la idoneidad de las
deducciones por adquisición de la vivienda. Muy recientemente era el Fondo Monetario Internacional, dirigido por el español señor Rato, el que ponía en cuestión estas deducciones. Lógicamente, en el momento de abordar la reforma del IRPF el
tratamiento de estas deducciones se ha puesto sobre la mesa, tratándose de una de las cuestiones que mayor inquietud ha despertado. Si SS.SS. pretenden que yo aclare aquí ahora cómo van a quedar configuradas las deducciones por la vivienda en el
nuevo IRPF, me veo obligado a insistir en que no hay decisiones finales al respecto, pero sí puedo apuntarles, como ha hecho ya el propio vicepresidente, que en esta materia optamos en todo caso por una reforma moderada. No somos partidarios de
cambios bruscos en este ámbito, precisamente porque se trata de un tipo de deducción con amplio arraigo que ha incidido e incide en las decisiones económicas de muchas familias.
Por otro lado, cabe plantearse si un momento como en el que estamos,
con la vivienda con precios elevados y muchas familias embarcadas en su adquisición, es el más adecuado para plantear la supresión de este tipo de incentivos. Además -no lo olvidemos y como ya he apuntado-, se trata de una deducción a la que se
acogen mayoritariamente declarantes de renta media y baja y cuya cuantía es bastante homogénea en los distintos tramos de renta, circunstancia que como luego veremos no concurre en otro tipo de beneficios fiscales, como pueden ser los previstos para
los planes de pensiones. Entendemos, no obstante, que hay aspectos muy mejorables en el tratamiento fiscal de la vivienda, y algunas de las medidas que propondremos en este campo ya son conocidas. Antes me he referido a las medidas orientadas a
favorecer el alquiler, introducidas en el plan de dinamización, que atañen fundamentalmente al impuesto de sociedades.
En definitiva, el Gobierno está comprometido con la mejora de la situación del mercado inmobiliario en España y la política fiscal no debe ser en absoluto ajena a estas cuestiones. Las deducciones por adquisición de vivienda están siendo
objeto de estudio en el marco de los trabajos de la reforma del IRPF y no es posible hacer estas deducciones sin tomar en consideración el tratamiento final que se dará a otros elementos del tributo. En todo caso, sí puedo decir que el Gobierno no
pretende introducir cambios profundos en esta materia. Hay retoques o correcciones que podrían introducirse, pero el mantenimiento en lo esencial de las deducciones de esta índole entra dentro de lo razonable.
Otra de las cuestiones por las que se ha solicitado mi comparecencia es la de los incentivos fiscales al ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo es sin duda importante y debemos preocuparnos de promoverlo. Con ello garantizamos la
capacidad adquisitiva de los ciudadanos en el futuro y aseguramos cierta estabilidad socioeconómica. Pero el ahorro a largo plazo no puede identificarse únicamente con los planes de pensiones. Y digo esto porque en el momento en que se produjo la
petición de mi comparecencia, y por el eco que tuvo en ese momento la cuestión, imagino que la solicitud pretendía orientarse hacia el tema del tratamiento fiscal de los planes de pensiones, una de las cuestiones que más debate ha suscitado en la
sociedad. Por cierto, me gustaría hacer un breve paréntesis personal para decir que en contra de lo que parecen entender algunos, yo creo que el debate público sobre esta cuestión es muy útil y enriquecedor. Digo esto porque mis palabras, en su
día, de la conveniencia de abrir una reflexión sobre el tratamiento fiscal de los planes de pensiones, que fueron objeto de crítica por algunos señalando que se despertaban incertidumbres e inquietudes, al final, el debate y la exposición de
argumentos en público en un momento en el que se trabaja por reforma el IRPF es positivo. A partir de entonces han sido muchos los que se han pronunciado sobre esta cuestión desde distintas tribunas, se ha escrito artículos, se ha debatido en las
Cámaras y yo mismo comparecí a propósito de esta cuestión ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo. Creo que este proceso ha sido y es enriquecedor y valioso.
Entrando ya en materia, puedo decir que con el régimen fiscal de los planes de pensiones ocurre algo no muy diferente de lo que señalábamos respecto a las deducciones de vivienda, si bien con el matiz de que no pueden considerarse tan
populares, o al menos tan extendidas, sino que benefician mayoritariamente a determinados contribuyentes con mayor capacidad de ahorro. Así, si analizamos los datos que nos ofrece la Agencia Tributaria, vemos que de los 23 millones de
contribuyentes hay 20 millones con rentas inferiores a 21.000 euros, es decir, el 85 por ciento de los contribuyentes; y de ese 85 por ciento de esos 20 millones sólo el 6 por ciento realiza anualmente aportaciones a los planes de pensiones.
Es
decir, es algo exótico en el conjunto de los 20 millones de contribuyentes; además, la media es 90 euros. Sin embargo, a medida que subimos en los tramos de renta, los porcentajes van creciendo hasta llegar a ser muy importantes: de 21.000 a
60.000 euros son todavía minoría, pero son un tercio los contribuyentes los que aportan a planes de pensiones,
y a partir de 60.000 euros de renta son dos tercios de entre los 300.000 contribuyentes que hay en ese tramo. Estos resultados no deben sorprender porque la subvención está establecida que es mayor cuanto mayor es la renta. Así, tomando
por ejemplo una aportación de 9.000 euros, la renta diferida para un contribuyente con un tipo del 18 por ciento es 1.600 euros, mientras que para un contribuyente con el marginal del 45 la renta diferida son 4.000 euros. Por tanto, no deben causar
sorpresa los efectos en la distribución entre los distintos tramos de renta. Yo creo que las diferencias en el caso de las deducciones con la vivienda son claras. Les decía que existe un paralelismo entre que en distintos foros se ha puesto en
cuestión el acierto del tratamiento fiscal que se da a estos instrumentos. Son muchísimos los autores que se han pronunciado sobre esta cuestión, pero me gustaría traer a colación aquí las reflexiones que se han hecho en el marco del Comité de
Política Económica de la OCDE.
En el seno de la OCDE se ha estudiado cómo están funcionando los incentivos a los planes de pensiones, que en casi todos los países de la organización tienen un tratamiento similar al español. Aquello que creamos -ya saben que tuve la
suerte de preparar esa ley siendo secretario de Estado de Economía en los años ochenta- y que todos los países de alguna forma nos lanzamos, hoy tenemos todos más o menos el mismo esquema, por tanto no nos diferenciamos en el esquema que tenemos, es
algo que se está poniendo en cuestión y que la OCDE parece poner de relieve. El resultado es que los incentivos que diseñamos en su momento no están logrando conseguir los objetivos para los que los instituimos. A partir de los estudios de
reputados economistas, en el seno de la OCDE, se aprecia que por un lado los incentivos fiscales a los instrumentos complementarios de previsión social no propician un incremento global del ahorro, mientras que por otra parte a lo que dan lugar
estos incentivos es a una desviación del ahorro, particularmente entre los ciudadanos con rentas más elevadas, hacia los productos fiscalmente más beneficiados, lo cual no deja de ser absolutamente lógico. A grandes rasgos, por tanto, podemos
afirmar que en el marco de la OCDE se está abriendo paso la idea de que estos incentivos fiscales a los planes de pensiones no parecen estar consiguiendo su objetivo, porque no logran que se genere más ahorro, y particularmente -y lo que es más
importante- es que no consigan generarlo allí donde es más necesario: en los ciudadanos con rentas más bajas. Hemos de tener en cuenta que estos ciudadanos con menores rentas ejercerán, cuando sean ancianos, una presión al gasto que afectará no
sólo al sistema público de pensiones sino al sistema fiscal en general, exigiendo en última instancia una subida de impuestos que permita obtener recursos para atenderle. Por tanto, diseñar unos beneficios fiscales que realmente nos den unas
pensiones complementarias privadas es crucial, porque es de alguna forma con lo que vamos a impedir la presión sobre el gasto público en el futuro. Si estos beneficios fiscales no son exitosos en generar pensiones complementarias privadas, sino que
van a otro objetivo distinto, el de desviación del ahorro, legítimo desde el punto de vista de cualquiera que tenga sus incentivos fiscales para usarlos, no estamos consiguiendo el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de los planes de
pensiones no es tanto el ahorro como la supervivencia de los ahorros. El problema es cuando alguien vive más de lo que le han durado los ahorros. Este es el problema fundamental que afronta la Seguridad Social desde el punto de vista público y al
que desde el punto de vista de los beneficios fiscales de los fondos de pensiones debemos orientar de alguna forma nuestra legislación. A una conclusión muy parecida a la que ha llegado la OCDE se llegó en este país por los representantes de todas
las fuerzas políticas en esta Cámara. Estoy hablando de cuando aprobaron por unanimidad en octubre de 2003 la revisión del Pacto de Toledo. La Comisión de seguimiento constató el insuficiente grado de desarrollo de la previsión complementaria en
España y la necesidad de seguir reforzándola, ampliando su alcance a un mayor número de personas. Es decir, se reconoció que la normativa vigente no ha propiciado, o al menos no lo ha hecho suficientemente, que los sistemas complementarios de
previsión se extiendan a determinados colectivos.
En definitiva, sin dejar de coincidir en que favorecer el ahorro a largo plazo y potenciar los sistemas complementarios de previsión social es importante, se está cuestionando que estos incentivos fiscales, tal y como estén configurados,
sirvan eficazmente a este fin. Y hemos visto que globalmente no generan más ahorro, y que además no lo generan entre los niveles inferiores de renta. En ello incide, lógicamente, la menor capacidad de ahorro de los ciudadanos con menores rentas,
pero también el régimen fiscal, que recibe mayor subvención el contribuyente de renta más alta. Y todo esto sin entrar en otro debate, directamente ligado a este, acerca del dirigismo o las distorsiones que introducen los incentivos dando lugar a
que el ahorro, especialmente el de los ciudadanos de rentas elevadas, se desvíe hacia productos fiscalmente beneficiados en lugar de dirigirse a las inversiones más rentables, con el perjuicio que ello pueda comportar en términos de crecimiento
económico. Por tanto, como ocurre con la deducción en vivienda, si nos planteamos una reforma del IRPF parece que hay motivos para preguntarnos, cuando menos, qué debemos hacer con los incentivos de los planes de pensiones. Una vez más me veo
obligado a ser cauto y a manifestarles que no es posible dar una respuesta definitiva en estos momentos. Creemos que hay aspectos mejorables que pueden perfeccionarse y que hay cuestiones vinculadas a estas, como por ejemplo el régimen fiscal de
los seguros de dependencia, que no cuentan hoy en España con tratamiento adecuado. Estamos trabajando sobre ello y hay ideas sobre la mesa, pero la decisión final se conocerá cuando se dé el conjunto de la reforma.
Con esto concluyo, señorías. Como pueden ver, durante este primer año hemos puesto en marcha un ambicioso plan de prevención del fraude fiscal, y vamos a aprobar la reforma del IRPF a la que nos comprometimos en el programa electoral. Se
trata, por tanto, de dos pilares complementarios de nuestra política fiscal, que persiguen, en última instancia, un mismo objetivo: un reparto más justo y eficiente de las cargas fiscales.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): ¿Puedo contestar ahora la pregunta oral?
El señor PRESIDENTE: Sí, puede contestarla ahora.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Me dice el presidente que puedo contestar ahora a la pregunta oral formulada por don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, en relación
con las ayudas a las familias que tienen entre sus miembros a una persona discapacitada. Tengo el texto de la pregunta, lo he leído y les recomiendo a todos que lo hagan, porque S.S. hace en la pregunta un repaso magnífico de las medidas más
importantes que el Gobierno ha ido adoptando durante estos dos meses. Podría repetirlas pero ya las expone él en su pregunta. Yo me centraré en los aspectos fiscales.
El Gobierno es plenamente consciente de que el sistema fiscal puede ayudar a este tipo de familias a paliar las dificultades que supone el hecho de tener una persona discapacitada en su seno. Ya he apuntado que el tratamiento de las
circunstancias familiares y personales en la configuración actual del impuesto no es equitativo, es susceptible de ser mejorado y estamos trabajando en ello. No puedo decir en qué términos quedarán estas ayudas fiscales a las familias, porque es
una cuestión que depende de la configuración final del tributo y del conjunto de los elementos que lo integran, pero les aseguro que el Gobierno, como no puede ser de otro modo, será sensible a estas circunstancias y mantendrá esos elementos de
individualización en la regulación del impuesto, de tal forma que las familias con personas que sufran minusvalía cuenten con un tratamiento fiscal favorable. Esta es una idea que recogía expresamente nuestro programa electoral y a la que el
Gobierno no puede renunciar. Por otro lado, como he apuntado en la comparecencia, uno de los aspectos que nos preocupan es el tratamiento fiscal que han de tener los seguros de dependencia, o la toma en consideración de la dependencia y el
envejecimiento al abordar la revisión de los beneficios fiscales de los planes de pensiones. La dependencia será, sin duda, uno de los grandes temas de esta legislatura. El libro blanco que ha elaborado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
pone de manifiesto que esta situación afecta ya a dos millones y medio de personas y que puede alcanzar a tres millones y medio durante los próximos 15 años. Estamos decididos, pues, a progresar en la puesta en marcha de planes que resuelvan esta
situación.
Es una cuestión que atañe a toda la sociedad, y, desde luego, en el área de mi responsabilidad, tanto por el lado del gasto público como por el fiscal, tenemos muy presentes estar circunstancias.
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora al debate en el que intervendrá, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Me ha pillado por sorpresa porque pensaba que iba a intervenir en primer lugar el Grupo Popular, pero es igual, no hay ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Sí, tiene usted razón. He querido seguir el orden de menor a mayor, pero como es habitual en las comparecencias seguiremos el orden contrario, de mayor a menor. En este caso, tiene la palabra por el Grupo
Parlamentario Popular el señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Yo entendía que no era sólo por el orden de mayor a menor, sino también en razón de quien realizaba la solicitud de comparecencia, y esta es una de las que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular; una de las
cuatro que hemos subsumido en esta comparecencia, que agradecemos, del secretario de Estado de Hacienda.
¿De cuánto tiempo dispongo, señor presidente? Son cuatro las comparecencias que estamos subsumiendo en esta.
El señor PRESIDENTE: Quince minutos.
El señor UTRERA MORA: Gracias.
Me van a permitir que utilice en mi intervención un orden inverso al que ha utilizado el secretario de Estado para, de la misma forma que se va a hacer con la inspección fiscal, ir cogiendo primero las cuestiones más frescas.
En cuanto a la tributación del ahorro a largo plazo, no era solo a la tributación del ahorro-previsión social sino también de los incrementos de patrimonio y del capital era general, de las colocaciones de ahorro, lo que pretendíamos
referirnos y debatir en esta comparecencia, pero puesto que el secretario de Estado se ha referido exclusivamente a la previsión social me van a permitir que centre mis reflexiones sobre esta cuestión. Me alegra este cambio de opinión. Lo que hace
unos meses era manifiestamente contrario al espíritu de lo que debía ser un impuesto sobre la renta progresivo, ahora parece que es compatible con un impuesto sobre la renta progresivo. Lo que antes no favorecía en absoluto el ahorro, y además no
se tomaba en consideración -los acuerdos de la Comisión del Pacto de Toledo precisamente-, y el papel no sólo de generador de ahorro
y por tanto de flujo de inversión a largo plazo, sino también de previsión social, que es el objetivo básico de esos instrumentos, parece que está subiendo en la valoración de los responsables del Ministerio de Hacienda.
Nosotros nunca
tuvimos duda de que se mantendría la deducción sobre este instrumento de colocación de ahorro a largo plazo, basado en instrumentos fiscales pero orientado hacia objetivos sociales a muy largo plazo, el hecho de compatibilizar -como decía el señor
Fernández Ordóñez- la esperanza de vida con el ahorro directo o indirecto de los ciudadanos colocado en estos instrumentos, por lo que defenderemos este criterio. De modo que bienvenidas sean las reflexiones, que consideramos puramente teóricas
puesto que no nos ha aclarado si la deducción se va a mantener y en qué términos, aunque comprendemos que es todavía pronto para que nos desvele algunas de las cuestiones que incluirá su plan de reforma fiscal.
Entendemos de sus reflexiones que sí
tendremos deducción -no podría ser de otra manera-, como hemos defendido y amparado desde el primero momento, por lo que precisamente reforzamos y potenciamos los límites cuantitativos de esa deducción, incluso adecuamos el importe de la deducción a
la esperanza de vida, y por tanto a la edad, de los contribuyentes en el momento de beneficiarse del instrumento.
En cuanto a su reflexión sobre la deducción por vivienda, también le damos la bienvenida a su cambio de criterio. Algo que se inició en un debate también teórico, fundamentado no sólo en informes internacionales sino en una percepción
quizás demasiado coyuntural del concepto burbuja inmobiliaria, llevó al Gobierno -o algunos miembros de él y a algunos altos cargos- a presumir que esta deducción podría ser suprimida, eliminada. Efectivamente, la deducción tiene un hondo arraigo,
creo recordar que forma parte de nuestro sistema tributario desde finales de los años setenta; desde luego seguro que desde principios de los años ochenta en el nuevo sistema fiscal, en el sistema que nació a finales de los setenta plenamente
acorde con el espíritu progresivo que debía inspirar la nueva tributación después de la transición política. Y no solo el arraigo del instrumento, también su potencia para favorecer el cumplimiento de las previsiones de la Constitución española en
cuanto a la promoción de un bien básico, la vivienda, que los españoles tengan una vivienda en propiedad, sino que ha sido un instrumento que ha funcionado mejor o peor. En el pasado funcionaba peor, y me gustaría que el secretario de Estado de
Hacienda, que tiene criterio sobre las cuestiones de que estamos hablando, no obvie la reflexión sobre el hecho de que si ahora la deducción por vivienda beneficia fundamentalmente a contribuyentes de rentas bajas lo hace precisamente como
consecuencia de la reforma que a la deducción por vivienda le aplicaron los gobiernos del Partido Popular. ¿Sabe usted por qué, señor Fernández Ordóñez? Por la sencilla razón de que nosotros entendíamos que este instrumento debía mantenerse en el
tiempo, pero que debía potenciarse y reforzarse precisamente como instrumento de adquisición de vivienda por los contribuyentes de rentas más humildes y para la adquisición de viviendas de menor precio. Dicho de otra forma, nosotros topamos la
deducción de vivienda, eliminamos la deducción en base imponible de los intereses por los préstamos para la adquisición de la vivienda, limitamos a 9.000 euros la deducción tope que se podía aplicar en la cuota del impuesto sobre la renta y como
resultado da un instrumento, una deducción, un incentivo fiscal que beneficia en general a todos los contribuyentes, pero en mayor medida a quienes se quiere beneficiar: a los contribuyentes de rentas más reducidas y por la adquisición de viviendas
de precio más reducido. Eso es así porque anteriormente -hasta el año 1995 en que usted fue responsable en el Ministerio de Economía- le quiero recordar -aunque no le voy a poner un ejemplo numérico, como ha hecho usted- que contribuyentes de bases
imponibles por ejemplo de 100 millones de pesetas podían deducirse por vivienda hasta el 30 por ciento de la base imponible; es decir, podía llegar la deducción por adquisición de vivienda hasta 30 millones de pesetas dependiendo del nivel de la
renta.
Por tanto, bienvenidos sus cambios de criterio, pero dejen de reflexionar en voz alta. Creo que en el Ministerio de Hacienda tiene usted expertos suficientes y usted mismo debería tener -presumo que lo tiene- bastante criterio como para que
reflexionen entre ustedes y dejen de reflexionar en la opinión pública, hacia afuera, porque lo único que se crea es inquietud respecto a un instrumento fiscal poderoso, bien dirigido y que beneficia fundamentalmente a rentas medias o modestas en la
adquisición de viviendas de precio medio o modesto y además sin limitaciones, es decir, se puede adquirir una vivienda de precio más alto y se puede adquirir también por individuos de rentas más altas, lo que ocurre es que no se benefician de la
deducción; la deducción llega hasta donde llega, hasta 9.000 euros año en la adquisición de vivienda. Por tanto, es un instrumento que se ha mejorado, del que estamos orgullosos y parece -de sus palabras lo deduzco- que no se va a tocar.
En cuanto a la reforma fiscal, hay dos cuestiones a las que usted se ha referido y sobre las que voy a hacer algún comentario, pero hay una a la que no se ha referido y le quiero llamar la atención sobre ella. Las reformas fiscales pueden
ser más justas, más regresivas o más progresivas, pero no deben ser un hito en el tiempo, no deben ser algo que la situación en un momento dado aconseje y que en otro momento, largo en el tiempo, no lo aconseje y se trate de vivir en una especie de
sosiego tributario, como usted ha dicho, es decir, de estar quietecitos y no hacer prácticamente nada. Ese es un concepto antiguo y además erróneo.
Las reformas tributarias modernas son reformas continuas, constantes. No se puede pensar que se
puede hacer una gran reforma y olvidarnos de introducir modificaciones, a veces retoques menores y otras veces importantes -y
luego hablaré del plan de dinamización que usted nos ha comentado-, porque es una necesidad perentoria, absoluta, de economías modernas que se enfrentan no solo a retos de internacionalización y de globalización sino a inputs continuos,
tanto de naturaleza económica como de naturaleza social. Fenómenos como la inmigración, las nuevas tecnologías o la competencia internacional en mercados cada vez más abiertos aconsejan precisamente que la tributación sea objeto de modificaciones
continuas.
Por tanto -y entro a analizar el primero de los elementos conceptuales que usted aportaba-, lo del sosiego tributario, por favor, póngalo usted entre comillas y en letra muy chiquitita; no lo ponga en letras grandes y no lo constituya
en un elemento vértice o esencial de su discurso, porque efectivamente estamos viviendo una época de sosiego tributario desde que ustedes gobiernan, pero negativa, una época de sosiego tributario en la que no se está haciendo nada o prácticamente
nada, y hay problemas de competitividad en la empresa española que hay que atajar y a los que hay que responder rápidamente. Consecuentemente, menos sosiego tributario y aunque puedo estar de acuerdo contigo en que la propia simplificación y sobre
todo el conocimiento que los ciudadanos tengan del sistema tributario puede... Me parece que he hecho un tratamiento inadecuado anteriormente. (Risas.) Es decir, puedo estar de acuerdo con usted -estaba pensando en otra cosa- en que el tratamiento
fiscal, que exige multitud de normas, debe tratar de sujetarse hacia las normas esenciales, hacia las normas principales y además establecer paquetes coherentes. Por tanto, hablar de reforma fiscal y establecer una modificación amplia es
conveniente en lugar de pequeños y breves retoques continuos en el tiempo. Ahí tenemos un equilibrio que hay que guardar y estudiar, pero en modo alguno podemos anteponer la relajación en las normas tributarias como un concepto que ha de orientar
la acción de los responsables de la Hacienda pública. Ese es un grave error desde nuestro punto de vista.
Segunda cuestión: sin adelantarnos ni anticiparnos a lo que la reforma fiscal va a ser -lo cual, por otro lado, es razonable porque nosotros queríamos escucharle criterios y los ha dado-, hay algunos elementos que se reiteran en el tiempo y
además usted ya afirma que se van a introducir. Hay uno en particular por el que califica de regresivo e injusto el sistema actual, y es el relativo al tratamiento fiscal de las circunstancias familiares; lo ha calificado de regresivo e injusto y
además nos da un ejemplo numérico. Me va a permitir que yo califique sus reflexiones de demagógicas y no ilustradas. Le voy a decir por qué.
Piense sobre ello, consulte a los expertos que tiene en Hacienda y no sea simplista, no sea
simplificador. Esto va mucho más allá de si un contribuyente paga 300 ó 600 euros, de si el hijo de rico da más derecho a deducción o lo da el hijo de pobre. No lo plantee como lucha de clases porque está desenfocando totalmente la cuestión. La
reforma que se hizo del impuesto sobre la renta pretendía, básicamente, definir el concepto de renta fiscal, de la misma forma que se está haciendo en todo el mundo desarrollado, definir el concepto de renta fiscal, lo que tributa y lo que no
tributa. No tributan los gastos personales, familiares, etcétera, de un contribuyente -ya sea soltero o unidad familiar- cuya situación de ninguna forma debe quedar sometida a tributación, de acuerdo con las definiciones que introduce la Ley del
impuesto sobre la renta. Esta sería la renta básica exenta o la renta de subsistencia o como la quiera usted llamar y, a partir de ahí, aplíquese la progresividad. Por tanto, a partir de ahí es cuando empezamos a hablar de ricos y pobres; a
partir de ahí, ¿quiere que el rico -y por tanto su hijo que también se beneficia de las rentas del rico- tribute a tipos más altos? Proponga tipos más altos.
¿Que usted quiere que tribute a tipos más reducidos? Proponga tipos más reducidos, pero
no mezcle los conceptos. Además, esto es una cuestión menor. Es decir, si toda su estrategia de reforma fiscal está basada en este concepto, le puedo decir que la reforma fiscal que le va a salir de esto va a ser muy pobre y de muy corto alcance.
Reflexione sobre ello.
Está neutralizando el concepto de renta fiscal, lo cual por otro lado es también incoherente con su programa electoral; repáselo. El tributo a tipo lineal o a tipo único exige precisamente la definición previa de la renta
fiscal, la renta que no tributa, la renta que está exenta, y exige introducir las deducciones familiares en la base imponible. Ese es el concepto de renta o de impuesto lineal sobre la renta que todos los que nos dedicamos a esto estamos manejando
en la actualidad. Por tanto, usted está utilizando elementos dispersos propios de concepciones diferentes y además lo hace desde una perspectiva puramente justiciera, como a mí me gusta denominar esto. Es decir, no es injusto ni regresivo, usted
no se ha encontrado un impuesto sobre la renta injusto y regresivo, usted se ha encontrado un impuesto sobre la renta que define el concepto de renta fiscal, la parte de renta que tributa y la parte de renta que está exenta. Y la parte de renta que
tributa -usted mismo lo ha dicho-, lo hace, a su modo de ver, a tipos impositivos altos, el 46 por ciento, y usted pretende bajar esa progresividad. Por tanto, usted pretende bajar los impuestos a los contribuyentes de rentas más altas, opinión con
la que yo, por otro lado, estoy de acuerdo, pero no me disfrace eso con el debate de ricos y pobres, hijo de rico o hijo de pobre, cambiándome las deducciones de base imponible a cuota impositiva. No sé si me estoy explicando con claridad, pero
creo que usted tiene que repasar ese concepto. Nosotros no estamos de acuerdo con esa percepción.
Pasamos a la tercera y última cuestión que nos ocupaba en el día de hoy, que es el contenido y el calendario de la aplicación del programa de prevención del fraude fiscal. El mejor resumen de lo que este programa es me lo he encontrado en
una monografía, Monografía de ventana, se le llama, Plan de prevención del fraude fiscal, publicado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En una de las cuestiones generales
sobre el plan de prevención y en un sistema muy didáctico de preguntas y respuestas (no sé si exactamente esta es una de las cuestiones que plantean los que a través de internet o extranet han conectado con la Agencia Estatal en ese proceso
de diálogo del que usted nos ha informado que se ha realizado con el borrador previo, pero en cualquier caso esta pregunta viene recogida en esta publicación) se dice: muchas de estas cosas suenan a conocido; ¿Es que la agencia hasta ahora no
luchaba contra el fraude? Eso es lo que dice la pregunta. La respuesta es: En muchos casos lo que se ha hecho es actualizar el diagnóstico o sistematizar la información, por ejemplo con el fraude inmobiliario con las tramas del IVA (estoy leyendo
textualmente, no me estoy dejando ni una palabra), pero está claro que muchos de los tipos de fraudes que se describen son ya conocidos. La agencia cuenta desde hace muchos años con un modelo de control, y decir que no se ha luchado contra el
fraude no solo sería injusto con la organización, sino también con sus funcionarios y con su personal laboral. De lo que se trata ahora es de redefinir las prioridades y actuar en consecuencia. Concluye: El plan valdrá lo que valga su puesta en
práctica. Precisamente la puesta en práctica es lo más decepcionante del plan al que hemos dedicado meses; créame si le digo que hemos dedicado meses de trabajo intenso y colaborador en la medida que nosotros queremos que el fraude fiscal se
controle, sea cada vez menor y sea, en definitiva, una realidad que no perturbe el funcionamiento normal, porque creemos que efectivamente perjudica la competencia en los sectores productivos, porque perjudica a los contribuyentes que cumplen sus
obligaciones tributarias y porque es un incumplimiento legal, es una ilegalidad que como tal la Administración debe y tiene que perseguir. Sin embargo, precisamente lo que valdrá su puesta en práctica, como digo, es decepcionante por la pobreza de
los resultados obtenidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el año 2004, que se nos han explicado solo muy parcialmente, muy de pasada, y que usted mismo hoy ha orillado absolutamente, porque no nos ha explicado los resultados de
la Agencia correspondientes al año 2004. Me va a permitir que se los resuma muy brevemente.
Hay una muy preocupante ralentización en el ritmo de descubrimiento de fraude, lo que se conoce como resultados de control, en el año 2004; su tasa de crecimiento en términos interanuales fue cuatro veces inferior, la cuarta parte del
crecimiento del año anterior. Frente a un crecimiento de más del 27 por ciento de resultados de control (incluye prácticamente todo: inspección, aduanas, gestión...) en el año 2003 tenemos un crecimiento muchísimo más corto, la cuarta parte en el
año 2004: un 7,3.
Tenemos también un parón en el crecimiento de resultados relativos a delito fiscal, de 1.052 millones denunciados en 2004 frente a 1.064 millones, algo más, en el año 2003; por tanto una evolución negativa en delito fiscal. En
cuanto a los resultados derivados de actuaciones de recaudación coactiva, que incluye tanto la recaudación en ejecutiva como aplazamientos de pago, como otros procedimientos, quiero recordarle, señor Fernández Ordóñez, que ha sido precisamente uno
de los objetivos básicos que el actual director de la agencia nos ha establecido como un elemento de los más desamparados, de los menos trabajados en los anteriores ejercicios por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y donde había que
centrar los mayores esfuerzos en el plan de prevención.
Pues bien, ¿sabe cuánto han crecido en el año 2004 los resultados de recaudación coactiva? Un 0,26 por ciento (se le han estancado, se le han parado) frente a un crecimiento del 11,31 por
ciento el año anterior y crecimientos aún mayores en los años anteriores, puesto que la gestión de recaudación, la recaudación coactiva, es bastante previsible en el tiempo, a diferencia de las inspecciones o de aduanas, donde puede resultar con
importantes variaciones a lo largo del ejercicio dependiendo de las circunstancias que se den; sin embargo, en recaudación no, la tendencia es muy continua, y este parón o esta caída al 0,26 por ciento es francamente preocupante. En el área de
gestión los resultados han sido negativos, un 11 por ciento, frente a crecimientos superiores al 35 por ciento en el año anterior, y no me diga que eso es imputable exclusivamente a los expedientes sancionadores porque esto no explicaría ni la
cuarta parte de esa caída en los resultados de gestión. Por tanto, diremos que este plan, cargado de buenas intenciones, de medidas, algunas oportunas, otras inoportunas, y que ahora seguiré calificando, en cualquier caso tiene un comienzo bastante
pobre; son los datos del año 2004 que ustedes han presentado pero, como digo, bastante de pasada y de forma bastante parcial.
Es también decepcionante la transparencia en la información. Esto le toca a usted muy directamente, señor Fernández Ordóñez, puesto que el pasado ejercicio usted no compareció ni una sola vez (tiene comprometidas tres comparecencias
cuatrimestrales) para explicar esto; sí compareció, ciertamente, y eso lo sé yo porque estuve en la comparecencia, pero no para explicar los resultados cuatrimestrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Esperemos que este
ejercicio inicie usted las comparecencias cuatrimestrales para explicar esos resultados. También echamos en falta, porque todavía no se ha publicado, la memoria de la Administración tributaria correspondiente al año 2003 con datos del año 2004;
todavía no se ha publicado, ni siquiera se ha colgado de la página web de la Agencia Estatal, el informe anual de recaudación correspondiente al año 2004. Si queremos esos datos (instamos a que mueva esa estadística dentro de este proceso de
transparencia y de buen talante que les caracteriza) es porque entre otras cosas los datos del año 2004, que son malos, prevemos que puedan ser todavía peores, porque no hacen la distinción entre resultado ordinario y resultado extraordinario.
Sabrá usted que anteriormente se decidía segregar (concepto puramente definitorio) los resultados ordinarios, los
resultados que son base y fundamento de la actividad de la agencia en cualquiera de las secciones, de los resultados extraordinarios, es decir los resultados que procedían de actas o expedientes que superaban los 60 millones de euros de
importe unitario, es decir por encima de los 10.000 millones, porque una aprehensión relevante de droga y su valoración o el descubrimiento de un gran fraude fiscal podían distorsionar los resultados correspondientes a un ejercicio. Pues bien, esa
distinción, en esa presentación corta que ustedes han hecho, no la han realizado. Le ruego que tome nota de que nosotros queremos que se mantenga esa distinción entre resultados ordinarios y extraordinarios, definiendo extraordinarios como todos
aquellos que proceden de operaciones que superan los 60 millones de euros.
El señor PRESIDENTE: Si es tan amable, vaya concluyendo.
El señor UTRERA MORA: Termino en dos minutos, señor presidente.
También decepcionante y difícilmente explicable (le ruego, señor secretario de Estado que me corrija si estoy equivocado) es el cambio de objetivos que se ha producido en la valoración de las actuaciones inspectoras. Dicho de forma muy
simplificada, se les exige ahora a las unidades inspectoras, en lugar de una deuda global anual de su actuación durante todo el ejercicio, que es el criterio tradicional con el que se ha venido trabajando, aunque pueda ser mejorable, que en las
comprobaciones figure una deuda global esperada por cada contribuyente, sin limitar además el número de contribuyentes. Eso tiene dos derivadas muy importantes sobre las cuales le quiero llamar la atención. La primera es la presunción de
defraudador de todos los contribuyentes, una vez que se imputa un fraude estimado teórico, derivado de los datos históricos de la agencia, a cada uno de los contribuyentes. La segunda es que también tiene el inconveniente de que no incentiva la
profundidad en la inspección, sino todo lo contrario, la dispersión, al no limitar el número de contribuyentes que pueden ser objeto de inspección y al establecer un baremo objetivo que se sabe que muchos contribuyentes no van a cumplir puesto que
no defraudan. Ese cambio de criterios y esa presunción de defraudadores en los contribuyentes es realmente sorprendente y decepcionante; si el cambio de objetivos de este plan de prevención en la labor inspectora se basa en este concepto (y nos
consta que es así) yo le ruego no solamente que se ponga usted a trabajar sobre ello, sino que en cualquier caso se mantenga la homogeneidad con las series anteriores. Nosotros queremos datos de recaudación global y de deuda global descubierta.
Aparece además (con esto voy terminando, señor presidente) una nueva práctica que desde que venimos trabajando en el plan de prevención del fraude fiscal, desde hace meses, nunca habíamos oído hasta hace unos días, que es limitar la comprobación
inspectora a los dos últimos ejercicios, lo que se explica sobre la base de permitir una mayor amplitud y (si me permiten el término) un mayor desparrame inspector, centrándose en muchos más contribuyentes e incidiendo con menor intensidad en cada
uno de ellos. Esto no solamente es injusto y anómalo, sino que además supone (observe lo que le voy a decir) una amnistía fiscal encubierta que, por otro lado, no es la primera del Gobierno socialista. Los gobiernos socialistas se han
caracterizado por otorgar amnistías fiscales a lo largo del tiempo y esta es una amnistía fiscal.
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera, lleva 30 minutos de intervención, es decir el doble de lo que habíamos pactado.
El señor UTRERA MORA: Termino, señor presidente, señalando otra cuestión.
Ustedes crearon los contratos laborales basura a finales de los noventa, precisamente cuando estaba usted en el Ministerio de Economía. Esos contratos laborales eran temporales, esos contratos laborales no generaban ningún derecho social y
nos tememos que ahora están creando ustedes la inspección basura; una inspección que no asume todo el período de prescripción, sino que se limita a la mitad: dos ejercicios; una inspección que presume culpabilidad y defraudación en todos los
contribuyentes, cualquiera que sea su historial, y una inspección además que se basa en un elenco de medidas (eso es muy importante, señor secretario de Estado, y espero que me dé una explicación a esto) basadas en un plan de prevención que no
incluye ni un solo elemento material más, ni una reclasificación de elementos de activos humanos y que, en definitiva, no tiene nada para sustentar estas 351 medidas que componen el plan de prevención del fraude fiscal.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos la reunión durante cinco minutos.
(Pausa.)
Reanudamos la sesión.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre por el Grupo Catalán.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda ante esta Comisión de Economía y darle la bienvenida en nombre de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència y Unió.
Voy a hacer unos cuantas consideraciones, en primer lugar, las que hacen referencia al plan de lucha contra el fraude fiscal que ha sido el primer planteamiento que ha tratado el secretario de Estado en su intervención.
La máxima de que
todos aquellos medios que se propongan y se intensifiquen para luchar contra el fraude y que comporten mejorar por parte de la Administración los medios y procedimientos que permitan un control más adecuado de la lucha contra el fraude y al mismo
tiempo impulsen la prevención, la eficacia y la transparencia,
son cuestiones que nuestro grupo siempre ha apoyado y que siempre va a seguir apoyando.
De la intervención realizada por el señor secretario de Estado respecto a las grandes medidas o al gran formato del nuevo plan de lucha contra el fraude ha habido una cuestión que me ha llamado la atención y que puede ser una novedad
importante respecto a todos los asuntos que hemos venido observando a lo largo de estos últimos años. Todos los planes de lucha contra el fraude fiscal (ya sea con la Administración del PSOE del año 1993 al año 1996, como con la del PP del año 1996
al 2004) siempre han venido precedidos de los grandes números que se nos han presentado y que han sido considerados correctos y viables por la mayoría de grupos parlamentarios. Después no hemos hecho el seguimiento de lo ocurrido con la liquidación
y recaudación o si ha habido o no ingreso de la liquidación definitiva, por lo que siempre nos hemos quedado al inicio de la película y nunca hemos sabido el final. Hoy ha dicho usted algo que nos ha parecido positivo y es que, independientemente
de las labores de inspección, se va a crear una unidad de investigación dentro de la Agencia Tributaria, para que se tengan en cuenta todas aquellas rentas de capital o de trabajo que no se declaran y que existen sumergidas. Desde Convergència i
Unió siempre hemos visto necesaria la inspección del contribuyente o de la empresa, que en la mayoría de los casos liquida voluntariamente sus impuestos, cosa necesaria, pero hemos echado en falta la inspección sobre las personas o rentas de capital
que no se declaran.
No podemos obviar que en España existe hoy una economía sumergida que casi llega al 21 por ciento del PIB. Yo pienso, señor secretario de Estado, que es aquí donde la Agencia Tributaria tiene que dedicar recursos, para
investigar y levantar acta de esta economía sumergida que todos conocemos. En la práctica la Agencia Tributaria y la Inspección se han orientado básicamente hacia los contribuyentes y empresas que ya declaraban. Es cierto que ha habido un gran
trabajo en la lucha contra el fraude en todas aquellas cuestiones relativas al sector inmobiliario, a las aduanas, etcétera. Nos satisface el planteamiento hecho por el secretario de Estado de la orientación de recursos hacia estos sectores, aunque
también es necesaria una acción profunda e intensa hacia las rentas no declaradas, hacia ese 21 por ciento de la economía sumergida.
A nosotros nos gustaría abordar dos consideraciones que no hemos dejado de plantear cada vez que ha habido una comparecencia del secretario de Estado, ya sea en los gobiernos anteriores como en este. Señor secretario de Estado, yo pienso
que es importantísimo que ustedes consigan la complicidad de los inspectores tributarios para que el plan sea efectivo.
Por lo que yo he podido leer en las páginas web de su ministerio, por la relación con personas allegadas a su ministerio y por
informaciones observadas en diferentes medios de comunicación, uno llega a la conclusión de que no existe motivación, implicación o sensibilización suficiente por parte de la Inspección Tributaria para que esto sea un éxito. Desde nuestra
perspectiva ustedes han de hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir esta complicidad. Señor secretario de Estado, hay un aspecto que nosotros ya planteamos en la reforma de la Ley General Tributaria y que no fue aceptado en su momento.
Desde la Agencia Tributaria tendrían que plantearse la posibilidad de eliminar la retribución por objetivos a la Inspección Tributaria. Nosotros siempre hemos mantenido que los inspectores y los subinspectores de Hacienda forman un cuerpo de elite
y que se trata de profesionales de la Administración pública al servicio del Estado con una gran preparación y con grandes posibilidades desarrollar el trabajo que consiga los objetivos que ustedes se proponen, pero los resultados de la tributación
por objetivos han sido muy negativos. Quizá en teoría y sobre el papel las actas levantadas hayan sido muy cuantiosas, pero al final se demuestra que la mayoría de estas actas se pierden en los tribunales económico-administrativos y finalmente en
instancias superiores, y solamente un 15, un 20 o como máximo un 30 por ciento de las actas levantadas por objetivos son realmente las que pueden ser liquidadas. Por lo tanto, creemos que la retribución por objetivos es una cuestión estructural
importante que ustedes tienen que reformar. Pensamos que los inspectores de Hacienda forman un cuadro profesional suficientemente preparado y solvente para poder plantear una retribución importante, ya que su trabajo y objetivos son igualmente
delicados e importantes y que la retribución por objetivos (parece no estar bien vista por parte de la Inspección tampoco) pudiera llegar a una solución, lo que traería mucho mejores resultados para la Inspección propiamente dicha y también para la
lucha contra el fraude.
Usted ha dicho que remitirán al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de lucha contra el fraude. Entonces veremos cuál es el abasto de dicho proyecto de ley, pues según algunas informaciones que hemos tenido sabemos que esto
comportará medidas administrativas que quizá complicarían la declaración de las pequeñas y medianas empresas de los que están dentro del segmento de los módulos. Nos gustaría hacer alguna precisión, pero esperaremos a que llegue este proyecto de
ley a la Cámara y entonces haremos las enmiendas pertinentes.
En cuanto a la futura reforma fiscal agradecemos su exposición, pues creemos que ha centrado un poco por dónde irán las líneas generales de la reforma fiscal que va a plantear el Gobierno socialista en esta legislatura. Hasta la fecha,
señor secretario de Estado (no públicamente, pero sí privadamente), coincidiría conmigo en que las declaraciones planteadas por el vicepresidente del Gobierno, por el secretario de Estado de Hacienda y por el asesor del presidente del Gobierno han
provocado confusión y en muchos casos han sido contradictorias; diría más, señor secretario de Estado: en ciertos sectores han provocado una cierta alarma social. En determinados momentos la confusión no permitía, aunque
existe una legislación fiscal, situar inversiones en una dirección o en otra. La verdad es que ha habido muchas declaraciones que han provocado confusión, y finalmente ahora que se va acercando el momento en que el Gobierno va a plantear la
reforma fiscal definitiva todos van en una misma dirección. Desde esta perspectiva nosotros nos alegramos de que la fiscalidad, que ha sido la gran ausente de este primer año de Gobierno socialista, vaya a ser quizá la gran protagonista en esta
segunda fase de la legislatura. Creemos que esto va a ser positivo. Hay aspectos que hacen referencia a la fiscalidad orientados a mejorar la competitividad de nuestro tejido industrial, que seguramente van a resultar positivos si finalmente las
medidas que ustedes plantean van en la dirección de potenciar el tejido industrial, la economía productiva y la competitividad de nuestras empresas.
Quisiera comentar dos pequeñas cuestiones que hacen referencia a algunos aspectos que usted ha tratado en su intervención. Primero, lo que hace referencia al ahorro, a los incentivos fiscales del ahorro a largo plazo.
En primer lugar,
celebramos que haya un criterio diferente al que había hace dos o tres meses. Entendemos que todos aquellos incentivos fiscales que van orientados a un mejor tratamiento del ahorro a largo plazo hay que impulsarlos en lugar de cuestionarlos. Ahora
parece ser que no están cuestionados y que seguramente van a recibir el impulso que nosotros creemos necesario. Básicamente, se trata de mantener los incentivos actuales de que disfrutan los sistemas de previsión social complementarios en el
impuesto sobre la renta de las personas físicas y, al mismo tiempo, promover la extensión de la incorporación a los planes de pensiones laborales y a los seguros colectivos de mayor número de trabajadores, vía negociación colectiva; es decir,
incrementar esta posibilidad que, hasta la fecha, como usted sabe -lo ha dicho en sus manifestaciones-, no ha tenido éxito, dentro del mercado de los fondos de pensiones. La otra cuestión que nosotros entendemos importante es la referida a aquellos
incentivos fiscales que vayan en la dirección de incentivar a las pymes y a sus trabajadores a fin de que participen en planes de pensiones de promoción conjunta y en seguros colectivos con sistemas sencillos y flexibles.
Hay unos datos importantes que, digamos, refuerzan las enmiendas, las consideraciones que Convergència i Unió planteará en dicha futura reforma, datos que avalan que hay que seguir impulsando, fomentando, reforzando estos planes de pensiones
a largo plazo. Usted ha dicho que había pocos partícipes o que la mayoría de los partícipes eran de rentas elevadas. Yo le puedo decir, señor secretario de Estado, que a preguntas del diputado que les habla se ha contestado que los partícipes en
planes de pensiones a largo plazo a nivel individual alcanzaban en el año 2003 la cifra de 6.339.518 contribuyentes, contribuyentes que habían acudido al ahorro a largo plazo a través de los incentivos fiscales, con un promedio consolidado de
alrededor de 5.000 millones de euros, una cantidad suficientemente importante para analizarla en profundidad y, en vez de cuestionar esos planes, como alguna vez se ha podido hacer por parte del Gobierno, consolidarlos, impulsarlos y hacer
partícipes a estos sectores que antes le he mencionado, porque no hay que olvidar, señor secretario de Estado, que es verdad que cuando el contribuyente hace una aportación a un plan de pensiones existe una bonificación, una reducción fiscal
importante, pero no es menos cierto que cuando este contribuyente llega a los 65 años paga la fiscalidad de una parte importante de estos ahorros. Por tanto, hay que tener en cuenta todas las consecuencias de la vida fiscal de este producto
financiero.
Respecto a la vivienda -ya lo ha manifestado usted en su intervención-, de cara al futuro y a la nueva reforma existe consenso por parte del staff del Gobierno socialista en que van a mantener la deducción por adquisición de viviendas. Yo
hice una pregunta a su departamento y los datos que me ha dado la Secretaría de Estado de Hacienda son tremendos, muy expeditivos. En España, en el año 2002, los contribuyentes que se acogieron a los planes por deducción de vivienda fueron
5.496.602 contribuyentes, que suponen casi 4.700.000 millones de euros; o sea, una parte muy importante de la población española tiene estos planes, hablamos de cantidades muy importantes y seríamos suicidas si quisiéramos hacer una regulación
importante en relación con esta cuestión. Usted ya ha manifestado que van a seguir manteniendo las deducciones y lo único que tiene que decir Convergència i Unió es que esto se puede hacer extensivo a los alquileres -ya lo han hecho en estas
medidas de modernización- para potenciarlos con la misma intensidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: En primer lugar, quiero agradecer el secretario de Estado de Hacienda su presencia y sus explicaciones en torno a los cuatro temas para los que en principio ha sido requerido, pero, siendo temas de enorme interés
los que ha tratado aquí -muchos de ellos los hemos ido conociendo estos últimos tiempos por la prensa-, me permitiré decirle, y posiblemente sea culpa de estos diputados y de esta propia Comisión, que hay otros temas que supongo que tendrán que
tener la atención debida en un futuro bastante inmediato, temas que a mí me preocupan también enormemente y a los que después haré una breve referencia, y estoy hablando de la futura ley de estabilidad y transparencia, de los pactos europeos de
estabilidad y crecimiento y de las perspectivas financieras europeas 2007-2013.
Centrándome en su intervención, y tratando de no repetirme y decir algo diferente a lo que se ha dicho hasta ahora, quiero manifestar, en relación con el plan de lucha contra el fraude, que por la información que
yo tengo -no digo por la que ustedes han dado, sino por la que yo tengo, por lo que yo he mirado-, es un plan en el que no existen excesivas novedades. El plan, como usted ha reconocido, en gran medida consiste en cambios procedimentales,
en facilitar el cumplimiento a los contribuyentes que vienen pagando religiosamente los impuestos, en coordinación interna entre servicios; es decir, muchas son cuestiones de sentido común, si bien es verdad que usted ha dicho que hasta este
momento esas cosas no se hacían, lo cual es realmente sorprendente. De todos modos, englobar esto dentro de lo que se denomina un plan de prevención del fraude es un poco excesivo, quizá encajaría mejor dentro de un plan de mejora de procedimientos
internos para la gestión, evidentemente con implicaciones en la recaudación. Es decir, que se trata de modificaciones que no sé si deben englobarse en un plan de estas características.
Estoy de acuerdo con el señor Sánchez i Llibre, que ha comentado que todavía hay una parte importante de la economía que es economía sumergida que, aparte de identificarla desde Hacienda, habría que intentar, con los medios legales
disponibles en manos de Hacienda, aflorarla y actuar sobre estos contribuyentes que, en principio, están ocultos, porque me da la sensación -igual es mala interpretación- de que el plan de prevención de lucha contra el fraude va a encontrar tres o
cuatro focos, el tema inmobiliario, los fraudes de IVA; en fin, una serie de fraudes, pero que no son todos e imagino que en un plan de prevención del fraude habría que contemplar, al menos a nivel de diagnóstico, todas las posibles actuaciones que
cabría hacer por Hacienda en relación con los contribuyentes que no pagan sus impuestos o no como deben. No sé si lo que voy a comentar es muy relevante o no, pero quiero decirle que, además, da la sensación de que este plan de lucha contra el
fraude se ha realizado en un momento de una coyuntura económica relativamente favorable, con una economía que está creciendo, que está generando empleo desde hace unos años, y en este contexto se plantea un plan de lucha contra el fraude. En este
sentido, quiero preguntarle al secretario de Estado si ha tenido en cuenta qué medidas, precisamente para evitar que se incremente el fraude, se podrían tomar por Hacienda en unos momentos de cierta recesión económica, cuando las empresas -también
los particulares, pero básicamente las empresas- empiezan a tener problemas, si se han planteado medidas de aplazamientos de pago o cierto tipo de políticas que faciliten a las empresas el pago de los impuestos y no que éstas, por verse obligadas a
pagar de inmediato, se salgan del sistema y, al final, decidan no pagar nada. Quería preguntarle también si, en el marco de este plan de prevención del fraude fiscal, desde la secretaría de Estado o desde el ministerio se han planteado alguna
posibilidad de coordinación con las haciendas forales porque hay cinco haciendas, todas actúan en el ámbito del Estado y tendría que ser necesaria una cooperación en ambos sentidos para que cualquier plan de prevención o de lucha contra el fraude
pretenda ser eficaz.
En relación con la reforma fiscal -todos esperábamos que hoy nos dijera algo más que lo que conocemos a través de los medios de comunicación-, yo le diría que estoy completamente de acuerdo en que las políticas fiscales o las reformas de los
impuestos hay que hacerlas con sosiego. No podemos estar instalados permanentemente en una reforma, yo diría irreflexiva, que está pensada más para que los ciudadanos, el día de la votación, se inclinen por una determinada opción política que para
establecer un sistema fiscal que dé cobertura a los servicios públicos que en un futuro se quieran desarrollar. Yo creo que, desde Hacienda, las cuestiones habría que tratarlas de una forma diferente en el sentido siguiente. No se puede plantear
una reducción de impuestos, ver qué resultados da y, a partir de ahí, ver lo que cabe en el presupuesto; la reflexión debe ser al revés, aunque entiendo que para Hacienda es más difícil, pero es la única forma de reflexionar de una manera
inteligente. Creo que es preciso saber qué servicios públicos se quieren tener en un horizonte temporal a medio plazo, aunque sea el de una legislatura; cuáles son las carencias que tenemos en materia de infraestructuras; cuáles son las
distancias que tenemos con Europa en materia de servicios públicos como educación, sanidad; cuál es el déficit tecnológico, y sobre esa base plantearse una serie de políticas para ir acercándonos a los estándares europeos o a los que el propio
Gobierno se plantea. Teniendo en cuenta la ley de estabilidad, la transparencia, el déficit público en definitiva, esto requerirá disponer de una serie de ingresos que hagan posible llevar a cabo estas políticas. Una vez hecha esta reflexión
inicial, habrá que diseñar todos los impuestos, concretamente el IRPF que es el que estamos aquí debatiendo, para que sean coherentes con este planteamiento; luego habrá que tener en cuenta si, dentro del IRPF, hay medidas que no son progresivas
sino regresivas y hacer todo tipo de correcciones. Creo que los impuestos tienen que estar al servicio de una política de gasto público coherente y explítica. Una vez establecidos los ingresos, no podemos meter los gastos en el presupuesto público
con un calzador, porque el papel todo lo aguanta, pero al final lo que tenemos que valorar es que las políticas vayan caminando en el sentido que queremos para conseguir cada vez más eficacia y más eficiencia en las políticas públicas.
Últimamente he visto en la prensa unos datos realmente preocupantes en relación con los estándares de la propiedad en la comunidad española, que están bajo mínimos, están muy lejos de los estándares que se esperaban.
Por mucho que este
Gobierno se haya planteado, yo creo que con acierto, que la productividad es un objetivo de política económica importante, hay que dar pasos en el sentido de que las políticas vayan orientadas a conseguir esos aumentos de productividad, no nos valen
sólo con las palabras. Creo que la política fiscal hay que plantearla de una manera inversa, aunque
sé que es tentador hablar permanentemente de rebaja de impuestos. En ese sentido, yo diría que estamos engañando porque esto, dentro de un ciclo político, es pan para hoy, es decir, pan para el que está en el Gobierno, pero de cara al
futuro los déficit en materia de servicios públicos, en infraestructuras -lo que estaba planteando-, desde el punto de vista del coste, incluso electoral, puede ser incluso peor que hacerlo de otra manera. Por lo tanto, yo diría que sosiego y
reflexión. También debo decir coordinación con las comunidades autónomas -que usted lo ha dicho- y coordinación también, insisto, por mi condición de miembro del Grupo Vasco y del Partido Nacionalista Vasco, con las haciendas forales; además, el
concierto económico exige esta coordinación. Si se trata de conseguir una paz fiscal, previamente debe haber también una comunicación de las medidas que las diferentes haciendas pretendan acometer para que exista esa coordinación que yo entiendo
que es necesaria aunque no sea del todo satisfactoria, por lo menos de momento, y creo que usted lo sabe bastante bien.
No nos ha dicho nada de cómo piensan ustedes variar la presión fiscal, qué deducciones de la base van a hacer, cuáles de la cuota, etcétera. Nos ha hablado de los tramos de dos a cuatro y nos ha avanzado algunas cuestiones, pero nos hubiera
gustado más concreción. Supongo que tendremos que esperar, ¿pero no cree que sería positivo que muchas de estas medidas se trasladaran a la opinión pública a través de los medios de comunicación, a modo de globo sonda -da la sensación que eso
ocurre algunas veces- para generar el debate en los medios y que luego el Gobierno reorientara su política en este sentido? Creo que es mejor, aunque no sé si es posible, traer a esta Cámara ese debate, esas medidas para que, con sosiego, podamos
tratar estas cuestiones al margen de la crispación que pueden generar los medios de comunicación. Antes me ha dado la impresión -no sé si ésa era su intención; si no, usted me reinterpreta- de que estaba criticando algunas actitudes, no digo de mi
grupo ni mías sino de algunos grupos de esta Cámara, en el sentido de que reaccionaban a través de lo que salía en los medios en contra de las supuestas decisiones del Gobierno en este tema. Para que eso no ocurra, yo creo que es mejor traer a esta
Cámara las medidas, antes de haber adoptado las decisiones, para que puedan ser puestas en común, porque los apoyos importantes facilitarán las decisiones del Gobierno.
Si me permite, voy a comentarle los dos temas que le he dicho antes. Como no están en el orden del día, si usted no quiere responder imagino que está usted en su derecho, pero yo estoy en la obligación de transmitirle nuestras
preocupaciones respecto a la futura ley de estabilidad y transparencia, y lo digo porque me da la impresión de que se están precipitando las decisiones. Puede que pronto tengamos un proyecto de ley, hay conversaciones con Esquerra Republicana y con
Izquierda Unida, que son los socios que apoyan al Gobierno, y yo pienso que hubiera sido importante que también hubiera habido conversaciones con otros grupos parlamentarios como el vasco, que hemos mantenido una actitud determinada en torno a la
ley de estabilidad, como el propio Grupo Socialista, a lo largo de la pasada legislatura. Pero si al Gobierno le es suficiente con una mayoría absoluta y no quiere un amplio consenso, evidentemente, esa será una decisión del Gobierno. Desde luego,
nosotros estaríamos dispuestos a colaborar en el debate previo, en el consenso previo de este proyecto; si no puede ser, defenderemos nuestra posición y nuestras enmiendas a lo largo del proceso parlamentario.
Nos gustaría que nos dijera hasta qué punto han llegado a acuerdos, a qué acuerdos y en qué fase está la situación, si es que se puede aclarar hasta dónde han llegado ustedes, y también querríamos saber la intención del Gobierno en cuanto a
la relación con las comunidades autónomas, porque ese es un tema que también les va a afectar. ¿Cómo piensa el Gobierno coordinarse o establecer las relaciones con las comunidades autónomas de manera que lo que recoja la ley refleje la voluntad y
el acuerdo de todos los implicados y de todos los competentes en esta materia, con las comunidades autónomas o con las corporaciones locales, que a lo mejor también tienen que tener voz en este tema? Si usted lo sabe, también nos gustaría saber
para cuándo prevé el Gobierno tener una ley de estabilidad y transparencia porque, tras modificar el artículo 8 de la Ley de estabilidad a través de la Ley de presupuestos, el Gobierno podría tener la tentación de no modificar la ley puesto que ha
salvado el escollo del Senado, que era lo que le preocupaba, y la actual ley le puede ser útil para elaborar los presupuestos de una manera relativamente sencilla. Existe un compromiso con todos los grupos de la Cámara, una proposición no de ley,
incluso ustedes como Partido Socialista recurrieron la Ley de estabilidad y creo que lo van a hacer, ¿pero cuándo? Lo ideal hubiera sido que esa nueva ley hubiera entrado en vigor antes de que se elabore la ley de presupuestos para el año que
viene. No sé si eso será posible.
En relación con el Pacto de Estabilidad europeo, quisiera saber si nos puede decir cuál es la posición española en todo este debate que se está produciendo estos días, que no sabemos si va a llegar a buen puerto o no.
Se está fijando como
fecha para alcanzar un acuerdo el día 20, el 22 o el 23 y es importante conocer la posición del Gobierno, puesto que, si la posición alemana o la de otros países prospera, seguro que tiene implicaciones positivas o negativas, incluso en relación con
las prestaciones financieras y con los fondos europeos del año 2007 al 2013.
Y también me gustaría saber cómo piensa abordar el Gobierno esa pérdida importante de recursos que previsiblemente se va a producir a lo largo de los próximos años. La
tentación en este sentido, como hay una caída de recursos considerable, puede ser hacer lo que se hace siempre, esto es, recortar la inversión pública con los efectos negativos que puede tener de cara al crecimiento económico y al empleo en
el futuro. Quisiera saber la posición del Gobierno con respecto a estos temas. Y también insisto en el cauce que va a seguir el Gobierno para comunicarse en relación con esta materia y llegar a acuerdos con las comunidades autónomas, así
como qué cauce va a seguir, si es que piensa seguir alguno, para que las comunidades autónomas participen en Europa en defensa de sus intereses en una materia tan importante como es la de los fondos europeos, porque está claro que estos fondos
europeos van a afectar a los futuros ejercicios presupuestarios. En este sentido, hay múltiples preguntas que responder y yo creo que estamos a tiempo de entrar con cierta tranquilidad en estos debates que he planteado, sin prisa pero sin pausa.
Me gustaría saber si el secretario de Estado está dispuesto a que estos temas se discutan aquí y así poder avanzar conjuntamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor secretario de Estado, muchas gracias por ser tan rápido en aceptar nuestra invitación para comparecer en esta Comisión, con lo cual no nos podemos quejar de que la reforma fiscal no esté acabada en tanto en
cuanto los portavoces le instamos a su rápida comparecencia. Lo digo porque a veces queremos acoplar los tiempos, absolutamente necesarios, a las prisas que podemos tener en la Comisión.
En cualquier caso, le quedo agradecido por su disposición
inmediata, como siempre, a comparecer. Tengo que recordar también al portavoz del Grupo Popular, ausente, que todas las comparecencias se han cumplido religiosamente y que pedimos la acumulación de la Comisión de Economía y de Presupuestos porque
no tenía sentido que temas que eran comunes se viesen por separado en fechas inmediatas. Por lo tanto, es una petición unánime de esta Comisión y nunca se ha producido la mínima ausencia ni la mínima situación de no disponibilidad. También quiero
darle la enhorabuena por los resultados que usted nos ha comunicado, resultados que nos tienen que satisfacer a todos respecto al ejercicio 2004, ya que el déficit conjunto de las administraciones públicas ha tenido un superávit del 0,4 por ciento y
la decisión, a mi juicio acertada, de asumir la deuda de Renfe ha llevado a ese 0,28 por ciento del PIB, que realmente es un resultado excelente, también en términos de caja. Según sus datos, el superávit del 0,07 por ciento del PIB, a pesar de que
se ha satisfecho la deuda de Andalucía, y la deuda pública por debajo del 50 por ciento, es para estar todos muy satisfechos. Por lo tanto, el trabajo del Gobierno hasta ahora ha sido excelente y esto no solamente debería contentar al Grupo
Socialista, sino al conjunto de los ciudadanos. Por eso me sorprende que cuando se hacen críticas se hagan tan parciales y, por qué no decirlo, tan partidistas. Hemos escuchado una serie de afirmaciones que no pueden más que sonrojarnos. El
Gobierno, el partido tiene un programa y hemos manifestado claramente en qué términos nos posicionamos. Desde el punto de vista del gasto público -lo dijimos-, nuestra intención es que el gasto público no supere el 40 por ciento, con todo lo que
eso conlleva en favor de la economía productiva fundamentalmente; hemos dicho claramente cuál es nuestra intención respecto a la presión fiscal y recientemente el Gobierno acaba de presentar un plan sobre la productividad que, entre otros
elementos, contiene un compromiso para superar el apagón estadístico en el que en la anterior etapa nos sumió el Partido Popular. Es de agradecer el esfuerzo que en concreto la secretaría de Estado de don Miguel Ángel Fernández Ordóñez está
haciendo para suministrar información y tener de manera inmediata todos los indicadores para poder juzgar cómo está evolucionando la situación de la Hacienda pública y de la economía española.
Quiero recordarles también que en ese plan nos hemos comprometido a la calidad en las finanzas públicas, es decir, a intentar llevar el máximo gasto público posible a aquello que asegura el crecimiento económico, fundamentalmente
investigación y desarrollo, capital humano, etcétera.
Eso está planteado a esta Cámara por el vicepresidente, en la última ocasión con una concreción absolutamente clara. Por lo tanto, traer a esta Comisión la duda acerca del marco en el que
estamos y de la transparencia a nuestro juicio no parece que sea muy afortunado.
Tergiversar podemos tergiversar lo que queramos. Podemos decir que se habló de suprimir cuando ni el Grupo Socialista ni el Gobierno jamás han hablado de suprimir
nada. Se ha estado trabajando y desde el primer momento en esta Cámara se ha anunciado la reforma fiscal, los tiempos, las precipitaciones, los agobios. El análisis de que se estaba creando incertidumbre estaba fuera de lugar, puesto que desde el
primer momento tanto en la comparecencia del ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno como en la del propio secretario de Estado se ha dejado claro el tiempo en el que se iba a hacer la reforma; son otros los que han insistido en que, al
no hacerse en ese tiempo, se ha creado incertidumbre. No, la incertidumbre se crea por interés, por el interés de hacer una oposición, aunque eso, insisto, genere incertidumbre y daño.
Quien genera el daño es quien genera incertidumbre. Por lo
tanto, la transparencia, afortunadamente, la tenemos asegurada y los compromisos macroeconómicos y el Plan de Estabilidad están presentados en esta Cámara, así como el plan para abordar la productividad. Bienvenidos al tema de la competitividad.
En las primeras comparecencias en esta Comisión se dijo literalmente que eso no era lo importante, sino que lo importante era un crecimiento económico, aunque fuera desequilibrado.
Bienvenido, pues, a lo que es razonable.
Voy a hacer algunos pequeños comentarios sobre algunas cuestiones concretas. Plan de prevención del fraude. El director de la agencia, señor Pedroche, hizo una exposición detallada del plan de la lucha contra el fraude y nos dijo
claramente que era un plan operativo. Por cierto, qué curioso que describa 350 medidas para a
continuación decir que no hay ni una sola medida. Son 350 ó 300. Lo que está claro es que hay un cambio de orientación reconocido por todos los analistas externos, excepto por ustedes, en el que claramente la investigación y la detección
del fraude se coloca como el objetivo prioritario. No hemos sido nosotros quienes hemos escrito que los incentivos que hasta ahora tenían los funcionarios de la agencia venían determinados por un volumen de actas que sabemos -hemos dado los datos
varias veces- que no tenían relación con las que se cobraban. Simplemente era un volumen de actas levantadas. Se nos ha explicado reiteradamente que el cambio de criterio viene determinado porque lo importante es la calidad del trabajo que hace la
Inspección y sobre todo un trabajo que sea efectivo sobre el fraude. Ustedes pueden decir que vamos a dar una amnistía. Ya lo han dicho en otras ocasiones, por cierto, y cuando lo dijeron saltaron las ampollas de los funcionarios de la agencia,
que se sintieron insultados, y así lo hicieron público. Le quiero recordar, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que la injerencia del Partido Popular en la agencia fue extraordinaria. No puede citar una sola ocasión en este periodo en
la que se nos pueda acusar, siquiera levemente, de ningún tipo de injerencia, porque el comportamiento es tremendamente profesional y ajustado a las directrices globales que desde el Gobierno se dan sobre el tema macroeconómico y de objetivos. Por
tanto, nada más lejos de la realidad que su descripción. Creo que, como en otras ocasiones, le traiciona el subconsciente cuando habla de amnistía.
Los medios de la agencia son objeto de un debate, con la voluntad política de incrementarlos, como nos dijo el director y como nos ha repetido en otras ocasiones el secretario de Estado. El plan operativo es para ganar en eficiencia con
unas medidas que todos tenemos que dar por bien venidas. Es cierto que hay una economía sumergida importante. El Instituto de Estudios Fiscales dice que en la etapa del Gobierno popular no solamente ha disminuido, sino que ha aumentado. Se nos
califica como un país en transición por el porcentaje de economía sumergida que se detecta por métodos indiciarios. Está claro que una gran parte de esa economía sumergida puede ser detectada a través de los procedimientos que se han abordado.
Respecto a las medidas fiscales que afectan a la empresa, a la economía, no quiero detallarlas, pero lo tienen ustedes a su disposición, tanto en el plan de productividad como con algunas que ha anunciado el secretario de Estado, desde los
incentivos de innovación, de nuevas tecnologías, pasando por el de los muestrarios de sectores con dificultades en estos momentos, como el textil; un rosario de medidas que tienen a su disposición y que conocen. Lo que han hecho en su intervención
ha sido obviarlas. Desde luego, a mi juicio, continúan faltando el respeto a los funcionarios de la agencia cuando vuelven a decir que queremos convertir a la Inspección en una inspección basura, si no en estos términos en otros similares, y ruego
que me disculpe si no soy exacto. Vuelven a faltar el respeto y a la profesionalidad de las diversas escalas de funcionarios de la Agencia Tributaria. Ha quedado claro en el plan que nosotros lo que queremos es dotarles de más medios. Se ha
presentado aquí una serie de detalles sobre ese plan y la descalificación es el único recurso que le queda al Grupo Parlamentario Popular.
Supongo que el secretario de Estado entrará en detalle de los impuestos y de las deducciones concretas, por lo que sólo querría afirmar respecto a la vivienda la idea de que, como en casi todo, ustedes han tenido concepto y análisis
desequilibrado. La vivienda en España, con el Gobierno popular, ha sufrido el mayor encarecimiento de la historia de España. Los ciudadanos tienen que hacer un esfuerzo tremendamente superior -se ha doblado- al que tenían que hacer en situaciones
anteriores. La vivienda es un bien que desde el punto de vista de los socialistas merece un tratamiento global, está claro que se pueden dar ayudas directas y deducciones, en España tenemos la situación inversa a la que existe en Europa y en países
desarrollados -aproximadamente 80 por ciento en deducciones y 20 por ciento en ayudas directas- y eso crea una grave distorsión en el mercado, como se ha podido comprobar. El tratamiento que han dado ustedes al alquiler no ha sido el adecuado. Si
ustedes querían favorecer realmente la promoción inmobiliaria dedicada al arrendamiento ¿cómo en todos estos años no tuvieron el valor de sacar una norma efectiva que favoreciera el arrendamiento de inmuebles? Era imposible cumplir las normas que
ustedes sacaron por el 99 por ciento de las entidades que se dedicaban a la promoción de viviendas en arrendamiento. No generaron ningún espacio adicional para este tipo de empresas. No lo hicieron y ahora el secretario de Estado nos ha dado
cuenta de unas medidas efectivas fiscales, directas, que van a repercutir en que haya un mercado en el que esa burbuja se vaya tranquilizando y que no tenga ningún tipo de consecuencias. Estas sí que son medidas. Ustedes no pueden aportar ni una
sola a favor de la vivienda y mucho menos del alquiler.
No quisiera seguir extendiéndome porque me imagino que el secretario de Estado tiene muchas cosas que decir, pero nuestro grupo le quiere agradecer el esfuerzo que ha hecho, pues siempre ha estado a nuestra disposición, sobre todo la
transparencia con la que su Secretaría de Estado se ha comportado desde que usted al frente de la misma.
El señor PRESIDENTE: El señor compareciente tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Voy a tratar de contestar a todos recogiendo las intervenciones.
Tanto el señor Utrera como el señor Sánchez i Llibre han hablado de cambio de opinión sobre el tratamiento de fondos de pensiones. No es cierto, es verdad que en algún momento se habló de supresión, pero nadie del
Gobierno habló de supresión, nunca. Exactamente lo que se dijo es abrir una reflexión sobre la posibilidad de suavizar -se dijo- las deducciones sobre los fondos de pensiones. Por tanto, no hay cambio de opinión. Si políticamente quiere
utilizarse eso, utilícese, pero no es verdad.
Sobre vivienda, acaba de mencionar el señor Torres, y yo no voy a subrayarlo, el fracaso del Gobierno popular en vivienda y sobre todo en alquiler. De alguna forma estamos tratando de cambiarlo con las modificaciones que traemos a esta
Cámara, porque las normas han sido absolutamente muertas, no han tenido ningún valor y pueden mejorarse notablemente.
Sí estoy bastante de acuerdo con el señor Utrera en que la reforma que se hizo en el IRPF por el PP en el tema de la vivienda fue interesante. Si quiere se lo digo, porque como no soy en absoluto sectario, me parece que fue una reforma
interesante. Ahora, lo que tenemos que ver es qué hacemos para el futuro. Si alguien se queda contento con mi apreciación, digo que me parece estuvo bien, pero parte de esa reforma hay que reformarla. Lo que sucede es que me gustaría que usted
reconocieran las cosas que hicieron mal, como el tratamiento del tema de los hijos, llevar los fondos de pensiones a ser utilizados por rentas altas, etcétera; es decir, que reconociera que dentro de esa reforma se hicieron cosas que no estaban
bien. La bajada de tipos la hemos compartido ambos partidos. De los 23 puntos, nosotros hemos bajado 12 y ustedes 11; es algo compartido por ambas formaciones y por todos los que han respaldado en esta Cámara en las sucesivas reformas. Sin
embargo, hay temas importantes que ustedes hicieron muy mal; y de la misma forma que le digo que lo de la eliminación de los intereses estaba bien hecho, hay otras cosas que están muy mal hechas y tenemos que corregirlas.
De nuevo incide usted en el estilo, dejar de reflexionar en voz alta, hablar, etcétera. En esto va a ser muy difícil que cambiemos. El estilo de este Gobierno no es yo me reúno, guardo todo, no digo nada y doy las cosas por sorpresa y por
decreto-ley. No, lo siento, pero no. Es otro talante, es otra forma, vamos a hablar de todo, vamos a no tener decretos-leyes, vamos a discutir las cosas con tranquilidad. Por tanto, en talante no va a haber ningún cambio. Sin embargo, sí que va
a haber muchos cambios.
Yo agradezco al señor Azpiazu su intervención respaldándome en lo del sosiego, en contra de lo que usted ha dicho porque estoy convencido de que el sosiego es muy importante. Las 2.000 modificaciones tributarias llevan exclusivamente a más
conflictividad, a más litigación y a más tarea absurda para los asesores fiscales, a darles dinero sin interés. La tarea de los asesores fiscales es muy importante y muy valiosa, pero no está basada en 2.000 cambios tributarios en un BOE
absolutamente inmanejable. Ordenar las reformas y tratarlas con sosiego es muy importante. De modo que no crea usted que es mala esta época de sosiego tributario, porque se trata de un sosiego tributario con impuestos a la baja. Prefiero haber
modificado los impuestos sobre alcoholes y tabaco en un 2 por ciento durante el primer año de Gobierno, que aumentarlos en un 26 por ciento, como hizo el señor Rato al llegar. Me parece que es un susto, y creo que es mejor bajar impuestos y
modificar estos tributos con la inflación. De manera que tampoco vamos a cambiar en esto.
En cuanto al tratamiento de los hijos, cuente usted lo que quiera, pero no le va a seguir casi nadie en este país. Si a la gente que tiene renta baja le descuenta usted 300 euros por el hijo y al que tiene las rentas más altas le descuenta
600, ya puede usted contarle todas las teorías de sus expertos, que nadie le va a entender. Desde 1978 tenemos un sistema en este país por el que los hijos se descuentan igual, sea la que sea la renta. Si algo hay arraigado en este país es eso, y
ustedes lo han cambiado. Si insisten, les va a costar muchísimo explicar al país que prefieren quitar 600 euros a la gente que tiene rentas más altas y 300 a los que las tienen más bajas. Ya les digo que les va a costar muchísimo, y nosotros,
desde luego, no vamos a ir por ahí, vamos a ir al tratamiento igualitario. Esto lo entiende todo el mundo, no hacen falta expertos, aunque siempre se pueden tener algunos, que expliquen la renta. En un sistema fiscal no operamos sobre la teoría,
operamos sobre la realidad.
Teóricamente, no sería necesario el tratamiento de disminución de rentas de trabajo. Si todo el mundo declarara y este fuera un mundo perfecto, ¿por qué hacer exenciones especiales a las rentas de trabajo? ¿Por qué las
hacemos? Ya les he dado los datos: resulta que la renta media declarada por los trabajadores es el doble que la de los empresarios.
Tenemos que corregir esto de alguna forma. ¿Cuál sería el mundo ideal? Evidentemente, que los empresarios
declararan el doble o el triple -que es lo que sale en los estudios de renta- que los trabajadores, pero no es así. Si no es así, tendremos que hacer algún tipo de correcciones para introducir cierta justicia en un mundo que no es el ideal.
Probablemente, el experto podría decir otra cosa en un mundo ideal, pero estamos en un mundo que no es el ideal. Claro, en un mundo que no es el ideal, dar 600 euros por su hijo a quien tiene más renta y 300 al que tiene menos no hay forma de
entenderlo, no lo va a entender nadie; desde luego, nosotros no vamos a ir por ahí.
Plan de prevención del fraude fiscal. No sé si se han dado cuenta del matiz; ya veo que algunos no, porque el señor Azpiazu y otros siguen hablando del plan de lucha contra el fraude. El matiz que hemos introducido es muy importante, es
el plan de prevención del fraude. La idea filosóficamente es muy importante porque no se trata de ir contra el defraudador sino de impedir que los haya. Por eso, de lo que hablaba el señor Utrera sobre los resultados ordinarios y extraordinarios,
a mí me interesa más lo que paga la gente ordinariamente, que no la publicación de una lista enorme de la deuda que he liquidado y que no cobro. Lo siento mucho, pero
creo que el pragmatismo ayuda en la lucha contra el fraude. Si el defraudador paga, si se le obliga a pagar inmediatamente -y ahora hablaremos de los procedimientos que hemos cambiado-, o se le detecta o se le investiga, siente de alguna
forma que la policía -entre comillas- le sigue. Si no, puede usted decir que tiene una estadística muy grande de resultados de no sé qué, pero eso no me interesa; eso es algo que estamos cambiando.
Me ha impresionado cómo defiende usted el viejo sistema contra el fraude que hemos tenido en la Agencia Tributaria. Esto hay que cambiarlo, lo estamos cambiando y es fundamental cambiarlo. Además, es contradictorio con lo que también ha
dicho -y es verdad- de que esto se había diagnosticado. Se había diagnosticado correctamente; no me defienda usted ahora el no ir a la inmediatez. Ha dicho usted una barbaridad, lo de la amnistía fiscal encubierta; o es una barbaridad o es una
estupidez o son las dos cosas, pero me parece increíble. ¿De qué se trata? Se trata de que al defraudador se le pille en el momento que defrauda y no que yo estudie cinco años antes lo que hizo alguien, se trata de que sienta detrás la presión,
que la sienta ahora mismo, cuando está haciendo la promoción o cuando está escondiendo la factura, que en ese momento sienta detrás la inspección, no que lo sientan dentro de cinco años. Los sistemas de cambiar sociedades, poner patrimonio en otro
sitio y demás son tales que el defraudador se siente tranquilo porque sabe que no va a pagar. La inmediatez es clave.
Agradezco al Sánchez i Llibre que apoye el ir a los que no declaran. Creo que hay cambios fundamentales. Frente a esa concepción de estar en la oficina con alguien que declara, diciéndole que los gastos no los ha hecho así, y largarle una
deuda, está la de que el que declara ya está contando algo, colabora de alguna forma. El defraudador importante es el que no declara y no el que mete el gasto médico; aunque también este lo es, y hay que seguirle y hacer que la gente cumpla las
leyes. No se trata de hacer una cosa y no hacer la otra, pero al que tenemos que ir fundamentalmente es al que no emerge las rentas. Todo el cambio de actuación de la agencia va en ese sentido, y me preocupa que usted no lo apoye: inmediatez, no
a los cinco años. No es una amnistía fiscal encubierta, es una acción absolutamente fundamental de concentración de los medios ahora, salir a la calle y no estar en la oficina, abrir la puerta al stock y ver qué es lo que está pasando, y no esperar
a que venga el inspector, etcétera. Todo esto es fundamental.
El cambio en el sistema de retribuciones, lo mencionaba usted, señor Sánchez i Llibre. De un sistema de retribuciones basado en la deuda liquidada, que no se cobraba, hemos pasado al sistema que estamos implantando, basado en las
actuaciones. ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha hecho usted realmente actuaciones para tratar de descubrir, pueda o no pueda hacerlo, o se ha quedado quieto? Estamos haciendo todo un cambio en el sistema de retribuciones de la Inspección. ¿Para qué? Para
emerger rentas, y basado en la idea de emerger rentas no declaradas. Se trata de pasar de la comprobación a la investigación, al aspecto más dinámico y más policial. Insisto en que esto es trascendental. ¿Es de sentido común? Pues será de
sentido común, pero lo estamos haciendo desde el 1 de enero, en todas las delegaciones. A lo mejor, esto se le había ocurrido a todo el mundo, pero lo estamos haciendo nosotros. Es importante hacer una cosa que parece de sentido común.
Como señalaba el señor Sánchez i Llibre, cuando uno analiza la litigiosidad, hay que ver cómo se van perdiendo los casos. Con el sistema que teníamos, largábamos al contribuyente una deuda e íbamos perdiendo sistemáticamente los casos. Al
final, ¿qué se cobraba? No había presión.
Pues bien, todo eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo con sangre fría. Una deuda liquidada no me parece importante, no me importa; lo que me importa es cómo van los resultados y cómo van los
ingresos ordinarios.
Por cierto, como señalaba el señor Torres, van de maravilla. La verdad es que hemos cerrado un año y hemos conseguido mucho. No sé si es nuestra llegada o no, pero de repente, tras empezar a hablar de fraude, el cumplimiento
voluntario ha sido verdaderamente extraordinario. Durante los dos primeros meses hemos tenido tasas apreciables de crecimiento de ingresos. Esto es lo más importante de todo.
El señor Sánchez i Llibre hablaba otra vez de declaraciones contradictorias, ya le he dicho que no las hay. No sé si me ha entendido muy bien, porque puede haber cambios sustanciales en cuanto a fondos de pensiones. He estado diciendo todo
el rato que lo importante es tener y promover pensiones complementarias. Una cosa es el ahorro a largo plazo, una cosa es tener un fondo de inversión que uno recoge para comprarse un BMW o lo que sea en un momento determinado, y otra cosa es tener
pensiones complementarias, o problemas con el seguro de dependencia. No sé si me ha escuchado con atención, pero puede haber cambios importantes.
Otra cosa es que estemos utilizando el dinero bien; que lo estemos utilizando para que haya
pensiones complementarias, para que tratemos la dependencia y que no haya sólo unos cuantos que tengan un privilegio excepcional. Así como le he reconocido al señor Utrera que lo que hizo el PP en cuanto al tratamiento de la vivienda tiene
elementos muy positivos y supuso un salto considerable, tengo que decirle que, en cuanto a fondos de pensiones, la elevación de los límites nos ha llevado a que haya personas que puedan descontarse hasta 42.000 euros si lo utilizan eficientemente.
El límite de deducción en el IRA americano es de 3.000 dólares y aquí lo pusieron ustedes en 8.000 euros. Quiero decir que hay una serie de posibilidades.
Respecto a los datos que ha dado de los participantes en planes de pensiones, tenga usted cuidado porque es verdad que son los que han tenido alguna vez algún fondo de pensión, pero como a esos 6 millones nadie -ni nosotros ni nadie- les va
a tocar lo que han hecho, eso no importa, lo que importa es saber quiénes están
haciendo aportaciones año tras año en fondos de pensiones. Ahí es donde le digo que de los 20 millones de contribuyentes de menores rentas, 20 millones, solo el 6 por ciento hace aportaciones a fondos de pensiones.
Es tremendo. Usted sale
a la calle y pregunta a cada uno de esos 20 millones: ¿Ha hecho usted un fondo de pensiones? Y le contesta: ¿Mande? En cambio se va usted al tramo de renta altísima y son dos tercios entre los 300.000. Esa estadística sí es la que realmente de
alguna forma describe algo. Lo otro, que haya una persona que en los últimos 20 años hizo una aportación al fondo de pensiones y que por tanto esté catalogado como alguien que es partícipe de un fondo de pensiones, no quiere decir nada. Vamos a
ser serios en la utilización de estadísticas. La estadística es cierta, yo estoy hablando del análisis y del uso de la estadística. La estadística que usted ha dado es totalmente cierta, entre otras cosas porque se la hemos debido de dar nosotros,
pero lo importante es ver lo otro, no solo pedir el número de partícipes de fondos de pensiones sino ver cómo está distribuida anualmente la aportación a fondos de pensiones.
En cuanto a la vivienda, creo que estamos de acuerdo, más o menos. Yo no he dicho que no haya que hacer nada en vivienda. Yo he dicho -y repito- lo que ha dicho el vicepresidente: lo mantendremos esencialmente, aunque habrá correcciones.
El señor Azpiazu -aparte de agradecerle lo del sosiego y alguna otra cosa sobre la comparecencia de hoy- se me ha ido, señor presidente, a otros temas. Estoy dispuesto a hablar de ellos, pero no era el motivo de mi comparecencia. Si
quiere, señor presidente, hablo o si no vengo otro día.
Puedo contarle cosas sobre esto, por supuesto y estoy dispuesto a hacerlo.
El señor PRESIDENTE: El orden del día ya es suficiente y no vamos a desbordar más el tiempo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): ¿Seguimos o lo hacemos en otro momento? Ha colocado una cantidad enorme de temas encima de la mesa, nada menos que Ley de estabilidad, Rec., perspectivas
financieras, etcétera. Hay una de tipo fiscal que sí me gustaría contestar. Se trata del tema de la coordinación con las haciendas forales. A tope, señor Azpiazu. Le pido también que quizá, por cercanía, hable usted con las tres diputaciones
vascas -tenemos también la navarra- porque realmente en eso estamos muy lejos de lo que tenemos que hacer ambas administraciones. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada uno está yendo por su lado. Esto no me parece correcto
porque, al margen de que lo estemos discutiendo, es un tema de gestión tributaria, los contribuyentes operan en el País Vasco, en Alicante y en todos los sitios y realmente hasta el espacio español es pequeño para la gestión tributaria. Por tanto,
absolutamente de acuerdo, pero estas cosas de colaboración son de dos, no solo de uno y por nuestra parte quiero decirle que la disposición es total. Estamos hablando ya con muchos de ellos a ver cómo podemos avanzar, pero creo que sí requeriría un
empujón porque es algo fundamental.
En el tema del contexto -le voy a responder a los asuntos fiscales, si me permite-, dice usted que solo algunos sectores. No. Hemos mencionado unos sectores, pero si usted se fija, los sistemas de inmediatez, investigación, etcétera,
cubren todos los sectores de la economía nacional; es decir, es un cambio radical en la forma de actuar en todos los sectores, lo que pasa es que es verdad que hemos determinado unos sectores donde sí vemos en este momento que hay más razones para
dedicar recursos. Al final, la planificación de la agencia, para utilizar bien los recursos, consiste en centrarla allí donde puede ser más útil y donde uno puede descubrir más. Luego, hablaba usted del contexto económico favorable. Es verdad,
estamos en un contexto económico favorable.
Respecto a lo que usted ha señalado de que en algún momento tuviéramos problemas, yo no lo veo porque veo la economía muy bien, sinceramente; no sé cómo la ve usted, pero yo la veo bien en comparación a
cómo estaba. Es verdad que en el año 2004 recogimos una economía que estaba empezando a cabecear, la producción industrial estaba cayendo en enero y ahora está subiendo, etcétera, pero ha variado radicalmente en el último trimestre del año pasado y
el primer trimestre de este año y la situación parece buena. Vamos a pensar en esa hipotética mala situación. Usted dice que habría que buscar en ese caso sistemas como el del aplazamiento. Yo creo que están, que los tenemos en la legislación;
realmente algunos los pusimos en marcha en un momento en que estuvimos en mala situación, pero felizmente ahora se utilizan por pocas empresas. Todo eso está suficientemente diseñado, a no ser que S.S. me diga que habría que hacer algo más. Creo
que no habría que preocuparse por eso, que está planteado, aunque habría que preocuparse si viniera esa situación, que todos esperamos que no llegue.
No tengo mucho más que añadir.
El señor PRESIDENTE: En este segundo turno, tienen ustedes, como máximo, cinco minutos.
Señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Voy a ajustarme al tiempo, se lo aseguro.
Seré muy breve en mis comentarios. Han quedado claramente expuestos los argumentos, tanto por el secretario de Estado como por cada uno de los grupos parlamentarios. No voy a entrar en debate con los grupos parlamentarios, esa es mi
costumbre y la voy a seguir manteniendo sin ninguna duda en esta legislatura. Sin embargo, sí voy a hacer una labor de reflexión -que no de réplica- a lo que el secretario de Estado ha comentado en relación con el tema que nos ocupa. Me alegra oír
que la deducción por vivienda nunca estuvo en peligro; me alegra porque no era esa la información que trascendió a los medios de comunicación.
Entiendo que efectivamente, ya sea porque se ha reconsiderado o porque nunca se consideró, lo cierto es que de aquí sacamos hoy la conclusión -por lo menos quiero creerlo así- de que la deducción por vivienda en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas que estableció el Partido Popular en la pasada legislatura se mantendrá prácticamente en los términos en que está. Esa sería una primera conclusión de su comparecencia.
En segundo lugar, me insta a que reconozca errores. Yo estoy dispuesto a reconocer muchísimos errores, de todo tipo, no solamente fiscales, porque la vida está plagada de errores, pero no precisamente los que usted ha mencionado, ni los
fondos de pensiones ni el tratamiento de la unidad familiar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Usted ha traído unas estadísticas poco descriptivas, diría yo, y muy a contrapelo de la realidad de la protección social en España.
En cualquier caso usted está ignorando lo esencial y lo esencial es que el pacto que tenemos acordado en esta institución, en el Congreso de los Diputados y concretamente en la Comisión del Pacto de Toledo, es que esta vía de promoción del ahorro a
largo plazo con orientación de prestaciones sociales, como son los fondos de pensiones o las mutualidades, es absolutamente imprescindible no solo para crear tranquilidad financiera en la Seguridad Social, sino para garantizar el futuro de quienes
reciben las prestaciones sociales, ya provengan éstas de una capitalización que éstos hayan realizado, ya provengan de una capitalización compartida con las empresas -planes de empleo- o ya provengan de capitalización pública, que no es
capitalización. Nosotros iniciamos la vía de la capitalización por el superávit de la Seguridad Social, pero el sistema de reparto, completado con la acumulación y capitalización de superávit, ha de garantizar el futuro de los españoles. Creo que
con eso no se puede jugar, aunque no quiero hacer demagogia fácil, es obvio que no se puede jugar y que nadie lo va a hacer, aunque sí hay que potenciar esos instrumentos. Que usted me dice ahora que el problema está en que el límite en lugar de
ser uno tiene que ser otro, bien. Esa es una cuestión que podemos discutir, pero lo cierto es que lo que entiendo de sus afirmaciones es que, como mínimo, son distintas a las que usted mismo y algunos otros altos cargos formularon hace algunos
meses que cuestionaban la existencia misma del instrumento; si no la cuestionaban, por lo menos establecían dudas sobre la eficacia del instrumento y sobre su perdurabilidad en el tiempo. Por tanto, parece que también esto queda despejado y ya
veremos los retoques que usted va a traer.
En cuanto a la renta familiar, la renta que ha de quedar sometida a impuesto sobre la renta, creo que ya he dicho lo que tenía que decir.
Para que la gente nos entienda, buscaremos ejemplos, pero ejemplos tenemos todos. Le voy a dar uno
que se me ocurre ahora mismo; ni siquiera he hecho números, pero se lo voy a explicar. Usted dice que le quita un ahorro de 300 euros al contribuyente de renta alta por cada uno de sus hijos con este sistema justiciero e igualitarista del que
usted ha hecho mención, y yo le digo a usted que, si reduce el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta del 46 al 40 por ciento, por ejemplo, a ese mismo contribuyente -hablemos por ejemplo de un contribuyente de 100 millones de base
imponible- usted le ha metido en el bolsillo el 6 por ciento de 100 millones, es decir, 6 millones de pesetas. Si hablamos de euros, 6 millones de euros, una cifra todavía mayor. No utilice usted ese argumento fácil de los ahorros fiscales que
resultarían de aplicar una medida. Entienda el concepto que le estamos explicando; si es fácil o difícil de explicar nosotros nos esforzaremos en ello, pero no lo reduzca usted a una simple discusión justiciera, porque no es verdad.
Vamos a hablar de los elementos de progresividad del impuesto sobre la renta en el impuesto moderno, no en el que usted se ha quedado anclado.
Usted me ha calificado de estúpido por mis afirmaciones y me va a permitir que yo a usted le
califique de caduco en muchas de sus reflexiones. Caduco porque usted me está dibujando el sistema fiscal de los años setenta y principios de los años ochenta, pero eso está ya pasado de moda; y no porque haya modas, sino porque evolucionan el
pensamiento fiscal y la forma de recaudar los tributos, y esa evolución lleva al concepto de renta fiscal del que yo le estoy hablando. Lo explicaremos, ya lo verá.
Respecto a la reforma tributaria, lo que no nos ha dicho es que nosotros en nuestro programa electoral proponíamos una reducción de tipos impositivos para las pequeñas sociedades en España, reducción que valorábamos en cinco puntos;
proponíamos una ampliación, concretamente duplicábamos la deducción por hijos y por otros motivos familiares en el impuesto sobre la renta, proponíamos una reforma fiscal para reducir la carga tributaria sobre los contribuyentes. De eso usted no ha
hablado, usted en ningún momento ha dicho que quiera reducir los impuestos. Lo que sí nos ha dicho es que lo va a utilizar todo suavemente, pero no para reducir impuestos. Nuestras reformas fiscales eran para reducir impuestos, y las propuestas
que nosotros en el futuro hagamos sobre la reforma fiscal estarán orientadas a reducir los impuestos que soportan los contribuyentes.
Por último, en cuanto a estas dos reflexiones genéricas que deriva usted de su plan de prevención del fraude fiscal, la inmediatez y salir a la calle, lo que le puedo decir es que en conversaciones, y no con un inspector, ni con dos ni con
tres, sino con el presidente de la asociación de todos o de casi todos ellos, en este momento me decía dos cosas. Primera, él y la junta directiva entienden -por tanto, no lo digo yo- que hay una amnistía fiscal encubierta, puesto que no hay razón
objetiva para que sea durante los cuatro años, que no cinco, de prescripción del impuesto -una vez que se inicia una inspección, se emplean prácticamente los mismos recursos en inspeccionar dos que cuatro-. Segunda -y esto vamos a mencionarlo muy
por encima,
ellos todavía no saben qué significa salir a la calle. Porque usted, señor secretario de Estado, usted no querrá, yo tampoco, y supongo que ninguno de los que estamos aquí, que los inspectores de Hacienda se estén paseando por la Castellana
con una cartera, porque no es ahí donde está el fraude fiscal, en la calle. Lo que usted querrá decir es que hay que afinar procedimientos de búsqueda de bases imponibles ocultas, etcétera, y no es precisamente la descripción gráfica más clara
buscarlo en la calle. De hecho, los inspectores no saben lo que usted quiere decir cuando habla de salir a la calle. Nos gustaría que lo explicara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor secretario de Estado, me hubiera gustado que al menos me hubiera dicho algo, no digo con relación a todos los temas, porque además yo ya había reconocido que algunos estaban fuera del orden del día de alguna
forma, pero sí con relación al menos al de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuándo pensaban aprobarla, qué cambios básicos pretenden incorporar para ajustarla al tema económico, para que no supongan intromisión competencial, etcétera, y de qué
manera están buscando ustedes el consenso con este proyecto de ley.
Usted dice: coordinación a tope. Ojalá, pero, dicho de esa manera, da la sensación de que el Gobierno -usted lleva en él poco tiempo relativamente- tiene voluntad de que la colaboración sea a tope y que nosotros somos los que nos negamos.
Yo tengo que decirle sinceramente que no tengo esa impresión y que mi deseo es que en el futuro se pueda instrumentar una relación más a tope. Con relación a cuestiones técnicas, por ejemplo la lucha contra el fraude, la colaboración entre las
haciendas forales y la Hacienda del Estado me parece positiva, me parece que no funciona mal la colaboración técnica, que la colaboración es buena cuando hay este tipo de actuaciones conjuntas en temas de información, colaboración, etcétera. Es
más, yo creo que es muy buena y que debe seguir siéndolo. El problema que tenemos entre administraciones, entre haciendas y el Gobierno del Estado, no es un problema técnico de colaboración en la lucha contra el fraude, es un problema de carácter
más político. Y trato de trasladarle la responsabilidad que ustedes tienen en ese aspecto. Entiendo que es un problema de colaboración y de voluntad política, en el que todos tenemos cierta responsabilidad, pero su Gobierno tiene todavía más. El
Gobierno anterior también; es un tema que se han trasladado de un Gobierno a otro. Espero que su Gobierno sea el que lleve a cierta normalidad las relaciones en este sentido.
Cuando hay colaboración, tal y como establecen el propio concierto y la paz fiscal, las haciendas forales, cuando pretenden llevar adelante una normativa, lo comunican y envían la documentación con la antelación suficiente a la
Administración central para que puedan opinar. Pero desde el Estado no se hace lo mismo, no se envía con suficiente antelación para que se pueda opinar desde las haciendas forales. No se tiene en cuenta esa bilateralidad que las haciendas deben
tener y ese respeto al resto de las haciendas. Aunque incidan sobre un menor número de ciudadanos, son unas haciendas que en su ámbito tienen tantas competencias como la suya.
Hay que dejar claro ese tipo de cuestiones, y si se quiere dar un
empujón -yo invitaría a ello al Gobierno- podríamos intentar cerrar aquellos acuerdos que políticamente negociamos con su grupo parlamentario y con su Gobierno, que parecía que habían sido ya cerrados. Un empujón podría ser llegar a un acuerdo en
la Comisión mixta de concierto y avanzar en una resolución de esos temas para dar cierta sensación de normalidad. No hace falta para esto esperar al 17 ó 18 de abril, a las elecciones vascas. La normalidad institucional tiene que ser independiente
de los procesos electorales, y este puede ser un buen momento. Quizá lo que esté diciendo sea una ingenuidad, porque igual nadie está dispuesto a plantearse nada hasta después del 17 de abril, pero yo sinceramente pienso que no debería ser así.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: En primer lugar quiero hacer constar que lamento que no esté en la sala el portavoz del Grupo Popular, porque yo quiero decir al señor secretario de Estado que al menos para el Grupo Popular era innecesario esperar
a su contestación. Cuando, después de su intervención, he visto que salía de la sala el señor Utrera, pensaba que lo hacía por alguna necesidad fisiológica, pero no, ha ido a hacer unas declaraciones en las que afirma que nosotros promovemos las
inspecciones basura y que el plan de prevención supone una amnistía fiscal. No ha esperado a oír su contestación ni su argumentación, en la que ha quedado perfectamente claro que eso no era así. Me parece que tenían ya preparado el mensaje antes
de escuchar la propuesta del Gobierno y la respuesta.
Por cierto, es muy complicado -ya sé que usted, señor secretario de Estado, no lo puede hacer desde una posición institucional- no contestar a adjetivos como justiciero, caduco, etcétera. Yo
debería hacerlo, pero, simplemente para que conste en el 'Diario de Sesiones', le diré que es una falta de respeto que espero que no se repita en posteriores comparecencias.
Respecto a la distorsión -me atrevería a decir casi paranoia- que se puede tener en algunos temas, voy solo a enumerar nuevamente el tema de las políticas de vivienda, donde pretende que nos instalemos en el fracaso más estrepitoso. Las
cuestiones fiscales no son más que una parte de esa política de vivienda de protección, porque todos sabemos que pueden ser vía ingreso o vía gasto. Ni hubo dedicación en la etapa anterior a la vivienda protegida, ni dotaciones presupuestarias
específicas,
ni alquiler, ni nada. Por lo tanto no voy más que a repetir que es una distorsión de la realidad pretender que nos instalemos en un fracaso absolutamente demostrado.
Aprovechando que ha sacado a colación una conversación con la asociación de inspectores financieros, diré que esta asociación vino a vernos a todos los grupos políticos el mismo día y no creo que el mismo día le dijera una cosa al Grupo
Socialista y otra al Grupo Popular; no lo creo.
Nos dijeron literalmente que ellos jamás aceptarían una instrucción que supusiera una amnistía fiscal porque eso también era faltarles al respeto. ¿Cómo no va a aplicar la ley un funcionario del
Estado? Eso es literalmente faltar al respeto a la inspección financiera y tributaria del Estado. Se ha dicho por activa y por pasiva que una cuestión es intensificar la gestión en algunos períodos impositivos y otra muy distinta conceder algún
tipo de amnistía, entre otras cosas porque para eso tendríamos que cambiar la ley, y no lo vamos a hacer, como ha dicho el secretario de Estado. Es muy difícil establecer un diálogo o hacer un razonamiento cuando las conclusiones se traen escritas
y cuando son exclusivamente para dar un mensaje mediático; no solamente se hace daño a los contribuyentes cuando se les dicen estas cosas que se les dicen -sobre todo a los cumplidores-, sino también en general a las instituciones y a los
funcionarios del Estado. (El señor Utrera Mora pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Utrera.
El señor UTRERA MORA: Señor presidente, le pido una intervención de un segundo, porque se ha dudado de algo que he dicho de una reunión que he mantenido con una persona, con quien yo no he hablado, por cierto. Me gustaría aclarar ese
extremo. (El señor Torres Balaguer: No se ha dudado de nada.) Simplemente deseo hacer una aclaración sobre lo que acabo de decir; no se trata de hacer ninguna reflexión adicional. (El señor Torres Balaguer: Yo no he dudado de nada; por lo
tanto, es una excusa.)
El señor PRESIDENTE: Aclárenlo ustedes después de la sesión y vamos a continuar.
El señor UTRERA MORA: Se ha dicho que se ha reunido con el presidente de la asociación -igual que yo- y que duda que se ha dicho cosa distinta a lo que le han dicho a usted. Yo no sé lo que han dicho a usted y tampoco le voy a decir lo que
me han dicho a mí, porque yo no hablo nunca de las conversaciones privadas que tengo, pero la información de la que yo dispongo está publicada en los medios de comunicación... (Rumores.-Una señora diputada: Está en el 'Diario de Sesiones')... en
los que se atribuye a este señor -y supongo que tendrá usted que hablar con los responsables de esos medios de comunicación- y se dice de forma literal que en la práctica es una amnistía fiscal parcial. Eso lo ponen en boca de ese señor que usted
dice que a usted le dijo cosa distinta. A mí me dijo lo que viene recogido en los periódicos. (El señor Torres Balaguer pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Señor presidente, solo quiero mostrar mi rechazo a una intervención adicional sin sentido porque lo que el señor Utrera dice que se ha dicho no se ha dicho. Lo que ha hecho es ganarse una intervención con una
trampita y yo protesto por esta situación.
El señor PRESIDENTE: El señor Heredia Díaz había pedido diez segundos para agradecer al secretario de Estado la respuesta a la pregunta que él ha formulado. Le vamos a dar seis veces más de lo que pide, es decir, 60 segundos.
El señor HEREDIA DÍAZ: Deseo agradecer la intervención del secretario de Estado y el compromiso del nuevo Gobierno de incrementar las ayudas a las familias con personas discapacitadas entre sus miembros. Estamos hablando de un tema que
afecta a 1,6 millones de hogares en nuestro país. El compromiso de este Gobierno ha sido, en primer lugar, incrementar de forma muy importante las pensiones mínimas para estas familias con discapacitados. También se han incrementado las
prestaciones familiares por hijo discapacitado a cargo mayor o igual a 18 años así como la bonificación desde enero de un 45 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social para las familias que contraten a personal para cuidar a personas
dependientes, discapacitados o mayores. Muchísimas gracias por su contestación y por el impulso del nuevo Gobierno en esta materia.
El señor PRESIDENTE: No ha llegado a utilizar los 60 segundos. Gracias.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS (Fernández Ordóñez): Agradezco las palabras del señor Heredia porque realmente él ha contado mejor que nadie todo lo que ha hecho el Gobierno con los discapacitados; no he querido
repetirlo porque está perfectamente explicado.
Contesto. El señor Utrera se apoya en que yo he dicho -y es verdad- que hubo cambios interesantes en la política del PP en la deducción de vivienda y trata de decir que no vamos a cambiar la magnífica política que hicieron. El señor Torres
ha explicado claramente su fracaso en política de vivienda, no solo en el tema general -donde es obvio- sino también en el fiscal, donde el alquiler ha sido un fracaso total. Ahora traemos a las Cortes algunos cambios que permitan mejorar la
situación.
Una cosa es hacer bien algo y otra cosa
es que, en conjunto, lo suyo ha sido un rotundo fracaso. Dice que nosotros poníamos en cuestión su política. Ya le he dicho que el Fondo Monetario Internacional, dirigido por el señor Rato -que fue diputado de esta Cámara- acaba de decir
que deberíamos revisar las deducciones por vivienda y que deberíamos hacer unos cambios sustanciales. No es algo que se le haya ocurrido a cualquiera; está en los informes de la OCDE y por tanto era necesario estudiarlo. Habrá correcciones
evidentemente, pero la reforma está orientada a otros campos, a aquellos puntos -insisto- donde lo que nos ha dejado el Partido Popular consideramos que es más injusto y menos equitativo. Y en esto siento ser caduco; si no está de moda la equidad,
lo siento. ¿Qué se le va a hacer? A mí sí me parece que es algo que sigue de moda. Dice usted: se pueden bajar más los impuestos y será más la diferencia que va a tener entre un hijo y otro. La equidad no consiste en el nivel de los impuestos.
Decía el señor Azpiazu que él consideraba que podían estar demasiado bajos y que habría que estudiar la cuestión del gasto fiscal. Hay que tener en cuenta la equidad horizontal.
¿Me trata usted igual que al otro, sí o no? Otra cosa es lo que
tengamos que pagar de impuestos. Es verdad que quizás debamos bajar los impuestos directos e ir más a impuestos ecológicos -ahí hay una discusión global-, pero yo considero que el tema de la equidad está de moda y que ustedes lo tienen
absolutamente perdido. No hay forma de explicar por qué a quien tiene más renta tiene que darle el Estado más dinero por su hijo; es imposible. Ya pueden ustedes dedicarse a eso, pero es imposible. Quizás deberían ayudarnos a perfeccionar otros
temas.
En cuanto a los fondos de pensiones, seguimos diciendo lo que hemos dicho.
Tenemos que estudiar -y me parece muy importante- lo que ha dicho este Congreso en la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, y ha dicho que el tema de las
pensiones complementarias no se ha desarrollado en España. Es importantísimo. Dese usted cuenta de que tener unas pensiones complementarias privadas es capital, es un instrumento esencial. Otra cosa muy distinta es lo que tenemos, que no está
sirviendo a ese propósito. Lo que tenemos que hacer es ir al objetivo esencial de conseguir pensiones complementarias en este país, que de alguna forma nos den tranquilidad porque las disfrute un montón de gente, pero eso no se ha conseguido. Se
ha conseguido una desviación de ahorro en zonas de renta determinadas. Lo que hay que hacer realmente es conseguir esas pensiones complementarias y no dar unos beneficios a otro tipo de cosas que no están consiguiendo el objetivo fundamental. Por
tanto, lo importante no es sólo que el límite se vaya a bajar, sino la pura concepción de conseguir realmente que haya pensiones complementarias privadas en este país, que no tenemos. El problema fundamental, insisto, no es tanto el del ahorro a
largo plazo como el de la supervivencia del ahorro. La gente está viviendo mucho más tiempo de lo que supone el dinero que tiene ahorrado y de repente se encuentra sin posibilidad de afrontar esa situación.
Usted se ha referido a las propuestas del programa electoral. Ustedes acaban de ser Gobierno y nosotros lo somos ahora, y hay que decir lo que se ha hecho. ¿Qué han hecho ustedes con las pymes? Lo que han hecho, ahí está lo que han hecho.
¿Qué estamos haciendo nosotros? Algo más. En el presupuesto ya hemos reducido el impuesto de sociedades a las pymes, elevando el límite de 6 a 8 millones. En este momento, las pymes -y no es un problema de propuesta electoral- están mejor
efectivamente con nosotros que cuando las dejaron ustedes. Así de claro, absolutamente, están mucho mejor tratadas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en marcha una realidad que ha venido a esta Cámara y que ustedes han aprobado. No se trata de
propuestas, sino de realidades.
En el Plan de prevención del fraude, insisto en lo que dice el señor Torres. Usted habla de una conversación privada, pero a lo que hay que ir es a lo que dicen los inspectores en sus documentos. Si usted examina lo que los inspectores han
venido diciendo estos años al Gobierno del Partido Popular sobre lo que debían hacer en la Agencia Tributaria y lo que hemos hecho nosotros en el Plan de prevención del fraude, hay algo así como un 90 por ciento de coincidencia. En alguna cosa, no
-hay quien quiere ganar más, etcétera-, pero coincide prácticamente el 90 por ciento. Hemos añadido más cosas de las que decían los inspectores, pero existe una coincidencia fundamental y es que estamos poniendo en práctica algo que los propios
inspectores habían detectado. Porque este tema de la simultaneidad no nos lo hemos inventado nosotros, no nos hemos inventado la investigación.
Usted se ha referido al tema de la calle y es verdad que es un tema gráfico, pero es algo que conocen los inspectores. Fíjese usted si lo saben, que lo van a ver en el tema de retribuciones. ¿Cómo cambia el sistema de retribuciones? Pasa
del sistema de deuda liquidada a actuaciones, a qué se hace por investigar. Esto es algo que hemos tenido que hacer delicadamente, hablando con ellos y de acuerdo con ellos, incluso, en todos los temas de promoción interna, basados en otros
criterios a los anteriores. Yo creo que esto va muy bien, va en la línea de hacer cosas nuevas, por mucho que se hubieran dicho antes algunas de ellas, otras no.
Señor Azpiazu, respecto a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuanto más consenso haya, mejor, y si ustedes apoyan la reforma de esta Ley, magnífico, pero sabe usted que con sus votos exclusivamente no sacamos adelante el tema. Habrá que
hablar también con quien podemos conseguir una mayoría parlamentaria, pero, a más a más, fenomenal. ¿Por qué? Porque esta ley es importante. ¿En qué línea se está cambiando? Yo creo que está cambiando en acabar con la hipocresía de la ley
anterior, donde se decía que todo era equilibrio, mientras que en la liquidación del año 2003 veíamos que hay 13 comunidades autónomas que están en desequilibrio. De las 5 primeras comunidades autónomas,
la primera está gobernada -y lo siento por el señor Sánchez i Llibre, que se acaba de ir- por Convergència i Unió y las otras 4 por el Partido Popular; Valencia, Baleares, etcétera. El tema de la hipocresía había que cambiarlo. ¿Hacia
dónde vamos? Vamos hacia las líneas doctrinales de equilibrio a lo largo del ciclo. Estamos detectando en las conversaciones que este es un tema que se acepta y creo que es importantísimo; que todos tengamos al final la idea de que no se trata de
un equilibrio año a año, que es una burrada, sino que hay un equilibrio a lo largo del ciclo, es muy importante.
El otro tema importante que había que cambiar era el de la autonomía de las comunidades autónomas. En este campo estamos tratando de ir hacia fórmulas que, dentro de un marco general de equilibrio, reconozcan la autonomía de las comunidades
autónomas, con fórmulas que sean aceptables.
Además de las negociaciones en sede parlamentaria, vamos a tener que hablar con comunidades autónomas. ¿Dónde? En el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera -que me parece el marco adecuado
para discutir este tipo de cosas-, pero antes tenemos que concretarlo.
¿Cuándo? En cuanto podamos. Es verdad que no llegamos ya a la discusión parlamentaria de este presupuesto, eso es obvio, aunque la tuviéramos mañana, porque el proceso
presupuestario arranca en mayo, como ustedes saben, pero lo haremos en cuanto podamos.
En la colaboración con las haciendas forales estoy absolutamente de acuerdo con usted. En la colaboración con las comunidades autónomas, ha habido una fase de colaboración con comunidades autónomas de régimen común, a través del documento
que le digo, y yo creo que ha sido un éxito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dar los datos que nos pedían las comunidades autónomas, incorporar sus peticiones, etcétera, cosas muy obvias, pero que no se habían hecho en los últimos 8 años. Se trata
simplemente de sentarse los consejos interterritoriales, intercambiar ideas, etcétera. Este tema ha trascendido las consideraciones políticas.
Las comunidades autónomas del Partido Popular están muy contentas con la nueva relación con la Agencia
Tributaria. Las comunidades forales, como usted sabe, son distintas y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Yo lo asumo por mi parte y asumo la parte de responsabilidad que podamos tener al respecto. Creo que es cierto, como usted dice, que no
se han enviado suficientes proyectos informativos, pero se está haciendo ya. En este asunto hemos cambiado y lo hemos hecho en el seno de un comité que hay dentro de la propia Agencia Tributaria, del que forma parte también el Gobierno vasco y el
Gobierno navarro. Nosotros pensamos que hay cosas que también se pueden hacer por el otro lado, aunque a veces se considera que se entra en la autonomía. ¿Significa entrar en la autonomía, por ejemplo, decir que la presión sobre determinados
sectores debe ser la misma? Nosotros creemos que no y que podemos llegar a un acuerdo para que la presión inspectora sea la misma en todos los sitios. Yo creo que hay muchos campos en los que podemos colaborar y estoy convencido de que en
beneficio de ambas administraciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.