CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2005 VIII Legislatura Núm. 176

INTERIOR

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CARMEN HERMOSÍN BONO

Sesión núm. 8

celebrada el jueves, 3 de febrero de 2005

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro del Interior (Alonso Suárez) para informar sobre:


- Las actuaciones derivadas de los incidentes ocurridos en la manifestación que tuvo lugar en Madrid el día 22 de enero de 2005. A petición propia. (Número de expediente 214/000052.) ... (Página 2)


- La 'detención irregular' de dos militantes del Partido Popular de la localidad madrileña de Las Rozas, en relación con los hechos ocurridos el día 22 de enero de 2005 durante la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del
Terrorismo, y que afectaron al ministro de Defensa. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 213/000224.) ... (Página 2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR (ALONSO SUÁREZ) PARA INFORMAR SOBRE:


- LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN LA MANIFESTACIÓN QUE TUVO LUGAR EN MADRID EL DÍA 22 DE ENERO DE 2005. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expedien­te 214/000052.)


- LA 'DETENCIÓN IRREGULAR' DE DOS MILITANTES DEL PARTIDO POPULAR DE LA LOCALIDAD MADRILEÑA DE LAS ROZAS, EN RELACIÓN CON LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA 22 DE ENERO DE 2005, DURANTE LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO, Y QUE AFECTARON EL MINISTRO DE DEFENSA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expedien­te 213/000224.)


La señora PRESIDENTA: Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Interior. Comparece el ministro del Interior y el orden del día, como habrán podido observar, tiene dos puntos: el primero, una comparecencia a petición del Gobierno para
informar de las actuaciones derivadas de los incidentes ocurridos en la manifestación que tuvo lugar en Madrid el día 22 de enero de 2005 y, el segundo, una petición de comparecencia al ministro del Interior para que informe sobre la 'detención
irregular' de dos militantes del Partido Popular de la localidad madrileña de Las Rozas en relación con los hechos ocurridos el día 22 de enero de 2005, durante la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y que afectaron
al ministro de Defensa.



Por acuerdo de la Mesa de la Comisión en su reunión del día 1 de febrero estas dos comparecencias se van a sustanciar en el mismo trámite, por lo que, en primer lugar, daremos la palabra el señor ministro para su intervención, a continuación
intervendrá el grupo peticionario y, con posterioridad, el resto de los grupos.



Tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Señoras y señores diputados, voy a comenzar mi intervención haciendo un relato de lo acontecido en relación con la manifestación.



La manifestación, como ya saben, empieza a las 17:00 horas del día 22 de enero y a la misma acuden no menos de 35.000 personas, según cálculos de la policía. Sobre las 17:45 horas, mientras transcurría por la calle de Alcalá, la policía
conoce que don José Bono está siendo objeto de increpaciones, amenazas y zarandeos por algunos manifestantes y que ello había obligado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional, a sacarle de la manifestación. Para
investigar los hechos, la policía abre, de oficio, atestado a las 22 horas del mismo día 22 de enero. El instructor del atestado ordena realizar diferentes actuaciones para esclarecer los hechos, entre ellas la declaración de hasta 14 funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, ordena que se desplace policía al lugar de los hechos para hacer un reconocimiento del mismo y ver qué es lo que ha pasado, ordena la comparecencia de representantes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, la
asociación convocante de la manifestación, y, al mismo tiempo, ordena recabar los vídeos, las fotografías y, en fin, todo el material videográfico que pueda existir en relación con la manifestación.



Entre la diligencias, la policía conoce unas declaraciones de don Javier Espadas, según parece secretario general del Partido Popular de Las Rozas, a una emisora de radio en las que identifica a dos personas que aparecen en las fotografías
de la manifestación. La policía cruza las fotos y los videos de la manifestación con los archivos del Documento Nacional de Identidad, identifica a esas dos personas, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, para ver quiénes eran de entre los
manifestantes y qué es lo que estaban haciendo en la manifestación. La policía determina, después de analizar todas esas evidencias -los videos, las fotos, las declaraciones, etcétera-, que existen motivos racionales para entenderlos implicados en
los hechos. A la vista de todo ello, el instructor de las diligencias acuerda -cito textualmente del atestado- se cite en comparecencia en la brigada, a efectos de declaración, a don Javier Espadas, a don Isidoro Barrios y a doña Antonia de la
Cruz. Estos dos últimos se personan de forma voluntaria -según consta en la declaración que luego prestan con su letrado- a las 13:00 horas del día 25. El instructor decide, a la vista de los hechos expuestos -también cito textualmente-, que, por
su presunta vinculación con los delitos de amenazas y atentados, se proceda a informarles de sus derechos constitucionales -artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, lo que incluye asistencia letrada. Las declaraciones de ambas personas
se efectúan asistidas estas por letrado y, después, abandonan las dependencias policiales a las 14:50 y 16:00 horas del mismo día 25. La policía decide su libertad porque tienen domicilio conocido y no tienen antecedentes penales ni policiales, y
estima que no se van a sustraer a la acción de la justicia; les dice que, si son citados por el juez, tendrán que comparecer ante la autoridad judicial cuando sean citados. El atestado junto con su contenido -los vídeos, las fotos, las
declaraciones y un parte de lesiones a nombre, en siglas, de M.A.G.M., funcionario policial que, según dicho parte, sufre dolor, tumefacción y hematomas por traumatismo directo con un


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objeto contundente en antebrazo y mano izquierdos- es remitido a la autoridad judicial y, en definitiva, al ministerio fiscal.



A partir de la lectura del atestado y del análisis de la actuación policial, quiero establecer las siguientes conclusiones; advierto que lo son a los únicos efectos de esta comparecencia y, por supuesto, con absoluto respeto a lo que
decidan los jueces y también con respeto a los derechos constitucionales de todo el mundo, en particular a la presunción constitucional de inocencia que alcanza a todo ciudadano o ciudadana de este país. Las conclusiones de la labor policial son,
pues, las siguientes. En primer lugar, la policía, después de su trabajo profesional, sostiene la existencia de motivos racionales y suficientes para entender que hay actividad delictiva. La policía caracteriza esos hechos en el atestado como
constitutivos -textualmente- de amenazas y atentado. Les recuerdo que la policía, según el atestado, recibe la noticia de que el ministro de Defensa ha sido increpado, amenazado y zarandeado. Analiza los vídeos, las fotos, el parte de lesiones y
el resto de las evidencias, y, además, las declaraciones que hace públicamente el propio ministro de Defensa -don José Bono-, quien declara que ha recibido insultos, puñetazos y agresiones -golpes y puñetazos en las costillas-. Si la policía
entiende -como lo hace- que ello es indiciariamente cierto, está claro que estamos ante motivos suficientes como para pensar en la existencia de un delito de atentado. Les leo lo relativo al delito: Cometen delito de atentado los que acometen a la
autoridad, sus agentes o funcionarios, o emplean fuerza contra ellos, o los intimidan gravemente, o les hacen resistencia activa también grave.
Los hechos, según los relata la policía, avalan que hay motivos racionales y suficientes para entender
que existe -siempre, naturalmente, a los efectos en los que se mueve la investigación policial- tal tipo penal. Por supuesto, la condición de autoridad del ministro de Defensa está fuera de toda duda. En todo caso, señoras y señores diputados, con
la ley en la mano, la policía solo puede y debe hacer dos cosas: abrir el atestado, que, como ustedes saben, tiene la eficacia procesal de denuncia y, en segundo lugar, tratar de esclarecer los hechos, identificar a los supuestos autores y citar a
declarar, al menos, a las personas contra las cuales existen indicios de autoría, como implicados y con las debidas garantías constitucionales y legales. Así lo imponen, como bien sabrán SS.SS., los artículos 118, 282 y siguientes, 492 y
siguientes, y 520 y siguientes y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso es lo que hicieron los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, competentes en exclusiva -porque así lo dicen la Constitución y las leyes- en el desarrollo
de este atestado -y de cualquier otro- y en la toma de decisiones sobre el mismo.



Después de este relato de hechos y sus conclusiones, ruego a la señora presidenta y a todos ustedes que me permitan decir alguna cosa más. En primer lugar, quiero recordar aquí, porque es la verdad, que el Ministerio del Interior ha
prestado siempre absoluto apoyo a las víctimas del terrorismo, a todos los niveles: con su discurso político y con atención cotidiana. A este respecto, debo agradecer, y agradezco, a los representantes de las víctimas que lo hayan reconocido así
públicamente y en privado: con las notas que han emitido, apoyando la labor del ministerio y de la Oficina de Atención a las Víctimas, y el discurso político del ministerio en relación con las víctimas. Yo mismo he calificado muchas veces a las
víctimas de auténtica columna moral de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo, y lo reitero aquí una vez más.



En todo el follón -en la bronca política- que se formó a raíz de la manifestación, el equipo político del Ministerio del Interior y, por supuesto, los profesionales de la policía hicieron un ejercicio de responsabilidad: no dijeron nada.
¿Por qué? Porque entendían y entienden -entendemos- que hay un valor superior a proteger, que tiene que estar apartado de peleas coyunturales; y el valor superior es la unidad de las víctimas, y en general de todos los demócratas, en la lucha
contra el terrorismo. La manifestación tenía un objetivo decente, que fue el que marcaron sus organizadores, y, por más problemas que se hayan derivado de la misma, no debemos olvidarlo. Como tampoco debemos olvidar lo que decía antes: la
indispensable unidad de los demócratas frente al terrorismo, una lacra que nos ha golpeado durante más de 30 años y que todavía -no lo olvidemos- nos sigue golpeando.



Ahora quedo a lo que ustedes me quieran preguntar, o a las consideraciones que quieran hacer.



La señora PRESIDENTA: En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, como solicitante de la comparecencia. Después la tendrán el resto de los grupos, de menor a mayor.



Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, el señor Zaplana, por un tiempo de 15 minutos.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: De acuerdo, señora presidenta. Intentaré ajustarme al tiempo que me concede.



Señor ministro, de su intervención, la primera valoración que tengo que hacer es que me ha defraudado de forma considerable, y le voy a explicar inmediatamente por qué. Ha hecho usted un relato de la indagación policial de menos de dos
minutos, y el tema merece, sin duda y desde mi punto de vista, un nivel de detalle mucho mayor. Lo ha hecho excesivamente simplificado y resumido; mientras que, según los datos de que mi grupo y yo disponemos, es mucho más complejo.



Si todos los españoles no estamos confundidos, con la información de que disponemos en estos momentos, el sábado 22 de enero, por la noche, un instructor de oficio de la Brigada Provincial de Información redactó un informe. Yo esperaba
haber escuchado todos estos


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datos al señor ministro, pero, ya que él no los ha facilitado, lo hago yo.
En ese informe deja explícitamente claro que los incidentes que se produjeron no supusieron agresión alguna al ministro de Defensa. Es de significar, además -decía
el informe-, que se logró que las autoridades en ningún momento -cito literalmente- fueran agredidas físicamente por parte de estos incontrolados. Repito que esto lo dice literalmente -textualmente- el informe.



La primera pregunta que yo le haría, señor ministro, ya que me ofrece esa posibilidad, es la siguiente: Si eso es así, si mi información es efectivamente correcta, y por tanto eso dice literalmente el informe, ¿por qué se continúan las
diligencias? Si esa es la conclusión, ¿por qué se establece literalmente también en las mismas diligencias que hay que identificar a todas las personas que tuvieron participación activa en los hechos. ¿Qué hechos, si en las mismas diligencias se
establecía anteriormente que no hubo ningún tipo de agresión? Además, no figura en las diligencias quién da la orden; la de identificar a todas las personas que tuvieron participación activa en los hechos, repito. Tampoco está contestado por qué
se traslada la investigación a otra unidad, y se ocupa de ella, a partir de ese momento, otro instructor diferente. Un nuevo instructor, que pide los vídeos y las fotos a los medios de comunicación; que habla con los locales colindantes, para
esclarecer los hechos; que cita a los policías que formaban parte de los dispositivos de seguridad; y, después de todo eso -que ya es una anomalía, dado que habían llegado a unas conclusiones previas, como le decía-, de tomar todas esas
declaraciones y manejar toda esa información y toda esa documentación, la conclusión es exactamente la misma que la del primer informe: no existió ningún tipo de agresión. Por segunda vez la conclusión de un instructor distinto es exactamente la
misma. Pues bien, señor ministro, a pesar de dos ratificaciones con la misma conclusión después de haber analizado e investigado los asuntos con detenimiento, cuando se ha vuelto a llegar a la conclusión de que no hay agresión, se vuelve a cambiar
de instructor y el martes 25 de enero ese nuevo instructor, no sé basándose en qué, da la orden de la detención -objeto de esta comparecencia- de las dos personas.



Si esto merece una explicación muchísimo más detallada por parte del señor ministro, quiero significarle que también todo este proceso se ha producido acompañado en el ámbito político de multitud de declaraciones, algunas de gran importancia
según quién las ha realizado -usted mismo uno de ellos y el secretario de Organización del Partido Socialista, otro dirigente importante-, que se han permitido en esas horas, en su caso, decir al diario El Mundo, actualizando además una entrevista
que había concedido anteriormente -actualizándolo el domingo y, por tanto, siendo conocido por la opinión pública el lunes- que ha dado órdenes para que la policía investigue y trate de localizar a los autores de lo que usted llamó en aquel momento
inadmisible agresión. Si las diligencias decían que no había habido agresión, creo que el ministro del Interior debía estar puntualmente informado, al menos de la existencia de las diligencias, antes de hacer una afirmación de esta naturaleza. O
bien, nada más y nada menos que el secretario de Organización -que, por estar ustedes en el Gobierno, por tanto, es el responsable de la estructura del partido en el poder-, que apunta que efectivamente hay que seguir con la investigación, hay que
esclarecer los hechos hasta el final y se excede en algunos comentarios que no considero necesario -tengo aquí los recortes de los medios de comunicación- reiterar ahora. Es decir, estamos en un punto, señor ministro, en el que tenemos una
acreditación policial de que no se ha producido agresión, una voluntad política inequívoca de investigar y localizar autores de una agresión que no existía; voluntad política -les he citado dos opiniones, la suya y la del señor Blanco, pero puedo
citarles más- y esa voluntad de más indica que es necesario que se practiquen detenciones de personas y se apunta a una determinada formación política, a un determinado partido político. Dos ciudadanos españoles por el mero hecho de participar en
una manifestación ejerciendo su derecho constitucional y de ser miembros del Partido Popular son detenidos con muchísima notoriedad, se facilitan sus nombres, se vulneran desde nuestro punto de vista todos sus derechos, en especial el derecho de
manifestación, sin que haya el más mínimo indicio de comisión de un delito, tan solo la aparición en una foto, y son acusados de un delito de amenazas y atentado y puestos en libertad con posterioridad, lógicamente.
Por si eso fuera poco, el
delegado del Gobierno traslada a la opinión pública la asombrosa afirmación de que estos señores están imputados -no sé en qué se basaba en ese momento el delegado del Gobierno- de unos delitos que no aparecen por ningún lado y anuncia el traslado
al juzgado de unas diligencias, pese a que habían sido puestos en libertad.



Señor ministro, estamos en una Comisión parlamentaria de nuestro Congreso de los Diputados y, por tanto, alguna valoración política también me apetece hacerle en esta comparecencia. ¿Cuántas manifestaciones con altercados se han celebrado
en los últimos años? ¿Cuántas? Yo recuerdo muchísimas. ¿En cuántas, señor ministro, se ha puesto tanto celo en la investigación, se ha dedicado tanto trabajo para identificar a quien puede aparecer en una foto, cuánto esfuerzo se ha llevado a
cabo para practicar unas detenciones en otros momentos y, por tanto y además, cuándo se ha intentado criminalizar de forma evidente a dos ciudadanos simplemente por pertenecer a una determinada formación política? He estado en muchas, he conocido
otras, pero en ningún caso, señor ministro, se han producido los hechos que estamos aquí analizando; nunca, habría que remontarse a otras épocas y a otros momentos completamente distintos al que hoy afortunadamente acompaña a la situación
democrática de nuestro país. Estas dos personas


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han declarado, además, que están viviendo los momentos peores de su vida, los más amargos. Han sido detenidos sin saber por qué, cuando se habían limitado a participar en una manifestación, en solidaridad con las víctimas del terrorismo, y
ejerciendo un derecho constitucional innegable, el de manifestación. Han sido prejuzgadas, incluso con notas de la propia Delegación del Gobierno, acusados y apuntados como autores de algo que no han hecho. Estos días he leído todo tipo de
declaraciones y de comentarios pero, señor ministro, no estamos aquí para hacer de esto una cuestión de debate político, créame. No estamos aquí ante un tema más y lograr así mayor o menor repercusión política, otras oportunidades tendremos para
ello, y sin duda no nos van a faltar. Créame que la solicitud de su comparecencia esta tarde no es un plato de buen gusto para mí ni para mi grupo ni para el Partido Popular, es algo a lo que nos vemos obligados y que no podemos, bajo ningún
concepto, pasar por alto.
Por eso, su opinión era muy importante esta tarde y su explicación, porque nosotros creemos sinceramente, señor ministro, que estamos ante una detención ilegal, sinceramente. Una identificación dentro de la investigación
policial que no está para nada aclarada; ante una vulneración de derechos constitucionales como el de poder manifestarse libremente o pertenecer a una opción política; ante una posible prevaricación, señor ministro, porque nos tendría que aclarar
de quién partió esa orden de seguir investigando reiteradamente hasta conseguir la detención de estas dos personas; y además una calificación como imputados realizada por el delegado del Gobierno por escrito y con publicidad cuando en ese momento
ni siquiera se habían remitido o iniciado actuaciones judiciales. Fíjese si hay circunstancias graves que nos han obligado a solicitar esta comparecencia. Para eso estamos aquí, señor ministro, no es un debate más. No lo entienda como una
cuestión en la que legítimamente podríamos estar discutiendo o debatiendo sobre aspectos políticos. Estamos discutiendo sobre la propia concepción de nuestro Estado de derecho y usted, como experto jurista, sin duda sabe lo que estoy diciendo en
estos momentos y por qué estoy haciendo estas afirmaciones. Siempre estoy en contra de cualquier tipo de instrumentalización de estos incidentes; hay algunos -no le señalo a usted, señor ministro, en este caso- que son expertos en la
instrumentalización de todos los incidentes de esta naturaleza, pero le puedo asegurar que yo estoy en contra. Algunos lo hacen siempre, para bien o para mal, en una dirección o justo en la contraria, da exactamente igual, pero en esta ocasión creo
sinceramente que se ha ido demasiado lejos. Además, tengo la sensación de que usted lo sabe también, de que usted lo sabe mejor que nadie y por eso la brevedad de su exposición.
Sinceramente creo que usted comparte en su fuero interno las
afirmaciones que yo estoy realizando. Esto ya no es un debate político, han pasado del debate político o de la criminalización del adversario, como tantas veces ha ocurrido en los últimos tiempos, a afectar gravemente derechos fundamentales de
personas inocentes, a poner en cuestión derechos tan elementales como el derecho de manifestación o la libertad ideológica y de expresión. Se ha perseguido, señor ministro, a ciudadanos por tener un compromiso político. Eso es lo que pensamos, y
lo que yo, personalmente, pienso. No ha bastado en este caso ya arrimar el ascua a la sardina de una determinada formación, manipular más o menos; no, se ha pasado una línea que no se debe pasar en democracia. Y además se ha puesto en tela de
juicio la actuación de una policía que hace una labor excelente permanentemente de protección de los ciudadanos y de sus libertades. Yo quiero destacar que la policía ha actuado correctísimamente. Dos diligencias, a pesar de que la segunda, que se
abre de forma poco habitual, está cargada de información, de pruebas, de testimonios, de declaraciones. Y, a pesar de eso, sigue teniendo la misma conclusión.
¿Por qué se abre una tercera, dentro de las mismas diligencias? Indagación. ¿Por qué
esa persecución? ¿Por qué se adelanta, antes de que ocurra, que va a haber detenciones? Creo que se les ha ido la mano, sinceramente, señor ministro. Creo que se les ha ido la mano en exceso, que al calor de unos acontecimientos que se intentaron
instrumentalizar políticamente inicialmente, se les ha ido un poco la mano.



Voy concluyendo, porque consumo el tiempo, señora presidenta. He leído infinidad de argumentos estos días. Como es lógico, todos mezclados, mezclando unos hechos con otros. Se ha hablado de no elevar demasiado la tensión, de no crispar.
No estamos aquí ni por crispar ni por tensionar, sino porque no podemos dejar pasar por alto una situación de esta naturaleza. Yo esperaba mucho más de su primera explicación, señor ministro, y espero que corrija en su segunda intervención. Le voy
a decir por qué, porque a mí no me gustaría que de esto se hiciera un gran caso, sinceramente. Tendremos mil oportunidades, mil ocasiones y circunstancias sobre las que poder debatir. Esta me parece especialmente grave y no tengo el más mínimo
interés en que se pueda prolongar, pero tampoco en que pueda pasar sin que se adopten decisiones que considero esenciales y fundamentales. Una de ellas es exigirle a usted, señor ministro, como responsable máximo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, explicaciones suficientes, que no son las que ha dado, explicaciones sobre algunos aspectos que he tenido que resumir mucho por cuestiones de brevedad de tiempo. Disculpas, señor ministro, disculpas, por lo que ha pasado y por lo que se
ha hecho y la exigencia de responsabilidades. De todos estos hechos y datos se tienen que desprender responsabilidades. Yo esperaba, sinceramente, al margen de una explicación más completa, al menos que ya se hubiera ocupado alguien de que el
delegado del Gobierno no siguiera al frente de su responsabilidad, porque tengo aquí una nota citando como imputados a dos personas que no habían hecho absolutamente


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nada, cuando las diligencias decían que en esos incidentes no se desprendía ningún tipo de agresión.



No se ha producido ninguna de las tres cosas que a mí me parecen esenciales: explicaciones, disculpas y asunción de responsabilidades políticas por quien corresponda. Yo confío, sinceramente, señor ministro, que si de verdad el ministro
del Interior no ha tenido nada que ver en las anomalías que de forma breve y muy resumidas acabo de citar y ante unos hechos de tal gravedad, al menos estas tres cuestiones puedan tener una respuesta positiva por su parte en su próxima intervención.



La señora PRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir?


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor ministro, muy agradecido por sus explicaciones, satisfactorias, en principio, neutras, no cargadas de ningún tipo de impronta ideológica, en nuestra opinión.



Voy a hacer una pequeña reflexión contextualizadora de lo que estamos debatiendo en este momento, señora presidenta, que nos lleva a pensar que estamos observando el mundo al revés de alguna manera. Una reflexión un tanto confuciana habría
que hacer, hasta qué punto el bien y el mal no solo no son contradictorios, sino que se pueden llegar a complementar en determinadas ocasiones. A nosotros nos ha preocupado un poco el tono de la intervención del señor Zaplana; lo respetamos, pero
nos ha preocupado.
Porque yo, señor ministro, le voy a hacer otra serie de preguntas también complementarias, pero de identidad absolutamente contradictoria a la que le ha hecho el señor Zaplana; espero que también me responda.



Usted sabe, señor ministro, que yo en más de una ocasión me he dirigido a usted, no con esta parafernalia mediática sino con discreción, como corresponde, para pedir protección sobre personas que representan a líderes políticos, de partidos
políticos vascos, personas que tienen relevancia institucional, democráticos, que después de interferir, por este sistema novedoso de transmisión de mensajes a través del SMS, que estaban preparando concentraciones, agrupaciones contra ellos, con
pretensión quizás de agredirles o de refutar sus opiniones colectivamente en la calle -yo no sé jurídicamente cómo denominar esta actitud- le he solicitado protección para estos líderes que han acudido; y usted en ocasiones la ha proporcionado. Me
gustaría saber, en primer lugar, si están identificadas esas personas que a través de este procedimiento en más de una ocasión han requerido protección policial para poder acudir a realizar manifestaciones, declaraciones, conferencias, etcétera.
Pero le haré preguntas más concretas. Yo comprendo que esto parece más una reflexión un tanto metafísica.



Señor ministro, la primera pregunta sería ¿quién agrede? Cuando hablamos de un mundo al revés, la reflexión sería la siguiente. ¿Es que los agredidos tienen que pedir perdón públicamente por haber sido agredidos? ¿Son ellos quizás los
responsables de haber sufrido la agresión? Los agredidos o los insultados, porque luego yo volveré a reproducir el delito de atentado, que está consignado por el artículo 550 del Código Penal y siguientes. ¿Tienen que pedir perdón? ¿O son los
autores quizás mediante una actitud provocativa, sutil, subliminal, muy sofisticada, los responsables de lo ocurrido? Esa sería la primera cuestión, que nos llama poderosamente la atención. ¿Quién agrede y si son los agredidos los responsables de
la agresión? Parece un poco paradójica la pregunta, pero a tenor del primer discurso que hemos oído de los partidos de la oposición la consideramos particularmente pertinente.



La segunda pregunta, señor ministro, sería la siguiente: ¿Quién auspicia ambientalmente esas agresiones criminalizando determinadas ideologías? Usted sabe de lo que estoy hablando perfectamente. ¿Por qué se criminalizan -y se siguen
criminalizando simbólicamente todavía- determinadas ideologías políticas en este país, con presencia parlamentaria en esta Cámara, a los que prácticamente se les acusa de ser cómplices, colaboradores e incluso directamente asesinos en muchas
ocasiones?


Tercera pregunta: ¿Quién organiza contramanifestaciones cuando comparecen las víctimas del 11 de marzo ante las puertas del Congreso, coreando consignas a favor del ex presidente del Gobierno y utilizando expresiones tan poco decorosas y
tan indignas cívicamente como: meteros vuestros muertos por el culo? ¿Por qué no se realizan actuaciones, en relación con estas contramanifestaciones, requeridas tanto por la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión como por la Ley orgánica
de seguridad ciudadana? ¿Por qué no se identifica a los líderes de las personas que organizan -vamos a utilizar eufemísticamente la expresión- estas contramanifestaciones en la puerta del Congreso? ¿Quién organiza manifestaciones y concentraciones
ciudadanas que se dedican a insultar, porque seguramente no pueden hacer otra cosa, afortunadamente, por todas las medidas de protección policial, al señor Atutxa, presidente del Parlamento vasco, cuando viene a presentar el proyecto de reforma
estatutaria aprobado en el Parlamento vasco o al señor lehendakari de Euskadi cuando viene a defender esta propuesta? ¿Quién insulta gravemente y no acomete otros actos de agresión, de los que incurrirían en el injusto penal previsto en el artículo
550 del Código Penal, sencillamente porque la policía lo impide?


Cuarta pregunta, señor ministro: ¿Qué organizaciones acogen en su seno, quién acoge en su seno, si es que policialmente se ha realizado alguna pesquisa o alguna diligencia de esta naturaleza, a una ultraderecha, a organizaciones de
ultraderecha (Se producen ruidos en la megafonía que impiden oír con claridad al orador.)


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comprendo que hay determinadas expresiones que provocan incluso interferencias telemáticas, señor ministro- (Risas.) que en este país empiezan a aflorar de forma desmesurada, de forma peligrosa, cada vez más desinhibidas, cada vez más
violentas, cada vez actuando con un sentido de mayor impunidad, hasta el punto de que hemos podido comprobar en reportajes televisivos recientes actuaciones verdaderamente indecorosas? ¿Quién auspicia, quién acoge, quién no repudia? Señor
ministro, son preguntas que son pertinentes, alguna de ellas, la última en concreto constituye ya un problema político de una magnitud que debería priorizar la actuación política de su departamento, porque el afloramiento de la ultraderecha en el
Estado español empieza a ser un problema que nos debería preocupar como ciudadanos a todos. Nos debería preocupar, debería preocupar al Partido Popular y debería preocupar a todos los demás partidos que ostentamos representación política en esta
Cámara. No es una cuestión baladí. No es un problema pequeño, es un problema de violencia, de violencia terrorista y de violencia que debe ser erradicada preventivamente en los términos en que sea posible desde las posibilidades de actuación del
Ministerio del Interior.



Voy acabando esta primera intervención, señora presidenta, porque la actuación del ministro ha resultado satisfactoria para mi grupo parlamentario. Hay indicios, hay un fumus, una apariencia de la comisión de un delito, en este caso estamos
hablando de un delito grave, previsto en el artículo 550, que establece que son reos de atentado los que acometan a la autoridad o a sus agentes -aquí concurre la doble circunstancia, se acometió contra la autoridad y sus agentes, en este caso los
agentes de protección- o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, o los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa.
Son reos del delito de atentado. Delito de atentado que cuando afecta a determinadas personas, por sus
responsabilidades, adquiere una cualificación especial en el siguiente precepto, en el 551. ¿Es que las víctimas de este delito eventualmente cometido, porque será la Administración de Justicia la que tendrá que realizar esta determinación, tienen
que pedir perdón? ¿O usted tiene que pedir perdón, porque se ha producido esta circunstancia, la posible comisión de un delito, que obliga a la autoridad policial, incluso yo diría más, a la autoridad gubernativa, a practicar las primeras
diligencias de investigación? Si estas circunstancias han concurrido, por cierto prolijamente reflejadas en televisiones, en fotos, en todos los medios de comunicación, porque todos lo hemos podido ver O es que nos lo hemos imaginado, nos hemos
imaginado que había un mástil de una bandera rota que estaba en las proximidades de la cabeza del señor Bono? ¿O es que nos hemos imaginado las contusiones sufridas por sus agentes de protección? ¿Todo esto es una ficción, todo esto es un delirio,
que nos afecta a algunos grupos parlamentarios? (Rumores.) Perdóneme, no pretendo ser irónico o satírico, pero nos llama un poco la atención a nosotros, que estamos muy acostumbrados a sufrir agresiones de este tipo cuando hemos intentado acudir a
honrar la memoria de víctimas en Euskadi. Nosotros sí hemos sufrido agresiones de las personas identificándonos con los terroristas sistemáticamente. (Rumores.) Perdóneme la digresión, señora presidenta, pero nosotros conocemos subjetivamente lo
que pueden estar sufriendo personas como el señor Bono o doña Rosa Díez, porque nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes sistemáticamente. Hemos sufrido en nuestras propias carnes la patrimonialización del dolor de las víctimas,
utilizadas algunas de sus asociaciones como ariete político, dialécticamente, contra determinadas ideologías, manipuladas contra determinadas ideologías. La forma menos respetuosa de honrarlas y de respetar su dolor, la forma más bastarda de tratar
la problemática de las víctimas. Aun así nos sorprende también por otra parte, se lo tengo que decir, que quizá hayan sufrido esta agresión las personas que estén menos lejanas a los agresores en la forma de cómo entender la atención a las
víctimas, de cómo entender qué tipo de medidas punitivas o de condenas se aplican a los victimarios o la forma de entender cómo debe configurarse territorial e institucionalmente el Estado español. Nos llama un poco la atención. Formaba parte casi
de un uso, relativamente metabolizado por la sociedad española, que algunos, peligrosos nacionalistas, estamos destinados a sufrir este tipo de agresiones. Lo novedoso aquí es que sean personas que piensan de forma simétricamente lo contrario a
nosotros en determinadas cuestiones los que sufren estas agresiones. Lo cual acredita otro mal, que es la profundidad de la intolerancia que manifiestan estos grupos de extrema derecha a los que anteriormente me estaba refiriendo.



Señor ministro, usted lo ha hecho muy bien. Ha dejado que actúe la legalidad, el Estado de derecho, el imperior de la ley que se desarrolle naturalmente, no impidiendo que se practiquen diligencias policiales obligadas. Aquí había más que
un fumus. Había más que indicios de la comisión de un grave delito de atentado. ¿Cómo no va a actuar la policía? ¿O es que la policía es patrimonio de alguien? ¿O es que vivimos en un país que es la finca de algún partido político en concreto?
¿En qué situación estamos? ¿O es que la policía no debe perseguir la comisión de cualquier delito, cuando hay indicios, practicando las diligencias a las que está obligada? ¿Es que hay personas que, por su determinada ideología, por la pertenencia
a determinado partido, están exentas de responsabilidad a través de algún eximente, que yo no recuerdo haber encontrado en el Código Penal, de algún eximente intuitus personae, por pertenecer a determinado partido político? Estas son las preguntas
que a mi partido, en esta primera intervención, le gustaría hacer.



Quiero acabar con una sola reflexión, señora presidenta. La patrimonialización del dolor de las víctimas es lo peor que se puede hacer con las víctimas. A mí no


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me sorprende que se insulte a las víctimas del 11 de marzo, porque es una organización no manipulable para conseguir objetivos políticos bastardos absolutamente. No me sorprende. Lo que me sorprende es que todavía sigan utilizando a
determinadas asociaciones, no en su conjunto sino líderes o personajes relevantes en determinadas asociaciones de víctimas, para obtener réditos políticos. Este es el gran consenso que necesita este país para que este tipo de eventos, este tipo de
situaciones, este tipo de problemas políticos no se vuelvan a producir. Nosotros contribuimos a participar en el consenso que sea menester articular para que esto no se vuelva a producir. No tendrá que ser nunca un consenso bilateral entre dos
partidos. Piense qué tipo de consensos detenidamente son los pertinentes para evitar que las víctimas sigan siendo utilizadas como ariete, como lanza, para afrontar, no su problemática, no honrar su memoria, no practicar la justicia indemnizatoria
y de otros ámbitos que merecen, sino para remover del poder a determinados partidos políticos que están legítimamente gobernando por la fuerza de los votos.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Cerdà, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.



El señor CERDÀ ARGENT: Señor ministro, este tema entre nosotros y en nuestras relaciones no es nuevo, no es de ahora. Ha tenido que ser justamente cuando un ministro y otros cargos se han visto envueltos en unas agresiones en la calle
cuando salta a los medios de comunicación y cuando directamente militantes del PP se ven involucrados en esta confrontación. Pero el tema no es nuevo. Usted tiene, igual que gente de su equipo, dossieres ingentes de casos de agresiones, de
coacciones, de insultos y de amenazas que se han producido desde la extrema derecha durante décadas en el País Valenciano contra el movimiento nacionalista en todas sus organizaciones. Esto es lo nuevo, venimos reiterándolo. Y tampoco es un tema
del pasado, porque aún se está produciendo. No repetiré argumentos que ya ha contado el compañero Olabarría, pero tienen la información, saben ustedes que se está produciendo y lo que nos sorprende en estos momentos son justamente las quejas del
Partido Popular. Evidentemente, todos tenemos los mismos derechos, de manifestación, de libre reunión. Claro que sí y todos tenemos los mismos derechos a la protección por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como cualquier
otro, sea del PP o sea de Esquerra Republicana. A mí me han sorprendido algunas afirmaciones del señor Zaplana en estos momentos, porque fue justamente durante su mandato cuando gente de su partido, como el señor Serafín Castellanos, alentaba a la
gente de extrema derecha del País Valenciano -en concreto un mitin que se produjo en el Palacio de Congresos de Valencia contra los que venían del norte- a que pararan las manifestaciones. Y eso ocurrió. Y cuando el señor Juan Cotino, que era
delegado del Gobierno en aquel momento en el País Valenciano, por toda protección policial en aquella manifestación puso dos hileras de policías, mientras permitía que en cada parte de las dos hileras pasara la gente que venía tranquila y
pacíficamente a nuestro mitin, mientras eran insultados, agredidos, escupidos y recibiendo huevos. Eso pasó durante su mandato. ¡Claro que pasó! Como está pasando en estos momentos con una empresa que usted, como presidente de la Generalitat,
contrató a su servicio, que es Levantina de Seguridad, la misma empresa de la cual es propietario el señor José Luis Roberto, que es el que ha hecho, con tres alcaldes del Partido Popular, el de Ribarroja, el de Mislata y el de Alboraya, esa
historia del valetudo en un espectáculo dantesco de ultraviolencia. ¡Claro que las ha habido! Y las sigue habiendo. Tanto, que este fin de semana celebraremos un mitin en Valencia, el señor Puigcercós y yo, sobre la Constitución europea.
Seguimos
teniendo las mismas amenazas de estos mismos grupos de España 2000, que ustedes han amparado. Esto es lo que hay.



La ley es buena cuando es para todos, pero me parece que estos grupos han gozado en su mandato de demasiada impunidad, que ahora van a pagar.
(Rumores.) Van a pagarla. No entraré en conceptos como aquellos que usted mismo utilizó en la
Comisión del 11-M, tan resbaladizos como el de la autoría intelectual de estos hechos. Ni entraré en ese esquivo laberinto en el que como coinciden los objetivos políticos, todos son conjuntamente corresponsables utilizados contra nosotros. Pero
sí le haré un requerimiento, señor ministro, me parece que hay un vacío legal en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Penal. Estos hechos, que a veces no pasan de ser faltas, porque son agresiones, porque son insultos, porque son pintadas,
como las seis veces que han pintado, en tres meses, la sede de Esquerra Republicana en el País Valenciano, en Valencia, con múltiples amenazas, tienen que tener otra consideración en nuestro Código Penal. Estos pequeños delitos al final tienen la
misma motivación: es violencia ejercida con motivación política. Le agradecería que me diera su opinión sobre si tiene intención el ministerio de ampliar estos supuestos para que dejen de ser faltas y empiecen a ser delitos, para que desde
cualquier punto de vista estas amenazas de intolerancia y de fascismo se puedan controlar en nuestro país, por el bien de todos, por el bien de la convivencia y por el bien de la democracia. (El señor Zaplana Hernández-Soro pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: Señor Zaplana.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Pido la palabra para una cuestión de orden. Habrá visto que no he querido interrumpir en ningún momento ni pedir esta cuestión de orden con anterioridad. Como usted comprenderá, me preocupaban bien poco
las calumnias y manifestaciones mentirosas que estaba oyendo. Pero


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me parece intolerable, señora presidenta, que haya permitido que, tratándose del tema que nos ocupa esta tarde, que es la comparecencia del señor ministro, un representante de un grupo parlamentario pueda haber hecho la intervención
calumniosa que ha hecho.



La señora PRESIDENTA: Señor Zaplana, todos los portavoces hacen las intervenciones que estiman oportunas. No ha habido ninguna cuestión que altere el orden de la reunión. Por lo tanto, vamos a continuar con la sesión.



Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.



El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señor ministro, por su comparecencia.
En catalán diríamos...(El señor Maldonado i Gili pronuncia palabras en catalán y continúa su intervención en castellano.) Usted me dirá: Tradúzcalo. Pues no lo sé
traducir. Se ha desmesurado todo un poco. ¿Qué ha pasado? Visto serenamente desde una cierta distancia, creemos que se ha desmesurado todo, la actuación del Gobierno y la respuesta del Partido Popular. Pero pensando fríamente, desde la
distancia, creemos que esto es producto de esta política de crispación a la que nos están llevando últimamente los dos partidos mayoritarios. Por desgracia, la política española, el Partido Popular y el Partido Socialista se están enzarzando
permanentemente en batallas que crispan la política, que llevan la crispación a la calle y estos vientos traen estas tempestades. Hay dos partidos mayoritarios que desafortunadamente están tensando la cuerda política y nos encontramos con que la
política en España actualmente es una política de crispación. Lo vemos permanentemente. Esto, por desgracia, se está trasladando a la calle y este es su resultado.



Hoy estamos en una comparecencia evaluando qué ha pasado, por qué ha pasado, cómo ha pasado y dónde ha pasado. Pasó en la calle, pasó en una manifestación y pasó por esto, por una crispación política. Yo llamo a los partidos mayoritarios
para que, igual que hacen pactos para temas nacionalistas en los que PP y PSOE van del brazo, también lleguen a pactos para serenar un poco la política española. No sólo para pactar temas autonómicos, temas de estatutos, etcétera, también para la
política en general y para evitar la crispación. Estamos llegando a un cúmulo de despropósitos. Voy a enumerar cuatro. Primero, un ministro folclórico que se puede introducir en una manifestación sin previo aviso. Es sorprendente que un ministro
asista sin previo aviso, sabiendo que es una autoridad, que es una persona que ya de por sí lleva cierta escolta, que le ha de proteger, no ante las agresiones, sino ante el tumulto o ante la situación que se da al estar en medio de miles de
personas; los escoltas han de intentar que no lo pisen, que no lo empujen, que no le den un golpe sin querer. Si la organización, si la Guardia Civil, si la Policía Nacional o si las autoridades y los servicios de orden público no lo saben, flaco
favor le hizo, señor ministro, su compañero camarada yendo a la manifestación sin avisar. Otros miembros del Gobierno avisaron y estuvieron en el sitio que les correspondía. No se puede entrar en una manifestación por donde te dé la gana e
intentar llegar a donde te corresponde. El señor ministro de Defensa, el señor Bono, actuó de forma poco inteligente. Muy populista, muy de la foto, pero luego pasa lo que pasa. Si un ministro para ir por la calle debe ir con la protección que le
corresponde, a una manifestación hay que ir al menos igual. No se puede ir de improviso y sin avisar. Primer despropósito.



Segundo. Un exceso de celo del Gobierno. ¿Quién se puede creer que la policía detiene a dos ciudadanos sin antecedentes, con carné de un partido político, el Partido Popular, por puro trámite, porque hay que detener a alguien, y se detiene
a estos dos? Supongo que la policía avisó al señor ministro antes de detener a estas personas. Porque si el que fue agredido fue un miembro del Gobierno, usted, señor ministro, debía estar al corriente de las pesquisas de la investigación y de
alguna forma le debían avisar que se iba a detener a dos personas -porque se supone que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado lo saben, lo conocían- que eran miembros de otro partido. Habría sido inteligente que se hubiera avisado al otro
partido y se hubiera dicho: hay dos militantes en esta situación. Quizás hubiéramos evitado tensiones y enfrentamientos que ahora encontramos. Por tanto, hay otro exceso de celo en esta línea de tensar la cuerda política.



Tercero. Ha hablado de ello el portavoz vasco y por tanto me remito a lo dicho: politización de las víctimas del terrorismo, más concretamente politización de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Estamos asistiendo estos últimos
meses al esperpento de que se están repartiendo las asociaciones, como también ha dicho el portavoz vasco, sus dirigentes. Los miembros que forman parte de las asociaciones supongo que deben estar aun libres de esta presión, pero lees periódicos
que dicen: esta es filo socialista, esta es filo PP. Esto es realmente dramático, porque de alguna forma se está politizando el dolor, se está politizando a una serie de familias que han perdido seres queridos, y esto está formando parte de esta
crispación de la política española. Por tanto, tercer error, a ver quién va a la manifestación, a ver quién se presenta.
Yo creo que deberíamos despolitizar estos hechos; las manifestaciones de este tipo deberían estar muy al margen de la
politización. Nadie debería querer dominar, estar presente, ser el que gana, el que sale en la foto al lado de estos familiares de víctimas del terrorismo. Además, me sorprende que haya pasado esto poco después del varapalo público que tuvimos la
clase política durante la comparecencia de doña Pilar Majón, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M. Yo creo que la sociedad española se quedó realmente sorprendida del varapalo que en aquella comparecencia se le dirigió a la clase
política española. Pero poco aprendimos cuando a


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las pocas semanas nos enzarzamos en otra pelea alrededor de las víctimas del terrorismo.



Cuarto. En este juego de despropósitos es desmesurada la respuesta del Partido Popular, desmesurada hasta el extremo de que pidieron que se convocara urgentemente una diputación permanente. Yo entiendo que quieran explicaciones, que se
quejen de que dos militantes de su partido hayan estado detenidos, pero pregunto: ¿el Partido Popular, aparte de quejarse, ha abierto expedientes a estos militantes? Si realmente se han producido estas agresiones, como se ve en la foto, mayores o
menores, más graves o menos graves, si estas personas han producido parte de este cisco, ¿ha iniciado el Partido Popular lo que un partido ha de hacer? Porque han intentado agredir al ministro. (Un señor diputado: no, no. Eso es
mentira.-Rumores.) Y si no investíguenlo desde el partido, que también les corresponde. Ustedes también son responsables subsidiariamente de sus militantes, no se olviden. Por tanto, si al señor Zaplana, en la línea que dice, que yo creo que es
muy positiva, no le gusta politizar estos temas, no lleguemos a estos extremos de pedir diputaciones permanentes, porque ambos partidos siguen queriendo tensar la cuerda política -y el Partido Popular esta jugando a esto- y hagamos un favor a estas
dos personas, que si realmente -cosa que me creo- lo están pasando mal, las fotos y los nombres de esas personas mañana volverán a estar en los periódicos y volverán a estar de actualidad. Me imagino que lo que deben pedir estas personas es un
carpetazo y que se acabe. Si seguimos convocando reuniones, comisiones y comparecencias, estamos haciendo un flaco favor a la tranquilidad de estas personas que lo que deben querer, si realmente son inocentes, cosa que no sé, es que se les deje en
paz y no se les utilice en este circo folclórico de la política de crispación.



Por tanto, señor ministro, como portavoz de Convergència i Unió le pido que nos haga llegar un informe lo más detallado posible, porque también me ha parecido un poco corta su explicación, de lo que se ha hecho, de la investigación, de los
informes, etcétera. Así podremos valorar si lo que dice el señor Zaplana es realmente cierto, si este exceso de celo ha ido más allá y ha habido órdenes políticas para llegar a un detalle determinado o no, si estos dos militantes son inocentes o
no, si estos señores agredieron o no. Lo que está claro es que agresiones, insultos, empujones haberlos los hubo y que, por tanto, esto no se puede aceptar.
Desde Convergència i Unió en su día rechazamos públicamente estas agresiones al señor
Bono, como en su día rechazamos las que tuvieron el señor Piqué y el señor Rato, porque creemos que la política no puede pasar por ahí. Pero parte de esta situación nos la debemos de achacar los políticos. Yo creo que esta Comisión de hoy ha de
servir también un poco para visualizar que la política de crispación no lleva a nada, lleva a monopolizar el discurso por la violencia, lleva a tensar la política, lleva a manipular a las víctimas del terrorismo y lleva a hacer un poco de demagogia
que en estos momentos no hace falta.



La señora PRESIDENTA: Antes de dar la palabra al portavoz del Grupo Socialista, vamos a suspender la sesión por dos minutos. (Pausa.)


Continuamos con el desarrollo de la Comisión. Tiene la palabra el portavoz socialista, señor Martínez Sanjuán.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Quiero agradecer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la comparecencia del señor ministro del Interior en esta Comisión para esclarecer los hechos a los que se ha hecho referencia y parece ser que
también para escuchar las acusaciones del Grupo Parlamentario Popular, que mi grupo parlamentario, evidentemente, no comparte.



En cuanto a la primera parte, hemos escuchado con interés su relato de los hechos -esperamos una ampliación en su turno posterior-, pero quiero que sepa también cuál es el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista sobre los hechos y
sobre las circunstancias en las que acontecieron, porque políticamente se han dado muchas circunstancias en torno a esos hechos.



Quiero opinar en representación de mi grupo con la absoluta certeza de no haber opinado públicamente sobre las circunstancias que han acontecido y siguen aconteciendo en relación con los hechos posteriores a la manifestación, cuya
convocatoria fue pedida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo el día 12 de enero, comunicándose -como no podía ser de otra forma- a la Delegación del Gobierno de Madrid. Parece ser que los propios convocantes preveían una afluencia en torno
a las 2.000 personas, cifra sobre la que al parecer trabajaron las Fuerzas de Seguridad del Estado para dar cobertura a la manifestación. Quería preguntarle, señor ministro, si fue la Asociación de Víctimas, la que dijo que esperaban la asistencia
de 2.000 personas. Parece ser que a tal fin las Fuerzas de Seguridad establecieron, como en todas las manifestaciones, un dispositivo de acompañamiento y de seguridad para dicha concentración, que quería preguntarle, señor ministro del Interior, si
es un protocolo establecido. Parece ser que estos protocolos y el papel de las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen como objetivo evitar conflictos, prevenir incidencias e identificar a miembros de grupos de ideología contraria a los convocantes
en el caso de que algunos pudieran entorpecer el normal curso de la manifestación. Tristemente, visto lo acontecido, señor ministro, parece que habría que incorporar un punto cuarto a este protocolo para identificar también a los que están de
acuerdo con los convocantes y no solo a los contrarios, porque da la sensación de que esto es lo que ha pasado en la manifestación del día 22 en Madrid. Parece que la manifestación fue un éxito y superó las previsiones de los convocantes,
posiblemente


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porque se sumaron decenas de asociaciones y posiblemente también -según dicen algunos expertos y algunos medios de comunicación- debido a la labor que el Partido Popular de Madrid llevó a cabo con la petición de sumarse a la manifestación
que hizo a los militantes de Madrid a través de la carta del señor Garrido García, secretario del área de distritos de Madrid, invitando a apoyar este acto de protesta con la asistencia multitudinaria y activa de los militantes del Partido Popular
de Madrid, para expresar el rechazo a las acciones del Gobierno socialista. Da la sensación, visto desde fuera, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo puso el escenario y otros quisieron poner la música y los efectos especiales a la
manifestación que se produjo el día 22.



La verdad es que el clima de la manifestación se fue enrareciendo -si no venía enrarecida ya previamente, que no lo sé, porque yo no estaba aquí, en Madrid- y quizás hubo pancartas o gritos organizados. Da la sensación -ya que estamos ahora
en una situación preolímpica- de que, como en los partidos de fútbol a nivel regional, se fue calentando el ambiente con esas declaraciones o con esas actuaciones típicas de los dirigentes de los equipos cuando hay un partido de rivalidad regional.
Utilizando el símil futbolístico, uno tiene la sensación de que alguien quería jugar algún partido de vuelta, no sé cuál, pero el resultado -como decía el señor Maldonado- es que se fueron sembrando vientos y se fueron recogiendo tempestades.



Usted, señor ministro, ha informado aquí sobre las circunstancias que todos hemos conocido por los medios de comunicación. Yo, como lector, tuve conocimiento el mismo día -no conocía ni había oído el pronunciamiento de ningún órgano
institucional, de ningún cargo del Gobierno- de dos fotografías publicadas por el diario digital El Mundo la misma tarde de los hechos, cuyos pies de foto -que me imagino que no los pondría el señor ministro, sino los periodistas del periódico al
que estoy citando- se referían a un momento del intento de agresión del señor Bono. Por tanto, parece que los mismos periodistas que estaban cubriendo la información hablaban por lo menos de intento de agresión.
Circunstancias especiales se
produjeron, la prueba está en que a raíz de los acontecimientos se abrieron las diligencias por parte de la policía de Madrid, concretamente el mismo día 22 por la noche. Quiero preguntarle, señor ministro, si efectivamente en las primeras
declaraciones que parece ser que hubo ese mismo día a instancias de los instructores -que no creo que hubieran sido elegidos políticamente por nadie, sino que estaban allí por las circunstancias específicas de los servicios- se había hablado en
algún momento de que los altos cargos, el señor Bono y la señora Díez, habían sido zarandeados en varios momentos y de que había habido intentos de querer agarrar al ministro. A la vista de los acontecimientos, me imagino que no sería para darle
palmaditas en la espalda diciendo: Qué contentos estamos de la comparecencia aquí hoy del señor ministro. Digo esto tras observar las fotos que todos hemos tenido ocasión de ver. Es verdad que las Fuerzas de Seguridad del Estado cumplieron
perfectamente su labor de vigilancia y de seguridad, como no podía ser de otra forma, de manera que aquello no fue más allá de donde pudo ir.



Posteriormente se ha sabido, además de las declaraciones del señor Bono, que un escolta del señor Bono sufrió una agresión, es más, incluso llegó a presentar un parte de baja. Algunos dicen que aquí no ha pasado nada, pero esto me recuerda
que, curiosamente, hace tres días hemos conocido una sentencia del Juzgado Penal número 2 de Lugo, en la que a un ciudadano, profesor universitario, de 34 años, se le condena a una multa, aplicándole el artículo 550 del Código Penal, por agredir a
un escolta del señor Rajoy en una protesta contra el Prestige. El hecho fue calificado en su día como atentado, como bien decía el señor Olabarría, y parece que tiene bastantes similitudes con lo que ha podido pasar más o menos en la manifestación
del día 22. No sé si el caso de este señor condenado por un delito de faltas por los tribunales mereció por parte de mi grupo parlamentario, en la oposición en aquella época, una petición de comparecencia del ministro del Interior. Para nosotros
los ciudadanos son exactamente iguales a la hora de salvaguardar los derechos, tengan carné o no lo tengan, si las circunstancias se producen como parece ser que se han producido. Por eso, señor ministro, mi grupo parlamentario no se rasga las
vestiduras a la hora de que la policía abra diligencias en los términos que tiene previsto reglamentaria y jurídicamente para salvaguardar el buen orden constitucional y el desarrollo de la ley.
Algunos hablaban el otro día del cumplimiento de la
ley, pero no solo, señor ministro, cuando les interesa a algunos, sino siempre que se produzcan las circunstancias, sean unas personas u otras.



Según lo que usted ha relatado y yo conocía por los medios de comunicación, las dos personas que fueron identificadas -no por la policía sino precisamente por el secretario general de la Agrupación de las Rozas- y fueron llamadas, se
personaron libre y voluntariamente tras la llamada. Incluso ha llegado a decirse -yo lo he leído- que concretamente el señor Barrios colaboró relacionándose con la señora De la Cruz. Estos ciudadanos han manifestado que se les trató correctamente,
que se les facilitó la labor, que se les interrogó y que se les dejó marchar. Pero es que, además, el señor Barrios ha dicho en una entrevista: Me llamaron a las 10:00 de la mañana para preguntarme si tenía algún inconveniente en acudir a la
comisaría, y les dije que no tenía ningún inconveniente, que estaría encantado con todo lo que fuera colaborar con la justicia. De la percepción que yo tengo de lo que ha dicho el señor Barrios a lo que algunos grupos parlamentarios, concretamente
el Grupo Parlamentario Popular, están interpretando y montando alrededor de los hechos, va un abismo.



Señor ministro, yo tengo la sensación de que, a partir del día 25 por la tarde, cuando se les toma declaración


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en la comisaría al señor Barrios y a la señora De la Cruz, se amplifica una campaña política del Partido Popular, que va in crescendo los días 26, 27 y 28. Por parte del señor Güemes, oímos hablar de detenciones ilegales, montaje y abuso de
poder; las declaraciones del señor Garrido, el autor de esa famosa carta, las omito porque son de dudoso gusto, pero todas SS.SS. las conocen, lo mismo que las palabras del señor Acebes.
Incluso al señor Zaplana se le calentó la boca, con todos
mis respetos, cuando dijo que el Gobierno actual ha probado su medicina. ¿De qué medicina estamos hablando, señor Zaplana? ¿De lo que estábamos hablando anteriormente de que parece que algunos querían jugar la segunda vuelta del partido? ¿De qué
partido? ¿De lo que, en fin, todos sabemos? ¿Se iba con espíritu de revancha por parte de alguno? Mal camino, señor Zaplana, bastante mal camino. (El señor Ballestero de Diego: Ya va reconociendo algo.) Y desde luego al señor Zaplana se le fue
otro puntito la boca cuando decía que el Gobierno usa a las Fuerzas de Seguridad en su beneficio.



Le voy a recordar, señor Zaplana, que el jefe superior de la Policía de Madrid, señor Fernández Rancaño, era el jefe superior de la Policía de Madrid nombrado por el señor Acabes, por su Gobierno. Yo estoy convencido de que, ni antes ni
después, ni el señor Fernández Rancaño ni otros dirigentes policiales han admitido presiones de carácter político a la hora de hacer su labor policial. Le quiero recordar que es el mismo jefe superior de Policía, así que me llama la atención que el
ex ministro de Interior y usted, que ha sido portavoz del Gobierno, hagan las imputaciones que hacen posiblemente para obtener un rédito político y seguir ampliando o amplificando unas circunstancias, cuando todos convendríamos que sería bueno que
intentáramos bajar el nivel de tensión de estas circunstancias.



Crear un conflicto político innecesario y crear un conflicto en términos políticos cuando es una cuestión policial y judicial me parece un mal sentido. Por eso quiero que sepa, señor ministro, nuestro respaldo, en primer lugar y sobre todo,
a las víctimas del terrorismo, a los convocantes de la manifestación, porque creo que determinadas circunstancias nos indican que fue manipulada por parte de algunos; nuestro respaldo a las Fuerzas de Seguridad y nuestro respaldo más sincero a la
actitud y a la acción del Gobierno a través del Ministerio del Interior, porque creemos sinceramente que la actuación ha sido jurídicamente correcta, que la legalidad se ha cumplido escrupulosamente conforme a la ley y a su espíritu; porque creemos
que no ha habido ni detención ilegal ni mucho menos, como han llegado a decir algunos, secuestro de ciudadanos por tener un carné de un partido político. (El señor Fernández Díaz: Exactamente eso.) Absolutamente inadmisible.



Señor ministro, creemos que las cosas han cambiado clarísimamente en este país, y sobre todo a la hora de interpretar la legalidad en la calle y en las manifestaciones. Había otros momentos en los que no solamente se les identificaba por el
ejercicio democrático de cómo se deben de llevar las investigaciones, sino que en algunos momentos y por otras razones, no hace mucho tiempo en las calles de Madrid, las actuaciones, y no quiero calificarlas, eran de otra forma, pero no tan
positivas como las actuales. Creemos que se está utilizando la política para mezclar, como decía Tomás y Valiente, un problema de carácter judicial, porque el esclarecimiento final y jurídico de los hechos está residenciado en estos momentos, creo,
en el Juzgado de Instrucción número 42. Por eso, señor Zaplana...



La señora PRESIDENTA: Señor Martínez Sanjuán, le rogaría que fuera concluyendo.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino ya.



Dejen que el Juzgado número 42 esclarezca y lleve adelante las diligencias establecidas por la Policía de Madrid, calmen y sosieguen también a sus afiliados -no es buen camino el de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para
utilizar realmente otros intereses bastante espurios- (Rumores.) y, por último, sean leales con las cosas que firman y no intenten sumarse a determinados carros porque determinadas circunstancias producen malos efectos.



La señora PRESIDENTA: Para responder, tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Voy a responder por el orden por el que he sido requerido. En primer lugar, al Grupo Parlamentario Popular, cuyo portavoz, el señor Zaplana, se queja de la brevedad de mi relato; tenemos
tiempo. El relato que he hecho, las conclusiones que he extraído del mismo son suficientemente explícitas y precisas de algo que es importante, y es que cada institución del Estado cumplió su cometido constitucional y su cometido legal, sin ningún
tipo de interferencias. Por lo tanto, aquí hubo una actuación, y lo he argumentado jurídica y políticamente, ajustada a la Constitución y a las leyes.



Para apuntalar la, digamos, tesis que usted me ha transmitido ahora aquí verbalmente, que ya habían hablado de la misma -me referiré luego a todo ello-, usted me pone encima de la mesa o, mejor dicho, no me pone una o dos notas -no sé
exactamente qué- internas de la Dirección General de la Policía, según las cuales se acreditaría no sé qué tipo de irregularidades. Yo, señor Zaplana, soy el principal interesado en conocer todo ello. Si es tan amable, me pasa aquí y ahora esas
notas para que yo pueda comprobar cuál es su contenido y para que yo pueda darle cumplida respuesta. Yo luego hablaré de las supuestas irregularidades, pero usted me ha puesto encima de la mesa una serie de irregularidades fundadas en unas notas
que, francamente, yo no conozco. Le ruego que me las faciliten ahora mismo para poder contestarle. (Rumores.)


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Vamos al contenido de la cuestión. Vaya por delante que antes dije y reitero que lo importante de todo esto es que al menos no se ponga en cuestión algo que creo imprescindible para funcionar en la vida institucional española, más allá de
las peleas políticas coyunturales, que es la unidad de los demócratas en una cuestión tan tremenda para nuestro país como es el terrorismo; pero sí tengo que decir algunas cosas. En primer lugar, no he entendido muy bien, ni durante estos días ni
ahora aquí, si lo que discute el Partido Popular a través de sus representantes, de los que han hablado estos días y del señor Zaplana al que le ha tocado hacerlo hoy, es que hubo incidentes en general o si discute que hubo zarandeos, empujones y
agresiones al señor Bono, ministro de Defensa, o si discute que había o no había indicios relacionados con la autoría de estas agresiones, o si discute todo ello.
En todo caso, a mí lo que sí me parece un hecho de notoriedad pública es que en la
manifestación hubo incidentes, empujones y zarandeos. Y además me parece incuestionable que un ministro del Gobierno de España merece una credibilidad objetiva clara. Si el señor Bono, que no dice que le haya pegado éste o aquél, lo que dice es
que fue sujeto pasivo de agresiones, de empujones, de patadas y de golpes en la espalda, en los riñones, etcétera, si eso lo dice el señor Bono, creo que merece, como ministro del Gobierno de España, una credibilidad clara. Porque la alternativa,
que supongo que ustedes no considerarán, es que el señor Bono esté mintiendo. (El señor Soravilla Fernández: O los policías...) O los policías, dice uno de los miembros de su grupo, y lo lamento, sobre todo después de la loa que usted ha hecho a
la labor policial. (El señor Zaplana Hernández-Soro: Y lo mantengo.) Esa es la cuestión. La cuestión precisamente aquí es que ustedes se han metido en una estrategia, que desde mi punto de vista no tiene ningún sentido -y se lo digo con todos los
respetos y con toda la estima-, de discutir una labor puramente profesional y que ahora mismo está judicializada, que es la labor de determinar quién fue el autor de esos hechos que tienen notoriedad pública. Me refiero a hechos que tienen
notoriedad pública en sentido estricto, y en el sentido aún más estricto de que constituyen, según indicios -que es todo lo que la policía necesita para actuar-, un delito perseguible de oficio, el delito de atentado al que antes yo me refería, cuyo
tipo penal o cuya caracterización legal yo antes les leía.



Ustedes deberían tener claro que existieron insultos, que existió una situación de acometimiento objetivo, que se agredió al señor Bono, con un alcance o con otro, y que se le agredió con ocasión de las funciones de su cargo, es decir, como
autoridad del Estado que es, y deberían tener claro que la policía profesional tiene el rigor y la calidad suficiente como para hacer una labor profesional de análisis de las fotografías, de los vídeos, de las declaraciones, de los partes, en fin,
de todo lo que tengan en el atestado, que es cuestión suya, para tratar de identificar a los supuestos -siempre dispondrán de la presunción constitucional de inocencia- o a algunos de los supuestos autores de todo ello. Es así de sencillo.



Se dan, por tanto, las condiciones, las circunstancias y los requisitos que exigen todos los preceptos legales que yo les referí anteriormente y que nos dicen que la policía tiene que actuar como lo hizo, de un modo absolutamente
profesional, cuando hay esos motivos indiciarios suficientes para pensar que estamos ante un delito y cuando hay motivos indiciarios suficientes como para pensar que determinadas personas han tenido que ver o son autoras de ese delito o de ese
ilícito penal en general. Esa es la cuestión policial, y la policía lleva esa cuestión policial a los jueces, como es su obligación legal, que decidirán lo que tengan que decidir porque en sus manos está. Por eso yo antes respetaba ese estatuto
constitucional de los jueces de modo pleno, es decir, yo no voy a hacer aquí ahora la defensa, como la hacen ustedes, de si la autoría de los hechos fue esta o la otra o cuáles son los indicios que la policía tiene para decir que estas dos personas
hicieron lo que hicieron, pero lo que sí le digo es que la Policía los tiene porque, si no, no habría hecho lo que hizo de un modo, insisto, absolutamente profesional y autónomo y sin ninguna interferencia del poder político, como luego les dejaré
claro.



La segunda parte de la cuestión, desde mi punto de vista, que creo que es un punto de vista -pueden creerme- bastante distante en este sentido, es la siguiente. Usted mismo ha sugerido ahora, señor Zaplana, algo que es extremadamente grave,
que hubo órdenes políticas para detener a ciudadanos de este país. Eso es algo muy serio, porque eso nos retrotraería a un estado de cosas manifiestamente inconveniente para el sistema democrático español en su conjunto, no para usted o para mí.
Yo le voy a hacer una afirmación muy clara: ni el ministro del Interior ni ninguna persona de la estructura política del Gobierno dirigió ninguna orden o consigna alguna, ni la más mínima, relativa a la investigación policial, ni muchísimo menos la
de detener o dejar de detener a nadie. El atestado fue realizado por la Policía y todas las decisiones que se tomaron en el mismo las tomó exclusivamente la policía profesional, que para eso está, sin interferencia alguna del poder político. Junto
a la petición de que me pasara esa nota que tenía, tengo que hacerle una segunda petición muy clara. Tengo que pedirles a ustedes que me digan, por si yo acaso me pierdo algo -y soy el primer interesado, como ministro del Interior, en no
perdérmelo-, cómo, cuándo y quién de la estructura política en el Ministerio del Interior dio esa orden política y a qué funcionario de la policía se le dio.



Por otra parte, usted me habla de determinadas declaraciones públicas que yo hice, señor Zaplana. En todo este, por otra parte, penoso asunto -me imagino que eso cada vez nos quedará más claro-, yo sólo he hecho una manifestación pública,
mucho antes de que hubiera detenciones, y ahora le explico la declaración a


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la que usted se refería. Esa manifestación formó parte del contenido de una entrevista en un diario de circulación nacional que estaba hecha, como usted bien ha apuntado -le veo bien informado-, hacía días, mucho antes de todo esto. La
periodista llamó a mi jefe de prensa para que se la actualizara y mi jefe de prensa le dio una respuesta textual que fue esta, acreditable además: Naturalmente ya se han dado órdenes para que la policía investigue y trate de localizar a los autores
de esta inadmisible agresión; de todas maneras, lo mismo que digo del señor Bono lo digo de cualquier otro manifestante. Es decir, ya se han dado órdenes. La pregunta era: ¿En su condición de ministro del Interior ha ordenado la investigación de
lo ocurrido? La respuesta es no. ¿Sabe por qué? Porque no era necesario. La policía abrió de oficio, como es su obligación, el atestado a las 22:00 horas del mismo día 22, tal y como consta en las propias diligencias policiales.



Al margen de esta cuestión, las únicas declaraciones que hice se corresponden punto por punto con lo que hice: respetar el estatuto constitucional y legal de un ministro del Interior y político, no interferir para nada en la labor policial.
Lo único que dije al respecto en Logroño, donde estaba con la Guardia Civil el lunes cuando me preguntaron los periodistas, fue, y leo textualmente, pues está recogido en los medios de comunicación: La policía y el Estado de derecho no pueden
tolerar este tipo de comportamiento -la Policía y el Estado de derecho- porque además constituyen delitos previstos en el Código Penal, y por tanto la policía -la policía- va a hacer una seria labor para determinar quiénes han sido los responsables
y exigirles las responsabilidades a las que hubiera lugar. En otras palabras, señor Zaplana, ante esa acusación, que a mí me parece tremenda, le insisto en que por parte de la estructura política del Gobierno, del Ministerio del Interior, no hubo
ni la más mínima orden ni consigna para que la policía hiciera en el curso del atestado absolutamente nada. La policía hizo lo que le dicen la Constitución y las leyes que tiene que hacer, que es investigar lo sucedido, tratar de localizar a los
autores y hacerlo de una manera profesional e imparcial.



Me habla también de otras ocasiones, me imagino que para justificar una cierta desproporcionalidad. Ha habido otras ocasiones, efectivamente, y lo que me preocupa como ministro del Interior -y estoy seguro de que a S.S. también y a todos
los diputados y diputadas que están aquí- es que la calle siga siendo en este país un sitio óptimo para que los ciudadanos ejerzan sus libertades, no precisamente para que se ataquen las libertades de los ciudadanos, de manera que los ciudadanos,
los que sean, y dentro de los ciudadanos también los ministros o cargos públicos, se puedan manifestar con toda libertad sin necesidad de que personas incalificables, en todo caso minoritarias, les agredan o pongan en cuestión el ejercicio de esos
derechos y esas libertades que son propios de la condición de la ciudadanía y que se ejercen en la calle.



Ha habido otras ocasiones. En Lugo, por ejemplo -tie­ne razón el diputado socialista, señor Sanjuán-, el propio señor Rajoy sufrió una agresión o un acometimiento, una embestida de estas características, que acabó en un proceso penal. En
Zaragoza produjeron cuestiones de estas que han acabado judicializadas. Por cierto, la jueza o el juez que llevaba el asunto en Zaragoza dijo a la policía de Zaragoza que hiciera justamente lo que hizo la de Madrid, citar a declarar... (El señor
Zaplana Hernández-Soro: La jueza.) ¿Sabe por qué se lo dijo? Están ustedes muy equivocados. Dijo a la policía que hiciera lo que no había hecho, eso no es una orden judicial, le dijo que hiciera el atestado como hay que hacerlo. ¿Sabe por qué,
señor Zaplana? Porque si un atestado llega sin declaraciones de implicados o de testigos, es decir, sin fijar la posición procesal por parte de la policía, el juez de instrucción no sabe qué hacer ni cómo tiene que estructurar el proceso. Por eso
la policía actuó bien en este caso.



Además, señor Zaplana, me dice un par de cosas que, francamente, no comprendo. Nada de detención ilegal. Visto que esta es una labor exclusivamente policial, la detención ilegal -según usted, señor Zaplana, por más que se empeñe en decir
que la policía es muy buena y que lo hace todo muy bien- solo la puede predicar de la policía y no sé cómo se compadece que me diga que la policía es muy buena y, al mismo tiempo, que les ande acusando de detener ilegalmente a ciudadanos de este
país. No lo puedo entender.



En cuanto a la posición del delegado del Gobierno, le diré, señor Zaplana, que yo le pedí al delegado del Gobierno -además, para esta comparecencia- que me dijera cuál había sido su actuación en todo esto, porque yo, aparte de hablar el día
22, y se lo digo de verdad, con el señor Bono a ver si estaba bien y no le había pasado nada -él me contó lo que luego ha dicho públicamente- y de hablar al día siguiente con el director general de la policía para ver qué había pasado, que fue
cuando me dijo que se había investigado y que el lunes me contaría, me olvidé absolutamente del tema. La primera noticia que tengo me la da el presidente de su partido, señor Rajoy, cuando me dice que hay detenidos dos militantes del Partido
Popular, y yo le digo que espere, que voy a llamar y a enterarme. Me entero y le cuento poco más o menos -con menos palabras porque tenía menos conocimiento de los hechos- después de indagar con el director de la policía y con el delegado del
Gobierno, lo que ahora les estoy contando aquí a ustedes. Como le digo, le pido información al delegado del Gobierno para que me explique punto por punto qué es lo que ha hecho -no tengo ningún inconveniente en pasarle al final de la sesión este
informe que me ha dado el delegado del Gobierno- y él me dice dos cosas muy claras: que las diligencias policiales se abren de oficio por el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información a las 22 horas del día 22 de enero, como les he
relatado, y que de eso tiene conocimiento la Delegación del


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Gobierno a las 23:51 horas de ese día 22, cuando recibe los folios 1, 2 y 3 de esas diligencias, y me dice claramente que el delegado general del Gobierno, la Delegación, no participa en la apertura de diligencias y mucho menos en el
desarrollo de las mismas y, por supuesto, no nombra instructor ni participa en la sustitución o mantenimiento del designado ni en ningún extremo de la instrucción. El delegado del Gobierno me dice que solo tuvo información sobre la instrucción
llevada a cabo a través del jefe superior de policía, y ello de forma telefónica, y que no solicitó ni instó, ni participó en la detención o declaración de persona alguna. Me dice también que en el esclarecimiento de estos hechos puso el mismo celo
que pone de ordinario en todas las cuestiones que afectan a la seguridad en Madrid, muy especialmente, aquellas que pueden afectar al legítimo ejercicio del derecho a manifestación, cuyo control y desarrollo es, como saben, competencia del delegado
del Gobierno. Por tanto, del delegado del Gobierno le digo lo mismo que yo le he predicado de la estructura política, stricto sensu, del Ministerio del Interior, que no interfirió ni tuvo que ver en ningún momento con ninguna de las decisiones que
se tomaron en el desarrollo del atestado, que son decisiones exclusivamente policiales, exclusivamente de la policía, y eso se ha respetado de un modo absoluto.



El señor Olabarría me pregunta quién agrede. Yo tengo claro que fue una minoría; yo creo que la mayoría de la gente de la manifestación, por lo que me ha dicho los que acudieron allí, era gente que iba a manifestarse de un modo
absolutamente legítimo en favor del objetivo por el que había sido convocada la manifestación. El problema de la autoría lo residencio -porque el asunto está judicializado- en los jueces. Lo que me interesa dejar claro es que los requisitos que
establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los artículos que he citado antes se cumplían y, por eso, la policía, profesionalmente, hizo lo que hizo; lo menos que podía hacer.
Luego entraremos en el tema si quieren más precisiones, aunque sí
quiero hacer una aclaración. En nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no existe la figura del testigo informado, de modo que, ante un determinado procedimiento policial o judicial, una persona sólo puede comparecer en dos
calidades: como testigo o como implicado, imputado, denunciado, llámenlo ustedes como quieran. La diferencia es importante, porque si comparece como testigo, tiene la obligación de decir la verdad -obligación legal bajo sanción punitiva- y si ha
hecho algo y dice la verdad se tiene que incriminar a sí mismo. Si no se entiende que es testigo indiciariamente, hay que darle todas las garantías constitucionales como imputado, implicado o denunciado, porque aquí no tiene obligación de declarar
contra sí mismo, puede contar la versión que a él le parezca y puede y debe comparecer asistido de letrado. En otras palabras, los instructores de un atestado, en cuanto encuentran personas sospechosas de participar en un hecho ilícito penalmente
no deben recibirle declaración sin lectura de sus derechos y sin proveerle de abogado, como es suficientemente conocido en este país después de tantos años de democracia.



El señor Olabarría me hace una serie de consideraciones respecto de la ultraderecha. Tengo que decirle que el Gobierno está preocupado, como cualquier gobierno democrático, por la emergencia de movimientos de ultraderecha, pero también por
la emergencia de movimientos de ultraizquierda. La policía tiene grupos específicos para prevenir, reprimir, investigar y poner coto a un problema que siempre está latente en todas las sociedades, en todos los sistemas sociales propios del mundo en
el que vivimos, al menos en nuestro entorno geográfico y político.



El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya me habla de vacío legal.
No hay ningún vacío legal para acontecimientos como los que estamos enjuiciando; el Código Penal es suficientemente descriptivo de todo lo que es sancionable
penalmente porque es un código penal -eso hay que convenirlo, al menos en este tipo de cosas- bien depurado técnicamente y que, desde mi punto de vista, prevé las conductas típicas que tiene que prever. Por tanto, el Gobierno, a salvo de que
siempre son perfectibles los códigos penales, no tiene ninguna intención de proceder a modificaciones legales al respecto.



El señor Maldonado, de Convergència i Unió, me habla de la crispación política. Ya le dije, señor Maldonado, que toda mi voluntad personal, mi voluntad política, si quiere decirlo así, ha sido la de descrispar, precisamente por eso me he
mordido la lengua, aunque me hayan dicho no sé qué de la Gestapo, de Auswitz o del holocausto, aunque un representante del Partido Popular me haya dicho -al ministro del Interior del Gobierno del Estado, que estaba callado ocupándose del terrorismo,
de la delincuencia y de estas cosas de las que, por desgracia, se tienen que ocupar los ministros hoy en día en este país- que me van a meter en la cárcel o algo por el estilo, que acabaré en la cárcel. Fíjense, antes hablaba del día en que me
llamó Mariano Rajoy para hablarme de dos personas del Partido Popular que estaban detenidas. Yo le atendí con toda amabilidad a pesar de que aquel día yo estaba muy presionado. ¿Saben por qué? Porque estábamos en el marco de una operación, en el
sur de Francia, contra el entorno de ETA, que después, a los dos días, se saldó con tres detenciones de las que ustedes ya han tenido conocimiento y, además, porque justo cuando me llamó el señor Rajoy acabábamos de confirmar, y por eso habíamos
estado tensos toda la tarde, que no había una bomba en una conocida plaza de Madrid, un aviso que parecía verosímil y que nos había tenido preocupados por lo menos un par de horas. A pesar de eso, no dije nada; no es mi voluntad crispar la
política, y menos cuando estamos hablando de valores superiores, cuando estamos hablando de la unidad frente al terrorismo,


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y va a seguir sin serlo. No voy a entrar en broncas políticas de esa naturaleza.



Hay una cosa, señor Maldonado, en la que no puedo estar de acuerdo con usted. Ya le he dicho que entiendo que no hubo exceso de celo de la policía. Creo que la policía hizo lo que la ley le obliga a hacer. Es así; la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en sus artículo 490 y siguientes, en el 550 y todos los que sean aplicables -eso vamos a dejárselo a los jueces- del Código Penal, le dicen a la policía que tiene que hacer eso, no es algo que sea disponible por parte de la
policía y, por cierto, lo tienen que hacer sin ningún tipo de discriminación, afecte a quien afecte. Finalmente, me pide que les haga llegar un informe. Yo les hago llegar todos los informes que ustedes me pidan y que yo pueda dar con arreglo a la
ley. Ya le he dicho que hay cosas que pertenecen ya, por derecho, al espacio propio del proce­dimiento judicial y eso, como usted es perfectamente consciente -y ya veo que lo es-, hay que respetarlo.



El Grupo Parlamentario Socialista, a través del diputado señor Martínez Sanjuán, me habla de una cosa que sí me gustaría dejar clara, que tiene que ver con el dispositivo de la manifestación, porque he visto alguna información pública y he
recabado los antecedentes. Me pasaron la nota de servicio, que es la número 7605, y me dicen que efectivamente se monta el operativo bajo el control de la Delegación del Gobierno, que es el organismo competente, el usual en el caso de
manifestaciones en la ciudad, en la provincia de Madrid. La fecha, la hora, el lugar, fuente -Delegación del Gobierno-, el recorrido de la manifestación, cómo se va a desarrollar, previsiones. Por cierto, se dice en esa nota de servicio que se
desconoce el número de asistentes; no habían hecho una previsión, según esta orden de servicio, aunque tengo noticias de que había una previsión hecha a la baja. También, el objeto de la manifestación, mostrar su apoyo a los afectados por el
terrorismo, etcétera; duración del acto, tres horas; estructura de mando, coordinador, jefe de sala, jefe de operativo, mando de la UIP, UMA, KAX cero, instrucciones guías caninos, primera unidad de intervención, dos subgrupos, protección de la
marcha, etcétera; datos complementarios, manifestación convocada; el equipo de transmisiones, etcétera. Además de eso me dicen que la Delegación del Gobierno reforzó los efectivos propuestos por la policía para evitar cualquier tipo de incidente.
En definitiva, aparte de los relatados, no hubo otros incidentes en la manifestación y en cuanto a los relatados precisamente la labor policial fue una labor eficaz en la medida en que, con bastante rapidez, consiguieron sacar al señor Bono de la
manifestación sin que hubiera ningún incidente, aparte de los que les he referido ya hoy aquí. Me habla de la no discriminación y ya he dicho que estoy de acuerdo y, desde luego, coincido con su respaldo a las víctimas y a las Fuerzas de Seguridad
del Estado, no hay otra cosa que guíe mi ánimo ni que haya guiado mi actuación ni que vaya a guiarla en el futuro como ministro del Interior.



La señora PRESIDENTA: ¿Desea algún grupo utilizar un turno de réplica? (Pausa.)


Señor Zaplana.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora presidenta, por favor, ¿de qué tiempo dispongo?


La señora PRESIDENTA: El turno de réplica es de cinco minutos. Voy a ser un poco flexible, pero tampoco demasiado; como no están todos los grupos, seré un poco flexible.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Se lo agradezco mucho. Intentaré concretar algunas de las cuestiones que hemos planteado antes y han quedado suficientemente claras. Intentaré ser lo más concreto posible y le agradezco de antemano su
generosidad. Tenía dudas de hacer dos comentarios previos, pero los voy a hacer, ya que S.S. me concede esta generosidad de poderme alargar mínimamente en el tiempo establecido.



Creía que no era necesario hoy hacer algún comentario al margen de los que generara la intervención del señor ministro, pero tengo que hacer dos, de forma muy breve. Uno al señor Olabarría que de nuevo ha dedicado su intervención a acusar
al Grupo Parlamentario Popular, a mi persona en algunas ocasiones. Ha empezado su intervención preguntando quién agrede.
Ha utilizado conceptos, creo que de forma acertada en esta ocasión, utilizando el término ironía o irónico para calificarlos;
en algunos momentos ha dicho que resulta irónico y ha utilizado los términos agresión, atentado, etcétera, dándoles un determinado significado. No es la primera vez que lo hace y le quiero decir, señor Olabarría, mirándole a la cara -y sé que lo
que voy a decir es políticamente incorrecto- que los términos que S.S. utiliza -no usted, sino los términos que S.S.
utiliza- y los conceptos que maneja me merecen el menor de los desprecios, sinceramente, y se lo digo mirándole a la cara.
Después, quisiera decir que del representante de Esquerra Republicana de Catalunya no esperaba menos. A un grupo que cuando se dirige al Grupo Parlamentario Popular dice que somos sus enemigos y no sus rivales, simplemente tengo que decirle que no
le concedo a nadie esa categoría, ni siquiera a él. Al responsable del Partido Socialista, con todos mis respetos, le diré que las referencias que ha hecho al Grupo Parlamentario Popular o al Partido Popular no las entiendo muy bien y eso que sé de
fútbol o intento ser un seguidor de ese deporte. En cualquier caso, si tanta importancia dan a determinados documentos gráficos, les propongo que legislen, tipifiquen o propongan que pueda ser delito aparecer en una foto cerca de un ministro,
porque no conocemos que haya podido ir más lejos la responsabilidad de algunas de las personas detenidas.



Con esta cuestión previa y centrándome en la segunda intervención del señor ministro, quiero decir unas


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cuantas cosas de forma muy breve. Señor ministro, en cuanto a venir sin conocer las diligencias, en primer lugar, no me creo que no las conozca, como acaba de decir y, en segundo lugar, es una ofensa a esta Comisión y a esta Cámara.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): ¿Me lo puede repetir, que no le he entendido?


El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Venir sin el conocimiento exhaustivo de las diligencias. Me ha pedido que se las facilite.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): ¿Me permite? Se lo pido a usted porque está en el uso de la palabra.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Sí, le permito.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Yo he venido con conocimiento pleno de cuáles son las diligencias policiales. De hecho, en mi intervención inicial he hecho un resumen del atestado policial. Usted me ha hablado de dos notas
y notas no son diligencias policiales. Las diligencias las tengo, lo que le digo es que me facilite usted las notas.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Le agradezco la matización para poderle contestar yo.



Si se hubiera leído las diligencias sabría que algunas de las afirmaciones que he realizado -algunas literales- constan en las diligencias; lo sabría, señor ministro. Sabría que han participado en esa diligencia al menos tres instructores,
que tengamos constancia, tres personas; sabría que en dos ocasiones se ha llegado a la conclusión de que no había ningún tipo de agresión, lo sabría, señor ministro, y estoy seguro de que lo tiene que saber. No creo que le hayan engañado ni que
usted haya venido a esta Comisión sin pedirlas y sin conocerlas. Eso tiene una complicación, señor ministro -y yo le pido que entienda lo que le voy a decir- y es que nos obliga a seguir. Si, como yo le había solicitado, nos hubiera dado una
explicación amplia, se hubieran pedido disculpas y se hubiera aceptado algún tipo de responsabilidad, le puedo asegurar -y así se lo he dicho claramente en mi primera intervención- que este tema habría quedado superado. Ahora nos obliga, señor
ministro, a que las pidamos formalmente; las vamos a pedir formalmente y vamos a tener la ocasión de que lo que yo estoy manifestando en estos momentos o he manifestado en mi intervención anterior lo podamos concretar cuando esa documentación
exista y se traiga a la Comisión de Interior. De esas diligencias se desprende además la correcta actuación de la policía y de los agentes policiales que instruyen esas diligencias hasta un determinado momento y en ese caso, cuando esas diligencias
estén en la Comisión de Interior, el señor ministro podrá explicar, dar su opinión o realizar su valoración sobre si es habitual que en unas mismas diligencias haya tantos cambios de instructores y se siga investigando y analizando a pesar de las
conclusiones anteriormente obtenidas; en ese caso, conoceremos ya con mucho más detalle la opinión del señor ministro sobre estas cuestiones.



Usted tiene, señor ministro, la obligación de investigar, no simplemente de hacer valoraciones. Son unos hechos gravísimos como usted mismo, señor ministro, ha puesto de manifiesto cuando se ha referido a determinadas afirmaciones o
manifestaciones de los dirigentes del Grupo Parlamentario Popular. Naturalmente que son graves, las que yo he hecho y las que han hecho los compañeros de mi partido. Son tan graves, señor ministro, que exigen una investigación por parte del
ministro y no decir hasta donde yo sé. Exigen una investigación por parte del Ministerio, exigirían en un país democrático -permítame que se lo diga- muchas más cosas, porque en un país democrático cuando se producen hechos graves como los que se
han producido, se facilita información, se dan explicaciones, cosa que no hemos recibido nunca. En cualquier caso, en sede parlamentaria, la explicación no puede ser, no se puede despachar este asunto, señor ministro, de verdad, con una referencia
de minuto y medio en su primera intervención y con ninguna referencia en la segunda, con una lectura escueta o una referencia a una nota que le ha hecho el delegado del Gobierno. No puede despacharse esa cuestión así. Usted, con su experiencia y
su formación jurídica, con sus antecedentes, señor ministro, entiende perfectamente lo que le estoy diciendo, como creo que debe entenderlo cualquier ciudadano que nos esté escuchando o que tenga referencia de lo que aquí estamos hablando. Luego la
primera conclusión es que nos obliga a seguir, señor ministro, pero nos obliga usted.



Segunda cuestión que no quiero dejar pasar. Yo no tengo ningún inconveniente, señor ministro, en hacer valoraciones sobre las actitudes, las declaraciones, las manifestaciones o la veracidad de lo que haya podido decir el señor ministro de
Defensa, pero me ha extrañado que por dos veces haya dicho usted que cree que el señor ministro Defensa dice la verdad. Dirá la verdad, yo no lo sé, dirá la verdad. Dos veces lo ha dicho, en su primera intervención y en la segunda, y en la segunda
ha matizado. ¿Estoy seguro de que dice la verdad? Pues dirá la verdad. Si dice la verdad, no lo sé, no tiene nada que ver con este asunto. Lo digo por si se está poniendo en cuestión. Yo no lo sé. No sé si el señor Bono ha presentado parte de
lesiones, no lo sé. Lógicamente hablé con él para solidarizarme con la situación por la que había atravesado y no entré en ese tipo de detalles. No me corresponde a mí hacer una valoración sobre sus manifestaciones, más le corresponde a usted, que
lógicamente es compañero suyo de gabinete y por tanto tiene un trato y una militancia...
No sé si usted tiene


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militancia, perdón, pero una relación política evidente mucho más cercana que la mía.



La señora PRESIDENTA: Señor Zaplana, ya ha consumido su turno. Vaya concluyendo.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Señora presidenta, concluyo haciendo una valoración. Recuerdo haber oído en mi juventud -estoy seguro que el señor ministro también lo habrá oído- la expresión: No te metas en política.
Eran otros
tiempos. No te metas en política; al que no se mete en política no le pasa nada, hijo. Cuántos padres no habrán hecho afirmaciones a hijos de nuestra edad en ese sentido, pero algunos creíamos que el compromiso no solamente era lícito, sino
también necesario, que había que meterse en política, que había que luchar por la libertad, que había que luchar por la democracia, señor ministro. Yo sé que eso lo hemos hecho muchos, y por eso me da rabia que, cuando disfrutamos de esa libertad y
de esa democracia, en sede parlamentaria busquemos excusas para apartarnos de lo que debe ser la única guía que nos tiene que conducir. Si alguien ha cometido una exageración, un delito, un atropello, un error, una equivocación, que responda por
ello y en este caso estoy convencido de que ha sido así.



Señor ministro, argumentos para justificar detenciones de ciudadanos inocentes en democracia no deben existir, y criminalización de formaciones políticas menos todavía. Unas tendrán más representación, otras menos, pero todas son legítimas
en democracia. Ni toda la presión del mundo ni todas las críticas que algunos sean capaces de realizar ni toda la criminalización que se quiera ejercer sobre una formación política van a hacer que el Grupo Parlamentario Popular deje de defender la
libertad, deje de defender a ciudadanos inocentes y deje de defender a compañeros de su partido cuando son inocentes.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Olabarría, por el Grupo Parlamentario Vasco.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Zaplana, si mis palabras le han ofendido, le pido disculpas, pero permítame que discrepe de sus valoraciones. En primer lugar, voy a hacer una matización de naturaleza gramatical. Cuando ha dicho que mis
palabras le merecen el menor de los desprecios, seguramente quería decir el mayor de sus desprecios. Se lo digo por si quiere atenuar en su expresión el desprecio que mis palabras le merecen.
Usted sabrá si es el menor o el mayor de sus
desprecios, me imagino que el mayor. (El señor Zaplana Hernández-Soro: El menor. El mayor lo reservo para personas que tengan más consideración.) Le agradezco su benevolencia.



En segundo lugar, en relación con otra cuestión que usted ha comentado -pertenece al imaginario de este país-, a mí mi padre sí que me metió en política, pues era un hombre políticamente militante en la clandestinidad franquista y le
agradezco que me transmitiera esas inquietudes para luchar contra un régimen que seguramente usted y yo repudiamos históricamente y en la actualidad. Así pues, desde esta perspectiva no generalice esas actitudes relativas a la inducción familiar,
que no me parecen muy democráticas porque tampoco son los padres los que condicionan la actitud política de los hijos normalmente, pero, en fin, estas son cuestiones absolutamente colaterales a lo que aquí estamos diciendo.



Yo no le he citado a usted personalmente ni a su partido, sino que he hecho una serie de preguntas al ministro que se cohonestan con una preocupación muy generalizada en este momento entre la ciudadanía, como es el afloramiento de la extrema
derecha, cómo esta extrema derecha encuentra acogimiento en algunas posiciones de algunos líderes de algunos partidos, cómo empieza a ser un problema grave que merita por parte del Ministerio del Interior medidas preventivas de naturaleza policial
-analizándolo, es un fenómeno que puede derivar en manifestaciones realmente terroristas y delictivas de la máxima dimensión- y cómo resulta incalificable a estas alturas de la historia, señor ministro -a esto no me ha respondido-, que haya diversas
leyes a las que, no al policía profesional, sino a usted, como responsable gubernativo, le corresponde exigir su cumplimiento, como la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión, la Ley orgánica de seguridad ciudadana o la posible concurrencia
de determinados delitos. Y me estoy refiriendo a las siguientes conductas, señor ministro: a las concentraciones que empiezan a proliferar en demasía enfrente de esta Cámara, del Congreso de los Diputados, cuando comparecen determinadas personas,
léase el lehendakari de Euskadi, para defender la propuesta de reforma estatutaria, el presidente del Parlamento vasco para presentarla o la presidenta de la Asociación de Víctimas del 11-M, que fue claramente insultada con insultos soeces que no
voy a reproducir. Usted y la policía tienen la obligación de evaluar esos atestados. En primer lugar, que se redacte un atestado; en segundo lugar, que se compruebe si se ha solicitado la correspondiente comunicación a la que para este tipo de
concentraciones enfrente de una sede parlamentaria, enfrente del Congreso de los Diputados, obliga la Ley orgánica 1/1983, reguladora del derecho de reunión; en tercer lugar, si se ha incoado algún expediente administrativo sancionador de los
previstos por la Ley 1/992, de seguridad ciudadana, etcétera. No es la primera vez que le pregunto esto, porque quizá de una actuación diligente en el ámbito de la aplicación de la legalidad punitiva administrativa y de la legalidad reguladora del
derecho de reunión podamos erradicar determinadas prácticas que empiezan a proliferar en demasía. Cuando yo le comentaba que el problema de la extrema derecha es un problema creciente, que se está agigantando, que actúan cada vez con más
desinhibición, esto se cohonesta exactamente


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con el exceso de relajación que por parte de las autoridades policiales y gubernativas se está practicando en relación con esta fenomenología. Esto ya lo hemos discutido en el Pleno del Congreso de los Diputados usted y yo. Espero que
estén tomándose en serio este problema, puesto que el mismo se puede convertir en poco tiempo, como ocurre en otros países de nuestro contexto sociocultural, en un problema gravísimo, de primera dimensión. Está ocurriendo en Alemania, en Bélgica,
en Francia y en otros países. No es una cuestión baladí y se la tiene que tomar en serio. Sobre todo se tiene que tomar en serio si hay algún tipo de acogimiento, si son auspiciados, si son tolerados o si tienen algún tipo de vinculación con
organizaciones políticas con existencia legal en este país. Desde esa perspectiva, le incito al celo.



Su intervención me ha parecido correcta. Ha hecho usted un análisis neutro de requerimientos que están en el ordenamiento jurídico punitivo, ha actuado correctamente y no tengo nada que decir. Desde la perspectiva del análisis político -no
en vano estamos en una Cámara política-, me ha parecido neutra. Usted parece una persona muy tributaria de evitar fuentes de crispación, de evitar entrar en broncas, parafraseando su propia expresión, y está intentando apaciguar un incidente
verdaderamente molesto, pero que porque su responsabilidad política le compele a ello intente apaciguar este incidente no priva de un ápice de gravedad al mismo ni impide un análisis contextualizado de lo que está ocurriendo en este país, que son
dos fenómenos que a mí particularmente me preocupan: el ya citado del crecimiento de movimientos de extrema derecha, que cada vez actúan de forma más desinhibida, la criminalización simbólica de determinadas ideologías democráticas de naturaleza
normalmente nacionalista y la patrimonialización del dolor de las víctimas para conseguir objetivos o retos políticos absolutamente bastardos. Cuide estas cuestiones, señor ministro, porque sus responsabilidades también están vinculadas a la
responsabilidad de su Gobierno a la hora de pactar y de buscar los partenaire para afrontar la atención a las víctimas, la honra a las víctimas, el respeto a la memoria, la justicia y la reparación desde parámetros y perspectivas verdaderamente
democráticas. A nosotros se nos ha criminalizado sistemáticamente por una pretendida falta de atención a las víctimas. Le aseguro -con esto acabo, señora presidenta- que en este momento los mecanismos o las actuaciones de atención a las víctimas
del terrorismo del Gobierno vasco no son parangonables con las de ningún país del mundo. Hay 37 medidas de actuación específica desde el Gobierno vasco para atender a la problemática de las víctimas. La propia directora de la dirección de víctimas
del Gobierno vasco es una víctima del terrorismo. Sin embargo, el Gobierno vasco se ve permanentemente acosado por organizaciones de víctimas pretendidamente independientes, hostigándole precisamente por desatención a las víctimas del terrorismo.



Estas paradojas políticas, este uso bastardo de las víctimas para conseguir réditos políticos, es lo que entre todos deberíamos intentar evitar. Es una petición, es una reflexión tan respetable como cualquier otra de signo contrario que se
pueda hacer aquí. Le aseguro que nosotros lo estamos sufriendo y lo llevamos sufriendo mucho tiempo en nuestras propias carnes, y lo que queremos es que se solucione el problema de las víctimas no patrimonializando su dolor.



Esto es todo lo que quería decir, señora presidenta.



La señora PRESIDENTA: Señor Cerdá, muy brevemente, por favor.



El señor CERDÀ ARGENT: Estamos de acuerdo, seguramente me he expresado mal al calor un poco de la desfachatez de algunos de los comentarios que he oído aquí; seguramente no me he explicado bien. Señor Zaplana, si todo lo que le preocupa
es la desafortunada manifestación de mi compañero Tardá en cuanto a enemigos y no tiene que decir nada de todo lo que le he dicho, me doy por satisfecho. Ha hecho un poco como el cura de mi pueblo, que decía aquello de: Haz lo que yo diga pero no
lo que yo haga. Vamos a dejarlo aquí de momento.



Vuelvo a lo que llamaba la atención de esta comparecencia. No le decía que había un vacío legal en este caso concreto, pero ya le apunté en la primera comparecencia suya y también mi primera intervención en esta Comisión de Interior que
había muchos hechos constitutivos, de faltas por agresiones de grupos de extrema derecha sobre colectivos políticos, sobre colectivos de inmigrantes, sobre colectivos diversos que en este momento en el Código Penal están castigados como faltas que
tendríamos que revisar dada su temeridad, su alarma social, su incidencia, su reiteración y su proliferación en los últimos tiempos. Le vuelvo a invitar a que lo hagamos conjuntamente, reflexionada y tranquilamente, porque van a suponer un delito,
porque determinadas manifestaciones y acciones que son en sí mismas poca cosa juntas constituyen una amenaza para la convivencia.



Eso es lo que quería expresarle, ni más ni menos.



La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Maldonado, también para el turno de réplica.



El señor MALDONADO I GILI: Señor ministro, un pequeño matiz para empezar.
Cuando hablaba de tensión política no hablaba de usted, no hablaba incluso de ningún miembro del Gobierno, hablaba de los dos partidos: PSOE y Partido Popular, que
creo que desafortunadamente están entrando en una dialéctica de enfrentamiento diario que no es bueno para la convivencia política; no hablaba de usted. Es más, creo que usted, quizá por su origen en el mundo judicial es un ministro que se está
destacando por no hacer declaraciones y por no entrar en según qué berenjenales. Por


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tanto, no sé si me he explicado bien, pero no hablaba de miembros del Gobierno, me dirigía a los partidos políticos en aras de pedir esta concordia que yo creo que es bueno que exista en cualquier sociedad, pero no hay más sordo que el que
no quiere escuchar. Yo hablaba de rebajar la crispación y dar carpetazo. Dar carpetazo ya veo que no, porque el señor Zaplana acaba de anunciar que pedirá diligencias y que esto sigue. Este tema está en manos de la justicia, ¿por qué volverlo a
llevar al ámbito político, por qué? Yo quisiera que el carpetazo fuera real, pero veo que esto lleva camino de convertirse en esos seriales de televisión que duran centenares de capítulos, pues parece ser que esto va para largo, y lleva camino de
convertirse en un vodevil, lo cual es más triste.



Cuando hablaba de rebajar la crispación tampoco he tenido éxito, veo que poco éxito tengo hoy. Señor Zaplana, con mi mayor respeto, y quien me conoce sabe que es mi estilo, yo le voy a pedir una cosa, y se la voy a pedir de corazón, estoy
seguro, creo y deseo que usted lo hará por el bien de la política y de la convivencia política, y es que el que las opiniones del señor Olabarría le merecen el menor de los respetos lo retire, que no conste en acta, porque a mí, y creo que a todas
SS.SS., nos merecen el mayor de los respetos, igual que las suyas y las de todas SS.SS., compartidas o no, pero yo creo, señor Zaplana, que usted, que ha hecho política de altura, que es un político que viene de dirigir la Generalitat Valenciana, no
puede llegar a este foro y decir a un político que representa un electorado importante del pueblo vasco que le merece el menor de los respetos. No lo creo. Seguro que el fragor de la batalla, que la situación de tensión que tienen estos diálogos,
le ha llevado a decir esto. Yo le pido que retire estas palabras por el bien de la convivencia política. Estoy convencido de que lo hará. En caso contrario, también me merecerá respeto, que quede claro.



Señor ministro, hay una cosa que me ha sorprendido. Yo le iba a decir que usted no me ha respondido a la pregunta que le he hecho, pero mientras iba hablando la ha respondido. Había dicho: Me enteré cuando habían detenido a los dos
militantes. Yo le iba a decir: Señor ministro, en un hecho tan importante como una agresión a un ministro el ministro del Interior ha de estar permanentemente informado, y en caso contrario hágaselo mirar. Ahora le digo: hágaselo mirar, porque
¿cómo puede ser que usted se entere de la detención de dos personas que han agredido a un ministro cuando están detenidos? Pues muy mal, yo creo que aquí no vamos bien, alguna disfunción semántica habrá, porque no me creo que agredan al señor Bono
y usted se entere al cabo de unos cuantos días que han detenido a los que dicen -yo no digo que hayan agredido, lo matizo por si acaso- que han agredido al señor Bono. A partir de aquí lo que yo no creo es que usted no se haya enterado, usted se
tenía que enterar. ¿Qué es lo que vengo a pedir? (El señor Padilla Carballada pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Padilla, Bravo y Maldonado, por favor, sea solidario con sus homónimos de apellido.



Yo le pediría también otra cosa. Usted dice: la policía ha hecho lo que tenía que hacer. Seguro, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hecho lo que tenían que hacer: abrir investigación y estudiar qué ha pasado, pero todos
sabemos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacen lo que se les manda, entre otras virtudes siempre dependen de un político. El poder político es el que manda, mal iría al revés. Yo lo que no entiendo es que usted diga que la policía
ha hecho bien, y la pelota a la policía. El listón se sube y se baja, ¿y sabe quién lo sube y quién lo baja? Los políticos. Si lo hemos bajado tanto, tanto, como para detener a dos personas porque ha pasado lo que ha pasado, empezaremos a detener
a troche y moche, porque éste es un precedente brutal y veremos en las cárceles muchísima más gente de la que desafortunadamente ya hay.
Yo creo que el listón se ha bajado en exceso, como -y espero que no sea el mismo nivel- en Cataluña. Fíjese
bien -y en Cataluña esto no se ha politizado- que un menor de edad fue detenido por un exceso de celo y yéndose la mano, y ese listón lo hemos de subir; un chico menor de edad de Lloret fue detenido, usted sabe que con gran sorpresa de la
ciudadanía catalana. Espero que no bajemos tanto el listón a partir de ahora, subámoslo, porque el problema es que, a pesar de que la policía hace lo que tiene que hacer, las detenciones y los procesos tienen siempre dirección política. Por tanto,
sería bueno que usted, como responsable del ministerio siguiera esto, y fijara el listón en este caso el Ejecutivo, que es el que tiene que marcar hacia dónde se tiene que ir.



Nada más. Reiterar la petición de que en la política de crispación sí que hemos de bajar el listón, bajarlo al máximo, e intentar dar carpetazo porque creo que este tema lo vamos a sacar de madre, lo vamos a alargar y se puede convertir en
un nuevo serial de centenares de capítulos tan largo como fue la Comisión del 11-M. Espero que no sea tan largo.



La señora PRESIDENTA: Para cerrar este turno de réplica de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.



El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: No pensaba intervenir pero por cortesía al señor Zaplana tengo que contestarle, o por lo menos aclararle lo que dice que no ha entendido. Creo, señor Zaplana, que ha entendido perfectamente lo que le he querido
decir con el término futbolístico de que antes del partido de rivalidad regional se estaban calentando los banquillos.
Cuando se escriben esas cartas, cuando se anima a participar en determinados sitios, diciendo las inexactitudes que se dicen y
además se amparan por las direcciones del partido, creo que se están calentando los ánimos. Señora presidenta, señor ministro, señor Zaplana, en las fotos que todos hemos conocido, las imágenes que hemos


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visto, esos ciudadanos, que yo pensaba que eran de otras formaciones políticas o de otras formas de pensar más radicales, parece que muchos de ellos eran militantes del Partido Popular, en esa actitud tan amigable y tan beneplácita con el
ministro de Defensa y con la diputada doña Rosa Díez; no me extraña que estuvieran jaleándole, ni animándole, ni cantando las bondades de su presencia. Estaban en otra actitud, como usted bien sabe y como bien ha podido demostrar usted que es
lector ávido de medios de comunicación. Y como bien sabe también usted, parece ser que se ha identificado, no sé por quién, a muchos de los asistentes con cargos de responsabilidad y militancia en su partido, en el que usted tiene
responsabilidades. Y a muchos de ellos no creo que se les haya llamado ni a declarar, ni a comparecer, ni a asumir responsabilidades ni a nada. Con lo cual, señor Zaplana, esa teoría de que aquellas personas que están en una foto al lado de un
ministro son llamadas a declarar, se cae por su propio peso. Señor Zaplana, parece ser que en la manifestación, y en otros sitios que no son la manifestación, hay hooligans de todos los colores. Pero de los que estamos hablando son de un color
político, y no de mi partido. Incluso algunos están bastante cerca.



Estoy absolutamente de acuerdo con la teoría que ha señalado sobre la libertad y el papel de las personas que estamos en política para defender la libertad. Se lo digo con absoluta tranquilidad porque la defendí en tiempos muy difíciles, la
he defendido ahora y la defenderé siempre. Hay cosas que han cambiado. En aquella época en la que yo tenía miedo por mi seguridad, por defender la libertad, teníamos una policía que no es la que tenemos ahora, porque tenemos unos dirigentes y una
democracia que no teníamos entonces. Yo creo en la democracia con todas las consecuencias, en los dirigentes políticos y en la policía. Y le daría un consejo, señor Zaplana, que en esa defensa de la libertad no esté tan cerca de algunas personas
que en los editoriales políticos están diciendo que estamos regresando al franquismo o que a algunos ciudadanos, en este caso a los dos militantes del Partido Popular, simplemente les han secuestrado. Eso lo han dicho columnistas autorizados que
jalean, no precisamente al Partido Socialista. La mejor defensa que podemos hacer usted y yo desde formaciones distintas, pero defendiendo principios fundamentales que están en la Constitución, es separarnos de aquellos ciudadanos, tengan columna
de opinión o no la tengan, que defienden esos principios que van en contra de los que usted y yo y todos los partidos que estamos en esta Cámara defendemos porque son los que defiende la Constitución española.



El señor PRESIDENTE: Para cerrar el debate tiene la palabra, el señor ministro.



El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Alonso Suárez): Muy brevemente. He tratado de explicar varias cosas. Se lo digo fundamentalmente al señor Zaplana, que representa al grupo parlamentario solicitante de esta comparecencia, pero también al
resto de los señores diputados. Primero, que en este episodio, por lo que hace a la policía y al Ministerio del Interior, se han respetado escrupulosamente la Constitución y las leyes, en lo que supongo que todos estamos de acuerdo que hay que
respetar. En segundo lugar, he defendido el trabajo policial con argumentos legales en la mano. Y, en tercer lugar, he defendido la limpieza absoluta del ministro del Interior y de su equipo político en este asunto.



Quizás tenga que insistir una vez más, sobre todo por alguna de las cosas que me ha planteado el señor Maldonado, en que la policía interviene a la vista de motivos racionales de criminalidad, y luego los jueces deciden lo que sea, cuando
estamos en los juicios, en función de pruebas evidentes que destruyen la suposición constitucional de inocencia. Eso es algo ya sabido. Lo que ocurre aquí es muy sencillo. Hay una tesis, que es la del Partido Popular, según la cual unos
militantes de ese partido no hicieron nada. Y hay otra tesis, que es la de la policía profesional, que dice que hay indicios de que sí lo hicieron. Esa es una constatación objetiva de lo aquí está ocurriendo. Me permitirán que nos olvidemos de
este tema, porque se está enfatizando mucho una cosa. Las fotografías, como las demás evidencias probatorias, prueban lo que prueban. Si me hacen una fotografía caminando tranquilamente al lado de mi compañera de mesa, prueba que estoy caminando
al lado de ella tranquilamente. Y si me hacen una fotografía en la que se ve que la estoy agarrando del bolso y arrastrándola por el suelo, prueba que la estoy agarrando del bolso y arrastrándola por el suelo. Una prueba lleva a una conclusión
jurídica y otra prueba lleva a otra conclusión jurídica. Vamos a dejar que sea la policía, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, y los jueces en el ámbito de las suyas, quienes deduzcan qué es lo que habido o no ha habido
aquí.



Insiste el señor Zaplana en el tema de los tres instructores y en el problema de la adhesión. Yo, a través del director general de la Policía, el día 27 le dije: Víctor, mira a ver qué es lo que ha pasado aquí, dada la bronca o el follón
político que había. El director de la policía le encarga al comisario-jefe de esta brigada de información de Madrid un informe de todo lo que había ocurrido, que también está a su disposición.
Entre otros temas, el comisario-jefe dice el día 27:
Es absolutamente falso que el comisario-jefe haya dicho que había que hacer detenciones porque lo quería el ministro u otra autoridad política. En ningún momento ha recibido instrucción de ninguna autoridad política, ni las toleraría -subrayo esto
porque es importante- por chocar frontalmente con su actuación profesional. Asimismo es falso -continúa diciendo- que el comisario-jefe expulsara de las dependencias policiales a un funcionario antes mencionado, e igualmente falso que hubiera
habido tres instructores de las diligencias, etcétera. Señor Zaplana, probablemente su información no es buena. Lo que sí tengo que decirle es que el primer y


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tercer instructor es el mismo porque es el que está de turno. Y el segundo instructor, según me comunican mis asesores, solo se cambia para la declaración del lunes. Lo que quiero enfatizarle, señor Zaplana, es que, como usted comprenderá,
es muy doloroso para personas como la gente de mi equipo político, que se ha dedicado durante toda su vida en el mundo político y en el profesional a la defensa de los derechos y libertades de las personas, que les acusen de ordenar detenciones
políticas, porque además, señor Zaplana, no es verdad.



Me pide también una explicación sobre las responsabilidades del delegado del Gobierno. He sido lo suficientemente explícito, y tiene a su disposición el informe del delegado del Gobierno, en el que explica, punto por punto, cuál fue su
actuación en esta materia, que es la que le he dicho. Él explica muy claramente que no interfirió, ni ordenó, ni realizó ningún manejo con el atestado policial. Se lo dejo a su disposición, y a la vista de lo que dice el delegado del Gobierno, ya
me dirá.



Finalmente, hablan de lo de meterse en política. La política, y creo que yo puedo decirlo con propiedad, es una actividad decente que, en contra de lo que mucha gente cree, se ejerce a favor de los ciudadanos y sin la cual no sería posible
que viviéramos en sociedades plurales, tolerantes y avanzadas. Por eso yo me vine a la política, ciertamente desde una posición más cómoda en términos emocionales y personales.



Señor Olabarría, comprendo su preocupación por el extremismo de derechas, pero, insisto, debemos tenerla también por el extremismo de izquierdas y por cualquier otro extremismo. Aquí hay un valor que yo he verbalizado de esta manera: la
calle es de los ciudadanos y está para que ejerzan sus derechos y sus libertades. La calle no tiene que ser de los antidemócratas, que están precisamente para vulnerar esos derechos y esas libertades. Me da igual que ésos se llamen de extrema
derecha, de extrema izquierda o de cualquier otra ideología exacerbada. Y me da igual que sea gente de extrema derecha, de extrema izquierda o los que en su tierra hacen la kale borroka; es igual de intolerable. En eso están trabajando la Policía
y la Guardia Civil, porque como Gobierno somos los primeros interesados en que sea una realidad el que la calle sea de los ciudadanos y puedan ejercer en ella sus derechos, y no tiene por qué dejar de serlo.
Este es un país que tiene un buen
estándar en ese sentido y no estamos dispuestos a que ese estatus, ese estándar de convivencia, de limpieza y de ejercicio democrático de los derechos en las calles, sea rebajado; no lo vamos a consentir por parte de nadie.



El señor Maldonado dice que los políticos tienen que mandar; sí tienen que mandar, pero legítimamente. Tienen que mandar tal y como les permiten la Constitución y las leyes. Yo no puedo ir a la policía y decir, como les he contado a los
miembros del Grupo Popular: Deténganme a esta señora.
Puedo decirle a la policía: Háganme este análisis de huellas o aquel informe pericial. Es decir, la investigación criminal, aquella que tiene por objeto la averiguación del delito y la
detención del delincuente es una investigación que está mediada no por la voluntad del político, sino por la voluntad de la ley, y los policías hacen lo que tienen que hacer según las leyes. Los políticos, si acaso, nos debemos dedicar precisamente
a corregir las situaciones cuando eso no sea así. Lo que tiene que hacer un político, si la policía no hace su trabajo, es decirle que hagan su trabajo, pero no puede decirles en qué consiste su trabajo, que es todo lo que yo he estado hoy aquí
defendiendo de un modo reiterado. Hay que tener mucho cuidado, porque una cuestión es la labor política, que está reglada por reglas legítimas, y otra cuestión muy distinta es la investigación criminal, materia que pertenece en exclusiva al sistema
judicial del Estado, incluida la Policía judicial, que depende funcionalmente de los jueces.



Permítanme acabar diciendo lo que manifestaba antes. Este ministerio ha apoyado a las víctimas y va a seguir haciéndolo a todos los niveles, en el discurso y en la práctica. Son la columna moral de la sociedad civil en la lucha contra el
terrorismo, y por eso les vamos a seguir apoyando completamente. Más nos vale tener en cuenta que las víctimas de alguna manera visualizan o se constituyen en referencia de algo muy importante, que es la unidad de los demócratas frente al
terrorismo; terrorismo que, insisto, nos ha golpeado durante muchísimos años y todavía nos está golpeando; más vale que no lo olvidemos.



Muchas gracias, señoras y señores diputados. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)


La señora PRESIDENTA: ¿Señor Olabarría?


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Una cuestión de orden, señora presidenta.



Me gustaría que cuanto antes se redacte el acta de esta Comisión fielmente el 'Diario de Sesiones' de esta Comisión, como hacen siempre, y se le entregara al señor Zaplana con diligencia, para que compruebe que en ningún momento le he citado
a él personalmente ni a su partido. A ver si por este procedimiento puedo advenir a la mejor condición de mayor desprecio o a la que sería idónea, que es de ningún desprecio, que es lo más adecuado, para que entre todos podamos resolver los
problemas que estamos tratando hoy aquí.



La señora PRESIDENTA: Así se hará, señor Olabarría.



Muchas gracias, señoras y señores diputados.



Se levanta la sesión.



Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.