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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 130, de 03/11/2004
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 130
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 2004
COMISIONES
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 130
JUSTICIA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ
Sesión núm. 5
celebrada el miércoles, 3 de noviembre de 2004
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la modificación del régimen lingüístico de los Registros de la Propiedad y Mercantil. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/000010.) ... (Página 2)
- Relativa al cambio de apellido en el Registro Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000012.) ...
(Página 8)
- Relativa al derecho de los recién nacidos a una correcta e inequívoca identificación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000100.) ... (Página 13)
- Sobre la retirada de recursos de inconstitucionalidad promovidos contra leyes forales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000322.) ...
- Sobre reforma del sistema penitenciario. Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000065.) ... (Página 21)
- Relativa a la elaboración de una reforma del Código Penal consensuada.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Número de expediente 161/000283.) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Se abre la sesión de la Comisión de Justicia de este Congreso de 3 de noviembre de 2004.
Como ustedes habrán observado, existe un orden del día lo suficientemente extenso como para que, por una cuestión de mera operatividad y de facilidad para que todos los parlamentarios tengan la oportunidad de estar presentes y poder realizar
las votaciones con la tranquilidad debida, acumulemos las votaciones al final del debate de todas y cada una de las proposiciones. De forma, modo y manera que la votación no se producirá antes de las doce y media aproximadamente. Ésa es la primera
consideración que quería hacerles a sus señorías.
En segundo lugar, existe una petición de alteración del orden del día, suscitada por la representante del Grupo Popular, que en estos momentos no se encuentra con nosotros. La petición consiste en que se alterase el orden del día para
comenzar con el punto sexto, relativo a la retirada de recursos de inconstitucionalidad promovidos contra leyes forales de Navarra.
Antes de tomar cualquier tipo de determinación sobre esta cuestión, al ser algo que atañe a todos, ¿hay algún inconveniente por parte de algún grupo? (Pausa.)
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, yo comprendo que todo el mundo tiene sus necesidades, pero en concreto yo tengo que asistir a la Comisión de Industria y Comercio, donde se está debatiendo la Ley de Comercio, de la cual soy
ponente. A mí nadie me pidió ese permiso, yo tengo dos proposiciones no de ley, que son las dos primeras, y no puedo hacer esa cesión. Mi grupo sólo tiene un diputado, los demás tienen muchos diputados. Creo que ésta es una consideración mínima.
Yo estaría dispuesto a hacer ese tipo de favor, pero es que materialmente no puedo, si no yo no llego a la otra Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿Algún portavoz de otro grupo parlamentario desea manifestarse en algún sentido?
El señor SANTAELLA PORRAS: En todo caso, ver la posibilidad de pasarla a la tercera.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): ¿A la tercera?
¿Existe algún inconveniente por parte de todos ustedes de que se pueda pasar a la tercera? (Pausa.) Pues así se acuerda.
Comenzamos por tanto el orden del día.
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
- RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN LINGÜÍSTICO DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/000010.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Comenzamos, por tanto, el orden del día con el debate y votación de la primera proposición no de ley, relativa a la modificación del régimen lingüístico de los registros de la Propiedad y Mercantil,
del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el proponente, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: De forma muy breve voy a expresar los argumentos por los cuales presentamos esta proposición no de ley, que son básicamente los siguientes. En primer lugar, creo que todos estaremos de acuerdo en que existe un
régimen de cooficialidad de las distintas lenguas que hay en el Estado español, en concreto y en particular del castellano con la lengua respectiva de la comunidad autónoma. Por lo tanto, no podemos seguir manteniendo una situación donde las
lenguas que no son el castellano están prácticamente excluidas de la actividad trascendente en materia jurídica. Si todos los poderes públicos deben y pueden relacionarse entre sí en cualquiera de las dos
lenguas cooficiales, y los ciudadanos, por lo tanto, relacionarse con esos poderes públicos y viceversa en las dos lenguas, está claro que hay que hacer algunos cambios en los reglamentos que hoy rigen algunos de los organismos que forman
parte del aparato de Justicia.
Realmente se trata de poder desempeñar toda la actividad en la propia lengua dentro de un determinado territorio. Uno de los organismos de la Administración de Justicia que está al margen de una dialéctica precisamente de amparo real de la
cooficialidad son los registros que dependen del Ministerio de Justicia, en particular los registros de Propiedad y Mercantil. Los asientos hasta ahora solamente se están haciendo, se pueden hacer, en lengua castellana o española, con lo cual, se
da la paradoja de que hay escrituras públicas redactadas en gallego, catalán y vasco, pero que se asientan en español. La inscripción registral, por lo tanto, es distinta a la lengua del documento otorgado o redactado en estas lenguas. Sería
necesario que se respetase el criterio de que las peticiones de información registral sean remitidas en una lengua que no fuera exclusivamente el español, sobre todo si existiese una petición expresa en este sentido.
Los registros que están al margen de la normalización lingüística hacen papel mojado de la declaración de cooficialidad si no se hacen los cambios que serían necesarios. No hay plenitud de efectos jurídicos y es una contradicción que puedan
redactarse los documentos registrales en lengua catalana, vasca y gallega, pero no pueda hacerse la inscripción, los asientos en el registro. La normativa estatal que regula los reglamentos es una competencia del Estado. Al mismo tiempo las leyes
de normalización lingüística de todas las comunidades autónomas con lengua propia permiten que los asientos de los documentos se hagan en la lengua oficial en la que esté redactado el documento y que las certificaciones literales se puedan hacer
también en la lengua oficial interesada por el solicitante. Hay que acoplar la organización territorial de los registros -que es de ámbito autonómico- con su normativa estatal -que es una competencia del Estado-, de tal manera que se facilite la
implantación del régimen lingüístico vigente en cada una de las comunidades autónomas con lengua propia sin perjuicio de la coordinación central de los mismos.
Es necesario, por lo tanto, la modificación de los reglamentos para que los registros
dejen de ser monolingües, y por eso hacemos las tres peticiones que figuran en nuestra proposición no de ley: la primera, que se acoja de manera expresa la cooficialidad de las lenguas gallega, catalana y vasca, juntamente con la
castellano-española en los reglamentos de los registros de Propiedad y Mercantil; en segundo lugar, que se regule la posibilidad de realizar la práctica de los asientos registrales en las lenguas cooficiales del Estado, efectuando los asientos en
la lengua en que estén redactados los documentos; y en tercer lugar, contemplar la expedición de certificaciones y notas informativas registrales en la lengua interesada por el solicitante o, en su defecto, en la lengua en la cual se haya efectuado
la inscripción reproducida.
Señorías, pensamos que con estas modificaciones lo único que hacemos es amparar derechos lingüísticos individuales, es decir, la capacidad de los que están interesados para que puedan ser atendidos en la lengua respectiva de su elección.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existe una enmienda a esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para la defensa de esta enmienda tiene la palabra el señor portavoz.
El señor PADILLA CARBALLADA: Todavía no tengo la satisfacción de ser portavoz en esta Comisión, pero sí soy portavoz de mi grupo, en este caso.
Presentamos esta enmienda con un afán absolutamente constructivo. Ya deducimos de la iniciativa que el grupo proponente es consciente de una sutileza importante, porque recordará, teniendo en cuenta que él fue en la legislatura pasada quien
intervino en nombre de los diputados de su formación política en una iniciativa relativa al Registro Civil, que apoyamos, que hay una diferencia grande entre el Registro Civil y los registros de la Propiedad y Mercantil; sustancial, además. Al
Registro Civil se accede generalmente para la inscripción de las vicisitudes en el estado civil de la personas; en algunos casos, son documentos en los que se reflejan alteraciones en esa situación. Pero los registros de la Propiedad y Mercantil
lo que reciben son documentos, lo que inscriben son documentos, y por lo tanto la fiabilidad en lo que se inscribe está naturalmente en la identidad entre la cosa a inscribir y la cosa que resulta inscrita. He percibido perfectamente, por la
redacción de la iniciativa, que el grupo proponente es consciente de esa realidad y que entiende que de la naturaleza del documento vendrá determinado el contenido de la inscripción. Pero avanzando en nuestro deseo de justificar nuestra enmienda,
nuestra interpretación de lo que debe ser el bilingüismo armónico en nuestro sistema de expresión, como país en su conjunto, debe tener un reflejo exacto también en algo que es muy importante, que es la seguridad jurídica. En este punto podríamos
decir que revive como nunca el viejo adagio de traduttore traditore, en relación con la seguridad jurídica y en relación con el contenido que deben tener los documentos. De ahí que muchas corporaciones, de derecho público incluso, hayan expresado,
creo que con rigor, que si bien el debate puede estar expresado con absoluta libertad lingüística en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, las actas deben estar en el idioma oficial de todo el Estado y en el idioma de la comunidad autónoma
en la que se esté desarrollando esa actividad o radique esa institución, de tal suerte que el contenido real de lo acordado, teniendo en cuenta que todo el mundo tiene derecho a ese extremo en la seguridad jurídica, quede reflejado en un texto
auténtico
de acta acordado, aceptado y aprobado por quien en definitiva responde de la veracidad de lo transcrito y de lo recogido en ese documento.Si eso es así, basta la lectura del artículo 1 de la Ley Hipotecaria, cuando nos habla de que el
Registro de la Propiedad recibe las inscripciones o anotaciones en el registro en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles, de lo cual resulta que cada uno de los registros de la Propiedad no es tampoco una realidad estanca, como no
lo son tampoco los registros mercantiles en su conjunto u otros muchos. Entonces resulta que, estando además como estamos de acuerdo con el artículo 149.8 en cuanto a competencia exclusiva del Estado, la incorporación del bilingüismo, que nosotros
aceptamos, y como resulta de nuestra enmienda, entendemos que debe suponer también la integridad de ese conjunto de registros. Naturalmente alguna influencia tendrá que tener, digo yo, el que sean competencias exclusivas del Estado.
Finalmente, el mundo jurídico y el sistema jurídico, probablemente porque el mundo es complejo y las personas hacen interpretaciones subjetivas de sus derechos y tienen derecho a ello, tienen siempre una vocación irrefrenable hacia la
crisis, que desemboca naturalmente en las instituciones de garantía y de obtención de la paz jurídica. Generalmente además la conformidad de los litigantes y recurrentes en los juzgados de Primera Instancia o en las apelaciones ante las audiencias
provinciales no suele ser el uso común, si hay posibilidad de acceder al último tribunal, a la última garantía, al Tribunal Supremo y en algunos casos en esa búsqueda un poco desordenada de que el Tribunal Constitucional sea una instancia más,
también al Tribunal Constitucional. De manera que al final nos encontramos siempre en elementos de dilación, en elementos de complejidad y sobre todo -a mi juicio- en elementos de perturbación plausible de la seguridad jurídica a través de las
traducciones. De suerte que nosotros queremos enriquecer -y lo hacemos con toda buena voluntad- la iniciativa del grupo autor de esta proposición no de ley en la idea de que también se practicaran los asientos en los registros de la Propiedad y
Mercantil, además de en castellano, en las lenguas del territorio que corresponda. Naturalmente eso facilita muchísimo la expedición de certificaciones, porque la certificación se expedirá en cualquiera de los contenidos de esos asientos, por lo
tanto también el lingüístico, que solicite el autor de la iniciativa.
Creemos en la razonabilidad de nuestra enmienda, en la sinceridad que la inspira, en el rigor jurídico y político que tiene, y que si de verdad queremos hablar de bilingüismo, de armonía, de comprensión mutua y de paz, y naturalmente de los
derechos de todos, será aceptada. Creemos desde luego que enriquece el texto y lo traslada a lo que debe trasladarlo, que es a un Estado plurilingüe, no a un monolingüismo alternativo, que yo creo que es lo que algunos persiguen. Pero, en fin, en
todo caso eso es una sospecha y ahí queda.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizada su intervención, para la toma de posición de los distintos grupos parlamentarios con respecto a la proposición no de ley, se nos ha solicitado que, en primer lugar, intervenga
Convergència i Unió.
Tiene la palabra para la toma de posición el portavoz de Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Quiero agradecer, en primer lugar, a la portavoz del Grupo Vasco y al portavoz de Esquerra Republicana que me hayan facilitado poder intervenir en este momento, porque tengo que asistir simultáneamente a otras dos
comisiones.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que esta proposición no de ley, oportuna y que, por supuesto, mi grupo va a votar a favor, hoy no debiéramos estar debatiéndola en el Congreso de los Diputados. Hoy no
deberíamos estar debatiendo esta proposición no de ley porque debemos recordar que ya en la pasada legislatura se tomó en consideración por el Pleno de la Cámara una proposición de ley del Parlament de Catalunya, que fue aceptada a trámite con una
amplia mayoría, y que lamentablemente, al haber sido tomada en consideración y al disolverse, decayó. Las proposiciones de ley de las comunidades autónomas que no han llegado a debatirse no decaen, en cambio las que han sido tomadas en
consideración, que ya de entrada merecieron una aprobación inicial de la Cámara, ésas decaen. Ahora no tenemos en el Boletín Oficial del Estado esa proposición de ley que debería haber podido ser debatida, haber continuado su debate en esta
legislatura. Por tanto, entendemos que no nos tocaría hoy debatir un tema que es un claro déficit en la normalización lingüística. Si hay un déficit en la normalización lingüística, ese déficit se plasma de manera clara en el ámbito de los
registros. Por tanto la proposición no de ley que se nos trae hoy a debate es oportuna. Yo quiero recordar también, no sé por qué razón no se han llegado a acumular, que en esta misma Comisión de Justicia mi grupo parlamentario también ha
presentado una proposición no de ley en idéntico sentido. Por tanto, mi grupo ya adelanta al señor Rodríguez, que en nombre del Bloque Nacionalista Gallego ha presentado esta proposición no de ley, que mi grupo votará a favor de la misma.
El señor Padilla defendía una enmienda del Grupo Popular, sobre la que yo quería hacer una reflexión. La cooficialidad significa que en un territorio hay dos lenguas oficiales, que no es una más oficial que la otra, y esa cooficialidad
implica que la lengua oficial propia de una comunidad autonómica pueda claramente ser normalizada en los registros.
Lo que se nos plantea en la enmienda del Grupo Popular, que después ya se pronunciará el portavoz proponente sobre su aceptación o
no, es un sistema en el cual siempre se hará en castellano. Si lo pide, también se hará en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma. Habría una lengua oficial de primera y otra que tendría ese rango de
oficialidad si también lo pide el interesado, y en ese momento se haría también el asiento en esa lengua oficial. Cuando de hecho el texto proponente lo que quiere es preservar siempre la lengua elegida por los que han redactado
inicialmente el documento, que esa lengua sea la que se plasme en el registro y que las certificaciones deban ser expedidas por la lengua que pide el solicitante de un certificado. Ése es un régimen de cooficialidad, que es el régimen en el que
tenemos que ir avanzando y dar plena normalidad oficial en los registros a las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas, al catalán, al gallego y al euskera.
Por tanto, nuestra votación hoy será favorable. Llegamos tarde, es un déficit que se arrastra desde hace demasiadas legislaturas, no es la primera vez que lo debatimos. Recordemos que ya en la pasada legislatura debatimos una proposición
de ley, y tantas y tantas iniciativas de grupos parlamentarios, como el vasco y el catalán (Convergència i Unió), que en otras legislaturas también nos dirigíamos en idéntico sentido.
Para finalizar, y voy a ser breve por cortesía a otros portavoces, quiero destacar que queda mucho por hacer en el ámbito de la normalización lingüística en materia de justicia, mucho por hacer en los registros, mucho por hacer en los
juzgados y tribunales, y mucho por hacer en el trabajo de las notarías. Por ello apelo a que esa normalización lingüística sea una realidad y que finalmente, a través de la aprobación de iniciativas como las que hoy nos presenta de manera oportuna
el señor Rodríguez, y la que también ha presentado, repito, mi grupo parlamentario en esta misma Comisión, podamos avanzar en el camino de la plena normalización.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): En el mismo trámite de toma de posición, por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señorías, comenzaré por la reflexión final del representante del Grupo Catalán (Convergència y Unió). Manifestaba que quedaba mucho por hacer en el terreno de la cooficialidad real. Y es efectivamente cierto,
van a cumplirse veintiséis años de vigencia constitucional y es por todos ustedes conocido que en este momento en la Cámara existen abiertas distintas proposiciones de formaciones políticas implantadas en zonas de cooficialidad en las que intentamos
abrir un camino, implantar de una forma más seria las posibilidades de utilización de lenguas distintas del castellano.
Todos ustedes saben que estamos en un trámite de reforma reglamentaria en la que distintas formaciones políticas estamos haciendo causa de que en el artículo 6 haya algún reconocimiento de la posibilidad de utilización en esta Cámara
también, y no sólo en el Senado, de lenguas distintas del castellano en el ámbito de la justicia y ante los tribunales, cuando tenemos la Carta de Derechos de los Ciudadanos, que fue aprobada la pasada legislatura, no en norma, sino en una
proposición no de ley, que tiene un reconocimiento absolutamente genérico y que en esta legislatura ha sido tratada mediante una proposición de ley traída por el Parlament de Catalunya, proposición de ley tomada en consideración el día 1 de junio y
que todavía no ha tenido movimiento alguno en esta Cámara. Se me dirá que está sometida a informe del Consejo General del Poder Judicial, y es cierto. Pero todos ustedes conocen que cuando la mayoría que gobierna, cuando el Gobierno quiere, se
puede instar del Consejo General del Poder Judicial la pronta realización de los informes, y en este tema de la cooficialidad lingüística el interés del Gobierno, el interés del grupo mayoritario nos parece que tampoco está siendo excesivo. De
igual manera que en el ámbito de las relaciones de los notarios -notarios que tienen implantada su actividad o que tienen su sede en una de las comunidades con lengua cooficial-, se han tenido en la pasada legislatura importantes desencuentros con
la Dirección de Registros y del Notariado cuando se ha intentado utilizar el euskera -en el caso concreto que yo conozco- en los escritos o actuaciones correspondientes a su quehacer profesional.
El criterio que se sostenía, entendiendo que en las relaciones de supremacía especial no cabía esta utilización, nos parece absolutamente sorprendente y está sometido a revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa, como tuve
ocasión de manifestarle al señor ministro en su primera comparecencia ante esta misma Comisión. Por eso nos parece tan adecuado que el Grupo Mixto y su representante del Bloque Nacionalista Gallego nos hayan traído hoy esta iniciativa que además
coincide con algo que, como ha manifestado el representante del Grupo Catalán, ya fue objeto de toma en consideración en Pleno la pasada legislatura en cuanto a la utilización ante los registros mercantiles de lenguas oficiales distintas del
castellano.
Nuevamente vuelvo a citar la primera comparecencia del señor ministro ante esta Comisión el día 25 de mayo. En ella se comprometía, en el ámbito del Ministerio de Justicia, se comprometía -insisto- a estudiar una modificación de la
legislación registral para que los asientos puedan redactarse, además de en castellano, en la lengua oficial propia de cada comunidad autónoma, previendo un ulterior desarrollo reglamentario que atienda con buena técnica jurídica al conjunto de las
cuestiones que dicha reforma suscite. Promesa hecha -insisto- el 25 de mayo, y algo de tiempo ya ha pasado. Cierto es que más vale ir despacio que hacer las cosas mal. Pero para otras cosas el Ministerio de Justicia, el Gobierno en su conjunto,
está acreditando que ya sabe darse prisa. En esta materia no ha habido avance ninguno. Coincide, por lo tanto, la proposición que hoy nos presenta el Bloque Nacionalista Galego con una inquietud manifestada por el propio señor ministro. Le
felicitamos por haberla traído, puesto que sirve de recordatorio para que pueda agilizarse esta cuestión. Creemos que queda mucho que hacer por la cooficialidad,
que la iniciativa que nos ha traído hoy el Bloque avanza en ese camino, y por lo tanto, la formación política a la que represento va a votar favorablemente.En cuanto a la enmienda que tiene presentada el Grupo Popular, a mi grupo también le
gustaría, tal y como ha manifestado el Grupo Catalán (Convergència i Unió), preservar la elección de lengua efectuada por el solicitante, no sólo en términos de posibilidad, sino que sea ésa la prioritaria, si bien, evidentemente, cuando una
inscripción haya de surtir efectos fuera, y así se solicite también, no nos oponemos en absoluto al uso de la lengua oficial, que es el castellano. Pero creemos que los términos de la petición del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, son más
acordes con el criterio de oficialidad lingüística que queremos dar a las lenguas distintas del castellano, y a mi grupo le gustaría que fuese aprobada la proposición no de ley en sus propios términos.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para turno también de fijación de posición, por el Grupo Izquierda Unida-Izquierda Verde, doña Isaura Navarro tiene la palabra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Aprovecho para hacer una petición, aunque no sea el momento adecuado: que mi iniciativa, que es la número tres, pase a ser la número cuatro para que pueda asistir a la Comisión de Administraciones Públicas,
donde tengo otra pendiente, y después vendría aquí y defendería la tres. Es que soy pluriempleada.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Nos consta. ¿Algún grupo parlamentario tiene algún óbice, algún obstáculo para acceder a esa petición? (Pausa.)
Como con anterioridad, señora Navarro, ya se había acordado introducir el punto sexto en la fase tercera de debate, vamos a tener que hacer un ajuste de forma que la proposición sexta sea la cuarta y posteriormente la cuarta sea la sexta.
La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero aclarar que en la otra Comisión sólo tengo una iniciativa. Lo que ocurre es que los portavoces del Grupo Popular no han permitido que se produjera el cambio. (El señor Padilla Carballada: Porque la
llevo yo y estoy aquí.) Por eso he tenido que venir aquí a pedir el cambio subsidiario.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): De acuerdo. Por tanto, números 2, 4, 6, 3 y 5. Ése sería el orden definitivamente.
La señora NAVARRO CASILLAS: Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Continuamos. Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra el señor Cerdá tiene la palabra.
El señor CERDÁ I ARGENT: Complementando lo que ya han dicho otros portavoces, que yo creo que es interesante, quiero hacer algunas reflexiones sobre la cooficialidad. Si una lengua propia de una comunidad autónoma no tiene la posibilidad
de ser utilizada en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de las vicisitudes, en cualquiera de los registros, sea un registro mercantil o sea un registro de la propiedad, estamos ante la omnipresencia y omnipotencia de una lengua, que es la
oficial del Estado, y la minusvaloración y el apartamiento de las lenguas que son cooficiales. Para tener un estatus de igualdad, de cooficialidad, las lenguas cooficiales de un territorio tienen que tener las mismas posibilidades de ser útiles y
usadas, por tanto, en cualquiera de los ámbitos. Así es como entendemos nosotros la cooficialidad, porque cualquier otra cosa es la minusvaloración de una de las lenguas que son entendidas en nuestro estatuto de autonomía como propias y no como
cooficiales, como serían el gallego, el catalán o el euskera, mientras que el castellano es exactamente cooficial, pero en ningún caso (como mínimo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña o del País Valenciano) dejan de ser entendidas como propias.
Para tener un estatus de igualdad -repito- tienen que tener la posibilidad de ser utilizadas en cualquiera de los ámbitos. Es más, no debe provocar ninguna indefensión ni ninguna incerteza jurídica, cuando en la Llei d'ús i ensenyament del
valencià, hecha y aprobada con sus votos también, los votos del Partido Popular en el año 1983, ya se valida en los artículos 13 y 14 de esta Ley de uso y enseñanza del valenciano, la posibilidad de que el valenciano y el catalán sean utilizados
también en los registros Mercantil y de la Propiedad. Nos parece que es aprobar con rango de proposición de ley estatal lo que en algunas partes, como por ejemplo en la Comunidad Autónoma Valenciana, ya es ley desde el año 1983. Por tanto,
votaremos favorablemente la proposición del BNG.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para turno de toma de posición por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Quisiera anunciar a la Comisión que mi grupo desea votar la iniciativa del BNG tal como ha sido presentada y, por tanto, aunque evidentemente el propietario de la iniciativa es el proponente, debo de manifestarle
que en caso de que se aceptara la enmienda que ha propuesto el Grupo Popular, mi grupo se vería en la obligación de no votar esta iniciativa.
Yo comparto también las dudas que han tenido otros portavoces respecto a la necesidad o a la oportunidad
de estar debatiendo este tema ahora aquí, no sólo por el perverso efecto reglamentario, que es cierto y lo ha destacado el señor Jané, de que decaen las proposiciones de ley de las comunidades autónomas cuando han sido tomadas en
consideración y, en cambio, las aún no tomadas en consideración no decaen -ciertamente, creo que en el futuro reglamento de que se va a dotar esta Cámara alguna solución más racional habrá que dar a la cuestión-, sino también por el hecho de que
todos nosotros, reunidos en Pleno de la casa el día 5 de octubre, aprobamos una proposición no de ley amplia sobre usos lingüísticos, cuyo primer punto establecía que se encomendaba al Gobierno la realización de todas las modificaciones necesarias,
tanto en derecho público como en derecho privado, para hacer realidad esta cooficialidad. Podríamos entender, por tanto, que lo que hoy debatimos aquí está ya englobado en aquello que obtuvo el apoyo amplísimo del Pleno de la casa y que sería
redundante tratarlo hoy. En cualquier caso, el argumento de la redundancia en política no me parece excesivamente adecuado, puede serlo en derecho pero no en política, porque es bueno que continuemos diciendo cuál es la realidad en la práctica del
uso de las lenguas, mala realidad desde el punto de vista de la cooficialidad, y cuál es el diseño constitucional de la cooficialidad lingüística al que no hemos llegado aún a dar completamente cumplimiento.
La cooficialidad lingüística es algo reconocido en la Constitución, que tienen la posibilidad de desarrollar en cuanto al uso de la lengua, a la regulación legal del uso de la lengua cooficial propia, cada una de las comunidades autónomas,
como se ha hecho, en el caso de Cataluña, con la Ley de uso y normalización de la lengua catalana. Esta regulación de las comunidades autónomas supone un prius, un mínimo de cooficialidad que, en uso de sus propias atribuciones, cada comunidad
establece. Pero es cierto que, existiendo como existen competencias exclusivas estatales que se extienden territorialmente a todas las comunidades autónomas, alguna de estas competencias viene afectada por este prius autonómico en la legislación.
Y éste es el caso en el que nos encontramos hoy ahora.
Estamos ante un mínimo de cooficialidad establecido en las leyes autonómicas sobre uso de las lenguas, y ante la necesidad de que el Estado, en uso de sus competencias propias, desarrolle
reglamentariamente normas propias como las que regulan los registros mercantiles y de la propiedad, para adecuarse a este prius establecido en uso de su autonomía por las comunidades con lengua oficial propia.
Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que hay que hacerlo. Por eso votamos a favor el 5 de octubre en el Pleno de la Cámara, por eso votamos a favor la toma en consideración en la legislatura anterior de la proposición de ley del
Parlamento de Cataluña sobre la materia, por eso el ministro de Justicia en su primera comparecencia ante esta Comisión manifestó su intención de estudiar y resolver el problema que destaca la exposición de motivos y la introducción verbal que ha
hecho el representante del BNG sobre la materia, y creemos que puede resolverse y que ha de resolverse por las vías que se establecen en la proposición no de ley que vamos a votar favorablemente, repito, siempre que se mantenga en sus términos
originales.
No podemos dejar de destacar en la Comisión de Justicia la importancia nuclear que la fe pública hipotecaria y la fe pública mercantil tienen en el tráfico jurídico. Mal servicio haríamos a la introducción de la realidad de la cooficialidad
constitucional en el mundo del derecho si nos limitáramos, con exiguos resultados, todo hay que decirlo, a referirnos al ámbito judicial. Existe antes del judicial, y muchas veces sin llegar luego al judicial, todo un ámbito de derecho preventivo,
de seguridad jurídica, de garantías del tráfico, en el que la existencia de las lenguas distintas al castellano cooficiales en el Estado no tiene en absoluto un reflejo adecuado y debe de tenerlo. Y desde luego nuestro grupo no va a admitir jamás
que el ejercicio del derecho al uso de lenguas cooficiales distintas al castellano sea algo que atente a la seguridad jurídica. Es imposible que lo admitamos. ¿O atenta a la seguridad jurídica, por ejemplo, la publicación de las normas y
disposiciones de carácter general en el Boletín Oficial del Estado en las distintas lenguas oficiales? Si no admitimos esto, que sería una barbaridad, tampoco vamos a admitir que el ejercicio real, efectivo, que es el que nos interesa, del uso a la
multiplicidad lingüística de nuestro país atente a la seguridad jurídica.
Con el instrumento que vamos a aprobar hoy damos la posibilidad de que se establezca técnicamente cómo puede realizarse en el ámbito concreto del Registro Mercantil y del Registro de la Propiedad, con todas las garantías respecto a la
traducción, como existen en la publicación en el BOE y como existen ahora cuando se traducen piezas que han de tener efectos en un ámbito distinto al de la comunidad que usa la misma lengua cooficial. Por ello, porque no afecta en absoluto en forma
negativa a ningún derecho de los ciudadanos ni a ningún interés jurídicamente protegible del tráfico jurídico, y en cambio abre las puertas al pleno ejercicio del derecho a expresarse en la lengua cooficial que cada uno elija y a ser atendido en
esta lengua, vamos -repito- a votar favorablemente la proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizados los turnos de toma de posición, antes de pasar al siguiente punto del orden del día, para el trámite de admisión o rechazo de la enmienda, el proponente tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Muy brevemente, señor presidente. Solamente decir que no voy a aceptar la enmienda y dar una pequeña explicación.
Creo que en el ámbito de la Administración de Justicia, en toda su amplitud, cuando hay una
cooficialidad de lenguas hay que dejar el problema a la exigencia individual
de las personas que ejercen un derecho. Y es una contradicción extrema que el documento de la compraventa de un piso en lengua gallega lo entregue al Registro en lengua gallega y que después en el asiento violen mi voluntad, y además
pagándolo yo. Eso es intolerable. Aquí lo que se pide es que prevalezca la voluntad individual de quien paga y de quien ejerce un derecho. Por lo tanto, el asiento debe de coincidir con el documento.
Si después se quiere, precisamente para uso
en el exterior de un territorio determinado con esa lengua, hacer un documento en lengua castellana a petición de parte, que se haga, pero lo que está claro es que el documento originario debe de prevalecer sobre otro cualquiera. Y esto es lo que
pedimos. Lo que no se entiende muy bien es que se nos diga que la cuestión de la lengua debe ser ejercida a nivel individual y que cuando tratamos de hacer un modelo que responde a ese criterio se nos diga entonces que no vale. Es decir, que lo
que sería la exigencia libremente aceptada de las personas individualmente se quiere cercenar por la vía de la presencia omnímoda del español, y yo creo que esto no es de recibo. Por ese motivo no puedo aceptar la enmienda del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Entendemos, por tanto, que no se admite, que rechaza esa enmienda, a los efectos posteriores reglamentarios. Señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Sólo quiero decir que nosotros hemos hecho una enmienda constructiva, a nuestro juicio. Se ha hecho referencia a la intervención del ministro de Justicia, y le tengo que decir al señor Pedret que los términos
en los que el señor ministro de Justicia de su Gobierno se refirió a esta cuestión tienen más que ver con nuestra enmienda que con la iniciativa, pero en todo caso ya S.S. lo juzgará.
Nosotros desde luego creemos que el acuerdo es naturalmente
concurrencia de criterios. Por lo tanto, anuncio que nos abstendremos en esta votación, porque desde luego lo que no vamos a hacer es ningún trágala de los términos exactos de la voluntad de nadie.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Evidentemente, por eso estaba insistiéndole en que concluyese, porque puede abrir inmediatamente un turno y, en fin, con la brevedad mayor, y dadas las circunstancias de la intervención, digamos, en
cierto sentido extemporánea del señor Padilla, muy brevemente, señor...
El señor PEDRET I GRENZNER: Con toda la brevedad, señor presidente, le agradezco que me dé la palabra, lo cierto es que se ha reabierto un turno en las demás intervenciones, y además con alusión directa al portavoz del Grupo Socialista,
cuando la primera alusión al Ministerio ha sido de otro grupo, que no ha sido aludido ahora, pero al que, si quiere, le aludo para que pueda hablar.
Pero lo cierto es que mantengo exactamente lo dicho en mi intervención: la cooficialidad significa una cosa, la cooficialidad no significa que siempre exista en una lengua y que sólo potestativamente, eventualmente, si acaso, si en alguna
ocasión, si se cumplen todos los requisitos, exista la presencia de la otra lengua.
Por ello, señorías, manteniendo exactamente lo dicho con anterioridad, me ratifico en la votación favorable y coherente con la política del Ministerio de Justicia y del Gobierno Socialista a favor de la proposición del BNG.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Gracias, señor Pedret, por este sui géneris turno de alusiones y turno específico suscitado.
Como ya se anticipó al comienzo de la sesión, se procederá a la votación de la proposición al finalizar el debate de todos los puntos del orden del día.
- RELATIVA AL CAMBIO DE APELLIDO EN EL REGISTRO CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000012.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Continuando con este arduo orden del día, pasamos al segundo punto, que es la proposición no de ley relativa al cambio de apellido en el Registro Civil, también a iniciativa del Grupo Parlamentario
Mixto.
Señor Rodríguez, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a ver ahora un caso, creo que más alarmante y también más sangrante porque parece más elemental y, sin embargo, habla de las obstrucciones, de las dificultades que tienen las personas que voluntariamente
quieren ejercer los derechos amparados por las leyes. Vamos a hablar de la lenta batalla por la normalización lingüística, incluso por el derecho al propio nombre o al nombre que uno prefiere, por el respeto a la identificación con los antepasados,
incluso diríamos muchas veces que por la batalla contra la deformación y la suplantación.
Es curioso que cuando se estableció el régimen democrático, en 1977, con muy buen criterio el Congreso de los Diputados aprobó una ley el 4 de enero de 1977, por la que se contemplaba la posibilidad de que los nombres pudieran consignarse en
alguna de las lenguas españolas, decían entonces, utilizando esa terminología. Y así figura en el artículo 1 de esa ley. Pero da la casualidad que el artículo 2 planteaba el problema como si fuera del franquismo y como si fuera un problema que
había que superar de una vez por todas en atención a que la problemática lingüística era estática y, por lo tanto, con tal de tomar una decisión en un tiempo histórico determinado desaparecía el problema.
En el artículo 2 de la misma ley se establecía que el nombre propio impuesto con anterioridad a la presente ley se podría cambiar precisamente desde 1977. No tenían en cuenta que así dejaban prácticamente sin la posibilidad de cambiar el
nombre a la lengua propia a aquellos que nacían después de 1977. Pero es que después de 1977 los problemas seguían existiendo, porque la cuestión lingüística no se puede reducir a una visión simplista, estática, y menos pensar que era un problema
exclusivo de la dictadura franquista, como ya dije.
Cuando a finales de 1997 se intentó por nuestra parte modificar los defectos de la ley de 1977, hubo un debate, por cierto bastante interesante y bastante curioso, respecto de la opacidad de la legalidad lingüística en este aspecto.
Afortunadamente salió adelante nuestra posición y después este debate fue utilizado en ponencia para que se pudiesen hacer más reformas en la Ley del Registro Civil, no circunscribiéndolas al caso de los nombres, sino utilizando la ocasión para
poder regularizar los apellidos gallegos, vascos y catalanes cuando la forma inscrita no se adecua a la gramática y fonética de la lengua cooficial correspondiente, de forma que se pudiese hacer a través de una simple petición al encargado del
Registro. Así salió la Ley 40/1999, desarrollada por el Decreto 193/2000, de 11 de febrero, que modificó el artículo 198 del Reglamento del Registro Civil, precisamente haciendo mucho hincapié en que la simple declaración valía para esta
regularización de la antroponimia, que era algo mucho más importante que los nombres y que tenía mucho que ver con la especificidad de cada país.
Por lo tanto, los nombres parecía que era un tema muy fácil, pero los antropónimos, como eso
identificaba, y en el caso gallego de forma contundente, el problema ya era más difícil. Pero, bien, salió la ley, creo que correctamente y simplificando los trámites administrativos que había hasta entonces, que solamente consideraban estos
cambios como un cambio de apellido, pero nunca realmente como una adecuación a la forma originaria.
Da la casualidad de que cuando se aprueba la ley, inmediatamente actúa la Dirección General de los Registros y del Notariado para que se pudiesen aplicar tanto el artículo 54, de los nombres, como el artículo 55, de los apellidos. Y si bien
en el caso de los nombres no hubo ningún tipo de problemas, en el caso de los apellidos realmente se hacía una interpretación muy restrictiva, de tal forma que gran parte de las personas que querían cambiar sus antropónimos se veían desplazadas
prácticamente a tener que utilizar el artículo 57 de la Ley del Registro Civil y los artículos 205 y 206 del reglamento; es decir, prácticamente igual que en el régimen anterior. Se restauraba, por lo tanto, un régimen anterior a la aprobación de
la Ley 40/1999. Creo que ésa es una forma habitual de actuación de la Administración: cuando ve que se abre un camino positivo, entonces empieza a rebobinar y a dificultarles a los ciudadanos que quieren expresa y voluntariamente hacer los
cambios, porque ésta no es una ley para generalizar, no es una ley de obligado cumplimiento. Y eso indica cómo realmente la cuestión lingüística, en el fondo, por parte de la Administración central no se acepta con todas las consecuencias. Es más,
aprobada ya la ley, resulta que se seguía empleando nada menos que la instrucción de 11 de diciembre de 1998, que se elaborara en relación con la Ley catalana de 1/1998 para impedir aplicar la voluntad expresa del legislador en el artículo 55 de la
Ley de Registro Civil, es decir, el procedimiento abreviado a petición del interesado. O sea que incluso se utiliza una instrucción en referencia con una ley autonómica anterior para poder boicotear la ley del Estado posterior. ¿Cuál es la
voluntad de quien gobierna? Pues ya se ve cuál es: nula.
Pero yo les quiero poner dos ejemplos para acabar y que vean las monstruosidades que se cometen desde el aparato de justicia. Está el caso de un señor que se llama nada menos que Vilameá Ponte, que se llamaba Villameá Puente, y resulta que
el Registro Civil de Ourense utiliza la instrucción de la Dirección General de Registros en relación con la Ley catalana de 1998 para decir que realmente en estos casos no se trata de apellidos gallegos, sino que viene a dar la idea de que
pertenecen al acervo común de España. Es decir, que la idea es que el español es la lengua troncal y los demás son derivados que se pueden, en todo caso, galleguizar y catalanizar, y que no está dispuesto a dejar galleguizar y catalanizar lo que no
es gallego ni catalán. Y en este caso dice nada menos que Villameá no es gallego. O sea, ¡hay que tener valor! Los únicos topónimos que existen en todo el Estado español de Vilameá son en Galicia; en español tendría que ser Villamediana. Esto lo
entiende cualquiera, pero el juez no lo entiende. El pobre muchacho tiene que ir a autoridades científicas e incluso al artículo 57.
Pero lo más grave es ver cómo el año que nos ocupa, 2004, una juez de Caldas de Reis se atreve a escribir esto en un documento, negándole a un muchacho que cambie su apellido, que se lee Janeiro, por Xaneiro.
Entonces el argumento es
delirante, vuelve a utilizar otra vez el criterio de que hay que ir al artículo 157, desviando como si fuera un cambio de apellido, y argumenta: en el presente caso -y hasta se inventa un gabinete de asesoramiento lingüístico- ha informado en el
sentido de que el apellido Xaneiro es el resultado gallego del nombre latino Ianuarius, y que su forma en castellano sería Enero, y no Janeiro. Es evidente, por tanto, que Janeiro no resulta ser la transformación al castellano del apellido gallego
Xaneiro, y es por ello por lo que no procede autorizar la sustitución interesada por el solicitante, por no ser Janeiro un apellido propiamente gallego que haya de ser adaptado a la grafía gallega, ello sin perjuicio del derecho del interesado de
acudir a un expediente de cambio de apellidos. Bueno, hasta el más analfabeto sabe en Galicia que Xaneiro es gallego y que se españolizó nada más que gráfica y fonológicamente, para que hubiese que decir Janeiro, no tradujeron a Enero del español.
Estas cosas están en documentos judiciales, señores. Esto es la barbarie, después de una ley taxativa y que aquí legislamos con claridad para que hubiese una protección y se hiciese por un procedimiento abreviado. En definitiva, lo que
pido en esta proposición no de ley es que se respete el artículo 55 de la Ley de Registro Civil y que se haga todo por el procedimiento abreviado, a no ser en casos de dudas notorias, que se pida un certificado de una autoridad académica oficial,
pero no que se cometan estas barbaridades, porque no estamos hablando de traducciones, estamos hablando de vuelta a las formas originarias que nunca debieron de ser deturpadas y rectificadas. Lo hizo un cura en el bautismo, lo hizo un señor en el
servicio militar, lo hizo un notario cuando le dio la gana, un juez caprichosamente. Y la prueba está en que el muchacho que se llamaba Villameá acabó consiguiendo los documentos de un abuelo en el servicio militar donde figuraba un Vilameá, en
1905.
Lo que pedimos es que por lo menos desde aquí podamos dar un toque de atención a la Dirección General de Registro y del Notariado para que vuelva a respetar el artículo 55 y que, si hay duda, puedan exigir, eso sí, un certificado de una
institución oficial; que digan ellos la que quieran, la universidad, una real academia, la que quieran. Pero que no boicoteen a la gente, además con argumentos que realmente hacen enrojecer y avergüenzan a cualquiera.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Gracias, señor Rodríguez, por su apasionada defensa.
Existe una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra la señora Couto.
La señora COUTO RIVAS: No estamos hablando de la legitimación de adaptar los apellidos a formas genuinas de cualquier lengua española, eso es indiscutible. La cuestión que estamos tratando, a nuestro entender, es cómo se lleva
procedimentalmente esa legitimación a la práctica.
Permítanme ustedes que haga una pequeña ambientación procesal. En nuestro ordenamiento jurídico hay dos vías para hacer efectiva esa legitimación: la vía del artículo 55 de la Ley 40/1999, del Registro Civil en cuya redacción se dice que
el encargado del registro, a petición del interesado o de un representante legal, procederá a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita no se adecue a la gramática y fonética de la lengua española. Este artículo 55 ha sido
desarrollado por el artículo 198 del reglamento del Registro Civil, que establece que, cuando no fuere notorio, deberá acreditarse por los medios oportunos que el apellido pertenece a una lengua vernácula y su grafía exacta en ese idioma. Por
aplicación de esta norma, un apellido gallego podrá inscribirse de acuerdo con la ortografía gallega, pero la previsión no alcanza a traducir al gallego apellidos castellanos. Esto nos da pie a la segunda vía, que es que esta traducción requiere la
tramitación de un expediente, competencia del Ministerio de Justicia, conforme al artículo 57 de la Ley del Registro Civil y artículos 205 y 206 del reglamento.
Dentro de los numerosos expedientes regulados por la legislación del Registro Civil, la
regla general es que los mismos se resuelven por el encargado del Registro Civil, existiendo excepciones a esta regla general que vienen dadas por la importancia de alguno de los expedientes. Un ejemplo de esta excepcionalidad es la resolución del
expediente de cambio de nombre y apellido, competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado por delegación del Ministerio de Justicia.
Entendemos que, por razones de seguridad jurídica, debe mantenerse el expediente de
traducción, competencia del Ministerio de Justicia. En los expedientes tramitados por la vía del artículo 57 de la Ley del Registro Civil, su incoación es comunicada a las personas interesadas en la resolución del mismo, es decir, a los
ascendientes, descendientes y colaterales del promovedor, si los hubiere, con intervención del ministerio fiscal, requisitos que no se dan cuando se trata de una simple comparecencia ante el encargado del Registro Civil, como ocurre en la vía
procedimental del artículo 55 de la Ley del Registro Civil.
Sí que hay que aclarar que, más que ante una cuestión de procedimiento, estamos ante un problema de unificación de criterios para actuar en la tramitación de los mismos. Es cierto, y permítanme que me ciña a la Comunidad Autónoma gallega,
que es la que mejor conozco, que los registros civiles únicos (en Galicia sólo existe uno) y los registros civiles de las grandes ciudades actúan con diversidad de criterios. Y hago esta referencia a los registros civiles grandes porque al mismo
tiempo éstos suelen actuar como distribuidores de pautas de actuación al ser consultados por los pequeños registros civiles en la tramitación de expedientes, lo que provoca una desigualdad a la hora de resolver cuestiones iguales, dependiendo del
Registro Civil al que acudan los ciudadanos. Por tanto, estamos ante una cuestión de unificar criterios de actuación y no de modificar los procedimientos legales. Su mantenimiento es necesario por razones de seguridad jurídica.
Nosotros, por este motivo de unificación de criterios, hemos presentado una enmienda, que no ha sido aceptada por el grupo proponente, en la que pedimos que se inste al Gobierno a que, a través de la Dirección General de Registros y del
Notariado, se den las instrucciones que se estimen oportunas para que el encargado del Registro Civil, a petición del interesado, proceda exclusivamente a regularizar ortográficamente los apellidos cuando la forma inscrita en el registro no se
ajuste a la gramática y fonética de la lengua española correspondiente, acordando la instrucción del correspondiente expediente registral si la pretensión del interesado es su traducción a otra lengua oficial del territorio.
Sabemos que estamos ante expedientes y procedimientos que requieren voluntariamente los ciudadanos, sabemos que el número de afectados es pequeño, pero
también sabemos que hay una gran diversidad en la forma de administrar justicia. Por esos motivos dejamos la puerta abierta a un futuro estudio para poder encontrar una solución a esta diversidad de criterios.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizado el trámite de la defensa de enmiendas, para toma de posición de los distintos grupos parlamentarios presentes, tiene la palabra el representante de Esquerra Republicana de Catalunya,
señor Cerdá.
El señor CERDÁ I ARGENT: Me parece que, en todos los territorios donde hay una lengua propia diferente del castellano, más o menos tenemos la misma problemática. Por ejemplo el apellido Jané es una adecuación hecha por un funcionario que
desconocía el apellido Jané. Originariamente era Jener, la pronunciación era Jané y un funcionario en un momento determinado lo apuntó como Jané, por su pronunciación, y así ha quedado en la actualidad.
Si todo eso tiene que depender de alguien que en un momento determinado, por el desconocimiento de una lengua, hizo un registro y no aseguró ni dio ninguna seguridad jurídica, bien está que la propuesta que hace el compañero del Bloque se
haga al revés. Incluso yo iría mucho más lejos, si hay gente, con apellidos castellanos, que tiene la voluntad, porque estamos hablando siempre de una voluntad personal, de poner su apellido con las grafías de la lengua propia del territorio donde
vive, a nosotros nos parece que es una petición adecuada, siempre que esté debidamente documentada y debidamente asentada jurídicamente. Por tanto, votaremos favorablemente la proposición del Bloque Nacionalista Gallego.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Estando ahora presente la señora Uría, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra para fijar posición. Estamos, señora Uría, en el segundo punto del orden del día.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Estoy orientada, presidente, gracias. Le agradezco además que sepa comprender esta contribución que he hecho al desorden.
Quiero comenzar mi intervención felicitando nuevamente al Bloque Nacionalista Gallego por haber traído a esta Comisión la cuestión que hoy se suscita y que en tantas ocasiones he tenido ocasión de debatir con el propio señor Rodríguez a lo
largo de las dos legislaturas anteriores, en las que hemos coincido. Se suscitaba una cuestión que finalmente tuvo algún arreglo en la Ley 40/1999. Era que, respecto de la normativa de la Ley del Registro Civil y del propio reglamento, tan
parcheados ambos a lo largo de su vigencia, se suscitó la duda, que hubo de ser resuelta con un excelente informe de los servicios jurídicos de la Cámara, y recuerdo al que era letrado, Alberto Dorrego. Dudábamos todos, fundadamente, creo yo, de si
un determinado apartado de un precepto referido a la inscripción de los nombres y los apellidos estaba expresamente derogado o continuaba vigente. Lo digo a los efectos de que, por seguridad jurídica, vayamos pensando en adecuar la normativa del
Registro, para que no se susciten cuestiones como las que plantea el señor Rodríguez con esta iniciativa.
Cierto es, ya lo he indicado, que hicimos una modificación con la Ley 40/1999; posteriormente el Real Decreto 193/2000 modificó también lo
correspondiente al reglamento del Registro Civil. Yo misma he sido usuaria de esta posibilidad reglamentaria, puesto que comencé mi vida como parlamentaria en estas Cortes Generales apellidándome Echebarría, con c y con h, y en este momento me
apellido con tx. No tuve más dificultad, puesto que esto depende de la voluntad muchas veces de quien esté detrás del mostrador, que la de comparecer ante el Registro Civil de Bilbao, donde una amable funcionaria procedió a la modificación con el
simple dato de la página registral en la que estaba yo inscrita.
Es cierto que en materia de registros y de inscripciones registrales se puede producir la circunstancia que el señor Rodríguez señala y en la que tiene mucho que ver quién da las órdenes desde el Ejecutivo. El sistema de fuentes, lo he
dicho con ironía en alguna ocasión en esta Cámara, en materia registral es el inverso. No es primero la ley y luego las restantes fuentes del ordenamiento, hacia abajo, sino que en muchas ocasiones las instrucciones y las circulares es a lo que
hace caso quien está al frente del Registro y, por mucho que la letra de la Ley permita la interpretación o lo que es la realidad respecto de la posibilidad de inscripción y alteración de la grafía de los nombres, si una circular posterior o lo que
le dicen a esa funcionaria concreta que como instrucción es la que debe regir, aun siendo anterior a la aprobación de la ley, como es el caso que el señor Rodríguez nos manifestaba hoy, da numerosos problemas a los usuarios de la norma y suscita que
a mi grupo sí le parezca que es absolutamente oportuno traer a la Cámara hoy esta iniciativa que propone el señor Rodríguez, porque no es un llamamiento al normador, sino que en este caso concreto el llamamiento ha de hacerse al Ejecutivo. Y lo he
manifestado a propósito de la iniciativa anterior, la Dirección General de Registros y del Notariado en las pasadas legislaturas no se ha distinguido precisamente por su sensibilidad especial hacia la utilización de lenguas distintas del castellano.
Quisiera aprovechar también para hacer una manifestación en relación con la afirmación hecha en el punto anterior por el representante del Grupo Socialista; coincido plenamente con él. Ciertamente es competencia de las comunidades
autónomas y así lo han efectuado todas las que tienen lengua distinta del castellano como oficial, realizar las leyes de normalización lingüística, pero tampoco se le escapará a él, como ciudadano catalán que es, las dificultades que existen en
hacer valer estas leyes de normalización en aquellos
sectores o relaciones en los que el derecho vigente en lo material no es el derecho propio de las comunidades autónomas, sino materias de competencia estatal, como es el caso del que ahora estamos hablando. La inscripción registral es
materia en la que resulta dificultoso hacer entender que, tratándose de normativa exclusiva del Estado, pueda tener que ver la normativa de normalización lingüística. El ordenamiento de un Estado compuesto no es sencillo de aplicar, no siempre
resulta fácil y por eso no están de más las llamadas que contiene la proposición no de ley que hoy nos trae el Bloque Nacionalista Gallego, que, por supuesto, va a ser objeto de aprobación por parte del grupo al que represento.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para turno de toma de posiciones, el señor representante del Grupo Popular don Juan Manuel Albendea tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señorías, la presente proposición no de ley no se entiende si no es partiendo de un supuesto, y es que todos los encargados del Registro Civil de España no sólo han de saber los cuatro idiomas oficiales reconocidos
en nuestra legislación, sino que además han de tener conocimientos de heráldica, de genealogía, de etimología, de filología, etcétera.
El problema que plantea la proposición no de ley es que, en muchas ocasiones, a los empleados del registro no les parece que la sustitución del nombre propio, expresado en castellano, es notoriamente (y subrayo lo de notoriamente)
equivalente al que se pretende modificar en otra de las lenguas españolas. Y si no existe esa notoriedad, o el encargado del Registro no la aprecia, la Ley del Registro Civil y su reglamento le obliga a que acredite la identidad por los medios
oportunos. Y exactamente eso es lo que dice el artículo 192 del reglamento del Registro Civil. Lo dice este artículo para la sustitución y el 198, para la regularización ortográfica de los apellidos, para adecuarlos a la gramática y la fonética de
la lengua española correspondiente.
Y digo yo, señor Rodríguez, que alguna vez se habrá dado el caso inverso al que usted plantea. Un nombre gallego que se quiere castellanizar en el registro. Yo tenía esto escrito, pero hace un momento me ha dado usted la pista con el
ejemplo que ha puesto de Xaneiro y Janeiro. Es el caso de Jesulín de Ubrique, que se llama Jesús Janeiro y vive en Ubrique y toda su familia es de Cádiz de toda la vida. (El señor Rodríguez Sánchez: Es que son gallegos.) Es gallego de origen y se
ha castellanizado. Por eso le digo que no se trata solamente de pasar del castellano a otros idiomas españoles. Y yo pregunto: ¿cuáles son los medios oportunos? El reglamento no los especifica. Serán aquellos que hagan que al encargado del
registro le resulte notorio que está en presencia del mismo apellido pero expresado en otro idioma. En la instrucción de 11 de diciembre de 1998, de la Dirección General de Registros y del Notariado, que tanto denosta el señor Rodríguez y que se
cita en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, se habla de que el decreto de la Generalitat de Catalunya 208/1981, de 30 de julio, introdujo la posibilidad, como medio de prueba de la corrección ortográfica de los apellidos
catalanes, de una certificación del Instituto de Estudios Catalanes o de la Dirección General de Política Lingüística. Instituciones parecidas se podrían buscar en otras áreas geográficas, en otras autonomías, para constatar la identidad de
apellidos en una lengua y en otra. En la instrucción citada de la Dirección General de Registros y del Notariado se ponen algunos ejemplos de apellidos en castellano y su traducción catalana. Por ejemplo: Ros es equivalente a Rubio; Ferrandis es
equivalente a Fernández, Sanchis es equivalente a Sánchez. ¿No es lógico que a algún encargado del Registro se le susciten dudas de si se trata de los mismos apellidos? ¿Es que cuando se suscitan esas dudas en el cambio de nombre no sufre la
seguridad jurídica? Es por tanto natural que la dirección competente de la Administración tome medidas que la preserven. Y eso es lo que está haciendo la Dirección General de Registros y del Notariado.
Un breve comentario sobre la enmienda socialista, que me parece que es una enmienda en tono liberal conservador. Para la sustitución de nombres dice que hace falta expediente, y para la regularización ortográfica, no. Es obvio que en los
dos supuestos, y lo dice el reglamento de la Ley del Registro Civil, hará falta expediente.
Nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley y no aceptamos la enmienda socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Señor Rodríguez, tiene la palabra para manifestarse sobre el trámite de admisión o rechazo de la enmienda.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No podemos aceptar la enmienda tal como está formulada, porque sería consagrar el statu quo actual, que ya ven cuántos problemas crea.
Quiero también decir que si Xaneiro o Janeiro no son apellidos de origen gallego, que venga Dios y lo vea. En todo caso cuando uno dice Janeiro es una deformación del originario. Y vuelvo a repetir que queda a la libre voluntad, al
albedrío personal de los afectados hacer los cambios o no.
Naturalmente Jesulín de Ubrique no va a hacer ese cambio, porque se siente muy andaluz y muy español, y me parece correcto, aunque sus orígenes sean gallegos. Ahora, un señor gallego, que
vive en Galicia, lo normal es que quiera ir a la forma originaria y no a un castrapo inservible, que no vale para nada y que es indicativo de una deformación en el país en que vivimos. Y nada más, es así de simple.
Yo ya veo que esto tiene un trasfondo muy poderoso y es el trasfondo de que el español marca a todos los demás, pero los demás no pueden restaurarse en su
forma originaria. Es una teoría de la conquista y colonización, así de claro, y lo debe tener claro también todo el mundo. Entonces todos sabemos a qué atenernos y qué reglas de juego se están imponiendo en un tema tan elemental, que
vuelvo a repetir que es de opción individual.
- RELATIVA AL DERECHO DE LOS RECIÉN NACIDOS A UNA CORRECTA E INEQUÍVOCA IDENTIFICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000100.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizado este debate, procede continuar el orden del día, que ahora sí sufre la modificación de que en tercer lugar vamos a ver la proposición no de ley que figura en el orden del día con el
número 4, relativa al derecho de los recién nacidos a una correcta e inequívoca identificación. Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Señorías, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular en esta Comisión de Justicia no es nueva, ya tiene de antecedentes tanto en el Senado como en el Congreso, viene ya de antiguo.
Esta proposición no de ley, que espero que cuente, aunque ya algunos grupos parlamentarios me han avanzado cuál va a ser su posición, con el apoyo de todas SS.SS., es una propuesta con la que ya concurrimos nosotros a las pasadas elecciones.
El motivo fundamental que nos mueve, después de haber escuchado a todas las partes interesadas en este tema, es la protección de un derecho básico del bebé y de sus familiares y que viene ya recogido tanto en textos nacionales como en textos
internacionales vigentes. Tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, de Nueva York, de 1989, donde a través de una resolución ratificada por España, el artículo 7.1, dice que el niño será registrado inmediatamente después de su nacimiento y
tendrá derecho desde ese momento a un nombre, y el artículo 8.1 ordena que los Estados miembros respeten el derecho del niño y preservar su identidad. También en la IX Conferencia de la Unión Interparlamentaria, y a propuesta de la delegación
española, se aprobó una resolución para adoptar medidas precisas para establecer y poner en vigor el derecho de cada niño a su propia identidad y a ser identificado por los medios científicos apropiados existentes en el momento de su nacimiento;
todo ello para evitar la pérdida y la confusión que siempre causa un desamparo. En la legislación autonómica, en materia de identificación de neonatos, también recogido y yo tengo que destacar la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los
derechos de infancia y adolescencia, aprobada por un gobierno socialista, aunque fue aprobada por unanimidad por todos los grupos en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Su artículo 11 dice que todos los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad
Autónoma de Madrid tienen derecho a ser correctamente identificados en el momento de su nacimiento, de acuerdo con los métodos más avanzados y precisos.
En una sociedad como la de hoy, con los medios y métodos de información tan sofisticados que tenemos, no puede ni debe darse caso alguno de intercambio de bebés, no es admisible. Pasó recientemente, en el año 2002, cuando hubo un
intercambio de bebés en un hospital de Granada.
Tampoco puede darse un bebé inscrito en cinco registros distintos; esto, hoy, en algunas comunidades autónomas puede pasar, que tu hijo sea registrado en cinco registros distintos, puesto que los
requisitos que se exigen son simplemente que el padre o la madre, o quien sea, vaya con los datos y le inscriba. También se han dado casos, y me comentaban uno esta mañana, de una persona que al cabo del tiempo se da cuenta de que no está inscrita
en ningún registro, porque a sus padres se les olvidó inscribirla. La ley ya está, lo que tenemos es que aplicarla. Me acaba de llegar a mí esta mañana la noticia de que la Unión Europea aprueba incorporar a los pasaportes un chip con la huella
dactilar. Dice esta nota de prensa que la Unión Europea ha decidido poner en marcha una nueva medida para mejorar la seguridad de los pasaportes comunitarios. Al acuerdo alcanzado en junio para incorporar una fotografía digital se sumó ayer la
decisión de aplicar un chip con información de la huella dactilar. Con estos dos elementos biométricos los pasaportes europeos serán los más seguros y los más difíciles de falsificar. ¿Por qué no llevar esto también al Registro Civil a la hora de
identificar a los bebés? No creemos que afecta a las comunidades autónomas, porque nosotros ahí no vamos a entrar. Hay también una orden del Ministerio de Justicia, de 10 de noviembre de 1999, en la que se decía que había que recoger la huella de
la madre y del recién nacido en la declaración de nacimiento para el Registro Civil; sin embargo, en la actualidad nos estamos encontrando, como he dicho anteriormente, con que al recién nacido, en los centros hospitalarios, se les pone una
pulserita sin una identidad fiable que pueda evitar que haya un intercambio de bebés. En otros casos, se toma la huella plantar o una huella dactilar con tinta. Y, como decimos en nuestra exposición de motivos, las huellas humanas no varían con el
paso del tiempo, pero la impresión con tinta de un recién nacido, dado el poco relieve con el que cuenta, no deja una buena impresión en el papel para que se pueda estudiar sin cometer errores. Digo más: tenemos ya la ley del año 2001, del nuevo
DNI electrónico. ¿Por qué no llevarlo también con anterioridad, desde el momento en que nace el bebé? En el siglo XXI en el que estamos no podemos tener los métodos tan arcaicos que tenemos. Y ése es el motivo principal de esta proposición no de
ley.
Esta situación crea muchos problemas que son evitables, por lo menos mi grupo parlamentario así lo considera, a través del reconocimiento como efecto jurídico de determinadas comprobaciones o de datos de carácter científico que lleven a
establecer una conexión segura y necesaria entre la persona en cuestión y los datos que obran en el Registro Civil. Por todo ello, y como he dicho al principio de mi intervención, siempre, siempre, actuando en interés de los derechos del bebé y de
su familia, sometemos a debate en esta Comisión, esta proposición no de ley que consta de cuatro puntos y en la que proponemos crear un nuevo registro civil electrónico para el recién nacido, disponer de un libro de familia con datos biométricos que
permita identificar a los bebés y a los menores de cualquier edad ante cualquier circunstancia como inmigración ilegal, doble filiación (sobre todo con la inmigración ilegal, un tema muy presente en la sociedad de nuestros días), cambio de
identidad, múltiples registros, robos de bebés o adopciones ilegales. Al mismo tiempo proponemos utilizar para ello las más modernas y actuales técnicas de escaneado dactilar y los medios telemáticos disponibles para conectar las maternidades con
los registros civiles, al igual que se recogía ya en esa ley a la que he hecho mención anteriormente en la Comunidad Autónoma de Madrid y, como he dicho, aprobada por un gobierno socialista. Y, como último punto, sugerimos utilizar los fondos de
ayuda al desarrollo para implementar idénticas medidas en países en vías de desarrollo para evitar el tráfico ilegal de recién nacidos.
Yo creo que la proposición no de ley que hoy presentamos no supone un esfuerzo desde el punto de vista económico para el Gobierno y tampoco atenta competencias sanitarias que están ya transferidas a las comunidades autónomas, por lo que
espero que cuente con el mayor apoyo de SS.SS.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizada la intervención de la portavoz del grupo proponente, vamos a iniciar el trámite de posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios. A tal fin se concede la palabra a la señora
Uría, del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: La primera observación que se le ocurre a mi formación política al ver esta iniciativa es la de cosas que le parecen importantísimas a una formación política cuando abandona el Gobierno.
Hasta hace cuatro días
tuvieron la opción de haber procedido a una regulación de este estilo y parece que sólo desde la oposición es posible instar a determinadas conductas. No se me malinterprete, porque entiendo que el propósito que pretende la iniciativa es
absolutamente loable y perseguir la más clara, la más correcta y a poder ser la exacta identificación de los recién nacidos nos parece un bien en sí mismo, y nos parece que por tanto la iniciativa tiene algunos elementos que pueden ser atendibles.
Creemos además que es necesario en esta materia separar las cuestiones que hacen referencia a lo que es competencias de las comunidades autónomas, que lo son todo lo que tiene relación con los aspectos sanitarios, de lo que pudiera ser traslación de
la certeza que en el ámbito sanitario pueda tenerse y de las obligaciones que a los sanitarios en este terreno le incumban en relación con su traslación -insisto- al Registro Civil. Antes hemos estado mencionando que la materia de la regulación del
Registro Civil es competencia exclusiva del Estado y algunos factores de unificación y de seguridad jurídica deberá tener al respecto.
Ocurre que, ante la inactividad acreditada desde ámbitos estatales en relación con esta cuestión, desde hace tiempo existen comunidades autónomas que tienen su propia regulación en la materia y que, en el caso más concreto que yo conozco,
por lo menos, que es en el ámbito vasco, incluso con consentimiento informado, hace falta que el padre, o el padre y la madre, o la madre solo lo autoricen, se deja también una gota del cordón umbilical, se deja la constancia del ADN concreto que
por un período de tres años se tiene en el propio centro hospitalario y que después es objeto de destrucción. Pero esto, insisto, es con la protección de datos correspondiente, acogiéndose a la correspondiente Ley de Protección de Datos y requiere
el consentimiento informado de la pareja.
Cómo se produzca la identificación concreta está regulado, además de por la orden a la que se ha referido la proponente de la iniciativa, la orden de 10 de noviembre de 1999, en una anterior, que no es retocada por ésta posterior, que es la
de 15 de noviembre de 1996. En ésta, cuando se establece el modelo oficial y el cuestionario para la declaración de nacimiento incorpora un recuadro, para que se puedan recoger las huellas de la mano del recién nacido. No obstante, dice, este
recuadro se cubrirá en tanto que una ley autonómica o estatal obligue a recoger las huellas dactilares del recién nacido en el centro hospitalario del respectivo territorio. Ley autonómica o estatal que no existe en ningún lugar. La regulación, en
el caso de que exista, como ocurre en el caso vasco, es simplemente a través de una circular de la Dirección de gerentes de hospitales, a través de la cual se van acogiendo, y no han existido excesivos problemas respecto a que exista una práctica
sanitaria, insisto, que contiene, además de la huella plantar, las huellas dactilares, incluso la gota del cordón umbilical, cuando así se acepta.
A nosotros nos parece que las disparidades de regulaciones en lo sanitario estarían amparadas por las distintas competencias propias de las comunidades autónomas a la hora de establecer los requisitos. Pero en lo que hace referencia a las
certezas de la inscripción registral, a lo mejor sí sería bueno que hubiera alguna intervención estatal en la materia. Por eso digo que, sin tener clara que la obligatoriedad del Gobierno sea en los estrictos términos respecto de los que se
pronuncia la iniciativa que hoy presenta el Grupo Popular, a mi
formación política no le parece mal que se pudiera tomar en consideración y que esta cuestión sea abordada desde instancias estatales, insisto, porque nos parece que la pretensión o la finalidad que se intenta conseguir con ella resulta
loable, y sí vamos a votar afirmativamente a su toma en consideración.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para igual turno de fijación de posiciones, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. (Pausa.) Declina. En el mismo sentido, fijación de posiciones, Esquerra. Declina.
Grupo Parlamentario Socialista; la señora Fuentes tiene la palabra.
La señora FUENTES GUZMÁN: Tomo la palabra para posicionar al Grupo Socialista en relación con la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y que hace referencia al derecho de los recién nacidos a una correcta e
inequívoca identificación. Nos parece un derecho que todos debemos proteger y todos estamos poniendo todas las medidas necesarias para ello. Pero si entramos en el fondo y en las peticiones que hace el Grupo Parlamentario Popular, entendemos que
hay incongruencias que vamos a poner de relieve.
La proposición no de ley parte de un presupuesto que de hecho no consta acreditado, cual es que en la práctica se producen casos de intercambios de bebés más o menos numerosos. No obstante, aunque estos intercambios no se produjeran o se
produjeran en muy contadas ocasiones hasta el punto de ser irrelevantes, nosotros entendemos que solo el peligro potencial de que tales intercambios se produzcan justificaría ya las medidas que racionalmente sean aconsejables, así como los medios
tecnológicos que existen actualmente. No obstante, habida cuenta de que estas medidas han de ser, por un lado, implantadas en los hospitales en los que han de producirse los futuros alumbramientos y, por otro, que es necesario contar con medios
técnicos eficaces a los fines propuestos, entiende mi grupo que deberían ser objeto de debate tanto en la Comisión de Sanidad como en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, pero fundamentalmente entendemos que, en tanto en cuanto tienen
transferidas las competencias en materia de Sanidad las comunidades autónomas, estamos hablando de una proposición no de ley que en primer lugar debe ser debatida por estas comunidades autónomas y además puesta en vigor por sus parlamentos.
Empezaré analizando cada una de las propuestas que hace el Grupo Parlamentario Popular. Proponen crear un nuevo registro civil electrónico para el recién nacido. El recién nacido ya es hoy inscrito en el Registro Civil, por lo tanto, no se
entiende bien si el proponente está pensando en que la sección de nacimientos comience a llevarse por medios electrónicos o si, por el contrario, se piensa en la acción de una nueva sección que se lleve solamente para estos recién nacidos y que
además se haga de forma temporal hasta la inscripción definitiva en la sección de nacimientos. La actuación que se propone está expresada en términos algo imprecisos, aunque parece que va encaminada en dos sentidos: por un lado, que el plazo de
inscripción se acorte y que la inscripción se realice aportando datos biométricos del recién nacido, lo que permitiría durante la vida de la persona, incluso a su muerte, comprobar si los datos recogidos al nacer coinciden con los que la persona
ostenta según el nombre que figura en la inscripción.
En segundo lugar proponen disponer de un libro de familia con datos biométricos que permiten identificar a los bebés y a los menores de cualquier edad ante cualquier circunstancia como inmigración ilegal, doble filiación, cambio de
identidad, múltiples registros, robos de bebés o adopciones ilegales. La actuación que se propone de alguna manera concreta la anterior. No obstante, entendemos que su alcance sobrepasa con mucho los fines propuestos por la incorporación al
Registro Civil, requisito previo indispensable para que luego aparezcan en el libro de familia los datos biométricos de los recién nacidos, significa que éstos constarán en el registro indefinidamente, salvo por razones que se funden en la
protección de la intimidad de las personas, en que su supresión será una vez que el recién nacido alcance una determinada edad. La incorporación de estos datos al Registro Civil exige no sólo regular el acceso mismo, sino también regular y
restringir el modo en que desde el exterior se puede acceder a estos datos que han sido previamente registrados. Además, las reformas que habría que afrontar podrían incluir algunos cambios en la legislación que regula el DNI. El gran alcance de
la actuación propuesta y la extensión de la reforma legislativa exigiría ahora concretar cuáles habrían de ser estas reformas y no especular sobre la dirección que se habría de tomar.
En tercer lugar, proponen utilizar para ello las más modernas y actuales técnicas de escaneo dactilar y los medios telemáticos disponibles, para conectar las maternidades con los registros civiles. Es aquí donde el Grupo Socialista
encuentra mayores dificultades, en tanto en cuanto son las comunidades autónomas las que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad y ellas debían ser quienes en las maternidades tuviesen los medios. Esta actuación concreta también
de alguna manera la primera actuación propuesta. Se trata de acortar el plazo de inscripción y que ésta se realice de modo que el recién nacido desde el primer momento del nacimiento quede asociado a un dato biométrico, que haga imposible el error
en la identificación. Las ventajas de contar con un sistema de esta naturaleza son obvias y no es necesario destacarlas. No procede señalar las dificultades materiales y personales que la implantación del mismo plantean, aunque sólo sea por la
necesidad de contar con todas las maternidades y registros civiles de España, con personas además diestras en el manejo de estas nuevas técnicas; pero sí
cabe destacar que, por muy avanzada que sean las técnicas utilizadas, no se garantiza por sí sola la certidumbre de la identificación si no es porque haya un correcto y coordinado protocolo. En definitiva, sería necesario legislar la forma
de garantizar además que las personas que recogen, transmiten e inscriben los datos no puedan falsearlos o equivocarlos. Y además exigiría un protocolo entre las comunidades autónomas y el Estado.Por último, propone el Grupo Parlamentario Popular
utilizar los fondos de ayuda al desarrollo para implementar idénticas medidas en países en vías de desarrollo, evitando así el tráfico ilegal de niños. Esta actuación entendemos que sería necesario agilizarla con protocolo, y que además debería
llevar implícito otro paquete de medidas, porque únicamente con que en las maternidades pudiésemos aportar estos medios materiales no sería suficiente para evitar el tráfico ilegal de niños.
Mi grupo va a votar de forma negativa a todas las propuestas, entendiendo que se invaden competencias las comunidades autónomas y que además no se regula todo lo necesario y de forma exhaustiva todas las medidas que habrían de tomarse y que
deberían ser conjuntas para conseguir el fin que propone esta proposición no de ley.
- SOBRE LA RETIRADA DE RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDOS CONTRA LEYES FORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000322.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizado el debate de esta proposición no de ley, pasamos al sexto punto del orden del día, conforme a lo acordado por alteración consensuada. Se refiere a la retirada de recursos de
inconstitucionalidad promovidos contra leyes forales. Su autor es el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para su defensa, tiene la palabra la señora portavoz doña Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: El anterior Gobierno del Partido Popular promovió en la pasada legislatura varios recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Parlamento de Navarra. La relación que queda citada en la
iniciativa planteada es la siguiente: Ley Foral de Pensiones de Viudedad, de Comercio, de Grandes Superficies, de Parque Bárdenas y la Ley Foral de 35 horas en la Administración. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la
constitucionalidad de la Ley Foral de Comercio, declarando ajustado a nuestra Constitución el núcleo de la ley; únicamente declara inconstitucionales algunos preceptos accesorios que no afectan a los contenidos básicos o esenciales de la misma.
Además ya conocemos pronunciamientos políticos favorables del Gobierno respecto a la Ley Foral de Pensiones de Viudedad. La totalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento navarro cuentan con el apoyo técnico de los Servicios Jurídicos del
mismo. Todas estas leyes forales fueron avaladas constitucionalmente por los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra.
Desde el Grupo de Izquierda Verde celebramos la predisposición del Gobierno y los primeros pasos dados respecto al compromiso adquirido de desbloquear y solventar a través del diálogo institucional los conflictos entre comunidades autónomas
y Gobierno central. Esperamos el compromiso del Gobierno para que continúe con esta política de respeto mutuo y reconocimiento de la legislación emanada de los parlamentos autonómicos en el desarrollo de sus competencias. A su vez vamos a ser
exigentes y esperamos que se consolide esta nueva práctica política, que termine con una visión limitada de la Constitución que fomente el autogobierno y el diálogo institucional, y, en el caso concreto que nos ocupa, que respete el autogobierno de
Navarra y proceda a retirar los recursos promovidos en la anterior etapa, apuntando el desarrollo federal de nuestro modelo de Estado.
Ha presentado una enmienda el Grupo Socialista, y ha sido aceptada, en la que se insta precisamente al Gobierno a mantener este diálogo institucional que permita desactivar los conflictos jurisdiccionales abiertos ante el Tribunal
Constitucional entre el Estado y la comunidad autónoma en torno a la Ley Foral 6/1999 y el resto de leyes forales.
Nuestro grupo ya he dicho que admite la enmienda y lo anuncio para que sea conocida esta situación por el resto de grupos
parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existe una enmienda transaccional, que está en poder de todos los grupos. Para su defensa, don Juan Luis Rascón, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.
El señor RASCÓN ORTEGA: Voy a intervenir con la brevedad que requiere el caso porque la propuesta originaria del Grupo Parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds se ha reconducido a lo que debe ser una
relación institucional natural. Se planteaba originariamente la retirada de recursos de inconstitucionalidad, y para eso nada mejor que hacer una referencia, siquiera mínima, a lo que, en nuestro diseño constitucional un recurso de
inconstitucionalidad pueda dar de sí en el bien reconocido término y que efectivamente siempre debajo de un recurso de inconstitucionalidad late un explícito o implícito conflicto político. Es evidente que cuando se plantea el conflicto de
inconstitucionalidad por cualquier institución, sea de una comunidad autónoma o sea del Estado, lo que se está planteando es un conflicto juridificado.
Se argumenta sobre normas jurídicas la indisposición o la no disposición a determinados argumentos de contrario. Pero evidentemente lo que se está defendiendo también por esas partes que han entrado en conflicto es el ordenamiento jurídico
sin más, sea el ordenamiento jurídico del Estado, sea el ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma. Al fin y al cabo un solo ordenamiento jurídico, en este caso el ordenamiento jurídico navarro de la Comunidad Foral de Navarra, es ordenamiento
jurídico español, y todos, no solo la comunidad autónoma, sino también el Estado, están llamados constitucionalmente a su defensa.
Hay que intentar por eso a toda costa entrar en ese conflicto político que pueda emerger de ese recurso de inconstitucionalidad y darle salida. Y efectivamente de una manera muy directa, bastante explícita, lo que el grupo proponente
Izquierda Unida pretendía es hacer sencillamente tabla rasa de lo que ha ocurrido en anteriores legislaturas, hacer tabla rasa y entender que el nuevo talante político del Gobierno desde el 14 de marzo exige la retirada de los recursos de
inconstitucionalidad. Nada más cierto porque efectivamente la responsabilidad institucional del nuevo Gobierno desde el 14 de marzo lo que tiene es que hacer un análisis individualizado de cada uno de los recursos y, a partir de ahí, suscitar el
debido diálogo y el debido debate institucional con las instituciones (permítaseme la redundancia) representativas de la comunidad autónoma, que desde luego lleven a buen puerto ese pretendido desbloqueo político.
Ése es el origen de la enmienda transaccional que se ha ofrecido y que, desde el sentido común que le caracteriza a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pues ha sido abiertamente aceptado. Lo que entendemos que se ha de producir es un
diálogo institucional que permita ese desbloqueo. Un diálogo institucional que sirva de referencia, que se ha iniciado cumpliendo con la palabra dada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ha propiciado ya -oigan el dato- 58
desistimientos de recursos de inconstitucionalidad, 16 provenientes del Estado y 42 de las comunidades autónomas correspondientes (Principado de Asturias, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias).
Por tanto, lo que se propicia
desde las filas socialistas es el diálogo, se garantiza el diálogo para el desbloqueo político y para la adecuada resolución de esos conflictos políticos que están latiendo en el recurso de inconstitucionalidad. Y eso, efectivamente, desde una
concepción del Estado de las autonomías distinta, no inmovilista, no rígida, no estricta, como hasta ahora se había producido, sino una concepción abierta y viva de ese Estado de las autonomías que al fin y al cabo es lo que quiere la Constitución.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Finalizada la defensa de esta enmienda, pasamos al turno de fijación de posiciones por parte de los distintos grupos parlamentarios presentes. En tal sentido, se concede la palabra al Grupo Mixto;
la representante de Nafarroa Bai tiene la palabra, señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Quiero saludar esta proposición no de ley y especialmente esa transaccional, el acuerdo al que han llegado el Grupo Socialista con el grupo proponente, Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds, en torno a un asunto que viene a profundizar en el planteamiento ya realizado de manera muy reiterada por esta diputada, por Nafarroa Bai, en esta Cámara y además en muy diversas ocasiones, por lo que, por supuesto, va a contar con el voto a
favor del Grupo Mixto. Tengo que decir además que nos satisface enormemente que Iniciativa per Catalunya Verds se sume a una reivindicación largamente abanderada por formaciones como las que yo represento.
Creo que está ya recogido -la verdad es que no he tenido ocasión de asistir a la exposición del proponente- que uno de los recursos está ya retirado y en esa medida tengo que saludar la propuesta de la transaccional del Grupo Socialista, que
viene a remarcar el compromiso adquirido por el actual presidente del Gobierno en el discurso de investidura, a instancias de esta diputada y con respecto a este asunto de mantener negociaciones caso por caso para proceder al estudio de cada uno de
los recursos. En cualquier caso, sí nos gustaría que tanto Iniciativa per Catalunya como cualquier otro grupo de esta Cámara llevara a cabo la presentación de propuestas que afecten a todas las comunidades autónomas que se ven en estos momentos
afectadas por esta cuestión.
Nosotros, presidente, anunciamos nuestro voto a favor e insistimos en que el período de diálogo está abierto, parece evidente, queda claro con la retirada de un primer recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Gobierno, como
es el de plan de pensiones. Y yo creo que debemos seguir por esta senda. Desde luego será con nuestro voto afirmativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría, tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: He de adelantar que mi grupo, por supuesto, va a votar que sí a la iniciativa que propone con la frescura que le caracteriza la representante del Grupo Izquierda Verde, que utiliza lo que son materias que han sido
objeto de debate o de planteamiento en la Cámara para después trasladarlas de manera que puedan ser, si se me permite decirlo, apuntaladas mediante resoluciones que tengan lugar en Comisión. Fue el propio presidente del Gobierno quien, en su
discurso de investidura, prometió limar o aligerar la conflictividad existente en los últimos tiempos broncos en relación con la litigiosidad entre comunidades autónomas y el Gobierno del Estado. Y efectivamente le correspondió a la representante
de Nafarroa Bai en
su propia intervención, en igual trámite, es decir, en el debate de investidura, pedirle que tenga especial atención a los de la Comunidad Foral de Navarra. Es una petición que también desde mi formación política se ha hecho, no sólo
referido a los pleitos vascos, sino a la letigiosidad en general, y trasladada a un única comunidad nos parece perfecto que así sean examinados.
Se nos suele atribuir a los nacionalistas esta pretensión de ceñirnos sólo a hablar de lo vasco. En mi caso concreto, cuando somos conscientes de que el mandato imperativo no existe, solemos intentar generalizar las propuestas. E insisto,
nos gustaría que esta pretensión de evitar la conflictividad existiese con carácter general, si bien en el caso vasco sé, y ahora hablaba de ello con el representante del Grupo Socialista, se están ya examinando pleito a pleito, aunque la verdad es
que también debo adelantar que no con unos resultados que nos parezcan satisfactorios desde la óptica concreta de la formación política a la que represento.
Quisiera también manifestarle a la diputada proponente que, como joven y nueva en estas lides, tampoco aliente excesivos optimismos, no ya porque no se vaya a aprobar en el propio tenor que ella intentaba la iniciativa, sino que aun con los
términos de la propuesta hecha por el Grupo Socialista, referirse a que los pleitos se basan siempre en cuestiones jurídicas, faltaría más, residenciar un asunto en el Tribunal Constitucional es que un problema competencial o de inconstitucionalidad
existe, y que suele ser coartada frecuente en quien gobierna para después, a pesar de los acuerdos, por solemnes que éstos sean en esta Cámara, evitar la retirada de los pleitos. Como histórica traigo a colación el supuesto, que es vieja querencia
de esta diputada, referido a hacer desaparecer de la lista de espera del Tribunal Constitucional los pleitos referidos a los depósitos judiciales, respecto de los cuales están pendientes pleitos referidos a la comunidad andaluza y a la comunidad
catalana. La petición de su retirada o del desistimiento por parte del Estado fueron objeto de aprobación de las más solemnes que a mí se me ocurren en esta Cámara, porque fue objeto de propuesta de resolución en un debate del Estado de la nación.
A pesar de ello hube de preguntar luego en numerosísimas ocasiones a quien fuera ministra Justicia, la señora Mariscal, y amparándose en el dubio, en las dudas jurídicas que existían respecto a lo que era la propuesta, la voluntad mayoritaria del
Congreso de los Diputados en pleno no servía para que pudiese utilizarse el desistimiento, como si ésta no fuese posición jurídica posible admitida en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Con todo, y deseando que estos augurios negros que yo hago respecto de lo que suele pasar con estas proclamas o manifestaciones de un órgano como es la Comisión de Justicia dirigidas al Ejecutivo, nos parece que es bueno traer a colación
este tipo de cuestiones suscitadas, recordar que fue una promesa del propio presidente del Gobierno intentar evitar la litigiosidad constitucional y que introduciría elementos de certeza, de seguridad jurídica, por tanto, saber qué es lo que está
pendiente y lo que no, y que no esté pendiente en cuanto a la vigencia concreta de las normas forales. Sobre todo, tendría también otra virtualidad, que es la de quitar de la lista de espera del Tribunal Constitucional un número importante de
asuntos, que bastantes tiene.
Mi grupo por tanto va a votar a favor de la iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para turno de fijación de posiciones, Convergència i Unió, anunciándole, para su orientación, que estamos debatiendo el punto 6, del orden del día, relativo a la retirada de recursos de
inconstitucionalidad. Tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, va a votar a favor de esta proposición no de ley sobre la retirada de recursos de inconstitucionalidad promovidos contra leyes forales. Estamos a favor de
esta iniciativa y estamos a favor de que disminuya la conflictividad ante el Tribunal Constitucional, con tantos y tantos recursos de inconstitucionalidad que desde el Gobierno del Estado se interponen contra leyes de parlamentos autonómicos. Por
tanto, estamos a favor de esta retirada. Y estamos a favor también de la retirada de otros muchos recursos que todavía están pendientes. Quiero recordar, y ayer fue objeto de mención en el propio Pleno de la Cámara, el recurso de
inconstitucionalidad todavía pendiente que el Gobierno interpuso contra la Ley del Deporte en Cataluña, la ley que reconoce las selecciones deportivas. Está interpuesto un recurso que quiero aprovechar la ocasión de este debate para pedir que se
retire también. Es un claro ejemplo más. Como hay aún recursos de inconstitucionalidad pendientes sobre aspectos que ayer el Pleno de la Cámara tomó en consideración, sobre leyes en Castilla-La Mancha relativas a una paridad en las listas
electorales, están recurridos y están pendientes. Y quiero congratularme de algunos ya retirados en materia de Código Civil de Cataluña, que recientemente fueron objeto de acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y el propio Gobierno del Estado.
Y fueron objeto de retirada o se anunció su retirada. El espíritu es disminuir ese nivel de conflictos. Hay una enmienda presentada que quiere de alguna manera frenar el compromiso en cuanto a plazos y en cuanto a tiempo, pero entiendo que el
espíritu final de la propuesta es que se vaya a esa disminución de esos conflictos.
Para terminar, señor presidente, señorías, quiero hacer una apelación a que cuando se recurren leyes autonómicas sigue existiendo ese grave desequilibrio que de alguna manera plasmó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el sentido
de que siempre es automática la suspensión de la norma cuando quien impugna es el Estado. Ésta no era necesariamente la consecuencia del 161.2 de la Constitución. No era ésa,
pero el desarrollo que de esa previsión constitucional realizó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional produce esas suspensiones automáticas, porque el Gobierno, cuando impugna, siempre va acompañado, como si fuera un automatismo, de esa
suspensión automática. Quiero recordar que en el año 1999, cuando se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el sentido de, para evitar mayores conflictos, darnos un plazo superior, a través de unas comisiones bilaterales, para que
la impugnación no fuera necesariamente de tres meses y pudiera alargarse el plazo hasta nueve meses, se decía que en el acuerdo final, si finalmente se recurría, podía también acordarse si se alegaría o no ese plazo de suspensión automática que
ahora se aplica de forma común y usual.
Bienvenida sea hoy esta proposición no de ley. Estamos a favor de que se apruebe, pero quiero hacer una apelación al Gobierno, que si el nivel de conflictos no disminuyera, o en aquellos aspectos en que pueda existir conflicto, hagamos la
pedagogía de no aplicar de forma tan automática ese plazo de suspensión automática. Y hago también una apelación, como ya se nos ha anunciado por parte del ministro de Justicia en esta misma Comisión que quiere reformar la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional para el tema de los recursos de amparo, de la misma forma que mi grupo ha dicho al ministro de Justicia que intentaremos consensuar esa reforma, también le pide mi grupo, y ya se lo pidió también de forma expresa al propio ministro,
que en esa ocasión, cuando reformemos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprovechemos para reformar ese automatismo en la suspensión, esos cinco meses de suspensión ya directa y automática, que sabemos que tienen un efecto pernicioso para
la norma autonómica que es objeto de suspensión.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para turno de fijación de posiciones, Esquerra Republicana, señor Cerdá, tiene la palabra.
El señor CERDÁ I ARGENT: Quiero saludar positivamente esta propuesta y la proposición. A nosotros nos gustaba más la redacción original, pero si el grupo proponente acepta la transaccional, estupendamente, no será Esquerra Republicana
quien se oponga, por los motivos expuestos tanto por Convergència como por el PNV o por la misma proponente, para llevar adelante esta propuesta que sí que redunda en una mejora de las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades
autónomas.
Esperemos que no fueran necesarias este tipo de propuestas, puesto que el juego entre los diferentes órganos de gobierno del Estado español, tanto de lo que es el ámbito estatal como de lo que son los ámbitos autonómicos, estuviera
perfectamente regulado y fuera base de consenso y de convivencia, sin invasiones competenciales entre los diferentes órganos de la Administración del Estado.
Nosotros votaremos favorablemente la transaccional y esperamos que sean innecesarios este tipo de recursos.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Para fijación de posiciones, en similar turno, el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Del Burgo, tiene la palabra.
El señor DEL BURGO TAJADURA: Lo primero que quiero formular es un ruego para que se perfeccione, desde el punto de vista de corrección exclusivamente de acuerdo con lo que es la naturaleza de las cosas, el texto de la moción. En la
trasaccional se dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a mantener el diálogo institucional que permita desactivar los conflictos jurisdiccionales abiertos ante el Tribunal Constitucional entre el Estado y la comunidad
autónoma en torno a la ley foral, etcétera. En primer lugar habría que definir que es la Comunidad de Navarra, pero además habría que suprimir la expresión autónoma, puesto que el nombre constitucional de nuestra comunidad es Comunidad Foral de
Navarra. Por lo tanto, sugiero que donde dice comunidad autónoma se diga Comunidad Foral de Navarra.
En cuanto al fondo de la cuestión tengo que decir que si esta moción se hubiera presentado por el grupo proponente en la legislatura pasada, es decir, estando el Gobierno Popular en el poder, el Grupo Socialista hubiera votado, sin lugar a
dudas, en sus estrictos términos la moción presentada por Izquierda Unida, que a lo que insta al Gobierno, ésa es la moción de Izquierda Unida, es a retirar los recursos de inconstitucionalidad. Quiero recordar que durante la campaña electoral de
2004 el Partido Socialista de Navarra hizo bandera precisamente de la retirada de estos recursos, y lo que exigía el Partido Socialista de Navarra es pura y simplemente esa retirada, sin ningún tipo de cuestión negociadora, puesto que entendía que
no había nada que negociar. Celebro en cambio la posición del Grupo Socialista en este momento, porque realmente esa posición es la que se corresponde, y dicho por un jurista, como el señor Rascón, con lo que significa el juego institucional en un
Estado autonómico, porque en definitivas cuentas lo que no se puede admitir, por nuestro grupo no hubiera sido admisible, es la fundamentación de Izquierda Unida. Izquierda Unida dice que detrás de estos recursos se encuentra una visión centralista
de nuestro Estado, en la cual el Gobierno de España actuó arteramente, menoscabando el autogobierno de Navarra. Y además añade que hay que decir que todas estas leyes forales... Por cierto, sería bueno que la proponente hubiera perfilado
técnicamente mejor la denominación de las leyes forales a las que se refiere la moción, cosa que ya está perfectamente en la propuesta transaccional que presenta el Grupo Socialista. Pero decir que estas leyes forales fueron avaladas
constitucionalmente por los servicios jurídicos del Parlamento
de Navarra no significa absolutamente nada. Todos estos recursos fueron avalados a su vez, en lo que se refiere al Gobierno de la nación, por los servicios jurídicos del Estado, que entendían que había que interponer esos recursos de
inconstitucionalidad. No hubo actuación artera; simplemente lo que hubo fue un análisis por parte del Gobierno del Partido Popular, en función de los informes jurídicos recibidos de los servicios correspondientes del Estado, que le decían que la
Comunidad Foral de Navarra en esas leyes se había excedido de sus propias competencias. Es como si, porque un parlamento autonómico, el Parlamento Foral de Navarra, interpusiera recursos contra leyes estatales, pudiéramos afirmar desde el Gobierno
de la nación que se estaba arteramente actuando en menoscabo de las competencias estatales. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y es como si pudiéramos decir también que si el Gobierno Socialista en este momento no retira todos y cada uno
de los recursos establecidos, estuviera también actuando arteramente desde una visión centralista del Estado. No tiene ningún sentido.
Nosotros, señor presidente, vamos a votar a favor de la enmienda transaccional. No hubiéramos votado a favor de la propuesta en sus propios términos, pero sí en lo que se hace referencia a la enmienda transaccional, puesto que lo que ahí se
anuncia es el mantenimiento del diálogo institucional. Nosotros entendemos que ese diálogo es absolutamente necesario y además puedo anticipar a los miembros de la Comisión que la semana que viene, y a petición del Gobierno de UPN, se reunirá la
Junta de Cooperación, que es el órgano encargado, de acuerdo con el amejoramiento del Fuero de Navarra, para resolver las discrepancias que se susciten entre la Administración del Estado y la comunidad foral; se reunirá precisamente con el orden
del día de revisar todos y cada uno de los recursos interpuestos actualmente para ver si se pueden retirar (ése es el objeto del Gobierno navarro) todos y cada uno de ellos.
Por consiguiente, señor presidente, nosotros entendemos que ésa es la vía adecuada: la vía del diálogo institucional efectivamente, sabiendo que al final cada parte (el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España) defenderá sus respectivas
competencias en una discusión jurídica que (precisamente para eso son los recursos) debería resolver, en caso de que no hubiera acuerdo, el Tribunal Constitucional, que es el árbitro que la Constitución ha establecido para resolver este tipo de
conflictos. Por lo tanto, celebramos realmente que se haya presentado esta moción, celebramos la enmienda transaccional del Grupo Socialista y estamos de acuerdo con la doctrina jurídica que el representante del Partido Socialista ha expuesto ante
la Comisión en fundamento de la enmienda transaccional. Por supuesto, no estamos de acuerdo en absoluto en que el Gobierno de España, presidido por el señor Aznar hubiera pretendido cercenar competencias forales desde una perspectiva centralista,
teniendo en cuenta además (tengo que decirlo, y con esto termino, señor presidente) que durante el Gobierno del presidente Aznar Navarra pactó con el Estado varias e importantes modificaciones de su convenio económico (eso sí que es el núcleo
esencial de la foralidad) que han perfeccionado la autonomía de Navarra.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Antes de dar por concluido el debate sobre la proposición no de ley que estamos tratando en este instante, y como quiera que se ha suscitado la posibilidad de introducir una corrección de orden
formal por parte del representante del Grupo Popular, se va a conceder un turno brevísimo para la admisión o rechazo en su caso de esta corrección formal, tanto al proponente de la iniciativa como al enmendante transaccional.
Tiene la palabra para este tema específico la proponente, señora Navarro: la sustitución de la expresión Comunidad Autónoma por comunidad foral de Navarra.
La señora NAVARRO CASILLAS: Desde luego, no tengo ningún problema en que se sustituya. El texto lo ha redactado el enmendante, pero no da pie a ninguna duda cuando dice: entre el Estado y la comunidad autónoma en torno a las leyes
forales, porque se trata de leyes forales de Navarra, como se va estableciendo a lo largo de todo el texto, y aparte con la exposición de motivos también queda claro. El Estado tampoco se llama Estado y las comunidades autónomas, hay 17, y a lo que
se refiere es a un conflicto entre Estado y comunidad autónoma en el sentido abstracto, y después una concreción especifica de las leyes sobre las que versa precisamente esta iniciativa. En cualquier caso no existe objeción alguna a la corrección.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): El señor Rascón.
El señor RASCÓN ORTEGA: Se puede imaginar que no va a haber ningún inconveniente a esa denominación que está en la Constitución y en el Estatuto; eso es de sentido común. Si estamos defendiendo el diálogo institucional, con más razón
aquí, en la sede parlamentaria. Que se le llame a la Comunidad Autónoma de Navarra comunidad foral se agradece, claro que sí; sin ningún género de duda aceptamos la corrección estilística que se hace por el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Así debe constar. Finalizado el debate, vamos a interrumpir durante cinco minutos; será un pequeño receso de la sesión, después de estos cinco minutos nos reintegraremos al debate los dos puntos
que nos restan con todo el ardor que caracteriza a esta Comisión. (Pausa.)
- SOBRE REFORMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000065.)
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Reanudamos la sesión de la Comisión de Justicia afrontando el punto quinto del orden del día, que corresponde al punto tercero del orden del día originario; esto es: sobre reforma del sistema
penitenciario. Grupo proponente: Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Para la presentación y defensa de su proposición, tiene la palabra la señora Isaura Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Veinticinco años después de la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 se puede afirmar que el sistema penitenciario no ha adquirido carta de naturaleza como servicio público. Es necesario
releer el texto y abordar las reformas necesarias para que nuestro sistema penitenciario cumpla con las tareas que la Constitución española le encomienda. El fin primordial de las penas y medidas privativas de libertad ha de ser la reeducación y
reinserción social. Más alejados aún de este objetivo se encuentran las reformas llevadas a cabo por el Grupo Popular en el Código Penal en vigor desde el 1 de octubre y la Ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las penas de 2003. En
definitiva, el Grupo Popular ha profundizado en lo que se ha venido a llamar la teología de la seguridad, es decir, la utilización del sistema penitenciario como primera, única y última respuesta a las conductas sancionadas penalmente. Al mismo
tiempo se ha mantenido una política penitenciaria, ante una libertad condicional, carente de personal para el apoyo, tutela y control, con una ausencia clamorosa de estructuras administrativas y técnicas; también ha habido desinterés en la
construcción de secciones abiertas (las pocas que se construyen se hacen como anexos a las prisiones alejadas de las zonas urbanas, siendo de este modo absorbidas por estas macroprisiones), así como endurecimiento de las condiciones de acceso al
tercer grado.
La ineficacia de la política penitenciaria llevada a cabo hasta ahora conduce a Izquierda Verdad-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds a plantear esta iniciativa, para que en el ámbito de las competencias de la Comisión de Justicia
y de forma coordinada con el Ministerio de Interior se aborden las reformas necesarias que den respuesta a los problemas que padece nuestro sistema penitenciario, asentado en una política penitenciaria que cambiaría y sería de corte humano, y que dé
cumplimiento a los fines constitucionales; esto es: el desarrollo de la libertad condicional; el desarrollo del acceso al tercer grado; la regulación de medidas alternativas a la prisión como fórmulas más eficaces socialmente y menos costosas;
la creación de mecanismos de mediación y conciliación entre infractores y víctimas, intentando la desjudicialización de conflictos menores; la elaboración de la ley procesal penitenciaria, que unifique criterios y prevea la intervención
multidisciplinar en la ejecución de las penas, que sería la creación de un único proceso que unificara plazos, agilizase y simplificase trámites; también la creación de la segunda instancia penitenciaria en las secciones de todas las audiencias
provinciales, para que con carácter específico conozcan del derecho penitenciario; el incremento de los juzgados de vigilancia penitenciaria para otorgar celeridad y eficacia a estos procesos. En definitiva, reformas legales que potencien los
fines resocializadores del sistema. Por ello, señorías, planteamos la presente iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Galache Cortés): Existe una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. A tal fin, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario, doña María Escudero.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Tomo la palabra para aclarar el posicionamiento respecto de la proposición no de ley que el Grupo Izquierda Verde ha planteado y también para defender la enmienda transaccional que nosotros hemos presentado y
ofrecido tanto a los diferentes grupos como a la Mesa. En ese sentido, quisiera empezar diciendo que el establecimiento de un sistema penitenciario moderno y eficaz constituye un mandato constitucional y un eje estratégico de las políticas de
seguridad. De hecho, el Grupo Socialista en su programa electoral recogía textualmente que no puede haber políticas de seguridad reales sin un sistema penitenciario rehabilitador. La situación del sistema penitenciario español es difícil y
compleja, y ello ha producido en los últimos años un abandono del tratamiento penitenciario en nuestras prisiones.
Para hacernos una idea de cuál es la situación, voy a darles algunos datos. La población reclusa ha pasado de 39.169 personas en el año 2000 a las casi 52.000 actuales. Ha habido un incremento de casi el 32 por ciento en menos de cuatro
años. También tenemos problemas de infraestructuras: centros deteriorados, viejos, mal ubicados; problemas de masificación (para casi 52.000 reclusos tenemos 38.837 celdas); problemas sanitarios (en nuestras prisiones hay reclusos con hepatitis,
tuberculosis, VIH, drogodependencias, psicopatología, etcétera). Hay problemas de personal. Al incremento ya expuesto de casi el 32 por ciento de la población penitenciaria ha correspondido un crecimiento del 7 por ciento de la plantilla en mismo
período. También existen problemas de seguridad en los centros penitenciarios, derivados no sólo de la masificación, sino también de los cambios en los perfiles delictivos y del escaso porcentaje de internos en proceso de tratamiento. La situación
de los condenados por
terrorismo es otro de los problemas, y la problemática específica que ello conlleva en cada una de nuestras instituciones penitenciarias. El 27 por ciento (otro dato que me parece importante destacar) del total de la población reclusa es
extranjera, así como la situación de los preventivos, que son un total del 20 por ciento de la población reclusa.
Muchísimos y muy graves son los problemas del sistema penitenciario español, pero precisamente por ello debemos ser a la vez que
diligentes muy rigurosos en los planteamientos que vayamos a hacer para la reforma del sistema penitenciario. Sin abandonar la lucha contra la delincuencia, que es el principal objetivo, debemos buscar en cada una de nuestras propuestas el fin
rehabilitador de las penas privativas de libertad. Hay que volver a recordar a Victoria Kent, que decía: Odia el delito y redime al delincuente.
Señorías, muchas de las iniciativas del nuevo Gobierno, seguramente conocidas de todos ustedes y expuestas en comparecencia de la directora general de Prisiones en la Comisión de Interior, ya se han ido poniendo en marcha, y algunas tienen
cabida en la proposición no de ley que Izquierda Verde nos plantea; algunas de ellas cuales consisten en la relectura ya anunciada por la señora Gallizo de la Ley Orgánica General Penitenciaria tras sus 25 años de vigencia; el plan de mejoras de
los centros penitenciarios (se van a acometer en total obras en 35 de los 66 centros penitenciarios); la creación de nuevos centros en Madrid, dos en Andalucía, en Levante, y están en fase de proyecto nuevos centros en Ceuta, en Canarias y en
Navarra. Se está reestructurando el organismo autónomo Trabajo y Formación para el Empleo y optimizando los talleres productivos en los centros penitenciarios para garantizar el derecho de los internos para acceder a la cultura, a la educación y al
empleo. Se están impulsando programas específicos de intervención para la prevención de suicidios, para los condenados por violencia de género, para aquellos por delitos sexuales, para la intervención en régimen cerrado, etcétera.
Se van a
construir nuevos centros de inserción social para los presos en régimen abierto. Se está tratando de llevar a cabo una normalización de la atención sanitaria con los convenios con las comunidades autónomas.
Igualmente en relación a la educación se
ha firmado un acuerdo con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas.
Señorías, son muchos esfuerzos que además tienen un reflejo en el incremento presupuestario previsto en el proyecto de presupuestos, pero todavía sigue habiendo muchísimos problemas. También es importante tener en cuenta lo que supondría la
relectura de la Ley General Penitenciaria en un momento muy difícil, porque creo que vivimos un momento muy difícil para la política penitenciaria, donde el clima social es bien distinto de la euforia que vivimos a finales de los años setenta,
cuando se redactó la ley; me parece importantísimo que se haga esa relectura, pero que se haga con muchísima prudencia y que tengamos en cuenta que no podemos de ninguna de las maneras abandonar el espíritu que concitó la elaboración de esa ley en
su momento. En ese sentido, desde el Grupo Socialista hemos propuesto en primer lugar a la directora general de Prisiones que en la comisión que se va a crear para la relectura de la ley participe este Parlamento. Lo único que me queda por decir
antes de explicar el contenido de la enmienda es que ojalá podamos seguir manteniendo ese espíritu constitucional que está en el artículo 25.2, que sin duda ninguna refleja clarísimamente lo que tiene que ser el objetivo rehabilitador de las penas
privativas de libertad, porque realmente es lo que más sentido tiene.
En relación a la enmienda, ya en concreto, me gustaría proponer una enmienda transaccional. Básicamente, compartimos el espíritu de la propuesta, aunque en esta proposición no de ley se abarca de una manera muy global toda una reforma del
sistema penitenciario, ya que toca competencias lógicamente del Ministerio de Justicia, en relación a las modificaciones legislativas, pero también al Ministerio de Interior que, como saben, es quien tiene la competencia. En ese sentido hemos
intentado plantear con rigor y con prudencia alguna enmienda. Mantendríamos el punto 1 tal como está, todo el mundo tiene el texto. Sería una enmienda de modificación y quedaría: Promover aquellas reformas de la Ley Orgánica General Penitenciaria
que resulten necesarias para adaptarla a las nuevas necesidades surgidas desde la entrada en vigor, así como adoptar las medidas oportunas para abrir las competencias -aquí hay un error y sería- de la administración penitenciaria a la ejecución de
penas y medidas privativas de libertad'.
En el punto 2, compartimos absolutamente el espíritu de la proposición de Izquierda Verde y, en ese sentido, proponemos elaborar un proyecto de ley procesal penitenciario, toda vez que el último intento fue en el año 1997, cuya tramitación
quedó paralizada, un proyecto de ley orgánica reguladora de la jurisdicción de vigilancia penitenciaria.
El punto 3 insta a realizar una evaluación de la situación actual, para que teniendo en cuenta las últimas reformas legales en la materia, se adopten las medidas que resulten necesarias respecto del incremento de la planta judicial de los
juzgados de vigilancia penitenciaria. Nos parece importante porque ha habido muchísimas reformas recientes que afectan tanto a la Ley Orgánica del Poder Judicial como a la Ley Orgánica General Penitenciaria, y me estoy refiriendo a la Ley 7/2003, a
la 11/2003, a la 15/2003. En fin, un conjunto de modificaciones que hay que evaluar, porque han sido puestas en marcha muy recientemente y nos parece importante realizar una evaluación de esas modificaciones.
El punto 4 sería de modificación: Instar al Gobierno a estudiar la posibilidad de reforzar las penas alternativas a la prisión, en la revisión del Código Penal, que ya anunció el propio Gobierno que se va a llevar a cabo.
El punto 5, también es de modificación: Instar a que en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -comprometida en esta Cámara por el ministro de Justicia- se establezcan mecanismos de mediación y conciliación entre infractores y
víctimas, muy especialmente para los casos de pequeños delitos contra la propiedad, que permitan evitar la aplicación de las medidas penales que puedan devenir inconvenientes a los fines rehabilitadotes de solución del conflicto origen del hecho.
El punto 6 también se modificaría y quedaría: Adoptar las medidas necesarias para la defensa del sistema de ejecución de penas como servicio público, gestionado directamente por el Estado a través de las diversas administraciones. Nos
parece importante que, aunque haya colaboraciones puntuales, se mantenga el espíritu de servicio público.
El punto 7 lo hemos suprimido, porque de hecho se está realizando esa tarea.
El 8 se mantiene tal como está, aunque en mi intervención he hecho mención expresa a que se está realizando también, pero nos parece que se puede mantener.
En el punto nueve propondríamos una modificación que quedaría: Instar al Gobierno a seguir impulsando, en aras de la función rehabilitadora, la instauración de programas específicos de intervención para poder atender de manera
individualizada las diferentes casuísticas, como son la prevención del suicidio, los condenados por violencia de género, agresores sexuales, etcétera. Tal como recoge en su espíritu la proposición de Izquierda Verde, el reforzamiento de los
tratamientos individualizados nos parece absolutamente importante. Y el punto 10 quedaría suprimido.
Por mi parte, está explicada la enmienda; si hay alguna aclaración posterior, la realizaré.
El señor PRESIDENTE: Simplemente en el punto 1 habla de sustituir, en fin, esta reiteración de 'en la de la' por 'de la', ¿verdad? Simplemente se trata de esta cuestión.
La señora ESCUDERO SÁNCHEZ: Sí, sólo eso.
El señor PRESIDENTE: Defendida la enmienda por su proponente, pasamos al turno de fijación de posiciones de los distintos portavoces. Tiene la palabra el representante de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Cerdá.
El señor CERDÀ ARGENT: Nos parecía mejor el texto original de la propuesta, pero tampoco vamos a oponernos a la transaccional, una vez más. Por supuesto coincidimos con los dos grupos en que es un tema importante, con muchas deficiencias y
que este tipo de propuestas van en el camino de solucionarlas. Por tanto, votaremos favorablemente a las enmiendas.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para fijar posición, señor Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Si me permite, siendo la primera vez que yo tomo la palabra en esta Cámara, quisiera aprovechar para dar las gracias a aquellas personas que en su día permitieron que pueda hoy tener el honor de dirigirles
estas palabras, y al Grupo Parlamentario Popular por dejarme defender, en este caso, su posición en este tema.
Tomo la palabra para fijar posición ante esta proposición no de ley presentada por Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre reforma del sistema general penitenciario que consta, junto con una exposición de
motivos, de un decálogo de medidas al tiempo que se insta al Gobierno a que las acometa. Lo que hemos de decir, en primer lugar, es que vemos una cierta incoherencia entre lo que es la exposición de motivos y las medidas que luego se proponen.
Nosotros no podemos, obviamente, estar más que en disconformidad con una serie de afirmaciones que se realizan en esa exposición de motivos, como es que las macrocárceles han supuesto un negocio privado o un pésimo beneficio público: que tras la
política penitenciaria del Gobierno anterior se ha producido la inexistencia del control de la actuación discrecional de los directores de centros penitenciarios, o que incluso se ha provocado con esa política la ruptura del consenso que alumbró la
Ley Orgánica General Penitenciaria, o que esa política penitenciaria ha traído la masificación o la desmotivación de los funcionarios, o que ha impedido el desarrollo y funcionamiento normal de los juzgados de vigilancia penitenciaria o el proceso
correcto o normal también de transferencias a las comunidades autónomas, o incluso que esa política llevaba hasta hoy, ha impedido el incremento de la planta judicial o ha imposibilitado -también se llega a decir-, la reinserción de los penados.
Obviamente la verdad es que con ese texto y con esa justificación y exposición de motivos, habiendo recibido esas bofetadas dialécticas, se nos hace difícil, por decirlo de alguna manera, entrar en el análisis de ese decálogo.
Para contestar a estas afirmaciones me referiría a la comparecencia de la directora general de Instituciones Penitenciarias del 22 de septiembre durante la cual pudimos con amplitud discutir sobre esos temas. Respondía entonces la portavoz
del Grupo Popular, la diputada Sánchez Camacho, a todas aquellas afirmaciones sobre datos que nos ha dado la portavoz del Grupo Socialista y que traslada lo que allí se dijo. Me remito a lo que entonces se dijo porque su contestación tampoco es el
tema de esta proposición. Sin perjuicio de que nos parezca un análisis obviamente sesgado e incompleto, y desde luego imparcial, también nosotros, digamos, podríamos hacer una serie de preguntas sobre función de lo que luego se pide o se ha
pactado, y es en qué se van a concretar esos sistemas extrapenitenciarios de
cumplimiento de penas que comentaba la directora, o en qué consisten las formas de trabajo productivo. Es decir, en qué se concreta realmente esa reforma que la directora pretende o pretendería, y así nos lo decía, en política
penitenciaria, o realmente qué avances hay distintos, diferentes, en materia de infraestructuras, qué acuerdos que no siguen los acuerdos que ya había planteados con las comunidades autónomas hay, más allá de lo que se venía haciendo, qué queda de
esa línea de diálogo, que así se nos dijo, marcada, que se iba a marcar especialmente por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, me refiero especialmente a lo que pudiera afectar a los directores de centros penitenciarios.
En fin, hay una serie de dudas que a nosotros nos causa cierta preocupación e incertidumbre, y que yo creo que están sometidas, por lo que algunos cargos se refiere, a una cierta irresponsabilidad, cuando en estos temas deberíamos basarnos más en la
prudencia.
En todo caso sí que es verdad que nosotros compartimos, como el resto de grupos, fundamentalmente con el Grupo Socialista, un interés prioritario por la seguridad, porque obviamente es vital. Sin seguridad no hay nada.
El sistema se
justifica en la medida en que es eficaz. Es eficaz para proveer de seguridad a nuestros ciudadanos y a partir de ahí poder hacer otra serie de políticas. La política penitenciaria sí es verdad que debe ser proactiva, pero debe ir unida a otra
serie de políticas que sean eficaces, efectivamente en políticas de seguridad, políticas sociales, políticas educativas y políticas eficaces de empleo. En eso nosotros, desde luego, mostramos nuestra completa colaboración, obviamente compartimos
los criterios constitucionales recogidos en ese artículo 25, que reflejan que el fin del sistema de ese derecho penitenciario es la reinserción y la reeducación de los penados. En aquellas medidas que se puedan activar, también contarán con nuestra
total colaboración.
Sí es verdad que hace una mención de la justificación de la exposición de motivos en relación con el acercamiento, pero yo creo que también es verdad que desde mi punto de vista se confunden a veces los medios con los fines. Ese
acercamiento, que es positivo en general, lo es en tanto que sea eficaz para el cumplimiento de los fines, que son la reinserción y la reeducación, y no el acercamiento, que no es un fin en sí mismo. No olvido que existe un pacto o un acuerdo
firmado entre el PP y el PSOE en relación con la política penitenciaria, y en ese acuerdo firmado por las libertades y contra el terrorismo, se recoge en su punto 5 el interés que tiene también para la lucha contra el terrorismo la coincidencia en
materia penitenciaria. Sí que hemos estudiado el texto inicial de la proposición no de ley y del mismo a lo que ahora se ha transaccionado, digamos que la valoración es que se ha pasado de un texto que estaba salpimentado de una cierta visión a
hacer algo más práctico y desde luego más al gusto de lo que quiere el Gobierno, es decir, todavía más etéreo, más superficial, más simplista y más generalista. Esos son los tres criterios que nosotros creemos que se pueden aplicar a los puntos de
ese decálogo que al final se ha quedado en ocho puntos, y tampoco nos motiva votar a favor toda esa justificación y exposición de motivos que decía.
Sin perjuicio de eso, sí que es verdad que nosotros no podemos por menos que compartir alguno de los criterios y de la filosofía que lleva detrás alguno de esos apartados, como es la reforma, obviamente, de la Ley General Penitenciaria, que
cumple ahora 25 años, y que efectivamente podrá reformarse según necesidades. Sí que es verdad que nos queda la duda sobre cuál será el papel de las comunidades autónomas, aunque en el texto inicial estaba mejor que en el que luego ha resultado.
También es verdad que estamos de acuerdo en la filosofía o en la necesidad de elaborar una ley procesal penitenciaria. Y obviamente, cómo no, el estudiar el incremento posible de la planta judicial en la medida de lo posible.
Habría que delimitar y hubiéramos preferido que realmente se concretara más, porque no vemos que en esta proposición no de ley se recoja una reforma concreta penitenciaria en puntos determinados. Es demasiado, no diré extensa, pero sí
generalista, por decirlo de alguna manera. De hecho, nosotros, por ejemplo en el apartado 5 plantearemos una iniciativa propia que profundice en las últimas reformas del Código Penal y que recoja las inquietudes que tiene la sociedad española
respecto al tratamiento que asigne a los presos relacionados con la delincuencia de extrema gravedad.
De alguna manera, el anterior texto reflejaba más a las claras un trasfondo que también tiene esta proposición no de ley, que es una especie de contrarreforma; es decir, hagamos las modificaciones que tengamos que hacer en aquella normativa
que, por el hecho de haberla hecho el Partido Popular, hoy por hoy nosotros no la compartimos.
Quiero agradecer la disponibilidad de la representante de Izquierda Unida y que nos haya facilitado el trabajo en todo momento, aunque reitero que nuestro voto no será favorable por esos motivos.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de toma de posición, y antes de que termine el debate sobre este punto del orden del día, cumple que la proponente se pronuncie sobre la admisión o rechazo, en su caso, de la enmienda presentada y
aquí defendida. Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Desde luego, como se ha comentado por el portavoz de Esquerra Republicana, a mí también me gustaba mucho más mi iniciativa tal y como estaba, pero, a veces, para que sea aprobada cuando no se tiene suficiente
representación, no hay más remedio que ceder en algunas cuestiones.
Sí que llamo la atención sobre uno de los puntos a los que he tenido que renunciar, que es la creación de la segunda instancia penitenciaria en las secciones de las
audiencias provinciales; presentaremos más iniciativas para conseguir que se alcance, porque significaría una gran mejora para que determinadas secciones conocieran específicamente el derecho penitenciario y así se beneficiarían enormemente
los ciudadanos. En cualquier caso, como vengo diciendo, no tenemos más remedio que aceptar esta enmienda transaccional, fruto de una negociación, y así se somete a votación.El señor PRESIDENTE: Ha finalizado este debate del punto del orden del
día. Se continúa en los términos que a continuación se observarán. (El señor vicepresidente Albendea Pabón, ocupa la Presidencia.)
- RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UNA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL CONSENSUADA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA VERDE-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS. (Número de expediente 161/000283.)
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Señorías, vamos a entrar en el último punto del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a
la elaboración de una reforma del Código Penal consensuada.
Para su defensa tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CASILLAS: Parece ser que hoy acaparo las iniciativas.
El carácter regresivo de las múltiples e inconexas reformas penales operadas por el Gobierno del Partido Popular, y que ha sido uno de los ejes fundamentales de su acción de gobierno, nos conduce a presentar esta iniciativa para que con
carácter urgente se aborde esta reforma del Código Penal.
Desde nuestro punto de vista un Gobierno que recurre al derecho penal para solventar conflictos políticos es un Gobierno con vocación autoritaria.
Desde Izquierda Verde defendemos la necesidad de abordar una propuesta integral sobre el
modelo de justicia penal que necesita el Estado español, elaborado desde un debate parlamentario profundo -no como ocurrió en la anterior legislatura- y sereno, con la participación y el consenso de todos los colectivos afectados (jueces, fiscales,
abogados, procuradores, etcétera). Mediante esta iniciativa se trata de devolver a la legislación penal sencillamente coherencia.
Sea como fuere, el conjunto de reformas penales operadas en los nueve años de vigencia del Código Penal, desde nuestro punto de vista, como ya he dicho, regresivas con carácter general, han supuesto importantes y graves cambios en el modelo
penal. Queremos destacar que el derecho penal ha pasado de ser la última ratio a ser la primera solución para todo. El derecho penal parece que se olvida del valor constitucional de la resocialización, y además las cárceles españolas, que ya están
extremadamente saturadas -son de las más saturadas de la Unión Europea-, van a recibir nuevas oleadas de presos.
Desde Izquierda Unida queremos mostrar nuestra oposición a esta política de todos a la cárcel alentada por el Gobierno del Partido Popular. Para nosotros, la seguridad ciudadana debe consistir en lo siguiente: a mayor justicia social,
menor índice de delincuencia, y a mayor y mejor Estado social, también menor índice de delincuencia. Esta ecuación tan sencilla debe ser el punto de partida de cualquier política progresista en materia penal y de seguridad ciudadana. Por eso
defendemos un modelo social, jurídico y político centrado en la prevención del delito, en la remoción de sus causas sociales y económicas, y en la reinserción frente a la retribución. Todas estas ideas avaladas siempre por nuestra Constitución
española. Tenemos el ejemplo de determinados Estados occidentales en los que se ha instalado también la política que aquí llevó a cabo el Partido Popular de tolerancia cero y con penas privativas de libertad duras, y a pesar de tanta dureza, en
esos países no se han rebajado los índices de delincuencia, y esas sociedades ni son más seguras, ni tienen menor violencia.
Frente a este Estado, en el que se dedica a la punición penal protectora el derecho a la propiedad, desde Izquierda Unida defendemos el Estado social y democrático de derecho avanzado y poderoso, capaz de remover las causas de las
desigualdades sociales y económicas. Por ello, sencillamente, presentamos esta iniciativa.
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, que después se ha transformado en una transaccional. Para su defensa tiene la palabra el señor Galache.
El señor GALACHE CORTÉS: Efectivamente, la naturaleza misma parlamentaria y técnica de la enmienda transaccional nos hace que tampoco tengamos que hacer un largo excurso sobre su alcance, su contenido y sobre todo sobre lo que late dentro
de ella y dentro del espíritu sustantivo de la misma.
Por esta razón vamos a ser lo más sintéticos posibles. Partimos de que la transaccional que el Grupo Parlamentario Socialista trae a consideración de esta Comisión no es ni más ni menos que una continuación de un tipo ya de política
determinada, de compromiso y de cumplimiento de compromisos electorales del que hace gala el Gobierno Socialista, el Gobierno que actualmente dirige los destinos de la nación. Así hemos de decir que hace ya bastante tiempo el ministro de Justicia
en su primera comparecencia manifestó la intención de impulsar una reforma que implicase la revisión global de los contenidos del Código Penal, coincidiendo
con los diez años de su vigencia. Estamos hablando de revisión global; quiere decirse que no se trata, como podía pensarse en un principio, en buena técnica jurídica, de una contrarreforma. No estamos entrando en la dinámica de la
disposición normativa penal sustantiva compleja, otra aún más para contrarreformar y generar algo de lo que todos debemos huir, que es la inseguridad jurídica. Por tanto no se trata de una contrarreforma, sino que se trata de reformar y actualizar,
y sobre todo aclarar y suprimir determinados tipos penales, determinados aspectos que, consideramos desde la perspectiva socialista, son incompatibles con un moderno Derecho Penal de culpa.
En segundo lugar porque es indispensable en este acuerdo que el Gobierno propicia, es indispensable, por la misma importancia de la norma, que vengan a concebir la misma todas las fuerzas políticas no solo del arco parlamentario, sino todos
los grupos interesados, aparte de los expertos, como no podría ser de otra forma. También, evidentemente, por criterio legal y reglamentario, aquellas instituciones que tienen trascendencia en cuanto a sus informes y a la vinculación de los mismos,
según establecen las leyes.
Decimos que se trata del cumplimiento de una promesa gubernamental explicitada por el ministro de Justicia en su comparecencia ante esta Comisión en la primera vez que tuvo ocasión de ponerlo de relieve. De ahí que nosotros hayamos
propiciado esta enmienda transaccional que acoge ese anhelo y acoge ese compromiso. También hemos dicho, como formando parte de la trascendencia que tiene esta reforma puntual o este proyecto de reforma del Código Penal, que se hace con una cierta
visión de tiempo, porque todos sabemos que la precipitación en la elaboración de las normas jurídicas lo que trae es perjuicio, grave perjuicio, y mucho más si se trata de una materia punitiva tan trascendental como la que se contiene en los códigos
penales y de eso tenemos sobradas experiencias en la legislación anterior. Se hace con una visión de tiempo, para que se pueda comprender perfectamente la realidad en la que estamos operando y se elabore un instrumento punitivo que esté lo
suficientemente adaptado al tiempo que corremos, y sobre todo que no criminalice excesivamente conductas que tienen otra respuesta en otros órdenes jurisdiccionales tan trascendentales como el Código Penal, como puede ser el orden jurisdiccional
penal. Por tanto, es voluntad del Gobierno, y es trascendental el realizarla conforme a estos postulados de compromiso.
Además se quiere hacer coincidir con los diez años de vigencia del Código Penal de 1995, que todos conocemos y que fue llamado
el Código Penal de la democracia.
Evidentemente esto no es suficiente en una argumentación de defensa de una enmienda transaccional cuyo fin sería convencer a los integrantes de esta Comisión de la bondad de la misma y de la importancia de su admisión y voto favorable, si no
pusiéramos de manifiesto que ya el Gobierno en esta misma Cámara ha mostrado esta intencionalidad; o sea, hay una coherencia absoluta entre lo que es un presupuesto político, un presupuesto programático y lo que es la praxis, lo que es la realidad
de la puesta en marcha de una actividad o una iniciativa legislativa concreta.
¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo, señorías, como no podía ser de otra manera, al proyecto de ley orgánica que el día 21 de octubre de 2004 tuvo entrada en esta Cámara y que se contrae a la supresión de los artículos 506
bis, 521 y 576 del Código Penal que fueron introducidos, como SS.SS. todos conocen, y no vamos a entrar en más profundidad sobre ello, en un momento determinado por el anterior Gobierno y que era tendente a la incriminación de conductas, de
convocatoria ilegal de referéndum, de financiación de partidos políticos disueltos, que efectivamente tenían -y nosotros lo seguimos manteniendo- una respuesta en otro orden jurisdiccional tan inmediato y tan rápido como podía ser el ordenamiento
jurídico penal que, como bien sabemos, rige y debe regirse por el principio de subsidiariedad y además por su intervención mínima o pena necesaria.
Los hechos demuestran que esta es la intencionalidad de esta proposición no de ley orgánica de supresión de estos artículos, porque si bien desde la misma sistemática legislativa la técnica de los bis no deja de ser perturbadora su fondo y
su sentido era infinitamente más perturbador que lo que ha significado proceder a suprimirlo de una forma consensuada por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, excepto el Grupo Popular.
Como SS.SS. saben, y tampoco me voy a extender en
demasía, se trata de una respuesta del presidente del Gobierno en contestación a un grupo parlamentario y en la que se manifiesta que en un plazo de 24 horas se presentará una ley orgánica, porque ello no empece el objetivo gubernamental, el
objetivo parlamentario, el objetivo programático de elaborar un proyecto de reforma del Código Penal lo más consensuado posible, sin perjuicio de introducir aquellas medidas inmediatas que, por no poder dejarlas sin más dilación por el efecto
pernicioso, a nuestro entender, que tiene sobre el ordenamiento jurídico, deben ser inmediatamente abordadas y suprimidas, como se ha hecho de manera consensuada con esta norma a la que nos venimos refiriendo que es la proposición de ley orgánica de
modificación del Código Penal para suprimir los artículos precitados 506 bis, 521 y 576 del Código Penal.
Sin embargo, si esta cuestión es fundamental desde la perspectiva sustantiva y desde principios jurídicos profundos, el Gobierno y este grupo
parlamentario comparten que evidentemente cuando hablamos de derecho penal y hablamos de derecho penal culpabilista, derecho penal moderno, derecho penal del siglo XXI, siempre debemos que tener en cuenta los principios fundamentales vertebradores
de esta norma jurídica tan trascendental. Ya se ha mencionado hace un instante, estamos hablando del principio de la intervención mínima, principio de subsidiariedad, principio de la pena necesaria
y, como no podía ser menos, el principio de proporcionalidad. Esas son las líneas maestras que concitan todas las opiniones de todos los grupos parlamentarios de todos los interesados y que serán norma y guía del proyecto de reforma que en
su día se articulará ante las Cámaras.
Como decía, desde el aspecto sustantivo, y no quiero tampoco extenderme en demasía, bien sabemos todos los que nos dedicamos al mundo del derecho y concretamente a esta apasionante labor de colaboración legislativa, que a la hora de afrontar
un proyecto de esta raigambre o de esta importancia, por lo que significa para el tejido social tener un código penal actualizado o tener un código penal obsoleto o caracterizado por la punición sin más o la criminalización de conductas que no
deberían de serlo, hay tres factores fundamentales que se tienen y se tendrán en cuenta, como se está demostrando por la praxis.
Estos tres factores, estos vectores integrantes de la intencionalidad de esta proposición y, por supuesto, del Gobierno en su momento, son la idea de justicia, la idea de seguridad jurídica y la idea de oportunidad.
Evidentemente las tres
cuestiones se han considerado, estos tres vectores son fundamentales y en aras a estas argumentaciones y en aras a que se trata de un cumplimiento y de la ejecución de ese cumplimiento, y que la praxis lo confirma, vamos a interesar que se admita
también esta transaccional y que se apruebe esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Entramos en la fase de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente, pero no tomaremos la palabra en estos momentos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra el señor Cerdà.
El señor CERDÀ ARGENT: Pues esta vez, y para sorpresa, me imagino, del Grupo Socialista, nos parece mejor la transaccional que el texto original, porque cumple los dos objetivos que nosotros creíamos que tenía esta proposición: uno, la
necesidad urgente de acometer la reforma del Código Penal y huir también, por la forma como se hace, de lo que había sido la práctica política en el Gobierno anterior, huir de aquello que se ha venido en llamar el michavilismo jurídico, y acometer
las reformas de una ley tan importante como el Código Penal, como se diría en Valencia a escopetà de lladre, o como se diría en castellano, a salto de mata. En este caso, tanto el primer punto, que ha quedado alterado, desde nuestro punto de vista
para mejor, como el segundo que fija efectivamente un plazo máximo de dos años para acometer la modificación del Código Penal, nos parecen pertinentes y por tanto votaremos favorablemente esta enmienda transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Para cerrar el turno tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Santaella.
El señor SANTAELLA PORRAS: En nombre del Grupo Parlamentario Popular voy a fijar el posicionamiento en esta proposición no de ley, que en su parte dispositiva está clara porque plantea dos cuestiones: iniciar el proceso de elaboración de
la modificación del Código Penal y establecer el plazo de dos años para que el Gobierno presente el proyecto de ley.
Prácticamente las transaccionales que se presentan van en el mismo sentido y no cabe duda de que el Grupo Parlamentario Popular
hubiera aprobado esta iniciativa sin la exposición de motivos que le acompaña y que luego vamos a analizar; y la hubiera aprobado sin ningún tipo de reserva porque en las dos legislaturas anteriores el Gobierno del Partido Popular, apoyado por este
grupo parlamentario, no ha hecho más que lo que se plantea ahora: hacer continuas modificaciones del Código Penal, no con la calificación que se les da en la exposición de motivos, sino guiadas todas ellas -las doce que concreta la proponente- por
dos cuestiones que nosotros hemos tenido siempre y seguimos teniendo muy claros. Nosotros entendíamos y entendemos que al acometer las distintas y diversas reformas del Código Penal, éste ha de tutelar siempre, siempre, los valores y principios
básicos para regular una mejor convivencia social, porque a nuestro entender hay un solo eje que debe permitir las modificaciones del Código Penal, y es simplemente esa convivencia social que lo único que tiene que hacer es adaptar continuamente el
Código Penal a los valores constitucionales. Si los principios básicos de la convivencia social, si los valores que deben guiarnos para defender los valores constitucionales para ustedes varían, es que tanto ustedes como nosotros tenemos unos
principios y unos conceptos de los valores bastante diferentes. Decía en su comparecencia el ministro -y se ha hecho alusión por el portavoz del Partido Socialista- que precisamente para evitar el síndrome de penelopismo, el Gobierno no va a
proceder a la contrarreforma sin más del Código Penal de manera inmediata. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, como nos tiene acostumbrados, porque continuamente van variando. Una cosa es tener en cuenta las modificaciones últimas que
están en marcha, modificaciones de 166 artículos, diciendo que no se viene a tejer y a destejer, y otra cosa es, porque interesa políticamente, intentar politizar temas tan importantes como es el Código Penal y el ordenamiento jurídico. Lo que más
nos llama la atención es el razonamiento para las modificaciones, porque incluso las transaccionales que se presentan van unidas a la aceptación por todos los grupos, incluso por el grupo mayoritario, el Socialista, de la
exposición de motivos que acompaña a esta proposición no de ley. Se manifiesta un carácter regresivo de las reformas penales, un paso atrás con respecto al Código Penal del año 1995. Se enmarcan las reformas en un periodo de involución
democrática, con un contenido represivo, como si todo Código Penal no fuera represivo. ¿O es que van a modificar el Código Penal sin represión? Salvo que articulen una nueva tipología como es la donación de medallas, etcétera. Pero todo Código
Penal viene en cierto modo a reprimir conductas que son insolidarias con la convivencia civil.
Un tercer punto que hoy no sería objeto de debate es la creación, según dice la proponente, de nuevos tipos penales enmarcados en lo que podríamos
denominar una política criminal de ficción, referida a los artículos 506 bis y 521, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya ha dicho que se hará con un amplio diálogo entre los distintos grupos, pero ya se han empezado a dialogar y a
consensuar las distintas modificaciones que ustedes tienen en mente. Pero fíjense lo que les digo: ustedes hablan de los principios que a nosotros nos inspiraron al hacer estas modificaciones; ustedes hablan de estos conceptos represivo,
regresivo, falta de convivencia. Yo les enunciaría las doce reformas que en las dos legislaturas del Partido Popular se han hecho, y les pregunto si adoptarían medidas contra la violencia callejera ¿Sí o no? Porque esa es una de las
modificaciones. ¿Suprimirían las penas de prisión y multa para los supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social sustitutoria y rebajarían las penas de inhabilitación para dichos supuestos? ¿Si o no? ¿Serían
represivas, regresivas? ¿Qué serían? ¿Adoptarían medidas contra la pornografía infantil o no? Es otra modificación que se hizo. Pregunto si lo harían o no. ¿Se ha regresado, se ha reprimido? ¿Protegerían a las víctimas de los malos tratos?
¿Es regresivo? Las materias de prohibición del desarrollo y empleo de armas químicas, de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, de regulación de la responsabilidad penal de los
menores en relación con los delitos del terrorismo, de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social, la sustracción de menores y la reforma para el cumplimiento íntegro de las penas y objetivos de las penas, todo esto ¿ustedes
creen que se puede colgar de la percha de esa exposición de motivos tan consensuada y tan bonita que quieren presentar hoy en esta Comisión? La verdad es que ustedes están actuando más que con objetividad con revanchismo, y lo que quieren es
suprimir ocho años de Gobierno del Partido Popular, que está muy orgulloso de haberlo hecho porque se ha avanzado mucho en convivencia social, y lo único que deseamos es que esa misma convivencia social ustedes la mantengan y, la aumenten. Y les
voy a decir otra cosa. Decía un autor griego (me llama mucho la atención pero es verdad) que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Yo creo que ustedes ahora mismo, con un poco de borrachera política, ni tienen viento favorable ni
saben a dónde van. Por eso nosotros vamos a votar en contra de esta proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Señora Navarro, supongo que acepta la transaccional que ha presentado el Grupo Socialista por lo que se deduce de sus palabras de antes.
La señora NAVARRO CASILLAS: Demasiado bien sabían hacia dónde iban los miembros del Partido Popular en la anterior legislatura.
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Señora Navarro, le ruego que se atenga a la contestación de si acepta o no la transaccional. No reabra usted un turno, que le voy a tener que dar la palabra otra vez al señor Santaella.
La señora NAVARRO CASILLAS: No me importaría. Désela, no hay ningún problema. (Risas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Ya la veía venir.
La señora NAVARRO CASILLAS: Dado que el contenido no se altera en absoluto a través de la enmienda transaccional de la iniciativa planteada, se acepta la misma.
El señor VICEPRESIDENTE (Albendea Pabón): Procede pasar a las votaciones puesto que se han debatido ya las seis proposiciones no de ley. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar las votaciones, como ha habido una alteración del orden del día, quisiera preguntar a los portavoces de los grupos si tienen alguna preferencia en el orden de votación.
(Denegaciones.) Muchísimas
gracias por su confianza. Vamos a votar de conformidad con lo que está establecido en el orden del día, y con ello intentaremos agilizar al máximo este trámite.
En primer lugar, procedemos a la votación de la proposición no de ley relativa a la modificación del régimen lingüístico de los registros de la Propiedad y Mercantil, a la que no se han presentado enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a continuación a la votación de la segunda proposición no de ley debatida en esta Comisión, relativa al cambio de apellido en el Registro Civil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 30.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a continuación a la votación de la tercera proposición no de ley sobre reforma del sistema penitenciario, a la que se ha presentado una enmienda transaccional que SS.SS. han tenido oportunidad de conocer y debatir.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa al derecho de los recién nacidos a una correcta e inequívoca identificación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Punto 5 del orden del día, proposición no de ley relativa a la elaboración de una reforma del Código Penal consensuada, con la existencia de una enmienda transaccional en los términos tan intensos que se ha debatido en este acto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley en los términos de la transaccional.
Sexto y último punto, proposición no de ley sobre la retirada de recursos de inconstitucionalidad promovidos contra leyes forales. Se vota con la enmienda transaccional y la corrección de errores que se ha admitido por los grupos
parlamentarios a instancias del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de ley.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, sin perjuicio de expresar que a continuación tenemos reunión de Mesa y portavoces. Muchas gracias a todos y a los servicios de la Cámara su colaboración, como siempre.
Era la una y veinte minutos de la tarde.