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DS. Senado, Pleno, núm. 13, de 13/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 2000 VII Legislatura
Núm. 13
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 13 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si puede aclarar el Gobierno si los fiscales han sido un
instrumento del Gobierno de España para oponerse a la actuación de la
justicia contra el general Pinochet (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de
septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000068).
--De D.ª TERESA GARCIA AVILES, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones que han llevado al Gobierno a adelantar el
equilibrio presupuestario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de septiembre de
2000) (Número de expediente 680/000088).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de
ampliar la jurisdicción española sobre las aguas oceánicas del
archipiélago canario estableciendo la línea de mar mediana con Marruecos,
Sahara Occidental y Mauritania, a fin de desarrollar políticas
disuasorias de la práctica de actividades ilegales por parte de las
embarcaciones en dicha zona oceánica (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de
septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000072).
--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si comparten los servicios técnicos del Ministerio de Defensa la
tesis británica de no existencia de riesgo en la reparación de la avería
en el sistema de refrigeración del submarino de propulsión nuclear
«Tireless» atracado en el puerto de Gibraltar (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11
de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000099).
--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si considera el Gobierno que en el
75% del contrato de suministro de gas establecido con Argelia, y que no
se abre a las empresas comercializadoras, están incluidos otros
transportistas además de la Empresa Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente
680/000087).
--De D.ª ANTONIA RUIPEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que la
introducción del euro se realice de forma eficiente y rápida (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000091).
--De D. MANUEL HURTADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las obras de regadío que se han modernizado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 75 de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de
septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000094).
--De D.ª ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el programa de inversiones realizadas durante el año 2000
en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de
fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000089).
--De D. CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la forma en que está impulsando el Gobierno la
aplicación de mecanismos de negociación que eviten el aumento de
conflictividad entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000090).
--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, sobre si el actual Gobierno adoptaría el mismo procedimiento y
condiciones utilizados por el Ministerio de Fomento el pasado mes de
marzo, si estuvieran pendientes de adjudicación las licencias de
explotación de telefonía móvil con la tecnología del Sistema Universal de
Telecomunicaciones Móviles (UMTS) (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de
septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000086).
--De D. SEGUNDO BRU PARRA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para que el diferencial de costes
con otros mercados, producido en la adjudicación de licencias para
operadores del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), se
traduzca en una rebaja de las actuales tarifas que pagan en España los
usuarios de la telefonía móvil (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de septiembre
de 2000) (Número de expediente 680/000097).
--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno ante la implantación del «impuesto ecoturístico»
por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente
680/000083).
--De D.ª CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para corregir
la grave contaminación por arsénico del agua potable, de los municipios
afectados en las provincias de Valladolid y Segovia (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de
fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000096).
--De D. JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las inversiones previstas por el
Gobierno para la línea de ferrocarril que une Lleida con Barcelona a
través de Manresa (Barcelona), una vez que hayan sido ejecutadas las
obras de mantenimiento del tramo comprendido entre Mollerussa y Cervera
(Lleida) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de
expediente 680/000082).
--De D.ª MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las razones que motivaron el cambio de agenda del
Ministro de Fomento, e impidieron mantener la entrevista, previamente
establecida,
con el Alcalde de Ourense, para tratar sobre infraestructuras básicas
para la ciudad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de septiembre de
2000) (Número de expediente 680/000095).
--De D.ª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para
adoptar medidas eficaces en relación con el problema derivado del consumo
de drogas vinculado al ocio durante los fines de semana (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de
fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000064).
--De D.ª ROSA MARIA FERNANDEZ PACHECO, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para desarrollar la colaboración con las
Comunidades Autónomas en materia de inspección de trabajo (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52,
de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000093).
--De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si ha cuantificado el Gobierno el coste que ha supuesto para la
Seguridad Social, en los últimos cinco años, la aprobación por la
autoridad laboral de expedientes de rescisión de contratos que han
afectado a trabajadores en empresas de banca, energía o
telecomunicaciones (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de septiembre de
2000) (Número de expediente 680/000098).
--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria, sobre las vinculaciones que, en su caso, tendrían con
el archipiélago canario las maniobras navales defensivas que próximamente
realizará la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la
zona noroeste del continente africano (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de
septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000085).
--De D.ª PILAR ARESTI VICTORIA DE LECEA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre el contenido del futuro Plan Nacional de fomento,
lectura y uso del libro, que entrará en vigor en el año 2001 (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 680/000092).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la expedición de altas médicas en los procesos de incapacidad
temporal por los médicos de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11 de septiembre
de 2000) (Número de expediente 670/000019).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la política que piensa llevar a cabo
el Gobierno para proteger a los sectores empresariales ligados con el
libro, así como para fomentar el hábito de lectura en el país (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
52, de fecha 11 de septiembre de 2000) (Número de expediente 670/000017).
--De D. CARLES JOSEP BONET I REVES, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, sobre los propósitos de actuación del Gobierno ante
el problema del encarecimiento de la vivienda (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 52, de fecha 11
de septiembre de 2000) (Número de expediente 670/000018).
Tercero
Conocimiento directo por el Pleno de Proyectos y Proposiciones de Ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 1, de fecha 10 de julio de
2000) (Número de expediente S. 621/000001) (Número de expediente C. D.
121/000001).
Cuarto
Toma en consideración de Proposiciones de Ley del Senado:
--Proposición de Ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y
otras Normas Tributarias (Autor: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III A, número 4, de fecha 15 de junio de 2000) (Número de expediente
622/000001).
Quinto
Toma en consideración de propuestas de reforma del Reglamento:
--Propuesta de reforma de los artículos 25 y 67 del Reglamento del Senado
(Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos) (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A,
número 3, de fecha 8 de junio de 2000) (Número de expediente 626/000002).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 474)
De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si puede aclarar el Gobierno si los fiscales han sido un instrumento del
Gobierno de España para oponerse a la actuación de la justicia contra el
general Pinochet (Página 474)
El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).
De D.ª TERESA GARCIA AVILES, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las razones que han llevado al Gobierno a adelantar el
equilibrio presupuestario (Página 475)
La señora García Avilés formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de
ampliar la jurisdicción española sobre las aguas oceánicas del
archipiélago canario estableciendo la línea de mar mediana con Marruecos,
Sahara Occidental y Mauritania, a fin de desarrollar políticas
disuasorias de la práctica de actividades ilegales por parte de las
embarcaciones en dicha zona oceánica (Página 476)
El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y
Martínez-Conde).
De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si comparten los servicios técnicos del Ministerio de Defensa la tesis
británica de no existencia de riesgo en la reparación de la avería en el
sistema de refrigeración del submarino de propulsión nuclear «Tireless»
atracado en el puerto de Gibraltar (Página 477)
El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y
Martínez-Conde). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Carracao Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si considera el Gobierno que en el
75% del contrato de suministro de gas establecido con Argelia, y que no
se abre a las empresas comercializadoras, están incluidos otros
transportistas además de la Empresa Nacional del Gas, S.A. (ENAGAS)
(Página 479)
El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos
Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de
réplica, interviene de nuevo El señor Albistur Marin.
En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno
para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
De D.ª ANTONIA RUIPEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para que la
introducción del euro se realice de forma eficiente y rápida (Página 480)
La señora Ruipérez Ruiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos
Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).
De D. MANUEL HURTADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las obras de regadío que se han modernizado de acuerdo con lo previsto en
el artículo 75 de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2000 (Página 481)
El señor Hurtado García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias
Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Hurtdo García.
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).
De D.ª ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre el programa de inversiones realizadas durante el año 2000
en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (Página 482)
La señora Vallejo de Miguel formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada
Moreno).
De D. CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la forma en que está impulsando el Gobierno la aplicación
de mecanismos de negociación que eviten el aumento de conflictividad
entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas (Página 483)
El señor Escobar de las Heras formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas
(Posada Moreno)
De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés, sobre si el actual Gobierno adoptaría el mismo procedimiento y
condiciones utilizados por el Ministerio de Fomento el pasado mes de
marzo, si estuvieran pendientes de adjudicación las licencias de
explotación de telefonía móvil con la tecnología del Sistema Universal de
Telecomunicaciones Móviles (UMTS) (Página 484)
El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gibert i Bosch. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés
Bertrán).
De D. SEGUNDO BRU PARRA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno para que el diferencial de costes
con otros mercados, producido en la adjudicación de licencias para
operadores del Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS), se
traduzca en una rebaja de las actuales tarifas que pagan en España los
usuarios de la telefonía móvil (Página 485)
El señor Bru Parra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Bru Parra. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés
Bertrán).
De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
posición del Gobierno ante la implantación del «impuesto ecoturístico»
por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(Página 486)
El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D.ª CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones que está llevando a cabo
el Gobierno para corregir la grave contaminación por arsénico del agua
potable, de los municipios afectados en las provincias de Valladolid y
Segovia (Página 487)
La señora Agudo Cadarso formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de
réplica, interviene de nuevo la señora Agudo Cadarso. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
De D. JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las inversiones previstas por el
Gobierno para la línea de ferrocarril que une Lleida con Barcelona a
través de Manresa (Barcelona), una vez que hayan sido ejecutadas las
obras de mantenimiento del tramo comprendido entre Mollerussa y Cervera
(Lleida) (Página 489)
El señor Simó i Burgués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Simó i Burgués. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos
Fernández).
De Dª MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las razones que motivaron el cambio de agenda del Ministro de
Fomento, e impidieron mantener la entrevista, previamente establecida,
con el Alcalde de Ourense, para tratar sobre infraestructuras básicas
para la ciudad (Página 491)
La señora Nóvoa Carcacía formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Nóvoa Carcacía. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos
Fernández).
De D.a INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para adoptar
medidas eficaces en relación con el problema derivado del consumo de
drogas vinculado al ocio durante los fines de semana (Página 492)
La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio
Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño
Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).
De D.ª ROSA MARIA FERNANDEZ PACHECO, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales para desarrollar la colaboración con las
Comunidades Autónomas en materia de inspección de trabajo (Página 494)
La señora Fernández Pacheco formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio
Pérez).
De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
si ha cuantificado el Gobierno el coste que ha supuesto para la Seguridad
Social, en los últimos cinco años, la aprobación por la autoridad laboral
de expedientes de rescisión de contratos que han afectado a trabajadores
en empresas de banca, energía o telecomunicaciones (Página 494)
El señor Romero Calero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio
Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Romero Calero.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales (Aparicio Pérez).
De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria, sobre las vinculaciones que, en su caso, tendrían con
el archipiélago canario las maniobras navales defensivas que próximamente
realizará la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en la
zona noroeste del continente africano.
Esta pregunta ha sido retirada.
De D.ª PILAR ARESTI VICTORIA DE LECEA, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre el contenido del futuro Plan Nacional de fomento,
lectura y uso del libro, que entrará en vigor en el año 2001.
Esta pregunta ha sido retirada.
INTERPELACIONES (Página 496)
De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la expedición de altas médicas en los procesos de incapacidad temporal
por los médicos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales (Página 496)
El señor Arnau Navarro realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Aparicio Pérez). Vuelve a intervenir al señor interpelante. Le contesta
el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por
el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el
por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Espasa Oliver, por el
Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Jurado de Miguel,
por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre la política que piensa llevar a cabo el
Gobierno para proteger a los sectores empresariales ligados con el libro,
así como para fomentar el hábito de lectura en el país (Página 506)
El señor Varela i Serra realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el la señora Ministra de Educación, Cultura
y Deporte (Del Castillo Vera). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del
Castillo Vera). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Quintana González, por el Grupo Mixto, y Acosta Padrón, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora Cid
Pañella, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Fernández
Zanca, por el Grupo Socialista, y Terán Molleda, por el Grupo Popular.
Cierra el debate la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del
Castillo Vera).
De D. CARLES JOSEP BONET I REVES, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana
de Progrés, sobre los propósitos de actuación del Gobierno ante el
problema del encarecimiento de la vivienda (Página 515)
El señor Bonet i Revés realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos
Fernández). Vuelve a intervenir al señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el
Grupo Mixto, y Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición
Canaria, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Herranz Martínez, por
el Grupo Socialista, y Fajarnés Ribas, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).
Se suspende la sesión a las quince horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 524)
Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 524)
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana
González, por el Grupo Mixto, y Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de
Coalición Canaria, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Molas i Batllori,
por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Castro Rabadán, por el
Grupo Socialista, y la señora Posada Chapado, por el Grupo Popular.
Se aprueba el proyecto de ley orgánica por asentimiento de la Cámara.
La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el Proyecto de Ley por la que se
autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal
Intenacional.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 530)
Proposición de Ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) y otras Normas Tributarias (Autor: Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés) (Página 530)
El señor Ganyet Solé defiende la toma en consideración. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el
Grupo Mixto; Acosta Padrón, por el Grupo de Senadores de Coalición
Canaria; Albistur Marín, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos;
Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales, por el
Grupo Popular.
Se rechaza la proposición de ley del Grupo Entesa Catalana de Progrés por
81 votos a favor, 127 en contra y 5 abstenciones.
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO (Página 536)
Propuesta de reforma de los artículos 25 y 67 del Reglamento del Senado
(Autor: Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la toma en consideración. En
turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana
Gonzáles, por el Grupo Mixto, y Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores
de Coalición Canaria, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa
Catalana de Progrés, y los señores Xucà i Costa, por el Grupo Catalán en
el Senado de Convergència i Unió; Pérez Sáenz, por el Grupo Socialista, y
Giménez Abad, por el Grupo Popular. El señor Gatzagaetxebarría Bastida
interviene de nuevo en virtud del artículo 87.
Se aprueba la propuesta de reforma por asentimiento de la Cámara.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI PUEDE ACLARAR EL GOBIERNO SI LOS FISCALES HAN SIDO UN
INSTRUMENTO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA OPONERSE A LA ACTUACION DE LA
JUSTICIA CONTRA EL GENERAL PINOCHET (680/000068).
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si puede aclarar el Gobierno si los
fiscales han sido un instrumento del Gobierno de España para oponerse a
la actuación de la justicia contra el general Pinochet.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta. A pesar de
que esta pregunta lleva dos meses y medio estancada porque no tuve la
fortuna de que me contestara el Gobierno, a la vista de lo que ha
sucedido posteriormente en el caso Cavallo, ciertamente, señor Ministro,
me parece que sigue siendo una pregunta oportuna.
Quisiera saber si, efectivamente, lo que manifestó el Presidente de la
Xunta de Galicia respecto de que los fiscales habían sido un instrumento
de la política del Gobierno de José María Aznar oponiéndose al
procesamiento y detención del general Pinochet es o no verosímil.
Señor Ministro, deseo que no lea usted los papeles que le han preparado
sino que, mirándonos a la cara a los que estamos en estos bancos, nos
diga si puede usted todavía sostener esa frase, reiterada, de que el
Gobierno de José María Aznar siempre ha respetado y respetará las
decisiones de la justicia.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
Presidenta.
Señoría, el Ministerio Fiscal, y en concreto los fiscales que han actuado
en este caso en el procedimiento judicial contra el señor Pinochet, y en
cualquier otro, lo hacen con la autonomía funcional que usted conoce y
legalmente le corresponde. Y la actuación del Gobierno ha sido en función
de las atribuciones que tiene, que han sido y son, en concreto, todas
aquellas que se derivan de la tramitación del expediente de extradición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.
El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
La actuación del Gobierno en este caso, señora Presidenta, no puede
quedar encubierta con las palabras que acaba de pronunciar el Ministro de
Justicia aquí porque, señor Ministro, los fiscales actúan dentro de los
criterios
de dependencia jerárquica, y el nombramiento del Fiscal General del
Estado y del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional dependen de la voluntad
del Gobierno de España.
Por tanto, ustedes no respetan las decisiones de la justicia porque la
justicia española lo que quiso es procesar al General Pinochet; porque la
Audiencia Nacional en la Sala ha decidido por unanimidad que hay
determinados crímenes como, por ejemplo, exterminar a la oposición, que
efectivamente son competencia de la justicia española. Ustedes a través
del Ministerio Fiscal se han opuesto a esas decisiones y mantienen al
frente del Ministerio Fiscal a personas que efectivamente en mentalidad
son coetáneas de aquellos gobiernos a los que perteneció el señor Fraga
Iribarne, que han sostenido que el pluralismo político es un vicio y que
las dictaduras en Argentina y en Chile eran paréntesis en la vida
democrática de esos países.
Por tanto, señor Ministro, para actualizar mi pregunta: ¿Cuándo pretenden
ustedes poner fin de una vez a esta situación? ¿Cuándo van a sustituir al
Fiscal General del Estado?¿Cuándo van a poner fiscales al frente de esas
responsabilidades a tenor de una España de los años 2000 y 2001, que ha
perdido desde que ustedes gobiernan el liderazgo en la defensa de los
derechos humanos en el mundo?
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señoría, aparte del discurso y del mitin que usted ha venido hacer,
lecciones de respeto a la independencia del Poder Judicial por parte de
su Grupo ni una, ni una. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Como ha demostrado que no lo conoce su señoría, el Ministerio Fiscal
actúa conforme a dos principios en las actuaciones respecto a los casos
concretos en los que interviene, que son los de respeto absoluto a la
legalidad y a la imparcialidad y con autonomía funcional en sus
decisiones en cada uno de los supuestos concretos en los que actúa, en
los que no recibe órdenes ni instrucciones del Gobierno, como no las ha
recibido en el caso Pinochet, ni el caso Cavallo, ni en ningún otro.
Quizá aquellos que tienen otra concepción de la justicia, en la que creen
que se pueden dar instrucciones concretas a los que en ella intervienen,
tengan otras opciones como se ha demostrado aquí esta mañana.
El Ministerio de Justicia y el Gobierno seguirán manteniendo el respeto a
la legalidad, a la imparcialidad y a la autonomía funcional de los
fiscales en su actuación. Y si usted considera que eso no es el respeto
al Poder Judicial, le recomiendo que empiece a actualizar sus
conocimientos de derecho.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Justicia.
--DE DOÑA TERESA GARCIA AVILES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO AL GOBIERNO A ADELANTAR EL
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO (680/000088).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísíma señora doña
Teresa García Avilés, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre
las razones que han llevado al Gobierno a adelantar el equilibrio
presupuestario.
Tiene la palabra la Senadora García Avilés.
La señora GARCIA AVILES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en su comparecencia del pasado día 26 de junio ante la
Comisión de Hacienda de esta Cámara, señaló como uno de los fines
prioritarios de la política de su Ministerio conseguir el equilibrio
presupuestario en el próximo ejercicio, adelantándose por tanto a las
previsiones iniciales, que fijaban su consecución en el 2002. Este hecho,
de gran relevancia sin duda, no sólo para la economía, sino para toda la
sociedad española, nos permitirá entrar en el siglo XXI con la Hacienda
pública saneada, garantizando firmemente la estabilidad económica y
prolongando la fase de crecimiento económico de España. Por ello, señor
Ministro, le pediría que nos indicase cuáles han sido las razones que han
llevado al Gobierno a adelantar el equilibrio presupuestario.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señoría, en primer lugar le agradezco el planteamiento de su pregunta
porque, efectivamente, la Hacienda pública española, en los albores del
siglo XXI, está enfrentada a una oportunidad que sencillamente es
histórica: entrar en el siglo XXI con las cuentas del Estado, en un
sentido amplio, incluida la Seguridad Social, en equilibrio. Es un gran
acontecimiento político, con gran relieve, con gran trascendencia, sobre
la evolución económica del país.
Como ayer adelantara el Vicepresidente Segundo del Gobierno, don Rodrigo
Rato, esta Cámara, la voluntad del Gobierno es anticipar el calendario de
consecución del equilibrio presupuestario por dos tipos de razones: en
primer lugar, por entender que es la mejor de las respuestas que podemos
dar a la situación económica presente, que es sólida, de crecimiento
económico y de creación de empleo, donde han brotado tensiones
inflacionistas que con la política presupuestaria y en concreto con el
adelantamiento del equilibrio presupuestario podemos y debemos aspirar a
corregir. De esa manera, la consecución del déficit cero es en
sí mismo una garantía de continuidad de nuestro crecimiento económico a
largo plazo. Asimismo, el Gobierno pretende abrir una nueva etapa en la
Hacienda pública española, la Hacienda del equilibrio, cara al siglo XXI.
Esa Hacienda, a través de la disminución de la deuda pública, podrá
seguir dando márgenes mayores al presupuesto para que de él se deriven
los recursos suficientes, tanto para financiar los servicios públicos que
necesita nuestra sociedad como para seguir invirtiendo en la
modernización, en la cohesión territorial y social de España.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE
COALICION CANARIA, SOBRE SI EL GOBIERNO HA ESTUDIADO LA POSIBILIDAD DE
AMPLIAR LA JURISDICCION ESPAÑOLA SOBRE LAS AGUAS OCEANICAS DEL
ARCHIPIELAGO CANARIO ESTABLECIENDO LA LINEA DE MAR MEDIANA CON MARRUECOS,
SAHARA OCCIDENTAL Y MAURITANIA, A FIN DE DESARROLLAR POLITICAS
DISUASORIAS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES ILEGALES POR PARTE DE LAS
EMBARCACIONES EN DICHA ZONA OCEANICA (680/000072).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor
don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria, sobre si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de
ampliar la jurisdicción española sobre las aguas oceánicas del
archipiélago canario, estableciendo la línea de mar mediana con
Marruecos, Sahara Occidental y Mauritania, a fin de desarrollar políticas
disuasorias de la práctica de actividades llegales por parte de las
embarcaciones en dicha zona oceánica.
Tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señorías, señor Ministro. Esta pregunta llega a la Cámara
con un poco de retraso; en plena primavera se produjo la invasión de
pateras, barcos nodriza y transportistas de inmigrantes ilegales, aunque
creo que sigue estando de actualidad. Para no repetir lo que la señora
Presidenta gentilmente ha leído, doy la pregunta por realizada.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Intervengo en sustitución del Ministro de Exteriores, señora Presidenta.
Señorías, señor Ríos, ésta es una pregunta que tiene el máximo interés
para el Gobierno y que reitera sistemáticamente su señoría en el Senado,
y que conoce que está regulada ya de acuerdo con el Derecho Internacional
y con el Derecho español para permitir que exista una zona económica
exclusiva española en torno a las Islas Canarias que está delimitada, por
el lado este, por la línea mediana con Marruecos. Ese es el derecho
interno de los dos Estados, que hace posible la delimitación más
conveniente para España y también la más pacífica entre ambos reinos.
La posibilidad que plantea su señoría --y que ya otras veces ha planteado
en la Cámara alta-- está prevista, en efecto, en la Ley 1511978, en su
artículo primero, párrafo primero, pero esa posibilidad legal quedó
contradicha con la Convención del Derecho del Mar de 1982, que distinguió
claramente entre Estados-archipiélago y archipiélagos de Estado, como es
el caso de Canarias, e impide, en consecuencia, aplicar la interpretación
que sostiene su señoría de la Ley 15/1978. De esta forma, entendemos que,
aunque no haya un acuerdo bilateral, el entendimiento estable con
Marruecos pasa por la delimitación de la zona económica exclusiva con la
línea mediana con el Reino de Marruecos.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
La pregunta de hoy, señor Ministro, no era exactamente el problema de la
zona económica, sino de la capacidad de la jurisdicción más allá de las
doce millas, en el sentido de que patrulleras u otro tipo de barcos
pudieran interceptar no directamente a las pateras, sino a los barcos que
van más allá de la zona subsahariana y que utilizan este sistema para,
posteriormente, dejar pateras en las cercanías de las islas o bien hacer
de buques nodriza.
Realmente está vigente el Tratado de Madrid con respecto al acta que en
su momento se hizo en la delimitación en la mediana de las dos partes del
océano en esa zona y, por lo tanto, sería conveniente y necesario que
España pasara, desde el punto de vista de la jurisdicción, más de las
doce millas, hasta las 30 millas, que es la mediana aproximada, para
poder tener capacidad de maniobra, sobre todo después de que hace
escasamente tres o cuatro días el General en Jefe de la OTAN, el General
Kermann, ha dicho que una de las finalidades que va a tener la OTAN
dentro de muy poco tiempo es la lucha contra la inmigración ilegal.
Asimismo, querría saber si el Ministerio está poniendo en marcha los
sistemas de radar especiales usados en Israel para detectar pequeñas
embarcaciones en la lejanía para actuar de una forma humanitaria y poder
salvar vidas de personas que han sido engañadas por las mafias.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Me
alegran mucho sus palabras, señor Ríos, porque, en efecto, no replantea
ni reabre lo ya debatido sobre la zona económica exclusiva y plantea
ahora la posibilidad de extender la actuación de la jurisdicción española
más allá de las doce millas náuticas hacia las 30-35 millas de la línea
mediana.
Como sabe su señoría, determinado tipo de actuaciones --y algunas de las
que ha mencionado están comprendidas dentro de esa posibilidad-- se
pueden realizar a partir de las doce millas; de hecho, una por ahora
frustrada operación judicial sobre determinado buque ha contado con esa
posibilidad y para ello también ha contado con el apoyo de unidades de la
Armada y del Ejército a la hora de la captura por los GEOS del buque al
que estoy aludiendo.
Todas esas posibilidades del ejercicio más allá de nuestro mar
territorial, de la jurisdicción en lo que se pueden considerar --y en
muchos casos están calificados como tal-- delitos contra el derecho de
gentes, no tenga ninguna duda, señor Ríos, de que este Gobierno las va a
mantener y las va a ejercitar.
En cuanto a la posibilidad que me plantea «apud acta», sobre la mesa, de
una repregunta en cuanto al sistema de distribución nuevo de radares para
localización de las pateras en superficie, en efecto, el sistema
tradicional de radar que cubre la zona del Estrecho, y que también está
establecido en algunas zonas del archipiélago canario, no es suficiente
para detectar la presencia cercana de esas embarcaciones, dado que tienen
muy poca altura y, en consecuencia, no son suficientemente captadas hasta
que no son visibles prácticamente desde la costa.
El Gobierno, consciente de esta situación, está preparando la
implementación de un programa específico para dotar a las unidades
costeras del litoral del sur de España y de Canarias de radares adecuados
para la detección específica del sistema de pateras empleadas por los
africanos en general, y por los marroquíes en muchos casos, para llegar
ilegalmente a nuestro territorio.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI COMPARTEN LOS SERVICIOS TECNICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA LA
TESIS BRITANICA DE NO EXISTENCIA DE RIESGO EN LA REPARACION DE LA AVERIA
EN EL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL SUBMARINO DE PROPULSION NUCLEAR
«TIRELESS», ATRACADO EN EL PUERTO DE GIBRALTAR (680/000099).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Carracao Gutiérrez, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre si comparten los servicios técnicos del
Ministerio de Defensa la tesis británica de no existencia de riesgo en la
reparación de la avería en el sistema de refrigeración del submarino de
propulsión nuclear «Tireless», atracado en el puerto de Gibraltar.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada mi pregunta en los términos que usted ha expresado,
sólo con el ruego, señor Ministro, señorías, de que no se frivolice con
la preocupación que tenemos no sólo los residentes en la zona por este
asunto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra el Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora
Presidenta, señor Carracao, nada más lejano, en efecto, en el ánimo del
Gobierno y de este Ministro que el frivolizar sobre un asunto tan serio
aunque el riesgo pueda serlo menor.
Sobre el tenor de su pregunta, Senador, el Gobierno tuvo puntual
información desde el primer momento de la avería en el submarino
«Tireless». El Gobierno cree la información que le ha suministrado el
Gobierno de Su Majestad británica en todo momento.
No obstante y en ejercicio de nuestras responsabilidades, pusimos de
inmediato en la zona potencialmente afectada todo el equipo Govra, de
vigilancia radiológica de la Armada, para que pudiera detectar cualquier
variación que pudiera ser peligrosa o avisara de un eventual riesgo, y no
se han detectado.
Y, en tercer lugar también, hemos estado en contacto permanente con el
Gobierno británico para conocer cuál era y es el plan de seguridad o
emergencia radiactiva, que para el Gobierno de España el presentado por
Gran Bretaña tiene todas las características exigibles de acuerdo con las
normas internacionales.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, de sus palabras deduzco que cuando su señoría hizo las
declaraciones de que el riesgo no era nada serio no lo decía por ciencia
propia de nuestro Gobierno, sino apoyado en las informaciones que del
Reino Unido el Gobierno de España ha obtenido.
Y quiero decirles con absoluta lealtad que la información del Gobierno
del Reino Unido no ha sido completa. A mí, particularmente, se me hizo
saber por el agregado naval de la Embajada que el submarino sólo iba a
efectuar una escala técnica, que iba a ser remolcado a puertos
especializados, que muy probablemente lo que necesitaba el
submarino era que se le adecuaran unas instalaciones que ese tipo de
buques de propulsión nuclear no tienen para poder ser remolcado. Es más,
por cuestiones que no voy a relatar ahora, pude saber --y así me confirmó
el agregado naval-- que hubo un derrame de aguas contaminadas entre Malta
y Túnez, información que el Reino Unido no había facilitado a nuestro
Gobierno.
Por otra parte, señor Ministro, no se entiende que lo válido para puertos
de la metrópoli no lo sea para el puerto de Gibraltar. Su señoría bien
conoce que hay normas en el Reino Unido que prohíben a puertos
denominados de tipo Zeta que se puedan reparar averías en sus reactores.
Usted coincidirá conmigo en que parece una frivolidad cambiar la
clasificación del puerto de Gibraltar, sin más, para que pueda ser
reparado ese buque de propulsión nuclear.
Ustedes se alinean con las tesis del Reino Unido y quizás no se den
cuenta de que están dando la espalda al referéndum que celebramos los
españoles para decidir nuestra permanencia en la OTAN, porque uno de los
términos exigía mantener la prohibición de instalar, almacenar o
introducir armas nucleares en nuestro territorio.
Este precedente, señor Ministro, supone además el someternos al interés
militar que el Reino Unido mantiene por la Roca. Y tengo la obligación
moral de indicar al Gobierno que por este hecho podría pasar a la
historia de manera ignominiosa. (Risas en los bancos del Grupo
Parlamentario Popular.) No se rían, por favor, es serio. Y lo digo desde
una profunda tristeza y conocimiento de lo que estoy diciendo. Porque
este hecho es el mejor exponente de que sigue vigente el objetivo de una
decisión política, que se tomó hace casi 250 años.
Además, señor Ministro, el Gobierno ha reiterado que no existe riesgo,
sin embargo el Subdelegado del Gobierno en Cádiz anuncia que se va a
elaborar un plan de emergencia. Han sido ustedes poco coherentes. Sus
señorías han dicho en ocasiones que hay poco riesgo, que lo es más
trasladar el submarino, etcétera, pero siempre han querido omitir que
existe un riesgo.
No sólo preocupa en la zona, sino que altas autoridades científicas están
hoy pronunciándose de que existe un riesgo, y la posición de nuestro
Gobierno debería haber sido una protesta --con mayúscula-- al Reino Unido
por la presencia del submarino nuclear.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señor
Carracao, voy a tratar de sistematizar sus observaciones.
En primer lugar, respecto de la información y de la etiología de la
avería. Desde el primer momento el Gobierno británico señaló que se
trataba de una fisura de dos milímetros en el refrigerador del reactor,
que no ha producido filtración de agua contaminante en el Mediterráneo,
en el Mar de Alborán --que es el momento en el que se comunica-- ni en la
bahía de Algeciras.
Le voy a dar un dato, señoría. Según el Govra, el Grupo de Vigilancia
Radioactivo, en el momento actual --y es bueno que se tenga presente y se
tranquilice a los habitantes de la zona-- la medida del fondo radiactivo
de la bahía de Algeciras es casi 800 veces inferior al nivel de
radiación, que recomendaría la iniciación de medidas activas de
protección. Es más, la radiación base en la zona es, junto con la
provincia de Alicante y la de Baleares, la más baja de España en este
momento.
En cuanto a si el riesgo por traslado era superior o inferior, el
Gobierno británico sostiene que era superior. ¿Por qué? Porque el
submarino debiera emprender un viaje de, al menos, 1.200 millas náuticas,
a una velocidad con motor diésel no superior a cuatro nudos por hora y,
en consecuencia, tardaría muchísimos días y arriesgaría la viabilidad
futura del submarino, causando, probablemente, un siniestro de mayor
importancia y menor capacidad de control, no sólo por Gran Bretaña, sino
por toda la comunidad internacional, si se hunde en medio del Atlántico.
Respecto al plan de emergencia, señoría, no es incoherente, sino que es
justamente lo coherente. Hemos exigido al Gobierno británico que haya un
plan de emergencia, por si pudiera haber un riesgo. Naturalmente que lo
hemos exigido, y lo está preparando también, con base en las normas de la
Armada, la Dirección General de Protección Civil y el Consejo de
Seguridad Nuclear.
¿Y sabe, señoría, cuál es la coincidencia entre aquel plan británico y el
que se está preparando? Las normas de Viena sobre este tipo de riesgos y
de planes. Y quede tranquilo todo el mundo. Se trata de establecer unas
zonas concéntricas, que van entre 550 metros --donde toda la población
tiene que saber qué hacer--, dos kilómetros de radio para posibles
actuaciones --donde proceden las pastillas de iodato potásico y
protección y refugio para las personas-- y el submarino se encuentra,
señorías, a una distancia de la verja de 2.850 metros, es decir, está
fuera de la zona de riesgo.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Un
momento, señora Presidenta. Ruego su benevolencia.
Señoría, quiero tranquilizar a la población de la zona.
La zona española de Algeciras, La Línea y San Roque, no tiene peligro
grave ni riesgo. En cualquier caso, se está preparando el plan. Quiero
dejar muy claro que están fuera de la zona de cualquier peligro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señoría,
más vale que no hagamos recuerdos...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EN EL
75 POR CIENTO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GAS ESTABLECIDO EN ARGELIA, Y
QUE NO SE ABRE A LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS, ESTAN INCLUIDOS OTROS
TRANSPORTISTAS ADEMAS DE LA EMPRESA NACIONAL DEL GAS, S. A. (ENAGAS)
(680/000087).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es la del
excelentísimo señor don Francisco Javier Albistur Martín, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre si considera el
Gobierno que el 75 por ciento del contrato de suministro de gas
establecido con Argelia, y que no se abre a las empresas
comercializadoras, están incluidos otros transportistas además de la
Empresa Nacional del Gas, S. A.
Tiene la palabra el Senador Albistur Martín. Perdón, Marin.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Mi hijo se apellida Martín. Por ahora no es Senador. Espero que algún día
lo sea y pueda hacer una pregunta como ésta. Puede ser Senador o Diputado
o Ministro.
Señor Ministro, la pregunta se la formulo en sus propios términos. Creo
que por economía de tiempo podemos pasar ya a la discusión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta;
gracias, señor Senador.
Efectivamente, el Real Decreto de 23 de junio de este año condiciona
transitoriamente, hasta el 1 de enero de 2004, el uso del contrato de
Argelia sólo en cuanto a los consumidores finales. En concreto, como sabe
muy bien la Cámara, se reserva el 25 por ciento para su venta a
consumidores cualificados a través de comercializadores, y el 75 por
ciento restante para los consumidores a tarifa a través de los
distribuidores.
El objetivo de la medida es claramente consolidar la entrada de
comercializadores en el mercado de gas natural y, en consecuencia
desarrollar la competencia en un mercado liberalizado, es decir, para que
los clientes puedan elegir suministradores. La norma no dice nada acerca
de a qué transportistas o distribuidores ha de venderse el 75 por ciento
del contrato a que se refiere su señoría, y en ese sentido debe ser
Enagás la que tome esa decisión. La Ley de Hidrocarburos impone a Enagás
una serie de obligaciones de servicio público, como saben sus señorías,
en lo que respecta al suministro a los consumidores a tarifa. Para ello
se le declara gestor del sistema y, por tanto, es responsabilidad de
Enagás, S. A., hacer un uso eficiente de sus contratos de manera que,
teniendo en cuenta los condicionamientos técnicos de la red y los
condicionamientos económicos del mercado, quede asegurado el suministro
en todo el territorio nacional.
Por lo tanto, el Gobierno entiende que lo relevante no es de qué contrato
procede el gas que adquiere un transportista o distribuidor, sino el
precio al que lo hace, que, como bien sabe, es un precio regulado,
denominado precio de transferencia, único para todas las empresas
distribuidoras.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Albistur Marin.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, gracias por la contestación, pero el debate que nuestro
Grupo quería provocar con esta pregunta va en otro sentido.
Le voy a poner un ejemplo para reflejar la situación planteada por el
Real Decreto Ley. Se atribuye a una compañía cualquiera --llámese Shell,
Texaco, la que sea; no importa el nombre ahora--, propietaria ya de gas
en otras partes, el gas proveniente de los contratos de Argelia, en la
misma medida en que a la Sociedad de Gas de Euskadi, que ha operado en el
sistema español y ha hecho posible la suscripción, mantenimiento y
desarrollo de los mencionados contratos a través de su mercado. Ahí
radica para nosotros el problema.
Como usted sabe, la Sociedad Gas de Euskadi surge concretamente de los
famosos acuerdos de Lemóniz, de hace ya casi veinte años, suscritos entre
el gobierno de Madrid y el de Vitoria, fundamentalmente para conseguir la
finalización de las inversiones y del sistema de infraestructuras que era
necesario para completar el sistema de infraestructuras gasistas de
España. La Sociedad de Gas de Euskadi compra gas, participa en esos
contratos, y supone el 7 por ciento, como mínimo, del consumo de gas del
Estado.
Siempre hemos reivindicado la posibilidad de la participación de la
Sociedad de Gas de Euskadi, concretamente el derecho que habría tenido a
participar en el contrato de gas dado que, en esa sociedad, participa
también Enagás, y era la Enagás de Euskadi en concreto.
Se llevó a cabo la privatización; no entro en ello. Ayer hizo usted una
observación en su comparecencia, a mi modo de ver acertada, pero
reivindicamos la parte alícuota de los contratos que le hubieran podido
corresponder por ser compradores e inversores. Enagás no realizó las
inversiones --repito--, las hizo la Sociedad de Gas de Euskadi, y si se
firmaron aquellos contratos fue porque alguien garantizaba el mercado y
las infraestructuras para que hubiera ese mercado. De alguna forma, hoy
en día se produce un desequilibrio, por no darle otro calificativo: que a
quien haya hecho las infraestructuras, a quien haya consumido el gas y a
quien lo haya comprado, se le trate
de la misma manera que a aquel que únicamente tiene una mesa, un pequeño
despacho y realiza, aparentemente, una distribución, pero no ha hecho
inversiones de mantenimiento.
Lo que reivindicamos con esta pregunta, y en lo que insistimos, es
precisamente que, en ese 75 por ciento, por lo menos ese 7 por ciento que
representan esas infraestructuras y ese consumo estén representados.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Es que no es una cuestión de reivindicar, señor Senador. Ya lo ha dicho:
es la privatización. El Gobierno, en el año 2000, no asigna ningún
contrato. Hay una compañía privada, que tiene origen en una compañía
pública que se privatizó en unas determinadas condiciones y a un
determinado precio, que es propietaria de un contrato.
Lamento decirle que ni el Grupo parlamentario al que pertenece su señoría
ni el Gobierno tienen nada que reivindicar. Es un contrato propiedad de
una compañía que es propiedad de unos accionistas que, por cierto, son
decenas de miles de personas que tienen sus acciones, y lo que ha hecho
el Gobierno es que en un contrato privado, y de acuerdo con la compañía,
se abra momentáneamente, hasta el 2004, el que una parte de ese contrato
obligatoriamente vaya a otros que no sean de la compañía que es
propietaria del contrato. Todas las argumentaciones que me hace su
señoría, que seguramente tendrán un fundamento muy lógico, debería
haberlas hecho en el momento de la privatización a los que decidieron la
privatización y a los que la hicieron. En este momento tengo que decirle
que es como si hablásemos de un contrato privado de cualquier compañía a
la que se refiera su señoría. En cualquier caso, estoy convencido de que,
dentro de las decisiones que tenga que tomar Enagás, las relaciones con
Gas Euskadi son fructíferas y fluidas, pero la propiedad del contrato es
de quien es y su señoría sabe perfectamente quién fue quien decidió esa
propiedad y el precio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA DOÑA ANTONIA RUIPEREZ RUIZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA QUE LA INTRODUCCION DEL EURO SE REALICE DE FORMA EFICIENTE
Y RAPIDA (680/000091).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima Señora doña Antonia
Ruipérez Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para que la introducción del euro se
realice de forma eficiente y rápida.
Tiene la palabra la Senadora Ruipérez Ruiz.
La señora RUIPEREZ RUIZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, para la introducción de la moneda única europea con sus
respectivos problemas de convivencia con las monedas nacionales y con los
habitantes de esas naciones, el Gobierno tiene que ofrecer a sus
ciudadanos un plan eficiente y atractivo para la correcta asimilación de
este gran cambio.
Nos gustaría saber qué medidas va a adoptar el Gobierno para que la
introducción al euro se produzca de forma eficiente y rápida.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y
MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señora Senadora, el Gobierno es consciente de los planteamientos y de los
retos que ha señalado su señoría y por ello, después de su negociación y
conocimiento por parte de las administraciones públicas en el seno de la
Administración General del Estado y también con administraciones
territoriales ha aprobado el Segundo Plan de Transición al Euro, que es
el que se refiere al canje de pesetas por euros que, como sabe la Cámara,
se producirá a partir del 1 de enero del año 2002, y hasta el 28 de
febrero del mismo año convivirán las dos monedas en el tráfico mercantil
normal de los ciudadanos, y desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del
año 2002 se producirá el canje de pesetas por euros, que continuará en
las oficinas del Banco de España sin ninguna limitación de tiempo.
Estamos, por tanto, a muy pocos meses de lo que sin duda va a ser un
hecho trascendental e histórico en la vida de España y en la vida de
Europa, y en mi opinión uno de los hechos políticos más importantes a los
que vamos a asistir que es el nacimiento, ya de manera efectiva y
concreta para los ciudadanos, de la moneda europea.
En ese sentido, nos parece imprescindible actuar sobre dos frentes: el
primero, un mayor y constante conocimiento por parte de los ciudadanos de
la relación entre el euro y la peseta, y por tanto de acostumbrarse a
utilizar en las transacciones normales euros, como ya podemos hacer, y lo
estamos haciendo, en transacciones financieras y como de hecho lo hacen
las administraciones públicas y muchas empresas. Ahí hay que dedicarse
particularmente a colectivos especialmente sensibles o complejos, como
pueden ser muy pequeñas empresas o pequeños ayuntamientos, y también
colectivos de ciudadanos que puedan tener dificultades añadidas, como
pueden ser
los discapacitados, y el Gobierno está trabajando en esa dirección.
El segundo reto es introducir en nuestro sistema económico y monetario el
volumen considerable de monedas y de billetes que van a suponer los
billetes y las monedas de curso legal a partir del 1 de enero del año
2002, y posteriormente, a partir del 1 de marzo, en exclusiva, y en ese
sentido, a partir de septiembre del año 2001 se distribuirán billetes y
monedas en euros a bancos y cajas, grandes superficies y empresas de
transportes de fondos. Durante el mes de diciembre se distribuirán al
pequeño comercio, al sector de hostelería y restauración a través de las
entidades financieras y la última quincena de diciembre el público podrá
comprar ya por el equivalente a 2.000 pesetas, es decir, 12,02 euros en
paquetes de 43 monedas para irse habituando a ese proceso.
En cualquier caso, no cabe duda de que éste va a ser un desafío histórico
desde el punto de vista del sistema financiero y del sistema económico, y
desde luego, de las administraciones públicas españolas. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
--DE DON MANUEL HURTADO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LAS OBRAS DE REGADIO QUE SE HAN MODERNIZADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN
EL ARTICULO 75 DE LA LEY 54/1999, DE 29 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2000 (680/000094).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Hurtado
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las obras de regadío
que se han modernizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 75 de la
Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2000.
Tiene la palabra el Senador Hurtado García.
El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, publicada en
el BOE de fecha 30 de diciembre de 1999, en su artículo 75 declaraba de
interés general las obras de modernización y ampliación de regadíos de
casi media España. Este Senador le pregunta, señor Ministro, después de
esta declaración de interés general, en qué situación se encuentran los
proyectos que redactaron en su día las comunidades de regantes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete):
Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, entre las obras de regadío declaradas de interés general en
función del artículo 75 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social para el año 2000, el Gobierno ya ha iniciado el
expediente de gasto de las siguientes: de ampliación y optimización
energética de la desaladora Virgen del Milagro para producir 16
hectómetros cúbicos/año en Mazarrón (Murcia). De la red de distribución
de aguas depuradas Lomo de los Muertos, II fase, en Canarias. De mejora
del regadío en la Isla Baja en Canarias, y las de telemando y telecontrol
del complejo de redes de distribución de aguas depuradas de Las Palmas al
sur en Canarias. Igualmente, las obras de modernización y consolidación
de regadíos correspondientes a la comunidad de regantes de Levante,
margen izquierda, Alicante, todo ello conforme al Capítulo VI de los
Presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del año
2000.
Antes de finalizar el presente año está previsto el inicio de un mínimo
de cuatro obras y un máximo de seis más dentro de las relacionadas en la
letra a) del artículo 75 de la ley referida anteriormente. El Gobierno
tiene previsto que el resto de las actuaciones incluidas en este apartado
se desarrollen mediante las sociedades estatales de infraestructuras
agrarias en el marco del Plan Nacional de Regadíos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Hurtado García.
El señor HURTADO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, las obras de modernización y ampliación de regadíos, que
se determinan, como usted bien decía, en la letra a) del artículo 75 en
la Ley de Medidas Fiscales, afecta prácticamente a la mitad del regadío
español. El importe de las obras estaba evaluado aproximadamente en
800.000 millones de pesetas; la consignación que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio no llega a los
3.000 millones de pesetas, por tanto, la imposibilidad material de
llevarla a la práctica está suficientemente clara.
Es verdad que esa publicación se hizo justo 17 días antes de la
convocatoria de las elecciones generales, como es verdad también que
altos cargos del Ministerio fueron a hablar con todas y cada una de las
comunidades de regantes. Creo que la ciudadanía incluso entiende que
cuando se acercan elecciones generales parece hasta normal que el
Gobierno haga ciertas declaraciones, pero también entiende que después
esas declaraciones deben ser llevadas a cabo para que se conviertan en
realizaciones de hecho. Los ciudadanos pueden entender incluso esto, pero
lo que desde luego no pueden entender --y en menor medida los
agricultores, que están pasándolo bastante mal porque las rentas agrarias
están disminuyendo de una forma tremenda en estos últimos cuatro años--
es que a pesar de las expectativas que les generó la declaración de
interés general no hayan recibido nada más que la visita de altos cargos
del Ministerio 17 días antes de las elecciones, como he dicho, y que en
la fecha presente no conozcan del futuro de la modernización de sus
regadíos, no conozcan del futuro de la
posibilidad de subvención para llevar a cabo estas obras, máxime en un
país como esta España nuestra donde el déficit de agua es tan importante
y en el que esas obras que fueron declaradas de interés general deberían
ser ya una realidad, si no cumpliendo ya las expectativas para las que
fueron creadas en su momento, sí en proceso de licitación e incluso
algunas de ellas en proceso de realización. Señor Ministro, con los 2.800
millones que aparecían en los Presupuestos Generales del Estado es
imposible acometer obras de 800.000 millones.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete):
Muchas gracias, señoría, por sus observaciones, pero me parece que le
falta cierta perspectiva.
Estas obras se integran en el plan nacional de regadíos, que tiene
horizonte 2000-2008. Nadie puede pretender modernizar 1.200.000 hectáreas
en España, algo que en los últimos cien años no se ha intentado nunca en
nuestro país, en tan sólo un año. Nadie va a movilizar 800.000 millones
en un año, porque la previsión es de 8 años. Pero tranquilícese su
señoría.
Yo le he dicho que las obras del artículo 75, que se han declarado como
de interés general, se van a abordar por las sociedades estatales de
infraestructuras agrarias. En este momento estas sociedades tienen
desembolsado un capital, ingresado en sus arcas, de 50.000 millones de
pesetas, con los que este otoño comenzarán las obras de mejora que se
prolongarán durante los próximos años. Vamos a capitalizarlas hasta
125.000 millones, y vamos a actuar en convenio con las comunidades de
regantes, lo que nos permitirá, sólo por esta vía, movilizar cerca de
250.000 millones.
Estas sociedades, que son un instrumento indispensable para desarrollar
el plan nacional de regadíos, están negociando actualmente convenios con
las Comunidades Autónomas para que éstas también se integren en este
sistema. Pero, además, estamos contratando a los directores gerentes y
estudiando convenios con los Ministerios de Economía y Hacienda para su
financiación permanente y asumir los compromisos financieros a largo
plazo, y con las comunidades de regantes. En este momento muchos de estos
convenios están en fase de negociación con las comunidades de regantes, y
le puedo asegurar a su señoría que dentro de este año estas sociedades
estarán en marcha y que el año que viene muchas de estas obras ya habrán
comenzado.
Tengo que decirle que todavía quedan pendientes algunos trámites para la
culminación del plan nacional de regadíos, y es que ha de ser presentado
al Consejo Nacional del Agua cuando el plan hidrológico nacional salga de
dicho Consejo, porque hay que hacer una análisis, primero, de las
posibilidades hidrológicas y, después, de la utilización del recurso
escaso. Por eso, nuestro plan nacional de regadíos entrará en enero en el
Consejo Nacional del Agua y lo aprobaremos por decreto en la próxima
primavera. Pero puede tener su señoría la tranquilidad absoluta de que
muchas de las obras que figuran en el artículo 75 se iniciarán el año que
viene, si las comunidades de regantes establecen los convenios
pertinentes con estas sociedades estatales que ya tienen capital y que
financian las obras al 50 por ciento con los regantes.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
--DE DOÑA ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2000
EN LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO (680/000089).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña Esther
Vallejo de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el
programa de inversiones realizadas durante el año 2000 en las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
Tiene la palabra la Senadora Vallejo de Miguel.
La señora VALLEJO DE MIGUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
La Ley 6/1997, de 14 de abril, de ordenamiento y funcionamiento de la
Administración General del Estado, prevé la creación de las delegaciones
y subdelegaciones del Gobierno, en sustitución de los gobiernos civiles,
para responder a las realidades y necesidades de nuestro tiempo,
siguiendo los principios de modernización, eficacia y economía del gasto
público.
Todo esto requiere la adecuación de los edificios y la mejora de las
nuevas tecnologías que están al servicio de la Administración, así como
la optimización de los recursos humanos y la introducción en la
Administración de los criterios de calidad. Esto implica, a su vez,
disponer de unos recursos económicos que lo haga posible.
De ahí, señor Ministro de Administraciones Públicas, la pregunta de mi
Grupo. ¿Cuál ha sido el programa de inversiones realizadas en el año 2000
en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno?
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señorías, como bien señala en su pregunta, la aprobación de la Ley de
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado ha
integrado orgánicamente en el Ministerio de Administraciones Públicas las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y de sus servicios
provinciales y regionales que están en su territorio; no todos, pero sí
en su mayoría.
Esta unificación de servicios nos ha permitido tener una visión más
completa de las necesidades, tanto de gasto como de inversión, de la
presencia de la Administración General del Estado en las Comunidades
Autónomas. Se han atendido y se han planificado mejor los servicios que
deben darse, pero no sólo hemos pretendido conseguir una mayor eficacia
en las inversiones sino que se ha pretendido también que éstas produjeran
el mayor efecto a medio plazo, mediante una planificación completa.
Quiero señalar que esto ha supuesto un ahorro en el gasto que se ha hecho
en las delegaciones del Gobierno. Sin embargo, no es el ahorro la
finalidad esencial; la finalidad esencial ha sido dar un servicio más
eficiente a los ciudadanos y por eso también las inversiones, no sólo el
gasto, han podido planificarse de una forma más completa. En el año 2000,
se ha hecho fundamentalmente una inversión de 1.359 millones de pesetas,
de los que 825 millones de pesetas se han destinado a obras, 137 millones
de pesetas para acondicionamientos y más de 300 millones de pesetas para
medios informáticos.
La distribución en la Administración periférica de estas inversiones no
está territorializada, lo cual permite en ciertos momentos actuar donde
es más necesario, en las delegaciones del Gobierno a veces ocurren
urgencias que no estaban previstas.
Este año la actuación más importante se ha hecho en Badajoz y, de cara al
2001 --aunque no está en su pregunta y lo veremos en los presupuestos--,
sí quiero señalar a la Cámara que el esfuerzo inversor se ha dirigido
sobre todo a la Delegación y subdelegaciones del País Vasco. Se ha
planteado una remodelación prácticamente completa de la Subdelegación de
Guipúzcoa, una actuación importante en la Subdelegación en Vizcaya y la
propia Delegación del Gobierno del País Vasco va a ser rehabilitada
íntegramente aunque, por supuesto, no en un año sino a lo largo de unos
cuantos, pero ya van a comenzar estas actuaciones en el próximo año.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DE DON CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA FORMA EN QUE ESTA IMPULSANDO EL GOBIERNO LA
APLICACION DE MECANISMOS DE NEGOCIACION QUE EVITEN EL AUMENTO DE
CONFLICTIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
(680/000090).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Conrado Escobar de las Heras, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que está
impulsando el Gobierno la aplicación de mecanismos de negociación que
eviten el aumento de conflictividad entre el Gobierno y las Comunidades
Autónomas.
Tiene la palabra el Senador Escobar de las Heras.
El señor ESCOBAR DE LAS HERAS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, es una certeza que el Estado autonómico español
se presenta, hoy por hoy, como una de las más eficaces estructuras
administrativas, tanto por la agilidad y el servicio que presta como por
el incremento de autogobierno en los diferentes territorios.
Ese extraordinario impulso descentralizador y el incremento competencial
hacen inevitable que se produzcan conflictos autonómicos que deben
prevenirse y resolverse con los mecanismos de negociación administrativa
y de concertación. Estos conflictos que son naturales en cualquier Estado
multiadministrativo, requieren de procedimientos negociados y
fundamentalmente preventivos, ya anticipados en la lejana Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional o incluso en la propia Constitución, en su
artículo 161.
A este Grupo le constan los esfuerzos que se están haciendo desde su
Ministerio por profundizar en nuestra arquitectura constitucional en todo
aquello que suponga ahondar en los instrumentos preventivos, de
negociación y de concertación administrativa.
A tal efecto, se le formula la pregunta que ha planteado la Presidencia
de esta Cámara en los siguientes términos: cómo está impulsando el
Gobierno la aplicación de mecanismos de negociación que eviten el aumento
de conflictividad entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Comparto con su señoría la apreciación de que, en efecto, el Estado de
las Autonomías ha sido un paso, a mi modo de ver, importantísimo y
decisivo en la organización administrativa y política de España.
Ciertamente ese paso, realizado además en pocos años, ha supuesto una
conflictividad inevitable en la mayoría de los casos --quizá en algunos
no-- que se ha ido solucionando poco a poco. Hay un esfuerzo decidido
desde las Comunidades Autónomas y desde el Ministerio y el Gobierno para
que esa conflictividad se reduzca al mínimo. Quiero decir que no sólo
existirá sino que debe existir siempre porque inevitablemente tiene que
haber distintos pareceres de lo que conviene y de la aplicación de la
autonomía, aunque se ha disminuido enormemente y ello gracias a esta Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional que ha permitido introducir un
mecanismo que puede solucionar los problemas bilaterales, competenciales,
antes de llegar al conflicto frente al Tribunal Constitucional. Así hemos
acudido a las comisiones bilaterales de cooperación convirtiéndolas en un
lugar de encuentro para dirimir controversias.
Hay algunos ejemplos de los que me siento orgulloso, como el conflicto
planteado por la Comunidad Autónoma
de Canarias contra la ley de régimen jurídico de la protección de
obtenciones vegetales que se ha resuelto ahora; ley que conozco bien
porque la presenté en el Congreso como Ministro de Agricultura y fue
aprobada bajo mi impulso. Sin embargo, hemos llegado a un acuerdo para
modificarla mediante un proyecto de ley que pueda sustituir adecuadamente
el conflicto suscitado. En muy poco tiempo, creo que la semana próxima,
estaré en Toledo precisamente para asistir a una reunión de la Comisión
bilateral de cooperación a fin de resolver las cuestiones que afectaban a
la ley reguladora del Consejo Jurídico Consultivo de Castilla-La Mancha.
Es decir, estamos buscando fórmulas para que esa conflictividad
disminuya. Debo decir que me siento satisfecho de no haber propuesto al
Consejo de Ministros, desde que soy Ministro de Administraciones
Públicas, ningún recurso de inconstitucionalidad. Sé que ésta es una
satisfacción que quizá pueda frustrarse el próximo viernes, y lo haré si
es mi obligación. Pero, repito, se ha producido una disminución de la
conflictividad que responde al deseo de todos, tanto del Gobierno como de
las Comunidades Autónomas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA
DE PROGRES, SOBRE SI EL ACTUAL GOBIERNO ADOPTARIA EL MISMO PROCEDIMIENTO
Y CONDICIONES UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE FOMENTO EL PASADO MES DE
MARZO, SI ESTUVIERAN PENDIENTES DE ADJUDICACION LAS LICENCIAS DE
EXPLOTACION DE TELEFONIA MOVIL CON LA TECNOLOGIA DEL SISTEMA UNIVERSAL DE
TELECOMUNICACIONES MOVILES (UMTS) (680/000086).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor Don Arseni Gibert
i Bosch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el
actual Gobierno adoptaría el mismo procedimiento y condiciones utilizados
por el Ministerio de Fomento el pasado mes de marzo, si estuvieran
pendientes de adjudicación las licencias de explotación de telefonía
móvil con la tecnología del Sistema Universal de Telecomunicaciones
Móviles (UMTS).
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señora Ministra, a fin de calibrar con la mayor equidad posible
el grado de confianza que en el futuro inmediato nos debe merecer este
Gobierno, nos parece interesante saber si, en materia de concesión de
licencias UMTS y con los datos disponibles en la actualidad, haría lo
mismo que el señor Arias Salgado en sus últimos días de Ministro o, caso
contrario, qué tipo de orientación llevaría a cabo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias,
señora Presidenta.
Señorías, en un mercado tan dinámico, y en el de telefonía móvil en
particular, aún no en plena madurez, no es comparable ni equiparable la
situación entre la fecha de convocatoria del citado concurso, el 10 de
noviembre de 1999 y la existente en la actualidad en cuanto a algunos de
los aspectos que se toman en consideración en un procedimiento de
adjudicación de licencias, como fue en su caso la telefonía móvil de
UMTS.
Creo que no es un ejercicio constructivo, ni aporta información
productiva, retrotraer las condiciones actuales del mercado a la
situación del mercado de telefonía móvil, las expectativas del negocio y
la configuración del número y tipo de agentes existentes, no durante el
mes de marzo del año pasado, sino, repito, hace casi un año.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.
El señor GIBERT I BOSCH: Gracias, señora Presidenta.
No puedo sino interpretar que, bien sea por el reconocimiento de un
error, bien porque las circunstancias han cambiado, el Gobierno hoy no
haría las cosas como se hicieron en marzo. Por tanto, tengo que darle la
enhorabuena al Gobierno y a usted, señora Ministra, porque nos sorprende
agradablemente comprobar que tienen ustedes cintura y capacidad de
rectificar y de reconocer que por lo menos hoy no harían las cosas igual
que en marzo pasado.
El Comisario Monti y el profesor Barea coinciden en sospechar que se
trató de ayudas encubiertas a las empresas contrarias a la normativa de
la Unión, y creo que éste es el más favorable de los supuestos.
Nos queda por saber --y por eso se lo pregunto-- si esta relativa
rectificación comporta como consecuencia lógica que el Gobierno traslade
voluntariamente los expedientes de las concesiones de marzo al Tribunal
de Cuentas. Porque, por lo menos aparentemente, ha habido un perjuicio o
menoscabo para las arcas públicas, y conviene acabar con las suspicacias
y aclarar este tema para averiguar si no hay motivo para que éstas se
produzcan y se trató simplemente de un error o de que las circunstancias
eran distintas a las actuales, así como para que se determinen --si las
hubiere-- responsabilidades del tipo que fuere por parte del Ministerio
de Fomento y de su entonces titular, señor Arias-Salgado.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés y Bertrán): Gracias,
señora Presidenta.
Señoría, si lo que pretendía con su pregunta era poner en tela de juicio,
tal como ha dicho, que la decisión tomada en su momento por el Gobierno
en relación con el concurso para adjudicar las cuatro licencias de
telefonía móvil de tercera generación fue inadecuada, evidentemente, he
de negarlo. El Gobierno tomó la decisión de adjudicar las licencias por
el sistema de concurso, el cual, como su señoría sabe, es
tradicionalmente utilizado tanto por nuestro ordenamiento jurídico como
en toda Europa por su idoneidad para alcanzar un objetivo primordial: que
España se incorpore en primera línea a la sociedad de la información para
el pronto beneficio de nuestros consumidores en el desarrollo de las
infraestructuras y la utilización de nuevas tecnologías; en este caso,
una nueva tecnología estratégica por lo que significa en relación con
Internet y los móviles.
Desde el punto de vista de la Unión Europea, no hay --como se ha afirmado
ante ciertas noticias-- ninguna investigación que haga referencia a este
concurso. Además, como es conocido, en su momento la propia Unión
Europea, ante la consulta que se hizo por parte del Ministerio de
Fomento, no puso ninguna objeción, sino todo lo contrario, al sistema de
concurso y en cambio expresó lo que podía considerarse en aquel momento
una cantidad superior a la que se estaba pidiendo por el canon a las
operadoras.
Y si lo que pretendía era saber si el Gobierno es receptivo y activo ante
las modificaciones de las circunstancias y los elementos que rodean a la
telefonía móvil, como así ha ocurrido, he de decirle que, ciertamente, es
muy receptivo y muy activo. Prueba de ello es que el Ministerio del que
soy responsable ha abordado, no sólo con celeridad, sino también con
seriedad y transparencia --y entiendo que así será valorado-- el estudio
de la telefonía móvil, su más amplia competencia y el estudio del uso del
espectro por parte del sector en su conjunto para elaborar el informe que
tiene encomendado, como establece el artículo 5í del Real-decreto 7/2000,
de 23 de junio, convalidado por el Congreso con el apoyo mayoritario de
los grupos parlamentarios, sobre las posibles alternativas que permiten
incrementar el grado de competencia en la telefonía móvil.
Es cierto que las condiciones en las que se han concedido las licencias
de tercera generación en algunos países, principalmente en el Reino Unido
y Alemania --que lo hicieron después de España--, ha abierto un debate
que antes no existía, como es el relativo al pago por el espectro
radioeléctrico. Pero también es cierto que después de conocer los
distintos modelos los países europeos que restan por adjudicar las
licencias de UMTS vienen optando, bien por el sistema de concurso, bien
por el sistema de subasta, en función de los objetivos perseguidos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON SEGUNDO BRU PARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS
MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE EL DIFERENCIAL DE COSTES
CON OTROS MERCADOS, PRODUCIDO EN LA ADJUDICACION DE LICENCIAS PARA
OPERADORES DEL SISTEMA UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES MOVILES (UMTS), SE
TRADUZCA EN UNA REBAJA DE LAS ACTUALES TARIFAS QUE PAGAN EN ESPAÑA LOS
USUARIOS DE LA TELEFONIA MOVIL (680/000097).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Segundo Bru
Parra, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para que el diferencial de costes con otros mercados,
producido en la adjudicación de licencias para operadores del Sistema
Universal de Telecomunicaciones Móviles, se traduzca en una rebaja de las
actuales tarifas que pagan en España los usuarios de la telefonía móvil.
Tiene la palabra el Senador Bru Parra.
El señor BRU PARRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, siguiendo con la cuestión que hoy nos ocupa, es evidente
que, con independencia del método elegido, curiosamente usted, como ayer
su compañero de Gabinete, señor Rato, opta por defender el concurso como
un método habitual y tradicional --la tradición no siempre va acompañando
al progreso--. Sin entrar en juicios de valor, al haber pagado tan poco
en España a las empresas que van a operar, es evidente que lo van a hacer
con un diferencial de costes astronómicos con respecto a otras empresas
en el mercado europeo.
Por lo tanto, encuentro lógico, e incluso obligado, suponer que esto no
ha sido porque el Gobierno quiera hacer un regalo, sino que persiguen un
objetivo claro. Yo no conozco ese objetivo. Ayer pregunté al señor Rato y
manifestó algo parecido a que no tienen por qué valer más cuatro billones
en mano que unos cuantos volando. Espero que me especifique cuáles son
esos rendimientos que el Estado, y por supuesto el consumidor español, va
a recibir en los próximos años debido a ese diferencial billonario que
tenemos en España respecto a otros países europeos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bru.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias,
señora Presidenta.
Señorías, no comparto en absoluto su opinión en relación a la pregunta
formulada en cuanto a que haya una tarifas móviles abusivas en España y
que la situación requiere una actuación especial en el ámbito de las
mismas.
Le recuerdo que, en estos momentos, España cuenta con una penetración
superior a la media comunitaria desde el punto de vista de la telefonía
móvil existente. Sin duda, el Gobierno seguirá velando para que el
proceso y la introducción de esta nueva modalidad de telefonía móvil se
haga en beneficio de nuestros consumidores --pues éste fue el objetivo y
lo continúa siendo--, para que puedan, en un corto período de tiempo,
disponer y usar de esta nueva
modalidad de telefonía móvil de forma accesible, aprovechando las
ventajas que estas tecnologías van a permitir, como el acceso a Internet,
para avanzar, repito, en la sociedad de la información.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Bru.
El señor BRU PARRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora ministra, en primer lugar, que yo conozca, técnicamente no existe
ninguna razón por la que la telefonía móvil tenga que tener tarifas más
caras que la fija, como está sucediendo en España. En segundo lugar, al
argumento de que España se va a beneficiar de que las empresas que aquí
operan han pagado y, por lo tanto, tienen unos costes fijos menores, debo
señalar que en Europa no van a poder resistir esos costes fijos y van a
ir a un proceso de fusiones, de concentraciones. Además, como hay
operadoras que se van a fusionar en Europa y operan en España, o ustedes
mantienen estrictamente la independencia de las que existen y las que
usted indica que van a conceder o, por el contrario, pagaremos el pato de
los costes alemanes e ingleses sin ningún beneficio.
En definitiva, señora Ministra, como decía aquel gran lógico, sólo puede
haber preguntas donde hay respuestas, y el Gobierno no tiene respuestas a
estas preguntas que preocupan a mi Grupo y a todos los españoles.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bru.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias,
señora Presidenta.
Señoría, lo siento pero vamos a continuar dando satisfacción al gran
lógico.
Efectivamente, el Gobierno tiene respuestas y le voy a decir una cosa.
Los precios de la telefonía móvil en España en cuanto a sí misma, no en
relación a la interconexión o en relación con otras telefonías --en
particular con la telefonía fija--, hoy por hoy es de las más baratas de
Europa. Además, los precios en la telefonía móvil, de acuerdo con los
informes de la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, han
ido descendiendo de una manera continuada, superior a los dos dígitos. En
1999 han disminuido casi un 18 por ciento respecto a 1998, que lo hizo en
un 12 por ciento, y le recuerdo a su señoría que fue el año en que se
introdujo más competencia en el sector. Lo que sí es cierto, como ya
expresé en esta Cámara y se ha recogido en la medidas aprobadas en el
Congreso, es que quedan ciertos ámbitos de la telefonía que, sea por los
propios cambios o por la historia de la misma, aún tienen que avanzar más
en la liberalización y en la introducción de mayor competencia. Esto es
lo que ya hemos planteado y se está estudiando por parte del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.
Ahora bien, si usted lo que quiere saber además es cómo se aseguran unos
precios razonables y adecuados al mercado, le garantizo que vamos a velar
y tenemos los mecanismos para que se cumplan los compromisos del propio
concurso. Vamos a continuar fomentando la competencia y no sólo en el
ámbito de la voz, sino también de los datos, de Internet y de los
contenidos. Por lo tanto, vamos a ir adaptando, y está previsto en el
informe, el propio marco regulador que facilita e incentiva la
competencia y, además, vamos a continuar velando porque los costes de
unos operadores a otros no reflejen la interconexión o unos precios no
adecuados a costes.
En este sentido, las exigencias del Real Decreto de 23 de junio de
presentación de contabilidad de costes, tal como han hecho los operadores
dominantes, así como la declaración de un nuevo operador de móviles como
operador dominante van claramente en esta dirección. Estos hechos se han
producido en junio y agosto respectivamente. Asimismo vamos a continuar
fomentando la estricta actuación de los órganos de la competencia en el
sector que hoy es más amplio, más completo y más complejo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA
POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA IMPLANTACION DEL «IMPUESTO ECOTURISTICO»
POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ILLES BALEARS
(680/000083).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Cámara
Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno
ante la implantación del «impuesto ecoturístico» por parte del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, nadie duda de la importancia del sector turístico para la
economía española y muy especialmente para Baleares, porque soportamos un
monocultivo en nuestra industria, la turística, que lógicamente es un
elemento esencial para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma. Sin
embargo, hay una presión impresionante, nueve millones de turistas
visitan aproximadamente nuestras islas, el pasaje del aeropuerto de Palma
de Mallorca es ya de más de 20 millones de personas, y esto comporta una
presión insostenible, insisto, sobre el medio ambiente y otros recursos
naturales, agua, paisaje, energía, residuos, etcétera.
Estos altísimos costes económicos, sociales y ecológicos derivados de un
modelo turístico insostenible hacen necesario medidas concretas y
precisas. Por tanto, el Gobierno de Baleares está proponiendo una
ecotasa, un impuesto ecoturístico, con el fin de abordar esos residuos
escasos. A partir de aquí existe por parte de su Gobierno,
o al menos de usted mismo, una cierta posición que en Baleares manifiesta
permanente y continuamente respecto a la ecotasa.
La pregunta es sencilla y concreta: ¿sostienen ustedes, como sucede en
Baleares, que hay que reclamar a Madrid, por ejemplo --algunos dirigentes
de su partido lo dicen--, el IVA turístico? ¿Ustedes soportan o aguantan
aquí que se planteen reivindicaciones a Madrid complementarias o de
manera sustitutiva al impuesto turístico para recabar recursos económicos
hacia Baleares? Por ejemplo, le pregunto muy concretamente: ¿están
dispuestos a colaborar con el Gobierno balear para que ese impuesto, que,
debería ser cobrado en aeropuertos y puertos a través de barcos
comerciales y de vuelos chárter, se aplique y se cobre en esos lugares
con el fin de que no sea discriminatorio en el marco de la actividad
turística de nuestra Comunidad?
Nada más, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señor Senador, señorías, la posición del Gobierno frente a un impuesto de
estas características es de absoluto respeto hacia el Gobierno que ejerce
sus propias competencias, como no puede ser de otra manera. Es decir,
dentro de su propio ámbito competencial y del ejercicio de sus
competencias, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
naturalmente puede establecer el impuesto que quiera y ejercer la
política fiscal que crea oportuna.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, espero que sea así en el futuro y deseo fervientemente
que exista una colaboración estrecha entre instituciones, entre Gobierno
central y Gobierno autonómico, por el bien de la Comunidad Autónoma de
Baleares y, por tanto, por el bien de nuestro futuro económico. Sin
embargo, tengo que decir aquí que no parece que la práctica acompañe a
sus palabras y sólo pondré otro ejemplo muy importante. Cuando el
Secretario de Estado de Comercio y Turismo plantea públicamente la
relevancia del turismo en España, diciendo que ha aumentado de una forma
importantísima, menos en Baleares, e incluso se atreve a hacer
declaraciones en la Comunidad Autónoma diciendo que eso es debido
fundamentalmente a acciones del Gobierno de Baleares, está engañando a la
opinión pública, porque, por cierto, ha aumentado el turismo en Baleares
y la previsión es que lo haga un 5 por ciento más (aunque no queremos que
aumente mucho más porque se nos va a hundir la isla, hay mucho turista en
Baleares y no es posible soportarlo), cuando hay actuaciones de ese tipo,
repito, la pregunta que me hago es: ¿usted, señor Ministro, y el Gobierno
en su conjunto, estarían dispuestos a colaborar estrechamente en sentido
positivo, como usted declaró cuando le hicieron ministro, para hacer todo
lo posible por que en Madrid se pudieran favorecer los intereses de
nuestra Comunidad Autónoma? No parece que sea así, ni en aguas, ni en
residuos, ni en parques naturales, ni en el tema de la ecotasa, etcétera.
Usted declara en Baleares todo lo contrario a lo que dice aquí.
Un día le dije, señor Ministro --y lo siento mucho, porque le aprecio
sinceramente--, que usted en Madrid hace de Gobierno y en Baleares de
oposición, además en temas que más o menos le afectan; parece usted --e
insisto en el término que utilicé-- Jekyll y Hyde. No sabemos muy bien si
usted actúa como ministro en Baleares o actúa como oposición; a ver si
nos podemos aclarar para empezar a discutir y negociar los problemas que
interesan a los ciudadanos, no a usted ni a mí, sino a la gente de la
Comunidad Autónoma.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señor Cámara, lo de que la isla se hunda, no creo que nadie se lo crea,
aunque es conveniente no hacer este tipo de publicidad engañosa. La
posición del Gobierno con respecto a este impuesto es, insisto, de
respeto, pero no de coincidencia. Nosotros podemos tener nuestra opinión
con respecto a un impuesto, en el que podemos coincidir con la finalidad,
que es medioambiental, que podemos compartir, pero es un impuesto que
tiene poco de ecológico, en el sentido de que pervierte el principio de
que «quien contamina paga», debido a que en la forma en que se ha
planteado este tributo, al menos ente otras carencias, deja de lado a una
parte muy importante de aquellos visitantes de las islas que son quienes
realmente están incidiendo negativamente dentro de la especulación
urbanística. Por tanto, usted comprenderá que el Gobierno central y el
Secretario de Estado de Comercio y Turismo tengan una opinión, desde el
respeto, contraria a un impuesto que pervierte, creemos, su propia
finalidad.
En cualquier caso, quiero insistir en el hecho de que, mientras el
Gobierno balear quiera plantear al Gobierno del Estado cualquier fórmula
de colaboración, nuestra predisposición será absoluta, dentro del diálogo
y de la voluntad de entendimiento.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
--DE DOÑA CRISTINA AGUDO CADARSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA LLEVANDO ACABO EL GOBIERNO PARA CORREGIR
LA GRAVE CONTAMINACION POR ARSENICO DEL AGUA POTABLE DE LOS MUNICIPIOS
AFECTADOS
EN LAS PROVINCIAS DE VALLADOLID Y SEGOVIA (680/000096).
La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de la excelentísima señora
doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno para corregir la
grave contaminación por arsénico del agua potable de los municipios
afectados de las provincias de Valladolid y Segovia.
Tiene la palabra la Senadora Agudo.
La señora AGUDO CADARSO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, hace más de un mes se empezaron a conocer, no sabemos si
a detectar, altos niveles de concentración de arsénico en el agua potable
de varios pueblos de las provincias de Valladolid y Segovia,
concretamente en la actualidad hay once pueblos de Valladolid y siete de
Segovia, es decir, más de 22.000 habitantes que tienen prohibido el uso
del agua para beber y cocinar, aunque no para el aseo, para el uso de la
ganadería, el riego y la industria. El riesgo para la salud es evidente
pero desconocemos las consecuencias para la agricultura, la ganadería, el
desarrollo urbanístico y los problemas que seguramente causará en el
ámbito social.
Necesitamos soluciones, y en ese contexto se enmarca la pregunta que
hemos formulado, y que reitero en los mismos términos en que ha sido
planteada.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
Presidenta.
Señoría, efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Duero, ha constituido una Comisión
Interadministrativa que integran, además, las consejerías de Sanidad y
Bienestar Social y la de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León,
así como las diputaciones provinciales de Valladolid y Segovia, con
objeto de estudiar y realizar el seguimiento de los contenidos de
arsénico detectados en estas aguas subterráneas.
En la reunión que se celebró el 9 de agosto, la Comisión acordó que la
Confederación será responsable de coordinar un programa de investigación
para limitar el área afectada --que es lo que está haciendo--, detectar
el origen del arsénico y determinar las causas de esta presencia.
A partir de la información de que disponemos, lo que podemos avanzar es
que el origen del arsénico se atribuye en este caso a su presencia en el
terreno natural, mientras que la causa de su movilización y la
incorporación a las aguas subterráneas se encontraría en las reacciones
químicas, especialmente en las de oxidación-reducción provocadas por el
bombeo, es decir, que es debido, en definitiva, a una intensa explotación
general del acuífero y a un mayor descenso del régimen de estación del
agua en este tipo de pozos.
Como medida preventiva y que usted conoce perfectamente, y hasta que no
se restablezcan esos niveles adecuados, las administraciones han
declarado no apta el agua para el consumo, no existiendo ningún riesgo
con el uso en el lavado de alimentos, aseo personal, limpieza y otros
usos no vinculados a la ingestión, y a partir de los resultados de esta
investigación que coordina la Confederación se adoptarán las medidas
oportunas a medio y largo plazo, como la posible declaración de acuífero
sobreexplotado, la incorporación de tratamientos de potabilización, la
sustitución del uso de las aguas subterráneas para aguas superficiales,
la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento o, a medio plazo, la
explotación de un sistema de multipozos.
En definitiva, lo que quiero destacarle es que, al amparo de estos
convenios entre las diputaciones provinciales y la Junta de Castilla y
León, también se suministra agua potable en estos momentos a través de
cisternas, incorporando adecuados aljibes, además de otros proyectos que,
como usted conoce, estamos negociando en estos momentos con la Junta de
Castilla y León.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro. Tiene la palabra la
Senadora Agudo Cadarso.
La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, me
alegro de que nos dé esta información que a mí me sorprende, y creo que a
los ciudadanos de mi Comunidad que están afectados por ello también,
porque es la primera noticia exacta, o por lo menos pública, de todas
estas soluciones posibles que ustedes van a plantear.
Lo cierto es que los niveles de contaminación de arsénico han pasado en
la mayoría de los pueblos afectados de una media de 150 microgramos por
litro, y concretamente en un pueblecito que alguno de mis compañeros
senadores conocen, en Hornillos del Eresma, han llegado a 326 microgramos
por litro en estos meses. La legislación española, que usted bien conoce,
permite un límite de 50 microgramos por litro, y la Directiva europea que
necesariamente tendremos que adaptar en breve, porque es del año 98 y
tenemos un límite de dos años, es decir, que en diciembre de este año
tendremos que adaptarla, prevé un límite de 10 microgramos por litro.
La Organización Mundial de la Salud está recomendando cinco microgramos
por litro. Eso significa que los niveles de arsénico son altísimos y que
están creando graves perjuicios para la salud.
Me dice usted en su respuesta que el agua para beber, efectivamente, está
controlada, pero no así y se puede seguir utilizando el agua para los
usos agrícolas y también para el aseo personal y para la ganadería. Hay
voces expertas --concretamente la de un profesor o investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-- que han salido en los
medios de comunicación que recomiendan que no se utilice absolutamente
para nada ese agua hasta que no se sepa lo que puede provocar.
Sabe usted muy bien que el origen del agua puede ser no geológico, sino
industrial. El arsénico se utiliza para las industrias de galvanizado y
también para la industria de la conservación de la madera. Por lo tanto,
es necesario urgentemente saber de dónde sale el aporte, porque tampoco
solucionaremos mucho si, como usted me está diciendo, resulta que es por
la sobreexplotación de los acuíferos. Supone que el año que viene en
verano tendremos la misma, porque allí hay muchas urbanizaciones y es una
zona que no puede continuar con esos aportes.
Las informaciones han sido absolutamente contradictorias. Algunos de sus
compañeros en el Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla y León se
dolían de que no habíamos entendido el silencio. Me da la impresión de
que el silencio está tapando la inoperancia y la ineficacia de la
Administración y creo que la situación es grave. No queremos alarmar pero
sí queremos exigir una rápida solución. Sólo un mes después, el 5 de
septiembre, es cuando ha salido una nota de prensa en la que el
responsable de la Comunidad Autónoma se había puesto en contacto con el
responsable del Ministerio y aún ahí también había soluciones
contradictorias. Presentaron un proyecto, ustedes dijeron que la
Confederación lo iba a estudiar, y no sabemos si se tienen que hacer
presas, si se va a hablar de filtros o si se va a hablar de depuradoras.
Lo cierto, señor Ministro, es que a estas alturas 22.000 personas no
pueden beber el agua, hay una grave contaminación de arsénico y le
rogamos que, tal y como decía usted en su comparecencia, nos proporcione
información...
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agudo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Intervengo brevemente para decirle, en primer lugar, que las actuaciones
a corto plazo se han tomado todas, y usted coincide conmigo. Estas
ciudades tienen agua, afortunadamente, en unas condiciones que hay que
solucionar a largo plazo, pero tienen agua, y se han prohibido
determinados usos que pudieran ser perjudiciales. Por tanto, a corto
plazo se han tomado las soluciones. Efectivamente, coincido con usted en
que a medio y largo plazo hay que indicar estas propuestas que quizá no
se conozcan porque son decisiones que todavía no se han tomado, le estoy
hablando de posibles soluciones que hemos de plantear, pero coincido con
usted, repito, en que hay que encontrar esas soluciones lo más pronto
posible.
Respecto a la Directiva europea, tiene usted razón en que hay que
trasponerla en muy breve espacio de tiempo, pero le recuerdo que la
entrada en vigor en toda Europa, aunque se trasponga la directiva de esas
normas, es en diciembre del año 2003, si no me equivoco. Mi información
es que la entrada en vigor de esa directiva, repito, sería en el año
2003. En cualquier caso si estoy equivocado, le pido disculpas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
--DEL EXCELENTISIMO SEÑOR DON JOAN HORACI SIMO I BURGUES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS
INVERSIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA LA LINEA DE FERROCARRIL QUE
UNE LLEIDA CON BARCELONA A TRAVES DE MANRESA, UNA VEZ QUE HAYAN SIDO
EJECUTADAS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE
MOLLERUSSA Y CERVERA (680/000082).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo Señor don Joan Horaci
Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, sobre las inversiones previstas por el Gobierno para
la línea de ferrocarril que une Lleida con Barcelona a través de Manresa,
una vez que hayan sido ejecutadas las obras de mantenimiento del tramo
comprendido entre Mollerussa y Cervera.
Tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.
El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, según la información recibida desde su Ministerio, en
estos momentos ha salido a licitación el tramo Lleida-Manresa del
proyecto de construcción de la línea férrea Zaragoza-Lleida-Barcelona vía
Manresa, concretamente el tramo que va desde la población de Mollerussa
hasta la población de Cervera. El importe de esta licitación es de 1.048
millones de pesetas y debe estar finalizada en 16 meses.
Hemos de reconocer que este tramo es uno de los más deteriorados de toda
la línea. Por ello nos sentimos muy satisfechos por estas actuaciones,
que esperamos mejoren las que se han ido efectuando durante estos años
sin demasiada continuidad y más bien a modo de parches de urgencia.
Tenemos conocimiento de las actuaciones en este tramo concreto, muy
deteriorado, pero desde Convergència i Unió somos conscientes de que para
el buen funcionamiento de esta línea es necesaria la mejora del trayecto
que se encuentran en un estado de deterioro muy grave, y en el que hay
ciudades como Manresa, Sabadell o Tarrasa. Hay tramos en los que el tren
que ahora circula a 40 kilómetros por hora, señor Ministro, cuando se
inauguró esta línea iba a 60 kilómetros por hora, lo cual conlleva que el
trayecto Lleida-Barcelona llegue a durar más de cuatro o cinco horas.
Somos conscientes de que es una vía muy transitada, pero eso no es razón
para olvidar de un modo tan patente a los pueblos que necesitan de su
existencia como eje fundamental del reequilibrio territorial de las
comarcas por las que pasa. De eso trata el Estado de bienestar: del
reparto por igual del bienestar, intentando que las infraestructuras
lleguen a todos los ciudadanos.
En un informe elaborado por distintas entidades de las zonas afectadas se
muestra su preocupación e indignación por el deterioro creciente de la
línea de ferrocarril Lleida-Barcelona
vía Manresa. La situación llega en algunos tramos a ser dramática, ya que
las deficiencias son mucha y entre las que debemos destacar: la mala
señalización de los pasos a nivel, teniendo en cuenta el aumento de
tráfico de vehículos agrícolas en período estival; la falta de
visibilidad de las señales, debido al crecimiento incontrolado de
vegetación pues no hay continuidad en el paso del tren herbicida por esta
vía, etcétera. Todo esto, unido a la falta de mantenimiento de las
infraestructuras de algunos tramos de esta línea y las pésimas medidas de
seguridad existentes hacen de ella un lugar peligroso y susceptible de
generar cualquier accidente.
Llevamos años oyendo promesas de inversión para modernizar las
infraestructuras de esta línea, inversiones que nunca llegan y, cuando
llegan, son escasas y no cubren las necesidades que después de tantos
años son indispensables para el funcionamiento de la misma.
Por consiguiente, preguntamos al Gobierno: ¿Qué previsiones de inversión
tiene el Gobierno en la línea de ferrocarril Lleida-Barcelona, vía
Manresa, una vez se hayan ejecutado las obras de mantenimiento del tramo
Mollerussa-Cervera?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Simó.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señorías, ya tuve ocasión de contestar esta misma pregunta en el Pleno
del Congreso de los Diputados el pasado día 21 de junio y, con mucho
gusto, le reitero la información que en aquella ocasión --y que
básicamente sigue siendo la misma-- facilité a la Cámara Baja.
En relación con esta línea hay un punto de referencia, que es una
proposición no de ley aprobada en 1997 por la que se instaba al Gobierno
a poner en marcha dos actuaciones: la primera, la adecuación del tramo
Lleida-Manresa, para poder superar las dificultades que su señoría nos ha
recordado y que son datos reales de la situación de la línea y, la
segunda, de cara al corredor en su conjunto, al corredor
Lleida-Barcelona, la elaboración de un plan de viabilidad junto con la
administración autonómica y otras administraciones.
Pues bien, en este momento su señoría ha recordado que está en ejecución
una inversión de 1.048 millones de pesetas y que está prevista la
finalización de este proyecto, por lo menos, contractual mente, el 30 de
diciembre del año 2000, y esperamos que puedan cumplirse técnicamente los
plazos.
Y para el resto del corredor, independientemente de que haya actuaciones
en marcha en el tramo Lleida-Mollerussa, que complementan las obras que
se están realizando actualmente entre Mollerussa y Cervera, se está
llevando a cabo también el estudio de viabilidad que marcará las pautas
de actuación conjunta de todas las administraciones para resolver el
problema de comunicaciones de este corredor entre Lleida y Barcelona.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Gracias, señor Ministro, por su contestación.
Sólo cabe esperar que, como ha dicho usted, continúen estas obras de
mejora en todo el trayecto, no solamente de Mollerussa a Cervera, sino
como he indicado anteriormente. Esperemos que sea realidad para bien de
todos los usuarios de esta línea Lleida-Manresa, hasta Barcelona.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Simó.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, por supuesto, espero no defraudar esa confianza y quiero decirle
que actualmente se encuentran en ejecución o programadas con carácter de
inmediato mejoras de trazado entre diversos puntos kilométricos en el
tramo Lleida-Mollerussa por parte de Renfe, por un importe de 190
millones de pesetas, con independencia de que está en estudio el
tratamiento integral del corredor, de la misma manera que ya están
adjudicadas y contratadas obras correspondientes a la instalación de un
sistema de gestión y control de tráfico entre Lleida y Manresa, por
importe de 357 millones de pesetas, también por parte de Renfe, y
adjudicada y contratada la sustitución de traviesas y carriles en otro
tramo de Tarrasa-Manresa, por un importe de 90 millones de pesetas.
Pero, sobre todo, lo más importante es que compartamos los criterios
sobre la importancia M estudio de viabilidad, porque entre Lleida y
Barcelona, además de los corredores convencionales existentes --uno de
ellos es éste--, a partir de la puesta en servicio de la alta velocidad,
habrá tres corredores: el actual, al que nos estamos refiriendo, entre
Lleida y Barcelona; el convencional, por el que circularán mercancías y
habrá algunos trayectos útiles para viajeros y, también, el tercer
corredor, de alta velocidad.
Esto significa dos cosas: que el nuevo corredor de alta velocidad entre
Lleida y Barcelona va a absorber determinados tráficos que ahora se
desarrollan por los corredores tradicionales --eso resta--, pero también
que generará nuevas demandas de tráfico --y eso suma--, porque
seguramente generará nuevos flujos de tráfico que necesitarán acceder al
nuevo corredor de alta velocidad. Y esto es necesario evaluarlo en su
conjunto. En estos momentos no le digo que con la alta velocidad este
corredor pierda importancia, digo que cambia la naturaleza del flujo de
tráficos.
Y, sobre todo, señoría, se habla --y no pensaba sacarlo a colación-- de
escasez de inversiones y quiero decirle que en este corredor, en materia
viaria, el Gobierno acaba de invertir y pagar 60.000 millones de pesetas
para la mejora del «aix» transversal, que afecta al tramo
Cervera-Manresa-Vic-Gerona. Lo que no se puede hacer es actuar a fondo en
la red viaria, en la red ferroviaria, en la red de alta velocidad. Vamos
a procurar establecer unas ciertas prioridades. Pero entre los ejercicios
1998 y 1999 el Ministerio de Fomento ha abonado 60.000 millones de
pesetas para
contribuir a la mejora del «aix» transversal, parte del cual afecta a los
tráficos de este corredor.
Señorías, yo creo que si sumamos todo, en el conjunto de los tráficos que
genera este corredor y de las respuestas intermodales, no parece que éste
sea en la actualidad uno de los corredores abandonados por el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DOÑA MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES QUE MOTIVARON EL CAMBIO DE AGENDA DEL
MINISTRO DE FOMENTO, E IMPIDIERON MANTENER LA ENTREVISTA, PREVIAMENTE
ESTABLECIDA, CON EL ALCALDE DE OURENSE, PARA TRATAR SOBRE
INFRAESTRUCTURAS BASICAS PARA LA CIUDAD (680/000095).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta de la excelentísima señora
doña María del Pilar Nóvoa Carcacía, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las razones que motivaron el cambio de agenda del señor Ministro de
Fomento, e impidieron mantener la entrevista, previamente establecida,
con el alcalde de Ourense, para tratar sobre infraestructuras básicas de
la ciudad.
Tiene la palabra la Senadora Nóvoa Carcacía.
La señora NOVOA CARCACIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el día 4 de septiembre el alcalde de Ourense tenía
concertada una entrevista con usted para tratar sobre infraestructuras
básicas para dicha ciudad. Sin embargo, parece que por problemas de
agenda del señor Ministro esa entrevista no ha llegado a celebrarse.
Por tanto, quiero saber, señor Ministro, ¿cuáles han sido los motivos de
su agenda que han impedido mantener la referida entrevista?
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Nóvoa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señora Senadora,
supongo que los problemas de la agenda de los Ministros, como la de los
señores parlamentarios, está sometida a unas determinadas prioridades y
en un momento determinado hacer frente a una concreta obligación,
compromiso, urgencia o necesidad inaplazable aconseja aplazar otras
reuniones que, como la prevista con el alcalde de Ourense, se pueden
celebrar con los mismos contenidos y conclusiones en una fecha próxima,
ya que la reunión no ha sido suspendida, sino aplazada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Nóvoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, usted quiere dar carácter de normalidad a algo que no lo
tiene.
Le voy a leer algún titular de prensa: El alcalde dará un ultimátum a
Cascos para acelerar la circunvalación y el acceso centro. Cabezas --es
el alcalde de Ourense-- reprocha a Fomento la demora en la ejecución de
obras básicas para Ourense. El movimiento vecinal solicita a Cabezas una
postura de firmeza ante Fomento. Cuiña --es el Consejero de Obras
Públicas de la Comunidad Autónoma-- pide a Cabezas que sea objetivo y
trate con respeto a Alvarez-Cascos. Baltar --Presidente de su Partido en
mi provincia y Presidente de la Diputación Provincial-- cree que el
alcalde se ha precipitado.
Coincidirá conmigo, señor Ministro, en que estos titulares reflejan,
cuando menos, las tensiones internas de su Partido en Galicia. Y yo no sé
si el señor Cabezas es más o menos, «rajoniano» que el señor Cuiña y que
el señor Baltar.
Lo que a mí me interesa realmente e inspira la intención de esta pregunta
son precisamente, los proyectos de los que quería hablar con usted el
señor alcalde de Ourense, proyectos a los que tienen derecho los
ciudadanos orensanos: El acceso centro de la ciudad con la autovía A-52 y
la circunvalación norte. Los dos son viejos proyectos, señor Ministro. Le
voy a hablar del acceso centro.
Esta Senadora, entonces Diputada, presentó en la anterior legislatura
repetidas preguntas al Gobierno, y el 17 de marzo de 1997, éste decía que
el estudio informativo estaría finalizado en ese año, es decir, en 1997,
y que los trámites que restaban, incluido el proyecto de construcción,
estarían concluidos a finales de 1998. Sin embargo, el 31 de julio de
1998, el Gobierno, en otra respuesta parlamentaria, decía que ese estudio
informativo, que iba a estar terminado en 1997, se encontraba pendiente
de declaración de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente.
En este Ministerio, señor Ministro, se ha pasado un año y medio, según el
seguimiento que hemos hecho de las respuestas parlamentarias del
Gobierno.
El 29 de septiembre de 1999 yo defendía una proposición no de ley en la
Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados por la que
instaba al Gobierno a acelerar los trámites administrativos y técnicos
que quedaban, y ni tan siquiera les ponía plazos. Pues bien, aquella
proposición no de ley fue rechazada por los votos del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Ministro, en estos momentos la autovía A-52 lleva dos años y nueve
meses abierta al tráfico y ni tan siquiera sabemos si tienen ustedes el
proyecto de construcción. Lo mismo le podría decir...
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Nóvoa. Ha finalizado su tiempo.
La señora NOVOA CARCACIA: Ruego una cierta consideración por parte de la
Presidencia.
Lo mismo le podría decir, señor Ministro, de la circunvalación norte.
En todo caso, lo que sí quiero manifestarle, señor Ministro, es que usted
es un Ministro de Fomento reciente, pero que era Vicepresidente de aquel
Gobierno; que usted es corresponsable; y que si el anterior ministro fue
ineficaz e insolidario con Galicia, no se convierta usted también, por
favor, en un ministro insolidario con nuestra Comunidad.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Nóvoa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández):
Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Senadora.
En lo único en que coincido respecto al contenido de su intervención es
en que yo soy solidario con la gestión del Gobierno anterior. Puede estar
usted completamente segura de que eso es una verdad como una casa. De lo
demás permítame que disienta, empezando por las tensiones internas del PP
de Galicia. Mírese usted un poquito en el espejo de su situación. (Risas
en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No parece que, siendo la
tercera fuerza en Galicia --no sé si camino de la cuarta, pero hoy es la
tercera--, hablar de las tensiones en el PP, que es la fuerza
mayoritaria, esté muy bien traído en este momento del debate.
En segundo lugar, tengo la impresión de que la que quiere hacer anormal
lo normal es su señoría. Le voy a explicar que hoy, por ejemplo, como
consecuencia de una interpelación que contestaré a continuación, he
tenido que aplazar una entrevista con un alcalde, al que también el lunes
pasado --anteayer--, por haberse convocado el Comité Ejecutivo de mi
Partido, le tuve que aplazar la reunión que teníamos prevista para el
lunes. ¿A usted le parece normal? Yo creo que es normal que hoy venga al
Senado a contestar una interpelación y no que me escude en ninguna razón.
Le estoy dando la información que le puedo dar. Porque de todo el dossier
de prensa que usted ha citado le falta lo más importante: ¿Hay alguna
declaración mía ahí? (Risas y aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) Porque usted viene a controlar al Gobierno. Veo
que hace usted un gran control del señor Cuiña y del señor Cabezas, pero
hoy el control que usted ejerce aquí es el del Ministro de Fomento.
Le diré que, con carácter general y en todos los casos, no seré yo quien
se rasgue las vestiduras ni se preocupe porque un alcalde considere que
las infraestructuras de su municipio son las más importantes de España.
Lo anormal sería lo contrario. Lo anormal sería que yo recibiera a un
alcalde y me dijera que las más importantes son las de otro municipio.
Por lo tanto, lo que ha dicho el Alcalde de Ourense es lo normal: que las
infraestructuras de su municipio son importantes, que hay que agilizarlas
y que, cuando se entreviste con el Ministro de Fomento, le va a pedir que
las acelere. Pero eso es lo que dicen todos los alcaldes de España.
Todos. Por lo tanto, si usted quiere interpretar, en relación con esas
informaciones de prensa, que el problema surgido el día 4 tiene que ver
con alguna decisión relacionada con esas declaraciones, está usted
equivocada. Establece usted una relación causa-efecto inexistente. Me
parecen normales las declaraciones del Alcalde de Ourense. Creo que las
necesidades de Ourense deben ser contempladas en sus justos términos,
dentro de las prioridades de las infraestructuras de Galicia y de España.
Tenga usted la certeza de que todas esas preocupaciones van a quedar
disipadas muy pronto, cuando vea en los periódicos --ese día no va a
hacer usted una pregunta, pero lo va a ver en los diarios-- la fotografía
de la reunión de mi compañero --que lo fue antes en los escaños del
Congreso-- Manolo Cabeza y el señor Ministro de Fomento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA
ADOPTAR MEDIDAS EFICACES EN RELACION CON EL PROBLEMA DERIVADO DEL CONSUMO
DE DROGAS VINCULADO AL OCIO DURANTE LOS FINES DE SEMANA (680/000064).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña Inmaculada
Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para adoptar medidas eficaces
en relación con el problema derivado del consumo de drogas vinculado al
ocio durante los fines de semana.
Tiene la palabra la Senadora Loroño Ormaechea.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, señor Ministro, quiero agradecerle su deferencia por
responder a esta pregunta que ya fue aplazada en el mes de junio y que
reglamentariamente no puede ser aplazada por segunda vez.
La formulo en los términos expuestos por la señora Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, como en el texto de su pregunta se indica, corresponde al
Gobierno diseñar una política global sobre drogas e impulsar y coordinar
estas actuaciones preventivas, que también quedan de alguna manera
esbozadas. Estoy
seguro de que su señoría sabe que en esta materia es muy importante la
labor de cooperación que puedan llevar a cabo las Comunidades Autónomas e
incluso los ayuntamientos que, en colaboración con las propias
Comunidades Autónomas, son determinantes en la gestión.
Me pregunta por previsiones, pero, afortunadamente, más que de
previsiones se puede hablar de concreciones, de realidades. Las
realidades son esa estrategia nacional sobre drogas para un período
amplio, 2000-2008, y que, afortunadamente, ese texto sí ha logrado un
razonable consenso de todas las administraciones involucradas, de los
propios planes autonómicos, que creo se ven reflejados razonablemente
dentro de este marco, y de la sociedad en su conjunto. Entre las acciones
que quizá puedan señalarse como prioritarias figura, indudablemente, la
prevención del uso de esas drogas, impropiamente llamadas recreativas,
que junto al alcohol y al tabaco están siendo, sin duda alguna, un factor
de riesgo cuando no de daño efectivo hacia nuestra juventud.
También en el marco del Plan de acción global en materia de juventud
recientemente aprobado, el día 4 de agosto, se recoge la necesidad de
actuar en esta materia, y al menos en dos áreas concretas que el Plan de
juventud recoge: el área de educación para la salud, lógicamente tratando
de evitar las acciones preventivas de la utilización y consumo de tabaco,
alcohol y drogas, con una dotación inicial de unos 600 millones de
pesetas; y el área de alternativas que creo hay que ofrecer a la juventud
de tiempo libre que también, afortunadamente, y en colaboración con
algunos ayuntamientos se está implantando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor Ministro. Estoy totalmente de
acuerdo en que el área de prevención es en la que hay que incidir
fundamentalmente para abordar con eficacia y garantías el problema que
actualmente se está suscitando y que afecta directamente a nuestros
jóvenes y adolescentes. Y hablamos tanto de drogas legales, alcohol y
tabaco, como bien ha indicado usted, drogas también vinculadas al ocio de
fin de semana de forma abusiva, como de drogas ilegales. Ha hablado su
señoría de trabajar de forma coordinada y sobre todo respetando las
políticas que en materia de prevención, asistencia y reinserción a
drogodependientes se están desarrollando desde el ámbito de las
Comunidades Autónomas y entidades locales.
Quiero hacer constar la preocupación de nuestro Grupo --y entiendo que
los Senadores de los distintos grupos parlamentarios de esta Cámara
comparten esta preocupación-- de que tenemos que avanzar, no sólo en el
ámbito educativo, sino que debemos tener en cuenta todos los demás
ámbitos en que se relacionan y se mueven nuestros jóvenes y adolescentes.
Ellos hacen mucha vida en la calle y por eso creo que debemos incidir en
implicar a las familias haciéndolas responsables para que también
intenten evitar toda la problemática que se está suscitando en estos
momentos.
Deseo manifestar que quizá uno de los ámbitos en los que también
tendremos que incidir y hacer esfuerzos conjuntamente todas las
administraciones --y por supuesto los representantes en esta Cámara desde
el control que podamos hacer de las distintas instituciones, aunque en
este caso concreto nos toca el control del Gobierno-- es el del ocio.
Debemos tratar de mejorar la cultura del ocio que tienen en estos
momentos nuestros jóvenes y adolescentes y educarles en un ocio y en unos
hábitos recreativos saludables, positivos y efectivos para el conjunto de
nuestra juventud.
Creo que no debemos limitarnos sólo a la prevención en el ámbito
educativo, y por eso exijo desde aquí un esfuerzo a la hora de realizar
una labor que compete al conjunto de los Ministerios del Gobierno. No es
problema exclusivo ni de su Ministerio ni del de Interior, Educación o
Sanidad; es problema de todos los Ministerios. En ese sentido, debe
hacerse un esfuerzo, no sólo de intenciones políticas sino también de
reflejo presupuestario, para poder abordar esta problemática con seriedad
y efectividad.
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Coincido con usted en que estamos ante una cuestión multidisciplinar que
tiene distintas dimensiones y que requiere el concurso de todas las
administraciones, puesto que todas pueden realizar aportaciones
positivas. Esto ya se ha puesto de manifiesto con algunas de las acciones
llevadas a cabo y que podrían formar parte de un cuerpo de buenas
actuaciones con posibilidad de ser repetidas en el futuro.
De hecho, muchas de las campañas de publicidad y de sensibilización han
resultado muy útiles; concretamente, me refiero a la última que ha
realizado Cruz Roja en colaboración con algunas Comunidades Autónomas. Ha
quedado suficientemente clara la necesidad de actuar en materia de
prevención en el marco educativo, en las escuelas. Ciertamente, el
reciente programa «Construyendo salud» ha merecido la opinión favorable
de amplios sectores de la sociedad.
Son importantes también los proyectos de colaboración con las
Administraciones Locales, pues, por su proximidad, es un hecho que muchos
de nuestros ayuntamientos están más en contacto con lo que sucede en la
calle. Creo que hay que procurar que los hábitos sean saludables y no
hábitos que por sí mismos propicien el consumo de las mal llamadas drogas
recreativas que, junto a las clásicas --alcohol y tabaco--, producen un
daño real y cierto a nuestra juventud. Ejemplos como los realizados por
ayuntamientos de distinto signo, como «La noche más joven» del de Madrid
o «Abierto hasta el amanecer» del de Gijón, entran
dentro de lo asumible para seguir marcando un camino de consenso y de
colaboración en un problema que, como su señoría indicaba, preocupa al
conjunto y a la totalidad de esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA ROSA MARIA FERNANDEZ PACHECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA DESARROLLAR LA COLABORACION
CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE INSPECCION DE TRABAJO
(680/000093).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña Rosa María
Fernández Pacheco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre
las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para desarrollar la colaboración con las Comunidades
Autónomas en materia de inspección de trabajo.
Tiene la palabra la Senadora Fernández Pacheco.
La señora FERNANDEZ PACHECO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el control de la calidad en el trabajo, la Seguridad
Social, el empleo y la salud en el trabajo se está llevando a cabo
actualmente con diferentes acciones a través de los servicios de
Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, tanto en las entidades
públicas como en las privadas.
Me gustaría saber, señor Ministro, qué acciones se están realizando en
este momento desde su Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
colaboración con las Comunidades Autónomas en lo que a materia de
inspección se refiere.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, en este caso coinciden un mandato legal, el derivado de la Ley
ordenadora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, el sentido
común y nuestro ordenamiento constitucional en la necesidad de buscar
fórmulas de cooperación para una materia como es la Inspección de Trabajo
y velar por las condiciones de seguridad y demás condiciones que conlleva
el trabajo en España, pues es algo que ha de realizarse de manera
conjunta.
Como determinaba la propia Ley en su artículo 16, el proceso de
articulación, a través de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales,
es ir estableciendo esos mecanismos de cooperación mediante acuerdos
bilaterales entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. Mediante estos
acuerdos bilaterales se puede determinar el funcionamiento, la
composición y el cometido de las Comisiones territoriales, que son las
que tienen competencia para establecer los objetivos y los programas de
actuación ordinaria en las distintas áreas funcionales, así como los
programas de interés autonómico o estatal que se consideren oportunos.
A pesar de que la Ley es relativamente joven, tras las oportunas
negociaciones, se han firmado ya los correspondientes acuerdos
bilaterales con Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana, Navarra,
Asturias, Cantabria y Baleares, si bien los de estas dos últimas están
pendientes de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Se han
pactado, pero están pendientes de un acto protocolario de firma, los
correspondientes a Andalucía, Extremadura y Murcia. Quedarían pendientes:
Canarias, Aragón, las dos Castillas, Madrid y La Rioja que se hallan,
todas ellas, en fases avanzadas de negociación, que esperamos se puedan
cerrar en breve plazo, puesto que la experiencia que vamos acumulando nos
indica también que es posible alcanzar este tipo de acuerdos en un plazo
razonable.
En consecuencia, creo que felizmente se va cerrando este mapa que
determina la cooperación y se van logrando esos textos que articulan con
precisión --y, hasta ahora, dentro de un funcionamiento que me atrevo a
calificar de positivo-- la necesaria cooperación constitucional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Fernández Pacheco.
La señora FERNANDEZ PACHECO: Muchas gracias, señor Ministro, por la
claridad y la contundencia de su respuesta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
--DE DON JOSE MARIA ROMERO CALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE SI HA CUANTIFICADO EL GOBIERNO EL COSTE QUE HA SUPUESTO PARA LA
SEGURIDAD SOCIAL, EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, LA APROBACION POR LA
AUTORIDAD LABORAL DE EXPEDIENTES DE RESCISION DE CONTRATOS QUE HAN
AFECTADO A TRABAJADORES EN EMPRESAS DE BANCA, ENERGIA O
TELECOMUNICACIONES (680/000098).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don José María
Romero Calero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha
cuantificado el Gobierno el coste que ha supuesto para la Seguridad
Social, en los últimos cinco años, la aprobación por la autoridad laboral
de expedientes de rescisión de contratos que han afectado a trabajadores
en empresas de banca, energía o telecomunicaciones.
Tiene la palabra el Senador Romero Calero.
El señor ROMERO CALERO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa,
el recurso generalizado a la incentivación de la jubilación anticipada se
considera, en la actualidad, el factor específico más determinante en las
bajas tasas de empleo de las personas mayores en Europa. Además, es visto
como un gran lastre para los gastos públicos asistenciales y, al mismo
tiempo, amenaza la viabilidad a largo plazo de los regímenes de
pensiones, a la luz de las proyecciones demográficas que apuntan el
incremento gradual del porcentaje de la población dependiente. Esta es
una recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre las
políticas de empleo para el año 2000.
En España, en los últimos cinco años, al amparo de una orden ministerial
del año 1994, empresas supuestamente en reestructuración han hecho un uso
abusivo de estas posibilidades de acudir a la mal llamada jubilación
anticipada --como usted bien sabe no hay ninguna figura jurídica que
ampare en nuestro país la jubilación anticipada-- y, en concreto empresas
de banca, de energía y de telecomunicaciones han reducido
considerablemente sus plantillas, transfiriendo los costes de esta
reducción, también de manera importante, a la Seguridad Social. Asimismo,
como en los sectores en general no se ha reducido el empleo, lo que ha
ocurrido es que se ha deteriorado su calidad, lo que ha traído como
consecuencia que la reducción de empleo en estas empresas ha incrementado
por otra parte la subcontratación, lo que lleva aparejados otros
problemas que en alguna ocasión hemos discutido: siniestralidad laboral,
etcétera. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)
En concreto, a mi Grupo le interesa conocer cuál ha sido la
cuantificación para los costes de la Seguridad Social de las
transferencias de las reducciones de plantilla de estas empresas de
banca, de energía y de telecomunicaciones que, por otra parte, han
incrementado de manera cuantiosa sus enormes beneficios.
También queremos saber si, en el futuro, el Ministerio --dado que se
trata de empresas que, en su gran mayoría, están reguladas por su
autoridad laboral porque tienen centros de trabajo en distintas
Comunidades Autónomas españolas-- va a seguir autorizando reducciones de
plantilla de esta naturaleza.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Romero
Calero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señor Presidente.
Señoría, me alegra que su intervención haya despejado alguna de las dudas
porque, ciertamente, era una pregunta de difícil contestación en la
medida en que figuras que pueden ser claras, entre comillas, en lo
coloquial, como es el caso de la prejubilación, no tienen existencia
administrativa ni normativa y, en consecuencia, difícilmente pueden
generar ningún tipo de registro --ni en los últimos cinco años ni en los
cinco anteriores-- que permita conocer esa adscripción de fondos y de
recursos económicos que usted mismo cita. De hecho, un concepto que
también aparece en el texto de su pregunta, el de subsidio familiar, ni
este Ministro ni sus técnicos han sido capaces de identificarlo dentro
del marco que usted pretende señalar.
Me alegra también que en la intervención que ha llevado a cabo reconozca
que alguna de estas materias sí que pueden ser, sin duda ninguna,
competencia del Gobierno de la nación, pero que también hay competencias
de las Comunidades Autónomas, evidentemente. Un caso concreto serían los
expedientes de regulación de empleo, con lo cual será cada Comunidad
Autónoma la que valore los centros de trabajo que queden afectados por un
determinado expediente. Y, en particular, en el caso que usted ha citado
primero, no sé si en el orden, en el tiempo, en el espacio o en la
importancia, el de la banca, le puedo decir que por parte de la Dirección
General del Ministerio de Trabajo no se ha tramitado ni un sólo
expediente relativo al sector bancario español en los últimos cinco años.
Comparto con usted la filosofía de fondo de la preocupación, no tanto por
la dimensión económica como por la dimensión social que puede tener la
salida precipitada del mercado de trabajo de personas con una razonable
condición física, intelectual y naturalmente deseos de permanencia en el
mismo, pero créame que el aspecto técnico, sin que ello sea eludir el
debate de fondo que ha abierto y del que comparto muchos de sus puntos,
hace muy difícil esa contestación.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
Para turno de réplica, tiene la palabra el Senador Romero Calero, por un
tiempo de 30 segundos.
El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, no me he referido a prejubilación, sino a expedientes de
rescisión de contrato. En mi pregunta hablo de estos expedientes. Si
usted me dice que en banca no se ha producido ninguno, dígame los que se
han producido en energía y en telecomunicaciones, porque algunos sí
existen, me consta, y es más, en este momento se están negociando
expedientes en ese escenario. Usted no me quiere responder, no me quiere
decir qué coste ha supuesto para la Seguridad Social. Yo tengo mis
propios números, pero no soy un irresponsable. Me gustaría contrastar mis
números con los del Ministerio. Si éste no los hace públicos y no
contesta a la pregunta de este Senador, este Senador hará público su
propio estudio basado en los estudios del Consejo Económico y Social.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Romero
Calero.
En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, no se trata en modo alguno, insisto, de evitar un debate
de fondo. Pienso que su señoría comparte una preocupación que este
Gobierno ha señalado en distintas ocasiones, no sólo este Gobierno, sino
el conjunto de partidos firmantes del Pacto de Toledo. Evidentemente, se
trata de conseguir que el mayor número posible de españoles sean capaces
de contribuir a la creación de riqueza y bienestar desde un puesto de
trabajo. De eso no hay ninguna duda. Pero usted me habla de expedientes
de rescisión de contrato, y esa figura no existe. Apelo a la autorizada
voz de algún compañero suyo de banco y de escaño que sabe perfectamente
que esa figura no existe, aunque para usted, en términos coloquiales, sea
inequívoca; habrá llegado a una conclusión o a una predefinición personal
que será muy brillante pero que difícilmente puede tener traslación a
ningún registro administrativo. No pretendo con ello polemizar sobre esa
cuestión.
En segundo lugar, le decía que la propia dinámica o mecánica establecida
que, por otra parte, es la que corresponde a nuestro ordenamiento
constitucional, hace que sean las Comunidades Autónomas las que entiendan
de los expedientes de regulación de empleo de cada centro de trabajo
afecto a una determinada Comunidad. Y ciertamente habrá quien desee
globalizar este tipo de expedientes y quien no. Que cuando alcanzan a la
dirección hay una posición consecuente y coherente por parte del
Gobierno, no lo dude. Se acaba de demostrar hace menos de quince días
cuando no ha habido una justificación suficiente de las razones
económicas que movieron a expedientes de regulación de empleo. Esa es la
actitud de firmeza que está dispuesto a mantener el Ministerio, que
normativas que no datan de estos cinco últimos años --tampoco quiero
entrar en ese debate--, sean utilizadas abusivamente. Junto a ello, el
deseo de encontrar, si es posible por vía de consenso, fórmulas que de
cara al futuro hagan aún más precisa esta posición.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
INTERPELACIONES:
-- DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA EXPEDICION DE ALTAS MEDICAS EN LOS PROCESOS DE INCAPACIDAD
TEMPORAL POR LOS MEDICOS DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES (670/000019).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): A continuación, señorías, pasamos
al punto segundo del orden del día. Interpelaciones.
Interpelación del Excelentísimo señor don Francisco Arnau Navarro, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la expedición de altas médicas en
los procesos de incapacidad temporal por los médicos de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador interpelante.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, realmente el título de la interpelación se
refiere a la expedición de altas médicas a los exclusivos efectos
económicos en los procesos de incapacidad temporal por contingencias
comunes por parte de los médicos de las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
Valga como introducción que la enfermedad profesional, la enfermedad
común, el accidente laboral o no laboral, pueden determinar en el
trabajador o en la trabajadora una situación de incapacidad temporal para
el trabajo, lo que denominamos I. T., incapacidad temporal.
La situación de necesidad creada por el accidente o la enfermedad se
caracteriza por exigir una doble protección, una doble cobertura por
parte de la Seguridad Social: la económica y la sanitaria. La económica,
a fin de suplir la falta de rentas procedentes del trabajo del
accidentado o enfermo; y la sanitaria, a fin de recobrar la salud. Ambas
protecciones o prestaciones --si somos más técnicos en su calificativo--
eran indisociables, constituían una única protección integral de una
situación de necesidad también única.
Eso fue así hasta que al Gobierno del Partido Popular se le ocurrió
disociar ambas protecciones o prestaciones. El Gobierno del Partido
Popular se sacó de la manga la extravagante figura --y digo extravagante
utilizando un término empleado por un representante de una central
sindical mayoritaria-- del alta médica a los exclusivos efectos
económicos. Estas altas médicas --a los exclusivos efectos económicos--
podían expedirse, y de hecho se siguen expidiendo, por médicos adscritos
al Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir, por médicos
absolutamente ajenos al Sistema Nacional de Salud, al Insalud, o a los
servicios de salud de las Comunidades Autónomas. En el argot sindical a
estos médicos se les llamó y se les sigue llamando médicos policías. En
efecto, una ley ómnibus --como tendremos que calificar las leyes de
acompañamiento del Gobierno del Partido Popular--, la Ley 66/1997, de
acompañamiento de los Presupuestos, dispuso que los médicos adscritos al
INSS, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los servicios
públicos de salud --eso es un eufemismo, y casi siempre los eufemismos
vienen precedidos de la expresión «sin perjuicio»--, podrán expedir la
correspondiente alta médica en el proceso de incapacidad temporal a los
exclusivos efectos de las prestaciones económicas de la Seguridad Social
y en los términos que reglamentariamente se establezcan.
Es cierto que la inspección médica puede oponerse, pero se le da el
brevísimo plazo de 72 horas para hacerlo, por lo que la brevedad del
plazo, aparte del hecho de que
opera el silencio administrativo positivo, convierte tal facultad del
Sistema Nacional de Salud en puro papel mojado.
El alta médica a los exclusivos efectos económicos permite, por tanto,
disociar el cobro del subsidio por incapacidad temporal de la prestación
de asistencia sanitaria, por lo que cabe un alta sin curación total, un
alta compatible con la necesidad de asistencia sanitaria, un alta en el
subsidio y, sin embargo, que el trabajador permanezca de baja real
--virtual, podríamos decir-- porque va a trabajar sin estar totalmente
curado.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el ahorro está servido,
pero al tiempo que se intenta conseguir un ahorro, también está servida
la desprotección de los ciudadanos. Además, con estas altas médicas que
expide el INSS, en lugar del Insalud o el servicio correspondiente de la
Comunidad Autónoma, se rompe la relación entre el médico de atención
primaria y el paciente mediante la injerencia burocrática del INSS --el
cual, no lo olvidemos, es una entidad pagadora de prestaciones
económicas-- y de un médico ajeno al Sistema Nacional de Salud. Se
relega, pues, al Insalud y a los servicios de salud de las Comunidades
Autónomas, y con la excusa de reprimir el fraude se priman los criterios
económicos sobre los sociales, de protección de la salud y prevención de
la enfermedad.
Es obvio decir --y le pido, señor Aparicio, que no vaya por ahí en su
contestación posterior-- que contra el fraude estamos todos; creo que
resulta absolutamente necesario decirlo, y además que se diga en esta
Cámara. Pero el fraude o abuso que pudiera ser cometido personalmente por
algún trabajador o trabajadora no debería compensarse o evitarse con otro
abuso. El Gobierno tiene unos límites, empezando por la Constitución y
las leyes.
Los médicos de familia no deberían ser considerados sospechosos, como
médicos que dan a voleo las denominadas bajas de complacencia, y el
trabajador enfermo o accidentado no debería ser considerado como un
potencial simulador de las bajas o absentista.
Pues bien, esta medida de expropiación de competencias de los médicos de
familia, que ha creado las consecuencias indicadas, fue ampliamente
criticada por los médicos de familia, los médicos de la inspección médica
y las centrales sindicales Comisiones Obreras y UGT, además de ser
objeto, como usted sabe, señor Aparicio, de una interpelación presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista y debatida en el Congreso el día 24
de junio de 1998.
Pese a esto, el Gobierno no sólo ha hecho caso omiso de la crítica, sino
que ha dado un paso más, que al Grupo Parlamentario Socialista le parece
absolutamente disparatado. En este caso no ha sido una ley ómnibus ha
sido un Decreto-ley, el Decreto 6/2000, incluido en el paquete de medidas
liberalizadoras, Decreto-ley que si no es ómnibus es un cajón de sastre,
porque, señorías, les recuerdo que en este Decreto-ley se trata el tema
de las mutuas patronales junto a los tres mercados energéticos y a las
correspondientes entidades que los gestionan: Enagás, la Compañía
Logística de Hidrocarburos y la Red Eléctrica. Metido ahí casi sin
conocerse, exactamente igual que pasa con las leyes ómnibus, se incluye
--le recuerdo que el título del decreto-ley es «sobre medidas urgentes de
intensificación de la competencia en los mercados de bienes y servicios--
el artículo 44 y se modifica la Ley General de la Seguridad Social. No sé
qué tendrán que ver las mutuas, la Seguridad Social con la Red Eléctrica,
pero vamos a aceptar que, en definitiva, es un Decreto-ley, que tiene sus
distintos capítulos y que se pueden modificar a través de él las
correspondientes leyes. El artículo 44 extiende o amplía la facultad de
dar altas médicas, a los exclusivos efectos económicos, a los médicos de
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y
respecto al personal al servicio de los asociados, es decir, de las
empresas asociadas que han optado porque las mutuas cubran el riesgo de
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, exclusivamente a
los efectos del subsidio, efectos económicos.
Digo que esto es disparatado porque a los defectos y errores que he
comentado en relación con la facultad de los médicos adscritos al INSS
derivada de la Ley del año 1997, hay que añadir otros problemas. Entre el
médico del Sistema Nacional de Salud y el paciente se sitúa otro médico,
dependiente en este caso de una asociación de empresarios que es, en
definitiva, lo que es una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, pues aunque le hayamos quitado el calificativo de patronal
sigue siendo una asociación de empresarios.
Señor Ministro, yo no tengo por qué sospechar del médico de la mutua ni
de que no vaya a aplicar su código deontológico pero, señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, ¿no le suena mal que un médico dependiente de
unos empresarios pueda decidir acortar el período de pago a cargo del
propio empresario? Porque no hay que olvidar que el empresario es
responsable del pago del subsidio desde el día quinto al decimoquinto. Un
médico contratado o dependiente de la mutua puede decir: hasta aquí hemos
llegado, este constipado dura tres días, no dura más, sin perjuicio de
que ese trabajador pueda seguir recibiendo asistencia sanitaria.
Además, con esta disposición las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales aumentan su influencia. Es cierto que las
mutuas carecen de ánimo de lucro y están controladas por la Intervención
General de la Seguridad Social e incluso por el propio Tribunal de
Cuentas y por la Inspección de Trabajo. Pero a nadie le extraña oír
hablar en reportajes periodísticos, en relación con las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de negocio, de
pastel, de volumen de negocio, de aplicación cada vez con más frecuencia
de criterios de aseguradoras privadas. Por ejemplo, yo le mostraría este
papel color salmón, bajo el título de «Dinero», del periódico «El País»,
domingo 20 de junio de 1994, reportaje de don Carlos Gómez, en donde se
dice por parte de un responsable de las mutuas: «podemos duplicar nuestro
volumen de negocio en cuatro años sólo con el desarrollo de este campo de
colaboración con la Seguridad Social de la incapacidad laboral por
contingencias comunes.» Es una hoja color salmón dirigida
fundamentalmente a empresas y a negocios.
Las mutuas realmente no distribuyen beneficios, pero pueden capitalizar
los ahorros en incapacidad temporal.
De hecho, las mutuas están seleccionando riesgos, como hacen las
compañías de seguros. Están en el mercado y las empresas pueden optar por
cubrir las contingencias comunes entre el INSS o las mutuas de
accidentes. Por ello, no es extraño que surja cierta forma de publicidad
para captar clientes por parte de estas instituciones. Ustedes con esta
medida les dan otra nueva oportunidad publicitaria. No sería extraño ver
en algún artículo de opinión que en tal mutua los trabajadores están
menos tiempo de baja que en tal otra, es decir, que el resfriado o la
lumbalgia dura menos. Yo no sé si esto que estoy diciendo es una
exageración, señor Aparicio, pero ¿cree usted que se va a poder evitar
este tipo de publicidad subliminal?
De hecho, las mutuas ven aumentado su poder económico y espero, señor
Aparicio, que no se me diga que nosotros hemos sido responsables de eso,
pues no estaría adecuado a su natural brillantez. Nosotros provocamos
realmente la concentración de las mutuas patronales (de hecho había 200 y
actualmente existen 30), y posibilitamos la gestión por parte de las
mutuas de la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. Dice
usted que no lo sabía y lo sabe perfectamente. Lo que no creo que sepa
porque se ha olvidado en el Decreto-ley, es que nosotros pusimos un
límite en la ley que disponía que podían hacerse cargo de las
contingencias comunes en la situación de incapacidad temporal. El límite
fue nada más y nada menos que en ningún caso las altas tendrían que ser
dadas por las mutuas, sino por el Insalud o el servicio de salud
correspondiente de la Comunidad Autónoma. Esto sí que se le ha olvidado;
seguramente no lo sabría porque, si no, lo habría puesto en la ley. De
hecho, ha quedado derogado, pero no se incluye en la disposición de
normas derogadas.
Con la potenciación de las mutuas a través de medidas como la que
criticamos y otras como, por ejemplo, la exclusividad de atención a los
autónomos por parte de las mutuas en relación con la incapacidad
temporal, están creando desigualdad y favoreciendo una privatización del
sistema de protección pública más o menos encubierta. La gestión de la
incapacidad temporal por contingencias comunes supone para estas
entidades, en muchos casos, un gran negocio. No olviden, señorías, que
las mutuas gestionan actualmente alrededor del uno por ciento del PIB en
España, que agrupan a cerca de dos millones de empresas y a más de diez
millones de trabajadores. No es extraño que en este mismo artículo al que
he aludido antes se diga que la dimensión del pastel y sus perspectivas
de crecimiento despierta el apetito de algunos grandes grupos
aseguradores, que no se resignan a su exclusión de este negocio.
Señor Aparicio, estamos hablando continuamente del incremento de la
siniestralidad laboral. Las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, como usted sabe perfectamente, tienen en
España una experiencia en este ámbito de un siglo. Nacieron a raíz de la
Ley de 1900 de Accidentes de Trabajo. Los empresarios se agruparon para
hacer frente a la responsabilidad derivada de aquella ley. Me consta,
señor Ministro, que usted es sensible al hecho de que están aumentando
dramáticamente los accidentes de trabajo. Las mutuas desarrollan una
excelente labor en este ámbito.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Arnau, le ruego que
concluya porque ha terminado su tiempo, y le recuerdo que tiene todavía
dos turnos más.
El señor ARNAU NAVARRO: Ahorraré tiempo después porque sólo utilizaré un
turno.
Las mutuas utilizan la prevención de riesgos como un servicio importante,
pero a la vez fundamental para captar clientes. ¿Por qué llenan ustedes a
las mutuas de otros trabajos como vigilar las enfermedades comunes o los
accidentes no laborales? ¿Por qué no especializan de verdad a las mutuas
patronales en la prevención de riesgos, dándoles mayores funciones y
responsabilidades y haciendo que allí participen también las centrales
sindicales, los trabajadores y los empresarios en esta tarea tan
importante de prevención de los riesgos laborales?
La reflexión y el debate dan para mucho, y como ya el señor Presidente me
ha dicho que vaya terminando, voy a hacerlo enseguida. Terminaré con un
ruego, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. La medida no ha
entrado todavía en vigor; precisa de desarrollo reglamentario. Paralice
usted el desarrollo reglamentario de este precepto legal, ponga sobre la
mesa del diálogo social los problemas del fraude en la incapacidad
temporal, del gasto realmente excesivo en incapacidad temporal, del papel
de las mutuas de accidentes de trabajo y del papel de los médicos del
Sistema Nacional de Salud. En la nueva edición de los Pactos de Toledo
puede estudiarse este problema. Lo tratamos en Toledo y de ahí surgió la
recomendación número 13, pero si hay que revisarla, que se haga.
Por último, señor Presidente, señor Ministro, no puedo acabar sin decirle
que echo de menos en esta interpelación que me conteste la señora
Ministra de Sanidad, porque las bajas y las altas laborales son
fundamentalmente un acto médico, una prescripción médica. Exactamente
igual que un médico de familia receta una medicina, receta el reposo a
través de la baja laboral. Esto es así, por tanto es competencia de la
Ministra de Sanidad. Pero la sensibilidad de este Gobierno se ve clara:
me contesta el señor Ministro que responde de la gestión económica, es
decir, del gasto de la Seguridad Social; no me contesta la señora
Ministra, que tiene nada más y nada menos que la competencia de
protección de la salud y de prevención de la enfermedad, y aunque dijo
que era la Ministra de los enfermos, hoy ha desaprovechado una
oportunidad para demostrarlo. Con todo, usted, señor Ministro, es
solidariamente responsable con los otros miembros del Gobierno en el
propio Gobierno, y mi insatisfacción por el hecho de que la señora
Ministra de Sanidad no haya contestado a esta interpelación o no vaya a
hacerlo espero suplirla con la satisfacción de oírle a usted decir que va
a disponer que no se desarrolle este precepto del decreto-ley.
Yo creo que en ese tema el señor Rato le metió un gol, como antes se lo
metió al Ministro de Sanidad, en el artículo que he mencionado de la Ley
de 1997. La prueba es que contra aquel artículo estuvo el Ministro de
Sanidad, pero imperó el criterio inflexible del señor Rato y del Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales. Yo no olvido que usted era el Secretario
de Estado de Seguridad Social, que
algo tendría que ver con aquella disposición. Responda usted, pero por
favor, señor Ministro, sea usted responsable y diga a los sindicatos, no
a mí, que va a poner sobre la mesa de la concertación social este
problema tan importante.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Arnau.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas
gracias, señor Presidente.
Señorías, supongo que cuando se utiliza esta tribuna se trata de que los
temas que traemos sean entendidos, no solamente por sus señorías, que
estoy seguro de que tienen una altísima cualificación jurídica y
política, sino por el resto de los ciudadanos. Hemos venido a hablar hoy
de incapacidad temporal que, como muy bien decía su señoría, es una
compleja materia. Tiene una faceta sanitaria, en la que alguien tiene que
decir si una persona está enferma o no está enferma, alguien tiene que
decir si esa enfermedad incapacita y en qué grado incapacita para el
trabajo, una faceta económica en la que alguien tiene que pagar una renta
que supla o sustituya lo que no podrá ingresar un trabajador si se halla
enfermo o incapacitado para el trabajo. Estamos hablando, por tanto, de
la incapacidad temporal, no de la permanente, que tiene otras variedades.
Bien, ¿por qué lo digo? Porque no pretenderá usted decir que ésta es una
cuestión de sensibilidades. Le aseguro que entre mis preocupaciones no
figura el deteriorar mi relación con la señora Ministra de Sanidad que,
amén de buena amiga, me parece una persona tan competente y con tanta
conciencia social como el que más a la hora de abordar los temas de
Seguridad Social. De hecho, participó, como participó también su señoría
--lo recordamos todos--, en la elaboración de los textos que condujeron
al Pacto de Toledo. No me parece tampoco ni medio casual que figurase
como una preocupación para cualquier gobierno de cualquier signo tratar
de reconducir un área en la que realmente se podían calificar como
fallidos los intentos de ordenar esa partida de gasto, y hablo de
ordenar, no de reducir ni de ampliar, porque supongo que un gobierno
tampoco puede caer en la contemplación sorprendida o embelesada de una
partida que, teniendo como tenía --y usted lo señala-- un peso y una
trascendencia importantes en la Seguridad Social, crecía todos los años
muy por encima de lo que crecía la población --por cierto, porque
decrecía la población afiliada-- y, desde luego, más de lo que
correspondería al crecimiento combinado de población y salarios.
La primera fórmula ya se agotó, y también seguro que lo recuerda usted,
señor Arnau, con esa prodigiosa memoria de la que ha hecho gala. La
primera reacción fue endosar --no se me ocurre otro término-- a los
empresarios un mayor número de días del proceso de enfermedad. ¡Realmente
es una gran medida de gestión interna dentro de la Administración! Es
decir, como nosotros no podemos, apáñense ustedes.
Me decía usted --y lo tomo desde el más cordial sentido de compañerismo,
por haber coincidido durante muchos años en el Parlamento--: No me vaya
por ahí. No se puede criticar y denostar la utilización de las leyes de
acompañamiento cuando todas las modificaciones de trascendencia y de
calado que se han realizado en el marco de las mutuas se han hecho con
las leyes de acompañamiento de los años 1992, 1993 y 1994.
Usted podrá sostener la tesis, que es legítima, de que está muy mal
utilizar la ley de acompañamiento para materias periféricas o no tan
íntimamente relacionadas, pero lo que no se me ocurre a continuación es
decir que, como fruto de una casualidad, las mutuas han tenido capacidad
de intervenir en esto de la enfermedad común. Mire usted, no fue fruto de
una casualidad, sino de la ley de acompañamiento del año 1994 donde se
tomó la decisión que es premisa mayor en este debate. La premisa mayor es
si las mutuas deben intervenir o no en los procesos de incapacidad
temporal por enfermedad común, y eso se determina en el año 1994, por
cierto, con amplio respaldo parlamentario, aunque no tuvo el mío.
¿Dónde quiero llegar? A un asunto bastante simple. Ante esta cuestión no
se trata ni de rasgarse las vestiduras, porque el crecimiento del gasto
es desordenado, ni de progresar por líneas que yo creo que eran
inadecuadas.
Ciertamente, cuando se han ido introduciendo cambios ha habido habido
críticas constantes. Yo recuerdo que, por ejemplo, fue muy mal visto
desde algunos grupos políticos y sociales que los médicos --por cierto,
tan públicos son los del INSS o los del ISM-- tuviesen las condiciones de
sus compañeros, tan médicos y tan públicos, de los distintos servicios de
salud, y aquí le aseguro que por muchas horas que le he dedicado a este
asunto no llego a ver cuál es la diferencia de calidad ni humana ni
profesional ni de sensibilidad social que puede existir entre
profesionales tan públicos y tan vinculados a servicios públicos de la
Seguridad Social. Y es más, se auguró también una especie de avalancha o
de alud de discrepancias y de conflictos. Felizmente no se han producido
ni las desprotecciones --utilizo la terminología utilizada también por su
señoría-- virtuales a las que se hacía entonces apelación ni los
conflictos tan enconados que decían que habían de producirse. De hecho,
el nivel de coincidencia en opinión profesional ha sido muy alto y se
puede situar por encima del 80 por ciento. ¿Por qué? Por algo tan simple
como que quien les habla cree de corazón que esa conciencia o ese sentido
de responsabilidad alcanza a los profesionales que trabajan en los
servicios públicos de salud, que trabajan en los servicios de las
entidades gestoras de la Seguridad Social, como es el INSS o el ISM, y de
aquellos que trabajan también dentro del sistema de Seguridad Social,
porque hablar de las mutuas tampoco es hablar de algo extraordinariamente
ajeno a esta Casa y a este Parlamento. Usted ha dicho que existen los
controles, que me parecen adecuados y correctos, por parte de la
Intervención General de la Seguridad Social y del Estado, pero existe
también un control presupuestario, y ese control presupuestario lo ejerce
precisamente esta Cámara, junto
con el Congreso, aprobando los correspondientes presupuestos de cada
ejercicio y de cada mutua, luego no estamos hablando de algo que sea
cuerpo extraño o ajeno a la Seguridad Social.
Lo que creíamos correcto y hemos tratado de elaborar a lo largo de estos
últimos cuatro años ha sido un cuadro de herramientas proporcionadas y
suficientes para el ejercicio de una competencia que, como decía, les fue
asignada en el año 1994, y lo que parece correcto es que cuando alguien
le encomienda a entidades propias del sistema de Seguridad Social, como
son las mutuas, una labor, le dote de herramientas, porque lo contrario
me parecería a mí un ejercicio de irresponsabilidad, es decir, decirle a
alguien que tiene la competencia pero que no tiene medios suficientes, y
la obligación de un Gobierno, evidentemente, es establecer también
garantías suficientes, sobre todo para los ciudadanos. Vuelvo a insistir
en que sé que para muchos hubiese sido delicioso disponer de casos de
desprotección, pero felizmente no se pueden argüir, ya que felizmente lo
que ha hecho este Gobierno también ha sido ampliar la incapacidad
temporal a grupos y colectivos que no lo tenían. Me permito recordar que
en la anterior legislatura existían modalidades contractuales que
carecían de esta protección que, como usted señalaba, es una de las
básicas.
Todo ello se ha conseguido no a costa de situaciones de desprotección o
de conflicto y de confrontación profesional, sino con la cooperación y la
colaboración de amplios sectores de la sociedad.
Créame que sigo manteniendo íntegra la carga de confianza en los
profesionales, que son conscientes de que están tomando y adoptando una
decisión médica, pero esa decisión tiene trascendencia en los intereses
del resto de trabajadores y de empresarios, porque la otra gran dimensión
que no puede olvidarse de esta prestación es que estamos hablando de algo
por lo cual cotizan con esfuerzo y sacrificio trabajadores y empresarios,
y todo lo que sea llegar a una buena administración de esos recursos no
es guiarse --como usted decía-- por criterios economicistas. ¡Claro que
tiene que haber una proyección económica de las decisiones políticas, es
evidente! Yo no estoy defendiendo ningún interés personal, creo que estoy
defendiendo algo tan defendible y tan deseablemente defendible como es el
esfuerzo de nuestros trabajadores y empresarios, porque cada vez que se
evita una sola peseta de fraude estamos logrando que alguien vea mejorada
su posibilidad de protección o se vea aligerado de ese esfuerzo que
suponen las cotizaciones, que inciden directamente sobre la médula del
empleo y de la generación de riqueza.
Eso es lo que ha intentado este Gobierno, y espero que, retomando lo que
es común --su señoría conoce esto igual o mejor que yo incluso;
profesionalmente no dudo que su condición de inspector de trabajo le
facilita un conocimiento técnico superior al que yo tengo, no me importa
reconocerlo--, en la idea no sólo de compartir preocupaciones, sino de
buscar soluciones a las preocupaciones que expresa el Pacto de Toledo,
seamos capaces de encontrar puntos de encuentro.
Se dijo que esta medida iba a impedir el diálogo social. Yo creo que con
las debidas precauciones, en este caso recoger sentimientos u opiniones,
nuestros agentes sociales saben que, por encima de cualquier dificultad
coyuntural o circunstancial, el procurar que mejore de una manera
importante nuestro mercado laboral y nuestra protección social va más
allá de lo que pueda ser una lectura, en este sentido crítica, que no
discuto, de una norma sobre la cual yo no voy a polemizar; no es mi
intención, pero tampoco voy a dudar de la necesidad de seguir manteniendo
íntegros todos los mecanismos de defensa de lo que son no sólo intereses
económicos, que sería una lectura insuficiente, sino el esfuerzo de
muchos empresarios y de muchos trabajadores españoles, que sin duda
alguna actúan con una honestidad fuera de toda duda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales. (El señor Arnau Navarro tiene la palabra.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, no hemos quedado
satisfechos y nuestra insatisfacción no sólo deriva del hecho anecdótico
de que no responda la Ministra de Sanidad, sino también de que usted no
va a enmendar la plana, de que usted no va a paralizar el desarrollo de
ese precepto del decreto-ley y que, por tanto, los interlocutores
sociales en la mesa de negociación van a tener sobre la mesa un
condicionante de algo que tendría que estar abierto, que es su propia
posibilidad de hablar, de negociar, sobre el tema de la incapacidad
temporal y el presunto fraude que dicen ustedes que existe.
Al hecho de la ausencia de la Ministra de Sanidad podríamos darle un
carácter anecdótico. Para mí lo importante es lo que le he comentado, que
el Ministerio de Sanidad se opuso a esa medida de que la entidad gestora
de las prestaciones económicas pudiera vigilar la salud de los
trabajadores, y creo que me expreso con total claridad; la salud de los
trabajadores está controlada en estos momentos a través del INSS, a
través de médicos adscritos a la entidad pagadora de las prestaciones
económicas.
Yo creía, señor Aparicio, conociéndole como le conozco hace tantos años,
que no iba a hablarme de lo que hicimos nosotros. Eso ya no se discute,
señor Aparicio, lo que se discute ahora es lo que hacen ustedes, y, en
todo caso, nuestras leyes de acompañamiento no fueron las leyes ómnibus
que ustedes están haciendo ni tampoco los decretos--leyes. Le repito, un
decreto-ley que trata sobre la energía eléctrica, sobre el gas y sobre
los hidrocarburos, trata también sobre la incapacidad temporal de los
trabajadores y las trabajadoras.
La Ley 42/1994, es, si usted quiere, una ley nuestra; es una ley del
Parlamento, pero si usted quiere, promovida, y así fue, por el Gobierno
socialista. Pero le tengo que repetir que aquella ley concedió a los
empresarios la posibilidad de optar para la cobertura de la incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes entre una mutua y el INSS. Eso
es efectivamente cierto, pero, al mismo tiempo, esa Ley previó y
estableció el pleno respeto a las competencias del sistema público en el
control sanitario de las altas y las bajas, y eso es lo que se ha
derogado últimamente.
Usted dice que esa medida, en relación con la Ley de 1997, ha tenido una
utilidad social, pero no me lo ha demostrado. Le voy a leer un apartado
de un informe de una central sindical. Dice lo siguiente: Las medidas de
control de la ILT han supuesto una disminución efectiva del gasto en esta
prestación --de acuerdo--, pero han incurrido en nuevos gastos; nuevos
gastos que, efectivamente, tiene que estar pagando la Seguridad Social.
No se mide el coste social que supone en algunos casos a muchos
trabajadores efectivamente enfermos se le haya retirado la prestación y
estén incapacitados para desarrollar su trabajo. Este es el hecho. El
hecho es que rompen ustedes la protección integral relacionada con la
incapacidad temporal que antes existía, que, por un lado, atañe a la
cuestión económica, al subsidio, y, por otro, a la atención sanitaria, lo
que, incluso antes, estaba condicionado en numerosos artículos. Por
cierto, esta referencia a la Ley 42/1994 y la previsión sobre las altas
que deberían darse por el servicio de salud figura en un artículo del
propio Ministerio de Trabajo, firmado por el señor Panizo Robles, por
usted y por mí absolutamente bien conocido.
Por último, dice usted que confía en los profesionales. Confía usted en
los médicos de familia, confía en los médicos de atención primaria y a
estos médicos, según su señoría, no tenemos por qué considerarlos como
sospechosos. Pero, ¿sabe usted lo que dicen los médicos de familia en
relación con la incapacidad temporal? Dicen lo siguiente: Se nos atribuye
la culpa por este cáncer que no se ha cogido a tiempo. Los médicos somos
los malos de la película y, por si no lo sabíamos, se nos castiga de cara
a la pared. Vamos a rellenar más papeles, a copiar cuatro veces: no daré
tantas bajas. Y si no aprendemos la lección, sencillamente otro plumazo.
No dé usted, señor Ministro, más plumazos, respete usted la protección
integral de los trabajadores, la sanitaria y la económica.Tiene usted
otra oportunidad, enmiende la plana y deje en manos de los interlocutores
sociales la cuestión tan importante del control de las bajas laborales,
pero, sobre todo, de la protección de los trabajadores, de su salud y de
la recuperación de la enfermedad. Se lo vamos a agradecer todos y nos
daremos por satisfechos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Arnau. (El
señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez, pide la
palabra.)
¿El señor Ministro quiere intervenir ahora? (Asentimiento.)
Tiene derecho el señor Ministro a intervenir cada vez que lo solicite.
Tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas
gracias, señor Presidente.
No tengo intención de extender inútilmente el debate, pero sí de hacer
algunas precisiones que me parecen importantes.
La primera de ellas es que cuando yo tengo que reflejar la opinión de
alguien ajeno lo hago con muchísimo cuidado. En este caso, yo no me
atrevería, como ha hecho el Senador Arnau, ha expresar la opinión del
Ministerio de Sanidad. Si el Ministerio de Sanidad no me acompaña esta
mañana desde luego no es porque se encuentre en discrepancia pública con
esta medida, que también ha suscrito la Ministra de Sanidad y que
considera razonable.
En segundo lugar, no me gustaría hablar de un mapa de confrontación,
porque precisamente durante los últimos cuatro años hemos tratado de
construir un mapa de cooperación con los servicios públicos de salud. No
es casual que se pudieran suscribir, como se suscribieron, convenios con
la totalidad de servicios públicos de salud para fijar pacíficamente,
tranquilamente, objetivos asumibles y razonables de reducción de lo que
todos apreciábamos --insisto, todos apreciábamos--, con independencia del
signo político de las distintas administraciones, como una situación de
exceso de gasto y de gasto desordenado. Y se pudo hacer y articular
precisamente en una política de esfuerzos comunes. Como había que
corresponder a ese esfuerzo y dotar específicamente a algunos de los
servicios públicos para afrontar con garantías la gestión de esta
prestación, se estableció también una fórmula global de cooperación
mediante 40.000 millones de pesetas a esa mejora de los dispositivos de
los servicios públicos de salud que redundase en beneficio de todos, y
cuando digo de todos es de todos los ciudadanos, que se sienten
beneficiados cuando una prestación de la transcendencia económica de la
incapacidad temporal se gestiona mejor.
Por otra parte, no me gustaría creer que se haya tratado de dar un mapa
de desprotección, de falta de garantías para los ciudadanos. La última
palabra, en términos administrativos, la tenían, la tienen y la van a
seguir teniendo los servicios de inspección en caso de discrepancia, con
lo cual no se ha producido ninguna merma de derechos ni de garantías.
No se puede confundir a la persona que tiene un proceso de enfermedad con
la que está incapacitada para trabajar temporal o definitivamente.
Cualquier ciudadano sabe que hay dolencias --llámelo usted patologías;
utilizamos, si quiere, la riqueza de nuestro vocabulario-- que no impiden
por sí mismas el ejercicio de una actividad laboral. Estoy seguro de que
su señoría puede, incluso, expresar alguna experiencia personal de acudir
presto a su trabajo y, desde luego, con eficacia --como acostumbra--,
habiéndose encontrado sujeto a alguna patología. Pero, insisto, alguien
tiene que decidir sobre lo que es esa dimensión, no sólo sanitaria, sino
administrativa y, especialmente, económica.
Además hay un aspecto en el que yo jamás me atreveré a entrar, porque
sería saltar alternativamente de argumento, como lo hace el texto de la
interpelación, donde figura como reproche la decisión por razones
económicas y, rápidamente, se abandona el terreno económico. Usted sabe
que en este caso, desde luego, felizmente la reducción
del gasto no ha sido a costa de desproteger colectivos, de mermar
derechos, sino, insisto, de gestionar mejor. Pero lo de saltar con tanta
agilidad, en este caso dialéctica, a los costes sociales sociales, que
probablemente son inaprensibles, salvo cuando se miden --que en este caso
no es en pesetas, sino en adhesiones y voto en las elecciones--, me
parece que es un ejercicio siempre peligroso. Yo he venido a hablar de lo
que entiendo que es la dimensión social y la económica, no a pasar
alternativamente de la una a la otra.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario de Senadores de
Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Es poco habitual en los debates de esta Cámara que el interpelante y el
señor Ministro casi agoten el tiempo de sus intervenciones, aunque el
señor Ministro siempre tiene la posibilidad, como es natural, de
intervenir. Este hecho significa, desde mi punto de vista, algo muy
concreto: que el tema está ardiendo. Es polémico y, por tanto, vivo.
En el debate que se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados sobre
este tema se aseguró que el fraude en la incapacidad temporal es un
elemento básico para garantizar o no el funcionamiento del Estado del
bienestar, lo que es importantísimo.
Pero ahora comenzamos a entender algo del alcance de esta medida que,
desde luego, significaría un cambio importante en las relaciones
médico-enfermo y médico-profesional. A mí personalmente lo que más me
preocupa es el concepto de alta médica a efectos de la prestación
económica de la Seguridad Social. Quiero decir que puede darse el caso de
un trabajador al que se le dé el alta médica, pero no la laboral y, por
tanto, tendría que acudir a solicitarla para poder tener ingresos
económicos.
Y no estoy entrando de lleno en el campo enorme de las prestaciones
complementarias económicas que, a través de convenios colectivos, tienen
muchas empresas con los trabajadores que están en estas condiciones. Se
entraría en una situación nueva, como es natural, dependiendo de si esa
prestación voluntaria por parte de la empresa precisa del alta laboral o
médica o económica. En todo caso, está claro que es un problema vivo y
que, por tanto, exige un diálogo entre todos los interesados:
trabajadores, empresarios, sindicatos y, sobre todo, los médicos, porque
la relación entre éstos es fundamental. Indudablemente, es menos
importante que los médicos de las mutuas dieran también la baja porque,
desde el punto de vista de la ética médica y de la relación
médico-enfermo, lo importante es que alguien dé la baja y otra persona
distinta el alta. No habría ningún inconveniente en que cualquier médico
pudiera dar el alta y la baja.
En cualquier caso, esperamos pacientemente este reglamento que seguro se
enriquecerá con las aportaciones de todos y podremos llegar al justo
equilibrio, evitando el fraude, pero protegiendo la salud de los
trabajadores.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Aurrekoetxea.
El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, vaya por delante que apoyamos el decreto que, como ayer
mismo se decía, contaba con muchas y muy diferentes medidas. La verdad es
que nuestra preocupación en esta materia no es tanto la medida en sí, que
se podría matizar más o menos. Creemos que, además --y así lo hemos ido
planteando año tras año-- las mutuas pueden y deben colaborar con el
sistema sanitario, en la gestión económica de la IT y en aquellas
cuestiones que favorezcan el uso más adecuado de las prestaciones
sanitarias públicas, poniendo siempre a salvo los pilares básicos del
sistema público de salud.
Nuestra preocupación está causada, más bien, por el procedimiento que no
sólo ha sido utilizado con este decreto sino que ya desde hace unos años,
como también se ha dicho, viene dándose al utilizar la Ley de
acompañamiento para ampliar las facultades de las mutuas e incidiendo
cada vez más en la asistencia sanitaria, por lo tanto en su financiación.
Y es que esto, que puede parecer lo normal, como así lo decía el
Ministro, en una Comunidad como la nuestra, con competencias sanitarias
plenas --entendiendo, además, desde el año 1988, la propia gestión
sanitaria de la Seguridad Social--, con un mutualismo muy desarrollado
que en estos momentos también está mirando su adaptación al futuro, con
la expectativa de que, cumpliéndose el Estatuto, llegáramos a gestionar
la Seguridad Social, como así se establece en el artículo 18.2.b), y con
una cultura del trabajo y un tejido económico propios, nos puede
hipotecar, con todas estas medidas que se van tomando año tras año, las
posibilidades que también nosotros tenemos de configurar un sistema de
protección social pública que atienda a las especificidades de nuestro
territorio. Por tanto, para salvar estos hechos diferenciales
reconocidos, deberíamos disponer, antes de adoptar estas medidas
generales, por medio de estos procedimientos, los mecanismos adecuados
para que se produzca un debate previo y una discusión en el ámbito en el
que luego se van a tener que poner en marcha y en práctica esta serie de
medidas que se van a adoptar, y salvaguardar así las competencias que
tenemos cada uno en estas materias. Creemos que es en ese ámbito en el
que se puede integrar mejor cuál es el papel que debe jugar cada uno, los
criterios y principios que no pueden ser --como le he entendido decir a
usted-- exclusivamente los económicos. Con un decreto-ley con multitud de
medidas como las que iban en éste, es muy difícil conciliar todos esos
aspectos. Tampoco creemos que el Reglamento, ante estas cuestiones de
fondo, sea el lugar más adecuado.
Nos gustaría que el señor Ministro tomara nota de esto y buscara
procedimientos para, por ejemplo en el caso de nuestra Comunidad, salvar
esas reticencias o desconfianzas que se pudieran dar y conseguir que ante
este asunto, que como se comentaba está tan debatido y tan necesitado de
consenso, pudiéramos participar todos y configurar esas políticas
sociales para el futuro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador
Aurrekoetxea.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra
el Senador Espasa.
El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, hemos asistido a una interpelación
importante e interesante por su contenido y en la que el señor Ministro
ha dicho una cosa cierta, que comparto, y muchas inexactitudes.
La cosa cierta: existía una fraude en la ILT. Es un fraude que va contra
todos, y todos queremos combatirlo. Esto es cierto. Es cierta la
repercusión económica de la enfermedad. Es cierto que los médicos, en
última instancia, decretando si un enfermo está de baja o de alta para su
trabajo habitual, están incidiendo no sólo en la salud de aquella persona
sino en su economía y en la del conjunto de la sociedad. Hasta ahí
estamos de acuerdo, señor Aparicio. Todos queríamos, queremos y
continuaremos queriendo mejorar esta cuestión.
Pero no estamos de acuerdo en las herramientas que el PP, que su
Gobierno, que usted ahora, como Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
han empleado, y ahí empiezan sus inexactitudes, por calificarlo
suavemente. Ustedes han roto la cadena de confianza de un sistema público
y único de salud. Ustedes han roto la confianza fundamental entre los
profesionales de este sistema público, que son los encargados de velar
por la salud de los enfermos, lo que también tiene una repercusión
económica, por supuesto que sí. Por supuesto que se podían montar
sistemas de inspección para evitar el fraude en la ILT dentro del
sistema, pero como una prolongación del sistema, no contra el sistema; no
con médicos contratados a tiempo parcial por el INSS. Estos no son
médicos públicos; no diga usted inexactitudes, señor Ministro. Los
médicos públicos son los del Insalud o los de los sistemas de salud. No
son lo mismo, señor Ministro. Y no provoque a los profesionales a una
controversia administrativa.
Es cierto que se necesita un sistema de inspección, que hace falta una
segunda opinión, por supuesto que sí, pero dentro del sistema. Y ahora lo
han ampliado ustedes a las mutuas. Primero fueron los médicos del paro
contratados por el INSS para enfrentarse a sus compañeros del sistema
público de salud para introducir desconfianza en el sistema público de
salud, y ahora lo amplían ustedes a las mutuas, a las que hasta hace muy
poco, señor Aparicio --y usted lo sabe--, en sus rúbricas de gastos de
administración llegaban a poner el 20 por ciento cuando la burocrática y
pública Seguridad Social sólo tenía el 5 por ciento de gasto total de
gestión. Ahora han cambiado la presentación de esos números, pero todos
los que estamos en este sector sabemos que las mutuas camuflan sus
enormes beneficios en gastos de gestión. Y hasta hace poco lo teníamos en
los documentos públicos que el Congreso y el Senado verificaban.
Todos sabemos que las mutuas tienen servicios privados de asistencia
médica, clínicas privadas. Con el dinero que ganarán con el negocio que
ustedes les abren, atenderán medicina privada; y el dinero que ganarán
gestionando esta ILT que ustedes les facilitan lo utilizarán para ampliar
sus ofertas, no ya de la cobertura que ustedes administrativamente les
proponen en este decreto, sino de la pura gestión privada de un servicio
de salud compitiendo con el sistema público con dineros del sistema
público. Ahí está la gran paradoja del Gobierno del PP: Quieren romper el
sistema público y único de salud del que se ha dotado la sociedad
española, el Sistema Nacional de Salud. No saben cómo, pero ustedes
quieren romper eso. Lo rompieron en su día con los médicos del INSS que
he citado antes y ahora con los médicos de la mutua.
Señor Aparicio, la historia de la Seguridad Social en Europa y en España
es la historia de la progresiva unificación de las cajas de resistencia,
primero, de los servicios de salud de los sindicatos y de las
agrupaciones obreras y de las patronales en un sistema único. ¡Es que
hasta los franquistas lo hacían mejor que ustedes! (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ellos unificaron la Seguridad
Social en un sistema único, el INNS, el Insalud y el Inserso. Ahora lo
hemos descentralizado por mor del sistema autonómico de nuestro Estado,
según nuestra Constitución de 1978, pero nunca deberíamos romper un
sistema único y público de salud, y ustedes lo están rompiendo. En esto,
señor Aparicio, son ustedes peores que los franquistas, que ya es decir.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Espasa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, voy a exponer nuestro punto de vista en
relación con esta interpelación. Quisiera hacer una constatación, una
reflexión y un recordatorio.
La constatación es que, ciertamente, hay una bolsa de fraude en las
incapacidades temporales y que tenemos que luchar de una forma efectiva
contra ello. La reflexión es la siguiente: todos nos llenamos la boca
diciendo que el médico de familia es el eje sobre el cual pivota la
asistencia primaria, que eso es fundamental para integrarlo dentro del
sistema, y que el funcionamiento de ese médico de familia, de ese médico
de primera instancia, tiene que integrarse en el Sistema Nacional de
Salud porque si no dicho sistema se resquebraja. Pero lo cierto es que
cada vez, de una forma u otra, lo deslegitimamos más moralmente ante el
usuario, porque no deja de ser una deslegitimación el que un médico haga
una baja, y, sin su previo conocimiento, otro médico
distinto extienda el alta a esa misma persona, y que cuando vaya a
atender de nuevo a aquel enfermo se encuentre con que ya ha sido dado de
alta. Ahí falla algo.
Y el recordatorio viene a instancias del debate de aquella ley de
acompañamiento de los presupuestos generales para el ejercicio de 1998 y
de las gestiones y conversaciones que mantuvimos con el Secretario de
Estado de aquel momento, hoy Ministro de Sanidad, señor Aparicio. Cuando
se contempló la atribución de extender el alta por incapacidad temporal a
los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que no está
transferido a las Comunidades Autónomas, nosotros defendíamos, y
continuamos haciéndolo, la misma posición. Creemos que hay que buscar una
conexión entre ambos facultativos, de manera que no se firme un alta con
desconocimiento del médico que extendió la baja. Se nos decía si aquello
era objeto de la propia ley de acompañamiento o del desarrollo
reglamentario correspondiente, pero lo cierto es que en el desarrollo
reglamentario se buscó el período de tres días, caso de que no hubiese
manifestación en contra o una situación de silencio administrativo, para
hacer efectiva el alta por parte de los médicos del INSS.
El artículo 44 de Real Decreto 6/2000, de 23 junio, otorga a las mutuas
la posibilidad de extinguir los procesos de IT de los trabajadores de
empresas que hayan optado por la mutua de accidentes de trabajo al
control de prestación en los procesos que haya iniciado otra vez el
médico del servicio público de salud. Se ha dejado para el posterior
desarrollo reglamentario de esta normativa la forma de hacer efectiva su
aplicación.
En relación al impacto sobre los servicios de atención primaria, hay que
recordar que ello limita el derecho consustancial de los servicios de
atención primaria de los servicios públicos de salud de las Comunidades
Autónomas en su función de garantes de la salud de los mismos.
Históricamente, es el médico de familia el que da la baja y el alta, pero
además tiene la obligación de atender sanitariamente no sólo al
trabajador sino también a toda su familia. En consecuencia, las reformas
impulsadas se han tomado de acuerdo con la Ley General de Sanidad.
Por ello, señor Ministro, aparte de aspectos de índole ética,
deontológica y social, hay que tener en, cuenta la confidencialidad del
diagnóstico, como ha apuntado el colectivo de médicos de familia o de los
comunitarios. Pero también nos preocupa el efecto económico. Es posible
que el médico de cabecera decida firmar sólo bajas y piense que son otros
los que han de extender el correspondiente parte de alta. Si esa actitud
cala en la clase médica, puede que el efecto no sea el buscado y no
consigamos el objetivo de tipo economicista que se persigue con el
desarrollo de este Real Decreto.
Por ello, señor Ministro, permítame que le diga que desde nuestro punto
de vista el desarrollo reglamentario de este Real Decreto debería hacerse
con la participación del Consejo Interterritorial de Salud. Yo no voy a
entrar a discutir si tenía que habernos contestado la Ministra de
Sanidad, pero en el preámbulo del Real Decreto se hace referencia a los
Ministerios de Economía, Cultura, Educación, Trabajo y Deportes, y no se
menciona...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Cardona. Ha
terminado su tiempo.
El señor CARDONA I VILA: Si me permite, me gustaría hacer un último
apunte.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Tiene medio minuto, Senador
Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Entendemos, por lo tanto, oportuna la
interpelación y estaremos atentos a la moción consiguiente.
La diferencia no está en los distintos criterios médicos, sean médicos
públicos, del servicio de salud o del Instituto Nacional, por eso hay que
buscar el modo de que se relacione el médico que firma un alta con el que
extendió la baja, y seguro que en el 99,9 por ciento de los casos habrá
acuerdo entre ambos.
Piénsese que quien más sufre los casos de fraude es precisamente el
médico de cabecera, y digo esto por experiencia. Es necesario reforzar
legítima y moralmente su actividad con la aportación de otro médico, ya
sean médicos inspectores o del INSS. En Cataluña funciona y se intenta
hacer eso: poner en contacto al médico que extiende el alta desde las
mutuas con el médico de cabecera. Estoy convencido que en la mayoría de
los casos encontrarán el mismo criterio, porque, por desgracia, los casos
de fraude siempre son los mismos, y repito que quien más los sufre es
aquel médico de familia que tiene que abordarlos cotidianamente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra la Senadora Jurado.
La señora JURADO DE MIGUEL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular,
respecto a la interpelación que ha realizado el señor Arnau, sobre la
expedición de altas médicas en los procesos de IT, por los médicos de las
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Señorías, la prestación económica por incapacidad temporal tiene como
misión dar respuesta a las situaciones de necesidad que se plantean a los
trabajadores cuando, como consecuencia de una baja médica por enfermedad
o por accidente, pierden temporalmente su salario. En esta circunstancia,
debemos contar con suficientes instrumentos de gestión que garanticen el
cumplimiento de dos objetivos: en primer lugar, que la protección llegue
al beneficio de una forma rápida; y, segundo, que dentro del máximo
respeto a los derechos de los trabajadores atajemos los supuestos fraudes
que se presenten.
Este es un debate que viene de antiguo pero, cuando hablamos de la
colaboración con las mutuas, parece ser que hablamos de algo raro y, por
el contrario, éstas las componen profesionales cualificados,
especialistas médicos preparados,
que colaboran y han colaborado con el resto de profesionales del Insalud
y de los sistemas de salud de las distintas Comunidades Autónomas.
Fíjense si es así, señorías, que en el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, en su artículo 68, ya se definía a la mutua como una
entidad colaboradora de la gestión de la Seguridad Social. Señorías,
cuando se da una facultad --y precisamente se la dio el Grupo
Parlamentario Socialista-- hay que darle también los medios.
No quiero aburrirles con cifras y citas de decretos, pero cuando el Grupo
Parlamentario Socialista alude en su interpelación al artículo 44 del
Capítulo VI del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, da la impresión
de que ésta es una medida que el Gobierno toma por primera vez con
respecto a las IT y a las mutuas profesionales. No es así, existían ya
iniciativas legales desde el año 1993 y, posteriormente, para seguir
avanzado en el adecuado control de las incapacidades temporales pero
también en la regulación legal de la colaboración con las mutuas, el
artículo 78 de la Ley 13/1996, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, complementó los contenidos de la Ley 42/1994. Más tarde, en
la constante preocupación del Gobierno en la protección de la salud de
los trabajadores sigue avanzando y aprueba los reales decretos 575 y 576,
que venían a regular con mayor detalle el conjunto de actividades que
concurrían en la cobertura de la situación de IT.
La facultad que se otorga a los facultativos de las mutuas no supone una
desconfianza en los médicos del INSS ni en los facultativos de atención
primaria ni en los servicios de inspección porque son ellos --como saben
sus señorías-- los que tienen la última palabra-- lo que se pretende es
seguir avanzando en la erradicación del fraude de las prestaciones.
Las mutuas siempre han tenido la facultad de expedición de altas médicas
en los procesos de IT derivados de contingencias profesionales, y nunca
nadie lo ha discutido, no sé por qué ahora nos rasgamos las vestiduras
cuando hablamos de contingencias comunes. No estamos hablando de primar
consideraciones económicas, como ustedes citan, estamos hablando de
garantizar la protección de la salud de los trabajadores; hablamos de
actuaciones basadas en juicios médicos suficientemente argumentados,
emitidos por personal facultativo no sospechoso e integrados en equipos
profesionales y con capacidad para evaluar y controlar las IT,
manteniendo la natural relación médico-paciente.
Creemos que con esta medida se busca un mayor rigor en la constatación de
la enfermedad y de su incidencia en la capacidad de trabajo del
interesado; en definitiva, dotar de una mayor eficacia y transparencia en
la gestión de las IT, evitando los riesgos de abuso y de fraude, pero
respetando los derechos de quienes efectivamente estén en la situación de
incapacidad prevista por la ley.
Para finalizar, señor Presidente, quiero pedir tranquilidad al Grupo
Parlamentario Socialista y hacer una última referencia a que tendremos
que estar pendientes del desarrollo reglamentario del Real Decreto-Ley
6/2000, aún sin hacer, pero en mi Grupo estamos convencidos que el
Ministerio --que dignamente representa el señor Ministro, aquí
presente--, irá en la línea del mayor y absoluto respeto a la protección
de la salud de todos los trabajadores.
Muchísimas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora Jurado.
Concluido el turno de portavoces, tiene la palabra el señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Intervengo con la máxima brevedad porque, indudablemente, es lo que creo
que procede en este caso.
No solamente voy a agradecer el tono de la totalidad de las
intervenciones, que creo que coinciden en un objetivo --por otra parte ya
consensuado en el Pacto de Toledo--, en la propuesta de medidas que den
racionalidad y permitan una gestión más eficiente de todos los recursos
de la Seguridad Social, también voy a comentar brevemente dos aspectos.
No voy a entrar en lo puramente subjetivo y en las nostalgias o añoranzas
de sistemas intervencionistas, sean franquistas o de otro signo. No
siento de antemano ningún tipo de añoranza ni voy a hacer elogios
especialmente a comportamientos concretos de la administración de aquella
época. Pienso que es un debate que nada aportaría a la visión de futuro
que debe tener la propia Seguridad Social española.
Y en atención a la intervención de alguno de los representantes de los
grupos, he de decir que se ha querido dibujar en varios momentos una
película de buenos y malos en la que los buenos son los médicos que
trabajan para los servicios públicos de salud y los malos son el resto de
médicos y de profesionales que trabajan bien para otras entidades de la
Seguridad Social o bien para las propias mutuas de la Seguridad Social.
Esto no conduce a la cooperación que se ha logrado a través del diálogo
con otras administraciones.
Como decía en la primera parte de mi intervención, desde el Instituto
Nacional de la Seguridad Social se consiguieron acuerdos con la totalidad
de servicios públicos de salud; con el Insalud, naturalmente, pero
también con Osalkidetza, con el Servei Català, con el Servicio Gallego de
Salud o con el Servicio Andaluz de Salud. No pensemos pues en ese grado
de confrontación. Y vuelvo a decir, igual que se predijo un número
importante de conflictos, la realidad nos demuestra que el nivel de
coincidencia de diagnóstico y de opinión ha sido muy alto en las
experiencias ya vividas entre médicos del INSS --esos médicos que nunca
calificaré más que como buenos médicos-- y el resto de médicos de los
servicios de salud. Pienso que sería una mala imagen, una imagen de
conflicto, cuando lo que ha predominado es la cooperación no solamente
técnica, no sólo en la determinación de objetivos sino también en la
consecución de ese objetivo razonablemente alcanzado pero en el que queda
un trecho por perfeccionar, de racionalización y armonización del gasto
en incapacidad
temporal; nunca se ha de generar desprotección, pero sí lograr que, como
en el resto de apartados de la Seguridad Social, su crecimiento sea
ordenado, asumible y con futuro.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA POLITICA QUE PIENSA LLEVAR A CABO
EL GOBIERNO PARA PROTEGER A LOS SECTORES EMPRESARIALES LIGADOS CON EL
LIBRO, ASI COMO PARA FOMENTAR EL HABITO DE LECTURA EN EL PAIS
(670/000017).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): A continuación, pasamos a la
interpelación de del excelentísimo señor don José Varela i Serra, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la
política que piensa llevar a cabo el Gobierno para proteger a los
sectores empresariales ligados con el libro, así como para fomentar el
hábito de lectura en el país.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Varela, por un
tiempo de quince minutos.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, dado que esta interpelación está relacionada
con el entorno de los libros y la lectura, nada mejor que empezar con una
cita del prólogo del libro «Cómo leer y por qué», de Harold Bloom, que
dice: Si los individuos quieren retener algunas capacidades para crear
juicios y opiniones propias es importante que continúen leyendo. Señora
Ministra, quisiera creer que a ustedes les interesa que las personas de
este país tengan cada vez mayor capacidad para desarrollar juicios y
opiniones propias. Quizá no sea recomendable para ganar elecciones, pero
seguro que es necesario para que un país mejore y progrese y para que sus
habitantes tengan una personalidad más recia y más fuerte, como dice el
profesor Bloom.
Hablemos de temas relacionados con la lectura. En primer lugar, me voy a
referir especialmente a las pequeñas y medianas librerías que fueron mi
primera motivación para presentar esta iniciativa parlamentaria. Como
figura en la exposición de motivos hay una gran zozobra en el ámbito del
sector de libro entre editores y libreros por las medidas liberalizadoras
adoptadas por el Gobierno. Tal estado de ánimo tuvo su manifestación más
espectacular en la dimisión de la junta directiva del gremio de editores
en el III Congreso celebrado en Bilbao, pero esta inquietud se está
manifestando desde hace mucho tiempo. Ya en octubre de 1996, ante las
declaraciones gubernamentales de entonces, también favorables a
liberalizar el precio de los libros, declaraba Carlos Pascual, entonces
presidente del gremio de editores: Es una campaña desatada para las
grandes superficies que con la excusa de vender libros de texto
aprovechan para colar otros artículos. Y añadía: Se empieza por los
libros de texto y no se sabe dónde se acaba. Repito que eso se decía a
finales de 1996, cuando abundaban las declaraciones comunicando cierres
de librerías, especialmente de las pequeñas y medianas, si los anuncios
del Gobierno se llevaban a la práctica. Así ha ocurrido, y ahora nuestra
gran zozobra es si esa situación va a continuar.
En 1997 se autorizó un descuento de hasta el 12 por ciento en los libros
de texto, aunque realmente el Gobierno pretendía ya el 25 por ciento,
pero nuestro grupo lo impidió. Sin embargo, ahora, con mayoría absoluta,
el Gobierno del Partido Popular ha aprobado la posibilidad de un
descuento de hasta el 25 por ciento para los libros de texto, medida ante
la que, vuelvo a repetir, nuestro Grupo está en contra. Y lo está porque
el 40 por ciento del negocio de las librerías y papelerías depende del
libro de texto, y las reducciones de ingresos que se producirán en las
pequeñas librerías por este concepto condenará a muchas de ellas al
cierre. Desde que se adoptó aquella medida en 1997 se han cerrado 2.000
librerías, es decir, tenemos resultados concretos desde entonces. Veremos
ahora lo que pasara con ésta.
Creemos que ésta es una mala política, porque si deseamos proteger
nuestro modelo cultural y de civilización hemos de proteger al pequeño
comercio. No podemos luchar, como es lógico, contra la evidencia de la
implantación de las grandes superficies. Son signos de los tiempos. Pero
tampoco podemos asistir pasivamente a la adopción de modelos culturales
uniformes.
El domingo pasado, en «El País», se publicó un capítulo de un nuevo libro
de Jeremy Rifkin, «La era del acceso». El título de ese capítulo es muy
significativo: La cultura del centro comercial. Y en el mismo, entre
otras cosas, dice Rifkin: La cultura del centro comercial es una criatura
del desarrollo suburbano, de la extensión de las autopistas. Los centros
comerciales son complicados mecanismos de comunicación pensados para
reproducir partes de una cultura en formas comerciales simuladas. Aplican
las tecnologías electrónicas más avanzadas para crear un entorno cultural
artificial. La actividad cultural que se desarrolla en ellos no es nunca
un fin en sí mismo, sino que es instrumental con respecto a su principal
objetivo: la mercantilización de experiencias de vida a través de la
compra de bienes y de entretenimiento.
Pero ése no es nuestro modelo. Francamente, prefiero el nuestro: el
europeo, el mediterráneo. En ese sentido, recientemente, en mi ciudad,
Lleida, y en una conferencia sobre la liberalización en el marco de la
globalización, decía Miquel Roca: No conozco ningún americano que no
envidie nuestro modelo.
Pero lo pondremos en crisis. Y añadía Roca, con esa capacidad pedagógica
suya tan envidiable: Si ves siete casas, sólo son siete casas, pero si
hay un comercio, ya tenemos un pueblo.
Señorías, ése es nuestro modelo, el que queremos conservar;
compartiéndolo con las grandes superficies, que podríamos decir que son
la modernidad, pero, insisto, hay que preservar el modelo mediterráneo,
el europeo.
Así pues, estamos en contra de estas medidas por querer conservar el
modelo de defensa del pequeño comercio,
un modelo cultural propio, no ajeno, y no porque no nos parezca
conveniente que bajen los precios de los libros textos. Evidentemente,
nos parece bien que bajen. Ya decía nuestro portavoz en el Congreso
cuando se produjo este mismo debate que el Gobierno podía haber legislado
para adoptar medidas con el fin de que los libros fuesen ya gratuitos en
lugar de medidas que perjudican a las pequeñas librerías.
Por tanto, mi primera pregunta, señora Ministra, es la siguiente.
¿Piensan reconsiderar la situación y adoptar medidas para el próximo
curso 2001-2002 que avancen hacia la gratuidad del libro de texto --como
así queremos-- sin perjudicar a los libreros? ¿Piensan adoptar medidas
compensatorias para los libreros por el perjuicio que indudablemente les
están causando con su decisión?
Por otra parte, en el citado decreto-ley se enfatiza que el libro de
texto no podrá ser utilizado por las grandes superficies como reclamo
para otras cosas. Pero, señora Ministra, ¿el Gobierno lleva a cabo un
seguimiento directamente, o en coordinación con aquellas Comunidades que
tengan la competencia transferida, respecto de si se cometen
irregularidades por ese concepto? ¿Qué seguimiento hace el Gobierno de
este punto?
Naturalmente, el nerviosismo de los editores y libreros es considerable
porque temen --ha habido unas declaraciones este verano del Secretario de
Estado de Cultura en ese sentido-- que en su celo liberalizador el
Gobierno también adopte el fin del precio fijo para todos los libros.
Por ello, le pregunto con el máximo interés, señora Ministra, ¿qué
intenciones tiene el Gobierno acerca del precio fijo de los libros?
¿Puede ser lo más concreta posible?
Las empresas relacionadas con el mundo del libro no son, como usted
conoce muy bien, algo baladí y no se puede trabajar sin planificar, sin
saber qué va a pasar en un futuro próximo. Por lo tanto, es muy
importante la respuesta que dé a la anterior pregunta.
El mundo relacionado con el libro, según cifras oficiales
correspondientes al año 1997, obtuvo una facturación en el mercado
interior de 420.000 millones de pesetas y 146.000 millones en el sector
exterior. El total de empleo en el mundo editorial está alrededor de
30.000 personas, a las que si sumamos unas 10.000 del sector distribución
y 13.000 de librerías representa un colectivo de 53.000 personas ligadas
al mundo del libro. Evidentemente no es un sector menor y, sin embargo,
sus dirigentes se sienten maltratados por el Gobierno.
Coincidiendo con el Congreso de Bilbao, decía Mauricio Santos, uno de los
miembros de la junta de la Federación de gremios y editores el 30 de
junio: El Gobierno ha roto la baraja de forma absolutamente improcedente
y ha tomado una decisión arbitraria que creemos injusta. Se trata de una
medida insólita, no liberalizada, ya que hay una intervención del
Gobierno con carácter excepcional.
Señora Ministra, estimamos que no es bueno tener a colectivos tan
importantes indignados. Es mucho mejor trabajar juntos, colaborar. Por
ello le hago una pregunta: ¿Qué han hecho --seguro que habrán hecho
algo-- y qué piensan hacer para restablecer la confianza, los canales de
diálogo, con los sectores del libro?
Finalmente, quisiera centrarme en esta mi primera intervención sobre el
fomento de la lectura, que es muy importante. Tengo conocimiento de que
hay un plan, que se presenta hoy en el Congreso, relacionado con esta
cuestión y hay anuncios sobre el fomento de la lectura. Me gustaría
conocer con más precisión, por parte de la señora Ministra, sobre qué
acciones van a emprender en este ámbito del fomento del hábito de la
lectura, qué colaboración piensan tener con las Autonomías y, en
definitiva, cuál es el estado de la cuestión, ya que los datos no son
nada halagüeños. Obra en mi poder un informe del CIS sobre datos de
opinión del año 1998, en el que señala que leen, de vez en cuando, el 20
por ciento, raramente el 5 por ciento y nunca o casi nunca el 24 por
ciento. En un informe encargado por CEGAL, la Confederación Española de
Gremios y Asociaciones de Libreros, redactado por Amando de Miguel,
titulado: «Los españoles y los libros», de 1998, sobre libros en general
y relativo a la frecuencia con que se leen, la distribución es la
siguiente: lectores regulares, el 32 por ciento; lectores ocasionales, el
18 por ciento; no lectores, raras veces o nunca: el 50 por ciento. Son
datos muy preocupantes.
Los editores señalan que las cifras de exportación aumentan pero el
mercado interior de lectura disminuye y que las tiradas son cada vez
menores. Ante esa situación no podemos estar en absoluto con los brazos
cruzados. Por eso le pregunto a la señora Ministra qué acciones va a
emprender el Gobierno en este aspecto. Un último dato estadístico tomado
del informe mundial de la UNESCO que también debe hacernos reflexionar es
el número de libros en bibliotecas públicas por cada mil habitantes, que
en Dinamarca se cifra en 600, en Finlandia 500, Francia 154, España 76,
Suecia 500 e Inglaterra 200. Francamente, no podemos sentirnos
reconfortados con estos datos y hay que adoptar medidas sobre las que le
pregunto.
En definitiva, señora Ministra, me interesa conocer su respuesta a las
preguntas que le he planteado relacionadas con esta problemática,
esencialmente de las pequeñas y medianas librerías, pero también de los
editores y del fomento de la lectura, porque siguiendo la recomendación
de Bloom, en este país nos interesa tener personas con juicios y
opiniones propias.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Varela.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señoría, por sus observaciones y preguntas porque ello me
da ocasión para explicar algunas cuestiones sobre el tema. Gracias,
señorías, por la atención que van a prestar ahora.
Que a todos nos interesa que haya un mayor nivel de lectura en España es
evidente. Sobre este punto creo que hay que comenzar diciendo que no hay
que ser tan extraordinariamente
alarmistas. En España el nivel de lectura, el porcentaje de personas que
declaran hacer lecturas de manera frecuente o muy frecuente se sitúa en
el 50 por ciento. Es cierto que en otros países como Inglaterra se sitúa
en el 75 por ciento, pero no es menos cierto que el proceso de
alfabetización, de escolarización total y, por tanto, el proceso de
desarrollo educativo en España es más tardío que en Inglaterra, de tal
manera que la biografía y la historia a todos estos efectos cuenta.
Además, la incorporación de nuevos lectores dentro de ese desarrollo de
la alfabetización y, sobre todo, de la escolarización se produce en una
sociedad en que con la lectura compiten muchas otras alternativas de ocio
que no competían en otros momentos. Es decir, para llegar a ciertas
conclusiones acerca del nivel de lectura en España respecto a otros
países hay que contar con todos estos aspectos.
Yo le diría más, la edición de libros en España ha ido creciendo, de tal
manera que de acuerdo con las cifras, contrastables, con las que cuenta
el Ministerio, la producción editorial española en 1998 se cifró en un
total de 60.426 libros, un diez por ciento más que el año anterior. Según
estos datos que, desgraciadamente, van con mucho retraso y no puedo
ofrecer nada más que éstos, para el año 1999 se preveía un incremento de
alrededor de un 5 por ciento con respecto a 1998. Es decir, la situación
tampoco es catastrófica y más bien parece que avanza.
Esta es la realidad editorial, luego está la realidad de las librerías
porque, a veces, hay una excesiva visión de interrelación en la
problemática, cuando no es estrictamente así en todos los casos, entre
los distintos sectores que afectan al libro, como son editores,
distribuidores o libreros.
Se dice que se han cerrado en 1997 dos mil librerías y usted afirmaba en
su intervención, señoría, que como consecuencia del descuento del 12 por
ciento sobre los libros de texto. Yo me imagino que las razones por las
que una librería se cierra no responden a una única variable ni que el
único factor que influye en todos los casos sea el descuento que se ha
tenido que hacer. El sector de las librerías en España está en
reconversión, y en muchos casos tiene enormes problemas de modernización
de la gestión, lo que aboca a que a la generación familiar que está
llevando la librería, finalmente, cuando llega a su edad de jubilación,
le compense más cerrar o traspasarla. Hay muchos factores, por tanto, que
determinan por qué ciertas pequeñas librerías cierran. Estoy convencida
de que los hay, y no se puede concluir que es porque el descuento
permitido es del 12 por ciento.
Además de esto, estamos hablando del descuento libre sobre el precio fijo
sólo de libros de texto; no se ha dicho absolutamente nada sobre el resto
de los libros; no sé lo que pasará dentro de varios años, porque esa
pregunta nos la podemos hacer respecto de cada medida que afecte a un
sector, de la que pudiera luego derivarse una ampliación a otras
dimensiones de ese mismo sector. Pues bien, en este caso estamos hablando
exclusivamente de los libros de texto, y podemos mantener discusiones
sobre si va a afectar o no, pero, ¿qué sentido tiene? Lo que yo le digo
es que no hay ninguna intención de abordar o extender el tema del
descuento al precio fijo del resto de libros.
Hay también otra cosa muy interesante que, en principio, no iba a haber
tocado, pero voy a hacer ahora una reflexión en voz alta sobre el tema.
Se critica la medida del Gobierno porque va a perjudicar a las librerías
y eventualmente a las editoriales, y resulta que se habla de gratuidad de
los libros de texto, que obviamente es la medida que más favorece al
ahorro familiar. Si no sólo nos podemos ahorrar el 12 o el 15, el 20 o el
25 por ciento, sino que el ahorro es total, no cabe duda de que, desde el
punto de vista de la economía familiar, es la mejor solución, y, sobre el
papel, todos estamos de acuerdo; el problema es ver si, dentro de todo lo
que hay que hacer en el conjunto de las tareas del Gobierno y
específicamente en el tema de educación, eso se puede abordar en un
momento determinado o no. Pero, al margen de eso, desde el punto de vista
de su relación con la defensa de ese modelo del pequeño comercio, en este
caso del librero, hay una contradicción extraordinaria, señoría.
A mí me parece muy interesante caminar en esa dirección y que realmente
podamos llegar a una situación como la que existe en algunos países,
aunque no siempre con la misma contribución por parte del Estado, de un
sistema de gratuidad-préstamo, que ya algunos ayuntamientos en España han
puesto en práctica para este año, y que va a ser muy interesante hacer un
seguimiento de cómo funciona, porque a mi modo de ver va a constituir un
punto de referencia importante para ver si se puede avanzar por esa vía.
Por ejemplo en Inglaterra consiste en que los colegios compran los
libros, normalmente subvencionados por los ayuntamientos --aunque podemos
pensar otras fórmulas, como que todas las Administraciones contribuyan,
etcétera--, pero esos libros tienen una duración de cuatro o cinco años;
esos libros se les dan a los alumnos, éstos los devuelven; se les vuelven
a dar a los alumnos del siguiente curso, los devuelven, de tal manera que
la compra de libros que corresponde a cada alumno en realidad se hace
cada cuatro, cinco o seis años, dependiendo de las circunstancias, pero
no como ocurre en nuestro caso: todos los años todos los niños compran
todos los libros.
Yo me planteo hasta qué punto la pequeña librería va a vender muchos más
libros con este sistema, es decir, si ése es el objetivo y no el otro.
Quiero decir que ahí hay dos problemas de distinta naturaleza y la
gratuidad en esa dirección tendrá también unas consecuencias en la otra,
de manera que al final hay que ver las distintas caras del problema
porque, a mi modo de ver, no son tan sencillas.
En cualquier caso, no estamos en esa situación, y desde la perspectiva
del Ministerio de Educación y del Gobierno lo que podemos hacer ahora es
intentar estimular una reducción de los precios por la vía del descuento
libre. Ese ha sido el objetivo del Gobierno, y si se vulnera por alguna
razón la Ley, por ejemplo con ventas a pérdidas, que es una de las cosas
que se ha criticado, que creo que usted no ha mencionado, y es que las
grandes superficies podrían vender a pérdidas porque lo compensarían con
otros productos, para eso está el Tribunal de Defensa de la Competencia,
donde se podrían plantear las denuncias correspondientes. Ese es un
instrumento que está ahí y que se puede utilizar. Además, la propia
normativa dice que no se podrán
usar como reclamo los descuentos para la compra de otros productos. Habrá
que hacer un seguimiento por parte de los sectores interesados para poder
llevarlo al mencionado Tribunal.
Por tanto, en primer lugar, estamos ante una situación en la que lo que
es posible, lo que es razonable en este momento, francamente, es intentar
el abaratamiento por esa vía; en segundo lugar, aumentar, como se ha
hecho de manera muy sustantiva, las ayudas a las familias que están por
debajo del umbral general de la renta para obtener becas, umbral que,
además, se ha incrementado en un cinco por ciento este año. Asimismo, se
han aumentado muy sustantivamente las ayudas a las familias para poder
comprar libros y material escolar complementario y nada más. Lo otro, la
gratuidad-préstamo, me parece una perspectiva interesante, una
perspectiva hacia la que habría que caminar, pero no sé si en el período
2000-2001 o 2001-2002 sería posible.
Me parece en cambio muy interesante seguir la experiencia que los
ayuntamientos están realizando por iniciativa propia, que a mí,
francamente, me parece que va a ser importante.
Hay otro apartado en el que el Ministerio sí que viene desarrollando una
serie de medidas en coordinación y colaboración con los libreros y
editores, fundamentalmente. Los editores y los libreros, en razón de que
no les ha gustado la medida, en su legítimo derecho de argumentar como
quieran, pueden haber dado la impresión de que con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte tienen una relación conflictiva, tensa o que
no se les ha atendido. En absoluto es cierto. Yo estoy segura de que
directamente con estas palabras no lo podría decir nunca un representante
de los editores o un representante de los libreros, muy al contrario.
Este sector, después de mi nombramiento, cuando se constituyó el equipo
ministerial, por la eventualidad del comienzo de curso y por los
problemas que se venían arrastrando, fue inmediatamente recibido, se
mantuvieron varias reuniones y ha habido siempre una disposición a
colaborar. De manera que yo creo que eso de que no existe o de que se han
roto las relaciones no es cierto, y yo le aseguro que las relaciones que
ha habido y que hay con el sector son unas relaciones fluidas,
transparentes y se van a desarrollar en ese marco numerosas iniciativas.
Yo le podría enumerar muchas de las cosas que se han hecho en este año
2000 y que se van a hacer para el año 2001, por ejemplo diversos estudios
financiados por el Ministerio, como uno sobre hábitos de lectura,
presentado bajo el título «Los españoles y los libros» o el segundo mapa
de librerías, realizado en los años 1998 y 1999, que constituye un
instrumento muy eficaz para analizar deforma detallada las
características y las actividades de estos establecimientos. En este
estudio se ha conseguido de manera notable un mejor conocimiento de la
realidad de las librerías en España, con lo que se ha facilitado en gran
medida la adecuación de su actividad a las nuevas necesidades del
mercado. También, por ejemplo, se ha confeccionado un modelo de
indicadores de calidad para mejorar el trabajo cotidiano y diario de las
librerías.
Hay otras tareas que ha desarrollado el Ministerio, como las destinadas
al fomento de la lectura, a la asistencia de los libreros a cursos
impartidos por asociaciones profesionales, a la asistencia al Salón del
Libro de París, o los trabajos que se han realizado en una línea que se
llama «El librero cultural», que tiene dos vertientes: apoyo a proyectos
que puedan desarrollar las librerías y que supongan una clara labor de
incentivación y promoción del libro, la lectura, etcétera, y el premio al
librero cultural, dirigido a las librerías españolas que hayan realizado
actividades de dinamización cultural, etcétera; así como la campaña de
los actos del Día del Libro o la campaña Libros a la calle.
Hay un abanico de medidas que se han desarrollado, se desarrollan y se
van a seguir desarrollando, en colaboración con el sector del libro,
desde la Dirección General del Libro, que expresa, con independencia de
que la medida haya gustado más o menos al sector, más bien poco, que hay
unas relaciones fluidas con el Ministerio.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora Ministra, le ruego vaya
concluyendo.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
No olvidemos que nos estamos refiriendo sólo al precio del libro de
texto, no olvidemos que las razones por las cuales una librería pequeña
puede cerrar son de muy diversa naturaleza, que muchísimas librerías, la
inmensa mayoría, no venden libros de texto y muchas de las que lo hacen,
venden además otros libros que son el sustento fundamental de esa
librería.
Vamos a ver las consecuencias de la medida; creemos que se va a conseguir
el abaratamiento y creemos que se han incrementado extraordinariamente
las ayudas, lo que es muy importante hasta que se pueda llegar a ese
objetivo ideal que es el de la gratuidad préstamo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
Tiene la palabra el Senador Varela por tiempo de cinco minutos.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, su respuesta acerca de los hábitos de lectura en cuanto
a que no hay que ser alarmistas, me ha hecho pensar en catalán en la
palabra «cofoïsme», que no sé exactamente como traducirla, sería algo así
como autocomplaciencia. Evidentemente no hay que ser alarmistas, pero
tampoco hay que ser «cofoístas», si me permiten ese catalanismo, porque
los datos que he dado, señora Ministra, son apabullantes, y no los voy a
repetir ahora, pero no podemos decir que nos hemos escolarizado más tarde
o que hay alternativas de ocio. ¡También hay alternativas de ocio en
Suecia o en Inglaterra! Por tanto, no dé la excusa de las alternativas de
ocio porque allí las hay y se sigue leyendo. En cuanto al argumento de la
historia anterior, creo que no es esgrimible. No se lee, los hábitos de
lectura disminuyen, hay multitud de señales que indican que se va a
mantener en ese sentido, es un avance muy peligroso, y la obligación del
Gobierno es corregir esta tendencia.
En cuanto a que la edición de libros ha ido creciendo, ya le he dicho que
sí. España es la cuarta o quinta potencia mundial en ese sentido. Pero es
que no nos quejamos de la edición de libros, nos quejamos del hábito de
lectura. El hábito de lectura de los españoles disminuye, especialmente
entre los niños, que entre los cinco y ocho años acuden poco a este
sector del ocio. Por tanto, hay que adoptar medidas al respecto.
Estudiaremos lo que usted nos ha dicho, veremos si es suficiente, pero
habrá que seguir insistiendo, desgraciadamente creo yo, en este ámbito.
Las pequeñas librerías pueden cerrar por otros motivos, evidentemente,
pero las pérdidas que tuvo el sector por la medida adoptada en el año
1997, que están evaluadas, ascienden a 5.000 millones de pesetas, unas
pérdidas que no son imputables a otros motivos. Son 5.000 millones de
pesetas de pérdidas derivadas de los descuentos del 12 por ciento. Por
tanto, algo habrá que hacer para proteger al pequeño comercio. Usted se
ha referido a problemas de modernización. En el año 1998, el Ministerio
de Educación y Cultura suprimió unas ayudas destinadas a la modernización
de los libreros. ¿Qué pasa con esas ayudas dirigidas precisamente al
fomento de las nuevas tecnologías en las librerías? Yo creo que debe
haber una mayor sensibilidad respecto a este tejido comercial, tan
importante.
Respecto a la gratuidad de los libros de texto, evidentemente nosotros
estamos a favor de que se avance en ese sentido. Lo que usted ha
anunciado me parece tibio y creemos que hay que andar más decididamente.
Y si este aspecto afecta o no a las librerías ya se estudiará en su
momento, pero la realidad actual es que hay un sector que está muy
beneficiado, que son las grandes cadenas, especialmente las francesas, y
otro sector que está muy perjudicado. Y este agravio comparativo es
injusto, no se puede tolerar y es lo que los libreros denuncian.
Aumentar las ayudas a las familias me parece excelente.
Las relaciones con los representantes de los editores libreros son
magníficas, según su señoría, y yo no deseo otra cosa. No obstante, al
respecto, por ejemplo, tengo aquí un comunicado de la comisión ejecutiva
de CEGAL, Confederación Española del Gremio y Asociaciones del Libro, que
dice en su punto cuarto: Se ha vulnerado el clima de diálogo existente
con el Ministerio de Educación y Cultura al adoptar medidas de mera
comunicación sobre decisiones tomadas por terceros. Algo habrá, no debe
ser todo tan de color de rosa como usted dice, si bien, que exista un
clima fantástico, como usted expresa, es lo que deseamos para conseguir
el objetivo en el que parece que coincidimos, que es fomentar la lectura
y la cultura en este país.
Precisamente --y con esto acabaré--, en este comunicado de la comisión
ejecutiva de CEGAL dado este verano se trata un aspecto sobre el que creo
que hay que reflexionar. Dice el punto quinto de este comunicado:
Solicita mos, finalmente, una reflexión seria de todas las partes
implicadas en relación a valor, precio y coste del libro de texto y su
comparación con otros gastos y costes tanto dentro del mundo educativo,
como dentro de la escala de valor y gasto real de las economías
familiares.
Indicaré, por último, que, tristemente, el precio no es la clave en el
aumento o disminución del número de usuarios de soportes culturales. Poco
favor --esto creo que es sobre lo que debemos reflexionar más-- hace
quien desde la Administración no asume políticas serias de
infraestructura y cambios de hábitos culturales, que traerían, como
consecuencia, un aumento de la demanda y un mayor nivel cultural de este
país, que debería ser la responsabilidad fundamental del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Varela, le ruego que
concluya.
El señor VARELA I SERRA: Acabo enseguida, señor Presidente.
En definitiva, nuestro Grupo cree que esta medida no es positiva para el
sector del libro. Desearíamos que se reconsiderara para el próximo curso
y desearíamos que su Ministerio fuera mucho más activo en lo relativo a
las acciones que nos ayuden a fomentar el hábito de la lectura, así como
en la comprobación que la aplicación del Decreto no se hace en perjuicio
de las pequeñas librerías y no hay prácticas abusivas por parte de las
grandes superficies. Usted ha dicho que se denuncie al Tribunal, pero
¿qué hace el Ministerio para defender a parte del sector que depende de
él directamente, que son las librerías?
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no quisiera ser reiterativa porque, realmente, yo creo que el
tiempo que hemos tenido --por lo menos yo-- ha sido suficiente como para
exponer los argumentos fundamentales. Yo creo que lo que hay que ver es
el comportamiento que tiene la medida --porque también hay que pensar en
las familias españolas-- y una de las cosas que hay que evaluar y
estudiar es exactamente qué grado de ahorro ha supuesto para las familias
españolas. Yo creo que es un dato importante a la hora de ver cuál va a
ser el futuro de la medida.
No voy a entrar a polemizar sobre lo que dicen los representantes de
CEGAL. Cada uno sabe exactamente cómo son las relaciones. Es obvio que a
este sector no le ha gustado la medida y, a partir de ahí, se manifiestan
como les parece oportuno, pero ellos saben que desde un inicio la
atención ha sido como he manifestado antes, que las puertas están
abiertas y que se están celebrando reuniones con bastante frecuencia y
fluidez. A partir de ahí cada uno hace y dice lo que le parece más
adecuado.
Respecto a las ayudas, han sido muchas. No sólo me refiero a los
libreros, sino también a las familias. En cuanto
a la gratuidad, se ha doblado la cuantía de las ayudas para el período
2000-2001 respecto del período anterior en que ya se habían incrementado
notablemente.
En un futuro hablaremos todos del sistema de gratuidadad-préstamo. A mí
me parece que es una vía interesante. Yo creo que no es factible hacerla
ahora ni, francamente, el año que viene --no nos vamos a engañar y no voy
a decir lo contrario en público--, pero me parece que es una vía de una
enorme envergadura y de importantes consecuencias, por lo que se puede ir
avanzando en algunos foros en su debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana en
turno de portavoces.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Señor Vicepresidente, señora Ministra,
señorías, la interpelación del Senador Varela trae otra vez a discusión a
la Cámara el Decreto promulgado por el Gobierno el día 23 de junio y que
ayer ya fue objeto de amplio debate en su vertiente de los horarios
comerciales.
Yo procuraré no cansar a sus señorías con la reiteración de argumentos
que ayer se escucharon, pero sí me gustaría ejemplificarlos en las
medidas adoptadas en ese Decreto y que fueron objeto de la interpelación
referente a la rebaja de los libros de texto.
Una vez más se nos ha dicho que tal medida va a poner a disposición del
sector de distribución del libro un derecho y una libertad, que estará en
su mano utilizar y que, sobre todo, favorece a las familias con hijos en
edad escolar.
La verdad y la realidad práctica de la efectividad de la medida yo creo
que va a ser otra. Ya se debatió, y parece que nadie lo puede sacar de su
cabeza, incluida la señora Ministra, que al hablar de rebajas, en su
intervención --si usted se fija--, únicamente las centró en la
posibilidad de que las ejecutaran las grandes superficies comerciales.
Damos todos por supuesto --porque lo sabemos-- que es totalmente
imposible que una pequeña librería pueda llevar a cabo una rebaja del 50
por ciento en un libro de texto. Por lo tanto, sabemos que tal medida
sólo va a poder ser utilizada por determinado sector de distribución del
libro. Esto es grave, porque es evidente que las librerías pueden cerrar
por múltiples motivos y sería simplista reducirlo únicamente a la medida
que estamos discutiendo. Pero en una realidad territorial que se podría
circunscribir, por ejemplo, a la provincia de Ourense a la que
pertenezco, pero que podría ser extensible a gran parte del Estado,
veríamos una urbe, capital de la provincia, en la que existe una
superficie comercial del estilo de las que estamos hablando y, a su
alrededor, ayuntamientos de 5.000 ó 6.000 habitantes en los que subsisten
una o dos pequeñas librerías. Examinadas una por una todas esas pequeñas
librerías, comprobaríamos in situ cómo, dentro de su balance de ingresos
anual, juega un papel fundamental la venta de libros de texto en el
momento de inicio del período escolar. Esa es una realidad. Y sabemos que
la aplicación de medidas como la que establece el Gobierno va a
significar que ese volumen de negocio se traslade de esas pequeñas
librerías a la gran superficie comercial, que no va a vender sólo los
libros de texto con rebaja, sino también el material escolar
complementario. Desde esa perspectiva podemos entender que será fácil el
cierre de librerías, que verán disminuidos sus ingresos por esta causa.
Yo discrepo de que tal medida pueda servir para el ahorro de las familias
con hijos en edad escolar, al menos en una perspectiva a medio y largo
plazo. Comprobemos si no lo que ha pasado en otros países de la Unión
Europea en los que se siguió un proceso parecido a éste. ¿Qué sucedió?
Que después de unos años en que las grandes superficies pudieron aplicar
estas rebajas y, por lo tanto, gracias a ellas recogieron la cuota de
mercado que antes era de las pequeñas librerías, se encontraron con que
tenían en su mano la posibilidad de no utilizar ya esas rebajas y volver
a subir el precio de los libros de texto. Pero en ese proceso, ¿qué es lo
que perdemos? Que en esas pequeñas librerías de las que hablábamos antes,
además de los libros de texto, el comprador, el ciudadano, encuentra allí
la posibilidad de comprar los libros que se denominan comúnmente de
lectura minoritaria: libros de poesía, de teatro, de ensayo, y
--cuidado-- los libros editados y escritos en las lenguas oficiales del
Estado, aparte del castellano. Esos libros no van entrar en el circuito
comercial de las grandes superficies, porque el volumen de negocio que
producen no es sustancial ni suficiente para que las grandes superficies
comerciales los tengan como base fundamental de su negocio.
La medida incluida en el Decreto, señora Ministra, igual que ayer...
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Quintana.
Ha finalizado su tiempo. (El señor Quintana González pronuncia palabras
que no se perciben.)
Se avisa al Senador Quintana, al interpelante o a la señora Ministra que
está contestando la interpelación que el turno de portavoces es un tiempo
reducido para fijar una posición.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la
palabra el Senador Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, centraremos nuestra intervención en hacer unas
breves reflexiones sobre asuntos referentes a esta interpelación y, al
mismo tiempo, fijar la posición de nuestro Grupo.
Se trae a debate a esta Cámara una interpelación que tiene un contenido
con hondo calado en la sociedad y que, por tanto, ha sido objeto de un
amplio debate en los medios de comunicación, ya que la liberalización del
precio de los libros de texto, aprobada por Real Decreto-ley 3/2000, del
pasado 24 de junio, en su artículo 38, ha venido a cumplimentar una
demanda largamente esperada por amplios sectores de la sociedad.
Este Real Decreto está encuadrado en una serie de medidas fiscales y
urgentes aprobadas por el Gobierno con el
fin de estimular el ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa. No
obstante, esta iniciativa gubernamental, que afecta a varios sectores del
ámbito de la sociedad, como es lógico suponer, ha sido bien acogida por
unos y rechazada por otros.
Así, para los consumidores, para aquellas familias que han de adquirir
los libros de texto para sus hijos, ha supuesto una mejora importante que
ha venido a aliviar los cuantiosos gastos que tienen que afrontar cada
año cuando se inicia un curso académico. Por otra parte, otros sectores
del gremio, como libreros y distribuidores de libros, parecen haber visto
mermados sus ingresos con la aplicación de esta medida, a la cual
califican, desde su punto de vista, de perjudicial para la sociedad.
Con la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió se quiere conocer si el Gobierno tiene prevista
alguna medida de protección empresarial. Lógicamente, nuestro Grupo
también espera conocer cuáles son estas medidas por parte del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Acosta.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no hace uso de
la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra
la Senadora Cid.
La señora CID PAÑELLA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, nuestro Grupo ha dudado en mostrar su
posicionamiento porque de la lectura de la interpelación presentada por
el Senador Varela no deducíamos por dónde iba a ir su exposición de hoy,
pero después de haber asistido a ella, vamos a dar nuestro parecer.
Aquí han salido varios temas, todos ellos muy complejos, muy diversos,
hasta el punto de que seguramente podríamos hacer un debate de cada uno
de ellos y llegar a conclusiones diferentes. Lo cierto es que el sector
del libro es complejo, dado que el libro, como instrumento, puede tener
diferentes objetivos y, por tanto, pueden realizarse diferentes
actuaciones en relación con él. Por tanto, no podemos dejar de hacer
algunas consideraciones sobre este tema que nos parece interesante
subrayar.
Creemos que es importante que en esta Cámara hablemos de temas actuales,
y la interpelación del señor Varela creemos que va más a subrayar --quizá
también por el mes en que estamos ya-- el tema de los libros de texto,
del que se ha estado hablando bastante aquí, así como del decreto que el
Gobierno puso en marcha sobre la liberalización de los precios con
márgenes de descuento.
Por las distintas notas de prensa aparecidas durante los últimos tres
días, está claro que ni los propios libreros están satisfechos, como
también está claro que las familias tampoco están satisfechas --ya ha
salido ya una nota de la Confederación y Asociación de Familias al
respecto-- porque este año han tenido que pagar lo mismo o más que el año
pasado al haberse incrementado los precios de los libros de texto de sus
hijos. En cambio, sí parece que haya un sector comercial, el de las
grandes distribuidoras y las grandes superficies, que no se han
pronunciado al respecto, lo que hace suponer que les ha ido bien el tema.
Para nosotros es evidente que se está canalizando una variación en el
sector desde un tipo de comercio hacia otro, pero no podemos dejar de
decir que el debate de fondo, como también se ha puesto aquí de
manifiesto, hace referencia a los libros de texto y a su gratuidad.
Estamos de acuerdo en los libros de texto gratuitos con préstamos; lo que
sentimos es oír que esto va para muy largo plazo. Y es que cuando
conviene, la política comparativa con los países de la Unión Europea es
fácil de hacer, y cuando algo va bien se utiliza, pero en este caso
tendríamos que hacer uso también de esa comparación poniéndonos a
trabajar en serio en este tema porque, como he dicho antes, las familias,
que son las que se supone que tienen que salir favorecidas en los precios
de los libros de texto, son ya las primeras que se han pronunciado
diciendo que esto no es así.
Creemos que si el libro es un instrumento indispensable en la educación
básica obligatoria, como lo es una mesa o una silla, tiene que estar en
el aula, pero no hace falta que sea del alumno y, por tanto, ese libro
tiene que pertenecer a la escuela. Y los organismos, que somos los que
respondemos de la gratuidad de esta enseñanza, tenemos que proporcionar
estos libros a las escuelas y a las aulas.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): El Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
Fernández Zanca.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, no voy a reiterar lo que ya han expuesto los
Senadores Varela, Quintana y otros que me han precedido en el uso de la
palabra, y voy a centrar mi intervención en algo que ha dicho la señora
Ministra.
Tengo que empezar dando una opinión, evidentemente particular, pero es
que yo entiendo que este Real Decreto --y de ahí la zozobra del sector
librero-- puede ser la punta de lanza de una liberalización total del
sector del libro --de hecho, ustedes han quitado el primer ladrillo de
ese edificio-- y los datos históricos de otros países no son nada
favorables; concretamente, en Francia un Gobierno conservador liberalizó
los precios de los libros y el fortísimo incremento de los precios
condujo al cierre de muchas editoriales y librerías. Pero son muchos los
ejemplos, y aquí ya se han citado.
A partir de ahí --y repito que es una opinión personal--veo una dosis
importante de demagogia, porque, escudándose en un supuesto y efímero
beneficio a las familias, se está haciendo un enorme perjuicio a un
sector importante y pujante que está generando riqueza y muchos puestos
de trabajo, además de tener actualmente una clara vocación exportadora.
Usted ha hablado de ventajas para las familias, pero una familia con dos
hijos en edad escolar --la media es de un hijo y pico, pero pongamos que
sean dos-- obtiene con esta medida liberalizadora un beneficio de
10.000 pesetas al año. El Senador Varela ha dado antes cifras concretas y
la Asociación de libreros también ha echado sus cuentas, de las que no
tenemos por qué dudar, según las cuales, además de las 2.000 librerías
que no pudieron hacer frente al descuento del 12 por ciento de 1997, se
prevé que cerrarán 2.600 librerías como consecuencia de esta
liberalización de los precios.
Usted ha dicho que se han aumentado las ayudas para la compra de los
libros. Es cierto que existen estas ayudas, pero también lo es que son
insuficientes. Se contemplan 12.000 pesetas por alumno para aquellas
familias que cumplen unos tramos de renta; concretamente, en una familia
de cuatro miembros se exige una renta no superior a 2.800.000 pesetas, lo
cual hace que muchas familias no puedan acceder a estas ayudas.
Estoy seguro de que usted sabe que en los países desarrollados la
gratuidad de los libros de texto es un hecho. En nuestro entorno, en la
Unión Europea, lo es, y tan sólo en un par de países, junto con España,
no se da. Y no tiene por qué ser una utopía. Usted se ha manifestado
claramente a favor del modelo inglés, el modelo de gratuidad-préstamo.
No sé si aquí sería eficaz, pero por lo menos ya conocemos alguna de sus
ideas. Yo le propongo, señora Ministra, otro modelo, el de Castilla-La
Mancha, donde este año se ha implantado la gratuidad de los libros de
texto para Primero y Segundo de Secundaria, y sepa que está funcionando y
que está cuantificado. El Gobierno Socialista de Castilla-La Mancha tiene
un programa de 1.500 millones de pesetas para la gratuidad de los libros
de texto de 45.000 alumnos de centros públicos y centros privados
subvencionados. ¿Cómo lo hacen? Muy sencillo: 1.275 millones en libros de
texto, 125 millones en un programa de libros de lectura que recibe el
centro a razón de 1.000 pesetas por alumno --esto sí que sirve para
fomentar la lectura, señora Ministra, y es una medida a tener en
cuenta--, y 100 millones en edición de material para el profesorado. Creo
que el modelo de Castilla-La Mancha, lógicamente no es el inglés, pero es
exportable a otras Comunidades y al Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Fernández Zanca,
muchísimas gracias.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Sólo un segundo, si me lo permite, señor
Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Sólo diez segundos.
El señor FERNANDEZ ZANCA: Lo cierto es que ustedes han convertido en
papel mojado lo que se dictaminó en una subcomisión creada en la
legislatura anterior para el estudio de la gratuidad de los libros de
texto y espero que lo retomen en algún momento.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Fernández
Zanca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Terán.
El señor TERAN MOLLEDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Varela, mi Grupo esperaba esta interpelación --no nos sorprende
en absoluto-- porque en la Comisión de Educación celebrada el 20 de junio
con motivo de la comparecencia de la señora Ministra para exponer las
líneas fundamentales de su Departamento, ya se mostró usted preocupado
con las medidas liberalizadoras del libro de texto y, además, manifestó
la oposición de su Grupo a esas posibles medidas liberalizadoras.
La señora Ministra ya se anticipaba en esa misma sesión a esta
interpelación con la propuesta de incluir en los programas de educación
infantil y primaria actividades específicas de fomento de la lectura y
nuevas fórmulas para que los niños utilicen más tiempo las bibliotecas
escolares. A estas iniciativas de ámbito escolar, la señora Ministra
añadía otras de carácter más amplio dirigidas a las administraciones
educativas, al profesorado, a los editores y todos los sectores
relacionados con el mundo escolar para llevar adelante un programa
nacional de fomento de la lectura, impulsar campañas de promoción de la
lectura o la de ofrecer al profesorado programas de especialización en el
estímulo de la comprensión lectora en edades tempranas.
Sus señorías saben perfectamente que se están realizando estudios sobre
las bibliotecas públicas españolas en los que colaboran la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y la Fundación Germán Sánchez Rupérez, que se enmarcan
en el plan de impulso a las bibliotecas públicas españolas. En este plan,
señorías, se concretan las principales líneas de actuación, se establece
cuáles son las entidades colaboradoras y se marcan ya los plazos de
ejecución y de puesta en práctica.
Señor Varela, estoy destacando todo lo relativo a la promoción de la
biblioteca, promoción del libro o campañas de fomento de la lectura
porque esos índices tan bajos en relación con otros países de nuestro
entorno a los que usted ha hecho referencia --en número de libros en las
bibliotecas, en número de libros por habitante, en gasto anual por
habitante y otros índices que también se aportan en ese estudio--
representan un potencial de crecimiento que, con las ayudas previstas y
las inversiones en bibliotecas públicas que se están realizando, van a
favorecer a todo el sector empresarial relacionado con el libro, sin
lugar a dudas.
De todas formas, señor Varela, es muy loable su inquietud por las
posibles consecuencias negativas que pueda ocasionar a los pequeños y
medianos empresarios del sector del libro la decisión del Gobierno de
aprobar el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, pero su señoría
estará de acuerdo en que esta medida favorece a la mayoría de las
familias españolas, que son los consumidores de los libros de texto. Sabe
perfectamente que según una encuesta realizada con posterioridad a la
aprobación de la medida, el apoyo de la sociedad española es casi
absoluto: el 87 por ciento de los encuestados se ha manifestado a favor
de la libertad de realizar descuentos en los libros de texto. Esta
afirmación no significa que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular
sean insensibles a los problemas de editores, libreros y pequeños
comerciantes; estamos convencidos
de que se establece la igualdad de todos los operadores,
independientemente de su tamaño.
En España se ha producido una situación paradójica. Las grandes
superficies han realizado descuentos superiores al 12 por ciento que
exigía la ley mediante la utilización de otros productos, mientras que
las librerías que no tenían ese tipo de productos estaban obligadas a
aplicar el descuento tasado por la ley. Esto ya no ocurre. Ahora se
encuentran en una situación de igualdad. Pero voy a añadir otra
consideración que me parece muy importante. Las pequeñas librerías, los
pequeños comerciantes durante los últimos años han conseguido establecer
unos vínculos, una relación de confianza con los centros educativos y con
las familias, basados en el trabajo bien hecho, en la atención
personalizada, en la orientación al consumidor, en el conocimiento de los
materiales que los centros educativos implantan y en la profesionalidad.
Y estoy seguro de que todo esto va a permitir mantener sus cotas de
mercado.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Terán, ha terminado su
tiempo.
El señor TERAN MOLLEDA: Termino en un segundo. Simplemente quiero
manifestar el apoyo de nuestro grupo a las medidas liberalizadoras del
Gobierno que no se pueden analizar de una forma independiente, sino como
un conjunto donde hay también medidas fiscales que favorecen a las
pequeñas y medianas empresas, a los pequeños comerciantes. Y, por
supuesto, confiamos en que las aportaciones de la señora Ministra van a
dar solución a este problema.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Terán.
Finalizado el turno de portavoces, tiene la palabra la señora Ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera):
Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias por todas sus reflexiones, porque de todo lo que se dice siempre
hay cuestiones de interés para la persona que las está oyendo.
En primer lugar, en todos los debates, y en éste en particular, siempre
se dice que aquí ha pasado esto y allí ha pasado lo otro; que las
familias declaran que el ahorro ha sido de un determinado importe; que
las empresas que han cerrado han sido tantas, etcétera. Hay que intentar
--y lo intento, lo que ocurre es que a veces no se cuenta con toda la
información que se necesita-- ser muy rigurosos con los datos que se
utilizan.
Por poner varios ejemplos, las familias dicen que no se han beneficiado y
que los precios de los libros han subido. Esto hay que revisarlo. He
leído en la prensa que por lo menos dos de las asociaciones más
importantes de padres han manifestado que las medidas adoptadas por el
Gobierno les parecen muy bien pero que son insuficientes, porque lo que
desean es la gratuidad.
En cuanto al ahorro, realmente no sabemos cuánto va a importar. A finales
del mes de agosto una publicación de una organización de consumidores
calculó que podía ser de unas 6.000 pesetas, aquí se ha dicho que 5.000.
Puede ser. Pero la pregunta es sobre cuánto. Si los libros de texto sin
descuento valen 30 para un determinado alumno y la familia se ahorra
6.000 pesetas, resulta un 20 por ciento de ahorro. Es decir, que el punto
de referencia sobre la cantidad hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo,
si la cuantía de la ayuda a una familia asciende a 12.000 pesetas y le
sumamos las otras 5.000 pesetas, implica 17.000 pesetas de ahorro para
esa familia que tiene una menor renta respecto a las que no lo han
recibido, es decir, supone el 30 ó 35 por ciento. Hay que considerar,
repito, todas estas cuestiones.
Quiero terminar dando las gracias por todos los comentarios que se han
hecho e insisto, desde la perspectiva del Gobierno y del Ministerio que
me honro en dirigir, en las posibilidades del hoy y ahora. Y me parecen
fenomenales las experiencias piloto como las mencionadas de Castilla-La
Mancha. Habrá que comprobar cómo resultan. ¿Estamos hablando de un gasto
consolidado en los presupuestos de 1.500 millones de pesetas? ¿Estamos
hablando de determinado sistema de préstamo? Porque todo ello tiene
consecuencias distintas. ¿Sabemos el impacto que esa medida va a tener en
el déficit de la Comunidad? Es decir, en este caso se abren una serie de
interrogantes que hay que tener en cuenta al hablar de este tema.
Para finalizar, voy a referirme muy brevemente a un informe sobre los
libros de texto en Francia, elaborado por el sector del libro. Dice así.
Financiación. Enseñanza primaria, a cargo de los municipios, pero de
forma muy desigual. Enseñanza secundaria, a cargo del Estado. Las
dotaciones son muy reducidas y nunca superaron los 49 francos --1.225
pesetas por alumno y año--. Los tres últimos cursos de la enseñanza
secundaria son a cargo de las familias.
Valoración. Cada vez es mayor la participación de las familias en la
adquisición de los manuales. Se ha desarrollado extraordinariamente la
edición paraescolar. Hay un incremento espectacular del uso de las
fotocopias en los centros escolares. Altos costes de la gestión pública
del modelo, que puede llegar a representar el 30 por ciento de los
créditos asignados anualmente. Alto grado de obsolescencia de los
manuales disponibles, que en algunos casos llegan a ser utilizados
durante diez años y más --es lógico, si no, habría que comprarlos con más
frecuencia.
Conclusión. El modelo francés, que nació de una intención generosa, tal
como se pone en práctica actualmente, conduce a disparidades que
perjudican el principio de igualdad de enseñanza para todos los alumnos y
ha contribuido a reducir la importancia de los libros de texto de la
enseñanza, afectando a su nivel de calidad.
Señorías, aunque este informe para mí no es concluyente, como ningún
otro, evidentemente, debe formar parte del bagaje documental que tengamos
en cuenta a la hora de hacer reflexiones futuras sobre estos temas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de
Educación, Cultura y Deporte.
--DE DON CARLES JOSEP BONET I REVES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA
CATALANA DE PROGRES, SOBRE LOS PROPOSITOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO ANTE
EL PROBLEMA DEL ENCARECIMIENTO DE LA VIVIENDA (670/000018).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Interpelación del excelentísimo
señor don Carles Josep Bonet i Revés, del Grupo Parlamentario Entesa
Catalana de Progrés, sobre los propósitos de actuación del Gobierno ante
el problema del encarecimiento de la vivienda.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Bonet.
El señor BONET I REVES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en nuestro grupo nos estábamos preguntando si en el
tiempo transcurrido desde su intervención en respuesta a las preguntas
formuladas hasta ahora habría tenido ocasión de ver a algún alcalde.
Supongo que habrá podido ver a un par de ellos.
Empezaré diciendo que, en síntesis, esta interpelación tiene por objeto
saber qué piensa el Gobierno sobre dos temas que están ligados. En primer
lugar, qué piensa hacer para intervenir realmente como agente moderador
de los precios de la vivienda a partir de reforzar el Plan de la
vivienda, de hacerlo efectivo; en definitiva, de que deje de ser virtual,
algo a lo que luego me referiré. Y, en segundo lugar, quisiéramos saber
si el Gobierno se siente responsable del inesperado incremento del recibo
de las hipotecas para muchas familias.
El Plan de la vivienda 1998-2001 no está funcionando, porque fue pensado
como una continuación, porque fue diseñado con una mentalidad de
intereses altos. Y así, los precios de los intereses bajaron, ahora han
vuelto a subir, y se ha producido un efecto perverso, que luego
comentaré. Tampoco está funcionando, porque no se previó que la bajada de
los tipos de interés provocaría el efecto no deseado de que subiera
desmesuradamente el precio de la vivienda, lo cual ha desincentivado a
los propios promotores para utilizar dicho plan. Podríamos decir que hay
una falta de sintonía clarísima entre precios libres y precios protegidos
y que los precios máximos de compra y alquiler en regímenes protegidos no
se adecuan a la realidad del mercado.
A pesar de todo ello, y por los repetidos mensajes del Gobierno marca
«life nice» de que estamos en el mejor de los gobiernos y de los mundos
posibles, muchas personas se han animado a comprar una vivienda con la
confianza de que las previsiones de estabilidad realizadas por el
Gobierno permitirían hacer frente al recibo mensual. Pero se está
deshaciendo el «soufflé» y el recibo subirá, de momento --porque no hay
datos sobre las previsiones del Gobierno en inflación, como ayer mismo
quedó patente en la intervención del señor Rato--, una media de unas
25.000 pesetas por familia. El precio del dinero sube pero el principal
no baja. Entesa Catalana de Progrés considera que es de justicia que se
adopten medidas para ello.
El Gobierno debe sentirse responsable de haber creado un clima de
confianza y, por lo tanto, haber comprometido a muchas familias que,
rozando sus posibilidades, se han animado a ello y, posteriormente, sube
desmesuradamente el recibo del banco. Por lo tanto, el Gobierno debe
adoptar alguna medida.
He indicado anteriormente que este plan no está funcionando, y luego
aportaré datos. Se hizo con la mentalidad de unos tipos de interés altos.
Cuando el plan debía de funcionar --sobre todo a mediados del año
pasado-- los tipos de interés estaban más bajos y, por lo tanto, el
mecanismo de subsidiación de intereses, que es el principal instrumento
de los planes, perdía efectividad. Esto animó a muchas familias a
comprar, a embarcarse en un crédito. Pero se ha producido un efecto de
vasos comunicantes. A medida que bajaba el precio de interés, el mercado
--para no echar la culpa a nadie-- iba subiendo el precio de la vivienda,
pulverizando cada año el IPC. La vivienda es un elemento que nunca
coincide con el IPC ni con las previsiones.
El otro día en TV3, la televisión de Cataluña, oí a un constructor, sin
rubor, explicar cuál había sido el mecanismo por el que habían crecido
desmesuradamente los precios de la vivienda. El mecanismo era muy
sencillo, y es que el mercado tiene perfectamente calculado cuál es la
proporción de sueldo que una familia puede comprometer para la
adquisición de una vivienda, que es más o menos el de un tercio. Por lo
tanto, si bajaban los intereses subían los precios de la vivienda. Este
mecanismo de vasos comunicantes perverso es el que ha funcionado. Si ha
subido desmesuradamente el precio de la vivienda ha sido porque han
bajado los tipos de interés.
En este sentido, en una encuesta del Instituto Catalán de Consumo a nivel
de todo el Estado, en primer lugar se hace la recomendación de que nadie
habría de comprometer más del 30 por ciento de su sueldo y, en segundo
lugar, los datos reflejan que un 30 por ciento de las familias destinan
menos de un 20 por ciento de sus sueldos, un 35 por ciento destina entre
un 20 y un 40 por ciento --la media es el 30 por ciento, pero es algo
más-- y un 8 por ciento más del 40 por ciento. Esta proporción de
personas que han de destinar mucho más, seguro que ahora habrá aumentado.
Creemos que en este mecanismo perverso de encarecimiento de los precios
de la vivienda el Gobierno ha hecho como que miraba a otra parte. Ahí
está el Plan, lo ha dejado de una manera pasiva, no ha tenido una actitud
activa, no ha intentado adaptar el Plan al nuevo paradigma de tipos bajos
de interés, y no ha advertido cómo esto provocaba la subida del precio de
la vivienda. Hay pecados de obra, pero también de omisión; yo creo que
los pecados de omisión son mucho más graves que los de obra. En
definitiva, una desidia que demuestra que hay políticas de derechas y de
izquierdas, que de alguna forma pone en entredicho el viaje del PP al
centro que, en todo caso, sólo habrá sido una excursión, porque aquí ha
faltado sensibilidad para que el Gobierno, con sus instrumentos, pueda
moderar un mercado tan extremadamente duro e injusto para las familias
más modestas como es el de la vivienda.
Estos argumentos se apoyan en un informe de la Asociación Española de
Promotores Públicos de Vivienda y
Suelo, sobre la evolución y situación actual del Plan de la Vivienda
1998-2001, elaborado en diciembre de 1999 por la Economista doña Carmen
Trilla. Es un informe que supongo que habrá visto, si no, se lo
recomiendo, en el que la señora Trilla muestra cómo no se están
cumpliendo las expectativas del Plan de Vivienda, entre las razones la
fundamental es que a los promotores les sale mucho más a cuenta construir
y trabajar para el mercado libre que acogerse a las ayudas del Plan. Es
decir, hay un desfase en los precios máximos del Plan de Vivienda, que no
se corresponden con los precios que se pueden adquirir en el mercado
libre.
Quisiera leer algunas frases fundamentales. Por ejemplo, se dice que aun
en el caso de prever un cierto repunte de los tipos de interés al alza,
el instrumento de subsidiación no volverá a ser de eficacia contundente a
menos que vuelva a situarse por encima del 7 ó 7,50 por ciento, mientras
que de forma inmediata y con alzas moderadas de tipos, los problemas que
pueden plantearse van a tener más que ver con el encarecimiento de las
cuotas de todas aquellas familias que ya tienen contratados préstamos y
que no pueden soportar este encarecimiento de sus cuotas mensuales. Aquí
ya se avanza lo que puede pasar. Más adelante, en la página 13, se afirma
como conclusión que la caída de la producción protegida y de la cuota de
mercado de la protección oficial no es sólo la consecuencia de una
derivación de la demanda hacia el mercado libre, sino que por lo menos en
el ámbito de los promotores públicos y de la vivienda social responde a
una inadecuación de los precios máximos permitidos a la dinámica de los
mercados circundantes.
El Plan de Vivienda no funciona, y voy a dar unos datos de por qué no
funciona. Entre 1995 y 1999 la financiación pública de los planes ha
caído más de un 50 por ciento; se ha pasado de 800.000 millones de
pesetas a 323.000, entre 1995 y 1999.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bonet, le ruego vaya
concluyendo.
El señor BONET I REVES: Termino, señor Presidente.
Al acabar 1999 ha habido 50.000 actuaciones sobrantes. La cuota de
participación de la vivienda protegida, que había alcanzado casi un 50
por ciento del total construido en 1993, ha descendido a un 17 por
ciento; de cada 100 viviendas, sólo 17 fueron protegidas en 1998, y en
1999, de 100 sólo ocho fueron protegidas; es decir, que este plan no está
funcionando, y de alguna forma nosotros queríamos interpelar a este
Gobierno, porque si ha hecho de don Tancredo no adecuando este plan a las
vicisitudes, a las circunstancias actuales, ahora no puede hacer de
Pilatos cuando sube, cuando se encarece el recibo mensual de las
hipotecas de las familias.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bonet.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, coincido con el Senador interpelante en la oportunidad de traer
a la Cámara este asunto, y le agradezco los consejos que me ha dado en
relación con el viaje al centro del Partido Popular. Yo espero contribuir
a que salgan del viaje a ninguna parte en el que están ustedes, y que en
un tema tan social como la vivienda procuren simplemente saber
exactamente lo que quieren, porque, ¡fíjese usted las cosas que ha dicho
sobre un tema tan importante como el de la vivienda! Quiere usted que el
Gobierno sea agente moderador de los precios de la vivienda para que el
plan deje de ser virtual. Resulta que la única facultad que tiene el
Gobierno para fijar precios es en la vivienda protegida, y entre 1997 y
2000 ha subido el 1,1 por ciento; la que ha subido el 28,3 por ciento es
la vivienda libre. ¿Usted quiere que moderemos el precio de la vivienda
libre? Porque la vivienda protegida está moderada; por tanto, si la
vivienda libre está moderada, usted me está pidiendo que moderemos el
precio de la vivienda libre. En todo caso, empiece por decir que el
Gobierno no hace de don Tancredo; está dejando el precio de la vivienda
protegida en el 1,1 por ciento entre 1997 y 2000.
Después nos dice que partimos del problema de que hemos diseñado un plan
con mentalidad de intereses altos. Señor Senador, ¡no sea usted tan
piadoso! Hemos diseñado un plan consecuencia de la herencia de intereses
altos de la política del Gobierno socialista, que los había situado en un
11 por ciento. ¿Cómo puede decir que es un problema de mentalidad? No; es
un problema real de política económica que colocaba a este país en una
situación de intereses altos, exactamente el 11 por ciento en el año
1995, que bajaron al 4,94 en el año 1999 y que ahora es cierto que han
repuntado un punto y están en el 5,89; pero, por favor, recuerde el 11
por ciento de 1995 para que no piense que éste es un problema de nuestra
mentalidad; es un problema de su política: la de los intereses altos. (El
señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.)
En tercer lugar, ha hablado usted en un momento determinado de la
preocupación de los promotores por que el precio máximo de la vivienda
protegida no se corresponde con el de la vivienda libre. ¿Será ésa la
clave de la interpelación? ¿Nos viene a pedir aquí que subamos el precio
de la vivienda protegida para que tenga más mercado? ¿Será éste el
secreto de la interpelación? Porque entonces tienen ustedes un viaje muy
complicado; nosotros tendremos dificultades para ir al centro, pero venir
aquí a pedir que suba la vivienda protegida en nombre de la política de
izquierdas, es un viaje muy complicado en términos de coherencia
política.
Yo creo que es muy importante que nos pongamos de acuerdo todos en
relación con la política de vivienda, y voy a procurar, señor Senador,
darle algunos datos que pueden contribuir a centrar el debate y que
pueden explicar el proceso que tenemos abierto en estos momentos en esta
Cámara, en el Congreso de los Diputados y con las Comunidades Autónomas
para abordar la mejora de la política de vivienda en España en este
momento.
Hay un problema de crecimiento de la vivienda protegida porque,
efectivamente, las viviendas protegidas, entre 1996 y 1999, han
disminuido en 32.500 --estoy dando datos del año 1999 cerrado--, es
decir, han disminuido un 36 por ciento, pero en cambio las viviendas
libres han aumentado en 269.000 y se han incrementado un 137 por ciento,
es decir, en conjunto en España se construyen muchas más viviendas que en
el año 1996. En 1996 se construían 284.000 viviendas y ahora se
construyen en total, viviendas protegidas más libres, 520.000.
Por lo tanto, no establezcamos aquí que esa subida de precios a la que
ahora me referiré trae como consecuencia una retracción del mercado. Al
contrario, tendremos que empezar diciendo que, a pesar de la subida de
precios, ha crecido espectacularmente el número de actuaciones en materia
de viviendas, paralelamente al descenso de las viviendas protegidas.
Creo que hay que hablar también de la responsabilidad de las distintas
administraciones, porque cuando el precio de la vivienda crece en el
último año un 14,3 por ciento --la subida de la vivienda protegida entre
1997 y 2000 ha sido de un uno por ciento-- y un 28,3 entre 1997 y 2000,
cuando uno desciende al detalle de las Comunidades Autónomas empieza a
tener algunas claves, porque esa media del 14 por ciento no es igual para
toda España. La Comunidad donde más ha crecido ha sido en Baleares, un
27%; seguida del País Vasco, un 21 %; seguida de La Rioja, el 19%;
seguida de Canarias, el 17%; seguida de Navarra, el 16%, y seguida de
Cataluña, el 16%. Todas estas Comunidades están por encima de la media,
pero hay Comunidades en las que no ha subido igual el precio de la
vivienda, como por ejemplo en Extremadura, con un 5,2 por ciento, Murcia
el 7,9 por ciento, Castilla-La Mancha el 8,1 por ciento o Galicia el 7,5
por ciento.
Por lo tanto, la responsabilidad de las políticas estatales tiene también
una correspondencia con las políticas autonómicas, y yo quiero hacer esta
reflexión simplemente para empezar a manejar el argumento de que en esta
política de vivienda las instituciones, en el caso de las corporaciones
locales o el Estado, tenemos que buscar una política de cooperación para
abordar conjuntamente el problema, porque el problema no es uniforme. Han
subido los precios de las viviendas libres, pero no han subido por igual
en toda España, y este aumento de los precios de la vivienda, a juicio
del Gobierno, ¿a qué se debe? Se debe a la favorable evolución de la
economía en estos últimos cuatro años, que ha traído consecuencias en el
crecimiento del empleo y en el aumento de la renta personal disponible.
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda acaba de devolver 800.000 millones
de pesetas del IRPFI que contribuyen a incrementar la renta disponible de
las familias, de esas mismas familias a las que ahora también le va a
subir el recibo de la hipoteca, pero le están bajando otros conceptos que
constituyen el gasto familiar y, por supuesto, en estos años ha
disminuido el presupuesto, gracias a los descensos de los tipos de
interés, que las familias dedican a financiar los préstamos hipotecarios.
Por lo tanto, a igualdad de ingresos en estos años, lo que se ha
incrementado notablemente es la capacidad de endeudamiento de las
familias españolas y, por consiguiente, su nivel adquisitivo, y éste es
un factor objetivo que explica el fenómeno del crecimiento de la vivienda
en su conjunto.
Por supuesto, querría que cuando abordásemos el problema de la vivienda
distinguiéramos, a la hora de enfocar medidas, entre la desagregación de
los problemas cuando se habla de viviendas para residencia habitual de
los que acceden por primera vez, la demanda de vivienda habitual para los
que disponen de una y quieren mejorar de vivienda o la demanda de
vivienda por motivos de ocio. Creo que este factor hay que introducirlo
porque cada uno de estos casos aconseja adoptar medidas o respuestas
distintas, y en este sentido el Gobierno cree que se deben adoptar
medidas distintas.
Ya le he mencionado antes de pasada que el factor que ha impulsado este
incremento de la demanda es la mejora de la accesibilidad de las familias
a la vivienda, de tal manera que en el año 1997 esa accesibilidad situaba
el esfuerzo sobre la renta familiar por debajo del 30 por ciento para
poder financiar la compra de esa vivienda. Recuerde usted que a comienzos
de los noventa, el esfuerzo de las familias para adquirir una vivienda
era del 57 por ciento. Esta mejora de la accesibilidad en muchos sitios
lo que ha hecho ha sido impulsar un trasvase de la vivienda protegida a
la vivienda libre, porque a familias que tienen más renta disponible
determinadas limitaciones de metros cuadrados o de características no les
compensa los beneficios de subsidios de intereses o de subvenciones. La
mayor renta disponible de las familias ha desincentivado que esas
familias tuvieran la necesidad de acudir al mercado de la vivienda
protegida, y esa balanza de o pago menos intereses o tengo una vivienda
mejor, se inclina en favor de tener una vivienda mejor, lo cual impulsa
el crecimiento de las viviendas libres y reduce las viviendas protegidas.
Hay una tercera causa, que es el incremento de los costes de la vivienda.
Los costes de la vivienda se han incrementado en estos años por una serie
de factores que suben el coste de la vivienda para los promotores, y
precisamente porque este Gobierno no ha modificado el precio de la
vivienda protegida, hay promotores que tienen hoy menos incentivos para
hacer viviendas protegidas. Pero lo que no es bueno para los promotores,
que es que haya más viviendas protegidas, es bueno para los adquirientes,
para los cuales los precios limitados también son un buen incentivo para
adquirir viviendas. Espero que no tenga que venir otro día a contestar
una pregunta sobre si el Gobierno ha actualizado el precio de la vivienda
protegida. Serían ustedes capaces de hacerlo: hoy pedir que controlemos
los precios, y mañana reprochar que actualicemos los precios de la
vivienda protegida.
Yo no estoy tratando de definir una posición dogmática, estoy tratando de
situar y enmarcar el problema en sus justos términos e intentar que al
final lleguemos a acuerdos todos los grupos parlamentarios y en la
Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas. Precisamente porque
en el encarecimiento de la vivienda nosotros consideramos que el factor
suelo es uno de los elementos más significativos, estamos impulsando
medidas para desregular
el mercado del suelo, para flexibilizarlo y para intentar abaratarlo. Yo
querría preguntarle a su señoría si está de acuerdo en que el suelo es un
factor que encarece la vivienda o no. Me gustaría tener esta respuesta,
porque si su señoría considera que el suelo no se ha incrementado en
estas Comunidades donde se ha disparado el precio de la vivienda,
seguramente no nos podremos poner de acuerdo en las medidas; pero si su
señoría piensa como yo, que el suelo se ha incrementado
considerablemente, los dos estamos obligados a pedirles, por supuesto al
Gobierno en la medida en que tiene que hacer sus deberes, a las
Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos que ayuden a resolver un
problema generado.
Pues bien, precisamente por eso nosotros hemos impulsado unas medidas que
por decisión del Gobierno se tramitan como proyecto de ley ahora en el
Congreso y muy pronto en el Senado, y yo les invito a ustedes, como Grupo
Parlamentario, a colaborar con el Grupo Parlamentario Popular y con el
Gobierno en el perfeccionamiento de las medidas que le corresponden al
Gobierno para ayudar a resolver el problema de la vivienda, para fomentar
la disponibilidad de viviendas protegidas.
Fíjese usted, el Gobierno no tiene problema de presupuestos, tenemos
consignaciones presupuestarias suficientes para financiar las
actuaciones, y creo que eso dice mucho en favor de la posición del
Gobierno, que no está actuando en la línea de restringir por falta de
disponibilidad; habrá otras dificultades --falta de disponibilidades
presupuestarias y el déficit--, pero no en la política de viviendas.
Probablemente este año no se cubran los créditos totales aprobados para
los presupuestos del año 2000.
En ese sentido, puesto que vamos a tramitar como proyecto de ley el
decreto-ley en el que el Gobierno ha impulsado medidas, esta
disponibilidad de colaboración quiero transmitírsela expresa y
sinceramente a todos los grupos de la Cámara, como la transmitimos ayer
en la Conferencia de directores generales y la semana que viene en la
Conferencia Sectorial de Suelo y Vivienda a todos los consejeros, porque
hay muchos cauces de acuerdo. Por ejemplo, si en lugar de plantear un
debate competencial Estado-Comunidades Autónomas nos pusiéramos de
acuerdo en la naturaleza del problema y las medidas las adoptara la
institución que tiene las competencias. No me importa aceptar que una
competencia la tienen las Comunidades Autónomas e impulsan las medidas
legislativas en el ámbito autonómico. No es un problema de fuero,
señoría, lo que estamos discutiendo aquí. Es un problema real, para saber
si somos capaces de atacar las causas que elevan por encima de lo
razonable el precio de la vivienda. Y si nos ponemos de acuerdo en las
causas creo que es más fácil también ponernos de acuerdo en las medidas.
En este sentido, quiero decirle que hay algunas otras medidas, en las que
por razones de tiempo no me extenderé, como la de ampliar la ayuda a la
posibilidad de financiar la entrada en el pago de la vivienda como una
alternativa a quien tenga más dificultad para pagar la primera entrada
que para el importe de los intereses mensuales. Por ejemplo, hay familias
para las que es más difícil reunir el dinero de la primera entrega que
afrontar el pago mensualmente ya que no tienen una cantidad ahorrada,
fundamentalmente las parejas jóvenes.
En definitiva, queremos ofrecer posibilidades alternativas a fin de que
exista una mayor capacidad de adecuación a las necesidades de las
familias. Estamos abiertos a plantear, por ejemplo, impulsos adicionales
en relación con la vivienda en alquiler. De todas estas cuestiones vamos
a hablar directamente con las Comunidades Autónomas, y lo vamos a hacer
directamente porque la tramitación del proyecto de ley es paralela a
estas reuniones con los grupos parlamentarios.
Al margen de las pequeñas críticas que en un ejercicio de control entre
Gobierno y oposición se deben hacer en estas sesiones parlamentarias,
creo que lo más importante es que, si todos tenemos voluntad de resolver
el problema de la vivienda, hagamos un diagnóstico preciso de la
naturaleza de los problemas, porque ésa será la antesala para ponernos de
acuerdo sobre medidas acertadas que resuelvan los problemas cuya solución
hoy demanda la sociedad española.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Bonet.
El señor BONET I REVES: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, me acojo más a la parte final de su intervención que a la
primera. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Vuelvo a reafirmar lo que he dicho. Evidentemente, si los planes de
vivienda, como usted ha admitido, no se cubren, no hay un instrumento con
el que se puedan moderar los precios de vivienda libre. Usted dice que
eso supondría encarecer la vivienda protegida. No, habría que hacer un
escalado de los precios máximos, porque éste es el problema de los
constructores que no se acogen a aquella fórmula. Además, hay distintas
zonas y distintas realidades. La cuestión no va de blancos y negros, es
decir, los pobres, pobres, pobres de solemnidad y, después, los ricos.
Pobres de solemnidad sólo hay un ocho por ciento --las viviendas
protegidas actualmente-- y los demás, el 92 por ciento restante, son los
ricos, y, por tanto, no es necesario actuar. No, no es así. Hay todos los
colores del arco iris y hay que pensar en la masa social de las familias
que, como usted sabe, forman lo que se llama un centro y conforman la
generalidad.
Yo no quiero que suban los precios. Lo que quiero es que los gobiernos
adopten medidas efectivas para que el mercado de la vivienda se comporte
como tal, porque no se comporta como mercado, es decir, todo el mundo...
(Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: «Es oferta y
demanda».) No, no es oferta y demanda, porque hay que tener en cuenta
oferta y demanda y conocimiento de la situación y mucha gente no la
tiene. Y hay que tener en cuenta también las posiciones de privilegio,
porque hay mucha gente que las tiene.
Está muy estudiado que en el mercado de la vivienda todos los gobiernos
tienen que intervenir. No se puede dejar al turbulento mar del mercado
inmobiliario; hay que intervenir y los planes de vivienda sirven para
intervenir.
¿Incremento de costes? Sí, pero por este factor. Es decir, si el Gobierno
hubiera previsto las bajadas de los tipos de interés, habría tenido que
tener una actitud más activa para intentar que no subiera toda la cadena
productora inmobiliaria para poner al ciudadano al nivel de subsistencia,
como se suele decir.
Por tanto, yo creo deducir de sus últimas palabras que está claro que
algo no funciona, que a las familias les está encareciendo el precio de
las cuotas y que hay que actuar de algún modo. Yo creo que deberíamos,
quizá, guiarnos por estas conclusiones.
Tenemos previsto presentar la moción subsiguiente a esta interpelación y
nos permitiremos incorporar algunas de las cosas que usted ha
manifestado. A nosotros no nos mueve la oposición sistemática, sino las
necesidades de los ciudadanos y, sobre todo, conseguir que la vivienda no
sea un bien que crece y crece y crece, sin estar de ningún modo dentro de
las posibilidades de la gente. Yo creo que es una injusticia que el
precio del suelo repercuta tanto. Somos el país del mundo con más
repercusión del suelo en el precio total.
Finalmente, me querría referir a este plan en relación con las
Comunidades Autónomas.
La señora PRESIDENTA: Le ruego, Senador Bonet, que concluya. Ha terminado
su tiempo.
El señor BONET I REVES: Sí, señora Presidenta, termino enseguida.
Una de las características de este plan es su rigidez. Usted ha dicho
antes que hay que hacer una política de cooperación, dado que las
realidades no son uniformes. Y, efectivamente, esto es lo que pasa. Sin
embargo, el plan da poco margen, es demasiado rígido en su aplicación. No
es lo mismo aplicar en zonas metropolitanas que en rurales, ni en zonas
de orografía complicada o con densidad de población muy alta o en
Comunidades Autónomas con una gran tensión inflacionista que en otro
sitio. Por tanto, evidentemente nosotros creemos que habría que dar mucho
más margen de estos planes a las Comunidades Autónomas y a los
municipios, que, en definitiva, son los que tienen que articularlo y,
sobre todo, prever lo relativo al suelo.
Las medidas liberalizadoras que ustedes han presentado creemos que no
servirán para paliar este precio, sino para incrementar el número de
urbanizaciones o de segundas residencias.
La señora PRESIDENTA: Senador Bonet, concluya, por favor.
El señor BONET I REVES: Nada más.
Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro, señoras y señores Senadores.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bonet.
Comienza el turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
Senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, al hilo de lo que plantea el Senador Bonet en su
interpelación, creo que habría que decir, en honor a la verdad, que el
actual plan de viviendas no es fundamentalmente diferente al anterior.
Por lo tanto, el problema no habría que circunscribirlo a lo que es la
normativa concreta del plan en vigor sino también a un modelo de
promoción que continúa en la actualidad y que se inició ya hace tiempo.
Es cierto que la modificación sustancial no viene tanto por el plan de
vivienda en cuanto a la acción del Gobierno, sino por medidas
complementarias, como aquellas a las que se ha hecho referencia, acerca
de la liberalización del suelo, como medida pretendida por el Gobierno
para el abaratamiento del precio de la vivienda, entendiendo, como es
lógico, que el suelo juega un papel importante en su precio final.
Ahora bien, si es evidente que eso es así, no podemos cometer el error de
magnificar esto hasta el extremo de promover medidas que nos creen un
problema mayor que el que intentamos solucionar. Deberíamos tener
cuidado, sobre todo en la idea de que la promoción del suelo por manos
únicamente privadas, y en la medida en que se apunta en las últimas
disposiciones aprobadas por el Gobierno, podría llevar a la situación de
que el diseño de las ciudades dejara de estar en manos de las
instituciones representativas de la ciudadanía para pasar a las de
aquellos que, en el afán de promover viviendas, llevaran a un diseño que
no estuviera de acuerdo en absoluto con las necesidades de la generalidad
de la población.
El Bloque Nacionalista Galego utilizará el trámite parlamentario del
proyecto de ley al que usted hizo mención para trasladar nuestras
humildes aportaciones, pero ya adelantamos con toda lealtad que somos más
partidarios de la intervención pública, por diferentes mecanismos, como
método más adecuado para controlar el precio de la vivienda.
Animo al Ministro a que continúe en la línea, que expuso en su
intervención, de reconocimiento --no podía ser de otra manera-- de la
competencia fundamental que las Comunidades Autónomas y los
ayuntamientos, como órganos gestores, puedan tener en este caso.
También adelanto la necesidad de que en el nuevo plan, y por lo tanto en
el proyecto anunciado por el Ministro, se concediera una importancia
capital a la rehabilitación de viviendas, teniendo en cuenta, además, que
dicha rehabilitación en el medio rural para zonas o para países como
Galicia sería una iniciativa fundamental. En Galicia existe un parque de
viviendas abandonadas en el medio rural que por sí solo serviría para
acabar con la necesidad de vivienda en varios años. Sabemos que no se
puede dirigir todo el mercado de la vivienda en ese sentido, pero es un
dato importante que debe tenerse en cuenta. También hay que promover la
vivienda de alquiler, para lo cual es necesario cambiar los módulos
actuales; dar un impulso decidido a las sociedades públicas municipales
de promoción y
gestión de vivienda y suelo como método adecuado para la gestión del
suelo y control del precio de la vivienda, y la modificación de los
módulos actuales de vivienda de protección oficial, intentando sobre todo
que quedara lo suficientemente abierto como para que cada Comunidad, en
función de las necesidades y características que en ella existan, pueda
establecer esos módulos para que sea una medida efectiva de intervención
en el campo de la vivienda.
Por último, recomiendo al señor Ministro que permanezca atento a las
actuaciones que el Instituto Gallego de la Vivienda y algunos
ayuntamientos gallegos están llevando adelante, porque de confirmarse y
seguir su curso, podrán aportar datos objetivos y constatables para el
proyecto de ley que se nos ha anunciado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana. Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Froilán
Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta, señor
Ministro, señorías.
Creo que todos, los que estamos a un lado y a otro de esta sala,
compartimos plenamente la preocupación que manifiesta esta interpelación
en relación con el encarecimiento de la vivienda, que se ha visto
agravado en los últimos meses por la subida de los tipos de interés
hipotecarios y que, además, según las últimas previsiones puede seguir en
esa línea ascendente, al menos en los próximos meses.
Ante esta generalizada preocupación, creo que era de sumo interés conocer
las líneas de actuación que tiene previstas el Gobierno, en este caso el
Ministerio de Fomento, para tratar de incidir de forma positiva en esta
escalada de precios y más concretamente para conocer de voz del propio
Ministro si están previstas --aunque estamos hablando de temas
diferentes-- modificaciones del Real Decreto 1.186/1998 antes del año
próximo.
Es verdad que estamos hablando de dos problemas diferentes, que la propia
interpelación en su texto reducido no aclara, ya que hay dos problemas
que se superponen porque, en mi opinión, inciden mutuamente uno en otro,
como es el caso, ratificado por el señor Ministro, de que las viviendas
protegidas han disminuido el número de actuaciones de forma importante en
los últimos años, pero no porque haya menos familias necesitadas de
acceder a esos mecanismos, sino por otros factores que ya han sido
nombrados aquí y que, por tanto, no voy a repetir.
Por otro lado, también ha habido una subida espectacular de los precios
de las viviendas en el mercado libre, precios que han rondado el 9 por
ciento anual, según cifras oficiales, y que en función de las previsiones
para este año 2000 es posible que, de no cambiar las cosas en los pocos
meses que quedan para finalizar el año, incluso pueda superarse una media
del 15 por ciento. Estamos hablando de que en estos años anteriores han
triplicado el índice de inflación, con lo cual lo pueden quintuplicar a
lo largo de este año. Además, en determinadas Comunidades Autónomas, caso
de Canarias, este dato es aún más preocupante porque se sitúa entre las
primeras Comunidades Autónomas en ese negativo «ranking» en lo que a los
precios de vivienda libre se refiere.
En lo que se refiere a las viviendas protegidas, todos los municipios han
pasado a ser municipios singulares --los municipios singulares estaban
muy bien determinados--, y los que eran singulares han pasado muy por
encima de ese escalón en cuanto a las previsiones de módulos para el
metro cuadrado de superficie útil de las viviendas protegidas. Por
supuesto que a esto está muy ligada --y en el caso de Canarias es más
evidente aún-- la repercusión que está teniendo el valor del suelo y que
se prevé tendrá en los próximos años si no se adoptan medidas en ese
sentido.
Estoy de acuerdo con el señor Ministro en que tiene que haber una
política conjunta entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las
corporaciones locales para lograr que esa repercusión del valor del suelo
no siga impactando tanto en el precio final de la vivienda.
De todas maneras, nuestro Grupo, como no era el interpelante, está
también a la espera de que se vayan concretando estas propuestas que ha
hecho hoy el Ministro, en las cuales por supuesto que participaremos
activamente, como no podía ser de otra forma.
Por otro lado, esperamos que en la comparecencia que va a celebrar el
Ministro en la Comisión de lnfraestructuras de esta Cámara el próximo día
21 podamos conocer algunos datos más que creo reflejan la preocupación,
no sólo de toda la Cámara --el Ministro reconoció que comparte esa
preocupación así como la oportunidad de esta interpelación--, sino que es
también compartida por gran parte de la sociedad española, por cualquier
familia de tipo medio española, para la que la adquisición o alquiler de
una vivienda, ya sea la primera, la segunda, o incluso una que ayude a
mejorar la vivienda anterior, es probablemente una de las mayores
preocupaciones.
Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra la Senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, permítame saludarle afectuosamente en esta primera
oportunidad que tengo de hacerlo personalmente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos para realizar brevemente ciertas consideraciones atendiendo al
objeto de la interpelación formulada por el Senador Bonet. Es indudable
que todo debate y discusión en tono político sobre el tema de la
vivienda, su precio y el mercado inmobiliario puede resultar apasionante.
Creo que sus señorías me darán la razón con sólo reconocer el énfasis con
el que han intervenido, tanto el señor Bonet como el señor Ministro, en
la defensa de sus posiciones al respecto.
Abordar cuestiones como la necesidad de abaratar el suelo disponible o
cómo garantizar con una oferta asequible
a todos los ciudadanos el acceso a la vivienda ha sido y es una constante
de todas las políticas públicas; es, al mismo tiempo, un viejo problema y
un tema de candente actualidad. Ello requiere necesariamente de una
reflexión serena y en profundidad. No puede ser de otra forma, máxime
ante la profusión de datos y referentes que nos han proporcionado el
Senador interpelante y el señor Ministro en sus intervenciones. Pero
tampoco debemos olvidar las competencias, en ocasiones exclusivas, que en
materia de suelo y urbanismo tienen atribuidas las diferentes Comunidades
Autónomas, entre ellas el País Vasco, y el papel que en este campo
reivindican para sí los ayuntamientos.
Ya que el Senador Bonet nos ha anunciado una futura moción consecuencia
de la presente interpelación, dejo para entonces una intervención más
precisa sobre este tema.
«Eskerrik asko». Gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés desea intervenir?
(Pausa.) Se agradece porque es un grupos menos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, este tema tan importante que afecta a la
totalidad de las familias españolas y al bienestar social se presenta en
todas las legislaturas por la preocupación que suscita, y quizás sea un
tema irresoluble.
En cualquier caso, el Senador Bonet ha manifestado una realidad sobre la
que alguno de nosotros discrepamos en cierto modo, pero son sólo pequeños
matices lo que nos separa. Lo importante es buscar puntos de encuentro
para mejorar --no voy a decir resolver-- el tema del coste de la
vivienda, de forma que pueda suponer un porcentaje inferior al actual
dentro de la renta familiar, aunque el señor Ministro haya señalado que
era mucho más elevado hace algunos años.
Aunque lógicamente serán muchas las medidas a adoptar, se ha planteado la
primera medida prevista por el Gobierno: la referente al Real Decreto Ley
4/2000, de 23 de junio, sobre la calificación de suelo urbanizable. El
anterior Ministro de Fomento ya se manifestó sobre este tema y tomó
alguna medida al respecto. Creía firmemente en esta solución, cuestionada
en su momento, pero lo cierto es que no pueden notarse los resultados en
seis meses ni en uno o dos años. Nosotros también tenemos algunas
reservas de carácter urbanístico por cuanto nos podemos encontrar con que
el diseño de las ciudades quede en manos de los promotores y no de los
ayuntamientos o de las Comunidades Autónomas competentes o, en su caso,
del Estado.
Por tanto, ¿al centrar el aspecto de la oferta y demanda con un
incremento de la oferta se va a conseguir solucionar esta cuestión?
Nosotros, sinceramente, lo dudamos y además pensamos que el diseño
urbanístico se pondría en peligro. Por tanto, señor Ministro, vemos este
tema con cautela. No nos cabe duda de que el Ministerio tendrá otras
alternativas previstas, pero, en cualquier caso, nosotros queremos
apuntar algunas. Asimismo, estamos convencidos de que el señor Ministro
habrá pensado posibles soluciones y de que, si el Senador Bonet ha
presentado la moción, planteará más cuestiones.
Se ha hablado mucho de la vivienda de alquiler. España sale
frecuentemente en las estadísticas como uno de los países europeos con
menor índice de viviendas de alquiler y, por tanto, es un campo en el que
proponemos que se actúe, así como en el de las viviendas desocupadas.
Otro campo de actuación es el de la fiscalidad, en distintos términos, y
puesto que hoy no tengo tiempo de ocuparme de él, haremos alguna
propuesta el día que se estudie la moción, si no las hace previamente el
Senador Bonet. Asimismo, hay que actuar en el campo de las hipotecas y en
el del IRPF.
Mi Grupo cree que si este importante tema se trata como un bloque pueden
hallarse soluciones que, aunque no sean globales, mejorarán la situación
actual que, en cualquier caso --y en este aspecto tengo que reconocerlo--
no es peor que la que existía hace algunos años.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Herranz.
El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, yo le quiero saludar afectuosamente aunque usted nos meta
constantemente el dedo en el ojo, nos recuerde la horrible herencia
recibida y nos hable de los altos tipos de interés. Sin embargo, algo
haríamos para que se bajaran los tipos de interés; el señor Solbes, algo
hizo en Economía.
Usted ha apuntado una serie de causas por las que cree que ha subido el
precio de la vivienda y yo le voy a decir otras. ¿Por qué no nos
referimos, de una vez, con claridad, a que ha habido un blanqueo
importante de dinero en el sector de la construcción durante todos estos
años? Esta sí que ha sido una realidad y la gente ha querido, antes del
cambio a euros, comprar viviendas y blanquear el dinero.
También hay otras causas de su propia responsabilidad y entre ellas,
fundamentalmente, la liberalización del suelo. Ustedes parten de una
hipótesis simple, que nosotros hemos calificado también de doctrinaria:
cuanto más suelo urbanizable hay, los promotores dispondrán de más suelo
para construir viviendas y así se abaratará el precio de la misma. Eso es
falso; es falso desde 1997 y va a ser falso con el real decreto que
ustedes proponen, porque suelo urbanizable existe mucho en España, lo que
no existe es suelo urbanizado y eso es lo que hay que hacer.
La ciudad, la vivienda y el suelo no se resuelven con soluciones simples
sino buscando la colaboración de todas las Administraciones para resolver
esta cuestión. La ley valenciana y la de Castilla-La Mancha tienen a los
agentes urbanizadores y hay una colaboración entre la Administración
pública y la iniciativa privada para urbanizar suelo,
incluso pueden urbanizarlo ellos directamente o bien mediante una
concesión, como usted sabe.
De esta manera, conseguiríamos que se aumentara la posibilidad de
construir más viviendas baratas y viviendas protegidas; y esa es la
tercera causa: que han disminuido de forma escandalosa las viviendas
protegidas en España. El año pasado se construyeron 350.000 viviendas; de
ellas, sólo 56.000 --el 17 por ciento-- fueron viviendas de promoción,
protegidas y, entre ellas, sólo un 4,6 por ciento, es decir, 16.000,
fueron viviendas de promoción pública y viviendas sociales, que son las
que realmente resuelven los problemas de aquellas familias que tienen
bajo poder adquisitivo.
Señor Ministro, éste es un fenómeno socialmente injusto en un momento de
crecimiento económico y en el que los tipos de interés son bajos. Esta es
una responsabilidad auténtica del Gobierno, que tiene que cumplir el
papel fundamental de moderador del precio del suelo y del precio de la
vivienda. Ustedes se han despreocupado. El mercado y los agentes del
mercado no resuelven por sí mismos el tema de la vivienda, que es lo que
ustedes hacen: como liberales que son mantienen esa teoría. Pero hay algo
más. Nosotros proponemos otras actuaciones. ¿Por qué no se busca la
colaboración de todas las administraciones para que en las ciudades se
efectúen aquellas infraestructuras urbanísticas fundamentales que también
intervienen finalmente en el precio de la vivienda? ¿Por qué no se busca
la colaboración de la iniciativa privada para la rehabilitación,
construcción y urbanización de viviendas? La creación de viviendas de
alquiler, fundamentalmente para jóvenes, la rehabilitación sobre todo de
las ciudades con barrios degradados, medidas que puede servir para todo
ello. Hay muchas soluciones. Pero ustedes la única que están dando es
desregular el suelo. Y otra cosa más. Ustedes han ido con el paso
cambiado en el plan de vivienda desde el año 1998 porque lo que han hecho
ha sido fundamentalmente aumentar los préstamos subsidiarios y disminuir
las ayudas directas a fondo perdido. Cambien el paso y verán cómo
interviene en el precio de la vivienda. Como ve, hay muchas soluciones y
estoy dispuesto a colaborar para que baje el precio de la vivienda porque
haremos justicia social, cosa que a ustedes no sé si realmente les
preocupa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra el Senador Fajarnés.
El señor FAJARNES RIBAS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, en un tema de tanta importancia y trascendencia
como es el acceso a la vivienda, la acción de un gobierno no puede
limitarse a medidas puntuales ni de oportunidad, como tampoco a que éstas
se produzcan cada cierto tiempo sin una continuidad ni sin planes a
corto, medio y largo plazo que garanticen los resultados que se
pretenden.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos decir que
el Gobierno del Partido Popular ha demostrado sobradamente no sólo su
interés sino también su actuación directa, real y efectiva en la
consecución de un marco que propiciara la mejora de la accesibilidad a la
vivienda, habiendo constituido éste un logro importante; un logro o un
éxito que avala también su política de estabilidad y de racionalidad y
rigor presupuestarios, pues no sólo ha influido directamente en la mejora
del acceso a la vivienda, sino también en otras áreas de especial interés
para el Gobierno y para el Partido Popular.
De sus consecuencias directas da buena cuenta el indicador del esfuerzo
sobre la renta que las familias españolas tienen que hacer para la compra
de una vivienda, que si en 1996 suponía el 35,2 por ciento, tres años
después, en 1999, se había reducido en diez puntos, situándose en un 25,4
por ciento, es decir, el índice más bajo de su historia. Esta disminución
se vio también favorecida por la escalada a la baja de los tipos de
interés hipotecario y por los cambios en la fiscalidad de la vivienda
incluidos en la reforma del IRPF. Precisamente en la aplicación ya
vigente de esta reforma encontramos una importante compensación a los
efectos negativos asociados a la subida de los precios inmobiliarios, lo
que ha venido repercutiendo en gasto fiscal en vivienda que supuso la
cantidad de 687.000 millones el año pasado y que sobrepasará los 800.000
millones en el presente ejercicio, precisamente por los efectos de las
nuevas normas del IRPF.
Asimismo, en los últimos años de Gobierno del Partido Popular se han
construido 1.146.000 viviendas libres, y se han tomado múltiples
iniciativas que de una u otra forma han contribuido a la ordenación y
mejora de este sector. Con ellas se ha revitalizado el mercado de
alquiler; se ha facilitado el acceso a la vivienda de los jóvenes; se ha
propiciado la coordinación entre las distintas administraciones y sus
políticas de vivienda con la finalidad de abaratar su precio y se ha
modificado la regulación del régimen del suelo y valoraciones para
ampliar la oferta de suelo urbanizable y urbanizado.
El conjunto de medidas adoptadas hasta ahora ha sido decisivo para
relanzar un sector que se había estancado y sobre el que sólo se habían
aplicado políticas de penalización tributaria que facilitaban la
retención especulativa del suelo y, por tanto, el continuo encarecimiento
del precio de la vivienda.
Señorías, recordemos, por ejemplo, que la renta familiar para la
adquisición de una vivienda en el año 1991 era de un 57 por ciento, como
ha dicho el señor Ministro, y que durante los años anteriores a 1996 los
tipos de interés del mercado hipotecario se movieron en torno al 15 por
ciento. Pero hay también otros indicadores de interés. El incremento
medio real del precio de la vivienda nueva y antigua ha pasado de 1,85 en
el año 1996 a un 14,3 en el segundo semestre de 2000. Son cifras que,
aunque van en aumento, chocan comparativamente con las sufridas en el
período 1988-91, en que el precio de la vivienda libre subió casi un cien
por cien. Y también chocan con lo expresado en muchas de las
intervenciones de los portavoces de la oposición.
El incremento en el precio de la vivienda viene dado, entre otros
factores, como aquí se ha dicho, por la gran demanda,
la fuerte creación de empleo y los ya mencionados bajos tipos de interés
y la reducción de las retenciones en el IRPF. En un mercado tan complejo
como el inmobiliario, oferta y demanda tardan en encontrarse y se produce
la inevitable subida de los precios. Una subida sobre la que, como ha
explicado el señor Ministro, se está actuando para conseguir mantener el
grado de accesibilidad alcanzado. En este sentido, conviene atender la
voluntad expresada por el propio Gobierno a través de las medidas
urgentes de liberalización del sector inmobiliario, en cuya parte
expositiva ya reconoce la necesidad de adoptar nuevas medidas que eviten
los efectos indeseables derivados de la interdependencia de las economías
y de la introducción de ciertos elementos de comportamiento imprevisible,
que pueden repercutir desfavorablemente en la evolución positiva
producida hasta ahora en la economía española.
Señorías, los hechos, las actuaciones y los propósitos del señor Ministro
y del Gobierno son los adecuados, como es lógico, para el Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora
Presidenta.
Quiero agradecer a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios
el tono y el contenido de sus intervenciones, y procuraré contestar
puntualmente a las cuestiones que han añadido algo a la primera parte del
debate, con el Senador interpelante.
En relación con el Grupo Socialista, he de decirle a su portavoz que, con
mucho gusto, puedo acompañarle a visitar a los Ministros de Interior y de
Hacienda para presentar la denuncia en relación con el blanqueo de
dinero. Como digo, puedo ir de su mano y gestionar la visita. Para mí
sería un honor acompañarle y presentar esos datos --que estoy seguro que
el Grupo Socialista tiene en su poder-- a los Ministros de Interior y de
Hacienda para que por las vías policial e inspectora se adopten las
medidas represivas oportunas, porque creo que esta Cámara no necesita que
se presente una moción para ponerse de acuerdo en que todos estamos
comprometidos a luchar contra el blanqueo de capitales. Por tanto, repito
que estoy a su entera disposición para materializar esa gestión.
En segundo lugar, su señoría ha dicho que la fórmula de aumentar el suelo
urbanizable no resuelve el problema, porque la clave está en el suelo
urbano. Pero repare usted en lo siguiente: al suelo urbano se llega desde
la categoría de suelo urbanizable, y el Gobierno no tiene facultades para
decidir suelo urbano ya que eso lo deciden los ayuntamientos y las
Comunidades Autónomas. Pues bien, hemos entendido que, entre las
competencias del Estado, las propuestas que se contienen en el
decreto-ley que ahora tramitamos como proyecto de ley pueden ser una
buena base para llegar también al objetivo de disponer de más suelo
urbano en relación con el mercado y el encarecimiento de su precio para
vivienda.
En cuanto a los datos, me gustaría facilitarle los que maneja el
Gobierno. Por lo que respecta a 1999, efectivamente, son 56.577 las
actuaciones iniciadas en vivienda protegida, pero 464.000 las viviendas
libres iniciadas. Digo esto, a los efectos de intercambiar nuestras
propias estadísticas.
Por lo que se refiere a la rehabilitación, comparto lo que han dicho,
tanto su señoría, como otros portavoces. Pero le daré el siguiente dato:
en 1999 se incrementaron en un 49 por ciento las actuaciones de
rehabilitación, es decir, se pasó de 22.000 a 32.900 actuaciones. Creo
que ése es un bueno camino sobre el que debemos seguir actuando y en el
que comparto sus preocupaciones.
Por otro lado, se está haciendo el cambio de las cuantías que su señoría
ha sugerido; es decir, en los convenios con las Comunidades Autónomas se
acepta que, a igual nivel de recursos, si hay un grupo de actuaciones que
necesita más recursos y otro grupo demanda menos, sea posible modificar
las actuaciones manteniendo las cuantías. Pero como aquí ha hablado el
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y también el Senador interpelante
de la necesidad de introducir flexibilidad, creo que, por ejemplo, es una
buena medida intentar analizar las posibilidades de flexibilidad no sólo
respecto a la responsabilidad del Gobierno en el papel del Estado, sino
también de la otra parte que firma los convenios, que son las Comunidades
Autónomas y deben aplicarlos también con más flexibilidad.
En cuanto a la intervención del portavoz de Convergència i Unió,
sinceramente creo que sus dudas sobre los efectos de los incrementos de
la oferta cuestionan alguna teoría económica, porque hasta ahora en
determinados problemas de precios una de las primeras medidas, no digo la
única, suele ser aumentar la oferta. Su señoría expresaba algunas dudas
que obligarían a revisar no ya la política de vivienda, sino otras
políticas. Por supuesto, si se entendiera que las medidas de
flexibilización suponen factores de descontrol de las Administraciones
compartiríamos la necesidad de precisar estas medidas, pero quiero
decirle --y esto sirve para contestar a la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto-- que también hay Administraciones pasivas,
Comunidades Autónomas o ayuntamientos que existiendo un problema y
teniendo facultades no actúan. Por eso digo que si encontramos un camino
común donde para el mismo fin nos comprometemos todos a adoptar las
medidas oportunas, seguramente el aspecto competencial deja de estar
presidiendo este debate. A ello me gustaría contribuir en la tramitación
del decreto-ley convalidado como proyecto de ley.
La señora portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos ha defendido las competencias de las Comunidades Autónomas, lo
cual me parece muy razonable y lo comparto, y espero que también defienda
las competencias del Estado con el mismo entusiasmo. Entonces, si
defiende las competencias del Estado y las de las Comunidades Autónomas
seguro que el diálogo va a ser muy fructífero, pero si sólo nos ponemos
las gafas que nos permiten leer en los estatutos las competencias de las
Comunidades Autónomas, vamos a tener algunas dificultades. Además, he
dado el dato del crecimiento del precio de
la vivienda en el País Vasco, quizá haya otros datos y a lo largo de las
próximas semanas tendremos oportunidad de intercambiar puntos de vista,
pero no parece que esta Comunidad Autónoma sea el ejemplo o el paraíso
del problema de la vivienda en atención al crecimiento de sus precios.
Agradezco los comentarios del portavoz de Coalición Canaria, y creo que
para llegar a la conclusión que ha establecido de que el factor del
crecimiento de precios nos debe llevar a algunas medidas, solamente puede
hacerse si nos quedamos en la epidermis del problema. Si aceptamos la
realidad sin profundizar llegaríamos a la conclusión de estar ante un
fenómeno en el que crece el precio de la vivienda libre y se construyen y
se venden más viviendas libres, y baja o se estabiliza el precio de la
vivienda protegida y caen las viviendas protegidas. Por tanto, el precio
no es el elemento que explica esta situación porque nos llevaría a unas
conclusiones absurdas: lo barato no se vende y lo caro se vende cada vez
más. Los problemas son más profundos, es decir, a pesar de que sube el
precio de la vivienda libre y de que no sube la vivienda protegida, se
dispara la construcción de viviendas libres y no crecen las iniciativas
para promover viviendas protegidas. Y a eso es a lo que tenemos que
buscar entre todos una explicación sin quedarnos en la epidermis.
Por supuesto, en relación con la intervención del Grupo Parlamentario
Mixto, estoy seguro de que una parte de estas actuaciones de
rehabilitación tendrán que ser en el medio rural, pero me gustaría
profundizar en el debate también y desagregar nuestras políticas dentro
de ese marco de flexibilidad, y que esa faceta de ayudas a la
rehabilitación se pudiera llevar a zonas rurales como las del territorio
gallego o asturiano y, en general, a tantas Comunidades con
características de minifundio y suelo rural para que puedan aprovecharse
también de las posibilidades de rehabilitación que se brindan en los
cascos urbanos de las grandes ciudades.
Finalmente, al Senador interpelante quería hacerle algunas precisiones,
porque en el transcurso de su última intervención ha dicho que no quiere
que suban los precios y nos ha explicado lo que podríamos hacer, un
escalado de los precios máximos. Entiendo que un escalado es un
crecimiento de los precios máximos. Me gustaría interpretarle
correctamente para saber si nos está sugiriendo un incremento de los
precios máximos de la vivienda. ¿El escalado de los precios máximos
significa subir los actuales? Creo que nos vamos a entender mucho mejor
si hablamos sin eufemismos, porque no es posible que no suban los precios
y escalar los precios máximos. Hay que buscar una posición más concreta
y, repito, seguro que nos vamos a entender.
El problema de que la vivienda no se comporte como un mercado y que los
Gobiernos tengan que intervenir, señor Senador, es porque está en nuestra
Constitución, en el artículo 47; aunque no hubiera que intervenir, el
Estado tiene la obligación de hacerlo, con arreglo al mandato de nuestra
Constitución, para garantizar el acceso a la vivienda de los españoles.
Démosle también a la Constitución algún mérito alguna vez, porque,
repito, eso está en la Constitución y creo que es un activo de todos los
grupos políticos y de todos los gobiernos.
El crecimiento de los intereses va a producir que vuelva a incrementarse
la vivienda protegida. Fíjese usted, si nos quedamos en los efectos
epidérmicos, yo le vaticino que el crecimiento de los intereses, que se
está produciendo en Europa en este momento y en España, va a producir un
incremento de la vivienda protegida, porque a medida que aumente el
interés, va a aumentar el número de familias a las que la subsidiación de
intereses les haga más rentable aceptar las limitaciones de la vivienda
protegida; pero no nos basta con eso. Creo que hay que profundizar.
Por supuesto, ya he dicho a todas las señorías que han intervenido que
plantear medidas de flexibilización de los planes de vivienda me parece
un camino sensato, práctico, que me gustaría compartir con las
Comunidades Autónomas y que espero que sea otra de las propuestas que nos
permitan avanzar en materia de vivienda. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.)
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las dieciséis horas.
Eran las quince horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION POR
ESPAÑA DEL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000001) (C. D. 121/000001).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto tercero del orden del día: conocimiento directo por el Pleno de
proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados.
Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
No se han presentado enmiendas a este proyecto de ley dentro del plazo
que al efecto se señaló y, de acuerdo con la Junta de Portavoces, no va a
haber turnos a favor ni turnos en contra, sino que habrá exclusivamente
un turno de portavoces.
Comienza dicho turno, por el orden previsto, el Grupo Parlamentario
Mixto. Tiene la palabra su portavoz el Senador Quintana por tiempo de
diez minutos.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Señora Presidenta, señorías, en aras a la
brevedad no consumiré ni siquiera los diez minutos. Unicamente intervengo
para asegurar la importancia de esta ratificación, sobre todo teniendo en
cuenta que dicha ratificación por 60 Estados será la única medida para
que la Corte Penal Internacional pueda funcionar de manera práctica y no
se convierta en un órgano jurisdiccional virtual.
En cualquier caso, quería aprovechar la intervención para plantear dos
matizaciones. La primera de ellas es que consideramos que hubiera sido
lógico que esto hubiera dado lugar, sobre la base de los distintos
dictámenes y pareceres acerca de cuestiones como la inviolabilidad que se
tiene planteada en la tramitación de este proyecto, a que el proyecto
fuera remitido con anterioridad al Tribunal Constitucional para que los
casos de inviolabilidad que se pudieran dar o manifestar quedaran
dictaminados antes y no nos encontráramos después con problemas en su
tramitación.
Precisamente la segunda tacha que podemos apreciar en todo este
procedimiento es la premura y urgencia del mismo, que da lugar a que lo
tengamos que discutir sin poder contrastarlo en este momento con todo el
paquete legislativo del Estado que pueda entrar en contradicción con lo
marcado por el proyecto que ahora estudiamos, y pensamos, además, que
esta premura sólo es debida a actuaciones y hechos políticos recientes
que obligan al Gobierno a, públicamente, rectificar o dar otra imagen que
la dada con el famoso caso Pinochet.
Por otro lado, nosotros manifestamos nuestro apoyo a la puesta en marcha
del Tribunal Penal Internacional por lo que esto va a suponer de lucha
internacional en conflictos y crímenes claramente tipificados en cada uno
de los Estados pero sin un organismo jurisdiccional capaz ahora mismo de
atenderlos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la
palabra el Senador Ríos.
El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, con este último trámite del Senado, finaliza para España un
largo proceso que comenzó ahora hace cincuenta y cinco años cuando se
constituyeron las Naciones Unidas en 1945 con la autorización de esta
ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en
1998, en ese proceso laborioso y aún inacabado para que España se situara
dentro del primer grupo de países en la elaboración de preceptivos
instrumentos de desarrollo en defensa de la dignidad de la persona basado
en la asunción de los derechos humanos fundamentales.
Es una expresión internacional y pública de todos nosotros del rechazo
absoluto a lo ocurrido en nuestra Guerra Civil 1936-1939. Aunque aún
queda mucho camino por recorrer, pueden ya tipificarse los crímenes de
genocidio, de esa humanidad y crímenes de guerra; después de los
precedentes de Nuremberg y Tokio se rompe el principio de territorialidad
y se empieza a establecer la jurisdicción universal. Es un paso de
gigante y creo que motivo de satisfacción para todos los demócratas.
Como siempre, debe prevalecer el interés de la comunidad internacional y
precisamente en estos días comienza un gran debate sobre la futura
composición del Consejo de Seguridad ya que, de prevalecer inamovible el
poder del veto, como hasta ahora, habría que ampliar el número de sus
miembros, tanto de los permanentes como de los rotativos. Y en el caso de
una situación en la que peligre gravemente la paz y la seguridad
internacionales, con este Tratado se le otorga al Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas la gran facultad de instar a la suspensión de las
actuaciones de esta Corte Penal. Este Estatuto de Roma debe ser
ratificado aún para su puesta en marcha definitivamente por 60 Estados
para tener la suficiente legitimación, y hacemos votos por que países
como China y Rusia se decanten definitivamente en su favor.
Coalición Canaria apoya esta ratificación con satisfacción una vez
aclarado el alcance del artículo 27 del Tratado, que no contradice en
absoluto los conceptos constitucionales contenidos en el artículo 93 ni
en el artículo 56.3 de la Constitución española relativo a la Corona y
con el deseo de que los países que aún tengan --vamos a llamarlo entre
comillas-- cuestiones militares, como USA, superen esos últimos escollos.
Deseamos que sea un éxito para la paz y la solidaridad entre todos los
pueblos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra la Senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente, para fijar la intención de voto de nuestro Grupo, señalando
que desde el primer momento el Grupo que represento, el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tanto en el Congreso,
como en el Senado, se ha pronunciado sin ningún tipo de fisuras a favor
de que el Estado español pueda, sin más dilaciones, ratificar el Estatuto
de Roma para la creación de la Corte Penal Internacional.
Por tanto, quiero manifestar, simplemente y con absoluta brevedad,
nuestro voto a favor de la ratificación de la presente ley orgánica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra su portavoz, el Senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Señora Presidenta, señorías, es una
satisfacción poder intervenir en este punto del orden del día porque creo
que es una satisfacción para todos poder intervenir en la aprobación de
la ley orgánica por la que se autoriza a España a ratificar el Estatuto
de la Corte Penal Internacional.
En nuestra opinión, se trata de dar un paso adelante muy importante, de
una trascendencia histórica que posiblemente nuestros hijos conocerán y
espero que puedan fijar la fecha de la ratificación final como una gran
fecha de cambio, de entrada en el siglo XXI.
Es un gran paso adelante en la construcción de un orden jurídico
internacional, realizado mediante un tratado multilateral, posiblemente
de la misma altura que lo fue en su momento la Carta de San Francisco, de
1945, y que para los europeos significó el Convenio para la salvaguardia
de los derechos humanos y las libertades fundamentales, también aprobado
en Roma en 1950.
El orden jurídico había sido construido como un orden jurídico nacional,
en el interior de unas fronteras donde imperaba el Derecho, es decir,
donde la norma estaba garantizada. Fuera de las fronteras el orden
jurídico no tenía un poder político capaz de garantizarla. Incluso el
primero de los grandes liberales, John Locke, cuando hacía su división de
poderes hablaba de la existencia de un Poder Legislativo, un Ejecutivo y
--decía-- un poder federativo que se concedía al Rey, que era el poder de
hacer la guerra, intervenir fuera de las fronteras, es decir, el poder de
intervenir en el área donde un derecho de gentes no tenía ninguna
garantía jurídica efectiva.
La primacía del orden jurídico internacional impuesta lentamente a lo
largo del siglo XX empezó tímidamente a efectuar avances en la línea de
imponer un orden jurídico, un orden jurídico decidido por los ciudadanos,
y un orden predeterminado, con comportamientos prohibidos y castigados y
con regulación para evitar los conflictos entre Derechos.
Desde la Escuela de Viena, la idea de la primacía del orden jurídico
internacional ha sido una constante de una rama de los juristas y de los
políticos. Ha sido también una utopía a construir la creación de un
Derecho de base convencional que pudiera organizar aquello que más allá
de las fronteras de los Estados pudiera acontecer, fundamentalmente, la
protección de los derechos humanos.
Y para la protección de los derechos humanos, para la garantía contra los
delitos realizados contra el derecho de gentes existen dos grandes vías:
por una parte, la expansión de la capacidad jurisdiccional de los Estados
para juzgar esos delitos, aunque sean delitos extraterritoriales, es
decir, la universalización de la jurisdicción penal de los Estados, a
veces motivada con autorizaciones internas del Derecho propio, y la otra
gran vía es la creación de los tribunales penales internacionales.
Y éste es un tribunal penal internacional, por primera vez un tribunal
penal internacional permanente, no «ad hoc», como los de 1993 y 1994,
sobre los crímenes en la ex Yugoslavia y en Ruanda, sino un tribunal
permanente y, por tanto, con el establecimiento de unos tipos delictivos
únicos y generales, reconocidamente aceptados por todos los Estados
firmantes.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de
julio de 1998 es un instrumento jurídico que reúne la construcción de
unos tipos penales, es decir, una materia típicamente de código penal, la
creación de un órgano judicial capaz de juzgarlos y un procedimiento
penal capaz de establecer las garantías suficientes en el ámbito
internacional. Y establece cuatro grandes tipos delictivos: El crimen de
genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los de guerra y el de
agresión, el cual se definirá posteriormente --no lo está, por tanto, en
el Tratado que se ratifica-- por los procedimientos establecidos en los
artículos 121 y 123.
Este hecho es importantísimo, fundamental. En el campo del Derecho abre
los grandes problemas del siglo XXI. Ahora entramos directamente en el
campo de la globalización, de la creación de fragmentos de sociedad
global que escapan al control de los Estados. Tenemos un mundo con
Derechos nacionales, pero con delitos internacionales, aunque también con
actividades internacionales positivas. La globalización no es sólo --es
también y fundamentalmente-- información, electrónica, biogenética,
investigación espacio extraterrestre; al mismo tiempo es narcotráfico,
venta de armas, delitos económicos internacionales, terrorismo
internacional.
Y en este campo la represión del delito no es posible desde las esferas
individuales como no sea rompiendo la seguridad jurídica de la
persecución territorial de los delitos. El desarrollo de los espacios
supraestatales obliga a la generación de un Derecho supraestatal y éste,
en el campo del delito, sólo es posible si existen tipos delictivos
supraestatales, Tribunal Internacional estable que persiga determinados
delitos. Cualquier avance en este campo, por pequeño que sea, es
fundamental, porque va a enfrentarse con los grandes problemas del siglo
XXI, que es la creación de áreas sociales supranacionales no sólo en el
Derecho Mercantil, no sólo en el Derecho de organización de actividades
investigadoras sino también en la actividad delictiva.
Y el gran reto de las democracias políticas y del Estado de Derecho es
justamente el hecho de la existencia de movimientos criminales
internacionales, que están actuando escapando de las líneas de los
Estados y, en algún caso, intentando conseguir el refugio de algún Estado
protector.
Vamos a dar un paso histórico con la creación de la Corte Penal
Internacional, aun con todas las limitaciones que uno pueda imaginar.
Seguramente no contiene todo aquello a lo que aspiramos, pero sí el
elemento fundamental de aquello que queremos. Por ejemplo, la competencia
de la Corte se limita a los delitos cometidos en el territorio o por los
nacionales de los Estados Miembros. Otra limitación es que aún no se
admite --digo aún-- la denuncia directa de las víctimas ante la Corte. No
está resuelta --posiblemente es otra limitación-- la necesidad de
recursos económicos y de la existencia de una policía al servicio del
fiscal de la Corte Internacional. Pero el paso adelante que se va a dar
es fundamental y seguramente obliga a los Estados miembros, a los que
vayan a firmar, a ratificar este Tratado, a adecuar el ordenamiento
interno, es decir, el Código Penal al Estatuto de Roma. Por ejemplo, la
duración de las penas, que no es la misma o los tipos delictivos, porque
la Corte actuará de acuerdo con el principio de complementariedad, es
decir, en defecto de actuación interna y, por tanto, los tipos delictivos
han de ser coherentes con los establecidos internacionalmente.
Y en el caso de que ningún Estado, ni siquiera la Corte Penal
Internacional, pueda intervenir, la competencia del Estado sigue
subsistiendo para juzgar delitos internacionales cometidos en el
extranjero. Y aunque sólo sea por este supuesto, debe haber una
adaptación, una remodelación, simplemente de coherencia respecto al texto
que vamos a aprobar, el cual va a ser seguramente, si es ratificado y
entra en vigor, un gran paso adelante de carácter histórico, que nos va a
abrir a las exigencias del siglo XXI, a la nueva problemática de la
persecución del delito y la garantía de las libertades y los derechos en
el ámbito internacional en esa etapa.
La Historia, a veces, avanza lentamente, pero también a veces da pequeños
pasos que son irreversibles y que abren perspectivas inmensas. Creo que
en este caso nos encontramos ante uno de estos supuestos. Un paso que
seguramente dentro de cien años será visto como un pequeño paso, pero que
es irreversible y que nos abre al mundo del Derecho, de la protección de
los derechos humanos, al mundo de la justicia, de lo que va a ser el
siglo XXI.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señores Senadores.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra su portavoz, el Senador Marimon.
El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta.
La lectura del proyecto, sobre todo de los artículos 6, 7 y 8, que
definen los delitos de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los
crímenes de guerra, etcétera, es una recopilación de horrores que
sorprende y sobrecoge en los albores de este nuevo milenio. Creo que
ninguna persona puede dejar de sentirse acongojada en su sensibilidad. No
por la lectura del texto --que así sucede, quizás por el recuerdo
inmediato-- sino por el conocimiento real de que estas cosas
desafortunadamente sucede y que hay personas y países en los cuales se
dan con relativa frecuencia, y los medios de comunicación nos dan
ejemplos, algunos de los cuales se han citado en esta Cámara.
En su brillante intervención, el Senador Molas ha dicho que supone una
satisfacción y un paso adelante de trascendencia histórica. Estoy
totalmente de acuerdo. He leído atentamente los discursos que tuvieron
lugar en el Congreso, y todos los grupos políticos están de acuerdo en
esta satisfacción: en que es un paso adelante, en que es un inicio, y en
que lo tenemos que llevar a cabo con la mayor prontitud posible. Pero yo
voy a pedir con firmeza que no nos limitemos sólo a aprobarlo en las dos
Cámaras dando luz verde a la ratificación por parte del Estado español en
el Senado, sino colaborando posteriormente de una manera efectiva.
Como he dicho, la satisfacción es mutua para todos, pero esta
satisfacción --repito-- no quisiera que se acabara sencillamente en unas
palabras pronunciadas, que siempre son bonitas, que siempre son
entendidas por todo el mundo, sino que esta satisfacción significara,
como les he dicho antes, una voluntad de trabajo posterior.
España va a ser de los primeros países --si no he entendido mal, el
segundo-- que va a ratificar este Tratado, con lo cual el camino por
andar se muestra muy largo. Nuestro portavoz en el Congreso, el señor
Guardans, hacía una relación larga --que yo no voy a repetir, pero que sí
voy a recordar en dos de sus puntos-- de temas importantes sobre los que
el Estado español tiene que mostrar su postura y colaborar para conseguir
buenos resultados.
El primero es la postura de Estados Unidos. No ha sido el primer
Parlamento el español, ni en este caso en esta Cámara, en el que se
plantea este problema, del que también se ha hablado en otros entes
europeos. La postura de Estados Unidos en estos momentos no es clara, y
ustedes saben que el propio Congreso norteamericano pone dificultades a
la ratificación de este Tratado pretendiendo modificaciones e inmunidades
que no se tienen que dar en ningún caso. Hay diferentes formas de
incurrir en estos delitos, pero en todo caso no es éste el momento. Sí
reitero la necesidad de que el Estado español, en la medida en que pueda,
y naturalmente poniéndolo en evidencia, tiene que manifestar una postura
clara a este respecto.
Segundo. Creo que España tiene un papel de liderato respecto a numerosos
países, especialmente hacia los iberoamericanos. El Senador Ríos, un
momento antes, hacía votos para que países como China o Rusia se
adhirieran a este Tratado. Creo que es importante que lo hagan, pero
también considero muy importante que se adhieran los países
iberoamericanos, y qué duda cabe que los vínculos que España mantiene con
la mayoría de estos países pueden favorecer el que esta adhesión se
produzca con brevedad.
Creo que éste es el reto que tiene que asumir el Estado español, no sólo
esta ratificación, y reitero lo que ha dicho el señor Molas, es un paso
muy trascendental, es un gran paso adelante que seguramente quedará
recogido en la Historia, pero si este camino no es seguido por muchísimos
más países que deciden andarlo conjuntamente, seguramente serán pocos los
pasos, y lo que tenemos que pretender es que sean muchos y largos. Y para
conseguir esto también tenemos que evitar que algún país, valiéndose de
determinados aspectos que pueden favorecer o en razones difícilmente
explicables a la historia, pretendan modificar este Tratado que hemos
visto que en la discusión parlamentaria, a pesar de pequeñas disensiones,
los españoles, todos los grupos políticos estamos absolutamente de
acuerdo en su ratificación.
He terminado mi intervención. Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Castro.
El señor CASTRO RABADAN: Señora Presidenta, Senadores, el Grupo
Parlamentario Socialista quiere dejar constancia ante esta Cámara de que
la iniciativa legislativa a la que hoy estamos sujetos es una de las más
importantes --como ya se ha dicho-- para los Estados democráticos en
lo que se refiere a la protección de los derechos humanos y a la lucha
ante los crímenes contra la humanidad.
Con la iniciada aprobación y ratificación de este Estatuto, se pretende,
por fin, que sea posible que un tribunal penal internacional tenga
competencia para perseguir y juzgar los peores delitos humanos: crímenes
contra la humanidad, genocidios, asesinatos masivos, torturas,
desapariciones, agresiones, etcétera, que vienen siendo, por desgracia,
moneda corriente a lo largo de la historia del mundo caracterizando los
períodos más negros y tristes de la misma.
Recientemente la opinión pública ha conocido y seguido con interés los
avatares de la detención en Londres del ex dictador de Chile, General
Augusto Pinochet, que fue reclamado por la Audiencia Nacional española
por hechos muy graves, acusado de genocidio, tortura y desapariciones
forzadas de personas, así como de terrorismo internacional. Otros delitos
y casos vuelven a la actualidad de forma periódica como el de Abdallah
Ocalan, el atentado contra el avión de la Pan Am hace diez años, los
casos de los Jemeres Rojos, o casos de argentinos, como por ejemplo
Cavallo, precisamente tan cercano estos días. Estos delitos, diferentes
entre sí, tienen un fondo común de carácter internacional. Han sido
realizados por determinados personajes --o mandatados por ellos--
mientras eran representantes de gobiernos o de organizaciones
terroristas.
A menudo, ante este tipo de crímenes, sujetos a diversas normas
internacionales, la sociedad se siente impotente de aplicárselas con
efectividad debido a la complejidad y dificultades de la propia esfera
internacional. La opinión pública, que asiste confusa y perpleja al
desarrollo de los acontecimientos, está deseosa de que se haga justicia,
pero no tiene muy claro cómo se puede llevar a cabo aquélla sin que se
vea afectada la paz internacional, las buenas relaciones entre los
Estados, o se entorpezca el desarrollo democrático de los países que
fueron involucrados por los hoy día justiciables en los acontecimientos
que se reprueban y persiguen. Por esto, la importancia y la actualidad
del tema que tratamos hoy en la Cámara.
Tras una serie de intentos fallidos a lo largo de casi medio siglo, la
década de los 90 ha significado un fuerte impulso en esta materia.
Primero, por la creación del Consejo de Seguridad de los Tribunales
Internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, y sobre todo por la
adopción en Roma el 17 de julio de 1998 del Estatuto que hoy nos trae
aquí de la Corte Penal Internacional.
No voy a realizar un análisis del Estatuto, pero sí creo que se puede
afirmar que es un instrumento innovador en muchos aspectos que se apoya
en las tendencias últimas y consolidadas del Derecho Internacional en las
materias que abarca, tanto sustantivas como procesales.
Y, aunque no es un texto perfecto, hay que valorar el esfuerzo de
compromiso que representa entre las diferentes concepciones jurídicas
como ante los distintos sistemas de valores, para obtener un apoyo
extenso que haga que la Corte o Tribunal actúe con carácter
internacional, como así se regula y aprueba. Hay que decir que será una
Corte de todos y para todos.
Aprobado el Estatuto, como se ha dicho, queda aún camino por andar. Lo
primero, una vez firmado, es que sea ratificado por sesenta Estados, y al
parecer hoy está ratificado por catorce y no por dos. Hasta ahora, creo
que son noventa y siete los Estados que lo han firmado, pero esperamos
que pronto más de la mitad de los Estados lo firmen y lo hagan suyo.
La ulterior ratificación llevará, al parecer, al resto de los países algo
más de tiempo, siendo deseable que, salvando ciertos escollos --apuntados
ya aquí--, no se alargue demasiado. Me refiero a la actitud reservada u
hostil respecto al Estatuto por parte de dos grandes potencias: Estados
Unidos y China, algo que hace albergar ciertos temores dilatorios. Como
compensación o contrapeso a esta actitud, la Unión Europea tiene una
oportunidad excepcional para demostrar el liderazgo en la escena
internacional apoyando y llevando adelante este proyecto. Con la
ratificación que hace el Senado, tras la realizada por el Congreso de los
Diputados, España mantiene una postura constructiva y comprometida, junto
al resto de los países europeos, en el camino de la justicia penal
internacional.
Con la creación y efectivo funcionamiento de la Corte Penal Internacional
se dará un gran paso para prevenir y combatir la impunidad con que, en la
práctica, quedan todavía algunos de los más graves atentados a la
humanidad. Este es el colofón de luchas y esfuerzos que durante el último
siglo ha realizado mucha gente: las ONG, los medios de comunicación, los
Gobiernos, Parlamentos y organismos internacionales.
No obstante, hay una cuestión que quiero resaltar y tener en cuenta. La
ratificación del Estatuto, siendo positiva, no puede servir de disculpa
para no ejercer la excepción a la territorialidad que, de acuerdo con los
tratados internacionales y la normativa vigente, se lleva a cabo
últimamente por los jueces y tribunales de distintos países, entre ellos
los españoles --baste recordar el caso Pinochet y el reciente caso
Cavallo--, pues la aprobación y ratificación del Estatuto de la Corte
Internacional no debe suponer bajar la guardia y obviar el derecho y la
obligación de los Estados democráticos de juzgar autónomamente a los
ciudadanos que violen los derechos humanos.
Que esta ratificación no sirva de muleta y disculpa a los gobiernos con
mala conciencia, y conviene recordar todo el procedimiento llevado a cabo
en distintos países europeos en el caso Pinochet. La Corte Penal
Internacional es y será una vía contra los crímenes de la humanidad, como
también lo es el ejercer el Derecho desde los tratados internacionales
vigentes sin dilaciones ni disculpas, al menos hasta que la Corte
Internacional entre en funcionamiento realmente.
Por otra parte, y termino, la Corte, que no va a disponer de una policía
judicial ni de establecimientos penales propios, tendrá que contar con la
colaboración y cooperación de los Estados partes, pues sin la activa y
decidida colaboración de los Estados la Corte será endeble e ineficaz.
Por ello, es preciso recabar toda la ayuda necesaria en los planos
jurídico, político, personal y material de los Estados y gobiernos que
estén a favor de la entrada en función de la Corte. Con la ratificación
que hacemos implicamos a España
y al Gobierno en esta empresa y en las obligaciones de futuro.
Hoy se abre una nueva perspectiva, un rayo de esperanza para quienes
sufren gravísimas violaciones de los derechos humanos más elementales y,
por ello, fundamentales. Hoy la utopía de ayer se hace realidad viva.
Esperemos que en un cercano e inmediato futuro la Corte Penal
Internacional esté actuando al servicio de toda la humanidad por la
justicia universal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista votará afirmativamente
la ratificación del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Castro.
Para terminar el turno de portavoces, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, la Senadora Posada.
La señora POSADA CHAPADO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, buenas tardes.
Participar en el debate que versa sobre la creación de la Corte Penal
Internacional en nombre de mi Grupo es un verdadero honor; y es un honor
porque esta Cámara hoy autorizará --dada la sintonía de todos los grupos
parlamentarios-- como antes lo hizo el Congreso, la ratificación por
España del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Es un acuerdo histórico, un pequeño milagro adoptado en la Conferencia
diplomática de Roma del 17 de julio de 1998, con los votos favorables de
120 Estados, siete en contra y 21 abstenciones.
Un acuerdo de creación de una jurisdicción penal permanente, compartida
entre los Estados, para la persecución y el enjuiciamiento de crímenes
claramente tipificados internacionalmente y con penas predeterminadas.
Un acuerdo, señorías, que expresa la voluntad de los Estados y de sus
opiniones públicas de decir ¡basta! a acontecimientos y realidades
estremecedoras como el crimen de genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra. Crímenes, señorías, que han sembrado
el mundo de dolor y de miseria moral a muchas generaciones que, al
permitir la impunidad de los violadores de los derechos humanos, han
impedido el desarrollo humano de una sociedad mundial que merezca tal
nombre.
Se somete al Pleno el proyecto de Ley Orgánica para la autorización de la
ratificación por España de un tratado internacional; un tratado
internacional que, por su especificidad, constituye una excepción del
régimen ordinario de autorización de ratificación de los tratados
internacionales previsto en el artículo 94 de nuestra Constitución ya
que, en esta ocasión, señorías, la autorización previa reviste la forma
de ley orgánica y requiere la aplicación del artículo 93 de la misma.
Voy a hacer dos breves consideraciones sobre estos dos aspectos: tratado
internacional y ley orgánica. A juicio de mi Grupo, señorías --como a
juicio de todos los expertos--, la creación de la Corte Penal
Internacional mediante un tratado fue, en su momento, la opción más
correcta por ser viable políticamente, de entre todas las opciones
imaginables, porque permitió a los Estados participantes en la
negociación del tratado ejercer plenamente sus derechos soberanos y,
especialmente, decidir ser o no parte del tratado, pero conlleva --como
ya ha sido mencionado-- la necesidad de obtener para su entrada en vigor
un número de ratificaciones de, al menos, sesenta.
Segundo aspecto: utilización del artículo 93 de la Constitución; es
decir, aprobación de la autorización a través de una ley orgánica al
producirse --como en este caso-- cesión del ejercicio de competencias
derivadas del texto constitucional a una institución internacional, a la
Corte Penal Internacional. El artículo 93 de la Constitución, señorías,
ha sido utilizado con anterioridad en cuatro ocasiones, y todas ellas
relacionadas con el proceso de lo que hoy es la Unión Europea: Ley
Orgánica 10/1985, de Adhesión de España a las Comunidades Europeas; Ley
Orgánica 4/1986, de ratificación por España del Acta Unica Europea; Ley
Orgánica 10/1992, de autorización de la ratificación por España del
Tratado de Maastricht y, por último, Ley Orgánica 9/1998 por la que se
autoriza la ratificación por España del Tratado de Amsterdam.
Por ello, señorías, la utilización del precepto contenido, el artículo 96
de nuestra Constitución, para autorizar la ratificación de este tratado
internacional en el que se produce, como decía, cesión de soberanía, da
la razón a quienes vieron en dicho artículo no sólo una vía para
canalizar jurídico constitucionalmente el proceso de incorporación de
España a la Unión Europea, sino cómo el mismo entroncaba con la
orientación internacionalista de nuestra Constitución, tal y como consta
en su Preámbulo al proclamar la voluntad del Reino de España de colaborar
en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz
colaboración entre todos los pueblos de la tierra.
Quiero decir igualmente dos palabras sobre el análisis sistemático del
proyecto de ley. El proyecto de ley orgánica está integrado por una
amplia exposición de motivos; un único artículo que se limita a autorizar
la ratificación del Estatuto; una disposición adicional en la que España
declara estar dispuesta a recibir a personas juzgadas y condenadas por la
Corte Penal Internacional, siempre que sus penas no excedan del máximo
más elevado previsto para cualquier delito con arreglo a la legislación
española, es decir, 30 años, declaración que, por supuesto salva, como
ustedes imaginan, la contradicción entre nuestra legislación y el
Estatuto de la Corte Penal Internacional que prevé entre las penas la de
reclusión a perpetuidad y, por último, la disposición final que se limita
a establecer la norma de entrada en vigor de la ley el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Señorías, antes de referirme al Estatuto de la Corte Penal Internacional,
permítame, señora Presidenta, señorías, dedicar una especial mención a la
Conferencia de plenipotenciarios que convocada y auspiciada por Naciones
Unidas se celebró en Roma. Y ello para poner de relieve el importante
trabajo realizado por nuestra delegación, la delegación española, que
presidida por el embajador señor Yáñez y compuesta por expertos juristas
de los Ministerios de
Asuntos Exteriores, Justicia y Defensa contribuyó con su buen hacer al
éxito de la misma.
En Roma, señorías, delegados de 160 países, observadores de 31
instituciones y organismos internacionales y 133 organizaciones
internacionales no gubernamentales, constituidos algunos en lo que se
denominó informalmente «amigos de la Corte», trabajaron de forma intensa
durante algo menos de dos meses. Creo sinceramente que el acelerador que
hizo posible la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional
fue la opinión pública en buena medida representada por las ONGs. La
opinión pública mundial estaba horrorizada con las imágenes de la Primera
Guerra Mundial, momento tras el cual históricamente se producen las
primeras iniciativas para la creación de una corte penal internacional;
un mundo nuevamente horrorizado tras la Segunda Guerra Mundial, horror
que provoca un nuevo avance y la creación de tribunales como los de
Nuremberg y Tokio; una opinión pública igualmente horrorizada con las
imágenes de la guerra de Bosnia y de Ruanda después, nuevamente provoca
la creación de tribunales penales «ad hoc»; una opinión pública,
sociedades que opinaban y opinan en voz alta que la impunidad de quienes
cometen crímenes horribles debe ser, en las sociedades del siglo XXI, un
mal recuerdo del pasado.
¿Pero qué corte penal internacional tendremos, señorías? La ratificación
del Tratado por 60 Estados, ya se ha dicho, pondrá en marcha la Corte;
una institución con personalidad jurídica internacional permanente,
vinculada a Naciones Unidas, independiente y con sede en La Haya; una
corte compuesta por 18 magistrados, elegidos entre personas de alta
consideración social y reconocida competencia en materias de Derecho
Internacional, tales como el Derecho Internacional Humanitario y las
normas de derechos humanos, así como con gran experiencia en funciones
jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la
Corte.
Su elección se producirá en el seno de la Asamblea de Estados por un
período improrrogable de nueve años, procurando la presencia paritaria de
magistrados y magistradas --una novedad a destacar aquí-- y quedando
prohibida la elección de dos magistrados de un mismo Estado.
Este Estatuto prevé como órganos de la Corte, la Presidencia, la Sección
de apelaciones, una Sección de primera instancia y una Sección de
preliminares. Igualmente, prevé la Fiscalía y la Secretaría. Y es la
Fiscalía el órgano independiente del Tribunal que estará encargado de
recibir la información sobre crímenes de su competencia, el responsable
de investigar las denuncias y el responsable para ejercitar la acción
penal.
La jurisdicción de la Corte se caracteriza por los principios de
complementariedad, especialidad y subsidiariedad, es decir, la Corte será
complementaria de las jurisdicciones penales nacionales. Se establece un
umbral de gravedad para cada una de las categorías de crímenes, así como
que la Corte no podrá conocer y deberá declarar inadmisible un asunto que
sea o haya sido sometido a la investigación o enjuiciamiento por un
Estado que tenga, lógicamente, jurisdicción sobre el mismo.
La señora PRESIDENTA: Señora Senadora, le ruego que vaya concluyendo,
porque se ha acabado su tiempo.
La señora POSADA CHAPADO: Sí, señora Presidenta.
La Corte tendrá competencia respecto de personas naturales por la
comisión de un crimen, teniendo en cuenta igualmente los principios de
legalidad, irretroactividad y no prescripción.
Señorías, mediante la ratificación del Estatuto que esta ley orgánica
autoriza, el Reino de España se sitúa en el grupo de cabeza de los países
que contribuirán activamente, desde el inicio, al nacimiento de la Corte,
y ello es una oportunidad histórica para todos. Al día de hoy, 100
Estados han firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
30, de Africa; 27, de Europa occidental y otros Estados; 16, de Europa
oriental; 17, de América Latina y el Caribe, y 10, de Asia y el Pacífico.
Por ello, cabe pensar que en el primer semestre de 2001 las 60
ratificaciones necesarias habrán sido ya depositadas.
Creo que todos somos conscientes de que el Estatuto de Roma constituye
una etapa de un amplio proceso. Todos sabemos que no es el punto inicial
ni el punto final. Queda mucho por hacer para que el disfrute de los
derechos humanos, que está íntimamente vinculado a la consecución de la
paz y el desarrollo de los pueblos, sea posible. Dar una oportunidad a
esta esperanza ha sido hoy, en mi opinión, el objeto de este debate, y
nuestros votos a favor contribuirán a ello.
Gracias, señora Presidenta, y gracias, señorías. (Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Posada.
Entiendo que este proyecto de ley puede ser aprobado por asentimiento.
¿Hay alguna objeción? (Pausa.)
Queda aprobado y, en consecuencia, queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la
ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
(Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:
--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 40/1998, DE 9 DE
DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) Y
OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS (622/000001).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley del Senado.
Proposición de ley de modificación de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias. Autor: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, con lo cual,
procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo
Parlamentario citado.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra, por tiempo
de diez minutos, el Senador Ganyet.
El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Senado puede impulsar hoy la resolución de un problema que
afecta a un colectivo de trabajadores españoles en el extranjero. El
Senado puede ser útil para la resolución de la situación injusta de un
grupo significativo de españoles, residentes en Andorra por motivos
estrictamente laborales. Quisiéramos que la proposición de ley
respondiera a una posición de país más que a una iniciativa de partido o
de grupo parlamentario. Buscamos el consenso, nuestro país debe resolver
el problema.
Por otra parte, habiendo detectado una injusticia habríamos presentado
una proposición de ley como ésta contra la discriminación de una sola
persona. Señorías, no ponemos el acento en el texto concreto de la
modificación, sino en el motivo que la inspira. Si hay otras salidas
técnicas que se citen y bienvenidas sean, los tecnicismos para los
técnicos. No hablaré con palabras escogidas ni con expresiones y términos
artificiosos, sino con argumentos corrientes. Tomo esa frase de Platón,
puesta en labios de Sócrates, pronunciada, como sus señorías conocen, en
la defensa ante sus acusadores. Defenderé la proposición de ley, pues,
con argumentos corrientes, aunque eso sí, dotados de poderosas razones de
fondo.
El Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés a partir de la
voz de alarma del Consejo de Residentes Españoles y de la Asociación de
Residentes en Andorra, las dos asociaciones más representativas de ese
colectivo, se ve en el imperativo moral de exponer el problema en la
Cámara, ya que no dudamos ni de la sensibilidad social de sus señorías ni
de su solidaridad hacia el difícil mundo de la emigración. El tema a
debate puede parecer menor pero no lo es. Como no hay enemigo pequeño no
hay temas menores cuando nos movemos en el ámbito de las cuestiones de
alto interés social. Este es un tema social, luego es de calado ético y
profundamente político.
El Grupo Parlamentario de la Entesa está contra la evasión fiscal por
ideología y por praxis. Estamos rotundamente en contra de los residentes
fiscales en paraísos fiscales, algunos de los cuales a veces defienden
los colores de España en competiciones internacionales y son
subvencionados por ello. Estamos a favor del establecimiento de cuantas
cautelas sean necesarias para evitar el abuso en la evasión de impuestos.
El Gobierno nos tendrá siempre a su lado en ese empeño, pero estamos por
convicción a favor de los trabajadores asalariados que se han visto
obligados a residir en el extranjero.
Hace muy pocas semanas dos Ministros, el de Hacienda, señor Montoro, y el
de Asuntos Exteriores, el señor Piqué, se han referido a la conveniencia
de resolver esa situación singular de los trabajadores españoles en
Andorra. Tengo a su disposición el ejemplar del día 17 de junio del
«Periòdic d'Andorra» donde, por ejemplo, el señor Montoro dice lo
siguiente --estoy traduciendo del catalán--: El Gobierno español prevé la
posibilidad de futuros cambios en la obligatoriedad impuesta a los
residentes españoles en Andorra para presentar la declaración de la
renta. Y añade: Se mantiene este año sin ninguna modificación --año
2000-- pero durante los próximos años el Gobierno apoyará fiscalmente a
los trabajadores españoles que se desplacen al extranjero. El Ministro
Piqué habló a los periodistas en términos parecidos.
Como sus señorías conocen perfectamente, la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias contempla en su artículo 9.3 la circunstancia de que
mantendrán su condición de contribuyentes para el IRPF las personas
físicas de nacionalidad española que acrediten su residencia fiscal en un
país o territorio que esté calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal. Esta situación afecta a los residentes españoles en los llamados
paraísos fiscales, tanto en el período impositivo en el que efectúen el
cambio de residencia como en los cuatro períodos impositivos siguientes.
La medida prevista por la ley, que tiene una voluntad evidente de lucha
contra el fraude fiscal, presenta el grave inconveniente de no
diferenciar entre las personas que han establecido su residencia en
alguno de dichos países y territorios por motivos estrictamente
laborales, en tanto que trabajadores asalariados, y los que trasladan o
fingen trasladar su domicilio con la finalidad de disminuir así su carga
impositiva. En conclusión, el problema radica en que la ley no consigue
delimitar la profunda diferencia entre la evasión fiscal y la recepción
de rendimientos del trabajo por cuenta ajena.
El caso paradigmático de esa situación lo encontramos en el Principado de
Andorra, donde la población residente de nacionalidad española, compuesta
mayoritariamente por trabajadores asalariados, constituye una emigración
por motivos laborales. Debe tenerse en cuenta que Andorra, en proporción,
es el Estado extranjero con mayor número de población española, siendo el
principal grupo demográfico y superando incluso a los nacionales
andorranos. Hoy en día, Andorra cuenta con unos 65.000 habitantes
permanentes, de los que unos 32.000 son de nacionalidad española; entre
los últimos, más de 25.000 son trabajadores por cuenta ajena.
La obligación de efectuar la declaración del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por parte de los trabajadores asalariados españoles
en Andorra significa una injusta discriminación para nuestros ciudadanos
allí establecidos, y los sitúa en una posición de inferioridad respecto
de otras colonias de trabajadores procedentes de otros países de la Unión
Europea, como es el caso de los portugueses o de los franceses, que no
--¡atención, señorías!-- están obligados a declarar el impuesto. Para su
información les diré que los portugueses son unos 8.000 en Andorra y los
franceses unos 4.000. Los trabajadores españoles serían preteridos,
discriminados por razones objetivas por los empleadores andorranos, si se
mantuviera la obligación de declarar el IRPF.
Ante esa segura discriminación negativa, el Consejo de Residentes
Españoles en Andorra ya ha trasladado al Consejo
General de la Emigración una propuesta de resolución que reclama la
modificación de la legislación vigente. Asimismo, el Consejo de
Residentes pidió amparo al Defensor del Pueblo, quien puso de manifiesto
las dudas legales que suscita la falta de coincidencia entre los
conceptos de residencia habitual --más de 183 días al año en territorio
español-- y de residencia fiscal, y requirió al Ministerio de Economía y
Hacienda un informe aclaratorio al respecto. Podría leerles la carta del
Defensor del Pueblo, señor Rovira, a la Presidenta del Consejo de
Residentes Españoles de Andorra, doña María del Carmen Barber.
De igual manera, debe tenerse en cuenta que existe el precedente --lo que
es muy importante para nosotros-- de una normativa análoga en un país de
la Unión Europea que permite la distinción entre los residentes
asalariados y los residentes pasivos, como es la Ley de Relaciones
Fiscales Internacionales, vigente en la República Federal Alemana desde
1972, un importante precedente que conviene estudiar a fondo.
Quiero dejar de nuevo meridianamente claro --no podría ser de otra
forma-- que nuestro Grupo Parlamentario no defiende en ningún caso la
existencia de privilegios fiscales para ningún colectivo concreto. No
criticamos la vigente Ley; bien al contrario, nos parece, en general, una
Ley positiva. Unicamente creemos que se ha pretendido establecer un
tratamiento adecuado para los residentes en paraísos fiscales sin
singularizar la situación de los que han emigrado por circunstancias
estrictamente laborales, como es el caso que nos ocupa.
Debemos reiterar que la inmensa mayoría de los españoles que se han
instalado, se instalan y sin duda se instalarán en Andorra lo hacen en
busca de un trabajo que les permita ganarse dignamente el sustento. Por
ahora, con la aplicación de la actual Ley del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, nuestros compatriotas, que empezaron a residir en
el Principado pirenaico desde el año pasado, se ven obligados a cotizar
en las mismas condiciones y porcentajes que los que vivimos en territorio
español pero sin poder disfrutar buena parte de las contrapartidas que el
Estado y su Administración proporciona a los ciudadanos: sanidad,
carreteras, ayudas y becas al estudio, subsidio de desempleo y un
larguísimo etcétera.
En ese sentido, nos encontraríamos además con el agravante de que las
condiciones de cobertura social existentes en Andorra son manifiestamente
inferiores a las que disfrutamos en España o en cualquier país de la
Unión Europea. Reclamo su atención, señorías, hacia algunos ejemplos
concretos que quizá van a sorprenderles. En nuestro continente hay
grandes diferencias en relación con el Estado del bienestar y con los
derechos sociales de los ciudadanos, y en especial de los trabajadores.
Andorra es un país, sin duda, entrañable, adornado por atractivos de todo
tipo, pero en Andorra, país fronterizo con España, país muy cercano a
todos nosotros, el despido es libre, sin indemnización, y no existe
seguro de desempleo; a los 25 días de quedarse sin trabajo, los
trabajadores y sus familias pierden las prestaciones de la Seguridad
Social; no existen sindicatos ni una ley que proteja la creación de los
mismos; las familias numerosas no tienen ningún tipo de protección,
etcétera. En resumen, no existe una cobertura social que garantice el
Estado del bienestar.
Nada que ver, señorías, con los otros países de la Unión Europea,
tradicionalmente receptores de emigrantes españoles como Alemania,
Bélgica, Holanda, Francia, etcétera. La descripción del nivel de
cobertura social de los residentes españoles en Andorra es fruto de un
concienzudo estudio de la Asociación de Residentes Andorranos, que
agradezco.
Voy concluyendo, señora Presidenta.
Debemos considerar que la nueva Ley del IRPF genera una situación injusta
y discriminatoria, seguramente provocada de forma involuntaria y que
quizá el legislador no atinó a prever, pero discriminatoria al fin y al
cabo.
Tenemos ahora la ocasión de subsanar esa discriminación que padecen los
trabajadores españoles en Andorra. Estamos plenamente a favor de una
regulación general del sistema impositivo con las cautelas precisas, pero
creemos al mismo tiempo que la tributación se debe efectuar de acuerdo
con unos ingresos concretos y es imprescindible que se contemplen
determinadas situaciones singulares.
La señora PRESIDENTA: Senador Ganyet, le ruego que vaya concluyendo
porque ha superado su tiempo.
El señor GANYET SOLE: Concluyo, señora Presidenta.
Por todas esas razones de fondo, por imperativo de solidaridad moral con
los españoles emigrantes, y en especial con los trabajadores españoles
residentes por motivos laborales en Andorra, pido a sus señorías el voto
favorable a la toma en consideración de la proposición de ley. Todos los
Senadores y los grupos parlamentarios de esta Cámara tenemos una cuota de
responsabilidad al respecto. Confiamos en la sensibilidad de todos
ustedes.
Muchas gracias, señora Presidenta, señores y señoras Senadores.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
¿Hay algún Grupo que quiere hacer uso de la palabra en los turnos a favor
o en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Senador
Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, nos parece un acierto la proposición de ley planteada por el
Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés a través de su
Senador Joan Ganyet, y por supuesto va a contar con nuestro apoyo para su
toma en consideración.
No puede ser que una norma justa que pretende evitar la evasión fiscal se
convierta de rebote en una norma discriminatoria para un contingente
humano que fue a Andorra no a evadir impuestos sino a trabajar. Nosotros
tenemos, desde el Bloque Nacionalista Galego, desde el Grupo Mixto en su
conjunto, una especial sensibilidad por este tema, porque, como ya quedó
de manifiesto, el contingente
de trabajadores al que hacemos mención supera incluso en número a los
propios andorranos, pero para desgracia de Galicia, como siempre sucede
cuando se habla de emigración, la inmensa mayoría de sus trabajadores son
gallegos.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar la medida propuesta, sobre todo porque
se ha hecho con minuciosidad, con claridad y con la sana intención de
resolver un problema sin crear otro. Además, como lo que estamos tratando
es únicamente la petición de toma en consideración, no podríamos entender
que cualquier grupo en esta Cámara se opusiera a tal medida. Son
importantes las palabras del Senador Joan Ganyet, quedando abierta para
cualquier posibilidad de modificación la proposición de ley que hoy se
presente.
Demos la oportunidad a que se abra el debate, aceptemos la toma en
consideración, y si hay otras medidas mejores a las propuestas,
aprovechemos el debate para suscitarlas, para plantearlas y para
aprobarlas definitivamente. Cualquier cosa menos una negación
antidemocrática a tratar, a discutir un problema que no puede continuar
en las actuales circunstancias. Nuestro voto favorable, por tanto, a la
toma en consideración de la proposición de ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Senador Acosta tiene
la palabra.
El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en la lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos
son pocas todas las medidas y todos los esfuerzos que pongamos en marcha,
y en este sentido está planteada la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en su punto 9.3, sujeto a
debate.
Efectivamente, parece que en el caso de los residentes en el Principado
de Andorra, trabajadores por cuenta ajena, se dan unas circunstancias
especiales derivadas de las propias características de este país, en el
que las prestaciones sociales son prácticamente nulas y, por otro lado,
está el desigual tratamiento frente a personas de otros países de la
Unión Europea, que no están obligados a declarar el impuesto y que
residen en el principado. En este sentido, entendemos que estas personas
deben tener una consideración especial y que deben ser objeto de estudio
las circunstancias anteriormente planteadas. Lo que no nos parece
adecuado es la modificación de la ley. Se podrían buscar otro tipo de
alternativas que no puedan suponer un agravio comparativo con otras
personas que residan en el extranjero.
Por ello nos parece más lógico el establecimiento de convenios o
relaciones directas entre el Estado español con el Principado de Andorra,
a fin de llegar a acuerdos de protección de los trabajadores españoles
que residan o trabajen en él.
No obstante, nos parece acertado el fondo de la cuestión planteada por la
proposición de ley, que, al fin, supone una mejora para los trabajadores
españoles.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Acosta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador
Albistur tiene la palabra.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha formulado una
proposición de ley de modificación de la Ley 40/1998, relativa al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas
tributarias que la afectan. En concreto, se plantea en este caso la
modificación del artículo 9.3 de la Ley 40/1998, artículo que en su
redacción actual dispone lo siguiente: No perderán la condición de
contribuyentes por este Impuesto las personas físicas de nacionalidad
española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal y esta regla se
aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de
residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes.
De hecho, este precepto supone una novedad introducida por la Ley
reguladora que hemos citado anteriormente del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y viene motivado por el ánimo de luchar contra el
fraude fiscal, y su efecto es también, a su vez, muy claro, es decir, a
partir del 1 de enero del año pasado los españoles que trasladen su
residencia habitual a un paraíso fiscal seguirán tributando en España
durante cinco años.
Este hecho ha originado en la práctica situaciones de clara injusticia
social, sobre todo porque la Ley no distingue entre aquellos supuestos en
los que determinadas personas trasladan o fingen trasladar su domicilio a
un territorio calificado como paraíso fiscal con el ánimo de pagar menos
impuestos de aquellas situaciones en que las personas han establecido su
residencia en alguno de los países calificados como paraíso fiscal por
motivos estrictamente de necesidad laboral, percibiendo, por tanto,
rendimientos de su trabajo.
Nuestro Grupo, considerando a estas situaciones de injusticia social,
apoya la propuesta con la que el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés pretende atender a la situación que se origina en relación al
caso específico del Principado de Andorra, que puede ser también
extensivo a otras situaciones de otros paraísos fiscales en Europa o
fuera de Europa, donde la población residente de nacionalidad española,
compuesta mayoritariamente por trabajadores asalariados representa una
emigración por motivos laborales y no una emigración con el fin de
defraudar impuestos.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha
promovido la modificación del artículo 9.3 de la Ley con el objetivo de
que permanezcan excluidos de la obligación de tributar por el IRPF en
España aquellos ciudadanos españoles que, a pesar de tener su residencia
en Andorra, país o territorio calificado como paraíso fiscal, acrediten
la condición de esta residencia por motivos de trabajo.
Nuestro Grupo tenía algunas observaciones técnicas que hemos hecho llegar
al Grupo Entesa Catalana de Progrés,
pero esas modificaciones pretendían solamente contribuir a mejorar su
propuesta.
No obstante, ya hemos manifestado, como he dicho anteriormente, nuestro
apoyo y nuestro voto será favorable a esta proposición, por la cual no me
queda más que, en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, felicitar al Grupo Entesa Catalana de Progrés.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
¿El portavoz del Grupo Entesa Catalana quiere intervenir de nuevo?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, tiene palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió suscribe plenamente las intenciones que el Senador Ganyet ha
expuesto desde la tribuna por las cuales ha presentado esta proposición
de ley. Por tanto, no voy a extenderme en exponer argumentos sobre la
bondad de su presentación y, sobre todo, del objetivo que se persigue con
esta proposición de ley, ya que suscribimos plenamente la rigurosa
defensa de la misma que desde la tribuna ha hecho el Senador Ganyet.
Lo que sí queremos hacer es una reflexión sobre las cautelas y la
prudencia que debe tener toda modificación fiscal de esas características
y más en una ley tan sensible como es la Ley del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Compartimos plenamente el objetivo con el que se
redactó y se introdujo su artículo 9.3 --también lo ha manifestado así--
y, por tanto, cualquier excepción que se prevea para él ha de hacerse con
un gran rigor técnico. Ya lo ha dicho en la tribuna. Nosotros no somos
los técnicos, pero sí que debemos proponer un método que permita que se
introduzca todo el rigor técnico necesario que una modificación de esas
características debe tener.
Dado que se trata de una toma en consideración sobre la que debemos
manifestarnos en este Pleno, entendemos que el proceso es suficientemente
largo y tiene suficientes trámites para que se puedan introducir o
garantizar estas características técnicas que debe tener esta reforma,
habrá tiempo para el trámite en el Congreso de los Diputados,
posteriormente en el Senado y, en todo caso, habrá dos oportunidades para
enmendar la redacción que hoy se nos presenta aquí y analizarlo en
profundidad.
Además, creemos que la fórmula de la proposición de ley introduce muchas
más garantías que la tentación --citada esta mañana-- de pensar que
podría tratarse esta modificación en la próxima ley de medidas fiscales.
En muchas ocasiones se han tratado así este tipo de modificaciones.
Creemos que una proposición de ley es un proceso mucho más adecuado para
hacerlo a conciencia, motivo por el cual nuestro Grupo va a apoyar y
votar favorablemente esta toma en consideración, repito, que es lo que en
este momento se debate.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.
El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para recordar, en primer lugar, que el
Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, determinó cuáles son los países o
territorios considerados como paraísos fiscales. Por tanto, nada puede
hacer pensar que nosotros estamos a favor de apoyar ningún tipo de medida
que suponga cualquier proyecto de evasión fiscal, sino bien al contrario.
Nosotros estamos por apoyar claramente la persecución de los evasores
fiscales y de todos aquellos que consideran los paraísos fiscales como
una fuente de evasión.
Pero, obviamente, éste no es el caso. Hay que recordar que estamos
hablando de la toma en consideración de una ley y, por tanto, cualquier
referencia técnica que hiciéramos a la redacción actual de la
proposición, sería, probablemente, innecesaria porque este no es el
momento de discutirla. Así, podríamos hablar, por ejemplo, de los cuatro
años o también del concepto de unidad familiar, pero, repito, que no es
necesario. De lo que estamos hablando ahora es de intentar plantear de
resolver algo que, a todas luces, parece una injusticia, y es que los
ciudadanos de la Unión Europea que viven en Andorra, en este caso
españoles, sufren una discriminación con respecto a otros de la Unión
Europea. Mientras en el caso español se ven obligados a declarar y a
tributar, naturalmente, en el caso de otros ciudadanos europeos no es
así, y no parece que sea ése el camino de la armonización en este caso y,
desde luego, tampoco de acabar con una injusticia manifiesta, que les
pone en peor posición para trabajar que tienen otros ciudadanos europeos
residentes también en Andorra porque, obviamente, su salario es menor, si
se tiene en cuenta que han de pagar.
Como, lógicamente, ésa no es nuestra intención, vamos a votar a favor de
la toma en consideración.
La ley hace bien en intentar prevenir que se produzca evasión fiscal,
pero se trata de tomar en consideración el distinguir claramente entre
quiénes son evasores fiscales y quiénes se han tenido que ir a trabajar
por necesidad, y en este caso la proposición de ley lo distingue con toda
claridad porque no solamente se habla de que han de acreditar su
condición de trabajador por cuenta ajena, sino también de que la mayor
parte de sus ingresos han de venir, precisamente, por este concepto, con
lo cual, tenemos claramente salvada la posibilidad de la evasión.
En cualquier caso, repito, ahora no se trata de discutir técnicamente el
problema, sino de dejar patente que los ciudadanos españoles en Andorra
sufren una discriminación respecto a otros europeos y que, por tanto,
está en nuestra mano intentar darle solución, lo que nuestro Grupo
Parlamentario va a apoyar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, sabe mal el llegar y estar en desacuerdo con casi todo --espero
que no se convierta en una costumbre--, aunque reconociendo que hay un
problema que merece una reflexión, como así han dicho miembros del
Gobierno, y se está trabajando en ello.
El Grupo Parlamentario Popular piensa que no es conveniente aprobar hoy
esta iniciativa. Aparte de explicar luego las causas que justifican esto,
sí deseo aclarar cuál es la situación actual.
Recordarán que, cuando hace apenas un par de años se discutió la Ley
sobre la Renta de las Personas Físicas, se presentaron un montón de
enmiendas, quizá porque bajaba los impuestos y entonces no se sabía que
era una cosa de izquierdas. Sin embargo, no se presentó ninguna a este
punto, yo creo que porque, después de pensar mucho, se llegó a la
conclusión de que este artículo intentaba zanjar, equilibrando los
intereses de la Hacienda pública y del ciudadano, el hecho de la evasión
fiscal.
Es cierto que cuando se habla de paraíso fiscal se piensa inmediatamente
en mucho dinero, en evasión y en un tipo de persona que quizá no sea el
normal, que no es al que nos estamos refiriendo aquí. No creemos que esta
iniciativa, cuyo fondo entendemos y comprendemos, sea la vía para
solucionar el problema del que se está hablando. Evidentemente existe esa
normalidad: la persona que por causas matrimoniales, de trabajo, por la
unidad familiar tenga que trasladarse a un paraíso fiscal. Esas
circunstancias de normalidad no las olvida el artículo. Ese artículo de
la ley ya prevé que cuando una persona lleve cuatro años de residencia, y
cuando se haya demostrado que esta residencia es de trabajo, es normal,
es habitual, y que no se trata de una residencia por conveniencia para
eludir las obligaciones fiscales, automáticamente se generen los
derechos, se genere lo que en esta modificación realmente se pide.
Estoy de acuerdo en que se puede discutir si cuatro años son muchos, si
cuatro años son pocos; que no se hace de manera suficientemente clara la
distinción entre el evasor y aquel que reside por cualquier motivo normal
a los que me he referido, pero eso no significa que se tenga que cambiar
una ley. Porque, además, nos estamos refiriendo exclusivamente al
Impuesto sobre la Renta, como si al hablar de paraíso fiscal sólo nos
refiriéramos a impuestos directos. Cuando hablamos de esos años de
transición lo hacemos pensando en un paraíso fiscal que, como su nombre
indica, es «light» en todos los impuestos. Tiene otras ventajas, como la
de que también pagan menos impuestos en todo lo demás.
¿Supone algún tipo de agravio con respecto al resto de los españoles? No;
porque ya se dice que si hubiera que pagar algún tipo de impuesto
directo, de renta o de similar naturaleza, se lo podrá deducir en su
declaración. ¿Supone algún tipo de agravamiento sobre los impuestos del
resto de los españoles? Tampoco.
Además, en el caso de Andorra hay una similitud de cultura, de cercanía
física, de moneda, de lengua, etcétera, es decir, que estamos
precisamente en un lugar donde ese distanciamiento es menor. Y luego haré
una distinción en esas prestaciones sociales que me parece que confunde
con las que se derivan de las prestaciones fiscales, que son distintas.
En ningún caso se pierden ni la sanidad, ni la educación, ni las becas.
No se pierde nada. Distinto es el subsidio de desempleo, que si no se
paga no se tiene. En España también hay otros colectivos, como los
autónomos, que, como no pagan desempleo, no lo tienen. O sea, que
diferenciemos. Pero entiendo que hay que solucionar ese problema que está
en el trasfondo.
Y ya concretando, hay al menos cinco puntos por los que vemos claramente
que no se puede aprobar. En primer lugar, entendemos que una ley como la
Ley 40, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no puede
hacer excepciones, y piensen que estamos hablando de una ley que empieza
a estar vigente el 1.º de enero de 1999. Es decir, cuando se me habla de
32.000 residentes en Andorra hay que decir que eso no les afecta puesto
que ya eran residentes antes. Afecta a quienes pudieran llegar con
posterioridad, y se hace una excepción muy concreta para unos cuantos
cientos de personas. Es decir, el planteamiento es distinto; luego
profundizaré en esta cuestión.
Repito que eso no puede ser, en primer lugar por la excepcionalidad, pero
se podría abundar en una idea como la que ha propuesto Coalición Canaria:
un convenio especial donde se hagan estas coberturas, que es en lo que se
está trabajando buscando algún tipo de solución.
Un segundo punto por el que creemos que tampoco se podría aprobar es por
algo que se menciona en la exposición de motivos: la discriminación.
Señoría, si le preocupa la discriminación entre esos colectivos y otros,
¿cómo no le va a preocupar discriminar a quienes trabajan por cuenta
ajena respecto de los que vayan hasta allí a ejercer su profesión como
fontaneros, por ejemplo, o los que vayan a ejercer cualquier otra
actividad? ¿Por qué al que vaya como autónomo se le discrimina una vez
más? ¿Por qué se quiere hacer esa distinción? Primera discriminación.
Segunda discriminación. ¿Por qué Andorra sí y al pescador que está en las
Malvinas no? Tampoco creo que sea lógico que se introduzca una
discriminación que agrava y amplía el número de discriminados sobre la
que ahora se quiere corregir.
Por otro lado, ya he dicho que hay que ver las cosas en su contexto.
Cuando se aprobó esta ley no estábamos en el año 1990, sino en 1999 y
todos los grupos vieron que era razonable porque había que luchar contra
el fraude. Quiero decir con ello que en un año --y en el siguiente-- en
que se crean 700.000 puestos del trabajo; en un país donde se crean la
mitad de los empleos que se crean en toda Europa; un país en cuyas zonas
limítrofes hay prácticamente pleno empleo; donde muchos sectores como
construcción, agricultura,
hostelería, etcétera, están ya en determinadas zonas de los alrededores,
sectores que tienen una demanda manifiesta de mano de obra, creo que no
es la misma circunstancia de que se hablaba ni se trata de que se esté
emigrando en masa, sobre todo cuando los ejemplos que se ponen son de
sueldos de 130.000 pesetas y, efectivamente, con unos alquileres que hay
allí de 80.000 y 90.000 pesetas. No creo que el volumen de candidatos sea
muy grande cuando hay empleo dentro del territorio español. Eso también
aminora el problema y las cantidades a que nos estamos refiriendo.
Insisto, además, en que en ningún caso hay doble imposición para estos
trabajadores que puedan irse. Aparte --y estoy de acuerdo con lo que ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- de que quizá no
sea el momento de hablar de cuestiones puramente técnicas, creo que
hablar de núcleo familiar directo es meternos en una ambigüedad puesto
que no va a ser aprobado ni cambiado ya que no se puede definir
exactamente.
Tampoco me parece correcto el concepto de trabajador asalariado. Hay
conceptos que van en el rendimiento por trabajo y que no provienen
necesariamente de una relación laboral. Es decir, creo que habría que
afinar muchísimo más a la hora de contemplar todo esto porque estas
cuestiones son muy delicadas.
Y por último --y ya acabo--, señoría, tal y como se propone esto --y sé
que no es su intención, lo han recalcado todos los intervinientes--, es
una invitación al fraude fiscal, y no es ésa la intención de nadie. Pero
si en el mismo ejercicio fiscal en que ese trabajador se cambia de
residencia se pierde la obligatoriedad de declarar, dígame usted cómo se
evita que en el mes de diciembre, habiendo estado once meses en
territorio español teniendo ingresos no se cambien de residencia. Y a lo
mejor se hace con toda la buena fe del mundo. Pero hay que poner las
suficientes salvaguardas, porque algo en lo que todos los intervinientes
han estado de acuerdo es en que tenemos que luchar contra el fraude
fiscal. Esto debe hacerse y al mismo tiempo se debe seguir reflexionando
en qué medida podemos arreglar el problema de estos ciudadanos españoles
que en este año o en años sucesivos quieran irse a trabajar a Andorra y a
otros paraísos fiscales.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caneda.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición de ley a
efectos de su toma en consideración. Llamen a la votación. (Pausa.)
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a
favor, 81; en contra, 127; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la toma en
consideración de la proposición de ley. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACION DE PROPUESTAS DE REFORMA DEL REGLAMENTO:
--PROPUESTA DE REFORMA DE LOS ARTICULOS 25 Y 67 DEL REGLAMENTO DEL SENADO
(626/000002).
La señora PRESIDENTA: Punto quinto del orden del día: Toma en
consideración de propuestas de reforma del Reglamento. Propuesta de
reforma de los artículos 25 y 67 del Reglamento del Senado, presentada
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con fecha 8
de junio de 2000.
No se ha presentado ninguna propuesta de reforma del Reglamento
alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la
presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra por tiempo
de diez minutos el Senador Gatzagaetxebarría. (Rumores.)
Señorías, para que pueda iniciar su intervención el Senador
Gatzagaetxebarría hace falta un poco de silencio. (Rumores.) Por favor,
señorías, no puede empezar el debate si no hay un poco de silencio.
Puede comenzar, Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Mi Grupo Parlamentario ha presentado una propuesta de reforma de los
artículos 25 y 67 del Reglamento del Senado para reforzar el status, el
haz de facultades que corresponden a los parlamentarios en el desempeño
de las funciones de control del Gobierno, en lo relativo a las
Comisiones.
En el artículo 25, incardinado en el Título Segundo, Capítulo Primero, se
regulan las facultades y las obligaciones parlamentarias de los
Senadores, y entendemos que éste es el momento político oportuno para
presentar una propuesta de modificación de estas características porque
estamos en el inicio de una legislatura y procede marcar las reglas del
juego, fijar el campo de actuación política y, en definitiva, las normas
de funcionamiento parlamentario y las relaciones --la interacción-- entre
la acción del Gobierno y la acción del Parlamento, en sus diferentes
Cámaras, a través de los grupos parlamentarios.
El artículo 66 de la Constitución establece: «Las Cortes Generales
representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado. Las Cortes Generales ejercen la potestad
legislativa del Estado...» y, ambas Cámaras, «... aprueban sus
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno...», de acuerdo con lo que
establece el bloque de constitucionalidad.
Igualmente, el artículo 87 de la Carta Magna establece que la iniciativa
legislativa corresponde, en un plano de absoluta igualdad en el
ordenamiento jurídico, al Gobierno, al Congreso y al Senado.
El artículo 72 del texto constitucional fija que ambas Cámaras, Congreso
y Senado, están dotadas de autonomía política para --dentro de los
parámetros competenciales
del bloque de la constitucionalidad-- organizarse autónomamente en el
ejercicio de esas funciones públicas. En este sentido, ambas Cámaras
disponen de sus respectivos reglamentos parlamentarios donde se regulan
aspectos como el control del Gobierno, las iniciativas parlamentarias, el
estatuto de sus miembros, el procedimiento legislativo ordinario, el
procedimiento legislativo especial, los procedimientos de reforma
constitucional, etcétera. Y, el Congreso y el Senado, cuando en sus
respectivos reglamentos parlamentarios regulan los derechos y las
obligaciones, lo hacen de forma sustancialmente diferente. Esta es una de
las cuestiones en las cuales hay una diferencia de matiz político
profundo y diferente; así, el artículo 7 del Reglamento del Congreso de
los Diputados habilita a los Diputados a recabar de las administraciones
públicas --de todas las administraciones públicas: la Administración
Local, la Administración Autonómica, la Administración Central, las
administraciones independientes, la Administración Institucional-- los
documentos que obren en poder de las mismas. En cambio, el Reglamento del
Senado no contiene una regulación o una ordenación análoga a la indicada,
atribuyendo facultades a los Senadores. Igualmente, los reglamentos
parlamentarios de diferentes países de la Unión Europea, así como todos
los reglamentos parlamentarios de las Asambleas Legislativas de las 17
Comunidades Autónomas y los reglamentos de las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla contienen regulaciones semejantes a la expresada.
Hay que señalar que si el Reglamento del Senado no contiene una
regulación como la indicada es porque, en el ejercicio de las potestades
de organización esta Cámara, los Senadores no nos hemos querido dotar de
un instrumento como es el de la petición de documentación a las
administraciones públicas. Sin embargo, el período de experiencia
parlamentario que ha transcurrido desde las primeras elecciones
democráticas ha supuesto progresivamente una consolidación del vigente
sistema político, además de un fortalecimiento de las instituciones
parlamentarias, en las cuales se constata cada vez una mayor actividad
derivada del control que se efectúa a la actividad del Gobierno, además
de las iniciativas que tienen naturaleza de ley o no de ley.
Esta experiencia parlamentaria transcurrida nos ha enseñado a los
Senadores que para el mejor desarrollo de nuestras funciones públicas es
necesario disponer también de una herramienta, de la facultad de poder
recabar del Gobierno documentos, datos e informes a los que muchas veces
no se puede acudir a través de otros mecanismos parlamentarios, como son
las preguntas orales, preguntas escritas, mociones e interpelaciones
parlamentarias.
Señora Presidenta, esta iniciativa parlamentaria tiene como finalidad
dotar de mayores facultades a los Senadores. Se pretende, en concreto,
reconocer el derecho de éstos a recabar de las administraciones públicas,
de todas las indicadas anteriormente, datos, informes o documentos que
obren en poder de las mismas. Esta es una facultad legal de la que ya
disponen los Diputados del Congreso, los parlamentarios de todos los
parlamentos autonómicos y, como decía anteriormente, los representantes
de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Se trata, por tanto, de una
carencia que tienen los Senadores y que es urgente y preciso corregir.
Por ello, se observa, señora Presidenta, que los Senadores son los únicos
parlamentarios del Estado español que no disponen de la facultad de
recabar documentos, datos e informes de las administraciones públicas,
esencial para el adecuado y eficaz ejercicio de sus funciones
parlamentarias, tanto en lo que respecta al control del Gobierno como a
la presentación de iniciativas que conciernen a los ciudadanos. En muchas
ocasiones una interpelación, una pregunta, una moción es fruto de un
trabajo riguroso, concienciado, realizado durante largo tiempo y de una
obtención previa de documentación del Gobierno que ayuda a dar luz y, en
definitiva, a conformar la voluntad, la posición política que un grupo
parlamentario pueda tener sobre una materia que le concierne y con
trascendencia social.
Esta facultad no se encuentra en estos momentos recogida en el Reglamento
del Senado, que es la ley reguladora de la actividad parlamentaria de
esta Cámara desde el año 1978 y por ello es necesario corregir la
disfunción actualmente vigente y dar una nueva redacción al artículo 25.
La experiencia de este grupo parlamentario es que cuando hemos realizado
preguntas --por poner un ejemplo-- o hemos solicitado información al
Gobierno pidiendo una relación autorizada de buques habilitados a faenar
se nos responde que no se nos puede dar porque es una información de
petición de documentación. Otro ejemplo es que cuando pedimos un contrato
celebrado por el Gobierno con otra corporación administrativa o con una
empresa adjudicataria se nos contesta igualmente que no se nos puede
suministrar porque los Senadores no tenemos esas facultades, siendo,
repito, los únicos. Lo mismo ocurre con informes que muchas veces se
elaboran en las diferentes administraciones públicas a los que no podemos
tener acceso, a no ser que los responsables de las mismas, generosamente,
los publiquen y los pongan a disposición de cada uno de los Senadores.
En definitiva, existe un conjunto de actuaciones administrativas cuyo
acceso nos está vedado a través de este mecanismo parlamentario y
desgraciadamente sólo nos queda acudir a nuestro correspondiente
compañero portavoz en el Congreso de los Diputados para que firme aquella
petición de documentación que nosotros no podemos conseguir. Por tanto,
cuando hablamos de que es necesario un reforzamiento de la actuación de
la Cámara, éste es uno de los elementos que al inicio de la legislatura
hay que poner en marcha y aprobar.
También quiero señalar, señora Presidenta, que el artículo 67 del
Reglamento del Senado prevé la posibilidad de que las Comisiones de la
Cámara, cuando lo solicite un tercio de sus miembros, puedan recabar del
Gobierno y de las Comunidades Autónomas la documentación que estime
necesaria. Pero éste es un mecanismo o procedimiento parlamentario nada
operativo y práctico, pues se atribuye la facultad a las comisiones
parlamentarias y no a los grupos y Senadores individualmente.
Así, la experiencia de la V Legislatura nos demuestra que, de trece
peticiones de documentación de comisiones,
solamente han sido contestadas cinco por el Gobierno. En la VI
Legislatura, de 15 peticiones, solamente han sido contestadas 11. La
promoción de la iniciativa corresponde a un tercio de los Senadores de la
Comisión, como ya he dicho, pero la decisión de recabar la documentación
corresponde a la Comisión o a las mesas de las mismas cuando tengan
delegadas las facultades que corresponden al pleno de la misma. En este
momento, ese tercio lo constituyen nueve Senadores, pero la composición
de la Cámara es la siguiente: 14 Senadores del Grupo Parlamentario
Popular; seis del Grupo Parlamentario Socialista; un Senador del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió; uno de Coalición Canaria;
uno del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, uno del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos y uno del Grupo Parlamentario Mixto, es
decir, si cualquier grupo de la oposición está interesado en solicitar
una documentación al Gobierno no está incluso habilitado para instar de
las mesas de las comisiones la puesta en marcha del mecanismo del
artículo 67, sino que es necesaria la agrupación de todos ellos, aunque
puede haber intereses contrapuestos en determinados casos, o en su caso,
una autorización del grupo de la mayoría que en ocasiones no suele estar
interesado en la solicitud al Gobierno de dicha documentación.
Por tanto, nosotros planteamos en el artículo 67 la creación de un
mecanismo semejante al que funciona en las Comisiones, con las peticiones
de comparecencia de los grupos parlamentarios; la decisión corresponde a
las comisiones o, en su caso, a las mesas cuando esté delegada la función
de la Comisión. Por tanto, si existe una petición de un grupo
parlamentario la decisión debe ser adoptada por la Mesa de la Comisión
sin necesidad del requisito restrictivo de la solicitud de un tercio de
los miembros de la Comisión, puesto que ninguno de los grupos de la
Cámara «per se», individualmente, llega a ese tercio y dispone de
participación en las mismas.
Así pues, se establecería un régimen parlamentario en el que los grupos
serían los autores de las iniciativas, a instancias de los miembros
pertenecientes a los mismos, con el fin de agilizar este mecanismo.
La función que estamos planteando a través de esta propuesta de reforma
del Reglamento está recogida en la abundante actuación jurisprudencial
que hay sobre esta materia, incardinando las facultades parlamentarias en
el artículo 23.2 de la Constitución, que se refiere al derecho al acceso
en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, de
conformidad con lo que establezcan las leyes. Es decir, nos encontramos
ante un derecho de configuración legal, un derecho al acceso a los cargos
públicos que corresponde a los ciudadanos y que éstos ejercen a través de
los cargos públicos --en este caso, a través de Diputados y Senadores--,
cuya delimitación corresponde --como indica el artículo citado-- a lo que
establezcan las leyes, o los reglamentos parlamentarios en este caso, y
que es un «tertium genius», es decir, una materia que no es propiamente
un reglamento administrativo ni una ley, aunque tiene prácticamente la
naturaleza de una ley en la medida en que es susceptible de fiscalización
por el Tribunal Constitucional y no por la jurisdicción ordinaria. Pues
bien, estas facultades parlamentarias reconocidas en el desarrollo del
artículo 23.2 de la Constitución se insertan, bien en una ley, bien en un
reglamento parlamentario.
Y en esta cuestión, señora Presidenta, podemos distinguir tres fases a lo
largo de la historia política de la democracia...
La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, entiendo que está usted
utilizando también el turno de portavoces del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos que le va a corresponder después, puesto que ha
sobrepasado con creces el tiempo de su primera intervención.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señora Presidenta.
Decía que a lo largo de este período de experiencia parlamentaria de 23
años de democracia ha habido diferentes modulaciones en lo que a la
interpretación de las facultades parlamentarias se refiere.
En una primera etapa, viene a entender el Tribunal Constitucional, a
través de la doctrina de los «interna corpuris», que hay una serie de
actos, resoluciones o decisiones de órganos constitucionales que no son
susceptibles de control por parte de otro órgano jurisdiccional --en este
caso, del Tribunal Constitucional-- y que quedarían en la vida interna de
lo que es el Parlamento. Por tanto, una actuación de un parlamentario en
el desarrollo de una función constitucional solicitando una enmienda,
recabando una documentación al Gobierno, o pidiendo la convocatoria de
alguna sesión en algún órgano parlamentario se entendía en esta primera
fase como un acto de organización interna de las Cámaras no susceptible
de fiscalización constitucional.
En una segunda fase se produce un avance, se efectúa una mayor modulación
favorable a las tesis de las facultades parlamentarias, y se admite la
posibilidad de una violación constitucional del derecho del artículo 23.2
de la Constitución, en la medida en que todos los rechazos en las
sentencias en esta materia se fundamentaban en inadmisiones
procedimentales, bien por defectos de procedimiento, bien por falta de
legitimación, bien porque no había una infracción concreta del derecho
fundamental establecido en el artículo 23.2 de la Constitución.
Pero es la sentencia 161/88 del Tribunal Constitucional la que
efectivamente da un giro copernicano a la cuestión cuando viene a
entender que las facultades de los parlamentarios --Diputados,
congresistas, o miembros de Cámaras parlamentarias-- reconocidas en el
ordenamiento jurídico --en este caso, en el Reglamento del Congreso, y de
seguir esto salga adelante, en el Reglamento del Senado-- integran un
status conforme al ordenamiento jurídico susceptible de amparo
constitucional, de manera que si se produce una violación de ese status
parlamentario a través de una actuación de los poderes parlamentarios en
su funcionamiento ordinario es susceptible de fiscalización por el
Tribunal Constitucional.
Por ello, señora Presidenta, con esta iniciativa nuestro grupo
parlamentario pretende alcanzar esta mayor autonomía o potestad para
poder desempeñar la función política.
Además, con la presentación de esta iniciativa parlamentaria el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos quiere hacer un recordatorio y un
reconocimiento público de algunos Senadores de esta Cámara que nos
precedieron en la realización de iniciativas semejantes a la presente. En
primer lugar, el Senador Soriano, ya fallecido, que en paz descanse.
También, José María García Arroyo, miembro del Partido Demócrata Popular,
y después, del Partido Popular, que fue el primero en esta Cámara que
presentó una iniciativa análoga a la presente. Igualmente, el Senador
gerundés del Grupo de Convergència i Unió, Narciso Oliveras i Terradas,
quien también fue autor de una iniciativa de reforma del Reglamento
debatida durante la III Legislatura que no vio la luz. Y finalmente, el
Senador segoviano Jaime Rodríguez Gómez, quien nos trasladó su inquietud
como Senador para presentar una propuesta que había elaborado a lo largo
de sus años parlamentarios de naturaleza semejante a la que nuestro grupo
ha planteado y que tampoco tuvo la oportunidad de ver la luz.
Termino, señora Presidenta, recordando unas palabras suyas pronunciadas
el pasado día 13 de junio del año 2000 cuando decía: Creo que la
identidad del Senado como Cámara parlamentaria es la siguiente: la
función legislativa de segunda lectura, la función de representación
territorial de las Autonomías, la función de análisis y estudio de
materias que por su calado y repercusión merecen un examen riguroso a
través de la creación de comisiones especiales, y la función de control
del Gobierno que nunca podemos olvidar; y también con las palabras del
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Esteban González Pons, que el 1
de abril del año 2000 decía: Vamos a proponer una profunda reforma del
Reglamento que potencie a la Cámara y minimice rutinas parlamentarias que
conducen a la frustración y a la melancolía.
Por todas estas consideraciones y argumentos que he expuesto, y estando
sintonía con las expresiones que han manifestado los responsables del
Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo parlamentario les solicita el
voto favorable a la toma en consideración de esta propuesta de reforma
del Reglamento.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en turno a favor o en contra o
podemos pasar al turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces empezando por el Grupo Parlamentario
Mixto. Tiene la palabra su portavoz, el Senador Quintana.
El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, la propuesta de modificación del Reglamento que nos somete a
consideración el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene como objetivo poner a disposición de los Senadores y de los órganos
de esta Cámara la capacidad de recabar estudios o realizar encuestas,
entre otros métodos de trabajo, con los que ya cuentan otras Cámaras
legislativas. La propia organización de esta Cámara y su función de
representación territorial hace, si cabe, más necesario poder contar con
estos mecanismos. Por tanto, a nuestro Grupo le parece totalmente
oportuna la propuesta y la vamos a apoyar con nuestro voto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
Senador Rodríguez Díaz.
El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, a los Senadores de Coalición Canaria nos parecen muy lógicas y
oportunas las modificaciones propuestas por el Senador del PNV, señor
Gatzagaetxebarría, ya que no deben existir diferencias tan importantes
entre las posibilidades de recabar información y documentación entre
Diputados y Senadores.
Esta propuesta respeta el punto uno del artículo 25 y en el segundo punto
lo amplía no sólo a la documentación de los órganos de la Cámara a los
cuales se refiere actualmente el Reglamento, sino a la de todas las
administraciones públicas, como señala ya el Reglamento del Congreso.
Además, lo supedita a un control para su eficacia del propio Grupo
Parlamentario y así evitar posibles excesos innecesarios o incluso
contraproducentes. Actualmente en el artículo 67 la solicitud de
documentación se condiciona a una petición refrendada por un tercio de la
composición de la Comisión correspondiente, dejando claramente
discriminadas a las minorías parlamentarias, por lo que la supresión de
esa limitación nos parece no sólo lógica, sino, además, bastante
acertada.
Por tanto, manifestamos el apoyo para estas modificaciones reglamentarias
por parte del Grupo de Senadores de Coalición Canaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no utilizará
este turno. Entonces, por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de
Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.
La señora AROZ IBAÑEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quisiera manifestar en nombre de nuestro Grupo el voto favorable a esta
propuesta de modificación del Reglamento del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, dirigida a establecer la facultad de los
miembros de la Cámara de recabar de las administraciones públicas datos,
informes o documentos.
Asimismo se propone modificar el procedimiento previsto en el artículo
67, en relación a esta facultad que sí está reconocida dentro de la
actividad de las Comisiones, que requiere que la solicitud sea presentada
por un tercio de los miembros de la Comisión.
Valoramos positivamente esta iniciativa, que supone establecer el
ejercicio de un derecho reconocido en el Congreso de los Diputados, en
las Cámaras legislativas autonómicas y en las Cámaras europeas, y algo
que sin duda es necesario y útil para el cumplimiento de las tareas
parlamentarias.
En cuanto al procedimiento que se propone, que es el acceso directo de
los Senadores y Senadoras a dichos documentos, a través lógicamente de la
Mesa de la Cámara, consideramos que es el procedimiento adecuado,
entendemos que quizá la redacción podría afinarse, aunque es una cuestión
menor que podría hacerse en el trámite correspondiente. Se trata ahora de
la toma en consideración de esta propuesta de modificación del
Reglamento, y como ya he avanzado, nuestro grupo votará favorablemente.
Quisiera reiterar que valoramos positivamente esta iniciativa, que
contribuirá, como ya se ha dicho, a una mayor eficacia de nuestro trabajo
en el cumplimiento de las funciones parlamentarias.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aroz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Xuclà.
El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para expresar nuestro voto favorable en esta toma en
consideración, así como saludar y felicitar la iniciativa del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Esta es una aportación
que refuerza el papel de esta Cámara, dentro del marco institucional.
Como sus señorías muy bien saben, la Constitución otorga una doble
función a esta Cámara: como Cámara de segunda lectura, pero también como
Cámara de representación territorial. Siendo notoriamente mejorable su
condición de Cámara de representación territorial, en cambio, sí existe
una dinámica más que óptima como Cámara de segunda lectura. No es objeto
de esta intervención profundizar sobre la tradición, muy mayoritariamente
bicameral, de la historia del constitucionalismo español. A lo largo de
los distintos períodos parlamentarios se han otorgado distintas funciones
al Senado. Afortunadamente hoy nos encontramos con un diseño de las
Cortes Generales que otorga, como no podía ser de otra forma, un carácter
netamente integral a nuestra función en las distintas vertientes; esto
es, legislativa, presupuestaria, de control y de impulso de la acción de
gobierno.
Nos encontramos también --cabe señalarlo-- ante un bicameralismo
asimétrico o imperfecto, por indicación de la Constitución. Aceptando el
marco de las funciones que la Constitución reserva al Senado, se trata de
un caso bastante inaudito de autolimitación que los integrantes de este
cuerpo legislativo no podamos recabar información de las
Administraciones, que ha de venir a colaborar, a conformar la voluntad
del legislativo. Insisto en que se trata de un caso bastante inaudito.
En aras, no ya de nuevos mecanismos de participación democrática de los
ciudadanos, sino de las propias facultades de sus representantes, ésta es
una buena iniciativa para dar vida al Parlamento y, por tanto, al debate,
a la necesaria tensión dialéctica entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Esta es una propuesta que dignifica la actividad de esta Cámara; seamos
asimétricos respecto al Congreso de los Diputados, si así lo indica el
texto constitucional, pero no seamos más asimétricos aún en base a una
dejación de nuestras propias potestades de autoorganización, a través del
Reglamento. La unanimidad que estoy convencido que conseguiremos hoy, ha
de tener una traducción en la Comisión de Reglamento, con una tramitación
rápida, y este extremo depende, básicamente, de la voluntad de la mayoría
de esta Cámara. Estoy convencido de que esto será posible.
Un último y sucinto argumento para fijar nuestra posición favorable. Una
proposición de modificación del Reglamento en estos mismos términos fue
presentada, impulsada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y otros grupos, como se ha apuntado, al final de la
III Legislatura de las Cortes Generales. La reforma no se sustantivó
porque decayó con la finalización de la legislatura. El autor de aquella
iniciativa, juntamente con otros, fue el honorable Narcis Oliveras, que
durante años formó parte de esta Cámara y de cuya persona creo que es de
justicia hacer referencia en esta toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez
Sáenz.
El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, debo reconocerle, en primer lugar, que al tomar contacto
con esta Cámara tuve varias sorpresas, aunque no es éste el momento de
comentarlas, y una de ellas fue precisamente no encontrar la figura de la
petición de información entre las prerrogativas, facultades o derechos de
las Senadoras y Senadores.
Se ha comentado correctamente que en todos los parlamentos existe esta
figura y le he visto al Senador, con la vehemencia que acostumbra, a
creer enormemente en la utilidad de esta figura. Tengo la experiencia de
que esta figura es útil, pero experiencia sobre experiencia, le indicaré
que existen ejecutivos que no usan adecuadamente esta figura porque
normalmente utilizan bien el volumen de la documentación o una
interpretación abusiva del criterio de reserva o cualquier excusa o
artimaña para entorpecer la efectividad de esta facultad.
Esto lo advierto precisamente porque es una tema de toma en consideración
y luego se tendrá que desarrollar en la Comisión de Reglamento.
Lo cierto es, señor Senador, que no hemos recogido ninguna explicación de
peso o algún fundamento que explique la ausencia en nuestro Reglamento, y
por ello anuncio la posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista
a esta reforma.
No me voy a detener en los argumentos porque lo ha explicado usted
correctamente, pero solamente subrayaré
dos. Nos parece una mejora en torno a la transparencia y, en suma, es una
profundización de la democracia. En segundo lugar, beneficiará la calidad
de nuestros trabajos y, por lo tanto, dignificará nuestra tarea política.
Hay otro argumento pero éste, posiblemente, no es a favor, o al menos se
le podría a usted exhibir, y lo voy a hacer, y es que no se puede
reformar el Reglamento de esta Cámara todos los días. Y si a ustedes les
parezco exagerado, lo cierto es que en los dos últimos plenos se ha
incluido en el orden del día la toma en consideración de dos reformas del
Reglamento. Anunciando, no obstante, el voto favorable, lo cierto es, y
lo hago en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Presidenta y
señores portavoces, que debiéramos hacer una primera reflexión sobre si
no ha llegado el momento ya de hacer una reforma más global del
Reglamento de esta Cámara.
Nosotros creemos que sí y, por lo tanto, ya anuncio la disposición a esta
reforma global por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Y diría más,
porque no solamente es necesaria por algunos indicadores, como evitar el
goteo en los órdenes del día del Pleno de tomas en consideración u otras
que podemos observar en las abundantes resoluciones de normas
interpretativas o supletorias que ya existen y sobre temas tan
fundamentales como el procedimiento de reforma de los Estatutos de
Autonomía. Creo, sinceramente, que tenemos que ir hacia una reforma no
solamente global, sino ambiciosa, y nosotros queremos transmitir ya dos
criterios. Queremos que esta reforma vaya, en primer lugar, hacia una
profundización y desarrollo de la especialización del Senado y, en
segundo lugar, en dotar a nuestros debates y a nuestros trabajos de
agilidad y, si es posible, convertirnos en punta de lanza en cuanto a
reformas.
Creo que podemos encontrar en otros países y en actividades
parlamentarias reformas que podían hacer de este Senado una Cámara
atractiva en el debate y en el procedimiento.
Termino mi intervención resumiéndola: en primer lugar he hecho un
posicionamiento de mi Grupo favorable a la toma en consideración; en
segundo, he hecho una advertencia de los malos modos políticos que
también existen en ejecutivos; en tercer lugar, he hecho una proposición
por parte del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la posición de
una reforma global del Reglamento del Senado y, en cuarto lugar, lo que
quiero es felicitar al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos en primer lugar por la iniciativa pero en segundo lugar, y lo digo
porque me parece importante en estos momentos, porque en su argumentación
hoy y en la propia exposición de motivos y ustedes han sentado las bases
en la Constitución y también en buscar la mejora de las instituciones del
Estado, y al Grupo Parlamentario Socialista le alegra enormemente que
esto lo haya hecho el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador.
Finaliza el turno de portavoces con la intervención del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado. Para ello tiene la palabra el Senador
Giménez Abad.
El señor GIMENEZ ABAD: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular
anunciando, en primer lugar, nuestra posición favorable a la propuesta de
reforma de los artículos 25 y 67 del Reglamento, que ha presentado el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Dicho esto, me voy a permitir hacer una reflexión sobre el fondo de la
propuesta y una matización sobre la forma o procedimiento en que se ha
hecho esta propuesta.
En cuanto al fondo de la propuesta, vemos que se centra en la
equiparación, que establecía hace un momento el señor Gatzagaetxebarría
con gran intensidad, como es habitual en él, entre los derechos a recabar
información que tienen los diputados del Congreso y también los diputados
de los Parlamentos de las Comunidades Autónomas y los Senadores. Hacía
una reflexión el señor Gatzagaetxebarría sobre cómo se estaba ejerciendo
ese derecho de forma colegiada por las Comisiones de las Cortes y le
parecía insuficiente.
El mecanismo que hay en la actualidad no es radicalmente insuficiente, es
un mecanismo que ha funcionado durante bastantes años, que respeta los
derechos de la oposición, porque es un tercio de los miembros de la
Comisión y no una mayoría lo que se exige para solicitar documentación y,
por tanto, no era en principio un mecanismo absolutamente rechazable,
estaba perfectamente encajado en la Constitución.
Como mi partido tiene la voluntad de profundizar en los mecanismos de
reforzamiento del sistema parlamentario y en afinar los mecanismos de
control del Gobierno, que es algo que tiene mucho más mérito hacerlo
cuando se está como partido que apoya al Gobierno que cuando se está en
la oposición, como mi partido está comprometido con la mejora y
reforzamiento de los mecanismos del sistema parlamentario, vamos a votar
a favor de esa proposición y vemos correcto que se profundice en esa vía
de mejora del sistema del control, que es que la documentación se aporte
con una mayor flexibilidad para que la función de control u otras
funciones propias de los Senadores se efectúen con las suficientes
garantías.
Pero cuidado, señor Gatzagaetxebarría con los mimetismos. Estamos
comprometidos en dos reformas reglamentarias de gran trascendencia: la
reforma del Congreso y la del Senado, cuyos objetivos prioritarios son
diferentes. El objetivo prioritario de la reforma del Senado es,
efectivamente, como decía uno de los portavoces que anteriormente ha
intervenido, profundizar en el carácter y en la naturaleza del Senado
como Cámara territorial, y sobre todo en eso. Y la reforma del Congreso
tiene ante todo el objetivo de reforzar los mecanismos de agilización del
sistema parlamentario, del sistema legislativo y también de afinar y
profundizar en los mecanismos de control del Gobierno, que --insisto-- es
algo que tiene mérito cuando se hace desde el compromiso de un Partido
que está en el Gobierno en este momento.
No pretendamos, pues, hacer dos reformas clónicas porque sería un error.
La reforma del Senado tiene un objetivo, sin perder de vista otros, y la
reforma del Congreso tiene a la vista otro objetivo. No hagamos dos
Cámaras clónicas, que no se trata, en absoluto, de eso.
Y la segunda observación que queríamos hacer desde nuestro Grupo afecta a
la forma, afecta al procedimiento. Y en eso voy a coincidir con el
anterior portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La reforma del Reglamento de una Cámara es un hecho de gran importancia.
El Reglamento de la Cámara regula el funcionamiento interno, los derechos
de los parlamentarios y el equilibrio de los Partidos en el
funcionamiento de esa Cámara. Y no se puede hacer una reforma cada día,
no se puede hacer una reforma por goteo. No podemos, efectivamente, estar
presentando en cada sesión parlamentaria, en cada Pleno la toma en
consideración de la reforma de un precepto del Reglamento y más si ese
precepto está inserto en un sistema tan complejo, un sistema compuesto,
naturalmente, de un conjunto de instrumentos y técnicas, como es el
sistema de control del Gobierno. En ese sistema se incluye una pieza que
es poder solicitar documentación a las administraciones públicas,
efectivamente, para poder ejercitar con mayor eficacia la función de
control, pero es un sistema y como tal debe ser contemplado.
Ya que en estos momentos nos encontramos comprometidos los partidos que
estamos representados en esta Cámara con una reforma del Reglamento que
tiene lugar, por decisión de la Cámara, en el seno de la Comisión General
de Autonomías, hagamos un esfuerzo y tramitemos estas reformas puntuales
dentro del ámbito natural de esa reforma, dentro del ámbito natural que
hemos considerado para esa reforma, que no es la Comisión de Reglamento,
sino la Comisión General de Autonomías, y hagamos una reforma global,
porque --insisto-- una reforma de un instrumento tan importante como un
Reglamento sólo puede hacerse desde la contemplación general de todos sus
instrumentos y técnicas a fin de que guarden equilibrio y respondan a lo
que todos deseamos, es decir, la mejora del sistema parlamentario en su
conjunto, una profundización en los instrumentos de control del Gobierno,
una profundización, en definitiva, del sistema democrático, en la que
cree firmemente nuestro Partido.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Giménez.
Por el artículo 87, el Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para agradecer profundamente a los portavoces de los Grupos
Parlamentarios que me han precedido en el uso de la palabra la posición
política que han mantenido al asumir esa voluntad que nuestro Grupo ha
trasladado a la Cámara de dotar a ésta y, sobre todo, a los Grupos
Parlamentarios, a través de los respectivos Senadores que la integramos,
de unas mayores facultades.
Como decía correctamente el Senador Pérez Sáenz, que ha sido Presidente
de la Comunidad Autónoma de La Rioja y tiene experiencia en esta materia,
efectivamente, esta iniciativa sirve para otorgar esas facultades, esa
mayor dignificación y relevancia a los grupos parlamentarios a través del
trabajo que realizan los Senadores. Por lo tanto, nuestro agradecimiento.
Y no es precisamente --y termino con ello-- este grupo parlamentario el
que se ha caracterizado por presentar reiterada, continua y
periódicamente durante los últimos cuatro meses iniciativas de reforma
del Reglamento. Senador Giménez, ha sido su propio grupo parlamentario
con la reforma del Reglamento --y se lo digo con toda consideración-- en
lo relativo al debate sobre el estado de las autonomías; a continuación,
sobre la reforma en relación con la Comisión de Nombramientos; a
continuación, en el Pleno siguiente, con la reforma del Reglamento sobre
las entidades locales. No nos parece mal, pero esa argumentación va en
contra de sus propios actos y cariñosamente yo le aplicaría la teoría de
los propios actos.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
El Senador Zubia que lleva tanto tiempo esperando esta propuesta de
reforma del Reglamento quiere que se vote, ¿verdad?
El Senador ZUBIA ATXAERANDIO: Basta con que se apruebe por asentimiento.
La señora PRESIDENTA: ¿Basta con el asentimiento? (Pausa.)
¿Puede darse por aprobada por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobada la propuesta de reforma del Reglamento.
Se levanta la sesión.
Eran las dieciocho horas y treinta minutos.