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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 147, de 24/06/2003
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2003 VII Legislatura Núm. 147
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ LUIS BERMEJO FERNÁNDEZ
Sesión núm. 13
celebrada el martes, 24 de junio de 2003,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia, por delegación, del señor Adjunto segundo del Defensor del Pueblo (Aguilar Belda), sobre: - Estudio monográfico 'Análisis descriptivo de las condiciones de escolarización del alumnado de origen extranjero e inmigrante'.
(Número de expediente del Congreso 261/000007 y número de expediente del Senado 781/000007.) ... (Página 3600)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Recuerdo la prohibición de fumar. Lo lamento por los fumadores.
Agradezco la presencia de don Manuel Aguilar, hoy Defensor en funciones, porque el Defensor del Pueblo se encuentra en Copenhague y la primera adjunta del Defensor del Pueblo está en Austria, por lo que hoy actúa además por delegación y por
sustitución del Defensor del Pueblo.
El tema que vamos a tratar hoy es el reflejo de una problemática muy importante en estos momentos en nuestro país. Se trata de la escolarización de los alumnos de origen inmigrante en España y de un análisis descriptivo y estudio empírico
de la misma. Por lo tanto, sin más preámbulos, don Manuel Aguilar tiene la palabra para comentarnos el estudio monográfico que la Defensoría del Pueblo ha organizado juntamente con otras organizaciones, concretamente con Unicef.
El señor ADJUNTO SEGUNDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Aguilar Belda): Señor presidente, con su introducción casi me ha ahorrado disculpar la ausencia del Defensor del Pueblo en esta Comisión por encontrarse en una reunión con el ministro de
Exteriores y con el Centro Danés de Derechos Humanos en Copenhague, lo que ha originado que, ante la ausencia también de la adjunta primera, me corresponda presentar este informe, que era un compromiso adquirido por el Defensor del Pueblo con
anterioridad a la fijación de la fecha de la comparecencia. Sin más preámbulos, paso a exponer a SS.SS. un breve resumen, no sé si tan breve como yo quisiera o como quizá quisieran SS.SS., pero un resumen al fin de lo que representa este estudio
sobre la escolarización de los niños inmigrantes en España.
Entre 1991 y 2001, fechas en las que se realizaron los últimos censos de población y vivienda, el número de extranjeros residentes en España se multiplicó por cinco y superó largamente la cifra de 1,5 millones de personas. Esta población es
superior en número a la de varias de las comunidades autónomas del Estado español, lo que justifica sobradamente la creciente atención que desde todos los ámbitos se le viene prestando a este asunto. Desde el punto de vista educativo, la cuestión
tiene una especial trascendencia: no sólo hay que escolarizar a estos alumnos, sino que hay que hacerlo en condiciones adecuadas a sus especiales características, que son además muy heterogéneas, y sin que sufra merma la calidad del servicio
educativo ofrecido a los restantes alumnos. El sistema educativo y las instituciones docentes tienen, pues, que adaptar sus estructuras y métodos para hacer frente a la incorporación, en proporción siempre creciente, de alumnos extranjeros, y ello
sin que los objetivos y fines de la educación queden en modo alguno desatendidos.
Entre estos fines está la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como conocimientos técnicos, científicos, humanísticos, históricos y
estéticos, y también, por supuesto, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. Pero además, y esto es lo importante por lo que aquí interesa, el sistema educativo español superpone a estos fines de naturaleza, digamos, más
práctica, otros de carácter más moral vinculados a la formación ética y cívica de quienes reciben las enseñanzas. Por este motivo, el sistema educativo persigue, entre otros fines, el pleno desarrollo de la personalidad del alumno, la formación en
el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia y también la formación para la paz y la cooperación, la solidaridad entre los pueblos. En
definitiva, el sistema educativo es, sin duda alguna, un elemento integrador absolutamente fundamental e imprescindible para lograr que una sociedad homogénea, como ha sido la española hasta tiempos muy recientes, asuma sin conflictos la permanente
llegada de quienes, por razones muy diversas, deciden residir en nuestro país, aportando tradiciones y culturas diferentes. Será también la educación la que impregne las mentes y las conductas de los alumnos -tanto autóctonos como inmigrantes- y, a
través de ellos, en sus familias, de los valores de tolerancia y respeto por los derechos y libertades fundamentales que son la base de nuestra convivencia.
La preocupación del Defensor del Pueblo por este asunto no es reciente. Ya en varios informes anuales se daba cuenta a las Cortes Generales de algunos casos puntuales en los que la escolarización de alumnado extranjero, y particularmente el
de origen inmigrante, estaba planteando problemas que exigían la inmediata atención de las autoridades educativas. Precisamente con ocasión de la presentación ante esta Comisión Mixta del informe correspondiente al año 2000, se anunció la intención
de la institución de abordar una investigación monográfica sobre las condiciones y consecuencias de la escolarización de alumnado de origen inmigrante en nuestro país. El informe que ahora mismo les estoy presentando supone el cumplimiento de aquel
compromiso y resume el trabajo realizado en los últimos años.
Las dificultades para llevar a cabo una investigación en la que se pretendía obtener datos y resultados significativos sobre la escolarización de este tipo de alumnado en todo el territorio del Estado, prestando además una atención especial
a aquellos ámbitos territoriales en los que existe una mayor concentración de alumnado de origen inmigrante, exigieron que, como en otras ocasiones, esta institución buscase algún apoyo externo que supliese las carencias personales y materiales y
que contribuyese además a aliviar la carga financiera del proyecto. Unicef Comité Español mostró una vez más
su desinteresada disponibilidad para cooperar con el Defensor del Pueblo -y digo una vez más porque en la mente de SS.SS. está que se hizo un trabajo conjunto también hace unos años sobre la violencia escolar entre Unicef Comité Español y
el Defensor del Pueblo-, en todos los proyectos que de cualquier manera pudieran beneficiar a la infancia y la juventud, como acontecía en este caso. Sobre la base de un convenio general de colaboración entre el Defensor del Pueblo y Unicef Comité
Español, que tienen suscrito desde el año 1995, se formalizó un protocolo anexo al mismo con la finalidad de articular esta colaboración para la realización de un estudio en el que se incluyesen al menos los aspectos que a continuación se indican.
Primero, un análisis cuantitativo y descriptivo de la escolarización de alumnos inmigrantes en el sistema educativo español, abarcando, entre otros, los siguientes aspectos: número y porcentaje de alumnos inmigrantes, distribución por centros y
niveles, distribución según titularidad de los centros, procedencia y género.
Segundo, examen y valoración de las políticas educativas puestas en práctica por las distintas administraciones competentes, con especial consideración de los resultados
académicos del alumnado inmigrante.
Tercero, estudio empírico, cuantitativo y cualitativo, sobre la realidad educativa de los alumnos inmigrantes en las comunidades autónomas donde se escolariza un mayor número de ellos y en un número de centros
estadísticamente representativo, a través de encuestas, entrevistas y visitas. Cuarto, análisis e interpretación de la información obtenida y formulación de las conclusiones a que hubiera lugar. Quinto, preparación de propuestas concretas de
actuación que el Defensor del Pueblo podrá formular a los órganos legislativos y a las distintas administraciones públicas, si así lo estima oportuno, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 18 a 30 de su ley orgánica.
Para la realización del estudio se contó con la inestimable colaboración de varios institutos universitarios especializados en materia educativa y colaboradores habituales de Unicef Comité Español. En concreto, trabajaron en esta
investigación el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia (IUNDIA) y el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Docente (IDEA). Quiero aprovechar para agradecer la presencia en esta comparecencia de Esperanza
Ochaíta, catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, y de Mari Ángeles Espinosa, profesora titular de la misma asignatura, que han sido de alguna manera protagonistas y autoras especiales de este
estudio, en colaboración y por el convenio que tiene establecido Unicef Comité Español con la Universidad Autónoma.
Aunque se barajaron algunas otras alternativas, se decidió finalmente centrar la investigación en los niveles educativos de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria impartidos en centros educativos sostenidos
con fondos públicos, esto es, tanto en centros de titularidad pública como en centros privados concertados, y dividirla en dos estudios claramente diferenciados tanto por la metodología utilizada como por el origen de los datos analizados, que
serían de carácter secundario en el primero de los estudios que componen la investigación y de carácter primario en el otro. Así pues, tienen ustedes ante sí un primer volumen de los dos que componen esta investigación, en el que se realiza un
análisis descriptivo de las condiciones de escolarización del alumnado inmigrante en España. Este estudio, tal y como se indica en la presentación que lo acompaña, tiene por objeto conocer con detalle la realidad educativa del alumnado extranjero y
de origen inmigrante en la totalidad de España y en todas y cada una de las comunidades autónomas. Es un estudio elaborado a partir de datos secundarios, esto es, mediante la información proporcionada por las autoridades educativas del Estado y de
las comunidades autónomas a requerimiento de la institución del Defensor del Pueblo. He de confesarles que obtener de nuestras autoridades educativas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, información detallada y con un formato
razonable y homogéneo que incluyese la totalidad o al menos buena parte de las variables solicitadas, no ha sido en absoluto una tarea fácil. Han sido necesarias sucesivas y reiteradas comunicaciones, tanto escritas como telefónicas, para obtener
los datos imprescindibles que permitieran analizar la situación educativa de estos alumnos. Aún así, en algunos casos los datos han sido incompletos y no han permitido llevar a cabo algunas comparaciones que hubieran sido del máximo interés. Por
otro lado, la dilación en el tiempo provocada por la solicitud, obtención y análisis de los datos ha dado lugar a que el estudio venga referido al curso 2000-2001, lo que en cierto modo resta actualidad, especialmente teniendo en cuenta que la
progresión constante de la incorporación de alumnado inmigrante a nuestras aulas es casi geométrica.
Las dificultades han sido también involuntarias. Como les digo, ha habido dificultades con las administraciones educativas, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, pues algunas comunidades autónomas nos facilitaban datos del
curso 2001-2002 cuando se les solicitaba el 2000-2001 y había algunas otras comunidades autónomas que acaban de asumir las competencias y que tenían dificultades para facilitarnos estos datos. Recabamos también datos de otras administraciones del
Ministerio del Interior, y vimos la disparidad que se daba en los datos facilitados por el Ministerio del Interior respecto a los que nos daban las autoridades educativas, pero al final se vio con claridad que, efectivamente, el Ministerio del
Interior tenía los datos de aquellas familias que estaban en una situación regular en España, mientras que la administración educativa nos daba los datos de todos los niños, estuvieran
sus padres en situación regular o irregular en España, es decir, de todos los niños que estaban escolarizados y que hacían uso del derecho que tenían a la educación, lo que originaba la disparidad. Por eso digo, por ilustrarles las
dificultades a que me refiero, que no había obstrucción a la investigación o a la petición del Defensor del Pueblo, sino dificultades propias inherentes a la problemática que tiene este tipo de estudio.
En todo caso, este estudio, aun con las carencias que se han mencionado, proporciona información cuantitativa y estadísticamente significativa sobre el alumnado extranjero y de origen inmigrante en España y, en cada caso, de cada una de las
comunidades autónomas, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información se analiza con el máximo detalle posible en relación con las variables que se consideraron de mayor interés. Así, se examinan los datos en razón de la
zona geográfica de procedencia del alumnado o de su familia, también en función del tamaño de la población en la que residen (según esta sea de más o de menos de 20.000 habitantes); asimismo, se analizan los datos en razón de la titularidad del
centro educativo en el que los alumnos de origen inmigrante están escolarizados y en razón del nivel educativo en el que se encuentran y, finalmente, se determina el género al que pertenecen los alumnos.
Para completar la información que proporciona este estudio y poder cotejarla con otros datos preexistentes de manera que pueda verse con claridad cuál está siendo la evolución del alumnado de origen extranjero inmigrante en nuestro país, se
comparan los resultados obtenidos con los que proporcionan otros estudios cuantitativos y descriptivos realizados anteriormente en España sobre el fenómeno de la inmigración. Todo ello proporciona lo que podríamos denominar un mapa escolar del
alumnado extranjero y de origen inmigrante en nuestro país, que debiera ser punto de partida para futuros estudios similares que permitiesen hacer series o secuencias permanentemente actualizadas a través de las cuales se pudiera tener no sólo una
visión precisa y exacta de lo que acontece en cada momento, sino también de la progresión que tenga la escolarización de este alumnado. Podríamos decir que este estudio cuantitativo casi con toda seguridad ha quedado obsoleto si se tiene en cuenta
que en el curso 1997-1998 el alumnado de origen inmigrante era el 1,1 por cien y que en el curso 2000-2001 era del 2,22, o sea que se había más que duplicado, y podemos deducir que en el próximo curso 2003-2004, a punto de comenzar, probablemente se
haya duplicado también este porcentaje. No obstante, como les decía anteriormente, será útil en la medida que nos permita hacer series o secuencias actualizadas.
El estudio da datos muy significativos de los que voy a resaltar alguno.
El 71 por ciento de los escolares de origen extranjero estudian en municipios de más de 20.000 habitantes, frente al 28 que estudian en municipios de menos de 20.000.
Respecto a la titularidad, algo ya tan manido porque ha habido un debate mediático del que hablaremos a lo largo de mi intervención, en centros públicos estudia el 79,70 y en centros privados concertados, el 20,30. En ciclos de infantil y primaria
se escolariza el 67,64 por ciento de los escolares; frente al 32,26 que estudian secundaria. Respecto a la procedencia del alumnado extranjero, el 33,70 procede de América Latina y Caribe; el 31 y pico, de África, y especialmente del Magreb, el
26,83; de la Unión Europea, el 17; del resto de Europa, el 8; de Asia, el 6,71, y de Norteamérica, el 2,08.
Es importante resaltar que la distribución por comunidades autónomas -les voy a comentar cuatro o cinco de las que luego han sido estudiadas monográficamente en el estudio cualitativo-, Madrid escolariza el 28,78 y es la comunidad española
que más inmigrantes escolariza, representando el 4,97, casi el 5 por ciento, del total de su alumnado. Cataluña escolariza el 18,26, lo que representa el 2,46 del total de su alumnado. Andalucía escolariza el 11,23 del total de alumnos
extranjeros, que representa el 1,17 del total de su alumnado. Valencia escolariza el 7,14 del total de alumnos inmigrantes, que representa el 1,58 del total de su alumnado.
Murcia, el 3,23 de alumnos extranjeros, que representa el 2,09 del total
de su alumnado. Baleares y Canarias escolarizan un alto porcentaje, el 4,33 y 7,83, respectivamente, de alumnos extranjeros, pero son mayoritariamente de origen de países de la Unión Europea. En Ceuta y Melilla -y este dato es muy importante- el
porcentaje de alumnos extranjeros respecto al total es 2,57, que sin embargo representa el 12,43 del total del alumnado de su comunidad autónoma, que es un dato muy relevante de estas dos ciudades.
El segundo de los trabajos que componen esta investigación está constituido por un estudio empírico de la realidad educativa. Se ha realizado a partir de la información directa proporcionada sobre su propia experiencia por los principales
partícipes del proceso educativo: equipos directivos de los centros, profesorado, padres y madres de alumnos y, por supuesto, los propios alumnos y alumnas escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos. El estudio de campo es mucho más
reciente, se hace un curso después, en el curso académico 2001-2002. La finalidad de este estudio, expresada de un modo muy resumido, se centra en conocer qué esta sucediendo en los centros docentes con la continua progresión e incorporación de
alumnos extranjeros y de origen inmigrante, qué piensan y sienten al respecto los principales actores del proceso de enseñanza y aprendizaje y qué relaciones establecen entre ellos, qué obstáculos y dificultades se encuentran, qué progresos se han
realizado y qué iniciativas son las que hasta ahora han tenido más éxito. Los objetivos que se persiguen son: conocer las características sociales y educativas del alumnado de origen inmigrante y analizar la situación de los centros educativos que
escolarizan
a este tipo de alumnado; conocer las actitudes del profesorado ante la inmigración y las repercusiones que tiene sobre el funcionamiento de los centros; conocer el tipo de relaciones que el profesorado establece con los alumnos cuyos
progenitores proceden de otros países; conocer las opiniones del profesorado y equipo directivo sobre las repercusiones posibles y posibles cambios que supone la presencia de alumnos inmigrantes; analizar la actitud del alumnado, tanto autóctono
como de origen inmigrante, hacia la inmigración; estudiar las relaciones que se establecen entre alumnado autóctono e inmigrante, así como las que establecen profesores y alumnos; conocer las expectativas que tiene el alumnado acerca del nivel de
estudios que va a alcanzar; conocer las áreas del conocimiento en las que, a juicio del alumnado, se plantean mayores dificultades; analizar las actitudes de los padres, tanto inmigrantes como autóctonos, acerca de la inmigración; conocer la
valoración que los progenitores inmigrantes hacen de los servicios sociales y educativos; conocer las expectativas que los progenitores tienen acerca del nivel de estudios que van a alcanzar sus hijos; comprobar e interpretar la información de las
distintas fuentes que integran la comunidad educativa (alumnado, profesores, equipos directivos y progenitores); valorar la situación en la que se encuentran en la actualidad los distintos centros educativos estudiados, y, finalmente, formular
propuestas para una mejor oferta de calidad en la educación para todos los alumnos.
Aunque lo deseable hubiera sido que la investigación se desarrollase en el territorio de todas las comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, hubo de restringirse el ámbito de la muestra para que esta fuera
asumible por el Defensor del Pueblo aun contando con la generosa colaboración de Unicef, tanto desde el punto de vista del personal necesario como del coste económico de la investigación. Se decidió, por tanto, limitar la investigación al ámbito
territorial de cinco comunidades autónomas que se consideraron especialmente representativas en materia de escolarización de alumnado inmigrante, por ser las que acogen un mayor número de este tipo de alumnos. Debe puntualizarse aquí que por número
de alumnos extranjeros y de origen inmigrante hubiera debido incluirse la Comunidad Autónoma de Canarias; sin embargo, el hecho de que parte de los alumnos allí escolarizados, si bien tienen la condición de extranjeros, no podrían ser calificados
como inmigrantes a efectos de este trabajo porque hay muchos alumnos que proceden de la Unión Europea o de Norteamérica, más el problema de sobrecoste económico que exigía el desplazamiento del personal que había de realizar el trabajo de campo
hasta el archipiélago, nos hicieron desistir del deseo inicial de incluir en el trabajo de campo a esta comunidad autónoma.
Como es habitual en este tipo de investigaciones, el trabajo se realizó mediante un estudio piloto en el que se pusieron a prueba los cuestionarios elaborados a este fin. En razón de los resultados obtenidos en este estudio piloto, se
elaboraron ya los cuestionarios definitivos para los alumnos, padres, profesores y equipos directivos, así como un cuestionario de contexto, y se procedió a seleccionar una muestra representativa de centros educativos públicos y privados concertados
que escolarizan alumnado de origen inmigrante en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Murcia. Quiero hacer hincapié en la importancia que tiene este segundo estudio, porque les decía que el primero ha podido quedarse
obsoleto y que prácticamente nos va a servir para establecer secuencias y para hacer estudios comparativos, pero yo creo que este va a tener mucha más permanencia en el tiempo porque estudia actitudes de padres, de alumnos y de profesores y hace un
estudio analítico de la situación de los centros educativos. Hay, por ejemplo, un cuestionario para la dirección de los centros en el que se les hace 30 preguntas sobre las ventajas y desventajas de que haya alumnos inmigrantes, si es positiva o
negativa la inmigración en los centros, qué medidas consideran más importantes para el buen funcionamiento de estos centros, cuáles son los principales factores de integración y planes específicos que tiene el centro para la integración de estos
niños, por citarles algunas de ellas. En el del profesorado, que tiene 41 preguntas, se les pregunta qué materias son más difíciles para los alumnos, cómo se organizan los grupos, cuál es el material didáctico utilizado, cuál es la participación de
los alumnos en las tareas, qué medidas cree que hay que adoptar para una mayor integración, satisfacción o insatisfacción con sus condiciones de trabajo, carencias y necesidades en el aula, actitudes ante el fenómeno de la inmigración, y también se
les pide que aporten sugerencias. El cuestionario para los alumnos tiene 39 preguntas sobre la situación social familiar, la valoración de sus compañeros y profesores, las dificultades que encuentran en el aprendizaje, cómo son las relaciones de
compañerismo, qué expectativas escolares y profesionales tienen, etcétera. A las familias se les pasa también un cuestionario con 23 preguntas sobre valoración del centro y profesores, valoración sobre la convivencia escolar de sus hijos,
valoración sobre satisfacción o insatisfacción con la educación de sus hijos, etcétera. Hay también un breve cuestionario de contexto con 9 preguntas sobre la profesión de los padres, nivel de estudios, si tiene coche la familia, el tipo de
vivienda, libros o prensa que se maneja en el ámbito familiar, es decir, un cuestionario de contexto. Por eso les digo que el segundo estudio es muy rico y va a ser un instrumento muy útil para la comunidad educativa y, sobre todo, para las
autoridades educativas y que va a tener mucha más permanencia en el tiempo que el primero.
La muestra estuvo formada por un total de 181 centros de educación primaria y secundaria: 41 en Madrid, 41 en Cataluña, 37 en la Comunidad Valenciana, 40 de
Andalucía y 22 de Murcia. Se pasaron entrevistas a un total 1.270 alumnos y alumnas de origen inmigrante y a 10.936 alumnos autóctonos, compañeros de aula de los anteriores. Asimismo, se pasaron encuestas a 2.222 profesores y profesoras y
a 275 familias inmigrantes, así como a 5.123 familias autóctonas. La recogida de los datos en los centros educativos, como les dije anteriormente, se llevó a cabo durante el curso 2001-2002.
Cada uno de los dos estudios que hasta aquí les he descrito incorpora un apartado de conclusiones donde se destaca lo que tiene mayor interés. No voy a atormentarles con un aluvión de cifras y datos, olvidados al tiempo que oídos, porque
esas cifras y datos sólo alcanzan su valor cuando se examinan en el contexto exacto en el que figuran. Sí quiero mencionarles expresamente que los datos y cifras que figuran en el primer estudio son única y exclusivamente los proporcionados
directamente por las autoridades educativas para cada ámbito territorial de responsabilidad, y que los que figuran en el segundo estudio son los proporcionados directamente por los partícipes principales del proceso educativo a los que se ha
encuestado. Esta institución y quienes han colaborado en la realización de estos trabajos han limitado su labor a examinar, organizar, comparar, analizar y presentar esos datos para que sean los destinatarios del trabajo, los profesionales de la
educación y la docencia, los gestores educativos, quienes extraigan las conclusiones particulares que a su juicio procedan. Por este motivo, las conclusiones que se incluyen en cada uno de los estudios tienen un carácter general exento en lo
posible de cualquier componente valorativo - quiero realzar este dato-, porque al fin y al cabo no son más que expresión sucinta y resumida de lo que los datos y las cifras dicen por sí mismos. Es en el apartado destinado a efectuar recomendaciones
donde el Defensor del Pueblo expresa sus opiniones y pareceres y propone la adopción, el impulso o el mantenimiento de determinadas líneas de conducta que, a juicio de la institución, pueden contribuir a la solución de los problemas detectados. Les
ahorraré, por tanto, no sólo la lluvia de cifras y porcentajes, sino también el resumen apresurado de las conclusiones de los estudios realizados, porque, a mi juicio, será más útil que en esta comparecencia se expliquen las recomendaciones que el
Defensor del Pueblo formula al hilo de esta investigación y de las que cabe deducir sus opiniones.
No me resisto, sin embargo, a la tentación de trasladar aquí algunas consideraciones valorativas que se contienen en la presentación que abre el primer volumen del informe, porque en mi opinión reflejan con suficiente precisión la sensación
global y la visión de conjunto que proporciona la lectura atenta de todo el trabajo. Se dice allí que el panorama general que resulta de las investigaciones efectuadas admite lecturas diversas según se quiera poner el énfasis en uno u otros
aspectos. Una primera impresión positiva se produce al comprobar que el sistema educativo español ha podido absorber hasta el presente sin dificultades extraordinarias el creciente volumen de alumnado de origen inmigrante que en estos últimos años
viene incorporándose a nuestras aulas. Ahora bien, esta absorción ha corrido paralela a la progresiva disminución de alumnado autóctono, y cabe preguntarse qué hubiera ocurrido si este último alumnado se hubiera mantenido estable, al tiempo que
queda por ver si la impresión positiva que en general transmite la presente investigación podrá mantenerse en lo sucesivo de continuar el actual ritmo de crecimiento del alumnado extranjero y de origen inmigrante. En todo caso, parece que la
atención prestada a este asunto por las autoridades responsables, bien sea por propia iniciativa o por la presión que produce el evidente interés social que existe en torno a la inmigración, ha evitado hasta ahora el recurso a la improvisación y la
urgencia. De hecho, los resultados del estudio parecen acreditarlo, poniendo además de manifiesto la homogeneidad en las respuestas, ya que no se han hallado diferencias significativas entre las diferentes comunidades autónomas examinadas.
Podríamos decir que disponemos de un sistema educativo bastante homogéneo en todo el territorio nacional, independientemente de la administración que lo gestione.
Ahora bien, la impresión general positiva no debe hacernos perder de vista el detalle. Son cotidianas las informaciones de los medios de comunicación que destacan carencias, dificultades, deficiencias a las que se enfrentan puntualmente un
número significativo de centros educativos, generalmente de titularidad pública, que escolarizan a un elevado porcentaje de alumnos de origen inmigrante, las más de las veces en entornos socioeconómicos muy desfavorecidos. La investigación refleja
estos hechos y pone de manifiesto que es aquí donde realmente la intervención resulta absolutamente imprescindible. El trabajo de investigación demuestra que la variable concentración, es decir, el examen de los centros educativos con porcentajes
de alumnado de origen inmigrante superiores al 30 por ciento, da lugar a valoraciones negativas de la situación por parte de la práctica totalidad de los integrantes de la comunidad educativa. Demuestra también la investigación que el alumnado de
origen inmigrante se escolariza mayoritariamente en centros de titularidad pública, y no en centros privados concertados; y también demuestra que los centros públicos que escolarizan mayores porcentajes de alumnado de origen inmigrante son los que
se ubican en entornos socioeconómicos desfavorecidos o deprimidos.
Todos estos desajustes exigen una perentoria llamada de atención: hay que equilibrar el sistema interviniendo decidida y puntualmente donde se plantean estos problemas; debe evitarse la concentración excesiva de alumnos de origen
inmigrante, y con mayor motivo aún si esta se produce en centros educativos en los que se dan las circunstancias económicas y sociales que
exigen medidas de compensación educativa adicionales a las que ya de por sí exige la escolarización de este tipo de alumnado; hay que supervisar con extrema atención los procesos de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos
públicos, para que se respeten los criterios previstos en las normas y que tanto el sector de titularidad pública como el de titularidad privada concertada asuman la responsabilidad que les corresponde de acuerdo con el peso específico que tienen en
el sistema educativo. Si las circunstancias lo requieren, deben introducirse en este régimen de admisión de alumnos las medidas preventivas o cautelares precisas para garantizar la adecuada distribución del alumnado. En último término, si existen
razones que lo justifiquen, deben adoptarse medidas proporcionadas de limitación del derecho a la libre elección del centro educativo, para que la suma de voluntades individuales no impida o dificulte el pleno ejercicio del derecho a la educación.
Una segunda impresión positiva que se deduce de los resultados de la investigación efectuada es la derivada de la valoración que sobre su situación personal y educativa formulan los alumnos y sus familias, y asimismo la que los equipos
directivos y los docentes formulan sobre los centros en los que trabajan y en los que se escolariza a alumnos de origen inmigrante. En líneas generales, los alumnos, tanto autóctonos como de origen inmigrante, están satisfechos de la atención que
reciben, manifiestan tener entre ellos buena relaciones y sus expectativas de futuro son incluso mejores que las que cabe deducir de los resultados que se vienen dando en el actual sistema educativo. También el profesorado y los equipos directivos
de los centros valoran positivamente la incorporación de alumnos de origen inmigrante al sistema educativo y tienen también, en general, una opinión favorable sobre las expectativas de su alumnado. Pero también aquí esta impresión, inicialmente
positiva, no les debe ocultar la existencia de problemas relevantes que deben atenderse de inmediato. Cuando el porcentaje de alumnado de origen inmigrante escolarizado en el centro supera el 30 por ciento, las opiniones de profesores y alumnos
dejan de ser positivas. Incluso con porcentajes menores, hay un volumen significativo de alumnos, particularmente en secundaria, que manifiesta una opinión negativa sobre la incorporación de alumnado de origen inmigrante en sus aulas. Los
resultados académicos del alumnado de origen inmigrante resultan significativamente peores que los de los alumnos autóctonos en algunos cursos de secundaria. La lengua y las matemáticas son las áreas de conocimiento que plantean mayores problemas,
y la escolarización obligatoria del alumnado de origen inmigrante en secundaría podría no estarse cumpliendo en determinadas condiciones de género y origen geográfico.
A todo esto y a algunas otras cosas quiere hacer frente el Defensor del Pueblo recomendando la adopción o el mantenimiento de determinadas líneas de actuación a las autoridades públicas con responsabilidad en materia educativa. No se
pretende con ello -ojalá se pudiera-, aportar soluciones mágicas ni tan siquiera originales para la solución de los problemas y las deficiencias detectadas; lo que se intenta es que no se desatienda el cuidado de un asunto de importancia presente y
de gran trascendencia futura, en el que ya existen políticas e intervenciones que la experiencia acredita como positivas y que deben potenciarse y extenderse para suturar las fisuras del sistema actual.
Comenzando por lo más general, las recomendaciones se abren con una llamada de atención sobre la necesidad de que, en el ejercicio de todas las competencias ejecutivas y normativas, las autoridades responsables tengan siempre presente la
realidad del fenómeno migratorio y su seguro incremento futuro, para evitar así que más adelante la improvisación o la imprevisión obligue a actuaciones urgentes decididas con precipitación, insuficientemente planificadas y de resultados siempre
dudosos. En esta línea, además de lo expresado, se propugna la organización por parte de las autoridades competentes en materia educativa y de inmigración de sistemas armonizados y homogéneos y, en todo caso, compatibles entre sí, de recogidas de
datos y de tratamiento de la información que posibiliten un conocimiento detallado del fenómeno migratorio y de las características del alumnado que de él se deriva. Asimismo, se propone que las autoridades promuevan la realización periódica de
trabajos y estudios en la línea del que ahora se presenta, para contribuir también al mejor conocimiento del fenómeno, y particularmente sobre la situación académica y los resultados que obtienen los alumnos de origen inmigrante.
En relación con el profesorado, elemento esencial para la buena gestión de este asunto, se plantean algunas propuestas, ya en marcha casi todas, con las que se pretende facilitar, reconocer y recompensar su labor. Así, por ejemplo, se anima
a las administraciones educativas a proseguir la labor de formación permanente del profesorado y a la elaboración de materiales didácticos y pedagógicos que les sirvan de apoyo en la escolarización del alumnado inmigrante. Dado que la atención a
este alumnado requiere sin duda alguna un mayor esfuerzo y una dedicación más intensa, se propone también que exista una compensación retributiva adecuada que valore el trabajo de los docentes. Como también la experiencia tiene indudable valor en
este campo, se propugna que los equipos docentes que la poseen gocen de facilidad a la hora de la provisión de puestos de trabajo, para asegurar la estabilidad de estos profesionales en los puestos en los que dicha experiencia sea de interés. El
trabajo de campo ha puesto de manifiesto que, entre las diversas medidas arbitradas por las administraciones educativas, la que más valoran los docentes es la asignación de profesorado de apoyo que colabore en los trabajos ordinarios del aula.
Siendo
esto así, se recomienda a las administraciones educativas que, en la medida de lo posible, den preferencia a esta vía de colaboración sobre las restantes. Con carácter más general, aunque también en relación con el profesorado, se apunta la
posibilidad de que los programas de estudio que se cursan en las escuelas de formación del profesorado incluyan como materia curricular contenidos y aprendizajes relativos a la recepción, el tratamiento y la enseñanza del alumnado extranjero o de
origen inmigrante, con tradiciones culturales y religiosas propias. Por último, se recomienda también que todas las medidas aquí expresadas no se limiten a los centros educativos de titularidad pública y su personal docente, sino que se extiendan
también -y esto vale para la totalidad de las recomendaciones que formula esta institución, aunque a ello aludiré más adelante- a los centros privados que han suscrito conciertos educativos con las administraciones correspondientes.
La participación de las familias de los alumnos en el proceso educativo de estos es fundamental. La investigación realizada detecta que la participación de las familias del alumnado de origen inmigrante es considerablemente menor que la de
las familias de los alumnos autóctonos; también se aprecia que aquellas familias, pese a tener niveles educativos iguales o superiores a los de estas, no disponen de lo que podríamos llamar equipamiento cultural adecuado (libros y otros materiales
didácticos, ordenadores, etcétera) para cooperar en el proceso educativo de sus hijos. En razón de ello, se recomienda incrementar el apoyo a las familias de los alumnos en diversos frentes: facilitando los centros educativos el equipamiento
cultural del que no disponen las familias, ampliando el horario de apertura de los centros para que estos alumnos usen sus instalaciones, informando a las familias de sus derechos en relación con la red de centros sostenidos con fondos públicos,
fomentando la participación en las actividades escolares y alentándola a través de las organizaciones y asociaciones que desarrollan habitualmente esa actividad en el campo de la inmigración.
Las propuestas que tienen como destinatarios directos o indirectos a los alumnos de origen inmigrante abarcan muy diversos ámbitos y tienen un carácter más genérico o específico según el colectivo de alumnado al que se refieran. Como a
estas alturas de mi intervención estoy seguro de que agradecerán que no les detalle cada una de las propuestas que se efectúan, me limitaré a mencionar alguna de ellas, que se ha considerado de mayor interés y que además ha dado lugar a una cierta
polémica, en cuya raíz puede encontrarse una incompleta comprensión del alcance de las propuestas del Defensor del Pueblo. Me estoy refiriendo a las conclusiones de la investigación relativas a la distribución desigual del alumnado de origen
inmigrante entre los centros de titularidad pública y entre éstos y los de titularidad privada con concierto educativo, y las medidas a través de las cuales se propone corregir este desequilibrio.
Conviene comenzar efectuando una primera advertencia: todos los partícipes del proceso educativo -alumnos, familias, profesores y equipos directivos- coinciden en que la concentración de alumnos inmigrantes por encima de ciertos niveles,
que pueden situarse alrededor del 30 por ciento del alumnado total del centro, perjudica el proceso de enseñanza y aprendizaje, deteriora la convivencia en el centro y su imagen exterior y, en definitiva, dificulta el adecuado ejercicio del derecho
a la educación de todos los alumnos. Como ustedes pueden comprender, esta circunstancia preocupa a la institución que represento. Una segunda advertencia también resulta necesaria: las conclusiones a las que llega el informe sobre la existencia
de desequilibrios en la escolarización de este alumnado entre los centros que componen la red pública (centros de titularidad pública y centros de titularidad privada con concierto) son estrictamente los que se derivan de los datos proporcionados
por las administraciones educativas y carecen en sí mismas de componente valorativo alguno por parte de esta institución. De esos datos, que, insisto, son los proporcionados por las autoridades educativas, resulta que el 79,7 por ciento de los
alumnos de origen extranjero escolarizados en este país cursa sus estudios en centros de titularidad pública, y sólo el 20,3 por ciento en centros de titularidad privada concertada. Hay que tener en cuenta -y así se hace constar también
expresamente en el informe- que el peso específico de los centros de titularidad privada concertada es diferente del peso específico que tienen los centros de titularidad pública. En concreto, los centros públicos reciben aproximadamente el 66 por
ciento del alumnado total escolarizado en la red sostenida con fondos públicos, mientras que los privados concertados sólo escolarizan al 33 por ciento restante. Pero aun teniendo en cuenta esta consideración, de los datos analizados resulta que el
2,6 por ciento del total del alumnado escolarizado en centros de titularidad pública es extranjero, y que este porcentaje se reduce al 1,3 cuando se trata de centros privados concertados. Si en vez de referirnos al alumnado de origen extranjero,
nos referimos al alumnado de origen inmigrante, es decir, excluimos del cómputo a los alumnos procedentes de los países que integran la Unión Europea y los que proceden de América del Norte, el resultado es que en los centros de titularidad pública
se escolariza el 82,01 por ciento de estos alumnos, y en los privados concertados el 17,99, lo que representa el 2,2 por ciento y el 0,9 por ciento de su alumnado total, respectivamente.
Tenemos, pues, en lo expresado hasta aquí, dos hechos que a juicio de esta institución precisan la adopción de medidas correctoras. Por una parte, parece necesario evitar los elevados índices de concentración de alumnado de origen
inmigrante que se dan en determinados centros educativos y, por otra, resulta conveniente equilibrar el reparto de alumnado de origen inmigrante entre todas las redes y centros educativos,
de acuerdo con el peso específico que cada una de estas redes tiene en la escolarización del alumnado de nuestro país. En definitiva, se trata de evitar la concentración de alumnado de origen inmigrante por encima del 30 por ciento en
centros, independientemente de su titularidad, porque hay privados concertados con alta concentración de inmigrantes y públicos también con baja concentración de escolarización de niños inmigrantes. ¿Y cómo se logra esto? Pues para ello el
Defensor del Pueblo propone en sus recomendaciones la adopción de algunas medidas, que no deben entenderse en ningún caso como excluyentes de cualesquiera otras ni como imperativas, las cuales, a su juicio, pueden contribuir a la solución del
desequilibrio y de las deficiencias que el mismo conlleva.
Se parte, para empezar, del entendimiento de que una adecuada información a las familias de los alumnos de origen inmigrante -bien sea directamente o bien a través de asociaciones u organizaciones representativas de este colectivo- sobre los
requisitos y condiciones de la escolarización en centros públicos y privados concertados y sobre la gratuidad de estas enseñanzas en los niveles de escolarización obligatoria, podría contribuir significativamente a la resolución de este
desequilibrio. Por este motivo se recomienda la realización de campañas informativas tendentes al objetivo que acaba de ser descrito. Pudiera ser también que los procesos de admisión de alumnos no estuvieran llevándose a cabo con plena sujeción a
las normas que los regulan. Por este motivo, se recomienda también que las autoridades educativas incrementen el control sobre los procesos de admisión de alumnos, para garantizar su transparencia y su adecuación a la normativa reguladora en la
totalidad de los centros sostenidos con fondos públicos. Estas dos medidas, a juicio de esta institución absolutamente justificadas, podrían complementarse con la adopción de cualesquiera otras que consideren procedentes, como la previsión de cupos
de reserva de plazas en los centros obtenidos con fondos públicos o similares, cuya finalidad fuera equilibrar la escolarización de alumnado inmigrante entre los diversos centros educativos. Si con las medidas hasta aquí descritas no se lograse un
razonable equilibrio en la escolarización de este alumnado, parece imprescindible pensar en la posible revisión del marco normativo y organizativo vigente, para introducir en él las modificaciones que se consideren necesarias para el logro de tal
objetivo. Por este motivo, se recomienda la adopción de las medidas normativas y organizativas que fuesen precisas para alcanzar el objetivo de que cada sector de centros sostenidos con fondos públicos escolarice a estos alumnos en razón de su
respectivo peso específico. En todo caso, esta institución es plenamente consciente de que el equilibrio a que debe tenderse no es ni mucho menos un equilibrio aritmético, ya que en buena media este va a depender de la libre voluntad de los padres
de los alumnos de origen inmigrante en el ejercicio de su derecho a la elección de centro docente. Precisamente el ejercicio de ese derecho combinado con otros factores socioeconómicos evidentes conduce a que en algunos centros educativos concretos
la concentración de alumnado de origen inmigrante supere el 30 por ciento de su alumnado total, llegando en algunas ocasiones a suponer incluso más del 50 por ciento del total de alumnos del centro educativo.
Ya se ha dicho que todos los partícipes en el proceso educativo -padres, alumnos, profesores y equipos directivos de los centros- manifiestan que de este modo se deterioran significativamente las condiciones de convivencia, de impartición de
la enseñanza y de adquisición de los aprendizajes y se perjudica, en definitiva, el derecho a la educación de todos los alumnos. Saben ustedes bien que el Defensor del Pueblo tiene como misión garantizar el pleno ejercicio de los derechos
fundamentales, y nada más lejos de su intención que animar o alentar la limitación del ejercicio de cualquiera de ellos. Como reiteradamente ha dicho el Tribunal Constitucional, los derechos fundamentales no son derechos absolutos e ilimitados;
por el contrario, su ejercicio está sujeto también a límites expresos constitucionalmente como a otros que pudieran fijarse para proteger o preservar otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. (Sentencia del Tribunal Constitucional
11/1981 y muchas otras posteriores). En razón de ello, y considerando que la salvaguarda del derecho a la educación debe prevalecer sobre la salvaguarda de una de las facultades que incluyen este derecho, aunque tal facultad se configure como un
derecho autónomo, tal y como ocurre en el caso del derecho a la libre elección de centro, el Defensor del Pueblo ha considerado su deber recomendar el establecimiento de limitaciones al derecho a la libre elección de centro cuando su ejercicio
irrestricto pueda suponer un perjuicio evidente al derecho a la educación de todos los alumnos. Está claro, y debiera ser innecesario hacer esta advertencia, que la limitación al derecho a la libre elección de centro debe ser, en todo caso, una
medida excepcional que sólo debe preverse para cuando no resten otras alternativas. En segundo lugar, está claro también que limitaciones de este carácter sólo pueden establecerse cuando lo justifique la protección del derecho a la educación, y de
forma y con contenidos además absolutamente proporcionados al fin que se pretende conseguir. Con ello se pretende seguir estrictamente la doctrina del Tribunal Constitucional, que viene exigiendo sistemáticamente no sólo la justificación de la
medida limitativa del derecho en la salvaguarda de otros bienes o derechos constitucionalmente protegibles, sino también la racionalidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas, para que los destinatarios de la norma no sean víctimas de un
tratamiento desigual.
Todo lo expuesto se deduce de los términos de la recomendación que se incluye en el informe, y me gustaría despejar cualquier duda al respecto.
Por si
la hubiera, enuncio aquí lo que en esta recomendación se ha pretendido: proteger el derecho a la educación de todos los alumnos escolarizados en determinados centros educativos cuando la concentración en dichos centros de alumnos de origen
inmigrante, por sí mismo o por su coincidencia con otros colectivos de alumnos precisados de medidas de apoyo o de compensación educativa o con las circunstancias específicas del centro o de su entorno socioeconómico, impidan o dificulten gravemente
el adecuado desenvolvimiento del servicio educativo. Lo cierto es que estas medidas propuestas por el Defensor del Pueblo han tenido una cierta repercusión en la prensa y otros medios de comunicación y han originado algún debate, en el que se han
lanzado voces contrarias a la adopción de las medidas propuestas. Es posible que subyazca en este desacuerdo una incompleta comprensión del sentido general de las propuestas efectuadas por esta institución, quizá porque la extensión de los trabajos
de investigación efectuados y la exposición de sus resultados sea excesiva y no se haya sabido transmitir adecuadamente el resumen de sus contenidos. La institución del Defensor del Pueblo no ha querido participar en el debate mediático, en primer
lugar, para que no se pudiera entender que fomentamos un falso enfrentamiento entre escuela pública y escuela privada, que está totalmente alejado de la institución que represento, y, en segundo lugar, porque entendemos que los destinatarios de
nuestras reflexiones deben ser SS.SS. y que tenemos la obligación de realizar estas reflexiones en sede parlamentaria, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, y subsidiariamente con las administraciones públicas competentes, dentro de
nuestra labor de control, mediación e interlocución con las mismas. Espero que con lo expresado hasta aquí se hayan resuelto las dudas que al respecto pudieran tener SS.SS.; si no es así, estoy a disposición en el resto de la comparecencia.
No quisiera terminar mi intervención sin reseñarles un par de recomendaciones que a mi juicio son de sumo interés y que hasta el presente parecen haber pasado desapercibidas. En primer lugar, entre las recomendaciones efectuadas por el
Defensor del Pueblo se incluye una tendente a que las medidas de apoyo arbitradas por las administraciones competentes a favor de los centros que escolarizan alumnos de origen inmigrante se extiendan a los centros de titularidad privada, con
conciertos educativos en términos similares o idénticos a lo previsto para los centros de titularidad pública. Si esta institución es partidaria de que se equilibre la distribución de alumnos de origen inmigrante entre todos los tipos de centros,
teniendo en cuenta el peso específico de cada uno de ellos, también lo es de que los centros privados concertados reciban los mismos apoyos que reciben los centros de titularidad pública. Si no es así, difícilmente se le puede exigir a este sector
que asuma deberes para cuya atención no se le proporcionan los medios necesarios. Por último, quisiera reseñar que esta institución está absolutamente convencida de que todas las medidas integradoras que propone, o cualquiera otra que pongan en
práctica las autoridades competentes, únicamente contribuirán al logro de sus objetivos en la medida en que no sean percibidas por la población autóctona como contrarias a sus aspiraciones, expectativas o intereses. Esto tiene una particular
importancia, fácilmente visualizable en el ámbito de las ayudas económicas y los apoyos directos en el contexto escolar. Por este motivo el Defensor del Pueblo recomienda también el incremento de las dotaciones presupuestarias en la medida
necesaria para que la atención del alumnado de origen inmigrante no origine una disminución en la percepción de ayudas por parte de los alumnos autóctonos y, asimismo, que las medidas de apoyo propuestas para aquel alumnado se hagan extensivas,
cuando ello sea conveniente, también a los alumnos autóctonos.
Finalmente, no quiero terminar mi intervención sin hacer alusión a algo que ha tenido también repercusión mediática y puntualizar esa información que ha aparecido en muchos medios de comunicación, que era una conclusión derivada de este
estudio, en que hablaba de que el 35 por ciento del alumnado autóctono es crítico o rechaza al alumnado inmigrante. Se trata de una pregunta que en el cuestionario se contesta con una mul-tirrespuesta. Se le dan cuatro opciones al alumno y se le
pregunta: ¿Cuál de estas frases coincide más con lo que tú piensas? La primera respuesta es: Creo que es bueno que vengan inmigrantes, porque trabajan, crean riqueza y se mantiene la población; la segunda opción: Los inmigrantes tienen derecho
a venir cuando hay trabajo para ellos, pero con control. Estas serían las dos respuestas de alguna manera positivas hacia la inmigración, y las responde positivamente el 65 por ciento de los escolares. La tercera opción que se les da es: A veces
no está bien que vengan inmigrantes, porque pueden restar puestos de trabajo para los ciudadanos españoles. Apunta esta respuesta un 25 por ciento, pero no es una opción ni xenófoba ni de rechazo frontal hacia el fenómeno de la inmigración. Y la
última, que sí es ya una respuesta de rechazo al fenómeno de la inmigración, es: La gente debería quedarse en su país de origen, porque donde hay muchos inmigrantes enseguida aparecen problemas.
Esto lo responde un 10,7 por ciento. Yo me
atrevería a decir que hay que matizar esas informaciones de un 35 por ciento; el 25 de la anterior respuesta y este 10 por ciento, daría un 35, pero yo diría que la anterior respuesta no es un rechazo frontal a la inmigración, sino que los chicos
escuchan en la radio, escuchan a sus familias que hay paro y los inmigrantes pueden ocupar puestos de trabajo que pueden desempeñar personas españolas que están en paro. Se plantean ese problema de que quizá no sería bueno porque quitan puestos de
trabajos, pero no es un rechazo frontal como la última respuesta. Yo creo que es importante que quede constancia en el 'Diario de
Sesiones' de esta puntualización sobre lo que había aparecido.
Nada más. Muchísimas gracias por su atención y estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: No me ausento nunca de las comisiones, pero tengo que dar una explicación de por qué me he ausentado, por respeto al compareciente y a sus señorías. Ha venido un grupo de mi tierra, de La Rioja, de niños y niñas
disminuidos psíquicos. Me han reclamado y yo he ido con ellos a enseñarles un poquito el Congreso. Permítanme que lo diga, porque creo que es de referencia y de respeto al compareciente y a sus señorías. Por el grupo de Entesa Catalana del
Progrès, tiene la palabra el señor Batlle.
El señor BATLLE FARRÁN: Señor adjunto, para la realización de este estudio monográfico que hoy nos ocupa (que, por cierto, está hecho con la precisión, metodología y rigor al que nos tiene acostumbrados la institución) se ha utilizado toda
una serie de variables posibles para conocer primero la situación real y proponer o recomendar después aquellas soluciones que a juicio de la institución, que usted hoy representa, pueden incidir en la mejora de las condiciones escolares de los
alumnos y alumnas de origen extranjero e inmigrante. Señor Aguilar, no he sabido ver en el estudio si los centros educativos analizados pertenecen todos al medio urbano o si hay también alguna referencia y algún centro estudiado correspondiente al
medio rural. En municipios rurales pequeños de las comunidades autónomas analizadas, como en el caso de Cataluña, el problema existe y se acentúa por la falta de personal docente especializado y por la falta de medios disponibles; por lo cual,
señor Aguilar, le agradecería la contestación a esta primera pregunta.
El estudio pone al descubierto una situación que es vox populi, como es la irregular distribución del alumnado. Los centros concertados de titularidad privada escolarizan a un porcentaje de estos alumnos significativamente menor que el
escolarizado en centros de titularidad pública. Además, entre estos últimos centros los que se ubican en entornos de nivel sociocultural más bajo son los que acogen mayores porcentajes de alumnos de origen inmigrante, que en algunos casos llegan a
suponer la mayoría de los alumnos escolarizados en el centro. A tenor de esto, se me ocurren dos preguntas. Primero, si conoce la institución (y puede darme respuesta a cuáles son las razones que a su juicio provocan esta situación) a qué se debe
que los colegios concertados de titularidad privada acojan un número menor de alumnos de origen inmigrante, y cómo es posible y a qué se atribuye que este proceso se repita en todos los centros privados concertados. Ni uno solo de los centros
privados concertados contiene un porcentaje de alumnos semejante siquiera al porcentaje que supone en los centros públicos. He de formularle también la siguiente pregunta: si funcionan los mismos mecanismos en el proceso de admisión de alumnos o
alumnas con las mismas garantías en los centros públicos que en los centros privados concertados.
El estudio refleja también una importante aportación del personal docente, que a menudo, sin contar con medios o con los medios que serían deseables, han sabido dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la escolarización de este
alumnado. Con su esfuerzo personal han suplido la falta de formación específica, la falta de planes de estudio, la falta de material didáctico y pedagógico, sin que esto se haya visto recompensado a efectos retributivos, porque no ha habido ni
gratificaciones, ni indemnizaciones, ni complementos de la retribución.
Al hilo de esta afirmación se me plantean dos preguntas más. ¿Aquellos centros que escolarizan porcentajes elevados de este tipo de alumnado son objeto de medidas específicas,
como la disminución del horario lectivo de los profesores, o no? ¿Se les permiten actividades complementarias para la preparación de materiales o para la tutoría de los alumnos? ¿La normativa sobre provisiones de puestos de trabajo contiene o
prevé garantizar la estabilidad de estos equipos docentes? La escolarización de los alumnos de origen inmigrante es sólo una parte del proceso de integración social de las familias de dichos alumnos, por eso hay que hacer especial mención a la
importancia que, a nuestro entender, tiene la escolarización temprana de los alumnos en educación infantil, el conocimiento de la lengua vehicular de la enseñanza para un correcto aprovechamiento de la escolarización, sin que esto suponga un
entorpecimiento y se pueda obtener un rendimiento razonable de la marcha del grupo en el que se inserte el alumno. A nuestro entender, la actuación coordinada y la cooperación entre los servicios sociales que actúen en el ámbito de influencia de
los centros educativos debería establecer en los centros sistemas docentes de apoyo al alumnado inmigrante, para garantizar también las limitaciones derivadas de las especiales circunstancias de sus familias, por ejemplo, la ampliación del horario
de apertura o una mayor disponibilidad de las instalaciones escolares de equipamientos, como puedan ser las bibliotecas o las aulas informáticas. La creación de un clima positivo de convivencia escolar es imprescindible para generalizar en los
colegios un modelo de educación respetuoso con las diferentes culturas, por lo cual hay que impartir programas específicos de educación intercultural.
Resumiendo, a nuestro entender, se produce una situación que viene derivada de la falta de medios, de la falta de medios humanos y materiales, de la escasa dotación presupuestaria que a este problema ha dedicado el Gobierno, un Gobierno que,
empecinado en el déficit cero, destina muchos menos recursos a aquellas cuestiones que a nuestro entender son básicas y elementales. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Josu Erkoreka, diputado por el Grupo Parlamentario Vasco.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señor Aguilar, buenos días, bienvenido a la Comisión una vez más.
Mi grupo cree que es obligado felicitar, en primer lugar, a la institución por haber abordado este tema, porque además de oportuno se ha logrado un trabajo con seriedad y con rigor; yo, en fin, lo calificaría de excelente. Es un trabajo
que recoge, que ordena, que sistematiza la información necesaria para, por un lado, conocer y evaluar el impacto que la creciente presencia de alumnos de origen extranjero está teniendo en la calidad de la enseñanza y en el funcionamiento de los
centros educativos y, por otro, adoptar en su caso, aunque en este caso la función que compete a la institución no es tanto la de adoptar sino la de recomendar, las medidas que permitan corregir las deficiencias que eventualmente pudieran detectarse
en el análisis empírico previo. El punto de partida inexorable e inevitable de toda aproximación analítica a esta problemática, son las normas básicas que reconocen el derecho fundamental a la educación, y más concretamente el modo en el que estas
normas configuran el derecho a la educación de los ciudadanos extranjeros. Lo cual nos remite inmediatamente a la Ley orgánica reguladora de los derechos y libertades de los extranjeros en España y de su intervención social, la conocida como Ley de
extranjería.
La Ley de extranjería no distingue entre ciudadanos españoles y extranjeros cuando define el ámbito de aplicación subjetiva del derecho a la educación; quizá hace todo lo contrario: establece una equiparación básica entre ambos colectivos.
En esto la norma se aparta claramente de lo que ha establecido en relación con otros derechos fundamentales, como por ejemplo el de reunión, manifestación o asociación, que reconoce genéricamente a todos los seres humanos (también a los
extranjeros), pero cuyo ejercicio condiciona al cumplimiento de determinados requisitos administrativos. En el caso del derecho a la educación esto no ocurre y se produce legalmente una equiparación entre ciudadanos españoles y extranjeros. La ley
dispone expresamente que los extranjeros menores de 18 ejercerán este derecho en las mismas condiciones que los españoles, un derecho que comprende el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica
correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas. Pero todos sabemos que una cosa es la proclamación jurídica de la plena igualdad en el ejercicio del derecho a la educación y otra es su cumplimiento efectivo, el que esa
proclamación jurídica se traduzca en una realidad efectiva. Esta realidad no se produce, esta equiparación real y efectiva no se produce entre ciudadanos de la misma nacionalidad, a los que las diferencias socioeconómicas habitualmente sitúan en
circunstancias y en posiciones radicalmente distintas en punto al ejercicio real y efectivo de este derecho, y, por supuesto, tampoco lo hace entre ciudadanos naturales y extranjeros, entre los que al margen de las diferencias socioeconómicas se dan
también diferencias de otro tipo, como lingüísticas, culturales, religiosas, incluso étnicas, que condicionan fuertemente el ejercicio real de este derecho.
El estudio que hoy analizamos contribuye a romper tópicos, a quebrar prejuicios y actitudes preconcebidas. Aporta, en nuestra opinión, precisiones y matices que ayudan a comprender mejor el complejo fenómeno de la inmigración,
desautorizando (yo creo que se podría utilizar esta palabra) algunos diagnósticos simplistas, formulados con frecuencia con trazos gruesos y a vista de pájaro, que sólo introducen confusión y en nada contribuyen a encauzar y resolver las
conturbaciones que inevitablemente genera en cualquier contexto social, más o menos estructurado, la repentina irrupción de grupos de origen extraño que vienen animados con un firme propósito de asentamiento o integración social. Básicamente, el
estudio empírico, la segunda parte del estudio a que ha hecho referencia el señor Aguilar en su intervención, recoge la opinión de los tres agentes fundamentales que intervienen en el proceso educativo -los padres, los alumnos y los profesores-,
distinguiendo a su vez en lo que a padres y a alumnos se refiere entre autóctonos e inmigrantes, una distinción que en este caso era obligada, era necesaria.
No hubiera estado de más que también incorporase el dictamen de expertos procedentes de
países que cuentan ya con alguna experiencia en esta materia. La aportación de este tipo de expertos hubiese podido completar sin duda alguna la visión que proporcionan los agentes más directamente implicados en el fenómeno. No lo hace, pero ello
no resta valided al trabajo, que suministra una radiografía bastante completa de la visión en la que se encuentra la comunidad escolar en lo que se refiere al ejercicio del derecho fundamental a la educación por parte de los alumnos extranjeros. Es
una radiografía en la que se puede ver, se puede vislumbrar, se puede apreciar la existencia de tres bloques claramente diferenciados, cada uno de los cuales tiene su propio horizonte de inquietudes y de preocupaciones. Se encuentran, por una
parte, unos padres que están interesados en asegurar, en afianzar el nivel académico de los estudios que cursan sus descendientes en una sociedad como la actual, que es enormemente competitiva, y en la que aspectos como la madurez afectiva o la
riqueza de las experiencias personales parecen pesar o importar menos que la formación intelectual en sentido estricto.
Encontramos un segundo bloque, unos alumnos volcados en la búsqueda de experiencias ricas, pero lógicamente inquietos ante
realidades que no acaban de asimilar y de comprender. Y, en tercer lugar, hay unos profesores, unos profesionales preocupados pero al mismo tiempo estimulados por unos desafíos que clarísimamente superan su capacidad de respuesta individual,
y que reclaman una y otra vez insistentemente a las administraciones educativas medidas de apoyo específico que contribuyan a mejorar el servicio público de la educación en un contexto que es tremendamente difícil y que además se complica a
pasos agigantados, conforme la presencia de alumnos de origen extranjero, especialmente inmigrante, se incrementa en los centros educativos.
El cruce de muchos de los datos que suministra el estudio permite alcanzar conclusiones cuando menos curiosas. Aparte de las conclusiones que el informe formula como tales, se pueden hacer lecturas cruzadas de sus datos, que permiten
alcanzar autónomamente otras conclusiones. Yo me he permitido volar con cierta autonomía y he descubierto algunas cosas que no dejan de ser curiosas. El alumnado de origen autóctono, por ejemplo, se aprecia que es con carácter general uno de los
colectivos menos favorables a la presencia de alumnos de origen inmigrante en la escuela; sin embargo, cuando ese mismo alumnado asiste a centros escolares en los que el porcentaje de presencia de compañeros procedentes de otros países supera el 30
por ciento (son precisamente estos centros los que según los profesores mayores problemas plantean desde el punto de vista de los resultados académicos), esos mismos alumnos matizan su opinión básicamente negativa y resulta su punto de vista
comparativamente más favorable a la integración. Hay un punto de las conclusiones, el 13, que es muy elocuente, muy claro en este sentido; dice: Los estudiantes que asisten a centros escolares en los que el porcentaje de compañeros y compañeras
procedentes de otros países supera el 30 por ciento, tienen una actitud curiosamente más favorable hacia la integración. Esto hace que las conclusiones, que con frecuencia se asientan como realidades incontrovertibles en nuestro entorno social,
sean perfectamente cuestionables y matizables. En este caso un estudio científico está en condiciones de desautorizarlas, por lo menos parcialmente. Se trata de alumnos que han llegado a descubrir a través de su experiencia cotidiana en los
centros educativos el enorme tesoro humano que encierra el contacto diario, el contacto cotidiano con compañeros procedentes de otros ámbitos culturales; en consecuencia, han dejado de alguna manera de mirar con recelo el hecho de que esa
experiencia conlleve además un coste económico en términos de rendimiento académico. El dato resulta curioso, pero es interesante que no lleve a los responsables educativos a relajarse y a desatender el esfuerzo que ha de llevarse a cabo también
para mejorar el nivel académico de estos centros, que es un aspecto primordial en la función educativa, que no se puede orillar.
Por lo demás, el estudio deja bien a las claras otra cuestión que es objeto de preocupación constante por parte de los profesionales de la educación implicados en centros con una presencia importante de alumnado inmigrante. La sociedad o
muchos ámbitos sociales tienden a identificar estos centros con focos de incesantes problemas, con focos de conflictos, de controversias, y atribuye el origen de los males al carácter inmigrante del alumnado, subraya el elemento integrante a la hora
de identificar los elementos problemáticos del centro. Esto hace que en no pocas ocasiones los padres rehuyan estos centros a la hora de elegir la escolarización de sus hijos. Con frecuencia ocurre que los centros con mayor porcentaje de alumnos
inmigrantes son normalmente públicos (las estadísticas son muy elocuentes en este sentido), que atienden además a la demanda educativa procedente de zonas socioeconómicamente muy poco favorecidas. Los problemas del centro, que existen, son por ello
consecuencia de múltiples causas, algunas de las cuales pueden tener que ver con el origen inmigrante o extranjero de los alumnos, pero evidentemente este no es ni el problema único ni el fundamental. La conclusión número 19 de las recogidas en el
informe es terminante en este sentido cuando afirma que, según opinión unánime del profesorado y del alumno, los alumnos -dice literalmente- de origen inmigrante no crean más problemas en los centros educativos que el alumnado autóctono. Sobre esta
cuestión incide, yo creo que muy acertadamente, la recomendación 3, que a nuestro juicio es nuclear. Es nuclear -usted ha coincidido en este diagnóstico- en el contexto del informe. Propone una serie de medidas orientadas a equilibrar la
distribución del alumnado de origen inmigrante en los centros docentes sostenidos con fondos públicos; medidas de muy diferente tipo (informativas, de control, normativas, organizativas, etcétera) que en cualquier caso tienen que estar orientadas a
hacer efectiva esa equilibrada distribución del alumnado de origen inmigrante entre los distintos centros educativos, con independencia de la titularidad pública o privada, y además establecer limitaciones al derecho a la libre elección de centro
cuando la concentración de alumnos de origen inmigrante (por sí misma o por su coincidencia con otros colectivos de alumnos precisados de medidas de apoyo o compensación educativa, o con las circunstancias del centro educativo o su entorno
socioeconómico, en fin, que son todas las circunstancias que pueden concurrir aquí) impida o dificulte gravemente el adecuado desenvolvimiento de un centro, y en general del servicio público educativo.
Se trata de una medida organizativa esencial la recogida en la recomendación 3, que, al margen de cualesquiera otras que puedan adoptarse también, resulta imprescindible a nuestro juicio para distribuir equitativamente (perdón porque voy a
utilizar una expresión que procede del ámbito urbanístico), los beneficios y las cargas de la escolarización de alumnos inmigrantes. Porque hoy en día se puede afirmar que ningún escolar recibe una formación adecuada a los requerimientos de los
tiempos si el sistema educativo no le proporciona una experiencia directa e inmediata (no una referencia vaga, sino una experiencia directa e inmediata) de lo
que es la diversidad, la pluralidad y la multiculturalidad; y la presencia del alumnado inmigrante suministra una extraordinaria oportunidad para ello. Pero tampoco la presencia de esos valores ha de ser tan omnipresente que anule
totalmente la progresión académica de los alumnos e impida la consecución de los objetivos fijados para cada fase educativa. Es preciso arbitrar los medios que permitan lograr un punto de equilibrio entre estos dos polos que son irrenunciables,
creemos nosotros, en una educación moderna.
Por lo demás, el informe recoge otras recomendaciones que forman parte ya de la acción de las administraciones educativas y que habrían de ser objeto de atención más intensa aún, si cabe, en los próximos tiempos. Se habla de la formación
del profesorado para afrontar la creciente escolarización de alumnos inmigrantes, de la elaboración de materiales didácticos y pedagógicos específicos, del adecuado incentivo a los profesores más directamente implicados en la problemática, mediante
medidas laborales, incluidas, por supuesto, también las retributivas; del acceso a los padres para estimular su implicación personal en la comunidad educativa, etcétera. No voy a hacer una reproducción de todas las recomendaciones, que son
mayoritariamente atinadas y bien orientadas.
Todas ellas, insisto, son necesarias, aunque todas están subordinadas de alguna manera a la principal, la recogida en la recomendación número 3, que condiciona en buena parte las demás, y que habla de
evitar la excesiva concentración de alumnos de origen inmigrante en unos centros y de propiciar, favorecer su mayor, su más equilibrada distribución por parte de los centros sostenidos con fondos públicos. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Turno de palabra para el Grupo de Convergència i Unió. Senador Capdevila, tiene la palabra.
El señor CAPDEVILA I BAS: En primer lugar, pido disculpas por la voz, porque tengo un trancazo terrible. Deseo felicitar a la institución, y en su nombre al que hoy actúa como Defensor del Pueblo. Francamente, al informe, que nosotros
también hemos leído, aunque no con la dedicación que precisa, nos gustaría hacer unas ciertas reflexiones.
En primer lugar, la escolarización del alumnado de origen inmigrante en España es un problema latente; evidentemente, el informe, aparte de oportuno y serio y riguroso, es también necesario. Las conclusiones a que ha llegado la institución
son unas conclusiones serias que deberán confrontarse, obviamente, con otros informes que ha habido y que son paralelos al problema detectado por la propia institución. Yo haría referencia a un informe de la ponencia que tuvo lugar en el Senado,
que fue aprobado el 13 de mayo del 2003 (no sé si la institución tenía conocimiento de él), pero sería interesante al menos tener un cruce de datos con el resultado de ese informe. En el mismo se alaba obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16
años que constituye claramente un proceso exigido por la sociedad, hecho importante, ya que un porcentaje de alumnos no desean adquirir más educación académica de los 14 a los 16 años (este problema creo que también lo ha detectado la propia
institución); en cambio, preferirían aprender un oficio que les permita un empleo digno. Lo cierto es que estos alumnos en muchas ocasiones provocan problemas en las aulas, al no estar cómodos en ellas, considerando el centro como una cárcel. La
pregunta es si la institución ha detectado también esta problemática y sus posibles soluciones.
Continúa el informe diciendo que se requiere una enseñanza comprensiva y hay que poner unos límites; lo que obligará a seleccionar a los alumnos con
problemas de actitud. Estos alumnos problemáticos requieren un trato especial por profesores que tengan una adecuada capacidad profesional, pero no se está prestando demasiada atención a los estudiantes provenientes de la inmigración. Detectan
también dicho problema.
Coinciden ambos informes, tanto el de la propia institución como éste, en que el problema del idioma es realmente importante. La pregunta es si se les puede colocar sin más en las mismas aulas o si se precisa mejorar la
formación de los profesores.
Otro tema que encuentro a faltar (al menos no se ha profundizado en el informe emitido por la propia institución) es la distinción entre el alumnado inmigrante procedente de adopción. Este es un colectivo que realmente en muchas ocasiones
tiene un valor añadido, el de que provienen de terceros países con problemas de escolarización (un problema de escolarización a veces muy radical), problema de escolarización también de los padres biológicos y además que tienen cierta problemática,
incluso problemas físicos y psíquicos. La Comisión Especial de Adopción Internacional que se sigue en el Senado ha llegado a unas conclusiones realmente alarmantes, reseñando que cerca de un 18 por ciento de dicho alumnado, de estos niños y niñas,
precisan de una educación especial, y un 20 por ciento más o menos precisa apoyos profesionales complementarios. El problema es quién sufraga estos costes adicionales, por un lado; y la pregunta es si la institución también ha detectado esa
problemática, que en el informe, ya le digo, al menos no lo he observado.
Los datos significativos los ha expuesto S.S. muy bien. Uno es que, salvo raras excepciones, ha aumentado considerablemente el alumnado de procedencia extranjera, concentrándose en gran medida en las poblaciones que tienen más de 20.000
habitantes. Aquí ligo un poco mi intervención con las manifestaciones que ha hecho el representante de Entesa, el senador de Batlle, indicando que realmente puede haber un valor añadido en dicha problemática en la educación rural. El 71,5 por
ciento de los escolares inmigrantes se halla concentrado precisamente en esas poblaciones; sobre
todo Cataluña y Madrid prácticamente tienen el 50 por ciento de la escolarización inmigrante.
Es sintomático también que el 82 por ciento, lo ha dicho usted, de los escolares procedentes de América Latina, el Caribe, África, Europa no comunitaria, Asia y Oceanía estudien en colegios públicos, siendo su peso porcentual en la red
pública de un 2,22 por ciento del alumnado, mientras que en la privada sólo supone el 0,96 por ciento. Entonces, la denuncia que se extrapola del informe, está claro, es de que en los colegios concertados eluden la exigencia de no hacer diferencias
entre inmigrantes y españoles a la hora de seleccionar al alumnado. Usted ha dado ya una respuesta a las preguntas. Yo había entresacado una comunicación, en que la patronal educativa ve el estudio del Defensor inconstitucional. Usted ha dado ya
ciertas respuestas, en las que se precisan aquellas acusaciones y no vamos a incidir más en ello.
Hay problemas añadidos que se entresacan del informe, aparte del idioma, como son el reducido nivel de escolarización previo y también las escasas expectativas de continuar su formación por la necesidad de incorporarse al mercado laboral, es
aquella referencia que ha hecho al alumnado de 14 a 16 años, que piensa más en encontrar un trabajo fijo que en continuar estudiando.
Me ha chocado también el hecho evidente de que en los centros educativos de escolarización con un porcentaje superior al 30 por ciento de alumnado de origen inmigrante influye negativamente sobre el rendimiento académico del grupo, como
consecuencia de reducir el nivel de escolarización para favorecer a los inmigrantes. ¿Es esta la única causa o hay otras causas que influyen en este parecer?
Es evidente que hay una mayor problemática cuando este porcentaje de concentración supera el 30 por ciento y llega incluso al 50. Es razonable, entiendo yo, evitar la excesiva concentración de estudiantes procedentes de otros países en los
centros educativos, ya que si se supera dicho porcentaje se merman las posibilidades reales de integración para el alumnado procedente de otras culturas. En Cataluña, se han elaborado ciertas medidas que son realmente importantes. Una de ellas es
dotar con mayores recursos a los colegios que tengan un 25 por ciento o más de concentración de alumnado inmigrante. Sobre el particular, durante el presente año 2003 se destinan 11.094 millones de euros, con un incremento del 30 por ciento
respecto al pasado año 2002, para desarrollar un proyecto que prevé la formación del profesorado, la reordenación y la actualización de instalaciones en centros públicos, un poco la petición que hacía el representante de la Entesa. Esto en Cataluña
ya se está llevando a término.
Se implantará además en Cataluña, en los colegios públicos situados en zonas con elevada población inmigrante, una sexta hora de clase para reforzar los contenidos académicos, realizar actividades alternativas que fomenten la integración y
el conocimiento mutuo entre estudiantes inmigrantes y los autóctonos. Sobre el particular, es de significar la recomendación que hace el Defensor del Pueblo al poner especial cuidado en el tramo comprendido entre los 10 y 14 años, porque a dicha
edad los niños autóctonos revelan mayores actitudes de rechazo hacia sus compañeros inmigrantes.
Somos conscientes de que los resultados a que ha aludido la institución no son de rechazo o xenófobos, pero resulta revelador que frente a la actitud positiva del profesorado hacia la inmigración, con un 75,2 por ciento basada en el derecho
de las personas a transitar libremente, haya un 36,5 por ciento de los alumnos o alumnas autóctonos y un 15,6 por ciento de los de origen inmigrante, que están en contra.
Otro dato revelador es que, si bien en general tanto profesorado como alumnado inmigrante muestra una actitud favorable hacia la integración escolar de estudiantes procedentes de otros países, el 21 por ciento, más o menos, de los autóctonos
y el 29,3 por ciento de los de origen inmigrante preferiría ir a un colegio en el que sólo hubiera compañeros o compañeras de su mismo país. Aquí lo ligo un poco con la conclusión a que ha llegado la propia institución de que a mayor porcentaje de
alumnado inmigrante mayor problemática de integración y, por consiguiente, mayor exigencia o exteriorización de esta exigencia del alumnado inmigrante, o del propio autóctono, de querer una enseñanza propia de su origen.
Es evidente la conclusión a que llega el profesorado de que el dominio de la lengua, repito, y el número de años que se lleva escolarizando son los factores que más influyen en la integración de alumnado de origen inmigrante, siendo también
factores importantes a tal fin la familia, el profesorado y la sociedad. Al respecto, es significativo, no sólo por obvio, que la escasa participación de los padres inmigrantes en los centros educativos sea inferior a la de los padres autóctonos.
Ello se explica por el escaso dominio de la lengua, sin duda, el bajo nivel educativo y, en general, baja participación en el proceso educativo de sus hijos. No ocurre lo mismo, y esto ya lo ha puesto de manifiesto el propio informe, con los
procedentes de países latinoamericanos, e incluso de la Europa del Este con un nivel educativo similar o superior a los progenitores autóctonos, en cuyo caso su nivel de implicación al proceso educativo es parecido.
En Cataluña ya se sigue la recomendación del Defensor del Pueblo acerca de la necesidad de proponer cursos y programas específicos de educación intercultural para la igualdad y de derechos humanos, al objeto de erradicar actitudes que
podrían llegar a derivar en conductas racistas o xenófobas. Eso es obvio, ya que el informe ofrece unos datos reveladores de que, en general, el reducido nivel sociocultural de los alumnos y alumnas de origen inmigrante y los centros en que se
concentran más del 30 por ciento, como ya hemos
dicho antes, de dicho alumnado, se sitúan en un nivel sociocultural más bajo, lo que representa un valor añadido a la problemática que supone atender las necesidades educativas del nivel de estudios más bajo.
Estamos de acuerdo con la recomendación de la institución del Defensor del Pueblo al objeto de que se apoyen los programas de inserción laboral para dichos estudiantes. En cuanto a la escolarización de los alumnos y alumnas inmigrantes, el
informe no hace ninguna diferenciación, como hemos dicho antes, respecto a los niños y niñas que han sido adoptados.
Como el informe no concluirá aquí, sino que se irá extendiendo en ulteriores informes, sería quizás importante incluir dentro de
dicha estadística y estudio a los niños y niñas adoptados.
En definitiva, y sin perjuicio de un mayor y profundo estudio de los datos empíricos ofrecidos, compartimos grosso modo las conclusiones y recomendaciones expuestas en el informe, que tienden a prestar una atención prioritaria al fenómeno
inmigratorio, sus consecuencias concretas para el sistema educativo y el mantenimiento de una actitud vigilante.
El señor PRESIDENTE: Turno para el Grupo Socialista. Tiene la palabra doña Carme Chacón, en estos momentos portavoz del Grupo Socialista.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Quiero empezar por agradecer la comparecencia del señor adjunto segundo al Defensor del Pueblo, don Manuel Aguilar, así como de las autoridades y expertos que han querido también acompañarnos en esta comparecencia
y que han colaborado en este informe, que creo que muy importante, que creo muy afortunado y, sobre todo, muy riguroso.
Comentaba el compañero de la Entesa el rigor a que se nos tiene acostumbrados, pero quiero decir que se les tiene a ustedes en
esta Comisión muy bien acostumbrados, porque este informe merece que se tenga muy en cuenta por parte de quienes estamos legislando en el sistema educativo español. También quiero agradecer la prudencia que ha manifestado el señor adjunto al
Defensor del Pueblo con que no se ha respondido a algunas exageradas afirmaciones que fueron consecuencia del conocimiento por parte de los medios de dicho informe y que considero particularmente una reacción muy desmesurada ante una realidad que es
evidente, como usted también ha puesto de manifiesto, estos datos proceden de la más estricta realidad de lo que está hoy sucediendo en nuestro sistema educativo.
Todos consideramos que un buen diagnóstico es imprescindible para una buena terapia y las propuestas que tenemos aquí, como les decía, proceden de un riguroso análisis no sólo cuantitativo sino también cualitativo que nos hacía a todos mucha
falta respecto a la realidad del alumnado inmigrante. Espero que a partir de ahora se tenga mucho más en cuenta muchas de las recomendaciones que hay aquí de lo que se han tenido hasta ahora por parte de la mayoría que está legislando hoy en esta
Cámara, porque sinceramente no es sólo un fenómeno real. Estamos ante un auténtico reto social, donde el laboratorio, como de costumbre, es la escuela y solo a través de ella seremos capaces de aportar a esa sociedad integrada e integradora que
todos pretendemos construir.
Nos encontramos ante un importante objetivo para nuestro sistema educativo. Este informe va a ser un hito de extraordinaria importancia para los grupos políticos y una imprescindible referencia, en la medida en que está recogiendo y
analizando datos, pero también opiniones de todos los sectores de la comunidad educativa, y también realizando algo muy difícil después, que son propuestas, algunas de ellas propuestas valientes, para mejorar y equilibrar las respuestas educativas y
a la vez para evitar muchos de los riesgos, de tal manera que podamos contribuir a mejorar procesos y resultados educativos y, por ende, insisto, sociales, que es por lo que creo que es más pertinente un informe sobre este tipo.
Resumiendo, lo que
trato de decir es que espero que desde esta casa en lo que desde ahora le acontezca al sistema educativo se tenga presente el informe que hoy nos ocupa.
En cuanto a los principales contenidos y sugerencias del mismo, desde el Grupo Parlamentario Socialista querríamos enfatizar algunos aspectos que nos parece que evidencian lo que en esta casa se ha echado tan en falta por parte de todos los
grupos, menos por el mayoritario, a la hora de reformar la educación. Es la necesidad de un debate. Un debate que aquí no hemos tenido, ni serio, ni riguroso, ni avalado por documentos, como por ejemplo este, sobre cuáles eran las nuevas
necesidades, los nuevos problemas del sistema educativo y, por lo tanto, tras ese diagnóstico, cómo aplicarle la mejor terapia. No ir ni a las carencias ni a los errores que hemos cometido en la última reforma educativa, y a ella me referiré
brevemente conforme vaya apuntado algunos de los datos y de las recomendaciones que ustedes nos ponen sobre la mesa.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la verdad es que nos congratulamos de que muchas de las recomendaciones estén muy en sintonía con lo que fue una propuesta alternativa que hizo mi grupo, que no se quiso quedar en la crítica y optó
por una alternativa, básicamente sobre dos cuestiones, que son de manera importante las que ustedes evidencian.
En primer lugar, la necesidad urgente de la adopción de medidas para la integración escolar, dada la realidad del alumnado inmigrante en
nuestro sistema educativo; por lo tanto, para la adecuada escolarización de este alumnado, y no sólo de este alumnado, sino para la adecuada escolarización de todo el alumnado en el sistema educativo español. En segundo lugar, muy importante
también, las medidas que deben de tratar de corregir la excesiva concentración de este alumnado en los centros públicos.
Son estos dos resúmenes de los datos, de las conclusiones y también de las recomendaciones que procede sacar de este informe. Lo importante, sinceramente, no es que están más o menos en sintonía con aquello que propuso mi grupo
parlamentario, lo importante es que a partir de ahora seguro que tendrán más éxito que cuando sólo lo propone el Grupo Parlamentario Socialista, porque espero que cuando proceden de una institución con el prestigio que tiene la del Defensor del
Pueblo, tengan mucha mayor probabilidad de que el departamento que dirige Pilar del Castillo opte por tenerlas en cuenta y, por lo tanto, por incorporarlas al ordenamiento jurídico. Ya les anuncio que muchas de ellas volveremos a proponerlas, esta
vez avaladas por este informe, porque nos estamos jugando mucho en lo que deba ser aquello que legislemos en esta casa respecto, insisto, de ese laboratorio social que siempre son los centros escolares.
Entrando de lleno en los datos, reflexiones y propuestas que se hacen, quiero hablarles, lo ha dicho algún otro diputado, de la satisfacción que nos debe dar a todos la actitud del conjunto de la comunidad educativa frente al fenómeno de la
inmigración. La opinión generalizada del profesorado es que parece ser que existe un buen clima en las aulas, que existen buenas relaciones entre alumnos y alumnas, incluso que se mantienen expectativas buenas respecto al rendimiento académico del
alumnado. Por lo tanto, la primera conclusión es que la comunidad educativa, y me atrevo a decir que la propia sociedad española, es una sociedad plural, abierta y desde luego más tolerante que el propio Gobierno, que trajo aquí mucha alarma
social, que trajo aquí afirmaciones nada avaladas del alarmante clima de violencia en las aulas en el sistema educativo español, que este informe en ningún caso avala e, insisto, una visión apocalíptica de nuestra realidad educativa, en eso a lo que
nos tiene tan acostumbrados actualmente el Gobierno: todo va fatal y vengo a salvarlo. Ni pasaba en la universidad, ni pasaba en el sistema educativo, ni sucede respecto de los datos que nos aporta hoy aquí el Defensor del Pueblo. Insisto en que
me satisface que podamos relativizar y cuestionar afirmaciones que nunca vienen avaladas y que, en cambio, niegan informes e investigaciones rigurosas, no sólo esta, hablo también del informe PISA o del propio INCE cuando los trajo aquí y que el
Gobierno quiso negar.
Insisto en que lo importante es que hoy los tenemos sobre la mesa y que a partir de ahora podremos legislar tratando de aplicar la mejor terapia a este diagnóstico. En ese sentido debemos estar satisfechos, pero que también
nos dice otra cosa: ¡ojo con no tomar medidas respecto a lo que sucede!, porque cuando se da una excesiva concentración en determinados centros y falta de apoyos y de ayudas, entonces sí que empezaremos a tener problemas incluso de convivencia. El
mejor resumen es: no estamos mal, sabemos lo que tenemos; si le aplicamos la buena terapia, vamos a ir a mucho mejor. Insisto, no hablo sólo de escolarización del alumnado inmigrante, sino de todos los alumnos que están hoy en nuestros centros
educativos. No obstante, creo que no debe dejar de preocuparnos, y espero que también el Gobierno se sienta concernido respecto de determinadas opiniones del profesorado que también se han puedo de manifiesto. El 65,3 por ciento se manifiesta
insatisfecho o muy insatisfecho con los programas destinados a mejorar la atención educativa del alumnado inmigrante, y el 72,6 considera que la ayuda que recibe de las administraciones públicas es muy insuficiente. Es importante, porque sabemos ya
por dónde ir en este sentido.
Ante estos datos, hay dos conclusiones. Primera, se habla mucho y muy bien de la profesionalidad y del buen hacer del profesorado, de todo su esfuerzo respecto de esta situación, pese a disponer de escasos apoyos de las administraciones, y
mostrando incluso una actitud globalmente positiva frente a este reto. Segunda, se necesitan medidas y recursos urgentes para aliviar ese esfuerzo del profesorado con apoyos de todo tipo, que ninguna de las administraciones públicas podemos evadir.
Por eso hoy el Grupo Popular, aquí presente, y también el Gobierno, debieran de preguntarse y preguntarnos entre todos si debemos de intervenir o no para paliar esta situación, este déficit, que hoy es el que es, pero que puede ser más grave, del
sistema educativo español hacia el futuro. Si vamos a poner medios o vamos a seguir cerrando los ojos ante esta realidad compleja y bastante nueva, pero que está ahí y que tenemos que afrontar de la mejor manera posible y, por lo tanto, si vamos a
hacer caso o no a estas recomendaciones que son una evidencia.
Algunas de ellas están muy en contradicción con lo que acabamos de hacer en la aprobación de la LOCE. En ella ni se mejoran las condiciones en que educan nuestros docentes en esta nueva realidad, ni se dota al profesorado de apoyo a
nuestros centros educativos, que es, por cierto, la medida más valorada de nuestros docentes (apoyo y compensación, como ustedes saben, se eliminan del sistema educativo después de esta norma), ni se amplía el horario de apertura de los centros.
Muchas comunidades autónomas están atendiendo específicamente a esta realidad, pero tampoco se hace en esa norma. Tampoco se dota de mayor disponibilidad de bibliotecas, salas de informática, tan necesarias para este alumnado, como también se pone
aquí de manifiesto; ni se educa para la igualdad, para la interculturalidad; ni se forma al profesorado para todo ello; ni se acerca a los padres a los centros escolares; sino todo lo contrario, como también se nos pedía aquí.
Me gustaría referirme en particular a una de las decisiones que me parecen más graves de la reforma y querría saber su opinión sobre ella. Es la opción por la segregación temprana del alumnado con dificultades de aprendizaje en vez de la
prevención del fracaso escolar, con la atención a edades tempranas, que es lo que nos
está recomendando este informe. La LOCE aboca indefectiblemente a este alumnado a itinerarios que no conducen en la práctica a un futuro académico que vaya más allá de los 15 años, a veces incluso apartados estos chicos y chicas desde los
12 años del resto del grupo ordinario. La pregunta es si es eso lo que queremos. Si la respuesta es sí, pues ya lo tenemos ahí; pero la pregunta es si es eso lo que queremos. Yo creo que no, que este informe nos advierte que no debería de ser
ese el camino por el que debemos ir y, por lo tanto, una sociedad -insisto- integrada e integradora, cuyo laboratorio, en definitiva, es la escuela, debe de ir mucho más allá de la mera garantía de un puesto escolar gratuito para estos chicos y
chicas, que es lo que hoy está haciendo el sistema educativo en esta última reforma. También se nos dice que con apoyo de otras administraciones públicas, que es necesario no sólo para ellos, sino para el resto del alumnado, respecto de todo el
sistema educativo y la escolarización de nuestros hijos e hijas, tenemos ahí un buen camino para evitar lo que puede ser una situación mucho más difícil de la que hoy tenemos sobre la mesa.
Insistimos ya antes, lo volvemos a hacer ahora, en que las medidas deben ser intensas, que las necesitamos más intensas, garantizar más y mejor profesorado de apoyo y de compensación, formado en todas estas cuestiones, dotado de más
recursos, con una normativa distinta de escolarización, con programas de colaboración entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y no, por lo tanto, mirando para otro lado, insisto, ni provocando alarma respecto de un
reto social que nos implica a todos y no sólo a aquellas comunidades autónomas que hoy están casi aguantando toda la carga -en alusión al lenguaje economicista del compañero diputado-, toda la carga que implica esta situación. Yo pregunto si
alguien ha caído aquí en la cuenta de que cuando se transfirieron las competencias educativas el fenómeno era mucho menor en España y en ningún caso se llegaron a cuantificar las necesidades y los costes extraordinarios, volviendo a ese lenguaje, a
los que obliga esta situación sobrevenida. Pregunto también si alguien se ha dado cuenta de que han pasado ya seis meses desde la entrada en vigor de la última reforma educativa y no sólo no hay ni un euro ejecutado, es que no hay ni un solo euro
presupuestado para la misma. Todos los datos nos dicen: por favor, de manera urgente, solicitamos a las administraciones públicas que pongan recursos de todo tipo, pero también económicos, frente a una situación que hoy está aquí, que es buena,
pero que mañana puede, insisto, agravarse.
Yo les quiero dar un par de datos. En Madrid desde 1999, en que se asumen estas competencias, y por eso nosotros dijimos que habrá que volver a revisarlas, hasta hoy, los alumnos inmigrantes escolarizados han pasado de 20.000 a 60.000, es
decir se han triplicado en muy poco tiempo. Los recursos de que disponían las comunidades autónomas son otros y, por lo tanto, debiéramos de revisar, si las conclusiones siempre conducen al mismo sitio, los nuevos instrumentos con los que dar
resultados. No es sólo Madrid, saben ustedes que es Cataluña, saben ustedes que es Andalucía, que es Murcia y, en general, todas las comunidades autónomas.
Por eso, insisto, el compromiso financiero es que es fundamental. El dinero no lo es todo,
pero ayuda mucho cuando resulta que todas las conclusiones nos conducen a la necesaria atención mediante más recursos humanos y de infraestructuras, pero también materiales y por lo tanto económicos.
Insisto también en una cuestión que alguien ha sacado aquí, y es que de no mediar nuevos recursos estamos provocando un problema que hoy no tenemos, pero que podemos tener, y que ese sí que nos afectará mucho más directamente a todos. Es
que los gastos derivados de la atención de estos alumnos, con el presupuesto con el que habían estado dotados, provocan que se detraiga ese dinero de alumnos que proceden de situaciones económicas desfavorecidas, que antes, por ejemplo, tenían becas
al estudio o becas incluso para plazas de comedor. Empiezan a ser muchas las familias autóctonas que dicen ya públicamente, en charlas y en coloquios que se celebran, y entrecomillo de una de las que asistí: los inmigrantes nos quitan las becas,
nos quitan las plazas de comedor escolar, tienen preferencia sobre nuestros hijos, y otras de tenor similar, que, insisto, son mucho más frecuentes de lo que cabría desear. Este informe sobre todo nos dice: ¡Oigan!, podemos atajar esta situación.
Por eso es muy necesario que lo tengamos muy en cuenta quienes aquí estamos legislando o haciendo propuestas para que otros legislen al efecto de solucionar estas cuestiones. Hoy todavía estamos en buena situación de poner la mejor terapia a frase
que mañana pueden conducir a esos tantos por ciento que ya nos parecieron preocupantes a algunos y que, insisto, pueden seguir de manera más grave.
El segundo aspecto que creo que era importante en el informe es el desequilibrio existente entre los centros públicos y los concertados a la hora de asumir de manera corresponsable, que es en lo que debiéramos estar, la obligación de
escolarizar a todo tipo de alumnado y, consecuentemente, al alumnado inmigrante. No creo que nadie tenga que rasgarse las vestiduras, los datos son lacerantes, es un 80-20 por ciento. La pregunta es muy clara: ¿por qué unos tienen obligación
legal y otros sólo obligación moral respecto de algo que debe ser un reto de todos? Hay que decir al sistema educativo: En todo aquel que está sostenido con fondos públicos -insisto, me cuesta pensar por qué sólo tienen una obligación moral, pero,
en cualquier caso- ¿por qué no vamos a los mismos derechos y por tanto a las mismas obligaciones? Ustedes saben que eso hoy no está pasando, y que en parte de la escuela privada concertada, e insisto, digo sólo parte, porque precisamente
por aquella que está cumpliendo y está asumiendo ese reto de manera positiva, no debiéramos de permitir que se saltara la ley. Hasta ahora teníamos un problema, sabíamos que no estaba siendo gratuita y que estaba seleccionando a su
alumnado, a pesar de estar sostenida con fondos públicos. En esta reforma, en vez de asumir que hemos tenido un deficitario control o, en definitiva, que no hemos tenido ningún interés político en mandar a la inspección a que diera solución a un
tema como este, lo avalamos con esta reforma. Parece que vamos a una situación del sistema educativo dual, donde vamos a tener la escuela de los problemas -la pública- y la escuela de las soluciones -la privada-. No sólo es un error, es una gran
injusticia para el sistema educativo español pero también para la sociedad española y para su futuro, que tiene como laboratorio nuestros centros escolares. Por eso aunque hoy no es una realidad como tal, es un riesgo muy importante que tiene
nuestro sistema educativo, y sobre el que este informe nos dice: Oiga, señorías, ustedes pueden tomar medidas, yo les dejo aquí unas recomendaciones, reflexionen ustedes sobre ellas, yo les digo cuál es el diagnóstico, ustedes apliquen la terapia.
Sinceramente, no podemos seguir dando la espalda a esto.
Decía también el señor adjunto al Defensor del Pueblo: los derechos tienen todos sus límites y algunos priman sobre los otros, y el derecho a la educación, y a la educación de calidad prima de manera significativa sobre la libre elección de
centro. Aquí nos damos cuenta de que tenemos una colisión de derechos que sólo tiene una manera de solucionarse, y es poner una serie de límites a ese libre acceso, para que no tengamos centros escolares -me voy a las situaciones más gravosas- en
zonas especialmente desfavorecidas, ya que si sumamos los análisis que se hacen sobre el fracaso escolar, nos llevan indefectiblemente a la misma conclusión: a menor capacidad socioeconómica de una familia, menor capacidad de seguir los niveles
académicos de sus hijas e hijas. Eso hoy todavía está pasando en este país. Por situaciones económicas o por situaciones geográficas, tenemos chicos y chicas que tienen muchas mayores dificultades para que se cumpla ese precioso artículo de la
Constitución que es el 14, que nos dice que todos somos iguales, pero que si no lo juntamos con el artículo 9, que nos dice que las administraciones tenemos la obligación de remover los obstáculos que impiden la igual real y de llevarla a cabo.
Este informe nos dice, señorías, que no lo estamos haciendo bien y que, por lo tanto, debemos adoptar medidas, en algunos casos urgentes, respecto de cómo educamos y respecto de cómo repartimos al alumnado inmigrante en nuestros centros públicos
para educar mejor a unos y a otros. El resumen es muy claro y que debiéramos atender a las respuestas que aquí se nos dan.
Finalizo diciéndoles que, en cuanto al desequilibrio citado, el informe, creo que con gran acierto, se refiere no sólo al excesivo porcentaje del alumnado inmigrante que recoge la red pública, entre el 80 y el 90, sino también algo que se
destaca, que creo que explica la gravedad de la situación, y es que el desequilibrio alcanza, yo diría, cotas escandalosas en zonas y en barrios desfavorecidos. Así, hablamos de que en estas zonas algunos colegios superan el 50 por ciento de
alumnado inmigrante, y de esta manera los alumnos en ellos escolarizados se ven afectados por un doble handicap, el primero, el contexto social y familiar de los alumnos, y de otra parte la excesiva concentración de inmigrantes en sus aulas. Ambas
realidades, según todos los estudios existentes, influyen en el rendimiento escolar del conjunto del alumnado, no sólo respecto del alumnado inmigrante, de manera que aquellos centros con dificultades de origen ven cómo ahora les toca afrontar un
reto importante nuevo, todo ello casi en solitario y con recursos francamente insuficientes.
Insisto en que en muchas de las enmiendas defendidas por mi grupo proponíamos que se adoptasen medidas específicas. Hablábamos de inyecciones presupuestarias específicas en esos centros y en esas zonas donde existiera una concentración
importante de población con condiciones socioeconómicas o culturales de desventaja. Hablábamos de medios concretos, apoyos docentes, nuevos perfiles profesionales de los centros y, desde luego, medidas para reconducir los procesos de admisión del
alumnado. Como saben ustedes, con el éxito que acostumbramos a tener cuando la señora Del Castillo se sienta a legislar en esta casa a través de su grupo mayoritario.
Todos sabemos que las recomendaciones que usted nos trae aquí no son de obligado cumplimiento para el Gobierno, pero como mínimo debieran de ser motivo de reflexión, lo debieran de ser para el Gobierno, para los grupos de esta Cámara y,
sobre todo, un acicate para reconocer errores cometidos, buscar soluciones, ponernos entre todos a buscarlas y encontrarlas conjuntamente, escuchando además a los representantes de la comunidad educativa, que muchas y muy buenas cosas nos dicen
aquí.
Nuestro grupo está abierto a ello y quiero acabar haciéndole sólo una serie de preguntas que me parecen pertinentes.
La primera es por qué nos está pasando esto. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nos está pasando esto? Si tiene que ver la importante bajada presupuestaria del gasto público en la educación, lo es del gasto social en general, pero de
manera significativa del gasto en educación. En 1996 estábamos en un 4,9 por ciento de inversión en España respecto de nuestro producto interior bruto, han pasado más de siete años, hemos pasado del 4,9 por ciento al 4,5 por ciento, y el gap con la
Unión Europea se va cada vez ampliando, cuando nosotros tenemos en centros públicos realidades que no tienen en ningún caso muchos de los centros de la Unión Europea. Si también podemos hablar del escatimo gubernamental de profesorado de apoyo, de
profesorado
de compensación, que este informe alaba y avala tanto, y creo que es significativo también el camino que por ahí nos conduce. El escatimo de una normativa, insisto, después de la falta de voluntad política de control y de inspección
respecto de cómo algunos centros se han saltado la ley una vez han sido sostenidos con fondos públicos. Si cree usted que sería conveniente, atendiendo al 149.1.1.ª de la Constitución Española, que habla de las mínimas condiciones de igualdad en el
ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo tanto, que tuviéramos y que decidiéramos desde aquí una normativa básica mínima de carácter estatal que garantizara esa distribución equilibrada de alumnado de origen inmigrante en todos los centros
sostenidos con fondos públicos, atendiendo, insisto, a este mandato constitucional, que nunca se ha alegado a este efecto, pero que es importante que empecemos a poner sobre la mesa. Insisto en aquella obligación legal de unos y obligación sólo
moral de otros. Si en razón de este estudio considera usted que el Gobierno debería, y le hablaba del artículo 9, que debe siempre de complementar al 14 de la Constitución, urgentemente poner en marcha las dotaciones presupuestarias destinadas a
esas ayudas económicas en infraestructuras y recursos humanos que usted nos solicita aquí, particularmente en esas zonas desfavorecidas, que, insisto, pueden agravar la situación cuando hablamos de la proporción directa que existe entre las
condiciones socioeconómicas bajas y el fracaso escolar en este país.
Nos hablaba usted también de administraciones educativas que están llevando a cabo medidas como las que ustedes recomiendan y que están dando buen fruto, y si nos podría señalar algunas de ellas, para que todos tuviéramos en cuenta qué
sistema educativo debiéramos atender, aunque me ha gustado escucharle que tenemos un sistema educativo francamente homogéneo respecto básicamente de sus problemas, porque aquí he escuchado a alguien legislar al grito de: tenemos diecisiete sistemas
educativos distintos. Me gustaría que alguien pusiera también pie en pared respecto a algunas afirmaciones que, insisto, nunca van acompañadas de datos, pero que sí que causan alarma social y algún que otro titular en la prensa.
Hay una preocupación manifiesta, y es que el informe señala que, en el momento de realizar el estudio, los diferentes sectores de la comunidad educativa muestran mayoritariamente una valoración positiva hacia la inmigración, pero también se
indica que esa valoración disminuye cuando se concentra un número elevado de alumnado inmigrante en un mismo centro.
La pregunta es: ¿se puede deducir de esto que si no aplicamos ya las diferentes medidas que hemos ido comentando y que ustedes
elaboran aquí, puede ocurrir que en pocos años esa valoración positiva pase a ser una auténtica valoración negativa de los distintos sectores de la comunidad educativa hacia la inmigración y empecemos a tener problemas mucho más serios de los que
hoy, insisto, tenemos leves, y que si actuamos podemos erradicar?
Se trata de ayudar al profesorado de apoyo y de compensación, de que la educación sostenida con fondos públicos sea realmente gratuita y, por lo tanto, se controle y no se pueda seleccionar al alumnado. La última sería la devaluación o no
de la formación profesional, porque las últimas reformas educativas han ido hacia la devaluación de la formación profesional, cuando creo que este informe nos indica lo contrario. Miren, estos chicos y chicas acaban saliendo del sistema educativo
prácticamente a los 15 años, la respuesta no puede ser devaluar la formación profesional, sino elevar el nivel cultural que se está ofertando en el sistema educativo a través de la formación profesional.
Finalmente el agradecimiento, el reconocimiento sincero a la oportunidad, a la rigurosidad de estos datos, a la pertinencia de los mismos, y espero que todos juntos, agradeciendo ese trabajo, extraigamos conclusiones respecto de cuál debe
ser el trabajo del legislador a partir de aquí.
El señor PRESIDENTE: Por último, el Grupo Parlamentario Popular, su portavoz, don Celso Delgado, tiene la palabra.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, señor adjunto del Defensor del Pueblo, hemos escuchado con mucho interés su intervención de la mañana de hoy y hemos leído también con un cierto detalle el voluminoso informe elaborado.
Nosotros estamos satisfechos de ver un informe en esta casa que responde a una petición de los grupos parlamentarios. Recuerdo perfectamente el debate al que usted aludió, del informe del año 2000, en el que este modesto diputado fue uno de
los que, cuando tratábamos el tema de la inmigración, solicitó que hiciéramos una reflexión sobre cuál era la situación de los hijos de los inmigrantes, para conocer una realidad de un modo más aproximado y huir un poco de tantos tópicos que sobre
este tema circulan. Así que para mí es una satisfacción el ver que tenemos un estudio y que sobre estudio estamos debatiendo los grupos parlamentarios.
Dos partes bien diferenciadas tiene este trabajo. Una es el estudio numérico. Yo quiero valorar el trabajo realizado por las personas a las que se les encomendó por medio de un convenio su realización. En este sentido, reconocer el
trabajo del Comité Español de Unicef, una institución prestigiosa y que realiza un extraordinario trabajo, y también las funciones técnicas que realizaron a través del IUNDIA, este Instituto de Necesidades y Derechos de la Infancia y de la
Adolescencia.
Por lo que a los datos numéricos se refiere, y por hacer algún comentario, es claramente cierto que el estudio ha quedado desfasado desde un punto de vista numérico -usted lo ha dicho y yo vengo a corroborar su afirmación-, porque las cifras
han crecido de un
modo tan exponencial que hablar de 124.340 que nos dan los datos que suministran las comunidades autónomas, y, por lo que he leído, no sin cierta dificultad, porque ha habido algunas que han planteado más de algún inconveniente y no han
remitido los datos. Esto también me sirve como reflexión de que es que no he escuchado hablar prácticamente esta mañana de comunidades autónomas en este ámbito de responsabilidad y me parece que no hacerlo sitúa el debate fuera de contexto.
Respecto de los números decía que frente a los 124.340 del curso 2000-2001, en el curso siguiente, y con los datos que yo he obtenido ayer mismo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, estamos ya en 201.518 en el pasado curso.
Supongo que en el actual esto ya es una cifra mayor. O sea, ha crecido un 42,6 por ciento más que en el curso 2000-2001, 60.084 alumnos más, lo cual me parece que es un dato bastante relevante. En cualquier caso, yo entiendo que todos los demás
datos que se dan respecto de las zonas de asentamiento, zonas rurales y urbanas, así como otros parecidos, deben de mantenerse en una situación similar.
Sí ha variado también la distribución por comunidades autónomas. Sigue manteniéndose la Comunidad Autónoma de Madrid como la primera en escolarizar inmigrantes, seguida de Cataluña, pero el tercer puesto, que antes lo detentaba la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ahora está superada por la Comunidad Autónoma valenciana, que se ha situado en el tercer lugar. El cuarto lugar, que antes era Canarias, ahora lo tiene Andalucía, y el quinto puesto es de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Es decir, que se ha producido un crecimiento fuerte de la inmigración en la zona sobre todo del Levante español. Esto no quita que aunque haya comunidades autónomas con una cifra absoluta de pocos inmigrantes escolarizados, sí hay algunas
comunidades autónomas de las llamadas pequeñas en territorio que han crecido exponencialmente; cito el caso de Ceuta, con un crecimiento del 145 por ciento, pero también Navarra, en un 97,2 por ciento, o La Rioja, en un 79,7 por ciento. Son datos
que yo creo que nos hacen actualizar la importancia del tema, y con eso nos quedamos.
Este estudio cuantitativo nos proporciona una visión de conjunto del problema, una distribución geográfica realmente cierta y una evolución, como se nos dan los datos en el estudio, de los últimos diez años, desde el 0,5 por ciento de
1992-1993 hasta el 2 por ciento del curso 2000-2001.
En cuanto a la titularidad de los centros en los que estudian, pues, como usted decía, se ve un claro dominio de la escolarización de los estudiantes extranjeros en los centros públicos, con un 79,70 frente al 20,30 de los privados
concertados. Me referiré a continuación a este tema, porque efectivamente el estudio empírico sobre la situación educativa es realmente el meollo de la cuestión.
Comprendo y comprendemos las razones por las que este estudio se basa en los datos de cinco comunidades autónomas. Usted ha explicado sobre todo condicionantes de tipo económico y de tipo también técnico. Por lo tanto, estamos hablando de
datos extraídos de Andalucía, de Cataluña, de Valencia, de Madrid y de la Comunidad Autónoma de Murcia y, por lo tanto, de preguntas formuladas en centros de estas comunidades autónomas, en las que existen gobiernos políticos de distinto signo:
gobiernos políticos del Partido Popular, gobiernos políticos del Partido Socialista y gobiernos del Partido de Convergència i Unió, por lo tanto, con responsabilidades educativas en estas materias de estas tres fuerzas políticas.
Por lo que se refiere a las conclusiones más relevantes, hay dos grandes apartados de conclusiones y el de recomendaciones, cuando se analiza en contexto sociocultural y educativo de los alumnos y de los centros da un dato que es claro: la
mayoría de los centros que escolarizan alumnos y alumnas de origen inmigrante se sitúan en el contexto sociocultural más bajo. Esto nos parece que tiene una estrecha relación con el lugar de asentamiento de la población inmigrante. Primero, se
asienta mayoritariamente en zonas urbanas y, segundo, se asienta, por razones evidentemente económicas, en las zonas menos favorecidas, más suburbiales o más de barrio, por utilizar la terminología que queramos, lo cual explica, que no justifica,
esta situación, pero lo explica.
Otro dato que usted no ha mencionado, porque no puede mencionarlo todo, pero que nos llama la atención, es que el nivel de estudios de algunos de los padres y madres del alumnado de origen inmigrante es superior al de los progenitores del
alumnado autóctono que están escolarizados en los mismos centros, lo cual es algo que también rompe algún tópico. En concreto esto se pone más de relieve en relación con la inmigración procedente de los países de Latinoamérica y de Europa del Este.
Creo que es un dato también a valorar.
En lo que se refiere a los resultados académicos, que es un dato también importante, de los alumnos de origen inmigrante, se nos pone de manifiesto que, medidos en tasa de idoneidad, son inferiores a los del autóctono; este problema se
agudiza más en la enseñanza secundaria obligatoria. Sin embargo, por la misma razón, el rendimiento académico de los escolares procedentes de América Latina y Europa del Este es superior al del restante alumnado de origen inmigrante. Es una
constatación de lo que decían ustedes anteriormente. Y el dato positivo en relación con este apartado del contexto sociocultural y educativo de los alumnos y de los centros es que el profesorado viene entendiendo, con carácter general, que la
presencia de alumnos y alumnas de origen inmigrante no influye negativamente en el rendimiento académico del grupo, lo cual rompe también algunos tópicos en el sentido de que podría ser un grupo de torpes que retrasara la evolución.
Pues no es cierto, el profesorado constata que afortunadamente esto no es así. Y no hemos hablado de un dato que también menciona el informe, la materia más difícil para el alumnado de origen inmigrante es la lengua en la que se realizan
los aprendizajes escolares, lo cual debe también movernos a reflexionar sobre esta importante cuestión.
Otras conclusiones se refieren a las actitudes ante la inmigración.
Claramente, el profesorado se muestra más favorable, tiene una actitud más favorable ante ese tema de los alumnos, sin que los alumnos tengan una actitud que se pueda
calificar. Usted lo ha matizado, yo creo que de una manera muy precisa; además era necesario que lo afirmara usted, porque si no podía darse a entender que había un rechazo por parte del alumnado autóctono hacia el alumnado extranjero, lo cual
evidentemente no se da. La única crítica metodológica que queremos hacer al informe es que ciertamente los cuestionarios se plantean lógicamente sobre un número tasado de respuestas y hay algunas preguntas que, formuladas en su contexto literal,
inducen a ciertas respuestas. Por ejemplo, una pregunta es: Cuando tienes que elegir un compañero para jugar o salir a divertirte, eliges... y se dan tres opciones: 1, un español o una española; 2, un inmigrante, o 3, me da lo mismo. El niño
tiene que pronunciarse sobre la elección para jugar o para divertirse en función de la nacionalidad, cuando es bastante claro que puede haber razones de amistad, de vecindad, de sexo, de aficiones deportivas, de liderazgo, que influyen muchísimo más
que la condición de la procedencia a la hora de que un niño escoja con quién salir a divertirse. Cito esto sólo para poner de manifiesto que algunas preguntas del cuestionario pueden dar lugar a ciertas respuestas.
Por lo que se refiere a la valoración sobre el funcionamiento de los centros y el impacto de la inmigración (y estoy refiriéndome a centros que están gestionados por administraciones públicas de distintos signos políticos), el profesorado,
dice la conclusión 16, es el colectivo más satisfecho con el funcionamiento del centro. A continuación se sitúa el alumnado y después las familias. Y se dice también que el profesorado y el alumnado mantienen de forma unánime que el alumnado de
origen inmigrante no crea más problemas en los centros educativos que el alumnado autóctono y que, según el profesorado, los factores que más contribuyen a la integración del alumnado de origen inmigrante son el dominio de la lengua y el número de
años que se lleva escolarizado. Otras conclusiones analizan las relaciones de la comunidad educativa y hay una conclusión importante: la mayoría del profesorado, cualquiera que sea el porcentaje de alumnos y alumnas de origen inmigrante que hay en
los centros, considera que las relaciones entre las alumnas y los alumnos son buenas o que los padres están satisfechos de las relaciones que mantienen con el profesorado y de las que este último establece con sus hijos o hijas.
Situación del profesorado y su actitud educativa. Una de las conclusiones afirma que la consideración de la mayor o menor repercusión que tiene la presencia del alumnado de origen inmigrante sobre la actividad que desarrolla el profesorado
en el aula depende de su concentración. Este es un factor que cabría citar también en relación con el alumnado autóctono.
Sobre la administración educativa, y vuelvo a repetir que las de todos los signos políticos que han sido analizados en esta
muestra, aunque en general el profesorado no está satisfecho con la actuación de su administración educativa, valora muy positivamente la presencia de profesores y profesoras de apoyo. E insiste, en otra conclusión, en que el factor más importante
para facilitar la integración del alumnado de origen inmigrante es la incorporación de un mayor número de profesores de apoyo.
En este conjunto de conclusiones entra el apartado que a nosotros nos interesa más de su informe. Y ya le adelanto que el Grupo Parlamentario Popular toma debida nota de sus conclusiones, pero también de sus recomendaciones, que estudiará.
Le quiero pedir que trasladen este informe de inmediato a las comunidades autónomas, porque, si han sido sus administraciones las que han facilitado los datos, deben ser también rápidamente informadas de este estudio. La realidad es que no disponen
de él -yo he contactado con alguna para conocer su opinión- y debemos hacérselo llegar cuanto antes, con independencia de que en esta Comisión se debata primero, porque creo que estas recomendaciones van dirigidas (y usted me lo aclarará después) al
conjunto de las administraciones con responsabilidad en materia educativa y no sólo al Gobierno de la Administración General del Estado, el Gobierno de la nación.
Voy a referirme ahora a las recomendaciones dirigidas a todas las administraciones públicas. En la primera ustedes aluden claramente a la necesidad de una atención preferente por parte de las autoridades educativas del Estado y de las
comunidades autónomas, en el marco de sus respectivas competencias. Hacen la primera referencia a la Ley orgánica de Calidad de la Educación, la ley 10/2002, y se manifiestan claramente en el sentido de que las reformas, modificaciones e
innovaciones que se proyectan en el sistema educativo, en la línea de lo que ha aprobado y definido esta ley, tengan en consideración, como dato particularmente relevante, los requerimientos que se deriven de la incorporación a dicho sistema de
alumnado de origen inmigrante. Por lo tanto, desde este informe se valora lo que supone la Ley orgánica de Calidad de la Educación y los planteamientos que hace en relación con las cuestiones de los estudiantes de origen extranjero. En segundo
lugar, por lo que se refiere a los sistemas de información la recomendación de unos sistemas de información, de recogida de datos conjunta por las autoridades educativas nos parece una recomendación muy atinada, nos parece fundamental.
También nos lo parece cuando hablamos de otros temas, como por ejemplo -por irme al área de Sanidad- las listas de espera. Aprobamos una recomendación que decía: Unifiquemos los sistemas de información para podernos mover en parámetros
asumibles y con iguales criterios entre las comunidades autónomas. Aquí nos parece básico y celebramos esta recomendación.
Por lo que se refiere a la enseñanza concertada, que creó una polémica en medios de comunicación con carácter previo a la presentación de este informe, nosotros pensamos que fue una polémica que se basó en una lectura poco rigurosa del
informe, una lectura de titular, pero no una lectura de detalle. Nosotros leemos claramente que la distribución del alumnado de origen inmigrante en los centros docentes sostenidos con fondos públicos es irregular. Esta es una realidad, en los
centros públicos, de titularidad pública, hay un porcentaje alto de personas escolarizadas de origen inmigrante y hay un porcentaje bajo en la red concertada. Pero hay que situar esta afirmación en el contexto general; la mayoría de la población
autóctona en España, el conjunto del total de alumnos escolarizados en España, en la red pública es el 61,80 por ciento y en la red concertada es el 38,20 por ciento. Y los datos que el informe pone de relieve en ese curso es que la población
extranjera en la red pública era el 79,70 y en la concertada, el 20,30 por ciento.
Evidentemente sí existen diferencias, y eso es lo que pone de relieve el informe, pero existen diferencias en muchas y en muy diferentes comunidades autónomas. Yo
voy a citar como ejemplo dos comunidades autónomas, la mía propia, la de Galicia, en la que en la red pública está escolarizado el 85,63 por ciento de los ciudadanos de origen extranjero y el 14,37 en la red concertada. Y voy a citar otra, la
Comunidad Autónoma de Andalucía, que, según los datos suministrados por el informe, en la red pública está escolarizado el 86,45, frente al 13,55 en la red concentrada. Se produce un desnivel importante entre escolarización en red pública y red
privada. Yo esto no lo relaciono, no quiero relacionarlo para nada con el signo político. Estos datos, que son en los que hay un mayor desnivel de los que aporta el informe, yo no los adjudico al hecho de que la administración esté en manos de una
fuerza política u otra. Seguro que habrá un gran número de circunstancias que justifiquen y expliquen esta situación. Y existe también una inspección educativa, en mi propia comunidad autónoma y en las demás, que ha de velar para que efectivamente
el derecho a la libre elección de centro tenga el perfecto acomodo en relación con otros derechos de esta población inmigrante. Esto es una realidad que desde luego no podemos obviar.
Y el informe, por entrar en detalle, no ha podido hacer un estudio más concreto de, por ejemplo, en qué zonas de estas comunidades autónomas analizadas están ubicados los centros en los que se escolariza a la mayor parte de la población
inmigrante. Porque, si hemos dicho que, según los datos que ustedes suministran, estos están en las zonas más del extrarradio y más de la periferia, es ahí donde existe el mayor déficit de centros concertados, ahí es donde domina la red pública.
Nosotros coincidimos en que no es deseable una concentración excesiva de estudiantes de origen extranjero y que debemos propiciar, como hace el informe, todas las medidas que sean oportunas para tratar de rebajar esos niveles de concentración y que
efectivamente todos los centros cuenten con un número de población razonable de esta característica. Ustedes proponen algunas medidas y yo quiero decir que en estos momentos son las comisiones de escolarización de las comunidades autónomas las que
establecen los cupos para la escolarización de los inmigrantes en las distintas escuelas y las que hacen una reserva de plaza a lo largo del curso. Por lo tanto, ya hoy hay responsabilidades en esta materia.
En el sistema de infraestructuras educativas, la recomendación es clara.
Dice que, con carácter general, el sistema, las infraestructuras que tenemos han servido para atender sin grandes conflictos la situación actual. Quizás porque, como
tenemos una tasa de natalidad tan baja, nuestros colegios tenían muchas plazas disponibles. Pero sí hay que incidir, como usted dice, en la formación del profesorado para afrontar esta creciente escolarización, sí hay que incorporar en la formación
de este profesorado los contenidos y aprendizajes para que faciliten los futuros docentes la atención a este curso, sí hay que elaborar esos materiales didácticos y pedagógicos que las administraciones educativas necesitan para poder, dar una
educación de mejor calidad. Sobre la cuestión retributiva, yo no entendería que se hiciera un informe en el que no se reclamasen mejores y mayores dotaciones para los profesores, lo mismo que para otros colectivos que están en servicios públicos, y
eso entiendo que se pide.
Respecto de la recomendación sobre integración del alumnado de origen inmigrante, usted lo afirma en el informe, la plena integración del alumnado, el derecho del inmigrante en nuestro sistema educativo es un objetivo básico. Por lo tanto
hay que prestar esa especial atención, como dicen ustedes, a la escolarización temprana de origen inmigrante y hay que facilitar los medios para que esta escolarización temprana sea compatible con el hecho de que las familias de los inmigrantes
lógicamente tienen muchas ocupaciones laborales, tienen unas cargas de trabajo muy importantes. Y del conocimiento de la lengua vehicular de la enseñanza dice que es imprescindible para un correcto aprovechamiento de la escolarización. Nosotros
apoyamos esta recomendación.
Podría seguirme refiriendo, aunque no lo voy a hacer porque sería exhaustivo, al conjunto de recomendaciones que hace en su informe. Repito que las valoramos positivamente, las recogemos como representantes
en el Congreso de los Diputados y que controlamos la acción del Gobierno central. También las recogemos como diputados que somos de circunscripciones en las que la Administración educativa está en manos de otras administraciones con muchas
y muy importantes responsabilidades en la materia. Lo que sí es cierto es que, entendiendo que la contradicción política exige plantear inconvenientes a las leyes que se aprueban cuando no satisfacen nuestros planteamientos, la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación, muy recientemente aprobada, dedica una especial importancia al colectivo de los estudiantes de origen extranjero. Un artículo, el 42, dice muy claramente que las administraciones favorecerán la incorporación al sistema
educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en la edad de escolarización obligatoria, y que, para los alumnos que desconozcan la lengua y la cultura española o que tengan graves carencias en conocimientos básicos, las
administraciones educativas, todas las administraciones educativas, desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.
Por otra parte, y se ha referido a ello en la mañana de hoy, sobre los condicionantes económicos y presupuestarios para poner en marcha todas y cada una de las reformas, no podemos tampoco desconocer la circunstancia de que muy recientemente
ha sido aprobada por este Congreso de los Diputados una ley, bueno, un nuevo marco de financiación autonómica, que dota a las comunidades autónomas de unas competencias para justamente acomodar sus presupuestos a aquellas necesidades y a aquellas
demandas de las sociedades a las que gobierna. Por lo tanto no es, entendemos, el momento de reclamar más recursos a la Administración General del Estado para atender las necesidades educativas, sino de aplicar los propios recursos justamente a
estas nuevas exigencias que imponen unas reformas de la educación que nosotros juzgamos desde todo punto de vista necesarias e imprescindibles.
El señor PRESIDENTE: Para contestar, el Defensor del Pueblo en funciones tiene la palabra.
El señor ADJUNTO SEGUNDO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (Aguilar Belda): Voy a intentar ser lo más breve posible, dado lo avanzado de la hora y por aquello de la economía procesal, que es un término que se utiliza mucho en las Cámaras.
El señor Batlle, de Entesa Catalana de Progrès, me preguntaba si se había tenido en cuenta la escolarización en los centros rurales o en los centros urbanos o si se había hecho en una parte o en otra. La muestra se pretendió que fuera
representativa del medio rural y del medio urbano y del peso específico que tenía la escolarización de los niños en un medio urbano o en un medio rural. No sé si después se acertó o no, porque en esto de la estadística ya saben que hay un margen de
error, la desviación típica, etcétera. ¡Qué le voy a decir a su señoría, si vemos lo que ocurre con las encuestas electorales y las desviaciones que hay! A lo mejor aquí hubo también errores, pero lo que se pretendió sí que fue, efectivamente, en
función del peso específico que tenían los escolares del medio rural o del medio urbano, pasar estas encuestas y estos cuestionarios de forma representativa. Después nos habla de razones por los que unos escolarizan más y otros menos. No sé,
nosotros apuntamos algunas. Puede ser la falta de información, puede ser el propio interés de los padres, que tienen derecho a la libre elección del centro; la proximidad del centro al barrio en el que viven, el número de plazas que ofertan unos y
otros. Puede haber múltiples razones, nosotros, como digo, hemos apuntado algunas, y nosotros lo dejamos ya a que SS.SS., como grupos políticos y como representantes de los ciudadanos, y las administraciones educativas competentes ahonden más en
todo ello.
Las normas de admisión. Si no estoy equivocado, están reguladas por comisiones de admisión y tienen una normativa. Nosotros apuntamos que en el supuesto, en el hipotético supuesto, que desconocemos si es así o no, de que no se cumplieran
los requisitos de las normas de admisión, las autoridades educativas en cada una de sus competencias estén más vigilantes. Profesores, horarios lectivos reducidos, actividades complementarias, tutorías. Habla a continuación de una serie de temas
que son ya recomendaciones de este propio estudio. Hablamos de la posibilidad de hacer horarios lectivos reducidos y que esa reducción pueda después complementarse con actividades complementarias de ese profesorado, que puedan ejercer una labor de
tutoría más in vigilando con esos chicos que tienen carencias y tienen problemas. También hablamos, y S.S. lo apuntaba, sobre la estabilidad de los equipos docentes. Es casi una petición generalizada de los centros educativos que, cuando tienen
ya un programa escolar, un proyecto educativo, porque tienen un determinado número de inmigrantes, como también está el derecho de los funcionarios a la libre movilidad, a veces se encuentran con que son desplazados porque son funcionarios
interinos. Y lo que nos solicitan, y nosotros lo apuntamos también en el estudio, es que se busquen fórmulas imaginativas que permitan la estabilidad de esos equipos docentes. La cooperación con los servicios sociales es también otra de nuestras
recomendaciones y es que es importante que la tarea educativa esté incardinada dentro de la propia dinámica del barrio, de la comunidad social, y que los servicios sociales se impliquen con los educadores, con los profesores y con los agentes
educativos, para que de alguna manera se puedan optimizar recursos.
Coincidimos total y absolutamente, y le agradezco, lo mismo que a todos los portavoces -sirva para todos-, la felicitación y la acogida y reconocimiento
que han tenido con el estudio que ha hecho la Institución del Defensor del Pueblo.
Voy a contestar al señor Erkoreka, del PNV, aunque no está, pero quiero que quede constancia en el 'Diario de Sesiones'. Apunta algo que a mí me ha parecido interesante y que quizá no se nos ocurrió; también he de decirles las dificultades
con las que cuenta esta institución, por el reducido número de personal que tiene que atender su labor principal, que es la atención y la contestación de las quejas de los ciudadanos; por la escasez de presupuesto. (De paso, como no está el
Defensor, yo hago de defensor como Defensor en funciones y les digo que, como está próximo que se elabore un nuevo presupuesto, sería muy bienvenido que tuvieran sensibilidad para que se aumentara el presupuesto de la institución.
Estoy seguro de
que el señor Múgica si estuviera aquí lo diría y por eso yo me hago eco de sus palabras; porque no pierde oportunidad, en cada una de sus comparecencias, de solicitar su ayuda y colaboración, que además siempre ha sido razonable. He de decir que
en estos últimos años las Cámaras se han portado generosamente con la institución del Defensor del Pueblo). Dice que podíamos haber intentado que hubiera habido una aportación de expertos de otros países en los que ya tienen el fenómeno de la
inmigración consolidado desde hace muchos años. Yo lo recojo, por si en un futuro podemos complementar este estudio, porque me parece algo interesante, que no se nos había ocurrido o que posiblemente incluso tampoco disponíamos de los medios
adecuados, tanto económicos como personales.
Habla el señor Erkoreka, y lo decía también el señor Delgado, de que determinados padres de niños inmigrantes tienen una más alta formación intelectual que los padres de los niños autóctonos. Y efectivamente, en estos centros educativos se
ha roto de alguna manera un cierto mito que había de que vienen las clases más bajas, económicamente, culturalmente, etcétera, y lo que se detecta en el estudio es que, tanto de los países del Este como de Iberoamérica, vienen clases medias,
cultural y económicamente. Las clases bajas en Iberoamérica no se plantean ni siquiera la posibilidad de salir del barrio, cuanto más de salir del país. Viene un potencial humano muy importante, con una formación y con unas expectativas de futuro
y con unas ganas de luchar y de trabajar que son yo creo que encomiables. Por parte de los países del Este ocurre lo mismo. Y con esto contesto también o hago una reflexión a la reflexión que hacía el señor Delgado. Todos sabemos que la libertad
no era una de las prioridades de esos regímenes, pero la educación sí que lo era y viene gente con un nivel de formación importante de los países del Este.
Eso era un tópico que quizá existía y que este estudio nos ha demostrado que no, que
normalmente en general y mayoritariamente, el nivel cultural y el nivel socioeconómico de los padres de los niños inmigrantes que llegan de Iberoamérica y de los países del Este es un nivel quizá más alto que la media del nivel de los compañeros que
se escolarizan en esos centros.
El senador Capdevila, de Convergència y Unió, nos apunta algo también muy interesante. Debo decirle que no habíamos caído en ello y que no sé tampoco cómo podríamos haberlo detectado, aunque estoy seguro de que si hubiéramos hecho una
reflexión lo hubiéramos conseguido, que es cómo detectar a aquellos alumnos que son de origen inmigrante, digamos, que son extranjeros, pero que han llegado a nuestro país como consecuencia de la adopción internacional. No tenemos ese dato,
efectivamente no lo tenemos, y posiblemente pudiera haber sido interesante. Conocemos la ponencia del Senado que estuvo trabajando y conocemos sus conclusiones y para nosotros la inmigración no es un problema, es un fenómeno que puede generar
problemas. Precisamente por eso es por lo que se ha planteado este tipo de trabajo. No pretendemos -y esto sirva también para varias intervenciones- denunciar nada. En este informe, yo se lo he dicho en mi intervención, única y exclusivamente
constatamos hechos objetivos que o nos los han suministrado las administraciones educativas o son consecuencia de la pregunta concreta y directa, mejor o peor formulada.
Es posible que algunos cuestiones hubiera que haberlas contrastado mejor; a
lo mejor también se ha filtrado o se ha orientado algún tipo de respuesta, fruto de la no excelente elaboración del cuestionario. Pero lo único que pretendemos es constatar un hecho, y nos lo dicen todos los agentes educativos, y es que cuando hay
por encima del 30 por ciento de niños inmigrantes escolarizados en un centro, tanto directores como profesores, como padres, como alumnos, nos dicen que es un problema. Y eso se da en algunos, los menos, pero en algunos centros privados
concertados, se da en muchos centros públicos. Asimismo se da la circunstancia a veces de que un centro público tiene ese nivel de escolarización y otro público cercano no lo tiene, no tiene esa concentración. Y lo único que decimos es: Busquen
fórmulas. Apuntamos algunas, que alguien ha dicho que si eran constitucionales o no. Yo creo que más por la lectura de un titular que por la lectura, como decía el señor Delgado, detallada de este informe, ha habido esas salidas, creo que en algún
momento extemporáneas -y no tiene ningún tono peyorativo esto-, simplemente no reflexivas, de lo que significa el estudio.
Nosotros lo único que hacemos es eso, decir: busquen fórmulas. No entramos en si corresponde un reparto aritmético o no
corresponde. A nosotros nos parece que no corresponde, porque sería imposible, porque existe el derecho a la libre elección de los propios padres. Posiblemente habrá muchos padres de niños inmigrantes que quieran que sus hijos vayan a un centro
donde hay concentración de niños inmigrantes. Lo que ocurre es que nosotros detectamos que eso origina un problema en cuanto a la calidad de la enseñanza y apuntamos que busquen fórmulas de reparto.
Los alumnos de 14 a 16 años. Algunas de sus señorías han hecho alusión a eso. Lo mencionamos también en las recomendaciones y decimos que, como además estos chicos llegan en determinados ciclos y momentos, llegan a lo largo de todo un
curso académico y no cursan, como los de aquí, de forma reglada desde la infantil, primaria, secundaria obligatoria, las diferentes opciones, que la enseñanza vaya dirigida también, en determinadas edades, hacia el ejercicio profesional y la
habilitación profesional. Debido a las propias problemáticas que traen ya de los diferentes sistemas educativos, a más a más el problema derivado de lengua, de diferentes sistemas, etcétera, decimos que se potencien las enseñanzas hacia los temas
profesionales. Bienvenidos sean todos los refuerzos que apuntaba que la administración catalana hace. Y en cuanto al rechazo, al 35 por ciento en contra de la inmigración de los chicos, yo seguiría siendo prudente, porque creo que rechazo,
rechazo, rechazo, hoy por hoy es un 10 o un 11 por ciento y lo otro admite muchos matices y muchas reconsideraciones, fruto de lo que decía el señor Delgado.
Efectivamente los cuestionarios (y con esto también contesto al señor Delgado, por
economía procesal) se contrastaron, se hicieron unos primeros bocetos de cuestionarios, por la información que nosotros tenemos de los equipos especialistas que trabajaron de la universidad, se hicieron unos primeros cuestionarios, se contrastaron,
se pasaron unas muestras en determinados centros, se vio la validez o invalidez de determinadas preguntas o respuestas, pero es indudable que pueden tener errores y que pueden inducir a algún sesgo de error, aunque no se pretendía, se pretendió que
fueran los mejores. Pero en esa multirrespuesta, yo creo que el rechazo, rechazo, podríamos situarlo en el 11 por ciento, prácticamente el 65 desde luego es proclive a la inmigración y el otro 25 por ciento no está en un rechazo frontal, aunque
manifiesta algún tipo de reservas frente al fenómeno de la inmigración.
Creo que he contestado a casi todo lo que plantea el señor Capdevila.
La señora Chacón, del Grupo Parlamentario Socialista, hace unas consideraciones y yo debo decirla que no corresponde a esta institución entrar en esos juicios de valor, que se deben más a la propia dinámica de los grupos parlamentarios; yo
no entraré en ese tipo de valoraciones. Sí coincidimos, y lo apuntamos también en el estudio, en que la atención temprana siempre será mucho mejor que la atención al fracaso futuro.
Siempre que se pueda propiciar la atención temprana y la
escolarización temprana de estos niños será mucho mejor. Hemos apuntado asimismo la necesidad de más dotación, de medios económicos. En la última parte de mi intervención he dicho que sería mortal de necesidad, y permítanme esta expresión vulgar,
que el autóctono viera en un momento determinado que el refuerzo que se dedica a compensar las carencias del inmigrante va en detrimento de las posibles ayudas o compensaciones que él también necesita y que no puede recibir. Es necesario el aumento
de esa dotación económica o redistribución de la dotación económica existente -no entramos en valoraciones de si es suficiente o insuficiente, porque lo desconocemos en la institución- para que no haya esa percepción por parte del autóctono de que
el inmigrante le puede detraer dinero de becas, de ayudas de comedor, de transporte, etcétera. Repito que no hablamos en el estudio de que haya que hacer una distribución aritmética entre públicos y privados concertados, pero sí coincide que la
mayor concentración se da en los centros públicos generalmente y además en barrios desfavorecidos con un contexto sociocultural bajo, por lo que lógicamente habrá que dotarlos de más medios o buscar una redistribución.
Me hace SS.SS. varias preguntas, entre ellas si estamos de acuerdo en que haya una normativa básica estatal. No me atrevería a afirmar tanto eso cuanto lo que apuntábamos en la primera recomendación y en lo de las listas de espera respecto
al fenómeno de la inmigración y particularmente respecto al porcentaje que está llegando. Se dice en la primera recomendación hablando de las reformas, modificaciones e innovaciones que se proyectan en el sistema educativo en la línea que apunta,
que se tenga en cuenta el fenómeno y luego organizar un sistema de recogida de datos conjuntos, armonizar los sistemas y criterios de recogida, promocionar la elaboración de estudios y trabajos conjuntos, lo que lleva no sé si a una normativa básica
o a un acuerdo en el consejo interterritorial o en la conferencia sectorial, que debe existir como en casi todas las materias; es decir que de alguna manera se exige que haya si no una normativa básica, sí un acuerdo de las diferentes
administraciones ante esto, que no es un problema pero sí que es un fenómeno que además va a ir a más y que implica que debemos estar vigilantes cara al futuro.
Respecto a ayudas económicas y medidas concretas, nosotros apuntamos en nuestras recomendaciones líneas generales, no entramos en el detalle de lo que se necesita porque para eso están SS.SS. y las administraciones.
Apuntamos líneas de las
necesidades, de las carencias y de por dónde deberían ir, a juicio del Defensor -a lo mejor incluso equivocándonos-, esas líneas concretas.
Respecto a medidas de otras administraciones educativas que hayan sido positivas, no les niego que el informe -aunque no lo he hecho explícito en mi intervención- tenía otra ambición (tenemos los datos guardados en la institución pero no nos
hemos atrevidos a suministrárselos a sus señorías) y es que a todas las comunidades autónomas les solicitamos que nos explicitaran la normativa propia que habían generado para atender la problemática de la inmigración, es decir, decretos, órdenes,
circulares, leyes. Fue muy irregular la respuesta, era también muy irregular la normativa que había, se dilató bastante en el tiempo y pensamos
que podría haber descalificado el informe si les hubiéramos dado un tocho de normativa generada por las comunidades autónomas y nos hubiera faltado una que se ha hecho hace mes y medio y que está dando un resultado maravilloso o una orden de
tal comunidad en tal momento; como digo, hubiera descalificado total y absolutamente el informe. Lo tenemos, se lo podemos facilitar sin ánimo de que tenga ningún valor científico y sabiendo que posiblemente desde la última recepción que hemos
tenido de esa normativa habrá comunidades autónomas que hayan sacado otra y no la hayan aportado en su momento porque pensaran que ya habían contestado al Defensor del Pueblo con lo anterior. Como el estudio ha durado dos años no nos hemos atrevido
a facilitársela pero la tenemos en la institución.
Al margen de las medidas que cada una de las comunidades autónomas tiene, lo que sí hemos visto es que la respuesta es muy general, muy genérica, y el sistema muy homogéneo, lo que decía la señora
Chacón que le parecía positivo. A nosotros también nos ha parecido positivo. Tenemos un sistema educativo que, aunque haya comunidades autónomas que llevan muchos años gestionando esta competencia y otras que la han recibido hace escasamente un
año, año y medio o dos años, lo cierto es que el sistema es muy homogéneo y no vemos grandes diferencias que nos hayan permitido extraer la conclusión de que una determinada medida es mano de santo en este tema concreto de la integración de los
niños en el aula o en la sociedad.
En cuanto a la concentración de inmigrantes, a que el 30 por ciento puede ser en unos años muy negativo, pues efectivamente es así si se aumenta.
Es un modelo, es una opción y sus señorías y las autoridades educativas verán. Nosotros
entendemos que es mejor la redistribución de cara a la integración. Hay otros modelos como el británico, en el que existe una escuela hindú, una escuela magrebí, una escuela inglesa y una escuela escocesa. Nosotros entendemos que es mejor no ir a
esa concentración, aunque los padres pueden tener la tentación de que los niños magrebíes vayan con magrebíes, los hindúes con hindúes y los asiáticos con asiáticos, pero entendemos que es mejor la integración. Si seguimos en esta dinámica de
concentración en determinados centros de alumnado inmigrante podemos llegar a esa situación, que no digo que sea buena ni mala, creemos que no es buena cara a la integración, pero al final el devenir de los hechos nos dirá algo en ese sentido.
En cuanto a la formación profesional, a la preparación para el empleo, comentaba en la intervención alguno de sus compañeros portavoces que en determinadas edades o formas de llegar los alumnos inmigrantes a nuestra escuela habría que
reorientarles más hacia una preparación para el empleo que hacia una escolarización total y absolutamente reglada.
Los datos del crecimiento, señor Delgado, son los que son y se quedan obsoletos con un curso académico. En 1992/93 era el 0,56 por ciento; en 1993/94 el 0,62, muy poco más; en 1994/95 el 0,72, muy poco más, en 1996/97 el 0,84; pero en
1997/98 es el 1,01 y en el 2000/01 un 2,22, es decir que se duplica. Estoy seguro de que el curso próximo estaremos casi en el dos y medio más de lo que el estudio cuantitativo nos da, pero eran las limitaciones que teníamos.
En cuanto a las conclusiones, son miles las variables que salen en el estudio y yo estoy seguro de que un estudio pormenorizado y científico del tema va a permitir sacar conclusiones que no hemos sido capaces de extraer por la premura en la
presentación del informe.
Ya hemos hablado de que el nivel de estudio de los padres de los niños inmigrantes es superior en algunos casos. La metodología de los cuestionarios también la hemos comentado. Y en cuanto a las recomendaciones que nos decía que
trasladáramos a las comunidades autónomas y que algunas no las habían recibido, me cuesta trabajo creerlo. Posiblemente esté en algún cajón administrativo de la comunidad autónoma porque el mismo día que se registró el informe en el Congreso de los
Diputados se lo llevó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, y al día siguiente estaban los sobres preparados y se les envió en soporte CD-Rom y en soporte papel a todos los consejeros de
educación de todas las comunidades autónomas a través de mensajería. Se les anunció en la carta que figuraba en la página web del Defensor del Pueblo y se remitió a todos los defensores del pueblo y comisionados autonómicos de aquellas comunidades
que tienen esta institución. Como digo, eso fue al día siguiente, aproximadamente hace un mes, en torno al 26 ó 27 de mayo se registró aquí y al día siguiente se realizó la rueda de prensa en la institución. A lo mejor el envío a alguna comunidad
se ha traspapelado, pero me cuesta creerlo y lo vamos a revisar aunque era un servicio de mensajería personal.
Respecto a la enseñanza concertada y enseñanza pública, lectura de titular, estamos en contra -lo repito nuevamente- única y exclusivamente de la concentración. Búsquense las fórmulas adecuadas para hacer esa redistribución, que creemos que
no tiene que ser aritmética pero sí tiene que evitar la concentración.
En cuanto al estudio más en detalle de las zonas de escolarización, después de ver los resultados y lo que ha pasado, nos hemos encontrado con que se podían haber hecho más cosas, incluso llegamos a plantearnos si hacíamos el estudio sólo de
inmigración o también de educación compensatoria, si atendíamos el tema de las minorías étnicas como la gitana, si atendíamos educación compensatoria en niños con deficiencias o discapacidades de tipo psíquico ligero, no severo, pero al final
tuvimos que acotar el campo del trabajo por dinero, por medios materiales y por medios humanos y económicos. Respecto al aumento retributivo, aunque se apunta, el espíritu de la recomendación cuando hablamos
de los profesores que se dediquen a enseñanza compensatoria de inmigrantes, etcétera, lo que queremos decir es que tengan un incentivo; si hacen un sobresfuerzo que tengan un incentivo. Que sea aumento retributivo, reducción de jornada
lectiva y compensada con una jornada más relajada de tutoría, la fórmula que quieran, pero entendemos que estos profesores deben tener algún incentivo.
Creo que he contestado a todas sus señorías, pero si he dejado algo en el tintero me lo recuerdan. Muchas gracias por el reconocimiento y el afecto que han manifestado en la acogida a este informe que ha hecho la institución.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún diputado quiere intervenir para terminar? Tiene la palabra la señora Chacón un minuto.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Sólo un pequeño matiz a la información que el compañero diputado señor Delgado hacía respecto a Andalucía para relativizar el dato. Gobernarán unos u otros pero el resultado es el mismo. Hablaba del 82 por
ciento de alumnos inmigrantes en la escuela pública en Andalucía y el 18 por ciento en la privada. Sólo quiero decir que Andalucía tiene de red el 80 por ciento de pública y el 20 por ciento de privada, mientras que Madrid capital tiene el 57 por
ciento de privada y el 43 por ciento de pública. El dato es muy relativo pero seguro, señor Delgado, que no se iba la luz por eso. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su amabilidad al ser breve.
El señor Delgado tiene la palabra.
El señor DELGADO ARCE: En la página 88 del monumental primer volumen que nos fue entregado se dice que en la red pública de Andalucía el porcentaje de alumnado autóctono es el 75,59 y en la privada concertada el 24,41; y el porcentaje de
alumno de origen extranjero en la red pública es del 86,45 y en la privada concertada del 13,55. Por tanto, los datos que di son los que en el informe constan. Espero que no se vaya la luz por eso. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Parámetros y porcentajes aparte, lo importante es que estos niños estén atendidos.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.