DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2002 VII Legislatura Núm. 120

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES

Sesión núm. 48

celebrada el martes, 17 de diciembre de 2002,

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Excmo. Sr. D. Jaime Ignacio González González, para informar sobre las acciones posibles a nivel de la Unión Europea en materia de inmigración procedente de
países mediterráneos. (Número de expediente del Senado 713/000183 y número de expediente del Congreso 212/000424.) ...
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Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.



El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos, señoras y señores diputados, y señoras y señores senadores.



Se reúne la Comisión Mixta Congreso-Senado para asuntos europeos para atender la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en virtud de la cual comparece el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración para informar sobre las posibles acciones a nivel de la Unión Europea en materia de inmigración procedente de países mediterráneos. A tales efectos, tiene la palabra el delegado del Gobierno.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.



En primer lugar, quiero agradecerles la invitación para participar por primera vez en esta comisión del Senado donde tengo la oportunidad de comparecer ante ustedes.



Voy a hacer lo posible por resumir al máximo las cuestiones relativas al objeto de la comparecencia teniendo en cuenta que, por lo que se refiere a las acciones que en el ámbito de la Unión Europea se pueden acometer desde el punto de vista
de la inmigración en el ámbito de los países mediterráneos, no es una política singular de la Unión sino que se enmarca dentro del conjunto de las políticas que en materia de inmigración y asilo se están desarrollando en el ámbito de la Unión. Por
tanto, me voy a referir con carácter general a las mismas para luego entrar específicamente en algunas de las cuestiones concretas que se refieren al ámbito mediterráneo.



Como ustedes saben, la Unión Europea, a partir del Tratado de Maastricht estableció la necesidad de empezar a centrar el interés de las políticas comunitarias en la materia relativa a la inmigración y al asilo con la finalidad de crear un
cuerpo legal común para todos estos asuntos en el ámbito de los países miembros.



Ya en el Tratado de Amsterdam se hizo comunitaria, por decirlo de alguna manera, la política de inmigración y asilo y se incluyó dentro de lo establecido como el Primer Pilar de la Unión, con el objetivo de instituir un marco común relativo
a la libre circulación de personas, a los controles de fronteras, a las políticas de asilo, inmigración y protección de nacionales de terceros países y a la cooperación en materia civil.



En el año 1999 el Consejo Europeo en Tampere promovió decididamente una política europea común en materia de inmigración y asilo y fijó los elementos a los que debería ir referida esta política. En primer lugar, debería tratar la
colaboración con los países de origen; en segundo lugar, el establecimiento de un sistema europeo común de asilo; en tercer lugar, el trato justo a los nacionales de terceros países y, en cuarto lugar, la gestión eficaz de los flujos migratorios.



El Consejo de Laeken estableció la necesidad de que esta política europea en materia de inmigración y asilo mantuviera el equilibrio básico necesario entre la protección de refugiados; la aspiración legítima a una vida mejor por parte de
los inmigrantes económicos y el respeto al equilibrio con la capacidad limitada de acogida de los países de la Unión Europea frente a esos flujos migratorios.



El desarrollo de estas medidas que se sentaron en Laeken y Tampere fueron las que inspiraron con posterioridad las actuaciones que se han venido desarrollando a lo largo de este año, especialmente durante la Presidencia española y en la
actualidad bajo la Presidencia danesa.



Dentro del ámbito de la Presidencia española, la política de inmigración y asilo se configuró como uno de los elementos esenciales del Consejo, y dentro de las actuaciones que se pusieron en marcha para el presente año se determinaron unas
actuaciones generales, un programa de trabajo y un calendario indicativo sobre las medidas concretas a desarrollar.



Dentro de esas orientaciones generales, se implantaron, entre otras, las siguientes: en primer lugar, el establecimiento de medidas de lucha contra la inmigración ilegal; en segundo lugar, medidas para la gestión coordinada integrada de
las fronteras exteriores; en tercer lugar, la integración de las políticas migratorias en las relaciones de la Unión Europea con terceros países, y en cuarto lugar, la aceleración de trabajos legislativos que permitiera la configuración de un marco
normativo común en estas materias para el conjunto de los países de la Unión.



Hasta ese momento, los avances que se habían producido en actuaciones singulares desde Tampere habían incidido fundamentalmente en tres aspectos concretos: en el fondo europeo para los refugiados; el desarrollo del Reglamento Eurodac para
la detección de inmigrantes a través del sistema de huellas digitales, y la directiva sobre protección temporal.



El impulso de los trabajos que se ha venido realizando a lo largo de este año se ha centrado fundamentalmente en los siguientes ámbitos: en primer lugar, la construcción de un sistema común europeo de asilo que se ha centrado en la
aprobación de la directiva por la que se establecen las normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo en los Estados miembros; la armonización sobre las medidas asistenciales y el establecimiento de una documentación común destinada a los
solicitantes de asilo. También en este ámbito se ha desarrollado el sistema Eurodac de identificación de solicitantes de asilo mediante la comparación electrónica de huellas digitales para facilitar el Estado miembro responsable del análisis de una
solicitud de asilo,


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tomando como referencia el país por el que se ha producido la entrada.
Igualmente, se han establecido normas mínimas sobre los requisitos para acceder a la condición de refugiado y las normas mínimas para acceder a la condición de
beneficiario de cualquier otro tipo de protección internacional.



En materia de inmigración ilegal, se ha determinado el estudio y las directrices básicas sobre el establecimiento de los requisitos aplicables a los extranjeros residentes legales de larga duración; las condiciones de entrada y residencia
en la Unión Europea con fines de actividad laboral por cuenta propia o ajena; la expedición de permisos de residencia de corta duración a las víctimas del tráfico de seres humanos que colaboren con la Justicia, y las normas básicas comunes sobre
criterios de reagrupación familiar.



En el ámbito de la gestión de los flujos migratorios se estableció el Plan global de la lucha contra la inmigración ilegal, acordándose una serie de medidas que se centran fundamentalmente en la implantación de una política común en materia
de visados y también en la creación de una base de datos común de visados para el conjunto de los países miembros de la Unión.



En materia de control de fronteras exteriores, se estableció un plan de actuación dirigido fundamentalmente al refuerzo del control de las fronteras exteriores mediante la colaboración conjunta de programas de actuación por parte de los
países que son frontera exterior y el impulso de actuaciones singulares a las que después me referiré.



En el ámbito de la colaboración con terceros países, se estableció la necesidad de incorporar la política de colaboración con los terceros países dentro de las políticas migratorias de la Unión Europea, con el objetivo de implantar canales
de lucha contra la inmigración ilegal intensificando las relaciones exteriores con el conjunto de los terceros países, especialmente con los países americanos, con los asiáticos, con los de los Balcanes occidentales y muy especialmente con los
países del Magreb y el área euromediterránea.



En este sentido, también se estableció la puesta en marcha de planes de acción sobre asilo e inmigración en el ámbito de la Unión Europea con terceros países, dentro de los cuales se han puesto en marcha cuatro programas, dos de ellos
referidos a Afganistán y a Somalia y otros dos a países del arco mediterráneo, Albania y Marruecos, existiendo en la actualidad negociaciones abiertas con Irak y Sri Lanka.



Desde el punto de vista de las orientaciones generales que se fijaron a lo largo del presente año en estas materias y que constituyen la base de las actuaciones singulares a las que se han ido refiriendo los trabajos desarrollados por la
Presidencia en estos últimos meses, hay que señalar cuatro grandes áreas: en primer lugar, en las medidas de lucha contra la inmigración ilegal se ha establecido la necesidad de revisar la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a
la exigencia de visado o están exentos del mismo, y está previsto que en el próximo consejo que se celebrará a finales de esta semana se proceda a la aprobación o revisión de la propuesta de la Comisión.



Igualmente, se ha establecido la necesidad de seguir avanzando en el sistema común de identificación de visados que debe ser presentado a finales de este año para su posible implementación a lo largo del próximo semestre del siguiente año;
se han fijado nuevos mandatos de negociación para acuerdos de readmisión con terceros países, fundamentalmente mandatos nuevos con Turquía, Albania, Argelia y China; se han determinado los elementos básicos para la elaboración de un programa de
repatriaciones que tenga en cuenta el Libro Verde de la Comisión, fijándose un programa de acción de retorno de inmigrantes ilegales que se encuentra en estos momentos pendiente de la presentación de una financiación por parte de la Comisión al
Consejo de Ministros que se celebrará a final de año, y se han aprobado las decisiones marco relativas a la lucha contra la trata de seres humanos y al reforzamiento en el marco penal de la represión de la ayuda a la entrada, circulación y estancia
irregulares y las directivas destinadas a definir la ayuda a las mismas.



En el ámbito de la gestión coordinada de las fronteras exteriores se ha establecido la creación de un órgano común de expertos sobre fronteras exteriores, compuesto por los jefes de los servicios de control de fronteras exteriores de los
Estados miembros encargado de las medidas incluidas en dicho plan y las opciones operativas a las que posteriormente me referiré; igualmente se ha establecido un calendario de compromisos que se está cumpliendo en la actualidad dirigido, en primer
lugar, a la operación conjunta en fronteras exteriores; en segundo lugar, al impulso y desarrollo de proyectos piloto entre los distintos Estados miembros de la Unión dirigidos al reforzamiento de control de las fronteras exteriores, y, en tercer
lugar, a la creación de una red de funcionarios de enlace entre los distintos países miembros para el seguimiento y aplicación de todas estas medidas.



Al mismo tiempo, se ha señalado la necesidad de desarrollar a lo largo de los próximos meses un modelo común de análisis de riesgos con el objetivo de realizar una evaluación generalizada de los relativos a la entrada y a los flujos
migratorios de inmigración ilegal; la fijación de un tronco común para la formación de los guardias de fronteras, y la necesidad de establecer un reparto de cargas en relación con el control de fronteras exteriores fundamentalmente para que los
distintos países de la Unión contribuyan al sostenimiento de los esfuerzos de control de fronteras exteriores, entendiendo que los países que somos frontera exterior de la Unión debemos pagar conjuntamente con el resto todos los esfuerzos necesarios
para el reforzamiento de nuestras fronteras exteriores porque, en definitiva, son fronteras no sólo nacionales sino de la Unión.



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Por lo que se refiere a la política de inmigración en relación con los terceros países y a la colaboración con los países de origen, se ha establecido también la necesidad y la concreción ya de la integración de la política de inmigración en
la política exterior de la Unión Europea, que ha tenido su reflejo más significado en la comunicación del Consejo de Asuntos Generales del 18 de noviembre pasado, en el que se han presentado las conclusiones sobre la intensificación de la
cooperación en materia de gestión de flujos migratorios con terceros países y a la que luego me referiré más detalladamente porque ahí se contiene uno de los elementos esenciales de orientación de las políticas que en materia de inmigración se van a
desarrollar a lo largo de los próximos meses y años en el ámbito de la Unión. En este acuerdo se prevé ya la inclusión de una cláusula sobre gestión común de flujos migratorios y sobre la readmisión obligatoria en caso de inmigración ilegal en todo
futuro acuerdo de cooperación, asociación o equivalente con terceros países, así como la realización de una evaluación sistemática de las relaciones y de la colaboración con los países de origen y tránsito con la inmigración ilegal.



En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Europeo, los elementos esenciales que se incluyen en estas cláusulas hacen referencia fundamentalmente a la necesidad de establecer un diálogo pormenorizado sobre la cuestión migratoria con esos
países; el compromiso de tener en cuenta en el marco de las estrategias nacionales y de desarrollo económico y social las restricciones que se puedan establecer a los flujos migratorios con el fin de apoyar el desarrollo económico y regional de las
regiones de las que se producen esos flujos migratorios hacia Europa; el estudio conjunto de los asuntos derivados del tráfico ilegal de seres humanos, así como de la puesta en marcha de medidas para establecer controles y actuaciones dirigidas a
combatir esa inmigración ilegal; medidas dirigidas también a facilitar el regreso en condiciones humanas y dignas de nacionales de terceros países y apátridas que decidan retornar y residan ilegalmente en el territorio de la Unión; la necesidad de
remitir a sus propios nacionales presentes ilegalmente en el territorio de nuestros países y facilitarles documentos adecuados para el retorno a sus países de origen; el impulso a los acuerdos de readmisión y la cooperación relativa a los flujos
migratorios para fomentar que se les dé un trato justo a las personas que emigran de unas zonas a otras mediante una política de integración eficaz que favorezca la no discriminación y la lucha contra el racismo y la xenofobia. También se establece
claramente la necesidad de asegurar la colaboración de los países de origen y tránsito de tal manera que se establezca la obligatoriedad de que los países de tránsito asuman la readmisión de los nacionales de terceros países cuando se acredite que
ha sido a través de su territorio donde se ha producido el tránsito hacia la Unión. Para la aplicación de todas estas medidas la Unión debe facilitar asistencia técnica y financiera y para ello debe proporcionarse a la Comunidad Europea todos los
recursos necesarios, pero dentro del marco de las perspectivas financieras que tiene en estos momentos establecida la Unión, a las que luego me referiré.



Dentro de esa resolución también se establece la necesidad de llevar a cabo una evaluación sistemática de las relaciones con terceros países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal y se tendrá en cuenta en las relaciones
con la Unión con esos terceros países cuál es la actitud de cara a las posibles actuaciones de colaboración, de facilitación de medidas de cooperación al desarrollo, etcétera, de tal manera que cuando se demuestre que no existe esa cooperación el
Consejo podrá adoptar medidas en el marco de la política exterior y de seguridad común y de las demás políticas de la Unión Europea, pero dentro del respeto a los compromisos asumidos por la Unión sin menoscabo de los objetivos de la cooperación al
desarrollo.



Por último, dentro de las actuaciones marco puestas en marcha en los últimos meses están todas las medidas relativas a la aceleración del establecimiento de un marco legislativo común para el conjunto de los países de la Unión en materia de
inmigración y asilo, con un calendario relativo a la necesidad de aprobar a lo largo de los próximos seis meses todas las disposiciones legislativas relativas a la modificación del Reglamento Dublín II, el estatuto de refugiado, las normas comunes
de reagrupación familiar, el estatuto de residentes permanentes y las normas comunes sobre procedimiento de asilo.



En estos momentos y dentro de los trabajos que se han venido desarrollando por la Presidencia danesa -que están a punto de concluir en concreto en el ámbito de justicia e interior a lo largo de esta semana con la celebración del consejo que
tendrá lugar durante el jueves y el viernes de la misma-, hay que señalar que se sigue avanzando en los elementos determinantes del marco de legislación común a la que me he referido, pero fundamentalmente donde se ha hecho una política muchísimo
más concreta ha sido en el ámbito de las medidas concretas, medidas operativas de colaboración con proyectos singulares para el desarrollo del Plan de lucha contra la inmigración ilegal y del Plan de control de fronteras exteriores.



Desde el punto de vista de la inmigración ilegal, se han aprobado recientemente las conclusiones sobre integración de los nacionales de terceros países que se encuentren residentes legales en los países de la Unión y una disposición de
carácter general en la que se subraya la importancia que tiene la integración para facilitar el desarrollo de estas personas, no solamente a través del trabajo -aunque se reconoce que el trabajo es el elemento esencial para la integración-, sino
también a través de otros aspectos que van ligados a la participación en la vida económica, social, cultural y civil,


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y donde se reconoce el papel que la sociedad civil juega fundamentalmente para facilitar la integración de estos extranjeros.



Como les decía, también se han desarrollado los proyectos normativos relativos al estatuto de nacionales de terceros países residentes de larga duración, la entrada con fines de estudio, formación profesional y voluntariado, las condiciones
de entrada y residencia para el ejercicio de actividades económicas por cuenta propia y ajena y los criterios de reagrupación familiar.



En lo que se refiere a la inmigración ilegal, se han aprobado una serie de conclusiones relativas a la prevención y lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos a través de un documento básico donde se establecen las
líneas de cooperación y la necesidad de articular un proceso de financiación común para las medidas de control de fronteras y repatriación que, como les digo, deberá ser presentado por la Comisión a finales de este año teniendo en cuenta la
resolución del Consejo de Asuntos Generales a la que me he referido y que luego explicaré detalladamente.



También se han establecido nuevos mandatos para la celebración de acuerdos de readmisión -como les señalaba- con Turquía, Albania, Argelia y China y la necesidad de poner en marcha ya el denominado Acuerdo de Cotonú, que afecta a la relación
de la Unión Europea con los países de África, Caribe y Pacífico, en cuyo artículo 13 se prevén ya las políticas de readmisión de nacionales de estos países que se encuentren ilegalmente en el territorio de la Unión Europea y que han sido puestas ya
en marcha y se han recordado a estos países por parte de la propia Comisión con motivo de los acuerdos suscritos en el último Consejo JAI celebrado el mes pasado.



Se ha establecido un programa de acción de retorno que se basa en cuatro pilares: la cooperación práctica y operativa entre los Estados miembros, el intercambio de información, la formación común, la asistencia mutua entre los funcionarios
de enlace y las operaciones conjuntas de retorno a los países de origen. También se prevé dentro de este plan la unificación de las medidas y criterios sobre quiénes pueden ser repatriados y la inclusión del reparto de los gastos sobre políticas de
repatriación comunes.



En el ámbito de la lucha contra la inmigración ilegal se ha establecido un nuevo marco penal de reforzamiento contra las actuaciones delictivas dirigidas al tráfico de seres humanos y, en ese sentido, para la represión de la ayuda a la
entrada, circulación y estancia, y la definición de la ayuda a la entrada, circulación y estancia reforzando la modificación de los ordenamientos jurídicos nacionales para establecer un marco común de definición de delitos en estas materias y de la
imposición de unas penas comunes que alcanzarán hasta un máximo de ocho años cuando se trate de la comisión de este tipo de delitos, con una serie de circunstancias agravantes si las actuaciones han ido dirigidas fundamentalmente a la explotación
sexual de niños o al daño a las mujeres y a personas en situación de especial vulnerabilidad.



En relación con la política de visados, como les decía, se sigue avanzando en la definición de una base de datos común y de una serie de criterios consulares comunes a la hora de la concesión de los visados porque es una política comunitaria
conjunta y, por lo tanto, debe responder a esas bases comunes. En ese sentido, se han establecido una serie de criterios para que en materia de cooperación consular exista una unidad de criterios en lucha contra el terrorismo, inmigración ilegal y
tráfico de seres humanos, dando prioridad al establecimiento de esa base de datos común. También se va a someter al próximo consejo la revisión de la lista de países a los que se exige o no visado.



Básicamente, en materia de lucha contra la inmigración ilegal son estas las medidas con las que va a concluir la Presidencia danesa.



En política de asilo se sigue avanzando en la determinación de las normas para la definición de un marco común en materia de política de asilo y refugio para los países miembros, tratando fundamentalmente de evitar la cuestión que en estos
momentos preocupa más en el ámbito de la Unión, que es el uso fraudulento que con carácter general están haciendo muchas personas que no son realmente perseguidos ni refugiados, sino inmigrantes ilegales que se aprovechan del uso de este sistema
para colocarse en una situación de ventaja para su entrada ilegal en los territorios de la Unión Europea.



Dentro de estas actuaciones las prioridades están dirigidas al establecimiento de la norma común para la concesión del estatuto de refugiado a las personas que necesiten protección, la definición del concepto común de refugiado y de
protección subsidiaria, y la aproximación a la definición de procedimientos administrativos y judiciales comunes para la concesión del estatuto de refugiado.



En este sentido hay distintas directivas que se están llevando adelante sobre normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, determinar el Estado miembro responsable para la evaluación de una petición de
asilo, requisitos que se establecen y estatuto al que pueden optar ciudadanos de terceros países beneficiarios de protección y apátridas, directivas del Consejo relativas a la concesión o retirada con criterios comunes de la condición de refugiado,
y el establecimiento de una declaración del Consejo relativa a terceros países seguros. En ella se establece que los Estados miembros son terceros países seguros en lo que se refiere a la Convención de Dublín siempre que se trate de los países de
la EPTA y de los países candidatos.



En materia de control de fronteras también se han realizado importantes actuaciones que fundamentalmente han alcanzado a las cuestiones operativas relativas al desarrollo de proyectos piloto dirigidos al control


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de fronteras con participación de los países miembros de la Unión y de los países candidatos. Dentro de estos proyectos hay toda una serie de medidas dirigidas al control de las fronteras marítimas, portuarias y aeroportuarias, así como al
establecimiento de una serie de centros de cooperación de servicios de policía de fronteras comunes, políticas también comunes de concesión de visados y fundamentalmente todas las que se refieren a la lucha contra la inmigración ilegal.



Dentro de estas operaciones conjuntas hay que señalar fundamentalmente todas aquellas que van dirigidas al control de los flujos migratorios a través de puertos y vías marítimas. En este sentido hay dos proyectos esenciales que afectan al
ámbito euromediterráneo, dentro de los cuales España ha presentado proyectos con carácter preferente que han sido aprobados y que se van a poner en marcha en los próximos meses, uno de ellos está dirigido al control portuario, conocido como proyecto
Río, y otro se refiere al control de fronteras marítimas en el ámbito mediterráneo, que es el proyecto Ulises. Este proyecto, que afecta fundamentalmente al arco mediterráneo, tiene como objetivo controlar la inmigración ilegal por vía marítima,
especialmente procedente del norte de África hacia los Estados miembros de la Unión; se desarrollará entre el 25 de enero y el 8 de febrero, y también tiene un ámbito de actuación posterior al del Sahara Occidental con destino a las islas Canarias,
que se realizará a partir de febrero de 2003. Por su parte, la operación Río tiene como objetivo el control y evaluación de los riesgos de la inmigración ilegal que se produce fundamentalmente en los puertos de la Unión Europea, y sobre todo en los
del arco mediterráneo, y se va a desarrollar a lo largo de los días 13 a 16 de enero de 2003.



Asimismo, en este ámbito de medidas concretas operativas se ha establecido por parte del Consejo la entrega del boletín de falsificaciones de documentación para detectar cuáles son las falsificaciones más comunes que, en el ámbito de la
documentación comunitaria, están siendo utilizadas por las redes de tráfico de seres humanos en colaboración con los países del norte de América, Estados Unidos y Canadá, así como la definición de elementos comunes reconocidos sobre documentos de
identificación, que en el ámbito de la Unión Europea son los que se reconocen por los distintos países para facilitar la entrada y circulación por todo el territorio de la Unión.



Como les decía, dentro de estas actuaciones quizá la más significativa, y que tiene una gran trascendencia para la ordenación del fenómeno migratorio en el ámbito de la Unión y en su relación con terceros países, está constituida sin duda
por la comunicación sobre integración de los asuntos de inmigración en la relaciones de la Unión Europea con terceros países aprobada por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el pasado día 10 de diciembre. Su desarrollo
fundamental y su discusión va a tener lugar durante la Presidencia griega, pero en él se contienen las bases fundamentales de ordenación de las actuaciones de política europea para los próximos años. Está formada por dos partes, una primera que se
refiere al análisis de las políticas en materia de inmigración y desarrollo, y una segunda sobre la utilización de los recursos financieros disponibles para las políticas de repatriación de inmigrantes, gestión de fronteras exteriores y proyectos en
materia de inmigración en terceros países. Parte de un análisis sobre las condiciones que dan lugar a la existencia de flujos migratorios y establece las políticas en materia de inmigración a través de tres categorías: la primera es la cooperación
de la Comunidad con terceros países que abordan directamente el tema de la inmigración, y que en el ámbito mediterráneo se circunscribe al marco de asociación Euromed, al que luego me referiré; una segunda categoría que se refiere a las medidas
incluidas en una línea general de ayuda a emergencias y rehabilitación, y una tercera sobre la tendencia de la política comunitaria de cooperación al desarrollo y programas al desarrollo, que tiene como objetivo reducir los factores que están
impulsando el fenómeno migratorio y los movimientos de estas personas de los países menos desarrollados hacia los países desarrollados, dirigida fundamentalmente a facilitar el apoyo al crecimiento y al desarrollo sostenible y a la lucha contra la
pobreza en estos países.



Dentro de esta resolución, la Comisión propone los siguientes ámbitos de actuación en el futuro: En primer lugar, en materia de comercio y desarrollo, proporcionar y garantizar el empleo en los países en vías de desarrollo mediante el
comercio y acceso al mercado de la Unión, que es una de las vías más eficaces para combatir las necesidades de estos países; en segundo lugar, la prevención de conflictos, cooperación e integración regional. Aquí se trata de que la Comisión
refuerce su papel en actividades centradas en desarme, gestión compartida de recursos internos, etcétera, y el apoyo a los proyectos de infraestructura. En tercer lugar, el refuerzo institucional y de buen gobierno, es decir, se trata de garantizar
los derechos fundamentales, la lucha contra la corrupción y proceder a la reforma institucional necesaria para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad de las instituciones en estos países, y en cuarto lugar, la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural sostenible, con el fin de paliar el hambre y las carencias de infraestructura básica para el desarrollo de la posibilidad de obtener los alimentos más básicos y el agua potable que faciliten las bases de desarrollo, y con ello
evitar la inmigración hacia nuestros países.



Por lo que se refiere al segundo ámbito, que es el de los recursos financieros disponibles a escala comunitaria, la Comisión elabora en este documento un inventario donde se recogen todos los esfuerzos económicos que hasta el momento se
están realizando y que consideran deben ser la base de la redistribución de los mismos para priorizar las políticas de control de flujos,


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lucha contra la inmigración ilegal e integración en estos países. Dentro de ello se destaca la evolución de los recursos financieros comunitarios asignados a la política de asilo e inmigración y al control de las fronteras exteriores.
Estos recursos del presupuesto comunitario han sufrido una evolución importante en los últimos años, pasando de los 29,5 millones de euros de 1998 a más de 51 millones de euros en el 2002, la gran mayoría de ellos destinados al fondo europeo para
refugiados.
Asimismo, se han establecido instrumentos económicos para desarrollar los objetivos de Tampere y Laeken, unos dirigidos al esfuerzo de la cooperación administrativa que se han centrado, a partir de 1998, en el programa Odiseus, que ha
venido financiando 155 proyectos de cooperación, asociando en su mayoría servicios administrativos nacionales y organizaciones internacionales, que van dirigidos a la formación y períodos de prácticas de personal administrativo, intercambios de
funcionarios o agentes habilitados, así como a investigación y estudios que ayuden al control de los flujos migratorios. En la actualidad este proyecto ha sido sustituido por el proyecto Argo, aprobado en junio de 2002 por un período de cinco años
y con una dotación económica de 25 millones de euros. Argo supone ya un paso decisivo para la consolidación de las actuaciones operativas en colaboración entre los distintos países, apoyando proyectos comunes concretos y previendo la capacidad de
apoyar actividades de Estados miembros en terceros países, de donde parte el flujo migratorio.



Junto a esta línea, nos encontramos con la línea de fondo europeo para ayuda al desarrollo para el período 2000-2004, que establece un montante de 216 millones de euros para cinco años, de los cuales 50 millones están reservados para
eventuales medidas de emergencia ante situaciones que se puedan producir, como fue, por ejemplo, el fenómeno de Afganistán o algunos otros.



Este proyecto traduce a términos operativos y financieros el principio de solidaridad de los Estados miembros en la aplicación de una política común de asilo y refugio y, además, su implementación se gestiona de forma compartida con los
Estados miembros, que administran el 95 por ciento de los fondos. Actualmente, es sin duda el programa con mayor dotación económica, que ha permitido que durante estos tres últimos años, incluido el presente, se hayan desarrollado más de 370
proyectos.



Estos elementos financieros son sin duda la base sobre la que articular la redistribución de los recursos de la Unión Europea para el impulso de las políticas de ordenación de flujos migratorios, control de fronteras y lucha contra la
inmigración ilegal en los próximos años.



También se introduce dentro del acuerdo todo lo relativo a asociaciones con países terceros de origen y tránsito de la inmigración. En particular, contra la lucha de la inmigración ilegal se ha integrado también en todos los acuerdos de
asociación y cooperación firmados desde entonces, en particular con los países de la cuenca mediterránea, y se han establecido iniciativas con estos países en el marco de la promoción de la ayuda exterior, contribuyendo a paliar en la medida de lo
posible la ordenación desordenada -valga la redundancia- de esos flujos migratorios. Estas acciones van dirigidas al desarrollo de las regiones que son fuentes de inmigración en la zona, a la instauración de políticas e infraestructuras de acogida
en cuanto a asilo, al refuerzo de sus capacidades institucionales, en particular de las fuerzas policiales y del sistema judicial, al control de sus fronteras exteriores, a la lucha que ellos hagan internamente contra la inmigración ilegal, y al
retorno y reintegración de refugiados y desplazados. Dentro de ello destaca el programa que va dirigido a ayudas a la mejora de la gestión de los controles en fronteras, especialmente en el ámbito de cooperación para nosotros con Marruecos, que es
un programa singular dentro del Proyecto MEDA para el año 2002-2004, con un presupuesto de 40 millones de euros.
Junto a ese, existe una previsión de 37 millones de euros en el marco del programa CARDS, que es un programa que también va dirigido a
sostener la lucha contra la inmigración ilegal en materia de gestión de políticas de asilo y de inmigración en la zona de los Balcanes occidentales, y se han establecido alrededor de 440 millones de euros para el período 2002-2004 para acciones
dedicadas a la mejora de la gestión de fronteras y la inmigración ilegal, así como para fomentar la lucha contra esa inmigración ilegal.



También existe una iniciativa para la financiación durante un período de tres años de proyectos innovadores en cuanto a la cooperación con terceros países en el ámbito de las migraciones, dirigido fundamentalmente a promover un enfoque
global del fenómeno migratorio en el que también estén contempladas las medidas de integración. En este sentido, existe una dotación que ha venido suponiendo en los últimos años casi 23 millones de euros y está prevista para el próximo año más 20
millones de euros.



El contenido de esta comunicación, como les digo, es básico, porque a nuestro juicio aquí están sentadas las bases financieras sobre las que la Unión Europea va a poder articular en los próximos años el desarrollo de las medidas concretas en
toda la política de inmigración, asilo y refugio común, tanto para el ámbito de la ordenación de flujos, como les decía, control de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal y la integración, y existe el compromiso de que, a lo largo de la
presidencia griega, esto se desarrolle y se concrete en medidas singulares que permitan la concreción de todas estas iniciativas.



En el ámbito concreto de la Unión Europea y la región mediterránea, las directrices que se han seguido no son otras que las generales que se han mantenido en


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el ámbito de la Unión Europea, que han tenido su reflejo en la zona euromediterránea. La colaboración y cooperación de la Unión Europea en el ámbito euromediterráneo tiene como punto de partida la conferencia celebrada en Barcelona en
noviembre del año 1995, que dio lugar al proceso de Barcelona o a lo que se ha llamada la Asociación Euromed, formada por los países del Mediterráneo asociados con la Unión Europea para el desarrollo de estas políticas conjuntas, dentro de los
cuales están Marruecos, Argelia y Túnez, en el Magreb, Egipto, Israel, Jordania, la Autoridad Palestina, el Líbano y Siria, en el Masrek, y Turquía, Chipre, Malta y Libia. Esta conferencia de Barcelona, esta Asociación Euromed, dio lugar a lo que
se denomina la Declaración de Barcelona, en la que se recogen las medidas dirigidas al aumento de la cooperación para reducir la presión migratoria y se reconoce el papel de la inmigración como un elemento capital en las relaciones entre estos
países.



La puesta en marcha de estas iniciativas se articula a través del Comité Euromediterráneo, formado por la troica de los países comunitarios, los socios que forman parte de Euromed y la Comisión. Este comité dirige el proceso de cooperación
regional y es el que establece en estos momentos los proyectos financiados a través del Programa Meda, conforme al programa indicativo nacional que se establece para cada uno de los países del Mediterráneo.



La última conferencia ha sido celebrada en Valencia, en abril del año 2002. En ella, los ministros que forman parte del Euromed decidieron establecer un plan de acción para el diálogo político, y reforzar el desarrollo de una mayor
cooperación. Ese plan de acción que fue aprobado ha entrado en vigor inmediatamente después de la conferencia y se recoge a través de un documento marco en el que se tratan todos los temas relativos a la integración social de los inmigrantes, a los
desplazamientos de personas. Se ha establecido un programa regional de cooperación con estos países que se está desarrollando a través del Programa JAI- Euromed. Sobre la base del documento marco la comisión con cargo a los fondos MEDA, que son
los fondos básicos que se están utilizando para esto, se ha establecido un programa regional de cooperación que se ha aprobado el pasado 13 de noviembre y al que se ha dotado con 6 millones de euros. Este programa es un programa complejo que se
estructura por capítulos. Tiene un capítulo relativo a la integración social de inmigrantes, migraciones y circulación de personas, y dentro de los objetivos a los que trata de dar satisfacción con esta financiación se encuentran, en primer lugar,
las medidas de integración social de los inmigrantes, incluida la no discriminación, la lucha contra el racismo y la xenofobia. En segundo lugar, medidas de codesarrollo para todos estos países del arco mediterráneo de los que sale la inmigración,
medidas de control y vigilancia de las fronteras de los países de origen y tránsito, incluida también la asistencia técnica para la formación de la policía de fronteras y de los funcionarios que se encargan de la comprobación de la veracidad de los
documentos, medidas para impulsar los acuerdos de readmisión de personas en situación irregular en el ámbito de la Unión Europea, y todas las medidas para agilizar todo lo que se refiere a los trámites de expedición de visados de personas que
quieran venir al ámbito de la Unión Europea, dentro del cumplimiento del régimen del acervo Schengen.



Por otra parte, Euromed también tiene como característica principal la existencia de acuerdos mediterráneos de asociación dentro de los cuales existen cláusulas específicas de cooperación en materia de inmigración ilegal y de readmisión de
personas. Estos acuerdos en vigor hacen referencia fundamentalmente a Malta, Chipre y Turquía, que fueron los originarios, se han firmado recientemente con Túnez, Marruecos y Jordania, y está firmado pero no ratificado con Egipto, Argelia y el
Líbano.



Dentro de las actuaciones que se han venido desarrollando en el arco mediterráneo en materia de inmigración, hay que destacar también la cooperación que, a escala subregional, se ha establecido a través del denominado diálogo '5 + 5' que,
dentro del ámbito Euromed, fue impulsado por Francia hace ya algunos años. Se trata, por así decirlo, de un club que componen cinco países de Europa del sur, con cinco países del norte de África, Italia, Francia, España, Portugal y Malta, y
Marruecos, Argelia, Mauritania, Libia y Túnez, y que ha celebrado recientemente una nueva conferencia en Túnez en octubre pasado, con la colaboración de la Organización Internacional de las Migraciones, y dentro de la cual se ha recogido toda una
serie de acuerdos en materia de inmigración que hacen referencia fundamentalmente, en primer lugar, a la obligación de intercambios de información y de análisis de las tendencias migratorias entre los países del área. En segundo lugar, una serie de
medidas en materia de lucha contra la inmigración irregular y contra la inmigración ilegal en los países de origen de tránsito a través de la colaboración conjunta para la lucha contra las redes del tráfico ilícito y también la existencia de
acuerdos para ayuda a las víctimas de estas infracciones y la cooperación técnica en el ámbito de la formación y la capacitación para las medidas del control y vigilancia de las fronteras de los países del sur del Mediterráneo. También el impulso
de los acuerdos de readmisión con aquellos países con los que todavía no existen, la aplicación de medidas de cooperación al desarrollo, la integración de los inmigrantes establecidos de manera regular en nuestros países y, en definitiva, el
refuerzo de todas las actuaciones en marcha para la colaboración, para el control y desarrollo de los flujos migratorios dentro de la legalidad.



Quiero destacar, finalmente, el acuerdo de asociación de la Unión Europea y Marruecos por la especial


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trascendencia que tiene para nuestro país y para el conjunto de los países del arco mediterráneo. Para este objetivo se estableció un programa de apoyo institucional, como ustedes saben, de lucha contra la inmigración ilegal, destinada a
ayudar al gobierno marroquí a reforzar el control fronterizo, proporcionándole equipos de ayudas técnicos necesarios. Este programa 2002-2004 tiene tres áreas fundamentales: la gestión de los controles fronterizos, con 40 millones de euros, el
apoyo institucional a la circulación de personas, con 5 millones de euros, y la estrategia para el desarrollo de las provincias del norte de Marruecos con el fin de frenar esos flujos migratorios, con 70 millones de euros para el año 2004.



Existe ya una puesta en marcha de los programas para la gestión de controles fronterizos, que se han visto ralentizado en los últimos tiempos por la falta de cooperación por parte de las autoridades marroquíes con la propia Unión, con la que
en estos momentos también se está desarrollando una negociación para el establecimiento de un acuerdo marco entre la Unión Europea y Marruecos.



No obstante, se viene trabajando ya por parte de la Comisión y los expertos de los Estados miembros en este programa de controles fronterizos y se ha desarrollado un informe sobre la seguridad y la gestión de sus fronteras, la delincuencia
organizada, los sistemas de información, las dotaciones de medios para esos principales puestos fronterizos y, sobre la base de este informe que culmine en la Comisión, se establecerán las medidas concretas a desarrollar durante los próximos meses
en relación a la política de control de fronteras.



En definitiva, todas estas políticas del ámbito de la Unión Europea son políticas generales que tienen su reflejo singular a través de estas y otras medidas en el ámbito mediterráneo y que se ven completadas con las actuaciones que en el
campo bilateral estamos llevando a cabo cada uno de los países a través de muchos proyectos relativos a la cooperación bilateral a través de acuerdos de readmisión y de ordenación de flujos y la cooperación para el control de fronteras, el programa
SIVE y otros muchos que son conocidos de todos ustedes.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al Delegado del Gobierno.



Para la intervención de los grupos, en primer lugar, corresponde el turno al grupo proponente y a continuación a los demás en el orden establecido, salvo que el portavoz del Grupo Popular desee intervenir al final.
(Asentimiento.)


En este caso, el orden será de mayor a menor, acabando el Grupo Popular, que pasa su turno de interpelante al momento final si así le parece más adecuado.



En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.



El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor presidente.



Ante todo, quisiera excusarme ante el delegado del Gobierno por haberme perdido los primeros minutos de su intervención. La caída del flamante sistema informático de Iberia para el puente aéreo y el caos del control aeroportuario, con
veinte minutos de espera para pasar el control policial, me hace tener una especial atención sobre todas las medidas de control policial y fronterizo que se nos han explicado.



Lo cierto, señor delegado del Gobierno, es que parece, por las explicaciones que nos ha ofrecido su señoría, y no solo por ello sino por la realidad de la política europea en esta materia, que en el ámbito de la Unión Europea estuviéramos
cambiando las prioridades tal como quedaran establecidas en Tampere en 1999.



Cuando, desde el Tratado de Amsterdam, la inmigración se convierte en una política comunitaria integrada en el Primer Pilar, se fijan una serie de objetivos especialmente importantes y que básicamente ponen el acento en todo lo referente a
la integración. Así, por ejemplo, por orden prioritario, se establecían criterios comunes para la reagrupación familiar, un marco común europeo de derechos y deberes de los ciudadanos de terceros países que facilitase su integración, una normativa
común para la entrada legal de inmigrantes, una gestión común de los flujos migratorios con los países de origen de la inmigración, una lucha contra el tráfico de personas y una lucha contra la inmigración ilegal.



Sin embargo, la realidad de la política desarrollada por los consejos de ministros, más que por las iniciativas de la Comisión -en este campo creo que hay distinguir claramente cuál es el origen de las distintas políticas-, parece centrada
básicamente en la última de las prioridades establecidas en Tampere, es decir, la lucha contra la inmigración ilegal.



El Grupo Socialista considera que este cambio de prioridades supone diversos problemas.



En primer lugar, el hecho del reconocimiento del fracaso de las otras políticas. Solo hay que centrarse básicamente en la lucha contra la inmigración ilegal, cuando las políticas de integración de los residentes, las políticas de
codesarrollo y las políticas generales para elevar la igualdad entre los residentes en Europa fracasan. Las cifras que hoy hemos oído del delegado del Gobierno entiendo que ponen este hecho de manifiesto.



Si comparamos, por ejemplo, los 440 millones de euros previstos para gestión de fronteras, cuestión incluida en la exposición inmediatamente después de la referencia a los problemas de los Balcanes, con los 6 millones de euros que el
delegado del Gobierno indica para el programa de cooperación europea en el Mediterráneo, producto de la conferencia de Barcelona, que tantas expectativas despertó en el ámbito mediterráneo y que ha venido a concluir en Valencia 2002, que tantas


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frustraciones ha despertado -tanta es la diferencia de lo que se pretendía en 1995 y lo que se está haciendo en 2002-, y centrarnos, por ello, única y exclusivamente, como resulta de los Presupuestos, en las medidas relativas a fronteras,
incluso no siendo estas auténticas medidas de control, nos parece un mal camino respecto de estas políticas en la Unión Europea.



Nos ha ocurrido seguramente que los consejos de ministros, los JAI, han ido estableciendo las políticas que en aquel momento resultaban más importantes desde el punto de vista mediático, porque fueran la preocupación más importante, a veces
real, a veces inducida, de las poblaciones en los respectivos países, y para el consumo político interior nos hemos encontrado con el abandono de las políticas de integración.



Así, hay que ver qué es lo que ha ocurrido con iniciativas que aún están pendientes de estudio y que en el Consejo de Sevilla han tenido que volverse a poner sobre el tapete porque continuaban pendientes de estudio. También se volvió a
poner sobre la mesa en Sevilla algo que ya estaba aprobado desde febrero y para llenar de contenido un consejo no especialmente brillante, por desgracia, y volvió a hablarse de temas que ya estaban previamente aprobados, como, por ejemplo, sobre el
plan de acción común contra la inmigración ilegal. Insistimos en ello porque es lo único que encontramos en este aspecto de la política migratoria.



¿Qué ha ocurrido con las iniciativas francesas sobre la represión de la trata de personas en la Unión Europea? En estos momentos están paralizadas, pendientes de estudios, mientras que lo único que se tramita es la otra iniciativa francesa
referente a la lucha contra la inmigración ilegal. Estamos centrando en el inmigrante, no en el que se aprovecha del inmigrante, la acción europea.



Entendemos, como sin duda puede deducirse de la exposición que vengo haciendo, que es enormemente importante tratar de la integración, que solo podemos resolver problemas tratando de la integración, viendo cuáles son los derechos y deberes
de los ciudadanos, estableciendo un estatuto de los residentes de larga duración, convirtiéndolos en lo más semejante posible a los ciudadanos europeos, porque solo el control de fronteras no va a resolver lo que se está convirtiendo en un problema
por mala gestión del fenómeno migratorio. Las cantidades destinadas al codesarrollo, a la cooperación con otros países son ridículamente inferiores a las cantidades dedicadas al control. Su señoría nos ha dicho que nos encontramos ante una
dotación de 216 millones de euros para el fondo europeo de ayuda al desarrollo para los próximos cinco años. En un ejercicio de división fácil incluso para los que somos de letras, nos sale 43 millones de euros por año, frente a los 440 millones
para gestión de fronteras.



Señor delegado del Gobierno, entendemos que se han equivocado las prioridades. Los últimos acuerdos de los consejos de ministros no han ido en la dirección adecuada. Creemos que el fenómeno de la inmigración debe tratarse en su origen y,
por tanto, los programas de codesarrollo son fundamentales, que deben articularse siempre como un premio a quien utilice bien los fondos y se desarrolle de una forma adecuada, pero jamás, como ya se intentó, con una amenaza de castigo de retirar
fondos a aquellos que no controlen fronteras. Nosotros entendemos que los acuerdos que funcionan sobre controles de fronteras son buenos pero no son suficientes.



Nos ha hablado del acuerdo con Marruecos -el único actualmente existente-, pero no sabemos cuál es el estado actual de tramitación de las negociaciones del posible acuerdo con Argelia. Nos parecería importante saberlo.



En cualquier caso, señor delegado del Gobierno -y voy a concluir-, nada haremos eficaz para regular los flujos si no tenemos en cuenta que el auténtico efecto llamada -esta expresión que tanto se ha utilizado con referencia a la inmigración-
es el empleo posible en la Unión Europea y el desempleo en otras áreas del mundo. Este empleo ejerce el efecto llamada, sea regular o irregular. Por tanto, los esfuerzos hay que realizarlos para que haya empleo fuera de las fronteras de la Unión
Europea, para tener los acuerdos de codesarrollo con estos países y para establecer unas condiciones de trabajo en el interior de la Unión Europea mediante la integración de los ciudadanos de otros países terceros recién llegados que no hagan en
absoluto atractiva la explotación de los mismos por parte de determinados empresarios europeos y que no provoquen situaciones problemáticas en el interior de la Unión por deterioro de los Estados del bienestar de que nos hemos dotado los distintos
países de la Unión Europea y que son una de nuestras señas de identidad.



Por ello, concluyo reclamando que el Gobierno español haga lo que esté a su alcance para que las prioridades de la Unión Europea vuelvan a aquellas que fueron establecidas en Tampere, que nos parece que son las realmente adecuadas para
tratar el fenómeno.



Nada más y muchas gracias.



×El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor portavoz.



Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Convergència i Unió.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.



Agradezco la comparecencia del señor delegado del Gobierno. Ha hecho una intervención densa, en la que se han abordado todas aquellas cuestiones que en el seno de la Unión Europea y en los últimos meses están siendo objeto de desarrollo, y
ha superado con creces el contenido de la comparecencia que figuraba en el orden del día, donde se nos decía que se iba a informar a las Cámaras sobre las acciones posibles de la Unión


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Europea en materia de inmigración procedente de países mediterráneos. Mi grupo entendía que hoy iba a ser una comparecencia centrada en aquello que España impulsaba en el marco de la Unión Europea específicamente en el Mediterráneo, sin
embargo el señor delegado ha optado por una intervención mucho más amplia, en la que ha tocado prácticamente todo, y quizá hubiese valido la pena profundizar específicamente en las cuestiones mediterráneas, que son las que eran objeto de esta
comparecencia.



El señor Pedret empezaba su intervención afirmando que, en relación con los objetivos marcados en Tampere en 1999, parecía que se habían cambiado las prioridades. Yo creo que el señor Pedret ha sido extremadamente indulgente en la
utilización del verbo correspondiente. Todos sabemos que desde mediados del año 2000 la Unión Europea ha cambiado sus prioridades en materia de inmigración. La lucha contra la inmigración ilegal se ha convertido en la gran obsesión de los Estados
de la Unión, de los gobiernos de la Unión Europea, con independencia de su color político.



Hemos tenido ocasiones de debatir sobre esa cuestión, y a mi grupo le parece arriesgado este enfoque porque genera unas expectativas en la opinión pública que difícilmente, en el corto plazo, se van a poder cumplir. Generamos en la
ciudadanía europea la sensación de que a través de las medidas que se anuncian vamos a contener los flujos migratorios, y me parece que todos los gobiernos europeos deberían ser mucho más prudentes, y tenemos el ejemplo de España. Se modificó al
principio de esta legislatura la Ley 4/2000 bajo el eslogan de que era una ley efecto llamada, era una ley coladero, y los resultados son los que son. La realidad es mucho más dura que las leyes y mucho más fluida que las normativas que los Estados
europeos pretenden implementar.



Lo que nos continua faltando, a pesar de esa vuelta que la Unión Europea ha dado a partir del año 2000 en esta materia, es un análisis mucho más sofisticado para afrontar el reto de la inmigración en nuestras sociedades. Ahí el señor
González tiene la suerte de que es un defecto no atribuible en exclusiva al Gobierno español, sino que es un defecto que compartimos el conjunto de los responsables de la Unión Europea en esa materia.



No sé si esta obsesión europea, estas medidas que se nos anuncian, van a permitir en el medio plazo resolver cuestiones. Ojalá sí, pero yo le traslado un cierto escepticismo.



En segundo lugar, el proceso de Barcelona al que también se ha hecho referencia, iniciado en 1995, apostaba básicamente por un concepto muy potente, que era la idea de prosperidad compartida y de la necesidad de establecer líneas de
colaboración a fondo entre la Unión Europea y los Estados ribereños del sur. Lo que es cierto es que el proceso de Barcelona, que empezó con mucha fuerza, fue a iniciativa del Gobierno español, del último Gobierno socialista, que obtuvo el impulso
de Convergència i Unió, que fue importante, que generó muchas expectativas, pero hemos de decir que luego ha tenido una vida lánguida por muchas razones. Quizás en Valencia se planteó un nuevo impulso a ese proceso, pero ha venido contaminado, por
lo que hace referencia a la cuestión migratoria y a las responsabilidades del Gobierno de España, por la ruptura de facto de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.



Difícilmente vamos a poder gestionar conjuntamente con Marruecos, el principal país de origen de la inmigración mediterránea hacia España y el principal contingente de ciudadanos extranjeros en España, mientras el Gobierno español y el
Gobierno de Marruecos no sean capaces de superar sus diferencias políticas. A nuestro grupo esto le preocupa en todas las cuestiones objeto de agenda política entre España y Marruecos, pero especialmente en materia de inmigración.



Supongo que el señor González ha optado por esa intervención mucho más amplia para no profundizar precisamente en la cuestión marroquí en el ámbito migratorio, porque el balance podría ser extremadamente triste.
Los convenios que tenemos
con Marruecos es evidente que no funcionan, la cooperación con Marruecos ha quedado congelada y no existe ninguna línea de actuación en estos momentos más allá de lo que se anuncia en el marco de la Unión Europea que nos permita plantear esta
gestión conjunta con Marruecos de los flujos migratorios, siempre desde la firmeza en la exigencia de que Marruecos cumpla con sus principales responsabilidades, pero también respecto de las responsabilidades que tiene España en esta gestión
conjunta. Ahí hay un pasivo importante del Gobierno.



Nosotros reiteramos que lo que parece un deshielo en esta ruptura de facto de relaciones entre España y Marruecos después de la última reunión entre la ministra española de Asuntos Exteriores y su homólogo marroquí y el gesto de Marruecos en
relación con la tragedia del Prestige sirvan para recuperar la normalidad en las relaciones entre Marruecos y España y abordar de verdad una gestión conjunta de la cuestión migratoria, porque si no todo el discurso de la Unión Europea -es muy
interesante leerse, por ejemplo, esta última comunicación de la comisión sobre emigración y desarrollo- queda simplemente en retórica, porque todo eso no tiene nada que ver con la realidad de la cooperación entre España y Marruecos en ese ámbito.



En tercer lugar, precisamente bajo esa lógica del proceso de Barcelona, echamos en falta en el marco europeo una mayor profundización en la búsqueda de mecanismos que nos permitan una gestión fluida de los flujos migratorios. Entre España y
Marruecos éstos vienen afectados por esa mala relación política, y nos gustaría que España fuese capaz de plantear, en el seno de la Unión Europea, medidas potentes que permitiesen introducir cada vez más desde una perspectiva europea, fórmulas,
mecanismos o estrategias en relación con


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inmigrantes de temporada, estudiantes de doctorado, las responsabilidades que tenemos en materia de asilo y refugio, etcétera. Ahí se echa a faltar esa cuestión.



En cuarto lugar, le diría que la implementación del concepto de codesarrollo a nuestro grupo le parece básico y, es más, le anuncio al señor delegado que mi grupo parlamentario presentará en el registro de la Cámara una proposición de ley de
modificación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, precisamente para incorporar a la legislación española en materia de cooperación al desarrollo esa vinculación entre las políticas de inmigración y las políticas de cooperación.
A mi grupo le gustaría que el Gobierno valorase positivamente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que esta proposición de ley pudiese ser tomada en consideración en el próximo período de sesiones. De ahí que le
solicite al delegado del Gobierno una especial sensibilidad, porque precisamente esta proposición de ley enlaza con la filosofía que la Unión Europea, desde Tampere, viene planteando; que se planteó en la última reunión 5+5, en Túnez, por parte de
los ministros de Asuntos Exteriores de las dos riberas, y asumiendo que el concepto de codesarrollo en el corto plazo no nos va a servir para frenar las migraciones. Todos sabemos que en el corto plazo el desarrollo seguramente es un estímulo para
que las personas más activas quieran buscar mayores oportunidades; sería bueno que las personas que se ocupan de esa materia tuvieran esa visión responsable.



Finalmente, dos cuestiones muy concretas, porque veo que el señor presidente me indica que vaya finalizando. ¿Qué posición está manteniendo el Gobierno español respecto a la necesidad de regular el estatuto del residente permanente? Nos
parece un elemento esencial en cualquier política de integración, y en este sentido coincidimos con las consideraciones formuladas por el señor Pedret. Y finalmente, en esta próxima reunión -me ha parecido entender que será el viernes- en la que se
va a decidir la lista de países a los cuales se les va a exigir visado, ¿qué posición va a mantener España respecto a Ecuador? ¿El Gobierno español va a favorecer que la Unión Europea incorpore a Ecuador en el listado de países a los que se les va
a exigir visado?


Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra la senadora Morales.



La señora MORALES RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.



Quiero dar las gracias al señor González por la exposición tan amplia que nos ha hecho y la información que nos ha dado en esta comisión. Yo sustituyo a los portavoces de mi grupo porque por problemas meteorológicos no han podido salir los
aviones de Canarias.



Como todos ustedes saben, Canarias se ha convertido en los últimos años en un punto de entrada importante de inmigrantes, no sólo a través de pateras, que es quizá la parte más visible de la inmigración ilegal que llega a nuestra comunidad,
sino también a través de los aeropuertos. Por tanto, la inmigración ilegal es un tema que nos preocupa enormemente. Es un fenómeno muy complejo y que, como tal, necesita de medidas en diversos ámbitos, que tienen la misma complejidad que tiene el
fenómeno en sí mismo.



Es un paso muy importante el intento de unificación de políticas sobre inmigración, tanto legal como no legal, desde la Unión Europea. Debemos avanzar en un marco legislativo común y en una política común desde la Unión Europea. Antes se
hablaba de la política de visados comunes, y creemos que es muy importante, porque estamos asistiendo a un fenómeno donde esta política de visados que se aplica de forma distinta en unos países y en otros hace que mucha gente entre por el norte, con
el destino final hacia el sur, o viceversa, en función de esta política de visados diferente en unos países y en otros.



Desde Coalición Canaria ya hemos dicho que existen tres niveles de actuación, y ya el señor González los explicaba, aunque no en el mismo orden que nosotros hacemos. Las primeras medidas fundamentales son las que se deben tomar en origen,
porque la emigración no es algo que la gente haga de forma voluntaria, sino llevada por unas situaciones en sus países de origen, extremas en muchos casos, que les hacen buscar mejores oportunidades en países de la Unión Europea o en otros países.
Por eso entendemos que los esfuerzos deben ampliarse; no son suficientes esos acuerdos para llegar al 0,33 por ciento, porque todavía es poco, por lo que debemos ampliar ese esfuerzo. Ya se daba alguna información sobre aspectos concretos de la
cooperación, pero ésta indudablemente pasa por ampliar esos recursos que tenemos y potenciar el desarrollo de estos países, ya que, de lo contrario, difícilmente podremos atajar su miseria, las situaciones de guerra y ayudar a estas personas que
llegan a los países de nuestro entorno.



Canarias ha apostado por que -y lo queremos plantear aquí- sea tenida en cuenta desde la Unión Europea como frontera sur y como plataforma de cooperación, sobre todo con los países del entorno africano, tan cercanos a nuestra comunidad.
Nosotros podemos hacer una labor importante de cooperación para favorecer el desarrollo de todos estos países a través de las políticas que se establezcan desde la Unión Europea.



Otra serie de medidas, aparte de la cooperación, serían las que se deben tomar en frontera. Nosotros consideramos que se ha hecho un esfuerzo importante en estos últimos tiempos, pero no es suficiente. Los


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avances que se están haciendo en la gestión coordinada e integrada de las fronteras de la Unión Europea son importantes, a través de los proyectos Río y Ulises, que se nos han comentado. Respecto al proyecto Ulises, que afecta
fundamentalmente al arco mediterráneo, en febrero del 2003 se establecerá también para las costas canarias, y creemos que es algo muy importante para nosotros. Los países que colaboran en este proyecto han de pensar en hacer un esfuerzo importante
en las costas canarias porque, efectivamente, es un tipo de inmigración que afecta fundamentalmente a España, y para nosotros sería muy bueno que esta experiencia piloto se llevara a cabo en nuestra comunidad con un desarrollo importante de este
proyecto allí.



También están las medidas dentro del Estado. Hace falta adoptar una serie de medidas para la creación de una red estatal de centros de internamiento que posibilite el reparto equitativo entre todas las comunidades del Estado de los
inmigrantes que llegan en situación no regular. El problema de la inmigración es de la Unión Europea y de todo el Estado español, y por eso se ha de ser solidario todos con aquellas comunidades por las que entra el mayor número de inmigrantes,
como, por ejemplo, la canaria. También habría que establecer una red de centros de estancia temporal para los inmigrantes a nivel estatal y diseñar políticas de integración en la Unión Europea y en el Estado español. Esto es fundamental para la
integración de los inmigrantes que llegan de forma regular, y debería pasar por un discurso político que tenemos que hacer resaltando las bondades que está teniendo la inmigración en nuestro Estado y en la Unión Europea, que son muchas. El camino
correcto no consiste en vincular la inmigración legal o ilegal con la delincuencia.
Debemos hacer los esfuerzos necesarios para la integración de los inmigrantes que están llegando, porque son mayores los beneficios que las consecuencias negativas.



En cuanto a cooperar con aquellos países que controlan los flujos migratorios, nos parece que es importante. Algunos portavoces han hablado de los problemas que existen entre el Estado español con Marruecos; desde nuestro punto de vista
entendemos que hay que establecer las relaciones con Marruecos, pero también hay que decir que Marruecos no está haciendo lo suficiente en cuanto al control de la emigración que sale de su país y muchas veces -y nosotros lo entendemos y lo decimos-
no es por falta de medios, sino por falta de voluntad. Es importante que se haga una presión a través de la Unión Europea, concretamente a través de España, para que efectivamente se vinculen estos programas de cooperación a la lucha contra la
inmigración.



De la amplia información que nos ha proporcionado el señor González se deduce que son importantes todos los avances que estamos teniendo, aunque no sé si lo suficiente, y ya he dicho que en algunos aspectos me parece que no son los
necesarios. De todas formas, nos parece positivo y ha habido un cambio importante en estos últimos meses con respecto al trato que se le ha dado al fenómeno de la inmigración. Hasta ahora parecía que era un problema que se estaba obviando y no se
le estaba prestando la suficiente atención, pero hay que señalar que desde la comunidad de Canarias nosotros estamos dando respuestas a problemas que estamos teniendo.



Falta un apoyo también en determinados aspectos, como el de la reunificación familiar con los menores -tema que se ha comentado ya antes-, pues tenemos problemas serios en este tema y a mí me gustaría que se le diera un impulso. En Canarias
tenemos muchos menores y serios problemas con ellos. Hay que plantear nuevas políticas con las comunidades autónomas, puesto que en el momento de la transferencia de las competencia de menores no teníamos esta situación y ahora nos estamos viendo
desbordados; hay que hacer un esfuerzo en este sentido.



Si queremos abordar un problema tan complejo como éste y obtener resultados finales, tenemos que empezar a establecer y a hablar en la Unión Europea de políticas comunes sobre el fenómeno de la inmigración.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el diputado Centella Gómez.



El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.



Nuevamente saludo al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y quiero decirle que, después de su larga intervención, nos ha quedado bastante clara la postura del Gobierno. Desde nuestro punto de vista se deduce que el principal problema
que existe es que no hay una verdadera política integral sobre inmigración. Hay una política de control de flujos. Mucho más allá de discursos bienintencionados, la realidad es que se ha impuesto una dinámica en la que mandan los intereses
individuales de los países y que sobre la mesa de la Unión Europea no está en este momento el desarrollo de políticas de inmigración propiamente dichas. Las cifras que usted nos ha dado -ya las ha mencionado algún portavoz también y no las voy a
repetir- evidencian esta afirmación, salvo que se entienda por política de inmigración la imposición de visados, los controles policiales de fronteras y las expulsiones y devoluciones masivas, como se ha podido plantear recientemente en el encuentro
franco-español, o coordinadas. Esto no es solamente inadecuado, sino un error, y no un error casual, como luego explicaré.



Dentro de los aspectos más concretos de su comparecencia usted ha pasado como de puntillas por el papel que le corresponde a España como frontera sur. Su planteamiento hace aguas por muchos sitios, empezando por nuestras relaciones con
Marruecos en las que no solamente ha que tener en cuenta los problemas


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actuales, sino la realidad de que para Marruecos la política de emigración forma parte de su política a la hora de mantener el régimen actual marroquí no democrático, y en función de eso se juega con esas posibilidades.



Después de oírle a usted es evidente que lo que se va a hacer es reforzar por todos los medios los controles fronterizos y consulares, establecer períodos lo más amplios posibles para la libre circulación de personas de los países de la
ampliación, como ya se ha visto, y obligar a los países emisores de flujos migratorios a que refuercen sus propias fronteras; luchar contra la inmigración ilegal hasta que se consiga controlarlo, además añadiendo lo que a nosotros nos parece grave
que es intentar ligar -de una manera que sin falsos lenguajes podemos denominar de chantaje- la cooperación al desarrollo con esa obligación de control de sus propias fronteras en países donde muchas veces el Estado ni siquiera existe.
También, por
muchos eufemismos que usted plantee, se trata de restringir el derecho de asilo, que se desvirtúa y se reduce cada vez más, y que se dice que es utilizado muchas veces para que se cuelen inmigrantes ilegales, pero también hay que decir que muchas
veces se utiliza como instrumento político para establecer diferencias entre países amigos y países no amigos. A nosotros nos queda claro de su comparecencia que eso es el centro de la política europea y que además el Gobierno español lo asume con
plena convicción, cuando no trata de impulsar y se sitúa en el ala más dura todavía de la Unión Europea. La política de cooperación al desarrollo y de integración de inmigrantes queda como algo secundario, como algo más de promoción publicitaria
que de efecto real. Estamos viendo no sólo una limitación de la entrada de extranjeros en Europa, sino recortes sociales y económicos a los ya residentes.



Los cambios de legislación son preocupantes y tienden a introducir medidas restrictivas como son, cada vez más, la posibilidad de eliminar la regularización de los que aún no están regularizados, pero también medidas que restringen el
derecho a la reagrupación familiar, además de ampliar los plazos para conseguir la residencia permanente. Se está consiguiendo, y cada vez más, que los inmigrantes regularizados o no regularizados se conviertan en Europa en algo parecido a la casta
de los intocables y se les está reservando un futuro cada vez más ligado a la sobreprotección laboral, al mercado negro de trabajo y a una persecución policial.



Yo quisiera señalar en esta intervención que no estamos de acuerdo con esta política porque hay que señalar algo que hay que empezar a decir, incluso desde España, porque no es cierto que en Europa existan oleadas de inmigración sin ningún
control. En los últimos años usted sabe que salvo España, Italia y Portugal, que son países con muy bajos índices de inmigrantes, la realidad es que la entrada ha disminuido porque nuestros datos indican que el pico más alto del saldo neto estuvo
en el año 1993 y que hay informes tanto de Amnistía Internacional, como de ACNUR donde plantean, por ejemplo, que frente a las 675.000 solicitudes de asilo que se presentaron el año 1992, en el año 2001 hemos pasado a 384.530 y también han
disminuido en un tercio durante los primeros meses del año 2002. Por tanto, no se puede hablar de oleadas, de que estamos en una situación de emergencia, y hay que dar cifras muy claras, independientemente de que España, con unas cifras muy bajas
de partida, está todavía muy lejos de alcanzar la media europea.



En resumen, creemos que el alarmismo es claramente interesado, que se ha sobredimensionado este problema y que se ha falseado la realidad para justificar medidas de represión. Consideramos que, fundamentalmente por parte de la derecha
europea, se ha intentado generar un problema, que no es tal, para justificar posteriormente, repito, una serie de medidas que han supuesto el recorte de una serie de derechos y libertades, lo que al final nos ha llevado a la situación actual.



Usted se ha referido a una serie de objetivos de la política común que nos siguen preocupando, ya que su asunción por parte de España llevaría al fracaso total. Y digo esto, porque creo que en España no podemos hablar de ser un país de
integración, de colaborar con los países de origen y de tener una política de asilo justo. Aquí nos encontramos con una profunda segregación que, no sólo no disminuye, sino que se está agudizando, al tiempo que existen más dificultades para la
integración en el mercado laboral. Y si ya los españoles estamos sufriendo las consecuencias de un mercado cada vez más desregularizado, con más motivo lo sufren los inmigrantes, cuyo trabajo es siempre precario y está muy ligado a la economía
sumergida. Si a eso añadimos que la política de vivienda sigue siendo prácticamente inexistente y que la política de educación es muy limitada, nos encontramos con un panorama que nos viene a indicar que ustedes están muy preocupados por el control
de las fronteras, por generar un clima que avale su política restrictiva, pero están muy poco preocupados por resolver el verdadero problema.



Usted ha dicho al inicio de su intervención que tienen como objetivo conseguir la integración de los inmigrantes. Pues bien, para conseguir esa verdadera integración nosotros ofrecemos una serie de propuestas. En primer lugar, creemos que
el derecho de asilo debe ser riguroso; es decir, es preferible que entre en nuestro país un inmigrante de forma ilegal a que una persona que realmente necesite ese derecho de asilo no llegue a obtenerlo. Nosotros mantenemos esa posición, y
ustedes, la posición contraria, como se deduce de su intervención.



Asimismo, pensamos que hay que mejorar las condiciones del reagrupamiento familiar mediante un estatuto mucho más justo y que realmente posibilite que los reagrupados puedan tener permiso de residencia


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propio desde el momento en que se produzca la reagrupación.



Consideramos también que es necesario un reglamento común que regularice la situación de quienes en estos momentos se encuentran fuera de la legalidad. En este sentido, se debe legalizar a los que ya están en nuestro país con criterios en
absoluto restrictivos, porque de lo contrario lo único que puede ocurrir es que esas personas se sometan a condiciones de fácil explotación. Porque, se dice que se quieren combatir las mafias en origen -luego veremos que eso no es así-, pero lo que
verdaderamente está sucediendo es que se está poniendo a esos inmigrantes en manos de las mafias de destino.



También creemos que hay que extender los derechos de la ciudadanía europea a los inmigrantes y que la cooperación al desarrollo nunca debe ligarse a cláusulas de repatriación, y ni siquiera de obligación sobre el control de las fronteras o
figuras similares. Espero que alguna vez ustedes comprendan que la política de cooperación al desarrollo desde el punto de vista de Europa no significa sino hacer justicia, es decir, no supone que Europa conceda una serie de derechos a las personas
de esos países, sino devolverles una parte de lo que les hemos podido expoliar durante años de colonialismo. Por tanto, no utilicen de nuevo esa política (El señor delegado de Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, González González, hace
gestos negativos.) -no lo niegue usted; ya sé que estamos en mundos diferentes-, porque esa es la realidad, por mucho que ustedes la quieran disfrazar.



Por último, quiero resaltar que es necesario arbitrar medidas que penalicen con el máximo rigor a los Estados miembros en los que se consienta la explotación, el maltrato o la no protección de los menores extranjeros en situación de
desamparo. Porque la realidad es que con la actual política no se consigue controlar la emigración, y ustedes lo saben. Y eso es lo que más nos preocupa. Lo que se consigue con esta política es, en primer lugar, potenciar las mafias, que actúan
con más intensidad cuando mayores dificultades tienen los seres humanos que quieren huir del hambre. Todos lo sabemos. Pero, por otro lado, manteniendo políticas de no regularización también se pone a las personas que ya están aquí en manos de las
mafias, que los explotan en este país.
Por tanto, ustedes deben aplican las medidas necesarias para evitar esa situación. La política de inmigración no es algo aislado ni casual, sino que responde a un modelo de globalización en el que se conceden
más derechos al capital, que da la vuelta al mundo en segundos, que a los seres humanos, que acaban muriendo de hambre allí donde han nacido por ponérseles barreras y trabas por el simple hecho de querer buscar un mundo mejor allí donde lo puedan
encontrar.



Como antes he dicho, ustedes están en un mundo donde el capital es el eje, y nosotros queremos situarnos en otro mundo, donde el eje sean las personas. Sabemos que ese otro mundo no solamente es posible, sino que es necesario. Por eso,
quisiera terminar instándole a que, a pesar de la contradicción fundamental que nos separa, al menos ustedes sean sinceros y reconozcan que en estos momentos están aplicando una política según la cual la inmigración no es sino el control de las
fronteras.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.



Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Martínez Casañ.



El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.



Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al delegado del Gobierno su comparecencia en esta Comisión Mixta para la Unión Europea.



España siempre ha sido el gran impulsor de la comunitarización de las políticas de inmigración y asilo en la Unión Europea al tratarse de una política trasversal básica para el buen funcionamiento del mercado interior y de un espacio único
sin fronteras en el que el libro tránsito y el establecimiento de personas fuera una realidad. Por ello, y como ya ha mencionado el delegado del Gobierno, los sucesivos gobiernos de España han tenido desde la negociación del Tratado de Amsterdam
hasta nuestros días un interés especial en esta materia. Ya en el Consejo de Florencia el Gobierno del Partido Popular hizo suyo el interés por impulsar estas materias, con resultados de gran magnitud en el marco de las decisiones que se tomaron en
el ámbito de los Consejos de Tampere, impulsado por España, y Sevilla, durante la presidencia española, en los que conceptos tan importantes como el de la política común de inmigración y asilo, la frontera exterior de la Unión y su control, una
política de fronteras o la vinculación de la cooperación y ayuda al desarrollo de la Unión Europea a la actitud de los países de origen de la inmigración ilegal adquirieron carta de naturaleza mediante mandatos concretos del Consejo a la Comisión,
algunos de los cuales ya han sido mencionados por el señor delegado y plasmados en medidas concretas.



Para un país como España, atlántico y mediterráneo, frontera meridional de la Unión, con una proximidad geográfica palpable respecto del continente africano, y en concreto de los países del Magreb y del Masrek, con lazos culturales,
históricos y familiares con Iberoamérica, en resumidas cuentas, con un nivel de prosperidad, desarrollo, riqueza y acogida que lo convierten en un país de tránsito o de destino, el desarrollo de las políticas comunes de inmigración y asilo es de la
máxima prioridad, de la misma manera que la creación de los mecanismos necesarios de orden técnico, administrativo, de cooperación policial y judicial, etcétera, para facilitar su aplicación.



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Esta es la razón que impulsó al Grupo Parlamentario Popular a solicitar la comparecencia del señor delegado del Gobierno. Somos conscientes de que nos encontramos ante un problema de ámbito global y cuyo origen no se puede localizar en un
lugar concreto. Pero también es cierto que las riberas sur y este del Mediterráneo, por sus condiciones específicas de nivel de desarrollo, de regímenes políticos y de proximidad geográfica con la Unión, constituyen un caso concreto de flujos
migratorios ilegales, redes criminales internacionales, trata de seres humanos, etcétera, que requieren respuestas concretas.



Por todo ello, nos satisface la información que nos ha proporcionado el señor delegado del Gobierno sobre las innumerables acciones que se están llevando a cabo desde el ámbito de Justicia e Interior, Euromed, mediante acuerdos de asociación
y cooperación bilaterales, etcétera; acciones que están sirviendo para desarrollar esta materia, así como para el gran incremento de las líneas financieras y presupuestarias dedicadas a implementar las distintas acciones y programas.



En particular quiero felicitar al señor delegado del Gobierno por el gran impulso que han supuesto tanto las medidas adoptadas en la Conferencia de Valencia como en el Consejo Europeo de Sevilla. Comparto el interés del señor delegado del
Gobierno, y de éste en su conjunto, por la integración de los inmigrantes como única manera de preservar un tejido social en el que la ausencia de tensiones permita garantizar una vida digna al inmigrante que coadyuva al mantenimiento de una
sociedad próspera, y a la sociedad que lo acoge el mantenimiento de una capacidad de acogida mayor.



No aprecio un cambio de prioridades desde el Consejo de Tampere hasta ahora, sino simplemente la plausible flexibilidad de la Unión y de sus Estados miembros que permite dar respuestas adecuadas a problemas concretos debidos a situaciones
coyunturales que así lo aconsejan y requieren.



Somos conscientes de los tremendos condicionamientos externos a la Unión y a sus Estados miembros a los que se encuentra sometido el proceso de Barcelona en su conjunto; de la nueva situación creada por los sucesos del 11 de septiembre; de
la actitud, no siempre comprensible, lógica o coherente del reino de Marruecos, frente a la cual me da la impresión de que a ninguno de nosotros nos apetecería una actitud de sumisión de España bajo ningún concepto. Pero a pesar de estos y de otros
factores, en conjunto los avances realizados en materia de inmigración y asilo, en concreto las medidas adoptadas en el ámbito de estas materias en el Mediterráneo, merecen reconocimiento.



Me gustaría destacar, para concluir, la necesidad de seguir impulsando desde la Unión Europea la cooperación con Marruecos para implicar a éste en el control de los flujos migratorios hacia la Unión Europea, que creo que es básico. Se debe
potenciar desde la Unión Europea la relación entre inmigración y desarrollo, para lo cual será necesario abordar en profundidad un análisis de la reciente comunicación de la Comisión y fijar unas líneas de actuación claras. No sé si será posible en
lo que queda de Presidencia danesa, y si no habrá que trasladarlo a la futura presidencia. La vinculación de la cooperación y la ayuda al desarrollo con la actitud de los países origen de la inmigración ilegal es un tema que se suscitó en la
Conferencia de Sevilla y que requiere de un desarrollo en profundidad para ayudar a encontrar una solución a este problema.



Finalmente, creo que el impulso dado por España a la cooperación con los países mediterráneos en la Conferencia de Valencia este año debe seguir avanzando de manera reforzada para que se pueda contar con resultados concretos en la próxima
conferencia Euromed a celebrar en el año próximo bajo Presidencia italiana.



Gracias, señor delegado del Gobierno; gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.



Tiene la palabra para contestar a las intervenciones de los portavoces el señor delegado del Gobierno.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Muchas gracias, señor presidente.



Voy a agrupar las intervenciones porque han planteado cuestiones bastante coincidentes.



En primer lugar, quiero dejar claro que es evidente tanto en el ámbito europeo como en el nacional, que la política de inmigración, asilo y refugio es hoy una política fundamentalmente comunitaria, forma parte de la política común, y, por
tanto, el Gobierno español está absolutamente de acuerdo en esa dirección, la hemos venido impulsando, como ya se impulsó desde Amsterdan y Tampere, coincidimos plenamente con ella y, por tanto, en el marco de la Unión estamos absolutamente de
acuerdo en que hay que impulsar una política común en todos estos ámbitos. Participamos de las líneas generales de actuación que se están desarrollando y las impulsamos dentro de los compromisos que se han venido asumiendo en las distintas cumbres
que se han celebrado, muy especialmente a partir de la Cumbre de Sevilla, y las medidas que se han venido poniendo en marcha.



Dentro de esta política común hay que dejar claro que los países que formamos parte de la Unión Europea estamos trabajando en los mismos ámbitos que ya se determinaron en Tampere, que establecían la necesidad de trabajar en las políticas
relativas a la inmigración, asilo y refugio en distintos ámbitos, tratando de buscar un equilibrio entre todas ellas, es decir un equilibrio entre la integración, el tratamiento favorable a las personas que emigran por razones económicas, la lucha
contra la inmigración ilegal y el control de las fronteras.



En esta dirección ha venido trabajando la Unión Europea. No se han cambiado las prioridades, pero sí


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que han cambiado las preocupaciones porque, como es lógico, la Unión Europea y todos los países que formamos parte de la misma actuamos en razón de las necesidades que el conjunto de la Unión va detectando en las distintas materias, y entre
ellas es evidente que la inmigración, asilo y refugio son una más.



Decir que la Unión Europea sólo está basando la política común en materia de lucha contra la inmigración ilegal y el control de las fronteras no es ajustado a la realidad. He dado una explicación, creo que amplia pero sucinta, de muchos de
esos aspectos a los que se refieren las políticas de integración, la determinación de un cuadro normativo común de garantías y derechos para residentes de terceros países, etcétera, que indican que se está trabajando en esa dirección con la misma
intensidad con la que se ha venido trabajando en estos últimos años y con los mismos objetivos que se determinaron desde el primer momento en la Cumbre de Tampere.



Otra cosa es que en los últimos años se ha puesto de manifiesto que esa actuación equilibrada exige también actuar dentro de las políticas de lucha contra la inmigración ilegal y dentro de las políticas de control de fronteras. ¿Por qué?
Yo respeto el análisis que han hecho los distintos portavoces de los grupos políticos. El Gobierno español puede estar equivocado, pero presumir que están equivocados los quince gobiernos de los países de la Unión y que los señores portavoces de
los grupos parlamentarios no pueden equivocarse cuando la política común está resaltando este tipo de iniciativas, me parece -y perdónenme la expresión- un poco excesivo.



Esa preocupación es fruto de la realidad que padecemos los distintos países. ¿Qué es lo que están padeciendo los distintos países de la Unión Europea, muchos con una experiencia más antigua que la nuestra en el ámbito migratorio? Que junto
a las políticas de definición de un marco común, de políticas de integración, de cooperación al desarrollo, etcétera, que hay que seguir desarrollando, es necesario llevar a cabo unas políticas de ordenación de flujos, de control de la inmigración
ilegal, de favorecer la inmigración legal y luchar contra la trata de seres humanos, porque la realidad está poniendo de manifiesto que de forma cada vez más masiva, el fenómeno del asilo y refugio es menos utilizado porque las circunstancias que
motivan el mismo están, afortunadamente, disminuyendo en el mundo, pero por los desequilibrios económicos se está produciendo un aumento masivo de traslado de gente que, por razones económicas, intenta emigrar a otros lugares más desarrollados.
Pero aun comprendiendo las razones que les impulsan, es necesario que se ordene, porque la capacidad de acogida que tienen los países desarrollados no es ilimitada, es limitada, y por tanto, si nosotros queremos ser un espacio de acogida debemos dar
satisfacción a los objetivos que persiguen las personas que emigran hacia nuestros espacios, tenemos que tener ordenada esa capacidad, ese límite de llegada para poderles facilitar un trabajo, la integración y el uso y disfrute de los servicios y
del Estado de bienestar. Si nos vemos desbordados por esa capacidad de acogida, estaremos yendo contra el objetivo básico que pretendemos, tanto los países de acogida como las personas que emigran por razones económicas, y eso es lo que se ha
puesto de manifiesto en los últimos tiempos.



Por eso la preocupación de todos los gobiernos de la Unión Europea en estos momentos no es ni cambiar las prioridades ni abandonar las actuaciones en el resto de las políticas comunitarias en materia de inmigración, asilo y refugio, sino
tratar de equilibrar las otras políticas que son necesarias para ordenar adecuadamente los flujos migratorios y adaptarlos a la capacidad de acogida de nuestros países.



Se sigue trabajando en la definición de un marco común, en el establecimiento de una normativa que permita crear en el ámbito de la Unión un estatuto para los refugiados, para los asilados, para los inmigrantes, donde se reconozca a todas
las personas que llegan legalmente y están en nuestros países los mismos derechos y obligaciones que a los nacionales. Por supuesto que nosotros compartimos esa política, compartimos el trabajo que se hace en la Unión Europea, estamos de acuerdo en
la dirección en la que se está caminando y apoyamos las iniciativas que se han venido desarrollando en los últimos tiempos, más concretamente bajo la Presidencia danesa, que es la que en este momento en el que nos encontramos, pero no estamos a
favor de una política de inmigración desordenada, de una política que no fije ningún tipo de control ni de regulación, que desborde las capacidades de acogida, que no establezca una lucha rigurosa contra el control de las mafias y la explotación de
los seres humanos y que coloque a nuestro país en una situación de desbordamiento y a las personas que vengan en una situación de marginalidad y de imposibilidad de integración, con las correspondientes consecuencias que una situación de esta
naturaleza provoca en nuestras sociedades.



Por tanto, desde nuestro punto de vista, es absolutamente indispensable seguir en la dirección en que la Unión Europea está planteando las distintas actuaciones en el ámbito de la política migratoria, y nosotros participamos plenamente de
esa política, estamos absolutamente convencidos de que es la mejor política que se puede desarrollar para conseguir el objetivo que todos queremos dentro del espacio de acogida que Europa es y, por tanto, vamos a seguir impulsándola en el ámbito de
la Unión Europea.



Quiero señalarles también que aquí se ha hecho referencia a la necesidad de vincular la cooperación al desarrollo, al codesarrollo, a la colaboración con los países terceros para ordenar adecuadamente los flujos, y precisamente eso es lo que
nosotros hemos venido impulsando en el ámbito de la Unión Europea, eso es lo que se ha establecido en las cumbres de Tampere,


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Laeken y Sevilla y se está estableciendo en el ámbito de la Presidencia danesa. Tan es así, que la propia resolución del Consejo de Asuntos Generales al que me refería está dirigida fundamentalmente a establecer la vía de la cooperación con
terceros países para ordenar adecuadamente los flujos migratorios. Por primera vez se ha establecido una resolución específica del Consejo de Asuntos Generales en esa línea y por primera vez también se está planteando la necesidad de reequilibrio
financiero entre las distintas dotaciones presupuestarias del Consejo para abordar las distintas políticas que se están llevando adelante en el ámbito de la Unión.



Está tan alejado de la realidad que el esfuerzo financiero de la Unión Europea esté dirigido a la política de control de fronteras y a la política de repatriaciones o de lucha contra la inmigración ilegal, que precisamente una de las
discusiones que en estos momentos está siendo más impulsada -no sólo por España, sino por muchos otros países, especialmente los del arco mediterráneo y los que son fronteras exteriores- es la necesidad de establecer un acuerdo financiero para el
sostenimiento de este tipo de políticas, porque precisamente el esfuerzo económico de la Unión Europea se está destinando a muchos otros aspectos de la política de inmigración, de asilo y refugio -sin duda alguna necesarias-, pero no existen en este
momento dotaciones para este tipo de políticas, no existen y hay que sacarlas del marco presupuestario con el que cuenta en la actualidad la Unión. Por eso hay una propuesta aprobada recientemente -a la que ya me he referido-, a iniciativa de
Italia, para establecer un marco financiero común -propuesta que está apoyada también por Francia y que aprobamos también nosotros- y por eso hay un compromiso de la Presidencia danesa y del comisario responsable de los asuntos de Justicia e
Interior de presentar ese proyecto, que se enmarca dentro de la resolución del Consejo de Asuntos Generales. Por lo tanto, decir que en estos momentos la prioridad de los recursos financieros se está destinando solamente a este fin es desconocer la
realidad del gasto presupuestario de la Unión para las políticas de inmigración, asilo y refugio.



Me han planteado algunas cuestiones singulares que paso a contestar. Por lo que se refiere a las propuestas francesas -a las que aludía el señor Pedret-, han sido aprobadas recientemente en el Consejo pasado las dos propuestas francesas, se
siguen aprobando y hay un compromiso de hacer una declaración específica sobre materias de integración que va a ser discutida expresamente bajo presidencia griega a lo largo del próximo semestre.



Con Argelia tenemos suscrito el convenio y está pendiente de ratificación.



En relación con Marruecos, se han hecho aquí algunas consideraciones sobre la posición del Gobierno español y a cómo se ha instrumentado el tema.
Quiero recordar que el convenio de cooperación con Marruecos se suscribió por este Gobierno
hace algo más de un año. Está dirigido a la ordenación de los flujos migratorios de carácter bilateral, contempla también políticas de colaboración, de integración, etcétera, y, desgraciadamente, ha tenido un desarrollo acorde con la posición que
el Gobierno de Marruecos ha venido teniendo en sus relaciones con España. Yo creo que todos coincidimos en que ha sido una posición en la que la actuación ha complicado muchísimo la colaboración no sólo en esta materia, sino en las demás. Alguna
cuestión habrá también cuando en el ámbito de la Unión Europea existe un mandato de negociación de un acuerdo con Marruecos desde hace ya algún tiempo que, lamentablemente, pese al esfuerzo que ha venido desarrollando y al impulso que se le ha dado
por parte de todos los países, ni siquiera la Unión Europea ha conseguido materializar. El propio Comisario de Justicia e Interior ha informado reiteradamente en los consejos de ministros de las dificultades de la actitud del Gobierno de Marruecos
para impulsar decididamente la celebración de este tipo de acuerdos. Luego al margen de la situación que se produzca en relación con España, es evidente que la actitud de Marruecos para el desarrollo de estos acuerdos va relativamente lenta.
Nosotros confiamos en que, a raíz de los últimos contactos que se han podido restablecer entre los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países, esta situación pueda tener un punto de inflexión y a partir de aquí mejore, impulsando
decididamente los acuerdos que son buenos para todos y, por supuesto, para los países del arco mediterráneo.



Es verdad que la gestión adecuada de los flujos migratorios incluye muchísimas cuestiones: las políticas de integración, las políticas de cooperación, las políticas de control de fronteras, las políticas de lucha contra la inmigración
ilegal, las políticas de visados, las políticas de acuerdos bilaterales... Claro que todo eso es política de inmigración, por supuesto que sí, y el conjunto de todo ello -que es lo que se está desarrollando a nivel de la Unión y a nivel nacional-
configura la política de inmigración que estamos llevando adelante tanto el Gobierno español como el conjunto de los países de la Unión. En concreto, dentro del marco normativo común que se está diseñando -y contesto a la pregunta de cuál es la
posición española sobre el estatuto de residentes permanentes que planteaba el señor Campuzano-, como su señoría sabe es una vieja posición que se viene discutiendo desde la Presidencia española. España en estos momentos está de acuerdo con la
propuesta de la Comisión y con la propuesta que ha formulado la Presidencia, pero existen todavía cuestiones abiertas por otros países que están en discusión; por lo tanto, cuando las mismas se cierren nosotros estaremos en disposición de ratificar
nuestro acuerdo o no al estatuto que finalmente se presente.



En relación con Canarias, ya he tenido oportunidad de debatir en otras ocasiones con su señoría a este respecto


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y yo creo que tenemos una coincidencia plena tanto sobre el diagnóstico como sobre la necesidad de las medidas a implementar teniendo en cuenta las especiales singularidades que se producen en el marco de Canarias. Le agradezco las palabras
que ha pronunciado en relación a los cambios y al esfuerzo que estamos desarrollando conjuntamente, y es verdad que hay que seguir haciéndolo. El compromiso de colaboración que asumimos para resolver los problemas de Canarias cuando se producen
situaciones de desbordamiento singular por la llegada de inmigración, dadas las especiales características de un territorio insular, y al mismo tiempo las medidas que hemos puesto en marcha para generar infraestructuras y mejorar el control de las
fronteras -el proyecto Sive y ahora el Ulises- son todas medidas dirigidas a facilitar la adecuada ordenación de los flujos.



Como también sabe su señoría, estamos impulsando los acuerdos de colaboración con los países del África subsahariana y hemos avanzado de una manera importante en los mismos. Ha habido un ofrecimiento mutuo de colaboración con el Gobierno de
Canarias -concretamente con su Dirección General de Relaciones con África- para actuar conjuntamente en ese ámbito y aprovechar todos los lazos que en estos momentos se tienen, y creo que estamos en una dirección bastante adecuada.



En relación con el planteamiento general que ha hecho su señoría en nombre de Izquierda Unida, debo decirle que estoy prácticamente en absoluto desacuerdo con casi todo -digo casi todo porque igual hay alguna cosa que se me ha escapado con
la que podría estar de acuerdo, porque de las que recuerdo no estoy de acuerdo con nada-, y se lo digo con todo cariño.



Decir que la política de visados, de repatriaciones, de control de fronteras, de integración, de colaboración, etcétera, que se está desarrollando significa que no hay política de inmigración, me parece que no es razonable ni ajustado.



Decir que estamos en el ámbito de la Unión Europea o en el ámbito nacional restringiendo el derecho de asilo, recortando los derechos a los residentes legales y fomentando la persecución policial, me parece no solamente que no es acertado,
sino que me parece que es falso. A mí me gustaría que cuando se hacen afirmaciones de este tenor se pusieran encima de la mesa situaciones concretas donde efectivamente se viera que en el ámbito de la Unión se está restringiendo el derecho de
asilo, que se está recortando el derecho a los residentes o que se están haciendo persecuciones policiales, parece que vulnerando algún tipo de legalidad.
Lo que me parece realmente asombroso es que califique usted esto como una política de la
derecha europea, cuando es una política que se define en el seno de la Unión Europea por los Quince y que, hasta el año 2004, requiere la unanimidad de todos los países miembros; y le recuerdo que entre esos países hay alguno que no se puede situar
precisamente en la derecha. Por supuesto, aunque respeto las grandes discrepancias que podamos tener en esta materia, creo que hay que ser mucho más precisos cuando se hacen este tipo de planteamientos y tratar de evitar determinado tipo de
afirmaciones.



Por último, quiero decirle que podremos discutir sobre las medidas de integración o no, pero que los datos de la inmigración en España ponen de manifiesto que del millón y medio de residentes legales hay casi 850.000 personas trabajando y
cotizando a la Seguridad Social en condiciones de igualdad con cualquier trabajador español; además, casi 300.000 residentes legales disfrutan de los mismos derechos que los nacionales.
En este sentido, el hecho de decir que aquí no hay una
política de integración, que se está persiguiendo a los inmigrantes -o poco menos-, que no se les ofrece trabajo o que se les está explotando es generalizar toda una serie de situaciones que son desmentidas por los datos de la realidad global. Creo
que también en esto hay que ser un poquito rigurosos y no hacer de la anécdota categoría.



Por último, quiero agradecer el tono de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular y sus propuestas, como no podía ser de otra manera. Estoy absolutamente de acuerdo con usted en que la política de inmigración que en este
momento se está llevando a cabo en el ámbito de la Unión Europea, las políticas que se produjeron durante la Presidencia española -y que están marcando ahora mismo la actuación de la Unión-, así como las propuestas de la Presidencia danesa en
relación con las actuaciones a seguir en los próximos meses, deben marcan tanto la línea de actuación en el ámbito de la Unión como la que el Gobierno español desarrollará durante este período.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Todos los portavoces conocen la excepcionalidad que supone la concesión de un segundo turno de intervenciones, que no está previsto en el Reglamento. Esta Presidencia siempre está dispuesta a facilitar el debate, pero tengo que rogar a
todos los que deseen intervenir que se limiten estrictamente a un minuto.



Tiene la palabra el señor Pedret.



El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señor Presidente, por su excepcional generosidad. (Risas.)


Simplemente quiero agradecer al señor delegado del Gobierno todas sus explicaciones y decirle que nuestra discrepancia se centra en cuál debe ser el acento básico de la política de inmigración.



Nosotros no hemos dicho -y tampoco se nos ha atribuido- que no existiera política de inmigración, sino que hemos señalado que se ha cambiado sustancialmente


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el acento prioritario; creemos que los planteamientos de Tampere eran los buenos y que sobre ellos deberíamos volver. Siendo importante el control de fronteras, no es la solución al fenómeno de la inmigración ni a los problemas que se
puedan derivar de este fenómeno.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Campuzano.



El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Intervengo únicamente para hacerle un comentario y reiterarle una pregunta.



Señor delegado, en primer lugar, tengo que insistir en una evidencia: la ausencia de política exterior con Marruecos, la ruptura de pactos y relaciones diplomáticas, ha imposibilitado que la Unión Europea hiciera una reflexiones adecuadas
en materia de inmigración y desarrollo entre España y Marruecos. El balance de este último año y medio es claramente malo y, por ello, hay que corregirlo, lo que considero que es una responsabilidad tanto del Gobierno de Marruecos como del Gobierno
de España.



Tengo que reiterarle también una pregunta porque me gustaría conocer su parecer sobre la posición de España en relación con la elaboración de esta lista común de la Unión Europea sobre demanda de visado para nacionales de terceros países y,
específicamente, en relación con Ecuador.



Gracias.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz de Coalición Canaria.



La señora MORALES RODRÍGUEZ: Gracias, señor Presidente.



Solamente quiero hacer hincapié en dos aspectos: creo que habría que hacer un esfuerzo importante en cuanto a los programas de integración y, desde luego, unificar el discurso político; debemos hacer un discurso en positivo sobre lo que
significa la inmigración, sin utilizarla para hacer políticas partidistas.



En una de las últimas declaraciones del Presidente del Partido Popular en Fuerteventura, por ejemplo, se decía que no hay que mezclar a nuestros hijos con los inmigrantes porque podría tener consecuencias negativas, entre otras, el contagio
de enfermedades, etcétera. El Foro de la Inmigración ha hecho un trabajo importante al conseguir un pacto sobre este problema con todos los partidos políticos -salvo el Partido Popular- sindicatos, ONG, y sectores sociales representados en el foro.
Desde luego, desde el cargo que usted representa creo que se debería hacer un esfuerzo por evitar este tipo de disparates y abogar por los discursos políticos comunes, que benefician a todos, y no utilizar la inmigración para hacer políticas
partidistas, que no benefician en nada y ponen trabas a la solución de este fenómeno.



He de insistir en que la cooperación es la clave de este asunto y no solamente porque la capacidad de acogida de Europa no sea ilimitada sino porque es importante que también nos planteemos este asunto desde el punto de vista también de los
países emisores: no es bueno que se descapitalice de recursos humanos estos países y más si tenemos en cuenta que las personas que emigran son normalmente las más formada o con más iniciativa.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Tiene la palabra el señor Centella, portavoz de Izquierda Unida.



El señor CENTELLA GÓMEZ: Intervendré brevemente porque no aspiro a convencer en un minuto al señor delegado del Gobierno sobre un cambio de política. Simplemente quiero señalar que él habla de datos estadísticos y nosotros hablamos de la
realidad, lo que nos lleva a conclusiones diferentes. La realidad -y lo sufrimos en nuestra oficina parlamentaria- es que cada vez se ponen más trabas y que existe una situación de inversión respecto al trato al inmigrante. En este sentido, se
pueden constatar los problemas de vivienda y todos aquellos otros que no le voy a repetir porque usted los debe conocer, igual que yo.



Por otro lado, he de señalar que lo que le he dicho, y le repito, es que la derecha europea ha generado un clima en Europa por el que se percibe la inmigración como un problema y el inmigrante se convierte en un problema para justificar otro
tipo de políticas.



Mi grupo parlamentario entiende que no hay una política integral de la inmigración porque una política que únicamente busca el control de los flujos no se puede considerar como tal. Por ello, le he planteado una serie de propuestas
concretas que, si no ha entendido bien, le facilitaré por escrito.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.) Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.



El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Gracias, señor Presidente.



Señor Pedret, creo que no ha escuchado el principio de mi réplica cuando he señalado que no se ha cambiado el acento, que se siguen haciendo las mismas políticas de Tampere con la única diferencia de que se han reequilibrado en relación con
los otros ámbitos afectados por la inmigración, en materia de control de inmigración ilegal y control de fronteras. El resto, sigue exactamente igual, e incluso se otorga prioridad financiera a esos fines.



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En cuanto a lo que planteaba el señor Campuzano, perdone que no comparta su posición. Las relaciones entre España y Marruecos no tienen nada que ver en las relaciones entre Marruecos y la Unión Europea y la dificultad de articular un
acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos existe y todavía no se ha conseguido pese a tener mandato desde hace mucho tiempo.



En cuanto a las propuestas sobre visados, como su señoría sabe, se trata de una propuesta de la Comisión, que en estos momentos tiene que terminar de elaborar la misma y que será discutida creo que mañana o pasado en el COREPER. Una vez que
conozcamos la propuesta, nos posicionaremos.



En relación a lo que señalaba la representante de Coalición Canaria, estoy absolutamente de acuerdo en que es mejor que la materia de inmigración no se utilice partidariamente. Creo que eso no es bueno para nadie. Créame que, porque lo
pide el presidente y porque no es objeto de esta comparecencia, no voy a entrar en ello, pero, sobre declaraciones desafortunadas en Canarias tanto de su grupo como de otros grupos, podemos escribir casi un libro. Por tanto, sería bueno que entre
todos nos recondujéramos a términos razonables.



En cuanto al pacto sobre la inmigración canaria, como usted sabe y nosotros hemos reiterado muchas veces, estamos absolutamente de acuerdo con la parte dispositiva pero no así con la parte expositiva. Y lamentamos profundamente que no haya
sido posible adaptar esta parte expositiva, que no es el aspecto fundamental del acuerdo, por una serie de cuestiones, en las que no vamos a entrar, a fin de que nosotros también hubiésemos firmado ese pacto, cuyas medidas concretas compartimos al
cien por cien.



Por último, en cuanto al representante de Izquierda Unida, podemos ver la realidad distinta, pero, señoría, no me diga que lo mío es estadística y lo suyo realidad, porque lo mío son las cifras de la Seguridad Social, que están ahí y que se
dan mes a mes.



En cuanto a la derecha europea, solo le invito a que analice usted las propuestas que en el seno del Consejo de Justicia e Interior presenta el ministro del Interior alemán, que creo que no es de la derecha europea. Y cuando usted las lea,
dígame por dónde va la izquierda europea y por dónde va la derecha europea.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.



Es una pregunta de enorme calado la última, relativa a por dónde va la derecha y la izquierda europeas, que la dejaremos para otra sesión.



Agradezco a todos su colaboración al desarrollo de la presente sesión.



Gracias.



Se levanta la sesión


Eran las trece horas y quince minutos.