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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 66, de 12/02/2002
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2002 VII Legislatura Núm. 66
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 21
celebrada el martes, 12 de febrero de 2002,
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre participación de las Cortes Generales en la Convención sobre el futuro de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente del Congreso 161/001205 y número de expediente del Senado 663/000045)
... (Página 1472)
Celebración conjunta de las siguientes comparecencias:
Del señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua), con el fin de informar sobre:
- Las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea en asuntos de justicia. A petición propia (Número de expediente del Congreso 214/000092 y número de expediente del Senado 711/000214) ... (Página
1478)
Página
- Las previsiones del Gobierno, en el ámbito del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, para impulsar y desarrollar la lucha contra el terrorismo como prioridad de la presidencia española de la Unión Europea.
A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000622 y número de expediente del Senado 711/000204) ...
(Página 1478)
- Las previsiones del Gobierno, en el ámbito del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, para impulsar y desarrollar la lucha contra el terrorismo como prioridad de la presidencia española de la Unión Europea.
A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/000629 y número de expediente del Senado 711/000204) ...
(Página 1478)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS CORTES GENERALES EN LA CONVENCIÓN SOBRE EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 161/001205 y número de expediente Senado 663/000045)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados y senadores, sean tan amables de ocupar sus sitios para poder empezar a la hora prevista y así no hacer esperar al señor ministro cuando comparezca dentro de una hora.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista para presentar su proposición no de ley sobre participación de las Cortes Generales en la convención sobre el futuro de la Unión Europea.
Ruego a todos los miembros de la Comisión que presten la debida atención.
(Pausa.)
Adelante, señora portavoz.
La señora PERIS CERVERA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para defender la proposición no de ley que hemos presentado sobre participación de las Cortes Generales en la convención sobre el futuro de la Unión Europea.
Antes de exponer las razones de esta iniciativa y el objetivo perseguido con ella, en nombre del Grupo Socialista quisiera felicitar a los diputados señor Borrell y señor Cisneros por su nombramiento, el pasado 7 de febrero, como
representantes del Parlamento nacional español en la convención y desearles éxito y acierto en su trabajo, cosa que estamos seguros así será.
Hecho este preámbulo, que no es ajeno al debate que hoy nos ocupa, paso a exponerles las razones por las que mi grupo consideró oportuno presentar esta iniciativa, para la que esperamos el respaldo de todos los grupos de ambas Cámaras.
Todos somos conscientes del enorme reto al que se enfrenta la Unión Europea, pero sólo los europeos podemos decidir qué futuro queremos y sobre qué bases lo queremos construir. A partir de la declaración sobre el futuro de la Unión,
incluida en el Tratado de Niza, en el que se enfatizaba la necesidad de abrir un debate amplio y profundo sobre el futuro -todo ello antes de la Convención del 2004-, los europeos y sus representantes han ido tomando conciencia de la necesidad de
emprender reformas en una Europa que se ha hecho a sí misma. El sueño de una Europa unida, próspera y en paz es una realidad que culminará con el proceso de la ampliación, cerrándose una de las etapas más oscuras de la historia europea del siglo
XX. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, un poco de silencio para que la señora portavoz no tenga que levantar tanto la voz.
La señora PERIS CERVERA: Gracias, señor presidente.
Los europeos debemos sentirnos altamente satisfechos al comprobar cómo en el corto espacio de tiempo de 50 años en la historia, hemos alcanzado metas insospechadas que hacen que podamos definir sin ningún rubor y con letras mayúsculas que
Europa y el proyecto europeo son todo un éxito, y además que se ha alcanzado no desde la fuerza sino todo lo contrario, desde el compromiso, desde la paz, desde la solidaridad entre sus miembros y desde el respeto a los principios democráticos.
Pero también es cierto que la transformación que ha experimentado la Unión hace que 50 años después Europa esté en una encrucijada, como bien se dice en la Declaración de Laeken. Nuestro sistema organizativo, el modo en que se toman las decisiones
no son los más adecuados para una futura Unión ampliada ni para afrontar los nuevos retos en un mundo cada vez más globalizado. Por tanto, es necesario hacer un alto
en el camino y debatir cómo queremos que sea la Unión Europea del siglo XXI.
En Niza ya se apuntaba que el debate debía abordar al menos cuatro cuestiones fundamentales: la delimitación de las competencias entre la Unión y los Estados miembros, el Estatuto de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, la
simplificación de los tratados y el papel de los parlamentos nacionales. Para encauzar este debate, el Consejo de Laeken decidió convocar una Convención que reúna a los principales participantes en el debate sobre el futuro, Convención que
celebrará su sesión inaugural el próximo 1.º de marzo bajo presidencia española, y que tiene previsto finalizar sus trabajos no más allá de un año. Dicha Convención estará compuesta, entre otros muchos, por 30 miembros de los parlamentos
nacionales, dos por cada Estado miembro. En nuestro caso, como indicaba al inicio de mi intervención, por decisión de este Parlamento son el señor Borrell y el señor Cisneros.
A ninguno se nos escapa la trascendencia del momento histórico que vamos a vivir. Durante muchos años hemos oído y comprobado que mientras la Unión se consolidaba y crecía, los europeos, que siguen creyendo en el proyecto europeo también
consideran a las instituciones europeas alejadas de los ciudadanos, con la percepción de que no siempre resuelven sus problemas cotidianos con la inmediatez necesaria. Los ciudadanos están exigiendo que las instituciones europeas sean ágiles y
eficaces, más transparentes y con mayor control democrático. Tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque muchos opinen que son personas a las que no hemos elegido las que deciden sobre nuestro futuro desde Bruselas. Por tanto, hay que acercar
las instituciones al ciudadano y en una Unión ampliada es primordial estructurar la vida política.
Señorías, afrontamos un proceso de extrema importancia no sólo por los contenidos, sino también porque estas Cortes Generales van a tener la oportunidad de participar en la convención a través de sus representantes. En este punto me permito
traer a colación las manifestaciones que realizó el portavoz de Convergència i Unió el pasado 3 de octubre de 2001, a raíz de la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores. Decía que la presencia del Parlamento en los trabajos debe tener un
reflejo, que no tiene que ser necesariamente que existan tantos representantes como grupos políticos, pero sí que de alguna forma aquellos que representan al Parlamento lo hagan dando explicaciones al resto de grupos, con o sin mandato imperativo.
Para completar esta participación, lo que planteamos los socialistas, al igual que entiendo planteaban el Grupo Catalán y otros grupos parlamentarios, es que el papel del Parlamento no se limite sólo al nombramiento sino que conozca también
el trabajo que se realiza en la Convención y que los diferentes grupos políticos puedan expresar sus opiniones a nuestros representantes. Para ello proponemos que los miembros de las Cortes Generales que asistirán a la Convención informen
regularmente a la Comisión Mixta para la Unión Europea sobre los debates y los trabajos que se vayan produciendo, y planteamos de modo orientativo que dichas comparecencias sean como mínimo una vez en cada periodo de sesiones con el fin de informar
y recibir las opiniones de los diferentes grupos parlamentarios.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista intenta recoger por medio de esta iniciativa el ánimo europeísta de los grupos parlamentarios y permitir que este Parlamento pueda vivir en vivo y en directo uno de los procesos de transformación
de la Unión más importante de los últimos años, no sólo a través de sus legítimos representantes sino también mediante la comparecencia de los mismos en esta Comisión. Entiendo y entiende mi grupo que cuando existe una voluntad tan clara de
participar, de trabajar y aportar, a este Parlamento no se le puede hurtar el debate.
Por ello, y para finalizar, pido el apoyo de SS.SS. a esta iniciativa del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Debieran tomar ahora la palabra los grupos enmendantes, que son tres, por tiempo de 10 minutos y el resto de los grupos, de mayor a menor es decir cuatro grupos, también por 10 minutos, en cuyo caso nos iríamos fuera
del tiempo de que disponemos. Por tanto, ruego a todos los portavoces que se autolimiten si es posible a ocho minutos para que a las 11 podamos recibir al señor ministro de Justicia.
Por orden de presentación de las enmiendas, tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida. (Pausa.) No está.
Tiene la palabra el portavoz del segundo en haber presentado las enmiendas, el Grupo Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, daré por defendidas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida a fin de que se mantengan vivas para la votación como cortesía parlamentaria que se suele realizar normalmente en todas las
comisiones, y en todo caso seré breve en mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Perdón, ¿da usted por defendidas las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida?
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Al objeto de que puedan ser votadas. Es una cortesía parlamentaria que normalmente realizamos entre los grupos parlamentarios porque si alguien no las da por defendidas decaerían.
El señor PRESIDENTE: Si no hay problema alguno en que un grupo político dé por defendidas las enmiendas de otro, la Presidencia no tiene ninguna dificultad. ¿No hay problemas reglamentarios en ello? (Pausa). Muy bien, muchas gracias.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señalaba, señor presidente, que la Convención es un elemento básico e importante en el futuro de la Unión Europea. No vamos a repetir lo que bien ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en relación a
la declaración número 23 del Tratado de Niza. Yo diría más, esos cuatro temas, que son muy generales pero que son vitales, la propia conclusión de Laeken abría la puerta a otras múltiples cuestiones absolutamente trascendentes para el futuro del la
Unión. El tema que se plantea en este momento es como hacer realmente más eficaz desde el punto de vista de transparencia y de acercar a los ciudadanos, en este caso por la vía de sus representantes en los distintos parlamentos de los Estados
miembros; en definitiva, poder participar los ciudadanos, más allá de lo que hasta ahora han sido las conferencias intergubernamentales, en este caso en el segundo periodo del debate, a través de sus representantes en los distintos parlamentos,
tanto el Europeo como los distintos parlamentos de los Estados miembros.
Ciertamente, el pasado año se cerró ese debate público y general que había sido previsto desde Niza abrirlo a todos los foros, a todos los entes, a toda la sociedad. Queda
pues la parte de la Convención, pero nosotros entendemos que además de la representación de esas dos personas, en este caso los señores Borrell y Cisneros, con sus suplentes respectivos (hubiéramos preferido que las propias Cámaras así lo hubieran
recogido y regulado y agradecemos que el Grupo Socialista lo haya planteado), que hubiera sido necesario regular la relación entre los representantes y las Cámaras. Creo que esto es vital para que se produzca realmente el efecto que se pretende en
la Convención, que haya una participación real de los distintos grupos parlamentarios aunque directamente no puedan tener participación y presencia en esa Convención, y me parece fundamental que se haga de manera clara y correcta en el sentido de
práctica. Por eso hemos presentado las enmiendas correspondientes, para ampliar esas reuniones. Hablar de una reunión cada periodo de sesiones supone simplemente dos, tres reuniones a lo más, en todo el tiempo que va a durar la Convención. Si
está previsto que más o menos pueda finalizar sus trabajos en junio de 2003, hagan ustedes sus cálculos y verán que las reuniones se van a limitar a dos, máximo tres.
No parece razonable que en un reto de semejante envergadura nos limitáramos a
tener dos o tres reuniones. Por eso hemos querido articular los siguientes procedimientos.
Primero, una reunión cada dos meses con la Comisión Mixta para la Unión Europea en pleno, y además reuniones informales o del otra índole con la subcomisión de seguimiento para la SIR 2004, que ya está formada y que tiene básicamente este
objetivo, seguir los trabajos de la SIR 2004, reflexionar sobre cuáles deben ser los retos para el futuro de la Unión Europea, cuestiones que ya se están planteando y estudiando en esa subcomisión. Por tanto, además de las reuniones formales con la
Comisión entendíamos que podían y debían existir reuniones de carácter informal con la subcomisión previas a cada reunión formal que se pueda realizar en la Convención por parte de los representantes, y añadíamos una tercera aportación, la
posibilidad de que toda la documentación formal que se pueda presentar por parte de los miembros de la Convención de distinta naturaleza, ya sean de parlamentos, de gobiernos o de observadores, sean depositados en las Cámaras y puedan ser
consultados. Hacemos estas tres aportaciones de manera que además no creen dificultades de índole práctica, política ni parlamentaria para rentabilizar, entre comillas, lo que es la Convención, para tratar de conseguir el mayor objetivo de la
transparencia, del acercamiento a los ciudadanos en definitiva a través de sus representantes y de la pluralidad de los grupos parlamentarios.
Creo que se entiende perfectamente por parte de todos. Agradeciendo la presentación al Grupo Socialista
de la proposición pensamos que hay que darle un mayor calado en cuanto a la cantidad de reuniones y de información y solicitamos el voto a los distintos grupos parlamentarios para estas enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por favor, Grupo Popular.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: España es un país visceralmente europeo que desde 1986 ha sido protagonista claro de todas las iniciativas claves de la construcción europea. A España le ha ido bien la integración europea; a España siempre le ha
ido bien; por tanto nuestro enfoque es realista, riguroso y concreto. Queremos una Europa de contenidos y realizaciones concretas, y rechazamos tanto los planteamientos que pretenden buscar una Europa fuerte pero con instituciones débiles como la
de aquellos que intentan disfrazar una Europa débil con instituciones fuertes. La construcción europea es ante todo un proyecto político, un proyecto de paz y de reconciliación de su historia y de su geografía, y debemos proseguir por esta vía en
la que una vez más ampliación y profundización deben ir de la mano aunque sea difícil, siendo este nuestro principal empeño y nuestro principal objetivo.
Entendemos que el proyecto europeo, tal y como fue concebido desde sus orígenes, no va dirigido a erosionar la identidad y la supervivencia de los Estados-nación que lo componen, sino a evitar los excesos históricos del nacionalismo y
permitirles desarrollar a través de la Unión, de esa Unión que todos compartimos, una capacidad efectiva para realizar sus responsabilidades fundamentales. En estos momentos nos encontramos reflexionando sobre temas importantes para el objetivo
europeo. Un mejor reparto y definición de las competencias en la Unión Europea. Sobre esto habrá que decir que cualquier ajuste en el reparto de competencias deberá hacerse respetando el acervo comunitario, aunque estamos abiertos a examinar todas
las opciones que se propongan, siempre que se evite su transformación en un sistema rígido de distribución de competencias que atentaría al carácter dinámico de la construcción europea. Más democracia, transparencia y eficacia de la Unión
Europea. Nuestra reflexión debe partir del reconocimiento de que la Unión Europea reposa en una doble legitimidad, la de los Estados y la de los pueblos y ciudadanos de Europa, y por tanto el papel de los parlamentos nacionales deberá ser objeto de
especial atención; si el sistema ha funcionado eficazmente ha sido porque ha mantenido un equilibrio adecuado en el triángulo institucional formado por el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Y en último término, el camino hacia una posición
europea. Un paso importante para avanzar en este proceso de constitucionalización progresiva de los tratados será acometer la tarea de una simplificación sustancial de los tratados, con el fin de mejorar la presentación y visibilidad del proyecto
europeo, que permita una mejor comprensión e identificación con él por parte de los ciudadanos. Este proceso deberá ir acompañado por la inclusión de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea en los tratados y el fortalecimiento de la
legitimación activa de los ciudadanos ante el Tribunal de Justicia. También deberá consagrarse en el futuro tratado único el principio de la primacía del derecho comunitario y el respeto del acervo comunitario.
La Convención, que tendrá su reunión inaugural si todo sucede como está previsto el día 28 de febrero, tiene ante sí, pues, una enorme y difícil labor de gran responsabilidad. El Grupo Popular tiene gran confianza en que la Convención,
siguiendo el antecedente de la que elaboró con gran eficacia la Carta de los derechos fundamentales, sabrá ser ambiciosa, al mismo tiempo que concreta y realista en sus planteamientos, huyendo de debates teóricos, abstractos y nominalistas y
centrándose en las cuestiones que verdaderamente preocupan a nuestros ciudadanos y a tal efecto será capaz de desarrollar una estrecha relación con los representantes de la sociedad civil.
España pondrá todo su empeño, nosotros pondremos todo nuestro empeño para contribuir al éxito de la Convención. Este Parlamento designó a sus representantes la semana anterior en las personas de don Gabriel Cisneros por parte del Grupo
Popular, y de usted mismo, señor presidente, por parte del Grupo Socialista, y tenemos un papel de especial responsabilidad, ya que aparte de los dos representantes del Parlamento nacional contamos con la representante del presidente del Gobierno,
doña Ana de Palacio, excelente jurista y persona de una trayectoria política impecable, que será miembro del buró o presidium encargado de impulsar y preparar sus trabajos. Como es sabido, el señor Méndez Vigo también formará parte de este órgano
representando al Parlamento Europeo, pero se da la circunstancia de que también es español, y tenemos en último término el Consejo nacional para el debate, con el que esta Comisión colabora desde el principio.
En este sentido, acogemos con agrado la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, creemos que es lógico que los representantes del Parlamento nacional colaboren desde el principio con esta Comisión, y por tanto estamos
dispuestos a colaborar para que esto sea una realidad. Sin embargo, y en aras de un mejor funcionamiento del mecanismo, hemos presentado una enmienda que se basa en una mejora técnica. Pensamos que lo importante es establecer el principio de
colaboración con esta Comisión, y en concreto con el órgano de esta Comisión que es la subcomisión encargada de estudiar las reformas del proceso del 2004. Creemos que lo importante es establecer el principio de colaboración y que no debemos
limitar en ningún caso el número de reuniones de trabajo que deberá mantener la subcomisión con los representantes no sólo del Parlamento español sino también con otros representantes de la Convención. Por tanto, consideramos que siempre que lo
estime oportuno esta Comisión, los representantes del Parlamento español y otros miembros de la Convención deberían ser llamados a colaborar con ella para compartir experiencias e iniciar una relación permanente, que deberá durar todo el tiempo de
funcionamiento de la Convención.
Este es el sentido de la enmienda de modificación que proponemos y esperamos que sea del agrado de los distintos grupos parlamentarios de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Intervendrán ahora los restantes grupos, de mayor a menor. En primer lugar Convergència i Unió.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: La posición de nuestro grupo parlamentario en este tema creo que es absolutamente conocida por todas las fuerzas políticas, y por tanto no la voy a repetir, entre otras cosas porque nuestro portavoz la ha dejado
clara en sus últimas intervenciones.
No tenemos nada en contra de los representantes, y voy a aprovechar esta ocasión para felicitarles de todo corazón, esperando que su trabajo sea interesante para todas las fuerzas políticas, pero nos hubiese gustado que reglamentariamente se
hubiesen puesto en marcha toda una serie de mecanismos que hubiesen favorecido el contacto entre dichos representantes y el Congreso. No se hizo en su momento y por tanto se perdió la ocasión. Ahora, con esta proposición no de ley se abre otra vez
esa posibilidad y nos gustaría, en un tema tan importante como éste, que esta proposición no de ley se pudiese aprobar por unanimidad. Eso daría más fuerza a los representantes españoles y dejaría en una situación de mucha más comodidad al resto de
las fuerzas políticas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PNV. (Pausa.)
Grupo de Coalición Canaria. (Pausa.) No está.
Grupo de la Entesa Catalana (Pausa.) Tampoco está. Estas ausencias han contribuido notablemente a aligerar el ritmo de nuestros trabajos.
Tenemos ahora que pasar a votar, pero mucho me temo, así a vuela pluma, que tengamos un problema de
quórum, al menos lo teníamos hace unos minutos. Quizá con las últimas incorporaciones se haya resuelto el problema, puesto que contamos con más de 25 diputados. Incluso nos sobran algunos. Lo digo para fijar una hora para la votación, después de
que el grupo proponente intervenga. (El señor Soriano Benítez de Lugo: ¿No se puede votar ya?) No, porque el grupo proponente tiene que decir si acepta o no las enmiendas, para lo cual le damos la palabra.
La señora PERIS CERVERA: Quisiera recoger las últimas palabras del portavoz del Grupo catalán (Convergència i Unió) en la medida que esta proposición no intenta poner impedimentos a nadie, sino facilitar el camino, intentar un consenso de
todos.
El Grupo Socialista plantea a los grupos que han presentado enmienda la posibilidad de que lleguemos a una transaccional. En cuanto al Grupo Mixto e Izquierda Unida, que plantean que se celebren más sesiones, el Grupo Socialista entiende
que con la frase de al menos una vez cada periodo de sesiones no estamos limitando el número de comparecencias, sino poniendo un número mínimo. En todo caso, seguro que podrán ser y serán muchas más.
En cuanto al Partido Popular, aceptando su enmienda y dentro de una posible transaccional, quisiera decirle que el foro normal para este tipo de debates evidentemente es la subcomisión, pero ¿por qué vamos a cerrar la puerta a la Comisión?
Puede ser que alguna comparecencia tenga trascendencia necesaria como para que se celebre con la solemnidad que pueda requerir en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Por tanto, la transaccional que planteamos al Partido Popular sería que las
comparecencias se celebren en la Comisión Mixta de la Unión Europea o en la subcomisión, atendiendo al motivo de la comparecencia.
Con esta posible transaccional que terminaríamos de redactar, se daría cabida a todas las propuestas y podríamos aprobarla por unanimidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Hay posibilidad de realizar alguna enmienda transaccional?
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Nosotros no podemos transaccionar ninguna enmienda, en todo caso sería el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a ellos me dirijo, pero como usted está delante y no es transparente.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No se preocupe la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Le comunico que votaremos la proposición, aunque consideramos importante que se mantengan las enmiendas, porque si hay voluntad de reunirse más
no nos parece formalmente razonable que las reuniones se limiten a dos. Por tanto, no se preocupe, porque manteniendo las enmiendas, votaremos también a favor de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, votaremos las enmiendas y la proposición.
(El señor Martínez Casañ pide la palabra.)
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: El Grupo Parlamentario Popular entiende que estamos estableciendo un método de trabajo para toda la duración de la Convención. Por eso entendemos que el ámbito en el que se debe trabajar con los representantes del
Parlamento nacional y con otros representantes de la Convención es la subcomisión de seguimiento del año 2004. Esto no es óbice para que en el momento que la Comisión lo considere oportuno pueda celebrar una sesión monográfica de la Comisión en
pleno con los representantes del Parlamento o con cualquier otro representante que considere oportuno, pero esto corresponde al ámbito de la Comisión. Lo que estamos estableciendo en este momento es un ámbito de trabajo permanente que no es óbice
para que exista otro tipo de reuniones o de comparecencias en el plenario de la Comisión. Por tanto, nosotros mantenemos la enmienda expresando nuestra opinión de que se trata de un ámbito de trabajo, lo que no impide que en el momento que la
Comisión lo considere oportuno pueda celebrar otro tipo de reuniones y de comparecencias, que por supuesto es el deseo del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Por tanto, mantiene su enmienda.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la proposición. ¿Hay alguna posibilidad de realizar una enmienda transaccional?
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: No, señor presidente. Porque nosotros entendemos que estamos decidiendo sobre un método de trabajo, no sobre la posibilidad de realizar sesiones solemnes entre la Comisión en pleno y los representantes. En nuestra
opinión estamos hablando sobre otra cosa y aclaramos que esto no impide lo otro.
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PERIS CERVERA: Señor presidente, a mí me gustaría pedirle un último esfuerzo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque en realidad el Grupo Parlamentario Socialista quiere que esta iniciativa salga adelante. Nosotros
que partíamos de que las comparecencias se realizaran en la Comisión Mixta de la Unión Europea pensamos que no hay ningún problema para que se celebren en la subcomisión. Lo único que pedimos es que en el texto de la proposición no de ley figure la
posibilidad de que además de comparecer en la subcomisión, cuando el tema así lo requiera puedan comparecer en la Comisión Mixta de la Unión Europea. Nosotros estamos aceptando el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular, pero sin embargo el
Grupo Parlamentario Popular no es capaz de transigir ni un milímetro en su posición.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la presidencia le ruega que haga un esfuerzo para intentar que podamos aprobar esta proposición no de ley.
Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, lo único que puedo hacer es aclarar que esto es un método de trabajo. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego que guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Esta Comisión se ha dotado de un órgano específico, que es la subcomisión, competente para estudiar y colaborar en el ámbito de la Convención. No tiene ningún sentido que traslademos las competencias de esta
subcomisión al plenario de la Comisión. Lo único que propongo a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es aclarar que se trata de un método de trabajo, es un nivel de cooperación, lo que no impide que se establezcan otros cuando la Comisión
así lo considere oportuno.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
De conformidad con el Reglamento hay que someter a votación la proposición con las enmiendas que hayan sido aceptadas. Habida cuenta que esta enmienda no ha sido aceptada, de acuerdo con el Reglamento y que me corrijan los órganos asesores
de la Cámara si me equivoco, el Reglamento establece que acabadas las intervenciones, la proposición, con las enmiendas aceptadas por el proponente, será sometida a votación. Esta enmienda no ha sido aceptada; por tanto se somete a votación la
proposición en su redacción original. La presidencia ha hecho un esfuerzo, que quizá no todo el mundo haya valorado positivamente, para conseguir una transacción. Como no ha sido el caso, no vamos a votar ahora parcialmente las propuestas, sino
que vamos a hacer lo que establece el Reglamento, que es someter a votación la proposición con las enmiendas aceptadas.
Señorías, vamos a proceder a la votación.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: ¿Hay enmiendas aceptadas?
El señor PRESIDENTE: No, no hay enmiendas aceptadas. Como no las hay vamos a votar la proposición no de ley, por lo que se supone que todo el mundo votará en lógica consecuencia con los planteamientos anteriores.
(Rumores.)
A la vista de lo que está ocurriendo, la presidencia suspende la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)
Señoras y señores diputados y senadores, se reanuda la sesión y tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PERIS CERVERA: Señor presidente, por fin parece que nació el niño. Hemos llegado con dificultad a una enmienda transaccional, que dejaría el texto de la enmienda presentada por el Partido Popular tal como está y añadiría un nuevo
párrafo, que diría: El establecimiento de este método de colaboración entre la Comisión Mixta y los representantes en la Convención, no será obstáculo para que la Comisión, haciendo uso de sus prerrogativas, pueda celebrar reuniones plenarias.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Todo lo que no sea antirreglamentario, es susceptible de ser votado.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, quiero aclarar que aunque he participado en la enmienda transaccional, y por tanto es lógico que la apoye, no soy responsable de la paternidad de ese niño que ha anunciado la portavoz del Grupo
Socialista. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: No ricemos los rizos. Hay una enmienda que ha sido consensuada y supongo que en el consenso habrán participado todos los que han consensuado.
¿Alguna palabra más al respecto? (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Nuestro grupo se va a abstener por una razón muy sencilla, porque hay cuatro enmiendas y sólo se ha negociado con dos.
Creo que había dos fuerzas políticas a las que como mínimo se les tenía que haber consultado
qué querían hacer. En segundo lugar, si además los dos no se ponen de acuerdo respecto a la paternidad, creo que el tema queda muy descafeinado. Por tanto, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señor presidente, como entendía que la interpretación de la votación era diferente, antes he explicado cómo íbamos a votar pero, a la vista de que el presidente de la Mesa y esta portavoz tenemos distinta
interpretación, ahora modifico. Por tanto, nos abstendremos respecto a la proposición y a la enmienda transaccional porque no nos parece suficiente.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, como no hay más transacciones posibles, vamos a someter a votación la proposición con las enmiendas que han sido objeto de transacción; transacción en la que han participado los grupos Socialista y
Popular, es decir, el grupo proponente de la enmienda y el grupo que ha presentado la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Vamos a suspender la sesión hasta que la iniciemos de nuevo con la llegada del ministro. Muchas gracias.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
CELEBRACIÓN CONJUNTA DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (ACEBES PANIAGUA), CON EL FIN DE INFORMAR SOBRE:
- LAS PRIORIDADES DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA EN ASUNTOS DE JUSTICIA. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente Congreso 214/000092, y número de expediente Senado 711/000214.)
- LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO, EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR, PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO COMO PRIORIDAD DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA.
A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 213/000622, y número de expediente Senado 711/000204.)
- LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO, EN EL ÁMBITO DEL CONSEJO DE JUSTICIA Y ASUNTOS DE INTERIOR, PARA IMPULSAR Y DESARROLLAR LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO COMO PRIORIDAD DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA.
A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 213/000629, y número de expediente Senado 711/000204.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos. Damos la bienvenida al señor ministro de Justicia, segundo compareciente gubernamental en esta Comisión, para informar sobre las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea.
Creo que no son necesarios más prolegómenos, aparte de los rituales.
Agradeciéndole su presencia, le damos la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, presidente.
Señorías, constituye para mí un honor comparecer ante esta Comisión Mixta para la Unión Europea con el fin de informar sobre las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en los asuntos relativos a Justicia...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¿Puedo rogar a las señoras y señores diputados y senadores que tomen asiento, a la prensa nos deje trabajar y podamos escuchar la intervención del ministro como corresponde? (Pausa.)
Muchas gracias.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, presidente.
Con ello cumplimos el compromiso que había adquirido el presidente del Gobierno ante el Pleno el día 10 de diciembre de 2001, y también dos peticiones del Grupo Parlamentario Socialista con el fin de informar sobre las previsiones del
Gobierno en el ámbito del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, para impulsar y desarrollar la lucha contra el terrorismo, que se concretaba en el caso de la petición del Grupo Socialista, como prioridad de la presidencia española de la Unión
Europea.
Señorías, como ustedes conocen, la Unión Europea constituye hoy un espacio donde la libertad de circulación de personas, de bienes, de servicios y de capitales es una realidad. Desde nuestro punto de vista debe caracterizarse también por
ofrecer a sus ciudadanos un espacio común de justicia, un espacio que además debe ser un espacio común de derecho. Así lo establecieron las conclusiones del Consejo Europeo extraordinario de Tampere y lo han venido ratificando y exigiendo los
reciente Consejos de Gante y de Laeken.
La responsabilidad y la prioridad de la presidencia en el área de Justicia es impulsar la creación de ese espacio común de justicia, de libertad y de seguridad que necesita Europa. Se trata con él no sólo, que por supuesto también, de
conseguir una más eficaz persecución del delito, de lograr que la lucha contra el terrorismo o la criminalidad organizada no se vea entorpecida por ningún tipo de fronteras legales, jurídicas o
policiales, pero se trata también de ofrecer a nuestros ciudadanos, cada vez como mayor intensidad en un ámbito de convivencia que cada vez estrecha sus lazos, digo, ofrecer un espacio compartido en el que las resoluciones judiciales, sean
civiles o penales, tengan eficacia en todo el territorio, en el que las definiciones legales y normativas sean comunes, en el que, en fin, la seguridad jurídica, con independencia del Estado en el que nos encontremos, sea una realidad compartida.
Nuestros ciudadanos tienen que estar seguros de que el espacio que comparten cuentan con los elementos necesarios para ser un espacio común de justicia, desde el respeto y el potenciamiento de los valores y principios que sustentan nuestros
ordenamientos, de los derechos y libertades individuales.
Desde Tampere España ha manifestado reiteradamente su voluntad decidida de contribuir de forma efectiva a la creación de estos instrumentos que permitan lograr el objetivo marcado con base en el principio de confianza recíproca entre Estados
que respetan los mismos valores y comparten los mismos principios. Por ello, hemos entendido que hay que trabajar en una doble dirección. Ese avance para la construcción del espacio de justicia, de libertad y de seguridad, se tiene que asentar
sobre dos elementos esenciales; uno, profundizar en la progresiva armonización de nuestras legislaciones, encontrando definiciones y enfoques comunes, y por otra parte asentado en el reconocimiento mutuo, como decía antes, base de la confianza
entre Estados de derecho que respetan las libertades y los derechos de los ciudadanos, acudiendo y buscando fórmulas procesales más eficaces y acordes con las demandas de los ciudadanos y con la protección y el respeto a los derechos de los mismos,
de tal forma que una resolución judicial, dictada en un Estado de la Unión sea aplicable y ejecutable en cualquiera de los otros Estados.
Voy a referirme en primer lugar a los avances en el ámbito penal. Como muy bien saben SS.SS., los avances, están siendo trascendentales; por eso cuando decimos que estamos asistiendo y nos ha tocado asistir al nacimiento de la Europa del
derecho, esto no es una exageración sino una realidad. Se ha producido un cambio de mentalidad en la lucha contra la criminalidad, en la lucha contra el terrorismo. Es cierto que los dramáticos acontecimientos internacionales han tenido un papel
relevante, pero no es menos cierto que la mayoría de las propuestas, de los instrumentos, de los trabajos ya estaban sobre la mesa, ya estaban muy avanzados, lo que nos ha permitido tomar decisiones en un tiempo muy rápido.
El crimen organizado y en especial el terrorismo, a la hora de organizarse, a la hora de llevar y de ejecutar su actividad delictiva está aprovechando que no existen fronteras para el movimiento, para la circulación de personas, para la
circulación de capitales, la facilidad de las comunicaciones, y por tanto todas esas libertades son aprovechadas por la delincuencia organizada para realizar su actividad de manera trasfronteriza, y por tanto los Estados de derecho tenemos la
obligación de dar respuesta a esas nuevas formas de criminalidad organizada.
En este camino emprendido mucho antes del 11 de septiembre, España ha sido pionera con propuestas y acuerdos tanto bilaterales con otros Estados como multilaterales, tan importantes que han sido la base del diseño de por ejemplo la orden
europea de detención y entrega. Durante la presidencia belga, es decir la inmediatamente anterior a la presidencia española, se adoptó el acuerdo político, el consenso político sobre la decisión marco relativa a la orden europea de detención y
entrega y otra decisión marco también de trascendental importancia como es la definición común del delito de terrorismo para dotarnos de unos instrumentos sin precedentes, que desde la cooperación judicial y la confianza mutua nos van a permitir una
lucha más eficaz contra el terrorismo y contra la criminalidad organizada.
La orden europea sustituye, como saben, el procedimiento clásico de extradición. Esta propuesta hoy asumida y elogiada en todos los países de la Unión Europea, después del Consejo de Ministros de diciembre en el que llegábamos al acuerdo
político de ponerla en marcha, era una aspiración que seguramente presentada hace muy poquito tiempo incluso meses, parecía una ambición muy lejana y sin embargo hoy es una realidad la desaparición de la extradición para los delitos más graves, así
como la supresión para estos mismos delitos de la doble incriminación entre los Estados, de tal forma que una resolución judicial de detención y entrega de un terrorista, de un narcotraficante, de un traficante de seres humanos, será ejecutable en
un plazo muy breve, en un tiempo y con un procedimiento muy sencillo en cualquier Estado de la Unión Europea, insisto, supone dotarnos de un primer instrumento trascendental para la configuración de Europa como espacio común de justicia y de
libertad.
El otro acuerdo político que alcanzamos sobre la definición común del delito de terrorismo va a permitir ni más ni menos que la inclusión de este delito en nueve Estados de la Unión Europea, que aún no lo tenían tipificado ni definido como
delito con sustantividad propia. Ello, como todos ustedes comprenderán, es un avance sustancial en la eficacia de la cooperación judicial.
Pero que haya una definición común del delito de terrorismo como la que se ha alcanzado, que recoge todos los aspectos, no sólo como terrorismo y como delito de terrorista el de la banda que ejecuta directamente la acción sino también todos
aquellos que colaboran, participan y encubren esa acción criminal o la financian, permiten la operatividad logística, suministran o reclutan las personas que después se integrarán en la banda armada, todo eso que está dentro de la definición del
delito de terrorismo, insisto, no sólo nos va a permitir una cooperación judicial más eficaz, sino que
es un magnífico símbolo de que los Estados miembros, todos los Estados miembros percibimos la amenaza terrorista como lo que es, un delito con sustantividad propia que atenta contra los principios en los que se basa nuestra convivencia, la
democracia, la libertad, la protección de los derechos fundamentales, y que afecta en consecuencia a toda la comunidad internacional.
Durante la presidencia española en que la lucha contra el terrorismo es la prioridad, una vez que ha pasado el día 6 de febrero en el que había un requisito esencial, y era que el Parlamento Europeo haya aprobado ambas decisiones, la de la
euroorden y la definición común del delito de terrorismo, además por una amplísima mayoría, nos encontramos en condiciones de aprobarlas definitivamente, de aprobación formal, y facilitar su puesta en marcha. Por tanto, durante la presidencia
española debemos llevar a cabo la aprobación definitiva de estos dos importantes instrumentos en la lucha contra el terrorismo y la criminalidad organizada. Además, como siempre hemos entendido que la lucha contra el terrorismo se debe hacer desde
todos los ámbitos, que es una lucha en la que estamos comprometidos y que la cooperación internacional es imprescindible, porque contra lo que se atenta es contra un modelo de convivencia, vamos a intentar reforzar la cooperación judicial penal en
materia de terrorismo con terceros Estados y en particular con los Estados Unidos, de acuerdo al plan que, como ya conocen, aprobó el Consejo Europeo, desde el escrupuloso respeto a las normas constitucionales de los Estados miembros y teniendo
presente las consideraciones contenidas en las resoluciones del Parlamento Europeo.
Continuando en esta misma línea de actuación, en materia penal -es a la que me estoy refiriendo en estos momentos- las prioridades de la presidencia española se
centrarán en conseguir avanzar de forma paralela en lo que entendemos constituye, como ya he reiterado, la base de la construcción del espacio común de justicia: reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales y armonización de legislaciones.
Pues bien, en cuanto al reconocimiento mutuo vamos a impulsar los trabajos relativos a una muy importante decisión marco, es la decisión marco sobre la ejecución de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y elementos de prueba.
Esta decisión supondrá un avance importante en cuanto que una resolución judicial dictada en cualquiera de los Estados de la Unión permitirá la inmovilización en cualquier otro Estado de bienes, de fondos y de pruebas, de tal forma que se evite su
desaparición o su inutilización. Su adopción va a permitir la aplicación del principio de reconocimiento mutuo a los elementos necesarios, ya no sólo para la persecución, que también, del delito sino para el más eficaz enjuiciamiento del mismo. No
se les escapa a SS.SS. que esta decisión es de una gran importancia en materia de lucha contra el terrorismo, en el que cuando se produzca una detención, iniciándose procedimiento judicial en cualquiera de los países de la Unión, otro juez de
cualquiera de los países en los que tenga procedimientos judiciales pueda dictar una orden para embargar los bienes y los elementos de prueba y, por tanto, inmovilizarlos; nos parece un avance de trascendencia para el terrorismo y para la lucha,
insisto, contra toda la criminalidad organizada. También en esta misma línea trabajaremos sobre la ejecución de sanciones pecuniarias, es decir, de multas en Estados distintos de aquéllos en que se dicta la resolución, gracias también en este caso
al mecanismo del reconocimiento mutuo.
Si hasta aquí hablaba de uno de los elementos esenciales -avanzamos en el reconocimiento mutuo- también queremos hacerlo paralelamente en armonización de legislaciones penales. La presidencia española pretende impulsar de forma importante
la aproximación en el ámbito penal, ya lo estamos haciendo en los grupos de trabajo, sobre la base de las propuestas de la Comisión, y queremos impulsar algunas materias, una vez alcanzado el acuerdo en materia de terrorismo, en otros delitos que
también tienen una preocupación lógica y normal en toda la Unión Europea, en la comunidad internacional. La prioridad estará en avanzar para la aproximación de nuestras legislaciones en materia de tráfico de drogas.
Creemos que esta debe de ser
una lucha concertada; creemos que la eficacia y la cooperación judicial que se deriva de la armonización y de la aproximación de legislaciones en materia de tráfico de drogas es muy importante. Si hay un delito que se caracteriza porque su
ejecución se realiza de manera transfronteriza y son grandes redes que operan en distintos Estados simultáneamente, desde luego este es uno de los delitos que reúne claramente esas características y, por tanto la cooperación entre todos los Estados
que se deriva de la aproximación y de la armonización de legislaciones, de definiciones de delitos y de penas, es más importante. También trabajaremos en materia de cibercrímen y medio ambiente para completar el conjunto de instrumentos penales que
tratan el problema de la inmigración, en el que ya se ha trabajado, como también conocen, en el ámbito de la Unión Europea, y nosotros lo haremos en la lucha contra el racismo y la xenofobia. Además pretendemos culminar unos importantes trabajos
que, justo es reconocer, ha impulsado de manera decisiva la presidencia belga, en materia de lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil. Como ven SS.SS. todos estos son delitos que se ejecutan, primero todos ellos muy
graves, de una gran sensibilidad, y con razón, en los ciudadanos, pero que tienen la característica común de realizarse por bandas organizadas y de manera transfronteriza.
Aún cuando, como he dicho, la construcción del espacio común de justicia debe asentarse sobre la base de un avance paralelo en armonización y reconocimiento mutuo, lo cierto es que para que estos objetivos
tengan éxito, y decía que estamos asistiendo al nacimiento de la Europa del derecho y a la creación de un espacio judicial común, también es necesario que nos dotemos de instrumentos que permitan esa cooperación de manera eficaz. En este
sentido otra de las prioridades será lograr el más eficaz funcionamiento de la unidad definitiva de cooperación judicial Eurojust. Eurojust, del que estoy absolutamente convencido que oiremos hablar durante mucho tiempo a partir de estos meses de
la presidencia española, constituye un novedoso mecanismo de gran importancia en la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo, dado que este órgano, compuesto por jueces y fiscales de todos los Estados de la Unión Europea tendrá
facultades tanto de investigación criminal como de intercambio de información. En materia específica de terrorismo no sólo tiene el órgano central compuesto por jueces y fiscales de todos los Estados miembros que trabajan conjuntamente e
intercambian información en su sede, sino que habrá un corresponsal en cada uno de los Estados de la Unión Europea que facilitará y aportará toda la información que recaben en cada uno de sus Estados para ponerla en común en Eurojust central. Por
tanto, tenemos que darnos cuenta de que esta será una dimensión absolutamente novedosa pero también eficaz en la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado; tendrá facultades para promover e iniciar la investigación criminal y desde
luego para intercambiar y agrupar toda la información que va a existir en toda Europa sobre esas redes criminales de las que venimos hablando esta mañana. Tenemos que propiciar ahora en la presidencia española un momento clave de Eurojust.
Hicimos
un ensayo, dicho sea entre comillas, haciendo un Eurojust provisional que ha tenido efectos muy positivos, y ahora tenemos que hacer el traspaso al Eurojust definitivo. Estamos trabajando para conseguir con ello resultados de los que ya, como decía
antes, tenemos ejemplos extraordinarios, como ha sido la detención en Holanda el pasado día 16 de enero de Juan Ramón Rodríguez Fernández, Marc, etarra acusado de facilitar información al comando Gorbea, y ha sido una de las primera actuaciones que
gracias a Eurojust ha permitido la detención de este presunto terrorista. Por tanto, durante la presidencia tenemos que avanzar en su puesta en funcionamiento definitiva, tenemos que avanzar en el reglamento de funcionamiento, que es fundamental
para esta puesta en marcha, y que cuente con elementos de funcionamiento, pues tiene que ser muy ágil, muy flexible, muy eficaz y capaz de responder precisamente a esas necesidades cambiantes de la cooperación judicial. Si asistimos permanentemente
a nuevas formas de criminalidad y de criminalidad organizada que actúa en varios Estados simultáneamente, que cuenta con gran cantidad de recursos económicos, que cuenta con gran cantidad de medios, es necesario que estos instrumentos nuevos también
estén dotados de mucha agilidad, de mucha flexibilidad, para dar respuesta a esas nuevas formas de criminalidad organizada. También tendremos que llevar a cabo durante la presidencia española el cambio de sede; ya saben que la sede central de
Eurojust se encuentra en este momento en Bruselas, y que en Laeken se acordó provisionalmente que la sede definitiva estuviera en La Haya. Así, si se acuerda definitivamente, tendremos que promover las medidas de traspaso de Eurojust a su sede
definitiva. Igualmente, y para acabar con las cuestiones que tienen que ver con lo penal, tenemos que hacer lo necesario para que entren en funcionamiento otros instrumentos capitales, junto a Eurojust, para la protección de los derechos humanos y
la persecución común de la delincuencia como son los equipos conjuntos de investigación.
Voy a referirme ahora al ámbito civil. La creación de un espacio común de justicia es muy importante en lo penal, pero no lo conseguiremos de manera completa si no avanzamos simultáneamente en lo civil -en el sentido más amplio de la
palabra-, dada su incidencia directa no sólo en la esfera personal y patrimonial de los ciudadanos sino también en el tráfico mercantil y económico. Por tanto, la Unión Europea tiene que responder, allí donde se reconoce la libre circulación de
personas y capitales y se disfruta de una moneda única, a los retos derivados de otorgar seguridad jurídica a las transacciones mercantiles y la protección de los derechos que se derivan de las obligaciones de los contratos y de las relaciones entre
los ciudadanos y empresas.
El programa de medidas para la aplicación del reglamento se ha encargado de concretar los objetivos marcados por el reglamento Bruselas-1; y aquí volvemos a los dos elementos en los que hay que trabajar: reconocimiento mutuo y
armonización. Este programa de medidas -al que imprimiremos el avance necesario que ahora explicaré- nos conduce, a través de etapas sucesivas, al objetivo general de la Unión Europea de supresión del S-4.
Esta afirmación puede parecer ambiciosa,
pero no lo era menos la que hicimos en su día diciendo que era posible la desaparición de la extradición en el ámbito penal. Asimismo, la futura supresión del S-4 en el espacio judicial comunitario es una ambición que todos los países de la Unión
Europea tendrán que impulsar a través de las presidencias sucesivas.
Por nuestra parte, el título ejecutivo europeo para créditos no contestados es una primera etapa que impulsaremos en los trabajos de nuestra presidencia. Se trata de diseñar el instrumento que permita ejecutar un crédito no impugnado en
cualquier Estado de la Unión, con independencia del lugar en que se haya dictado. No se les escapa a SS.SS.
la importancia de este instrumento para el tráfico económico y mercantil entre los países de la Unión Europea. Precisamente para analizar
las cuestiones prácticas en torno a la creación de un título ejecutivo europeo celebramos los días 17 y 18 de enero -al comienzo de nuestra presidencia- un seminario en Madrid con la participación de los mejores
expertos de la Unión Europea, cuyas conclusiones nos hacen pensar que estamos preparados para acometer los logros más ambiciosos. Ha sido un seminario de muchísimo éxito en todos los países miembros. Se trata de un trabajo especializado,
pero con unas repercusiones prácticas de enorme trascendencia, tal y como se vio en el seminario. Con un título ejecutivo, con un documento -se estuvieron tratando distintos tipos en la Comisión- que pueda ser inmediatamente ejecutado en cualquier
país de la Unión Europea, la seguridad del tráfico mercantil se incrementará de manera decisiva.
Durante nuestra presidencia trabajaremos también de manera preferente sobre distintos aspectos del derecho de familia, fundamentalmente en el proyecto de reglamento sobre régimen de visitas, desde la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo, y en el proyecto de reglamento sobre responsabilidad parental. El objetivo es ampliar el ámbito de aplicación de Bruselas-2 a las resoluciones judiciales relativas a los menores cuyos padres no estén casados o tras la
separación, nulidad o divorcio. Estos reglamentos tratan de dar solución a un problema cada vez más frecuente, fruto del espacio de libertad que disfrutamos: garantizar el derecho de visitas de los padres cuando ambos residen en distintos Estados
de la Unión Europea. Pretendemos concebirlo no sólo como un derecho o un deber de los padres, sino como un auténtico derecho de los hijos a disfrutar de la visita de ambos progenitores aunque se encuentren en distintos Estados de la Unión. Durante
nuestra presidencia dedicaremos un gran esfuerzo a trabajar sobre este importante asunto. Cada vez es mayor el número de parejas o matrimonios cuyos miembros residen en Estados distintos de la Unión Europea, lo que produce problemas para garantizar
el derecho de los hijos a estar con sus padres. Sabemos que es un problema muy complejo, que hay distintas posiciones entre los Estados miembros y distintos ordenamientos jurídicos, pero ha llegado el momento de abordarlo con decisión.
Otra cuestión importante a la que nos dedicaremos es la propuesta de la Comisión Europea en materia de acceso a la justicia, muy vinculada a la asistencia jurídica gratuita en la que nuestro país tiene una amplia experiencia que puede servir
de ayuda a otros Estados de la Unión. Somos conscientes de que el derecho privado internacional no es ya un instrumento adecuado en todos los ámbitos en el mercado interior europeo, y de que la armonización de determinados sectores del derecho
privado comienza a ser esencial también para completar el mercado interior. Con esta reflexión general en mente, hemos de seguir avanzando en las iniciativas concretas. La presidencia española ha propuesto reflexionar a fondo con un seminario
dedicado a la lucha contra la piratería y a la defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de autor.
Pretendemos trabajar sobre la articulación de una serie de medidas que den cobertura adecuada al creador de cualquier tipo -intelectual,
literario, músico-. Tenemos que terminar con estas prácticas íntimamente conectadas con redes de delincuencia organizada, cuyo desarrollo se debe en buena medida a la libertad de movimientos que disfrutamos en Europa.
Será la primera vez que
abramos un debate sobre esta materia en el Consejo de Ministros, pero creemos muy importante poner sobre la mesa esta cuestión que tanto preocupa en todos los ámbitos y que tiene una gran trascendencia en Europa y en España como potencia cultural en
la comunidad internacional.
Esta comparecencia se celebra en un momento muy significativo, señorías.
El próximo jueves y viernes tendrá lugar en Santiago de Compostela la reunión informal de ministros de Justicia e Interior. Es la primera cita ministerial en materia
de Justicia -la ha habido de otro orden en el mes de enero- y la misma nos permitirá un debate abierto, sin los requisitos que se exigen para los consejos formales, sobre algunas cuestiones muy importantes. Fundamentalmente me gustaría destacarles
dos de las cuestiones sobre las que vamos a reflexionar y que responden a la coherencia del modelo del que vengo dando cuenta en esta comparecencia: un impulso paralelo a la armonización y el reconocimiento mutuo, que es la forma de progresar en el
espacio común de justicia. Vamos a poner sobre la mesa el debate relativo a la armonización de penas y a la responsabilidad parental, dos temas a los que ya vengo haciendo referencia, pero es que creemos que el primero de ellos, el de armonización
de penas, es fundamental para el sistema de penas. Esto quiero decir buscar un modelo que sea aplicable después a todos los delitos, es decir, que no tengamos que estar discutiendo el modelo sobre el que armonizamos cada vez que discutimos de un
delito en concreto, de tal forma que si consiguiésemos tener claro el modelo de armonización se producirá un avance espectacular a la hora de ir poniendo sobre la mesa los distintos delitos. Ahora nos encontramos con que con el modelo actual muchos
de los Estados miembros tienen muchas dificultades de compatibilidad con sus ordenamientos jurídicos en cuanto a los sistemas de penas específicos que tiene cada uno de ellos. De ahí la importancia de que haya un modelo en el que se encuentren
cómodos todos los ordenamientos y que cada vez que pongamos un delito en el que es necesario encontrar una definición común o unas penas comunes no entremos en conflicto y tengamos que superar las dificultades que cada uno de los ordenamientos
tiene. Si conseguimos avanzar en la presidencia española sobre el modelo estaremos consiguiendo un paso fundamental para avanzar posteriormente en la armonización de delitos. Ha habido distintas propuestas, ha habido propuestas de la Comisión, ha
habido propuestas de distintos Estados. Intentando conjugar todas ellas, España va a proponer una nueva que creemos que a través de la fijación de un sistema de niveles va a dar unos parámetros comunes que permitirán a
todas las legislaciones poder adaptarlo a sus distintos ordenamientos. En cuanto al asunto tan importante al que hacía referencia hace un momento, a la responsabilidad parental, que también abordaremos en el Consejo informal, hemos
realizado un análisis de los trabajos efectuados hasta ahora y vamos a presentar varias propuestas con el fin de dar solución a esos problemas que nos están planteando los diferentes Estados y que hasta este momento, como decía, nos han impedido
avanzar más rápidamente.
Estos son los objetivos de nuestra presidencia en materia de justicia.
Como ven, se trata de profundizar en la construcción del espacio común de justicia que pretendemos que sea un espacio común de derecho, un espacio en el que los Estados
compartan los principios que sustentan sus ordenamientos desde el convencimiento de que respetamos los mismos valores, los mismos derechos y libertades y que disfrutamos de las mismas garantías. Por ello estamos en condiciones de avanzar en
distintas iniciativas, tan importantes como éstas de las que acabo de dar cuenta aquí. Para conseguir ese objetivo extraordinario vamos a ser capaces, sin duda, de buscar soluciones novedosas y eficaces porque estamos asistiendo a la construcción
de una nueva Europa, una Europa del derecho que precisa de soluciones también nuevas, pero se puede hacer respetando las singularidades que imponen nuestras tradiciones y sumando las garantías de que disponemos en cada Estado por separado. Estoy
absolutamente seguro de que desde esta Comisión Mixta de la Unión Europea vamos a encontrar el apoyo que necesitamos y que a través de esta comparecencia les solicito con toda la intensidad de que soy capaz, en la seguridad de que estos objetivos
que les acabo de diseñar son compartidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos al señor ministro sus explicaciones.
Pasamos a dar la palabra a los portavoces de los grupos parlamentarios, comenzando por los grupos solicitantes de la comparecencia, y los restantes, de mayor a menor, terminando con el Grupo Popular. ¿De acuerdo? (Asentimiento.)
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor ministro, gracias por su comparecencia y por las explicaciones que ha adelantado con respecto al programa de actuaciones que intenta desarrollar el Ministerio de Justicia en la presidencia de turno de la Unión
Europea, que corresponde al Reino de España.
El señor ministro ha empezado por enfatizar la importancia que tienen los progresos en materia de justicia de cara a la construcción de la Europa del derecho. Desde el Grupo Socialista no podemos estar más de acuerdo con este punto de
arranque, salvedad hecha de la consideración de que evidentemente toda la Unión Europea y la construcción europea está arrancando desde la primacía del derecho y de la consideración del derecho como el instrumento crucial y definitivo desde el cual
esta construcción se está acometiendo con éxito por primera vez en la historia. La clave de la interpretación de la secuencia a la que hemos asistido desde principios de los años cincuenta, con la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y
sucesivamente con las comunidades de la energía atómica y económica europea, es precisamente el derecho. Esto es lo que explica el éxito de esta experiencia en relación con todos los intentos anteriores de construir Europa. Europa se hace a través
del derecho y ese derecho tiene que tener una factura cada vez más perfectamente democrática; no son las guerras ni las ambiciones iluminadas de arquitectos basados en el imperio de la fuerza, como fue la constante en las sucesivas ediciones de los
imperios Carolingio o Sacro Romano Germánico, ni tampoco la pura y dura conquista militar, que de eso también tuvimos en el siglo XX, sino que precisamente como respuesta al fracaso de todas esas intentonas está el derecho, pero un derecho cada vez
más democráticamente ambicioso. El déficit democrático que habitualmente se reputa de las instituciones europeas y consiguientemente de su producción jurídica no concierne solamente al origen, a la fuente de la producción normativa, cuya
vinculación con la representación de la soberanía popular en la teoría democrática es la única que actualmente reconocemos como hábil y legítima para la producción de normas, sino que es todavía más importante su alcance, su ambición. El déficit
democrático no concierne solamente al sitio de donde procede el derecho, un consejo de ministros no directamente vinculado a una representación de la soberanía popular en un espacio público reconocible, que sería Europa, sino a su ambición. Lo
cierto es que la ambición de esa construcción europea fue limitada al principio, se limitó a la construcción de una libre circulación de capitales, servicios, mercancías y personas, entendidas como fuerza de trabajo; en definitiva, la construcción
de un mercado interior integrado. Sólo en el curso de ejecución de esta experiencia ha ido adquiriendo el derecho una mayor ambición democrática, ha ido alcanzando el derecho más aspectos y consiguientemente ha ido adquiriendo dimensión
constitucional, ha ido aportando el derecho algo a la constitucionalización de Europa. Esa es la fase que recibe un despliegue o un impulso espectacular en los años ochenta, esa ambición de constituir Europa a través del derecho. Es evidente que
la justicia es un aspecto capital para que esa constitucionalización de Europa sea reconocible como tal. La justicia emerge en la construcción europea a principios de los años noventa, emerge en la construcción europea en el Tratado de Maastricht;
el tercer pilar incorpora una dimensión no estrictamente comunitaria, en principio intergubernamental, después reforzada
a través de pasarelas y mecanismos de cooperación asimismo reforzados, como un factor constitutivo de Europa. Después del Tratado de Amsterdam esta dimensión intergubernamental, muy fortalecida, pasa a ser el eje vertebrador de la
construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea. Ese espacio de libertad recibió un impulso fantástico en las conclusiones de la presidencia finlandesa en el Consejo europeo de Tampere, en octubre de 1999, que dejó
definida una agenda de realizaciones que debían desplegarse a lo largo de la siguiente década y que, por tanto, todavía no se han alcanzado. Es una agenda que toca, evidentemente, los distintos aspectos que acabamos de escuchar relacionados con los
compromisos de actuación de la presidencia española, como son materia penal, materia civil y mercantil o cooperación judicial, dirigidos a la búsqueda de una mayor integración también en este ámbito de justicia hermanado con el ámbito de interior,
hasta el punto de que las actuaciones se patrocinan desde un Consejo de Ministros de Justicia e Interior cuyos principales vectores son, como se ha descrito, la armonización y el reconocimiento mutuo. Se trata, por tanto, de la búsqueda de un
derecho cada vez más convergente y de un derecho cada vez más inspirado en patrones comunes y, al mismo tiempo, de la acentuación de la confianza recíproca y, por tanto, la disolución de los mecanismos a través de los cuales se obstaculizaba
tradicionalmente el reconocimiento de las actuaciones de los poderes judiciales o de las instituciones vinculadas a la administración de justicia de los países miembros en el territorio de otros países integrantes de la Unión Europea.
Es evidente que, a pesar de los avances intensos que se han producido en los últimos tiempos, muy vinculados -como tenemos perfectamente presente- a los acontecimientos del 11 de septiembre y a sus consecuencias, la ambición de esa agenda
europea de Tampere es mucho mayor de la que concierne a la lucha contra el terrorismo como una forma específica de criminalidad organizada. Son, por tanto, muchos los compromisos sobre los que va a tenerse que continuar trabajando con intensidad en
el curso de los próximos años y a los que la presidencia española tampoco debe permanecer ajena. De manera que vaya por delante la afirmación de que el compromiso del Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista con esa aportación que,
desde su experiencia de gobierno, efectúo a la incorporación de la ambición en materia de justicia e interior -tercer pilar- y después al espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea continúa perfectamente vigente, por lo que es
voluntad del Grupo Parlamentario Socialista contribuir con sus aportaciones a que la presidencia española sea fructífera en beneficio de todos los ciudadanos europeos, de la calidad de la democracia en la Unión Europea y de la realización de esa
ambición constitucional expresada en el Consejo europeo de Laeken, en diciembre de 2001, bajo la presidencia belga. El Consejo de Laeken adquiere por primera vez en la historia el compromiso de cristalizar, a través de una convención -una técnica
ya utilizada con anterioridad-, en una operación constituyente de Europa y alcanzar, por tanto, algo que pueda ser denominado, aun innovando la categoría tradicional, una constitución europea que simplifique los tratados y dote de una arquitectura
de relaciones institucionales que permita afirmar un cuerpo constitucional para Europa. Por tanto, vaya por delante ese compromiso del Grupo Socialista de que el Consejo europeo que se celebrará en Sevilla el próximo junio sea la culminación de una
presidencia fructífera y que tenga sentido en la construcción de este tercer pilar y espacio de libertad, seguridad y justicia que tiene todavía muchas cuentas pendientes.
Quiero subrayar, por tanto, que el Grupo Socialista contribuirá con todas las energías disponibles a que ese que ha sido señalado como el gran objetivo de la presidencia española en este ámbito, la lucha contra el terrorismo, alcance su
máximo y llegue tan lejos como sea posible de la forma más ambiciosa y más perfecta que resulte posible, pero también a que ese no sea el objetivo monográfico de la presidencia española, sino que exista la debida atención a otros asuntos que merecen
también impulso. De hecho, ya en el Consejo de Laeken de los días 14 y 15 de diciembre de 2001 se constataron retrasos e incumplimientos en algunas de esas ambiciones señaladas en acuerdos expresos del Consejo de Tampere bajo presidencia
finlandesa. Son retrasos que necesitan nuevos impulsos y orientaciones para su realización y a los que, por tanto, la presidencia española no debe permanecer ajena. En primer lugar, el compromiso de potenciar la celebración de reuniones conjuntas
del Consejo de Justicia y Asuntos Interiores -el JAI- en intervalos temporales más reducidos e intensificar para acompasar la necesidad de darle a esta construcción del tercer pilar y del espacio de libertad, seguridad y justicia la relevancia que
actualmente merece. Para ello es necesario acelerar los trabajos e impulsarlos. Hace falta igualmente apostar por la incorporación inmediata de las decisiones marco de la Unión Europea -que constituyen un perfeccionamiento del anterior mecanismo
de la cooperación reforzada- a las respectivas legislaciones nacionales, así como la ratificación de los acuerdos adoptados desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, hace ya nada menos que 10 años, aún pendientes, de conformidad con lo
que se estableció en el punto 37 del documento de conclusiones de la presidencia belga en Laeken.
La presidencia española apuesta fuertemente por el desarrollo y la ejecución de un plan de acción de lucha contra el terrorismo que tuvo, como hemos señalado, un punto álgido el 21 de septiembre en el Consejo extraordinario inmediatamente
posterior al impacto que tuvieron los acontecimientos del 11 de septiembre en la conciencia jurídica internacional. Hablamos también
de propuestas de nuevas fórmulas de cooperación judicial que el ministro ha desgranado en materia civil, penal y mercantil, naturalmente muy centradas en el ámbito penal y en los pasos que se han dado para definir ese nuevo conjunto de
instrumentos europeos de acción conjunta contra el terrorismo como amenaza principal, como son: Europol, euroorden, eurolista y Eurojust. Los socialistas no podemos estar más identificados con la maximización y la optimización de ese conjunto de
instrumentos, al límite de lo que esté al alcance de la presidencia española para que, efectivamente, pueda haber una diferencia marcada entre el antes y el después de la propia presidencia española en el impulso a esos instrumentos. Creo que de
ello dan testimonio las actuaciones de la delegación de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo en el trámite que el ministro cumplió con anterioridad a esta comparecencia.
Efectivamente, el comportamiento de los socialistas españoles
converge con esa amplia mayoría del Parlamento Europeo que ha declinado establecer una vinculación condicionada del impulso a ese conjunto de instrumentos a otras realizaciones previas que pudieran significar, por ejemplo, el fortalecimiento de los
vínculos de confianza entre los estándares de protección judicial de derechos fundamentales entre los Estados miembros de la Unión Europea o el establecimiento previo de una armonización en materia de habeas corpus europeo. Como subrayamos,
queremos que la cooperación judicial trascienda la lucha contra el terrorismo y que, por tanto, conserve presente y en mente, permanentemente, que más allá de la lucha contra el terrorismo y aun derrotado el terrorismo, la construcción europea de
ese espacio de libertad, seguridad y justicia, que es un elemento fundamental de la construcción constitucional de Europa y del reconocimiento de un espacio público europeo y de un espacio constitucional europeo, continuarán vigentes y necesitados
de impulso.
Por eso, subrayamos la pertinencia de un compromiso superior y expreso por parte de la presidencia española en torno a algunos mecanismos que ya están señalados en el propio documento de conclusiones de la presidencia belga en Laeken:
el impulso a los trabajos del Consejo sobre el fiscal europeo -el llamado Libro Verde sobre el ministerio fiscal de la Comisión Europea-, por encima de la diversidad de los sistemas y las tradiciones jurídicas convergentes en los Estados miembros,
así como la necesidad de expresar, revalidar e impulsar ese compromiso con el establecimiento de una red de formación europea de magistrados para contribuir a incrementar la confianza entre quienes colaboran en los distintos mecanismos de
cooperación judicial. Evidentemente en el Eurojust, que celebramos y apoyamos, es mucho lo que hay que hacer y nos gustaría escuchar del ministro compromisos más específicos sobre cómo se piensa instrumentar ese impulso a la vigencia y al alcance
de esta célula, de esta unidad en la que participan fiscales, magistrados y hasta agentes policiales dependientes de los mecanismos de lucha contra el crimen propios de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y no solamente en relación
con la lucha contra el terrorismo, de modo que éste sea reconocido como un instrumento capital para la construcción de un espacio de justicia europeo a largo plazo que ha de asentarse en el acervo comunitario, aun cuando hayamos superado, como
esperamos hacerlo algún día, la grave amenaza terrorista, que en España hemos padecido con una virulencia especial durante demasiados años. Por tanto, en relación con el compromiso de apostar por el desarrollo de Eurojust, nos gustaría escuchar los
detalles en que se piensa concretar este compromiso de cara a su reglamentación, a la coordinación de las fiscalías nacionales, al apoyo a las investigaciones penales en casos de delincuencia organizada, no solamente de terrorismo y, naturalmente,
en su conexión con Europol, teniendo en cuenta además los compromisos temporales a este respecto que quedaron establecidos en Tampere.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, me permito señalarle que se acerca usted a los 20 minutos de exposición.
El señor LÓPEZ AGUILAR: En su intervención, el ministro ha omitido toda esa vertiente de la agenda de trabajo del Consejo de Ministros de Justicia e Interior relativa a la inmigración, que constituye una parte muy importante de los
compromisos de Tampere y de la presidencia de Laeken. Es comprensible teniendo en cuenta que en España la competencia está distribuida entre dos ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio de Justicia no
puede permanecer enteramente ajeno a la afectación de derechos y libertades fundamentales, a su competencia en materia de aseguración de esos derechos y libertades en determinadas actuaciones que, aun siendo competencia orgánica del Ministerio del
Interior, afectan al ámbito de la justicia; en particular, la aplicación del mecanismo Eurodac, el reglamento dirigido a la identificación de los solicitantes de asilo y refugio en el espacio europeo y la elaboración del reglamento orientado a
aplicar de modo más eficaz el Convenio de Dublín. Ése me parece un aspecto importante, omitiendo otros que también afectarían a la competencia del Ministerio de Justicia, pero que, en aras de la brevedad, saltaré en este trámite. Sí quiero
referirme a la necesidad de que el Ministerio de Justicia esté presente en el impulso del debate relativo al control eficaz de las fronteras exteriores porque esto afecta directamente a la lucha contra el terrorismo y cualesquiera forma de
criminalidad organizada, como son las redes de inmigración clandestina y la trata de seres humanos. La presidencia asume, lo que naturalmente es bueno, el reto de impulsar los trabajos del Consejo y de la Comisión para
definir los instrumentos de cooperación entre los distintos servicios de control de fronteras exteriores, pero es imprescindible concretar las apuestas en torno al objetivo común: el servicio de gestión común de controles fronterizos
europeos y de control de fronteras para la instauración de sistemas comunes de identificación de visados y, en su caso, oficinas consulares comunes.
Una consideración en cuanto la lucha contra el tráfico de drogas, aspecto importante de la lucha contra el crimen organizado. El acuerdo de Laeken llama a la adopción de una propuesta de la Comisión en esta materia troncal en la lucha
contra el crimen organizado antes de finales de mayo del presente año. La presidencia española propone un impulso a la armonización, a la aproximación de legislaciones penales en esta materia entre países miembros, impulso que fue iniciado bajo la
presidencia belga, y algunas medidas preventivas que den cumplimiento a ese aspecto importante de los compromisos de Tampere revalidados en Laeken relativos a la prevención del delito. La armonización de los instrumentos de prevención del delito
creo que serían exigibles en la ejecución del programa de actuaciones de la presidencia española para Europa.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir terminando.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo.
Debe aprovecharse la ocasión para lograr que esta lucha se integre aquí de forma efectiva, en paralelo a la lucha contra el terrorismo, y más dada la evidencia de que muy a menudo la fenomenología delincuencial y el impacto sobre los
sistemas penales de una y otra forma de criminalidad organizada se encuentran estrechamente vinculados.
El señor PRESIDENTE: Tienen la palabra el resto de los grupos, comenzando por Convergència i Unió.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señor ministro. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere saludar su comparecencia en esta Comisión y agradecerle la pormenorizada explicación sobre las
prioridades de la presidencia española en materia de justicia.
Tal como nos ha explicado, estas prioridades en materia de justicia se van a centrar, en coherencia con la prioridad principal de la presidencia europea, en impulsar la adopción de acuerdos sobre aquellas normativas que faciliten una
eficacia máxima en la lucha contra el delito organizado, y especialmente contra el terrorismo. Nos ha hablado de importantes medidas, unas adoptadas y que deben consolidarse y de otras respecto a las cuales estamos en vías de alcanzar acuerdos,
como la orden de detención y entrega, la definición del delito de terrorismo, la puesta en marcha de manera definitiva de Eurojust, la resolución del embargo preventivo de bienes, fondos y pruebas, de manera que se evite su desaparición, la
cooperación judicial penal con Estados Unidos, la ejecución de sanciones pecuniarias y la armonización de legislaciones penales, todo ello en el ámbito penal, y también nos ha hablado de medidas en el ámbito civil. En definitiva, nos ha expuesto la
vertebración de un espacio de justicia, de un espacio común de derecho, de libertad y de seguridad.
Señor ministro, en nombre del grupo parlamentario que represento, vaya por delante el total apoyo de nuestro grupo parlamentario a los objetivos que nos ha explicado, objetivos que nuestra formación política comparte y apoya. Va a tenernos
al lado del Gobierno, al lado de su ministerio, en la consecución de los mismos. No obstante, quisiéramos aprovechar su comparecencia para trasladarle un par de consideraciones en un doble orden de cosas. La primera de ellas sería que justamente
porque compartimos y apoyamos los objetivos que ha puesto de manifiesto creemos conveniente trasladarle que en la consecución de esos objetivos, y a la hora de diseñar los instrumentos de cooperación, se tenga especialmente en cuenta no bajar la
guardia en las medidas garantistas, que se sea de una exigencia exquisita con la tensión equilibrada entre libertad y seguridad. Europa y los Estados de la Unión Europea tienen en su acervo que la defensa y el respeto de los derechos fundamentales
sea el eje, sea la columna vertebral de su cuerpo normativo; respeto a los derechos fundamentales, el primero a la vida, desde luego, pero también a los derechos fundamentales de la libertad, la no indefensión, la intimidad.
Creemos que este
respeto al que se ha llegado tras un largo y espinoso camino no debe ni puede relajarse y que por tanto una posición garantista debe presidir la adopción de cualquier medida y de cualquier normativa, como me ha parecido entender con agrado que así
lo ha explicitado el propio señor ministro. Esta convicción de la no relajación de medidas garantistas entendemos que se debe tener presente al hablar de la normativa interna de la Unión Europea pero también al hablar de la cooperación policial con
Estados Unidos. El convenio de cooperación judicial con Estados Unidos, convenio al que desde luego no nos oponemos conceptualmente y que queremos que sepa que apoyamos, contiene una serie de medidas punitivas que hacen que los tipos penales de los
dos sistemas jurídicos no sean análogos. En Estados Unidos existe la pena de muerte, que por fortuna y también por el esfuerzo de muchos está abrogada en toda la Unión, un logro que no debe ni puede tener marcha atrás bajo ningún concepto. Por
tanto, habrá que plantearse en la cooperación judicial si el delito del que se acusa lleva allí aparejada la pena de muerte. Este sería un primer punto a considerar. Debemos también tener presente no bajar la guardia en el sistema garantista al
hablar del tema de la protección de datos. Desde los brutales atentados terroristas del 11 de septiembre se ha planteado la cooperación policial en esta materia.
En este tema de protección de datos la directiva europea ha ido por delante de lo que los americanos quieren en el sentido de que tiene más murallas de protección para acceder a las bases de datos, murallas que no tienen otro fin que
proteger la intimidad y que establecen las garantías para derribarlas en los casos tasados y con autorización judicial.
Queremos trasladarle la preocupación de CiU en el sentido de no bajar la guardia en la comunicación de datos, que no podemos
facilitar sin esa autorización judicial. Me ha parecido entender al señor ministro que ese sistema de garantías seguiría estando muy presente en la adopción de las normativas. Apoyo pues total a los objetivos definidos por el señor ministro. No
relajación en las medidas garantistas sería la primera consideración que quisiéramos trasladarle y constatamos con agrado que dicha preocupación se desprende de lo manifestado por el señor ministro en su exposición.
La segunda consideración sería que la focalización de un tema tan importante como es el terrorismo y las medidas para ir en contra de la criminalidad organizada no debiera dejar en la penumbra otros temas que para Convergència i Unió son
también de la máxima importancia y que girarían en torno a la cooperación judicial en el ámbito civil, explicación que ha dado también el señor ministro. El centro de toda la presidencia europea se focaliza en el tema del terrorismo y quizá dentro
de lo que son los objetivos del Ministerio de Justicia sí se debieran focalizar estas otras medidas que, como ha subrayado el señor ministro, son tan importantes.
Los temas relativos al derecho mercantil, a ese importante título único ejecutivo europeo, los convenios en materias concursales, la quiebra internacional, la obtención transnacional de pruebas y el impulso y perfeccionamiento, en definitiva
de lo que supuso el Bruselas-1, sería muy bueno, pero a nuestro entender también sería muy bueno que se focalizara como una prioridad la implementación total y el impulso al Bruselas-2, al que también se ha referido el señor ministro, convenio este
último que en definitiva supone la integración de los instrumentos jurídicos en aquellos temas que afectan de forma progresiva y cada vez más profunda a la vida del ciudadano, a ese ciudadano europeo que tanto a través de matrimonios celebrados con
personas de otras nacionalidades como en el ejercicio de la libertad de traslado, bien por motivos de trabajo o por el motivo que sea, abordan cuestiones relacionadas con la disolución del matrimonio, también con regímenes matrimoniales, con la
filiación no sólo entre matrimonios o parejas miembros de nacionalidad distinta sino también por los problemas que puede suponer el traslado después de una disolución de matrimonio de uno de los miembros de la pareja con hijos a residir en otro
Estado de la Unión. Constatamos el gran acierto de poner el acento en la protección de los derechos no tanto de los mayores sino del menor; las visitas parentales a las que ha hecho referencia el señor ministro, la adopción transnacional y también
un tema relacionado con los anteriores, que sería el tema de la sustracción de menores, que también se recoge en el Bruselas-2. Refiriéndome a este último tema, la sustracción de menores, me permitirá el señor ministro que no deje de expresar la
extrañeza que le causa a la diputada que le habla el que casi dos años después de que se tomaran en consideración unas proposiciones de ley, una de las cuales era a propuesta del Grupo Popular, proposiciones de ley que venían a resolver el vacío
legal existente en cuanto a la tipificación específica en el Código Penal español de la sustracción de menores como delito con pena aparejada suficiente para poder cursar la orden internacional de busca y captura, todavía hoy sea imposible que pueda
suscribirse el informe de ponencia, en el que todos los grupos estábamos absolutamente de acuerdo en todos sus puntos, y que esa obstaculización de su firma sea por parte del Grupo Popular. Seguramente me dirá el señor ministro, y naturalmente está
en su derecho a hacerlo, que este es un problema de la Comisión de Justicia, pero cuando esta diputada, que es ponente en esa modificación legislativa, ha intentado saber las razones por las cuales se está ralentizando este tema se nos dice que está
en profundo estudio en el ministerio.
Señor ministro, me imagino que a usted le consta que hay colectivos de padres y madres que están sufriendo por este tema, que en su día, hace casi dos años, acogieron con alivio la toma en consideración de las iniciativas de que le hablo y
que no acaban de comprender, como tampoco lo comprende mi grupo parlamentario, que de alguna manera se esté demorando, por no hablar de estar paralizando, este tema. Usted sabe perfectamente que para accionar el convenio de La Haya es necesario
previamente encontrar al menor y que con nuestra legislación penal actual se entorpece esto por no decir que se imposibilita. Quiero trasladarle nuestra convicción de que es necesario desencallar cuanto antes esta tramitación parlamentaria, y estoy
segura de que desde el ministerio se hará lo necesario para ello, pero puesto que el señor ministro nos ha hablado de la armonización de los tipos penales quería preguntarle si realmente el camino pasa porque dentro de la presidencia europea, al
intentar armonizar los tipos penales, también lo armonicemos en este tema de la sustracción parental y por tanto vendría ya la modificación directamente como una consecuencia de este acuerdo de la armonización de la normativa penal europea. Apoyo
pues total a las medidas propuestas, no relajación en las medidas garantistas y focalización también de la cooperación judicial en el ámbito civil, como así se hace.
No querría finalizar mi intervención sin hacer una referencia a Europol.
Europol está desplegando una gran capacidad operativa. Esa gran capacidad operativa de alguna manera encaja mal el control parlamentario de Europol por parte del
Parlamento Europeo y también
encaja mal o no acaba de encajar el control parlamentario por parte de los parlamentos estatales o nacionales. Quisiera preguntarle -con esto finalizo- si se está previendo una normativa de control judicial o un aumento del control judicial
en la misma medida en la que se está incrementando la capacidad operativa de Europol.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada, por ajustarse al tiempo previsto.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor ministro, por su presencia en esta Comisión y por sus explicaciones. A la vez quiero manifiestarle que me agrada que después del señor vicepresidente primero sea usted uno de los primeros
ministros en comparecer, porque como usted conoce yo misma y mi formación política tenemos una especial preferencia por los asuntos de su área. Ya conocíamos sus propósitos para la presidencia española, porque usted ya lo había manifestado en la
Comisión de Justicia, el día 17 de octubre, y en gran parte le dijimos entonces que lo compartíamos y que deseábamos su logro. Así se lo dije, aunque quizá por mi parte hubo un exceso de insistencia, desde el punto de vista de las cautelas, lo que
sin duda alguna provocó algún enfado al señor ministro. Simplemente quiero manifestarle que continuamos con el mismo criterio que teníamos entonces. Me permitirá que desde la pertenencia a una formación política que es pequeña y con escasa
capacidad de incidir, y desde luego nula para participar en la toma de ninguna decisión, utilice la única que nos queda que es la de controlar o de opinar, aunque he comprobado cómo miembros de otras formaciones políticas también insistían en esos
valores de respeto de derechos y garantías, por supuesto que sin demérito alguno del valor seguridad. Los avances en el tercer pilar es una querencia de antiguo en el avance de la construcción europea. Ya estuvo bien enunciado en Tampere, como se
ha dicho por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, y por todos es ansiado que con ocasión de la presidencia española se lleven adelante gran parte o una parte importante de los proyectos que quedaron establecidos entonces. El señor
ministro conoce que quienes fundaron el partido al que pertenezco estuvieron en el comienzo del movimiento europeo y desde luego ellos imaginaron una Europa como espacio seguro y libre, sin duda alguna sin terrorismo. Por tanto, los avances que se
realicen en la persecución eficaz de todas las conductas delictivas siempre van a tener el visto bueno del grupo al que pertenezco, por lo que le ruego al señor ministro que no dude de ello, a pesar de que en alguna medida me ponga pesada respecto
al valor de la defensa de los derechos y de las libertades.
Estando en el preámbulo o en el pórtico de una ampliación de la Comunidad hay otra observación que me gustaría hacer. Usted ha indicado -y así es- que los avances en ese tercer pilar se basan en la confianza recíproca entre países
igualmente democráticos. Es importante que de manera fija y fundamental se asienten las bases de estos valores, teniendo en cuenta la próxima entrada en la Comunidad Europea de otros países quizá más alejados de nuestras tradiciones. Es decir, que
sean ellos quienes sean atraídos a unos valores que se encuentren ya consolidados en el ámbito -que ojalá para entonces sea cierto- de un espacio de justicia, seguridad y libertad. Le he manifestado que compartimos casi todo lo que ha expuesto, en
particular su deseo de impulsar un espacio común de justicia y -una vez más se lo manifiesto- de impulsar la persecución eficaz del delito, incluso del deseo de trabajar en la armonización de legislaciones. Cuando nos manifestaba el intento de
llegar a una definición común en materia de delito terrorista le preguntaba que si el centro iba a ser la propia definición española, ya que entendía que en ella se encontraban todos los elementos ontológicos y teleológicos. La verdad es que así ha
venido a ser con escasas diferencias, porque el contenido que ha sido suscrito -como usted nos ha dicho- por nueve estados viene a ser el texto del Código Penal actual. Por supuesto, que la euroorden y la desaparición de la doble incriminación son
un adelanto.
Todos conocíamos la antigualla que había llegado a ser ese procedimiento de extradición. El sistema de euroorden puede funcionar perfectamente sin demérito de las garantías de quien sea acusado por procedimientos criminales en países
que formen parte de la Unión Europea.
Igualmente nos parece importantísimo todo lo que se haga para posibilitar la ejecución eficaz de las resoluciones que se adopten en materia de delitos, así como la persecución eficaz de quien sea acusado de conductas delictivas aún sin la
existencia de condena. Tengo una curiosidad, si me permite que se lo pregunte, puesto que el otro día fue objeto de comentario una cuestión parecida por el secretario de Estado de Seguridad. Cuando regresaba de Estados Unidos nos comentaba a los
portavoces de esa área que había hecho avances importantes en lo que iba a ser la ayuda o colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo en materia policial y que había sido preguntado por los periodistas sobre esta materia, aunque
como es lógico no les había podido contestar, porque no se podía hacer público lo que se había acordado en materia policial. Como aquí estamos hablando de materia judicial, le pregunto si en esta área es posible tener algún conocimiento de cómo se
va a traducir esta colaboración con Estados Unidos y si estamos en la misma línea de lograr la persecución eficaz del delito, pero entenderé su respuesta a no comentarlo, aunque considero que el ámbito de la pregunta es distinto.
En cuanto al embargo preventivo de bienes me ha gustado que no lo circunscriba exclusivamente a la delincuencia terrorista -respecto de la cuál puede ser interesantísimo-, sino que también puede llegar a tener extraordinaria importancia
respecto de la delincuencia económica y, sobre todo, respecto del terrible narcotráfico cada vez más generalizado o con tramas más complicadas no sólo de ámbito europeo. En la armonización de conductas o de tipos delictivos me gustaría preguntarle
-además de sobre las de tráfico, drogas, cibercrimen o medioambiente, a las que usted se ha referido- cómo han quedado finalmente los delitos excluidos para los que la intención de penalizar de los Estados no es idéntica. Me refiero al conocido
caso del aborto y a lo que va a ocurrir en fechas recientes con la desaparición de la penalización de conductas tales como la negativa a la prestación del servicio militar o a la prestación social sustitutoria, teniendo en cuenta que en algunos
países, en concreto en Grecia, tales conductas son delictivas, es decir, existen como delito.
Qué posibilidades van a existir de incriminar a un país por conductas que hacen referencia a deseos legítimos manifestados por organizaciones estatales,
que además en gran parte tienen que ver con problemas de conciencia o de convicciones que van más allá de la persecución de conductas criminales, como es el del aborto o la negativa a la prestación del servicio militar en el caso de Grecia. Me ha
gustado que dentro del apartado de la inmigración usted haga especial mención a la querencia de perseguir más eficazmente las conductas racistas y xenófobas, pero no puedo dejar de recordarle también que nos gustaría, al igual que ha manifestado el
representante del Grupo Parlamentario Socialista, que cuando se produzca el balance de los logros habidos durante la presidencia española hubiera también algo significativo que plantear en los apartados de asilo y refugio. Se lo comunico porque
varios grupos de la Cámara tenemos la intención de promover cuanto antes -porque así nos ha sido solicitado por organizaciones humanitarias- la posibilidad de que en estos apartados se preste asistencia jurídica gratuita. Usted también ha hablado
del acceso a la justicia para aquellos que habiendo intentado entrar en el país como polizones solicitan el asilo. Esto es una grave laguna, porque es un trato que resulta discriminatorio, que no tiene apoyo literal en la ley de inmigración -como
se pretende- y, por eso -repito- que, solicitado por organizaciones humanitarias, varias formaciones tenemos intención de promoverlo. Nos gustaría que tomase buena nota y nos dijese si efectivamente entre los propósitos del Ministerio -mientras sea
ministro en el ámbito europeo o presida los consejos en este ámbito- está avanzar en estas materias. Usted ha hablado de Eurojust, nos parece magnífico su avance y su pase a definitivo, siendo hasta ahora provisional, por lo que estaremos al tanto
de cómo funciona su Reglamento. Nos hemos quejado una y otra vez de que en estos órganos europeos no se han tenido en cuenta a las policías propias de las comunidades autónomas que tienen reconocidas sus capacidades. Es un problema que está en
vías de ser subsanado en breve puesto que cada vez son más fluidas y esperanzadoras las relaciones que en esta materia se van teniendo con el Gobierno. Se lo apuntaba para no defraudar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque dice que
los nacionalistas aprovechamos siempre para hablar de lo nuestro. Respecto al ámbito competencial, y para que quede de manifiesto, valoramos los avances que se van teniendo en esta materia, tanto en la participación de las policías vasca y
catalana, como en su participación o en la puesta en común de lo que se investiga por los equipos conjuntos.
En materia civil, me ha gustado que hayan hecho ustedes de los menores el centro de las materias elegidas para ser objeto de desarrollo durante la presidencia española, ya que efectivamente son los ciudadanos más débiles en cuanto a su
situación jurídica en relación con el ámbito familiar, siendo conocidas por todos las veleidades a las que se ven sometidos con motivo de rupturas o irregularidades -llamémoslo así- familiares, las cuales, si se solventan mal en el ámbito de un
único Estado, peor solución tienen cuando existen normativas diferentes que cohonestar.
Desde luego, nadie más experta que la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en materia de derecho de familia, haciendo mías todas sus
puntualizaciones relativas a esta cuestión, incluida la pregunta de por qué no avanza la iniciativa penal existente en la Cámara desde hace tanto tiempo. No voy a insistir más en esta materia.
Me gustaría preguntarle sobre otro asunto complicado que crea situaciones de conflicto por las distintas normativas existentes en los diferentes Estados de la Unión: el acceso a la nacionalidad. El martes de la semana pasada se tomaban en
consideración en el Pleno del Congreso tres iniciativas que pretenden la modificación del Código Civil relativa al acceso a la nacionalidad española. Nos encontramos en un momento en el que, por situaciones concretas en distintos países de América
Latina o en otros países europeos que actualmente no forman parte de la Unión, se está intentando ser europeo y la gente que lo intenta lo hace en el país cuya legislación le es más favorable. Pues bien, si se homogeneizasen las dificultades para
acceder a la condición de nacional de un país miembro de la Unión Europea, supondría un gran beneficio. Lo digo porque una, siendo oyente y a veces lectora de noticias de prensa deportiva, conoce los distintos vericuetos a través de los cuales
ciudadanos de élite como los futbolistas consiguen acceder a la condición de europeos mientras que otros ciudadanos menos favorecidos se tienen que pelear con distintos ordenamientos. Sería bueno además para lograr un cierto equilibrio entre el
número de nacionales de fuera o de origen que van entrando en los
distintos Estados. En definitiva, me gustaría saber si existe alguna posibilidad o si se encuentra siquiera en estado de embrión la idea de homogeneizar el acceso a la nacionalidad dentro de los países que componen la Unión Europea.
Me ha gustado que haya hablado de la justicia gratuita, del acceso a la justicia, y que se vaya a seguir la ley española, aunque se puede ser un poco más generoso que en la propia normativa española, ya que así de paso se avanzaría algo, si
bien reconozco que se trata de una ley reciente y de bastante buena factura.
Señor ministro, concluyo haciendo dos reflexiones: una de menor enjundia, que es la envidia que me produce el plan que han elaborado ustedes respecto de los dos días siguientes, por el hecho de poder estar en el debate sobre el impulso de
la armonización de las penas. Una es aficionada a ciertas cosas y realmente envidio a los que se van a encontrar entre los convocados. Espero que desde el Ministerio se nos mantenga informados de los avances en esta materia. La segunda, a fuer de
ser pelma por la insistencia -creo que también lo han hecho así los miembros de otras formaciones políticas-, es desearle éxito en este periodo y que tenga siempre presente que el espacio ha de ser de justicia y de libertad, pero desde luego sin
demérito de la seguridad. Ese es su reto para los próximos meses.
El señor PRESIDENTE: Siguiendo con el turno de intervenciones, tendrán la palabra a continuación por este orden el Grupo Mixto, Coalición Canaria, Entesa e Izquierda Unida.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Deduzco que me ha dado la palabra, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Resulta difícil sacar a colación nuevos temas teniendo en cuenta los que ya se han mencionado (El señor vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la presidencia.), pero realmente se trata de temas que a
nosotros nos suscitan mucho interés, porque lógicamente tenemos el derecho pero también la obligación de proceder a efectuar esa especie de control o balance de los ejecutivos y los legislativos. Nos parece muy bien avanzar en el tercer espacio, el
espacio de libertad, justicia y seguridad, pero haremos un contrabalance en relación con lo que pueda estar más o menos desequilibrado, que no es el caso, aunque sí las necesarias reflexiones y cautelas. No voy a entrar en una descripción de lo que
nos parece ese tercer espacio porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones, especialmente al ministro, en su comparecencia en octubre en relación con esta materia, pero sí quiero señalar dos líneas generales: en primer lugar, la reforma del Consejo
de Ministros cuando actúa como legislador. El ministro sabe lo que pienso porque lo he manifestado en el seno de esta Comisión. Este es uno de los temas que va a ser objeto de reflexión en la Convención y en todos los debates futuros de la Unión
Europea. Creo que será necesaria. Es evidente que hay una aplicación práctica de esta reflexión. Ahora estamos hablando de directivas marco que tendremos que analizar en este Congreso, probablemente en materia de protección de datos tendríamos
que saber cuál ha sido el planteamiento de cada uno de los gobiernos cuando se ha hablado de esos términos a la hora de llegar a esa decisión. Es un ejemplo práctico que pongo porque es bueno. Cuando llegue ese momento, veremos que hay cosas que
tendremos que afinar y detallar para saber a qué estamos haciendo referencia en nuestro ordenamiento jurídico. La segunda reflexión general que ya he expuesto se refiere al calendario en el que existían esas 72 medidas derivadas de Tampere. En el
espacio del tercer pilar, que en muchos casos ha ido pasando al primer pilar a través de la pasarela, nosotros seguimos manteniendo, como decía la señora Pigem, que algunos temas requieren control parlamentario, europeo o de los Estados miembros,
incluso judicial. Recordemos que ya desde el año 1995, cuando surge Europol, se considera necesario ese control policial y judicial y esa norma que lo articule. Evidentemente, como ya señalaba el señor vicepresidente primero, se quiere dotar de
mayor importancia práctica, efectiva y real a Europol, y esta es una de las prioridades del Ministerio del Interior para el próximo JAI en Santiago, así como posibilitar la intervención de Europol en otra serie de aspectos en los que hasta ahora no
lo hacía. Por tanto, reitero la solicitud de información que señalaba la portavoz de Convergència i Unió respecto a cómo se vislumbra ese control.
Después de exponer las dos reflexiones generales, me gustaría centrarme en puntos concretos. Comparto casi todos los que se han citado aquí, pero hay algunos que me parece necesario resaltar: en primer lugar, lo relativo al derecho de
defensa. Era curioso que en ese calendario de medidas -lo hemos citado alguna vez- no se recogía de manera concreta, o al menos no tan evidente como otras, el derecho de defensa. Me parece muy importante esa propuesta de la Comisión y nos gustaría
que nos diera algún detalle más respecto de cómo se va a articular el derecho de defensa europeo -entre comillas, aunque no sea el término que se utilice-, el acceso a esa justicia gratuita y, en definitiva, qué problemas pueden existir, si es que
existen, en relación con ese otro tema, que aunque no está directamente ligado sí lo está de forma indirecta, del acceso a la abogacía en nuestro propio Estado.
Segunda solicitud de mayor información. Conocemos que hay una reserva danesa acerca de los equipos de investigación conjunta y nos gustaría que, si puede, nos dijera a qué se refiere la reserva danesa y cuándo consideran ustedes que va a
poder estar en marcha todo lo relativo a los equipos de investigación conjunta. También nos gustaría saber, cuando esto se apruebe,
cómo se van a articular y cuál va a ser su composición. Es evidente que en los Estados miembros habrá algunos jueces que tengan facultades de instrucción, fiscales, distintas policías judiciales y aquí, en lo que hay de lo mío, también
señalaríamos la participación de la Ertzaintza, entendida como policía integral, en los equipos de investigación conjunta, al igual que en otros foros, incluido Europol, en donde parece que tiene muchas más dificultades. Tercera cuestión que nos
parece importante. Aprovechamos la presencia del señor ministro para indagar en lo que se refiere a la aplicación práctica de este avance del tercer pilar, especialmente en un momento en que su Ministerio está abordando un plan importantísimo y
vital de modernización de la justicia. Nos gustaría que hiciera un poco más de hincapié en cómo abordan ese plan de modernización de la justicia en su relación con los ámbitos europeos, en la aplicación práctica, y en ámbitos internacionales. Me
explico. Todos sabemos que la normativa requiere una aplicación y que todos los mecanismos de cooperación prácticos estén bien engrasados, es decir: cuánto se tarda, si hay estadísticas, si en ese plan de transparencia judicial tienen datos, retos
y objetivos respecto de cuánto se tarda en el ámbito penal para la obtención de pruebas, cuánto es lo que se pretende que se agilice, cuál es el problema que tienen planteado los jueces a la hora de abordar la modernización y la agilización en los
plazos. Por ejemplo, en las lenguas, en las notificaciones, en los reconocimientos -entre comillas-, que no es reconocimiento como tal mutuo, pero sí de aplicaciones de leyes procesales. No es lo mismo la litis pendentia en un Estado miembro que
en otro. Lo digo por pura cuestión de aplicación personal, ya que lo hemos vivido. Queremos saber, en cuanto a ese plan de modernización de la justicia, cuáles son los análisis que tienen realizados ustedes en el ámbito de la cooperación europea,
cuáles son las estadísticas y la transparencia judicial, lo que se tarda y lo que se pretende que se tarde, cuáles son las dificultades que tienen; por ejemplo, la lengua es una de ellas, y existen otra serie de cuestiones. Nos parece interesante
porque, en definitiva, nos dirá que lo que se está haciendo en el nivel macro se pueda aplicar al nivel micro, que es lo importante. Me voy a quedar ahí, aunque hay bastantes más temas que ya se han suscitado. No los voy a reiterar, pero vamos a
tener que abordar, dentro de poco tiempo cuestiones más concretas a la hora de la trasposición, como la Orden europea de detención y entrega, en la que estamos de acuerdo en general. Como le decíamos anteriormente incluso puede haber elementos de
protección de datos o de concepto jurídico indeterminado que tengamos que definir más, así como la armonización del delito de terrorismo, sobre el que sabe usted que en su momento teníamos diferentes interpretaciones en algunos conceptos y en otras
materias. Otra de las cuestiones que se han suscitado de esta reflexión y, sobre todo, de este avance sustancial de los últimos meses es el papel del Parlamento Europeo, cuyo protagonismo no voy a acaparar, aunque quiero hacer una reflexión.
Estamos de acuerdo, como he dicho en alguna ocasión, en este avance; estamos de acuerdo en que se avance de manera ágil, pero previamente queremos tener un conocimiento de primera mano con suficiente detalle antes de pronunciarnos. De ahí el hecho
de que se haya tenido que esperar un cierto tiempo más para que el Parlamento Europeo haya tenido con conocimiento de tiempo y exactitud de datos una aprobación, que ha sido mayoritaria. El Parlamento Europeo les ha hecho un llamamiento al decir:
Muy bien, vamos a avanzar, pero también queremos tener información, datos de primera mano y con la suficiente antelación antes de pronunciarnos.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Gracias, señora Lasagabaster, por su brevedad.
En ausencia de los demás grupos, tiene la palabra el señor Ollero por el Grupo Popular.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo quiero darle la bienvenida al señor ministro, en nombre de mi grupo.
Quiero expresar nuestra satisfacción por la información que nos ha brindado, tanto de lo ya realizado como de los objetivos para esta presidencia española de la Unión Europea. Esa Europa, a la que con frecuencia y cierto menosprecio se ha
tachado de Europa de los mercaderes, convertida en la Europa del derecho, cobra un sentido muy distinto en la medida en que se vaya superando esta situación paradójica en la que en un ámbito de libre circulación, sin embargo, nos encontrábamos, nos
seguimos encontrando todavía en ocasiones con diques a la acción de la justicia. Si esto ya era un motivo de satisfacción para cualquier europeo y mucho más ahora que la presidencia está en manos españolas, lo es especialmente si se recuerda, como
ha sido puesto de relieve en esta sesión, en qué medida España, y en concreto el Gobierno actual, ha sido un anticipado defensor de estas medidas en el ámbito de acción que ofrecían los acuerdos bilaterales del tercer pilar, al que ya se ha aludido,
dentro de la cooperación reforzada. Es especialmente satisfactorio comprobar cómo esas iniciativas, que inicialmente parecían condenadas al fracaso y utópicas, sin embargo, están encontrando ahora un marco mucho más amplio de aplicación hasta
acercarnos a un espacio común y compartido de justicia. Hemos oído con gran interés toda su detallada información sobre la Orden europea de detención y entrega. En efecto, está ya de hecho sustituyendo los viejos mecanismos de la extradición y
además ya hay ejemplos, especialmente en España, de cuál puede ser su juego, al igual que la definición común de los delitos de terrorismo. Nos ha interesado también todo lo que nos ha informado sobre el reconocimiento mutuo en lo
relativo a embargo de bienes e instrumentos de prueba o a la ejecución de sanciones pecuniarias.
En lo relativo a la armonización de la legislación penal, ya que ha habido una doble alusión, estoy seguro de que el señor ministro entenderá con gran facilidad que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al que se hacía alusión en
este caso, ya que estamos en una Comisión Mixta, haya ralentizado el trámite del proyecto sobre sustracción de menores, precisamente porque conoce que está en estos momentos en estudio no sólo en el Ministerio, sino en el ámbito de la Unión Europea,
toda esa cuestión y que es de esperar que pronto se traduzca en directivas o fórmulas de armonización de legislación, con lo cual sería un poco insólito que nosotros intentáramos ahora legislar cuando es bien sabido que se está intentando llegar a
acuerdos sobre esas cuestiones.
En cuanto a las perspectivas del Eurojust en todo lo relativo a la investigación criminal y al intercambio de información conocemos también los avances que se van produciendo. Nos han resultado de particular interés las referencias, quizá
por ser menos conocidas hasta el momento, de las propuestas y los objetivos en el ámbito civil en cuanto a seguir procurando conseguir también que el S-4 sea una fórmula que vaya pasando a la historia, como esta figura de título ejecutivo europeo
para créditos no impugnados o las propuestas de acuerdo para régimen de visitas en los casos de separación o divorcio, entendidos además, como ha dicho el señor ministro, como lo que es, como un derecho de los hijos, y no simplemente como un intento
de dar la razón a uno u otro de los padres. Igualmente nos han resultado de gran interés sus alusiones a las medidas contra la piratería y en defensa de los derechos de autor, así como las propuestas para intentar también coordinar el régimen de
asistencia jurídica gratuita. Por último, tenga por reiteradas por nuestro grupo las preguntas que se han hecho desde el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y desde el Grupo Mixto, porque nada que afecte al País Vasco es ajeno nuestro grupo. Mis
alusiones humorísticas en ocasiones no se deben a que me extrañe de que se preocupen de esos problemas, sino a que a veces me extraña que no se preocupen de otros.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Para responder a los señores portavoces, tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Voy a intentar hacer una intervención lo más breve posible, pero dando respuesta a las inquietudes o a las reflexiones que han hecho los diferentes grupos parlamentarios. A todos, en primer
lugar, les quiero agradecer de verdad y sinceramente sus palabras, su predisposición a la colaboración, al apoyo, a compartir objetivos.
Estoy sustancialmente de acuerdo con la reflexión que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Siendo verdad todos los antecedentes históricos que ha citado, me parece que habíamos avanzado muchísimo más en la Europa de la libertad de
circulación de personas, en la Europa del intercambio de mercancías, en la Europa de la libertad de circulación de negocios y de intercambios económicos, que en la Europa del derecho. Hemos asistido al nacimiento de la Europa del euro, para lo que
ha habido muchos precedentes y que trabajar mucho, pero me parece que es en los últimos meses, o si se quiere en los últimos años, y más en concreto, por dar una fecha, después de Tampere cuando hemos empezado realmente a asistir al nacimiento de la
Europa del derecho, que es algo más que la Europa de la justicia o que determinados mecanismos que hasta entonces habían existido. Es por eso, por la necesidad de dar respuesta adecuada, por lo que se ha notado la necesidad de avanzar tanto en el
ámbito penal, como en el ámbito civil y mercantil. Al haber avanzado tanto en la Europa de la desaparición de las fronteras para la circulación de personas y de capitales, de cuya libertad se aprovechaban -como decía en mi primera intervención- las
redes de organizaciones criminales, es por lo que era más acuciante y necesario dar una respuesta adecuada dentro de la desaparición de las fronteras a la lucha contra esas redes organizadas y criminales, como se está demostrando en este debate tan
importante que hoy estamos teniendo. Ocurre igual en el ámbito civil y mercantil. Han existido y existen, afortunadamente y para bien, las transacciones comerciales, los negocios transnacionales cada día en millones de euros; sin embargo, es
necesario que demos respuesta a la seguridad y a la confianza en las mismas con asuntos como el título ejecutivo europeo o la desaparición del S-4. Es en este momento cuando nuevas organizaciones y nuevos organismos están naciendo, a tenor del
debate que hemos tenido en Eurojust o con los equipos conjuntos de investigación. Con la intervención, que sé que compartimos, sólo pretendía poner de relevancia el momento crucial que estamos viviendo y la necesidad de cooperar y colaborar, porque
del acierto va a depender el éxito del futuro en uno de los aspectos esenciales de ese tercer pilar de la construcción del espacio de libertad, seguridad y justicia que queremos que sea Europa y no sólo de intercambio de mercancías o de comercio.
Entre las preguntas concretas que me ha formulado el portavoz del Grupo Socialista -es verdad que todas ellas son consecuencia de las propuestas que se venían realizando en Laeken-, una de ellas era la intensificación de los consejos de
ministros, dadas las circunstancias a las que estamos asistiendo. Pues bien, esta es la primera presidencia en la que habrá cuatro consejos de ministros; es por primera vez cuando así se hará: el de este jueves y viernes, que ya conocen; el del
próximo 28 de febrero; más los dos de Luxemburgo; es decir, que se celebrarán cuatro consejos de ministros, más el informal,
de tal forma que habremos cumplido ese objetivo que nos habíamos propuesto de intensificar las reuniones de estos consejos, insisto, con cuatro consejos de ministros. La segunda de las preguntas que me realizaba era sobre la posición del
fiscal europeo. Como usted sabe, está el Libro Verde de la Comisión, al que ha hecho referencia, para la creación de un fiscal europeo, que es para la protección de los intereses financieros de las comunidades. Para crear una fiscalía europea se
requiere la modificación de los tratados, lo que habrá que plantear en la Conferencia Intergubernamental de junio de 2004. La Comisión ha lanzado el debate sobre esta figura en clara relación además con Eurojust, dado que es un órgano con fiscales
y jueces; lo lanza para recibir las aportaciones del Consejo, del Parlamento Europeo, de los expertos, para preparar una segunda contribución en el calendario que ya tiene anunciado en el 2003.
El Consejo Europeo de Laeken ha invitado al Consejo a
que examine cuanto antes el Libro Verde de la Comisión sobre el fiscal europeo, teniendo en cuenta la diversidad de sistemas y de tradiciones jurídicas. Como saben, la presidencia española prevé fortalecer la cooperación judicial y policial en
materia penal mediante el examen del citado libro verde, y así se recoge en el documento de objetivos. Por tanto, se procederá a la presentación del Libro Verde de la Comisión y a su incorporación a las conclusiones del Consejo Europeo de Laeken,
que supone cierta reorientación de los trabajos en curso y sobre las que es muy importante reflexionar, como usted ha dicho. En cualquier caso, esta iniciativa de la Comisión tiene un objetivo a medio plazo y no a corto: la creación de un fiscal
europeo. Esto requiere la modificación de los tratados de la Unión Europea. La presidencia española se ha comprometido a que comience en el Consejo el examen de la propuesta; lo ha propuesto el Consejo, y así lo ejecutaremos y así está recogido
en la documentación de nuestra presidencia.
Me ha formulado una pregunta sobre la posición de la presidencia en cuanto a la iniciativa para la formación judicial; la famosa cuestión de creación de una red europea de formación judicial. Esta iniciativa ha sido recogida también en el
documento de objetivos de la presidencia española. La situación ahora es la siguiente: la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo ya ha redactado su informe. Sabe S.S. que existen dos posiciones en función de cómo tratan los ordenamientos
jurídicos en cada caso la competencia de la formación de los jueces. En España hay un modelo como el de la Escuela Judicial de Barcelona, como en Francia y en Alemania existe un sistema de formación que depende de la universidad, de modo que habrá
que compaginar las distintas regulaciones. Nuestra posición consiste en utilizar la propuesta que hizo Francia de contribuir a un mejor conocimiento de los magistrados entre sí y de crear esta red europea de formación judicial. Se va a iniciar el
estudio para que la propuesta pueda ser aceptada por todos los Estados miembros dentro de la diversidad de sus ordenamientos.
Me pide que pormenorice algunas cuestiones sobre Eurojust. Decía en mi intervención que existe un Eurojust provisional que ha dado sus primeros pasos. La presidencia española tiene que cumplir el objetivo de pasar al Eurojust definitivo,
dotarlo de un reglamento para que pueda cumplir todas las competencias que se han regulado, llevar a cabo su nueva ubicación en La Haya y darle un régimen de funcionamiento que sea ágil, flexible y capaz de adaptarse a las necesidades que se
produzcan. En concreto, las prioridades de todos los países, que trataremos de impulsar, son: la designación definitiva de los miembros nacionales, la articulación del estatuto de fiscales o jueces que sean enviados a Eurojust central, las
competencias especiales que los mismos puedan tener -independientemente de las recogidas en Eurojust en cuanto a inicio de investigaciones y formación-, como en el caso de conflicto de competencias entre jueces de distintos países, por ejemplo, o en
el del acceso al Registro Nacional de antecedentes penales por parte de Eurojust. Como sabe, está recogido ya en el propio artículo 7 de su regulación, pero sólo como enunciado; sin embargo, ahora tenemos que determinar, precisamente para proteger
tanto los datos como la confidencialidad, en Eurojust en qué condiciones los jueces y fiscales pueden tener acceso a los registros que existen en cada uno de los países para garantizar esos derechos, libertades, confidencialidad y protección de
datos. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Segundo: designación de un corresponsal nacional de Eurojust, en particular en materia de terrorismo. Eurojust prevé la creación de los corresponsales nacionales no con carácter general sino para
aquellas cuestiones prioritarias que Eurojust decida abordar. De momento, la única en la que se ha acordado que exista un corresponsal en todos los países es en materia de terrorismo. Por tanto, tendremos que impulsar el nombramiento no sólo de
los miembros de Eurojust definitivo sino de los miembros corresponsales en cada uno de los países de Eurojust. Como decía antes -no me importa reiterarlo-, esto tiene una enorme importancia y va a suponer un avance espectacular, recogiendo en un
solo órgano toda la información que los países de Europa tengan en la lucha contra el crimen organizado, en especial en esta materia de lucha contra el terrorismo. El que haya un corresponsal en todos y cada uno de los países de la Unión Europea
que tenga como función exclusiva recoger la información que en ese país haya en materia de lucha contra el terrorismo y la aporte inmediata y continuadamente a Eurojust central servirá para poner en común el acceso a la información en determinados
registros, que también regula la propia creación de Eurojust, como hablábamos antes, y todo ello con la capacidad no sólo de intercambiarla sino también para iniciar investigaciones. Si esto es así, me parece que estaremos trabajando y creando un
órgano con una eficacia
enorme y hasta ahora desconocida en la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y también -insisto- contra el crimen organizado. Entre esos aspectos concretos de la puesta en funcionamiento de Eurojust también quedaría la
designación de un magistrado para pertenecer al órgano de control común y la declaración optativa de exclusión de la decisión de algunos elementos por la necesidad de realizar la debida incorporación a la legislación nacional. Como saben, el plazo
máximo para poder realizarlo es de 18 meses y en ese plazo todos los países de la Unión Europea tienen que tener todos los elementos, los que acabo de definir, para que el Eurojust definitivo pueda operar con plena capacidad y competencias, según lo
previsto. Estos son los trabajos concretos y esenciales que S.S. me requería, que deben ser los más inmediatos, independientemente del Reglamento que garantice su funcionamiento con total agilidad.
Finalmente, la última pregunta se refería a asilo e inmigración. No lo he tratado por un doble motivo. Uno de ellos es el que usted ha dicho de que en España esas competencias están en el Ministerio de Interior. No sólo es así en España
sino que en los consejos de ministros de Justicia y de Interior también están repartidas las competencias y esa recae en los ministros de Interior en el seno de la Unión Europea. Además, la comparecencia que se ha celebrado en esta Comisión ha sido
precisamente la del vicepresidente primero y ministro de Interior, y me consta que han hablado de este tema. Por supuesto estamos cooperando para garantizar esos derechos que a SS.SS. les preocupaban, pero me parece que era reiterar algo ya
conocido, algo que se ha fijado como objetivo y que esencialmente cae, tanto en España como en el ámbito del Consejo JAI, del Consejo de Ministros de Justicia e Interior, en el ámbito de Interior.
En cuanto a Convergència i Unió, también quiero agradecer muy sinceramente su apoyo, tanto a las prioridades como a los objetivos. He intentado transmitir la más absoluta tranquilidad respecto a la preocupación que manifestaba sobre las
garantías, la protección y la tutela de los ciudadanos europeos. Realmente si merece la pena, y se está haciendo un esfuerzo para asistir al nacimiento de la Europa del derecho, sólo tiene una justificación: garantizar los derechos y las
libertades en un espacio común de todos los ciudadanos europeos; si no, estaríamos avanzando en otros ámbitos, pero no en un espacio de justicia. Además va ganando adeptos la definición del nacimiento de una Europa del derecho. No puede
entenderse una Europa del derecho sin una Europa que garantice la tutela judicial, las garantías, los derechos fundamentales. Se trata en conjunto de mejorarlas. No se trata de disminuir ninguna de las garantías ni de las protecciones que cada uno
de los Estados miembros tenemos, sino de ponerlas en común para mejorarlas y para desde ahí poder luchar eficazmente contra el crimen organizado, contra el terrorismo. No podemos perder la perspectiva del ataque a los derechos y a las garantías,
empezando por los derechos esenciales, como es el derecho a la vida, que vienen de esas organizaciones criminales, comenzando por el terrorismo.
No son los Estados europeos que quieren vivir en democracia y Estados de derecho los que pueden poner
en riesgo desde la Europa en común los derechos y las libertades de los ciudadanos. No, no, son las organizaciones terroristas las que, desde fórmulas organizativas mejores y aprovechando determinadas ventajas que da esa libertad de circular o
intercambiar dinero o financiación, pueden poner en riesgo las libertades, la seguridad y los derechos de los ciudadanos. Esto es dar respuesta para protegerlos, de ningún modo para conculcarlos o reducirlos.
Me ha preguntado sobre el acuerdo con Estados Unidos. Este acuerdo, como usted conoce, se debe al plan que hizo el Consejo Europeo el 19 de octubre de 2001 y declaraba que la Unión está dispuesta a comprometerse con los Estados Unidos en
iniciativas recíprocas tales como la facilitación de la asistencia judicial entre las autoridades estadounidenses competentes y la de los Estados miembros, así como la de la extradición por terrorismo, de conformidad con las normas constitucionales
de los Estados miembros. Esta fue la declaración que el Consejo Europeo de Gante produjo el 19 de octubre de 2001. Dentro del plan que se estableció invitaban a mejorar las fórmulas de cooperación judicial en todos estos ámbitos, tanto de
cooperación como de auxilio judicial. Por tanto, ahora de lo que se trata es de iniciar, conforme a ese plan y con el mandato que la Unión Europea haga, en los términos que tras el debate se produzca, un proceso de diálogo y de conversaciones, para
facilitar la cooperación judicial en la lucha contra el terrorismo, porque, como decía en mi intervención anterior, cada vez más todos los países democráticos quieren vivir y convivir con esa forma de respeto a los derechos y a las libertades de los
ciudadanos frente a un ataque a ese propio modelo de convivencia general que significa el terrorismo.
Pues bien, el acuerdo en esa dirección va también a dar respuesta, como hemos visto, a esas formas internacionales de terrorismo, pero desde el
máximo respeto -se dijo en Gante y la propuesta que hemos realizado y la propuesta que hice y defendí en el Parlamento Europeo hace pocas fechas-, con escrupuloso respeto a nuestras constituciones, a nuestros ordenamientos jurídicos, a las
resoluciones que el Parlamento Europeo ha realizado en esta materia. Ello es compatible con sistemas que nos permitan mejorar la cooperación y el auxilio judicial en la lucha contra el terrorismo, incluido el de Estados Unidos.
Protección de datos. Se está discutiendo el proyecto lógicamente para que la protección de datos se realice en todos los ámbitos conforme a la directiva europea y también a nuestra legislación, que, como conoce, es muy garantista, muy
avanzada y está muy perfeccionada. Por tanto, se trata de que la lucha contra el crimen
organizado tenga todas las garantías y protecciones de la de los datos, es decir, la seguridad jurídica de las distintas decisiones que se vayan tomando en todos los ámbitos. Todo está relacionado. Este es un modelo que en este momento se
está creando. Si hace unos momentos hablábamos de Eurojust y de la necesidad de recabar datos, ahora hablamos de la protección necesaria para que el acceso a determinadas bases de datos se haga con toda la garantía -por eso se ha realizado
previamente la directiva europea- y con los ordenamientos de los Estados miembros que ya tenemos regulados.
En cuanto al derecho de familia no puedo por menos que compartir la reflexión que se ha realizado. Es muy importante también el acceso a la justicia, en especial, la justicia gratuita. Era un ámbito que había que impulsar en la reflexiones
y todo lo que significa garantías de los ciudadanos, porque tiene que ser un debate paralelo en toda la construcción del espacio judicial y de seguridad. También tenemos que mejorar todo lo relativo al mercado interior, por lo que vamos a abordar
-es la primera vez (es original) en el ámbito del Consejo de Ministros de la Unión Europea- la lucha contra la piratería. La piratería se está realizando desde organizaciones internacionales no reducidas al ámbito europeo con toda seguridad, sino
más allá -estas redes operan en América simultáneamente con Europa-. En lo que a nosotros nos afecta es necesario impulsar en Europa esta defensa conjunta de los derechos del autor, de los derechos del creador. Basándonos en la protección de la
cultura como patrimonio esencial, nos parecen un buen sitio España y Europa para impulsar una defensa conjunta.
Sustracción de menores. Como sé que no es el objeto ahora de esta comparecencia, daré sólo una pincelada. Acerca de las reformas del Código Penal no voy a entrar en lo que no me corresponde. Como usted ha recordado, es competencia de los
grupos parlamentarios administrar los tiempos y cuando toman sus decisiones, al ser una soberanía que corresponde al Parlamento, el Gobierno debe respetar esas decisiones. En un momento en el que estamos tratando reformas legislativas para
armonizar derecho sustantivo penal en el ámbito europeo y, a la vez, estando terminando desde el punto de vista técnico la revisión de todo el sistema de penas de nuestro Código Penal, las reformas penales que se hagan por parte de los grupos
parlamentarios han de ir coordinadas con esos dos trabajos que se está haciendo de manera simultánea y paralela.
Es una inmensa oportunidad porque estamos revisando nuestra legislación en muchas materias justo en paralelo con las revisiones que se
están haciendo desde el punto de vista europeo. Por eso, entre otros motivos -como aquí se ha puesto de manifiesto-, algunas de las legislaciones que ahora se han armonizado en Europa ya están recogidas en nuestro ordenamiento interno. Pues bien,
si ahora se está revisando el sistema de penas del Código Penal, introducir una pieza sin tener en cuenta la estructura de ese sistema que los técnicos han diseñado puede generar algún tipo de inconveniente. Lo único que pido es que lo hagamos en
colaboración, porque seguramente los objetivos que se pretende y que compartimos absolutamente serán más eficaces si lo hacemos coordinadamente con la legislación europea y el resto de la legislación nacional que estamos elaborando.
Hay un tema que han suscitado varios portavoces: la Europol y el control parlamentario y el control judicial. Una de las materias concretas en las que tenemos que profundizar durante la presidencia española es la conexión Eurojust-Europol.
Es imprescindible que estas relaciones estén perfectamente determinadas, delimitadas, estructuradas y ordenadas, porque eso es lo que va a garantizar su control, evitando todas las preocupaciones que han manifestado SS.SS.: su vinculación con
Eurojust.
Estoy absolutamente de acuerdo con la reflexión que ha hecho la representante del Partido Nacionalista Vasco respecto a los países candidatos. La propia presidencia española va a dedicar un día a reflexionar sobre esto. Se está haciendo un
esfuerzo para que los países candidatos también formen parte de ese denominado acervo europeo, de forma que cuando se produzca la integración en la Unión Europea sea con todas las garantías y estén incorporadas en los ordenamientos jurídicos todas
las decisiones que se han adoptado previamente en la Unión Europea.
Se trata de que estemos en las debidas condiciones y con las garantías adecuadas.
Me han hecho una pregunta de enorme interés sobre la nacionalidad. En el programa de Laeken no hay nada concreto, ninguna previsión en materia de nacionalidad; sin embargo, esto está muy relacionado con la cuestión de la ciudadanía
europea, que sí está puesto sobre la mesa y es esencial en el proceso de construcción europea. Estoy absolutamente seguro de que será en la propia convención europea donde se aborde este asunto, teniendo muy presentes los cambios que se avecinan.
Sólo desde esa decisión se podrá abordar con un cierto margen -los países siempre tienen especiales vínculos, relaciones con otros Estados y siempre habrá unas peculiaridades- la nacionalidad, pero la ciudadanía va a ser uno de los temas que la
convención europea trate con profundidad.
Respecto al Grupo Parlamentario Mixto, ya hemos hablado del derecho de defensa y del acceso a la justicia gratuita. Estos días en Santiago de Compostela haremos una reflexión general sobre todo el sistema de protección y de garantías en la
Unión Europea. En mi comparecencia en el Parlamento varios grupos parlamentarios sugirieron esta reflexión en ese marco de los consejos informales, que permiten una mayor libertad.
Tendremos un momento para tratar sobre estas cuestiones,
independientemente de que se hable de la justicia gratuita, que es uno de los elementos esenciales del
derecho a la defensa, como S.S. manifestaba. Lo impulsaremos, independientemente de la reflexión general sobre las garantías y el derecho a la defensa.
También ha puesto S.S. sobre la mesa una reflexión muy interesante respecto del proceso de modernización de la justicia justo en un momento en el que asistimos al nacimiento de la Europa del derecho. Esto, más que una dificultad, con toda
la complejidad añadida que pueda tener, yo lo veo como una magnífica oportunidad para España. Que estemos en un proceso de modernización de nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal, en materia sustantiva, que estemos modificando los
métodos de trabajo y de organizarnos, que todo eso lo podamos hacer simultáneamente en un momento en el que está naciendo todo aquello de lo que hemos hablado -una Europa del derecho, está naciendo Eurojust, estamos armonizando nuestras
legislaciones, nos estamos aproximando, estamos dotando de nuevas competencias a organismos europeos e internacionales- es una magnífica oportunidad, realmente es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar con todas las condiciones, e
insisto, con todas las ambiciones para tener una justicia moderna en Europa en el ámbito conjunto y desde luego en el ámbito español. Encontrándonos simultáneamente haciendo esos trabajos me parece que es como estaremos acertando.
Cada uno de los temas que ha planteado S.S. se va abordando uno a uno. En cada una de las decisiones marco de que hemos hablado a lo largo de esta mañana vienen resueltos y previstos para cada supuesto casos tan necesarios y a veces tan
complejos como la traducción, la ambición de la superación del exequátur, de la extradición, las nuevas fórmulas de auxilio judicial, etcétera. Asistimos a unas relaciones internacionales en el ámbito de la justicia desconocidas hasta hace uno o
dos años y que eso lo hagamos compatible con un proceso de modernización de la justicia en España significa que estamos afectando a una reforma de las esenciales en un proceso de avance y de modernización novedoso y original porque estamos creando a
la vez nuevas fórmulas, nuevos organismos, nuevas competencias que suponen un esfuerzo al que España tiene mucho que aportar. La orden de detención y entrega, que, como hemos visto, después del acuerdo político de la presidencia belga, a finales
del año pasado, ha sido unánimemente elogiada por todos los especialistas, medios de comunicación y editoriales de toda Europa, ese modelo se inicia en España, es un modelo que España lleva al Consejo de Ministros de la Unión Europea, que la
Comisión hace suyo y expertos españoles se integran en el equipo de trabajo de la Comisión. Hoy tenemos un magnífico instrumento con un modelo perfectamente diseñado y creo que ese es el camino en el que tenemos mucho que aportar y en el que España
puede estar a la vanguardia por un doble motivo, por nuestra capacidad para promover iniciativas pero también porque nos encontramos en el momento adecuado, repensando, reestudiando y trabajando sobre las reformas de la justicia en el ámbito interno
en España.
Finalmente, las relaciones en el Parlamento Europeo. Como ya he dicho en esta comparecencia -me parece que fui de los primeros en comparecer en el Parlamento, donde me trasladaron sus preocupaciones-, creo que la preocupación del Parlamento
Europeo -como manifesté también a los parlamentarios- respecto de lo que ha ocurrido con la orden de detención y entrega o con la decisión del delito de terrorismo, que eran los dos casos a los que hacía referencia y sobre los que algunos de los
parlamentarios han mostrado malestar en el Parlamento Europeo por no haber sido consultados antes del acuerdo político, que no del definitivo porque el Parlamento ya se ha pronunciado ahora para que podamos adoptar el definitivo, se dio en unas
circunstancias muy especiales y de mucha urgencia, tal y como todos los países habían acordado de manera unánime en el plan de lucha contra el terrorismo. Yo comparto que el Parlamento Europeo tiene que tener una presencia, un protagonismo, tiene
que participar en todos los debates. He invitado al Parlamento Europeo a asistir a este Consejo extraordinario de Santiago de Compostela, que tendrá lugar el jueves y viernes, para que puedan trasladar a los ministros de Justicia e Interior esas
reflexiones, sus preocupaciones, sus iniciativas y los problemas que han tenido, a los que S.S. ha hecho referencia. En este proceso tan importante y tan ambicioso no sólo no sobra nadie, sino que necesitamos la cooperación, la colaboración y la
confianza de todas las instituciones europeas para que podamos trabajar en una ambición tan importante como es la de dotarnos de un espacio de libertad, de seguridad y de justicia que es Europa.
El señor PRESIDENTE: Creo que la exposición del ministro habrá servido para satisfacer las inquietudes manifestadas por los portavoces. Saben que no ha lugar a una nueva intervención, salvo una excepcionalidad extraordinaria que se
manifieste, ya que en esta Comisión siempre tenemos la puerta abierta, entendiendo que cada portavoz juzgará que se trata de algo que no es susceptible de ser convertido en un segundo turno de intervenciones. En este sentido, ¿hay alguna solicitud
de intervenir? (El señor López Aguilar pide la palabra.) Tiene la palabra el Partido Socialista.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Doy las gracias a la presidencia por su generosidad y al ministro por sus explicaciones. Vaya por delante todo nuestro ánimo de hacer lo mejor de la presidencia española.
Quería simplemente señalar que, vista la consideración que ha hecho de la sugerencia del Grupo Socialista sobre hacer buena la recomendación del Consejo de Tampere de multiplicar el número de los consejos de Justicia e Interior al objeto de
aprovechar al máximo el impulso que necesita, le invito también a considerar
esos aspectos que reflejan mejor los retrasos en los cumplimientos de los compromisos de Tampere y que además se incardinan dentro de la consagración del acceso a la tutela judicial y, por tanto, a la justicia como derecho fundamental en
España. Son las conclusiones 29 a 32 del Consejo de Tampere, por supuesto están a la cabeza la de la justicia gratuita, la de la asistencia jurídica en litigios transfronterizos en toda la Unión como derecho fundamental y, por tanto, a armonizar en
el seno de la Unión Europea, pero sobre todo la protección de las víctimas de los delitos. Esa consideración se la quería hacer porque pienso que es un asunto muy importante que no debe ser descuidado por la presidencia española. Son conclusiones
del Consejo de Tampere que afectan a la campaña de información y publicación de guías del usuario en materia de cooperación judicial, normas mínimas para los documentos multilingües a utilizar en los litigios transfronterizos, pero también de forma
muy importante -y en eso quería poner el énfasis- en la elaboración de normas mínimas sobre protección de las víctimas de los delitos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Contestaré por cortesía, porque todos son asuntos que he ido desgranando para poner sobre la mesa.
Es verdad que cada uno de ellos podría llevarnos muy lejos. Ha citado el de la protección
de las víctimas. Sin ninguna duda. Además, sabe que ése es un objetivo general en el ámbito de la Unión Europea. Entre las propuestas concretas hay decisiones-marco, como la que he hecho referencia del embargo preventivo de bienes y pruebas, que
también será muy interesante a la hora de desarrollarla.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos al ministro su comparecencia, sus explicaciones y a todos los portavoces su colaboración en el buen desarrollo de esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.