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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 59, de 28/11/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 59
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON GABINO PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA
Sesión núm. 14
celebrada el miércoles, 28 de noviembre de 2001, en el Palacio del
Senado
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del Presidente del Tribunal de Cuentas, Excmo. Sr. Don
Ubaldo Nieto de Alba, para informar sobre los siguientes extremos:
- Informe Anual, ejercicio 1998, relativo a los Sectores Públicos
Autónomico y Local. (Número de expediente del Senado 770/000008 y
número de expediente del Congreso 250/000009.) ... (Página 1334)
- Informe de fiscalización de las inversiones realizadas por el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),
ejercicios 1995-1996. (Número de expediente del Senado 771/000089 y
número de expediente del Congreso 251/000022.) ... (Página 1339)
- Informe de fiscalización especial del Fondo de Investigación
Sanitaria y de perceptores de subvenciones concedidas por dicho Fondo
(Volúmenes I, II y III). (Números de expediente del Senado 771/000017
y 64 y número de expediente del Congreso 251/000024) ... (Página 1342)
- Informe de fiscalización de los efectos económicos de la extinción
en 1997 del contrato regulador de los servicios de comunicaciones
marítimas de interés nacional suscrito entre el Estado y la «Compañía
Trasmediterránea, S. A.» (Número de expediente del Senado 771/000011
y número de expediente del Congreso 251/000029) ... (Página 1347)
Se abre la sesión a las diez horas.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías, se abre la sesión.
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA INFORMAR
SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME ANUAL, EJERCICIO 1998, RELATIVO A LOS SECTORES PÚBLICOS
AUTONÓMICO Y LOCAL (Número del expediente del Senado 770/000008 y
número de expediente del Congreso 250/000009.)
El señor PRESIDENTE: Damos comienzo a la sesión número 14 de la
Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, no sin
agradecer una vez más hoy la presencia del Presidente del Tribunal de
Cuentas, aprovechando además para felicitarle por su reelección en el
cargo para presidir durante los próximos tres años el Tribunal.
Sin más dilación, señorías, comenzamos con el primer punto del orden
del día: Informe Anual, ejercicio 1998, relativo a los Sectores
Públicos Autonómico y Local.
Tiene la palabra el Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DECUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias, señor Presidente, por estas amables palabras de
felicitación.
Una vez más reitero mi disposición institucional hacia esta Comisión
y manifiesto un deseo: que en esta nueva etapa el Pleno, constituido
por los actuales Consejeros producto de un consenso, aceptemos asumir
y compartir esos valores que caracterizan nuestra institución, la
cultura de nuestra institución como órgano de control externo técnico
al servicio del control político del Parlamento; esos valores de
objetividad, legalidad, rigor, responsabilidad, profesionalidad y
confidencialidad. Debemos contribuir a aumentar el prestigio, la
credibilidad institucional y la aceptación social de la institución
que representamos.
Respecto al Informe Anual referido al Sector Público Territorial del
ejercicio 1998, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 136 y
153 de la Constitución, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal y 28 de su
Ley de Funcionamiento, el Pleno aprobó, el 29 de mayo de 2001, el
Informe Anual relativo al análisis de las cuentas y fiscalización de
la gestión económica del ejercicio 1998 de las Comunidades, Ciudades
Autónomas y Corporaciones Locales, así como de las entidades que
integran su respectivo Sector Público. El presente Informe se agrega
al referido al Sector Público Estatal, aprobado con anterioridad por
el Pleno del Tribunal, conformando entre ambos el Informe Anual del
ejercicio 1998.
Por lo que se refiere al Sector Público Autonómico, se recogen, de
forma resumida y globalizada, los resultados que constan en los
informes individuales elaborados por el Tribunal para cada una de las
Comunidades Autónomas y para las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla, y por los Órganos de Control Externo en aquellas Comunidades
que disponen del mismo.
El Tribunal ha aprobado y remitido a las respectivas Asambleas
legislativas los informes de fiscalización a los que se refiere el
articulo 13.2 de la Ley Orgánica.
Los resultados de la fiscalización se han visto condicionados por la
propia configuración del sector público autonómico, afectando al
fondo y forma del análisis conjunto. Así, determinados aspectos de la
gestión económico- financiera deben ser ponderados en función, entre
otras, de las competencias transferidas, del ámbito territorial o del
régimen común o foral, que inciden tanto en la estructura de los
gastos como en el marco financiero correspondiente, y que, además,
quedan recogidos en regímenes contables distintos, según las
diferentes Comunidades Autónomas, algunas de las cuales continúan sin
aplicar el Plan General de Contabilidad Pública.
Es preciso señalar que no ha podido ser examinado el informe anual
elaborado por el Consejo de Cuentas de Galicia por no haberse
recibido. En apéndice aparte, se incorpora una referencia a los
informes de 1997 de las Comunidades Autónomas de Canarias, Cataluña y
Galicia, remitidos con posterioridad a la elaboración del Informe
Anual del Sector Público del mencionado año.
En lo referente a la rendición de cuentas, las cuentas de las
Administraciones generales de las Comunidades Autónomas se han
rendido dentro de los plazos legalmente establecidos, salvo las de
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Los principales retrasos e
incumplimientos se presentan en relación con las cuentas de las
Administraciones institucionales y de las empresas públicas. Estas
cuentas no son homogéneas debido a que, conforme a sus leyes de
finanzas no todas las Comunidades Autónomas están obligadas a
integrar en la Cuenta General todo el sector administrativo y
empresarial. En particular, Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid y
Principado de Asturias y Región de Murcia excluyen las empresas
públicas, y Cataluña, además, los organismos autónomos de carácter no
administrativo.
Por otra parte, las Administraciones generales de Canarias,
Cantabria, Extremadura, Baleares, Madrid y Principado de Asturias,
seguían sin implantar el Plan General de Contabilidad Pública en este
ejercicio. Además, se aprecian carencias y limitaciones
significativas entre las que lo tienen, que cuestionan los resultados
económico-patrimoniales.
Del análisis de los estados contables rendidos por las
Administraciones generales se siguen constatando, como en ejercicios
anteriores, aunque en menor medida, los inadecuados criterios de
contabilización seguidos en algunas Comunidades Autónomas, al
reconocer los derechos en concepto de participación en los ingresos
del Estado, los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial y
los provenientes de operaciones financieras. El importe de estos
excesos asciende a 44.296 millones de pesetas. Además, cuatro
Comunidades Autónomas incluyen indebidamente en sus presupuestos la
recepción y entrega de los fondos correspondientes a los recursos
locales procedentes del Estado e integrados en el Fondo de
Cooperación Municipal. Los derechos y obligaciones indebidamente
reconocidos por este concepto ascienden a 503.693 millones de
pesetas.
Las Comunidades Autónomas que presentan déficit son Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, País Vasco y
Valencia y, en conjunto, éste asciende a 92.212 millones de pesetas
que, ajustado, se incrementa hasta alcanzar los 136.012 millones de
pesetas, extendiéndose en este caso a tres Comunidades Autónomas -más
Canarias, Cantabria y Extremadura-.
En cuanto a la financiación, los recursos de las Comunidades
Autónomas procedieron, en su mayor parte, de los Presupuestos
Generales del Estado: así, como financiación incondicionada
procedente de la participación en ingresos del Estado y tributos
cedidos, incorporaron recursos por 4,6 billones de pesetas, y
como condicionada a subvenciones gestionadas, Seguridad Social y
Fondos de Compensación Interterritorial, 2,4 billones. De la Unión
Europea recibieron 1,1 billones, y además obtuvieron como recursos
propios 567.415 millones, entre los que destacan el endeudamiento
y los recargos sobre tributos estatales. En conjunto, los recursos
ascendieron a 8,64 billones.
Por lo que respecta a las inversiones que hacen referencia al Fondo
de Compensación Interterritorial, los Presupuestos Generales del
Estado para 1998 consignan unas dotaciones de 136.256 millones de
pesetas, siendo la Comunidad Autónoma más beneficiada, en razón a su
cuantía, Andalucía, que absorbe el 41 por ciento de las asignaciones
iniciales. Aunque la normativa del Fondo permite la modificación o
sustitución de algunos de los proyectos por motivos imprevistos que
imposibiliten su ejecución, se ha detectado que determinadas
Comunidades Autónomas modifican los proyectos, a fin de facilitar la
disposición de recursos, alterando sin justificación la identidad del
proyecto e impidiendo su seguimiento.
Como endeudamiento, las Administraciones generales mantenían, al
cierre del ejercicio, un total de 4,7 billones de pesetas,
repartidos, en prácticamente igual proporción, entre empréstitos y
préstamos. Las Comunidades Autónomas más endeudadas eran Cataluña y
Andalucía, con el 25 por ciento y el 22 por ciento del total.
Las existencias finales de avales otorgados por las Administraciones
Generales a favor de terceros eran de 637.214 millones de pesetas, de
las que 230.306 millones correspondían a Cataluña, y 109.855 millones
a la Comunidad Valenciana. La Comunidad Foral de Navarra no ha
facilitado los importes de los avales constituidos y cancelados en el
ejercicio, y la Comunidad de Cantabria no ha rendido la cuenta de
avales.
En cuanto a la contratación, se han fiscalizado 528 contratos, por un
importe de 353.628 millones de pesetas. Se constata, en la mayoría de
los casos1que el concurso es el sistema más utilizado de
adjudicación, aunque se ha puesto de manifiesto, en ocasiones, que
los criterios de adjudicación no están expresados con precisión. En
la ejecución se evidencian frecuentes retrasos y modificaciones que
no responden a causas justificadas.
Por lo que se refiere al sector local, los resultados corresponden a
las verificaciones efectuadas por el Tribunal sobre las cuentas de
las Entidades Locales situadas en las Comunidades Autónomas que no
disponen de Órgano de Control Externo o éste carece de competencias
fiscalizadoras sobre aquéllas, y un resumen de los resultados
alcanzados por el respectivo Órgano de las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Cataluña, Foral de Navarra y País Vasco.
La Audiencia de Cuentas de Canarias, el Consejo de Cuentas de Galicia
y la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad Valenciana no han
remitido el correspondiente
Informe anual, mientras que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas no
ha enviado el referente a Entidades Locales distintas de las
Diputaciones forales.
No han rendido cuentas al Tribunal ni a los Órganos de Control
Externo respectivos, al cierre de los trabajos para la elaboración
del presente Informe anual, las Diputaciones Provinciales de Albacete
y Cáceres y el Consejo Insular de Ibiza-Formentera, 12 de los 109
ayuntamientos de municipios con población superior a 50.000
habitantes, 198 ayuntamientos de municipios con población entre 5.000
y 50.000 habitantes, 2.392 ayuntamientos de municipios con población
inferior a 5.000 habitantes, y 4 comarcas.
En el análisis de los estados agregados de la liquidación de los
presupuestos destaca el bajo índice de ejecución del Capítulo 6
Inversiones Reales-, como consecuencia de que se consignan créditos
para proyectos de inversión que no se inician en el ejercicio
corriente, o cuya ejecución se extiende a lo largo de varios años,
sin que se acomode su presupuestación al previsible ritmo de
ejecución de las inversiones, a pesar de lo previsto en la normativa
vigente, hecho que se viene reiterando en ejercicios precedentes.
En relación con el presupuesto de ingresos, destaca el incremento que
se observa sobre las previsiones iniciales, ascendiendo las
modificaciones realizadas a 1,28 billones de pesetas, lo que supone
un aumento del 25 por ciento sobre los créditos iniciales, alcanzando
las previsiones definitivas 6,38 billones de pesetas. Como en
ejercicios anteriores, la mayor parte de las modificaciones proceden
de la incorporación de remanentes positivos de tesorería.
En la presente fiscalización se ha continuado con el análisis sobre
los convenios suscritos por las Entidades Locales con su personal. En
este ejercicio, se ha realizado la verificación sobre una muestra de
ayuntamientos con población entre 20.000 y 50.000 habitantes
pertenecientes a Comunidades Autónomas sin Órganos Control Externo
propio: el hecho de que el 18 por ciento de las entidades analizadas
han suscrito convenios que regulan conjuntamente las condiciones
laborales del personal funcionario y laboral, y en gran parte de
ellos se fijan determinadas retribuciones no previstas en la
legislación básica de la función pública local, en forma de
complementos de pensiones de jubilación y a los subsidios de
incapacidad laboral hasta alcanzar los haberes que se perciben en
activo. Además, el 78 por ciento de los convenios analizados asignan
un mayor número de días que los previstos legalmente para las
licencias y permisos retribuidos, y un 60 por ciento regulan el
tiempo de trabajo en cómputo semanal y anual inferior al fijado en
las disposiciones legales en vigor, a pesar de que las Entidades
Locales carecen de potestad reguladora al respecto.
Por último y en cuanto a los resultados obtenidos en la fiscalización
de la contratación en el sector local, se pone de manifiesto la
incorrecta actuación fundamentalmente
respecto a la planificación de las obras, el ejercicio del
control interno, el establecimiento de criterios en los concursos, el
plazo de ejecución -con retrasos significativos en la entrega al uso
público-, y la realización de modificaciones sin los procedimientos
de tramitación establecidos legalmente y sin la previa autorización
del órgano de contratación.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Presidente del Tribunal de
Cuentas. ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, como no podía ser de otra manera, el Grupo
Parlamentario Socialista quiere felicitar al Presidente del Tribunal
de Cuentas por su reelección. Esperamos que este nuevo período sea lo
más fructífero posible, no sólo para el Tribunal sino para todos los
ciudadanos.
Como ya indiqué en mi intervención ante esta Comisión el día 5 de
abril pasado en relación con el Informe anual del ejercicio de 1997,
relativo a los Sectores públicos autonómico y local, el Grupo
Parlamentario Socialista no va a entrar en el debate del sector
autonómico por entender que ese debate corresponde a los Parlamentos
autónomos. En ese sentido, anuncio la presentación de una propuesta
de resolución para que el Tribunal de Cuentas, a la vista de los
expedientes que fiscaliza y con la información que le remiten los
diferentes órganos de control externo de las Comunidades Autónomas,
elabore un informe que le permita a la Comisión analizar de manera
global el desarrollo de las cuentas públicas en las Comunidades
Autónomas.
En cuanto al Informe sobre las corporaciones locales, he de
manifestar nuestra profunda preocupación; preocupación que viene
motivada porque, lejos de mejorar la situación planteada en el
ejercicio de 1997, estamos convencidos de que esta situación ha
empeorado, a la vista del informe que nos ocupa en este momento. En
ese sentido, el Informe del ejercicio de 1997 puso de manifiesto que
un 28 por ciento de las corporaciones locales no rindieron cuentas al
Tribunal, mientras que en 1 998, pasaron al 33 por ciento.
Por otro lado, en el Informe sobre el ejercicio de 1997 se decía que
el 27 por ciento de las corporaciones locales no había implantado el
modelo simplificado de la instrucción de contabilidad para la
Administración local; sin embargo, en el ejercicio de 1998 esta cifra
se eleva al 48 por ciento cuando, a nuestro entender, debería haber
disminuido a lo largo del ejercicio de 1998.Por ello, me gustaría que
nos aclarara este extremo.
Otra cuestión que también nos gustaría que nos aclarase, si fuera
posible, es que en el Informe sobre corporaciones locales aparece un
análisis de la contratación administrativa de diferentes
corporaciones locales. Nos gustaría saber si se ha dado a estas
corporaciones locales un plazo para presentar alegaciones sobre estos
expedientes y por qué no se incorporan esas alegaciones al propio
Informe.
Siguen apareciendo los mismos problemas en cuanto a la contratación
administrativa y sobre la política de personal. El señor Presidente
del Tribunal de Cuentas hacía mención en su intervención a esta
cuestión. En definitiva, señorías, si en esta Comisión tuviéramos que
hacer un diagnóstico médico sobre la situación de nuestras
corporaciones locales, podríamos decir que el pronóstico es grave y,
por tanto, corresponde a los responsables políticos, a nosotros,
arbitrar las soluciones pertinentes; por ello, quiero señalar que
estamos convencidos de que la aprobación de leyes como la que ha
elaborado el Gobierno de estabilidad presupuestaria no van a dar
solución a estos problemas. Asimismo, tenemos por delante la
negociación de la reforma de la Ley de Haciendas Locales que
entendemos es muy necesaria; desde luego, es muy conveniente que se
llegue a un acuerdo sobre la financiación y sobre la gestión en las
corporaciones locales y, en esa línea, nos van a encontrar siempre,
irán las resoluciones que presentaremos sobre este expediente y es
por lo que queremos trabajar.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camacho.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto, me uno de corazón a la felicitación del Presidente de
la Comisión y del portavoz socialista por su reelección como
Presidente del Tribunal de Cuentas; estoy seguro de que va a seguir
dirigiendo este importante órgano constitucional con el mismo rigor y
la misma prudencia con que lo ha venido haciendo hasta ahora.
En relación con el Informe que nos acaba de exponer relativo al
Sector Público Autonómico y Local del año 1998, he de señalar que,
desde el punto de vista de su volumen, es verdaderamente abrumador.
Sé que eso no es culpa del Tribunal de Cuentas, que es el mecanismo
que está establecido, pero he tenido la curiosidad de medirlo y les
puedo decir que el Informe mide 30 centímetros.
Algunas Comunidades Autónomas, como se denuncia en el Informe, no han
enviado el informe de su correspondiente Órgano de control externo o
lo han enviado incompleto. Por ello, quiero preguntarle, señor
Presidente, si considera que el Tribunal de Cuentas dispone
de instrumentos adecuados para hacer cumplir a esos Órganos
externos de control sus obligaciones de información y, de no ser así,
qué instrumentos debería establecer el Parlamento o, en este caso, la
Comisión Mixta.
Por otro lado, señor Presidente, me parece que la coordinación de la
labor del Tribunal de Cuentas con la de los órganos de control de las
Comunidades Autónomas quizá todavía no está lo suficientemente
afinada. Me gustaría conocer su opinión respecto a esa coordinación.
En alguna ocasión he tenido noticia de que algún órgano de control
externo se ha dirigido a usted, señor Presidente, quejándose de que
el Tribunal de Cuentas entrara a fiscalizar algunos ayuntamientos
porque, en virtud del principio de subsidiariedad, consideran que es
de su competencia; es evidente que eso no es culpa del Tribunal de
Cuentas sino, en todo caso, de esta Comisión Mixta, que es la que
pide que se fiscalice. Por ello, me gustaría conocer su opinión al
respecto.
La ausencia generalizada de objetivos e indicadores en los
presupuestos de las Comunidades Autónomas que se denuncia en el
Informe unida a la inexistencia de una contabilidad analítica, como
muy acertadamente denuncia el Informe del Tribunal, ponen de relieve
la imposibilidad de que se haga una valoración sobre el sometimiento
a los principios de eficiencia y economía. ¿Qué medidas aconseja el
señor Presidente para que se pueda mejorar esa situación?
En cuanto al sector público local, ya lo ha dicho también el portavoz
socialista, la fiscalización es más compleja y, desde luego, la
información que facilitan no mejora en relación con etapas pasadas.
En la sesión de esta Comisión, celebrada el día 8 de noviembre del
año pasado se aprobó una resolución en la que instábamos al Tribunal
para que examinara posibles soluciones legales y administrativas que
facilitaran que aquellas entidades locales que, o bien no rinden sus
cuentas o bien lo hacen de forma incompleta, lo hicieran en los
plazos y condiciones que establecen las leyes. Comprendo que esto no
es fácil, pero me gustaría, señor Presidente, que nos informara sobre
la situación en que se encuentra ese examen.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Albendea.
Para contestar a los distintos grupos parlamentarios, tiene la
palabra el señor Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias, señor Presidente.
En primer lugar, el señor Camacho me ha solicitado una aclaración
sobre los porcentajes del 27 y del 48 por ciento, pero aquí no tengo
esta información y tendríaque saber si son porcentajes homogéneos o
no lo son.
Por ello, tendré que consultarlo con el departamento que hizo este
informe.
Por otro lado, no suele ser corriente traer las alegaciones sobre los
expedientes de contratación en los informes anuales, se suelen traer
en los informes puntuales y, además, también hay que ver los
procedimientos de elaboración de esta información porque es posible,
incluso, que se haya recogido información de los órganos de control
externo.
En cuanto a los análisis globales, como aquí habrá otras
intervenciones, dejaré mi respuesta para el final.
El señor Albendea ha preguntado de qué instrumentos disponemos para
hacer que los OCEs nos envíen sus informes, pero he de señalar que
los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas no son
cuentadantes y, por tanto, no es posible aplicar el artículo 7, el 42
o el 30 de la Ley de Funcionamiento. Y aquí enlazo con la
coordinación, con las relaciones con los OCEs.
Usted, señor Albendea, me pregunta mi opinión sobre esa coordinación.
Como es natural, estoy presentando un informe que ha elaborado el
Tribunal, y estoy ostentando aquí una representación institucional,
por tanto, puede ser que se deslicen opiniones del señor Presidente
mezcladas con opiniones institucionales, pero creo que es un deber de
lealtad que esta Comisión Mixta sepa qué tipo de Presidente tiene el
Tribunal y cómo piensa. Puede ser que no se coincida con mi
pensamiento. La coordinación con los OCEs una cuestión delicada y
compleja. Es muy fácil decirlo, porque todo es delicado y todo es
complejo, pero de alguna forma habrá que adentrarse un poco más en
ella.
Aquí hay un problema de descentralización política, otro de
descentralización económica y otro de descentralización del control.
La descentralización política ha llegado ya a su tope. Los
Parlamentos autonómicos son tan legítimos como éste, hay un problema
de legitimidad. Hay un problema de descentralización económica que ha
ido a un mayor ritmo en la descentralización del gasto que en la del
ingreso. No obstante, también se aprecia una evolución en la
descentralización de este último. Se van sustituyendo subvenciones
por participación en tributos, pero no nos engañemos: todavía no hay
una asunción total de responsabilidades por las Comunidades Autónomas
en la responsabilidad de los ingresos. Aquí no se dan todavía al cien
por cien esas tensiones que surgen entre la mano que ingresa y la que
gasta cuando las dos son la misma y, por tanto, la mano que controla
tiene una consideración distinta. Una mano ingresa, la otra gasta, y
después viene la mano que controla y que, normalmente, encuentra más
dificultades. De ahí surge el problema de la coordinación. ¿Qué es lo
que nos dice la Ley de Funcionamiento? Según el artículo 29, los OCEs
coordinarán con el Tribunal de Cuentas, le remitirán los informes, y
el Tribunal, en todo momento, podrá hacer sus fiscalizaciones. Estas
tensiones de los órganos que se van creando y van
buscando su propio espacio y las tensiones del órgano que tiene estas
competencias, que es el Tribunal de Cuentas -y no lo digo por mí sino
por el conjunto del Pleno-, se ponen de manifiesto, porque el que
emerge siempre quiere tener competencias, y el que las tiene, no
quiere.
A todo esto hay que añadir una diversidad normativa de los
parlamentos que ya he puesto aquí de manifiesto: tienen distintas
leyes de Hacienda, entienden por distinta Cuenta General, tienen
conceptos distintos. Esta coordinación, que se ha venido ensayando
hasta ahora y que es casi puramente técnica, está un poco agotada.
Por tanto, todos deberíamos ponernos de acuerdo para presentar las
cosas de la misma manera. Este Presidente entiende que el Tribunal
debe tener un modelo de descentralización del control acorde con
estos tiempos. En este modelo de descentralización, se le exigirá al
Tribunal que tenga bien claro que aquellas fiscalizaciones -lo ha
apuntado aquí antes un miembro de la Comisión- que presente a este
Parlamento le resulten útiles, y que, entre otras cosas, sean
horizontales, globales y que, además, vayan dirigidas al punto de la
cohesión territorial. Puedo citarles muchas de estas fiscalizaciones,
pero no deseo alargar mi intervención.
Tiene que apreciar que existe otro ámbito, que es el de aquellos
informes que van a los respectivos parlamentos, en ese ámbito debe
ser más descentralizador, y procurar que les traigamos aquí un
resumen de los informes que nos remiten los respectivos OCEs y no
entrar en una polémica con ellos sobre si estos informes están mejor
o peor hechos, sino que, como en la horizontalidad ya los habremos
visto todos, que se dé un cierto grado de descentralización, evitando
así que surjan estas tensiones.
Después habrá otros asuntos relativos a la horizontalidad que
interesan a este Parlamento, por ejemplo, cómo funcionan grandes
áreas en todo territorio nacional, como la sanidad o la educación, y
compartir también ahí. Es decir, hay que conseguir un grado de
descentralización para que los OCEs colaboren y se pueda llegar a un
grado de descentralización del control acorde con la situación
actual. Este es el modelo. Ustedes me perdonarán, pero lo he expuesto
tantas veces en conferencias y lo he repetido tanto que, aunque no
viniera preparado para exponerlo, podría hacerlo en cualquier
momento.
A partir de ahí, ¿qué se le exige al Tribunal? Se le exige que tenga
un plan de fiscalizaciones que permita que los OCEs puedan
coordinarse con él, como establece el artículo 29. Porque muchas
veces los OCEs dicen: ¿Cómo me voy a coordinar si usted no tiene un
plan de fiscalizaciones? En el Tribunal se dice muchas veces:
Coordínese usted conmigo. Y yo parto de la base de que, dentro de ese
plan, la que tiene que llevar la iniciativa debe ser la institución
que presido. Eso, a su vez, va a repercutir en una organización
interna de nuestro Tribunal. Precisamente
ahora nos encontramos en el proceso de su elaboración y aún no
tenemos un plan de reestructuración, a pesar de que el Pleno se
celebrará pasado mañana. Para concluir, debe haber un modelo de
descentralización que no ponga tanto énfasis, como la Ley de
Funcionamiento, en la eficacia técnica de fiscalizar, sino que
también dé entrada a un principio legitimador consistente en ir
reconociendo que en los parlamentos regionales hay una legitimación
democrática y parlamentaria que es necesario ir asumiendo. Pero esto
tiene después una operatividad, y ahí entran la capacidad de gestión,
la capacidad de convencer o la capacidad de coordinar. Yo pondré
todos los medios y mi mejor voluntad, pero también tendrán que
ponerla los demás. Esta es la contestación sobre lo que está
constantemente latiendo en esta Comisión.
Por lo demás, este Informe de 1998 agota y cierra el ciclo de los
informes anuales. El Tribunal ya está estudiando el hecho de que,
como hay que adaptar la Cuenta General y ésta ya abarca todo el
Presupuesto del Estado, esa diferenciación entre Cuenta General e
Informe anual desaparece. En el último Pleno de junio, el Tribunal
acordó variar este Informe anual por una memoria. Es de esperar que
esas primeras memorias y esos primeros informes traigan ya unas
contestaciones a unas resoluciones que adoptó esta Comisión Mixta en
las que ya se le marca esa camino hacia la horizontalidad. Creo que
las resoluciones son de mayo del presente año y del pasado. Aquí se
ha producido un pequeño impasse no tanto por la renovación del
Tribunal sino porque, desde diciembre-enero, el Consejero de
Comunidades Autónomas pasó a ser Presidente de la Cámara de Cuentas
de Madrid.
Esto es todo, salvo insistir en que nos encontramos en un proceso de
cambio, que espero sea profundo.
Repito que siempre estaré a disposición de esta Comisión para
cualquier debate sobre esta cuestión, e incluso para tratarlo como un
punto especial. No cabe la menor duda de que la preocupación que les
está surgiendo en el asunto de las OCEs es muy profunda. Es muy fácil
decir que se coordinen, pero la coordinación en el ámbito
institucional no es lo mismo que la coordinación en el ámbito
intergubernamental. Nos tenemos que coordinar instituciones que
estamos dependiendo de Parlamentos, y esto nos pasa también en el
ámbito europeo. En el ámbito intergubernamental la coordinación es
más fácil porque hay una jerarquía, pero yo no puedo coordinar más de
lo que supone el que represento a una institución de control externo
técnico al servicio de un Parlamento. Tendríamos que decir que se
coordinen los Parlamentos también. El asunto es delicado a todos los
niveles, pero creo que estamos a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR EL
INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y EL AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE),
EJERCICIOS 1995-1996 (Número de expediente del Senado 771/000089 y
número de expediente del Congreso 251/000022.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Informe de fiscalización de las inversiones realizadas por el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía,
ejercicios 1995-1 996.
Para su exposición, tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias, señor Presidente.
El Pleno del Tribunal aprobó, el 27 de octubre de 1999, el Informe
sobre las inversiones realizadas por el Instituto de Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), ejercicios 1995 y1996. La Ley 46/1985,
de Presupuestos Generales del Estado para 1986, dispuso la
transformación del IDAE de organismo autónomo en sociedad estatal, y
la LOFAGE previó que el Instituto adoptara la naturaleza de entidad
pública empresarial.
Son fines del Instituto, entre otros, proponer y ejecutar las medidas
para obtener un nivel idóneo de conservación, ahorro y
diversificación energética de los distintos sectores económicos,
fomentando la utilización de nuevas tecnologías y el uso de nuevas
fuentes de energía, como las renovables (hidráulicas, eólicas,
solares, etcétera).
El objetivo de la fiscalización fue analizar las inversiones
realizadas, fundamentalmente en equipos térmicos y obras hidráulicas
-en función de los saldos de 1995 y 1996, contabilizados en el
inmovilizado material-, y las de cogeneración (producción de energía
térmica y eléctrica, utilizando como combustible, normalmente, el gas
natural), a través de la creación de Uniones Temporales de Empresas y
Agrupaciones de Interés Económico, contabilizadas en el Inmovilizado
financiero. Ambas magnitudes presentaban saldos netos, al cierre del
ejercicio 1996, de 4.365 y 6.151 millones de pesetas,
respectivamente. También se han verificado los ingresos de
explotación producidos por las inversiones anteriores, a fin de
evaluar su recuperación y rentabilidad, y se han analizado los saldos
de deudores (clientes) y las provisiones dotadas.
Las principales áreas de actividad de la sociedad son las inversiones
en equipos e instalaciones técnicas complejas, que son cedidas en uso
a los interesados hasta su posterior transmisión en propiedad.
El programa de inversiones de adquisición e instalación de equipos
térmicos no ha resultado rentable. Desde el inicio del programa en
1988, hasta el cierre del ejercicio 1996, sólo se había recuperado
el 72,3 por
ciento de las inversiones, en pesetas corrientes, debido
principalmente al incumplimiento de los compromisos de pago del
subsector de la porcelana y a que el IDAE no exigía a los clientes
las suficientes garantías sobre las operaciones concertadas.
Situación contraria, en cuanto a los resultados obtenidos en la
inversión, se ha producido en el programa de centrales
minihidráulicas, construidas por el IDAE en terrenos de
Confederaciones Hidrográficas de distintas zonas de la geografía
española.
En cuanto al programa de participación financiera en Uniones
Temporales de Empresas y Agrupaciones de Interés Económico, no se han
apreciado circunstancias que hagan prever dificultades. Considerando
todos los expedientes tramitados de este programa, desde su inicio
hasta el final del año 1996, y sumando los importes recuperados de
las inversiones efectuadas (ingresos financieros por reparto de
beneficios, gastos financieros por préstamos y los resultados
extraordinarios), el IDAE había obtenido en dicha fecha una
recuperación aproximada al 94 por ciento del total invertido. No
obstante, se ha detectado que varios partícipes recibieron resultados
por excedentes de producción cuando tenían todavía desembolsos
pendientes de sus participaciones.
En los procedimientos aplicados a los diversos programas de los tres
tipos de inversiones existieron defectos que afectaron, básicamente,
a la selección de los clientes e inversiones, a la aprobación de
modificaciones de las inversiones y a la adjudicación de las obras y
suministros en que consistían aquéllas.
En materia de subvenciones, el Instituto es una entidad colaboradora
del Ministerio de Industria y Energía para la gestión técnico-
económica de las subvenciones del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética, concedidas por el propio Ministerio, previo informe
técnico del IDAE. En la fiscalización se han observado defectos en la
información general sobre las actividades del Instituto y en la
aplicación de las subvenciones concedidas a los clientes de equipos
técnicos y concesionarios de centrales minihidráulicas que, en
general, no se destinaron al pago anticipado de la deuda con el IDAE,
o a minorar la inversión, como se había estipulado.
Por último, hay que destacar que el Instituto percibe subvenciones de
capital de los Presupuestos del Estado, para realizar las inversiones
dirigidas a la consecución de sus fines. En los últimos diez años, el
total del importe concedido asciende a 19.000 millones de pesetas. De
no haber existido tales subvenciones, la actividad del IDAE hubiera
producido pérdidas o escasos beneficios; si bien, con mayores
garantías en la selección de proyectos, estas subvenciones podrían
reducirse como resultado de un menor número de fallidos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Gallego.
El señor GALLEGO LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Me uno también a la bienvenida y felicitación de los compañeros que
me han precedido en el uso de la palabra al señor Presidente en su
nueva etapa al frente del Tribunal.
Refiriéndome al IDAE, no hay que desechar la importancia que tiene un
instituto de estas características porque, visto desde la perspectiva
de esta Comisión meramente como una fiscalización presupuestaria, no
se debe perder de vista la importancia que tiene en el campo de la
energía y su incidencia en los asuntos de medio ambiente, que
socialmente son tan importantes en la actualidad.
Ciñéndome al Informe que ha expuesto el Presidente, nos debemos
felicitar porque desde el punto de vista de la Intervención General
de la Administración del Estado, en las auditorías externas que el
propio Instituto ha realizado no se han detectado en ningún ejercicio
anomalías en las normas contables ni errores significativos de
contabilización, lo que, por otra parte, se ratifica en términos
generales por la fiscalización del Tribunal.
Es cierto que, por la complejidad de las actividades que el Instituto
desarrolla, al establecerse plenamente para cada programa y
subprograma los objetivos de inversión en los presupuestos anuales
del Instituto y tener unos objetivos para cada tecnología, las
propuestas de estos proyectos son analizadas, como se sabe, por el
Comité de Dirección del Instituto, en cuanto a su encaje
presupuestario, en cuanto a la rentabilidad exigida y en cuanto a los
resultados energéticos con los componentes innovadores, y se tienen
en cuenta las características del cliente y del sector productivo y,
en definitiva, todos los aspectos fundamentales del mismo. Que al
final de todo el proceso de la inversión -como ha señalado el
Presidente- se hayan producido algunos saldos negativos, eso no
significa que no sean rentables las inversiones del Instituto, porque
al final, en posteriores períodos presupuestarios se ha recuperado,
el 94 por ciento del total. Esto se debe precisamente a las complejas
actividades que tiene este Instituto.
En otro orden de cosas diré que, siendo correctos e incluso rentables
los programas de inversión, y habiendo un mínimo porcentaje de
incumplimiento de los compromisos de pago de algunos clientes, nos
gustaría que se aplicasen unos controles más eficaces que en los
últimos tiempos ya se están llevando a efecto, exigiendo más
garantías a estos clientes y seleccionando por sectores al establecer
esos criterios de inversión para que al final no se produzcan saldos
negativos.
Nos parece que el cumplimiento de los objetivos del Instituto ha sido
absolutamente eficaz y altamente positivo, motivo por el que
consideramos que se debe seguir en la misma línea para que en el
futuro no se produzcan las deficiencias que ha podido haber durante
estos años.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gallego.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Muchas gracias señor Presidente.
Señor Presidente del Tribunal de Cuentas, me sumo a las
felicitaciones de mis compañeros en esta Comisión en la mañana de
hoy.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en
relación con el segundo punto del orden del día, el referente al
Informe de fiscalización de las inversiones realizadas por el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía en los
ejercicios 1995-1996.
Dentro del análisis que hoy hacemos de este Informe, tenemos que
decir que somos conscientes de que la situación desde 1996 hasta el
día de hoy ha cambiado algo, pero no por ello creemos que haya que
dejar de analizar las actuaciones que en el IDAE se han realizado en
1995 y 1996 y que ha fiscalizado el Tribunal de Cuentas. Puede
decirse que en esos dos años la política de inversiones del Instituto
era irregular, tratándose como se trata, señorías, de un Instituto de
carácter público. Así, y como antes se ha señalado, no existe
constancia de los criterios utilizados para la selección de las
inversiones tendentes a potenciar sectores o subsectores, criterios
que resultan convenientes dadas las limitaciones anuales
presupuestarias y la necesidad de que todo ello se enmarque dentro
del Plan de ahorro y eficiencia energética. Tampoco se había
establecido un sistema de información general que llegase a los
industriales y a otros interesados que permitiese la mayor difusión
de la actividad del IDAE y favoreciese la consecución de esos fines.
Pues esto, señorías, es falta de publicidad, de transparencia y en
alguna medida es discrecionalidad.
La aprobación de las inversiones se sometía a la competencia de los
órganos de gobierno -sobre todo las referidas a equipos térmicos y
centrales minihidráulicas-, pero no solían elevarse a ellos las
posteriores ampliaciones o modificaciones de las inversiones ni
tampoco se sometían a los órganos competentes las adjudicaciones de
obras y suministros, lo que nos parece una falta absoluta de rigor en
el control de los fondos públicos. Es cierto que estas circunstancias
no estaban previstas en la normativa interna del Instituto, pero
también podría haberse modificado en su momento. Sin embargo, esa
modificación tuvo lugar en 1996.
En cuanto a las inversiones en sí mismas, tenemos que resaltar que
los 7.000 millones de pesetas que han quedado afectados en la
adquisición e instalación de equipos térmicos es una cantidad que no
se ha recuperado en su totalidad, como ha señalado el Presidente, a
causa del incumplimiento de los compromisos de pago por parte de
algunos clientes, especialmente del subsector
de la porcelana, en concreto el grupo de empresas Álvarez, que
entró en suspensión de pagos a pesar del apoyo público recibido. No
entendemos cómo en su día el propio IDAE liberó al INI del aval
prestado a este grupo por 1.600 millones de pesetas, que agravó
considerablemente el riesgo de dicha operación.
Nos parece, además, especialmente grave que las subvenciones
concedidas a los usuarios de equipos térmicos y concesionarios de las
centrales minihidráulicas no se hayan aplicado en general al pago
anticipado de la deuda contraída con el IDAE o no se hayan aplicado
a reducir el coste de la inversión, tal y como se había estipulado. No
entendemos cómo el IDAE no les exigió eso en algún momento a los
propios subvencionados. Y es que, señorías, estamos hablando siempre
de que se trataba simplemente de cumplir lo que se había estipulado
en un contrato.
Las contrataciones que el IDAE ha realizado con los contratistas de
obras y proveedores presentan algunas deficiencias tales como que en
ellas no se hace constar las peticiones de oferta y en algunos casos
tampoco constan las ofertas recibidas. Por tanto, la falta de
concurrencia es demasiado frecuente. Pero es más, la oferta
seleccionada solía serlo directamente por el cliente usuario, lo que
favorecía la relación clienteproveedor que podría dar lugar a las
irregularidades que se han ido detectando posteriormente. Esto, por
aquello de no incidir una vez más en el hecho de que las ampliaciones
de adjudicaciones no se sometían a la aprobación del órgano que
anteriormente decidió sobre aquéllas. Y en cuanto a los problemas de
cobro surgidos en algunos contratos de financiación a terceros de
equipos térmicos, tienen su base en que en su día no se establecieron
las suficientes garantías al realizarse la contratación.
Todo ello nos hace pensar que en esos años existía una cierta
discrecionalidad y una falta de rigor en el control de los fondos
públicos. Por eso, señorías, aunque estamos en 2001 y analizando,
además, una situación anterior que en alguna medida ha cambiado, nos
parece importante poner todo esto de manifiesto en esta Comisión ya
que precisamente para eso se ha elaborado el Informe de
fiscalización. Ahora bien, nuestro Grupo se alegra de que desde 1996
hasta el día de hoy se hayan tomado toda esa serie de medidas y se
hayan acometido actuaciones para subsanar en cierto modo toda esa
discrecionalidad que en su día hubo.
Como miembro del Grupo Parlamentario Popular quiero decir que nos
tranquiliza que se hayan tomado esas medidas en 1996, que ya exista
un comité de riesgos que mejore las inversiones, y que, como se
señala en el Informe, haya también un comité de adjudicaciones,
medidas que han conseguido que existe un mayor rigor en el control de
los fondos públicos.
Este Grupo se reserva el hacer propuestas de resolución que colaboren
a mejorar la gestión del IDAE. Porsupuesto que eso es lo que todos
los grupos parlamentarios
deseamos, ya que nos parece muy importante la actividad que lleva a
cabo el Instituto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Báñez.
Para contestar a los grupos tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba):
Señorías, una vez más muchas gracias por sus reiteradas
felicitaciones.
En relación con este Informe poco tengo que decir. Parece que las
intervenciones coinciden en que las conclusiones del Tribunal de
Cuentas son correctas, aunque se debe mejorar la gestión con el
adecuado seguimiento y facturación en el concepto intereses de demora
y, sobre todo, en el caso de clientes de equipos térmicos, sistemas
de selección y criterios de inversión.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN
SANITARIA Y DE PERCEPTORES DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR DICHO FONDO
(VOLÚMENES I, II Y III) (Números de expediente del Senado 771/000017
y 64 y número de expediente del Congreso 251/000024.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al informe de fiscalización especial del
Fondo de Investigación Sanitaria y de perceptores de subvenciones
concedidas por dicho Fondo.
Para su exposición tiene de nuevo la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias.
El informe sobre el Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) fue
aprobado por el Pleno del Tribunal en octubre de 1999 y consta de un
extenso elenco de actuaciones y resultados obtenidos en la
fiscalización.
Además, en dicho informe el Pleno acordó realizar el seguimiento de
las actuaciones de los responsables del FIS, llevando posteriormente
a cabo unas verificaciones fiscalizadoras que dieron lugar a la
aprobación, en noviembre de 2000, de una Nota Complementaria, cuyos
resultados se presentan en este mismo trámite, a continuación de los
del Informe.
El Fondo de Investigación Sanitaria es, desde el año 1996, una unidad
administrativa con rango de Subdirección General del Instituto de
Salud Carlos III, cuya misión es financiar los programas de
investigación en biomedicina y ciencias de la salud, mediante la
concesión de subvenciones y ayudas. Anteriormente, estuvo situado en
diversos organismos públicos de la Administración
General del Estado y de la Administración de la Seguridad
Social, siendo gestionado por una Comisión administradora y por un
director del Fondo.
La fiscalización, centrada en el ejercicio 1996, se ha retrotraído a
actuaciones anteriores y posteriores para atender al desarrollo
temporal de los procesos de investigación fiscalizados. En relación
con estos últimos, la fiscalización ha tenido como objetivos los
siguientes: el análisis de la gestión y del control interno
establecidos por el FIS y la evaluación de la eficacia y eficiencia
económicas a través, fundamentalmente, de la verificación de las
ayudas financiadas en los siguientes programas: Promoción de la
investigación de la salud, Formación y perfeccionamiento del personal
investigador y de intercambio y cooperación internacional en
investigación científica y desarrollo tecnológico en salud, y
Acciones especiales para la difusión de la actividad científica.
El Tribunal destaca la carencia de una política de investigación en
Biomedicina y Ciencias de la Salud de carácter nacional en la que se
definan los objetivos prioritarios de desarrollo de la actividad
científica. El Informe destaca que ni el Ministerio de Sanidad y
Consumo, ni el Instituto de Salud Carlos III han establecido de forma
explícita los objetivos específicos de los programas de ayudas a la
investigación en el período 1994-1 998, financiados a través del FIS.
El gasto público destinado a este tipo de investigación puede ser
estimado, de forma aproximada, en 18.000 millones de pesetas anuales,
lo que representa el 0,55 por ciento de los presupuestos en salud, no
alcanzando el mínimo del 1 por ciento que establece, como objetivo,
la Ley General de Sanidad. Sin embargo, el Informe advierte de la
existencia de investigación no contabilizada como tal, situación
propiciada porque no existe una separación de los presupuestos de
asistencia sanitaria e investigación y por el escaso desarrollo de la
contabilidad analítica de los costes de investigación en los centros
del Sistema Nacional de Salud donde se desarrolla.
En relación con la organización y funcionamiento del FIS, el Informe
señala que los cambios experimentados por las variaciones en su
dependencia orgánica, que han afectado a su estructura administrativa
y gestión económica, han facilitado el incumplimiento de la normativa
vigente y la profusión de normativa transitoria. La integración del
FIS en el Instituto de Salud Carlos III en 1997 ha provocado que,
bajo la misma autoridad, en el Instituto se dé una doble condición;
por un año, tiene competencias de planificación, gestión,
financiación y control del FIS y, por otro, desarrolla su propia
actividad investigadora con fondos del FIS, generándose un conflicto
de intereses en la distribución de los fondos públicos de
investigación y afectando al control interno por la concurrencia de
competencias.
El Tribunal ha encontrado deficiencias importantes en la gestión
económica de la investigación de los oncecentros en los que ha
realizado comprobaciones, desde
la habilitación de los créditos y la contratación de los suministros
y becarios, hasta la gestión del pago y el seguimiento económico. La
ausencia de procedimientos comunes dificulta las labores de gestión
coordinada.
La Dirección del FIS no ha elaborado instrucciones generales sobre el
contenido de las memorias anuales y finales. En consecuencia, la
información resulta escasa y difícilmente comparable e impiae conocer
la aplicación indebida de las subvenciones concedidas.
Por otra parte, las gerencias de los centros fiscalizados no han
podido facilitar al Tribunal los importes de gasto de investigación
que realizan por el escaso desarrollo de la contabilidad analítica,
el desconocimiento del tiempo dedicado por su personal a las
actividades investigadoras y la falta de información sobre los
consumos de material y la utilización de los servicios asistenciales
para las actividades de investigación. Además, en ocasiones, se
producen donaciones y entregas a los investigadores que la gerencia
desconoce o no controla.
En relación con la gestión de las subvenciones del Programa de
promoción de la investigación, el Informe destaca que las
convocatorias de ayuda realizadas hasta 1997 presentaban
irregularidades importantes, al no determinar con precisión el
titular de la subvención o beneficiario de la ayuda, al no definir
los criterios para la adjudicación y al establecer una delegación
excesiva en las gerencias de los centros respecto al seguimiento
económico de las subvenciones que perciben.
La evaluación técnica de las solicitudes de ayuda para proyectos de
investigación presenta deficiencias por carecer de elementos
suficientes que permitan garantizar la objetividad de su aprobación.
Las resoluciones de las solicitudes no están motivadas y no conceden
un plazo de reclamación ni indican vías de recurso.
Por otro lado, el 11 por ciento de los beneficiarios de ayudas no
habían remitido al FIS las memorias anuales, a pesar de que cada
anualidad de la ayuda debe ser autorizada y librada teniendo en
cuenta el contenido de la memoria anual correspondiente. Por su
parte, las gerencias y direcciones de los centros no han justificado
el 21 por ciento de la inversión de los fondos recibidos del FIS para
investigación, incumpliendo el artículo 141 del Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, por lo que el Informe destaca las
posibles responsabilidades contables y administrativas. De las 254
memorias finales requeridas por el Tribunal, la Dirección del FIS
certificó la no localización de 52 memorias, cuyo importe global
ascendía a 289 millones de pesetas.
Asimismo, en la revisión del proceso de evaluación técnica realizado
por el FIS sobre las memorias finales de determinados proyectos se ha
constatado que los evaluadores las calificaban como posibles fraudes.
A pesar de ello, la Dirección del FIS siguió financiando proyectos
desarrollados por la misma persona investigadora principal. Tanto en
estos casos de consignación
de datos falsos en las memorias finales, como en un expediente en el
que se ha detectado la falsedad en la justificación de los fondos
públicos recibidos, el Informe advierte también que podría dar lugar
a la exigencia de responsabilidades penales.
Por otra parte, se ha comprobado que el seguimiento realizado por la
Dirección del Instituto de Salud Carlos III de las ayudas para la
infraestructura de la investigación ha consistido en el control
administrativo de los datos certificados en las memorias de
solicitud, pero no se han realizado otros controles destinados a
conocer la fiabilidad de los datos incluidos en las mismas.
En relación con el Programa de formación y perfeccionamiento de
personal y de intercambio internacional, el 26 por ciento dé las
solicitudes fueron presentadas fuera de plazo y su evaluación técnica
se realizó de forma poco rigurosa. El Informe señala que la Dirección
del FIS llevó a cabo un seguimiento muy insuficiente de la aplicación
de las subvenciones.
En cuanto a la Nota Complementaria, en el Informe de fiscalización se
adelantaba que se realizarla un seguimiento de las actuaciones de la
Dirección del Instituto de la Salud Carlos III encaminadas a obtener
el reintegro de las cantidades no justificadas, de las indebidamente
justificadas y de los remanentes de crédito no reintegrados. Para
ello, se procedió a requerir al Director del citado Instituto un
informe en el que constase la situación de los hechos a los tres
meses de haberse aprobado el Informe de fiscalización. A partir de
las actuaciones realizadas, el Pleno del Tribunal aprobó la Nota
Complementaria cuyas principales conclusiones son las siguientes.
El responsable de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III en
el momento de Ilevarse a cabo las comprobaciones del Tribunal, para
la elaboración de la citada Nota Complementaria, no realizó actuación
alguna para el seguimiento de las recomendaciones del Informe de
fiscalización, ya que toda la documentación remitida se refería a
actuaciones anteriores a la fecha de aprobación por el Tribunal de
dicho Informe. La Nota Complementaria señala que todo ello supone que
el responsable del Instituto en aquella fecha hiciera dejación del
ejercicio de las competencias atribuidas.
Se concluye, asimismo, que el citado responsable no exigió a los
gerentes y directores el reintegro de 17 de las 52 subvenciones
concedidas por el FIS en el período 1994-1996 en las que concurría la
circunstancia de carecer de informes finales de los proyectos de
investigación. En el trámite de alegaciones de la Nota Complementaria
el nuevo Director del Instituto de Salud Carlos III ha acreditado la
justificación de tres subvenciones y ha iniciado procedimientos de
reintegro en los restantes casos.
La anterior Dirección del Instituto, por discrepancias con el
Tribunal, no realizó actuación alguna en relación con los quince
expedientes a los que se refería el Informe de fiscalización,
aludiendo a que en ellos se
consignaron datos que no eran reales en las memorias finales enviadas
al FIS. Tampoco se realizaron actuaciones en 36 de los 38 expedientes
a los que se refería el Informe de fiscalización, porque no se habían
justificado las subvenciones concedidas y se había constatado la
existencia de remanentes de crédito; ni en 6 de los 13 expedientes en
los que las Direcciones y Gerencias siguen sin reintegrar las
cantidades procedentes de los remanentes de crédito certificados en
las memorias finales.
Sin embargo, debe destacarse que en el trámite de alegaciones de la
Nota Complementaria, el nuevo Director del Instituto procedió a
presentar la justificación de determinados casos y, en su defecto,
acreditó el inicio de los correspondientes procedimientos de
reintegro.
La Nota aprobada por el Pleno finaliza incorporando otras
irregularidades atribuibles a la actuación de la anterior Dirección
del Instituto, al comprobar incumplimientos respecto a lo señalado en
el Informe de fiscalización y señala que el Ministerio de Sanidad y
Consumo no ha iniciado procedimientos administrativos sancionadores a
los beneficiarios que no han justificado las subvenciones concedidas
por el FIS o que las justificaron de manera improcedente.
Por último, la Nota Complementaria finaliza señalando que el Director
del Instituto de Salud Carlos III debe impulsar, hasta su
finalización, los procedimientos administrativos ya iniciados para
obtener los reintegros de las subvenciones no justificadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, Presidente.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
López Carvajal.
El señor LÓPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, me sumo a las felicitaciones de los anteriores
intervinientes por su reelección como Presidente del Tribunal de
Cuentas, y le deseo éxito en su gestión.
El Informe que ha expuesto el señor Presidente es enormemente
interesante y -como bien ha señalado- analiza la gestión y el control
interno del Fondo de Investigación Sanitaria y evalúa la eficacia y
eficiencia de las acciones de investigación que financian.
En primer lugar, quiero reiterar que, dada la temporalidad del
período que se ha fiscalizado -y aunque toma como punto de referencia
el año 1996 tiene que retrotraerse por la propia naturaleza de los
recursos a fechas anteriores, y alcanza también hasta el año 1998- ,
mis palabras no deben entenderse, desde ningún punto de vista, como
una valoración del funcionamiento del FIS o de los centros de
investigación -en la doble vertiente de este Informe- imputable a
ningún gobierno específicamente aunque evidentemente hay una
responsabilidad, tanto de los gobiernos anteriores como del actual.
No obstante, por encima de eso tenemos que ver que nos encontramos
ante una situación en general típica y propia de la investigación en
España, en este caso de la investigación biomédica. Se trataría más
bien de inculparnos mutuamente por los errores y de aprovechar el
magnifico Informe del Tribunal de Cuentas para introducir o sugerir
los cambios que se consideren oportunos al objeto de conseguir una
mejor utilización de los recursos.
En cualquier caso, creo que es necesario, en primer lugar,
puntualizar que el Informe no valora la producción científica de los
investigadores, lo cual es enormemente importante, sino cómo se están
administrando esos recursos. Esto me parece importante advertirlo,
porque podríamos encontrarnos con una situación que sería peor que la
actual, que sería tener una impecable gestión económica de los
recursos que se administran a través del Fondo de Investigación
Sanitaria, pero acompañado de una producción científica irrelevante.
En mi opinión, ésta seria una situación peor que con la que nos
encontramos en este momento, aun cuando la actual tiene un defecto
básico también, que es que a veces no se puede valorar
suficientemente la producción científica, que en el fondo es de lo
que se trata.
Es importante resaltar, dentro del marco de lo que se denomina
planificación y competencias de la investigación, la conclusión
número 3, que señala que el Gobierno carece de una información
elaborada, es decir estructurada metodológicamente, sobre la cifra
del gasto total en investigación sanitaria en este país, con lo cual
se está dificultando el objetivo que marca la Ley General de Sanidad
de dedicar a investigación el 1 por ciento.
Este extremo me parece que es de una gran importancia, ya que hay una
investigación dispersa, desde el punto de vista de sus fuentes de
financiación, que recae en el Ministerio de Sanidad, a través del
Instituto Carlos III, hay otra que recae en el Ministerio de
Educación, a través tanto del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas como de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación y Desarrollo y, en este momento, también hay una fuente
de investigación que procede del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Pues bien, un objetivo primero y fundamental debería ser intentar una
información, como bien sugiere el Tribunal de Cuentas, lo
suficientemente elaborada como para que al final pudiésemos tener las
cuentas claras de cuánto se invierte en investigación para conocer
a la vez cuánto nos separa de ese objetivo, queentiendo debe ser común
de todas las fuerzas políticas.
El Informe, por no extenderme excesivamente, diferencia muy bien lo
que son las responsabilidades que compete al Fondo de Investigación
Sanitaria en su doble labor, por un lado, como supervisor de las
ayudasque concede a las diferentes unidades de investigación,
así como las ayudas que el Fondo se autoconcede a sí mismo, y, por
otro, la fiscalización que se hace a los centros de investigación.
Dentro del Fondo de Investigación Sanitaria, una de las conclusiones
más relevantes del Informe -leída por cierto por el señor Presidente-
es la referente a la integración del FIS en el Carlos III, lo que ha
provocado que bajo la misma autoridad del Instituto se dé la doble
condición a la que anteriormente aludía, es decir, por un lado, se
tiene competencias en planificación, gestión y control de
investigación y, por otro, se desarrolla una actividad investigadora
por el FIS con recursos propios del mismo. En conjunto, esto supone
que el 7 por ciento del importe concedido por el conjunto de las
ayudas de investigación se hace en centros del Carlos III.
Esto se ha intentado resolver -pero no se ha conseguido- con la Orden
Ministerial del 9 de enero de 1998, con una modificación de los
Consejos Científicos y de las Comisiones Técnicas de Evaluación, que
supone un cierto avance, pero adolece de un problema de fondo
importante, y es que el nombramiento de estos Consejos y Comisiones
Técnicas, que tienen una gran trascendencia, es competencia del
Director del Carlos III y del Subdirector de la Subdirección General
del Fondo de Investigación Sanitaria. A partir de ahí, como no hay
participación del Consejo Rector -este extremo lo desarrollaré en
otro punto-, no se supera esta situación de endogamia que, en mi
opinión, está bien descrita y resaltada por el Informe.
En cuanto a la investigación llevada a cabo por los centros
investigadores, es importante resaltar, en primer lugar, que se ha
suspendido el reconocimiento de las nuevas unidades de investigación,
que estaban inicialmente vinculadas a las propias convocatorias, y a
partir del año 1998 ha quedado en suspenso.
En segundo lugar, también es importante destacar que los estándares
para una gestión y un seguimiento económico eficaz de las
subvenciones son insuficientes. El Tribunal, como bien ha resaltado
el señor Presidente en su exposición, ha encontrado diferencias
importantes en la gestión de la investigación, tanto desde la
habilitación de los créditos como desde la contratación de los
suministros, el pago a los becarios, etcétera. Incluso en algunos
casos se daba la situación, corregida actualmente, de que existían
unidades externas, es decir, fundaciones o institutos, a través de
los cuales se estaba canalizando, desde el punto de vista del
procedimiento administrativo, estas investigaciones. Esto ya ha sido
normalizado y ha sido un éxito importante.
Asimismo, quiero resaltar la conclusión 3.7, relativa a que no se ha
elaborado por el Fondo de Investigación Sanitaria unas instrucciones
generales sobre el contenido de las memorias ni se ha normalizado el
sistema de información que debe disponer cada centro para
proporcionar, primero, una información de calidad, desde el punto de
vista científico y técnico y, en segundo
lugar, para un conocimiento mucho más detallado del gasto en
investigación.
En cuanto a la gestión de las subvenciones, tanto en la doble
vertiente de los programas de promoción de la investigación, que son
los que financian las ayudas para las infraestructuras, como en los
programas de formación y perfeccionamiento del personal, creo que se
producen irregularidades comunes, en las que no quiero insistir, pero
que indiscutiblemente hay que superar. Desde ningún punto de vista se
puede consentir que no se justifiquen fondos librados y que en
algunos casos superan el 20 por ciento. Evidentemente, hay que hacer
todo lo que esté en nuestras manos para que se reintegren todo este
tipo de cantidades, si bien quiero advertir que estamos hablando de
cantidades insignificantes. El monto global tiene una cierta
importancia pero, dado el importe medio de las subvenciones que se
dirigen a las unidades de investigación, que está situado en 5
millones de pesetas, no encontramos irregularidades significativas
desde el punto de vista contable y administrativo, porque en cuanto a
la magnitud económica no tienen una dimensión, desde un punto de
vista individualizado, excesivamente significativa.
Y digo esto porque es muy importante que debido a este tipo de
irregularidades administrativas no se cree un clima que pueda
perturbar en algún momento la labor de investigación que se está
llevando a cabo en numerosos centros de este país, y en mi opinión
con bastante calidad.
No quiero concluir mi intervención sin decir que el Consejo rector
del Instituto de Salud Carlos III se ha modificado con una nueva
disposición del Ministerio, el Real Decreto 375/2001, que sin embargo
no aborda algo importante -y lo que voy a decir es una reiteración de
lo que antes he comentado-, como es darle competencias a dicho
Consejo, por lo que éste sigue conociendo, supervisando, asesorando,
pero en ningún momento decide; sólo tiene competencia para aprobar
las propuestas de creación o participación en el capital de
sociedades mercantiles. Así pues, creo que no se han llegado a romper
las tendencias endogámicas que siempre hay en este tipo de
institutos.
Por otro lado, sigo insistiendo en que la investigación que se
realiza en el FIS con fondos del Carlos III debe auditarse por una
agencia externa, como muy bien indica el Informe del Tribunal de
Cuentas, así como en que los responsables legales de los centros
beneficiarios en los que se desarrolla cualquier tipo de
investigación deben separar decididamente la actividad asistencial de
la actividad de investigación; ello clarificará en gran medida las
cuentas y, a partir de ahí, todos los indicadores de calidad de
carácter administrativo.
En definitiva, apoyamos todas las mejoras que supongan un cambio en
la gestión de los fondos de investigación sanitaria y, por supuesto,
la creación de una serie de indicadores que deben cumplir los centros
que, en su momento, vayan a gestionar esos recursos. Pero quiero
insistir en que todas esas mejoras no deben cuestionar en ningún
momento la labor de investigación que se desarrolla por profesionales
cualificados en todo el territorio nacional. Pienso que en España la
investigación biomédica está demandando un esfuerzo importante,
decidido y, a ser posible, unánime por parte de los partidos
políticos, a los que apelo para ello como conclusión fundamental del
informe que ahora estamos debatiendo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Carvajal.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, y al igual que han hecho el resto de mis compañeros,
felicito al Presidente del Tribunal de Cuentas por su renovación en
el cargo y le deseo muchos éxitos.
Intervengo en nombre de mi Grupo para fijar nuestra posición con
respecto al Informe de fiscalización especial del Fondo de
Investigación Sanitaria y de perceptores de subvenciones concedidas
por dicho Fondo.
Este Informe se refiere al año 1999, en que el Tribunal de Cuentas
fiscalizó un total de 565 expedientes de subvenciones del FIS
vigentes en 1996 y que habían sido concedidas en convocatoria pública
durante los años 1993, 1994, 1995 y 1996.
En su Informe el Tribunal de Cuentas establece una clara distinción
entre las diferentes responsabilidades: de una parte, la
justificación científica, que corresponde al investigador, y de otra,
la responsabilidad económica, que se atribuye directamente a las
gerencias y direcciones de los centros beneficiarios de las ayudas,
donde se realizan los proyectos de investigación.
Como resultado de esta fiscalización se observan deficiencias
e irregularidades a diferentes niveles. Así, entre los años 1994 y 1998
no se establecían explícitamente los objetivos específicos de los
programas de ayudas, o si se hacía era de forma muy genérica. Existía
una ausencia de definición clara de políticas de investigación, sin
que se fijaran los objetivos prioritarios de la actividad científica
a desarrollar, y no se evidenciaban con claridad los criterios de
prioridad seguidos para la concesión de las ayudas. Por otra parte,
se apreciaba un desorden y una falta de información detallada con
respecto a las cifras del gasto total dedicado a la investigación y
las inversiones privadas destinadas a este fin, no existiendo una
separación de los presupuestos dedicados a la asistencia y a la
investigación. En este sentido, quisiera que el Presidente nos
aclarara algo más estos términos, es decir, la diferencia entre los
presupuestos destinados a la investigación y los correspondientes a
la asistencia sanitaria.
Igualmente, se apreciaron irregularidades en cuanto a la organización
y el funcionamiento del FIS se refiere,
dándose la circunstancia en ciertos casos de duplicidad de
funciones y un conflicto de intereses a la hora de distribuir los
fondos. El Tribunal de Cuentas es rotundo al afirmar que la principal
carencia es -y leo- que el FIS no dispone de un manual de
organización y funcionamiento internos que definan con suficiente
detalle las funciones de cada puesto de trabajo y delimite su
responsabilidad.
Ha sido a través de la Orden Ministerial de 9 de enero de 1998 con la
que se han regulado las funciones y la composición de las comisiones
técnicas de evaluación del FIS. Y en este mismo ejercicio se ha
normalizado el sistema de información y archivo para la gestión, el
seguimiento y el control de la evaluación técnica de las solicitudes
de ayuda de los proyectos de investigación.
Por otra parte, se advierte del incumplimiento de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, en varios de sus artículos.
Asimismo, se informa de una ausencia de criterios homogéneos para
realizar las transferencias de los créditos, así como de diferencias
entre unas Comunidades Autónomas y otras y de un seguimiento
deficiente de los proyectos.
No había evidencias de que el Consejo Científico del FIS hubiera
realizado el seguimiento de la adecuación de las inversiones
afectadas a los fines planteados durante el período 1994-97,
funciones que tenía asignadas desde su creación en 1980.
En 1998, tras la fiscalización del Tribunal de Cuentas, el Ministerio
de Sanidad y Consumo, mediante la Orden Ministerial de 21 de enero,
modificó la asignación de competencias desde el seguimiento de las
acciones financiadas a través del Fondo de Investigación Sanitaria.
Por otro lado, el criterio y el procedimiento seguidos para el
reconocimiento de las unidades de investigación era poco específico,
y en la práctica dicho reconocimiento se basaba en la información
facilitada por los diferentes gerentes y directores de los centros,
sin que el centro coordinador de la red de unidades de investigación
realizara comprobación alguna. De igual modo, se constataron
irregularidades en las convocatorias de ayuda y un déficit de
criterios de prioridad y seguimiento insuficiente en las subvenciones
correspondientes al programa de promoción de la investigación
y ayudas para la infraestructura, en el programa de formación y
perfeccionamiento de personal y de intercambio y cooperación
internacional en I+D, y en materia de salud y acciones especiales,
durante los años 1996 y 1997, respectivamente.
Desde 1998,y por medio de diferentes órdenes ministeriales, como la
que he citado con anterioridad, se han llevado a cabo una serie de
actuaciones para modificar en profundidad la gestión de las ayudas
subvencionadas por el FIS. Y desde agosto de 2000 lanueva dirección
del Instituto de Salud Carlos III ha
venido adoptando una serie de medidas para garantizar el
funcionamiento, la gestión, el control y el seguimiento de las ayudas
financiadas a diferentes niveles de actuación, como se deriva de la
notable pluralidad y variabilidad de las situaciones.
En total, sobre 68 expedientes, en algunos casos ya iniciados por la
dirección anterior, se ha realizado este procedimiento de reintegro
de cantidades no justificadas en 51 de ellos. Todas estas actuaciones
tienen fecha de 13 de septiembre de 2000.
De igual modo, el Instituto de Salud Carlos III ha realizado
actuaciones dirigidas a corregir carencias, imprecisiones, e
irregularidades anteriores en ámbitos como la planificación de
investigación científica, y para el desarrollo e innovación
tecnológica vigente entre los años 2000 y 2003. Asimismo, se ha
efectuado una reestructuración y distribución de funciones en la
Secretaria General del Instituto y en el FIS, así como una
configuración nueva del FIS como agencia de financiación de la
investigación para evitar los conflictos de intereses por la
duplicidad de funciones a que se daba lugar con anterioridad.
Por último, existe una constancia fiel en las actas de los jurados de
las convocatorias del proceso de evaluación y de las deliberaciones
de sus miembros.
Por todo lo expuesto, señorías, tras las actuaciones llevadas a cabo
por el Ministerio de Sanidad y Consumo y por la Dirección del
Instituto de Salud Carlos III, y a la vista de las alegaciones
presentadas por éste último, creemos que están resueltas o en vías de
solución la gran mayoría de las recomendaciones que el Tribunal de
Cuentas presentó en su día.
Y no quiero acabar mi intervención sin hacer hincapié en el hecho de
que en nuestro país, y a través del FIS o de otros organismos, la
investigación ha experimentado un notable incremento y desarrollo en
los últimos años, lo que quizá no haya ido en paralelo con la
adaptación del proceso administrativo en lo que al contenido de los
proyectos y la utilización de los recursos se refiere, por lo que ha
sido necesario poner en marcha de manera urgente mecanismos para la
mejora de adscripción de los proyectos, lineas de investigación, de
seguimiento y control de la gestión y de la utilización de los
fondos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez.
Para contestar a los distintos grupos parlamentarios tiene la palabra
el Presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias, señor Presidente.
En primer lugar, debo puntualizar algo que ha surgido en las
intervenciones, y es que el Informe no aborda la producción
científica. El Informe lo que aborda es
cómo se organiza y gestiona la producción científica. Tenemos una
tendencia natural a que, como hay ciertas funciones nobles -y algunas
de ellas las conozco con profusión, como la educación, la enseñanza,
la justicia o la investigación-, tenemos que cuidarlas mucho. Lo que
aborda el Informe es que la organización y la gestión de la justicia,
de la educación o de la investigación tienen que responder a
criterios de racionalidad. En mi vida académica presencié cómo muchos
catedráticos tenían que hacer las actas y las hacían muy mal -había
reclamaciones de los alumnos-, o cómo había jueces que tenían que
estar dedicados a la liquidación de tasas judiciales. Ese es un
problema de organización y de gestión, y no debemos tener miedo a
decir, por muy noble que sea una función, que está muy mal organizada
y, quizá, peor gestionada.
Ejemplos de fallos de organización en este Informe Las variaciones
organizativas y la propia dependencia del FIS ha producido
incumplimientos normativos. El Instituto de Salud Carlos III
desarrolla investigaciones propias y es gestor del FIS. Ahí hay un
conflicto de intereses, luego hay unos fallos de tipo organizativo.
La política de investigación sanitaria carece de objetivos
prioritarios. Hay un fallo de gestión. No existen estándares para el
reconocimiento por el FIS de las unidades de investigación. Hay un
fallo de gestión. Hay una ausencia de procedimientos comunes. Hay un
fallo de gestión.
La pregunta de la señora Rodríguez era relativa a aclarar lo que dice
el Informe sobre que los presupuestos de asistencia sanitaria y de
investigación no están separados por falta de una contabilidad y de
una adecuada gestión, y esta es una función del Tribunal, es decir,
poner de manifiesto los fallos de organización y de gestión -y muchas
veces más los de organización que los de gestión- ante esta Comisión
Mixta, porque estos fallos, sobre todo de organización, hay que
remediarlo no mediante una gestión de los recursos, sino mediante una
gestión de las normas que rigen después la gestión de los recursos, y
eso es función muchas veces del Legislativo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA EXTINCIÓN
EN 1997 DEL CONTRATO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES
MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL SUSCRITO ENTRE EL ESTADO Y LA «COMPAÑÍA
TRASMEDITERRÁNEA, S. A.». (Número del Senado 771/000011 y número de
expediente del Congreso 251/000029.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día:
Informe de fiscalización de los efectos
económicos de la extinción en 1997 del contrato regulador de los
servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional suscrito
entre el Estado y la «Compañía Trasmediterránea, S. A.» Para su
exposición tiene la palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias.
El Pleno aprobó, el 21 de diciembre de 1999, el informe de
fiscalización de los efectos económicos de la extinción, en 1997, del
contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de
interés nacional, suscrito en 1978 entre el Estado y la Compañía
Trasmediterránea, S. A.
En 1978 el Estado adquirió el capital social de la Compañía y se hizo
cargo de la explotación de los servicios de comunicaciones. Mediante
el contrato suscrito, el Estado garantizaba a la Compañía el
equilibrio económico-financiero de la explotación de los servicios de
comunicaciones marítimas de interés nacional a través de las
aportaciones públicas fijadas anualmente en la denominada cuenta-
Estado.
El control financiero de la cuenta-Estado, formulada por la sociedad
durante la vigencia del contrato, ha correspondido a la Intervención
General de la Administración del Estado. La Intervención General ha
autorizado aportaciones públicas a Trasmediterránea por 114.028
millones de pesetas, sin computaren dicha cifra la liquidación
correspondiente a los intereses de demora en el pago de las
aportaciones de los dos últimos ejercicios pendientes de liquidación
al cierre de 1998.
Las aportaciones, además de garantizar el equilibrio económico-
financiero de los servicios contratados durante los veinte años que
ha estado vigente el contrato, ha contribuido a mejorar sensiblemente
la situación financiero-patrimonial de la Compañía, cuyo neto
patrimonial se ha incrementado en 37.806 millones de pesetas. Los
resultados ordinarios obtenidos en el período 1978-1997 ascendieron a
37.264 millones de pesetas.
La extinción del contrato se produjo el día 1 de enero de 1998, y
pese a que en el mismo se preveían las diferentes causas que podían
dar lugar a ella, no se establecieron los criterios que habrían de
regir su liquidación, por lo que tuvo que ser objeto de
interpretación.
Aunque a la fecha de cierre de los trabajos de fiscalización no se
habían dado por concluidas formalmente las operaciones de
liquidación, la IGAE, en su informe de control financiero de 24 de
marzo de 1999, referido a la cuenta-Estado de 1997, ya había
autorizado transferencias públicas a favor de Trasmediterránea por
5.940 millones de pesetas en concepto de ajustes por fin de contrato.
Por otra parte, el informe del Tribunal señala que el análisis de los
criterios y directrices adoptadas para establecer las compensaciones
por fin de contrato han puesto de manifiesto que, en términos
generales, se
ajustaron a las disposiciones contractuales y legales aplicables.
La Administración asumió la liquidación del coste de la última
reestructuración laboral acometida por la Compañía, que asciende a
2.624 millones de pesetas. También formaron parte de la
regularización por fin de contrato las provisiones dotadas por la
sociedad por gastos devengados en la gestión de servicios contratados
que, de acuerdo con los criterios establecidos para determinar
anualmente la cifra de la aportación del Estado a la Compañía, no
habían sido trasladadas a la Administración por no haberse hecho
efectivo a 31 de diciembre de 1997.
Esta compensación se cifró en 2.109 millones. El Estado asumió
igualmente 1.207 millones, importe al que ascendieron las cuotas
satisfechas por la sociedad en el período 1991-1997, por impuesto
especial de combustible canario y los correspondientes intereses de
demora, al haberse desestimado en fecha reciente por los tribunales
la devolución de este impuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias.
No se fijaron, sin embargo, compensaciones por la flota de buques que
estuvo afecta a los servicios contratados, al haber rechazado la
Dirección General de la Marina Mercante la propuesta inicial
planteada por la Compañía, que incluía reclamaciones por valor de
23.801 millones de pesetas por los capitales invertidos en la flota
que estaban pendientes de armonizar a la fecha de cierre del
ejercicio de 1997.
El informe señala que, aunque la sociedad no haya valorado finalmente
la utilidad futura de la flota que estaba en servicio cuando se
produjo la extinción del contrato fiscalizado de acuerdo con las
comprobaciones realizadas, la Compañía estaría en condiciones de
recuperar, en su mayor parte, los capitales invertidos en la misma.
En todo caso, la posible pérdida que pudiera afectar a la sociedad
conforme a esta valoración seria inferior a los beneficios obtenidos
con anterioridad por la venta del resto de los buques que estuvieron
afectos a los servicios contratados por el Estado.
Por último, a la fecha de cierre de las cuentas anuales de 1998, la
cuenta a cobrar al Estado por las obligaciones asumidas por el
contrato de 4 de septiembre de 1978 comprendía 15.560 millones en los
que la IGAE cifró la aportación de 1997, incluidas las compensaciones
por fin de contrato y 1.300 millones en concepto de intereses de
demora. El importe total de estos intereses conforme a estimaciones
de la Sociedad podría estar en torno a los 2.077 millones, tomando
como fecha de liquidación el cierre de 1999.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente, por su exposición.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Franco.
El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a hacer ninguna observación puesto que, de acuerdo con el
Informe, parece que no existe ningún elemento que pueda generar
sospechas en relación con la extinción del contrato de la Compañía.
En consecuencia, teniendo en cuenta también que esta Compañía va a
ser enajenada en breve plazo y que su evolución de capitalización ha
sido razonable en los últimos tiempos, no tenemos nada que objetar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Franco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Villanova.
El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias,señor Presidente.
Como no podía ser de otra manera y como han hecho todos los
compañeros anteriormente, felicito a nuestro flamante Presidente,
aunque se trate del Presidente del Tribunal de Cuentas del anterior
período. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular nos
felicitamos por encontrarnos otra vez aquí con el Presidente del
Tribunal de Cuentas que hemos tenido en el último período de
sesiones.
Como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo
de 1995, se autorizó la denuncia del contrato de prestación de
servicios de transportes entre la península y Baleares, Canarias,
Ceuta, Melilla y Tánger, considerado de interés nacional y que venía
manteniendo el Estado con la Compañía Trasmediterránea desde 1978.
Por tanto, se trata de un Informe que cierra un período largo y
fructífero de colaboración, en el que el Estado, en cumplimiento de
su obligación de garantizar y ofrecer comunicación entre todos los
ciudadanos del territorio nacional, ha realizado un esfuerzo
económico importante. El contrato-programa garantizaba el equilibrio
económico de la prestación, materializado en aportaciones estatales
anuales que ascendieron, como bien ha dicho anteriormente el
Presidente del Tribunal, a una cifra total acumulada en estos veinte
años de 114.028 millones de pesetas. Estas dotaciones anuales del
Estado han tenido unos efectos económicos muy positivos para la
Compañía.
A la vista de estos antecedentes, sin duda alguna la Compañía
Trasmediterránea es la naviera española más importante, que con la
participación del Estado español del 95 por ciento ha contado con una
garantía real de continuidad y de modernización de la empresa,
preparándola para un mercado liberalizado. Se han realizado
importantes inversiones y se ha ejecutado satisfactoriamente en estos
últimos años un plan estratégico y de viabilidad de la empresa. Se ha
reorganizado la estructura organizativa de toda la empresa en estos
últimos cuatro años, y se ha llevado a cabo la optimización de la
plantilla de tres ocasiones, concretamente con un
plan de reestructuración laboral 1990-1994, otro plan 1995-1997 y el
último 1996-1997.
Como consecuencia de todas estas aportaciones y del apoyo que ha
prestado el Estado durante estos veinte años, el patrimonio neto
inicial de la Compañía se ha incrementado en siete veces, de ahí la
importancia de estas aportaciones del Estado durante este tiempo. Los
beneficios totales han ascendido a 34.046 millones de pesetas. Desde
1985 concretamente los dividendos anuales han sido del nueve por
ciento sobre el capital social y, sobre todo, lo más importante es
que se ha garantizado la continuidad del servicio. Si se hubiera
prescindido de las aportaciones del Estado sólo en 1987 y 1988
existiría un margen ordinario positivo y no se habría garantizado el
servicio.
Durante la vigencia del contrato-programa 1978- 1997, en estos veinte
años la Compañía empleó un total de 61 buques de propiedad en los
servicios objeto del mismo. De estos buques 32 formaban parte del
patrimonio de la sociedad cuando se formalizó la contratación
pública, y a finales de 1997 estaban en servicio 23, dos de los
cuales formaban parte de la flota inicial. Todas las compras de
buques acometidas por la sociedad se realizaron exclusivamente con
aportaciones de la Compañía. La Compañía Trasmediterránea ha prestado
un gran servicio de transporte marítimo en todos estos años y ha
contribuido al desarrollo económico de estos territorios periféricos
de la península, con una flota de barcos modernos y de tecnología
punta, construidos en astilleros españoles y únicos en esta serie en
la Unión Europea, siendo una de las más importantes navieras del
continente europeo.
La cuenta-Estado correspondiente a 1997, como bien ha explicado el
Presidente del Tribunal, se ha realizado igual que en los 19 años
anteriores, sin ninguna modificación básica. Solamente se ha incluido
una partida de ajuste por final de contrato y que se refiere a
aquellos gastos devengados y derechos de cobro no realizados a lo
largo de la vigencia del contrato, y cuya regularización quedó
aplazada hasta la extinción del mismo. Este Informe ha sido aprobado
por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión del día 21 de
diciembre de 1999 y, además, está avalado por el Informe favorable de
la Intervención General de la Administración del Estado, que en sus
conclusiones 1 y 3 señala que el objeto del control financiero ha
consistido en la revisión de la Cuenta-Estado para 1997 formulada por
la Compañía Trasmediterránea, con el fin de verificar el cumplimiento
de las condiciones y los requisitos establecidos en el contrato
regulador. No solamente la IGAE ha establecido la cuantía, sino
también el cumplimiento de las condiciones y de los requisitos
establecidos en el contrato. Por tanto, no ha sido admitido ningún
gasto que no haya cumplido con las condiciones contractuales y con
los requisitos establecidos en el contrato, como bien ha explicado el
Presidente del Tribunal. Había cantidades que superaban los 20.000
millones de pesetas y no se han reconocido ni por la IGAE ni por el
Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, la conclusión número 3 señala que, dado que en el
ejercicio de 1997 no se han producido cobros a cuenta, estimamos que
corresponde -como no podía ser de otra manera a la Compañía
Trasmediterránea percibir la cantidad de 15.560 millones de pesetas.
Por supuesto, también se incluyen el Informe favorable del Consejo de
Estado de 25 de noviembre de 1999 y, cómo no, el informe favorable
del Tribunal de Cuentas que en su conclusión número 6 dice: se han
analizado los criterios y directrices adoptados en relación con las
partidas a las que afectó la regulación por fin de contrato,
incorporadas en la última cuenta-Estado rendida por la sociedad
estatal, encontrándolos ajustadas a las disposiciones contractuales y
legales aplicables a este contrato. Por lo tanto, se hacia necesaria
esa liquidación. Solamente queda pendiente la liquidación de los
intereses que ya ha explicado el Presidente del Tribunal.
Termino mi intervención felicitando una vez más en nombre de mi Grupo
al Tribunal de Cuentas por el informe de fiscalización realizado y
por la claridad de las conclusiones emitidas, analizando con un gran
sentido de responsabilidad y de profesionalidad el saldo resultante
de este informe de fiscalización de la extinción del contrato de la
Compañía Trasmediterránea en 1997. Felicito al Tribunal de Cuentas y
a su Presidente por este magnífico trabajo de fiscalización, que
cierra un período ampliamente positivo para el transporte de
pasajeros de la península y los archipiélagos, y con el que damos
cumplimiento al mandato, como no podía ser de otra manera, del
Consejo de Ministros de 19 de mayo de 1995.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villanova.
Para contestar a los grupos parlamentarios, si lo desea, tiene la
palabra el señor Presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Muchas
gracias, señor Presidente.
Más que contestar, puesto que no ha habido sugerencias ni dudas,
quiero terminar reiterando mi agradecimiento por las felicitaciones y
por mi continuidad en la Presidencia del Tribunal. Naturalmente,
vuelvo a insistir en mi disposición hacia esta Comisión Mixta y
agradezco muy efusivamente estas felicitaciones y la buena acogida
con la que me han dispensado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, ruego a los portavoces que permanezcan después en la sala
para fijar el orden del día de la próxima sesión.
Antes de levantar la sesión,y dado que ha sido un día de
felicitaciones señor Presidente, me gustaría que en nombre de la
Comisión transmitiera personalmente nuestra felicitación también a
todos los miembros del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Así lo
haré. Además, quisiera reanudar con la nueva Comisión de gobierno las
relaciones con la Comisión Mixta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las once horas y cincuenta y cinco minutos.