DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 2001 VII Legislatura Núm. 47



PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA



Sesión núm. 11



celebrada el martes, 19 de junio de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



Comparecencia del señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
(Aparicio Pérez) para informar acerca de las drogodependencias en el
ámbito laboral. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente del Congreso 213/000264 y número de expediente
del Senado 711/000077.) ... (Página 1048)



Proposiciones no de Ley:



- Relativa a la ampliación de los contenidos de la página «web» del
Plan nacional sobre drogas, dirigida a la gente joven. Presenta por
el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso
161/000716 y número de expediente del Senado 663/000018.)
... (Página 1061)

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Se abre la sesión a las doce del mediodía.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
(APARICIO PÉREZ), PARA INFORMAR ACERCA DE LAS DROGODEPENDENCIAS EN EL
ÁMBITO LABORAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Número de expediente Congreso 213/000264 y número de expediente
Senado 711/000077.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión
Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

El primer punto del orden del día es la comparecencia del ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, don Juan Carlos Aparicio, para informar
acerca de las drogodependencias en el ámbito laboral.

Damos la bienvenida al señor ministro, que tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señorías, deseo que mis primeras palabras sean para expresar mi
agradecimiento a esta Comisión mixta por su invitación para compartir
no solamente reflexiones y preocupaciones, sino también vías de
actuación en torno a un problema de tanto calado social, familiar,
personal, incluso económico y para la competitividad de nuestras
empresas, como es el de la drogodependencia y, más concretamente, su
implicación en el ámbito laboral. Para abordar esta cuestión debemos
partir de un principio básico, que hoy ya es asumido por todos los
conocedores y estudiosos de la materia: la drogodependencia, en sus
distintas formas y sustancias, es una enfermedad de terribles
consecuencias y como tal debe ser abordada y tratada.

Dicho esto, hemos de tener en cuenta que la drogadicción constituye
un problema social que, aunque no sea específicamente laboral, sí
repercute negativamente en este mismo entorno. Por ello exige ser
afrontado de una forma global, desde un doble sentido: en primer
lugar, entendiendo como consumo de drogas no sólo el de las
sustancias conocidas convencionalmente como tales, sino también el
alcohol y el tabaco, y en segundo lugar, abordando el problema desde
todos los posibles ámbitos, sanitario, social, laboral, educativo,
etcétera. Como todo problema social, viene a exigir una intensa
colaboración entre todas las administraciones públicas, así como
entre estas y la sociedad civil, ya sean agentes sociales o entidades
no gubernamentales, sobre todo si tenemos en cuenta que es
susceptible de generar riesgos o situaciones de exclusión social.

Debemos ser conscientes de que, para combatir la drogodependencia, es
preciso poner en marcha actuaciones y políticas tanto de prevención
como de rehabilitación
e inserción social y laboral de las personas afectadas. En
este sentido, el Gobierno está llevando a cabo una serie de
actuaciones y medidas que inciden en las políticas de intervención,
de atención y de apoyo a las personas drogodependientes. Dichas
actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia nacional sobre drogas
para el período 2000-2008, documento que supongo que es conocido por
SS.SS. y que se materializó en el Real Decreto 1911/1999, de 17 de
diciembre. Ahora bien, lo que justifica el enfoque de esta
comparecencia y mi presencia ante esta Comisión es la incidencia de
este problema social en el ámbito laboral desde una doble óptica: la
constatación de su existencia en el medio laboral y sus efectos en el
entorno de trabajo y, al mismo tiempo, la realidad de que el medio
laboral o la empresa puede constituir un marco ideal para prevenir y
reinsertar a personas afectadas por esta fuerte problemática. Es
evidente que la drogodependencia tiene una incidencia negativa sobre
el entorno de trabajo, sobre la productividad, tanto del propio
trabajador como de sus compañeros y del conjunto de la empresa, y
sobre todo sobre la siniestralidad; de ahí que deba ser objeto de una
especial atención.

Partiendo de estas dos premisas básicas, enfermedad y entorno
laboral, me voy a referir a lo largo de mi intervención a los
siguientes aspectos: primero, al contexto legal en el que nos movemos
-principio de igualdad de trato, derecho a la privacidad, derechos y
deberes laborales, etcétera-; segundo, al análisis de la situación
actual, partiendo de los diferentes estudios realizados a nivel
nacional e internacional y de las recomendaciones de los principales
organismos internacionales, dado que la problemática afecta, en mayor
o menor medida y con distintos matices y peculiaridades, a todos los
países de nuestro entorno; tercero, a las actividades y planes
dirigidos a la prevención que se están desarrollando y van a ser
objeto de desarrollo desde la Administración española y especialmente
desde la Delegación del Gobierno contra la droga, en la que se
encuentran centralizadas en su mayor parte las competencias sobre la
materia, así como desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

En primer lugar, el marco legal en que se desenvuelve nuestro país en
el tratamiento de la drogodependencia en el ámbito laboral trata de
garantizar, por una parte, los derechos de los trabajadores y de las
personas afectadas por esta enfermedad y, por otra, la eficiencia en
la detección y tratamiento, que permita adoptar acciones preventivas.


Así, los artículos 14 y 18 de la Constitución española protegen el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen de las personas, a la vez que el derecho a la no
discriminación. Por su parte, tanto la Ley general de sanidad como la
de prevención de riesgos laborales vienen a proteger la
confidencialidad de los datos médicos y por tanto la relativa a la
drogodependencia, hoy consideradacomo enfermedad. No obstante, en
ambas se



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trata de compatibilizar este derecho con la necesidad de disponer de
información epidemiológica con fines de investigación y planificación
sanitaria en beneficio del interés general. Este es uno de los
equilibrios en el que habremos de movernos siempre, entre los
intereses privados, en este caso la propia privacidad, el propio
derecho al honor y a la intimidad, y el interés general, tanto en las
aplicaciones de carácter investigador como en las aplicaciones
preventivas o paliativas. La Ley de prevención de riesgos laborales
aporta ciertos criterios para trazar estos límites entre el derecho a
la intimidad y el interés general de la información sanitaria. Así,
reconociendo el derecho a la intimidad y dignidad de la persona y el
derecho a la confidencialidad en relación con la vigilancia de la
salud, prohibe hacer uso de esta información sanitaria con fines
discriminatorios o en perjuicio del trabajador.

En resumen, de la normativa vigente podemos destacar tres puntos
esenciales: primero, el carácter voluntario de la vigilancia de la
salud, salvo cuando resulte imprescindible para evaluar los efectos
de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o
para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir
en sí mismo un peligro. Fuera de estos supuestos debemos contar
siempre con el consentimiento del trabajador; segundo, la
confidencialidad en la información médica en el ámbito de trabajo,
restringiendo el acceso sólo a personal sanitario vinculado por el
secreto profesional; tercero, que los datos sobre la salud no pueden
ser usados -como decía- con fines discriminatorios ni en perjuicio
del trabajador.

Es necesario también señalar que, en la normativa española actual, el
artículo 54.2.f) del Estatuto de los trabajadores señala como causa
de despido disciplinario la embriaguez habitual o toxicomanía, si
repercute negativamente en el trabajo. Esta causa de despido
disciplinario, en opinión de algunos sectores, fomenta la ocultación
del consumo y propicia que se generen prácticas de encubrimiento con
un elevado coste humano y económico. En algunos casos se ha
solicitado la sustitución de la sanción de despido por la
obligatoriedad de asistencia a un programa de tratamiento. Otros
colectivos propugnan sin más su desaparición, con objeto de facilitar
la reinserción laboral de aquellos que abandonan el consumo de
sustancias tóxicas o que están en trance de hacerlo, ya que todo
comportamiento negativo que incida sobre el trabajo, esté o no
motivado por la drogodependencia, ya se encuentra recogido como causa
de despido en el mismo precepto del Estatuto de los trabajadores.

Esta posibilidad merece ser estudiada con detenimiento en aras, en
todo caso, de un consenso social. Al fin y al cabo estamos hablando
del Estatuto de los trabajadores y siempre hay una pauta inicial
básica de intentar lograr el máximo consenso, no solamente político,
sino también social.

Entrando ya en el análisis de la situación actual de la
drogodependencia en el ámbito laboral en España y
en los países de nuestro entorno, tomaremos como punto de referencia
los estudios realizados por la Organización Internacional del
Trabajo, la OIT. En ellos se pone de manifiesto que en los últimos
años ha habido una creciente atención hacia el abuso del alcohol y de
las drogas en el trabajo. Este abuso no sólo afecta al normal
desenvolvimiento del trabajo en general, sino que también provoca
índices más altos de absentismo, de accidentes, de enfermedad y de
mortalidad, con los costes humanos y económicos que llevan asociados.


Es por tanto una cuestión importante de salud y de seguridad. Para
los trabajadores, el abuso de estas sustancias puede dar lugar al
deterioro de la salud, accidentes, sanciones, problemas de familia,
pérdida del trabajo y riesgos de exclusión social; para los
empresarios, conlleva problemas de seguridad que afectan a la empresa
y a la mano de obra y da lugar a mayores costes, o lo que es lo mismo
a menor productividad, y a pérdida creciente de competitividad.

Respecto al absentismo y a los accidentes de trabajo, diversos
estudios han puesto de relieve, por ejemplo, que el absentismo es de
dos a tres veces mayor en los consumidores de drogas y de alcohol que
en otros trabajadores y que en el 20 ó 25 por ciento de los
accidentes de trabajo resultan implicados trabajadores que son
consumidores de drogas, produciéndose también daños a terceros. Dado
que el abuso del alcohol y de la droga es un problema presente en la
población en general, es altamente probable que en la población
trabajadora presente un nivel similar de abuso. El lugar de trabajo
puede ser por tanto un canal muy significativo para la acción
preventiva y remediadora. De hecho, los resultados de estos estudios
antes mencionados apoyan el establecimiento de programas más
orientados a la prevención que a la identificación y a la
rehabilitación.

Si hacemos un análisis por sectores, el trabajo de investigación
también ha ayudado a identificar los sectores en los que los
trabajadores tienen mayor riesgo de abuso en el consumo de alcohol y
de drogas y las razones por las que estos colectivos son más
vulnerables. Los sectores identificados como de mayor riesgo son los
de la alimentación, el transporte, el sector marítimo, la
construcción, los trabajadores de cadenas de montaje, personal
militar y los trabajadores en actividades de recreo. En términos muy
generales, los trabajadores con menor status, las personas jóvenes y
los varones serían más propensos al abuso de alcohol y drogas. Sin
embargo, el problema no se confina a estos grupos. Los mayores
niveles de consumo se han observado asimismo entre trabajadores de
muy alto nivel y cualificación profesional, e incluso entre
profesionales libres.

Características laborales que creemos que potencian el consumo. Son
varias las características del trabajo que han sido identificadas
como factores asociados a este mayor consumo. Estas incluyen la
tensión, la disponibilidad de drogas y de alcohol en el lugar de
trabajo y los períodos largos fuera del ambiente familiar. La



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cuarta encuesta nacional de condiciones de trabajo nos ofrece nuevos
datos sobre el consumo de antidepresivos, tranquilizantes,
estimulantes, relajantes y pastillas para dormir, que de forma
genérica tendemos a denominar psicofármacos. Según dicha encuesta, un
3,1 por ciento de los trabajadores consume este tipo de sustancias,
porcentaje que fue significativamente más elevado en algunas ramas de
actividad como servicios sociales -4,9 por ciento-, administración y
banca -4,3 por ciento- y otros servicios. Respecto a estas
sustancias, se analizó también la asociación entre su consumo y la
presencia de síntomas compatibles con el estrés, reflejándose que el
consumo de psicofármacos sólo fue de un 2,3 por ciento en aquellos
trabajadores que no presentaban síntomas compatibles con estrés, en
tanto que ascendió a un 20 por ciento entre aquellos que sí los
presentaban.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción también ha realizado
diversos estudios y encuestas en los que se analiza la incidencia de
las drogas en el mundo laboral. Los resultados de estos estudios
ponen de manifiesto que el fenómeno de las drogas es una realidad
fuertemente arraigada en las sociedades occidentales en general y en
la española en particular. La superación de este hecho social y de la
problemática que conlleva no es algo fácil y los avances se producen
en el medio plazo. Entre sus conclusiones destaca que, al igual que
en el consumo abusivo del alcohol y de los psicofármacos, se observa
en general un mayor consumo de drogas ilegales entre los trabajadores
en paro. En cuanto a los usos, destaca la disminución en el consumo
de tabaco y de alcohol y el incremento del consumo de psicofármacos,
especialmente tranquilizantes e hipnóticos. Entre las drogas ilegales
cabe destacar el descenso en el consumo del cannabis y de la heroína
y un incremento en el consumo de la cocaína y de las denominadas
drogas de diseño. Evidentemente las causas son diversas y nuevamente
plurales, desde las situaciones personales y familiares hasta las
culturales.

Ante esta realidad, los propios trabajadores proponen
mayoritariamente, yo diría que de manera abrumadora, en un 97,4 por
ciento, la realización de actuaciones en las empresas en una decidida
lucha contra el uso abusivo del alcohol y el consumo de drogas de las
que destacan claramente dos: en primer lugar, la información y
formación de los trabajadores sobre este fenómeno y sus consecuencias
y, en segundo lugar, la orientación hacia centros especializados de
aquellos trabajadores que ya tengan problemas de este tipo. También
se piden servicios de ayuda a los consumidores y a sus familias para
afrontar la situación y, en menor proporción, análisis y chequeos
médicos para la detección y prevención. Sin embargo, sólo el 21 por
ciento de los entrevistados manifiesta que en su empresa se ha
realizado alguna actuación relacionada con la drogodependencia y,
exceptuando la información, no hay correspondencia con lo demandado
por los trabajadores, ya que los más habituales
son los análisis y chequeos médicos. Es obvio que, a la hora
de abordar esta problemática, existe una perspectiva diferente y una
divergencia de intereses entre empresarios y trabajadores, pues
mientras éstos demandan información, asesoramiento y ayudas, aquéllos
desean un mayor control médico. No obstante, de los datos recogidos
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
podemos saber que entre las empresas de 250 o más trabajadores,
prácticamente la mitad, el 49,7 por ciento, han realizado alguna
acción de educación sanitaria en el tema del tabaquismo, casi un 40,
un 39,8, sobre el consumo de alcohol y un 12,8 sobre otras drogas.

Como he puesto de manifiesto con anterioridad, el mejor ámbito de
actuación ante la problemática de la drogodependencia, ya sea en el
ámbito laboral o en general, es el de la prevención. Por tanto, me
referiré a continuación a las actuaciones que se están llevando a
cabo en este sentido desde las administraciones públicas. El Plan
nacional sobre drogas, por el que se aprueba la estrategia sobre
drogas para el período 2000/2008, identifica el ámbito laboral como
uno de los ámbitos prioritarios de actuación preventiva. Entre los
objetivos generales de esta estrategia está -y leo textualmente-
estimular e implementar estrategias preventivas que incluyan
actuaciones informativas, formativas y de modificación de actitudes,
comportamientos y factores de riesgo en la población laboral.

Teniendo en cuenta que los estudios epidemiológicos sitúan el nivel
de consumo de alcohol y tabaco entre los trabajadores por encima de
la media de la población general, se recomienda que las actuaciones
se estructuren en el medio laboral con atención prioritaria a estas
sustancias, aunque sin olvidar el resto. Las actividades de
prevención deberán además priorizar sectores de producción y
colectivos de trabajadores en situación de alto riesgo y también a
aquellos cuyo desempeño laboral pueda suponer un riesgo para
terceros, como por ejemplo conductores de vehículos de servicios
públicos, sanitarios, profesionales de la seguridad, etcétera. En
todo caso, como toda actuación en el medio laboral, resulta necesario
contar con la implicación, o si prefieren complicidad
y participación, de la patronal, de los representantes sindicales y de
los servicios de prevención. A los agentes sociales, empresarios y
sindicatos, les correspondería promover y desarrollar actuaciones
específicamente diseñadas para reducir las consecuencias del uso de
drogas por los trabajadores, especialmente en los lugares de trabajo.


Dichos programas deben incluirse en los programas de seguridad e
higiene de las empresas. Entre las actividades a desarrollar se
encuentran las de información, sensibilización y orientación, así
como facilitar el tratamiento a los trabajadores con problemas
derivados del consumo de drogas, trabajando desde un contexto de
prevención de riesgos laborales y no desde una perspectiva
sancionadora. Asimismo



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se prevén actuaciones de formación y capacitación de mandos y cuadros
con asesoramiento especializado.

Es la propia estrategia aprobada la que dice que corresponde a los
órganos de gobierno y legislativos de las comunidades autónomas la
responsabilidad de establecer acuerdos de colaboración con las
organizaciones sindicales y empresariales, a fin de promover la
prevención de las drogodependencias en el ámbito laboral. Como plazo
se establece el año 2003. Actualmente, la gran mayoría de las
comunidades han suscrito ya acuerdos o pactos sociales y están
desarrollando acciones en el marco de los mismos. Las pautas más
comunes, las propuestas más comunes de dichos estudios, son las
siguientes: que el plan debe ser concreto para cada empresa, que debe
ser consensuado por empresarios, trabajadores y sus representantes y
de carácter participativo; que debe ser voluntario; que debe ser
integral e integrado; que debe considerar todos los tipos de
dependencias y poder ser aplicable al conjunto de la plantilla; que
debe ser confidencial; que los costes no deben repercutir en el
trabajador y no incidir negativamente en la productividad y
competitividad de la empresa.

Los objetivos generales de estos planes deben ser la promoción
integral de la salud del trabajador y mejorar las condiciones de
trabajo, consiguiendo un clima laboral más positivo, con el fin de
modificar los factores de riesgo. Como objetivos específicos se
pueden mencionar sensibilizar e informar a los trabajadores sobre las
consecuencias del consumo de drogas y alcohol, con el fin de prevenir
el consumo; proporcionar información, asesoramiento y en su caso
tratamiento a los trabajadores con problemas de consumo; apoyar
estrategias de reinserción en el puesto de trabajo, la prevención y
la reducción de la siniestralidad y la reducción de determinadas
situaciones de absentismo. Como ya se ha indicado anteriormente,
estos programas deben formar parte de los programas de seguridad e
higiene de las empresas.

Estas líneas de actuación son completamente congruentes
y coincidentes con el código de la gestión del alcohol y las
drogodependencias en el lugar de trabajo de la Organización
Internacional del Trabajo, la OIT, adoptado en 1995, que proporciona
una muy útil guía y un excelente marco para la acción preventiva,
tanto a nivel nacional como de la empresa. Este código define, en
primer lugar, los problemas del alcohol y las drogodependencias como
problemas de salud y establece la necesidad de ocuparse de ellos sin
ninguna discriminación, como cualquier otro problema de salud en el
trabajo. En segundo lugar, propone evaluaciones comunes a realizar
por empresarios, trabajadores y sus representantes de los efectos del
uso del alcohol y la droga en el lugar de trabajo y de su cooperación
en el desarrollo de una política escrita para la empresa. Recomienda,
en tercer lugar, que las políticas sobre alcohol y drogodependencia
en el lugar de trabajo cubran todos los aspectos de la prevención,
integrándose cuando sea posible en un programa más amplio de gestión
de los recursos
humanos, de mejora de las condiciones de trabajo o seguridad y en los
programas ocupacionales de la salud. En cuarto y último lugar,
determina principios éticos que considera vitales para desarrollar
una acción coordinada y eficaz, entre los que se encuentran el
secreto de la información personal y la autoridad del empresario para
sancionar a trabajadores por conducta inadecuada, incluso cuando se
asocie al uso del alcohol y de las drogas. Hasta aquí las
recomendaciones del Plan nacional sobre drogas y de la OIT.

Desde el punto de vista de la prevención, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales está dirigiendo sus actuaciones fundamentalmente
hacia un colectivo tan importante como el de los jóvenes, una doble
prevención, actuaciones preventivas y especialmente hacia quienes
están en condiciones de ingresar en el mercado de trabajo. Así, el
plan de acción global en materia de juventud de 2000/2003, aprobado
en Consejo de Ministros en agosto del pasado año, presta una especial
atención al consumo de alcohol, drogas y tabaco entre los jóvenes,
asociado en la mayoría de los casos con el tiempo de ocio y muy
especialmente intenso durante los fines de semana. Las medidas
previstas van más allá de las campañas de información. Es preciso
también ofrecer alternativas para el tiempo libre y el ocio, lo que
significa poner a disposición de los jóvenes espacios alternativos
apropiados para ellos y adecuados para su utilización en horarios
ininterrumpidos durante los fines de semana. Se contemplan medidas
como la formación de mediadores juveniles para la prevención de las
drogodependencias, bien a través de la realización de cursos o bien a
través de la preparación de materiales de apoyo específico. Contempla
también la promoción de actividades culturales y deportivas, así como
apoyo a jóvenes creadores e investigadores, con el fin de ofrecer
alternativas atractivas y saludables a nuestros jóvenes. Contempla la
habilitación de infraestructuras para tiempo libre y ocio de los
jóvenes con el uso de centros educativos en horario no lectivo o con
los programas municipales para actividades que se desarrollan en
espacios y horarios especialmente pensados para jóvenes y en cuya
programación y desarrollo puedan éstos participar.

Desde el punto de vista de la inserción social y laboral, el Plan
nacional de acción para la inclusión social del Reino de España 2001
a 2003 ha tomado en consideración a dicho colectivo como grupo social
vulnerable. Dicho instrumento constituye un marco idóneo y novedoso
para el trabajo conjunto de administraciones públicas, agentes
sociales y sociedad civil en la lucha contra el fenómeno de exclusión
social. Hay que destacar que ya se hizo en el Plan nacional de acción
para el empleo, considerar colectivo prioritario para las acciones de
inclusión laboral y desde luego de reforzamiento de las políticas
activas al grupo de personas vulnerables, especialmente con un riesgo
generado por la propia existencia de una drogodependencia. En esta
otra



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cara de la moneda, que es el plan de inclusión, o si ustedes lo
prefieren, de lucha contra la exclusión social, vuelve a figurar el
colectivo de drogodependencia como un colectivo de especial atención,
que requiere niveles de intensidad y cualitativos distintos. Habrá
ocasión, supongo, de exponer también que en ese deseo de atender más
y mejor a los grupos más vulnerables, y entre ellos destaca el de
personas con drogodependencia, se han realizado modificaciones en los
contratos individuales de inserción, y más recientemente también en
la propia reforma laboral en su tramitación parlamentaria se ha
mejorado el status de las empresas en las que esta característica sea
una nota significativa e importante.

Junto a este instrumento, además de la permanente colaboración
técnica, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales viene apoyando
la actuación del tercer sector, la implicación que antes hablábamos
de la propia sociedad civil, mediante la concesión de ayudas y
subvenciones para el desarrollo de programas sociales dirigidos
a personas con problemas de drogodependencias, que alcanzaron en el año
2000 prácticamente a 1.100 millones de pesetas, 1.090. Los programas
subvencionados estaban dirigidos principalmente a consolidar la red
de servicios de atención a drogodependientes y actuaciones de
prevención en zonas marginales de alto riesgo. El Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales viene colaborando, de esta forma y a
través de dichas medidas, con esa estrategia triple de impulsar
programas que faciliten a las personas con problemas por el uso de
drogas, en proceso terapéutico o no, su incorporación a la sociedad
en calidad de miembros activos de la misma. Priorizar la prevención
basada en la educación y dirigida de forma destacada a los niños y
jóvenes, para fomentar su capacidad crítica y su maduración emocional
y social. Impulsar la sensibilización de la sociedad y promover la
participación de todas aquellas instituciones privadas, colectivos y
asociaciones que deseen trabajar en este tema.

La importancia de la inclusión laboral como herramienta de lucha
preventiva ha llevado a los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales
y de Interior a promover un protocolo de colaboración, que será
firmado próximamente, para la promoción profesional e inserción
laboral de drogodependientes en rehabilitación. Este protocolo sería
la lógica continuidad de una experiencia positiva, como fue el
anterior protocolo, firmado en 1997, y pretende, partiendo de la base
de actuaciones en territorio denominado Inem, extenderlo a las
comunidades autónomas, previo acuerdo -y entiendo que sí que puede
suscitarse un consenso razonable- en la conferencia sectorial de
asuntos laborales. También con este objetivo de promover la inclusión
laboral de las personas con problemas de drogodependencia, quiero
recordar que la reciente reforma laboral, que actualmente se
encuentra en tramitación parlamentaria como proyecto de ley, ha
ampliado el campo de colectivos que se podrán beneficiar del programa
de fomento de empleo
así como del contrato de formación a trabajadores en situación de
exclusión social, entre los que se encuentran personas con problemas
de drogadicción o alcoholismo en procesos de rehabilitación o
reinserción social. Por otra parte, a través del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo también está previsto firmar en
fechas próximas un acuerdo de colaboración con el Ministerio de
Justicia y el Plan nacional sobre drogas, para desarrollar un
proyecto de investigación sobre alcohol, drogas de abuso y otros
psicofármacos en trabajadores fallecidos en accidentes laborales, con
el objetivo de conocer la presencia de las sustancias mencionadas en
dichos accidentes laborales y adoptar las medidas preventivas a su
alcance para evitar o reducir el número de siniestros por tales
causas.

A nivel europeo, voy concluyendo, quiero hacer especial mención al
programa de acción comunitario: información, educación y formación en
materia de salud, auspiciado por la Comisión Europea, en cuyo seno
nace la red europea de promoción de la salud en el puesto de trabajo
como instrumento idóneo para favorecer intercambio de información,
así como la cooperación, tanto a nivel nacional como internacional.

Dicha red está constituida por 18 oficinas nacionales, coordinadas
por el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional de Dortmund. Los
objetivos de la red consisten en el intercambio de acciones de
promoción de la salud en las empresas europeas. El Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, como oficina española de contacto de
dicha red desarrolla una labor de recogida de experiencias en las
empresas españolas de promoción de la salud.

En conclusión, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se
considera que la naturaleza multicausal de la adicción a las drogas y
su complejidad social requieren de un esfuerzo coordinado, al objeto
de optimizar los recursos que desde distintas esferas se invierten en
la lucha contra la drogodependencia. En este esfuerzo debe participar
activamente la empresa, los propios trabajadores y desde luego la
Administración laboral, sin olvidar las competencias de las
comunidades autónomas, pero en el entendimiento de que se trata de un
fenómeno que no tiene su origen en sentido estricto en el ámbito
laboral, aunque, como decía, sus consecuencias pueden ser muy
importantes en dicho ámbito. En este contexto y en conjunción con
otras acciones extralaborales, la intervención en materia de
prevención de la drogodependencia desde el ámbito laboral requeriría
minimizar la influencia de las condiciones de trabajo, organización
del trabajo, ritmos elevados, horarios, aislamiento, etcétera, en la
adopción de hábitos de consumo de drogas. En ese sentido, la Ley de
prevención de riesgos laborales establece unas estrategias y recursos
para la prevención que tienen como prioridad la evaluación y la
eliminación del riesgo, incluidos los riesgos denominados de índole
psicosocial.




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Al objeto de disminuir la prevalencia del consumo de drogas, cabe
finalmente articular acciones consensuadas bajo el marco de la
relación laboral y negociación colectiva, que favorezcan la
emergencia de hábitos ocultos y respetando, eso sí, los derechos a la
intimidad, a la dignidad y a la no discriminación, dentro de un marco
de garantías de seguridad y salud de terceros trabajadores. La
empresa, como estructura social, tiene un gran potencial en cuanto a
la capacidad de reforzar los procesos de deshabituación y de
reintegración social y laboral. Éste es el papel, que creemos que se
debe reforzar, para lo que se requiere la colaboración e implicación
de todos los agentes ante un problema de semejante envergadura
social.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la diputada doña María Jesús Arrate Varela.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Señor ministro, quiero comenzar dándole las
gracias por la amabilidad que ha tenido usted en comparecer hoy en
esta Comisión a petición del Grupo Parlamentario Socialista; petición
que se ha realizado para que nos informe sobre las actuaciones y
nuevas medidas que su departamento haya proyectado o proyecte adoptar
en materia de control y lucha contra el consumo de droga en el mundo
laboral.

Señor ministro, estamos de acuerdo en que el fenómeno de las drogas
es una lacra social que hay que combatir y hay que combatirla con
medidas políticas, con actuaciones dirigidas a la prevención, a la
rehabilitación y a la reinserción social de las personas afectadas.

Precisamente en esa prevención, rehabilitación y reinserción social
juega un papel fundamental el Ministerio que usted dirige, porque
usted sabe que no se puede soslayar el papel del trabajo y de sus
condiciones cuando se trata de abordar un hecho tan incardinado con
la realidad humana y social de nuestro tiempo, como es la
drogodependencia. Es indudable además que entre el trabajo, como ha
dicho usted, y la toxicomanía existen múltiples relaciones. En primer
lugar, la relación entre el trabajo y el medio ambiente laboral, que
cuando conlleva un componente negativo o de presión psicofísica sobre
el trabajador pueda actuar como un elemento más en el proceso que
desencadena y potencia el consumo de drogas. En segundo lugar, el
consumo, como usted muy bien ha dicho, puede tener repercusiones en
el mundo del trabajo, por ejemplo imposibilitar trabajar regular y
habitualmente, también el absentismo, la inestabilidad o la
incapacidad para desarrollar una actividad laboral. Y, en tercer
lugar, el propio centro de trabajo, que es un ámbito de importancia
considerable para afrontar el problema de la drogodependencia. Por
tanto, esta problemática no puede dejar de preocupar al ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, que lógicamente tiene que tomar posición
ante el fenómeno, atendiendo los distintos aspectos relativos a la
prevención, seguridad, tratamiento y reinserción de estos enfermos. Y
muestra de ese interés es la exposición prolija, exhaustiva y lúcida
que nos acaba de hacer. A pesar de su exposición, tengo que decirle
que el Grupo Parlamentario Socialista tiene algunas inquietudes sobre
la política del Gobierno, sobre la política de su departamento en
concreto en materia de prevención de drogodependencias en el ámbito
laboral. Faltan, a nuestro entender, algunas concreciones. La música
ya la conocemos, pero es como si nos faltaran, por así decirlo,
algunos acordes de la partitura.

Para comenzar, quisiera preguntar al señor ministro por un tema que
ha sacado que es si considera oportuno o no la eliminación del
artículo 54, apartado 2f) del Estatuto de los Trabajadores. Le voy a
explicar. Hace unos cuantos meses, el Partido Popular, a bombo y
platillo, al margen de los sindicatos y de la CEOE e ignorando un
órgano tripartito como es la Comisión Nacional de Prevención, anunció
la propuesta de ley de supresión del alcoholismo o la toxicomanía
habitual como causa de despido. Es cierto que existe un planteamiento
positivo de reconocer el alcoholismo y las drogodependencias como una
cuestión de salud y que, como tal, para un correcto tratamiento de
estos trabajadores se precisa una intervención terapéutica no
punitiva. Pero, señor ministro, dénos su opinión sobre este aspecto y
díganos, en caso de que el Gobierno esté pensando -que parece que
está pensándolo y quiere buscar el consenso- abordar la supresión del
referido artículo, si piensa modificar sólo ese punto o si, por el
contrario, opina que cualquier modificación legislativa que a este
respecto se establezca se ha de realizar con un enfoque amplio y
global que abarque todo el ordenamiento legislativo, incluso vincule
los acuerdos colectivos, porque, según tengo entendido, los agentes
sociales van más en ese sentido y quisiera saber la opinión del
Ministerio.

También queremos preguntar al ministro por el acuerdo firmado entre
el Ministerio del Interior -al que ha hecho referencia y que parece
que se va a prorrogar- y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
que se firmó, como dijo, en mayo de 1997. Repito que, según ha
manifestado, parece ser que ese acuerdo se va a prorrogar. Por tanto,
dado que el punto séptimo de ese acuerdo mandataba la constitución de
una comisión de evaluación, solicitamos al señor ministro, si es tan
amable, informe de esa evaluación, porque cuando se renueva un
acuerdo será porque ha sido positivo y se habrán recogido unos
resultados. Le rogamos que, si no tiene en este momento este dossier,
nos lo envíe a la Comisión o nos lo haga llegar lo antes posible.

Asimismo hemos de preguntarle algo sobre la Comisión nacional de
prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito
laboral. Esta Comisión está presidida, como usted sabe, por el
delegado del Gobierno para el Plan nacional sobre drogas y está
integrada por los



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agentes sociales, por un representante del Ministerio de Sanidad y
por un representante del Ministerio que usted dirige. Pues bien,
nuestra pregunta concreta es cómo es posible que por un lado se
reconozca el papel de la Comisión, sobre todo de los agentes sociales
y, por otro lado, en la estrategia nacional sobre drogas se les deje
al margen de toda estructura. Porque usted sabe que se les ha dejado
al margen de los órganos que han de desarrollar esa estrategia
nacional sobre drogas 2000-2008 a la que usted ha hecho mención.

Pregunto, si no les querían incluir como comisión, cómo es posible
que ni siquiera los agentes sociales, empresarios y trabajadores,
estén representados en el observatorio; porque entonces, señor
ministro, cuáles son realmente las competencias y funciones de la
Comisión nacional de prevención, donde el Ministerio que usted dirige
tiene precisamente un representante.

Tenemos multitud de preguntas. Otra de ellas es cómo cree usted que
se va a garantizar la implicación de los agentes sociales en el
desarrollo de acciones específicas en el ámbito laboral si de la
distribución de créditos entre las comunidades autónomas, en la
partida destinada específicamente a este concepto, que es la número
455, de programas de asistencia y formación en el ámbito laboral, no
existe vinculación alguna ni con las medidas adoptadas en la
estrategia nacional ni con la priorización de acciones desarrolladas
por los propios agentes sociales. Ya puestos a preguntar, nos
gustaría saber qué partida presupuestaria se ha designado en el año
2000 y en el presente año a este concepto 455 y cuál es el desglose
por comunidades autónomas.

La drogodependencia, como usted sabe, señor ministro, constituye una
alteración de la salud del trabajador y precisamente una forma de
prevenir es identificar precozmente a los trabajadores adictos a la
droga, para que, de este modo, la acción realizada sobre ellos sea
más eficaz. Pero si la prevención es esencial la reinserción social y
profesional del toxicómano es fundamental y en este contexto el
empleo adquiere una significación destacada como vía hacia la
normalización de la persona drogodependiente en fase de inserción.

Por tanto, es fundamental fijarse objetivos y a ellos nos vamos a
referir, puesto que usted lo ha hecho, porque la estrategia nacional
sobre drogas es precisamente el marco donde están encuadrados los
objetivos a conseguir desde el año 2000 al 2008. Dado que ya han
pasado dos presupuestos generales del Estado, le pregunto qué
intervenciones se han estructurado y qué programas preventivos se han
llevado a cabo en el medio laboral dirigidos a la prevención tanto de
las sustancias institucionalizadas, alcohol y tabaco, como de otras
sustancias; qué programas se han abordado en estos dos últimos años,
2000 y 2001, con la participación de patronales, representantes
sindicales y servicios de prevención; qué programas laborales se han
realizado para prevenir y erradicar el abuso de drogas. Lo que
solicitamos son datos y números concretos.

En la estrategia nacional sobre drogas se fija como objetivo, que en
el año 2003, el 100 por ciento de los planes autonómicos sobre drogas
habrán establecido acuerdos de colaboración con las organizaciones
sindicales y empresariales, a fin de promover la prevención de las
drogodependencias en el ámbito laboral. Sabemos que, en el año 1998,
doce de los diecinueve planes autonómicos sobre drogas desarrollaban
programas de prevención en el ámbito laboral y once de ellas lo
hacían en colaboración con organizaciones sindicales y empresariales.


Esto era en el año 1998. ¿Podría decirnos cómo está la situación en
el presente año? En la estrategia nacional también se señala el año
2003 como año en el que se habrán identificado los sectores de
población -ha tocado usted el tema- más vulnerables en el ámbito
laboral y se habrán diseñado instrumentos de prevención adecuados a
estos grupos destinatarios. La consecución de este objetivo, señor
ministro, depende de la definición de criterios y del desarrollo de
instrumentos de evaluación de niveles de riegos. Usted sabe que una
cuestión sumamente polémica es la relativa a la realización a los
trabajadores de las pruebas analíticas para determinar presencia de
drogas en los fluidos orgánicos. Sin embargo, es sabido también que
la identificación precoz del drogadicto, como muy bien ha dicho,
constituye un factor importante en el tratamiento y la reinserción.

Por tanto, señor ministro, le pregunto si por casualidad tienen
ustedes pensado regularlo legalmente o si piensan buscar fórmulas
para evitar la colisión del derecho a la intimidad del trabajador con
el derecho de las empresas a verificar previamente la cualificación
psicofísica de los trabajadores que pretenden contratar. Nos gustaría
que fuese concreto sobre qué planes de reinserción laboral, de
estímulo a la contratación de estas personas, están concebidos por su
Ministerio y por el Instituto Nacional de Empleo, como órgano
tutelado por su propio Ministerio, sobre todo en el ámbito de la
formación profesional.

Ha hablado usted de los planes formativos para el colectivo de
personas jóvenes, pero queríamos escuchar números, concreciones
específicas respecto a planes formativos sobre el colectivo de
personas jóvenes, que además padecen problemas de toxicomanías.

Desearíamos saber, además, si existe alguna previsión por parte de su
Ministerio en cuanto a la formación profesional de la población
toxicómana penitenciaria. Tendría que superar, como usted sabe, una
triple marginación: la de ser una población mayoritariamente juvenil,
la de ser una población toxicómana y la de haber pasado por la
cárcel, con todas las connotaciones que, a efectos de su penetración
en el mercado de trabajo, esto supone posteriormente.

Hay otro problema que nos preocupa sobremanera, también lo ha tocado
usted, que es el de la siniestralidad laboral que el alcoholismo, las
toxicomanías, están provocando en nuestras empresas. Este es un
problema



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social y económico realmente grave. La siniestralidad genera un
problema de salud importante y tiene además unos graves efectos
económicos. Y lejos de disminuir, como usted sabe, este problema va
en aumento. Nos gustaría por tanto que nos concretase qué medidas
concretas tiene pensado poner en marcha desde su Ministerio para
paliar este problema. También quisiéramos saber qué tipo de contactos
y cuántos ha tenido usted, si es que los ha tenido, con los
interlocutores sociales para tratar este tipo de cuestiones y hasta
qué punto su Ministerio está dispuesto a implicarse en la actuación
de los interlocutores sociales.

Sigo haciendo preguntas, señor ministro, porque tenemos todo en el
tintero. Quisiéramos conocer su opinión en relación con la
posibilidad de introducir un salario social para aquellas familias
que tengan en su seno un toxicómano, entendiendo que ese salario
social sería una subvención a la familia destinada a sufragar, en
todo o en parte, el tratamiento deshabituador. ¿No podría estudiarse
la posibilidad, en el ámbito de la Seguridad Social, de algún tipo de
servicio social que pueda ayudar a estas unidades familiares que
tengan en su seno a personas de estas condiciones?
Para ir terminando, queremos hacerle unas preguntas concretas. Por
ejemplo, ¿qué presupuesto tiene su Ministerio para hacer frente a la
problemática de la reinserción laboral? Presupuesto, señor ministro,
estamos hablando de pesetas, de dinero. ¿Qué iniciativas legislativas
van a emprender o han emprendido en materia de control de
toxicomanías en sectores laborales considerados de alto riesgo y que
lógicamente afectan a la seguridad de los ciudadanos, tales como
controladores aéreos, pilotos, conductores de servicios públicos,
manipuladores de sustancias nocivas o peligrosas, empleados de
empresas nacionales de seguridad, etcétera? ¿Podría decirnos, señor
ministro, qué vinculación cuantitativa y cualitativa existe entre la
siniestralidad laboral y el drogoconsumo? ¿Qué estudios concretos se
han realizado o realiza el Ministerio, el suyo, al respecto y qué
costos tienen esos hechos? ¿Qué relación cuantitativa y cualitativa
hay entre el paro y las toxicomanías? ¿Qué iniciativas concretas ha
iniciado su Ministerio al respecto y con qué resultados? ¿Cómo aborda
-repito- su departamento la problemática de aquellos jubilados,
pensionistas o viudas que dependen de una pensión de viudedad o
jubilación que, como usted sabe, son generalmente bajas, con un
drogodependiente dentro de la esfera familiar y económica?
Existe, señor ministro, una gran dificultad para que nuestros jóvenes
puedan encontrar un trabajo, y para que sean estables la dificultad
es doble; pero los ex toxicómanos, señor ministro, generalmente no
cuentan con medios de vida adecuados que contribuyan a su
reinserción. ¿Qué iniciativas concretas desarrolla su departamento
para paliar este problema con cargo a los presupuestos?
Nada más. Esperamos que esta no sea su primera y última visita.

Contamos con nuevas comparecencias. Seguro que se nos han quedado más
preguntas en la cabeza y tendremos ocasión en posteriores
comparecencias de poder formulárselas. Espero que sea concreto en la
contestación a las preguntas que le he hecho, que no me hable de se
hará, se formulará, se hará en tal plan, sino que diga concretamente
qué es lo que ha hecho su departamento, números y presupuesto.




Nada más, le damos las gracias y hasta la próxima.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de
Progrés tiene la palabra el senador don Joan Sabaté.




El señor SABATÉ BORRÀS: Señor ministro, antes que nada, quiero
agradecerle su comparecencia ante esta Comisión para hablar sobre las
actuaciones que está haciendo su Ministerio en el campo que nos
ocupa, que es el estudio de las drogas. Estamos de acuerdo, sin duda,
como pasa a menudo en estos casos, en los grandes principios
orientadores de la actuación de su Ministerio y en las intenciones,
así como en valorar la empresa como el ámbito donde debe producirse
una actuación importante y también en que las acciones
fundamentalmente deben ser información, formación y orientación en la
medida de lo posible hacia centros especializados. Pero tenemos la
impresión, señor ministro, de que en un campo como éste, que
podríamos definirlo como un problema transversal en la medida en que
afecta a infinidad de instituciones, en el que pueden producirse
muchos programas, estos difícilmente se coordinan de una manera
eficaz, y nos queda la duda sobre todo del impacto. Usted ha dado
algunas cifras porcentuales de trabajadores afectados en grandes
empresas, pero seguimos teniendo la impresión de que, en realidad, la
mayor parte de la población laboral sigue estando al margen de este
tipo de programas.

Insistiría también en lo que planteaba la portavoz del Grupo
Socialista en el sentido de que nos gustaría saber qué tipo de
programas se han hecho en colaboración con las organizaciones
empresariales y los sindicatos. Mi pregunta concreta es qué tipo de
colaboración se establece con los gobiernos de las comunidades
autónomas porque en estas actuaciones es fácil que se produzcan
duplicidades, ya que distintas instituciones, como he dicho antes,
actúan pero al final, en realidad, los programas concretos que llegan
a la población son escasos.

Una última pregunta. Concretamente hablaba usted de un partida de
1.100 millones de pesetas para ayudas a personas con problemas y a
familias. ¿Con qué criterios se produce la distribución de este tipo
de ayudas a la población laboral afectada?



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergencia y
Unión tiene la palabra la diputada doña Zoila Riera.




La señora RIERA I BEN: Señor ministro, en nombre del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero darle la
bienvenida a esta Comisión.

Usted ha iniciado su intervención diciéndonos que venía a esta
Comisión a compartir una serie de reflexiones. Me ha gustado esta
expresión y con ese mismo ánimo yo también hago mi intervención en
nombre de mi grupo, queriendo compartir inquietudes con usted, que es
el máximo responsable del Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales.


Al hilo de su intervención, señor ministro, me ha parecido observar
hoy -e intento decírselo con el mejor tono- como si en su persona
hubiese una división entre el ministro de Trabajo y el ministro de
Asuntos Sociales. El ministro de Asuntos Sociales tiene un programa
muy claro (que al hilo de lo que usted ha expuesto nosotros
compartimos) de que las toxicomanías, las personas que tienen esta
dependencia son enfermos y como tales deben ser tratados, existiendo
un reto al que no podemos sustraernos y al que el Gobierno quiere
comprometerse como es actuar en el ámbito de la educación para poder
prevenir, porque es la mejor forma de evitar daños y consecuencias
que nadie deseamos. Después el ministro de Asuntos Sociales nos
hilvana una serie de propuestas que tienen un hilo conductor, como es
la prevención y la reinserción para aquellas personas que están
sujetas a toxicomanías. Además usted nos ha ilustrado con una serie
de valoraciones que ponen de relieve, por ejemplo, que las personas
que están en paro sufren mayores índices de toxicomanías. Además ha
dicho usted textualmente -así lo he anotado- que han detectado que
principalmente son consumidores de sustancias psicotrópicas. También
nos comenta que hay unos sectores laborales en los que detectan el
mayor índice de consumo y, curiosamente, los extremos una vez más se
tocan. Usted ha comentado que los índices superiores de dependencias
de sustancias tóxicas se da en profesiones laborales calificadas de
altas, como pueden ser profesiones independientes, profesionales
altamente cualificados, y también en los sectores menor cualificados
con trabajos más precarios y, evidentemente, menos remunerados. Sigue
usted hilvanando estas reflexiones y nos expresa la voluntad de su
Ministerio de buscar el consenso, la complicidad de los trabajadores
y de los empresarios para poder actuar en el sentido de la
prevención, de la educación y de la reinserción.

Le pregunto, no al ministro de Asuntos Sociales, sino al ministro de
Trabajo: al hilo de lo que usted expone, ¿no cree que sería necesario
que el Gobierno impulsara una reforma legislativa del Estatuto de los
Trabajadores? ¿No es una contradicción flagrante que, mientras el
ministro de Asuntos Sociales tenga tan claro que estar en el paro
equivale a un mayor índice de
problemáticas de drogodependencia, el ministro de Trabajo, el mismo
Ministerio, el mismo responsable no tenga muy claro la necesidad de
impulsar la reforma laboral para que no aboquemos a un círculo
vicioso a estas personas que detectan estas patologías y estas
enfermedades? Ha manifestado usted que en el ámbito de la empresa se
da un conflicto de intereses -me parece que usted ha dicho- entre lo
que desean los trabajadores y lo que desean los empresarios; usted ha
dicho que los empresarios por medidas de control sanitario y los
trabajadores por programas de información y de prevención. ¿No es
necesario que el ministro de Trabajo -pregunto- con la convicción y
con la responsabilidad que le impone ser también el ministro de
Asuntos Sociales, haga todo lo necesario para convencer a los
empresarios de que es necesaria esta reforma laboral, de que la vía
de la penalización no sólo no arregla el problema, no trata a las
personas con estas patologías como enfermos, tal como usted mismo
reconoce, sino que simplemente lo que hace es penalizarles y
abocarles a un círculo vicioso donde la penalización prácticamente
sólo les llevará a una mayor exclusión?
Insisto, señor ministro, en que usted ha dicho que venía hoy a
compartir reflexiones y en nombre de mi grupo yo también quiero
compartir estas cuestiones que nos preocupan; además estoy convencida
de que no sólo preocupan a mi grupo. Mi intervención es coincidente
con buena parte de lo expuesto por la portavoz del Grupo Socialista y
me atrevo a presumir que probablemente esa inquietud sea compartida
de forma transversal por todos los grupos e incluso por el que usted
representa, que apoya al Gobierno, por el Grupo Popular. Pero usted
es la máxima autoridad, usted es el ministro y su discurso es
aparentemente contradictorio con la voluntad política de lo que como
ministro de Asuntos Sociales tiene a bien defender. Esa contradicción
que nosotros creemos ver y que constatamos en cuanto a lo que puede
ser su responsabilidad en el Ministerio de Trabajo nos parece que es
un tema de calado y de trascendencia tan importante para que
escuchemos, en nombre del Gobierno y bajo la responsabilidad de su
Ministerio, posibles soluciones o apuestas del Gobierno para empezar
a actuar de manera frontal contra esa contradicción que nosotros
apreciamos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra don Jesús Manuel Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor ministro, por su
comparecencia y por sus explicaciones. Una primera coincidencia con
la portavoz del Grupo Socialista es que me ha parecido, como a ella,
que su intervención ha sido prolija, exhaustiva y lúcida; sobre todo
lúcida, porque usted ha partido de una premisa básica, y es que
estamos ante un problema que hay que abordar desde una perspectiva
global, no desde



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la estrictamente laboral sino también desde la de la educación, de la
sanidad, etcétera. Así, el Gobierno tiene un órgano específico, el
Plan Nacional sobre Drogas, que es quien dirige e impulsa la política
del Gobierno en esta materia y quien ha diseñado la estrategia
nacional sobre drogas; estrategia que vincula y que afecta a las
acciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desde la perspectiva puramente laboral, yo coincido plenamente con
usted en que uno de los ámbitos para luchar contra esta lacra social
es en el mundo laboral, pero una cosa son las intenciones de los
grupos parlamentarios o del propio ministro y otra es la realidad
social con la que nos encontramos. No es lo mismo abordar los
problemas laborales de la adicción a las drogas, sean legales o
ilegales, desde una gran empresa que desde una pequeña empresa, desde
la microempresa de un autónomo o desde una gran empresa eléctrica. En
este país hay empresas que cuentan con planes de prevención, planes
de reinserción, planes de rehabilitación, que colaboran con
organizaciones de afectados dentro de sus propios trabajadores, que
pueden llevar a cabo acciones con los sindicatos y otras que lo
tienen muy complicado, que tienen que acudir a las grandes
organizaciones, y en las que el tratamiento no puede ser el mismo.

Por ello, el Ministerio de Trabajo tiene que moverse en el ámbito del
estímulo y de la puesta a disposición de los agentes sociales de los
mecanismos necesarios para luchar contra este problema.

Yo recojo sus explicaciones acerca de los convenios con el Ministerio
de Justicia y el Plan nacional sobre droga para el estudio de los
accidentes de trabajo, un tema importantísimo que en estos momentos
constituye un debate abierto en la sociedad. Efectivamente, las
toxicomanías tienen una importante incidencia en la siniestralidad
laboral como la tienen en otros ámbitos, pensemos en los accidentes
de tráfico puesto que la droga no sólo afecta al mundo laboral sino a
toda la sociedad.

En estos momentos se encuentra en trámite parlamentario en el Senado
la reforma laboral y, mediante una enmienda, se va a rebajar el
límite de edad para el contrato de fomento de empleo dirigido a
personas toxicómanas en proceso de desintoxicación. También están las
ayudas a las ONG, con 1.090 millones destinados por los presupuestos
el año pasado para trabajar en estos ámbitos.

Recogiendo la intervención de algunos portavoces que han dicho que la
mayor parte de la población laboral está al margen de los programas,
afortunadamente la mayoría de la población laboral está al margen del
problema de la drogadicción. Soy consciente de la importancia que
empresarios y sindicatos están dando al trabajo que se está
desarrollando en este aspecto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Señor presidente, señorías, no seré yo quien, a pesar de llevar
bastantes años como parlamentario, diga cuál es el formato más
adecuado según la información que demanda o requiere cada diputado.

Yo lamento no haber podido ser tan exhaustivo como el catálogo de
preguntas que se me ha formulado a posteriori puesto que mi
intervención se ha atenido al criterio de redacción de la propia
solicitud de comparecencia. Naturalmente, de haber conocido cuáles
eran las materias que requerían mayor intensidad o mayor calidad de
información sin duda ninguna lo hubiese hecho, al igual que sabe S.S.


que si recurre a otros mecanismos de obtención de información lo
tiene a su disposición. En consecuencia, existe una imposibilidad
metafísica de responder a un catálogo de preguntas, que desconocía no
solamente por su largo recorrido sino por el nivel de precisión que
me piden. Están a su disposición los instrumentos ordinarios y
naturalmente el mejor ánimo por parte del Gobierno para hacerle
llegar cuanta información desee. Lo que sí me gustaría, desde esa
perspectiva de carácter general, es hacer tres o cuatro precisiones.


De la primera intervención de la señora Varela podría concluirse que
estamos ante un problema reciente de la sociedad española y que la
dirección del Plan nacional de lucha contra la droga compete al
Ministerio de Trabajo. Al respecto debo decirle que está
magníficamente dirigido y coordinado por otro departamento y por una
persona en este caso que actúa como responsable de la ejecución de
dicho plan, y también podría pensarse que en estos últimos años no se
han producido avances significativos en la línea de consenso respecto
al tratamiento de las drogodependencias. Y naturalmente -con ello
también incido en otras intervenciones- no sufro ningún problema de
desdoblamiento de personalidad en mi doble condición de ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales porque, entre otras cosas, tengo la
absoluta convicción de que el hecho de que hayamos sido capaces de
progresar en empleo y en calidad del empleo también ha sido
determinante en el hecho de que pase a un segundo plano entre las
preocupaciones de los españoles el problema de la droga; dicho de
otra manera, no tengo duda de que cuando hay más empleo y de mejor
calidad también hay menores riesgos de caer en la drogadicción y, por
otro lado, mejores recursos para insertar laboralmente a quienes
tienen estos problemas. Tampoco podemos ignorar que la creación de
empleo como el que nos demanda estos grupos de reinserción es aún más
difícil en contextos de recesión del empleo o en contextos de
debilidad económica. Luego, si me lo permiten (y con eso quizá resumo
algunas otras intervenciones), las políticas de empleo, sobre todo si
saben combinar cantidad y calidad, sin duda ninguna son preventivas
y paliativas de los efectos de la drogadicción. Repito que sí es
perfectible el artículo 54.2 f) del estatuto



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porque no creo que la drogadicción o el alcoholismo sean por sí mismo
una causa disciplinaria, aunque sí algunos de los efectos producidos.


En consecuencia, este tipo de matices (si como espero somos capaces
de obtener por la vía del consenso una mejora de redacción que
facilite incluso las labores que antes citaba), deseables por el
conjunto de la sociedad de reinserción y rehabilitación laboral,
sería adecuado. Vamos a intentar agotar el camino del consenso en
este proyecto.

En esa misma dirección me dirá que hay una debilidad estadística a
veces importante, y debo reconocer que así es. Hay debilidad
estadística porque, entre otras cosas, siempre podemos estar sujetos
a curiosas discusiones sobre quién debe prestar los servicios
sociales, cómo han de prestarse o cómo han de realizarse incluso los
seguimientos estadísticos de la prestación de los servicios sociales.


Lo digo desde el más absoluto respeto y convicción del título VIII de
la Constitución. Cuando a veces nos preguntan por ciertos niveles de
identificación y precisión de personas en situación de riesgo de
drogadicción, muchas veces no es posible su conocimiento por parte de
las oficinas de empleo, sino solamente a través de las distintas
administraciones que prestan, y muy bien, los servicios sociales.

Nuevamente, el problema de la preservación de la intimidad dificulta
el conocimiento exhaustivo. Por eso todos podemos coincidir en la
necesidad de mejorar este tipo de instrumentos de conocimiento
estadístico de la realidad, igual que en muchas ocasiones tampoco
pedimos a las organizaciones no gubernamentales que nos desglosen
hasta ese nivel de precisión cuáles son las acciones que dentro del
mundo de ayuda a la drogadicción, que dentro de la ayuda a las
familias con problemas de drogodependientes aplican específicamente
al área estrictamente laboral o a una vertiente de la dimensión
laboral, como podría ser la acción de orientación, la de curso o la
compensatoria. Estamos ante una evidente debilidad, pero -insisto-
una debilidad en la que o todos somos partícipes o ninguno somos
responsables. Para resolver estas cuestiones se ha puesto en marcha
el Plan de inclusión, que va a dar respuesta a muchas de las
cuestiones que suscita S.S. Porque no se trata solamente de catalogar
las acciones, sino de hacer esa evaluación continua y constante que
usted demandaba. Pero esto sólo va a ser posible una vez que avance
el desarrollo de este Plan de inclusión. Aquí no caben reproches
continuos porque la Unión Europea está elaborando ahora su primer
Plan de inclusión. Muchas de las preguntas que formulaba tendrán
respuesta cuando en los mecanismos ya previstos de evaluación de
estos planes seamos capaces de engranar los datos que vayan aportando
las distintas administraciones implicadas.

Me preguntaba si creía que los agentes sociales están implicados en
esta cuestión. Yo no he tenido ocasión (se lo digo con toda
franqueza) de mantener una reunión sólo para esta cuestión con los
agentes sociales. Vaya por delante que no ha habido una reunión
específica, de las características que usted señalaba, pero no es
menos cierto que en todos los textos que el Gobierno ha remitido, ha
consultado a los agentes sociales en relación tanto con el Plan
nacional de acción para el empleo como en el Plan de inclusión, y ha
habido capítulos concretos, bien detallados y bien pormenorizados, de
las acciones que específicamente se dirigen a los grupos vulnerables,
y entre ellos singularmente dos de los que citaba, alguno por doble
condición, población sujeta a régimen penitenciario y población
drogodependiente. Vuelvo a insistir en que eso no se me ocurrirá
nunca interpretarlo como una falta de sensibilidad o de interés por
parte de los agentes sociales ni por parte del Gobierno. Tal vez haya
que tener en cuenta suscitar reuniones específicas, pero mientras
estos temas estén presentes con la intensidad que lo están en las
lecturas transversales que se realizan de los distintos documentos
del Gobierno no es tan inquietante. Permítame que lo vincule con las
acciones de empleo que deben estar presentes también frente a otros
grupos vulnerables.

Recordará que en el Plan de violencia doméstica, dado que
consideramos que también es causa de pérdida de la autonomía y de la
autoestima personal, hicimos mucho hincapié en la necesidad de
acciones de empleo dirigidas. ¿En qué se materializa esto? En los
criterios de prioridad, acceso a las acciones formativas y de
inserción tanto en escuela taller, casas de oficio, como también en
la prioridad que usted verá establecida para el acceso a políticas
activas en el Plan nacional de acción para el empleo. Tratamos de no
singularizar en muchas ocasiones, precisamente para no tener que
pedir por funcionario no adecuado información referente a la
condición psicosanitaria de esa persona o de ese parado. Sepa que si
alguna institución promueve casas talleres o escuelas de oficios
dirigidas a este tipo de colectivos está teniendo prioridad absoluta
y esto se puede acreditar. No tenemos ningún inconveniente en hacerle
llegar las acciones que a ese respecto se han desarrollado en los
últimos años; igual que debo decirle que el que en este momento no se
haya renovado el convenio de colaboración con el Ministerio del
Interior para la mejor concreción de algunos proyectos de atención
a las personas con drogodependencia y con problemas laborales no
significa que no estemos haciendo una aportación anual de en torno a
los 5.000 puestos en escuelas taller, casas de oficios y en talleres
para este tipo de personas. Eso no significa que no se esté actuando.


Estoy deseoso de firmar ese convenio, porque siempre perfecciona los
instrumentos de cooperación entre departamentos, pero no significa
que haya un vacío. Ese vacío estaría hoy suplido tanto por el Plan
nacional de acción para el empleo como por el propio Plan de
inclusión. Deseo que se establezca porque facilita el trabajo de
terceros, especialmente de las organizaciones no gubernamentales, a
las que -insisto- desde el ámbito que yo puedo responder, que es el
del



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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se han dedicado, bien por
ayudas, bien por subvenciones, 1.090 millones de pesetas en el pasado
ejercicio para acciones orientadas a personas con problemas de
drogadicción, drogodependencia, y naturalmente con dimensión laboral,
porque esta es una de las claves.

Dando respuesta a otra cuestión de carácter general en la que me
preguntaba cómo son las relaciones con las comunidades autónomas, le
diré que son de la única forma que pueden ser, desde la cooperación y
desde la lealtad institucional. Yo no puedo conminar ni obligar a las
comunidades autónomas a que realicen acciones que considero
positivas. Puedo proponerles acciones positivas, en este caso
acciones que contaron con un alto nivel de consenso. Me preguntaba
por los acuerdos sociales en materia de lucha contra la drogadicción
o paliativos de los efectos laborales de la drogadicción. Me decía
que son 16, lamento que no sean más en algunos casos, pero tampoco
puedo tener una posición coactiva. No sé si su grupo es partidario de
esa acción; yo, sinceramente, le digo que no cabe otra que no sea el
recordatorio y la puesta a disposición de la colaboración que debe
llevarse a cabo desde el propio Gobierno de la nación.

Vuelvo a insistirle en que quien haga una lectura de los documentos
esenciales del Ministerio de Trabajo (Plan de acción para el empleo,
Plan de lucha contra la exclusión, Plan de inclusión) verá claramente
que figura como prioridad inequívoca la atención a grupos vulnerables
y la detección dentro de ellos de estas áreas. Quien lea el Plan de
juventud verá también que una orientación clara es evitar el problema
precisamente entre la población que consideramos de riesgo, como es
la gente joven, que antes o después podría tener estas dificultades,
realizando acciones en esa línea de ocio saludable, de divulgación,
de cooperación con otras administraciones, porque no puede olvidar
que las competencias de juventud están también sustancialmente en
manos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Será bueno que seamos capaces de explicárselo a la sociedad, como
hemos sabido hacerlo en el caso de los accidentes o de la
siniestralidad derivada de los automóviles; por cierto, también los
accidentes in itinere representan aproximadamente el 50 por ciento
más, incluso el 50 por ciento de la siniestralidad laboral total
española, especialmente con resultado de muerte o de accidente grave.


De la misma manera que la sociedad acepta y entiende que las drogas y
el alcohol están detrás de muchos accidentes de tráfico, también
queremos que entienda y comprenda y le mueva a la acción el que puede
haber estos mismos orígenes causales cuando hablamos de
siniestralidad laboral. Eso hay que hacerlo con ese ánimo no con
ningún otro. No se trata tampoco, como tantas veces se ha dicho, de
desandar el camino de considerar las drogadicciones como
enfermedades, nadie lo pretende. Le puedo garantizar que ni
el grupo al que me honro pertenecer ni este Gobierno en modo alguno
pretenden desandar el camino que se ha recorrido. Es bueno que la
sociedad tenga plena conciencia de la dimensión de los problemas.

Sería deseable -lo digo sin ningún reproche- que muchas de estas
series estadísticas estuviesen ya en funcionamiento. Desgraciadamente
no ha sido posible, y no porque estemos haciendo ningún tipo de
recriminación a nadie; estamos intentando construir esas series, por
eso le hablaba antes de un convenio con el Ministerio de Justicia,
con el Ministerio del Interior (en este caso con el Comisariado del
Plan contra la droga) y con el Ministerio de Trabajo, para tener
mejores elementos de juicio a la hora de determinar la etiología de
muchos accidentes laborales y su relación o correlación con las
drogas y con el alcohol.

Hay una cuestión que no me gustaría olvidar, que es de carácter muy
general, que se suscitó cuando se habló del Plan de inclusión: si los
llamados (en mi opinión inadecuadamente) salarios sociales, esto es,
las ayudas que algunas comunidades autónomas consideran que deben dar
a grupos de especial dificultad o de especial riesgo, deben ser ahora
ya subsumidas por el Estado. Dicho de otra manera, yo he oído el
discurso de que la fijación de determinadas ayudas fuera del marco de
las pensiones no contributivas era una competencia inequívoca de las
comunidades autónomas, y estaban ejerciendo su plena y absoluta
autonomía. De hecho no ha habido tampoco mayores contestaciones desde
el Tribunal Constitucional ni desde otras instancias. Sólo ahora que
parece que se evidencian problemas de falta de homogeneidad o de
falta de financiación -por qué no decirlo- en estas prestaciones se
plantea que esto deba ser integrado o subsumido por la Seguridad
Social. Me parece una cuestión de suficiente complejidad conceptual y
económica para que se haga de una manera mucho más reflexiva, con un
debate mucho más tranquilo sobre si esa es la solución correcta a los
excesos o defectos que puedan haberse producido por parte de las
comunidades autónomas a la hora de adoptar este tipo de posiciones,
de establecer determinadas pensiones, salarios, ayudas -ponga usted
el nombre que quiera- para determinados grupos y colectivos. Que
conste que lo digo desde mi más absoluto interés y afecto hacia las
familias que tienen esta dificultad.

Ha señalado el caso concreto de las pensiones de viudedad. Si algún
tipo de pensión ha tenido una subida muy por encima de cualquier
coste del IPC, si precisamente se ha empezado a distinguir otro
criterio distinto al que fuese el de puramente el de la edad, ha sido
la existencia de cargas familiares o responsabilidades familiares en
las pensiones mínimas de viudedad. No dudo de que pueda haber todavía
un nivel de insuficiencia, pero no es menos cierto que su situación
es comparativamente mucho mejor que lo que podría ser hace
escasamente tres o cuatro años.




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Insisto en que nuestra política no puede ser sino una política de
cooperación leal con las comunidades autónomas. No se me ocurre otro
escenario cuando hay que conjugar o cuando hay que mover recursos
sociales, recursos sanitarios y, también, recursos asistenciales en
manos de los ayuntamientos. Vuelvo a insistir, no hay, y espero que
no sea tesis a defender, capacidades coactivas a corto plazo.

He tratado de dar respuesta a la intervención sobre esa doble
dimensión, que comprendo que a veces es un equilibrio difícil entre
lo que son las políticas estrictamente laborales y lo que son las
políticas asistenciales. Como antes le decía, estoy convencido de que
el hecho de que el empleo haya tenido una evolución favorable en
estos últimos años, tanto en cantidad como en calidad, ha permitido
aumentar el tipo de empleo que necesitan estos colectivos, y también
debo decir con toda rotundidad que ha habido un esfuerzo de mejora
del propio marco normativo. Tal vez en el Estatuto de los
Trabajadores no encontremos todavía la perfección a la hora de
abordar las drogadicciones, pero no es menos cierto que si hablamos
de inserción estamos hablando de unos fuertes incentivos individuales
en los contratos de inserción y estoy seguro, después de su paso por
el Senado, también de una mejora de las posibilidades de organización
colectiva de la inserción, en las denominadas fórmulas de empresas de
inserción. Creo que el patrón por el que se va a optar es la
presencia estable y habitual de un 35 por ciento de trabajadores de
estas características, para que estas empresas también puedan,
lógicamente, progresar y mejorar su marco de rehabilitación y de
inserción laboral.

Finalmente, agradezco al representante del Grupo Popular el nivel de
sintonía, el nivel de comprensión con esta información, a sabiendas
de que es un grupo que, como el resto de grupos de la Cámara, es
reivindicativo y si se quiere beligerante a la hora de seguir
produciendo -todos debemos ser conscientes de ello- mejoras en la
atención a las drogodependencias. Lamento que no me haya sido posible
facilitar alguna de las informaciones pormenorizadas y exhaustivas,
pero están a su disposición a través de los cauces que el Reglamento
y el sentido común prevén.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere intervenir?
Tiene la palabra la señora Varela. Con brevedad, por favor.




La señora VARELA VÁZQUEZ: No sé de dónde ha sacado el señor ministro
la primera valoración de mi intervención en el sentido de que
considero que todo el tema de las drogas es nuevo. (El señor ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez, hace signos
negativos.) Eso es lo que yo he recogido. Tengo que decirle que estoy
en esta Comisión desde la anterior legislatura y que llevo trabajando
en el tema de las
drogas muchísimos años. Gracias a Dios lo conozco bastante bien.

Desde la universidad del País Vasco he realizado trabajos con el
profesor Amando de la Vega para el Gobierno vasco.

Le he preguntado por el salario social porque quería saber la opinión
que tiene ahora el Gobierno o el Partido Popular cuando gobierna,
porque da la casualidad que ustedes solicitaban ese salario social
cuando estaban en la oposición, en el año 1994, al que entonces era
ministro de Trabajo, el señor Martínez Noval. (La señora Alberdi
Alonso: En el año 1994 el ministro era Griñán.) Ya me ha quedado
claro. Sólo quería hacerle estas reflexiones. Lo que le he planteado
no era nada nuevo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), tiene la palabra doña Zoila Riera.




La señora RIERA I BEN: Le agradezco su respuesta y sus comentarios,
señor ministro, pero yo le he formulado una pregunta concreta, que me
parece que usted no ha respondido. En virtud de la aparente
contradicción entre lo que se visualiza desde el Ministerio de
Asuntos Sociales y la voluntad política que tiene el Ministerio de
favorecer programas de inserción laboral y de crear lugares de
trabajo para las personas con problemas de toxicomanías, yo le
preguntaba si, como ministro de Trabajo, piensa impulsar la reforma
del Estatuto de los Trabajadores para evitar caer en el círculo
vicioso de que el ministro de Asuntos Sociales cree nuevos lugares de
trabajo y que el ministro de Trabajo le dé excesivo trabajo al
ministro de Asuntos Sociales; si no, lo que arregla por un lado lo
desaguisa por el otro. Es una pregunta muy concreta que usted puede
contestarme con toda brevedad, si así lo desea.




El señor PRESIDENTE: Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Yo
trato de ser cuidadoso con las palabras y he dicho que no quisiera
que la interpretación que se diese de este tema fuera como un tema
nuevo o como un tema que acaba de surgir en la sociedad española. Y
es mi interpretación, que no haya ninguna duda.

En segundo lugar, no sé a qué foro se ha remitido la señora diputada
cuando hablaba del año 1994, porque en aquellos años quien hablaba en
nombre del Partido Popular, al menos en este foro, en el Congreso de
los Diputados, es quien le habla en este momento como ministro de
Trabajo y le garantizo que esa posición nunca fue defendida, al menos
en esta Cámara, y se lo digo de primera mano.

En último lugar, pienso que la redacción del Estatuto de los
Trabajadores es perfectible y que debe ser impulsada.




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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su brillante
y exhaustiva declaración.

Suspendemos la sesión durante cinco minutos. (Pausa.)



PROPOSICIONES NO DE LEY



- RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA «WEB» DEL
PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS, DIRIGIDA A LA GENTE JOVEN. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso
161/000716 y número expediente Senado 663/000018.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto siguiente, que es
debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley, relativa
a la ampliación de los contenidos de la página web del Plan nacional
sobre drogas, dirigida a la gente joven.

No se procederá a votar antes de las dos menos diez.

En primer lugar, por el grupo proponente, Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la diputada señora Varela.




La señora VARELA VÁZQUEZ: Quiero empezar recordando a SS.SS. que en
la última Comisión sobre el estudio del problema de las drogas
celebrada el 22 de mayo se debatió una proposición no de ley del
Grupo Socialista, mediante la cual se instaba al Gobierno para que
los grupos de edad comprendidos entre los 14 y 25 años recibiesen
amplia información de los altos riesgos que supone el consumo de
drogas de diseño. Se pedía al Gobierno que desenmascarase la relativa
buena fama de estas sustancias y que se diese la información real
sobre ellas. Del mismo modo se instaba a crear y a distribuir entre
los padres y los formadores la información de los efectos adversos de
estas drogas, aspectos adversos tanto sanitarios como psicológicos.

Señorías, en aquella iniciativa no se solicitaba una información
general sobre las drogas sino que lo que se estaba solicitando era
una información puntual sobre un tipo de droga concreto, se estaba
solicitando información puntual para nuestros jóvenes sobre los
efectos nocivos de una droga específica, sobre las drogas llamadas de
diseño.

Curiosamente, el Grupo Parlamentario Popular votó en contra de esa
iniciativa, aduciendo que el Gobierno ya realiza las correspondientes
campañas sobre drogas, y por tanto, a juicio de este grupo
parlamentario, el tema ya estaba resuelto. Nosotros creemos que no,
porque el Grupo Parlamentario Socialista entiende que en nuestra
sociedad en general y en nuestros jóvenes en particular existe un
desconocimiento absoluto sobre los efectos nocivos que las drogas de
síntesis o drogas de diseño efectúan en sus cuerpos y en sus mentes.

Parece que el consumo de este tipo de sustancias se ha estancado,
pero el estancamiento no quiere decir que no se consuma y que
la gente que lo consuma no reciba información. Por tanto, esos
usuarios y otros tantos potenciales usuarios deberían contar, a
nuestro juicio, con la información puntual del tipo de droga que
están consumiendo.




Señorías, sabemos que estas drogas son un amplio grupo de sustancias
psicoactivas producidas en laboratorios clandestinos, tanto en
territorio español como en el extranjero; sabemos que estas drogas
actúan sobre el cerebro humano como estimulantes y alucinógenos
débiles y que muchas de ellas no se encuentran recogidas dentro de la
lista de drogas ilegales o sustancias prohibidas por la comunidad
internacional, y esto hace que los traficantes no estén expuestos a
ninguna sanción. Pero, ¿qué conoce la gente joven de ellas? ¿Cómo las
ve la gente joven y cómo las perciben? Señorías, la gente joven
conoce sus efectos alucinógenos pero desconoce todo lo concerniente a
los efectos farmacológicos de estas drogas y el potencial neurotóxico
que tiene al consumirlas. Esta gente joven sabe que estas drogas
actúan como un círculo emocional, ya que facilitan esa recuperación
de la intimidad e intensifican el contacto interior; al mismo tiempo
favorecen las sensaciones en los espectáculos musicales al fomentar
esa atmósfera de hermandad e inclusión y además de añadir gran
energía, como todos sabemos, para bailar. Por eso muchos consumidores
de este tipo de drogas tienen la sensación de estar en un mundo
ideal, es decir, el éxtasis se considera un catalizador ideal tanto
para provocar la adecuada situación emocional como para favorecer la
sociabilidad y la capacidad de bailar y bailar durante horas. La
gente joven conoce a la perfección quién está colocado, ya que sus
signos físicos los aprecian rápidamente. A los extasiados se les
puede distinguir por la sonrisa permanente y universal que dirigen a
todo el mundo, pero también hablan de mandíbulas contracturadas,
muecas deformes, lenguas fofas y secas, pero lo que los jóvenes
desconocen absolutamente son los efectos somáticos y psíquicos, o
sea, desconocen los problemas agudos y crónicos que el consumo de
estas drogas les puede generar.

Ya en la Comisión del día 22 se pusieron de manifiesto los efectos
perversos de las pastillas, pastis o pirulas y, aunque no es mi
intención repetir todos esos efectos negativos, no está de más
señalar los más relevantes, como puede ser el padecer episodios
psicóticos agudos, alteraciones cardiovasculares, alteración de los
reflejos, fallo del sistema de termorregulación del organismo, de la
temperatura del organismo, ansiedad, angustia, insuficiencia renal,
pérdida de memoria, dificultad en la concentración, depresiones, y
algo muy importante, además por supuesto de la parada respiratoria,
que es la adicción, porque estas drogas, como saben SS.SS., crean
tolerancia y por tanto adicción. Dehecho, es normal y habitual que
los consumidores



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incrementen progresivamente el número de pastillas ingeridas.

¿Nuestros jóvenes tienen conciencia de los efectos adversos de las
pastillas de éxtasis? Nosotros creemos que no, nosotros y por
supuesto más personas. De hecho, en el informe realizado por Juan
Gamella y Arturo Álvarez Roldán sobre drogas de síntesis en España,
patrones y tendencias de adquisición y consumo, se pone de manifiesto
que aún predomina una visión de estas drogas que fomenta experimentar
con ellas, porque ¿quién no querría probar al menos una vez algo que
se ofrece como éxtasis? El trabajo de Juan Gamella y Arturo Álvarez
pone de relieve que a estas pastillas se las considera divertidas,
estimulantes y relativamente seguras, es decir, existe una percepción
relativamente benigna de ellas, y por tanto se detecta reiteradamente
que existe poca prevención o precaución respecto a la experimentación
con este tipo de sustancias, incluso por parte de personas que no
consumen habitualmente ninguna droga ilícita.

Señorías, el éxtasis es una droga que se presenta en forma de
pastillas o cápsulas que pretendidamente contiene MDMA. Es el fármaco
ilícito de más éxito de todos los que han aparecido en la Europa
occidental en la última década, y nuestro país no es un ninguna
excepción. No es, ni mucho menos, la droga ilegal más utilizada, pero
sí aquella cuyo consumo ha aumentado más que ninguna en los últimos
10 años. En la actualidad son ya cientos de miles los españoles que
han consumido esas drogas sintéticas. Algunos han llegado hacer de su
consumo un elemento importante de sus vidas, pero la mayoría de los
usuarios de éxtasis usan otras drogas lícitas e ilícitas, con lo que
eso entraña de riesgo añadido. Aparte de las expectativas e
intenciones que motivan su uso, los usuarios de éxtasis comparten una
serie de justificaciones o racionalizaciones como, por ejemplo, que
es una droga que se puede controlar, que es una droga limpia de uso
fácil y cómodo, que es una droga que tiene un precio asequible. No es
tan cara como otras drogas de efectos parecidos como, por ejemplo, la
cocaína. Es una droga segura, no peligrosa, ya que no produce
adicción como la heroína. Pero lo más grave es que muchos usuarios ni
siquiera consideran que el éxtasis sea una droga. Aunque se sigan
recogiendo, evaluando y discutiendo los datos que van apareciendo
sobre los problemas sanitarios y sociales que se asocian más o menos
directamente al consumo de estas sustancias, se ha comprobado que el
MDMA y sus congéneres pueden producir daños físicos y psíquicos
importantes. En la literatura médica se han descrito diversas
reacciones adversas graves que requirieron el ingreso del usuario en
un servicio de urgencias, incluso su hospitalización. No cabe duda de
que el consumo del éxtasis se convierte en un experimento en el que
miles de ciudadanos, la mayoría jóvenes, aportan sus organismos como
elemento de prueba. Es importante facilitar toda la información de
que se disponga sobre
los aspectos negativos que supone para el organismo el consumo de
drogas de síntesis.

Al Grupo Parlamentario Socialista le parece oportuna y necesaria la
proposición no de ley que hoy debatimos, en el ánimo de que sea
votada favorablemente por todos los grupos y en el ánimo de que
nuestra juventud posea toda la información sobre los efectos dañinos
que supone para la salud el consumo de las olímpicas las soviéticas,
los tampones, los tanques, los delfines, pájaros, etcétera, es decir,
que conozca nuestra juventud de antemano a lo que se arriesgan si
consumen las pastispirulas o, dicho de otro modo, las drogas de
diseño.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la diputada doña Enriqueta Seller.




La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Antes de entrar en materia quisiera
manifestar la coincidencia de mi grupo parlamentario en cuanto a la
preocupación de la proponente en la materia que nos ocupa que, sin
duda, está también en sintonía con la alarma social producida como
consecuencia del consumo de drogas en sus múltiples variedades,
especialmente entre los más jóvenes, preocupación que, a su vez, es
compartida por el Gobierno, quien, a través del Plan nacional sobre
drogas, lleva a cabo diferentes acciones, campañas y programas que
cobran gran importancia, sobre todo en el campo de la prevención y la
información.

Hablamos de prevención con un criterio amplio, ya que es lógico
pensar que el consumo de drogas en general tiene que ver con
múltiples condicionantes. Entre ellos, y de forma significativa, con
los valores propios de cada colectivo, valores que, en definitiva,
van a orientar la conducta de las personas, su comportamiento en
general y también en particular frente a los consumos de drogas. Las
conductas que desarrollan en particular muchos jóvenes están
orientadas en la mayor parte de las ocasiones hacia una exhibición de
estilo, sobre todo en lo que se refiere a estas drogas. Lleva razón
la proponente cuando advierte que viene favoreciendo el consumo la
experimentación de sensaciones en espectáculos lúdico-musicales, que
vienen a fomentar una atmósfera de inclusión y de hermandad y que,
sumadas al factor edad, resulta extremadamente novedoso y atractivo.


Asimismo, la creencia errónea de no ser consideradas las drogas de
síntesis entre los jóvenes como un tipo de droga nociva, sino que más
bien vienen a considerarlas como un prÍt a porter rápido que se
adquieren en el mercado fácilmente, está enmarcado dentro de una
forma de estilo privilegiada dentro de nuestro mundo moderno, como es
el consumo. Es por ello por lo que, paralelamente al conocimiento de
las formas y comportamiento de vida de los jóvenes, desde hace
algunos años se viene destacando la importancia de la prevención y la
información dentro del campo de las actuaciones, para reducir los
problemas asociados a



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los consumos de drogas. Un interés que viene recogido en el Plan
nacional sobre drogas 2000-2008. Una prevención y una información
basadas en la educación y la formación en valores, dirigida
especialmente a niños y a jóvenes, prestando especial atención a los
grupos más vulnerables y al mismo consumo recreativo de drogas,
cobrando significativa importancia la corresponsabilidad social,
sobre todo en el ámbito familiar y en el progresivo desarrollo de la
información, trabajando estrechamente en ambos casos con las
comunidades autónomas y ONG y de modo transversal con otros
ministerios.

La evaluación constante de los hábitos y costumbres de los jóvenes en
materia de drogadicción nos permite obtener información sobre las
tendencias consumistas, arrojando unos resultados interesantes a
través de la encuesta sobre drogas, en cuanto a la población escolar
se refiere, en la que se advierte de forma significativa un descenso
importante del consumo ocasional y habitual de éxtasis o
alucinógenos, anfetaminas, etcétera, resultando igualmente
significativo que el consumo del éxtasis, que creció entre los
escolares de forma espectacular en el período 1994-96, se haya
reducido en la actualidad hasta situarse por debajo de los niveles
que se tenían en aquel año. De hecho en los últimos 12 meses los
porcentajes de consumidores se han reducido en todas las edades y en
los dos sexos. Pero aunque esto resulta interesante y alentador, no
es en modo alguno satisfactorio, ya que en realidad somos conscientes
de la necesidad de seguir avanzando, puesto que a pesar de percibir
claramente el hecho de que las drogas han venido para instalarse en
nuestra sociedad, hemos de seguir insistiendo en la prevención,
información y evaluación, puesto que el consumo de drogas en general
se enmarca dentro de un concepto que podríamos calificar de
enfermedad biográfica, ya que en su consumo existe siempre un porqué
en el antes y una consecuencia en el después, tanto personal como
social.

Por ello es tan importante la información también a través de
programas, con soporte telemático como es Internet, cuyo efecto
informador supone una garantía de transmisión y facilidad de acceso a
la red, especialmente para quienes hacen uso de este medio de
información y comunicación que en concreto no sólo se trata de
adultos, sino que particularmente se extiende a la comunidad escolar.


A tales efectos, el Ministerio del
Interior dispone desde hace años de una página web, mantenida y
actualizada desde la delegación del Gobierno para el Plan nacional
sobre drogas. Es utilizada por un público diverso y muy amplio, cuyo
contenido variado incluye un departamento exclusivo de consultas y
sugerencias, que ofrece la posibilidad de formular peticiones
personalizadas de información y/o documentación, además de
sugerencias al Plan nacional sobre drogas. A lo largo del año 2000
esta página fue la más utilizada dentro del Ministerio, superando las
700.000 consultas. Igualmente, está previsto que a comienzos de este
verano se vaya a continuar con la campaña iniciada en diciembre de
2000, convenientemente potenciada y dirigida fundamentalmente a los
jóvenes, donde está previsto entre los elementos de reactivación de
la página web aquellos que vienen a enriquecer con un formato y
contenido a esta nueva página.

Por este motivo, señorías, no podemos estimar con nuestro voto la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Ello sobre la base de un razonamiento de pura mecánica
procesal como es el hecho de evitar duplicar acciones ya emprendidas
dentro del Ministerio, valorando, sin embargo, la preocupación de la
proponente que, como he dicho, es compartida desde mi grupo y supone
la oportunidad de hablar y reflexionar, así como contrastar en la
Comisión sobre acciones que el Gobierno lleva a cabo y que son motivo
de interés, no sólo para la Comisión, sino para la sociedad en
general.




El señor PRESIDENTE: Suspendemos la sesión hasta las dos menos diez
de la tarde para proceder a la votación. (Pausa.).

Vamos a votar ya la proposición no de ley relativa a la ampliación de
los contenidos de la página web del Plan nacional sobre drogas
dirigida a la gente joven.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.