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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 46, de 19/06/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 46
DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a MARÍA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 19 de junio de 2001, en el Palacio del Senado
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia a petición propia de la Secretaria General de Asuntos
Sociales, Ilma. Sra.
Dña. María Concepción Dancausa Treviño, para informar sobre el II
Plan Integral contra la Violencia Doméstica 2001-2004. (Número de
expediente del Senado 713/000207 y número de expediente del Congreso
222/000020.) ... (Página 1020)
Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:
- De doña María del Carmen Olmedo Checa, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las actuaciones realizadas para evitar en los
medios de comunicación la transmisión de imágenes o valores que
puedan promover o justificar la violencia contra las mujeres. (Número
de expediente del Senado 683/000004 y número de expediente del
Congreso 181/000008.) ... (Página 1037)
- Sobre las medidas tomadas con el objetivo de establecer la
coordinación necesaria de los servicios sanitarios, sociales,
policiales y judiciales para poder ofrecer a las mujeres víctimas de
violencia un tratamiento integral. (Número de expediente del Senado
683/000005 y número de expediente del Congreso 181/000085.)
... (Página 1037)
- De doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la intención del Gobierno de tomar alguna medida
para mejorar la respuesta judicial ante la alarma creciente por los
malos tratos a mujeres. (Número de expediente del Senado 683/000035 y
número de expediente del Congreso 181/000583.) ...
- De doña María del Carmen Olmedo Checa, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del desarrollo del I Plan de Acción
contra la Violencia Doméstica. (Número de expediente del Senado 683/
000062 y número de expediente del Congreso 181/000750.) ...
(Página 1041)
Se abre la sesión a las once horas y treinta minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión. Buenos días.
Conocida el acta de la sesión anterior, ¿puede aprobarse por
asentimiento? (Asentimiento.)
Queda aprobada.
- COMPARECENCIA, A PETICIÓN PROPIA, DE LA SECRETARIA GENERAL DE
ASUNTOS SOCIALES, DOÑA MARÍA CONCEPCIÓN DANCAUSA TREVIÑO, PARA
INFORMAR SOBRE EL II PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
2001-2004. (Número de expediente del Senado 713/000207 y número de
expediente del Congreso 222/000020.)
La señora PRESIDENTA: Como punto primero del orden del día de los
trabajos de esta Comisión de los Derechos de la Mujer tenemos, a
petición del Gobierno y a través de la Secretaria General de Asuntos
Sociales, doña Concepción Dancausa Treviño, la presentación del II
Plan contra la violencia doméstica.
La señora Dancausa presentó su petición de comparecencia ante esta
Comisión hace tiempo, al igual que por parte de los grupos
parlamentarios se había solicitado la comparecencia del Ministro
titular de Trabajo y Asuntos Sociales. Como sus señorías conocen, la
Mesa de esta Comisión, oída la Junta de Portavoces, da prioridad
a que comparezca el Gobierno siempre que lo desea.
Por tanto, hoy damos la bienvenida a la señora Dancausa, a quien
esperábamos porque queríamos conocer
por ella misma este II Plan contra la violencia doméstica.
Posteriormente, siguiendo el orden del día, habrá también una serie
de preguntas a través de las que conoceremos la evaluación del I
Plan.
Por tanto, dando la bienvenida a todas sus señorías, y especialmente
a la Secretaria General que hoy está con nosotros, así como
deseándoles un buen trabajo, cedo la palabra a la señora Dancausa
para que presente el informe ante esta Comisión.
Su señoría tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días.
En primer lugar, agradezco a sus señorías la oportunidad que me dan
para poder presentar en esta Comisión el II Plan de acción contra la
violencia doméstica.
Saben ustedes que la violencia contra las mujeres es un fenómeno
social de múltiples y diferentes dimensiones, que es la expresión de
un orden social basado en la desigualdad como consecuencia de la
asignación tradicional de diferentes papeles a hombres y mujeres, con
un reconocimiento superior y distinto para lo masculino. Es, por
tanto, una desigualdad de género, una violencia de género y es la
fórmula a la que recurren muchos hombres para controlar y dominar a
las mujeres y mantener sus privilegios en el ámbito familiar,
produciendo terribles efectos para las víctimas.
Por ello, entendemos que la política de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres debe considerar la violencia doméstica como
uno de los ejes básicos de actuación al constituirse simultáneamente
como causa y efecto de la discriminación que padecen las mujeres en
todos los ámbitos de la vida social y privada. Las medidas de
intervención que, por tanto, es preciso
poner en marcha en este terreno tienen que ir encaminadas
fundamentalmente a erradicar la violencia mediante la prevención de
los actos violentos a través de una educación basada en la igualdad y
no discriminación por razón de sexo, a sancionar las conductas
violentas como otra forma preventiva por su fuerza persuasiva y a
paliar los efectos que los actos violentos producen en las víctimas.
Las políticas de igualdad del Gobierno han tenido en cuenta en los
últimos años esta consideración de la violencia, dedicándole un
ámbito especial de intervención social. Así, como recordarán, el III
Plan de igualdad de oportunidades introdujo un área específica que
posteriormente tuvo un extenso desarrollo con la aprobación y la
puesta en marcha en 1998 del I Plan de acción contra la violencia
doméstica.
Este I Plan nació con el objetivo, por una parte, de reducir, en
primera instancia, y erradicar, finalmente, los actos violentos en el
seno de las familias y, por otra, de arbitrar los medios necesarios
para paliar sus efectos en las víctimas. A pesar de los logros
alcanzados por este Plan, a los que luego me referiré, las cifras
demuestran que la violencia sigue muy arraigada en la sociedad y que,
desgraciadamente, con demasiada frecuencia se producen nuevas
víctimas.
Sin embargo, ello no significa que haya más violencia en nuestro país
sino que es ahora cuando las mujeres, al tener más información,
deciden romper con esta situación y se atreven a denunciar. Prueba de
ello es que los datos de denuncias por malos tratos aumentan, lo que
significa que las mujeres empiezan a cambiar la cultura de la
resignación por el ejercicio de sus derechos.
Por otra parte, sabemos que las medidas que se tomen en este campo,
sean preventivas o reparadoras, se enfrentan con problemas
relacionados con la intimidad y con las relaciones privadas entre los
diferentes miembros de los hogares, donde, a veces, la intervención
es mucho más difícil que en los espacios públicos.
Todo lo que he expuesto anteriormente era importante para tener en
marcha un nuevo plan integral que continuara el trabajo que inició el
I Plan, es decir, era absolutamente necesario continuar realizando
acciones y dedicar más recursos y esfuerzos para luchar contra a
violencia doméstica sabiendo que es una lucha a largo plazo, que la
violencia lleva muchísimos años arraigada en las mentes de muchas
sociedades y que, por tanto, habría que conseguir objetivos a corto y
a largo plazo. Por ello el Gobierno, el pasado 11 de mayo, en Consejo
de Ministros, aprobó el II Plan Integral contra la Violencia
Doméstica con una vigencia que va de 2000 a 2001, sobre el que tengo
el honor de informar a esta Comisión Mixta.
Antes de exponerles detalladamente su contenido, quiero informarles
de que, para su elaboración, se han tenido en cuenta las
recomendaciones y propuestas de distintas instituciones nacionales e
internacionales
conocedoras de esta materia, como son, a nivel internacional, las
recogidas en el documento de resultados aprobado en la sesión
especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el informe de
los Expertos del Consejo de Europa y las recomendaciones de la Unión
Europea. A nivel nacional se han recogido las propuestas contenidas
en el informe del Consejo General del Poder Judicial, aprobado
recientemente, y las aportaciones de las diversas fiscalías incluidas
en el apartado de malos tratos en el ámbito doméstico de la Memoria
de 1999 de la Fiscalía General del Estado, así como las propuestas de
los diferentes organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas,
de la Federación Española de Municipios y Provincias y de 25
organizaciones no gubernamentales que trabajan fundamentalmente en
programas de atención a mujeres víctimas de la violencia.
Sobre la base de estos documentos, del conocimiento y la experiencia
del Instituto de la Mujer, se elaboró un primer borrador que fue
ampliamente debatido en un grupo interministerial compuesto por el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Una vez consensuadas por
los departamentos ministeriales las medidas que dentro de sus
competencias podrían ser más eficaces en la lucha contra la
violencia, se ultimó el borrador y se procedió a su remisión a los
organismos de igualdad de la Comunidades Autónomas, a la Federación
Española de Municipios y Provincias y a las 25 organizaciones no
gubernamentales citadas para que aportaran las observaciones que
considerasen y nuevas propuestas que, según su criterio, debería
incluir el plan. Con posterioridad a esta remisión, se mantuvieron
reuniones con las mismas instituciones para debatir su contenido,
tanto con las Comunidades Autónomas como con las organizaciones no
gubernamentales. Analizadas y debatidas estas propuestas, se ultimó
el plan para su presentación en la Conferencia Sectorial de la Mujer,
donde obtuvo un amplio respaldo mayoritario y su posterior aprobación
por el Consejo de Ministros el pasado 11 de mayo.
Centrándome ya en el contenido del Plan, les informo de que con él
pretendemos conseguir cuatro objetivos. En primer lugar, fomentar una
educación basada en los valores de diálogo, respeto y tolerancia para
evitar que en las futuras generaciones se produzcan los esquemas de
comportamiento violento que se originan por la existencia de
estereotipos de género y sensibilizar a la sociedad para que adopte
una actitud de rechazo y compromiso para su erradicación. En segundo
lugar, mejorar la legislación y el procedimiento legal para conseguir
una mayor eficacia en los procesos que permita prestar una mejor
protección a la víctima y una penalización más contundente del
comportamiento de los agresores. En tercer lugar, completar el mapa
de recursos sociales en todo el territorio nacional con el
fin de que todas las mujeres víctimas, independientemente de dónde
vivan, dispongan de servicio de atención. Por último, potenciar la
coordinación entre las actuaciones de los diferentes organismos y de
las organizaciones sociales que trabajan en la prevención y atención
de la violencia doméstica así como en la asistencia a las víctimas.
Para conseguir estos objetivos, el Plan Integral contra la Violencia
Doméstica se articula en cuatro grandes áreas de actuación que
recogen un total de 58 medidas. Estas áreas son las siguientes. En
primer lugar, medidas preventivas y de sensibilización, que son 20, y
que van dirigidas fundamentalmente a sensibilizar a la sociedad, a
transmitir el valor de la no violencia en los centros escolares y en
los medios de comunicación y que, por tanto, incluye medidas
tendentes a la sensibilización, a la coordinación y a la formación.
Hay medidas dirigidas a la población en general y a los profesionales
de la comunicación, pero también hay medidas dirigidas a los centros
escolares. Dentro de las primeras, hay que destacar el trabajo que
proponemos realizar con los medios de comunicación, como la guía de
recomendaciones para el tratamiento informativo de las noticias sobre
malos tratos, las jornadas de sensibilización para futuros
profesionales y las convocatorias del Premio a la No Violencia, que
ya se iniciaron, y las campañas para la sensibilización de la
sociedad.
El segundo bloque va enfocado hacia los centros educativos,
profesorado y alumnado y a profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de los órganos judiciales, de la sanidad, de
los servicios sociales, etcétera. En él destacan, en primer lugar, la
elaboración de materiales educativos, dirigidos a los centros
escolares, que permita que los profesionales de la docencia sepan
cómo trabajar estos temas con los alumnos en las aulas. También se
prevén programas que permitan la detección, en el ámbito educativo,
de los casos de violencia con el diseño de protocolos específicos de
actuación y la convocatoria de un premio nacional para centros
escolares que hayan realizado un mejor trabajo sobre la violencia,
con el fin de que incidan sobre este tema. Se han incluido también en
esta área acciones relacionadas con el campo de la salud entre las
que se encuentra la realización de programas de detección precoz del
maltrato, de prevención y difusión de información en el ámbito
sanitario.
Por último, dado que la coordinación es fundamental para optimizar
los recursos y los programas existentes y que es una tarea que
requiere claros esfuerzos de cooperación, se potenciará que dicha
coordinación y el intercambio de experiencias a través de diferentes
actuaciones se lleven a cabo mediante la creación de una comisión de
seguimiento permanente con las Comunidades Autónomas que posibilite
esta coordinación y el intercambio de las buenas prácticas. Para
desarrollar este conjunto de medidas preventivas se dispondrá de un
presupuesto de 1.883.228.137 pesetas.
La segunda área es la relativa a las medidas legislativas
y procedimentales, que incluyen 13 medidas y cuyo objetivo es mejorar
el marco legal que permita proteger a las víctimas de los actos
violentos y sancionar a quienes los cometen. Se propone, por tanto,
la modificación del Código Penal para incorporar, entre otras
medidas, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la
patria potestad, adecuar las penas para sustituir el arresto de fin
de semana por trabajos en beneficio de la comunidad y regular, como
pena conjunta del delito y la falta, la privación del derecho a la
tenencia y porte de armas. Igualmente, se propone la modificación de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los juzgados de guardia
puedan adoptar medidas provisionalísimas en caso de separación y
divorcio, con el fin de hacer efectiva la separación de hecho del
agresor; simplificar y agilizar los procedimientos penales tanto en
los delitos como en las faltas, mediante los juicios rápidos, y
realizar las reformas oportunas para que el agresor comparezca en la
vista pública. Esta área incluye también una serie de medidas
procedimentales con el fin de agilizar los procesos judiciales para
que se pueda acumular la instrucción de las causas de violencia en un
solo juzgado y la extensión a todos los colegios de abogados del
Servicio de Orientación Jurídica 24 horas, de carácter gratuito,
garantizando la asistencia de un turno de oficio especializado. Para
desarrollar este conjunto de medidas legislativas y procedimentales,
se dispone de un presupuesto de 243.505.310 pesetas.
La tercera área es la relativa a las medidas asistenciales y de
intervención social, que cuenta con 17 medidas y que pretende crear
una infraestructura suficiente para dar cobertura a las necesidades
de las víctimas, completando lo que ya se había iniciado en el I
Plan. Por ello, en esta área, se incluyen medidas destinadas a
facilitar la vía o los procedimientos de denuncias potenciando las
comunicaciones electrónicas con la Policía y la Guardia Civil, la
extensión de los servicios de atención a la mujer a todas las
comisarías provinciales y los Emumes a nivel comarcal. Se
establecerán también puntos de encuentro para las visitas de los
padres y madres con hijos menores, se pondrán en marcha programas de
capacitación profesional para las mujeres víctimas dirigidos a
facilitar su inserción laboral y se apoyarán los servicios de
atención y programas integrales de las ONU para dotar a las víctimas
de autonomía personal, impulsando el que las mujeres y menores que
hayan tenido que abandonar su hogar tengan prioridad en los sistemas
de protección social ya establecidos por las Comunidades Autónomas
y la Administración central.
Esta área incluye, además, programas de intervención especializada de
rehabilitación de los hombres violentos sin que en ningún caso pueda
ser sustitutivo de su pena. Esta medida, muy cuestionada, se ha
incluido porque puede resultar insuficiente la terapia recibida por
la víctima si no se actúa simultáneamente con el agresor, ya que hay
que acometer la violencia en todos
los ámbitos, y no podemos olvidar que hay un grupo amplio de mujeres,
aproximadamente un 50 por ciento, que continúa viviendo con ellos.
Además, se ha comprobado que en algunos programas específicos de
intervención con agresores hay resultados esperanzadores.
Para desarrollar este conjunto de medidas asistenciales y de
intervención social se dispone de un presupuesto de 10.115.833.564
pesetas. La investigación, con ocho medidas, tiene el objetivo de
profundizar en el conocimiento que se tiene sobre los actos de
violencia contra las mujeres y de estimar los costes directos
e indirectos que la misma produce. Para ello, mejorará la explotación
estadística sobre malos tratos que tiene el Ministerio del Interior,
se elaborarán estadísticas especificas para conocer la incidencia de
la violencia en el ámbito sanitario realizando otra macroencuesta
para evaluar el impacto del segundo plan y se llevarán a cabo
investigaciones para determinar estos costes indirectos y directos
que la violencia produce.
Para desarrollar este conjunto de medidas de investigación se dispone
de un presupuesto de 129.800.000 pesetas. Este plan integral va
acompañado de la correspondiente Memoria económica que recoge el
presupuesto que se invertirá por cada Ministerio y la ejecución de
las actuaciones que conforma cada una de sus áreas por cada año de
vigencia del mismo. Este presupuesto asciende a 13.072. 367.031
pesetas, de los que 2.943 millones se invertirán en el año 2001,
3.201 millones se invertirán en el año 2002, 3.381 millones en el año
2003 y 3.546 en el año 2004.
Por otra parte -como ya he señalado- hay una distribución por áreas
en la cual la más importante, como es lógico, es la de recursos
sociales y la de prevención y sensibilización, siendo de menor
cuantía la de medidas legislativas y procedimentales y la de
investigación, por lógica naturaleza de las medidas que se van a
acometer.
Señorías, también entendemos que cuando se pone en marcha cualquier
programa de intervención social hay que diseñar un plan de evaluación
que nos proporcione información sobre el grado de consecución de los
objetivos previstos, sobre la eficacia de las medidas puestas en
marcha para conseguirlos resultados deseados, incluso, sobre lo
adecuado del proceso de implementación del programa desde varias
perspectivas.
En este plan la tarea de evaluar es muchas veces especialmente
difícil, ya que son muchas las instancias administrativas, las
instituciones y las acciones implicadas en su puesta en marcha. No
obstante, hay tres línea estratégicas. En primer lugar, un
seguimiento de la puesta en marcha del desarrollo del plan. A este
fin, al finalizar cada año el período de vigencia se elaborará una
memoria sobre las medidas iniciadas en el año en cuestión o
desarrolladas para dar continuidad a las puestas en marcha en años
anteriores tanto por la Administración General del Estado como por
las
Comunidades Autónomas, y se elaborará una memoria conjunta de todas
las actuaciones llevadas a cabo por ambas administraciones. En
segundo lugar, habrá una evaluación externa del plan que, además del
resumen de implementación, completará. Y por último, una
macroencuesta sobre violencia doméstica que permitirá recoger las
variaciones significativas respecto del número de víctimas, los
factores que generan la violencia, los efectos que ello produce para
poder comparar con los efectos del primer plan anterior y saber de
qué forma se está haciendo una evaluación cualitativa en las
aplicaciones de los distintos planes.
Como verán, son muchas las actuaciones y las medidas que queremos
realizar en estos cuatro años en los que el plan estará vigente, pero
consideramos que todos los esfuerzos son pocos para combatir una
situación tremendamente injusta a la que las mujeres se enfrentan día
a día.
Combatir la violencia doméstica es una preocupación prioritaria del
Gobierno y es de esperar que con el conjunto de medidas ya
desarrolladas que vamos a poner en marcha con este plan podamos
frenar en principio la violencia y finalmente conseguir su
erradicación.
España, que además asumirá la Presidencia europea en el primer
semestre del año 2002, ha propuesto celebrar una conferencia de
Ministros sobre violencia doméstica con el fin de conocer y debatir
las actuaciones que los distintos países de la Unión están realizando
en esta materia, ya que -como digo- esta lacra social afecta a todos
los países del mundo. Además, en esta conferencia propondremos la
aprobación de un sistema de indicadores que nos permita conocer y
evaluar la situación de la violencia en el ámbito comunitario.
Por último, únicamente me resta decirles que el trabajo que venimos
realizando desde el Gobierno, las Comunidades Autónomas, las
corporaciones locales, las organizaciones no gubernamentales y los
profesionales expertos que han trabajado en este plan, es serio y
comprometido. El plan que hoy les presento es el resultado del
esfuerzo y de la colaboración de todos ellos, por lo que esperamos y
deseamos que con todas las medidas incluidas en el plan consigamos
avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Les doy las gracias de antemano por su apoyo y colaboración y también
por las aportaciones y las críticas constructivas que ustedes puedan
plantearme en esta comparecencia. El plan está abierto a cualquier
nueva idea o nueva medida que se pueda incorporar, ya que nuestro
objetivo común es eliminar definitivamente la violencia de género en
nuestro país.
Por lo tanto, la Ponencia que en este momento está ya funcionando en
el Congreso tendrá , lógicamente, unos resultados próximos y se
podrán tener en cuenta medidas y consecuencias que podrán ser
incluidas en este plan.
Muchísimas gracias y espero sus preguntas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Secretaria General.
Yo había rogado a la Secretaria General que nos hiciera llegar el
plan que todas sus señorías tienen, el Plan Contra la Violencia, y
también el borrador de las medidas desarrolladas. Ha llegado esta
mañana y se ha distribuido. Especialmente lo quería hacer porque
-como todas sus señorías conocen- a la una y media se va a celebrar
un funeral por el Senador Giménez Abad, asesinado por ETA durante las
elecciones en el País Vasco.
Yo le había pedido a ella, y así lo ha hecho, que resumiera lo máximo
posible la presentación del plan, y me atrevo a sugerirles también a
sus señorías que en su control al Gobierno hoy, si es posible,
resuman lo que puedan para que podamos acercarnos a acompañar a la
familia del Senador Giménez Abad en el funeral que se va a celebrar.
En este momento no hay ningún representante del Grupo Parlamentario
Mixto en la Comisión. Por tanto, la señora Castro Fonseca, en nombre
del Grupo de Izquierda Unida, puede tomar la palabra para hacer las
pertinentes preguntas a la señora Secretaria General.
Tiene su señoría la palabra.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, voy a tratar de ajustarme al tiempo, aunque me da
miedo decir esto porque siempre que lo digo al final es cuando lo
hago peor.
Le doy las gracias a la señora Secretaria General por su
comparecencia en esta Comisión. Yo, con el espíritu constructivo que
me caracteriza, tengo que empezar diciendo que una vez más ustedes se
han olvidado de que no se pueden hacer planes para las mujeres sin
contar con las mujeres. Es decir, confunden ustedes la participación,
que es un eje esencial y básico en la democracia, con las consultas.
Este es otro estilo que no es despreciable, pero que tiene más que
ver con los expertos que con los movimientos sociales que promueven y
son los motores de los pequeños o grandes avances que luego se
sustancian en las instituciones.
Por lo tanto, ésta es mi primera crítica, señora Dancausa, para este
plan porque ha sido elaborado sin la participación de las
organizaciones de mujeres y sin la organización de los agentes
sociales; aunque luego, leyendo el plan, me he dado cuenta de por qué
están excluidos, porque francamente no son muy necesarios dado el
planteamiento del plan.
Por otro lado, señora Dancausa, ustedes también desprecian a la
oposición democrática que trabajamos con absoluta lealtad, con
espíritu constructivo, y que en esta Comisión estamos demostrando
siempre que nos interesan más las mujeres que sacar tajada política.
Ustedes tampoco saben aprovechar eso.
Ustedes han aprobado este plan en el Consejo de Ministros del día 11
de mayo. A esta Diputada, representante
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, le ha
sido enviado por usted con fecha 6 de junio y ha llegado a mi
despacho el día 8. A mí me parece que esto se puede corregir para el
futuro y que deja mucho que desear en cuanto al déficit democrático
que supone poner en marcha medidas que afectan al colectivo de las
mujeres -como digo- sin contar ni con ellas ni con los grupos de
oposición.
Dicho esto, hay otra crítica que no puedo dejar de hacer. Y es que
ustedes mismos en el plan que nos han enviado dedican un capítulo
exclusivamente a la evaluación. Dicen ustedes que la evaluación -no
encuentro ahora las palabras exactas, pero da igual porque me lo sé
aunque no sea literal- es imprescindible. Pues mire, ¡claro que es
imprescindible! Y no es de recibo, no es serio, no es riguroso, y
además las mujeres no nos lo merecemos, que se haga un segundo plan
contra la violencia de género sin haber evaluado el primero, porque
tendremos que saber si estamos acertando o no en las políticas que
ponemos en marcha, y en particular ustedes que son los que tienen la
responsabilidad y el ejercicio del Gobierno.Todo ello no permite
afirmar que las mujeres gozamos de buena salud porque francamente
estos métodos tienen poco que ver con las aspiraciones que
legítimamente tiene este colectivo.
Señorías, las mujeres que sufren la violencia de género están
vinculadas al destino del colectivo de las mujeres en su conjunto. Es
curioso, pero en los tres epígrafes del plan que usted nos ha
señalado como fundamentales no he visto que al Partido Popular le
preocupen las causas estructurales de la violencia porque no aporta
ni una sola medida tendente a resolverlas.
No quiero ser demoledora. Sé que es un problema complejo y que
resulta complicado para cualquier gobierno. Pero, si además de ello,
no hacemos las cosas con un mínimo de rigor, este problema se puede
ir complicando cada vez más y puede llegar un momento en que tal vez
nos vuelva a superar.
Considero sinceramente que a estas alturas no es de recibo -y es una
crítica sobre todo para el Partido Popular porque lleva ya gobernando
el tiempo suficiente como para asumir las criticas en solitario- que
no se haya realizado todavía un estudio epidemiológico de la
violencia. Sin embargo, ustedes afirman que son los primeros en
descubrir la violencia de género. Pues enhorabuena. Pero, ¿dónde está
el estudio epidemiológico? ¿Dónde está el estudio que nos diga a
todos y a todas las personas que deseamos resolver esta situación
cuáles son las causas múltiples de la violencia de género? En ninguna
parte. Y usted nos anuncia hoy que van a dedicar 129 millones de
pesetas para realizar este estudio epidemiológico. Señora Dancausa,
honestamente se lo digo, con 129 millones de pesetas no va a haber
ningún estudio epidemiológico de la violencia de género en España
porque los que por razones profesionalessabemos cómo se realizan
estos estudios conocemos
lo que cuestan, y sobre todo cuando abarcan todo el territorio
español. Insisto, con ese dinero no van a poder hacerlo.
Tampoco existe un mapa de riesgo, aunque sí sabemos dónde se
encuentran los picos de la violencia, y si hay medidas en el plan
para intervenir en ese momento; medidas relacionadas con la
legislación y medidas cautelares, que celebro. Pero más allá de que
sepamos dónde están los picos de la violencia deberíamos avanzar en
la elaboración de mapas de riesgo y de políticas estructurales. Es
como si la violencia de género fuera una cuestión que nos preocupa
porque en este momento hay víctimas tremendas que son asesinadas y
objeto de atención mediática. Pero en esta Cámara todos debemos
preocuparnos de que no entren en ese circuito de violencia nuevas
mujeres, es decir, no solamente hemos de preocuparnos de las que ya
se encuentran en él sino de que no entren más. Para ello, además de
poner el énfasis en la cuestión educativa -en lo que coincido
plenamente con ustedes-, hay que tener en cuenta otro punto clave
para que la igualdad de las mujeres sea real y no formal, que es el
mercado de trabajo; conseguir que al mismo se acceda en condiciones
de igualdad, tanto en la formación como en el empleo; hacer posible
que realizando un trabajo de igual valor las mujeres no sigamos
cobrando en este país salarios un 30 por ciento inferiores a los del
hombre; que no nos separen tantos puntos en la tasa de actividad de
las mujeres europeas, porque seguimos estando a 13 puntos de
distancia; cómo hacer para que en las familias monoparentales, señora
Dancausa, las mujeres, que encabezan el 94,6 por ciento, no vivan
sometidas al tercer grado y aumenten las filas de la pobreza.
Sin duda, considero que deberíamos percibir este plan como un
instrumento útil. Ojalá que lo fuera. Sinceramente, señorías, tengo
muchísimas dudas porque entiendo que debemos dar respuestas
coyunturales, que son necesarias, pero no estamos abordando de una
manera integral este problema y, por ello, habría que reflexionar
sobre el modelo de sociedad que deseamos; el papel que queremos que
las mujeres desempeñen en ese modelo; cómo vamos a seguir exigiendo,
ustedes desde el Gobierno y nosotras desde la oposición, que el
incipiente Estado del bienestar del que gozamos se vaya desarrollando
para hacer posible conciliar la vida laboral y familiar. Porque
cuando hablamos de violencia de género parece que nos referimos a un
capítulo de la vida de las mujeres aislado del resto, pero la
violencia es una consecuencia del patriarcado y los gobiernos
democráticos soportan en Europa un déficit tremendo porque no cogen
el toro por los cuernos y porque realmente no existe una voluntad
política de cambiar la vida con mayúscula de las mujeres.
Por tanto, señora Dancausa, con todas estas reservas, compartiendo
los objetivos al menos los más nobles, le animo a que no nos lo fíen
tan largo a las mujeres. Las pautas educativas son claves; las pautas
culturales se hallan en la base de todo, pero usted sabe que es más
fácil cambiar un gobierno e incluso un sistema que las pautas
culturales. Insisto, no podemos fiarlo todo a las pautas educativas,
a pesar de que hay que poner el énfasis en el modelo de escuela, en
el tipo de valores que en ella se potencien, etcétera; hay que poner
también en marcha medidas estructurales que echo de menos en este
plan, y he de decir que desde la posición constructiva que
caracteriza a mi Grupo Parlamentario iremos tratando de que el Pleno
de la Cámara y el Partido Popular con su mayoría absoluta vayan
incorporando en la praxis todas estas medidas a este plan de
igualdad; plan de igualdad que nace cojo, que técnicamente es
solvente pero políticamente carece de cuestiones elementales:
participación, evaluación del plan anterior y respeto democrático a
la oposición, que no es una cuestión mía, sino algo que todos los
grupos van a reclamar.
Señora Dancausa, el otro día la escuché en Los Desayunos de la Uno y
voy a hacerle una crítica cariñosa con mucho respeto. No puede haber
más perlas del Partido Popular sobre determinadas cuestiones porque
son peligrosas. Primero, el Alcalde de Madrid afirmó que las parejas
de hecho pegaban más. Después usted comentó en el citado programa Los
Desayunos de la Uno esta semana que las parejas de hecho sólo
queríamos derechos y no deberes. (La señora Dancausa Treviño hace
gestos negativos.) Yo la he oído y además tengo grabada la cinta.
Insisto, creo que este tipo de declaraciones, más allá de que sean
debates necesarios en otros ámbitos, no benefician a nadie; por el
contrario, crispan los ánimos y siembran dudas sobre derechos de
colectivos sociales que han optado por no sacramentar su convivencia
ni por lo eclesiástico ni por lo civil, lo que no excluye el
compromiso; es decir, las parejas de hecho son una nueva forma de
familia que tienen derecho a decidir que no desean papeles para
consagrar su compromiso amoroso. Y quiero pedirle que si usted puede,
rectifique estas declaraciones porque son realmente perjudiciales y
además están relacionadas con el tema que nos ocupa porque llueve
sobre mojado con otras perlas, desde luego mucho más graves que la
suya. Me parecía ésta una buena oportunidad para pedir una
rectificación en público.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la
palabra la señora Cid.
La señora CID PAÑELLA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Tras agradecer la comparecencia de la señora Dancausa, y retomando el
principio de la intervención de quien me ha precedido en el uso de la
palabra, también yo quiero manifestar que este documento nos llega
tarde. Y en cuanto al otro documento, agradeciendo a la señora
Presidenta su esfuerzo, que me consta, para que se nos haya enviado,
he de decir que nos ha llegado excesivamente tarde.
De la explicación que nos ha dado la señora Dancausa se desprende que
hay muy pocas novedades. Por otro lado, me ha faltado escuchar la
autocrítica que correspondería hacer respecto del I Plan de Acción
contra la Violencia Doméstica, anterior al borrador del nuevo plan
que hoy se nos ha presentado. Por tanto, me permitirá que mi
intervención sea muy breve, porque realmente tengo poco que decir
antes de leer los documentos que me han dado. Creo que no hacerlo así
seria bastante inconsciente por mi parte.
Así pues, al hilo de su intervención paso a formularle las siguientes
preguntas. En primer lugar, ¿hay alguna autocrítica que hacer sobre
las conclusiones del plan anterior, que debemos estudiar? ¿La va a
hacer usted? En segundo lugar, ¿qué grado de cumplimiento existe
respecto del plan anterior? En tercer lugar, ¿qué diferencia existe
entre el plan que hoy nos presenta y el anterior? Evidentemente, debe
haberlas sobre la base de sus análisis pero no de los nuestros,
porque me da la sensación de que las cosas no han cambiado mucho. Y
no lo han hecho, porque continuamos hablando -lo que por otra me
parece muy lógico- de fomentar la educación, de mejorar la
legislación y el ámbito judicial, de completar el mapa de recursos
sociales y, sobre todo, de algo que me parece una asignatura
pendiente: coordinar las actuaciones entre los diferentes organismos.
En este sentido, hace algún tiempo comprobamos que se había producido
cierto grado de cumplimiento de los ítems del plan anterior, y fue
bastante evidente que precisamente en el ámbito de la coordinación
era donde había un menor grado de cumplimiento. Es decir, que
implementar en el mapa de recursos sociales determinadas ayudas a las
víctimas, o incluso hablar de la ayuda a la reinserción después de
pasar por un trauma como es el de la violencia contra la mujer es más
fácil que coordinar tanto los recursos como a las instituciones. Por
tanto, lo que a esta Senadora le preocupa -desde el consenso que
siempre ha existido en esta Comisión, ya que, en definitiva, lo que
todos queremos es solucionar un grave problema sobre el cual sería
muy fácil hacer demagogia- es saber realmente por qué este plan
presenta estas medidas, que en mi opinión son similares a las del
anterior, y no otras, y en qué se han basado para hacerlo.
En cualquier caso, me reservo la posibilidad de formular preguntas
orales y por escrito al Gobierno tras la lectura de la documentación
que hoy se nos ha entregado, con el fin de completar nuestra
información y conocer de forma más específica por qué se ha optado
por un plan aprobado en Consejo de Ministros sin que los Diputados y
los Senadores aquí presentes hayamos podido estudiarlo a fondo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Cid.
La señora Morales, que es la representante del Grupo de Senadores de
Coalición Canaria, no se encuentra hoy en la Comisión.
Por tanto, por parte del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos,
tiene la palabra la Senadora Loroño.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, agradezco a doña Concepción Dancausa su presencia en
el seno de esta Comisión para hablar del contenido del II Plan Contra
la Violencia Doméstica, plan que, como bien han dicho quienes me han
precedido en el uso de la palabra, llega tarde a esta Comisión. Pero
me gustaría que esta crítica se entendiera de forma constructiva, es
decir, que no se interprete que estamos en contra de un plan contra
la violencia doméstica y que el Gobierno no cumple con la
responsabilidad de poner en marcha un segundo plan una vez concluido
el primero, sino que me quejo de las formas y del procedimiento
seguido, como creo que también han hecho quienes ya han intervenido.
Tal como le indiqué al señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
durante la tramitación de una pregunta en un Pleno de control al
Gobierno, me quejo de que no se haya tenido en cuenta a la Comisión
en este tema -lo que me parece una falta de deferencia para con la
misma- y de que previamente a la aprobación del plan en Consejo de
Ministros no se nos haya enviado su contenido. Como le dije entonces
al propio Ministro, y ahora le digo a usted, señora Secretaria
General, en esta Comisión decidimos en su momento dejar al margen las
ideas y las ideologías políticas de cada uno y trabajar en favor de
la mujer. Por tanto, creo que ante este problema se deben aunar
esfuerzos y no partir con malas sensaciones y reticencias respecto de
un plan que todavía no conocemos. En mi opinión, hay que guardar,
aunque sea de forma mínima, las formas. Y esa es mi crítica.
En relación con el contenido del plan que nos ha expuesto, me
gustaría plantearle una serie de cuestiones. En primer lugar, y sin
ánimo de ser reiterativa, creo que hay que hablar de la evaluación
del primer plan. ¿Qué resultados ha dado? ¿Cuántas acciones no se han
llegado a poner en marcha? ¿Qué valoración se hace desde el Gobierno
de la implantación del primer plan? Como se nos acaban de
proporcionar los datos, tras una lectura detenida de los mismos
tendremos la ocasión de formular preguntas concretas más adelante.
Pero, dado que se establecen cuatro grandes áreas de intervención,
con distintas medidas y actuaciones concretas, tal como nos ha
explicado la señora Dancausa, me gustaría saber la estructura
organizativa y los recursos humanos internos con que se cuenta para
poner en marcha este segundo plan y hacer un seguimiento de las
acciones que contiene.
Por otro lado, a pesar de que se desglosen las cuatro áreas generales
de intervención, con las acciones concretas de cada una de ellas,
echo de menos que no se especifique la periodicidad de esas acciones,
es decir, el momento en que se va a poner en marcha cada una de
ellas. Asimismo, quisiera saber qué coste económico tiene cada acción
concreta, ya que usted nos ha dicho que el presupuesto global del
plan es de 13.000 millones de pesetas en cuatro años, lo que da una
media de 3.300 millones de pesetas por año, cantidad que tanto yo
personalmente como mi Grupo consideramos insuficiente. Es decir, no
entiendo cómo se van a poder crear nuevos recursos humanos, cuando
incluso para acciones concretas relativas a medidas legislativas y
procedimentales se plantea un incremento de recursos en el ámbito
judicial fundamentalmente, con 943 millones, como creo recordar. Con
esa cantidad difícilmente vamos a poder hacerlo. Insisto en que
considero esa cantidad insuficiente. Aparte de que me da la sensación
de que no podremos dar respuesta y poner en marcha el conjunto de las
acciones formuladas en el plan, tampoco creo que puedan crearse
nuevos recursos con las cuantías económicas indicadas.
Para concluir, quisiera referirme a una cuestión. En este II Plan se
sigue planteando la violencia doméstica -al menos ésa es mi
percepción- como si se tratara de algo que efectivamente afecta a la
población, a la sociedad en general, pero seguimos considerando que
en realidad es un problema propio de la mujer y que, por tanto,
afecta única y exclusivamente a las mujeres. Por eso, aunque en las
medidas de sensibilización y prevención del Plan se establece que hay
que incidir en esta cuestión a través de diversas acciones y en
especial en el ámbito educativo, creo que hay que empezar a trabajar
también con los hombres buscando la participación activa de éstos en
esta lucha contra la violencia doméstica, y es que esta cuestión es
responsabilidad de todos los hombres, incluso de aquellos que no
practican esa violencia. En este sentido les diré que en un Congreso
celebrado recientemente Los hombres ante el nuevo orden social, y
organizado por Emakunde en el País Vasco, Michael Kaufman, director
de la campaña de Lazos Blancos de Canadá, insistía en una de sus
intervenciones en que una forma de concienciar de la verdadera
importancia que tiene este tema es que los propios hombres empiecen a
hablar de ello en sus ámbitos cotidianos. Al primero que lo haga le
resultará muy difícil porque pensará que le van a ridiculizar, pero
una vez que se haya dado el primer paso el resto irá detrás. Además,
los hombres escuchan más cuando son otros hombres quienes les hablan
sobre este problema que cuando son mujeres las que les hablan de
ello. Creo que también habría que incidir en hacer de esto una
cuestión de importancia vital para conseguir erradicar el problema de
la violencia doméstica. Los hombres también deben tomar conciencia de
este problema, tienen que hablar de ello y tratarlo en su justa
medida.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Haciendo caso del consejo de mi admirada amiga la Senadora Loroño,
voy a darles mi opinión sobre estas cuestiones en nombre de mi Grupo
Parlamentario.
Señora Dancausa, quiero decirle con toda cordialidad que nos parece
increíble que se haya presentado este II Plan sin que se haya hecho
aún la evaluación del primero. Nos acaban de dar el borrador del I
Plan, pero no veo que se haya hecho ninguna evaluación por parte del
Gobierno, al menos yo no lo he percibido en la lectura rápida que he
podido darle. Quisiera saber qué ha funcionado bien y qué no ha
funcionado, qué aporta este II Plan en comparación con el anterior o
cómo funciona la coordinación con las Comunidades Autónomas. Repito
que es esencial hacer una evaluación de ese I Plan. Por tanto, esta
primera parte de mi intervención consiste en urgir al Gobierno para
que podamos tener cuanto antes una evaluación exhaustiva e intensa de
él. De no ser así tendremos que trabajar de manera poco rigurosa, y
en este tema, como en todos, se imponen el rigor y la seriedad.
Segunda cuestión: las Autonomías. He de decir que muchas de las cosas
que se proponen en este II Plan ya se están haciendo en las
Comunidades Autónomas. Por tanto, como la coordinación es
importantísima, quizá sería más práctico que en este II Plan hubiera
unas grandes líneas de actuación respecto de lo que se pretende
hacer. También deberá quedar muy claramente especificado qué
corresponde a las Autonomías y qué al Gobierno Central. Además, está
todo mezclado y hay ambigüedades; no sabemos cómo ha ido esa
coordinación, por tanto, es un tema que hay que aclarar.
Señora Dancausa, quiero sugerirle que ya que hacemos pactos de Estado
a menudo -aunque quizá no tanto como sería conveniente-, debería
hacerse un pacto de Estado con esta cuestión tan importante y que no
solamente es un fenómeno social como se ha dicho sino un drama
social. Debería reflejarse un documento que pudiesen firmar el
Gobierno central y todas cuantas Autonomías tienen competencias en
esta cuestión para que quedase claramente delimitado el presupuesto,
lo que aporta cada Comunidad Autónoma, qué es lo que va a hacer cada
una de ellas en concreto y qué va a hacer el Gobierno central. Esto
no está claro de momento; seguramente se trata de confusiones
involuntarias, pero precisamente por eso es tan necesaria la
evaluación de ese I Plan. Tenemos que ver cómo ha ido la coordinación
-vuelvo a repetirlo-, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal para
incidir en lo primero y evitar lo segundo. Pido, pues, que ese gran
pacto de
Estado pudiesen firmarlo los representantes de las Autonomías que
tienen responsabilidades en la materia y que quieren seguir
ejerciéndolas con el Gobierno de la nación.
Yendo ya al tercer punto de mi intervención, quiero decir que en
cuanto al primer punto de este II Plan, medidas preventivas, y
concretamente en relación con la Comisión de seguimiento que usted,
señora Dancausa, ha anunciado, no sé si está previsto -si no lo está
sugiero que se incorpore- el papel que deben desempeñar las
asociaciones de mujeres, los colegios profesionales de médicos y de
enfermeras y, en fin, la sociedad civil, que debe incorporarse a esas
medidas preventivas de sensibilización.
En cuanto al segundo apartado, relativo a medidas legislativas, debo
decir que en la Ponencia en que estamos estudiando la violencia
doméstica hay una cuestión en la que siempre se incide, me refiero a
la importancia que tienen las primeras diligencias. No he llegado a
saber si esta cuestión se mejora en este Plan. Me gustaría saber si
está contemplado que esas primeras diligencias deben hacerse con la
máxima eficacia.
En el apartado referente a medidas asistenciales tampoco veo nada en
relación a facilitar el acceso a la vivienda a las mujeres que
padecen esta plaga de la violencia doméstica. Me gustaría que esto se
incorporase. En relación con medidas asistenciales tampoco veo ningún
apartado relacionado con niños y mayores, cuestión asimismo muy
importante ya que se viene señalando que están aumentando los casos
de violencia contra los mayores y los niños que también viven en el
domicilio de esas mujeres maltratadas. Quisiera saber algo a este
respecto.
Señora Dancausa, le pido también que se realice con urgencia esa
evaluación. En segundo lugar, es también muy importante que se firme
ese gran pacto entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas
para aclarar todas las dudas y para que cada cual sepa cómo tiene que
actuar en esas materias.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la
señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señora Presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer la
presencia entre nosotros de la señora Dancausa. Sin embargo, tengo
que decir que nuestro Grupo hubiera preferido contar con su presencia
antes de la aprobación definitiva del II Plan contra la violencia ya
que ello hubiese significado que se tienen en cuenta y se escuchan
las voces de todos los grupos que en este momento componemos el
Parlamento. Considero que asuntos de tanta trascendencia y tan
importantes
como el de la violencia de género, en los que todos los grupos
coincidimos que hay que luchar con todas nuestras fuerzas para
erradicarlos, no sólo hay que manifestarlos públicamente, sino que
las actuaciones que llevemos a cabo contra ellos tienen que verse
reforzadas por nuestro propio discurso, el cual a veces da a entender
que todos estamos dentro del mismo barco aunque en ocasiones ello no
se corresponde en la realidad con determinadas actitudes.
Yo sé que es responsabilidad del Gobierno presentar propuestas, pero
creo que estamos hablando de un problema complejo y difícil, como
usted decía, y precisamente debido a esa complejidad deseábamos que
antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros
hubiésemos tenido la oportunidad de participar en ese II Plan. Las
consultas que se han realizado por parte del Instituto de la Mujer a
organizaciones de mujeres, Comunidades Autónomas y ayuntamientos han
sido, en nuestra opinión, escasas y precipitadas y creo que han dado
poco resultado. Usted, señoría, ha estado presente en reuniones de
Consejos sectoriales y habrá podido ver que duran muy poco tiempo, a
veces ni una hora, motivo por el cual se puede tener presencia pero
no participación.
Algunas organizaciones de mujeres le han hecho muchas propuestas, así
como la Federación de Municipios -a la que usted aludía-, propuestas
que prácticamente no se han tenido en cuenta, por no decir que no las
han escuchado o las han escuchado poco, porque la mayoría de ellas,
coincidiendo en muchos casos con la propuesta que ha hecho el Grupo
Parlamentario Socialista, pedían una ley integral y medidas más
estructurales. Usted misma reconocía -y yo creo que estamos de
acuerdo todos los grupos- que lo que hace falta es un cambio
estructural y de actitudes, no sólo un cambio legal o de cualquier
otra iniciativa que se pueda poner en marcha.
También necesitan de un mayor compromiso y de un mayor presupuesto
real y efectivo. Ratifico lo que decía la portavoz de Izquierda
Unida, que el plan se nos remitió bastante tarde, el día 8 de junio,
que es cuando conocimos el presupuesto económico. El presupuesto
económico en este segundo plan, no en el primero, está por
Ministerios, por lo que le pediría que nos dijera en qué partida
concreta del presupuesto del año 2001 está cada una de las partidas
aprobadas para financiar el plan este año.
Creo que es un problema que requiere de un debate y de un compromiso
social y político mucho más amplio, tal como hemos venido pidiendo
desde el Grupo Parlamentario Socialista en muchas ocasiones, y lo
hemos explicitado todos los grupos.
Desde mi Grupo Parlamentario solicitamos el impulso de ese consenso
que hace falta para luchar contra la violencia de género, lo que no
significa que tengamos que renunciar a nuestra ideología, sino todolo
contrario, yo creo que en el fondo es un problema,
como muchas veces ha puesto de manifiesto Ana María Pérez del Campo,
con un fuerte componente ideológico. Por eso no podemos renunciar a
la ideología pero, sin renunciar a ella, podemos llegar a un
consenso.
Nosotras preferimos hablar de violencia de género y no de violencia
doméstica porque entendemos que ésta, como las agresiones sexuales y
el acoso sexual, es violencia contra las mujeres por el hecho de ser
mujeres, y es la evidencia más contundente de la desigualdad y la
discriminación que todavía las mujeres vivimos en esta sociedad.
Sabemos además que su erradicación definitiva está vinculada a la
desaparición de la desigualdad. Creo que ésta es una larga lucha,
pero que no podemos desistir de ese empeño.
En la lucha por la desaparición de la desigualdad, por la
modificación del sistema de relaciones sociales y personales entre
hombres y mujeres tiene que desaparecer la relación subordinada de
las mujeres respecto a los varones. Como ya dijo Miguel Lorente en
esta misma Comisión, los hombres usan la violencia porque su rol les
concede la posibilidad de usarla para resolver los conflictos; a las
mujeres nuestro rol nos dice que tenemos que sufrirla antes de romper
con ese papel que se nos ha asignado históricamente y más, incluso,
si afecta o rompe la estructura familiar. Hay quien dice que quienes
la aguantan es porque quieren, pero yo creo que es una barbaridad
decir algo así. Es fácil decir, cuando te sientes segura, que no
aguantarías esa violencia, pero hay que tratar de ponerse en la piel
de esas mujeres que la están padeciendo. Yo comparto ese mensaje que
damos a las mujeres de que tienen que presentar denuncias, es
imprescindible que lo hagan, pero los poderes públicos, el Gobierno
en particular, tienen que ofrecer seguridad a las mujeres. Hay que
ser muy valiente para escapar a una situación de este tipo, con pocas
esperanzas en el futuro y con mucho miedo, con amenazas reales que,
en muchos casos, terminan en asesinato, y en la mayoría de los casos
con hijos menores.
Cuando una mujer huye de una situación de violencia y pone una
denuncia, lo que quiere es no volver a ser maltratada, quiere
protección para ella y para su hijo y ayuda para recomponer su vida.
Las mujeres tienen derecho a pedir eso al Estado y a las
Administraciones públicas, tienen derecho a vivir una vida sin
violencia.
La preocupación del Grupo Parlamentario Socialista es atajar esta
situación desde varios frentes, sabiendo -y lo vuelvo a poner sobre
la mesa- que estamos hablando de un problema complejo y de que, como
decía Marisa, hay que reconocer que a cualquier Gobierno le supone
dificultades, pero hay que crecerse frente a ellas, partiendo del
hecho de que la violencia tiene una raíz estructural y por tanto su
erradicación necesita de modificaciones estructurales dirigidas a
avanzar hacia la igualdad. Y tengo que decirle que yo no veo esas
modificaciones estructurales en el II Plan,
ni tampoco las veía en el primero que nos presentó el Gobierno.
Las mujeres no están seguras a pesar de haber denunciado al agresor,
de ahí el alto porcentaje de mujeres que vuelven con él. Ninguna
mujer que ha puesto una denuncia debe morir y, todo es mejorable,
pero si en este momento las medidas cautelares que existen, tanto
jurídicas como sociales, funcionaran de manera coordinada, ninguna
mujer tendría que perder la vida. Sin embargo, hoy por hoy, cuando
más peligro tiene una mujer es, curiosamente, cuando presenta la
denuncia, porque las pocas veces que se aplican las medidas
cautelares, como el alejamiento del agresor, después no se controla
su cumplimiento.
Esto es responsabilidad de toda la sociedad, pero desde luego es
responsabilidad prioritaria del Gobierno, que para eso está
gobernando. La violencia no puede ser un obstáculo para las mujeres
en su emancipación. Debemos garantizar recursos económicos y sociales
a quienes salen de una situación de violencia, recursos que muchas
veces pierden debido a la misma. La mayoría de esas mujeres tienen
que empezar su vida a partir de cero, cuando salen de su casa.
Sinceramente, no creemos que el II Plan contra la violencia se
comprometa de forma tajante y contundente en esta línea, es más bien
un conjunto de medidas sueltas y de intenciones más o menos
acertadas. Algunas de esas medidas las compartimos, como el que se
retire la tutela a los agresores en caso de violencia. Hay que ser
justos, hay que criticar aquello que no compartimos, pero también
reconocer aquello que nos parece acertado.
Se llama integral porque parece que se ha puesto de moda la palabra,
pero no tiene consistencia interna ni aporta mucho más de lo que ya
se viene haciendo desde hace años a partir del estudio de la
posibilidad de poner en marcha algunas medidas legislativas, ni
siquiera se ha realizado como resultado de la evaluación del I Plan,
que no existe. Por cierto, tengo que decirle que acabamos de
conocerlo en este momento, y no me parece serio que se nos entregue
una documentación en el momento que usted comparece porque, como
puede comprender, no podemos entrar a analizar esa evaluación. Le
pediría que en lo sucesivo se nos remita la documentación con tiempo
suficiente para poder evaluarla.
Tras un vistazo rápido, he comprobado que se habla del número de
cursos que se han puesto en marcha, pero no sabemos el número de
beneficiarias ni el dinero que se ha empleado, por ponerle algún
ejemplo que me ha dado tiempo a ver.
Una vez más, el Gobierno del Partido Popular hace un juego de
apariencias, tanto en la presentación del plan como en el
presupuesto. Me tiene que perdonar que le diga que nadie se lo puede
creer, porque no existe en los Presupuestos Generales del Estado. Por
eso yo le pediría explícitamente que nos dijera en qué partida
concreta del Presupuesto del año 2001, que es el que está aprobado,
están contemplados las diferentes partidas que hay en los diferentes
Ministerios que forman parte de este plan.
Yo creo que ustedes cuentan el dinero tantas veces, que si sumáramos
todo lo que dicen gastarse en planes sociales y los buscáramos en los
Presupuestos Generales del Estado nunca los encontraríamos, porque
utilizan los mismos recursos para todos los planes. Por cierto, me
gustaría que nos contestara si han incluido en el presupuesto del
plan la informatización del sistema de denuncias de la Policía
Nacional o la página web de la Guardia Civil en general, ya que
también puede atender a mujeres, pero no sólo atiende a mujeres, y
normalmente se incluye en el plan contra la violencia de género.
Tienden normalmente a incluir todo en el presupuesto de los planes
contra la violencia, aunque sea un recurso para cualquier tipo de
delito y aunque ese dinero esté ya incluido en otros planes. Aquí
queremos diferenciar entre los delitos contra la violencia de género
y los delitos que puede padecer cualquier otro miembro de la familia,
ya sean menores o mayores. Yo creo que el origen es distinto y hay
que analizarlo desde una perspectiva distinta.
Respecto a las medidas concretas, me gustaría hacerle algunas
indicaciones sin entrar en demasiados detalles por la falta de
tiempo. En la primera parte, y respecto a la prevención, creo que a
veces ustedes confunden la prevención con la publicidad y, como
mucho, con la sensibilización. Una cosa es la sensibilización y otra
cosa es la prevención. Prevenir es incorporar al proceso educativo y
formativo de las personas un sistema de relaciones diferente, es
trabajar por la igualdad y es incidir en el núcleo familiar, en el
sistema educativo y trabajar directamente con las personas. Lo más
aproximado a esto, a lo que se comprometen desde el Instituto de la
Mujer, es a proponer a las Comunidades Autónomas -ya sé que en muchos
casos las competencias en educación como en otros servicios sociales
o en sanidad las tienen las Comunidades Autónomas- que incluyan en
los currículum de educación primaria y secundaria una asignatura
sobre igualdad. ¿Dónde está aquí el compromiso del Ministerio de
Educación? Me gustaría conocerlo. ¿Dónde están los compromisos
presupuestarios? Porque normalmente le damos muchas instrucciones a
las Comunidades Autónomas sobre lo que tienen que poner en marcha,
pero no transferimos las partidas presupuestarias correspondientes
para que puedan desarrollarlas.
También se incorpora en la prevención la formación a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, pero se hace como sensibilización.
Mejor eso que nada, y lo hemos dicho no sólo hoy, sino en otras
muchas ocasiones, pero creemos que hay que incorporar de forma
específica la violencia de género como parte de la formación
académica -no sólo de la información o la sensibilización- de estos
profesionales.
Las mujeres no quieren estar a disposición de encontrar o no
profesionales sensibilizados. Quieren personas que ejerzan su
profesión, entre cuyas actividades esté incluida la atención adecuada
a las víctimas de malos tratos.
En lo relativo a las medidas legislativas y procedimentales, tampoco
se avanza mucho más allá de analizar y de impulsar. Las medidas
asistenciales, en muchos casos, son repetidas respecto a los primeros
planes -ya sé que también en muchos casos hay que continuar con las
medidas de un primer plan, eso es obvio-, pero en este caso es que no
partimos de una evaluación previa del primero, porque cuando se parte
de una evaluación previa del primero sabemos en qué medidas tenemos
que incidir, qué medidas tenemos que reforzar o qué medidas
directamente tenemos que quitar.
Quisiera saber cuánto aumentarán los servicios destinados
específicamente a las mujeres. Además, en este Plan ni siquiera se
recogen los compromisos del Gobierno en el Plan del empleo del año
2000, que nos parece fundamental. Podemos pedir a las mujeres que
tengan independencia psicológica o, mejor dicho, tenemos que trabajar
con las mujeres para que consigan esa independencia psicológica que
les permita, de alguna manera, romper con esa situación de violencia
en la que han vivido y que las ha anulado como personas, pero si
tienen independencia psicológica y no tienen independencia económica,
hemos avanzado poco. Por eso creemos que tienen que existir planes
específicos o medidas reales para apoyar el empleo de las mujeres, y
en su lugar lo que encontramos es el impulso de que se tenga en
cuenta a las mujeres en los programas que ya existen, o buenas
intenciones de realizar programas de formación y de habilidades
sociales.
Necesitamos poner en marcha un acuerdo contra la violencia de género
que recoja una serie de medidas contempladas en una ley integral y
que suponga un compromiso amplio del Gobierno, los grupos
parlamentarios, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
Algo que nos parece importantísimo para poner fin a este problema son
las organizaciones de mujeres. No dudo que esta cuestión es
absolutamente prioritaria para todos los grupos.
Esta ley ha de establecer medidas en los ámbitos educativos
garantizando que la escuela sea un lugar de aprendizaje de la
igualdad; debe intentar que los medios de comunicación no promuevan y
difundan mensajes sexistas o que inciten a la violencia y la
dominación de las mujeres; debe garantizar el derecho de todas las
víctimas a contar con recursos sociales y apoyo jurídico y
psicológico especializado, de acogida y también de vivienda, porque
como he dicho al principio, en muchos casos la mayoría de estas
mujeres empiezan a vivir a partir de cero; debe incorporar recursos
que apoyen la inserción laboral y medidas
sanitarias, así como protección inmediata a las víctimas y, además,
debe reforzar en todo caso las sanciones penales y civiles, aunque
creo que todos los grupos son conscientes de que con la violencia de
género no se va a acabar sólo desde el Código Penal, sino que tiene
que haber un conjunto de medidas que se pongan en marcha de manera
integral.
Los planes integrales deben producirse como desarrollo de esa ley
integral y tienen que tener un compromiso del Gobierno que implique a
todos los ministerios y que garantice la coordinación entre todas las
administraciones, porque como muy bien se ha puesto de manifiesto
esta mañana, muchas de las competencias en algunos temas prioritarios
en la lucha contra la violencia están transferidas a las Comunidades
Autónomas.
Tiene que tener medidas concretas, medibles y evaluables y el
compromiso de su realización; intervención en todas las áreas que
contemple la ley; presupuesto suficiente para cubrir las necesidades
actuales y, por supuesto, que se contemplen en los Presupuestos
Generales del Estado, porque como todos sabemos, lo que no se
contempla en los Presupuestos Generales del Estado sencillamente no
existe. Asimismo, debe contar con un sistema adecuado de seguimiento
y evaluación, que está muy bien para controlar al Gobierno y para que
el Gobierno sepa en qué grado se está cumpliendo.
Por último -y ya termino, señora Presidenta, no se preocupe-, espero
que, ya que no se nos escuchó en esta ocasión, en una próxima, si la
hay, sí se tengan en cuenta las aportaciones de los grupos
parlamentarios porque, créame, señora Dancausa, lo que queremos de
verdad es erradicar esa lacra y no voy a resaltar el compromiso de mi
Grupo porque creo que aquí coincidimos todos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Secretaria General, en primer lugar, mis palabras, en nombre
del Grupo Popular, tienen que ser para agradecer su presencia y su
comparecencia, así como la exposición que ha realizado del II Plan.
Nuestro Grupo valora positivamente que el Gobierno haya aprobado el
II Plan de acción, como también constituyó para nosotros un motivo de
satisfacción que fuera un Gobierno del Partido Popular el que
aprobara en 1998 el I Plan, y lo hizo, por cierto, a los diez años de
haberse elaborado por el Senado un dictamen en el que ya se
denunciaban cuestiones que fueron, sin embargo, abordadas sólo cuando
accedió al Gobierno el Partido Popular.
Para nosotros es una satisfacción porque con ello no sólo se marcó un
hito en la política del Gobierno de España, sino también de Europa
-recordemos que fue el primero que se hizo en un país de la Unión
Europea-. Además, evidencia un compromiso real del Gobierno con la
política de igualdad y de solidaridad, extremo este fundamental para
nuestro Grupo. Ello es así porque estamos hablando de un problema
grave vinculado a una muy arcaica concepción de unas relaciones
sociales entre género, y en el reconocimiento de este evidente
problema, en saber que existe -que es algo básico para afrontarlo- y
en la búsqueda de soluciones, ha estado siempre claramente
comprometido el Grupo Popular. Por ello nos parece importante que,
concluida la vigencia del I Plan, el Gobierno aprobara el segundo. No
podíamos aguardar a una evolución que pudiese retrasar la aplicación
de un II Plan que requería de una inmediatez y de una continuidad del
primero. Un Plan, por otro lado, que es claramente interdisciplinar y
ambicioso, que ha sido diseñado en coordinación -y esto es
fundamental y algunos grupos en su intervención lo han olvidado- muy
clara con las Comunidades Autónomas, escuchando también las
sugerencias del Consejo General del Poder Judicial y de las
organizaciones no gubernamentales. Aquí se ha hablado incluso de un
número importante de ellas que habían actuado activamente; por lo
tanto, no podemos compartir las opiniones que hablan de que se hizo
de espaldas a las asociaciones de mujeres.
Pues bien, ese Plan, con esa colaboración múltiple y variada, lo que
busca es cubrir todos los ámbitos, desde el legal hasta el
asistencial. Y nos parece no sólo acertado, sino necesario que,
concluida la vigencia de ese I Plan, se aprobara el II, de cuya
lectura -y todos los grupos hemos tenido oportunidad de leerlo si
hemos querido porque se nos ha entregado con antelación suficiente
para hacerlo, cosa que no sucedió en alguna otra ocasión; la memoria
histórica a veces saca del cajón de los olvidos estas
circunstancias-, podemos observar claramente que se mantienen muchas
de las medidas puestas en práctica en el I. Y es que, señorías, es
necesaria la continuidad de las campañas de sensibilización, de
formación de los profesionales de la sanidad, de la justicia, de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seguir incrementando unos
recursos sociales que, por cierto, hoy en aplicación del I Plan se
han multiplicado, o seguir fomentando una educación basada en los
valores del diálogo, respeto y tolerancia. Pero a éstas -también se
ha dicho- se han incorporado otras muchas nuevas medidas, y todo ello
desde la consideración de que la violencia requiere un tratamiento
integral.
Se incide, por tanto, en un tratamiento integral -y quiero
recalcarlo- del problema que no sólo considera las posibles mejoras
de la legislación penal y procesal, sino que contempla otras
posibilidades de actuación en las que no voy a incidir por falta de
tiempo. Pero sí quiero insistir en que esta visión integral es una de
las virtudes
más destacadas por nuestro Grupo del Plan de acción, Plan que
facilita además la insoslayable coordinación con las Comunidades
Autónomas dado el importante número de competencias que éstas tienen
asumidas, y de una manera muy especial en materia asistencial.
Por lo tanto, tras las importantes reformas introducidas en la
legislación penal y procesal en 1999, nos parece oportuno seguir
modificando dichas normas en la medida en que se considere necesario.
Así, nuestro Grupo apuesta -coincidiendo con el Plan- por introducir
aquellas modificaciones que permitan seguir cerrando los posibles
resquicios abiertos a la actuación de los potenciales agresores.
Concretamente, en el ámbito de las actuaciones procesales cabe
explorar nuevas alternativas para dotar a las víctimas de inmediatas
medidas de protección de naturaleza cautelar que faciliten la
denuncia y las protejan. Nuestro Grupo considera que la inmediatez de
la protección antes resaltada constituye una pieza clave que se va a
ver facilitada también desde la perspectiva policial al contemplar el
Gobierno la implantación de otras medidas claramente complementarias
en este ámbito.
En el área de las actuaciones asistenciales de máxima urgencia
apostamos también en el Plan por contemplar el incremento de la red
de casas de acogida y por extender los servicios de asesoramiento a
las mujeres afectadas, que sin duda se han multiplicado ya en la
etapa anterior.
Nuestro Grupo desea resaltar también nuestra apuesta por facilitar la
emancipación -cómo no-, la independencia económica de las mujeres,
esto es, en definitiva, su acceso al empleo y a la vivienda, y así,
nos parece fundamental lo que el Gobierno viene realizando en cuanto
a incentivar la contratación de mujeres. Recordemos su eficacia: las
cifras hablan de cerca de un millón de nuevas mujeres hoy
incorporadas al mercado laboral en unos años de Gobierno del Partido
Popular.
Por tanto, no podemos decir que el Gobierno permanece impasible, no
podemos decir que este programa está de espaldas de ese objetivo que
sin duda nosotros compartimos, como también compartimos el de
potenciar su orientación laboral y el de reconocerles desde las
Comunidades Autónomas un acceso preferente a las viviendas sociales,
porque, señorías, este es un tema que hay está transferido a las
Comunidades Autónomas ¿Cómo iba a decir el Plan lo que es una
competencia de la Comunidades Autónomas? Pero, sin duda, participamos
de esa colaboración, de ese espíritu y de esas recomendaciones dadas
desde el Plan de acción, como, señorías, también compartimos
favorecer el acceso de los hijos a las guarderías.
Entre las iniciativas en las que es necesario seguir incidiendo
destacan, desde luego, las dirigidas a seguir sensibilizando a las
ciudadanía a fin de crear ese ambiente de tolerancia cero por el que
desde siempre nuestro Grupo ha apostado.
Me gustaría significar en nombre de mi Grupo la importancia de las
medidas educativas que permanecen en el Plan, muchas de las cuales se
intensifican y se impulsan. Sabemos que son medidas que requieren un
mayor tiempo de implantación, pero que a la postre se revelarán como
las más eficaces debido a que buscan atajar el problema desde su
raíz. Y es que sólo con el fomento de una educación que se base en
los valores de respeto, de tolerancia, de diálogo, podrá evitarse que
las futuras generaciones reproduzcan esquemas de comportamiento
violento en las relaciones entre géneros. Pero tampoco podemos obviar
que hoy todas las Comunidades Autónomas tienen asumidas unas
competencias, por ello esa colaboración institucional que a mí me
parece básica tiene un reflejo muy claro en esas áreas de educación y
en esas recomendaciones que yo espero que todos los grupos
compartamos. Una educación que también ha de llegar a los propios
maltratadores, tal como se propone al promover programas de
rehabilitación para ellos. Pensamos que dicha iniciativa no sólo
contribuirá a cumplir con la finalidad esencial de la pena, sino que
también se convertirá en un muy útil instrumento de prevención si se
tiene en cuenta el alto grado de reincidencia que se da en este tipo
de delitos.
Por lo tanto, estamos ante un Plan de acción interdisciplinar que
fomenta la cooperación institucional, que contiene 58 importantes
medidas. Un Plan, en definitiva, que pretende cubrir todos los
ámbitos de la lucha contra la violencia doméstica afrontando el
problema desde todas las perspectivas posibles pero a partir del
conocimiento de una realidad que claramente se quiere transformar. Un
Plan que supone un claro compromiso al político, al que le acompaña
el aval -yo diría incluso el rigor y si quieren también la
credibilidad- de un presupuesto económico de importancia.
Me gustaría finalizar, señora Presidenta, señorías, señalando que,
sobre todo, como ha destacado la Secretaría General, es un Plan
abierto. Quiero ello decir que, desde el conocimiento de que existe
aquí una subcomisión que está trabajando con seriedad sobre este
delicado asunto, en las conclusiones se pueden incorporar todas las
sugerencias aportadas por los diferentes grupos políticos. Por lo
tanto, señorías, hay un espacio -y yo quiero hacer una llamada
cordial a todos- para seguir trabajando desde la colaboración de
todos los grupos. Mientras tanto nuestro Grupo felicita a la
Secretaría General por la elaboración del II Plan. Sepa que cuenta
con nuestro apoyo y con nuestro trabajo para contribuir entre todos a
consolidar una sociedad presidida por el diálogo, la tolerancia,
valores inexcusables de un Estado Social y de Derecho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
A esta Presidenta le gustaría hacer una pequeña aclaración sobre una
cuestión. Los distintos portavoces
han hablado de las fechas de entrega del Plan Integral contra la
Violencia Doméstica. La Letrada ha tenido que ausentarse porque es la
responsable de organizar el acto que tenemos en La Encarnación, pero
ella me ha informado claramente de que no tenía la fecha en que entró
aquí el Plan, pero que tal vez tuvo entrada durante las elecciones
vascas, fechas en las que ningún parlamentario o parlamentaria
estuvimos en nuestra actividad habitual. El primer día que esta
Presidencia abrió su correspondencia fue el 4 de junio y al día
siguiente, el 5 de junio, se remitió a todos los miembros de esta
Comisión. Por lo tanto, no les puedo decir la fecha en que lo mandó
el Gobierno, pero sí la fecha en la que se abrió la correspondencia y
en la que se remitió a todos los miembros de la Comisión, y no
transcurrieron ni 24 horas. Respecto a la entrega de hoy, se ha
traído hoy y hoy mismo se ha entregado a sus señorías.
Señora Secretaria General, tiene la palabra para responder a los
distintos grupos parlamentarios.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradezco las intervenciones de todos los grupos al entender que es
un tema importante y todas las propuestas y críticas realizadas las
recibo sinceramente con toda cordialidad, ya que el trabajo es común
y todos tenemos una gran preocupación por la violencia contra las
mujeres.
Voy a tratar de ir contestando a las preguntas que se han formulado.
En primer lugar, debo decir que no es cierto que se hagan los planes
sin contar con las mujeres. Quizá empiece por otra cuestión que se ha
puesto de manifiesto que me parece más importante, y es la
evaluación.
Ustedes recordarán que el primer plan tenía una evaluación muy
parecida a la que establecemos en este segundo plan, pues es el
método habitual que seguimos en casi todos los que realizamos desde
el Ministerio, teniendo en cuenta que son los métodos que los propios
evaluadores nos indican qué hay que hacer. Por lo tanto, había dos
tipos de evaluación, una primera, que es la implementación, que es la
que les hemos entregado, que quizá se haya hecho con retraso, pero
con la idea de poder hacerla más clara. Observarán ustedes que es una
recogida de información muy amplia, que solamente se refiere a lo que
se ha hecho por parte del Gobierno, y ahora estamos elaborando el
resumen de la evaluación con toda la información que tenemos de las
Comunidades Autónomas. No les quiero ocultar que es una labor
complicada y difícil, porque además de lo que se ha hecho, que
considero que es mucho, las Comunidades Autónomas también han hecho
muchísimo, y recoger todo y ordenarlo es complicado, pero lo cierto
es que hemos querido presentarlo. Queríamos haberlo hecho en
imprenta, ya publicado, pero no nos ha dado tiempo y ése ha sido el
motivo del retraso.
En cualquier caso, ésta es la implementación del plan, es decir, la
primera parte de la evaluación. Se hace referencia a todas las
medidas que se han puesto en marcha y las que no, y hemos tratado de
recoger datos lo más certeros posible, incluso del número de
profesionales que ha llegado. Es posible que como no han podido
examinarlos con tiempo no los conozcan, pero están los tipos de
cursos y a cuántas personas se ha formado. Hemos tratado de darles la
mayor información.
Es verdad que queda una evaluación pendiente, que es la cualitativa,
pero sin duda ustedes conocen que lleva mucho más tiempo realizarla,
ya que de lo que se trata es de ver el resultado, y eso significa que
hay que hacer preguntas a las propias organizaciones no
gubernamentales, a los propios Ministerios encargados, que son los
responsables, e incluso a las propias mujeres.
No obstante, nosotros entendíamos que, dada la urgencia de este
problema y la visión de que aunque hay avances importantes las
mujeres siguen sufriendo violencia, no podíamos esperar a tener esa
evaluación, entre otras cosas, porque durante todo este tiempo no
hemos dejado de trabajar en ello. Es decir, la percepción de que lo
que se está haciendo tiene o no un resultado lo vamos a conocer con
mucho más detalle en la evaluación, pero también tenemos muchos
resultados de los informes que se han venido realizando por el propio
Consejo del Poder Judicial, las propias investigaciones del Instituto
de la Mujer -y quiero recordar que en estos tres años hemos realizado
quince investigaciones-, y en el ámbito de la Universidad, es decir,
tenemos datos suficientes que nos indican que estas medidas del
segundo plan son importantes y necesarias aun sin conocer la
evaluación, que probablemente nos podrá aportar otro tipo de
propuestas. Pero estoy segura de que éstas van a ser también
avaladas, por una razón, porque las hemos consultado, no son
propuestas que se hayan inventado por querer ser más originales.
Desafortunadamente, no hay respuestas mágicas, a corto plazo, y hemos
tratado de contar con la implicación de los profesionales que
trabajan en estos ámbitos, de las propias organizaciones no
gubernamentales, a las que hemos remitido el plan y con las cuales
hemos tenido una reunión larga y concisa de sus aportaciones, con un
gran debate, y de las propias Comunidades Autónomas.
Sí quiero señalar, porque alguien lo ha indicado, que en ningún
momento se fija ningún límite de tiempo en esas reuniones con las
Comunidades Autónomas, ni a nivel de directoras generales ni de la
conferencia sectorial. Si no hay debate es porque no se provoca, ya
que no hay un horario establecido por el propio Ministerio ni para
las conferencias sectoriales ni para las reuniones de directores
generales, sino que las demandas y las preguntas tienen que surgir en
las mismas. Quiero indicar que se parte de un esfuerzo general y
compartido con todas las personas, expertos, instituciones,
Comunidades Autónomas y organizaciones no gubernamentales que
trabajan contra la violencia.
Es verdad que se han incluido algunas de las propuestas que se han
formulado y otras no, ya que tenemos que ser capaces de asumir
aquello en lo que creemos, estamos de acuerdo y sabemos que vamos a
cumplir, por eso gobernamos, pero debo decir que se han introducido y
se han excluido muchas de las propuestas, tanto de las Comunidades
Autónomas como de las organizaciones no gubernamentales, pues algunas
de las medidas que nosotros proponíamos las hemos suprimido por
propuestas de las propias organizaciones no gubernamentales.
Por lo tanto, la urgencia de la materia y la importancia de una
continuidad, siendo una cuestión prioritaria para el Gobierno y para
las Comunidades Autónomas, indicaba la necesidad de seguir elaborando
un plan, puesto que tenemos ya un conocimiento muy exhaustivo de la
situación y, como digo, tanto la evaluación como los resultados de la
Comisión nos pueden dar alguna pista nueva, pero estoy segura de que
no se va a suprimir ninguna de las medidas, puesto que han sido
suficientemente debatidas.
Se ha hablado de que este plan no contiene medidas estructurales.
Depende de lo que se entienda por medidas estructurales. Tengo que
decir que es un plan exclusivamente contra la violencia; hay otra
serie de actuaciones, como el Plan de Igualdad de Oportunidades para
hombres y mujeres, que inciden en todas las materias y sí contemplan
reformas estructurales. En éste sólo se habla de violencia, es decir,
todas las medidas que se adoptan a partir del resto de los planes y
especialmente del Plan de Igualdad o de la propia reforma laboral o
del propio Plan de Empleo, van dirigidos a cambiar los problemas
estructurales que hoy en día tienen las mujeres que son, sin duda, la
causa de las desigualdades que todavía sufre nuestra sociedad.
Se ha dicho que no hay un estudio epidemiológico. Yo no sé lo que es
un estudio epidemiológico, probablemente es un término mucho más
sanitario que social, pero sí quiero señalar que se hizo una
macroencuesta -que es la primera vez que se hace-, diseñada por los
propios técnicos que entienden de esta materia, con un cuestionario
que se circunscribió a 20.000 mujeres y, por lo tanto, sus resultados
nos han mostrado, por primera vez, unos conocimientos de las causas
de la situación de la violencia en nuestro país que en ningún caso se
había hecho anteriormente. Además, esa macroencuesta ha sido
publicada y difundida por el propio Instituto de la Mujer y, como
decía, nos ha mostrado un conocimiento mucho más profundo de la
realidad y de las causas por las que las mujeres sufren violencia.
Se ha indicado algo que compartimos totalmente, como son las medidas
educativas y culturales. Cambian las ideas, pero es muy difícil
cambiar a las personas. Por ello, si en el primer plan había varias
medidas dirigidas a la educación, a la prevención y a la formación,
en éste continúan otras muchas, pero también se incide en otras
nuevas. La propia experiencia de las
propuestas y de las medidas que se han ido adoptando, no solamente
por el Gobierno, sino por las propias Comunidades Autónomas, nos han
hecho introducir nuevas medidas, entendiendo que el ámbito de
colaboración con las Comunidades Autónomas tiene que ser permanente,
que nosotros tenemos unas competencias pero ellas tienen otras y, por
lo tanto, siempre tenemos que colaborar.
Es por ello por lo que la Comisión de Seguimiento con las Comunidades
Autónomas especifica para este plan es fundamental para paliar dos
cuestiones de las que somos conscientes. Hay que mejorar la
coordinación, que es algo que hemos intentado hacer y de hecho
tenemos experiencias positivas, pero sabemos que hay que avanzar
porque el problema es que hay muchísimas instituciones y
profesionales que intervienen en cualquier caso de violencia, y lo
quiero señalar porque es una dificultad que existe. Cuando una mujer
sufre violencia interviene la policía, la justicia, el médico
forense, los asistentes sociales y las organizaciones no
gubernamentales. Es decir, hay un elenco de intervenciones que
tenemos que mejorar, por ello la coordinación -que se ha logrado a
través de alguno de los protocolos, fundamentalmente el sanitario que
se aprobó y queremos saber cómo se está aplicando-, es la línea en la
que nos debemos dirigir y es por ello por lo que está en el propio
plan.
Me decían que no hay autocrítica. En realidad, en el Plan no tiene
por qué haber autocrítica. Ésta tendrá que venir de la evaluación de
I Plan. Además, estamos dispuestos a hacerla. Nada de lo que hagamos
creemos que tiene el cien por cien de maravilloso. No obstante, sin
duda, este es un avance importante. Y si ustedes leen la memoria de
una forma rigurosa y observan todas las actuaciones llevadas a cabo
directamente por todas las instituciones de la administración pública
del Gobierno y las Comunidades Autónomas verán que han sido muchas y
que se ha hecho un gran esfuerzo y compartido por todos durante estos
tres años. Y creo que esto es muy importante. Si hay un signo de
progreso claro es el aumento de denuncias. Y si hay unos resultados
que tienen un coste económico son los numerosos servicios puestos en
marcha, que se reflejan en la memoria y que posteriormente comentaré
en la respuesta a la pregunta sobre la evaluación del I Plan.
También se comenta que no hay una planificación de las propuestas.
Evidentemente, hay una planificación anual. No obstante, de un Plan
que contiene un número tan elevado de medidas es difícil establecer
si las vamos a llevar a cabo el 15 de enero o el 15 de mayo. Creo que
lo importante es que las ejecutemos y lo hagamos dentro de los plazos
previstos, que son cuatro años, divididos en anualidades. Lo que
importa es que se realicen y sean efectivas, no que se hagan en una
fecha más próxima o más lejana. Y lo que sin duda está claro es que
ahí están. Y como decía, como está prevista la evaluación, ustedes
mismos los van a poder comprobar.
Se comentaba también que hay que implicar más a los hombres, cuestión
con la que estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, creo que hay
que implicar más a los hombres. No obstante, también hay que
considerar que hay acciones muy distintas, es decir, habrá acciones
que tendremos que aplicar exclusivamente a las mujeres, que son las
de atención, protección y rehabilitación en el sentido de posibilitar
la recuperación de la autoestima que el maltrato ocasiona y poder
empezar una vida nueva, y las restantes, dirigidas tanto a hombres
como a mujeres.
A este respecto quiero hacer una reflexión que considero importante.
Y es que a veces me cuestiono que en ámbitos como el de la justicia y
la medicina, por ejemplo, donde hay un número notable ya de mujeres,
sin embargo, las cosas no cambian. Y esto es algo sobre lo que
también debemos reflexionar. Afortunadamente, como las mujeres
estamos cada vez más presente en diferentes ámbitos podemos y tenemos
mucho que hacer por cambiar las mentalidades. Y también tendremos que
hacerlo muchas veces en el propio ámbito familiar, en la educación de
los hijos, que hoy por hoy sigue recayendo sobre nosotras, aunque
queramos compartirla con los hombres. Y tenemos que ser capaces de
hacernos conscientes de que nosotras también tenemos que cambiar la
mentalidad de muchas mujeres que todavía no la han cambiado.
Pero, sin duda, estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar con los
hombres y que éstos tienen que ser capaces de implicarse. Pero
empieza a haber ya muchos hombres a los que debemos tenderles la mano
porque sí están trabajando en estos ámbitos. Algunos libros que hoy
día se están publicando y algunas investigaciones que están
desarrollando los propios hombres sobre la violencia doméstica y sus
causas, exponiendo propuestas, son suficientemente importantes. Así,
el propio Consejo General del Poder Judicial, donde mayoritariamente
hay hombres, se está ocupando de esta cuestión. En definitiva, creo
que es un paso muy relevante lo que supone esta lucha tan esforzada
contra la violencia doméstica.
Respecto a las medidas legislativas, se cuestionaba si hay medidas
referentes a las primeras diligencias. Creo que una bastante
importante radica en el hecho de que los juzgados de guardia pueden
adoptar de forma inmediata medidas provisionalísimas. Es verdad que
el complejo mundo judicial y el retraso que tiene la Justicia -algo
que ha sido reconocido por todos, por la opinión pública pero también
por los propios partidos políticos que en estos momentos ha hecho
posible un Pacto por la Justicia- motiva que la cosas no funcionen
como debieran, de manera que no se escapa que en esta problemática de
la Justicia, concretamente en su retraso, los malos tratos son
también un efecto pernicioso.
No creo que en las medidas legislativas adoptadas se ocupen de
grandes reformas pero su incidencia sí que será notable, porque
además son medidas detectadas por los propios profesionales del mundo
del Derecho
que trabajan en estos temas, es decir, los fiscales y los jueces.
¿Quién mejor que ellos, junto con las organizaciones de mujeres, que
están trabajando en el ámbito judicial y que defienden las causas de
las mujeres, para decir cuáles son las reformas y las leyes que hay
que modificar y qué procedimientos hay que adoptar? Creo que son
reformas que van a redundar en la mejora de la aplicación legal de
los medios.
Ahora bien, también tengo que añadir que es fundamental la formación.
Y, sin duda, la formación de los jueces, de la policía y de los
médicos ha supuesto un esfuerzo importante. Pueden observar en la
memoria que esta formación ha alcanzado -creo recordar- a 60.000
profesionales, en mi opinión, un número relevante. Me podrán decir
que sólo en la Guardia Civil hay 70.000, lo que es cierto, pero es
que hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia aquellos profesionales
que tienen una incidencia más directa sobre estos asuntos, como es el
personal destacado en los servicios de atención a la mujer en las
comisarías, los Emume, que fundamentalmente se encargan de la
atención a las mujeres, es decir, hemos querido dirigir esa formación
a los profesionales más directamente encargados de esta materia, y
continuaremos en esa labor, puesto que entendemos fundamental que
dicha formación se derive posteriormente en una aplicación mucho más
justa de las leyes y, desde luego, mucho más contundentemente a favor
de los que pretendemos.
Se decía que no hay referencia en el Plan ni a los niños ni a los
mayores. Evidentemente no lo hay porque es un Plan que se dirige
fundamentalmente a la violencia contra las mujeres. Es verdad que
también existe violencia contra los niños y los mayores pero para esa
lucha hay otros programas y otros recursos. Por tanto, entendimos
que, teniendo unos datos estadísticos tan relevantes respecto a esta
violencia, el primer objetivo tenía que ser la violencia contra la
mujer, que si acaba, probablemente también disminuya la violencia
contra los niños. No olvidemos que cuando se produce violencia contra
la mujer muchas veces ésta se genera también contra ellos, pero puede
ir aparejada o separada. No obstante, reitero que no era el objetivo
del Plan. El objetivo es la violencia de género y a ello es a lo que
nos hemos dirigido.
En referencia al presupuesto, probablemente ustedes conozcan cuál es
la técnica presupuestaria, la cual conlleva unas exigencias que a
veces no permiten visibilizar en el Presupuesto lo destinado a cada
una de las partidas en los distintos Ministerios. Estamos hablando de
que este Plan se nutre de recursos de los Ministerios que intervienen
en él, no sólo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Por
tanto, tengo que decir que es prácticamente imposible revisar todas
las partidas dirigidas al mismo según la técnica presupuestaria, que,
por otra parte, exige la Ley General de Presupuestos.
Además, creo que hay un dato muy concreto. Enesta implementación
pueden observarse cifras sobre
equipamientos, casas de acogida, etcétera, que se han dado a los
ayuntamientos, de programas que se han financiado a las
organizaciones no gubernamentales, en definitiva, de todas las medias
que se han puesto en marcha. Le puedo garantizar que todas han tenido
un coste. Y se han creado más servicios de atención a la mujer. En
este momento funcionan 46 centros de atención a la mujer y, si usted
quiere el listado, se lo podemos facilitar. Y tenga por seguro que
eso cuesta dinero. Esto quiere decir que el presupuesto existe y que
se ha utilizado para poner en marcha el Plan. Evidentemente, todos
los servicios que figuran en el listado, que pueden comprobar que
existen y están funcionando, han de tener un coste.
Ahora bien, si usted se refiere a una partida presupuestaria
concreta, es muy difícil conocerla. Tenemos las grandes partidas y,
desde luego, hacemos un seguimiento presupuestario anual de la
aplicación del Plan, pero reflejarlo en los Presupuestos Generales
del Estado es sumamente complicado, de acuerdo a la técnica
presupuestaria, y espero que ustedes lo comprendan, porque es una
realidad con la que tenemos que trabajar. Si ustedes quieren más
información, trataremos de facilitársela. No tenemos ninguna
dificultad. No nos hemos inventado ni un solo duro referente a este
Plan, como tampoco nos hemos gastado más de lo que aquí decimos.
Efectivamente, reconocemos que nos hemos gastado más dinero en unas
partidas que en otras, como también reconocemos algunas de las
medidas que no hemos puesto en marcha.
Es decir, no hacemos un balance triunfalista sino realista, pero le
puedo asegurar que es el balance de un gran trabajo, no sólo por lo
que se refiere a esta Secretaria General y la Directora General sino
también en referencia a todo el equipo del Instituto de la Mujer, que
durante estos tres años ha tenido como prioridad el trabajo en contra
de la violencia doméstica, así como el realizado por todas las
Comunidades Autónomas y las organizaciones no gubernamentales, que
también han trabajado con muchísima más dedicación, entre otras
razones porque hemos incrementado notablemente los fondos destinados
a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de
la violencia, y, como es lógico, cuanto más dinero les hemos damos
para hacer programas mayor dedicación y atención han podido prestar.
Planteaban también la cuestión de la integralidad. Ustedes hablan de
una ley integral, nosotros de un plan integral. Creo que las
consecuencias son las mismas porque, al fin y al cabo, el
reconocimiento de la estructura de nuestro país, en la cual tienen
competencias asumidas muchas Comunidades Autónomas en las materias
que inciden en la violencia, significa que las dos formas de
cooperación son lógicas, y quiero recordar aquí que así está
establecido por la Ley de Cooperación Autonómica o por la de Régimen
Local. Se habla de convenios de colaboración, se habla de cooperación
y se habla de coordinación. A mí me parece que lo importante
es que lo que se ponga en marcha sea eficaz. El hacer una ley
integral no añade nada a lo que ya estamos haciendo y, sin embargo,
resulta mucho más efectivo que, a partir del consenso con todas las
Comunidades Autónomas y las organizaciones que están trabajando en
esta materia, seamos capaces de definir cuáles son las estrategias,
los puntos neurálgicos y las medidas que deben ponerse en marcha. Por
lo tanto, no digo ni que sí ni que no; lo que digo es que con este
plan vamos a obtener los mismos resultados que podríamos lograr con
una ley, salvo que en ésta quisiéramos introducir cuestiones
distintas. El caso es que a nosotros nos parece que el plan que hemos
aprobado, sin duda tiene, como se ha puesto aquí de manifiesto,
aspectos de continuidad, porque entendemos que son necesarios para
poder completar muchas cuestiones que se iniciaron en el I Plan pero
que no han sido finalizadas, aunque también hay otras cosas novedosas
que es la mejor forma de colaborar.
Por último, deseo señalar que el Gobierno, como han manifestado
ustedes muchas veces, no pretende hacer aquí electoralismo y decir
que somos los primeros. No; es que lo somos; es que la realidad es
que si se hubiera trabajado anteriormente en esta cuestión de la
misma forma que lo estamos haciendo en este momento, es probable que
las cosas hubiesen cambiado. Pero ese es el reconocimiento de una
realidad. Para nosotros, para este Gobierno, la violencia contra las
mujeres es algo fundamental, porque creemos que, además de las
consecuencias enormes que tiene para la mujer y para la sociedad, es
algo que va en contra de la igualdad de las mujeres, y nos lo hemos
marcado como prioritario. Por eso es por lo que hemos querido poner
un plan en marcha, pondremos el segundo y, si es necesario, pondremos
el tercero. Sabemos que el camino es largo, que no está exento de
dificultades, que el hecho de que todavía sigan muriendo mujeres
cuestiona todo el trabajo que hacemos, pero a lo que no estamos
dispuestas tampoco es a no seguir trabajando, porque creemos que,
como decía al principio, esta es una cuestión que muchas mujeres
-casi 600.000 según la encuesta- sufren en nuestro país, y que
tenemos la responsabilidad de darles la mejor respuesta que sepamos y
conozcamos para conseguir que puedan empezar a vivir de nuevo, en
condiciones que sean verdaderamente de igualdad.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Dancausa.
Su comparecencia hoy ante esta Comisión era algo que se venía
solicitando y le damos las gracias por estar aquí. No quiero que tome
como una descortesía el que tal vez en este momento alguna de las
parlamentarias oparlamentarios se ausente con motivo -lo vuelvo a
repetir una vez más- del funeral por el Senador Giménez Abad, a la
una y media.
- CONTESTACIÓN DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
- DE DOÑA MARÍA OLMEDO CHECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA:
- SOBRE LAS ACTUACIONES REALIZADAS PARA EVITAR EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES O VALORES QUE PUEDAN PROMOVER
O JUSTIFICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. (Número de expediente
del Senado 683/00004 y número de expediente del Congreso 181/000008.)
- SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS CON EL OBJETIVO DE ESTABLECER LA
COORDINACIÓN NECESARIA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, SOCIALES,
POLICIALES Y JUDICIALES PARA PODER OFRECER A LAS MUJERES VICTIMAS DE
VIOLENCIA UN TRATAMIENTO INTEGRAL. (Número de expediente del Senado
683/00005 y número de expediente del Congreso 181/000085.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Contestación del Gobierno, en Comisión, a las preguntas orales.
Comenzamos por la que va a realizar la señora Olmedo Checa sobre las
actuaciones realizadas para evitar en los medios de comunicación la
transmisión de imágenes o valores que puedan promover o justificar la
violencia contra las mujeres.
Tiene la palabra la señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intentar resumir mis intervenciones. Le pido la venia en
especial para resumir la primera y la segunda y poder extenderme un
poco más en la tercera pregunta.
La señora PRESIDENTA: Me parece muy bien, señora Olmedo. Voy a dar
lectura a la segunda para que todas las parlamentarias, a pesar de
que tengan la carpeta, comprendan exactamente cuál va a ser su
intervención.
La segunda pregunta que formula la señora Olmedo es sobre las medidas
tomadas con el objetivo de establecer la coordinación necesaria de
los servicios sanitarios, sociales, policiales y judiciales para
poder ofrecer a las mujeres víctimas de violencia un tratamiento
integral.
Gracias, señoría.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora Presidenta.
Aunque están un poco desfasadas porque ha pasado más de un año desde
que las presentamos, quiero agradecer a la Secretaria General su
presencia en esta Comisión para contestar algunas de las preguntas
pendientes relacionadas con el I Plan Integral Contra la Violencia
Doméstica.
Señora Dancausa, uno de los objetivos que establecía el I Plan era
evitar en los medios de comunicación la transmisión de imágenes o
valores que pudieran promover o justificar la violencia contra las
mujeres. ¿Qué medidas han desarrollado el Ministerio, el Instituto
Andaluz de la Mujer y el Gobierno central para intentar desarrollar
estas medidas y cumplir con este objetivo?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SECRETARlA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Gracias.
Sabiendo que el papel de los medios de comunicación es vital en la
transmisión de valores que puedan promover o justificar esta
violencia, las medidas que hemos adoptado en esta área han sido, en
primer lugar, la celebración de jornadas con los medios de
comunicación públicos y privados para evitar la transmisión de
imágenes y valores estereotipados. En segundo lugar, hemos instado a
los órganos rectores de los medios de comunicación a una vigilancia
permanente sobre los contenidos violentos y la transmisión de valores
sexistas. Hemos creado unos premios para las agencias de publicidad y
medios de comunicación que hayan destacado por su compromiso en la no
violencia. Hemos hecho tres campañas de sensibilización en los medios
de comunicación, tanto en prensa como en radio y televisión
directamente por el Instituto de la Mujer, pero también se ha
financiado y apoyado un total de ocho campañas más en Comunidades
Autónomas sobre esta cuestión. En las jornadas de medios de
comunicación participaron 163 profesionales. El Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte ha desarrollado durante los tres años de
vigencia del plan un procedimiento de seguimiento de emisiones de
televisión que controle tanto la publicidad sexista como la
violencia.
Esas han sido fundamentalmente las medidas más importantes. No quiero
extenderme mucho, porque además creo que estas preguntas se han
contestado por escrito. Si no ha sido así, con mucho gusto puedo
entregarles una fotocopia de lo que hemos contestado y donde viene
todo desarrollado. Lo más importante han sido las campañas, que han
sido tres directamente más ocho con Comunidades Autónomas y apoyo al
Instituto de la Mujer, las jornadas con los medios de comunicación,
los premios a la no violencia y, por último, el control
a través tanto del Observatorio de la Publicidad como del Ministerio
de Educación y Cultura de todo el contenido de la publicidad y de los
medios en cuanto a violencia y a contenidos sexistas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Dancausa.
Tiene la palabra la señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Dancausa, tanto las campañas como alguna otra referencia que
usted ha hecho van dirigidas más a la población en general que a
sensibilizar a los medios de comunicación. En el I Plan se
establecían en concreto dos medidas para mejorar la actuación de los
medios. Una de ellas era, como usted ha dicho, la realización de
jornadas para los profesionales y otra instar a los órganos rectores
de los medios de comunicación a prestar una vigilancia.
Usted ha justificado el cumplimiento de un objetivo tan importante
como es instar a los órganos rectores a vigilar los contenidos
sexistas diciendo que el Ministerio de Educación, según reza en su
documentación, está haciendo un seguimiento de los programas y de los
anuncios en las horas de audiencia más importantes para los niños y
para los jóvenes. Estas medidas, por supuesto, no están mal, pero no
tienen nada que ver con la actuación prevista, que yo entiendo que no
se ha llevado a cabo. Según su propia documentación, no se ha instado
a los órganos rectores de los medios de comunicación a nada, ni a lo
que estaba planteado ni a ninguna otra cosa.
Usted también ha justificado la formación de los profesionales de los
medios de comunicación con una jornada de dos días en el mes de
noviembre. Yo creo -y seguro que usted lo comparte, señora Dancausa-
que unas jornadas de dos días no tienen entidad suficiente para poder
decir que el Gobierno ha cumplido con este compromiso de dar
formación a los profesionales de los medios de comunicación.
No estamos hablando, señora Dancausa, de un ayuntamiento ni de una
asociación de mujeres; estamos hablando del Gobierno del Estado, que
tiene que tener mayores recursos, y formar a los medios y a los
profesionales es muy importante.
En el nuevo plan -resumiendo mucho para no extenderme demasiado- ha
desaparecido el hecho de instar a los órganos rectores. Usted
incorpora en el nuevo plan una medida que es elaborar una guía de
recomendaciones dirigidas a los profesionales.
Le recuerdo -sé que usted lo sabe- que ya se hizo algo parecido en
Andalucía. Es un documento bastante importante. Se realizó un manual
de estilo y un decálogo de recomendaciones que ha sido, además, muy
demandado porque, según nos dicen las propias periodistas
preocupadas. por este problema, es lo único que hay de
formación para los profesionales que tenga cierta entidad.
Ustedes tal vez han cambiado en el nuevo plan la formación de los
profesionales por cursos para los futuros profesionales. Yo le
pregunto: ¿Es que los profesionales están suficientemente formados
con dos días de curso en el mes de noviembre de 2000? ¿No cree usted
que ya es el momento -se ha dicho en algunas de las intervenciones-
de pasar de pequeños cursos de formación, que sabemos que no sirven
para mucho, a incorporar la Formación Profesional como elemento
importante? Eso tendría que ser incorporado en el II Plan.
Desaparece también la medida de instar a los órganos rectores. Estas
dos actuaciones no se han cumplido en el I Plan. Son dos medidas muy
importantes que yo le recomiendo, señora Dancausa, que vuelva a
recoger y desarrolle más adecuadamente en el II Plan.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olmedo.
Tiene la palabra la señora Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Muchas gracias, señora Presidenta.
He hablado de las cuestiones esenciales sobre la sensibilización. Las
tres campañas de información han sido muy importantes, teniendo en
cuenta además las que se han realizado en las propias Comunidades
Autónomas. De hecho, si usted conoce la última encuesta que el CIS
hizo en el mes de marzo, sabrá que en este momento hay una parte
importante de la población que rechaza la violencia, lo cual
significa que esas campañas de sensibilización a la población general
son absolutamente necesarias. No olvidemos que hace tres años la
violencia estaba oculta, tolerada y, desde luego, hemos conseguido
que haya un rechazo mayor por el conjunto de la sociedad.
Sobre los profesionales quiero decirle que, además de esas jornadas
-estoy tratando de buscar aquí los datos porque ya no los recuerdo de
memoria-, había una serie de actuaciones llevadas a cabo
fundamentalmente en la universidad que son, precisamente, las que nos
han dado la pauta o el resultado de la misma. Los estudiantes, que en
este momento son los futuros periodistas, entendieron que era un
trabajo que debíamos hacer con ellos, puesto que, al final, eran los
que iban a seguir trabajando.
Tengo que decirle que como este plan, aunque sea un plan de Gobierno,
lo hemos elaborado con las Comunidades Autónomas, muchas de las
actuaciones que hemos hecho aquí se han complementado con otras, las
mismas que usted señalaba que estaban en la guía prácticade la
Comunidad Autónoma de Andalucía que ha
tenido mucho éxito y de lo cual yo me alegro mucho y nos da fe de
ello. Pero además hay otras Comunidades Autónomas que también han
hecho su propia difusión y trabajo con los medios de comunicación.
Este es un plan en el cual todas las administraciones públicas
estamos colaborando. No se trata de que repitamos lo mismo ni de que
hagamos lo mismo que otras están haciendo. Al final, se complementa
con otras actuaciones. En cualquier caso, si usted entiende que estas
jornadas deben repetirse o hacerse en un número mayor, nosotros lo
haremos con mucho gusto, puesto que le tengo que decir que esas
jornadas fueron realmente un éxito. Las propias periodistas que
participaron, que eran además periodistas relevantes, las alabaron
muchísimo. De ahí, precisamente salieron algunas de las propuestas
que luego se han contenido en el II Plan; o sea, que no tenemos
ningún inconveniente en que lo sigamos realizando, teniendo en cuenta
que -como le digo- se trata de dejar un ámbito de participación a las
propias Comunidades Autónomas que ya lo están haciendo y están
trabajando también con los medios de comunicación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Dancausa.
Señora Olmedo, tiene la palabra para realizar la pregunta que queda
pendiente de su señoría.
La señora OLMEDO CHECA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a dar por formulada la pregunta que ya usted ha leído para
ahorrar tiempo
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Daré entonces la palabra a la señora
Dancausa para que le conteste a su segunda pregunta sobre la
coordinación necesaria de los servicios sanitarios, sociales,
policiales y judiciales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Muchas gracias, señora Presidenta.
Hay distintos ámbitos en el tema de la coordinación. Quizá hay que
destacar el primero, que es la Conferencia Sectorial, que es un
ámbito de coordinación con los consejeros de las Comunidades
Autónomas, las propias reuniones de los directores generales con la
Directora General del Instituto de la Mujer, que es otro ámbito de
coordinación que se reúne como mínimo dos veces al año, la propia
coordinación que hay entre Ministerios, a través de la Comisión
Interministerial creada para la puesta en marcha del I Plan de
violencia que ha seguido funcionando para el II Plan de violencia.
Por otra parte, uno de los esfuerzos más importantes es el protocolo
sanitario. Nosotros encargamos que nos hicieran un diseño de
protocolo, de coordinación -creo recordar- a la universidad de
Zaragoza. A partir de ahí, con los elementos que nos dieron hicimos,
junto con Sanidad, un protocolo sanitario que pretendía conseguir una
mayor coordinación entre los servicios sanitarios, sociales,
policiales y judiciales.
Este protocolo fue aprobado por la Conferencia Interterritorial de
Salud, además de la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, puesto
que incide en materia no solamente de atención social, sino de
sanidad. De este protocolo se editaron 30.000 ejemplares que fueron
distribuidos en todas las Comunidades Autónomas, en los servicios de
atención primaria, en los colegios de médicos y a los profesionales
interesados. Tenga usted en cuenta que, aunque no está transferido
todo el territorio del Insalud, sí hay una parte de Comunidades
Autónomas que lo tienen. Por tanto, nosotros podemos darles el diseño
del protocolo, pero lo que no podemos hacer es obligarles a que lo
utilicen.
Sabemos que este protocolo se está aplicando. Estamos pidiendo datos
de su aplicación para poder incidir de una forma más contundente en
aquellas Comunidades Autónomas o servicios en los que no se está
aplicando, pero existe y hemos hecho una gran difusión del mismo.
Por otra parte, existe también un acuerdo con el Ministerio del
Interior, de manera que cuando nosotros tenemos, a través de los
centros de información o del teléfono 900, casos de mujeres que se
sienten gravemente amenazadas, y que por los datos que nos llegan
tienen que ser objeto de una inmediata protección oficial, lo ponemos
en contacto con el Ministerio del Interior. Ellos hacen, incluso,
vigilancia policial sobre esta mujer. En estos tres años hemos hecho
una protección especial a 123 mujeres que tenían un peligro bastante
específico, según lo que nos decían.
Finalmente, quiero decirle que el Observatorio de Igualdad de
Oportunidades que se acaba de crear, en el que -como sabe usted-
están las Comunidades Autónomas, las organizaciones no
gubernamentales, la Federación Española de Municipios y Provincias,
el Centro de Investigaciones Sociológicas y el Instituto Nacional de
Estadística que vamos a constituir próximamente, va a ser también un
órgano que nos va a servir para dar coordinación porque lo que
pretendemos a través de este Observatorio no solamente es conocer la
situación de la mujer y hacer propuestas, sino establecer grupos de
trabajo sobre temas muy concretos que podamos también coordinar.
Por otra parte, habrá visto que en el II Plan una de las cuestiones
que tienen relevancia es la creación de la Comisión Permanente con
los organismos de igualdad de las Comunidades Autónomas responsables
de la política de violencia doméstica en su ámbito territorial para
podernos coordinar mejor y elaborar cuantos protocolos sean
necesarios y, sobre todo, ver que prácticas se están poniendo en
marcha, puesto que algunas Comunidades Autónomas han incidido más en
unas cuestiones que en otras. Nos parece relevante realizar esta
labor.
No olvidemos que aquí siempre tenemos que jugar con el respeto
absoluto a las competencias de las propias Comunidades Autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Dancausa.
Tiene la palabra la señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Es cierto, señora Dancausa, que en el I Plan ustedes han elaborado y
aprobado un protocolo de salud y es verdad que, según sus documentos,
también la Guardia Civil está trabajando en algún documento de
coordinación, pero ustedes se habían comprometido a elaborar un
protocolo de coordinación entre las distintas instancias: sanitarias
policiales, judiciales, asistenciales. De hecho, ustedes lo recogían,
en mayor menor medida, en dos de las actuaciones contempladas en el I
Plan, en concreto, la 527 y en la 36.
Estamos de acuerdo en que la coordinación es muy importante, como
usted ha dicho, sobre todo para mejorar la atención a las mujeres,
pero consideramos que no ha sido suficiente un protocolo de salud,
sino que tenemos que conseguir un protocolo firmado por todas las
instancias. Me gustaría que usted me explicara por qué no se ha
hecho. Usted se ha referido a las competencias de las Comunidades
Autónomas, y de alguna forma lo han derivado al II Plan, pero el
Grupo Parlamentario Socialista entiende que, aunque es cierto que
muchas competencias ya están transferidas, algunas de las
relacionadas con la violencia contra la mujer son estatales.
Por tanto, consideramos muy necesario e importante que el Gobierno
central, por supuesto negociando con las Comunidades Autónomas,
elabore un modelo de protocolo como una de las medidas más
importantes del II Plan; es decir, de nada sirve crear muchos centros
de información a la mujer, casas de acogida, servicios en la
comisaría, etcétera, si no lo relacionamos obligatoriamente.
Para ello, no sólo hay que negociar con las Comunidades Autónomas,
también hay que intentar conseguir el compromiso de los distintos
Ministerios; cada área se ha de comprometer para que el protocolo no
sólo sirva para mejorar la atención a la mujer, sino también para
recoger información de datos importantes, ya que muchos de ellos no
pueden ser utilizados porque no se relacionan entre sí.
Tenemos que aprovechar toda esa información para mejorar el
conocimiento de los problemas relacionados con la violencia; por
supuesto que la encuesta ha sido muy importante, pero tenemos una
fuente de datos en todas las áreas que no se relacionan y que estamos
desperdiciando. También es muy importante para detectar los fallos
que evidentemente se producen en todos los ámbitos; insisto, el
protocolo no sólo sirve para coordinar sino para muchas cosas más.
Es necesario -y así se lo aconsejaría- que en el propio protocolo
cada uno de los ámbitos se comprometa a desarrollar unas pautas de
actuación, es decir, que independientemente de conocer, por decirlo
de algún modo, la puerta de entrada de la mujer a los distintos
servicios, cada ámbito supiera exactamente cómo actuar para poder
colocar a la mujer en otros espacios.
Todo esto es muy importante, y ya existen protocolos en algunas
Comunidades Autónomas, como usted ha dicho, también en Andalucía, que
creo están dando buenos resultados, por ello, le animo a que vuelva a
incorporar el protocolo al Plan y que no lo haga desaparecer.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olmedo.
Tiene la palabra la señora Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Gracias, señora Presidenta.
Sólo quiero recordarle que el protocolo sanitario, aunque así se
llama, no es solamente eso; es decir, el protocolo sanitario
contempla el hecho de que cuando la mujer entra a un servicio
sanitario con lleva una derivación. Pero hay que tener en cuenta que
es una coordinación entre el sanitario, el asistente social, la
policía y la acción judicial, porque este protocolo recoge una serie
de datos que consideramos esenciales, que remite al juzgado de
guardia, y que posibilitan la intervención del fiscal y de la acción
judicial; además, como usted ha dicho, no solamente coordinan sino
que nos proporcionan datos muy importantes. Incluso mediante el
propio juzgado o la policía puede resultar una derivación hacia una
ONG, una casa de acogida, una atención social, de los propios
servicios sociales de las Comunidades Autónomas, etcétera.
Nosotros pensábamos que este protocolo iba a dar respuesta a este
sistema de coordinación, aunque el actual es excesivamente complejo
porque hay que tener en cuenta que han de ser muy ligeros, muy
ágiles, ya que no podemos poner a un médico a rellenar una ficha con
cuarenta datos, en primer lugar, porque no lo hace. Por tanto, lo
importante es que sea efectivo.
Estoy de acuerdo con usted en que hay que trabajar para una mayor
coordinación. Creo que no ha sido necesario incluirlo en el Plan como
medida concreta porque ya estamos trabajando en un protocolo más
amplio. En todo caso, le voy a decir que es algo que hay que impulsar
desde el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. No nos
olvidemos que existen Comunidades Autónomas, como la suya, con las
cuatro competencias transferidas, sanidad, educación, justicia y,
salvo la policía, el resto queda en el ámbito territorial. Por
consiguiente, independientemente de que proporcionemos el modelo, que
entendamos cuál debe ser, estamos dispuestos a trabajar en ello y
pensamos que
es una buena idea. Pero la mayoría de las Comunidades Autónomas ya
cuentan con protocolos de actuación más amplios que coordinan. Sin
duda, aunque no se refleja con tal palabra en el protocolo, sí
hablamos en general en otra medida en el II Plan de una mayor
coordinación y, por tanto, de un intercambio de los datos, con los
mismos registros, esto es, debemos saber dónde entran las mujeres
pero también por dónde han pasado y los resultados de cada una de las
actuaciones.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Dancausa.
En este momento debería intervenir la señora Alberdi. Pero como no se
encuentra en la Comisión, queda su pregunta decaída. (La señora Riera
Madurell pide la palabra.)
La señora RIERA MADURELL: Señora Presidenta, quiero dejar constancia
de que la señora Alberdi no está presente porque se encuentra
interviniendo en otra Comisión. Por tanto, no es una cuestión
personal sino una duplicidad de convocatoria. Solicitamos que se
aplace su pregunta, porque las Diputadas tenemos muchas cualidades
pero no el don la ubicuidad.
La señora PRESIDENTA: Así constará. Gracias, señora Riera.
- DE DOÑA MARÍA DEL CARMEN OLMEDO CHECA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACIÓN DEL DESARROLLO DEL I PLAN DE ACCIÓN
CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. (Número de expediente del Senado 683/
000062 y número de expediente del Congreso 181/000750.)
La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la pregunta de la
señora Olmedo Checa, sobre la valoración del desarrollo del Plan de
Acción contra la violencia doméstica.
Su señoría tiene la palabra.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora Presidenta.
Hasta hoy el Gobierno nos ha informado sobre la evaluación del I Plan
de Acción contra la violencia, coincidiendo con la información sobre
el II Plan.
No sabemos si se ha realizado una evaluación en lo que conlleva este
término, no me refiero al documento que hoy nos aporta que es una
relación de actuaciones. Si así ha sido, le rogaríamos que nos la
hiciera llegar y además que nos pudiera facilitar, aunque fuera
brevemente, una valoración del desarrollo del 1 Plan, así como
algunos de los datos sobre las actuaciones y las inversiones
realizadas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Olmedo.
Tiene la palabra la señora Dancausa.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Gracias, señora Presidenta.
Como he dicho anteriormente, tenemos la implementación. Estamos
realizando una evaluación cualitativa que lógicamente lleva más
tiempo, porque se efectúa mediante encuestas y preguntas a todos los
Ministerios encargados de poner en marcha las medidas; a las propias
mujeres usuarias de los servicios; a las propias organizaciones no
gubernamentales, etcétera; por tanto, ya está en marcha pero aún no
tenemos el resultado de la evaluación cualitativa.
En lo que respecta a la implementación, le puedo dar algunos datos
fundamentales. El Plan recogía un conjunto de 57 medidas dirigidas a
seis áreas: sensibilización y prevención; educación y formación;
recursos sociales; sanidad; legislación y práctica jurídica e
investigación. En la primera área hemos implementado el cien por cien
de las medidas, trabajando fundamentalmente en las dos cuestiones a
las que nos referíamos: la sensibilización social y la prevención. Y
podemos decir a este respecto que hemos editado y distribuido más de
32.000 materiales coeducativos relacionados con la prevención de la
violencia a fin de que trabajen en los propios colegios los
profesores con los niños de distintas edades , es decir, desde la
primera infancia a los niños más mayores. También hemos elaborado y
editado más de 63.000 materiales específicos dirigidos concretamente
a la violencia, distribuido en todas las organizaciones no
gubernamentales, colegios, centros educativos, etcétera. Los premios
a los que hacía referencia han servido no solamente para premiar e
incidir para que los propios medios de comunicación se ocupen de esta
materia, sino también para el tratamiento de la misma. Se ha hecho
durante dos años y vamos a seguir haciéndolo; también ha dado lugar a
que los propios profesionales que dirigen ese tipo de programas se
sientan comprometidos en lo que es el tratamiento de la violencia.
Por otra parte, el propio Gobierno ha realizado tres campañas en
colaboración con las Comunidades Autónomas, en total son once, aunque
antes he dicho ocho, porque a veces los números me bailan.
En cuanto a la segunda área, hemos llevado a cabo el 88 por ciento de
las actuaciones en materia de educación y formación, no habiéndose
iniciado una de las ocho actuaciones previstas. Como antes he
señalado, creo que en este campo se ha hecho un esfuerzo muy
importante, ya que hemos impartido 791 cursos de formación en todos
los ámbitos, número de cursos que considero apreciable. Asimismo,
quiero referirme a algo que antes se me ha olvidado comentar. Se ha
dicho que no se había incluido la formación académica de la
Policía. Pues bien, eso no es cierto, porque estos cursos, aparte de
estar incluidos en la formación reglada, suponen En la tercera área,
relativa a los recursos sociales, se ha producido un grado de
cumplimiento del 88 por ciento, es decir, no hemos realizado dos de
las actuaciones previstas, las cuales, como saben, se han dirigido a
poner en marcha más recursos. Así, en estos momentos contamos con 43
servicios de atención a la mujer, mientras que al inicio del plan
había sólo 15 servicios. Existen 54 Emumes, todas ellas creadas en el
marco del plan en 1998. Había sólo 12 oficinas de asistencia a las
víctimas, mientras que en estos momentos están funcionando 53
oficinas. Hay ya 125 centros de acogida, para lo cual hemos equipado
en parte a los ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y las
organizaciones no gubernamentales. Hemos financiado 233 programas
para la atención de mujeres víctimas de la violencia, con un total de
2.102 millones de pesetas, durante estos años. Para que puedan
ustedes establecer una comparación con 1997, les diré que entonces se
financiaron 13 programas por importe de 206 millones de pesetas,
frente a los 2.102 millones de pesetas de estos tres años, lo que da
una idea del esfuerzo presupuestario que hemos hecho.
Se han puesto en marcha tres programas de rehabilitación
y resocialización, en los que han participado 109 agresores. Hemos
atendido 14.357 consultas a través del teléfono de información, sobre
el cual no hay datos comparativos con el año 1997 porque entonces no
estaban diferenciadas las consultas sobre malos tratos del resto.
Hemos atendido 8.183 consultas en los centros de información,
teniendo en cuenta que también durante este período hemos transferido
a las Comunidades Autónomas tres de ellos, es decir, que contamos con
menos centros que con los que se inició el plan. Hemos atendido 123
denuncias urgentes en las que se ha prestado protección policial. Y
hemos editado 575.000 materiales informativos entre libros y guías de
colaboración ciudadana en el conjunto de las administraciones sobre
los temas relacionados con la violencia.
También hemos editado 18.000 ejemplares de la Guía de recursos y
centros de interés para las mujeres, que hemos distribuido en
fiscalías, hospitales, Emumes, servicios de atención a la mujer y
ONGs, para que cualquier persona que atienda un caso de violencia
contra la mujer pueda dirigirlo a los centros que están establecidos.
Se trata de guías que no sólo contemplan los recursos de la
Administración del Estado, sino también los correspondientes a las
Comunidades Autónomas y las organizaciones no gubernamentales.
En el área cuarta, el área sanitaria, hemos realizado el 75 por
ciento de las actuaciones previstas, es decir, que de las cuatro
actuaciones contempladas una de ellas ha quedado sin llevarse a cabo.
Hay decir que el protocolo sanitario probablemente sea una de las
cuestiones más importantes por lo que supone de coordinación,
protocolo del cual hemos editado 30.000 ejemplares
que también hemos distribuido a todas las Comunidades
Autónomas.
En el caso concreto de los profesionales sanitarios, hemos impartido
33 concursos, a los que han asistido 1.178 personas del ámbito
sanitario, y hemos reeditado 68.000 ejemplares de la Guía de Salud
número 12 -como saben, se trata de unas guías del Instituto de la
Mujer-, denominada «La violencia contra la mujer».
En el área quinta, relativa a la legislación y la práctica jurídica,
se ha dado un cumplimiento del cien por cien, es decir, hemos
realizado todas las actuaciones que estaban previstas a través de las
correspondientes modificaciones y la puesta en marcha del turno del
oficio, la informatización de los servicios de las fiscalías y los
decanatos y la creación en las fiscalías provinciales de los
servicios y los registros de violencia familiar.
Por último, en el área sexta también hemos realizado el cien por cien
de las actuaciones. En esta área merece destacar, en primer lugar, el
modelo estadístico que ha elaborado la Secretaría de Estado de
Seguridad, del Ministerio del Interior, modelo estadístico que
contiene datos muy importantes y relevantes sobre la violencia.
Asimismo, hemos editado un manual universal de estadística que han
elaborado la Policía Nacional y la Guardia Civil. Hemos financiado 15
estudios de investigación dentro del Plan Nacional de I+D sobre el
tema de la violencia. Como ya he dicho, se ha hecho por primera vez
una macroencuesta. Y también hay que destacar la creación del
observatorio, que creemos que será muy importante para el trabajo
coordinado con los miembros del mismo.
El presupuesto que hemos invertido en la implementación del plan ha
sido de 8.004 millones de pesetas, siendo el área de recursos
sociales en la que hemos realizado una mayor inversión, puesto que en
la misma hemos gastado 6.269 millones, seguida del área de
sensibilización y prevención, con 665 millones -estoy dando cifras
redondas-; el área de legislación y práctica jurídica, con 600
millones de pesetas; el área de educación y formación, con 350
millones; el área de investigación, con 87 millones, y el área de
sanidad, con 30 millones.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha sido el Departamento
que más presupuesto ha invertido en la ejecución del I Plan, con la
aportación de 3.970 millones de pesetas, seguido del Ministerio del
Interior, con 2.722 millones de pesetas; el Ministerio de Justicia,
con 1.210 millones de pesetas; el Ministerio de Educación, con 91
millones de pesetas, y el Ministerio de Sanidad, con 10 millones de
pesetas.
Como ya he dicho, creo que hay que hacer una valoración positiva de
la implementación del I Plan. En primer lugar, porque es la primera
vez que distintos Ministerios, organizaciones no gubernamentales,
Comunidades Autónomas y municipios trabajan en la resolución de un
problema que nunca se había acometido.En segundo lugar, porque eso ha
motivado que
muchas Comunidades Autónomas ya tengan sus propios planes de
actuación y hayan incrementado sus programas dirigidos a la
violencia, e incluso que otras instituciones que no estaban
trabajando en este tema también ahora lo estén haciendo.
A este respecto, antes he citado el Consejo General del Poder
Judicial. Creo que supone un importante avance que el propio Consejo
se ocupe de esta materia, y en estos momentos, además del informe que
elaboró sobre este tema, está trabajando en algo que yo solicité a su
Presidente, como es la evaluación y el seguimiento de la aplicación
de la reforma de la ley en los juzgados y en el resultado que están
dando los juzgados especializados que se habían puesto en marcha de
forma experimental en Elche, Alicante y Orihuela. Pero también
podemos citar la propia Memoria de la Fiscalía, o el Defensor del
Pueblo, que también se ha ocupado por primera vez de este tipo de
violencia.
Por tanto, creo que la puesta en marcha del I Plan no sólo ha
generado un trabajo desde el Gobierno, sino que ha tenido un efecto
dominó, en el sentido de que otras muchas instituciones que hasta
ahora no habían acometido este problema lo están haciendo en estos
momentos.
También quiero hacer un reconocimiento, como ya he dicho antes del
trabajo de todos, porque este es un trabajo compartido con muchas
instituciones y con otros Ministerios, y creo que lo importante es
que se siga realizando, puesto que sabemos que será difícil ver sus
resultados. Por otro lado, también considero una valoración positiva
el incremento del número de denuncias, que es ya un signo de
progreso. Como decía al principio, el hecho de que las mujeres se
atrevan a denunciar y se sientan más apoyadas es uno de los objetivos
que perseguíamos y que ha propiciado un camino distinto del que
existía hasta ahora sobre un problema mundial, por tanto, también de
todos los países de la Unión Europea, sobre el que estamos dispuestos
a seguir trabajando.
En resumen, insisto en que la valoración del I Plan tiene que ser
positiva, aun reconociendo que debemos seguir trabajando en este
tema.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias ,señora Secretaria General de
Asuntos Sociales.
Tiene la palabra la señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a extenderme un poco más en esta ocasión, para lo cual he
intentado ser más breve en mis dos intervenciones anteriores. En
cualquier caso, intentaré no alargarme demasiado. (La señora
Vicepresidenta, Díez de la Lastra Barbadillo, ocupa la Presidencia.)
Señora Secretaria General, naturalmente, hay elementos positivos en
el I Plan, pero me gustaría hacer
algunas reflexiones sobre la violencia y el trabajo que se está
haciendo desde la Administración central.
Ya se ha hablado aquí de la gravedad del problema de la violencia y
de la necesidad que todos tenemos de aunar esfuerzos para evitar
tantas tragedias y tantos sufrimientos. Es un problema tan grave que,
como también se ha dicho aquí, requiere de un gran consenso si
queremos avanzar en su solución. Todos sabemos, y usted lo ha dicho
en su intervención, que la solución definitiva está lejos.
Por tanto, no le vamos a pedir al Gobierno que solucione el problema
de la violencia ni en el I ni el II Plan porque no se trata de pedir
algo que sabemos que es muy difícil de conseguir, pero si creo que
desde los grupos políticos debemos pedirle dos cuestiones: en primer
lugar, que sean abiertos, que recojan todas las aportaciones y
propuestas e intenten desarrollar la política para luchar contra la
violencia contra las mujeres desde el consenso y, en segundo lugar,
que sean honestos, leales y que no apliquen una política demagógica
ni electoralista.
No nos parece aceptable -y aquí lo ha vuelto usted a decir- que el
propio Presidente se vanaglorie -además no es verdad-, de que hasta
que no llegó el PP al Gobierno no se había hecho nada y de que su
plan contra la violencia fue el primero que se aprobó en España.
Usted sabe, señora Dancausa, que el primer plan se aprobó en
Andalucía, aunque no fuera a nivel nacional, y que mucho antes de que
llegara el PP, en concreto desde 1986, ya existían los grupos de
atención a la mujer en las comisarías -porque aunque no existía un
plan sí se habían adoptado muchas de las medidas que se están
recogiendo en el mismo-, ya se habían hecho muchos cursos de
formación, e incluso desde 1981 ya funcionaban los centros de acogida
promovidos por las Comunidades Autónomas y las asociaciones de
mujeres.
Quiero señalar todos estos datos, al margen de reconocer, por
supuesto, que el plan es siempre bien recibido y es positivo. Tampoco
nos parece aceptable -y creo que también se ha mencionado aquí- que
no se hayan recogido las aportaciones ni el trabajo que se está
elaborando en la Ponencia que desarrolla esta propia Comisión. Usted
acaba de afirmar que el plan se ha cumplido y que hay una valoración
positiva, pero después de estudiar los documentos que obran en mi
poder y que han sido elaborados por el Ministerio, me salen unas
cuentas distintas de las suyas. En ese sentido, los datos indican que
se han llevado a cabo, más o menos, 45 de las actuaciones que estaban
previstas; es decir, que el plan se ha cubierto en mayor o menor
grado en el 79 por ciento de sus medidas, sobre todo, como usted ha
explicado, en aquellas cuestiones relacionadas con las reformas
legislativas, cursos de formación, investigaciones, estudios,
campañas y creación de recursos.
Por el contrario, y también según los datos que tiene esta Diputada y
que le ha facilitado el propio Ministerio, 12 de esas medidas no se
han cumplido, lo que representa el 21 por ciento de las recogidas.
Por no extenderme mucho sólo le voy a recordar que el plan integral
para la salida de las mujeres de las casas de acogida no se ha
cumplido, de la misma manera que no se han cumplido el programa de
acceso a la vivienda, la creación de redes de mujeres para la
movilidad y una orientación individualizada para las mujeres de las
casas, etcétera.
Aparte de esto, también hay un problema que me parece importante
destacar. Es cierto que a veces se dispone de datos diferentes que
ponen en duda, señora Dancausa, toda la información existente, y le
voy a poner algunos ejemplos: el día 27 de marzo el Presidente del
Gobierno afirmó en el Congreso de los Diputados que se habían creado,
a raíz del plan, 119 centros de acogida y 153 programas de atención a
mujeres. El día 30 de mayo, también en el Congreso de los Diputados,
el Ministro de Trabajo dijo que se habían creado 66 centros de
acogida, pero usted acaba de decir que son 125. Me gustaría que me
aclarase cuál de los datos es el real porque a mí me salen otras
cuentas. Según su documentación, el número de centros no creados pero
si financiados son 55, puesto que algunos de ellos ya existían. En
concreto son 35 de ayuntamientos y diputaciones y 18 de ONGs ¿Por
qué, sin embargo, los datos que ustedes nos facilitan nunca coinciden
con los nuestros y siempre dan mayor número de centros? Mi
interpretación es que ustedes los cuentan varias veces, es decir,
cuando les dan una subvención cada tres años, cuentan ustedes tres
veces una misma casa de acogida.
Dicen ustedes que han creado. Yo opino que en muchos casos no han
creado sino que han financiado, ya que muchas casas de acogida que
ustedes siguen financiando ya estaban creadas antes del plan. Según
mis cuentas, si fuera cierto que se han creado, yo hubiera dado por
buenos los datos que ha dado el Presidente del Gobierno, que debe ser
la persona más fiable. Ciento diecinueve centros de acogida, haciendo
una media de los centros que cuestan menos -unos seis millones- y los
que cuestan más, pongamos que cuesten 50 millones de pesetas, suponen
que el Ministerio de Trabajo tendría que haber invertido cada año una
media de 2.500 millones de pesetas tan sólo en casas de acogida. (La
señora Presidenta ocupa la Presidencia.) La media para todas las
medidas que se contienen en el plan, según sus propios datos, son
1.300 millones de pesetas al año por parte del Ministerio de Trabajo.
La realidad es que la inversión anual en centros de acogida es de
unos 300 millones de pesetas al año según sus propios datos. La
mayoría provienen del Impuesto sobre la Renta, lo que significa que
no se ha hecho un esfuerzo inversor por parte del Gobierno en el
sentido de que no se han incrementado las partidas presupuestarias.
Parecida confusión existe con el número
de programas. El Presidente habla de 153 y el Ministro habla de 103,
es decir, no se ponen de acuerdo. Si eliminamos del listado de las
subvenciones aquellos programas que tienen que ver con la
marginación, la prostitución, etcétera, a mime sale que han sido 128
los programas de atención a la violencia financiados, pero como la
mayoría de ellos están repetidos, nos quedamos con 45.
Resumiendo. Me preocupa que se estén hinchando los datos y que
resulte tan difícil a veces obtener las verdaderas cifras. Aunque lo
pedimos una y otra vez, a veces cuesta muchísimo trabajo que el
Ministerio nos facilite la información que solicitamos. Cuando, por
ejemplo, se dan las cifras de inversión, sólo se dan las totales de
los Ministerios. Por ejemplo, en relación con el Ministerio de
Justicia, ustedes dicen que la inversión ha sido de 1.210 millones de
pesetas. Me gustaría que me dijera si en esa inversión se han
contabilizado las 114 nuevas plazas judiciales que dicen ustedes que
se han creado, porque supongo, señora Dancausa, que usted compartirá
conmigo que si estos juzgados no están dedicados exclusivamente a la
mujer como víctima de delitos de violencia es hacer un poco de
trampa.
La señora PRESIDENTA: Señora Olmedo, le ruego concluya.
La señora OLMEDO CHECA: Ya termino, señora Presidenta.
Ustedes han afirmado que el plan se ha cumplido, pero el problema es
que, según los datos que ustedes nos dan, no se dan las
circunstancias para que esas afirmaciones sean creíbles. Si ustedes
no son transparentes, si no permiten que se pueda acceder a los datos
nos legitiman para no dar como válidos los resultados que usted está
diciendo que han tenido. Según sus declaraciones se han gastado 8.000
millones de pesetas, y sin embargo no nos proporcionan ningún
documento con la inversión desglosada. Sintiéndolo mucho, señora
Dancausa, no puedo dar eso por válido ya que en política la validez
se demuestra apoyando las declaraciones con documentos acreditativos,
pero en este caso no ha sido así.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Para contestar tiene la palabra la Secretaria General de Asuntos
Sociales.
La señora SECRETARIA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES (Dancausa Treviño):
Señoría, nosotros manejamos dos tipos de datos, y unos se refieren a
todo lo que hemos puesto en marcha con financiación del Ministerio,
lo que no quiere decir -como he reconocido- que nosotros hayamos
sufragado el coste total de todas las casas de acogida de las
Comunidades Autónomas. Nosotros hemos financiado una parte de lo
que nos ha sido solicitado por las propias Comunidades Autónomas y
ayuntamientos. Por otra parte elaboramos una memoria conjunta con
todas las Comunidades Autónomas y que usted conoce bien. Y para
elaborar esa memoria las Comunidades nos dan los datos de lo que
ellas han puesto en marcha, cantidades que, lógicamente, sumamos a
las otras, porque lo que al final debemos tener es una panorámica
general de los recursos que hay en cada momento a disposición de las
mujeres.
Yo no tengo aquí la documentación precisa para poder ver si los datos
que dieron el Presidente o el Ministro están equivocados, si se
refieren al total de lo que ha sido financiado por el propio
Ministerio, o si son cantidades financiadas por las Comunidades
Autónomas en conjunto.
Lo que sí le puedo dar -y lo va a poder revisar de una forma más
concreta en la memoria que hoy les hemos entregado, donde están todos
los datos y viene reflejado todo el esfuerzo que se ha realizado;
incluso se puede pedir una ampliación de los datos si usted no está
conforme con ellos o no los entiende- son los datos que se refiere a
las casas de acogida, pisos tutelados, centros de emergencia de
veinticuatro horas y otros servicios de acogida: en el año 1997 había
159 y en este momento hay 255. Es decir, que en colaboración con las
Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, de 65 casas de acogida
hemos pasado a 75; de 62 pisos tutelados a 105; de 11 centros de
emergencia a 41, y respecto a otros servicios de acogida, de 21 a 34.
Esta es la información que nosotros manejamos y que, como digo, nos
han dado las Comunidades Autónomas ¿Que puede haber un margen de
error? Creo que no, porque lo pedimos por activa y por pasiva, y
además esa memoria la devolvemos a las propias Comunidades Autónomas
para que ellas la revisen una vez que tenemos el borrador de lo que
hemos recogido entre todas.
También están las cifras. Usted me pregunta: ¿contamos lo que ponemos
en marcha para las organizaciones no gubernamentales? Yo tengo los
datos aquí y además son plenamente comprobables porque se publican en
el «Boletín Oficial del Estado»; no nos estamos
inventando esos datos, todos los años el «Boletín Oficial del Estado»
publica el dinero que damos como subvención a las organizaciones no
gubernamentales. En el año 1997, a través de la convocatoria del
IRPF, dábamos 183.800.000 pesetas y por régimen general 22.650.000, y
sin embargo en el año 2000 hemos dado por IRPF 509.000.485 pesetas a
las organizaciones no gubernamentales y por régimen general
35.600.000. Es decir, que no hay ningún interés en ocultar datos ni
en magnificarlos porque, entre otras cosas, los datos son bastante
relevantes, es decir, se pueden comprobar; podemos decirle el lugar
donde están las casas de acogida, el lugar donde están los servicios
de atención a la mujer, el lugar dónde están las oficinas de atención
a las víctimas en los juzgados. Por tanto, es posible que los datos
difieran si se piden de una forma u otra, si los damos con
Comunidades Autónomas o sin Comunidades Autónomas, pero, como he
dicho ya, en la memoria que hoy les hemos entregado están los datos y
los podrá usted comprobar. Si necesita alguna aclaración con mucho
gusto se la podemos dar, pero no hay ninguna gana de ocultación, sino
todo lo contrario. El esfuerzo que se ha hecho es lo suficientemente
importante como para no tener ni que ocultar ni que magnificar ningún
dato, sino que ahí están las cosas que se han hecho y el presupuesto
que se ha gastado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Secretaria General de
Asuntos Sociales.
En política, generalmente dos y dos nunca son cuatro, pero intentamos
que lo sea. Le doy las gracias por su comparecencia, así como a todas
sus señorías por trabajar una vez más para que, en el caso de hoy, la
violencia doméstica se vaya erradicando de este país. Les deseo a
todas sus señorías y a los miembros del Ministerio unas felices
vacaciones.
Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las catorce horas y veinte minutos.