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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 34, de 05/04/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 34
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GABINO PUCHE-RODRÍGUEZ ACOSTA
Sesión núm. 9
celebrada el jueves, 5 de abril de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen sobre:
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de las
cuentas del Ayuntamiento de Valdés (Asturias) en los ejercicios que
van del año 1995 a 1999. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 253/000001 y
número de expediente del Senado 772/000001) ...
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas para que recabe de dicho Tribunal una fiscalización sobre
la legalidad, eficacia y economía de la gestión
del Consorcio de la Zona franca de Cádiz durante los ejercicios
1995 a 2000. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente del Congreso 253/000002 y número de expediente del
Senado 772/000002) ... (Página 736)
Ratificación de la ponencia sobre la declaración definitiva de la
Cuenta general del Estado del ejercicio 1998, así como su
fundamentación y desarrollo. (Número de expediente del Congreso 250/
000006 y número de expediente del Senado 770/000005) ...
Emitir dictamen, a la vista del informe de la ponencia, y debate y
votación, en su caso, de las propuestas de resolución presentadas
sobre la declaración definitiva de la Cuenta general del Estado del
ejercicio 1998, así como su fundamentación y desarrollo. (Número de
expediente del Congreso 250/000006 y número de expediente del Senado
770/000005) ... (Página 736)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de la ejecución de la política de
incentivos regionales a la localización industrial, regulada por la
Ley 50/1985, en el período 1986-1996. (Número de expediente del
Congreso 251/000001 y número de expediente del Senado 771/000001)
... (Página 739)
- Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las
elecciones a Cortes Generales de 12 de marzo de 2000. (Número de
expediente del Congreso 251/000067 y número de expediente del Senado
771/000057) ... (Página 742)
- Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las
elecciones al Parlamento de Andalucía de 12 de marzo de 2000. (Número
de expediente del Congreso 251/000068 y número de expediente del
Senado 771/000056) ... (Página 742)
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Nieto de
Alba) para informar sobre:
- Informe anual, ejercicio 1998, sobre la gestión del sector público
estatal, en el que está incorporada la memoria de actuaciones
jurisdiccionales. (Número de expediente del Congreso 250/000007 y
número de expediente del Senado 770/000006) ...
- Informe anual ejercicio 1997, relativo a los sectores públicos
autonómico y local, e informes territoriales relativos a las
comunidades y ciudades autónomas que carecen de órgano externo de
control, así como los informes sobre el Fondo de Compensación
Interterritorial (ejercicio 1997) de las comunidades autónomas de
Cantabria, Asturias, Extremadura, Castilla y León y Murcia. (Número
de expediente del Congreso 250/000008 y número de expediente del
Senado 770/000007) ... (Página 750)
- Informe de fiscalización de la legalidad de las operaciones de
venta de terrenos propiedad de Renfe años 1992 a 1996, ambos
inclusive (corresponde al número de expediente 251/000080 de la VI
Legislatura) (Número de expediente del Congreso 251/000008 y número
de expediente del Senado 771/000075) ... (Página
755)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
DEBATE SOBRE:
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE
CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN DE LAS
CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO DE VALDÉS (ASTURIAS) EN LOS EJERCICIOS QUE
VAN DEL AÑO 1995 A 1999. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO (Número de
expediente Congreso 253/000001. Número expediente Senado 772/000001)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Comenzamos con el punto primero del orden del día, solicitud a la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para
que recabe de dicho Tribunal una fiscalización de las cuentas del
Ayuntamiento de Valdés (Asturias) en los ejercicios que van del año
1995 a 1999, a solicitud del Grupo Parlamentario Popular, para lo
cual tiene la palabra su portavoz, la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Señorías, he solicitado este turno de
palabra para exponer el porqué de la solicitud de fiscalización del
Tribunal de Cuentas al municipio de Valdés durante los años 1995 a
1999. No voy a valorar ni a profundizar en la caótica situación
económica en que se encuentra el municipio, porque esto ya lo ha
hecho el Alcalde de Valdés, señor Landeira, del Partido Socialista,
cuando dice en los medios de comunicación que la situación económica
es muy mala y el ayuntamiento se encuentra en crack técnico. Esto lo
dice el alcalde el día 5 de noviembre de 1999, aunque probablemente
no se explicarán SS.SS. por qué, cuando dice esto un alcalde, no
presenta automáticamente la dimisión, como sería lógico por
coherencia política. Pero lo que sí voy a hacer, señor presidente, es
entrar en las causas que han llevado a esta situación y que avalan
nuestra petición.
En 1999, en el mes de agosto, toma posesión de su cargo el nuevo
interventor, y es precisamente en este momento, como consta en acta,
donde queda constancia de que no había sido realizado ningún asiento
contable de los años 1998 y 1999, es decir, desde enero de 1998 a
agosto de 1999 en el Ayuntamiento de Valdés no se realizó ningún
asiento contable, es decir, no había, no existía, ningún tipo de
contabilidad. Hasta aquí, el Ayuntamiento de Valdés no sabía lo que
era llevar un control económico de la gestión que se estaba
realizando. Hasta que el señor Leopoldo Méndez, nuevo interventor,
toma posesión, en el ayuntamiento, durante año y medio, no se lleva
contabilidad. Esto es más que razón suficiente para pedir la
fiscalización. Es un hecho tan grave que solamente este dato merece
la pena que el Tribunal de Cuentas empiece a investigar lo que allí
sucedió.
Pero hay una larga lista de graves infracciones de las que quisiera
citar a modo de ejemplo solo algunas, advirtiendo que cada una de las
infracciones que voy a comentar aquí -que es el Tribunal quien las
debe valorar- vienen recogidas en informes municipales,
certificaciones que constan entre la documentación que a mí se me ha
entregado y que la mayoría de ellas están en informes del
interventor. Por lo tanto, el rigor con el
que van a ser denunciados estos hechos viene acreditado por informes
de la Intervención del municipio de Valdés.
Hay indicios claros de que los fondos del Principado de Asturias para
subvenciones son destinados por el ayuntamiento a fines distintos
para los que se otorgaron. Los pagos realizados mediante
domiciliaciones bancarias o efectos comerciales, letras de cambio, se
cargan directamente en el banco, y las compensaciones se formalizan
sin que le consten a la Intervención la tramitación y resolución de
los correspondientes expedientes, como es, por ejemplo, el caso de
Tedesa, veintidós millones y medio de pesetas, y esto consta en el
informe de la Intervención de 7 de diciembre del año 2000.
El orden de prelación de pagos establecido en el plan de disposición
de fondos propuesto por la alcaldía altera el sistema básico de
prioridades de pago establecido en los artículos 168, de la Ley 39/
l988 y 65.2 del Real Decreto 500/1990. Este mismo plan, en su norma
3.a, contraviene lo previsto en el artículo 94.4, del Real Decreto 2/
2000, que aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las
administraciones públicas. Estos dos hechos aparecen recogidos en el
informe de la Intervención de 20 de septiembre del año 2000.
Las facturas y otros documentos justificantes de gastos no se
contabilizaron ni aplicaron a presupuestos de ejercicios ya cerrados,
informe de la Intervención de 19 de enero del año 2001. Se llevan a
cabo incontables pagos que ascienden a 165 millones de pesetas, y
quiero advertir aquí que el municipio de Valdés no llega a 17.000
habitantes y que, por lo tanto, esta cifra de 165 millones de pesetas
supone más del 10 por ciento del presupuesto anual. Además, todos
estos gastos se llevan a cabo sin ningún tipo de consignación
presupuestaria. Esto consta en informe de la Intervención de 10 de
agosto del año 2000.
No se cumplen las advertencias del interventor de cumplimiento legal,
referido al hecho de que cuando se liquide un presupuesto con
remanente de tesorería negativo, como es el caso del municipio de
Valdés, en el nuevo presupuesto se deben reducir los gastos por una
cuantía igual al déficit producido. Este hecho consta en informe de
la Intervención de 10 de agosto del año 2000.
Es norma interna del Ayuntamiento de Valdés que los informes de
reparo no se registren; es decir, los informes en los que el
interventor o la secretaria municipal recogen algún tipo de reparo o
alguna propuesta no se archivan, no se registran. Por lo tanto, lo
que no está registrado no aparece en ningún sitio. Esto lo dice el
interventor el 5 de marzo del año 2001 en otro de sus informes. La
inexistencia de un mínimo sistema de control interno, conocido por
todos los órganos y servicios municipales, impide el desarrollo
lógico del presupuesto de gastos, informe de la Intervención de 19 de
enero de 2001. Como podrán comprobar SS.SS., no es algo que el Grupo
Popular esté inventando, no es algo
que el Grupo Popular esté suponiendo, es algo que está escrito en
documentos oficiales del ayuntamiento y que consta con
certificaciones expresas.
Pero a estos hechos hay que añadir que cuando el Partido Popular
solicita al alcalde, en plenos, a través de alguna moción o a través
de solicitud de información, algún documento para aclarar qué es lo
que está sucediendo, sistemáticamente se deniega. Cuando el Partido
Popular solicita en el registro de la Cámara del Congreso la
fiscalización -fue en el mes de junio del año 2000 cuando el Partido
Popular presentó esta iniciativa-, en Valdés tenían un presupuesto
prorrogado del año 1998. En el mes de junio del año 2000 estaba
pendiente de aprobación no solamente el ejercicio de 1998 sino
también el ejercicio de 1999.
Además, cuando la situación era tan caótica, y en todos los medios de
comunicación queda reflejada y recogida cuál era la situación de los
funcionarios que en algún mes incluso no llegaron a cobrar, se estaba
contratando personal sin consignación presupuestaria. Deudas
reconocidas no se han consignado en el presupuesto correspondiente.
Señor presidente, no voy a continuar, aunque podría, porque creo que
estos hechos son más que suficientes para justificar nuestra
petición. A la gravedad de los mismos hay que añadir la falta de
sensibilidad democrática de los regidores socialistas de Valdés, que,
quiero recordar, arrebataron la alcaldía en las últimas elecciones
municipales al Partido Popular, porque fue el Partido Popular quien
ganó las elecciones en Valdés, a través de un pacto contra natura (Un
señor diputado: Democráticamente.) Democráticamente es que la
voluntad del municipio de Valdés, por 260 votos, cuando el censo es
de 10.000 personas, quiso que fuese el Partido Popular quien
gobernase.
Hoy, el Partido Socialista, y así consta en los medios de
comunicación asturianos, va a pronunciarse a favor de esta petición
del Partido Popular, no sé si por cuestión de imagen porque saben que
va a prosperar. Pero, independientemente de que lo hagan por cuestión
de imagen, todos debemos congratularnos de que, al fin, empiece a
reinar la cordura, porque el alcalde de Valdés también se ha
pronunciado a favor de esta fiscalización y, si la cordura empieza a
reinar en el Partido Socialista, todos debemos de alegrarnos de ello.
Señor presidente, no quiero alargarme más. Estos son los hechos que
creo que son suficientemente claros, evidentes y documentados y a
partir de aquí creo que quien tiene la palabra es el Tribunal de
Cuentas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Suárez González.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Habíamos pensado ser muy discretos hoy ante
esta petición del Partido
Popular de fiscalización del Ayuntamiento de Valdés, pero la
intervención que se ha producido por parte de la representante del
Partido Popular nos obliga a decir alguna cosa más, que trataremos
que se enmarque dentro de un contexto de cierta prudencia y mesura a
la hora de analizar estos temas.
El alcalde de Valdés, el grupo municipal socialista de Valdés, le ha
pedido al Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes que vote a
favor de esta iniciativa porque nada tienen que ocultar de su
gestión, ningún inconveniente tienen ante la fiscalización; por
tanto, su actitud va a ser de plena colaboración y se va a poner a
disposición del Tribunal de Cuentas para el desarrollo de esta
investigación.
Creo que esto que acabo de decir contrasta bastante con el
espectáculo al que asistimos en esta Comisión del Tribunal de Cuentas
los meses de octubre y noviembre pasado, por parte de la
representante del Partido Popular que acaba de hablar, cuando los
socialistas solicitamos una investigación del Ayuntamiento de Oviedo.
Entonces uno sacaba la conclusión de que se recurría a la mayoría del
Partido Popular en esa Comisión para evitar una investigación que, de
producirse, podía aflorar una gestión irregular en este ayuntamiento.
Quiero poner de manifiesto este hecho: el contraste entre la actitud
de los socialistas de Valdés, a favor de la investigación, y la del
Partido Popular del Ayuntamiento de Oviedo, negándose en rotundo a
que se desarrollasen nuevas investigaciones por parte del Tribunal de
Cuentas en ese municipio.
Es muy poco serio que hoy, desde el Partido Popular, se haga la
intervención que se hace, cuando hace bien pocos meses se dijo todo
lo contrario. Esperamos que la intervención que ha hecho el Partido
Popular les lleve a ser coherentes y que, a partir de ahora, apoyen
todas las iniciativas de investigación de ayuntamientos, en este caso
del Partido Popular, que el Partido Socialista proponga en esta
Comisión de investigación. Esperamos que se actúe en coherencia y que
la intervención que se ha producido ahora por parte del Partido
Popular sea respetada en el futuro por el propio Partido Popular y
vote a favor de todas las investigaciones que pida el Partido
Socialista de ayuntamientos del Partido Popular, como la que pedimos
aquí el pasado mes de noviembre para el Ayuntamiento de Oviedo, que
fue respetada; si no, serían muy poco serios, después de la
intervención que se ha producido en el día de hoy.
Por tanto, nos parece bien que se investigue la gestión del
Ayuntamiento de Valdés. Todo lo que sea profundizar en la gestión de
las administraciones públicas es positivo; todo lo que sea apostar
por la transparencia en su gestión es positivo. A nosotros, en el día
de hoy nos parece positivo que hayan sido nuestros propios compañeros
de Valdés quienes hayan solicitado esta investigación y les pedimos a
los demás que prediquen con el ejemplo. Porque hay quienes no tienen
inconvenienteen pedir que se investigue a los demás, pero
ponen reparos para que se les investigue a ellos, como ocurrió con
respecto al Ayuntamiento de Oviedo, en las reuniones de esta Comisión
los meses de noviembre y diciembre pasado, por parte de la portavoz
del Partido Popular que, por cierto, era concejal del Ayuntamiento de
Oviedo, estaba implicada y tenía que ver con las denuncias que se
hacían en ese ayuntamiento. Que se predique con el ejemplo y que se
sea coherente por parte del Partido Popular a partir de ahora.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Menos mal, señor portavoz del Grupo
Socialista, que iba a ser discreto porque, si no llega a serlo,
podríamos haber tenido aquí más que palabras. (Rumores.)
Una vez más se ha venido aquí a manipular los hechos. Y es obligado,
por mi parte, que me refiera a la intervención del señor portavoz del
Grupo Socialista, que no ha dicho absolutamente nada de Valdés, sino
que ha vuelto a hablar de Oviedo. Yo sé que a ustedes les duele que
el Partido Popular haya ganado durante tres elecciones consecutivas
y, además, con una mayoría que todos ustedes conocen. Comprendo que a
ustedes les duela, pero es un hecho. Los ovetenses quieren que en
Oviedo gobierne el Partido Popular. Efectivamente, yo era miembro de
esa corporación, y estoy muy honrada de serlo. Usted dice que yo
estaba implicada. Eso creo que son los tribunales quienes lo tienen
que decir, porque no sé quién es usted para considerar que yo estoy
implicada en lo que es sólo humo. Ustedes han pretendido hacer creer
a la opinión pública que eran delitos, y así lo han manifestado en
los medios de comunicación, y ha quedado clarísimamente demostrado
que no había ningún delito y que lo que había eran simples
irregularidades administrativas.
Quiero añadir que el hecho de que el Partido Popular se haya opuesto,
cuando ustedes solicitaron que se continuase fiscalizando al
Ayuntamiento de Oviedo, ha sido única y exclusivamente porque había
un informe del Tribunal de Cuentas, después de llevarse a cabo la
fiscalización, que decía que no había ningún tipo de actitud,
actividad o responsabilidad política para seguir investigando. Ese
informe, señor presidente, señorías, fue aprobado por unanimidad, o
sea por todos y cada uno de los miembros del Tribunal, y quiero
recordar una vez más, para que conste así en el «Diario de Sesiones»,
que ese Tribunal está compuesto por miembros que proponen todos los
partidos. Por tanto, los miembros del Tribunal de Cuentas que había
propuesto el Partido Socialista han dicho que ese informe era
correcto y no han querido ir más allá, porque, si hubiesen querido,
el propio Tribunal hubiese seguido adelante. Ésta es la única y
exclusiva razón por la que el Partido Popular se opuso, en la
Comisión en la que ustedes solicitaron la investigación.
Si a ustedes les parece que no tiene importancia y que es banal el
hecho de que un ayuntamiento, durante más de año y medio, no haya
realizado ningún asiento contable, que el Tribunal de Cuentas -y así
terminaba también mi intervención anterior- sea el que hable.
Nosotros seguiremos hablando de este tema y de los que sean
necesarios.
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación a la votación
de la solicitud a la Comisión que se acaba de debatir.
La señora COSTA CAMPI: Quiero decir una cosa para que conste en el
«Diario de Sesiones». El Tribunal de Cuentas no lo aprobó por
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Señor presidente, por favor, me gustaría
que cuando se hagan afirmaciones de ese tipo sean documentadas. Si no
se ha visto o no se ha estudiado en profundidad el informe es muy
fácil decir que no se aprobó por unanimidad, pero cuando quiera la
señora portavoz del Grupo Socialista le demuestro que está aprobado
por unanimidad de todos los miembros del Tribunal.
El señor PRESIDENTE: Las dos intervenciones constarán en el «Diario
de Sesiones». (El señor Suárez González pide la palabra.)
Señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Deseo recordar que el informe del Tribunal
de Cuentas constató irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de
Oviedo.
El señor PRESIDENTE: Señoría, estamos hablando del Ayuntamiento de
Valdés, no del de Oviedo. Se ha cerrado el debate. Estamos en la
votación.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señor presidente, quien ha planteado el
debate en estos términos ha sido la portavoz del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, yo he estado atento a las dos
intervenciones. No me gustaría tener que intervenir en este punto,
pero el Ayuntamiento de Oviedo no ha sido citado nada más que por S.
S. Yo rogaría que nos atuviéramos a la cuestión de Valdés. Oviedo
tuvo su debate durante tiempo indefinido sin ningún corte por parte
de esta Presidencia, y ahora estamos en el momento de la votación.
Por tanto, señor Suárez, Vamos a votar la fiscalización de las
cuentas del Ayuntamiento de Valdés.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL
DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL UNA FISCALIZACIÓN SOBRE
LA LEGALIDAD, EFICACIA Y ECONOMÍA DE LA GESTIÓN DEL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE CÁDIZ DURANTE LOS EJERCICIOS DE 1995 A 2000. FORMULADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso
253//000002 y número de expediente Senado 772/000002)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a continuación al segundo
punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión Mixta
para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de
dicho Tribunal una fiscalización sobre la legalidad, eficacia y
economía de la gestión del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
durante los ejercicios 1995 a 2000, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, para lo cual la señora Costa, como
portavoz, tiene la palabra.
La señora COSTA CAMPI: Voy a ser muy breve.
De todos es conocida, porque ha salido a través de los medios de
comunicación durante las últimas semanas de diciembre y primeros de
enero, la situación de irregularidad en la financiación de
compromisos particulares de quien entonces tenían las
responsabilidades en el Consorcio. A la vista de ello nosotros
presentamos una proposición para que sea fiscalizada dicha
institución, y no voy a repetir lo que ya consta en la documentación
que todos ustedes tienen, que va a poner en evidencia unos
compromisos a todas luces irregulares y que nos tememos que van a ser
objeto de unos resultados en su fiscalización que pudieran albergar
dudas respecto a la legalidad y responsabilidad, penal incluso -
veremos lo que dice el Tribunal de Cuentas-, de quien entonces -hoy
ya no- tenía la representación de dicho Consorcio. Doy por defendida
nuestra propuesta y tiempo tendremos de discutir su contenido, si
sale aprobada cuando el Tribunal haya presentado aquí dicho informe.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que van a intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el
señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Nosotros vamos a apoyar esta propuesta del
Grupo Socialista pero extendiéndola a una fiscalización que abarque
desde el año 1982 al año 2000. A lo largo de la historia del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha habido varios presidentes,
la mayor parte de ellos durante el Gobierno del Partido
Socialista. Es importante que se conozca la actuación de cada una de
las etapas del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Yo desde luego
no sería tan osado como la portavoz del Grupo Socialista de hablar de
responsabilidades penales. Vamos a esperar a ver lo que dice el
Tribunal de Cuentas. Con esta propuesta transaccional de que se
extienda la fiscalización desde el año 1982 al 2000 nosotros la
votaríamos a favor.
El señor PRESIDENTE: Señora portavoz, tiene la palabra a efectos de
manifestación de aceptación o no.
La señora COSTA CAMPI: Aceptamos la propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señorías, con la transaccional que acaba de
presentar el Grupo Popular, procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA SOBRE LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA
CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1998, ASÍ COMO SU
FUNDAMENTACIÓN Y DESARROLLO. (Número de expediente Congreso 250/
000006 y número de expediente Senado 770/000005)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto 3 del orden
del día, ratificación de la ponencia sobre la declaración definitiva
de la Cuenta General del Estado del ejercicio 1998, así como su
fundamentación y desarrollo. ¿Se ratifica? (Asentimiento.)
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, Y
DEBATE Y VOTACIÓN, EN SU CASO, DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
PRESENTADAS SOBRE LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA GENERAL
DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1998, ASÍ COMO SU FUNDAMENTACIÓN
Y DESARROLLO. (Número de expediente Congreso 250/000006 y número de
expediente Senado 770/000005)
El señor PRESIDENTE: Punto 4 del orden del día: dictamen, a la vista
del informe emitido por la ponencia, y debate y votación en su caso
de las propuestas deresolución presentadas sobre la declaración
definitiva
de la Cuenta General del Estado del ejercicio 1998, así como su
fundamentación y desarrollo. ¿Grupos que van a intervenir?
Por el Grupo de Convergència i Unió tiene la palabra su portavoz el
señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: El Grupo Parlamentario Catalán ha presentado
tres propuestas de resolución a este informe relativo a la Cuenta
General del Estado del ejercicio de 1998. En la línea de la actuación
de este grupo sobre los informes de fiscalización del Tribunal de
Cuentas, y de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones
efectuadas por este Tribunal, nosotros en la primera de las tres
propuestas instamos a la Administración general del Estado y a sus
organismos autónomos, así como a las sociedades estatales no
financieras, a remitir al Tribunal toda la información requerida en
el plazo legalmente establecido. Esta es una propuesta reiterativa
pero necesaria, debido a que un año más algunas cuentas de ciertos
organismos públicos del Estado no se envían al Tribunal de Cuentas
dentro del plazo establecido.
La segunda propuesta insta a la Administración general del Estado a
subsanar las deficiencias existentes en la aplicación de las normas
sobre el inmovilizado no financiero en relación con la elaboración de
inventarios y registros y con la información que debe de
suministrarse en la memoria. Dicha propuesta también está en la línea
de otras presentadas a este punto del orden del día por otros grupos
parlamentarios; por tanto, son coincidentes.
Finalmente, ofrecemos una tercera propuesta de resolución a través de
la cual se insta al Gobierno para que en el marco de la reforma del
Pacto de Toledo adopte cuantas medidas de promoción normativas sean
necesarias para posibilitar la efectiva cancelación de los diez
préstamos a largo plazo por un importe conjunto de más de 2,7
billones de pesetas concedidos por la Administración general del
Estado a la Seguridad Social. Esta tercera propuesta de resolución mi
grupo parlamentario ya la presentó en su día a la declaración
definitiva sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al
ejercicio de 1997. Aunque en aquel momento fue rechazada (y hoy
también lo será por coherencia con la actitud del grupo mayoritario
del año pasado) desde el punto de vista de nuestro grupo
parlamentario debemos volver a presentarla, sobre todo por las
consideraciones del Tribunal de Cuentas, y debería procederse a esta
cancelación de préstamos -repetimos-, en el marco de la reforma del
Pacto de Toledo, como propone textualmente el Tribunal de Cuentas,
mediante su amortización o su condonación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Voy a defender primero las propuestas de
resolución de mi grupo y luego fijaré la posición respecto a las de
los demás.
En la primera propuesta de resolución -la número 4 del índice
general- nosotros solicitamos que las distintas entidades cuyas
cuentas integran la Cuenta General del Estado cumplan los principios
y la legislación aplicable en la elaboración y realización de las
mismas; también que se eliminen las discrepancias entre las oficinas
afectadas en el registro de las operaciones de adscripción elementos
de inmovilizado; que se apliquen a presupuesto los gastos e ingresos
del Estado y de los organismos autónomos pendientes a 31 de diciembre
de 1998 conforme a las normas aplicables en cada caso; que se
registre adecuadamente el inmovilizado no financiero del Estado y sus
correspondientes amortizaciones; que se cancelen, en los términos
establecidos en la Ley 13/1996, de 30 de noviembre, las operaciones
realizadas a través del Instituto de Crédito Oficial; y que se
complete el registro contable de los compromisos de gastos adquiridos
con cargo a ejercicios posteriores, incluyendo como tales los
derivados del programa Eurofigther 2000 y de los convenios con las
sociedades Holsa e Infehsa. En nuestra segunda propuesta pedimos al
Tribunal de Cuentas una exposición más amplia de sus argumentos en
relación con los importes, a su juicio pendientes de aplicación a
presupuesto, correspondientes a créditos a países en vías de
desarrollo y transferencias al crédito oficial. En la tercera -la
número 6 del índice general- instamos a Parques Nacionales a la
adopción de los acuerdos precisos para dotar amortizaciones por sus
activos depreciables, si bien es verdad que ya se están realizando y
en junio del 2000 ya estaba dotado. En la proposición número 7 se
insta a la Agencia Española de Cooperación Internacional a la
adopción de medidas necesarias tendentes a la progresiva reducción de
la cifra de deudores por provisión de fondos a justificar, aunque
también se han adoptado ya medidas y se está mejorando sensiblemente
en ese sentido. En la número 8 se insta a la Tesorería General de la
Seguridad Social y al Instituto Nacional de Empleo a que concilie las
cuentas del ejercicio tanto del Inem como de la Tesorería General,
depurando las diferencias, aunque es verdad que muchas de ellas ya lo
están. En la número nueve instamos a los organismos autónomos, en
particular al Instituto de Turismo de España, la adopción de las
oportunas medidas para la imputación como gastos corrientes de los
importes que no deban considerarse inmovilizado inmaterial, aunque
también es verdad que una cosa es la contabilización y otra la
imputación al presupuesto de gastos, como gastos de promoción de
turismo, ferias, exposiciones etcétera. Finalmente, en la número 10
se insta al Fondo Español de Garantía Agraria a la culminación de los
trámites iniciados tendentes a la eliminación del saldo de la cuenta
de acreedores no presupuestarios.
Por lo que respecta a las propuestas de resolución presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), vamos a votar
favorablemente a las dos primeras, no así a la número tres, porque en
el marco de la reforma del Pacto de Toledo ya se está estableciendo
un acercamiento, se está estudiando un sistema de amortización, sin
ser precisa exactamente esta urgencia que se propone aquí. Esta
enmienda es igual que la número 12 del Grupo Socialista a la que
también como es lógico vamos a votar en contra.
En cuanto a las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista,
lamento decir que rechazamos las cinco que proponen. Acerca de la
primera, donde proponen un informe sobre los deudores con el sector
público estatal, el Tribunal de Cuentas dispone ya de ese informe y
de toda clase de datos para poder ponerlo, si quiere, en sus
informes. En cuanto a la número 12 ya he explicado por qué -por las
mismas razones que para la número 3 de Convergència i Unió- no la
vamos a aprobar. Respecto a la número 13 se está estudiando -ya está
muy avanzado- el que las cuentas del Estado y las cuentas de la
Seguridad Social tengan una coherencia clara y evidente, y así se
está haciendo; por tanto, también vamos a votar en contra. En cuanto
al censo oficial de fundaciones de la propuesta número 14 vamos a
votar en contra, porque ese censo ya está hecho, no hay que hacerlo.
Está siempre a disposición del Tribunal de Cuentas para cuando quiera
hacer uso de él. Por lo que se refiere al censo oficial de consorcios
públicos tengo que decir lo mismo que respecto a las fundaciones: que
también está elaborado; por tanto, es innecesaria la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Voy a hacer la defensa de las propuestas de
resolución presentadas por mi grupo sobre la declaración definitiva
de las cuentas generales del Estado de 1998.
En primer lugar, solicitamos al Tribunal que realice un informe sobre
los deudores con el sector público estatal, a fecha 31 de diciembre
del anterior ejercicio, a fin de conocer derechos, tributarios o no,
que los entes y órganos integrantes de dicho sector tienen pendientes
de cobrar y no han cobrado, así como el grado de cobrabilidad -sé que
esta palabra en castellano no es correcta, pero me parece que nos
entendemos- de los derechos en vía ejecutiva. A pesar de lo que ha
dicho el portavoz del Grupo Popular, el Tribunal de Cuentas no ha
estudiado en profundidad los deudores con el Estado, a excepción de
aquellos de la Seguridad Social. Por consiguiente, esta Comisión y
los diputados no conocemos de forma pormenorizada la eficacia de los
procedimientos de recaudación de esos derechos, tanto en vía
voluntaria como en vía ejecutiva, y tanto para ingresos tributarios
como para no tributarios. En segundo
lugar, instamos al Gobierno, a la luz de la situación financiera que
presenta la Seguridad Social, a que proceda a la condonación de la
totalidad de los diez préstamos concedidos por la Administración
general del Estado a la Seguridad Social, por importe de 2 billones
775.865 millones de pesetas. Esta explicación viene justificada
porque la cancelación de la totalidad de la deuda que presenta la
Seguridad Social con la Administración general del Estado permitiría
eliminar un desequilibrio contable que es posible detectar para todo
lector de la cuenta general, en la medida en que aparece registrada
en la Seguridad Social y no aparece registrada en las cuentas del
Estado. En tercer lugar, instamos al Gobierno a que adopte las
medidas necesarias para dar coherencia recíproca a las cuentas del
Estado y a la Seguridad Social. Esta propuesta se deriva y va en
concordancia con la anterior. La Seguridad Social tiene en este caso
contabilizados 559.129 millones de pesetas y el Estado no los tiene
contabilizados. Por tanto, de acuerdo con la propuesta de resolución
anterior que acabo de defender, el Grupo Socialista lo que pretende
es que el Estado condone a la Seguridad Social tal deuda, igualmente
que en el caso anterior, a efectos de transparencia y rigor de la
técnica contable. En cuarto lugar, instamos al Gobierno a que antes
del 1 de mayo del año 2000 proceda a elaborar un censo oficial de
fundaciones estatales. Siento discrepar del parecer del portavoz del
Grupo Popular, porque no existe un censo; hay un compromiso de
elaboración del censo, pero no existe todavía. Por consiguiente, es
necesario que la Administración elabore un censo de fundaciones,
porque forman parte de los entes que tienen que rendir cuentas al
Tribunal, y este no puede conocer si la totalidad de las fundaciones
que están rindiendo sus cuentas se corresponde con el número de
fundaciones que existen en España. Nosotros proponemos que este censo
lo tengamos disponible antes del 1 de junio del 2001, que se renueve
anualmente el 1 de mayo, con su correspondiente publicación en el
Boletín Oficial y que el Ministerio de Hacienda, a través de los
procedimientos habituales, dé traslado al Tribunal de Cuentas de ese
primer censo de fundaciones estatales y de sus sucesivas
actualizaciones.
Igual solicitud hacemos para los consorcios públicos, en la medida
que se plantea el mismo problema que en el caso de las fundaciones.
Instamos al Gobierno para que antes del 1 de mayo de 2001 proceda a
elaborar dicho censo oficial, que se renueve anualmente y el 1 de
mayo de cada año esté a disposición del conjunto de la sociedad a
través de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y que el
Ministerio de Hacienda dé traslado de dicho censo al Tribunal de
Cuentas, así como de sus actualizaciones. Sabemos que los consorcios
son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, en
los que participan distintas administraciones públicas que están
teniendo hoy un protagonismo relevante en la gestión de numerosos
proyectos
y que su número va aumentando; de ahí nuestra inquietud en aras del
rigor de la fiscalización y del conocimiento, por tanto, de las
cuentas del Estado, por eso solicitamos en ambos casos (fundaciones y
consorcios) una elaboración detallada del censo de todas las
instituciones, fundaciones y consorcios, que se han creado y que se
están creando anualmente.
En relación a la posición de mi grupo respecto a las propuestas de
resolución presentadas por el Grupo de Convergència i Unió, vamos a
votar a favor de las tres y en contra de las presentadas por el Grupo
Popular, no porque estemos en desacuerdo con lo que dicen, sino
porque se quedan a medio camino. Deberían profundizar más en las
diferentes cuestiones porque, en definitiva, a lo que se insta al
Gobierno no ayuda a resolver las cuestiones que nos preocupan de la
Cuenta General del Estado.
El señor ALBENDEA PABÓN: ¿Señor presidente, me permitiría usted el
uso de la palabra un segundo para hacerle una aclaración a la
portavoz del Grupo Socialista?
El señor PRESIDENTE: Tiene usted un segundo.
El señor ALBENDEA PABÓN: Respecto al censo de fundaciones, que la
señora Cuesta dice que no existe, el Tribunal de Cuentas tiene ya en
su poder el censo de 1999, que le fue remitido por acuerdo del
Consejo de Ministros el 27 de octubre del año 2000. Luego, el
Tribunal de Cuentas tiene en su poder el de 1999.
El señor PRESIDENTE: Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Dicho censo, como manifesté ya en la defensa
de la Cuenta General de 1997, es incompleto. Piense que el Consejo de
Ministros remitió nada más información sobre 25 fundaciones
y demostré en Pleno la existencia de más de cuarenta. Eso no es un
censo, es un listado.
El señor PRESIDENTE: Señorías, procedemos a la votación.
Enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió,
la 1 y 2.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Enmienda número 3 de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12;
en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 que presenta el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas números 11, 12, 13, 14 y 15, correspondientes al Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE
INCENTIVOS REGIONALES A LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL, REGULADA POR LA
LEY 50/1985, EN EL PERÍODO 1986-1996. (Número de expediente Congreso
251/000001. Número de expediente Senado 771/000001.)
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la ejecución de la
política de incentivos regionales a la localización industrial,
regulada por la Ley 50/1985, en el periodo 1986-1996.
Para la defensa de las enmiendas que presenta Izquierda Unida tiene
la palabra su portavoz el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Con bastante brevedad.
Presentamos dos propuestas de resolución. La primera de ellas instar
al Gobierno a que haga un replanteamiento general de la política de
incentivos regionales, porque a la vista de la práctica de los
distintos informes del Tribunal de Cuentas denuncian una
incertidumbre existente con respecto al objetivo intermedio,
centrándose fundamentalmente en la necesidad de analizar el actual
ámbito geográfico de actuación por no ser eficiente e incluso por si
es contrario a la propia concentración de los recursos financieros.
En una segunda propuesta de resolución instamos al Gobierno a que
tome las medidas necesarias, en primer lugar, para que se incremente
la información y la publicidad de los incentivos, a fin de atraer un
mayor número de solicitudes; a que a la hora de concederse se valore
la seriedad, la viabilidad y la prioridad de los proyectos; a que se
agilicen los trámites; a que se mejoren los procedimientos de
tramitación y control y se cumpla lo dispuesto en la Ley general de
presupuestos sobre el control y límites de las ayudas públicas y, por
último, a que se cree un registro general de subvenciones públicas al
que tengan acceso todos los organismos gestores de ayudas públicas.
El señor PRESIDENTE: Para defender las propuestas que presenta el
Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra su portavoz el señor
Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: También muy brevemente voy a defender las
cinco propuestas de resolución que mi grupo parlamentario ha
presentado a este informe de fiscalización, por un lado, siguiendo
como ya es habitual las conclusiones efectuadas por el mismo Tribunal
de Cuentas y, por otro, en coincidencia en términos generales con el
resto de propuestas de resolución presentadas por los demás grupos
parlamentarios.
En concreto la primera de las cinco insta al Gobierno a iniciar este
replanteamiento general de la política de incentivos regionales
mediante diversos sistemas que están descritos en el texto de la
misma propuesta de resolución. La segunda propuesta de resolución
insta al Gobierno a modificar el sistema de selección de los
proyectos que se subvencionan, insistiendo en la mayor valoración de
la seriedad y viabilidad de los proyectos entre otras
consideraciones. La tercera propuesta de resolución insta al Gobierno
a mejorar los procesos de tramitación y control de la legalidad de
los expedientes y a ejercer un mayor control sobre el cumplimiento de
las condiciones impuestas a los beneficiarios de los mismos. La
cuarta insta al Gobierno a crear una base de datos de subvenciones
públicas a la que tengan acceso todos los organismos gestores de
ayudas públicas para mejorar el control sobre las ayudas públicas
concurrentes. Finalmente, la quinta propuesta de resolución insta al
Gobierno a reforzar el sistema de control interno mediante la
adopción del sistema de gestión presupuestaria de los incentivos a
los principios contenidos en la Ley General Presupuestaria.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Por parte de mi grupo hemos presentado
cuatro propuestas de resolución al tema de los incentivos regionales.
En la 2 instamos al Gobierno a cumplir con los compromisos de
inversión en política de incentivos regionales a la localización
industrial, de tal suerte que en el futuro se asegure la ejecución de
la mayoría de los expedientes tramitados. En la número 2 -9 del
índice general- instamos al Gobierno a continuar mejorando los
instrumentos de planificación de la actividad y de los presupuestos
de la política de incentivos regionales a la localización industrial,
con objeto de que se pueda conocer y analizar con más detalle su
nivel de eficacia. En la número 3 -10 del índice general- instamos al
Gobierno a continuar mejorando la gestión de los incentivos
regionales a la localización industrial, de manera que produzcan
efectos positivos significativos en el crecimiento de las magnitudes
macroeconómicas de las distintas zonas a las que se destinan.
Finalmente,
en la número 4 -que es la 11 del índice general- instamos al Gobierno
a impulsar, a través de las políticas de incentivos regionales, la
convergencia real entre todas las regiones que componen el Estado
español.
Voy a fijar la posición respecto de las resoluciones de los demás
grupos parlamentarios, condensándolas en función de la materia. En la
número 1, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la número 3,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la 12 del
Grupo Parlamentario Socialista, que se refieren al mismo asunto,
replanteamiento general de la política de incentivos regionales,
consideramos que los objetivos perseguidos a través del sistema de
incentivos regionales de desarrollo de tejido industrial y económico
en las zonas menos desarrolladas se están cumpliendo en la
actualidad. El cambio significativo que se está haciendo es la
ampliación de esas actuaciones mediante la rebaja de los porcentajes
de subvención de forma que se pueda ayudar a más proyectos. Por
tanto, creemos que son innecesarias y vamos a votar en contra.
Respecto de las números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y 15 y 16, del Grupo Parlamentario Socialista,
que se refieren a la modificación de los criterios de selección de
proyectos, desde 1997 se han intensificado y mejorado los
procedimientos de tramitación, control e información especialmente en
lo relativo al cumplimiento de las condiciones de empleo, tanto por
la Administración central como por las comunidades autónomas.
Igualmente, queremos hacer constar que se revisan periódicamente los
criterios de selección adaptándolos a las circunstancias y el
contexto económico de cada zona, sector o empresa, habiéndose
intensificado las evaluaciones sobre cada proyecto para garantizar su
viabilidad.
La propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), y la número 18, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
refieren a la creación de una base de datos de subvenciones públicas,
estaríamos dispuestos a apoyarlas siempre que en lugar de decir que
se cree la base de datos, puesto que la misma ya existe, que se
modifique en el sentido de mejorar la base de datos ya existente. Es
una transaccional que proponemos, en lugar de decir: la creación de
una base de datos de subvenciones públicas que diga: la mejora de la
base de datos de subvenciones públicas ya existente.
Por lo que se refiere a la número 7, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y a la número 19, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre adaptación a la Ley general presupuestaria, desde
1997 se han realizado muchas mejoras, de forma que la ley de
presupuestos ya recoge la dotación anual concedida por el Parlamento
al sistema de incentivos regionales. La número 13, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la reducción en el ámbito geográfico,
no parte de que el mapa de incentivos regionales se aprueba por la
Comisión Europea para las zonas menos desarrolladas. Por
ello no se comparte esta propuesta, dada su difícil justificación
desde el punto de vista de la convergencia real de todas las
comunidades autónomas con menor renta per cápita.
A la número 2, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por el
conjunto de razones que he expuesto a lo largo de esta información
también vamos a votar en contra. Vamos a votar a favor, porque nos
parecen razonables, las números 14 y 17 del Grupo Parlamentario
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Paso a defender las propuestas de resolución
presentadas por mi grupo respecto al informe de fiscalización de la
política de incentivos regionales en el periodo 1986-1996.
Hemos presentado ocho propuestas de resolución que recogen las que
aprobó en su día el Pleno del Tribunal de Cuentas y que están
incorporadas en el documento que estuvimos debatiendo en sesión
anterior. En primer lugar, proponemos reducir el ámbito territorial
no desde la perspectiva del cambio en la normativa, sino de su
aplicación real, por las razones técnicas ya argumentadas y que
quedan también recogidas, como decía, en el informe de fiscalización.
Una política de incentivos regionales aplicada en su generalidad a la
región deseconomiza, pierde eficacia y por consiguiente proponemos la
reducción de ese ámbito territorial. También proponemos que se
realicen estudios técnicos específicos que permitan conocer el grado
de sensibilidad de las variables objetivo frente a los diferentes
instrumentos de actuación. Proponemos asimismo que se proceda a
realizar un planteamiento general de la política de incentivos
regionales por cuanto creemos que hasta la fecha tienen un elevado
grado de incertidumbre, ya que hay un gran desajuste entre los
objetivos generales y los objetivos intermedios. Instamos al Gobierno
a que modifique el sistema de selección de los proyectos, a que
mejore los procedimientos de tramitación y control legal de los
expedientes, así como a evitar que existan ayudas públicas
concurrentes en la medida en que por ahora no se establecen criterios
que permitan eliminar de las ayudas aquellos proyectos que están
acogidos a programas de la propia comunidad autónoma o en algunos
casos también de la Diputación, y asimismo a que cree un registro
general de subvenciones públicas, que como tal no existe, y por
último a que se refuerce el sistema de control interno contable.
Vamos a apoyar la totalidad de las propuestas presentadas por los
otros grupos en la medida en que consideramos que, si no en su
totalidad, sí coinciden con algunas de las propuestas de resolución
que hemos presentado y en ningún caso las contradicen.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar las propuestas de
resolución 1 y 2 correspondientes al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
La señora COSTA CAMPI: Señor presidente, aceptamos la transaccional
del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Me gustaría que el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también se manifestara
respecto a la transaccional.
El señor MARTÍ I GALBIS: Aceptamos la transaccional.
El señor PRESIDENTE: Entonces, repito, votos a favor o en contra de
las números 1 y 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 3, 4, 5, 6 y 7, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), con la transaccional que plantea el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, me parece que no se pueden
votar juntas porque vamos a votar que sí a la transaccional y a las
otras que no, es decir, habrá que votar separadamente la
transaccional.
El señor PRESIDENTE: Yo había entendido que la única a la que iba a
votar en contra S.S. era la número 7.
El señor ALBENDEA PABÓN: No, vamos a votar en contra de casi todas.
El señor PRESIDENTE: O usted no se ha explicado o yo no he escuchado
bien. Es decir, que queda fuera la transaccional número 6.
Votos a favor de las números 3, 4, 5 y 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 6, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuestas 8, 9, 10 y 11, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Señor Albendea, para que nos aclaremos, respecto a las propuestas del
Grupo Parlamentario Socialista he recogido de su intervención que
votará a favor de las números 14 y 17, transaccional a la número 18 y
en contra de la 19.
El señor ALBENDEA PABÓN: Exactamente. Y en contra de las 12 y 13.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que a la señora Costa también le afecta
la transaccional. (Asentimiento.) En ese caso, señorías, votamos en
primer lugar las números 12, 13, 15, 16 y 19, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13;
en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las propuestas de resolución del Grupo
Parlamentario Socialista números 14, 17 y 18.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES DE LAS
ELECCIONES A CORTES GENERALES DE 12 DE MARZO DE 2000. (Número de
expediente Congreso 251/000067 y número de expediente Senado 777/
000057)
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTABILIDADES ELECTORALES DE LAS
ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA DE 12 DE MARZO DE 2000. (Número
de expediente Congreso 251/000068 y número de expediente Senado 771/
000056)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto sexto del orden del
día, Informe de fiscalización de las contabilidades electorales de
las elecciones a Cortes Generales de 12 de marzo de 2000.
La señora COSTA CAMPI: Quería proponer al presidente defender por
nuestra parte las dos propuestas.
El señor PRESIDENTE: Es lo que iba a hacer en este momento. Se ha
adelantado usted a mi pensamiento.
¿Están de acuerdo los portavoces en que agrupemos los puntos 6 y
7? (Asentimiento.)
En ese caso, debatimos también el informe de fiscalización de las
elecciones del 12 de marzo tanto en el Parlamento andaluz como a
Cortes Generales.
Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida señor Rejón para la
defensa de sus propuestas de resolución.
El señor REJÓN GIEB: En la primera propuesta planteamos la necesidad,
indiscutiblemente dentro de los límites competenciales del diálogo y
de la coordinación, de armonizar las distintas normativas
electorales, tanto de carácter estatal como autonómico.
Es evidente que falta un adecuado régimen sancionador ante diversos y
reiterados incumplimientos e infracciones de la regulación prevista
en la normativa electoral, no solamente de las formaciones políticas,
sino también de todas aquellas entidades que están obligadas a
remitir información relativa a las campañas.
Es necesario que dentro y fuera de las fuerzas políticas, dentro y
fuera de la contabilidad y me imagino que dentro y fuera del propio
Tribunal de Cuentas, se regule de qué forma, en qué cuantía, hasta
qué límites las formaciones políticas van a percibir subvenciones por
el envío de propaganda electoral, con el fin de evitar toda esa
indeterminación que hay sobre qué zona de la propaganda electoral
entra en los gastos generales y qué zona entra en lo que es la
subvención hacia la propia propaganda.
El cuarto aspecto que quería tratar es sobre qué cantidad se acumula,
sobre qué límite máximo se acumula el 25 por ciento de posible
ampliación, caso de coincidir elecciones generales con otra u otras
elecciones.
Por último, desearía que se fijaran todos los límites, el carácter,
las obligaciones, a la hora de una financiación privada en un proceso
electoral.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra su portavoz.
El señor ROMEU I MARTÍ: La propuesta de resolución que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista, como ya se ha reiterado en esta
Comisión por parte de este portavoz, a lo que va fundamentalmente
centrada es a aceptar todo el conjunto de recomendaciones y
conclusiones de que habla el Tribunal. Hemos insistido básicamente en
la necesidad de cubrir todo el vacío legal o las lagunas
interpretativas que se producen en la legislación actual, como acaba
de referir el portavoz de Izquierda Unida.
De todas maneras, en cuanto a la aceptación o no del conjunto de
propuestas de resolución, quiero hacer hincapié en que este grupo
parlamentario no aceptará las presentadas por el Grupo Popular,
porque tal y comomanifestó aquí el presidente del Tribunal de Cuentas
se
está elaborando una ponencia, de la que él mismo forma parte, y él
mismo dijo, según consta en el 'Diario de Sesiones' del 14 de marzo,
que ya cuenta con un borrador que hay que someter a los trámites
internos hasta su aprobación para enviarlo al Parlamento. Por tanto,
está recogiendo todas las sugerencias que se han ido haciendo en los
diferentes informes.
Lo que entiende este grupo parlamentario, en vista de que esa
ponencia surge como consecuencia de una moción que se presentó tanto
por el Grupo Popular como por este grupo, es que hay que esperar
fundamentalmente a que esa ponencia esté determinada para que en ella
se establezcan cuáles han de ser los parámetros objetivos y proceder
así a que cada uno de los grupos tome las iniciativas parlamentarias
que considere oportunas. Este grupo entiende que todo el tema de la
financiación de los partidos políticos es una competencia exclusiva
del Parlamento, en su potestad legislativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Yo voy a hacer gracia a SS.SS. de la
explicación de las tres propuestas de resolución que hemos presentado
porque coinciden prácticamente con las que ya ha expuesto el portavoz
de Izquierda Unida señor Rejón. Por tanto, no hace falta que las
reitere.
No obstante, sí quiero hacer dos observaciones. Una al portavoz de
Izquierda Unida, en el sentido de que sugiero que haya un
destinatario de estas medidas, que supongo que es el Gobierno, pero
que no se dice. Si le parece bien se debe decir que se inste al
Gobierno a que adopte estas medidas.
En cuanto al Grupo Parlamentario Socialista, deseo decirle que me
sorprende que vaya a votar en contra. Supongo que también lo hará a
las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida porque son exactamente iguales a las que nosotros hemos
planteado. Es una incoherencia que no entiendo, pero allá ustedes.
De todas formas, votaremos favorablemente todas ellas.
El señor PRESIDENTE: Señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, desearía votación separada
de todas las propuestas de resolución de todos los grupos tanto a las
elecciones a Cortes Generales como al Parlamento andaluz.
El señor PRESIDENTE: En ese caso, sometemos a votación la propuesta
de resolución número 1 a las elecciones a Cortes Generales que
presenta Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 2, que presenta Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 3, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4, del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 5, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 30;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a las propuestas del Grupo Parlamentario Socialista. En
primer lugar, la número 6.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 7, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 9, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
en contra, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las propuestas de resolución presentadas al
informe de fiscalización de las contabilidades electorales de las
elecciones al Parlamento de Andalucía del 12 de marzo de 2000.
En primer lugar, la número 1 que presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 2, que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 3, que presenta el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 4, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 5, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31;
en contra, uno.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 6, que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, agotados los puntos 6 y 7, anuncio a los portavoces que el
plazo de presentación de las propuestas de resolución finalizará el
martes, día 3 de mayo de 2001, a las ocho horas.
Vamos a suspender brevemente la sesión para recibir al presidente del
Tribunal de Cuentas. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (NIETO DE
ALBA), PARA INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES EXTREMOS:
- INFORME ANUAL, EJERCICIO 1998, SOBRE LA GESTIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
ESTATAL, EN EL QUE ESTÁ INCORPORADA LA MEMORIA DE ACTUACIONES
JURISDICCIONALES. (Número de expediente Congreso 250/000007 y Senado
770/000006)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes otra vez. Reanudamos la
sesión de la Comisión, que habíamos interrumpido para recibir al
presidente del Tribunal, cumpliendo el punto 8 del orden del día:
Informe anual, ejercicio 1998, sobre la gestión del sector público
estatal, en el que está incorporada la memoria de actuaciones
jurisdiccionales. Para su presentación, tiene la palabra el señor
presidente del Tribunal de Cuentas, al que de nuevo y como siempre
agradecemos su presencia y le damos la bienvenida.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En
cumplimiento de lo previsto en los artículos 136 de la Constitución,
13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y 28 de la Ley de
funcionamiento, el Pleno aprobó, el pasado 1 de febrero, el informe
anual relativo al análisis de las cuentas y a la fiscalización de la
gestión económica del Estado y del sector público estatal durante el
ejercicio de 1998. El Tribunal viene prestando especial atención a la
rendición de cuentas en los informes anuales, además de reclamar a la
IGAE y a las propias entidades su remisión. La cuenta general del
Estado, como ya manifesté en mi comparecencia del pasado 14 de marzo,
se presentó fuera de plazo y sin que en los estados anuales agregados
se incluyeran ocho organismos autónomos. Las cuentas de la Seguridad
Social aún se han rendido según tres planes contables distintos. La
cuenta general de la Seguridad Social se remitió incompleta, al no
recoger las cuentas agregadas de las dos fundaciones, y se remitieron
fuera de plazo las cuentas anuales de diez mutuas y las de dichas
fundaciones.
Se ha producido una sensible mejora en el número de sociedades
estatales no financieras que han rendido sus cuentas en plazo, aunque
se mantiene el criterio de la IGAE, discrepante con el Tribunal, como
causa fundamental de la causa de rendición. También se ha requerido a
los departamentos ministeriales, organismos autónomos, entes
públicos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, mutuas y fundaciones el cumplimiento de la remisión de
contratos con el detalle que se contiene en el informe. Se ha
realizado un especial análisis del déficit y del endeudamiento. El
resultado presupuestario del ejercicio, después de los ajustes del
Tribunal, resulta negativo por 1,28 billones para la Administración
general del Estado y positivo para los organismos autónomos por
240.587 millones. Durante el ejercicio de 1998, los gastos
presupuestarios derivados del endeudamiento no se financiaron con
incrementos de pasivos financieros y las
inversiones directas e indirectas del Estado superaron por primera
vez en los últimos años el incremento neto de pasivos financieros. El
importe conjunto del endeudamiento del Estado y sus organismos
autónomos a 31 de diciembre de 1998 ascendía a 51,2 billones de
pesetas. El resultado presupuestario de las entidades gestoras y de
la Tesorería general, con los ajustes del Tribunal, resulta
deficitario por 49.587 millones y el de las mutuas alcanzó un
superávit de 29.834 millones. El endeudamiento total de la Seguridad
Social (entidades gestoras, Tesorería, mutuas y fundaciones) fue de
5,4 billones de pesetas. El informe reitera que la Administración no
ha tomado las medidas necesarias para promover la cancelación de los
préstamos que el Estado concedió al Insalud para hacer frente a las
obligaciones contraídas con anterioridad al 31 de diciembre de 1991,
promoviendo su amortización o condonación.
El Estado reconoció obligaciones por subvenciones nominativas con
destino a sociedades estatales no financieras por 331.249 millones.
Las insuficiencias presupuestarias más significativas, acumuladas a
31 de diciembre de 1998, afectaron a Renfe, por 23.719 millones;
Trasmediterránea, por 16.409 millones y FEVE, por 11.383 millones.
Los compromisos para presupuestos futuros, asumidos por el Estado a
dicha fecha, se referían a Infhesa, 3.400 millones; a Holsa, 104.745
millones (a recibir desde 1999 a 2009); a Sepes, 6.403 millones; a
CDTI, 35.000 millones con destino a la Agencia Espacial Europea y a
Hunosa, 8.167 millones. En cuanto a entidades de carácter financiero,
destaca la deuda de 276.063 millones del Estado con el ICO, a pesar
de que el Instituto canceló durante el ejercicio 18.163 millones de
deuda del estado con cargo a sus fondos propios. En cuanto a los
entes públicos no sometidos al régimen presupuestario limitativo,
resalta el patrimonio negativo y endeudamiento del grupo RTVE por
408.366 y 641.836 millones, respectivamente, al finalizar 1998.
En el análisis de las cuentas de la Administración general del Estado
y de sus organismos autónomos, el informe señala que respecto al
ejercicio de 1997 las obligaciones reconocidas experimentaron una
disminución conjunta de 1,3 billones, es decir, el 4 por ciento,
resultado de variaciones negativas en los capítulos 9 y 3 del
presupuesto de gastos, debido fundamentalmente al proceso de
sustitución de deuda a corto por deuda a largo y la sustitución
parcial de letras del Tesoro de 12 a 18 meses. En cuanto a la
liquidación presupuestaria de los ingresos del Estado, los derechos
reconocidos netos, sin deducir cancelaciones, se elevaron a 18,4
billones de pesetas por los capítulos 1 a 8, con un incremento del 5
por ciento respecto a 1997, superando un 10 por ciento a las
previsiones presupuestarias. Los impuestos directos tuvieron una
desviación positiva del 6 por ciento, destacando la registrada a
nivel particular por el impuesto de sociedades, un 31 por ciento. En
el análisis de los flujos de fondos entre España y la Unión
Europea se han obtenido tres saldos diferentes, todos ellos
favorables al Estado español: atendiendo al principio de caja, el
saldo resultante fue de 997.907 millones, un 26 por ciento superior
al ejercicio anterior; siguiendo el principio de devengo, alcanzó 1,1
billones, un 11 por ciento superior, y por operaciones
presupuestarias, el saldo resultó de 240.551 millones.
Se han fiscalizado 1.375 contratos de la Administración general del
Estado y de sus organismos autónomos por 1,1 billones, constatándose
deficiencias que el informe detalla, entre otras, en la motivación de
la declaración de urgencia, en la aprobación por órgano competente
del pliego de cláusulas administrativas particulares, en la falta de
acreditación al Tribunal del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con las Seguridad Social, en la clasificación de las
empresas adjudicatarias y en la justificación de la utilización del
concurso.
En el análisis de las cuentas de la Seguridad Social, el informe
concluye, en cuanto al balance de situación de las entidades gestoras
y de la Tesorería, que los inventarios del inmovilizado material e
inmaterial continúan manteniendo partidas mal clasificadas. En el
epígrafe de deudores, cuyo saldo asciende a 1,8 billones, se recogió,
minorándole, la provisión para insolvencias, con una dotación de
855.893 millones, que se considera insuficiente, ya que la Tesorería
dotó una provisión del 62 por ciento del saldo de la deuda pendiente
de cobro y el Tribunal estima que existe una insuficiencia que podría
alcanzar hasta el 13 por ciento del saldo contable total pendiente al
31 de diciembre de 1998.
De las 30 mutuas existentes en el ejercicio, sólo 19 habían iniciado
la actividad de prevención de riesgos laborales para sus empresas
asociadas como servicio de prevención ajeno, actividad que no forma
parte de la de colaboración en la gestión de la Seguridad Social y
cuyos resultados se imputan a sus patrimonios privativos. El Tribunal
señala que la Seguridad Social financió parcialmente con fondos
públicos dicha actividad en la medida en que la compensación por los
medios humanos y materiales con los que se desarrolló y por los que
se debió compensar a la Seguridad Social resultó insuficiente. Las
mutuas siguen sin contabilizar correctamente sus aportaciones a los
centros mancomunados, que mantenían la solicitud de aprobación de sus
estatutos sin resolver.
En el ámbito de la contratación de la Seguridad Social, el informe
recoge, entre otros, los resultados de análisis específicos llevados
a cabo en 10 hospitales del Insalud, entre los que destaca la falta
de regulación por parte del Instituto de determinadas actuaciones
susceptibles de generar ingresos y de homogeneidad en el tratamiento,
así como deficiencias en la formalización, duración y prórroga de los
contratos, fraccionamientos indebidos e incumplimiento de los
principios de publicidad y concurrencia. En la adquisición de
medicamentos
y especialidades farmacéuticas por los 10 hospitales de la muestra se
ha detectado que la mayor parte se han llevado a cabo a través de
procedimientos internos, sin sujeción a las normas de contratos.
Además, se han caracterizado, entre otras deficiencias, por las
diferencias sustanciales en los precios pagados por los diferentes
hospitales por productos de una misma marca comercial y con igual
formato. La contratación celebrada para el archivo de historias
clínicas, analizada en una muestra de 14 expedientes, ha puesto de
manifiesto, fundamentalmente, deficiencias procedimentales y
disminución de las garantías contractuales de seguridad
y confidencialidad en la información personal archivada.
En las sociedades estatales no financieras, las actuaciones más
significativas en 1998 se refirieron a la privatización de los grupos
Tabacalera, Potasas e Inespal y de las empresas Hijos de J. Barreras,
SA, INI Medio Ambiente (Inima), Compañía Operadora del Mercado
Español de Electricidad (Comeesa), Productos Tubulares, SA, e
Infoleasing. Estas privatizaciones produjeron unos beneficios netos
de 268.038 millones de pesetas. Además, SEPI vendió otras
participaciones de su cartera en valores en 1998, que le reportaron
unos beneficios netos de 1,1 billones, la mayor parte de la
enajenación del 38 por ciento del capital de Endesa, grupo
privatizado en 1997. A pesar de estos ingresos, SEPI registró
pérdidas por 37.887 millones, fundamentalmente a causa de las
provisiones dotadas para exteriorizar los compromisos asumidos por
sus sociedades con el personal, de las aportaciones para compensar
pérdidas de dichas sociedades y de la amortización de parte de la
deuda histórica del INI. Por otra parte, en 1998 continuaron los
procesos de reconversión, reestructuración y liquidación de activos y
pasivos residuales de las empresas de sectores deficitarios del
extinguido INI, destacándose la fusión de Hunosa y Figaredo.
En 1998 se autorizó la creación de tres filiales de ENUSA, dos de
ellas para liderar el mercado de la medicina nuclear; una filial de
Infoinvest, Hannover 2000, y cuatro empresas para la contratación y
ejecución de obras hidráulicas o depuración de aguas residuales.
Finalmente, en el ámbito de las entidades financieras cabe destacar
que el Banco de España obtuvo un beneficio de 1,07 billones y que
mantenía un saldo de 1,7 billones, al cierre, por créditos concedidos
al Estado con anterioridad al 1 de enero de 1994. El lucro cesante de
la entidad por el endeudamiento del Estado y de la Seguridad Social
se estimó en 14.535 millones. Por su parte, en el ámbito público
asegurador, el informe resalta el descenso de los resultados de Cesce
debido a la disminución por recobros de siniestros y
refinanciaciones. El Tribunal ha reiterado respecto a esta entidad la
necesidad de que la Administración establezca un sistema de
retribución ajustado al coste efectivo
de los servicios que presta por cuenta del Estado en el seguro de
crédito a la exportación y de que desagregue los intereses obtenidos
en esta gestión de los suyos propios. El informe incorpora también la
memoria de actuaciones jurísdiccionales que llevó a cabo la Sección
de enjuiciamiento en este ejercicio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Bienvenido a la sede parlamentaria, señor
presidente del Tribunal de Cuentas. Voy a fijar la posición de mi
grupo en relación al informe anual sobre el sector público estatal
del ejercicio 1998.
Una consideración previa y positiva es que este debate en sede
parlamentaria del informe anual pone de manifiesto una mejora de la
actividad de esta Comisión para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, ya que, como sabrá bien el señor presidente del Tribunal, el
informe fue aprobado por el Pleno el 1 de febrero del año 2001 y, a
continuación, enviado a estas Cortes Generales. Nuestro grupo hará
cuanto pueda, cuanto esté de su parte para mantener esta situación,
si bien ello ha sido posible porque otros informes han quedado
relegados; se le ha dado prioridad al informe anual, lo que es
razonable. Intentaremos, al menos en lo que concierne al Grupo
Socialista, darle la máxima celeridad posible al resto de informes
pendientes.
Señor presidente del Tribunal, de nuevo nos vemos obligados a
reiterar nuestra petición de que en los informes anuales se utilice
un lenguaje que, siendo riguroso con los hechos a que se refiere, no
resulte innecesariamente técnico, con el objeto de que los resultados
de la fiscalización, de la gestión económico-financiera y la opinión
que éstos le merecen al Tribunal sean comprendidos por todos los
parlamentarios, por todos los gestores públicos y por el conjunto de
la ciudadanía, que en su mayoría no son expertos en contabilidad
pública. Esto, como bien sabe el presidente del Tribunal, ya lo
planteamos respecto a los informes de los años 1996 y 1997, debatidos
en esta legislatura, y se mantiene todavía, según nuestro criterio,
este problema.
Pasando a otro orden de cosas, ¿por qué el Tribunal no redacta unas
conclusiones con entidad propia, evitando presentar un mero resumen
de los textos de las distintas partes de los informes anuales? Tan
sólo las conclusiones relativas al sector de la Seguridad Social
responden a este concepto de conclusión. En nuestra opinión, las
conclusiones deberían ser una síntesis de los resultados deducidos de
los trabajos de fiscalización, con el valor añadido de una valoración
positiva o negativa sobre las cuestiones planteadas.
En relación a la gestión económico-financiera del sector público,
¿qué medidas de mejora tiene previstas el Tribunal si es que se ha
planteado esta cuestión? Y, al hilo de la pregunta, ¿qué piensa
proponer -si se lo ha
planteado- a la Administración? Hasta la fecha no tenemos información
al respecto, a pesar de nuestra continuada insistencia sobre esta
cuestión. Esta pregunta ya la hicimos en el debate en Comisión de los
informes anuales de 1996 y de 1997 y hasta la fecha no hemos recibido
respuesta. Señor presidente del Tribunal, ¿podría informar a esta
Comisión sobre el contenido y alcance que a partir de ahora tendrá el
informe anual del sector público estatal relativo a 1999, dada la
nueva estructura de la cuenta general del Estado sobre la que el
Tribunal de Cuentas deberá formular la declaración definitiva de
1999? Para nosotros tiene especial interés que nos informe acerca de
esta cuestión.
Señor presidente, su opinión, expuesta en la sesión que esta Comisión
tuvo el pasado 14 de marzo respecto al tratamiento de los resultados
financiero-patrimoniales, se aparta de la planteada por nuestro grupo
en su anterior comparecencia, pero esa discrepancia técnica
y política nos obliga a hacerle de nuevo varias preguntas -que apoyaré
en la normativa vigente- al finalizar las cuestiones que a
continuación le planteo.
En primer lugar, con relación a esta cuestión, ¿por qué no se ofrece
información sobre el resultado financiero patrimonial del ejercicio
de forma correcta, es decir, de acuerdo con los principios de
contabilidad pública, lo que supone ofrecer el resultado total
acumulado a la fecha de cierre del ejercicio, esto es, el corriente y
el de ejercicios anteriores, tal y como lo prescribe el Plan de
contabilidad pública? Con la actual técnica contable aplicada por el
Tribunal, en el informe anual de 1998, no sólo no se cumple el Plan
general de contabilidad pública sino que no pueden valorarse
adecuadamente los deudores y no se ajustan pérdidas del ejercicio
para reducir el volumen del déficit y no incrementarlo. En la misma
línea, en cuanto afecta también a la valoración patrimonial.
El informe anual de 1998 que hoy debatimos contiene al menos dos
criterios discrepantes entre sí respecto a la adecuada valoración de
los deudores del sector público. En algunos casos, los resultados de
la fiscalización no aportan ninguna valoración sobre esta masa
patrimonial, en otros, se exponen en cambio resultados de una
fiscalización sistemática y extensa, pero finalmente sólo se apunta
una sobrevaloración en términos porcentuales que no se cuantifica.
Otra cuestión con relación a este tema. ¿Cuál es la razón de este
diferente tratamiento y falta de cuantificación? ¿No podría el
Tribunal homogeneizar los criterios? Creemos que debería hacerlo.
Respecto a este conjunto de preguntas, entendemos que el Tribunal
tiene obligación de darnos una valoración exacta de la masa
patrimonial, según establece, y decía que me iba a apoyar en la
normativa vigente, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 2/1982, en
su artículo 11, b), y en la Ley 7/1998, de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, en su artículo 41, que, aunque supongo que el
presidente del Tribunal lo tiene bien
presente, lo leeré a efectos de que quede en el 'Diario de Sesiones'.
Señala lo siguiente: La fiscalización de la situación y variaciones
del patrimonio del Estado y demás entidades del sector público se
ejercerá a través de los inventarios y de la contabilidad legalmente
establecidos, y comprenderá la correspondiente a su tesorería y a los
empréstitos y demás formas de endeudamiento con sus ampliaciones o
empleos. Asimismo, el Plan general de contabilidad pública también
apoya el argumento y la pregunta.
La orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 6 de mayo de 1994,
que da lugar a dicho plan, tiene en cuenta, para calcular el
resultado económico patrimonial de cada ejercicio, los gastos y
pérdidas de ejercicios anteriores. Me remito a la cuenta 679 y a los
ingresos y beneficios de ejercicios anteriores, cuenta 779. Esto
puede apreciarse -lo he traído aquí, por si quieren SS.SS. ojear las
fotocopias del Plan general de contabilidad- con la mera lectura del
cuadro correspondiente a la cuenta del resultado económico-
patrimonial que, en forma de ejercicio, la orden adjunta como modelo
a seguir. Por tanto, la cuenta del resultado patrimonial de cada
ejercicio refleja un resultado acumulado, página 300 del Plan general
de contabilidad pública, pues incluye no sólo el resultado del
ejercicio corriente sino también el correspondiente a ejercicios
anteriores.
Señor presidente del Tribunal, a la vista de la Ley orgánica que
regula la institución que usted preside, de su Ley de funcionamiento
y del Plan de contabilidad pública, los resultados han de ser
acumulados.
Nos vemos obligados a insistir de nuevo en problemas como el de las
provisiones por deudores insolventes. Seguimos sin disponer de un
análisis clarificador sobre este punto. Señor presidente del
Tribunal, ¿se debe ello a que el Gobierno no envía al Tribunal los
datos necesarios para conocer los deudores del Estado, que son
fundamentalmente los de la Agencia Tributaria, o es que su cuantía es
irrelevante y por ello el Tribunal considera superfluo su análisis?
A nuestro modo de ver, esta cuestión, que ya planteamos en anterior
sesión parlamentaria, tiene una respuesta negativa, ya que no parece
lógico que la Seguridad Social no cobre el 70 por ciento de la deuda
por cotizaciones y, en cambio, en el Estado sea el panorama
totalmente distinto. Lo razonable es que el comportamiento de los
ciudadanos como contribuyentes del Estado y como cotizantes de la
Seguridad Social, es decir, como elementos protagonistas del sector
público estatal, sea análogo. Por ello, señor presidente, le
agradeceríamos que nos informara sobre estos datos y si tiene el
Tribunal previsto realizar algún tipo de informe de los deudores del
Estado, es decir, de la Agencia Tributaria en su dimensión
recaudatoria porque nos parece necesario.
Por último, señor presidente del Tribunal, en otro orden de cosas, me
complace adelantarle que el Grupo
Socialista va a solicitar, a través del presidente de la Comisión,
que nos informe acerca de los acuerdos y del debate que se realizó en
Pleno, con relación a un informe ya discutido en esta Comisión, que
es el informe de fiscalización de Oviedo, dadas unas afirmaciones que
se han realizado en la sesión de hoy antes de su comparecencia por la
diputada Castro y que creemos pueden dar lugar a enormes confusiones.
Le adelantamos, además, que le vamos a plantear esta pregunta por
escrito.
Con esto damos por finalizada nuestra intervención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Bienvenido, una vez más, a la Comisión,
señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Antes de entrar a realizar algún comentario en relación con el
informe anual del ejercicio 1998, quiero referirme a dos cuestiones
que ha suscitado la portavoz del Grupo Socialista. No es la primera
vez que suscita una de ellas, que es el que insta al Tribunal a que
se invente una jerga divulgadora de términos técnicos que están
acuñados generalmente por la legislación, unas veces, por la
legislación presupuestaria, otras, por la legislación contable,
otras, legislación de auditoría, etcétera, y está empeñada en que
todos los ciudadanos entiendan los informes del Tribunal de Cuentas.
Eso es imposible, porque no va a inventarse una jerga el Tribunal de
Cuentas. Los términos técnicos son los que son y ahí están.
También me sorprende la urgencia de la portavoz socialista en que se
remitan los informes del Tribunal de Cuentas referidos al ejercicio
de 1999, cuando quiero recordar que esta Comisión analizó en esta
legislatura todavía el ejercicio de 1995. No tengo inconveniente pero
creo que la portavoz socialista está tirando piedras a su propio
tejado desde la óptica de la oposición, porque, a medida que vayamos
avanzando en los ejercicios, iremos viendo cómo los informes nos son
más favorables. Así, el de 1997 era mejor que el de 1996, el de 1998
está siendo mejor que el de 1997 y estoy seguro que el de 1999, que
ella ha solicitado con urgencia, sin duda alguna también nos va a
beneficiar.
Si entramos en el informe anual del ejercicio de 1998, sobre la
gestión del sector público estatal, es verdad que se ha producido
algún retraso en organismos autónomos, pero retraso relevante
solamente se ha dado en cinco organismos, puesto que otros tres no
tenían actividad. Por el contrario, como dice el informe, en la
rendición de cuentas de las sociedades estatales no financieras se ha
producido una sensible mejora respecto a ejercicios anteriores, en
cuanto al número de sociedades que las han rendido en plazo.
Respecto a la revisión de contratos, hay que destacar que de los casi
3.000 contratos suscritos en el ejercicio,
han dejado de enviarse el 6,84 en número, que representan el
5,23 por ciento en importe. Hay que mejorar sin duda alguna el envío
de los contratos de las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social.
Hay que indicar también respecto al déficit y al endeudamiento de la
Administración general del Estado, que el déficit es fundamentalmente
consecuencia de un superávit superior al billón de pesetas por
operaciones corrientes, lo que pone de relieve la austeridad con que
ha gestionado los asuntos públicos este Gobierno, y un déficit por
operaciones de capital por una cifra superior al billón y medio de
pesetas, que sin duda obedece a la política de canje de deuda
practicada por el Gobierno con objeto de reducir el coste de
intereses. También destaca el informe que las inversiones directas e
indirectas del Estado superan, por primera vez en los últimos años,
el incremento neto de pasivos financieros en el ejercicio.
Quiero señalar que el déficit presupuestario agregado de las
entidades gestoras de la tesorería general de la Seguridad Social y
de las mutuas alcanzaría un importe inferior a los 20.000 millones de
pesetas, lo cual, comparado con los resultados presupuestarios
históricos de la Seguridad Social, es evidente que se ha producido un
cambio trascendental.
En los préstamos concedidos por el Estado destaca el relativo a
Rumasa sin variación significativa desde 1992, como dice el informe,
pero tengo que informar a la Comisión que en el ejercicio de 1999 se
ha dotado la oportuna provisión por importe de 584.742 millones, con
lo que la observación del Tribunal ya está corregida, como se podrá
comprobar cuando, por la urgencia requerida por la señora portavoz
del Grupo Socialista, nos llegue el informe del año 1999.
Respecto de las observaciones que se hacen sobre la deuda de la
Administración general del Estado con el ICO, en la disposición
adicional sexta de la Ley 13/1995 se habilita al Gobierno para
autorizar al ICO a destinar parte de su patrimonio a cancelar una
deuda contraída por el Instituto a medida que se produzca su
vencimiento. Por tanto, únicamente son susceptibles de cancelación
los compromisos vencidos.
En cuanto al déficit presupuestario agregado, es preciso resaltar que
ha sido inferior al previsto en casi un billón y medio de pesetas, es
decir, una desviación relativa favorable del 57 por ciento. Es
evidente que no hay precedente de un resultado de esa naturaleza en
la historia de nuestra democracia. Por subsectores, el déficit del
Estado ha sido inferior al previsto en un billón 145.000 millones,
mientras que en los organismos autónomos estaba previsto un déficit y
el resultado ha sido un superávit de 258.054 millones.
En cuanto a las obligaciones reconocidas en 1998, podemos constatar
con satisfacción que las mismas han experimentado una disminución
conjunta de un billón327.000 millones. En relación con los gastos
financieros,
la disminución más importante corresponde al concepto de intereses de
letras del Tesoro, en el que se ha producido una disminución de
447.318 millones de pesetas. Ese importante ahorro, reiteramos, es
consecuencia de la brillante gestión del Gobierno en el tema de la
deuda pública.
En cuanto a los derechos reconocidos, fueron superiores en un 10 por
ciento a las previsiones presupuestarias. De la recaudación de
impuestos hay que destacar la desviación positiva del 31 por ciento
del impuesto sobre sociedades, lo que sin duda alguna pone de relieve
el alto nivel de rentabilidad de las empresas españolas, fruto de su
esfuerzo sin duda, pero también tributarias de una política económica
bien orientada. Por otra parte, los flujos de entradas y salidas de
fondos producidos entre España y la Unión Europea han sido muy
favorables al Estado español, tanto si se aplica el principio de
caja, cuyo saldo asciende a 997.000 millones de pesetas, con un
incremento relativo del 26 por ciento respecto al ejercicio anterior,
como si se aplica el principio de devengo, cuyo saldo absoluto es
favorable para España en un billón 64.000 millones, un 11 por ciento
superior al de 1997. En definitiva, el informe refleja en muchos
aspectos sensibles mejoras en la gestión del sector público estatal.
Por eso estamos deseando, señora Costa, que nos llegue el informe de
1999, porque vamos a poder aportar datos todavía más positivos que
los que ya se reflejan en el informe de 1998.
La señora COSTA CAMPI: Señor presidente, me gustaría hacer una
pregunta al presidente del Tribunal.
He creído deducir, con sorpresa, que el señor portavoz del Grupo
Popular dispone del informe de 1999, por una cita que acaba de
realizar, con relación a Rumasa. Le quería preguntar al presidente
del Tribunal si él tenía información de que se hubiera distribuido de
forma diferente a la habitual.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señora Costa, no sea usted suspicaz. No
dispongo de ningún informe del Tribunal de Cuentas, sino de la
información del Gobierno, puesto que somos el partido que apoya al
Gobierno, y eso se deducirá del informe en su momento. Repito que no
dispongo del informe.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, para contestar a los grupos
parlamentarios, tiene usted la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Trataré
de dar satisfacción a las sugerencias y a las preguntas que aquí se
formulan, pero, una vez más, quiero poner de manifiesto que este
presidente presenta aquí un informe aprobado por el pleno de un
tribunal, que, además, no es un tribunal presidencialista, sino
constituido por un conjunto de consejeros y hay que admitir una
cierta falta de homogeneidad.
Cuando se piden conclusiones de toda la institución, no es fácil
para el presidente conseguirlas.
Dicho esto, reitera S.S. lo relativo al lenguaje. También a mí me
gustaría que fuera un lenguaje más asequible, hacer pedagogía con los
informes, pero hay que tener en cuenta que las redacciones que dan
los técnicos procuran mucho atenerse a ese rigor quizá por miedo a
que se deslicen valoraciones que no son las adecuadas, pero ahí está
el «Diario de Sesiones». Insistiremos para ver si conseguimos
informes más asequibles a la opinión pública porque, en definitiva,
es la que debe entenderlos y la destinataria de los mismos.
En cuanto a las conclusiones, también tomamos nota para tenerlo en
cuenta, con estas dificultades que acabo de señalar. Respecto al
contenido del informe de 1999, en efecto, aparte del de 1999 la
cuenta general coincide con los presupuestos y hay una especie de
ampliación de la cuenta general que invade el terreno del informe y,
por tanto, tendrá que reectructurarse.
Anticipar las líneas de esa reestructuración es materia de pleno,
pero no cabe la menor duda de que habrá que hacerlo. La que va a
tener un contenido más amplio va a ser la cuenta general, incluso
elementos de análisis del informe tendrán que pasar a la cuenta
general y el informe tendrá que sufrir un replanteamiento. En estos
momentos hay una comisión de técnicos, y en el pleno ya lo hemos
tratado y se está estudiando el tema.
En cuanto a los resultados financieros patrimoniales del ejercicio,
los informes anuales consideran sólo el año en curso, no se remontan
a los años anteriores, porque hacer estos ajustes supondría disponer
de los criterios del gestor y de la intervención. Salir ahora aquí,
como ha surgido, con el tema de Rumasa, el gestor tendría que decir:
estos préstamos proceden de tal año y se valoran de tal forma por la
intervención. El Tribunal tendría que decir si están bien o mal
valorados, o hacer su propia fiscalización. Este presidente insiste
en poner más énfasis en la fiscalización, en la gestión, en decir si
se ha mejorado la gestión o no, y, como consecuencia de que la
gestión no se ha mejorado, las provisiones, por ejemplo, tienen que
ser mayores. Pone mayor énfasis en la gestión que está haciendo la
Administración, por entender que esa es la función fundamental del
Tribunal. Por lo que se refiere a las provisiones, una vez más,
tienen que surgir como consecuencia de que la gestión de cobros en la
Seguridad Social o de deudores tributarios ha mejorado o ha
empeorado, y no sencillamente basada en ratios, en estimaciones
indirectas, para poner de manifiesto que los ajustes debían de ser de
tal o cual cuantía. Lo que presenta este presidente es lo que ha
aprobado el pleno, y en estos informes del pleno hay una coherencia.
Refiriéndose a la Seguridad Social, en el año 1993 decía el Tribunal
que, según las distintas metodologías aplicadas, había una
insuficiencia de provisiones para insolvencia que podían llegar hasta
el 20 por ciento del saldo de deudores en vía ejecutiva; en 1997,
esta insuficiencia de ladeuda provisional podía ascender hasta el 32
por ciento
de los pendientes de cobro; y en este ejercicio que se presenta salió
una orden ministerial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
en la que se señaló la posibilidad no sólo de que fuera el 50 por
ciento de los saldos, sino que estuviera en función de la antigüedad:
el 25 por ciento de los saldos del ejercicio corriente; el 50 por
ciento de los ejercicios anteriores a 1997; el 75 por ciento de 1996
y el cien por cien si eran anteriores. Lo que ha hecho la
Administración en el año 1998 ha sido dotar una provisión del 62 por
ciento, es decir, un 12 por ciento más de ese 50 por ciento. Pero aun
así, el Tribunal, basándose en índices efectuados por él, estima que
esa insuficiencia puede llegar hasta un 13 por ciento. Es decir, que
hay una coherencia de todos los informes que aprueba el Tribunal.
Aquí no son objeto de debate los votos particulares, pero en estos
años ha habido algún voto particular.
En cuanto a los temas a los que se ha referido la señora Costa, sobre
hasta qué punto es función del control externo hacer estos balances
ajustados, tenga S.S. en cuenta, como he dicho aquí en más de una
ocasión, que hay toda una serie de activos supervalorados -los de
Rumasa, los del consorcio, los fondos FAD- de los que no dispone el
Tribunal de la suficiente información, como tampoco de los criterios
que tiene la Administración para valorarlos, cuantificarlos y decir:
el balance de situación es éste. Esto no quiere decir que no se
pudiera hacer si hubiera una fiscalización específica. Pero
normalmente se entiende que le tiene que dar prioridad a fiscalizar
la gestión, que es la que más puede interesar a este Parlamento. Hay
que diferenciar aquí la función que tienen los respectivos controles.
Este es un control externo al servicio del Parlamento y los
resultados se presentan aquí. Digo esto porque ha habido una
sugerencia de la señora Costa, en el sentido de qué medidas se
podrían adoptar para mejorar y qué propone este Tribunal a la
Administración. El Tribunal de Cuentas no le propone nada a la
Administración. Son las resoluciones de esta Comisión las que tienen
que vincular a la Administración. Por supuesto, en todos estos
trabajos el Tribunal siempre está pendiente de mejorar esta
información. Concretamente, de los deudores de la Agencia Tributaria
se le está pidiendo información a la Administración y tratan los
sucesivos informes de ir mejorando estos resultados. Por lo demás,
sobre esa pregunta que se ha anunciado, producto de un debate que
hubo aquí previamente, lo único que tiene que decir este presidente
es que se recibirá, se contestará y se tratará con todo el rigor y la
atención que se viene prestando siempre a la Comisión a la cual se le
están rindiendo estos informes.
- INFORME ANUAL, EJERCICIO 1997, RELATIVO A LOS SECTORES PÚBLICOS
AUTONÓMICO Y LOCAL, E INFORMES
TERRITORIALES RELATIVOS A LAS COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS QUE
CARECEN DE ÓRGANO EXTERNO DE CONTROL, ASÍ COMO LOS INFORMES SOBRE EL
FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL (EJERCICIO 1997) DE LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CANTABRIA, ASTURIAS, EXTREMADURA, CASTILLA Y
LEÓN Y MURCIA. (Número de expediente Congreso 250/000008 y número de
expediente Senado 770/000007)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IX del orden del día: Informe
anual del ejercicio 1997, relativo a los sectores públicos autonómico
y local, e informes territoriales relativos a las comunidades y
ciudades autónomas que carecen de órgano externo de control, así como
los informes sobre el Fondo de compensación interterritorial del
ejercicio de 1997 de las comunidades autónomas de Cantabria,
Asturias, Extremadura, Castilla y León y Murcia.
Para su presentación, tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En
cumplimiento de lo previsto en los artículos 136.2 y 153.d) de la
Constitución, 13.1 de la Ley Orgánica del Tribunal y 28 de la Ley de
funcionamiento, el Pleno aprobó, el pasado 1 de febrero, el informe
anual relativo al análisis de las cuentas y a la fiscalización de la
gestión económica del ejercicio 1997 de las comunidades y ciudades
autónomas y corporaciones locales, así como de las entidades que
integran el respectivo sector público.
Por lo que se refiere al sector público autonómico, se recogen, de
forma resumida y globalizada, los resultados de los informes
individuales elaborados por el Tribunal para cada una de las
comunidades autónomas y para las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, o por los órganos de control externo en aquellas comunidades
que disponen del mismo. El Tribunal ha aprobado y remitido a las
respectivas asambleas legislativas los informes de fiscalización a
los que se refiere el artículo 13.2 de la Ley orgánica.
Los resultados de la fiscalización se han visto condicionados por la
propia configuración del sector público autonómico, que presenta un
elevado grado de heterogeneidad normativa y organizativa, afectando
al fondo y a la forma del análisis conjunto. Así, determinados
aspectos de la gestión económico-financiera deben ser ponderados en
función, entre otras, de las competencias transferidas, del ámbito
territorial o del régimen común o foral, que inciden tanto en la
estructura de los gastos como en el marco financiero correspondiente
y que, además, quedan recogidos en regímenes contables distintos
según las diferentes comunidades autónomas, algunas de las cuales
continúan sin aplicar
el plan general de contabilidad público. Por otra parte, no han
podido ser examinados los informes anuales de la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña, Consejo de Cuentas de Galicia y Audiencia de
Cuentas de Canarias, debido a que se han recibido al tiempo de
redactar el presente informe.
En lo referente a la rendición de cuentas, las de la Administración
general de las comunidades autónomas se han rendido dentro de los
plazos legalmente establecidos, salvo las de las ciudades autónomas
de Ceuta y Melilla. Los principales retrasos e incumplimientos se
presentan en relación con las cuentas de las administraciones
institucionales y de las empresas públicas. Estas cuentas no son
homogéneas debido a que, conforme a sus leyes de finanzas, no todas
las comunidades autónomas están obligadas a integrar en la cuenta
general todo el sector administrativo y empresarial, en particular,
Castilla-La Mancha, La Rioja, Madrid, Principado de Asturias y Región
de Murcia. Excluyen las empresas públicas, y Cataluña, además, a los
organismo autónomos de carácter no administrativo.
De la información disponible se desprende que, de las 17 comunidades
autónomas y de las 2 ciudades autónomas, dependen 133 entes
administrativos -71 son organismos autónomos y 62 son entes
estatutarios y universidades- y 317 empresas públicas. No han rendido
cuentas del ejercicio 2 organismo autónomos, 4 entes públicos y 23
empresas públicas.
Como en ejercicios anteriores, se ha seguido constatando, aunque en
menor medida, los inadecuados criterios de contabilización utilizados
por algunas comunidades en el reconocimiento de derechos en concepto
de participación de los ingresos del Estado, recursos del Fondo de
compensación interterritorial y los provenientes de operaciones
financieras. El importe de esos excesos asciende a 68.398 millones de
pesetas. Además, cinco comunidades autónomas incluyen indebidamente
en sus presupuestos la recepción y entrega de los fondos
correspondientes a las corporaciones locales procedentes del Estado e
integrados en el Fondo de cooperación municipal, de los que las
comunidades son meros intermediarios. Los derechos indebidamente
reconocidos por este concepto ascienden a 572.097 millones de
pesetas.
Con la excepción de Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Navarra,
La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, todas las
comunidades presentaron déficit, aunque, en conjunto, fue inferior en
185.703 millones al de 1996, alcanzando, una vez ajustado, el importe
de 211.730 millones. Entre la comunidades deficitarias destacan
Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y el País Vasco. El
análisis de la situación patrimonial se ha visto especialmente
condicionado por el hecho de que no todas las comunidades autónomas
han implantado el plan general de contabilidad pública, por lo que no
ha sido posible un estudio de las rúbricas integrantes en un balance
agregado del sector.
En cuanto a la financiación, los recursos de las comunidades
autónomas en el ejercicio procedieron en su mayor parte de los
Presupuestos Generales del Estado, configurando una financiación
incondicionada, participación en ingresos del Estado y tributos
cedidos, de 4,5 billones de pesetas y condicionada a subvenciones
gestionadas, servicios traspasados y fondos de compensación
interterritorial por 2,24 billones. De la Unión Europea recibían
970.181 millones; además, con recursos propios obtuvieron 220.000
millones de pesetas de naturaleza tributaria y 608 millones de
naturaleza no tributaria. En conjunto, los recursos ascendieron a 8,5
billones. En particular, para inversiones del Fondo de compensación
interterritorial, las comunidades y ciudades autónomas percibieron en
el ejercicio 187.366 millones. Las comunidades más beneficiadas en
razón a su cuantía fueron Andalucía y Galicia, que absorbieron el 40
y 18 por ciento respectivamente de las asignaciones iniciales
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado al efecto.
El número de proyectos acordados entre el Estado y las comunidades
beneficiarias ascendieron a 348, que en muchos casos se corresponden
con líneas generales de la actuación en sectores determinados
-vivienda, vías de comunicación y educación-, si bien en otros se ha
detectado que determinadas comunidades modificaron los proyectos para
facilitar la disposición de recursos, alterando, sin justificación,
la identidad del proyecto e impidiendo su seguimiento.
Como endeudamiento, las administraciones generales mantenían al final
del ejercicio un importe de 4,9 billones. Las operaciones de avales
otorgadas por las administraciones generales en el ejercicio a favor
de terceros ascendieron a 141.138 millones de pesetas, de los que
99.270 millones correspondieron a Cataluña. Los riesgos por avales
acumulados al cierre del ejercicio no han podido evaluarse debido a
que las comunidades de Cataluña, Foral de Navarra, País Vasco y
Valencia no han facilitado los datos necesarios.
En cuanto a la contratación se han fiscalizado 815 contratos, por un
importe de 257.834 millones de pesetas. Se ha detectado la escasa
utilización de la subasta en la adjudicación de obras públicas, la
imprecisión de los criterios de adjudicación en algunos concursos, la
existencia de dilaciones no justificadas, omisiones y deficiencias en
la tramitación de expedientes y, en el caso de determinados
suministros, la falta de justificación de la necesidad de adquisición
para el funcionamiento de los servicios públicos. En algunas
ejecuciones de contratos con retrasos no consta la imposición de las
sanciones legalmente previstas y, en otras, se han constado
modificaciones que no corresponden a causas justificadas.
Por lo que se refiere al sector local los resultados corresponden a
las verificaciones efectuadas por el Tribunal sobre las cuentas de
las entidades locales situadas en las comunidad autónomas que no
disponen de
órgano de control externo o en las que éste carece de competencia
fiscalizadora sobre aquéllas y un resumen de los resultados
alcanzados por el respectivo órgano de las comunidades autónomas de
Andalucía, Cataluña, Foral de Navarra y País Vasco. La Audiencia de
Cuentas de Canarias, el Consejo de Cuentas de Galicia y la
Sindicatura de Cuentas de la Generalidad de Valencia no remitieron el
correspondiente informe anual.
No habían rendido cuentas al Tribunal ni a los órganos de control
externo respectivo, al cierre de los trabajos para la elaboración de
este informe, la Diputación Provincial de Albacete, el Consejo
Insular de Ibiza-Formentera, 6 ayuntamientos de municipios con
población superior a 50.000 habitantes, 138 ayuntamientos de
municipios con población entre 5.000 y 50.000 habitantes, 1.941
ayuntamientos de municipios con población inferior a 5.000 habitantes
y una comarca. Además, el 28 por ciento de los ayuntamientos, en
concreto 2.245, no rindieron las cuentas en 1997 o en dos o más
ejercicios durante el período 1993-1997 y, en particular, 726 de
estos municipios no han presentado las cuentas de ninguno de los
cinco ejercicios. De los ayuntamientos con población inferior a 5.000
habitantes, el 27 por ciento no tiene implantado el ICAL, que debería
haberse realizado con carácter obligatorio el 1 de enero de 1992.
En el análisis de los estados agregados de las liquidaciones de los
presupuestos destaca el bajo índice de ejecución del capítulo 6,
inversiones reales, como consecuencia de que se consignan créditos
para proyectos de inversión que no se inician en el ejercicio
corriente o cuya ejecución se extiende a lo largo de varios años. Su
presupuestación no corresponde al previsible ritmo de ejecución de
las inversiones, a pesar de lo previsto en la normativa vigente. Este
hecho, que el Tribunal viene reiterando, pone de manifiesto la
incorrecta práctica de incorporar de manera automática créditos del
ejercicio anterior al inmediato siguiente, sin una valoración previa
de los proyectos que puedan ser ejecutados efectivamente.
En relación con el presupuesto de ingresos, destaca el incremento que
se observa entre las previsiones iniciales, ascendiendo las
modificaciones realizadas a 1,18 billones de pesetas, lo que supone
un aumento del 25 por ciento, alcanzando las previsiones definitivas
de las entidades que rindieron cuentas un importe de 5,87 billones de
pesetas. La mayor parte de las modificaciones corresponden a la
incorporación de remanentes positivos de tesorería.
En la presente fiscalización se ha efectuado un análisis entre los
convenios suscritos por las entidades locales con su personal. De los
resultados obtenidos destaca el hecho de que el 30 por ciento de las
entidades analizadas han suscrito convenios que regulan conjuntamente
las condiciones laborales de personal funcionario y laboral, y en
gran parte de ellos se han fijado determinadas retribuciones no
previstas en la legislación
básica de la Función pública local. Se trata, fundamentalmente,
de complementos de pensiones de jubilación y de subsidios de
incapacidad laboral. Además, el 69 por ciento de los convenios
analizados asignan un mayor número de días que los previstos
legalmente para licencias y permisos retribuidos y el 61 por ciento
regulan el tiempo de trabajo en cómputo semanal y anual inferior al
fijado en las disposiciones legales en vigor, actuación sobre la que
las entidades locales carecen de potestad reguladora.
Asimismo, se han analizado los planes provinciales de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal, cuya ejecución
corresponde a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos
insulares y cuyo fin es garantizar los principios de solidaridad y
equilibrio intermunicipales. Se ha observado que los planes no se
ejecutan en su totalidad en el tiempo previsto en la normativa
vigente, iniciándose, por otra parte, algunos con retraso y
advirtiéndose deficiencias en los procedimientos de adjudicación.
Por último, en cuanto a los resultados obtenidos en la fiscalización
de la contratación en el sector local, se han puesto de manifiesto
deficiencias en la redacción de los proyectos, como la carencia de
los estudios geotécnicos de los terrenos, inexistencia del preceptivo
estudio de seguridad e higiene en el trabajo o en el fraccionamiento
de los proyectos en fases, sin adecuarse los presupuestos parciales
redactados a los que integran el general. En la ejecución de las
obras los resultados muestran que en la práctica totalidad de los
contratos analizados las modificaciones se realizan sin los
procedimientos de tramitación establecidos legalmente y sin la previa
autorización del órgano de contratación. Se ha constatado también la
elaboración irregular de las certificaciones acreditativas de la obra
ejecutada y el incumplimiento generalizado del plazo de ejecución
previsto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el senador señor Camacho.
El señor CAMACHO SÁNCHEZ: El expediente que nos ocupa en este momento
puede dividirse en tres grandes apartados, como muy bien ha explicado
el presidente del Tribunal de Cuentas: uno, el sector público
autonómico, dos, los informes territoriales relativos a las
comunidades autónomas y ciudades autónomas que carecen de órgano
externo de control y, tres, el sector público local.
En cuanto a los dos primeros puntos, es decir el sector público
autonómico y los informes territoriales de las diversas comunidades
autónomas, no me queda más que felicitar muy sinceramente al Tribunal
de Cuentas por la complejidad que tiene el realizar estos informes.
De un análisis pormenorizado de ellos se puede constatarque las
comunidades autónomas están incorporando
poco a poco las recomendaciones que elabora el Tribunal de Cuentas en
sus diferentes informes. No voy a entrar en estos dos puntos puesto
que coincido plenamente con lo expuesto en esta misma Comisión Mixta
por mi compañero el senador López Carvajal, en la sesión del 17 de
octubre pasado, cuando, al hacer referencia a estos informes de los
años 1995 y 1996, decía que era mucho más pertinente que el debate
sobre los informes territoriales de las comunidades autónomas se
celebrara en sus respectivos parlamentos autónomos, ya que es en
ellos donde se debe realizar el control de los respectivos
ejecutivos.
Sin embargo, sí me gustaría incidir especialmente en el informe que
ha elaborado el Tribunal de Cuentas sobre el sector público local.
Quiero comenzar este apartado indicando que el Tribunal de Cuentas ha
dado en la diana con este informe. Hace un análisis milimetrado de la
situación actual de las corporaciones locales. Vaya desde aquí mi
felicitación al Tribunal de Cuentas y mi preocupación por la
situación que viven nuestras corporaciones locales. Preocupación que
pido disculpen SS.SS. por si en algunos momentos es apasionada, pero
a alguien que ha pasado por una concejalía de Hacienda, como es el
caso de quien les habla, es lógico que le apasionen y preocupen los
temas relacionados con el municipalismo.
El informe del Tribunal de Cuentas hace un análisis exacto respecto a
la situación económica, de personal, administrativa y financiera. El
primer dato que se da en el informe es significativo por sí solo: el
28 por ciento de las corporaciones locales, 2.245 corporaciones, no
han rendido las cuentas correspondientes al ejercicio de 1997. Pero
hay un dato más preocupante todavía y es que el 49 por ciento de los
municipios menores de 5.000 habitantes no han implantado en 1997 la
instrucción de contabilidad para la administración local en modelo
simplificado, que debería haberse realizado con carácter obligatorio
el 1 de enero de 1992.
Decía anteriormente que dentro del informe había cuatro aspectos
importantes que nos llevan a tener una valoración exacta de la
situación de las corporaciones locales. En cuanto al primero de
ellos, la situación económica, quisiera hacer especial hincapié en un
aspecto que se indica en el informe. Las corporaciones locales
dedican más del 40 por ciento de sus presupuestos a la función
cuatro, a la producción de bienes públicos de carácter social, que
comprende los gastos relacionados con la sanidad, educación, vivienda
y urbanismo en general. Quiero llamarles la atención, señorías, sobre
este aspecto, porque, dejando de lado el tema de urbanismo, el resto
son competencias que no están asumidas, y por lo tanto no dotadas
económicamente por parte de los ayuntamientos y que generan un
déficit tremendo que está llevando a nuestras corporaciones locales
a una situación insostenible desde el punto de vista económico, ya que
estos son los aspectos tendentes a la
elevación o mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
En cuanto al segundo aspecto, las relaciones laborales, el informe
indica la realidad de la situación en nuestros municipios, que no es
otra que el caos más absoluto en las condiciones de trabajo y
retributivas del personal al servicio de las corporaciones locales.
La situación administrativa no es mejor que lo expuesto en los dos
apartados anteriores y se agrava cuanto más pequeño es el municipio,
con situaciones tan graves como que hay ayuntamientos donde el
alcalde debe realizar todas las tareas administrativas porque no
tiene la posibilidad, unas veces económica y otras de cobertura real,
de cubrir la plaza de secretario, ni siquiera con la posibilidad de
acumulación de la plaza. Eso nos lleva a situaciones como la expuesta
al principio de mi intervención en cuanto a la rendición de cuentas
al Tribunal o la aplicación de contabilidad para la administración
local. Aquí deben ejercer un papel fundamental las diputaciones
provinciales y así se les debe exigir. En el último apartado, el
referido a la carga financiera, me ha llamado mucho la atención lo
que se indica en el informe del Tribunal de Cuentas en su página 201,
sobre la diferencia de carga financiera entre los ayuntamientos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, con un 76 por ciento y una carga
financiera por habitante de 64.548 pesetas, y la Comunidad Foral de
Navarra, con el 8 por ciento y 8.094 pesetas por habitante. Me
gustaría conocer la opinión del señor presidente del Tribunal de
Cuentas de a qué se debe esta gran diferencia.
Señorías, en el día de ayer el ministro de Hacienda, señor Montoro,
decía en el salón de plenos del Senado que hay tiempo hasta el 2002
para hablar del nuevo sistema de financiación de las corporaciones
locales. Puede que haya tiempo hasta el 2002 para hablar y negociar
el nuevo sistema; pero no hay prácticamente tiempo para explicar a
nuestros alcaldes lo que significa la aplicación de la ley de
estabilidad presupuestaria, que parece ser que entrará en vigor el
próximo 1 de enero, y con el panorama que se describe fielmente en el
informe elaborado por el Tribunal de Cuentas podemos llevar a los
ayuntamientos a una situación de bloqueo total.
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea, tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, en cuanto al sector
público autonómico referido al año 1997, quisiera destacar que es
satisfactorio que todas las comunidades autónomas, con excepción de
Ceuta y Melilla hayan presentado dentro de los plazos establecidos la
documentación necesaria para que el Tribunal pueda realizar su
fiscalización. Sin embargo, no resulta positiva la generalizada
indeterminación de objetivos e indicadores en los presupuestos de las
comunidades así como la inexistencia en la mayor parte de ellas de un
sistema de contabilidad analítica. Algunas comunidades incluyen
incorrectamente en el presupuesto las dotaciones correspondientes a
las corporaciones locales por su participación en los ingresos del
Estado. Es un tema que sin duda alguna tendrán que corregir en las
propuestas de resolución, y en la próxima Comisión así lo
formularemos.
Es de destacar el alto endeudamiento por operaciones de crédito de
las comunidades autónomas, siendo especialmente relevante ese
endeudamiento en Andalucía y Cataluña, ya que las dos solas absorben
el 43 por ciento del total, que es de casi cinco billones de pesetas.
Sería muy conveniente especificar a qué proyectos se van a destinar
las dotaciones al Fondo de compensación interterritorial, en lugar de
referirse a líneas generales de actuación en sectores determinados.
En cuanto a las modificaciones presupuestarias habidas en las
comunidades de La Rioja, Cataluña, Extremadura, Cantabria y Ceuta,
dado que los incrementos de esas modificaciones superan el 20 por
ciento, y como recomienda el Tribunal, sin duda alguna tienen que
hacer un esfuerzo de mejora de la presupuestación. También quiero
resaltar que en Andalucía existen 147.924 millones de pesetas de
libramientos pendientes de justificar, de los que 30.200 millones se
libraron hace más de cinco años. Esta anomalía debe corregirse cuanto
antes, si es que no lo ha hecho ya. Supongo que no lo ha hecho.
Respecto al endeudamiento total por empréstitos y préstamos, destacan
Cataluña, con el 23 por ciento, y Andalucía con el 20 por ciento del
total. Hay que resaltar asimismo que, del Fondo de compensación
interterritorial, Andalucía sola absorbe el 40 por ciento del total,
lo que pone de manifiesto una vez más la falsedad de la imputación
frecuentemente utilizada por el Gobierno andaluz de que el Gobierno
español tiene abandonada a Andalucía. Y, por lo que se refiere al
sector local, quiero recordarle -tiene razón el señor portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista- que la financiación de los
ayuntamientos es una asignatura pendiente; pero también quiero
recordarle que además de la responsabilidad del Gobierno central,
tienen responsabilidad en esa penuria las comunidades autónomas,
porque no siempre cumplen con sus obligaciones de ayuda a los
ayuntamientos. En general, el cumplimiento de los ayuntamientos y de
las diputaciones respecto al plazo es excesivamente laxo. Por tanto,
en la próxima Comisión instaremos a estas instituciones a que cumplan
con su obligación en cuanto al plazo.
Las instituciones que no habían rendido cuentas al Tribunal de
Cuentas o a los órganos de control externos de las comunidades
autónomas o lo habían hecho con notable retraso están gobernadas por
partidos de todos los colores; no podemos singularizar, podríamos
decir que es un mal general. También ha habido incumplimientos
relevantes respecto a la remisión de contratos al Tribunal. Es
increíble que nueve diputaciones provinciales,
un consejo insular y 17 ayuntamientos con población
superior a 50.000 habitantes, en el ejercicio 1997, que es el
fiscalizado, no hayan realizado ningún contrato. Es importante que
esta Comisión tome buena nota e inste a todas estas instituciones
municipales al cumplimiento de sus obligaciones.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente del Tribunal, tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): No ha
habido muchas preguntas, señor presidente. Sólo qué opinión tiene la
Presidencia sobre la diferencia de carga financiera en Aragón
y Navarra. Lo que se desprende del informe. Este presidente no puede
explicar ahora los detalles y las causas de que eso se eleve. No sé
si en el Tribunal habrá información más concreta sobre esto. Si lo
considera oportuno, la pide y, si la hay, se le envía. Lo que aparece
en este informe es más bien la constatación de un hecho que el
análisis de las causas. Por lo demás, estamos ante un informe que,
como he dicho en la presentación del anterior, al primero que no le
satisface mucho es a este presidente. Un informe de 1997 presentado
en la Cámara el 2001 no parece indicar que estemos muy actualizados.
Pero hay una serie de circunstancias y de hechos que tienen una
trascendencia enorme.
Yo insisto en que es preciso que el Tribunal se plantee un plan de
fiscalización en el que se admita que estamos ante un modelo
descentralizado y que hay unos parlamentos autonómicos que tienen
tanta legitimidad como éste, pero cada palo tiene que aguantar su
vela. A este Parlamento nacional lo que le debe interesar es
fiscalizaciones de tipo horizontal que vayan a todas las comunidades.
Hay que admitir un grado de descentralización máximo con la evolución
que están sufriendo los ingresos en las comunidades autónomas, en que
se están sustituyendo subvenciones por participación en ingresos con
corresponsabilidad fiscal. Quizás un precedente bueno de esto es la
resolución que tomaron en esta Cámara últimamente en que, si bien hay
una serie de cuestiones que afectan a todas las comunidades, podía ir
enmarcado en lo que pudiera llamarse una dedicación del Tribunal de
Cuentas para este Parlamento en horizontalidad e ir dejando un
espacio de propia fiscalización para los controles externos de las
comunidades, mediante una coordinación en algunos aspectos que
interesan a este Parlamento, que tenga principios jerárquicos, pero,
en otros, principios más cooperativos que jerárquicos, aunque nuestra
ley de funcionamiento tiene implantado el principio de jerarquía. En
un buen funcionamiento, seguiría preparando el terreno para que esa
jerarquía fuera dejando paso a una cooperación, pero siempre que el
sector públicoesté bien controlado en todos los ámbitos.
Es triste, naturalmente, ver en estos informes la cantidad de
entidades que no rinden cuentas a los órganos de control externo,
porque se ha descentralizado un poco. A lo mejor tendremos que
preocuparnos más por tener esa información y, si esas cuentas no se
rinden, habilitar métodos impositivos para que se rindan, pero en
principio hay que poner más énfasis en disponer de la información que
en disponer de las cuentas basadas en ese principio jerárquico de que
todo tiene que estar centralizado. Es un tema interesante,
apasionante, y que está inmerso en el contexto de la organización de
un Estado descentralizado. En esa línea ha entendido este presidente
que se debe caminar e ir abandonando estos informes que tienen unas
grandes dificultades. Entre el retraso con que se rinden cuentas al
Tribunal, el retraso con que actúa el Tribunal, el retraso con que se
ven en este Parlamento, son informes que están en esa zona oscura,
que revelan muchos datos; no tiene interés seguir en esa línea porque
se están repitiendo en los diferentes informes. En este sentido, es
de agradecer las iniciativas que ha estado tomando esta Comisión,
concretamente las últimas, tanto en lo que se refiere al sector
autonómico como a esa moción que se ha pedido para el sector local,
que se está estudiando.
Una vez más, tengo que decir que la iniciativa fiscalizadora está en
el Tribunal pero también está en el Parlamento y muchas veces las
instituciones arrastran ciertas inercias y hay que reconocer que
tiene que venir de fuera el impulso para que esas inercias se venzan.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGALIDAD DE LAS OPERACIONES DE
VENTA DE TERRENOS PROPIEDAD DE RENFE AÑOS 1992 A 1996, AMBOS
INCLUSIVE (CORRESPONDE AL NÚMERO DE EXPEDIENTE 251/000080 DE LA VI
LEGISLATURA). (Número de expediente Congreso 251/000008 y número de
expediente Senado 771/000075)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto 10 y último del orden
del día, relativo al informe de fiscalización de la legalidad de las
operaciones de venta de terrenos propiedad de Renfe, años 1992 a
1996.
Para su presentación, tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): La
fiscalización que se presenta fue realizada por iniciativa de la
Comisión Mixta, que la solicitó una vez tramitado el informe de
fiscalización selectiva de Renfe, ejercicio 1989.
De acuerdo con la información facilitada por Renfe, en el período
1992-1996, se llevaron a cabo 99 contratos de venta de terrenos por
9.009 millones de pesetas. De ellos, se han analizado los de precio
superior a 20 millones, realizados en 1993, 1994, 1995 y 1996, y las
tres operaciones de mayor cuantía de 1992, ya que ninguna de las de
dicho año superó los 20 millones. En total, se analizaron 51contratos
por 8.678 millones de pesetas, el 96 por ciento del total de los
ingresos de Renfe por este concepto en el período fiscalizado.
La fiscalización se ha referido a la verificación del cumplimiento de
las disposiciones legales y de las normas del consejo de
administración de Renfe sobre enajenaciones y de la formalización y
ejecución de los contratos, de la transmisión de la propiedad de los
inmuebles. Los bienes adscritos a los servicios gestionados por Renfe
se clasifican en bienes de dominio público, bienes patrimoniales de
Renfe y bienes patrimoniales del Estado adscritos a Renfe, conforme
al artículo 80 y siguientes de la Ley de Patrimonio del Estado. Los
estatutos de Renfe, tanto el derogado como el vigente en el momento
de redactar el informe, establecen que para realizar la enajenación
de inmuebles Renfe debe proceder, con carácter previo, a declarar su
innecesariedad para el servicio ferroviario. Esta circunstancia, por
otro lado, se precisa para que se pueda llevar a cabo la
desafectación y para el ejercicio, en su caso, del derecho de
reversión. En todos los expedientes examinados consta la
certificación del acuerdo del consejo de administración de Renfe, en
el que se establece la innecesariedad de los terrenos a enajenar.
La desafectación de los inmuebles de dominio público debe llevarse a
cabo conforme a lo previsto en el artículo 121 de la Ley de
Patrimonio del Estado, que atribuye a la Dirección General de
Patrimonio la tramitación del expediente y la formalización del acta
de entrega del inmueble desafectado, que también debe suscribir el
representante de Renfe. A partir del 5 de septiembre de 1995, se
delegaron estas competencias en el delegado especial del Ministerio
de Economía y Hacienda en Renfe. En el caso de bienes de dominio
público adquiridos mediante expropiación forzosa, la desafectación se
realiza mediante acuerdo del consejo de administración de la entidad
y ofrecimiento del ejercicio de derecho de reversión a sus antiguos
propietarios, pasando al patrimonio de Renfe en el caso de no
ejercitarse este derecho. El informe del Tribunal señala que en todos
los casos aplicables se ha ratificado que los bienes desafectados se
ajustaron a los procedimientos legalmente establecidos para cada
categoría de supuestos, excepto en una operación, en la que no se dio
publicidad oficial a la posibilidad del ejercicio del derecho de
reversión.
Los expedientes de compraventa fueron tramitados, con carácter
general, conforme a la legislación aplicable, aunque se han
verificado incumplimientos como la falta de petición a los
concursantes de la declaración de incompatibilidad conforme a la Ley
25/1983, de 26 de diciembre, según la cual deberían haber acreditado,
mediante certificación, que no formaban parte de los órganos de
gobierno y/o administración de las sociedades licitadoras las
personas que desempeñaban cargos
directivos de Renfe. Asimismo, se han observado deficiencias en la
liquidación del IVA en la transmisión de un terreno y en la
justificación del pago del impuesto sobre incremento del valor de los
terrenos en otras dos operaciones de venta de inmuebles.
La verificación de cumplimiento de la normativa interna de Renfe ha
puesto de manifiesto deficiencias, entre las que destacan la
existencia de tres expedientes de venta sin que se haya realizado
tasación; cinco, en que sólo consta la tasación interna de la
compañía, y dos, en los que la valoración se ha efectuado por
procedimientos no contemplados en la normativa interna. Estas
omisiones se consideran de mayor trascendencia en los supuestos en
que la enajenación se ha realizado por el procedimiento de venta
directa, sin concurrencia de ningún tipo, circunstancia que se
produce en cuatro casos, con un importe acumulado de 357 millones de
pesetas.
De las 51 operaciones de venta, 17, con un importe global de 4.418
millones de pesetas, se realizaron mediante concurrencia pública de
ofertas, que era el procedimiento establecido con carácter general, y
34 por el procedimiento de venta directa, por un importe de 4.260
millones de pesetas. Se ha comprobado que en 16 de estas últimas se
aplicó correctamente la venta directa, por concurrir las
circunstancias que la permiten. Las restantes ventas directas se
produjeron una vez que fueron declaradas desiertas las concurrencias
públicas en las que se ofreció su enajenación. En cinco casos, la
venta directa se realizó a los dos años de haber quedado desierta la
concurrencia pública. En todo caso, la venta directa, tras quedar
desierto el concurso, no aparece expresamente recogida como supuesto
enumerado en la normativa interna de Renfe y, dada su peculiaridad,
el Tribunal ha propuesto su regulación para aumentar la seguridad
jurídica en los procedimientos de venta de inmuebles. Por otra parte,
la enajenación de terrenos en el barrio del Porvenir de Sevilla por
99 millones de pesetas se llevó a cabo por venta directa, sin que
concurriese ninguna de las circunstancias para que se realizara por
el citado procedimiento.
En el análisis de la formalización de los contratos no se apreció
ninguna circunstancia irregular, habiéndose reflejado correctamente
en las escrituras de compraventa los acuerdos del consejo de
administración de Renfe respecto a las condiciones de venta. En
cuanto al cumplimiento de las obligaciones contractuales, se verificó
su ejecución de conformidad con lo pactado y, en especial, el pago
del precio y su ingreso en la tesorería de Renfe, así como el
correcto reflejo contable de dichas operaciones.
El Tribunal recomienda que se regule en la normativa interna de Renfe
la utilización del procedimiento de venta directa en los casos en que
queden desiertas las concurrencias públicas -indicando supuestos y
plazos para llevarlo a efecto-, que se utilicen criterios uniformes
en la selección de tasadores y que se coordinen
más adecuadamente las unidades de Renfe intervinientes en las
operaciones de compraventa para mejorar el seguimiento y control de
las mismas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Perea.
El señor PEREA CORTIJO: El presente informe de fiscalización sobre la
legalidad de las operaciones de venta de terrenos propiedad de Renfe
en los ejercicios 1992 a 1996 encuentra su motivación en la
evaluación precisamente del acomodo a la legalidad por parte de una
entidad pública empresarial como Renfe, estatus jurídico que ostenta
desde el año 1996.
A lo largo del contenido del presente informe y de la exposición que
del mismo se ha realizado por el señor presidente, se deduce, para
nuestro grupo, y así queda constancia de ello tanto en el tenor de
las conclusiones del informe como de las recomendaciones finales,
que, en líneas generales, la actuación de la Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles, en materia de operaciones de venta de
terrenos de su propiedad, fue acorde con las normas aplicables, tanto
las de carácter general como las de naturaleza interna que se dio la
propia entidad para regular el procedimiento de enajenación de
terrenos. Por tanto, y teniendo en cuenta que el objeto fundamental,
repito, del presente informe, es valorar el acomodo a la legalidad de
las operaciones de venta en cuestión, es intención de este grupo
reconocer que ese objetivo resulta satisfecho en líneas generales,
a la vista de las conclusiones del informe.
Con todo, es lícito reconocer que durante el período objeto de
fiscalización a lo largo de todo el trámite, que abarca desde la
decisión de enajenar hasta la venta definitiva, no existe una unidad
de criterio en algunas cuestiones a las que alude el informe.
Estaríamos haciendo referencia fundamentalmente a determinadas
actuaciones como las de tasación o procedimiento de enajenación. Esta
vaguedad, por llamarlo de alguna manera, contribuye a proyectar la
sensación de que no existe un marco riguroso de actuación en una
materia como la presente, por ejemplo, cuando no se justifica el
empleo de procedimiento de enajenación directa en supuestos
inicialmente sujetos al procedimiento de concurrencia pública de
enajenación. Esta falta de justificación o de motivación se produce
en dos contratos, en uno de los cuales las alegaciones de la entidad
son tenidas en cuenta por el Tribunal como susceptibles de justificar
una forma de proceder inicialmente incorrecta. Por tanto, sólo en un
caso se produce esa falta de motivación en la opción por un sistema
de enajenación u otro. En este punto creo que es interesante hacer
constar que en 34 contratos se emplea el sistema de enajenación
directa, cifra que se corresponde, si hacemos un análisis
cuantitativo, con menos de la mitad de la cuantía del conjunto de
operaciones analizadas. Ello implica reconocer que, siendo sólo 17 el
número de contratos formalizados
por el procedimiento de concurrencia pública, en términos
porcentuales suponen más de la mitad de la cuantía total de los
contratos. De ello es preciso colegir que se ha empleado un sistema
de venta o enajenación mucho más riguroso, dotado de mayores
cautelas, en aquellos contratos que tienen una mayor importancia
desde el punto de vista cuantitativo.
En cuanto al cumplimiento de los requisitos de publicidad inherentes
a toda concurrencia pública, es preciso hacer constar que en sólo dos
supuestos no se da esta circunstancia, en los contratos numerados
como 19 y 26 en el informe, respecto de los cuales el informe
confirma que se practicó la pertinente invitación a un considerable
número de licitadores potenciales, razón por la que se omitió el
anuncio en prensa, que sí se produce en el resto de supuestos. A este
respecto es necesario recordar que en la resolución adoptada por esta
Comisión y remitida al Tribunal de Cuentas en fecha 21 de enero de
1997 se habla, en términos concretos, de práctica utilizada para
poner a la venta los terrenos mediante concursos restringidos, sin
publicidad de ningún tipo y mediante la puesta en conocimiento por
invitación a ciertas empresas, lo que contribuiría -según el tenor de
esta propuesta- a arrojar serias sospechas sobre la transparencia y
ecuanimidad de dichos procedimientos.
Por tanto, si el fundamento inicial que motiva la realización de este
informe sobre la venta de terrenos por parte de Renfe es el enunciado
en aquella resolución, parece obvio reconocer que, en líneas
generales, del examen del informe no se desprenderían datos que hagan
considerar que el sistema de venta de terrenos mediante concurso
restringido, sin publicidad, era la norma habitual, la práctica
generalizada, empleando los mismos términos antes expuestos, sino
todo lo contrario, puesto que de los 17 expedientes en que procedió
la venta mediante concurrencia pública, sólo en dos no se insertó el
anuncio en prensa, aunque sí se realizó una invitación que el propio
informe considera hecha a un considerable número de posibles
licitadores de la zona. Del mismo modo, tampoco en las conclusiones
del informe se hace mención a esta circunstancia, motivadora en su
día de la realización del mismo, en términos de práctica
generalizada. El informe señala que se procedió mediante venta
directa en 34 operaciones, 16 de ellas a través de la correcta
aplicación de los supuestos tasados, incluidos en la normativa
reguladora de enajenaciones patrimoniales de Renfe, en que procede
este sistema de venta. En las restantes, la aplicación del sistema de
enajenación directa, como bien ha expresado el señor presidente del
Tribunal, es de aplicación sólo cuando la concurrencia pública es
declarada desierta. Señala el Tribunal en una de sus recomendaciones
la necesidad de que esta aplicación subsidiaria de un sistema de
venta debe figurar en la normativa interna de la entidad de forma
expresa, elevando a categoría de principio escrito lo que hasta ahora
ha sido la
aplicación de un criterio puramente lógico y que tiene vigencia plena
en otras ramas de nuestro ordenamiento jurídico.
En el informe se hace referencia al incumplimiento de la normativa
estatal aplicable en régimen de incompatibilidades, entonces regulado
por la Ley 25/1983, hasta la entrada en vigor del nuevo marco
normativo en esta materia en 1995, al no exigirse en los pliegos de
condiciones la certificación de no formar parte de los órganos de
gobierno o administración de las sociedades licitadoras ninguna
persona de las que desempeñan cargos directivos en Renfe o en sus
empresas participadas requerida en la mencionada normativa. A los
solos efectos de clarificar esta situación, sería positivo que el
Tribunal aclarase si en alguna de las operaciones analizadas hay
indicios de que el incumplimiento de esta cautela haya tenido
consecuencias en alguno de los supuestos analizados, ya sea a través
de la participación de alguna persona vinculada a la entidad o de
cualquier otra forma, amparándose en esta omisión, que entendemos no
debió ser intencionada, en los pliegos de condiciones.
En el informe se hace referencia a la inexistencia de irregularidades
de cualquier tipo en la formalización y ejecución de los contratos.
En todo momento se actúa con pleno respeto a la normativa interna,
tanto en la resolución y formalización de contratos por parte del
órgano competente a propuesta de la Dirección de Patrimonio como en
la fase de elevación a escritura pública en la que actúan en nombre
de la entidad sujetos debidamente facultados para realizar las
operaciones de venta. También se verifica la correcta aplicación de
los gastos de formalización a cuenta de los compradores, tal como se
preveía en la oferta. Todos los contratos se ejecutan de conformidad
con lo pactado, habiéndose pagado el precio acordado en la forma y
plazos previamente convenidos, siendo también correcta la liquidación
de los intereses correspondientes en los pagos aplazados, cuando así
correspondía.
En definitiva, a nuestro entender, las operaciones de venta a que se
ciñe este informe se realizan conforme a la normativa aplicable de
carácter general, con la salvedad de lo dispuesto en la legislación
de incompatibilidades. En la aplicación de las normas internas no hay
uniformidad de criterio en lo relativo a tasación -y este es el
principal problema-, aunque, en materia de procedimiento de
adjudicación, éste se ha ajustado básicamente a lo estipulado en la
normativa aprobada por el consejo de administración de Renfe. Los
sistemas de enajenación que se otorga la entidad podrán no ser
adecuados, esa es una cuestión que compete a la normativa interna de
la propia entidad y a los criterios que legítimamente pretenda
aplicar en su actuar futuro. Nuestro grupo, en todo caso, es
partidario de aplicar en el futuro las máximas garantías a
procedimientos de enajenación como los que se analizan en el informe.
Que formalmente la concurrencia pública ofrece mayores
cautelas es una certeza indudable a cualquier nivel. No obstante es
preciso tener en cuenta todos los principios que entran en acción en
la regulación de esta materia y que enuncia la normativa de contratos
del Estado, obviando presunciones apriorísticas que pueden conducir
a la proclamación de juicios de valor que luego no se corresponden con
la realidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Báñez García.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Agradecemos al presidente del Tribunal de
Cuentas su exposición del informe de fiscalización de la legalidad de
las operaciones de venta de terrenos de Renfe entre los años 1992 y
1996. Nos parece que se hace un análisis exhaustivo de las
enajenaciones realizadas por dicha entidad y de modo particular de la
muestra seleccionada por el Tribunal, me refiero a los 51 contratos
analizados por importe, en su conjunto, de 8.700 millones de pesetas,
que representan el 96 por ciento del total de los enajenados, como ha
señalado el presidente en su presentación.
El Grupo Parlamentario Popular celebra que con carácter general se
haya respetado la legislación específica aplicable a la venta de
terrenos propiedad de Renfe, cumplimentándose conforme a la legalidad
vigente los requisitos relativos a la declaración de innecesariedad
de los terrenos para el uso ferroviario, a la desafectación de los
mismos cuando eran de dominio público y a la información pública
sobre el derecho de reversión de los terrenos enajenables calificados
de dominio público por no proceder de procedimientos expropiatorios.
Pero tenemos que lamentar profundamente que se hayan producido
deficiencias en el cumplimiento de las normas internas de la entidad
aplicables a la venta de terrenos, entre las que cabe destacar las
irregularidades apreciadas respecto a la tasación de inmuebles, como
muy bien ha señalado el presidente del Tribunal en su exposición.
Recuerdo que aparecen tres de ellos sin tasación expresa, cinco en
los que sólo constaba la tasación interna de la compañía (como saben
SS.SS., el procedimiento requiere también la tasación externa de los
inmuebles para dicha enajenación) y dos en los que la valoración se
ha producido por procedimientos no contemplados en la normativa
interna.
En cuanto a la utilización del procedimiento de venta directa, aquel
que se produce sin concurrencia de oferta de ningún tipo, existen
también algunas deficiencias, ya que se ha producido esta venta
directa en supuestos distintos de aquellos que expresamente se
recogen en la regulación interna de la sociedad, lo que nos parece
muy grave por la discrecionalidad que puede conllevar. En concreto,
estas circunstancias se dan en cuatro expedientes, destacando la
venta realizada a la empresa pública Bilbao-Ría 2000, S.A.,
participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Bilbao por un
importe total de 176 millones de pesetas.
Respecto al procedimiento de adjudicación de las enajenaciones,
aunque el Tribunal señala en el informe que se han respetado las
normas aprobadas por el consejo de administración de Renfe con
carácter general, nos parece preocupante que existan casos, que se
recogen en el informe, donde se omiten los trámites, donde falta
documentación y en algunos de ellos no se respetan los requisitos
formales. En varios expedientes aparecen operaciones que carecen de
tasación, junto a otras cuyas valoraciones no se ajustan a lo
previsto en las normas dictadas por la propia Renfe. Debo destacar,
en cuanto a la concurrencia pública de ofertas (como saben, el
procedimiento general de enajenaciones inmobiliarias de Renfe consta
de dos fases), que en diez de los contratos analizados no se
contempla la segunda fase en el pliego de condiciones de dichos
concursos y, en consecuencia, nunca tuvo lugar. En otros casos, como
la enajenación de terrenos en Barcelona y provincia, se
materializaron cinco operaciones de venta de forma incompleta, ya que
no constaba ni pliego de condiciones ni acta de apertura de ofertas,
etcétera. En el caso de la convocatoria de venta de terrenos en
Andalucía en el año 1993, que contenía seis ofertas de diferentes
solares en Sevilla, se produjo la adjudicación en la segunda fase,
pero por un valor sensiblemente menor en unos casos, quedando cuatro
de las ofertas restantes desiertas y se transmitieron un año después
por enajenación directa, sin que se justificase expresamente esta
decisión, cuando se pudo optar por presentar otro concurso público.
Estas, señorías, y otras irregularidades nos indican la gravedad en
la tasación y en la enajenación de los terrenos de Renfe, lo que nos
lleva a concluir que durante los años 1992 a 1996 se ha producido una
pésima gestión del patrimonio inmobiliario de Renfe, que esta tarde
queremos denunciar en la Comisión.
Por último, en cuanto a la contabilización de los resultados de las
operaciones de compra-venta, nos gustaría destacar que la afloración
de los terrenos en contabilidad se realiza por su valor catastral,
criterio este que no se ajusta al plan general contable, que indica
que el valor contable de los terrenos debe ser el de adquisición.
Hasta aquí, señorías, la valoración que desde el Grupo Parlamentario
Popular hacemos de este informe de fiscalización. En momento
posterior plantearemos ante esta Comisión las propuestas de
resolución que entendemos podrán contribuir a mejorar la gestión del
patrimonio inmobiliario de Renfe en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente, tiene la palabra para
contestar a los grupos.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Los
grupos han hecho unas consideraciones ajustadas al informe y la única
cuestión a aclarar es la del señor Perea respecto a la
declaración de incompatibilidad de los licitantes sobre si ostentaban
algún cargo.
El Tribunal lo que dice es que no se pidió a los concursantes esa
declaración de incompatibilidad y es hasta donde llega el informe.
Nada más. No tiene otras conclusiones ni otras consecuencias. Se ha
incumplido el requisito de pedirles la declaración de
incompatibilidad.
El señor PRESIDENTE: Señorías, agotado el orden del día y antes de
levantar la sesión, les recuerdo que, una vez que despidamos al
presidente del Tribunal, tendremos una reunión de la Mesa y
portavoces.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.