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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 28, de 06/03/2001
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2001 VII Legislatura Núm. 28
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 6 de marzo de 2001, en el Palacio del Congreso
de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- Del señor Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, sobre valoración del calendario de ampliación de la Unión
Europea propuesto por la Comisión Europea y aceptado a título
indicativo por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea. (Número de expediente del Congreso 181/000404 y número de
expediente del Senado 683/000025) ... (Página
588)
- Comparecencia del señor secretario de Estado para Asuntos Europeos
(De Miguel y Egea), para informar en relación con los marcos
comunitarios de apoyo de las regiones españolas Objetivo 1. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número
de expediente del Congreso 212/000209 y número de expediente del
Senado 713/000043) ... (Página 591)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la aplicación del Derecho comunitario en las regiones
ultraperiféricas en desarrollo del artículo 299 del Tratado de
Amsterdam. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso. (Número de expediente del Congreso 161/000256 y número de
expediente del Senado 663/000003) ... (Página
597)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ CASAÑ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DEL CALENDARIO DE AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN
EUROPEA PROPUESTO POR LA COMISIÓN EUROPEA Y ACEPTADO A TÍTULO
INDICATIVO POR LOS MINISTROS DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente Congreso 181/000404 y número de
expediente Senado 683/000025)
El Señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, buenos días a
todos. Agradecemos la presencia del secretario de Estado, con una
puntualidad remarcable, a una hora temprana para que nuestros
trabajos puedan desarrollarse en unas coordenadas temporales
eficientes. Agradeciendo su presencia y la de todos los portavoces,
debo señalar que he sido advertido por el señor Guardans de que no
podría asistir a la Comisión de hoy. Sabido es que esta Comisión es
muy viajera, pero tendremos que modificar el orden del día. ¿Alguna
modificación del orden del día previsto sugerida por algún portavoz?
El señor ESTRELLA PEDROLA: Si me permite el señor presidente, quiero
hacer observar que el grupo proponente, Izquierda Unida, no está
presente. ¿Podemos esperar cinco minutos? (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¿Esto de que los grupos proponentes no acudan a
la Comisión a defender sus propuestas es consecuencia del proceso de
construcción europea o de algún vicio personal?
Vamos a empezar con la pregunta que figura en el orden del día.
Tiene la palabra el señor Martínez Casañ para formularla.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero agradecer al secretario de Estado su
presencia esta mañana en la reunión de esta Comisión Mixta para la
Unión Europea. Comenzaré diciendo que me hago eco del sentir de todos
los portavoces parlamentarios de esta Comisión cuando expreso el
interés de mi grupo por el proceso de ampliación europea.
Hace ya algunos años que se abrió este proceso. En aquel momento
España defendió un sistema que tuviese en cuenta la situación
evolutiva de los distintos países candidatos para caminar hacia el
proceso de adhesión. En aquellos momentos y dadas las circunstancias
específicas de aquel Consejo, se instauró un método distinto en el
que se diferenciaron dos grupos de países candidatos: los que se
llamaron de la primera ampliación, países con los que se iniciaron
negociaciones enseguida, y los de la segunda ampliación. Si mal no
recuerdo, esto fue durante Presidencia inglesa.
La idea de los sucesivos gobiernos españoles, y, desde luego, la idea
del Gobierno del Partido Popular ha sido la de que nuestro país tiene
una obligación moral y ética con todos aquellos países de la antigua
Europa central y del este que por circunstancias históricas se han
encontrado alejados durante tantos y tantos años de la Europa de la
libertad, de la democracia y del progreso. Ha desarrollado
iniciativas varias a lo largo de estos años para conseguir que todos
los países candidatos se encontrasen en la misma situación respecto
al proceso de adhesión, en el sentido de que dependiese solamente de
sus disponibilidades propias para aceptar el acervo comunitario y
realizar los cambios necesarios para integrarse en la Unión Europea.
Parece ser que este panorama se despejó y que inmediatamente antes de
la cumbre de Niza (cumbre que, por otra parte, despejó todo el
proceso de ampliación al cumplir con los preceptos de Amsterdam) se
decidió que todos los países estuviesen en la misma situación y que
pudiesen avanzar en la medida de sus posibilidades en el proceso de
ampliación europea. Es por todo ello por lo que en este momento nos
interesa a todos, señor secretario de Estado, conocer la valoración
que hace el Gobierno del calendario de ampliación de la Unión Europea
propuesto por la Comisión Europea y aceptado a título indicativo
por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado
para contestar la pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y
Egea): Efectivamente, en su informe de estrategia para la ampliación
del pasado 8 de noviembre, la Comisión Europea incluyó un calendario
de trabajo para las presidencias de Suecia, Bélgica y España, cuyo
propósito era dar un nuevo impulso a las negociaciones de adhesión en
curso. Este itinerario, por utilizar la palabra castellana (se
utiliza en la jerga comunitaria road map), se complementa con toda
una serie de elementos: nuevo tratamiento de períodos transitorios,
aislamiento de cuestiones especialmente problemáticas para permitir
el cierre provisional de capítulos, reiteración de los principios de
diferenciación y posibilidad de recuperación por parte de aquellos
países candidatos hasta ahora menos avanzados y también instrumentos
de preadhesión orientados a ese mismo fin. Como SS.SS. conocen, entre
los temas a tratar durante nuestra próxima presidencia figura una
parte importante de aquellos capítulos más complejos, precisamente
por razón de sus implicaciones presupuestarias, pues nos han asignado
los relativos a agricultura, política regional, instrumentos
estructurales y disposiciones financieras y presupuestarias.
La propuesta inicial de la Comisión fue tratada en el Consejo de
Asuntos Generales del 4 de diciembre, previo al Consejo Europeo de
Niza, y desde el primer momento la delegación española y otras, yo
creo que la mayoría, mostraron su apoyo decidido a la estrategia
planteada, pero, eso sí, insistiendo en el carácter indicativo
y flexible del calendario apuntado. Lo que se pretendía con ello era no
dejar para la fase final de las negociaciones el tratamiento de
aquellos capítulos más complejos, con el riesgo evidente de tener que
cerrarlos en falso o de retrasar su cierre. Para evitar precisamente
situaciones de apresuramiento, se insistió en la posibilidad de
anticipar el examen de dichos capítulos en la medida en que los
países candidatos fuesen presentando sus posiciones negociadoras. Tal
enfoque fríe asumido por el Consejo de Asuntos Generales, que en sus
conclusiones calificó el calendario propuesto por la Comisión como un
marco de referencia útil, indicativo y flexible, que deberá ajustarse
a los progresos objetivos realizados por cada país candidato. Días
después, el Consejo Europeo de Niza suscribió las conclusiones de los
ministros de Exteriores y respecto al plan de trabajo para los
próximos dieciocho meses, decidió -cito textualmente- que facilitará
la continuación de las negociaciones, teniendo presente que los
países mejor preparados conservan la posibilidad de avanzar más
deprisa.
La nueva Presidencia de Suecia, que se ha iniciado a principios de
este año, ha insistido desde un primer momento en su intención de
hacer avanzar las negociaciones más rápidamente de lo que había
propuesto la Comisión, y así se refleja en el programa de trabajo
específico que ha planteado para este trimestre y que contempla la
apertura y tratamiento de la totalidad de los capítulos de
negociación con casi todos los países. Hay algunas excepciones con
Rumanía y Bulgaria, que, como es bien sabido, son los países que
están menos adelantados, con Eslovaquia y también con Malta; este
último solamente en el capítulo agrícola, al no haber presentado
posición negociadora, aunque realmente la aplicación de la PAC a
Malta no supone ninguna dificultad particular. La Comisión Europea,
por boca del presidente Prodi, ha expresado su apoyo pleno a este
ambicioso programa de Suecia, que se adelanta al itinerario propuesto
por la Comisión, y ha solicitado medios humanos y materiales
adicionales para poder realizar en tiempo y forma la labor de
preparación que tiene encomendada.
En conclusión, señorías, la valoración de España, tal como ha quedado
finalmente configurado el calendario propuesto, es positiva por
cuanto contribuye, en tanto que referencia indicativa y flexible, a
que las negociaciones progresen a un mayor ritmo que el que estaba
previsto hasta ahora.
Por nuestra parte, semanas atrás ya iniciamos los contactos con las
dos presidencias que preceden a la nuestra con vistas a establecer
mecanismos de coordinación adecuados que garanticen este buen ritmo
que debe aproximamos, de forma sostenida y sin menoscabo de la
calidad objetiva en la negociación, a una conclusión satisfactoria de
este proceso, complejo pero de alcance histórico y políticamente
prioritario, como es esta nueva ampliación de la Unión. Precisamente
en el día de hoy está en Madrid el primer ministro presidente del
Consejo de la Unión, el primer ministro sueco, señor Persson, y entre
los puntos de la agenda que pretende tratar con el presidente del
Gobierno y sus colaboradores esta mañana está precisamente el primer
análisis de la Presidencia sueca sobre cómo van las negociaciones de
ampliación y si cabe adelantar la negociación de algunos capítulos,
incluso si cabe empezar a hacer ya alguna diferenciación respecto a
candidatos más o menos preparados. Todo eso tendrá mucha incidencia
sobre cuál es el ritmo de la negociación a lo largo de este año y qué
es lo que a nosotros nos corresponderá hacer en el año 2002.
Es evidente que los objetivos deseables en la Unión son que por lo
menos el primer grupo de países pueda terminar sus negociaciones de
adhesión en tiempo y forma que les permita presentar candidatos a las
elecciones del Parlamento Europeo en junio del 2004 y entrar de pleno
derecho en las instituciones europeas, junto con el cambio de
Comisión, el día 1 de enero del año 2005. Es evidente que si queremos
preservar ese
calendario deseable e ideal, contando los períodos largos de
ratificación de los tratados, tendríamos que estar en condiciones de
poder terminar las negociaciones en el curso del año 2002 o, como muy
tarde, en los primeros meses del año 2003. Y para eso, naturalmente,
el período de 1 de enero a 1 de julio del año 2002, que coincide con
la Presidencia española, es crucial para dar un avance significativo
a la conclusión de los capítulos más importantes.
Todo el mundo sabe que todo esto está muy condicionado por el
calendario político. Es insoslayable el hecho de que las elecciones
legislativas y presidenciales en Francia en el mes de mayo, y
legislativas en Alemania en el mes de septiembre del año 2002, de
alguna manera van a condicionar ese itinerario, ese road map, pero es
deber de las presidencias en curso, aquellas que están citadas en el
itinerario de la Comisión, seguir adelante con el plan,
independientemente del calendario político que puede imponer un ritmo
diferente en la negociación de algunos capítulos. Pero si
condicionamos la negociación a pensar que va a haber un calendario
difícil, nunca se iniciará el estudio de los capítulos más delicados.
La idea de entrar con todo, incluso con lo más delicado, cuanto
antes, es una buena idea.
Para concluir, en cuanto al aspecto enormemente relevante de la fecha
de conclusión de las negociaciones con aquellos países más
adelantados, las conclusiones de Niza ofrecen una aproximación
interesante y me gustaría concluir con una cita textual de Niza que
dice: Esta estrategia, junto con la conclusión de la Conferencia
Intergubernamental sobre la reforma institucional, permitirá que la
Unión, de conformidad con el objetivo fijado por el Consejo Europeo
de Helsinki, se encuentre en condiciones de acoger, a partir de
finales del 2002, a los nuevos Estados miembros que estén preparados,
con la esperanza de que puedan participar en las próximas elecciones
al Parlamento Europeo, es decir, en el año 2004. Son palabras
textuales del Consejo de Niza, que enmarcan ya un horizonte temporal
para el cual este calendario de negociaciones es fundamental.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor secretario de Estado, le agradezco la
información que nos ha dado sobre la valoración del Gobierno.
Estoy de acuerdo con usted en que las dificultades de la negociación
de los capítulos restantes, que probablemente son los más
complicados, dificultará en gran medida el ejercicio posibilista que
ha hecho la cumbre de Niza, y en concreto el Gobierno español, de
abrir las puertas a los países candidatos, por lo menos los del
primer grupo, a partir de finales del 2002. Pero me da la impresión,
señor secretario de Estado, de que, tal como usted ha dicho, la
dificultad de los capítulos restantes
y el calendario político de las elecciones en Francia
y Alemania, harán muy difícil que a finales del 2003 los países
candidatos puedan haber cumplido con los trámites necesarios. Si a
esto añadimos el proceso de ratificación que, como usted sabe, lleva
bastante tiempo porque tiene que pasar por las Cámaras de los
distintos países miembros y del Parlamento Europeo, se añade un
elemento de dificultad suplementario. Señor secretario de Estado, me
gustaría hacerle una pregunta suplementaria: ¿En qué medida los
países candidatos podrán estar asociados a la negociación de las
próximas reformas previstas para el 2004, en la que posiblemente
debido a todas estas dificultades que usted nos ha explicado en el
día de hoy, y a pesar de la buena voluntad que tenemos todos los
países miembros, es posible que no puedan participar en la
conferencia que apruebe las reformas? ¿En qué medida se les puede
asociar o se pueden tener en cuenta los intereses de los países
candidatos?
El señor PRESIDENTE: ¿El señor secretario de Estado desea contestar?
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y
Egea): Si, con mucho gusto. Es un tema de actualidad porque
seguramente el presidente de la República Checa, el señor Milos
Zeman, que va a entrevistarse con el presidente de esta Comisión, le
planteará, puesto lo hizo también ayer al Gobierno, en qué manera los
países candidatos podrán participar en la Conferencia
Intergubernamental del año 2004.
Si efectivamente las negociaciones terminan y los procesos de
ratificación se cumplen en tiempo y forma para que los países
candidatos del primer grupo puedan presentar candidatos al Parlamento
Europeo en junio del 2004, no habrá problema porque la Conferencia
Intergubernamental podría tener lugar en la segunda parte del 2004, y
si han podido mandar candidatos al Parlamento Europeo también podrán
sentarse alrededor de la mesa de negociación, aunque de facto a lo
mejor no estén todavía dentro de la Unión Europea. Si por cualquier
razón el calendario se retrasara, está previsto ya un mecanismo de
consulta y de presencia como observadores o como participantes en esa
Conferencia Intergubernamental. Eso no se ha articulado. Lo único que
yo puedo decir es que el Gobierno español le ha ofrecido formalmente
al señor Zeman, en la consulta que hizo, no solamente un mecanismo de
información permanente sobre la Conferencia Intergubernamental, sino
el apoyo para que se articule un sistema por el cual los países
candidatos, sobre todo los que están ya en la primera línea de
adhesión, puedan participar en este nuevo ejercicio de transformación
de los tratados, que va a tener mucha trascendencia para la Unión y,
naturalmente, para ellos, que serán miembrosde la Unión en un futuro
muy próximo.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS
(DE MIGUEL Y EGEA), PARA INFORMAR EN RELACIÓN CON LOS MARCOS
COMUNITARIOSDE APOYO DE LAS REGIONES ESPAÑOLAS OBJETIVO 1. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente Congreso 212/000209 y número de expediente Senado 713/
000043)
El señor PRESIDENTE: Terminada la pregunta, pasamos a la celebración
de la comparecencia, que es la única que figura en el orden del día,
puesto que había otra que ha sido retirada previamente. Tiene la
palabra el señor secretario de Estado para informar en relación con
los marcos comunitarios de apoyo de las regiones españoles Objetivo
1.
Tampoco está el representante de Izquierda Unida. Yo creo que hay que
hacer un esfuerzo para suplir los pequeños problemas -llamémosles
así- de desarrollo de la Comisión. Estoy seguro de que el señor
secretario de Estado no tendrá ningún inconveniente en comparecer que
formule la razón de la petición de comparecencia el que la ha
efectuado. Está en el orden del día y estoy seguro de que el
secretario de Estado está en perfectas condiciones de contestar al
tema que le ha traído aquí.
Quiero pedirle disculpas porque debo ausentarme un momento y le voy a
rogar al vicepresidente que me sustituya.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y
Egea): En efecto, la comparecencia que había solicitado el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida se refería a un tema muy
actual, que desde luego tiene mucho interés para todas personas que
hayan hecho el seguimiento de la asignación de fondos estructurales a
España. (El señor vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la
Presidencia.) Tengo preparada mi comparecencia y no tengo ningún
inconveniente en exponerla.
En cuanto al primer elemento de información, el marco comunitario de
apoyo para las intervenciones estructurales comunitarias en las
regiones Objetivo 1 y en la región beneficiaria de la ayuda
transitoria en virtud del Objetivo 1 en España, como literalmente se
denomina la correspondiente decisión de la Comisión, fue aprobado el
19 de octubre del año 2000 y se refiere a todas las regiones
españolas del Objetivo 1, así como a Cantabria, región que salió del
Objetivo 1 pero a la que se le aplican transitoriamente mecanismos
del citado Objetivo 1. Es preciso resaltar la importancia de esta
decisión, ya que la aprobación del marzo comunitario de apoyo 2000-
2006 para las regiones Objetivo 1 supone un momento de gran
trascendencia en el proceso a través del cual España va a acceder a
los fondo estructurales
europeos, y se relaciona directamente con el hecho de que
España es un importante perceptor de fondos estructurales en virtud
del Objetivo 1, con un volumen de recursos que asciende, en el
período 2000- 2006, a un total de 41.193 millones de euros, es decir,
a cerca de 7 billones de pesetas.
La importancia de contar con un marco comunitario de apoyo aprobado
se deriva del hecho de que el acceso a estos recursos, que han
correspondido a España en virtud de los compromisos aprobados en
Berlín en marzo de 1999 y son acordes con la distribución indicativa
realizada entre los Estados miembros, se encuentra condicionado a la
aprobación por la Comisión Europea de una serie de documentos de
programación que establecen con precisión cuáles van a ser las
finalidades a las que se van a dedicar estos recursos. Entre los
documentos de programación que son necesarios, el primero, que debe
ser aprobado por la Comisión y aceptado, es el plan de desarrollo
regional que presenta España. Es un documento orientativo, de
carácter estratégico y base sobre la que se establecen otros
documentos de programación que son ya vinculantes, tanto para la
Comisión Europea como para el Estado miembro, sobre los que es
preciso llegar a un acuerdo con la Comisión. Estos programas, que ya
vinculan, que derivan del plan de desarrollo regional, son el marco
comunitario de apoyo y los llamados programas operativos, que
determinan la aplicación concreta de los fondos en nuestro país. Dada
la complejidad del procedimiento, me permito recordar algunos de los
pasos que se han seguido hasta culminar con la aprobación de esta
marco comunitario de apoyo.
En primer lugar, como ya he mencionado, España presentó el documento
general, el plan de desarrollo regional 2000-2006 para regiones
Objetivo 1 el 29 de octubre de 1999, es decir, el mismo año, meses
después de haberse acordado las perspectivas financieras, reflejando
en este documento de carácter general las estrategias y las
prioridades inversoras que durante el período 2000-2006 se plantean
abordar por las distintas administraciones españolas para favorecer
el desarrollo de las regiones incluidas en el Objetivo 1. Quisiera
recordar que estas regiones son Andalucía, Asturias, Canarias,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla, y asimismo Cantabria,
que, aunque es una región que salió del Objetivo 1, se le aplican
también medidas transitorias porque tiene derecho a percibir sus
ayudas durante todo el período.
En segundo lugar, la Comisión Europea, al recibir este plan de
desarrollo regional el 22 de noviembre de 1999 y una vez finalizado
el análisis preceptivo de este plan de desarrollo regional para las
regiones españolas del Objetivo 1 por los servicios de la Comisión,
comunicó el 22 de noviembre de 1999 que encontrabaadmisible el
documento propuesto. Con este visto
bueno de la Comisión, la Administración española empieza a trabajar y
la Comisión, por su parte, el 4 de mayo de 2000 abre el proceso de
preparación y negociación del marco comunitario de apoyo después de
aprobar el mandato de negociación para sus representantes, definiendo
con ello las posiciones negociadoras que deben mantener. Se
desarrolló a partir de este momento una negociación que culminó con
la firma del acuerdo entre el comisario de Desarrollo Regional, señor
Barnier, y el ministro de Hacienda el pasado mes de octubre. El
procedimiento de programación no concluye con la aprobación del marco
comunitario de apoyo, sino que continúa con un paso siguiente, es
decir, con la aprobación de los llamados programas operativos,
enunciados en los objetivos y prioridades del marco comunitario de
apoyo. Estos programas operativos son documentos en los que se
concretan con un mayor nivel de detalle las actuaciones de las
administraciones públicas españolas que van a ser objeto de
cofinanciación. Es preciso señalar que los programas operativos se
pueden presentar antes de la aprobación final del marco comunitario
de apoyo y luego ser finalmente ajustados para adecuarse
estrictamente a lo dispuesto en el marco comunitario aprobado, o se
pueden presentar después; pero, en cualquier caso, es precisa la
aprobación de los mismos por la Comisión.
La aprobación de los primeros programas operativos tuvo lugar por la
Comisión el 29 de diciembre del año 2000 y, junto con los que se han
firmado en los últimos días del mes de febrero, estamos ya a punto de
contar en muy breve plazo con la aprobación de la totalidad de los
programas operativos presentados. No puedo precisarlo, creo que
quedan todavía algunos por aprobar, pero el bloque total está ya
aprobado entre diciembre y febrero de este año.
La fecha en la que el Gobierno español presentó a la Comisión Europea
una nueva versión de los programas operativos, los días 28 y 29 de
abril de 2000, tiene especial relevancia, ya que los reglamentos
establecen que si los programas operativos se presentan antes del 30
de abril, todas las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de
2000 contenidas en los mismos pueden ser cofinanciadas. Esto se hizo
con el objetivo de asegurar cofinanciación comunitaria a partir del 1
de enero de 2000, que era la fecha de la entrada en vigor de las
perspectivas financieras, sin que la fecha de la aprobación final de
los programas operativos afecte a la percepción de los recursos
correspondientes. Lo importante es presentarlos antes de ese plazo y
luego da igual la aprobación, aunque intervenga más tarde como ha
sido el caso, porque el hecho de haberlos presentado antes ya supone
que la financiación se extiende a partir del 1 de enero de 2000.
El marco comunitario de apoyo establece entre otros elementos las
prioridades estratégicas a las que deberán aplicarse los fondos
estructurales y el montante de cada fondo -los fondos Feder, el Fondo
Social
Europeo, el Feoga-Orientación y el IFOP- y las cantidades que se
asignan a cada uno de ellos. Igualmente, se especifican los recursos
que se aplicarán en cada región de las beneficiadas en el Objetivo 1,
así como las correspondientes prioridades de gasto, haciendo
referencia a los recursos que van a gestionar cada una de las
diferentes administraciones españolas interesadas, puesto que aquí
participan no solamente la Administración central sino también las
administraciones autonómicas. El marco comunitario de apoyo establece
también los procedimientos de gestión, de evaluación, seguimiento y
control que deberán aplicarse a fin de garantizar que los recursos se
utilicen según lo establecido y con la mayor eficacia posible.
En relación con el total de los recursos programados, hay que señalar
que la participación comunitaria asciende a 39.548 millones de euros,
de los cuales 24.178,7 millones de euros corresponden al Feder;
8.843,5 al Fondo Social Europeo; 5.021,2 al Feoga-Orientación;
y 1.504,6 al IFOP. Esta cantidad global resultante, en precios
corrientes, refleja la deducción del 4,16 en concepto de reserva de
eficacia, que se aplicará a partir del año 2004, del montante inicial
asignado a España. Como saben SS. SS., es una innovación que se
introdujo en las perspectivas financieras del año 2000 hacer lo que
se llama una reserva de eficacia para luego aplicarla al final del
período, en el caso de que se hayan cumplido los programas. El marco
comunitario de apoyo presenta un plan de financiación indicativo que
especifica que el coste total para la actuación conjunta de la Unión
Europea y del Estado miembro asciende a 84.753,7 millones de euros
para todo el período. Y en el documento se recuerda, con carácter
indicativo, que la contribución del Fondo de cohesión asciende a
6.528,4 millones de euros para el período 2000-2006.
La necesidad de financiación nacional correspondiente al sector
público que refleja el marco comunitario de apoyo asciende a la
cantidad de 19.228,3 millones de euros, y ésta se reparte entre la
Administración general del Estado, incluidos los organismos, empresas
que dependen de ella, así como lo que corresponde a las corporaciones
locales (hay una parte que corresponde a corporaciones locales) y lo
que corresponde, cantidad mayor, a administraciones autonómicas. Las
administraciones autonómicas -es bueno recordarlo- gestionan el 37,6
por ciento del total de los fondos que se reciben con participación
comunitaria. También en el marco comunitario de apoyo se describen de
una manera específica para cada una de las regiones incluidas las
características, situación socioeconómica, debilidades
y estrangulamientos existentes desde el punto de vista de su desarrollo
socioeconómico y los objetivos estratégicos que se plantean. Dichas
estrategias se acompañan de un conjunto de indicadores de referencia,
así como un cuadro financiero en el que quedan reflejados los
importes asignados a cada una de sus prioridades.
Como resultado del conjunto de las actuaciones que contiene el marco
comunitario de apoyo el porcentaje que refleja la participación
relativa de las comunidades autónomas es el siguiente: a Andalucía le
corresponde el 30,22 por ciento; a Asturias, el 4,66; a Canarias, el
6,94; a Castilla y León, el 11,98; a Castilla-La Mancha, el 7,93; a
la Comunidad Valenciana, el 11,10; a Extremadura, el 7,83; a Galicia,
el 13,67; a Murcia, el 4,26; a Ceuta, el 0,30; a Melilla, el 0,30; y
a Cantabria, el 0,92.
Además de los doce programas operativos regionales que se refieren
respectivamente a cada una de las regiones «incluidas en el Objetivo
1, se establecen programas operativos plurirregionales que se
desarrollan en vanas comunidades autónomas. Estos programas se
destinan, respectivamente, a la mejora de la competitividad
y desarrollo del tejido productivo en la investigación, desarrollo e
innovación, a la sociedad de la información, al fomento del empleo, a
la formación profesional, a la iniciativa empresarial y formación
continua, a la lucha contra la discriminación, a la pesca, a la
mejora de estructuras de los sistemas de producción agrarios, y son
también estos programas plurirregionales el programa operativo local
y el de asistencia técnica.
Quiero concluir destacando, una vez más, la importancia de los
recursos y de las acciones que quedan reflejadas en el marco
comunitario de apoyo, que son fundamentales para conseguir la
convergencia real de las regiones españolas que todavía se incluyen
en lo que denominamos Objetivo 1 y de los fondos estructurales
comunitarios. Quisiera, por último, señalar que para estar regiones,
en infraestructuras de base, es decir, transporte,
telecomunicaciones, energía, medio ambiente y sanidad, se destina
casi la mitad de los fondos, el 49,1 por ciento. Que a los recursos
humanos, educación, formación, investigación y desarrollo, se dedica
el 25 por ciento. Y que el esfuerzo dedicado a la mejora del entorno
productivo, esto es, industrias, servicios, agricultura, desarrollo
rural, pesca y turismo, se destina otro 24 por ciento. Vemos que
infraestructuras se lleva la mitad, los recursos humanos una cuarta
parte y el resto, la mejora del entorno productivo, la otra cuarta
parte restante.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Muchas gracias, señor
secretario de Estado por su cumplida información.
No está presente ningún miembro del Grupo Izquierda Unida, autor de
la propuesta. En consecuencia, comenzamos por el Grupo Socialista. El
diputado García Breva tiene la palabra. Le ruego que haga uso
sintético del tiempo, porque la generosidad de la Presidencia luego
hay que transmitirla al resto de los grupos.
El señor GARCÍA BREVA: Quiero empezar agradeciendo al secretario de
Estado su nueva comparecencia
ante esta Comisión. Me parece un hecho destacable que yo le
agradezco en nombre de mi grupo. Quisiera ser breve, pero el tema es
muy importante. Voy a ver si intento sintetizar todo lo que quiero
decir comentando la exposición que ha hecho el secretario de Estado.
Voy a comenzar haciendo una introducción de lo que son las políticas
estructurales y de cohesión dentro de la Unión Europea, que se
originan a través de un mandato de los tratados, por el cual la
cohesión ha de ser el objetivo de todas las políticas de la Unión
Europea y no sólo de las estructurales.
La política de cohesión ha tenido un desarrollo ejemplar, sobre todo
en los años 1986 a 1992, que tiene su máxima expresión en la cumbre
de Edimburgo con la creación del Fondo de cohesión y la duplicación
de los recursos de los fondos estructurales, que hacen que se pueda
calificar a la citada cumbre no como ejemplo de una solidaridad
pedigüeña -como la calificó en España el Gobierno- sino como un
proyecto a largo plazo que ponía en marcha también un modelo social
europeo que tendía, como bien ha dicho el secretario de Estado, a la
convergencia real, a la disminución de las disparidades territoriales
y, en general, a la cohesión territorial como complemento
indispensable del mercado único.
Se han producido las reformas de los fondos estructurales en los
períodos que van de 1989 a 1993, de 1994 a 1999 y en el que estamos
actualmente, del 2000 al 2006, a partir de la Agenda 2000, se hace
también una reforma de los fondos estructurales que yo quisiera
concretar. Más importante que los objetivos que ha señalado el
secretario de Estado del marco de apoyo comunitario, a mí me parece
importante destacar los principios de gestión que en la reforma de
los reglamentos, que se produce justamente a finales del año 1999,
van a orientar el seguimiento, el control, la evaluación y, sobre
todo, van a marcar qué grado de eficacia se quiere conseguir a través
de la gestión de estos fondos estructurales. Me voy a referir
fundamentalmente al Feder y al Fondo Social Europeo. Las
orientaciones o los criterios de gestión que se establecen en esos
reglamentos fundamentalmente tienen que ver con mejorar la selección
de objetivos, es decir, se pasa de dedicar menos dinero a lo que
vulgarmente se llama cemento a impulsar en mayor medida los factores
de competitividad. En segundo lugar, en esos principios de gestión se
trata también de impulsar los partenariados, tanto públicos como
privados, sobre todo la participación del sector privado y crear
organismos de integración o intermedios que consigan un mayor
respaldo a los proyectos que se vayan a presentar. En tercer lugar,
se intenta también una mayor identificación de las necesidades,
fundamentalmente de las pymes, a través de estudios de demanda, de
diagnósticos, de crear servicios de cooperación interempresarial, que
es el cuarto criterio de gestión de los fondos estructurales,
encaminados, a través de esos servicios de cooperación
interempresarial, a poner en marcha sistemas de formación, de
desarrollo de nuevas tecnologías y de innovación. Estos principios de
gestión me parecen fundamentales a la hora de valorar la aplicación y
el desarrollo, tanto de los recursos como del resultado de los
programas operativos y, sobre todo, de la definición, a través de
esos planes de desarrollo regional, de lo que se quiere hacer en cada
una de las regiones y, en general, en las regiones Objetivo 1.
Quiero hacer también una breve referencia a los recursos. (El señor
presidente ocupa la Presidencia.) Dice el señor secretario de Estado
que es a través del Consejo Europeo de Berlín donde se establecen los
recursos que se dedican a las políticas estructurales. No voy a
entrar en el debate de las cifras, pero es necesario hacer una
valoración en el sentido de que el cuadro financiero no debe
analizarse aisladamente sino en función de las normas y de los
criterios que regulan las acciones estructurales. He querido hacer
una referencia muy detallada de cuáles son los principios de gestión
de los fondos estructurales, porque lo importante no son los
recursos, sino cómo se aplican esos criterios de gestión a los que
antes me he referido.
Quisiera hacer dos referencias a la dificultad que va a entrañar en
el actual período la menor flexibilidad con respecto a las
reprogramaciones. Sería importante intentar conseguir un grado mayor
de flexibilidad respecto al marco financiero y a las
reprogramaciones. Y en segundo lugar, sería necesario ampliar el
partenariado, en el sentido de descentralizar en mayor medida la
gestión de los fondos, dar una mayor papel a los poderes locales y
regionales y a los agentes sociales.
En cuanto a España se refiere, y por la relación que ha hecho de
fechas el secretario de Estado, me da la impresión de que el 2000 fue
un año perdido. El año 2001, las noticias que yo tengo -y me gustaría
que el secretario de Estado lo comentara- es que el nivel de
ejecución es muy bajo, con lo cual estamos hablando ya de un período
de programación cuya ejecución se va acortando. No se puede
minusvalorar la política de cohesión y las políticas de los fondos
estructurales en lo que se refiere a España. En cuanto a las regiones
Objetivo 1, se van a mover unos 13 billones de pesetas, sumando las
aportaciones de la Unión Europea, del Estado, de las comunidades
autónomas y la iniciativa privada, cantidad importante en cuanto a
las regiones que va a afectar y es otra razón por la que hay que
centrar la atención más en la eficacia con la que se utilizan estos
recursos.
Ahora quisiera hacer tres críticas al marco de apoyo comunitario
respecto a la gestión que ha llevado a cabo el Partido Popular en su
elaboración. En primer lugar, no se ha realizado de una manera
transparente ni objetiva. Los servicios de la Comunidad Europea
hicieron un reparto indicativo, calculado sobre la base de la
población y el nivel relativo de renta. Este cálculo fue comunicado a
las autoridades españolas y, sin embargo,
ese reparto no se ha respetado y se han producido algunas
importantes disfunciones, perjudicando notablemente, sobre todo, a la
Comunidad de Andalucía.
El señor secretario de Estado ha dado unas cifras de las comunidades
autónomas que yo quisiera comentar. Y yo voy a remarcar solamente dos
datos. Con respecto al reparto que hace la Comisión y al resultado de
la negociación hay una diferencia sustancial, sobre todo en la
Comunidad de Andalucía. En el reparto que hace la Comisión a la
Comunidad de Andalucía le correspondían 15.899 Meuros y en el
resultado de la negociación se produce un descenso de un 24,8 por
ciento, y la Comunidad de Andalucía se queda con 11.952 Meuros. Como
contraste, la Comunidad de Castilla y León, en el reparto que hace la
Comisión tiene 2.930 Meuros y como resultado de la negociación se
produce un incremento de un 60,5 por ciento, llegando a tener 4.702
Meuros. Son datos que se han trasladado a los programas operativos.
Son dos contrastes importantes que reflejan esa falta de claridad y
trasparencia que el secretario de Estado me gustaría que explicara.
En segundo lugar, la distribución que se ha hecho del marco de apoyo
comunitario entre las distintas administraciones, fundamentalmente
Administración del Estado y comunidades autónomas, es desequilibrada.
Como bien ha dicho el secretario de Estado, a las comunidades
autónomas les corresponde gestionar el 37,3 por ciento del submarco
regional. Sin embargo, al Estado (y es la cifra que no ha dicho pero
que se deduce) le corresponde gestionar el 62,7 por ciento a través
del submarco plurirregional. Es decir, ahora mismo el Estado está
gestionado más de la mitad (62 por ciento) de los recursos del marco
de apoyo comunitario, mientras que las comunidades autónomas sólo
gestionan el 37,3 por ciento. Esto podría explicarse a lo mejor en
períodos anteriores, pero en éste, con el nivel de competencias que
han adquirido las comunidades autónomas en temas como empleo,
educación, universidad e incluso sanidad, creemos que este
desequilibrio no está justificado, máxime cuando la Comisión Europea
siempre pone como ejemplo de buena programación de los fondos la
hecha por Italia, con un único programa regional por región en el que
la autoridad de gestión es el gobierno regional, y un único programa
plurirregional en el que se incluyen las inversiones no
regionalizables. En España lo que pasa es justamente la contrario:
hay un programa regional por región en el cual la autoridad de
gestión es el Estado, si bien por exigencia muy fuerte de la Comisión
Europea se ha incluido la frase de autoridad de gestión compartida, y
un conjunto de once programas plurirregionales en los que la
programación, el seguimiento y la gestión corresponde enteramente al
Estado. Nosotros no estamos de acuerdo con este criterio, porque lo
único que se valora es hacer que, a través de estos repartos de los
recursos del marco, el balance fiscal del Estado español con laUnión
Europea siempre sea positivo para el Estado
español. Eso lo que hace es perjudicar notablemente la capacidad de
gestión y as posibilidades de actuación de las comunidades autónomas.
Como digo, nosotros no compartimos esta política pues creemos que lo
que está haciendo el Estado es seguir administrando nuestra situación
en Europa, pero no le preocupa ni el reparto, ni el proyecto europeo,
ni la eficacia en la gestión de los fondos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de Coalición
Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Solicito el apoyo de la Presidencia para
compartir el tiempo con el senador don Alonso Arroyo, de Coalición
Canaria. (El señor vicepresidente, Soravilla Fernández ocupa la
Presidencia.)
Señor secretario de Estado, quiero agradecer su comparencia aquí y la
información que nos ha dado, que, como usted bien sabe, para Canarias
tiene una especial sensibilidad, como región de Objetivo 1 que ha
sido, donde se han ido planteando una serie de situaciones derivadas
de la llegada en Canarias del producto interior bruto a la cifra del
75 por ciento. Nuestra comunidad autónoma, en perfecto entendimiento
con su departamento ministerial, ha encauzado la actuación política
ante la Unión Europea para que la disposición de los fondos
estructurales y lo que viene dirigido a las regiones españolas de
Objetivo 1 sea perfectamente encajable en Canarias, a razón de lo
establecido por el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, de
regiones ultraperiféricas. Yo quiero reconocer aquí esta sintonía con
su departamento y con usted personalmente, señor secretario de
Estado, lo que nos lleva a interpretar positivamente, como están
haciendo Francia y Portugal con la lectura del artículo 299 del
Tratado que he citado de las regiones ultraperiféricas -pero que no
es el caso de los territorios franceses y portugueses, que han pasado
el umbral del 75 por ciento, que les podía excluir de esta
situación-, donde se nos garantiza por la lejanía, la insularidad y
las dificultades estructurales.
En cuanto a la situación del plan de desarrollo regional de España,
dentro del que se halla el subprograma la administración autonómica
está disponiendo de la gestión como autoridad de gestión compartida
plenamente reconocida. Usted ha citado la cifra del 6,94 por ciento.
No hay que olvidar que España ha mantenido una postura positiva desde
hace muchos años, con anteriores gobiernos y con el actual, en cuanto
a la disponibilidad de fondos de cohesión y fondos estructurales. Esa
cifra que usted también ha recordado de 7 billones de pesetas es un
hito a destacar en la actuación española en cuanto a la
disponibilidad de fondos estructurales de la Comunidad Europea.
Antes de ceder la palabra a mi compañero el senador don Alonso
Arroyo, sólo me resta destacar, señor
secretario de Estado, que la Comunidad Autónoma de Canarias sigue
este proceso con la máxima atención, en la tranquilidad de que se van
a seguir disponiendo de estos fondos, bien como región Objetivo 1,
bien como región ultraperiférica en el Tratado de Amsterdam
posteriormente, manteniendo los altos porcentajes en el capítulo de
gastos o de recepción de fondos, que es el de infraestructura de
base. Si España está en una disponibilidad total de un 49,1 por
ciento de infraestructura de base (sin perjuicio de otras cuestiones
que tocará mi compañero don Alonso Arroyo como los fondos para la
agricultura y otras actividades sectoriales), los puertos,
aeropuertos, carreteras, etcétera, para nosotros constituyen la
máxima demanda. Esperamos seguir contando con su entendimiento y
comprensión para mantener el mismo lenguaje ante la Unión Europea,
así como la coordinación que sostenemos en bien de la política
general de fondos estructurales y desarrollo regional del Gobierno
central y del Gobierno autónomo de Canarias. Me siento en la
satisfacción de decir que existe esa armonía ante ambas
administraciones, central y periférica.
Sin más, señor presidente, paso la palabra a mi compañero don Alonso
Arroyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Tiene la palabra, por
cinco minutos, el señor Alonso Arroyo.
El señor ARROYO HODGSON: Voy a utilizar menos de cinco minutos.
También me quiero sumar al agradecimiento de mi compañero el diputado
don Luis Mardones, para agradecer al secretario de Estado la
comparecencia en un tema como es la información en relación con el
marco comunitario de apoyo en las regiones españolas de Objetivo 1,
básico para España, para todas las regiones de Objetivo 1, entre las
cuales, por supuesto, está incluida Canarias.
Durante muchos años nos hemos beneficiado de estas medidas en marcos
comunitarios de apoyo en períodos anteriores y estábamos expectantes
de la aprobación definitiva del nuevo marco comunitario de apoyo. Si
la comparecencia hubiera sido hace un par de semanas, quizá le
hubiera preguntado que cuándo se iban a aprobar. Estamos satisfechos
de que esto se haya aprobado y de que ahora nos pongamos las pilas
todos, la Administración central y las comunidades autónomas, para
gestionar de la mejor manera posible los referidos fondos. Quiero
también incidir en que Canarias tenía la amenaza de sobrepasar el
famoso 75 por ciento, argumento que siempre hemos defendido y lo
hemos querido ligar a la base jurídica del artículo 299.2 del Tratado
de Amsterdam.
Y finalmente quiero decir que hasta el año 1999 desempeñé, durante
casi ocho años, la Viceconsejería de Agricultura del Gobierno de
Canarias y que en el tema de los fondos estructurales, a través de la
Dirección
General de Estructuras Agrarias nos coordinábamos con el Ministerio
de Agricultura y con el entonces Ministerio de Economía y Hacienda,
coordinación general que se realizaba con la Secretaría de Estado
para la Unión Europea y que nuestro grupo, Coalición Canaria, está
gobernando en Canarias y va a seguir con el mismo espíritu de
colaboración con la Administración central del Estado para aunar
esfuerzos, en una responsabilidad institucional en beneficio de los
distintos sectores afectados.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Pasamos a dar la
palabra al representante del Grupo Parlamentario Popular, señor
Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero agradecerle, de nuevo, al secretario
de Estado por estar con nosotros esta mañana y por la información que
nos ha ofrecido tan cumplida, sobre la comparecencia objeto de este
debate.
Estamos todos de acuerdo, señor presidente, en que el tema que
discutimos en este momento es un tema de Estado y, por lo tanto, es
lógico y comprensible que haya sido una prioridad de todos los
gobiernos sucesivos desde que España entró como miembro en la Unión
Europea. No es de extrañar que todos los gobiernos se hayan esforzado
de manera ejemplar por defender estas políticas comunitarias en
función de las circunstancias de cada momento, de manera que los
resultados fueran los más beneficiosos para nuestro país.
Es importante reconocer esa secuencia de logros que, como decía el
representante del Grupo Socialista, empieza mucho antes de Edimburgo,
continúa en Edimburgo y tiene su punto actual en las últimas
perspectivas financieras del 2000 y en la negociación de Berlín.
Es muy importante que contemos con la presencia del secretario de
Estado en este momento porque, si bien es un tema en el que el
responsable de la negociación de la cuantía es el Ministerio de
Economía y Hacienda, la realidad es que es el Ministerio de Asuntos
Exteriores el que coordina la negociación. Por otra parte, el
secretario de Estado se ha encontrado desde el primer momento no
solamente en las negociaciones de la adhesión a la Unión Europea,
sino en el proceso de negociación de los fondos estructurales y de
los marcos comunitarios de apoyo. Por lo tanto, nadie mejor que él
puede darnos una idea histórica y una idea de continuidad de lo que
ha sido la negociación a través de las distintas fases evolutivas de
este proceso.
Quiero añadir que para mi grupo parlamentario no deja de ser
importante y digno de mención que a estas alturas de nuestro proceso
de integración europea desde el año 1986, continuemos logrando
resultados beneficiosos para nuestro país, como es el de haber
conseguido que doce comunidades autónomas puedan seguir
beneficiándose de los fondos destinados a las regiones
Objetivo 1, alguna comunidad, ya limite, dada la buena gestión y el
proceso de reformas económicas y sociales, y que se haya defendido
también de la manera que se ha hecho la fase de fixing out, que ha
mencionado el secretario de Estado respecto a Cantabria, que va a
posibilitar que esta comunidad autónoma, que a lo largo de los
últimos años ha realizado progresos tan importantes, aterrice con
normalidad en una situación normal dentro de unos cuantos años.
Debemos felicitar al Gobierno por su diligencia en la presentación de
los programas operativos, puesto que, como ha dicho el secretario de
Estado, en estos años puente, cuando se acaban unas perspectivas
financieras y empiezan otras perspectivas financieras, es de la
máxima importancia que la diligencia del Gobierno en la presentación
de los marcos comunitarios de apoyo, como ha hecho nuestro Gobierno
antes del 29 de abril de 2000, permita que, con independencia de la
fecha de la aprobación final de los programas operativos, esto no
afecte a la percepción de los recursos correspondientes a las
actuaciones ejecutadas en dichos programas. Hay que reconocer al
Gobierno su diligencia y su buen hacer en este tema. Por otra parte,
eso va a permitir que en estos cinco años el grado de ejecución del
Reino de España respecto a los marcos comunitarios y todas las
acciones estructurales sea de tal envergadura que en los años
sucesivos y en los próximos programas, aquellas regiones que
continúen siendo susceptibles de recibir los fondos tengan una buena
acogida en los ámbitos comunitarios.
Comparto plenamente la opinión del secretario de Estado respecto a
los nuevos criterios de gestión que han permitido que la realidad
autonómica de una España descentralizada y con una gran participación
de las comunidades autónomas en la elaboración de la voluntad del
Estado respecto al proceso de integración europea cuente también en
este punto con la participación necesaria, puesto que gestionan, como
ha dicho el secretario de Estado, el 37 por ciento de los fondos
totales. Eso demuestra la colaboración inmejorable entre las
comunidades autónomas y el Gobierno y el papel relevante que todas y
cada una de ellas desarrollan, no solamente en la gestión de los
fondos una vez están aprobados los programas operativos, sino también
en el diseño previo, antes de la aprobación por parte de la Comisión,
con el concurso del Gobierno. Agradezco de nuevo al secretario de
Estado su información.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor secretario de
Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y
Egea): En primer lugar quisiera agradecer al señor García Breva las
informaciones complementarias que ha dado a mi proyecto de
intervención de comparecencia. Tomo nota de
sus críticas sobre la falta de claridad y transparencia y sobre un
nivel de programación bajo. Simplemente le diré que no es mi
departamento el que negocia los programas operativos ni el marco
comunitario de apoyo y que quizá esas críticas estén más indicadas
para el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la
responsabilidad primaria de hacer esa negociación. De todas maneras,
me parece que, como toda acción de Gobierno, es lógicamente
susceptible de ser criticada. Lo que sí tenemos que concluir,
independientemente de que admitamos las críticas entre nosotros, es
que de cara hacia Europa y, ya digo, independientemente de fallas que
pueda tener nuestro sistema, es evidente que el marco comunitario de
apoyo español y los programas operativos son sin ninguna duda los
mejor elaborados en toda la Unión Europea, donde se sabe que el grado
de efectividad de los programas españoles es el más alto dentro de
toda la política estructural y regional. Por lo tanto, efectivamente,
puede ser que haya habido, en este caso y también en casos
anteriores, fallas en el sistema, pero el balance general de la
actuación de España en los fondos y en los marcos comunitarios de
apoyo, tanto ahora como en el pasado, ha sido, en comparación con el
resto de los países comunitarios, absolutamente brillante. España es
sin ninguna duda el país que mejor aprovecha todo el marco de fondos
que tiene a su disposición.
Respecto a la intervención de Coalición Canaria, diré que el Gobierno
español tuvo particular interés en incluir una disposición de derecho
primario en el Tratado de Amsterdam para preservar el carácter
excepcional que afecta a las regiones ultraperiféricas, es decir, el
concepto de lejanía e insularidad, que les hace tener una situación
permanente de desventaja con el resto de la Unión, y la idea siempre
fue y sigue siendo que esa situación de permanente desventaja sea
compensada independientemente del nivel de renta, es decir, estén o
no estén dentro del Objetivo 1. Me parece que todas las medidas que
se están aprobando en desarrollo del 299 van en esa dirección y por
lo tanto yo quisiera confirmarle al Grupo de Coalición Canaria que,
como ellos saben, el Gobierno está en esta línea, que coincide
plenamente con la de Coalición Canaria y que, por lo tanto, yo creo
que no hay que tener ninguna inquietud particular respecto a que
Canarias desaparezca del marco de los fondos una vez que alcance el
deseablenivel, porque todos deseamos que Canarias no solamente esté
por encima del 75, sino incluso por encima del 90 o en el cien por
cien de la renta comunitaria, pero aunque estuviera al cien por cien
de la renta comunitaria, no desaparecerían las condiciones especiales
que afectan a una región que, como todo el mundo sabe, está en una
situación permanente de lejanía y de separación del núcleo central de
la Unión.
También quisiera agradecer al señor Martínez Casañ sus aportaciones
y, señor presidente, no tengo nada más que decir.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor García Breva,
tiene la palabra, pero para una cuestión absolutamente concreta y
precisa, por dos segundos nada más.
El señor GARCÍA BREVA: Simplemente deseo aclarar al portavoz del
Grupo Popular que los PDR y los programas operativos los hacen los
gobiernos de las comunidades autónomas, y lo que hace luego el
Ministerio de Economía es refundirlos en un PDR nacional y transmitir
los programas operativos. Yo creo que en sus felicitaciones al
Gobierno se debe incluir fundamentalmente a los gobiernos y a las
administraciones regionales, que son los que han sido diligentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor secretario de
Estado ¿tiene algo que añadir? (Denegación.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO EN LAS REGIONES
ULTRAPERIFÉRICAS EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 299 DEL TRATADO DE
AMSTERDAM PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente Congreso 161/000256 y número de expediente Senado 663/
000003)
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señorías, reanudamos
la sesión. Pasamos al punto tercero del orden del día: debate y
votación de proposiciones no de ley. Vamos a debatir la relativa a la
aplicación del derecho comunitario en las regiones ultraperiféricas
en desarrollo del artículo 299 del Tratado de Amsterdam. El
proponente es el Grupo Socialista y para defenderla tiene la palabra
-nunca es tarde si la dicha es buena- el diputado Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, en efecto, esta es una proposición
no de ley que, tal como habrán podido comprobar, está publicada en el
Boletín de las Cortes Generales el 18 de octubre de 2000 y que por
circunstancias de tiempo no pudo ser objeto de debate en la última
sesión de esta Comisión Mixta Congreso- Senado para la Unión Europea
y lo es en el día de hoy. Se enmarca, señorías, en el planteamiento
político que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido sosteniendo
en las Cortes Generales respecto a la aplicación del derecho
comunitario en las regiones ultraperiféricas, concretamente en el
desarrollo del artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, que afecta a
la única región ultraperiférica del Estado español, que es la
Comunidad Autónoma de Canarias, así como a otras comunidades-
archipiélagos de otros países como Francia o Portugal.
Señorías, es bueno que desde la perspectiva metodológica el Grupo
Parlamentario Socialista ponga de manifiesto y quede reflejado en el
«Diario de Sesiones», que esta ha sido una línea de conducta política
mantenida con continuidad, y estimamos que con rigor y método, de tal
manera que a lo largo de los últimos años, tal como puede verse en
los diarios de sesiones de las distintas comisiones mixtas celebradas
para la Unión Europea en las Cortes Generales, el Grupo Parlamentario
Socialista ha propuesto iniciativas en esa línea. Así, quiero
recordarles que en la sesión celebrada el 25 de mayo del año 1999 la
resolución de la proposición no de ley que titulamos en aquel momento
relativa a las aplicaciones del derecho comunitario en las regiones
ultraperiféricas, en desarrollo del artículo 299 del Tratado de
Amsterdam, fue acordada por unanimidad, fruto del acuerdo común
transaccional en aquella Comisión, que se recoge en la exposición de
motivos de esta proposición no de ley que debatimos en el día de hoy.
Posteriormente, señorías, se han ido produciendo una serie de
acontecimientos que llevan a que el Grupo Parlamentario Socialista
estime oportuno producir el pertinente debate y fijación de
posiciones ante la situación en la que nos encontramos en la
actualidad. En ese sentido es conveniente recordar que las
actuaciones que la Comunidad Autónoma de Canarias ha llevado a cabo
en Europa durante los dos últimos años se han centrado en el
desarrollo del artículo 299 del Tratado de la Unión Europea en lo que
a Canarias se refiere y al resto de las regiones ultraperiféricas.
Han sido la Comunidad Autónoma de Canarias y las fuerzas políticas
y sociales de dicha comunidad las que lo han elevado al Gobierno de la
nación, y éste, en el ejercicio de sus responsabilidades, en los
distintos foros comunitarios ha ido impulsando aspectos que van
vertebrando un corpus, un estatus permanente de Canarias en el seno
de la Unión. En ese sentido, a lo largo del año 1999, en las fuerzas
políticas, sociales, sindicales, económicas y, naturalmente, en el
Parlamento canario se ha ido produciendo un amplio debate con objeto
de definir el contenido y el alcance que deberían desarrollar las
frases recogidas en el artículo 299 y concretamente en su párrafo
segundo. Como resultado de todo ese amplio debate social y de la
correspondiente coordinación con los ministerios de la Administración
general del Estado, del Gobierno de España, se llegó a la elaboración
de una propuesta conjunta del Gobierno de Canarias y del Gobierno del
Estado sobre las medidas específicas en las cuales debe centrarse el
desarrollo del artículo 299.2 en todos sus ámbitos. Esa propuesta,
señorías, creo que es muy oportuno recordar que se aprobó por
unanimidad en el Parlamento de Canarias en la sesión celebrada el 17
de noviembre de 1999, se remitió oficialmente a la Comisión Europea
en el mismo mes y con posterioridad se han venido produciendo una
serie de acontecimientos que es menester mencionar de forma muy
rápida.
En marzo del año 2000, la Comisión presentó un informe sobre las
medidas para aplicar el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, en
el que se recogían las orientaciones que la Comisión pretendía
impulsar en los distintos ámbitos. Sobre la base de ese informe, el
Gobierno de Canarias comenzó sus trabajos para la definición de las
medidas sectoriales, siempre con el debate previo en el Parlamento de
Canarias, participando las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno o
las que se encuentran en la oposición, y se han ido definiendo una
serie de aspiraciones de muy diferente índole. En primer lugar, en
materia de ayudas regionales, las fuerzas políticas de la Comunidad
Autónoma de Canarias hemos aspirado a una modificación de la
normativa europea para permitir que Canarias y las demás regiones
ultraperiféricas pudiesen disfrutar de ayudas al funcionamiento con
carácter indefinido, aunque sujetas a modulaciones en lo que a su
intensidad se refiere. Ello, señorías, ha permitido abrir la
posibilidad de mantener y prorrogar las medidas incentivadoras de la
actividad económica y del empleo que se recogen en la Ley del régimen
económico y fiscal canario de 1994, ley de la cual algunas de las
personas que integramos esta Comisión Mixta para la Unión Europea
fuimos ponentes en su momento. Además, señorías, Canarias ha aspirado
siempre a ver garantizada su inclusión automática en el grupo de
regiones beneficiarias de la ayuda de finalidad regional, alguna de
cuyas componentes ha sido expuesta por el secretario de Estado
justamente en la sesión del día de hoy.
El 29 de noviembre del año 2000, la Comisión presentó dos paquetes
importantes de propuestas en materia agrícola y estructural. El
primer paquete se refirió a la modificación de los reglamentos que
desarrollan los programas Posei y entre ellos el programa que
modifica y actualiza el Poseican, cuya adopción se había visto
bloqueada como consecuencia de problemas presupuestarios alegados por
la Comisión. Esta modificación abarcaba simultáneamente el régimen
específico de abastecimientos y las medidas de apoyo a las
producciones locales. En lo que respecta al régimen especial de
abastecimientos (REA), se garantizaba en ese proyecto de reglamento
un nivel mínimo de ayudas que tuviese en cuenta los costes reales de
la lejanía, además de una serie de medidas cuyo objetivo era el de
equilibrar el régimen de abastecimiento con el de mantenimiento
y desarrollo de la producción local. En lo que se refería a las medidas
de apoyo a las producciones locales, recogía adaptaciones a las
medidas existentes que se han ido proponiendo consecutivamente y que
responden globalmente a las solicitudes que formuló el Parlamento de
Canarias.
El segundo paquete de medidas estructurales propuestas por la
Comisión incluye una serie de modificaciones al reglamento marco de
los fondos y a los reglamentos de desarrollo rural y de pesca, con el
objetivo de que esas modificaciones consistiesen principalmente
en el mecanismo de aumentar los límites de intensidad previstos para
las ayudas comunitarias provinientes de los fondos para adecuarlos a
las necesidades específicas de las inversiones que se realizan en
Canarias y en las otras regiones ultraperiféricas.
Señorías, la adopción definitiva de estos dos paquetes de medidas
tendrá lugar a lo largo de este año 2001 y quiero recordarles, lo
tengo en mis manos, lo que dice el punto 53, referido a regiones
ultraperiféricas, de las conclusiones de la Presidencia del Consejo
Europeo de Niza, que se celebró los días 7, 8 y 9 de diciembre del
pasado año 2000: El Consejo Europeo ha tomado nota del programa de
trabajo actualizado de la Comisión con vistas a la plena aplicación
de las disposiciones del trabajo relativas a las regiones
ultraperiféricas, así como de las propuestas presentadas en favor de
estas regiones. Insta al Consejo a examinar sin tardanza dichas
propuestas y el Consejo Europeo analizará en su reunión de Goteborg
de junio de 2001 la marcha de los trabajos relativos a la totalidad
del expediente. Es decir, que nos encontramos con que en el próximo
mes de junio de 2001 el Consejo Europeo tomará conocimiento de la
marcha de los trabajos relativos a la totalidad del expediente
configurador de los reglamentos derivados de este artículo 299.2. es
decir, del conjunto definitorio de todas las políticas económicas y
estructurales que se tendrán que impulsar con carácter perdurable y
definitorio, como consecuencia de los contenidos derivados de la
situación perdurable de lejanía, insularidad, condiciones
medioambientales, falta de recursos económicos o falta de recursos
primarios energéticos y de las circunstancias medioambientales que
caracterizan a las islas o regiones archipielágicas Azores, Madeira,
Canarias, Martinica o Guadalupe, recogidas como regiones
ultraperiféricas en ese artículo. Consiguientemente, el próximo mes
de junio, lo reitero, de 2001, la Comisión Europea tendrá que
presentar un informe al Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, a
través de la Comisión de Política Regional, que en los meses de marzo
y abril -ya están fijadas las fechas- realizará los debates
pertinentes dentro del informe global que presente la Comisión.
Señorías, a lo largo de los últimos meses hay que poner de manifiesto
que algunos aspectos se han ido resolviendo con éxito -lo digo desde
un grupo parlamentario de la oposición-, porque si bien es cierto que
hay algunos que están ralentizados, hay otros que han ido avanzando.
Por ejemplo, el contencioso que amenazaba el mantenimiento del
sistema de contingentes de la OCM del plátano ha ido avanzando de
forma notable: se ha logrado mantener este sistema hasta el año 2000
y a partir de ese momento el paso al sistema exclusivamente
arancelario no será automático, sino que dependerá de los resultados
del informe de evaluación que la Comisión presente. Señorías, en el
mes de julio del año 2000, se remitió a la Comisión la solicitud de
un nuevo impuesto indirecto que sustituyera al
actual APIC, es decir, el arbitrio a la producción e importación en
la comunidad canaria, acompañada de toda la información necesaria
para evaluar si la propuesta se ajustaba a los criterios que exige el
ordenamiento jurídico comunitario para una figura de estas
características. El nuevo impuesto que se propone, denominado
arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías en las islas
Canarias, con la nomenclatura coloquial AIEM, permitirá el desarrollo
de la actividad productiva de bienes en Canarias mediante un sistema
de exenciones a la producción local de carácter específico y sujeta a
un procedimiento de control. Dado que la Comisión, en estas fechas en
las que se está produciendo el debate de esta proposición no de ley,
es decir, en el mes de marzo de 2001, aún está evaluando la
información que le remitió el Gobierno de la nación a propuesta del
Gobierno de Canarias, se ha presentado una propuesta de prórroga del
actual arbitrio a la producción e importación, es decir, del APIC,
hasta el 31 de diciembre del presente año, dato que justifica una de
las propuestas que se recogen en la proposición no de ley que estamos
debatiendo, con los mismos tipos y exenciones, que deberá ser
adoptada en los próximos días y surtirá efectos con carácter
retroactivo. Luego parece razonable que la Comisión Mixta
CongresoSenado para la Unión Europea de las Cortes Generales
españolas, competente en esta materia, produzca una resolución y no
permanezca de espaldas ante unos procesos negociadores que en un
abanico muy amplio se están produciendo en el seno de la Comisión
Europea por parte del Gobierno español con el apoyo preceptivo del
Gobierno de Canarias, que es el que distribuye los rendimientos
económicos de estas figuras tributarias impositivas específicas y
singulares de la propia comunidad.
Señorías, otra de las medidas absolutamente urgente, que en estos
instantes está negociándose y que en Canarias causa mucho impacto
desde el punto de vista económico, lo constituye la prórroga de las
subvenciones arancelarias a la importación de productos industriales
y de la pesca. Desde el pasado mes de julio de 2000 se notificó a la
Comisión una propuesta sobre un listado de productos considerados de
vital importancia para el comercio y la industria en las islas, para
los cuales se solicitaba un arancel nulo o reducido a partir de enero
de 2001. Al igual que ha sucedido con el APIC, la Comisión ha
decidido prorrogar los reglamentos existentes hasta el 31 de
diciembre del presente año, lo cual permite garantizar la continuidad
de las medidas hasta que las negociaciones sobre el nuevo régimen de
exenciones se encuentren concluidas. La aprobación, en consecuencia,
de la prórroga del régimen actual es un hecho positivo que nos
permitirá continuar negociando, con el margen de tiempo de los meses
que quedan por delante hasta el 31 de diciembre de 2001, sin dejar de
insistir en la urgencia y el carácter prioritario de este tema.
Un ámbito al que se está prestando también especial atención es el
del fomento de la cooperación en Canarias con los países de su
entorno geográfico o de su hinterland más inmediato. El apoyo
financiero de la Comunidad Europea a través de la iniciativa
comunitaria Interreg III, que como bien saben sustituye a la que se
denominó Regis I y Regis II, permitirá a la comunidad canaria
desarrollar y potenciar las acciones de cooperación con las regiones
europeas, incluidas las demás regiones ultraperiféricas, y con los
países cercanos, implicando a todos los sectores económicos y
sociales de Canarias. Somos conscientes y sabemos que en la
actualidad se está trabajando para definir los contenidos de los
proyectos que el Estado español presentará, siguiendo, naturalmente,
las indicaciones de la comunidad canaria, en el marco de esta
iniciativa. Existe un proyecto -eso sí que son noticias de prensa-
concreto de colaboración, en el que participarán junto con Canarias
las regiones de Azores y Madeira, el cual parece ser que está
presentado y pendiente de aprobación definitiva por la Comisión.
En lo que se refiere a transportes, que va a ser objeto de debate
próximamente en esta Comisión Mixta, previsiblemente con
comparecencias de comparecencias de altos cargos gubernamentales del
Gobierno español competentes en esta materia, creemos que es
necesario intensificar los contactos a todos los niveles con la
Dirección General de Energía y Transportes de la Comisión Europea, a
efectos de que infraestructuras de la comunidad canaria,
fundamentalmente portuarias y agroportuarias, se integren en las
redes de infraestructuras de transportes de la red transeuropea desde
la óptica de la obligatoriedad de esa integración, de la que se
derivarían a su vez los mecanismos financieros que permitirían las
ampliaciones y la potenciación de esas infraestructuras que facilitan
el establecimiento de auténticos mecanismos de cohesión y de enlace
entre la comunidad canaria y el resto del Estado español.
Señorías, nosotros creemos que Canarias es la comunidad del Estado
español más sensible en estos instantes en lo que a singularidades
específicas se refiere y, consiguientemente, ruego de la generosidad
de la Presidencia que me permita utilizar unos cuantos minutos más a
efectos de dejar claras las motivaciones y dar respaldo al Gobierno
de España, que tiene que llevar a cabo una negociación difícil en
defensa de estas singularidades, pues parece oportuno que la
justificación de la resolución se fundamente con cierto rigor y con
cierta metodología.
Señorías, a modo de información, yo quisiera dejarles de nuevo muy
claro que los días 24, 25 y 26 de abril se celebrará en el Parlamento
Europeo la Comisión de Política Regional, que ya tiene incluido en el
orden del día el informe que después de elevado al pleno servirá de
inspiración a la Comisión Europea. Parece oportuno que esa Comisión
de Política Regional en esos días del mes de abril tenga conocimiento
de la resolución que hoy adopte la Comisión Mixta Congreso-Senado de
las
Cortes Generales españolas. sobre este tema. Si en el Parlamento
Europeo se va a debatir, ¿cómo no va a emitir informe la Comisión
específica de las Cortes Generales españolas? Queremos dejar muy
clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista en un tema muy
singular, el de los reglamentos reguladores de los sistemas
productivos y económicos de las regiones periféricas, que hoy se
encuentran con la dificultad de que se han elaborado algunos
reglamentos sin referenciar claramente los contenidos del artículo
299.2 del Tratado de Amsterdam, mientras que en otros sí que se ha
producido. Este es un tema que hoy en día en la comunidad canaria
constituye un debate singular y sobre el que que previsiblemente en
muy pocas fechas el Parlamento de Canarias producirá la pertinente
resolución.
Nosotros debemos indicar que desde la óptica del Grupo Parlamentario
Socialista, en ese aspecto específico la Comisión Europea no está
dando la talla, no se está acometiendo el desarrollo del artículo
299.2 con la celeridad necesaria, a pesar de las reiteradas
invitaciones de los sucesivos consejos europeos. El retraso que
llevan algunos de los expedientes en vía de negociación demuestra
falta de interés por parte de la Comisión en dotar de efectividad
real a las previsiones de dicho artículo. Quisiéramos señalar que
existe un inquietante desacuerdo sobre el artículo que debe servir de
fundamento a las medidas en favor de las regiones ultraperiféricas,
mientras que para Canarias y las demás regiones ultraperiféricas, así
como para los respectivos Estados, está claro que el artículo 299
debe ser -y lo subrayamos y reiteramos por la importancia singular
que tiene desde nuestra perspectiva- el único fundamento del nuevo
régimen específico y, por tanto, debe erigirse en la base jurídica
común de todas las medidas que se adopten. En consecuencia, nosotros
creemos que la Comisión debe dejar de ser reticente, tal como lo está
poniendo de manifiesto, a utilizar este artículo y debe mantener una
interpretación más abierta y menos restrictiva, dado que el artículo
299 debe considerarse como una base excepcional que sólo se usará
cuando no exista una base más específica en el Tratado que regule la
materia de que se trate. De hecho, señorías, las propuestas que están
en vías de negociación dan prueba de esta actitud, ya que tan sólo la
modificación del Poseican lo menciona entre las bases jurídicas,
mientras que en todas las demás propuestas sólo aparece incluida,
como he dicho, una referencia al 299 en uno de los considerandos.
Ello indica, señor presidente, que la Comisión no está siguiendo una
línea coherente y que son en realidad motivos de oportunidad política
los que la llevan a no utilizar el nuevo artículo, queriendo limitar
al máximo las posibilidades del establecimiento de excepciones a
favor de estas regiones.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Le ruego vaya
terminando, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Le ruego un minuto nada más, señor
presidente.
Se ha solicitado informe a los servicios jurídicos de la Comisión y
del Consejo y nosotros mantenemos como solicitud prioritaria de las
regiones y de los Estados implicados la utilización del artículo 299
en todos los actos que se adopten, ya que esta es la única postura
coherente con la voluntad política que decidió la inclusión de un
nuevo artículo exclusivo para las regiones ultraperiféricas en el
Tratado.
Señorías, es importante dejar claro que la utilización que se haga
del artículo 299.2 en estos tres primeros años condicionará el futuro
de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. Hay que tener
en cuenta, desde nuestra perspectiva, que el desarrollo de este
artículo incluye actuaciones a medio y largo plazo. Si en estos tres
años de puesta en práctica se admite una utilización residual y
puntual del artículo y en su lugar se recurre a medidas aisladas, de
marcado carácter temporal, con bases jurídicas distintas, estaremos
corriendo el riesgo de renunciar a una estrategia global a favor de
las regiones ultraperiféricas, que era el objetivo primordial
perseguido, el objetivo que los Estados tenían in mente cuando lo
adoptaron y el objetivo que, según se recoge en informes comunitarios
sobre las medidas destinadas a aplicar el apartado segundo del
artículo 299, la Comisión pensaba seguir, aunque la práctica
demuestre que lo está incumpliendo.
Señor presidente, con esta defensa acelerada y conscientemente
extendido en el tiempo gracias a su generosidad, el Grupo
Parlamentario Socialista presenta este proyecto de resolución, si
bien es cierto que la propuesta publicada el 18 de octubre de 2000 ha
sido rebasada en algunos de sus contenidos por octubre de los seis
meses transcurridos; de ahí que nosotros propongamos como
autoenmienda la eliminación del segundo párrafo del punto segundo del
proyecto de resolución, que carece de sentido, por cuanto hace
referencia a la Presidencia francesa de la Unión Europea, que se
produjo en el segundo semestre del pasado año. Cuando los grupos
intervinientes defiendan sus enmiendas de modificación el Grupo
Parlamentario Socialista decidirá definitivamente su posición ante
las mismas.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Diputado Segura, su
intervención ha sido exuberante y la Presidencia ha sido generosa,
todo como las Islas afortunadas, generosas y exuberantes.
A esta Presidencia han llegado dos enmiendas que se defenderán por el
orden de presentación. Para la defensa de la primera, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soriano.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Después de esta amplia, prolija y
exuberante exposición del señor Segura (El señor Segura Clavell: Y
rigurosa.) -y rigurosa también, no tengo inconveniente en añadirlo-,
descuiden SS.SS., que yo voy a ser muy breve, porque creo que está
todo dicho.
La realidad es que en todas las cuestiones que afectan a las
relaciones de Canarias con la Unión Europea, siempre en esta Comisión
todas las iniciativas que se han presentado han sido consensuadas
entre todos los grupos políticos y hemos tenido la unanimidad siempre
que se ha sometido a votación cualquier iniciativa. Confío y espero
que en esta ocasión suceda exactamente igual. En consecuencia, y
visto que ya el señor Segura lo ha dicho todo, yo me voy a limitar
única y exclusivamente a las enmiendas de pura técnica que el Grupo
Popular quiere introducir en esta proposición del Grupo Socialista.
En el punto primero, donde se dice que con la máxima urgencia se
acometan las actuaciones necesarias, y como quiera que el Gobierno de
España ante las instancias europeas ha venido siempre acometiendo con
diligencia puntual toda clase de iniciativas en cuanto a las
relaciones de Canarias con la Unión Europea, nosotros proponemos que
en este primer punto, en lugar de decir con la máxima urgencia, se
diga que con la diligencia oportuna continúe acometiendo las
actuaciones necesarias... En este primer punto también creemos que hay
que dejar claro que la propuesta española sobre el contenido
y desarrollo del artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam es anterior a
la resolución del Parlamento de Canarias, por lo que la referencia a
ésta como base de aquélla entendemos que es incorrecta, y por eso es
por lo que proponemos que se diga: conforme a las orientaciones
manifestadas por la Comisión en su informe, a la propuesta española
sobre la estructura y contenido del desarrollo del artículo 299.2 del
Tratado de la CEE y a la resolución del Parlamento de Canarias de 17
de noviembre de 1999, dado que esta resolución del Parlamento es
posterior, como digo, a la propuesta española.
También entendemos, aunque esto no lo hemos planteado por escrito,
que el párrafo segundo de la proposición no de ley del Grupo
Socialista sin duda alguna se ha quedado desfasado como consecuencia
de la época en que fue presentada esta iniciativa y del hecho de que,
si no recuerdo mal, estuvo incluida en un punto del orden del día de
una Comisión del anterior período de sesiones y no se pudo tramitar
por razones de tiempo, pero, indudablemente, dado que dice que se
agilicen al máximo las actuaciones en aquellos casos en los que las
medidas vigentes expirarán próximamente, aprovechando el impulso de
la Presidencia francesa de la Unión Europea durante el segundo
semestre del año 2000, por la especial sensibilidad de la misma hacia
las realidades de las regiones ultraperiféricas, pensando que Francia
también las tiene, parece que hoy -y supongo que en esto estará de
acuerdo el señor Segura- no tiene sentido incluir este párrafo
segundo y yo sugeriría suprimirlo, porque sustituir la referencia a
la Presidencia francesa por la sueca tampoco parece que tenga mucho
sentido, de manera que en opinión del Grupo Popular, podría
suprimirse, si que por ello
padezca en lo más mínimo la intencionalidad de la iniciativa
socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Por Coalición Canaria
tiene la palabra el senador Arroyo para la defensa de su enmienda.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor ARROYO HODGSON: Yo también voy a ser breve. Nosotros hemos
presentado una enmienda a la proposición no de ley que ha defendido
el diputado señor Segura, en aras a contribuir a mejorarla, desde
nuestro punto de vista. Respecto al punto primero aprovecho para
decir que tampoco tenemos ninguna dificultad para considerar la
primera observación que hizo el diputado Soriano, pero aparte de las
referencias al informe de la Comisión, al informe conjunto del Estado
español y del Gobierno de Canarias, sobre la base de la resolución
del Parlamento de Canarias, nos parece que se actualiza la
proposición no de ley si se hace una referencia también al acuerdo
del Parlamento Europeo del año 2000 y al Consejo de Niza de diciembre
del mismo año.
En cuanto al punto segundo, ya dijo claramente el diputado proponente
que estaba desfasado -naturalmente, porque se presentó en octubre de
2000- pero, a nuestro entender, se podría modificar diciendo que se
agilicen al máximo las actuaciones de la Comisión y del Consejo en
aquellas peticiones de medidas solicitadaspor el Estado español con
las que se sustituye la aplicación de las vigentes, que expiran el 31
de diciembre de 2001. Es decir, nosotros estamos trasladando en el
tiempo y redactando de otra manera el punto segundo y consideramos
oportuno, repito, hacer una llamada a la agilización, de las
actuaciones de la Comisión y del Consejo para la sustitución de las
medidas que precisamente tienen un plazo, que expirará el 31 de
diciembre de este año.
En el punto tercero proponemos al final, donde pone: en especial en
el seno de la Unión Europea, añadir: al igual que las
correspondientes regiones ultraperiféricas de Francia y Portugal,
pero de alguna manera podríamos dejar caer esta enmienda de
modificación al punto tercero, porque está recogido más adelante,
como ahora veremos.
Respecto al punto cuarto, que dice que se remita a las Cortes, en el
plazo de tres meses, informe detallado sobre la ejecución de los
contenidos de la presente proposición no de ley, nosotros no vemos
claramente por qué tiene que recogerlo explícitamente cuando hay
otros mecanismos para hacer que el Gobierno informe si es necesario;
es decir, que no entendemos bien el alcance del punto cuarto.
Finalmente, me referiré a la inclusión de dos nuevos puntos. El
primero diría que se defienda ante las instituciones comunitarias la
necesidad de que el artículo 299.2 del Tratado sea la base jurídica
única y común de
todas las medidas específicas que se adopten en favor de las regiones
ultraperiféricas, de acuerdo con el compromiso asumido por la
Comisión en su informe y con el contenido del propio artículo.
Coalición Canaria considera importante que se incluya este punto para
reafirmar que el artículo 299.2 sea la base jurídica única y común de
todas las medidas específicas a favor de las regiones
ultraperiféricas. También nos gustaría que se añadiese otro punto que
dijera que se coordinen las actuaciones con las de los otros dos
Estados con regiones ultraperiféricas -que todos sabemos que son
Francia y Portugal- ante la Comisión y el Consejo para lograr el
triple objetivo de, primero, una rápida adopción de todas las medidas
de desarrollo previstas en el informe de la Comisión; segundo, la
utilización exclusiva del artículo 299.2 como base jurídica y que
dicho artículo sea tenido en cuenta en todos los desarrollos
normativos que se adapten a partir de ahora o que requieran su
adaptación por este motivo en el futuro, y, tercero, que tengan
especial relevancia en las islas Canarias y en el resto de las
regiones ultraperiféricas. Creemos que todo ello supone una mejora
técnica.
Quiero terminar mi intervención, señor presidente, expresando el
deseo de Coalición Canaria de que podamos llegar a un acuerdo para
que esta proposición no de ley sea aprobada por unanimidad y que
sirva, como dijo el diputado proponente, señor Segura, entre otras
cosas, para hacer llegar al Parlamento Europeo el acuerdo que haya
tomado esta Comisión Mixta Congreso- Senado para la Unión Europea,
que creemos que es el marco adecuado para la defensa de este asunto
hoy aquí.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir la representante del Grupo
Entesa Catalana? (Denegaciones.)
A continuación corresponde al portavoz del Grupo Socialista fijar su
posición sobre las enmiendas que han sido presentadas. Le rogaría que
dado que han sido varias, procurase referirse concretamente a cada
una de ellas, a los efectos de precisar el texto.
El señor SEGURA CLAVEL: El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha
mantenido la posición en la Comisión Mixta Congreso-Senado para la
Unión Europea de búsqueda de esfuerzos que conduzcan a un acuerdo
unánime. En ese sentido nosotros estamos dispuestos a incorporar los
conceptos que a continuación paso a referenciar, que se integrarán en
el proyecto y modificarán algunas de las propuestas de resolución del
Grupo Socialista.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular aceptamos la
sustitución en el punto primero de nuestra resolución -que dice: con
la máxima urgencia-, por: con la diligencia oportuna. El resto del
texto quedaría igual, con lo cual definitivamente diría: La Comisión
Mixta Congreso Senado para la Unión Europea
insta al Gobierno para: primero, que con la diligencia oportuna
continúe acometiendo las actuaciones necesarias para impulsar la
negociación, adopción y puesta en marcha de las medidas de desarrollo
del artículo 299.2, conforme a las orientaciones manifestadas por la
Comisión en su informe y a las solicitudes formuladas en el informe
conjunto del Estado español sobre la estructura y contenido del
desarrollo del artículo 299.2 del Tratado de la Unión Europea de 7 de
noviembre de 1999 y a la resolución del Parlamento de Canarias del 17
de noviembre de 1999. Este texto, señor presidente, lo pasaré a la
Mesa dentro de unos minutos.
El punto segundo diría: Que agilice al máximo las actuaciones en
aquellos casos en los que las medidas vigentes expirarán -en lugar de
decir próximamente- el 31 de diciembre próximo. Esta propuesta ha
sido realizada por el Grupo parlamentario de Coalición Canaria y
además ha sido una de las cuestiones que ha defendido también el
Grupo Socialista. El resto del párrafo, naturalmente, ha perdido
virtualidad y se elimina.
El punto tercero quedaría redactado de la manera siguiente: Que los
referidos procesos se lleven a cabo con un espíritu negociador que
defendiendo con firmeza el derecho de Canarias a disfrutar de un
estatuto jurídico especial en el seno de la Unión Europea, sea lo
suficientemente flexible como para compatibilizar el contenido de
este régimen jurídico específico con la integridad y coherencia del
ordenamiento jurídico comunitario, produciendo las modulaciones que
sean necesarias para su mutua adaptación.
La propuesta de Coalición Canaria de añadir: al igual que las
correspondientes regiones ultraperiféricas de Francia y Portugal,
nosotros no la vamos a incorporar, porque si bien es cierto que
defendemos un estatuto global para las regiones ultraperiféricas, hay
una diferencia singular derivada de la ubicación geográfica, de la
cultura y de la situación política de cada una de las comunidades
calificadas como regiones ultraperiféricas dentro de cada uno de sus
países. Ese aspecto propuesto por Coalición Canaria no lo podemos
aceptar. Por lo tanto, quedaría redactado de acuerdo con la propuesta
recogida en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El punto cuarto, que dice que se remita a las Cortes Generales, en el
plazo de tres meses, informe detallado sobre la ejecución de los
contenidos de la presente proposición no de ley, nosotros lo
defendemos junto con el Grupo Popular. Es razonable, porque esta
Comisión es específica y singular y tiene la misión de hacer un
seguimiento de los temas comunitarios desde las Cortes Generales
españolas y un control de la labor del Gobierno español ante las
instituciones comunitarias. Eso es lo fundamental. Por ello nosotros
no aceptamos la enmienda de supresión presentada por Coalición
Canaria, se entiende desde la perspectiva parlamentaria. Sí que
estimamos coherente -y lo es con la mayor
parte de la intervención que este diputado ha tenido en la defensa de
esta proposición no de ley- la inclusión del párrafo que propone
Coalición Canaria, que dice que se defienda ante las instituciones
comunitarias la necesidad de que el artículo 299.2 del Tratado se ala
base jurídica única y común de todas las medidas específicas que se
adopten a favor de las regiones ultraperiféricas, de acuerdo con el
compromiso asumido por la Comisión en su informe y con el contenido
del propio artículo. Nosotros aceptamos su inclusión como segundo
párrafo del punto segundo, es decir, de la resolución número dos. En
coherencia con la defensa que el Grupo Socialista ha hecho, así como
con las circunstancias posteriores a la fecha de publicación de la
proposición no de ley, que fue el 18 de octubre de 2000, defendemos
este planteamiento, inspirador del contenido de los reglamentos, que
desarrolle la configuración de ese estatus de región ultraperiférica
para la comunidad canaria en el seno de la Unión Europea, en
desarrollo del reiterado artículo 299.2 del Tratado de la Unión
Europea, regulador de las regiones ultraperiféricas.
El señor PRESIDENTE: Deberíamos pasar a votar, pero me temo que no
hay quórum. (El señor Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)
Sí, señor diputado.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Pienso que de la misma forma que el
Grupo Socialista ha hecho el planteamiento de las enmiendas que
aceptan o no, tendríamos que intervenir también los demás grupos para
fijar nuestra posición sobre las enmiendas que aceptamos o no
aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Para eso están las votaciones.
BENÍTEZ DE LUGO:
El señor SORIANO Entonces no sabemos que enmiendas vamos a aceptar
o no.
El señor PRESIDENTE: Creo que el trámite al que se refiere el señor
diputado queda mejor encajado en la explicación de voto; es la propia
votación la que describe si se acepta o no se aceptan las enmiendas.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Con independencia de que el señor
Segura no se ha referido a la enmienda del Grupo de Coalición Canaria
al párrafo sexto, que no sé si se admite o no se admite, pienso que
tendríamos que conocer el texto que se va a votar; es lo mínimo que
tendríamos que saber, en función de las enmiendas que hayamos
aceptado los tres grupos, con lo cual yo rogaría, si lo tiene a bien
el señor presidente, cinco minutos de receso para que los tres grupos
podamos ponemos de acuerdo.
El señor PRESIDENTE: El receso es obligado en cualquier caso, señor
diputado, porque no tenemos quórum, y por otra parte es conveniente;
es bueno que las cosas obligadas sean convenientes porque así uno
olvida que son obligadas. Por tanto, podemos aprovechar las dos cosas
para conocer con más precisión el texto que vamos a votar. El receso
no puede ser de cinco minutos porque sería engañarnos a nosotros
mismos. En cinco minutos no va a haber un texto alternativo
y probablemente tampoco quórum. (El señor Segura Clavell pide la
palabra.)
Señor Segura, tiene la palabra.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, brevísimamente, para una
cuestión de forma y de orden. El grupo proponente es el Grupo
Parlamentario Socialista, que acepta determinadas enmiendas de
modificación que han propuesto otros grupos, y hay otras que no
acepta. Este interviniente acaba de leer textualmente todas y cada
una de las resoluciones; no obstante, en esos cinco minutos las
escribiremos.
El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene uste toda la razón del
mundo, pero probablemente el hecho de que haya acompañado su
explicación de consideraciones al respecto ha podido dificultar la
interpretación de cuáles eran las enmiendas que se aceptaban y cuáles
no. Creo que sería conveniente que en ese receso, por otra parte
obligado puesto que no podemos votar porque no tenemos quórum,
hiciese una relación de las enmiendas que acepta y las que no
aceptan, sin otras consideraciones que puedan nublar el entendimiento
para que cuando nos reunamos otra vez podamos votar con orden y
concierto.
Habida cuenta de que en estos momentos debe estar el ministro de
Asuntos Exteriores en Chequia esperando ser recibido por esta
Comisión y de que el quórum que no tenemos es consecuencia de que hay
un debate interesante en un grupo parlamentario, yo creo que debemos
darnos un tiempo en el que no incurramos en el ridículo de no tener
quórum otra vez. ¿Qué les perece a la una y media? (Un señor
diputado: Los senadores no pueden.) Entiendo los problemas de los
senadores,
que ¿no pueden esperar hasta las 12? (Varios señores
diputados: A las 12 menos cuarto.) De acuerdo. Votaremos a las 12
menos cuarto.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Ruego a los señores miembros de la Comisión
ocupen sus sitios, para proceder a la verificación del quórum y
realizar la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el texto de la
proposición no de ley, con las modificaciones que han resultado de
las aportaciones hechas por los intervinientes y que han sido a su
vez aceptadas por el grupo proponente.
Se levanta la sesión.
Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 27,
correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión el día 15 de
febrero último, en la página 580, segunda columna, líneas 38-41
-intervención del señor ministro de Asuntos Exteriores-, donde dice
«...las obligaciones derivadas del Tratado de Bruselas, modificando
concretamente la obligación de defensa mutua del artículo 5», debe
decir «las obligaciones derivadas del Tratado de Bruselas,
modificado, concretamente la obligación de defensa mutua del
artículo 5».