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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 22, de 18/12/2000
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2000 VII Legislatura Núm. 22
PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN MORANO MASA
Sesión núm. 6
celebrada el lunes, 18 de diciembre de 2000, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
- Comparecencia del señor presidente del Consejo General de la
Abogacía (Gay Montalvo) para informar acerca de la propuesta de
modificación de la Directiva del Consejo 91/308/CEE de 10 de junio de
1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente Congreso 219/000111 y
número de expediente Senado 713/000110) ... (Página 418)
- Comparecencia del señor Director general de la Policía (Cotino
Ferrer) para informar acerca de las medidas contra el incremento del
narcotráfico. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente Congreso 212/000288 y número de expediente Senado 713/
000107) ... (Página 426)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACÍA (GAY MONTALVO) PARA INFORMAR ACERCA DE LA PROPUESTA DE
MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 91/308/CEE, DE 10 DE JUNIO
DE 1991, RELATIVAA LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 219/000111 y
número expediente Senado 713/000110)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se inicia la sesión de la Comisión
mixta para el estudio del problema de las drogas.
El primer punto del orden del día es la comparecencia del presidente
del Consejo General de la Abogacía para informar acerca de la
propuesta de modificación de la Directiva del Consejo 91/308/CEE, de
10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales.
Damos la bienvenida a don Eugenio Gay, presidente del Consejo General
de la Abogacía, quien tiene la palabra.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LAABOGACíA (Gay Montalvo):
Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero darles las
gracias por esta invitación para participar en esta Comisión mixta
para el estudio de los problemas de las drogas. De una forma muy
breve voy a exponer cuáles son, a grandes rasgos, las causas que han
movido en estos momentos a los órganos de la Unión Europea a una
modificación de la Directiva 91/308, del Consejo, de 10 de junio de
1991, para someterme después a las preguntas que ustedes deseen
formularme sobre ella y, más concretamente, respecto de la posición
tanto de la abogacía europea como española en relación a esta
directiva.
En su momento, mediante la Directiva 91/308, se pretendió un ámbito
de aplicación de la persecución del blanqueo de capitales a todas las
entidades de crédito y
financieras, de manera que con esa directiva se levantaba el secreto
bancario hasta entonces guardado celosamente por estas entidades de
crédito y financieras. De esta forma se pretendía no sólo un control
sobre el movimiento de los capitales, sino también el descubrimiento
de los infractores de estas medidas que, en definitiva, eran
delincuentes internacionales, porque, si bien es cierto que la
globalización nos aporta un nuevo mercado y unas relaciones mucho más
amplias, también lo es que va permitiendo un nuevo tipo de
delincuencia y la sociedad debe organizarse para evitar este delito
que empieza a ser preocupante a nivel internacional.
Curiosamente, esta directiva sólo menciona el tráfico de
estupefacientes como delito subyacente al blanqueo de dinero, cuando
entiendo yo, y entiende gran parte de la profesión que represento en
estos momentos, que hay otro tipo de blanqueo de dinero procedente,
por ejemplo, del tráfico de armas, del de menores o de la
prostitución, llevado a cabo por redes organizadas internacionalmente
tan peligrosas o más que el uso de los estupefacientes y su libre
circulación. Lo cierto es que en esta directiva no se dice nada sobre
el tráfico de armas y su blanqueo y sí se menciona el tráfico de
estupefacientes como delito subyacente al blanqueo de dinero.
Los esfuerzos de la directiva deberían obtener excelentes resultados,
pero lo cierto es que tanto los informes sobre el blanqueo de
capitales elaborados en su día por el Grupo de Acción Financiera
Internacional -el GAFI- como el informe mundial sobre la droga -el
PNU-FIT- han puesto de manifiesto que la directiva ha tenido un
efecto exclusivamente preventivo, puesto que los blanqueadores han
ido buscando otros sectores en los que llevar a cabo sus actividades
ilícitas. Precisamente por este motivo, la Comisión presentó una
propuesta de modificación de la directiva, entre cuyos puntos se
establece el de extender el ámbito de aplicación a diversas
actividades profesionales no financieras. En el artículo 2 bis.5 y en
los artículos 6.2 y 6.3 -concretamente, en los párrafos uno y dos- se
hace una referencia explícita a las profesiones jurídicas que se
desempeñan de forma libre e independiente, y concretamente a los
abogados. En la primera lectura de este proyecto de directiva, el
Parlamento encontró que la regulación propuesta por la Comisión, si
bien era razonable, no respetaba plenamente algo tan importante como
el secreto profesional y, por tanto, tampoco el derecho de defensa de
los ciudadanos consagrado por
los textos constitucionales de los Estados europeos y por una larga
tradición garantista de nuestros países. El abogado que,
naturalmente, tiene como función principal la defensa de los
intereses jurídicos de su cliente desde la independencia y también el
asesoramiento jurídico, debe llevarla a cabo protegido por el secreto
profesional.
En las discusiones que se vienen teniendo desde hace bastantes años
sobre la directiva de blanqueo de capitales la abogacía ha mantenido
una postura de aceptación de la persecución del delito desde todas
las instancias, garantizando siempre el derecho a la defensa y al
asesoramiento jurídico pero comprendiendo al mismo tiempo que, hoy en
día, los abogados no tienen exclusivamente estas dos funciones sino
que participan también en la administración de capitales y en otros
ámbitos del mundo comercial. La abogacía institucional considera que
el secreto profesional no debería estar comprendido y que nos afecta,
como a todos los ciudadanos, el auxilio a las autoridades judiciales
y la puesta en conocimiento de las instituciones encargadas de la
persecución de la delincuencia de la posible comisión de un delito
del que han llegado a saber a través de las relaciones que puedan
tener con personas a las que asesoran fuera del ámbito estricto de la
defensa o del asesoramiento jurídicos tal como están comprendidos en
nuestra Constitución y en nuestros textos legales vigentes.
La verdad es que el principio del derecho de defensa, que se basa en
la independencia, en el secreto profesional y en la confidencialidad,
ha tenido una importancia absolutamente capital y ha sido, como
decía, uno de los avances más importantes del Estado de derecho: la
presunción de inocencia ha pasado de ser de una presunción iuris
tantum a convertirse en un precepto constitucionalizado, como es el
derecho a no declararse culpable.
La utilización de los abogados para el conocimiento del delito ha
sido una práctica enormemente extendida a través de los siglos,
vigente hasta hace muy poco en la misma Europa, y aún hoy utilizada
en algunos países, desgraciadamente, mediante la cual se persigue
todo tipo de acto contrarios a los poderes de facto establecidos en
los diferentes Estados independientes, que no siempre libres, que
hacen gala de este absoluto desprecio al derecho de los ciudadanos a
su defensa y a su presunción de inocencia.
En este sentido, la abogacía institucional, tanto el CCBE, que es el
Consejo de los colegios de abogados europeos, que agrupa a los
diferentes consejos generales de la abogacía europea, como la
Federación de Colegios de Abogados de Europa, que vendría a ser la
asamblea de este consejo, es decir, la que agrupa a los colegios de
abogados, como nuestro propio Consejo General de la Abogacía Española
se han manifestado en idéntico sentido y hemos mantenido numerosas
reuniones, una de las cuales, quizá la más importante, en un inicio
fue en Roma entre los órganos del CCBE y de la Federación de Colegios
de Abogados de Europa, en la
que la abogacía, después de una larga discusión, y por supuesto de
diferentes puntos de vista, dejó sentados estos principios a los que
me refería hace un momento: el secreto profesional y la
confidencialidad deben amparar lo que es el derecho de defensa y todo
lo que hace referencia al asesoramiento jurídico cuando lo que se va
a consultar es sobre los derechos de los ciudadanos, y no debe
abarcar al abogado cuando no actúa como tal por ejemplo, cuando
administra patrimonios, cuando ayuda a su cliente en labores no
propiamente de asesoramiento o de defensa, sino de posibilitarle, de
alguna manera, el tráfico mercantil y el tráfico de su actividad
comercial. En este sentido, creemos que debe ser tratado, como les
decía, exactamente igual que cualquier otro ciudadano o cualquier
otro profesional.
Junto con estas declaraciones -de las cuales para nosotros es
especialmente importante la del Consejo General de la Abogacía
Española- existe también una declaración conjunta efectuada por los
presidentes de los consejos generales de la abogacía alemana, suiza,
austríaca y holandesa en la que se manifiestan también ante el
Parlamento Europeo por mantener el secreto profesional en todas las
actuaciones de los abogados en general. Vale la pena decir que en
algunos de estos países los abogados tienen como función reconocida
precisamente la de administración de patrimonios, cosa que no está
especialmente reconocida en nuestro país como una característica
típica de nuestra profesión.
La postura del Parlamento Europeo creo que es inteligente porque,
siendo conscientes de la gravedad del problema del blanqueo de
capitales, es también absolutamente sensible al derecho de defensa y
a los avances de los Estados democráticos y de derecho en cuanto a lo
que representa este derecho. En ese sentido, ha efectuado una serie
de observaciones al texto, concretamente al artículo 16, que todavía
no han sido oficialmente traducidas y que, por tanto, están
exclusivamente en francés y en inglés, en las cuales advierte que las
informaciones recibidas del cliente, las obligaciones previstas por
la presente directiva no deben aplicarse a los abogados
independientes o a los gabinetes jurídicos o miembros de tina
profesión jurídica reglamentada cuando dan los consejos jurídicos a
título independiente o están encargados de representar a un cliente
en un procedimiento judicial.
Cuando se refiere concretamente al punto 5 del artículo 2 bis de la
directiva, que hace referencia a notarios y otros miembros de
profesiones jurídicas independientes, siempre que representen o
asistan a clientes en el cuadro de las siguientes actividades (pone:
la compra y venta de bienes inmuebles, de empresas comerciales,
manipulación de dinero, de títulos u otros activos, la apertura o
gestión de cuentas bancarias, constitución, gestión o dirección de
sociedades, de fiducias, etcétera, ejecución de otras actividades
financieras) y los notarios y miembros de profesiones independientes,
consistentes en actividades de consejo jurídico o fiscal, y los
auditores, así como sus empleados,
que representan a los clientes en el cuadro de las siguientes
actividades, y repite estas actividades, pero salva lo que son
propiamente abogados y sus despachos profesionales, siempre que
naturalmente sea en relación con los datos que se aporten para el
consejo jurídico a título independiente o también encargados del
procedimiento judicial; es decir, no sólo en el momento del
procedimiento judicial, que es comprensible, sino también en el
consejo jurídico en un momento determinado en el que el cliente puede
encontrarse frente a una seria duda sobre cuál es su situación o el
estado en el que se puede encontrar en un momento determinado.
Luego, pasando a los temas prácticos, veremos cómo realmente el
ciudadano puede encontrarse en momentos determinados ante un serio
problema y tener la necesidad de descargar ese problema haciendo la
confidencia a un abogado para saber exactamente cuál es su situación
y poder, por una parte, proteger sus derechos y, por otra parte,
coadyuvar a la administración de la justicia en la persecución de los
delitos.
En grandes líneas esta sería la postura -si ustedes lo desean, luego
puedo leerles algunos de estos documentos- que he expuesto, creo, de
forma sintetizada y con bastante precisión, porque todos estos
documentos van en la misma línea y centran el punto exactamente en el
derecho de defensa y en la defensa, naturalmente, de la
confidencialidad y del secreto profesional.
La abogacía española, por su parte, acaba de aprobar -entró en vigor
el día 1 de octubre- y publicar el nuevo código deontológico que se
adapta más a las circunstancias actuales. Este código deontológico
tiene una exposición de motivos o preámbulo muy explicativo y claro
de por qué se presenta en la forma en que se presenta en estos
momentos y cuáles son, naturalmente, los motivos y los razonamientos
que nos han hecho modificar los textos anteriores.
En este nuevo código deontológico ponemos especial énfasis en el
secreto profesional y en la independencia, pero también introducimos
algo que para nosotros es absolutamente imprescindible, que es la
necesidad de tener claramente diferenciadas las contabilidades de los
despachos de abogados de las contabilidades de nuestros clientes y la
responsabilidad en el manejo de fondos ajenos. De alguna manera hemos
adelantado el código deontológico a lo que sería esa aspiración de la
directiva comunitaria respecto de la obligación que tienen los
abogados, no sólo de mantener la independencia respecto de sus
clientes sino de no participar en los negocios de éstos, es decir, de
no ser un alter ego de su cliente sino su defensor y su asesor. Esto
es algo que ya está en el propio Digesto pero que con los años a
veces se olvida y, como decía el poeta, las cosas no se han dicho
naturalmente por primera vez pero conviene repetirlas para que nos
acordemos.
La deontología que ha caracterizado a la profesión de abogado desde
siempre ha puesto de manifiesto que
nosotros debemos actuar con absoluta independencia respecto de
nuestros clientes y, por supuesto, obligados por el secreto
profesional y la confidencialidad para permitir un juicio justo y de
esta manera garantizar los derechos, pero también los intereses
jurídicos, de los ciudadanos puestos en controversia. En esta nueva
realidad nos encontramos y, probablemente, a finales de enero entrará
otra vez en el Parlamento Europeo para la segunda lectura el nuevo
texto de la directiva, que Ecofin acabó dejando sentada de una manera
bastante ambigua, para que pueda efectuar sus observaciones o
reiterarse en las que ya efectuó en la primera lectura. En cualquier
caso, la decisión no pasará por el Parlamento Europeo hasta finales
de marzo o principios de abril.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la diputada doña Carmen Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias señor presidente del Consejo General
de la Abogacía por haber acudido a la petición de comparecencia
motivada por la discusión en Europa de la propuesta de modificación
de la Directiva de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de
la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.
Esta directiva se incorpora en España mediante la Ley 19/1993, de 28
de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención de blanqueo de
capitales. La ley española va más allá en cuanto a los sujetos
obligados que la propia directiva establece, como seguramente
conocerá, e incorpora alguno de los sujetos obligados que hoy esta
propuesta de modificación ve como necesarios incorporar como, por
ejemplo, notarios, anticuarios, casinos, joyeros, etcétera. La
prevención del legislador en el año 1993 era incluir a esos sujetos
obligados que entonces la directiva no obligaba. Como resultado de
esta incorporación están obligados todos estos sujetos, a pesar de
que este Gobierno ha hecho escaso seguimiento de los mismos, y el
Servicio Ejecutivo de Prevención, el Sepblac, está prácticamente
inoperante. Pero tan sólo se ha puesto en marcha en este período una
regulación mínima para las oficinas de cambio y la circular para los
notarios que, como bien sabe, especifica las circunstancias en las
que tienen que pronunciarse con respecto a estos temas.
Si le solicitamos la comparecencia, lo hacemos por la petición de
coordinadoras de lucha contra la droga en la comarca por la que soy
diputada, el Campo de Gibraltar, que sufren la cercanía del paraíso
fiscal de Gibraltar. Pero, por supuesto, no me limito a este ámbito,
porque esta cuestión se está discutiendo no solamente en España, sino
también en el ámbito europeo y es hoy día un problema de crucial
importancia para todos los gobiernos que están interesados en seguir
el circuito del dinero sucio que ha provocado, y que sigue provocando
hoy, grandes movimientos financieros que llegan incluso a equiparse a
los presupuestos de los
Estados. Hay organismos internacionales a los que no vamos a hacer
referencia porque mi intervención de hoy debe ser corta y precisa,
pero sí es cierto que desde la Convención de Viena del año 1988 la
persecución de los tráficos ilícitos, no solamente del narcotráfico
sino también del dinero sucio que los soporta, ha llegado a ser la
preocupación máxima de los gobiernos.
Por lo anteriormente expresado, su presencia aquí hoy nos puede ser
muy útil para avanzar en la colaboración de las profesiones jurídicas
en la tarea que legisladores de todo el mundo, y especialmente los
del ámbito europeo, tienen hoy sobre la mesa. La propuesta de julio
de 1999 extiende el ámbito de colaboración a algunos de los sujetos
que ya están incorporados en España, pero especialmente a los de
ámbito jurídico y fiscal, los notarios y algunas otras profesiones a
las que anteriormente me he referido. La directiva obliga a estos
profesionales de ámbito jurídico porque son profesiones susceptibles
de ser utilizadas para la prevención del blanqueo de capitales. El
concepto se incluyó también en la ley de prevención de las llamadas
sustancias precursoras, para las que es obligatorio tener un
registro, y empresas de importación y exportación están obligadas a
comunicar a ese registro los flujos que no son habituales. Eso, por
supuesto, no debe hacer pensar que los farmacéuticos que están
obligados por esta ley sean delincuentes, pero el hecho de que la
profesión pudiera ser utilizada para generar un incremento en
importación y exportación de sustancias que pudieran ser utilizadas
después para la elaboración de drogas sintéticas, etcétera, hace
pensar que es precisa la colaboración de determinadas empresas y, en
este caso también, de la profesión farmacéutica.
El considerando 24 de la directiva dice que sería improcedente
imponer a los abogados o bufetes de abogados independientes la
obligación de notificar cualquier sospecha de blanqueo de capitales
cuando representen a clientes en una acción judicial. Se delimita
expresamente en qué casos se pide la colaboración a los profesionales
de la abogacía, es decir, no cuando ejercen la defensa de su cliente,
en cuyo caso es obligado el secreto profesional. Es una garantía,
como es lógico, de los derechos constitucionales. Esa garantía que
ahí se plantea aparece después plasmada en la directiva cuando se
establecen los supuestos en los que las profesiones de ámbito
jurídico tendrían que colaborar. Estos supuestos son los cinco que
indica la directiva: compra-venta de bienes inmuebles, gestión de
fondos o valores, apertura y gestión de cuentas bancarias, creación,
explotación y gestión de empresas y ejecución de cualesquiera otras
transacciones financieras. No los he leído al pie de la letra, pero
estos son los cinco supuestos en los que se incluye a notarios y a
otras profesiones independientes del ámbito jurídico cuando asistan o
representen a clientes en los tipos de operaciones que se señalan.
Yo creo que está bastante clara la delimitación de los supuestos de
asistencia o representación en los cuales se pide la colaboración de
esas profesiones de ámbito jurídico. Es cierto que quedan dudas,
evidentemente, porque, como bien ha expresado en su comparecencia,
incluso en estas tareas de asistencia o de representación hay
supuestos en los que, evidentemente, no son susceptibles de ser
blanqueadores de dinero. Cualquier compra-venta de un bien inmueble a
título individual y por cuyo asesoramiento un abogado recibe unos
honorarios podría ser un supuesto que no es lógico que estuviera
incluido en una directiva de esta naturaleza. Por esa razón es por la
que el informe del Parlamento Europeo especifica aún más los
supuestos en los que estas profesiones de ámbito jurídico deberían
ser colaboradoras y excluye a ese tipo de asesoramiento
independiente. Yo creo que avanzamos más en esa línea, pero el debate
que se está produciendo, desde nuestro punto de vista, no es
clarificador y debería serlo, puesto que el objetivo de todos los
ciudadanos es que los problemas que están sobre la mesa se
solucionen, y que, además, se solventen con la colaboración de todas
aquellas profesiones o instituciones que pudieran ser susceptibles de
ser utilizadas para el blanqueo de capitale.
Por tanto, cuando ponemos sobre la mesa la polémica sobre el secreto
profesional, tal vez no estemos acertando en el tipo de polémica,
porque la directiva establece bien que ésa no es la cuestión, que
sería improcedente que, en el caso de la defensa del cliente, los
profesionales de la abogacía tuvieran ese deber de colaboración.
Por lo tanto, son otros supuestos que, como muy bien ha expresado el
presidente, el propio Código Deontológico incorpora, y son aquellos
supuestos en los que los abogados realizan otro tipo de actuaciones.
Lo que ocurre con ese otro tipo de actuaciones es que pudiera darse
cobertura a determinadas actuaciones que pudieran ser susceptibles de
estar blanqueando dinero de procedencia oscura. El propio Código
Deontológico lo recoge así en España. ¿Qué querría decir esta
inclusión? Que la colegiación pudiera estar en una zona ambigua, que
habría que definir o, al menos, que los propios colegios de abogados
deberían tener una especial vigilancia en ese tipo de actuaciones.
¿Qué dice la directiva, además? Que las autoridades deberían
colaborar en los procedimientos que fueran de comunicación a los
órganos competentes. Dice la directiva en el considerando 25 que
deberá autorizarse a los Estados miembros a designar al Colegio de
abogados u otra organización profesional de abogados como autoridad
responsable que tramitaría las notificaciones y su posible
transmisión a las autoridades judiciales, en este caso al Sepblac que
es el Servicio ejecutivo de prevención de blanqueo; es decir, son los
colegios de abogados los que se supone que tendrían que ser los
colaboradores que transmitieran esa información. En el caso de las
instituciones financieras, la obligación es muy
estricta, porque incluso se deben abstener de hacer transacciones que
pudieran ser sospechosas y que deben comunicar al Servicio de
blanqueo sin que el cliente tenga conocimiento de que esa transmisión
de información se está produciendo. Lo que ocurre con la profesión de
la abogacía es que, si son los colegios de abogados los que tienen
que transmitir esa información, ahí se plantea un deber de
colaboración, que es justamente el debate que creo hoy debería tener
la profesión jurídica en España, porque no estamos hablando del
ejercicio de la defensa de un cliente, sino de otras zonas ambiguas
en las cuales deberíamos ser específicamente vigilantes.
Yo querría citarle algunos casos que rozan los supuestos que
establece la directiva pero especificándolos más. Por ejemplo, cuando
en los despachos de abogados se domicilian sociedades instrumentales
de cuyos fondos se podría sospechar que tienen origen ilícito; cuando
los abogados son los administradores únicos de dichas sociedades;
cuando los abogados tienen relaciones societarias con este tipo de
sociedades instrumentales o con otras sociedades cuyos fondos puedan
no ser claros, y otros supuestos nuevos que pueden estar planteándose
y para los cuales la profesión de la abogacía debería ser
especialmente vigilante, como lo ha sido cuando en el código
deontológico se señala que en ese otro tipo de actividades
mercantiles el profesional de la abogacía se comporta como un
ciudadano cualquiera. Se comporta como un ciudadano cualquiera, pero
es colegiado y, al ser colegiado, está en el ámbito del colegio de
abogados. El propio código deontológico dice que, cuando se producen
situaciones ambiguas, el bufete debería remitirse al decano para que
éste le aclarara en qué términos tendría que solucionar las
situaciones que pudieran planteársele. Luego estamos hablando de esos
supuestos, estamos hablando de colegiados que pudieran estar
utilizando la profesión como cobertura. Claro que no estamos hablando
de la inmensa mayoría de los profesionales que se dedican a esa
profesión, pero sí estamos hablando de algunos casos que se están
dando en algunas zonas o en algunos supuestos concretos.
Por último, quería hacerle algunas preguntas. Por ejemplo, ¿el
Consejo General de la Abogacía ha iniciado investigaciones acerca de
los bufetes de la Costa del Sol, de Cádiz, que tienen la
domiciliación de esas sociedades instrumentales? ¿En qué supuestos se
da la incorporación de estos abogados a estas relaciones societarias
y qué tendrían que ver estas actividades mercantiles o financieras de
estos titulares de bufetes con la defensa de los clientes y el
secreto profesional?, porque no parece que tengan nada que ver con
estos supuestos. En este caso pensamos que el informe del Parlamento
en esa lectura acierta más en la definición de ese ámbito y
quisiéramos saber si el Consejo General de la Abogacía suscribiría
ese texto del Parlamento. Porque entonces creo que estaríamos
verdaderamente
en el ámbito en el que deberíamos avanzar y deberíamos conseguir la
colaboración de los profesionales de la abogacía, como sin duda hemos
conseguido la colaboración de los notarios y como estoy convencida de
que seguiremos consiguiendo la colaboración de todas aquellas
instituciones o profesiones que pudieran ser susceptibles y para las
cuales deberíamos estar vigilantes todos los ciudadanos de este país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA (Gay
Montalvo): Muchas gracias, señora Romero, por su intervención. Voy a
intentar responderle a las preguntas y también manifestarme sobre los
comentarios que ha estado efectuando tan acertadamente.
Como presidente del Consejo General de la Abogacía española puedo
decirle a usted, y creo que sin equivocarme en este aspecto, que la
situación de esos abogados a los que usted se ha referido últimamente
y ese tipo de ejercicio de la profesión está clarísima. El abogado
que domicilia en su despacho una determinada sociedad no está
actuando como abogado, está actuando como otro tipo de profesional y
probablemente profesional del derecho, pero no estrictamente como un
abogado en cuanto al derecho de defensa o al asesoramiento jurídico
en concreto. Está facilitando a su cliente una serie de servicios que
van más allá de lo que es el ejercicio estricto de la profesión.
En cuanto a aquellos abogados que no solamente facilitan a sus
clientes el domiciliar una sociedad, que estaría dentro de lo normal,
sino que al ser una sociedad instrumental sirve para delinquir y para
blanquear capitales, hay que decir que no están actuando como
abogados sino como ciudadanos y, en estos casos, como delincuentes;
en estos casos el abogado es un delincuente, no es un abogado. Esto
lo han dejado claro el Consejo General de la Abogacía y los colegios
de abogados. Ciertamente, el código deontológico, al que usted hacía
referencia y también yo me he referido en mi primera intervención, ha
dejado clarísimo cuál es la función deontológica de los abogados: el
estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente. Nosotros, lo
primero que hacemos es jurar la Constitución y el resto del
ordenamiento jurídico vigente. Por tanto, no podemos ejercer el
derecho de defensa más allá de lo que son los límites del Estado de
derecho; siempre me estoy refiriendo al Estado de derecho. La
abogacía sí que fuerza, y debe hacerlo, las estructuras de aquellos
Estados que no son de derecho precisamente para conseguir una
verdadera justicia. Así lo ha demostrado la abogacía a través de los
tiempos y lo sigue demostrando en los países en que no hay un Estado
de derecho; en un Estado de derecho queda claro que el abogado debe
someterse en todas sus actuaciones al ordenamiento
jurídico vigente. En ese sentido, la abogacía ha sido especialmente
escrupulosa en delimitar los ámbitos y no son pocos los expedientes
disciplinarios que se han iniciado; personalmente puedo decirle que
yo, como decano que fui en su día del Colegio de Abogados de
Barcelona, tuve que incoar muchos expedientes disciplinarios en un
momento dificilísimo y no fueron pocas las confidencias que efectué
al entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
por hechos que eran públicos y notorios y sobre los cuales el
entonces decano del Colegio de Abogados de Barcelona, que hoy tiene
el honor de hablarles, hizo manifestaciones públicas y dejó de
asistir a actos en los que intervenían personajes, abogados y
magistrados, cuyo comportamiento resultó ser no solamente ilícito
sino absolutamente criminal. En ese sentido no dejé de manifestarme
públicamente.
Respecto a aquellas cuestiones en las que tengo competencia como
presidente del Consejo General de la Abogacía española, tampoco ha
habido una sola situación que haya trascendido a los medios de
comunicación o que haya sido más o menos pública en cuanto a la
intervención de abogados o decanos que han formado parte de juntas de
gobierno en las que no se hayan abierto expedientes disciplinarios y
se hayan seguido hasta donde se nos ha permitido seguir, e incluso
algunos de ellos han sido después archivados, déjenme que les diga
que por mi parte incomprensiblemente. Lo cierto es que la abogacía no
tiene la menor duda en situarse de parte de la legalidad vigente y en
contra del delito, y así actúan los colegios de abogados en general.
Respecto a nosotros hemos efectuado investigaciones sobre los
despachos que se establecen en la Costa del Sol, en Cádiz o en
Marbella, debo decirle que los colegios de abogados no inician
investigaciones sobre esos despachos, pero sí es verdad que si
existen denuncias efectuadas por otros compañeros o por ciudadanos
respecto del comportamiento de alguno de esos despachos
inmediatamente se abren diligencias, de la misma forma que se abren
diligencias en el momento en que son denunciados o publicitados a
través de los medios de comunicación determinados hechos; los
colegios de abogados abren también diligencias informativas
inmediatamente y, si están intervenidas por la Administración de
justicia, quedan en suspenso hasta que éstas no finalizan, pero las
diligencias se abren inmediatamente.
También quisiera decirle que es verdad que en estos momentos la
cuestión no es el secreto profesional -estoy de acuerdo con usted-
pero también es verdad que se puede convertir en el tema principal si
el secreto profesional está en peligro; entiendo que puede estar en
peligro cuando la relación es ambigua o no es clara. Creo que el
texto de la directiva, en la forma en que viene expuesto, deja
exclusivamente al ámbito del derecho de defensa en el momento en que
se está en el procedimiento, pero no queda claro que no lo sea
también antes. Es evidente que en muchísimas ocasiones el
cliente acude angustiado al abogado manifestándole una situación en
la que se encuentra que merece la atención, el secreto y la
discrecionalidad, que luego puede aparecer como cuestión en el juicio
pero que puede no llegar a aparecer, depende de su actuación. Si la
actuación del abogado en ese caso es la de ocultar el delito y ayudar
a su cliente a borrar las huellas del mismo, el abogado está
contraviniendo el ordenamiento vigente y está delinquiendo. Si lo que
hace el abogado es poner en conocimiento del cliente su situación,
advertirle de los riesgos y aconsejarle qué es lo que debe hacer,
entonces, naturalmente, el cliente ha de tener la certeza y la
seguridad de que está confiando en un profesional. En este sentido se
pueden poner infinidad de ejemplos, pero lo cierto es que el secreto
profesional ha abarcado desde siempre no sólo la actuación ante los
tribunales sino la confidencia del cliente respecto del problema que
expone a su abogado.
El punto 5.o del artículo 2 bis establece cinco supuestos clarísimos
en el tema del abogado o el profesional del derecho en estos casos.
Es verdad que algunos de ellos son especialmente difíciles de
detectar, aunque sí que pueden levantar sospechas serias, sobre todo
en esas operaciones a distancia en las que no conoces quién va a ser
exactamente el cliente puesto que existen personas interpuestas que
te piden la constitución de unas sociedades en las que invertirán
miles de millones de pesetas y que te piden que organices la
operativa para el desembarco de ese dinero. Naturalmente, si el
desembarco de ese dinero no responde a un fin comercial claro existe
una sospecha de que algo extraño está ocurriendo. El abogado ha de
ser especialmente cauteloso porque incluso puede estar siendo
engañado y, a la larga, puede cometer una acción de la que él no
tiene absoluto conocimiento. Esto ha ocurrido desde siempre. Es
decir, el abogado siempre tiene una cierta sospecha de que el
cliente, en ocasiones, o no le dice la verdad o no acaba de explicar
la realidad de los hechos. Por eso en las diferentes intervenciones
que tiene con su cliente en las consultas y las visitas, poco a poco
intenta descubrir qué es lo que hay detrás de aquello para darle una
solución jurídica. Si descubre que lo que existe es un blanqueo de
dinero o un blanqueo de capitales, al estar en el mundo de la
confidencia, el abogado debe rechazar llevar ese asunto. Este sería
el caso límite. Aquí se plantearía si el abogado debe ponerlo en
conocimiento de la policía o no debe ponerlo en conocimiento de la
policía. Creo que ese es el caso verdaderamente límite: cuando el que
le viene a pedir el consejo es claramente una persona con intención
de delinquir. En los otros supuestos creo que la situación es mucho
más clara y queda protegido por el secreto profesional. Por eso, a
pesar de que existen algunos consejos generales de la abogacía
europea que consideran que la lectura que hace el Parlamento Europeo
aún es excesivamente ambigua, la abogacía española comparte el
criterio y la opinión del Parlamento Europeo y ha mostrado su
conformidad con ese texto, y así lo ha
manifestado en una declaración que hizo el Consejo General de la
Abogacía Española, a través de la Comisión de Ordenación el 14 de
diciembre de 1999, en la que, haciendo las advertencias y las
salvedades a las que ahora me he referido, considera que esa sería la
línea.
Qué duda cabe que también es verdad -y yo lo puedo decir como decano
que he sido en ejercicio-que muchos abogados confían al decano
situaciones gravísimas, absolutamente dramáticas, con las que se
encuentran en sus despachos, y en ocasiones el decano habla
personalmente con el fiscal jefe, en otras ocasiones les indica que
bajo ningún concepto pueden desvelar el secreto profesional, y en
otras ocasiones son simplemente angustias que padece quien ejerce
esta profesión, por otra parte tan noble y tan antigua pero tan
difícil, aunque no lo parezca. La verdad es que la modificación de la
Directiva del año 1991 fue muy bien traspuesta e interpretada por la
Ley 19/1993, a la que hacía referencia, porque percibió que no
solamente participan en el blanqueo de capitales procedentes de
narcotráfico las entidades financieras o bancarias, sino que hay
profesionales que tienen una muy clara y especial participación en
ello, y serían estas profesiones o estos oficios a los que se
refería. También estamos nosotros, pero nuestra presencia ha de ser
tratada por el legislador con una muy especial sensibilidad, porque
abrir una puerta que represente una brecha en el derecho de defensa y
en la presunción de inocencia es peligrosísimo. Cuando el abogado
asesora y defiende a sus clientes ha de estar obligado, y la sociedad
ha de proteger no al abogado sino al ciudadano, con el secreto
profesional. Lo que pasa por nuestros despachos es la vida misma, y
el conocimiento que tenemos los abogados de las interioridades de las
personas, de sus negocios y de su relación social es absoluto. Por
tanto, desvelar todo eso sería tanto como desnudar de repente a la
sociedad, y creo que no es bueno poner en riesgo un derecho tan
importante y un avance tan enorme del Estado de derecho. Ahora bien,
aquellos profesionales que voluntariamente y con un ánimo evidente de
lucro no aceptan las reglas de la legalidad ni de la deontología, y
se amparan en sus conocimientos técnicos para ayudar a delinquir,
tienen que ser erradicados de la profesión, por una parte, pero
también no ser considerados como abogados. Creo que la lectura que
hace el Parlamento Europeo de esta figura es acertada y me inclinaría
por esta clara postura más que por la de la directiva de
establecimiento, tal como lo ha determinado el Ecofin. Entiendo que
es tentador para las autoridades económicas y para la policía que los
abogados ejerzamos de policías, pero eso sería tanto como dejar
desprotegido un derecho fundamental, como es el secreto profesional,
la confidencialidad y la presunción de inocencia de los ciudadanos.
No sé si he contestado a todas las preguntas.
La señora ROMERO LÓPEZ: ¿Me permite, señor presidente?
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Romero, pero con muchísima brevedad.
La señora ROMERO LÓPEZ: Con muchísima brevedad, aunque me parece
obligado establecer en esta polémica la distinción entre lo que es la
persecución del delito y el ámbito preventivo. Esta directiva es
preventiva, no es de ámbito penal y, por tanto, cuando yo le he
preguntado si el Consejo General de la Abogacía había iniciado alguna
investigación sobre cuántos bufetes de la Costa del Sol tenían
domiciliación de sociedades se lo preguntaba a efectos preventivos.
Es decir, si los colegios de abogados han iniciado una simple
estadística para saber en qué bufetes se están produciendo esas
figuras que pertenecen a esa zona ambigua, desde luego no desde el
ámbito de la persecución de ningún delito, porque lógicamente no son
los colegios de abogados los instrumentos para ello; pero es
importante que desde el punto de vista de los colegios de abogados se
hiciera un estudio para saber en qué situaciones pueden encontrarse
algunos despachos de abogados a efectos de conocer que hay alguna
figuras que son ambiguas y que tampoco recoge el código deontológico.
En eso no ha avanzado el código deontológico; ha sido el último punto
y un poco ambiguo. Si hubiera avanzado más en ese campo,
probablemente hubiera sido también un llamamiento a que la propia
profesión de la abogacía desestimara determinadas actuaciones, pero
no está recogido en el código deontológico. Por eso es por lo que yo
le hacía la pregunta de si había un estudio para saber en
determinadas zonas cuándo se están utilizando esas figuras a efectos
preventivos. Porque si no distinguimos lo que es el ámbito preventivo
de lo que es el ámbito penal, nunca avanzaremos en lo que es ahora
todo ese ámbito de colaboración europeo para prevenir este delito de
blanqueo de capitales. Si seguimos estableciendo la confusión entre
el ámbito preventivo y el ámbito penal, probablemente no sólo no
avanzaremos sino que no estaremos acertando en poner sobre la mesa
cuál es el auténtico debate, que no es el secreto profesional ni la
defensa del cliente, es otro debate que pertenece al ámbito
preventivo. Por tanto, se pide la colaboración de los colegios de
abogados hacia el Sepblac, que es el servicio de prevención, y es un
mecanismo absolutamente distinto del penal. Es un mecanismo previo.
Tenemos que acertar también en colocar el debate en ese mecanismo
previo, porque si no acertamos en eso entonces estaremos confundiendo
a la opinión pública y no iremos hacia la desaparición de esas
figuras que están en esa zona ambigua y que están provocando hoy el
que en determinadas zonas se diga: esto se ha hecho desde siempre y
esto lo hacen todos, porque ese no puede ser el argumento.
El señor PRESIDENTE: Ahora le correspondería el turno a Convergència
i Unió, pero se ha disculpado el senador don Jaume Cardona i Vila
porque está atendiendo a otras actividades parlamentarias. En conse
cuencia,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don
Jesús Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Intervendré con muchísima brevedad. Quiero
empezar agradeciendo a don Eugeni Gay su presencia hoy aquí para
explicarnos el punto de vista de los abogados españoles en cuanto a
la modificación de la Directiva 91/308, relativa a la prevención del
uso del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales.
Quiero felicitarle por su valentía. Como usted ha dicho, por los
despachos de abogados pasa la vida misma, pasan las grandezas pero
también las miserias de la sociedad. El abogado como profesional está
muchas veces sometido a demasiadas tensiones que no son bien
comprendidas por la sociedad. Tampoco creo que es bien entendido por
la sociedad el papel de los colegios de abogados, esas corporaciones
de derecho público que tienen muy bien delimitado su ámbito de
competencias. Lo digo porque una cosa es el ejercicio de la profesión
de abogado y otra la realización de otro tipo de actividades sobre
las que estas corporaciones de derecho público no tienen
absolutamente ninguna competencia; esa competencia corresponde a
otros estamentos o entidades de la sociedad.
Podemos compartir plenamente su idea de que la nueva redacción que
propone el Parlamento Europeo es la adecuada. Los abogados sabemos
-saben- dónde está la raya que no se puede sobrepasar, lo aclara el
código deontológico y a todos nos han enseñado que los abogados somos
coadyuvantes de la justicia. El secreto profesional está plenamente
garantizado en el derecho de defensa aunque nos queden dudas sobre la
interpretación; el derecho de defensa no se ejerce en un único acto
sino que se compone de actos anteriores, coetáneos y posteriores, por
utilizar una terminología penal. Su intervención ha sido
clarificadora y creo que tratando de aceptar la interpretación del
Parlamento Europeo vamos por el buen camino.
Quiero agradecerle el tono que ha utilizado, darle la enhorabuena por
la representación de todo el colectivo de abogados españoles y
desearle unas felices navidades y un próspero año.
El señor PRESIDENTE: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA (Gay
Montalvo): Gracias, señor Pérez Corgos por su intervención.
El papel del abogado está bastante bien comprendido por la sociedad,
la gente percibe lo que somos y confía en nosotros su problema; no
percibe tan bien, sin embargo, el papel de los colegios de abogados
que se remonta a la noche de los tiempos y sirve para garantizar la
independencia del derecho de defensa. El abogado sólo no sería
absolutamente nada frente a los poderes públicos y frente a los
poderes fácticos, en ocasiones mucho más peligroso y mucho más
poderosos que los públicos. El
abogado se encuentra en una situación de desamparo, por ejemplo,
frente al delito organizado; es enormemente débil. Sabemos en cuántas
ocasiones han venido los abogados al Colegio para pedir el amparo
frente a las presiones de sus clientes; presiones importantísimas y
que en alguna ocasión ha resultado de una gravedad paradigmática en
nuestro país, como en el caso del señor Pascual Estevill y todo lo
que le rodeó. Yo viví como decano del Colegio de Abogados entonces la
tragedia de algunos de esos abogados y el aprovechamiento de otros de
esa situación. Afortunadamente, los tribunales de justicia pudieron
intervenir más o menos y las cosas siguen su curso. Los colegios de
abogados están para garantizar la independencia del derecho de
defensa, pero no tenemos facultades -como usted bien dice- para
efectuar las investigaciones a las que se refería S.S., entre otras
cuestiones porque tenemos absolutamente vedada la posibilidad de
intervenir las cuentas de los abogados, como se hace por parte de los
colegios franceses. Es más, no podíamos ni podemos todavía poner la
obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil por el daño que
podamos causar a nuestros clientes y los colegios de abogados lo
tienen que aconsejar porque los poderes públicos no nos lo permiten.
Ese es uno de los puntos en discusión para la aprobación del estatuto
general de la Abogacía, algo que sin embargo es necesario para la
ciudadanía: la certeza de que está cubierta la responsabilidad del
profesional que le está asistiendo.
Sí es verdad que este es un tema de carácter preventivo, como decía
también hace un momento doña Carmen Romero, y no un tema penal, y en
ese carácter preventivo los colegios de abogados debemos avanzar y
hemos de seguir avanzando. No podemos contentarnos exclusivamente con
llevar un control del censo. Son cuestiones de carácter más de
información y de conocimiento sociológico de la profesión que no de
intervención sobre los profesionales más allá de lo deontológico,
porque eso entiendo que corresponde a los poderes públicos regularlo
y sancionarlo. Sin embargo, entiendo que esa función -y por eso hemos
empezado a redactar nuestras memorias anuales- va abriendo cada vez
más el conocimiento sobre la sociología de la profesión en cuanto
hasta qué punto intervienen los abogados y en qué tipo de negocios
intervienen. De ahí el conocimiento que hemos tenido del papel de las
grandes multinacionales de la auditoría que están llevando una
actividad enorme en la vida española, y no sólo en el ámbito del
derecho de defensa, sino en muchos más ámbitos de asesoramiento de
las grandes corporaciones mercantiles del país e incluso de los
organismos públicos. Naturalmente, todos estos datos que va
facilitando poco a poco la Abogacía van delimitando también lo que
debiera ser nuestro campo de actuación.
Creo, señorías, que la Abogacía es, como decía no hace mucho -aunque
hace más de lo que me parece a mí- un editorial de la prensa
británica, la profesión que está más presente en estos momentos en el
mundo de la
globalización, y es cierto porque la profesión se ha transformado
enormemente. Por tanto, en esta transformación ha entrado el riesgo
de la participación en lo que es el mundo del delito y del delito
organizado. Pero eso no es en modo alguno la generalidad, sino la
particularidad, y desgraciadamente hay un número real pero reducido
de bufetes y de despachos de abogados que, pretendiendo un
asesoramiento legal y jurídico, lo que hacen es hacer lo que se ha
venido en llamar ingeniería jurídica o financiara. Los juristas no
hacemos de ingenieros y, por tanto, todo eso suena muy mal. Recuerdo
que en una ocasión detuvieron a un abogado que pidió el amparo del
Colegio, amparo que no le pude dar, y me dijo que él lo que había
hecho era legalizar una situación ilegal. Yo le dije que eso era
todavía mucho más grave. Me dijo que en una trama de una red de
prostitución lo que había hecho era legalizar la situación. A lo que
yo le respondí: No solamente no te puedo dar el amparo y la defensa
como decano, sino que además te tengo que abrir un expediente con
propuesta de expulsión. Desgraciadamente estos casos de producen en
muchas ocasiones por ignorancia. Les puedo asegurar que tuve que
atender a una joven compañera en la cárcel. El otro día me lo
recordaba un amigo que me dijo: He visto a una chica que está
agradecidísima porque hace años fuiste a visitarla a la cárcel.
Entonces recordé exactamente el tema. Ella había sido contratada por
una gestoría para legalizar expedientes de extranjeros; acababa de
terminar la carrera, de licenciarse en derecho, empezó a ejercer como
abogada en una gestoría -lo cual realmente es un disparate- y fue la
que legalizó o la que ayudó rellenando todos los expedientes y
naturalmente fue ella la que en principio acabó en la cárcel, luego
acabaron más. Naturalmente el estreno de esta compañera con la
profesión no pudo ser peor, pero no fue culpa de ella, fue culpa de
todos nosotros, entre otros de los colegios de abogados que no hemos
conseguido todavía convencer al Poder Legislativo de la necesidad de
regular el acceso a la profesión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a don Eugenio Gay, presidente del
Consejo General de la Abogacía, por su presencia en esta Comisión y
por su intervención. En mi nombre y en el de toda la Comisión le
deseamos felices pascuas. (Pausa.)
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (COTINO
FERRER) PARA INFORMAR ACERCA DE LAS MEDIDAS CONTRA EL INCREMENTO DEL
NARCOTRÁFICO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente Congreso 212/000288 y número de expediente Senado 713/
000107)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es la
comparecencia, a iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, del director general de la Policía,
don Juan Cotino, para informar acerca de las medidas contra el
incremento del narcotráfico.
Con el afecto y el cariño de siempre, damos la bienvenida a esta
Comisión al director general de la Policía, don Juan Cotino, que
tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Muchas
gracias, señorías, señor presidente.
Me gustaría informar de las líneas generales que el cuerpo nacional
de Policía está llevando a cabo para luchar contra el gran problema
que tenemos las sociedades modernas respecto al narcotráfico. Es
sabido que uno de los factores de mayor incidencia en la seguridad
pública es el consumo de las sustancias estupefacientes, un fenómeno
que invade desgraciadamente este final de siglo, hasta el punto de
que en los últimos quince años ha pasado a ser la causa del 80 por
ciento de los delitos en Europa.
Desde hace años -yo diría que especialmente en la última década-, la
Dirección General de la Policía ha venido trabajando con eficacia
contra el narcotráfico, centrándose muy especialmente en el número de
kilos decomisados y de traficantes detenidos. Hace tres años España
impulsó, a través de Interpol, la celebración de una conferencia
internacional, que se celebró en Alicante, y durante la misma se optó
por impulsar unas nuevas formas para luchar eficazmente contra este
tipo de crimen, que al final mata a miles de personas en todo el
mundo. Asimismo, en esa reunión se reafirmó la necesidad de
intensificar las investigaciones sobre el blanqueo de capitales como
elemento fundamental para alcanzar mayor eficacia en la lucha contra
el narcotráfico. Las recomendaciones que los policías de distintos
países hacían para ser más eficaces en la desarticulación de las
bandas de criminales estaban dirigidas a llevar las investigaciones a
los distintos escalones de las mismas, a la vez que hacían hincapié
en combatir el blanqueo de dinero procedente de este tipo de
delincuencia, pues se veía claro que sin abandonar el sistema
policial para incautarse de kilos había que impulsar estructuras
policiales que trabajaran con la colaboración internacional en la
destrucción de las organizaciones. Por ello, la Dirección General de
la Policía, a raíz del acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de
noviembre de 1997 donde se aprobó un plan específico, puso en marcha
las unidades de droga y crimen organizado que denominamos Udyco. Esto
ha supuesto que a la fecha actual las Udyco, enmarcadas dentro de la
reforma que hemos introducido en lo que hemos venido a llamar Policía
2000, tengan una estructura central que es la que especialmente
coordina las Udyco periféricas a la vez que lleva la coordinación
internacional.
El impulso dado a la Oficina central nacional de estupefacientes,
donde existe una coordinación entre los cuerpos bajo la supervisión
del Plan nacional de
droga, es sin lugar a dudas un instrumento adecuado para la
coordinación policial.
Otro esfuerzo llevado a cabo por el cuerpo nacional de Policía es el
incremento de enlaces policiales tanto en países del este, países
hispanoamericanos y otros como Turquía o el norte de África. A este
esfuerzo hay que añadir el acuerdo que España y Francia han impulsado
en Europol para una mayor coordinación entre todos los enlaces
europeos en los países bien productores, o bien de tránsito.
Podríamos enumerar distintas operaciones que a lo largo de los
ejercicios 1999 y 2000 han venido realizando las Udyco. A modo de
ejemplo y como más destacables y más cercanas en el tiempo y en
materia de blanqueo de dinero procedentes del narcotráfico, citaré la
realizada tan sólo hace dos días en la que se decomisaron 75 millones
de pesetas en efectivo, 219.000 dólares y 39 millones de pesetas de
diferentes cuentas bancarias, aparte de distintos bienes muebles e
inmuebles, otra operación también reciente, en este caso en la Costa
del Sol, el mes pasado -también podría enumerar los hechos de esta
operación- y aquí en Madrid, otra el mes pasado, en la que se
incautaron 500 millones de pesetas en efectivo, además de distintas
cuentas bancarias.
En el mes de julio se desarticuló una organización en Ceuta que
esencialmente se dedicaba al blanqueo de dinero a través de una
agencia de viajes, donde se pudo comprobar el lavado de 23.000
millones de pesetas procedentes de la droga de distintos países. En
otra operación, también realizada por las Udyco, en este caso en
Barcelona, se pudo desarticular una red de blanqueo, que a través de
bancos de Portugal, Andorra y Francia, mandaba el dinero a Miami,
donde se había montado una amplia red de comercio por los
narcotraficantes. Creo, pues, señorías, que la línea de trabajo que
la policía española está llevando en estos frentes es la adecuada.
También podemos citar la cantidad de droga incautada en el ejercicio
del año 1999, datos que seguro obran en su poder, pero que tanto en
cocaína como en heroína se duplicaron respecto a años anteriores.
Quiero insistir que en la opinión de los expertos judiciales, tanto
españoles como internacionales, se entiende que debemos seguir
haciendo el esfuerzo en la desarticulación de las redes y en el
blanqueo del dinero pues esto, aunque aparentemente sea menos
llamativo que ver cantidades importantes de droga, es más eficaz para
la lucha contra los criminales. Ustedes, señorías, compartirán
conmigo que el fin del crimen es conseguir dinero y si éste puede
estar blanqueado mejor. Por eso éste es el campo que más les afecta.
Otro fenómeno que año tras año está apareciendo en el mundo es la
droga de síntesis. Este problema, a nuestro entender, es tan
preocupante como el que hasta hace poco acababa con la vida de muchos
españoles como era especialmente la heroína. Las drogas de síntesis
son una forma de matar lentamente y la policía a través de
las Udyco está prestando especial interés en la desarticulación de
laboratorios que de forma clandestina y casera, como no podía ser de
otra manera, están fabricando este tipo de muerte, pues si en un
principio esta droga en distintas formas era introducida en nuestro
país procedente principalmente de los Países Bajos, hemos podido
comprobar en los últimos años que españoles sin ningún tipo de
escrúpulos han montado laboratorios en distintos puntos de nuestra
geografía pero muy principalmente en la Comunidad Valenciana, Madrid
y Cataluña.
Si esto que hemos citado es una pincelada del trabajo que está
realizando el cuerpo nacional de Policía a través de las Udyco, no
deja de ser importante lo que desarrolla la policía de proximidad
especialmente en colaboración estrecha con los ciudadanos en esos
lugares que desde hace años se han venido a denominar puntos negros
pues en todas las grandes ciudades nos encontramos con un doble
fenómeno: los poblados marginales donde se trapichea con droga o bien
en lugares de ocio donde hay una enorme influencia en nuestra
juventud. Ahora bien, el eficaz trabajo desarrollado por el cuerpo
nacional de Policía en materia de lucha contra el tráfico de drogas
en ningún caso debe ser óbice para situar el problema en el nivel de
importancia que se merece y ello no solo en relación con la situación
actual, sino también de cara al futuro más inmediato. En esa línea y
al objeto de dar una respuesta eficaz, estamos obligados a hacer las
previsiones oportunas a partir del análisis de las posibles
tendencias de futuro en este terreno, tanto en lo que respecta a las
nuevas modalidades del trafico ilícito como en sus posibles
consecuencias en relación con la seguridad ciudadana, a fin de dar
una respuesta eficaz. En este sentido cabe decir que en los países
desarrollados no ha desaparecido ni tiende a desaparecer el consumo,
sino más bien a desplazarse a las modalidades del mismo. Algunas
manifestaciones de este desplazamiento serían las siguientes. Mayor
protagonismo de las llamadas drogas de síntesis, aumento del consumo
de cannábicos, disminución del consumo de vía parental,
desplazamiento del consumo de sectores marginales hacia colectivos
con suficiente poder adquisitivo y una amenaza y está permanente en
España, que es la posible introducción de los crack.
La panorámica dibujada obliga a la Dirección General de la Policía a
actuar con una perspectiva planificada de futuro cuyos ejes se
orientan a la colaboración con todas las instituciones implicadas en
la salud, la educación y la protección de los ciudadanos; persecución
de las grandes redes de narcotráfico por medio de la colaboración
internacional; persecución del blanqueo de dinero, es decir evitar la
rentabilidad del tráfico; erradicación como objetivo ideal del
menudeo de droga en íntima colaboración con las asociaciones
vecinales; vigilancia y perspectiva de cualquier amenaza en esta
materia que pueda incorporarse a este mundo. La
policía entiende que en este campo, aparte del represivo como la ley
le encarga, tiene que realizar un trabajo de prevención, y eso
realizan de forma encomiable los policías de proximidad en contacto
permanente con las asociaciones de padres de alumnos, asociaciones
vecinales, organizaciones no gubernamentales y servicios de la
Administración, tanto local como autonómica, para erradicar en lo
posible esta lacra que tiene la sociedad. Por eso la prevención se
encuentran en el eje de los programas que la policía de proximidad
tiene diseñados. Creemos que aunque es un trabajo a largo recorrido
estamos en el camino adecuado.
Aforma de resumen, señorías, les diría que la Dirección General de la
Policía, dentro de todo el trabajo que engloba Policía 2000, quiere
basar su estrategia en tres pilares esenciales. La lucha contra el
narcotráfico en todas sus facetas, pero muy especialmente en la
desarticulación de bandas y en el blanqueo de dinero; la prevención
del delito a través del trabajo que realizan los policías de
proximidad en colaboración estrecha con los ciudadanos; y un nuevo
impulso que se va a dar, después de un año de experiencia, a los
grupos operativos que están descentralizados y que denominamos
policía de investigación de proximidad, para ser más eficaces contra
ese paso intermedio del narcotráfico que son los intermediarios, esto
es aquellos que contactan con los narcos y distribuyen la droga a
pequeña escala.
Señorías, estoy a su entera disposición para responder a cuanto
deseen sobre estas materias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Diputado representante del
Grupo Parlamentario Socialista, don Guillermo Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Señorías, quería comenzar mi intervención
dando la bienvenida y también las gracias al señor Cotino por esta
comparecencia que se celebra a instancias precisamente del Partido
Socialista. Esperamos que esta comparecencia sea fructífera.
Tenga en cuenta, señor director general, que todos nosotros
compartimos una enorme preocupación con este tema, pero hay que decir
también que el pesimismo invade cuando se trata el tema de la droga.
Generalmente a todos los tratadistas sobre esta cuestión se les nota
la desesperanza porque se ven inermes ante una especie de mancha de
aceite que se extiende terriblemente. Estamos pensando que este
problema de la droga y de la policía requiere una especial atención y
un especial entendimiento. Piense usted que las grandes cuestiones
relativas a las operaciones de tráfico, como las deficiencias de la
cooperación internacional en el campo de la justicia, el blanqueo de
dinero que hemos tratado en la comparecencia anterior, o la labor
policial de la que usted es responsable, nos plantean claramente que
el negocio del crimen, igual que la economía, actualmente se ha
diversificado. Estamos ante
un problema socialmente grave y la trasversalidad que hemos tratado
dentro de nuestro partido, aquí se ve desbordada precisamente por la
actividad del narcotráfico. Vemos que hay descoordinación, en algunos
casos concretos ya la hemos sufrido; vemos también la alegría de unos
canallas, y vemos la desesperanza porque las familias -y esto lo digo
en nombre de muchas de ellas- no ven salida a este túnel de la droga.
Hace unos meses, concretamente en junio de este año, se celebró en
Lisboa la VI Conferencia intergubernamental de ministros del Interior
del Mediterráneo occidental. Para empezar, esta conferencia no tiene
capacidad de acción sino de recomendación, pero precisamente en esta
conferencia se ligaron al narcotráfico y repito que quienes lo
hicieron eran ministros del Interior europeos, el mismo señor Oreja
participó en esta conferencia varios temas; concretamente, el
terrorismo, el crimen organizado, el blanqueo de fondos, el secreto
bancario y el tráfico de personas se metían en el mismo saco, no
ocurre así en España con algunos de estos temas, pero en general es
así. Yo quería preguntarle a usted qué importancia tendría la lucha
contra la droga si la ciudadanía española percibiese que
probablemente la droga es la principal preocupación después del
terrorismo. Es difícil convencer a la población de que se está
luchando bien contra la droga y yo le pregunto si usted cree que los
ciudadanos perciben que la lucha contra la droga es efectiva, porque
la gente cuando se habla de la represión de la droga, tuerce el gesto
con escepticismo. Le voy a comentar algunos testimonios que he
recogido. En el programa de control de drogas de la ONU, en Viena,
señalan claramente que Europa no es el número uno pero puede llegar a
serlo, piense usted que hoy día el precio del kilo de cocaína en
Europa es de 45.000 dólares, mientras que en Estados Unidos no llega
a 25.000 dólares. El aumento de las capturas también indica que el
mercado continúa aumentando y Barry McCaffrey, el gran experto en el
tema de la Casa Blanca, denunció que el 57 por ciento de la cocaína
que llega a Europa lo hace a través de España. También sabemos que
España tiene actualmente el mayor número de consumidores de cocaína y
aquí los narcos internacionales, sobre todo los sudamericanos, no
tienen problema de idiomas y pueden moverse tranquilamente en este
anonimato. También es cierto que las policías europeas han exigido
reiteradamente más energía en la actuación policial y citan algunos
ejemplos de redes de contrabando, como las que existen en Galicia, y
la aparente impunidad en que viven. Es decir las capturas son
importantes, pero los capos siguen libres. Ha citado usted Europol y
Jürgen Sotrbeck, su director general, dice que la policía española
tiene que mejorar los medios, tiene que modificar los métodos, tiene
que hacer más espionaje y todos coinciden en que no dedica
suficientes recursos y en que es necesaria más colaboración entre los
distintos cuerpos. Me ha llamado la atención que usted en su
intervención no cite precisamente
la necesidad de más medios. Hay más, el Observatorio geopolítico de
drogas habla de la policía española como la menos dotada para la
lucha antidroga y cuando digo la menos dotada no me refiero
intelectualmente, sino a los medios. Precisamente, esta falta de
recursos lleva a la multiplicación de actividades por parte de los
que se dedican a la investigación y reduce la efectividad. Pero hay
algo más, y la anterior comparecencia, la comparecencia del señor Gay
que ha hablado del blanqueo de dinero, me ha recordado una anécdota
curiosa. En Inglaterra se dice que los abogados ingleses tienen
clientes que son terroristas, clientes que son narcotraficantes; en
España es justamente al revés, los terroristas y los narcotraficantes
tienen abogados. En Inglaterra, el caso de Pinochet no ha levantado
polvareda entre el Colegio de Abogados; en España probablemente nos
hubiéramos pegado de bofetadas por defender a Pinochet. Quiero decir
con esto, que estamos ante un grave problema, en el que hay dos
elementos básicos que creo debemos cuidar: uno de infraestructuras,
y otro de capacitación al margen de los medios.
Es cierto, y lo hemos visto con el Privilege y con otros, que los
traficantes de drogas disponen de medios avanzados de desplazamiento;
vemos que tienen aviones, grandes cargueros, vehículos potentes,
etcétera, incluso tecnología ultramoderna para escuchar por ejemplo
las comunicaciones que hace la propia policía. También es cierto que
los narcotraficantes destinan ingentes cantidades de dinero para
facilitar sus operaciones, entre las que se incluyen desgraciadamente
la corrupción de funcionarios públicos. Hemos constatado asimismo que
estos medios materiales de los que dispone la policía no están en
perfectas condiciones o carecen de ellos. Piense por ejemplo en los
vehículos, aunque ya sé que ha habido una renovación, pero no una
renovación acorde con las necesidades, o en la tecnología punta de
carácter informativo. Por otro lado, el adiestramiento del personal
dedicado a la investigación requiere enormes esfuerzos para que
tengan una preparación especial y continua para la vigilancia,
investigación, obtención de testimonios, pruebas, etcétera, que
tengan utilidad jurídica, que es de lo que se trata.
Usted se ha referido a las expectativas futuras, pero ya vienen
recogidas en el Real Decreto 1911/1999, por el que se aprobó la
estrategia nacional sobre las drogas para el período 2000/2008, en la
que se señala que en el nivel de reducción de la oferta se establecen
como objetivos principales algunos de los que ha citado usted: el
reforzamiento de la Oficina central de estupefacientes, la creación
de un observatorio, el diseño de un plan de modernización tecnológica
para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el reforzamiento
del control de fronteras, la actuación coordinada de todas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de vigilancia aduanera en la zona
sur, la cooperación internacional y las relaciones internacionales
bilaterales.
Hay algo más y es esto. Cuando las conclusiones de la Presidencia del
Consejo de Europa, que se celebró en Santa María de Feira entre el 19
y 20 de junio, curiosamente al problema de la droga se le dedica un
párrafo pequeñito. A mí me ha llamado grandemente la atención la
enorme preocupación que hace, por un lado, y la poca dedicación que
hay por otro. La pregunta que le haría yo es cómo funciona todo esto
que se había puesto en el año 1999; qué reflejo ha tenido por ejemplo
esto en los Presupuestos Generales del Estado de este año.
No vamos a entrar en los datos. Usted ha citado algunos. El otro día,
ante el ministro del Interior ya se desgranaron; pero ahora nos damos
cuenta, y lo sabemos perfectamente, que el incremento en la captura
de alijos no ha correspondido en absoluto con un incremento en los
medios con que cuenta la policía. Por ejemplo, sabemos que se han
incrementado vehículos, motocicletas en la brigada de seguridad
ciudadana, pero al contrario -y usted me lo responde en una pregunta
parlamentaria que había hecho-, son conscientes del enorme descenso
del personal, incluso algunos comisarios hablan de 10.000 personas,
por razones de edad o por las que fueran; es decir, que el factor
humano se empequeñece en la lucha contra la droga. Tampoco ha habido
incremento de personal ni medios en las brigadas de estupefacientes.
Cuando se crea la Udyco, curiosamente, se hace un aumento de
personal, sino que se traduce en la movilidad de las personas de unos
puestos de trabajo a otros. Pero también es cierto que aquí ha habido
un descenso, porque algunas personas de las que se requieren para las
investigaciones de Udyco, han pasado al famoso programa de Policía
2000, en la policía de proximidad.
Estamos ante un problema de enorme credibilidad sobre lo que hace la
Dirección General de Policía, y no lo digo con ánimo de crítica
feroz. De verdad que estamos intentando que tengan ustedes éxito,
porque su éxito es el éxito social y nuestro propio éxito; pero
ocurre que al ver los números las cosas tienen cierta dificultad. Por
ejemplo, ya se trató aquí con el ministro del Interior las enormes
discrepancias que había en la contabilidad de los delitos, entre los
que cita la Dirección General de la Policía y el informe del fiscal
general. No vamos a entrar en cómo se hacen unas y otras
estadísticas. La pregunta es cómo nos podemos fiar de los datos,
cuáles son los datos reales que existen. También podríamos preguntar
si ha intervenido en esta reducción de datos que ha presentado la
policía, el hecho de que haya incentivaciones económicas para que
haya menos delitos reconocidos, menos denuncias y demás. Incluso le
preguntaría si ha conocido algún caso donde no se hayan tramitado las
denuncias.
Gracias a las campañas mediáticas, España da la impresión de que es
un país seguro. No dudo que es un país seguro, pero también es cierto
que según el Fiscal General la litigiosidad criminal ha aumentado el
7 por ciento en los últimos diez años. Es decir, al margen de
aumentar la violencia en el campo urbano y la criminalidad
organizada, nos encontramos con que esa delincuencia que no aparece
en un sitio resulta que el fiscal general del Estado dice que está en
otro sitio. La policía tiene que adaptarse cada vez más y con medios
suficientes a los nuevos sistemas que se están empleando.
También quiero conocer su postura como director general en la
denuncia que hace el informe del fiscal general del Estado cuando
dice que se archivan el 50 por ciento de las diligencias previas por
falta de identificación del autor y que más del 70 por ciento de los
delitos no son esclarecidos. ¿Con qué criterios se dirige entonces la
policía? ¿Con qué criterios se aumenta su efectividad? ¿Cómo podemos
desear que se aumente esa efectividad y cómo podemos creer en este
deseo?
En mi opinión, lo que ustedes tienen que hacer ahora es buscar,
proponer y ejecutar medidas que logren la coordinación entre la
Policía Nacional, la Guardia Civil, el servicio de vigilancia
aduanera, la Ertzaintza, los Mossos dEscuadra y las policías
locales, de tal modo que todos tengan claro que el problema no es la
competencia entre las policías sino la persecución del narcotráfico.
Lo que habría que hacer por ejemplo en el caso de las bases
estadísticas sería establecer una base de datos unificados, con las
debidas cautelas por supuesto, que midan claramente cómo está la
situación y cómo está el problema. Yo creo que cada disputa que se
produce entre los cuerpos de seguridad se celebra alegremente entre
los narcotraficantes.
También necesitamos saber claramente quién está haciendo la
vigilancia de costas y con qué número de efectivos se está haciendo.
Supongo que me dirá que no es de su competencia porque ahí
intervienen varios cuerpos, lo cual de alguna manera revela la
incompetencia ministerial para organizar el problema. Fíjese lo que
pasó hace un mes en una playa de Barbate, que fue terrible, con tres
guardias civiles y un montón de chavales jóvenes que estaban actuando
de transportistas de la droga; estaban acosando a tres guardias
civiles para un enorme alijo. La pregunta sería si esto está
resuelto; es decir ¿quién delimita las competencias entre unos
cuerpos y otros? Ya sé que la Ley orgánica 2/1986 lo establece, la
percepción ciudadana nos dice que el objetivo de la lucha contra el
crimen está claro pero la competencia entre los cuerpos desfavorece
la efectividad.
Creo que en España hay un alto consumo de droga y entran grandes
cantidades de ella. Ya hemos visto el repaso que nos da la Unión
Europea. España es el país que más cocaína consume de toda la Unión
Europea, el 3,3 por ciento de los españoles es consumidor; en
cannabis ya no quiero decir nada porque el aumento ha sido
extraordinario; en anfetaminas, somos los segundos, en éxtasis
también somos los segundos; y no digamos nada del alcohol y el
tabaco. Si viera usted las cifras que me han dado a mí en respuesta
parlamentaria de sanciones impuestas a establecimientos por expender
alcohol a menores probablemente daríamos la batalla por perdida.
Hay provincias donde en un año no ha habido ni una detención, ni
una multa, ni una denuncia a establecimientos donde el alcohol se
expende libremente, y todos vemos lo que pasa en las llamadas movidas
nocturnas. Queremos más profesionalidad en la policía, queremos que
los medios policiales aumenten.
Me gustaría que hubiese visto ayer la cara de desesperación de un
grupo de madres contra la droga que se reunieron en Santiago de
Compostela. Por propio egoísmo, por seguridad del propio Estado, como
obligación tenemos que ampliar las políticas asistenciales, sociales
y sanitarias, pero ustedes tienen que responsabilizarse de que la
policía debe cumplir y hacer cumplir las leyes con más exigencia y
responsabilidad que los demás, si cabe. Tiene que exigir usted más
medios humanos y materiales y más dinero, a lo mejor tanto como el
que se dedica a la lucha antiterrorista ya que la droga supera en
muertos cualquier otra estadística y usted lo sabe. La droga provoca
dolor y gastos extraordinarios y no vemos que la eficacia acompañe
los esfuerzos. Yo diría que las encuestas de satisfacción de la
policía las hicieran entre las familias que están soportando el
problema, y verán los resultados de esta acción. He sido testigo, y
se lo digo sinceramente, de madres que acuden a los juzgados en
solicitud de ayuda, son rechazadas y no recibidas por algún juez o
jueza; quizá sea porque con la droga nos acercamos al lumpen social.
Termino ya. Como conclusión podíamos señalar que deben ustedes hacer
cumplir las leyes emanadas de las distintas instituciones, deben
coordinar la actuación policial con todos los cuerpos, debe mejorarse
su formación, se debe actuar contundentemente en los casos de
funcionarios que no cumplan su cometido. Acuerde todo el Estado un
plan estadístico uniforme y no se fíe mucho de que las cifras
difuminen un problema que en su conciencia sabe que es gravísimo.
Elimine las cada vez mayores deficiencias en medios humanos y
materiales y sepa que el Grupo Socialista está muy sensibilizado con
el problema. En los éxitos policiales le damos la enhorabuena, en los
fracasos no imputables a la policía tenemos comprensión, pero ante la
inercia no podemos permanecer pasivos, ni ustedes ni nosotros. Ahora
la responsabilidad es suya y no le toca otra cosa que ejercitarla.
El señor PRESIDENTE: Señor director general de la Policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Cotino Ferrer): Coincido
prácticamente con todas las conclusiones a que usted ha llegado al
final de su intervención. Yo creo que no solamente hay que hacer la
encuesta a las familias de las personas que tienen drogadictos; es
difícil que en esta sala no encontremos a alguien que no conozca a
alguien muy cercano que tenga algún problema con droga. Ésa es una
realidad de esta sociedad moderna, una realidad alarmante y difícil,
es un tema, como creo que ha dicho en su
intervención y quizá también lo he citado anteriormente, en el que la
policía tiene que actuar, pero no sólo la policía. La policía tiene
que hacer su parte y la tiene que hacer bien.
Respecto a lo que usted decía de opiniones en relación a lo que hace
la policía española, yo he tenido una reunión hace quince días en
París, precisamente de la Europol presidida por el señor Storbeck, y
las declaraciones que constan en el acta de esa reunión respecto a
las actuaciones de la policía española no se parecen en nada a lo que
apareció en algún medio de comunicación sobre el señor Storbeck. El
señor Storbeck dijo en esas declaraciones imputadas a la policía
española, a las de toda Europa, y quizás a las de todo el mundo, que
si el fenómeno más grave que tenemos en las sociedades modernas es el
narcotráfico debemos replantear las formas de luchar contra él y dar
más medios a todas las fuerzas policiales europeas y de cualquier
país avanzado. ¿Qué hemos hecho en España últimamente? Usted ha
comentado, por ejemplo, el problema de las escuchas, el problema de
los medios de comunicación entre la policía. Usted conoce que el
Gobierno ha aprobado un presupuesto de 35.000 millones de pesetas y
que va a comenzar la experiencia precisamente en tres comunidades
autónomas, concretamente en Navarra, Madrid y Canarias, para un nuevo
sistema de transmisiones más eficaz para poder colaborar entre las
policías, a la vez que ser menos oídas por los delincuentes en este
caso. El Gobierno también ha aprobado un presupuesto, que en este
caso concreto yo creo que lo explicará mejor el director de la
Guardia Civil, para el tema del control de fronteras, el denominado
SIVE. Por tanto, yo creo que se está avanzando en esa línea que usted
enumeraba por un acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Qué hemos hecho
en el año 1999? Pues hemos puesto en marcha todos aquellos temas que
nos competen desde el punto de vista técnico y de formación, porque
entendemos que el tema de formación es uno de los ejes esenciales
para luchar contra esto. Si lo hemos centrado, o por lo menos eso es
lo que yo he intentado decir, que para luchar contra el narcotráfico,
además de luchar contra los kilos hay que luchar contra las
organizaciones y desarticular las tramas económicas, necesitamos
policías que se especialicen cada día más en el tema de saber llevar
las cuentas bancarias de cualquier narcotraficante. Eso ha supuesto
que 30 policías que terminaron un curso hace aproximadamente dos
meses, han estado durante dos años haciendo especialmente cursos de
contabilidad, con el asesoramiento del Banco de España y de otras
entidades financieras, para especializarse en luchar contra el
blanqueo de dinero. Esa es una línea que hemos empezado y en la que
creo que hay que seguir avanzando mucho.
Usted ha hablado de que hay alguna información en la que figura que
hay 10.000 policías menos. Sí, es cierto, hay 10.000 policías menos,
yo diría que quizás hay
más desde hace esa misma década de la que estamos hablando. La
plantilla del cuerpo nacional de Policía - y es una realidad
histórica en los últimos 10 a 12 años- ha ido disminuyendo cada año.
Si se jubilaban aproximadamente unas 2.000 personas, entraban 1.000.
Ese signo ha comenzado a cambiar precisamente este año, donde entran
dos mil, que son aproximadamente los que se jubilan, porque
entendemos que hay que compensar la balanza. Se trata de no perder
más efectivos del cuerpo nacional de Policía. Por tanto, esos
efectivos no es que se hayan perdido de la lucha contra el
narcotráfico, de la lucha contra cualquier tipo de crimen, se han
perdido en su conjunto del cuerpo nacional de Policía, y es una
realidad estadística que está ahí. Eso es así.
Por lo que se refiere al tema de vehículos, siempre es mejorable; de
hecho, en lo que queda de año se van a incorporar pocos, pero creo
que a lo largo del mes de enero, dentro de los presupuestos de este
año, se incorporarán 600 vehículos tipo K, que se van a dedicar muy
especialmente a la lucha contra el narcotráfico por las
características de esos vehículos K. La flota de la policía a nivel
de vehículos se ha cambiado en un 80 por ciento en estos tres últimos
años; por tanto, la inversión en vehículos es importante. En cuanto a
la inversión en temas informáticos, es un eje también muy interesante
para poder luchar más eficazmente contra cualquier tipo de delito.
Por otro lado, volver a hablar de las diferencias estadísticas entre
lo que dice la Fiscalía General del Estado y lo que pueda decir la
Secretaría de Estado del Interior, que es la que coordina o tiene los
datos de toda la estadística; la estadística no es la estadística de
la policía, de la Guardia Civil, es la estadística que tiene la
Secretaría de Estado del Interior, pues yo creo que hay un banco
estadístico único. En cuanto a la pregunta que me ha hecho de si
puede haber alguna manipulación estadística, puede haberla y se ha
abierto expediente reglamentario a las personas correspondientes. Eso
ha ocurrido en la historia de la policía permanentemente, aplicando
el proyecto Policía 2000 y antes siempre hay personas que no tienen
escrúpulos, y eso ocurre en cualquier parte de la sociedad, también
en la policía, y lo que tiene que tener la policía -y así lo hace-
son unos servicios suficientemente ágiles para detectar esos hechos y
abrir el expediente al funcionario que haya obrado mal, y eso se ha
hecho.
En otro orden de cosas, usted me hablaba del negocio del crimen al
principio de su intervención. Ciertamente es así. Yo creo que si el
80 por ciento de hechos delictivos en nuestro país y en el entorno
europeo están relacionados con la droga, se ve claro que el negocio
del crimen más importante es el narcotráfico. Me contaba un colega de
Colombia que cada gramo de cocaína que va por el mundo a veces va
dejando polvo en muchas partes. Ése es un tema importantísimo y creo
que la sociedad en general y la policía muy en particular tenemos que
estar muy alerta, porque es una fórmula
de corrupción que puede existir, lo estamos viendo en muchos países
de nuestro entorno, también en ocasiones dentro de nuestro propio
país, y tenemos que estar muy alertas para que eso no ocurra con
ningún agente de un cuerpo policial, y en lo que a mi respecta en el
cuerpo nacional de Policía.
Le agradezco su intervención y le agradezco algunas de las ideas que
ha ido desgranando en ella. Coincidimos en muchos de los temas y le
puedo decir que desde la Dirección General de la Policía, como esa
recomendación que usted decía, intentaremos llevarlas a cabo y en ese
camino estamos.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Simplemente quiero recordarle que es una
obligación permanente, que esta reclamación de más medios tiene que
estar presente continuamente en las que haga usted a su ministro del
Interior, es decir, medios, preparación, formación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el diputado, señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchísimas gracias, señor Cotino, por sus
explicaciones y por su comparecencia.
Un mundo globalizado donde los avances técnicos son utilizados no
sólo por los Estados, sino también por los delincuentes, y quizá con
mayor rapidez por los propios delincuentes, el dato de que cada vez
es mayor la cantidad de aprehensiones que se están realizando, a mi
me hace pensar que no es el hecho de que entre más droga en España,
sino que esa eficacia de la policía es superior a la que ha habido
otros años. Si a ello añadimos que el número de muertes como
consecuencia de la droga ha descendido en el período 1996-1999 en un
32 por ciento y, en relación con los años 1998-1999, en un 24,56 por
ciento, creo que estoy en el camino adecuado. Efectivamente son
necesarios más medios, pero los hechos nos demuestran el esfuerzo que
se está realizando.
Pese al escepticismo del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
la percepción, tanto nacional como internacional, no es la misma que
me ha descrito, por lo menos la que yo percibo. Recientemente ha
estado en España el vicesecretario de Naciones Unidas para la lucha
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada
y ha puesto precisamente a España y a Gran Bretaña como ejemplos
de la lucha contra el narcotráfico. A ello hay que añadir que las
propias organizaciones no gubernamentales -puede haber casos en los
que haya una desconfianza hacia la policía y hacia las Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado-, en general, son conscientes de los
esfuerzos que está haciendo la policía, de la labor eficaz que está
desarrollando, no hay una percepción de que la policía no hace nada,
todo lo contrario; asimismo, son también conscientes de la movilidad
y la excesiva facilidad que tienen los narcotraficantes. Con esto
quiero decir que la responsabilidad no es exclusivamente policial
sino que también hay una responsabilidad del legislador. Así, la
estrategia nacional sobre drogas 2000-2008 lo recoge, lo reconoce y
me consta que se ha empezado a trabajar en reformas legislativas
orientadas a evitar lo que ha sucedido en muchas ocasiones, es decir,
que la acción de la policía, obteniendo pruebas inculpatorias, pueda
acabar en una nulidad de actuaciones judiciales y deje a los
narcotraficantes que se marchen de rositas. Un magistrado me lo
comentaba el otro día en relación con las escuchas telefónicas. No se
puede permitir que un magistrado tenga que leerse íntegramente las
conversaciones grabadas, debería bastar con que simplemente la
policía le transmitiera las partes inculpatorias que de verdad le
preocupan. Esa responsabilidad del legislador es la que tenemos que
empezar a asumir cuanto antes para evitar que, problemas como los que
estoy manifestando, se repitan.
Nada más. Muchas gracias por su comparecencia y enhorabuena por su
gestión.
El señor PRESIDENTE: Si el señor director general no quiere añadir
nada más, antes de terminar la sesión, si les parece a los miembros
de la Comisión, y como el señor director general de la Policía me
acaba de anunciar que se encuentra con nosotros don Jesús Espigares,
comisario español recientemente elegido presidente de Interpol, me
tomo la libertad, en nombre de la Comisión y en el mío propio, de
felicitar a tan insigne español y tan insigne policía.
Señor director general, muchísimas gracias por su comparecencia.
Nuestro afecto, nuestro respeto y felices pascuas.
Se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.