Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 15, de 26/10/2000
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2000 VII Legislatura Núm. 15
PARA LA UNIÓN EUROPEA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP BORRELL FONTELLES
Sesión núm. 3
celebrada el jueves, 26 de octubre de 2000, en el Palacio del
Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
- Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso), sobre situación en que se encuentra el informe de la
Comisión Europea sobre el desarrollo del estatuto jurídico especial
de Canarias, como región ultraperiférica, al que se refiere el
artículo 299.2 del Tratado de Unión Europea. (Número de expediente
del Congreso 181/000101 y número de expediente del Senado 683/
000006.) ... (Página 243)
- Del mismo señor diputado, sobre dificultades existentes para que la
Comisión Europea apruebe el mapa de ayudas regionales presentado por
España para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006 para la
zona objetivo I. (Número de expediente del Congreso 181/000103
y número de expediente del Senado 683/000007.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre situación en que se encuentra la
reforma del Poseicán. (Número de expediente del Congreso 181/000104 y
número de expediente del Senado 683/000008.) ...
- Del señor Guardans i Cambó (Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), sobre medidas que ha adoptado el Consejo de
Ministros de la Unión Europea en materia de protección de secretos y
de limitación de acceso de los ciudadanos a sus actos y documentos.
(Número de expediente del Congreso 181/000190 y número de expediente
del Senado 683/000011.) ... (Página 247)
- Del mismo señor diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de las
limitaciones discrecionales sin control parlamentario del acceso de
los ciudadamos a la información de determinados actos del Consejo de
Ministros de Unión Europea. (Número de expediente del Congreso 181/
000191 y número de expediente del Senado 683/000012.) ...
(Página 247)
- Del mismo señor diputado, sobre posición del Gobierno en relación
con la inclusión de determinados países en una «lista negra» a
efectos de la obtención de visado en los Estados miembros del sistema
Schengen. (Número de expediente del Congreso 181/000192 y número de
expediente del Senado 683/000013.) ... (Página
250)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Europeos (De
Miguel y Egea) para informar sobre:
- La CIG y la Carta europea de derechos humanos. A petición propia.
(Número de expediente del Congreso 212/000027 y número de expediente
del Senado 713/000048.) ... (Página 252)
- La ampliación de la Unión Europea (UE). Apetición propia. (Número
de expediente del Congreso 212/000028 y número de expediente del
Senado 713/000049.) ... (Página 252)
- La Conferencia intergubernamental de la Unión Europea y, en
concreto, sobre la Carta de los derechos fundamentales. A solicitud
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de
expediente del Congreso 212/000155 y número de expediente del Senado
711/000050.) ... (Página 252)
- Los resultados del Consejo de Biarriz. Asolicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 213/
000181 y número de expediente del Senado 711/000059.) ...
(Página 252)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Agradezco al señor secretario de
Estado su extrema puntualidad. Si les parece a los miembros de la
Comisión, podemos tomar asiento e iniciar nuestros trabajos. Se me
comunica que tiene lugar una sustitución, la del senador por
Tarragona, don Vicente Beguer, que sustituye al señor Marimon, de
Convergència i Unió. Si hay alguna otra, la Presidencia con mucho
gusto tomará nota de ella a efectos de las correspondientes
votaciones, en el caso de que tuvieran lugar. (Pausa.) Si no es así,
podemos empezar. El orden del día no tiene más modificaciones que las
que resulten de las peticiones de aplazamiento de algunas de las
preguntas que están formuladas.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Quiero comunicar a la Mesa, en nombre del
senador don José Castro Rabadán, ausente por encontrarse de viaje,
que se solicita el aplazamiento de su pregunta. También quiero
recordar a la Presidencia el acuerdo que se alcanzó en la reunión de
la Mesa y portavoces al término de la última reunión de la Comisión,
por el que si se tramitaba convenientemente, como así ha sido, una
solicitud de comparecencia del Grupo Socialista, para que el
secretario de Estado informara sobre el Consejo europeo de Biarritz,
se incorporaría ésta al orden del día. Entiendo que este es el
momento en que se procede modificar el orden del día e incorporar
dicha solicitud de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. ¿Alguna objeción? (Pausa.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, SOBRE SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL INFORME DE LA
COMISIÓN EUROPEA SOBRE EL DESARROLLO DEL ESTATUTO JURÍDICO ESPECIAL
DE CANARIAS, COMO REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA, AL QUE SE REFIERE EL
ARTÍCULO 299.2 DEL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente
Congreso 181/000101 y número expediente Senado 683/000006.)
- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, SOBRE DIFICULTADES EXISTENTES PARA QUE LA COMISIÓN
EUROPEAAPRUEBE EL MAPA DE AYUDAS REGIONALES PRESENTADO POR ESPAÑA
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2006 PARA LA ZONA
OBJETIVO 1. (Número de expediente Congreso 181/000103 y número de
expediente Senado 683/000007.)
- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE BURGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA LA
REFORMA DEL POSEICAM. NÚMERO DE EXPEDIENTE CONGRESO 181/000104 Y
NÚMERO DE EXPEDIENTE SENADO 683/000008.)
El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día, pregunta que
formula don Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular,
que tiene la palabra para formularla.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Como es sabido, las islas Canarias
en el momento de la integración de España en la Unión Europea
quedaron en la práctica fuera de ella al quedar fuera de la unión
aduanera, error que se enmendó al poco tiempo, considerando que la
plena integración de las islas Canarias en la Unión Europea era la
solución más adecuada en beneficio de los intereses del archipiélago.
Y así ha sucedido, a pesar de que los agoreros de siempre han estado
permanentemente planteando el fracaso de las negociaciones de España
en relación con Canarias en la Unión Europea. La realidad es que, una
tras otra, se han ido ganando todas las batallas, como la OCM del
plátano, ahora el estatuto mal llamado permanente de Canarias en la
Unión Europea, la zona económica especial y tantos
y tantos asuntos que han beneficiado tremendamente a las islas
Canarias.
Yo tengo hoy la satisfacción de plantear mis preguntas. Como son
tres, no tengo inconveniente en agruparlas, puesto que están
íntimamente relacionadas. Si me lo permite, señor presidente, con
mucho gusto agruparía las tres en una sola al objeto de ahorrar
tiempo a sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Seguro que nadie tiene ningún inconveniente.
El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Como digo, en estos momentos la
cuestión capital que tenía el archipiélago canario era la
constitucionalización de un estatuto jurídico especial del
archipiélago canario, junto con las demás regiones llamadas
ultraperiféricas en Europa, después de una larga trayectoria. Como es
sabido las Azores, las Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira,
Martinica y La Reunión son regiones situadas a miles de kilómetros
entre sí y del continente europeo, en distintas ubicaciones, pero
cuya especificidad ha sido definida en el Tratado de Maastricht. Su
carácter único se reconoce además en el Tratado de Amsterdam, con un
concepto innovador, cual es el concepto de la ultraperiferia. La
acumulación de desventajas en estas regiones ha hecho -por su gran
alejamiento, su desfavorable situación para atraer inversiones, el
factor de los incrementos de los costes por los intercambios de
bienes y servicios- que estas regiones sean consideradas dentro de la
Unión Europea con un estatuto especial y característico.
Seis de las siete regiones ultraperiféricas son islas y en 1999 seis
de las siete regiones ultraperiféricas formaban parte de las diez
regiones más desfavorecidas de la Unión Europea y en ellas la tasa de
desempleo y subempleo duplicaba con creces la media europea. Quiero
decir con esto que ha habido la sensibilidad suficiente, tanto por el
Gobierno de España como por la Unión Europea, para considerar que
estas situaciones específicas deberían tener un tratamiento especial,
como así ha ocurrido casualmente en el día de ayer, al aprobarse por
unanimidad en la Unión Europea el llamado Informe Sudre. Se aprobó
ayer en Comisión prácticamente por unanimidad, a pesar de que los
agoreros de siempre han estado permanentemente indicando que el
Gobierno español no era capaz de conseguir las ventajas derivadas de
esta situación específica de las islas Canarias dentro del marco de
la Unión Europea. Ayer mismo, algunos periódicos del archipiélago,
hablaban de la resistencia alemana en la eurocámara a conceder a
Canarias un estatuto especial, y sin embargo, ayer, en una sesión del
Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, se ha aprobado
prácticamente por unanimidad el informe Sudre, que viene a reconocer
la situación de las regiones ultraperiféricas con un tratamiento
especial. Se basa este tratamiento especial en
cinco características que son comunes a las regiones
ultraperiféricas. La primera es la integración en un doble espacio
geoeconómico constituido, por una parte, por una zona geográfica de
proximidad y, por otra, por un espacio político de pertenencia. La
segunda es un aislamiento relativo, debido a la gran lejanía del
conteniente europeo, reforzado por su insularidad. La tercera
característica es la dimensión muy reducida del mercado local. La
cuarta, unas condiciones geográficas y climatológicas que limitan el
desarrollo endógeno de los sectores primario y secundario. Y, en
quinto lugar, la dependencia económica respecto de un pequeño número
de productos, incluso de un solo producto, como sucede en el sector
agrícola, por ejemplo, con el plátano en las islas Canarias.
La Comisión Europea ha considerado el carácter permanente de los
efectos negativos que se derivan de esas circunstancias y que suponen
un coste adicional y ha tenido en cuenta que la realidad de las
regiones ultraperiféricas no puede compararse en modo alguno con los
demás territorios de la Unión. También ha tenido en cuenta que los
programas de opciones específicas por la lejanía y la insularidad,
los Posei, que, como se sabe, son los distintos tratamientos
específicos que hay para las distintas comunidades ultraperiféricas,
y que entraron en vigor en 1989 y 1991 en el conjunto de estas
regiones, tienen como objetivo permitir la participación activa de
estas regiones en la dinámica del mercado interior de la Unión
Europea. Seis de las siete regiones ultraperiféricas figuran aún
-tengo que decir que Canarias es la única que está bordeando estos
niveles- entre las diez regiones más pobres de la Unión Europea, y
Canarias en estos años ha pasado de ser catalogada dentro de las
regiones más pobres a estar ya en los umbrales de la media del 75 por
ciento del producto interior bruto, que se considera el linde que
separa las actuaciones de la Unión Europea en relación con las
regiones de Objetivo 1. La capacidad de inversión de la Unión Europea
a favor de las regiones ultraperiféricas se ha visto actualmente
reforzada gracias al apartado 2, del artículo 299, del Tratado de la
CEE, que, como sabemos, fue incorporado en Amsterdam y antes en
Maastricht, lo que supone la aplicación de unas medidas específicas.
Por otro lado, el 4 de julio del año 2000, el presidente en ejercicio
del Consejo, señor Chirac, manifestó ya su deseo de que se apliquen
las nuevas disposiciones del Tratado de Amsterdam para las Azores,
Madeira, Canarias y departamentos franceses de ultramar, lo cual ha
venido a coincidir con la Presidencia francesa, muy interesada y
sensibilizada también con este problema por sus regiones
ultraperiféricas. El enfoque ultraperiférico no se limita a un sector
de la actividad, sino que afecta a todas las políticas comunitarias,
es decir, a la agricultura, la pesca, la política regional, la
fiscalidad, la competencia, los transportes, la energía, la sociedad
de la información, la política empresarial,
etcétera. Los ciudadanos europeos de las regiones ultraperiféricas no
tienen, sin duda alguna, las mismas posibilidades y oportunidades que
los ciudadanos del territorio continental, y a esto ha sido muy
sensible la Unión Europea. Y tenemos que manifestar nuestra
satisfacción con que siempre que en esta Comisión se han planteado
estos problemas capitales para las islas Canarias, derivados de su
lejanía, de su insularidad y de sus circunstancias características
por su situación geográfica, los distintos grupos políticos canarios
aquí representados, el Partido Popular, el Partido Socialista
y Coalición Canaria, hemos mantenido siempre una postura acorde, lo
cual se ha visto reforzado también por la actuación de nuestros
parlamentarios en el Parlamento Europeo, donde los distintos grupos
políticos han coincidido siempre en la defensa de estos intereses,
que no son de partido, sino que, como ha dicho el presidente Aznar,
son cuestiones de Estado que afectan fundamentalmente a las islas
Canarias.
En el apartado 2 del artículo 299 se define una estrategia global y
coherente cuyo objetivo sea el desarrollo sostenible de las regiones
ultraperiféricas mediante medidas adoptadas en función de su
situación especial, teniendo en cuenta las necesidades individuales
de desarrollo de cada una de estas regiones. El apartado 2 del
artículo 299 constituye un fundamento jurídico para adoptar las
medidas apropiadas a favor de las regiones ultraperiféricas, del cual
derivan -y por eso mi propuesta de acumular las tres preguntas en
una- los otros puntos incluidos en preguntas diferentes, como son el
posible peligro de que Canarias desaparezca como zona Objetivo 1 por
bordear ya la media de los países europeos o, incluso, la posible
disminución de fondos contemplados actualmente en el Poseican. Pues
bien, yo tengo que mostrar mi satisfacción y felicitarme con todos de
que ayer el Pleno del Parlamento Europeo, reunido en Estrasburgo,
haya aprobado prácticamente por unanimidad el informe Sudre, que ya
había sido antes aprobado por unanimidad en la comisión
correspondiente de la Asamblea europea, y, en consecuencia,
felicitarme de que, como digo, a pesar de los agoreros de siempre,
que han venido reiterando los peligros permanentes que acechan en
Canarias en relación con su dependencia de las políticas de la Unión
Europea, ayer se haya venido a confirmar que Europa es sensible y que
el Gobierno de España, unido a las fuerzas políticas allí
representadas, ha sido capaz de sacar adelante un estatuto jurídico
especial para las islas Canarias, del cual se van a derivar en el
futuro todas las políticas de la Unión Europea.
Me gustaría preguntar al secretario de Estado si, a la vista de este
acuerdo unánime, es de prever -y esperemos que así sea- que en el
Consejo de Niza se incluya ya el dictamen aprobado ayer por
unanimidad en Estrasburgo y se apruebe ya definitivamente el estatuto
jurídico especial para las regiones ultraperiféricas, del cual
confiamos que se desprendan beneficios importantes,
como se han venido sucediendo desde la integración de Canarias en la
Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Buenos días, señorías. Pasaré a responder las preguntas planteadas
por el diputado don Alfonso Soriano. Empezaré por responder a la
última, y de manera escueta. Respecto a la pregunta que se refiere a
si el Consejo Europeo va a tomar nota del informe aprobado en el
Parlamento Europeo, le diré que no es costumbre del Consejo Europeo
incluir en sus conclusiones ninguna referencia a actos legislativos
del Parlamento Europeo. Por otra parte, a pesar de que el Gobierno
español siempre ha estado muy atento a que el Consejo Europeo, como
órgano supremo del entramado institucional de la Unión, exprese
claramente sus orientaciones con respecto al desarrollo de las
regiones ultraperiféricas, nos parece que una nueva referencia al
Consejo Europeo sería redundante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar,
tenemos lo más importante, que es un artículo en el Tratado, y un
mandato de derecho primario es mucho más importante que cualquier
recomendación del Consejo Europeo. En segundo lugar, hay ya
recomendaciones del Consejo Europeo en el sentido de desarrollar el
artículo 299.2, habiendo sido verdaderamente un hito ponerlo en el
frontispicio de los tratados de la Unión. Y eso es lo que hay que
hacer. Hubo un mandato del Consejo Europeo a la Comisión para que
presentara un informe, la Comisión presentó ese informe el 14 de
marzo de este año, y ha empezado el proceso para realizar estas
propuestas de la Comisión, cuyos compromisos más destacados -los
quiero recordar, y el señor Soriano los conoce- son los siguientes.
El compromiso de que a lo largo del año 2000 la Comisión presentaría
todas las propuestas de desarrollo con la idea de terminar el año
2000. La Comisión se comprometía también a que no se produzca
discontinuidad en caso de prórroga de medidas existentes,
garantizando la larga duración cuando no sea posible la permanencia.
Otro compromiso es la eliminación de cualquier referencia a la
vinculación entre regiones Objetivo 1 y nivel de renta. Se considera
que las regiones ultraperiféricas, por sus características
estructurales de lejanía, independientemente de su nivel de renta,
tienen una condición perpetua de desventaja que hay que compensar
mediante su inclusión en las regiones Objetivo 1. También la
posibilidad de conceder ayudas al funcionamiento, no regresivas y no
limitadas en el tiempo, cuando contribuyan al desarrollo económico.
Este aspecto es particularmente importante para Canarias, porque es
la base para prorrogar la ZEC, la zona especial canaria, más allá del
período establecido, que es el año 2006. Igualmente, esa amplia
interpretación que se da -para nosotros satisfactoria- al artículo
299.2,
con un enfoque más político y económico que estrictamente jurídico,
lo cual abre el abanico de posibles desarrollos en este régimen en el
futuro.
La Comisión ha hecho parte de su trabajo -todos lo sabemos-, pero
también hay motivo para pensar que posiblemente el trabajo, tal y
como estaba programado, no se termine en el año 2000. Esto causa
inquietud en las regiones ultraperiféricas por una razón: porque se
había pensado, primero, que el horizonte del año 2000 era suficiente
y, segundo, porque en el año 2000 se contemplaba una circunstancia
particularmente favorable para las regiones ultraperiféricas, puesto
que hay dos presidencias seguidas que son titulares de regiones
ultraperiféricas, que es el caso de Portugal y de Francia. Y
pareciera como si el año 2000, además de ser un horizonte temporal
suficientemente amplio, fuera como quien dice el último tren.
Verdaderamente, creo que no hay razón para inquietarse, puesto que en
el caso de que, por los retrasos normales del quehacer comunitario,
esto no se pudiera terminar en el año en curso, no hay motivo para
que la Presidencia sueca no vaya a continuar el trabajo, sabiendo,
además, que los suecos han tenido sensibilidad para estos temas.
La situación es que la Comisión ya ha procedido a la modificación de
las líneas directrices de las ayudas de Estado con finalidad regional
y a partir de ahora serán posibles las ayudas destinadas a reducir
gastos corrientes de las empresas en las regiones ultraperiféricas;
es decir, ayudas de funcionamiento sin límite de tiempo y sin
carácter regresivo, con la sola condición de que estén destinadas a
compensar los costes adicionales que entraña el ejercicio de
actividades económicas en las condiciones de desventaja que se
enumeran en el artículo 299.2 del Tratado. Además, las regiones
ultraperiféricas se beneficiarán automáticamente de la derogación
prevista en el artículo 87.3 c) por el solo hecho de su condición
ultraperiférica, respetando los límites de población nacional con
derecho a beneficiarse de este tipo de ayudas.
Por lo que respecta a otros aspectos prioritarios relativos al
artículo 299.2, se trabaja intensamente con la Comisión y con otros
departamentos ministeriales y responsables del Gobierno de Canarias,
a fin de que los correspondientes reglamentos del Consejo puedan ser
adoptados en tiempo últil para que haya continuidad de las medidas.
Como he dicho, esto puede no suceder. Se contempla con inquietud que
termina el año, pero estamos preparados para solicitar, en el caso de
que no se concluyan los trabajos el 31 de diciembre, una prórroga del
actual sistema, prórroga que normalmente se concede de manera
automática. Hay que decir que si los temas no han avanzado no ha sido
exclusivamente por culpa de la Comisión, puesto que en algunos casos,
ya sea Canarias, ya sean otras regiones ultraperiféricas, han tardado
en enviar los datos correspondientes. Esta no es una cuestión que nos
tenga que inquietar demasiado, estas cosas suelen pasar y lo
importante es que el
proceso se ha iniciado, las propuestas están encima de la mesa y el
proceso es irreversible. Seguramente, lo reconozco -y yo soy el
primer decepcionado-, no vamos a ver el desarrollo de todas las
medidas derivadas del artículo 299 de aquí al final de año, pero es
muy posible que sí en los meses siguientes y sin ningún perjuicio
para Canarias, porque en el caso de que hubiera necesidad de
prorrogar el sistema existente más allá del año 2000, porque muchos
de los preceptos terminan en este año, tenemos el acuerdo de la
Comisión para solicitar y obtener una prórroga.
Con respecto a la reforma del Poseican, la reforma del Reglamento
1601 puede considerarse cerrada. En junio de 1999, en el curso de una
reunión entre una representación española y el director general de
Agricultura de la Comisión, se alcanzó una solución satisfactoria en
todas las cuestiones pendientes. La Comisión, además, tomó nota de la
especial sensibilidad del subsector de la papa de consumo canaria,
que preocupa mucho a la población. Conscientes del interés de las
otras regiones ultraperiféricas y de la propia Comisión de llevar un
debate al Consejo, España ha mostrado una disposición favorable en
asumir que los aspectos comunes del Poseican agrícola con el Poseidon
y Poseima avancen en paralelo, siempre y cuando no se derive de esta
posición un retraso para los intereses españoles.
Pese a todo, la Comisión -y esto hay que decirlo- no está en
condiciones de lanzar su propuesta, debido a las dificultades para
financiar el gasto que implica la reforma del Reglamento 1601/92. La
verdad es que el gasto, en términos comunitarios, es insignificante,
porque son 25 millones de euros. Nosotros pensamos que 25 millones de
euros no deben suponer un obstáculo para la puesta al día del
Poseican agrícola, cuando la previsión presupuestaria para este
régimen se ha reducido más de un 50 por ciento entre 1992 y 1999. Yo
creo que la reducción de un gasto es un ejemplo único en la política
agrícola común.
En el informe que he citado, de 14 de marzo de 2000, sobre las
medidas destinadas a poner en marcha el desarrollo del artículo 299.2
del Tratado, la Comisión se ha comprometido a presentar en este año
el informe de aplicación de los tres Poseis agrícolas y velar por
consolidar y adaptar el acervo, así como examinar la mejora del marco
agrícola actual a favor de las regiones ultraperiféricas.
Por tanto, resumiendo, se puede decir que los retrasos en la reforma
del Poseican son solamente imputables a la Comisión. España ya ha
aportado todos los elementos de información necesarios, que no
plantean ningún problema. El único problema siguen siendo los 25
millones de euros, que tampoco es un obstáculo tan grave como para
que no pueda ser superado. La Presidencia francesa está impulsando
este asunto y como estos aspectos presupuestarios afectan a Francia,
van a hacer un esfuerzo grande para desbloquear esta cifra.
En los próximos días, del 1 al 3 de noviembre, está prevista la vista
del comisario de Agricultura, señor Fischler, a las islas Canarias y
esperamos que esa visita contribuya a aumentar su sensibilidad por
estas cuestiones.
La última pregunta del señor Soriano se refería a las ayudas
regionales para la zona Objetivo 1 y la posibilidad de incluir a
Canarias. Como sabe el diputado señor Soriano, a partir de los
acuerdos del Consejo Europeo de Berlín ha quedado establecida la
coherencia entre las regiones Objetivo 1, es decir, las que tienen un
PIB por habitante inferior al 75 por ciento de la media comunitaria
reflejada en el reglamento general de los fondos estructurales y la
excepción establecida en el Tratado a la posibilidad de otorgar
ayudas según el artículo 87.3. Esta referencia queda, además,
completada con una declaración del Consejo según la cual éste toma
nota de la necesidad de alcanzar una relación adecuada entre las
regiones Objetivo 1 y las cubiertas por el artículo 87.3. Por eso, al
quedar así resuelta la coherencia a estos efectos entre ambos mapas,
no puede hablarse de existencia de dificultades en la delimitación de
los mismos. Por su trascendencia para Canarias así como por el
impacto positivo que debe derivarse, parece importante subrayar que
la Comisión ha adoptado una modificación de las directrices, en el
pasado mes de agosto, sobre las ayudas estatales de finalidad
regional, para tener en cuenta el apartado 2 del artículo 299, el
relativo a regiones ultraperiféricas, y concretamente para contemplar
el tema de las islas Canarias, de acuerdo con el punto 59 de las
conclusiones de la cumbre de Lisboa, que se tomaron durante la
Presidencia portuguesa, en el mes de marzo de este año.
Por tanto, ahora es posible para Canarias, como región
ultraperiférica, recibir ayudas regionales y la concesión de ayudas
de funcionamiento, no decrecientes y no limitadas en el tiempo,
cuando estén destinadas a reducir los costes adicionales del
ejercicio de la actividad económica inherentes a las desventajas
definidas en el apartado 2 del artículo 299.
Por su parte, la Comisión va a examinar los proyectos de ayuda,
teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado y su contribución
al desarrollo futuro de la región; la evaluación de la desventaja que
debe hacer frente al Estado miembro y el examen de la ayuda prevista
podrán realizarse teniendo en cuenta las peculiaridades de
determinados sectores económicos. La modificación de las directrices
relativas a las ayudas de finalidad regional para las regiones
ultraperiféricas, enmarcada en el apartado 2 del artículo 299, es el
resultado del esfuerzo conducente a un beneficio para las islas
Canarias, que ayuda a paliar las dificultades que se derivan de su
ultraperificidad. Por tanto, en este tema las ayudas pueden ser
compatibles, pero es un tema que está ya resuelto y que avanza dentro
del marco general del régimen que se pretende acordar en desarrollo
del artículo 299.
Por tanto, señoría, le agradezco que haya traído a esta Cámara la
inquietud, que es propia del archipiélago canario, de ver cómo se va
haciendo el desarrollo de este artículo 299.2 del Tratado de
Amsterdam, pero nuestra evaluación es que, con las dificultades de
siempre -porque siempre hay dificultades para estos temas, nada sale
cuesta abajo en la Unión Europea-, todo parece indicar que no hay
razón para inquietarse y que si puede haber algún retraso en el
régimen general, en cualquier caso, no afectará negativamente a las
islas Canarias, porque están ya negociándose las prórrogas de las
diferentes ayudas que tienen que terminar en el año 2000. Por tanto,
esperamos que la mayor parte del marco esté terminado este año, y si
hubiera algo que quedara por terminar no hay razón para inquietarse,
porque se pedirá una prórroga, que se va a conceder, para el sistema
específico de ayudas que hay en las islas Canarias, y seguramente el
régimen general podrá ser aprobado si no este año, en los primeros
meses del año 2001.
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta ha sido aplazada. Se trata
de la pregunta número 4, del señor Castro Rabadán, que ha quedado
aplazada para otra ocasión.
- DEL SEÑOR GUARDANS I CAMBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈENCIA I UNIÓ) SOBRE MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL CONSEJO DE
MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE SECRETOS
Y DE LIMITACIÓN DE ACCESO DE LOS CIUDADANOS A SUS ACTOS Y DOCUMENTOS.
(Número de expediente del Congreso 181/000190 y número de expediente
del Senado 683/000011.)
- DEL SEÑOR GUARDANS I CAMBÓ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS
LIMITACIONES DISCRECIONALES SIN CONTROL PARLAMENTARIO DEL ACCESO DE
LOS CIUDADANOS A LA INFORMACIÓN DE DETERMINADOS ACTOS DEL CONSEJO DE
MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente del Congreso
181/000191 y número de expediente del Senado 683/000012.)
El señor PRESIDENTE: El señor Guardans tiene presentadas tres
preguntas, ¿Desea acumular alguna?
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Sí, señor presidente, acumularé, si le
parece, las preguntas que figuran como puntos 5 y 6. Mejor dicho,
estaré encantado de que acumule las respuestas, porque las preguntas
las formularé las dos. Lo que se acumulará es la respuesta.
Buenos días, señor secretario de Estado. Según parece y según
información, al fin y al cabo hasta hoy estrictamente periodística,
en un solo medio de comunicación español y sin embargo en bastantes
medios de comunicación internacionales, sabemos que se dictaron en el
mes de agosto, y a propuesta del secretario general del Consejo de la
Unión Europea, don Javier Solana -que ésa es la función con la que ha
actuado en este caso- una serie de normas nuevas, dirigidas a
sustituir a unas normas que ya existían, elaboradas en el año 1993,
por las cuales se recalifica aquello que debe considerarse secreto, y
por tanto material clasificado, en el seno del Consejo de la Unión
Europea, esto es, todos aquellos documentos que han de quedar
sustraídos al conocimiento de la opinión pública y, en general, del
control.
Si eso es así -y es lo primero que le pedimos, que nos explique
exactamente qué es lo que ha ocurrido ahí-, estaríamos de nuevo ante
un ejemplo claro de lo que algunos venimos en llamar, y otros han
querido negar su existencia, déficit democrático de la Unión Europea.
Estaríamos ante una decisión tomada por el Coreper, que la mayoría de
la opinión pública no sabe ni qué es y que, sin embargo, es el gran
Gobierno europeo en la práctica -es el Comité de Representantes
Permanentes, el conjunto de embajadores que actúan como
representantes permanentes en Bruselas de los distintos Estados
miembros-, a mediados de agosto, con agostidad -expresión que se ha
utilizado más de una vez en España para medidas de este estilo-, con
secreto y, según parece, con el voto de España. Por tanto, el Coreper
hubiera contado también con el voto de España.
Mi grupo y este portavoz entienden que, a medida que la Unión Europea
se adentra en materias de seguridad, de defensa y en materias de
política exterior, probablemente habrá que cambiar los métodos de
trabajo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Es evidente que los
documentos en materia de seguridad y defensa no son iguales y no
pueden ser tratados igual a efectos de confidencialidad que los
documentos sobre armonización de tamaño de los carburadores o los
documentos sobre las cuotas de la leche. Repito, hasta ahí estamos
todos de acuerdo y, por tanto, entendemos la perplejidad que el ex-
secretario general de la OTAN percibió al ocupar el cargo de
secretario general del Consejo de la Unión Europea y de alto
representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, al
comprobar que efectivamente ahí no había ningún tipo de
confidencialidad sobre la documentación, ni siquiera sobre las
reuniones, ni en los despachos. Estamos de acuerdo en que se cambie
el proceso, pero no de esta manera, porque no vale todo. Hay que
fijar bien qué es lo que se clasifica, qué es lo que no se clasifica,
en qué condiciones y con qué medidas de control. Y ésa es la
explicación que le pido al señor secretario de Estado, porque al fin
y al cabo, el voto de España es uno de los que lo ha permitido.
No puede ser que a nivel de la Unión Europea se estén haciendo cosas
y se esté llegando a un alto grado de secretismo sin el más mínimo
control democrático, ni del Parlamento Europeo, porque esto es
intergubernamental, ni prácticamente de los parlamentos nacionales,
porque lo único que nos queda es pedirle cuentas a usted, como
representante del Gobierno, que siempre podrá decir que sólo
representa a una decimoquinta parte del total, y estamos de nuevo en
la dificultad de controlar parlamentariamente esa cuestión.
Da la impresión, insisto, de que las medidas que aquí se han tomado
ningún gobierno democrático se hubiera atrevido a tomar en estos
términos, en su propia dimensión nacional. Pero a nivel de la Unión
Europea, como lo que es de todos no es de nadie, lo que ha de ser
controlado por todos finalmente no es controlado por nadie, por lo
que estamos en un paréntesis, con una especie de sensación de vacío
de control parlamentario, en un tema muy sensible, como es, insisto,
el hecho de sustraer a la opinión pública, lo que ha sido o ha
pretendido ser una de las características de la Unión Europea en su
trabajo cotidiano, la transparencia.
Por tanto, lo que le pido, y paso a formular literalmente las
preguntas, es, en `primer lugar, que nos informe exactamente y con
carácter oficial de qué medidas ha adoptado el Consejo de la Unión
Europea en materia de clasificación de documentos distintas de las
que ya existían hasta ahora y, por tanto, de protección de secretos y
de limitación del acceso de los ciudadanos a sus actos y documentos;
y en segundo lugar, de cuál ha sido y cuál es en este momento la
posición oficial del Gobierno español a este respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Efectivamente, en materia de protección de secretos y de limitación
de acceso por parte de los ciudadanos a ciertos actos y documentos
del Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Consejo ha adoptado
una serie de decisiones, y digo el Consejo porque es siempre el que
decide siempre por sus vías y quiero recalcar que el Comité de
Representantes Permanentes no es un grupo incontrolado, es un grupo
de embajadores que son representantes permanentes de sus gobiernos en
Bruselas y que actúan siempre, mucho más en temas como estos, con
instrucciones. Además, el hecho de que la última de estas
disposiciones se tomara el día 14 de agosto no suponía más que dar
sanción a una decisión tomada ya en el mes de julio, que tenía un
trámite administrativo que había que terminar. No es que el Coreper
se reuniera con veraneidad y alevosía en un día del mes de agosto
para decidir un tema, sino que este tema estaba sobre la mesa del
Consejo desde hacía mucho tiempo, y se había discutido y decidido por
los ministros en los consejos
del mes de junio y del mes de julio. Por tanto, no cabe esa
sensación de que un día se reúnen en secreto los miembros del
Coreper, los representantes permanentes y deciden un tema, porque no
es así.
Respondiendo a la pregunta sobre cuáles son las medidas que ha
adoptado el Consejo de Ministros, son tres: en primer lugar, la
Decisión 1993/7/CE, de 20 de diciembre de 1993, sobre el acceso del
público a los documentos del Consejo, publicada en el Boletín Oficial
de las Comunidades Europeas de 31 de diciembre de 1993; en segundo
lugar, la Decisión 2000/23/CE, de 6 de diciembre de 1999, sobre la
mejora de información relativa a las actividades legislativas y el
registro público de los documentos del Consejo, publicada también en
el Boletín Oficial del 13 de enero de 2000. Estas dos decisiones van
en la dirección de abrir absolutamente todos los documentos del
Consejo de Ministros a consulta pública; no me refiero a su
transmisión al Parlamento, que eso es de oficio, sino a que pueda
consultarlos cualquier ciudadano de la Unión. La última disposición,
la de 14 de agosto de 2000, que indudablemente introduce un régimen
especial o de derogaciones en las anteriores, que fue publicada en el
Boletín Oficial de 17 de agosto de 2000, lo que hace en relación con
la primera, la de 1993, que es la marco, es excluir del acceso al
público los documentos relativos a la seguridad y defensa de algunos
de los Estados miembros de la Unión Europea o relativos a la gestión
militar o gestión civil de crisis; no todos, sino aquellos a los que
se haya otorgado la clasificación de secreto absoluto, secreto o
confidencial. También respecto a la decisión posterior del año 2000,
excluye del registro público del Consejo estos documentos a los que
he hecho referencia, es decir, aquellos que se refieren a la
seguridad y defensa de uno o varios de los Estados miembros de la
Unión Europea y a temas de gestión militar y gestión civil de crisis,
pero únicamente aquellos a los que se haya dado la clasificación de
secreto absoluto, secreto o confidencial. Naturalmente, esta última
decisión es la que ha suscitado las dificultades a las que S.S. se
refiere y que es objeto de un debate intenso y a veces áspero entre
el Consejo, que naturalmente mantiene los términos de su decisión, y
el Parlamento Europeo, que ha manifestado su descontento con la misma
y amenaza con un recurso ante el Tribunal de Justicia. Esto no es más
que una muestra de la buena salud del sistema. El Consejo tiene sus
razones, como las tiene cualquier gobierno nacional, para restringir
el acceso a documentos secretos y confidenciales al público en
general. Naturalmente, habrá que arbitrar un sistema por el que el
Parlamento, a través de una comisión de secretos o de una comisión
específica de acceso restringido, pueda tener acceso a ellos. En ese
debate estamos ahora; seguramente, el resultado estará en un punto
medio, que no será ni la exclusión del Parlamento de todos esos
documentos clasificados como secretos,ni tampoco, como pretenden
muchos parlamentarios
europeos, la publicación urbi et orbi de todos los documentos
confidenciales que afectan a la seguridad y que son clasificados como
secretos, porque la regla de la transparencia en toda sociedad
democrática puede y debe tener sus excepciones. La regla sobre el
acceso del público a los documentos del Consejo de la Unión no puede
ni debe escapar a este principio. No son libremente accesibles
algunos documentos cuyo conocimiento público puede ser lesivo para
los intereses de la Unión, de sus Estados miembros o de terceros.
Para estos documentos se prevé la posibilidad de un acceso caso a
caso, salvo que se trate de documentos clasificados relacionados con
lo que se llama política exterior de seguridad y defensa, los cuales
están globalmente excluidos.
No hay que olvidar que en numerosas ocasiones las líneas generales de
asuntos que pueden ser clasificados son debatidas en diversas
instancias de la Unión y muy concretamente en sede parlamentaria,
tanto en los parlamentos nacionales como en el Parlamento Europeo.
A este efecto, el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea contempla
la participación de dicha Cámara en la elaboración y desarrollo de
las opciones básicas de la política exterior y de seguridad común;
por tanto, el Parlamento tiene hoy la posibilidad de debatir estos
temas, pero, naturalmente, hay algunas excepciones y el Gobierno
español considera que las disposiciones adoptadas en materia de
acceso de los ciudadanos a ciertos actos y documentos del Consejo de
Ministros de la Unión Europea están plenamente justificadas por la
esencia misma de dichos actos y eso nos llevó a dar nuestro voto
favorable. El desarrollo de las actividades y competencias de Unión
Europea y de sus instituciones en temas particularmente sensibles,
relacionados con el segundo pilar -política de seguridad y defensa
comunes-, justifica estas cautelas, que no están, en nuestra opinión,
reñidas con una transparencia en la información por parte del
ciudadano, cada vez más amplia y más exigente. Ningún país desea ver
determinados actos o documentos expuestos a la plena luz cuando
intereses nacionales importantes pueden verse afectados. Si además en
esos actos y documentos están implicados los intereses de otros
países, en este caso países miembros del Consejo, la cautela y la
reserva se imponen a mayor abundamiento.
Naturalmente, S.S. me puede decir que todo esto es válido, pero que
no conviene que toda una Cámara parlamentaria quede excluida
totalmente de un grupo de documentos. Lo que hay que hacer es que el
Parlamento Europeo se dote de los mecanismos que tienen los
parlamentos nacionales -y el nuestro lo tiene- para poder tener
acceso restringido a una serie de documentos confidenciales. En este
momento, el Parlamento Europeo no lo tiene y lo que pretende hacer es
que estos documentos entren en el flujo de la documentación
parlamentaria, exactamente igual que aquellos que se refieren a
normas técnicas del mercado interior. Es
evidente que publicar cuáles son los problemas del ancho de ejes de
los camiones trailer o de los palets en la Unión Europea no tiene
ninguna trascendencia y, sin embargo, algunos documentos que afectan
a la seguridad sí la tienen. Ni la Unión Europea ni el alto
representante de la política exterior y de seguridad común podrán
desempeñar el papel que la ciudadanía europea quiere de ellos,
teniendo fuerza como verdadero poder en la escena internacional, si
resulta que todas las opciones estratégicas y las que afectan a la
seguridad pueden estar no solamente en la calle y en los papeles sino
en la primera plana de los periódicos. Eso me parece que resulta tan
evidente que no hay un solo diputado que no lo reconozca. Lo que pasa
es que hemos entrado en una especie de debate maximalista que en este
momento está haciendo mucho ruido, pero que terminará en un acuerdo
que llevará forzosamente al Parlamento Europeo a responsabilizarse y
a crear un mecanismo específico para tratar ese tipo de documentos,
pero mientras ese mecanismo no exista, el Consejo ha ejercido su
responsabilidad y ha dicho que ese tipo de documentos tiene que estar
totalmente restringido al público en general y al escrutinio público
dentro del Parlamento Europeo. Este tema está en la mesa. Es bueno
que lo debatamos aquí, porque es una preocupación que todos tenemos y
un aspecto muy importante de la construcción europea en los ámbitos
de seguridad y de defensa, pero desde luego no ha habido ninguna
decisión definitiva sobre el tema. Como digo, estamos en pleno
debate. El Gobierno español está naturalmente abierto a buscar un
compromiso en el Parlamento que dé al Consejo todas las garantías de
confidencialidad respecto a temas que son, como puede imaginar el
diputado Guardans, extraordinariamente sensibles no solamente para
nuestro país sino para la seguridad de la Unión.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Yo le agradezco la información y
evidentemente empezaba mi pregunta dejando claro que entiendo muy
bien que, como usted dice -yo le ponía el ejemplo de los
carburadores, usted el del ancho de ejes-, que no es lo mismo hablar
de cuotas de la leche o del ancho de ejes de los trailers que hablar
de la seguridad y defensa y que, por tanto, no pueden tener el mismo
tratamiento, pero de su respuesta deduzco lo que intuía y es que por
el momento lo que se ha dado es un cierto -con muchas comillas por
delante y por detrás- golpe de fuerza, porque lo que se ha hecho es,
a la espera de que el Parlamento se aclare, tomar una decisión, y el
Consejo tenía a su disposición -y España en el seno del Consejo lo
podía haber promovido- la posibilidad de instar a que el Parlamento
estableciera ese mecanismo antes de tomar esta decisión, porque en
este momento en la situación en la que estamos hay un
mecanismo de calificación de secretos sin que exista el más mínimo
control parlamentario, con el agravante de que eso se aplica no sólo
a la seguridad y defensa sino a un concepto que es uno de los que
como sabe el secretario de Estado son objeto de la polémica, que es
la noción de la gestión civil de crisis, porque dicha noción es un
enorme paraguas que en el ámbito de la actuación de la Unión Europea
puede llegar muy lejos y puede llegar mucho más lejos que lo que hace
referencia a satélites, a armamento o a lo que sería estrictamente
defensa y problemas de seguridad. La gestión civil de crisis en el
ámbito de la Unión Europea es un concepto amplísimo y si por esa vía
también se pueden calificar como secretos determinados documentos
sin, insisto, el más mínimo control parlamentario, sin ninguna
posibilidad de fiscalización, creemos que la situación no es la
correcta. Usted ha mencionado el posible recurso del Parlamento
Europeo. Según nuestras fuentes el Gobierno holandés también está
estudiando la posibilidad de establecer ese recurso. A lo mejor será
lo oportuno para que sea finalmente el Tribunal de Justicia quien
acabe poniendo un poco de orden.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Únicamente les diré que estamos en un momento crucial de la evolución
de todo el proceso de toma de decisiones a nivel del Consejo y de la
Unión sobre todos los temas de seguridad y defensa y no podía
demorarse por más tiempo una decisión respecto a este tema de los
documentos secretos y clasificados; por tanto, el Consejo actuó con
responsabilidad e impuso estas restricciones. Veremos a ver cuál es
el resultado de todo esto, pero en cualquier caso yo lo que no acepto
es que no haya control parlamentario, porque los gobiernos que actúan
en el ámbito de la Unión Europea están continuamente controlados por
sus parlamentos nacionales y cuando ha habido cualquier tema que
afectaba a la seguridad y defensa, el Gobierno español ha comparecido
ante este Congreso de los Diputados siempre que se le ha solicitado y
el Gobierno, reitero, no tendrá ningún problema en poner en
conocimiento de este Parlamento todos los documentos confidenciales y
clasificados, pero dentro del marco específico que tiene esta Cámara
para tratar tales documentos. Por tanto, el control parlamentario se
puede seguir ejerciendo a nivel nacional, que no es mal control; en
temas de seguridad y de defensa ha sido mucho más efectivo que el que
ha ejercido el Parlamento Europeo, que no tiene ninguna tradición ni
ninguna costumbre de tratar de estos temas.
- DEL SEÑOR GUARDANS I CAMBÓ (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN-
CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA
INCLUSIÓN DE DETERMINADOS PAÍSES EN UNA «LISTA NEGRA» A EFECTOS DE LA
OBTENCIÓN DE VISADO EN LOS ESTADOS MIEMBROS DEL SISTEMA SCHENGEN.
(Número de expediente Congreso 181/000192 y número de expediente
Senado 683/000013.)
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, tiene la palabra para la
siguiente pregunta.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Creo que seré más breve en este segundo
trámite.
Señor secretario de Estado, existe una propuesta de reglamento del
Consejo por el que se establece la lista de los terceros países cuyos
nacionales tienen la obligación de ser titulares de visado para
cruzar una frontera exterior, es decir, dicho de forma coloquial, una
lista negra de países que no se consideran seguros, que no se
considera que controlen suficientemente sus propias fronteras
exteriores y, por tanto, cuyos ciudadanos precisan un visado, porque
se presume que su entrada en el territorio de la Unión Europea puede
provocar dificultades, por ejemplo en el marco de la criminalidad
organizada. Eso tiene su lógica y como principio no nos parece mal.
Efectivamente entra en el ámbito de la soberanía en el caso de un
Estado y aquí de lo que sería la soberanía más amplia de la propia
Unión Europea establecer un cierto robustecimiento de las fronteras
exteriores, en la medida en que estamos suprimiendo las fronteras
interiores entre los distintos Estados.
Lo que tiene un poco menos de lógica es que en esa lista negra se
haya incluido a dos Estados candidatos a la adhesión a la Unión
Europea, como son Bulgaria y Rumania, porque aunque según la
información de que disponemos y que es una mínima parte de la que
tendrá el secretario de Estado o el Gobierno, puede haber riesgos
porque sus fronteras exteriores no son todo lo robustas que pudieran
ser, si se sopesa el hecho de que los ciudadanos búlgaros y rumanos
en su entrada a la Unión Europea estén en esa condición de ciudadanos
de segunda, de ciudadanos un poco parias, por lo menos respecto a los
demás ciudadanos de los Estados candidatos, vemos el perjuicio que se
les está causando a esos gobiernos y a esas sociedades, porque al fin
y al cabo cuando hablamos de visados estamos hablando de sociedades,
estamos hablando del acceso de la sociedad civil búlgara y rumana al
conjunto de Europa, no es una decisión estrictamente política o
técnica. De ahí que esos dos gobiernos hayan protestado, que el
propio Parlamento Europeo haya solicitado varias veces que Bulgaria y
Rumania no formen parte de esa lista negra y que yo le pregunte en
este momento al Gobierno cuál es exactamente su posición respecto a
la inclusión de
esos dos países en esa lista negra a efectos de la presentación de
visado en los Estados miembros del sistema Schengen.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Simplemente quisiera recordar algo que me imagino que S.S. conoce
y es que la decisión de incluir un Estado en una lista de países cuyos
nacionales deben disponer de visado para el cruce de una frontera de
la Unión Europea pasa a ser competencia comunitaria a través del
Tratado de Maastricht y que el Tratado de Amsterdam, en vigor desde
el 1 de mayo de 1999, ha extendido la competencia comunitaria a la
inclusión de un Estado en una lista de países cuyos nacionales están
exentos de la obligación de visado. Todas estas decisiones se toman
ya por mayoría cualificada. La idea es armonizar la política de
visados de la Unión, puesto que había diferentes criterios en los
distintos países, ya que había unos que no consideraban peligrosos a
algunos otros terceros Estados y otros que sí lo hacían, cada uno
tenía sus listas negras, por utilizar la expresión coloquial que ha
citado su señoría. La idea es hacer, como quien dice, una limpia de
todo, armonizar y ver con criterios objetivos cuáles son los países
que tienen verdaderas dificultades objetivas para la mayoría y, por
tanto, por mayoría cualificada se decide cuáles son los países
sometidos a visado.
Los casos de Bulgaria y Rumania están pendientes desde hace tiempo,
porque efectivamente había muchos países que los tenían en lista
negra, por razones obvias, puesto que esos dos países muy
frecuentemente han sido puente de inmigraciones ilegales, a pesar de
que la inmigración ilegal yo creo que todo el mundo es muy consciente
de que no se para por la exigencia del visado, puesto que los
inmigrantes ilegales, por ende, no van a los consulados a pedir
visados, sino a meterse a través de las fronteras por sus propias
vías. Sin embargo, el asunto de Bulgaria y Rumania está en buen
camino. Ha habido un análisis por parte de los grupos del Consejo de
Justicia y de Asuntos Interiores y hay una proposición de la Comisión
de armonizar estas listas de países a los que se exige visado, que
consiste en una propuesta prácticamente unánime para eliminar
a Bulgaria; hay más dificultades para eliminar a Rumania, precisamente
por el problema de la población de los romas, de etnia gitana.
También hay -por qué no decirlo en esta Cámara, aunque S.S. no lo ha
mencionado- una amenaza cierta que nos va a afectar más: la
introducción en la lista negra de Colombia. A España le va a afectar
de una manera muy particular, porque hay un régimen de circulación de
personas entre Colombia y España que se corresponde con el que
tenemos con todos los países de la comunidad iberoamericana.
Naturalmente, sería el
único país de la comunidad iberoamericana al que se impusiera la
condición de visado. Por muy doloroso que sea, es evidente que la
entrada indiscriminada de nacionales colombianos en España ha
producido ya algunas consecuencias de sobra conocidas. Cuando los
países de la Unión quieren imponer por unanimidad un visado a los
nacionales colombianos, es por alguna razón, porque hay un número muy
significativo de nacionales colombianos que entrando en España
-territorio Schengen- sin visado, tienen acceso a todo el territorio
Schengen de la Unión y se dedican a actividades que prefiero no
calificar aquí, pero que rayan frecuentemente con lo ilícito e
ilegal. Nos va a plantear un problema grave; no es sólo un problema
político de un país con una comunidad como la nuestra, sino que
también va a serlo de gran dimensión en los consulados. Puede uno
imaginarse lo que van a ser las colas de ciudadanos colombianos en
los consulados de España en Colombia, habiendo como hay un flujo tan
importante de aquellos hacia España, de los cuales sólo una
pequeñísima parte se dedica a actividades ilegales y son los que han
provocado esta reacción, pues hay un gran número de ciudadanos
colombianos normales que ahora van a estar sometidos al régimen de
visados. Naturalmente, estamos preparados para eso. Sabemos que
estamos en minoría ante esta decisión, que se va a tomar por mayoría
cualificada. El Gobierno español es muy consciente del problema.
Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible y, sobre todo, de tomar
las medidas necesarias para que los ciudadanos honorables que vienen
de Colombia a España no tengan que sufrir problemas para obtener los
visados, con colas inmensas en los consulados, todo lo cual sería muy
perjudicial para unas relaciones como las que nosotros tenemos con
ese país.
Mi opinión sobre el contenido de la decisión de la Comisión que según
parece se pondrá en la mesa del Consejo antes de finales de año es
que Bulgaria saldrá seguramente de la lista negra y habrá debate
sobre Rumania, pero no me sorprendería que saliera, precisamente por
la consideración que ha hecho el señor Guardans de que es un país
candidato a la adhesión y sería el único que quedara dentro de la
lista de los apestados, es decir, aquellos que no pueden entrar. Sin
embargo, la decisión incluirá en la lista de países sujetos a visado
para entrar en la Unión Europea, además de a otros muchos sin ninguna
trascendencia, a Colombia, lo cual nos planteará un problema
importante tanto en términos políticos como de funcionamiento
consular.
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Le agradezco muchísimo la información
porque aunque tenía idea de que el caso de Colombia estaba sobre la
mesa, aunque no tenía datos concretos, se lo digo con toda franqueza.
Es un ejemplo de la no disponibilidad de información
por nuestra parte. Este diputado no sabía que la situación de
Colombia era la que usted nos ha dado a conocer.
Quisiera hacer una mención brevísima, casi por pedagogía
parlamentaria, no hacia usted ni hacia nosotros mismos, sino hacia
fuera, porque esto consta en el «Diario de Sesiones». Me decía usted
al principio que yo sé -y lo sé, efectivamente- que está en el
Tratado de Maastrich y ha pasado a ser competencia comunitaria, que
en el Tratado de Maastrich queda reforzada la concesión de visados
como auténtica competencia comunitaria. Sin embargo, quiero subrayar
que tal como se desprende de su respuesta, eso no significa que pase
a ser decidido por alguien en Bruselas y que lo único que el Gobierno
español y todos los demás gobiernos pueden hacer sea aceptarlo. De
hecho, pasa a ser una decisión comunitaria adoptada en sede
comunitaria con los votos de los gobiernos de los Estados miembros de
la Unión, a veces por unanimidad y otras por mayoría cualificada.
Esto es una perogrullada, señor secretario de Estado, lo sé, pero a
veces da la impresión de que las cosas que pasan a ser de competencia
comunitaria ya no se controlan; lo intergubernamental, sí, pero lo
comunitario hay que tomarlo como viene. La realidad no es esa, como
se desprende de su respuesta. Cuando es por mayoría cualificada las
posibilidades de influir son menos y cuando es por unanimidad son más
aunque tampoco todas. Por esa razón y dado que estamos discutiendo en
esta Comisión, como lo hemos hecho durante toda la legislatura
pasada, sobre cómo y de qué manera controlamos la actuación del
Gobierno español en materia comunitaria en Bruselas, hay que decir
que esta sesión de hoy, al fin y al cabo, es un ejemplo más de
control -en sentido positivo- de lo que ha de ser la posición del
Gobierno de España ante una decisión del Consejo.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
El entramado institucional de la Unión es suficientemente conocido en
esta Comisión Mixta. Todo el mundo sabe que España ha sido el gran
impulsor de las políticas comunes en materia de justicia y asuntos
interiores. Por cierto, esta tendencia no es nueva, sino que viene de
una larga tradición de gobiernos anteriores; y ya en Maastrich hubo
una decisión sobre esto, que se ha reforzado en Amsterdam. Nuestra
idea siempre fue que todo lo que era cooperación intergubernamental
-tercer pilar- pasara al primer pilar, es decir que fuera cooperación
estrictamente comunitaria. En Tampere hay un programa precisamente
para la armonización de todas esas políticas. Estamos insistiendo
particularmente en que se comunitaricen las políticas de visado,
asilo e inmigración, porque es muy importante que se armonicen estos
asuntos. Naturalmente, todos sabemos que eso es por
mayoría cualificada; por cierto, mayoría cualificada y codecisión del
Parlamento Europeo.
Esto tiene una connotación positiva, ya que con mayorías cualificadas
se avanza más y se toman decisiones con mayor rapidez, pero también
tiene otra negativa. Al no estar sometido a la regla de la
unanimidad, cuando una mayoría cualificada decide algo como se ha
hecho sobre Colombia, por ejemplo, el Gobierno español no tiene el
recurso de decir: por aquí no paso. Es una constatación del devenir
normal de la construcción europea, que tiene muchas ventajas cuando
se va a las mayorías cualificadas y cuando estamos en la tendencia
a comunitarizar lo referente a justicia y a asuntos interiores, pero
que tiene también las desventajas de que las reglas de las mayorías
imponen ciertas cosas que a veces nos pueden resultar difíciles de
asumir, como es el caso del visado para ciudadanos de Colombia, que
nos duele profundamente. En fin, ya se lo hemos explicado a todos los
niveles políticos al Gobierno colombiano, que sabe que España ha
mantenido siempre una posición contraria y que hemos tratado de
utilizar todos los argumentos, pero que, al final, el día que se
someta a votación en el Consejo, la tenemos perdida; eso es lo que va
a pasar.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (DE
MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA CIG Y LA CARTA EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS. A PETICIÓN PROPIA.
(Número de expediente Congreso 212/000027 y número de expediente
Senado 713/000048.)
- LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). A PETICIÓN PROPIA. (Número
de expediente Congreso 212/000028 y número de expediente Senado 713/
000049.)
- LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y, EN
CONCRETO, SOBRE LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. A SOLICITUD
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de
expediente Congreso 212/000155 y número de expediente Senado 711/
000050.)
- LOS RESULTADOS DEL CONSEJO DE BIARRITZ. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 213/000181 y
número de expediente Senado 711/000059.)
El señor PRESIDENTE: Una vez concluidas las preguntas, quedan tres
comparecencias, dos de ellas a petición del Gobierno, cuya diligencia
en acudir a la Comisión celebramos, y una del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Obviamente, los temas se solapan. (El
señor Estrella Pedrola pide la palabra.)
Señor Estella, tiene la palabra.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Solamente quería recordar, a efectos del
«Diario de Sesiones», que se incorporaría también la petición de
comparecencia presentada por el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: ¿Cómo lo organizamos para que el secretario de
Estado no tenga que explicar varias veces lo mismo a los distintos
demandantes de información? ¿Está todo el mundo de acuerdo en que se
subsuman las comparecencias en una sola? (Asentimiento.) En ese caso,
acumularíamos las comparecencias a petición propia y las solicitadas
por el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo Socialista para
que, conjuntamente, el secretario de Estado informe sobre la
Conferencia Intergubernamental, la Carta de los Derechos Humanos, la
ampliación y el resultado de la cumbre celebrada en Biarritz.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Voy a tratar de explicar de la manera más sucinta posible lo que ha
sido el Consejo Europeo de Biarritz y, al mismo tiempo, me referiré a
los temas de la Conferencia Intergubernamental, que ya han sido
tratados en esta Comisión Mixta por el ministro Piqué, por lo que no
entraré en explicaciones que ya han sido dadas en esta Cámara
-naturalmente contestaré las preguntas a que me sometan los
diferentes grupos parlamentarios-, y, al mismo tiempo, haré una
referencia a las negociaciones de la ampliación.
En aras de la brevedad, voy a dejar los documentos de lado y voy a
tratar de hacer una explicación rápida y lo más ágil posible sobre
estos temas.
El señor PRESIDENTE: ¿Está seguro de que eso es más rápido?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Yo creo que sí.
El Consejo Europeo de Biarritz era un Consejo informal y, por ello,
no era un Consejo con conclusiones, por tanto, nadie podía esperar de
ese Consejo se pudieran desgajar acuerdos parciales ni siquiera
conclusiones u orientaciones que se plasmaran en ningún documento
para llevar adelante la Conferencia Intergubernamental.
El objetivo de la Presidencia francesa con este Consejo era hacer una
especie de reunión de etapa. Después de lo acontecido en Feira y de
los trabajos que han tenido lugar hasta principios del mes de
octubre, la Presidencia quería reunir a los jefes de Estado y de
Gobierno no solamente para pulsar un poco la evolución política
de todos los grandes temas de la Conferencia sino para renovar
el compromiso político de hacer los esfuerzos necesarios para
concluir esta Conferencia en el Consejo Europeo de Niza.
Nuestra opinión es que ese Consejo ha tenido un resultado positivo,
en primer lugar, porque ha habido un día entero de debate sobre los
grandes temas de la Conferencia. El presidente del Consejo organizó
una primera ronda de todos los jefes de Estado y de Gobierno
presentes sobre los puntos sensibles para cada uno de los países
sobre los diferentes temas de la Conferencia. Después se entró en un
debate sectorial, cuatro rondas, punto por punto, sobre las mayorías
cualificadas, sobre las cooperaciones reforzadas, sobre la
composición de la comisión y por último sobre el tema de los votos en
el Consejo. Esto se desarrolló a lo largo de todo un día. Por último,
tuvo lugar una cena, a puerta cerrada, a la que asistieron sólo los
miembros del Consejo Europeo; una cena de extraordinaria franqueza,
según hemos podido saber, puesto que no había nadie que pudiera tomar
notas, con todas las connotaciones que la palabra franqueza tiene en
la diplomacia internacional. Yo sólo diré de esta cena lo que dijo el
primer ministro de Luxemburgo, señor Juncker: si hubiéramos tenido
esta cena en Niza quizá podríamos haber tenido un acuerdo en
Göteborg, pero como hemos tenido esta cena en Biarritz a lo mejor
podemos tener un acuerdo en Niza. Es decir, era muy importante que de
alguna manera las cartas se pusieran encima de la mesa y se viera un
poco los límites a los que están dispuestos a llegar todos los
países. Por tanto, no hay conclusiones formales pero de los
diferentes temas de la Conferencia quizá se puede deducir alguna
orientación. Empezaré por el tema crucial.
Lo que parece que quedó meridianamente claro es que el tema crucial
de la Conferencia es la valoración de los votos en el Consejo. Quedó
perfectamente claro que sin un sistema, ya sea de ponderación o de
doble mayoría, el que se adopte, no habrá Niza, porque nadie está
dispuesto a tener un acuerdo sobre el resto si no hay un acuerdo en
ese punto de desequilibrio que se ha venido acentuando con las
diferentes ampliaciones y que se haría insoportable con las
sucesivas. Además, este es un punto sobre el cual existe un acervo;
ese acervo lo constituyen las decisiones que se tomaron en Ioanina
como consecuencia de la última ampliación de Finlandia, Suecia y
Austria, y había un compromiso de que esto se resolviese en la
siguiente Conferencia Intergubernamental. Como este tema no se
resolvió en la siguiente, que fue Amsterdam, a instancia de España,
volvió a haber otro recuerdo de que este tema era crucial. Se plasmó
en la declaración número 50 del Tratado de Amsterdam, que es derecho
primario y, por tanto, ese acervo condiciona el resto de la
Conferencia. Si no se resuelve este tema no habrá acuerdo en el
resto. Esto fue dicho claramente por varios países, pero
fundamentalmentepor los del grupo denominado países más
poblados, que son aquellos cuya posición se ha deteriorado
y desequilibrado en las sucesivas ampliaciones.
Respecto al método a aplicar, si se trata de una reponderación de
votos o doble mayoría, a pesar de que todavía hay varios países que
insisten en la doble mayoría, pareció percibirse que la reponderación
de votos podía ser un sistema más simple y más fácil de hacer que el
de la doble mayoría, porque lo que haría la doble mayoría sería
establecer un sistema extraordinariamente pesado en la toma de
decisiones del Consejo. Sin embargo, no hay que ocultar que hay
muchos países que por razones puramente cosméticas y de presentación
política viven más felices con un sistema de doble mayoría que con
una reponderación, porque la reponderación, y eso quedó claro, es
evidente que no puede ser cosmética; tiene que ser una reponderación
sustancial que corrija ese desfase que hay hoy en ese equilibrio que
tiene que existir entre lo que son los votos del Estado como tal y
los votos del Estado como continente de una población. Naturalmente,
el criterio únicamente de población nadie pretende imponerlo y el
criterio de Estado nacional como único elemento tampoco es válido;
hay que buscar un equilibrio entre los dos y ese equilibrio que se ha
ido alejando por sucesivas ampliaciones es lo que se pretende
recuperar ahora para que la entrada de diez, doce o trece nuevos
miembros de la Unión no lleve a situaciones absurdas, por la
extrapolación del sistema actual, más absurdas de las que existen
actualmente. Yo creo que el ejemplo clásico de lo que vale el voto de
un ciudadano luxemburgués y un ciudadano alemán es el extremo del
esperpento, pero se pueden aplicar algunos otros, como el hecho de
que Finlandia, con cuatro millones de habitantes, tiene cuatro votos,
y España, con 40 millones de habitantes, tiene ocho, lo cual quiere
decir que cada ciudadano finlandés vale diez veces lo que cualquier
ciudadano español. Esto es una anécdota, pero creo que es
suficientemente ilustrativo para ver hasta qué punto la extrapolación
del modelo original ha llegado a situaciones un poco extrañas. Estas,
con respecto al tema de los votos en el Consejo, son las conclusiones
principales, aunque no hay nada decido.
En cuanto a la Comisión, la Presidencia francesa y la mayor parte de
los países más poblados insisten en la necesidad de hacer una
Comisión más reducida, dar más poderes al presidente del Parlamento y
reducir los miembros de la Comisión a un número por debajo de 15,
incluso por debajo del número de miembros actuales de la Unión, por
lo que se tendría que arbitrar un mecanismo de rotación, ya sea
equitativo o igualitario, lo cual produce extraordinaria inquietud en
la mayor parte de los países más pequeños y menos poblados, que creen
que tener una presencia en la Comisión es absolutamente fundamental
para poder tener algo que decir dentro del mundo de la construcción
europea, en el entendido que la Comisión va a seguir manteniendo
siempre ese gran poder de la iniciativa legislativa y de
ser guardián de los tratados. Por lo tanto, tener una posición dentro
de la Comisión es considerado crucial por la mayor parte de los
países, sobre todo los más pequeños. Pienso que en este punto las
posiciones estuvieron muy encontradas. A nosotros nos pareció
percibir que este era un punto de ruptura para los países más
pequeños y, por consiguiente, nosotros entendemos que se habrá que
buscar algún tipo de acomodo. Ese tipo de acomodo puede pasar por una
reorganización de la Comisión, incluso -aunque la palabra no gusta-
por una jerarquización de la Comisión si es que hay que mantener un
comisario por país miembro, lo cual podría ser posible siempre y
cuando no hubiera comisarios de primera y de segunda a la hora de
votar, es decir, que todo el mundo tuviera el mismo derecho de voto
en el colegio de comisarios. Pero es evidente que de alguna manera
habrá que reorganizar las funciones, lo cual tampoco es extraño al
sistema que tenemos en nuestros gobiernos nacionales, en los que hay
vicepresidentes o ministros de Estado y secretarios de Estado. Por lo
tanto, si todos pueden estar representados ahí y hay una
reorganización de la Comisión, es posible encontrar una solución de
este tipo.
La Presidencia francesa está muy obstinada en mantener este modelo de
Comisión reducida. Esto está causando profunda inquietud. Así como el
tema de la ponderación es un punto de ruptura para los más poblados,
el tema de la presencia en la Comisión es un punto de ruptura para
los menos poblados de la Unión. Soy de los que opino que si hubiera
un acuerdo en el primer punto sería más fácil encontrar un acuerdo en
el segundo y en los dos siguientes. En el primero, el de las mayorías
cualificadas, se ha identificado ya un grupo grande de artículos, a
pesar de que las opiniones están confrontadas, porque lo que uno
puede ceder no lo puede ceder el otro. Pero es evidente que tiene que
ser objeto de una apreciación política en un momento dado y va a
haber todo un paquete, que seguramente se aprobará si los dos puntos
precedentes encuentran satisfacción. Queda otro paquete más pequeño,
más reducido, que se refiere a asuntos sociales, a asuntos de
fiscalidad, al tema del artículo 133,es decir, los acuerdos
comerciales con terceros países mas, en nuestro caso, el tema de la
cohesión económica y social, los temas de medio ambiente, sobre todo
aquellos que se refieren a ordenación del territorio, política del
agua, etcétera, que por tocar temas cuasi constitucionales es muy
posible que no se pueda tomar una decisión política de paso a mayoría
cualificada. Pero sí se puede hacer -y en eso sí se puede avanzar en
las semanas siguientes- una fragmentación, en el sentido de dividir
los bloques. Todo lo de la unanimidad, la mayoría cualificada depende
de momentos de madurez política. Hay decisiones que se están tomando
por mayoría cualificada ahora que hace diez años serían inimaginables
y a lo mejor dentro de diez años toda la fiscalidad puede pasar a
mayoría cualificada, pero en este momento no.
Y es posible que algunos aspectos de la fiscalidad, algunos aspectos
de los temas sociales, algunos aspectos del medio ambiente, algunos
aspectos de la concesión a la Comisión Europea de la facultad de
negociar por mayoría cualificada los servicios del artículo 133
puedan adoptarse por mayoría cualificada. Yo creo que ese es el
empeño de la Presidencia. La Presidencia está ahora presentando unas
propuestas de compromiso, tratando de separar lo que son los grandes
bloques de temas sensibles. A mí me parece posible hacer este
ejercicio. España podría, en algunos de esos temas, hacer alguna
concesión y creo que la mayor parte de los países.
Con respecto al último tema, que es el de las cooperaciones
reforzadas, la verdad es que el último documento de la Presidencia
que está sobre la mesa es el documento que ya tiene todos los
ingredientes de poder ser aceptado por la mayoría. España ha visto
reflejado en ese documento esos principios fundamentales que nosotros
pusimos como condición para seguir adelante. Nosotros siempre
decíamos que el debate no puede estar en la forma, sino en la
sustancia. Parecía que todo el debate de la cooperación reforzada era
si había veto o no, si tenían que ser cinco, siete u ocho países los
que la desencadenaran. Y eso no es lo importante, lo importante es
saber que la cooperación reforzada tiene que ser integradora y no
desintegradora, que siempre tienen que dejar la puerta abierta a
aquellos que se quieran incorporar en cualquier momento y que además
tienen que tener ese frontispicio, por lo que respecta al primer
pilar, de que no se puede fragmentar la base común sobre la que está
construido el edificio comunitario, que son las políticas comunes, el
mercado interior, la ciudadanía europea. Hay ciertas cosas que no se
pueden fragmentar, porque entonces se rompe la unión, el basamento
sobre el que está construido el edificio. Estos principios ya están
reconocidos.
Por lo tanto, por lo que respecta al primer pilar, queda salvada la
parte esencial y por lo que respecta al tercer pilar, no hay ningún
problema. Hay más problemas en el segundo pilar, donde España, como
saben SS.SS., ha tomado una iniciativa para que se aplique también la
cooperación reforzada. Esto provoca algunas reticencias por parte de
los países neutrales y por parte de algunos países a los que les
gusta más hacer cooperaciones reforzadas fuera del Tratado, es decir,
hacer política exterior por la vía de los directorios, como hemos
visto que ha pasado en los últimos años. Eso es lo que creemos que se
puede atajar con una cooperación reforzada, porque en los temas de
defensa y de política exterior son temas muy naturales en los que se
pueden producir cooperaciones reforzadas de países, pero es bueno que
se hagan dentro del Tratado, de tal manera que cualquier país pueda
incorporarse a ellos si lo desea. No hay ningún problema en que
hubiera una cooperación reforzada de los países bálticos,
escandinavos, de Polonia y de Alemania con respecto a Kaliningrado,
en la cual los países mediterráneos pudieran incorporarse
si quisieran o pudieran de otra manera dejar a los países nórdicos
que trataran ese tema con prioridad. Pero si hubiese unas reglas del
juego bien escritas, se eliminaría todo este sistema de directorios
que hemos visto, por ejemplo, el grupo de contacto en Yugoslavia, que
es un grupo cerrado, al que el resto de los países no tienen acceso y
muchos de los países que estamos en Yugoslavia con presencia de
tropas no tenemos acceso al grupo de contacto, precisamente porque es
una cooperación reforzada que se ha hecho fuera del ámbito del
Tratado. Yo creo que en este punto se está trabajando mucho para dar
seguridades a los países todavía reticentes, para distinguir entre lo
que son las reglas para estrategias comunes y las no estrategias
comunes. Esperamos que en este punto se puedan hacer también avances.
Por último, se trataron dos temas de la Conferencia
Intergubernamental. El primero es la posibilidad de hacer una
modificación al artículo 7 del Tratado de la Unión, que habla de la
posibilidad de expulsión de un Estado por graves deficiencias
democráticas. Esto es, naturalmente, una bomba nuclear que no se
utiliza. Ha habido una experiencia reciente por algo que ha pasado -y
que es de sobra conocido por SS.SS.- en Austria, y las medidas que se
tomaron por fuera del Tratado y por fuera de la Unión por 14 países
miembros frente a Austria han tenido que ser resueltas por un método
atípico de llamar a tres políticos sabios -entre comillas- que han
tenido que dar una solución. Esta experiencia ha avivado el debate, y
ha habido una serie de propuestas de Austria, de Bélgica y de
Portugal para hacer una modificación al artículo 7 para que una
situación parecida a la que ocurrió en Austria pueda abordarse dentro
del marco comunitario. España, a pesar de que era contraria a
extender la lista de cuestiones de la Conferencia Intergubernamental,
y lo fue desde el principio -y logramos que el Consejo Europeo de
Colonia cerrara la agenda de la Conferencia-, no se ha opuesto a que
esta cuestión pudiera estar encima de la mesa porque es una cuestión
relativamente menor y de una gran actualidad política dentro de la
Unión, puesto que los ciudadanos, todos, son muy conscientes de este
problema que ha producido incluso una situación de crisis en la
Unión. La impresión que hemos tenido de los debates y del Consejo
Europeo de Biarritz es que la opinión en la mayor parte de los países
va en el sentido de hacer un esfuerzo para retocar el artículo 7,
pero hay todavía dos o tres países que tienen alguna reticencia,
fundamentalmente Dinamarca, también el Reino Unido e Irlanda, pero
menos. Yo no sé si estas reservas van a ser susceptibles de ser
modificadas de aquí a Niza, pero en el caso de que se pudiera
encontrar alguna propuesta de compromiso que pudiera satisfacer a
estos países, creo que en el Consejo no habría ningún problema para
introducir también en la Conferencia la modificacióndel artículo 7.
Por último, en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales,
tengo que decir que esta Carta responde a una iniciativa alemana que
fue apoyada por el Consejo Europeo. Se formó una convención compuesta
por representantes personales de los jefes de Estado y Gobierno,
representantes de los parlamentos nacionales y representantes del
Parlamento Europeo, que se reunieron para el ejercicio de dotar a la
Unión Europea de una Carta de Derechos Fundamentales. Hubo al
principio un extraordinario escepticismo con respecto a la viabilidad
de un proyecto de este tipo, porque incluso se pensó que una
convención formada por políticos de tan diferentes orígenes y además
por la mezcla entre Parlamento Europeo, parlamentos nacionales y
representantes de los jefes de Gobierno, no iba a dar un resultado
apetecido, y además al principio hubo una serie de propuestas
maximalistas que parecían indicar que el ejercicio iba a ser utópico
y que no iba a poder encauzarse. Contrariamente a los malos agüeros,
la verdad es que el ejercicio ha sido extraordinariamente
enriquecedor.
Quiero aprovechar para rendir aquí tributo y agradecimiento a los
representantes del Parlamento español, el diputado señor Solé Turá y
el diputado señor Cisneros, que está aquí entre nosotros, que han
trabajado incansablemente, junto con el representante del Gobierno
español, el ex presidente del Tribunal Constitucional, don Álvaro
Rodríguez Bereijo, y también con otro representante, que era
vicepresidente, en nombre del Parlamento Europeo, también español,
Íñigo Méndez de Vigo, que debo decir que ha sido también muy sensible
a todos los planteamientos no sólo del Parlamento, sino también a
aquellos planteamientos que hacíamos aquí. Hemos tenido debates muy
frecuentes conjuntamente entre nosotros con los diputados y con el
señor Rodríguez Bereijo y hemos trabajado insistentemente para
encauzar este proceso. Yo creo, francamente, que la intervención de
la delegación española -no me parece una presunción vacía- ha
influido muy decisivamente en encauzar el ejercicio hacia un aspecto
realista y posibilista, puesto que la delegación española o los
representantes españoles en esta convención siempre han trabajado con
el famoso presupuesto kantiano de «como si», como si fuera a ser ley,
no simplemente una declaración proclamada, sino como si fuera a ser
texto de un tratado que podría ser ratificado por las Cortes. El
resultado, en nuestra opinión, ha sido óptimo. Se ha hecho un
catálogo de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea que
es francamente completo, que no está en contradicción con las
constituciones nacionales, que completan la Convención de Roma de
Derechos Humanos. Porque había quien decía que con ratificar la
Convención del 50 de Roma era suficiente, pero la verdad es que eso
tenía un gravísimo inconveniente que me parece importante resaltar
aquí, y es que era tanto como reconocer una jurisdicción superior al
Tribunal de Luxemburgo.
Efectivamente, la ratificación por el Tribunal de Estrasburgo
de la Convención de Roma en la Unión sería reconocer la jurisdicción
del Tribunal de Estrasburgo, donde hay jueces incluso de fuera de la
Unión Europea -puede haber jueces rusos, armenios o moldavos, que son
miembros del Consejo de Europa-, que podrían crear jurisprudencia que
afectara a los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles o
de los ciudadanos comunitarios por encima de la jurisprudencia del
Tribunal de Luxemburgo. El resultado ha sido que la Carta de los
Derechos Fundamentales, que es un texto que está disponible y que ha
sido ya transmitido al Congreso de los Diputados, fue presentado, al
estar enfermo el presidente Herzog, por los vicepresidentes Braibant
Méndez de Vigo y Jannson en el Consejo Europeo. El Consejo Europeo
tomó nota de ese documento con satisfacción; el texto fue aprobado
sin reservas y se decidió que el mismo, tal y como está, fuera
proclamado en el Consejo Europeo de Niza. La idea de incorporarlo a
los tratados es otro tema, sobre el que no hay compromiso dentro de
la Unión. En efecto, algunos países tienen problema, fundamentalmente
los británicos, cuyo país no tiene constitución, por lo que no
consideran muy adecuado que se les imponga una constitución por la
vía comunitaria. Pero ese debate no es de hoy, es el debate posterior
a Niza, donde se hablará de la posibilidad de incorporar la Carta de
Derechos Fundamentales a los tratados. No obstante, tengo que decir
que el resultado, por lo que respecta al Gobierno español, ha sido
plenamente satisfactorio y que el Consejo Europeo ha dado su
aprobación sin ninguna reserva.
Entraré a continuación en el Consejo Europeo de Biarritz, y ahorro a
SS.SS. los debates sobre aspectos que creo que son bien conocidos a
través de los medios de comunicación, pero responderé a las preguntas
que deseen hacerme. Ha habido un tratamiento sobre la cuestión de los
Balcanes, con la presencia del presidente Kostunica, y sobre la
crisis de Oriente Medio, que estaba también en un punto álgido.
Después de haber consumido ya 27 minutos de mi tiempo, prometo ser
mucho más conciso en la segunda parte, que es la relativa a la
ampliación. La ampliación es el objetivo de la Unión y un debate
fundamental dentro de ella. La verdad es que la Conferencia
Intergubernamental ha distraído gran parte de la atención que se
había fijado en las negociaciones de ampliación, pero también es
verdad que la Conferencia Intergubernamental es el paso necesario
para transformar institucionalmente la Unión, previamente a las
negociaciones de ampliación. España ha estado desde el primer momento
a favor de la apertura al Este de nuestro modelo de la Unión Europea,
un modelo que ha creado un espacio de prosperidad, de justicia social
y de armonía en los países europeos. Nuestra posición ha sido siempre
pionera en este tema. Recordemos cómo el Gobierno anteriorfue el
primero que endosó el primer paso para la
ampliación al Este que fue la incorporación de Alemania del Este a la
Alemania Federal. Desde el primer momento, nuestro país ha estado en
la vanguardia de aquellos que han liderado la necesidad de proceder a
la ampliación como objetivo fundamental de la Unión. Y esto por
varias razones. En primer lugar, por un sentimiento elemental de
solidaridad. España recibió de la Unión una enorme ayuda cuando nos
permitió negociar y entrar en la Unión, lo que ha permitido que
España haya dado este salto cualitativo tan importante en los últimos
años y sería muy ruin por nuestra parte negar esa misma oportunidad a
otros países que, por razones históricas, se han visto cruelmente
separados del flujo de la Europa occidental. En segundo lugar, porque
España, por razones históricas en el pasado y políticas en años
presentes, ha estado desgajada y separada de todo ese grupo de países
de la Europa central y oriental. Pensemos que España no tenía
relaciones diplomáticas con ninguno de esos países hasta el año 1978.
Por lo tanto, estas negociaciones de ampliación y de adhesión de
estos países supone una oportunidad única de establecer con esos
países y sus conciudadanos todo tipo de lazos humanos, sociales,
culturales, económicos, comerciales, etcétera, en un mundo que al fin
y al cabo es el de nuestra familia europea. Por esta razón, tanto el
anterior Gobierno como éste han insistido siempre en que la
ampliación es fundamentalmente una oportunidad y no una amenaza. Es
evidente que la ampliación lleva retos, pero también lo es que la
manera de presentar a la opinión pública este gran proyecto de
solidaridad europea como una gran oportunidad ha hecho que los
ciudadanos de este país estén a la cabeza de los ciudadanos de la
Unión en el grado de aceptación de la ampliación. Esto es muy
importante porque muchos de los países que han proclamado la
necesidad de la ampliación no han liderado a su opinión pública en
ese sentido; han insistido más en las amenazas que en las
oportunidades y en este momento vemos una corriente muy importante en
Europa de rechazo a lo que no podría rechazarse, puesto que este
proyecto de solidaridad, como digo, no solamente es importantísimo
para esos países, sino para la Unión, porque va a dar a la
construcción europea esa dimensión nueva de solidaridad que estuvo en
el origen del Tratado de Roma y que ahora se está empezando a perder.
Parece como si la riqueza y la prosperidad de los países europeos les
hiciera olvidar que la solidaridad común, que la generosidad de unos
con otros ha sido el motor principal de toda la construcción europea
que ha tenido tanto éxito desde el año 1956.
Por todas estas razones, España siempre estuvo a la cabeza de apoyar
la ampliación; pero lo estuvimos desde el primer día con debate,
porque en los meses previos a la primera decisión de Luxemburgo de
1987 mantuvimos una tesis radicalmente opuesta a la que mantenían los
países grandes y la Comisión, que querían separar los países
candidatos en dos grupos: unos
elegidos prácticamente a dedo para ser los del primer grupo de la
ampliación y el resto. Nosotros siempre dijimos que había que dar a
todos los países la misma oportunidad, que había que empezar
negociaciones con todos y que cada uno, por sus méritos propios, se
situara en el flujo de la negociación en el nivel que pudiera. De tal
manera que todos tenían abierta la posibilidad y ninguno podía decir
que había sido dado de lado. Solamente quedaba la plena aplicación de
los criterios de Copenhague y la propia dinámica de la negociación:
la aceptación del acervo comunitario y la negociación por capítulos.
Todo el mundo sabe que esta tesis, que se llamaba el modelo Regata,
que nosotros propugnamos en el año 1987, no resultó favorecida por la
decisión del Consejo Europeo, que decidió hacer un primer grupo con
Polonia, República Checa, Hungría, Eslovenia, Estonia y Chipre.
Efectivamente, al poco tiempo la Unión empezó a comprender que se
había producido un gran error. Primero, porque muchas de las
divisiones eran artificiales. Alguien se preguntaba por qué Estonia y
no Letonia y por qué la República Checa y no Eslovaquia. Luego porque
algunos países de cabeza empezaron a no ser tan de cabeza y algunos
de los que estaban fuera empezaron a hacer progresos muy notables.
Por ello volvió a revisarse el procedimiento y tuvimos la dulce
satisfacción de que en diciembre de 1999, en el Consejo Europeo de
Helsinki, la Unión Europea adoptara el modelo Regata, que es el que
nosotros habíamos propugnado desde el principio, y se dijera que
todos los países, con la única excepción de Turquía, que está todavía
por pasar por el examen de la aprobación de los criterios de
Copenhague, pudieran abrir negociaciones con todos y que cada uno,
por sus méritos propios, encontrara su ritmo.
A partir de las negociaciones de Helsinki, tenía que haberse
producido la apertura generalizada de negociaciones con todos, y eso
se ha hecho. Ahora ya hay una distancia tomada. Los llamados del
grupo de Luxemburgo tienen más capítulos cerrados; a los del grupo de
Helsinki, por más que corren, les cuesta trabajo ponerse al nivel de
los del grupo de Luxemburgo y, sobre todo, porque este año no ha sido
demasiado activo en las negociaciones de ampliación. ¿Por qué? Porque
toda la atención política de la Unión está concentrada en la
Conferencia Intergubernamental. Lo que nosotros esperamos es que si
la Conferencia Intergubernamental se resuelve con éxito, a partir de
enero la Presidencia sueca va a hacer un esfuerzo particular por dar
un empujón a todas las negociaciones y meter a los países más
atrasados en el flujo. Seguramente la consecuencia será que algunos
de los más atrasados van a adelantar a algunos de los que estaban en
el primer grupo y se va a plantear el primer problema seguramente a
partir del año 2002. Por eso nosotros tenemos que estar muy
particularmente atentos porque una parte sustancial de las
negociaciones sobre la ampliación va a coincidir con nuestra
Presidencia. Se tratará sobre cuál es el modelo
que se va a adoptar, si se espera a hacer un grupo de cabeza, que
lógicamente tendrá que ser muy numeroso, o si se aplica el modelo
Regata en todas sus consecuencias y se va haciendo entrar países a
medida que están en el nivel que se les exige. Tal y como están las
cosas podrían situarse a la vanguardia Eslovenia, Hungría y a lo
mejor Estonia y Chipre si se resolviera su problema, después vendrían
quizás Polonia, la República Checa y Eslovaquia, después entrarían
quizás mucho más descolgadas Bulgaria y Lituania y mucho más aún
Rumania. Pero, en fin, esa es una decisión política que habrá que
tomar en su día.
Con respecto a las negociaciones de ampliación, los capítulos que se
han cerrado hasta ahora no son trascendentes, puesto que los
importantes están todavía por negociar. Yo simplemente quisiera, y de
manera muy breve, para no aburrir más con mi larga exposición a SS.
SS., señor presidente, hacer una mención sobre cuál es nuestra
posición en general sobre los grandes temas.
En todo lo relativo al capítulo industrial, España va a insistir
particularmente en que se respeten rigurosamente las reglas de la
competencia. España es un país que ha sufrido una profunda
reestructuración industrial a un coste social muy alto desde el año
1986. Veo aquí, por ejemplo, a ministros que han tenido que soportar
la reestructuración siderúrgica. No tendría sentido que nuestra
industria siderúrgica, después de la cantidad de gente que se ha
quedado en la calle, después de haber cerrado Altos Hornos de Vizcaya
y Ensidesa, por ejemplo, una vez que ha logrado tener una industria
siderúrgica competitiva, tuviera que luchar en el mercado europeo con
la industria siderúrgica polaca con subsidios estatales. Eso es
imposible. Por tanto, en los temas industriales, una de dos, o se
establece un período transitorio por el que los productos
industriales de los países candidatos no entran en el mercado de la
Unión o, si entran, desde el primer día tienen que entrar
absolutamente con todas las reglas de competencia, tal y como se
aplican a los países miembros.
Con respecto a la agricultura, pensamos que es posible, y es un
deber, la plena aplicación de la PAC a los países candidatos. Hay un
mito de que esto es imposible; no hace más que hablarse del costo de
la aplicación de la PAC, y la verdad es que, a pesar de que nosotros
lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, nunca la Comisión Europea ha
sacado un estudio sobre el posible costo de la aplicación de la PAC a
estos países. Sin embargo parece política y socialmente intolerable
que a muchos de esos países, que tienen grandes proporciones de su
población dedicadas a la agricultura, por ejemplo Polonia, que tiene
un 40 por ciento, se les diga que no se aplique la PAC cuando en este
momento se está aplicando a países como Dinamarca, con 36.000 dólares
de renta per capita, que tiene saldo positivo neto en su saldo
comunitario, precisamente por las transferencias del Feoga-Garantía.
Eso me parece que políticamente no se tiene.
Por otra parte, hay un proceso de entrada gradual de estos países,
puesto que la política agrícola común, aunque se aplique desde el
primer día, tarda una serie de años en entrar en velocidad de
crucero, como pasó en España, que hasta que no hubo acercamiento de
precios, hasta que no hubo la constitución de las organizaciones de
productores no se empezaron a recibir los beneficios de la PAC,
tardaron 5 ó 6 años en producirse. Esto también va a pasar en los
países candidatos. Al mismo tiempo, hay un proceso de reducción de
los gastos de la política agrícola común, de reducción de los
subsidios o incluso de la aplicación de algunos otros medios para
reducir el gasto de la política agrícola común, como el que nosotros
habíamos propuesto en Berlín, que es hacer la aplicación de los pagos
del Feoga de manera degresiva, es decir, que las explotaciones más
ricas y más grandes, a partir de un cierto nivel de recepción de
subsidios, reciban menos, y que los subsidios se reciban plenamente
por las explotaciones más humildes y más pequeñas. En una palabra,
que los subsidios de la PAC vayan a sostener a los agricultores
pobres y no contribuyan a enriquecer a los agricultores ricos de la
Unión. Naturalmente esto es casi utópico decirlo, puesto que los
grandes países pagadores tienen una agricultura muy rica, pero habrá
que planteárselo, precisamente para hacer accesible la PAC a los
países candidatos.
Al mismo tiempo hay un margen claro. Estamos utilizando el 1.09 por
ciento de los recursos propios de la Unión y tenemos hasta el 1,27,
con una Unión Europea creciendo al 3 por ciento, en este momento, y
que en los próximos 4 ó 5 años puede generar una gran cantidad de
recursos, con el margen del 1,27, que en nuestra opinión son
suficientes para pagar no sólo la aplicación de la política común
sino también la política de cohesión económica y social, que también
propugnamos que se aplique a los países candidatos, es decir, la
política regional, el Fondo Social Europeo, etcétera. Y esto también
en el entendimiento de que habrá una entrada gradual en la velocidad
de crucero de la cohesión económica y social de estos países, y una
salida gradual de otros países, por ejemplo el nuestro, donde puede
ser que no en éstas pero quizá en las próximas perspectivas
financieras haya ya regiones del Objetivo 1, o incluso puede ser que
España llegue al nivel límite del Fondo de Cohesión y, por tanto,
vaya abandonando esta recepción de fondos comunitarios.
A lo que vamos a oponernos radicalmente es a que por la vía de las
negociaciones de ampliación se practique ese alegre ejercicio
matemático que es la convergencia estadística, que es hacer de nuevo
las medias de la renta comunitaria, lo cual haría salir de un plumazo
a la mayor parte de las regiones Objetivo 1 españolas, y naturalmente
haría salir a España del Fondo de Cohesión. Creo que este es un punto
en el que estamos de acuerdo con la mayor parte de las fuerzas
políticas aquí representadas respecto a que es uno de los puntos deli
cados
de la negociación y que tenemos que prestarle una atención muy
particular.
Por último, en el tema de la libre circulación de personas, por
nombrar otro tema candente de la negociación, también tenemos una
posición que no coincide con la de muchos de los países grandes.
Tenemos la idea, por experiencia propia, de que cuando los países
tienen una perspectiva y un horizonte claros de desarrollo económico
y social, las corrientes migratorias cesan automáticamente. Por
tanto, creemos que en esos países pasará lo mismo que pasó, no en
España, donde los flujos migratorios ya había parado a finales de los
años setenta, en Portugal, que estaba en pleno flujo migratorio en el
año 1986, y que a partir de dicho año ni un solo portugués se fue a
Europa a buscarse su vida, porque tenía un horizonte claro en su
propio país. Creemos que los flujos migratorios de los países
candidatos van a parar radicalmente, pero es evidente que quedan dos
problemas, uno de ellos muy sensible, el del trabajo de las regiones
fronterizas Por ejemplo, el miedo de los austríacos que tienen
frontera con cuatro países y que tienen a la ciudad de Bratislava a
45 minutos de Viena. Es decir, existe la posibilidad de que haya un
señor que viva en Bratislava y vaya todos los días a Viena a
trabajar, pidiendo salarios más bajos que los austríacos y
transformando todo el mercado laboral austríaco. Eso es lo que ha
producido en Austria las reacciones que todos conocemos y ese
rechazo, por parte de las capas más populares a la ampliación en el
sentido de que pueda provocar un enorme trasvase de mano de obra en
las regiones fronterizas. Me imagino que sobre este tema habrá que
buscar una solución ad hoc, como también habrá que buscar una
solución al control de fronteras de esos países situados más allá.
En este momento el control está en la Unión Europea, si mañana
Polonia o Hungría son miembros de la Unión las fronteras de la Unión
serán con Ucrania, con Rumania, con Croacia, con Yugoslavia, por lo
que solamente un país, solo uno, como Hungría, que es uno de los que
seguramente entrará antes en la Unión, plantea ya un problema de
control de fronteras exteriores particularmente grave, puesto que si
no lo controlan habrá flujos migratorios grandes, que entraran
automáticamente en terreno comunitario. Y será así muy
particularmente en países que no tienen tradición ni de fronteras
firmes y fijas -como las nuestras, por ejemplo, ya que los Pirineos
están ahí de toda la vida-, incluso con poblaciones étnicas, por
ejemplo húngaras en Yugoslavia, en la Voivodina, o en Rumania en
Timisoara. ¿Qué va a pasar con todos esos húngaros que están fuera de
las fronteras de Hungría y que ahora entran y salen de Hungría
tranquilamente? El día de mañana veremos qué pasa. Por tanto, hay que
prestar una atención muy particular, porque respecto a los flujos
migratorios puede ser que no vengan ya más húngaros al mercado de la
Unión o más polacos, pero puede ser que empiecen
a entrar más ucranianos, más rusos, más moldavos, más rumanos,
etcétera.
Este es el planteamiento general y, por tanto, únicamente mencionaré
un tema que está muy candente, que es el de la fecha. Nosotros hemos
sido siempre muy contrarios a fijar una fecha para entrar en la
Unión. Creemos que es un arma de dos filos para los países candidatos
y lo hemos dicho siempre. En la época de la negociación España nunca
quiso fijar una fecha, porque pensábamos que en el momento en que nos
fijaran una fecha nos harían tragar ciertas condiciones que no
estábamos dispuestos a tragar. A nosotros nos interesaba más el cómo
que el cuándo, pero es evidente que a la mayor parte de los países
candidatos les interesa más el cuándo que el cómo. En este sentido,
España va a mantener la posición de que una fecha es un error, que es
algo que va en contra de los intereses de los países candidatos y que
lo importante de la fecha es lo que se ha hecho ya: que a partir del
año 2003 la Unión estará preparada para admitir nuevos países
miembros, pero que no deben fijarse otras fechas.
Señor presidente, creo que ya he abusado de su paciencia y de la de
SS.SS.; llevo hablando 47 minutos y 46 segundos, y me someto a las
preguntas de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: No se trata de nuestra paciencia, porque nuestro
interés está plenamente abierto. Usted no es responsable de que se
hayan acumulado tantas circunstancias en su comparecencia y le
agradezco muchísimo sus interesantes explicaciones.
Antes de que empecemos el turno de portavoces, quizá fuera
conveniente un pequeño receso, para que descanse el secretario de
Estado, que está muy reposado, pero que lleva dos horas
interviniendo. Vamos a descansar todos durante un cuarto de hora.
(Pausa.)
Imagino que todo el mundo querrá intervenir. Si les parece, primero
intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que es el
único de los presentes que tiene presentada una solicitud de
comparecencia; pues no hay, que yo sepa, ningún representante de
Izquierda Unida. Después intervendrá el resto de los grupos, de menor
a mayor, acabando con el grupo del Partido Popular.
Vamos a intentar que las intervenciones sean de diez minutos tasados,
con el objetivo de acabar a una hora razonable. Sin aplicar el
reglamento al pie de la letra, ruego a todo el mundo que entienda
debemos ajustarnos a él sin necesidad de que el presidente intervenga
para conseguirlo.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muchas gracias, señor secretario de Estado
por su intervención amplia, y en términos generales detallada, aunque
en otros ha sido un poco más vaga y genérica o deliberadamente
ambigua; pero los que venimos especializándonos
en lo que se podría llamar miguelología tenemos la capacidad de leer
entre líneas a partir de sus palabras, con lo cual su intervención da
para mantener un debate sustancioso.
Comenzaré con una reflexión que arranca de lo que usted utilizaba
para cerrar su intervención; el núcleo de los retos que tiene
planteados la Unión, como usted decía es la ampliación, proceso del
cual derivan otros como el que se está viendo ahora de la Conferencia
Intergubernamental, la reforma institucional, que es un ejercicio de
aritmética del poder pero también es mucho más que eso.
Quiero dar las gracias al señor secretario de Estado por el
reconocimiento que ha hecho de que la posición española a favor de la
ampliación, con los argumentos que él mismo ha citado, no es nueva
sino que existe una continuidad en la defensa de la misma;
evidentemente, compatible con la defensa de los intereses españoles
en línea parecida a lo que explicaba el secretario de Estado o en los
términos que se planteó, por ejemplo, cuando se decidió que había que
ampliar, y al mismo tiempo, había que profundizar. Me alegra que, por
fin encontramos a alguien que sabiendo más que el ministro de Asuntos
Exteriores de esas cosas, porque las ha vivido más, dice lo contrario
de lo que el ministro decía aquí el pasado día 3.
La situación con que nos encontramos ante el reto de la ampliación,
como discutíamos el otro día con el ministro, es bastante compleja.
En primer lugar, existe un clima que podría calificarse no sé si de
europesimismo o de euroescepticismo -me resisto a calificarlo-; pero
da la sensación de que la asunción creciente por la Unión Europea de
materias vinculadas a la soberanía genera ciertas ansiedades que se
suman a las ansiedades, e incluso temores a veces, que provoca el
reto de la ampliación, todo ello magnificado por la demagogia con que
algunos presentan el impacto o las consecuencias de la misma. En la
medida que todo eso exige reformas institucionales, también los
países menos poblados de la Unión Europea (en expresión afortunada
que usted ha acuñado; es menos agresivo hablar de países más o menos
poblados que de grandes y pequeños) se plantean el temor a la pérdida
de su identidad o a que ésta se vea diluida.
Parece evidente que estamos en una situación en la que difícilmente
se alcanzará el éxito si no existe al mismo tiempo una mayor unión
política. Ampliar las fronteras de la Unión sin fortalecer la unión
política conduce al fracaso de la Unión ampliada. Estamos viviendo,
además, una situación compleja que contribuye a la desazón: las
tormentas de precios en distintos productos, el aumento de la
inflación y las tormentas y presiones que afectan al euro, de las que
ayer tuvimos el punto máximo en la gráfica, todo esto no contribuye
a transmitir señales positivas ante los retos que tenemos planteados.
En la balanza de amenazas y oportunidades, éstas últimas quedan un
tanto difusas para
muchos, tanto en la opinión pública como entre los dirigentes
políticos.
La realidad es que somos víctimas de nuestra propia criatura. Estamos
en una situación en la que no existe coherencia entre la política
monetaria, que está residenciada en el Banco Central Europeo, y las
economías, los presupuestos o los sistemas fiscales de los distintos
países, residenciados en el ejercicio de su soberanía y de sus
responsabilidades. No es casual que el Fondo Monetario Internacional
haya señalado que una de las causas añadidas a la situación del euro
es la incertidumbre que gravita sobre el proceso de ampliación. De lo
cual cabría colegir, sin establecer un paradigma, que una Europa
débil provoca o influye en que exista un euro débil. Insisto en que
no es un paradigma, hay otros factores, algunos muy evidentes como el
gran crecimiento de la economía norteamericana o las importantes
inversiones europeas en Estados Unidos. De todos modos son elementos
que se suman a una tendencia creciente hacia el centrifuguismo, hacia
la extensión y la consolidación del ámbito de lo intergubernamental
reduciendo y limitando el ámbito de lo comunitario.
Con todo ello, no es sorprendente que se reabra un debate que hace
unos años parecía encarrilado; me refiero al debate sobre el futuro
de Europa. Importantes dirigentes, Delors, Giscard, Schmidt, Fischer,
Schröder, Chirac o Blair, hacen pronunciamientos al respecto. El
presidente Aznar los hacía en París, de manera más modesta, diciendo
que tendremos que iniciar una segunda etapa después de Niza; que por
otra parte es una obviedad. Creo que podemos convenir en que la
ampliación es moralmente imperativa, estratégicamente necesaria y
políticamente posible, por las razones que ha dicho el secretario de
Estado, y sobre todo porque forma parte del proyecto de construcción
europea poniendo fin a las divisiones que han existido en Europa.
En esta situación y con el escenario que describía el secretario de
Estado, parece evidente que los períodos transitorios se van a
convertir en el puente entre la voluntad política y las trabas
prácticas a hacer efectiva esa voluntad política. Eso nos sitúa ante
una perspectiva de ampliación cargada de períodos transitorios,
especialmente para algunos capítulos; en algunos alcanza al 75 por
ciento de las medidas. No nos parece bien ni mal, es el escenario que
tenemos por delante y el secretario de Estado ha descrito la
situación con bastante justeza.
Se habla de los costes de la ampliación y se habla muy poco de los
beneficios; beneficios que no tienen que ver solamente con la
creación de un mercado sino que van mucho más allá. Quizá necesitemos
todos un ejercicio del tipo que se hizo antes de poner en marcha el
euro, aquel famoso informe Ceccini sobre los costes de la no Europa;
un informe que contemplara los costes de la no ampliación de la Unión
Europea. Sería interesante, incluyendo también los costes que puede
tener el
que la Unión Europea renunciara, en todo o en parte, a ser un actor
global y renuncian a un instrumento como es la ampliación, que le
debe permitir, si la consolida y la hace adecuadamente, recuperar la
capacidad de influencia, la soberanía, como entidad, como colectivo,
que nos está quitando la globalización de manera inevitable.
La realidad es que no existe ahora mismo en la Unión Europea una
fuerza motriz que ponga en marcha un diseño de futuro basado en estos
elementos y, además, la ampliación va a traer, sin duda, mayor
complejidad a la Unión. Una Europa ampliada será una Europa más
diversa en lo cultural, en los intereses de seguridad, en las
diferencias económicas y, por lo tanto, va a estar menos cohesionada.
De ahí la necesidad de abordar no solamente reformas institucionales,
sino también una redefinición del proyecto político que vaya más allá
de la pura aritmética del poder.
Nos preocupa que esta situación esté generando inquietud e incluso
decepción en los países candidatos. Se les están lanzando mensajes a
veces contradictorios. Se habla desde la Comisión y también desde el
Consejo de la posibilidad de un primer escenario -y usted ha hecho
referencia a él- en el que entren a corto plazo dos o tres países o
de un segundo escenario en el que pudieran entrar diez países, una
especie de big bang, en un período que se dilataría hacia el
horizonte de 2005. Y como consecuencia de todo esto, el apoyo cae. En
un país como Polonia, que estaba a la vanguardia de la vocación
europea, ahora mismo el apoyo público a su incorporación está por
debajo del 50 por ciento. Entre los países miembros de la Unión
Europea -usted ha hecho referencia a ellos- todavía se mantiene un
apoyo aceptable, pero vemos cómo países que objetivamente tienen que
ganar con la ampliación, como Alemania, se sitúan en torno al 20 por
ciento, porcentaje similar al de Austria o al de Dinamarca, y eso
lógicamente debiera ser un motivo de preocupación.
Ha hablado el secretario de Estado del modelo regata. Yo creo que eso
no define con exactitud la situación a la que nos enfrentamos, porque
da la sensación -y eso parece desprenderse también de las palabras
del presidente del Gobierno- de que nosotros apoyamos a los que
quieren entrar siempre y cuando cumplan las condiciones. Pero esto no
es una regata en la que nosotros estamos en el muelle mirando a ver
quién llega antes. Es una carrera, es un esfuerzo conjunto que
requiere decisión por nuestra parte, que requiere adopción de medidas
por nuestra parte y que requiere también voluntad política por
nuestra parte. Por lo tanto, la ampliación de la Unión Europea no
concierne solamente a los que quieren entrar, concierne también a los
que están ya dentro. Y si no lo enfocamos así, yo creo, señor
secretario de Estado, que estaremos errando y estaremos además
transmitiendo un mensaje erróneo respecto a dónde van a entrar los
países que desean formar parte de la Unión Europea.
Se plantea también una incertidumbre sobre la propia Conferencia
Intergubernamental. Parece que cuando se dice que tendrá que haber
una segunda Conferencia Intergubernamental se está insinuando que
quizá no se culmine la reforma institucional que nos habíamos
comprometido a que estuviese cerrada -y cerrada quiere decir
ratificada la reforma del Tratado- el 1 de enero del año 2003 y que,
a partir de esa fecha, será cuando puedan entrar los países. Por lo
tanto, creemos que sería necesario plantear claramente a estos países
el calendario de adhesión, no tanto el calendario país por país, sino
que en función de la evaluación -el día 8 va a haber un informe de la
Comisión sobre el proceso de adaptación de estos países-, los países
sepan claramente qué es lo que se les pide y que al día siguiente no
se les pida una cosa distinta. Que todavía estemos negociando con los
países qué es lo que se va a pedir, contribuye a sembrar mucha más
incertidumbre.
Decía que no se trata de un concurso, no es una regata. Se aprobaron
unas perspectivas financieras -lo decía usted- que estaban pensadas
para un modelo de ampliación que no es por el que se ha optado. Se
aprobaron unas perspectivas financieras para un modelo de ampliación
donde se preveía que habría un primer grupo de seis países. No es ese
el modelo -lo ha dicho usted- y por lo tanto, señor secretario de
Estado, parece lógico que, desde el discurso que usted plantea España
estuviese a la cabeza de la petición de una revisión de las
perspectivas financieras. Y no estamos viendo esa actitud por parte
del Gobierno. Usted ha hablado de algunos ahorros, del margen
financiero que existe, pero no voy a extenderme sobre los
presupuestos. Mi grupo ha formulado algunas preguntas porque queremos
abordar con el Gobierno un debate sobre el presupuesto comunitario,
pero la realidad es que ahora estamos viendo que se están produciendo
recortes, y muy sustanciales, en algunas partidas que son importantes
para España. Da igual que se nos haya compensado lo que se pierde en
los fondos estructurales con un aumento de los fondos de cohesión. Yo
no sé si es cierto lo que se dice por Bruselas en el sentido de que
esa ha sido la manera de que España aceptase unas reducciones que son
inaceptables en los fondos MEDA, reducciones que podían llegar
incluso hasta el 24 por ciento, si se confirma la tendencia que se
está produciendo en el debate actual. No nos sirve, porque no es
creíble y es difícilmente explicable a los vecinos del Sur, que luego
eso se corrija con mecanismos de ingeniería financiera, porque aquí
también estamos ante el problema siguiente. Europa está dando un
mensaje claro de proyectar seguridad y estabilidad hacia el Este,
y lo está haciendo con un esfuerzo financiero y con una invitación de
incorporación como miembro. Si no se proyecta una sensación similar,
un mensaje similarhacia el Sur, lo que se está generando es un vacío
de seguridad y un vacío de estabilidad. No estoy hablando de
ampliar la Unión hacia el Sur, lo que estoy diciendo es que el
esfuerzo tan grande que se está haciendo hacia el Este no puede
provocar un vacío de seguridad y estabilidad en el Sur, y creo que
eso tendría que ser una prioridad del Gobierno español. Me gustaría
saber, señor secretario de Estado, si es cierto que el dinero
previsto para financiar el acuerdo de pesca con Marruecos se va
a destinar, al final, a financiar los programas de los Balcanes. Me
gustaría que nos lo aclarase, porque me parece relevante y
significativo.
Entro rápidamente sobre las consideraciones que usted ha hecho
respecto...
El señor PRESIDENTE: Tendrá que ser muy rápidamente, señor diputado,
porque lleva veinte minutos.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Muy rápidamente.
Ha hablado el secretario de Estado de la situación en que se
encuentra esa difícil ecuación de conjugar los intereses de los
países más poblados y la voluntad de búsqueda de fórmulas que
permitan una reponderación de votos en el Consejo que corrija el
deterioro que se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años en
el peso específico de los países en el Consejo. Creo que es correcto,
pero lo que no sé es cómo se resuelve esa ecuación; difícilmente se
va a resolver simplemente con fórmulas de jerarquización. La
jerarquización tiene dos componentes: uno, el que la Comisión sea
fuerte, que no se le sustraiga, por ejemplo, capacidad de iniciativa
-y algo hemos oído sobre la posibilidad de rebajar la capacidad de
iniciativa de la Comisión-; y dos, el que los países que no tienen
más representación o que no la tienen de manera permanente, que
entran en un mecanismo de rotación puedan tener asegurada una
posición inferior. No me extenderé más en esta cuestión; creo que
usted ha descrito básicamente la situación.
En cuanto a las cuestiones de mayoría cualificada, mantenemos alguna
discrepancia con la posición del Gobierno. No tenemos muy claro por
qué hay que excluir la fiscalidad. Podemos tener claras otras
cuestiones que afectan a temas que forman parte del acervo
comunitario o que tienen implicaciones constitucionales; usted ha
dicho cuasi constitucionales. Yo no sé si el Gobierno español ha
invocado cuestiones constitucionales en algún caso, y me gustaría
saberlo. Creo que hay un acuerdo generalizado de que se debe
preservar el acervo comunitario y el marco institucional y, a partir
de ahí, se pueden llegar a cooperaciones reforzadas. Ya se vio en el
año 1995, y lo decía el último Gobierno socialista. Si no hay
voluntad de avanzar, con determinadas condiciones se estaría de
acuerdo en que aquellos países que desearan ir más lejos pudieran
hacerlo. Las condiciones son las que estamos viendo en los documentos
que está presentando la Presidencia francesa. No sé realmente cuál es
el sentido de la iniciativa
española, qué añade a lo que está ya en las propias propuestas de la
Presidencia francesa. Tampoco sé cómo debemos traducir lo que ha
presentado el Gobierno español. El Gobierno español ha presentado un
documento en el que propone que en el segundo pilar se puedan hacer
cooperaciones reforzadas para misiones Petersberg, lo que se denomina
gestión de crisis, e introduce una variable, una cautela que no está
en ningún documento de los presentados hasta ahora por la
Presidencia, y es que tendrá que acordarse por unanimidad. Usted ha
equiparado esto a un directorio. Esto no es un directorio, ni mucho
menos, ni con esto se evita la creación de directorios ni se puede
calificar de directorio el grupo de contacto. El grupo de contacto no
era un instrumento de ámbito comunitario; ahí estaban Estados Unidos
y Rusia. Con esto no se va a evitar la creación de directorios como
ese ni como el G-7, evidentemente. Sí se pueden permitir
cooperaciones reforzadas en un ámbito, como el que usted ha descrito
de los países bálticos o en el Mediterráneo, pero no entendemos por
qué España se empeña, cuando no lo está proponiendo la propia
Presidencia, en que esto se tenga que decidir necesariamente por
unanimidad.
Voy a decir dos palabras sobre la carta. Creo que todos nos tenemos
que felicitar, pero hay que ir más lejos. La carta, tal y como está
aprobada, tiene ya su ubicación -y me gustaría saber si el Gobierno
lo comparte-, que es el artículo 6.2 del Tratado, el que hace
referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Me gustaría saber
si el Gobierno, además de ser partidario de que se incorpore al
Tratado, nos puede dar una explicación de por qué se tiene que dejar
la carta en un cajón hasta que llegue la Presidencia sueca. ¿Qué va a
hacer la Presidencia sueca con la carta que no se pueda hacer ahora,
en un plazo inmediato? Me gustaría saber a quién cubre. ¿Cubre a los
ciudadanos de la Unión Europea o cubre a los ciudadanos que viven en
la Unión Europea? Porque es una diferencia sustancial, y estamos
teniendo ahora, en este país, un debate similar en otro contexto.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado sobre el artículo
7. Creemos que es pertinente esa modificación. No nos ha dicho nada
el secretario de Estado, respecto a los ámbitos de mayoría
cualificada, sobre la codecisión. Según la posición del Gobierno
español, ¿se extendería la codecisión a todos y cada uno de esos
ámbitos? Porque tampoco nos ha dicho nada sobre el Parlamento Europeo
y su futura composición, aunque sabemos que también hay algunas
reivindicaciones por parte de algunos países.
Termino, señor presidente, señor secretario de Estado, haciendo
cuatro o cinco preguntas y consideraciones. Señor secretario de
Estado, en el año 2003 se tienen que revisar las perspectivas
financieras. A la vista del nuevo diseño de ampliación, de las nuevas
necesidades y compromisos en los Balcanes, del deterioro que están
sufriendo otros programas -ha hablado de
MEDA pero podríamos hablar también de Ciencia y Tecnología-, ¿no cree
usted que sería necesario abordar una revisión de las perspectivas
financieras? No es un tabú, se ha hecho antes, con la unificación
alemana y tras la caída de la Unión Soviética. Nosotros somos
partidarios de que se revise, y si se va a decidir en el año 2003,
naturalmente habría que empezar a estudiarlo bastante antes. ¿Cuál es
la posición del Gobierno ante los dos modelos de ampliación, el de un
grupo reducido de países que entrarían pronto y el de un gran grupo
de países que entraría más tarde? ¿Cómo se inserta esto en el
calendario comunitario?
El señor PRESIDENTE: Termine ya, señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Termino ya, señor presidente.
Va a haber unas elecciones al Parlamento Europeo en el año 2004.
¿Podrían participar estos países? ¿Cuándo se aplicarían, y esto sí es
importante, las decisiones que se adoptasen sobre reforma
institucional, por ejemplo, sobre la composición de la Comisión?
¿Cuál es el papel de España en todo esto? ¿Seguimos siendo ese
europeo fastidioso del artículo de Die Zeit o hay un cambio
estratégico por el que pretendemos quitarnos esa etiqueta? ¿Hay
también un cambio en la política de alianza que se ha seguido durante
la pasada legislatura por el Gobierno Aznar? Ayer veíamos al ministro
Piqué que anunciaba algo en esa línea, diciendo: no tengo dudas de
que deberíamos acordar posiciones con países como Francia y Alemania,
más que con países como Gran Bretaña. Eso es todo lo contrario de lo
que se ha hecho en los últimos cuatro años, y deberíamos saber si va
en serio.
Finalmente, señor secretario de Estado, el Grupo Socialista nos
planteamos que tal vez ese modelo esté ya agotado y que en el proceso
constituyente -lo cual no quiere decir que vaya a dar lugar a una
constitución en el sentido estricto- que debe seguir a Niza debe
aplicarse otro modelo distinto. Quizá la elaboración de la carta
puede ser una experiencia interesante, como usted mismo ha señalado.
Estas son básicamente las cuestiones, al margen de otras muchas, que
quería plantear al secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea contestar el secretario de Estado uno a
uno?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Como quiera el presidente.
El señor PRESIDENTE: Quizá sea mejor agrupar las respuestas al final.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
No tengo ningún problema.
El señor PRESIDENTE: Ruego a todas SS.SS. que tengan en cuenta el
tiempo, aunque la Presidencia será todo lo flexible que necesita una
comparecencia como la de hoy en la que se tratan tantos y tan
importantes temas. No tengo más límite que nuestra propia paciencia,
pero debo recordar los límites del tiempo disponible.
El primer interviniente, yendo de menor a mayor, sería el Grupo
Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Trataré de ser breve.
Doy las gracias al secretario de Estado por su comparecencia y las
explicaciones que nos ha dado sobre el Consejo, que si bien es
informal, todos sabemos que este tipo de Consejos al final resultan
ser realmente importantes.
De los cuatro temas sustanciales que allí se debatieron y sobre los
que se transmitieron, me imagino, más que informaciones -mayoría
cualificada, cooperaciones reforzadas, ponderación de votos del
Consejo y número de comisarios-, parece, según nos ha comentado, que
en dos de ellos -mayoría cualificada y cooperaciones reforzadas-, sin
perjuicio de las transacciones necesarias que tengan que hacerse
entre los Estados miembros previas a la reunión de Niza, puede haber
un acuerdo. No voy a preguntarle sobre los contenidos con los que el
Gobierno del Estado podría estar más de acuerdo, en qué materias y en
cuáles no. Respecto a las cooperaciones reforzadas, ya nos ha hablado
del segundo y del tercer pilar. No voy a entrar en esas cuestiones.
Para ser breve, entraré en la ponderación de votos y en el número de
comisarios. Todos sabemos cuál es el problema: países más poblados o
menos poblados. Yo creo que la terminología grandes y pequeños no
pretende herir a nadie, simplemente es una realidad. Considerando que
el Estado español ni forma parte de los países de mayor población ni
forma parte de los países de menor población, por decirlo de alguna
manera, tiene una posición curiosa. En este momento -no sé si es
bueno, yo creo no- se está produciendo una división bastante
importante en dos bandos, entre los países de mayor población y los
países de menor población, que está, suscitando mucha controversia -
y está apareciendo ya en medios públicos- y agravios comparativos que
pueden dar lugar a una cierta tensión; tensión que, por lo visto, ya
se vio en el propio Consejo de Biarritz.
Primera consideración. El papel del Estado español con respecto a la
táctica y el método -no pretendo que ustedes desvelen nada que no
tengan que desvelar- es complicado y difícil en la medida en que
pretender ser de los grandes puede dar la impresión de no colabora
ción
para los de menor población. Los de mayor población podrán tener
interés en ayudarnos, pero puede que tengan otros intereses. En todo
caso, me preocupa lo que pueda pasar.
Segunda consideración. Estamos ante una Conferencia
Intergubernamental con los flecos de Amsterdam, todos lo sabemos;
flecos que, siendo muy importantes, que lo son, no han hecho que la
Unión Europea no haya podido seguir trabajando. Es verdad que la
Conferencia de Niza es vital y en ese momento se debería llegar a un
acuerdo, aunque también se decía que, si no era en Niza, que fuese en
Göteborg. No vamos a ponernos dramáticos, pero creo que Niza es
fundamental para aclarar estos cuatro temas que llevan pendientes
desde hace muchísimo tiempo. La Conferencia Intergubernamental de
Niza no va a permitir adaptar la Unión y sus instituciones cara a la
ampliación; eso es algo claro y evidente. Lo que yo quiero saber es
si existen ya reflexiones más o menos concretas -no hablo de
precisiones ni de reformas ni de revisiones- sobre qué aspectos
debieran ser susceptibles de reforma, de revisión, de consideración
cara a tener una Unión Europea preparada, tal y como dice el Tratado
de Amsterdam, unas instituciones preparadas para hacer frente, en el
sentido positivo,a los nuevos miembros que está previsto que entren
en esa ampliación.
En este momento, independientemente de que salga el tema de Niza,
habría que pensar en el panorama con el que nos vamos a encontrar y
hacer un estudio sobre esas cuestiones; no ya sobre un calendario,
que es mucho más complicado, pero sí sobre esas cuestiones para
precisar qué es lo que puede pasar. Son dos cuestiones que están muy
unidas. Mi opinión es que, si todavía no hay una previsión más o
menos concreta y un objetivo claro de cómo puede hacerse esa
ampliación -si al principio van a ser dos o tres países, si va a ser
un big bang, si va a ser uno por uno- es porque no se tiene claro
cuándo se va a producir esa revisión, esa reforma o esa reflexión
sustancial de las nuevas instituciones que haga que la ampliación sea
exitosa. Por tanto, son dos temas interrelacionados, que hacen que no
tengamos muy claro cuál va a ser, en el medio plazo, el desarrollo de
la Unión Europea en materia de ampliación, de reformas y, en
definitiva, que no tengamos clara la eficiencia, la eficacia y el
éxito en su desarrollo. Esto, ¿que produce? Esto lleva -y entro ya en
el tema de la ampliación- a que los países que están intentando
entrar, ya sea Polonia u otros que han hecho importantes esfuerzos,
vean que no se les dice nada claro, sino que se les hace promesas
continuas por parte de determinados representantes de diferentes
Estados miembros. ¿Qué podría pasar? Para llegar a la ampliación
tiene que darse un proceso de negociación correcto en todos los
aspectos, que para unos puede requerir más tiempo que para otros,
pero también es verdad que la ampliación es una apuesta
clarísimamente política y, al menos desde mi punto de vista,
absolutamente obligada
y es productiva para todo el mundo, no solamente para los países
que están deseosos de entrar en la Unión Europea, sino también para
nosotros. Por tanto, yo creo que hay que tener una visión técnica con
respecto a una adhesión lo más eficaz posible para todos, sin
perjuicios ni distorsiones, pero también es una apuesta política por
unas ideas y unos caminos y cauces claros, y no debe estar al albur
de lo que cada representante de turno de cada Estado miembro decida
prometer o no en una u otra ocasión.
Una tercera cuestión muy importante que yo trataría de suscitar
dentro de este tema, acerca de la que han hablado muchas
personalidades, como el presidente de la Comisión, el señor Prodi,
ante el Parlamento Europeo, aunque a mí me hubiera gustado que lo
hubiese hecho antes, es la del método intergubernamental, un elemento
que cada vez tiene más relevancia en el ámbito de la Unión Europea.
Yo creo que es eso es un error y que cuando la Unión Europea ha
tenido éxitos para todos en grandes logros a lo largo de su historia
ha sido cuando se ha utilizado el método comunitario. Y haría una
advertencia respecto a que en demasiadas ocasiones hay una tendencia
a utilizar el método intergubernamental, probablemente para tratar de
obtener unos u otros éxitos para uno u otro Estado miembro, pero esto
no hace que realmente funcione o al menos que haya una visión a medio
y largo plazo de la Unión Europea. Por tanto, haría un llamamiento a
reconducirlo al método comunitario, más que a la utilización casi
diría excesiva del método intergubernamental, que podrá tener éxitos
a muy corto plazo pero que no es lo que ha permitido tener los
grandes éxitos de la hoy Unión Europea.
Podría hablar de más cosas, como de la codecisión del Parlamento
Europeo en las materias de mayoría cualificada, en fin, hay muchos
más detalles, pero yo creo que lo que hay que hacer son reflexiones
en profundidad. Me parece que nos estamos centrando excesivamente en
el corto plazo de las cuestiones pendientes, pero que no se está
dando por quien corresponda, en este caso quienes tengan mayores
responsabilidades, una visión de medio y largo plazo de la Unión
Europea, una Unión Europea que tiene cambios muy sustanciales -el
hecho de que se produzca una ampliación, aunque sólo sea de una serie
de miembros que hoy están en esas negociaciones va a ser ya muy
sustancial-, y creo que no hay una visión clara de cuál es la Unión
Europea a la que se quiere ir, porque estamos demasiado concentrados,
preocupados o incluso yo diría mediatizados por el corto plazo, por
Niza, por el reparto de poderes no solamente entre instituciones,
sino también, en este caso, entre Estados miembros, y creo que se
echa en falta una reflexión profunda para ir más allá.
He pensado si hacerla o no, pero al final le voy a hacer una pregunta
que hizo lord Wallace, del Parlamentobritánico, hace poco en la
Cosac: ¿qué va a pasar
-preguntó él, y no sé a qué partido pertenece- con naciones como
Escocia -no sé si citó a Cataluña; si me equivoco, por favor,
corríjame- y naciones que tienen parlamentos autónomos, que tienen
que tener una reflexión y un peso porque tienen competencias
propias?; ¿Qué va a pasar cuando se produzca una ampliación masiva o
se produzca a lo largo de los años una ampliación de muchos países,
por población, por peso? ¿Qué respuesta tenemos que dar? Eso es lo
que le pregunto.
El señor PRESIDENTE: Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Doy mi salutación de bienvenida y
agradezco su presencia al señor secretario de Estado, nuestro buen
amigo, que tan bien conoce los problemas, obligatoria pero también
vocacionalmente, de Canarias y su peculiaridad en la Unión Europea.
He escuchado su contestación a las preguntas que le ha hecho el
diputado del Grupo Parlamentario Popular, pero yo voy a entrar
solamente en las cuestiones relativas, en primer lugar, a la
Conferencia Intergubernamental.
Sabe usted, señor secretario de Estado, que en Coalición Canaria
venimos apoyando la línea del Gobierno respecto al planteamiento
estratégico y táctico que ha hecho ante la Unión Europea
fundamentalmente en las cuestiones de ponderación de voto en el
Consejo y respecto al número de comisarios. Nosotros hemos apoyado la
postura que ya había manifestado incluso el presidente del Gobierno,
el señor Aznar, en su discurso de investidura y después en las
intervenciones y declaraciones que ha realizado en distintos
escenarios, de que España está dispuesta a renunciar a un comisario,
de los dos que tiene, siempre y cuando -cuestión inexcusable- haya
una adecuada ponderación del voto. Creemos que esto es fundamental,
porque si no, tendríamos que seguir utilizando una política no
escrita en los tratados, que es la utilización, como hacían otros
países, de la presencia cuantitativa de comisarios en el órgano
máximo de la Unión Europea para tener una presencia física aumentada,
entendiendo que son abogados defensores de la problemática específica
de cada país miembro. Por tanto, en esta línea coincidimos: exigencia
de la ponderación adecuada del voto, ajustándose a los criterios
objetivos, y que en ese caso se discuta la reducción de comisarios y,
por supuesto, no sólo con determinados países de tipo intermedio como
es España.
Igualmente estamos en concordancia con el asunto de las mayorías
cualificadas. Como sabe el señor secretario de Estado, cuando se han
tomado decisiones en el Consejo sobre asuntos que nos han afectado
siempre, sea el Poseican, sea el estatuto de región ultraperiférica,
etcétera, la mayoría cualificada y la cooperación reforzada, en la
que nosotros siempre hemos ido de pioneros con algunos otros países,
se han visto como necesarias para resolver temas como la libre
circulación
de personas, lo que se deriva del tercer pilar, o lo que se
puede derivar de los acuerdos de Schengen, temas más acuciantes en
otros países; por tanto, aquí hay una plena coincidencia de impulso a
esta línea estratégica y táctica que se está siguiendo por el
Gobierno, que tiene el apoyo de Coalición Canaria. (El señor
vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la Presidencia.)
Respecto al segundo tema que ha tratado el señor secretario de
Estado, que es la Carta de Derechos Fundamentales, este diputado en
nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en el debate en
la Cámara semanas atrás, tuvo ocasión de fijar nuestra posición de
apoyo a este documento, sobre todo en concordancia con las posiciones
que había mantenido la delegación española en el organismo que sale
tanto a raiz de la decisión del Consejo Europeo de Colonia como del
Consejo de octubre del año pasado en Tampere, donde estuvieron
representados dos parlamentarios españoles, el señor Cisneros, aquí
presente, y el señor Solé Tura, a las que dedico unas palabras otra
vez más de reconocimiento por parte de mi grupo a su destacada
y meritoria labor en la confección del amplio índice de derechos
fundamentales, labor que para España, como usted bien sabe, señor
secretario de Estado, nos ha resultado cómoda porque va en armonía
con el título I de nuestra Constitución; los dos parlamentarios
españoles de ese órgano de redacción del borrador del documento gozan
del recuerdo histórico de haber sido miembros de la ponencia
constitucional española y, por tanto, escribían sobre la misma
partitura de armonía. Nos sumamos a que esto no quede en una mera
declaración de referencia y pedimos que el Gobierno español, de
acuerdo con el compromiso verbal adquirido por su presidente, señor
Aznar, trate de llevar esto al derecho positivo, es decir, su
incorporación al Tratado de la Unión Europea.
No se nos ocultan las dificultades que tuvieron que sortear los
redactores en el órgano competente para convencer a los
representantes de los países nórdicos y concretamente, como usted ha
recordado aquí, a la representación británica de que estamparan su
conformidad, británicos y nórdicos, unos porque carecen de
constitución y otros, por no verse impedidos a que les estuvieran
redactando una Constitución vía indirecta desde la Unión Europea.
Respecto a lo que se acuerde en la próxima cumbre de Niza estimulamos
al Gobierno español a que deje bien claro que no se trata ni en
primera ni en segunda instancia de una mera declaración de referencia
y que haya una vocación o una intencionalidad a medio, corto o largo
plazo -el canciller alemán, señor Shröeder, habla del año 2004- para
ver si en una segunda Conferencia Intergubernamental se puede llevar
la incorporación al Tratado de la Unión Europea de los principios,
puntos y artículos de los derechos fundamentalesen el seno de la
Unión Europea, venciendo las reticencias
sobre el texto que tuvimos ocasión de conocer y discutir, que se
dirigían a los artículos 50, 51 y 52, de las disposiciones generales,
sobre todo a los artículos 50 y 51, ámbito de aplicación y alcance de
los derechos garantizados, con unas redacciones que impidieran que la
representación británica y de determinados países nórdicos tuvieran
que vetar este importantísimo y trascendental documento que a muchos
nos gustaría haber incorporado, como digo, a esa situación de pleno
derecho positivo en el Tratado de la Unión Europea. En opinión de
Coalición Canaria esto incluso podía excusar o suavizar
planteamientos que, en el seno del Consejo pudieran plantearse, como
el que el señor secretario de Estado tocó con referencia a una
posible modificación del artículo 7 del Tratado para la expulsión de
determinados países, como podía haber planeado en el caso austríaco.
Mi grupo también se felicita por el hecho de que en el comité de
sabios, que tuvo que dar esa salida frente a determinadas
intransigencias de Francia, estuviera un representante español, don
Marcelino Oreja, con la amplia experiencia diplomática, muy respetada
y admirada por mí, tanto de ex ministro de Asuntos Exteriores como de
comisario de España en el Consejo de la Unión Europea, que con su
buen hacer, prudencia y discreción ayudó a dar salida al tema de
Austria, dentro del citado comité. Ojalá tengamos a estas personas
siempre disponibles para evitar decisiones más traumáticas, que no
convienen al principio de unidad de la Unión Europea, y menos con
socios de ese tipo y tradición, que también están en la Unión
Europea.
En cuanto a la ampliación pedimos que se mantengan en los
negociadores españoles los principios que ha señalado el secretario
de Estado y que compartimos. A veces somos escépticos hasta que se
conozcan las cifras reales de los costes de financiación, sobre todo
la que el secretario de Estado ha citado, la financiación de la
política agrícola común, pero le haría una reflexión, con el ánimo de
matizar, señor secretario de Estado. No es lo mismo Dinamarca, con su
población, que recibe fondos de la Unión Europea, que lo que puede
ocurrir con Polonia, si entrase. Usted sabe que la entrada de
Dinamarca se maneja como una entrada en la Unión Europea a la carta,
de un modo muy específico, y que tiene conductas especiales, como la
última con motivo del referéndum respecto al euro, pero cuenta con
una población activa agraria que no tiene absolutamente nada que ver
con la de Polonia, por poner un ejemplo. Los porcentajes de los
fondos que recibe Dinamarca pueden ser elevados, pero en relación con
este país, con una aplicación de la política agrícola común tipo café
con leche, Polonia se lo lleva de calle cuantitativamente, con
poblaciones activas agrarias y determinadas producciones que serían
hasta preocupantes para el resto de los países que tradicionalmente
dentro de la Unión Europea vienen disfrutando de la política agrícola
común. Algún día se aclararán las cuentas o las
financiaciones. Ahora debe prevalecer el criterio político, tal y
como lo ha expuesto el señor secretario de Estado, y en esa línea nos
mantenemos, siendo consecuentes y congruentes.
Lo que sí le quiero decir es que en ese surco que abre usted y abre
el Gobierno español con nuestro apoyo, señor secretario de Estado, no
vayamos a dejar en la cuneta situaciones de partes de la Unión
Europea, como ocurre en España con las regiones ultraperiféricas. Es
el caso de Canarias y lo tengo que sacar a relucir, para que no
suceda que tengamos que entrar en una contradicción y que se le esté
discutiendo a Canarias si es región de Objetivo 1, con el 75 por
ciento. Nosotros pedimos que se traslade a la condición de región
ultraperiférica, porque seguimos diciendo que el 75 por ciento no se
obtiene solamente con la suma de un producto interior bruto generado
dentro de ella, sino que es la suma también de los fondos
estructurales y de cohesión que están llegando a Canarias. No vayamos
a tener una zanja de diferenciación negativa en los temas que están
relacionados aquí con prórrogas de las ayudas que viene recibiendo
Canarias como región de Objetivo 1, por su planteamiento ya en el
seno del Parlamento Europeo, en el desarrollo del artículo 299.2, de
las regiones ultraperiféricas; no nos vayamos a encontrar con una
situación en la que, comparada con lo que se habla de la ampliación,
quede peor el que está dentro de la Unión con una región de índole
ultraperiférica o insular, con dificultades en todo el campo de las
infraestructuras, de la política social y de la política agrícola.
Aprovecho para expresar al señor secretario de Estado el
reconocimiento de Canarias a la posición que ustedes han tenido
-concretamente usted- en las últimas conversaciones sobre el problema
del plátano canario frente a la presión norteamericana y de la
Organización Mundial del Comercio para hacer algo que era
verdaderamente lesivo. Por lo menos hemos obtenido un intervalo de
tiempo que nos permita alejarnos de la imposición -como se quería- de
la tarifa única, la tariff only, y de situaciones que verdaderamente
iban a llevar a un declive en la renta canaria agraria obtenida por
las producciones de plátanos. Esperamos que esto sirva también de
acicate a la línea mantenida por el Gobierno español, en todas estas
cuestiones. Nosotros partimos de que la caridad bien entendida
empieza por uno mismo, sobre todo cuando nos estamos jugando estas
cantidades tan importantes.
Señor presidente, no tengo más que decir sobre esta línea de la
ampliación sino que se consiga con las armonías pertinentes y que el
señor secretario de Estado para la Unión Europea mantenga la línea de
exigencia y defensa del acervo legislativo que la Comunidad Autónoma
de Canarias ha tenido hasta la actualidad. También quiero estimularle
para que se renueve el Poseican. Esperamos que desaparezcan las
dificultades actuales que impiden la renovación del mismo, teniendo
en cuenta que el Poseidom francés ha sido renovado
por segunda vez y que el correspondiente a los territorios
ultraperiféricos de Portugal también está renovado. Esperamos que se
despejen las dificultades españolas y se renueve el Poseican, en
armonía con lo que le viene planteando a la Administración general
del Estado y a su departamento el Gobierno de Canarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Quiero empezar por una cuestión de orden,
aunque no esté el presidente de la Comisión, al menos para que conste
en el «Diario de Sesiones». Efectivamente, aunque el orden de las
intervenciones no altera el producto, la realidad es que las cosas
nunca se han hecho como se están haciendo hoy. Me atengo a los
precedentes, que se pueden consultar puesto que están en el «Diario
de Sesiones» de la legislatura pasada. En todas las comparecencias
del secretario de Estado o del ministro en esta Comisión se ha
intervenido de mayor a menor y no de menor a mayor. Eso tiene la
trascendencia relativa que tiene, como cualquier práctica
parlamentaria, pero alguna tiene, como el conjunto de las prácticas
parlamentarias. No he querido interrumpir antes, pero quiero dejar
constancia de que esto no se tome como un precedente, porque no lo
es.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Perdone un momento,
señor Guardans. Me parece que se ha hecho así porque el Grupo
Socialista tenía una propuesta de comparecencia y esto ha generado la
formula, que no es distinta, sino que responde a un procedimiento
diferente, si yo no lo he entendido mal. No obstante, consta en acta
su observación.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Lamento rectificarle. Efectivamente, el
primero que interviene es el que tiene solicitada la comparecencia y,
a partir de ahí, las intervenciones se realizan de mayor a menor, y
si quien tiene solicitada la comparecencia es el mayor grupo de la
oposición, a partir de él es de mayor a menor. Así se ha hecho
siempre hasta ahora. Si hay que cambiar la práctica, se debe tomar la
decisión oportuna, pero no es lo que se ha hecho en ninguna de las
comisiones precedentes, desde el año 1996, año desde el cual este
diputado forma parte de esta Comisión.
Voy a ser muy breve, porque se han dicho muchas cosas y porque yo
interpreto esta comparecencia de hoy como una comparecencia para la
recepción de información y no de fijación de posición, porque al
menos en los temas que hacen referencia básicamente a la ampliación y
a la Conferencia Intergubernamental está bastante clara la posición
de cada uno de los portavoces, y las dudas fundamentales que existían
ya las han planteado otros intervinientes.
Voy a ser muy puntual. En relación con la Carta de Derechos
Fundamentales, hay que felicitarse porque efectivamente se haya
proclamado o asumido en la Cumbre de Biarritz; habrá que ver
exactamente cuál es su estatus definitivo. Hoy lo único que quiero
hacer es un comentario a las palabras del secretario de Estado,
porque me preocupan, sin dramatismos pero con una cierta seriedad.
Probablemente, el secretario de Estado se está contagiando, como
otros líderes, de un pequeño detalle. Está sobre la mesa la
posibilidad de que la Unión Europea ratifique el Convenio europeo de
Derechos Humanos. Eso tiene pegas y tiene ventajas. En este momento
no es cuestión de plantear un debate sobre si la Unión Europea debe o
no debe formar parte del marco jurídico en el cual se incardina el
Convenio europeo de Derechos Humanos. Lo que no parece tolerable -y
perdone la expresión; lo digo con todo el respeto político- es que el
argumento para oponerse a que la Unión Europea como tal suscriba
dicho convenio sea el que usted ha comentado -y entiendo que lo haya
hecho porque se viene oyendo desde hace un cierto tiempo- de que cómo
es posible que la Unión Europea se someta a un sistema de
jurisdicción en el que intervengan -imagínese usted- moldavos,
ucranianos o incluso bielorrusos. Pero qué vergüenza, dónde iríamos a
parar. Eso lo ha dicho usted y eso se está oyendo cada vez más y es
uno de los argumentos fundamentales que se están manejando. Eso tiene
un contrapunto gravísimo, porque entonces, ¿por qué toleramos que el
Tribunal Constitucional español se someta a ese mismo órgano? Vamos a
cargarnos ese sistema.
Sea usted consciente de que aquello que va al Tribunal Constitucional
español -que a mí me merece por lo menos tanto respeto como el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, si no más- y
aquello que va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se
reparte en función de jerarquía, sino estrictamente en función de
competencia. Hay cuestiones que van a un sitio y cuestiones que van
al otro y hay cuestiones que el Tribunal Constitucional no admitirá a
trámite; las sentencias del Tribunal Constitucional sí son
recurribles, en los casos concretos y sin entrar en la letra pequeña,
ante ese Tribunal lleno de moldavos, ucranianos y bielorrusos. Por
tanto, no puede ser un argumento la descalificación de ese órgano de
revisión y de aplicación de la convención europea, porque, si eso es
así y empieza a calar en la opinión pública que el Tribunal europeo
es un tribunal hecho por una panda de señores que no merecen el más
mínimo respeto, a partir de ahí, salgámonos del sistema. ¿Pero qué
respeto va a tener un recurso ante una sentencia de amparo del
Tribunal Constitucional planteado ante ese Tribunal en el que,
efectivamente, habrá un juez ucraniano que podrá revocar, insisto,
una sentencia del Tribunal Constitucional español? Le ruego, y se lo
digo muy sinceramente, que no utilice más ese argumento. Hay
argumentos jurídicos y políticos que puedo no compartir, y
de hecho no comparto pero respeto, en contra de la adhesión de la
Unión Europea al Convenio europeo de Derechos Humanos, pero no
utilicemos más, y menos desde España, que eso nos pondría en manos de
una panda de señores que vaya usted a saber quiénes son, porque
entonces, insisto, y lo digo por última vez, salgámonos del sistema,
porque el Tribunal Constitucional me merece por lo menos el mismo
respeto que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y sí
está sometido a este órgano. Ese sería el punto más concreto sobre la
cuestión.
En cuanto a si la Carta de Derechos Fundamentales tiene o no que
tener carácter vinculante, en el Pleno del Congreso en su momento
manifesté la posición de mi grupo. Las dudas jurídicas que me
planteaba en cuanto a que finalmente tuviera carácter vinculante
parece que están más o menos resueltas. En todo caso, es una decisión
que todavía no está tomada y que aparentemente no se tomará
propiamente en Niza y, por tanto, no hay que precipitar
acontecimientos.
En cuanto a la Conferencia Intergubernamental, le agradezco su
información. Habrá que esperar y ver y, por tanto, no hay que
pronunciarse mucho más allá. Conoce la posición de mi grupo sobre una
mayor generosidad en cuanto al paso a la mayoría cualificada. Hoy, en
las preguntas anteriores a esta comparecencia, hemos comprobado los
riesgos que tiene eso a veces para los intereses de España, pero
conceptualmente, por decirlo así, desde mi grupo tenemos menos
suspicacias que las que, a veces, se perciben en el Gobierno a la
ampliación de la agenda de temas, entre los cuales hay que ir a la
mayoría cualificada, pero no querría entrar ahora tampoco en la lista
concreta.
Tengo algunas dudas sobre la conveniencia y la necesidad de reformar
el artículo 7. Las manifiesto y no creo que sea especialmente
importante y urgente plantearlo en Niza. No ha quedado clara cuál es
la posición de España; simplemente ha quedado claro que no se va a
oponer a que eso entre en la agenda de la Conferencia, pero no he
entendido exactamente cuál va a ser la posición de España en concreto
sobre el fondo del asunto en cuanto a reformar el artículo 7 del
Tratado, que plantea la eventual suspensión o expulsión de los
derechos de un Estado miembro.
Sobre el resto de los temas que hay en la agenda de Niza la posición
de mi grupo es bastante conocida y está en sintonía con la del
Gobierno. Lo único que le pediría -un poco en la línea que tuve
ocasión de comentar en la comparecencia del Ministro de Asuntos
Exteriores en esta misma Comisión- es que el Gobierno elevara un poco
el tiro. Es correcto, cuando estamos hablando de Conferencia
Intergubernamental, que nos atengamos al índice de temas que hay
sobre la mesa, pero a veces da la impresión que todo se plantea
estrictamente en términos de agenda de la Conferencia
Intergubernamental. Me explico. Estamos despreciando el debate de
fondo y de largo alcance que se suscitó en su
momento con la conferencia de Fischler, posteriormente con el
discurso de Chirac, después con el discurso y la propuesta de Blair;
son propuestas algunas absolutamente irreales, no lo oculto y no
estoy haciendo propia ninguna de ellas en su totalidad. Sólo digo que
el hecho de que esas propuestas se planteen demuestra estar apuntando
un poco más alto y a más largo plazo. En cambio, desde el punto de
vista español parece -y si no es así, por lo menos puedo decir que
claramente lo parece- que aquí estamos estrictamente en reponderación
de voto, mayoría cualificada en fiscalidad, sí o no o ni siquiera
todos, sino en ese punto concreto, y estamos discutiendo temas que no
son de administración ordinaria, de acuerdo; que afectan al futuro de
la Unión, de acuerdo, pero que no son el grueso, el debate de largo
alcance, y los dos debates tienen que poder ir en paralelo. No estoy,
ni mucho menos, ridiculizando o disminuyendo la importancia de los
temas que hay en la mesa de la CIG, pero se echa de menos un debate
de mayor altura, una mayor capacidad de liderazgo político y una
mayor capacidad de propuestas por parte del Gobierno en el marco de
ese otro debate más amplio que se está planteando en Europa.
Sobre la ampliación, con muy pocos matices, estamos muy de acuerdo en
cómo se está administrando este tema desde el punto de vista del
Gobierno de España. Es un error que algunos gobiernos de los países
candidatos estén intentando una ampliación basada más en un carácter
político que en el cumplimiento estricto de lo que es la aceptación
del acervo comunitario y en los requisitos técnicos, jurídicos o
económicos, que son absolutamente fundamentales para la ampliación.
Es indudable, y nos consta que también el Gobierno lo tiene muy claro
-lo ha dicho en público muchas veces- el carácter político de la
ampliación. No puede quedar como el cumplimiento de unos requisitos
jurídicos para entrar en un club. Tiene una enorme dimensión
política, eso está claro, pero no puede quedar reducida a una
decisión política que no venga acompañada del cumplimiento de una
serie de requisitos. Insisto, creo que esa es la posición del
Gobierno, si no le he entendido mal hasta ahora. Quizá, lo único que
podría hacer el Gobierno en este momento, aunque entiendo que no es
fácil, es empezar a manifestarse positivamente ante algunos de
nuestros socios en la Unión Europea, que están empezando a levantar
recelos a la ampliación. Todos sabemos que Alemania, que en su
momento lideró la ampliación, hoy por hoy es quien más recelos está
poniendo. El papel que pueda hacer España se me escapa en detalle,
pero quizá dentro de la Unión Europea es posible que nos acabe
correspondiendo asumir un cierto liderazgo de convencimiento de que
nadie lo pierda de vista, sin pretender simplificar lo que es
propiamente la ampliación. A veces da la impresión de que a alguno de
los Estados que son frontera o que están más en el centro o norte de
Europa los árboles les impiden ver el bosque. Los árboles son la
emigración, los árboles son el mercado de trabajo, los árboles son
muchas cosas que ellos ven muy cerca y que oyendo a algunos
responsables de esos países, da la impresión que les están impidiendo
tener la perspectiva global de la trascendencia histórica de lo que
tenemos entre manos. Con ese único matiz, que no es ningún reproche
sino más bien un estímulo -lo digo claramente para compensar cuando
otras veces uno pueda ser más crítico- la posición que está siguiendo
en este momento el Gobierno de España en lo que es el proceso de
ampliación nos parece absolutamente correcta y tiene todo nuestro
apoyo.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor Martínez
Casañ intervendrá por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Tiene la
intención de intervenir algún otro portavoz?
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Sí, señor presidente, el señor Cisneros.
El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor Estrella ha
marcado el máximo de tiempo disponible, que ha sido de 30 minutos.
Aunque le ruego que abrevien y condensen lo que puedan, disponen de
30 minutos máximo.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Efectivamente, voy a compartir mi tiempo con
mi compañero y amigo don Gabriel Cisneros y le puedo asegurar que no
llegaré a los 30 minutos.
Quiero comenzar mi intervención agradeciéndole doblemente al
secretario de Estado su comparecencia en esta Comisión Mixta para la
Unión Europea, no sólo por el hecho de estar aquí, sino por haber
alterado su agenda y haber prescindido de su asistencia a la comisión
delegada, tan importante para él, tras haber solicitado este cambio
de hora el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, del cual se
hizo eco la junta de la Mesa y portavoces de esta Comisión mixta.
Dicho esto, quiero manifestar que mi grupo parlamentario, como es
lógico, no comparte las declaraciones del portavoz socialista
respecto a una posible contradicción entre la actividad y las
declaraciones del secretario de Estado y de su jefe, el ministro de
Asuntos Exteriores. No hemos asistido nunca a esa contradicción
y menos en esta sede parlamentaria. Por lo tanto no podemos estar de
acuerdo con dicha declaración, como tampoco lo estamos con esa
pretendida incoherencia en las alianzas de nuestro Gobierno. Me
parece que es de buen negociador elegir en cada momento y para cada
tema los socios que más convengan para defender los intereses de
España y estoy convencido de que las alianzas que buscan el Gobierno
y usted mismo en cada momento son las que más interesan para cada
período de la negociación.
Creo que estamos todos de acuerdo, señor secretario de Estado, en
resaltar lo positivo de la cumbre de
Biarritz. Hace pocos días, en la reunión de la Cosac, estuvimos
hablando de lo que se ha denominado el espíritu de Biarritz: la buena
voluntad y la predisposición para llegar a acuerdos útiles y eficaces
que nos permitan pasar esta etapa y comenzar la siguiente, que es lo
que se denomina proceso de ampliación tras la cumbre de Niza.
Estamos de acuerdo con lo que ha dicho usted de que la espina dorsal
de la negociación y del posible paquete de acuerdo final en la cumbre
de Niza es la valoración de votos en el Consejo. En el fondo, es la
plasmación del proceso evolutivo en el seno de la Unión de un sistema
que empezó siendo intergubernamental a otro comunitario,
supranacional y con un objetivo federal, cualquiera que sea el
sentido que se le pueda dar a tan magna y controvertida palabra.
Estamos de acuerdo todos en que las palabras no son lo que importa;
lo que importa es el resultado final, los objetivos. Estamos
procurando la democratización del sistema de toma de decisiones y
siendo la base de la democracia la persona es lógico buscar un mejor
equilibrio con un mayor peso del factor población en el peso relativo
de los Estados en el seno de todas las instituciones comunitarias,
especialmente en el Consejo. Evidentemente, esto tendrá que ser
matizado por un criterio político, porque la Unión Europea es una
unión de Estados.
Todos los portavoces que asistimos a la reunión de la Cosac en
Versalles nos sentimos aliviados en nuestros temores ante una
solución que no fuera del todo buena para los intereses españoles,
puesto que la Presidencia francesa profundizó en el discurso español
de seguir, en cualquier reforma de los tratados respecto a la
reponderación de votos en el Consejo, el mandato de Amsterdam, en el
sentido de confeccionar un paquete que contuviese la reponderación de
votos en el Consejo junto con la reforma de la Comisión. También
mencionó específicamente delante de todos nosotros el compromiso de
Amsterdam de que los grandes países, entre los cuales se encuentra
España, que viesen disminuida su representación en el seno de la
Comisión se vieran beneficiados con un tratamiento especial en la
reponderación de votos en el Consejo.
Para nuestro grupo parlamentario, señor secretario de Estado, la
solución que se le dé al tema es indiferente estando seguros como
estamos de que el Gobierno defenderá lo mejor posible los intereses
de España. Creemos que cualquiera de las soluciones negociadoras que
nos ha mencionado será buena. No dudamos de que si la situación no se
desarrollara como todos esperamos, ustedes no tendrían ningún
inconveniente en recurrir a los medios a su alcance para evitar
cualquier perjuicio para los intereses de España.
Coincidimos con usted también en lo que ha dicho respecto a las
mayorías cualificadas, que tienen mucho que ver con la madurez
política comunitaria y con la consolidación de la integración
europea. Quizá la propuesta
que se abra camino al final tras haber escuchado en otros foros las
opiniones de otros parlamentos nacionales sea la que siempre ha
defendido España, la del caso por caso, la de la no generalización y
la de la fragmentación de bloques en la búsqueda de una solución.
En cuanto a las cooperaciones reforzadas, nos alegra comprobar que la
propuesta objetiva, lógica y equilibrada del Gobierno de España en
todos los niveles de la negociación se impone sobre discursos
políticos de cara a la galería, carentes de rigor y en contradicción
con los tratados y con el ordenamiento jurídico de la Unión;
discursos sin ninguna solidez y más propios de figurantes que de
personalidades políticas que los pronuncian con demasiada frecuencia.
No es el caso de España, de lo cual nos alegramos, España siempre
actúa con rigor, no necesita de discursos de cara a la galería y
entendemos, por tanto, que las cooperaciones reforzadas, tal como
defiende nuestro Gobierno, deben ser integradoras, abiertas y que en
ningún caso fragmenten o pongan en peligro la base común sobre la que
estamos construyendo la Unión Europea.
Consideramos que son o pueden ser de especial utilidad en los pilares
segundo y tercero, que en el tercer pilar será de la máxima
importancia llegar a un cumplimiento en tiempo y forma del mandato de
Tampere, donde posiblemente se pueda establecer una nueva cooperación
reforzada y que desde luego es de la máxima importancia que podamos
llegar a cooperaciones reforzadas en el segundo pilar, para que de
una vez por todas entremos en la vía de darle un mayor peso político
a la Unión Europea y dentro de ella a nuestro país, que tan
eficazmente está participando en todas las acciones de política
exterior y mantenimiento de la paz tanto en Bosnia como en el resto
de los Balcanes, y últimamente, como se ha demostrado, en todo el
proceso de Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Palestina.
Respecto a la ampliación, también comprobamos cómo se imponen las
tesis que nuestro Gobierno y nuestro país han defendido
constantemente, tesis que han sido respaldadas unánimemente por este
Parlamento en el texto de las resoluciones que han culminado las
distintas subcomisiones de seguimiento de las diferentes Conferencias
intergubernamentales, y que la tesis española, de no poner fecha, de
no separar grupos y de imponer un sistema regata que dé la misma
oportunidad a todos, es la mejor forma de llevar a cabo la
negociación.
De ninguna manera, secretario de Estado, la ampliación puede
significar un debilitamiento del proceso de construcción europea o
rebajar la ambición de sus objetivos. Los países miembros de la Unión
Europea o la Unión Europea en su conjunto no tienen una varita mágica
y la mejor forma de ayudar a los países candidatos a la ampliación, a
las nuevas democracias, a la consolidación de las nuevas democracias
y a la prosperidad de sus pueblos es enseñarles que las decisiones no
son arbitrarias, que cada uno tiene que hacer sus
deberes, que nosotros tenemos que hacer los nuestros, que ellos
tienen que hacer los suyos y que, si no se pasa el examen, no se
puede obtener el título comunitario. Por tanto, lo que se impone, que
es lo que ha hecho siempre nuestro país, es hablar con claridad, con
honestidad, y en cualquier caso fijar objetivos de nuestra parte,
decir que la Unión estará preparada en tal fecha y que en ese momento
cualquiera que esté preparado en el otro lado será bienvenido porque
es un proyecto solidario y comprometido el que nuestro país ha
defendido desde el primer momento.
España ha dado prueba a lo largo de toda la negociación de la
Conferencia Intergubernamental de su rigor, del sometimiento al
mandato negociador de Helsinki y al mismo tiempo de una flexibilidad,
de una ductilidad importante, como lo demuestra, entre otras cosas,
su inmediato apoyo, como usted ha señalado, a la posible modificación
del artículo 7 del Tratado de la Unión, para garantizar que la
democracia y el respeto a las libertades continúe siendo siempre la
base de la construcción europea.
Yo me paro aquí, señor presidente, y comparto mi turno con don
Gabriel Cisneros.
El señor PRESIDENTE: Señor Cisneros.
El señor CISNEROS LABORDA: Debo empezar por agradecer la benevolencia
de los responsables de mi grupo que me han permitido acceder, en la
condición de suplente, al desarrollo de esta reunión, obviamente sólo
para hablar de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
y en la calidad de haber tenido la fortuna histórica de haber podido
participar en los trabajos de la convención redactora de dicha Carta.
Obviamente, agradezco al señor secretario de Estado su comparecencia,
pero mucho más encarecidamente, mucho más enfáticamente, los términos
muy elogiosos con los que se ha referido a la aportación de los
cuatro convencionales españoles -vamos a llamarles así- en dicho
órgano de trabajo, agradecimiento que hago extensivo a todos y cada
uno de los portavoces que, en el Pleno hace unas semanas y en esta
sesión ahora, han reiterado su felicitación al trabajo de los cuatro
integrantes de esa -vamos a poner aquí todas las comillas del mundo-
delegación española. Ciertamente no operábamos como tal, no teníamos
ese carácter. El peculiarísimo sistema, absolutamente inédito, creo,
en los trabajos de la Unión, de ese carácter mixto entre
intergubernamental y constituyente o convencional, resultante de la
reunión de los tres estamentos de parlamentos nacionales, Parlamento
Europeo y representantes personales de los jefes de Estado y de
Gobierno, hace que esta expresión de delegación española sólo pueda
tener un carácter metafórico o aproximativo. Pero no es menos cierto
que en cada momento, aparte de contar con la asistencia técnica
fluida, la colaboración
permanente y el diálogo constante con el Ministerio de Asuntos
Exteriores español, cuando la deriva de los trabajos de la convención
nos ha hecho intuir a cualquiera de los cuatro que podría haber
intereses o valores nacionales en juego, sin necesidad de ningún tipo
de compromiso previo ni de apelación a ninguna llamada al orden,
hemos actuado como si fuéramos tal delegación española.
Yo, sinceramente, creo que la aprobación de la Carta (término del que
se ha abusado hasta la saciedad) puede tener un valor histórico en la
construcción de la Unión Europea. Viene a colmar una laguna
flagrante, puesto que los textos fundacionales de la Unión están
absolutamente de espaldas a la preocupación de reconocer un elenco,
un catálogo de derechos y libertades individuales fundamentales, más
allá de aquellos que tenían un carácter instrumental respecto a las
libertades de circulación, a lo que se trataba de construir, un
espacio económico común, más allá de algunas prohibiciones de
cualquier discriminación salarial entre un hombre y una mujer y en
condiciones de trabajo, no era fácil espigar en los textos
fundacionales de la Unión nada parecido a un elenco de derechos y
libertades fundamentales clásicos al estilo del constitucionalismo de
las naciones que lo integran. En ese sentido, creo que puede marcar
un hito. Y aquí sí que quiero marcar una posición, obviamente sin
ninguna pretensión dialéctica de antagonismo con compañeros que me
han precedido en el uso de la palabra, porque desnaturalizaríamos el
sentido de una sesión de comparecencias, una posición que puede
representar un contrapunto con algunas de las manifestaciones que
aquí se han hecho.
La contraposición entre una norma jurídica vinculante y una mera
declaración política tiene mucho de falso debate. Yo estoy
absolutamente persuadido, señor Mardones, señor Estrella, de que la
Carta acabará incorporándose a los tratados y que va a ser una norma
generadora de derechos y amparadora de libertades de los ciudadanos
de la Unión. Es claro que eso no va a ocurrir ahora, no va a ocurrir
en Niza; es imposible que ocurra. Es imposible que ocurra -en este
tema sí que suscito un elemento de discrepancia con respecto a la
manifestación del señor Estrella- porque no sería en absoluto fácil
ni posible la mera incorporación a los tratados por la vía del
artículo 6.2. Lo que el artículo 6.2 hace es erigir a la categoría de
principios del derecho comunitario el elenco de derechos reconocido
en el Convenio Europeo. Nada más que eso. Apelar a una norma, como es
el convenio, con carácter de principio orientador está muy lejano de
la imperatividad, de la coactividad de una norma jurídica generadora
inmediatamente de derechos y de libertades. Y no se le ocultará a la
amplia experiencia en estas materias del senador Estrella que la
incorporación a los tratados supondrá necesariamente un estudio de
legitimaciones, de procesos, de configuración de órganos,
probablemente de revisión del Tribunal de Luxemburgo, que hoy
difícilmente, en su configuración, sería capaz de albergar o de
acoger la multitud de recursos que podrían generarse de esta
expansión de competencias.
Nadie sabemos lo que va a ocurrir en el futuro, ni siquiera sabemos
lo que va a ocurrir en el futuro inmediato de Niza, pero, de la
hipótesis de incorporación lisa y llana a los tratados, que me parece
no verosímil, a adopción como un anexo a los tratados, que estaría
más cerca de esa vocación de vinculación jurídica y de coactividad a
la que todos aspiramos, y la mera declaración solemne formalmente
asumida, todo apunta a que será esta tercera hipótesis la que se
asuma. Pero no utilicemos en este caso el término político con un
sentido peyorativo. No va a ser una declaración retórica, no va a ir
a un cajón, senador Estrella. (El señor Estrella Pedrola: Diputado.)
Perdón, diputado Estrella. Va a convertirse en un referente inmediato
de la jurisprudencia del propio Tribunal de Luxemburgo y va a
convertirse en un referente inmediato de la jurisprudencia de los
tribunales constitucionales de los que están dotados los países
miembros.
En este punto justamente el diputado Guardans ha venido a incidir en
lo que ha constituido uno de los elementos de mayor arduidad en los
trabajos de la convención, que es evitar la superposición de dos
ordenamientos jurídicos distintos con dos órganos jurisdiccionales
intérpretes y aplicadores del mismo. Yo no he creído advertir en
absoluto de las palabras del señor secretario de Estado ningún
componente despectivo o peyorativo hacia la composición o los
orígenes nacionales de los integrantes del Tribunal de Estrasburgo.
Lo que sí entiendo es que el Tribunal de Estrasburgo es un órgano
rigurosamente heterónomo con respecto al marco institucional y
constitucional de la Unión Europea. Y entiendo que la Unión Europea
tiene que aspirar a tener un órgano jurisdiccional velador de los
derechos y libertades de sus ciudadanos, propio de la Unión Europea.
Respeto la muy superior información del señor Guardans en esta
materia respecto a si está abierto o no el debate de la eventual
adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos,
pero me tengo que atener a los datos actualmente en presencia, y el
dato actualmente en presencia es que el Tribunal de Luxemburgo, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dictamen 294, 28 de
marzo de 1996, establece que la adhesión al convenio entrañaría un
cambio sustancial del actual régimen comunitario de protección de los
derechos humanos, en la medida en que implicaría la inserción de la
Comunidad en un sistema internacional distinto, y la integración de
la totalidad de las disposiciones del convenio en el ordenamiento
jurídico comunitario, por lo que sólo mediante una revisión profunda
del tratado sería posible esa adhesión. El Consejo Europeo, que yo
sepa, hasta ahora ha venido reiteradamente rechazando esa
posibilidad, de suerte que yo entendía que esa cuestiónestaba en
estos momentos jurídica y políticamente zanjada.
Y entiendo, más allá, que justamente la adopción de la Carta va a
entrañar ya una dificultad casi insuperable. No podemos al mismo
tiempo felicitarnos de que la Unión vire en esa dirección y amplíe su
horizonte del carácter estrictamente economicista, por recurrir
también al tópico que estuvo en su origen fundacional, a esta
dimensión de la construcción de un espacio común de libertades, de un
espacio de ciudadanos aureolados de un elenco pleno de derechos y
libertades reconocidos y común a todos ellos y con un órgano
jurisdiccional al que todos puedan acceder. En alguna medida, esa
pretensión es contradictoria con la apelación a las competencias del
Tribunal de Estrasburgo y a la aplicación del Convenio de Derechos
Humanos, que, por otra parte, a todos los países miembros vincula,
como muy bien ha recordado al citar la posición de los tribunales
constitucionales nacionales, para los que yo sí, señor Guardans, sigo
reclamando la competencia exclusiva en la interpretación del derecho
nacional correspondiente.
El señor PRESIDENTE: Todos los portavoces han intervenido. Ahora le
toca al señor secretario de Estado intentar abrirse paso en la maraña
de cuestiones que le han planteado unos y otros.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea):
Espero que mi afirmación de que voy a ser breve no sea retórica. Voy
a ver si lo cumplo con el cronómetro delante de mí.
Quiero agradecer las intervenciones de todos, desde luego la última,
la de Gabriel Cisneros, porque la verdad es que me ha ahorrado parte
del trabajo dando una respuesta muy cumplida en todos los temas de la
Carta de Derechos Fundamentales, que conoce mejor que yo. Suscribo
todo lo que ha dicho, muy particularmente con respecto a la pregunta
de Ignacio Guardans sobre ese supuesto argumento que nosotros
utilizamos. No supone ningún tipo de valoración despectiva con
respecto a nacionalidades; supone un deseo de mantener homogénea la
fuente de jurisprudencia de la Unión Europea.
Con nuestro Tribunal Constitucional, nosotros no tenemos ningún
problema. El problema es confundir la Unión Europea con los Estados
nacionales. Nosotros tenemos una fuente que es la soberanía, y
nuestra soberanía no está condicionada por nada. Hemos ratificado la
Convención de Roma y la hemos aceptado plenamente. Que sentencias del
Tribunal Constitucional puedan ir al recurso de amparo, al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, no nos produce el menor trauma. ¿Por
qué? Porque las fuentes del derecho no están allí. Las fuentes del
derecho las tenemos nosotros aquí y nos da igual que la
interpretación jurisprudencial nos la matice un tribunal europeo como
es el Tribunal de Estrasburgo. Sin embargo, no nos olvidemos que la
Unión no tiene ninguna soberanía. La soberanía de la
Unión está escrita, los tratados son los tratados de atribuciones.
Nosotros hemos atribuido ciertas cosas a la Unión Europea y una de
las cosas que hemos atribuido al Tribunal es que sirva de guía para
la interpretación del derecho comunitario, en ese perpetuo debate que
existe interinstitucional, entre el Consejo, la Comisión y el
Parlamento. Al final, el Tribunal es el que sienta, con su
jurisprudencia, la línea a seguir. Todos sabemos que el Tribunal de
Justicia, por suerte, ha sido siempre integracionista y ha sido
siempre más Europa en lugar de menos Europa. Por eso nosotros hemos
tenido mucho interés.
Por cierto, yo no he querido mencionar, dentro de las reformas de
este ejercicio de la CIG, lo que han sido las reformas en las
instituciones, cosa que no está a debate porque está casi todo
terminado, pero debo decir que una de las grandes satisfacciones de
este ejercicio ha sido para nosotros que hemos salido reforzando el
Tribunal Europeo de Justicia, que es absolutamente fundamental. El
señor Guardans sabe cuáles han sido nuestras iniciativas, cómo hemos
participado en ese grupo de amigos del Tribunal de Justicia junto con
los servicios jurídicos del Consejo y la Comisión y cómo nuestros
puntos de vista de dar fuerza al Tribunal han prevalecido. Porque, al
final, el Tribunal es la garantía de que la orientación hacia mayor
integración y hacia más Europea se mantiene, que es precisamente la
tónica que nosotros hemos mantenido siempre; siempre hemos dicho en
ese tono coloquial: España, entre menos Europa o más Europa, más
Europa siempre. Naturalmente, admitir una jurisdicción extraña,
diferente, incluso con jueces de diferentes nacionalidades, que
pueden no compartir el mismo concepto de atribución que nosotros
tenemos, supone una quiebra en la homogeneidad del Tribunal de
Justicia de Luxemburgo como fuente de creación de jurisprudencia y de
orientación del derecho comunitario, pero desde luego, no implica y
no debe implicar ninguna valoración negativa ni del Tribunal de
Justicia de Estrasburgo, que nosotros, como españoles, aceptamos
plenamente, ni de las nacionalidades de los jueces que los puedan
componer, porque, al fin y al cabo, si están con nosotros en el
Consejo de Europa es porque nosotros hemos querido que estén. Son
compañeros de viaje con los cuales hacemos este camino de establecer
los principios del Consejo de Europa en todo el ámbito europeo con
mucho gusto.
La intervención de Rafael Estrella ha sido enciclopédica. Yo
necesitaría horas para poder dar respuesta a todas las dudas que ha
suscitado. Lo que puedo decir es que es posible que no pueda hacerlo
todo, pero yo ya digo al señor presidente que tengo una
disponibilidad total de venir a esta Cámara todas las veces que me
pidan; no me sorprendería hasta venir todas las semanas si fuera
necesario. En momentos como éste yo estoy totalmente dispuesto.
Algunos diputados me conocen desde hace tiempo, aunque sólo sea
porque voy repitiendo responsabilidades en una segunda legislatura,
ya deben estar bastante cansados de mí, pero, por lo menos, saben que
yo estoy siempre disponible para venir a dar explicaciones y muchos
de estos temas a lo mejor requieren alguna comparecencia monográfica.
No una cosa tan amplia, como decía el señor Guardans. Esto es más
bien de nota de ambiente, de difusión de información, más que de toma
de posiciones, pero a lo mejor necesitamos entrar en temas de toma de
posiciones. Por lo tanto, yo me presto.
Lo que sí agradecería al señor Estrella es que no me diga que yo
tengo posiciones contrarias a las de mi propio ministro, porque él,
que ha empezado diciéndome que me interpreta bien, sabe perfectamente
que en un renuncio de ese tipo no me cogerá jamás. No ha podido
cogerme en cuatro años y no me cogerá ahora tampoco, porque yo hago
siempre, cada vez que vengo a esta Comisión Mixta, proclamación de la
lealtad que tengo a mi partido y a mi Gobierno y, sobre todo, a mi
ministro. Por lo tanto, si efectivamente hubiera entrado en alguna
contradicción, abjuro de esa contradicción a partir de este momento.
(Risas.) Además debo decir que siempre hablo en nombre del ministro,
que, naturalmente, es el titular y el responsable político de este
departamento. Mi función, como la de los secretarios de Estado, es la
representación por atribución y nada más. El que tiene la
responsabilidad política es el ministro.
Por no entrar en muchas cosas, me centraré en las preguntas finales,
que me pareció que era a lo que daba más importancia. Perspectivas
financieras. Ahí tengo que decir al diputado Estrella que yo
personalmente, pero este Gobierno también, soy profundamente
contrario a abrir las perspectivas financieras. Abrir un debate de
perspectivas financieras en este momento procesal nos podría poner en
un riesgo gravísimo de tener que repetir el debate de Berlín, poner
en peligro la cohesión económica y social, que nos costó tanto, y por
lo tanto ni se nos ocurre. Pero además es que no es necesario abrir
el debate de perspectivas financieras. ¿Por qué? Porque aunque el
modelo estaba, como bien dice el diputado Estrella, basado en que
había un primer grupo de cinco países, francamente, aunque a lo mejor
los cinco países no sean exactamente los que se incluyeron en el
primer grupo, nadie piensa que antes del 2006 vaya a haber más de
cinco países dentro de la Unión. Porque es muy difícil que los haya,
entre otras cosas, porque no hay más de cinco que estén en
condiciones de entrar. Además, las perspectivas financieras hablaban
ya de cinco países y había ya dineros desde el año 2002; en el año
2002 ya es prácticamente imposible, por lo que hay dinero. Hay margen
de dinero suficiente para cinco y para más en las perspectivas
financieras.
Con respecto a otras cuestiones, como la que me mencionaba en cuanto
a qué va a pasar con el dinero del acuerdo de Marruecos. Puedo
decirle que de este año ya llevamos diez meses y no se ha utilizado.
Si hay
un acuerdo -Dios lo quiera- antes de final de año, a lo mejor se
producirá en el mes de diciembre, por lo que habrá once meses en los
que no se habrá utilizado. Lo que dice el comisario Fischler es que
no hay problema en que se afecte el dinero programado que no se ha
utilizado en once meses a otras cuestiones del capítulo IV, acuerdos
internacionales, de cuyos problemas es muy consciente el comisario
señor Estrella. Quiero decir el diputado Estrella; ya le quería hacer
comisario europeo, pero no está excluido. (Risas.). Lo que es
evidente es que, en los cálculos que habíamos hecho para los
Balcanes, nadie, ni el más optimista, pensaba que el dinero que se
había asignado a Yugoslavia podía ser utilizado, entre otras cosas,
porque nadie tenía la más mínima esperanza de que Milosevic pudiera
perder las elecciones o que el país entrara, en una dinámica de
reafirmación popular y de una opción política diferente a la de
Milosevic, que es lo que ha pasado. Naturalmente, como eso ha pasado,
hay una cantidad importante de millones de euros que de alguna manera
estaban en la nevera, que no se iban a utilizar, y que ahora hay que
utilizar, además de manera inmediata, puesto que hay que dar una
señal muy clara al pueblo yugoslavo de que estamos no solamente
dispuestos a levantar las sanciones, sino también a ayudar.
Y se ha hablado del reparto, como usted ha dicho, entre los dineros
de Medas y Cards, siendo Cards el programa para la antigua
Yugoslavia, y para los Balcanes en general. Ese debate está abierto
todavía; hay una proposición muy alta de la Comisión y hay países que
quieren empujar más dinero hacia los Balcanes. Puede tener confianza
el diputado Estrella de que el Gobierno español está entre aquellos
que comparten su sensibilidad con respecto a la cuestión mediterránea
y que nosotros hemos dicho que sería una señal absolutamente negativa
para la ministerial Barcelona, que va a tener lugar en Marsella los
días 15 y 16 de noviembre, rebajar las cantidades de Medas para dar
más a los Balcanes, porque ya que el proceso de Barcelona está
bastante mal, lógicamente afectado por toda la crisis en el proceso
de paz de Oriente Medio, si encima diéramos una señal negativa en
términos de dinero, la ministerial del 15 y del 16 incluso nos la
podíamos ahorrar, pues, en vez de ser una reunión de conciliación,
podía ser una reunión de grave enfrentamiento entre nuestros socios
mediterráneos, que tienen derecho a esperar de la Unión Europea una
visión larga de nuestros intereses geoestratégicos. Y es evidente
que, por muy importante que sean los Balcanes, estamos hablando de 24
millones de habitantes, y en el Mediterráneo hay 240. Ya la fuerza de
los números es suficientemente elocuente como para no seguir
elaborando sobre esta cuestión, respecto a la que yo comparto las
inquietudes del señor Estrella.
Sobre cuál es la posición del Gobierno ante la ampliación, nosotros
fuimos partidarios del modelo regata, acerca del cual comparto lo que
usted me dice.
Nosotros no estamos sentados en el muelle mirando la regata, sino que
participamos en ella. Y en cuanto a las negociaciones de ampliación
dentro de la Unión, puede que haya alguien que sepa tanto como
nosotros, pero ninguno que sepa más, porque no creo que físicamente
se haya sentado ningún responsable político en el Consejo de
Ministros de la Unión que haya tenido la experiencia directa de una
negociación de ampliación como la hemos tenido muchos de los que nos
sentamos en el lado español. Por lo tanto, nos lo conocemos bien.
Muchas veces pensamos que esa sabiduría que tenemos nosotros por
nuestra propia experiencia podrían utilizarla mejor y respetarla más
algunos de nuestros socios cuando nosotros hablamos, porque, cuando
nosotros hablamos, lo hacemos con conocimiento de causa. En fin, cada
uno tiene sus ideas sobre la ampliación. Lo único que yo puedo decir
es que nuestra posición con respecto al modelo regata es con todas
sus consecuencias, es decir, que no estamos de acuerdo con que se
presupongan o se prefijen ciertos países o ciertos grupos de países
que tienen que entrar primero. Ya sabemos que eso es contrario a una
parte de la doctrina oficial, que de entrada dice que hay algún país
que tiene que estar de todas maneras en la primera ola de la
ampliación. Nosotros pensamos que no tiene que haber grupos
preseleccionados y que simplemente los mejores deben entrar primero,
que a lo mejor solamente hay dos; después de seis meses, hay otro y
después de año y medio, otro y luego vienen tres. No tiene que haber
un orden prefijado. Esta es nuestra preferencia. La opción que se
tome queda por ver y ya la veremos. La posición del Gobierno español
es que de ninguna manera quiere prejuzgar una adhesión por grupos, ni
siquiera prejuzgar quiénes van a estar en los grupos de cabeza por
conveniencia política. Lo que hay que hacer es que entren los que
estén mejor preparados y que lo hagan cuanto antes. Otra cosa lo
único que hace es penalizar y retrasar la adhesión de algunos países
que verdaderamente han hecho su trabajo de manera admirable y que
están en condiciones de poder hacer aportaciones, de poder abrir una
senda, un camino y de poder entrar ya en el foro comunitario
participando con nosotros en esa reflexión post Niza de la que tanto
estamos hablando ahora. ¿Cuál es el papel de España ahí? Yo le
recomendaría al diputado Estrella que, además de leer Die Zeit -por
cierto, hay algunas descalificaciones que, viniendo de un periódico
extranjero, más bien honran que deshonran-, leyese algún periódico
tan corriente como el ABC, en el que un embajador alemán bien
conocido contesta perfectamente a lo que ha dicho Die Zeit. Por
cierto, yo no le he inspirado, ni tampoco llamé al señor Wegener para
que hiciera ese artículo en el ABC. Simplemente es la opinión de otro
alemán. En Alemania también puede haber opiniones de todo tipo. Me
parece que la respuesta al señor Wegener en el artículo de primera
plana de ABC es suficientemente elocuente con respecto a la posición
de España en la
construcción europea hoy, por lo que voy a ahorrarme la contestación.
Con respecto a post Niza, hay en curso un gran debate. Efectivamente,
hay algunos países que han hecho en una cuestión de prestigio el
lanzar un debate ideológico sobre el futuro de la Unión. Cada uno
hace lo que quiere. Yo no creo que lanzar ideas muchas veces muy
difícilmente practicables haya contribuido precisamente a fortalecer
el panorama de Europa cuando todavía no hemos terminado la tarea que
tenemos que terminar. Parece como si la gran necesidad de Europa
fuera el debate post Niza, cuando tenemos tareas por delante bien
concretadas, a las que parece que algunos de esos líderes políticos
no dan la más mínima importancia. Lograr de verdad la unión económica
y monetaria, terminar las negociaciones de ampliación, cerrar el
programa de la creación de un espacio de seguridad, justicia y
libertad, que es el programa de Tampere, y cerrar todo el tema del
desarrollo de la política de seguridad y de defensa y la creación del
headline goal, del objetivo principal, son tareas muchísimo más
importantes para el futuro inmediato de la integración europea que
lanzar grandes ideas sobre un futuro federal que muchos no comparten
y que lo único que hacen es crear en algunos casos incertidumbre. De
ahí la moderación del discurso por parte de España, porque creemos
que en este momento hay que hacer lo que hay que hacer y que el
debate post Niza se abrirá en el momento que haya que abrirlo. Cuando
se abra el debate post Niza, estaremos con mucho gusto dispuestos a
contribuir como hemos contribuido siempre, porque España nunca ha
estado ni mucho menos en la retaguardia de la construcción europea, y
no lo estaremos tampoco cuando este debate se abra.
Eso de que el modelo de la Conferencia Intergubernamental está
agotado es una opinión personal que yo respeto una barbaridad, pero
quiero decir, frente a eso, que otra afirmación que ha hecho aquí la
representante de Eusko Alkartasuna, la señora Lasagabaster, está más
de acuerdo con la idea del Gobierno, que lo que hay que hacer es
fomentar y potenciar el método comunitario porque sí sabemos el
resultado que ha dado, porque sí sabemos que ha fortalecido la Unión
desde 1956. Ese quehacer de todos los días naturalmente es menos
brillante, ese no provoca grandes titulares en los periódicos, pero
es el que hace que la defensa de los intereses de los ciudadanos
europeos y del proyecto europeo se garantice todos los días. Por lo
tanto, la Conferencia Intergubernamental yo no sé si está superada,
lo que sí es verdad es que la Unión Europea no puede seguir en un
frenesí continuo de conferencias y conferencias y de creación de
derecho primario, porque va a llegar un momento en que vamos a perder
el norte. Yo creo que tenemos suficiente base en los tratados para
desarrollar muchas cosas, no desdeñemos esa buena práctica que se ha
establecido a lo largo de 50 años de tener como base las
orientaciones del derecho primario y desarrollar
derecho derivado porque ahí está la clave de muchas cosas, y sobre
todo en darle tiempo al tiempo; dar tiempo a que los temas se posen y
dar tiempo a que los problemas se puedan ver en perspectiva.
No se había ratificado Amsterdam y ya se convocó esta nueva
Conferencia Intergubernamental. No se ha terminado esta Conferencia
Intergubernamental y ya están hablando de una nueva Conferencia
Intergubernamental. Comprenderá, señor Estrella, que esto puede ser
muy interesante para el futuro de la Unión, pero también levanta
ciertos puntos de interrogación que hacen que todo nuestro sistema
sea un poco más frágil, se haga débil; esa es la debilidad de la que
usted hablaba, señor Estrella, con respecto a nuestra moneda.
Nosotros creemos que la manera de que la Unión se haga sólida es
dedicándose a lo que tiene delante que son retos muy importantes, más
que lanzarse a un debate ideológico abierto en un momento en que
todavía no hemos cerrado lo que tenemos que hacer que es Niza.
Ya he contestado a la señora Lasagabaster sobre el tema del método
comunitario y del método intergubernamental. Hay que reformar algunas
cosas, me imagino, para el futuro, pero la verdad es que nosotros
hemos dicho que para proceder a la ampliación lo que hay que hacer es
lo que estamos haciendo ahora en Niza. El decir que tenemos que hacer
otro big bang de cara a la ampliación sería volver a retrasar las
negociaciones de ampliación todavía muchos años más. Yo no excluyo el
que haya que hacer más cambios, pero a nosotros nos parece que los
cambios que haya que hacer más vale hacerlos con los nuevos paises
que vayan entrando. Empecemos esa reflexión post Niza, terminemos las
negociaciones de ampliación y hagamos una nueva Conferencia
Intergubernamental y, si es posible hacerla con algunos de los nuevos
paises que entran, mucho mejor, porque ellos aportarán no solamente
su conocimiento y su experiencia de ese mundo, sino también un grado
de entusiasmo comunitario que normalmente tienen los países nuevos
mayor que el que tienen los países antiguos.
Con respecto a la posición entre grandes y pequeños, la verdad es que
España ha sido a todos los efectos y por obra de una decisión
negociada y pactada país grande desde el primer día, y sigue
siéndolo. Digo país grande a todos los efectos, quizá no tenga la
misma población de los grandes, pero yo quisiera recordar a la señora
Lasagabaster que hay más diferencia de población entre Alemania y
Francia que entre Francia y España, y nadie pone en duda que Francia
no esté a la misma altura que Alemania. Por lo tanto, nosotros hemos
estado a la misma altura, hemos estado ahí y lo que pretendemos es
mantener ese statu quo, que, desde luego, con respecto a lo que se
negoció en el año 1986, ha sufrido una cierta degradación
precisamente por la extrapolación del modelo de reponderación de
votos. Eso es lo que quisimos recuperar en Ioánnina, lo que hemos
querido seguir recuperando en Amsterdam y lo
que vamos a querer recuperar ahora. Ni más ni menos, simplemente
mantener ese estatus, no idéntico pero sí equivalente al de un país
grande de la Unión.
Con respecto al papel de las regiones, forma parte del debate post
Niza. Como usted sabe, uno de los temas de que se ha hablado es de
lanzar una rerflexión interna sobre la posibilidad de volver a
plantear todo el tema de las relaciones entre los Estados como
sujetos de la Unión y de los Estados entre ellos y con las regiones,
y potenciar las regiones -sobre todo en los países donde las regiones
tienen competencias grandes de autonomía, como es el caso de
Alemania, de España, de Austria o Bélgica, mucho menos en el caso que
usted me ha citado del Reino Unido, en el que no tienen competencia
ninguna- para ver cómo se insertan en la toma de decisiones
comunitaria. Para nosotros esto está claro. Estamos perfectamente
abiertos a entrar en esa reflexión. Me temo que hay algunos países
que no tienen nuestro sistema de entes autonómicos, que no están tan
dispuestos a entrar en este debate, pero éste es un debate post Niza
que no se puede soslayar y que nosotros, de entrada, hemos dicho que
estamos dispuestos a aceptar.
Con respecto al señor Mardones, creo que ya ha contestado claramente
Gabriel Cisneros en relación a todo lo que nos ha planteado sobre la
Carta de los Derechos Fundamentales. Acepto lo que me dice de la
reforma del artículo 7. Lo digo aquí, el Gobierno español no tiene
problema alguno en reformar el artículo 7, ni tiene problema con
ninguna de las propuestas de reforma que se han puesto sobre la mesa.
Sí nos gustaría poder matizar algunas de las cosas de la propuesta
austríaca, de la propuesta belga o de la propuesta portuguesa, pero
no tenemos problema alguno en que esto entre en el cauce y, además,
no creemos que pueda tener un gran coste. Ahora bien, si hay algún
país que se niega, ya veremos, pero estamos dispuestos a participar
en el consenso y en la opinión general de adaptar el Tratado, en su
artículo 7, a esta nueva circunstancia que hemos vivido, la de
Austria. Sobre las regiones ultraperiféricas, creo que me he definido
claramente antes, en respuesta a las preguntas del señor Soriano.
El señor Guardans tiene dudas sobre la reforma del artículo 7, pero
dudas tiene mucha gente. De lo que nosotros no hemos dudado es de que
si efectivamente hay un deseo de introducir el tema en la
Conferencia, ¿por qué no? A la hora de ver cómo se articula habrá que
afilar el lápiz, porque hay que dejar muy claro cuáles son las
competencias del Consejo, las competencias de la Comisión, cómo entra
el Parlamento Europeo; todo eso hay que afinarlo. Creemos que si se
afina y si lo acepta todo el mundo, ¿por qué no?
Respecto al debate de largo alcance y a esa falta de capacidad de
liderazgo político, ya he respondido. Creo que España no tiene ningún
complejo y tampoco ningún deseo de ejercer liderazgo alguno. No hemos
hecho de esto una cuestión de prestigio, como parece
que hacen franceses y alemanes, para ver quién es el que lanza la
idea más genial sobre la futura construcción de la Unión. Nos parece
que nuestro papel es el de aportar todo lo que sea necesario, y
continuar firmemente vinculados al eje central de la Unión, el eje
Berlín- París, lo cual no es incompatible con poder hacer alianzas
con otros en otros temas que no son la construcción europea. Nuestras
alianzas con el Reino Unido no han estado nunca dedicadas a la
construcción europea sino a otros aspectos de la construcción, no a
la institucional sino al desarrollo económico y social. Nadie está
hablando de un hito fundamental en la construcción europea como es el
Consejo de Lisboa y las conclusiones del mismo, que suponen, si se
respetaran, la gran transformación y el gran paso de la sociedad
europea a la sociedad de la información. Para eso, claro que estamos
aliados con los británicos, y con todo el que nos acompañe, porque
consideramos ese paso, esa transformación de la sociedad europea tan
crucial como el debate sobre si debe haber una cámara de parlamentos
nacionales. Lo que no queremos es perdernos en el debate ideológico y
olvidarnos de las tareas de todos los días y del reto que nos hemos
planteado -en el que estamos todos de acuerdo- que es la construcción
europea, que quizás produce menos titulares en los periódicos, pero
asegura a los países y a los ciudadanos el mantenimiento de este
modelo de prosperidad y de justicia social en el que estamos
empeñados y que es nuestra principal preocupación.
Gracias por el apoyo a la ampliación. Espero que tengamos oportunidad
de seguir debatiendo estos temas de ampliación. A medida que se vayan
desarrollando, cuando se termine Niza, vamos a entrar en un momento
más puntual, porque ya se van a dejar atrás los capítulos puramente
mecánicos y vamos a entrar en unos capítulos más delicados, y podemos
debatir capítulo por capítulo, viendo las alternativas que se
plantean.
Respecto a la ampliación -y aprovecho para contestar al señor
Estrella-, los períodos transitorios no tienen por qué escandalizar a
nadie. Nuestro Tratado de Adhesión está lleno de períodos
transitorios. ¿Y qué es un período transitorio? Pues no es más que
una derogación temporal a la plena aplicación del acervo comunitario.
¿Por qué? Porque una negociación no es más que estudiar cómo se va a
aplicar el acervo en el tiempo. Nosotros partimos de la base de que
el principio fundamental de toda negociación es la aceptación del
acervo al cien por cien, sin ninguna excepción. Ese es otro principio
cardinal nuestro: que no haya excepciones al acervo, porque hay
países candidatos que querrían que se les exceptuara. Es decir, yo no
le hago ninguna excepción al acervo, usted acepta el acervo
plenamente. Lo que yo estoy dispuesto a negociar con usted es
un período en el cual el acervo se le impone al cabo de un tiempo o
gradualmente, para que no le haga mucho daño. Ayer estaba con un
ministro húngaro y me decía que estaba francamente satisfecho de lo
bien que estabaHungría, cuando Hungría no está todavía en el 50 por
ciento de la renta media de la Unión. A nosotros nos parecía que
estábamos muy mal, y estábamos en el 70 por ciento de la renta media
de la Unión. Eso da idea de que como no lo hagamos bien, el resultado
puede ser una especie de rodillo que lamine las economías y, por
tanto, el entramado social de esos países, lo cual sería terrible.
Por tanto, en esto más vale ir con cuidado, más vale ir con períodos
transitorios y más vale hacer las cosas con precaución y sin prisas.
Por eso el debate de las fechas es un debate estéril, es un debate
que no sirve para nada. Es mucho más importante la sustancia que
poner un límite en el tiempo para tener la satisfacción, el triunfo
político, de haber entrado a plazo fijo. Eso es muy malo para ellos,
para nosotros, no, sobre todo en una Unión que no es la misma que la
nuestra; la nuestra estaba particularmente quieta. Ahora la Unión
tiene un grado de desarrollo tan amplio y va tan deprisa que es una
especie de objetivo móvil. Cuando los países creen que ya han llegado
a asimilar el acervo, el acervo se va desarrollando más, en más
campos y de manera mucho más sofisticada que en nuestro tiempo. Por
tanto, hay que tener mucho cuidado, hay que dejarles margen para que
ellos vayan acercándose a ese acervo y que ese acervo se aplique en
el tiempo, porque, si no, podría resultar un caos social en muchos de
esos países, que tendrían un rato de gloria al ver que están en la
Unión Europea, y luego, muchos años de amargas experiencias, porque
lo que sí es verdad es que cuando se está fuera se puede negociar,
pero cuando se está dentro los mecanismos de la Unión no tienen
piedad. Nosotros tenemos alguna experiencia y sabemos lo difícil que
ha sido nuestra andadura en los años transcurridos desde que nos
integramos plenamente en la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Seguramente la intervención del secretario de
Estado ha levantado a su vez nuevos deseos de intervenir, pero
supongo también que la hora impide que esos deseos se manifiesten.
(Risas.) De manera que, agradeciendo muchísimo al secretario de
Estado su presencia y su disposición a acudir de nuevo, todo lo que
hoy nos queda por decir -que sin duda es mucho- podrá ser objeto de
una nueva comparecencia, que tenga la seguridad que los portavoces
pedirán de forma inmediata.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.