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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 259, de 17/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 259
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 250
celebrada el martes, 17 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA: ...
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 13385)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 221-1, de 25 de marzo de 2002. (Número de
expediente 122/000196.) ... (Página 13385)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los militares de complemento.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 22-1, de 25 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000197.) ... (Página 13385)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 224-1, de 25 de marzo
de 2002. (Número de expediente 122/000200.) ...
(Página 13385)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los Cabos Primero y casos análogos. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie B, número 226-1, de 12 de abril de 2002. (Número de expediente 122/000202.) ... (Página 13385)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), sobre modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 227-1, de 12 de abril de 2002. (Número de
expediente 122/000203.) ... (Página 13385)
Modificaciones del orden del día ... (Página 13394)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en I+D+I. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 551, de 13 de junio de 2003.
(Número de expediente
162/000759.) ... (Página 13395)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de cooperación internacional para impulsar la creación de una tasa global sobre el comercio internacional de armamento. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 551, de 13
de junio de 2003. (Número de expediente 162/000761.) (Corrección de error en escrito con número de registro 137342.) Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión número de expediente 161/002174 ... (Página 13403)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y, en concreto, el Ministro del Interior, para impulsar el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español en
los pasaportes. (Número de expediente 173/000210.) ... (Página 13411)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los propósitos que llevan al Gobierno a 'criminalizar' e intentar poner fuera de la Constitución a fuerzas políticas democráticas representadas en esta Cámara, como Izquierda Unida.
(Número de expediente 173/000211.) ...
(Página 13415)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro y al resto de garantías previstas en la
Disposición Adicional Décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (Número de expediente 173/000212.) ... (Página 13419)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno acerca de la política global de seguridad en el transporte ferroviario español.
(Número de expediente 173/000213.) ... (Página 13424)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 13385)
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 13385)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas ...
(Página 13385)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los militares de complemento ...
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas ... (Página 13385)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los cabos primero y casos análogos ...
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre modificación de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas ... (Página 13385)
En defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Marsal Muntalá. Comienza recordando a los 62 militares españoles y 12 ucranianos muertos en el reciente accidente de
Turquía, así como a los nueve militares fallecidos en el último año en ocho accidentes aéreos en España, lo que les debe servir para poner gran cuidado a la hora de legislar y gestionar sobre una profesión de alto riesgo como es la milicia. Hoy se
trata de afrontar el problema general del nuevo modelo de Fuerzas Armadas y la gestión que el Gobierno debe realizar para transformar el modelo antiguo en el nuevo modelo. No puede hoy gestionarse a los militares profesionales con la misma
mentalidad ni con las mismas técnicas que se gestionaba cuando nuestros Ejércitos no eran profesionales, sino que recurrían básicamente al servicio militar obligatorio.
Es consciente de que la proposición de ley que ahora defiende no soluciona por sí misma todos los problemas de las Fuerzas Armadas, pero su aceptación sería un mensaje positivo tanto para las Fuerzas Armadas como para el conjunto de la
sociedad, anunciando que están abiertos a las enmiendas de todos los grupos para mejorar el contenido de la proposición de ley.
El señor Alcaraz Masats defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señalando que pretenden reformar la ley 17/1999 sobre dos o tres hechos puntuales en torno a los cuales se
ha discutido suficientemente en este Congreso sin alcanzar las soluciones necesarias. Pretenden concretamente dar una solución coherente a la situación de los militares de complemento, cabos primero y demás militares profesionales de tropa.
Afirma
que urge la aprobación de estas reformas ante la situación de disgusto existente en el Ejército y ante la inminente situación de desempleo para un amplio colectivo de militares caracterizado por una gran formación y experiencia castrense, militares
que como mínimo llevan en el Ejército 12 años y son todos mayores de 38 años de edad.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la proposición de ley presentada. Pide la modificación de la ley 17/1999 por ser ésta una de las leyes que ha provocado carencias y por tanto perjuicios a los oficiales de
complemento y también a la tropa y a la marinería. Piensa que deben tener la promoción en el empleo que se les prometió, consolidar su puesto de trabajo y poder acceder a la formación y reinserción en la vida civil, como también se les prometió.
Concluye pidiendo que se dé por defendida la proposición de ley de Iniciativa per Catalunya, que va en la misma dirección, al no poder estar presente en la Cámara el señor Saura.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificaciones del orden del día ... (Página 13394)
La señora presidenta propone al Pleno de la Cámara, conforme al artículo 68 de Reglamento, y de acuerdo con los portavoces de los Grupos Parlamentarios, la modificación del orden del día en el sentido de incluir, como nuevo punto 43 bis, la
elección de secretario segundo de la Cámara. Se aprueba por asentimiento dicha modificación del orden del día.
Asimismo propone la señora presidenta, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los Grupos Parlamentarios, la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 48, relativo al proyecto de
ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud pase a debatirse antes del punto 46, relativo al proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. Se aprueba por asentimiento dicha modificación
del orden del día.
Por último, de conformidad asimismo con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, la señora presidenta somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre el estudio de la situación actual
de la discapacidad y
perspectivas de futuro, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para rendir informe hasta el final del próximo periodo de sesiones. Se aprueba por asentimiento la prórroga solicitada.
Votación de las proposiciones de ley ... (Página 13394)
Se procede a la votación de las proposiciones de ley debatidas con anterioridad.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, es rechazada por 127 votos a favor y 152
en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar
la situación de los militares de complemento, es rechazada por 22 votos a favor, 151 en contra y 105 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), de reforma de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, es
rechazada por 24 votos a favor, 152 en contra y 103 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar
la situación de los cabos primero y casos análogos, es rechazada por 28 votos a favor, 152 en contra y 98 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre modificación de la ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, es rechazada por 26 votos
a favor, 154 en contra y 100 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 13395)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en I+D+I. ... (Página 13395)
Para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Pérez-Kickman y Silván, manifestando que su Grupo quiere reconocer y subrayar la apuesta clara del Gobierno de la nación
declarando la política de impulso a la de I+D+I como prioritaria. Dicha apuesta se ha traducido en un sostenido y muy importante incremento de recursos públicos destinados a la investigación, lo que ha permitido alcanzar un gasto en I+D del 0,96
por ciento del PIB en el 2001 y el 0,98 estimado para el 2002. Destaca asimismo las actuaciones de las comunidades autónomas en innovación tecnológica, pidiendo a la Cámara el apoyo a la proposición no de ley, que persigue que el Gobierno defina un
marco de cooperación y coordinación en materia de I+D+I con las comunidades autónomas, con el fin de incorporarlo al Plan nacional de I+D+I 2004-2007.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular intervienen el señor Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista; señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y
Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Interviene de nuevo el señor Pérez-Kickman Silván, a los solos efectos de fijar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en I+D+I, es aprobada por 147 votos a favor, 27 en contra y 98 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de cooperación internacional para impulsar la creación de una tasa global sobre el comercio internacional de armamento ... (Página 13403)
Para la presentación y defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Pajín Iraola. Alude a la Declaración del Milenio, suscrita por nuestro país y el resto de naciones del mundo, con el objetivo
tan noble de reducir a la mitad la pobreza mundial para el
año 2015, pero desgraciadamente, apenas transcurridos tres años, sabemos que la consecución de esa meta está seriamente comprometida. Piensa que hace falta voluntad política para el cumplimiento de tan importante objetivo, que
lamentablemente el Gobierno de nuestro país no la tiene, como lo demuestran las cifras. En todo caso, la lucha contra la pobreza mundial debe afrontarse desde otros ámbitos distintos del presupuestario, pero también aquí falta estrategia y
planificación en las políticas de cooperación impulsadas por el Gobierno.
Termina reconociendo que una tasa sobre el comercio internacional de armas no puede concebirse como una solución y sí como una herramienta que debemos promover, ya que no es tiempo de desechar propuestas a la ligera.
El señor Centella Gómez defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene de nuevo la señora Pajín Iraola a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de cooperación internacional para impulsar la creación de una tasa global sobre el comercio internacional de armamento, es rechazada por 124
votos a favor y 153 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 13411)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y, en concreto, el Ministro del Interior, para impulsar el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español en los
pasaportes ... (Página 13411)
Para la presentación y defensa de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Jané i Guasch. Expone que la necesidad de incorporar la pluralidad de lenguas oficiales en los pasaportes es una
reivindicación reiterada de su Grupo, que hoy plantean de nuevo por entender que en este momento existe la oportunidad de realizar ese pasaporte plurilingüe aprovechando el hecho de que el Gobierno tiene que realizar una adaptación de los pasaportes
en cumplimiento de la resolución del Consejo Europeo de 10 de julio de 1995 para sustituir el término Comunidades Europeas por Unión Europea. Su Grupo piensa que no existe ningún impedimento legal que prohiba esa posibilidad.
Un segundo punto de la moción pide también el reconocimiento plurilingüe para las tarjetas de residencia de extranjeros, al igual que ya sucede con el DNI o los permisos de circulación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y señora Costas Manzanares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el punto primero de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y, en concreto, el ministro del Interior para impulsar el reconocimiento de la
pluralidad lingüística del Estado español en los pasaportes, es rechazado por 120 votos a favor, 146 en contra y una abstención.
Sometido a votación el punto segundo de dicha moción, es aprobado por 264 votos a favor y dos en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los propósitos que llevan al Gobierno a 'criminalizar' e intentar poner fuera de la Constitución a fuerzas políticas democráticas representadas en esta Cámara, como Izquierda Unida
... (Página 13415)
Para la presentación y defensa de la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Alcaraz Masats. Expone que el contexto constitucional ha sido históricamente positivo en este país; tenía profundas causas y
tuvo contundentes y acertadas consecuencias. Sin embargo, piensa que en este momento se acrecienta la crispación cuando no se acepta al adversario sino como enemigo, como contrario irreconciliable y, a partir de ahí, no es posible ningún tipo de
diálogo, ni a nivel político, ni ideológico ni territorial. Añade que cuando estas tres cosas se juntan estamos iniciando una crisis de Estado, algo que a su juicio se detecta en el ambiente. Vamos a celebrar el 25.º aniversario de la
conquista de la libertad en este país, posiblemente en un marco formalmente democrático pero donde se reduce la libertad y se reducen los espacios de diálogo.
Termina dando lectura al texto concreto de la moción.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor López Garrido.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Interviene de nuevo el señor Alcaraz Masats al solo efecto de aceptar o rechazar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es rechazada por 124 votos a favor y 145 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al Plan integral de protección del Delta del Ebro y al resto de garantías previstas en la
disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 13419)
El señor Sedó i Marsal presenta la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Reitera algunas ideas expuestas durante el debate de la interpelación que da origen a la moción que ahora defiende, señalando que el Plan
Hidrológico Nacional fue claramente mejorado durante su tramitación en la Cámara con la aceptación de numerosas enmiendas, si bien es cierto que en este momento hay algunas cosas que no se están haciendo bien y a corregir esos defectos va dirigida
la moción, integrada por 9 puntos. Considera fundamental que antes de realizar el trasvase se piense en el impacto ambiental del Delta del Ebro y los perjuicios que pueden producirse.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intervienen las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, y Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene de nuevo el señor Sedó i Marsal.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al Plan integral de protección del Delta del Ebro y al resto de
garantías previstas en la disposición adicional décima de la ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, son rechazados los apartados uno, tres y siete por 12 votos a favor, 142 en contra y 102 abstenciones.
Asimismo son rechazados los restantes apartados que integran la moción por 11 votos a favor, 140 en contra y 103 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno español acerca de la política global de seguridad en el transporte ferroviario español ... (Página 13424)
Para la presentación y defensa de la moción del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Contreras Pérez. Alude a la interpelación debatida la semana anterior, en cuyo debate mencionaban más de 12 accidentes acaecidos durante el
presente año, que han provocado alarma social y pérdida de confianza en uno de los medios de transporte considerados hasta ahora más seguros. Se refiere también a un informe interno de Renfe, en el que se pone de manifiesto la necesidad de mayores
inversiones en conservación y mantenimiento, en contraste con el triunfalismo con el que se manifestaba el señor ministro de Fomento en el debate de la interpelación, y concluye calificando la actual política ministerial como caótica, sin ritmo y
sin una dirección definida. En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista , a través de la moción, presenta 11 propuestas tendentes a mejorar no sólo la red convencional sino todos los puntos sensibles de esa red convencional como son los
puentes, los túneles y los pasos a nivel.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones hacen uso de la palabra los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene de nuevo el señor Contreras Pérez, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno acerca de la política global de seguridad en el transporte ferroviario español, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, es rechazada por 102 votos a favor y 139 en contra.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución. Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Juan Solera Albero, en sustitución de doña
Matilde Valentín Navarro, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor SOLERA ALBERO: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don Juan Solera Albero ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
Asimismo, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María de Gracia Hernansanz Ruiz, en sustitución de doña Rosa María Romero Sánchez, para
prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora HERNANSANZ RUIZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María de Gracia Hernansanz Ruiz ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Asimismo y por último, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Antonio Román Jasanada, en sustitución de doña Ana Cristina Guarinos López,
para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ROMÁN JASANADA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don Antonio Román Jasanada ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS.
(Número de expediente 122/000196.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE REFORMA DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL OBJETO DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS MILITARES DE COMPLEMENTO.
(Número de expediente
122/000197.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), DE REFORMA DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 122/000200.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE REFORMA DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, AL OBJETO DE REGULARIZAR LA SITUACIÓN DE LOS CABOS PRIMERO Y CASOS ANÁLOGOS. (Número de
expediente 122/000202.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/1999, DE 18 DE MAYO, DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 122/000203.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, que se debatirá conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen
del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los militares de complemento. Asimismo se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez)
de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de reforma de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los cabos primero y casos análogos. Por último, se debatirá también conjuntamente la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Mixto (señor Saura) sobre modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Marsal. (Pausa.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
El señor MARSAL MUNTALÁ: Señora presidenta, señorías, no puedo iniciar hoy mi intervención sin recordar a los 62 militares muertos en el reciente accidente, a los 12 miembros de la tripulación ucraniana que también perecieron en él, ni
tampoco a los nueve militares fallecidos en el último año en ocho accidentes aéreos en España, porque esto nos recuerda que la milicia es una profesión, un servicio público de alto riesgo y de especiales características que requiere un gran cuidado
tanto a la hora de legislar como a la de gestionar. El accidente ha puesto en evidencia distintos niveles de problemas: el del accidente en sí, que debe tratarse en las investigaciones ya en marcha, y el del transporte militar y sus condiciones de
seguridad, para lo cual nuestro grupo y otros hemos solicitado la creación de una comisión parlamentaria de investigación.
Pero no es de estas cuestiones de las que hoy vamos a hablar.
El accidente ha puesto de relieve un nivel más genérico de problemas que podemos señalar como, por ejemplo, el de los recursos humanos, materiales y económicos, todos ellos escasos; el de las condiciones de participación en las operaciones
exteriores, el de los canales de comunicación interna en las Fuerzas Armadas y en el conjunto del Ministerio de Defensa, o los problemas de las complejas relaciones entre la estructura civil y la militar, entre civiles y militares, en el campo de la
defensa y seguridad. En síntesis, estamos hablando del problema general del nuevo modelo de Fuerzas Armadas y la gestión que el Gobierno debe realizar para transformar el modelo antiguo en el nuevo modelo. Este nuevo modelo no debemos definirlo
porque ya lo hemos hecho en la consensuada revisión estratégica de la defensa. Allí lo hemos definido como un modelo basado en su aspecto de capacidades y recursos humanos -que no es el único pero que es del que hoy nos toca hablar- en principios
como los siguientes: la prioridad de la calidad sobre la cantidad, la adecuación de las Fuerzas Armadas a los distintos tipos de misiones definidos, la adecuación de las Fuerzas Armadas a los compromisos internacionales y la adecuación de las
Fuerzas Armadas a los requisitos de las nuevas tecnologías, ya que no debemos olvidar que el proceso de profesionalización, si bien tuvo sus causas en las dificultades sociales que había, también tenía un motivo objetivo como era que las nuevas
tecnologías hacían necesario un personal profesional que se mantuviera constante durante cierto número de años en las Fuerzas Armadas. Estos principios genéricos deben concretarse en aspectos como, por ejemplo, la potenciación de los suboficiales.
La tendencia es a una composición de un 50 por ciento de tropa y marinería profesional y un 50 por ciento de suboficiales y oficiales, concepción que si bien es normal en los ejércitos profesionales que ya llevan años, en el caso de nuestro país no
deja de ser una visión completamente revolucionaria y adecuada a estos nuevos requisitos que señalábamos.
También estos principios deben concretarse en un redimensionamiento compatible con las realidades sociales que nos toca vivir y los problemas
que tenemos y en una modernización de la gestión de los recursos humanos.
No puede hoy gestionarse a los militares profesionales con la misma mentalidad ni con las mismas técnicas que se gestionaba cuando nuestros ejércitos no eran profesionales
sino que recurrían básicamente al servicio militar obligatorio. También estos principios deben concretarse en un elemento tan importante como es la existencia de una reserva eficaz y real, una reserva que no conste únicamente en los papeles, sino
que sea realmente movilizable con alto grado de rapidez para compensar las dificultades de una tropa permanente. También en una visión global del personal que tenga en cuenta que nuestras Fuerzas Armadas, el sistema de la defensa está compuesto
tanto por los militares, sean los oficiales o los suboficiales, sea la tropa, sean los oficiales de complemento -elemento importante en este nuevo modelo- o sean todos los militares que forman o que han de formar parte de la reserva, sea el conjunto
del personal militar, sea el conjunto del personal civil, tanto funcionario como laboral, y sea también aquel personal que de alguna forma trabaja para la defensa como fruto de los procesos de externalización.
Esta es la finalidad de nuestra proposición de ley y su presentación hoy responde a un compromiso adquirido
en la negociación de la revisión estratégica, compromiso que suponía la presentación de otra proposición de ley por parte del Grupo Popular para que pudiesen tramitarse conjuntamente y con las necesarias enmiendas para que la revisión
estratégica en lo referente al personal tuviese su traslación a las modificaciones necesarias a la Ley del personal militar.
Hoy, casi medio año después del compromiso y ante el peligro de la imposibilidad de poder culminar los trámites
parlamentarios antes del fin de la legislatura, dado que estamos acercándonos ya a su final, el Grupo Socialista cumple su compromiso con un espíritu abierto a las enmiendas de todos los grupos, a las enmiendas que acaben de concretar el consenso
que alcanzamos. Nosotros mismos vamos a presentar enmiendas a nuestra propia propuesta, en el caso de ser aceptada a trámite, ya que fue presentada antes del consenso de la revisión. Por tanto, este compromiso lo asumimos con un espíritu abierto a
las enmiendas de todos, con un espíritu abierto a los contenidos asumidos en la revisión estratégica, en primer lugar, por el Grupo Popular y el Grupo Socialista y después por la mayor parte de los grupos de la Cámara. Pero la realización del nuevo
modelo no es únicamente una cuestión legislativa sino también de correcta y eficaz gestión de la transición de un modelo al otro, del proceso de transformación, y se encienden luces de alarma en este proceso.
Permítanme sólo tres ejemplos
significativos.
En primer lugar, las dificultades para conseguir los contingentes. Hoy, según nuestras informaciones -creo que son ciertas-, la tropa, la marinería profesional se sitúa alrededor de los 69.000 efectivos, es decir que sigue el proceso de
baja. Pero la cosa aún se agrava más en el campo de la selección de la oficialidad, en el ingreso en las academias, ya que la cantidad de solicitantes ha bajado a una cifra alarmante, menos de cuatro candidatos por plaza, lo cual va a crear
problemas de selección y por tanto de calidad. Un segundo ejemplo son los incumplimientos en compromisos adquiridos por el Gobierno y el Grupo Popular para solucionar problemas de colectivos como el de los militares de complemento o los cabos
primero, que al no cumplirse como mínimo con un grado de rapidez suficiente que permita solucionar el problema antes de acabar el año da pie a la presentación de propuestas como las siguientes, las presentadas por Izquierda Unida o por el Grupo
Mixto que no podemos apoyar porque van en una dirección distinta a la del nuevo modelo, pero que ponen en evidencia la existencia de un problema real que nos comprometimos a solucionar y que tenemos dudas de que pueda ser solucionado antes de acabar
el año. Un tercer ejemplo que se ha puesto en mayor evidencia como consecuencia del accidente son las disfunciones en la comunicación interna, los canales internos de comunicación que permiten al profesional sentirse oído y también defendido.
Ustedes no aceptaron nuestra propuesta de regulación del derecho de asociación, que hemos vuelto a presentar con la esperanza de conseguir su reconsideración. Pero es más, ustedes tampoco han desarrollado el Reglamento del derecho de quejas,
establecido en el artículo 161 del capítulo V del título XII de derechos y deberes de los militares profesionales, que fue objeto de un largo debate y consenso en la actual Ley de personal militar y que por no haber sido desarrollado no puede
ejercitarse. Pero no es únicamente que no nos hayan aceptado la propuesta, que no hayan desarrollado un reglamento, sino que además el reciente accidente pone de manifiesto que ni siquiera acaban de funcionar los canales existentes de comunicación
interna, y esto aún es más grave.
La transformación de nuestras Fuerzas Armadas exige capacidad de gestión, exige una cohesionada relación entre civiles y militares que no favorezca ni desconfianzas ni desconciertos, exige un conjunto de dirigentes civiles y militares
cohesionado que permita hablar realmente de la existencia de un equipo directivo de la defensa, y exige en última instancia y fundamentalmente en un proceso de transición un liderazgo capaz de ilusionar y comprometer en la transformación de nuestras
Fuerzas Armadas. Desgraciadamente hoy podemos decir que estas exigencias no se cumplen, independientemente de las capacidades personales de cada uno de los miembros de la dirección de defensa, que no vamos a poner en cuestión, pero estamos hablando
de exigencias globales y de equipo. Por ello, la aceptación a trámite de esta proposición de ley que ahora presentamos si bien por sí sola, como ninguna ley, no soluciona todos los problemas ni soluciona por sí misma los problemas, su aceptación sí
sería un mensaje positivo en estos momentos difíciles para el conjunto de las Fuerzas Armadas y también un mensaje positivo necesario y yo diría que obligatorio para el conjunto de la sociedad. Nosotros asumimos el compromiso de desarrollar este
modelo liderándolo de forma responsable, participativa y eficaz en su momento, pero ahora ustedes, señores del Grupo Popular, tienen la palabra, y esperamos que su palabra sea la aceptación a trámite de esta proposición de ley y un debate posterior
con la presentación de todas las enmiendas necesarias para que podamos plasmar ya en texto legislativo los acuerdos sobre materia de personal que alcanzamos en el debate y en la negociación de la revisión estratégica de la defensa. Ustedes tienen
la palabra. Por favor, no nos decepcionen a nosotros, que no tiene importancia, pero no decepcionen a las Fuerzas Armadas ni a los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marsal.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de reforma de la Ley 17/1999, de 18
de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los militares de complemento, así como para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los cabos primero y casos análogos, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta, señorías, nosotros pretendemos reformar la Ley 17/1999, de 18 de mayo, sobre dos o tres hechos puntuales que se recogen en ambas proposiciones de ley cuya toma en consideración vamos
a pedir aquí; sobre dos o tres hechos en torno a los cuales ya hemos discutido suficientemente en este Congreso pero sin alcanzar las soluciones necesarias. Se aprobó una proposición no de ley al respecto que ahora veremos que no ha tenido el
efecto necesario porque el Gobierno, a nuestro juicio, no ha cumplido lo que allí se recogía negro sobre blanco. Es decir, el Gobierno, como en muchas ocasiones, no ha tenido en cuenta lo que dice la mayoría, ni siquiera lo que dice su grupo en
torno a un tema de enorme importancia. Por eso nosotros pretendemos en sendas proposiciones de ley, y teniendo en cuenta la alarmante pasividad del Gobierno y su ineficacia, dar solución coherente a la situación de los militares de complemento,
cabos primero y demás profesionales militares de tropa.
Quizás en ningún otro momento como éste el Ministerio de Defensa y el ejército han estado menos organizados y con menos autoridad -no ya una autoridad real-, y se suceden los hechos sin que haya una respuesta adecuada, solvente, racional y
justa. Está corriendo la imagen, que yo creo que hasta cierto punto es justa, de que estamos ante un ministro modelo Armani junto con una serie de medidas que se ofrecen a una gran parte del ejército de todo a cien. Esa dicotomía demuestra que hay
un gran disgusto en todo el ejército, como se puede demostrar en los sectores a los que ahora me voy a referir. A nuestro juicio urge la aprobación de estas reformas que hoy vamos a plantear, cuyo compromiso de solución hasta cierto punto adoptó ya
el Grupo Parlamentario Popular estableciendo un puente de cara a la finalización de este año, para lo que quedan aproximadamente seis meses. Veremos ahora en la intervención del Grupo Parlamentario Popular si tienen palabra, si van a cumplir o si
de nuevo van a defraudar todo lo que en justicia aquí se está defendiendo y que fue parcialmente atendido para un periodo de 12 meses por el mismo Grupo Parlamentario Popular. Estamos, señorías, ante una inminente situación de desempleo para un
amplio colectivo de militares que se caracteriza por una gran formación y una gran experiencia castrense. Se trata de militares que como mínimo llevan en el ejército doce años y que son todos mayores de 38 años de edad. La situación actual pone de
manifiesto que el Gobierno no tiene coherencia; anda invirtiendo miles de millones de pesetas en propaganda de captación de militares en un momento muy difícil, porque no sólo el ejército está sobredimensionado -nosotros, ya lo hemos dicho, no
estuvimos de acuerdo con lo que dictaminó la comisión mixta- sino que los soldados que entran en el ejército como profesionales no tienen expectativa ninguna de futuro, ya que cuando ingresan en el mismo no encuentran lo que la propaganda está
transmitiendo a través de los medios de comunicación. Pues bien, en esta incoherente presentación por parte del Grupo Popular de su actual modelo de defensa, en este momento en el que hace falta gente y en el que las dimensiones señaladas por el
grupo mayoritario no son reales en absoluto, intentan despedir a un colectivo de militares que tiene una gran experiencia y que supondría algo muy saludable de cara a la solución que todos pretendemos. La prorroga de un año que se concedió a los
militares de complemento en diciembre del año 2002, a través de un compromiso extraordinario suscrito por el propio ministerio, está a punto de expirar; faltan seis meses y la situación sigue sin tener auténtica solución legal. Han fracasado
estrepitosamente las iniciativas propuestas por el Ministerio de Defensa para facilitar el acceso a la carrera militar o la reinserción en el mercado laboral como civiles. Aparece una muestra de nula voluntad por parte de este Gobierno de cara a
solucionar problemas que vienen de lejos, entre ellos naturalmente la profunda democratización que necesitan nuestras Fuerzas Armadas y que se demuestra día a día.
Hemos presentado una serie de iniciativas cuyos datos concretos se pueden extrapolar de manera muy directa, porque están muy singularizadas las soluciones que aportamos, como ya lo hemos hecho en debates precedentes.
Hay, por ejemplo, una
primera iniciativa respecto a la posibilidad de regularizar la situación de militares de complemento mediante el acceso a la carrera militar por el sistema de promoción interna. Ante esto, a pesar del compromiso del Gobierno, se han detectado una
serie de problemas muy serios. Por ejemplo, únicamente se han ofertado 62 plazas para los 900 militares de complemento afectados y al mismo tiempo se dificulta de manera evidente, señor Ayala, el acceso al colectivo más numeroso, que es el
perteneciente al Ejército de Tierra, casi la totalidad. A todas luces esta oferta de promoción es insuficiente para dar respuesta a esta demanda que hemos hecho en otras ocasiones y que estamos reiterando en este momento. Únicamente aumenta el
cupo perteneciente a los psicólogos, que pasa de uno a diez, pero naturalmente se trata de algo que no afecta a la mayoría del problema. Por el contrario, las plazas para el Ejército de Tierra disminuyen de 24 a 23, y seis de ellas se declaran
desiertas porque curiosamente el primer día de los exámenes han suspendido todos los militares de este colectivo que se presentaron. Este año, señor Ayala, cambian el temario en
el Ejército de Tierra -que constituye la inmensa mayoría, como le he dicho anteriormente- con lo que dificultan su incorporación, cuando precisamente en la proposición no de ley que aprobamos se hablaba de todo lo contrario, de facilitar
esta incorporación.
En una segunda iniciativa planteamos la necesidad de facilitar su inclusión en el mercado laboral fuera de las Fuerzas Armadas, pero vemos que no se aporta ningún tipo de solución real. Se intenta posibilitar esta incorporación a la vida
civil a través de una oferta muy reducida, dirigida a ocupar puestos de trabajo conexos con los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, plazas y funciones relacionadas con la actual labor dentro de las Fuerzas Armadas. Hay datos suficientes,
señores del Partido Popular, señor ministro ausente, para calificar esta oferta de empleo como una inútil iniciativa por una serie de medios muy concretos. Por ejemplo, la Guardia Civil ha contestado ya en sentido negativo a esta oferta. Dicen que
ellos superan la edad máxima para ingresar en el cuerpo, ya que todos tienen más de 38 años y no es posible esta inclusión. En segundo lugar, el Cuerpo Nacional de Policía no ha contestado aún, pero la iniciativa es igualmente inútil porque también
superan la edad máxima para ingresar en la Policía Nacional. Se excluyen en la referida oferta a los militares que han desarrollado funciones relacionadas con la educación, a juristas, a psicólogos, a administrativos, cuyo caso ni siquiera se
contempla.
Finalmente, a nuestro juicio carece de efectividad la medida adoptada por el Ministerio de Defensa consistente en la contratación de los servicios de un grupo empresarial con la finalidad de definir un programa de incorporación a la vida
laboral civil. Supuestamente la función de esta empresa será la formación de los militares y la orientación al empleo. En la práctica esto viene a resumirse en la recepción de currículos para posteriormente ponerlos a disposición de las empresas,
pero sin compromiso de contratación alguno, es decir, sin la menor garantía de que estas personas con más de 38 años, a pesar de su experiencia y de su trayectoria profesional consolidada en las Fuerzas Armadas, vayan a incorporarse al mercado
laboral y, además, sin control alguno de los tipos de contratación en cada caso y de la consolidación de empleo precario y temporal. Lo más grave, en todo caso, es que el propio ministerio ha previsto el inicio de esta iniciativa para octubre del
año 2003, tan sólo dos meses antes de que finalice el compromiso extraordinario, que ya he citado, adquirido para facilitar la inserción laboral, lo que irremediablemente supondrá el fracaso de esta medida que apenas se podrá desarrollar por el
tiempo que se le concede.
Sencillamente y de forma directa, señoría, el compromiso del Gobierno no va más allá de crear una base de datos con los currículos de los militares e intentar venderlos a empresas privadas donde supuestamente habrá
convenios con la patronal, pero sin ofrecer la más mínima garantía.
A mi juicio se trata de una auténtica tomadura de pelo. Al día de hoy, señores diputados, señoras diputadas, no hay constancia de que se haya firmado convenio alguno por parte del
Ministerio de Defensa con el ICO.
Además, los microcréditos que se ofrecían tienen un máximo de 25.000 euros por proyecto y no de 60.000 euros, según se había anunciado públicamente.
En conclusión, señores del Partido Popular, nosotros pensamos que el Gobierno incumple flagrantemente sus compromisos. El Gobierno no demuestra ninguna voluntad de cara a solucionar este problema. El Gobierno no demuestra ninguna
coherencia de cara a facilitar el equilibrio interno del personal de las Fuerzas Armadas. El Gobierno que tiene problemas de cara a la captación no tiene en cuenta que soldados con una gran experiencia, militares de complemento y cabos primero, con
una gran preparación técnica, pueden ver su acervo dilapidado en función de una falta de responsabilidad total del actual Gobierno que no tiene explicación ni lógica posible. No sabemos a qué obedece esto. Sabemos que algunos militares -que en su
propio argot denominan pata negra- por el simple hecho de ser hijos de militares o familiares de militares sí han encontrado solución en función de las prerrogativas que yo aquí estoy exponiendo. Esos sí han encontrado solución. Por lo tanto, nos
encontramos ante casos flagrantes de enchufismo, de auténtica prevaricación, porque no se adoptan medidas en derecho, sino que no tienen ningún sentido. Si hubiera una auténtica libertad de asociación y sindicación habría una protesta muy seria en
función de las cosas que se están produciendo, pero no es posible. Nosotros tenemos que defender esto con fuerza argumental teniendo en cuenta el número proporcional de votos que tenemos frente a esa planchadora automática de 183 diputados en manos
del Partido Popular. No se ha querido ni se ha sabido solucionar de manera eficaz esta situación injusta, que en muchos casos ha supuesto, como acabo de decir, un auténtico agravio comparativo con respecto a otros militares de complemento que eran
integrados en la carrera militar a través de procedimientos de legalidad, cuando menos dudosa, por ser familia de militares.
En definitiva, señorías, se pone de manifiesto de forma reiterada la nula voluntad política del Gobierno para solucionar esta regularización, regularización que afecta a militares de complemento -y que venimos pidiendo insistentemente este
grupo parlamentario y otros grupos de la Cámara-, a cabos primero y a casos análogos a estos dos sectores a los que acabo de referirme. Esta actitud del Gobierno nos lleva a denunciar esta incoherencia y esta mala gestión. Al Gobierno no le
interesa facilitar esta inserción en la vida laboral civil de este colectivo y paradójicamente no le sobran militares. Es un caso más de la falta de coherencia de este ministerio, de la falta de coherencia de este Gobierno, que confunde el poder de
la mayoría absoluta con el poder de la razón. No tienen ustedes razón; de hecho, la vez anterior, cuando se produjo una presión coordinada de todos los grupos, ustedes aceptaron una solución
puente que dentro de seis meses expirará. Ahora no conocemos los argumentos que nos van a dar, pero sólo hay tres salidas: arreglamos el tema un año más, otro nuevo puente, lo arreglamos definitivamente o lo desarreglamos del todo; no hay
otra alternativa.
Esperamos su argumentación pero, repito, desde el punto de vista de la lógica no acertamos a comprender los argumentos que ustedes utilizan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de régimen del personal de las Fuerzas Armadas, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego registró hace un año la proposición de ley que hoy es sujeto de defensa por nuestra parte y lo hizo siguiendo los criterios del colectivo afectado, en concreto de los militares de complemento, por considerarlos
coherentes y justos, como nos vamos a encargar de, por lo menos, demostrar sucintamente.
El colectivo de afectados recordaba que la Ley 17/1979, de 19 de julio, creó la figura de oficiales militares de empleo; una nueva figura dentro del Ejército, que estaba provocada, primero, porque era la posibilidad de que accediesen
personas con formación universitaria, segundo, con capacidad de adaptación y, tercero, porque se podría tener así a oficiales formados en un corto período de tiempo y a bajo coste, por no hablar también de, en un nuevo régimen democrático, lo
importante que era que los vínculos de la sociedad y de las Fuerzas Armadas se posibilitasen también por esta nueva fórmula de acceso.
Los oficiales militares de empleo comenzaron su actividad en el año 1991, aunque no tuvieron un reglamento propio hasta abril de 1994, pero en aquel reglamento de 1994 se hacía una defensa de su promoción y estabilidad en el empleo, del
acceso a militar de carrera por parte de estos oficiales militares de empleo y, por tanto, de ampliar al máximo de cuerpos y escalas a los que se pudiese acceder desde este punto de partida. Por último, se les prometía la realización de estudios y
la obtención de títulos, de tal manera que pudieran cambiar de cuerpo dentro del Ejército o reincorporarse a la vida civil con todas las consecuencias.
Como ustedes saben, años más tarde, la Ley 17/1999, de 18 de mayo, que es ahora objeto de intento de modificación por parte de distintos grupos parlamentarios, volvió a recuperar la denominación de oficiales militares de complemento, y lo
hizo en un momento en que desaparecía el Ejército de leva, en el momento en que se profesionalizaban las Fuerzas Armadas y en el momento en que el Ejército pasaba a tener una función de defensa y seguridad condicionada por el efecto de la
globalización y la transnacionalización. Se seguía optando por tener efectivos de calidad y de preparación técnica y humana y se les prometía a todos los que formaban parte del Ejército, y en especial a los nuevos oficiales militares de
complemento, la permanencia o reinserción en condiciones óptimas, según esta ley, de tal manera que esta era la salida que se les daba, tanto a los oficiales de complemento, que tenían una vinculación de carácter temporal, como también a los
militares profesionales de tropa y marinería, que la podían tener temporal o permanente. Pero no se pusieron en marcha los mecanismos, las medidas suficientes, de tal manera que hoy nos encontramos con una situación donde está muy disminuido el
Ejército de oficiales y de tropa, donde hubo un descenso de incorporaciones por debajo de las expectativas y de las necesidades.
Dentro de esta óptica, y en nombre de la defensa de los colectivos concretos y específicos afectados, pedimos la modificación de la Ley 17/1999, precisamente porque es una de las leyes que ha provocado carencias, y por lo tanto perjuicios, a
los oficiales de complemento y también a la tropa y a la marinería. Nosotros pensamos que los oficiales de complemento deben tener la promoción en el empleo que se les prometió, deben consolidar su puesto de trabajo si realmente tienen la capacidad
para eso y deben poder acceder a la formación y a la reinserción en la vida civil, tal y como también se les prometió, pero todo esto dentro de una concepción legislativa que tenga en cuenta el sistema de funcionariado al que también pertenecen las
Fuerzas Armadas y el sistema educativo general. Proponemos, por lo tanto, en consonancia con las propuestas hechas por el colectivo de afectados, que se modifiquen 14 artículos de la Ley -diez de ellos serían modificaciones de los mismos artículos
y cuatro serían artículos nuevos- e integrar seis disposiciones: una adicional, dos transitorias, una derogatoria y dos finales.
En cuanto a las modificaciones para posibilitar la promoción en el empleo, pensamos que es muy importante que se tenga en cuenta que los empleos a los que se pueda acceder no solamente sean los de alférez, teniente y capitán, sino también el
de comandante, cualquiera que sea el cuerpo o la escala de adscripción. Por otra parte, consideramos que la promoción interna se debe realizar a partir de los dos años de servicio con la incorporación a las escalas superiores de oficiales y
reservando, por lo menos, el 30 por ciento de las plazas existentes. Además, se deben dar pautas concretas que posibiliten las evaluaciones y el acceso al empleo de teniente, al de capitán y al de comandante.
En cuanto a las modificaciones para la consolidación del puesto de trabajo, consideramos que es fundamental que la transformación en una vinculación permanente tenga formas específicas que aparezcan en la ley.
Así, nosotros procuramos que
estas formas aparezcan,
en concreto, en los artículos 91, 95 y 91 bis, tanto en cuanto a nuevos compromisos de duración de adscripción durante 20 años como en la consolidación del puesto de trabajo con ocho años de permanencia, el título adecuado y pasando el
concurso requerido. Como ven ustedes, no proponemos desde ningún punto de vista una integración en el vacío o facilitar por principio las cosas al margen de cualquier tipo de selección y de rigor. Igualmente pensamos que es muy importante -como
proponemos en un nuevo punto 3 para el artículo 67- que se tenga en cuenta la situación de las embarazadas para que puedan mantener la plaza durante dos años hasta superar las pruebas físicas, una vez aprobado el concurso.
Por último, en cuanto a las modificaciones para formación y reinserción en la vida civil, pedimos un total apoyo a la incorporación laboral, posibilitando que se pueda acceder a estudios universitarios, al doctorado y, por supuesto, para la
clase de tropa y marinería, a los módulos profesionales y a la formación ocupacional. De la misma manera creemos que todos estos sectores deben disfrutar de la prerrogativa de excedencia voluntaria de la que gozan todos los militares.
Nuestra conclusión es que realmente se debería hacer un reglamento sobre la figura de los militares de complemento que desenvolviese la ley tal y como nosotros la dejaríamos modificada. Además queremos dejar claro ante la opinión pública
que las disposiciones transitorias que presentamos como nuevas darían beneficio de acogida a los militares de complemento a los que afectó el punto 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley de 1999 y a los militares profesionales de tropa y
marinería a los que afectó el punto 4 de la disposición adicional cuarta de la misma ley. Por supuesto, la disposición transitoria segunda eximiría de límites de edad a los militares de complemento en las convocatorias de plazas de promoción
interna de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, al igual que quedarían exentos de los límites de edad para las plazas que se convoquen en la oferta de empleo público para el acceso a la escala superior y escala ejecutiva del cuerpo de la Guardia Civil
durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006.
Señorías, hacemos todas estas propuestas porque pensamos que podemos mantener de forma coherente el principio de estabilidad, fundamental para los trabajadores de cualquier servicio público, con el principio de selección así como el
principio de la integración con todas las consecuencias en el Ejército, con el principio de los condicionantes y de los requisitos adecuados para que se pueda acceder a un puesto de trabajo de forma definitiva. Por otra parte, nada de esto impide
que las Fuerzas Armadas delimiten claramente el acceso por estas vías al Ejército profesional y, sobre todo, lo hacemos porque estamos radicalmente en contra de que los servicios esenciales de todo tipo funcionen basándose en la precariedad y en la
inseguridad. Igual que no lo queremos para ningún sector de los servicios de la Administración pública, tampoco para las Fuerzas Armadas. Pensamos que, si se aceptase nuestra propuesta por lo menos como debate, con estas modificaciones se
solucionarían de forma altamente coherente los problemas de los oficiales de complemento que, como saben ustedes, cuando llegan a los 38 años de edad o permanecen 12 años en filas, tienen un claro problema de carácter laboral, igual que lo tienen,
como ya ha defendido el representante de Izquierda Unida, los cabos para poder acceder al trabajo de carácter permanente. Pedimos la posibilidad de integración plena dentro de la concepción de capacidad y de adaptación.
Acabo, señora presidenta, diciendo que damos por defendida la proposición de ley de Iniciativa per Catalunya en esta misma dirección ya que el señor Saura no puede estar hoy presente en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa) En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en una proposición no de ley que presentamos ya hace tiempo y posteriormente en una enmienda a la Ley de acompañamiento de los presupuestos del año pasado, nuestro
grupo parlamentario puso encima de la mesa el tema de los oficiales de complemento que, en el fondo, era el resultado de la no aplicación de una forma correcta de la Ley 17/1999 que declaraba a extinguir las escalas de complemento, abriéndose, no
obstante, en la misma normativa una vía de solución para acceder a la condición de permanente a los oficiales de complemento mediante el correspondiente proceso de promoción interna cuando afirmaba que no sólo era aconsejable la incorporación sino
que resultaba beneficioso para el conjunto de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, el Grupo Popular presentó una proposición no de ley que, después de afirmar que era consciente que en el Ejército existía un problema de continuidad de algunos
colectivos, que estaba buscando soluciones al respecto, terminaba instando al Gobierno a que llevase a cabo una política de promoción interna efectiva -por lo tanto, había un reconocimiento de que no se había hecho bien hasta aquel momento- que
facilitase concurrir a las correspondientes pruebas a todos los militares de complemento que deseasen su integración permanente en las Fuerzas Armadas, en la mayor proporción posible que las plantillas reglamentariamente permitan.
Posteriormente el
Gobierno presentó un real decreto-ley en el que se daba un tímido paso adelante, ya que básicamente lo que se conseguía era un año más de margen para solucionar el problema y, por tanto, parecía que el tema estaba bien orientado.
Pues bien, están pasando los días y ya hemos consumido más de la mitad del plazo que se autoconcedieron y lo cierto es que no se ven por ninguna parte soluciones definitivas al tema, ni en la aplicación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular ni en la aplicación correcta de la Ley 17/1999 que dejaba el mecanismo de promoción interna absolutamente libre para poderse utilizar. Es más, nuestro grupo parlamentario ya hizo propuestas al respecto, como podían ser
impulsar cursos de formación para el acceso a sus cuerpos y escalas que complementen a los oficiales que cesen en su relación de servicios en los próximos años; pedimos incrementar de manera significativa y excepcional el número de plazas de
promoción interna para el año 2003 de los militares de complemento, teniendo en cuenta que en algún caso han estado sin convocarse durante más de ocho años; establecer un porcentaje de plazas de promoción interna que permita mantener el máximo
potencial de recursos humanos al servicio de las Fuerzas Armadas o, a través de las normativas adecuadas, evitar que los colectivos que realmente no han tenido mecanismos de promoción profesional y estabilidad en el empleo, que les reconoció la
legislación anterior, se vean obligados a abandonar las Fuerzas Armadas. También sería bueno estudiar la posibilidad de establecer una convocatoria de promoción interna, cuyo requisito sea tener más de ocho años de servicio, al igual que se exige
en las tropas profesionales para poder opositar a las plazas de tropa permanente, ya que esa propuesta daría posibilidades reales a los militares de complemento, que ven cómo se les terminan sus compromisos y no han podido optar durante su vida de
militar a la promoción interna.
Nuestro grupo ya ha llevado a cabo toda una serie de propuestas para la solución del problema y, a la vista de los resultados, no han sido muy exitosas. Por ese motivo, se han presentado estas cinco proposiciones de ley, tres de ellas
prácticamente idénticas, que estarían en la línea de lo que estamos discutiendo últimamente. La proposición de ley presentada por el Partido Socialista entiende que hay que modificar la Ley 17/1999, adaptándose a la realidad actual y presentando
una serie de modificaciones que van más allá del tema de los oficiales de complemento, lo que abre un nuevo debate sobre el modelo de las Fuerzas Armadas en el que tendremos que profundizar.
Por tanto, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de todas las proposiciones de ley, porque creemos que las propuestas son claramente positivas y que si se aprobasen abrirían un trámite de enmiendas y un
proceso de debate sobre el tema. Por consiguiente, viendo que el Gobierno no mueve ficha en este asunto, creo que es la única alternativa que tenemos los grupos parlamentarios en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta, con su venia.
Señoras y señores diputados, debatimos hoy la toma en consideración de cinco proposiciones de ley de los distintos grupos parlamentarios, referidas todas ellas a la modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo.
Todas ellas son
proposiciones del año 2002, que adquieren cierta actualidad, pero que siguen respondiendo a los criterios temporales que fundamentaron su interposición ante esta Cámara.
El debate conjunto de estas cinco proposiciones de ley nos permite una consideración global de todas y cada una de ellas, por cuanto tratan de modificar de forma parcial nuestro actual modelo de Fuerzas Armadas y los elementos básicos de la
propia naturaleza de la organización de las Fuerzas Armadas. La Ley 17/1999 fue el resultado de plasmar en la vía legislativa el acuerdo de la Comisión Mixta Congreso-Senado de 1998, que supuso largos meses de trabajo y estudio y sendos debates
parlamentarios.
No fue fruto de unas impresiones apriorísticas, sino la conclusión, tras un análisis metódico y profundo, en el marco del compromiso asumido por el presidente Aznar, de proceder a la total profesionalización de los ejércitos, para
conseguir unas Fuerzas Armadas más flexibles, más operativas, más reducidas y mejor dotadas. Suponía un cambio gordiano, con relación al anterior modelo mixto, no sólo en el aspecto cuantitativo de los efectivos profesionales, sino también en el
cualitativo de su categoría profesional. Pues bien, se aprobó un modelo y una estructuración numérica, se estableció un período de 15 años para alcanzar las plantillas aprobadas, y entendemos que no ha transcurrido tiempo suficiente para que
procedamos a su revisión por esta vía que, dicho sea con todos los respetos, creemos que no ha alcanzado el grado de justificación y, cuando menos, es algo precipitada, por cuanto nos encontramos en pleno período de transición; sólo hace cuatro
años desde que entró en vigor y sólo 18 meses desde que desapareció el servicio militar obligatorio y creemos que no son suficientes.
Hacemos las siguientes reflexiones con respecto a estas proposiciones de ley. En primer lugar, señalamos a la Cámara de forma clara que asumimos todos los compromisos de las revisiones estratégicas de la defensa, lo que también ha sido
asumido por otros grupos parlamentarios, pero señalamos que no mantener el número, como así se ha manifestado en varias ocasiones por parte del ministro del ramo, sobre el umbral mínimo fijado para el personal de tropa y marinería, no quiere decir
que tenga que ser hoy cambiado por ley para establecer otro modelo tan rígido o más que el anterior, cuando estamos en el entendimiento -al
menos con el grupo mayoritario de la oposición- de que deberá ser, con el transcurso del tiempo, la evolución de los presupuestos del Estado la que dé un número definitivo, en el umbral final de la aplicación de la ley y de la revisión
estratégica, de nuestros profesionales de tropa y marinería y el número definitivo de nuestros militares de carrera. Por tanto, entendemos que en este momento es inoportuno fijar un número, tal y como se pretende en la proposición de ley.
Por otra parte, tenemos que rechazar de forma clara la alarma que provocaba el portavoz del Grupo Socialista, por cuanto hay datos que tampoco se corresponden con la realidad. No es verdad el contingente en número 69.000 en estas fechas;
en concreto, al 1 de mayo de 2003 son 72.413. Tampoco es verdad que hayamos incumplido nuestros compromisos y parece mentira que su grupo diga que hemos provocado el debate de las proposiciones de ley sobre los militares de complemento, cuando es
una cuestión en la que estamos absolutamente de acuerdo. De la misma forma que me parece excesivamente frívolo hablar de disfunciones de comunicación interna utilizando un elemento tan triste, tan demoledor desde el punto de vista personal y con
tantísima influencia social, como ha sido un accidente de aviación. Por otra parte, traer aquí hoy cuestiones distintas que no se vierten en la proposición de ley hablando de la voluntad de modificar la enmienda en otro trámite parlamentario nos
parece que tampoco se ajusta a las necesidades que hoy tiene la reforma de la Ley 17/1999; hablar aquí del derecho de asociación o del reglamento de quejas no creemos que tenga ningún encaje en la proposición de ley que estamos debatiendo. Por
tanto, entendemos que ese intento de aumentar la plantilla de los cuadros de mando, militares de carrera a 60.000 efectivos, cuando en la actualidad los previstos son 48.000 y, por el contrario, reducir a 60.000 los efectivos, cuando teníamos un
umbral inferior, y hemos dicho que evidentemente hay que revisarlos, de 102.000, parece que no se corresponde ni siquiera con la propuesta que el propio Partido Socialista mantuvo en la Comisión Mixta Congreso-Senado en la cual sus números eran de
45.000 y 95.000 respectivamente para el personal de cuadros de mando y de tropa y marinería, lo cual quiere decir que no estaban de acuerdo con una igualdad en cuanto a uno y otro personal. Por tanto, entendemos que esa cifra no la justifican por
el resultado de un estudio de las necesidades operativas que se deriven de las necesidades del departamento. Insisto en que estamos de acuerdo en la revisión pero no en fijar en este momento una cifra que sin duda influye en un modelo al cual
todavía ustedes no han ofrecido ninguna alternativa. Reducir el número de tropa y marinería en 42.000 efectivos y aumentar en 11.600 el de suboficiales lo único que hace es que habrá que considerar a una tropa de suboficiales para hacer las labores
que se están haciendo en el modelo actual por parte de la marinería y que esté solamente mejor retribuida.
Hoy en día la macrocefalia jerárquica del 50 por ciento y 50 por ciento no es asumida ni siquiera en ejércitos como el de Gran Bretaña, ni
incluso Alemania que, como ustedes saben, tiene unos problemas de integración de sus cuadros de mando que nosotros no tenemos en ningún caso. De todas formas se manifiesta totalmente contradictoria su reducción de la promoción interna de los
militares de tropa y marinería al 50 por ciento, recogida en el artículo 66, con la Ley vigente que permite que el cien por cien de los militares de tropa y marinería puedan tener acceso por vía de promoción interna, y además produce un efecto
negativo a la propia pretensión de reducir la tropa y marinería y aumentar los suboficiales.
Con respecto a las otras proposiciones de ley, fundamentalmente a lo de los militares de complemento, desde luego no voy a contestar a las provocaciones del señor Alcaraz. El Partido Popular presentó una proposición no de ley que ha sido
cumplida en su integridad por el Gobierno. El Gobierno ha cumplido estrictamente todas y cada una de las determinaciones de esta proposición no de ley. Se acordó por el Senado, con la aprobación de todos los grupos, una prórroga de carácter
excepcional para todos aquellos que acaban su contrato en el año 2000 que fueran militares de complemento, después de los tres años de prórroga extraordinaria que ya les había supuesto la entrada en vigor de la Ley 17/1999; carácter excepcional que
-no me dejarán mentir- fue admitido por todos los grupos y que se producía por una sola vez, tal y como quedó acreditado aquí, en el debate de convalidación del real decreto-ley que permitió esa prórroga. Por definición, los militares de
complemento -que potencia la revisión estratégica- tienen naturaleza temporal en su adscripción a los ejércitos y de mutuo beneficio: para los ejércitos y para los profesionales. Por tanto, eso no se puede modificar aleatoriamente porque afectaría
al modelo de las Fuerzas Armadas y no parece propio que parcheemos una ley sólo por solucionar artificialmente el problema de unos colectivos que conocían perfectamente cuáles eran sus condiciones de ingreso. La operatividad y eficacia de las
Fuerzas Armadas en el actual modelo tiene su equilibrio en el carácter permanente de unos militares y el carácter temporal de otros; es decir, los militares de complemento y los militares de tropa y marinería.
Por puntualizar cuál es el cumplimiento del Partido Popular, señalaré que en la actualidad existen 1.073 militares de complemento, de los cuales 104 acaban su compromiso el 31 de diciembre y se ha previsto promoción interna para 62, es
decir, el 50 por ciento, cumpliendo con las previsiones de la Ley 17/1999, siendo también destacable que este año hay convocadas 477 plazas de acceso directo para militares de complemento.
Por tanto, hablar de consolidación para cambiar el concepto
de complementariedad es cambiar también el concepto mismo de las plazas y la naturaleza de las que
se están ocupando en las plantillas. Por último -y con esto acabo-, quiero señalar el cumplimiento estricto que ha realizado el Partido Popular de todas y cada una de las determinaciones que se asumieron en la proposición no de ley de
referencia. Por el Real Decreto 218, de 21 de febrero de este mismo año, se ha reservado un mínimo de 1.116 plazas para el acceso a una relación de carácter permanente para el colectivo de militares profesionales de tropa y marinería. Se ha puesto
en marcha el Plan Ariete para la reinserción laboral de los militares profesionales de tropa y marinería. Por el Real Decreto 999, de 27 de septiembre de 2002, se recoge la valoración como mérito del tiempo de servicios prestados a las Fuerzas
Armadas como militar profesional, así como de marinería o reservista voluntario para las plazas de militares profesionales de acceso a la Administración del Estado. El Ministerio de Defensa ha realizado la reserva del 50 por ciento de las plazas
para el nuevo ingreso de personal civil en las plazas que se vayan a convocar. Con fecha 22 de mayo de 2003, ha firmado un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias para valorar como mérito los servicios
prestados en las Fuerzas Armadas, firmando asimismo 21 acuerdos con organizaciones empresariales para ofrecer una bolsa de empleo permanente; ha firmado el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Empleo y el Decreto 217, de 21 febrero
de 2003, para aprobar la oferta de empleo público para ingreso en la escala de cabos y guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, con una reserva del 60 por ciento de las 2.400 plazas convocadas para militares profesionales de tropa y marinería que
lleven al menos tres años de servicio efectivo en las Fuerzas Armadas.
La señora PRESIDENTA: Señor Ayala, le ruego que concluya.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Concluyo, señora presidenta.
Se han cumplido estrictamente todos los compromisos que el Partido Popular asumió en esta sede parlamentaria y en cuanto a la modificación de la Ley 17/1999 que propone el Partido Socialista, aunque estamos de acuerdo con algunos de sus
planteamientos, estimamos que es inoportuna e injustificada en el modelo que tratan de sostener y va en contra del que ellos mismos sostuvieron en 1998.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir
como nuevo punto 43 bis y tras el apartado VII, enmiendas del Senado, la elección de secretario segundo de la Cámara.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día. Asimismo, conforme al artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, la presidencia propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 48, relativo al debate de totalidad del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de Salud, pase a debatirse antes del punto 46, relativo al
debate de totalidad del proyecto de ley de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la modificación del orden del día.
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y
perspectivas de futuro, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para rendir informe hasta el final del próximo periodo de sesiones.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la prórroga al citado plazo.
VOTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LEY.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de la toma en consideración de las proposiciones de ley que han sido debatidas.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 127; en contra, 152.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los
militares de complemento.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 22; en contra, 151; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez
y Vázquez), de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 24; en contra, 152; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de reforma de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, al objeto de regularizar la situación de los
cabos primero y casos análogos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Comienza la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 28; en contra, 152; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), sobre modificación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 26; en contra, 154; abstenciones, 100.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA COORDINACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN I+D+I.
(Número de expediente 162/000759.)
La señora PRESIDENTA: Punto II: Proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en I+D+I. (Fuertes rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que mantengan fuera del hemiciclo las conversaciones y que aquellos que vayan a abandonarlo, lo hagan en silencio. (Rumores.)
Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor?
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere reconocer y subrayar la apuesta clara que ha hecho el Gobierno de la nación declarando la política de impulso a la de I+D+I como prioritaria. Esta apuesta se ha traducido en un sostenido y muy
importante incremento de los recursos públicos destinados a la investigación, lo que nos ha permitido alcanzar un gasto en I+D del 0,96 por ciento del PIB, en el año 2001, siendo el 0,98 por ciento el estimado para 2002.
Permítanme que esboce algunos datos que corroboran este esfuerzo realizado. Primero, el incremento en el presupuesto de la función 54, referente a la I+D+I, de los Presupuestos Generales del Estado, que se ha multiplicado de 1996 a 2003 por
un factor de 3,5, un 3,17 por ciento si nos referimos a la I+D civil. En 2003 se ha incrementado la función 54 en un 5,5 por ciento respecto al año anterior, situándose cerca de los 4.000 millones de euros; incremento de un 64, 7 por ciento, entre
1997 y 2003, de los presupuestos de los OPI -organismos públicos de investigación-; por último, incremento en un 58 por ciento en la financiación de proyectos de I+D desde el año 2000, elevándose en 2002 hasta los 250 millones de euros. Pero
estimamos que este esfuerzo debe ser asumido conjuntamente por el sector público y por el sector privado; se debe incrementar la interrelación entre el mundo científico y el mundo empresarial para que la investigación se traduzca en competitividad
y, en definitiva, en crecimiento económico y calidad de vida. Este enfoque es el asumido en la cumbre de Barcelona que establece que dos tercios del esfuerzo en I+D sean aportados por el sector privado, acercándonos a los niveles de participación
de las empresas en Estados Unidos o Japón.
Permítanme decirles que si por algo nos caracterizamos es por huir de la autocomplacencia. Por tanto, reconocemos que los problemas de gestión que redujeron la eficacia de este esfuerzo presupuestario en
el inicio de la legislatura, lógicos por la creación de un ministerio que reunía unidades de tres departamentos anteriores, ya han sido resueltos y, de hecho, la mejora de la ejecución del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología ya en
2002 hasta un 94,25 por ciento es un hecho incuestionable, incrementándose en 20 puntos la ejecución del fondo nacional para el desarrollo de la investigación científica y técnica respecto al año anterior. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrrejón, ocupa la presidencia.)
El Grupo Parlamentario Popular sabe que el Gobierno se ha comprometido a seguir incrementando de manera sustancial la financiación pública a la I+D en el marco del nuevo Plan nacional de I+D+I para el período 2004-2007. También sabemos que
el desarrollo legislativo y normativo del título VIII de la Constitución española y de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas desde su promulgación ha
sido constante. Aun cuando las competencias en investigación y desarrollo pertenecen a la Administración general del Estado, éstas no son excluyentes con las de las comunidades autónomas quienes apoyándose en las competencias establecidas
en sus respectivos estatutos de autonomía, en algunos casos claramente delimitadas, han apoyado el desarrollo de su propio sistema regional de ciencia tecnología empresa, como base de la prosperidad de las comunidades autónomas. Este proceso
continúa hoy en día con la reciente promulgación de leyes de ciencia y tecnología en diversas comunidades autónomas, la consiguiente creación de órganos regionales de planificación y decisión en este ámbito y la aprobación de planes regionales de
I+D e innovación con diferentes denominaciones.
Esfuerzo legislativo y normativo que se ha visto acompañado de la asignación de crecientes recursos económicos cuya distribución a los actores del sistema regional de ciencia tecnología empresa es
cada vez más tenido en cuenta por éstos a la hora de articular sus propias prioridades en ciencia y tecnología.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular entiende que aunque la intervención de las comunidades autónomas se realiza en todos los ámbitos del Plan nacional de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación
tecnológica, la importancia que ha adquirido la innovación tecnológica en la última década es especialmente significativa. Con un tejido industrial mayoritariamente constituido en España por pequeñas y medianas empresas, las pymes, la importancia
que tienen las administraciones regionales capaces de establecer un contacto directo con las pymes más cercanas para posibilitar un correcto desarrollo de la región en términos de empleo y de desarrollo económico, han situado las actuaciones de las
comunidades autónomas en innovación tecnológica en uno de los elementos fundamentales de cooperación y coordinación de actuaciones con la Administración general del Estado.
Vaya desde aquí el reconocimiento de la importancia de la cooperación y
coordinación de la Administración general del Estado con las comunidades autónomas, que ha quedado patente y explícito en el proceso de elaboración del Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2004-2007, con la
inclusión de un objetivo estratégico y específico cual es el de reforzar la cooperación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas y, en particular, mejorar la coordinación entre el plan nacional y los planes de I+D+I de
las comunidades autónomas. El desarrollo de este objetivo representará un paso más en el estrechamiento de las actividades entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas respecto a la situación lograda con el actual Plan
nacional de I+D+I 2000-2003, tanto en una mayor implicación de las comunidades autónomas en el proceso de elaboración del mencionado plan nacional, como en el contenido mismo de las actuaciones contempladas, incrementando el ámbito de las mismas y
su repercusión económica.
Por otra parte, un aspecto de gran importancia en relación con las comunidades autónomas es el relativo a la cohesión. Todas las políticas del Estado deben contribuir a la cohesión social y a la vertebración territorial, como ha sido
manifestado repetidamente en el desarrollo de nuestro ordenamiento legislativo. Las políticas de I+D+I no son ajenas a este objetivo colectivo. El concepto de cohesión científica y tecnología interterritorial aplicado en este contexto es
especialmente importante por la utilización que todas las administraciones hacen de los fondos estructurales y por la necesidad de asegurar que las actuaciones financiadas por el plan nacional contribuyan a la mejora de la capacidad científica y
tecnológica en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta el marco legislativo ofrecido por la Ley de la ciencia, Ley 13/1986, y los sucesivos acuerdos realizados hasta el momento, la cooperación y coordinación deberán realizarse según los
siguientes principios básicos de actuación. Primero, cooperación de la Administración general del Estado en el desarrollo de la capacidad de las comunidades autónomas para la planificación de objetivos científicos y tecnológicos; segundo,
cooperación de la Administración general del Estado en la evaluación y seguimiento de las actuaciones contempladas en los planes de I+D+I de las comunidades autónomas; tercero, voluntariedad en la firma de acuerdos marco y convenios específicos;
cuarto, bilateralidad en la negociación de actuaciones concretas; quinto, complementariedad de actuaciones entre los planes de I+D+I de las comunidades autónomas y el Plan nacional de I+D+I; sexto, cofinanciación de las actuaciones; séptimo,
corresponsabilidad de las decisiones; octavo, estabilidad temporal de los acuerdos y, por último, la transferencia de estos mismos. En definitiva, se deben establecer mecanismos específicos de cooperación en el nuevo Plan nacional 2004-2007 que,
partiendo del principio de respeto a las competencias mutuas en I+D+I, aseguren que los procesos de definición y planificación de actuaciones relativas a ciencia y tecnología se constituyan en elementos claves para el fortalecimiento de las
comunidades autónomas. La cooperación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas durante el desarrollo del Plan nacional 2004-2007 debe así concretarse en un conjunto de actuaciones de interés mutuo que permitan
optimizar los recursos disponibles y acelerar el desarrollo de los sistemas de ciencia tecnología empresa.
Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Mixto, mi grupo no la va a aceptar por alejarse del espíritu de la proposición no de ley debatida.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, quiero, en primer lugar, agradecer
el tono constructivo de la misma, si bien tengo que manifestar que no la vamos a aceptar por considerar que los tres primeros puntos no
aportan sustancialmente nada a lo ya propuesto en la proposición no de ley y podemos considerar el resto superfluo e innecesario, ya que o bien se está haciendo o carece de sentido.
Por todo ello, señorías, pido el apoyo de todos los miembros de esta Cámara a esta iniciativa que presentamos hoy aquí y que persigue que el Gobierno defina un marco de cooperación y coordinación en materia de I+D+I con las comunidades
autónomas, con el fin de incorporarlo al Plan nacional de I+D+I 2004-2007.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Pérez-Hickman.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
El tema que se trae hoy aquí a debate se puede calificar como de asignatura pendiente porque no se ha conseguido un modelo para llevar adelante esta cooperación. Los motivos son diversos, en primer lugar, los cambios y la evolución que ha
habido en nuestro país, el peso de las comunidades autónomas actualmente en lo que es la financiación del sistema de ciencia y tecnología, las comunidades autónomas tienen sus planes regionales, muchas de ellas tienen leyes, hacen un esfuerzo
importante y además tienen políticas de innovación muy destacadas; en segundo lugar porque ha habido en los últimos años una transferencia de esa competencia de las universidades a las comunidades autónomas y las universidades representan más del
60 por ciento, las dos terceras partes del sistema. Por poner otro ejemplo de transferencias, el INIA, es decir toda la investigación agraria, está prácticamente transferida a las comunidades autónomas. Otro ejemplo de esta evolución son los
fondos estructurales a nivel europeo y la definición del espacio europeo de investigación, en el que se tiene muy en cuenta el papel y la importancia de las comunidades autónomas en esas políticas de innovación.
Hay un segundo grupo de motivos, que se centran en la absoluta inexistencia de modelo por parte del Gobierno. El Gobierno ha olvidado a las comunidades autónomas y se pueden poner ejemplos. Desde que ganó el Partido Popular en el año 1996,
primera legislatura, sólo se reunió un par de veces, tres años después de que se constituyera el Gobierno, el consejo general de Ciencia y Tecnología. En la segunda legislatura tuvo que pasar más de un año desde que se creó el Ministerio de Ciencia
y Tecnología para que se reuniera este consejo general, que es el órgano de encuentro de las comunidades autónomas y de la Administración general del Estado, y he de reconocer que ahora, es cierto, hay más reuniones del mismo y existe una serie de
grupos de trabajo, lo reconozco, pero en conjunto ha habido una inexistencia de modelo, porque yo creo que es un problema filosófico y político. Señores del Partido Popular, no se han tomado en serio a las comunidades autónomas. Ustedes lo único
que han hecho en este plan nacional son unos acuerdos-marco que tienen un carácter absolutamente generalista, no son acuerdos específicos y, como se me dijo en una respuesta parlamentaria, no llevan financiación porque no requieren concretar el
contenido o alcance económico-financiero de la colaboración que expresan; es decir, para ustedes las comunidades autónomas no han sido importantes, no las han tratado de igual a igual, no se han sentado en la mesa de igual a igual con ellas para
diseñar un modelo conjunto y se puede por lo tanto decir que entre las escasas reuniones del consejo general, la ausencia de ese modelo de relación con las comunidades autónomas, así como estos acuerdos de carácter general y de escasos contenidos
específicos, hemos perdido muchos años en este tema que creo que es importante para el conjunto de nuestro sistema. No basta con hacer una política de grandes instalaciones, que es necesaria e interesante, sino que hay que hacer cosas que permitan
definir este modelo. Aun considerando que esta iniciativa trae a debate al Parlamento algo que no está resuelto, esa asignatura pendiente, no hay más que leer la misma para deducir que ustedes reconocen ese fracaso del Gobierno en esta materia,
porque ustedes piden que se defina un marco de cooperación y coordinación en I+D+I con las comunidades autónomas. Si se pide que se defina un marco es que el marco no está definido, luego están ustedes reconociendo implícitamente lo que ha sido un
error del Gobierno. Además, la suya se puede definir como una proposición llena de aire. Piden que se haga lo que no se ha hecho, pero no dicen lo que hay que hacer; por lo tanto ustedes piden aquí una profesión de fe para votar a favor de esta
proposición, cosa que no hará el Grupo Socialista, pero desde el punto de vista del mínimo rigor intelectual, como lo que nos piden es que se vote sobre un marco de relación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas, nos
vamos a abstener, puesto que ustedes ya han adelantado que no aceptan ninguna de nuestras propuestas.
Han hecho ustedes una proposición etérea, llena de aire, obvia, aquello que decía un compañero de esta Cámara, la solemnidad de lo obvio, y que algún sociólogo -como dije en Comisión- calificaba como la penosa elaboración de lo obvio. Es un
brindis al sol, es una propuesta botafumeiro y en este sentido lamentamos que el Partido y el Grupo Popular no quieran mojarse más en un tema de importancia como el que estamos tratando ahora mismo. Por ello hemos presentado una enmienda de
sustitución con seis puntos. El primero de ellos trata de definir el marco de actuación para la cooperación y coordinación de I+D+I con las
comunidades autónomas, pero con una evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora y su publicación. Es absurdo que aunque se haya hecho poco, en la memoria del plan nacional -por cierto, una memoria que no está mal hecha en este último año-
se haga una referencia a las comunidades autónomas con un relatorio de las cosas que ha hecho cada una de ellas. No se puede saber qué ha salido de la relación, porque prácticamente ha sido inexistente, con la Administración general del Estado. Se
trata de no duplicar esfuerzos, se trata no sólo de sumar situaciones, sino de contar con un modelo que permita aprovechar los esfuerzos de las comunidades autónomas y de la Administración general del Estado.
En el segundo punto solicitamos que se incorpore obviamente este marco al nuevo plan nacional, pero queremos que se incorpore por la puerta grande.
Ya en la Ley de la ciencia del año 1986 se hablaba de los programas nacionales de
comunidades autónomas -lo recoge el artículo 6.2 c) de esta ley- y pedimos que se incorpore pero como programa nacional de comunidades autónomas, lo que va a permitir asegurar que haya una cofinanciación de la Administración general del Estado y de
las propias comunidades autónomas, para quitar ese aire que plantean ustedes en su proposición.
Con el tercer punto pretendemos impulsar la participación de las comunidades autónomas en la definición y aplicación de las políticas estatales de ciencia y tecnología, así como la propia implicación de la Administración general del Estado
en los planes de las comunidades autónomas, un mecanismo de retroalimentación que permita asegurar que se toma en serio los esfuerzos que hacen, a veces con muchas dificultades, las comunidades autónomas. Hay una cosa que no figura ahí pero a la
que quiero hacer mención: la relación con la Unión Europea y lo que es el espacio europeo de investigación.
Cuarto punto. En la Ley de la ciencia se creó un órgano de encuentro entre comunidades autónomas y el Gobierno, que es el consejo general de Ciencia y Tecnología, el cual ha tenido una escasa operatividad. Pedimos que se reactive el
funcionamiento para que tenga un mayor grado de eficacia, puesto que no tiene carácter decisorio.
Quinto punto, que es lo que más me preocupa, la cohesión. Hay comunidades autónomas que tienen una renta per cápita por debajo de la media y un menor gasto en I+D y tiene que ser objetivo de cualquier Estado poder reequilibrar la situación
desde el punto de vista territorial. Buscar esa cohesión significa hacer unos esfuerzos decididos para que esas comunidades autónomas no se queden descolgadas del vagón de esta locomotora porque si no la distancia será mayor y hasta este momento no
se han hecho esfuerzos suficientes, como decía anteriormente. Esto no significa que estemos en contra en absoluto de la excelencia a la hora de resolver las convocatorias; estamos a favor de que se implanten mecanismos claros que permitan avanzar
en esta línea de cohesión territorial, que es absolutamente fundamental, partiendo del principio de la corresponsabilidad de las comunidades autónomas. Tenemos que ser capaces de hacer atractivas a investigadores y a proyectos, de cara a la
creación de infraestructuras, determinadas zonas de nuestro país para poder acercar esto que decimos todos que es nuestro futuro y el futuro de Europa, es decir, la sociedad del conocimiento, y para eso tenemos que ayudar a esas comunidades
autónomas, por lo que planteamos este aspecto fundamental de cohesión. Esta cohesión, repito, se puede hacer a través de unos criterios específicos en las diversas convocatorias, se puede hacer a través de los organismos públicos de investigación
en relación y de acuerdo con las comunidades autónomas y puede hacerse por lo tanto con una política de infraestructuras adecuada para ir superando esos desequilibrios.
Hasta ahora la labor del Gobierno en este sentido ha sido negativa. Voy a citar un ejemplo. Hemos tenido numerosos fondos estructurales europeos, fondos FEDER y Fondo Social Europeo. Esos fondos son de adicionalidad, es decir, hay fondos
españoles y se adicionan fondos europeos. Aquí el Gobierno ha hecho una caja común, ha juntado todos los fondos y en lugar de ser de adicionalidad han sido de sustitución, con lo cual han quedado perjudicadas aquellas comunidades a las que iban
dirigidas esos fondos.
Este es un error de bulto y una realidad que cualquier persona sensata reconoce. Por lo tanto hay que acabar de una vez por todas con este modelo y planteamos este quinto punto, que tiene que ver con la cohesión.
Por último, planteamos un avance más. A mí me llama la atención que el portavoz del Grupo Popular diga que hay cosas que ya están hechas. Es un insulto a la inteligencia. Estamos pidiendo que se cree una conferencia sectorial. ¿Qué
conferencia sectorial hay de Ciencia y Tecnología? Yo pido que cuando se digan las cosas se haga ateniéndose a la realidad.
Esto es algo nuevo. Es darle una mayor importancia a un órgano que puede ser el de máxima participación para la toma de
decisiones basado en la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas del año 1992. Lo mismo que hay conferencias sectoriales en otras materias, pedimos que haya una conferencia sectorial para los temas de ciencia y tecnología.
Por
tanto aquí no hay cosas que se han hecho, porque desde el Gobierno se ha hecho muy poco. Por esa razón nos vamos a abstener, puesto que ustedes rechazan nuestras enmiendas.
Vamos a votar a favor de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque nos parece que recoge una parte importante del espíritu que el Grupo Socialista expresa desde esta tribuna. Creemos que la
base -me refiero al Grupo Mixto- no debe ser la transferencia de esas competencias a las comunidades autónomas, pues aunque es un tema a tener en cuenta, no es lo fundamental
y por tanto no votaremos a favor de esa enmienda. Estamos a favor de un modelo, estamos a favor de tener en cuenta a las comunidades autónomas, estamos a favor del establecimiento de sinergias y de evitar duplicidades, pero estamos
absolutamente en contra de que presenten ustedes propuestas que son aire, que están llenas de demagogia y que lo único que vienen a reconocer es el fracaso clamoroso del Gobierno en esta materia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, desde Eusko Alkartasuna hemos presentado una enmienda a la proposición que hoy nos plantea el Grupo Popular, relativa a un tema de tanta importancia y trascendencia en el mundo de hoy como es la I+D+I. Es un tema clave pues es
vital para el crecimiento económico y en definitiva para el bienestar de los propios ciudadanos y ciudadanas. Nuestra enmienda es de sustitución y no solamente se refiere a la mera transferencia de competencias, sino también a otra cuestión muy
importante, como es la adecuación de esta cuestión a nuestro entorno, que no es otro que la Unión Europea. Es decir, consideramos que la proposición que nos presenta el Grupo Popular y lo que el Gobierno del Partido Popular ha desarrollado hasta
ahora en esta materia no se corresponde con dos elementos claves. En primer lugar no se corresponde con el propio ordenamiento jurídico de competencias, es decir a quién corresponde qué, por tanto no se corresponde con determinar quién tiene la
eficacia y la eficiencia para realizar determinadas actuaciones. En segundo lugar, el desarrollo de ese principio de subsidiariedad tampoco se adecua al ámbito europeo, cuando tendríamos que saber qué es lo que hay que hacer en el mismo para que
este tipo de programas tuviera mayor eficacia y eficiencia. La proposición que nos presenta el Grupo Popular adolece de estas dos limitaciones y nuestra enmienda de sustitución pretende recoger esas dos cuestiones.
Por lo que se refiere al primer tema, algunos dirán que cómo repetimos tantas veces las mismas cosas, pero yo les tengo que contestar que cómo cometen ustedes los mismos errores año tras año. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma del País
Vasco observamos que ya han pasado 24 años sin que se acometan las transferencias necesarias en lo que se refiere a investigación científica y desarrollo tecnológico. Ustedes considerarán que es reiterativo lo que decimos, pero para nosotros esta
es una cuestión fundamental. Si para ustedes es fundamental la investigación científica y el desarrollo tecnológico, no me negarán que para la Comunidad Autónoma del País Vasco es al menos tan importante como lo es para ustedes. Cuando estamos
hablando de a quién corresponde qué, lo que corresponde es transferir esa competencia. ¿Qué pasa en estos momentos? Que nosotros estamos transfiriendo un determinando montante económico al Gobierno del Estado para que lleve a cabo esa competencia,
porque no se ha transferido, pero a su vez no se está produciendo la inversión correspondiente en la comunidad autónoma en esta materia. Estoy diciendo que, por ejemplo, traducido en términos prácticos, de los 117 centros de investigación
científica que pueden existir hoy en el Estado español, sólo dos están en Euskadi, o que si tuviéramos que hacer uso de los fondos que nos corresponderían de haber sido transferida esa competencia, al día de hoy tendríamos para invertir en esta
materia 100 millones de euros más de lo que ya invertimos. Entenderán ustedes que no estamos hablando de un mero cumplimiento formal o de algo que simplemente es un símbolo; estamos hablando de cuestiones que afectan de manera muy importante al
crecimiento económico de una sociedad. A pesar de todo, a pesar de que no tenemos transferida esa competencia y a pesar de que por el cupo nosotros tenemos que aportar muchísimo dinero para que esa inversión se esté produciendo en otros lugares, en
la comunidad autónoma todo el mundo está haciendo inversiones independientemente de ningún tipo de partido político, de ideología y de gestión política. Los ciudadanos y ciudadanas vascos están invirtiendo en esta materia de manera importante,
tanto que en los últimos tiempos se ha multiplicado por 20 el esfuerzo inversor, mientras que, por ejemplo, en el conjunto del Estado español esta inversión apenas se ha multiplicado por tres. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que realmente
existe el incumplimiento muy importante de una normativa jurídica, de un estatuto, de una ley orgánica -llámenle ustedes como quieran- y que está afectando de manera directa, de manera clara y de manera grave a nuestros intereses, que en definitiva
son también los suyos si ustedes consideran que el estatuto debe cumplirse.
La segunda parte de nuestra enmienda se refiere a la adecuación a los programas de la Unión Europea. La proposición que hoy nos presentan nos parece que no tiene ninguna conexión con lo que es el ámbito europeo. No tener conexiones en esta
materia con el ámbito europeo significa no estar de acuerdo en conseguir la mayor eficacia y eficiencia en las inversiones que todos tenemos que hacer. Desde luego, este es un tema clave a nivel regional dentro del ámbito europeo porque debemos
tener en cuenta a otra serie de regiones como América, Estados Unidos, o la parte asiática, en las que a partir de ahora la competitividad y el crecimiento económico tendrán mucho que ver con la inversión que hagamos en el ámbito europeo en estas
materias. Lo que hoy nos presentan es una propuesta que se refiere
casi exclusivamente al ámbito estatal -yo diría que centralista-, continuación de un plan anterior, el plan 2000-2003, y que realmente no tiene en consideración los programas marco de la Comisión Europea, especialmente el VI, 2002-2006 sobre
ciencia, tecnología e innovación. No tener en cuenta y obviar los objetivos que tiene fijados la Comisión Europea es no fomentar la cooperación entre los grupos investigadores y no desarrollar infraestructuras en este campo, de forma que en 2010 se
pueda conseguir que el 3 por ciento del PIB se invierta en investigación.
Por tanto nosotros presentamos esta enmienda que no sólo hace referencia -y en este sentido no comparto la interpretación que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista- a la
transferencia de competencias sino también a la adecuación al ámbito europeo. Al día de hoy el Gobierno del Partido Popular es muy cerrado y muy centralista. Ha tenido en el olvido a nuestra comunidad autónoma y no tiene en cuenta el VI programa
marco de la Comisión Europea y esta realmente no es la mejor política de inversión en desarrollo tecnológico y en investigación científica. En la actualidad es un error, pero en el futuro será un drama porque realmente al día de hoy el crecimiento
económico y los parámetros de bienestar van a estar basados de manera muy clara en las inversiones que se puedan hacer en esta materia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender la enmienda de sustitución que nuestro grupo ha presentado a la proposición no de ley del Grupo Popular sobre la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en I+D+I.
Nuestra enmienda introduce
por la vía de la coordinación de las actuaciones autonómicas una convergencia y suma de políticas de investigación, en lugar de la propuesta del Grupo Popular, que por vía de la coordinación y la cooperación cercena de forma importante las
competencias transferidas ya a las comunidades autónomas. No participamos de la acepción por parte del Gobierno de esta propuesta de coordinación, por la razón de que esta proposición no de ley que hoy debatimos no se adecua a la estructura
autonómica que la Constitución española ha consagrado. Se produce en el campo de la investigación un caso de concurrencia de competencias estatales y autonómicas y ello no hace más que diversificar y diluir las políticas públicas activas de fomento
a la investigación. Si por un lado tomamos la Constitución, vemos que en su artículo 149.1.15 se otorga al Estado la competencia exclusiva de fomento y coordinación de planificación general de la investigación científica y técnica; si por otro
lado tomamos el Estatut de Catalunya, en su artículo 9.7 vemos atribuida la competencia exclusiva en materia de investigación a la Generalitat de Catalunya. Aparentemente se crea una situación de conflicto de competencias similar a la que se
produce en la Unión Europea y la solución que allí se ha obtenido es muy diferente a la que hoy se nos propone en esta Cámara. Me refiero exactamente al V programa marco, donde se establece en uno de sus considerandos que los objetivos de la
política comunitaria de investigación, innovación y desarrollo tecnológico son apoyar las acciones en el ámbito comunitario, en la medida que dichos objetivos tecnológicos no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. A estas iniciativas se
aportan competencias y recursos complementarios. Pedimos la aplicación de un principio de subsidiariedad en el Estado español, de la misma forma que España puede solicitar este apoyo o esta subsidiariedad a la Unión Europea. Esta aplicación a
nuestro país debe hacerse adaptando, en materia competencial, la investigación científica y técnica. Nuestro marco constitucional debe favorecer la actuación de la Administración central para realizar el fomento y coordinación de la investigación
científica y técnica, siempre en apoyo de la actuación que realizan las comunidades autónomas, prestando medios humanos y financieros, a fin de alcanzar los objetivos que puedan obtenerse mejor en el ámbito estatal sin exceder de sus propias
competencias.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está convencido de que la interacción político-científica del Estado con las comunidades autónomas pasa por la transferencia de los organismos públicos de investigación, las OPI, de
titularidad estatal, a las comunidades autónomas con competencias de investigación. Sabemos que este extremo no es del agrado de muchos, pero nos aceptarán que reclamemos que estos organismos deban invertir más en Cataluña, porque sin duda es
beneficioso tanto para el desarrollo de la ciencia en España como para la propia política científica de los centros de investigación. Las OPI y las grandes instalaciones científicas son elementos importantes para elevar el nivel científico y
potenciar la colaboración y cooperación internacional de un país.
Las iniciativas del Gobierno en materia de investigación, desarrollo e innovación que han implicado una coordinación -entre comillas- entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas han hecho uso de este concepto de forma no
satisfactoria para muchas comunidades autónomas, ya que ha significado un recorte en el ejercicio de sus competencias. En el campo de I+D+I, en el que existen reclamaciones de traspasos a las comunidades autónomas, problemas de gestión de recursos
y una apuesta limitada respecto de su fomento -en el caso de Cataluña la inversión pública en I+D+I es muy pequeña y hemos adoptado
un compromiso directamente del Gobierno autonómico de incrementar este gasto anualmente en un 13 por ciento-, pensamos que plantear una iniciativa como la que debatimos aquí desvía la atención de todos estos problemas. Desde esta misma
perspectiva, el actual Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación tecnológica responde únicamente a un planteamiento estatal, sin conocer los planes de investigación de las comunidades autónomas con competencias en la materia. Debemos
profundizar en el conocimiento de cómo las políticas autonómicas en investigación pueden tener un reflejo efectivo en el plan nacional y ello no pasa únicamente por los objetivos y las medidas que contiene el citado plan desde la perspectiva
estatal, sino también -y es lo más importante según nuestra apreciación- por el desarrollo de la competencia de fomento y coordinación que corresponde al Gobierno. En el momento que pueda convertirse en un plan plurinacional, la política del Estado
sumará las políticas autonómicas si no existieran interferencias competenciales entre el Estado y las comunidades autónomas; al contrario, toda interacción que exista con los objetivos de las comunidades autónomas será positiva, complementaria y
sin oposiciones. Estos son los principios que han orientado la presentación de nuestra enmienda de sustitución en relación con la que nos propone el Grupo Popular: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras una valoración de la
situación actual, defina un marco de colaboración en I+D+I con las comunidades autónomas con el fin de incorporarlo al Plan nacional de I+D+I del período 2004-2007. Con este objeto se facilitará a la comunidad científica y tecnológica española un
marco convergente de actuación entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas que potencie la capacidad de grupos de investigación y desarrollo, tanto del sector público como del privado, y evite la duplicidad de esfuerzos y
de recursos económicos. En segundo lugar, se intensificarán las actividades de cooperación entre ambas administraciones públicas, consolidando en el plan nacional la financiación necesaria para atender las áreas temáticas de interés común que se
incluyan en los planes autonómicos. A tal fin, la Administración general del Estado apoyará las actuaciones que realicen las comunidades autónomas en materia de I+D+I prestando los medios humanos y financieros necesarios a fin de alcanzar los
objetivos perseguidos. En tercer lugar dice nuestra enmienda que hay que completar, en coordinación con las comunidades autónomas, las actuaciones que en áreas prioritarias horizontales que financia el plan nacional no puedan ser asumidas por estas
administraciones, al objeto de potenciar las mismas en el contexto autonómico. En cuarto lugar, apoyar la cooperación entre comunidades autónomas dentro del marco de dicho plan nacional, favoreciendo la interacción de sus planes autonómicos entre
sí y con el plan nacional y estableciendo los mecanismos de intercambio de información que sean precisos. Esta es nuestra enmienda y este es el redactado que presentamos al grupo proponente como sustitución, entendiendo que se respeta el marco
competencial.
De acuerdo con la intervención del señor Lissavetzky, también le agradecería la postura del Grupo Socialista en apoyo de nuestra enmienda en el sentido de que aumenta la sensibilidad hacia la realidad autonómica de España y tiene una
percepción más clara de la voluntad de sumar en términos autonómicos y de completar el marco estatal como un principio de subsidiariedad a partir de la generación de las políticas de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, en las comunidades
autónomas. Por ello nuestra enmienda tiene un enfoque que, como decía, contempla la realidad de nuestro Estado autonómico y aplica ese principio de subsidiariedad necesario para coordinar este plan nacional que creemos que es el instrumento de base
para la política de investigación. Nuestra posición es contraria a una visión de coordinación reguladora e intervencionista que no encaja dentro de nuestra propuesta de gobierno, por lo que, de no ser aceptada nuestra enmienda, nuestro voto será
negativo a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Grau.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula de esta iniciativa que ha traído el Grupo Parlamentario Popular en cuanto a darle un impulso a todo lo que significan los planes y los programas tanto autonómicos como de la Administración general y central del Estado,
porque entendemos que todo lo que se haga en I+D+I no sobra, sino que siempre parecerá insuficiente y nos llevará precisamente a una demanda mayor, no solamente de medios humanos, que a veces se olvida que son los fundamentales, los investigadores,
estén en el sector privado o en el público, sino también de dotación de medios. Entramos ya en un aspecto que presenta la iniciativa y que nos parece acertado, que es la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Señora presidenta, señorías, en España se han evidenciado dos fenómenos importantes y positivos últimamente, en primer lugar, un aumento del compromiso de las comunidades autónomas, todas las cuales prácticamente han ido diseñando y
estableciendo sus programas de apoyo en la ejecución de sus respectivas capacidades autonómicas y de los recursos de investigación o industriales que existen. Una de las críticas más frecuentes
que se hacen al sistema de I+D+I es la escasa aportación del sector privado, de empresas e industrias que podrían tener sus programas en colaboración con las distintas administraciones públicas, y se efectúa una retracción. Esta materia ha
servido en la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la visita del ministro de Ciencia y Tecnología, señor Piqué, para presidir la comisión coordinadora del Instituto de Astrofísica de Canaria, para hacer una crítica al sector privado
industrial que no tenía esta penetración. El otro fenómeno que se ha dado es la ejecución del Plan nacional de I+D+I 2000-2003. Creemos que ha llegado el momento de que este mecanismo de cooperación y coordinación se potencie.
En las enmiendas que se han presentado hay algunos aspectos positivos, tanto la que ha defendido el señor Lissavetzky, por el Grupo Parlamentario Socialista, como la de la señora Begoña Lasagabaster y la del portavoz del Grupo Catalán
(Convergència i Unió). Si el grupo proponente las recoge, nosotros las apoyaríamos. Quiero decir que vamos a dar nuestro voto de apoyo a la iniciativa que trae en sí el Grupo Parlamentario Popular, por entender que permite la flexibilidad de que
ya se establecerán una serie de concreciones una vez que funcione la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y dado que se señala el principio de voluntariedad. Este principio de voluntariedad no lo va a
dejar de practicar ninguna comunidad autónoma, implicándose en todos los programas de I+D+I, porque lo dicta el sentido común, lo dicta la racionalidad y sobre todo lo dicta el efecto de sinergia. Se ha demostrado que, en todo proceso de
investigación, una especialización en una materia compleja abordada por distintas administraciones públicas competenciales y la del Estado puede producir mejores resultados. De ahí que nosotros, en principio, y apoyando la idea de fondo fundamental
de esta iniciativa, votaríamos a favor, sin perjuicio de cualquier enmienda que decidiera el grupo proponente incorporar en la línea que se ha defendido.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo no ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular porque creemos que este grupo no tiene ningún interés en debatir seriamente sobre la cuestión planteada. No
merece la pena por lo tanto, a nuestro juicio, gastar muchas energías al respecto. Una vez más, el Grupo Popular presenta una proposición no de ley con el fin de dar la sensación de que desde el grupo que apoya al Gobierno también se presentan
iniciativas y que están preocupados con el objeto de la proposición. Eso sí, siempre se insta al Gobierno a que continúe, intensifique y complemente lo que ya, por supuesto, de manera acertada y eficaz viene desarrollando desde el año 1996. El
objeto de la supuesta preocupación en este caso es el tema de I+D+I -investigación, desarrollo e innovación- y lo que el Grupo Popular propone es establecer una coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en la materia, cómo no, con el
fin de incorporar todas las actuaciones en un denominado Plan nacional de I+D+I 2004-2007 después del fracaso sonoro del correspondiente al periodo anterior.
Señores del Grupo Popular, la idea genérica de la coordinación no es necesariamente negativa e incluso puede ser positiva y necesaria, pero en el Grupo Vasco no entendemos lo que ustedes pretenden coordinar. Para que algo se coordine entre
instituciones tienen que estar las competencias repartidas o compartidas entre el Estado, las comunidades autónomas, etcétera, y en el caso de Euskadi, el Gobierno del Partido Popular no ha transferido la competencia de I+D+I, cuyo ejercicio le
corresponde al Gobierno vasco. Tal y como ha señalado anteriormente la señora Lasagabaster, el Gobierno del Partido Popular incumple sin ningún rubor el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, en cuyo artículo 10.16 se señala desde hace ya 24
años que la competencia de I+D corresponde al País Vasco. Hace ya tres años, al inicio de la legislatura, pudimos comprobar las intenciones del Gobierno. El señor Rato nos decía que el País Vasco tenía recursos más que suficientes para actuar en
el ámbito de la investigación y el desarrollo, por supuesto, sin transferir las competencias. Hace apenas tres semanas tuve la oportunidad de preguntar al señor Arenas sobre la misma cuestión y, sin inmutarse lo más mínimo, nos dijo, entre otras
cosas, que ya han sido traspasadas al País Vasco las competencias referentes a la investigación conforme al precitado artículo. Y se quedó tan tranquilo. En Euskadi no nos hemos debido enterar de esa transferencia. Lo que el Partido Popular, lo
que el Gobierno del Partido Popular debe hacer, por ser de su máxima responsabilidad, tal y como señala la sentencia 209/1990 del Constitucional, es proceder lo antes posible a transferir a Euskadi la competencia de I+D+I, financiando la misma
conforme al sistema de concierto económico, que es, como saben, nuestro modelo de financiación.
A partir de ahí, podremos hablar de coordinación y cooperación.
Entretanto, señorías, los fuegos artificiales para Nochevieja.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada discutíamos en esta Cámara una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en la que se hablaba precisamente de la situación de la investigación científica en nuestro país, donde se nos acusaba de plantear de
manera negativa los avances que se habían producido, la inversión que había hecho el Gobierno en esta materia y los frutos que estaba dando. Todo funcionaba bien, todo era maravilloso, no había ningún problema. A la semana siguiente, el propio
Grupo Parlamentario Popular nos dice que hay que volver a hablar de un marco de cooperación, después de hacer una valoración de la situación actual. Es decir, según ustedes todo funciona bien pero hay que valorar qué es lo que ocurre y además hay
que crear un nuevo marco de cooperación y coordinación, puesto que las comunidades autónomas están trabajando por su propia cuenta -quizás con éxito en algunas y con menos éxito en otras- y parece ser que ustedes no controlan o no pueden controlar
qué es lo que hacen ellas en esta materia.
Mi grupo parlamentario no va a votar a favor de esta iniciativa, va a votar en contra, entre otras cosas porque existe ese marco, en el que lo único que tendrían que hacer ustedes en todo caso es, aceptando la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió y la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, crear los objetivos que ese marco debe cumplir para poderlo llevar a la práctica.
Existe como marco, para que se pueda debatir la política
científica que se tiene que llevar a cabo en nuestro país y cómo se tiene que desarrollar el Plan nacional de I+D+I, el Consejo General de Ciencia y Tecnología, al que parece ser, por la iniciativa que ustedes presentan, que no tienen intención de
potenciar ni dotar de los recursos necesarios, para que ese sea el foro de participación y de debate de las comunidades autónomas en el marco de un plan de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Una vez más vuelven ustedes a presentar una iniciativa que viene a cubrir un expediente y a hacer sencillamente demagogia, como ya les ha dicho algún interviniente, pero nada más, porque no tienen ustedes ninguna voluntad política y mucho
menos intención de poner en práctica la verdadera coordinación y cooperación con las comunidades autónomas. Se lo están diciendo esta tarde: Hagan ustedes los traspasos de competencias, delimiten realmente cuáles son las competencias de cada cual
y después podrán hablar de coordinación y de cooperación. Lo que sí sería realmente importante es que se pudiera llevar a cabo la rentabilidad de los recursos económicos, precisamente por una buena coordinación y cooperación que ustedes están
desechando, intentando que todas las comunidades autónomas bajo su tutela hagan lo que ustedes quieren y no lo que ellas necesitan para ese desarrollo económico y esa innovación tecnológica que se está demandando por parte de sectores importantes de
la producción española.
Señorías, mi grupo parlamentario se niega a participar en lo que ustedes están haciendo de manera permanente con las proposiciones no de ley que nos plantean, se niega a participar de una mascarada que lo único que pretende es cubrir o tapar
determinadas críticas que se les hace desde la propia comunidad científica y desde el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde luego no tienen ustedes intención de subsanarlas y de ahí las iniciativas que están presentando.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Urán.
Considero que el señor Pérez-Hickman manifestó su posición, pero no obstante, si quiere fijarla al término del debate, tiene la palabra S.S., a los solos efectos de fijar la aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor PÉREZ-HICKMAN SILVÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Ya hice mención de nuestra posición respecto a las enmiendas del Grupo Socialista y también del Grupo Mixto y sin embargo no hice mención a la enmienda presentada por Convergència i Unió, dado que no nos constaba su presentación. Lo que sí
quiero decir es que en este momento no vamos a aceptar la enmienda de Convergència i Unió, si bien, debido a la flexibilidad que decía el señor Mardones que tiene esta proposición no de ley, pedimos al Grupo de Convergència i Unió que apoye esta
proposición no de ley, con el compromiso en un futuro de madurar aquellas cuestiones que deban entrar en este marco de colaboración y coordinación del que hablábamos.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Pérez-Hickman. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en I+D+I, que se somete a votación en los términos
derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 147; en contra, 27; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA IMPULSAR
LA CREACIÓN DE UNA TASA GLOBAL SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ARMAMENTO. (Número de expediente 162/000761.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones de cooperación internacional para impulsar la creación de una tasa global sobre el comercio internacional de armamento.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pajín. (Rumores.)
Señorías, por favor ocupen los escaños y guarden silencio. (Continúan los rumores.) Ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible. (Pausa.)
Adelante, señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme, señorías, que comience mi intervención con la siguiente cita: Reconocemos que, además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender
los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial. Estas palabras forman parte de la Declaración del Milenio, que fue suscrita por nuestro país y por el resto de naciones del mundo con el objetivo tan noble de
reducir a la mitad la pobreza mundial para el año 2015. Desgraciadamente, apenas tres años más tarde sabemos que la consecución de estas metas está seriamente comprometida. Según cálculos recientes efectuados por el departamento británico de
desarrollo internacional, si se mantiene la inercia actual, cien millones de niños y niñas, de los cuales 80 millones son africanos, no tendrán acceso a la educación; 81 países no habrán logrado reducir en dos tercios la mortalidad infantil y 47 de
los 48 Estados subsaharianos no conseguirán cumplir con los objetivos de reducción de la mortalidad materna en el año 2015. Esos cálculos, señorías, coinciden con los análisis realizados por el PNUD, que también son muy claros. En su informe sobre
desarrollo humano del año 2002 esta organización considera que es necesario duplicar la ayuda oficial para el desarrollo mundial como única posibilidad de conseguir los objetivos de desarrollo del milenio.
Señorías, hace falta voluntad política y el Gobierno de este país no la tiene. Los datos son evidentes. Estamos lejos de cumplir con el compromiso del Consejo Europeo de Barcelona y estamos además lejos de cumplir con el consenso de
Monterrey. Estamos lejos y las cifras lo demuestran. Es el Gobierno español quien decidió que la ayuda oficial española al desarrollo en el año 2002 disminuyera en términos relativos y absolutos respecto al año 2001. Hemos pedido en infinidad de
ocasiones que el Gobierno aumente la partida destinada a cooperación internacional en general, volvemos a hacerlo ahora, y no dejaremos de hacerlo hasta que se refleje en las cifras el compromiso de nuestro país en la lucha contra la pobreza.
Conviene destacar en todo caso que la lucha contra la pobreza global también debe afrontarse desde otros ámbitos distintos del presupuestario. Es necesario adoptar simultáneamente un cambio estratégico, una nueva orientación, y de eso también
adolecen las políticas de cooperación impulsadas por el Gobierno. No hay estrategia y no hay planificación. Así lo han señalado especialistas, organizaciones, incluso el CAD, que en su informe de 2002 afirma textualmente que España debería
asegurarse de que su ayuda se dirige efectivamente a la reducción de la pobreza en apoyo de los objetivos del milenio. Fíjense, señorías, que no lo dice esta diputada, ni el Grupo Parlamentario Socialista; lo dice un organismo tan poco sospechoso
como el CAD.
Son muchos los españoles y españolas, señorías, que no olvidarán aquellas desafortunadas declaraciones del presidente Aznar en las que consideró que era necesario sacar a España del rincón de la historia. Ya se le respondió adecuadamente
desde organizaciones sociales y grupos parlamentarios; ya se le dijo que la grandeza de un Estado se refleja también y sobre todo en su solidaridad, en sus políticas de cooperación y desarrollo y en su capacidad de promover y cumplir los
compromisos de la comunidad internacional. He aquí un ejemplo, otro más de los muchos. En la Conferencia internacional sobre financiación de desarrollo de Monterrey no sólo se instó a que los países desarrollados destinen el 0,7 de su producto
interior bruto a políticas de cooperación sino que se reconoció además la utilidad de considerar fuentes innovadoras de financiación. El presidente Aznar declaró entonces en Monterrey que la nueva realidad internacional supone un reto que exige
fórmulas imaginativas y novedosas. Pues bien, señores del Grupo Popular, precisamente porque es necesario que esas fórmulas imaginativas y novedosas, que deben tener también el carácter global del desafío al que nos enfrentamos, pasen de los
discursos y las declaraciones pomposas a la angustiosa realidad de los países pobres realizamos hoy esta propuesta.
Esa es la perspectiva que debemos adoptar para abordar el debate sobre la tasa internacional de armas que propone el Grupo Parlamentario Socialista y es el motivo por el que el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, defendió en la
reciente cumbre del G-8 celebrada en Evian la creación de una tasa de este tipo, cuyos ingresos serían gestionados por un fondo mundial contra el hambre. La creación de una tasa muy pequeña, eso sí global, del 0,5 por ciento sobre el comercio
internacional de armas, en función de los cálculos sobre el gasto mundial de armamento en el año 2001 elaborados por el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz, de Suecia, supondría unos ingresos superiores a los 4.000 millones de
euros, lo que en
la práctica, señorías, sería, por un lado, la recaudación de entre un 7 y un 10 por ciento de la cifra adicional que anualmente es necesaria para la consecución de los objetivos del 2015. Pero por otro lado, fíjense, unos ingresos
equivalentes a la ayuda oficial al desarrollo de Gran Bretaña o a la de Francia, una cifra que duplicaría la ayuda oficial al desarrollo italiana o, dicho de otro modo, una aportación anual a la lucha contra la pobreza mundial que supondría el
triple de la actual ayuda oficial al desarrollo española.
La tasa sobre el comercio internacional de armas, señorías, no puede concebirse como una solución, somos conscientes, sino como un instrumento técnicamente viable, como una herramienta que debemos debatir y promover, porque la mitad de la
población mundial vive con menos de dos euros al día, porque ya no es tiempo, señorías, de desechar propuestas a la ligera. Habrá quien tache esta idea de utópica y pasará la página; también hubo quien dijo lo mismo cuando se comenzó a hablar del
Tribunal Penal Internacional, de la Constitución europea o del euro. Hoy el Tribunal puede comenzar a funcionar a pesar de los obstáculos que algunos países quieren poner en su camino, la Constitución europea es una realidad inminente y el euro lo
tenemos todos en nuestros bolsillos.
No es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista presenta iniciativas sobre el comercio de armas, la última con motivo de una campaña de cuatro ONG que perseguía hacer más transparente este comercio, ni tampoco es la primera vez
que presentamos una iniciativa para impulsar una tasa de financiación de cooperación al desarrollo, como ya hicimos con la llamada tasa Tobin, cuestión en la que seguimos trabajando en el intergrupo creado con otros grupos de la oposición a este
respecto. Esta nueva iniciativa vuelve a perseguir el compromiso de nuestro país en la lucha contra la pobreza así como la búsqueda de nuevos instrumentos que persigan financiar este objetivo. Somos conscientes de que este instrumento no va a
cambiar el orden mundial injusto en el que vivimos ni mucho menos hace más transparente el comercio de armas; lo que sí persigue es buscar nuevas fórmulas recaudatorias y justas. Comprenderán ustedes que el mundo no está en estos momentos para que
sigamos dejando que pasen las oportunidades. De eso estamos hablando ahora y eso es lo que vamos a decidir en unos momentos. Les pido a SS.SS. que abran la puerta a esta iniciativa, les pido que apuntalen con su voto la lucha contra la pobreza
mundial, pero sobre todo les pido que no nos resignemos a caer en debates ya cerrados y que abramos la puerta a la esperanza de nuevas iniciativas que comprometen a poco pero que dan una solución y es que en política, y de eso se trata en el
Parlamento, las grandes ideas tienen que hacerse realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, centrado como está el imperio en la persecución del mal, queda como algo muy lejano, como algo de segundo nivel, resolver vicios tan arraigados en la humanidad como querer comer todos
los días, como querer llevar una vida lo más digna posible, vicio que, como digo, tiene gran parte de la humanidad. Y de esta manera, gastados cientos de millones en conceptos militares, poco queda después para intentar paliar al menos situaciones
dramáticas que viven en demasiados sitios del planeta. Es en este marco, en esta situación, donde se nos presentan iniciativas como ésta para que precisamente el comercio más miserable que pueda existir, el comercio de la muerte, deje al menos una
contribución en la lucha contra el hambre y contra la pobreza, algo que por otra parte no deja de tener contradicciones, porque evidentemente el objetivo debería ser acabar con este comercio de muerte. Pero esa, señorías, es otra historia.
De lo que se trata es de poner en marcha, como ya se ha dicho, instrumentos que al menos equilibren situaciones o que las amortigüen y es aquí donde tiene sentido la propuesta que hoy se nos presenta.
Señorías, el hambre, la miseria y la
pobreza existen, existen más allá de los documentales de la televisión y existen en la vida real, aunque a veces pueden quedar muy lejos de estos salones de debate. Es una realidad que millones de personas mueren diariamente de hambre, de miseria y
de enfermedades. Y es una realidad que, mientras eso ocurre, en el mundo se malgasta el dinero en guerras, en invasiones, en buscar el dominio de los medios de riqueza. Por eso no se puede mirar hacia otro lado; por eso no se puede sonreír
irónicamente como si quien traslada estos debates a esta Cámara fuera de otro mundo y viviera en otra realidad. Sabemos que es muy difícil que los gritos de quienes viven en la miseria traspasen los muros de esta Cámara; sabemos que es muy difícil
que sean escuchados aquí quienes nada tienen, pero tengan en cuenta que algún día esos gritos serán escuchados, y lo serán mal que les pese a aquellos que no quieren que así sea.
Por lo anteriormente expuesto consideramos que esta propuesta que se nos presenta es interesante. Sabemos, y así se ha dicho, que no es una propuesta que vaya a resolver los problemas de la humanidad. Tenemos claro que esos problemas se
resolverían con un sistema más justo de reparto de la riqueza. También sabemos que esta no es una propuesta fácil porque quienes controlan el comercio de armas, quienes controlan el comercio de la muerte, son los más reacios a resolver el problema
ya que las guerras de las que
viven se cimentan en el hambre y en la miseria, se cimentan precisamente en estas situaciones. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que si no se inicia el camino, nunca se andará. Por eso, el simple hecho de provocar el debate, el
simple hecho de que se empiecen a oír voces que planteen este debate ya es un avance, ya es algo importante que hay que apoyar y sobre lo que hay que trabajar.
No voy a repetir los datos que aquí se han dado sobre la situación de hambre y miseria en el mundo; son datos que todos conocemos pero que, a fuerza de repetirlos, puede parecer que se escuchan como se puede oír la quiniela de los domingos,
como un dato más, cuando detrás de cada unidad de esas cifras hay un drama que posiblemente mañana deje de serlo porque haya muerto la persona por hambre o enfermedad. Por eso, cansados de cifras, cansados de discursos, lo único que nos queda es
clamar en la exigencia de que se tomen medidas concretas, medidas desde la realidad, medidas como las que aquí se plantean, que pueden parecer limitadas si las sacamos de contexto, pero que serían tremendamente rompedoras si fuesen aprobadas. En
ese sentido, desde Izquierda Unida queremos manifestar, por supuesto, nuestro voto favorable en esta Cámara, así como nuestro compromiso de trasladar este debate al conjunto de la sociedad, porque sabemos que hoy esto puede ser derrotado aquí por
una mayoría absoluta que haga oídos sordos a estas demandas, pero estamos convencidos de que en el momento en que esto sea un clamor ciudadano costará mucho más trabajo a quien hoy va a votar que no seguir manteniendo esa misma postura. En ese
marco creemos, repito, que este debate no se cerrará hoy aquí sino que, por el contrario, saldrá a la calle por la necesidad de ir creando instrumentos que sirvan para trasvasar dinero de quienes lo tienen de una forma tan vergonzante como es el
comercio de armas a aquellos que lo necesitan simplemente, como decía al principio, para un vicio tan arraigado como es el de querer comer.
En este marco hemos presentado una enmienda que sabemos que tiene más de testimonial que de otra cosa; una enmienda que intenta llamar la atención sobre que es evidente que el problema no está sólo en el comercio sino también en la
producción. Sabemos que ese no es el debate y comprenderemos que así sea tratado por la autora de la iniciativa, pero queríamos dejar constancia en esta Cámara de que para que haya un comercio de armas también tiene que haber una producción, y en
esa producción de armas nuestro país, tristemente, juega un papel mucho más preponderante de lo que nos gustaría. En ese sentido, anunciamos también que vamos a desarrollar una serie de iniciativas para que eso se cambie y deje de ser una losa para
este país. Sabemos, repito, que nuestra enmienda tiene más de testimonial que de otra cosa y entendemos que así sea tratada por la autora de la iniciativa, pero queríamos dejar constancia de que en ese momento también habrá que plantear medidas.
Para terminar, quisiera señalar de nuevo que debates como este pueden resultar para algunas de SS.SS., a quienes les puede sonar demasiado lejano el drama de la pobreza y del hambre, banales o incluso ilusos, pero no olviden ustedes que
planteamientos ilusos son los que muchas veces al final acaban por imponerse, mal que les pese a quienes han querido evitarlo. Hoy vivimos unos momentos difíciles para gran parte de la humanidad porque la losa del imperio trata de imponer un
sistema único por la fuerza, aplastando cualquier intento de lucha por un mundo diferente. Pero desde el convencimiento de que la lucha no va a ser aplastada, desde el convencimiento de que en muchos sitios del mundo se levanta la bandera de la
esperanza, queremos decir desde esta tribuna que quien hoy aquí vote que no y quienes hoy aquí ni siquiera sean capaces de asumir el pequeño avance que supondría esta tasa, limitada, pequeña, algún día puede que se arrepientan de este voto negativo
porque tengan que asumir responsabilidades mayores. Eso es, señorías, lo que Izquierda Unida quería trasladar a este debate.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego apoyará esta proposición no de ley, que parte de la propuesta realizada por Lula, el presidente brasileño del Partido dos Traballadores, en Evian ante el Grupo de los 8 y que, por cierto, ninguno de los
gobernantes allí presentes, ni siquiera los pertenecientes a la Internacional Socialista, declararon apoyar. Desde el BNG decimos que apoyamos esta propuesta y que incluso queremos profundizar en ella. Queremos profundizar en el sentido propuesto
por la enmienda de Izquierda Unida, es decir, que la tasa no se refiera sólo al comercio sino también a la producción de armamento. Pero incluso queremos profundizar yendo más allá de la propuesta de Lula. La propuesta de Lula se refería al
comercio privado de armamento, y sería lógico que la tasa afectase también al comercio público, a la importación y exportación públicas de armamento.
Desde nuestro punto de vista, señora Pajín, este no es un debate sobre ayuda oficial al desarrollo, sino sobre cuestiones que ninguno de los últimos gobiernos españoles -y digo ninguno- quiso abordar en los últimos años. Se trata o puede
tratarse de encontrar nuevas fuentes de financiación de la ayuda oficial al desarrollo, pero sobre todo de desincentivar un comercio
de muerte -como ha dicho el señor Centella- que en este momento está desangrando al mundo en Congo, Chechenia, Irak, Kurdistán y esperemos que no lo desangre dentro de poco en Irán. Porque el Estado español, señorías, está vendiendo
armamento en abierta infracción del código de conducta aprobado por el Consejo de la Unión Europea en mayo de 1998; está vendiendo armamento, armas de guerra, a países que no respetan los derechos humanos, a países que no permiten -y no lo permiten
con armas en la mano- el ejercicio del derecho de autodeterminación de pueblos como el palestino o el kurdo. España vende armamento a países como Arabia Saudita y Colombia, al que incluso se permite regalarle aviones caza para ayudar o para
escoltar a los aviones que fumigan la selva; a India, que está inmersa en un conflicto armado en Cachemira; a Indonesia, inmersa en un conflicto armado también en Aceh; a Israel, que creo que no hace falta recordar en qué tipo de conflicto armado
está inmerso; a Marruecos, que también con armas en la mano niega el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui; a Pakistán, país nada ejemplar en lo que al respeto a los derechos humanos se refiere, o a Turquía, que, a pesar
de ser socio del Estado español en la OTAN, no destaca por el respeto a los derechos del pueblo kurdo.
Por lo anteriormente expuesto, cuando apoyamos esta iniciativa, pensamos que es necesario ir más allá. Se dice que hay que pensar globalmente, pero hay que actuar localmente, y por eso me permito, señores del Grupo Socialista, proponer una
enmienda in voce. La enmienda es muy sencilla: proponemos que esta tasa que se pretende establecer sobre el comercio de armamento y, si se acepta la enmienda de Izquierda Unida, también sobre la producción no sea una tasa global, es decir, que no
tengamos que esperar a que en la Unión Europea o en cualquier marco supraestatal se acuerde la imposición de esta tasa, sino que el Estado español dé el primer paso. Porque yo creo, señora Pajín, que usted tiene no sólo buenas intenciones sino
también un compromiso personal con este asunto y seguramente compartirá conmigo la idea de que ya está bien de que en cuestiones como la que usted plantea hoy suceda lo mismo que sucede, por ejemplo, con debates como el que se refiere a la
superación del prohibicionismo en materia de drogas. Todos asumimos que es necesario ir hacia otra política, pero como eso tiene que hacerse en un marco global, ningún país quiere dar el primer paso. Pues hagamos que este Parlamento dé el primer
paso, hagamos que el Estado español dé el primer paso y por una vez dé ejemplo. Esta es nuestra enmienda in voce, que la tasa no sea global, que se imponga ya, por lo menos mientras no se acuerde a nivel global, por el Estado español. Si la
enmienda no es atendida, tendríamos que pensar -y no queremos hacerlo así- que estamos ante un nuevo brindis al sol y que al final son simplemente buenas intenciones, pero que ceden -imperativos de la política real- ante otras iniciativas de su
grupo, del Grupo Socialista, como es la demanda de un aumento del gasto militar en el Estado español. Creo que esta iniciativa es loable, que merece ser tratada con justicia y merece primar entre las iniciativas de su grupo sobre aquellas que
instan al Gobierno a aumentar el gasto militar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Respecto a su propuesta de formular una enmienda in voce, el artículo 194 del Reglamento, que es el que regula el debate de las proposiciones no de ley, no prevé esa figura, señor Aymerich, ni para eso ni para cualquier otra iniciativa.
Explícitamente para las proposiciones no de ley lo que prevé es que las enmiendas deben ser presentadas hasta seis horas antes del comienzo de la sesión en que hayan de ser debatidas. Es cierto que en ocasiones lo que se hace es buscar puntos de
encuentro con enmiendas transaccionales, pero usted no tiene ninguna enmienda presentada. En todo caso, podría ser el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el que planteara con su propia enmienda una transaccional. Si no, no es posible.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista se mezclan dos cuestiones muy difíciles de reducir a un factor común: por un lado, la lucha contra la pobreza y, por otro lado, poner una tasa a la exportación de armas. Comienzo por
decir con todo respeto, considerando las palabras que se han argumentado aquí, que mi grupo parlamentario, como lo ha hecho desde que se planteó la cuestión del 0,7 por ciento del producto interior bruto de las distintas naciones para luchar contra
la pobreza, apoyará siempre cualquier medida a favor de la lucha contra la pobreza mundial y globalizada. Ahora bien, seguimos entendiendo que eso debe hacerse por vía de los presupuestos generales de los distintos Estados que quieran, en la tutela
de las Naciones Unidas y organizados por ella, implicarse de una manera positiva, activa y presupuestaria en la lucha contra la pobreza. En esta solidaridad estará el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Ahora bien, tratar de resolver este
problema por una vía de tasas a la exportación de armamento, como se ha dicho aquí, no es plausible técnicamente. Si analizamos las cifras de la exportación mundial de armamento que se pueden conocer con alguna aproximación, vemos que es
prácticamente imposible tasar el armamento que está saliendo solamente en armas intermedias ligeras, tipo fusiles kalasnikov, de países que formaron la antigua Unión Soviética. Se ha invocado aquí el pronunciamiento del presidente de Brasil, señor
Lula. Señora presidenta, ayer se ha colocado en Internet -lo acabo de leer a mediodía- la noticia de que el
Gobierno de Brasil propondrá la próxima semana la creación de un directorio de industrias de la defensa brasileña, y por esta noticia que SS.SS. pueden encontrar desde hoy en Internet, en la exportación de armas de Brasil, dudo muy mucho
que el señor Lula sea capaz de llevar adelante en Brasil una tasa a la industria brasileña de armamento, que es bastante destacada en medios de aeronáutica y en medios de fuerzas del Ejército de Tierra. Esta noticia del Gobierno brasileño sobre la
creación de un directorio de industrias de defensa brasileñas, para promocionar la industria de armamento brasileña en todo el mundo con los países con los que Brasil tiene comercio, dice claramente que la época dorada de producción y exportación de
armamento brasileño en la década de los ochenta alcanzó la cifra de mil millones de dólares y actualmente esta industria brasileña de defensa en bienes y servicios de armamento se ha reducido a 70 millones de dólares, y para impulsarla pretenden
agilizar, con procedimientos de todo tipo, la exportación de estas armas. ¿Va a poder el señor Lula contradecir su propia noticia de poner una tasa al armamento brasileño con las cifras que se facilitan desde el día de hoy en Internet por el
Gobierno brasileño?
Vamos a ser realistas: va a ser prácticamente aplicar la tasa porque además ocurriría que esta especie de tasa finalista para la pobreza en el mundo tendría que ser llevada a cabo de una manera discriminatoria, ya que muchos de los países
que compran el armamento, como bien se ha señalado aquí, carecen de una estructura democrática y no respetan los derechos humanos, y lo único que va a ocurrir es que se encarezca este armamento porque el fabricante exportador repercutirá la tasa en
el precio final del armamento y habrá países con una capacidad tremenda -España no está entre ellos-, los seis primeros países exportadores de armamento en el mundo, que teóricamente tendrían que decir en Naciones Unidas: Apliquen ustedes la tasa
correspondiente. ¿Qué tasa? Entramos en el terreno de la utopía. Merece respecto a la opinión todo medio que sirva para luchar contra la pobreza, pero desde luego esto no va a ser una medida factible. Aquí la ha calificado muy acertadamente el
portavoz del Bloque Nacionalista Galego de brindis al sol. Mi grupo no está para perder tiempo en brindis al sol y por tanto nos vamos a oponer a esta medida. Apoyaremos cualquier otra que, como vuelvo a decir, de una manera neutra, basada en los
Presupuestos Generales del Estado, en el producto interior bruto, haga cualquier aportación, incluso al techo del 0,7 por ciento, para la lucha contra la pobreza. Luchar contra la pobreza con una tasa sobre el armamento dice muy poco a través de
una armonización de la práctica con la ética.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
La iniciativa que el Grupo Socialista traslada hoy al Pleno de la Cámara, y que el presidente Lula formuló en la última reunión del G-8 en Evian, nos permite abordar tres debates que se han ido planteando en las intervenciones del resto de
portavoces: el debate sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio, el debate sobre la necesidad de movilizar más recursos para hacer frente a la pobreza y el debate sobre la regulación del comercio de armas.
Más allá de las bondades que pueda tener o no la propuesta formulada por Lula, hoy recogida por el Grupo Socialista, creo que es bueno que la Cámara, aunque sea con la superficialidad y la brevedad con la que podemos abordar estas
cuestiones, entre en ellas esta tarde porque, efectivamente, alrededor de las tres cuestiones mencionadas hoy se plantean déficit evidentes: los denominados objetivos del milenio, compromiso de la comunidad internacional marcado en el año 2000, no
se van a alcanzar; las previsiones que el PNUD realiza hoy sobre aquellos objetivos no dejan de ser pesimistas; el primer objetivo marcado en el año 2000, que era erradicar la extrema pobreza y el hambre en el África subsahariana, en la Europa
central y del Este y en América Latina, ha empeorado y hoy en esos países de esos continentes hay más hambre; el acceso a la educación primaria en el África subsahariana, en el sur de Asia y en los Estados árabes no está avanzando; la promoción de
la igualdad de las mujeres y la reducción de su pobreza también tiene dificultades; la reducción de la mortalidad infantil también; el sida continúa destrozando al continente africano y, finalmente, la gran alianza por la que apostaban los
objetivos del milenio no se termina de producir. En este contexto, mi grupo comparte las consideraciones que hacía la portavoz del Grupo Socialista, señora Pajín, sobre la insuficiencia del compromiso español en la lucha contra la pobreza en el
marco de los objetivos del milenio. El último informe del CAD advertía de que no está nada claro que la cooperación española esté orientada hacia los objetivos de erradicación de la pobreza. El debate de Lula a escala mundial nos puede permitir
también profundizar sobre el compromiso español en los objetivos de la comunidad internacional.
Enlazando con el octavo objetivo del milenio, que es construir la alianza mundial contra la pobreza, se pone de manifiesto que desde 1990 el compromiso de la comunidad internacional en AOD ha ido disminuyendo y se pone de manifiesto también
desde diversos espacios la necesidad de buscar maneras de financiar el compromiso de la comunidad mundial para hacer frente a la pobreza. En su día formularon diversos sectores de la sociedad civil global una tasa sobre las transacciones
financieras internacionales que fue debatida en Monterrey. El ministro de Economía de Monterrey superó y mejoró técnicamente la denominada tasa
Tobin, una propuesta del señor Spath. Allí se planteaba también la necesidad de encontrar más recursos para hacer frente a la pobreza, y es en ese contexto en el que Lula plantea la propuesta de una tasa sobre el comercio de armas que
denomina particular. Lo que es interesante de la propuesta de Lula es que pone de manifiesto que necesitamos crear nuevos mecanismos a escala global que movilicen recursos para hacer frente a la pobreza. Eso enlaza con diversas iniciativas
lanzadas desde el sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, en la lucha contra las enfermedades de los países pobres, las propuestas de Kofi Annan del fondo global contra el sida, la malaria, etcétera, forman parte de la necesidad que hoy tiene la
comunidad internacional de asumir que los objetivos del milenio pasan por hacer frente a la deuda externa, por aumentar el comercio de los países pobres con los países desarrollados y también por aumentar los recursos que queramos destinar a la
ayuda oficial al desarrollo. Este es el motivo fundamental que a mi grupo parlamentario le impulsa a votar a favor de la iniciativa del Grupo Socialista, con enormes dudas sobre la viabilidad de esta propuesta de Lula, pero queriendo remarcar el
compromiso de la comunidad internacional de movilizar más recursos para hacer frente a la pobreza a escala mundial.
Además, señorías, la propuesta de Lula en nuestro contexto tiene otra virtud, que es la de abordar dos cuestiones: una, la regulación del comercio de armas en España y en el mundo y, dos, la relación entre ese comercio de armas y el
desarrollo en el nuevo contexto internacional derivado del 11 de septiembre de 2001, por el que el Gobierno americano ha movilizado 3.800 millones de dólares en asistencia en seguridad para países que quieran combatir el terrorismo, para muchos
países que incumplen derechos humanos y que contradicen todos los objetivos que la declaración del milenio pretende alcanzar. Es en este contexto en el que la propuesta de Lula nos permite abundar en dos ideas muy genéricas. La primera idea es que
la pobreza y la falta de desarrollo tiene que ver también con las guerras, con los conflictos bélicos y con las orientaciones que determinados gobiernos dan a sus presupuestos. En el año 2002, el PNUD recordaba que siete de cada 10 países con los
índices más elevados de pobreza son países que han salido recientemente de conflictos armados. Ahí está la responsabilidad de los principales exportadores de armas del mundo. Es bueno que seamos capaces de recordar ese debate. También es bueno
que recordemos que hoy, cuando Estados Unidos moviliza la lucha contra el terrorismo, hay 3.800 millones de dólares más destinados a países que no respetan los derechos humanos y que incumplen los objetivos de los que la comunidad internacional
pretende dotarse en este ámbito. Hoy, cuando vemos a través de los medios de comunicación el conflicto que se vive en Congo, debemos recordar también que este conflicto se ha producido como resultado del descontrol y el desgobierno en el comercio
internacional de armas.
La segunda idea que la propuesta de Lula nos obliga a plantear -y poco o mucho la intervención del señor Mardones la recogía- es que, más que una tasa sobre el comercio de armas, necesitamos una regulación mundial del comercio de armas, un
tratado internacional que regule las condiciones en las que los países pueden comerciar con armas. Por ejemplo, sería bueno que en la próxima reunión de seguimiento del plan mundial de control de las armas ligeras, que se celebrará en Nueva York el
próximo mes de julio, España tuviese una actitud activa en cuanto a la necesidad de encontrar un marco mundial que regule el comercio de armas. A veces lamentamos que en el seno de la comunidad internacional España lidere misiones basadas tan sólo
en el orden y la seguridad, en el sentido más restrictivo del término, y sea incapaz de liderar junto con otros Estados avanzados y democráticos de nuestro entorno más inmediato propuestas valientes para hacer frente a las cuestiones de fondo que
tiene planteadas el mundo.
La propuesta de Lula también nos permite plantear el debate sobre el marco mundial que debe tener el comercio de armas convencionales para hacer frente al comercio ilícito de armas, para hacer frente a aquello que realmente termina causando
pobreza y subdesarrollo. Además, señorías, en la última información pública que se nos ha dado sobre exportaciones de material de defensa en el primer semestre de 2002, vemos que España ha realizado ventas de más de un millón de euros en material
de defensa a un país como Angola. Es difícilmente justificable para España que una de las ventas más importantes realizadas en el primer semestre sea la destinada Angola. Creo que también estamos obligados a hacer esta reflexión. Desde este punto
de vista, mi grupo va a votar favorablemente la propuesta del Grupo Socialista porque propicia el debate y ayuda a que en el seno de la comunidad internacional avancemos en estas cuestiones, no desde la convicción de que la propuesta de Lula sea el
remedio a nuestros males, sino desde la convicción de que dicha propuesta plantea un debate necesario e inexcusable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar posición respecto a la creación de una tasa global sobre el comercio internacional de armamento.
Debo comenzar manifestando nuestra coincidencia en los principios generales planteados por los ponentes
de los distintos grupos parlamentarios respecto a la importancia de la cooperación para el desarrollo. Ese esfuerzo común de la sociedad española, ese esfuerzo también del Parlamento español, ha derivado en un importante incremento en los
últimos siete años no sólo en la cantidad de la ayuda oficial al desarrollo española, sino también en la calidad y el peso de nuestra cooperación en el mundo. Desde luego, suscribo de la primera a la última todas las palabras del portavoz de
Coalición Canaria que ha señalado muchas de las cuestiones que en mi intervención yo quería marcar. También debo afirmar que coincido con las buenas intenciones de la portavoz del Partido Socialista. Sin embargo, debo decirle que ha perdido una
magnífica oportunidad para concretar y dar contenido a una proposición no de ley hueca y difusa, que nace de un buen titular de prensa pero dice poco más en su desarrollo. Como reconoce en la exposición de motivos -y así lo ha dicho en su propia
intervención- esta iniciativa se inspira en un discurso del presidente de Brasil, pero en vez de apoyarse en lo sustancial de aquel discurso, pronunciando ante la cumbre del G-8, en Evian, lo ha hecho en lo accesorio. El discurso del presidente de
Brasil tenía mucho más calado, sin duda, que la proposición no de ley que hoy debatimos y señalaba dos caminos fundamentales para la lucha contra la pobreza: el primero era la apertura comercial de los países más desarrollados y el segundo era la
eliminación de subsidios especialmente en el sector agrícola y específicamente en los subsidios procedentes de la Unión Europea. Esos eran los dos ejes del discurso del presidente Lula ante el G-8. En ese contexto la cuestión del comercio de armas
se planteaba tan sólo como un mercado más susceptible de esas aperturas comerciales y no como el elemento determinante de la política de cooperación en la lucha contra la pobreza. Es más, el propio Lula, en ese mismo discurso, decía que
probablemente ese ejemplo tenía un valor más testimonial que efectivo en la lucha contra la pobreza.
Por otro lado, cabría afirmar que tratándose de una iniciativa global que afecta al conjunto de la comunidad internacional, quizá tendría más sentido presentarla en el Parlamento Europeo o en foros de ese calibre.
Quizá han decidido no
hacerlo ante el temor de que sus propios compañeros europeos de filas la rechacen, como es el caso de la Internacional Socialista, que no la ha avalado, y el caso del anterior Gobierno francés del Partido Socialista, único Gobierno europeo que ha
debatido esa iniciativa y que rechazó llevar adelante esta propuesta. Ni tan siquiera los foros internacionales más importantes sobre control de las exportaciones de armamento, como el arreglo de Wassenaar o el grupo de trabajo del Consejo de la
Unión Europea relacionado con las armas convencionales, han llegado a sugerir nunca un debate sobre una propuesta de estas características. Es más, entrando en la valoración de su iniciativa, debo decirle que ha hecho un cálculo absolutamente
simplista del monto total que supondría esta iniciativa. Por ejemplo, no ha tenido en cuenta a qué se aplicaría esa tasa de comercio; no ha dicho si se aplicaría a las exportaciones; no ha dicho si se aportaría a las actividades; no ha dicho si
se imputaría a los beneficios de las empresas dentro del sector de defensa y eso, señoría, es muy importante a la hora de tener claro qué es lo que estamos votando. En el caso de una tasa a las exportaciones, por ejemplo, se perjudicarían los
procesos internacionales de integración industrial y a sectores radicados en países con menor mercado propio que persiguen precisamente dicha integración, es decir, se perjudicaría precisamente a los países en vías de desarrollo. Si lo que se
pretende gravar es el consumo, evidentemente se estaría perjudicando aún más a los países compradores, en su mayoría países en desarrollo y que, recordemos -al hilo de la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista Galego-, tienen legítimo
derecho a su defensa y al comercio de armamento, según se desprende, entre otros, del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
En segundo lugar, nos quedan enormes dudas sobre la gestión de los fondos recaudados, pues la proposición no de ley del Grupo Socialista simplemente se limita a sugerir un foro mundial contra el hambre, que no tiene naturaleza pública ni es
una agencia de Naciones Unidas ni, que se sepa, existe en ningún lado. Su señoría no ha explicado, probablemente porque no lo tiene claro o lo desconoce, quién y cómo recaudarían esos fondos, qué criterios aplicarían en la asignación de esos
recursos públicos y qué controles externos se ejercerían sobre el mismo o por quién se ejercería. Incluso cabría la duda de saber si en su proposición no de ley está instando a una tasa obligatoria o voluntaria, como ocurre con la tasa Tobin.
Finalmente, la proposición no de ley refleja la contradicción más importante. Como demuestra la teoría económica y se ha podido comprobar empíricamente a lo largo del tiempo, la imposición de toda clase de tasas, aranceles, restricciones
cuantitativas u otras trabas a los intercambios comerciales provoca exactamente el efecto contrario del que pretende la proposición no de ley: un impacto negativo sobre el crecimiento y sobre el desarrollo. Su filosofía es muy clara: ante
cualquier problema, da igual en qué nivel, ustedes reaccionan sistemáticamente pidiendo más tasas, más impuestos, más gasto público.
Nosotros creemos que un camino más adecuado para favorecer la cooperación internacional es incrementar los recursos
mediante una gestión más eficiente y rigurosa. Por último, un efecto sin duda importante, además del probable incremento en el precio de las armas, sería el incremento en el tráfico ilícito de las armas, especialmente en las zonas en desarrollo,
para evitar esas fronteras arancelarias.
Podríamos entrar en otro tipo de cuestiones, pero sería para reincidir en la impresión general de que estamos ante una proposición no de ley generalista y poco rigurosa,
es decir, ante un brindis al sol. En definitiva, es obvio que el objetivo de reducir la pobreza, el hambre y favorecer el desarrollo de los países más pobres forma parte de las acciones prioritarias de todos los países desarrollados y está
en la primera línea de los objetivos del Gobierno, del Partido Popular y del grupo parlamentario al que hoy represento. La cuestión reside en cómo se consigue esa finalidad de manera más eficiente y acertada y, desde luego, esta propuesta no es el
camino.
Resulta lógico, señora presidenta, que termine anunciando igualmente nuestro voto negativo a la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, en coherencia con todo lo expresado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrera.
Señora Pajín, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora PAJÍN IRAOLA: Señora presidenta, aun compartiendo el debate que plantea, no es el objetivo de esa iniciativa, por tanto, rechazo la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre actuaciones de cooperación internacional para impulsar la creación de una tasa global sobre el comercio internacional de armamento. Se somete a
votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 124; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO Y, EN CONCRETO, EL MINISTRO DEL INTERIOR, PARA IMPULSAR EL RECONOCIMIENTO DE LA PLURALIDAD LINGÜÍSTICA DEL ESTADO ESPAÑOL EN
LOS PASAPORTES. (Número de expediente 173/000210.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno y, en concreto, el ministro del Interior para impulsar el reconocimiento de la pluralidad lingüística del Estado español en los pasaportes.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jané. (Rumores.)
Señorías, ruego que, por favor, ocupen los escaños y guarden silencio o abandonen el hemiciclo también en silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, ¿sería posible que mantuvieran las conversaciones fuera del hemiciclo?
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados una moción que es consecuencia de la interpelación de la pasada semana al ministro del Interior sobre la necesidad de
incorporar la pluralidad de lenguas oficiales en los pasaportes. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Esta es una reivindicación de Convergència i Unió que, quiero recordar, ya el propio Parlament de Catalunya
planteó ante esta Cámara como proposición de ley, que fue rechazada y que hoy quiere volver a plantear porque entendemos que en este momento existe la oportunidad de realizar ese pasaporte plurilingüe aprovechando el hecho de que el Gobierno tiene
que realizar una adaptación de los pasaportes. Existe una resolución del Consejo Europeo, de 10 de julio del año 1995, que obliga a cambiar todos los pasaportes europeos y, en donde pone Comunidades Europeas, debe poner Unión Europea.
Todos los
Estados tienen la obligación de adaptar sus pasaportes y, dado que el Estado español aún no ha realizado esa adaptación, Convergència i Unió propone que cuando la realice incorpore en los pasaportes la pluralidad de lenguas existentes. Entendemos,
señorías, que no existe impedimento legal. El señor ministro del Interior planteaba la pasada semana que, para que ello fuera posible, era necesario que las lenguas fueran oficiales en todo el territorio del Estado, pero buscando la normativa
europea no encontramos ese impedimento; en ninguna parte de esa normativa hemos sabido encontrar desde Convergència i Unió párrafo o disposición alguna que impida que una lengua que es oficial y propia en una parte del Estado no pueda incorporarse
en el pasaporte del ciudadano que reside en esa parte del Estado, porque el pasaporte identifica al ciudadano como tal y, en mi caso, mi pasaporte como catalán, que me acredita ante un tercer país, me identifica concretamente con mi lengua oficial
propia, en este caso el catalán, y tengo derecho como ciudadano a que se incorpore en ese pasaporte. Repito, no entendemos desde Convergència i Unió que exista ningún impedimento legal, de ahí que Convergència i Unió plantee a la Cámara la
necesidad de incorporar esa pluralidad
de lenguas oficiales en los pasaportes. Este es el primer punto de nuestra moción.
El segundo punto de la moción es significativamente importante. Se avanzó en el reconocimiento de la pluralidad lingüística en los documentos de identidad, en los DNI, se avanzó también en los permisos de circulación, pero queda un
documento que para nosotros es emblemático y que emite el Ministerio del Interior, es el documento que acredita a un extranjero su residencia legal, es la tarjeta de residencia de los extranjeros que residen en el Estado español, equiparable al
documento nacional de identidad para él. Si se avanzó en la pluralidad lingüística en el asunto de los DNI, desde Convergència i Unió planteamos hoy al Pleno de la Cámara avanzar en ese sentido en las tarjetas de residencia para extranjeros.
Señorías, ello tiene un significado especial, porque si se aprueba esta medida estaremos impulsando una mejor integración en la pluralidad lingüística para una persona extranjera que va a residir en el territorio de una comunidad autónoma con más de
una lengua oficial. Si en la tarjeta de residencia de una persona que viene a residir a Cataluña, que es el documento más importante, se incorpora la lengua oficial propia de la comunidad, el catalán, además del castellano, que es la oficial en el
conjunto del Estado, estaremos plasmando con ello la importancia que tiene esa lengua oficial propia para esa comunidad y para ese territorio.
Por lo tanto, estaremos realizando también una labor pedagógica e impulsando lo que debería ser la
integración de ese ciudadano en una comunidad con dos lenguas oficiales. Estaremos realizando un acto simbólico pero muy importante en el proceso de la normalización lingüística. Por tanto, mi grupo quiere hacer hoy especial hincapié en ese
segundo apartado. Si ese apartado fuera aprobado hoy por esta Cámara, mi grupo entendería que estaríamos dando un mensaje en positivo. Por ello, señora presidenta, mi grupo plantea la necesidad de poder votar los dos apartados de la moción
separadamente, para abrir la posibilidad de que ese segundo apartado pueda ser votado de forma favorable por la mayoría de este Pleno del Congreso de los Diputados.
Termino, señora presidenta, señorías, haciendo especial hincapié en el primer punto: los pasaportes. Busquemos el consenso y avancemos hacia lo que debería ser el reconocimiento de la pluralidad en los pasaportes.
Quiero recordar que la
Ley orgánica 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 10, al hablar de los pasaportes, prácticamente los equipara a los DNI. Si hemos sido capaces de avanzar en esa pluralidad respecto al tema de los DNI, seamos también
capaces de hacerlo en los pasaportes, como se hace en Dinamarca, en Luxemburgo, en Finlandia, en Irlanda, en Bélgica y como se está haciendo en Eslovenia, que pronto será un país comunitario. En Eslovenia hay un modelo de pasaporte redactado en
esloveno y en italiano porque 3.000 personas hablan italiano, y hay un modelo redactado en esloveno y en húngaro porque hay 9.000 personas que hablan ese idioma en Eslovenia. Tomemos el ejemplo de ese país, que próximamente será comunitario, y
avancemos también en la pluralidad lingüística en los pasaportes.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Jané.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Naturalmente, vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y lo vamos a hacer, como siempre, apoyando un trabajo lento, de hormigas, perseverante, que siempre encuentra en el Gobierno una
posición a regañadientes. Nunca hemos observado que el Gobierno, por iniciativa propia, haya impulsado procesos reales de cooficialidad en las comunidades autónomas y en el conjunto del Estado. Siempre tuvo que ir a remolque de iniciativas que
venían de los parlamentos autonómicos o bien de iniciativas que se presentaban en esta Cámara. En estos casos, todo hay que decirlo, el papel de pioneros y de constancia absoluta le corresponde al Parlamento de Cataluña y también al Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor Jané hablaba de los pretextos del Ministerio del Interior para justificar su negativa a que los pasaportes estuviesen impresos, además de en la lengua oficial del Estado, en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que
tienen lengua propia. Efectivamente, eran pretextos. El pasaporte tiene una eficacia fundamental para el exterior y en concreto para el exterior de las fronteras de la Unión Europea. Nada impide, ningún perjuicio se causa ni hay dificultad por
parte de otros Estados del mundo en asumir documentos que además de la lengua oficial del Estado español conlleven otras lenguas que también son cooficiales en una parte del territorio de ese mismo Estado. A ellos, por tanto, les es indiferente y
mucho más cuando afortunadamente el mundo está cuarteado en una diversidad cultural y lingüística que cuando se asume como oficial por los Estados tiene una trascendencia práctica en todo tipo de documentación y, por tanto, en los pasaportes propios
de otros países.
En relación con los permisos de residencia que se puedan emitir en los territorios de las comunidades autónomas con lengua propia a ciudadanos de terceros países, efectivamente tiene un valor simbólico fundamental que esos ciudadanos de
terceros países asuman y reconozcan el carácter plurilingüe del Estado español y que no vengan precisamente con una mentalidad que refuerce los mecanismos absolutistas o asimilistas a
favor del español o la idea de que España es un Estado de carácter unilingüe. Los inmigrantes, las personas de terceros países, si quieren adaptarse e integrarse correctamente, lo mejor que pueden hacer es cuando menos asumir teórica y
simbólicamente ese carácter plural del Estado español.
Por tanto, como no vemos ningún tipo de perjuicio en relación con otros Estados y tampoco vemos ningún tipo de perjuicio en que ciudadanos de terceros países asuman este carácter plurilingüe, al contrario, se enriquecerían asumiendo el
carácter plurilingüe y pluricultural del Estado, es por lo que consideramos fundamental exigir y pedir al Gobierno de España que asuma la real cooficialidad de los idiomas que no son en exclusiva ni en absoluto el español como único oficial. Es por
esto por lo que nos parece que esta iniciativa es digna de aplauso y, como siempre, digna de ser apoyada en esta lenta marcha de hormigas, como dije antes, de trabajo lento y perseverante por que el Estado español realmente sea un Estado
plurilingüe.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, vamos a tratar diferenciadamente los dos puntos de la moción presentada por Convergència i Unió. En el orden inverso en que se ha presentado, en primer lugar, vamos a referirnos muy brevemente al punto número 2. Si entendimos
bien el debate de la semana pasada, el ministro de Interior anunció que ya se estaban produciendo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre los modelos de las tarjetas de residencia con la presencia de otros idiomas cooficiales distintos del
castellano. Vemos, por tanto, que no nos encontramos ante una moción especialmente arriesgada por parte de la oposición sino que está respondiendo a algo ya dicho la semana pasada por el ministro en esta misma sala ante el Pleno de la Cámara. Por
tanto, nosotros no nos vamos a oponer, sino que vamos a votar favorablemente a este punto, porque tampoco nos parece especialmente arriesgado. Nos parece bueno, es bueno que haya constancia del plurilingüismo existente realmente en el país en los
documentos administrativos; las razones que se han dado son adecuadas y, por tanto, no vamos a dedicar un momento más a defender lo que ya está aceptado.
En cuanto al primero de los puntos, nos preocupa algo más puesto que parecía que había notables reticencias por parte del Gobierno para su admisión; reticencias que se expresaban en un orden de consideraciones quizá más propios de la sala
de un juzgado de lo contencioso-administrativo que de un lugar donde hay que hablar de política, de voluntades políticas y de reconocimiento de las realidades políticas del país. Pero como se habló de imperativos legales, dificultades legales,
inconvenientes en los instrumentos internacionales, mi grupo tiene el interés de manifestar que va a votar favorablemente a la moción sin tener dificultad ni ninguna duda que le venga dada por ningún obstáculo legal existente. Miren ustedes, es lo
cierto que en el moderno derecho convencional europeo -y no sólo europeo-, en los convenios de derecho privado del sistema de La Haya, por ejemplo, en el Convenio sobre notificación de sentencias ratificado por el Gobierno, previa autorización de
esta Cámara y, por tanto, derecho vigente en este país, se puede utilizar perfectamente la lengua cooficial en que esté redactada la sentencia sin necesidad de traducción alguna. Tiene, por tanto, una repercusión en el ámbito internacional y en el
otro Estado parte del tratado sin que haya ningún inconveniente en ello y está ya vigente.
Respecto a los inconvenientes que se alegaban por parte del ministro en relación con los instrumentos administrativos que son los pasaportes, debo manifestar mi discrepancia. En primer lugar, el pasaporte es un documento de viaje, no es un
documento de identificación ante autoridades extranjeras. Como tal documento de viaje empieza a desplegar sus funciones ya en el territorio español y no existe -es imposible conceptualmente pensarlo- una frontera que no esté en el territorio
español. No hay un territorio aparte que sea la frontera. Toda frontera está en el territorio de una comunidad autónoma u otra y ante un funcionario de la Administración española se exhibe por primera vez el documento de viaje, incluso ante
empresas de transporte que actualmente están obligadas a comprobar la existencia y validez del documento de viaje que es el pasaporte. Nos encontramos con un documento administrativo que despliega su eficacia ya en el territorio español, en el
territorio de las lenguas que son cooficiales y en el ejercicio del derecho que tiene el administrado a expresarse y a dirigirse a una entidad privada, como la empresa de transporte, o a la Administración pública, en el caso del control oficial del
pasaporte, en la lengua cooficial que él elija y por tanto exhibiendo el documento redactado en la lengua cooficial. Por ello desde el punto de vista legal, internacional, convencional no existe problema alguno para reconocerlo.
Se trata pura y simplemente de una voluntad de reconocimiento de la existencia de este plurilingüismo. Nosotros hemos venido defendiendo esta necesidad a lo largo de varias intervenciones en este periodo de sesiones y en los anteriores en
que se han planteado las mismas cuestiones.
Encontramos absolutamente razonable, lógico, coherente con nuestro sistema constitucional la existencia de los diferentes idiomas, que no necesariamente han de ser cooficiales en todo el conjunto del
territorio, sino en cualquier parte del territorio en documentos administrativos de este tipo. No se nos
alcanza qué inconveniente existe y creemos que la aprobación por parte de la Cámara de la moción presentada y que estamos discutiendo en este momento sería adecuada y conveniente y estaría en el camino del reconocimiento del artículo 3 de la
Constitución: la plena asunción del carácter diferenciado, variado, plurilingüístico de nuestro Estado. Sólo ventajas hay en ello: el reconocimiento de la existencia de una realidad social, la satisfacción de los hablantes de lenguas distintas de
poder exhibir un documento redactado en su lengua propia porque es cooficial, y ningún perjuicio para el Estado, para el tráfico internacional, para el control policial, para la eficacia propia del pasaporte. Por ello, señorías, por las razones
expuestas, que nos parecen suficientes, vamos a votar favorablemente. No existe, repito, inconveniente legal, es bueno y adecuado para el desarrollo del Estado de las autonomías y el reconocimiento de esta realidad aporta más que el desconocimiento
o el aplazar este reconocimiento.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Pedret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Costas.
La señora COSTAS MANZANARES: Señora presidenta, señorías, en mi condición de diputada del Grupo Parlamentario Popular por una comunidad autónoma con lengua propia, la Comunidad Autónoma de Galicia, valoro muy positivamente y considero con
sumo interés cualquier iniciativa tendente a conseguir un avance en el reconocimiento de la pluralidad lingüística española. Quiero recordar que como consecuencia de dos proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular se aprobó en esta
Cámara, en marzo de 2001, el reconocimiento de la pluralidad lingüística en documentos tan importantes como el documento nacional de identidad y los permisos de conducción, que hoy se expiden en castellano y en la lengua cooficial de la comunidad
autónoma respectiva. El señor Jané, en la interpelación celebrada el pasado miércoles, reconocía los avances realizados desde el Gobierno del Partido Popular en este ámbito, desde el esfuerzo conjunto de todos los grupos de esta Cámara y desde el
diálogo y el consenso. Bajo esa sensibilidad que nuestro grupo comparte, y yo especialmente, con el señor Jané de cumplir los objetivos que marca la realidad lingüística de nuestro país, desde el Gobierno se siguen adoptando medidas para el uso
conjunto de las lenguas cooficiales. Desde el pasado año 2002 se redactan también en bilingüe las autorizaciones para los permisos de vehículos especiales, las matrículas turísticas, los permisos temporales, los de circulación de vehículos
históricos y las licencias de circulación de ciclomotores. Convergència i Unió trae hoy a esta Cámara la proposición de hacer extensivo el tratamiento bilingüe a dos nuevos documentos, cuales son el pasaporte y los permisos de residencia a
nacionales de terceros países.
En cuanto a los permisos de residencia -se lo escuchábamos al señor ministro el miércoles pasado- ya se están adoptando las medidas necesarias para la incorporación del tratamiento bilingüe en este documento y a iniciativa propia, señor
Rodríguez. Unicamente se está a la espera de que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ultime los oportunos cambios para la edición de estos permisos, terminados los cuales y previa su tramitación administrativa, que será muy breve, podremos ya
obtener estos permisos en castellano y en la lengua de la comunidad autónoma cooficial del territorio en el que se expida. Por ello, nuestro grupo apoyará este punto segundo de la moción.
En cuanto a los pasaportes, efectivamente, señor Jané, se impone la emisión de un nuevo modelo de pasaporte en el que la mención Comunidad Europea será sustituida por la de Unión Europea, lo que veremos en muy breve plazo porque los trabajos
están concluidos; pero nuestro grupo considera que no existe base jurídica suficiente, al menos por el momento, para la incorporación al pasaporte de las lenguas autonómicas, en cuanto se trata de un documento de identificación de los españoles
fuera de España. De ahí que tengamos que estar no sólo a la normativa de derecho interno sino a la normativa y resoluciones de la Unión Europea, que establecen que los pasaportes se expedirán en las lenguas oficiales de cada Estado pero no aluden a
las lenguas cooficiales en algún territorio del mismo. Por tanto, es este el elemento diferenciador que no responde a los argumentos compartidos y avalados por nuestra jurisprudencia constitucional, que ha señalado que la cooficialidad tiene como
límite el territorio de cada comunidad autónoma y el pasaporte como documento de identificación de los españoles fuera de España de la propia Unión Europea excede del territorio de la respectiva comunidad autónoma.
De ahí que nuestro grupo,
señorías, considere que este tema de los pasaportes requiera un estudio y tratamiento diferenciados en su condición de documento de identificación y relación de los ciudadanos españoles con las administraciones públicas de otros países, por lo que
anuncio que el Grupo Popular no votará a favor de este punto primero.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Costas.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación el punto primero de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno y, en
concreto, el ministro del Interior para impulsar el reconocimiento
de la pluralidad lingüística del Estado español en los pasaportes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 120; en contra, 146; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el punto segundo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 264; en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LOS PROPÓSITOS QUE LLEVAN AL GOBIERNO A 'CRIMINALIZAR' E INTENTAR PONER FUERA DE LA CONSTITUCIÓN A FUERZAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS REPRESENTADAS EN ESTA CÁMARA, COMO IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 173/000211.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los propósitos que llevan al Gobierno a criminalizar e intentar poner fuera de la Constitución a fuerzas políticas
democráticas representadas en esta Cámara, como Izquierda Unida. (Rumores.)
Señorías, ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio.
Para su presentación tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en nombre de Izquierda Unida tuve el otro día un debate interesante con el señor Rajoy. Intentaba explicarle por qué creemos que se está utilizando la Constitución como arma arrojadiza, pero no la
Constitución en cuanto texto, en cuanto materia sensible. Creo que los mejores jueces y, por descontado y de forma inexcusable, los historiadores y los políticos consecuentes analizan el texto, máxime el de una carta magna, en función de un
contexto, y el contexto constitucional ha sido históricamente positivo en este país.
Tenía profundas causas y contundentes y acertadas consecuencias. Es decir, la Constitución, la instauración de la democracia en este país se hizo de una manera
determinada que pensábamos que suponía un terreno de juego inexcusable a partir de ese momento, 1976/1978, y posteriormente. Y precisamente ese terreno inexcusable es el que estaba basado en un cierto tipo de entender la democracia, de ejercitar la
democracia, de ejercitar la diferencia y el discurso que a nuestro juicio se está rompiendo en este momento.
El señor Pimentel acaba de presentar lo que sin duda va a ser un nuevo partido. Entre otras frases ha dicho una interesante, a mi juicio, y de la que creo que todo el mundo debe tomar nota porque si no partimos de la base de excluir todo lo
que se diga desde de ahora y eso no es bueno.
Dice el señor Pimentel: La política del Partido Popular tiene réditos políticos, sin duda, y réditos electorales a corto plazo. Es indudable.
Pero no estoy de acuerdo con ella -dice el señor Pimentel
y no cito textualmente- porque conduce a acrecentar la crispación y a reducir los espacios de diálogo. A eso me refiero yo. Se acrecienta la crispación cuando no se acepta al adversario sino como enemigo, como contrario irreconciliable con
respecto a los términos de un desarrollo democrático, y naturalmente a partir de ahí se reducen los espacios de diálogo, no es posible ningún tipo de diálogo a nivel político ni ideológico ni territorial. Y cuando estas tres cosas se juntan estamos
iniciando una crisis de Estado. Quizás estoy exagerando pero se detecta ya en el ambiente un principio de crisis de Estado -está cayendo mucho en este país últimamente- precisamente el año en que vamos a celebrar el 25.º aniversario de la
Constitución.
El otro día tuvimos un debate fuerte el señor Rajoy y yo. (Rumores.) Veo que hay gente que no va a entender nunca nada. Fue un debate fortísimo en el que en una parte importante había algo que nos unía. ¿Qué era lo que nos unía? Nuestras
grandes diferencias. No llevábamos nada escrito a máquina y esas grandes diferencias se iban trenzando hasta que llegamos a las citas de periódicos que ya rompieron un poco ese debate democrático.
Nos unían las grandes diferencias que teníamos y
el respeto a esas grandes diferencias, profundas diferencias, muy fuertes, pero con una solidaridad interna, un tejido discursivo, un tejido político sin el cual no es posible la democracia. Eso es lo que intento explicar en este momento y no sé si
lo voy a conseguir porque vamos a celebrar el 25.º aniversario de la libertad en este país, de la conquista de la libertad en este país -no hay democracia sin libertad-, es posible que en un marco formalmente democrático donde se reducen la libertad
y los espacios de diálogo. Este es el problema de fondo y a partir de ahí unos intentan totalizar la situación, como está pasando ahora en el caso de Madrid. Se intenta totalizar, aprovechar partidistamente la situación para acabar con el
adversario, sobre todo si es rojo. Hemos pasado de rojos al paredón al fusilamiento a ladrillazo limpio de los rojos -es una metáfora de lo que ha pasado en la Asamblea de Madrid- y a partir de ahí vamos a ir al 25.º aniversario en un momento muy
difícil en que, como consecuencia de esta dialéctica a la que me estoy intentando referir, se vuelve la vista al pasado recuperando la parte franquista pero no valorando todo aquello que de forma clara, directa e históricamente inexpugnable, porque
está ahí, ha luchado frente a la dictadura. Se empieza a valorar de nuevo por debajo de la Constitución sin tener en cuenta todo el proceso de reconciliación nacional que se produjo. Lo vamos a ver aquí; veremos si en el 25.º aniversario
habrá o no una celebración con todos aquellos luchadores antifranquistas que están ahí y que necesitan esa especie de espaldarazo por parte de la máxima institución; un espaldarazo sencillo, a lo mejor simplemente entregarles la Constitución o una
resolución de la valoración que hacemos de la libertad. Señora presidenta, en función de ello hemos presentado la siguiente moción.
El Congreso de los Diputados acuerda remitir al Gobierno la siguiente declaración ante la preparación conjunta del XXV aniversario de la instauración de la democracia en España: El Congreso de los Diputados será la sede principal en el
presente año de la celebración del XXV aniversario de la instauración de la democracia. Pieza clave de esta celebración va a ser, sin duda, la Constitución de 1978, caracterizada en general como Constitución de las autonomías y de la
reconciliación. Tras el golpe fascista de 1936, que dio paso a cuarenta años de dictadura, la sociedad española supo dotarse de reglas y usos basados en el diálogo, la ausencia de cualquier tipo de violencia y también en la tolerancia con respeto a
la pluralidad política, ideológica y territorial. Las fuerzas políticas durante un largo tiempo han sido exponente claro de esta solidaridad. Termino diciendo que queremos que el Congreso de los Diputados llame a la necesidad serena y responsable
de que nadie en ningún caso pueda convertir la Constitución en un arma arrojadiza o un elemento de división, criminalización o discordia.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario considera muy oportuna esta moción presentada por Izquierda Unida. Hemos presentado una enmienda que no altera sustancialmente su sentido y que nos parece muy adecuada en el momento en que celebramos el
25.º aniversario de nuestra Constitución. La Constitución española tiene un sentido histórico de superación de los llamados males de la patria que ha tenido nuestro país durante siglos y que le ha producido una parálisis en su crecimiento, en su
desarrollo; por ejemplo, las luchas de religión, la religión como separadora de los españoles, o la cuestión social, la dificultad para que los trabajadores se integrasen políticamente en los destinos de nuestro país, que es en última instancia un
problema de democracia, o el problema de las nacionalidades, del pluralismo nacional, de la cuestión nacional en nuestro país, problemas muy de fondo que llevaron incluso a momentos dramáticos. La Constitución española ha podido superarlos porque
no adoptó como técnica la uniformidad sino precisamente lo contrario, el pluralismo, el pluralismo como forma de superar estos males históricos de España. Es muy oportuno recordarlo ahora frente a una situación en la que el Gobierno de una forma
alarmante y peligrosa se ha despeñado por un camino crecientemente unilateral, excluyente no de crítica política, sino excluyente por razones incluso ideológicas, situando a muchas fuerzas políticas democráticas casi al borde de lo legal o al borde
de lo constitucional. Un Gobierno que en lugar de incluir se ha dedicado crecientemente a excluir en su discurso, en sus actitudes, en la forma de planteamiento de los problemas, en la negación descalificatoria, por ejemplo, de algo tan legal y tan
lógico en una democracia como son los pactos entre fuerzas políticas democráticas. Es, por tanto, un momento muy importante para que aparezca aquí una moción de estas características cuando nuestro país tiene todavía amenazas, problemas y retos que
exigen una gran voluntad de acuerdo, de complicidad y de sintonía entre las fuerzas políticas. Tenemos un problema de terrorismo todavía en nuestro país, tenemos un problema creciente de mafias y tenemos retos como la inmigración o retos históricos
como la construcción europea que siguen requiriendo un gran acuerdo entre las fuerzas políticas en momentos concretos. Esto es lo que contradice una actitud y una política de un gobierno que utiliza la Constitución para golpear a diestro y
siniestro, para justamente lo contrario de lo que significa esta Constitución.
Cuando hay un ataque importante a la democracia, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, el Gobierno y el Partido Popular dicen que ese es un problema del Partido
Socialista, que no es un problema de él, cuando ha habido un ataque que intenta que lo que han decidido los madrileños sea cambiado por otra cosa; que el gobierno decidido por los madrileños no es ese sino otro. Es un ataque tremendo a la
democracia de lo que se ha desentendido absolutamente el Partido Popular, lo cual es una enorme contradicción, como tantas otras contradicciones que tiene a la hora de descalificar a fuerzas políticas con las cuales pactó en su momento o acciones o
actitudes en donde los valores democráticos brillan por su ausencia porque no se basan en ese factor esencial, nuclear, de nuestra Constitución como es el pluralismo.
Desde el Grupo Socialista queremos hacer una llamada a la reflexión del Gobierno y del Partido Popular, una reflexión tendiendo una mano al Partido Popular para que se sitúe en un terreno plenamente constitucional de entendimiento en el
sentido de lo que la Constitución pide, que es un entendimiento entre diferentes, un entendimiento entre fuerzas distintas, que defienden cosas distintas, pero que, frente a retos y a problemas
que tenemos en nuestro país, tienen necesidad de mantener una comunicación para poder enfrentarse a eso, y eso no se logra excluyendo a fuerzas políticas, descalificándolas absolutamente, echándolas a los bordes, a la periferia,
marginándolas. Así no se llega en absoluto a esos objetivos.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Termino, señora presidenta.
Nosotros hacemos un emplazamiento para que el Gobierno, para que el grupo mayoritario de esta Cámara trabaje por esa unidad de las fuerzas democráticas en base al pluralismo, ya sea en el País Vasco o ya sea en la Comunidad de Madrid, en
cualquier sitio. Este es, sin duda, el mejor homenaje que se puede hacer a una Constitución que desde luego el Grupo Socialista y la izquierda en España sabe mucho, mucho, lo que ha costado conseguir.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego nos gustaría hacer algunas reflexiones al hilo del debate que provoca el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y comenzaríamos por afirmar que, uno de los valores más grandes que tiene la
Constitución española es haber sacralizado por lo menos el derecho a la diversidad ideológica y política, en contraste con el régimen anterior. Una Constitución que hace gala y que pone como uno de sus principios básicos la diversidad de partidos
políticos y la diversidad de ideología tiene una gran vigencia, igual que sería también muy interesante que se cavilase en el hecho de que no estamos en un régimen presidencialista sino en un régimen parlamentario de partidos políticos, según la
Constitución española, no según el criterio del Bloque Nacionalista Galego. No dio una solución tan acertada la Constitución española al problema de la diversidad nacional del Estado.
Estableció un híbrido de difícil no solamente comprensión sino
de difícil acoplamiento que es el híbrido del Estado de las autonomías que se convierte en un Estado que tiene factores positivos si el Gobierno de España se comporta con comprensión y si tiene capacidad de diálogo, y se convierte en un Estado
francamente antidemocrático si el Gobierno de España solamente actúa con sus mayorías en plan discrecional y en todo caso en plan interpretable conforme a sus caprichos.
Me gustaría recordarles que en la época de la República, un diputado de esta Cámara que representaba una minoría nacionalista dentro del Frente Popular, el diputado señor Castelao, recordaba que la idea de España centralista es una idea muy
contraria a los principios democráticos, y consideraba que esa idea de España centralista se asentaba en elementos o en columnas para él muy reaccionarias, en concreto en aquella época el militarismo, lo peor del capitalismo y lo peor de la Iglesia
católica, que era el clericalismo. Muchas veces, dudamos si no estamos restaurando o reverdeciendo un poco ese esquema de la España tradicional contraria al espíritu democrático, porque llama la atención que igual que en la República, cuando se
utilizaba la Constitución para meter miedo a una parte de España, en concreto a los nacionalistas, hoy se hace para meter miedo a una parte de España y para excluirlo, hasta el extremo que el término constitucionalista ha pasado a ser sinónimo de
tándem bipartidista, de petrificación, nada hay que cambiar, estamos en el único Estado de toda la Unión Europea donde no se cambia la Constitución, donde no se le toca, donde hablar de la reforma constitucional es prácticamente pecar y donde todo
el resto es papel mojado. Eso sí, lo que habría que cumplir no se cumple, y desde que tiene la mayoría absoluta el Partido Popular hubo tal devaluación de las instituciones democráticas y de los principios democráticos que llegamos a
identificaciones perversas como nacionalismo igual a terrorismo, a tensionar la españolización en el Estado, a crispar a la opinión pública, porque se piensa que esa es la manera de tener mayorías absolutas. Todo esto está acompañado en los últimos
tiempos por un fenómeno, que es el de la transnacionalización y las guerras que provoca, que se utilizan de una forma perversa para crear inseguridad en la opinión pública española, miedo o intimidación, haciendo creer que cualquiera que sea crítico
con esos procesos es algo así como un partido o una ideología antisistema.
Señora presidenta, pienso que es muy importante recuperar la capacidad de diálogo, si alguna vez la hubo; recuperar el respeto por el pluralismo político, si es que alguna vez lo hubo también, y ser conscientes de que efectivamente a corto
y medio plazo hay cosas que pueden dar resultado, pero a largo plazo los problemas no desaparecen y todos vamos a seguir defendiendo legítimamente nuestros principios.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y decir en consecuencia que vamos a votar a favor de la misma, con o sin la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que viene a hacer una matización importante. Debemos mostrar y mostramos nuestra discrepancia sobre
la literalidad de la moción, aunque lo importante es el espíritu y lo que se denuncia en la misma, más que la forma en que se expresa esa denuncia.
Cierto es, señorías, que la Constitución de 1978 fue una pieza clave para la transición hacia un sistema de libertades, del cual nosotros gozamos ahora. Fue el arco de vuelta para un reencuentro entre españoles y, como decía el señor López
Garrido, para una concepción plural de España, tanto en su ámbito territorial, no menos importante, como en su ámbito cultural, lingüístico, etcétera. Todo ello está recogido en el preámbulo de la Constitución, en el artículo 2, en el título VIII,
etcétera.
Además, ahora que se ha puesto de moda, la Constitución de 1978 es libro de ruta para una convivencia democrática que por definición es un auténtico mosaico de pareceres, de discrepancias y también de coincidencias. En todo caso es un
mosaico para la libertad.
Desde entonces se ha avanzado muchísimo -es la apreciación de nuestro grupo parlamentario- en el progreso económico del conjunto del Estado, en lo social, en lo cultural, en lo educativo, en lo sanitario, en lo autonómico también, no nos
duele decirlo, en el respeto hacia la diferencia, hacia el otro, en la europeización de nuestra sociedad, en lo político también se ha avanzado y en un largo etcétera que ofrece -entendemos nosotros- muchas más luces que penumbras. Se ha andado en
la seguridad del no retorno al punto de partida, cosa importantísima; no hay retorno al punto de partida de 1977, de 1976 y de 1975. Además, se ha andado en la esperanza depositada en las nuevas generaciones, sabiendo que aquello que se acordó no
era sólo para uso y disfrute de quienes lo acordaron, sino sobre todo herencia para las futuras generaciones. Es una herencia que se deposita en una sociedad -la nuestra- de oportunidades.
No obstante, en los últimos tiempos, como aquí se ha
puesto de manifiesto por quienes me han precedido en el uso de la palabra, algo se mueve bajo la superficie. Aparece tranquila pero hay ciertos movimientos sísmicos bajo la misma. La normalidad democrática, que es una mezcla, al menos para este
diputado, de pasión y de tensión entre pareceres, plural en su concepción y respetuosa hacia el otro, esa normalidad democrática se ha visto cuestionada al elevar a dogma partidario una Constitución que fue, es y debe ser de todos y para todos. En
eso estamos de acuerdo con Izquierda Unida y con el Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado la enmienda correspondiente, y lógicamente con el Bloque Nacionalista Galego. Estamos de acuerdo desde la preocupación por lo que está sucediendo,
por lo que estamos observando, por lo que estamos leyendo y por lo que estamos oyendo, porque la Constitución debiera unir y nunca debe separar. Además, nadie está legitimado, en esta Cámara ni fuera de ella, para decir que la suya es la
interpretación correcta y la del otro es la equivocada y la contraria a la Constitución. Vamos mal por ese sendero, que no es precisamente el que señaló la Constitución ni el que señalaron los constituyentes en el periodo 1977-1978.
En ese estado de cosas, nuestro presidente, el presidente de la Generalitat, el presidente Pujol, lleva unas semanas quejándose -lleva tiempo, pero ha concentrado sus quejas en las últimas semanas- de la forma en la que se administra ese
texto, la Constitución, que es de todos y para todos; de encontrarse incómodo con el modo en que se está gestionando la Constitución vigente, de tener la percepción de hallarse algo comprimido en su aplicación y de que se ahogan las posibilidades
-que tiene muchas- del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que junto con otros estatutos conforma el núcleo duro, el núcleo fundamental del bloque constitucional. Eso, señorías, no es bueno. Que la percepción sea que se va a menos, no es bueno,
porque la ruta era ir a más y profundizar. Que la Constitución se convierta en arma partidista es sencillamente muy malo, pésimo.
La señora PRESIDENTA: Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Sí, señora presidenta.
Nosotros, que participamos activa y muy responsablemente en la elaboración de la Constitución y que la votamos desde la convicción, defendemos que se vuelva al ágora que simboliza la Constitución, un lugar de encuentro, jamás un espacio para
la división. Desde esa perspectiva, vamos a dar nuestro apoyo a la propuesta que nos presenta Izquierda Unida.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, lo que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha dicho, con todos los respetos del mundo y reconociendo la legitimidad de su iniciativa, enmarcada en los términos reglamentarios previstos, no deja de sorprendernos, y no
deja de sorprendernos, una vez más, porque hace un análisis de fondo, creemos, interesadamente partidista y que en escasos términos se corresponde con la realidad que vive este país y mucho menos con el afortunadamente buen estado de salud de
nuestra Constitución y de los principios, expresiones, instituciones y mecanismos jurídicos y políticos que de ese buen estado de salud derivan.
Vamos a votar en contra de esta moción, sencillamente porque la creemos extemporánea, extemporánea
por no incorporar ni un diagnóstico certero de la realidad y extemporánea por injusta, porque los términos de las imputaciones que incorpora en su sentido literal y las que ha aditado el señor Alcaraz en su intervención no se corresponden
con la actitud de este Gobierno, con la actitud del Grupo Parlamentario Popular que lo respalda y sobre todo con la fe expresada en esa actitud del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular por parte de los millones de ciudadanos españoles que
legítimamente siguen respaldando este proyecto político con su voto en las urnas. Hacer las imputaciones que se hacen en esta moción y en este texto respecto de la actitud del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno en relación con la filosofía
y los mandatos de nuestra Constitución es trasladar también esa imputación a todos aquellos ciudadanos que siguen expresando su apoyo a este proyecto. Entenderá el señor Alcaraz que eso puede ser legítimo en su discurso político como parte de ese
legítimo discurso político interesado, pero es profundamente incierto. Su señoría ha dicho que los males que en este momento padece el país se circunscriben a la ruptura de ese trasfondo, de ese consenso que enmarcó el texto constitucional y,
además, al hecho de que el Gobierno golpea con la Constitución, la ha convertido en un arma partidista, arroja a los demás la Carta Magna, hace del adversario un enemigo irreconciliable, vuelve la vista al pasado y se desliza por la unilateralidad.
Señorías, por hacer un ejercicio de demostración una vez más de cuál es el talante de este Gobierno y de este grupo parlamentario, hay que recordarle que no hemos sido nosotros los que de una manera feroz dialécticamente e incluso feroz
físicamente hemos tratado de generar ningún clima de violencia intelectual o física o política sobre un grupo parlamentario o sobre un partido de representantes legítimos de la soberanía nacional; que no hemos sido nosotros los que hemos utilizado
nunca la Constitución como un arma partidista, salvo que S.S. entienda que cumplir y hacer cumplir la Constitución significa utilizarla como arma partidista o hacer de ella un elemento arrojadizo contra alguien; que no hemos tratado nosotros nunca
de criminalizar ningún discurso político, y que la única criminalización que aquí se ha producido en términos recientes es la que con todas las garantías de nuestro sistema jurídico y constitucional han decretado los tribunales precisamente en
defensa de la libertad, de la pluralidad, de la garantía, de la vida y de la libertad de los derechos más esenciales que reconoce nuestra Constitución. Y cuando eso se ha producido, S.S. y el partido que representa S.S. han hecho juegos
dialécticos y políticos ciertamente perversos (Aplausos.) que dejaban al menos la duda de si por un puro discurso de oportunidad de enfrentarse al Gobierno se subordinaba todo eso, en una especie de todo vale, a la defensa de esos valores superiores
que nuestra Constitución reconoce y que no son solamente términos dialécticos generales, sino que afectan cotidianamente a los derechos de miles de ciudadanos que defienden la libertad y a su derecho fundamental que es el derecho a la vida.
Nosotros no miramos al pasado. El problema es que ustedes carecen de un discurso político de presente y de futuro y como carecen de un discurso político atractivo y creíble de presente y de futuro tienen que reverdecer las viejas ópticas del
pasado, los viejos eslóganes del pasado, para intentar tener voz y juego en el día a día de nuestro país. Nosotros no hemos sido los que hemos dicho no pasaran, señor Alcaraz.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Alcaraz, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, aceptamos las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Sometemos a votación la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre los propósitos que llevan al Gobierno a criminalizar e intentar poner fuera de la Constitución a fuerzas
políticas democráticas representadas en esta Cámara, como Izquierda Unida. Se somete a votación con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 124; en contra, 145.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN DEL DELTA DEL EBRO Y AL RESTO DE GARANTÍAS PREVISTAS EN LA
DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA DE LA LEY 10/2001, DE 5 DE JULIO, DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 173/000212.)
La señora PRESIDENTA: Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al Plan integral de
protección del Delta del Ebro y al resto de garantías previstas en la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5
de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.-Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio para que pueda hacer uso de la palabra el diputado que ocupa la tribuna.
Señor Sedo, para la defensa de la moción consecuencia de interpelación, tiene S.S. la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy defiendo la moción consecuencia de la interpelación que defendí la semana pasada sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al Plan integral de protección del Delta del Ebro y al resto de
garantías previstas en la disposición adicional décima de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Disculpe un momento, señor Sedó.
Señorías, por favor, les ruego que abandonen el hemiciclo los que vayan a hacerlo y que el resto guarde silencio. Hay un diputado en el uso de la palabra. Por favor, señorías.
Continúe, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Comentábamos la semana pasada el desarrollo de cómo había sido la aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Comentábamos, pues, que en el debate de esta ley había habido una fuerte presencia de enmiendas consensuadas con el
Gobierno y con el grupo que le apoya en la Cámara y que había desembocado -valga la expresión adecuada en este caso- en una ley que para nosotros era válida por cuanto había incorporado unas enmiendas principalmente para defender el Delta del Ebro y
para solventar la carencia de agua en muchas zonas del litoral mediterráneo.
Lógicamente, el Plan Hidrológico Nacional aprobado no es exactamente la propuesta inicial del Grupo Popular. A través de consenso y de muchos trabajos previos antes del
proyecto logramos un texto del que nos sentimos coautores, y a la vez -como decía también la semana pasada- nos sentimos legitimados para estar pendientes del mismo y controlar su seguimiento.
Tal como se están desarrollando las cosas, se nos presentan una serie de dudas en algunos de los aspectos básicos, desde nuestro punto de vista, acerca de cómo debería hacerse. La disposición adicional décima de la ley decía que debía
elaborarse un plan integral de protección del Delta del Ebro. En ello se está, pero se está produciendo un fuerte retraso porque no se cumple la fecha que marcaba la ley. De todas maneras no nos preocupa este retraso. Nos preocupa verdaderamente
que por parte del Ministerio del Medio Ambiente, o en todo caso, del Gobierno no se sienta la importancia que esta disposición adicional décima tiene, que es la que realmente marca una gran parte de esa nueva cultura del agua. Lo decía yo el otro
día. Todo lo que se dice en esta enmienda tiene que considerarse también elemento integrante de la cultura del agua. Ahora bien, hay una serie de pegas porque, como decía, creemos que hay cosas que no se están haciendo bien. Presentamos esta
moción que contiene nueve puntos. A nuestra moción ha presentado enmiendas el Grupo de Izquierda Unida que no vamos a aceptar porque no encajan con lo que, en nuestra opinión, tiene que ser el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional. Asimismo,
hay una enmienda del Grupo Popular que tampoco vamos a aceptar porque es un texto muy genérico que no sirve para nada, remite básicamente a que se cumpla la ley, pero para eso no hace falta presentar una interpelación ni moción. La ley debe
cumplirse y punto. Me gustaría, no obstante, pedirle al Grupo Popular que analice cada uno de los puntos de la moción porque podría votar a favor de algunos; podría pedir votación separada -seguro que no votará favorablemente en algunos casos- y
así veríamos exactamente cuáles son sus intenciones sobre el Plan hidrológico. El punto primero podría estar recogido en la enmienda que presentan y varios se refieren a llevar a cabo la realización de lo que establece el Plan integral de defensa
del Delta del Ebro. No puede decirse lo que manifestaba el secretario de Estado hace unos días al presentar la declaración de impacto ambiental de los proyectos de trasvase, algo incomprensible, como que no es creíble que no se pueda aprobar un
plan tan importante por no ponernos de acuerdo sobre una fórmula estadística. Pues no es verdad, no es una fórmula estadística, es el punto más importante que tiene el Plan hidrológico, el sentido que tiene todo plan hidrológico en cuanto a la
calidad de las aguas, al medio ambiente en el Delta del Ebro y su protección. Si para mantener el Delta del Ebro en unas condiciones naturales, ya no digo óptimas,...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Sedó, debe concluir, su tiempo ha terminado.
El señor SEDÓ I MARSAL: Lo único que hay que hacer es cumplir la ley y no hacer el trasvase antes de pensar en el impacto ambiental del Delta del Ebro, que le puede influir y perjudicar.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hace hincapié en el desarrollo de la disposición adicional décima de la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Cuando se introdujo esta disposición en dicha
ley, nosotros ya argumentábamos que difícilmente se podría llevar a cabo, entre otras cosas, porque, de ser así, vendría a plantear que no es posible hacer el trasvase del Ebro, que no es posible llevar a cabo la ampliación de los regadíos que se
están planteando no solamente en Aragón sino en otras comunidades autónomas afectadas por el hipotético trasvase del Ebro; pondría en cuestión, en definitiva, el Plan Hidrológico Nacional, que no es nada más que el trasvase del Ebro porque el resto
de las obras que están incluidas en el Plan Hidrológico Nacional están proyectadas ya en los Presupuestos Generales del Estado y no han sido llevadas a cabo nunca como tendrían que haberse hecho en el momento adecuado. Estamos hablando de obras de
distinta categoría, desde depuraciones de aguas residuales hasta desaladoras y cualquier actuación hidrológica, que nada tiene que ver con la nueva política de aguas ni con la política marco ya aprobada por la Unión Europea.
Las enmiendas que ha presentado mi grupo parlamentario intentan que no se produzcan las contradicciones que el Plan Hidrológico Nacional y el trasvase del Ebro están detectando. En el apartado cuarto de la moción consecuencia de
interpelación, el Grupo Parlamentario Catalán dice que se tiene que hacer una revisión del pacto del agua de Aragón. Por lo tanto, habría que dotar de medios para proteger el Delta del Ebro, para que no se amplíen los 3.500 hectómetros de agua
anuales que necesitarían los nuevos regadíos de Aragón. Al mismo tiempo, en el punto número cinco el propio grupo establece la necesidad de impulsar la alternativa del trasvase de aguas del Ródano.
Señorías, no es nueva en esta Cámara la posición que mantiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida contraria a los trasvases cuando no se ha agotado la posibilidad de buscar fórmulas distintas para acometer las necesidades de
agua que puedan tener las comunidades autónomas. Desde que se habló de la posibilidad del trasvase del Ebro hasta ahora, en todas las cuencas afectadas por el hipotético trasvase se han aumentado los regadíos, se han aumentado las urbanizaciones
con grandes consumos de agua, se ha aumentado la especulación del territorio y, por lo tanto, se ha generado mayores necesidades del agua de las que, en un momento determinado, el propio trasvase que está hoy en el Plan Hidrológico Nacional va a
tener que suministrar. Hay problemas ecológicos y de calidad de agua, pero no sólo en el Delta del Ebro. Hay muchos más problemas de carácter ecológico y de calidad de las aguas que se van a suscitar con el Plan Hidrológico Nacional, que no se
están abordando en el Grupo Parlamentario Catalán ni en el Plan Hidrológico Nacional.
Sabiendo que no se van a admitir sus enmiendas, por los aspectos positivos que pueda tener la defensa del Delta del Ebro, mi grupo parlamentario no va a votar en
contra de la moción, pero tampoco la va a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un texto alternativo a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entendiendo que nuestra propuesta considera necesario -y cito textualmente- que el Gobierno apruebe con la
mayor brevedad el Plan integral del Delta del Ebro incluido en el Plan Hidrológico Nacional para solucionar todos los problemas de este ecosistema, una vez lo terminen de elaborar los técnicos del consorcio para la protección integral del Delta, lo
cual coincide con el deseo manifestado por el señor Sedó en la pasada interpelación y con el objetivo prioritario del Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno.
La moción que hoy debatimos consta de nueve puntos. La mayoría de ellos, como nos ha indicado el señor Sedó hace escasos momentos, solicitan actuaciones ya contempladas en la ley que se están desarrollando satisfactoriamente, por lo que nos
parece reiterativo e inadecuado instar al Gobierno a que haga lo que ya está haciendo. Por ello, señor Sedó, no votaremos a favor de estos puntos de la moción, porque consideramos que ya se está llevando a cabo. Me centraré en tres puntos de la
moción: los puntos segundo, cuarto y sexto. En el punto segundo solicitan que se garantice, en todo caso, un caudal mínimo ecológico de 135 metros cúbicos por segundo. Como ustedes conocen, el Plan integral de protección del Delta está siendo
redactado por un equipo de 39 técnicos de distintas disciplinas, que son los que lo están ultimando. Estos técnicos -los miembros del Grupo Parlamentario Catalán lo saben- están estudiando aún cuestiones tan importantes como la recuperación de los
sedimentos, el impacto en el sector turístico, el modelo agronómico y el régimen hídrico del río Ebro en el Delta, del cual forma parte el caudal ecológico en su tramo final, así como otros indicadores ambientales como la mejora de la calidad de las
aguas, a la que ustedes no hacen referencia en los puntos de la moción, siendo esencial para el Ministerio de Medio Ambiente. El Grupo Popular no cuestiona esa cifra, 135 metros cúbicos por segundo, pero ustedes de pronto
consideran mágica la cifra que establece el límite entre su apoyo o rechazo al Plan Hidrológico Nacional; cifra de la que, según anuncia el consejero de Medio Ambiente de la Generalitat, depende que pidan ustedes ayuda la Comisión Europea y
acudan o no a los tribunales. Nuestro grupo considera, señorías de Convergència -y admitirán que es razonable-, que deberá fijarse el caudal ecológico que se deduzca de los estudios técnicos correspondientes y carece de todo sentido que se esté
intentando reducir la compleja discusión del PIDE únicamente a cuál debe ser el método estadístico de determinación de dicho caudal. Por cierto, conviene recordar que el caudal fijado en el plan de cuenca del Ebro fue aprobado por el Consejo del
Agua de dicha cuenca en 1996, con un Gobierno del Partido Socialista y fue, insisto, una decisión técnica no una decisión política, que es en lo que ustedes la quieren transformar.
Punto cuarto. En este punto, el Grupo de Convergencia propone que el pacto del agua en Aragón sea revisado ya que la salinización que producirá los nuevos regadíos que se crearán en Aragón puede tener graves consecuencias para el ecosistema
del Delta y otras comarcas catalanas. El Grupo Popular considera muy grave que Convergència i Unió pretenda romper, de un lado, el consenso con el que se aprobó el Plan hidrológico de la cuenca del Ebro y, de otro, que pretenda romper una de las
garantías esenciales del Plan Hidrológico Nacional, es decir, garantizar los usos previstos en la cuenca cedente y priorizar las obras del pacto del agua de Aragón, entre las que figuran en un lugar preeminente los regadíos que ustedes intentan
paralizar con su propuesta número cuatro.
De otro lado, nos producen estupor las declaraciones del Gobierno de Aragón aplaudiendo el endurecimiento de la Generalitat de Catalunya en contra del trasvase, a la vez que considera -cito textualmente- que las posturas de ambos ejecutivos
se están acercando poco a poco. Nos asombra y nos produce estupor...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora De Lara, debe concluir, su tiempo ha terminado.
La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señoría.
Nos produce estupor porque seguramente el Gobierno de Aragón no se habrá leído el punto cuarto de la moción en el cual el Grupo de Convergència pide una revisión del pacto del agua.
Termino, señorías. Finalmente, en el punto sexto solicitan que los proyectos...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señoría, usted sabe que en las mociones el tiempo está tasado y su tiempo ha concluido.
Muchas gracias, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Por los motivos expuestos, nuestro grupo votará en contra de la moción presentada por el Grupo de Convergència i Unió.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora De Lara.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo sólo para expresar que con esta moción se demuestra el largo camino que falta por recorrer todavía para poner en marcha el trasvase del Ebro. Esta transferencia de caudal hidráulico a Levante está más lejos de lo que el Gobierno
desearía; de hecho, está perdiendo apoyos políticos, va acumulando retrasos en sus proyectos, algunos de ellos básicos, como el Plan integral del Delta del Ebro y, como ha confirmado la diputada del Partido Popular en relación con el Delta del
Ebro, hay unos técnicos que están estudiando esta materia, mientras estamos esperando a ver qué deciden. Hay algunos informes, como el informe Solbes, en el cual se demuestra la inviabilidad de este proyecto desde el punto de vista económico, según
la Unión Europea.
Por otra parte, esta iniciativa deja en evidencia que el estudio de impacto ambiental del trazado, recientemente expuesto a información pública por el Ministerio de Medio Ambiente, carece de validez real y efectiva porque todavía estamos
hablando de cuál tiene que ser el caudal ecológico del río en su tramo final, tal y como se determina en el punto segundo de la moción presentada. Desde Chunta Aragonesista hemos apostado por la coherencia con los principios de la nueva cultura del
agua, que no son precisamente los que están contemplados en el Plan hidrológico. Damos la bienvenida a aquellos grupos políticos que, por encima de sus contradicciones pasadas o recientes o de sus meros posicionamientos electorales, apuestan por
este camino de sensatez. Por estos motivos, si el grupo proponente está dispuesto a ello, votaríamos favorablemente determinados puntos de la moción. Nos agrada que se hable de la revisión del pacto del agua en Aragón, porque siempre hemos
defendido que los grandes embalses allí contemplados son la reserva del agua para el trasvase. Queremos que no se pongan en cuestión las cifras contempladas en el Plan Nacional de Regadíos. Por todo ello, votaríamos a favor las enmiendas números
1, 3 y 7, y en contra de las demás. Según la decisión que tome el ponente, adoptaremos la nuestra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción resulta curiosa porque el Grupo Catalán, que junto con el Grupo Popular aprobaron el PHN, dijo que sí al trasvase, dijo que sí a los cien metros cúbicos/segundo en el Delta del Ebro y ahora manifiesta que lo que se hizo
hasta ahora no vale. Para nosotros es una lucha, una batalla entre Convergència i Unió y el Grupo Popular. No se han sabido poner de acuerdo y no han hecho funcionar el consorcio, que se constituyó pero no se reúne. Nos han traído aquí una moción
que quiere modificar, por razones de carácter electoral que no por otras causas, alguno de los aspectos fundamentales de lo que ha de ser la política de agua, pero nosotros tenemos una cosa fundamental: como no estamos de acuerdo con este proyecto
de ley, con esta ley del PHN que ambos grupos aprobaron, no vamos a entrar en sus problemas y disquisiciones. Pónganse de acuerdo o no se pongan de acuerdo, hagan lo que estimen oportuno, pero presentar una moción proponiendo 130 metros cúbicos por
segundo, como dicen ahora, que no sabemos a qué obedece porque si antes apoyaron 100 metros cúbicos/segundo. (Rumores.) Digan ahora lo que quieran, pero ustedes aprobaron un PHN que afectaba a todos los planes de cuenca, entre otros, al Plan
hidrológico de la cuenca del Ebro. Ahora están proponiendo una cifra distinta -y me parece muy bien- que impide que se ejecute el trasvase y están anunciando que van a ir a los tribunales para conseguir que sus propuestas salgan adelante porque no
entienden lo que se ha hecho. No lo critico; vayan ustedes a los tribunales, pero no quieran trasladarnos las desavenencias y las divergencias que existen entre los dos grupos o gobiernos. Al fin y a la postre, ustedes apoyaron un PHN y, después
de dos años, no hay plan de protección del delta del Ebro, cuando en la Ley del PHN se fijaba un año. Después de dos años no hay ninguna regulación del sistema de explotación del trasvase, cuando era necesario saber cuál es el sistema de
explotación para ver qué pasaba y sus consecuencias y no se sabe quiénes van a ser los usuarios. ¿Va a haber trasvase todo el año y no, como dice la ley, todo el año menos cuatro meses? Ustedes ahora no están de acuerdo con el texto de la ley
porque han puesto en la mesa determinados elementos, coincidiendo con procesos electorales y quieren enfrentarse al Gobierno. A nosotros eso no nos afecta. Sí les puedo decir que cuando pongan encima de la mesa estos puntos -ustedes que son de un
partido nacionalista- respeten lo que hagan otras comunidades autónomas. En el punto cuatro dicen que el pacto del agua deberá ser objeto de revisión. ¿Desde cuando admitirían que otra comunidad les dijera lo que tienen que hacer cuando es un
pacto al que se llegó con el acuerdo de todas las fuerzas políticas aragonesas? Menos CHA, que en aquel momento no tenía diputados en las Cortes de Aragón.
Esas fuerzas son las que aprobaron este pacto. Por cierto, lo han revisado últimamente.
No vengan a destacar lo que ya se ha hecho en estos últimos meses.
Señorías, son discusiones que ponen de manifiesto que lo que se aprobó no se lleva a cabo y que de esta gran obra que contiene el PHN ustedes ahora tampoco quieren saber nada. Hay un aspecto que me gustaría destacar, la petición de traer
agua del Ródano. Yo les quiero hacer una reflexión. ¿Es que los españoles no vamos a ser capaces de solucionar nuestros problemas de agua sin tener que acudir a otro país extranjero? (Rumores.) ¿Es que no somos capaces de hacerlo? Lo que sí les
puedo decir es que cuando procedía presentamos nuestra alternativa de gestión del agua en el conjunto del Estado español. Estoy convencido de que si se hubiera aceptado nuestra forma de gestión del agua con la aplicación de las directivas europeas,
el Delta del Ebro no pasaría por los apuros por los que va a pasar de llevarse a cabo ese trasvase que ahora no desean y me parece muy bien. Les recomiendo que, antes de traer aquí cualquier decisión sobre cuál tiene que ser la gestión del agua en
el conjunto del Estado español, se sienten y resuelvan mejor sus problemas y sus dificultades. Esa guerra no es la nuestra y, como no lo es, nosotros nos vamos a abstener, a pesar de que hay algunos puntos, por ejemplo el sexto, que estaríamos
dispuestos a apoyar porque -para que el Partido Popular se calle- tienen que venir fondos europeos para acometer obras de saneamiento y depuración porque, posiblemente, con la gestión que están llevando a cabo no los obtengan en las debidas
condiciones.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Morlán, le ruego concluya.
El señor MORLÁN GRACIA: Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias señor Morlán.
El señor Sedó manifestó ya su posición respecto a las enmiendas. Si quiere añadir alguna declaración respecto a la aceptación o rechazo de las enmiendas, S.S. tiene la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señora presidenta, ya había anunciado nuestro rechazo a las enmiendas, pero no tenemos ningún inconveniente en que haya votación separada de algunos puntos, como ha pedido el señor Labordeta.
Sólo me resta añadir
que es un tema sobre el que seguiremos hablando más veces.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Sedó.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para dar
cumplimiento al Plan integral de protección del Delta del Ebro y al resto de garantías previstas en la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.
En primer lugar, sometemos a votación los apartados uno, tres y siete.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 12; en contra, 142; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Sometemos a votación el resto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, 11; en contra, 140; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA POLÍTICA GLOBAL DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE FERROVIARIO ESPAÑOL.
(Número de expediente 173/000213.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno acerca de la política global de seguridad en el transporte ferroviario español.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor, Contreras.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se oiga la intervención del diputado que está intentando hacer uso de la palabra.
Adelante, señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el miércoles de la semana pasada el Grupo Parlamentario Socialista planteaba una interpelación sobre la política global de seguridad ferroviaria. Los más de doce accidentes acaecidos en el año 2003 han provocado sin lugar a dudas
alarma social y pérdida de confianza en uno de los modos de transporte hasta ahora considerado más seguro.
Algunos de estos accidentes -citaré sólo tres- indudablemente han tenido una gran incidencia por producirse en una misma línea. Me voy a
referir al accidente acaecido en la línea Madrid-Cartagena del tren Talgo descarrilado en las proximidades del apeadero de Tobarra, el 4 de enero del año 2003. Poco más de cinco meses después, en esta misma línea Madrid-Cartagena, se produce el
choque entre un tren Talgo y un tren de mercancías, en el término municipal de Chinchilla, 3 de junio de 2003. En otra tipología de accidentes, se produce el arrollamiento de una furgoneta por un tren de cercanías, en el paso a nivel de Los
Pascuales, en Lorca. Este accidente produjo honda consternación porque dos años antes, en el mismo paso a nivel, tuvo lugar otro arrollamiento. En su respuesta, el Gobierno considera que las causas de estos accidentes se agrupan en cuatro tipos
genéricos: derivados de las circunstancias climatológicas; derivados de problemas de la infraestructura viaria; fallos humanos del personal ferroviario; debidos a imprudencias de conductores que han invadido la vía siendo personal ajeno a la
administración ferroviaria, eufemismo este último empleado por el Gobierno para referirse a los accidentes en los pasos a nivel.
Lamentablemente, señorías, esta descripción de las causas de los accidentes no fue seguida de una serie de propuestas tendentes a minimizarlos. Nos hubiera gustado escuchar al señor ministro que los efectos de la climatología adversa se
pueden paliar con una mayor inversión en conservación y mantenimiento, como da a entender este informe interno de RENFE, de la unidad de negocios de mantenimiento de infraestructuras, en el que se dice textualmente: La inclemencia meteorológica,
dada la antigüedad de las vías en la red principal, ha ocasionado un incremento de la velocidad de degradación de forma mucho más acentuada, no habiéndose podido controlar a través del mantenimiento preventivo que se aplica en vía, según su estado y
evolución. Para seguir con el mismo informe: Esta degradación ha producido que la vía presente defectos de geometría en numerosos puntos de la red ferroviaria, así como desestabilización de elementos de infraestructuras, fundamentalmente
trincheras, que requieren un plan de rehabilitación urgente. Como consecuencia posiblemente de esta degradación se produjo una serie de incidencias -las llama incidencias- entre los últimos días del mes de diciembre y el pasado mes de enero, que
motivaron la elaboración por esta unidad de negocios del presente documento. Sólo le daré algunos datos que aparecen en el mismo. Plantea como plan de rehabilitaciones a acometer de forma inmediata la necesidad de una inversión de 115 millones de
euros, para las gerencias norte, este, levante, sur, Madrid, oeste y noroeste, y como necesidad global para rehabilitación de toda la red convencional,
que precisaría la renovación de 3.171 kilómetros, una inversión de 1.427 millones de euros. Propone acometer esta actuación mediante un plan cuatrienal en el que se tendrían que invertir 518 millones de euros para renovar, en esos cuatro
años, 1.100 kilómetros.
Señorías, este informe contrasta con el triunfalismo con que el ministro se expresó aquí la semana pasada diciendo que su ministerio en el año 2002 invirtió 535 millones de euros para esta tarea entre la Dirección General de Ferrocarriles,
el GIF, RENFE y FEVE. Nos parece que esta forma de englobar la inversión de organismos que tienen competencias en partes distintas de la red, más que clarificar la política global de seguridad ferroviaria del Gobierno, lo que trata es de enmascarar
que realmente no existe esa política y que se va un poco a salto de mata a tapar agujeros que se van produciendo un día tras otro en la conservación y el mantenimiento de esta importante infraestructura.
Les voy a dar, señorías, algunos datos para que se vea lo caótico de la política presupuestaria del Ministerio de Fomento. Para el superproyecto de seguridad había 20 millones de euros en el año 2002; se ejecutaron, señorías, 12 millones
de euros, el 60 por ciento, en dicho superproyecto de seguridad. En mejora de la red ferroviaria convencional se habían presupuestado 78 millones de euros; la suma, 78 más 20, son 98 millones de euros, no llegan a 100 millones de euros. La
inversión, según el ministro, 535 millones de euros. La ejecución presupuestaria en mejora de la red fue de 177 millones de euros, es decir, considerablemente superior a lo presupuestado. ¿Por qué? Porque hubo necesidades derivadas de emergencias
y no porque hubiese una planificación. Evidentemente, desde el Grupo Socialista no vamos a criticar este incremento de la inversión, pero sí vamos a criticar, señorías, que en el año 2003 precisamente en este concepto solamente se presupuesten 68
millones de euros. Nosotros definimos esto como una política caótica, una política que no tiene un ritmo ni una dirección definida, dada la inexistencia de esa política global.
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, su tiempo ha concluido. Le ruego que termine.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Concluyo, señora presidenta.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta once propuestas en esta moción tendentes a la mejora no sólo de la red convencional sino de todos los puntos sensibles de la misma, como son los puentes, los túneles y los pasos a
nivel.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no es la primera vez que hablamos en esta Cámara de seguridad en general y de seguridad ferroviaria en particular, por desgracia siempre a raíz de los accidentes que se vienen produciendo en determinadas líneas férreas de nuestro
país y que siempre tienen la misma excusa: nunca es responsabilidad de la falta de inversión del Gobierno central, siempre es responsabilidad de otro o de otros, ya sean entes o personas directamente vinculadas. Por tanto, señorías, esa prioridad
de la que hablaba el ministro de Fomento en su primera intervención al presentarnos las líneas generales de su departamento, que era la seguridad en general -la seguridad en el transporte, la seguridad en el ferrocarril, la seguridad aérea-, parece
que la va desmintiendo paulatinamente el paso del tiempo y, por desgracia, los accidentes que sobre todo en el ferrocarril se vienen produciendo, algunos más conocidos porque hay víctimas mortales, otros menos conocidos porque afortunadamente no las
han tenido, pero que también se producen cotidianamente.
Señorías, vamos a votar favorablemente la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, abarca determinados aspectos de la seguridad en el sector del ferrocarril y nos parece adecuada. Pretendemos entre otras cosas, y las
enmiendas que hemos presentado se dirigen a ello, intentar ahondar en algunos de los aspectos que la propia moción plantea. Así, cuando en el punto 1 se habla de la emisión de un informe sobre el grado de riesgo ante emergencias en túneles y la
situación que deben de tener todos ellos, nosotros planteamos que se debe incluir también un punto 1 bis en el que se hable de la necesidad de un informe actualizado sobre el estado de las bóvedas y las vías catenarias donde existan y del control de
las filtraciones de agua. Señorías, es de todos conocida la situación de algunos túneles con respecto a las indicaciones y al estado en que se encuentran tanto las bóvedas como las catenarias por las filtraciones de agua que se pueden estar
produciendo al ser túneles de bastante antigüedad y no contar con las medidas necesarias en cada momento.
La siguiente enmienda que planteamos es al apartado número 2, cuando el Grupo Parlamentario Socialista se circunscribe solamente a la delimitación de la parte de la red convencional que se va a mejorar y adecuar a la red de alta velocidad.
Nosotros creemos que se debe hacer la delimitación a toda la red convencional, no solamente a aquella que se vaya adecuar a la red de alta velocidad, de ahí que planteemos que se suprima el final de este apartado 2, que es: y adecuar a la red de
alta velocidad.
Presentamos también una enmienda al apartado número 3, cuando se habla del estudio de la red ferroviaria convencional haciendo hincapié en las medidas de seguridad de los túneles y puentes. Nosotros planteamos que se incluya también en este
apartado número 3 los pasos a nivel, entre otras cosas, señorías, porque habrá pasos a nivel sobre los que tienen que determinarse, con independencia de cuál sea su calificación, las medidas de seguridad con que cuentan y que se puedan adoptar en
caso de que sea necesario y pensamos que se deben incluir también en este punto.
Proponemos una enmienda de modificación al apartado número 5, cuando se habla de un plan para la supresión del bloqueo telefónico en toda la red ferroviaria. Nosotros pensamos que sería mucho mejor hablar de la implantación de los sistemas
de bloqueo automático o de zonas CTC. No solamente hay que suprimir el bloqueo telefónico en toda la red ferroviaria, sino que hay que ampliar la implantación de los sistemas de bloqueo automático.
La siguiente enmienda es de adición al apartado 8, cuando se pide un informe sobre los kilómetros de vía férrea que atraviesan suelo urbano o urbanizable, según el real decreto al que se hace referencia. Mi grupo parlamentario cree
necesario que se proceda a realizar un estudio actualizado para la adecuada integración del ferrocarril en las ciudades por él atravesadas conforme al planeamiento vigente en cada municipio implicado. Señorías, este es un debate que hemos tenido
también en la Comisión de Infraestructuras al discutir el nuevo proyecto de ley del sector ferroviario o la reestructuración del sector ferroviario en cuanto a la necesidad de integración del ferrocarril en los municipios que atraviesa. Son muchas
las reivindicaciones de muchos municipios del Estado español, donde el ferrocarril, en lugar de suponer un mejor desarrollo urbanístico o una mejor calidad de vida para sus ciudadanos, está suponiendo no solamente un encorsetamiento de sus ciudades
sino además una imposibilidad de desarrollo adecuado. Por tanto, señora presidenta, señorías, en caso de que no fueran admitidas nuestras enmiendas, nuestro voto seguiría siendo favorable.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Con relación a esta moción, nuestro grupo tiene que decir unas cuantas cosas de tipo general y nuestra posición dependerá de la aceptación o no de las enmiendas, por cuanto si esta no se produjese, pediríamos votación separada, a la que
luego me referiré.
La semana pasada hice una pregunta al señor ministro y, refiriéndose a la misma, en un medio de comunicación se calificaba a este portavoz de viejo admirador del ministro. Yo no sé si lo de viejo será por la edad, que puede, o por los
muchos años que llevo en esta casa, pero acudo a esta cita porque yo también soy un viejo admirador de otra persona, como he dicho otras veces, el compañero señor Segura Clavell, del que me admira su capacidad de trabajo. Él hizo una interpelación
intensa en contenidos, de distintas fuentes, citando que había obtenido un informe extenso encargado por RENFE de 500 folios y además los ha leído. En la interpelación el señor Segura hacía toda una serie de afirmaciones que después eran rebatidas
o contrastadas por el señor ministro, lo cual me lleva a albergar dudas en cuanto a la votación de algunos puntos de la moción que ahora se presenta, porque habría que contrastar cantidades, inversiones económicas o índices de seguridad, con las
fechas en que tuvieron lugar algunos hechos, como se decía el otro día. Hemos de tener en cuenta por otra parte que el próximo miércoles contaremos con la presencia del señor ministro en la Comisión de Infraestructuras para referirse
específicamente a temas ferroviarios. De todas maneras, quien ha defendido la moción ahora ha sido el señor Contreras, pero ya me sabrá disculpar en tanto en cuanto ya sé que la moción la ha redactado el señor Segura.
Señor Segura, ustedes, en la defensa de la interpelación, hablaron de política presupuestaria, de informes y de toda una serie de temas económicos y presupuestarios, pero en ningún punto de la moción se habla de ello. Se pide que se
presente a la Cámara toda una serie de planes, planes interesantes a tener en cuenta, por lo que votaremos favorablemente que nos sean entregados, dejando en el aire los puntos que pueden quedar en discusión para la próxima semana en el debate de
Comisión o aquellos que nos ofrecen algún tipo de dudas. Piense que incluso le votamos favorablemente algunos puntos que se refieren a temas que se encuentran en el ámbito judicial, sobre alguno de los cuales, como el accidente de Torredembarra, ya
ha empezado a salir desde el juzgado alguna información, pero sería interesante conocer los informes técnicos explicativos que RENFE nos puede dar, una vez que ha transcurrido el tiempo, como puede ser el relativo al accidente de Tobarra, del cual
ya tuvimos un avance, al igual que el de Torredembarra.
En cuanto al cerramiento de toda la red ferroviaria, es interesante pero no creo en ello porque en zonas cercanas a donde vivo, a pesar de existir pasarelas y estar cercadas las vías, cada semana o cada quince días la gente corta el
cerramiento y pasa. Es un tema muy difícil de resolver si no hay otro tipo de soluciones.
Señora presidenta, pediré votación separada de los puntos 1, 2, 3, 9, 10 y 11.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sedó.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, vaya por delante que la posición de mi grupo en este tema apasionante e importante de la seguridad en el transporte ferroviario es desfavorable, es decir, contraria a la aceptación de la moción subsiguiente a interpelación
formulada por el Grupo Socialista, que ha defendido brillantemente el señor Contreras, pero cuyo autor evidentemente, como sugería el señor Sedó, es mi adversario pero a pesar de todo amigo, y yo diría que muy amigo, el señor Segura, y ello por
razones generales y específicas de todos y cada uno de los once puntos concretos que voy a ver si soy capaz de resumir.
Entre las razones generales, me refiero ante todo y sobre todo a que no es cierta la afirmación implícita que subyace en la moción, pero claramente explícita en la exposición del señor Contreras, de que nuestras infraestructuras ferroviarias
en la red convencional no son seguras. Sin duda están impulsados por el accidente de Chinchilla y por otros que con una cierta delectación ha relatado el señor Contreras. Los accidentes ferroviarios son siempre lamentables y desgraciados, y un
viejo ferroviario, un ferroviario durante cinco años de su vida, sabe bastante de experiencias vividas en relación con la materia.
Hay que reiterar las palabras finales, a modo de conclusión, del ministro con ocasión de la interpelación: las infraestructuras ferroviarias son cada día más seguras y los trenes que circulan por ellas son también cada día más seguros.
Ello lo avaló el ministro con un conjunto de datos: con las inversiones, en particular en la red convencional, que han alcanzado 535 millones de euros en el año 2002, frente a los 366 millones de euros del año 1996; con el índice de calidad de
vía, que ha pasado del 70 al 80 por ciento; con el puesto que ocupa España, bastante digno, en el conjunto de la Unión Europea; que se han puesto 859 kilómetros en la última legislatura de bloqueo automático y que se han renovado 400 kilómetros de
vía.
Yendo a las propuestas concretas, me referiré a las que me dé de sí el tiempo, pero en términos generales hay que decir que son coincidentes con el plan de infraestructuras 2000-2007, con su desarrollo, con los planes de RENFE y con las
operaciones en marcha, con la actualidad diaria y cotidiana de la red. Sobre el punto primero, relativo a túneles ferroviarios, hay que decir que hay un plan de autoprotección de la red, plan de RENFE de 1997, y que según este plan el índice de
riesgo en túneles es bastante reducido. De los tipos que hay -me refiero a índices de riesgo-, ligero, bajo, medio, alto y muy alto, hay que decir que tan sólo el índice es alto en cuatro de los supuestos contemplados.
En cuanto al punto segundo, el de la delimitación de la red convencional y la alta velocidad, hay que decir que esta delimitación no se hace de una sola vez sino de un modo gradual, a través de los estudios informativos, en los que
incluyendo la declaración de impacto ambiental y después de su aprobación se produce definitivamente la decisión de adecuar la línea existente a la alta velocidad o construir una nueva.
En cuanto al estado de la red ferroviaria convencional, hay que decir que el estado de geometría de la vía se detecta a través del coche de control geométrico y los defectos internos del carril a través del coche de auscultación ultrasónica
-obviamente la información me la da el ministerio- que recorre la línea Madrid-Sevilla y corredor mediterráneo dos veces al año y el resto una vez al año, además de la revisión mensual en el AVE y en el corredor mediterráneo. Reitero que los
índices de calidad de vía han pasado del 70 al 80 por ciento. La inversión anual en los dos últimos años ha sido en esta materia de 40 millones de euros.
En cuanto al plan de seguridad en el corredor mediterráneo hay que decir que los cuatro tramos en los que se puede ir a 200 kilómetros por hora están equipados con bloqueo automático, balizado con señales luminosas dotadas con sistema ASFA,
es decir anuncio de señales y frenado automático.
En cuanto al plan de supresión del bloqueo telefónico y su sustitución por el bloqueo automático, hay que decir que quedan 2.040 kilómetros pendientes de proyecto -los demás están transformados o en ejecución o en fase de proyecto- y el
ritmo de ejecución es de unos 300 kilómetros anuales aproximadamente, lo cual da un tiempo relativamente razonable para que toda la red convencional esté equipada con bloqueo automático.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, su tiempo ha concluido.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Voy acabando.
En cuanto a los pasos a nivel...
La señora PRESIDENTA: Debe concluir, señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: ... la normativa dictada por el Ministerio de Fomento ha puesto bastante afán en el tema y aunque el número de pasos a nivel es importante todavía, es lo cierto que incluso aquellos que tienen un momento superior a
1.500 estarán protegidos con barreras o semibarreras o señalización acústica y luminosa antes del próximo mes de septiembre.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, por favor, en las mociones el tiempo es estricto.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Acabo, señora presidenta.
En cuanto a los accidentes de Tobarra y Torredembarra, remito a los señores proponentes al 'Diario de Sesiones' de 5 de febrero y de 8 de mayo, donde el presidente de RENFE dio una explicación exhaustiva de las causas del accidente.
En cuanto al cerramiento de la línea...
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, ruego que dé por concluida definitivamente su intervención.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Concluyo, señora presidenta. .. sobre todo de la red convencional, es prohibitivo desde el punto de vista económico y cuantitativo. En definitiva..
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Señor Contreras, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Aceptamos las cinco enmiendas que ha presentado dicho grupo: la primera, tercera y quinta, que son de adición y complementan lo que nosotros planteamos, y la segunda y la cuarta, que son de modificación.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias, señor Contreras.
Señor Sedó, como usted conoce bien, no es posible atender su petición de votación separada. (Pausa.)
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre posición del Gobierno acerca de la política global de seguridad en el transporte ferroviario español, con la
incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 102; en contra, 139.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.