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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 246, de 29/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 246
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 237
celebrada el martes, 29 de abril de 2003
ORDEN DEL DÍA: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 12582)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adecuación del Código Penal y del Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 272-1, de 6 de septiembre de
2002. (Número de expediente 122/000240.) ... (Página 12582)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 308-1, de 7 de
marzo de 2003. (Número de expediente 122/000274.) ... (Página 12591)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena a los actos de represión contra la oposición democrática en Cuba. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003.
(Número de expediente
162/000717.) ... (Página 12601)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las detenciones, juicios sumarios y sentencias condenatorias contra periodistas independientes y opositores en Cuba. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de
2003. (Número de expediente 162/000719.) ...
(Página 12601)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Vázquez), sobre condena de los últimos acontecimientos en Cuba. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000728.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la defensa de los derechos humanos en Cuba. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000729.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones del Gobierno en relación con la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Irak.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de
expediente 162/000721.) ... (Página 12614)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la investigación y sanción de los responsables de la muerte del periodista gallego José Couso y de las violaciones graves del Derecho Internacional
Humanitario cometidas durante la agresión armada a Irak.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000722.) ... (Página 12614)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las medidas que el Gobierno debe poner en marcha tras la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Iraq. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de
25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000724.) ... (Página 12614)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre la actitud del Gobierno español ante el asesinato de periodistas y las vulneraciones de la convención de Ginebra en la guerra de Irak. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 162/000725.) ... (Página 12614)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la Red de Carreteras del Estado en Cataluña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528,
de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 173/000197.) ... (Página 12624)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irak. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 173/000198.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al Gobierno para que explique las razones para mantener el apoyo logístico, político y militar de España en una guerra ilegal e ilegítima contra Irak, que está generando una masacre.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 528, de 25 de abril de 2003. (Número de expediente 173/000199.) ...
(Página 12632)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ...(Página 12582)
Toma en consideración de proposiciones de ley ...(Página 12582)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adecuación del Código Penal y del Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional (Orgánica.) ...(Página 12582)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor López Garrido, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta en primer lugar que uno de los grandes cambios producidos en los últimos años del siglo XX es la
creciente sensibilización por una persecución sin fronteras de los crímenes contra la humanidad, rompiendo así el principio tradicional del derecho penal de la no extraterritorialidad, que se pone de relieve en nuestro país con el intento de juzgar
al dictador chileno Pinochet, y que hace necesario adecuar nuestro ordenamiento al Estatuto de la Corte Penal Internacional puesto en vigor recientemente. Pero la justicia universal, añade, no es sólo una cosa de tribunales internacionales, sino
también de tribunales nacionales cuando por alguna razón tribunales internacionales u otros países no los persiguen. Por lo tanto, dice, dos aspectos importantes de la proposición de ley es la colaboración con la Corte Penal Internacional y
también, en relación con crímenes contra la humanidad, la justicia universal que puede impartir una jurisdicción interna, la jurisdicción española en este caso. Se refiere a continuación a lo ocurrido en la guerra de Irak, donde afirma que se han
producido multitud de delitos, muchos de los cuales no podrán ser perseguidos ni juzgados, y explica el contenido de la proposición de ley en la que se propone una modificación del Código Penal y del Código Penal Militar para que delitos como los
que aparentemente se han dado en la guerra de Irak puedan ser perseguidos no sólo por la Corte Penal Internacional, sino también por el Estado español.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y
los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adecuación del Código Penal y del Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional, se rechaza por 114 votos a
favor, 160 en contra y 16 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto, señora Lasagabaster, por la que se solicita la supresión de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Orgánica.) ...(Página 12591)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en consideración de la proposición de ley que pretende la derogación de dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan las circunstancias y
formas en que ha de practicarse la detención de aquellas personas contra las cuales se dirige la acusación genérica de integración o relación con banda armada o individuos terroristas o rebeldes y en los que se establece un período de incomunicación
de tres días, prorrogables dos días más, hasta un total de cinco días, siempre y cuando hubiere una decisión del juez instructor. Hace una serie de reflexiones sobre la materia, resaltando el hecho de que no puede haber reglamentos de excepción o
legislación que contenga insuficiencia de garantías o ampliación de poderes que pudiera llevar intrínsecamente la vulneración o la lesión de algún otro derecho de las personas y recuerda lo ocurrido a lo largo de los últimos quince años, según los
informes de los distintos comités internacionales de expertos a los que les ha sido encomendada la labor, a través de tratados internacionales, de examinar y analizar esta cuestión.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se rechaza
por 14 votos a favor, 275 en contra y 13 abstenciones.
Proposiciones no de ley ...(Página 12601)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena a los actos de represión contra la oposición democrática en Cuba ...(Página 12601)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las detenciones, juicios sumarios y sentencias condenatorias contra periodistas independientes y opositores en Cuba ...(Página 12601)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), sobre condena de los últimos acontecimientos en Cuba ...(Página 12601)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la defensa de los derechos humanos en Cuba ...(Página 12601)
Defienden las proposiciones no de ley, que se debaten conjuntamente, los señores Gil Lázaro, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Yáñez-Barnuevo García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; Vázquez Vázquez, en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto, y Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Defiende la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Guardans i Cambó.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV)
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intervienen los señores Vázquez Vázquez y Gil Lázaro.
Sometida a votación en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena a los actos de represión contra la oposición democrática en Cuba, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de su propia enmienda, se aprueba por 277 votos a favor y 24 abstenciones.
Sometida a votación en segundo lugar el texto de la enmienda transaccional con la corrección que se ha incorporado en el debate, y que hace referencia a las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista sobre las detenciones, juicios,
sumarios y sentencias condenatorias contra periodistas independientes y opositores en Cuba, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez, sobre condena de los últimos acontecimientos en Cuba, y a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la defensa de los derechos humanos en Cuba, se rechaza por 133 votos a favor y 168 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones del Gobierno en relación con la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Irak ...(Página 12614)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la investigación y sanción de los responsables de la muerte del periodista gallego José Couso y de las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario
cometidas durante la agresión armada a Irak ...(Página 12614)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las medidas que el Gobierno debe poner en marcha tras la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Irak ...(Página 12614)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la actitud del Gobierno español ante el asesinato de periodistas y las vulneraciones de la convención de Ginebra en la guerra de Irak ...(Página 12614)
Defienden las cuatro proposiciones no de ley sobre la guerra de Irak, que se debaten conjuntamente, los señores Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista; Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida; Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Lasagabaster Olazábal, también del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán, Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Alcaraz Masats.
Sometidas a votación las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto, señora
Lasagabaster, cuyos textos originales han sido sustituidos por el texto de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 125 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ...(Página 12624)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red de carreteras del Estado de Cataluña ...(Página 12624)
El señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente que se debatió con el señor ministro en la sesión plenaria anterior, respecto de las medidas de carácter
general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red de carreteras del Estado en Cataluña. Aun reconociendo que las inversiones realizadas son aceptables, considera necesario acelerar lo que se está haciendo para tener un buen stock de
proyectos en un futuro próximo, redactando el texto de la moción en el sentido de que el Congreso de los Diputados es consciente de que la red de carreteras de titularidad estatal en Cataluña se configura como un instrumento básico para la promoción
del equilibrio regional y la cohesión territorial, explicando que es un aspecto muy importante para la economía y para compensar el importante retraso acumulado, debido al déficit remoto de inversión del Estado en la misma.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Miralles i Guasch.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Llorens Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias econnómicas de la guerra en Irak ...(Página 12627)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Mendizábal Gorostiaga, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Dice que el objetivo de la interpelación que dio origen a esta moción fue el de hacer ver al Gobierno
que hay unos ciertos desequilibrios que padece la economía española que impiden el aprovechamiento óptimo de su potencia, problemas que se manifiestan con una desaceleración del crecimiento del PIB, una desaceleración del crecimiento del empleo o
incluso un incremento del paro, una alta inflación y una baja productividad que lleva a una falta de competitividad importante, como se ha podido comprobar, dice, en las cifras del primer trimestre de este año. A continuación explica el contenido
de la moción dividido en tres bloques: uno primero sobre las consecuencias económicas de la guerra encaminadas a organizar la participación española en la reconstrucción de Irak; un segundo bloque más centrado en los aspectos puramente económicos
y, finalmente, un último bloque que pretende aportar mayor transparencia con el fin de que la incertidumbre económica sea menor.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Mendizábal Gorostiaga.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al Gobierno para que explique las razones para mantener el apoyo logístico, político y militar de España en una guerra ilegal e ilegítima contra Irak, que está generando una masacre ...
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Dice que aunque es cierto que la guerra de Irak es un capítulo pasado en cuanto a un acto bélico
determinado, lo cierto es que se están produciendo elementos que son igualmente ilegales, porque el problema de fondo es que no se reingresa en la legalidad después de la guerra, y critica la posición de Estados Unidos dispuesta a instalar un
protectorado en Irak hasta que haya condiciones para devolver la soberanía. Pregunta sobre la posición de España al respecto y no encuentra alternativas ni criterio propio, sólo lo que diga Estados Unidos, por lo que afirma que la guerra fue
ilegítima, pero que la paz es igualmente ilegítima, ilegal e inaceptable.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red de carreteras del Estado en
Cataluña, en los términos derivados del debate, se rechaza por 107 votos a favor, 163 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irak, en los términos de la enmienda transaccional, se rechaza por 105 votos a favor,
165 en contra y una abstención.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al Gobierno para que explique las razones para mantener el apoyo logístico, político y militar de España en una guerra
ilegal e ilegítima contra Irak, que está generando una masacre, en los términos de la enmienda que ha sido firmada por distintos grupos parlamentarios, se rechaza por 108 votos a favor y 164 en contra.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, se abre la sesión.
Como punto previo y conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central don Santiago Abascal Escuza, en sustitución de don Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela,
para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
Don Santiago Abascal Escuza, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor ABASCAL ESCUZA: Lo juro.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Don Santiago Abascal Escuza ha adquirido la condición plena de diputado. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ADECUACIÓN DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO PENAL MILITAR AL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000240.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adecuación del Código Penal y del Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, uno de los grandes cambios producidos en los últimos años del siglo XX -tuvimos un buen ejemplo en nuestro país con el conocido caso Pinochet- es la creciente sensibilización de la
humanidad por una persecución sin fronteras a los crímenes llamados contra la humanidad, crímenes tan terribles, tan insoportables que se entiende que todos los países, todas las jurisdicciones, pueden y deben perseguirlos, rompiendo así ese
principio tradicional del derecho penal que es el principio de no extraterritorialidad.
Como digo, tuvimos un ejemplo en nuestro país, en el intento de juzgar al dictador chileno Pinochet, que al final no pudo ser, pero quedó claro en una histórica decisión de la Audiencia Nacional que los crímenes de la Junta chilena o de la
Junta Militar argentina podían ser juzgados, debían ser juzgados, podían ser perseguidos por tanto por la jurisdicción española, porque así aparece claramente en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el principio de la justicia
universal.
Cuando se habla de la justicia universal se está pensando siempre en los tribunales internacionales, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional.
De hecho está en marcha ya la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto entró en vigor
recientemente, y de ahí la necesidad de adecuar nuestro ordenamiento, este es uno de los sentidos de nuestra proposición de ley, a ese Estatuto de la Corte Penal Internacional.
La justicia universal no es sólo una cosa de tribunales internacionales, es una cosa también de tribunales nacionales, y eso es en lo que no se puede reparar. La genuina justicia universal es que delitos tan graves como los delitos de lesa
humanidad o los crímenes de agresión o los crímenes de guerra o el genocidio o la tortura son tan graves que también lo deben juzgar jurisdicciones nacionales cuando por alguna razón tribunales internacionales u otros países no los persiguen y no
los juzgan porque la humanidad no puede pasar sin juzgarlos. En ese sentido los tribunales nacionales, por ejemplo, el español, en el caso de Pinochet, estaba representando a la humanidad, y no solamente a España, a los tribunales nacionales. Este
es un sentido importante de nuestra proposición de ley, no sólo la colaboración con la Corte Penal Internacional, sino también en relación con crímenes contra la humanidad, la justicia universal que puede impartir una jurisdicción interna, la
jurisdicción española.
Un ejemplo de la necesidad de la justicia universal sin duda lo hemos tenido y lo seguimos teniendo en buena medida en la guerra de Irak. En la guerra de Irak, como en casi todas, se han producido multitud de delitos, muchos de los cuales
no serán perseguidos, no podrán ser perseguidos y no serán juzgados. En la guerra de Irak ha habido bombardeos a población civil, esta guerra tan beligerantemente apoyada por el Gobierno español y por la mayoría de este hemiciclo, es decir, para
ser exactos por el Grupo Popular y sólo por el Grupo Popular. En esta guerra ha habido bombardeos sobre población civil, es decir, claramente crímenes de guerra, por no hablar de lo que en sí supone ya un crimen de agresión, como así lo llama el
Estatuto de la Corte Penal Internacional, que significa invadir un país, es decir, hacer uso de la fuerza contra un país sin una autorización del Consejo de Seguridad, lo que significa un crimen de agresión. Crímenes de guerra prohibidos por los
convenios de Ginebra de 1949, y en especial el Convenio IV; crímenes de guerra consistentes en bombardeos a la población civil, e incluso bombardeos muy selectivos a una población civil especialmente protegida como son los periodistas, en el caso
de los disparos desde un tanque norteamericano al hotel Palestina, y en ese ataque muere un periodista español, José Couso. El caso de José Couso es un buen ejemplo para explicar la necesidad de la justicia universal. Estamos ante el caso de una
persona que actúa como un periodista, por tanto, población civil especialmente protegida en una guerra, sabido que en el hotel Palestina sólo están periodistas. En un momento determinado todo parece indicar que para el ejército de los Estados
Unidos sobran los periodistas y, cuando ya se han ido los periodistas norteamericanos de ese hotel, hay un disparo incomprensible desde cualquier punto de vista, porque no hubo ningún tipo de amenaza desde ese hotel, y ese disparo acaba con la vida
de varios periodistas, entre ellos José Couso, periodista español. Todo parece indicar que estamos ante un crimen de guerra; es decir, algo prohibido por las leyes internacionales, prohibido por el Convenio de Ginebra y prohibido también por las
leyes españolas, los códigos españoles.
¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de José Couso? Habría que pensar qué jurisdicción, en su caso, podría juzgar el posible delito cometido por el ejército norteamericano consistente en el asesinato de José Couso: un crimen de guerra, en
medio de una contienda, cuando hay un ataque injustificado, sin ninguna amenaza previa al hotel Palestina. De eso hablaremos posteriormente esta tarde, pero desde el punto de vista de nuestra proposición se trata de quién podría juzgar. Para la
Corte Penal Internacional será muy difícil juzgar, en su caso, una persecución de ese delito, porque Estados Unidos, como es sabido, no ha ratificado el Estatuto. No lo ha ratificado, ni ratificará en un futuro, porque eso significaría que esa
Corte Penal Internacional tendría capacidad para perseguir posibles delitos de guerra, cometidos
por soldados norteamericanos en los múltiples conflictos en que interviene, y parece que va a intervenir en muchos más. Pero sí teóricamente cabría que fuera perseguido por la jurisdicción española, siempre que haya una legislación adecuada
para ello.
Nosotros tenemos un Código Penal Militar que en los artículos 69 y siguientes se refiere a los delitos contra las leyes y usos de la guerra y habla, por ejemplo, del militar que emplee medios o métodos de combates prohibidos, destinados a
causar sufrimientos innecesarios o daños superfluos, o habla del militar que cause la muerte o lesiones graves a la población civil, o habla del militar que dé ordenes contra convenios internacionales, como es el caso del Convenio de Ginebra,
convenios ratificados por España relativos a los conflictos armados y la población civil. De todo eso habla el Código Penal Militar español. Pero, además de eso, nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial dice que la jurisdicción española es
competente para conocer de hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. ¿Qué hechos? La Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 23.4 g) dice que puede perseguir aquellos delitos que según los tratados o
convenios internacionales deban ser perseguidos en España; es decir, el Convenio de Ginebra de 1949. Por tanto, cabría deducir de ello que un tribunal español pudiera perseguir los delitos de guerra cometidos por el ejército norteamericano y que
en este caso han ocasionado la muerte de un periodista español. Por eso es tan importante que en nuestra legislación haya una recepción de lo que se entiende por delitos contra la humanidad tanto en el Código Penal como en el Código Penal Militar,
en los dos. Ahí va dirigida nuestra proposición de ley.
Hemos visto con satisfacción, debo decirlo, que hace tres días el Gobierno ha enviado un proyecto de ley sobre reforma del Código Penal. No estamos de acuerdo con ese proyecto de ley, pero en esa parte concreta se ha limitado a reproducir
una parte de nuestra proposición de ley; es decir, el Gobierno ha entendido, y lo ha reproducido literalmente, que la proposición de ley, que consistía en modificar el Código Penal para introducir el delito de lesa humanidad o la
imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, debía de estar en el Código Penal, pero no ha presentado ningún proyecto de ley sobre el Código de Justicia Militar, que es la otra parte de nuestra proposición de ley.
Nuestra proposición de ley tiene una parte de modificación del Código Penal y otra de modificación del Código Penal Militar. La primera ha sido recogida en el proyecto de ley del Gobierno y, por tanto, habría que entender que no hay ningún
problema en la toma en consideración. La segunda no, porque no hay un proyecto de ley en esta Cámara sobre la modificación del Código Penal Militar. Hay que reconocer que seguramente lo más importante a esos efectos es que haya una modificación
del Código Penal Militar, porque los crímenes de guerra se suelen cometer por militares, no por civiles. Por tanto, es importante que la modificación de los códigos sustantivos penales para integrar en su interior el castigo de los delitos contra
la humanidad, o de los crímenes de guerra, debe extenderse al Código Penal Militar. Por eso una parte importante de nuestra proposición de ley va dirigida a modificar el Código Penal Militar español, para que estén tipificados no solamente los
crímenes de guerra de soldados, sino también los que pueda cometer la autoridad militar que ordena esas acciones, que no evita la comisión de crímenes de guerra o que no persigue, o los superiores militares que no persiguen o que no evitan la
comisión de delitos de guerra; además de que también en el Código Penal Militar debe introducirse, y no lo está, un artículo que diga que los delitos contra las leyes y usos de la guerra no prescribirán en ningún caso.
Ese es el sentido de nuestra proposición en lo relativo al Código Penal Militar. Es necesaria una reforma, no sólo del Código Penal, cosa que proponemos en nuestra proposición de ley, sino también del Código Penal Militar, para que delitos
como los que aparentemente se han dado en la guerra de Irak y que han llevado a la muerte de periodistas, entre ellos un periodista español, puedan ser perseguidos, no sólo por la Corte Penal Internacional, lo cual es complicado cuando los sujetos
afectados, es decir, los perpetradores del delito o posibles perpetradores del delito pertenecen a países que no han firmado el convenio del Estatuto de la Corte Penal Internacional, como es el caso de Estados Unidos, sino que también el Estado
español pueda perseguirlos. Por eso es por lo que entendemos que nuestra proposición de ley no está completada en ese proyecto de ley que acaba de llegar sobre el Código Penal, porque falta toda la parte que tiene que ver con el Código Penal
Militar, que nos parece especialmente importante porque, repito, los crímenes de guerra, como los que a todas luces se han producido en la guerra de Irak, los cometen fundamentalmente los militares, no los civiles. Por tanto, es importante que el
Código Penal Militar recoja esos delitos en toda su extensión. Ese es el sentido de la proposición de ley, que incorpora tipos que están previstos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Nosotros sabemos que el Gobierno no aceptará fácilmente que se pueda llegar a una regulación así, según la cual se podría perseguir en nuestro país el delito cometido por aquel que disparó contra el hotel Palestina y mató a José Couso,
porque el Gobierno español ni siquiera ha aceptado la protección diplomática de la familia de José Couso; es decir, no ha aceptado algo elemental en el derecho internacional, y es la protección diplomática. Un Estado debe proteger a sus ciudadanos
cuando salen de su país, y en este caso el Estado español no ha protegido, no protegió, ni protege, se niega a proteger a la familia de José Couso, ya que el Gobierno español se niega a pedir la protección diplomática, es decir, se niega a exigir el
reconocimiento de
la autoría de ese crimen y una consiguiente responsabilidad. Un gobierno que no acepta una protección diplomática tan elemental difícilmente aceptará que se produzca la posibilidad de una persecución, dentro de nuestro ordenamiento, de
delitos como este por parte de nuestros jueces.
Aunque no los vaya a perseguir la Corte Penal Internacional, repito, deben ser perseguidos por los tribunales españoles.
Por eso nosotros solicitamos la toma en consideración de esta proposición de ley que completa la colaboración debida al Estatuto de la Corte Penal Internacional y que, además, y sobre todo, ante la experiencia de la reciente guerra de Irak
creemos que es de obligada aceptación por esta Cámara, porque significa una protección necesaria frente a los crímenes de guerra también desde nuestra jurisdicción, que es una jurisdicción que según nuestra ley orgánica puede extender su competencia
más allá de nuestras fronteras cuando se cometen los delitos más graves de los que conoce la humanidad y que por eso se llaman delitos contra la humanidad.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) ¿Fijación de posiciones? (Pausa.) En primer lugar y por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO : Gracias, señora presidenta.
Para anunciar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego a esta iniciativa que consideramos necesaria y, sobre todo, especialmente oportuna. Porque para sorpresa, supongo que no sólo mía sino de otros diputados, estos delitos y estas
cuestiones, que en la economía del sistema penal español son precisamente los que mayor reproche merecieron al legislador, escaparon al fervor reformista, más bien al fervor revisionista, del señor Michavila que, como se ve, está más preocupado en
perseguir al pequeño delincuente que en perseguir a los criminales de guerra. Por cierto, escapó también al fervor reformista, también revisionista, del señor Trillo, que en un acto no precisamente valiente para el ministro de Defensa, primero tira
la piedra y después esconde la mano. El señor Trillo, quizá para garantizar esta tranquilidad de los criminales de guerra que puedan pasear tranquilamente por la calle, proyecta sancionar a los manifestantes contra la guerra, a los manifestantes
pacifistas con hasta seis años de cárcel. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa y por eso consideramos que es especialmente oportuna.
Debe recordarse también que la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional es complementaria de la de los tribunales nacionales. En este sentido, el Estatuto de Roma de 1998 supone un punto de inflexión respecto de los tribunales ad hoc
creados para Nuremberg, el tribunal de Tokio, el tribunal para Ruanda o el tribunal para los delitos cometidos en la ex Yugoslavia. Complementario quiere decir que únicamente interviene el Tribunal Penal Internacional, únicamente se activa su
competencia cuando en las jurisdicciones internas de los Estados partes que suscribieron el Estatuto de Roma no haya una previsión, no estén tipificados esos delitos o bien, a pesar de estar tipificados, cosa que tristemente hay que reconocer sucede
en el Estado español, la fiscalía no los persiga.
En este caso, debe recordarse que la fiscalía está archivando con demasiada ligereza todas las denuncias presentadas por particulares, asociaciones, entre ellos también por el Bloque Nacionalista Galego, contra los que desde el Gobierno
español apoyaron una guerra ilegítima de agresión contra el pueblo iraquí, es decir, quienes cometieron un crimen de agresión, y también por parte de la fiscalía se está amparando a presuntos delincuentes. Agresión que debe recordarse fue definida
en su momento por la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Resolución 3314, de 1974, como el empleo de la fuerza armada contra un Estado en contra de la soberanía territorial, independencia política de otro Estado o de cualquier otro modo
incompatible con la Carta de Naciones Unidas. Si hay alguna duda de que el ataque armado contra Irak, en el que el Gobierno español participó y promovió de forma entusiasta, fue una guerra de agresión y constituye un crimen de agresión, me parece
que no es pertinente. Estamos ante lo que los juristas denominarían un supuesto claro. No es necesario acudir a ningún tipo de esfuerzo dialéctico, a ningún tipo de principio jurídico para resolver que estamos ante una guerra ilegítima y que
quienes la apoyaron son, después de ser juzgados y después de ser sentenciados, criminales de guerra.
En definitiva, vamos a apoyar esta proposición de ley que consideramos necesaria, oportuna y pertinente, para que, como mínimo, la tipificación y la persecución de quienes cometan estos crímenes, los más graves en el ámbito internacional y
también en la economía del propio Código Penal español, no queden impunes, como están quedando en este momento.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
En la pasada legislatura, tanto en Comisión como en Pleno tuvimos amplios debates y la Cámara apoyó de forma unánime el Estatuto de Roma que creaba la Corte Penal Internacional. Ya se anunció entonces por distintos portavoces, entre los que
me cuento, que una
vez que se ratificara este instrumento sería necesario el apoyo del Parlamento y del Gobierno español para proceder a la firma, a la aceptación de la Corte Penal Internacional, así como también que para la entrada en vigor se obtuviera el
número suficiente de Estados que hicieran el depósito de los instrumentos diplomáticos de ratificación.
Así se consiguió que una serie de países, entre ellos España, hicieran el depósito de los instrumentos de ratificación, lo que ha permitido
poner en marcha, con el nombramiento de los jueces y del fiscal, la Corte Penal Internacional.
También en aquellos debates se hizo ver la necesidad de que se adecuaran los textos legales españoles en la materia para que hubiera una sintonía con los principios y con las figuras punitivas que se estaban contemplando en las competencias
del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional para que tuvieran reflejo en la lista de figuras punitivas del Código Penal, Civil o Militar correspondiente. Prueba de ello es que el Gobierno acaba de remitir al Parlamento, como se ha
recordado aquí, una modificación del Código Penal español en el que precisamente hay un apartado dedicado a hacer una adecuación de las figuras delictivas contempladas en el Estatuto de Roma. Pero como esto puede afectar tanto a personal civil como
a personal militar, es necesario que también exista el principio de igualdad, de equivalencia en el Código Penal Militar, parte que no ha venido en el documento del Gobierno. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Nosotros entendemos que el principio de complementariedad, que es algo que se señala expresamente en el Estatuto de Roma, en las competencias procesales y procedimentales de la Corte Penal Internacional, va a tener una doble capacidad de
intervención: en primer lugar, en aquellos países donde se haya cometido el delito, para que las autoridades judiciales y penales y las autoridades competentes, civiles o militares, encausen al presunto responsable de la comisión de los
determinados delitos que se señalan, fundamentalmente los que están relacionados con el genocidio, con los delitos de lesa humanidad, los que afecten a crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra, bien porque no lo quisiera o no lo pudiera
hacer, y ahí actúa directamente la competencia de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, están aquellos otros delitos cometidos en terceros países que no estuvieran sometidos a esta jurisdicción previa nacional. En cualquier caso, el
sometimiento previo de la jurisdicción, de complementariedad, hace que el iniciador del proceso de enjuiciamiento sea del propio país -en este caso España- que tiene que adecuar y actualizar, de acuerdo con el Tratado de Roma, lo que viene
considerando figuras que no aparecen ni en nuestro Código Penal Civil ni en nuestro Código Penal Militar, para que encuentre la relación, la tipificación y la penalización que eso tiene que llevar adjunto a este respecto. De ahí que esto sea un
imperativo necesario. Nosotros creemos que al mismo tiempo que se hace la rectificación en el Código Penal tiene que hacerse la rectificación en las jurisdicciones correspondientes, en el ámbito del Código Penal Militar.
Si vamos a seguir vinculándonos a decisiones de organismos internacionales en casos de guerra o de conflictos armados en las que pudiera haber una demanda de responsabilidades, conviene dejar este tema muy claro, al menos en la legislación
penal española, dado que países que están en una beligerancia activa no han suscrito el acuerdo de Roma de la Corte Penal Internacional. Hay países, como Estados Unidos, Rusia, India, Pakistán, Irak, curiosamente, Israel y algunas repúblicas
islámicas, que no han suscrito el Acuerdo de Roma del Tribunal Penal Internacional. Nosotros sí estamos obligados política y formalmente -yo diría que primero moralmente-, por los acuerdos en su día de este Parlamento y del Gobierno, a tener
actualizada esta legislación cuanto antes, sobre todo por los compromisos con esos países que no han firmado, porque podría darse la paradoja de que, yendo de aliado con esos países en operaciones militares de las que pudieran derivarse determinadas
acusaciones de presunción de comisión de los delitos gravemente señalados y penados por el competente Tribunal Penal Internacional, a unos sí les afectara la jurisdicción y el alcance del Tribunal Penal Internacional y a otros no.
Por tanto, este
es un tema que necesita una posición muy clara y firme por parte de la representación democrática española que está en este Parlamento y por parte del Gobierno para que se haga inmediatamente una adecuación, tanto del Código Penal como del Código
Penal Militar.
De ahí, señora presidenta, que nuestro grupo vaya a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Socialista, que apoyaremos de la misma manera que vamos a apoyar el texto del
Gobierno cuando en su día sea debatido aquí. Nos ha parecido muy oportuno que el Ministerio de Justicia, que el Gobierno, haya remitido a la Cámara una modificación del Código Penal donde se contemple -precisamente en estos aspectos, no en los
militares sino en los ordinarios del Código Penal- la tipificación de estas conductas al respecto. Digo, pues, que nuestro apoyo es congruente con la línea que hemos mantenido en la defensa de los derechos humanos y que hemos tratado todos de
defender, en este caso formal y jurídicamente, para que ningún régimen político o ningún desafuero de cualquier pelotón haga un estropicio dentro de lo que son los derechos humanos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista nos ha traído hoy una iniciativa que el diputado López Garrido, con la habilidad que le caracteriza, ha sabido situar exactamente en la actualidad; la ha colocado en el día de hoy, en los trágicos sucesos
ocurridos tras la guerra, cuando en realidad el texto de la iniciativa es del 6 de noviembre de 2002 y, atendiendo a su exposición de motivos, lo que pretende es que una vez constituida la Corte Penal Internacional, ésta sólo actuará de acuerdo con
el principio de complementariedad -como se dice en su exposición de motivos- respecto de la jurisdicción del país en el que se haya cometido el delito y en defecto de la actuación de éste. La acción deliberadamente subsidiaria del Estatuto de Roma
ha de interpretarse como la obligación por parte de los Estados -dice la exposición de motivos y así es en efecto también desde nuestra perspectiva- de asumir en primer plano la represión de los atentados contra los derechos humanos cometidos en su
territorio, por lo que sus ordenamientos internos deben incluir tanto los delitos sancionados en el Estatuto de Roma como los principios generales sobre la exigencia de responsabilidad a los distintos participantes.
Por ello, la iniciativa socialista intentaba incluir y tipificaba la categoría de los crímenes contra la humanidad en la línea de la definición del propio Estatuto de Roma; la adecuación en su caso a las previsiones del propio Estatuto de
los artículos 608 a 614 del vigente Código Penal; la regulación de la responsabilidad penal de los dirigentes políticos o militares que sin haber intervenido en las ejecuciones materiales ni ser inductores directos, hayan organizado, controlado o
no impedido la ejecución de tales actuaciones, y declara la expresa imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Tiene la ventaja -que luego veremos que no tiene el proyecto del Gobierno al que me referiré y al
que se han referido en intervenciones anteriores- de que además introduce modificaciones del Código Penal Militar que en este momento, insisto, el Gobierno todavía no ha presentado.
Quiero hacer referencia a una cuestión que en distintas ocasiones he mencionado en esta Cámara, y es por qué el Gobierno no cumple, o por lo menos no se nos manifiesta a los diputados si se cumple o no, el trámite al que el Reglamento le
obliga. Cuando un grupo presenta una proposición de ley, se da traslado de ella al Gobierno y éste debe decir algo al respecto. Que yo conozca, en ningún caso se incorpora al expediente cuál ha sido la manifestación del Gobierno al respecto. En
este caso el Gobierno debiera haber manifestado al Grupo Socialista proponente y a la generalidad de la Cámara que estaba preparando un proyecto de ley de modificación del Código Penal de tal amplitud que, además de modificar el contenido que se
pretende desde el Grupo Socialista, modifica gran parte del Código Penal. Dada la magnitud del proyecto, suponemos que a 6 de noviembre del año 2002, si el proyecto se ha presentado en la Cámara el 25 de abril, algo habría trabajado ya sobre esta
materia, algo se sabría respecto de lo que se iba a hacer. De esta manera, el grupo proponente hubiera sabido que había un proyecto del Gobierno, con la prioridad de la que gozan normalmente las iniciativas de quien gobierna con mayoría absoluta, y
estaría a sus consecuencias.
En efecto, hace cuatro días entró en la Cámara el proyecto de ley del Gobierno por el que se definen y regulan los delitos que permiten coordinar nuestra legislación interna con las competencias de la Corte Penal Internacional, introduciendo
modificaciones en el título XX del libro II del Código Penal, con un capítulo IX que quedará rubricado como De los delitos contra la Administración de justicia en la Corte Penal Internacional y que además modificará lo que se refiere a los delitos
de lesa humanidad. El texto de este proyecto tiene, sobre el presentado por el Grupo Socialista, la ventaja, si se me permite expresarlo en estos términos, de que cuenta ya con el informe de la Fiscalía General del Estado, por cierto, no
excesivamente laudatoria en cuanto a los términos en los que el Gobierno ha acertado a plasmar estos textos legales. Es relativamente crítico y da unos cuantos tirones de oreja, que supongo que el Gobierno habrá hecho caso a la hora de dar la
redacción definitiva a los preceptos, porque dice que hay conductas tipificadas que difieren sin justificación suficiente de las penas previstas para otras parecidas en el ordenamiento interno de nuestro país.
Igualmente, el texto que el Gobierno nos presenta tiene opinión de la Fiscalía sobre los delitos de lesa humanidad y del Consejo General del Poder Judicial en su doble vertiente, tal y como tuve ocasión de manifestarle el otro día a su
propio presidente, en el informe, que ha sido el mayoritario, y en el contenido del voto particular que ya es habitual y es práctica corriente respecto de los informes del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, en el voto particular
minoritario hay algún añadido muy interesante, hay una observación respecto al delito de tortura del artículo 164.1 del Código Penal que, en opinión de los vocales del Consejo discrepantes, debiera aprovecharse por el Gobierno para introducirlo
también de acuerdo con el contenido del propio tratado por el que se aprueba la Corte Penal Internacional. Cierto es que el proyecto del Gobierno no contiene las modificaciones correspondientes al Código Penal Militar, pero el Gobierno todavía
tiene tiempo de presentar a la Cámara el texto correspondiente que, si se me permite expresarlo en estos términos, ojalá no sea en los bárbaros términos con que tuvo ocasión de difundirse por la prensa, si bien luego ha resultado ser un proyecto
huérfano porque
en el Gobierno se ha negado una y otra vez su paternidad.
La formación política a la que represento por supuesto no va a negar al Grupo Socialista el mérito de la iniciativa que ha traído a la Cámara y no se va a oponer tampoco a su tramitación, pero considera que es mucho más conveniente por un
elemental principio de economía procesal, sobre todo porque cuenta ya, un texto de la magnitud de la que estamos hablando de modificación del Código Penal nada menos que respecto de las conductas que mayor repudio merecen para la humanidad, con
informe de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Nos parece que ésta debe ser la norma mediante la cual optemos por adecuar la normativa española a las necesidades que la ratificación del Tratado de la Corte Penal
Internacional nos exige.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Intervengo simplemente para apoyar la toma en consideración de la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Nos parece que es muy adecuada en esta coyuntura, y también desde el punto de vista
estructural, esta adecuación del Código Penal y del Código Penal Militar al corpus jurídico de la Corte Penal Internacional.
Desde el punto de vista circunstancial y estratégico, apoyaremos, pues, esta iniciativa.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hace suya la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y no será, por tanto, un obstáculo a la tramitación de esta proposición de ley, aunque sin dejar
de reconocer -como también decía la misma portavoz- que es en el ámbito del proyecto de ley que ha llegado ya al Congreso de los Diputados, de reforma parcial del Código Penal, donde tienen su tramitación más económica los problemas que nos
preocupan a todos.
No quiero dejar de señalar el protagonismo que ha tenido esta Cámara, tanto en la ratificación del tratado por el que se constituye la Corte Penal Internacional como en actuaciones posteriores. Mencionaré aquí la Ley Orgánica 6/2000, sin
excluir la intervención de mi grupo parlamentario, que en el debate del estado de la Nación del 25 de junio de 1999 hizo aprobar una resolución en el mismo sentido. Sin embargo, hay que reconocer también que, si bien la Ley Orgánica 6/2000 habla en
su exposición de motivos de que el Estatuto de la Corte Penal Internacional es un texto completo, que regula -dice- todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha y el eficaz funcionamiento de la Corte Penal Internacional, su
establecimiento, composición y organización, el derecho aplicable y los principios generales del derecho penal que han de inspirar su actuación, etcétera, no es menos cierto que este estatuto está necesitado de desarrollo.
En primer lugar, está necesitado de desarrollo a través de una fuente de derecho internacional. El mismo estatuto prevé precisamente que la regulación que contiene debe ser desarrollada a través de varios instrumentos normativos; en
particular, los elementos de los crímenes que es conveniente tener en cuenta a efectos de trasposición de la tipificación y de una correcta tipificación de los delitos que se contienen en el estatuto -en sus artículos 7 y 8-, reglas de procedimiento
y prueba, reglamento de la Corte, etcétera. Sin embargo, este planteamiento de completitud no sólo se ve excepcionado por la necesidad de desarrollo a través de fuentes o mecanismos internacionales, sino que el hecho de que el estatuto y la ley
orgánica llamen al principio de complementariedad determina, sin lugar a dudas, la necesidad de efectuar adaptaciones en nuestro derecho interno. Adaptaciones que, por lo demás, deben ser de dos tipos: unas de derecho material -modificación del
Código Penal y del Código Penal Militar- y otras de derecho procesal, que constituyen fundamentalmente los mecanismos u obligaciones que asume el Estado en materia de cooperación internacional y de asistencia judicial a la Corte.
Por lo que hace referencia al primero de estos supuestos, cabe decir que, a diferencia de lo que se produce en otros instrumentos internacionales -como por ejemplo el artículo 5 de la Convención contra el Genocidio, de 1948, o el artículo 5
de la Convención contra la Tortura-, el estatuto no llama a su desarrollo, a su incorporación o a la incorporación de su tipificación, en el derecho interno de los Estados. No quiero dejar de recordar, no obstante, que el preámbulo del estatuto
dice literalmente: recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales. De modo que pone de manifiesto el principio de complementariedad, al que anteriormente hacía referencia,
y, si es obligación de los Estados ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales, no es menos cierto que en el Código Penal y en el Código Penal Militar internos debe estar incorporada esta tipificación.
Lo propio hay que señalar respecto de lo dispuesto en el artículo 74, sobre la obligación de cooperación
internacional y de asistencia judicial a la Corte. Ciertamente hay que reconocer el mérito del Grupo Parlamentario Socialista, que en una fecha temprana, muy poco después de la entrada en vigor del estatuto el 1 de julio del año 2002,
presentó la proposición de ley que hoy tenemos ocasión de debatir y que fue publicada precisamente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 6 de septiembre -creo recordar- del propio año 2002. Sin embargo, como también se ha puesto de
manifiesto, no es menos cierto que ya ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y en el que también se satisface esa necesidad básica. El contenido de la
proposición y del proyecto, si bien coinciden sustancialmente en los elementos centrales, presentan alguna discrepancia. Por ejemplo, el proyecto de ley que ha tenido entrada en el Congreso de los Diputados establece la imprescriptibilidad no sólo
ya de los delitos, sino también de las penas, a diferencia de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que no tiene en cuenta ese carácter imprescriptible de las penas. Como también ha podido recordar la portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, el proyecto de ley introduce en el título XX del libro II del Código Penal, dentro de los delitos contra la Administración de justicia, un capítulo IX que queda rubricado como De los delitos contra la Administración de justicia
de la Corte Penal Internacional. La ventaja de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista consiste precisamente en la tipificación no sólo en el ámbito del Código Penal, sino también en el ámbito del Código Penal Militar. Estoy
absolutamente convencido de que, en el caso de que fuese rechazada la toma en consideración de la proposición de ley, es algo que podríamos efectuar a través de enmiendas con la mayor brevedad posible.
Por lo demás, también hay que poner de manifiesto la existencia de un anteproyecto de ley orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional, que fue informado por el Consejo General del Poder Judicial el pasado 15 de enero, cuya
presentación en esta Cámara reclamamos que se produzca con la mayor brevedad posible, precisamente para que aquellas obligaciones de modificación de su derecho interno, de cooperación y de asistencia penal internacional que el Reino de España, como
Estado, asume en virtud del Estatuto de la Corte Penal Internacional, puedan satisfacerse lo antes posible. Por ello, como he señalado anteriormente, procederemos a formular una abstención en la toma en consideración de esta proposición de ley.
Poca cosa más, salvo manifestar nuestra satisfacción por los recientes acontecimientos en el ámbito del Tribunal Penal Internacional, que determinan precisamente que en los dos últimos meses se haya procedido al nombramiento de los 18
magistrados y, mucho más recientemente, al nombramiento del fiscal Moreno, que precisamente tiene una gran experiencia en la represión de este tipo de crímenes, como es el caso de los cometidos precisamente por el Estado, por el Gobierno o por la
dictadura argentina en la década de los setenta.
Nada más, señorías, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, voy a fijar la posición de este grupo en relación con la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que tiene carácter de proposición de
ley con rango orgánico. Antes de fijar nuestra posición, en primer lugar, conviene recordar -y así lo queremos hacer desde el Grupo Parlamentario Popular- que España siempre ha estado a la vanguardia de las naciones en su apoyo a la creación y a la
constitución del Tribunal Penal Internacional. En ese sentido fuimos de los primeros países dentro de la Unión Europea que procedimos a la ratificación del Estatuto de Roma, que se realizó el día 19 de octubre del año 2000, una vez que las Cortes
Generales habían concedido la preceptiva autorización, que prevé el artículo 93 de la Constitución, mediante la Ley orgánica de 4 de octubre de ese año 2000. En segundo lugar, también nos alegramos, como acaba de señalar el señor Silva, del avance
que está teniendo en estos momentos la puesta en marcha y el desarrollo efectivo de este Tribunal Penal Internacional. Pero aquí nos encontramos, señorías, con una iniciativa de carácter legislativo del Grupo Socialista y, sin perjuicio de que su
portavoz, con habilidad, haya pretendido hilarlo con un debate -ya lo ha dicho alguna otra portavoz- que posteriormente se planteará en el punto segundo del orden del día, sinceramente creo que la cuestión de fondo que se planteaba por el Grupo
Socialista, que era desarrollar en nuestra legislación penal los preceptos contenidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ese objetivo ya está conseguido previamente como consecuencia de la aprobación por el Consejo de Ministros, el
pasado viernes, del proyecto de ley de modificación de 166 artículos del vigente Código Penal común, entre ellos los artículos que se refieren expresa y específicamente...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Atencia, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señora presidenta.
...a lo que el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, establecía. Por eso, sinceramente, este grupo parlamentario hubiese comprendido perfectamente que el Grupo Socialista, antes de celebrarse el debate, hubiese
retirado su iniciativa, porque el objetivo fundamental que le animaba y que tiene relación con alguna otra iniciativa, no con rango legal sino de proposición no de ley, se discutió, si no me falla la memoria, el pasado mes de septiembre, justo
después de que el Grupo Socialista hubiese registrado su iniciativa. Ya entonces el Grupo Parlamentario Popular se opuso a aquella iniciativa porque entendía que estaba desfasada por cuanto que el Gobierno, como SS.SS. conocen, y especialmente los
miembros de la Comisión de Justicia, estaba trabajando en un anteproyecto de ley que finalmente se ha convertido en proyecto de ley y que está en este momento en la Cámara, después de haber recibido los estudios previos correspondientes y los
informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, etcétera, como requiere un proyecto de esta envergadura.
Nos parece que la iniciativa del Grupo Socialista es interesante, pero la mejor forma de plantearla es por la vía de enmienda en lo que consideren oportuno, porque hay mucha similitud entre la iniciativa socialista y lo que finalmente
presenta el Gobierno, aunque, como bien han destacado otros portavoces -y me remito a sus palabras-, creo que la iniciativa del Gobierno es más completa y más concreta.
Por tanto, a partir de ahí podría terminar mi intervención, pero el señor López Garrido incide sobre una modificación de carácter legislativo que afecta al Código Penal Militar. El Grupo Parlamentario Popular entiende que en este momento
procedía traer la modificación del Código Penal común -en este sentido algunos grupos se habían manifestado- y además el punto de vista de la técnica legislativa, aunque todo es discutible, nos indica que era mejor plantearlo de esa forma.
Entendemos que lo oportuno es modificar, como en este caso se hace de forma muy importante, el Código Penal común, especialmente con la incorporación de artículos específicos del Estatuto de Roma, concretamente el delito de lesa humanidad. Nos
parece que la técnica de modificar previa o paralelamente el Código Penal Militar se puede plantear, pero hay argumentos de autoridad, como los del profesor Rodríguez Devesa, que han destacado en reiteradas ocasiones la inconsecuencia de elaborar un
Código Penal complementario, como es el Código Penal Militar, antes de abordar la reforma, que en este caso se ha realizado por el Gobierno con el proyecto de ley actual o el que está en tramitación en esta Cámara en la Comisión de Justicia, sobre
el Código Penal común. Una vez aprobada esta reforma se puede abordar la reforma del Código Penal Militar por otra serie de razones que vienen al caso, como es la necesidad de la adecuación del nuevo modelo de Fuerzas Armadas profesionales a la
realidad del cambio de nuestra defensa y las Fuerzas Armadas en los últimos tiempos. Por tanto, ese podría ser el ámbito en el que se debía plantear. En cualquier caso, la capacidad de los grupos parlamentarios, como ha señalado el señor Silva, de
plantear enmiendas en el trámite de la ley orgánica que ya está registrada en esta Cámara permitirá esos debates y por razones de economía procesal -me parece que lo ha dicho la señora Uría- lo lógico es ese trámite, por lo que el Grupo
Parlamentario Popular no va a respaldar su iniciativa, aunque podemos entrar en todas las cuestiones de fondo que se planteen.
A partir de esto, señora presidenta, yo podría terminar perfectamente mi intervención, pero no me resisto a hacer algún comentario en relación con la intervención del representante del Grupo Parlamentario Mixto cuando ha hablado del fervor
reformista del señor Michavila. Me sorprende que hablara de que no se habían reformado los tipos penales que ahora se reforman. No sé si es que le he entendido mal o es que no se ha enterado bien, porque precisamente lo que el Gobierno aprobó el
pasado viernes, y ha registrado esta Cámara, es la reforma de muchos tipos penales y entre ellos los delitos específicos contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y a los que se pretende incorporar nuestro derecho interno a través
de la reforma del Código Penal. Por tanto, no entiendo bien qué se plantea. Si se plantea desde el punto de vista dialéctico, este grupo parlamentario es reformista y lo plantea por la vía de los hechos; a otros a lo mejor se les llena la boca al
hablar de muchas cosas pero se oponen permanentemente a las reformas que se traen a esta Cámara.
Ha planteado una segunda cuestión en relación con el ministro de Defensa y no me resisto a dejar clara la posición del Grupo Parlamentario Popular.
Yo no creo que se pueda pretender mantener, como ha hecho el señor Aymerich, una polémica
artificial basada en elementos que no se van a producir. En ese sentido, quiero reiterar, en primer lugar, que tanto para el Ministerio de Defensa como para el Partido Popular no es una prioridad reformar de forma global el Código Penal Militar y
precisamente por eso vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta iniciativa. En segundo lugar, en esta legislatura ni está ni ha estado previsto en ningún momento abordar la reforma de ese código, como los miembros de esta Cámara,
especialmente los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, conocen perfectamente, porque el calendario legislativo del Gobierno jamás planteó abordar la reforma del Código Penal Militar. Y en tercer lugar, me gustaría dejar
claro que ni el Gobierno ni el Partido Popular van a proponer la tipificación de esas situaciones que han salido en algunos
medios de comunicación porque no entra dentro de nuestro estilo, de nuestra forma de ser y de nuestros principios políticos. Creo que hemos dado ejemplos de continuo respeto a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales.
Ahí está, por ejemplo, la reforma de los servicios de inteligencia que esta Cámara aprobó, de la que este portavoz tuvo el honor de ser ponente junto con otros diputados de esta Cámara, donde incorporamos principios constitucionales como la
intervención judicial previa ante la conculcación de determinados principios que la Constitución establece, como el domicilio, la correspondencia, etcétera, frente a otras posiciones u otras prácticas que hubiesen mantenido otros.
No fuimos
nosotros los que propusimos ni los que aprobamos en esta Cámara una ley orgánica que claramente conculcaba derechos fundamentales, como fue la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como la ley orgánica de la patada en la puerta, a la que el
Tribunal Constitucional puso en su sitio precisamente a instancia del Grupo Parlamentario Popular y siendo comisionado quien en este momento es ministro de Defensa.
Por ello, señora presidenta, y con esto termino, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar a favor de la toma en consideración de la iniciativa que se nos plantea, fundamentalmente porque responde a unos objetivos que ya están resueltos
con la iniciativa legislativa que el Gobierno tiene registrada en esta Cámara desde el pasado viernes, una vez que el Consejo de Ministros aprobó proponer la reforma de 166 artículos del Código Penal. Además, entendemos que la reforma del Código
Penal Militar tiene que abordarse en otro ámbito de forma posterior, sin cerrar ninguna puerta. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario votará en sentido negativo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Atencia.
Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adecuación del Código Penal y del Código Penal Militar al Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 114; en contra, 160; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SEÑORA LASAGABASTER, POR LA QUE SE SOLICITA LA SUPRESIÓN DE LOS ARTÍCULOS 520 BIS Y 527 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (ORGÁNICA.) (Número de expediente 122/000274.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por la señora Lasagabaster, por la que se solicita la supresión de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Lasagabaster. (Rumores.)
Señorías, hay una diputada esperando para hacer uso de la palabra. Ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y que el resto ocupe sus escaños. (Pausa.)
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el día de hoy presentamos a debate una iniciativa, una proposición de ley, que pretende la derogación de dos artículos de la Ley de enjuiciamiento criminal, los cuales regulan las circunstancias y formas en que ha de practicarse
la detención de aquellas personas contra las cuales se dirige la acusación genérica de integración o relación con banda armada o individuos terroristas o rebeldes, y en los que se establece un período de incomunicación de tres días. (Fuertes
rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster, por favor. Es imposible, por mucho que usted se esfuerce, que se le pueda oír.
(Pausa.)
Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señalaba que los artículos citados hacían referencia a ese régimen de incomunicación de tres días, prorrogables dos días más, hasta un total de cinco días, siempre y cuando hubiere una decisión del juez
instructor, durante los cuales esas personas no eran informadas de los motivos, hechos ni circunstancias de la detención, se imposibilita su contacto con familiares o allegados, tienen que ser asistidos por un letrado de oficio sin posibilidad de
entrevista particular después de la declaración policial y se deniega el derecho a ser examinados por un médico de su confianza.
Este debate, señorías, no es nuevo en esta Cámara. Recordemos los debates de las reformas legislativas ya hace un cierto tiempo, el de la Ley antiterrorista de 1984 o los debates de la ley de la que trae causa, la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal del año 1988, por no citar las sentencias del Tribunal Constitucional tan importantes en esta materia que establecieron los presupuestos al respecto, las sentencias 196/1987 y 199/1987. La posición de Eusko Alkartasuna
tampoco es nueva en esta materia. En esos mismos debates del año 1988, el diputado portavoz de
Eusko Alkartasuna, señor Azcárraga, ya defendía las mismas cuestiones que hoy defiendo. Así lo hemos hecho a lo largo de este tiempo no sólo en este foro, sino también en el Parlamento vasco con iniciativas durante el año 1999 y el año 2002
o en los programas electorales en los que hemos presentado de manera clara esta cuestión -la última en el programa para las elecciones a Cortes Generales de 2000- o las múltiples iniciativas que esta portavoz ha presentado durante esta legislatura.
Lo digo abiertamente para que quede clara nuestra posición, una posición muy clara al respecto, coherente en el tiempo, gustará o no gustará, pero coherente en el tiempo y desde luego autónoma, autónoma de cualquier otra cuestión, autónoma de lo que
digan o dejen de decir otros cualesquiera u otros no cualesquiera o quien fuere al respecto. Siempre hemos planteado esto porque así lo consideramos y lo digo por adelantarme a cualquier cuestión que pueda suscitarse por algún grupo posteriormente
en cuanto al objetivo u oportunidad de esta incitativa.
Permítanme hacer una reflexión básica en esta materia. Esta legislación existe porque lamentable y desgraciadamente existe el terrorismo y la lucha contra el terrorismo es clave porque el terrorismo de forma notoria, clara y evidente atenta
de manera grave e intolerable contra los derechos de las personas, y corresponde a los poderes públicos y a la sociedad que se asegure, se evite y en su caso si no se puede evitar se persiga a aquellos que vulneran los derechos fundamentales de las
personas, con cooperación policial, judicial, internacional, con lo que ustedes quieran. Asimismo, hay otra cuestión evidente en esta reflexión básica, como es que las medidas que haya que adoptar tienen que ser medidas que en ningún caso vulneren
otra serie de derechos. No puede haber reglamentos de excepción o legislación que contenga insuficiencia de garantías o ampliación de poderes que pudiere llevar intrínsecamente la vulneración o la lesión de algún otro derecho de las personas. Esta
es la cuestión en la cual basamos nuestra reflexión.
No voy a citarles el porqué de nuestro desacuerdo en su momento en 1988, queda ya en el pasado, pero me gustaría hacer una reflexión sobre lo que ha ocurrido a lo largo de estos quince años. ¿Vamos a examinar a lo largo de estos quince años
si se han aplicado, si se han cumplimentado los presupuestos que señalaban las sentencias del Tribunal Constitucional que eran la base para determinar cuándo se podía o no, en qué condiciones o bajo qué circunstancias o qué garantías eran necesarias
para que esto pudiera ser factible?
Hablemos de esas dos sentencias que antes he citado. Por ejemplo, en lo que se refiere a la asistencia letrada. el Tribunal Constitucional hacía una mención clara a la efectividad de la defensa, a la real efectividad de la defensa y esto
es lo que hay que examinar para ver si se ha cumplido o no. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional hacía referencia a que ampliar la detención preventiva puede suponer una penosidad adicional, una coacción moral añadida e injustificada sobre el
detenido incompatible con su derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Es evidente, señalaba el Tribunal Constitucional, que puede haber excepciones, pero la excepción siempre ha de tener en la mente dos elementos clave:
que sea necesidad estricta y que sea con la mayor brevedad posible. Esto está vigente y sobre estos presupuestos hay que ver si a lo largo de estos quince años la aplicación práctica ha sido acorde con lo que se planteaba por el alto tribunal.
Para hacer un relato de lo que ha pasado en estos quince años me voy a acoger, señorías, no a lo que esta diputada pueda pensar sino a los informes de los distintos comités internacionales de aquellos expertos a los que les ha sido
encomendada la labor, mediante tratados internacionales, de examinar y analizar esta cuestión. Me refiero a la Comisión de derechos humanos de Naciones Unidas, a la Comisión contra la tortura de las Naciones Unidas, al Comité para la prevención de
la tortura del Consejo de Europa, al relator especial de Naciones Unidas sobre tortura o a las ONG prestigiosas en materia de derechos humanos -no me lo negarán ustedes-, como Amnistía Internacional y, recientemente, los informes de Human Rights
Watch.
¿Qué dicen todos estos informes y comités especializados en este tipo de cuestiones? Por ejemplo, el Comité contra la tortura ha realizado cuatro informes en estos últimos quince años, pero las demás comisiones y comités -no voy a citar
todos ellos- tienen una cuestión común. El Comité contra la tortura de Naciones Unidas señala en su último informe, de 25 de noviembre de 2002 -no hace tanto tiempo-, después de haber tenido un periodo de debate sobre esta materia y haber
contrastado con unos u otros, que hay una profunda preocupación ante la posible detención en régimen de incomunicación durante esos cinco días, y manifiesta que el régimen de incomunicación, independientemente de los resguardos legales para
decretarla, puede facilitar la comisión de actos de tortura y malos tratos. El relator especial de Naciones Unidas señalaba en varias ocasiones, por ejemplo en 1995, que cuando más a menudo se practica la tortura es durante el régimen de
incomunicación y que este tipo de detención no se puede seguir considerando legal. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en 1997, señalaba que está fuera de toda duda que la detención en régimen de incomunicación propicia la tortura y
los malos tratos y puede constituir en sí misma un trato cruel, inhumano y degradante. También puedo hacer referencia al último informe del Comité de prevención de la tortura del Consejo de Europa, en marzo de 2003, el cual da una vuelta de tuerca
más a esta cuestión y señala -a pesar de que todos ellos reconocen que hay una buena cooperación con el Gobierno del Estado español- que no se cumplen
las recomendaciones que se hacen por parte de estos comités, y establecía que las recomendaciones que en relación con esta materia deben aplicarse sin mayor dilación son las relativas al acceso a un abogado desde el inicio del arresto, a que
la causa y el lugar de detención se comunique a los familiares en un máximo de 48 horas y que los detenidos puedan acceder a un forense de su elección, y consideraban que también podría ser conveniente la creación de un organismo independiente que
investigue internamente las denuncias de torturas y malos tratos.
Señorías, quede una cosa clara: ninguno de los organismos que les he citado ni esta portavoz señalan que en España se torture sistemáticamente, pero sí hay casos. Lo que les preocupa es la frecuencia de las denuncias y que esa
incomunicación facilita la existencia de ese espacio de impunidad. Los organismos internacionales dicen que las denuncias de malos tratos y torturas no necesariamente en todos los casos puede atribuirse a una estrategia de los detenidos para minar
la credibilidad moral de la autoridad, y hablan también de otras cosas -aunque no sea esto el objeto del debate-: de la preocupación por la falta de voluntad en la investigación, de la dilación de los procedimientos judiciales o de los indultos que
se conceden a personas que han sido condenadas por sentencia firme por haber realizado malos tratos y torturas.
Permítanme que veamos un poco la práctica habitual. Hay una legislación, que es de excepción pero con unas garantías y con unos presupuestos que -entre comillas- deben recoger claramente lo que dicen los presupuestos de la sentencia del
Tribunal Constitucional. Sin embargo, ¿se cumple el artículo 520 bis en relación con una cuestión tan importante como la participación del juez instructor en cuanto a la denegación o autorización o comunicación de esa solicitud motivada por parte
de la autoridad gubernativa? Amnistía Internacional señala que, lo voy a leer claramente, según su experiencia, la exposición de motivos suele hacer referencia simplemente a los presuntos vínculos del individuo con el terrorismo, tradicionalmente
con ETA. El juez podrá en todo momento requerir información y conocer personalmente o mediante delegación la situación del detenido, pero esto queda a su discreción y en la práctica los jueces rara vez hacen uso de su derecho a obtener información
personalmente.
Vayamos a la defensa, a la real efectividad de la defensa que señalaba el Tribunal Constitucional; independientemente de que fuera un abogado de su elección o un abogado de oficio, lo que tiene que haber es la efectividad real de existencia
del derecho de defensa. Aquí, si se quiere, son más críticos si cabe, y esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacen los abogados de oficio, que hacen un buen trabajo con las posibilidades que se les da para llevarlo a cabo.
Los comités que antes he citado recogen claramente que es difícil que haya un derecho de defensa real cuando el abogado no se puede entrevistar con el cliente antes de que se realice su declaración, se le obliga al abogado a permanecer en
silencio durante la formulación de la declaración y tampoco puede llevar a cabo una entrevista a posteriori. Con estas limitaciones, dice, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en 1996: En esta fase inicial y crucial del proceso es
difícil que haya un derecho de defensa porque esta fase es fundamental para el derecho del detenido y se conculcan una serie de artículos que señala el Pacto internacional de derechos civiles y políticos.
El Comité europeo para la prevención de la tortura decía que si el abogado no puede entrevistarse en privado con el detenido ni antes ni después de realizar su declaración es algo inusitado, y en tales circunstancias es difícil hablar de
derecho efectivo a asistencia letrada y que más cabría describir al abogado designado de oficio como mero observador.
Hoy nos encontramos, en abril 2003, con un documento de trabajo -no es un informe, ya se lo digo desde ahora porque en ese caso requiere que sea aprobado en Comisión y luego en Pleno- del eurodiputado Fodé Siya, sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión Europea en el 2002, y también se refiere a esa restricción de la actividad del abogado en la defensa del detenido en estos casos, o igualmente habla de ese espacio de impunidad, lo pueden leer tranquilamente, que
se puede estar produciendo en el régimen de incomunicación.
He de señalarles que el relator especial de la ONU para la tortura visitará España en este mes de mayo por las denuncias que se han formulado. Son bastantes las cosas que en estos quince años nos llevan a que quizás tengamos que hacer una
reflexión independientemente de unas u otras consideraciones al respecto.
Nos preocupa este tema al día de hoy porque observamos que hay reformas legislativas como lo que se refiere a la prisión provisional, que curiosamente lo que hacen es establecer una reforma en el artículo 509, en la cual amplían la
incomunicación hasta un máximo de trece días. Es verdad, ya lo discutiremos en la ponencia correspondiente, que no sabemos, por lo farragoso de la literalidad del precepto, si hace referencia sólo a prisión, si hay que computar la detención
gubernativa aparte o si realmente los trece días hacen referencia a la detención gubernativa y al periodo de incomunicación en prisión provisional, pero esto también es una alerta que se están llevando a cabo muchas organizaciones no gubernamentales
y comités de expertos en derechos humanos porque no es admisible trece días de incomunicación.
Señorías, somos conscientes de que este es un tema delicado y sensible, y difícil, por qué no decirlo, pero los temas difíciles también deben ser abordados. Corresponde a esta Cámara la competencia de modificar
la legislación en esta materia, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, modificación que debe hacerse para evitar -si no hay, no hay, pero si se evita, mejor- espacios de impunidad en que, como todo el mundo nos señala, pueden darse o pueden
facilitar que existan esas situaciones.
Digo que debemos abordar nosotros esta materia porque cada uno en su ámbito y funciones está abordando esta cuestión, y aquí creo que es bueno señalar que, por ejemplo, hace apenas dos semana, de acuerdo con las funciones que les
corresponden, los propios departamentos de Interior, de Justicia y de Sanidad del Gobierno vasco y el Instituto Vasco de Medicina Legal han firmado un protocolo dentro del ámbito de competencias que tienen. No pueden obviamente, porque corresponde
a esta Cámara, hacer nada referente a ninguna modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero sí han entendido oportuno que haya un protocolo para la coordinación de la asistencia a personas detenidas en régimen de incomunicación,
actuaciones que pretenden dar seguridad a que no puedan en ningún caso ocurrir cuestiones de esta índole. Se habla, por ejemplo, de un reconocimiento médico en cuanto se produce una detención; de un reconocimiento médico por distintos médicos
forenses cada día, no un solo médico forense; de un informe global conjunto de los distintos médicos forenses que participan a lo largo de esos cinco días, tiempo máximo de detención...
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy terminando, señora presidenta.
Un reconocimiento a posteriori antes de poner a disposición judicial; de la posibilidad voluntaria de hacer otro tipo de análisis para evitar que haya sustancias psicotrópicas que puedan afectar al sistema nervioso, etcétera; y, así como
un protocolo, también un servicio de atención a familiares, con el cual se trata de dar cumplida información, 24 horas al día, del motivo, lugar de detención, estado de salud, entrega de medicamentos, etcétera.
Señorías, soy consciente, lo decía antes, de esta cuestión, soy consciente de que hay régimen de incomunicación porque hay terrorismo y nos corresponde a todos luchar contra el terrorismo con esos medios pero sin que en ningún caso y nunca
tampoco se vulneren derechos de otras personas.
Termino, señora presidenta, citando lo que señalaba la revista The Economist, en enero de este año, en un informe y un editorial sobre las posibles tentaciones que pudieran darse en Estados Unidos de utilizar para la lucha contra el
terrorismo determinados métodos y prácticas que en ningún caso debieran ser utilizados. Decía una de las reflexiones de su editorial que las democracias, para asegurarse de que son mejores que aquellos contra quienes luchan, deben tener claro
cuáles son los límites que nunca deben sobrepasar.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, una intervención breve para manifestar ante la Cámara que el debate que hoy nos trae la señora Lasagabaster rejuvenece. Volvemos a discutir en estos tiempos desde el terreno de los principios, como en los años ochenta, en los años
de la transición, cuando considerábamos básicos principios tales como que el privado de libertad por haber cometido cualquier acción delictiva sólo tenía que estar privado de libertad, sin que quedara ayuno, sin que por ello quedara exento de ningún
otro ámbito de derechos. Esto nos retrotrae, insisto, a las posturas sostenidas por la formación política a la que yo represento cuando en esta Cámara se debatieron estas cuestiones, tanto en el debate constitucional, como en las leyes orgánicas
que dieron redacción a los artículos que hoy son objeto de la iniciativa, que son el 520 bis y el 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, las leyes orgánicas 4/1988 y 13/1983 respectivamente. Resulta adecuado, además, en estos tiempos
en los que, desde la perspectiva de la formación política a la que yo represento por supuesto, se está notando un importantísimo retroceso en materia de garantía de derechos y libertades, con normas tales como la vigilancia penitenciaria
centralizada, las leyes de cumplimiento íntegro de las penas, el aumento de penas para determinados delitos, las posibilidades de expulsión de inmigrantes por la comisión de determinados hechos delictivos, un número importante de normas que nos
parece que todas ellas van en la idea de una mayor represión. En lugar de incidir en otros aspectos, dentro del traído y llevado binomio de seguridad y libertad, se ha apostado por la idea de la seguridad, pero que no es otra cosa, desde nuestra
perspectiva, que un síntoma del fracaso que en las políticas de prevención, sociales o de otra índole, ha tenido este Gobierno. Insisto en que los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ponen pormenores o señalan matices
respecto de las posibilidades de asistencia letrada o de comunicación o incomunicación respecto de quienes son autores de determinados delitos, a cuya gravedad, por supuesto, no quiero quitar la más mínima importancia pero, puesto que estamos
hablando de delincuencia terrorista, me parece que es importante en estos tiempos como elemento de reflexión cuanto menos.
La iniciativa está fundamentada en principios internacionales, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos a la Convención de Naciones Unidas contra la tortura, y en las consideraciones del CAT, que una y otra vez ha insistido en que
no obstante los resguardos legales para decretarla, la extendida detención en régimen de incomunicación durante la cual el detenido no puede contar con la asistencia de un abogado de su confianza parece facilitar la práctica de la tortura. La mayor
parte de las quejas se refieren a torturas infligidas en este período. No se entienda que estoy imputando la generalización de conductas de este estilo; simplemente digo que tratamientos de incomunicación del tipo de los previstos en estas normas
procesales pueden posibilitar comportamientos de esta índole.
Soy consciente de que ambos preceptos, el 520 bis y el 527, han tenido la bendición correspondiente por las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional que también han sido citadas, la 196 y la 199, de 1987, respecto de las cuales me
gustaría hacer en este momento alguna consideración. En ellas se dice, y es así cierto, si bien tienen interesantísimos votos particulares que no sé si hoy serían posibles dado el tenor de los ciertos vientos contrarios a estas libertades que hoy
rigen, que en el marco constitucional el legislador puede imponer las limitaciones al contenido normal de los derechos fundamentales que vengan justificadas en la protección de otros bienes constitucionales, que sean proporcionadas a la misma y que
no sobrepasen su contenido esencial. El Tribunal Constitucional es extraordinariamente estricto y este razonamiento, muy ceñido a la literalidad del precepto legal, le sirve para justificar la posibilidad de la prórroga de la detención incomunicada
de los dos días a los cinco. Veo muy complicado que con ese mismo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sea hoy posible hablar de los cinco días prorrogables por otros cinco, más otros tres no continuos, tal y como se prevé en lo que ahora es
el proyecto de ley de prisión provisional que en este momento está en debate en esta Cámara.
Querría indicar con ello que si se rebasa o se desconoce el contenido esencial es cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen
impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección. La justificación constitucional que tuvieron los preceptos cuya derogación ahora se pide por la iniciativa presentada por la señora Lasagabaster, desde
la perspectiva de la formación política a la que yo pertenezco, no llega a cubrir la extensión de la falta o de la limitación de garantías que por ejemplo el proyecto de prisión provisional pretende hacer en este momento.
Por los razonamientos que he indicado al principio, por estas justificaciones de índole jurisprudencial pero sobre todo como filosofía, como criterio y como deseo, la formación política a la que pertenezco, aun conociendo que estos preceptos
han obedecido a la existencia de una determinada terrible delincuencia, preferiría que desaparecieran de las normas procesales y vamos a votar, por supuesto, a favor de la toma en consideración de la iniciativa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, a mí me hubiera gustado que estuviera el señor ministro, no por nada, pero sí para refrescarle un poquito la memoria acerca de que este humilde grupo no respaldó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el
establecimiento de los juicios rápidos, toda vez que ante distintos problemas y críticas que han surgido en la opinión pública española y en algunos sectores de la judicatura acerca de la misma, él ha afirmado de forma contundente que había 350
votos detrás de esa modificación. Los nuestros son humildes, somos lo que somos, pero indiscutiblemente nos abstuvimos y dijimos que lo hacíamos con dolor, ya que nos hubiera gustado apoyarla, pero no compartíamos algunos cambios que se habían
producido, por aquello de que a más velocidad, menos seguridad hacia las personas detenidas o inculpadas, y luego acerca de los medios económicos.
Dicho esto, que me hubiera gustado recordárselo al señor ministro, estamos hoy aquí ante una iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto de intentar introducir racionalidad democrática en el ámbito de los derechos humanos en una de las muchas
leyes del Estado español. Nuestro grupo parlamentario anuncia que va a respaldar afirmativamente, como no podía ser menos, la supresión de estos artículos por entender, en primer lugar, que han venido a demostrar con el tiempo que no han servido
apenas para nada. En todo caso, me corrijo a mí mismo, si han servido, ha sido para efectos contrarios. Si en un momento determinado alguien ha querido cargar las tintas acerca de no sé sabe qué gudari encarcelado por los ominosos jueces del
Estado español, se basaba, abusaba y se le daba pie con una legislación extraordinaria que, vuelvo a insistir, no tiene ninguna razón de ser ni tampoco tiene resultados. Por lo tanto, desde una normalización de lo que es una legislación
democrática, una legislación de respeto a los derechos humanos, como decía la señora Lasagabaster, no damos respaldo a las denuncias de una tortura continuada en el Estado español. Reconocemos que existen algunas hechas por organismos
internacionales y también por distintas personas, a las que sería conveniente ponerles coto.
Señorías, con estas medidas de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente no se está persiguiendo la gravedad del delito; si no, se haría
extensible, por ejemplo, a la detención de narcotraficantes. Se está concentrando el foco sobre una actuación, la terrorista, a la que cuando desde el ámbito del Estado de derecho se le da un marco especial, indirectamente le estamos
reconociendo que hay una diferenciación política, cuando al entender de mi grupo parlamentario los terroristas de ETA no pasan de ser delincuentes comunes y, por lo tanto, que se les aplique la misma legislación que se aplica en el ámbito del Estado
español a cualquier delincuente. Vuelvo a insistir, cualquier tipificación especial para determinado delito de la banda terrorista no sólo crea mártires, sino que facilita a algunos voceros un juego propagandístico en contra del Estado de derecho.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía la portavoz del Grupo Mixto, de Eusko Alkartasuna, que los temas difíciles deben ser abordados. Mi grupo parlamentario está de acuerdo en eso y este es un tema difícil: encontrar ese punto de equilibrio entre la garantía de los
derechos de una parte de los ciudadanos, estén detenidos o presos, y las garantías y las necesidades de seguridad del resto. Por tanto, estamos de acuerdo en que los temas difíciles deben ser abordados, pero entendemos, y no se ha dicho, que no hay
soluciones fáciles a temas difíciles. Mi grupo entiende que la pura y dura supresión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal del régimen de incomunicación, artículos 520 bis y 527, no es una solución posible ni equilibrada, sin perjuicio de que hay
otros preceptos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que no se derogan en la proposición de ley que se nos ha presentado, como es el artículo 506, que establece una regulación del régimen de incomunicación ordinario, sin vincularlo a la actuación de
bandas o grupos terroristas.
Sin embargo, de la misma manera que hicimos en el punto anterior del orden del día, no vamos a ser nosotros los que nos opongamos a que este tema difícil se aborde en esta Cámara e intentemos dar una solución. En
cualquier caso, con el proyecto de ley regulador de la prisión provisional que presentó el Gobierno mi grupo parlamentario puso ya de manifiesto su preocupación por la institución de la incomunicación y la necesidad, aunque sabemos que es una
solución más difícil que la supresión, de encontrar ese equilibrio y de ofrecer garantías suficientes. De ahí que precisamente sobre la base de ese proyecto de ley hayamos presentado ya tres enmiendas. La primera pretende reforzar la intervención
del juez en la adopción de la medida y reforzarla no sólo en el momento en el que se autoriza la incomunicación, sino que el juez efectivamente ejerza una auténtica vigilancia y control de la misma y que además, para autorizarla, tenga en cuenta no
sólo que exista esa necesidad estricta a la que hacía referencia la presentadora de la proposición de ley, sino también la ponderación y por tanto la idoneidad y proporcionalidad de la medida. La segunda enmienda pretende la reducción de los plazos
de incomunicación y la tercera que junto con el médico forense, se pueda atribuir al preso incomunicado el derecho a ser examinado y asistido por otro médico y que a estos efectos los colegios de médicos deban organizar un servicio de asistencia con
la finalidad de atender las peticiones que se planteen.
El problema nos preocupa y también nos preocupan algunos síntomas, algunas concesiones de indultos, algunas condenas, no porque estas se produzcan, sino porque se hayan producido los hechos que hayan determinado la existencia de esas
condenas. Nos gustaría, como decía anteriormente, encontrar una situación de equilibrio que sea la más conveniente para todos. Precisamente a raíz de la presentación del proyecto de ley de prisión provisional y del régimen de incomunicación,
pudimos tener contacto, por un lado, con Amnistía Internacional, que puso encima de la mesa sus preocupaciones y sus propuestas, pero también tuvimos interés en consultar no ya al fiscal jefe de la Audiencia Nacional y por tanto responsable
especialmente de las medidas antiterroristas, sino al fiscal jefe Antidroga, con la finalidad de saber cuál es la necesidad real del instrumento o de la institución de la incomunicación. Lo que se nos trasladó es que la institución de la
incomunicación es necesaria; que no se puede pretender cuando se lucha contra la delincuencia organizada que veinte o veinticinco personas integrantes de una banda estén pendientes de una declaración judicial y que estas personas puedan estar en
contacto entre sí con anterioridad, a veces estar en contacto con abogados. Hace unas semanas se puso de manifiesto por la prensa el caso de una persona que está presa y a disposición de la Audiencia Nacional por formar parte de una de estas redes,
incluso, por lo que se ha dicho, por haber cometido la tentativa de asesinato del fiscal jefe Antidroga, etcétera.
Por lamentable que sea, la incomunicación no deja de ser una institución necesaria. Ahora bien, la solución quizá no la más fácil
pero sí la más conveniente es reducirla a sus justos términos temporales; reducir y eliminar el automatismo y por tanto que únicamente se aplique en aquellos supuestos en los que sea estrictamente necesaria, efectuando un auténtico juicio de
proporcionalidad y desde luego introduciendo aquellos elementos que sin facilitar la comisión del delito o su impunidad sí constituyen sin embargo una garantía para todos, desde luego para la persona detenida o presa de que, aunque sea de una forma
total y absolutamente aislada y sin la existencia de ninguna sistemática,
no deja de ser una garantía ante malos tratos y torturas, pero la presencia de este médico designado por el Colegio de Médicos tampoco deja de ser una garantía para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de que no serán objeto de
una acusación falsa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, regresa a la tribuna del Congreso la cuestión de la libertad personal y sus garantías, sobre todo frente al régimen jurídico de la prisión provisional, así como un aspecto muy específico e incidente sobre esa libertad, cual es el
de la incomunicación durante el régimen de prisión provisional. De nuevo esta cuestión viene a esta tribuna precedida por una argumentación que ni necesita comentarios ni admite discusión, en primer lugar que es una cuestión capital de cualquier
Estado constitucional y en segundo lugar que está necesitada sin embargo en España de una reforma imperiosa. Ambas cuestiones están fuera de discusión a estas alturas. Prueba de ello es que muy recientemente ha habido una iniciativa legislativa,
el proyecto de ley patrocinado por el Gobierno, que ha sido objeto de una discusión en esta Cámara y que recibió en su momento una enmienda a la totalidad con texto alternativo por parte del Grupo Socialista. Las razones son muy conocidas en esta
Cámara. Tienen que ver, primero, con el hecho de que es una institución capital en el proceso penal necesitado de reforma de acuerdo con la actual doctrina y jurisprudencia constitucionales y, en segundo lugar, con que fue objeto de un tratamiento
concienzudo a lo largo de las discusiones que condujeron al pacto para la reforma de la justicia y, consiguientemente, ocupó su lugar central en cualquier proyecto de modificación del sistema de justicia penal y constituye todavía a estas alturas
una necesidad imperiosa acometer su regulación y sería imperdonable que esta legislatura concluyera sin que esa regulación viese la luz. De la misma forma que le dijimos con claridad al ministro de Justicia, hoy ausente de este debate, que la
regulación que patrocinaba el Gobierno del Partido Popular no era la que el Grupo Socialista consideraba adecuada a la actual situación de la doctrina y jurisprudencia constitucionales, tenemos que decir hoy ante esta iniciativa legislativa que la
modificación que está pidiendo la prisión provisional y en particular el régimen de la incomunicación no es la pura y simple supresión del desarrollo legislativo que actualmente reside en los artículos 17 y 24 de la Constitución y en los artículos
520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es muy otra. La razón es muy sencilla, en primer lugar porque, frente al Gobierno, dijimos que efectivamente la incomunicación es una institución que, por incidir tan fuertemente sobre las garantías
de la libertad personal durante el régimen de la prisión provisional, requiere una regulación estrictamente garantista, pero esa regulación no puede ser la que no existe y desde luego tampoco puede ser la desaparición de un régimen de incomunicación
al que la propia Constitución presta una base de legitimación inequívoca, poniendo en relación además la garantía de la libertad personal y las garantías de los derechos de la persona frente a la prisión provisional en relación con un problema del
que España no puede de ninguna manera hacer abstracción en ningún desarrollo legislativo, como es el problema del terrorismo, porque el terrorismo está presente en la Constitución y, de hecho, el propio artículo 55, en su párrafo segundo, legitima
al legislador orgánico a excepcionar el régimen ordinario de disfrute de las garantías de la persona y de la libertad personal frente al proceso penal y frente a la prisión provisional, de manera especial cuando se trata de combatir una criminalidad
organizada y tan cualificada como es el terrorismo. Precisamente por ello los desarrollos de los artículos 520 y 527 y sus antecedentes en la Ley de Enjuiciamiento Criminal han estado siempre en relación con algo que de una u otra forma se ha
denominado en España legislación antiterrorista. Así fue en 1980 -en su momento interpretada por la jurisprudencia constitucional en 1981-, así fue en 1984 -en su momento interpretada por la jurisprudencia constitucional en 1988- y así fue en 1988,
que es la regulación actualmente vigente, la Ley orgánica 4/1988, que le dio la actual redacción a esos artículos 520 y 527, posteriormente interpretada por la jurisprudencia constitucional en la sentencia 71/1994 y en la sentencia 47/2002. Esta es
la situación. Por tanto de ninguna manera la regulación aceptable puede ser la que no existe.
La regulación aceptable, naturalmente, a juicio del Grupo Socialista, es la que se corresponde con la enmienda a la totalidad con texto alternativo que sostuvimos ante esta tribuna hace muy pocas fechas, en la que defendíamos una regulación
más garantista de estos artículos, cambiando también su numeración y contemplando, en primer lugar, una diferencia de la incomunicación judicial con respecto a la policial, con una nueva redacción de los artículos 516 y 520, determinando qué
personas quedan excluidas del régimen ordinario de la incomunicación y, entre esas personas, el abogado de libre elección, los familiares y el médico de libre elección, que garantizan por tanto una mejor posición de los derechos y de las garantías
de la dignidad personal involucrados en el proceso penal y en la preparación del mismo a través de las medidas cautelares personales y, entre ellas, de forma destacada,
la prisión provisional frente a la regulación actualmente existente.
Somos sensibles los socialistas a las críticas que ha recibido la actual regulación por parte de las organizaciones no gubernamentales que tutelan la preservación de los derechos fundamentales en España, en particular Amnistía Internacional,
y somos sensibles a las críticas que aquí han sido aducidas por la portavoz de Eusko Alkartasuna, la señora Lasagabaster. Precisamente por ello apostamos por la introducción de la garantía de la asistencia médica de libre elección como régimen
ordinario, acompañado en su caso de forense facilitado por la Administración de justicia, para que pueda contrastarse la preservación de la integridad personal en el curso de las medidas cautelares personales de la detención preventiva y de la
prisión provisional, y por supuesto somos partidarios de la garantía de la asistencia letrada de libre elección, de modo que sólo el juez, cuando interprete que puede afectar de manera muy especial al curso de la investigación preprocesal, por tanto
al curso del esclarecimiento de los hechos aparentemente delictivos, pueda ordenar la asistencia letrada de oficio en los casos específicos de terrorismo, narcotráfico, tráfico y explotación de personas y tráfico de armas, como modalidades muy
específicas y tipificadas individualizadamente de criminalidad organizada, y por supuesto defendemos una regulación más garantista de la actualmente existente en lo que se refiere a la duración de la incomunicación.
Proponemos un régimen general de
máximo cinco días, sólo prorrogable en caso de terrorismo, artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente vigente, hasta tres días más, y de forma disociada de este régimen general en un momento posterior del desenvolvimiento de
la investigación penal conducida por el juez instructor hasta otros dos días más cuando motivadamente resulte oportuno al objeto de la causa, es decir, al objeto del esclarecimiento de los hechos aparentemente delictivos y del esclarecimiento de las
responsabilidades a que hubiera lugar sólo por dos días; por tanto, es un régimen más preciso, más estricto, delimitado en el tiempo en forma más constrictiva para el juez de lo que propone el proyecto de ley patrocinado por el Gobierno y que
representa una alternativa garantista a la actual regulación jurídica de la incomunicación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no su supresión.
En atención a la interpretación de esos criterios de legalidad, plena jurisdiccionalidad, excepcionalidad y subsidiariedad, provisionalidad y temporalidad, control judicial, instrumentalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares de
carácter personal extraordinarias, frente a las que tiene que haber una verdadera batería de alternativas que hagan realmente subsidiaria la medida extraordinaria de la prisión provisional, tal y como proponemos los socialistas, ampliando el
catálogo de las medidas cautelares, personales, alternativas a la prisión provisional y privación de libertad, de modo que esta sea realmente excepcional en su aplicación judicial, pensamos que podemos darle a estas alturas de la película, en el año
2003, una regulación conforme a la jurisprudencia constitucional, en disposición de recibir el más riguroso examen de adecuación a los patrones internacionales de garantía de los derechos involucrados por la investigación policial y de la justicia
penal y, desde luego, conforme a la jurisprudencia constitucional pero muy distinta tanto a su pura y simple desaparición, como también a la que ha promovido el Gobierno a través de su proyecto de ley.
Estamos ante un problema delicado, sensible y difícil, tal y como lo ha descrito la portavoz del Grupo Mixto que promueve la iniciativa, pero de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y sobre todo en atención a la realidad de nuestro
sistema de justicia penal y a la necesidad de pertrecharlo adecuadamente para combatir de manera eficaz un problema tan característico de la criminalidad de España como es el terrorismo y la criminalidad organizada, no puede tener de ninguna manera
como solución legislativa la desaparición pura y simple del régimen de incomunicación, que se ha probado funcional, eficaz y eficientemente en la persecución de los delitos y en la depuración de las responsabilidades por la criminalidad terrorista y
que necesita una regulación, sí, conforme con las garantías constitucionales pero en todo caso existentes, en tanto en cuanto nos acompañe ese doloroso problema. Así deberá ser hasta que podamos constatar y certificar sin ninguna sombra de duda
para el futuro la desaparición definitiva de la amenaza terrorista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre la toma en consideración de la proposición de ley por la que se solicita la supresión de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Tengo que decir que nos opondremos a la misma por las siguientes consideraciones. En primer lugar, el régimen de incomunicación previsto por la legislación española, tal como se ha puesto de manifiesto en distintas
instancias nacionales e internacionales en diversas ocasiones, no implica de ninguna manera la anulación sino la modulación de determinados derechos fundamentales de las personas detenidas por su pertenencia a organizaciones criminales, no sólo de
naturaleza terrorista sin también dedicadas a otras formas de delincuencia organizada como rebeldía, etcétera, cuya
justificación reside en evitar que la publicidad de la detención sirva para que los demás integrantes de la organización se sustraigan a la acción de la justicia. En el caso de la banda terrorista ETA, son varias las ocasiones en que se ha
podido constatar que abogados y médicos pertenecientes a su entorno utilizan el acceso al detenido para informar a los demás miembros buscados y, de esta manera, ayudarles a escapar.
Baste señalar como ejemplo el caso de la letrada Ainhoa Barrieto,
inculpada por un delito de colaboración con banda terrorista en un reciente auto del magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Ahora bien, el objetivo perseguido se consigue garantizando siempre la asistencia
letrada, la asistencia médica y el control jurisdiccional de la detención. El letrado no lo designa el Estado, sino el Colegio de Abogados; el médico es un profesional especializado adscrito al Poder Judicial; y el control jurisdiccional abarca
todo el proceso de incomunicación y la situación del afectado durante el mismo, conservando en todo momento el derecho de habeas corpus. En la práctica, señorías, se ha podido constatar que el régimen de incomunicación cuestionado únicamente
plantea problemas cuando afecta a elementos de la citada banda terrorista ETA, lo cual se inscribe en la estrategia de dicha banda, constatada fehacientemente, que consiste en la denuncia sistemática de torturas desde el mismo momento de la
detención, como lo prueba el hecho de que tales denuncias siguen siempre un mismo patrón.
En cualquier caso, el Tribunal Constitucional ha afirmado la adecuación del vigente régimen de incomunicación que, de forma similar al de la Constitución española, existe en otros países de la Unión Europea.
Incluso las líneas directrices
del Consejo de Europa sobre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, de 11 de julio de 2002, prevén expresamente que las particularidades relacionadas con la lucha antiterrorista pueden justificar ciertas restricciones, entre otras, en cuanto
a las modalidades de acceso y contactos con el abogado. Asimismo, en el ámbito de Naciones Unidas, el 29 de noviembre de 1999, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria declaró la incomunicación y la intervención inicial de un abogado de
oficio como medidas conformes al Pacto internacional de derechos civiles y políticos. En cuanto a la finalidad de la medida de que el detenido sea reconocido por un médico forense, en lugar de por un médico de su confianza, no es otra que la
garantía de la efectividad de las investigaciones, teniendo en cuenta la demostrada pertenencia en ocasiones de dichos facultativos al entorno de la banda terrorista y que la medida no supone en modo alguno la negación de la seguridad del detenido.
No debe olvidarse que el médico forense es un funcionario público que además de ser imparcial por exigencias de su propio estatuto, es un profesional de la medicina sujeto a la muy cualificada lex artis, que da perfil y personalidad propia a esta
profesión y que se condensa en el juramento hipocrático.
Por otro lado, es preciso significar que los países de la Unión Europea más cercanos a España, en algunos de los cuales no existen ya fenómenos de terrorismo, tienen en sus ordenamientos jurídicos figuras similares al régimen de
incomunicación previsto en el derecho español. A estos efectos, resulta conveniente reseñar la situación de algunos de estos países. Así, por ejemplo, en Italia, el artículo 104 del Código de Procedimiento Criminal, en su apartado tercero,
establece que en el curso de investigaciones preliminares, cuando subsistan razones específicas y excepcionales para la cautela, el juez, a petición del ministerio fiscal, puede, con un decreto motivado, aplazar, por un período de tiempo no superior
a siete de días, el ejercicio del derecho de comunicarse con el abogado defensor; es decir, que cabe la posibilidad de postergar hasta siete días cualquier tipo de comunicación del detenido con un abogado defensor, sea de oficio o designado por el
detenido. En el Reino Unido, la Ley de policía y evidencia criminal, de 1984, recientemente reformada en el año 2001, prevé la posibilidad de mantener a una persona incomunicada y privarle del derecho al asesor legal por un plazo máximo de 36
horas. Esta decisión la adopta la autoridad policial sin intervención judicial y no está condicionada a la existencia de un delito terrorista; además implica la imposibilidad absoluta, durante el plazo reseñado, del derecho a comunicarse con
cualquier abogado, bien sea de oficio o a instancia de parte. En Francia, el artículo 706.23 del Código de procedimiento criminal prevé que en caso de delitos terroristas la custodia policial puede extenderse hasta cuatro días, aunque usualmente el
máximo es de 48 horas, y las 48 horas adicionales al plazo ordinario deben ser autorizadas por un magistrado. En estos casos, la persona detenida sólo puede hablar con su abogado después de transcurridas 72 horas desde la detención.
Por otro lado, tenemos que decir que por lo que respecta a las referencias al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que se conoce con el nombre de CAT, contenidas en la exposición de motivos de la proposición de ley, es preciso hacer
constar que las recomendaciones del mismo siempre se enmarcan en el procedimiento previsto en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de la que España es parte, siendo de significar que el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma se viene efectuando por España con modélica puntualidad y rigor. Igualmente, en relación con alguna de las referencias que se hacen a los informes del CAT, queremos destacar que en ninguno de
ellos se ha manifestado que en nuestro país exista tortura; por el contrario, el objetivo de dichos informes ha sido y es formular una serie de recomendaciones dirigidas a que se perfeccionen las medidas que con carácter
preventivo existen en nuestro país contra cualquier acto de tortura o maltrato, y a que dichas medidas sean puestas en práctica de una manera más efectiva. Así, consideradas las recomendaciones del CAT, no puede admitirse la idea expuesta
en algunos de los párrafos de la exposición de motivos de esta proposición de ley de que en el Estado español se mantienen -dice textualmente- situaciones generadoras de inseguridad e impunidad equiparables a la de Estados mucho más retrasados en
cuanto a doctrina y práctica en materia de derechos humanos. Por el contrario, señorías, es conveniente recordar una serie de aspectos positivos, que el propio Comité reconoce en su último informe, como son: el Comité acoge con satisfacción que la
Convención, en virtud del artículo 96 de la Constitución española, forme parte del ordenamiento jurídico interno y pueda ser invocada directamente ante los tribunales; el Comité reitera que el Código Penal español, en vigor desde 1996, es en
términos generales conforme al artículo 1 de la Convención; el Comité también toma nota con satisfacción de lo siguiente: por un lado de la ratificación en octubre de 2000 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y por otro la adopción de
distintas medidas destinadas a garantizar la protección los derechos de los detenidos, tales como la elaboración del manual de criterios para la práctica de diligencias por la policía judicial y los esfuerzos desplegados en programas de capacitación
para funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la nueva instrucción de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración sobre el tratamiento de polizones extranjeros; el progreso en la habilitación del sistema
penitenciario mediante la construcción de 13 nuevos centros penitenciarios con capacidad para más de 14.000 reclusos y la disminución de presos recluidos en establecimientos penales a la espera de sentencia.
Finalmente, la regularidad en las
donaciones al fondo de contribuciones voluntarias de Naciones Unidas para las víctimas de la tortura. Señorías, teniendo presentes estas consideraciones positivas, no cabe sino reconocer que España viene teniendo muy en cuenta las recomendaciones
del CAT, ya que de lo contrario no se entendería que el CAT elogiase a nuestro país. Es más, basta echar un vistazo a las recomendaciones formuladas con ocasión de la presentación del tercer informe, para darse cuenta que han desaparecido las
referencias a la adopción de medidas para corregir el defecto o la responsabilidad de los funcionarios o agentes estatales en el ejercicio de la acción pública.
En conclusión, el régimen de incomunicación configurado en nuestro Estado de derecho resulta plenamente acorde con la Constitución y con el Tribunal Constitucional y a este respecto simplemente quiero terminar diciendo que el Tribunal
Constitucional, en sentencias 196/1987, 46/1988 y 60/1998, ha declarado que la denegación a los detenidos e incomunicados de la posibilidad de nombrar libremente abogado o letrado de oficio es una medida de las que el legislador puede establecer en
el ejercicio de su poder de regulación del derecho de asistencia letrada y que esa medida no conculca el contenido esencial del derecho, pero también con las cautelas necesarias para evitar que una prolongación excesiva de la incomunicación pueda
convertirse en un trato inhumano o degradante, prohibido por el artículo 15 de la Constitución, que en la sentencia 157/1987 dijo que la limitación temporal del detenido incomunicado, en el ejercicio de su derecho de libre designación de abogado, no
le impide proceder a ella una vez haya cesado la incomunicación y no puede calificarse de medida restrictiva irrazonable o desproporcionada, sino de conciliación ponderada.
Así en otras sentencias, como la 199/1987, se llama la atención sobre su uso limitado y extensivo. Por eso, en nuestro ordenamiento la decisión de incomunicación corresponde siempre al órgano judicial, aun en el caso de las detenciones
gubernativas.
La señora PRESIDENTA: Señor Bueso, le ruego concluya, por favor.
El señor BUESO ZAERA: Termino, señora presidenta.
En el mismo sentido que la jurisprudencia constitucional está la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, señalada en sentencia 1999/17 de 29 de abril, con el objeto de evitar arbitrariedades, torturas y malos tratos.
En consecuencia, podemos decir que existen en el ordenamiento jurídico español suficientes garantías para evitar la práctica de torturas o malos tratos sobre los detenidos que se hallen incomunicados, siendo la garantía principal el control
judicial de dicha medida y que el juez autorice la incomunicación, pudiendo exigir en cualquier momento que el detenido sea conducido a su presencia.
Por todas estas consideraciones, señorías, vamos a rechazar la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), por la que se solicita la supresión de los artículos 520 bis y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sometemos a votación la toma en
consideración de la referida proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 14; en contra, 275; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE CONDENA A LOS ACTOS DE REPRESIÓN CONTRA LA OPOSICIÓN DEMOCRÁTICA EN CUBA. (Número de expediente 162/000717.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS DETENCIONES, JUICIOS SUMARIOS Y SENTENCIAS CONDENATORIAS CONTRA PERIODISTAS INDEPENDIENTES Y OPOSITORES EN CUBA. (Número de expediente 162/000719.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR VÁZQUEZ), SOBRE CONDENA DE LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS EN CUBA. (Número de expediente 162/000728.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA. (Número de expediente 162/000729.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: proposiciones no de ley.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena de los actos de represión contra la oposición democrática en
Cuba. Se debatirá conjuntamente con esta iniciativa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre las detenciones, juicios sumarios y sentencias condenatorias contra periodistas independientes y opositores en Cuba, así como la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), sobre condena de los últimos acontecimientos en Cuba, y por último la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la defensa de los
derechos humanos en Cuba.
En primer lugar y para defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en cierta ocasión el ex dictador sandinista Daniel Ortega manifestó que en Latinoamérica había que fusilar para mantener el poder y el respeto. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Semejante
declaración da cuenta de la detestable idiosincrasia de algunos a los que se ha querido presentar como revolucionarios y libertadores. Castro es sin duda el más perfecto ejemplo de todos ellos. Las miserias y las vergüenzas del régimen castrista
configuran una de las páginas más oscuras de la civilización contemporánea. Dando continuidad a su tradición represiva, entre el 18 y el 21 de marzo fueron detenidos en Cuba 78 opositores al régimen acusados de conspirar. Entre los encarcelados
figuran personalidades de amplio reconocimiento internacional vinculados al denominado proyecto Varela. En menos de un mes los detenidos han sido sometidos a 29 juicios sumarísimos en los que se ha condenado a 75 personas a penas que oscilan entre
6 y 28 años de cárcel. A su vez, el 2 de abril, 11 ciudadanos cubanos tomaron una lancha con el propósito de llegar a Estados Unidos. El incidente se resolvió sin heridos 38 horas después. El 5 de abril los detenidos fueron llevados a juicio y 72
horas después se dictaron tres penas de muerte, cuatro cadenas perpetuas y otras cuatro penas oscilantes entre los 30 y los 2 años de privación de libertad. El 11 de abril fueron fusilados los tres condenados a muerte. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Gil Lázaro.
Señorías, no es posible oír la exposición que está haciendo el señor diputado. Les ruego guarden silencio quienes ocupan el escaño en este momento. (Pausa.)
Adelante, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, señorías, una vez más Castro ha hecho gala de su saña y una vez más la opinión pública internacional se ha visto conmocionada por la crueldad del dictador. Sin embargo, no estamos ante una realidad
nueva. El pueblo cubano soporta desde hace décadas un régimen opresor que ha amordazado la libre expresión de su voluntad. La dictadura castrista ha pisoteado el derecho de los cubanos a vivir en paz, progreso y libertad sobre el hogar de una
patria común. El terror al aparato del Estado, la represión, las ejecuciones, el exilio y la cárcel son y han sido los auténticos signos de identidad del castrismo.
Así las cosas, Castro ha querido perpetuarse a través de la aniquilación política, social y física de toda disidencia convirtiendo a Cuba en un presidio en el que la sospecha, la delación y el miedo atenazan a una sociedad cautiva de unos
pocos. Durante demasiado tiempo en torno a Castro se ha generado una falsa imagen romántica, mitificada por ciertos sectores ideológicos; una imagen construida exprofeso para tapar la realidad de una dictadura sangrienta y cruel como todas y cuya
responsabilidad alcanza también a quienes desde la frivolidad, el aplauso o el silencio la han permitido. Ahora ha llegado definitivamente el momento de la verdad para ayudar a que Cuba salga de la tortura
colectiva que padece. Castro no podrá decir nunca que no se le han dado oportunidades de rectificar; sin embargo, su aferramiento al poder ha impedido hacer de Cuba un Estado articulado en el pleno respeto a los derechos humanos y en el
que todos los cubanos tuvieran sitio y voz propia desde la afirmación de los valores de la tolerancia, la concordia y la reconciliación nacional.
Lejos de ello, los acontecimientos de las últimas semanas han vuelto a evidenciar el verdadero talante del castrismo, esto es el de la persecución y los fusilamientos, realizados además con retadora alternativa. Para que no haya equívocos,
Castro ha advertido a Cuba y al mundo que la pena capital seguirá aplicándose como método para la defensa de la revolución, es decir de su supuesto paraíso. Pues bien, señorías, ya no más paraíso castrista levantado sobre la fanfarronería, el
matonismo y el crimen; ya no más paraíso castrista sembrado de mazmorras y alambradas; ya no más paraíso castrista servido por policía política, donde el pensamiento es delito y delito es también todo aquello que en cualquier lugar del mundo libre
da sentido a la autonomía y dignidad del ciudadano como tal.
¿Qué paraíso es ése del que cientos de miles de hombres y mujeres han huido y otros cientos de miles tratan diariamente de hacerlo, jugándose la vida en el empeño y siendo conscientes de ese riesgo? ¿Qué paraíso es ése en el que se priva a
todo un pueblo de la capacidad de obrar en libertad, para reducirlo a la forzada condición de figurante? ¿Qué paraíso es ése en el que el poder dispone a sus anchas de la vida y de la muerte de los otros, como si una y otra le pertenecieran sin
más? No, señorías, nunca hubo tal paraíso, porque Castro representa el más rotundo expolio de la razón, de la vida y de la libertad. Castro representa el expolio cruel de un pueblo sometido al imperio de la vigilancia, de la consigna y de la
propaganda. Castro representa el expolio hipócrita de un pueblo condenado por el dictador a la privación, mientras sus adláteres gozan de beneficios y privilegios. Castro representa el expolio inútil de un pueblo al que el régimen no ha ofrecido
más alternativa que la sumisión o el paredón. Por eso, frente a la sumisión y al paredón hay que levantar con claridad la voz de la democracia para exigir el fin del último muro y para expresar no sólo el rechazo a las perversiones del castrismo
sino también el rechazo a cuantas actitudes ambiguas, tibias o complacientes siguen siendo soporte de su salvaje represión.
¿Dónde han estado durante años y dónde estaban el pasado sábado aquellos dirigentes políticos que en las últimas semanas se han paseado detrás de las pancartas, pero que, una vez más, han eludido su compromiso con Cuba y frente a Castro?
¿Dónde estaban el pasado sábado aquellos que sentimental o políticamente siempre vieron a Castro como uno de los suyos y que siempre han minimizado el horror de la dictadura cubana, para intentar deslegitimar así el relato de sus crímenes?
Pues bien, por nuestra parte no hemos de dejar que una vez más algunos intenten hoy difuminar este debate, y quieren, señorías, difuminar este debate aquellos que de oficio estuvieron y siguen estando al lado de Castro, por más que ahora
presenten iniciativas de dudosa credibilidad, en las que se contextualiza la brutalidad del dictador, situándola en plano de igualdad con otras circunstancias imposibles de equiparar.
Quieren también difuminar este debate aquellos que bajo la
ficticia apelación al consenso presentan un texto de enmienda o de iniciativas que sólo contribuye a dar oxígeno a los exégetas habituales del dictador.
Lamentamos profundamente la situación vivida por el señor Caldera al finalizar la manifestación del pasado sábado (Rumores.), pero lamentamos también que el Grupo Parlamentario Socialista se haya instalado de nuevo en la confusión, mezclando
lo que no puede ser mezclado. Ya nos dirán qué mar de fondo se ha producido entre el PSOE e Izquierda Unida a propósito de este asunto. Ya nos dirán si es que el señor Llamazares no está por la labor de permitir que el señor Zapatero sea claro
frente a Castro.
(Rumores.) Ya nos dirán si es que el señor Zapatero pretende con esta ambigüedad salvar del compromiso de hoy al señor Llamazares para no perder el hilo de esa coalición que se ha hecho presente en los sucesos españoles del último
mes y que se anuncia, obviamente, para después del 25 de mayo. (Aplausos.)
Hubiéramos votado no sólo a favor de nuestro texto sino también a favor del texto original del Grupo Socialista, con las modificaciones incorporadas a uno y a otro por el hecho de los fusilamientos, pero no vamos a aceptar una enmienda cuya
génesis nos parece dudosa, cuya paternidad, y no dudamos que sea del señor Guardans, ha sido reclamada en otros momentos por otros, y cuyo texto incluye, a nuestro juicio, una mezcla que no compartimos.
Que no se nos espere en la invocación de un consenso que combina inadecuadamente aspectos diferentes de la cuestión cubana y que al final no refleja el núcleo real de lo que importa resaltar en este acto. En este acto, señorías, lo que
corresponde hacer es proclamar sin más considerandos nuestra militancia junto a aquellos que en Cuba sufren el peso de la dictadura. En este acto, señorías, corresponde ser claros, suficientemente claros con las condenas, sin necesidad de
contrapesarlas con otros elementos. Guantánamo o la política norteamericana no es la cuestión de este debate. Tampoco lo es el embargo impuesto a Cuba sobre el que España se ha pronunciado siempre en contra en todos los foros internacionales. La
cuestión de este debate es que hay un dictador que ha matado, que mata y que quiere seguir haciéndolo. La cuestión es que hay un dictador que ha sojuzgado y perseguido a todo un pueblo y que
quiere seguir haciéndolo. La cuestión es que hay un dictador embrutecido en su crepúsculo al que debemos plantar cara desde la firmeza democrática para lograr que selle cuanto antes en epílogo de su demencia y de su barbarie. Nuestro deber
es decirle hoy a Cuba que no está sola en su resistencia. Hoy nuestro deber es decirle a Cuba que hay un mañana sin dictadura por el que vamos a estar trabajando sin desmayo. Hoy nuestro deber es decirle a Cuba que la verborrea castrista no va a
impedir jamás nuestra exigencia de libertad para un pueblo hermano al que llevamos en el corazón.
El futuro de la Cuba democrática es posible y va a serlo, un futuro al que España tiene vocación de contribuir y que ha de ser escrito desde la voluntad de todos los cubanos por pasar la página del castrismo de manera integradora y en paz.
Cuba merece un porvenir sin más quiebras interiores, sin más patria separada por el enfrentamiento entre hermanos, sin más facturas pendientes entre los unos y los otros. Cuba merece despertar de su pesadilla desde el orgullo y la reivindicación de
su soberanía nacional a partir de la cual decidir su destino sin interferencias ni imposiciones de nadie. Cuba, en definitiva, merece volver a vivir. Por eso hoy, desde el recuerdo y homenaje a cuantos han luchado y luchan por esa Cuba en pie,
desde el recuerdo y homenaje a cuantos son y han sido perseguidos, encarcelados, represaliados y torturados; desde el recuerdo y homenaje a las víctimas del castrismo y a sus familias, a los que viven y han muerto lejos de Cuba en contra de su
voluntad; desde el recuerdo y homenaje a cuantos no se han rendido ni han agachado la cabeza, tengo el honor de someter a la consideración de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, la siguiente proposición no de ley.
El Congreso de los Diputados constata las reiteradas violaciones de las libertades individuales y colectivas infligidas a la sociedad cubana por el régimen dictatorial de Fidel Castro, condena enérgicamente la reciente ejecución de tres
ciudadanos cubanos y expresa su preocupación por la muy grave intensificación de la política de represión en Cuba de la que son aciagos testimonios las detenciones de disidentes políticos y periodistas independientes. Asimismo, esta Cámara insta al
Gobierno a seguir promoviendo cuantas acciones sean precisas, orientadas a lograr que la actual dictadura castrista asuma de manera urgente e inequívoca el pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades civiles, proceda a la liberación
inmediata de todos los presos políticos y de conciencia y facilite definitivamente el tránsito pacífico de este régimen...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, le ruego concluya.
El señor GIL LÁZARO: Concluyo, señora presidenta.
Decía que proceda a la liberación inmediata de todos los presos políticos y de conciencia y facilite definitivamente el tránsito pacífico de este régimen a un sistema democrático que garantice al pueblo cubano la irrenunciable potestad de
administrar por sí mismo su futuro.
Señorías, el porvenir de un pueblo no se gana con cadenas, por eso ni Castro ni el castrismo forman parte del mejor horizonte de esa Cuba aún por hacer, una Cuba libre, plural y abierta al mundo, una Cuba sin fantasmas del pasado, una Cuba
sobre la que nadie vuelva otra vez a imponer su capricho ni el peso de su tiranía.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la palabra el señor Yáñez.
El señor YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados (vaya arenga que nos ha echado usted, señor Gil Lázaro; difícil moderarse), cuando a principios de abril tuvimos conocimiento de que 80 disidentes cubanos,
pacíficos y demócratas, habían sido detenidos, encarcelados, sumariamente juzgados sin las más elementales garantías procesales y finalmente condenados, como se ha dicho aquí, a altísimas penas de prisión, los demócratas españoles, sin excepción,
sentimos una gran indignación y condenamos inmediatamente los hechos. Los socialistas anunciamos la presentación de una proposición no de ley, que es la que hoy traemos a la consideración de SS.SS., junto con otras proposiciones que han sido
presentadas por otros grupos. Pero pocos días después nos sorprendió la noticia de la ejecución sumaria y rápida de tres jóvenes afrocubanos que nueve días antes habían secuestrado un ferry en la bahía de La Habana e intentado huir con él a
Florida, junto con otros ocho cómplices y cerca de 50 pasajeros como rehenes. Habíamos conocido la noticia del asalto de la embarcación, pero es una noticia desgraciadamente frecuente en Cuba donde tanta gente trata de huir por las condiciones
económica y políticas de ausencia de libertad en la isla, y no podíamos imaginar que en poco más de una semana algunos de los presuntos asaltantes, que no habían herido a nadie, iban a ser sometidos a juicio sumarísimo y ejecutados casi en secreto,
comunicándose después el brutal acontecimiento. Estos hechos rechazables nos obligaron a modificar la proposición no de ley presentada con anterioridad sobre este tema, incluyendo, entre otros, el nuevo y atroz acontecimiento. De las distintas
enmiendas que se fueron barajando, nos pareció la más adecuada la presentada por Convergència
i Unió -texto redactado por el señor Guardans- y en un momento dado incluso quisimos hacerla propia, pero al final aceptamos la preferencia del grupo proponente de ser el único firmante de esa enmienda. De tal manera que vamos a retirar
nuestra proposición no de ley y nos vamos a sumar a esa enmienda de sustitución a la totalidad que presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió. Con eso quedará demostrado para algunos portavoces del PP que la coalición social-comunista incluye
al peligroso extremista señor Pujol.
Todos los demócratas, sin excepción, habíamos recibido con entusiasmo e ilusión la entrada de los jóvenes barbudos en La Habana en 1959. Sólo la camarilla batistiana en Cuba y el búnker franquista en España habían repudiado aquella
revolución triunfante que se iniciaba en Cuba como una apuesta esperanzadora de libertad, de justicia y democracia. También se echó de menos entonces un gesto, sólo un gesto, del gran vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica, que desde
el principio dio la espalda a la nueva Cuba y muy pronto, en 1961, decretó el embargo total a la isla. Pero de eso ha pasado mucho tiempo y la revolución, entre sucesivos y graves errores internos y propios y el embargo de los Estados Unidos, ha
ido convirtiéndose en una vulgar dictadura represiva que mantiene atemorizado y reprimido a su propio pueblo. De esa situación anacrónica es un buen ejemplo, del que hemos sido testigos, la comparecencia de Fidel Castro estos días en televisión, en
una imagen patética de un anciano tembloroso, agarrándose a su obsesión con la muerte, a su tanatofilia: patria o muerte, socialismo o muerte, muerte al enemigo, esto será una Numancia. Una obsesión por la muerte y por la sangre, sobre todo si la
muerte y la sangre son ajenas.
Hace muchos años que los socialistas españoles hicimos ese diagnóstico, y así se lo hemos transmitido en numerosas ocasiones a las autoridades cubanas, ante las que hemos intentado jugar un papel de influencia para que fuera posible una
evolución desde dentro, para que el propio sistema emprendiera una transición pacífica que condujera a una democracia representativa, con economía mixta de mercado. Baste recordar, entre otras, la conocida misión de Carlos Solchaga, enviado por
Felipe González para ayudar a elaborar un plan económico en ese sentido. Fue en vano.
Como también fueron baldíos intentos situados en el otro extremo del espectro político de acoso y ataque, más retórico que real, a la dictadura cubana emprendido
por el primer Gobierno del PP con aquella famosa diplomacia de la corbata o de mover la ficha, que se saldó, como se sabe, con un rotundo fracaso y una rectificación de 180 grados. Entre uno y otro intento de política con Cuba está el del
presidente de la Xunta de Galicia, señor Fraga Iribarne, quizá el político español que en más ocasiones ha visitado oficialmente Cuba y más amistades ha hecho entre la nomenclatura cubana.
Creo que desde una u otra perspectiva unos y otros hemos intentado contribuir a una evolución pacífica hacia una democracia representativa y pluralista, siempre desde la convicción de que es el pueblo cubano el que debe decidir sobre su
propio futuro, ese debe seguir siendo, a nuestro juicio, el objetivo compartido de los demócratas españoles. Nuestro mejor servicio al pueblo cubano, al de dentro y al de fuera de la isla, sería buscar y encontrar puntos de encuentro que
contribuyeran a su evolución democrática, a su bienestar material y a una estrecha relación con España.
Otra cosa diferente es el debate que se ha reproducido estos días -no es la primera vez- que yo llamaría hispano-español, que tiene como telón de fondo y como excusa el tema de Cuba, y buen exponente de ello es la propia intervención del
señor Gil Lázaro. Eso es algo que puede satisfacer las fobias de cada cual, pero que es absolutamente estéril e incluso contraproducente para las relaciones de España con Cuba y para el desarrollo de la misma Cuba. Por tanto, es señal de puro
oportunismo electoral o de rencor y despecho por el éxito de las sucesivas manifestaciones masivas contra la guerra de Irak el utilizar la represión en Cuba como arma arrojadiza contra el PSOE. Hemos estado siempre contra todas las dictaduras y
también contra la pena de muerte en cualquier lugar, circunstancia o tiempo. Luego volveremos a ello.
No podemos por ello pasar por alto un breve comentario sobre lo ocurrido, lo ha citado el señor Gil Lázaro, el sábado pasado en la Puerta del Sol, y no porque lo importante sea que se intentara insultar y agredir al portavoz del Grupo
Socialista, señor Caldera. Por cierto, seguro que Jesús no se siente ofendido porque le llamara rojo una señora con un bolso y un collar de perlas y bien vestida. No creo que para los socialistas, que yo no sé si a estas alturas somos demasiado
rojos, el llamarnos rojos sea un insulto. Es curioso sin embargo que cuando a la gente de derechas se les llama fascistas se consideran insultados, es una diferencia de apreciación de cómo nosotros tenemos una historia en la que reivindicamos
también a los rojos y a los progresistas de nuestro pasado.
Pero lo importante no era si insultaban o no a Caldera, no convertimos esto en lo que hizo el PP con el asalto a sus sedes y los insultos a sus dirigentes cuando la guerra de Irak. El
propio Jesús Caldera no le ha dado importancia porque no la tiene; lo importante es lo que pasa en Cuba, lo mismo que en el tema de la guerra de Irak eran las víctimas de la guerra y no lo que pasaba con las sedes del PP o a los dirigentes del PP.
(Aplausos.) Tenemos que pensar en los que están perseguidos por Fidel Castro y no en los que increpan a un dirigente o a otro de la política española.
La segunda reflexión sobre ese acto es el rotundo fracaso de la convocatoria, que en un lugar, en el mismo al que acudieron semanas antes millones de personas a partir del 15 de febrero y en fechas posteriores,
sólo se reúnen ahora, según los más optimistas, 2.000, según los más realistas, 600. Es realmente para preocuparse, no nos produce ninguna satisfacción. La pregunta sería: ¿es que los españoles no son sensibles a la represión en Cuba y no
acuden a una convocatoria de un acto de solidaridad con Cuba? No, A lo que no está dispuesto el pueblo español es a ser manipulado, engañado y mentido. (Aplausos.-Rumores.) Además, lo comprobó por ese grupo de exaltados de extrema derecha,
fascistas, ellos sí, que convirtieron ese acto en un acto de extrema derecha, y la gente lo intuye, tiene un olfato que muchas veces los políticos no somos capaces de valorar. Si no hubiera habido ese ambiente -que luego se comprobó- en la Puerta
del Sol, les aseguro que allí hubiera habido centenares de miles de personas. Si hubo nada más que 600 es por esa razón. Ustedes se reúnen con lo peor del exilio cubano. Allá ustedes, porque hay gente muy buena en el exilio, pero no son amigos de
ustedes.
(Rumores.) Ahora es aplicable la expresión de que el que siembra vientos recoge tempestades. Y es que ni el señor Anson ni el señor Aznar se enteran de que los manifestantes contra ETA, contra la guerra de Irak y los que se oponen a la
represión en Cuba son básicamente los mismos y entre ellos existen votantes de todos los partidos, artistas, intelectuales, estudiantes, profesionales, trabajadores, amas de casa, pero no están dispuestos a ir a un acto donde se les va a increpar, a
insultar y agredir.
¿Qué consiguieron esos exaltados, aparte de convertir ese acto en un rotundo fracaso para el Partido Popular y el señor Mayor Oreja? Lo único que consiguieron es que personas -y nos lo han hecho saber- como Sabater, Rosa Montero, Fernando
Trueba o Zoé Valdés, que estaban presentes, estén ahora desolados, tristes y avergonzados del circo en que se convirtió ese acto, que debió ser un gran acto de solidaridad con Cuba y con su pueblo, que se convirtió en un esperpento deleznable.
Mejor haríamos colaborando con la mayoría de los exilados cubanos. Hay dos millones de exilados, la inmensa mayoría de los cuales es gente demócrata, honesta y sensata, como los que representa la revista político-cultural Encuentros de la cultura
cubana. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Yáñez, le ruego concluya.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA: Volvamos a la pena de muerte, porque especialmente repulsiva ha sido la ejecución sumaria de tres jóvenes afrocubanos. Estamos todos en este hemiciclo contra la pena de muerte.
Algunos lo estábamos ya en
setiembre de 1975, cuando Franco mandó matar a los últimos cinco antifranquistas de las decenas de miles de personas y antifranquistas que la dictadura ejecutara durante 40 años de existencia.
Otros estaban en la Plaza de Oriente o publicando La
cara humana del caudillo, pero esa es su responsabilidad y esa es su historia.
(Aplausos.)
El horror por la pena de muerte es algo muy arraigado, muy hondo y muy sentido, que no conoce excepciones ni doble rasero. Hora es de apoyar, por cierto, sin reservas ni trabas, a las asociaciones que trabajan para la recuperación de la
memoria histórica de las víctimas de la dictadura de Franco. El último libro aparecido sobre el tema, ya que hablamos de dictadura y de pena de muerte, es la novela de Jesús Ferrero sobre las heroínas conocidas como las trece rosas, trece jóvenes
menores de edad, la mayoría, detenidas y ajusticiadas en Madrid en agosto de 1939, cuatro meses después de terminar nuestra Guerra Civil. El presidente Aznar tiene 50 años y no ha tenido en su vida 30 segundos para condenar la dictadura de Franco
(Aplausos.), como sí ha condenado la de Hitler, la de Mussolini y la de Stalin, y estamos todavía esperando que él, personalmente, haga una declaración solemne condenando la dictadura.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Yáñez, llevan consumido con exceso su tiempo.
El señor YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA: Termino, señora presidenta.
Condenamos la pena de muerte allí donde se produzca y queremos reiterar también nuestra oposición al embargo de los Estados Unidos a Cuba que dura ya más de 40 años. No es que la precaria situación económica de Cuba se deba sólo y de manera
preferente al embargo, pero ha demostrado que es un instrumento de fortalecimiento de la dictadura y de empobrecimiento de su población. Como dice Carlos Fuentes, y con esto termino, no hay nada más parecido a un furibundo castrista de La Habana
que un exaltado anticastrista de Miami. Ambos se retroalimentan y se necesitan. El pueblo cubano, en cambio, nos necesita a todos nosotros y a muchos más para salir del atolladero.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Yañez.
Señor Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, posiblemente porque a nadie nos resulta indiferente lo que pasa en Cuba hoy estamos debatiendo en esta Cámara sobre decisiones recientes del Gobierno cubano: elevadas penas de prisión a diversas personas que se oponen al régimen,
otras tres ejecutadas por haber secuestrado a mano armada un barco de
pasajeros. El Bloque Nacionalista Galego, a través de esta proposición no de ley, expresa el rechazo por la aplicación de la pena de muerte, en este caso por el Gobierno cubano, a esos tres secuestradores. Nosotros, señorías, como cuestión
de principios, estamos contra la aplicación de la pena de muerte en cualquier caso y por cualquier gobierno. En pleno siglo XXI la pena de muerte aplicada como forma de castigo de cualquier delito, incluidos los delitos de terrorismo, nos parece
rechazable. También expresamos nuestro rechazo a que en cualquier lugar y por cualquier gobierno sea posible considerar delito y, por tanto, pueda ser punible el ejercicio de derechos democráticos elementales como los derechos de asociación,
opinión, expresión o manifestación. Por tanto, no defendemos que el Gobierno de Cuba aplique este tipo de castigo a personas que por medios pacíficos expresen su opinión contraria a la política del Gobierno o incluso pretendan para su país un
régimen distinto, principio, señorías, que convendría aplicar a cualquier Estado y lugar del mundo, porque lo que vale para unos debe valer también para otros. En ese mismo sentido, estamos absolutamente en contra de que ningún Estado o grupo de
Estados se otorgue la capacidad de juzgar y, más aún, de hostigar a un Gobierno por el mero hecho de ser de ideología distinta o por el hecho de no plegarse a los deseos de la hiperpotencia y los corifeos de turno.
Estamos en contra, y con la misma
claridad lo decimos, de la constante injerencia de Estados Unidos y también de otros Estados en los asuntos internos de Cuba; o del bloqueo económico al que se lleva sometiendo a este país desde hace decenios; o estamos en contra del apoyo que
directa o indirectamente algunos gobiernos prestan a quienes cometen actos de terrorismo en Cuba o no persiguen dentro de sus propias fronteras a quienes los cometen, algo que ningún gobierno del mundo, incluido el Gobierno español, toleraría. Digo
esto porque nosotros rechazamos lo que consideramos una actuación del Gobierno cubano contraria al respeto de los derechos y libertades de las personas, pero que no nos hace olvidar o no ver que existe un hostigamiento no sólo político sino
económico que, aunque para nada justifica, tampoco nada ayuda a fomentar un marco de distensión. Por tanto, señorías, con toda claridad: ninguna disculpa para estas actuaciones concretas del Gobierno cubano y ninguna condena global, como, por
cierto, así determinó la propia Comisión de Derechos Humanos de la ONU el pasado 17 de abril en su reunión de Ginebra.
El respeto a los derechos humanos, a los derechos individuales y colectivos, el respeto a la legalidad internacional es para nosotros, vuelvo a insistir, una cuestión de principios. Nosotros defendemos que las sociedades se rijan por
modelos democráticos, como sobre bases democráticas y justas deben regirse las relaciones internacionales.
Defendemos como valores universales los derechos de asociación, de expresión, de manifestación, de culto, el derecho a la libre determinación
de los pueblos, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la vivienda, etcétera, derechos que, por cierto, en muchas ocasiones se olvidan. La defensa de estos principios y de estos valores debe hacerse, y nosotros así tratamos de
hacerlo, desde la coherencia y no, como a veces sucede, desde posiciones ideológicas, desde el doble rasero, desde el oportunismo, desde el intento de obtener réditos políticos o desde la simple hipocresía. Es bueno levantar la voz en esta Cámara
para denunciar las actuaciones que son arbitrarias y poco respetuosas con los derechos más elementales de las personas, pero es bueno hacerlo en todos los casos. Tengo que decir con claridad que a mí me parece evidente que no tendrá autoridad moral
y política para condenar la ejecución de personas en Cuba quien al tiempo mira para otro lado cuando, por ejemplo, y sólo es un ejemplo, en Estados Unidos se ejecuta a centenares de personas cada año, curiosamente pertenecientes en su inmensa
mayoría a minorías raciales y en general a las capas marginadas de la población. ¿Cómo se puede clamar contra el señor Castro y no contra el señor Bush, a quien no le tembló la mano para mandar al cadalso a un importante número de personas siendo
gobernador de Texas? ¿Cómo se puede tener autoridad política y moral para denunciar condenas de disidentes en Cuba y callar ante lo que acontece en el campo de concentración de Guantánamo? ¿Cómo se puede mostrar una exacerbada sensibilidad por los
hechos que acabamos de denunciar en Cuba y callar o no actuar quien tiene posibilidad de hacerlo, por ejemplo, siendo gobierno, ante lo que sucede en muchos países del área, no levantar la voz contra gobiernos cuyas políticas, además de vulnerar los
derechos democráticos, mantienen a sus poblaciones en el analfabetismo o en el hambre?
Señorías, nosotros creemos que el Gobierno cubano no puede justificar la aplicación de la pena de muerte a personas que cometieron un delito que su legislación puede considerar, yo no lo sé, de terrorismo. No tiene tampoco razón al condenar
a elevadas penas de cárcel a personas que pacíficamente expresan su opinión, aunque lo hagan, como sostiene este gobierno, al servicio de Estados Unidos. Pero en este caso, como en casi todo, conviene tener menos histeria y más coherencia,
coherencia política, porque es difícil justificar una posición de defensa de los derechos de las personas en Cuba, del derecho a elegir libremente su gobierno, cuando se copatrocina una guerra contra un Estado soberano como Irak, saltándose la
legalidad internacional, provocando miles de víctimas, permitiendo el expolio de buena parte de su patrimonio cultural, imponiendo un protectorado de facto y decidiendo nada menos quién puede y quién no gobernar ese país. Por lo tanto, un poquito
de coherencia en estas cuestiones porque, a veces, señorías, se alzan voces indignadas en defensa de estos derechos.
Hace unos años -y alguien se refirió a ello-, en el Estado español había una dictadura. Muchos de los que hoy alzan su voz en defensa de la libertad vivían cómodamente instalados en esa dictadura. Y otros, que mantenemos también con
coherencia esa defensa de libertad, éramos los reprimidos. Me decía un compañero hace un momento que posiblemente, si cambiáramos de situación y viviéramos en Cuba, algunos de los que hoy levantan tan indignadamente su voz estarían con el régimen y
a lo mejor otros, los que estamos aquí teniendo más coherencia, seríamos los reprimidos. Por lo tanto, señorías, menos histeria y más coherencia.
Concluimos diciendo lo siguiente. Nosotros pedimos que el Gobierno de Cuba respete los derechos democráticos de las personas, pedimos también que los demás dejen a los cubanos decidir libremente su destino y que les permitan vivir en paz.
Nosotros defendemos la capacidad real, en la práctica, de los pueblos de decidir su destino. A partir de ahí, deben ser esos pueblos quienes deben elegir la fórmula que crean mejor para sus intereses y desde luego para nada dictárselas desde fuera.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que después de oir la intervención del portavoz del Partido Popular uno ya tiene perfectamente claro que en algún despacho de esos en los que se elabora la estrategia del Partido Popular habían creído, y lo pueden
seguir creyendo, que este tema les podía dar un rédito electoral, que este tema podía situar en una postura contradictoria a algún grupo de esta Cámara. La verdad es que quien ha pensado eso, quien lo sigue pensando, en primer lugar, no conoce a
los grupos políticos de este país, la verdad es que incluso se ha podido creer su propia patraña, incluso, llevado por ese radicalismo, ha podido llegar a imaginarse que la izquierda de este país, que los comunistas -como a ustedes les gusta
llamarnos ahora- son aquellos que les enseñaban sus jefes de filas del Frente de Juventudes, aquellos que tenían rabo y cuernos, y siguen pensando que eso es lo que hoy opina la mayoría del pueblo español. Por otra parte, quien así habla desde esta
tribuna no conoce la historia de este país; quien así habla desde esta tribuna no conoce que la izquierda de este país, los comunistas entre otros, hemos luchado por las libertades, hemos condenado desde siempre la pena de muerte y cuando muchos de
ustedes la justificaban, cuando muchos de ustedes incluso la avalaban, éramos nosotros no solamente quienes nos oponíamos a la pena de muerte sino quienes, como Julián Grimau, la sufrían. Por eso, cuando ustedes se oponen ahora tienen la
credibilidad que tienen, la que les da su historia y la que les da su pasado.
Para dejarlo claro desde el principio diré que nosotros nunca hemos justificado ni vamos a justificar la pena de muerte. Nosotros siempre hemos considerado que la delincuencia, que el terrorismo se puede combatir de muchas maneras, pero
nunca con la pena de muerte. Por ello, siempre hemos condenado la utilización de la pena de muerte en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. De esa misma forma, entendemos que las libertades públicas, los derechos ciudadanos no pueden ser
nunca un obstáculo para conseguir avances sociales sino que, al contrario, las libertades públicas y la justicia social deben ser complementarias.
Dejando eso muy claro desde el principio, también decimos que hay que acabar con un doble lenguaje,
que hay que decir que quien secuestra una lancha, sea en España, en Estados Unidos o en Cuba, es un terrorista y no un luchador por la libertad, y lo decimos aquí y en cualquier sitio del mundo, porque también hay que dejar claro que hay que acabar
con aquellos terroristas amigos a los que se les permite todo y aquellos otros a los que no se les permite nada, ni siquiera el más mínimo derecho humano, como ocurre en Guantánamo. De la misma manera decimos que para tener legitimidad para
criticar, para condenar al régimen cubano no se pueden mantener unas circunstancias como las que se dan en Guantánamo, con seres humanos no ya sin las mínimas garantías y sin los mínimos derechos, sino tratados de una manera inhumana desde hace
meses y meses, y no se levanta la voz; no se levanta la voz en defensa de unos seres humanos que tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad. Tampoco tiene legitimidad para condenar a Cuba no sólo quien mantiene la pena de muerte, y
además la usa con bastante alegría, con un sistema jurídico que evidencia que se ha condenado a muerte a decenas de inocentes, sino quien como Estados Unidos hace muy pocos días ha rechazado adherirse en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas a una resolución por la que se instaba a no aplicar la pena de muerte a los menores de 18 años.
Esos son los amigos del señor Aznar -que, por cierto, espero que esté en la votación, porque si no corre el riesgo de que en una próxima
manifestación le tiren huevos o le peguen a él mismo-, los que condenan a muerte a menores de 18 años.
Por tanto, señorías, la legitimidad no la dan los cazabombarderos o las bombas inteligentes, la legitimidad la da la historia de cada cual. No vamos a cambiar la historia, cuando ustedes cantaban Montañas Nevadas y el Cara al Sol nosotros
cantábamos el Himno de la Alegría con el señor Labordeta. (El señor
Bermúdez de Castro Fernández: ¡Vamos anda!) Siento que no les guste, pero la historia de cada uno es la historia de cada uno, señorías. (El señor De Grandes Pascual: ¡Venga ya! Serías tú.) Por tanto, defiendan lo que quieran defender en
esta tribuna, pero, por favor, no nos den lecciones de democracia a quienes tenemos en nuestras filas compañeras y compañeros con decenas de años de cárcel, con decenas de años de exilio, luchando por la libertad no en abstracto sino muy en concreto
por la libertad y la democracia de este país, esos que se enfrentaban a una dictadura que a ustedes tanto les cuesta condenar. Por eso, cuando se trata de traer aquí la constitución de Cuba y se hace con un claro intento electoral se les ve
claramente el plumero, porque al final se ve que ustedes fácilmente condenan la pena de muerte en Cuba pero no la condenan en otros sitios.
Condenan ligeramente al Gobierno cubano pero no condenan ni siquiera el bloqueo de Estados Unidos contra
Cuba; bloqueo que, como ya se ha dicho, hace más de 40 años que se viene utilizando. Tampoco pueden condenar actuaciones de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana y, si lo hiciera la embajada de algún país en España, ustedes
pedirían que ese país fuese incluido en la lista de Estados terroristas.
Ustedes siguen teniendo una doble vara de medir. Siguen teniendo la obsesión de condenar a aquellos que les mandan condenar desde el Pentágono y por justificar todo lo demás. Por eso, señoras y señores del Partido Popular, nuestra
iniciativa no tiene matices y es rotunda, pero sólo tiene una vara de medir, una sola posición para todos los países y para todos los terroristas, una sola posición para todo aquel que de verdad quiera situarse en el campo de la libertad y de la
democracia.
Estamos demasiado acostumbrados a que un terrorista pase de ser terrorista a luchador por la libertad según contra quién cometa el atentado. Siendo la misma persona se puede pasar, de la noche a la mañana, de ser un malvado terrorista a ser
un vanagloriado luchador por la libertad si el atentado en lugar de cometerse contra Estados Unidos es contra uno de los países enemigos, uno de los países del eje del mal. Esa es la realidad y ustedes, a partir de ahí, pueden elaborar todos los
discursos que quieran, pero la gente en la calle no los cree; la gente en la calle sabe muy bien por qué y cómo se manifiesta y, sobre todo, junto a quién se manifiesta. El pueblo español es muy sensible a la hora de escoger los compañeros de
manifestación, por eso ustedes se vieron solos el otro día en la Puerta del Sol.
Les voy a poner algún ejemplo más al hablar de doble rasero. Es hora de que ustedes se empiecen a situar dónde están. Hace pocas semanas se nos decía que había que mantener el trato de favor de la Unión Europea con Israel, aunque cometiera
alguna que otra salvajada, porque de esta manera se mejoraban las posibilidades de que el Gobierno de Sharon cambiase de postura y accediese a lo que se planteaba por parte de algunos organismos internacionales, y que era bueno darles ciertos
beneficios económicos porque eso facilitaba el entendimiento con el pueblo israelí. Nosotros llegamos a retirar nuestra proposición y esa postura ahora no se tiene con otros países; ahora no se entiende que tener unas buenas relaciones comerciales
puede mejorar cualquier tipo de acercamiento a determinado pueblo.
Ustedes eligen dónde están: están claramente al servicio de Estados Unidos y son unos meros ejecutores de esa política. Con su actuación lo que hacen no es, ni más ni menos, que dejar en evidencia, en primer lugar, que no han superado los
prejuicios reaccionarios que adquirieron en su juventud, sino que son la representación de la derecha más rancia de Europa. No hay ninguna derecha en Europa en estos momentos que asuste a su pueblo con el grito de que vienen los rojos, los
comunistas. Son ustedes la única derecha europea que sigue anclada en ese discurso del siglo pasado; discurso que, por cierto, afortunadamente nadie les cree en este país.
Hacen esto solamente por un interés que vemos dónde les lleva. A nosotros realmente lo que nos preocupa, no sólo en este caso sino en otros muchos que estamos viendo en las últimas semanas, es que están jugando con un fuego que puede quemar
los esfuerzos que hicimos todos para superar etapas de la historia de este país. Estas etapas creíamos que estaban superadas, pero hemos visto que no solamente no lo están sino que a la mínima posibilidad les aflora el prejuicio reaccionario.
Si estamos ante un acto meramente electoralista nos preocupa, pero mucho más nos preocuparía que no fuera así, porque entonces sería que ustedes se han situado donde nunca queremos que esté la derecha en este país, en una postura que no
comparte hoy ninguna derecha de Europa. Nos preocupa que ustedes acaben definitivamente con lo que les podía quedar de disfraz centrista que en algún momento pudieron ponerse y que vuelvan a ser esa vieja derecha española, que solamente entiende de
democracia cuando le es favorable.
Haciendo estas consideraciones, nos parecía que nuestra iniciativa era la más completa, la que mejor recogía la situación de Cuba en toda su amplitud: condena clara de unos hechos y puesta en evidencia de otros que completan el diseño de lo
que ocurre en Cuba en el siglo XXI, en el año 2003; comprendíamos que había que señalar todos los elementos. Sin embargo, cuando se viene a un debate como este sin otro ánimo que el de llegar al fondo de la cuestión, es realmente fácil alcanzar
acuerdos; es fácil ponernos de acuerdo sobre un texto que refleja muy bien todo esto: el que plantea Convergència i Unió. Lo aceptaremos, retiraremos nuestras enmiendas y votaremos la que nos presente Convergència i Unió. Insisto en que cuando
no se trata de utilizar este tema para una confrontación partidista, cuando no se pretende buscar el desgaste político, es muy fácil alcanzar acuerdos.
Hoy, en esta tribuna, se ha visto claramente que el Partido Popular se acerca a los problemas de Cuba no pensando en los cubanos, sino pensando en lavarse la cara y las manos del deterioro tras el conflicto de Irak.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, basta ya de escudarse en atrocidades del enemigo para cometer las propias. Son palabras que se contienen en un manifiesto rotundo, claro y extenso, suscrito hoy por una gran mayoría
de artistas e intelectuales españoles, de todo tipo de sensibilidades. Esa gente que ha decidido poner por delante el rechazo a la represión en Cuba, la defensa de sus ideales, aun a riesgo de que pueda manipularse lo que dicen; de que pueda ser
manipulado allí y, desgraciadamente, manipulado aquí. Es gente que pone por delante su conciencia, y que no va a hacer electoralismo, porque no tiene nada que ganar con él. Es gente que tiene claro que las libertades fundamentales son universales,
y que no hay excusa ninguna para reprimir la libertad de expresión, de reunión o de manifestación, ni en Cuba ni en ningún otro sitio, y nosotros suscribimos uno por uno esos principios; que tiene claro que hay que salir en defensa de las
libertades siempre que sean violadas, como ha ocurrido recientemente en Cuba; que nadie puede ser encarcelado por sus ideas; que nadie puede ser ejecutado de una forma absolutamente injusta e intolerable, como ha ocurrido; y que la excusa para
practicar eso, o incluso para dejar de censurarlo, no puede ser -dicen ellos y decimos nosotros- ni el hecho de que muy cerca de Cuba esté Estados Unidos desarrollando desde hace muchos años una política errónea e injusta, como es el bloqueo de la
isla, ni el hecho de que en el exilio -tanto en Miami como en Madrid-, junto a gente que efectivamente ha sufrido mucho bajo el régimen cubano, gente que querría la restauración de la democracia y que desearía de buena fe que volvieran las
libertades, hay gente de extrema derecha, que lo único que tiene es nostalgia de sus privilegios y que tiene tanto de demócrata como los que hoy mandan en Cuba, sólo que preferirían que ese régimen totalitario estuviera a su favor en lugar de estar
en su contra. Sabemos que también estos últimos protestan hoy por lo que está ocurriendo en Cuba.
Desgraciadamente, no tenemos más remedio que mezclar nuestra voz con la de ellos y no nos da miedo hacerlo. Sabemos que cuando protestamos contra lo que ocurre en Cuba nuestra voz se puede confundir, contaminar, mezclar con la de la extrema
derecha, con la de gente que tiene de demócrata tanto como Fidel Castro o como cualquiera de sus ministros, y lo haremos, porque lo que defendemos aquí hoy son nuestros principios y nuestros valores, aún a riesgo de que éstos sean manipulados. Por
eso es conveniente y oportuna una condena robusta y por eso era bueno que hoy saliera de este Parlamento un texto conjunto, donde nadie tuviera miedo a hacerse la foto con nadie, donde lo importante fuera lo que se dijese y donde todos los que
estamos aquí, de un extremo al otro del arco parlamentario, suscribamos lo que nos une, que es la defensa de la libertad en Cuba. Desgraciadamente, lo que nos encontramos es que muchos de nosotros sabemos que cuando condenamos a Cuba, cuando vamos
a la Puerta del Sol y cuando vayamos a donde tengamos que ir en defensa de esos valores, tendremos a nuestro lado, en algunos casos, a fascistas y aun así seguiremos defendiendo la libertad en Cuba. En cambio, lo que vemos hoy es que el Partido
Popular, con su mayoría absoluta, por puro electoralismo, por puro electoralismo, para poder mantenerse en la trinchera, para poder seguir haciendo el discurso en el que se encuentra cómodo, para poder seguir creyendo que tiene el monopolio de la
democracia, para poderse seguir presentando ante la opinión pública como el único defensor de los derechos humanos, se va a negar a votar un texto consensuado por todos, que no puede dejar de votar todo demócrata que lo lea; ningún demócrata que
lea ese texto puede dejar de votarlo. Animo a todos aquellos que tienen como trabajo profesional la transmisión a la opinión pública de los debates que tienen lugar aquí, a que se ocupen de hacer eso, que se ocupen de reflejar efectivamente a los
medios cómo lo hemos intentado, con la enmienda que hemos presentado que recogía textos de su sensibilidad, incluso párrafos literales; efectivamente, recogía las ideas y los planteamientos de todos los grupos en lo que tenían de común y de
compartibles por todos. Lo recogía, porque nosotros entendemos -lo hemos entendido siempre desde que este Parlamento existe y lo seguiremos entendiendo- que la transacción es pacto, que el acuerdo exige cesión y que aquí no hay ninguna cesión en
los principios, hay sólo cesión en la redacción.
Efectivamente, creemos que podía condenarse o no hoy la pena de muerte; pero si condenar la pena de muerte hoy aquí es algo que conviene hacer para lograr un texto unitario, nosotros nos sumamos a la condena de la pena de muerte, porque
forma parte esencial de nuestros valores. Nos sorprende que el Partido Popular hoy rechace votar un texto porque además de condenar el régimen de Cuba condena la pena de muerte en cualquier tiempo y lugar. Ese es el argumento que se nos da: Vamos
a condenar el régimen de Cuba, nos negamos a condenar la pena de muerte en cualquier tiempo y lugar. Pues bien, nosotros estamos dispuestos y lo
hacemos absolutamente convencidos, pero además creemos que es oportuno hacerlo aquí si con eso logramos que haya una condena unitaria. Por la misma razón que nos parece absolutamente fuera de lugar, un sin sentido, un absurdo, estar
hablando de la situación en Cuba, estar hablando de la represión en Cuba, estar hablando de cómo se puede evolucionar hacia la democracia en Cuba, es decir, estar hablando de los fines -y los fines son lo que tenemos todos en común, intentar que en
Cuba haya derechos fundamentales- y no decir ni una sola palabra sobre uno de los medios que rechazamos, que es el bloqueo. Compartimos esos fines y cuando escuchábamos en otros tiempos al senador Jesse Helms o a los distintos secretarios de Estado
hablar de la democracia en Cuba o escuchamos hoy a Donald Rumsfeld o al propio presidente Bush hablar de la democracia en Cuba, sabemos que no estamos diciendo lo mismo, porque sabemos que ellos y nosotros hablamos de la democracia en Cuba, pero
ellos quieren una democracia en Cuba a través del bloqueo y del embargo y nosotros no. Lo decíamos antes de las ejecuciones y lo decimos después de las ejecuciones.
Por eso nos parecía absolutamente oportuno que un texto que condene la represión en Cuba, que condene la violación de libertades fundamentales, que condene radicalmente, sin matices, estas ejecuciones que ha habido, recoja también que esos
fines que son la libertad, el respeto a la democracia y a los derechos de cada uno, no se alcanzan con un bloqueo absurdo en su eficacia y tremendamente dañino para los ciudadanos de Cuba, que son los únicos que lo sufren. Nosotros vamos a seguir
dando nuestro apoyo a quienes luchan por la libertad en Cuba, tanto a quienes luchan allí como a quienes luchan fuera, y a quienes lo hagan democrática y pacíficamente desde el respeto a la soberana voluntad del pueblo cubano que, libremente en su
día, decidirá qué es lo que quiere, qué régimen político quiere y en qué dirección quiere ir, sin que nadie se lo imponga ni desde Miami ni desde Madrid.
Señores del Partido Popular, denunciamos su afán de manipular la votación de hoy. Lo lamentamos profundamente y lamentamos que pierdan ustedes la ocasión de conseguir un texto conjunto de todos los demócratas españoles; un texto que si lo
que quisieran ustedes de verdad no fuera hacer un gesto de cara al 25 de mayo, sino lanzar un mensaje a Cuba, sabrían que tendría muchísima más fuerza si estuviera suscrito y votado por la totalidad de las fuerzas de esta Cámara. Pero con su
votación de hoy, lo que comprobamos es que ustedes no quieren ni lanzar un mensaje a Cuba ni lanzar un mensaje de apoyo al exilio, lo que quieren es tener una pieza y un arma más en el debate electoral. Ahí la administren ustedes y ahí les juzguen
los ciudadanos por seguir tirándose Cuba a la cabeza unos a otros, instrumentalizando en la política interior lo que tendría que ser algo que nos uniera a todos, que es la defensa de los derechos fundamentales. Han perdido ustedes la oportunidad
por miedo a hacerse la foto con la oposición en período electoral. No hay otro argumento que ese. Ustedes hubieran salido hoy tremendamente dignificados en su mayoría absoluta si, como hacen por ejemplo en el caso vasco, fueran capaces de dejar la
lucha electoral, de compartir lo que les une y de buscar un texto al que podrían haber aportado sus propios matices. En lugar de eso, lo rechazan sin otro argumento que el de que no conviene hoy condenar la pena de muerte. Me parece irresponsable
y me parece que sólo a ustedes les corresponde dar cuenta por ello.
Vamos a introducir una pequeña modificación mediante una enmienda de viva voz al texto presentado, que supondría una incorporación al final del párrafo 5. Voy a leer el párrafo 5 tal como quedaría una vez enmendado: Insta al Gobierno a
promover acciones bilaterales, en el ámbito de la Unión Europea y en el marco multilateral, que promuevan la defensa de los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades civiles en Cuba -todo esto es lo que ustedes no quieren votar-, tal
como rigen en todos los países democráticos y que faciliten la evolución política que, de forma pacífica, desee el pueblo cubano. Ustedes van a votar en contra de estas palabras. Nosotros vamos a votar a favor de su texto, aunque nos parece pobre,
nos parece incompleto y nos parece fruto de la manipulación, pero reitero las palabras que decía anteriormente: seguiremos defendiendo los derechos humanos en Cuba, aunque -incluso hoy- nos hagamos la foto con ustedes.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, y de forma muy breve, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para agradecer al señor Vázquez que me haya cedido un poquito de su tiempo y para expresar nuestro apoyo a la enmienda consensuada que se ha presentado, en la medida en que hablamos de derechos: Derecho a la vida y, por tanto,
condena a la pena de muerte; derecho a la asociación, a la libertad de expresión, manifestación y reunión y, por tanto, condena a la represión que se establece; derecho también a que los ciudadanos de cualquier lugar puedan decidir cuál quieren
que sea su futuro y, por tanto, condena a todo lo que sea dictadura y derecho también a que los derechos sociales y económicos no sean menoscabados a través de políticas de terceros Estados, como los bloqueos. Esto, que lo aplicamos en cualquier
lugar del mundo, lo exigimos por supuesto a Cuba y también a cualquier lugar en el que se produjera esto. Por tanto, nuestro apoyo total y absoluto a esa condena a
la pena de muerte, a las ejecuciones sumarísimas en Cuba y a la represión que hay, pero también nuestro rechazo a ese bloqueo y a ese embargo, que lo único que hace es perjudicar a los propios ciudadanos de Cuba.
Apoyamos esta enmienda y también señalamos que nos abstendremos en la votación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que le faltan cosas. Consideramos que los derechos son todos y que los derechos hay que exigirlos
en todas partes. Nos parece mucho mejor el segundo punto de la enmienda que se ha consensuado entre todos los grupos parlamentarios y, en ese sentido, solicitaríamos al Grupo Parlamentario Popular un esfuerzo para que, efectivamente, esta enmienda
consensuada por la gran mayoría de grupos parlamentarios también pudiera ser votada por ellos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Mi grupo no ha formulado ninguna enmienda a los textos que se han presentado, pero haciendo uso de la tribuna principal de esta Cámara quiero fijar la posición de mi grupo parlamentario de Coalición Canaria sobre el tema del pueblo cubano y
los sentimientos que tenemos, encrespados o atenuados a lo largo de los tiempos, según las vicisitudes de los actos que ha ido perpetrando el régimen dictatorial castrista.
Queremos representar el sentimiento y la identidad existente no solamente
entre nuestra fuerza política y las restantes, sino del pueblo canario con el pueblo cubano. Son múltiples los ayuntamientos de Canarias, sin distinción de signo político, que han llegado a acuerdos de hermandad con ayuntamientos cubanos. Estamos
vinculados por sangre y por historia, en un sentido y en otro, desde la guerra de liberación de Cuba de la Corona de España, a finales del siglo XIX, y de lo que allí ha ocurrido y sigue ocurriendo. Nosotros siempre buscamos un entendimiento hacia
ese pueblo cubano, verdadera víctima.
No tenemos ninguna enmienda y todas las presentadas nos parecen aceptables, desde un punto de vista pacífico. Hay una condena firme a la conculcación de derechos humanos. Para nosotros, los derechos humanos no es algo que se pueda aplicar
verticalmente a un país sí a otro no, a otro a medias y a aquél según las relaciones que tengamos. Los derechos humanos son derechos horizontales en una democracia, igual que proclaman los principios fundamentales de Amnistía Internacional, que no
distingue de regímenes políticos, sino de quien cumple o no la defensa horizontal de los derechos humanos.
Dicho esto, con nuestro rechazo y nuestra condena a la conculcación por el régimen castrista de los derechos humanos, como la pena de muerte, proscrita en nuestra Constitución, queremos llevar nuestro mensaje a cualquier otro país que
conculque este principio. Lo curioso es que la dictadura cubana lo es tanto desde el primer día como en estos momentos.
Sin embargo, España nunca ha cruzado la llamada línea roja en la relación con Cuba. Ha primado el sentimiento de afecto al
pueblo cubano, que desde Canarias lo sentimos muy entrañablemente por razones de emigración. Y no es que haya habido un sistema pragmático. ¿Qué pasó con la postura del embajador Lojendio con el régimen anterior? No hubo ruptura de relaciones
diplomáticas. Un observador extranjero que hubiera escuchado los discursos que hoy hemos pronunciado aquí llegaría a la conclusión de que el Gobierno español iba a adoptar la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Y nadie lo ha nombrado,
porque no hay motivo para ello. Se han firmado los acuerdos bilaterales para el comercio del azúcar y del tabaco, que estaban vetados y siguen vetados por los Estados Unidos. Sin embargo, España suministró financieramente al régimen cubano a
través de estos dos productos. Después se produjeron las incautaciones y expropiaciones del régimen cubano a ciudadanos españoles con propiedades inmobiliarias en Cuba. En la Cámara discutimos mucho sobre las condonaciones de las indemnizaciones
del Gobierno cubano que correspondían a estos expropiados españoles. Esto se respetó de forma pragmática, puesto que estaba en conexión directa con la contradictoria relación con Cuba.
Vienen después otras situaciones. Cuando se promulga por parte de Estados Unidos la Ley Helms Burton hubo una serie de debates en esta Cámara en los que defendimos el principio de que no se aplicara la extraterritorialidad en la defensa de
empresarios españoles legítimamente ubicados en Cuba en el sector turístico fundamentalmente. ¿Es que pedimos a los empresarios españoles que están en el sector hotelero y turístico en Cuba que se retiren? Que abandonen aquella plaza ¿para qué?
¿Para que la cojan más fácilmente los norteamericanos cuando entren en Cuba? Porque lo que es temporal es el régimen castrista y lo que permanecerá siempre será Cuba y el pueblo cubano, afortunadamente. No creo que haya en este momento una
compañía de seguros de vida que le haga un seguro de vida al señor Castro porque le quedan muy pocos años biológicamente. Ojalá el régimen entre en esa solución pacífica que queremos para el pueblo cubano.
Cuando discutimos los aspectos de la Ley Helms Burton estuvimos muy firmes en la defensa de que no aceptábamos la imposición norteamericana, el derecho de extraterritorialidad, de que se pudiera detener a un
ciudadano español empresario de hostelería porque pusiera los pies en Estados Unidos y dijeran que existe una reclamación por la expropiación de terrenos hecha por el castrismo a sus anteriores propietarios. Hemos ido elaborando ese buen
entendimiento. Y hoy mi grupo quiere dar una prueba de ese entendimiento, de no verse sometido a escoger entre capuletos o montescos, entre unos y otros. Nosotros queremos hacer una labor de síntesis.
Una vez expuestos estos principios, nos parece adecuada la postura del Grupo Parlamentario Popular y adecuada la postura expuesta por otros grupos parlamentarios. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista está correctamente relacionada
con la del Grupo Catalán y con lo expuesto por el señor Guardans, que entendemos que da un sentido complementario a la inicial del Grupo Parlamentario Popular. Una vez hecha la condena, el rechazo a la conculcación de derechos humanos, el no a la
pena de muerte se excuse con cualquier código penal porque todos los países que aplican la pena de muerte lo tienen reflejado en su respectivo código penal por delitos de terrorismo, por crímenes, asesinatos o lo que ellos quieran.
De lo que se
trata es de sacar esa figura y esa penalización de los códigos, como defiende la democracia constitucional española. Esa línea se complementa con una enmienda en la que, en primer lugar, se pide al Gobierno español que haga patente su protesta
diplomática ante el Gobierno de Cuba, y en segundo lugar, la denuncia de las causas que están produciendo esa situación de tensión, como es el embargo que tiene condenado doblemente al pueblo cubano. Porque el pueblo cubano está condenado
doblemente por el régimen castrista en la limitación de libertades y derechos y por la extensión del embargo que priva al ciudadano normal. He acompañado a comisiones municipales de Canarias y he visto que lo que llevan a Cuba son medicinas, ropas
y útiles de la vivienda doméstica porque carecen de ello. Esta es la mejor ayuda humana que se les está ofreciendo, al menos de pueblo a pueblo, de ciudadano a ciudadano.
En esa enmienda que nosotros vamos a apoyar, como complementaria de todo lo dicho aquí, se pide que sea a través de organismos internacionales y de la Unión Europea, por acuerdos bilaterales, los que faciliten esa transición pacífica al
respecto, porque cuando el pueblo no se considera agredido hace la transición política más pacíficamente que si lo fuera en sentido contrario. Por esta razón, mi grupo, en un deseo de armonizar, de no entrar aquí a ser considerado de un lado o de
otro, se posiciona a favor de lo que he dicho, a favor de los derechos humanos y del pueblo cubano, que se lo merece. Por estas razones, mi grupo votará favorablemente la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que por lo
que ha dicho su portavoz asume el Grupo Parlamentario Socialista, y votará también favorablemente el texto del Grupo Parlamentario Popular para dar un ejemplo de racionalidad en la horizontalidad de la defensa de los derechos humanos. Esta
horizontalidad nosotros la aplicamos hoy aquí a todas las enmiendas y a todas las propuestas e iniciativas que se han planteado para ser consecuentes.
Nadie ha pasado la delgada línea roja de una ruptura con Cuba, aunque la crítica haya sido
dirigida al gobierno castrista. Por esa razón, mi grupo, desde el sosiego, desde la serenidad, desde la racionalidad de situarnos en la evolución de la historia hará este tipo de votación.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señora presidenta.
Nosotros pensamos que ningún diputado con mayor título para haber intervenido en nombre del Partido Popular que el señor Gil Lázaro. Sobre todo los que tenemos una cierta memoria, recordamos cómo el señor Gil Lázaro de una manera machacona,
cuando le permitían a su grupo parlamentario, preguntaba por aquel disidente cubano, Gutiérrez Menoyo, que con el tiempo logró que saliera en libertad. Creemos que la trayectoria del señor Gil Lázaro está también vinculada a la defensa de los
derechos democráticos de Cuba. Por tanto, digo con énfasis que nos parece muy correcto que el señor Gil Lázaro haya intervenido en el día de hoy. Le hemos visto también en La Habana participando en debates en la Unión Interparlamentaria y le
acabamos de ver hace dos semanas en Chile cuando hablaba de consensos, del valor del consenso y de que no había que hacer de la palabra trinchera. Sin embargo, con cierta sorpresa vemos que no va a avalar algo tan importante como la petición del
levantamiento del embargo y algo tan superimportante como es la condena al concepto de la pena de muerte.
Se desaprovecha una magnífica oportunidad, por parte del Partido Popular y por parte de la sensibilidad del señor Gil Lázaro, de haber asumido también otro tipo de reivindicaciones en un hecho concreto como el tema cubano. Nosotros debemos
decir que desde nuestro grupo parlamentario, con énfasis, tenemos la libertad de poder levantar la voz y condenar todo tipo de dictadura. Hemos condenado la dictadura de Primo de Rivera, hemos condenado la dictadura de Franco, hemos condenado la
violencia en Irak, hemos condenado y condenamos a ETA, hemos condenado el GAL y condenamos los tres fusilamientos que han ocurrido en Cuba en estas últimas semanas.
En lo que no vamos a caer -y se nos invitó a la manifestación de la Puerta del Sol-
es en trampas, en manifestaciones trampas, como suele decir don Jaime Mayor Oreja, que allí estaba,
como un nuevo Mas Canosa, organizando una manifestación trampa. No se puede tolerar algo que está empezando a ocurrir: si no vas a la manifestación eres sospechoso de apoyar al régimen de Cuba y si vas a la manifestación te preguntan qué
haces tú aquí. Le ocurrió al señor Caldera. Yo, señor Caldera, no hubiera ido a esa manifestación y nosotros no fuimos a esa manifestación. Yo le he visto a usted hace dos semanas firmando la iniciativa que tuvimos en la Unión Interparlamentaria
condenando los fusilamientos. Usted no tiene que demostrar que está contra el régimen de Cuba, a pesar de que valora los avances sociales que haya podido tener aquel régimen. Sin embargo, se está cayendo en algo muy grave: si voy a la
manifestación soy un demócrata y no soy un gusano y si no voy a la manifestación se me acusa de no sé qué tolerancia con la violencia.
Aquí se publicó una información que a nosotros sinceramente nos ha llamado mucho la atención, a pesar de que no estuvimos en la manifestación porque era una manifestación trampa. Entre los distintos intervinientes, intervino un personaje
que nosotros conocemos muy bien y muy de cerca. La información periodística dice así: El ambiente de la plaza se calmó cuando el sociólogo Mikel Azurmendi tomó la palabra y habló de los patriarcas resecos de semen que mueren en otoño cuando se han
quedado sin munición. Imagino que se referiría a Fidel Castro y no a otros dirigentes de su propio partido. Hábilmente Azurmendi dijo dos nombres y fue como si a todos los presentes les hubieran mentado la bicha. Dijo con sorna: Hasta Saramago
ya es cubano. Abucheo ensordecedor. También Ibarretxe babeante -continuó- hace negocietes con los etarras que viven del régimen castristas, chupan de él y tienen cuentas millonarias en paraísos fiscales. Insultos para Ibarretxe. Por eso no
fuimos a la manifestación, porque era una manifestación absolutamente trampa. ¿Quién lo dice? Lo dice Mikel Azurmendi, un antiguo miembro de ETA, que estamos absolutamente convencidos que si estuviera en el puesto actual de Fidel Castro no hubiera
firmado el fusilamiento de tres personas, sino de treinta. Una persona como Mikel Azurmendi, un antiguo miembro de ETA, que en este momento es una autoridad del Estado porque es presidente del Comité de Inmigración -no sé como se llama-, hace este
tipo de manifestaciones públicamente contra Saramago, Ibarretxe y contra aquellos con los que lógicamente no comulga. Estamos empezando a estar muy hartos de antiguos miembros de ETA que están en el Partido Popular y que señalan con el dedo al PNV.
Aquí, en nuestro grupo parlamentario, no existe nadie que haya tenido ningún devaneo con ETA. Sin embargo, hoy dirigentes del Partido Popular como el director del Instituto Cervantes, señor Juaristi, y el señor Mikel Azurmendi, que además ahora da
clases, han sido miembros de ETA. Hablando de negocietes en Cuba, ¿qué hace el presidente del Gobierno en las cumbres iberoamericanas con Fidel Castro intercambiando corbatas? ¿Qué hace Su Majestad el Rey? ¿Qué hace don Manuel Fraga Iribarne?
¿Qué hacen los presidentes de las comunidades autónomas? ¿Es que por haber estado en Cuba son avaladores de una dictadura? ¿Adónde vamos a caer? Por tanto, nosotros denunciamos este tipo de planteamientos.
Señor Caldera, no vaya usted a esas manifestaciones. Usted no tiene que demostrar nada, ya está bien de ese tipo de manifestaciones trampas.
También decimos enfáticamente que Fidel Castro en este momento tenía que hacer un gesto, aunque
desgraciadamente no puede devolverles la vida a los tres fusilados y a todos los que ha ido fusilando y torturando durante todo su régimen. Podía tener un sentimiento de humanidad con el que descolocaría a alguien que firma penas de muerte, como el
señor Bush, que ha firmado 135 penas de muerte en el Estado de Tejas cuando era gobernador, asesinatos legales, sobre todo de chicanos y de negros. Por eso nosotros estamos en contra de la pena de muerte, de todas las penas de muerte, de las de
Fidel Castro, de las de Bush, de las de Estados Unidos y de las de ETA. Ojalá Fidel Castro tenga un reflejo político de humanidad y lleve a cabo una iniciativa para abolir la pena de muerte en Cuba. Sería un buen gesto en este momento de
desolación.
Nosotros nos vamos a abstener ante la iniciativa del Partido Popular, no porque estemos en desacuerdo con parte de sus planteamientos sino sobre todo porque no tiene el coraje político de condenar la pena de muerte y de pedir el
levantamiento del embargo a Cuba, que a quien más castiga y de manera preferencial es a sus pobladores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Anasagasti.
De los términos del debate queda claro que tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida han aceptado expresamente la enmienda presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), pero el
Grupo Mixto no se ha pronunciado al respecto.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Simplemente para decir, señora presidenta, que también la aceptamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro, a los únicos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor GIL LÁZARO: Gracias, señora presidenta.
No vamos a aceptar la enmienda porque nos parece confusa, y mucho más confuso el pretender decir,
como ha dicho el señor Anasagasti... (Fuertes rumores y protestas.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): ¡Señorías, guarden silencio!
Señor Gil Lázaro, un momento.
El señor GIL LÁZARO: ... que el Partido Popular no ha protestado diligentemente. No, señor Anasagasti, nosotros hemos sido...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, un momento, no está en el uso de la palabra.
Señorías, guarden silencio.
A los únicos efectos, señor Gil Lázaro, de aceptación o rechazo de la enmienda, exclusivamente y sin añadidos.
El señor GIL LÁZARO: Precisamente, señora presidenta, no vamos a aceptar esta enmienda porque nuestra posición es muy clara contra la pena de muerte.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gil Lázaro. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre condena a los actos de represión contra la oposición democrática en Cuba, en los términos derivados
del debate y con la incorporación de su propia enmienda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 277; abstenciones, 24.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
A continuación, sometemos a votación el texto de la enmienda transaccional con la corrección que se ha incorporado en el debate y que hace referencia a las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las detenciones, juicios,
sumarios y sentencias condenatorias contra periodistas independientes y opositores en Cuba, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez, sobre condena de los últimos acontecimientos en Cuba y a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a la defensa de los derechos humanos en Cuba. Entiendo que las tres iniciativas inicialmente presentadas son retiradas y sólo se somete a votación el texto de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 133; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA MUERTE DE DOS PERIODISTAS ESPAÑOLES EN LA GUERRA DE IRAK.
(Número de expediente 162/000721.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA A LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA MUERTE DEL PERIODISTA GALLEGO JOSÉ COUSO Y DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO COMETIDAS DURANTE LA AGRESIÓN ARMADA A IRAK.
(Número de expediente 162/000722.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE EL GOBIERNO DEBE PONER EN MARCHA TRAS LA MUERTE DE DOS PERIODISTAS ESPAÑOLES EN LA GUERRA DE IRAK. (Número de expediente 162/000724.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE LA ACTITUD DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE EL ASESINATO DE PERIODISTAS Y LAS VULNERACIONES DE LA CONVENCIÓN DE GINEBRA EN LA GUERRA DE IRAK. (Número de expediente 162/000725.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones del Gobierno en relación con la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Irak, que se debatirá conjuntamente con la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa a la investigación y sanción de los responsables de la muerte del periodista gallego, José Couso, y de las violaciones graves del derecho internacional
humanitario cometidas durante la agresión armada a Irak, asimismo, con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las medidas que el Gobierno debe poner en marcha tras la muerte de dos periodistas
españoles en la guerra de Irak y, por último, la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la actitud del Gobierno español ante el asesinato de
periodistas y la vulneración de la Convención de Ginebra en la guerra de Irak.
En primer lugar, para la presentación y defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio aquéllos que lo vayan a hacer. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego que ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
Adelante, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, dado que vamos a hablar de una situación grave, me hubiera gustado que asistiera algún miembro del Gobierno, igual que a la condena de lo ocurrido en Cuba. Lamentablemente, no es así.
Se dice, y creo que se dice con razón, que la verdad es siempre la primera víctima de las guerras. Lamentablemente, así ha ocurrido en el caso de Irak. La segunda víctima suele ser la justicia. Así comienza el comunicado, que comparto
íntegramente, de la familia del periodista asesinado don José Couso Permuí. Para evitar que la verdad sea la primera víctima de la guerra y la justicia la segunda, creemos que se deben investigar a fondo hechos como estos que producen la muerte de
víctimas inocentes. Recordarán ustedes el título de la operación militar que se desató sobre Bagdad, llevaba por lema Conmoción y pavor. Tuvieron razón quienes bautizaron así a aquella acción bélica porque, señorías, las víctimas inocentes
conmocionan y causa pavor la ausencia de razones para desatar las guerras, para desatar esta guerra que arroja estas víctimas.
Claro, señorías, me refiero a las razones morales, a las razones fundadas en derecho, a las razones a favor de la paz, de
la cooperación y de la seguridad, porque sí ha habido otras razones para desatar esta guerra, ha habido otras razones de orden estratégico y de orden económico. Si queremos la paz, y estoy convencido de que todos los aquí presentes queremos ganar
la paz, deberíamos condenar la guerra y sus consecuencias y exigir las oportunas responsabilidades. Lo más dramático de una guerra siempre son las víctimas, señorías, siempre. Pues bien, por todas ellas, por las víctimas iraquíes, por las víctimas
de los ejércitos ocupantes, por todas las víctimas, condenamos las causas, en nombre del señor Anguita y del señor Couso, que condujeron a esta guerra. En nombre de estos dos compatriotas, de estas dos víctimas, queremos lamentar y condenar todas
las demás víctimas, todas ellas. Y no basta, señoras y señores diputados, con lamentar -lo digo por la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular-, no basta. Fíjense, señoras y señores diputados del Grupo Popular, que lo que
solicitamos, lo que va a pedir toda la Cámara salvo el PP es una condena moral, es una condena de orden ético, es la condena de unos hechos que se han producido de forma absolutamente ilegal y absolutamente inmoral.
Yo les pregunto, señorías: ¿No van a ser capaces, desde sus escaños, de sumarse a esta condena, en un orden ético y moral? ¿Hasta ese punto llega la dependencia y la sumisión a lo que ordena el actual Gobierno de los Estados Unidos,
incluso al hecho de no condenar, de quedarse en el simple hecho de lamentar pero no condenar la muerte de dos seres inocentes y, en su nombre, el fallecimiento de todas las víctimas inocentes de esta sinrazón que ha sido la guerra de Irak? (El
señor Hernando Fraile: No uses las muertes.)
Señorías, estos hechos trascienden la dimensión individual y se convierten en nuestra opinión en un asunto de legalidad. Es obvio que si ustedes no condenan estos hechos y exigen las responsabilidades oportunas, se someterán sin discusión a
la ley del imperio y no al imperio de la ley. Y les recuerdo que eso mismo es lo que dice el comunicado de la familia del señor Couso. Cualquier hecho que trae consecuencias lamentables en una sociedad democrática se investiga, cualquier hecho de
esta naturaleza se investiga, y si de la investigación se derivan las oportunas responsabilidades, se exigen, y el Gobierno de España y su grupo parlamentario no están dispuestos siquiera a solicitar el inicio de esa investigación.
También es una necesidad democrática esta investigación, señorías. La democracia, señoras y señores diputados del Grupo Popular, no puede vivir sin la verdad; la información y la verdad son sagradas en democracia.
Debe investigarse la
verdad. Hemos perdido dos seres humanos añadidos a las miles de víctimas de esta guerra, que además eran testigos autorizados que al ejercer su profesión permitían que los ciudadanos nos formáramos o tomáramos una opinión fundada, luego han muerto
dos seres humanos, pero además dos agentes principales de la democracia. Y es también la necesidad de esta condena un asunto de dignidad nacional. La muerte de José Couso no fue, señorías, fortuita e inevitable, no. Por eso, porque era un
ciudadano español y porque estaba prestando un servicio impagable a la opinión pública y a la salud de la democracia, le concierne a la sociedad española y doblemente a su Gobierno. Porque, señorías, las personalísimas razones del señor Aznar para
avalar la guerra y alinearse sin matices con la arrogancia de la administración del señor Bush no le eximen de la responsabilidad no sólo de pedir explicaciones por esta muerte sino de exigir una investigación a fondo y las reparaciones que la
familia del señor Couso tiene derecho a exigir, porque esta guerra ha sido apoyada, promovida y justificada por el Gobierno del señor Aznar. Pero, aún prestando ese apoyo, el fallecimiento del señor Couso ha puesto en cuestión la proporcionalidad
de los medios utilizados en esta guerra. Incluso apoyando
la guerra, ustedes podían desmarcarse por la falta de proporcionalidad en el uso de los medios con que se ha hecho esta guerra.
Se acaba de recibir la noticia de que Estados Unidos justifica la matanza de trece iraquíes ocurrida hoy, civiles inocentes en una manifestación, porque sus tropas no pueden diferenciar entre una piedra y una granada.
¿Este es el futuro que
le espera a Irak? ¿Este es el futuro, esta es la proporcionalidad con la que se conduce un ejército de ocupación?
Señorías, aún habiendo apoyado la guerra, esa falta de proporcionalidad deberían ustedes condenarla. Su muerte no se produjo en un bombardeo aéreo o artillero sino por un disparo directo de un tanque de las fuerzas estadounidenses dirigido
al hotel Palestina, donde todo el mundo sabía que sólo se albergaban periodistas. Todos los ejércitos del mundo se rigen por unos códigos de conducta e incluso los errores de los ejércitos, de acuerdo con ese código de conducta, se pagan
judicialmente.
Aquí no hubo siquiera error, aquí ha habido un hecho punible recogido en la Convención de Ginebra por el que deben exigirse las oportunas responsabilidades. Después de aquellos hechos, ante su gravedad, todo el mundo pidió una
investigación, salvo el Gobierno español, que aceptó la explicación del mando militar de Estados Unidos en Qatar, manifiestamente incompatible con las informaciones de los periodistas presentes en el hotel. Según esta primera explicación, los
periodistas habrían sido avisados que el edificio era objetivo militar, lo que negaron tajantemente los informadores allí alojados. Después, el Pentágono afirmó que el tanque había disparado tras ser atacado por francotiradores desde el hotel.
Falso también, señorías. Apelo al testimonio del compañero del señor Couso, el periodista Jon Sistiaga. Textual: No es cierto que desde el hotel se estuviera disparando, es una absoluta mentira, ni fuego artillero ni de kalashnikov. Lo
importante es que ellos, el ejército americano, sabían que el edificio estaba lleno de periodistas. En todo caso, la pregunta es lacerante, señorías, porque si al Ministerio de Defensa español le constaba que el hotel Palestina podía constituir un
objetivo militar, ¿por qué no hizo llegar a sus aliados en la coalición el error de considerar ese hotel como un objetivo militar? ¿Por qué no informó de esta circunstancia a los periodistas alojados allí?
Nuestro Gobierno sin embargo anunció primero que no pedía explicaciones, luego que se trataba tan sólo de un grave error y por último que el asunto no tenía la suficiente entidad para condenar los hechos y para condenar por estos hechos al
Gobierno de los Estados Unidos. Esto lo dijo la ministra de Asuntos Exteriores, que forma parte de ese gran equipo que ha formado el señor Aznar, y a la que yo pregunto cuál es su escala moral, porque, sinceramente, prefiero, señorías, el silencio
al oprobio.
Creo que es mejor callar a hacer determinadas declaraciones que no rayan, invaden el oprobio. Por eso el objetivo de esta iniciativa es muy sencillo: la muerte de estas personas tiene entidad suficiente para que nos ocupemos aquí de
ello. La Cámara tiene que hacer lo que no hace el Gobierno español, condenar la acción militar en clara violación de las convenciones de Ginebra. Buscamos la verdad, señorías, que se haga justicia, que se determinen las responsabilidades que de
aquella situación se deriven, que se investigue y que, finalizada la investigación, se apliquen y exijan las responsabilidades pertinentes.
Espero que el Grupo Popular tenga una altura moral superior a la que han demostrado algunos de sus
dirigentes. Lo digo porque hace poco un dirigente del PP decía que usar la guerra con fin electoral desautoriza éticamente. ¿Y hacerla, señorías? Si usar la guerra con fin electoral desautoriza éticamente, ¿hacer la guerra, qué es lo que
proporciona? Ya que la han hecho y la han apoyado tengan al menos, en nombre de la conciencia de todos los españoles, la dignidad de condenar y reparar algunas de sus terribles consecuencias exigiendo una investigación a fondo de estos crímenes y
la oportuna reparación que el Estado de derecho merece a quienes han perdido su vida de forma tan injusta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las medidas que el Gobierno debe poner en marcha tras la muerte de dos periodistas españoles en la guerra de Irak, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, suele haber críticas locas sobre todo en etapas preelectorales. Entre la guerra y el día de hoy ha habido críticas locas, como las que puede hacer, permítanme la metáfora, un pollo sin cabeza, con
respecto a la actuación de los grupos de la oposición, desde el punto de vista de que no se comprende que tiene que haber oposición y de que no se comprende la síntesis necesaria entre la democracia directa y la democracia institucional; la
síntesis que todo partido progresista tiene que hacer entre la lucha y el Gobierno. Son críticas lamentables que uno contradice con la fuerza que puede, pero sabe que están hechas como las que puede hacer un pollo sin cabeza, pero no es tan
metáfora como se suele decir. En Norteamérica un pollo logró vivir sin cabeza 16 meses, y no se murió porque le faltara tal adminículo sino porque le dieron -iba a decir un pedacito de galleta- un pedacito de maíz con el que se atragantó y murió.
Pues bien, cuando habla el señor Aznar de la coalición social-comunista es una crítica de pollo sin cabeza. Se le contesta, pero no tiene mayor importancia. Sin embargo, hay otras críticas que sí duelen porque
afectan muy de lleno a la matriz moral, a la ética que todos llevamos dentro. Son críticas miserables. Críticas miserables es la expresión que a veces se ha utilizado, yo la utilizo piadosamente para contestar a una crítica que también ha
hecho el presidente del Gobierno que, por cierto, hoy no ha venido aquí a esta manifestación. Hay que ver la que nos han liado con si se iba a ir o no a la manifestación, y ahora se trata de algo mucho más importante, que es la votación de una
resolución institucional, y el presidente del Gobierno no viene aquí a condenar a Cuba, ¡qué escándalo, señorías!, y no pasa nada. (Aplausos.)
El presidente del Gobierno, al que le falta tiempo, y por eso está desesperado a ver cómo recupera votos y se despierta insomne pensando que puede perder Madrid, la Asamblea y el Ayuntamiento en estos momentos, se atrevió a decir que con el
fin de la guerra se le acabó el chollo a la oposición (chollo es una palabra que utilizó antes con respecto al chapapote), y llegó a decir que la oposición queríamos una guerra larga, que la guerra larga nos hubiese beneficiado. Yo creo que esto
sólo lo puede pensar una mente enferma. Simplemente si la guerra hubiese durado unas horas menos no hubieran muerto ni Julio Anguita Parrado ni José Couso. (Aplausos.) Simplemente con que la guerra no hubiese empezado se habrían ahorrado miles de
víctimas militares y civiles, de gente participante en la guerra, y no se habría dado el espectáculo obsceno del asalto y liquidación de la legalidad internacional y del debilitamiento profundo de Naciones Unidas. No se hubiese dado una invasión
colonial violenta que acaba de matar a doscientos manifestantes que por lo visto lanzaron una piedra o un huevo y a los que se les ha respondido ametrallándolos inmisericordemente 50 kilómetros al oeste de Bagdad.
Estamos ante una dictadura militar que se ha instaurado por encima de la democracia, por encima de la legalidad internacional, por encima del funcionamiento de Naciones Unidas. El señor Aznar no sólo va a pasar a la historia por su
espectáculo de sumisión y falta de dignidad, sino porque es uno de los convocantes, de los copatrocinadores de la guerra, es también, por tanto, responsable de lo ocurrido. Hoy nadie tiene dudas sobre que Sadam Hussein no tenía un ejército como el
de Hitler, no tenía esa capacidad. Seamos rigurosos, las armas de destrucción masiva, empecemos por lo absolutamente constatable, no han sido utilizadas. En primer lugar, está claro que si disponían de ellas no las han utilizado; en segundo
lugar, por ahora no se han encontrado, pero si las encuentra Estados Unidos sin la participación de la ONU y del jefe de los inspectores nadie nos vamos a creer ese hallazgo. Por tanto, es responsable de una gran sangría y de una gran
insensibilidad.
El señor Aznar con respecto a José Couso y Julio Anguita Parrado, y cito textualmente: Ellos sabían a lo que se arriesgaban estando allí. Lo dijo, tranquilamente, sin más sensibilidad, sin tener en cuenta que hay que lamentar, condenar,
investigar, buscar responsabilidades, fundamentalmente cuando es, como en el caso de José Couso, el fuego amigo quien lo hace y parece ser que de manera absolutamente consciente, provocando lo que para muchos es, desde luego para mí también, un
asesinato, un crimen de Estado. El señor Trillo: El caso de José Couso se trata de un gravísimo error. No hay mala intención, se trata de un error disculpable, la carta de Colin Powell lo disculpa, pues pajaritos con la madre, pelillos a la mar,
aquí se acabó el problema. Y doña Ana de Palacio, la reina de lo anacoluto: Hablemos también de los muertos en el Congo -llega a decir doña Ana de Palacio-; y llega a decir también que este hecho no tiene trascendencia para una condena con
respecto a los autores. Así dicho, no estoy exagerando, ella misma es una auténtica exageración. (Rumores.)
Lo que estaba ocurriendo, señorías, -y voy a dar datos y cada cual saque la consecuencia que quiera- es que la prensa hasta ese momento estaba jugando un papel importante, tan importante que por lo menos hasta ese momento la verdad no había
muerto del todo. No se habían quedado como la otra vez Alfonso Rojo y la CNN, sino que se habían quedado más de quinientos periodistas, de entre ellos muchos españoles, en un sitio o en otro, transmitiendo lo que podían transmitir, transmitiendo
parte de la verdad, o transmitiendo con gran imaginación para que el resto dedujéramos la verdad. Esa gran lucha ha sido de una enorme importancia porque esta guerra posiblemente ha sido la mejor retransmitida de los últimos tiempos. Sin embargo,
la retransmisión que han hecho, a pesar de los pesares, la han tenido que pagar con un altísimo tributo de sangre, con una gran, alta, grave y severa renta de sangre. Y esa renta de sangre viene porque fundamentalmente también ellos eran un riesgo
para los que intentaban ocultar la verdad. Por lo visto no había nada contra la prensa. Era un gravisimo error, era algo no condenable, era un riesgo que había que correr. Sin embargo, simultáneamente se dieron tres ataques a la prensa, el del
hotel Palestina, el de Al Jazeera y el de una cadena árabe que me parece que se llama Dubai. Los tres ataques simultáneamente.
Así que cada cual saque la conclusión que quiera, pero parece ser que los testigos estorbaban, que la verdad tal como se
estaba retransmitiendo no tenía que ser retransmitida en el mismo grado, con el mismo tono, y había que asustar a los periodistas. Y se logra asustar a los periodistas, pero a partir de ahí se consigue una situación que hace que Irak no sea algo
aceptable, desde el punto de vista de la ocupación, como tendremos oportunidad de debatir en la moción posterior. Por lo tanto, estamos ante una situación de gran insensibilidad por parte del Gobierno. Cuando los fotógrafos esperan al señor
presidente del Gobierno en la puerta del Congreso lo esperan porque en el Senado y anteriormente el señor presidente
al pasar junto a ellos, alguno casi lloroso, ni siquiera los saluda. No se dirige a ellos para nada, no habla con ellos, no les pide opinión. Cuando entra aquí lanza una mirada buida, sin volver la cabeza, de esas miradas que también suele
echar el señor Arenas. Entra en el Congreso, y entonces los fotógrafos intentan hablar con el presidente del Gobierno, intentan compartir algo, decirle algo. Hacen una protesta aquí, y alguna de SS.SS., que después se ha disculpado, llega a decir
que es tan importante como por lo visto la comparecencia del señor Tejero, el 23 de febrero de 1981. Se sigue sin entender lo que es la calle. Se sigue sin entender que la Constitución ampara la democracia directa, que la Constitución ampara el
referéndum, la movilización, la manifestación, que el referéndum ampara la lucha de la gente por sus motivos y según las coordenadas que quieran, que puedan utilizar y que nadie va a parar esa lucha, por mucho que dramatice y criminalice a los
sujetos de esa lucha, que son el pueblo en general, muchísima gente. ¿Por qué no terminan de analizar algo que ha ocurrido? Incluso portadas de periódicos durante una semana. Convocaron la manifestación sobre el tema de Cuba en la Puerta del Sol.
No han ido más de 1.500 personas. ¿Por qué no analizan eso? ¿Por qué no analizan los sentimientos del pueblo español? Es verdad que no aceptan la pena de muerte, pero tampoco aceptan que nadie manipule los sentimientos de la gente con intereses
partidistas. Eso es lo que ustedes no acaban de entender, aunque poco a poco algunos de ustedes terminarán entendiendo, porque me da la impresión de que no todo el mundo, y lo digo en favor del Partido Popular, tiene el tono del presidente del
Gobierno, ese tono desabrido, de legionario político, que ataca constantemente, sin tener en cuenta la sensibilidad de nadie y criminalizando a todo el mundo.
(Rumores.)
Señorías, hay que condenar este tema, hay que pedir una investigación, hay que despejar responsabilidades, y eso se lo pedimos de nuevo toda la oposición, 11.700.000 votos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de la iniciativa firmada por los señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa a la investigación y sanción de los responsables de la muerte del periodista gallego
José Couso y las violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas durante la agresión armada a Irak, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La guerra de Irak conllevó un elevado número de víctimas civiles, fueron bombardeados hospitales, escuelas, mercados, barrios, hoteles e incluso mezquitas. Efectivamente, se trataba de provocar horror y terror por parte de una gigantesca
maquinaria bélica.
Hay información independiente en un mundo de control imperial, a pesar de la intimidación y del miedo. Los periodistas muchas veces son piezas, peones de la mentira y de la propaganda, pero también son muchas veces vehículos fundamentales
de la verdad y del análisis. El Gobierno español apoyó una guerra que fundamentaba en dos pretextos que ahora se han demostrado fraudulentos: ni armas de destrucción masiva ni contactos con el terrorismo, hasta el extremo de que un hombre
prooccidental como Hans Blix está haciendo las confesiones más claras de su historia después de haber sido en gran parte connivente con los proyectos de Washington.
Hay sucesos, señorías, que solamente son una punta de iceberg.
Precisamente el 8 de abril, un día después de la muerte en el frente de Julio A. Parrado, el tiroteo de un tanque mató al cámara José Couso Permuy, nuestro compatriota, gallego
de Ferrol, en el hotel Palestina, donde estaba ubicada toda la prensa internacional acreditada en Bagdag, al tiempo que, como ya se puso de manifiesto, era atacada también la cadena Al Yaazira en la capital Bagdag, provocando la muerte por bomba de
Tareq Ayub, lo mismo que había muerto, acompañando a nuestro compatriota, Taras Protsyuk, cámara ucraniano.
Lo que es fundamental en este momento es ver cuáles fueron las reacciones en el Estado español. Primero tuvimos que asistir a las confusas y contradictorias explicaciones oficiosas, nunca oficiales, del ejército de Estados Unidos que
acabaron convirtiendo el hotel Palestina en un objetivo militar. Después la señora Palacio nos dejó claro que no hay entidad, desde el punto de vista del Gobierno, para merecer una condena.
Por último, el señor Trillo, que empezó por pedir
explicaciones, acabó hablando de que había fedayines en el hotel, que los había visto él en Tele 5. En todo caso, no es solución promover el abandono de la zona por parte de los periodistas, dar explicaciones insuficientes y contentarse con no
condenar los sucesos y hacer un seguidismo total de la política informativa de Estados Unidos. Señorías, es curioso observar cómo los representantes del poder en el Estado español son más solidarios con los oligarcas del exterior que con sus
propios conciudadanos, con los nacionales del Estado español.
Los periodistas reaccionaron -y no son hoy un grupo corporativo- con dignidad porque el silencio machacaba la verdad y porque se estaba dando una versión no creíble que tropezaba con la de los testigos que presenciaron hechos tan relevantes
en el hotel Palestina. Lo que no era un objetivo militar acabó convirtiéndose en un crimen de guerra, conforme a todos los textos legales que hoy firma el Gobierno del Estado español y dice defender: la Convención de Ginebra,
el Código Penal o el Estatuto de Roma. Sin embargo, lo que es más importante, señorías, y justifica nuestra intervención hoy aquí, es la valiente y coherente posición de la familia del señor Couso pidiendo una investigación y su respuesta
al informe de Powell, que consideraron una ofensa a la inteligencia y, diríamos nosotros, a la dignidad de cualquier partido político del Estado español. Señorías, la familia siente abandono y desamparo, el mismo abandono y desamparo que puede
sentir cualquier ciudadano del Estado español cuando observa que el Gobierno da cobertura a tesis fraudulentas a pesar de que las circunstancias en que se produjo el acontecimiento fueron más que extrañas, cuando hay indicios más que relevantes de
que se disparó a matar contra gente indefensa, contra gente civil, cuando se dan versiones maquilladas y al fin una versión brutal que dice que se trata de una guerra y que por tanto Estados Unidos tiene que disparar a diestro y siniestro. Era un
ciudadano del Estado español, señores del Partido Popular, y el Gobierno está para su protección y para pedir la investigación oportuna conforme a todas las armas legales que existen a nivel internacional y a nivel estatal. Nosotros intervenimos
aquí en este momento para que la verdad reluzca, para que no sea víctima de la manipulación de los poderosos; no está justificado todo lo que ellos hacen.
Aprovechamos el momento además para pedir que el ejército invasor y de ocupación, el virrey y su Administración colonial abandonen el país. Hoy, en este Irak mucho más controlado que durante la guerra, sería seguramente muy necesaria la
presencia de cámaras y de periodistas como nuestro compatriota José Couso Permuy o como Julio Anguita Parrado, dispuestos a reflejar la verdad, y de fuerzas políticas, señorías, que no aceptan las versiones del imperio, acordes con diseños
políticamente condenables, por mucha fuerza que exterioricen y practiquen.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto sobre la actitud del Gobierno español ante el asesinato de periodistas y las vulneraciones de la Convención de Ginebra en la guerra de Irak, tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el pasado mes de marzo los ejércitos de Estados Unidos y del Reino Unido iniciaron una guerra ilegal, injusta, inmoral y, por supuesto, contraria a la Carta de Naciones Unidas; una guerra promovida y apoyada por una coalición de
voluntarios entre los que se encontraba y se encuentra el Gobierno español; una guerra que ha provocado el fallecimiento de miles de personas, entre ellos civiles, bien por ataques a objetivos llamados militares o bien por ataques a objetivos
civiles como hoteles, hospitales y lugares residenciales. Confiamos en que esta guerra ilegal sea objeto de exigencia de responsabilidades judiciales en los foros correspondientes y nos alegraría que los tribunales del Estado español contribuyeran
a ello.
Se ha intentado justificar esta guerra por diferentes motivos y voy a nombrar alguno de los que aquí se han dicho que, desde luego, no compartimos: la existencia de armamento de destrucción masiva -como ha dicho el señor Alcaraz, si lo
tienen no lo han utilizado y hasta ahora no se sabe que haya habido-; pero curiosamente en esta guerra -nadie lo ha señalado, al menos no los ejércitos ocupantes- se ha utilizado armamento prohibido en las convenciones internacionales, las bombas
de racimo que serán de una gravedad extrema también en el futuro. Además, han fallecido informadores y periodistas, dos de ellos españoles, Julio Anguita Parrado y José Couso. No son, desgraciadamente, los primeros corresponsales de guerra que han
fallecido y esperemos que sean los últimos, aunque nos imaginamos que desgraciadamente habrá más guerras. Sin embargo, sobre todo en el caso de José Couso, no ha sido la actividad profesional la que le ha llevado a la muerte. No se puede admitir
-aquí está el intríngulis de nuestra proposición-, como señalaba el presidente del Gobierno, que haya sido a consecuencia de un riesgo en el desarrollo de una actividad profesional. No ha sido así y creerlo es no querer mirar a la realidad.
Las
versiones que se han dado han sido contradictorias, desde hablar de defensa propia a entender el hotel Palestina como objetivo militar o las últimas, como señalaban los responsables del carro de combate, en el sentido de que desconocían que ese
hotel fuera un objetivo civil. No tenían ningún plan ni ninguna consideración de dónde estaban los objetivos militares.
¿Se ha cumplido o no por parte del ejército de Estados Unidos la IV Convención de Ginebra en relación con la protección de la población civil? ¿Nos dicen la verdad o es todo una patraña? Creemos que en materia de protección a la población
civil las cuestiones son claras y en esa Convención de Ginebra, en concreto en su artículo 79 del protocolo adicional aprobado el 8 de junio de 1977 se dice claramente, dentro de lo que es la población civil, que los periodistas que realicen
misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado serán considerados personal civil y como tal, como el resto de la población civil, deben ser protegidos.
Estas proposiciones no deberían haber aparecido nunca en este debate, nunca, porque el Gobierno, de oficio, debería haber planteado las correspondientes exigencias de explicaciones por vía diplomática, es decir, formalmente. No voy a entrar
en la retahíla de dimes y diretes de los ministros, de unos y otros, en relación con lo que han hecho, lo que van a hacer, lo
que pueden hacer o incluso ya no saben contestar porque no saben lo que tienen que hacer. Creemos que el Gobierno, de oficio, debería haber exigido esas responsabiliades y, en primer lugar, información, pero todavía al día de hoy no sabemos
exactamente qué van a hacer. Como no han reaccionado a la primera en defensa de los intereses que les corresponde, es decir, de los ciudadanos a quienes tienen que representar y defender, los ciudadanos del Estado español, no nos ha quedado más
remedio, algo que nunca hubiéramos tenido que hacer, que presentar estas proposiciones no de ley. Por esto, de manera clara, ya que ustedes no lo han pensado, reconsidérenlo en una segunda oportunidad y hagan lo que tienen que hacer: representar a
los ciudadanos, defenderles y, en el caso de que sus derechos hayan sido objeto de vulneración, fundamentalmente el derecho a la vida, exijan las responsabilidades a quienes corresponda. ¿Que es poderoso? ¡Qué importa! ¿O es que acaso sólo se
atreven con los débiles?
En una segunda oportunidad pueden ustedes rectificar, condenar las vulneraciones de la Convención de Ginebra en Irak, que por cierto Estados Unidos utiliza cuando le interesa, en los prisioneros de guerra, y exijan responsabilidades a
quienes corresponda. Es lo mínimo que pueden ustedes hacer.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a las proposiciones de ley, tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor de Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, para el Gobierno de España, y para el grupo parlamentario que lo apoya, Julio Anguita Parrado y José Couso son auténticos héroes del derecho a la información y de la libertad
de expresión. Nosotros lo hemos dicho en todas las manifestaciones. Quienes hemos leído las crónicas de Julio Anguita y hemos visto las imágenes tomadas de José Couso no podremos olvidar nunca su trabajo.
Señorías, yo he tenido la desgracia de vivir en primerísima persona guerras, no una, varias. He perdido a mi padre en una y sé muy bien por lo que está pasando la familia. Para mí es un momento especialmente difícil subir a esta tribuna y
tratar de rendir homenaje a dos héroes de la libertad de expresión, de la democracia y los que, desde luego, tendremos siempre muy cerca del corazón.
Son terribles las circunstancias por las que ha pasado el pueblo de Irak, pero las ha pasado desde el año 1958, sufriendo y padeciendo sucesivas dictaduras. Hoy, señorías, no es el momento de reabrir el debate sobre la guerra de Irak. Son
evidentemente loables las referencias que todos ustedes han hecho a las dos víctimas, que nosotros lamentamos profundamente. Hoy lo que tenemos que hacer es convertirlos en el centro exclusivo y único del debate en esta Cámara y no hablar de otras
cosas, para así rendirles un homenaje más sentido. Desde aquí, y de forma solemne, queremos llevar a las familias, a Tele 5, a El Mundo y a todos los periodistas nuestro cariño más profundo, nuestra solidaridad más sincera, nuestro apoyo
incondicional. Créanme, señorías, que nosotros queremos rendir homenaje a su labor, a su entrega, a su generosidad y a su coraje.
Este es el momento de decir que el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer. Las más altas instancias del Gobierno están estudiando cómo se pueden buscar y articular las necesarias y justas compensaciones.
El Gobierno
español se ha interesado en todo momento por lo que ocurrió.
Ha hecho lo que tenía que hacer. El presidente del Gobierno habló con el presidente de Estados Unidos, la ministra de Asuntos Exteriores con el secretario de Estado, Powell, el ministro
de Defensa con el secretario de Defensa, señor Rumsfeld. A todos ellos se les pidió información precisa y una investigación rigurosa. Nosotros no renunciamos, y lo decimos aquí de manera clara, a que se esclarezcan todos y cada uno de los
elementos y circunstancias que rodearon estos tristísimos y terribles sucesos.
La ministra de Asuntos Exteriores ha recibido una carta del secretario de Estado, Powell, y nuevamente una carta del embajador de Estados Unidos en España, señor Argyros. En las dos había explicaciones preliminares, queremos creer. Como
decía, no renunciamos a que toda la información que se pueda producir y la investigación que se pueda poner en marcha tengan como fin el esclarecimiento de todas las circunstancias que rodearon estos sucesos.
Señorías, no podemos dejar de lamentar profundísimamente la muerte de dos informadores. Tampoco podemos olvidar a otros que han perdido la vida en otras guerras: en Panamá, un fotógrafo de El País, y Julio Fuentes, en Afganistán. Yo he
tenido la desgracia de vivir en zonas de guerra, como les decía; sé del caos, del horror, del fuego, de las circunstancias confusas que se producen. No quiero adelantar aquí ningún tipo de opinión ni de acontecimiento; sería profundamente
irresponsable y frívolo por nuestra parte. No adelantemos acontecimientos, esperemos a ver qué ocurre. Desde luego, tengan la más absoluta seguridad de que el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de España van a hacer todo lo que tengan que
hacer y todo lo que esté en su mano para intentar no sólo esclarecer los hechos sino también prestar nuestro apoyo y solidaridad a las familias y nuestro cariño a las empresas.
Hoy conviene hacer también algo que es importante: conviene subrayar la labor y la importancia de los
periodistas en general, y muy especialmente la de aquellos que actúan en zonas de guerra. No van por capricho. Decíamos antes, cuando calificábamos a Julio Anguita Parrado y a José Couso como héroes de la libertad de expresión, que son
aquellos que sirven al derecho a la información de una sociedad madura y democrática. Van allí corriendo enormes riesgos, como hemos visto. Este es el momento de rendir el más sentido homenaje a todos los periodistas, de España y de otras partes
del mundo, que han ejercido su labor de manera ejemplar, como tantas personas han reconocido, incluso con importantes premios periodísticos.
Quiero reiterar una vez más nuestro apoyo, admiración y solidaridad a las familias de Julio Anguita Parrado y de José Couso, y muy especialmente a El Mundo y Tele 5 -empresas de los fallecidos-, y quiero sobre todo decirles, señorías, que
hoy es un momento singularmente importante para que todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, representantes de la soberanía popular, rindan el más sentido homenaje a aquellas personas que hacen posible que la democracia sea una realidad por
medio de la información.
No queremos reabrir el debate, señorías. Podríamos hacerlo; muchas de las cuestiones que se han planteado en esta tribuna son rebatibles; lo son del todo. No lo vamos a hacer, señorías. Créanme que argumentos me sobran; creo que lo
hemos demostrado a lo largo de todos estos meses.
Hemos hablado con seriedad y con rigor. No lo vamos a hacer, señorías; no queremos diluir en absoluto el homenaje que este discurso, este grupo parlamentario y el Gobierno de España deben a estos
dos héroes de la libertad de expresión.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor de Arístegui.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, en la guerra no vale todo. Eso es un principio de la civilización; es un principio que ha ido evolucionando con el tiempo, enriqueciéndose guerra a guerra, muerte a muerte. No valen
las armas químicas, no vale el desplazamiento masivo de población, no vale el asesinato de civiles, no valen las violaciones como arma de guerra, no valen los escudos humanos... Hay muchas cosas que no valen. Eso es lo que se ha llamado el derecho
internacional humanitario en el ámbito de la guerra, enriquecido -entre comillas- muy especialmente por el gran catálogo de crímenes de guerra que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial. De ahí nace el derecho internacional humanitario,
que ha ido después enriqueciéndose -entre comillas de nuevo- también con la experiencia de todos los horrores que se ha visto que el hombre es capaz de cometer durante los conflictos bélicos. Por eso son crímenes de guerra, porque esas muertes,
esas violaciones, ese secuestro de civiles para usarlos como rehenes, es decir, todas esas cosas no son la guerra. Por eso la guerra tiene sus reglas, tiene su dosis de muertes, pero también tiene en su seno sus propias reglas de justicia. Es algo
iluso, sí; es en algún punto ingenuo, sí, como toda conquista de la civilización. Si en algo demuestra que el hombre es hombre, a pesar de que a veces se comporte como una bestia en los conflictos bélicos, es cuando habla de derecho internacional,
cuando habla de derecho humanitario, cuando es capaz de introducir, dentro de la salvajada que es cualquier guerra, algún tipo de racionalidad y alguna noción de crimen y de legalidad. Por eso cuando se comete un crimen de guerra, con independencia
de quién lo haya cometido, con independencia de por qué se haya cometido, con independencia de los atenuantes o los agravantes que pueda tener, ese crimen de guerra es condenable -con todas sus letras- y merece y debe ser condenado.
En este contexto es donde se enmarca la protección de los periodistas y de todas aquellas personas que con riesgo de su propia vida asumen el compromiso de intentar explicar, allí donde hay muerte y violencia a su alrededor, qué es lo que
está ocurrido a todos los que confortablemente nos quedemos en casa, en el mejor de los casos porque otros van a morir por nuestros ideales o, en otros casos, constatando a través de nuestros televisores guerras que consideramos injustas. Tanto
unos como otros necesitamos a esos periodistas. Los necesitamos en la Segunda Guerra Mundial, los necesitaron los que estaban en Vietnam en su momento. ¿Qué habría sido de Vietnam sin los periodistas? ¿Qué habría sido después de Kosovo sin los
periodistas? ¿Qué habría sido la matanza de Srebrenika sin los periodistas? ¿Qué difícil habría sido Sabra y Chatila porque no había periodistas? Les debemos mucho y precisamente por eso, porque les debemos mucho a esos periodistas, tienen una
protección especial en esa evolución de la humanidad que es el derecho internacional humanitario. Por eso hay un protocolo que protege específicamente a los periodistas, porque no son civiles que pasaban por ahí, son testigos de la verdad y del
horror. Son periodistas los que nos han dado las imágenes de los moribundos en los campos de concentración y son periodistas -vuelvo a recordar- los que nos explicaron lo que ocurrió en Srebrenika. Por eso tienen una protección especial y por eso
los atacantes en cualquier guerra, cualquier ejército en cualquier guerra tiene un plus de responsabilidad en la protección de los periodistas. Cuando se está bombardeando conscientemente un hotel en el que sólo hay periodistas hay un crimen de
guerra. No sabemos por quién ha sido cometido, si por quien pulsó el gatillo o por quien le dio la orden; no sabemos si con
una atenuante o incluso con un eximente, no lo sabemos, pero hay un crimen de guerra que debe ser condenado y no sólo lamentado, porque conscientemente -manteniéndome en la terminología penal-, con dolo o con culpa, alguien decidió matar a
esos periodistas, porque alguien apuntó un cañón allí donde se sabía perfectamente que sólo había periodistas. No sabemos cuál es la coartada para tomar esa decisión. Hemos escuchado distintas versiones y no prejuzgamos ninguna, incluso intentamos
ponernos en un punto de objetividad: había un francotirador en el tejado, les disparaban desde abajo, no sabían lo que hacían. No lo sé. Precisamente por eso hay que investigar.
Previamente a la investigación lo que nos une a todos y desgraciadamente una vez más nos separa de ustedes es condenar esa acción militar, no sólo lamentarla sino condenarla, porque fue un crimen de guerra. No es condenar a los Estados
Unidos, no es condenar al ejército americano, es condenar una acción militar reprobable, objetivamente reprobable. Eso es lo primero que contiene el texto que vamos a votar: una condena que aparentemente, según la información que tenemos, ustedes
no van a suscribir y de nuevo no van a votar porque no quieren condenar. Hay que ir más allá que lamentar. Y a partir de la condena, lo que pedimos todos los grupos de la Cámara menos quien tiene la mayoría absoluta -y mi grupo lo ha intentado
reflejar en esta enmienda que intenta aglutinar de nuevo los textos de unos y otros- es una investigación exhaustiva, porque está claro que hay distintas versiones. Nosotros no prejuzgamos -insisto- si había un sargento iluminado -el que ha salido
pidiendo disculpas- o si, como otros pretenden, aquello fue una decisión; queremos que se investigue de forma objetiva, exhaustiva, al detalle. Creemos que el Estado español tiene no sólo el derecho sino la obligación de pedirlo, porque el Estado
español tiene que proteger a sus ciudadanos cuando han sido atacados dolosa o culposamente por un ejército extranjero. Aquí hay un ciudadano que ha sufrido la agresión militar por parte de otro ejército. ¿Lo hizo queriendo? ¿Lo hizo sin saber?
No lo sabemos, pero el Estado español no lo puede mirar como un espectador. Es parte de ello y le afecta directamente, incluso jurídicamente. Tiene la obligación internacional de la protección diplomática de sus ciudadanos. Reitero que el Estado
español está internacionalmente obligado a proteger a sus ciudadanos ante la agresión de un Estado extranjero. Por tanto, lo que pide la familia de don José Couso, lo que estamos pidiendo todos nosotros no es una gracia del Gobierno; es que
ustedes cumplan con su obligación de proteger a sus súbditos y de exigir a quien le ha matado -yo no voy a usar la palabra asesinado hasta que sepamos lo que ocurrió-, que es un ejército, que aclare por qué.
Hubo otras matanzas de civiles y también sería bueno que España, como parte de la coalición que atacó Irak, se implicara. Pero tiene menos título; tiene un título jurídico cuando hay un ciudadano español por medio; tiene un título moral y
político con todas las demás. También querríamos ver al Gobierno español exigiendo explicaciones. Los que nos hemos dedicado a seguir cada día el conflicto bélico en la CNN, cuando había alguna matanza de civiles un día en un mercado, otro día
porque se les disparaba en un control, y se preguntaba en la rueda de prensa al general Brooks por qué habían muerto esos civiles la respuesta que podía dar en ese momento a los periodistas era: lo lamentamos, investigaremos este incidente. Ahora
es el tiempo de saber qué está pasando con todas esas investigaciones: la del mercado, la del control, la del misil que se desvió. ¿Por qué? ¿Dónde están esas investigaciones? ¿Ustedes no sienten la responsabilidad moral de exigir que se
investigue, con independencia de que compartieran los objetivos de esa guerra? ¿Por qué se incomodan cuando se les pide que asuman esa obligación, más allá de un genérico lamento o manifestación de cariño a unos y otros? Eso está muy bien. Lo que
les pedimos es un paso más allá, que tienen que dar los que gobiernan, no los que son simplemente testimonios. El cariño, las manifestaciones las pueden hacer todos los ciudadanos; la petición de responsabilidades, la acción diplomática la hace
quien se sienta en el Consejo de Ministros y quien dirige el servicio diplomático español. Eso es lo que distingue a un Gobierno de a quien simplemente testifica desde la calle.
Por ello lo lógico -y termino- es que se pida una investigación, que se condenen los hechos -no los autores, que no sabemos quiénes son-, que se condenen con todas sus letras y se pida una investigación, y que se pida formalmente, que el
Gobierno español esté exigiendo esa investigación. Si no lo quieren hacer, de nuevo son ustedes los responsables de sus actos y los únicos que lo tendrán que explicar. Pero yo les diré -y creo que no es la primera vez que reitero esta idea- que si
no votan este texto que sencillamente condena el ataque militar al centro donde estaban los periodistas y exige que se abra una investigación y que el Gobierno español ponga todo lo que esté de su parte por proteger a los españoles que están en
Irak, si ustedes no lo votan no sólo discreparemos una vez más sino que nos costará muchísimo, una vez más, llegar a entender dónde están ustedes, qué quieren ustedes y cuáles son los valores que defienden.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo también rinde homenaje a los profesionales del periodismo que han muerto, pero en este momento concreto lo que busca es respuestas. Conocen ustedes la tendencia a dar cierta juridicidad a casi todas las cosas y también en este
momento creo que es la ocasión de buscarla.
No hace mucho hablaba en los pasillos de la Cámara con el diputado señor Griñán y me preguntaba si la cuestión está en saber cuál es el derecho aplicable en esta ocasión. Supongo que no será el derecho de los invasores del país, tampoco el
de los invadidos. La normativa internacional que el señor Guardans ha citado parece que no sería lo más adecuado puesto que estamos hablando de una guerra en la que la declaración oficial ha brillado por su ausencia. Todas las muertes duelen, pero
las de los civiles nos resultan más próximas, sobre todo si estamos hablando de profesionales del periodismo, uno de los cuales ha estado por los pasillos de esta Cámara siendo cámara de ETB durante tres años en la pasada legislatura, y lo mismo
podríamos decir de la labor que realizaba Julio Anguita. Creo que además de la normativa internacional es el momento de exigir al Gobierno de España, que decidió entrar en esta guerra (guerra que no voy a calificar porque bastante calificada ha
sido a lo largo de los numerosos debates que ha habido en esta Cámara), que aplique su propio ordenamiento, su propia legalidad y se comprometa a indemnizar, además de moralmente también en lo material, a las correspondientes familias. Estos
periodistas ejercían una labor pública, una labor de trascendencia pública aunque lo hiciesen en un medio privado; transmitían información para que los ciudadanos destinatarios de ella formásemos nuestra opinión. Es decir, podría llegar a decirse
que coadyuvaban a que se pudiese realizar en nosotros el cumplimiento de lo que en la Constitución es un derecho fundamental. Estos son datos objetivos. Eran ciudadanos españoles. Hay un nexo de la labor de indudable relevancia pública que
estaban realizando y su país parece no considerarlo lo bastante importante no ya para condenarlo, ni siquiera para pedir explicaciones al país que parece que ha sido su aliado en estos momentos. Ya no hablo de sentimientos humanitarios o de
sentimientos de dolor. Creo que es perfectamente argumentable que además de la exigencia de que se investigue se exija no sólo el reproche moral, sino que incluso es ya posible hablar de las indemnizaciones por haber utilizado ellos y todos
nosotros sus servicios, su labor informativa durante el tiempo que ha durado la guerra. Ese es el deseo de la formación política a la que pertenezco al apoyar las iniciativas de las distintas formaciones políticas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
A los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas que han sido presentadas, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Aceptamos la enmienda presentada por Convergència i Unió y rechazamos la presentada por el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Rodríguez, a los mismos efectos.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió y rechazamos la del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Igualmente, señora presidenta, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió y rechazamos la del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Alcaraz, a los mismos efectos.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Rechazamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y aceptamos la del Grupo de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Puesto que todos los firmantes de las iniciativas han aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que es de sustitución, entiendo que retiran sus textos y se vota una sola vez el texto de la enmienda de
sustitución. (Asentimiento.)
Señorías, sometemos a votación las iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto,
señora Lasagabaster, cuyos textos originales han sido sustituidos para la votación por el texto de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 125; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA RED DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000197.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Comunico a SS.SS. que la votación de las mociones se producirá al final del debate de las tres que figuran en el orden del día.
En primer lugar la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red de carreteras del Estado en
Cataluña. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sedó. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo. En cualquier caso, agradecería que los niveles de conversación de los escaños sean menores.
Adelante, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para presentar la moción, consecuencia de la interpelación urgente que debatimos la semana pasada con el señor ministro, respecto a las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red de carreteras
del Estado en Cataluña. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Después de un debate muy ilustrativo, por cuanto el señor ministro dio mucha información respecto a las cantidades de todas las inversiones que hace o ha hecho el Ministerio de Fomento en Cataluña, lo cual reconocemos, yo decía que en lo
único que no estaba de acuerdo -y por tanto iba en la línea del ministro- era en las estadísticas de inversiones en Cataluña, ya que se están utilizando índices desde hace 40 años acá, con lo que salen unos tipos de inversiones muy bajos cuando la
realidad es que actualmente son aceptables. Por tanto, yo decía al señor ministro que en cuanto a cantidades no nos quejábamos en aquel momento, no interpelábamos, no teníamos intención alguna de entrar en debate. Sin embargo, yo sí decía que
cuando se vayan a acabar las grandes obras del aeropuerto o del AVE, dentro de cuatro o cinco años, sería bueno que no nos encontremos sin proyectos en Cataluña porque todavía están todos en estudio informativo, en declaración de impacto ambiental o
en redacción de proyecto. Por todo ello -y este es el sentido de nuestra moción- nos gustaría avanzar lo más posible y acelerar lo que se está haciendo para tener un buen stock de proyectos en un futuro próximo. Me contestaba el señor ministro
diciendo: Por tanto, comparto con S.S. la necesidad de incrementar lo que yo, en la jerga interna del ministerio, llamo biblioteca de estudios informativos y biblioteca de proyectos; por ello, si S.S. en la moción explora iniciativas de impulso
a ese criterio, sepa que el ministro comparte esa forma de entender la programación de las infraestructuras. Y la redacción del texto de la moción, que también fue comentado con el señor ministro, dice que el Congreso de los Diputados es consciente
de que la red de carreteras de titularidad estatal en Cataluña se configura como un instrumento básico para la promoción del equilibrio regional y la cohesión territorial, explicando que es un aspecto muy importante para la economía y para compensar
el importante retraso acumulado debido al déficit remoto de inversión del Estado en la misma; de manera concreta, a lo largo de los próximos ejercicios se acelerarán las redacciones de estudios informativos y proyectos constructivos, con el objeto
de obtener una biblioteca de proyectos dispuestos para su licitación y ejecución y así poder alcanzar los niveles de inversión pública adecuados a los objetivos previstos. Este sería básicamente el texto que podría acabar nuestra moción: Instar al
Gobierno a que acelere y establezca con la máxima rapidez esa biblioteca de proyectos dispuestos para la licitación, decíamos entonces que con principal atención a cinco puntos concretos. El primero habla del eje pirenaico; el segundo de impulsar
la nacional II a su paso por las comarcas de Girona; el tercero hace referencia al cuarto cinturón de Barcelona, que es una carretera orbital en la zona de Abrera-Tarrasa, en conexión con el norte de Sabadell; el cuarto se refiere a la autovía
Tarragona-Mont Blanc, y aquí tengo que decir que hemos presentado un escrito para hacer una corrección de error que tuvimos en su momento: donde se dice que actualmente se realiza debe decir se realizará con detalle un estudio; y el quinto punto
habla del desdoblamiento de la N-340, desde el límite de Castellón con las zonas más próximas de Tarragona, que es un tramo que va desde la zona de Castellón hasta Hospitalet del Infant y después continúa desde Tarragona hacia Barcelona y enlaza con
la N-II en el acceso de Barcelona.
Nuestro interés es que se pueda votar esta moción para que se aceleren todos los trámites y se pueda obtener esa
biblioteca que he llamado en la moción tomando las palabras del señor ministro.
Por otra parte, nuestro grupo está dispuesto a aceptar algunas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que ha presentado seis. No podemos aceptar dos de ellas: una relativa a esta autovía Tarragona- Mont Blanc, porque lo que nos pide
es de sustitución y queda fuera del contexto que comprende nuestra petición, y otra porque interviene en algo que podría estar fuera de lugar porque es una vía rápida, que es el eje transversal de Cataluña, que está fuera de la titularidad y por
tanto no entra en el título de mejorar la red de carreteras del Estado en Cataluña. Las otras enmiendas se refieren a una serie de variantes o de citaciones de obras que se solicita añadamos a este grupo de cinco puntos y no me parece mal.
Uno de
ellos es de adición y por tanto habría un punto más por cuanto eran indicativos, no tienen por qué ser exhaustivos, porque ya decíamos que queríamos tener los proyectos dispuestos para su licitación y ejecución y así poder alcanzar los niveles de
inversión pública adecuados a los objetivos previstos, con principal atención en estos cinco puntos y citábamos concretamente algunas obras. No tenemos ningún inconveniente en añadir en la citación otras que son las que nos propone el Grupo
Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención citando unas cifras sobre kilómetros de autopista en Cataluña, cifras que dio el ministro de Fomento en esta Cámara hace unas pocas semanas. Él nos decía que en 1996 Cataluña tenía 242 kilómetros de
autovía, en el año 2003 -es decir, ahora mismo-, 434 kilómetros y según previsión del Plan de infraestructuras en 2007 habrá 648 kilómetros. En estas previsiones existen algunos problemas que pueden ser de sumas, de inclusiones o de definiciones.
Digo esto porque en el anuario estadístico del propio Ministerio se cuantifican esos kilómetros de autopista para finales del año 2001 en 225 kilómetros, es decir entre el final de 2001 y el día de hoy se habrían construido más de 200 kilómetros,
una cifra que como ustedes comprenderán parece imposible.
El ministro utiliza estas cifras para elaborar ratios entre autopistas de peaje y autovías libres de peaje. Como todos ustedes saben, la sociedad catalana está muy sensibilizada en este tema y podría ser inoportuno incrementar la confusión
en esta materia. Si la confusión no proviene de las definiciones, puede provenir de las inclusiones, y pongo como ejemplo el eje transversal. Como bien ha dicho el señor Sedó, el eje transversal no depende del Estado ni tiene las características
requeridas para ser una autovía; sin embargo el Ministerio de Fomento lo incluye en la lista del Plan de infraestructuras 2007, y al incluirla se utiliza para elaborar las ratios entre autovías libres de peaje y autopistas con peaje. Por ello una
de nuestras enmiendas está referida a este eje transversal, y concretamente a su financiación. Es una obra necesaria, una obra demandada, una obra incluida en el Plan de infraestructuras, pero por lo que parece no tiene ningún avance real porque
las administraciones, la Generalitat y el ministerio, hasta este momento no se han puesto de acuerdo.
Nuestro grupo presenta otra enmienda, de sustitución, al punto 4, a la autovía Valls-Montblanc. Nosotros proponemos en esta enmienda que se respete el estudio informativo aprobado en el BOE de julio de 2001, que tiene proyecto constructivo
en redacción, que está incluido también, y desde hace ya bastantes años, en el Plan de carreteras de la Generalitat.
Es una obra imprescindible para la vertebración del sur catalán, es una obra madura, se está trabajando en ella desde hace bastante
tiempo y creemos que no se puede retrasar más. No se puede retrasar más bajo preceptos y bajo conceptos que no tienen el interés común como un objetivo prioritario, sino algún interés particular, y nos parece poco transparente.
Por último, quiero mencionar el tema de los retrasos. El Ministerio de Fomento parece en este momento, y especialmente en Cataluña, el ministerio de los retrasos, y no me estoy refiriendo sólo a la red ferroviaria sino también a la red
viaria de competencia estatal. Hoy Cataluña está salpicada de pequeñas y grandes obras, todas ellas importantes pero todas ellas por empezar. A pesar de las declaraciones de impacto ambiental, a pesar de las aprobaciones, a pesar de los estudios,
hace años que muchas de estas obras tenían que haber empezado. No las voy a citar, el tiempo no me lo permite, pero la lista, aunque no sea exhaustiva, está contemplada en la moción y en nuestras propias enmiendas.
Acabo diciendo que como el señor Sedó nos ha aceptado parte de las enmiendas, votaremos a favor de la moción, pero como no podemos hacer votación separada, quiero puntualizar que en el punto 4, es decir en el punto referente a la autovía
Valls-Montblanc, nosotros no estamos de acuerdo con la opción que presenta Convergència i Unió.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Miralles.
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción presentada por Convergència i Unió. Con independencia de que la moción que presenta Convergència i Unió abarca solamente una parte del Estado español, que es
la comunidad catalana, creemos que es necesario que se haga una moción de estas características, que puede delimitar cuáles son las necesidades que se están produciendo en una comunidad, cuáles son los retrasos y los incumplimientos por parte del
Estado a la hora de invertir en las infraestructuras que desde luego, como nosotros estamos de acuerdo, son las que vertebran y hacen un desarrollo mucho más equilibrado del territorio al que se refieran estas infraestructuras.
Creemos que ustedes han intentado abarcar prácticamente todas las infraestructuras que son necesarias hoy por hoy en la inversión en Cataluña y aquellas que están programadas de una manera u otra por parte del Estado, además con los añadidos
que puedan ustedes admitir de las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida cree que son necesarias estas inversiones en Cataluña, de la misma manera que cree que son necesarias otras intervenciones en el resto del Estado, que también están sufriendo grandes demoras,
que siempre se alude a la excusa que planteaba el propio ministro de Fomento en la interpelación consecuencia de esta moción, cuando decía que los trámites burocráticos para garantizar cada vez mejor las cosas son más amplios y que eso tiene que ver
con los retrasos. Lo que se le olvidaba al señor ministro es que no solamente son los trámites burocráticos sino que además es la falta de presupuestación concreta y específica que desde el Ministerio se tiene que hacer para determinadas
infraestructuras no solamente en la comunidad catalana sino también en el resto de comunidades del Estado español. Por tanto creemos que son necesarias estas inversiones, y lo único que demandamos desde nuestro grupo parlamentario, señora
presidenta, señores del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), es que cuando se presenten iniciativas de estas características y tengan que ver con otras comunidades autónomas, veamos también la solidaridad de los representantes o de una
parte de los representantes de la comunidad catalana.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo no va a apoyar la moción presentada por CiU, porque no tiene fundamento ni tiene explicación como no sea la proximidad de las fechas electorales; pero nos ofrece una oportunidad para explicar la
política de infraestructuras del Gobierno que es de agradecer.
Ya sé, señor Sedó, que usted no es aficionado a apuntar las cifras, lo dijo en la interpelación, pero permítame que le dé alguna porque siempre podemos encontrar una rotonda en Roselló que no se hace, como citó el otro día, pero frente a un
presupuesto ni de medio millón de euros, habrá que compararlo con un presupuesto para el 2003 y para Cataluña de más de 2.500 millones de euros, el 30 por ciento superior al del año pasado, que no nos puede hacer perder la visión de conjunto.
La realidad es que nunca, ningún Gobierno en España ni en Cataluña había apostado tan fuerte por las infraestructuras como lo hace el Gobierno del Partido Popular. El año 1995 el Gobierno del PSOE había invertido en infraestructuras el 0,91
por ciento del PIB. El año 2003 el Gobierno del Partido Popular invierte el 1,88 por ciento del PIB, que además ha crecido desde 1996 el 24 por ciento, y es que las políticas económicas y las de infraestructuras son inseparables y por eso son las
políticas de crecimiento económico sostenido, estabilidad presupuestaria y déficit cero las que permiten liberar recursos que antes se tenían que destinar a la deuda y ahora se pueden destinar a multiplicar la inversión.
En Cataluña, señoría, el plan contempla una inversión total de 14.148 millones de euros, la más alta de toda España. No se puede hablar en serio de agravios sino todo lo contrario, porque el plan otorga a Cataluña un papel protagonista como
vanguardia del resto de territorios en el proceso de convergencia de España con Europa. Por eso las inversiones en Cataluña del Gobierno Aznar resisten cualquier parámetro comparativo, no sólo respecto a España sino también respecto al periodo en
que gobernaban otros, o con respecto también a la Comunidad de Madrid, que no tenemos tiempo de desarrollar aquí pero que S.S. conoce perfectamente. El plan contempla una inversión en Cataluña para autovías de 1.459 millones de euros, que se
elevan a 4.337 si se comprende a las carreteras convencionales. Al finalizar el plan se habrán construido en Cataluña 431 kilómetros de nuevas autovías y ninguno de autopista, por lo que la proporción será inversa a la que nos encontramos en el año
1996, 468 kilómetros de autopistas, y 748 kilómetros de autovía, de los que 242 son de 1996, 200 más están inaugurados o en obras desde 1996 hasta ahora, y nos quedan 300 hasta el final del 2007. O sea, que si en 1996 había 0,61 kilómetro de
autovía libre por kilómetro de peaje
en Cataluña, al finalizar el plan habrá 1,62 kilómetros gratuitos por cada kilómetro de pago.
Es cierto señor Sedó, como usted reconoció el otro día, que en 1996 no heredamos inversiones, ni cartera de proyectos, ni estudios informativos, ni ninguna de las fases que configuran el largo proceso de una obra pública, que es como mínimo
de seis años. En las dos carreteras de mayor tráfico en Cataluña, con intensidades medias superiores a 10.000 vehículos diarios, la N-II, Barcelona-La Junquera y la N-340, Castellón-Barcelona, no había ni estudios informativos, no había nada.
Ahora en ambas todos los tramos pendientes están en alguna de las fases constructivas de toda obra pública. Así, el tramo Cervera-Igualada, que estuvo parado 14 años -en 14 años ustedes no hicieron nada-, en siete años estará terminado, en marzo
del año 2004; son 39 kilómetros de autovía y más de 200 millones de euros de inversión. Y en el Girona-frontera francesa una parte está en estudio informativo y otra en proyecto constructivo, lo mismo que la autovía del Mediterráneo, que está muy
cerca de donde usted vive, y sabe que están en ejecución las variantes de Vilaseca y Cervelló, 40 kilómetros en Vilaseca, Cambrils, Montroig, Hospitalet y Vandellós; está en proyecto constructivo, otra de las fases de toda obra pública. El eix
Pirinenç no pasa sólo por la provincia de Lleida, ahora se está invirtiendo y mucho en el de la de Girona, el tramo Montagut-Olot está a punto de inaugurarse con una inversión de 108 millones de euros, el Argelaguer-Montagut está en obras y
Argelaguer-Basalú en licitación.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Llorens, su tiempo ha concluido.
El señor LLORENS TORRES: Es curioso que en su moción se olvide de la carretera N-240 en Lleida, de la carretera nacional Lleida-Viella. En definitiva, señor Sedó, lo último que le quiero decir es que más allá de dificultades de todo tipo
que surgen en la construcción de obras públicas de la que la colaboración entre administraciones no siempre es la deseable, por ejemplo el caso de Valls, primero se defiende el este, después el oeste, ahora otra vez el este, hoy por ejemplo...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Llorens, muchas gracias. Tiene que terminar su intervención en este momento.
El señor LLORENS TORRES: Todo no puede hacerse a la vez, más allá de la retórica vacía está la elocuencia de los datos y las realidades palpables.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Llorens.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA GUERRA EN IRAK. (Número de expediente 173/000198.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irak.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
La interpelación que dio origen a esta moción fue presentada por mi grupo parlamentario con el objetivo, una vez más, de dejar constancia, de aclarar, o de hacer ver al Gobierno que hay ciertos desequilibrios que padece la economía española
que impiden el aprovechamiento óptimo de su potencial, y que estos problemas se manifiestan con una desaceleración del crecimiento del PIB, una desaceleración del crecimiento del empleo, o incluso un incremento del paro, como hemos visto con las
cifras del primer trimestre de este año, una alta inflación y una baja productividad que nos lleva a una falta de competitividad importante.
Esta situación se veía agravada por la guerra de Irak que daba más incertidumbre y empeoraba las expectativas internacionales. De hecho, todos los organismos internacionales empezaron la revisión a la baja de las cifras de crecimiento. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
En aquel momento, señorías, nos parecía que era importante hacer una interpelación para conocer qué es lo que el Gobierno pensaba de esto y si pensaba adoptar alguna medida, pero resulta que nos encontramos con un planteamiento, el de
siempre, qué voy a decir, esa actitud autocomplaciente del señor Rato: los campeones del mundo mundial, somos los mejores; un dicho todavía un poco peor, mal de muchos consuelo de tontos; es decir aquí no pasaba nada, porque aunque hubiera que
revisar las expectativas de crecimiento resulta que España seguía creciendo más que el resto de los países de Europa. Además, el problema de que el Gobierno se equivocara en las previsiones no tenía absolutamente ninguna importancia, porque no era
el Gobierno el que se equivocaba, eran otros, los organismos que daban las hipótesis sobre las que el Gobierno hacía sus previsiones; es decir la OCDE, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial que hacían mal sus
hipótesis sobre comercio internacional, hacían mal sus hipótesis sobre la evolución de los precios del petróleo, o hacían mal sus hipótesis sobre el crecimiento de las economías en general
¿Qué nos encontramos una vez más? El muro -esto sí que es un muro- de la autocomplacencia y la irresponsabilidad. Todo lo que hace el Partido Popular,
todo lo que hace el Gobierno está bien, y si hay alguna cosa que está mal, alguien tendrá la culpa, pero alguien de fuera, siempre alguien de fuera.
Señores diputados del Partido Popular, ¿no creen que esta actitud tiene, no sé cómo calificarlo, un tufillo poco recomendable? ¿No creen que este maniqueísmo aplicado continuamente y a todo no responde a lo que es propio de un sistema
democrático? Sinceramente creo que es para pensárselo un poco; yo lo dejo aquí.
A pesar de todo esto, a pesar de que el panorama era idílico, nos despertamos la semana pasada con una serie de medidas que presentó el Gobierno, un Real Decreto-ley de medidas de reforma económica; un Real Decreto que en su exposición de
motivos dice que se presenta como una serie de medidas extraordinarias y urgentes, pero a continuación dice que no es más que el proceso de reforma estructural para profundizar en la línea de orientación, etcétera. ¿Son medidas extraordinarias y
urgentes o responden a un plan de profundización del sistema de competencia para llegar a una convergencia con Europa? O es una cosa o es la otra.
Sinceramente, señorías, el Real Decreto de reformas económicas que se ha presentado no es más que un pastiche, una nueva ley de acompañamiento, es exactamente igual que las leyes de acompañamiento lo que pasa es que esta es en primavera, con
unas elecciones a la vista y por Real Decreto.
Todavía más autoritario. En definitiva es un parche improvisado que no responde a un plan global de respuesta de lo que realmente necesita la economía española, y lo único que pretende es retomar o
tratar de tomar la iniciativa que se había perdido.
Pero esto no es el tema de hoy, es un tema que imagino que se debatirá la semana que viene en esta Cámara, por tanto voy a centrarme en la moción del Grupo Socialista, y espero que el Partido Popular, a pesar de haber presentado una
enmienda, hoy no tenga ningún inconveniente en votar, porque responde a algo en lo que el Grupo Popular está francamente preocupado. La moción que se ha presentado tiene tres bloques. Un primer bloque se refiere de manera más directa al tema de
las consecuencias económicas de la guerra, encaminadas a organizar de una u otra forma la participación española en la reconstrucción de Irak. Un segundo bloque más centrado en los aspectos puramente económicos, es decir a atacar aquellos lastres
de la economía española, como pueden ser el exceso de inflación o a sectores concretos que se han visto más afectados en este momento como el turismo o a que haya una mayor productividad y competitividad. Finalmente, un último bloque que pretendía
aportar mayor transparencia con el fin de que la incertidumbre económica sea menor.
A esta moción se han presentado dos grupos de enmiendas. Una enmienda de sustitución del Partido Popular que sinceramente, señorías, no me queda más remedio que incidir en los calificativos que he hecho antes, porque es un texto de
sustitución que dice: Mantener como se está haciendo, continuar trabajando, seguir, continuar, seguir potenciando, mantener, continuar con la política, continuar con la adaptación, potenciar la mejora de la competitividad. En este punto uno piensa
que ésta se puede apoyar, pero al continuar la lectura dice: ...cuyas partidas presupuestarias ya han sido incrementadas los últimos años; es decir continuar y continuar. Por tanto, señores diputados del Partido Popular, sintiéndolo mucho mi
grupo no puede aceptar esta enmienda, y espero que no tengan ningún inconveniente en votar nuestro texto.
Respecto a la otra enmienda que se ha presentado, de Convergencia i Unió, hemos aceptado la mayoría de sus puntos. De hecho, para que las cosas queden más claras, hemos presentado una enmienda transaccional en la que se recoge en un primer
punto lo correspondiente de manera directa al tema de la reconstrucción de Irak, y luego otros dos puntos que se refieren a los temas concretos, pero recogiendo las aportaciones del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), respecto a la
lucha contra la inflación y a la mejora de la productividad y competitividad...
La señora PRESIDENTA: Señora Mendizabal, ha sobrepasado con mucho el tiempo.
La señora MENDIZABAL GOROSTIAGA: Le entrego la enmienda transaccional para que la lean. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizabal.
Para defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar tiene la palabra el señor De Arístegui para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo ha presentado en una cuestión tan compleja como son las consecuencias económicas de la guerra de Irak en la intervención militar una muy prolija y muy detallada enmienda que habla por sí sola. Sería absurdo no reconocer
que en los últimos años la economía española ha crecido por encima de la media comunitaria. Sería absurdo no reconocer que más del 50 por ciento del empleo creado en la Unión Europea ha sido en España. Sería absurdo no reconocer que la política
económica de este Gobierno ha tenido unos frutos extraordinariamente positivos para toda la población española y desde luego para el bienestar y prosperidad de España. Sin embargo, señorías, conviene centrarse en lo que en un debate, que a mi
juicio se ha establecido de manera artificiosa en torno a lo que se ha dado en llamar la reconstrucción de Irak. También
es parte de las consecuencias económicas que se han mencionado en esta tribuna en este y en otros debates. Parece también claro y es evidente, que cuando se habla de reconstrucción en los términos expresados no estamos hablando de
reconstruir lo destruido, sino del término inglés, mal traducido al castellano, the nation building, que significa la construcción o reconstrucción de una nación en su conjunto. Por eso también nuestra enmienda incorpora una serie de afirmaciones,
yo creo que importantes, como por ejemplo que la cooperación española se siga implicando cada vez más y el compromiso de fondos que ha hecho el Gobierno español, que ha demostrado ser extraordinariamente importante en el contexto de la Unión
Europea, y además también ha impulsado que se haga ayuda directa. Quiero recordar a SS.SS. que recientemente ha viajado a Irak una delegación de la oficina de la Unión Europea para la cooperación y la ayuda humanitaria, ECHO, para evaluar las
posibilidades que tiene la Unión Europea para contribuir a la reconstrucción de Irak.
Me gustaría diferenciar cuatro aspectos bien definidos en cuanto a la futura reconstrucción de Irak. Señorías, lo hemos dicho muchas veces pero no nos hartaremos de hacerlo. En primer lugar, se trata necesariamente de una operación clásica
de mantenimiento de la paz; estamos viendo profundos problemas de seguridad en Irak. En segundo lugar, se trata de una estabilización del país, y la estabilización del país tiene que ser en gran medida en muchos ámbitos económicos, obviamente en
el de las infraestructuras; Irak ha sufrido, no sólo en esta intervención sino en las anteriores y en ocho años de guerra con Irán, un profundo deterioro de su red viaria y de sus servicios básicos, por tanto la reconstrucción, incluso el rediseño
de los mismos, será extraordinariamente importante.
Pero también tiene que hacerse en los ámbitos administrativo, social, cultural, sanitario, asistencial, y también esencialmente político. En ese sentido, España ha hecho algunos esfuerzos; por
ejemplo, la fundación Humanismo y Democracia y también la fundación FAES han convocado una reunión de opositores iraquíes en Madrid para tratar de ver si podían aunar criterios para el futuro político de Irak. Pero no sólo es esto, sino que además
en el futuro de Irak tiene que estar el diseño de un sistema constitucional que satisfaga a todas las partes. Y eso también tendrá unas consecuencias económicas indudablemente directas para Irak.
No olvidemos que la democracia, la estabilidad
política, la credibilidad, la seguridad jurídica son las mejores garantías para la prosperidad.
Hemos visto muchas veces los conceptos de cooperación al desarrollo en general, y en este caso tendría que ser así en particular, se han centrado
esencialmente en construir Estados creíbles, Estados estables, Estados con un marco jurídico serio, con una credibilidad, con una seguridad jurídica, que es lo que hace que se repatríen los capitales que se han exportado, muchas veces ilícitamente,
y que también sea capaz de atraer, creo que con fundamento, la inversión internacional. Esto genera un círculo virtuoso de inversión, y por supuesto de prosperidad. Eso es exactamente lo que el Gobierno de España ha querido hacer.
Termino estos comentarios diciendo que francamente creo que este es un ejercicio que me atrevería a calificar de ingeniería parlamentaria; esta enmienda, señorías, es de lo mejor que ha producido este grupo parlamentario en mucho tiempo, y
puedo decirlo porque sólo soy un miembro más del grupo parlamentario que la presenta. Francamente creo que tanto las medidas que se aplican o que están destinadas a hablar sobre las cuestiones de Irak, como las cuestiones y las medidas presentadas
para la economía general de España son extraordinariamente positivas y por ello invito a toda la Cámara a sumarse a nuestra enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Arístegui.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre tiene la palabra.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución a la moción presentada por el Grupo Socialista que va encaminada a ver cuál sería el papel de España en el momento de
la reconstrucción económica después de la guerra de Irak, así como también de plantear todas aquellas medidas que estén encaminadas a potenciar la economía, proponer medidas eficaces y efectivas para luchar contra el exceso de inflación que tiene
nuestro país respecto al diferencial de porcentaje que existe en la media de los países de la Unión Europea, y también se hace una serie de propuestas que van dirigidas y orientadas a mejorar la competitividad de la economía española. Nosotros
hemos presentado esta enmienda de sustitución y también es cierto que en las conversaciones que hemos mantenido con el Partido Socialista esta tarde hemos llegado al acuerdo de proponer a la Cámara una enmienda transaccional, presentada por los dos
grupos, en el sentido de incorporar aquellos aspectos más relevantes que nuestro grupo parlamentario proponía para este debate; también se han sustituido algunos de los aspectos que a nuestro grupo parlamentario le era difícil votar. Por tanto,
desde esta perspectiva y asumiendo esta realidad, agradecemos en este caso la sensibilidad y la complicidad que ha tenido el Partido Socialista para poder proponer ante la Cámara esta enmienda transaccional y también nos gustaría, por qué no decirlo
-nosotros hemos coincidido muchísimas
veces con el Partido Popular-, que el Partido Popular pudiera unirse a esta votación y saliera adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, no solamente del Grupo Popular, sino del resto de las fuerzas políticas de esta
Cámara. Desde esta perspectiva, recalcaría que alguno de los aspectos fundamentales que nosotros pretendíamos en nuestra propuesta era que se implementaran, como se han implementado a lo largo de estos últimos meses, medidas efectivas, medidas
potentes para combatir el punto más débil y el punto negro de nuestra economía, como siempre hemos venido manteniendo a lo largo de esta legislatura, que no es otro que el de combatir la inflación. Por eso proponemos una serie de medidas que van en
la dirección de liberalizar y flexibilizar los mercados, especialmente los sectores de telecomunicaciones, energía y distribución de carburantes y transporte, así como también de determinados servicios financieros para que puedan estimular la
competencia y que conlleven fundamentalmente una reducción de los precios para consumidores y usuarios de dichos sectores. Al mismo tiempo, proponíamos una serie de medidas que no son nuevas porque ya las hemos venido proponiendo a lo largo de esta
legislatura, como son todas aquellas cuestiones que tengan un efecto positivo para reducir el coste en las economías domésticas del teléfono, del agua y de la electricidad, especialmente por lo que se refiere a incrementar los valores mínimos de
ingresos para tener derecho a unas reducciones de tarifas de estos suministros, básicamente en el caso de las personas mayores. También planteamos la posibilidad de aplicar un IVA superreducido en el servicio de electricidad a los bloques de
consumos básicos para las economías domésticas, así como adoptar las iniciativas que sean necesarias para lograr la consecución de una competencia real y efectiva promoviendo siempre, como hemos venido manteniendo en nuestro grupo parlamentario,
todas aquellas cuestiones que vayan orientadas a la potenciación de los órganos de defensa de la competencia. Al mismo tiempo, proponemos otra serie de cuestiones, básicamente dirigidas a estimular la competitividad de nuestro tejido productivo,
como es el incentivar y aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras, así como continuar la colaboración con el resto de fuerzas parlamentarias y con los interlocutores sociales para seguir avanzando hacia un mercado de trabajo más estable,
reduciendo temporalidad y adaptando las relaciones laborales a la nueva realidad y buscando nuevas formas de organización del trabajo.
Respecto a aquellas cuestiones que planteamos para la reconstrucción económica de Irak, venimos manteniendo la propuesta que hoy hemos pactado con una parte de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara, en el sentido de favorecer la
reconstrucción económica de Irak.
Muchas gracias, señores diputados; muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo desearía que se obtuviera una fórmula. Aquí se ha traído ya una, la enmienda transaccional que el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha indicado que ha negociado con el partido proponente, con el Grupo
Parlamentario Socialista y, al mismo tiempo, está la enmienda presentada por el señor Arístegui, por el Grupo Parlamentario Popular. En los dos textos vemos cuestiones que son perfectamente compatibles y ojalá pudiera hacerse un ensamblaje de las
mismas. Hay conceptos con racionalidad; por ejemplo, se hace una invocación en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular para que se siga reforzando el pacto de estabilidad y crecimiento. Esta idea es fundamental porque es la que da estabilidad
a los presupuestos y a la vida económica española, para encontrar la mejor solución a las consecuencias económicas de la guerra de Irak.
El señor De Arístegui ha hecho acertadamente una calificación del fenómeno. Estamos ante una situación muy compleja, tanto que ni siquiera ha terminado, porque quedan los efectos económicos como es el precio del petróleo o los intereses del
euro que fija el Banco Central Europeo. El propio presidente ha señalado que tiene que esperar a ver el comportamiento de sectores de imput, como el petróleo, que es el más importante. Si se sigue manteniendo en Irak el principio de Petróleo por
alimentos o se levantan las sanciones y, en el marco OPEP, entra el petróleo directamente en los mercados internacionales, habría que atemperar los resultados económicos por las repercusiones para un país como España, importador neto de energía
basada en el petróleo. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quiere poner de manifiesto que en áreas del territorio español, como es Canarias, debemos ser muy coherentes y esperar, una vez pasadas estas fechas, para ver cómo se comporta el
turismo de origen británico y alemán, que tienen un destino importante a partir de este mes en el archipiélago canario.
Nosotros deseamos una votación de un texto de ensamblaje, puesto que las dos ideas son complementarias y oportunas. Muchos de los principios que reflejan ambas enmiendas son aspectos muy generales de la economía que sería oportuno sanear,
independientemente de que haya habido guerra en Irak o no, y las consecuencias todavía estén pendientes de la situación económica mundial. Cualquiera que sea la votación, la
aplicación de un IVA muy reducido no es aplicable en Canarias, ya que fiscalmente no es un territorio donde se aplique este impuesto. Habría que buscar una fórmula semejante, una disposición del Parlamento de Canarias y la propuesta
correspondiente de la comunidad autónoma, que tienen por imperativo constitucional la competencia para señalar los aspectos fiscales del archipiélago canario.
Nuestra posición es de apoyo a los resultados mayoritarios que se den aquí. Si la enmienda transaccional no fuera aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, daríamos nuestro voto favorable a la misma, porque hay aspectos de ambas
iniciativas complementarios y enriquecedores para dar solución a cualquier problema de menoscabo de la economía en España.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario saluda y va a votar a favor de la enmienda transaccional que se ha presentado a la moción consecuencia de la interpelación sobre las consecuencias económicas de la
guerra de Irak. Esta enmienda transaccional tiene dos partes, una primera que está formada por el primer punto y una segunda formada por los puntos 2, 3 y 4. En la primera de ellas se hace referencia a la reconstrucción de la destruida Irak. En
los puntos 2, 3 y 4 se plantea ayudar a la recuperación de las consecuencias que el conflicto iraquí más otras situaciones han tenido sobre la economía española.
Sobre el primer punto, hace 450 años los corsarios se movían entre una armada española que tenía que ir a recoger determinados oros y platas a las costas de Florida y era asaltado por el corsario Drake bajo la bendición de la monarquía
inglesa. Curiosamente, 450 años después, los corsarios sobre Irak son los tres actores, pero, en este caso, uno no hace ni de bueno ni de malo; los tres son corsarios sobre Irak: los ingleses, el Gobierno español y parte del empresariado, y el
Gobierno de los Estados Unidos.
Señorías, respaldamos la iniciativa, aunque sabemos que, en última instancia, en el caso de que esto se aprobara, sería una legitimación a posteriori de la actuación de Estados Unidos, España y el Reino Unido en esa zona. Sería como una
especia de by-pass que legitimaría la actuación posteriormente; pero uno prefiere el by-pass al infarto; prefiere el by-pass de esta especie de legalización a posteriori de la actuación estadounidense mediante la intervención de Naciones Unidas
para la reconstrucción de Irak, a que Estados Unidos y adláteres organicen aquella cuestión.
Respecto a los otros puntos, señorías, quiero llamar su atención sobre un magnífico trabajo que se publicaba en la revista Expansión, que se titulaba: La caída de Sadam devuelve la economía a la cruda realidad.
Aquí ha habido mucha
fanfarria -la que suele haber en los momentos de la victoria-, aunque ha estado manchada de sangre, como todas las fanfarrias; pero, cuando se acaban los sones, la economía vuelve a mandar. Se preguntaba el editorialista: ¿Por qué han acogido con
frialdad los mercados la entrada de las tropas norteamericanas en Bagdad, que marca el principio del fin de la dictadura de Sadam Husein? ¿No era el conflicto de Irak, su duración, su posible extensión por la región, sus costes, la principal
incertidumbre que pesaba sobre la economía mundial? Indiscutiblemente, no. Pero lo que nadie podrá negar es que, en estos momentos, hay ruptura de relaciones entra países europeos. Habrá que ver muchas de las negociaciones de los fondos
comunitarios en 2006. Veremos las cuantías que se plantean y los criterios de reparto. Se está produciendo un notorio antiamericanismo económico, que podría golpear a multinacionales y a productos de estos territorios, y todo ello lo pagarán, como
es habitual, como no puede ser menos, economías débiles como la española. Por eso saludamos y respaldamos los puntos 2, 3 y 4 de la moción, que, además, son muy respetuosos con la estructura del Estado español, con las comunidades autónomas y sus
competencias y plantean una serie de elaboraciones, impulsos y aplicaciones de políticas efectivas que, a nuestro entender, son los correctos para ayudar a la recuperación de la economía española, dañada, aparte de por sus déficit, por algunas
actuaciones de la guerra.
Por último, si no es a finales de esta legislatura será a principios de la otra, mucho nos tememos que en este Parlamento habrá una comisión de investigación sobre los contratos para la reconstrucción de Irak.
Nada más, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Señora Mendizábal, de su intervención se deduce que lo que se someterá a votación es el texto de la enmienda transaccional.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señora presidenta, el portavoz de Convergència i Unió ha explicado en qué consiste la enmienda transaccional, pero me gustaría que todos los grupos conocieran su texto.
La señora PRESIDENTA: Se va a repartir a los grupos antes de la votación.
(El señor De Arístegui y San Román pide la palabra.)
Señor De Arístegui, no sé si le está preguntando algo a la presidencia.
Indudablemente, si el texto que se somete a votación es el de la enmienda transaccional,
la que no aceptan es la del Grupo Parlamentario Popular.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA AL GOBIERNO, PARA QUE EXPLIQUE LAS RAZONES PARA MANTENER EL APOYO LOGÍSTICO, POLÍTICO Y MILITAR DE ESPAÑA EN UNA GUERRA ILEGAL E ILEGÍTIMA CONTRA IRAK, QUE ESTÁ GENERANDO UNA MASACRE.
(Número de expediente 173/000199.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al Gobierno, para que explique las razones para mantener el apoyo logístico, político y militar de España en una guerra
ilegal e ilegítima contra Irak, que está generando una masacre.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
En la rueda de prensa de esta mañana, el señor De Grandes se refería constantemente a la idea de que la guerra ha terminado y que se están dando los últimos coletazos a la hora de coincidir la oposición con respecto a las cosas que están
pasando o pueden pasar, pero no es así.
Ahora mismo se va a ver, a través de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que aceptamos y rechazando la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y no sólo coincidimos en que la
guerra es ilegítima, porque ningún acto puede legitimarla ya en este momento, ninguna acción ni ninguna propuesta puede legalizar la guerra. Es cierto que es un capítulo pasado en cuanto acto bélico determinado, pero a partir de ahí se están
produciendo elementos que son igualmente ilegales.
Este es el problema de fondo, que no se reingresa en la legalidad después de la guerra. La posición de Estados Unidos es nítida. Estados Unidos dice que primero va a instalar un protectorado en
Irak hasta que haya condiciones para devolver la soberanía, que está iniciando un nuevo orden internacional sobre el cadáver de Naciones Unidas, tomando la guerra como elemento fundamental de cohesión, globalizando la guerra de manera sistemática a
partir de ahora, que tendrá manos libres para emplear los 3.000 millones de dólares anuales procedentes del petróleo a la hora de reconstruir Irak y que se va a intentar dejar al margen a empresas alemanas y francesas, como venganza por la posición
que han adoptado durante el período de la preguerra y la guerra. ¿Cuál es la posición de España, señorías? Ninguna. España no tiene ninguna posición en positivo, no presenta alternativas, no tiene criterio, simplemente lo que le diga por fases
Estados Unidos, como parecer ser que se le va a decir al presidente español, señor Aznar, la próxima semana en Washington el señor Bush.
El problema es el siguiente: guerra ilegítima, pero también paz ilegítima, paz ilegal y paz inaceptable. Desde Izquierda Unida rechazamos lo que se ha producido, que ha sido una ocupación ilegal, como cada vez, de manera más clara y
contundente, está rechazando la ocupación que se ha producido la gente de allí y cada vez, de manera más contundente, los Estados Unidos tendrán que reprimir esa acción del pueblo iraquí, como ya han empezado a hacer. No se podrá abrir paso ninguna
solución basada en la imposición y eso se irá viendo poco a poco en ese marco ilegal que ustedes, los copatrocinadores de la guerra, han diseñado para la soberanía de Irak, porque se trata de una ocupación ilegal de un país soberano por parte de un
jefe, de un pretor militar, el señor Gardner, nombrado por una potencia extranjera. Son palabras muy rigurosas y concretas de lo que está sucediendo y es absolutamente intolerable.
Estamos viendo cómo un ejército que invade un país se convierte en
administrador del territorio, en gestor de la reconstrucción y en organizador de la legitimidad política. Eso se llama colonialismo, no tiene otro nombre; puro y duro colonialismo, colonialismo en estado puro, colonialismo del más rancio y
completo que se conoce. No es una paz legítima, es una ocupación colonial y es una ruptura completa con la legalidad y con la soberanía autopropulsada del pueblo iraquí, como podría ser de cualquier otro pueblo. Estamos ante el ciclo completo de
la ilegalidad y estamos ante el atajo completo. Si esta fase quiere ser legal, debe estar dirigida, controlada y administrada por Naciones Unidas. De nuevo ha empezado a funcionar, a través del PARC con respecto a Naciones Unidas, central vital,
una especie de prevaricación semántica que oculta la realidad y es que Blair y, fundamentalmente, Bush y Aznar, están luchando por un papel vital de la ONU, es decir, por un papel esencialmente de ayuda humanitaria, convirtiendo poco a poco a la
ONU, aprovechándose de su debilidad actual, en una especie de gran ONG. El proyecto político, el concepto de legalidad de España está diseñado desde más allá del Atlántico, desde el Pentágono, porque no hay propuestas de España. Sí queremos saber
si a España se le va a asignar en este marco ilegal de dictadura militar exportada la administración de todo el territorio, desde Basora hacia el sur, de la parte de Um Qasr. Queremos saber si eso lo va a administrar España. Se van a mandar 250
legionarios, se van a mandar también guardias civiles, que, por cierto, una gran asociación, cuantitativamente hablando, de la Guardia Civil dice que no hay nada seguro si no es bajo el mandato de la ONU. Al mismo tiempo, en ese territorio está el
campo que allí llaman el Camp Bucca. Bucca es un personaje que murió el 11 de septiembre y se toma como referencia de cara a lo que pueda ser una respuesta del 11 de septiembre. Allí hay más de 6.500 prisioneros
custodiados por 1.850 militares norteamericanos, se producen 100 interrogatorios diarios, hay cinco médicos españoles y seis ATS que ya han hecho 119 intervenciones, hay un muerto diario en el Camp Bucca, por represión fundamentalmente, por
respuesta militar de los norteamericanos a las protestas que se están produciendo allí, y queremos saber si España va a tener algún tipo de custodia con respecto a este denominado Camp Bucca, que está a unos 20 minutos del territorio de Um Qasr.
Todo eso nos interesa porque incluso las fotos que la Agencia EFE ha tomado de este Camp Bucca han sido secuestradas por la dirección de EFE y no han sido distribuidas como correspondería a un Estado de derecho con libertad de expresión. Todo esto
lo queremos conocer y por eso abogamos por la administración, la dirección central de Naciones Unidas y por que si hay que buscar armas de destrucción masiva las busque el señor Blix con los inspectores de la ONU, porque si no para nadie van a ser
creíbles los hallazgos que se produzcan. En todo caso, hay que decir que no han sido utilizadas y que ninguna de las causas que se han esgrimido para dar motor a esta guerra son causas reales, como las fuerzas del Ejército de Sadam o la
utilización, que no se ha producido, de armas de destrucción masiva.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de defensa de enmiendas interviene, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Marín. Se trata de una enmienda firmada por distintos grupos. En cualquier caso, supongo que intervendrán uno detrás de
otro.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos en un momento en el que desde una guerra ilegal se pretende poner en marcha otra ilegalidad. Las potencias ocupantes, según el Convenio de Ginebra, están pretendiendo autotitularse con la capacidad de potencias
administradoras. Los que han ganado la guerra son potencias ocupantes, pero no pueden hacerlo si previamente hay un mandato preciso del Consejo de Seguridad. Este es el derecho internacional, este es el derecho de guerra, este es el derecho
humanitario internacional y esta es la Carta de Naciones Unidas. No pueden hacerlo, pero han decidido hacerlo. Es contrario al derecho internacional. ¿Y qué? -me responderán ustedes-, somos los vencedores de la guerra. Y son ustedes los
vencedores de la guerra, pero lo que está pasando en Irak, como dijo el señor Alcaraz, es también ilegal. Esto va en contra del derecho de la guerra, del derecho humanitario internacional. Y me dirán ustedes: ¡por favor, no se gana una guerra
para perder el tiempo en estas frusilerías jurídicas!
Ustedes estimaron que la Resolución 1441 era la justificación jurídica para la guerra. No lo era. ¿Y ahora qué? ¿Cómo justifica el Partido Popular el diseño norteamericano para administrar Irak? ¿Dónde lo van a justificar ahora, si no
hay un mandato preciso de Naciones Unidas para cumplir el derecho internacional? Esto no es Afganistán, porque allí hubo legítima defensa y un mandato de Naciones Unidas. La Conferencia de Bonn para la reconstrucción se hizo bajo el mandato de
Naciones Unidas, y la Conferencia de Japón para la reconstrucción económica se hizo bajo mandato de Naciones Unidas. ¿Cómo lo van a justificar ahora? ¿Cómo justifican ustedes que España haya decidido ser potencia ocupante?
Yo creo que es urgente que volvamos a Naciones Unidas. Van ustedes a reabrir de nuevo el debate. Sabemos que Estados Unidos no quiere volver a Naciones Unidas. ¿Qué van a hacer ustedes? Es bueno que se vuelva a Naciones Unidas para que
haya un mandato, que Naciones Unidas decida para poder administrar Irak. No lo pueden hacer las potencias ocupantes. Se necesita una fuerza multinacional que, junto con las potencias ocupantes, garantice la seguridad de Irak, y sobre todo se
necesita que regresen los inspectores. Esa va a ser la prueba de fuego para ustedes. Ya sabemos que durante el debate en el Consejo de Seguridad dijeron muchas veces no más tiempo y no más inspectores, pero lo que se van a preguntar los españoles
y las españolas es algo elemental: ¿por qué el Gobierno español está junto con el de Estados Unidos otra vez para que el señor Blix no vuelva a hacer la verificación final de lo que allí había? Porque, finalmente, ustedes no quieren resolver la
verdad histórica sobre los argumentos y las justificaciones de la guerra. Ayer dijo el presidente del Gobierno, en su táctica habitual de ocultamiento, que no todos los temas se tratan igual en el Consejo de Seguridad. En pasar de potencia
ocupante a potencia administradora es muy claro el derecho internacional, se necesita un mandato de Naciones Unidas y lo único que puede poner fin al programa Petróleo por alimentos, ustedes lo saben, es que el señor Blix certifique que no hay armas
de destrucción masiva. Y quedará la pregunta en el aire: ¿se negarán ustedes en el Consejo de Seguridad, cuando esto se debata, probablemente la semana que viene, a que regrese el inspector jefe Blix? Probablemente se van a oponer porque van a
poner de manifiesto que este tipo de política exterior que han inaugurado nos convierte sistemáticamente en un instrumento de la decisión norteamericana.
Ya sabemos que los norteamericanos no quieren la aplicación del Convenio de Ginebra ¿Y ustedes? Ya sabemos que Estados Unidos no quiere un nuevo mandato en el Consejo de Seguridad. ¿Y ustedes? Ya sabemos que quieren una administración
militar que van a imponer. ¿Y ustedes? Ya sabemos que Estados Unidos no quiere la vuelta de Blix. ¿Y ustedes? Esperamos
una respuesta clara y precisa porque si no reabrirán de nuevo un debate que sin duda inquietará a la opinión pública.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para defender nuestra firma a la enmienda de sustitución que hemos presentado a la propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida que, como saben muy bien, han suscrito todos los grupos de esta Cámara,
excepto el Grupo Popular.
Nuestra intervención tiene dos motivaciones. La primera, resolver la situación transitoria que está sufriendo Irak para integrarlo lo más rápidamente posible hacia la legalidad internacional y dar a Irak una reconstrucción basada en la
dirección de Naciones Unidas. La segunda, para que de una vez se termine con la labor inspectora que se inició antes de la guerra, que ésta suspendió y que el régimen de Sadam Husein impedía pero que ahora entendemos que sería posible, es más,
nuestro grupo cree que es absolutamente necesario realizar. Defendemos, pues, la legitimidad de Naciones Unidas como garante de la legalidad para la reconstrucción de Irak y lo hacemos para que este organismo no quede relegado al papel de una ONG.
Su posición debe ser dar esa legalidad y neutralidad internacional a la intervención externa en un Estado soberano.
España debe aprovechar su presencia en el Consejo de Seguridad para promover una resolución que dé a Naciones Unidas un papel preponderante en la solución de sus problemas internos. En estos momentos, la situación de Irak no es la de un
país soberano sino la de una colonia, con un gobernador de las fuerzas ocupantes que decide en nombre y por cuenta del pueblo iraquí frente a terceros países, y no nos tienen que extrañar situaciones como las que se han encontrado en estos últimos
días teniendo que arremeter contra manifestantes iraquíes que contestaban a las fuerzas norteamericanas su ocupación y sus actuaciones, y tampoco valdría decir que eran soldados por su vestimenta ya que iban todos desarmados y eran ciudadanos
iraquíes. No discutimos ahora sobre si las fuerzas militares allí instaladas deben mantener la seguridad de Irak. De todas formas sí entendemos que debe ser bajo el mando de Naciones Unidas. Si son necesarios más efectivos, deben ser enviados por
acuerdo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es allí, en Naciones Unidas, donde nuestro país debe hacer una apuesta de actuación y marcar su posición, promoviendo una resolución que establezca la dirección de Naciones Unidas para las
acciones encaminadas a organizar el gobierno soberano del Estado de derecho en Irak. Un Estado soberano como Irak precisa de una determinada base de derecho para regular sus relaciones y sus compromisos internacionales.
No podemos, por ejemplo, tomar una posición respecto a la propuesta rusa de condonación de la deuda de Irak, aunque sea un elemento posiblemente muy asumible por la Unión Europea y fuera una vía positiva para su reconstrucción nacional.
Pero si el Gobierno, aunque provisional, es de una fuerza ocupante, ¿a quién resolvemos el problema? Una política de inversiones internacionales en compañías petroleras puede ser en estos momentos uno de los elementos más idóneos para el inicio de
inversiones productivas. ¿Cuáles serán las garantías para estos u otros grupos inversores? ¿Las de las fuerzas de ocupación, las de Estados Unidos o las del propio Irak?
En segundo lugar, como he dicho al inicio de mi intervención, la moción recuerda una asignatura pendiente, la vuelta de los inspectores a Irak.
Si bajo el mandato de Sadam Husein era imposible encontrar los depósitos de armas de destrucción
masiva, ahora bajo el control de las tropas aliadas seguro que será posible detectar estos arsenales. El inspector Blix ha reclamado volver a Irak para terminar su trabajo. Por ello sería adecuado que el Estado español recordara a Naciones Unidas
que intervenga para resolver esta situación.
Por todo lo anterior, nuestro grupo ha participado en la enmienda que hemos suscrito la mayoría de los grupos de esta Cámara. Me gustaría que el Partido Popular se sumara a esta propuesta porque entendemos que es un ejercicio de
corresponsabilidad política en esta Cámara y a la vez también de defensa y de legitimación de la legalidad internacional.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervendré con brevedad porque mi grupo asume todo lo dicho tanto por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Marín, como por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.
Mi grupo ha firmado conjuntamente esta enmienda, sobre una iniciativa ya desfasada en el tiempo que correspondía al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para intentar recuperar el escenario fundamental donde hay que reconducir la
posguerra en Irak, que es el marco de la legalidad.
No existe otro escenario ni otro marco que la legalidad que está reconocida
por Naciones Unidas a través del Consejo de Seguridad porque si no estaríamos abriendo, junto al primer tomo de esta situación, de este drama, de una guerra ilegal, ilegítima e inmoral, un segundo tomo que también estaría contaminado del
principio de ilegalidad y de carencia de legitimidad.
Los norteamericanos, el Gobierno de Bush y cualquiera que le apoye, se van a encontrar con una realidad, y es que la vuelta a una normalidad exige ir al escenario donde está residenciada la legalidad y la legitimidad, que es el Consejo de
Seguridad, tanto si se quieren levantar de inmediato o progresivamente las sanciones que adoptó en su día el Consejo de Seguridad, como si se quiere mantener o suprimir el programa de petróleo por alimentos. El programa de petróleo por alimentos se
encuentra ubicado dentro de Naciones Unidas para que lo ejerciten, lo vigilen, lo supervisen y lo apliquen. ¿Cómo se va a volver a una legalidad internacional tanto de supresión del programa petróleo por alimentos, como del levantamiento de las
sanciones a Irak, si no desarrolla sus competencias el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
Nosotros hemos redactado una enmienda que se ha ajustado escrupulosamente a lo que entendemos como derecho internacional, que está residenciado en el Consejo de Seguridad y en las competencias de la Carta de Naciones Unidas. Porque lo que
puede ocurrir allí no sólo supone una ilegalidad, sino un problema irresoluble que conduzca a la situación en que verdaderamente se está transformando: en primer lugar, en un avispero de intereses y de cuestiones que nada tienen que ver con la
administración de un territorio que ha salido de una guerra, porque, como bien ha recordado el señor Marín, se conculcan la Carta y los derechos reconocidos en la Convención Internacional de Ginebra.
Lo que no puede ocurrir es que España se considere encadenada a un principio de ilegalidad. Allá la responsabilidad que pueda contraer el Gobierno del señor Bush ante la comunidad internacional, pero eso no nos obliga a una presencia física
con la que parezca que estamos amparando también ese principio de legalidad, porque, si no, no habrá salida normalizada del tema.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar favorablemente la enmienda que hemos suscrito en colaboración con los demás grupos parlamentarios que la presentan en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para defender en nombre del Bloque Nacionalista Galego la enmienda a esta moción de Izquierda Unida, que firmamos conjuntamente con otros grupos.
La verdad es que esta guerra tuvo trágicas consecuencias para la población iraquí y está por ver cuáles puede traer en el futuro. La posguerra también está mostrando el talante de los ocupantes, de los agresores, difícil de disimular e
imposible de ocultar. Unos ocupantes que ahora están decididos no sólo a repartirse el botín de su conquista, en el que sólo ellos participarán, sino a imponer un gobierno títere, a la medida del invasor y tutelado por una administración directa de
Estados Unidos.
Y un gobierno como el español, que durante la guerra ocultó vergonzosamente su participación, su copatrocinio, y que ahora, como en su día ya dijimos, saca pecho, apoya al Gobierno colonial y está dispuesto a participar en él, aunque sea
como actor secundario, aumenta su contingente militar para hacer viable esa ocupación. El Gobierno sigue repitiendo las consignas de la Administración Bush, siendo incapaz de formular cualquier iniciativa propia, cualquier propuesta. Quizá por eso
es por lo que no comparece el presidente del Gobierno en esta Cámara.
Debería comparecer y explicarnos cuáles son sus propuestas para la llamada reconstrucción de Irak.
En esas estamos. La guerra contra Irak es ilegal y no es legalizable. En estas circunstancias la única salida posible y lógica es poner en manos de la ONU el proceso post Sadam. La ONU debe tomar interinamente las riendas de la situación,
las tropas ocupantes deben retirarse y la administración civil que pretende el señor Bush no debe aceptarse. Esta es una cuestión básica. La ocupación no sólo no es aceptable, sino que será una fuente de problemas en un futuro más o menos
inmediato. Hay que devolver a la ONU el papel que nunca debió perder. La ONU y los iraquíes deben poner en pie un gobierno provisional lo más representativo posible, fijar un calendario electoral, poner en marcha la economía, vehiculizar la ayuda
humanitaria y, si es necesario y provisionalmente, la ONU debe ser quien envíe fuerzas que ayuden a mantener la paz. La ONU y los iraquíes deben simplemente establecer un marco que haga posible que éstos decidan libremente su futuro. Por cierto,
nadie tiene que decirles cuál sí o cuál no es el futuro que deben elegir.
Por supuesto, señorías, en ese marco de libertad, el pueblo kurdo, al que tantas veces se han referido los agresores como un pueblo oprimido, debe tener derecho a la libre determinación. El Gobierno sin duda no la aprovechará pero tiene
otra oportunidad de sumarse a una posición razonable, de renunciar a seguir apoyando una ilegalidad manifiesta; tiene la oportunidad de no implicarse en una actuación colonial y, por tanto, tiene la oportunidad de recuperar un prestigio perdido.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Turno de fijación de posición
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor de Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos asistiendo claramente a una especie de epílogo político del debate sobre la guerra de Irak, un último intento para tratar de fijar una vez más la atención de la opinión pública española en la supuesta ilegalidad de una
guerra y olvidando que es perfectamente legítimo que un grupo parlamentario como el mío, o el Gobierno de España, defiendan una posición y una interpretación jurídica distinta a la de ustedes. Voy a citar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
para que no quede la más mínima duda. En octubre del año 1994 el Consejo de Seguridad aprobó por amplio margen la Resolución 949 y después una declaración del Consejo de Seguridad, una declaración de su presidente, en la que decía taxativamente que
las resoluciones 678 y 687 seguían plenamente vigentes; es decir, tres años después de la finalización de la segunda guerra del Golfo. Decían que tanto la resolución que autorizó el uso de la fuerza, por cierto con un eufemismo bastante menos
fuerte que el de la 1441 cuando se decía que se emplearan todos los medios necesarios (la 1441 dice que se enfrentarían a graves consecuencias y que era la última oportunidad), como la 687 estaban vigentes. Ya dije que ustedes dirían que esa es la
argumentación jurídica de los Estados Unidos. Resulta que también lo es del fiscal general del Reino Unido de Gran Bretaña y de otros muchos países hasta casi 60. Ahí se decía tres años más tarde que estaba vigente esa interpretación jurídica ¿por
qué no lo está nueve años más tarde?
Se dice que el Gobierno de España no tiene criterio. Yo he subido muchas veces a esta tribuna y hemos participado en muchos debates, tanto en esta Cámara como en los medios de comunicación, y no recuerdo, señorías, que hayamos modificado un
solo ápice nuestro argumentario sobre esta cuestión. Bien al contrario, hemos demostrado que teníamos argumentos, los hemos puesto encima de la mesa y hemos tratado de convencer en buena lid y con buena fe a la opinión pública española e incluso a
ustedes. No podemos entender conceptos extraños como los que ha dicho el señor Alcaraz cuando decía, paz ilegal, paz ilegítima e inaceptable. Para mí la paz siempre será legal, siempre será legítima y, por supuesto, será aceptable. No sé lo que
quiere decir con eso. Cuando dice que vamos a imponer la democracia, no sé donde ha leído eso. Ustedes dicen constantemente que los Estados Unidos, España y los 60 países de la coalición, casi 60 países, tenemos una posición unívoca. No, incluso
dentro de los Estados Unidos, incluso dentro del Partido Republicano hay matices. No es lo mismo el señor Richard Perle que el señor James Baker III o el senador McCain. No es lo mismo algunos sectores del Partido Demócrata que han apoyado esta
intervención aunque de una manera crítica.
Muchas veces el Gobierno de España y otros gobiernos de Europa han hecho exactamente eso, un apoyo crítico a los Estados Unidos. Se han opuesto a algunas cosas y quiero recordarles a ustedes que fue
España, el Gobierno de España, su presidente del Gobierno, su ministra de Exteriores y, si me permiten modestamente, yo también los que primero madrugamos a la hora de defender la ilegitimidad de cualquier extensión de una intervención en Siria.
Voy terminando, señorías, porque queda poco tiempo. En cuanto al papel de la ONU, nosotros estamos tratando de volver. Tratamos de desbloquear el dinero del programa petróleo por alimentos, 8.900 millones de dólares que fueron bloqueados
por la actitud de Siria y Rusia y fue tratado de ser reducido por Francia y por Alemania hasta mil millones y nosotros conseguimos que fueran 4.000. Se puso en duda la buena fe de la ayuda humanitaria española. Se dijo que no queríamos volver a
Naciones Unidas, pero es justamente lo que estamos intentando. Tiempo y más inspectores, señoría, siete años y 8.000 inspectores, más cinco meses y más de cien inspectores.
Se pone en duda que haya armas de destrucción masiva. Ya sabíamos que eso iba a ocurrir, lo han anunciado ustedes en los medios de comunicación. No obstante, si esa fuera la actitud de los estadounidenses ya habrían anunciado que las hay.
Señoría, el doctor Hindawi, prominente figura científica del régimen de Bagdad, ha declarado en el Herald Tribune de ayer que, incluso durante las inspecciones de Hans Blix, Sadam Husein había ordenado la producción de ántrax. Estas son las
realidades, señorías. No vamos a imponer la democracia en Irak, vamos a impulsar la democracia en Irak, vamos a tratar de estabilizar esa región y, desde luego, cualquier intento que no sea estrictamente el de tratar que Irak vuelva a ser de los
iraquíes y que vuelva a ser una democracia estable y sólida, federal, étnica o comunitaria con respeto pleno a las minorías de ese país no encontrará el apoyo de España. Eso es lo que un gobierno serio y democrático hace y eso es exactamente lo que
va a hacer el Gobierno de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arístegui.
Señorías, iniciamos la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para mejorar la red de carreteras del Estado en Cataluña, que se somete a votación en los
términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 107; en contra, 163; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las consecuencias económicas de la guerra en Irak, que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 105; en contra, 165; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al Gobierno, para que explique las razones para mantener el apoyo logístico, político y militar de España en una guerra ilegal e ilegítima contra
Irak, que está generando una masacre, que se somete a votación en los términos de la enmienda que ha sido firmada por distintos grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 272; a favor, 108; en contra, 164.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.