Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 230, de 04/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 230
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 221
celebrada el martes, 4 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA: Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- Del Parlamento de las Illes Balears, relativa a modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (Orgánica).
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 256-1, de 14 de junio de 2002. (Número de
expediente 125/000022.) ... (Página 11682)
Modificación del orden del día ... (Página 11693)
Avocación por el Pleno de Proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea. (Número de expediente 121/000094.) ... (Página 11693)
- Proyecto de Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. (Número de expediente 121/000072.) ... (Página 11693)
Prórroga de plazo ... (Página 11694)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), de modificación de la Ley General de la Seguridad Social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 242-1, de 17 de mayo de 2002. (Número de expediente 122/000214.) ...
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la crisis de Irak. (Número de expediente 162/000675.) ... (Página 11698)
- De los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la posición de España ante la crisis de Irak. (Número de expediente 162/000672.) ...
(Página 11698)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas y actuaciones que a partir de este momento va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el 'Prestige'.(Número de expediente 173/000184.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak. (Número de expediente 173/000185.) ... (Página 11735)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Como asunto previo al orden del día y en un turno por alusiones intervienen el señor Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 11682)
Del Parlamento de las Illes Balears, relativa a modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (Orgánica.) ...
(Página 11682)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Hernanz i Costa y el señor Buele i Ramis, representantes ambos del Parlamento de las Illes Balears.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez Sánchez, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV): y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Pedret i Grenzner,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín Soledad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Modificación del orden del día ... (Página 11693)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35, correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de ley
de la sociedad limitada nueva empresa por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, lo que se acuerda por asentimiento.
Avocación por el Pleno de proyectos de ley ... (Página 11693)
Proyecto de ley reguladora de los equipos conjuntos de investigación penal en el ámbito de la Unión Europea ... (Página 11693)
Proyecto de ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo ... (Página 11693)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora de los equipos conjuntos de
investigación penal en el ámbito de la Unión Europea y del proyecto de ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, lo que se aprueba por asentimiento.
Prórroga de plazo ... (Página 11694)
De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión creada con el fin de formular medidas legislativas que den una
respuesta integral frente a la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para rendir informe hasta el día 15 de marzo de 2003, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de las comunidades autónomas ... (Página 11694)
Del Parlamento de las Illes Balears, relativa a la modificación del artículo 471 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial (Orgánica) (Continuación.) ... (Página 11694)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears, se rechaza por 152 votos a favor y 176 en contra.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11694)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), de modificación de la Ley General de la Seguridad Social ... (Página 11694)
El señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la toma en consideración de la proposición de ley. Se refiere a los artículos 39 y 41 de la Constitución, al capítulo IV bis de la Ley General de la Seguridad Social y a la
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor. Se trata con su proposición de ley de llenar un vacío legal que existe en relación con las prestaciones por maternidad en los casos de acogimiento provisional.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); y las señoras Peris Cervera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación de la Ley General de la Seguridad Social, se rechaza por 161 votos a favor y 173 en contra.
Proposiciones no de ley ... (Página 11698)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la crisis de Irak ... (Página 11698)
De los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la posición de España ante la crisis de Irak ... (Página
11698)
Presenta la primera de las proposiciones no de ley sobre la crisis de Irak el señor Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene en la presentación de la segunda de las proposiciones no de ley, en primer lugar, el señor Caldera Sánchez-Capitán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Contesta el señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Rajoy Brey).
Replica el señor Caldera Sánchez-Capitán.
El señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, solicita turno de réplica para todos los grupos parlamentarios proponentes de la proposición no de ley sometida a debate.
La señora presidenta aclara que según el artículo 70 del Reglamento los miembros del Gobierno pueden hacer uso de la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de la ordenación de los debates, que corresponde al presidente de la Cámara.
Duplica el señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno.
Continuando con la presentación de la proposición no de ley por los grupos proponentes intervienen los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Vázquez Vázquez, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal
y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tras las indicaciones de la Presidencia se procede a las votaciones de las dos proposiciones no de ley debatidas que serán secretas y por papeletas.
En primer lugar se somete a votación secreta y por papeleta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la crisis de Irak.
Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores y señoras diputados, que depositan su papeleta en la urna.
Efectuado el escrutinio, se aprueba por 183 votos a favor y 164 en contra.
Se procede, en segundo lugar, a la votación secreta y por papeleta de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto,
sobre la posición de España ante la crisis de Irak.
Por los señores secretarios se procede al llamamiento de los señores y señoras diputados, que depositan su papeleta en la urna.
Efectuado el escrutinio, se rechaza por 163 votos a favor y 184 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11730)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas y actuaciones que a partir de este momento va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el Prestige ... (Página 11730)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas y actuaciones que a partir de este momento va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el 'Prestige' el señor Díaz Díaz, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista. Acusa al Gobierno de no haber afrontado la catástrofe en los primeros momentos, dejándolo en manos de los miles de voluntarios, marineros, mariscadores y bateiros, que trabajaron duro, sufriendo en muchos casos las
críticas de un Gobierno que no les procuró coordinación y los medios necesarios. Considera que se equivocan los diputados del Grupo Popular al negarse a una comisión de investigación, porque el pueblo quiere saber, quiere depurar responsabilidades
y quiere recobrar la confianza en las instituciones. El objetivo de su moción, dice, es poner los medios para crear una comisión que investigue lo que pasó y por qué paso, para que nunca más se repitan hechos similares y para que se depuren
responsabilidades políticas.
Finalmente se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Sainz García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak ... (Página 11735)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak el señor Frutos Gras, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Considera que la victoria
lograda en la votación de las anteriores proposiciones no de ley sobre la crisis de Irak por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso es una victoria pírrica y está anunciado derrotas, porque ni la fuerza bruta de Bush -dice- ni la fuerza del
Grupo Popular es la fuerza de la razón, sino del servilismo, que está creando un mundo cada vez más peligroso. Pide al Congreso, en especial a los diputados del Grupo Popular, que no sean cómplices de una guerra ilegítima e inmoral, que no va a
contribuir a nada bueno en la historia, y que no contribuyan a escribir una de las páginas más negras de la historia de España del siglo XXI, porque se trata de un debate entre la guerra y la paz, entre la destrucción o la vida.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas y actuaciones que a partir de este momento va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el 'Prestige', en
los términos derivados del debate, se rechaza por 120 votos a favor, 181 en contra y 13 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak, en los términos derivados del debate, se rechaza
por 133 votos a favor y 181 en contra.
Se suspende la sesión a las once y cincuenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Se abre la sesión.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Como asunto previo al orden del día, el señor Pedret i Grenzner ha solicitado un turno de alusiones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento, para contestar a las realizadas por la señora Estarás, en el debate celebrado en
la sesión plenaria del día 20 de febrero pasado, en relación con el debate de toma en consideración de las proposiciones de ley sobre modificación del Código Civil en materia de matrimonio. A tal efecto, tiene la palabra el señor Pedret por tiempo
de tres minutos.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
En la mañana del jueves 20 de febrero, en la última sesión celebrada por este Pleno, la señora Estarás, desde la tribuna de este hemiciclo, dijo citarme y, exhibiendo y fingiendo leer el 'Diario de Sesiones', me atribuyó palabras que jamás
he dicho y jamás, por tanto, han constado en el 'Diario de Sesiones'. No fue una interpretación, no fue una forma de entender las palabras que había dicho, la señora Estarás dijo que leía e hizo preceder el adverbio exactamente a las palabras que
yo no había pronunciado. Por tanto, la señora Estarás, desde la tribuna de este hemiciclo faltó, sabiéndolo, a la verdad. Y lo hizo simplemente para intentar dejar la duda de que había diferentes posiciones en el Partido Socialista respecto a lo
que se estaba debatiendo.
En 1998, cuando intervine en la sesión cuyo 'Diario de Sesiones' no leyó la señora Estarás, afirmé que era perfectamente posible regular de forma distinta las relaciones de las personas que convivían sin haber contraído matrimonio que las
que se habían casado, nada que ver en absoluto con lo que se pretendía hacerme decir sobre una presunta inconstitucionalidad de las proposiciones de ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio que se estaban debatiendo. Todo el Grupo
Parlamentario Socialista, en el que me incluyo, está absolutamente convencido de la constitucionalidad de estas proposiciones, así como de que no se puede, desde la tribuna del hemiciclo, hacer aquello que ha venido a llamarse manipulaciones de
documentos al estilo de la señora Estarás.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pedret.
Señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Gracias, señora presidenta.
Reitero exactamente lo que dije en la pasada sesión: el Grupo Socialista, en el año 1997, de la mano del
señor Pedret, citó las sentencias 222/1992 y 184/1990, que indican que el matrimonio es una realidad diferente a la pareja de hecho y que, al ser dos realidades diferentes, tienen que tener un tratamiento distinto aunque pueden tener efectos
equivalentes. Y dice el Tribunal Constitucional que no es posible equipararlos. El Tribunal Constitucional es el encargado de interpretar la Constitución. Usted hizo mención a estas sentencias el día 18 de marzo de 1997. Más tarde, concretamente
el día 19 de septiembre de 2000, la señora doña Cristina Alberdi -que creo que también forma parte de su grupo parlamentario- dijo que no se trata de equiparar dos situaciones diferentes, y leo la página 24 del 'Diario de Sesiones' de 19 de
septiembre de 2000. La señora Alberdi también hizo referencia al Tribunal Constitucional y a su doctrina. Por lo tanto, tendrá que convenir conmigo que en los años 1997 y 1998 su grupo aludía al Tribunal Constitucional para defender su posición,
que decía exactamente que matrimonio y pareja de hecho son dos realidades diferentes y que, por lo tanto, no se puede hacer una equiparación en bloque. Hoy, tres años después, defienden exactamente todo lo contrario.
Señorías, lo reitero en estos momentos y me gustaría que constara en acta.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Estarás.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS RELATIVA A MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 471 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985 DEL PODER JUDICIAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000022).)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Proposición del Parlamento de las Illes Balears relativa a modificación del artículo
471 de la Ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial.
Para su defensa y en nombre del Parlamento de las Illes Balears, tiene la palabra la honorable señora doña Sofía Hernanz i Costa.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Hernanz i Costa): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en virtud de lo establecido en el artículo 87, apartado 2.º de nuestra Constitución, tengo esta tarde el honor de trasladarles desde el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Baleares un proposición de ley que,
como otras iniciativas procedentes de parlamentos autonómicos, pretende hacer el necesario hincapié en el hecho y en la realidad autonómica. Se trata de una proposición de ley solicitando la modificación del artículo 471 de la Ley orgánica 6/1985
del Poder Judicial en el sentido de que el conocimiento de la lengua catalana tenga la consideración de requisito en los concursos para la provisión de plazas en el territorio de aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua oficial propia,
en lugar de la consideración de mérito que actualmente prevé el texto articulado.
En primer lugar, me gustaría manifestar, aunque pueda parecer una obviedad, que somos perfectamente conscientes de que nuestra propuesta puede resultar en exceso limitada si se observa desde la perspectiva de la necesidad de afrontar una
profunda reforma del sistema de la Administración de justicia, de manera que consigamos algo en lo cual, -estoy convencida- coincidiríamos todos los presentes en esta Cámara, un modelo de justicia más ágil, más rápido y más eficaz, que dé una
adecuada respuesta a las necesidades de nuestra sociedad. Sin embargo, siendo evidente que la presente proposición de ley no abarca, ni lo pretende, la problemática en su globalidad, también lo es que la modificación propuesta, precisamente por lo
limitado y puntual de la misma, no entorpece ni interfiere en absoluto el proceso más amplio y global al que antes me refería. Ahora, haciendo uso del aforismo el defecto hará virtud, les diré que, tal vez, la bondad de nuestra propuesta sea
precisamente lo limitado y puntual de la misma. Se trata únicamente de garantizar el derecho del justiciable a dirigirse a la Administración de justicia de su comunidad autónoma en su lengua materna, entendido éste como un derecho vinculado al
derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución. En realidad, se trata de algo tan sencillo, pero a la vez tan importante, como evitar al ciudadano que tenga que servirse de un intérprete para dirigirse a la
Administración de justicia cuando está utilizando la lengua propia de su comunidad autónoma, su lengua materna, en el territorio de su comunidad.
Si me lo permiten y aunque signifique rebajar el debate al detalle de la anécdota, utilizaré mi experiencia en los tribunales en Ibiza, de allí de donde vengo, para pedirles el esfuerzo de que imagen lo extravagante que puede llegar a
resultar ver a uno de tus vecinos declarando a través de un intérprete de la misma manera que momentos antes lo ha hecho un ciudadano extranjero. Si pretendemos respetar y ahondar en la condición plurilingüe del Estado español, debemos avanzar en
el objeto constitucional del respeto a la opción lingüística de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración pública, en la obligación de que esta Administración se adapte a la situación de cooficialidad establecida por la Constitución y
reiterada por la propia jurisprudencia constitucional en la materia. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha expresado reiteradamente que la instauración de la cooficialidad
de las respectivas lenguas españolas en determinadas comunidades autónomas, por el artículo 3.2 de la Constitución, tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas comunidades, en primer término, el derecho de los ciudadanos a
usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier administración, en la comunidad respectiva, con plena eficacia jurídica. De manera que existe el consiguiente deber de todos los poderes públicos radicados en la comunidad -estatales, autonómicos y
locales- de adaptarse a la situación de bilingüismo, constitucionalmente prevista y estatutariamente establecida.
Pretendemos que la Administración de justicia no permanezca como una parcela aislada e impermeable al modelo plurilingüe, por el cual optan la Constitución y los estatutos de autonomía de las comunidades que, como la nuestra, cuentan con una
lengua propia y cooficial conjuntamente con el castellano. En este sentido, el propio Consejo General del Poder Judicial ha apuntado recientemente que ha de tenderse hacia un progresiva preceptividad en el conocimiento de las lenguas oficiales por
los funcionarios al servicio de la Administración de justicia. De obligada mención es el hecho de que se trate de cuerpos estatales o nacionales de funcionarios, puesto que me consta que tal condición ha supuesto en ocasiones un argumento para
votar en contra de propuestas de similar naturaleza. Sin embargo, consideramos que dicha condición no es en absoluto un obstáculo, ya que la propia Ley para la reforma de la Función Pública contempla la posibilidad de que se exija la acreditación
del conocimiento de lenguas oficiales de una comunidad autónoma para cubrir los puestos de trabajo en las mismas.
En definitiva, a estas alturas es difícil poner en duda la existencia de argumentos jurídicos que avalen la modificación que hoy les proponemos en nombre del Parlamento de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, es evidente que se trata de
una cuestión de decisión política, la voluntad política de conseguir una Administración de justicia más próxima a cada ciudadano y ciudadana, garantizando la efectiva igualdad ante la ley y reconociendo la diversidad existente en nuestro país, sobre
todo reconociendo que queremos un modelo de Administración que se encuentre al servicio del ciudadano, sin exigir que sean los ciudadanos los que se adapten a la realidad de la Administración. Todo ello sin obviar algo muy importante -que remarcaba
al principio de mi intervención-, como es la necesidad de una profunda y rigurosa reforma de la Administración de justicia, realizada en un marco de diálogo y con el mayor consenso posible.
Permítanme reiterarles la petición de apoyo a una proposición de ley que en absoluto permite enturbiar ese proceso sino, bien al contrario, realizar una pequeña aportación que significaría un gran paso en el acercamiento de la justicia a los
ciudadanos y ciudadanas de comunidades autónomas que, como la nuestra, conviven en una realidad plurilingüe.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Hernanz.
En nombre del Parlamento de las Illes Balears, tiene la palabra el honorable señor don Cecili Buele i Ramis.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Buele i Ramis): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, por segunda vez en esta legislatura se hace presente ante SS.SS. este diputado autonómico de las Illes Balears, en aquella primera ocasión, en un clima mucho menos tenso y crispado, defendiendo la presencia de
las comunidades autónomas en órganos de decisión de la Unión Europea y, en esta nueva oportunidad, en un clima marcadamente influenciado por el ambiente prebélico que se respira por doquier -y que rechazamos abiertamente-, defiendo otro tipo de
presencias en otros ámbitos, la presencia de las lenguas propias de ciertas comunidades autónomas en los distintos niveles de la Administración de justicia del Estado español. Se trata de una proposición de ley que nuestro grupo, el PSM-Entesa
Nacionalista, presentó ante la Cámara parlamentaria balear en febrero del año pasado. Entonces propusimos allá, y hoy proponemos aquí, una iniciativa legislativa tendente a modificar la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, concretamente en su
artículo 471, como ha indicado la interviniente que me ha precedido.
Permítanme que antes les recuerde y cite a uno de nuestros muy estimados y siempre bien valorados cantautores isleños, El poeta en bicicleta, que, en la lengua propia de las Illes Balears, en catalán, nos recordaba: 'Siua qui sou,
mallorquins: En la nostra llengua, un día dictàvem la nostra llei, i la nostra llengua sempre dictarà la seva llei. No necessitam cappares que ens dugin de la mà, no som nins de mel i sucre, i ens sabem governar'.
Teniendo muy presentes estas sugestivas, y para nosotros siempre apremiantes, alusiones poético-políticas, ¿en que queremos basar nuestra propuesta de modificar el artículo 471 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? En primer lugar, en la
Declaración Universal de los Derechos Linguísticos, firmada el 8 de junio de 1996, en Barcelona. A esta Declaración Universal de Derechos Linguísticos unimos, teniéndola muy en cuenta, la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias.
Asimismo, tomamos en consideración de Ley 30/1984, diversos reales decretos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la misma Constitución Española. Queremos incidir hoy, sobre todo, en la importancia que adquieren, dentro del Estado español, las
diversas leyes linguísticas que se han ido promulgando en aquellas comunidades autónomas que cuentan con una lengua
propia distinta a la castellana, porque estamos partiendo de la constatación, lamentabilísima por cierto, de que en dichas comunidades autónomas la regulación del uso de la lengua propia cooficial resulta totalmente insatisfactoria en el
ámbito de la Administración de justicia, uno de los más impermeables al uso de dichas lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. Si me permiten, ahí sí que se tiene que reconocer abiertamente que la lengua castellana se ha ido imponiendo
delis nobis, como única y exclusiva, a golpe de edicto, de resolución o de sentencia. Ocurre con excesiva frecuencia que quien opta por usar la lengua cooficial no castellana automáticamente se halla colocado en una situación de inferioridad
respecto del personal que se sirve del castellano para atender la Administración de justicia, y ello a pesar de que el Tribunal Constitucional ya ha expresado en repetidas ocasiones que la instauración de la cooficialidad de las respectivas lenguas
en ciertas comunidades autónomas del Estado español tiene consecuencias para todos los poderes públicos establecidos en dichas comunidades. Al derecho inalienable que tiene la ciudadanía de expresarse en la lengua propia de la comunidad,
corresponde el deber inexcusable del funcionario público de atenderle en esta lengua propia, y más cuando se trata de la Administración de justicia, cosa que a nuestro entender conlleva haberle exigido previamente a ese funcionario, es decir desde
el mismo momento en que accede a aquella plaza pública, esas capacidades lingüísticas.
El mismo Consejo General del Poder Judicial ha señalado en diversas ocasiones la necesidad de tender hacia una progresiva preceptividad en el conocimiento de las lenguas cooficiales por el funcionariado al servicio de la Administración de
justicia. Es en este sentido que estimamos preciso introducir como novedad legislativa que el conocimiento de la lengua cooficial tenga la consideración de requisito, y no únicamente de mérito, en la provisión de plazas en la Administración de
justicia.
Consideramos que todo ello es aplicable tanto a los procedimientos penales como a los civiles o contencioso-administrativos en aquellas comunidades autónomas que cuentan con lengua oficial propia, como es el caso de las Illes Balears,
Catalunya, País Valenciá, País Vasco, Navarra o Galicia.
No debe olvidarse que España lleva ya muchos siglos siendo plurilingüe en la práctica y de hecho. No creemos, pues, que adoptando medidas tan represivas como la que comporta, por ejemplo, el cierre judicial del único periódico que se
publica en euskera se pueda llegar a conseguir que deje de ser algún día plurilingüe. Antes al contrario, nosotros consideramos que la modestia y sencillez de una proposición de ley como ésta, que impulsa el uso de todas las lenguas oficiales del
Estado español en el ámbito de la Administración de justicia, puede contribuir a atraer hacia esta Cámara el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, de manera que sea tomada en consideración y aprobada en unos términos que desde nuestro
grupo, el PSM-Entesa Nacionalista, no sólo consideramos justos sino también ajustados a la legalidad hoy día vigente en cualquiera de los territorios del Estado español.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Buelen.
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego siente especial satisfacción siempre que aparecen en esta Cámara iniciativas de los parlamentos autonómicos en defensa de una verdadera cooficialidad de lenguas; siente satisfacción en el caso de la continua
insistencia del Parlamento de las Illes Balears, en especial sobre el tema que hoy es objeto de debate. Simplemente resulta curioso y sintomático que el esqueleto fundamental del Estado que debía velar por el pluralismo lingüístico y los derechos
al uso de las lenguas que no son el castellano y sus respectivos territorios, que es la Administración de justicia, esté en un estado tan calamitoso, tan insensible, que merezca esta iniciativa.
Es cierto que el artículo 471 -que nosotros ya intentamos cambiar en la anterior legislatura para que fuera obligatorio el conocimiento de las lenguas que no son el castellano para ejercer una plaza de funcionario en las comunidades
autónomas con lengua propia- es insatisfactorio y hace prácticamente inviable que se pueda desarrollar el derecho a que los usuarios de la justicia ejerzan todo su papeleo y toda sus funciones y sus derechos en la lengua de su elección. Sería
fundamental, como defiende esta proposición de ley que vamos a apoyar, el requisito del conocimiento de la lengua cooficial para la provisión de plazas de funcionarios de la Administración de justicia. Es una lástima que esto, que parece elemental
y que el propio Gobierno español firmó cuando ratificó la Carta Europea o incluso cuando el Partido Popular votó a favor de la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos en la anterior legislatura, no se acabe de verificar en la práctica, y es
todo un barómetro de que el Estado español necesita una democratización real.
Asumiendo este pluralismo lingüístico, este respeto por la cooficialidad, estaríamos democratizando la estructura de poder, la asunción real de la diversidad nacional y
el respeto no solamente simbólico a los distintos pueblos con cultura propia del Estado español sino a los derechos lingüísticos individuales de sus habitantes. Por ahora, todos los que hablamos gallego, catalán o vasco pasamos en muchos momentos
de nuestra vida en nuestro
país como extranjeros en la propia patria, porque la Administración de justicia es ciega, sorda e insensible a algo tan sustancial para un pueblo como es el uso de su lengua cuando tiene que entrar en litigios de carácter judicial.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZABAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a los miembros que han presentado esta iniciativa del Parlamento de las Illes Balears y agradecerles que nos presenten una vez más iniciativas de este calado. En esta Cámara, tanto en el Pleno
como en la Comisión de Justicia, esta cuestión se ha debatido mucho. Lamento decirles, para que no se sorprendan por el resultado de la votación, que no hemos tenido demasiado éxito hasta ahora los que nada más pretendíamos que la Administración de
justicia se adecue al actual ordenamiento jurídico, que establece un Estado de las autonomías, que establece una serie de competencias para determinadas comunidades autónomas en materia de medios materiales y personal de la Administración de
justicia, que establece que existen lenguas oficiales además del castellano en determinadas comunidades autónomas y que establece que todo esto ha de ser respetado. Así pues, a pesar de que existe un ordenamiento jurídico, que algunos podemos tener
interés en cambiar pero que existe al día de hoy, se sigue sin respetar, especialmente en una cuestión tan sensible como es la Administración de justicia.
Hemos presentado múltiples iniciativas sobre cuestiones relativas a la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia porque siempre hemos entendido que el derecho de un ciudadano es poder dirigirse a la Administración de justicia en
la defensa de sus propios intereses y derechos en la lengua que se sienta más cómodo. Estamos hablando no de cuestiones exclusivamente administrativas, que lo son, ni de cuestiones relativas a la defensa de determinadas competencias, hablamos de un
elemento clave del derecho de defensa del derecho que pueda tener un ciudadano o una ciudadana a dirigirse en la lengua que le sea más cercana, más cómoda o mejor para defenderse ante la Administración de justicia. No vamos a relatar las tantas y
tantas veces que hemos batallado y que no hemos conseguido hasta el momento. Lo mismo ha ocurrido en otras comunidades autónomas donde, por establecer cuestiones tan simples y queriendo adecuarse al Estado que hoy tenemos, han sido objeto de
recurso ante el Tribunal Constitucional.
Queremos decirles que votaremos afirmativamente su proposición porque estamos hablando de derechos nucleares del ciudadano en una cuestión de la lengua propia. Aunque hoy no salga, no se preocupen: nosotros seguiremos aquí intentando que
esto salga. Una vez más, gracias. Les esperamos nuevamente con este tipo de iniciativas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Agradecemos a la diputada y al diputado del Parlament de las Illes Balears la propuesta que han traído hoy al Congreso. Es importante que en este Congreso se hable de pluriculturalidad y plurilingüismo.
Me gustaría comenzar con una anécdota. Hace poco, en Cataluña, ha aparecido un libro de diferentes profesores de ESO y de Bachillerato, una compilación de diferentes gazapos, anécdotas y errores de alumnos. Decía un alumno de ESO en un
examen: en España hay dos lenguas oficiales, el castellano y el español. A lo mejor, no es un error sino la descripción de una situación que permanece inalterable y que no hay forma de modificar. Hay cuatro lenguas oficiales en el Estado español
y la indefensión que produce hoy en día en el mundo de la justicia no poderse defender en la propia lengua, en la lengua materna, es grave. Es una situación grave que muchas personas acudan a los tribunales y tengan que pasar un proceso de
conflictividad cuando aparece la lengua materna: traductores, incomodidad de los abogados defensores, incomodidad en el trámite. No hay nada más deleznable que no poder defenderse en la lengua materna.
Hace poco, este diputado hablaba con diputados del Parlamento mejicano que estaban trabajando en la ley de lenguas indígenas y decían que el aspecto fundamental de la ley de lenguas indígenas -que por cierto el señor Fox no ha querido
promulgar aún- era que los indígenas pudieran defenderse ante los tribunales de justicia en su propia lengua porque muchos de ellos no hablan ni entienden la lengua castellana, en este caso el español. Es curioso y no deja de ser una paradoja que
hoy en día el proceso más lento de recuperación de las lenguas no castellanas en el Estado sea precisamente por donde se quiera comenzar a construir el edificio de la pluralidad lingüística en el Estado mejicano. Pues es así.
En España hoy el
catalán, el euskera o el gallego son lenguas marginales, podríamos incluso decir perseguidas, en los tribunales de justicia.
Creemos que esta propuesta del Parlamento balear es lógica, que entra perfectamente en lo que tendría que ser en el Estado
de derecho un derecho fundamental de los ciudadanos, que responden a una situación lingüística en este caso plural y que no sólo son de lengua castellana, como muchas veces se respira, repito, en las cortes de justicia. Por esta razón, desde
Esquerra Republicana
de Catalunya votaremos afirmativamente esta propuesta del Parlament de les Illes Balears.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras de bienvenida a la señora y al señor diputado del Parlamento de Baleares que han venido a defender aquí esta proposición de ley, que mi grupo va a votar afirmativamente. Hemos visto la exposición de motivos y no
vemos ningún planteamiento anticonstitucional ni contrario a los principios de las leyes armónicas del Estado español, un Estado plurilingüe en las comunidades autónomas que tienen junto al castellano otra lengua cooficial. Nosotros entendemos que
desde la naturalidad y normalidad del planteamiento de fondo constitucional, esto es perfectamente factible. Es sencillamente transformar lo que hasta ahora se viene considerando como un mérito en un requisito. Son muchos los cuerpos de la
Administración del Estado que han tenido a lo largo de los años la exigencia del conocimiento de un idioma como un mérito, y hoy se ha transformado con toda naturalidad y razón en un requisito. Hoy es inconcebible que un funcionario español que
trate de ingresar en las distintas administraciones de la Unión Europea no tenga el requisito de obligatoriedad de conocer junto al castellano la lengua francesa o la lengua inglesa como lenguas comunes en los ámbitos internacionales. Esto es de
sentido común, es una racionalidad. Ha dicho la señora diputada balear algo que comparto plenamente, y es que es la Administración la que tiene que estar al servicio del pueblo, del ciudadano, y no el ciudadano al servicio de la Administración.
Las siete comunidades autónomas que en el Estado español tenemos transferidas las competencias de justicia, entre ellas la Comunidad Autónoma de Canarias, venimos poniendo encima de la mesa, a través de nuestros respectivos consejeros de
justicia en las reuniones sectoriales que se celebran periódicamente en distintas comunidades autónomas de estas siete, la exigencia de que la oficina judicial, que es el instrumento más inmediato, la ventanilla a la que se acerca el ciudadano a la
Administración de justicia, en aquellas comunidades autónomas bilingües conozca perfectamente la lengua materna o de base cultural e histórica que tiene este ciudadano.
A mi grupo y a mí mismo lo que nos preocupa y lo que siempre defenderemos en un sistema de unidad de Estado son los criterios de unidad de doctrina en lo judicial, pero no el de unidad de lengua. La lengua es sencillamente un instrumento.
Lo importante en este caso es la unidad de doctrina, los principios constitucionales del derecho de la justicia que se tiene que ofertar a los ciudadanos. Esa oferta tiene que ser hecha de acuerdo con los instrumentos actuales de tal manera que hoy
quien está incorporado a las técnicas de Internet tiene acceso a un conocimiento que se hace a través del instrumento lingüístico adecuado del instrumento técnico que está manejando, pero con toda naturalidad y con toda normalidad. Por tanto, vamos
a defender aquellos principios que consagra la Constitución, vamos a defender aquellos principios de la unidad de doctrina judicial que se tiene que administrar y que los funcionarios de la Administración de justicia en las comunidades autónomas que
tienen estas características lo ejerzan con la mayor naturalidad. De la misma manera que no se puede obligar a un ciego a escribir en un sistema que no sea el Braille, puesto que el Braille está ya impuesto para defender a estos colectivos que
tienen una minusvalía, para las personas normales y naturales hagamos también normal y natural el uso del instrumento que la historia y la cultura secular de esa comunidad autónoma fraguó hace muchos siglos, una lengua que es patrimonio de todos.
Si eso sirve para vehicular el principio de administración de justicia, la unidad de doctrina, precisamente la que tienen que impartir los jueces de acuerdo con las leyes generales que se aprueban en este Parlamento, en las Cortes Generales, o las
que se aprueban en los parlamentos autonómicos, hagamos que tenga como requisito este instrumento de aplicación de la justicia.
Por esa razón, señora presidenta, mi grupo, con toda naturalidad constitucional, votará a favor de la toma en
consideración.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados baleares, sean ustedes bienvenidos y reciban también la felicitación del Grupo Vasco por la iniciativa que hoy nos traen. Sin embargo, quiero empezar no refiriéndome a ella directamente, sino al hecho de que los
parlamentos de las comunidades autónomas puedan ejercer la iniciativa legislativa ante esta Cámara. La Constitución la introdujo con carácter novedoso a través de su artículo 87, y está bien esta función de promoción de la actividad legislativa
estatal a través de los parlamentos de las comunidades autónomas, que es coherente con el principio democrático a través de los órganos mediante los que se articula la representación política de las diversas partes integrantes de la sociedad, es
decir, a través de las asambleas autonómicas. Está, además, dentro de la Constitución, no dentro de la delimitación
del poder territorial -lo cual llevó a algunos a pensar que solamente se podría ejercitar esta iniciativa respecto a materias competencia de las comunidades autónomas en las que al Estado le cupieran las bases-, sino que está dentro de lo
que es el marco de la iniciativa legislativa, es decir, cabe ejercitarse sobre cualquier materia de las contempladas en la Constitución.
El hecho de que esta iniciativa de los Parlamentos autonómicos tenga que pasar por este trámite de admisión es para algún sector doctrinal, al que me permito adherirme, una especial humillación para este tipo de iniciativas, ya que les
coloca en una situación intermedia de lo que pueden ser las simples peticiones previstas en el artículo 87.2 de la Constitución y los actos susceptibles de desencadenar inmediatamente un procedimiento legislativo en sentido estricto. Lo digo,
señorías, porque son muy pocas las iniciativas que nos traen los parlamentos de las comunidades autónomas que han sido tomadas en consideración por esta Cámara, y aun de las pocas tomadas en consideración, ocurre que sólo una en la presente
legislatura ha llegado a ser ley, la que hace referencia a la constitución como parque natural de las Islas Atlánticas. Parece, por tanto, que respetamos poco o hacemos poco caso a este cauce que el artículo 87.2 prevé. Es cierto, sin embargo, que
sí tiene una virtualidad: permite en ocasiones plasmar de manera nítida cómo formaciones políticas ejercitan un distinto sentido de voto según lo hagan en el Parlamento propio de su comunidad autónoma o se trate de una votación a ejecutar en el
Congreso de los Diputados. No es inhabitual que formaciones políticas que votaron que sí o que no en el Parlamento autonómico respectivo se desdigan de lo allí dicho cuando se trata de poner en marcha efectivamente la iniciativa en el Congreso de
los Diputados.
Voy al contenido propio de la iniciativa que hoy nos trae el Parlamento de las Illes Balears. Se trata de una iniciativa, como ya ha manifestado algún otro portavoz, similar o muy parecida a la que en abril de 1998, en la legislatura
pasada, trajo a esta Cámara el Bloque Nacionalista Galego, que en aquel caso era un poco más extensa puesto que se pretendía la modificación no sólo del artículo 471 sino también del 341. Nos parecía -entonces lo apoyamos, e insistimos en ello-,
que, aun conociendo que en determinados casos el mapa sociolingüístico y la plantilla judicial son los que son y que, por tanto, hay que ser prudentes, parece interesante sostener la plena constitucionalidad de esta previsión frente a argumentos
basados en la unidad de un poder del Estado o a apelaciones a evitar la fragmentación de la judicatura.
Desde nuestra perspectiva, no hay vulneración del derecho a la igualdad en el acceso a la Función pública, ya que no se trata del acceso a la Función pública judicial sino del acceso a un destino territorial concreto de quienes ya ostentan
la condición de jueces y magistrados, lo cual conlleva, según nos enseñan la jurisprudencia y la doctrina del Tribunal Constitucional, que, sin vulnerar los principios de mérito y de capacidad, pueda el normador considerar parámetros organizativos o
de otro tipo siempre que sean razonables en relación con los objetivos que se trata de conseguir. La razonabilidad del requisito se fundamenta ya desde la óptica general del derecho de todos los ciudadanos a utilizar el idioma propio, derecho que
tiene relevancia especial cuando se habla de lo relativo a las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos, y muy especialmente cuando hablamos del funcionario juez y de garantizar la plena efectividad del derecho a la tutela judicial sin
indefensión. En efecto, señorías, si un ciudadano tiene derecho a expresarse en una determinada lengua, debe poder elegir entre una y otra sin limitaciones ni condicionantes, directos o indirectos, cuando se trata de ejercer el derecho fundamental
a defenderse en un procedimiento judicial. El arbitrio del traductor es un parche y no garantiza la plena efectividad del referido derecho fundamental. La traducción conlleva el uso de dos idiomas y en el paso de uno al otro se pueden quedar
aspectos importantes, a veces esenciales, del alegato en que se manifiesta el ejercicio del derecho de defensa. Se me dirá que es esto lo que se hace con los extranjeros, pero es que ni el catalán ni el euskera ni el gallego son idiomas
extranjeros, ni los ciudadanos extranjeros tienen derecho a utilizar sus lenguas con el carácter de lengua oficial en el territorio español. Lo que acabo de exponer cobra una significación mayor cuando nos colocamos en el procedimiento penal y aún
más cuando pensamos en el derecho que la ley procesal penal concede al imputado a ser oído directamente por el juzgador. En el ejercicio de este derecho, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva -y así lo ha dicho el Tribunal
Constitucional-, la viva voz del acusado es un elemento personalísimo y esencial para su derecho de defensa en el juicio. Estoy aludiendo al derecho a la última palabra de lo que se ha dado en llamar el derecho a la autodefensa. Basta examinar
sentencias del Tribunal Constitucional para comprobar la relevancia de este trámite, entre ellas la 181/1994, la 29/1995 o la más reciente de 9 de abril de 1997, esta ya no del Constitucional sino del Tribunal Supremo.
Se podría contraargumentar que el acusado puede ser oído por el juez si usa el otro idioma oficial, pero este contraargumento se desvirtúa si se considera que el derecho a expresarse en el propio idioma es instrumento indispensable para el
pleno ejercicio del derecho fundamental a la autodefensa. Aquí no se enfrenta el deber de conocer un idioma con el derecho a usar el otro. Los términos de conflicto son otros distintos, a saber: el sobredicho deber frente al derecho fundamental
de autodefensa eficaz. Es este último el que debe primar, y no sólo porque en abstracto en la llamada economía constitucional vale más este derecho que aquel deber, sino porque el deber expresado no sufre en absoluto, pues no es un deber de uso
sino sólo un deber
de conocimiento, y aunque ese deber de conocimiento pueda implicar en ocasiones no ya la obligación de su uso, que no puede darse nunca, sino la matización de la plenitud de ese derecho a usar la otra lengua oficial y propia, no puede ser en
este caso, pues no sólo llevaría la matización limitativa del derecho a usar el idioma propio, sino que a través de esta limitación al uso de un idioma propio estaría la limitación del derecho a la defensa en un procedimiento penal.
Visto así, no sólo se aprecia con evidencia la razonabilidad del requisito que se pretende introducir en el artículo 471, y que también podría llevarse al 341 de la Ley orgánica del Poder Judicial, sino que tal requisito aparece como una
exigencia de la regulación constitucional del proceso, y en especial, como he indicado, del proceso penal. Alguien podría opinar que esta exigencia de un requisito tal podría suponer una merma del derecho a la tutela judicial efectiva en general,
pues podría conllevar una disminución del número de jueces capacitados para ejercer su función en el territorio del que se trate, con la consiguiente merma del derecho de los ciudadanos a una justicia razonablemente rápida, o una degradación de los
conocimientos técnico-jurídicos de unos jueces que deben dedicar parte de su tiempo al aprendizaje de un idioma. Entendemos, señorías, que estas consideraciones no afectan al requisito sobredicho, tal y como he razonado, ni desvirtúan su
fundamento. Para conseguir lo que se pretende con la iniciativa se podrían arbitrar sistemas que diesen una respuesta adecuada a tales consideraciones sin necesidad de cuestionar el requisito. Tramítese, por tanto, la iniciativa, que el Grupo
Vasco, tras apoyarla, ayudará a una articulación equilibrada en la que tengan salvaguarda estos defectos o estos posibles problemas que una regulación de este estilo, en cuanto a la instrumentación de la justicia, podría articular. Pero, repito,
primero está la salvaguarda de lo que es un derecho fundamental, de lo que es la plena constitucionalidad de la exigencia del idioma como requisito.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en primer lugar quiero dar las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a los representantes y, por extensión, al Parlament de les Illes Balears por hacer uso de la
iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados. El uso de la iniciativa legislativa de las instituciones representativas de las comunidades autónomas ante este Congreso siempre -al menos así lo entendemos desde mi grupo parlamentario-
enriquece la actividad legislativa y de la misma manera ayuda a dotar al conjunto de los poderes públicos de la cohesión estatal que proporciona el trabajo en red. Este es también el caso de esta iniciativa del Parlament de les Illes Balears, y por
ello mi grupo parlamentario quiere agradecer de nuevo a sus promotores esta proposición de ley.
Mi grupo parlamentario, señorías, va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del Parlament de les Illes Balears de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial en consideración a lo que la misma tiene de
aportación a la mejor construcción de un Estado de las autonomías plural y dinámico. Ya en la exposición de motivos de la referida proposición de ley se destacan de forma clara y se recogen los fundamentos constitucionales, legales,
jurisprudenciales e internacionales a favor de una traslación de la pluriculturalidad y el plurilingüismo a todos nuestros poderes públicos, lo que sin duda debe involucrar también al Poder Judicial. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Rejón.
Señorías, no es posible que sea oída, por aquellos que tengan interés, la intervención del diputado que se encuentra en el uso de la palabra. Ruego permitan que sea atendida por aquellos que quieran hacerlo.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias.
Y si nadie tiene interés, es lo mismo, pero tengo derecho a hablar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón. Adelante.
El señor REJÓN GIEB: Gracias a usted.
Nosotros, señorías, señora presidenta, en tanto que federalistas, defendemos, como lo hace esta proposición de ley, que los ciudadanos y ciudadanas de las diferentes comunidades autónomas tienen el derecho a dirigirse a los poderes públicos
presentes en sus comunidades autónomas en los diferentes idiomas cooficiales de las mismas, y por tanto esos poderes públicos deberán prepararse para satisfacer esas demandas en todos los aspectos. Para ello, de entre las diferentes medidas a
adoptar, una de las más importantes es la adecuada gestión de los recursos humanos públicos, estando los concursos, a los que se hace referencia en la parte normativa de la citada proposición de ley, entre las operaciones de gestión de recursos
públicos más importantes. Por ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, como les decía, es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley. Quiero señalar, sin embargo, que en el caso hipotético, y más que hipotético,
de que se admita a trámite, mi grupo parlamentario presentará sus propias enmiendas, pues entendemos que varias de las apuestas técnicas del texto de la proposición de ley no pueden ser compartidas por nosotros. El requisito insalvable del
conocimiento ex ante de la lengua de la comunidad autónoma supone para nosotros una violación del artículo 23.2 de la Constitución en lo relativo a la igualdad entre todos los ciudadanos en el acceso y ejercicio de la Función pública. De
seguir la literalidad del texto de la proposición de ley, se reservarían todos los concursos para proveer plazas en las comunidades autónomas con dos lenguas sólo a las ciudadanas y a los ciudadanos de esas comunidades que sean bilingües.
Discriminaríamos, señorías, por tanto, a las ciudadanas y a los ciudadanos de esas comunidades autónomas que no hablen los dos idiomas y al resto de ciudadanos y ciudadanas de otras comunidades autónomas, discriminación contraria al citado artículo
23.2 de la Constitución, así como al principio de igualdad contenido en el artículo 14 de nuestra Carta Magna.
Frente al modelo de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que sería más adecuado a nuestro thelos constitucional incluir como mérito en las convocatorias de
concursos el conocimiento del idioma cooficial o el compromiso del concursante de dominarlo en un determinado periodo de tiempo en el contexto de un proceso de aprendizaje sufragado, dirigido y evaluado por la propia Administración pública. Pero,
como decía antes, vamos a votar a favor de la toma en consideración por lo que tiene de avance -recalco, por lo que tiene de avance- en la construcción de la pluriculturalidad de España. Todo ello sin perjuicio de los matices recién señalados que,
en su caso, convertiríamos en enmienda a esta proposición de ley.
Termino, como empecé, reiterando el agradecimiento al Parlament de les Illes Balears.
Nada más. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su amparo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, también desearía dar la bienvenida a los representantes del Parlament de les Illes Balears que presentan en el día de hoy en nombre de su Cámara una proposición de ley que ha sido reiteradamente debatida a lo largo de la pasada
legislatura, incluso de esta misma legislatura, y con la que no podemos, desde luego, estar más de acuerdo. Como manifestaba alguno de sus defensores, ciertamente el carácter concreto, definido y acotado de la propuesta, limitada a la modificación
del artículo 471 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiera favorecer su aprobación. En cualquier caso, no creo que ese sea el caso -valga o no la redundancia- y pienso que tendremos que esperar a la conformación de otro tipo de mayorías o a
que otras fuerzas políticas tengan carácter decisorio y decisivo para poder hacer aprobar una modificación de estas características.
Siempre me toca subir a la tribuna después de mi compañero y amigo portavoz de Izquierda Unida, don Luis Carlos Rejón, y por eso siempre quizá sean sus palabras las que conservo más en la memoria en el corto espacio de tiempo hasta que puedo
hablar desde aquí. Me gustaría tranquilizar al señor Rejón, ya que va a votar -un voto muy correcto- a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, y quiero decirle que es lo acertado, que no se vulneran derechos desde ningún punto
de vista, que no se discrimina cuando hay una circunstancia, una causa objetiva y razonable que puede determinar que un ciudadano que conoce la lengua oficial del Estado y que conoce además la lengua propia de una comunidad autónoma pueda tener un
ámbito superior de actuación dentro de la Función pública, dentro de los servicios públicos, al que tiene otro ciudadano que únicamente conoce una de estas dos lenguas. Creo que es algo muy común en la Función pública o en los servicios públicos y
que es algo que en ese sentido hay que asumir. Lo que no creo, ciertamente, es que haya alguien en esta Cámara -y se ha dicho también al inicio de la sesión de hoy- que pueda considerar que las expectativas, que siempre hay que considerar y que
pueden ser legítimas, de los funcionarios deban pasar por encima de los derechos de los ciudadanos. No estamos hablando aquí, señorías, de normas de organización administrativa ni de criterios organizativos de destino de personal o de funcionarios,
estamos hablando de derechos. No estamos hablando ni siquiera fundamentalmente de la adaptación de la Administración de justicia al Estado de las autonomías, no estamos ni siquiera hablando fundamentalmente de cuál es el Estatuto, cuáles son los
efectos de la declaración de cooficialidad. Yo diría que ni siquiera estamos hablando fundamentalmente de legalidad; estamos hablando fundamentalmente de derechos y ciertamente la única manera de garantizar los derechos que tienen los ciudadanos a
que la Administración, también la de justicia, les atienda bien sea en la lengua oficial del Estado, bien sea en la suya propia de la comunidad autónoma, y la única manera de garantizar que puedan ser efectivamente atendidos es precisamente
establecer el conocimiento de esa lengua propia como requisito para la provisión de determinados puestos de trabajo.
La portavoz del Parlamento de las Illes Balears ha utilizado anteriormente una expresión que yo he utilizado alguna otra vez para referirme a este fenómeno: No deja de ser extravagante que un ciudadano español, en su Estado, utilizando la
lengua propia de su comunidad autónoma y dirigiéndose a la Administración, deba tolerar la intermediación de un intérprete. Eso es algo más que extravagante, es algo que carece total y
absolutamente de justificación. Si la forma de resolver esa extravagancia es exigir el conocimiento de las dos lenguas como requisito para ocupar determinadas plazas en la Función pública, sin lugar a dudas es una solución bastante fácil.
Por lo demás, no es sino lo que ya se prevé de alguna manera en la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común -creo recordar que era el artículo 36-; es lo que también se preveía ya
desde el año 1984 en la Ley de medidas urgentes de reforma de la Función pública; es lo que contemplan nuestras leyes de normalización lingüística o de usos lingüísticos allí, ciertamente, donde existen, y, señorías, no es nada lejano, sino que
creo que también se encuentra, si no explícita, sí implícitamente, recogido en la Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia que pudimos aprobar en el Congreso de los Diputados hace tan poco tiempo como el 15 de marzo del
año 2002.
Concretamente en el punto 16 de esa Carta de derechos de los ciudadanos ante la Administración de justicia, en virtud de una enmienda presentada por mi propio grupo parlamentario, se estableció el derecho de los ciudadanos a utilizar con
la Administración de justicia del territorio de su comunidad la lengua oficial que se escoja y a ser atendido en los términos establecidos en la Ley orgánica del Poder Judicial, los estatutos de autonomía y las normas de desarrollo de éstos, esto
es, las normas de usos o de normalización lingüística. Por tanto, es algo sobre lo que yo creo que esta Cámara, quizá sin saberlo incluso, ha tenido ocasión de pronunciarse.
No se nos diga, en contrario, que es imposible, que no resulta factible la exigencia de ese requisito para la provisión de los puestos de trabajo o que no se puede contemplar una Administración de justicia en la que, en las comunidades
autónomas que tienen lengua propia además de la que es oficial del Estado, pueda precisamente utilizarse de una forma normal, habitual y usual esa lengua propia. La Generalitat de Cataluña aprobó en el año 2000 un plan piloto de normalización
lingüística, al que inicialmente se incorporaron unas 40 oficinas judiciales y en el año 2002 ya se elevó esa cifra a 106 oficinas judiciales, y se han obtenido unos resultados que, teniendo en cuenta el carácter potestativo, sin exigencia de
requisitos de ningún tipo, si algo ponen de manifiesto, es que es perfectamente factible esa Administración de justicia que actúa usualmente en la lengua propia de la comunidad autónoma ciertamente cuando los derechos de las partes así lo
determinan. En el año 2002, por ejemplo, se han dictado y publicado 26.106 sentencias en catalán en esos 106 órganos judiciales, no me refiero a más; se han realizado 15.303 vistas orales precisamente en esta lengua y han sido 1.237.158 los
documentos que también en catalán en los asuntos de trámite se han movido en los procedimientos en estos 106 órganos judiciales. Por tanto, es ciertamente posible que se pueda practicar esa justicia también en la lengua propia de la comunidad
autónoma. Algunos grupos parlamentarios entendíamos que aquellos acuerdos de la Comisión sectorial de Administración de justicia, reunida en Las Palmas el 22 de septiembre del año 2001, iban a suponer un paso adelante, un paso importante en la
normalización del uso de las lenguas propias en la Administración de justicia, así al menos se preveía en esa conferencia sectorial. Las expectativas que teníamos respecto a que fuesen las comunidades autónomas con competencias en materia de
Administración de justicia las que pudieran hacer las relaciones de puestos de trabajo y pudieran exigir el conocimiento de las lenguas propias a los funcionarios al servicio de la Administración de justicia, se vieron posteriormente defraudadas en
el anteproyecto de la Ley orgánica del Poder Judicial. Se permitiría, en caso de aprobarse el anteproyecto en los términos en los que ahora se encuentra, que las comunidades autónomas con competencias en la materia pudieran exigir el conocimiento
de las lenguas en unos puestos de trabajo singularizados, pero se señala que para los puestos de trabajo de carácter genérico, esto es, aquellos en que los nuevos cuerpos al servicio de la Administración de justicia que se crearán realicen las
funciones actuales de agentes, es decir, auxiliares y oficiales, en ningún caso puede exigirse la lengua propia de la comunidad autónoma como requisito. Por tanto, tenemos que manifestar aquí que el paso ha sido tremendamente corto y desde luego no
deja de suponer un incumplimiento de lo que se acordó en su día, al menos de las expectativas que algunos teníamos después de aquella conferencia sectorial. Esto no es todo.
Además de la exigencia del conocimiento como requisito, se pueden adoptar
medidas para que el conocimiento de la lengua propia sea usual, habitual y se pueda utilizar ante la Administración de justicia. Mi grupo parlamentario lleva tiempo intentando, con las propuestas de resolución dirigidas al Gobierno y al Consejo
General del Poder Judicial, acabar con la enorme movilidad de las plantillas de los funcionarios al servicio de la Administración de justicia y equilibrar también el lugar de procedencia no sólo de estos funcionarios sino también de los jueces,
magistrados y fiscales con el lugar de destino. Un problema como el que en estos momentos nos incumbe quizá pudiera resolverse si se permitiese algo que, por lo demás, no deja de ser factible si se realiza una correcta política de fomento, y es que
las plazas de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, por ejemplo en Cataluña, se puedan cubrir con ciudadanos reclutados -y perdónenme la expresión un tanto bélica- también en el territorio de la comunidad, porque precisamente si
algo ha garantizado la política lingüística de la Generalitat es que en estos momentos no hay ciudadano mayor de 18 años que ignore cualquiera de las dos lenguas, bien sea el castellano, bien sea el catalán.
Por lo anteriormente expuesto, señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración. Sabemos que no vamos a resolver este tema en el día de hoy ni posiblemente en esta legislatura, pero, como siempre que se trata
de una cuestión de derechos lingüísticos vinculados a la tutela judicial efectiva, de derechos civiles, del estatuto del ciudadano para poder eliminar aquello que antes se denominaba extravagancias, estamos absolutamente convencidos de que antes o
después, más bien pronto que tarde, podremos resolver este problema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ante todo, siguin benvinguts los ilustres representantes del Parlamento de las Illes Balears, que, una vez más, nos aportan la propuesta legislativa de las asambleas y parlamentos autonómicos, mecanismo utilizado a menudo y
demasiado a menudo abortado en la sesión primaria del Pleno del Congreso de los Diputados.
El Grupo Socialista ha tenido siempre la tendencia -creo que absolutamente razonable, lógica y políticamente elaborada- de votar a favor de la toma en consideración de los trabajos elaborados por los parlamentos autonómicos, porque este
sistema de iniciativa legislativa nos parece de extraordinaria importancia; y ello no sólo por el contenido de cada una de las proposiciones, sino también por lo que tiene de representativo del Estado de las autonomías, del Estado plural que es
España en estos momentos. Por eso, señorías, por ambas razones, el Grupo Parlamentario Socialista votará favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley del Parlament de las Illes Balears.
El Grupo Socialista considera que el reconocimiento de la realidad plurilingüística del Estado no puede quedar en una mera declaración en la Constitución; el artículo 3 debe desarrollarse. En este caso, es necesaria además la aplicación
estricta del artículo 9.2 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que existan para la igualdad de las personas y de los grupos. Los obstáculos actualmente existentes para la igualdad en el ejercicio de los
derechos lingüísticos ante la Administración de justicia deben ser removidos por una norma estatal que haga posible este ejercicio en condiciones de verdadera igualdad. Los obstáculos a la igualdad para ocupar determinadas plazas en la Función
pública deben ser removidos también por aquellas administraciones públicas -las comunidades autónomas- que tienen más de un idioma oficial en su territorio, de modo que se den las condiciones necesarias para que los funcionarios que lo deseen puedan
adquirir el necesario conocimiento de la lengua cooficial y así ejercer sus funciones de forma que se respete el derecho de los ciudadanos a la libertad en el ejercicio lingüístico.
Señorías, vamos a votar a favor de la proposición, como he anunciado al iniciar mi intervención, no sólo por el artículo 3 de la Constitución, también porque el artículo 10 de la Constitución nos obliga a interpretarla siempre a la luz de
los convenios y tratados internacionales ratificados por España y en vigor. La Carta europea de lenguas regionales y minoritarias, del Consejo de Europa de noviembre de 1992, ratificada por España el 9 de abril de 2001 y en vigor desde hace algo
más de un año, establece, como ha dicho uno de los intervinientes en nombre del Parlament de las Illes Balears, la aplicación de estos derechos lingüísticos de forma específica en los procedimientos civiles, penales y contencioso-administrativos.
Yo añadiría que no se hace especial mención de los procedimientos sociales porque no son habituales en Europa como procedimientos especiales. Sin embargo, la Carta quiere eso; y es cierto también que, aunque no tenga carácter oficial -se trató de
ello en el Pleno del Congreso-, la Declaración universal de derechos lingüísticos, de Barcelona, de junio de 1996, establece derechos aún más amplios que los de la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias.
Repito, fue tratada en este
Pleno, que se adhirió a su contenido. Toda esta normativa de altísimo nivel del bloque de la constitucionalidad debe llevarse necesariamente a la práctica en la legislación ordinaria y orgánica. Por eso entendemos que la reforma del artículo 471
de la Ley orgánica del Poder Judicial de 1985 es adecuada en estos momentos. La resolución del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 25 de febrero de 1998, que establecía mecanismos para tener en cuenta la existencia de los conocimientos
lingüísticos en los concursos de traslado, no ha desplegado todos los efectos positivos que habría que esperar. Esto nos debe llevar, creemos, a la consecuencia de que no era suficiente el nivel normativo que se había dado y que, por tanto, la
reforma del 471 es una opción posible, buena y adecuada para conseguir la finalidad que ya perseguía el Consejo General del Poder Judicial desde febrero de 1998.
Dicho eso, quiero referirme a la segunda parte de la remoción de obstáculos con que he iniciado mi intervención. Entendemos que no hay obstáculo de inconstitucionalidad respecto a la propuesta porque no se trata en absoluto, a pesar de lo
que algunos intentan decir, de impedir u obstar el acceso a la Función pública a nadie por un conocimiento lingüístico. Estamos hablando de concursos para ocupar plazas determinadas en determinados territorios, con la característica de que en aquel
territorio es cooficial otra lengua. Pero es cierto que debe preocuparnos también, dentro de la carrera de los funcionarios, que exista el principio del
mérito y de la igualdad de oportunidades. Por eso nosotros, como confiamos -con el optimismo político que acostumbran a tener siempre las opciones de izquierda- en que sea tomada en consideración y que la tramitemos en este Congreso de los
Diputados, anunciamos que vamos a presentar enmiendas para mejorar y completar el contenido de la proposición que nos viene del Parlamento de las Illes Balears. Algunas de ellas van a ir en el sentido de la recientemente aprobada resolución del
Parlament de Catalunya de 12 de febrero de 2003, que trata también esta cuestión para matizar cuál es el conocimiento de la lengua que sea exigible. El 12 de febrero, el Parlament de Catalunya ha hablado de un conocimiento suficiente y adecuado
para el ejercicio de las funciones propias de la Administración de justicia, lo cual creemos que es bueno porque puede sacar del panorama ciertas objeciones respecto a que se prima la filología sobre el conocimiento del derecho; no es eso. Se
trata de estar en condiciones de poder ofrecer realmente el servicio en las mismas condiciones para todos los hablantes de la lengua que fuere oficial en el territorio.
También vamos a intentar que la remoción del obstáculo que puede venir por el no conocimiento nativo de las dos lenguas, venga establecido también por el poder público, por las comunidades autónomas, a través de todos los esfuerzos que sean
necesarios para facilitar los medios técnicos, de tiempo, etcétera, para que los funcionarios que quieran ejercer en su territorio puedan adquirir la competencia lingüística necesaria para satisfacer el derecho de los ciudadanos a dirigirse en su
propia lengua a los tribunales y juzgados. Creo que sobra cualquier otro comentario. No ha funcionado satisfactoriamente el sistema actual. Hay que esforzarse, por tanto, para que funcione. A pesar de la posibilidad legalmente establecida de
dirigirse a la Administración de justicia, a los jueces y tribunales, en su lengua, existen aún necesidades objetivas para ello que vienen sencillamente del no conocimiento en su totalidad por parte del personal judicial de la otra lengua cooficial.
Creo que a este objetivo viene encaminada la proposición, que es sensata -cuando intervenía yo sobre el mismo tema en el año 1998 en este mismo Parlamento hablaba de la necesidad de la sensatez al hablar de un tema tan sensible política y
sentimentalmente como es el de las lenguas-, que es mejorable y que con ella podremos dar un paso adelante para el cumplimiento del real derecho de los ciudadanos a expresarse en la lengua que les es propia ante la Administración de justicia.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martín.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular con relación a la iniciativa del Parlament de las Illes Balears por la que se propone la modificación del artículo 471 de la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial,
para poder de esta forma introducir el conocimiento de la lengua cooficial de aquellas comunidades autónomas con lengua propia como requisito en los concursos de provisión de plazas de la Administración de justicia. Permítanme, en primer lugar, dar
la bienvenida a esta Cámara a los comisionados del Parlament de las Illes Balears que han defendido la propuesta. Benvinguts.
Entrando ya en materia, quiero explicitar mi respeto por mi lengua vehicular en Baleares. Es bien conocido por todos y a veces ha sido motivo de ciertos comentarios irónicos por otros compañeros que hablemos entre nosotros en la lengua que
para nosotros es normal en nuestra tierra. Lo mismo pienso para todos aquellos territorios del Estado donde coexistan dos lenguas. Ese derecho, reconocido en nuestra Constitución en su artículo 3.2, se halla perfectamente amparado en el articulado
de la mencionada Ley orgánica de Poder Judicial que, en su artículo 231.3, expresa claramente que las partes, sus representantes y quienes les dirijan, así como los testigos y peritos, podrán utilizar la lengua que también sea oficial en el ámbito
de la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan lugar las actuaciones judiciales, tanto en manifestaciones orales como escritas. Este artículo, junto al 231.2, que contempla la posibilidad de que incluso los jueces, magistrados o fiscales puedan
hacer uso de la lengua propia, ha sido interpretado en clave modificatoria por los redactores de la presente proposición de ley, exigiendo que el conocimiento acreditado de la lengua cooficial sea requisito y no mérito a la hora de valorar los
procesos de selección del personal al servicio de la Administración de justicia.
No voy a negarles, señorías, que, simpatizando con el espíritu de la proposición, otros factores intervienen para garantizar la correcta, ágil y justa Administración de justicia. Los antecedentes parlamentarios del texto que hoy debatimos
son diversos. Los grupos presentes en esta Cámara ya se han pronunciado en otras ocasiones y, recogiendo los tenores literales de las intervenciones que han precedido a esta, varios grupos han sugerido la necesidad de que las medidas hoy propuestas
por el Parlament de las Illes Balears encontrarían mejor acomodo en el seno del pacto por la justicia votado a favor por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara. Al mismo tiempo debemos hacernos eco de la inquietud manifestada por distintos
colectivos, como sindicatos, asociaciones de jueces y otros, ante la posibilidad de modificación de las condiciones para el acceso a las plazas en función del conocimiento de la lengua cooficial. Los argumentos de defensa de las
lenguas minoritarias recogidos por diversos foros internacionales chocan a veces con la realidad de los hechos. Los preceptos constitucionales de no discriminación por razón de lengua, el principio de libertad para la movilidad geográfica y
las distintas disfunciones de los procesos de descentralización han hecho que debamos ser cautos al adoptar determinadas medidas, pues podría darse el caso de que la protección de un derecho supusiera la vulneración de otros.
Señorías, no pretendo en modo alguno reiterar las distintas sentencias del Tribunal Constitucional que avalan el hecho de que los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia tienen el carácter de cuerpos nacionales,
lo que ocasiona consecuencias jurídicas en cuanto a la movilidad por el territorio nacional, ya que los requisitos para el acceso a los mismos deben ser iguales en todos los ámbitos territoriales. Por otro lado, la redacción actual del artículo 471
de la Ley orgánica del Poder Judicial que la iniciativa pretende modificar es plenamente respetuosa y coherente con el mencionado carácter nacional de esos cuerpos de funcionarios de la Administración de justicia. Este mismo artículo recoge el
supuesto en cuanto a la posibilidad de no exigir que en los concursos para la provisión de plazas en el territorio de comunidades autónomas con lengua oficial propia se valore como mérito el conocimiento de la misma. Con ello se respeta plenamente
y se tiene en consideración en el ámbito de la Administración de justicia esa realidad plurilingüística del Estado, garantizando al mismo tiempo el ya mencionado carácter nacional de esos cuerpos; carácter nacional que quedaría quebrantado si ese
conocimiento de la lengua fuera exigido como requisito, es decir, imprescindible para acceder a puestos en la Administración de justicia radicados en un determinado territorio, lo que cercenaría de forma automática la movilidad de esos funcionarios
por todo el territorio nacional.
Quiero recordar que, con el espíritu de colaboración con las comunidades autónomas y desde el más absoluto respeto al hecho diferencial automático, la Conferencia sectorial de Justicia, celebrada en Las Palmas el 22 de mayo de 2001, alcanzó
una serie de acuerdos destinados a profundizar en la adecuada materialización de la realidad autonómica en el ámbito de la Administración de justicia. Uno de estos acuerdos estipula la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan establecer,
en los concursos de traslado que convoquen y resuelvan, requisitos específicos para su ámbito territorial, como el conocimiento de la lengua, así como el derecho propio de esa comunidad autónoma. Es evidente, por tanto, que la voluntad de
profundizar en el hecho autonómico debe hacerse por medio de instrumentos claros y específicos, como el establecimiento de relaciones de puestos de trabajo con identificación de aquellas plazas determinadas cuya especificidad concreta justifique la
necesidad del conocimiento de la lengua, sin merma del principio de movilidad para todo el territorio nacional para puestos no singularizados.
Señorías, no puedo finalizar esta intervención sin hacer mención expresa al pacto de Estado por la justicia, firmado el 28 de mayo de 2001 por los dos grupos mayoritarios de esta Cámara, que representan más del 85 por ciento de los
diputados, que, junto al reconocimiento explícito de ese carácter nacional del personal al servicio de la Administración de justicia, recogido en el punto 11, hace suyos los acuerdos alcanzados en la conferencia sectorial celebrada en mayo de 2001 y
considera a dicha conferencia como el marco idóneo de cooperación para la definición de las políticas que afecten a las competencias de las comunidades autónomas en materia de justicia. Punto 22.
Por todo ello, señorías, mi grupo, con el máximo respeto a todas las lenguas del Estado español, votará en contra de la toma en consideración de la iniciativa, con el firme convencimiento de que los foros definidos en el pacto de Estado son
idóneos para el debate de esta y otras iniciativas que articulen mecanismos de mejora y modernización de la Administración de justicia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martín. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen los escaños.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 35, correspondiente a las enmiendas del Senado del proyecto de
ley de la sociedad limitada nueva empresa, por la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del orden del día del punto de referencia.
AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY.
- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN PENAL EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000094.)
- PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. (Número de expediente 121/000072.)
La señora PRESIDENTA: Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 de Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora de los equipos conjuntos de
investigación penal en el ámbito de la Unión Europea.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de votación.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
PRÓRROGA DE PLAZO
La señora PRESIDENTA: De conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión, creada con el fin de formular medidas
legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género, constituida en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, para rendir informe, hasta el día 15 de marzo de 2003.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la prórroga del citado plazo.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 471 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DEL PODER JUDICIAL(ORGÁNICA) (CONTINUACIÓN) (Número de expediente 125/000022.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears, relativa a la modificación del artículo 471 de la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 152; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), DE MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 122/000214.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación de la Ley general de la
Seguridad Social. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños. Es necesario que continuemos con el debate. (Pausa.)
Señorías, guarden silencio. Ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio y de la manera más rápida posible. (Continúan los rumores.)
Hay un diputado que lleva aproximadamente tres minutos en la tribuna intentando hacer uso de la palabra si SS.SS. tienen la bondad de bajar el nivel de sus conversaciones. (Pausa.)
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la Constitución española establece en su artículo 39 la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres cualquiera que sea
su estado civil, al tiempo que consagra el deber de los padres de prestar asistencia a sus hijos.
Por su parte, el artículo 41 obliga a los poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Acorde a
estos preceptos, el capítulo IV bis de la Ley general de Seguridad Social regula los beneficiarios, las prestaciones económicas, los supuestos de pérdida o suspensión de derecho a dichas prestaciones, así como las diversas situaciones protegidas
para el caso de maternidad, equiparando a esta los supuestos de adopción y acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, siguiendo en este punto los principios establecidos en la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del
menor. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
En dicha ley, y centrándonos en la figura del acogimiento, se distinguen tres tipos distintos atendiendo a su finalidad. Por una parte se habla del acogimiento simple, para aquellos casos en que concurren condiciones de temporalidad en las
que es relativamente previsible el retorno del menor a su familia natural. Por otra parte se habla del acogimiento permanente, aquel que se produce en los casos que la edad o circunstancia del menor o su familia aconsejan dotarlo de una mayor
estabilidad, ampliando la autonomía de la familia acogedora respecto a las funciones derivadas del cuidado del menor. Por último, se recoge la figura del acogimiento preadoptivo, que como su propio nombre indica es aquel que se establece como paso
previo a una adopción. De estos tres tipos, la Ley general de Seguridad Social tan solo excluye el primero, extendiendo su protección a los otros dos. No obstante, no hace ninguna mención al carácter definitivo o provisional que ambos puedan
revestir en función de la concurrencia o no del consentimiento de los progenitores de los menores. Esta falta de mención expresa ha hecho que el Instituto Nacional de Seguridad Social haya interpretado en determinados casos, y tenemos denuncias
puntuales que así lo aseguran, que tan sólo se recogen los supuestos definitivos y no así los provisionales, que sólo devendrán definitivos, y por tanto estarán amparados por la protección recogida en la ley cuando la autoridad judicial así lo
declare. El carácter provisional del acogimiento familiar pretende remediar la situación que se producía anteriormente de tener que internar a los menores en centros por no contar con el consentimiento de los padres, con el consiguiente perjuicio
psicológico y emocional que ello lleva consigo para los niños, que se veían privados innecesariamente de la permanencia en un ámbito familiar. Por tanto, posponer las prestaciones por maternidad al momento en que los tribunales se pronuncien y el
acogimiento pase a ser definitivo, supone por un lado una quiebra del interés del menor, ya que en los primeros momentos de la acogida es cuando más necesitan de las atenciones familiares, y por otro lado una penalización a la familia de acogida,
que en definitiva libera al Estado de la obligación de mantener a dicho menor durante el tiempo que dure el proceso judicial. El acogimiento, aun siendo provisional, se encuentra dotado de un alto grado de estabilidad y parece lógico que se
beneficie de la asistencia y prestaciones garantizadas por nuestro sistema de Seguridad Social.
Ya hemos dicho que esta iniciativa responde a una situación denunciada por un ciudadano concreto que no pudo ejercer un derecho que creemos justo en materia de protección familiar. Sabemos que a fecha de hoy las distintas direcciones
provinciales de la Seguridad Social están concediendo este tipo de permisos; pero el vacío de ley está ahí y no podemos dejar a la discrecionalidad de la Administración esta concesión. Consideramos que debe regularse y recogerse expresamente este
tipo de casos y entendemos que estamos en el lugar adecuado para hacerlo. No se trata por tanto de realizar ninguna crítica a la gestión actual del Gobierno, muy al contrario queremos realizar una aportación constructiva para garantizar esta
posibilidad que consideramos justa. Pedimos por tanto el voto favorable de la Cámara a nuestra iniciativa para corregir esta carencia mínima pero importante para los beneficiados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Turno en contra. (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsaldeon, buenas tardes.
El acogimiento familiar, tal como ha explicado el proponente, constituye un recurso estudiado, implantado y validado en los países que cuentan con modernos sistemas públicos de bienestar social. Por ello la proposición de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Mixto incide en la desigualdad y hasta la penalización que supone la no consideración a todos los efectos de los acogimientos provisionales en el sistema de la Seguridad Social.
Es indudable que la modalidad de acogimiento provisional, básicamente hasta un año, inserta rápidamente al menor en ambientes familiares sobre todo cuando más lo necesita. Además, en el caso de niños muy pequeños provoca que se vinculen
fuertemente con la familia acogedora más que con la natural por lo que a partir de cierto tiempo dicha situación, lógicamente con el permiso de la familia natural, se convierte en definitiva dada la casi imposibilidad de vuelta aun en los casos en
que la disposición de las familias acogedoras haya procurado empatizar con la familia natural. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
Tampoco es el caso de iniciar en estos momentos y en un Pleno el debate sobre los programas de acogimiento y su análisis estricto; pero sí parece lógico y de interés que estos casos, con las debidas comprobaciones, deben contar con los
derechos comunes al resto de los acogimientos planteados, por lo que el Grupo Parlamentario Vasco votará a favor de esta proposición.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, con mucha brevedad para decirles que ante la proposición que presenta el Grupo Parlamentario Mixto a través del señor Labordeta y ya que siempre hemos considerado que no deberían establecerse limitaciones para las
situaciones derivadas de prestaciones por maternidad por las diversas causas que genera la misma (adopción, acogimiento, etcétera), defendiendo posiciones de progreso que equivalen a decir que las prestaciones deben ser totales e iguales ya sean por
maternidad, adopción, acogimiento provisional, definitivo, preadoptivo o permanente, nuestra posición en esta proposición será a favor de la modificación del artículo 133 bis de la Ley general de la Seguridad Social. Creemos que esto ayudará a la
vinculación de las nuevas familias, a la conciliación de la vida familiar y el trabajo, y entendemos que estas son las pequeñas cosas que hacen avanzar a una sociedad hacia una mayor y mejor protección social.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere felicitar de entrada al señor Labordeta por esta iniciativa muy concreta, muy precisa, que pretende dar respuesta a un problema muy concreto; por tanto vaya por delante que nuestro voto será favorable a su toma en
consideración.
Entendemos que esta proposición de ley que nos plantea la Chunta, que pretende equiparar la protección de la prestación por maternidad también a las situaciones de acogimiento provisional, forma parte de un proceso, seguramente lento pero
irreversible, de adaptación de nuestro marco legal en relación con las cuestiones de familia y de adaptación de nuestras políticas públicas de apoyo a la familia a la nueva realidad social de las familias. Desde la perspectiva del derecho y desde
la perspectiva de aquellas políticas que se impulsan desde las administraciones, es necesario también ir incorporando en toda su plenitud situaciones como las que reflejan las situaciones de acogimiento, valga la redundancia, que expresan estas
nuevas realidades de la familia en España. Por tanto una propuesta que forma parte de un proceso que hemos vivido desde la puesta en marcha de la Constitución en su momento, y que ha tenido diversos reflejos en distintas normativas que a lo largo
de estos años hemos ido aprobado.
Señorías, insistiendo en el acierto de esta proposición de ley y compartiendo la literalidad del texto, principalmente la cuestión de fondo de que nuestras leyes en ese ámbito deben entender también como familias en toda su plenitud a
aquellas formadas por personas que acogen a menores aunque sea provisionalmente, esta proposición de ley va a contar con nuestro apoyo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Socialista, que es favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Mixto y que ha defendido el señor Labordeta.
Quisiera iniciar mi intervención centrándola en las dos caras de esta cuestión como es la familia y la infancia. En relación con lo que son las familias de acogida, permítame, señora presidenta, que mis primeras palabras sean de
agradecimiento a las miles de familias españolas de acogida, familias anónimas dispuestas a acoger en su seno a algunos de esos niños o niñas a los que la vida no se lo ha puesto nada fácil.
Hablar de acogimiento es hablar en muchos casos de
temporalidad, de contacto y de retorno a su familia biológica. Es algo más que solidaridad, señorías, es abrir de par en par el seno de un hogar para acoger un niño y darle la oportunidad de crecer en un ambiente familiar, un ambiente que viene a
cubrir dos grandes déficit: el de la propia familia biológica que por diferentes razones no puede cuidar de sus propios hijos y el de las instituciones públicas que no pueden ofrecer ese espacio para lo privado o para el compromiso afectivo que
necesitan los niños en la infancia. Por tanto, la familia de acogida es un estrato intermedio que ofrece la ventaja del cuidado y de la educación de un niño en un seno familiar, sin perder el contacto con su familia biológica.
Pese a que en los últimos años ha crecido de manera considerable el número de familias de acogida, también es cierto que todavía hay muchos niños que permanecen en instituciones públicas. Muchas comunidades autónomas han iniciado campañas
para concienciar a los ciudadanos de las ventajas del acogimiento. Recuerdo especialmente una campaña que hizo la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla-La Mancha que decía: Buscamos donantes de cariño. A mí me parece que
sintetiza de manera muy clara lo que es una familia de acogida. Ahora es el momento para que el Estado regule el derecho de estas familias a disponer de un permiso laboral para poder dedicarse en las primeras semanas al cuidado del menor, porque
como decía estas familias
realizan las mismas funciones de cuidado y protección. Los niños acogidos tienen las mismas necesidades de tiempo y de adaptación a su nueva familia, quizá más, señorías, porque son niños que conocen a sus familias biológicas y suelen
proceder de instituciones de tutela con grandes problemas de integración social. Es por tanto necesario que cuenten con ese tiempo precioso de atención continuada.
Sin embargo, como decía y pese a los avances importantes que se han producido en la legislación sociolaboral, todavía existen cuestiones que debemos perfilar para poder decir que tenemos una legislación que reconoce los mismos derechos a
todos los niños con independencia de su filiación y sin que se produzcan discriminaciones entre los niños por convivir con una familia biológica, una familia adoptiva o una de acogida. Es una batalla que sin duda se va a ganar, la van a ganar los
menores, puede que sea hoy el día si el Partido Popular vota favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa; si no tardará un poco más, pero mi grupo tiene la certeza de que este país, a pesar del PP, avanzará en la equiparación de los
derechos y en la erradicación de discriminaciones absurdas que perjudican a los niños y a las niñas más débiles, aquellos que aun teniendo una familia natural, sus padres no pueden ocuparse de ellos.
La gran anomalía -y lo decía también el señor Labordeta- se encuentra en nuestra normativa y concretamente en el artículo 133 bis de la Ley general de la Seguridad Social, que en una interpretación torticera y restrictiva que se hace desde
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en contra del espíritu de la ley y de la voluntad del legislador se está limitando el derecho a la prestación de maternidad en el caso de acogimiento y privando a estos niños del derecho a poder
disfrutar en los primeros momentos del cuidado de su familia de acogida. También decía el señor Labordeta, y explicaba perfectamente lo que establece la Ley orgánica de protección jurídica del menor que diferencia tres tipos de acogimiento: el
simple, el permanente y el preadoptivo. Pues bien, la Ley general de la Seguridad Social equipara la maternidad en los dos últimos supuestos, pero no menciona que haya de tener carácter definitivo ni provisional. Lo que ocurre ahora es que el INSS
-como decía- en una interpretación restrictiva considera que la Ley general de la Seguridad Social sólo recoge los supuestos de acogimiento definitivo, denegando por tanto la prestación en los supuestos de acogimiento permanente o preadoptivo que
son provisionales, y lo son por no contar con el consentimiento expreso de los progenitores o porque están pendientes de una decisión judicial. Esta interpretación que hace el INSS obvia en todo momento el interés del menor que es lo que desde
nuestro punto de vista tenemos que esforzarnos por proteger.
Por todas estas razones mi grupo votará a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Esperamos que esta Cámara se sume a esta iniciativa con el fin de darnos la posibilidad de abrir un debate y de buscar nuevas fórmulas
para proteger los intereses de los menores y erradicar las discriminaciones que se producen por malas interpretaciones de la ley. Esta sociedad ha de ser capaz de dar una oportunidad también a los niños más desprotegidos que necesitan una familia
para tener una vida digna, para encontrar la paz, el cariño y la estabilidad que en su corta vida no les han podido dar sus padres. Hoy damos un voto a favor de la igualdad y de la solidaridad, un voto de esperanza para aquellos a los que la vida
no se lo ha puesto nada fácil.
Quiero decirle al Partido Popular que no le dé miedo trabajar por la igualdad, que los niños que carecen de la protección y el cuidado de una familia no entienden de leyes, sólo de afecto y de normalidad, y no será el
Grupo Socialista quien les niegue la oportunidad de poder convivir intensamente en los primeros momentos de llegada a su nueva familia.
Quiero terminar, señora presidenta, con unas palabras que escribía una madre anónima, una madre de acogida, una madre que decía: El embarazo y el parto, cuando la mujer lo vive con pleno protagonismo, son una experiencia maravillosa, pero
aún así, ¿quién podría olvidar jamás la tristeza de aquellos pequeños ojos, ausentes y perdidos por no tener a nadie, que se llenaron poquito a poco junto a sus nuevos padres con la luz eterna de la risa? ¿Es que puede haber algo más emocionante,
más perfecto que este encuentro? Hoy pedimos que las familias de acogida puedan disponer de tiempo, de tiempo para llenar los pequeños ojos de los niños con la luz eterna de la risa.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Peris.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Con la venia, señora presidenta.
Señor Labordeta, tengo el gusto de subir a esta tribuna, le he escuchado atentamente, y quiero agradecerle no sólo el tono sino el reconocimiento que S.S. ha hecho al esfuerzo del actual Gobierno por paliar situaciones que antes no habían
podido estar protegidas o ser legisladas para ampliar una determinada protección social. Creo de verdad que su actuación desde esta tribuna y su forma de expresión han sido un reconocimiento a la labor del Gobierno y es justo reconocerlo.
El problema que nos plantea S.S. creo que está ya resuelto de forma muy detallada en la resolución dictada por la Secretaría General de la Seguridad Social del año 2002. Digo que están ya resueltos los supuestos que S.S. dice en los casos
de acogimiento provisional de un menor en una familia, así como también
otras situaciones análogas se han ido subsanando en la gestión diaria, en el reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social mediante circulares. Es evidente que a veces puede haber determinados supuestos que tienen que resolver los
correspondientes órganos administrativos, como es en este caso la dirección general o las direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para que puedan ser acordes todos los casos que se puedan plantear en cuanto al
reconocimiento de prestaciones protegidas derivadas de la situación de maternidad en todos los ámbitos y en los amplios aspectos que recoge la legislación, y creo que la resolución mencionada subsana ese problema.
Su señoría sabe, aunque hay algún portavoz que se niegue a reconocerlo y hable yo creo que a veces desde una supuesta ignorancia, que los supuestos que usted plantea hoy están ampliamente reconocidos en la legislación interna española. El
contenido de la ley en relación a la protección por maternidad cumple la Directiva comunitaria 92/85 así como la 96/34, sobre acuerdo marco de permisos parentales.
Considero que nunca como en la actualidad se había legislado tanta protección de derechos para conciliar la vida familiar y laboral. Se ha ido a unos niveles altamente aceptables de regulación y no hay situaciones desprotegidas. Por todo
ello y por parte del grupo parlamentario al que represento, no se puede reconocer que haya un vacío legal cuando creo que no lo hay. Me gustaría citar, y con ello voy a terminar porque quería fijar de forma breve la posición del Grupo Parlamentario
Popular, haciendo especial hincapié en la resolución que ya he mencionado de la Secretaría General de la Seguridad Social, que dice que en los supuestos previstos en el artículo 173.3 del Código Civil, que es el que está coordinado con el artículo
133 bis de la Ley general de la Seguridad Social, que se pretende modificar, cuando la entidad pública competente haya formalizado un acogimiento provisional en las modalidades de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, el disfrute de la
correspondiente prestación económica de la Seguridad Social por maternidad podrá iniciarse a opción de los interesados, bien desde la fecha de la resolución administrativa por la que se constituye el acogimiento provisional, siempre que en la misma
se haya suspendido la relación laboral o se comience del disfrute del permiso funcionarial, o bien en la fecha de resolución de la autoridad judicial.
Señor Labordeta, debería entender que no es tan fácil modificar un principio. Usted ha nombrado antes principios constitucionales que todos tenemos claro no sólo su acatamiento sino su respeto. Modificar el actual artículo 133 bis de la
Ley General de la Seguridad Social, como el propio enunciado del artículo expone, supondría cambiar el artículo 30 de la Ley 30/1984 de medidas de reforma de la Función Pública, y también el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores.
Entendemos que cuando hay supuestos provisionales de acogida que después derivan en un acogimiento de preadopción, o cuando hay un acogimiento permanente, la resolución palia los efectos de la protección por maternidad. Por eso, señor Labordeta,
entendemos que en este momento no procede que apoyemos su iniciativa. Si viéramos que en el futuro es necesario incidir sobre el fondo del asunto porque existen situaciones desprotegidas, con arreglo al principio de la Ley de la Seguridad Social,
podríamos volver a replantearnos este tema.
Muchas gracias, señor Labordeta, muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Montseny. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, de modificación de la Ley General de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 161; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA CRISIS DE IRAK. (Número de expediente 162/000675.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, SOBRE LA POSICIÓN DE ESPAÑA ANTE LA CRISIS DE IRAK. (Número de expediente 162/000672.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la crisis de Irak, que será debatida conjuntamente con la proposición no de ley
de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la posición de España ante la crisis de Irak.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, volvemos a discutir de Irak. Somos un Parlamento responsable.
Estamos acudiendo una vez más a discutir sobre las cuestiones que preocupan a la opinión pública española. Es uno de tantos debates, el penúltimo. Habrá más. No
muchos más, créanme, porque me parece que la solución no puede tener un plazo indeterminado. El tiempo nos está dando la razón, señorías, nos está dando la razón. Las noticias que han venido sucediéndose este fin de semana demuestran la mala fe
del régimen de Sadam Husein. Una vez más, cuando aumenta la presión en el mundo, cuando los Estados miembros de Naciones Unidas deciden denunciar su falta de voluntad de cooperación, cuando Naciones Unidas demuestran una vez más que Sadam Husein no
cumple con las resoluciones, cuando se ve con claridad que ha mentido, que ha engañado, que ha violentado reiteradas veces las resoluciones de Naciones Unidas y la legalidad internacional, sólo cuando ve que hay firmeza, sólo cuando ve que tenemos
una firme determinación en la comunidad internacional para desarmar a un régimen dictatorial, tiránico, sanguinario, armado y peligroso, sólo entonces cede un poco. Sólo cede ante la presión. Constantemente estamos haciendo apelación a que ha sido
justamente la presión política y diplomática que se inició en septiembre, incluso con declaraciones ya en julio, la que nos ha traído aquí. El fin no era enquistar la crisis, el fin no era encapsular a Sadam Husein, el fin no era contener a un
régimen que había demostrado ser peligroso en el pasado; el fin era evitar en lo posible que se produjese una guerra de otro tipo: una guerra preventiva, sí, pero una guerra preventiva provocada por Irak. Esa es la guerra preventiva de la que de
verdad existe riesgo, esa es la guerra preventiva a la que nos podemos enfrentar en un futuro no muy lejano si ignoramos este problema una vez más.
Este fin de semana hemos visto cómo los portavoces del régimen iraquí, el general Saadi entre otros, incurren en constantes contradicciones. Dicen: vamos a destruir nuestros misiles Al Samud 2. Después dicen: no vamos a destruir nuestros
misiles Al Samud 2, sólo vamos a hacer una destrucción parcial de esos misiles porque son los que sirven para la defensa de Irak; difícilmente, cuando incluso los propios inspectores de Unmovic han determinado que el alcance, que ya de por sí
excedía los 150 kilómetros que establece taxativamente la resolución 686, superaba con mucho esa distancia. El general Saadi ha dicho que no tenían nada y Sadam Husein también ha dicho que no tenían nada. Casi cinco meses después de que empezaran
a llegar los inspectores de Naciones Unidas empezamos a ver cómo de repente, en una inspiración no se sabe de qué tipo, se dan cuenta de que tenían armas de destrucción masiva, se dan cuenta de que tenían -reconocen- no se sabe cuántos miles de
litros de ántrax -algunos dicen haberlos destruido-, material de agente de gas nervioso VX, incluso gas sarín. Resulta que todo eso lo tenían, una parte dicen haberla destruido y otra parte dicen que la siguen teniendo. Las bombas R-400, ¿por qué
teníamos que esperar cuatro meses para que Sadam las enseñara? ¿No hubiese sido mucho más lógico, para demostrar la buena fe y su capacidad y voluntad de cooperación, haberlas enseñado desde el principio? ¿No habría sido mucho más lógico que
dijera desde el principio, aunque quisiera mentir, como siempre lo ha hecho: tengo equis toneladas de VX, tengo equis toneladas de gas sarín, tengo equis toneladas de ántrax, y no esperar a que la comunidad internacional establezca que tiene una
firme determinación de desarmarlo y sólo entonces ante la presión reconocer que lo tiene?
Señorías, estamos ante unas situaciones calcadas de las que vienen sucediéndose una tras otra desde el año 1991. En el año 1991 se aprueba la resolución 687. Establece una larguísima lista de requisitos y de obligaciones que Irak debía
cumplir, no sólo el desarme sino otras muchas que tampoco ha cumplido, prisioneros desaparecidos, archivos oficiales, patrimonio del Estado kuwaití, reparaciones de guerra. Las reparaciones de guerra se canalizan a través de Naciones Unidas y por
tanto eso por lo menos está cumpliéndose en mayor o menor medida. El problema es el desarme, entre otros muchos, y sobre todo el desarme. Va a hacer ya doce años, el próximo mes de abril, desde que Sadam Husein intentó constante y continuamente
engañar a la comunidad internacional. Datos crudos, señorías: en siete años de inspecciones la desaparecida Unscom envió a Irak 8.000 inspectores, en grupos de entre 180 y 220 en cada una de las misiones. Después de siete años de constantes
mentiras y de constantes engaños, los inspectores de Unmovic encontraron aquello que se había descubierto a través de informes de inteligencia o de lo que había revelado Husein Kamel el Hassan, el yerno asesinado de Sadam Husein. Sólo a partir de
entonces las inspecciones de Unscom empezaron a tener un éxito arrollador. Descubrieron cantidades ingentes de arsenales no convencionales, sólo a través de la delación de uno de los más altos miembros del régimen de Sadam Husein, sólo a través de
la información clara de quien había sido además el máximo responsable del programa de industria militar iraquí, ministro de industria militar iraquí. Esta situación se parece extraordinariamente a la situación que se produjo entre los años 1996 y
1998. Justamente cuando Unscom empezó a realizar inspecciones invasivas y sorpresivas comenzó a tener éxito. Sólo entonces Sadam Husein empezó a temer que era verdadera la voluntad de la comunidad internacional de desarmarlo y de acabar por fin
con un foco constante de inestabilidad. Oriente Medio ha sido el lugar que más crisis, guerras y conflictos ha producido en los últimos sesenta años. No parece demasiado lógico ni razonable
que como gobiernos responsables no hagamos lo necesario para evitar que esto siga provocando constantemente sangrías y tragedias humanas. En el año 1996 hubo unas inspecciones eficaces. En 1997, cuando el mundo empezó a bajar el pistón de
la presión, cuando empezaron a dejar de tener interés en la cuestión iraquí, en ese momento Sadam Husein empezó otra vez a acosar, obstaculizar y amenazar a los inspectores una vez más y después de un año de riesgo físico constante y continuo para
los inspectores de Unscom, por fin en noviembre del año 1998 tuvieron que abandonar Irak ante la posibilidad, nada desdeñable, de que tuviesen un grave percance de seguridad. Esa es la voluntad que ha mostrado Sadam Husein a lo largo de todos estos
años. Esa es una prueba clara de su falta de voluntad. Después de cuatro años de ausencia de inspectores, después de muchas otras resoluciones de Naciones Unidas que reconocían la existencia de armas de destrucción masiva y que subrayaban que
Sadam Husein y su régimen habían fabricado nuevos arsenales y que no habían destruido las fábricas que estaban dedicadas a la producción de armas de destrucción masiva, entonces, gracias a la presión política y diplomática conseguimos, a través de
la resolución 1441, hacer que el equipo de inspectores nuevo creado por la resolución 1284 volviese a Irak en noviembre del año pasado y desde noviembre hasta ahora no hemos logrado tener ninguna muestra de buena fe y de cooperación activa y real
por parte de Sadam Husein. Todo el mundo lo reconoce. Su falta de cooperación constituye una flagrante violación de sus obligaciones internacionales y así lo reconoce también la resolución 1441. Pone en práctica tácticas dilatorias. Sabe o cree
que puede salirse con la suya. Cada vez que aumenta la presión un poco, cede un poco. Constantemente dice en medios de comunicación del mundo árabe: tenemos que ganar tiempo, porque, ganando tiempo, conseguiremos que la coalición
británico-estadounidense acabe desmoronándose por la presión de su opinión pública y por la presión de la calle. Esto se lo decía textualmente en noviembre del año pasado a una publicación egipcia. Esa es la verdadera voluntad de Sadam Husein y no
otra. Cree que puede engañar a la opinión pública una y otra vez y yo creo que tenemos que demostrar la firme voluntad de desarmarle.
Hay riesgos geoestratégicos claros; algunos se han despachado con excesiva ligereza. Existe la posibilidad real de que se produzcan guerras regionales no convencionales en la región de Oriente Medio y esto no es una especulación. Durante
la guerra fría, la doctrina de la destrucción mutua asegurada garantizaba que la contención y la disuasión estaban basadas en el hecho de que ninguno de los dos bloques emplearía nunca el arma atómica contra el otro porque eso podría destruir el
planeta varias veces. En esta ocasión, la destrucción mutua asegurada no opera regionalmente. Los actores agresivos de algunas regiones podrían muy bien caer en la tentación de un primer ataque contra su rival o contra su enemigo, sabiendo que la
respuesta de éste no lo destruiría y creyendo que el primer ataque le daría la ventaja necesaria para ganar la guerra.
Eso significaría provocar conflictos generalizados de consecuencias absolutamente impredecibles hoy.
Sadam Husein está en situación de debilidad, eso nadie lo ha negado, pero el razonamiento está mal hecho. Justamente, que Sadam Husein esté en un momento de debilidad en materia de armamento convencional no significa que no sea peligroso;
hoy es más peligroso que nunca. Es en este momento, cuando una dictadura como la de Sadam Husein está en un momento especialmente delicado y débil, cuando es más impredecible y, por ser más impredecible, mucho más peligrosa. Puede perfectamente
sentir la tentación de realizar un ataque contra cualquiera de los aliados de Occidente -contra el Estado de Israel, por ejemplo-, sabiendo o creyendo más bien que el mundo árabe y el mundo musulmán se unirían a él. Nosotros sabemos que eso es un
disparate, pero obviamente Irak no funciona como una democracia; nadie se va a atrever a contradecir al dictador. Ese riesgo no lo podemos ignorar; si lo ignoramos, estaremos plantando realmente la semilla de un conflicto serio, de consecuencias
catastróficas en un futuro por desgracia no muy lejano.
El segundo riesgo geoestratégico es el que se ha mencionado hasta la saciedad. Existe la posibilidad real de que se produzca el trasvase o el suministro de armas no convencionales desde los Estados llamados criminales hasta grupos
terroristas. Esta es una eventualidad que un país como el nuestro, azotado durante tantos años por el terrorismo, no puede en absoluto ignorar. Hay ventajas geopolíticas derivadas del desarme de Irak. Señorías, el gran problema de todo esto es
muy sencillo: Sadam Husein y su régimen saben demasiado bien de la vinculación entre la existencia de su régimen, la perpetuación de su tiranía y los arsenales de destrucción masiva: son todo uno. Por eso mismo está tratando de evitar su desarme
o ceder sólo un poco, porque justamente en estos momentos Sadam Husein sabe que su pueblo no aceptaría ni un minuto más su tiranía si no tuviese encima de su cabeza la constante amenaza de su régimen de terror respaldado por las armas de destrucción
masiva, por los arsenales no convencionales.
Señorías, subimos a esta tribuna defendiendo la coherencia de la postura del Gobierno de España y de la mayoría que lo respalda. Es una coherencia real, siempre hemos defendido lo mismo, nunca nos hemos apartado de la línea argumental que
empezamos a emplear ya entonces. La ministra de Asuntos Exteriores lo dijo en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores en agosto del año pasado, está en los famosos cinco puntos del presidente del Gobierno,
en el consenso alcanzado en el Consejo Europeo extraordinario de 17 de febrero pasado. Todos esos puntos siguen plenamente vigentes y los subrayamos hoy aquí: el respeto, la defensa y la consolidación de la paz y de la seguridad mundiales;
la paz y la estabilidad sólidas y duraderas, no frágiles y coyunturales; la defensa del principio de legalidad internacional; el respeto a las resoluciones de Naciones Unidas; tratar de que la convivencia internacional se rija por los principios
del derecho y no por los de la ley de la selva.
El tercer punto es convertir y reforzar el papel de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad como centro de la actividad internacional, Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad como instrumento esencial para la resolución de conflictos;
ese es el tercer punto. El cuarto es el desarme de Irak para evitar justamente lo que estamos diciendo, los riesgos geoestratégicos a los que he hecho referencia anteriormente.
Además, también hemos dicho constantemente que la guerra no era
inevitable, que estaba en manos del régimen de Sadam Husein, que tenía que demostrar una cooperación activa, que tenía que demostrar que se había desecho de armas de destrucción masiva, porque la carga de la prueba -lo repetimos por enésima vez en
esta Cámara- está en Irak, no en los inspectores. Es el régimen iraquí el que tiene que demostrar que ha procedido a su desarme y a la destrucción de los arsenales no convencionales.
Finalmente, señorías, siempre hemos dicho que el recurso a la fuerza sería la última opción, y es en efecto para nosotros la última opción, pero, señorías, no seamos tampoco ingenuos, no cometamos el suicidio internacional de creer que si
renunciamos de antemano y de manera irresponsable a la amenaza del uso de la fuerza legal y legítima no sería tanto como demostrar a Sadam Husein que puede seguir prolongando ad calendas graecas esta situación, pudrirla, envenenarla y acabar
saliéndose una vez más con la suya. Este es un mensaje extraordinariamente negativo, señorías. Decía ayer el presidente del Gobierno que Sadam Husein es un espejo en el que se miran muchos otros tiranos. El mensaje sería extraordinariamente
negativo, señorías: violente usted las resoluciones de Naciones Unidas y la legalidad internacional; engañe usted a los inspectores de Naciones Unidas; engañe usted a las Naciones Unidas; invada a sus vecinos; amenace a su población civil;
chantajee a sus vecinos, que si aguanta usted suficiente tiempo, se puede usted salir con la suya. Ese es el mensaje. No podemos renunciar de antemano. Justamente la credibilidad del uso de la fuerza legal y legítima en aplicación estricta de la
Carta de Naciones Unidas es la que ha hecho comprender a Sadam Husein que esta vez la comunidad internacional iba absolutamente en serio.
La postura de coherencia de nuestro grupo y de nuestro Gobierno no sólo se limita a la defensa de estos puntos que acabo de desgranar. Es, sobre todo, que hemos dicho, mantenido y promovido un intento de construir un consenso sólido en las
instituciones en las que participamos. Lo hemos hecho en la Unión Europea, en la OTAN y lo estamos intentando ahora en Naciones Unidas. Nada está cerrado, todo está abierto; mientras no se apruebe esa segunda resolución a la que nos comprometimos
desde el comienzo y sobre la que tanto fervor y apoyo hubo en un principio, lo estamos haciendo y estamos dando un nuevo plazo, una nueva oportunidad para que se cumpla con la legalidad internacional.
Señorías, después de un goteo constante de mentiras, nosotros volvemos aquí con el mismo mensaje que ha traído constantemente el Gobierno, su presidente, la ministra de Asuntos Exteriores, el ministro de Defensa, el vicepresidente primero,
el portavoz de la mayoría. No hemos cambiado ni un milímetro nuestra posición, señorías. Nosotros, señorías, seguimos manifestando nuestro respeto a todos los españoles que se manifestaron.
Somos tan partidarios de la paz como el que más, pero
creemos que justamente es nuestra actitud la que más y mejor nos acerca a ese objetivo de la paz. Creemos de verdad que hoy estamos más cerca de la paz gracias a la actitud de gobiernos como el nuestro, no a la ignorancia del problema. Además,
señorías -me conocen ustedes ya un poco-, no es mi estilo decir cosas de este tenor en la tribuna, pero he de reconocer que como ciudadano español me dolió profundamente que un dirigente del Partido Socialista llamara franquistas a 600.000
manifestantes en Valencia, simplemente porque no estaban de acuerdo con su punto de vista.
(Aplausos.) Nosotros, señorías, ni cometimos ese error ni lo vamos a volver a cometer. Respeto absoluto a todos los españoles.. (Fuertes rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Arístegui.
Señorías, guarden silencio. Es preciso continuar con la intervención del diputado que está en el uso de la palabra.
Adelante, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señorías, no quería con ello crear una polémica, sino simplemente señalar un hecho claro y evidente. Son unas declaraciones y hubo una manifestación el pasado domingo y nosotros consideramos que son
palabras demasiados gruesas. (Una señora diputada: ¡No a la guerra!) Sí, no a la guerra, en efecto, pero el no a la guerra sólo se conseguirá, señoría, si desarmamos a Sadam Husein. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Si volvemos la
cabeza, no habrá posibilidad de evitar la guerra. Sólo con actitudes responsables y activas, sólo así, vamos a poder evitar la guerra; si desarmamos a Sadam Husein, no si lo ignoramos.
Por último, señorías, quiero hacer una breve referencia al tipo de votación que vamos a emprender esta tarde. Me siento orgulloso del grupo parlamentario que represento y del partido al que pertenezco. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Estoy convencido de que, como ya ha quedado patente en manifestaciones públicas realizadas por muchos dirigentes de mi partido, se verá con toda claridad cuál es el grado de cohesión y de responsabilidad
que tiene el Partido Popular... (La señora Rumí Ibáñez: Y de guerra.), que es el que apoya al Gobierno de España. Lo van a ver ustedes ahora mismo.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la posición de España
ante la crisis de Irak, tiene en primer lugar la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores representantes de los ciudadanos españoles, decía el portavoz del PP que quedan pocos debates. Me propongo usar la palabra, y lo hará mil veces mi grupo, para la paz. Por tanto quedan muchos debates, señorías. Por eso me
dirijo a toda la Cámara, porque en pocas ocasiones se viven situaciones tan dramáticas. Hoy las diputadas y diputados venimos aquí armados sólo con nuestra conciencia para enfrentarnos al dilema en que el mundo se encuentra: abrir las puertas de
la guerra o dar una oportunidad más a la paz. Ese es el dilema al que hoy se enfrenta el mundo y yo pediré el voto, con todo respeto, de toda la Cámara para la paz, señorías. Pido un voto a toda la Cámara en conciencia y sabiendo sobre todo,
señoras y señores representantes de los ciudadanos españoles, que el voto que hoy emitamos tendrá consecuencias; sabiendo que lo que ocurra en el futuro inmediato, y en el más remoto también, en parte, aunque sea pequeña, dependerá de esta
votación; en consecuencia, señoras y señores diputados, sabiendo que caerá sobre nuestras conciencias, en función del voto que emitamos esta tarde, todo lo que pase en el futuro; sabiendo, como saben prácticamente todos los ciudadanos españoles,
que cada día que pasa, señoras y señores diputados, hay menos razones para la guerra, cada día que pasa hay menos razones para la guerra.
Hoy discutimos aquí dos resoluciones, una que acaba de ser defendida por el representante del Grupo Popular, que sin duda autoriza la guerra y el uso de la fuerza, porque apoya las gestiones llevadas a cabo por el Gobierno español y su
alineamiento cerrado con los puntos de vista del señor Bush y porque esta resolución, señorías, permite la guerra, al margen e incluso en contra de la legalidad internacional. Hay una segunda resolución, que es la que defiendo, presentada por toda
la oposición, seis grupos parlamentarios que representan a once partidos políticos con presencia en esta Cámara, que busca, y considera que se puede obtener, el desarme por medios pacíficos. Créanme, señorías, de eso se trata hoy aquí, de votar en
uno u otro sentido, a favor de la guerra o a favor de la paz; no se trata de otra cosa, no se trata de debilitar a un Gobierno o dividir a un partido. Queremos trabajar por la paz y este Parlamento, este Congreso de los Diputados, tiene hoy la
oportunidad de contribuir a poner un ladrillo en el edificio de la paz en lugar de quitar el seguro de las armas de guerra. (Aplausos.)
Al Partido Socialista y al resto de los grupos parlamentarios que firman esta resolución, porque así lo han hecho público una y otra vez, no les cabe la menor duda sobre la naturaleza del régimen de Sadam Husein: una tiranía, señorías, ayer
y hoy; también, por cierto, el 22 de junio de 1998, fecha en la que el viceprimer ministro iraquí, Tarek Aziz, fue recibido en La Moncloa. Supongo que también entonces consideraría el señor Aznar, el presidente del Gobierno, que Sadam Husein era
similar a Hitler. ¿O lo ha descubierto ahora, cuando se lo ha explicado el señor Bush? Con una diferencia, señorías, Irak hoy está más debilitado que el 22 de junio de 1998, cuando el presidente del Gobierno recibió al viceprimer ministro iraquí.
Sabemos que Sadam Husein es un dictador, claro que sí; conocemos su historial de agresiones a países vecinos y queremos su desarme, pero para conseguirlo hay dos alternativas: por una parte, la de quienes piensan que la paz y la seguridad
internacional no pueden depender de la actuación unilateral de un país y proponen reforzar las inspecciones y, por otra, la de quienes no quieren esperar más y proponen impulsar una solución bélica a esta situación. Pero todo ello, la situación de
Irak y la naturaleza de su régimen no avalan una guerra injusta y desproporcionada que pagaría la inocente población civil iraquí.
Moralmente es inaceptable, políticamente también. Porque, señorías, en términos de desarme, único aspecto al que se
ciñe el contenido del mandato de Naciones Unidas, ¿estamos hoy mejor o peor que hace un mes? Mejor, sin duda. ¿Merece la pena o no dar más tiempo y más medios a los inspectores? Sin duda. Así lo solicitan los once partidos políticos y seis
grupos parlamentarios que hemos presentado esta propuesta de resolución. Demos tiempo -pedimos en la misma- y medios a los inspectores para acabar su labor impidiendo una guerra. Eso propone la iniciativa que defiendo. Según el señor Aznar, Irak
es un régimen tiránico que ha causado miles y miles de víctimas, que asesina y tortura y, sin embargo, señoras y señores diputados, si
eso es así según el presidente del Gobierno de España, entre 1997 y 2001 el 99 por ciento de las solicitudes de asilo de personas iraquíes se han visto denegadas. ¿Cómo explicarlo? (Aplausos.)
El mandato de la comunidad internacional, las resoluciones de Naciones Unidas, exigen el desarme de Irak, no otra cosa, y los representantes de la legalidad internacional, los inspectores, constatan que se está produciendo. De acuerdo con
los inspectores, la operación Tormenta del Desierto, de 1991, destruyó el 80 por ciento del armamento iraquí. Luego, el proceso de inspección que siguió a la derrota iraquí eliminó el 90 por ciento de lo que quedaba. Ahora Irak ha anunciado, y ha
comenzado a ejecutar, la destrucción de sus misiles Al Samud. Tampoco es suficiente para el Gobierno de España. ¿No será que el Gobierno de España no desea el desarme porque quiere, como el señor Bush, la guerra a toda costa? ¿No será esa la
razón última de por qué tampoco les parece suficiente el comienzo de la destrucción de estos misiles?
Las resoluciones de la ONU, pues, sólo autorizan el desarme y hoy sabemos con plena certeza lo que quiere la Administración del señor Bush: no quiere el desarme, lo ha dicho una y otra vez, quiere ocupar Irak, quiere cambiar su Gobierno,
quiere administrar el país, quiere permanecer en él; pero para ello no hay mandato de la comunidad internacional. El señor Aznar está apoyando a quien declara estas intenciones. Y todo ello con un discurso falso. Se dice que no trabajan por la
guerra sino por la paz y, sin embargo, conocemos al detalle -porque lo hacen público, como he dicho antes- las previsiones del Gobierno de Estados Unidos para el desarrollo de las operaciones militares, así como los planes de contingencia previstos
para un eventual contraataque del régimen de Sadam Husein, los planes para la posguerra que afectan no sólo a Irak, sino al resto del mundo árabe. Yo les hago la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que no conocemos? Esta es la tragedia, señorías. Lo
que no conocemos es un plan de Estados Unidos y del Gobierno de España para la paz, eso es lo que no conocemos y es la tragedia de la situación. (Aplausos.) Quienes apoyan la solución militar, como el Gobierno de España, no tienen previsión alguna
para la eventualidad de que no haya guerra. No es extraño que los ciudadanos españoles muestren una impresionante oposición a estas intenciones por razones éticas y morales, pero, no nos equivoquemos, las razones éticas y las razones morales
sustentan posiciones políticas. Nos oponemos a una invasión de Irak, a una guerra para conseguir el desarme.
Fíjense, señorías, que la propia oposición iraquí, que sin duda desean como todos nosotros la democracia y el cambio de régimen en Irak,
no quiere una invasión extranjera que destruirá su país y lo convertirá poco menos que en una colonia de los Estados Unidos. Señorías, la Coalición Nacional Iraquí, que reúne al grueso de las fuerzas políticas de oposición al régimen de Sadam
Husein, rechaza una invasión y ocupación militar estadounidense en Irak y, sin embargo, el señor Trillo apuesta por el uso de la fuerza para conseguirlo cuando los propios opositores iraquíes lo rechazan.
Detrás de esta operación, señoras y señores diputados, hay mucho más que el desarme de Irak, hay un nuevo orden que responde a la ley del más fuerte, hay un nuevo orden que inhabilita a Naciones Unidas: o me das una resolución para la
guerra o no me sirves para nada; hay un nuevo orden que anula el papel de Europa, que lo reduce a un espacio puramente comercial, como siempre soñó, por cierto, Gran Bretaña, bajo la tutela defensiva y política norteamericana; hay un nuevo orden:
primero, Irak y, luego, quien moleste; hay un nuevo orden que sustituye la seguridad con cooperación por la seguridad con imposición; un nuevo orden al que, voluntariamente, acuden muy pocos, sólo quienes se sitúan en posiciones extremas. Si la
posición que defiende el señor Bush fuera tan clara y tan justa para conseguir en su momento una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si estuviera cargada de legitimidad, ¿a qué vienen las inmensas presiones, las inmensas
amenazas que se están ejerciendo sobre diversos países que forman parte del Consejo de Seguridad; a qué viene proponer a Méjico el incremento de los permisos de residencia en Estados Unidos; a qué viene condicionar la posición del Chile en
relación con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; a qué viene poner encima de la mesa miles y miles de millones de dólares para que Turquía admita las fuerzas de la OTAN; a qué viene todo esto? Si fuera tan clara esa posición cargada
de legitimidad, ¿a qué vienen, como hemos conocido a través de un diario británico, los pinchazos telefónicos? Señorías, esto viene a que, detrás de esta posible guerra en Irak, no está el desarme de este país, sino un nuevo diseño estratégico e
ideológico que no podemos compartir. Se trata de un diseño que, por cierto, da por bueno lo ocurrido ayer en Palestina: nueve muertos, entre ellos una mujer embarazada de nueve meses, por el uso indiscriminado de la fuerza que utiliza el Gobierno
de Sharon, sin que el señor Bush ni siquiera proteste. (Aplausos.) Ese es el nuevo orden que se quiere implantar, un nuevo orden que legitima la guerra preventiva y unilateral; un nuevo orden que legitima la guerra con votos arrancados en el
Consejo de Seguridad mediante la presión y la amenaza; un nuevo orden que, como recordaba un manifiesto de profesores españoles de derecho internacional, permite usar la fuerza sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que
constituiría, en su caso, un crimen de agresión; un nuevo orden a través de la excusa del desarme, conseguir el desarme a través de la guerra. Quizá lo que se consiga así sea armar a otras naciones con la munición del odio y del rencor si se
produce un ataque ilegítimo y desproporcionado
contra Irak. Un nuevo orden para el que parece valer todo, como las ofertas de consenso engañosas hechas en este Parlamento, que sólo duraban dos días. Yo recuerdo que la ministra de Asuntos Exteriores aseguró en esta Cámara que no sería
bueno aprobar una resolución en el Consejo de Seguridad sin haber creado antes un consenso sobre lo que debía contener esa resolución, pero han hecho ustedes exactamente lo contrario, han ido a ver al señor Bush y han presentado una propuesta de
resolución, suscrita solamente por tres países, que rompe el consenso. Han hecho ustedes todo lo contrario. Un nuevo orden para el que parece valer todo, un nuevo orden que se expresa con meridiana claridad en la intervención del presidente del
Gobierno en esta Cámara. El señor Aznar intentó establecer en esta tribuna la conexión entre el régimen iraquí y grupos terroristas desarticulados en Barcelona. El presidente del Gobierno dijo lo siguiente: Dispuestos a atacar, causando el mayor
daño y destrucción posibles, y contaban -según Aznar- con sustancias que podían causar centenares, si no miles, de muertos. Después, señoras y señores diputados, hemos sabido que las sustancias que tenían eran inocuas, es decir, que pensaban atacar
con detergente; lo hemos sabido después.
Por todo ello, señorías, hoy se discute aquí la paz o la guerra. El próximo 7 de marzo habrá dos alternativas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: una que abre la puerta a la guerra y que la permite, y otra, gracias a la
iniciativa conjunta de Francia, Alemania y Rusia -que, por cierto, hoy mismo ha anunciado su voluntad inequívoca de no aceptar ninguna decisión que conduzca directa o indirectamente a una guerra contra Irak-, que propone una solución pacífica al
conflicto, por medio de la actividad de los equipos de inspección de Naciones Unidas, aumentando su capacidad de inspección, información, verificación y destrucción de armas en Irak. Exactamente igual, señoras y señores diputados, que la resolución
que proponemos hoy aquí todos los grupos de la oposición en esta Cámara, que pide el tiempo suficiente y necesario para los inspectores. No hablamos de un tiempo indefinido. Los inspectores están alcanzando progresos día a día, y creemos que la
continuidad de su labor es la mejor garantía para el desarme pacífico de Irak, porque - y termino, señorías- el único medio de vencer en una guerra - y esto lo dijo un militar- es evitarla. No permitamos -como dijo hace pocos días el filósofo
Emilio Yedó, en un emocionante discurso- que la cólera de los imbéciles llene el mundo. Lo que defendemos hoy toda la oposición es una postura responsable, que nos acerca a la paz, que refuerza a la ONU, que respeta la legalidad internacional y
evita la guerra consiguiendo el desarme. Es una postura justa, de acuerdo con los principios que inspiran la Carta de Naciones Unidas y de acuerdo con algunos principios más antiguos todavía, principios que alumbró ya Inmanuel Kant en 1795, cuando
decía que ningún país debe injerirse con la fuerza en la constitución o en el Gobierno de otro país. Claro que Kant pertenecía a la vieja Europa, pero ¡qué hermosa vieja Europa, llena de valores! ¡Qué hermosa!. (Aplausos.-(Rumores.)
No hay argumentos morales...
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Ballestero, guarde silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Decía que no hay argumentos morales, ni políticos, ni de seguridad para llevar al mundo a esta guerra y hoy, señoras y señores diputados, todos ustedes pueden contribuir a impedirlo.
Por ello, les pedimos
el voto para dar tiempo a los inspectores en su tarea y para evitar la guerra. Recuerden, por favor, y es la única apelación directa que haré a los diputados y diputadas del Partido Popular... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Matarí, guarde silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Decía que recuerden lo siguiente: No es la lealtad la que nos hace libres, es la libertad la que nos permite ser leales. Sean libres. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor vicepresidente primero. (Protestas.-Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor Hernando, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores diputados, es mi deseo intervenir ante esta Cámara en el día de hoy en el que se debaten
sendas proposiciones no de ley relativas a la crisis de Irak. Lo voy a hacer a los efectos de exponer de nuevo la posición del Gobierno sobre este asunto a la luz de los más recientes acontecimientos.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señora Chacón, guarde silencio, por favor.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Me gustaría exponer hoy nuestra postura para dar continuidad al propósito de mantener una activa presencia parlamentaria del
Gobierno en un asunto de tantísima trascendencia; un propósito, señoras y señores diputados, que responde a la necesidad de trasmitir a esta
Cámara y a la ciudadanía española los elementos que configuran el complejo escenario en que nos encontramos y que, desde una postura de responsabilidad, no podemos ni debemos simplificar. A estos efectos quisiera explicar el estado de la
situación en este momento, así como la posición que mantiene el Gobierno y, posteriormente, efectuaré algunas consideraciones sobre las proposiciones no de ley que hoy se debaten en el Congreso.
Como todos ustedes saben, el pasado día 24 de febrero se presentaba ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución en el contexto de lo que en el lenguaje técnico de las Naciones Unidas se conoce como procedimiento
Irak-Kuwait que, por otra parte, no es un tema menor porque estamos en la continuación de las consecuencias de la Resolución 687, como todas las señoras y señores diputados conocen. Se trata de una iniciativa copatrocinada por España, el Reino
Unido y los Estados Unidos... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente, cuando quiera.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Decía, señora presidenta, que se trata de una iniciativa copatrocinada por España, Reino Unido y Estados Unidos que responde en esencia a los fundamentos básicos de la posición que hemos defendido para alcanzar el objetivo compartido por
toda la comunidad internacional: el desarme real de Irak. Ese es el objetivo del borrador de propuesta de resolución que hemos presentado en Naciones Unidas España, Reino Unido y Estados Unidos, por más que a algunos parece que les gusta que
nosotros digamos que no queremos el desarme. Eso es exactamente lo que queremos, el desarme de Irak. Concretamente y en primer lugar, España siempre ha deseado que la gestión de la crisis no escapase del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Porque creemos en su papel como garante de la paz y de la seguridad mundial y porque confiamos en el efectivo cumplimiento de la legalidad internacional, hemos considerado que precisamente con este nuevo proyecto de resolución se mantiene el
protagonismo central del Consejo de Seguridad en la gestión de la crisis.
En segundo lugar, pero no menos importante, hemos apostado por una iniciativa que representa un incremento de la presión sobre el régimen de Sadam Husein. Un régimen que lamentablemente -y es difícil que alguien lo pueda poner en tela de
juicio- sólo parece responder a estas medidas intensas de presión. Por eso el proyecto de resolución añade un elemento adicional de presión, constatando la evidencia objetiva de que Irak ha desaprovechado la última oportunidad para desarmarse de
forma rápida, incondicional y efectiva, tal y como le ordenaba la Resolución 1441, votada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
En tercer lugar, pensamos que con esta iniciativa aún es posible una solución pacífica al conflicto. Precisamente porque queremos ese desarme pacífico, porque queremos la paz, respaldamos esta vía de intensificación en la advertencia a
Irak. Ello es así porque contamos con la experiencia que nos permite afirmar que sólo con la máxima presión Bagdad reacciona ante lo que la comunidad internacional lleva 12 años demandando. Son los propios inspectores los que han constatado la
falta de cooperación activa del régimen iraquí. No resulta suficiente lo que se ha dado en llamar la cooperación meramente procesal. Es precisa una cooperación sustantiva y de fondo, es necesario, por consiguiente, una voluntad real por parte del
régimen de Bagdad para alcanzar el desarme efectivo que todos deseamos.
Señoras y señores diputados, se ha propuesto por otros países proceder a un refuerzo de la capacidad de actuación de los inspectores, entre otras cosas dotándoles de mayores medios y ampliando el plazo para que desarrollen su labor.
Sinceramente pensamos que no es la solución. Y lo pensamos porque la cuestión de fondo no se sitúa en el campo de actuación de los inspectores, sino en la actitud que al respecto continúa mostrando el régimen de Sadam Husein. En ocasiones se ha
señalado que durante la etapa de UNSCOM, entre 1991 y 1998, se produjeron avances significativos en el proceso de desarme. Aquí mismo el señor Caldera ha dicho que en aquellos momentos prácticamente se produjo el desarme del 80/90 por ciento de
todo el armamento militar del régimen del señor Husein. Sin embargo yo les digo a todos ustedes, señoras y señores diputados, que no debemos llamarnos a engaño. Estos avances no se produjeron sólo por la presencia de los inspectores en Irak, sino
que vinieron motivados en buena medida por la defección de dos oficiales del ejército iraquí. Sólo cuando el teniente general Husein Kamel y su hermano el coronel Sadam Kamel huyeron a Jordania y revelaron que Irak había burlado sistemáticamente
las inspecciones, el régimen de Bagdad admitió, en agosto del año 1995, que había transformado para uso militar agentes biológicos y había desplegado para su uso en combate armas biológicas. Es un dato no menor y probablemente SS.SS. conocen el
destino que les esperaba a los hermanos Kamel. Tras el perdón de Sadam Husein -que, por cierto, era su suegro-, regresaron a su país, donde fueron ajusticiados por la guardia especial republicana poco después de atravesar la frontera.
Señoras y señores diputados, este relato es sólo una muestra más de la falta de credibilidad que cabe atribuir
al régimen de Bagdad. La actitud de ausencia de cooperación plena y activa, lamentablemente, como acabo de señalar, se ha mantenido pese al llamamiento que se hace en la Resolución 1441, apelando a la última oportunidad que se concede a
Bagdad. Si el Gobierno iraquí no coopera a fondo con los inspectores, difícilmente se alcanzará ese desarme real que todos deseamos. Los inspectores han podido continuar, y de hecho continúan hoy. Hasta que el Consejo de Seguridad adopte la
resolución, Bagdad dispone de un tiempo que debe aprovechar. Aún es posible la paz y todos la deseamos, pero la voluntad clara de cooperación por parte del régimen iraquí es condición necesaria.
En definitiva, haciendo un ejercicio de síntesis, me gustaría concluir esta primera parte de mi intervención recapitulando lo siguiente.
Primero, deseamos que la gestión de la crisis se mantenga en el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas; la presentación del proyecto de resolución es una clara apuesta en esta dirección. Segundo, nos gustaría que se alcanzara la mayor unidad entre la comunidad internacional en el seno del Consejo de Seguridad, que como garante de la paz y de
la seguridad mundial... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que nos gustaría que se alcanzase la mayor unidad posible entre la comunidad internacional en el seno del Consejo de Seguridad, que como garante de la paz y de la seguridad mundial -este es un asunto muy importante y supongo que
convendrán en ello todos los señores diputados- debe mantener su credibilidad, exigiendo, por tanto, el cumplimiento de sus propias resoluciones. Tercero, queremos que el mismo respeto que nos merece la legalidad internacional lo muestre también el
Gobierno iraquí.
Por esa razón pensamos que no cabe la tibieza o la ausencia de firmeza con un régimen que se burla de esa legalidad internacional, se niega reiteradamente a la destrucción de sus arsenales de armas químicas y bacteriológicas y
mantiene conexiones con el terrorismo, tal y como en reiteradas ocasiones -la última vez en la Resolución 1441- ha dicho por unanimidad el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En cuarto lugar, pensamos que sólo ejerciendo la mayor de las
presiones sobre el régimen de Sadam Husein éste se avendrá a cumplir con las obligaciones que se le han impuesto y que sólo mediante esa vía de presión máxima -este es un dato muy importante - podemos conseguir lo que todos deseamos: el desarme de
Irak y que éste se produzca de forma pacífica.
Señoras y señores diputados, una vez expuesta nuestra posición, me gustaría realizar algunas consideraciones sobre la proposición no de ley presentada por seis grupos parlamentarios que hoy se debate en esta Cámara. En primer lugar,
quisiera señalar que el Gobierno también desea lograr el desarme de Irak de forma pacífica de acuerdo con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - lo acabo de señalar- y puedo definir estos elementos como dos de los pilares que sustentan la
postura de España en este conflicto: conseguir el desarme de Irak de forma pacífica y mantener la cuestión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Precisamente para conseguir ese desarme pacífico, no podemos desconocer que sólo la máxima
presión, la amenaza creíble del uso de la fuerza, parece tener un efecto sobre el régimen de Sadam Husein. Además, aun a riesgo de ser reiterativo, también me parece oportuno insistir en que la experiencia nos ha demostrado que la actividad de los
equipos de inspección no conducirá por sí sola al objetivo del desarme si no hay cooperación real por parte de Bagdad y que esa cooperación inmediata, incondicional y activa que exigió la Resolución 1441 desde la fecha de su aprobación el día 8 de
noviembre, según dicen los propios inspectores, no existe. Por eso nos parece que el apartado segundo de la proposición no de ley yerra plenamente al hacer recaer la consecución del desarme exclusivamente en la labor de los inspectores; es más, en
ninguno de los cinco apartados de la propuesta de resolución de esa iniciativa de los grupos de la oposición aparece referencia explícita alguna a la necesaria cooperación del régimen iraquí, justamente lo que toda la comunidad internacional, con
diferentes matices, está reclamando. De hecho, el propio memorándum presentado ante el Consejo de Seguridad por Francia, Rusia y Alemania reconoce que la cooperación de Irak no es plenamente satisfactoria.
Tampoco compartimos la afirmación de que carece de justificación la presentación de un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como acabo de indicar, la cooperación activa no ha existido, la voluntad de
desarme del régimen de Bagdad -así lo han dicho los inspectores- no se ha mostrado y, con el proyecto de resolución se intenta forzar esta voluntad, se incrementa notablemente el nivel de presión. En el fondo significa un renovado mensaje de
firmeza al Gobierno iraquí. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cortajarena, le ruego guarde silencio, por favor.
Continúe, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey):
Decía que con este nuevo borrador de propuesta de resolución se incrementaba el nivel de presión y, en el fondo, significa un renovado mensaje de firmeza al Gobierno iraquí de la comunidad internacional. Las concesiones parciales de los
últimos días vienen precisamente a demostrar que el régimen de Sadam Husein sólo coopera en la medida en que se siente presionado. Este es un dato muy importante. El régimen de Irak está jugando con los tiempos, con vistas a romper la unidad de la
comunidad internacional. Su juego es el de hacer concesiones en momentos muy buscados y dar la sensación de que el proceso de desarme avanza, de que las inspecciones son útiles para dividir a la comunidad internacional y, en suma, ganar tiempo.
Gustavo Arístegui, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha explicado esto con meridiana claridad.
Yo he recordado aquí lo que ha sucedido en el año 1995, pero es importante que aporte algunos datos para su conocimiento y para que los señores diputados se puedan hacer una composición de lugar. El mismo día 14 de febrero, el mismo día en
que Blix presentaba en Nueva York su informe, accedió a firmar un decreto que prohibía la importación por particulares de componentes para armas de destrucción masiva. Un día o dos antes de ese informe se llevaron a cabo por primera vez tres
entrevistas a solas con técnicos iraquíes; por cierto, con posterioridad a la fecha del 14 de febrero, no parece que se hayan vuelto a producir muchas de estas entrevistas con técnicos iraquíes. Ahora, parece que accede a destruir los misiles Al
Samoud, pero poco a poco, dos un día, cuatro otro día. Antes, negaban la ilegalidad de esos misiles, ahora parecen estar de acuerdo; ahora, parece que se comprometen a entregar unos documentos en relación con el ántrax, que por lo visto parece que
antes no existían. Hoy mismo, los inspectores le exigen que destruya 380 motores de los misiles SAZ, que ha importado en los últimos días. Esto es la demostración inequívoca de que Sadam Husein está intentando jugar con la comunidad internacional
y que, en cualquier caso, sólo coopera en la medida en que se le presiona.
Por otro lado, señoras y señores diputados, el Gobierno no puede compartir la afirmación recogida en el punto cuarto de la proposición no de ley de que las excelentes relaciones que mantenemos con los países iberoamericanos y los de la
cuenca del Mediterráneo puedan verse gravemente dañadas. El Gobierno español está manteniendo contactos con los países árabes para explicar ampliamente su postura en esta crisis y conocer de primera mano los argumentos de los demás. En este
sentido, todos conocen la intensa actividad diplomática que se está desplegando.
Puedo destacar los numerosos contactos realizados por el presidente del Gobierno con dirigentes de países árabes. Este mismo fin de semana, tuvo ocasión de conversar
con los presidentes de Siria, Egipto, Argelia, Mauritania, Libia y la Autoridad Nacional Palestina y hoy martes lo hace con el rey de Marruecos y los presidentes de Irán y Túnez. Además, merece especial referencia la carta remitida el 25 de febrero
por el presidente Aznar al rey de Jordania, a los presidentes de Argelia, Libia, Egipto y Siria, a los primeros ministros de Marruecos y Túnez y al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en la que informa de los propósitos que se persiguen
con la presentación del proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad, desprendiéndose igualmente de su contenido la singular importancia que España atribuye a la reactivación del proceso de paz en Oriente Medio. También me gustaría recordar
los encuentros que viene manteniendo la ministra de Asuntos Exteriores a lo largo de las últimas semanas con las autoridades de Siria, Egipto, Túnez, Marruecos, Mauritania, Jordania, Argelia o la Liga Árabe. Una vez más debemos insistir en que el
objetivo del desarme de Irak es compartido por los países árabes y que la Resolución 1441 fue apoyada por todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluida Siria.
En este contexto, quiero subrayar que España sigue efectuando una clara apuesta por reactivar una solución al conflicto árabe- israelí. Me gustaría también traer a la mente de SS.SS. que, en las conclusiones del Consejo Europeo del 17 de
febrero, hay una referencia a la necesidad de fortalecer el proceso de paz en Oriente Medio y de resolver el conflicto Israel-Palestina, y de apoyo, además, a la pronta aplicación del programa de trabajo aprobado por el cuarteto y conminación a que
terminen el terror y la violencia, así como los asentamientos. Quiero significar que esta referencia se encontraba entre las propuestas que el Gobierno español llevó al Consejo Europeo. Se trata de un asunto sobre el que el presidente Aznar sigue
insistiendo en los contactos que viene manteniendo con otros jefes de Estado y de Gobierno, incluido el presidente Bush.
Recordarán que hace pocos días el presidente norteamericano se refirió a la prioridad que su país concede a este tema.
En cuanto a Iberoamérica, también aludida en la proposición que presentan distintos grupos parlamentarios, está fuera de toda duda que las relaciones con Iberoamérica continuarán siendo uno de los ejes prioritarios de nuestra política
exterior. Por mencionar sólo a los países que ostentan actualmente la condición de miembros del Consejo de Seguridad, las relaciones con Méjico y Chile han sido, y son, objeto de especial atención por parte del Gobierno. Así lo demuestra, por
ejemplo, la reciente visita del presidente Aznar al presidente Fox o, en el caso de Chile, la fluida relación mantenida por el presidente del Gobierno con el presidente Lagos y, mirando al pasado reciente, el importante impulso que recibió el
acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile bajo la presidencia española, de forma que pudo ser finalmente firmado el 18 de noviembre del año 2002.
Señoras y señores diputados, sobre esto el señor interviniente pocas cosas ha dicho, pero creo que son temas importantes y de los que se debe hablar aquí en la Cámara; otra cosa es lo que se diga en otros sitios. No podemos aceptar
disyuntivas ni formulaciones excluyentes en nuestra acción exterior. Entendemos que las excelentes relaciones de amistad y cooperación que disfrutamos con Estados Unidos no pueden ni deben ir en detrimento de nuestra privilegiada relación con
Iberoamérica y con el mundo árabe.
Este argumento lo quiero hacer extensivo a nuestra política europea. Este Gobierno cree en Europa, este Gobierno quiere seguir construyendo Europa, y me gustaría recordar a las señoras y señores diputados que el proyecto de resolución
presentado en Nueva York la pasada semana en modo alguno conculca los puntos esenciales de las conclusiones aprobadas por el Consejo Europeo en relación con Irak el día 17 de febrero. Les animo a hacer un ejercicio de memoria. En las conclusiones
se afirmaba, entre otras cosas, que estamos decididos a afrontar con eficacia la amenaza de proliferación de armas de destrucción masiva. Se manifestaba, asimismo, el compromiso de que las Naciones Unidas sigan en el centro del orden internacional;
que corresponde al régimen iraquí acabar con esta crisis accediendo a las peticiones del Consejo de Seguridad; que el objetivo de la Unión respecto a Irak sigue siendo el desarme total y efectivo, de acuerdo con las resoluciones pertinentes del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en particular la Resolución 1441; que existe un compromiso de colaboración con todos nuestros socios para lograr el desarme de Irak, la paz y la estabilidad de la región; que la guerra no es inevitable y la
fuerza es el último recurso; que la unidad y firmeza de la comunidad internacional, expresada en la adopción unánime de la Resolución 1441 y el fortalecimiento militar, han resultado esenciales para lograr la vuelta de los inspectores -éste es un
dato muy importante-, y que estos factores seguirán siendo esenciales para conseguir la plena cooperación que buscamos. En las conclusiones se dice textualmente, señoras y señores diputados, que las inspecciones no pueden continuar de forma
indefinida sin la plena cooperación iraquí; que Bagdad no debe hacerse ilusiones -esto lo dice la Unión Europea por unanimidad, insisto-; que debe desarmarse y cooperar inmediata y plenamente; que Irak tiene la última posibilidad de solucionar
pacíficamente la crisis, y que el régimen iraquí será el único responsable de las consecuencias si sigue desacatando la voluntad de la comunidad internacional y no acepta esta última oportunidad. En este mismo sentido se manifestó esta Cámara el
pasado 18 de febrero.
Señorías, la postura del Gobierno, manifestada en el compromiso del proyecto de resolución presentada ante el Consejo de Seguridad, respeta estos postulados y constituye, en último término, un rotundo mensaje de firmeza al régimen de Sadam
Husein para que proceda a un desarme real y pacífico. Señoras y señores Diputados -lo he señalado antes y lo vuelvo a repetir-, desgraciadamente la experiencia nos enseña que un mayor refuerzo de las inspecciones -y entro a comentar el último de
los puntos de la proposición no de ley de los grupos de la oposición-, si no va acompañado de un cambio de actitud del régimen de Bagdad, de una auténtica voluntad de cumplir con la legalidad internacional por Sadam Husein, no nos conducirá al
objetivo deseado, que es el desarme de Irak.
Por tanto, tampoco podemos compartir el quinto apartado de la proposición no de ley de los grupos de la oposición. Decía que la experiencia así nos lo ha demostrado porque, por poner un ejemplo, en
Sudáfrica se alcanzó ese objetivo del desarme con tan solo nueve inspectores y 20 inspecciones, insisto, nueve inspectores y 20 inspecciones. También se consiguió el objetivo en Bielorrusia o en Kazajstán, pero en aquellas ocasiones -y esta es la
diferencia- existía una auténtica voluntad de desarme. En Irak, tenemos que hablar de más de cien inspectores, que han llevado a cabo más de 600 visitas en 400 emplazamientos diferentes desde el pasado 27 de noviembre. Este ya es un régimen de
inspección reforzada, como establece expresamente la Resolución 1441, y sin embargo muchos de los interrogantes permanecen abiertos. No se trata de una cuestión de medios, se trata de una cuestión de voluntad. Por consiguiente, no se trata de una
cuestión de tiempo, se trata de una cuestión de decisión del régimen de Sadam Husein. En definitiva, no se trata de la labor de los inspectores, se trata de la actitud de Bagdad.
Señoras y señores diputados, hemos oído a lo largo de estos días, entre las innumerables tomas de posición que ha hecho el grupo más importante de la oposición en España, una que probablemente sea la última y que ha presentado el señor
Rodríguez Zapatero diciendo: Yo votaría en cualquier caso que no a cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. (Aplausos.) En el supuesto de que se plantease una intervención en Irak, el señor Rodríguez Zapatero votaría en
cualquier caso que no. La pregunta que cabe hacer es: ¿Este sigue siendo hoy su criterio? Y la siguiente pregunta que cabe hacer es: ¿Cree usted que si todos los países que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hubieran
manifestado ya una posición como la del señor Rodríguez Zapatero, diciendo que en cualquier caso votarían que no a una intervención en Irak, Sadam Husein hubiera dado un solo paso para desarmarse? (Aplausos.) ¿No se da cuenta, señor Rodríguez
Zapatero, que ha venido engañando a la comunidad internacional, que ha venido vulnerando la legalidad internacional? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señoras y señores diputados, lo dije en una intervención anterior que tuve en esta misma Cámara. Es muy importante que el
conjunto de la opinión pública conozca la posición del Gobierno de España, pero también es muy importante que conozca la posición del principal partido de la oposición (Aplausos.) porque, señor Rodríguez Zapatero...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señor Rodríguez Zapatero, conociendo los antecedentes, conociendo lo que ha sucedido; conociendo cuál ha sido la actuación de Sadam Husein
con los inspectores; conociendo que en el año 1995 toda la comunidad internacional supo por sus yernos que se estaba armando; conociendo que en el año 1998 expulsó a los inspectores; conociendo que tuvo que adoptarse la Resolución 1441 para que
volviera a admitirlos; conociendo que tuvo que hacer la comunidad internacional la presión que algunos estamos haciendo, ¿usted cree que con actitudes como la suya, que ha sido, junto con Siria, el único líder de un país importante que ha afirmado
ya cuál es su propuesta antes de que se debata nada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Sadam Husein hubiera aceptado desarmarse? Se lo puedo preguntar de otra forma: si toda la comunidad internacional en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Usted tiene la obligación de responder aquí a estas preguntas. (Aplausos.-Rumores.-Las señoras y señores diputados de la oposición: ¡No a la
guerra! ¡No a la guerra!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor Madero, guarde silencio. (Pausa.)
Un momento, señor vicepresidente. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Yo lo siento mucho, ¿pero saben ustedes por qué el señor Rodríguez Zapatero tiene la obligación de responder aquí a estas preguntas hoy? (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): ¿Saben por qué tiene la obligación de responder? ¿Lo saben? (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué espectáculo!.-La señora Cunillera i Mestres:
El espectáculo es el de vuestro presidente.-El señor Ripa González pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Señor Ripa, guarde silencio.
(Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): No lo saben. ¿Verdad? No porque se lo pregunte yo, sino porque la opinión pública española tiene derecho a conocer su opinión sobre este
asunto, tiene derecho a que usted responda a estas preguntas. (Aplausos.-El señor Blanco López: Una entrevista en televisión.)
La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, guarde silencio.
El señor BLANCO LÓPEZ: Una entrevista en televisión.
La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, le llamo al orden. (Rumores.)
El señor BLANCO LÓPEZ: Una entrevista en televisión.
La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, le llamo al orden por segunda vez.
(Rumores.) Señora Valcarce, guarde silencio.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Tiene usted la obligación. ¿Sabe por qué los países que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas todavía no han fijado una
posición? ¿Sabe por qué no lo han hecho? Porque todo el mundo es consciente de que al régimen de Sadam Husein o se le presiona, como demuestra la historia, o no toma ninguna decisión para cumplir la legalidad internacional, y usted con su posición
hace exactamente lo contrario de lo que es obligado hacer, que es presionar al régimen de Sadam Husein. (Aplausos.)
Me gustaría que usted manifieste aquí su criterio, sus porqués y, si esa es su posición -yo ya he visto cinco distintas-, nos explique a todos si lo considera adecuado para presionar al régimen de Sadam Husein y por tanto conseguir que se
cumpla la legalidad internacional. No me venga diciendo, como ha hecho recientemente con ocasión del debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, que respeta todas las posturas dentro de su partido. Usted tiene que manifestar la postura y la
posición de su partido y hacerlo con meridiana claridad. (Aplausos.-Varios señores y señoras diputados: ¡No a la guerra! ¡No a la guerra! La señora Cunillera i Mestres: No me extraña que con ese jefe haya esa banda.) Es que, señoras y señores
diputados... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señoras y señores diputados, no sé si algunas de SS.SS. se dan cuenta de que esto es el Parlamento (Rumores.) y aquí hay que
debatir...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señor Alcaraz, señor Frutos, guarden silencio. Señor Frutos, guarde silencio. (El señor Frutos Gras señala su reloj.) El portavoz de su grupo tendrá la oportunidad de hacer uso de la palabra, como usted bien sabe.
(El señor Gil Lázaro
muestra el Reglamento.-El señor Rejón Gieb pronuncia palabras que no se perciben.)
Señor Gil Lázaro, guarde silencio. Señor Rejón, guarde silencio también.
Les recuerdo a usted y al señor Gil Lázaro que quien aplica e interpreta el Reglamento es la presidencia.
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.
Aquí hay que debatir, hay que razonar, hay que dar argumentos y hay que dar la cara. Está muy bien hacerlo luego en otros sitios, tiene usted perfecto derecho a hacerlo, lo que pasa es que ahí es más complicado dar los argumentos, ahí se
hacen eslóganes que, en su tenor literal, tengan ustedes la absoluta seguridad de que yo también los comparto. El problema es que en el Parlamento hay que hacer otras cosas, para eso se es el líder de la oposición. (Aplausos.) En cualquier caso,
nos gustaría que hubiera respuestas a estas preguntas porque, vuelvo a insistir, son muchas de las preguntas que se hace la opinión pública.
Señoras y señores, pensamos, en definitiva, y en plena coincidencia con la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que la solución pasa por el cumplimiento estricto e inmediato de las sucesivas resoluciones del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas tendentes al desarme efectivo y verificado del régimen de Sadam Husein.
Por el portavoz del Grupo Socialista se ha hecho aquí una apelación a la conciencia de las señoras y señores diputados. Aquí no estamos ante un problema de voto de conciencia, aquí vamos a emitir un voto secreto. Le voy a decir una cosa,
creo que los ciudadanos tienen perfecto derecho a saber lo que votan todos y cada uno de los 350 diputados de esta Cámara (Aplausos.), tienen derecho a saberlo, pero ustedes están en las pequeñas miserias de cualquier actividad de la vida, y en la
política desgraciadamente también las hay. Han hecho algo -perdone que se lo diga- burdo, ridículo y mezquino y además lo presenta a la opinión pública el señor Caldera, que es lo que le faltaba al Grupo Popular. (Prolongados aplausos.-La señora
Cunillera i Mestres: Hilillos, hilillos, todo hilillos.) Así son las cosas.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Habla de eso. Al igual que en el caso del Prestige, lo único que les importa es ver si logran un mayor deterioro del Gobierno,
lo único. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: el Gobierno se deteriora solo.)
Señoras y señores diputados, entendemos igualmente que el proyecto de resolución presentado por España, Reino Unido y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad pretende incrementar la presión sobre el régimen de Bagdad, consiguiendo así el
desarme pacífico de Irak. Pretende de este modo preservar el protagonismo del propio Consejo en la gestión de la crisis. Precisamente para lograr la mayor cohesión internacional en el seno de este órgano, España está desplegando una intensa
actividad diplomática, España está contribuyendo activamente a la solución de la crisis, respaldando la primacía de la legalidad internacional, y lo está haciendo, como se desprende de mi intervención, bajo la premisa de que la vigencia y
credibilidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad -éste es un dato muy importante, señoras y señores diputados-, la vigencia y la credibilidad de las resoluciones del Consejo de Seguridad se verían gravemente dañadas si dirigentes
irresponsables, poseedores de armas de destrucción masiva y con conexiones con el terrorismo, pudieran desafiar de forma impune los mandatos de la comunidad de naciones, convirtiéndose en una amenaza para la paz y la seguridad internacionales.
Señor Rodríguez Zapatero, ¿qué haría usted en el supuesto de que Sadam Husein se negase a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Qué haría usted? (Rumores.) Esa es una pregunta importante y la opinión
pública debe conocer su respuesta.
Señoras y señores diputados, se hablaba aquí de un nuevo orden. ¡Curioso nuevo orden sería aquel en el que las resoluciones de Naciones Unidas, más de diez resoluciones, no fueran cumplidas por Irak! Probablemente, de ahí sí surgiría un
nuevo orden; lo que no sé yo, señor Caldera, ni sé si usted lo sabe -seguramente nos podría ilustrar-, es qué nuevo orden sería ése en el que las resoluciones del Consejo de Seguridad no fueran cumplidas por Irak.
En cualquier caso, señoras y señores diputados, nuestra actuación se enmarca también en la convicción de que España debe desempeñar un papel activo en su política exterior. En un entorno globalizado, es necesaria una actuación internacional
cada vez más resuelta para la común solución de problemas que no conocen fronteras. Si creemos y afirmamos que el papel que corresponde a España en el terreno de las relaciones internacionales debe ser desarrollar una política cada vez más activa y
emprendedora, tal creencia y tal afirmación se hacen especialmente relevantes cuando la cuestión alcanza a lo que sin duda es la prioridad de este Gobierno, y yo creo que de toda la sociedad española, como es la lucha contra el terrorismo.
Señoras y señores diputados, tras los acontecimientos del 11 de septiembre, la comunidad internacional se ha concienciado plenamente de que existe un enemigo común que amenaza gravemente la convivencia pacífica de los pueblos, que no conoce
límites en su sangrienta actividad, que opera sin escrúpulos y atenta de forma mortífera e indiscriminada. En nuestro país, por desgracia, ya conocemos ese terror, y nuestra actividad internacional se ha distinguido por auspiciar una mayor
cooperación entre las naciones e ir componiendo el tejido legal que asfixie a un enemigo de este calibre, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea. Creo que todas las señoras y señores diputados recuerdan los
esfuerzos que hizo el Gobierno español, que hizo el ministro de Justicia, que hizo el ministro del Interior, después del 11 de septiembre y que propiciaron la aprobación de algunas normas que llevaban pendientes muchos años, como la orden europea de
detención y entrega, como la tipificación común del delito del terrorismo, como la elaboración de una lista de organizaciones terroristas por parte europea. Hubo también una resolución muy importante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que
España aplicó con la mayor celeridad de que fue capaz, y, señoras y señores diputados, por coherencia, por responsabilidad, por solidaridad, España no puede caer en la tibieza cuando se trata de luchar contra la amenaza terrorista y su entorno.
Acabo de leer en un teletipo que el Eurobarómetro -no sé si depende de la Comisión o del Consejo Europeo- decía que la principal preocupación de los europeos -de un 82 por ciento- era el terrorismo.
Señoras y señores diputados, el Gobierno comparte, pues, el espíritu y la letra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular ante esta Cámara porque responde plenamente a los principios que nos están guiando en
esta situación. En definitiva, señorías -y concluyo-, creemos en la legalidad, creemos en la paz, creemos en la seguridad, y nuestra postura seguirán siendo coherente con nuestras convicciones.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Caldera. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, señorías, ¡asombroso! Si es una interpelación a un presidente del Gobierno lo que acabamos de ver, lo lamento, señor Rato, por usted. ¡Asombroso! (Aplausos.-Protestas.) Esperábamos que
la intervención de hoy la hiciera el señor Rato. (Protestas.-Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López y el señor Albendea Pabón: ¡No a Caldera!)
La señora PRESIDENTA: Señor Albendea, guarde silencio. Señorías, guarden silencio. Señor Martínez-Pujalte, guarde silencio. (Rumores.)
Un momento, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Los argumentos del señor Rajoy, provocadores, son los de aquellos que no tienen ninguno, y es la provocación que deriva de la desesperación. (Protestas.-Rumores.) Sí, sí.
Mañana, con el presidente del
Gobierno, tendrán ocasión de oír al señor Rodríguez Zapatero, claro que sí (Protestas.-Rumores.), pero les voy a decir con claridad lo que piensa el Partido Socialista y, pese a su mal estilo, señor Rajoy, que ahora aclararé (Protestas), el resto de
los grupos que aquí toman asiento, es decir, todos los grupos, todos, le vamos a decir con claridad cuál es nuestra posición: ¡No a la guerra! (Aplausos.) ¿Se ha enterado? Pero no sólo el Partido Socialista, no, todos los grupos que firman la
proposición no de ley que hoy sometemos a debate. (Rumores.)
Señor Rajoy, qué mal estilo tiene usted. (Protestas.) No va a permitir...
(Protestas.-Rumores.-El señor De Luis Rodríguez y el señor González Pérez pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Caldera.
Señorías, guarden silencio. Señor De Luis, guarde silencio. Señor González, guarde silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Con su actuación impide que intervengan en réplica el resto de los grupos de la oposición. Por eso le pido que cuando intervengan ellos se dé la posibilidad de un turno de réplica, señora presidenta; si
no, aquí no hay igualdad de condiciones.
(Aplausos.-Rumores.) Es lo que le gusta siempre al señor Rajoy.
¿Cómo se atreve a hablar de encuestas? Ustedes, que manipulan el CIS (Protestas), ¿por qué no han preguntado, señorías, en la última encuesta del CIS cuál era la posición de los españoles en relación con el conflicto de Irak? ¿Por qué no
lo han preguntado? Seguramente porque no les interesa saberlo. Señor Rajoy, han elegido ustedes el peor camino.
Usted hoy debería haber respondido aquí las preguntas básicas y esenciales, las tiene que responder el Gobierno, y son las siguientes.
Si el señor Blix pide una prórroga del mandato hasta el verano, ¿su Gobierno lo va a apoyar, si o no? (Protestas.-Rumores.) Dígalo aquí. Si Estados Unidos decide atacar la semana que viene Irak, ¿su Gobierno lo va a apoyar, sí o no? Dígalo aquí.
(Aplausos.-Rumores.) Nosotros estamos diciendo que no, pero ustedes se esconden, se callan detrás de un lenguaje pretendidamente de defensa de los valores de la paz y seguidista hasta el final de los intereses del señor Bush. Pero, ¿cómo se atreve
a hablar de la relación del Gobierno de España con los países de Latinoamérica y del mundo árabe? Pero si nos denostan. ¿Es que no sabe usted lo que ocurrió con la visita del señor Aznar a Méjico? ¿No vio qué recepción tuvo por primera vez desde
la recuperación de la democracia en España un presidente del Gobierno que fue recibido inamistosamente en Méjico porque era el embajador extraordinario del señor Bush? (Aplausos.) ¿Cómo se atreve usted a poner aquí como ejemplo a su Gobierno,
cuando la Liga Árabe, los países no alineados y todos los países de Latinoamérica están en contra de esta guerra que su Gobierno está apoyando y promoviendo?
Ustedes hablaron de pruebas irrefutables, ¿recuerda? Lo dijo aquí el señor Aznar. ¿Dónde están, señorías, las pruebas irrefutables? (Rumores.) Tráiganlas aquí. ¿O las pruebas irrefutables de la connivencia del régimen de Sadam Husein con
el terrorismo son iguales que las de los detenidos en Barcelona, de los que ustedes decían que suponían una grave amenaza para miles de vidas y resulta que sólo tenían detergente? ¿Son esas las pruebas irrefutables con las que ustedes dijeron,
señorías, que contaban? También este Gobierno afirmó, señor Rajoy -y lo ha repetido usted hoy aquí- que dejaba la crisis en manos del Consejo de Seguridad.
No, al contrario, lo están dinamitando ustedes con el señor Bush. ¿Cómo que dejan ustedes
en manos del Consejo de Seguridad la solución de la crisis? El señor Aznar, aquí mismo, el 18 de febrero, dijo que el Gobierno venía a esta Cámara, aunque no nos gustara al Partido Socialista -eso dijo-, con el consenso de toda Europa, y a los tres
días el señor Aznar rompió ese consenso de toda Europa que él dijo poniéndose incondicionalmente a disposición de la facción más extremista de la actual Administración republicana de Estados Unidos. Sabe usted, por tanto, que hay dos posiciones
claras y dice que somos los únicos que hemos avanzado nuestra posición. No, señor Rajoy, aquí hay dos posiciones meridianamente claras: la de Bush, Aznar y el Gobierno de Gran Bretaña, que han propuesto una resolución cuya intervención constituye
un alegato a favor de la guerra, y todos los demás, Rusia, China, Alemania, Francia, la Liga Árabe, los países no alineados, que consideran, señor Rajoy, que se debe dar el tiempo suficiente y necesario a los inspectores para que finalicen su tarea.
Señor vicepresidente, le pregunto, en nombre de los grupos parlamentarios que firmamos esta proposición no de ley, qué tiene que pasar, señor Rajoy, qué tiene que ocurrir para que ustedes no apoyen un ataque de Estados Unidos a Irak.
Díganos de una vez qué tiene que pasar, qué tiene que ocurrir, porque ustedes han comprometido firmemente esa posición, de la que no se quieren bajar. Resoluciones en relación con Irak, pero ¿qué dice usted de las resoluciones que incumple Israel?
¿Ha pedido alguna vez su Gobierno su cumplimiento? (Aplausos.) Nosotros queremos que se cumplan todas las resoluciones, señor Rajoy, todas. Por lo tanto, la formulación esencial son las preguntas que le hago desde esta tribuna y que son las
siguientes. El señor Blix ha hablado -y es el representante de la legalidad internacional- de progresos esenciales y seguramente planteará al Consejo de Seguridad un mandato de tiempo necesario para continuar con su tarea. ¿Va a apoyarlo el
Gobierno de España, sí o no? Toda la oposición le pedirá que el Gobierno de España apoye la prórroga del mandato de los inspectores. Si hay una guerra impulsada por la Administración Bush sin cobertura de la legalidad internacional, ¿su Gobierno
la va a apoyar, sí o no? Eso es lo que quieren saber el conjunto de los ciudadanos españoles, señor Rajoy. Dígalo de una vez. Nosotros se lo decimos con claridad. No haga más preguntas. Se lo hemos dicho cada vez que nos subimos a esta tribuna.
No. Votaríamos una y otra vez no a una guerra para la cual no existe razón alguna. Que le quede claro que es la posición del Partido Socialista; una posición inequívoca que además, por cierto, supongo que usted habrá comprobado cómo coincide con
la de millones de españoles, ¿o es que no ha tenido usted la atención de escucharles cuando han salido a la calle?
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego que concluya, por favor.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo.
Señor Rajoy, no hubiera querido entrar en este dilema. (La señora Mato Adrover: No entres.) Sí, voy a hacerlo porque el señor Rajoy provoca, es un provocador. (Rumores.-Protestas.) Sí. Le voy a recordar una imagen real. Hace un par de
domingos estuve en la calle con medio millón de personas (Rumores.) en una manifestación que decía: Nunca máis. Le aseguro que vi miles de carteles en los que se leía: Rajoy, cien por cien mentiroso. Creo que tenían razón.
(Rumores.-Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Caldera.
Señor Alcaraz, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, de acuerdo con el Reglamento, el Gobierno puede intervenir en cualquier momento abriendo debate. En este caso no contestaba a un grupo parlamentario. La iniciativa es colectiva de todos los
grupos parlamentarios y por lo tanto tenemos derecho a réplica todos los grupos parlamentarios. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Alcaraz, como usted bien dice, el artículo 70 del Reglamento, en su apartado 5, dice que los miembros del Gobierno podrán hacer uso de la palabra siempre que lo soliciten, sin perjuicio de la ordenación de los debates, que corresponde
al presidente de la Cámara. (El señor Llamazares Trigo pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Señor Llamazares, guarde silencio. El señor vicepresidente, haciendo uso de este precepto parlamentario, ha pedido la palabra tras la
intervención de dos diputados y, por tanto, iniciado el debate. Por consiguiente, son esos diputados los que tienen derecho a réplica. (Rumores.) El señor Arístegui no la ha pedido, el señor Caldera la ha pedido y el señor vicepresidente contesta
ahora en turno de dúplica. Posteriormente el resto de los intervinientes tienen su turno, en el que podrán, señor Alcaraz, contrarreplicar o rechazar las intervenciones del señor vicepresidente.
Muchas gracias, señor Alcaraz. No tiene la palabra. (Rumores.)
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores diputados, la brillantez de los argumentos y los conocimientos de política internacional de
los que ha hecho gala el señor Caldera en su intervención (Rumores.-Un señor diputado: Mejores que los tuyos.) ciertamente dificultan mi turno de réplica. No se disgusten. He hablado de la brillantez de los argumentos y de los conocimientos de la
política internacional de los que ha hecho gala el señor Caldera. Por cierto, es muy duro, señor Caldera. Me ha llamado a mí, usted, mentiroso. (El señor Caldera Sánchez-Capitán: Sí, sí.-Aplausos.-El señor Martínez Pujalte: El señor Caldera se
ha puesto rojo otra vez.-Rumores.)
Señoras y señores diputados, el señor Caldera ha afirmado que yo no he dado argumentos. Hace no muchas fechas tuve un debate en esta misma Cámara con el señor Alcaraz, el señor Guardans y el señor Marín, que curiosamente no está en estos
momentos en la Cámara.
(Rumores.-Protestas.-El señor Yáñez-Barnuevo García pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Yáñez, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): No voy a hablar mal del señor Marín (La señora Cunillera i Mestres: Un poco de respeto.) porque no está en esta Cámara, y si
estuviera, tampoco lo haría.
(Rumores.-Protestas.-Varios señores diputados: ¡Mentiroso!)
La señora PRESIDENTA: Señora Varela, guarde silencio. Señor Yáñez, guarde silencio. Señorías, guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Cumpliendo mi compromiso en aquella ocasión... (El señor Villarrubia Mediavilla: Ahí tienes al señor Marín, pide perdón.)
La señora PRESIDENTA: Señor Villarrubia, guarde silencio.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): ...hice entrega del libro, que recomiendo a todos ustedes, de Sebastian Haffner Historia de un alemán, al señor Guardans y al
señor Alcaraz, y no pude hacerlo al señor Marín, aunque lo haré en el día de hoy, no porque yo no lo tuviera sino porque no lo localicé. Se lo dediqué, y en esa dedicatoria, que hice hace varios días, decía: A mi leal adversario Manuel Marín, con
todo mi afecto.
Firmado: Mariano Rajoy. Y debajo ponía: Nota. Caldera no debe intervenir en según qué temas. (Risas.-Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Esa es una de las razones, señor Rodríguez Zapatero, por la que le he pedido a usted que intervenga hoy en este debate. (La
señora Cunillera i Mestres: ¡Que intervenga el señor Aznar!) La otra razón por la que le he pedido que intervenga en este debate es porque tiene la obligación de afirmar, ante el conjunto de la opinión pública española, si mantiene su criterio, el
último de todos los que nosotros conocemos, y si no, tiene sin duda otros portavoces. Mal asunto cuando alguien necesita acudir a la ayuda de los demás; mal asunto. Yo creo que los debates se hacen entre dos personas, no con ocho a la vez. Mal
asunto. (La señora Cunillera i Mestres: ¿Y qué?) Alguna razón tendrán ustedes para tener que acudir al apoyo de los demás y mostrarse tan generosos y tan entusiastas concediéndoles todos los turnos que tengan a bien.
Señoras y señores diputados, hay un dato que me parece muy esclarecedor.
Ya desde hace varios meses el Grupo Socialista viene diciéndole al Gobierno que adopta una posición belicista y de seguidismo de Estados Unidos a la hora de abordar
esta crisis. Pues bien, señoras y señores diputados, han pasado varios meses y no hay guerra; han pasado varios meses y este asunto sigue en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; han pasado varios meses y cierto es que pocos pasos
se han dado, pero se han dado gracias a la presión de algunos países que hemos entendido con meridiana claridad -y como la historia demuestra y yo le recordé antes- que sin presión es absolutamente imposible hacer cumplir la legalidad internacional.
El señor Caldera pregunta ahora -y el Grupo Socialista, lógicamente, porque él habla en su nombre- cuáles son las pruebas. ¿Qué dice usted, que Sadam Husein no tiene armas de destrucción masiva, dice usted que Sadam Husein no es un peligro
para la humanidad? Entonces, ¿por qué la ONU lleva diez años diciendo exactamente todo lo contrario de lo que dice usted? ¿Por qué la Resolución 1441 le da una última oportunidad al señor Sadam Husein para que elimine las armas de destrucción
masiva? ¿Es que el Grupo Socialista está contra la ONU, es que no comparte los criterios de toda la comunidad internacional? (Aplausos.-Protestas.) ¿Qué tiene que pasar? Que Sadam Husein tiene que cumplir la legalidad internacional, algo que de
momento no ha quedado acreditado que haya hecho. Es más, según han dicho los inspectores, ha quedado acreditado todo lo contrario y solamente la presión de algunos países ha servido para que poco a poco, y haciendo un juego ciertamente demoledor y
en el que algunos, a lo que se ve, le acompañan, hoy nos dé un misil, mañana nos dé otro misil, al día siguiente diga que va a destruir el ántrax y todos los días nos digan una cosa nueva, como ha quedado demostrado en mi primera intervención y como
recordaba el señor Arístegui.
Ha hecho una pregunta sobre lo que pasa con el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Yo no entraría en ese juego, pero sí cabe hacer una pregunta: ¿Qué sugiere usted, que no se cumpla la Resolución 1441 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas? ¿Sugiere usted que es bueno que Irak haga lo que estime oportuno y conveniente? ¿Qué es lo que puede pasar en el futuro en situaciones similares si la Resolución 1441 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se
cumple? Estas son las preguntas a las que me hubiera gustado que diera respuesta el señor Zapatero para conocimiento de la opinión pública española, lo que, desgraciadamente, hoy no he podido conseguir.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer, para poder continuar con el debate.
(Pausa.)
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, déjenme decirles antes de empezar la intervención propiamente dicha que es perfectamente posible -en todo caso, es la interpretación que hace la presidencia, que es la que vale- que el
Reglamento permita lo que está ocurriendo aquí esta tarde y que de esta manera se pueda desnaturalizar un debate sobre un texto, romper lo que los juristas llamamos la unidad de acto y dar la sensación de que aquí hay distintas posturas y distintos
matices, que los puede haber. Es posible que el Reglamento lo permita. Yo quiero dejar muy claro que mi grupo ha patrocinado, como les gusta a ustedes decir, y es coautor del texto que se somete a votación esta tarde. Es un texto -lo reitero
antes de iniciar mi intervención- que suscribimos en su literalidad y que entiendo, puesto que lleva su firma estampada al pie, que suscriben también todos los demás grupos de la Cámara distintos del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, con
independencia de las estrategias políticas o parlamentarias que el Gobierno tenga a bien adoptar, y es muy libre de hacerlo, recuperemos dónde estábamos: todos los grupos distintos del Partido Popular estamos subiendo a la tribuna para decirle al
Gobierno, en nombre de nuestros respectivos votantes, que se equivoca. Ahí estábamos y ahí seguimos después del paréntesis introducido por el vicepresidente del Gobierno, en uso, según entiendo, de su derecho.
En este fin de semana han ocurrido tres cosas muy importantes para este debate: en primer lugar se ha dado un golpe muy duro al terrorismo internacional, un golpe durísimo, con la detención del número dos de AlQaeda. ¿Y cómo se ha dado ese
golpe? Con una acción policial y con la cooperación de los servicios de inteligencia; ni con bombas, ni con aviones, ni con tanques, ni con invasiones. Se ha luchado contra el terrorismo como se viene luchando y se seguirá luchando, con los
únicos medios que permiten luchar y limitar el terrorismo internacional: la acción policial y la cooperación de los servicios de inteligencia. Ha ocurrido otra cosa este fin de semana: el régimen de Sadam Husein ha incrementado sustancialmente la
colaboración con los inspectores, ha cumplido sustancialmente lo que se le pedía en la Resolución 1441; ha explicado dónde estaban determinados elementos tóxicos de los cuales no había pruebas de destrucción; ha explicado dónde han quedado
destruidos y ha autorizado la destrucción de determinados misiles. ¿Fruto de la presión? Sin duda, así lo reconocemos y por eso mostramos nuestra satisfacción. Es decir, señorías, este fin de semana se ha vuelto a acreditar que la Resolución 1441
sigue provocando todos sus efectos, que no ha terminado y que, efectivamente, la presión militar más la Resolución 1441 de la ONU siguen dando perfectos resultados, y el jefe de los inspectores de Naciones Unidas se ha felicitado por ello. Y ha
ocurrido una tercera cosa al inicio de este fin de semana. En otro Parlamento de Europa, los diputados han sabido escuchar la voz de sus ciudadanos y han sabido decirle a su Gobierno que se había equivocado y, poniendo en juego grandes
contrapartidas económicas, en este caso no inimaginables, como se nos ha prometido a España, sino perfectamente contabilizadas, incluso ante el riesgo de perderlas e incluso -y pido a SS.SS que lo valoren mucho- con una percepción de la amenaza que
puede suponer Sadam Husein infinitamente superior a la que puedan tener SS.SS.
-si alguien conoce a Sadam Husein es un diputado turco, no un diputado que viva en Albacete, Barcelona o Madrid; un diputado turco sabe muy bien qué es una guerra
contra Sadam Husein-, la mayoría del Parlamento turco ha dicho que no quiere esta guerra. Los demócratas musulmanes del Parlamento de Turquía, que algo saben de amenazas porque la tienen, insisto, mucho más cerca, han votado en contra de esta
guerra.
¿Qué es lo que ha ocurrido aquí como respuesta a estos tres hechos? ¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno ante estos tres acontecimientos? Lamentable. La reacción del Gobierno del Partido Popular ha sido lamentar que se le compliquen las
cosas para la acción bélica. Ha sido -por boca del embajador de España ante la organización del Tratado del Atlántico Norte- reprender de viva voz a Turquía. España ha reprendido formalmente a Turquía porque el Parlamento turco no ha apoyado la
acción bélica. Eso ya ha tenido lugar. Ha lamentado y ridiculizado la acción de destrucción de armas y misiles de Irak, contra la opinión del propio jefe de los inspectores. Es decir, lo que debería haber sido una reacción de satisfacción
general, se ha vuelto sencillamente una reacción de dolor, pena y rechazo ante lo que a aquellos que están a favor de una acción armada les complica el panorama. Es una situación lamentable que mi grupo es incapaz de entender. Yo no sé si ustedes
la entienden, pero, en nombre de mi grupo, soy incapaz de entenderla. Aquí no estamos debatiendo hoy si queremos o no el desarme de Irak. Quien intente llevar por ahí el debate hace el ridículo. Ese no es hoy el debate. Ese es un debate que aquí
ya está cerrado y que está cerrado por toda la Unión Europea. Todos queremos el desarme de Irak y todos estamos detrás de la Resolución 1441 de Naciones Unidas. No es ese el debate que se somete hoy a votación. Lo que estamos debatiendo aquí es
si ha terminado o no el tiempo de la paz. Aquí no estamos debatiendo si estamos en la Europa de los años treinta o no estamos en la Europa de los años treinta. Nosotros nos negamos a mirar las relaciones internacionales, las relaciones entre los
Estados como quien mira la Europa de los años treinta; las miramos como quien mira la Europa y el mundo del siglo XXI, un mundo globalizado, un mundo con un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que no existía en los años treinta, que no
existía frente a Hitler, con un derecho internacional y con una tecnología, dicho sea de paso, que ilustra claramente cómo existen otros muchos medios alternativos y previos a la guerra que permiten decir, hoy mucho más que hace 150 años, que la
guerra es la ultimísima instancia y que está muy lejos. Desde esa perspectiva del siglo XXI miramos nosotros este conflicto y desde esa perspectiva decimos lo mismo que venimos diciendo desde hace un mes: que hoy no hay razón alguna para ir a una
guerra. Lo dijimos, lo votamos, lo volvemos a decir hoy y lo volveremos a votar. No existe razón alguna para ir hoy a una guerra; no existe razón alguna para interrumpir el proceso de desarme pacífico -con presión militar, por supuesto, pero
pacífico- que está teniendo lugar bajo la dirección de Naciones Unidas, de la UNSCOM, de la UNMOVIC y de la Organización de la Energía Atómica. Ese es el marco del que nosotros rechazamos movernos hoy. No nos reconduzcan con que intentamos pedir
la pasividad ante un dictador. No pedimos ninguna pasividad ante un dictador. No pedimos el silencio, pedimos la acción.
Pedimos la acción de Naciones Unidas con presión militar, pero una presión militar que no es la guerra. Ahí es donde estamos
y no vemos que desde esta tribuna ni desde el sillón de ninguna embajada o por ningún ministro de Exteriores en el Consejo de Seguridad se haya presentado ninguna razón de peso que nos haga cambiar de posición. Ni una sola prueba, ni un solo
argumento político, jurídico ni de ningún tipo nos lleva a creer que hoy hay razones
para ir a una guerra contra Irak y para salir del escenario de la Resolución 1441.
¿Cuál es la posición del Gobierno? La posición del Gobierno no es esa y eso es lo que todos los grupos subimos a denunciar aquí hoy. La posición del Gobierno no es esa, por mucho que intente revestir lo que ha hecho y lo que ha firmado con
discursos en esta Cámara o discursos en actos de partido, a diferencia de lo que hacen sus cofirmantes, el Reino Unido y los Estados Unidos, que sí explican que ya han pedido la guerra. El presidente Bush, el secretario de Estado, el secretario de
Defensa, el ministro de Defensa inglés, el ministro de Exteriores británico, el primer ministro británico, ya dicen lo que es coherente con lo que han firmado: que ha llegado el momento de la guerra. Porque lo han firmado, porque esa es la
resolución que han presentado ante Naciones Unidas. Aquí no; aquí se ha firmado eso, se ha presentado eso, pero se nos viene a explicar que no, que se está a favor de la paz. La realidad no es esa y eso no es un insulto ni es faltar a la verdad,
es intentar dar transparencia a lo que ustedes han hecho; es un hecho. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en Nueva York? ¿Qué ha hecho el embajador del Reino de España ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Ha presentado un documento
para que se someta a votación. Nadie mejor que los que estamos aquí sabe lo que es entrar en un registro una resolución con una propuesta política. ¿Quién mejor que ustedes entiende lo que es poner por escrito una propuesta política y entrarla en
un registro para conseguir su aprobación? Eso es lo que ha hecho el Gobierno de España con el Gobierno de Estados Unidos y con el Gobierno británico. Y lo que dice esa propuesta es que el tiempo de los inspectores ha terminado. Eso es lo que
dice, no lo que nos dicen desde esta tribuna. Lo que dicen ustedes en Nueva York es que el tiempo de los inspectores ha terminado, que Irak ha incumplido ya gravemente la Resolución 1441 y que, por tanto, deben ponerse en funcionamiento las
denominadas graves consecuencias, eufemismo diplomático para hablar de guerra. Eso es lo que ha propuesto el Gobierno del Partido Popular, eso es lo que rechazamos y eso es lo que hoy votaremos aquí, señorías, que nadie se llame a engaño. Aquí no
votamos sobre la unidad o la cohesión de un partido político. No es eso lo que está en juego. Ese puede ser un problema que cada uno tendrá que resolver en su propia formación política. Hoy lo que se somete a votación no es la fidelidad a un
liderazgo. Se somete a votación si todos los diputados que están aquí coinciden o no coinciden con que ha terminado el tiempo de la paz en Naciones Unidas y con que se ha abierto ya el periodo de la guerra y de la acción armada. Nosotros, los
firmantes del texto que se someterá a votación en nombre de todos los grupos de la Cámara distintos del suyo, les decimos que no, que el tiempo de la Resolución 1441 no ha terminado, que el trabajo de los inspectores puede y debe ser apoyado con
medios humanos y materiales. Y con presión militar, por supuesto; con amenaza del uso de la fuerza, por supuesto. Eso no lo rechaza nadie porque esa amenaza está ahí y está prevista en el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. Eso es lo
que está en un lado de la balanza.
En el otro lado de la balanza está un texto que lleva la firma del secretario de Defensa de los Estados Unidos, del Gobierno británico y del Gobierno español, que dice exactamente lo contrario, que pide que el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas legitime una decisión ya tomada a favor de la guerra. Esa es la situación en la que estamos, con un razonamiento que roza lo absurdo y que haría encontrarse muy cómodo al ilustre Kafka. Un razonamiento que dice: nosotros creemos
que el Consejo de Seguridad debe decidir ya que hay que ir a la guerra porque creemos que la Resolución 1441 ha sido gravemente violada; aquellos que crean, incluido el resto del Consejo de Seguridad, que no hay que ir a la guerra, aquellos que
dentro del Consejo de Seguridad se resistan a esa propuesta que nosotros, es decir, Reino Unido, Estados Unidos y España, hemos formulado van contra la legalidad internacional, van contra la paz y van contra el propio Consejo de Seguridad. Es un
razonamiento absurdo y es el círculo en el que se han embarcado ustedes o en el que se ha embarcado el Gobierno, todavía no sabemos si con el apoyo de ustedes.
Les pedimos que rectifiquen, es sencillamente eso lo que pedimos aquí. No intentamos poner en cuestión la unidad interna de nadie ni la disciplina de voto ni otras cosas por el estilo. Les pedimos sencillamente que rectifiquen, que se
desenganchen de ese pelotón, de un pelotón que ya tiene decidida la acción militar, que irá a la acción militar con o sin el Consejo de Seguridad y que lo único que busca es que éste legitime su decisión. Y desgraciadamente, y yo diría que de una
manera que llega a avergonzar a quienes tenemos un cierto respeto por las relaciones exteriores de este país, la política internacional española hoy va dirigida no a favor de la paz, no a favor de presionar a Sadam Husein, no a favor de conseguir un
máximo consenso que permita precisamente reforzar a los inspectores, no. Esos cientos de llamadas que el vicepresidente del Gobierno ha descrito aquí para intentar demostrar que seguimos manteniendo relaciones con Iberoamérica; todas esas cartas
de las que hablan los medios de comunicación, porque efectivamente las filtran a los medios quienes las reciben; toda esa sucesión enorme de conversaciones, eso que se ha llamado la actividad frenética desde La Moncloa, no es para restablecer
relaciones heridas de España con el resto del mundo, son llamadas para presionar o, en el mejor de los casos, para convencer a medio mundo, a aquel medio mundo con el que España tiene relaciones privilegiadas en el mundo árabe y en Latinoamérica, de
que ha llegado el momento de la guerra para intentar pedir ese
voto en el Consejo de Seguridad. Ese es el objetivo de la actual acción diplomática española. Quien dice eso, señorías, quien ya ha votado entrando un texto en el registro de Naciones Unidas a favor de la guerra no puede subir aquí a decir
que está apoyando la paz. Ha de ser consecuente, convencido o no por razones que no entendemos, ha de tener el valor de decir a la ciudadanía que ya ha defendido una respuesta militar. No sé si eso será lo que nos pondrá en un rincón de la
historia.
Probablemente seguir una política dibujada por otros y una estrategia diseñada por otros no será lo que nos pondrá en un rincón de la historia.
Esa es la votación que se va a efectuar aquí, e insisto y lo reitero: si es o no inevitable -sé que puede sonar a demagógico pero a mí hablar de uso de la fuerza cuando hablamos de guerra es algo que acaba repeliéndome, por tanto llamemos a
las cosas por su nombre-, con todos los argumentos que ustedes quieran, enviar a morir a cientos de personas hoy. Nosotros decimos que no. España, Reino Unido y Estados Unidos piden al Consejo de Seguridad que diga que sí. Y no me refiero sólo a
la población civil de Irak, suponiendo, en una situación fantasmagórica, que no hubiera muertes civiles en esta guerra, sino incluso a una situación en la que deban morir soldados, por cierto, con la grave diferencia que cuando esto se discute en
Estados Unidos o en el Reino Unido están hablando de ciudadanos propios, de si sacrifican las vidas de sus propios ciudadanos en virtud de esa causa que dicen apoyar; aquí estamos hablando de llevar al sacrificio vidas ajenas. Eso también es algo
que matiza un poco la posición del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno del Partido Popular.
Termino, señora presidenta. Si ustedes no quieren votar con la oposición, yo lo entiendo y lo respeto profundamente, pero no olviden lo que se vota. Tienen ustedes la ocasión, con eso que algunos han calificado de acto desleal - no sé muy
bien qué expresión han utilizado -, de mandar un mensaje a su propio Gobierno. No voten el texto de la oposición, absténganse en su propio texto, voten en blanco su propio texto, es una idea que les lanzo. Si no es aquí, porque hoy podría estar en
cuestión la propia unidad de su partido y ustedes así lo creen, en cuanto salgan de aquí, defiendan la paz, a pesar de que hoy, con su voto apoyando lo que España ha hecho y defiende en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, están ustedes
haciendo muy poco servicio a la paz y están apoyando la guerra, aunque les cueste explicarlo, aunque les cueste entenderlo y después lo intenten revestir de otro tipo de argumentos. Voten ustedes nuestro texto o absténganse en el suyo, envíen un
mensaje a su propio Gobierno, probablemente volverán más tranquilos a casa y, en todo caso, harán un gran servicio a su país.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, después de un acto que, a mi juicio, equivale a un acto de filibusterismo parlamentario que supone una interpretación parangonable a lo que se llama fraude de ley, en este caso fraude de reglamento, que
al mismo tiempo va complementado con una política de manipulación informativa, ya que a las ocho de la tarde cierta emisión pública ha dejado de emitir el debate, precisamente cuando estaba calculado que terminaba en su dúplica el señor Rajoy, nos
encontramos en este debate de enorme importancia en una semana decisiva, en una semana ciertamente dramática a la que hemos llegado a través de antecedentes en algunos casos pertenecientes a una especie de dramático sainete. Por ejemplo, alguien,
en Méjico, desde la torpeza del atajo diplomático por encargo, ha conseguido unir los gritos de abajo los gachupines y fuera los gringos. Jeb Bush nos ha comunicado de nuevo que los coches negros, quizá sin frenos, de Bienvenido mister Marshall,
están esperando allende las fronteras. El Papa, por su parte, atiende a una entrevista solicitada por razones de imagen, pero todo queda tal cual, como ha dicho el señor Trillo. Entre el Papa y Bush, eligen definitivamente al presidente de Estados
Unidos. (Rumores.)
Alguien también ha dicho que es cruel que Irak empiece a desarmarse. Es decir, molesta la solución del desarme, molesta el inicio del éxito de las inspecciones. Al mismo tiempo, hemos asistido a un episodio espléndido de conciencia
democrática en los parlamentos de Turquía e Inglaterra, y a otro nivel, a una escala menor, dirigentes del Partido Popular asisten a una manifestación contra la guerra en Morón de la Frontera y son aplaudidos, nadie los llama ni traidores ni
oportunistas.
Hoy en esta Cámara, señorías, hay una oportunidad para el voto en conciencia, para el compromiso personal. No se trata de un regate en corto, se ha anunciado con tiempo para intentar dinamizar, como así ha sido, un gran debate
nacional. El señor Rajoy -tu quoque Mariano, lo digo mirando por si me está viendo en la televisión de la sala de ministros-, olvidando la ambigüedad constructiva de la cultura gallega, insulta constantemente cuando solamente hemos hecho uso de un
artículo del Reglamento, el artículo 85, que dice que dos grupos como mínimo pueden pedir que se establezca un voto secreto con respecto a ciertos temas.
¿Qué tema queremos que se vote en el área de las decisiones personales, en el área de la
conciencia? Aquel que está en la línea divisoria que separa la vida de la muerte, la línea divisoria que separa la guerra de la paz.
En este caso, la petición del voto en conciencia rejuvenece, impulsa la democracia, le da mayor sentido, le da mayor vivacidad. Son auténticos espectáculos democráticos los que se han desarrollado, impulsando con mucha más fuerza las
democracias del Reino Unido y de Turquía. Pero aquí no, aquí se llama a rebato, aquí se militariza la conciencia y aquí, en este país necesitado de respuestas vivas, frescas, renovadas, estamos dando respuestas que pertenecen al patriotismo de
partido y a la lealtad al hiperliderazgo. Ese es un problema que a ustedes no les va a dejar salir de ciertos errores en los que están cayendo a partir de la huelga general del decretazo, pasando por el Prestige, siguiendo por el tema de la guerra
y terminando por el AVE, ese AVE que nunca llega.
El Partido Popular se puede unir, se va a unir con toda seguridad aquí esta tarde, por razones políticas y organizativas al margen del voto de conciencia. Van a rechazar esa opción personal, será un triunfo partidista o por lo menos así se
va a intentar explicar, así se va a intentar transmitir a través de los medios de comunicación. Pero recuerden ustedes en torno a qué se van a unir de manera unánime: en torno a la guerra, en torno a la defensa de la guerra, en torno al patrocinio
de la guerra, en torno a la defensa de una situación no aceptable para nadie, no aceptable desde ningún punto de vista. Ustedes pueden tener hoy aquí una unanimidad que les puede alejar aún más de la opinión pública española. Posiblemente van a
ser ustedes esta tarde aquí el partido más férreamente unido de toda Europa en torno a la guerra, posiblemente van a ser ustedes hoy aquí esta tarde el partido más férreamente unido en torno a una mayoría absoluta que representa en este tema el 10
por ciento de la ciudadanía. Lo van a conseguir. Van a conseguir ese divorcio, aumentar la distancia, van a conseguir separarse de una opinión pública que claramente de manera masiva y contundente no quiere seguir ese camino. Quizá puedan ser
ustedes el partido europeo más férreamente unido y más férreamente aislado, absolutamente aislado. De ahí la operación del señor Rajoy intentando demostrar que por lo visto era un solo grupo el que hacía este debate, el que presentaba esta
iniciativa parlamentaria, pero somos seis grupos, somos once partidos, somos representantes de 11.700.000 votos frente a 10.300.000 votos que legítimamente, porque han obtenido -así lo dice la ley- la mayoría absoluta, están gobernando este país,
pero con una falta de sintonía clara con lo que piensa la opinión pública en un tema transcendental, en un tema de enorme importancia cual es el tema de la guerra. Ustedes se unirán y les va a ayudar mucho el patriotismo de partido, les va a ayudar
hasta las últimas consecuencias la defensa de un hiperliderazgo que no les está beneficiando en estos momentos. Se van a unir férrea y unánimemente en torno a una posición injusta, errónea y alejada del sentir popular. Primero, el Partido Popular
-lo dijo el otro día la señora ministra- patrocina la guerra, patrocina la resolución junto a Estados Unidos y el Reino Unido, patrocina la salida automática al recurso de la guerra. Se ha dicho en todos los parlamentos europeos lo que supone esta
resolución, que ustedes no admiten, no quieren admitir, y patrocinar una resolución cuya salida es la guerra supone que a patrocinar va internamente la participación española; es algo intrínseco, interno al verbo patrocinar. Por tanto, ustedes, de
una manera o de otra, van a patrocinar y participar en esta guerra, y ya lo iremos viendo, porque la única respuesta que nos da el señor Aznar es: hoy, por el momento, en este momento. Pero ¿y mañana? ¿Y pasado? ¿Y el 7? ¿Y el 15? ¿Y el 30?
¿Qué va a pasar? ¿Nos van ustedes a dosificar la guerra? ¿Nos van ustedes a dosificar su posición? Eso no es posible, porque todos vamos a seguir aquí hablando tranquilamente, con la máxima libertad de expresión que podamos y con la máxima
comunicación con la sociedad a través de los medios de comunicación social.
España también actúa cambiando el eje de nuestras relaciones diplomáticas y culturales. No sólo cambiamos relaciones diplomáticas que se han ido estableciendo, anudándose, a lo largo de muchos años, sino que están cambiando relaciones
culturales. Ahora el eje se llama Bush; el eje no es el Mediterráneo, no son los países latinoamericanos, el eje ni siquiera es la Unión Europea. Dicen ustedes barbaridades de Francia, aunque es verdad que más en privado que en público, pero eso
se transmite de alguna manera. Y el eje también era hasta este momento la relación muy trabajada, tejida secularmente con los países árabes. Todo eso lo están rompiendo ustedes, no sabemos en función de qué beneficios culturales, diplomáticos y
políticos. Pero también el eje tenía aquí una caracterización, aunque abstracta, de enorme importancia: el eje de las relaciones internacionales de España siempre pasaba por la paz, se iniciaba en la matriz de la paz, y a partir de ahora se inicia
en la matriz, en el eje de la guerra, gracias a esa mayoría absoluta tan mal asimilada por los miembros del Partido Popular.
También van ustedes contra la ONU directamente. Le están ustedes diciendo a la ONU -utilizo palabras del señor Aznar y también del señor Bush-: o nosotros o la impunidad. Se le está diciendo a la ONU que si no vota la resolución que
ustedes han presentado no tiene futuro, no tiene razón de ser; es decir, que si se vota la resolución de ustedes, guerra; si no se vota, guerra; si ustedes retiran la resolución, como acaba de decir Jack Straw, también guerra. Ustedes conducen
directa, mecánica, absolutamente a la guerra.
Tampoco están de acuerdo con el jefe de los inspectores, señor Blix, que acaba de decir que hay adelantos muy importantes a la hora del desarme por parte de Irak, que son elementos importantes de desarme real. Aznar y Blair, como halcones
disparatados, empiezan a considerar que eso es una trampa, que es un truco,
que es cruel, cuando todos los países están diciendo que a partir de este momento se abre una ventana de esperanza para que haya un desarme sin guerra. Ustedes ya tienen preparado el punto de llegada y les molesta todo lo que pueda
justificar el cambiarlo, y está justificado el cambiar ese punto de llegada que es la guerra, cada vez más justificado, cada vez está más claro que hay que cambiar de posición, que el Gobierno tiene que empezar a modular, a girar, a cambiar de
posición. Pero no hablan ustedes claro, no quieren, no pueden, no tienen el valor de hacerlo. Bush sí habla claro, Bush sí llama a las cosas por su nombre, Bush dice que da igual lo que haga el señor Husein, que da igual el desarme al que proceda,
que ellos ya han decidido no sólo un cambio de régimen en Irak sino un cambio del equilibrio en todo el Oriente Medio. Bush sí habla claro, lo dice directamente, sin máscaras, sin caretas, sin política, sin discursos vergonzantes, pero ustedes no
se atreven, porque saben que van a chocar cada vez más de lleno, cada vez más contundentemente -y es lógico que en democracia haya consecuencias electorales- con la sociedad española. A este juego están jugando. El discurso vergonzante de Aznar,
que no se atreve a decirle a su pueblo que le está metiendo hasta el cuello en una guerra, es la máscara del discurso mucho más directo del señor Bush. Aznar insulta gravemente la inteligencia de los españoles y las españolas con la máscara del
engaño o con la máscara del silencio, ya que ahora, por lo visto, ha pedido silencio a algunos ministros. Yo creo que Aznar nos toma a todos por estúpidos, por tontos, pero la nariz cada vez le crece más ante el contrapunto informativo del señor
Bush. Si Aznar dice que el ataque no está decidido, Bush nos aclara que la determinación está tomada. Si Aznar habla de esfuerzos diplomáticos para el consenso, como se contiene en esa resolución, Bush dice que no están dispuestos a esperar a
nadie. Si Aznar apela al marco de la ONU, Bush amenaza con la propia subsistencia de la ONU si no se doblega a sus intereses e incluso vigila y espía a ciertos miembros de las Naciones Unidas. Si Aznar habla de esfuerzos para conseguir el desarme,
Bush habla de cambio de régimen y cambio de modelo en todo el Oriente Medio. Al menos Bush habla claro, al menos Bush dice las cosas que piensa, que siente y que va hacer, al menos Bush lo pone negro sobre blanco en todos los informativos. Sabemos
lo que él quiere y sabemos lo que tiene que obedecer Aznar, esa máscara patética que intenta representar inútilmente al pueblo español en este tema.
En todo caso, sólo hay una diferencia democrática que sin duda juega en contra de los intereses de este país. ¿Alguien en su sano juicio cree que Bush seguiría adelante con la guerra si tuviera enfrente al 90 por ciento de la sociedad
norteamericana? No seguiría. Cambiaría, modularía, intentaría convencer. Pero ustedes sí tienen enfrente al 90 por ciento de la opinión pública. ¿Cuál es el sentido de su posición, excepto pensar en el suicidio? ¿Qué sentido tiene esa posición,
excepto pensar que tienen ustedes una concepción despótica de la política? ¿Cuál es el sentido de esa posición, excepto pensar que intentan cambiar no sólo la historia pasada de este país, sino todos sus lazos, todos sus contactos culturales,
políticos y diplomáticos, en función de una personalidad que la derecha española, dura, berroqueña, no sabemos de dónde quiere extraer para llevarnos a una ruptura epistemológica, no sólo con el pasado, sino con los propios intereses de este país,
mal representado en estos momentos, como se va a ir demostrando poco a poco? (Aplausos.)
Señorías, en estas condiciones siento ser educado pero duro, no tan duro como... (El señor De Grandes Pascual: Muy poco educado, más bien grosero.) He medido los adjetivos, señorías. En todo caso, soy más educado que el señor Aznar. Muy
educado. El señor Aznar tiene educación de mayoría absoluta, una mayoría absoluta despótica que no respeta nada, ni la historia, ni la historia de los partidos de esta Cámara, ni la lucha de los partidos de esta Cámara por la democracia. No la
respeta. Lo digo tranquilamente, directamente. Cuando el señor Aznar habla de las características de los partidos de esta Cámara, algunos nos sentimos muy orgullosos. Si nosotros le recordáramos al señor Aznar su extracción, de dónde procede
ideológicamente, ¿se sentiría tan orgulloso? No lo vamos a hacer. Pero midamos entre todos las palabras, midamos los adjetivos, centrémonos en el debate de la guerra y no intentemos, de nuevo, satanizar nada. Aquí se han hecho dos discursos esta
tarde con la misma matriz, el mismo eje: Sadam es un dictador. ¿Lo sabremos nosotros que persigue a los comunistas a tiros por las calles? Claro que lo sabemos.
¿Lo sabremos nosotros que votamos la moción de otros grupos a favor del pueblo kurdo
y ustedes la votaron en contra el otro día? ¿Sabremos nosotros que aquí también hubo un dictador? ¿Sabremos nosotros que los comunistas españoles jamás hubiéramos pedido una guerra contra Franco para que bombardeara la población civil? La guerra
no es cualquier cosa.
Por eso nosotros pensamos que en estas condiciones quizá haya que empezar a pensar, señorías, señor De Grandes, señora ministra, que no sólo estamos ante un discurso vergonzante y un liderazgo erróneo, sino también podemos
estar, por desgracia, ante un ejercicio continuado de mala fe.
Diputados y diputadas del Partido Popular, Gobierno en ellas y ellos sustentado, os pedimos que cese el patrocinio bélico, os lo pedimos humildemente. Debéis saber que lo que se patrocina no es la transmisión a través de la CNN, o cualquier
canal internacional, de una especie de cosa distante, de cosa ordenada que parece de fuegos artificiales; lo que pedimos es que dejéis de patrocinar la sangre, la muerte, la destrucción, el hambre, el fin de la dignidad humana. Eso es lo que
estamos pidiendo.
Ayer murieron nueve civiles
en las llanuras desoladas de Basora. ¡Ya ha empezado la guerra! ¿Por qué hace eso el señor Bush, quizá para que en respuesta el señor Sadam deje de destruir misiles y, claro está, entremos de nuevo en la fase que a él le interesa de cara al
15 o el 20 de marzo, que es el inicio de la guerra? Mueren civiles, mueren personas, se meten en bolsas de plástico, de nylon, se meten en las llamadas body bag.
Se pongan como se pongan la guerra es muerte. Yo siento decirlo y me parece que no estoy exagerando desde ningún punto de vista. Léanse la hipótesis humanitaria que hace ONU: habrá dos millones de afectados, de ellos 500.000 niños menores
de cinco años; más de un millón de refugiados y cinco millones de afectados directa o indirectamente. Esa es una suposición que hace ONU en función de las consecuencias que se van a derivar. Por tanto, ¿acaso os creéis que el patrocinio no lleva
a esto, no supone esto y que los españoles no saben que la guerra es esto? ¡Cómo no lo van a saber los españoles y las españolas! Lo saben perfectamente, luego no valen más máscaras, hay que hablar directamente y hay que decir que efectivamente son
muertos los que se producen en una guerra y no actores que dejan de pertenecer a un reparto, no son daños colaterales, es destrucción de civiles. Por cada soldado mueren cinco civiles, según las estadísticas que se derivan de la última guerra en
Irak.
Hay que leer, por ejemplo, la carta a Colin Powell del consejero político en la embajada griega. Le presento, dice, mi dimisión, porque aunque lo he intentado he fracasado a la hora de conciliar mi conciencia con mi capacidad para
representar a la actual Administración. Muy sencillo: conciencia y Administración que defiende la guerra.
Por eso -y termino, señora presidenta-, no me da vergüenza suplicaros, no me da ninguna vergüenza suplicaros, junto a Luis García Montero, Premio Nacional de Literatura, que ha publicado en un periódico de tirada nacional, El Mundo, en tono
de oración un poema de urgencia que dice así: A vosotros, que cortáis la manzana de la muerte con el anonimato de una guerra, os pido caridad. Por un Dios en el que jamás he creído, por una justicia de la que desconfío, por el orden de un mundo
que no respeto, para que renunciéis a vuestra guerra yo renuncio a mis dudas, que son parte de mí como la luz amarga es parte del otoño y escribo Dios, justicia, mundo y os pido caridad y os lo suplico.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Anasagasti.
El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora presidenta, lo que ha venido aquí a hacer el señor Rajoy ha sido a romper el debate. Fundamentalmente esta era una iniciativa, independientemente de la del Partido Popular, de todos los grupos
parlamentarios, salvo el Partido Popular, que representamos 11.700.000 votos, frente a 10.000.000, y la virtualidad de este debate era presentarnos ante la opinión pública con una votación que indudablemente iba a ganar el Partido Popular, pero que
tenía una lectura interesante. Sin embargo, ha intervenido el señor Arístegui, posteriormente ha intervenido el señor Caldera y ha intervenido el señor Rajoy tratando de decir que este debate no es con todos los grupos parlamentarios de la Cámara,
sino fundamentalmente un debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Eso es lo que ha tratado de hacer el señor Rajoy y eso también, dentro del argot parlamentario, se llama filibusterismo político. Pero bueno, está en las reglas del
juego y tenemos que aguantarnos.
También tenemos que decir, como se ha dicho aquí reiteradamente, que ayer hubo algo muy importante de lo que se habla muy poco, y es que hubo una incursión del ejército israelí -este tipo de cosas ya sabemos que no son noticia- y murieron
nueve palestinos; nueve palestinos que son nueve seres humanos que han muerto en una nueva operación de castigo del ejército de Israel. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
El ejército de Israel hizo una incursión en la franja de Gaza y la operación ayer mismo se saldo con nueve muertos y 30 heridos. Este tipo de asesinatos son considerados operaciones quirúrgicas necesarias y producen aparentemente daños
colaterales. El más llamativo de las últimas fechas tuvo lugar precisamente ayer en El Bureij, donde una mujer embarazada falleció al ser sepultada por el tejado de su propia casa y un adolescente de 14 años resultó alcanzado por varios disparos
que le provocaron la muerte. Nosotros ya sabemos que son palestinos y que su vida o su muerte no está en la agenda de Donald Rumsfel, de Condoleezza Rice, del presidente Bush o de Colin Powell, y por tanto son muertos de poca importancia y de nulo
interés político; pero son nueve vidas humanas que hoy ya no están en Palestina.
Sabemos también que tras el 11 de septiembre en Estados Unidos se produjo una situación nueva que convulsionó a aquella sociedad de una manera terrible, y que ahora se pretende arreglar de alguna forma aprovechando un estado de opinión
pública en la sociedad norteamericana, iniciando una nueva guerra, porque como se decía si discutimos con el Partido Demócrata de temas sociales y temas culturales gana el Partido Demócrata, pero si ponemos el patriotismo de Estados Unidos en juego
y tenemos que luchar contra el eje del mal, indudablemente es algo muy interesante. Eso es lo que está ocurriendo.
El informe estadounidense tiene elementos sólidos y no los podemos desconocer: el peligro del terrorismo, el peligro del terrorismo internacional, el peligro de las armas de destrucción masiva y de su posible
unión, el carácter tiránico en el interior y aventurero en el exterior del régimen de Sadam Husein y el deterioro de una situación en la que al haber expulsado a los inspectores y ser las sanciones ineficaces y cuestionadas, el dictador
iraquí, antes de la amenaza de la intervención militar, ha revelado de una manera muy clara lo que busca. Quienes en la actualidad reconocemos las maldades y los peligros de Sadam Husein tampoco podemos olvidar que para evitar que haga daño nunca
se ha propuesto nada más eficaz que las incursiones que se están haciendo, la pasada guerra del Golfo y las presiones militares angloestadounidenses.
Lo sabemos; pero el informe de Estados Unidos pierde valor, por una parte por su alineación con
Sharon y su insensibilidad ante la situación de los palestinos y las reacciones árabes, y por otra parte por el carácter difuso y arriesgado de sus concepciones para el post Sadam. ¿Una ocupación militar prolongada? ¿Una sucesión de acciones
militares contra otros países del eje del mal? ¿Un derrocamiento de los regímenes árabes actuales para promover a la vez la democracia, la aceptación de Israel y un orden estadounidense? ¿Todo esto por el mero control del petróleo?
Sabemos que los diplomáticos son diplomáticos y que los políticos son políticos. Recordamos también que los argumentos de los diplomáticos a veces valen para un roto y para un descosido, aunque recordamos que hubo uno, excelentemente
ubicado para opinar como fue el encargado de negocios de la Embajada de España en Irak, Fernando Valderrama, que dijo aquello de que por imperativo moral no podía apoyar una acción militar en Irak y renunció. Vuelvo a repetir que así como hay
políticos y políticos hay diplomáticos y diplomáticos y cuando se es diplomático y se es político a la vez la mezcla por lo menos es curiosa, sobre todo si además se es político y se es diplomático y se va en un viaje parlamentario a Irak, como fue
don Gustavo Arístegui, a entrevistarse con el vicepresidente Tarek Aziz, junto a otros diputados de esta Cámara, hace menos de dos años, mientras España negociaba acuerdos económicos y energéticos con un dictador de la peor especie como Sadam
Husein. El señor Arístegui entonces no decía tan enfáticamente las cosas que dice ahora. Alguien le ha dicho que cambie y él ha cambiado. ¿O quiere decir que Sadam Husein era menos peligroso hace dos años que ahora? ¿Por qué ha cambiado el
Partido Popular? Por lo que ha cambiado el señor Arístegui. A nuestro juicio no por ese impulso moral de que habla el diplomático Valderrama, que también es diplomático aunque no es político, porque puestos a iniciar cruzadas de limpieza de
dictadores, tiene muy cerca, por ejemplo, al presidente de Guinea Ecuatorial, Obiang Enguema, o a Kim Dae-jung, en Corea, a Musarraf, en Pakistán, o Ariel Sharon, sino que se ha cambiado por puro cálculo político e interés estratégico. Aquí no hay
un interés estrictamente democrático y moral, porque si esto fuera así ahí está el Papa diciendo lo que es moral o no a pesar de que el ministro de Defensa, señor Trillo, diga que no es vinculante. Aquí, ante el eje franco-alemán se quiere ahormar
el eje atlántico con una debilitada Europa, como bien la ha descrito el señor Javier Solana.
De ahí que hagamos nuestras las preguntas de Amnistía Internacional, porque nadie duda de que la guerra es inminente. Quizás en menos de 20 días haya guerra, y lo que ha habido hasta ahora ha sido un simple mareamiento de la perdiz:
primero no se acude a este Parlamento, luego se acude al Parlamento, se trae aquí a colación un acuerdo del Consejo Europeo, se aprueba por primera vez un acuerdo del Consejo Europeo, inmediatamente se va a Estados Unidos y se tiene un discurso
totalmente diferente del que se pronunció aquí, y ahora seguramente haremos un planteamiento totalmente distinto. Por tanto, señores del Partido Popular, sabemos que de producirse una guerra en Irak, y ustedes lo saben también, miles de civiles
morirán, porque se trata de la vida -y hay que decirlo con claridad- de miles de niños, de mujeres y de hombres no combatientes que serán víctimas de las bombas y de las balas del ejército de Estados Unidos y de los países aliados, así como de la
represión del Gobierno iraquí que será aún más intensa en caso de una guerra. Si llega a producirse, que se va a producir, la guerra provocará una gran oleada de refugiados y desplazados internos y una grave crisis humanitaria, como ha ocurrido en
el pasado. Una intervención militar en Irak nos traerá imágenes de muertos, de gente sin hogar, de miles de personas huyendo de los ataques y enfrentamientos, del hambre, de la miseria y de la destrucción. Ante esta amenaza de más sufrimiento, de
más muerte y de más destrucción, planteamos las siguientes interrogantes:
En primer lugar, ¿le importa al Gobierno la pérdida de esas vidas humanas y el sufrimiento presente y futuro de miles de civiles iraquíes? ¿Han reflexionado de las consecuencias de una guerra sobre la población civil de ese país? En
segundo lugar, señores del Partido Popular, de acuerdo con el derecho internacional el uso de la fuerza sólo puede utilizarse como último recurso ante un peligro inminente y siempre en el marco de las decisiones de Naciones Unidas. España es
miembro del Consejo de Seguridad, ¿cómo asegurará el Gobierno español que se agotan todos los medios pacíficos para resolver el conflicto? ¿Qué alternativas planteará una intervención militar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la
Carta de Naciones Unidas? En tercer lugar, señores del Partido Popular, en el indeseable supuesto de que se produzca una intervención militar en Irak, la población civil estará en peligro de muerte, sobre todo en caso de que Estados Unidos y los
países aliados utilicen armas de destrucción indiscriminada, cuyos efectos son absolutamente devastadores.
Ante esta amenaza para la población civil ¿está dispuesto el Gobierno español a
comprometerse a no usar, a no apoyar y a condenar el uso de armas de destrucción indiscriminada, las bombas de racimo y las minas antipersona, entre otras armas de destrucción? Señores del Partido Popular, en caso de colaborar el Gobierno
español logísticamente con tropas, con sus bases, en una intervención militar en Irak que viole los principios fundamentales del derecho internacional y de los derechos humanos de la población civil, éste será responsable directa o indirectamente de
tales violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. ¿Cómo responderá por ello? Por otra parte, resultan inquietantes las informaciones que apuntan a posibles acuerdos de impunidad con los que se aseguraría la
inmunidad de altos cargos iraquíes responsables de graves violaciones de derechos humanos en el caso de que se llegara a un tipo de acuerdo. Por ello, ¿cómo piensa el Gobierno español asegurar que los altos cargos iraquíes responsables de graves
violaciones de derechos humanos durante los últimos años son llevados ante la justicia sin que puedan beneficiarse de ningún acuerdo de inmunidad y sobre todo de ningún acuerdo de impunidad? Señores del Partido Popular, en caso de producirse una
guerra en Irak -que se va a producir-, se producirá una oleada de refugiados y desplazados internos, así como una grave crisis humana, ¿el Gobierno español va a proporcionar asilo y refugio en su territorio a todas aquellas personas que huyan de la
represión, y así lo soliciten? ¿Puede asegurarles un procedimiento de acceso justo y satisfactorio? También en relación con los refugiados y desplazados internos, ¿cuáles son los planes del Gobierno español para ofrecer a ACNUR toda la ayuda
necesaria para asegurar el cumplimiento de su labor de protección y asistencia de los refugiados y desplazados? Por último, ¿qué gestiones está realizando el Gobierno español con los países limítrofes de Irak para asegurarse de que acogerán a los
refugiados y desplazados, en caso de que se produzca una guerra no deseada, con las máximas garantías de seguridad y de respeto a su dignidad?
La guerra lógicamente va a tener lugar, y si tiene lugar producirá unos efectos aparentemente secundarios que sufrirá la población civil. Señores del Partido Popular, las preguntas concretas que he formulado merecen respuestas concretas.
Sabemos que no las van a dar, porque ustedes prefieren otro tipo de debate, pero las preguntas muestran indudablemente la preocupación real de la ciudadanía. Ojalá demostrasen también la preocupación real del Gobierno español por los derechos
humanos de la población iraquí, cuyo sufrimiento ya es enorme sobre todo por soportar una dictadura durante tantísimo tiempo, que con la amenaza de la guerra puede agravarse muchísimo más. Así mismo, sus respuestas servirán para indicar el grado de
adhesión del Gobierno al principio proclamado en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas de reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, y en la igualdad de derechos de hombres y
mujeres de las naciones grandes y pequeñas.
Vamos a una guerra injusta porque el presidente Bush junior y su equipo la han definido como necesaria. Se acepta su poder porque es el más fuerte del mundo. Quizás se consiga algo del petróleo iraquí, pero están dispuestos a sacrificar el
proyecto europeo, el sistema multilateral, algunos soldados y la vida de mucha gente en Irak. Lo demás son palabras, puras historias. Indudablemente, lo que hemos esta tarde, una vez más, es una sesión para marear la perdiz. Ustedes tendrán una
victoria sonora, pero le repetiré de nuevo lo que le decimos a menudo al portavoz del Grupo Popular: Si la democracia es algo, es un régimen de opinión pública, e indudablemente la opinión pública no está favor de la guerra, sino que está
fundamentalmente con la paz. Si quieres la paz no prepares la guerra; si quieres la paz prepara la paz.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Anasagasti.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el debate que tenemos hoy se suma y acumula sobre un conjunto de debates que hemos venido manteniendo sobre el previsible conflicto bélico en Irak. Deberíamos
hacer todos un esfuerzo -yo lo haré, el primero- por no repetir argumentos y por no caer en la fase previa a todas las guerras que empieza por la guerra de propaganda; se trata de justificar la guerra o de no justificarla, para convencer a la
opinión pública, a los aliados internacionales, etcétera, de la conveniencia o no de una actuación militar que en este caso es una intervención militar en Irak.
Lo esencial del debate que divide hoy esta Cámara entre el Grupo Popular y el resto de los grupos es si estamos por una política de paz o por el apoyo a la política de guerra que mantiene la Administración americana.
Me parece que
argumentos como los que he oído al vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, son sólo cortinas de humo respecto al debate de fondo. El debate de fondo en lo esencial -y voy a lo esencial, para ser breve-, es el siguiente: en la primavera
del año pasado, después de la intervención en Afganistán, producto del 11 de septiembre, la Administración americana diseñó una estrategia de lo que es el papel de Estados Unidos en las próximas décadas del siglo XXI, y definió claramente lo que
entonces llamó el eje del mal: Irak, Irán y Corea del Norte. Al definir aquello el señor Rumsfeld, que ya citábamos nosotros en esa época (el señor Aznar pidió el otro día
al presidente Bush que hablara poco y que hablara más el señor Powell), con esa brutalidad muy típica de los ministros de defensa norteamericanos explicó con claridad que la intervención en Irak era la primera y más necesaria, porque eso
significaba no sólo el fin del régimen de Sadam Husein sino la ocupación de un territorio para remodelar todo el área del centro de Asia y la zona donde está Irak. Se trataba de intervenir en el área del golfo Pérsico que es un área donde están las
reservas petrolíferas mundiales más importantes. Es decir, la Administración americana decidió ya intervenir e ir a la guerra, y cualquiera que haya seguido las opiniones de los políticos norteamericanos, de los órganos de opinión más importantes
de Estados Unidos, de los más influyentes líderes de opinión en Estados Unidos, todo el mundo sabía que la guerra estaba decidida, pero no en ese momento porque a partir de entonces había que hacer dos operaciones: Una mantener la alianza
antiterrorista más amplia posible, que había dado tan excelentes resultados en la intervención en Afganistán producto del 11 de septiembre; y dos, convencer a la opinión pública norteamericana de que esa guerra era absolutamente necesaria porque en
el análisis costes/beneficios que hizo la Administración americana estaba clarísimo que los beneficios que obtendría Estados Unidos -división de Europa, contención de China, control de un área estratégica, potenciación de su fuerza militar,
etcétera- eran muchos mayores que los costes. También es verdad que subestimó la opinión pública mundial y la posición europea y decidió que había que intervenir, ¿cuándo? En el momento que hicieran el despliegue militar necesario y que
convencieran a Turquía. Desde entonces, cualquiera que haya seguido la prensa norteamericana sabe que se habló de finales de febrero o marzo, y no antes y que en otoño había que pasar por dos etapas clave que hubiesen cambiado, es verdad, la
posibilidad y el curso de la guerra. Lo esencial fueron las elecciones norteamericanas de noviembre. La Administración americana fue con el lenguaje belicista a esas elecciones y es verdad que el Partido Demócrata en una posición de debilidad y a
la defensiva perdió esas elecciones. La mayoría de la opinión pública norteamericana -una mayoría no tan amplia como la que tienen en contra en el resto del mundo- está a favor de la guerra. Fue trabajada sistemáticamente en eso que se llama
guerra de propaganda, creando cada semana una historia: que si el ántrax, que si el peligro, que si los americanos tenían que comprar o no comprar determinadas cosas ante la posibilidad de un segundo ataque en Estados Unidos, o los famosos speech
de Bin Laden de nuevo. Ganadas las elecciones, la guerra se decidió por la Administración americana. ¿Qué ocurre entonces? Las declaraciones de la Administración americana eran: Estados Unidos tiene que tomar estas decisiones porque se ponen en
peligro sus intereses estratégicos en el mundo, al margen de que lo aprueben o no lo aprueben Naciones Unidas que es una institución asamblearia y que está desprestigiada en la toma de decisiones. En segundo lugar, Estados Unidos tiene que tomar
esa decisión independientemente del apoyo de sus aliados tradicionales en el mundo, de la Alianza Atlántica y de otros. Cuando tomó esa decisión, el señor Powell -aquí lo citamos también entonces- y el señor Blair explicaron al señor Bush que era
muy importante que se consiguiera una resolución del Consejo de Seguridad y que eso estaba ganado de antemano; que con la presión tradicional de ellos, desde el momento en que el Consejo de Seguridad aprobara la Resolución 1441, era evidente que
Sadam Husein, que es un dictador torpe y tramposo y que durante todos los años anteriores había hecho toda clase de trampas, daría todas las justificaciones para que la intervención se produjera en el marco de Naciones Unidas. Por eso la
Administración americana ha reprochado a Blair y a Powell que de alguna manera les hayan metido en el vericueto de Naciones Unidas. Les han metido en el laberinto de Naciones Unidas porque los discursos de Rumsfeld y otros decían que no era
necesario. En esa época los representantes del Grupo Popular en esta Cámara repetían que la Resolución 1441 no era necesaria, que había resoluciones anteriores y que cuando se aprueba la Resolución 1441, la Resolución 678, de 1991, ya justificaba
la guerra. No se trataba de que Naciones Unidas controlaran y fueran el centro, como hoy se ha explicado, del control de la política mundial y el órgano que vela por la seguridad y la paz en el mundo. No, estaba subestimado como lo fue en Kosovo y
en situaciones anteriores. De lo que se trataba era de que la Resolución 1441 no era un resumen que culminara un proceso de resoluciones anteriores. El señor Arístegui nos ha contado en repetidas ocasiones con una capacidad impresionante de
memoria histórica qué ocurrió en 1990, en 1991 y en 1992. La Resolución 1441 tomó la decisión de que el desarme era posible a través de las inspecciones, y que si no se conseguía esa sería la última oportunidad; pero durante un tiempo la
Administración norteamericana y sus ecos en el mundo -tanto el Gobierno americano como el Gobierno español- han repetido constantemente que no era necesaria una nueva resolución ni una autorización y que el trabajo de los inspectores sólo avanzaba
por la amenaza de la fuerza. Hoy, señora ministra, avanza menos por la amenaza de la fuerza, a pesar de lo que se ha dicho aquí. Todo el mundo sabe que entre el 15 y el 20 de marzo van a intervenir; lo sabe todo el mundo y supongo que el Gobierno
español lo sabe perfectamente, si todo el mundo sabe que tienen que intervenir antes de que acabe marzo, está claro que cuando se habla de los aviones de reconocimiento, de la destrucción de misiles que pueden atacar a Israel, etcétera, el otro, el
que está allí piensa que lo único que le están haciendo es desarmándole para hacer que la guerra sea rápida, de
efectos rápidos y que no tenga ningunos efectos posteriores; en definitiva que haya una recuperación económica que no genere incertidumbre, que es lo que preocupa en relación con el precio del petróleo y otras cuestiones.
La tesis que yo mantengo aquí es que vista la película, no en este acto sino en los actos de los siete, ocho o diez debates que hemos tenido sobre este tema, y viendo la historia de lo que ha pasado en los últimos meses, y cuanto la señora
ministra decía el otro día en el Consejo de Seguridad, yo entendía que la Resolución 1441 quería decir que los inspectores eran los representantes de las Naciones Unidas, que de alguna manera el arbitro que habíamos nombrado todos eran los
inspectores, y que si su informe decía que se estaba avanzando en el desarme, tendríamos que dar tiempo a los inspectores. El día que los inspectores nos dijeran que no se avanzaba y que no era posible el desarme, podría estar justificada que fuera
la última oportunidad que se daba al régimen de Sadam Husein; pero el Gobierno español y el americano del señor Powell nos dijeron el otro día en el Consejo de Seguridad -lo vimos todos- que se había agotado el tiempo dijeran lo que dijeran los
inspectores. Una frase muy grave que se dijo y que refleja realmente el fondo de la cuestión fue que si el Consejo de Seguridad seguía aplazando la decisión quién se desprestigiaba era Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad porque la decisión
sobre la guerra ya se había tomado. Es mejor hacer la guerra con el visto bueno del Consejo de Seguridad, pero si no es así se va a hacer sin él. Ese es el debate y el Gobierno español no nos ha dado ninguna garantía sobre que esté esperando a que
el Consejo de Seguridad avance. No nos ha dado ninguna garantía porque todas las posiciones del Gobierno español son el eco de las posiciones que expresa el Gobierno norteamericano. El resto de los países europeos dicen que han oído la voz de la
calle, que han oído no sólo la voz de los ciudadanos europeos sino que ha oído la voz de los ciudadanos del mundo, y que la voz de los ciudadanos del mundo cree que mientras exista una oportunidad para un desarme pacífico hay que aplicar la
Resolución 1441 para ese desarme. Eso es lo que estamos pidiendo todos los grupos de la oposición pero en el análisis de coste/beneficio el Gobierno americano sigue pensando que con Naciones Unidas o sin Naciones Unidas, con 200.000 soldados
desplegados, con Turquía o sin Turquía, la intervención le interesa.
El Consejo Europeo del 27 de febrero, en una parte esencial de sus conclusiones, decía que según como se decida la crisis de Irak marcará el futuro del mundo en las próximas décadas. Detrás de Irak no hay sólo una guerra o un problema de
paz, que es dramático, terrible y trágico; detrás de Irak está el cambio de las relaciones internacionales y del nuevo orden mundial. Eso lo sabemos todos. Las razones que el Gobierno de España, con esa actitud tan seguidista de la Administración
americana, da para explicar su posición no están en función de que crea de verdad en el tema del desarme o no desarme o en todas las historias de los disfraces que nos cuentan aquí. Lo explicó ayer el señor Aznar. Al lado del Gobierno
norteamericano nosotros saldremos de un rincón de la historia y seremos un país que decide y actúa en el mundo. Estados Unidos nos ha contado la historia de que podemos ser una potencia en el mundo superior a la que representamos, y no es verdad.
España será un país fuerte en el mundo dentro de una Europa fuerte en el mundo. ¿Alguien cree que España será fuerte dentro de una Europa débil o contribuyendo en una actuación internacional debilitando a Europa? ¿Es que España puede ser fuerte
rompiendo sus relaciones con Iberoamérica o con el mundo árabe? Ese es el debate.
Lo que está en el fondo de la cuestión, aparte de la guerra y de la paz, es que el Partido Popular rompe con 25 años que tiene la Constitución española de política exterior y plantea otra. Cree que va a tener grandes ventajas y beneficios
en la nueva política exterior de alianza con el fuerte. Los que estamos en contra lo único que creemos es que un mundo en donde haya un superpoder que decide por encima de los demás la legalidad internacional, donde no haya una Europa fuerte que
contrapese y donde no se aplique toda la visión civil de la paz, de la cooperación, del desarrollo y de la concepción del mundo que tiene Europa, será un mundo muy difícil de gobernar, porque detrás de la guerra de Irak vendrán otras, el eje del mal
sigue en otros países. Detrás de la guerra de Irak no está la cuestión del control del terrorismo. Cualquier guerra provoca más terrorismo. El terrorismo no se combate matando los mosquitos a cañonazos. Lo que hay que hacer es ahogar la ciénaga,
el origen del terrorismo; aunque el Gobierno del Partido Popular siga insistiendo en que todos los terrorismos son iguales, que todos tienen el mismo origen y nacen de la inmoralidad, de seres locos, el origen de determinados terrorismos, que no el
de España, está en un orden internacional injusto y arbitrario, que produce situaciones como la de Palestina y la de Israel. Si se quiere acabar con el terrorismo, debemos resolver el tema de los dos Estados, de Palestina y de Israel, que es el
origen hoy del gran problema del terrorismo en el mundo árabe.
El debate que se vota esta tarde es sobre si seguimos a los Estados Unidos, en un orden internacional que quiere moderar, de acuerdo con la Administración republicana americana, que no con la Administración Clinton, que hacía otra política
internacional con la que esencialmente mi grupo y Europa estaba de acuerdo. Ha llegado el señor Bush, el señor Cheney y el señor Rumsfeld a la Administración americana e intentan aplicar la política que desde hace años el grupo del complejo militar
industrial americano quería aplicar en el mundo, porque en el fondo lo que dicen es que este mundo lo puede gobernar un solo país.
Va a haber guerra, con el apoyo de España, la ganarán y seguramente será breve, pero la batalla de la paz la perderán, como la va a perder también el Partido Popular. Esa es nuestra opinión. Aquí por lo visto sólo hay un presidente del
Gobierno que tiene una convicción profunda y actúa con sus convicciones, que yo se las respeto, aunque creo que se va a equivocar ante la historia, pero hay muchos ciudadanos españoles y muchos diputados en esta Cámara que también tenemos
convicciones. No podemos ser tachados de oportunistas o de ingenuos pacifistas porque apostemos por un mundo distinto, que en el fondo es por el que ha apostado este país desde que es democrático, desde hace 25 años, por una política exterior
ligada a Europa, de buenas relaciones trasatlánticas. Los europeos y los norteamericanos somos iguales, aunque estos militarmente tengan una potencia superior a la nuestra. Ya a Europa no la se puede tutelar, tecnológica, científica y
económicamente, no se la puede mantener en soberanía limitada como decía el señor Brezhnev en el Pacto de Varsovia.
El pacto de la OTAN no es la soberanía limitada de Europa, no es que Europa no pueda tener política exterior y de defensa propia;
tiene que tenerla, porque si no no hay un mundo ordenado, equilibrado y multilateral. El señor Bush podrá hacer la guerra, pero pronto perderá las próximas elecciones norteamericanas; si no, al tiempo, a ver si hay recuperación económica. El
Partido Popular podrá hacer la guerra, pero hacerla contra más del 80 por ciento de los ciudadanos españoles también es un acto peligroso. Yo les pregunto: ¿de verdad creen ustedes que no han podido convencer al 80 por ciento de los ciudadanos
españoles y que no los convencen porque son ingenuos, superficiales, frívolos, no se dan cuenta del peligro de Sadam Husein y todas esas historias? ¿Recuerdan ustedes aquello de vox populi, vox dei? ¿Es que la voz del pueblo no es la concepción
profunda y es que la voz del pueblo, con todas sus contradicciones, no refleja los profundos intereses de un país? ¿Por qué durante seis meses, con una campaña sistemática de propaganda, no han convencido ni al 5 por ciento de ese 80 por ciento de
los españoles que dicen no? ¿Porque es solamente que hablar de la guerra y de la paz es muy fácil y apostar por la paz y los sentimientos de la paz...? No, el pueblo de España ha sido sabio. Acabó con la dictadura de Franco y supo apostar por la
UCD porque esta producía las reformas necesarias en la transición y no era posible otro cambio. Apostó por el Partido Socialista porque este integró a España en Europa y supo de fondo hacer las tareas que en su primera etapa -al final tuvo errores-
tenía que hacer. Apostó por el Partido Popular porque durante años ha llevado a cabo la modernización económica que hacía falta. Ahora es el momento de que este país, con una potencia media, que tiene relaciones importantes con el mundo árabe, con
Iberoamérica, con una Europa que se está construyendo y que el año que viene tendrá una constitución, elabore la política exterior para que España influya en el mundo. Hay dos concepciones de la política exterior española: la que ha elaborado el
presidente del Gobierno un poco él solo en el rancho del señor Bush y la que hemos construido todas las fuerzas democráticas españolas en estos últimos 25 años. Con lo que hoy votamos nosotros defendemos mantener la política exterior española de
estos 25 años, actualizándola al mundo de hoy, y la tarea esencial que va a definir nuestra política exterior en los próximos años es construir Europa y hacer una Europa fuerte que contrapese otros poderes mundiales.
El Partido Popular hace otra
política exterior, de apoyo a los Estados Unidos, de apoyo al superpoder que ha nacido del final de la guerra fría.
Es una opción, ustedes la tienen. El presidente dice que tiene la convicción de que eso es lo mejor para España, que la alianza con
los Estados Unidos es lo mejor. En política exterior los americanos dicen con toda razón, y termino, señora presidenta, que lo único permanente en la política exterior son los intereses de un país y no los aliados; a los aliados se les usa y
después se les echa. Este problema también lo sufrirá España cuando tenga que plantearse cuestiones mucho más complejas. Ahora somos usados, pero los intereses americanos son permanentes; los nuestros también. Los intereses de España son los
intereses de Europa, de una Europa democrática, de paz, de cooperación al desarrollo y de respeto a Naciones Unidas y a la legalidad internacional y, por esa apuesta, nosotros estamos contra la guerra de Irak.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mauricio.
Señor Vázquez, iniciando el turno de intervención del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como no tengo demasiado tiempo, voy a ver si consigo ser breve para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en el marco de este debate.
En todo caso, me reafirmaré en todo lo dicho en debates anteriores. En primer lugar, el
Bloque Nacionalista Galego no encuentra ninguna razón convincente para apoyar hoy, como hace el Gobierno, una guerra de Estados Unidos contra Irak. Esta guerra no se hará ni para defender los derechos humanos, ni para evitar inseguridad al mundo
entero, ni para conjurar hipotéticos peligros derivados del terrorismo. Simplemente, se hará -de hacerse- porque la potencia imperial desea controlar el petróleo no ya de Irak sino de toda la zona. Será, señorías, una guerra colonial a la vieja
usanza. Esta guerra se hará - si se hace- con o sin respaldo de la ONU.
Estados Unidos y fieles escuderos como el Gobierno español están forzando la legalidad internacional y a los propios organismos internacionales hasta
extremos intolerables. De hecho, de seguir por este camino, convertirán en inservible a la propia ONU. Sabemos que preferirían algún tipo de cobertura legal para llevar a cabo la tropelía que planean, pero es un espectáculo lamentable ver
cómo se presiona con todo tipo de armas a los Estados miembros del Consejo de Seguridad para forzar un voto favorable, que hoy no consideran, a las tesis belicistas. ¿Qué credibilidad tendrá una resolución del Consejo de Seguridad favorable a las
tesis del señor Bush en estas condiciones? Hablan ustedes del respeto a la legalidad internacional, de mantener la credibilidad del Consejo de Seguridad como último gran argumento para defender la guerra, pero la pregunta es por qué tienen que ser
el señor Bush y el señor Aznar quienes decidan cuándo pierde o no la credibilidad el Consejo. ¿Los gobiernos que optan por la solución pacífica y por la prolongación e intensificación de las inspecciones son irresponsables? ¿Son incapaces de ver
ese descrédito? ¿Por qué profundas razones el incumplimiento por parte de Irak de las resoluciones lleva al descrédito del Consejo y el incumplimiento de Israel no? Lo que está llevando al descrédito de la ONU es la defensa que el Gobierno hace de
la aplicación del doble rasero. Como se quita la credibilidad del Consejo de Seguridad y a la ONU es, como hace el Gobierno, ayudando a quienes interpretan unilateralmente la legalidad internacional y la ponen a su exclusivo servicio. Como se
socava la credibilidad de la ONU es, como hace el Gobierno, presionando a sus miembros e impidiendo su libre determinación para que apoyen esa interpretación unilateral.
El seguidismo acrítico de las tesis norteamericanas que practica el Gobierno español y su presidente es absolutamente censurable y rechazable. Renuncia a ser Gobierno y a tener posición propia en función de los intereses de sus ciudadanos.
Contribuye decisivamente a que esa guerra sea posible despreciando la opinión de la mayoría social y transformando la propia democracia en una caricatura. Tener mayoría parlamentaria no da derecho a tomar decisiones que no comparte la gente,
decisiones como ésta. La gente no les votó, señores del Partido Popular, para impulsar esta guerra. Su mayoría no les da derecho a arrastrarnos a todos a una guerra que no deseamos. Además, esta posición del Gobierno impide cualquier posibilidad
de que Europa pueda jugar algún papel relevante y pueda hacer de contrapeso, hoy más necesario que nunca en este contexto internacional unipolar. Por encima de eso, trata de engañar a los ciudadanos haciendo cánticos de paz cuando en realidad
impulsa sin desmayo la guerra.
Yo tengo que decir que este Gobierno está enloquecido políticamente, arrastrado por un presidente acomplejado que pretende ser grande a base de hacerse grato a los ojos del que manda, pero, como le dije en otra ocasión, la sumisión no le
hará grande, sino simplemente ridículo y le convertirá en un tonto útil. El Gobierno debería oír; mantenerse en su posición, no moverla ni un milímetro -como acaba de decir el señor Arístegui- no es signo de fortaleza sino de prepotencia y
rigidez. Este Parlamento tiene hoy una oportunidad de oro, en primer lugar de ayudar al Gobierno a salir del atolladero, de hacerle reflexionar y de ayudarle a cambiar de posición votando a favor de esta proposición no de ley, y, en segundo lugar,
de reconciliar a los ciudadanos con las instituciones y devolver al Parlamento su verdadero papel, que es ser centro de decisiones y no simple comparsa de los gobiernos. El Parlamento turco acaba de dar un ejemplo en este sentido. ¿Acaso será
menos el Parlamento español? En todo caso, concluyo: guerra no. No a una guerra injusta e innecesaria; no a una guerra que no resolverá nada y que provocará muerte y sufrimiento; no a una guerra por el petróleo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Partido Andalucista es uno de los once firmantes de la proposición no de ley que aquí debatimos, por tanto que suscribe de la cruz a la raya. En un día en que hemos escuchado frases como la de grupo sin fisuras, quiero decir
que los seres vivos -y las personas somos seres vivos, los grupos sociales son seres vivos- se caracterizan por la flexibilidad. Cuando en un momento de cambio, de movimientos, de convulsión, de duda en el mundo, uno quiere estar sin fisuras, estar
rígido, lo que produce son fracturas. A ver si un grupo sin fisuras ha producido fracturas aquí, en este hemiciclo, entre once partidos políticos y el otro; ha producido fracturas en el país y fracturas cuando uno vota en conciencia no sólo con
uno mismo sino con su electorado.
Vemos un grupo muy cohesionado, sin fisuras, pero con un cuerpo social roto respecto de ese grupo. Andalucía tiene una especial sensibilidad ante el asunto que aquí debatimos, ante la guerra, porque, sin que se
nos pregunte, en nuestros dos hombros se apoyan armas para la acción bélica -en la base de Morón y en la base de Rota-, sin preguntarnos nada y sin saber qué tipo de armas. Hemos asistido a manifestaciones en Morón como nunca se han conocido en la
democracia, con 10.000 personas. ¿Qué pensarán los roteños de esa idea que circula de que se está montando un hospital en la base contra la guerra nuclear química, radiológica o bacteriológica? ¿Qué riesgos añadidos tenemos en esta batalla? ¿Por
qué el Gobierno lidera la fractura de la Unión Europea en vez de la cohesión? ¿Por qué el Gobierno lidera la fractura con el mundo árabe en vez de liderar la cohesión? En esta
tema no se puede andar con diletancias. Hoy hablamos de algo muy serio como es la responsabilidad de SS.SS., de cada uno de nosotros al posicionarnos ante una guerra inminente, una guerra inminente que va a tener víctimas civiles y en la
que incluso no sabemos si podemos llegar a participar. Por tanto, hay que dejar nítida y clara nuestra posición en contra la guerra, nuestra posición en contra de esos argumentos de guerra preventiva o de guerra por si acaso, nuestra posición ante
esa cerrazón ante las instituciones internacionales, ante Naciones Unidas, ante la confianza en los mecanismos internacionales de justicia, nuestro asombro ante ese cerrar los ojos ante la realidad.
Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, pisen el suelo. No se preocupen tanto de sus fisuras internas como grupo, que creo que no las tienen, como de su fractura con la sociedad española, que creo que la están consiguiendo a gran
velocidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, hace apenas dos semanas comparecía el señor Aznar en esta Cámara con un documento firmado por el Consejo Europeo en el cual se afirmaba que había un acuerdo de todos los Estados de la Unión Europea para
llevar una postura común a Naciones Unidas. Duró poco el efecto, era papel mojado como cuentan las películas del Far West, cuando los indios siempre tenían papel mojado por parte de los gringos.
Nunca mejor dicho: el señor Aznar dio papel mojado
a este Congreso, a esta Cámara, y nos lo dio porque cuando se le preguntó qué quería decir el uso de la fuerza hasta las últimas consecuencias, el señor Aznar no contestó. Se le requirió por dos veces si los alemanes o los belgas entendían lo mismo
que entendía él en ese documento que firmaron los miembros del Consejo Europeo. No respondió. Y no respondió porque el papel mojado en este caso no tenía respuesta. Las últimas consecuencias eran muy claras: el acuerdo de la Unión Europea no
servía para nada porque pocas horas después el señor Aznar se ponía bajo las órdenes del Gobierno norteamericano, de la Administración Bush, y propugnaba una segunda resolución, una resolución diferente en la cual se daba un ultimátum con fecha de
caducidad al régimen de Bagdad. Esa era la situación y esta es la realidad. El señor Aznar jugó con esta Cámara y jugó con el sentimiento de muchas personas que creen sinceramente que hay una solución democrática y pacífica, una solución de
Naciones Unidas para desarmar al régimen de Bagdad. No ha sido así, todo lo contrario, y hoy estamos aquí otra vez, con una sensación de que vamos dando vueltas sobre el mismo problema. La solución es muy fácil, señores de la mayoría, la solución
es apoyar definitivamente que los inspectores puedan tener más tiempo e, intensivamente, más control sobre el régimen de Irak, sobre el régimen de Sadam Husein. Ustedes seguramente necesitan tiempo y ustedes, diputados y diputadas del grupo
mayoritario, seguramente no lo sabrán, solamente lo sabe uno en su partido, lo sabe el señor presidente y justito, justito, porque seguramente tampoco lo sabe todo porque las órdenes le vienen dadas del otro lado del charco, pero quien quiere
comprar tiempo y ahora tiene ganas de acabar rápidamente con esto es el Partido Popular para poner tierra por medio entre un conflicto bélico y la fecha electoral del 25 de mayo. Seguramente al Partido Popular le interesa poner tierra por medio y
esta es toda la prisa, aquí está la voluntad de apoyar sin concesiones y sin reparos una resolución de ultimátum, pero la realidad es tozuda y hay Estados europeos, los mismos que firmaron ese documento del Consejo Europeo, que se niegan
taxativamente a secundar una resolución de este tipo en Naciones Unidas.
Señoras y señores diputados de la mayoría, ¿entienden ustedes que tienen una oportunidad de bloquear el Consejo de Seguridad para dar más tiempo a los inspectores? Tienen una oportunidad de salvar la cara de la Unión Europea y tienen la
oportunidad de ser alguien en Europa. No busquen atajos en un rancho porque esos atajos suelen llevar a malas consecuencias, y las malas consecuencias son muy claras: romper la unidad europea, romper un proceso importante en el que el Estado
español tenía un papel decisivo, y en estos momentos nadie sabe cuál es el futuro y cuál va a ser el papel de España en la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Puigcercós..
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Mañana preguntaremos seguramente en esta tribuna al señor Aznar qué as tiene escondido, porque algún as tiene que tener escondido, y seguro que ustedes, señores de la mayoría, también desearían saberlo: qué tiene escondido el señor Aznar
para llegar hasta donde ha llegado. Mañana, si se atuviera a la razón de este Parlamento, de este Congreso, quizá contestaría. Hasta ahora no ha contestado más bien nada.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, de nuevo el debate entre la guerra y la paz, entre la vida y la muerte. De nuevo un debate donde el Gobierno está aislado políticamente, se queda solo, a pesar de los desesperados intentos del señor Rajoy de que
parezca que el debate es entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español, y de nuevo una proposición no de ley conjunta de todos los grupos parlamentarios, que sin duda expresa hoy la gran mayoría de opinión y de sentimiento de la sociedad
española. ¿Por qué, señoras y señores del Grupo Popular, cuando la vía pacífica está dando pruebas positivas -Irak se está desarmando- el señor Aznar promueve, junto con Gran Bretaña y Estados Unidos, una segunda resolución, que sólo hace una
aportación diferencial respecto a la primera? Mañana le preguntaré al señor Aznar cuál es la aportación de la segunda resolución. Es una: abrir espacios a la guerra. Abrir espacios a la guerra porque Bush ha decidido la guerra, ha decidido la
guerra al margen de los inspectores, al margen de Naciones Unidas. Al presidente de Estados Unidos, Naciones Unidas, el derecho internacional y el trabajo de los inspectores le da lo mismo. Además, al presidente de Estados Unidos se le ha caído la
careta. Queda ya claro hoy lo que los grupos de la oposición denunciábamos, que el objetivo de esta guerra no era desarmar Irak sino conseguir el cambio de régimen que facilitara el control geoestratégico de la zona de Oriente Medio a Estados
Unidos con el control del petróleo. Pues bien, a ese objetivo de guerra, en contra del objetivo propagado oficialmente de desarmar a Irak, el señor Aznar, el Gobierno español, se suma de forma sumisa y vergonzante. Quiero decir, señoras y señores
diputados, que nunca, ni en la época del presidente Suárez, ni de Felipe González, ni del presidente de Cataluña he sentido vergüenza o ridículo de las personas que me han representado, independientemente de que no coincidiera con su opinión
política. He de decir que en estos momentos siento vergüenza y ridículo cuando oigo hablar al presidente Aznar de la guerra contra Irak.
Señoras y señores diputados, posiblemente una guerra nunca tiene justificación. Más que en ningún otro momento, esta no la tiene. No hay ninguna justificación para la guerra. El debate de hoy, la votación de hoy, las decisiones que
tomemos serán decisiones sobre centenares de miles de muertos en Irak, sobre destrucción y muerte. Por eso los grupos de la oposición planteamos hoy una proposición no de ley desde nuestra responsabilidad y desde nuestra conciencia de no a la
guerra, sí a la paz y sí a la vida.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, terminaba mi réplica en la pasada comparecencia del presidente del Gobierno solicitándole que nos explicara cómo interpretaba él lo que contenían las conclusiones del Consejo Europeo de 17 de febrero, es decir, cómo interpretaba
cumplir la Resolución 1441 de forma pacífica. No hubo respuesta a esta pregunta, no nos explicó cómo iban a interpretar esas conclusiones ni qué posición iba a adoptar el Gobierno, cómo iban a actuar siguiendo el espíritu que animaba esas
conclusiones, a saber, que la guerra era y es evitable, que los ciudadanos europeos claramente han dicho no a la guerra, que quieren resolver el conflicto de forma pacífica y que hay que dar tiempo y medios a los inspectores. Somos conscientes de
que hay que mantener la presión internacional, nadie lo niega, y somos conscientes de la necesidad de la coherencia, algo que nunca ha tenido el Gobierno, ni en el pasado ni ahora, coherencia que no le duró ni 48 horas, el tiempo de utilizar esas
conclusiones al estar en una débil posición, llegar a este Congreso y aguantar justo hasta llegar al rancho del presidente Bush. El acuerdo a que han llegado la pasada semana el presidente Bush, Blair y el presidente del Gobierno Aznar sólo sirve
para avanzar y agilizar la guerra, hay que decirlo claro. El Gobierno español ha actuado en contra de la Unión Europea y ha dinamitado el débil consenso alcanzado el pasado 17 de febrero. No se entiende cómo realmente no está ayudando, boicotea la
integración política y especialmente la incipiente política exterior y de seguridad común. No nos han explicado su posición. No nos han dicho qué van a hacer. De sus hechos, no de sus palabras, se desprende que les da igual nueva resolución o no
nueva resolución, que exista o que no exista la Resolución 1441. Ustedes van a ir a apoyar a Bush a hacer una guerra. Nosotros no estamos de acuerdo.
Para nosotros no está justificada una intervención militar. Irak, hoy, no puede atacar a sus
países vecinos. El rearme se excluye, lo dicen los científicos y expertos. Se va avanzando en el desarme y no hay proporcionalidad en los medios, cuando se habla de iniciar una guerra. No se dan los supuestos de los artículos 42 y 51 de la Carta
de Naciones Unidas, excepciones únicas a la regla general de la prohibición de la fuerza armada; artículos que les recuerdo han de ser interpretados de forma estricta.
Por último, señorías, no estamos dispuestos a ese nuevo orden mundial que pretende el presidente Bush, pero mucho menos estamos dispuestos a avalar una guerra preventiva en contra de la legalidad internacional. ¡Qué paradoja! Ustedes que
pretenden iniciar una guerra, porque el señor Sadam Husein -y es verdad- va en contra de la legalidad internacional, también van a vulnerar la propia legalidad internacional.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor vicepresidente del Gobierno la lección de geopolítica que por tercera vez nos ha dado. Yo le excuso porque me parece que, como registrador
de la propiedad, está habituado a repetir muchas veces los temas y ha vuelto a repetir el mismo tema que ya nos ha dicho en lecciones anteriores. La verdad es que ha sido bastante aburrido y pesado. La proposición no de ley pretende
fundamentalmente garantizar -supongo que todos se enterarán- un mínimo de respeto a las demandas de los millones de personas que en todo el mundo se han manifestado en contra de la guerra y que siguen manifestándose a diario. Queremos defender el
derecho internacional como garante, presente y futuro de las relaciones entre los países, denostado el nuevo concepto, insostenible jurídicamente hablando, denominado guerra preventiva. Si la guerra preventiva no se hubiera detenido en la época en
que Estados Unidos y Rusia estaban enfrentados, posiblemente en este momento no estaríamos hablando aquí de detener una guerra, porque habríamos pasado a mejor vida casi todos. Queremos condenar, y condenamos repetidamente -parece ser que hay que
repetirlo varias veces-, el régimen dictatorial y de terror del Gobierno iraquí que no ha dudado en asesinar al pueblo kurdo con armamento proporcionado por los países occidentales cuando era entonces aliado coyuntural. También queremos condenar de
paso a Sharon. Ayer, nueve palestinos murieron, entre ellos una mujer embarazada y un niño.
Parece que este hombre no practica el terror, sino una limpieza racial.
Queremos dar un nuevo plazo de tiempo para garantizar una solución pacífica al
conflicto. Por lo que sabemos, está empezando a destruir armamento prohibido. Cuando no se hacía, se criticaba y contaba con nuestro apoyo. Ahora que se hace, también lo condena Bush. ¿Sólo se estaba apostando por la guerra como única salida al
conflicto desde el principio? ¿Estamos asistiendo a una mera puesta en escena para un final ya escrito por el Gobierno de los Estados Unidos, pase lo que pase?
Pretendemos dar un impulso a la deteriorada Unión Europea, que ha sufrido una escisión gravísima en política internacional y de la que nos pedirá cuentas la historia. Queremos recuperar un sentido de dignidad para un Parlamento que asistió
a una intervención del presidente del Gobierno que decía apostar por el consenso en Europa y en la ONU y cuyas promesas se han quedado olvidadas en un rancho tejano. Apostamos por dar una oportunidad para que la libertad de conciencia pueda dejar
claro que, por encima de la presión partidista, está el derecho individual a reafirmarse en defensa de la paz y los derechos humanos, que, como decía esta mañana el señor Baltasar Garzón, nadie pueda acusarles de ser responsables del desastre
humanitario que se cierne sobre todos nosotros.
Señor Arístegui, para coherencia -y siento que no esté aquí- las Cortes franquistas, en las que todo el mundo votaba a favor de lo que se pedía y votaban hasta los representantes del Sahara español.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: De conformidad con la solicitud presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Vasco (PNV-EAJ), Coalición Canaria y Mixto, al amparo de lo dispuesto en los artículos 85 y 87 del
Reglamento de la Cámara, la votación de las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la crisis de Irak y de los Grupos Parlamentarios Socialista, Catalán (Convergencia i Unió), Federal de Izquierda Unida,
Vasco (PNV-EAJ), de Coalición Canaria y Mixto sobre la posición de España ante la crisis Irak será secreta y por papeletas, a cuyo efecto se realizarán llamamientos y votaciones sucesivas. De acuerdo con el contenido del artículo 80 del Reglamento,
se recuerda a SS.SS. que ningún diputado podrá entrar en el salón ni abandonarlo en tanto en cuanto se está procediendo al llamamiento.
En primer lugar y en el primer llamamiento se va a someter a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la crisis de Irak. Ruego a los diputados que se encuentran en la parte posterior del
hemiciclo que procedan a entrar al mismo.
(Rumores.) Por parte de los señores secretarios se va a iniciar el llamamiento de las señoras y señores diputados para la primera votación correspondiente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso relativa a la crisis de Irak. (Continúan los rumores.) Señorías, guarden silencio al objeto de que se pueda proceder a la votación con fluidez. Ruego a los diputados que se encuentran en la puerta del hemiciclo que procedan
o bien a entrar o a salir. Vamos a iniciar el llamamiento de los diputados. Proceda, señor secretario primero. (Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados, que depositan su papeleta en la urna.)
Terminada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: ¿Algún diputado que se encuentre en el hemiciclo no ha sido llamado para proceder a la votación? (Pausa.)
Iniciamos el recuento. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, con objeto de que se pueda percibir el recuento desde los escaños.
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 347; a favor, 183; en contra, 164. (Aplausos.)
Queda aprobada la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la crisis de Irak. (Rumores.)
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto
Señorías, guarden silencio. Vamos a iniciar el segundo llamamiento. Ruego a las señoras y señores diputados que se encuentran en la parte posterior del hemiciclo que entren al mismo. Ruego a los servicios de la Cámara que comprueben si en
la parte posterior del hemiciclo hay algún diputado o diputada. (Pausa.)
Vamos a iniciar el llamamiento. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren la parte posterior del hemiciclo.
Señor secretario primero.
(Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras y señores diputados, que depositan su papeleta en la urna.)
Terminada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: ¿Algún diputado que se encuentre en el hemiciclo no ha sido llamado a votar? (Pausa.)
Iniciamos el recuento. (Pausa.)
Terminado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, 347; a favor, 163; en contra, 184. (Aplausos.-Las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Felipe! ¡Felipe!
¡Felipe!
Queda, por tanto, rechazada la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, sobre la posición de España ante la
crisis de Irak.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS Y ACTUACIONES QUE A PARTIR DE ESTE MOMENTO VA A LLEVAR A CABO EL GOBIERNO SOBRE LA CRISIS ORIGINADA POR EL PRESTIGE. (Número de expediente 173/000184.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, si es posible.
Anuncio a la Cámara que la votación de las dos mociones cuyo debate se va a iniciar en este momento se producirá al final del debate de la segunda moción y de manera sucesiva. (El señor presidente del Gobierno abandona el hemiciclo.-Fuertes
aplausos.)
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas y actuaciones que a partir de este momento va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el Prestige.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Díaz.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual ruego que aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego a los señores diputados, incluidos los miembros del Gobierno, que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan, a ser posible, en silencio.
Adelante, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, el 13 de noviembre el buque Prestige sufrió un accidente que más tarde, como consecuencia de las decisiones e indecisiones del Gobierno, provocó la mayor catástrofe ecológica en la historia
de España. Para hacer frente a la catástrofe, durante bastantes días sólo hubo el comportamiento solidario de miles de voluntarios, marineros, mariscadores y bateiros que trabajaron duro, sufriendo en muchos casos las críticas de un Gobierno que no
les procuró coordinación y los medios necesarios. La sociedad se organizó al margen del Gobierno porque no había Gobierno. El Gobierno estaba desaparecido y tardó demasiado tiempo en aparecer. ¿Por qué, señor Alvarez-Cascos? Hay un hecho muy
grave: el pueblo sintió que el Estado no estaba donde tenía que estar y que los poderes públicos no estaban cuando se les necesitaba.
Este hecho generó en Galicia un clima de desasosiego y desconfianza sobre el que es difícil construir. En este
contexto, la comisión de investigación que pedimos para estudiar los fallos que pudiera haber por parte de los poderes públicos en la gestión de la crisis y las responsabilidades políticas de los mismos es el único modo de devolver la confianza al
pueblo en sus instituciones. La huída hacia adelante que el Gobierno está llevando a
cabo en forma de programas de ayuda, la mayoría inconcretos, servirá de muy poco si no cuenta con la confianza de los ciudadanos. La reconstrucción de Galicia no puede acometerla el Gobierno del Estado en solitario ni contando con la
subordinación sumisa de la Xunta de Galicia.
La reconstrucción de Galicia es una tarea colectiva que necesita de la participación de todos y que no puede hacerse desde la desconfianza en los poderes públicos. Es necesario establecer un mínimo de
confianza, y eso pasa por aclarar lo que pasó con el Prestige y por qué paso, lo que era irremediable y lo que fue debido a decisiones políticas equivocadas, fallos de coordinación, carencia de medios, etcétera.
El pueblo, señores del Gobierno, quiere saber. El pueblo quiere que, al igual que ocurre en la vida privada, cuando se toman decisiones equivocadas, se pague por ello. No es por venganza, es garantía de que en el futuro los responsables
políticos sopesarán mejor sus decisiones y acertarán más. La comisión de investigación es la única garantía de que no se van a repetir decisiones erróneas, es la garantía del nunca máis.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, se equivocan
ustedes, y usted también, señora Sainz, al defender lo indefendible, se equivocan al retrasar una comisión de investigación que debe seguir para depurar responsabilidades políticas y, al tiempo, para que el pueblo recobre la confianza en sus
instituciones. La pérdida de confianza en las instituciones es la consecuencia más grave de la catástrofe del Prestige, y ustedes fueron y son los responsables. Los gallegos sabemos que el mar -esto va por usted, señor Alvarez-Cascos- es un camino
que lleva a muchas partes. Pero en el mar no hay un camino a ninguna parte. Por ello el barco no se podía enviar a ninguna parte. Y aún hoy no sabemos a dónde enviaban el barco y por qué. ¿O de verdad se creyeron lo que contaban de la
solidificación casi inmediata del fuel en el mar? Señores, la irresponsabilidad del Gobierno arrastró incluso la credibilidad científica y técnica de este país. En el tema de las responsabilidades no sirve desviar la atención insistiendo en que no
son responsables del accidente. Ese no es el problema. El problema no es el accidente. El Gobierno es responsable de la gestión del accidente, y esa gestión muestra, especialmente en los primeros días, la ineficacia del Gobierno, la
descoordinación con otras administraciones, la carencia de medios para el tratamiento de este tipo de catástrofes, el desprecio a la sociedad, especialmente a la gallega, y la ocultación de información, cuando no la manipulación de la misma. Por
todo ello, se deben crear mecanismos de investigación en las Cortes del Estado. En estos momentos, nosotros tampoco queremos pasar por alto el desprecio del Gobierno al marco constitucional español en todo este conflicto, no solamente con Galicia,
sino también con las demás comunidades autónomas afectadas. El objetivo de nuestra moción es poner los medios para crear una comisión para investigar y conocer lo que pasó y por qué pasó para que nunca más se repitan hechos similares; también para
que se abra el camino para la depuración de responsabilidades políticas. Por ello aceptamos la segunda enmienda de Izquierda Unida, la primera que habla de reprobación.
Pensamos que de la investigación que proponemos deben salir depuradas las
responsabilidades políticas y las reprobaciones serían el siguiente paso.
Respecto a la enmienda del BNG, nos parece fundamental para que sea creíble el Plan Galicia. Coincidimos en la propuesta, pero no encaja hoy en el objeto de esta moción.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, por favor, no hablen hoy del Mar Egeo. El Mar Egeo es un accidente que pasó hace bastantes años y fue un accidente donde no intervino ningún gobierno. Aquí no estamos hablando de un accidente,
estamos hablando de una catástrofe ocasionada por el mal manejo de un accidente que ustedes agravaron con su gestión. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Hace poco más de diez días, miles de ciudadanos pidieron en Madrid, como antes habían hecho en Galicia, una comisión de investigación, pidieron en la calle que este tema no se ocultara, que la verdad saliera y que se hiciera justicia
informando fielmente de las causas de este accidente para que no se repitiera. Hoy en esta Cámara, si queremos sintonizar con la opinión de la calle, tenemos que abrir la puerta a que en esta Cámara se inicie una investigación que depure
responsabilidades y nos diga si las decisiones que se tomaron fueron correctas, en qué nos equivocamos o en qué se equivocó el Gobierno para que este tema no vuelva a repetirse, porque los ciudadanos cuando dicen nunca máis lo están diciendo de
verdad y no van a consentir otro nunca máis, no van a consentir otra equivocación, y la mejor manera que tienen ustedes de reconciliarse con los ciudadanos y de que crean otra vez en las instituciones es dando vía libre a esta comisión de
investigación, porque si nada tienen que ocultar, por qué oponerse. La gente quiere saber, el pueblo quiere saber y ustedes hasta ahora están intentando que el pueblo no sepa y están intentando desviar la atención a otro lugar; los ciudadanos
siguen queriendo saber y hasta que no tengan una información veraz de lo que ocurrió y garantía de que no se va a repetir, no van a callarse y van a seguir exigiendo nunca máis y nosotros también.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de la interpelación que acaba de ser defendida, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz tiene la palabra.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, muchas gracias.
Nosotros estamos de acuerdo con la parte fundamental de la moción que, como consecuencia de la interpelación, presenta el Partido Socialista, esto es, hay que constituir una comisión de investigación. El otro día, en un medio de
comunicación el señor Arenas decía: Pero ¿para qué? ¿Qué es lo que hay que investigar? Todo está absolutamente claro. A mí me parece que hay centenares de miles de personas, no sólo las que salen a la calle, que ya son muchas, que opinan dos
cosas que contradicen esa versión del señor Arenas. Primero, se quiere investigar -ahora diré lo que pensamos que se intenta investigar, hasta ahora inútilmente-; y en segundo lugar, quieren que el Gobierno -no me voy a referir ahora al Gobierno
de Galicia sino al de aquí, al Gobierno de la Administración central- asuma responsabilidades políticas. ¿Qué es lo que la gente quiere investigar? La gente -pienso yo, en función de las declaraciones que se han hecho, de cómo opina la gente en la
calle- quiere investigar, en principio, cómo se han tomado ciertas decisiones. En democracia es posible que algunas decisiones sean lentas -por ejemplo, el tema de alejar el Prestige-, relativamente lentas; la gente piensa que hay que consultar a
los técnicos, hay que ver la capacidad de fluidez de ese fuel, qué tipo de fuel es, cuál sería su comportamiento en contacto con el agua, en función de la temperatura, cuáles son las mareas en Galicia de cara al posible hundimiento, ya que se decía
que en pocos días se iba a hundir, o a qué profundidad se debe o se puede hundir. Todo eso hay que preverlo, máxime cuando el viaje del Prestige fue un tanto desventurado y accidentado: subió hacia el norte, luego bajó al sur y se hundió
precisamente en el sitio más negativo, en el sitio de consecuencias más negativas.
Por tanto, tenemos dos cosas a investigar: en primer lugar, por qué se decide alejar el barco y cómo se decide alejarlo, en función de qué seguridad democrática, en función de qué consulta a los técnicos; y en segundo lugar, por qué al
alejarlo precisamente se hunde en el sitio más negativo, en una fosa oceánica por la que pasa la corriente Navidad, que tiene una determinada dirección, que es la que en función de un comportamiento específico de ese fuel pesado está haciendo que
emulsione no que se condense, no que se petrifique -que prácticamente fue lo que se nos dijo en principio-, sino que salte a la superficie sin descanso -hay que tapar los agujeros- y se disemine de manera constante, de manera incesante.
Todo parece indicar que el señor Cascos fue quien tomó la resolución, posiblemente con buena intención; hay que llevarlo al quinto pino, parece que dijo. Él diría: cuanto más lejos mejor. En democracia hay cosas que se deciden con buena
intención, pero en democracia hay que asumir las responsabilidades cuando las consecuencias que se derivan de una decisión son negativas. Este es el problema de fondo. El diputado del Partido Socialista nos dice: Eso sería como consecuencia de la
constitución de una comisión de investigación. Pues sí, pero sabemos que hoy aquí no se va a votar, ni mañana ni pasado ni en esta legislatura, la constitución de una comisión de investigación para despejar responsabilidades políticas.
Por tanto, nosotros nos sumamos a lo que la gente decía en la calle el otro día. A pesar del Plan Galicia, a pesar de que se dijo que con el dinero -se ha hablado incluso de dos billones- se acababa el chollo de la izquierda, a pesar de los
pesares, la gente sigue pidiendo dimisiones.
Aceptan el Plan Galicia, le piden temporalidad, planificación, certeza en su cumplimiento, pero a la vez miles de personas que creen en la política como el ejercicio de las responsabilidades públicas
piden dimisiones. Si hay un ministro que decidió -no hablo de la intención- y decidió mal, y el buque se alejó y se rompió mucho antes porque se alejó y tuvo que enfrentarse a una mar gruesa, cambió de ruta y fue al peor de los sitios posibles,
nosotros pensamos que como mínimo, ya que no se va a constituir la comisión de investigación, hay que pedir en esta Cámara la reprobación del ministro, señor Alvarez-Cascos, y así lo hacemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Rodríguez para la defensa de la enmienda presentada.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Creo que a estas alturas debemos coincidir todos en que la crisis del Prestige tuvo y sigue teniendo una gran dosis de oscurantismo, de blindaje de las posiciones del Gobierno y de mucha negligencia. No se puede entender de otra manera esta
negativa continua, ya desde el mes de noviembre, por parte del partido del Gobierno a conformar una comisión de investigación en sede parlamentaria, que sería la mejor solución para averiguar las responsabilidades políticas justo donde nos
corresponde, aquí, y no por la vía judicial, que es siempre una vía interesante pero colateral, de larga duración y francamente no sometida al debate político. En todo caso, queda claro, señorías, que habría que aclarar cómo se tomaron las
decisiones, si fue con diligencia y desde cerca, o fue con negligencia y a lo lejos. Habría que explicar bien cuál fue el asesoramiento técnico para tomarlas, por supuesto los medios con que se contaba, cómo funcionaron estos medios, y en especial,
después de lo que llevamos visto, escrito y oído, cómo fue el funcionamiento de los remolcadores de Remolcanosa sometidos a contrato privado con Sesamar; en definitiva, cómo fueron las actuaciones del Gobierno español en relación con las
posibilidades
de sus competencias interiores y con las ayudas que buscó en el exterior.
Señorías, hoy en día es fundamental una comisión de investigación, además de por todo lo dicho, por saber cuáles son los efectos reales de la contaminación en el medio marino, cuál es la situación del ecosistema y su evolución y, por
supuesto también, para que quede claro cuál es la situación del reparto competencial en el Estado español, sus graves contradicciones y cómo es necesario avanzar precisamente en unas competencias mayores para las comunidades autónomas que, sobre
todo como Galicia, tienen una costa tan importante y un tráfico marítimo tan difícil de controlar.
Después de todo esto, seguir con la autocomplacencia, negar lo evidente, impedir el ejercicio democrático y el control por las instituciones de representación popular de lo que fue una acción del Gobierno que tuvo gravísimas consecuencias,
sólo se puede entender si se trata de ocultar precisamente la negligencia y la mala actuación de las autoridades gubernativas. No es de recibo que aquí se considere inconveniente la conformación de esa comisión de investigación y en el Parlamento
gallego no se considere competente, atentando incluso contra el artículo 502.1 del Código Penal, que obliga a las autoridades públicas a comparecer en sede parlamentaria cuando sean reclamadas a tal efecto.
Por tanto, esta primera cuestión es fundamental si se quiere pensar en términos democráticos y en términos de clarificación y no de oscurantismo. Pero a estas alturas, después de tantos meses, pensamos que es fundamental clarificar una
cuestión que afecta precisamente a lo que va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el Prestige, y en concreto nos referimos al denominado Plan Galicia. Efectivamente, para que sea creíble este plan, para que las consecuencias de
la catástrofe puedan ser paliadas se necesita una inversión de impacto, urgente, efectiva y muy acumulada en el tiempo. Por eso, para hacer creíble el plan, en concreto las responsabilidades del Gobierno respecto a un plan de infraestructuras de
transporte 2000-2007, tendría que quedar claro cómo se van a modificar los créditos presupuestarios en 2003 y en ejercicios sucesivos para que la población, la sociedad gallega, pueda creer que esto es real. Si no, queda convertido en el compromiso
de un presidente del Gobierno que no va a gobernar a partir del año 2004, que nos promete grandes maravillas que ni siquiera están presupuestadas en el período 2000-2007. Ni siquiera las obras ya prometidas con antelación para Galicia aparecen
debidamente presupuestadas en los presupuestos plurianuales hasta el año 2005. Por tanto, señorías -y acabo ya-, sería fundamental mayor credibilidad que la que estamos viendo hasta hora, porque muchos aspectos del Plan Galicia que son reales
simplemente no son medidas específicas para Galicia en muchos casos. Por ejemplo, el sistema de incentivos regionales, que dicen que van a elevar en el año 2003 y 2004 los techos de subvenciones hasta el 40 por ciento. Esto ya existía sin el Plan
Galicia y hay comunidades autónomas en las que incluso es superior. O incluso cuando se habla de la puesta en marcha de parques o polígonos empresariales en las zonas afectadas, que ya estaban perfectamente planificados por la Xunta de Galicia y
que lo único que hace ahora el plan es tratar de subvencionar en parte con dinero del Estado. Por no hablar de las reducciones del IAE, del IRPF o del IVA para actividades económicas, que se prometen ya en otras partes del Estado español.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.
Por tanto, vamos a apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista, pero queremos dejar claro que sería fundamental centrar este segundo aspecto de la cuestión. El Bloque Nacionalista Galego no lo dejará, desde luego, en el olvido.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervendré muy brevemente, señora presidenta.
Mi grupo, oído lo que se ha venido diciendo durante estos últimos meses en esta Cámara, tanto a propósito de otras iniciativas como de la que ahora llega del Grupo Parlamentario Socialista con las enmiendas presentadas a la misma, los
informes que distintos miembros del Gobierno han expuesto, y ateniéndose sobre todo a la causa judicial abierta y al informe que rindió la semana pasada en esta Cámara el comisionado del Gobierno para las Actuaciones Derivadas de la Catástrofe del
Buque Prestige, don Rodolfo Martín Villa, opta por esperar, ver, y dar tiempo al tiempo.
Siguiendo esta línea de prudencia, nos abstendremos en esta votación.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario quiere manifestar, en primer lugar, el profundo respeto que le merece la presentación de esta moción por parte del grupo parlamentario
proponente, así como las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto e Izquierda Unida, con lo que representan de apoyo a la misma. Y más allá de este reconocimiento, queremos manifestar nuestra comprensión a los motivos que
subyacen a la moción, que no son otros que la expresión parlamentaria del clamor de indignación que surge del pueblo gallego, compartido por el pueblo catalán y por la mayoría de los ciudadanos del Estado español.
El diputado que les habla, así como otros miembros de su grupo parlamentario y otros dirigentes de la Federación de Convergència i Unió pueden decir que han vivido en primera persona los hechos, como todas SS.SS. saben, y han compartido la
protesta y la denuncia del pueblo gallego. ¿De qué manera? De muchas maneras; participamos en la primera manifestación convocada el 15 de diciembre por la plataforma Nunca Máis de Cataluña, en Barcelona, hemos colaborado con eficacia y decisión
en la canalización de la ayuda del pueblo de Cataluña al pueblo gallego por parte del Gobierno de la Generalitat, y participamos también en la manifestación que convocó el pasado 23 de febrero la plataforma Nunca Máis en Madrid; hemos visitado
pueblos y playas de la costa da Morte afectadas por el hundimiento del Prestige, hemos acompañado a la comunidad gallega en Cataluña y hemos dado apoyo a cuantas actuaciones se nos han propuesto con el objeto de recuperar las zonas afectadas. Lo
hemos hecho, y lo seguiremos haciendo hasta donde alcancemos, con independencia del sentido de nuestro voto en relación con la constitución de comisiones de investigación. No nos mueve más que el profundo sentimiento de amistad y solidaridad con
Galicia, con el pueblo gallego y con la defensa que llevan a cabo todos los grupos, y muy especialmente el Bloque Nacionalista Gallego, de los derechos y anhelos del pueblo gallego.
Por lo que se refiere al texto concreto de la moción, mi grupo parlamentario reitera la posición que ha defendido desde siempre ante iniciativas parlamentarias análogas. Creemos que las comisiones de investigación son instrumentos lícitos,
pero poco eficaces para el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación; lo decimos ahora, y lo decíamos cuando el PSOE estaba en el Gobierno del Estado y el PP en la oposición. Sin embargo, son instrumentos muy potentes de desgaste y
erosión política y suelen constituir un espectáculo público mediático, cuya ineficacia se pone aún más de manifiesto cuando están en marcha actuaciones de los órganos jurisdiccionales, como en el caso que nos ocupa en estos momentos.
Debo recordar, señorías, que mi grupo parlamentario presentó en el Registro de esta Cámara el pasado 5 de diciembre la propuesta de creación de una subcomisión de seguimiento de las consecuencias y las acciones de reparación de los daños
provocados por el Prestige, dentro de la Comisión de Medio Ambiente. Esperamos que en la sesión de la Comisión que tendrá lugar en fecha próxima pueda votarse nuestra proposición y que la misma reciba luz verde para ponerse en marcha de una vez, de
modo que esta Cámara pueda ejercer el control parlamentario que esta catástrofe exige.
Insisto en que consideramos que el Parlamento debe ejercer control, aunque creemos que no sería eficaz la creación de una comisión de investigación. Entendemos
que en el caso de que dicha subcomisión que hemos propuesto aprecie responsabilidades en las conclusiones a las que llegue, deberían depurarse oportunamente, previo debate y votación en el Pleno de esta Cámara. Por tanto, tendríamos que dejar
trabajar a esta subcomisión para opinar al final.
Por último, en relación con el segundo párrafo de esta moción, quisiera manifestar nuestro total acuerdo. Creemos que está plenamente justificado que en la próxima sesión o en el próximo orden del día del Pleno se incorporen todas las
solicitudes de creación de comisiones de investigación que hay presentadas en esta Cámara -creemos que está absolutamente justificado- y, por todo ello, aunque estemos de acuerdo con esta segunda parte de la moción, anuncio que mi grupo
parlamentario va a abstenerse en la votación de esta moción, reiterando nuestra total comprensión hacia las formaciones políticas, colectivos ciudadanos y organizaciones cívicas que pueden ver en las comisiones de investigación un cauce útil para
exigir y depurar responsabilidades políticas ante las consecuencias de ese desastre, cuya gestión por parte del Gobierno ha sido más que deficiente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para fijar posición ante la moción del Grupo Socialista y me van a permitir que les diga que subo a esta tribuna, como decía mi compañero Gustavo Arístegui, muy orgullosa del grupo y del partido al que
pertenezco; un partido unido, cohesionado, que ha votado desde la responsabilidad y desde la libertad, apoyando al Gobierno de España, a quien sabemos que únicamente le mueve el interés de garantizar la paz y la seguridad. Desde esa misma
responsabilidad abordamos, señorías, también el problema del Prestige y frente al oportunismo político con que se han acercado ustedes, señores de la oposición, desde el primer momento a la tragedia del Prestige, el Gobierno y el Grupo Popular lo
abordó desde el rigor, ayudando siempre, en primer lugar y desde el primer momento a las personas y empleándose a fondo para reparar los daños y buscar las mejores soluciones. ¿Quién puede negar que a los 26 días comenzaron los
afectados a cobrar las ayudas que ahora, por cierto, cuestiona el señor Touriño? A los 72 días, cerca de un 80 por ciento de las playas estaban prácticamente limpias y solamente un 20 por ciento afectadas en zonas rocosas. A los 94 días,
el batiscafo Nautile había cerrado las grietas y los científicos habían hecho ya una propuesta para dar una solución definitiva que se está estudiando técnicamente. El Gobierno desde el primer momento está trabajando para modificar la legislación
europea internacional y dar seguridad a nuestras costas y a nuestros mares, así como para crear vías de tránsito más alejadas de Finisterre. A los 72 días, en A Coruña se aprueban las inversiones más importantes en la historia de Galicia, el Plan
Galicia. Se han reanudado ya las tareas del marisqueo y de la pesca en muchas de las rías gallegas. Más de 840 embarcaciones de pesca y marisqueo están faenando, se decía hoy, y se va a seguir ampliando su número, cuando aquí se habló de cinco
años. ¿Acaso no es verdad todo esto, señorías?
Esta es la crónica de las soluciones, pero estas soluciones a ustedes no les interesan porque siguen en la crónica del chapapote; han demostrado que nunca les interesó conocer la verdad de los hechos. La ocultación por parte del Gobierno,
como dicen, es sencillamente falso. La verdad es lo único que se ha dicho desde el primer momento, incluso en el tema de alejar el barco que, por cierto, otra cosa no tiene precedentes en la historia. Se ha explicado todo con exhaustividad, paso a
paso, como nunca se hizo en esta Cámara. Más de 70 horas dando explicaciones el Gobierno y debatiéndose en la Cámara del Congreso de los Diputados. Escudarse, por tanto, señorías, en la necesidad de conocer la verdad para solicitar una comisión de
investigación es sencillamente una falacia. No podemos creerles. ¿A quién quieren engañar pidiendo que se diga la verdad y por ello solicitan la comisión de investigación? Ustedes siguen en la técnica del engaño. Ustedes ni quieren conocer la
verdad ni quieren sacar conclusiones. Acuden aquí claramente con unas conclusiones predeterminadas con las que han ido salpicando todas las intervenciones y con la petición de unas responsabilidades al Gobierno, cuando aquí los que tienen las
verdaderas responsabilidades y son los culpables son el armador y el capitán, a quienes ustedes casi han llegado a aplaudir cuando están actuando claramente de forma desleal con España. Ese es su único objetivo. En eso son maestros y ejemplos
tenemos en el plan hidrológico. Ustedes están tratando de que no venga dinero a España.
(Rumores.) Ustedes han demostrado, sin duda, que hacían oídos sordos a la verdad. ¿Quieren la comisión de investigación? ¿Para qué? ¿Para construirla sobre
papeles falsos? ¿Para manipular los informes, como ha hecho el portavoz del Grupo Socialista? Esa es la manera de la que ustedes están tratando de construir su quehacer político. Señorías, en ese juego no vamos a entrar.
Le recuerdo al portavoz socialista que qué credibilidad van a tener cuando hablan de transparencia si todos tenemos en la memoria la doctrina Solchaga: mientras yo sea ministro no habrá ninguna comisión de investigación. El señor Rodríguez
Zapatero debe estar muy de acuerdo porque le acaba de llamar para ser su asesor. (Una señora diputada: Chapapote.) ¿Saben que cuando gobernaron rechazaron 26 comisiones de investigación? (La señora Cunillera i Mestres: ¿Y cuántas se crearon?)
Las rechazaron sin dar ninguna explicación, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Sainz, su tiempo ha concluido. Debe terminar.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Termino diciendo que nosotros tenemos un compromiso con los intereses de los ciudadanos gallegos. Ese es nuestro compromiso y no vamos a apoyar el oportunismo de la oposición ni su incoherencia ni la irresponsabilidad en la que han caído.
En ese camino sí que seguirán solos. No cuenten con el Grupo Popular porque es coherente, porque es serio y porque conoce lo que de verdad le interesa al pueblo gallego. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Sainz.
Señor Díaz, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas, S.S.
ha expresado que aceptaba exclusivamente la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. ¿Es así? (Asentimiento.) Gracias, señor Díaz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LA POSTURA DE ESPAÑA ANTE UN POSIBLE ATAQUE MILITAR SOBRE IRAK. (Número de expediente 173/000185.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque
militar sobre Irak, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
De verdad siento ser un vendepatrias porque no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho la diputada que me acaba de preceder en el uso de la palabra. El debate de la moción que ahora nos ocupa, el debate sobre la guerra o la paz, no ha
terminado. No canten victoria. Su victoria ha sido total y absolutamente pírrica, y además es una victoria que les está anunciando ya derrotas. Por eso han tenido que hacer piña todos
juntos para demostrar ante la sociedad que están unidos, porque ya saben ustedes que la derrota se avecina por muchas cosas, pero también por su talante autoritario, prepotente, antidemocrático o ademocrático -lo voy a suavizar-. Hoy han
aparecido hilillos -aunque a lo mejor no los han visto todavía, tendrán que enviar el Nautile- dentro del Partido Popular, que no se han expresado hoy dentro del Congreso de los Diputados pero que se expresan en los pasillos. En los pasillos sí se
expresan, sí se dice la verdad. (Un señor diputado: Con el voto.) Después se expresarán con el voto.
Ni la fuerza bruta de Bush es la fuerza de la razón ni su fuerza es la fuerza de la razón. Su fuerza es la fuerza del servilismo. Desde que Bush llegó a la Administración norteamericana están creando -entre ellos y ustedes- un mundo cada
vez más peligroso; un mundo que huele a muerte, a guerra, no a paz ni a solución política de los problemas. Ustedes son serviles. Participan en la política de guerra. Y antes de la política directamente de guerra, de la destrucción que se
produce cada día, participan también en la política de extorsión y de corrupción frente a los inspectores de Naciones Unidas, que no están trabajando con libertad porque ustedes les presionan, y esto es una corrupción política y moral, y frente a
los países a los cuales quieren ustedes comprar a través de la caja fuerte del señor Bush y de los intereses que representa. Ustedes también son cómplices de esta política. (Rumores y protestas.-Un señor diputado: ¡Muy bien!))
Además, hablan ustedes de orgullo y de honor, donde sólo hay intereses.
Fíjense ustedes, acaban de resucitar un concepto que creía estaba enterrado en la historia, la unidad de destino en lo universal, cuando dicen que España no debe estar
sentada en el rincón de la historia, y por eso tienen que apostar ustedes por la política de guerra que la Administración más peligrosa que ha habido en Estados Unidos en las últimas décadas está promocionando en el mundo. (Una señora diputada:
¡Anda ya!) Callan miserablemente ante los muertos diarios que hay, muertos civiles en el sur de Irak y en el norte de Irak, en Palestina. Es un goteo diario de muertos civiles y ustedes callan miserablemente; callan porque sus objetivos son otros,
no la solución política de los problemas ni la paz.
Les costó ganarse credibilidad de centro, la están perdiendo ustedes a borbotones. Se creen muy fuertes, pero están solitarios en este Parlamento y cada vez más en la sociedad. Es el preludio de una derrota que van a tener dentro de poco.
(Rumores.) En su boca la palabra paz suena a cinismo y a mentira; en su boca -repito- la palabra paz suena a cinismo y a mentira. (Rumores,- El señor De Luis Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Frutos.
Señorías, ruego permitan que se desarrolle la intervención del señor diputado que está en el uso de la palabra con total normalidad.
(Continúan los rumores.)
El señor FRUTOS GRAS: Son ustedes los que están con los ultras, no yo, con la Administración ultrarreaccionaria de Estados Unidos. Yo no; yo nunca he estado con Sadan Husein, ustedes sí, y con los ultras ahora, estuvieron con aquellos
ultras y están con los actuales. No hay en el Partido Popular un poco de sentido común, de lucidez, de inteligencia y de sensibilidad para decir a un presidente ya con caducidad: señor presidente, por este camino no vamos porque este camino no
puede ser el camino democrático de España ni el camino democrático del Partido Popular. ¿No hay un poco de lucidez ni de inteligencia? (Aplausos.-El señor Llorens Torres: El voto es libre.) ¿Van a continuar siguiendo todos ustedes el camino de la
complicidad con el que fue creador de terroristas y de Estados tiranos? ¿Van a continuar siguiendo este camino? Nosotros no, no tenemos nada que ver con lo que representa Sadam Husein, no tenemos nada que ver con Bin Laden; ustedes y los que
representan sí tienen que ver, porque se posicionaron, apoyaron e impulsaron esta política en un momento determinado. (Rumores y protestas.)
No sé por qué se ponen tan nerviosos, si han votado ya, si salían rebosantes de contentos (Risas.) No sé por qué se ponen tan nerviosos por un diputado que representa a ocho diputados en el Parlamento español.
¿Por qué? Tranquilidad hombre
que van a perder el último resto de imagen credibilidad centrista que les queda; lo van a perder. Modérense ustedes, señores. (Aplausos.) Pedimos a este Congreso y también a ustedes, que no sean cómplices de una guerra ilegítima e inmoral, que no
va a contribuir a nada bueno en la historia y que no contribuyan ustedes, señoras y señores diputados del Partido Popular, a escribir una de las páginas más negras de la historia de España de este siglo XXI. No es un debate cualquiera, es el debate
entre la guerra y la paz, entre la destrucción o la vida; por tanto es un debate en el cual se tiene que poner toda la pasión. Les agradezco que pongan su pasión, pero han puesto la pasión en el lugar equivocado, en el lugar erróneo, en el lugar
de la guerra, mientras que nosotros y mucha gente de este país y este Parlamento la hemos puesto en el lado de la democracia, de la paz, de la solución política de los problemas.
Aceptamos las enmiendas del Partido Socialista, de Coalición Canaria y de Convergència i Unió -dentro de ellas va incluida también una enmienda del Grupo Mixto- porque resumen en este momento concreto la posición mayoritaria de la sociedad
española. En todo caso, la moción que hemos defendido hasta ahora y que hemos presentado a este debate nos parece que se puede defender pasado mañana o la próxima semana,
pero en este momento concreto debe quedar claro ante la sociedad española quién está por la paz, quiénes apuestan por la solución política y quién está por la guerra. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
Señor Marín, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero felicitar al señor Frutos por su brillante, emotiva y sincera intervención. (Protestas.-Aplausos.) Como comparto sus argumentos de fondo y ha tenido la extraordinaria amabilidad y generosidad de aceptar la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, hago míos sus argumentos, doy por reproducidos los anteriores y excuso a SS.SS. de utilizar más tiempo a estas horas de la noche. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Caldera.
Señor Mardones, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Me ha pedido también el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans, que en su nombre diera por defendida la enmienda que hemos presentado que trae razón de la proposición no de ley que hemos planteado y votado en el
anterior debate, que está en la línea de consecuencia y de congruencia. Agradecemos también al señor Frutos que acepte el mismo texto de la enmienda que hemos presentado los tres grupos parlamentarios precisamente para dar un sentido de unidad y de
congruencia en un pensamiento desde cualquier punto de vista, sea político, sea ético y moral, sea de racionalidad, sea desde un punto de vista que nosotros llamamos también de sentido común, sobre todo recogiendo y el clamor del pueblo español, de
la calle.
Como mañana tendremos también ocasión en la comparecencia del Gobierno para esta cuestión de la guerra en Irak, mi grupo se reafirma en esas líneas de pensamiento a favor de los inspectores, de que no es necesaria una nueva resolución, y
sobre todo que España no dilapide el magnífico capital de política exterior que tiene en el Mediterráneo, en Latinoamérica y en los países árabes. Por estas razones está presentada la enmienda conjunta de los tres grupos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías, me parece que quien se ha quedado sin argumentos es la oposición. Nosotros hemos hecho desde el principio un debate de argumentos, un debate de solidez, un debate de
responsabilidad, un debate en el que hemos hecho un análisis de la situación, del régimen de Sadam Husein, de los escenarios, de los riesgos geoestratégicos, de las ventajas geopolíticas; hemos hablado de cuestiones de sustancia. (Rumores.) Aquí
creo que hay un cabreo de fondo notable, ustedes sabrán por qué, pero en todo caso nosotros seguimos haciendo un debate de seriedad y escuchamos con respeto a los que suben a esta tribuna, quizá no como usted, señoría. En todo caso, nosotros hemos
sido coherentes, hemos apoyado una segunda resolución, otros que la exigían ahora se echan para atrás. Se ha dicho aquí y se han mezclado temas, se ha hablado de todo; se ha dicho que estamos aquí apoyando a los muertos, a los asesinatos. Cuando
se habla de política exterior hay que ser serio, y cuando se habla de los muertos en Irak, habría que preguntarle al régimen de Sadam Husein qué grado de responsabilidad tiene en la no aplicación de las resoluciones humanitarias de Naciones Unidas.
Esas resoluciones son las que habrían dado paso a beneficios y ventajas humanitarias al pueblo de Irak, y no llegan simplemente porque el Gobierno iraquí no quiere que su pueblo tenga esas ventajas para poderse presentar como una víctima ante la
opinión pública mundial; esa es la realidad, señorías.
Hablan ustedes de que nosotros queremos la guerra. Nosotros queremos la paz, queremos el desarme, queremos desarmar a un tirano que ha empleado armas de destrucción masiva, y que muy probablemente las podría volver a emplear si nosotros no
hiciéramos algo para evitarlo. (Aplausos.)
Se está hablando de las diferentes posiciones. En la comunidad internacional ya nadie habla de un plazo indefinido. Ningún acuerdo, ningún foro internacional está hablando de plazo indefinido; están hablando de plazo. Incluso Francia y
Alemania hablan ya de un plazo de cuatro meses, y existe una proposición canadiense que habla de un mes.
Ese es el plazo del que está hablando la gente, y no de plazos indefinidos. Eso es utópico, irreal y, además, irresponsable.
Sigamos con el debate de fondo. Ustedes han hablado de Oriente Próximo. El único ministro de Asuntos Exteriores que ha empleado la palabra proceso de paz de Oriente Próximo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es la ministra de
Asuntos Exteriores de España. Somos nosotros los que hemos apoyado la hoja de ruta del cuarteto, somos nosotros los que queremos tratar de impulsar el proceso de paz en Oriente
Próximo a través de una solución de este conflicto, y de la crisis abierta por Irak.
Algunos han hablado también del incumplimiento de las resoluciones. Desde esta tribuna, miembros del Gobierno, miembros del Grupo Parlamentario Popular han defendido el cumplimiento íntegro y estricto de todas las resoluciones en todos los
conflictos sin distinción, y ahí estamos sabiendo que hay otro conflicto en el que se está negociando -aunque esté descarrilado el proceso de paz-, pero dos de los cinco conflictos están cerrados: Jordania y Egipto. Quedan los más importantes, y
obviamente el conflicto palestino que es el central; pero nosotros somos firmes defensores de la solución de dos Estados, firmes defensores de que Palestina tenga su Estado, firmes defensores de que Israel y Palestina vivan juntos, en paz y armonía
en fronteras internacionales seguras.
Señorías, no hay excusas del terrorismo. El terrorismo no necesita excusas. Los atentados de las torres gemelas se prepararon en verano del año 2000, en plena luna de miel entre israelíes y palestinos, cuando estuvieron a punto de
conseguir todo lo que indicaba la Resolución 242 de Naciones Unidas. En ese momento, durante las negociaciones de Camp David, en julio del año 2000, y en las negociaciones de Taba, en agosto del año 2000, justamente en ese momento Al Qaeda decidió
preparar los atentados.
No es racional ni razonable pensar que esto va a abrir un abanico de excusas al terrorismo. No es así; es pura y simplemente estar desviados.
Señorías, nosotros no queremos utilizar la ligereza en los debates de política exterior, queremos solidez y seriedad, y hemos vuelto a presentar argumentos. Nosotros no vamos a aceptar ninguna lección de democracia. Este grupo
parlamentario, que tiene la legitimidad de 10.200.000 votos, va a demostrar que a la larga nuestra responsabilidad -aun sabiendo que puede tener un coste electoral-, es lo que necesita España, Europa y el mundo. Paz sí, señorías, pero con desarme,
no con irresponsabilidad. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Arístegui. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas y actuaciones que a partir de este momento va a llevar a cabo el Gobierno sobre la crisis originada por el Prestige, que se somete a votación en
los términos derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 120; en contra, 181; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre la postura de España ante un posible ataque militar sobre Irak, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 133; en contra, 181.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las once y cincuenta minutos de la noche.