Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 223, de 06/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 223
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 214
celebrada el jueves, 6 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes: ...
- Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. (Número de expediente 130/000035.)
('BOE' número 313, de 31 de diciembre de 2002.) ... (Página 11321)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales: ...
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 25 de junio de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 359, de 8 de
noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000206.) ...
(Página 11328)
- Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile de 28 de enero de 1997, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 361, de 15 de
noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000207.) ... (Página 11328)
- Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina de 28 de mayo de 1966, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 362, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000208.) ... (Página 11328)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la regulación y ordenación de los flujos migratorios entre ambos Estados, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 363, de
15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 110/000209.) ... (Página 11328)
- Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo hispano-peruano de Seguridad Social de 24 de noviembre de 1978, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 364, de 15 de noviembre de 2002.
(Número de expediente 110/000210.) ... (Página 11328)
- Canje de Notas, hecho en Lisboa los días 8 y 9 de octubre de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y Portugal sobre creación de una comisión arbitral para evaluar las indemnizaciones correspondientes a los españoles cuyos bienes
fueron confiscados en la Revolución de 1974.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 366, de 22 de noviembre de 2002. (Corrección de error en 'BOCG', serie A, número 369, de 25 de noviembre de 2002). (Número de expediente 110/000211.)
... (Página 11328)
- Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, relativo al Fondo Fiduciario UNESCO/España de Cooperación para el Desarrollo, hecho en París el 11
de septiembre de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 367, de 22 de noviembre de 2002.
(Número de expediente 110/000212.) ... (Página 11328)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.800.073,02 euros, para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del Tajo con Unión Eléctrica Fenosa, S.A.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie A, número 115-1, de 25 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000115.) ... (Página 11329)
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.453.948,73 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños causados por la rotura de la presa de Tous. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
A, número 120-1, de 15 de noviembre de 2002. (Número de expediente 121/000120.) ...
(Página 11329)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas: ...
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 121-1, de 22 de noviembre de 2002. (Número de
expediente 121/000121.) ... (Página 11330)
Avocación por el Pleno de proyectos de Ley:
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 121-1, de 22 de noviembre de 2002. (Número de
expediente 121/000121.) ... (Página 11354)
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones y Ponencias:
- Acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en relación con el Informe de la Ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica. (Número de expediente 154/000006.) ... (Página 11355)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 11321)
Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas ... (Página
11321)
El señor ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez- Conde) presenta el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno en su último Consejo de Ministros del pasado año y pide el apoyo a la convalidación de la norma por la que se amplían los
compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. Explica brevemente los fundamentos del sistema en el que esta medida transitoria se encuadra y la necesidad de la misma,
con la total convicción de que va a obtener el respaldo parlamentario.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Moragues Gomila, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con las
Fuerzas Armadas, se aprueba su convalidación por 282 votos a favor y uno en contra.
Sometida a votación la tramitación del Real Decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 12 votos a favor, 168 en contra y 103 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 11328)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones, hecho en Madrid el 25 de junio de 2002 ... (Página 11328)
Sometido a votación, se aprueba por 281 votos a favor y uno en contra.
Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile de 28 de enero de 1997, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002 ... (Página 11328)
Sometido a votación, se aprueba por 281 votos a favor.
Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Argentina de 28 de mayo de 1966, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002 ...
Sometido a votación, se aprueba por 282 votos a favor.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la regulación y ordenación de los flujos migratorios entre ambos Estados, hecho en Varsovia el 21 de mayo de 2002 ... (Página 11328)
Sometido a votación, se aprueba por 278 votos a favor y cuatro abstenciones.
Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo hispano-peruano de Seguridad Social de 24 de noviembre de 1978, hecho en Valencia el 14 de mayo de 2002 ... (Página 11328)
Sometido a votación, se aprueba por 282 votos a favor.
Canje de notas, hecho en Lisboa los días 8 y 9 de octubre de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y Portugal sobre creación de una comisión arbitral para evaluar las indemnizaciones correspondientes a los españoles cuyos bienes fueron
confiscados en la Revolución de 1974 ...
(Página 11328)
Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor.
Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, relativo al Fondo Fiduciario UNESCO/España de Cooperación para el Desarrollo, hecho en París el 11 de
septiembre de 2002 ... (Página 11328)
Sometido a votación, se aprueba por 279 votos a favor y uno en contra.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 11329)
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.800.073,02 euros, para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del Tajo con Unión Eléctrica Fenosa, S.A ...
(Página
11329)
Sometido directamente a votación, se aprueba por 277 votos a favor y cuatro abstenciones.
Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.453.948,73 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños causados por la rotura de la presa de Tous ... (Página
11329)
Sometido a votación, se aprueba por 280 votos a favor.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 11330)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ... (Página 11330)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Michavila Núñez). Se trata, dice, de una importante reforma relativa al estatuto orgánico de lo que es sin duda una pieza clave para el funcionamiento más correcto de la
Administración de justicia como es el cuerpo del Ministerio Fiscal, su estructura, su funcionamiento, así como su régimen de trabajo; reforma que viene enmarcada en el conjunto de medidas que está impulsando el pacto de Estado para la reforma de la
justicia, a fin de actualizar y modernizar el marco jurídico en el cual se desenvuelve, al servicio de los ciudadanos, el conjunto de profesiones jurídicas que prestan atención a los mismos en el ámbito de la justicia.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen el señor Aymerich Cano y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas de totalidad con texto alternativo intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno intervienen los señores Rejón Gieb y Ollero Tassara.
A continuación se someten a votación las enmiendas de totalidad de devolución y de texto alternativo presentadas, que son rechazadas.
Avocación por el Pleno ... (Página 11354)
Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ...
(Página 11354)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por
la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que se acuerda por asentimiento.
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias ... (Página 11355)
Acuerdo de la Comisión Mixta de los derechos de la mujer, en relación con el informe de la Ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica ... (Página 11355)
Presenta el informe de la Ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica la señora Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Olmedo Checa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometido a votación, en primer lugar, el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, se aprueba por 277 votos a favor.
Sometido a votación el Acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en relación con el informe de la ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica, una vez que ha sido incorporado el voto particular del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al citado informe, se aprueba por 276 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 10/2002, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE AMPLÍAN LOS COMPROMISOS DE LOS MILITARES PROFESIONALES QUE MANTIENEN UNA RELACIÓN DE SERVICIO DE CARÁCTER TEMPORAL CON LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 130/000035.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.
Para la presentación del real decreto-ley, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante SS.SS. para presentar el real decreto-ley que aprobó el Gobierno en su último Consejo de Ministros del pasado
año, el 27 de diciembre, y pedir su apoyo a la convalidación de la norma por la que se amplían los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de servicios de carácter temporal con las Fuerzas Armadas. Para hacerlo, señora
presidenta, señorías, razonaré brevemente cuáles son los fundamentos del sistema en el que esta medida transitoria se encuadra, la necesidad de la misma y sobre todo ello, con carácter previo, la convicción de que va a obtener ese respaldo
parlamentario que ha propiciado el dictado de la propia norma de urgencia por el Gobierno, por cuanto toma por base un acuerdo parlamentario entre el Partido Popular, que apoya al Gobierno, y su grupo parlamentario y el grupo del principal partido
de la oposición, el Grupo Socialista, que buscaron la forma y manera de paliar los efectos de la aplicación inmediata e inflexible de la Ley 17/1999 a determinados colectivos, pacto este producido en la tramitación de los Presupuestos Generales del
Estado para el vigente ejercicio y en el Senado y a la que se suma en esta oportunidad la del Gobierno para ampliar los efectos de esta norma transitoria.
Entrando en cuáles son las bases del sistema que perfiló la vigente Ley 17/1999, de 18 de mayo, del personal de las Fuerzas Armadas, hay que recordar que estableció un modelo de Fuerzas Armadas totalmente profesionales, que tuvo como
consecuencia la suspensión a partir del 1 de enero de 2002 de la prestación del servicio militar obligatorio previsto en la Constitución
española y, en coherencia, la definición de un modelo de militar profesional basado en la coexistencia de personal militar permanente y de relación de servicios de carácter temporal, en este último caso susceptible de ser transformada en
permanente mediante los procedimientos establecidos en la propia ley.
Esta figura del militar profesional temporal se concreta para los cuadros de mando en los militares de complemento y, para la tropa y marinería, en aquellos de nuevo ingreso que aún no han accedido a la condición de permanentes, y es
heredera y continuadora de los militares de empleo de categoría de oficial y de tropa y marinería que, con características similares, fueron creados con la aprobación de la anterior Ley 17/1999.
La viabilidad de este modelo de Fuerzas Armadas
basado en la temporalidad de una parte apreciable de sus efectivos exige proporcionar a estos militares unas posibilidades reales de promoción, de formación y de reincorporación, después de que venza su compromiso, al mercado laboral.
Ello por dos
razones esenciales. La primera, de índole práctica, asegurar un reclutamiento suficiente y satisfactorio al poder realizar una oferta atractiva. La segunda, si se quiere de carácter más institucional o ético, proporcionar un futuro profesional
aceptable a quienes voluntariamente vienen a prestar servicios en las Fuerzas Armadas de modo temporal, cubriendo necesidades imprescindibles para su funcionamiento.
Respecto de la formación y apoyo para la reincorporación al mercado laboral, la propia Ley 17/1999 contempla, por una parte, la consideración como mérito de los tiempos servidos en las Fuerzas Armadas y la reserva consiguiente de plaza para
el acceso a las administraciones públicas y, por otra parte, un plan de actuaciones para facilitar la obtención de titulaciones (cursos de formación y perfeccionamiento) y convenios y acuerdos con organizaciones empresariales para propiciar el
acceso al mercado laboral privado. Para dar respuesta a su vez a la necesidad de contemplar mecanismos de promoción se concreta, en cuanto a los militares de complemento, en la promoción interna, con reserva de un porcentaje de plazas para el
acceso al cuerpo y en su caso escala a los que estaban adscritos, y en cuanto a la tropa y marinería tanto el acceso por promoción interna a las escalas de suboficiales, reservándose el cien por cien de las plazas, como el acceso a una relación de
servicios de carácter permanente. Por otra parte, la vigente ley, tantas veces mencionada, concreta los límites de la relación de servicios de carácter temporal en función de dos factores: el tiempo máximo de servicios prestados, que se fija en 12
años, y la edad máxima, que se fija en 38 años para militares de complemento y en 35 años para tropa y marinería.
Hasta aquí el modelo general.
Para paliar los efectos que la entrada en vigor de la ley pudiera tener sobre quienes se encontraran próximos a esos límites temporales, la propia ley contemplaba la posibilidad de conceder con carácter voluntario un compromiso
extraordinario por tres años hasta el 31 de diciembre de 2002 a quienes tuvieran que cesar antes de esa fecha, para que pudieran acogerse sin limitaciones de edad, titulación o número de convocatorias tanto a los procesos de promoción interna como a
las acciones de apoyo para la reincorporación laboral. Sin embargo, como consecuencia de la complejidad de la elaboración y consecución de disposiciones, convenios y acuerdos para el desarrollo de la ley, se ha abocado a un período de trámite más o
menos dilatado de tiempo, con una puesta en práctica progresiva y en algunos casos relativamente reciente de algunas de las disposiciones que permiten tener completo el sistema, por lo que sus efectos se han sentido de modo más apreciable a partir
del pasado año, justo aquel en el que vencía la prórroga legalmente establecida. Con la presente norma se pretende extender hasta el 31 de diciembre del año en curso los compromisos de los militares de complemento y de los militares de tropa y
marinería profesional con una relación de servicios de carácter temporal que, bien por razón de edad o tiempo de servicios, deban finalizar su compromiso antes de la citada fecha, de modo similar a lo previsto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 17/1999, tantas veces citada, y posibilitar que el personal afectado vea incrementadas sus expectativas de incorporación permanente a las Fuerzas Armadas, superando los referidos procesos de promoción interna, y simultáneamente pueda acogerse
a los programas de formación y convenios de colaboración que se ofertan para facilitar en su caso su reincorporación al mercado laboral.
En cualquier caso, señoras y señores diputados, la aprobación de esta prórroga hay que entenderla como un hecho extraordinario -de ahí también que haya de ponerse en conexión en no pequeña medida con el carácter extraordinario de la norma- y
por tanto tiene vocación de irrepetibilidad. Dicho sea, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que al menos esa es la voluntad del Gobierno, que ha entendido también interpretar la voluntad de los grupos proponentes de la disposición en la que
toma fundamento el presente real decreto-ley, pues de otro modo la virtualidad del actual modelo militar, que pasa por el mantenimiento del concepto de temporalidad, se vería seriamente conculcada. Y esta temporalidad, que no es una consecuencia
caprichosa de la ley, sino su propia esencia, posibilita la necesaria renovación periódica de los efectivos y sustenta la necesidad de contar con personal que en todo momento tenga y mantenga la capacidad psicofísica necesaria para desempeñar las
funciones operativas a que estén destinados.
La utilización del mecanismo del real decreto-ley, que es excepcional, como es suficientemente sabido, efectivamente contemplado en el artículo 86 de la Constitución, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, viene en este caso
ampliamente justificada por las circunstancias hasta aquí descritas y por las
motivaciones que acaban de quedar expresadas. Se ha tenido como antecedente inmediato la enmienda introducida a la disposición adicional vigesimonovena de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, referida a los
militares de complemento, que se había logrado en el Senado, por virtud del pacto antes referido de las dos principales fuerzas políticas de las Cámaras y en concreto por obra del buen trabajo desempeñado por los señores Campoy y Moragues, de los
grupos Popular y Socialista, a quienes desde aquí agradezco su trabajo, al que ha venido a sumarse también, en razón de justicia, el de la propia Subsecretaría y el esfuerzo de los ejércitos por ampliar estos beneficios a los que pueda acoger a la
tropa y marinería profesional en las mismas circunstancias, con lo cual creo que se ha logrado de verdad, equitativamente, una medida que va a permitir a un colectivo no muy numeroso, pero sí muy afectado, poner los medios para que tomen su decisión
vital y permitan una consolidación pacífica del sistema.
Tengo asimismo que agradecer ahora, para no alargar el debate, a los grupos que me han manifestado el apoyo a la norma que vayan a hacerlo; en concreto, al Grupo de Coalición Canaria y al Grupo de Convergència i Unió, que siempre han
apoyado la acción de los dos principales grupos de la Cámara en la búsqueda de un consenso sobre este punto.
Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro de Defensa.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La Ley 17/1999, de 18 de mayo, estableció efectivamente cambios fundamentales para el ejército en el Estado español, que pasó de ser un ejército de leva obligada a un ejército de carácter profesional, que perseguía contar con un número de
efectivos de calidad técnica y humana, según las funciones que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en una sociedad que se viene caracterizando de moderna. Es así como establecieron que hubiese dos sectores importantes en este nuevo ejército:
los oficiales de complemento, con relaciones de servicios exclusivamente temporal, y los militares profesionales de tropa o marinera, que serían la base del nuevo sistema y que tendrían servicios de carácter temporal o permanente. La ley
contemplaba además, por lo menos, que se podía permanecer en el ejército o bien volver a la vida civil, pero en condiciones siempre óptimas. Ninguno de estos dos asertos, que eran los pilares fundamentales de la ley, se cumplen y esta es una de las
causas de la disminución de incorporaciones de hombres y mujeres para ocupar plazas de militares profesionales en el ejército. No se puede pretender que haya un acceso al ejército por parte de las nuevas generaciones en unas condiciones que no
garantizan precisamente estos dos objetivos básicos, que son permanecer o volver en condiciones de cierta dignidad.
En el caso de la concepción del nuevo ejército, se debió de partir del supuesto de que todos los que forman parte de él son militares profesionales, que habría que tener una concepción global que abarcase al militar de carrera que ocupa
puestos de mando y que por lo tanto va a tener una vinculación en principio permanente; habría que contemplar también a los oficiales de complemento, que tienen una pertenencia temporal, que se podría hacer también permanente conforme a ciertos
requisitos, y a los profesionales de tropa y marinería cuya adhesión, siendo de carácter temporal, también se podría hacer permanente con ciertos requisitos. Realmente, para que esto sea así, habría que lograr una permeabilidad en las escalas,
consolidar el puesto de trabajo y adecuar la formación de tal manera que, si hay que volver a la vida civil, esta formación garantizase la reinserción laboral sin problemas y sin traumas. En esta dirección van varias iniciativas que están
registradas en la Cámara, varias proposiciones de ley de distintos grupos parlamentarios, dedicadas a modificar la Ley 17/1999, de 18 de mayo, y que todavía no se han debatido. Por esto pensamos que el hecho de que se prolongue hasta el 31 de
diciembre de 2003 la permanencia en las Fuerzas Armadas de aquellos que, según la disposición adicional cuarta, tendrían que abandonar estos puestos de trabajo y su permanencia en el ejército el 31 de diciembre de 2002 realmente es un parche, una
solución de compromiso tomada de forma urgente. El ministro dice que extraordinario, pero extraordinario es un adjetivo equívoco, porque extraordinario también quiere decir que se toma una medida excelente, fuera de lo que sería habitual, y en este
caso la concepción de extraordinario solamente hace referencia al aspecto de algo inusual e irrepetible.
Los problemas de todas maneras no desaparecen, los problemas de fondo van a seguir estando ahí. Si se quiere hacer atractiva la vida militar y lograr adhesiones que puedan ser temporales en principio, pero que se puedan convertir en
integraciones plenas y permanentes, va a tenerse que cambiar la ley. Si no se hace, lo que auguramos es una continua deserción respecto de la vida militar, que no se va a paliar exclusivamente con propagandas. En todo caso nos gustaría que este
real decreto-ley se tramitase como proyecto de ley, porque sería una buena forma de poder entrar en las cuestiones de fondo y solucionar o por lo menos diseñar un marco que fuera atractivo para los jóvenes y las jóvenes del Estado español en
relación con un ejército que se dice que debe tener unos requisitos de expectativas en su incorporación y de modernidad en su funcionamiento.
Nada más y muchas gracias. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Por razones obvias, algunas de las cuales explicitaré brevemente en mi intervención, mi grupo, Coalición Canaria, va a votar favorablemente la convalidación de este Real Decreto-ley 10/2002. Lo hacemos porque coincide plenamente con
sugerencias, enmiendas y propuestas que tanto mi grupo como el Grupo Catalán (Convergència i Unió) hemos ido presentando en esta Cámara. Concretamente, este diputado que les habla en nombre de mi grupo, ya en el año 1999, cuando discutimos el
entonces proyecto de ley 17/1999, del régimen del profesional militar de las Fuerzas Armadas, presentó una enmienda, la número 62, a la disposición transitoria tercera en aquel momento, referida a las escalas a extinguir relacionadas en las
disposiciones anteriores y adicionales. En ella pedíamos que pasaran a la reserva al cumplir las edades señaladas en el punto 1, apartado c), del artículo 145 de esta ley. Esta enmienda no tuvo buena suerte y fue rechazada. Cuatro años después
nos encontramos con un real decreto-ley que viene precisamente a darnos la razón. Posteriormente, en leyes presupuestarias, tanto el Grupo Catalán como mi grupo presentamos sendas enmiendas para que la situación de este personal, sobre todo el que
estaba en el complemento y la tropa, pudiera tener una salida acorde con la legislación vigente, incluso con las reales ordenanzas que señalan que no puede haber discriminación y con la Constitución española.
Por estas razones nos encontramos en esta situación, porque viene a atender a dos cuestiones fundamentales que queremos destacar ahora. Una con respecto a los militares de complemento y, otra, a los militares profesionales de tropa y
marinería que se encuentran en esta circunstancia. A la fuerza ahorcan, dice el refrán, y en estos momentos, cuando las Fuerzas Armadas se encuentran con una situación de precariedad de personal profesional, ya que no se han podido cumplir las
expectativas, porque no hay una demanda laboral de atracción a tropa y marinería. En una situación en la que se ha ido bajando la escalera de 120.000, primero, 110.000, 85.000, y nos vamos a quedar en 75.000 raspados de personal de tropa y de
marinería, no podemos dejar desarbolada de profesionales que han venido mostrando una profesionalidad ejemplar, una lealtad, no solamente a la bandera que han jurado, sino al servicio profesional de las Fuerzas Armadas, como son fundamentalmente los
que se contemplan bajo el epígrafe de militares de complemento, que han venido prestando con esta lealtad, con esta entrega profesional. No podemos ahora ponerles en la calle tranquila y sencillamente, después de que son profesionales que han
cumplido y que son imprescindibles y necesarios para nuestras Fuerzas Armadas. Estaríamos produciendo un proceso de anemia profesional, personal y humana de los cuadros que necesitamos en este momento para todas las operaciones. Los compromisos
nacionales o internacionales de España a través de sus Fuerzas Armadas, en misiones de paz en el exterior, son sustentadas por militares profesionales y se requiere la mejor graduación y adecuación a las formas de vida. Nunca es tarde, si la dicha
es buena. La dicha es imperfecta e incompleta. Espero que se puedan ir perfeccionando las situaciones de este personal, que es en este momento imprescindible y necesario, porque no hay otro. No se puede sustituir de la noche a la mañana a un
oficial de complemento, a un profesional, por otro que entre, cuando tenemos los compromisos que tenemos y cuando lo que se avecina en el horizonte es preocupante y requiere la responsabilidad de esta Cámara en cuanto pueda hacerse sobre este tema.
Quiero agradecer el reconocimiento que ha hecho el señor ministro de Defensa, don Federico Trillo, a la labor que otros grupos habíamos hecho anteriormente en esta línea, para aportar soluciones constructivas. Mi grupo no ha tenido otro
fin, y al señor ministro de Defensa le consta nuestra lealtad constitucional a estos principios de defensa de nuestras Fuerzas Armadas. Ya que para resolver este tema se ha invocado la disposición adicional tercera de la Ley 17/1999, aprovecho el
viaje, señor ministro, para recordarle que también está vigente la disposición adicional séptima, que obligaba al Gobierno a traer a 31 de diciembre de 2002 las leyes que desarrollasen los derechos y obligaciones del personal profesional militar.
No es una cantinela volver a reivindicar ahora un derecho constitucional que usted conoce bien y me consta que ha sabido tomar en consideración en su momento. La disposición final que ampara este real decreto-ley es tan útil y vigente como la
disposición adicional séptima, de derechos y deberes de los militares profesionales.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta. Buenos días.
Cerca de un millar de profesionales están afectados por este tema, un tema que ya ha venido varias veces a esta Cámara y que ha suscitado artículos y opiniones de todo tipo a lo largo de este último periodo. Había un acuerdo entre estos
profesionales y el ejército en el sentido de que la temporalidad tenía un compromiso de salida de cara al mercado laboral, con la preparación previa, o de cara a la obligación de las Fuerzas Armadas de permitirles el acceso a la suboficialidad o a
la oficialidad.
El pasado 31 de diciembre se tenían que ir a la calle los primeros militares de complemento afectados por este
tema, ya que el ministerio no había dado la salida acordada en principio.
A partir de ahí, debido a las presiones, al debate que se realizó y a una cierta sensibilidad por parte del ministerio, se consiguió que el Grupo Parlamentario
Popular presentase una proposición no de ley y este Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de diciembre.
El problema realmente se aplaza un año, lo que quiere decir que, con este paréntesis, se sigue igual, ya que a partir del mes de diciembre del año 2003 se puede empezar a echar a la calle a cientos de profesionales perfectamente válidos para
nuestras Fuerzas Armadas. Además, esto sucede en un contexto en el que las Fuerzas Armadas de España tienen dificultades para integrar a gente válida, para especializar y cualificar a personas que en este caso ya han conseguido esta especialización
y que tienen un correlato muy importante en su preparación en la vida civil, dada la panoplia de diplomas y la preparación que presentan muchos de ellos. Nosotros pensamos que este problema se va a reiterar dentro de muy poco y que no se está
haciendo lo suficiente para integrarles definitivamente en el seno de las Fuerzas Armadas. En los próximos meses nos volveremos a encontrar otra vez con este debate. ¿Son útiles? ¿Son difíciles de sustituir? ¿Cuál es el problema que presentan de
partida? ¿Que no provienen de familias de tradición castrense? ¿Que no se logran integrar porque provienen de la vida civil y tienen una preparación civil muy importante, que a veces, al unirla con la preparación militar, da la sensación de que no
fueran realmente militares? No se aprecia su preparación civil o en todo caso se dice que se trata de una falta de vocación, cuando están cumpliendo a las mil maravillas las funciones que hasta el momento se les han asignado.
Pensamos que este real decreto-ley es un parche y que el ministerio pretende ganar tiempo sin solucionar el asunto, esperando a mejores momentos para empezar a liquidar a este colectivo. Lo que nosotros pedimos a todos los grupos, como se
ha hecho antes, y se lo pedimos específicamente al Grupo Popular, que tiene mayoría absoluta, es que se apruebe hoy aquí su tramitación como proyecto de ley, para intentar entre todos consensuar una salida estable a esta situación. Si no, esta idea
del paréntesis hasta el próximo mes de noviembre o diciembre va a quedar clara, no vamos a solucionar nada y todo va a seguir en las mismas condiciones, absolutamente inaceptables, para este colectivo, muy bien preparado, con el cual no se están
cumpliendo los compromisos contraídos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, con la presentación de este real decreto-ley se daba un primer paso importante en la resolución de una situación que afecta a un número limitado de
personas, hecho que no disminuye la importancia del tema, que en un momento optaron por la integración en el ejército. Por tanto, con su aprobación damos un primer paso en la resolución del problema, dándoles, de entrada, un año más de margen para
solucionar de forma definitiva ese problema de continuidad en las Fuerzas Armadas.
Quiero aprovechar la ocasión para recordar al señor ministro que, efectivamente, fue una enmienda que presentamos nosotros y que después pactamos con el grupo mayoritario, la que arrancó del Gobierno la voluntad de encontrar una solución al
tema. Trabajamos, como todos los otros grupos parlamentarios pero de una forma especial, para lograr ese acuerdo con nuestra enmienda; la adaptamos y con ella arrancamos el compromiso. Por tanto también somos copartícipes de la solución, en
parte, que hoy se da. Como consecuencia, a partir de ese momento, señor ministro, se tiene que poner en marcha la normativa vigente y darle contenido, por lo que corresponde una política de promoción interna efectiva, que facilite concurrir a las
correspondientes pruebas a los militares de complemento que deseen su integración permanente en las Fuerzas Armadas, en la mayor proporción posible que las plantillas reglamentarias permitan.
Como saben ustedes, señoras y señores diputados, para ser militar de carrera los oficiales de complemento sólo tienen una posibilidad, la promoción interna, vía que en algunos casos casi no ha existido. Y en aplicación de la disposición
adicional cuarta de la Ley 17/1999, a partir del 31 de diciembre de 2002, ahora de 2003, y a lo largo de los próximos años, cesarán su relación con el ejército alrededor de 140 oficiales, que, además, no podrán presentarse a los procesos selectivos
porque tendrán más de 37 años de edad. Sería bueno por tanto que se adoptase un compromiso de impulsar cursos de formación para el acceso a esos cuerpos y escalas que complementen a los oficiales que cesen en su relación de servicio en los próximos
años, estableciendo también un porcentaje de plazas de promoción interna que permitan mantener al máximo ese potencial de recursos humanos al servicio de las Fuerzas Armadas, para, a través de la normativa adecuada, evitar que los colectivos que
realmente no han dispuesto de mecanismos de promoción profesional y estabilidad en el empleo, que les reconoció la legislación anterior, se vean obligados a abandonar las Fuerzas Armadas.
Señor ministro, habría que ver si hay posibilidad de incrementar de manera significativa y de forma excepcional el número de plazas de promoción interna para 2003 para los militares de complemento, teniendo en cuenta que en algún caso han
estado sin convocarse durante más de ocho años. También sería bueno, no sé si es posible, estudiar que se estableciera una convocatoria
de promoción interna, cuyo requisito podría ser tener más de ocho años de servicio, al igual que en este momento se exige a la tropa profesional, para poder opositar a las plazas de tropa permanente, ya que esa propuesta daría posibilidades
reales a los militares de complemento a los que se les terminan sus compromisos y que no han podido optar durante su vida a la promoción interna. Como entendemos que la voluntad del legislador no se cumplió en lo que se refiere a las posibilidades
reales de promoción y que se cercenó un derecho personal, consideramos que hay que poner en marcha esos mecanismos, que darían cumplimiento a ese primer paso que ha sido el real decreto-ley.
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Companys.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señora presidenta.
Haré una intervención muy breve, señor ministro, para explicitar nuestro voto favorable a la convalidación del real decreto-ley, como no podía ser de otra manera.
Ha explicado muy bien usted cómo ha sido la tramitación que ha dado como consecuencia la publicación de este real decreto-ley. Pero, como nobleza obliga, quiero agradecerle también sus esfuerzos personales, que me consta que lo han sido, y
la receptividad del ministro, que no tanto del ministerio, para resolver esta cuestión. También quiero decir públicamente que no ha sido solamente un esfuerzo de los dos grupos mayoritarios, aunque se haya reconocido en la figura del portavoz que
les habla y del portavoz del Partido Popular, sino que ha sido un trabajo conjunto, como han recordado alguno de los otros portavoces, porque durante toda la tramitación del acuerdo ha habido un constante diálogo con los otros grupos. Por tanto,
señor ministro, si me permite la broma, esta es una medalla compartida y así lo siente este portavoz.
Las dos razones por las cuales el Grupo Socialista va a dar apoyo a la convalidación de este real decreto son muy claras. La primera es de tipo formal -lo ha recordado el señor ministro y otros portavoces que me han antecedido en el uso de
la palabra- porque este real decreto es consecuencia de una enmienda transaccional ofrecida por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que obviamente tuvo que ser aceptada previamente por el propio Grupo Socialista. Por tanto, nuestra postura
de hoy viene de aquella. La segunda razón es de fondo porque estamos de acuerdo en que este real decreto ha sido producto de una intensa y extensa negociación entre los grupos de la Cámara, en la que el Grupo Socialista se empleó a fondo hasta el
último momento, que fue cuando se logró el acuerdo. Quiero recordar que este acuerdo se forjó en los últimos momentos, en el último día, de la tramitación de las enmiendas de la Ley de acompañamiento.
Dicho esto, me interesa dejar absolutamente claro, y quiero sumarme a la declaración expresa que ha hecho el señor ministro, que es una prórroga extraordinaria, y así lo comparte el Grupo Socialista. Es cierto que el Grupo Socialista habría
querido que esta prórroga hubiera sido más amplia de la que finalmente se consiguió porque desconfiábamos, y continuamos desconfiando, de que en el tiempo que queda de este año, escasamente 10 meses, el ministerio y el Gobierno tengan posibilidades
de desarrollar las medidas que a lo largo de 4 años no hemos sido capaces de trasladar.
Como digo, desconfiamos de que esto sea posible en 10 meses, por lo que nos habría gustado más que el real decreto, en lugar de prorrogar los acuerdos y los
contratos por un año, hubiera sido por un plazo más amplio. Vamos a ver ahora cómo el ministerio responde a estas necesidades.
Quiero dejar claro que mi grupo parlamentario coincide completamente tanto con la letra y el espíritu de la ley como con la declaración que ha hecho el ministro hoy de que esta es una prórroga extraordinaria, y así queremos nosotros
trabajar. Como ya han recordado los portavoces de otros grupos parlamentarios, todo el mundo debe ser consciente -nuestro grupo lo es- de que esta medida por sí sola no arregla nada, porque esta prórroga debe venir seguida de una serie de medidas
que confiamos que muy pronto se puedan concretar. Esperamos poder trabajar en la próxima Comisión de Defensa en este aspecto para llegar a una concreción de medidas porque,sin ellas, esta prórroga no resuelve ninguno de los problemas planteados.
Las causas por las cuales ha sido necesario promulgar este real decreto continúan vigentes. En estos momentos, como sigo esta cuestión puesto que soy portavoz, yo no tengo conocimiento de que haya medidas en marcha para paliar los problemas que han
llevado al Gobierno a promulgar este real decreto-ley. Por tanto, esta es una medida temporal que, por lo menos para nosotros, debe tener como objeto posibilitar que los oficiales de complemento, y también naturalmente los soldados y marineros de
tropa profesional, puedan acogerse a las previsiones legales vigentes y que la Administración militar posibilite éstas y otras que deberán concretarse en un futuro inmediato. No comparto algunas afirmaciones que han hecho portavoces de otros grupos
parlamentarios en el sentido de que, para arreglar estos problemas, sea imprescindible modificar la ley. Esto no es así, señorías, este es un problema no tanto de modificación, sino de aplicación de la ley. El futuro determinará cuándo debe
modificarse la ley, si se debe de modificar.
Señora presidenta, nuestro grupo va a votar favorablemente el real decreto-ley, a la espera de que las
medidas que complementen este real decreto puedan concretarse muy rápidamente en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Moragues.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señores diputados, señor ministro de Defensa, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley y se va a oponer a su tramitación como proyecto de ley. Este es un real decreto-ley oportuno,
por el que se amplían los compromisos que tenían los militares profesionales de carácter temporal, tanto de tropa y marinería como de complemento, especialmente a los que afectaba la aplicación de la Ley 17/1999 y sus disposiciones transitorias con
relación al tiempo de permanencia de servicio o a su edad.
Como bien ha señalado el ministro de Defensa, esta norma que hoy se somete a la convalidación del Pleno de la Cámara es una consecuencia del proceso de profesionalización en el que están inmersas las Fuerzas Armadas españolas, consecuencia
de ese proceso de profesionalización que comenzó con el fin del servicio militar obligatorio, a partir del pasado 31 de diciembre de 2001, y consecuencia de todas las medidas que el Gobierno de España, cumpliendo el programa electoral del Partido
Popular y con el respaldo y la aportación de todos los grupos de esta Cámara, está llevando a cabo. Sin duda, como ha destacado el ministro de Defensa, la base de esta norma que hoy se somete a la convalidación de la Cámara parte de la resolución
parlamentaria de mayo del pasado año 2002, cuando a iniciativa del Grupo Popular se propuso ampliar a los militares temporales de complemento una serie de disposiciones que, ya por la Ley 17/1999, afectaban a la tropa y marinería profesional para
equiparar todo lo que significaba tanto las medidas que facilitaran la reincorporación a la vida laboral civil, para entendernos, como aquellas que permitían la promoción interna dentro de las Fuerzas Armadas para alcanzar plazas de carácter
permanente.
Como bien ha señalado el ministro de Defensa, hay que tener en cuenta el consenso parlamentario básico general entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular. También quiero reconocer al señor Moragues y al señor Campoy el trabajo que han
realizado para hacer posible una determinada disposición, una serie de normas que en el Senado se incorporaron a última hora, a las que aportaron sus sugerencias y respaldo los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, que
en definitiva venían hacer realidad parte de aquel acuerdo del Pleno de este Congreso, del mes de mayo de 2002, y que fundamentalmente pretendía avanzar en los objetivos de reincorporación a la vida laboral de los militares de complemento, así como
facilitar las medidas para la promoción interna.
El real decreto-ley que se nos somete a convalidación se extiende hasta el 31 de diciembre del presente año a los militares con relaciones de servicio de carácter temporal y que terminen su compromiso, bien por tiempo de permanencia o bien
por edad, para ofrecerles la posibilidad de tener una nueva relación de servicio sólo por este período de manera que puedan acceder a los procesos de formación previstos y acogerse a los mecanismos de promoción interna. El Grupo Popular coincide
plenamente con la voluntad y el texto del real decreto-ley pues entiende que nos encontramos ante un hecho de carácter extraordinario en su contenido y en su forma, con carácter de irrepetibilidad, como acaba de señalar el ministro de Defensa, y
respaldado por los demás grupos. La voluntad del Gobierno, por tanto del Grupo Parlamentario Popular, es que así sea. Por cierto, señoría, no se aplaza un año el problema, se dan más oportunidades para las salidas futuras de los actuales militares
que tienen una relación de servicio en las Fuerzas Armadas de carácter temporal, bien sean de tropa y marinería, bien sean de complemento. Las cosas están planteadas en sus justos términos.
En el futuro, sin duda, el Grupo Parlamentario Popular respaldará, recibirá, oirá las medidas que los distintos grupos de la Cámara quieran proponer en un proceso que lidera el Gobierno, con todo el respaldo y la legitimidad que tiene, pero
que siempre ha estado dispuesto a oír opiniones para avanzar en un proceso de profesionalización que a todos nos une. El acuerdo que en materia de seguridad y defensa, en política de Defensa, siempre ha existido en este Congreso de los Diputados
también se mantiene con esta norma en las materias que afectan a personal, especialmente al proceso de profesionalización. En ese sentido, por hacer una manifestación de principio, este grupo parlamentario estará abierto a las medidas que los
grupos que comparten el modelo quieran proponer.
Por tanto, señora presidenta, señor ministro de Defensa, el Grupo Parlamentario Popular respaldará la convalidación del real decreto-ley porque está en perfecta sintonía con el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que
permite cumplir los objetivos que S.S. señalaba al final de su intervención. Por lo demás, reiterando el apoyo de nuestro grupo a esta norma, no tengo más que terminar felicitándole a usted, señor ministro de Defensa, por seguir llevando adelante
los objetivos generales de la política de Defensa de España y el cumplimiento del programa electoral del Partido Popular.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Atencia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2002, de 27 de diciembre, por el que se amplían los compromisos de los militares profesionales que mantienen una relación de
servicio de carácter temporal con las Fuerzas Armadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 282; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el Real Decreto-ley.
Sometemos a votación la tramitación del Real Decreto convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 12; en contra, 168; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia del Real Decreto-ley convalidado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE YUGOSLAVIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES, HECHO EN MADRID EL 25 DE JUNIO DE 2002. (Número de expediente 110/000206.)
- CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE 28 DE ENERO DE 1997, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/0000207.)
- ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA DE 28 DE MAYO DE 1966, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente
110/000208.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE POLONIA SOBRE LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN VARSOVIA EL 21 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000209.)
- ACUERDO COMPLEMENTARIO AL ACUERDO ADMINISTRTIVO HISPANO-PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1978, HECHO EN VALENCIA EL 14 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000210.)
- CANJE DE NONTAS, HECHO EN LISBOA LOS DÍAS 8 Y 9 DE OCTUBRE DE 2002, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL, SOBRE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ARBITRAL PARA EVALUAR LAS INDEMNIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ESPAÑOLES CUYOS BIENES
FUERON CONFISCADOS EN LA REVOLUCIÓN DE 1974.
(Número de expediente 110/000211.)
- ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANINZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, RELATIVO AL FONDO FIDUCIARIO UNESCO/ESPAÑA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, HECHO EN PARÍS EL 11
DE SEPTIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 110/000212.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir sobre alguno de estos convenios? (Pausa.)
Entonces procederemos a la votación sucesiva de los referidos dictámenes.
En primer lugar, Acuerdo entre el Reino de España y la República Federal de Yugoslavia para la promoción y protección recíproca de inversiones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 281; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio complementario al Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Chile de 28 de enero de 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 281.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Argentina de 28 de mayo de 1966.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Polonia sobre la regulación y ordenación de los flujos migratorios entre ambos Estados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 278; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo complementario al Acuerdo administrativo hispano-peruano de Seguridad Social de 24 de noviembre de 1978.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Canje de notas, hecho en Lisboa los días 8 y 9 de octubre de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y Portugal sobre creación de una comisión arbitral para evaluar las indemnizaciones correspondientes a los españoles cuyos bienes fueron
confiscados en la revolución de 1974.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, relativo al Fondo fiduciario Unesco/España de Cooperación para el Desarrollo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 279; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 13.800.073,02 EUROS, PARA ATENDER AL PAGO DE LA DEUDA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO CON UNIÓN ELÉCTRICA FENOSA, S.A.
(Número de expediente
121/000115.)
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen de Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.800.073,02 euros, para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del Tajo con Unión Eléctrica Fenosa.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Procedemos a la votación del dictamen de Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.800.073,02 euros, para atender al pago de la deuda de la Confederación Hidrográfica del Tajo con Unión
Eléctrica Fenosa.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 277; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 4.453.948,73 EUROS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE DISTINTOS AUTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, DE 20 DE OCTUBRE DE 1977, EN LOS QUE SE RECONOCE EL DERECHO DE LOS RECLAMANTES A SER INDEMNIZADOS POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS. (Número de expediente 121/000120.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.453.948,73 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del
Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, sección sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños causados por la rotura de la presa de Tous.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Sometemos a votación el dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 4.453.948,73 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en
ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, sección sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños causados por la rotura de la presa
de Tous.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280, a favor, 280.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 121/000121.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. (Pausa.)
Señorías, vamos a iniciar el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
En primer lugar, enmiendas de devolución.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
Perdón, señor Aymerich, acaba de llegar el ministro. (Rumores.)
El señor ministro tiene la palabra. (Rumores y Protestas.)
Señorías, guarden silencio, por favor.
Un momento, señor ministro, por favor. Señorías, guarden silencio y
ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo. Un momento, señor ministro, porque antes de su llegada al hemiciclo la presidencia había dado la palabra al señor Aymerich. Si el señor Aymerich tiene interés en intervenir, tiene la palabra.
¿Se la cede? (Asentimiento.) De acuerdo.
Señor ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señorías, buenos días. Subo a esta tribuna a fin de presentar una importante reforma, una reforma relativa al Estatuto orgánico de lo que es sin duda una pieza clave para el funcionamiento más correcto de la
Administración de justicia como es el cuerpo del ministerio fiscal, su estructura, su funcionamiento y su régimen de trabajo. Esta es una reforma que viene enmarcada en el conjunto de medidas que está impulsando el pacto de Estado para la reforma
de la justicia a fin de actualizar y modernizar el marco jurídico en el cual se desenvuelve, al servicio de los ciudadanos, el conjunto de profesiones jurídicas que prestan atención a los ciudadanos en el ámbito de la justicia. En efecto, durante
el año y medio de vigencia del pacto de Estado para la modernización de nuestra justicia, como saben SS.SS., se ha procedido a actualizar el régimen jurídico por el que se regula la profesión de abogado, dándole un contenido más eficaz en la
transparencia y en la calidad de la relación que une a los letrados con los ciudadanos.
Se ha procedido también a modernizar la función de procurador, así como el estatuto jurídico y el desenvolvimiento de las funciones de la Abogacía general del
Estado, estableciendo un rango de subsecretario para el director del servicio jurídico del Estado y una mayor agilidad en la prestación de este servicio. Se ha procedido asimismo a firmar un acuerdo con todos los sindicatos, rubricado por el 72 por
ciento de los trabajadores en un referéndum celebrado el pasado día 17, para dar un nuevo estatuto a todo el personal al servicio de la Administración de justicia que haga su trabajo más ágil, mejor retribuido, mejor cualificado y que preste un
mejor servicio a los ciudadanos. Se ha alcanzado también un acuerdo con todas las comunidades con competencias transferidas en materia de justicia para modernizar el papel del secretario judicial, de tal manera que se aproveche mejor la alta
cualificación de los secretarios judiciales atribuyéndoles nuevas funciones y nuevas competencias, como son la dirección de la oficina judicial y el impulso de las decisiones judiciales. Finalmente se ha procedido - y está ya en esta Cámara- a
presentar una ley que estaba pendiente desde 1985 en materia de justicia en relación con las profesiones de jueces, fiscales y secretarios, que es la ley de retribuciones. En este momento el pacto de Estado, el Gobierno, el Ministerio de Justicia,
el Consejo General del Poder Judicial y todas las asociaciones trabajan en la modernización de los libros V y VI de la Ley orgánica del Poder Judicial, así como en algunos aspectos de la misma que merecen su modernización. En consecuencia,
señorías, se ha acometido una modernización de todas y cada una de las profesiones que trabajan al servicio de los ciudadanos en la Administración de justicia, incluida la medicina forense, que fue actualizada mediante un plan de modernización, por
acuerdo del pasado 8 de noviembre, que tiene una nueva estructura más eficaz en la atención a las víctimas y que ha supuesto que se ponga
en marcha ya en todas las comunidades autónomas el nuevo modelo con la creación de los institutos de medicina legal.
Señorías, como ven, se trata de modernizar el ministerio fiscal en el marco de una reforma que moderniza el ejercicio de la función de juez y magistrado, de secretario judicial, de auxiliar, agente y personal al servicio de la Administración
de justicia, de abogados del Estado, de médicos forenses, de abogados y de procuradores. Es, en consecuencia, una iniciativa basada en los mismos principios que inspiran el resto de las reformas. En primer lugar, una atención más ágil, de más
calidad al ciudadano. En segundo lugar, que los magníficos profesionales con los que cuenta el Estado en la Administración de justicia, singularmente los magníficos profesionales que son todos los fiscales, tengan un estatuto normativo que les
permita desempeñar con mayor agilidad, con mayor eficacia, con mayor incentivo y con mayor dedicación su elevada función en defensa de la legalidad y de los ciudadanos.
La reforma que hoy presentamos es fruto de la necesidad. Así lo dice la exposición de motivos y también la exposición de motivos de dos textos alternativos que se han presentado en la Cámara. Existe una unánime coincidencia en la necesidad
de actualizar un estatuto que ha devenido obsoleto por el paso del tiempo (21 años de vigencia), que ha devenido obsoleto por las nuevas demandas de mayor agilidad en la Administración de justicia y que ha devenido obsoleto, señorías, por el hecho
de que el número de fiscales al que se aplicaba el vigente estatuto del año 1981, los fiscales de primera, los fiscales de segunda, los que había en 1981, son exactamente los mismos que hay hoy en Madrid. Saben ustedes, señorías, que en los últimos
años han hecho un extraordinario esfuerzo los contribuyentes, los ciudadanos, que son, en definitiva, los que pagan el aumento de plantilla, para incrementar el número de plazas de fiscales, hasta el punto de que en este momento hay más de 1.700
fiscales en activo en nuestra planta de fiscales. En los últimos cinco años se ha multiplicado por 4,75 la creación de plazas de fiscales en relación con los cinco años anteriores, y eso hay que agradecérselo a los ciudadanos, que son los que pagan
de su bolsillo el aumento de la planta fiscal. Esa nueva planta fiscal exige una nueva estructura, más dinámica y más ágil.
Se trata, en consecuencia, señorías, de una reforma absolutamente necesaria y que está enmarcada dentro del pacto de Estado
para la modernización de la justicia en su punto número 9.
Quiero significar -y es importante hacerlo esta mañana- que el texto que se presenta a la Cámara es fruto de un diálogo extraordinariamente intenso. El Gobierno trajo a la Comisión de seguimiento del pacto de Estado no un proyecto de ley,
no un anteproyecto de ley, no un borrador de anteproyecto de ley, sino un documento para hablar desde el primer momento de los principios que debían inspirar esta reforma. Nuestra herramienta es el diálogo, nuestro instrumento es el diálogo y
nuestro objetivo es modernizar la justicia. Con ese instrumento del diálogo hace meses dimos a todos los grupos parlamentarios un documento de principios para hablar de la reforma del ministerio fiscal. Quiero manifestar mi satisfacción porque ese
documento de principios ha sido acogido de manera prácticamente unánime por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Tan es así, que ese documento de principios no mereció ningún escrito de réplica de ningún grupo parlamentario, y tan es
así, señorías, que el acuerdo es tan claro, que hoy, cuando subo a esta tribuna a presentar el proyecto de ley, es cierto que hay dos enmiendas de devolución y es cierto que hay dos textos alternativos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante
Mirón, ocupa la presidencia.) El texto alternativo que presenta el grupo mayoritario de la oposición, el del Partido Socialista, es un encomiable esfuerzo, pero coincide en todo con el texto que presenta el Gobierno. Es decir, es un texto
alternativo no por lo que dice este texto, sino por lo que deja de decir, lo cual es un esfuerzo extraordinariamente encomiable. Todas las reformas que se presentan en el proyecto de ley que hoy se ofrece al inicio del trámite parlamentario y al
diálogo con los grupos parlamentarios, todo lo que el texto que traigo a la Cámara dice es miméticamente copiado por el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. La exposición de motivos que presenta el Gobierno tiene cuatro apartados,
y cuatro apartados tiene la exposición de motivos del Grupo Parlamentario Socialista. El primer apartado tiene tres párrafos literalmente copiados de la del Gobierno. El segundo apartado tiene cinco párrafos literalmente copiados de la que
presenta el Gobierno. Se omite la mención al pacto de Estado. Seguro que ha sido un descuido. El tercer apartado de la exposición de motivos tiene once párrafos, y los once son copiados en el texto alternativo del Partido Socialista. El cuarto
apartado tiene cuatro párrafos y los cuatro son copiados. El texto que hoy ofrezco a la Cámara modifica 21 artículos del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, y 21 artículos modifica también el texto alternativo del Partido Socialista.
En consecuencia, me satisface extraordinariamente ver que la inmensa mayoría de la Cámara, hasta un 92 por ciento, comparte los principios que inspiran esta reforma. Es cierto que el Partido Socialista desearía ir algo más lejos en tres
temas que no dice este texto y que, efectivamente, son mejoras que podrían introducirse en el texto si lo consideraran los grupos parlamentarios, pero el Gobierno ha estado muy atento a las intenciones de los grupos parlamentarios cuando ha hablado
con ellos y ha visto que no había consenso para introducir esas reformas. Abordaré las tres cuestiones que no toca este texto y sí la enmienda a la totalidad, después de referirme a los principios básicos que inspiran el texto en el que hay un
consenso prácticamente unánime, tanto del texto que se ofrece como de las
enmiendas alternativas que recogen exactamente esos principios.
En primer lugar, el nuevo texto tiene un objetivo fundamental, que es potenciar el papel del ministerio fiscal en la protección de los ciudadanos y en la defensa de las víctimas. A estos efectos se introducen algunas reformas en el
articulado que son compartidas, como digo, por todos los grupos de la Cámara, puesto que el texto que presenta el grupo de la oposición copia exactamente esas nuevas funciones.
En segundo lugar, el texto pretende adaptar la organización interna del ministerio fiscal a las nuevas responsabilidades y al extraordinario incremento en la plantilla fiscal. Se trata de que los fiscales puedan ejercer con más agilidad su
función, creando la figura de los fiscales delegados y de fiscales que se especialicen, como demanda nuestra sociedad, en la atención de sectores penales singulares. Se trata de que haya fiscales que se especialicen, por ejemplo, en la protección,
en la tutela y en el amparo, con carácter inmediato y eficaz, de las víctimas de la violencia doméstica. Se trata de fiscales que encuentren una incardinación en una función que viene siéndoles atribuida ya por la Ley de responsabilidad penal del
menor y que no encuentra incardinación todavía en el vigente Estatuto orgánico del ministerio fiscal, como es el carácter instructor de los fiscales en la Ley de responsabilidad penal de los menores y como es la extraordinaria especialización, que
creo que todos debemos agradecer, que el ministerio fiscal ha realizado en la tutela y en la defensa de los menores, así como en el impulso de las medidas correctivas a aquellos menores que infringen el ordenamiento, con extraordinaria eficacia en
el ámbito de una ley que, si bien es cierto que tuvo el infortunio de entrar en funcionamiento cuando ocurrieron hechos gravísimos que quedan en la memoria de todos, hoy ha hecho que, gracias al trabajo de los fiscales, haya muchos menores que están
encontrando una segunda oportunidad para reeducarse y reinsertarse, a los que se están aplicando medidas distintas del internamiento en un centro penitenciario, a quienes está tutelando el ministerio fiscal sus procesos de resocialización o la
aplicación de penas que impulsa la Ley de responsabilidad penal del menor, como la de trabajos en beneficio de la comunidad.
En tercer lugar, el eje de la reforma es modernizar el funcionamiento, incorporando plenamente principios democráticos y constitucionales. La reforma -y en esto también hay coincidencia de todos los grupos parlamentarios- incorpora un
principio democrático que es superar el hecho de que los fiscales jefe sean cargos vitalicios. En una democracia los puestos no pueden ser vitalicios. No es vitalicio ningún cargo público con responsabilidades unipersonales. Ninguno. El único
cargo vitalicio que quedaba en nuestra democracia era el de fiscal jefe. En el ámbito de la justicia, no hay que irse muy lejos para ver que en el año 1985 se decidió que cada cinco años se renovaran las presidencias de las audiencias provinciales,
de los tribunales superiores de justicia y posteriormente las presidencias de las salas del Tribunal Supremo. Es una medida de absoluta higiene democrática. La renovación en los cargos es algo pedido por ambas asociaciones de fiscales y por la
inmensa mayoría de la carrera fiscal y que ha sido planteado y pactado en el pacto de Estado y acogido, como digo, tanto por este texto como por los textos alternativos que al mismo se plantean. Hay coincidencia porque es una medida de sentido
común. En democracia, la garantía de la higiene democrática es que se asumen responsabilidades por el ejercicio de las funciones y además que los cargos se renuevan. Los cargos vitalicios pertenecen a modelos políticos felizmente superados hace
muchísimos años, tantos, que yo nunca tuve ocasión de conocer esos años felizmente superados con el derecho al voto. La posibilidad de renovarse los cargos es lo que corresponde a una democracia. Ese principio democrático es el que se incluye en
el proyecto del Gobierno, el que se incluyó en el año 1985, cuando la Cámara estableció la renovación cada cinco años de los ejercicios unipersonales de magistratura, y el que se introdujo cuando se aprobó la Constitución, en el año 1978, para el
presidente del Tribunal Supremo y que, por una razón que desconocemos, no había llegado todavía al ministerio fiscal. Me alegra extraordinariamente que quienes no impulsaron este principio democrático en el ministerio fiscal estén hoy de acuerdo en
que hay que impulsarlo y lo digan además con grandilocuencia en su propia exposición de motivos. Incluso hay un grupo parlamentario que llega a decir que los mandatos vitalicios son absolutamente incompatibles con la democracia. Me alegra que,
aunque hayan tardado 25 años en hacerlo, por fin descubran que es bueno para la democracia que no haya cargos vitalicios. Me alegra extraordinariamente.
(Aplausos.)
Se incorpora también otro criterio alabado por todos los grupos parlamentarios. Señorías, una pieza tan esencial para el buen funcionamiento de nuestra justicia como es el ministerio público era el único sector del Estado, el único sector
de ciudadanos que desempeñan un trabajo financiado con los Presupuestos Generales del Estado, el único en el que sólo se asciende por antigüedad. Es una demanda de todos los fiscales (cuando digo todos me refiero al 99,9 por ciento) incorporar en
el funcionamiento de la fiscalía algo que viene funcionando desde hace ya mucho tiempo en todo el Estado y que además prevé la Constitución, y es que no se tenga que esperar a ganar los destinos por simple prescripción adquisitiva, es decir,
simplemente porque pase el tiempo, se haga lo que se haga. Sólo la antigüedad para decidir quién cubre una vacante es un criterio que era único en el siglo XIX en todas las administraciones, que dejó de serlo en el siglo XX en todas las
administraciones y que hoy, en el siglo XXI, sólo queda vigente para los fiscales. Comprenderán ustedes que eso desincentiva a la inmensa mayoría de los fiscales. Por
ello me satisface extraordinariamente que quienes podían haber descubierto que estos principios de mérito, capacidad y especialización que impulsa la Constitución a la hora de decidir destinos y que podían haberse aplicado hace ya 25 años,
que es cuando se aprobó la Constitución, descubran ahora que son principios buenos que inspiran esta reforma. Por eso me alegra que hoy haya un claro consenso sobre que al viejo principio exclusivo de la antigüedad se le complemente con el
principio constitucional y democrático que es tener en cuenta la especialización de los fiscales, y la inmensa mayoría de ellos están haciendo un grandísimo ejercicio para especializarse. De la planta de 1.726 fiscales que hay en este momento, 525
han seguido cursos muy intensos de especialización en atender a las víctimas de violencia doméstica y más de 400 se han especializado en atender a nuestros menores. Resulta ridículo que después de ese esfuerzo de especialización no se atienda a la
especialización, a ese bagaje profesional que cualifica mejor a un profesional para poder decidir si atienden al ciudadano precisamente en esos destinos para los cuales se han cualificado mostrando una mayor preparación, además -no lo olvidemos- de
que todos hemos empleado un tiempo en formar a esos fiscales.
Se trata también de dar una mayor relevancia al papel que le corresponde al Consejo Fiscal. La propuesta supone que el Consejo Fiscal tenga un mayor protagonismo en decisiones esenciales en relación, por ejemplo, con algo que venía
reclamándose desde el sentido común y que también comparten todos los grupos parlamentarios, y es que la elección del Consejo Fiscal no se haga por estamentos, no se haga por categorías ni quede cristalizada en estamentos jerárquicos, cuestión que
democratiza el modelo de elección y que da una mayor estabilidad a la representación que otorgan los fiscales a quienes se constituyen en sus representantes en el Consejo Fiscal. Para hacer más operativo el funcionamiento de los fiscales, la
designación del fiscal delegado, de nueva creación, pasará también a través del Consejo Fiscal. Asimismo, la participación en la resolución de los recursos y de los expedientes disciplinarios.
En definitiva, señorías, los tres ejes suponen un conjunto de reformas que se van desgranando en otra serie de principios: el nuevo régimen jurídico, alabado por todos también, de la Secretaría técnica de la Fiscalía general; la
introducción de criterios de idoneidad en el nombramiento de determinados cargos; la nueva regulación de cada una de las juntas de fiscalía como instrumento de participación y unificación de criterios; la fijación de un periodo de ejercicio de
esas fiscalías; la adaptación del régimen de prohibiciones, extraordinariamente importante en el ejercicio del cargo que quedaba obsoleto en una regulación de hace más de 21 años y que miméticamente también contempla ese texto alternativo, o la
nueva regulación que miméticamente se propone aquí y copia el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista del régimen disciplinario y la revisión de las causas de incompatibilidad. En definitiva, señorías, se presenta a la Cámara un texto
que supone un instrumento idóneo para que los fiscales hagan mejor su trabajo al servicio de los ciudadanos.
Decía anteriormente, señorías, que el texto merece el apoyo mayoritario de la Cámara. Es cierto que hay una enmienda de totalidad a la que es difícil seguirle el hilo, que es la que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, puesto
que son elementos muy diversos y siempre Izquierda Unida ha tenido posiciones propias muy distintas referidas al marco del Estatuto del ministerio fiscal. Por tanto, quiero referirme, si me lo permiten, de manera más detenida a la enmienda con
texto alternativo que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que sí está en los principios del pacto de Estado.
La reforma que se presenta, junto a la modernización que supone, respeta el modelo constitucional del ministerio fiscal. Es una reforma que respeta exquisitamente el modelo constitucional y que viene a suponer una concreción y un desarrollo
de ese modelo constitucional en la línea de dar a los fiscales mejores instrumentos para desarrollar con más plenitud su alta cualificación al servicio de los ciudadanos y en la línea de que los ciudadanos, y sobre todo las víctimas, sean más y
mejor atendidas por el ministerio fiscal. Ese es el principio de la reforma, y el marco de la reforma es el respeto a la Constitución y al pacto de Estado.
Hay dos cuestiones en las que el texto alternativo - y quizá por eso se plantee- abunda y que no ha llegado a acometer la reforma que hoy se presenta. El texto alternativo coincide con todo lo que dice la ley, pero contiene algunas
novedades. Me parece una legítima figura la de presentar un texto alternativo, un encomiable trabajo por tratar de que se avance más de lo que lo hace el primer texto. Ahora bien, a mí me gustaría situar ese encomiable esfuerzo en el punto exacto
que le corresponde. El texto alternativo contiene dos propuestas destacadas: una, optar claramente por el papel y la posición del fiscal como instructor en todo lo que suponen nuestros procesos jurisdiccionales y la otra, regular la figura de la
Fiscalía General. La primera de las cuestiones, esto es, optar por el carácter instructor del ministerio público, es hoy motivo de deliberación en el seno del pacto de Estado. El propio pacto de Estado, en su punto 9, entiende que hay que tomar
una decisión en torno a esta compleja cuestión. Quiero recordar que es un tema que está pendiente y que algunas de SS.SS. lo conocen bien por debates que se han celebrado en esta Cámara en los años 1978, cuando se redactó el texto constitucional,
y 1981, cuando se elaboró el estatuto, así como en todas las ocasiones en las que se ha modificado e incluso en muchas ocasiones en las que se ha debatido acerca de la figura del ministerio fiscal. Yo no digo que la opción sea correcta o
incorrecta, sino que en democracia tan importante como el fondo son los procedimientos, y yo quiero ser muy respetuoso con los procedimientos acordados por unanimidad
en el pacto de Estado. Por eso creo que es bueno reconducir la propuesta hacia ese procedimiento y que todos seamos coherentes con el procedimiento que nos hemos dado para dilucidar esa cuestión. Es bueno recordar que el propio pacto de
Estado dice que esta cuestión debe ser objeto de una propuesta de una comisión de expertos. Esa decisión no sólo fue acogida por quienes firmaron en primera instancia -Partido Popular y Partido Socialista- el pacto de Estado, sino que también fue
acogida en la primera, en la tercera y en la cuarta reunión de seguimiento de dicho pacto -y las actas están a disposición de sus señorías- y se decidió, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, encomendar a una sección especial de la
sección de enjuiciamiento criminal de la Comisión General de Codificación el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que orientara a quienes en definitiva tenemos que tomar una decisión importante -que somos nosotros y es algo a lo que desde
luego no vamos a renunciar- desde el borrador de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Saben ustedes que esa comisión se constituyó con técnicos y expertos de todas las sensibilidades y de todas las escuelas, y yo creo sinceramente que no debemos
desprestigiar ni desmerecer el trabajo que nosotros mismos les encargamos. Así pues, debemos estar atentos a su propuesta. Es cierto que el texto alternativo opta por el papel instructor, algo que el Partido Socialista no quiso hacer ayer ni
anteayer ni ningún otro día y que no quiere hacer todo el Grupo Parlamentario Socialista, pero el texto que hoy analizamos sí opta por el papel instructor. Legítima opción. Bien es cierto que luego lo vincula a la futura reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pero ya está adoptando una posición unilateral, y a mí me parece que en este tema nosotros no debemos hacer eso.
Sinceramente, una decisión de esa categoría merece un nivel de consenso básico más importante entre los grupos
parlamentarios, entre los propios expertos, pero también en el ministerio fiscal. Yo estoy seguro de que quienes han redactado el texto han tenido la oportunidad de reunirse con las dos asociaciones de fiscales que existen. Pues bien, en cada una
de ellas los fiscales están divididos en cuanto a si hay que otorgar o no el papel instructor al ministerio fiscal. Ellos mismos están divididos en cada una de las dos asociaciones de fiscales; no hay un consenso básico para impulsar una
iniciativa de este calibre y cuando no existe ese consenso básico y, sin embargo, sí existe unanimidad sobre el procedimiento a seguir, que es respetar los trabajos de la sección especial de la Comisión de Codificación, me parece, señorías, que lo
correcto es respetar las unanimidades y no hacer propuestas unilaterales.
En todo caso, respeto esa propuesta unilateral y en el trámite parlamentario el Gobierno y los grupos parlamentarios dialogarán abiertamente, como lo vienen haciendo sobre
cualquier iniciativa.
La otra cuestión quizás tenga algo más de relevancia, señorías. Se aprovecha la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal para hacer una propuesta desde el texto alternativo de algo que desde el principio se dijo que en este
momento no había que hacer, que era modificar la Constitución. Se aprovecha por parte del grupo mayoritario de la oposición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para hacer una propuesta que modifique la Constitución en lo que se refiere
al fiscal general del Estado. En este sentido, se establece una modificación extraordinariamente sustantiva. Antes de proponer en esta Cámara reformas de la Constitución, hay que hablarlo con más calma, hay que pensarlo con más detenimiento.
Señorías, nuestra Constitución es la primera en nuestra historia constitucional y es una de las pocas constituciones en el derecho comparado que constitucionaliza con un cierto detalle la figura del ministerio público, la incardinación del
ministerio fiscal y la figura del fiscal general del Estado. Esa constitucionalización hace que el principio de jerarquía, el principio de imparcialidad del ministerio público esté garantizado con la conexión que en el vértice de la carrera tiene
el fiscal general del Estado con la soberanía popular, a través de quienes son elegidos por la soberanía popular para impulsar la política criminal de la nación, que es el Poder Ejecutivo. Ese es el diseño que de manera muy detenida y muy minuciosa
contaba con mucho detalle, por ejemplo, alguien a quien aprecio humana e intelectualmente, como es Tomás de la Quadra, el 29 de abril del año 1992. Tomás de la Quadra incluso llegó a considerar inconstitucional el que se pudiera establecer en ese
modelo constitucional una limitación. ¿Saben ustedes qué limitación consideraba Tomás de la Quadra inconstitucional? El que se pudiera exigir al Gobierno que a la hora de nombrar un fiscal general del Estado ese fiscal fuera de carrera.
Consideraba que ese criterio era inconstitucional. Me alegro de que hoy el Grupo Parlamentario Socialista haya devenido a las posiciones del Partido Popular y que en su propuesta considere que el fiscal general debe ser un fiscal de carrera, que es
exactamente la propuesta que presentó en su momento el Grupo Popular y que fue tachada de inconstitucional por el Grupo Parlamentario Socialista. Me alegro extraordinariamente porque además, sin necesidad de modificar la ley, el Gobierno del
Partido Popular, desde el año 1996, ya ha aplicado ese criterio y no ha nombrado a nadie con carné de partido político como fiscal general; ha nombrado como fiscales generales a profesionales que vienen trabajando toda su vida respetando el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal. (Aplausos.) Lamento que se vaya el señor Barrero, porque ahora quería hacer una reflexión. Espero hacer luego una reflexión a sus propias palabras.
Fue Tomás de la Quadra, fueron los gobiernos del Partido Socialista, fueron los ministros de Justicia los que decían que esa matización que hoy aporta el Partido Socialista vulneraba la Constitución a la hora de restringir la capacidad que
constitucionalmente otorga al
Gobierno para nombrar a los fiscales. Decía Tomás de la Quadra que mientras no se modifique la Constitución no se puede introducir esa modificación. Pues bien, esas consideraciones no las hacía sólo Tomás de la Quadra; esas
consideraciones también las hacía quien es hoy el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Barrero. El propio señor Barrero, en un debate parlamentario en el año 1991 -está en el 'Diario de Sesiones' del 12 de marzo de
1991-, decía que a través de una proposición de ley -que lo único que proponía era esa reducción de que el fiscal fuera de carrera- no era posible cambiar la designación del ministerio fiscal, porque eso suponía cambiar la Constitución.
Literalmente esto era lo que decía el 12 de marzo de 1991, en el 'Diario de Sesiones' número 95, página 4.676, el señor don Javier Barrero López. Hoy me alegro de que las posturas dinámicas permitan ir cambiando, permitan ir mejorando posiciones y
que consideren que aquella propuesta del Partido Popular no sólo no era inconstitucional, sino que era tan constitucional que hoy la propone el propio Partido Socialista.
Ahora bien, en esa conversión al modelo me parece sinceramente que han ido
demasiado lejos, porque tratar de imponer un límite temporal al cargo de fiscal general es mucho más inconstitucional que aquel pequeño matiz que a ustedes les parecía inconstitucional. Ustedes lo saben, ustedes saben que para eso habría que
cambiar la Constitución. Si de lo que se trata es de abordar un cambio de la Constitución lo podían haber dicho, porque aquí cada uno puede defender lo que quiera. Lo que me llama la atención es que una propuesta de tanta envergadura como cambiar
la Constitución no la quisieran defender nunca en sus gobiernos. Lo que me llama la atención es que no la pusieran encima de la mesa el 14 de febrero del año 2001, cuando se compareció en esta Cámara para presentar el pacto de Estado; me sorprende
que no la pusieran encima de la mesa en el mes de mayo del año 2001, cuando firmamos el pacto de Estado y me sorprende que no la pusieran encima de la mesa cuando el Gobierno presentó a los grupos parlamentarios el documento de principios para
hablar desde el principio de la reforma del Estatuto del ministerio fiscal. Sinceramente, digo que me sorprende como argumento dialéctico, pero cuando uno descubre que la propuesta es tan inconstitucional, acaba entendiendo que no hayan querido
hacerlo antes a la luz pública y lo hagan ahora, de tapadillo, el mismo día que vence el plazo de enmiendas de totalidad para que nadie se dé cuenta de que el Grupo Parlamentario Socialista quiere ahora, de repente, cambiar la Constitución.
Señorías, sinceramente, el ministerio fiscal realiza un papel extraordinariamente importante. Este Gobierno y la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios tienen clara una cosa: a los fiscales hay que darles más medios, hay que
mejorarles su remuneración, hay que estimularles su especialización, su dedicación, su mérito y capacidad, y al ministerio fiscal hay que darle un marco que le permita desarrollar mejor sus funciones. Esas cinco cosas son las que se están haciendo
en este momento con la ley que está en la Cámara -la ley de retribuciones-, con este estatuto, con el plan de implantación de juicios rápidos, que está multiplicando por cuatro el número de fiscales de guardia en toda la geografía de nuestro
territorio, con esas iniciativas constructivas.
Algunas otras iniciativas no sé si responden al interés general o quizás al deseo de alguna persona, de alguien muy concreto. Sinceramente creo que es mejor que cuando hagamos propuestas, cuando
hagamos reformas, las hagamos en beneficio del interés de todos, del interés general.
Esa es la propuesta que hoy traigo a la Cámara, y quiero, señorías, decir una cosa: Espero que de la votación de esta mañana salga un resultado que rechace las enmiendas a la totalidad y, en consecuencia, salga un resultado que permita
iniciar el trámite parlamentario a un texto necesario, como dicen todos los grupos, a un texto en beneficio de los ciudadanos. Ese trámite parlamentario que se inciaría hoy, estará sometido por parte del Gobierno y del grupo parlamentario que le
apoya, el Grupo Popular, al mismo criterio, al diálogo, a no presentar iniciativas a última hora o por sorpresa, a hablar de todo con todos, a hacerlo encima de la mesa con todos, desde la reflexión. También estará sometido a un marco muy claro, al
de la Constitución. A nosotros nos parece que es bueno respetar la Constitución, como le pareció al señor Barrero en el año 1991, como le pareció a don Tomás de la Quadra en el año 1992, y como creo que nos pareció a todos cuando firmamos el pacto
de Estado para modernizar la justicia. Modernicemos la justicia, no saquemos sorpresas de última hora que supongan modificar la Constitución.
En ese ánimo, en ese estilo y en ese objetivo, mejorar la justicia, dar más posibilidades a los fiscales para defender mejor la legalidad y a las víctimas, y hacerlo desde el diálogo, es en el que espero se inicie la tramitación
parlamentaria, votando, y es lo que pido a SS.SS., que se rechacen las enmiendas a la totalidad planteadas.
Muchas gracias, señora presidenta (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor ministro, antes de entrar en el análisis del proyecto de ley que acaba de presentar, permítame que, a través de un breve relato, expongamos las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego presenta una
enmienda de totalidad con texto de devolución a este proyecto, porque nos parece que en la situación actual de la Administración de justicia y del ministerio fiscal este proyecto de
ley, lejos de arreglar la situación, va a acentuar, va a agravar los caracteres más negativos del sistema.
El relato seguramente es conocido por usted, aunque no sé si usted intervino. El lunes 20 de enero, don Miguel Bernard, un conocido ultraderechista, dirigente de un fantasmagórico sindicato de funcionarios llamado Manos Limpias, presentó
ante la Fiscalía una denuncia contra la plataforma ciudadana Nunca máis por un supuesto delito de estafa -dice este señor- al haberse dedicado el dinero recaudado por donaciones, conciertos y venta de material, no a ayudar a los afectados por la
marea negra sino -por cierto, como siempre dijo esta plataforma- a financiar sus actividades de movilización y de concienciación ciudadana. Es curioso que esta denuncia se presente días después de que el señor Xesús Palmou, secretario general del
Partido Popular de Galicia, realizase una acusación similar.
Desmintiendo las quejas y desmintiendo que la justicia española sea lenta, dos días después el señor Cardenal, fiscal general del Estado, tramitó esta denuncia y se la transfirió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
la cual el ínclito señor García-Malvar, el fiscal jefe, recién incorporado después de una separación del servicio de siete meses por la comisión de una falta muy grave, prometió investigar el caso hasta sus últimas consecuencias. Es curioso que el
señor García-Malvar actúe con tanta diligencia, porque en la misma ciudad, en A Coruña, donde tiene su sede el Tribunal Superior de Justicia, vive la persona con la que usted estuvo hace casi dos semanas, don Francisco Vázquez, recién condecorado,
que insiste en incumplir resoluciones judiciales que le condenan a respetar la ley y a utilizar el nombre oficial de la ciudad y que hace ostentación pública de ese incumplimiento sin que, hasta el momento, el fiscal jefe haya promovido la
intervención de la justicia ante lo que parece un delito flagrante de desobediencia, tipificado en el Código Penal.
Tampoco el señor fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Galicia parece haberse inmutado -y hubo varias iniciativas de este diputado- ante lo que nos parece sangrante, que el segundo en la Comisaría de Policía de A Coruña, es decir,
el secretario general, condenado en firme por un delito de torturas, con un recurso de amparo inadmitido por el Tribunal Constitucional, siga en su puesto, sin haber sido separado del servicio.
Y éstos no son, como usted también sabe, los únicos
casos. Hay que recordar los casos Piqué, Matas, Benigno Blanco, seguramente ahora también el caso Cuiña, que todas SS.SS. tienen bien presentes, y que ilustran bien claramente que lo que denunció el GRECO, el grupo de Estados contra la corrupción
del Consejo de Europa hace escasos meses, sigue siendo cierto. Decía este grupo que el principal problema del Estado español en la lucha contra la corrupción es la escasa -son bastante generosos, yo diría nula- independencia del fiscal general del
Estado con respecto al Gobierno. Aún así, sorprendentemente la Mesa de la Cámara insiste en no admitir preguntas que se refieren a la actuación de ministerio fiscal, y particularmente del fiscal general del Estado, con el razonamiento de que estas
preguntas son ajenas a la competencia del Gobierno. No hay nada más vinculado ni más dependiente del Gobierno en el Estado español que el fiscal general del Estado.
Por tanto, así las cosas, cabría preguntarse qué eficacia va a tener este proyecto de ley y si va a resolver una situación a todas luces insostenible, denunciada y puesta de manifiesto ya en foros internacionales, o si, por el contrario, la
va a mantener y agravar. Para el Bloque Nacionalista Galego, como brevemente justificaré, la respuesta es clara. Este proyecto de ley no sólo no va a resolver ninguno de los problemas a los que me acabo de referir, sino que los va a acentuar y los
va a profundizar. Todo esto en nombre de un pacto de Estado por la justicia que sigue acumulando éxitos, según se vea: control gubernamental del Tribunal Constitucional, control gubernamental del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial, y ahora vinculación más estrecha, por si no era suficiente, del fiscal general del Estado al Gobierno y, a través de él, de todo el ministerio fiscal. Desde luego, si mi organización fuese firmante del pacto de Estado por la justicia,
señorías, me apresuraría a denunciarlo antes de la siguiente acometida del Gobierno.
En primer lugar, este proyecto de ley no va a suponer dotar al ministerio fiscal de mayor autonomía, sino que, por el contrario, va a incrementar su dependencia gubernamental. Se incumple la moción aprobada por el Pleno de esta Cámara el 27
de mayo de 1997, en la que se hablaba de que el Congreso debía evaluar los méritos, la capacidad y la idoneidad para el cargo del candidato para fiscal general del Estado. En dicha moción también se hablaba -y estamos de acuerdo- de la limitación
de mandatos para el fiscal general del Estado e incluso dentro del marco general, diseñado en el artículo 124 de la Constitución, muchos comentaristas y autores apuntan soluciones alternativas a la actual, abiertamente insatisfactoria, bien con la
integración del ministerio fiscal dentro del Poder Judicial -modelo italiano-, o bien con la dependencia y su nombramiento por el Poder Legislativo del fiscal general del Estado.
En segundo lugar, este proyecto va a incrementar el control jerárquico del fiscal general del Estado y, a través de él, del Gobierno, sobre el conjunto del ministerio y la carrera fiscal. Se incrementa la discrecionalidad en los
nombramientos. La limitación de mandatos para todos, menos para el propio fiscal general del Estado, va a servir en la práctica para eliminar de puestos de responsabilidad a fiscales incómodos, es decir, para legalizar lo que el señor Cardenal, con
su bendición, viene haciendo desde hace tiempo. Se va a incrementar el control del fiscal general del Estado sobre la secretaría técnica y sobre la inspección fiscal. Se van a eliminar gran parte de las pocas competencias decisorias que
tenía el Consejo Fiscal, convirtiéndolo prácticamente en un órgano asesor, quizás en castigo por las trabas que últimamente este órgano puso a los intereses del Gobierno en el caso Piqué. Por tanto, señor ministro, coincidimos con usted en
que es una reforma fruto de la necesidad pero no de la necesidad pública ni del interés general, sino de sus necesidades particulares como Gobierno y como partido. Es su reforma, la que necesitan, la que les garantiza impunidad para unos y
actuación justiciera e implacable para otros, y todo a mayor gloria de un Gobierno que está pasando momentos difíciles. Es su reforma, quédense con ella, pero desde luego no cuenten con el Bloque Nacionalista Galego.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Señora Lasagabaster, tiene la palabra para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por su señoría.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, voy a explicar la reflexión que me hice a la hora de decidir si presentábamos o no una enmienda de totalidad. Le comunico que tenemos unas 13 ó 14 enmiendas parciales en cuestiones concretas, pero la razón por la
que al final decidí que sí, que había que presentar una enmienda de totalidad es muy clara. En primer lugar, porque si no hubiéramos presentado enmiendas de totalidad usted ni tan siquiera hubiera explicado una reforma de esta naturaleza que, como
bien dice usted, es evidente que es importante y además cualitativamente cambia muchísimas cosas absolutamente necesarias en algunas cuestiones, como todo el mundo reconoce. Por tanto, parece razonable que incluso el propio Gobierno hubiera
entendido el beneficio de la publicidad y de explicar el porqué de la cuestión. Hay otra razón fundamental. Podríamos habernos limitado a esas 13 ó 14 enmiendas parciales sin más. Pero me gustaría que quedara aquí claro y recogido en el 'Diario
de Sesiones', que se oyera, qué es lo que está pasando realmente con esa Comisión de seguimiento del pacto de Estado de la justicia. Nosotros no fuimos firmantes -ya sabe usted nuestras críticas a la manera, al procedimiento y al contenido del
mismo-, pero accedimos, porque nos parecía que era constructivo, a trabajar en el seno de esa Comisión de seguimiento para aportar, en la medida de nuestras humildes posibilidades, cualquier cuestión que se pudiera considerar beneficiosa en materia
de justicia.
A lo largo de este tiempo, nuestra impresión es que esa Comisión sirve cuando le sirve al Gobierno y la verdad es que no lo compartimos. Hablaba usted de que aquí se están planteando cuestiones unilaterales que no han sido objeto de debate
y suficiente análisis en la Comisión de seguimiento. Si esto ha ocurrido con una enmienda a la totalidad en una cuestión en este caso alternativa, en una cuestión que es objeto reglamentario y derecho de los grupos parlamentarios, piense qué
tenemos que sentir aquellos que nos encontramos, día sí día también, con anuncios constantes en la prensa de cambios sustanciales absolutamente graves y sensibles, y además de naturaleza importantísima, en leyes y leyes en materia de justicia;
piense simplemente en los anuncios que aparecen en la prensa, día sí día también, sin haber pasado en ningún caso por esa Comisión de seguimiento. ¿Qué podemos hacer? Tenemos dos opciones, seguir yendo a esas reuniones de la Comisión de
seguimiento tratando de hacer una aportación constructiva, que así lo vamos a hacer, o plantear todas nuestras reivindicaciones en el marco del debate parlamentario, ya que ustedes se encargan de plantear cuestiones unilaterales, sin ningún tipo de
consideración para los miembros de esa Comisión de seguimiento. Esta es la segunda razón por la cual hemos creído conveniente plantear esta enmienda a la totalidad.
Tercera cuestión. Habla usted de dos reformas clave, hay muchas más, que requerían la reforma del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que tiene ya una antigüedad de 21 años. Compartimos algunas de las razones.
Es verdad que era
necesario modernizar el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, especialmente en dos temas que usted ha suscitado y que comparte casi todo el mundo. Uno de ellos es el tema de incluir otra serie de cuestiones, además de la antigüedad, a la hora de
determinar la asignación de uno u otro cargo en esta materia. Nos parece muy razonable hablar de la idoneidad, hablar de otra serie de capacitaciones, de otra serie de cuestiones, pero vamos a ver cómo se hace en la práctica, porque lo que
observamos de la literalidad o del detalle de su reforma es que al final todo se soluciona con mayor competencia del fiscal general y, a su vez, eso repercute lógicamente en mayor control del Gobierno, cosa con la que no estamos de acuerdo.
Me ha sorprendido una afirmación que ha hecho y con la que no creo que pueda estar de acuerdo alguna figura constitucional de este ordenamiento jurídico. Hablaba de que en ninguna democracia se pueda admitir ningún cargo vitalicio. No sé
que pensará el Rey, señor ministro, porque desde luego hay cargos vitalicios. (El señor Padilla Carballada: ¡Pero qué tontería, qué tontería!) Con todo el respeto, señor Padilla, no está en el uso de la palabra y que...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Lasagabaster.
Señor Padilla, le ruego deje a quien está en el uso de la palabra que se exprese libremente. Gracias.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Hay demasiados desahogos en esta Cámara y poca educación. (Rumores.) Simplemente hago un alegato de lo que ha dicho el ministro. No he introducido este elemento en esta Cámara, ha sido el señor ministro, y me parece que en la manera en que
lo ha hecho y lo ha dicho no se corresponde con la realidad. Simplemente hago esta referencia. No he añadido ningún tipo de adjetivo ni connotación al respecto, aunque bien podría hacerlo porque estoy en mi derecho de opinar y de ejercer la
libertad de expresión, si es que todavía la respetan.
Hago referencia ya a los contenidos de la reforma. No voy a centrarme en cuestiones concretas pero diré que hay tres elementos clave con los que no estamos de acuerdo. El primero ya ha sido suscitado por el portavoz anterior. Nosotros en
esta Cámara llegamos a un acuerdo en una moción del 27 de mayo con relación a esta cuestión, especialmente en lo que se refería al ministerio fiscal, pero más en concreto al fiscal general. No voy a entrar en el detalle de los rifirrafes y grandes
polémicas que se han generado en todo lo que se refiere al régimen de elección, de designación y de competencias del fiscal general a lo largo de los años, no solamente en esta legislatura sino en otras anteriores, pero tengo que decir que hemos
llegado a una consideración que nos parece oportuna, y es que, en la medida de lo posible, los grupos parlamentarios, y en definitiva el Parlamento, intervengan en aquello que haga referencia al fiscal general. Somos partidarios de un fiscal
general que tenga una relación importante con el Parlamento, incluso planteábamos la posibilidad de que fuera designado por el Parlamento, algo que dicen ustedes que no es posible por que no se corresponde con la propia Constitución. En esa moción
hablábamos de la posibilidad de que los grupos parlamentarios, antes de que fuera designado o nombrado el fiscal general del Estado, pudiéramos conocer sus méritos para poder valorar y expresarnos sobre su idoneidad para desempeñar ese cargo; es
decir, que hubiera una participación mayor de los grupos parlamentarios, que ya está aprobado en esta Cámara, con relación al nombramiento del fiscal general del Estado. Creemos que esta cuestión, así como el tema del mandato del fiscal general,
que establecíamos para un periodo de años determinado, y que pudiera ser cesado por objetivas causas regladas -temas que figuraban en esta moción, que está aprobada- no figuran en la reforma que ustedes nos plantean.
El segundo elemento también se refiere a las competencias que ustedes otorgan al fiscal general. Creemos que, a través de una serie de modificaciones que ustedes realizan, el fiscal general termina teniendo un mayor papel, y esto no nos
parece correcto en la medida en que el fiscal general vuelva a ser -entre comillas- objeto de control, por decirlo de alguna forma coloquial, por parte del Gobierno, ya que se van a producir las disfunciones que hemos visto a lo largo de los tiempos
y que no ayudan en nada a lo que debe ser el papel de la justicia y, en definitiva -y es lo importante-, a la búsqueda del interés público que corresponde al ministerio fiscal.
Un tercer elemento clave hace referencia al reflejo del Estado de las autonomías en esta materia. Creemos que no se cumple el Estado de las autonomías en la reforma que hoy se nos presenta y que esta cuestión ha sido objeto de múltiples
debates, sustancialmente en aquellas comunidades que tienen competencias en materia de justicia, que claramente señalaron, en un acuerdo de 18 de octubre de 2002, la necesidad de una reforma, que consistía en actualizar este estatuto mediante la
creación de la figura del fiscal superior de la comunidad autónoma y la adaptación de dicho estatuto y su organización al Estado de las autonomías, con participación de los parlamentos autonómicos en su nombramiento.
Estas son las tres cuestiones generales, las tres cuestiones claves que nos llevan a presentar esta enmienda a la totalidad: en primer lugar, el no cumplimiento de una determinada moción en cuanto a la no participación del Parlamento
sustancialmente en esta materia; en segundo lugar, seguimos sin compartir el papel del fiscal general en esta reforma, y en tercer lugar, la no adaptación de esta reforma al Estado de las autonomías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Lasagabaster, debe concluir.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Dejo encima de la mesa nuestra reflexión sobre la unilateralidad, que viene siendo demasiado frecuente por parte del Gobierno en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado de la justicia, y ya plantearemos reformas más concretas en las
enmiendas parciales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, un clásico siempre diría que cuando uno se enfrenta a un texto de la enjundia del que ha presentado un poquito tardíamente en el horario de la mañana el ministro de Justicia, hay que
estudiar el texto y el contexto. Yo hago una referencia, aunque sea breve, al hecho de que imagino que no había ninguna pérfida Albión ni había ningún interés, como hicieron los irredentos vascos, en acelerar el debate de la mañana para que el
ministro no llegara, imagino que han sido una serie de casualidades, e indiscutiblemente la solución dada con elegancia por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego ha resuelto la cuestión, pero nos debería hacer pensar a todos y todas que no
seamos luego tan
duros y tan inflexibles cuando a quien le toca llegar tarde es a portavoces de la oposición. Sencillamente tómese de referencia para el día de mañana.
El señor ministro ha hecho una intervención precisa en el sentido que a él le corresponde, lista, nada más ha tenido un fallo que le ha permitido a la señora Lasagabaster colar algo y que todos pensamos, cuando dijo aquello de que en la
democracia ya se acabaron los cargos vitalicios, y enseguida en la mente de todo el mundo surgió el chiste de: y el Rey, ¿qué? Y cuando la señora Lasagabaster viene aquí y lo dice, más o menos alguien contesta que no digamos tonterías. A su
finura y a su cintura dialéctica le faltó explicar ese pequeño detalle, que en nuestra democracia hemos decidido en la votación de la Constitución española -yo también lo voté- que el Rey fuera figura vitalicia, pero le faltó ese pequeño detalle que
ha estado a punto de generar un pequeño rifirrafe.
Hablaba del texto y el contexto. En el tema del contexto yo creo que necesitamos una reconsideración -y yo hago una invitación- muy similar a lo de A Coruña, quizá con una mayor tranquilidad, sin la premura y las prisas que hubo con el
cambio ministerial, que había secretarios de Estado que no sabían si iban a ser secretarios de Estado de un ministerio o de otro, hubo una prisa que no fue buena consejera para tomar decisiones. Yo creo que es menester sentarse a pensar de nuevo en
ese tema, porque por muchos malabarismos que hagamos de si el PSOE lo dijo o no, la realidad es que en un tema tan importante para el mundo judicial y fiscal aquí hay una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que será más o menos
alternativo, pero hay un hecho político innegable, indistintamente de que tenga más o menos la misma literalidad o tenga los mismos bloques argumentales en la exposición de motivos. Yo creo que es un tema sobre el que hay que reflexionar. Hay una
enmienda a la totalidad del principal grupo de la oposición, cofirmante, con el Partido Popular, del Pacto de Estado, y luego una serie de grupos también hemos presentado, desde nuestra opinión, una enmienda a la totalidad. Por tanto, yo creo que
algo no lo estamos haciendo bien, y digo no lo estamos, en plural, no estoy diciendo que no lo están ustedes haciendo bien, y creo que es un elemento sobre el que debemos reflexionar.
Hablaba del contexto. Esta doble vuelta de tuerca al tema del fiscal, que es como nosotros lo entendemos, que el fiscal sea una persona más dependiente, más al servicio del Gobierno -desde nuestro análisis-, se produce, y no puede uno huir
ni quitárselo de la cabeza, en un momento en que, a nuestro entender, hay un recorte serio de libertad individual y colectiva. Hay una llamada desde el corazón, y no desde la cabeza -digo desde el corazón y no desde otras partes sensibles y
pudendas-, a un recorte y un endurecimiento de las penas. Señorías, se está ensalzando el pensamiento vengativo, estamos en un momento de quiebra de la presunción de la inocencia y, por último, como a alguien le ha dado por lo que le ha dado,
estamos en lo que se suele llamar una cultura de guerra, con maniqueísmos, con macartismos -por cierto, recomiendo a más de uno la lectura de la magnífica obra de Lili Hellman, compañera de Dashiell Hammett, Tiempo de canallas-, y ya empieza a
hablarse de que es muy bueno que nadie viera lo de los Goya, el propio director general de Radiotelevisión se autoalaba de que nadie viera los Goya; ya hay voces, columnistas del entorno de su partido, que dicen: a partir de ahora, yo no voy a ver
ninguna película del cine español; mañana alguien planteará que ya para qué las subvenciones en los presupuestos; se tapa el Guernica... Ayer tuve que sufrir -y no es simbólico- algo esperpéntico cuando el portavoz de mi grupo, antes de salir, me
pide que le facilite una cita para tener una ficha sobre los desastres de la guerra. Llamé a mi secretaria y le dije: Mándame en un sobre el libro Stalingrado. Pero, miren ustedes, se para el sobre en la puerta porque había orden de la Mesa de
que no se entregara ningún papel. En ese momento le estaban entregando dos sobres al ministro de Fomento (por cierto, en esta sala el ministro de Fomento o cualquier ministro es mucho menos que un diputado o diputada; en esta sala) y al mismo
tiempo se le estaban pasando notas al resto del Grupo Popular. Parece ser que ahora los libros pasados a la oposición son peligrosos. Con esas cosas lo están poniendo, permítanme la expresión, a huevo para decir: De esto a quemar libros en la
Unter den Linden falta una cerilla. Como yo soy un poquito más respetuoso con la historia... (Rumores.) Sí, sí. Cuando se empieza a decir que no se vea cine y esas cosas, se está en un camino peligroso. Digo que podría decirlo, pero no lo voy a
decir porque no lo pienso; si no, lo diría tan tranquilamente y me quedaría tan fresco, y me pueden decir lo que les dé la gana. No lo pienso, pero, cuidado, porque a esas situaciones se llega cuando se alienta a voceros que van por ese camino.
Se llega y, cuando se llega, luego no es cosa de ponerse a llorar, señorías.
Vayamos al texto. (El señor Ollero Tassara: Eso, eso.) Sí, señor Ollero, vamos al texto. La reforma del ministerio fiscal impulsada por el PP y diseñada por el Gobierno se basa, desde nuestro humilde punto de vista, según declaraciones
públicas del Gobierno, en siete ejes que merecen un comentario pormenorizado, una serie de reflexiones globales que, en su conjunto, está expresada en la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. El criterio
estrella del Gobierno consiste en añadir a la antigüedad el criterio de idoneidad técnica para determinados nombramientos especializados y jerárquicamente superiores de la carrera fiscal. El criterio es, en principio, impecable.
No se puede
permitir en un Estado moderno como el español que la carrera fiscal sea sólo jerárquica y que el escalafón dependa única y exclusivamente de la antigüedad. Impecable. Es evidente que
esto provoca que no siempre los mejores lleguen a los puestos clave y que, por otra parte, todos (sean fiscales eficaces o deficientes) saben que alcanzarán determinados puestos por el simple paso del tiempo. Ahora bien, un criterio
correcto como el de la combinación de la antigüedad y la idoneidad técnica pretende ser aplicado por el Gobierno de una forma políticamente perversa y perjudicial para el Estado en su conjunto. (El señor Ollero Tassara: ¿Qué Gobierno?) El que
haya en cada momento, señor Ollero; no pasa nada, el que haya en cada momento.
Los planes del Gobierno son claros: primero se cesa a todos los fiscales en sus cargos, obtenidos por antigüedad, y después se les nombra en puestos nuevos, en teoría, en función de la conjunción antigüedad e idoneidad, pero se aprovecha
para depurar a los fiscales molestos al Gobierno, es decir, se nombra en función de la triada docilidad al Gobierno, antigüedad e idoneidad técnica. La reforma tiene nombre y apellido en la mente de todos. De hecho, se pretende cesar a todos los
fiscales que se han significado en los casos Matas, Piqué, Benigno Blanco, Repsol, etcétera, o en contra de determinadas políticas del Gobierno en su vertiente jurídica o jurisdiccional (inmigración, extranjería, seguridad ciudadana, etcétera). La
torticera aplicación del principio de idoneidad técnica en manos de la mayoría absoluta del Partido Popular traerá como consecuencia una depuración de la carrera fiscal, para que ésta sea aún más dócil al Gobierno de lo que es en estos momentos.
Algunos fiscales sirven, con grave peligro para sus carreras, a la ley y a los ciudadanos, es decir, sirven precisamente a los valores y ciudadanos que la Constitución recoge en su artículo 124, dedicado al ministerio fiscal. El Gobierno quiere
simplemente que todos los fiscales sirvan al Gobierno y dejen de lado la ley y el interés público. Semejante operación de depuración ideológica del ministerio fiscal no puede ser apoyada por nuestro grupo parlamentario, no por lo que tiene de
persecución de unas ideas que la Constitución protege -pluralismo ideológico, artículo 1.1 de la Carta Magna-, sino porque dicho instrumento en manos del Partido Popular puede suponer una regresión aún mayor de la sufrida hasta estos momentos de la
independencia judicial.
El segundo eje de la reforma fiscal del PP consiste en someter toda la jefatura de la carrera fiscal al módulo temporal de los cinco años. En principio es un criterio correcto, dado que la temporalidad incrementará la eficacia y frescura de
los fiscales en el ejercicio de sus funciones y desterrará a los fiscales eternos o perpetuos. Pero debe hacerse notar que el único cargo que no se somete al plazo de los cinco años es el del fiscal general del Estado. Aquí, señorías, yo quiero
recordar la proposición no de ley que se aprobó por unanimidad, de la mano de mi admirado amigo y compañero Pablo Castellano, que ha sido citada muchas veces en alguno de los cursos a los que hemos asistido y demandada por los fiscales -Mariñán,
entre otros- como la base en la que se debía trabajar. Y se dice en el punto 2: El estatuto fijará para el mandato del fiscal general del Estado un periodo de años determinado, dentro del cual sólo podrá ser cesado por objetivas causas regladas.
Pues bien, señorías, aquí se ha hecho todo lo contrario: se cesa a todos los demás, se les pone un tiempo a todos los demás menos al fiscal general del Estado. Me estoy echando en las cuerdas, no de la mayoría absoluta, sino de la unanimidad,
incluida la de esa parte de la Cámara en aquellos momentos.
Por tanto, señorías, no estoy hablando en este momento desde la marginalidad, sino que estoy respaldándome y dejándome llevar por la totalidad de la Cámara en aquellos momentos. Pues
bien, decía que aquí el único que no se somete al plazo es el fiscal general del Estado. De tal suerte que un fiscal general del Estado con poderes reforzados para ejercer el mando jerárquico, casi militar, en un ministerio fiscal en el que todos
sus integrantes son temporales en sus puestos da como resultado una peligrosa sumisión del ministerio fiscal en su conjunto a los deseos del Gobierno. No es fácil imaginar un ministerio fiscal más sumiso al Gobierno que el comandado por un fiscal
general del Estado actual, no lo hay, y nuestro grupo parlamentario teme que con esta reforma conozcamos grados de sumisión y violación de la letra y el espíritu de la Constitución aún mayores que los sufridos hasta hoy.
Los cinco siguientes ejes de la reforma fiscal del PP tienen un carácter más técnico, sin que ello les reste importancia legal ni trascendencia sociopolítica. El tercer eje de la reforma del ministerio fiscal impulsada por el Gobierno es el
aumento del control del fiscal general del Estado sobre la Secretaría Técnica y la Inspección Fiscal. El cuarto es la creación de la delegación de jefatura fiscal para coordinar las grandes fiscalías. Y en quinto lugar prima el carácter asesor del
Consejo Fiscal en detrimento de su papel de máximo órgano colegiado de la carrera fiscal.
Además de los cinco anteriores criterios, señorías, el Gobierno pretende conseguir que se consolide la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo y se creen las juntas de delegados en las grandes fiscalías. Y en séptimo y último lugar,
la reforma del ministerio fiscal del Gobierno del PP pretende modificar el régimen de acceso de los fiscales del Tribunal Supremo, así como el régimen disciplinario. En principio parece una reforma lógica, pero debe tenerse en cuenta que el régimen
disciplinario entre los jueces es, o al menos así lo ve el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, más teórico que real, pues los jueces y magistrados, hasta ahora, se han sustraído fácilmente a la acción disciplinaria del Consejo General
del Poder Judicial. En la mayor parte de las ocasiones en las que se ha impulsado procedimientos disciplinarios contra jueces, más parecía que era el Gobierno quien sancionaba materialmente que el propio Consejo General del Poder Judicial. Por
tanto, no entendemos que vaya a provocar ningún
bien sobre la institución del ministerio fiscal el importar un régimen disciplinario que ya ha demostrado sus carencias en la esfera judicial, máxime si tenemos en cuenta que el régimen disciplinario en la carrera fiscal muchas veces sirve
para perseguir a los fiscales poco complacientes con el Gobierno; recuérdese la sanción encubierta al señor Vargas, fiscal del Tribunal Supremo, en el caso Piqué.
Ante esa situación, respaldándonos en aquel acuerdo de 1997 alcanzado por unanimidad, mi fuerza parlamentaria ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo en la que destacaríamos las siguientes líneas de reforma: Primera,
una mayor autonomía del ministerio fiscal respecto del Gobierno de la nación, con el consiguiente aumento de las funciones, competencias y obligaciones de la misma. Segunda, una mayor vinculación del ministerio fiscal a las Cortes Generales que
alcance incluso al momento de elección del fiscal general del Estado, todo ello sin necesidad de incurrir en una reforma de la Constitución. Tercera, una mayor responsabilidad del fiscal general del Estado por los resultados de sus actos,
incluyendo técnicas de exigencia de responsabilidad política al fiscal general del Estado en el seno de las Cortes Generales, pudiendo incluso llegar a ser cesado el fiscal general del Estado ante la falta de confianza de las Cortes Generales.
Cuarta, una radical variación de la configuración del Consejo Fiscal, de forma que deje de ser un reducto bunkerizado de la carrera fiscal y se abra a las instituciones y a la sociedad española, para con ello poder realizar de una manera más eficaz
sus funciones, que deben tener mucho más que ver con la representación colectiva del ministerio fiscal en su conjunto que con el papel de mero asesor del fiscal general del Estado que le pretende otorgar el Gobierno del PP. Quinta, la apertura de
la Junta de Fiscales de Sala a la realidad autonómica a través de la inclusión en la misma de los fiscales jefes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
Sexta, la objetivización máxima de la elección de cargos en la
cúpula de la carrera fiscal, de forma que sean los méritos y la capacidad los únicos parámetros para acceder a dicho cargo, siendo además conveniente que no se ejerzan de forma vitalicia sino por tiempo determinado en función de diferentes plazos.
Séptima, reconducción de la Inspección fiscal a tareas de pura inspección, dejando las funciones administrativas o de gestión de los medios personales a un órgano de gestión dependiente del fiscal general del Estado. Octava, apertura de la
Secretaría Técnica del fiscal general del Estado a profesionales externos a la carrera fiscal que asesoren al ministerio fiscal en su conjunto en materia financiera, informática, contable, etcétera, cuya comprensión es hoy en día imprescindible en
la Administración de justicia y en las labores del propio ministerio fiscal. Y novena -termino, señorías-, y sólo si se realizan todas las anteriores reformas (e insistimos en que sólo una vez que se hayan realizado tales reformas), convertir al
ministerio fiscal en el órgano procesal de instrucción, sustituyendo al juez en estas funciones, tal y como ocurre en muchos Estados dentro del contexto occidental, lo cual debe llevar forzosamente a una fuerte ampliación de las plantillas fiscales
en España, así como a estudiar la posibilidad de fusionar las carreras fiscal y judicial con el fin de reasignar efectivos cuando sea necesario y mejorar el servicio que la justicia presta a los ciudadanos españoles.
Como se puede apreciar, señorías, el modelo del ministerio fiscal del PP y el de mi grupo parlamentario están, al menos de momento, muy separados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Rejón, le ruego que vaya concluyendo.
El señor REJÓN GIEB: Voy terminando.
Mientras que el PP pretende controlar hasta el último detalle a los fiscales, Izquierda Unida quiere poner a los fiscales al servicio del pueblo y de sus derechos, garantizando la independencia del ministerio fiscal y la apertura del mismo a
las nuevas realidades sociales, institucionales y políticas españolas.
Conocemos de antemano la suerte que va a correr el proyecto, dado que el PP ha dejado claro a Alá y a los españoles cuál es su idea de un ministerio fiscal abogado defensor del Gobierno y no una institución al servicio de la defensa del
ordenamiento jurídico, pero entendemos que este texto alternativo puede servir al menos para hacer ver un ministerio fiscal coherente con la idea de nuestro preámbulo constitucional de construir una sociedad democrática avanzada. Por ello,
esperamos que el modelo del ministerio fiscal defendido por Izquierda Unida pueda ser conocido y compartido cada día por un mayor número de ciudadanos. Espero que SS.SS. no se hayan sentido zaheridos, no sólo porque no puedan, sino porque tampoco
he querido zaherirles; sencillamente, creo que es hasta sano reflexionar en voz alta aquí, en el templo de la democracia.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, señor ministro, quisiera en primer lugar agradecerle el tono de la intervención que, por otra parte, es habitual en S.S., tono que yo obviamente voy a mantener y que también creo que es
habitual. Quisiera agradecerle además el hecho de que usted haya subido a la tribuna no tanto para defender el proyecto que hoy presenta como para debatir la enmienda de totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. Yo se lo
agradezco, como no puede ser de otra manera, y
merece la pena destacar dos consecuencias de ese dato: una, que le gusta más nuestro texto que el suyo -se lo agradezco- y, dos, que está empezando usted a adoptar la posición de mérito de quien va a tener dentro de poco que estar en la
oposición y defender, frente a proyectos del Gobierno socialista, textos alternativos del Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, le agradezco ese tono, el interés que pone en nuestros proyectos y siento que el destino le vaya por esos
derroteros.
Yo sí estoy de acuerdo con usted en que el tema que hoy debatimos es de enorme importancia. Lo es porque hoy modificamos el Estatuto del ministerio fiscal y, por lo tanto, los derechos, obligaciones, organización, etcétera, de una
institución cuya misión constitucional es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Es un tema importante.
Pero si es un tema importante, señor ministro, hoy ustedes han
perdido la oportunidad de profundizar en este tema y de modernizar esta institución, después de 20 años de vigencia, desde 1981. No lo digo sólo yo, sino que se lo han hecho los miembros del Consejo Fiscal por unanimidad, el 16 de octubre de 2002,
cuando le advertían que merecía la pena profundizar en los cambios del Estatuto del ministerio fiscal después de los 20 años de vigencia de esta normativa. Se lo advertimos en el pacto, y ahora hablaremos de ello, y pusimos especial interés en
hacer de esta institución un tema de consenso, y le advertimos que debería tener unos mínimos valores o principios en los que deberíamos estar todos de acuerdo. Por cierto, como en 1981, cuando el Gobierno de aquella época tuvo la habilidad y la
capacidad, en función de la importancia de la institución, de reclamar para sí y para la institución el apoyo unánime de esta Cámara. Hoy ustedes no lo han hecho y eso, señor ministro no es bueno. Le han pedido que profundice en este tema las
asociaciones, las dos, las conservadoras y las llamadas progresistas, y se lo ha pedido este Parlamento en una moción de mayo de 1997. Por lo tanto, señor ministro, pierde usted una oportunidad en el día de hoy. Lo sabía, se lo advertimos, incluso
se lo dijimos en más de una reunión en la Comisión de Justicia e Interior y, como usted comprenderá, nosotros no sólo nos sentimos apoyados en nuestra responsabilidad, en un acto de responsabilidad, que no es otra cosa este texto alternativo, no
sólo nos sentimos apoyados por muchos grupos de la Cámara, sino por todo el Parlamento de 1997, por las asociaciones, por el Consejo Fiscal y por el pacto. Incluso el Consejo General del Poder Judicial, a pesar de que avala el Estatuto fiscal -que,
por cierto, lo avala fundamentalmente a través de la mayoría que, no tengo yo que decírselo, señor ministro, ustedes controlan con exactitud-, dice que se renuncia a revisar más en profundidad la institución tras más de 20 años de experiencia:
Consejo General del Poder Judicial, mayoría conservadora. Es más, dice después: Con toda probabilidad este estatuto potencia la hegemonía actualmente existente del fiscal general del Estado en el seno de la institución en su conjunto (es el
Consejo General del Poder Judicial), sin alterar la ubicación del fiscal general del Estado en la órbita de influencia del Gobierno. No lo digo yo, señor ministro, lo dice la mayoría del Consejo General del Poder Judicial nombrada,
fundamentalmente, a instancias del Grupo Parlamentario Popular. No se ha hecho ese consenso que se consiguió en 1981, no ha sido objeto de debate serio y profundo en la comisión de seguimiento del pacto y, por lo tanto, señor ministro, permítame
que le diga con el máximo de los respetos que este texto es una marcha atrás en una institución indispensable para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y una deriva hacia la involución.
¿Qué finalidad tiene? Usted no lo ha dicho y me gustaría escuchárselo. Yo le voy a dar alguna. De acuerdo con lo que nos dicen aquellos que no forman parte de nuestro proyecto político, no le quepa la menor duda de que lo que se busca es
aumentar la dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno, instrumentalizar esta institución por parte del Gobierno y, por otro lado, la subordinación de los fiscales al fiscal general del Estado manteniendo o reclamando una actitud servil
en los funcionarios de esta carrera. Insisto, el propio Consejo General del Poder Judicial lo dice, permítanme que lo repita: potenciará la hegemonía actualmente existente del fiscal general del Estado en el seno de la institución en su conjunto y
se ubica al fiscal general del Estado en la órbita de influencia del Gobierno. ¿Cómo se hace? Por varias fórmulas, señor ministro, pero fundamentalmente a través de dos de ellas: una, el mandato, en el que estamos de acuerdo. Por cierto, señor
ministro, nunca los fiscales jefes fueron vitalicios, en ninguna parte de la ley aparece que esos nombramientos sean vitalicios. No juguemos ya al lenguaje y a las palabras que no tienen sentido: eran y pueden ser cesados en cualquier momento. El
hecho de que no tenga una temporalidad, un período de tiempo, no significa obviamente que esos cargos sean vitalicios. Pero no es menos cierto que es bueno que tengan además un recorrido temporal, porque lo hemos pedido todos, porque forma parte
del pacto y porque está también articulado, y así lo recogemos en nuestro texto. Por tanto, uno, el cese, y únalo, señor ministro, al nombramiento con carácter absolutamente arbitrario de muchos de los fiscales, de acuerdo con el artículo 36 del
proyecto de ley que presentan ustedes. No sólo se limita este texto al nombramiento clásico de fiscales en el Tribunal Supremo, etcétera, sino que amplía la posibilidad de que el Gobierno nombre también fiscales en todas las fiscalías de primera.
Cualquier fiscal, no sólo los jefes y los fiscales de primera, cualquiera. Haga usted una suma de fiscales -lo habrán hecho- que van a ser designados a dedo en vía de ascenso en los sitios donde hay fiscalías de primera, y le saldrán decenas.
Sospecho que lo han hecho. Si usted quiere jugamos a eso
después en la réplica, ya que dice usted que no. Por eso se ha dicho que esta reforma tiene nombres y apellidos y va dirigida a determinadas personas y no a la ciudadanía en general, sino a determinadas personas.
Va dirigida, señor
ministro, permítame que se lo diga, a aquellos que han querido promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, apoyar acciones penales en procesos que molestan al Gobierno, en los procesos Piqué, en los procesos Matas, en los procesos
petrolera, etcétera. Esa discrecionalidad o esa arbitrariedad, porque la discrecionalidad debe ser motivada y aquí no se motiva, no entra dentro de lo que en el pacto por la reforma de la justicia enmarcábamos como elemento indispensable del
ascenso de la carrera fiscal, que era el mérito, la capacidad, la especialidad y la calidad en el trabajo. Se dice en su proyecto, y sólo en la exposición de motivos y no en el articulado, que serán criterios de idoneidad los que marquen ese
ascenso. ¿La idoneidad de quién, señor ministro? ¿Qué significa idoneidad? ¿Y por qué aparece en un sitio y no en el articulado? ¿Cómo se motiva? ¿Dónde está el mérito, la capacidad, la especialización, la calidad en el trabajo? La idoneidad,
señor ministro -no sólo porque así aparece en el proyecto, sino porque tenemos una experiencia cercana que así lo dice en la instrumentalización por el Gobierno de esta importante institución-, la idoneidad significa el hacer que los ascensos sean
arbitrarios. Por eso fundamentalmente nos oponemos a este texto, un texto además que tiene un recorrido escaso, limitado en 18 artículos de los setenta y tantos que configuran la articulación del Estatuto del ministerio fiscal. Hemos hecho un
texto alternativo que voy a pasar a desgranar de una manera breve, en la confianza de que usted entenderá que cuando habla el Grupo Socialista sobre su texto alternativo lo hace con la intervención auténtica que eso significa, cansados como estamos
de que se haga esa argumentación extraña a través de la cual se interpreta el texto de otro y se defiende la exposición de uno en contra de aquel texto que ese auténtico intérprete todavía no ha defendido. Defendamos, por tanto, el texto
alternativo de mi grupo.
¿Por qué lo hacemos? En primer lugar, porque somos consecuentes con el pacto por la reforma de la justicia. Y si ustedes no han querido esperar a que haya cambios en otras legislaciones, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marcaba
los tiempos en el artículo 9 del pacto para la reforma global del estatuto y han sacado exclusivamente esos cambios del citado artículo 9, nosotros queremos aprovechar la oportunidad que nos brindan para efectuar un cambio en profundidad hacia la
modernización definitiva de esta institución. Ese es nuestro fin y confiamos en tener el máximo apoyo de la Cámara para conseguir ese objetivo. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar -hablaré sólo de algunos apartados de este texto-, dando la
investigación penal al ministerio fiscal. Es un tema que es cada vez más aceptado por toda la doctrina, sobre todo por los operarios jurídicos, que consideran indispensable para la modernización de la justicia y para su agilización que haya una
persona destinada a la investigación criminal con la capacidad, la funcionalidad y las posibilidades incluso orgánicas del ministerio fiscal. Es más, si de verdad la misión constitucional del ministerio fiscal -y lo es- es promover la justicia en
defensa de la legalidad teniendo en cuenta los intereses sociales y por tanto los intereses públicos y la protección del derecho de las víctimas, elemento indispensable y casi siempre olvidado en los procesos penales, parece evidente que debe
residenciarse en el ministerio fiscal la investigación penal. Lo solicitan muchos, entre otros, señor ministro, como bien sabe S.S., instituciones como el Consejo Fiscal, asociaciones, etcétera. Es evidente que eso va a permitir, además de
subrayar esa misión, el control de los mecanismos de las resoluciones extrajudiciales, indispensable también para la agilización de los procesos penales, y a través de esa vía evitar en gran medida la judicialización de la vida social. Queremos
subrayar este primer punto fundamental de la alternativa socialista al estatuto del ministerio fiscal: el fiscal debe investigar el proceso penal.
Segundo punto, limitación de mandatos. Estamos de acuerdo en la limitación de mandatos -hablaremos después de ello- de los fiscales jefes, como aparece en el proyecto que presenta el señor ministro, pero estamos también de acuerdo en que el
fiscal general del Estado tenga un mandato determinado. Y no es anticonstitucional, señor ministro, no lo es. No puede serlo porque no es posible. Entre otras razones que no van a ser debatidas en términos constitucionales, como usted
comprenderá, sino en términos políticos, sería aberrante pensar que en el año 1997 el Grupo Parlamentario Popular caminaba por la senda de la inconstitucionalidad en este tema cuando solicitaba en una moción que firmaba el señor De Grandes Pascual
la temporalidad en el mandato del fiscal general del Estado. Se lo leeré, señor ministro: El estatuto fijará para el mandato del fiscal general del Estado un periodo de años determinado, dentro del cual sólo podrá ser cesado por objetivas causas
regladas. Su grupo parlamentario, del que formaba parte S.S., pedía en el año 1997 que el fiscal general del Estado fuera nombrado para un periodo de años determinado y que se reglaran unas causas de cese, que es lo que aparece articulado en el
texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. Hasta tal punto tenía sentido común la moción que ustedes presentaban que todos los grupos parlamentarios, el 27 de mayo de 1997, hacían suya literalmente la moción del Grupo Parlamentario
Popular en este tema. El punto número 2 de esa moción decía: El estatuto fijará para el mandato de fiscal general del Estado un periodo de años determinado dentro del cual sólo podrá ser cesado por objetivas causas regladas. Ni en aquella época
era inconstitucional, señor ministro, ni lo es en este caso. Las causas que planteamos son causas tasadas de cese, como no puede ser de
otra manera, con algunas causas que evitan claramente las posibles dificultades de interpretación constitucional (le animo a que las lea, señor ministro); le permitimos una ampliación de las posibilidades de comparecencia en esta Cámara y
le pedimos al fiscal general del Estado algo que es salud democrática, y es que motive las propuestas de nombramientos. Esa temporalidad, señor ministro, es buena para todos. No insistiré más en este tema, pero así se ha puesto de manifiesto por
este Parlamento y también por el Consejo Fiscal de manera unánime en reunión de octubre de 2002.
Tercer punto importante del texto alternativo: el Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal debe ser elegido en un cuerpo único como aparece en el proyecto, pero a través de una representación proporcional, de manera que sean también las minorías
las que tengan voz en él para que tenga cada vez más la importancia que merece esta institución. Sobre la base de esa importancia a la que no apela el proyecto de estatuto presentado o semipresentado por el señor ministro, queremos que informe no
sólo de los nombramientos, sino de los ceses. Fiscalía anticorrupción. Este es otro tema importante, señor ministro. Por la experiencia, por las últimas reflexiones a las que ha dado lugar alguna de las actitudes del Gobierno con referencia a
esta Fiscalía, consideramos que debe intervenir directamente en la persecución de delitos de especial transcendencia sin que tenga la necesidad de ser apreciado por el fiscal general del Estado.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Le ruego vaya concluyendo, señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, terminaré muy rápido.
Hasta ahora ese aprecio del fiscal general del Estado no era sino la limitación a la posibilidad de activar denuncias por parte de la Fiscalía anticorrupción. Queremos que esta fiscalía amplíe sus competencias y, como consecuencia con los
cambios operados en el Código Penal de 1995, conozca también de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, delitos relativos al mercado y a los consumidores. Esto lo pone de manifiesto, nos lo pide entre otras cosas el informe Greco
que fue aprobado, como saben SS.SS., por el Consejo de Europa hace poco tiempo.
En cuarto lugar, los delegados de jefatura con los que estamos de acuerdo y pedimos que tengan también la posibilidad -como usted ha manifestado aquí, no porque lo ponga su proyecto, sino haciéndose eco de lo que nosotros planteamos- de
coordinar acciones encaminadas a la persecución de delitos contra la violencia de género, delitos de medio ambiente y también que puedan coordinar los trabajos de vigilancia penitenciaria.
En quinto lugar, quisiera comentar algunas cuestiones importantes que son indispensables por salud democrática para que esta institución tenga el carácter y la imagen que merece en una democracia de calidad y en una justicia de calidad: la
sustitución de fiscales. Debe hacerse a través de razones fundadas, señor ministro, con audiencia del interesado y mediante resolución escrita motivada. No merece la pena destacar algunos ejemplos desafortunadísimos del Gobierno a la hora de
sustituir a fiscales por la vía de la arbitrariedad. También es indispensable que las resoluciones de propuestas de fiscales que dirigen al fiscal general de Estado cuando tiene que intervenir en procesos que van contra el Gobierno o que cubren
intereses cercanos al Gobierno tengan un procedimiento que permita la transparencia e impida la arbitrariedad, de tal forma que, si el fiscal general del Estado decide no intervenir en un proceso de estas características, tendrá que hacerlo
motivadamente por escrito, oyendo a la junta de fiscales, remitiendo ese escrito al Gobierno, al Parlamento y compareciendo inmediatamente ante la Comisión de Justicia e Interior.
Hacemos salud democrática pidiendo que el fiscal general del Estado
se abstenga de intervenir cuando hay un proceso o un indicio penal ante un miembro del Gobierno. No es de recibo que quien ha sido nombrado por el Gobierno sea al final quien tenga la capacidad de proceder contra él. No es una actitud democrática,
no tiene apariencia siquiera democrática que quien es elegido por el Gobierno tenga la última palabra a la hora de decidir la acción penal y la instrucción sobre ese Gobierno. He hablado de la provisión de destinos por parte del Gobierno que no
sólo es desmesurada, sino que está en contra de las decisiones adoptadas por unanimidad por el Consejo Fiscal y por la Junta de fiscales de Sala, a quienes les parece excesiva esa designación arbitraria del Gobierno.
Estamos de acuerdo con el cese
de los fiscales por un tiempo de cinco años, pero le queremos dar a S.S. la oportunidad de cambiar el régimen transitorio, régimen que parece ser ustedes aprecian de manera especial.
Según el texto, a partir del momento en que el proyecto se
conforme en ley, tras la aprobación parlamentaria y su publicación, cesarán todos los fiscales jefe que lleven más de cinco años en su destino.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Barrero, debe concluir ya. ¡Fíjese S.S. el tiempo de más que lleva consumido!
El señor BARRERO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a cerrar la explicación por delicadeza con el ministro y con el Grupo Parlamentario Popular. Nuestra alternativa es hacer lo mismo, pero articularlo de forma que imitemos lo que en el año 1985 se hizo en relación con los presidentes de
audiencias y de tribunales superiores de Justicia con motivo de la aprobación de la Ley orgánica del Poder Judicial. Allí se dijo que hasta tanto el Consejo General del Poder Judicial no se nombrara e iniciara sus trabajos no debían ser cesados
estos presidentes. Hoy le damos la oportunidad para que no aparezca ante la opinión pública -el texto tiene nombre y apellidos- que los ceses se producirán cuando sea nombrado el Consejo Fiscal, entre otras cosas porque dicho Consejo tiene
la obligación ahora, de acuerdo con nuestro articulado y también con el suyo, de informar previamente de estos nombramientos.
Termino definitivamente, señora presidenta, agradeciendo al señor ministro -insisto- la intervención que ha hecho con motivo de las reflexiones a las que le ha llevado el texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista, ya que pone de
manifiesto la importancia del texto. Sería consecuente, señoría, si lo aprobara mediante su voto, puesto que le gusta tanto. En todo caso, señor ministro, al margen de pequeñas bromas de este carácter, no se obsesione por el control y la
instrumentalización de una institución que es indispensable para la democracia. En este tema, al margen de determinados apoyos coyunturales de grupos parlamentarios, me temo que están aislados de los operadores jurídicos, incluso de los más
conservadores, de aquellos que hacen del derecho una forma de vida y de convivencia y que luchan por la justicia y de aquellos que creen en la libertad, en el derecho, y entienden que esta institución es indispensable para hacerlo posible.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Barrero.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, anuncio que mi grupo va a votar en contra de las enmiendas de totalidad de devolución de texto alternativo que han presentado los diferentes grupos parlamentarios que han intervenido y expondré las razones fundamentales de este
planteamiento. Viene a esta Cámara un proyecto de ley muy importante para el control de la vida judicial, fiscal y democrática de un Estado plural, como es el Estado español.
Dicho proyecto pretende modificar un texto muy significativo, el único
existente de la democracia española desde la aprobación de nuestra Constitución en 1978. Es nada más y nada menos que la Ley 50/1981, que regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Por primera vez en nuestro sistema constitucional y
legislativo, el ministerio fiscal va a ser una pieza muy importante. Hay que situarse en el debate político y parlamentario en la España de 1981 para entender el verdadero alcance de lo que ha sido y constituye todavía afortunadamente una pieza
decisiva en el ordenamiento legal del ministerio fiscal. Y es curioso que no haya habido otra. Han tenido que pasar prácticamente 22 años para que se empiece la modificación del Estatuto orgánico de la Ley 50/1981. Este proyecto ha sido prudente
en la medida en que -lo ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- son pocos los artículos que se modifican en relación con el texto articulado de la Ley 50/1981. Mi grupo cree que es positivo no haber entrado en más cuestiones,
porque si no nos encontraríamos con asuntos polémicos que requieren un amplio consenso. En los debates en ponencia y Comisión podremos llegar a acuerdos sobre muchas de las ideas aquí expuestas, especialmente por el señor Barrero, que compartimos
plenamente, pero que no justifican una enmienda de totalidad con texto alternativo. Por vía de enmiendas podemos hacer aproximaciones muy beneficiosas en un proyecto tan importante como el relativo al ministerio fiscal. En 1981, el Gobierno de la
UCD presidido por el señor Calvo-Sotelo trajo a la Cámara y se aprobó un instrumento que daba garantías de intervención al ministerio fiscal en una serie de aspectos que iban a condicionar la vida nacional en algo tan importante como el ministerio
fiscal. Transcurridos 22 años, es necesaria una aproximación a las exigencias actuales que se demandan del ministerio fiscal, como son las competencias en el derecho civil, como se dice en el preámbulo, en los procesos civiles sobre protección del
menor. Se entra en una serie de aspectos que en los trámites de ponencia y Comisión se pueden mejorar sustancialmente y adaptarlos a la realidad. No obstante, mostramos nuestra conformidad con el planteamiento del proyecto del Gobierno. ¿Por qué
decimos esto? Porque hay figuras que tienen que ser potenciadas. Este diputado, en la Comisión de Justicia, ha señalado en muchas ocasiones que era necesario reforzar al Consejo Fiscal en cuanto a competencias de cargos en presupuestos de
remuneración para los miembros de la carrera fiscal, desde un concepto profesional hasta un concepto de autoridad. El proyecto de ley permite la perchas de enganche para efectuar una serie de mejoras sobre el Consejo Fiscal. Pero no debemos caer
en la utopía de por tener una especie de Consejo Fiscal que, por la vía de una democracia mal entendida, esté infringiendo los principios de unidad y de jerarquía, dejemos suelto un instrumento muy importante.
Frente a críticas que se acaban de
hacer en el debate de hoy al proyecto del Gobierno, como que hay exceso de autoritarismo, de protección al fiscal general del Estado, que no se aplica la democracia a las minorías en el Consejo Fiscal, mi grupo se sitúa en el papel constitucional
que tiene este Parlamento de control al Gobierno. Si el Gobierno toma una serie de decisiones sobre el fiscal general del Estado, sobre los fiscales de Sala, etcétera, que responda de esa flexibilidad, que nos parece oportuna, que trae el proyecto.
Todo Gobierno que se compromete en un texto legal a una flexibilidad sabe que está comprometido, por imperativo constitucional, a los controles de esta Cámara, para que el orador le
pueda poner colorado al ministro de Justicia de turno si ha hecho una flexibilidad no entendible constitucional, democrática o profesionalmente. Esta es la garantía que tenemos con un sistema parlamentario de control al Gobierno, es un
instrumento optativo que tiene un Gobierno de flexibilidad discrecional. ¿Por qué le vamos a negar a un Gobierno democrático unos poderes discrecionales en determinados instrumentos del Estado si contribuyen a la unidad del Estado en el principio
de jerarquía que hay que suponer con las competencias que tienen los fiscales en el ámbito territorial de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas y hay que mantener una unidad de doctrina, una unidad de criterio? Si no se
le puede negar a un Gobierno ese derecho discrecional a utilizar instrumentos reconocidos en la Constitución, tampoco se puede negar a esta Cámara el derecho a controlar al ministro de turno si hace un uso no ejemplarizante del principio que tiene
que utilizar. Por tanto, me someto al control parlamentario.
A nuestro juicio, en el proyecto hay una serie de mejoras, como es que la jefatura de la secretaría técnica tenga la condición de fiscal de Sala.
Mi grupo apoya ese planteamiento, porque se trata de una jefatura temporal, ya que la jefatura
de la secretaría técnica tendrá el carácter de fiscal de Sala mientras esté desempeñando ese puesto de confianza puesto que lo nombra el propio fiscal general del Estado. Tampoco podemos negar al fiscal general del Estado que utilice un instrumento
con la máxima categoría, más aún si se va a ocupar de la cooperación judicial internacional. ¿Que hay que armonizar todas estas jefaturas en la presidencia de Sala del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los tribunales superiores de
Justicia y en las audiencias provinciales? Es evidente. Hay que buscar un enganche y una vertebración de todos estos aspectos. Se han hecho algunas observaciones sobre el carácter prácticamente vitalicio de sus jefaturas. Con la Constitución en
la mano y salvando algunas excepcionalidades de rango no ejecutivo, como son los miembros del Consejo de Estado, el único cargo que tiene carácter vitalicio, al amparo del artículo 57 de la Constitución española, es la Jefatura del Estado, que
ostenta Su Majestad el Rey. ¿Por qué razón? Porque el artículo 57 de la Constitución le concede carácter hereditario.
La Jefatura del Estado es el único puesto que tiene carácter hereditario.
Si la Corona es hereditaria, salvo renuncia expresa a
los derechos del trono, cosa que regula también la Constitución, el derecho civil entiende que la Corona tiene un sistema vitalicio. Ninguna otra estructura puede tener un sistema vitalicio. Mi grupo no entiende que se pueda tener una mejor
garantía constitucional en el uso de los derechos constitucionales al amparo de un carácter vitalicio, cuando estamos viendo que todos los cuerpos de la Administración civil del Estado y los cuerpos militares -que también están sometidas a
principios de jerarquía- se basan en los principios de mérito, especialización, rendimiento y calidad de trabajo.
¿Cómo se pude negar en una estructura funcionarial -porque el fiscal actúa como un funcionario de una Administración especializada-
que no se valore solamente el derecho de antigüedad? Este derecho no se le niega, pero no puede significar tampoco un anquilosamiento en una jerarquización que lleve a una estructura de funcionarios vetustos, que estén condicionados en su promoción
por la antigüedad, porque esto produciría el desánimo de aquellos fiscales nuevos, que intentan renovar y ampararse en criterios de mérito, especialización, rendimiento y calidad de trabajo. Va a ser la Cámara, una vez que el Consejo Fiscal se haya
pronunciado sobre esta idoneidad, quien se moje en el tema. El Consejo Fiscal se tendrá que mojar para valorar estos criterios distintos del de antigüedad y la Cámara tendrá que controlar la exigencia de los mismos.
Si mi grupo entiende -como
cualquier diputado y cualquier grupo- que en un nombramiento no se han tenido en cuenta estos criterios que se señalan en el proyecto de ley, con objetividad y perfectamente tasados en baremo, no renunciará a hacer las denuncias correspondientes.
Se contienen otros aspectos en este punto, como el de los delegados de jefatura. Entendemos que ese es una avance en la coordinación con el Consejo Fiscal para hacerlo flexible y democrático. Vamos a intentar dar un paso en la
profesionalización que legitime las decisiones que tenemos que ir incorporando al Consejo Fiscal. Les recuerdo a SS.SS. una de las últimas reformas que hubo. Cuando se dijo que el fiscal general del Estado tenía que designar al fiscal que iba al
tribunal de oposición para el ingreso en la carrera fiscal, mi grupo presentó una enmienda porque nos parecía excesivo que el fiscal general del Estado, que a lo mejor no pertenecía a la carrera fiscal -casos hemos tenido-, tuviera que designar al
fiscal que iba a formar parte de un tribunal que iba a medir las aptitudes de los candidatos a ingresar en la carrera fiscal. A nosotros nos parece que tal fiscal debería ser designado por aquellos que verdaderamente conocen a sus compañeros de
cuerpo y tienen el sentido de profesionalidad, que son los miembros del Consejo Fiscal. Nos parece oportuno que se regule el papel de las juntas de fiscalías y creo que se puede avanzar mucho en cuanto a todas las exigencias de especialización que
debamos tener para que las juntas respondan a un concepto de modernización.
Por estas razones -y con esto termino, señora presidenta-, mi grupo entiende que a través del proyecto del Gobierno se encuentran los puntos de enganche y complementariedad, en el bien entendido de que seguirá valorando que nos mantengamos
dentro del pacto de Estado. Por algún diputado se ha hecho referencia a si el Código Penal estaba o no incluido. La postura del ministerio, o por lo menos la que conocemos del ministro, es la de introducir en el índice del pacto de Estado por la
justicia cualquier otra materia relacionado con la
misma. No hay nada excluyente y, si estamos de acuerdo los grupos, señor Barrero, con muchísimo gusto estaremos también en esa sintonía, porque entendemos que es positiva.
Vamos a votar en contra de estas propuestas presentadas como textos alternativos de devolución y enmiendas de totalidad, por entender que en el proyecto existe un cauce, que con el trámite parlamentario todos desearíamos profesionalizar al
máximo para beneficio de los fiscales en la importantísima competencia que les señala nuestro ordenamiento constitucional. Ojalá obtengamos un texto como el que en su día se consiguió en esta Cámara con la Ley 50/1981, por el espíritu de
conciliación y la importancia del instrumento, para garantizar al ciudadano que la democracia estaba también en el ministerio fiscal.
Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, me permitirá que comience con una reflexión que ya he hecho en anteriores ocasiones. Mi formación política ha dudado sobre la actitud a tomar en este trámite: apuntarnos a hacer o apoyar las enmiendas a la
totalidad y descalificar el anteproyecto del Gobierno, como suele hacer su formación política en el País Vasco, bastarían dos trazos, en plan sal gorda, lo que es posible, porque el proyecto tiene defectos, pese a las bondades que usted le ha
señalado, en plan patada al Gobierno, u optar por la utilización de los instrumentos, de las armas que nos concede el derecho parlamentario, de conformidad con lo que es su esencia y naturaleza. En nuestra práctica, utilizamos la enmienda a la
totalidad frente a un proyecto cuando éste, desde nuestra perspectiva, es inoportuno y/o carece en absoluto de todos los elementos de bondad que impedirían, aun con todas las enmiendas que hiciesen falta, poder llegar a una regulación razonable y
adecuada de lo que se pretende.
Finalmente, nuestro grupo no ha presentado enmienda a la totalidad ni para pedir su devolución ni, quizá por considerarlo un cometido de envergadura que excedía las posibilidades técnicas de un grupo pequeño, para hacer un texto completo,
con corrección bastante, como han hecho otras dos formaciones políticas. Tiempo y ocasión habrá para expresar el rechazo frontal a otros proyectos que tiene ya presentados el Gobierno en esta Cámara y que, desde nuestra perspectiva, no tienen los
requisitos de idoneidad y de oportunidad, como habrá ocasión de ver con la enmienda a la totalidad que presentaremos para debatir la semana que viene, sobre la creación de los juzgados centrales de Vigilancia Penitenciaria.
El proyecto del Gobierno, según su propio tenor, lo que se dice en su exposición de motivos y en la memoria, no pretende las reformas funcionales del estatuto, que dependen de una revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la
elección, de una vez, del modelo de proceso, sino que se centra en lo estructural y en el régimen estatutario de la carrera, empeño quizá corto y que puede llevar a considerar excesiva la calificación que desde el informe de la fiscalía general del
Estado se le da de reforma de carácter histórico. Podría hablarse de ocasión pérdida, o quizá no tanto, porque todavía nos queda la larga vía de la tramitación parlamentaria. Aborda cuestiones que nos parecen tan decisivas como el sistema de
promoción y ascensos y un nuevo marco disciplinario, del que después hablaremos, por lo que mi grupo se une al deseo del Gobierno y de otras formaciones políticas de que el proceso se tramite. Sin embargo, mi grupo denuncia, como han hecho los
enmendantes a la totalidad, que el Gobierno no haya aprovechado esta ocasión, en el contexto cada vez más etéreo de lo que es el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista que se da en llamar pacto de Estado para la reforma de la
justicia, para recuperar los principios de la moción del Pleno de este Congreso de los Diputados, de 27 de mayo del año 1997, tan ampliamente apoyada por todos, a iniciativa de ese gran diputado, que ya ha sido citado por el portavoz de Izquierda
Unida, don Pablo Castellano, sin ningún demérito para el actual. Simplemente, ello me lleva a pensar que Izquierda Unida cuida a quién elige para ser portavoz en este área.
Repito que no se utiliza nada lo que fue aquella moción ni ahonda en
planteamientos que recoge el propio libro blanco del ministerio fiscal.
En aquel debate mi grupo apostó por un modelo de fiscal general del Estado constitucionalmente posible, desde nuestra perspectiva, con absoluto respeto del artículo 124 pero
con vinculación parlamentaria. En la propia memoria del Consejo, en su exposición inicial, se anuncian tres posibles concepciones de la fiscalía. Parece que lo hace pensando que en el texto constitucional cabría cualquiera de ellas. Nos gustaba
la propuesta de necesidad de obtener la confianza del Congreso manifestada en la Comisión de Justicia, aunque finalmente aceptamos, como hizo toda la Cámara, la mera comparecencia. Sin embargo, ahora se acentúa la vinculación, o por lo menos así lo
percibimos nosotros, de la institución al Poder Ejecutivo, aspecto criticado en algún voto particular y también por algunas organizaciones profesionales.
La temporalidad de las jefaturas, de la que se ha hablado, se presenta como una bondad democrática porque posibilita la elección, pero desde nuestra perspectiva se presta asimismo a la eliminación de jefaturas incómodas con criterios de
confianza política. La posibilidad de mandatos sucesivos, sin tope, acrecienta la idea de instrumento en manos del Gobierno para perpetuar a quienes sean favorables y deshacerse de los que no lo son. La idoneidad sería así identidad ideológica o
política en demérito de la capacidad y el mérito, tentación por cierto que han tenido todos los sucesivos gobiernos. El elemento de temporalidad no se hace extensivo en el proyecto al cargo de fiscal general del Estado; lo han debatido
ustedes y el señor ministro ha citado las argumentaciones de Tomás de la Cuadra como elementos de autoridad. Yo no entiendo que sea inconstitucional la exigencia de un requisito de este estilo, porque también en la actualidad el artículo 124 prevé
unas determinadas cuestiones y otras se perfilan en el contenido del propio estatuto; por ejemplo, la exigencia de 15 años de experiencia como jurista de reconocido prestigio, que, en algunos casos, como todos bien conocemos, no se respetó por
gobiernos socialistas. Para nosotros la temporalidad, junto a la independencia de cualquier posible instrumentación del poder político y económico y las exigencias de las causas de cese tasadas, es un elemento exigido por recomendaciones de la
Unión Europea y creemos que debiera ser motivo de especial atención o de especial acercamiento por parte del Gobierno al proponernos un texto nuevo. La temporalidad, que a mí sí me afecta ahora en esta tribuna, me lleva a tener que seleccionar
puntos a tratar con tenor crítico. Las bondades del texto ya han sido recitadas por el señor ministro y todavía queda la intervención de quien representa al grupo mayoritario. Yo entonces debo denunciar, como han hecho ya otros portavoces, con
tenor crítico, algunas carencias.
Me parece que el voto particular que el vocal del Consejo General del Poder Judicial Alfonso López Tena hace en relación con la involución que en materia autonómica supone el proyecto es magnífico en cuanto a su argumentación y desde luego
es plenamente asumido por la formación política a la que yo represento. El nuevo modelo de justicia que el pacto predica, aludiendo a una justicia nueva y moderna para el siglo XXI, con criterios de adopción de ésta al Estado de las autonomías, no
aparece en el texto del proyecto. Se pasa olímpicamente de lo acordado en la undécima reunión de la Comisión de coordinación de las comunidades autónomas, que también ha sido citada, de 18 de octubre de 2002, en la que se hacía referencia a
actualizar el Estatuto del ministerio fiscal en clave autonómica y a realizar las pruebas correspondientes en los procesos selectivos de jueces y fiscales con descentralización territorial, que fue suscrito por los gobiernos de Cataluña, País Vasco,
Galicia, Valencia, Canarias y Andalucía, con representación por tanto de todas las formaciones políticas. Esto es desoído en el contenido de la reforma.
No puedo dejar de mencionar, cuando en el artículo 13 se habla de unidades de apoyo, que se considera que estas son posibles para tener por ejemplo traductores de lenguas extranjeras. No entiendo por qué no se hace extensiva la exigencia de
traductores a las lenguas oficiales, siendo de todos conocido que existe un importantísimo déficit en cuanto a conocimiento de las lenguas oficiales por parte del personal judicial y fiscal, por más que sea encomiable la disposición de ellos al
conocimiento de estas lenguas. Estamos hablando de una figura fundamental en el procedimiento penal y en el mismo tiene establecido el Tribunal Constitucional que la expresión en la propia lengua puede integrar, con más comodidad que en la otra
lengua también oficial, el derecho de defensa. En cuanto a la secretaría técnica, cuando se establece el fortalecimiento del Consejo Fiscal y creación de los delegados de jefatura, o a las juntas de fiscalía son cuestiones que nos parecen
necesitadas de alguna mejor regulación, pero que lo intentaremos en nuestras enmiendas parciales.
Me permitirá referirme el señor ministro con alguna ironía a aspectos de modernidad o de progresía que el texto contiene cuando al hablar de incompatibilidades se hace referencia no sólo a los cónyuges sino a las parejas de hecho, sin
distinción de sexo, unidas por relaciones de afectividad. No está mal en el proyecto de un Gobierno que se niega a traer a la Cámara un proyecto en el que se regulen este tipo de uniones.
Por cierto, también con alguna curiosidad, en el artículo
58.1 se hace referencia a las uniones de afinidad en relación con el ejercicio de la industria y del comercio; sin embargo, en el 58.4, relacionado con no poder ejercer la abogacía o la procuraduría, sí se habla de matrimonio contraído y solamente
se limita la incompatibilidad a los cónyuges. Nos parece que es un error que intentaremos enmendar con nuestras enmiendas y repito que es sólo un asunto menor. Nos parece un importante empeño el que tiene la norma en traer un procedimiento
sancionador y lo decimos de cara a la entidad de los valores que tiene que tutelar la función importantísima que desempeña el ministerio fiscal. Cuanto más importantes sean los bienes y valores en juego, más cuidadoso debe ser el trámite de la
adecuada tipificación de las conductas infractoras y a ello vamos a dedicar especial atención en las enmiendas que formulemos desde mi formación política. En esto nos parece técnicamente más aceptable el proyecto del Gobierno que algunos de los
propuestos por otras iniciativas.
Resumiendo o concretando, señor ministro, señorías, siendo importantes las razones que se esgrimen en las enmiendas de devolución, nos parece que, frente a ellas, los motivos pueden ser atendibles mediante su traslación a enmiendas parciales
y la posibilidad de articular, insisto, tales objeciones en este tipo de trámites. Los textos alternativos denotan un esfuerzo meritorio por parte de las dos formaciones políticas proponentes. El texto propuesto por el Grupo Socialista no desborda
en principio el marco de la reforma que pretende el Gobierno. Es posible por tanto también, debidamente troceado, recoger sus sugerencias e incorporarlo como enmiendas parciales. El texto de Izquierda Unida es más amplio e innovador y
especialmente atendible, desde nuestra perspectiva, en alguna afirmación que se hace en su exposición de motivos. Contiene una dura crítica a la manipulación e instrumentalización
que la figura del fiscal general del Estado ha tenido por los sucesivos gobiernos de la nación. Recogeremos de él determinados aspectos con enmiendas parciales y, puesto que he anunciado ya que vamos a utilizar sus textos, no rechazaremos
su esfuerzo sino que nos abstendremos respecto de estas enmiendas, quedando, eso sí, señor ministro, a la espera de una necesaria reforma, con la experiencia acumulada de 20 años, como se dice en el texto actual, a lo ya reflexionado además en el
libro blanco del ministerio fiscal sobre la posición de esta institución en el proceso penal, sus funciones de investigación e instrucción y lo que ello conlleva de conexiones con el Poder Judicial, garantías estatuarias y dependencia de la Policía
judicial. Sería deseable que para este proyecto de mayor envergadura buscasen ustedes los consensos antes de traer un proyecto a la Cámara. Transitaremos, resumo, señor ministro, la senda de las enmiendas parciales, en la que esperamos encontrar
alguna receptividad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, mi grupo pretende corresponder también al esfuerzo que han efectuado los enmendantes de totalidad del proyecto de ley presentado por el Gobierno. De ahí que entendamos que la mejor manera de hacerlo, sin perjuicio
de que seguro que, como ha puesto de manifiesto la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), algunos de sus planteamientos podremos aprovecharlos para completar las enmiendas que formularemos al articulado, lo más legítimo asimismo sea
efectuar un detenido análisis de estas enmiendas de totalidad y manifestar o justificar por qué -y ya lo anticipo en este momento- vamos a votar en contra.
En primer lugar y respecto de las enmiendas de devolución, queda claro que la Cámara debe aprovechar la oportunidad que ahora tiene de entrar en una reforma, aunque sea parcial, del Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Ya se ha puesto
de manifiesto que en su día se intentó a través de una moción, el 27 de mayo de 1997. Y también se han ido produciendo acontecimientos a lo largo de los últimos meses y años, incluso debates que parcial o tangencialmente hacen referencia al
ministerio fiscal, debates entre las fiscalías especiales o los delegados de la fiscalía.
Quiero recordar a SS.SS. que el problema que ocurre con las propias juntas de la fiscalía es que en el Tribunal Supremo se reúnen unas juntas que no existen
y no se reúne la que sin embargo sí estaba prevista en el propio estatuto orgánico, las dificultades de interpretación de los artículos 13 y 14 del propio estatuto. Todo esto exige que al menos debamos entender que es oportuno efectuar en estos
momentos esta modificación, sin perjuicio de que se pueda no compartir totalmente su espíritu.
Entrando ya en la enmienda de totalidad que ha sido presentada y defendida con mucha brillantez, como siempre, por don Luis Carlos Rejón, tengo que decir que contiene unos elementos que para nosotros son positivos y que sin lugar a dudas, a
través de enmiendas, vamos a formular. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Quizá no recoge en su totalidad los acuerdos de 18 de octubre del año pasado de la Comisión de coordinación de comunidades autónomas, de
cara a la adaptación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal en el Estado de las autonomías, pero ciertamente lo recoge en un punto sustancial como es la modificación del artículo 11, que parece entender que los gobiernos autonómicos son algo
así como extraterrestres, que no tienen competencias en materia de seguridad, que, para dirigirse al fiscal jefe de una comunidad autónoma o de una audiencia provincial, tienen que efectuar una solicitud al ministro de Justicia, que a su vez se lo
dirá al fiscal general del Estado, que, asesorado por la junta de fiscales, al final le dirá algo al fiscal jefe de una audiencia provincial o de un Tribunal Superior de Justicia. Eso es algo que yo no sé si era normal en el año 1981, señorías,
pero que en el año 2003 es algo absolutamente anormal.
Este es el planteamiento que mi grupo comparte y que llevará adelante con enmiendas al articulado, porque es algo que compartimos absolutamente.
Hay que hacer más, por descontado, hay que hacer referencia al conocimiento del derecho propio
y de la lengua propia de las comunidades autónomas como mérito, hay que ir a la territorialización de los tribunales de acceso, pero eso está bien. De la misma manera, señoría, que compartimos con ustedes atribuir una mayor capacidad de actuación
al Consejo Fiscal, que, cuando el fiscal general del Estado se aparta del informe del Consejo Fiscal, por lo menos deba estar apoyado aunque sea por una minoría, pero una minoría relevante, del Consejo Fiscal; a nosotros también nos parece correcto
un tercio. O la regulación que efectúan ustedes, a través de la modificación del artículo 5, de las diligencias de la fiscalía. Esta Cámara ha sido testigo, yo desde luego lo he sido a través de la Comisión del Estatuto de los Diputados, de
diligencias de la fiscalía que duran años y en los que no se reconoce realmente un derecho de tutela judicial o un derecho de tutela a la persona afectada por las mismas. La modificación que proponen SS.SS. del artículo 5, que será similar a la
que propondremos nosotros, por lo menos lo que exige es que ese principio de contradicción, ese derecho de defensa también deba garantizarse en las diligencias que practica la fiscalía en una fase prejudicial.
Algún motivo tendríamos que tener para el no y tenemos tres. No creemos en el fiscal parlamentario y,
aunque matizadamente, el texto de Izquierda Unida recoge esa figura.
Tampoco nos convence esa composición del Consejo Fiscal, por un lado, de extracción corporativa, por otro, extracción corporativa pero no diríamos de origen fiscal sino a
través de organizaciones no gubernamentales o de entidades sociales, o esa tercera vía de acceso a la composición parlamentaria. Nos parece que la estructura, las características del ministerio fiscal, que se separan muchísimo, mal que a algunos
les cueste entenderlo, de lo que supone la independencia judicial, determinan que el Consejo Fiscal, al menos desde nuestro punto de vista, no deba tener esa composición. De la misma manera entendemos, y después me referiré a ello un poco más, que
no se puede atribuir a ese Consejo Fiscal la sustitución del fiscal general del Estado en aquellos supuestos en los que haya causas en las que puedan tener interés ministros del Gobierno. Eso lo diré con más claridad respecto de la enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, pero no nos parece correcto atribuir a un órgano corporativo y responsable, que no responde más que ante los miembros del ministerio fiscal que les han elegido, la realización de una parte de la política criminal. De
ahí que, agradeciendo su esfuerzo y, como digo, compartiendo buena parte de sus planteamientos, vayamos a votar que no.
Mayores discrepancias tenemos con el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario Socialista, ya lo ha dicho el señor ministro, establece o pretende la instrucción por el ministerio fiscal.
No es la posición de
mi grupo. No existe un acuerdo mínimo, diría yo, dentro del propio Consejo Fiscal o entre los miembros del ministerio fiscal, para practicar esta instrucción. En cualquier caso, no nos deja de sorprender que se pretenda al mismo tiempo -y eso se
hace en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista- atribuir al ministerio fiscal la instrucción y reforzar su vinculación con el Ejecutivo. No puede definirse de otra forma sino como reforzar la vinculación al Ejecutivo cuando se prevé entre
las causas de remoción del fiscal general del Estado la aprobación de una moción de censura al Gobierno del Estado.
En el artículo 31 ustedes configuran como causa de remoción del fiscal general del Estado la aprobación de una moción de censura al
Gobierno.
Pretender atribuir la instrucción al mismo tiempo que se refuerza esa vinculación es algo que difícilmente podemos admitir, aunque ya le digo que, por principio, mi grupo no está por la instrucción por el ministerio fiscal. Estaríamos
más bien dispuestos a un planteamiento que crease la figura de un juez de garantía y mantuviese la instrucción en un órgano como es el juez de instrucción, que es un órgano que goza de independencia y que por tanto nadie puede pretender ninguna
vinculación con el Ejecutivo.
Del mismo modo debo decirles que tampoco nos parece correcta la abstención del fiscal general del Estado en aquellas causas que afecten al Gobierno, a miembros del Gobierno del Estado o incluso a miembros del Gobierno de la comunidad
autónoma. En su enmienda de totalidad, que he leído con mucho detenimiento, hay quizá una omisión que nos puede llevar a no entenderla correctamente y es que son contradictorios su artículo 27 bis y el 28, salvo que pretendan que son supuestos
alternativos. Puede decirse que en aquellas causas que afecten a miembros del Gobierno hay una intervención del fiscal general del Estado, pero que tiene que venir apoyado por la Junta de fiscales, que cuando se separa de la Junta de fiscales debe
motivar y en cualquier caso debe remitir a las Cortes Generales y al Gobierno ese acuerdo, pero decir que, cuando hay una causa que afecta a un miembro del Gobierno del Estado o de las comunidades autónomas, el fiscal general del Estado no
interviene y sus funciones las realiza el Consejo Fiscal es otra cosa. Si pretendían que fuera un texto alternativo, hubieran debido decirlo. Vuelvo aquí a reiterar mi posición anterior. El Consejo Fiscal es un órgano de extracción absolutamente
corporativa que podrá tener legitimación democrática, pero la legitimación democrática corporativa no puede sustituir en sus funciones al fiscal general del Estado. Apreciamos también una contradicción entre establecer un mandato del fiscal general
del Estado de cinco años y prever su remoción por la disolución de las Cortes. En principio las legislaturas son de cuatro años. Tendrían que haber optado por una solución o por otra: o se mantiene cinco años, salvo remoción por causas tasadas, o
se establece que, cada vez que caiga un Gobierno por una moción de censura o se disuelvan las Cortes Generales, el fiscal general del Estado debe cesar; ese planteamiento lo vemos tremendamente complicado.
Ya para acabar con este planteamiento, echamos en falta dos aspectos en su enmienda de totalidad que nos gustaría que hubiesen recogido. Antes hacía referencia la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco a la asunción por parte de la
consejera de Justicia de la Junta de Andalucía de ese acuerdo de 18 de octubre de 2002, de adaptación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal al Estado de las autonomías. Lo único que hemos sido capaces de encontrar, señor Barrero -hemos sido
capaces de encontrar muy poca cosa-, es la posibilidad de que una vez al año, y si lo tiene a bien el fiscal general del Estado, se llame a la Junta de fiscales o al Consejo Fiscal -ahora no recuerdo bien-, a los fiscales jefes de los tribunales
superiores de justicia. Pero no hemos encontrado la creación de esa figura de fiscal superior de la comunidad autónoma, la atribución de jerarquía sobre las audiencias provinciales, ni esos otros aspectos de conocimiento del derecho o de la lengua
propia, entre otras cosas.
Incluso debo decirle que ustedes mantienen la redacción actual del artículo 11, ese artículo tan enrevesado que determina que un Gobierno autonómico deba dirigirse al ministro de Justicia para que, a través del fiscal
general del Estado y oída la Junta de fiscales de Sala, pueda solicitar del fiscal superior de la comunidad autónoma que interese, si lo tiene a bien, una determinada actuación.
No nos deja de resultar también aparentemente contradictorio, en segundo lugar, ese refuerzo de la actuación del Consejo Fiscal en temas que, por ser de cuestiones de legalidad o de técnica penal o procesal, entendemos que son función de la
Junta de fiscales de Sala y no del Consejo Fiscal -y me estoy refiriendo a esa sustitución del fiscal general del Estado en las causas que hacen referencia a miembros del Gobierno-. Luego, en las cuestiones que son más propias del Consejo Fiscal,
que hacen referencia, por ejemplo, a los nombramientos, no entran en ese planteamiento, que nos ha sido solicitado por las asociaciones de fiscales, de exigir un mínimo de votos en el Consejo Fiscal, un tercio, para poder adoptar estos
nombramientos. Le digo más. Usted sabe todo el problema que se ha suscitado en los últimos meses y que llegó al Tribunal Supremo con el famoso conforme al informe o previo al informe. Ustedes, en el artículo 13, quitan esa expresión de conforme
al informe. Si tuviese que contrastar el texto actual del estatuto orgánico y su enmienda de totalidad, diría que ahí se produce un paso atrás respecto del Consejo Fiscal.
Hay muchos otros aspectos de su enmienda de totalidad que nosotros aprovecharemos también sin lugar a dudas para las enmiendas parciales, pero precisamente porque, igual que nos ocurre con el texto del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, hay algunos aspectos para nosotros muy sustanciales que nos impiden apoyarlo, vamos a rechazar esas enmiendas de totalidad. A pesar de que encontramos faltas o carencias en el texto presentado por el Gobierno, sin embargo nos
permitirá intentar luchar y defender nuestras enmiendas, que en algún caso coinciden con las suyas, esperando que podamos tener éxito. Nuestras enmiendas tratarán fundamentalmente, como las de algunos otros grupos, en primer lugar, de adaptar ese
estatuto orgánico a la estructura del Estado de las autonomías; en segundo lugar, de potenciar dentro de ciertos límites ese papel del Consejo Fiscal, bien a través de la exigencia de un número mínimo de votos o bien a través de la necesaria
motivación de los acuerdos de separación, así como de garantizar una mayor protección de las víctimas y de los propios derechos de los ciudadanos a través de esa regulación de las diligencias de la fiscalía.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, estamos asistiendo al comienzo del trámite parlamentario que llevará a reformar con profundidad un texto que ya va a cumplir 22 años. Conviene recordarlo porque cuando se va a cambiar
un texto de estas características resulta particularmente chocante e inadecuado trivializar un debate con referencias puramente coyunturales. No estamos haciendo un texto para un Gobierno sino para muchos gobiernos, como ya antes se puso de relieve
en el debate y por tanto referirse a circunstancias de política coyuntural no parece que sea muy adecuado. Yo quiero ante todo felicitar al señor ministro por el texto que nos ha traído hoy. Es un texto que aborda el desfase histórico que se ha
producido y en el que todos los grupos están de acuerdo y que además plasma esos principios que en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado para la justicia se pusieron de relieve y que tuvieron el consenso de todos los grupos.
Voy a pasar a examinar, con la obligada brevedad, las cuatro enmiendas de totalidad que se han presentado. En dos de ellas aparece fundamentalmente el problema de la fiscalía y el Estado de las autonomías. La señora Lasagabaster, por
ejemplo, ha tenido una espléndida intervención al respecto. Ahí ya sabemos que quizá puede haber una discrepancia sobre qué entendemos por Estado de las autonomías. Para nosotros, el Estado de las autonomías es un modo de configurar el Estado y
las autonomías son Estado. Hay otros planteamientos en los cuales quizá se entiendan más bien autonomías respecto al Estado, intento de desmarcarse del Estado con el que uno pacta si se porta bien, con el que uno se aviene a convivir si más o menos
concede esto o lo otro. Son dos modos de entender la cuestión. De todas maneras, señora Lasagabaster, si se lee la Constitución, me parece a mí que el principio de dependencia jerárquica, incluso para alguien que entienda el Estado de las
autonomías como desmarcarse del Estado, es un poco complicado con su fórmula, porque a la hora de la verdad habría un fiscal autonómico dependiendo jerárquicamente de otro fiscal. Yo no sé si su concepto de autonomía incluye la dependencia
jerárquica, me temo que no. Le invito a reflexionar sobre ese curioso planteamiento, que en el fondo es un obús contra sus planteamientos autonómicos. Por ahí me parece a mí que no hay mucha coherencia. En la Constitución se dice claramente
cuáles son los principios que deben regir el ministerio fiscal, entre otros, velar por la independencia del Poder Judicial -el Poder Judicial es independiente-, mientras que sin embargo sus principios son la imparcialidad y el respeto a la
legalidad. Eso queda bastante claro. De ahí que no compartamos el planteamiento que se nos hace desde Izquierda Unida; se nos habla incluso -quizá por la pegatina- de militarización de la fiscalía.
La verdad es que la intervención de mi buen amigo el señor Rejón ha sido muy típica. Inicialmente yo le temo porque es imbatible en los ejercicios de tema libre. Yo entendí que su enmienda a la totalidad quería decir que podía hablar de
cualquier cosa, de la totalidad del universo mundo, de los peces, del mar, de lo que fuera, y ahí no hay quien le gane; además, teniendo en cuenta su brillantez acrisolada, yo estaba un poco desprevenido. No se puede uno preparar ante ese aluvión
de sugerencias que ninguna viene a cuento. Por eso me alegré cuando dijo: me voy a ocupar del texto. Al ocuparse del texto pierde mucho, porque tiene un texto que le ha hecho su grupo y nos dice una serie de cosas de las que usted no es
culpable. Lo comprendo, le reconozco la atenuante. En el fondo su enmienda a la totalidad, si nos la tomamos en serio, dice lo siguiente: primero, que los resortes del texto del Gobierno están muy bien, pero que aplicados por un gobierno malvado
son un desastre. Yo por eso le pregunté, quizá con poca cortesía parlamentaria, de qué Gobierno hablaba, y S.S. tuvo la sinceridad de decir que de todos. Ello quiere decir que su grupo practica la abstinencia respecto al poder. Nunca piensan
gobernar y piensan que el que gobierna es malo por definición y que por tanto, con esta ley, gobierne quien gobierne va a hacer un disparate. Es muy bueno que siempre haya profetas que nos recuerden la brevedad de la vida y que el poder no lo es
todo. Cumplen ustedes un papel estupendo, sin necesidad de sacar carteles. Muy bien. Denuncia profética. Lo aceptamos, pero nosotros vamos a lo nuestro, que es ver cómo regulamos el ministerio fiscal, porque eso es lo que se nos ha encargado.
Por tanto todo eso de los criterios distintos y la intención malvada... Usted tendría que haber presentado dos textos: uno para cuando gobiernen gobiernos malvados, si no lo son todos, y otro para cuando gobiernen gobiernos de recibo, pero como
sólo ha presentado uno, poco hay que decir. Creo que el Gobierno que hay va a seguir mucho tiempo, para ustedes es malvado, qué se le va a hacer; al que le toca, le toca. Yo más no le puedo decir.
En cuanto a la sustitución a los cinco años, el libro blanco del ministerio fiscal decía con bastante claridad que era muy bueno eso de la temporalidad. La historia demuestra que el mecanismo del cese es insuficiente para corregir posibles
disfunciones en las jefaturas, que en la práctica devienen vitalicias. De ahí que el Consejo Fiscal sea partidario de establecer un mandato temporal con posibilidad de renovación en el cargo, que es lo que se ha hecho precisamente. Ustedes dicen
que están de acuerdo porque eso va a dar a la fiscalía más eficacia y frescura. Estamos de acuerdo en la eficacia; en la frescura, no.
Nosotros no aspiramos a tener fiscales frescos. Comprendo que su grupo es lúdico, le gusta el tema dramático,
cinematográfico, algún día nos traerán un balón para que nos entretengamos un poco, pero fiscales frescos... Nuestro grupo no está por esa labor. Las cosas como son. De todas manera, ahí está.
Dice que el Consejo Fiscal es un reducto bunkerizado y que hay que meter a ONG. Muy bien, espero que haya una proposición de ley de ustedes diciendo que en el Consejo General del Poder Judicial estén las asociaciones de vecinos. Al fin y
al cabo la justicia es para el pueblo, mientras que la fiscalía lo que hace es cumplir la ley y para eso hay que saber lo que es la ley. Hay que ser jurista, no lo olvide. Y defiende el interés general tutelado por la ley, por tanto a través de la
ley. Tendrían que empezar ustedes por el Consejo. Primero, las relaciones del Consejo y luego ya veremos lo de la fiscalía, pero no empiecen por el tejado porque lo de la ley tiene su problema. Esto es todo lo que se me ocurre sobre el texto que
usted se ha visto obligado a leer y del que es inocente.
El nombramiento parlamentario del fiscal, obviamente exige una reforma de la Constitución. Yo comprendo que haya a quien le guste eso, pero exige una reforma de la Constitución. Se ha discutido mucho sobre la posibilidad de someter a plazo
el nombramiento del fiscal general. Quiero recordar que en Portugal, donde la fiscalía depende del Gobierno, el propio Gobierno propuso una reforma de la fiscalía por la cual se sometía a plazo al fiscal y el Tribunal Constitucional portugués le ha
dicho al Gobierno, que estaba de acuerdo con eso, que no puede, que es inconstitucional. Es un modelo que en ese aspecto era muy similar al nuestro. Lo digo porque siempre el derecho comparado ayuda un poco. Pero, al margen del derecho comparado,
tenemos sobre todo la doctrina y los elementos más vistosos de la misma. Aquí no es que se haya dicho en otras ocasiones por otros grupos que no estén de acuerdo con el plazo de cinco años, señor Barrero. Aquí se ha dicho lo siguiente y en esta
misma legislatura: Respecto a la posibilidad de fijar un mandato determinado para el fiscal general, supondría vincular un Gobierno entrante a la continuidad de un fiscal general del Estado que no ha sido designado por ese Gobierno hasta el punto
de condenar al Gobierno a soportar lo que pueda auspiciarse como una espiral de judialización de la revocación o cese, en la medida que se vea sometido a control judicial. Ese es un modelo en el que los socialistas -se supone que todos- no estamos;
creemos que el modelo constitucional es digno de ser defendido. El problema es que últimamente no se sabe dónde están los socialistas. Esto lo ha dicho el 27 de junio del año 2000 en esta Cámara el señor López Aguilar que está cuatro escaños a la
izquierda de S. S. Pónganse de acuerdo, señores; si no, esto es un lío. Si resulta que dentro de la misma legislatura una cosa pasa de ser inconstitucional a ser constitucional, es difícil entenderse. Convendría ser un poco más moderado en eso.
Paso a reconocerle que el texto del Grupo Socialista me ha encantado.
Decía S.S. que parece que al ministro le gustaba; y a mí también, se lo confieso. He ido leyéndolo y he dicho: qué bien está esto. Lo que pasa es que luego lo
cotejaba con el del Gobierno y es que dice lo mismo. Su texto alternativo no es alternativo, señor Barrero, es una serie de enmiendas puntuales al articulado -algunas de ellas poco presentables- que se disfrazan y se camuflan precisamente por ser
poco presentables; por ser intuitus personae, que dicen los juristas, se camuflan como si fuera un texto alternativo, a ver si así dentro del lío todo pasa inadvertido. Ustedes pasan de cambiar la Constitución a no cambiarla y pasan a defender
intereses de determinadas personas, con nombres
y apellidos; para camuflar todo eso hacen un presunto texto alternativo que reproduce con una gran fidelidad en su mayor parte el del Gobierno; de ahí que lógicamente nos guste tanto.
Dicen SS.SS. que hay una depuración ideológica cuando se somete a cinco años el plazo de los fiscales. Miren, los cargos de los jueces también son por cinco años. ¿Es que se depura ideológicamente a los jueces? Es más, se ha llegado a
sugerir la posibilidad de ampliar en el ámbito de la judicatura esos límites, por ejemplo respecto a jueces de instrucción en la Audiencia Nacional. Al contrario, parece que no es bueno que se esté obligadamente demasiado tiempo desarrollando un
poder en una democracia que lógicamente asume instituciones hereditarias y vitalicias como la monarquía; como granadino que soy sé muy bien lo que es un reino y cómo se organiza.
Quiero hacer un turno a favor de los fiscales aludidos, de esos fiscales con nombres y apellidos que explican la supuesta enmienda con texto alternativo del Grupo Socialista porque creo que estas personas -que son honestos profesionales,
seguro- no se merecen ese trato. Si se nos dice que estos señores se dedican a crear problemas al Gobierno y, a la vez, se nos dice que el fiscal general es el fiscal del Gobierno, se nos está diciendo que estos señores no respetan la dependencia
jerárquica, se nos está diciendo que vulneran la Constitución, y eso es muy fuerte. No creo que haya fiscales que se dediquen a crear problemas al Gobierno, en modo alguno, sino que simplemente desarrollan su tarea como consideran oportuno, sin
más, respetando como es lógico esa dependencia jerárquica que la Constitución les impone. Defiendo, por tanto, aquí su buen nombre porque no creo que haya fiscales que puenteen al fiscal general del Estado.
Bien es verdad que ustedes para un fiscal determinado sí que piden que pueda puentear al fiscal general del Estado. Ya que estamos últimamente con aires dramáticos, creo que SS.SS. deberían haber traído hoy aquí al señor Jiménez Villarejo
a saludar. Si en un mismo texto alternativo piden, por un lado, que pueda pasar ampliamente del fiscal general del Estado y convertirse en un fiscal general del Estado bis y, por otra parte, a la hora de contemplar cómo se pone en marcha el plazo
de cinco años, ustedes no sólo hacen esperar a que se renueve el Consejo Fiscal sino que casualmente convierten los tres meses en seis, yo le pregunto don Javier: ¿Por qué no me trae la partida de nacimiento y lo ponemos aquí? ¿Por qué seis?
¿Quizá por la partida de nacimiento? Saquen a saludar al señor Jiménez Villarejo porque es lo que faltaba. No sólo le aseguran una prórroga en su cargo, sino que en esa prórroga no obedecerá al fiscal general del Estado y esto no empieza a
funcionar hasta que él se jubile. Hay que respetar la memoria. ¿Qué le deben ustedes al señor Jiménez Villarejo, señor Barrero? Si ustedes entienden que por determinados actos se le quiere vapulear, ¿qué deuda tienen ustedes con él? ¿Le
defienden ustedes porque se ha ocupado de determinados miembros del Gobierno actual o porque no se ocupó de determinados miembros del Gobierno anterior o por cómo se ocupó? Aclaren esta situación porque es un poco raro todo esto. Que el cambio de
una ley de 20 años esté supeditada a la partida de nacimiento de un ciudadano, me parece un poco excesivo, aunque ya ha ocurrido en circunstancias anteriores. Como usted recordará, en el debate del Poder Judicial también trajeron ustedes enmiendas
con partida de nacimiento incorporada. Ese es el sentido que tienen ustedes de la independencia de los poderes.
Todo el texto alternativo del Grupo Socialista respira un aire coyuntural de quien se sabe llamado a ser oposición, porque, a la hora de la verdad, ustedes han defendido siempre la dependencia del Gobierno. El señor López Aguilar, de una
manera continua y masiva, ha llegado a tachar de manipulativa la idea de la dependencia jerárquica de los fiscales respecto de las instrucciones de un fiscal general de Estado, pues está contaminado por su nombramiento político. Lo considera una
idea manipulativa en la revista Sistema, de mi colega y sin embargo amigo Elías Díaz, donde he tenido el honor, yo también, de publicar alguna vez.
Por tanto, no se entiende esta idea de que, mientras que gobierne el Grupo Popular, lo que nos
parece bien nos tiene que parecer mal.
Bien es verdad que en un debate en esta Cámara, el señor López Aguilar dijo textualmente que estaban dispuestos a hacer del fiscal general un problema. Esa es la cuestión. Ustedes han optado políticamente, y es muy legítimo, por convertir
la figura del fiscal general, fuera quien fuera, porque tampoco el señor Úrculo salió muy bien parado, en un problema, viniera o no a cuento. En lo que ya se llega al disparate...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Ollero, lleva cinco minutos más de su tiempo. Procure terminar.
El señor OLLERO TASSARA: Voy terminando, señora presidenta.
Donde ya se llega al disparate es al sugerir que el Consejo Fiscal, que es un órgano corporativo -incluso un voto particular, el del señor Pantoja, en el Consejo General del Poder Judicial, alerta contra el corporativismo del Consejo
Fiscal-, vaya a asumir funciones procesales. Eso sí que es un asunto de aurora boreal. Se sugiere que, cuando algo afecta al Gobierno, el fiscal general desaparezca y entre en el proceso el Consejo Fiscal en pleno; es un asunto que no se le había
ocurrido a nadie, pero yo creo que se les olvidará a SS.SS. cuanto antes porque no honra mucho su sentido del derecho, del derecho procesal en concreto. En cuanto al papel de la secretaría técnica, pretenden introducir juristas que no sean
fiscales, lo cual es un asunto realmente curioso.
Para terminar, una muestra, señor Barbero, de la diferencia entre los deseos y la realidad es que ustedes pueden acabar con el síndrome del animal de compañía. Usted ha dicho que el Gobierno hoy se encuentra sólo.
Aquí hay nada menos que
cuatro grupos que no apoyan su enmienda, y esos grupos son los que ustedes llamaban el bloque de constitucionalidad. Que alguien me diga que sin él estoy sólo, si es un caniche, lo entiendo, pero que me lo diga usted, cuando resulta que me apoyan
cuatro grupos y a usted otros cuatro, es un poco sorprendente.
Muchas gracias. (El señor Rejón Gieb pide la palabra.-Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ollero.
Señor Rejón ¿qué artículo invoca S.S. para pedir la palabra?
El señor REJÓN GIEB: El artículo 73.1 del Reglamento, toda vez que el señor Ollero ha dicho en su intervención que la propuesta de Izquierda Unida sobre fijar un límite al fiscal general es anticonstitucional.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Es suficiente, Señor Rejón.
Su señoría tiene la palabra por un tiempo de cinco minutos.
El señor REJÓN GIEB: Para recordarle al señor Ollero que, en su magnífica intervención del día 27 de mayo de 1997, dijo todo lo contrario de lo que ahora ha dicho en la tribuna. En este momento ha dicho que fijar un límite de tiempo al
mandato del fiscal general es anticonstitucional. En aquel momento, no sólo votó a favor de fijar un límite de tiempo al fiscal general sino que, además, lo argumentó. Quisiera preguntarle con cuál de las dos constituciones nos quedamos, con la de
1997 o con la de ahora o con cuál de los dos Olleros nos quedamos, con el de 1997 o con el de ahora.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Rejón.
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muy brevemente. Señor Rejón, no me ha oído bien.
Yo no he dicho que sea inconstitucional, he dicho que lo dice el profesor López Aguilar y que lo dice el Tribunal Constitucional portugués. Yo no me he
pronunciado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ollero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas de totalidad al proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
En primer lugar, sometemos a votación de manera conjunta las enmiendas de devolución del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por los señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez la primera, y por la señora Lasagabaster la segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 118; en contra, 178; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 115; en contra, 177; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 112; en contra, 176; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL. (Número de expediente 121/000121.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de
30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SBUCOMISIONES Y PONENCIAS.
- ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA PONENCIA SOBRE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. (Número de expediente 154/000006.)
La señora PRESIDENTA: Punto XII del orden del día: Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias.
Acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer en relación con el informe de la ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica. Para la presentación del informe de la ponencia, tiene la palabra la señora Quintanilla.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con los debates. Les ruego, en bien de la agilidad de los mismos y también de la agilidad del Pleno, que guarden silencio y ocupen los escaños.
Adelante, señora Quintanilla.
La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular para presentarles el informe de la ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica, que fue aprobado en la sesión de la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Quintanilla, por favor.
Señorías, hay una diputada en la tribuna intentando que se pueda oír su intervención.
Adelante.
La señora QUINTANILLA BARBA: Como decía, señorías, el informe fue aprobado en la sesión de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer el pasado día 4 de diciembre de 2002 y hoy lo traigo para su aprobación por el Pleno de esta Cámara.
Esta ponencia inicia su andadura el día 27 de junio del año 2000, en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, a iniciativa de una moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado que fue aprobada por todos los grupos
parlamentarios en el Pleno de dicha Cámara. Esta ponencia nacía con un claro objetivo: estudiar e investigar los aspectos sociales, educativos, legislativos, culturales y de cualquier otra índole que pudieran abordarse para erradicar la violencia
que sufren las mujeres. Por ello, durante dos años, la ponencia ha celebrado 27 reuniones con 72 comparecencias de personas que, en su calidad de expertas en la materia, fueron invitadas por la ponencia y entre las que figuran asociaciones
dedicadas a atender a víctimas de la violencia doméstica, expertas investigadoras sobre malos tratos, representantes de las plataformas de mujeres contra la violencia de género, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, antropólogos, representantes de
los medios de comunicación, miembros del ámbito de la Judicatura y la Fiscalía general del Estado, el presidente y miembros de la Comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, representantes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, catedráticos de universidad, forenses, médicos, terapeutas, especialistas en malos tratos, así como diferentes asociaciones formadas únicamente por hombres, unos en contra de la violencia de género y otros
que mantienen posturas discrepantes al respecto.
Como verán, señoras y señores diputados, esta ponencia ha tenido a los mejores especialistas que trabajan contra la violencia que sufren las mujeres, esa lacra social que sufren miles de mujeres en España.
Asimismo, la ponencia realizó una
visita a una casa de recuperación integral de mujeres maltratadas, donde pudimos conocer la realidad social y humana de estas mujeres. Mujeres que quieren hacer una vida normal, en paz y en libertad, que quieren para ellas mismas y para sus hijos
un hogar donde la tolerancia y el cariño sean fruto de una convivencia sin agresión. Ellas mismas nos hicieron saber las expectativas y esperanzas que depositaban en esta ponencia. A lo largo de estos dos años de trabajo, se ha abordado un
análisis de la situación de la violencia doméstica y se ha elaborado un informe que recoge un resumen de cada una de las aportaciones de los comparecientes para, acto seguido, redactar unas conclusiones que se recogen en ocho bloques, en función de
los cuales se han elaborado 84 recomendaciones.
A continuación, paso a enumerar estos bloques y su denominación. Primero, la violencia doméstica, un atentado contra la paz y la democracia.
Segundo, los hijos como víctimas invisibles que rodean a la mujer maltratada. Tercero, hacia la
tolerancia cero frente a la violencia doméstica. Cuarto, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Quinto, la atención sanitaria. Sexto, la legislación y la práctica jurídica.
Séptimo, los recursos sociales. Octavo y noveno, la educación y
los medios de comunicación.
Señorías, sin más dilaciones, paso a presentarles el informe de la ponencia. La violencia doméstica se ha convertido en un problema social de primera magnitud y estas son palabras que utiliza el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de
junio del año 2000. Por ello, la ponencia, en su primer bloque de recomendaciones, ha querido afirmar que la violencia doméstica es una forma particularmente perversa de violencia de género, que siendo a la vez un ataque contra la sociedad atenta
contra los derechos humanos fundamentales, contra la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres. La violencia contra las mujeres vulnera los derechos y libertades individuales recogidos en nuestra Constitución, que van mucho más allá de los
derechos civiles y políticos,
puesto que afectan a la supervivencia económica, a la salud y a la educación, factores que inciden fundamentalmente en la calidad de vida de las mujeres. La violencia que sufren las mujeres -ha quedado claro a través de los distintos
comparecientes que han intervenido en la ponencia- está todavía basada en un contexto cultural patriarcal, donde el control y el sometimiento de la mujer por el agresor se desarrolla fundamentalmente dentro de las relaciones de pareja o del
matrimonio y después de que estas relaciones se hayan roto a través de un proceso de separación o divorcio, y también a través del noviazgo.
Hemos podido comprobar, y así se recoge en la segunda recomendación del informe, cómo los hijos son víctimas invisibles que rodean a la mujer maltratada. La violencia educa en el miedo y en la sumisión e incapacita a niños y a niñas para
crecer como personas autónomas. Se ha demostrado en estos dos años de trabajo, tal y como nos han hecho saber los expertos, que la niña que ve que su madre es maltratada será en un futuro una mujer sumisa y que el niño que ve cómo su padre maltrata
a su madre será un posible maltratador. En ambos casos, verán que la violencia es la fórmula en la que están basadas las relaciones de pareja. Es decir, los modelos familiares transmitidos desde la más tierna infancia tienen mucha influencia en
todos nosotros para ser personas maduras y fuertes, mucha más influencia que la educación que recibimos posteriormente. La violencia interviene en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo de la inteligencia, de los sentidos y de la emotividad.
Con la violencia, los niños y las niñas incorporan en su forma de ver la vida una visión negativa de los demás y perciben a la sociedad como algo amenazante. En numerosas ocasiones, como refleja el informe, los hijos son utilizados por el agresor
como objeto de manipulación y chantaje para conseguir el silencio y el sometimiento de la mujer maltratada.
Señorías, en el desarrollo de los trabajos de la ponencia todos los grupos parlamentarios hemos aunado esfuerzos para alcanzar nuevos y ambiciosos objetivos, para conseguir la tolerancia cero frente a la violencia que sufren las mujeres, que
aparece claramente definido en el tercer bloque de las conclusiones, pero también fuimos conscientes de que había que valorar el trabajo ya realizado. Por eso, es importante reconocer que el Gobierno del Partido Popular ha asumido su
responsabilidad de luchar contra la violencia doméstica mediante la elaboración del I Plan y II Plan de acción integral contra la violencia. Los citados planes han contribuido, entre otras cosas, a romper el silencio de las mujeres, las cuales han
cambiado su resignación por el ejercicio de sus derechos. Se ha creado conciencia social de que la violencia contra las mujeres es un atentado contra sus derechos. No obstante, la puesta en marcha de los citados planes de actuación todavía no ha
logrado erradicar esta lacra social y por lo tanto se debe seguir profundizando y perfilando soluciones. Mientras exista una sola mujer que sufra la violencia, hemos de seguir trabajando.
También en las conclusiones nos hemos referido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y hemos detectado una mayor sensibilización y atención a las víctimas a través de los servicios de asistencia a la mujer, de las comisarías de
policía y de los equipos de la mujer y del menor de la Guardia Civil. Ahora bien, entendemos que es necesario seguir potenciando e incluir la perspectiva de género en la formación inicial y permanente de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y dedicar una atención especial a las mujeres del medio rural, como recogen las recomendaciones del informe.
Por otra parte, señorías, debo decirles que también han comparecido todas las direcciones generales e institutos de la mujer de los gobiernos de las comunidades autónomas que tienen competencias plenas en el ámbito sanitario, educativo y
social y que están desarrollando medidas y poniendo en marcha recursos para atender a las mujeres víctimas de malos tratos, lo que queda perfectamente reflejado en el informe de la Ponencia. Sin embargo, los recursos tanto sociales como sanitarios,
y que van englobados en los bloques 5 y 7, establecen entre otras la siguiente recomendación: los recursos deben ser adecuados al fin que se persigue, que no sólo es la protección de la víctima, sino la protección integral de la mujer para que
cuando logre salir del denominado ciclo de la violencia, este resulte ya invulnerable para ella; por lo tanto, todo programa desarrollado por las instituciones públicas debe contener protocolos comunes de asistencia que contengan medidas
preventivas, educativas, sanitarias y sociales que tengan como objetivo final la reincorporación de la mujer maltratada al contexto social del que fue alejada por el agresor.
Señorías, al principio de mi intervención me he referido a que la ponencia recoge un total de 84 recomendaciones y que quizá las más importantes están recogidas en el ámbito legislativo y de la práctica jurídica. Son 36. Pero también aquí
hay que reconocer -y así lo dice el informe de la ponencia- que nuestro ordenamiento jurídico ha abordado diversas reformas legislativas que reconocen la importancia de proteger a las mujeres contra la violencia y de castigar a aquellos que,
cometiéndola, se han hecho culpables de un delito. Por ello, el Gobierno del Partido Popular abordó y elaboró dos importantes leyes: la Ley orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Código Penal, y la Ley orgánica
14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal en materia de protección a las víctimas de malos tratos y que nuestros comparecientes expertos en materia jurídica han calificado como un punto de inflexión extraordinariamente importante a la
hora de proteger a las víctimas. Sin embargo, en la práctica procesal se han puesto de manifiesto las especiales dificultades probatorias que el enjuiciamiento de este tipo delictivo conlleva y que pueden desvirtuar la presunción de inocencia. En
definitiva, tenemos que seguir abordando modificaciones legislativas, y tan importante como el marco jurídico que se tenga es la utilización que de él se haga. En este sentido, la solución
a la erradicación de la violencia doméstica pasa no sólo por seguir impulsando reformas legales, que son necesarias, como la reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino también por la adopción de buenas prácticas. Se
hacen necesarias, señoras y señores diputados, por un lado, sentencias ejemplarizantes que vengan a disuadir a los agresores de la repetición de sus conductas haciendo más visible la exigencia de su responsabilidad penal y, por otro lado, la
completa eficacia de las medidas preventivas y reparadoras, siendo necesario extremar medidas para proteger a las víctimas desde el primer momento.
Voy a referirme a continuación, señorías, a las últimas recomendaciones que introduce el informe y que están comprendidas en los bloques 8 y 9 de las conclusiones: la educación y los medios de comunicación. Hemos querido destacar que la
educación es el pilar fundamental para prevenir la violencia doméstica. Es necesario inculcar desde el hogar y desde la escuela una educación basada en los valores de la igualdad y la tolerancia. Hay que educar en la no violencia y transmitir
modelos en los que la comunicación sea la palabra y no la agresión. Para finalizar, es imprescindible la participación de los medios de comunicación como vehículos para desmitificar la violencia doméstica, pues hay que evitar que la construcción de
la noticia vuelva a maltratar a la mujer.
Por último, señorías, quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios el trabajo desarrollado en esta ponencia. Es verdad que han sido dos años de riguroso y serio trabajo que no hubiera sido posible sin el clima de entendimiento y de
esfuerzo por encontrar entre todos los grupos parlamentarios soluciones y objetivos para terminar con esta lacra social que afecta a miles de mujeres en España. Señorías, el informe de esta ponencia, con sus propuestas y recomendaciones, no
pretende criminalizar a una parte de la sociedad. Nuestra sociedad está compuesta por hombres y mujeres que creemos en la igualdad y que estamos en contra de la violencia, pero sí que debemos buscar fórmulas para erradicar a las minorías violentas.
La violencia que se ejerce contra las mujeres no es solamente un problema de las mujeres, es un problema de los hombres y de las mujeres. Espero, señoras y señores diputados, que con el pequeño grano de arena que aportamos con este informe hayamos
abierto una ventana a la esperanza de miles de mujeres y niños que esperan y desean vivir en un hogar en paz, donde el cariño, la tolerancia y el amor sean la base de su convivencia, en definitiva, que entre todos consigamos un mundo sin violencia.
Por eso, señorías, vuelvo a agradecer a todos los grupos parlamentarios el trabajo desarrollado en estos dos años y les pido el voto afirmativo para el informe de la ponencia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Quintanilla.
¿Grupos que desean fijar posición?
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego saluda y anuncia ya su voto favorable al informe elaborado por la ponencia para la erradicación de la violencia doméstica creada en el seno de la Comisión
Mixta para la Defensa de los Derechos de la Mujer, y lo hace no sólo por concordar con muchos de sus análisis y con muchas de sus propuestas, sino también porque este informe intenta constituir una respuesta integral a un problema que es de todos, a
un problema realmente de Estado, en el amplio sentido de la palabra, y desde luego una respuesta confeccionada desde el consenso de todas las fuerzas parlamentarias.
Hay que lamentar que el Gobierno, con sus urgencias tácticas -tapar la catástrofe del Prestige-, haya impedido o, como mínimo, dificultado la continuidad de otra iniciativa que se estaba produciendo en esta Cámara y en la que todas las
fuerzas parlamentarias estábamos también de acuerdo: la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Política Social precisamente para elaborar proposiciones de ley consensuadas contra la violencia doméstica. Urgencias tácticas y electorales
han impedido que esas propuestas hayan salido del consenso de todos los grupos porque el Gobierno, en el mes de enero, se apresuró a presentar ya las suyas y a aprobarlas en Consejo de Ministros.
El informe reconoce claramente que la violencia de género, la violencia doméstica, es un problema multifactorial que, como problema complejo, requiere respuestas también complejas y bien articuladas. Estamos especialmente de acuerdo con dos
apreciaciones que se hacen en el informe y que nos gustaría que el Gobierno tuviese bien presentes a la hora de actuar. La primera dice que, aun siendo imprescindibles los cambios legislativos y el endurecimiento de las leyes penales, estas no
bastan por sí solas para erradicar la violencia doméstica. Se hace necesario un cambio profundo en la mentalidad de la sociedad y que la opinión pública empiece a tomar conciencia de que en la violencia doméstica subyace un ataque profundo a los
derechos fundamentales de la persona. Se dice también en este informe que en materia de violencia doméstica es esencial la prevención a través de políticas previas, asistenciales, sociales y educativas y que en este esquema -se continúa- la
intervención penal se configura sólo como última ratio, conforme al principio constitucional de intervención mínima. Sin embargo, estas dos afirmaciones, tan atinadas desde nuestro punto de vista, contrastan con lo que ha sido la actuación del
Gobierno. El pasado mes de enero el Gobierno aprobó, dentro de un paquete más amplio de reforma penal y penitenciaria, una serie de medidas que privilegian la vía penal, que privilegian la vía represiva y que prescinden,
en coherencia con doctrinas criminológicas de raíz norteamericana que animan esta reforma penal del Gobierno, de las causas sociales, culturales y económicas a las que este fenómeno responde. El maltratador debe estar en la cárcel, nos dijo
el martes pasado el ministro de Justicia en la subcomisión, y todos, empezando por el Bloque Nacionalista Galego, estamos de acuerdo con esta afirmación. El problema, sin embargo, es cómo rehabilitar al maltratador una vez que está en la cárcel,
cómo evitar que surjan nuevos maltratadores y cómo proteger, en primer lugar y eficazmente, a la víctima del maltrato.
Nos preguntamos si tiene algo que ver la precariedad laboral, si tiene algo que ver el aumento del desempleo, si las crecientes desigualdades sociales y el descrédito fomentado desde el poder de las ideologías igualitarias tienen algo que
ver con el incremento de la violencia de género. Nos preguntamos también si acaso catástrofes como la del Prestige, tal y como se ha estudiado en Alaska respecto a la marea negra causada por el Exxon Valdez, no producirán un incremento, entre otros
males sociales, de este tipo de violencia. ¿Y qué respuesta se articula desde el Gobierno? Únicamente la cárcel. ¿Qué hay de las medidas educativas? ¿Qué hay de la promoción de modelos familiares más democráticos y menos patriarcales? ¿Qué hay
de la creación de un fondo de garantía de pensiones alimentarias, porque mientras el agresor está en la cárcel va a ser difícil que pueda pagar esa pensión? ¿Qué hay de todas esas medidas recogidas en este informe y muchas de las cuales ya habían
sido recomendadas y propuestas por el Defensor del Pueblo? Desde nuestro punto de vista, no hay absolutamente nada, sólo -y así lo anunció también el ministro de Trabajo, el señor Zaplana, el pasado martes- convenios, por ejemplo, entre el
Instituto de la Mujer y determinadas empresas, entre ellas Alcampo, para que las mujeres víctimas de violencia doméstica, con contratos temporales y con una bonificación del 75 por ciento de la Seguridad Social, puedan trabajar, se supone que en
condiciones laborales con las que muchos de nosotros no estaríamos conformes. Sin duda se trata de un buen negocio para estas empresas, pero tengo bastantes más dudas de que sea un buen negocio para las mujeres maltratadas.
Hay otras medidas que parece que están, de alguna manera, impedidas o frenadas en el actual Gobierno por prejuicios religiosos, por un cierto fundamentalismo religioso que hay que reconocer que existe y que influye en la actuación del
Gobierno del Partido Popular. Por ejemplo, ¿qué hay de enmiendas propuestas también en este informe como la modificación del Código Civil para permitir el acceso directo al divorcio en caso de violencia doméstica? Sabemos que esto no es
precisamente conforme con lo que opina la Conferencia Episcopal al respecto, pero si contradicen ustedes a la Conferencia Episcopal en el caso de la guerra de Irak, les animo a que lo hagan también, y con mucho mayor provecho para el conjunto de la
sociedad, en la materia que hoy nos ocupa. Por tanto -y termino-, como en otras materias y a la luz de sus últimas actuaciones, ni el Gobierno ni el Partido Popular parecen estar dispuestos a combatir de verdad y de forma eficaz la violencia
doméstica. Entiéndaseme bien, no digo que ni el Gobierno ni el Partido Popular alienten o estén de acuerdo con la violencia doméstica, nada de eso, sino que las medidas que, seguramente con buena voluntad, están proponiendo son ineficaces,
efectistas pero no efectivas. Porque la perspectiva se invierte, se comienza la casa por el tejado, por la represión, y se abandonan medidas preventivas y sociales y no se atiende a la repercusión que las crecientes desiguales sociales, económicas
y de género tienen sobre esta violencia.
Esperemos que este informe, fruto de un trabajo riguroso y concienzudo, sirva para cambiar voluntades y para dar un nuevo impulso a la acción no sólo del Gobierno sino de todos los grupos parlamentarios en contra de la violencia doméstica.
Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego está empeñado en continuar este trabajo, por adversas que sean las condiciones, pero respecto al Partido Popular y al Gobierno, a estas alturas y sintiendo decirlo, no soy optimista.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como no podía ser menos, y en las líneas de consenso que se han explicitado muy bien y con gran énfasis por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que, como presidenta de la ponencia, ha presentado este magnífico informe, mi grupo
suscribe y hace propias sus palabras en forma y contenido. No podía ser menos porque es un problema de alta sensibilidad que en la esfera del archipiélago canario ha sido muy bien recogido y entendido por todos los grupos parlamentarios en el
Parlamento autónomo de Canarias así como en los órganos competentes a través del Instituto Canario de la Mujer, que ha hecho aportaciones que forman parte de alguna de las páginas de este magnifico trabajo que ha realizado la ponencia en cuanto a la
erradicación de la violencia doméstica.
Siguiendo en la línea apuntada, quisiera resaltar que se proponen muchas medidas que entre las comunidades autónomas podemos potenciar porque la violencia de género contra las mujeres es un problema general y una auténtica lacra en la
sociedad. Estas medidas específicas que se adoptan dentro del ámbito territorial de cada comunidad autónoma, las competencias del Estado y las modificaciones que se proponen aquí tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
van a ser secundadas afortunadamente por todos los grupos parlamentarios.
Es un magnífico documento de ejemplaridad que me ha sorprendido al final de su lectura, porque estamos trabajando y luchando por programas, como se viene haciendo en
tantas comunidades autónomas, entre ellas la canaria, donde vamos por el IV Plan de igualdad de oportunidad de la mujer y se están construyendo casas de acogida con cargo a los presupuestos de los cabildos insulares, se está trabajando y luchando en
mejorar los servicios sanitarios y los servicios jurídicos y las campañas de reinserción social y de sensibilización de la sociedad, y es de destacar que se haya llegado aquí a un documento no sólo de conclusiones sino también de recomendaciones.
Esto facilita el voto de apoyo de mi grupo a este magnífico informe porque se han sacado de una manera sistemática, pedagógica y muy ejemplarizante una serie de aspectos que a veces venían envueltos en un paquete genérico y común que ha sido bueno
que se hayan distribuido en una ponencia que debe contemplar aspectos sectoriales muy destacados para evitar ineficacias de administraciones o de organismos. Hay que entender políticamente -y esto es oportuno en la sistemática- que se haya puesto
en el frontispicio de esta ponencia que la violencia doméstica y de género es un atentado contra la paz y contra la democracia. La paz y la democracia están basadas fundamentalmente en la concordia, en el respeto mutuo y en los valores
constitucionales de igualdad y solidaridad. Esta solidaridad tiene que ser totalmente comprensiva de la realidad de la pareja humana y de los hijos, que son víctimas invisibles que rodean a la mujer maltratada, fenómeno fehaciente que está causando
tremendos perjuicios e incluso violencia que termina con la vida de algunas de las personas afectadas. Todas las instituciones y las fuerzas políticas debemos adoptar medidas de tipo político, policial, jurídico y fiscal para conseguir la
tolerancia cero frente a la violencia doméstica. En este tema no caben resquicios ni áreas de separación, de exclusión o de permisividad. Tiene que ser violencia cero.
El compromiso de operatividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
debe centrarse no solamente en la persecución y represión de la violencia, sino también en la atención a la mujer maltratada, porque muchas veces ha habido una lamentablemente inhibición al acceder a los puestos de la comisaría de policía por tener
las víctimas una especie de temor por si las van a atender violentamente. Aquí hay una labor muy importante de atención sanitaria en todos los órdenes y sobre todo en psiquiatría y en psicología, no digo ya cuando entramos en el campo de la
traumatología médica cuando se han producido las lesiones. Esta Cámara debe tomar conciencia de estas conclusiones y sobre todo de las importantísimas recomendaciones que de forma clara y sistemática se recogen en el informe de la ponencia en
cuanto a las propuestas de modificación legislativa. Todos los grupos de la Cámara tenemos que concienciarnos de estas iniciativas parlamentarias en el amplio consenso que ya nos da este documento, porque mi grupo cree que si ha habido consenso
para rectificar posiciones pasadas y clarificar ahora recomendaciones concretas, ese índice de recomendaciones concretas debería ser un verdadero programa legislativo de consenso de esta Cámara para que todas las fuerzas políticas votáramos dichas
recomendaciones de forma consensuada, y todo ello tanto en materia de protección y asistencia de víctimas y testigos como en todas las cuestiones que se hacen con respecto a los recursos sociales. Esto tiene que ser una llamada de atención general
para todos, tanto en los Presupuestos Generales del Estado como en los presupuestos de las comunidades autónomas que tienen competencia en estas materias y a las que hay que dotar de los medios suficientes para que estas recomendaciones y
conclusiones se lleven a cabo y terminen donde tendrían que empezar, que es en la educación en las escuelas para que impartan el respeto mutuo como una asignatura. Debemos concienciar entre todos a los ciudadanos y ciudadanas para que al final,
cuando los medios de comunicación tengan que reflejar estas incidencias, lo hagan en el mejor sentido que se ha deseado en la ponencia. Por esa razón, señora presidenta, mi grupo votará el acuerdo favorablemente y felicita por la redacción y la
presentación que se ha hecho del mismo.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a hacer una muy corta intervención a los solos efectos de que conste la presencia y el apoyo del Grupo Vasco al informe y a la labor efectuada por la ponencia en la que la formación a la que represento estuvo representada por
la senadora doña Inmaculada Loroño. La calidad y el contenido de las comparecencias, al igual que el informe que se ha elaborado y que nos ha glosado la diputada señora Quintanilla, son un valioso material de estudio y análisis que además ya está
incorporado como el acervo de la subcomisión que en la actualidad tiene encomendada en el seno ahora del Congreso de los Diputados la redacción de propuestas normativas que esperamos tengan la receptividad del Gobierno y que después, en esta misma
Cámara, podamos convertir en normas. No puedo, sin embargo, señorías, dejar de señalar la percepción que siempre nos queda de que cuando se abordan estas cuestiones, la dramática cuestión de la erradicación de la violencia doméstica, es más fácil
abordar los aspectos referidos al castigo, al culpable y a la ayuda a las víctimas, siendo ambos factores importantísimos, que lo que subyace o está en el fondo de la cuestión: conseguir que nadie se crea propietario de nadie ni más que nadie ni
con derecho sobre nadie, es decir, la búsqueda de una sociedad
igualitaria, que es una tarea más amplia que lo que puede ser el contenido de esta ponencia y es un empeño en el que no podemos dejar de empujar, aun después de la aprobación y del jalón tan importante que supone la aprobación del informe de
la ponencia, que, como ya he manifestado, mi grupo apoya íntegramente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Tomo la palabra para saludar en primer lugar, cómo no, el trabajo de la ponencia constituida el 24 de octubre de 2002 en el seno de la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer Congreso-Senado, para, desde el trabajo compartido y desde la
consulta democrática a todos los agentes que intervienen en el conjunto de la sociedad sobre esta cuestión, abordar el tema de un modo serio y tratar de traer a esta Cámara recomendaciones que van a ser muy útiles también para sustanciar el trabajo
de la subcomisión creada en el marco de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, que fue aprobada en septiembre de este año en esta Cámara y que tiene un mandato de este Pleno para que traiga a la Cámara medidas legislativas de consenso para
tratar de erradicar la violencia de género. En este sentido, esta subcomisión tendrá muy en cuenta el trabajo elaborado por la ponencia.
En segundo lugar quiero anunciar el voto favorable de Izquierda Unida y manifestar una vez más el agradecimiento personal y también el de mi grupo a todas las personas que desde el ámbito institucional o desde lo social han participado
activamente en los dos largos años de trabajo.
Pero, dicho esto, tengo que añadir que me preocupa cierta torpeza en el Gobierno del Partido Popular cuando estamos haciendo un esfuerzo muy especial las mujeres. Y digo las mujeres pero no quiero ser
injusta, por lo que voy a destacar desde la tribuna la presencia en la ponencia de dos hombres, Manuel Cámara y Josep Varela. Sobre todo al senador Varela quiero agradecerle muy especialmente su trabajo sistemático y continuado por lo que tiene de
pedagógico para el resto de compañeros diputados y senadores, a los que desde esta tribuna invito a incorporarse al trabajo ilusionante de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Decía que el Gobierno no ha estado muy respetuoso con
los trabajos de la ponencia y de la subcomisión constituida, pero que, no obstante, el ministro de Trabajo y el de Justicia se han comprometido en la reunión de la semana pasada de la subcomisión constituida en el marco de la Comisión de Asuntos
Sociales y Trabajo a que el ámbito de discusión para todos los cambios en materia de violencia de género sea el de esta subcomisión.Yo mantengo, por tanto, la esperanza de que estas recomendaciones y las que haga la subcomisión creada en septiembre
con el mandato plenario de traer medidas de consenso legislativas tengan la oportunidad de sustanciarse en iniciativas políticas concretas que desde el valor del consenso nos pongan a todas y a todos en el camino de acabar con esta lacra social,
pero sobre todo devuelvan la esperanza al amplio colectivo de mujeres españolas que sufren cotidianamente la violencia de género.
La respuesta no está para nosotros únicamente en el Código Penal, que es necesario modificar en algunas cuestiones, ni está tampoco sólo en la modificación del Código Civil, donde Izquierda Unida pone mucho el acento en todos los temas de
prevención, porque si actuamos correctamente desde el ámbito de la jurisdicción civil en las crisis familiares, aunque este es un fenómeno multicausal, probablemente podamos eliminar una de las causas de mortalidad de las mujeres a manos de sus
parejas. Por tanto, más allá de que sondeemos y demos respuesta desde lo penal y desde lo civil, para nosotros la respuesta va mucho más allá y está en la lucha contra la creciente feminización de la pobreza, que convierte a las mujeres en el
colectivo más vulnerable frente a todo tipo de formas de violencia, que no son sólo las que se ejercen cuando se asesina o cuando se maltrata físicamente, sino que tienen que ver con el ámbito familiar, laboral y social. No les voy a aburrir más,
señorías, porque hablamos en esta Cámara por fortuna cada vez más de los valores del feminismo y de la necesidad de incorporarlos a nuestros patrones de conducta y de convivencia cotidiana, porque de eso saldremos ganando todos, los hombres y las
mujeres, cómo no.
Cuando hablamos de violencia de género, tenemos tendencia a ponerle cara de hombre con nombres y apellidos, y efectivamente la tiene en muchos casos, pero la violencia de género tiene también otras caras, y hay que decirlo sin complejos y
sin ambages. También se ejerce la violencia desde el ámbito institucional, por mucho que haya gente que se escandalice por oírlo. No lo inventa Izquierda Unida, ni siquiera esta diputada, sino todos los foros internacionales, desde México 75 para
acá. Es una violencia que se ejerce contra las mujeres y que espero que seamos capaces de combatir desde el trabajo colectivo, desde el mutuo reconocimiento y desde el respeto para sustanciar iniciativas políticas que vayan acabando con estas
situaciones, porque ¿acaso, señorías, no es violencia institucional que las mujeres cobremos pensiones de viudedad por derechos derivados porque el Estado se niega sistemáticamente a reconocer en los grandes macroindicadores de la economía las
aportaciones económicas de billones, con b, de pesetas de las de antes, que ahorran las mujeres al Estado con su trabajo cotidiano, nunca reconocido, sin derechos sociales, sin descanso y sin vacaciones? ¿Eso no es violencia institucional? ¿O
acaso no es violencia institucional que las mujeres españolas, 25
años después de la democracia, por trabajo de igual valor, sigamos cobrando el 28 por ciento menos de remuneración salarial? ¿Qué mensaje les lanzamos a los maltratadores, qué mensaje a los potenciales maltratadores, qué mensaje a los
jóvenes que van a construir el futuro de nuestra sociedad? Por eso, señoras y señores de la Cámara, señorías, señora ponente del Partido Popular, desde Izquierda Unida anunciamos el voto positivo pero desde la respuesta de satisfacción moderada,
como no puede ser de otra forma, porque todas las teóricas del feminismo mantienen y yo misma, que soy una obrera simplemente del feminismo, mantengo en esta tribuna que nunca acabaremos con la violencia de género solamente con medidas paliativas.
Puede que jamás consigamos la erradicación total de la violencia de género, pero solamente seremos capaces de eliminarla lo más posible -siempre habrá una violencia residual que habrá que abordar y tratar de otra forma- si hacemos un abordaje
integral de los problemas que tenemos las mujeres, si damos una respuesta integral a los problemas que tenemos las mujeres y apostamos de verdad por cambiar la vida con uve, no con be, de las mujeres, con mayúscula, y por darnos lo que se nos ha
negado históricamente: igualdad de oportunidades educativas, igualdad de oportunidades para acceder a los programas de formación y al empleo, trabajos de igual valor igual salario y nada de cobrar pensiones por ser la viuda de Pepe Muñoz, porque
por nosotras mismas nos las ganamos. O se corrige todo eso o sería muy triste que dentro de quince años -supongo que a mí me habrán sustituido mucho antes, pero otras parlamentarias vendrán detrás y cogerán este banderín de los valores del
feminismo- tuvieran que repetir nuestros discursos una vez más, por lo que espero que este trabajo sirva para algo más que para que nos sintamos satisfechas las diputadas y senadoras que hemos estado participando, para algo más que para felicitar a
esos dos hombres que han tenido a bien -y no les ha salido sarpullido ni les ha pasado nada, se lo pueden preguntar- juntarse con nosotras para dar salida a los problemas de las mujeres. De modo que de nuevo me dirijo a los diputados masculinos de
la Cámara, sin distinción de ideologías, para decirles que las mujeres sabemos que las políticas de alianzas son necesarias para avanzar, sean ustedes nuestros aliados y, por favor, trabajen en las políticas de igualdad de oportunidades, porque este
camino es el camino del futuro y porque si pierden ese carro se van a perder la oportunidad magnífica de conocer a una mujer igual, que es el máximo y el súmmum del placer masculino y femenino.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que es de justicia que, antes de pasar a hacer un análisis somero del contenido del informe, formalmente nos felicitemos por el trabajo que se ha llevado a cabo en esta ponencia; una ponencia que ha estudiado de una manera
extensa, completa y global todos esos aspectos, sociales, educacionales, culturales y de cualquier otra índole, que pueden abordarse para intentar erradicar la violencia doméstica. Yo quiero, pues, que mis primeras palabras sean para expresar, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la felicitación a las ponentes, diputadas y senadoras, y también al ponente de mi grupo parlamentario, el senador Varela, por el buen trabajo que han realizado en esta ponencia.
El informe, y entro ya en el contenido del mismo, recoge un trabajo intenso, extenso, serio y riguroso, tal como literalmente lo han valorado los propios miembros de la ponencia en las intervenciones que han tenido tanto en Comisión como en
el Pleno del Senado, ponentes que además, y también de forma unánime, han resaltado el buen clima de los trabajos de la ponencia y el buen hacer de todos los componentes de la misma. Desde mi grupo parlamentario compartimos estos calificativos y,
además de los datos de duración, intensidad y número de comparecientes que nos ha dado de una manera extensa la señora Quintanilla en su muy buen informe, queremos destacar singularmente en este apartado de metodología que los comparecientes
representaran opiniones plurales y diversas de la sociedad. Han comparecido asociaciones de mujeres, pero también asociaciones de hombres; han comparecido -usted lo ha expuesto muy bien, señora Quintanilla- Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y medios
de comunicación, pero ha habido comparecientes que también han presentado opiniones técnicas que en este tema tantas veces nos hacen falta, y lo han hecho desde el punto de vista de la psiquiatría, la sociología, la psicología, la antropología,
etcétera; ha habido comparecientes que han podido aportar las buenas conclusiones de sus trabajos en el estudio de estos temas: asociaciones de mujeres juristas, miembros del Consejo General del Poder Judicial y miembros de la Fiscalía General del
Estado.
Todos ellos han realizado unos trabajos que sin duda se seguirán teniendo en cuenta a la hora de articular nuevas propuestas para la erradicación de la violencia. Se ha tenido también en cuenta, como no podía ser de otra manera, el trabajo
de las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas en materia de prevención y de políticas asistenciales. Valoramos, pues, la pluralidad y la diversidad de los comparecientes.
Yo no puedo hacer un análisis pormenorizado de este informe, pero sí quisiera resaltar alguna de las consideraciones del mismo que a mi grupo parlamentario le han parecido particularmente importantes o interesantes.
La primera de ellas sería poner de relieve la constatación que se recoge en la página 56 del informe, cuando analiza el estado actual de la situación y que literalmente dice: Las reformas legislativas y la puesta en marcha de los distintos
planes de actuación han tenido una gran repercusión, pero no han sido del todo suficientes para dar una respuesta adecuada a las necesidades de las víctimas. Lo cierto, señorías, es que a todos nos consta que todas las administraciones, la local,
la central y la autonómica, han dedicado y dedican esfuerzos y recursos a la erradicación de la violencia doméstica. Pero también es cierto, y la cifra de mujeres muertas en lo poco que va de año es lo suficientemente ilustrativa al respecto, que
las políticas que se han articulado hasta el momento no han demostrado ser suficientemente eficaces. Esto nos lleva a compartir la opinión que ya expresó en el Pleno del Senado el senador Varela -senador de mi grupo parlamentario-, afirmando que en
esta cuestión (realmente tampoco en ninguna otra, pero quizás en ésta menos que en ninguna) ningún triunfalismo está justificado.
Es cierto que ha habido planes contra la violencia -el Gobierno del Partido Popular ha articulado dos de ellos-, es cierto también que desde las comunidades autónomas -por lo menos en la mía, en Cataluña- se vienen haciendo planes desde hace
mucho tiempo, pero también es cierto que ninguno de ellos ha producido los resultados apetecidos. Quizá la razón a este interrogante hay que encontrarla en una valoración, a nuestro modo de ver muy acertada, que expresó en su comparecencia el
fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, señor Moreno, y que se recoge también en el informe, cuando dice que se trata de una materia complejísima de abordar porque en ningún otro fenómeno delictivo se da la relación entre
agresor y víctima que se da en este delito.
Esta especial complejidad requiere, desde nuestro punto de vista, una óptica especial al abordar el camino correcto para la solución de este problema -con esto entro en la segunda de las consideraciones que mi grupo quería resaltar- y es la
de que, como el informe dice, las soluciones deben ser forzosamente globales, deben ser integrales, debe avanzarse al mismo tiempo en las reformas legislativas, la educación, la prevención, la información y los recursos asistenciales, y todo ello,
naturalmente, desde el más exquisito respeto competencial, como no podría ser de otra manera.
Esto no significa -y ésta quizá sería otra consideración- que las reformas no tengan una gran importancia, en especial en algo que a mi grupo parlamentario le preocupa extraordinariamente y que es la protección de la víctima. Efectivamente,
hemos sostenido en cuantas ocasiones hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos, pero vamos a reiterarlo, que para nosotros el eje de la respuesta legal debe pivotar alrededor de la protección de la víctima. Hay que proteger a la mujer que
denuncia, con todas las medidas garantistas de la presunción de inocencia que se quiera, pero hay que proteger a las víctimas, dando credibilidad a su testimonio, articulando medidas cautelares eficaces, medidas penales y también civiles, dictando
sentencias justas y, en definitiva, erradicando la situación de práctica impunidad que se da hoy para estos terribles delitos. Así parece entenderlo también el informe cuando, de las 84 recomendaciones, dedica 36 de ellas a los aspectos de
modificación legislativa.
Queremos resaltar también -voy concluyendo- el papel de los medios de comunicación. Desde nuestro grupo parlamentario queremos resaltar la importancia que el informe concede a este papel de los medios de comunicación. Ciertamente, los
expertos que han comparecido se plantean cuál debiera ser el tratamiento más adecuado que de este tema se hiciera en los medios de comunicación. Afirman que se debe evitar en cualquier caso que este tratamiento fuera sensacionalista o incluso que
involuntariamente pudiera incitar -y lo digo con todas las cautelas y entre comillas- o invitar a emular conductas. Los medios de comunicación, se ha afirmado por contra, tienen y deben tener un papel primordial para hacer llegar a la sociedad un
adecuado mensaje de intolerancia cero hacia estas conductas, pero también un mensaje de que la violencia es algo que nos incumbe a todos, no sólo a las mujeres, sino a los hombres y a las mujeres. Señorías, el informe, desde nuestro punto de vista,
nos invita a plantear que, quizá sobre este tema, sobre el papel de los medios de comunicación, podría o debería haber un debate en más profundidad.
Señorías, señora presidenta, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que globalmente este es un buen informe. No obstante, es un informe que hay que leer completo porque, desde nuestro punto de vista, ni las conclusiones ni las
recomendaciones responden al rigor y a la riqueza de su contenido. Ya por ello el senador del Grupo Parlamentario Catalán, señor Varela, presentó un voto particular con la finalidad de aclarar algunos aspectos conceptuales de la recomendaciones,
porque podían dar lugar a interpretaciones equivocadas; voto particular sobre el que solicito la aprobación de los grupos de la Cámara, pero aun, y con la aprobación del contenido de este voto, creo que las recomendaciones deben extraerse, más que
de la literalidad de las mismas, de todo el contenido del informe que, insisto, para hacerle justicia hay que leerlo, hay que estudiarlo completo. Finalizo, señora presidenta, expresando la convicción de que este informe va a ser un buen
instrumento, una buena herramienta de trabajo que va a ser muy útil para los trabajos de la subcomisión legislativa que tenemos en funcionamiento en la Comisión de Política Social y Empleo y anunciando, como no podía ser de otra manera, el voto
favorable del Grupo Parlamentario Catalán.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente quiero manifestar, en primer lugar, en la línea de todas las compañeras que me han precedido, que compartimos la valoración que se ha hecho de este informe en el sentido de que pensamos que es bueno y que se puede trabajar con
él en el futuro. No me voy a extender en el contenido, ya que la diputada Quintanilla lo ha explicado muy bien.
Quiero anunciar que el Grupo Socialista va a votar a favor de estas conclusiones, como lo hicimos en la Comisión Mixta y en el Senado,
aunque me gustaría destacar algunos temas con los que el Grupo Socialista no está de acuerdo en su totalidad.
Desde nuestro grupo hemos hecho un esfuerzo por poder llegar a un consenso en las conclusiones de esta ponencia, esfuerzo que nos gustaría que hubiese hecho también el Grupo Popular, para quien el consenso consiste en no ceder parte de sus
posiciones y en que los demás grupos tengamos que aceptar su postura incluso antes de empezar. Así ha pasado en estas conclusiones de la ponencia con la negativa del grupo mayoritario a que se recogiera entre las recomendaciones la elaboración de
una ley integral contra la violencia de género; propuesta que propusieron, valga la redundancia, muchas de las personas comparecientes, tanto colectivos de mujeres como profesionales. Esto no tiene sentido porque muchas de las propuestas que se
recogen en esta ponencia no se podrán realizar si no es dentro del contexto de la aprobación de una ley integral. Da la impresión de que la negativa a una ley específica es más un rechazo por parte del Partido Popular por venir de otro grupo
político que no pueden justificar. Y para justificarlo el propio presidente del Gobierno ha dicho que una ley no sirve para nada. Eso, en boca de un presidente del Gobierno, puede ser un poco desconcertante, porque el presidente del Gobierno
defiende, y a veces intensamente, otras leyes que parece que sí sirven. Una ley específica se justifica, y así lo establece nuestra normativa, cuando existe un grave problema social y se ha demostrado que las actuaciones de las instituciones no son
suficientemente eficaces, como es claro que está pasando en el caso de la violencia de género, grave problema que no hemos logrado eliminar y ni siquiera disminuir.
Es bueno reconocer los avances, que los ha habido, tanto legislativos como a nivel de recursos y de sensibilización, gracias a muchas mujeres, organizaciones y distintos gobiernos -éste y por supuesto el anterior-, a gobiernos de las
comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.
Afortunadamente, hoy todo el mundo está involucrado en prevenir y atajar la violencia. Es bueno reconocerlo, pero en la línea que señalaba la portavoz de Convergència i Unió, una cosa es
reconocer los avances y otra hacer discursos triunfalistas. Así que no nos parece acertado que desde el grupo que sustenta al Gobierno se pueda decir a estas alturas que no se había hecho nada hasta que llegó el PP, como dicen repetidas veces;
incluso llegan en muchos casos a ocultar información y, lamentándolo mucho, a mentir. Voy a poner algunos ejemplos que demuestran este discurso triunfalista y estas falsedades. Oir repetir una y otra vez al Gobierno que hasta que ellos llegaron no
se había hecho nada, la verdad es que llega un momento en que cansa. Por ello me he dedicado a preguntarle al Gobierno por escrito para ver si de esta manera también decían las mismas falsedades que en los discursos. Les voy a leer algunas
preguntas escritas. Por ejemplo, se le pregunta al Gobierno cuándo se realizó en España la primera campaña gubernamental contra los malos tratos a mujeres. Contestación del Gobierno: Fue en 1998, en el marco del primer plan contra la violencia
doméstica, cuando se puso en marcha en España la primera campaña que se denominó Denunciemos los malos tratos. Pues no es verdad, señorías, la primera campaña la puso en marcha el Instituto de la Mujer en 1983 y el lema era: Mujer, denuncia los
malos tratos. (Aplausos.) Como verán SS.SS., el mensaje no ha cambiado lo más mínimo, hemos evolucionado poco en 15 años.
También le hemos preguntado al Gobierno, porque hablan mucho de los cursos de formación -ayer mismo el ministro dijo repetidamente que había hecho muchísimos cursos de formación-, cuándo se habían hecho los primeros cursos de formación en
España. El Gobierno nos contesta que, por supuesto, fue en 1998 con el primer plan. Tampoco es verdad; los primeros cursos de formación se hicieron en 1986 y, por tanto, llevamos 17 años haciéndolos. Esta diputada piensa que ya está bien de
cursos de formación y que hay que introducir la formación inicial de una vez por todas, y así lo hemos venido proponiendo. También hemos preguntado al Gobierno -y espero no cansarles mucho- cuándo se abrieron las primeras casas de acogida, porque
yo también puedo hablar mucho de las casas de acogida. En este caso no dan fechas y me han dicho que no lo saben. Pues lo deberían saber porque hay una historia y unos documentos que demuestran que las casas de acogida empezaron a crearse en 1985;
no fue con el primer plan de igualdad.
Está claro por tanto que existe una política de ocultación de la información y no sólo de estos datos, que es grave, sino de algo que también es bastante grave, y es el tema de las inversiones. Esta diputada está dedicando mucho tiempo a
intentar enterarse de qué es lo que se está gastando realmente en los planes sobre violencia. Después de muchas preguntas me ha sido imposible saber cuánto dinero se gasta en cada una de las actuaciones, porque te dan las cifras globales y en la
mayoría
de los casos meten inversiones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, figuran como inversión en temas de violencia contra la mujer todos los nuevos juzgados que se han creado, en los que se ven temas de violencia contra mujeres y
muchísimas otras cuestiones. Está claro, por tanto, que no tiene credibilidad un Gobierno que miente sobre un problema tan preocupante, que produce tantas tragedias; a mí me produce cierta alarma.
También pensamos que no es adecuado a estas
alturas, como está haciendo el Gobierno, que se valore el éxito de su política con una macroencuesta; se han hecho muchísimas encuestas. A mí me hace gracia, porque son encuestas que se hacen por teléfono y los técnicos dicen que una encuesta
sobre violencia no se puede hacer por teléfono. Una señora está con su marido que la maltrata y la llaman por teléfono y la preguntan: ¿Está usted maltratada? Entonces ella le tiene que decir a su marido: Sal, porque tengo que contestar una
encuesta sobre el maltrato. No se pueden hacer encuestas sobre el maltrato por teléfono. Por tanto, no sabemos si han bajado o subido porque las encuestas hay que hacerlas personalmente, con mucho cuidado, con gran intimidad y con gente muy
preparada para saber qué puede preguntar y cómo lo tiene que preguntar. (Aplausos.)
Voy a intentar resumir porque creo que me estoy enrollando mucho. Otro de los desacuerdos que hemos tenido con el grupo mayoritario lo ha comentado algunas de las diputadas que me han precedido, y es que por las prisas de última hora, había
que terminar enseguida. Hemos estado dos años trabajando en un grupo muy agradable, hemos trabajado muy bien todas las personas que hemos participado, pero en una semana había que terminar un informe en el que llevábamos trabajando dos años. ¿Qué
ha pasado? Pues que se ha elaborado un informe precipitadamente y se han cometido bastantes errores. Además, ha habido un problema. Es verdad que hemos tenido acceso al informe final de todos los documentos menos uno. En una parte del informe
viene un documento sobre los recursos de las comunidades autónomas. Ese documento lo vimos el día que teníamos que aprobarlo en la Comisión Mixta, y comprobamos que tenía muchísimos errores. Pudimos corregir algunos, pero, por desgracia, el
informe viene con muchos errores. Es una pena que un informe que tenía calidad, haya perdido parte de su rigurosidad por los errores que se recogen.
Para finalizar, y al margen de las ausencias y de los errores, creemos que se ha elaborado un buen documento, donde hemos podido profundizar en el conocimiento de la violencia de las mujeres. Esperamos que sirva para dar un paso más en este
reto tan difícil que tenemos por delante. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de estas conclusiones, principalmente por tres motivos: en primer lugar, porque nos parecía importante llegar a un consenso; en segundo lugar, porque,
al margen de los desencuentros, estamos de acuerdo con lo recogido, y en tercer lugar, por coherencia, porque todas las recomendaciones ya las hemos recogido en nuestra ley específica contra la violencia de género.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
En primer lugar, sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en relación con el informe de la ponencia sobre la
erradicación de la violencia doméstica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 277.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
A continuación, sometemos a votación el acuerdo de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, en relación con el informe de la ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica, una vez que ha sido incorporado el voto particular
del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al citado informe.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 276.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.