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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 221, de 04/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 221
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 212
celebrada el martes, 4 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 11196)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 255-1 de 14 de junio de 2002. (Número de expediente 125/000021.) ...
(Página 11196)
Declaración institucional ... (Página 11204)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie B, número 252-1, de 7 de junio de 2002 (Corrección de error en serie B, número 252-2, de 14 de junio de 2002). (Número de expediente 122/000224.) ... (Página 11205)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 439, de 15
de noviembre de 2002. (Número de expediente 162/000593.) ... (Página 11211)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la aprobación urgente de un 'Plan de Recuperación Económica, Medioambiental y Social de Galicia' que palie y compense no sólo los efectos inmediatos producidos por el
desastre del petrolero 'Prestige' sino que arbitre actuaciones de promoción y desarrollo de la economía gallega que logren, en un futuro cercano, las máximas cotas de desarrollo sostenible con mayor equilibrio territorial y cohesión social,
equiparando sus niveles de bienestar social a los del resto de España y a los de la media de los países de la U.E. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003. (Número de expediente 162/000642.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al Plan de Recuperación Socio-económico de Galicia y a otras medidas urgentes y necesarias, después de la catástrofe del 'Prestige'.
'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003. (Número de expediente 162/000648.) ... (Página 11216)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Galicia. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 477, de 31 de enero de 2003. (Número de expediente 162/000650.) ... (Página
11217)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 471, de 21 de enero de 2003. (Número de expediente 173/000175.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para regular la participación de las Comunidades Autónomas en el sistema de formación continua. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 471, de 21 de enero de 2003. (Número de expediente 173/000176.) ... (Página 11232)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vascas, catalanas y gallegas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 471, de 21 de enero de 2003.
(Número de expediente
173/000177.) ... (Página 11239)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página 11196)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 11196)
De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial ... (Página 11196)
Presentan la iniciativa la señora Aulló Aldunate y los señores Bernal Bernal y Catalá Pardo, todos ellos representantes de las Cortes de Aragón.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Gallizo Llamas, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Declaración institucional ... (Página 11204)
La Presidencia, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de una declaración institucional por la que el Congreso de los Diputados se suma a la celebración del año europeo de
las personas con discapacidad y recuerda la necesidad de hacer efectivo el mandato del artículo 49 de la Constitución, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas ... (Página 11204)
De las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. (Votación..) ... (Página 11204)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, se rechaza por 128 votos a favor, 155 en contra y 16 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 11205)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Con esta iniciativa se pretenden hacer compatibles las pensiones de viudedad con las
pensiones del denominado SOVI, iniciativa que no es nueva en la Cámara, puesto que su grupo parlamentario ya la ha presentado en varias ocasiones, habiendo sido rechazada todas las veces por la mayoría absoluta del partido que apoya al Gobierno.
Trae de nuevo esta cuestión al Pleno de la Cámara, dice, con la esperanza de que ahora se hagan efectivos los compromisos políticos que el Grupo Popular asumió en los debates presupuestarios de este último año. Afirma que esta iniciativa de
Convergència i Unió responde a un planteamiento socialmente justo, cargado de sentido común, que no supone un incremento sustancial del gasto público y que está orientada a hacer partícipe del crecimiento económico que hemos vivido estos años y del
superávit de la Seguridad Social a aquella generación de personas que más han dado al conjunto de la sociedad, para lo que espera contar con los votos de la mayoría.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 142 votos a favor, 161 en contra y una abstención.
Proposiciones no de ley ... (Página 11211)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas ... (Página 11211)
La señora Pol Cabrer defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, una proposición no de ley con la que se pretende fomentar la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones
militares de las Fuerzas Armadas, completando así y acelerando un procedimiento que ya se inició en el año 1997 y que está dando unos magníficos resultados. El sistema de gestión medioambiental, explica, sirve, en primer lugar, para concienciar a
los responsables de las unidades e instalaciones militares de la necesidad de compatibilizar sus actuaciones con el pleno respeto al medio ambiente; en segundo lugar, pretende alcanzar el objetivo de una protección permanente del medio natural y
ser una garantía constante de la
calidad ambiental y, por último, establece todo un proceso de seguimiento y control que permite modificar aquellas actuaciones que tengan incidencias negativas sobre el medio ambiente.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Simón de la Torre.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda interviene la señora Pol Cabrer.
Asimismo interviene el señor Simón de la Torre.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas, en sus propios
términos, se aprueba por 179 votos a favor y 120 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la aprobación urgente de un Plan de recuperación económica, medioambiental y social de Galicia que palie y compense no sólo los efectos inmediatos producidos por el
desastre del petrolero 'Prestige' sino que arbitre actuaciones de promoción y desarrollo de la economía gallega que logren, en un futuro cercano, las máximas cotas de desarrollo sostenible con mayor equilibrio territorial y cohesión social,
equiparando sus niveles de bienestar social a los del resto de España y a los de la media de los países de la U.E. ... (Página 11216)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), relativa al Plan de recuperación socio-económico de Galicia y a otras medidas urgentes y necesarias, después de la catástrofe del 'Prestige' ...
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Galicia ... (Página 11217)
Defienden las tres proposiciones no de ley, debatidas conjuntamente, los señores Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista; Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la aprobación urgente de un Plan de recuperación económica, medioambiental y social de Galicia que palie y compense no sólo
los efectos inmediatos producidos por el desastre el petrolero 'Prestige', sino que arbitre actuaciones de promoción y desarrollo de la economía gallega que logren, en un futuro, cercano, las máximas cotas de desarrollo sostenible con mayor
equilibrio territorial y cohesión social, equiparando sus niveles de bienestar social a los del resto de España y a los de la media de los países de la Unión Europea, se rechaza por 121 votos a favor, 159 en contra y 15 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríquez y Vázquez, relativa al Plan de recuperación socioeconómico de Galicia y a otras medidas urgentes y necesarias, después de la catástrofe
del 'Prestige', se rechaza por 136 votos a favor, 159 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Galicia, se aprueba por 174 votos a favor y 123 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 11227)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente ... (Página 11227)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre política medioambiental debatida en la Cámara el pasado 18 de diciembre la señora Marón Beltrán. Acompaña a su moción, explica,
un paquete de medidas concretas que tratan de atacar de raíz, para un futuro, los problemas medioambientales en general y no sólo los causados por la catástrofe del 'Prestige', es decir, se trata de medidas que van desde la inmediatez y la urgencia
para paliar la ineficacia con la marea negra al compromiso real con el medio ambiente y la sostenibilidad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Otxoa de Eribe Elorza, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente, se rechaza por 120 votos a favor, 157 en contra y 11 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para regular la participación de las comunidades autónomas en el sistema de formación continua ...
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Campuzano i Canadès. Reitera los argumentos dados en el debate de la interpelación urgente en el sentido
de que el Gobierno, de común acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales, definiese un nuevo modelo de formación continua basado en la gestión de la misma por parte de las comunidades autónomas, como resultado principalmente de la
obligación que se derivaba de las sentencias del Tribunal Constitucional de abril y de octubre del año pasado, que daban la razón al Gobierno de la Generalitat y al de la Xunta de Galicia en relación con los recursos de inconstitucionalidad, y el
conflicto positivo de competencias que se promovieron en 1993 y también el acuerdo tripartito de diciembre de 1992.
En defensa de la enmienda presentada a la moción por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Peris Cervera.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para regular la participación de las comunidades
autónomas en el sistema de formación continua, en los términos de la enmienda transaccional, se aprueba por 274 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vascas, catalanas y gallegas ... (Página 11239)
La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, solicita en la moción consecuencia de interpelación urgente el reconocimiento de las selecciones deportivas vascas, catalanas y gallegas para que puedan participar en
acontecimientos deportivos internacionales. En esta Cámara, añade, sólo se ha pedido, a través de los distintos grupos parlamentarios, que se reconozcan las selecciones vascas, catalanas y gallegas por una sencilla razón, y es porque responde a la
existencia de identidades propias, de culturas propias, de las cuales el deporte es una manifestación más, de singularidades propias que han tenido respuesta en el propio apoyo social de esas comunidades y de sus respectivos parlamentos.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Rejón Gieb.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora
Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora Lasagabaster Olazábal.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vascas, catalanas y gallegas, se rechaza por 20 votos a favor, 155 en contra y
84 abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución. Conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Reyes
Carabel Pedreira, en sustitución de don José Manuel Romay Beccaria, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora CARABEL PEDREIRA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María Reyes Carabel Pedreira ha adquirido la condición plena de diputada. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y PLANTA JUDICIAL. (Número de expediente 125/000021.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. En primer lugar y en nombre de las Cortes de Aragón, tiene la palabra doña Trinidad Aulló.
La señora REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Aulló Aldunate): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la iniciativa parlamentaria que el Partido Aragonés presentó y debatió en su día en las Cortes de Aragón y que tengo el honor de defender hoy en el Congreso de los Diputados es simplemente el reflejo fiel de una
reiterada y justa reivindicación que piden a voces todas las partes implicadas en la Administración de justicia en Aragón.
La justicia en nuestro país es lenta, cara, con medios escasos y no da respuesta adecuada al incremento de asuntos que cada
día se producen con mayor intensidad. La lentitud de los procesos judiciales incita a recurrir sentencias desfavorables para alargar indefinidamente el proceso. Esta situación desvirtúa el contenido de lo establecido en el artículo 24 de nuestra
Constitución, que recoge el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas. La apertura del centro penintenciaro de Zuera ha supuesto un enorme incremento en el número de asuntos que puede soportar el Juzgado de Paz de esa localidad,
provocando una grave situación tanto en la población reclusa como en los juzgados del partido judicial número 3 de Zaragoza, al haber asumido una excesiva carga de trabajo derivada de la puesta en funcionamiento del citado centro. Esta situación se
confirmó por el magistrado juez de los juzgados de Zaragoza en su informe de fecha 5 de septiembre del año 2001. Contrastados los datos de los centros de Zuera, de Daroca y del Juzgado de Primera Instancia de Daroca, resulta que el aumento de
trabajo a soportar desde la apertura del centro de Zuera es el triple de lo que comporta actualmente el de Daroca, pues esta es la proporción aproximada de la población reclusa que se admite en uno u otro centro. Esta situación, señorías, es
imposible de asumir ni por el Juzgado de Paz de Zuera ni por los juzgados de Zaragoza, pues la distancia a la que se encuentra este centro penitenciario es de unos 40 kilómetros de Zaragoza; ello supone una inversión de tiempo y desplazamiento
excesiva, además del gasto económico que conlleva. Por ello entendemos que la única vía para atender esta nueva situación es la creación de un nuevo partido judicial en Zuera, tanto por el volumen de trabajo -triple que el de Daroca- como por la
población -similar a la de Daroca-, sin olvidar el futuro de la comarca, situada en el eje de desarrollo económico y de población que conforman la autovía Madrid-Huesca y el río Gállego.
El Partido Aragonés -PAR- quiere coadyuvar en esta justa y necesaria reivindicación reclamada por todas las partes implicadas en la Administración de justicia desde que se proyectó la macrocárcel de Zuera hace más de diez años, puesto que
los profesionales preveían ya lo que el paso del tiempo ha confirmado.
Aprovecho para recordar que en Daroca (Zaragoza) y en Picasent (Valencia) se crearon sendos partidos judiciales al abrirse los correspondientes centros penitenciarios. Comento también para alabar esta iniciativa que el portavoz de los
presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas reiteró en su última reunión en Granada la reivindicación constante de pedir más recursos humanos y materiales para los distintos órganos jurisdiccionales españoles,
puesto que la mayoría de ellos sobrepasa los módulos que el Consejo General del Poder Judicial fija como razonables para que un magistrado pueda actuar y pueda atender con minuciosidad, sosiego y calidad los asuntos que son de su consideración.
Desde el Partido Aragonés entendemos que esta necesidad tan urgente se agudiza ante las reformas planteadas con buen criterio por el Gobierno de la nación en materia de justicia, como la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Lógicamente, la creación de un nuevo partido judicial se realiza mediante una ley, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y este es el motivo por el que presentamos esta
iniciativa, para modificar la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Señorías, quisiera que estos argumentos, a nuestro entender de tanto calado, fueran suficientes para disipar cualquier duda que pueda existir respecto
a la necesidad real de crear este nuevo partido judicial.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Aulló.
Asimismo en nombre de las Cortes de Aragón, tiene la palabra don Chesús Bernal.
El señor REPRESENTANTE DE LAS DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Bernal Bernal): Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace poco menos de dos meses comparecíamos también en esta Cámara, en nombre de las Cortes de Aragón, para utilizar una vía de participación legislativa que reivindicamos y hoy venimos con el mismo propósito. Venimos para plantear
una proposición de ley que suponga finalmente una iniciativa de remodificación de una ley, la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en un aspecto muy concreto, en el anexo I, de tal manera que dicha modificación conlleve la creación de un nuevo
partido judicial en la provincia de Zaragoza, que sería el partido judicial de Zuera, que englobaría los municipios de Zuera, Villanueva de Gállego, San Mateo de Gállego, Perdiguera, Leciñena, Farlate y Monegrillo.
¿Por qué planteamos esta nueva iniciativa, procedente de las Cortes de Aragón, en poco menos de dos meses? Porque entendemos que es necesaria la constitución de este nuevo partido judicial para solucionar de manera definitiva las
necesidades actuales del Juzgado de Paz de Zuera. En realidad, tuvimos ocasión de presentar en esta Cámara, a través del diputado señor Labordeta, una iniciativa que supusiera una solución puente, que consistía en una proposición no de ley que
dicho señor diputado defendió en esta Cámara para aumentar la plantilla de personal, para aumentar los recursos materiales de ese juzgado y, finalmente, para mejorar los servicios de transporte adecuados para los desplazamientos desde el Juzgado de
Paz hasta el centro penitenciario de Zuera. Esa era una solución intermedia esperando una solución definitiva y creemos que esta solución definitiva no es otra que la de crear un nuevo partido judicial.
En estos momentos, el Juzgado de Paz de Zuera se encuentra absolutamente colapsado, como consecuencia de la apertura y puesta en funcionamiento del centro penitenciario de Zuera, que ha supuesto duplicar hasta la fecha el trabajo de ese
Juzgado de Paz, que cuenta en estos momentos exclusivamente con un oficial con funciones de secretario y un auxiliar y ambos se ven desbordados en su trabajo. Se ven desbordados tanto por el volumen del trabajo como por la falta de recursos
materiales y por la falta de medios de transporte para los desplazamientos diarios hasta la prisión. Esas dos personas en estos momentos están atendiendo diariamente unos 50 exhortos, número que es previsible que en los próximos meses y en un
posterior futuro se vea incrementado. Por eso, señorías, creemos que con la creación de este nuevo partido judicial se solucionarían dos problemas: por un lado el que afecta actualmente a una situación grave de la población reclusa de Zuera y del
Juzgado de Paz de dicha localidad y, por otro, el colapso que en estos momentos están sufriendo los juzgados de instrucción de Zaragoza -ya se ha hecho referencia al informe del magistrado juez de los juzgados de Zaragoza-, y se descongestionaría
así el partido judicial de Zaragoza, de tal manera que el nuevo partido judicial de Zuera englobaría esos municipios que he citado previamente.
He de recordar que además esta iniciativa es fruto y cuenta con el apoyo de la junta sectorial de jueces
de Instrucción de Zaragoza y de la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y que además obtuvo el visto bueno por parte del Consejo General del Poder Judicial en referencia a que sería necesaria una iniciativa con rango de ley
para modificar la actual Ley de Demarcación y Planta Judicial. Ese es el objetivo que nos guía, ese es el objetivo que se debatió en las Cortes de Aragón y por lo que comparecemos ante SS.SS. solicitando su apoyo a esta toma en consideración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bernal.
Por último, también en nombre de las Cortes de Aragón, tiene la palabra don Francisco Catalá.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE ARAGÓN (Catalá Pardo): Gracias, señora presidenta
Señorías, es para mí una satisfacción intervenir como diputado de las Cortes de Aragón en esta Cámara en relación con un tema concreto de mi territorio, de Aragón. Yo no incidiré en las necesidades objetivas, puesto que ya lo han hecho mis
compañeros, sobre la necesidad de crear el partido judicial. Es obvio que el volumen de litigiosidad que ha producido la apertura del centro penitenciario de Zuera está fuera de toda duda, así lo constatan todos los profesionales del derecho, así
lo constatan los órganos judiciales y así lo constata el conjunto de ayuntamientos que tienen influencia en la zona. Todos ellos lo tienen claro, salvo el Partido Popular, que me da la sensación de que no lo tiene claro o, mejor dicho, que sí tiene
clara la necesidad de crear ese partido judicial, pero que no cree que este sea el momento de hacerlo. Yo voy a intentar poner encima de la mesa algún argumento para decirles que este sí es el momento de crear el partido judicial. Entre varios,
podría citar el de la seguridad, que imagino que al Partido Popular le suena porque parece que en las próximas elecciones autonómicas y municipales lo va a llevar como programa estrella, por cierto, en una clara evidencia del fracaso estrepitoso que
en los últimos seis años ha supuesto dicho tema. La inseguridad se produce fundamentalmente en los traslados desde el centro penitenciario de Zuera a Zaragoza, que tienen lugar con mucha frecuencia para hacer declaraciones, citaciones, trámites,
exhortos, etcétera, y creo que se podría evitar con la creación del partido judicial con un juzgado de Primera Instancia en Zuera. También querría hablarles de la celeridad, del derecho que tienen, desde el punto de vista del interno pero también
de cualquier ciudadano, a tener un juicio rápido y a no prolongar situaciones preventivas no deseables. Todos ustedes saben la cantidad de juicios que se aplazan, que se prorrogan, que se suspenden o que se alargan innecesariamente y que producen
estos problemas.
En su día, los socialistas suscribimos un pacto para la reforma de la justicia con el Partido Popular, fundamentalmente para intentar que hubiera una justicia más rápida, más ágil, de más calidad; para intentar que los partidos judiciales
-y así se expresaba- se adecuaran a los volúmenes de litigiosidad y para, en definitiva, conseguir que hubiera una justicia de proximidad. Todo ello se conseguiría en el conjunto de municipios a los que afecta con la creación de ese partido
judicial. No es posible que ustedes puedan llegar a utilizar este instrumento que nosotros pusimos un día en sus manos para solucionar los problemas de la justicia, los que tenía y los que sigue teniendo, para no hacer nada, para decirnos que
previamente hay que solucionar todos los problemas del mundo mundial de la justicia y cuando los tengamos encima de la mesa, entonces veremos si adoptamos alguna solución. Yo puedo llegar a admitir que hay algún tipo de reorganización, de
adscripción o de ampliación de partidos judiciales que no sea urgente y pueda esperar a un mapa judicial, pero no es este el caso. Este partido judicial ni puede ni debe esperar a una reorganización más amplia; por tanto, yo creo que deberíamos
intentar que el partido judicial se creara lo antes posible.
Además, hay un precedente. Cuando se abrió el centro de Picasent, en Valencia, se creó el partido judicial específicamente porque había habido un aumento de litigiosidad importante en la
zona y justificaba claramente la necesidad que había de crear ese partido judicial. En consecuencia, estaría plenamente justificado que en este momento adelantáramos la solución al futuro mapa judicial y modificáramos el anexo a la Ley de
Demarcación y de Planta Judicial con la creación del partido judicial que en este momento solicitamos desde las Cortes de Aragón. Además, no creo que haga falta recordarles -no es una opinión mía, sino que es un hecho- que la opinión que tienen los
ciudadanos de la justicia es bastante negativa, fundamentalmente desde que gobierna el Partido Popular. En cualquier caso, con esta medida no solamente intentaríamos solucionar el problema de un territorio concreto, sino que además intentaríamos
que la imagen de la justicia saliera beneficiada. Si en este momento, con la proposición que hoy se propone desde las Cortes de Aragón se consiguen ambas cosas, creo que no deberíamos permitirnos el lujo de retrasarlo mucho más.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Catalá.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero dar de nuevo la bienvenida a los diputados aragoneses. Espero que este impulso legislativo de nuestro Parlamento autonómico siga adelante como ejemplo de un territorio que quiere participar y contar activamente en la
vida política. Baste recordar que en los últimos tiempos se han debatido en este Pleno dos proposiciones de ley de las Cortes de Aragón.
Por lo que respecta a la propuesta que ahora debatimos, ya tuvimos ocasión de exponer en el Congreso la necesidad de crear un nuevo partido judicial en Zuera. Así, en la Comisión de Justicia del Congreso, como ha recordado el diputado de
Chunta Aragonesista Chesús Bernal, en una sesión celebrada el pasado mes de junio de 2002 Chunta Aragonesista defendió una proposición no de ley con pretensiones de servir de cabeza de puente antes de alcanzar la solución definitiva al problema.
Pedíamos entonces más medios humanos y materiales ante el cuasi colapso administrativo que se ha ocasionado
en los juzgados de Paz ubicados en la localidad de Zuera tras la apertura de una macrocárcel. Aquella iniciativa se rechazó y ahora volvemos a debatir sobre la cuestión buscando una solución definitiva al problema.
No queremos buscar
culpables de esa situación ni pedimos ahora responsabilidades; aportamos posibilidades de arreglo. Existe un grave problema de gestión en estos juzgados y la solución planteada es la aprobación de esta iniciativa autonómica que pretende modificar
la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, creando un nuevo partido judicial en Zuera. Esta propuesta viene avalada por las Cortes aragonesas y cuenta con el respaldo importante de los órganos judiciales implicados,
que han mostrado en sendas manifestaciones públicas e informes la necesidad de crear un nuevo partido judicial con cabecera en Zuera. Así, la Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha pronunciado a favor de esta propuesta y
existe un informe del magistrado juez de los juzgados de Zaragoza igualmente favorable.
Chunta Aragonesista votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa y espera que los demás grupos de la Cámara así lo hagan.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Vasco adelanto ya que votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa que nos proponen las Cortes de Aragón. La Constitución introdujo con carácter novedoso la posibilidad de que los órganos
legislativos de las comunidades autónomas traigan al Congreso de los Diputados iniciativas, tal como se plasma en el artículo 87, no sin cierta contradicción con la idea del principio de cooperación en cuanto a que dicho debate se contraponía al
poder de iniciativa del Senado en relación con las asambleas de las comunidades autónomas. Que para materializarse deban venir necesariamente o que se requiera la mediación del Congreso de los Diputados evidencia la separación de competencias en
las relaciones entre diferentes ordenamientos, el del Estado por un lado y el de las comunidades autónomas por otro. Este tipo de iniciativas se ha definido como la típica manifestación a la vez cooperativa y garantizadora de las relaciones de
inordinación propias de los Estados descentralizados, en virtud de las cuales no es un simple equilibrio entre un poder central y una pluralidad de poderes territoriales sino una síntesis dialéctica de ambos. Esta concepción, en cuanto a
predisponermos a favor de iniciativas de este género, es del gusto de la formación política a la que yo represento. Esta función de promoción de la actividad legislativa estatal a través de los parlamentos de las comunidades autónomas es además
coherente con el principio democrático a través de los órganos mediante los que se articula la representación política de las diversas partes integrantes de la sociedad, es decir, a través de sus asambleas autonómicas. La contemplación o no de esta
posibilidad en los estatutos de cada una de las comunidades autónomas es indiferente, dada su plasmación constitucional, si bien los reglamentos de las distintas asambleas legislativas los contienen con un alcance o con otro. Nos parece una razón
importante que se establezca en el marco constitucional relativo al procedimiento normativo y no a la organización territorial del Estado, para que sea posible establecer o traer a la Cámara mediante este procedimiento cualquier materia y no sólo
unas determinadas, propias de la competencia de las comunidades autónomas necesitadas de delimitación competencial, como inicialmente sostuvieron algunos sectores doctrinales.
Repito, el hecho de que se establezca dentro del capítulo dedicado a la
iniciativa legislativa y no dentro de lo que es la delimitación competencial o la distribución territorial del poder es un elemento importante a la hora de considerar este instrumento normativo. En casi todas las comunidades autónomas, en 14 de las
17, requiere de mayorías parlamentarias especiales y es por eso por lo que también goza de especial predilección, dado el respeto a la soberanía popular plasmado en los órganos legislativos de las distintas asambleas, y por lo que, repito, tenemos
una especial predisposición en relación con la aceptación de estas iniciativas que vienen de los órganos de la soberanía de las comunidades autónomas.
Nos parece en todo caso sorprendente, y me permitirán los servicios letrados de la Cámara que haga una pequeña crítica si es que me equivoco, que cuando se nos da traslado a los distintos grupos parlamentarios jamás nos conste qué es lo que
ha dicho el Gobierno cuando se ha cubierto el trámite que prevé el artículo 126.2 del Reglamento, en relación con su toma en consideración o no, con el aumento de gasto que pueda suponer la pretensión normativa que se alienta en la iniciativa o
cualesquiera otra.
Si una mira los extractos en las bases de datos del Congreso, se ve que siempre consta el traslado al Gobierno, pero jamás nos consta luego a los grupos parlamentarios, y respecto de este lo he indagado expresamente, si ha habido
o no manifestación alguna del Gobierno al respecto. Que tenga que ser sometida una iniciativa que proviene de un órgano de la soberanía popular, órgano constitucional por tanto y órgano que ha tomado su decisión con las mayorías que su reglamento
prevé, que tenga que pasar por este trámite de la toma en consideración quizá sea algo desproporcionado. Esta facultad de remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley ha sido, en función de esta cierta humillación que sufre al tener que
pasar por el trámite de la toma en consideración, calificada por
algún sector doctrinal como una cuestión que es intermedia entre las simples peticiones, previstas también en el artículo 87.2 de la Constitución, y los actos susceptibles de desencadenar inmediatamente un procedimiento legislativo en
sentido estricto. He estado considerando, señorías, las que por esta vía se habían presentado en esta legislatura a la Cámara y siendo muy numerosas -esta tiene la número 21 de las tramitadas en la presente legislatura- son sin embargo muy pocas
las que se han tomado en consideración, y aun de las tomadas en consideración sólo una, la que hace referencia a la declaración de parque natural de las Islas Atlánticas, ha llegado a poder ser tramitada como auténtico proyecto de ley. Nos parece,
por tanto, que hay un cierto desprecio a este cauce que el artículo 87.2 de la Constitución prevé, en la medida en la que o bien luego no es aceptada por estas Cortes Generales la iniciativa que corresponde a las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas o bien, aceptada, no se toma con la suficiente seriedad por quienes tienen las mayorías bastantes para requerir en un futuro la iniciación de los procedimientos respectivos. Repito, salvo la relativa a la declaración del
parque natural de las Islas Atlánticas como espacio singularmente protegido, las demás no han llegado a buen puerto en lo que va de legislatura.
Esta simpatía inicial por el procedimiento legislativo utilizado nos llevaba, sin embargo, a tener una cierta suspicacia en relación con cuál es el motivo o el contenido concreto de la iniciativa que se nos presenta. Se trata de establecer
un nuevo partido judicial, respecto de lo cual, y me lo podrían afear por mis intervenciones en el 'Diario de Sesiones' en otros momentos, siempre hemos sostenido que la cuestión de articulación o de establecimiento de los distintos partidos
judiciales en los términos que prevé el artículo 32 de la Ley orgánica 6/1981 debiera hacerse con el carácter de globalidad y no localidad a localidad, lo cual permite disfunciones según la capacidad de presión de unas u otras instancias. Sin
embargo, en cuanto al momento concreto en que esta iniciativa llega a la Cámara y también en cuanto a las razones a través de las cuales se argumenta, se establece en su exposición de motivos que es la idea de la creación de un nuevo centro
penitenciario lo que hace pensar que las distancias kilométricas pueden suponer una inversión en tiempo y desplazamientos excesiva, además de un gasto económico importante en relación con las tramitaciones judiciales vinculadas a la existencia de un
nuevo centro penitenciario. Circunstancias penitenciarias benefician la pretensión que se trae desde las Cortes de Aragón en nuestro aprecio cuando menos. Cuando se está tramitando un proyecto de ley de alejamiento de los juzgados de Vigilancia
para determinados delitos, las razones de tiempo y de costo de los desplazamientos necesarios para atender las necesidades de un centro penitenciario, que en aquel caso se unen a los derechos del reo, puesto que en el caso de los juzgados de
Vigilancia estamos además hablando de la tutela y salvaguardia de los derechos de estos, nos parecen razones bastantes para estar a favor de la iniciativa que ahora se trae. Se me dirá que estoy uniendo cuestiones que no son iguales. Aquí se trata
de la creación de un partido judicial, allí se trata de la centralización de determinados órganos judiciales. Piénsese bien, señorías. No son tan alejadas las razones que se exponen en la exposición de motivos de las que sustenta la oposición de
quienes entendemos que los juzgados de Vigilancia no pueden estar alejados de los centros de cumplimiento donde se encuentran las relaciones jurídicas que están llamadas a mantener y a tutelar y sobre todo los derechos de los reclusos que los
juzgados de Vigilancia penitenciaria tienen como función principal sostener. La forma de la iniciativa, que proceda de un órgano de la soberanía de una comunidad autónoma, junto a las razones que he indicado indudablemente prácticas y operativas de
cercanía, que conllevan la eficacia y la eficiencia en suma, nos llevarán en este caso a entender que deba tomarse en consideración, deseándole, eso sí, de obtener las mayorías parlamentarias bastantes, más éxito que las demás que han sido tomadas
en consideración por esta Cámara en esta legislatura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Vaya mi saludo a los representantes de las Cortes de Aragón. Es conveniente volver a recordar la sencillez y al mismo tiempo la complejidad de las cosas que están planteando. Sencillamente están planteando añadir un nuevo juzgado a la
planta en Aragón para atender a las necesidades derivadas de la apertura de la llamada macrocárcel de Zuera con una capacidad para más de 2.000 reclusos. En su día, señorías, cuando el PP estaba en la oposición, se opuso a la apertura de la cárcel.
Cuando llegó el Gobierno, Instituciones Penitenciarias, bajo la dirección del PP, sin embargo, abrió la cárcel, pero este centro penitenciario nuevo ha creado una serie de necesidades, entre otras atender adecuadamente a los reclusos sin que tengan
que producirse constantes traslados de los mismos a Zaragoza, nuevas necesidades que deben de ser atendidas. La proposición de ley de las Cortes de Aragón ha sido apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, excepto el PP, dentro de su magnífica
lógica cartesiana, que tiene el dudoso mérito de haberse opuesto al centro, haberlo puesto en funcionamiento y negarse ahora a atenderlo adecuadamente a través de una reforma de la planta judicial. Mi fuerza parlamentaria en su día se opuso a la
apertura de la macrocárcel de Zuera por seguir siendo partidaria de
otro modelo penitenciario alejado de las macrocárceles y defensora de los centros medianos y pequeños con un tratamiento penitenciario más especializado. No obstante, la cárcel está ahí y por lo tanto atendimos la lógica de la iniciativa
que en su día se planteó en las Cortes de Aragón y hace unos meses votamos a favor de la proposición de la ley. Por lo tanto, con esa lógica, a lo mejor no tan cartesianamente pura como la del Partido Popular, nosotros votaremos a favor de esta
proposición de ley de las Cortes de Aragón por entender que con las medidas en ella previstas se puede mejorar la tutela judicial efectiva en Aragón, así como los derechos de los reclusos que cumplen condena en el centro penitenciario de Zuera.
Termino agradeciendo en nombre de mi grupo parlamentario, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a las Cortes de Aragón por su ejercicio de la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales, por ser estas iniciativas legislativas de
las comunidades autónomas actuaciones que enriquecen la vida en esta Cámara, a pesar de que la actual mayoría parlamentaria del PP se empeñe sistemáticamente en no admitir ninguna a trámite. Por lo menos, en esto hay que agradecerle que hayan
votado en contra en las Cortes de Aragón. Otras veces nos juegan con el contradiós de votar a favor en los parlamentos autonómicos y aquí votar en contra.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, desde otro territorio quiero dar la bienvenida a estas Cortes Generales a los representantes de las Cortes de Aragón, territorio con el que nos manifestamos muy solidarios.
Saben SS.SS. el interés que ha tenido mi grupo parlamentario en la modificación de la demarcación y planta judicial, por un lado, ante el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, en la medida
que no se ha cumplido en modo alguno la revisión quinquenal que preveía precisamente ese artículo y, por otro, ante el reconocimiento de insuficiencia manifiesta de lo dispuesto en el artículo 35.2 en el que se reconoce, para nosotros desde un punto
de vista muy corto, con poco protagonismo, la participación de las comunidades autónomas en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio. El planteamiento de Convergència i Unió es que las comunidades autónomas, al menos
aquellas que ostentan competencia en materia de Administración de justicia, han de tener una posibilidad ilimitada, una competencia exclusiva respecto de la creación de nuevos juzgados, respecto de la localización en los que estos deban situarse,
así como también respecto del grado de implantación. Tal ha sido nuestro interés respecto de la modificación de la demarcación y planta judicial que este mismo año presentamos en el debate de política general sobre el estado de la Nación una
propuesta de resolución, la 112, en la que se solicitaba que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a que atendiendo a los efectos de las reformas procesales recientemente en vigor, así como a las variaciones del índice real de
litigiosidad, la remisión a la Cámara de un proyecto de ley de modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial con el objeto de crear nuevos partidos judiciales. Esta propuesta de resolución, con el típico matiz
que requería el consenso con el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada constituyendo precisamente la resolución número 2 en dicho debate sobre el estado de la Nación. De ahí que mi grupo parlamentario no se va a oponer, en modo alguno, a la
tramitación de la proposición de ley que nos traen aquí las Cortes de Aragón, y no puede sino aprovechar esta ocasión para poner de manifiesto también la necesidad imperiosa que tiene Cataluña de la modificación de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial. En primer lugar, la creación de nuevos partidos judiciales derivados, como en el caso de Aragón, de un incremento de la litigiosidad, un incremento de población que es lo que nos permite solicitar el partido judicial de Sant Cugat y
Viladecans. En segundo lugar, más importante todavía desde la perspectiva política es la necesidad de acompasar la demarcación y planta judicial a la estructura peculiar de la Administración local de Cataluña a través de las comarcas.
De ahí que
hayamos solicitado también la creación de los partidos judiciales de Tarrega, Mollerusa, Borges Blancas, Sort, Pont de Suert en Lleida; de Montblac y Mora de Ebro en Tarragona, y de Bañolas en Girona.
De la misma manera entendíamos absolutamente
imprescindible la creación de una demarcación penal propia y específica para Vic, cuyo ámbito territorial o de influencia abarca unas 150.000 personas y que en estos momentos está siendo asistido por un juzgado de lo penal que se desplaza desde
Manresa. De ahí, como señalaba anteriormente, que no nos vayamos a oponer a esta tramitación parlamentaria. Es nuestro interés que se efectúe una modificación global de la demarcación y planta judicial. En eso estamos y es lo que estamos
negociando precisamente con el Ministerio de Justicia. A la espera de las explicaciones que se nos suministren desde el Grupo Parlamentario Popular, anticipo ya que en modo alguno procederemos a oponernos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Gallizo.
La señora GALLIZO LLAMAS: Señora presidenta, señorías, queridos compañeros de las Cortes de Aragón, tengo que empezar diciendo que el hecho de que tenga que venir a este Parlamento una representación de las Cortes de Aragón a defender una
proposición de ley como esta es expresión de que los mecanismos de cooperación entre las comunidades autónomas y el Gobierno no funcionan bien. Tengo que decir también que me parece insólito que debamos hacer aquí este debate sobre algo tan
sencillo y tan de sentido común como que cuando se construye un centro penitenciario que albergará a más de 1.000 internos en una zona en la que no existía infraestructura judicial para abordar esa nueva realidad haya que prever dotarla de la misma.
Quiero recordar que el nuevo centro penitenciario de Zaragoza, aunque lleva abierto únicamente un año y medio, estuvo cinco años terminado y sin abrir. Fíjense ustedes si hubo tiempo de sobra para planificar un nuevo partido judicial y ponerlo en
marcha. Quizá a alguna de SS.SS. le parezca insignificante esta cuestión de si se crea o no un nuevo partido judicial en una pequeña localidad de Zaragoza, y sin duda es una cuestión menor, pero es en lo pequeño donde las grandes declaraciones y
los grandes propósitos de los discursos políticos se hacen o no dignos de crédito.
Escuchamos reiteradamente discursos sobre los propósitos del Gobierno de incrementar la eficacia de la justicia, pero si no se ponen medios para racionalizar, agilizar y mejorar el día a día de la Administración de justicia no será más
eficaz ni más ágil ni más justa. Más seguridad con menos recursos es una paradoja, o sea, como diría mi paisana María Moliner, una aserción absurda que se presenta con apariencia de razonable. Quiero recordar que en junio de 2002 debatimos en la
Comisión de Justicia e Interior esta cuestión y que varios grupos pusimos sobre la mesa la necesidad de afrontar en todos los órdenes lo que ha significado la apertura del nuevo centro penitenciario de Zaragoza en Zuera, a más de 40 kilómetros de la
capital. Como cualquiera se puede imaginar, la apertura de un centro penitenciario que hoy alberga ya a 1.100 internos ha provocado, como ya se ha dicho, un aumento espectacular de diligencias a practicar por el juzgado de paz de Zuera, produciendo
una situación de colapso del mismo que necesita remedio de forma urgente.
Es sorprendente, insisto, que el Ministerio de Justicia no tenga previsto que cuando se abre un centro penitenciario con capacidad para 1.000 personas en el término municipal de una pequeña localidad la infraestructura judicial que existía
en la misma para tramitar asuntos corrientes va a ser evidentemente insuficiente para abordar todos los asuntos que provienen de la existencia de un centro penitenciario de estas características, pero es que ni siquiera se ha reforzado el paupérrimo
juzgado de paz existente. No sólo es el colapso del juzgado de paz; es que, como hemos dicho, la localidad de Zuera, en la que se ubica el centro penitenciario de Zaragoza, dista 40 kilómetros de la capital, lo que provoca un constante
desplazamiento de detenidos, internos, letrados, jueces de vigilancia, etcétera, para cualquier diligencia judicial; desplazamientos que movilizan no sólo a los directamente afectados sino a conductores, guardias civiles, funcionarios; o sea, un
largo etcétera de personas que obviamente mientras hacen esto no hacen otras cosas. Es decir que de los menguados efectivos con que contamos para la seguridad una parte hay que dedicarla a estas bonitas excursiones desde Zuera a los juzgados de
Zaragoza.
Quiero hacer referencia también, por si ustedes no lo han pensado, a la penosidad que supone para una persona desplazarse esposada en un furgón blindado, sin ventilación ni ventana al exterior, 40 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta
para una pequeña diligencia. Espero que no les parezca que como son reclusos esto les va en la condición. Se ha tenido que incrementar el número de vehículos puestos a disposición de los juzgados para los desplazamientos al centro penitenciario,
pero creemos que para resolver de verdad este asunto, para evitar penalidades innecesarias a los internos que deben ser trasladados para muchas diligencias a Zaragoza, para evitar la movilización de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso
de la Guardia Civil que no anda precisamente sobrada de efectivos, en fin, para racionalizar esta cuestión que debería haberse previsto hace tiempo, lo pertinente es, tal y como ha planteado la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón y como demandan las Cortes de Aragón y hoy nos lo expresan aquí, la creación de un nuevo partido judicial con cabecera en Zuera.
Es verdad que lo aconsejable es que se haga una propuesta de conjunto sobre el mapa judicial, como se acordó en el pacto para la reforma de la justicia, pero también es cierto que la dilación excesiva en hacerlo crea problemas muy serios que
hay que resolver. Esta proposición no sólo no lo contraviene sino que creemos que está perfectamente en sintonía con lo suscrito en el citado pacto de Estado cuando dice que se aprobará un nuevo mapa judicial que permita agilizar y acercar la
justicia al ciudadano y también -cito textualmente- que el nuevo mapa judicial se establecerá con criterios que permitan ajustar la organización a la carga de trabajo existente y -dice por último- que se procederá a redefinir el ámbito de los
partidos judiciales más grandes, creando órganos cercanos.
En definitiva, esta proposición creemos que se sitúa en los principios que inspiran ese pacto que debe aplicarse, en nuestra opinión, en todos sus extremos, no sólo en los que conviene al
Gobierno legislar con carácter de urgencia. Así que creemos que su aprobación no sólo no entorpece sino que ayuda en los compromisos que adquirimos al firmar el pacto: velar por el buen funcionamiento y la mayor eficacia de un servicio público
capital y también por la calidad democrática y el bienestar social. Consecuente con todo ello, el Grupo Parlamentario
Socialista votará a favor de esta proposición que nos presentan las Cortes de Aragón.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Gallizo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar quiero dar la bienvenida a los señores diputados que han venido de las Cortes de Aragón a presentar esta proposición de ley, Cortes de Aragón en las que tuve el honor de iniciar mi actividad
parlamentaria.
Entrando en el fondo de la cuestión, según recoge el anexo I de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, el municipio de Zuera está integrado en el partido judicial número 3 de la provincia de Zaragoza, con sede en esta localidad. Dicho
municipio cuenta con una población de derecho de 5.562 habitantes y una extensión de 332 kilómetros. Existen peticiones desde distintas instancias de creación de un nuevo partido judicial configurado por los municipios de San Mateo de Gállego,
Villanueva de Gállego y Zuera, creación que habría de realizarse necesariamente mediante ley, de acuerdo con lo previsto en los apartados 1 y 5 del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y si a los citados municipios se incorporan los
de Perdiguera, Leciñena, Farlete y Monegrillo, tal y como se plantea en esta proposición de ley, el partido solicitado contaría con una población de derecho de 13.862 habitantes y una superficie de 1.055 kilómetros, siendo el primer parámetro
sensiblemente inferior al considerado como modelo general del partido por la propia ley, aunque no así el segundo. Por lo que respecta a la capitalidad del partido propuesto, ésta habría de ser fijada mediante ley por la Comunidad Autónoma de
Aragón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.4 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. En todo caso, dado que esta actuación consiste en la creación de un nuevo partido judicial, implicando una alteración en la demarcación, el momento
de abordar el tema será cuando se proceda a revisar, desde una perspectiva general y como operación de carácter global, la Ley de Demarcación y Planta Judicial en lo que a modificación y creación de partidos judiciales se refiere. Hay que recordar
que el pacto de Estado por la justicia incluye entre sus medidas el diseño de un nuevo mapa judicial, lo cual ha de efectuarse desde un estudio general para toda España en el que se tengan en cuenta las distintas circunstancias y con el objetivo
puesto en un mejor funcionamiento de la justicia de cara al ciudadano. Para el caso concreto de Zuera, será en ese momento cuando se efectúen estudios detallados y se evalúen todos los datos y circunstancias concurrentes, previos los informes
preceptivos de la correspondiente comunidad autónoma y del Consejo General del Poder Judicial.
No quiero terminar sin detenerme en alguna de las cuestiones a que se ha hecho referencia en esta tribuna, como que es una reivindicación.
Naturalmente que es una reivindicación, pero se han olvidado temas importantes como que se solicitó
en su día un informe jurídico a las Cortes de Aragón para que valoraran si se ajustaba a derecho la iniciativa, y el informe dice claramente que no respeta el ordenamiento jurídico. Aparte de esta cuestión, entrando en el fondo, en nuestra opinión
no es el momento de plantear una reforma parcial de la Ley de Demarcación y Planta Judicial para solucionar un solo problema. Lo que hay que hacer es la elaboración de un informe -al que nadie ha hecho referencia- por parte del Gobierno de Aragón,
al que se le ha pedido dos veces y no lo ha hecho, respecto de su propuesta de reforma de la demarcación judicial para todo el territorio aragonés. El Gobierno de España ha iniciado la reforma de la demarcación judicial para todo el territorio
español, y para ello ha solicitado el informe preceptivo a todas las comunidades autónomas (también a la de Aragón, como he dicho antes, dos veces y no ha contestado), siguiendo escrupulosamente lo que dice el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, que es lo siguiente: A tal fin, las comunidades autónomas participarán en la organización de la demarcación judicial de sus territorios respectivos remitiendo al Gobierno, a solicitud de éste, una propuesta de la misma en la que
fijarán los partidos judiciales. Por otro lado, ha hecho referencia con bastante detalle a la macrocárcel la representante del Grupo Socialista. Parece ser que la macrocárcel la ha realizado el Partido Popular y ella sabe perfectamente que no,
posiblemente lo sepa mejor que otros porque en sus tiempos se opuso a la misma. También ha hecho referencia a los desplazamientos a Zaragoza, los 40 kilómetros, etcétera. Los que en su momento tuvieron esa idea tan privilegiada de ubicar la cárcel
precisamente en Zuera debían haber pensado en lo que había que hacer después, porque año y medio no es tiempo suficiente para lo que anteriormente ya se había previsto o por lo menos pensaban los que la ubicaban allí.
Quiero terminar diciendo que el Grupo Popular del Congreso quiere dar solución con prontitud a los problemas que genera en la Administración de justicia la apertura del centro penitenciario de Zuera y que se solucione junto con todos los
problemas que actualmente presenta la Administración de justicia en la Comunidad Autónoma de Aragón, máxime si se quiere recibir en no mucho tiempo la transferencia. Para ello lo primero que tiene que hacer el Gobierno de Aragón, como he dicho
antes, es remitir al Gobierno de España una propuesta de demarcación judicial del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón en la que fije los partidos judiciales y, además, tenga especialmente en cuenta las circunstancias derivadas de la
apertura del
centro penitenciario de Zuera, porque el pacto de Estado por la justicia, señora Gallizo, hay que leerlo entero, no solamente lo que nos interesa.
Dice así: Se aprobará un nuevo mapa judicial que permita agilizar la justicia al ciudadano.
El nuevo mapa judicial se establecerá con criterios que permitan ajustar la organización a la carga de trabajo existente en cada parte del territorio nacional. (Y forma parte del territorio nacional no solamente un trozo de Aragón sino todo
Aragón.) Se potenciará la justicia de proximidad de manera que haya juzgados más cercanos al ciudadano; se contemplará la creación de un nuevo órgano unipersonal -juzgado de lo Civil- que permitirá aligerar de su actual carga de trabajo a los
juzgados de Primera Instancia y será pieza esencial para acercar la justicia al ciudadano; se avanzará en el diseño de juzgados especializados en materia mercantil, se contemplará el desarrollo de los juzgados de familia en el orden penal y se
procederá también a redefinir el ámbito más grande de los partidos judiciales, creando órganos cercanos. Esto es lo que dice el pacto por la justicia.
No estamos de acuerdo en que vayan con retraso los trámites, gestiones y trabajos que el Ministerio de Justicia viene realizando desde hace muchos meses; no van con retraso en absoluto. Quizás vayan retrasados Aragón porque no ha mandado
aún su informe; es obligación y responsabilidad suya enviarlo. Es objetivo claro del Gobierno de España la atención al índice real de litigiosidad. Desde nuestro punto de vista, la seguridad no es un fracaso estrepitoso, como ha dicho el señor
Catalá en esta tribuna, añadiendo además que la justicia está mucho peor desde que gobierna el Partido Popular. Ojalá hubiese estado la mitad de la mitad que ahora cuando gobernaba el Partido Socialista. Repito que es objetivo claro del Gobierno
de España atender al índice real de litigiosidad, para lo cual creará el número de juzgados que sea necesario, con demarcaciones más pequeñas y juzgados más cercanos. En ese mapa judicial, los juzgados de Primera Instancia serán la pieza esencial
de acceso del ciudadano a la justicia. El Gobierno de la nación hará lo posible para que en la Comunidad Autónoma de Aragón -a la que tengo el honor de pertenecer como aragonés- la justicia esté cerca del ciudadano. Por supuesto, no se cierra la
puerta a ninguna zona ni a nadie.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueso.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños.
Antes de proceder a la votación del punto del orden del día que ha sido debatido, la presidencia, de conformidad con los portavoces de los grupos parlamentarios de la Cámara, somete al Pleno la aprobación de la siguiente declaración
institucional: Aproximadamente tres millones de ciudadanos presentan alguna discapacidad. Si tenemos en cuenta las familias que tienen en su entorno alguien con discapacidad, el número de personas relacionadas directamente con esta realidad se
eleva a 10 millones. El proceso de normalización social de este grupo de población ha sido impulsado fundamentalmente por el movimiento asociativo de personas con discapacidad. Gracias al trabajo de este movimiento asociativo y al mayor compromiso
de los poderes públicos en sus ámbitos estatal, autonómico y local y también de la sociedad en general, la población con discapacidad ha experimentado avances y progresos en distintas esferas que han mejorado sus niveles de participación social,
estando todavía, sin embargo, lejos de una situación satisfactoria. Las personas con discapacidad son todavía un grupo en riesgo de exclusión que precisa de políticas enérgicas que promuevan su plena incorporación social. Por ello el Congreso de
los Diputados se suma a la celebración del año europeo de las personas con discapacidad, grupo de población que debe constituir un eje de atención preferente de la acción de los poderes públicos para garantizar los derechos, la no discriminación y
la equiparación de oportunidades de las personas que lo componen. El Congreso de los Diputados hace suyo y recuerda la necesidad de hacer efectivo el mandato del artículo 49 de la Constitución española, que debe ser la base de toda la política
oficial de atención a las personas con discapacidad que desarrollen los poderes públicos. El Congreso de los Diputados manifiesta su propósito de tener en cuenta las demandas y necesidades de las personas con discapacidad y sus familias con
carácter transversal en todas las labores que tiene encomendadas como poder del Estado. El Congreso de los Diputados se adhiere institucionalmente a la Declaración de Madrid sobre personas con discapacidad aprobada por el primer Congreso europeo de
personas con discapacidad, celebrado en Madrid del 20 al 23 de marzo de 2002, cuyos contenidos programáticos y principios inspiradores comparte y asume.
¿Aprueba la Cámara esta declaración? (Asentimiento.)
Muchas gracias. (Aplausos.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
- DE LAS CORTES DE ARAGÓN, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DEMARCACIÓN Y DE PLANTA JUDICIAL. (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón, de modificación
de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 128; en contra, 155; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), PARA COMPATIBILIZAR LAS PENSIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI) CON LAS PENSIONES DE VIUDEDAD DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
(Número de expediente
122/000224.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del
seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) con las pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
Para la presentación y defensa de la misma, el señor Campuzano tiene la palabra. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio. Hay un diputado en la tribuna
intentando hacer uso de la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Campuzano, es imposible que le oigan. Señorías, ruego ocupen los escaños y guarden silencio. Hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra y se lo impide el nivel de conversación
de los diputados en los escaños.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS : Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para pedir a la Cámara que tome en consideración una proposición de ley que fundamentalmente pretende hacer compatibles las pensiones de viudedad con las
pensiones del denominado SOVI. Esta es una iniciativa nada novedosa en esta Cámara. Mi grupo parlamentario ha planteado esta misma proposición de ley en diversas ocasiones, en forma de toma en consideración, pero también a través de enmiendas en
los debates presupuestarios presentadas por nuestro portavoz en esta materia, el señor Sánchez i Llibre. Por desgracia, la mayoría absoluta del Gobierno siempre ha negado la posibilidad de esta toma en consideración para solucionar el problema que
plantea la compatibilidad entre el SOVI y la pensión de viudedad. Pero esta tarde, cuando mi grupo pone de nuevo esta iniciativa encima de la mesa lo hace desde la confianza de que los compromisos políticos asumidos por parte del Grupo Popular en
el debate... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Campuzano.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Decía que cuando esta tarde mi grupo trae de nuevo esta cuestión al Pleno de la Cámara lo hace con la voluntad de hacer efectivos aquellos compromisos políticos que el grupo de la mayoría asumió en los debates presupuestarios de este último
año. En concreto, el 21 de noviembre del año pasado el portavoz en la Comisión de Política Social y Empleo, nuestro colega el señor Azpiroz, respondiendo a las enmiendas del señor Sánchez i Llibre, manifestaba una posición favorable del Gobierno a
la resolución de esta problemática. El señor Azpiroz afirmaba que el Gobierno estaba estudiando cómo podían articularse las medidas para hacer efectiva esta compatibilidad, esta concurrencia, y tan sólo ponía como pero la necesidad de articular
determinados límites de forma - y cito literalmente- 'que no se produjeran situaciones de injusticia'. En su día, nuestro grupo valoró positivamente esa afirmación del señor Azpiroz y hoy mi grupo, con esta toma en consideración, pretende poner en
marcha el proceso parlamentario precisamente para subsanar esa situación. Y he de afirmar ya de entrada, señorías, que Convergència i Unió no entendería que hoy el Grupo Popular no tomase en consideración esta proposición de ley. Nos parecería que
no tomar en consideración esta iniciativa tan sólo se podría entender como un ejercicio de sectarismo partidista no entendible en una materia como la que nos ocupa, una materia de un alto contenido social. Señorías, simplemente votar en contra de
la toma en consideración de esta proposición de ley porque se trata de una iniciativa política que no ha sido presentada por el grupo del Gobierno no es aceptable en una cuestión que afecta a la calidad de vida de unas cuantas miles de mujeres
mayores en todo el Estado español. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Lo que planteamos fundamentalmente con esta iniciativa es hacer posible que una mujer viuda no deba de escoger entre su pensión de viudedad -un 47 por ciento
de la base reguladora de la pensión de su marido- o una pensión SOVI, que hoy representa unas 47.000 pesetas; que una mujer que mientras vivía con su marido percibía una pensión de 120.000 pesetas derivada de la pensión de jubilación de su
esposo, cuando se queda sola no tenga que escoger entre las 60.000 pesetas de la pensión de viudedad de su marido y las 47.000 pesetas de la pensión del SOVI. Es una situación que mi grupo pretende subsanar, una situación injusta para un número muy
considerable de mujeres que antes de 1967 trabajaron, cotizaron y que, a partir de cierta edad, porque las circunstancias históricas, económicas, sociales y culturales eran otras, se veían obligadas a abandonar su puesto de trabajo, aunque
continuaban trabajando en el seno de su unidad familiar y esperando que cuando les llegase la edad de jubilación el conjunto de la sociedad fuese suficientemente generoso para valorar ese esfuerzo que hicieron para tirar adelante con sus familias,
con sus proyectos personales, haciéndose cargo de la educación de sus hijos, cuidando muchas veces a sus padres. Pretendemos subsanar esta situación de una injusticia social evidente y lo hacemos en un contexto donde asumimos que hoy la pobreza en
España tiene rostro de mujeres que viven solas. Es también, señorías, una iniciativa que pretende hacer frente a una realidad de pobreza que existe en muchos núcleos urbanos de las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia,
en Sevilla, en La Coruña.
Señorías, si en noviembre del año pasado se nos decía que el Gobierno estaba en condiciones de avanzar hacia la solución de este problema, que tan sólo habría que valorar el impacto económico y delimitar que no se produjeran situaciones
injustas, mi grupo no entendería que hoy el Grupo Popular no votara esa toma en consideración. Señorías del grupo de la mayoría, saben que la toma en consideración no presupone la aprobación con efectos inmediatos del contenido de esta ley sino un
trámite parlamentario que podría permitir corregir las posibles e hipotéticas situaciones de injusticia que se provocasen por esta medida. Además, situados en el terreno del coste económico de esta medida, es evidente que el coste es escaso en un
momento en el que la Seguridad Social tiene un superávit que supera al medio billón de pesetas, que el coste de esta medida, el coste de hacer compatible la pensión SOVI con la de viudedad es, según informes de la propia administración de la
Seguridad Social, de 9.000 millones de pesetas; una cifra miserable, pequeña, una cifra que perfectamente nos permitiría ser justos con aquellas mujeres que en su día cotizaron y que hoy se ven obligadas a escoger entre su escasa pensión de
viudedad y esa pensión del SOVI. Además sabemos que la realidad del SOVI tiene tendencia a decrecer porque, por la propia configuración demográfica del grupo de personas que perciben el SOVI, cada vez tenemos menos personas que cobran dicha
pensión. Hoy, en el conjunto del Estado, deben ser alrededor de 240.000 personas. Hace relativamente pocos años hablábamos de 350.000 personas. Hay menos perceptores del SOVI, esta no es una propuesta que suponga un incremento del gasto público,
sabemos que es una propuesta que pretende dar una respuesta justa a una situación no aceptable moralmente y que además no pone en riesgo el funcionamiento de nuestro sistema de protección social.
Por tanto, se nos escapa por qué razones hoy no se
va a tomar en consideración esta iniciativa. Quizá se nos diga que el Gobierno, en los últimos Presupuestos Generales del Estado, está siendo generoso con el colectivo de personas viudas y que en el marco de los acuerdos de abril de 2001 con
Comisiones Obreras y la CEOE se ha avanzado en la mejora de las pensiones de viudedad. Todos hemos visto, algunos con sorpresa, incluso con cierta vergüenza ajena, algunas campañas publicitarias que se hacen desde el propio Gobierno enfatizando el
esfuerzo que se hace con el colectivo de viudas. Pero, señorías, seamos realistas, los aumentos de la base reguladora de las pensiones de viudedad tienen hoy un escaso impacto en los bolsillos de la inmensa mayoría de las viudas, porque la mayor
parte de las mejoras en la base reguladora quedan absorbidas por la desaparición de los complementos de mínimos. Además, para las pensiones de viudedad más bajas no se produce el aumento de un solo euro; para ellas el incremento de la base
reguladora no supone ningún aumento. Esto es diferente para las pensiones de mayor cuantía, pues para ellas el incremento de la base reguladora implica algún aumento.
Además, señorías, en la respuesta parlamentaria a la pregunta planteada por nuestra colega la señora López i Chamosa sobre el impacto del paso de la base reguladora de la pensión de viudedad del 45 al 46 por ciento, se puso en evidencia que
las cifras de las que estamos hablando eran realmente escasas. El incremento neto de un punto supuso para las arcas del Estado cerca de 82 millones de euros, una cifra realmente modesta.
Quizás haya tenido más impacto lo que se ha publicitado que
lo que ha terminado afectando a los bolsillos de esas mujeres viudas. Por tanto, no es excusa decir que el Gobierno avanza en la mejora de la protección social de la pensión de viudedad, porque esa mejora, siendo positiva y necesaria, la mayoría de
las veces tiene un impacto muy escaso en los bolsillos de las afectadas, un impacto muy pequeño y asumible en los Presupuestos Generales del Estado y, específicamente, en nuestro sistema de protección social. Hacemos esto, señorías, en el contexto
de ese incremento de la pobreza urbana con rostro de mujer que vive sola, en un contexto en que el conjunto del gasto público en España en materia de protección social no avanza suficientemente. Quizás la gran pregunta que esta Cámara se podría
hacer hoy sería: ¿Cómo es que en un momento de crecimiento económico como el que hemos vivido en los últimos años no hemos sido capaces de ser más generosos con aquellas generaciones que han permitido
que en España, donde el Estado de bienestar ha tenido un desarrollo escaso, la educación de los hijos y las posibilidades de las familias se desarrollasen tal como lo han hecho?
Señorías, esta iniciativa de Convergència i Unió responde a un planteamiento socialmente justo, cargado de sentido común, que no supone un incremento sustancial del gasto público y que está orientada a hacer partícipe del crecimiento
económico que hemos vivido estos años y de los superávit de la Seguridad Social a aquella generación de personas que más ha dado al conjunto de la sociedad. Es una iniciativa que se presenta en un contexto político en el que uno de los principales
activos que habíamos construido entre todos desde 1995, que era el consenso en torno al Pacto de Toledo, está siendo cuestionado por declaraciones extrañas y por iniciativas del Gobierno tomadas fuera del marco de dicho pacto. A mi grupo le
preocupa que la falta de sensibilidad que se va a mostrar esta tarde con el rechazo de la toma en consideración de esta proposición de ley se produzca en ese contexto de falta de consenso en el ámbito de la política de pensiones y de iniciativas
unilaterales del Gobierno en esta materia. Mi grupo entiende que un gesto del Grupo Popular, tomando hoy en consideración esta proposición de ley, sería una apuesta por retomar el consenso y el sentido común en materia de pensiones y por volver a
hacer creíble la política del Gobierno en ese ámbito. Mi grupo espera de la mayoría gubernamental una visión no sectaria de esta cuestión, una visión seria que enlace con aquello que se afirmaba en noviembre de 2002, que nos permita que la
esperanza que supuso aquel anuncio de entonces, cuando por fin parecía que la vieja cuestión de la compatibilidad del SOVI y la pensión de viudedad se iba a resolver, se haga realidad. Esperamos que esas esperanzas no se trunquen por un ejercicio
prepotente de la mayoría absoluta. Pido a los diputados de la mayoría que reflexionen, para que podamos contar con sus votos esta tarde.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo con toda brevedad para anunciar que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán, con la que se pretende que
puedan hacerse compatibles las pensiones del SOVI y de viudedad. Creo que no es necesario extenderse en demasiados argumentos, y no lo voy a hacer porque el señor Campuzano los ha expuesto bien y brillantemente, como siempre. En todo caso, quiero
decir que valoramos muy positivamente esta iniciativa, tanto desde el punto de vista de lo que significaría restituir o poner en marcha algo que es de justicia como desde el punto de vista económico, pues contribuiría a incrementar las exiguas
pensiones de muchos pensionistas del SOVI.
Creemos que se trata de una cuestión de equidad legal, ya que es realmente injusto que se mantenga una incompatibilidad entre pensiones de distintos sistemas de protección social cuyo reconocimiento se ha
producido al amparo de legislaciones distintas, promulgadas en períodos diferenciados.
No estamos hablando, por tanto, de incompatibilidad entre pensiones de un mismo sistema, sino de que la regulación posterior del actual sistema de la Seguridad Social ha venido a inviabilizar que se puedan seguir reconociendo pensiones
generadas por cotizaciones al amparo de una norma anterior, lo cual, repito, debe ser eliminado. Estas son las razones de nuestro voto favorable.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para anunciar el apoyo de Coalición Canaria a la iniciativa que hoy se nos presenta, a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Catalán. En nuestra opinión, es de justicia resolver una situación
cuyo impacto económico o presupuestario es probable que sea relativamente menor, incluso, a lo largo del trámite parlamentario, podrían valorarse las cifras de las que estamos hablando.
Lo cierto es que se trata del seguro obligatorio de vejez e
invalidez, que es un régimen a extinguir, un régimen residual, por lo que entendemos que su repercusión económica tampoco puede justificar el que se siga perpetuando esta situación para muchas mujeres que, como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Catalán, están viviendo no en otros países o en el tercer mundo, sino aquí, en las distintas comunidades del territorio español, mujeres que están sufriendo un fenómeno de feminización de la pobreza; un fenómeno por el que en las mujeres inciden
los problemas sociales y económicos y de la exclusión social; un fenómeno que se da sobre todo en mujeres del grupo llamado de la tercera edad, mujeres, hay que recordarlo, que han tenido una vida de trabajo en muchos casos no remunerado. Creo que
con este sector de la población toda la sociedad tiene una responsabilidad, un compromiso
ineludible, para que puedan hacer compatibles unas pensiones que les permitan vivir con un mínimo de dignidad.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Tal como el portavoz de Convergència i Unió ha manifestado y se expresa en la exposición de motivos de esta proposición de ley, este tema es bastante recurrente y además, básicamente, todos los grupos, por lo menos en teoría, estamos de
acuerdo, ya que así suelen ser las manifestaciones que se hacen. Sin embargo, también hay que decir que el único logro de toda esta recurrencia es o era la timidísima propuesta de una actualización en cuatro años de las pensiones no recurrentes del
SOVI.
Voy a esgrimir sólo un argumento en defensa de esta proposición presentada por el Grupo Catalán y es el de que si el Estado ha decidido que el salario mínimo, en su caso el equivalente, la pensión mínima de dignidad de las personas es de
75.000 pesetas al mes, ¿cómo es posible que permita la existencia de pensiones, por llamarlas de alguna manera, cuya cuantía ronda las 46.000 pesetas, y además con unas incompatibilidades, de incapacidad permanente, viudedad, con el resto de los
distintos beneficios que podría obtener de diversos regímenes? ¿Alguno de los presentes -y me dirijo fundamentalmente al Grupo Popular- cree que se puede malvivir con esta cantidad? ¿Alguno de los presentes cree -y me vuelvo a dirigir al Grupo
Popular- que se puede expresar con la rotundidad con que se ha manifestado el señor Aznar al hablar de las pensiones no contributivas, denunciando el esfuerzo complementario que realizan con sus fondos las comunidades autónomas que ven la situación
de indignidad en que se encuentran estos pensionistas? Eso sin hablar del término jurisprudencial ya declarado por el Tribunal Constitucional, como les ha recordado el señor Griñán en sus manifestaciones a los medios.
¿Alguien cree que se puede
vocear que para mí todos los españoles tienen los mismos derechos y no hay ciudadanos de primera o de segunda cuando un régimen de Seguridad Social con grandes superávit tiene a ciudadanos, no en primera división o en segunda sino en tercera
regional, con pensiones de 46.000 pesetas y en una situación total de incompatibilidades? Además, dicho coloquialmente, quedan cuatro. Reconozcámosles, démosles un poco de dignidad, denles una pequeña alegría y permítanles que, si no son capaces
de equipararles a las cifras que hemos hablado de las pensiones dignas, de los salarios mínimos interprofesionales, por lo menos puedan compatibilizarlas con las pensiones de viudedad, tal como solicita el grupo proponente.
Dicho esto y utilizando este único argumento, el Grupo Vasco va a votar a favor de esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Catalán.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vamos a apoyar esta proposición que hoy se trae aquí por parte del Grupo de Convergència y Unió, basándonos en que esta iniciativa defiende la necesidad de que se proceda a
reformar la normativa que regula el régimen de incompatibilidades en la percepción de pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez, más conocido por SOVI, y las de viudedad, ya que un colectivo destacado de la sociedad basa su economía
doméstica en la percepción de ambas.
La proposición de ley de CIU permitiría que los pensionistas que renunciaron a cobrar la pensión SOVI para poder ser beneficiarios de la pensión de viudedad pudieran ver incrementadas sus pensiones gracias a la compatibilidad de ambas. El
coste estimado para proceder al cambio normativo sería de 54 millones de euros -repito, 54 millones de euros-, pudiendo ahorrarse, además, el pago de complementos a mínimos que en la mayoría de los casos acompañan a las percepciones de viudedad por
ser éstas unas de las pensiones más bajas del sistema. No puede ignorarse que el sistema está generando para las pensiones de viudedad un modelo injusto, insolidario y no equitativo. En esta dirección, hemos propuesto en varias ocasiones elevar la
base reguladora para el cálculo de la pensión de viudedad y, como se propone en esta proposición, la desaparición de la incompatibilidad de las pensiones del SOVI. No obstante, queremos señalar que los beneficiarios de las pensiones SOVI son
334.300 personas a las que no sólo la revalorización reciente les ha supuesto la extraordinaria cantidad de 1,4 euros al mes, quedando su pensión en 285,89 euros, sino que en una palabra nuestro sistema las condena a la exclusión, a la dependencia y
al umbral de la pobreza.
Siendo útil la derogación del vigente sistema de incompatibilidades es evidente que el problema se encuentra en la insuficiencia de la pensión y en la insuficiencia de la revalorización. Es conocida nuestra opinión de que
por debajo del salario mínimo difícilmente puede hablarse de dignidad y adecuación de pensiones. Es también evidente que difícilmente puede considerarse equitativo que se atribuya la misma pensión a personas con otras rentas y a las que carecen de
ellas. En una palabra, esta
pensión ajena al sistema constituye un auténtico atentado contra la calidad de vida y la dignidad de estas personas.
La proposición, cita la doctrina del Tribunal Constitucional sobre este punto, en nuestra opinión es tan injusta como regresiva en la medida que estas personas están constituyendo una auténtica bolsa de pobreza que el sistema de protección
español debe resolver. Creemos que nuestro sistema debería establecer nuevas pautas de protección para estas personas. La compatibilidad que aquí se propone ayudará a unas cuantas de estas personas, pero no resolverá el problema de fondo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como decía el señor Campuzano, de nuevo retomamos el debate del SOVI. En el año 1997 iniciamos este debate haciendo un estudio para ver el coste porque había que saber el gasto que suponía hacer compatible la pensión del SOVI con
la pensión de viudedad, estudio que realizó el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social y luego ministro, señor Aparicio. Dicho estudio detallaba que era factible hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad porque en el año 1998
-señorías, retengan este dato- los perceptores del SOVI eran 403.291 personas y, a 31 de diciembre de 2002, había 365.144 personas, es decir, ha disminuido en más de 30.000 personas. En el año 1998, con 30.000 personas más, el coste era de 7.519
millones de pesetas. Señorías, con las cantidades del excedente en la Seguridad Social es más que razonable hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad; sólo bastaría con que nos ahorráramos las campañas de publicidad del ministro de
Trabajo. Si no tengo mal entendido, porque no han contestado a las preguntas, según los medios de comunicación la campaña que ha hecho el señor ministro de Trabajo para decir y explicar a los ciudadanos que está dando cumplimiento a una ley ha
costado 1.700 millones de pesetas. No sé si se ha hecho para eso o para dar empleo a un parado, el señor Rodríguez. (Aplausos.) Cualquiera de las dos cosas me parece aberrante: que se gasten 1.700 millones de pesetas en una campaña de publicidad
y se nieguen 7.000 millones para hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad cuando estamos hablando, señorías, de una pensión que es de 47.000 pesetas al mes. En la mayoría de los casos son personas mayores que viven de dos pensiones y
entre el marido y la mujer hacían una digna pensión del SOVI, pero cuando se quedan viudos, como tienen que elegir les queda una pensión miserable que no llega en la mayoría de los casos a las 64.000 pesetas. Los gastos son los mismos porque tienen
que seguir pagando la luz, el gas, el teléfono, etcétera. Repito, señorías, sería razonable que el PP hiciera un esfuerzo para hacer esto y se dejara de tantas campañas.
Pregunto al Grupo Popular, porque el Gobierno no está, aunque también preguntaría al Gobierno: ¿Dan por finiquitada la Comisión del Pacto de Toledo? Porque la propuesta del secretario de Estado y del ministro de Trabajo es: queremos que
se contabilice toda la vida laboral. A la Comisión del Pacto de Toledo, ni comunicación. Dicen: aprobamos una ley para regular el funcionamiento del fondo de reserva. A la Comisión del Pacto de Toledo, ni una comunicación. El Pacto de Toledo se
hizo con varios objetivos: Garantizar el futuro de las pensiones y de nuestro sistema, pero también para quitar de la pelea electoral las pensiones.
¿Qué está sucediendo ahora? Que la única hazaña del Gobierno va a toque de rueda de prensa.
Según la rueda de prensa que toque hacen un anuncio en el tema de pensiones. Dígannos si realmente han finiquitado la Comisión del Pacto de Toledo. Desde nuestra posición creemos que sí lo han hecho. De mala manera, pero lo han hecho porque ahí
no se discute nada. Es más ni nos hemos reunido en los últimos tiempos.
Por cierto, la última es que el señor presidente del Gobierno ha dicho: Voy a hacer una ley para que en todas las comunidades autónomas se cobre la misma pensión no contributiva. ¡Si ya está! La pensión contributiva es igual para todas las
comunidades. Lo que pasa es que el señor presidente olvida que algunas comunidades autónomas hacen un pequeño esfuerzo, y dado que las pensiones no contributivas son muy bajas, les dan una pequeña ayuda para que lleguen a final de mes. Eso es lo
que quiere evitar el señor presidente. ¿O es que quiere quitar competencias a las comunidades autónomas y legislar dentro de sus propias competencias? Que se aclare porque ya no lo entiendo. Es una paradoja, pero tengo aquí una ley foral de
agosto de 2002 sobre ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad. El primer artículo dice: Completar la pensión de viudedad hasta el cien por cien del salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurre, que la Comunidad Foral de Navarra
presidida por el PP sí puede hacerlo porque es más rica y la Comunidad Autónoma de Andalucía no? (Aplausos.) ¿Cuál es la diferencia, señorías? La comunidad de Navarra sí puede hacerlo porque está gobernada por el PP y tiene dinero y la andaluza no
porque es una comunidad más pobre y está gobernada por un gobierno socialista. Sean coherentes. Pongan los pies en la tierra y estudien las medidas. Si quieren consenso en las pensiones empiecen a pensar que el consenso pasa por el Pacto de
Toledo y pasa por decirles a los pensionistas la verdad, y pasa por no salir en la tele y decir que van a destinar al fondo de pensiones 1.200 millones de euros. ¿Y dónde va el resto del excedente de este año? Porque el excedente de este año
es el 0,5 por ciento del producto interior bruto, casi 5.000 millones de pesetas. ¿Dónde va la diferencia? ¿Para qué lo quieren en las cuentas de la Seguridad Social? Díganlo, explíquenlo todo y digan la verdad.
Repito, si quieren consenso, plantéenselo, porque el camino que llevan es la ruptura del consenso. Mi grupo parlamentario ha respetado el Pacto de Toledo, ha hecho todas las propuestas dentro del Pacto de Toledo, no nos hemos salido del
contexto en el que se establecen los acuerdos, pero ya está bien, ya se nos acaba la paciencia. Rompamos el consenso definitivamente y cada uno que haga sus propuestas de acuerdo con su capacidad y además de acuerdo con sus directrices y
prioridades políticas.
Termino diciéndoles que hacer compatible el SOVI con la pensión de viudedad es de justicia y lo tenemos que hacer; les guste o no les guste lo haremos y si es preciso lo traeremos cada mes hasta que por fin lo logremos y, si no, señorías,
hasta marzo de 2004 quedan pocos meses y entonces será un presidente socialista quien lo haga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora López i Chamosa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace justamente un año, el pasado 19 de febrero de 2002, traía a esta Cámara esa misma iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Campuzano, y aquí tengo transcrita la respuesta que esta portavoz emitió en
su momento, que hoy no reiteraré pero que suscribo en todos los términos, porque en definitiva, señor Campuzano, al margen de algunas aseveraciones que han hecho otros grupos, usted y yo, que nos conocemos bien, sabemos que compartimos ese criterio,
esa ilusión en el futuro del sistema de las pensiones, los mismos criterios de responsabilidad. Por mi parte sería un tanto inconsciente decir que hoy pienso de forma distinta, como usted bien conoce.
Debemos tener en cuenta muchas consideraciones al margen de las reiteradas, que si el carácter residual de la prestación del seguro obligatorio de vejez e invalidez, que si el carácter transitorio que dice el Tribunal Supremo subsidiario y
el Tribunal Constitucional, y debemos hacer una serie de reflexiones mucho más profundas. Luego, cómo no, contestaré a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con la que en el fondo sí que comparto criterios de solidaridad pero no en la
forma en que ella los pueda aducir o responder.
Me gustaría hacer en voz alta una serie de reflexiones serias, severas, responsables y atrevidas. ¿Es justo, señor Campuzano, cambiar el criterio jurídico, que no es tan importante, se puede cambiar, como el hecho de compatibilizar una
prestación que ha sido siempre incompatible, como es la del seguro obligatorio de vejez e invalidez, con una pensión de viudedad? ¿Es justo compatibilizar esta prestación y sensu contrario no aumentar las pensiones mínimas de viudedad? ¿No sería
un agravio muy comparativo para las perceptoras de pensiones mínimas de viudedad, para los perceptores de pensiones mínimas de jubilación, para los perceptores y perceptoras de pensiones mínimas de invalidez?
Señor Campuzano, hemos dicho mil veces en esta Cámara que no vamos a utilizar más el debate de las prestaciones emanadas del sistema de la Seguridad Social. Le quiero decir una cosa: Lo que pide cada grupo parlamentario en pequeñas
cantidades, en pequeñas cuantías, pero que todo suma, y hay que incrementarlo por la revalorización del IPC para el futuro de las pensiones, no aporta soluciones definitivas al modelo. El pasado lunes 3 de febrero, el señor Solbes, nada coincidente
con el grupo parlamentario al que yo represento, sino designado por el Gobierno español para ejercer las funciones de comisario en la Unión Europea como parte representativa del grupo mayoritario de la oposición en esta Cámara, decía -y se ha
reproducido en grandes titulares en todos los medios de comunicación- que el futuro de las pensiones en España tiene que ser nuevamente enjuiciado, tenido en cuenta y que hay que valorar la posibilidad de la viabilidad del futuro del sistema. Yo
sólo le quiero hacer una pregunta, señor Campuzano, ¿Por qué no nos reunimos los portavoces de los distintos grupos, hacemos un debate en profundidad, decimos lo que podemos solucionar del sistema para mejorarlo, y nos mojamos también en aquellas
responsabilidades que puedan acarrearnos no tantos beneficios políticos? Se lo digo muy en serio. Debemos ser cautos.
A pesar de todo le quiero decir que, aunque hoy el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar su iniciativa, reitero, como en el
pasado año, que este es un debate pendiente para un futuro a muy corto plazo. La Comisión del Pacto de Toledo, de la que usted forma parte, tiene que emitir la resolución sobre las recomendaciones que se deben seguir manteniendo y acometiendo en
las reformas estructurales del sistema de la Seguridad Social. Hay en perspectiva nuevos acuerdos sociales y creo que ese tema concreto de la compatibilidad de las pensiones, sin reiterar los enormes esfuerzos que ha hecho el Gobierno en el campo
de la solidaridad, deberá ser estudiado de nuevo. No es una puerta que esté cerrada, sino que está abierta a un próximo plazo. Ese es el talante que yo quería transmitirle a usted y que me gustaría que lo compartiera conmigo, como yo lo comparto
en cuanto a los argumentos que usted ha dado.
Por lo que se refiere al grupo mayoritario de la oposición, quería decir a la señora López i Chamosa, que siempre dice que se incrementa poco, que es una partida pequeña, que un día de estos tendré la paciencia de
ir sumando todo lo que usted ha pedido a lo largo de seis años, para que vea que no son cantidades pequeñas. Además, usted, como persona responsabilizada en cuestiones sociales y preocupada por ello, debería estar muy contenta porque hoy el
futuro de la viabilidad del sistema es mucho más fructífero, más sólido. Usted mencionaba antes que hoy las pensiones de invalidez son de sólo 47.000 pesetas. Pues bien, yo le quiero recordar que el año pasado estas pensiones eran de 43.000 y que
ha habido un incremento importante en la prestación del seguro obligatorio de vejez e invalidez que durante años casi nunca se había revisado porque por ser prestaciones residuales estaban prácticamente congeladas. Le quiero decir a usted, señora
López i Chamosa, que comprendo su énfasis, su ímpetu por defender determinadas cuestiones, pero usted, como no estaba aquí cuando el Grupo Parlamentario Socialista tenía esa mayoría absoluta en esta Cámara, no ha conocido en experiencia propia, como
yo he podido comprobarlo, que el Gobierno es partícipe y quiere mejorar todos los aspectos que se pueda relacionados con la solidaridad y la cohesión y, por tanto, con el sistema de protección social. Usted en aquella época hubiera sufrido mucho
porque esta diputada pedía cosas razonables y se la dijo muchas veces que no. De verdad, volvamos a la reflexión, y no con ningún empeño de censurar. Vuelvo a decir que entre todos analicemos la posibilidad de reformas estructurales en el sistema
de Seguridad Social, tanto en aquello que puede beneficiar a todos los grupos como en aquello que a lo mejor puede desgastarlos, pero hagamos un sistema viable, con futuro y, vuelvo a reiterar, tengamos en cuenta no lo que dice una persona que ha
estado presente en la política nacional como ministro de Economía y Hacienda, sino el hoy comisario de Asuntos Económicos en la Unión Europea, que dice que en España hay que tener mucho cuidado para garantizar la viabilidad del sistema, que yo creo
que lo está, pero que a lo mejor hay que acometer de nuevo reformas estructurales para hacerlo viable por un siglo más. Con eso pido toda la cautela y lamento de corazón no poder subir a esta tribuna a hacer alguna afirmación un poco alegre y decir
que vamos a apoyar esa iniciativa sino que lo dejamos para los futuros meses, con cautela pero por supuesto con todas las posibilidades de que en ese sentido prosperen avances importantes.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Montseny. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para compatibilizar las pensiones del seguro obligatorio de vejez e invalidez (SOVI) con las
pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 142; en contra, 161; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LA MAYORÍA DE LAS INSTALACIONES MILITARES DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 162/000593.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día. Proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de
las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pol.
La señora POL CABRER: Con la venia, señoría. Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo por primera vez a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para presentar la proposición no de ley que fomenta la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones militares de
las Fuerzas Armadas. El motivo básico para presentar esta proposición no de ley reside en completar y acelerar un procedimiento que ya se inició en el año 1997 y que está dando unos magníficos resultados. La proposición no de ley que hoy debatimos
es especialmente oportuna, ya que trata de relacionar a las Fuerzas Armadas con el medio ambiente, y como SS.SS. han podido observar, la acción de las Fuerzas Armadas y el medio ambiente ha sido esencial para preservar el entorno natural. Quisiera
destacar los esfuerzos que están realizando nuestras Fuerzas Armadas en nuestras costas, especialmente en Galicia con la catástrofe del Prestige, por lo que me parece de máxima actualidad debatir hoy esta proposición no de ley.
Vamos a examinar qué son los objetivos de los sistemas de gestión medioambiental. El objetivo es triple: en primer lugar, es un instrumento para concienciar a los responsables de las unidades e instalaciones militares sobre la necesidad de
compatibilizar sus actuaciones, la instrucción, el adiestramiento, las reparaciones, etcétera, con el pleno respeto al medio ambiente. En
segundo lugar, los sistemas de gestión medioambiental pretenden alcanzar el objetivo de una protección permanente del medio natural y una garantía constante de la calidad ambiental; es decir, con los sistemas de gestión medioambiental cada
unidad asume el compromiso de perseguir la mejora continua de las condiciones ambientales en las que desarrolla su actividad. Por último, los sistemas de gestión medioambiental establecen todo un proceso de seguimiento y control que permite
modificar aquellas actuaciones que tengan incidencias negativas sobre medio ambiente.
De manera muy esquemática, ¿qué es un sistema de gestión medioambiental? Pues no es más que un conjunto de procedimientos normalizados para realizar la tarea habitual en cada unidad o instalación, de forma que paulatina y continuamente se
reduzca el impacto medioambiental que esa tarea produce. Esta finalidad general de la iniciativa parlamentaria que hoy presentamos, señorías, se puede desglosar en cinco aspectos que motivan o avalan su presentación: primero, España, a través del
Ministerio de Defensa, ha sido pionera en la implantación de estos sistemas de gestión medioambiental. En efecto, señorías, en octubre de 1998 la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, concedió al campo de adiestramiento de la
Armada El Retín la certificación ISO 14001 de gestión ambiental. De este modo, las 5.300 hectáreas que abarcan el campo de El Retín fueron las primeras en Europa en conseguir un reconocimiento de preservación de los valores medioambientales dentro
de una instalación militar. Repito, fueron las primeras en Europa. Segundo, la implantación de los sistemas medioambientales es una decisión voluntaria. Como SS.SS. conocen, en los últimos diez años la Unión Europea y sus Estados miembros han
intensificado la producción de normas jurídicas vinculantes en el campo de la protección medioambiental. El Ministerio de Defensa de España, con independencia de cumplir toda la legislación internacional, nacional, autonómica y local en este
ámbito, ha decidido voluntariamente implantar sistemas de gestión medioambiental en múltiples dependencias militares.
La implantación de los sistemas de gestión medioambiental se realiza en todos los niveles jerárquicos, concienciación versus
imposición. La aplicación de los sistemas de gestión medioambiental supone el compromiso concreto y explícito desde el jefe de la unidad afectada hasta el último soldado de la misma. Los sistemas de gestión medioambiental son certificados emitidos
por una autoridad independiente del Ministerio de Defensa: la norma AENOR 14001, que SS.SS. conocen ya. En quinto lugar, completar un procedimiento, un método de trabajo, que ha dado buenos resultados. En resumen, señorías, el motivo de la
presentación de esta proposición no de ley no es otro que el de profundizar en un camino iniciado ya durante la pasada legislatura y que ha dado muy buenos resultados. Así lo reconocen no sólo los miembros de las unidades que aplican estas
herramientas, sino también expertos de otras administraciones, profesores de universidad e incluso expertos de otros países. Conviene resaltar que su implantación en España ha despertado interés en ámbitos distintos de los del Ministerio de
Defensa. Prueba de ello es que, en el último congreso nacional que se celebró en Madrid la semana del 25 de noviembre de 2002, más de 150 personas solicitaron información al respecto en el stand del Ministerio de Defensa.
A lo largo de estos último años, la protección del medio ambiente viene siendo un reto permanente de la sociedad nacional e internacional. En la actualidad, asistimos a un crecimiento espectacular de la conciencia colectiva sobre el
deterioro ambiental de nuestro planeta. Esta iniciativa recoge las inquietudes y actuaciones que se seguirán produciendo en el seno de las Fuerzas Armadas para mejorar el medio ambiente, es decir, la calidad de vida de todos los ciudadanos. Los
objetivos que pretendemos impulsar con esta proposición no de ley son los siguientes: ahorro energético, limitación del uso de recursos, prevención y lucha contra la contaminación del medio, reducción en la generación de residuos, reutilización de
los mismos, limitación de ruidos y emanaciones tóxicas, y control y evaluación de las consecuencias de toda índole de las actividades militares sobre la naturaleza.
La consecución de estos objetivos pasa por la implantación de los denominados sistemas de gestión ambiental, a los que me he referido antes, basados en el concepto de desarrollo sostenible. Este sistema fue elegido como el más apropiado por
la OTAN para ser aplicado por las unidades militares de los países que integran la alianza en sus instalaciones y dependencias. Los fines de estos programas son los de conservar, proteger y recuperar el entorno natural de los espacios en que las
Fuerzas Armadas desarrollan su actividad. En la actualidad, hay cuatro unidades que han sido certificadas por AENOR de acuerdo con la norma ISO 14001: El Retín (Cádiz), la base aérea de Getafe (Madrid), el campo de maniobras de El Palancar
(Madrid) y el centro de ensayos de Torre Gorda (Cádiz).
Lamentablemente, los aspectos medioambientales son de actualidad debido a la catástrofe ecológica producida por el Prestige. El objeto de esta proposición no de ley es exactamente el contrario: el de conseguir una mayor sensibilización
ambiental y, aplicando los sistemas de gestión ambiental a los que me he referido anteriormente en el mayor número posible de instalaciones militares de las Fuerzas Armadas, caminar hacia un desarrollo sostenible, objetivo prioritario del Gobierno
de José María Aznar. De todo lo dicho podemos extraer el claro compromiso de que la política medioambiental del Ministerio de Defensa es algo más que una moda. Esta política no es coyuntural. La aplicación de sistemas medioambientales se viene
realizando desde 1998, habiéndose dedicado en los últimos cuatro años más de
10.500 millones de pesetas a inversiones en medio ambiente en el ámbito del Ministerio de Defensa.
Los sistemas de gestión medioambiental son un instrumento de concienciación -y termino ya, señorías-, lo que significa conocimiento exacto y reflexivo de las cosas -de lo que el pueblo conoce-, de manera que el que la tiene siente, quiere y
obra con conocimiento de lo que hace; es decir, conoce el problema y tiene voluntad y medios para atajarlo. En este sentido, esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular incide en la concienciación de toda la sociedad sobre los valores
medioambientales, y, en este caso especialmente, en el compromiso de las Fuerzas Armadas.
Nada más, señorías. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pol.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Gracias, presidenta.
En la Cumbre de la Tierra, de las Naciones Unidas, que se celebró en Río de Janeiro en 1992, se dio un gran impulso a la política medioambiental basada en el desarrollo sostenible. Posteriormente, en 1993 y en el marco de la Unión Europea,
se reorientaron los programas de acción ambiental.
Así, con el V Programa denominado hacia un desarrollo sostenible, se impulsó un nuevo planteamiento que daba entrada, además de a las empresas y a los agentes sociales, a los poderes públicos. En
1997, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llegó al acuerdo de fórmulas de estrategia de desarrollo sostenible que supusieron el reconocimiento oficial del compromiso de la Administración con respecto al medio ambiente; un
reconocimiento que además llevó a una gestión eficiente de los recursos y del uso de las materias primas. En definitiva, la propuesta de los sistemas de gestión medioambiental supone un paso cualitativo para asegurar la calidad del trabajo
medioambiental de la Administración. Por ende, la implantación de un sistema de gestión conlleva el reconocimiento oficial del compromiso de la Administración con respecto al medio ambiente. Por ello, al tener conocimiento de la proposición no de
ley que presentaba el Grupo Popular, supuse que todo lo mencionado anteriormente se iba a plasmar en la proposición y que, de este modo, el Gobierno empezaba a aplicar en sus departamentos los sistemas de gestión. Sin embargo, la proposición,
asombrosamente, no es para toda la Administración, está referida sólo al Ministerio de Defensa y con tal ambigüedad que más que intentar que dicho departamento cumpla con todo lo expuesto, lo que plantea es que lo haga tan sólo en lo que crea
conveniente y en las instalaciones que desee, es decir, que el ministerio haga lo que está haciendo en estos momentos y que no se preocupe de más. Así que nos encontramos con una proposición que copia miméticamente parte del texto de la página web
del Ministerio de Defensa, mencionando algunas instalaciones en las que en estos momentos ya se han realizado o se están realizando los sistemas de gestión; en esa copia de la página se olvida que en la misma figuran más instalaciones en las que,
según el ministerio, se están aplicando en estos momentos los sistemas.
Nos encontramos con una proposición en la que, como es habitual en el Grupo Popular, se da por supuesto que no existía ningún tipo de gestión medioambiental antes de su llegada
al Gobierno. Además, es una proposición que indica claramente que todas las normativas adoptadas en este sentido se han hecho antes de la toma de posesión del actual ministro y, en definitiva, es una proposición que supone un paso para atrás
respecto a lo que hasta ahora ha estado haciendo el ministerio. Más bien parece que esta proposición está presentada para que una vez aprobada y dentro de un plazo prudencial -probablemente antes de las elecciones generales-, el ministro pueda
aparecer ante los medios de comunicación diciendo que ha cumplido con lo que el Parlamento le pidió y entonces nos leerá toda la serie de instalaciones que se mencionan en la página web y que casualmente se han olvidado de copiar en la proposición.
Mi grupo quiere que las cosas se hagan bien. El Grupo Socialista quiere que se genere por el ministerio un sistema interno de gestión medioambiental y por eso con la enmienda que hemos presentado pedimos que se implanten los sistemas de
gestión y auditoría ambiental, pero que se implanten en todas las bases, en todos los acuartelamientos y en todas las instalaciones militares, incluidos los campos de maniobras. Lo decimos no sólo con la idea de recuperar la fauna y la flora de
dichas instalaciones, sino para que se tenga una evaluación previa que permita conocer qué tipo de acción se puede realizar, que nos sirva además como evaluación para la restitución y para tener un plan de restauración de la zona, una vez terminadas
las actuaciones que allí se realicen. Además lo queremos en todas las instalaciones, porque no parece lógico ni que tenga sentido que sí se haga en unas y que en otras no. También queremos que la implantación del sistema de gestión permita lograr
un ahorro en la energía, en el combustible o en el uso del agua, a la vez que apostamos por que se contemplen todas las medidas posibles que tiendan a reducir la contaminación atmosférica y acústica, así como la minimización en la generación de
residuos en la gestión de compras y usos de productos, de conformidad con la reglamentación medioambiental. Por eso pedimos que el Gobierno remita a esta Cámara, antes de acabar el actual período de sesiones, un plan para la implantación de estos
sistemas, así como un calendario para llevarlo a cabo.
Ante la desidia del Ministerio de Medio Ambiente, que en todo este tiempo no ha adoptado, como parecería
lógico, ningún plan de apoyo para que las comunidades autónomas y demás administraciones que puedan desarrollar y llevar adelante los sistemas de gestión y auditoría, sí creemos que por lo menos desde el Ministerio de Defensa podemos dar ese
primer paso que permita, una vez realizado, ampliarlo al resto de los ministerios. Aunque la experiencia nos viene a decir que el Grupo Popular ha rechazado todas las iniciativas que hemos presentado y que hemos adoptado para minimizar la
contaminación y los impactos de medio ambiente, como nos ha ocurrido en la Ley de residuos o en la de prevención y control integrados de la contaminación, presentamos la enmienda ya que mejora en bastante la gestión y garantiza que el ministerio
abordará, con seriedad, un plan para todas sus instalaciones y que lo hará adecuándose a lo dispuesto en el reglamento 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de marzo de 2001.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Simón.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular como proposición no de ley en razón de que los argumentos de fondo son asumibles perfectamente, son argumentos positivos que están, digamos, en
coordinación con distintos departamentos y que hoy están asentados, y cada vez más afortunadamente, no solamente en organismos oficiales, sino en la opinión pública.
Al hilo de lo que aquí se pretende de una gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas, mi grupo comparte el criterio, que se acaba de exponer aquí, de que se extienda a todas las instalaciones
militares, pero quiero hacer unas observaciones. Las directivas que aquí se invocan, que fueron aprobadas en la pasada legislatura y dentro del mandato en el Ministerio de Defensa del anterior señor ministro, don Eduardo Serra, partían de unas
directivas de calidad medioambiental de una manera administrativamente cerrada y excesivamente dentro del perímetro de las instalaciones militares. La Directiva 107/1997 es en verdad la más completa y la que se refiere a las acciones
medioambientales, y ahora me expresaré de otra manera en su enjuiciamiento. La Directiva 165/1999, que aquí se invoca, es para la prevención de incendios forestales en aquellos campos de tiro donde unas maniobras militares o unos ejercicios de
artillería -o de cualquier arma de las Fuerzas Armadas- pudieran producirlos, mientras que la orden de 21 de enero de 2000 se refiere sencillamente a una cooperación o colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa.
Aquí se ha olvidado un factor importantísimo que son las comunidades autónomas que tienen competencia en sus estatutos de autonomía en la defensa y protección del medio ambiente. El medio ambiente es en estos aspectos una competencia de las
comunidades autónomas en su ámbito territorial y no hay medio ambiente que se pueda aislar en un perímetro militar del resto que forma parte de instalaciones de uso público o de uso privado que no son de ámbito de jurisdicción militar. Por tanto,
hay que llegar, digamos, a esta armonización, porque si no no se pueden producir efectos -y es lo que mi grupo pretende que haya- sumando esto a una cooperación con las comunidades autónomas que pueden regular este tema. De por sí la Administración
militar no puede hacer una abstracción de competencias territoriales de medio ambiente por el hecho de que disponga de unas bases militares muy extensas en que se puedan producir estas alteraciones y es necesario tener en cuenta esta actividad
competencial. De la misma manera que ya se le dijo en la anterior legislatura al entonces señor ministro de Defensa, don Eduardo Serra, según la Directiva 165/1999 sobre incendios forestales, si se produce un incendio forestal van a ser llamadas
inmediatamente las autoridades autonómicas que tienen competencia en la lucha contra incendios forestales, exclusiva además, lo cual no quita que coopere algún camión contra incendios que tengan las Fuerzas Armadas, que no sé si tendrán camiones de
bomberos en muchas instalaciones, pero las que sí tienen camiones y bomberos son las comunidades autónomas y las corporaciones locales, o insulares en el caso de Canarias, que son las que desplazan inmediatamente esos efectivos.
Después hay una observación que le quiero hacer al Grupo Parlamentario Popular dentro de nuestro sentido de cooperación y colaboración. Aquí se han olvidado de citar una competencia sobre actuaciones en la conservación del medio ambiente y
protección de la naturaleza, que es el artículo 178 de la Ley 17/1999, del régimen profesional militar de las Fuerzas Armadas. En el artículo 178, que es donde se habla del reservismo, se dice que la declaración de reservistas obligatorios tendrá,
entre otras competencias, como actividad de utilidad pública, la intervención en actuaciones de conservación del medio ambiente y protección de la naturaleza. Una vez más insto al Gobierno, con el apoyo que le damos aquí, a que de una vez
desarrolle la Ley 17/1999 en lo que se refiere al reservismo. Lamentablemente, por falta de previsión, no se ha desarrollado el reservismo militar y precisamente el artículo 178 de esta Ley, que votamos aquí con un amplio consenso en 1999,
contempla esta figura y esta competencia que nosotros consideramos fundamental para que, junto a la declaración de intenciones, se pongan los medios humanos y materiales para llevar a cabo estas actuaciones.
La orden ministerial del año 2000 señala esta cooperación entre los ministerios de Defensa y de Medio Ambiente y queremos que esto se haga extensible a las comunidades autónomas, porque si no se realiza esta suma de factores positivos no se
podrán alcanzar los resultados que creo que subyacen en la intencionalidad de esta iniciativa que, como digo, mi grupo considera positiva y la votará favorablemente, teniéndose en cuenta -y quedará constancia en el 'Diario de Sesiones'- que el
Ministerio de Defensa debe recoger precisamente todas estas observaciones que acabamos de hacer.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidente.
Con toda brevedad voy a repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones con respecto a iniciativas similares que presenta el Grupo Popular, porque no entendemos bien qué encaje tienen en el panorama de lo que es la actuación fundamental de
este Parlamento, que se dedica a la acción de Gobierno, a la acción de control o a la aprobación de los presupuestos; qué encaje tienen estas proposiciones no de ley etéreas del Grupo Popular, que se puede decir que no se dedican precisamente al
control del Gobierno ni tampoco realmente al impulso, porque nunca se atreven a decir que el Ministerio, por ejemplo, en este caso de Medio Ambiente, haga lo que no ha hecho hasta ahora, que quizá es lo que tendría que decir la iniciativa
presentada, y lo mismo sucede con respecto al Ministerio de Defensa. Todo lo contrario, intentan ocultar esta realidad con frases un tanto cutres, diría yo, como esa de: exitosa puesta en marcha de esta política medioambiental. A partir de ahí,
derivan una propuesta, que hay que votar aquí, que no contiene ninguna concreción, no contiene impulso y no contiene control. Supongo que es una fórmula de entrenamiento del Grupo Parlamentario Popular, porque no llegamos a comprender, repito, qué
sentido tienen estas proposiciones no de ley, pero eso ya lo hemos dicho en otras ocasiones anteriores.
En esta ocasión, teniendo en cuenta qué ministerio es el que fundamentalmente debe ser receptor de las consecuencias de esta iniciativa, la propuesta tiene, como diríamos en Andalucía, un poco de guasa, porque va dirigida a un Ministerio de
Defensa atravesado en este momento por mil problemas, todos ellos graves, alguno de ellos derivados de la gestión, de la actuación o de la concepción que tiene con respecto al medio ambiente, y ahora se intentaría, un poco infantilmente, arreglar,
repellar un poco su imagen medioambiental de una forma que lo único que va a lograr, hasta cierto punto, es hacernos perder el tiempo.
No lo perderíamos totalmente si se aceptaran ciertas concreciones que se han hecho en intervenciones anteriores o
en la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista singularmente. Esperemos que se acepte porque por lo menos pone unos plazos y habla de concreciones que se han aprobado en su determinación en el seno de la Unión Europea.
Llama un tanto la atención -y quiero dejar constancia de ello porque posteriormente en sesiones a medio plazo, si es que nos lo permite el final de la legislatura, tendrán una ubicación diferente los temas a los que me voy a referir- que las
Fuerzas Armadas hayan adoptado un sistema de gestión de la calidad medioambiental distinto al sistema que ha adoptado la Administración general del Estado, la Administración civil.
No se aceptan sistemas análogos, iguales a los que previamente se
han adoptado en otra área de la Administración civil. La Administración militar va a optar por un sistema de la familia del grupo ISO, ISO 9000 y compañía y, por otra parte, la Administración civil del Estado se rige por el Libro blanco de la
mejora del servicio público, por el Totaly Quality Management. ¿Por qué dos sistemas diferentes? ¿Qué sentido tiene? Porque luego las dificultades de coordinación y de consonar unas cosas y otras son superiores. No tiene sentido esta dualidad de
opciones, ya veremos más adelante si son razones más o menos confesables las que dan estas opciones diferenciadas que lo único que hacen es poner obstáculos a una investigación y a una gestión lógica. Vamos a esperar a que se acepten o no las
enmiendas propuestas y, en consecuencia, emitiremos nuestro voto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, muy brevemente desde el escaño para fijar nuestra posición sobre la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
La primera regulación de carácter medioambiental en el seno de las Fuerzas Armadas se produjo en el año 1992 con la aprobación de la Instrucción 1/1992, de 27 de mayo, hace prácticamente 11 años, el tema no es nuevo y viene ya de lejos. En
junio de 1997 se aprueba la Directiva 107/1997, en la que textualmente se dice: Se establecerá un sistema de gestión medioambiental, uniforme a todos los niveles del departamento, basado en la ISO 14001, que asegurará la continua revisión y el
control de los efectos del medio ambiente de una forma simple, clara y efectiva. En el plazo de un mes el secretario de Estado de Defensa elevará una propuesta de instrucción que desarrolle esta directiva. En febrero
de 1998 se da cumplimiento al mandato, aprobando la Instrucción 30/1998, en la que se marcan los aspectos básicos del sistema de gestión medioambiental y se crea la Comisión asesora de medio ambiente para realizar estudios y hacer propuestas
que en definitiva pretenden definir las líneas de actuación necesarias que han de permitir la preparación, el planeamiento y el desarrollo de la política medioambiental. En junio de 1999 se aprueba otra directiva que en realidad es el desarrollo de
la de 1997 y que trata de evitar los incendios forestales en los campos de tiro y maniobras. Las instrucciones son para saber cómo hay que actuar en caso de que haya incendio. Como se ha dicho anteriormente, el 21 de enero de 2000, por una orden
ministerial se establece un mecanismo de colaboración en materia medioambiental entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, si recopilamos los hechos nos damos cuenta de que en junio se ordena la elaboración de una
directiva de gestión medioambiental y se fija el plazo de un mes para que se eleve una propuesta que desarrolle dicha directiva.
Hoy, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición no de ley que, aparte de subrayar la exitosa puesta en marcha de esa política medioambiental, nos pide que el Congreso, en Pleno, le demos un margen de otros tres años más para
la implantación de los sistemas de gestión medioambiental en todas aquellas instalaciones militares que crea conveniente. Por tanto, no en todas, y además no sabemos cuáles de ellas pueden quedar fuera. Resumiendo, existe un mandato claro de la
Directiva 107/1997; han pasado casi seis años y se nos dice que se necesitan otros tres -o sea, nueve- para aplicar la normativa. Señora presidenta, señoras y señores diputados, ¿no creen que es excesiva una previsión de casi nueve años para
implantar un sistema de gestión medioambiental en un ministerio que en los últimos años se ha desprendido de una parte importante de sus instalaciones? No obstante, como nosotros estamos a favor de que esto se lleve a cabo, esperamos que se cumpla
con la obligación que fija la Directiva 107, y que se haga lo antes posible.
Efectivamente, como ha dicho también el portavoz de Coalición Canaria, sería bueno que las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas pudiesen colaborar en
la elaboración de ese programa.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señora Pol, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
La señora POL CABRER: Sí, señora presidenta.
No podemos aceptar la enmienda, pero sí proponemos una transaccional. No aceptamos el punto primero de la enmienda, pero en el punto segundo, cuando dice que a estos efectos el Gobierno remitirá a la Cámara antes de finalizar el periodo de
sesiones un plan, el Grupo Popular está de acuerdo en presentar el plan para la implantación de estos sistemas en los establecimientos militares, igual que ha dicho el representante de Convergència i Unió. Esta es la transaccional que proponemos.
Nada más, señorías.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pol.
Deduzco de sus palabras que el texto transaccional que propone se corresponde con el segundo párrafo del texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Simón, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: No la aceptamos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Simón.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la implantación de un sistema de gestión ambiental en la mayoría de las instalaciones militares de las Fuerzas Armadas, que se somete a
votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 179; abstenciones, 120.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA APROBACIÓN URGENTE DE UN PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA, MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL DE GALICIA QUE PALIE Y COMPENSE NO SÓLO LOS EFECTOS INMEDIATOS PRODUCIDOS POR EL
DESASTRE DEL PETROLERO 'PRESTIGE' SINO QUE ARBITRE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ECONOMÍA GALLEGA QUE LOGREN, EN UN FUTURO CERCANO, LAS MÁXIMAS COTAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON MAYOR EQUILIBRIO TERRITORIAL Y COHESIÓN SOCIAL,
EQUIPARANDO SUS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL A LOS DEL RESTO DE ESPAÑA A LOS DE LA MEDIA DE LOS PAÍSES DE LA U.E. (Número de expediente 162/000642.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), RELATIVA AL PLAN DE RECUPERACIÓN SOCIO-ECONÓMICO DE
GALICIA Y A OTRAS MEDIDAS URGENTES Y NECESARIAS, DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DEL 'PRESTIGE'. (Número de expediente 162/000648.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL PLAN GALICIA. (Número de expediente 162/000650.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la aprobación urgente de un Plan de recuperación económica, medioambiental y social de Galicia que palie y compense no sólo
los efectos inmediatos producidos por el desastre del petrolero Prestige sino que arbitre actuaciones de promoción y desarrollo de la economía gallega, que logren en un futuro cercano las máximas cotas de desarrollo sostenible, con mayor equilibrio
territorial y cohesión social, equiparando sus niveles de bienestar social a los del resto de España y a la media de los países de la Unión Europea. Se debatirá conjuntamente con esta iniciativa la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al Plan de recuperación socio-económico de Galicia ya a otras medidas urgentes y necesarias, después de la catástrofe del Prestige, así como la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al Plan de Galicia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna a defender el Plan Galicia elaborado por los socialistas de Galicia y por los socialistas del conjunto del Estado, y para pronunciarme sobre el plan del Gobierno Aznar
2003. El Plan Galicia es un plan 2003-2007 y el plan presentado por el Gobierno es un plan 2003.
Señora presidenta, señorías, el Prestige sigue soltando fuel, el chapapote llega diariamente y sin interrupción a las costas gallegas, y también en menor medida, de momento, a Asturias, Cantabria y País Vasco. Es incuestionable que sobre
este hecho el Gobierno quiere pasar página, dar carpetazo y zanjar la cuestión. El Gobierno niega la posibilidad de que una comisión de investigación investigue las causas y depure responsabilidades, y señorías hay responsabilidades. Al tiempo, el
Gobierno quiere olvidarse -y pretende que los ciudadanos también se olviden- de este asunto cuanto antes porque hay temas más importantes, entre otros está la guerra. En palabras del señor Aznar se les terminó el chollo a los profesionales del
resentimiento. Quedan aún, reconocen, pequeñas pelotitas, hilillos de plastilina, poca cosa, empresa fácil con viento de poniente para nuestros soldados, dirá pronto el señor Trillo, parodiando felices expresiones del señor Rajoy. Para el Gobierno
la situación está controlada y tiende a normalizarse. Los afectados están cobrando y parte está volviendo a faenar. Por si esto fuera poco, de la chistera del señor presidente surge un maravilloso Plan Galicia que ofrece a los gallegos más de lo
que éstos nunca soñaron. En consecuencia el tema está cerrado y a otra cosa, por lo menos hasta que el viento cambie.
Para completar esta puesta en escena, en A Coruña se celebró un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de ofrecer a Galicia un pequeño Plan Marshall, perdón un gran plan Aznar, en el que se enumeran promesas nuevas por valor de
algo más de 5.000 millones de euros, que sumados a los compromisos ya adquiridos (por cierto, esta mañana el señor Rato no supo explicarnos dónde estaban los 7.000 millones ya comprometidos) dan una cifra récord de algo más de 11.000 millones de
euros de ayuda a Galicia. El problema es que el Gobierno no valoró bien la situación, no le funcionaron bien los sensores sociales, y por ello aplica un remedio que funcionó en otro tiempo para resolver una situación nueva. El remedio es el sorteo
de lotería con promesa de premio para todos. El problema para el Gobierno es que la catástrofe del Prestige que afectó a Galicia no sólo destruyó parte de su economía y de su medio natural, sino que cambió el alma de los gallegos. El conjunto de
la ciudadanía se hizo más exigente, y cansados de promesas, de maquetas y de primeras piedras varias veces inauguradas, quiere hechos, quiere obras, quiere compromisos reales y no promesas vagas para ganar tiempo. Los diputados gallegos del Partido
Popular, si son sinceros tienen que decirle lo que está pasando, que lo están pasando mal, que la gente le perdió el respeto al partido y que la gente en Galicia le perdió el respeto al Gobierno. Si no se enteran es porque no quieren.
¿Por qué los socialistas elaboramos un plan si el Gobierno ya presentó su plan Aznar para Galicia? Por una sencilla razón, señorías. No existe un plan del Gobierno para Galicia. Repasemos, su plan de obras es un listado de lo que no han
hecho en Galicia, de lo que prometieron y no hicieron.
Algunas de las obras ahora previstas figuran hace años en presupuestos y no avanzan por falta de voluntad política. La trascantábrica figura desde el año 2002, y no hay ni un solo centímetro
de transcantábrica construido en territorio de Galicia; la autovía Lugo-Ourense no tiene trazado; la autovía Santiago-Lugo no tiene trazado, y la autovía, que se olvidan de ella, Ourense-Santiago se está haciendo como autopista de peaje
cofinanciada por la Xunta de Galicia. En presupuestos y en el plan figura una previsión de enlace de autovía Labacolla con Santiago. Esto figura en otros presupuestos y tampoco se construyó. En su listado de obras figuran también otras promesas
del Partido Popular largamente prometidas y nunca cumplidas como una autovía entre Pontevedra y A Cañiza. Les recuerdo que todas estas obras fueron demandadas por los socialistas repetidamente y nunca
cumplidas. Hasta ayer, también estuvieron regateando a Galicia un tren de alta velocidad de los de verdad. En Galicia queríamos un tren de alta velocidad de los de verdad. Ahora se apresuran a presentar un plan que tiene tres accesos de
alta velocidad a Galicia: uno, Zamora-Ourense; dos, Ponferrada-Monforte, y tres, por el Cantábrico transformando la línea de FEVE en alta velocidad. Esta mañana nos decían: es que ustedes piden menos. Nosotros pedimos lo que consideramos
necesario, pero ante tres trenes es posible que pidiéramos menos; nosotros simplemente queríamos un tren de verdad.
¿Es creíble este plan? Coincidirán conmigo en que es poco creíble, sobre todo cuando el listado de obras que se dice se van a hacer no tiene plazo de ejecución, ni compromiso presupuestario y en la mayoría de los casos no existe proyecto o
se carece de los estudios previos a ese proyecto.
Una vez más se pretende engañar al pueblo gallego y se hace con la complicidad del Gobierno de la Xunta. Muchas de las medidas y proyectos ahora propuestos son necesarios para Galicia; lo que
ocurre, señorías, es que estamos ante una propuesta política que puede valer para dar titulares de prensa o realizar un folleto explicativo como éste, folleto de propaganda, pero no estamos ante un compromiso serio, con plazos de ejecución y
presupuesto. Para nosotros, los socialistas, Galicia necesita más que nunca -aquí sí que más que nunca- un plan de recuperación, un plan económico que obligue durante un tiempo determinado a cumplir unos objetivos específicos, con un respaldo
presupuestario que lo haga viable y unos mecanismos de control que garanticen su cumplimiento. En el plan Aznar no se cumplen estas premisas porque su plan es simplemente mediático.
Los socialistas creemos que el plan debe tener dos aspectos básicos. En primer lugar, eliminar definitivamente el riesgo de nuevos vertidos del Prestige y simultáneamente poner los medios para alcanzar un plan serio ampliamente consensuado
que dé respuestas a los sectores más directamente afectados por la catástrofe, que compense con inversión pública la caída prevista del PIB, y que al mismo tiempo corrijan los déficit infraestructurales y dé confianza a los inversores para
reconstruir y modernizar un tejido productivo ampliamente dañado en las zonas afectadas, y afectado también al conjunto del país. Los objetivos del plan que proponemos no pueden ser otros que contrarrestar el costo de la catástrofe y evitar el
estancamiento o la recesión de la economía gallega. Nuestra propuesta está enmarcada en la implicación de la Administración y de los agentes sociales y contempla la creación de una agencia pública de gestión como organismo autónomo encargado de
unificar la gestión del plan y facilitar su transparencia. Nuestra propuesta de plan de recuperación tiene una inversión extraordinaria nueva de 7.000 millones de euros y un horizonte de materialización temporal de 5 años, 2003-2007.
Nuestro plan recoge en cinco grandes apartados un conjunto de propuestas estratégicas que pretende reparar el daño causado, y al mismo tiempo actuar como un revulsivo económico para dinamizar la economía gallega. El primer grupo de
propuestas recoge las iniciativas dirigidas a la recuperación medioambiental de las zonas afectadas, donde se incluyen entre otras medidas la solución urgente de los restos del Prestige, la limpieza de playas y costas, la eliminación de residuos y
la regeneración medioambiental, así como la ejecución en el horizonte 2004 del plan de saneamiento de interés general.
En el segundo apartado están las medidas de apoyo a los sectores productivos, en concreto el sector naval, para que fabrique buques de doble casco en Ferrol y buques y dispositivos anticontaminantes de tecnología preventiva en los astilleros
de Ferrol y Vigo. Apoyo al complejo mar-industria a través del plan de ordenación integral del espacio marítimo y otras políticas para facilitar el desarrollo de la acuicultura y el marisqueo, así como la integración vertical del sector pesquero.
Apoyo al turismo con la creación de un fondo especial de 30 millones para la promoción interior y exterior, y apoyo al comercio con programas de formación continuada y a la especialización.
En el tercer apartado se incluye la apuesta por los sectores de futuro, tecnología e información, con la creación del centro de investigación tecnológico gallego especializado en desarrollo y apoyo a la innovación en seguridad del transporte
marítimo, explotación de recursos marinos y defensa medioambiental.
En el cuarto se formulan propuestas relativas a defensa del empleo y políticas sociales. En este apartado se agrupan los programas de ayuda a la formación de los damnificados y jóvenes, así como un programa especial de empleo local y
autoempleo.
En el quinto se propone la vertebración territorial de Galicia a través de un programa de articulación de la fachada atlántica gallega, de Ferrol a la frontera portuguesa, mediante la ampliación y mejora de las infraestructuras ferroviarias
y viarias, trenes de cercanías, puerto exterior, etcétera. En este grupo se incorpora un fondo de 600 millones de euros para el reequilibrio territorial de Galicia, porque, señorías, hay que tener en cuenta que la Galicia costera es la más
afectada, pero la Galicia interior es un país hoy claramente desertizado y con serios problemas sociales y económicos. También pedimos en este apartado la exención a Galicia de la cofinanciación de infraestructuras de titularidad estatal. Galicia
está pagando infraestructuras del Estado con fondos propios de la comunidad autónoma. Está pagando la modernización de RENFE, está pagando la autovía Ourense-Santiago y creemos que una comunidad autónoma que es región Objetivo-1 no puede financiar
obras que son de titularidad estatal. Pedimos también la paralización en la privatización de AUDASA suprimiendo peajes urbanos y reduciendo
los demás peajes. Por último En este apartado se recoge la ejecución inmediata de proyectos estratégicos ya programados, como la autovía Transcantábrica, Ourense-Lugo y Lugo-Santiago, y el tren de alta velocidad para Galicia en el horizonte
del año 2007. Queremos un tren en 2007 para Galicia, con servicios de conexión que permitan que la red de ciudades gallegas, que son siete, tenga tiempos inferiores a tres horas para comunicarse con Madrid. Como parte fundamental de este plan y en
apartado específico se incluye un plan de recuperación económico medioambiental y social de A Costa da Morte, 2003-2007, dotado con 900 millones de euros, con medidas específicas para la mejora de las comunicaciones viarias con los principales ejes
de transporte y comunicaciones de Galicia. La mejora de las comunicaciones internas, programa de desarrollo de infraestructuras tecnológicas, políticas de formación, inversiones en educación, proyectos de recuperación ambiental y ayudas a la
inversión productiva en diversificación y en la integración vertical de la pesca, marisqueo y cultivos marinos.
Señorías, hasta aquí nuestro plan. Señores del Grupo Parlamentario Popular, afronten la realidad. Galicia necesita en estos momentos un auténtico plan de reactivación económica. No vale con presentar propuestas como la que presentan hoy
ustedes aquí para aplaudir al Gobierno. Apláudanlo si quieren en privado, pero por favor no nos hagan pasar el bochorno en esta Cámara de que el Grupo Popular venga a aplaudir al Gobierno. Ustedes no se enteraron; la sociedad ya no les cree.
Hubo tanta incompetencia política que ya no son creíbles. Las palabras de sus responsables políticos ya no tienen crédito aquí ni en Galicia. Señorías, para engañar no cuenten con nosotros.
Las propuestas del BNG son perfectamente asumibles y las vamos a votar.
Por último, señorías, creemos que Galicia necesita un plan ampliamente consensuado y por eso nuestro documento es una propuesta abierta a otras aportaciones y nos parece que podía ser una buena base de discusión para elaborar ese plan que
Galicia necesita.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz.
Para la defensa de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al Plan de recuperación socioeconómico de Galicia y a otras medidas urgentes y necesarias después de la catástrofe del
Prestige, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Las continuas intervenciones de promesas propagandísticas del Gobierno a lo largo de dos meses han culminado con la presentación del Plan Galicia en A Coruña, y con su difusión a través de un folleto incluido en los medios de comunicación de
nuestro país.
Hoy tuvimos ocasión de debatir el plan con el señor ministro de Economía, y quedó claro que es cierto que ese plan contempla ayudas, créditos, préstamos, subvenciones para los afectados, y también en todo caso siempre que la iniciativa
privada, en el caso de los créditos y los préstamos, haga uno de ellos, es decir se deja fundamentalmente a la iniciativa privada el proceso de recuperación no sólo de la economía gallega en su conjunto sino en especial de las zonas afectadas.
También es de rigor decir con claridad que falta totalmente el aspecto de inversiones de choque en los sectores productivos para que el producto interior bruto de Galicia durante los próximos años no decrezca o crezca a un ritmo inferior a lo que
venía haciendo, que ya era precisamente pequeño para poder saldar la diferencia que hay con la media del Estado y de la Unión Europea.
Para juzgar este plan no nos podemos dejar enjaular en las cifras y maravillar por ellas sino por su veracidad y urgencia, esto es por lo plazos de tiempo y también por la asignación de partidas presupuestarias concretas.
El plan promete 5.200 millones de euros en los próximos años para nuevas infraestructuras que no están contempladas en el Plan de Infraestructuras 2000-2007, e incluso con prórroga hasta el 2010. ¿Qué se persigue realmente con el plan?
Señorías, pensamos que después del debate de esta mañana indudablemente el Partido Popular cree que va a controlar mejor socialmente a una parte de los sectores afectados, y que por tanto los podrá volver a congraciar con la política del Partido
Popular, y en caso de los que no están afectados pensar que los va a hipnotizar hablándoles de las maravillas que van a ocurrir en Galicia a partir del año 2003.
Creo que no es abusivo caracterizar este plan de propagandístico en cuanto persigue
sobre todo el efecto numérico como cuestión fundamental, las cifras antes del análisis de para qué son esas cifras, si se van a invertir o no y si van a incidir en los sectores productivos.
En segundo lugar, es un plan claramente fraudulento, porque como dejó claro incluso el conselleiro de la Xunta de Galicia las inversiones en grandes proyectos de infraestructuras no se verán hasta después del año 2010, especialmente en lo
que afecta a los trenes de alta velocidad, y en tercer lugar es engañoso porque gran parte del plan, aquello que sí va a funcionar, estaba ya diseñado con antelación o bien lo va a pagar la Xunta de Galicia, o simplemente es falso, y quiero dar
algunos ejemplos que no fueron ni siquiera rebatidos por el señor ministro de Economía, en concreto cuando se habla de que los incentivos regionales podrían llegar al techo del 40 por ciento, muy bien pero ya es así desde el año 2000, por cierto por
debajo del techo que se reconoce, por ejemplo, a comunidades autónomas como Andalucía, Canarias o Extremadura, igual que no
es verdad que tengan prohibido construir buques de doble casco los Astilleros IZAR en abstracto, es exclusivamente la prohibición del acceso al mercado de buques en general convencionales del astillero IZAR-FENE.
Por cierto, desaparece
cualquier alusión incluso en el folleto propagandístico, como también es verdad que los 1.000 millones de pesetas que hay para la limpieza y regeneración de playas no se puede considerar que sea una inversión nueva ni siquiera para provocar un
impulso en los sectores productivos o impulso en la economía de Galicia, sino que simplemente va a restaurar más o menos a su fase o a lo que era inicialmente el ecosistema de Galicia, por lo menos en apariencia. Por tanto es muy necesario desde
todo punto de vista precisar, mejorar y complementar un plan que queremos que se haga real, creíble y efectivo.
Para que un plan en Galicia sea real, creíble y efectivo, un plan de auténtica recuperación socioeconómica, no puede olvidar, en primer
lugar, al sector pesquero como un sector de carácter productivo, en especial al impulso de la pesca de bajura y litoral, y muy en particular, al margen incluso de la afectación de la catástrofe del Prestige, es fundamental no solamente la limpieza
de aquello afectado por el Prestige sino también la limpieza de los fondos marinos de las rías y en concreto la regeneración de bancos naturales. Se podría potenciar la industria de transformación de Galicia y un nuevo plan de comercialización de
nuestros productos del mar, que es lo que realmente está urgiendo en una gran parte del país, como es urgente reclamar ante la Unión Europea que realmente se nos deje pescar en caladeros de la Unión y también que se reconozca que nuestro país es
altamente dependiente de la pesca.
Cuando se habla de los 1.000 millones para el plan de regeneración, se olvida que es necesario un plan perfectamente elaborado que no puede excluir a la comunidad científica de Galicia si quiere que eso tenga un impacto real y esté bien
planificado en función de las necesidades de nuestro país. Como cuando se habla de los sectores afectados, señorías, esa preocupación inicial nuestra que seguimos manteniendo en dos aspectos fundamentales, primero, que sea el Estado quien cargue
con el 75 por ciento de las ayudas a los afectados; segundo, que se asista a aquellos que están afectados del primer nivel y aún siguen sin ser amparados por las ayudas del Gobierno, en concreto los comercializadores de pescado, que se les pone el
pretexto que, como está la lonja abierta en algunos sitios, no tienen derecho, por ejemplo, en el caso de A Coruña; o bien que se les consienta que continúen con la actividad de vendedores y comercializadores perfectamente controlada y que reciban
alguna ayuda.
¿Por qué? Por una razón fundamental. Si cierran el pequeño comercio, saben que sus clientes van a ser inmediatamente fagocitados por las grandes áreas comerciales. Creo que es una petición de cajón y que solamente si nos
empecinamos en no ver la realidad social y económica de Galicia, podremos no aceptarla, igual que esa moratoria de los pagos de los créditos que venimos reclamando desde el principio y por supuesto la promoción de la actividad en otros sectores de
la economía, con la creación de nuevas empresas, y que debe hacerse siempre a través de la colaboración con la Xunta de Galicia, porque es fundamental el respecto en el aspecto competencial. Pensamos que sería muy riguroso que la oferta de suelo,
en concreto en los polígonos de la SEPI, se hiciera en igualdad de oportunidades para la pequeña y mediana empresa o que se contemplase en Galicia completar los ciclos industriales de fundamentales materias primas, la pizarra, el granito, la madera
o incluso todo el ciclo del papel en el caso de las celulosas. No podemos olvidar que es imposible regenerar la Costa da Morte o bien O Salmés, y no hablemos de la Galicia interior, combatiendo su despoblación en este último caso, si no tenemos en
cuenta el estímulo al sector agrario y ganadero y los cauces de comercialización. Por tanto, señorías, pensamos que en todo esto el plan del Gobierno es totalmente romo y está totalmente ausente. Por supuesto, para que sea creíble, el plan de
infraestructuras tiene que llevar consignaciones presupuestarias a partir del año 2003, empezando por aquellas infraestructuras que ya figuran en el plan hasta 2007 y que no vemos por ninguna parte presupuestadas, ni siquiera a corto plazo, y por
supuesto las nuevas serían fundamentales. Celebramos por lo demás que en teoría se vaya aceptando un diseño ferroviario que fue catalogado, cuando aquí lo defendimos por primera vez, como un despilfarro, porque pedíamos doble vía, electrificación
para los ferrocarriles de Galicia y en concreto el acceso a nuestro país también por Ponferrada-Monforte y no solamente por Lubián-Ourense. Igual que quien conozca a Costa da Morte sabe que hay una esplendorosa industria eléctrica que produce
muchos megavatios a partir del río Sayas, mientras que no hay un servicio eléctrico medianamente decente para toda la comarca. Qué oportunidad para hacer el plan de electrificación de Galicia empezando por las comarcas rurales afectadas, y así
sucesivamente, como contar con los recursos endógenos de las zonas afectadas y, en concreto, aparte de los que he señalado ya cuando hablé de los sectores productivos, todo lo que es el patrimonio histórico artístico. No olvidaríamos, por lo demás,
las medidas de siempre, respecto de los compromisos de la UE y de la OMI para la seguridad marítima internacional, y aquellos del Estado en relación inmediata y urgente con el corredor de Fisterra.
Señorías, ya se lo hice ver al vicepresidente, creo que es escandaloso que no se sepa desde el Gobierno que la prohibición de la construcción de buques en un astillero de Izar afecta exclusivamente a Fene y no a los astilleros de Izar en
general, como dice el plan del Gobierno y como incluso ahora sorpresivamente hemos visto suprimido totalmente en el folleto de propaganda. Ya no figura nada sobre Izar, no sé si por un error o porque
no están dispuestos a dar batalla o a concretar, que es el caso de Izar-Fene.
El señor Martín Villa habló a las claras de que él sería siempre silencioso y callado si descubriese responsabilidades políticas en el caso. Nosotros seguimos exigiéndolas y no es de recibo decirnos que si lo hacemos ponemos en peligro el
patrimonio del erario público nacional -que le llama Martín Villa-, porque habría que pagar con dinero del Estado todos los desastres, los despropósitos y los perjuicios creados, pero, señorías, nuestro deber es que se evalúen claramente las
consecuencias de la catástrofe, y si el presidente del Gobierno sigue pensando que por defender que hay que completar y hacer creíble el plan ladramos por las esquinas -por cierto, en una evocación de un verso de las Rimas de Bécquer y en otra del
Poeta en Nueva York, de Lorca-, le decimos que estamos dispuestos a aullar como lobos para seguir defendiendo lo que es una política no servil, de reivindicación fundamentada y necesaria y de movilización, que es lo único que hace por lo menos que
el Gobierno empiece a tener que moverse en relación con Galicia, aunque en parte lo siga haciendo con engaños y con fraudes que no vamos a tolerar.)
Vamos a votar favorablemente a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y no lo haremos a la del Grupo Parlamentario Popular, porque para nosotros está muy lejos de ser inequívoca muestra de principio de cohesión
territorial y mucho menos de adecuada respuesta para impulsar el desarrollo de Galicia después de la catástrofe del Prestige lo que el Partido Popular, con afán propagandístico desmesurado y con poco rigor, nos ha presentado en A Coruña el 24 de
enero de este año.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Galicia, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para mostrar, en nombre de mi grupo, el apoyo al Plan Galicia aprobado por el Consejo de Ministros celebrado en A Coruña, compromiso histórico del Gobierno y también político y personal del presidente Aznar con
Galicia, por mucho que a la oposición le moleste; además, un plan aprobado con eficacia jurídica plena que le confiere el artículo 25 de la Ley del Gobierno, pero lo fundamental es el resultado y el resultado es que estamos ante el plan más
ambicioso que haya tenido nuestra comunidad, que coincide con los intereses de los gallegos y que ha devuelto la confianza y la ilusión, que de verdad es por lo que apostamos la inmensa mayoría de las mujeres y de los hombres de Galicia, por un
futuro mejor. Ello es así porque el plan coincide precisamente con los intereses de los gallegos de todos los sectores afectados, pensando en 70 municipios claramente afectados, pero también en otros muchos sectores, porque el ámbito, señorías, es
toda Galicia.
Hay medidas destinadas a paliar a corto plazo las consecuencias medioambientales, económicas y sociales causadas por el Prestige, pero hay también medidas articuladas a medio y a largo plazo para impulsar el desarrollo social y
económico en todos los órdenes: mejores vías de comunicación; impulso a las nuevas tecnologías; mayor proyección turística, cultural y social de Galicia. Es un plan que tiene el gran acierto de apostar por Galicia como un país vertebrado y
cohesionado social y territorialmente, elaborado de acuerdo con la Xunta y complementario al aprobado por el Gobierno autónomo; un plan, señorías, que se basa en cinco grandes objetivos, que ustedes conocen, y que a la par lleva 12.459 millones de
euros para el gran impulso, 1.000 millones destinados a la regeneración medioambiental. Pensemos que 20.000 personas afectadas están recibiendo ayudas directas ya desde el primer momento. Se trata de un plan, señorías, que, como decimos, impulsará
la actividad económica de Galicia con el fin de incrementar los niveles de crecimiento económico y mejorar la capacidad de crear empleo y de atraer inversión claramente privada.
No me puedo detener a enumerar todas las acciones importantes que hay en las distintas áreas, porque es tan ambicioso que la mera enumeración de las mismas rebasaría los tiempos asignados, pero permítanme que me detenga en algo de gran
interés. Con el plan, Galicia estará mejor comunicada gracias a la construcción de más y mejores infraestructuras para todos los gallegos. Señorías, más autovías y nuevas autovías: Pontevedra-La Cañiza, Chantada-Monforte. Galicia, además,
recobrará mucha más velocidad, sí, esa velocidad de AVE, dicho con la terminología de uno de los programas estrella de este plan. Pensemos que hemos pasado de reclamar un tren de alta velocidad a contemplar el proyecto de construcción de dos trenes
AVE, uno que unirá en menos de tres horas todas las grandes ciudades de Galicia con la meseta y otro que nos abre las puertas a Europa, algo imposible de concebir o de soñar, algo que hubiera sido imposible con el anterior Gobierno socialista, pero
eso, que es verdad, señorías, debían de haberlo recibido bien. Lo que más me duele es que ante esa apuesta histórica con Galicia el Grupo Socialista mande a un diputado a la Diputación Permanente como hizo el otro día y diga que ello es un
superlujo para Galicia. Esto es menospreciar a los gallegos.
Los gallegos tenemos derecho a gozar de las mismas oportunidades que otras comunidades. No nos pueden ofender con esas expresiones. Yo le decía: atrévanse a ir a Galicia, y ahora le
digo al señor Díaz: atrévase a ir a Galicia y sostener las palabras que el portavoz socialista decía hace unos días en esta Cámara.
¿Es un superlujo la apuesta del Gobierno y del presidente Aznar? No, señorías. Ustedes cuando vienen aquí dicen una cosa y allá otra. Fíjense hasta qué punto llega la incoherencia. Es una descalificación gratuita de minusvaloración a
nuestro pueblo. Yo pregunto, ¿tienen algo que alegar a ese eje cantábrico que se abre como una expectativa importante para quienes vivimos en esa tierra gallega? Fíjese si son claramente incoherentes. Yo le reto, señor portavoz del Grupo
Socialista gallego, a que contradiga esas palabras que ha dicho el portavoz socialista en el Congreso. La apuesta fuerte del Gobierno con Galicia nunca puede servir para criticarlo, como se ha hecho, sino para que todos nos felicitemos.
Así lo
sentimos los gallegos. Se trata de una apuesta histórica muy importante para el futuro y, si quieren, podemos hablar incluso de una expresión revolucionaria, pero hecha desde un compromiso con nuestra tierra y sabiendo lo que nuestra tierra
necesita. Tampoco se puede cuestionar, señor portavoz del Grupo Socialista, la construcción de nuevas autovías del interior. Cuando mandan hablar desde Madrid, desconocen cuáles son las necesidades básicas para vertebrar Galicia.
Vuelvo a decirle
lo mismo, vaya usted a Lugo, a Ourense y a Pontevedra a cuestionarlas, dígales que critica las aspiraciones legítimas de los ciudadanos de Pontevedra de conexión directa con la meseta, porque aquí las cuestionó el portavoz del Grupo Socialista en la
Diputación Permanente. Decía que por qué esas autovías. (El señor Hernández Cerviño pronuncia palabras que no se perciben.) No, no, cuestionaba por qué, si había estudios, si eran interesantes. Eso lo dijo el portavoz del Grupo Socialista que
ustedes mandaron. Vuelven a equivocarse porque ahora, señorías, no tocaba criticar, como tampoco les correspondería en una oposición responsable instrumentalizar una tragedia, y lo han hecho, y por la actitud que ahora están tomando, más parece que
les molestan las inversiones del Gobierno en Galicia. En el fondo, están inquietos y nerviosos por ese fuerte compromiso de modernización y de progreso que representa el Plan Galicia. No les conviene políticamente. No les encajaba en eso de
cuanto peor, mejor. Pues mire usted, nosotros en lo único que pensamos es en los intereses de Galicia, aunque ustedes no vayan a sacar ventaja política, aunque no les interese. El recurso fácil de que no hay plazos, como aquí decía, ni hay
presupuestos se cae con la evidencia. ¿Cómo que no hay plazos? Todas las obras -y ya se lo he dicho en otra ocasión- están concretadas claramente en plazos de inicio (Un señor diputado: ¿Cuáles?) y sólo desde la demagogia o desde la ignorancia
más absoluta se puede exigir que obras de tal complejidad histórica y técnica puedan aparecer concretadas con el fin de las mismas. El inicio de todas está claramente especificado. Por tanto, sus críticas no son serias. No se sostienen ante una
realidad aplastante; más parecen reflejo, como decía, de una rabieta.
Desde luego, señorías, este plan es posible y es posible porque gobierna el Partido Popular; es posible porque además de haber voluntad, compromiso y empeño político, hay un saneamiento de las cuentas que lo permiten. Los gastos derivados
de las medidas programadas naturalmente que se llevarán a cabo y desde luego todo lo que hace el Gobierno se contabiliza y ustedes además lo podrán seguir, ¡faltaría más! Es un plan, por tanto, certificado y presupuestado. Lo ha explicado
perfectamente hoy por activa y por pasiva el vicepresidente segundo. A ustedes lo único que les encantaría es que abriésemos -hay actas de sesiones que hemos leído, desde las cinco de la tarde obran en mi poder- el gran libro que ustedes manejaban
de maravilla, el gran libro de la deuda pública. Pues eso es lo único que no vamos a hacer. Todo lo que promete el Gobierno del Partido Popular se cumple. Los engaños a Galicia se acabaron con el Gobierno socialista. Sí, señorías, este Gobierno
tiene credibilidad. No todos somos iguales. Ustedes prometieron crear 800.000 puestos de trabajo y provocaron dos millones de parados más. Nosotros nos comprometimos a bajar los impuestos, a sanear la Seguridad Social, a crear empleo, y ahí están
cerca de cuatro millones más de puestos de trabajo y los ciudadanos lo saben. Ustedes profetizaron muchas cosas y cuantas veces lo hicieron, cuantas veces se equivocaron. Dijimos que las autovías de Galicia serían una realidad y allí está incluso
la construcción del tramo de Piedrafita, que cuando ustedes gobernaban ni siquiera lo pintaban, y ahí está el puerto exterior de Ferrol que ustedes negaban que lo íbamos a hacer y ahora es una realidad -estamos haciendo los accesos-. En cuanto a la
transcantábrica, tengo que decirles que en el PDI del señor Touriño ni siquiera se contemplaba y saben perfectamente que en el tramo con el límite de Asturias hay un compromiso claro de iniciar ya la licitación de todas sus obras este año.
Estamos, pues, ante un plan completo que deja claramente corto el contenido de las proposiciones no de ley del PSOE y del Grupo Mixto, un plan que contiene importantísimas ayudas para el mundo de la pesca, por supuesto, y de la industria
ligada a él. Permítame que resalte el apoyo a la construcción naval. Estamos hablando de una cuestión muy importante que sin duda, cuando vemos las críticas, nos hace necesariamente retrotraernos a aquella época pasada. Señorías, hemos pasado de
los años de Solchaga, esos años que supusieron la mayor ruina para Ferrol y para toda la comarca de los astilleros, con esa quiebra técnica de los mismos en la que nos encontramos cuando llegó al Gobierno el Partido Popular.
Hoy hay compromiso de
trabajo y hoy hay un futuro de esperanza frente al abandono de esos catorce años de problemas socialistas.
Señorías, quiero mostrar todo nuestro apoyo al Plan Galicia por la importancia que tiene. No podemos apoyar las proposiciones no de ley de la oposición; la socialista, porque muchas de las propuestas son heterogéneas,
carecen de la mínima concreción, como hoy les decía el vicepresidente segundo, y otras están incluidas -y de ello nos alegramos- en actuaciones que ya viene haciendo el Gobierno o están incorporadas a este Plan de Galicia, pero en unos
términos mucho más ventajosos para los gallegos. La del Grupo Mixto no concreta nada, ni siquiera en infraestructuras y nada desde luego en financiación. Se han quedado claramente cortos. Ustedes, señores de la oposición, pueden pensar muchas
cosas y decir todas las que aquí han dicho; en definitiva, criticar sin razones solventes ni creíbles. No olviden, señores socialistas, que la realidad es muy dura a veces, es muy tozuda y juega malas pasadas. Quieran o no, la inversión que
reclaman en las proposiciones no de ley se ha quedado muy corta al lado del Plan Galicia; este plan dobla el presupuesto que ustedes solicitan para nuestra tierra. Creo sinceramente que con él se abren nuevos horizontes y nuevos tiempos para una
tierra que ha sentido y agradecido la solidaridad de toda España; ahora, con este plan, vuelve a ver la solidaridad de todas los españoles. Galicia será capaz de aprovechar -y termino, señoras presidenta- el nuevo impulso que los gobiernos de
España y de Galicia le ofrecen al haber articulado un plan sin precedentes, que recoge el sentir de las gentes e incorpora lo que Galicia necesita más que nunca. Por mi parte, señorías, hago una llamada a todos los grupos para que apoyen este plan,
para que no pierdan una oportunidad histórica, para que transmitan a los ciudadanos gallegos que ustedes apuestan por más y mejores infraestructuras y por la modernización de nuestra tierra. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular lo apoya sin
reservas y pone todo su compromiso, voluntad e interés en su mejor desarrollo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Vasco en el Congreso y desde el Partido Nacionalista Vasco deseamos mostrar una vez más en esta Cámara nuestro apoyo y más profunda solidaridad al pueblo gallego por el desastre económico, social y ecológico derivado
del hundimiento del Prestige y lo harán votando favorablemente las iniciativas en forma de proposiciones no de ley planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Bloque Nacionalista Gallego, con el fin de que el Gobierno se comprometa a
desarrollar un plan creíble y flexible de recuperación socio-económica y ambiental de Galicia tras la catástrofe del Prestige. Por el contrario, creemos que la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular no es una proposición no de ley,
sino una declaración de apoyo a las medidas aprobadas por el Gobierno a través del denominado Plan Galicia; por tanto, a nuestro juicio, no debería haber sido siquiera considerada o debatida en este Pleno. El Partido Popular, a remolque de las
iniciativas del PSOE y del BNG, trata de salir en la foto para evitar que su no presencia le pueda suponer algún coste electoral. No ha lugar en esta intervención a analizar en profundidad lo ocurrido ni a especular sobre lo que hubiera pasado si
el Gobierno del señor Aznar hubiera tomado a su tiempo otras decisiones más acertadas; de las actuaciones del Gobierno y de sus responsabilidades se ha hablado mucho y se hablará aún más. Sin embargo, ahora no es momento sino de reconocer los
errores, no tratar de ocultarlos con propaganda y desinformacion, y de agarrar al toro por los cuernos.
Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, la realidad es la que es: un barco hundido en alta mar que ha perdido miles de toneladas de fuel y que seguirá perdiéndolas en el futuro; un desastre medioambiental, económico y social que
afecta -y seguirá afectando- especialmente a Galicia, a su costa, a sus pescadores y mariscadores, al turismo, al comercio y a un largo etcétera. El fuel también está llegando de forma preocupante a otras costas, como la asturiana, la cántabra y la
vasca, con repercusiones negativas en su medio ambiente y en su economía. En Euskadi, las dimensiones de la catástrofe son ya trágicas y esto no puede olvidarlo tampoco el Gobierno del Partido Popular. Se trata, en definitiva, de todo un desastre
ecológico, económico y social que hay que abordar con valentía y con recursos económicos públicos, huyendo de la demagogia y de los tics electoralistas. Es el momento de afrontar y resolver la crisis generada por el Prestige con la suficiente
generosidad política. Galicia depende en gran medida de sus costas y de esos pueblos; la pesca y el turismo representan un porcentaje elevado de su PIB. Una gráfica pero cruda radiografía económica de Galicia nos indica que el empleo en el sector
primario -agricultura y pesca- supone el 25,8 por ciento del empleo total gallego, cuando dichos porcentajes son del 8,7 en el Estado y del 5,5 en la Unión Europea. El 75 por ciento de las conservas de pescado y de marisco proviene de Galicia; la
inversión en I+D representa el 0,4 por ciento del PIB, frente al 0,9 por ciento en el caso del Estado y el 2 por ciento en la Unión Europea. El stock de capital y el capital por persona es inferior a la media del Estado. El nivel de instrucción de
la población gallega es igualmente inferior a la media. Estos factores ponen de manifiesto un déficit estructural que conlleva una menor renta per cápita que la del Estado, un descenso de la población activa y ocupada, una mayor tasa de paro con
una menor tasa de actividad, una pérdida de peso demográfico, un envejecimiento de la población, etcétera; en definitiva, conlleva un menor dinamismo y capacidad de reacción ante situaciones económicas adversas. Por tanto, además de garantizar a
los
gallegos y a las gallegas la reparación económica y medioambiental de los daños sufridos -y esto es muy importante-, se debe abordar un plan creíble de dinamización económica de Galicia que la sitúe en los parámetros económicos europeos.
Desde el Grupo Vasco apoyaremos las iniciativas que se planteen con el fin de recuperar económicamente el sector pesquero, regenerar medioambientalmente la costa gallega, recuperar el turismo de Galicia y adoptar medidas para otros sectores
afectados, pero también apoyaremos las medidas de estímulo a la creación de actividades económicas, un plan de modernización de infraestructuras viarias y ferroviarias, el fomento de la formación e investigación, medidas fiscales, así como otras
cuyo fin sea impulsar el desarrollo económico de Galicia. El Gobierno del Partido Popular ha aprobado un plan en el que se señala que se van a destinar a Galicia 5.200 millones de euros. Sinceramente, no sé valorar si eso es mucho o poco, pero lo
que nos interesa saber es en qué se va a gastar y cuándo lo van a hacer. Señores del Gobierno, Galicia y otras comunidades como Euskadi, por ejemplo, desean saber en qué se van a concretar los compromisos del Gobierno. En el Grupo Vasco nos
tememos que la promesa del Gobierno esté condicionada por el calendario electoral y que después del 25 de mayo se quede sin fuelle. Al Gobierno han de exigírsele compromisos y proyectos concretos con su respectiva periodificación en el tiempo. Los
compromisos y proyectos han de iniciarse ya en el presupuesto del año 2003. Sería importante también que el señor Montoro nos explicase cómo lo va a hacer, que nos cuantificase en términos de déficit público los compromisos que el Gobierno va a
adoptar este año y los siguientes, que nos avanzase las líneas del plan de corrección del déficit público, si se incurriese en él. Sin embargo, lo más importante y lo que es preciso exigirle al Gobierno -desde el Grupo Vasco lo vamos a hacer- es un
compromiso firme con Galicia y con el resto de comunidades afectadas por la catástrofe del Prestige, compromiso que se ha de concretar en proyectos y actuaciones debidamente periodificadas y previamente debatidas en esta Cámara. Señores del
Gobierno, menos fotos y más compromisos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Señora Sainz, creo que ustedes tienen un concepto infantiloide -luego lo voy a matizar- respecto a cómo funciona la democracia. Lo digo por la propia presentación que se hizo en Galicia hace unos diez días y lo que se repite constantemente
a partir de dicha presentación que hizo ni más ni menos, asumiendo un compromiso personal, el señor Aznar. Ustedes antes medían mucho mejor las cosas, los tiempos, las propuestas, la forma de dirigirse no sólo a los grupos parlamentarios sino a la
gente, a los votantes. Ustedes calibraban mucho más y respetaban a la gente mucho más que ahora. Lo hicieron bien en ese período al que me refiero, recuperando la mejor herencia de la Unión de Centro Democrático, y como lo hicieron bien -desde su
punto de vista, defendiendo su programa-, obtuvieron la mayoría absoluta. A partir de entonces han perdido ustedes el respeto a la gente, simplifican hasta límites insoportables y responden de manera inadecuada, provocativa, de manera agria y
abrupta, como se ha visto en el caso de Nunca Máis; cuando la sociedad civil se organiza y pide cuentas ustedes pierden los papeles, igual que están reaccionando ante lo que han hecho los actores y la Academia del cine en la entrega de los Goya,
que es una respuesta civil a una situación muy determinada y muy grave como es la posibilidad de una guerra; ni más ni menos, ni menos ni más. Ustedes responden de manera desaforada, como ahora están intentando convencer desde posiciones
absolutamente inconcretas, poniendo por delante credibilidades personales que sólo se pueden corresponder con la vida interna de un partido y teniendo en cuenta que no calculan en la forma desencajada, muy matizada, muy diversa cómo funciona una
democracia. Usted lo decía por ejemplo en la Diputación Permanente.
El señor Aznar llega a Galicia hace diez días y antes había dicho: Los demás van a hacerse la foto, yo sólo iré cuando tenga las soluciones, cuando tenga el dinero. Desde el principio está diciendo a los gallegos y gallegas, a los
españoles, que esto se arregla con dinero, que con dinero se arregla todo. Llega a Galicia y nos dice: Señores de la oposición, se les ha acabado el chollo, ya vengo yo con el saco; se les acabó el chollo electoral, el chollo partidista. Y dice:
Traigo un plan y es un compromiso mío; yo respondo. Un presidente que dentro de diez meses estará en funciones dice: Yo personalmente respondo de un plan -que no lo es-, de una propuesta inconcreta que si se cumpliera sería a lo largo de siete,
ocho o nueve años. ¿Cómo se compromete el señor Aznar personalmente en la ejecución de este plan? Es la concepción democrática del señor Aznar. Dice que se acabó el chollo; viene dinero, ya no tienen ustedes nada que hacer en la pugna
democrática y electoral. Eso es lo legítimo siempre: pugna democrática que es siempre pugna electoral. Y no creo que tengan ninguna maldad intrínseca las fotografías. Hemos visto al señor Rato fotografiarse de rodillas y sin corbata ante el
chapapote el otro día. No creo que sea malo fotografiarse en una sociedad mediática como ésta donde todo el mundo tiene que demostrar a la gente que debe depositar su confianza en ese grupo en forma de voto. Pero el señor Aznar viene a decir que
con dinero se arregla todo. Y no, señora Sainz, no es
posible.
Hay todavía en Galicia algo que arreglar de otra manera. En Galicia sigue persistiendo una herida democrática fuerte y es que hubo un error concreto de ustedes, del Gobierno sustentado por ustedes, singularmente de un ministro y mientras no
se deriven -ya que no se quiere investigar- las responsabilidades políticas correspondientes a un error humano -de acuerdo, pero en política cuando se juega y se equivoca uno hay que asumir responsabilidades políticas y pagarlas-, mientras que esta
herida no se restañe no se pueden arreglar las cosas sólo con dinero. De ahí la existencia de una protesta social y política que no siempre tiene que ver con el dinero, que no tiene que ver con el dinero en lo fundamental. Si el señor Cascos aleja
el buque de la costa y lo lleva al peor sitio -lo cual se ha demostrado-, el Gobierno en su conjunto tiene que asumir esa responsabilidad. Luego no se acabó ningún chollo porque nunca ha habido ningún chollo. Esto se llama juego democrático de
Gobierno y oposición. Y no estamos ladrando, estamos haciendo la oposición que nos corresponde en función del sitio en que nos han puesto los electores y ante un tema como éste o el de la guerra hay que protestar y hay que acosar al Gobierno, claro
que sí.
Segundo tema: las ayudas que necesita Galicia. Desde el principio digo que este plan contiene una trampa política interna muy seria: el intento de enfrentarnos a todos los que hemos estado en la oposición con el pueblo gallego y el
intento de enfrentar a unos territorios con otros. Usted lo ha insinuado con mucha más fuerza, con mucha más nitidez de lo que lo hizo en la Diputación Permanente. Desde Izquierda Unida apoyamos -con la responsabilidad incluso de gente que tiene
que presentarse en Andalucía, donde la renta media con respecto a la europea está en el 60 por ciento- solidariamente las inversiones que puedan hacerse en Galicia, aunque tengan que decaer de Andalucía. Se lo digo directamente. Desde luego,
aunque ustedes lo intenten infantilmente, no nos van a enfrentar a nadie diciendo que oponerse al plan -que no lo es- que ustedes presentan es enfrentarse al futuro de Galicia. Eso no lo pueden mantener.
Señora Sainz, si usted coge el 'Diario de Sesiones' -lo puede tener esta tarde o mañana mismo-, verá que en su intervención ha dedicado al plan en concreto una cuarta parte del tiempo. Cuando ha hablado del plan del Gobierno ha dicho:
Tenemos credibilidad, hemos cumplido y vamos a cumplir, los demás no cumplen, esto va a sacar a Galicia del hoyo, etcétera, sin concretar absolutamente nada más. Lo ha hecho con acento convincente, lo reconozco, con fuerza, porque usted es una
buena parlamentaria, pero nada más. El resto del tiempo lo ha dedicado a desestimar, a descalificar, a atacar posiciones concretas de otros grupos que, por cierto, sin tener responsabilidades de Gobierno, desde la oposición han hecho un intento de
concreción mucho mayor que el realizado por el Grupo Popular en el texto que está redactado negro sobre blanco.
De ahí que nosotros vayamos a votar a favor las propuestas del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, y del Grupo Socialista y no
la propuesta inconcreta que intenta simplemente una contraprogramación parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Pues bien, el señor Aznar, poniendo su propia persona, su trayectoria política, como garantía de que se va a cumplir el plan, nos dice que el Estado va a emplear una serie de miles de millones de euros. Desglosando los que ya se habían
previsto en el presupuesto para el año 2003 y en el Real Decreto 7/2002, de 22 de noviembre -deducimos que todo el mundo saca la misma cantidad-, resultan 5.200 millones de pesetas; se van a invertir 5.200 millones de pesetas sobre la inversión
plurianualmente prevista en los presupuestos del año 2003. Por tanto, en principio estamos hablando de varios años. Si hablamos de varios años y de las costumbres presupuestarias del Partido Popular, quiérese decir que anualmente el 30 por ciento
de este presupuesto no se va a ejecutar. Por tanto hablamos de muchos más años. Y con respecto a los 5.200 millones nuevos realmente no hablamos de nada, sólo de polvo, de cenizas, de humo, de palabras pronunciadas con fuerza pero sin ningún
anclaje presupuestario, planificador y aritmético respecto a los determinados plazos que hay que concretar de cara a la recuperación de Galicia. Por tanto, no estamos ante un plan que conlleve dinero nuevo sino que estamos ante un plan plurianual
con respecto al dinero que ya estaba consignado en los presupuestos anteriormente mencionados.
Señora Sainz, creo que ustedes preveían que todos nos íbamos a poner a la defensiva. Hay alcaldes que dijeron: ¿Quién se niega a tantos miles de millones de euros? Porque ustedes llevaban el saco lleno de dinero.
Ustedes preveían que no
íbamos a decir la verdad por si el pueblo gallego decía que no había que cerrar las puertas a la opulencia. Pero ya ve usted que la democracia tiene una serie de argumentos que nos llevan a decir que no es aceptable el plan que ustedes plantean, no
porque sea mucho sino porque no es concreto; no porque contenga mucho futuro sino porque contiene un futuro inconcreto que depende de una apuesta electoral para dentro de un año y para dentro de dos años. Ustedes están diciendo a los gallegos: Si
nos votáis podemos meter mucho dinero aquí, pero no otra cosa.
También preveían que desde Andalucía, Murcia y Extremadura, desde los sitios relativamente menos desarrollados, los diputados de esta Cámara íbamos a protestar y a decir: ¿Cómo es que llevan tanto dinero a Galicia? Porque es cierto que si
no se va a ver afectado el déficit cero, teniendo en cuenta que van a bajar a pesar de todo los créditos europeos y las reformas impositivas que están haciendo, que dan mucho menos dinero al Estado, realmente no se comprometen a nada.
En todo caso, si se comprometen, con las cuentas que hacen habría que decir qué otros proyectos de comunidades autónomas decaen para que se puedan realizar estos. Vamos a demostrar la solidaridad, pero que decaigan o se aplacen los años en
su fase de inversión en Andalucía, en Extremadura, donde sea. Desde Izquierda Unida decimos que estamos de acuerdo con esa solidaridad que hay que demostrar incluso desde territorios con un 60 por ciento de la renta europea. Pero ni siquiera dicen
eso, hacen política de salón, toreo de salón. Creían que nos íbamos a callar, que no íbamos a decir la verdad y que no íbamos a decirles a ustedes que no tienen claro el concepto de Estado de este país y que constantemente intentan enfrentar a la
gente con los ciudadanos y a unos territorios con otros. Ese es el fondo de la cuestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego que concluya.
El señor El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, no es un plan, es una apuesta política bien hecha, bien montada, con buen tono, pero que no conduce a lo que pretendemos, que es un mejor futuro para Galicia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ya había fijado su posición respecto a estas proposiciones no de ley presentadas por diferentes grupos parlamentarios y que van ligadas sustancialmente a la
aplicación del plan de reactivación de Galicia en diferentes ocasiones en la Comisión de Economía, cuando compareció el ministro señor Montoro, así como cuando lo ha hecho esta mañana el vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía
el señor Rato. Valoramos positivamente la aplicación de dicho plan de reactivación para Galicia que asciende a la cantidad de 12.000 millones de euros aproximadamente.
En primer lugar, lo valoramos positivamente porque pensamos que es de justicia que el pueblo gallego reciba un plan de modernización de su economía para sufragar el desastre ecológico y económico que le ha supuesto el naufragio del Prestige.
Era lo mínimo que podía hacer un Gobierno con sensibilidad hacia una comunidad y por este motivo no podemos hacer otra cosa que apoyarlo. Al mismo tiempo, en el aspecto económico cabe resaltar la rapidez con la que ha actuado el Partido Popular al
plantear la posibilidad de un plan de modernización hacia la comunidad gallega. También hemos manifestado en diferentes ocasiones que ha sido una lástima que el Gobierno, cuando se produjo el naufragio del Prestige, no actuara con la misma
sensibilidad económica hacia las personas afectadas por dicha catástrofe. Desde esta posición y en el momento procesal actual valoramos positivamente la aplicación de este plan.
Es cierto que dada la dimensión de la catástrofe y debido a la magnitud de este plan y a la cantidad de recursos económicos que se van a destinar al mismo -que asciende a 12.000 millones de pesetas-, hubiera sido necesario -y el Partido
Popular también habría podido sacar la rentabilidad política pertinente de ello- que lo hubiésemos discutido en una comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno de la Cámara, y así lo manifestó nuestro portavoz el señor Jané en la
Diputación Permanente celebrada a finales del mes de enero. A nadie se le escapa que dada la magnitud del plan y la incidencia que va a tener en la sociedad española, esta hubiera sido una oportunidad importante para que todos los grupos
parlamentarios -también el Grupo Popular- hubieran escuchado todas las posiciones, aunque fuera quizás para llegar a las mismas conclusiones a las que hemos llegado en las diferentes comisiones. Queremos dejar patente en este debate que nos hubiera
gustado muchísimo haber podido discutir este plan con intensidad en una comparecencia del presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados. Sin embargo, ya hemos dicho de antemano que lo valoramos positivamente.
Es cierto que el plan contiene algunos puntos oscuros que ya hemos señalado. En primer lugar, no sabemos cuáles son las inversiones que se van a detraer y cuáles las que se van a incorporar para poder completar dicho plan; es decir, sí las
conocemos pero no sabemos si van a ir en detrimento de otras inversiones previamente planteadas. Tampoco sabemos cuáles son los plazos de ejecución. Hemos hecho una lectura rápida de los acuerdos del Consejo de Ministros del 24 de enero, pero no
sabemos cuáles son los plazos en los que se van a ejecutar las inversiones en diferentes infraestructuras. Tampoco sabemos exactamente -y lo hemos dejado patente hoy en la Comisión- cuáles van a ser las fuentes de financiación para poder
implementar una inversión que asciende a 12.000 millones de pesetas. El señor Rato nos ha dicho que algunos recursos iban a salir de los remanentes de los presupuestos de los años 2001 y 2002, de las contingencias del año 2003, de las políticas
europeas y de los fondos de solidaridad, pero nosotros pensamos que para todas aquellas inversiones que se tengan que realizar a corto plazo quizás fuera necesario un endeudamiento o un crédito extraordinario. Sin embargo, el vicepresidente
económico del Gobierno ha manifestado que no sería necesario un crédito extraordinario y que con el planteamiento del déficit cero es posible abordar la financiación o la búsqueda de recursos para poder ejecutar todas estas
inversiones. En este sentido, si fuera necesario flexibilizar el endeudamiento o el déficit cero para hacer frente a dichas inversiones, Convergència i Unió no tendría ningún inconveniente en que se implementase un crédito extraordinario
que permitiera acometerlas en el menor tiempo posible para conseguir paliar de esta manera el daño producido a la economía gallega, que como todas SS.SS. saben está un 20 ó 25 por ciento por debajo de la media española. A nadie se le escapa que el
desastre ecológico y económico que comporta esta catástrofe va a afectar a una parte importante de la población dedicada a la pesca y a todas aquellas industrias ligadas a dicho sector, que ocupa al 12 por ciento de la población activa de Galicia.
Por tanto nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, quiere manifestar que va a votar favorablemente la proposición no de ley planteada por el Grupo Popular, que aunque no insta directamente a la ejecución del plan económico de Galicia sí
lleva implícita la connotación de que dicho plan se va a poder ejecutar a lo largo de este año 2003 y en los años sucesivos.
También vamos a votar favorablemente la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, defendida por el Bloque Nacionalista Galego, ya que Convergència i Unió se posicionó favorablemente cuando dicho grupo planteó una interpelación
al respecto, así como una moción que iba básicamente en la misma dirección que el Gobierno del Partido Popular cuando ha aprobado y convalidado dos reales decretos en esta Cámara, y también implica muchas de las cuestiones que planteó dicha
formación política a alguno aspectos importantes que están recogidos implícitamente en el plan de relanzamiento de la economía gallega.
Nos vamos a abstener en la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista porque no hemos tenido tiempo de analizarla en profundidad y detenidamente, aunque queremos manifestar que es una propuesta que lleva implícitas inversiones
importantes para la comunidad gallega y que, seguramente, si la composición parlamentaria fuera la inversa nosotros apoyaríamos la propuesta que ha presentado el grupo parlamentario que apoya al Gobierno. Por estos motivos ésta va a ser la posición
del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Antes de finalizar mi intervención, no quisiera dejar pasar la oportunidad de manifestar la solidaridad de nuestro grupo parlamentario hacia el pueblo gallego, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos meses, en el sentido de
que todas aquellas cuestiones que hagan referencia a poder implementar medidas que sean de utilidad para dicha comunidad siempre van a contar con la posición incondicional de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Iniciamos la votación de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la aprobación urgente de un plan de recuperación económica, medioambiental y social de Galicia que palie y compense no
sólo los efectos inmediatos producidos por el desastre del petrolero Prestige, sino que arbitre actuaciones de promoción y desarrollo de la economía gallega que logren, en un futuro cercano, las máximas cotas de desarrollo sostenible con mayor
equilibrio territorial y cohesión social, equiparando sus niveles de bienestar social a los del resto de España y a los de la media de los países de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 121; en contra, 159; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, relativa al Plan de recuperación socio-económico de Galicia y a otras medidas urgentes y necesarias, después de la catástrofe del Prestige.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 136; en contra, 159; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan Galicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 174; en contra, 123.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 173/000175.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre política general en materia de medio ambiente. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Marón. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
Adelante, señora Marón. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta moción es consecuencia de la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre política medioambiental debatida en esta Cámara el pasado 18 de diciembre. En aquel debate el ministro despachó su intervención
explicando el protocolo de actuaciones en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas (que ha servido de poco; esperemos que sirva para el futuro, pero al menos se han dado cuenta de que el recién creado parque nacional está formado por islas y, por
tanto, con características y riesgos específicos, lo que debían haber previsto cuando se creó) y, por otra parte, para justificar las competencias y responsabilidades de su ministerio en el caso Prestige. No estamos discutiendo las
responsabilidades del ministro, que podíamos, sino las responsabilidades de todo el Gobierno. Por cierto, señores del Partido Popular, su Plan Galicia es el reflejo más claro del fracaso de su política en Galicia: trece años de gobierno en Galicia
y siete años de Gobierno Aznar.
El Grupo Socialista trae esta moción al Pleno con un paquete de medidas concretas no sólo referidas a las consecuencias de la catástrofe del Prestige -que también, faltaría más, ¿acaso no requiere políticas medioambientales de prevención y
regeneración urgentes?-, sino que va más lejos y tratamos de avanzar con compromisos para el futuro que ataquen la raíz de los problemas medioambientales. Esta ha sido la línea que hemos mantenido. Cada semana hemos presentado ante esta Cámara
trabajo en positivo. Ya no esperamos el reconocimiento de ustedes, sino evitar por lo menos las graves acusaciones de deslealtad, como si ante una catástrofe de tal magnitud la oposición debiera quedarse paralizada y con sumisión a la dejación del
Ejecutivo, como si las justas demandas de los ciudadanos hubiera que silenciarlas y dejarlos en la más absoluta indefensión. Esto viene no sólo desde el 13 de noviembre, cuando se evidenció la precariedad, sino que llegamos a esta situación después
de siete años de Gobierno popular sin avanzar en materia de medio ambiente y, lo que es peor, el pasado que ustedes tanto critican no les ha estimulado para mejorar e impulsar, para liderar nuevas propuestas acordes con el siglo que vivimos, con las
pautas que marca la Unión Europea y con las demandas de la sociedad. Se han ocupado, eso sí, de privatizar, de vaciar competencias del Estado, de impulsar planes vacíos de contenido y presupuesto. Eso lo hemos sufrido en el caso Prestige y lo
hemos sufrido en Galicia en general. Esto, además de ser una tremenda falta de responsabilidad, propicia el desprestigio de la hoy llamada genéricamente clase política en la que ustedes nos quieren colocar a todos, como si las gestiones de los
diferentes ámbitos institucionales fueran iguales. Eso, señorías, no es así y flaco favor hacen a la democracia con esta actitud. Sin embargo, los hechos de cada uno están ahí y se verán en un futuro. Seguiremos presentando alternativas como esta
moción, para la que pedimos el apoyo y la aportación de todos los grupos políticos. Tiene tres ejes: un primer bloque centrado en paliar el desastre ecológico del Prestige, un plan integral de prevención, recuperación y protección ambiental;
prevención ante nuevas avalanchas de fuel: ¿estamos preparados para lo que nos queda por venir? Evaluación periódica de los daños ocasionados en los fondos marinos y especialmente del parque nacional y de los espacios protegidos, Red Natura 2000,
zonas ZEPA, convenio Ramsar, etcétera. Han muerto 40.000 aves, es una cifra significativa dada por la SEO. Salud ambiental, otro tema importantísimo.
Evaluación y seguimiento de los efectos en las personas expuestas al fuel: pescadores, vecinos,
voluntarios, ejército, etcétera. El mundo científico incide en el riesgo. ¿Qué se está haciendo, qué registro y seguimiento se hace de esas personas? Control e inspección de los productos del mar, seguridad sin alarmismo pero, ante todo,
prevención.
Apoyo psicológico a los que vivimos en Galicia; conocemos bien esa necesidad, pero además está perfectamente documentada en situaciones similares. ¿Qué se hace en este campo de prevención y apoyo psicológico? Residuos: ¿dónde y cómo
se almacenan, dónde y cómo se tratan los residuos de fuel? Hoy tenemos cientos de balsas que almacenan esos residuos con peligro no sólo de contaminar el mar, que ya lo está, sino los suelos y los acuíferos, aparte de la toxicidad por contaminación
atmosférica, que tampoco se está evaluando.
Hay un segundo bloque de medidas que se centran en el impulso legislativo, reclamando la remisión a esta Cámara de varios proyectos de ley: la ley de montes, la ley de responsabilidad civil. ¿Por qué esperar, como decía el ministro, a la
directiva de la Unión Europea? Una directiva de mínimos no implica que el Gobierno impulse su propia ley de responsabilidad civil ilimitada ante la existencia de un vacío normativo tan evidente, promesa del presidente Aznar y que en el caso
Prestige deja al desnudo la cobertura de riesgo. Un tercer punto -en el que, por cierto, hemos hecho una autoenmienda por un error en la transcripción- corresponde a un Plan nacional de residuos peligrosos urgente, con las infraestructuras y los
recursos necesarios para abordarlos. Estamos viendo bien a las claras la situación de los residuos peligrosos con el problema del fuel o como ocurrió antes con las vacas locas. Presentación urgente de las estrategias de cambio climático y
desarrollo sostenible.
El tercer bloque está centrado en la aplicación del derecho, la creación de una fiscalía especial para la prevención y represión de las infracciones contra el medio ambiente y un plan general de inspección y control ambiental con las
comunidades autónomas, dotando a éstas de medios para ejercer precisamente con esa función sin la cual los temas ambientales no se pueden llevar a cabo. En definitiva, señorías, medidas que van desde la inmediatez y la urgencia para paliar la
ineficacia con la marea negra a impulsar en nuestro país un compromiso real con el medio ambiente y la sostenibilidad.
Caminen, aunque sea a remolque de nuestras iniciativas, como lo estamos viendo, pero caminen, y cumplen con la lealtad que deben a la sociedad, ejerciendo en su caso con la tremenda obligación y la tremenda responsabilidad que es gobernar, y
en ese empeño nos encontrarán colaborando, pero, como oposición, nuestra obligación es denunciar cuando sea menester su incompetencia, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Marón.
Grupos que desean fijar posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, con toda brevedad, para anunciar el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta moción del Grupo Socialista, en la que se plantea una batería de medidas en materia de medio ambiente que abarcan diversos aspectos de la
cuestión relacionados con la catástrofe del Prestige, la administración hidráulica, residuos, montes o el cambio climático, entre otros. Sin duda, todos ellos merecen un cambio, un impulso en la actual política del Gobierno, objetivos que en líneas
generales compartimos en tanto que son a su vez enunciados en términos genéricos.
Por tanto, uno de los aspectos de la moción importante y de urgente clarificación por el Gobierno es decir que el necesario plan de limpieza y regeneración de las costas de Galicia afectadas por el fuel del Prestige precisa ser reorientado
con claridad, coordinando y complementando los esfuerzos científicos, algo que en nuestra opinión hoy no sucede, contando con una mayor participación de equipos de centros científicos de Galicia, con experiencia acumulada y contrastada en este
campo, y es necesario también contar para ese fin con las aportaciones de las organizaciones de defensa del medio ambiente y las propias organizaciones representativas del sector pesquero, marisquero y acuícola. En nuestra opinión, es preciso
generar con una adecuada composición, por decirlo de alguna manera, un núcleo duro en el que sin duda podrían converger otras aportaciones incluso del ámbito internacional.
En todo caso, sigue siendo necesario un plan bien definido para seguir abordando una limpieza y regeneración de la costa que dista mucho de haber concluido. Hay que intensificar la labor de limpieza de costa y fondos marinos, poner en
marcha soluciones que eviten la salida de fuel ahora y en el futuro del pecio del Prestige, desarrollar y ejecutar planes de biorremediación, intensificar los controles sobre todo de las especies comerciales, definir áreas no contaminadas, como
viveros de semilla de diversas especies y dotarlas de especial protección. Hay que hacer un plan de actuación específico para el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, establecer en cada zona afectada también especies objetivo y planes de
seguimiento especiales, etcétera. En todo caso, un impulso por parte del Gobierno a este plan de actuación es necesario, nosotros lo seguiremos demandando, así como los fondos precisos para poder llevarlo adelante con todo rigor.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Otxoa.
El señor OTXOA DE ERIBE ELORZA: Señora presidenta, intervengo para manifestar la posición favorable del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco hacia esta propuesta del Grupo Socialista, como no podía ser de otra forma, dada nuestra
solidaridad bien demostrada con el pueblo gallego y sobre todo porque por primera vez se habla de un plan integral de prevención, recuperación y protección ambiental. Quisiéramos puntualizar lo de integral porque en este momento esa marea negra, lo
que parece que se nos quiere vender como algo pasado en Galicia está amenazando a otras costas del litoral en las que desgraciadamente está incluida nuestra comunidad autónoma, con efectos bastante graves en el presente y peores a futuro, con
pérdidas de costeras importantes para la flota pesquera, tal como puede ser la del verdel, la anchoa, la posible futura caída de la del bonito, etcétera. Cuando hablamos de zonas a proteger no solamente hay que hablar en este momento de las rías
gallegas, hay que hablar de zonas como pueden ser desde las marismas de Santoña o San Vicente de la Barquera hasta Urdaibai o el estuario del Bidasoa.
Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta proposición aunque, coincidiendo con la intervención del representante gallego, tendríamos que decir que pueden añadírsele una serie de cuestiones, remarcando más la puesta en funcionamiento de equipos
pluridisciplinares y la conexión y cohesión entre las diferentes administraciones que tienen que estar conectándose y trabajando en conjunto. No me parece un buen ejemplo que las comunidades autónomas del Cantábrico tengan que entrevistarse
directamente con las autoridades francesas, puesto que esa conexión no existe en el ámbito de Gobierno central. Estas son cosas a las que estamos acostumbrándonos desgraciadamente en esta catástrofe de la marea negra provocada por el
Prestige y esta proposición nos parece un buen comienzo, si no definitiva y definitoria en la solución de los problemas, sí como un buen punto de arranque, y por eso, insisto, votaremos favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Otxoa.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción consecuencia de interpelación urgente que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Si la catástrofe del Prestige ha puesto algo en evidencia han sido
precisamente las deficiencias y las carencias que el Gobierno del Partido Popular tiene, en general, en la política de todos los ministerios que se han visto afectados, las carencias que tiene el Partido Popular en fomentar lo público, y esto se ha
visto en las desastrosas actuaciones que han tenido que ver con la catástrofe del Prestige. Y si algo ha puesto en evidencia esta catástrofe ha sido las deficiencias en política medioambiental; deficiencias que ya se conocían, que se venían
denunciando por casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara en diferentes iniciativas y también por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y que siempre han recibido la misma respuesta: el Gobierno lo está haciendo, el Gobierno lo tiene
previsto, el Gobierno lo tiene puesto en marcha. Pues bien, señorías, ni el Gobierno lo tenía previsto, ni el Gobierno lo tenía puesto en marcha, ni el Gobierno tenía intención de actuar de una manera clara y rotunda. Esto es lo que la catástrofe
del Prestige ha sacado a la luz, a la luz de toda la ciudadanía y no solamente de los parlamentarios que nos dedicamos a estos temas con nuestro mayor interés.
Si algo tiene de interesante esta moción es que es una propuesta que aborda paulatinamente casi todos los aspectos que tienen que ver con las competencias del Ministerio de Medio Ambiente, ministerio que normalmente se inhibe porque son
competencias de las comunidades autónomas o de la Unión Europea. En esta moción queda puesto de manifiesto que el Ministerio de Medio Ambiente tiene competencias y tiene la obligación de impulsar, coordinar y poner en marcha determinadas políticas
que no ha hecho hasta ahora. Es interesante que se hable de la elaboración de un plan integral de prevención, recuperación y protección ambiental, especialmente para Galicia, pero también para el resto de las costas del Estado español. Señorías,
no solamente se trata de Galicia que en estos momentos está afectada por la catástrofe del Prestige, que tiene desde luego una variante medioambiental importantísima, sino que el resto de las costas de nuestro Estado español, además de la
cantábrica, la asturiana y la vasca, que también se ven afectadas por esta catástrofe, tienen problemas de gestión, de defensa y de protección medioambiental de algo que es importante para la economía de esas comunidades autónomas y para el conjunto
del Estado español, y es el desarrollo sostenible del turismo en nuestro país y en las zonas costeras. Por eso, señorías, es importante que se haga este plan de prevención integral, que abarca aspectos bastante amplios, que nosotros compartimos, y
aspectos que tienen que ver con el medio ambiente. En el punto número 2 se habla de la reforma de la Administración hidráulica y de la puesta en práctica de programas de eficiencia y ahorro del agua. En esta tribuna, tanto esta diputada como otros
diputados de su grupo parlamentario hemos hablado permanentemente y hasta la saciedad de la necesidad de los programas de eficiencia y ahorro en materia de agua por ser un bien escaso que tiene que tener una gestión determinada. También hemos
exigido desde esta tribuna el que a las confederaciones hidrográficas se les dote de los recursos humanos y materiales necesarios para que puedan cumplir con sus obligaciones. Yo no hace tantos días estuve en una confederación hidrográfica y su
presidente me venía a dar la razón en este tema.
Se habla de otros aspectos muy importantes en la moción, que también vamos a respaldar, y hay uno que a mi grupo parlamentario le parece de especial relevancia. Compartimos, y presentamos una iniciativa que en ese momento no tuvo el
respaldo del Grupo Parlamentario Socialista, la creación de la fiscalía especial de medio ambiente. El Grupo Socialista en aquel momento pensaba que era mejor crear secciones específicas dentro de las propias fiscalías de las audiencias
provinciales, pero ahora parece que han venido a darnos la razón con la creación de la fiscalía especial, que creemos que es importante y que necesita de los recursos humanos y materiales para que se puedan prevenir y reprimir las infracciones
contra el medio ambiente.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Urán, termine.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.
A pesar de que se nos diga que ya lo está haciendo el Gobierno, sería interesante que esta iniciativa se tuviera en consideración por esta Cámara porque pondría la base para empezar a avanzar en materia medioambiental.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
El pasado 18 de diciembre, justo cuando se cumplía un mes del hundimiento del Prestige, tuvo lugar en esta Cámara la interpelación que ha dado origen a la moción que ahora debatimos. Lógicamente en aquella interpelación se planteaban
cuestiones relativas a la política general de medio ambiente, aunque también es verdad que la cuestión central en la que pivotó el debate entre el ministro y el portavoz del Grupo Socialista no fue otra que la de la catástrofe económica, social y
medioambiental que sufría y continúa sufriendo Galicia y también, como hace breves instantes decía el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, otras comunidades autónomas del norte de la Península.
En la moción que nos presenta hoy el Grupo Socialista se plasma claramente la prioridad que tiene para este grupo parlamentario la implementación de medidas con las que afrontar las consecuencias medioambientales de tal desastre, aunque se
plantean un conjunto de propuestas que engloban otras tantas prioridades, muchas de ellas ya debatidas en esta Cámara en anteriores ocasiones, relativas al desarrollo sostenible, a la gestión del agua, a la gestión de los residuos, etcétera.
Mi grupo parlamentario, teniendo en cuenta que ya ha pasado mes y medio desde que esta moción entró en esta Cámara, valora positivamente el conjunto de la misma, sobre todo la filosofía que inspira la moción, aunque contiene, debemos decirlo
muy claramente, algunos apartados a los que nadie se ha referido pero que son poco respetuosos con las competencias autonómicas como, por ejemplo, lo establecido en los apartados 1 f), 1 g), 1 k), apartado 2 en cuanto al tema de los regadíos, y
también a los números 8 y 12 de la moción. No obstante esas matizaciones, entendemos que a estas alturas de la legislatura aún queda mucho por hacer en materia medioambiental para poder homologarnos a los países más avanzados de la Unión Europea.
Hubiera sido positivo que el Gobierno hubiera invertido más recursos de los que ya ha invertido -que han sido muchos, pero todavía muchos más- en un programa medioambiental integrado como el que necesita este país para homologarnos a la Unión
Europea en cuestiones tan importantes como el desarrollo sostenible, en la lucha contra el cambio climático, la potenciación de las energías renovables, etcétera.
Sin embargo, en la catástrofe del Prestige, y ello afecta a la consistencia de una parte sustancial de esta moción, nos encontramos ante una situación ciertamente complicada y compleja por lo que respecta tanto a las propuestas presentadas
por el PSOE como las presentadas por el Gobierno hasta la fecha. Me refiero a los sucesivos planes y medidas que periódicamente se ponen encima de la mesa, hasta el punto de que a estas alturas se le hace difícil a este portavoz poder discernir
sobre la compatibilidad y el coste real de las medidas anunciadas por unos y por otros. Me refiero a los planes que hemos debatido ahora mismo en forma de proposiciones no de ley, a los que mi grupo parlamentario ha dado apoyo, tanto del Gobierno
como del BNG. En todo caso, esta moción, también debo decirlo, no es del todo coincidente con los planteamientos contenidos en una reciente moción presentada por el mismo grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo
sostenible. Creemos que no es positivo que en un corto plazo de tiempo como al que me refiero, de dos o tres meses, se produzcan cambios de orientación en las prioridades medioambientales.
Para finalizar, desde mi grupo parlamentario queremos expresar nuestras dudas con relación a un nuevo apartado de la moción, el que hace referencia a instar al Gobierno a que presente determinadas iniciativas parlamentarias o proyectos de
ley a esta Cámara. Estamos viviendo unos momentos en los que la involución antonómica lo invade casi todo y lastra, y lamentamos decirlo, un alto porcentaje de las iniciativas legislativas que presenta el Gobierno en esta Cámara. Por lo que
algunos puntos de la moción, aun respondiendo a necesidades objetivas, lo reconocemos, creemos que en este contexto no serían buenos y podrían tener serios perjuicios para las competencias medioambientales de las comunidades autónomas. Por todo
ello, mi grupo parlamentario no va a dar apoyo a esta moción y se va abstener.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy una moción del Grupo Parlamentario Socialista que consta de 12 puntos a los cuales apenas ha hecho mención la portavoz socialista, si exceptuamos el punto 1, que trata de la catástrofe del Prestige. Sin embargo,
señorías, yo sí voy hacer mención a ellos porque, en opinión de mi grupo, la moción que nos presentan hoy es un claro exponente de lo que no debe ser una iniciativa parlamentaria. Y me explico, señorías socialistas.
Los distintos puntos de su moción demuestran claramente que desconocen las competencias de cada ministerio, que no respetan las competencias autonómicas de gestión del medio ambiente, que no efectúan un seguimiento adecuado de las directivas
europeas y que olvidan, en su afán desmedido de descalificación al Gobierno, que el Consejo Asesor de Medio Ambiente ya se ha reunido varias veces. En definitiva, tienen ustedes que autoenmendarse para corregir algunos errores de bulto.
Indudablemente, el escaso tiempo de que dispongo en mi intervención no me va a permitir referirme a cada uno de los puntos de la moción, pero sí quiero destacar algunos aspectos. El primero de ellos es que las competencias de gestión del
medio ambiente corresponden a las comunidades autónomas. Dando por sentado que ustedes, señorías socialistas, lo saben, y suponiendo que lo respeten, ¿cómo solicitan ustedes que el Gobierno de la nación establezca medidas de control del tratamiento
de los residuos contaminados, o que ejecute los objetivos de eliminación ambiental de los vertederos controlados, o que el Gobierno remita un plan de inspección y control ambiental, competencias todas ellas exclusivas de las comunidades autónomas?
Solicitan en el primer punto de su moción que el Gobierno elabore un plan integral de prevención, recuperación y protección ambiental, y lo solicitan al hilo de la catástrofe del Prestige. Lo que ocurre, señorías socialistas, es que como usted ha
explicado ya en esta Cámara esta misma tarde el pasado 24 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Plan Galicia, dotado con 12.000 millones de euros y cuyo objetivo no solamente es promover la recuperación ambiental de la zona afectada sino
también la reactivación económica mediante el fomento de la inversión productiva y la diversificación sectorial. Sus peticiones llegan tarde, señorías.
De otro lado, y siguiendo en el sin sentido de su moción, solicitan al Ministerio de Medio Ambiente una serie de actuaciones que competen al Ministerio de Fomento. Solicitan al Gobierno que remita a la Cámara un proyecto de ley que traspone
una directiva que ya está traspuesta desde el año 2001. Luego se han dado cuenta y han retirado el punto. Solicitan al Ministerio de Medio Ambiente que convoque al Consejo Asesor de Medio Ambiente para debatir y mejorar el borrador de la
estrategia de desarrollo sostenible cuando, señorías, el Consejo Asesor de Medio Ambiente se convocó en el mes de diciembre y se constituyó en su seno una comisión permanente que está elaborando un dictamen. Solicitan, asimismo, que se presente un
proyecto de ley de montes. También llegan tarde, señorías. El anteproyecto de ley de montes fue presentado el 8 de enero a la Conferencia sectorial de Medio Ambiente, y el día 9 de enero al Consejo Nacional de Bosques. Por cierto, señorías, que
este organismo está convocado precisamente para mañana y para pasado para analizar las alegaciones recibidas. Solicitan en otro punto de su propuesta una estrategia española de cambio climático, cuando también se ha dicho aquí en repetidas
ocasiones que es el Consejo Nacional del Clima, en el que se hallan representadas todas las comunidades autónomas y los sectores sociales, quien está elaborando la estrategia que nos permitirá cumplir con el protocolo de Kioto.
Señorías, creo que he demostrado claramente la sinrazón de muchos de los puntos que han presentado. Por todo lo dicho, porque ustedes solicitan acciones realizadas o emprendidas, porque ustedes vienen aquí sin leerse los papeles, no debe
extrañar que califique esta moción como un despropósito y si ustedes, señorías socialistas, no se lo toman a mal, diría que como una burla a la Cámara. Tenemos la obligación, como representantes de la voluntad de los ciudadanos, de debatir en esta
Cámara desde el rigor y la seriedad, y no es riguroso ni serio que vengan a exigir lo que el Gobierno ya hace. Y como no quiero pensar que sea por desconocimiento de las acciones del Gobierno, pues conocerlas es responsabilidad de la oposición,
nadie me acusará de exagerada si llego a pensar que ustedes tratan de trasladar a la opinión pública carencias del Gobierno que no existen. Mala estrategia para una oposición que demuestra hoy aquí y con esta moción, una vez más, su clara
irresponsabilidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora De Lara. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 120; en contra, 157; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN CONTINUA. (Número de
expediente 173/000176.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para regular la participación de las comunidades
autónomas en el sistema de formación continua.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Campuzano. (Rumores.)
Señorías, les ruego guarden silencio.
Adelante, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en defensa de esta moción, consecuencia de una interpelación que planteamos justo antes del período no hábil parlamentario, sobre medidas de carácter general
que piensa adoptar el Gobierno para regular la participación de las comunidades autónomas en el sistema de formación continua. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) En el debate parlamentario de esta interpelación,
que tuvo lugar el pasado mes de diciembre, mi grupo manifestaba la necesidad de que el Gobierno, de común acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales, definiese un nuevo modelo de formación continua basado en la gestión de la misma
por parte de las comunidades autónomas, como resultado principalmente de la obligación que se derivaba de las sentencias del Tribunal Constitucional de abril y octubre del año pasado que daban la razón al Gobierno de la Generalitat y al de la Xunta
de Galicia en relación con los recursos de inconstitucionalidad y el conflicto positivo de competencias que se promovieron en 1993 por parte de estos dos gobiernos autonómicos frente a la disposición adicional vigesimotercera de la Ley de
presupuestos para 1993 y también el acuerdo tripartito de diciembre de 1992. Decíamos en aquel debate que las sentencias de abril y de octubre daban la razón en lo fundamental a la Xunta de Galicia y a la Generalitat de Catalunya en el sentido de
entender que es el Estado quien puede definir el modelo de formación continua, pero que corresponde inequívocamente a las comunidades autónomas la gestión en su totalidad y que, por tanto, era necesario que en un contexto mucho más amplio de
reflexión -que quizá compartíamos la Cámara, el Gobierno, los gobiernos autonómicos y los agentes sociales-, de definición de un nuevo modelo de formación continua, fuésemos capaces de definir este nuevo modelo teniendo en cuenta de manera
prioritaria lo que suponían esas dos sentencias. Decíamos que mi grupo observaba con una cierta preocupación que hablando ya de sentencias de un cierto tiempo aún no hubiese cumplido el Gobierno suficientemente con esa orientación y aún no
hubiésemos definido un nuevo modelo de formación continua que respondiese a eso.
Hoy -y quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' el agradecimiento al esfuerzo que ha hecho el ponente del Grupo Popular, señor Azpiroz- creo que la Cámara va a aprobar -y espero que finalmente sea por unanimidad- un buen texto que
reconoce la necesidad de esa aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a la Generalitat y a la Xunta; además, que eso se haga desde la lógica del consenso social, desde la perspectiva de definir un nuevo modelo de
formación continua. Creo que es una buena señal al Gobierno del Estado, a los gobiernos autonómicos, al Gobierno de mi país, Cataluña, y al conjunto de los agentes sociales para que en los próximos días se llegue a un acuerdo, un acuerdo que es
importante porque el tiempo pasa -el año 2003 va avanzando- y hemos de ser capaces de dar un contenido real a las obligaciones que en materia de formación continua deben impulsar las empresas y además que convirtamos de verdad en uno de los ejes de
nuestra política económica y social la formación continua y la formación en general, que sea un elemento central de nuestras políticas orientadas hacia la competitividad de las empresas.
España, Cataluña, Galicia y el conjunto de los territorios
del Estado tan sólo podrán basar hoy su competitividad en la economía abierta, en la economía del mundo global, con trabajadores y trabajadoras formados, capaces de dar respuesta a las nuevas necesidades que esa propia economía genera. En este
sentido, desde Cataluña se hace una apuesta estratégica de consenso con los agentes sociales, con Foment del Treball, Pimec-Sefes, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores para definir también una política catalana en el ámbito de la
formación en general y, específicamente, en el ámbito de la formación continua. En la definición de esta política catalana en el ámbito de la formación, era básico y central el cumplimiento de estas sentencias del Tribunal Constitucional. Por
tanto, desde la perspectiva de un diputado nacionalista catalán, esta moción que vamos a aprobar hoy impulsa esa voluntad de la sociedad catalana de apostar también como un eje estratégico de su modelo social y económico por la formación de sus
trabajadores.
Nosotros nos vamos con un buen sabor de boca de este debate. Nos parece que estamos remediando errores que se cometieron en 1992 y 1993, errores del entonces Gobierno socialista y errores, a nuestro entender también, del conjunto de los
agentes sociales, errores que se han prolongado demasiado en el tiempo y que el Tribunal Constitucional -y creo que eso refuerza el propio sentido de estas instituciones- ha remediado dándonos la razón a aquellos que entendíamos que la gestión en
las competencias de la formación continua correspondían a los gobiernos autonómicos. Mi grupo tan sólo desearía que después de esta moción el Gobierno del Estado y los gobiernos autonómicos, así como los agentes sociales, fuesen capaces de darle un
impulso real. Me gustaría muchísimo que la moción que previsiblemente mi grupo tiene abierta en el Senado, resultado de una interpelación que creo que se va a ver esta misma semana, no tenga ya que realizarse, no tenga que someterse a votación o en
todo caso lo haga en términos de felicitar al Gobierno del Estado, a los gobiernos autonómicos y a los agentes sociales para que concluyan por fin un acuerdo en esa materia. Creo que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, los
trabajadores autónomos y los trabajadores en general se merecen que la formación continua en España empiece a funcionar con más fuerza, con más eficacia de lo que lo ha hecho hasta ahora.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada a la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar nuestra posición en relación a la moción que presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió y también para defender nuestra enmienda, que no es más que plantear que el debate
del nuevo modelo de formación se consensue con todas las partes implicadas, no sólo con el Gobierno y las comunidades autónomas, sino también con el conjunto de los agentes sociales.
La moción que hoy debatimos, al menos desde nuestro punto de vista, aborda algunas cuestiones. Una cuestión competencial, que es la base sustancial de esta moción y su razón, no en balde se presenta para dar cumplimiento a una sentencia del
Tribunal Constitucional. En este tema poco podemos añadir más que manifestar nuestro total y absoluto respeto por las decisiones de los tribunales y, por tanto, exigir que se cumpla el fallo del Tribunal Constitucional que reconoce que la
competencia de ejecución en el tema de la formación continua corresponde a las comunidades autónomas. Por otra parte, nos parece que es lo más adecuado atendiendo a la estructura de nuestro modelo de Estado, que es descentralizado, y porque
entendemos que la proximidad puede llevar a que se desarrollen acciones mucho más cercanas a las necesidades territoriales de los trabajadores.
Pero además de estos temas el grupo catalán plantea otras cuestiones que nos parece que son importantes, el problema que tienen las pymes para acceder a la formación continua. Señorías, la formación durante toda la vida de los trabajadores
es una cuestión fundamental, no sólo por el tema de no perder el tren de la profesionalidad sino porque los cambios que experimenta el mercado laboral, si no nos adaptamos, pueden llevar a muchos trabajadores al desempleo. Pero pese a esta
necesidad, las empresas españolas, en parte en connivencia con el Gobierno, siguen basando su competitividad en bajos costes sociales, en mano de obra barata y poco cualificada, y así se entiende que nuestras empresas estén a la cola de la Unión
Europea en facilitar formación a los trabajadores, y la media nuestra esté alrededor del 27 por ciento. Pero además, señorías, esta situación es mucho más escandalosa cuando hablamos de las pequeñas y de las medianas empresas, donde el porcentaje
baja mucho más.
Por tanto, si tenemos en cuenta que la formación es un elemento fundamental y como dice CiU en su moción el 80 por ciento de los puestos de trabajo que se generan en nuestro país lo son en las pequeñas y medianas empresas,
entendemos que es necesario articular mecanismos para que a la inmensa mayoría de estos trabajadores les llegue la oportunidad de la formación, y en esta cuestión también entendemos que las comunidades pueden ser los actores adecuados.
En relación con la calidad de la formación, quiero decir brevemente que es un tema que nos debe preocupar a todos, pero desgraciadamente la falta de evaluación en la formación que realizan las empresas es uno de los problemas que los
expertos detectan. Por tanto, al no existir esa evaluación es difícil poder determinar si se cumplen los objetivos, pero tampoco el Gobierno hace evaluación de sus planes de empleo, a los que destina miles de millones y seguimos teniendo tasas de
temporalidad por encima de la media de la Unión Europea.
La moción también hace referencia a la transparencia del sistema. Es cierto, señorías, que mucho se ha hablado sobre estos temas por presuntos fraudes en el uso de los fondos. De hecho, esta es una de las razones que se argumentaron desde
el ministerio para justificar el cambio del sistema. Entendemos que se ha de perseguir el fraude y que se deben articular mecanismos de control, pero no se puede cuestionar todo el sistema y no se pueden arrojar dudas sobre el conjunto de los
agentes sociales. La propuesta del ministro Zaplana no consiste simplemente en modificar aspectos puntuales del actual sistema para dar cumplimiento a la sentencia, sino que lo que plantea es un nuevo sistema en el que se da entrada a las
comunidades pero se aprovecha la ocasión para primar a las empresas y restar presencia y capacidad a los agentes sociales, a los que simplemente reserva funciones de difusión y promoción.
De ser esta la línea argumental y ante algunas de las irregularidades detectadas en la gestión del señor Zaplana, también se debería modificar el Consejo de Ministros y relevar al señor Zaplana a funciones de promoción y difusión. Por
cierto, entendemos que lo haría bien a tenor de las últimas noticias que lo colocan al frente de una trama orquestada para crear un grupo de comunicación afín y a la vista del despilfarro que supone gastarse siete millones de euros en una campaña
publicitaria, absurda por innecesaria, otorgada a la empresa de Miguel Angel Rodríguez.
Por si acaso ustedes no lo conocen, les diré que le llaman Mar los amigos de Moncloa.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Peris.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego, en lo fundamental, efectivamente ve oportuna esta moción de Convergència i Unió porque se trataría de que el Gobierno diese cumplimiento a sentencias del Tribunal Constitucional, en concreto a la del 25 de
abril de 2002, que declara que las competencias de ejecución en materia de formación continua de los trabajadores y trabajadoras corresponde a la Generalitat, lo que sin duda podría haberse hecho extensivo en ese momento a aquellas comunidades
autónomas cuyos estatutos contemplan disposiciones semejantes en esta materia. Esto se ve reforzado con otra sentencia del Tribunal Constitucional, la 190/2002, de 17 de octubre, que da la razón a la Xunta de Galicia en lo relativo a la gestión de
la formación continua. Lo que dejan claro estas sentencias es que los acuerdos tripartitos en materia de formación continua para trabajadores ocupados y la gestión única por parte de un ente estatal produce una exclusión de la gestión en la
administración de los recursos de aquellas comunidades autónomas que tienen atribuidas funciones en materia laboral, vulnerando así la distribución constitucional de competencias.
Resulta más que llamativo que el Gobierno siga resistiéndose a aplicar sentencias del Tribunal Constitucional, que siga resistiéndose a admitir que las disposiciones que hoy están regulando esta materia son inconstitucionales, y resulta
llamativo que se tengan que producir debates como este en esta Cámara para instar al Gobierno a que cumpla lo establecido por el máximo tribunal. En todo caso, por decirlo de alguna manera, para ejemplificar nuestra posición a este respecto, quiero
recordar que en su momento registramos una proposición no de ley en la que justamente demandábamos el cumplimiento de la sentencia a la que hace referencia el grupo proponente.
En todo caso, respecto a la intención de modificar el modelo de formación continua que, repito, a nosotros sí nos parece que debería ser objeto de una discusión específica, nos vamos a reservar nuestra opinión.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) junto con la enmienda transaccional que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a dicha iniciativa de acuerdo con el grupo
proponente, porque entendemos que se ha resuelto muy afortunadamente la complejidad que había en articular los planes de formación profesional en cualquiera de sus tres subsectores, ya sea la reglada, la ocupacional o la continua.
En España nos encontrábamos con que el sector de la pequeña o mediana empresa o industria, generando más de un 80 por ciento del empleo, a veces quedaba marginado frente a las grandes empresas en la formación continua. Parecía como si fuera
más fácil obtener todo el segmento de formación o los medios instrumentales laborales, fabriles o empresariales en el sector de las grandes empresas que en el de la pequeña y mediana empresa. Para que este tema se complemente consideramos muy
oportuno y afortunado que se haya introducido aquí el cumplimiento de dos sentencias, no sólo de una, como traía la propuesta original del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sino también la de 17 de octubre de 2002. Pero el texto
afortunado redactado al final no se puede quedar ahí, sino que había que armonizar un marco o escenario superior, como es la estrategia europea para el empleo -gran marco al que nos tenemos que ir acomodando-, para que al mismo tiempo se garantizara
una ocupabilidad de los trabajadores y la actividad o competitividad de las empresas. No se puede dejar a la pequeña y mediana empresa al margen de una competitividad por el mero hecho de ser una estructura empresarial de tipo familiar o de tipo
más ambicioso por ocupar una cuota de mercado. Al mismo tiempo, se respeta la competencia de aquellas comunidades autónomas, como es el caso de la catalana, autora de la iniciativa, o la canaria, de articular y vertebrar todas estas necesidades.
Desde el punto de vista de mi comunidad autónoma vemos positivo que haya una formación continuada que se garantice en estos parámetros.
Nos parece oportuna la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, que se recoge en el apartado número 5, al no señalar de manera específica a UGT o a Comisiones Obreras sino englobarlos en el concepto de interlocutores
sociales, porque hay comunidades autónomas que en diferentes sectores, sobre todo en la pequeña y mediana industria, no es mayoritario el sindicato de UGT o el de Comisiones Obreras sino que hay otros de ámbito territorial. También nos parece
oportuno el enfoque que ha dado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista al invocar que para modificar y hacer una transición en el modelo actual se tenga en cuenta al FORCEM, porque es una de las figuras más importantes y señeras.
Mi grupo
ve esto favorablemente porque se han sabido vertebrar todas estas instituciones, conceptos, etcétera, desde el marco de las directivas europeas. Todas las comunidades autónomas, al ver la posición de los segmentos sociales, de los interlocutores
empresariales o sindicales, sin hacer ninguna señalización singularizada, en el ámbito de su competencia administrativa estatutaria, y con la estructura de representación empresarial y sindical, pueden hacer una labor de convergencia para sacar
adelante el sector importante de la formación continuada. En un mundo de cambios tecnológicos ninguna empresa, ni grande ni pequeña, puede prescindir de una tendencia
de ocupabilidad de los trabajadores, sino que deben ir adecuando los avances de la tecnología hacia la formación continuada. Esa preocupación social es la propia de un Estado de derecho donde la justicia social tiene que reflejarse en esas
competencias.
Si hay una formación reglada, si hay una formación ocupacional, tiene que haber una formación continuada. Por esto mi grupo vota favorablemente el texto inteligente y eficaz que se ha presentado.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
Si ha habido un tema en el que mi grupo y yo, como portavoz, hemos mantenido una actuación continua a lo largo de esta legislatura ha sido precisamente el de la formación continua y la gestión de la FORCEM, y el señor ex ministro es
consciente de ello. Señorías, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo básicamente durante los últimos años? Que el Gobierno, contra toda la lógica política y competencial, se ha obcecado y se ha mantenido en un modelo centralista y sin control. Digo
sin control, porque todavía el martes 28 de enero de 2003 aparecía en los medios de comunicación el descubrimiento de un supuesto fraude de 84 millones de euros en cursos de formación de la Unión Europea. La Guardia Civil está investigando y ha
determinado que la gestión de esos cursos corría a cargo de las federaciones estatales de los sindicatos que participaban en la FORCEM. Esto viene sucediendo desde 1997. Se trata de un modelo anticonstitucional y fraudulento, que en el caso de la
Comunidad Autónoma de Euskadi ha supuesto además -como castigo político en los tres últimos años básicamente- que se hayan dejado de invertir en esta tan necesaria formación continua que todos alabamos una cantidades importantísimas, que los
trabajadores han pagado y que no han llegado.
Digo que es un modelo anticonstitucional porque, como ya han repetido los portavoces anteriores, las sentencias del Tribunal Constitucional no solamente han dejado clara una cosa que se ha dicho aquí, sino dos cuestiones fundamentales. La
primera es que las cuotas de formación no constituyen un fondo nacional -tal como está funcionando-, que no estamos en el supuesto de caja única y que el Estado tiene que territorializar y transferir a las comunidades autónomas. El Estado, mediante
una legislación nueva, puede hacer que se constituya como fondo nacional, pero en ese caso el Tribunal Constitucional, adelantándose, deja clara la segunda cuestión importante y que no se recalca, como es que si lo constituye como tal -que puede
hacerlo y está en su derecho- deberá excluir -y cita textualmente el Tribunal Constitucional- a Canarias, a Andalucía y a Euskadi, por la consideración de sus estatutos de autonomía y de su competencia exclusiva en esta materia. Por tanto, lo que
el Gobierno tiene que hacer es formular ya, porque el curso ha comenzado, porque este es un tema sobre el que hace meses que existe una sentencia firme y sobre el que los distintos grupos -el Grupo Vasco en particular- han insistido en los últimos
meses en repetidas ocasiones. Lo que tiene que hacer el Gobierno es formular ya; dejarse de proposiciones, mociones y enmiendas y traer un modelo, que además es sencillísimo de formular, porque basta simplemente con seguir las sentencia dictadas
por el Tribunal Constitucional y los términos en los que las ha dictado. Ya no voy a hablar de las responsabilidades de los que se han obcecado en los últimos años en esta materia, porque alguien tendrá responsabilidad. Las investigaciones que
está realizando la Guardia Civil están demostrando el fraude, pero también hay que ver quién ha permitido el fraude y formular ya el nuevo modelo, que en nuestro caso debiera hacerse lógicamente a través del Concierto Económico y de una institución
para la formación continua, como Hobetuz, que siga modelos europeos de todos conocidos y que ahora parece que vuelven a estar de moda. En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Euskadi ya existe y la conforman los sindicatos, las
organizaciones empresariales y la Administración autonómica. Por tanto, hay que diseñar un modelo que sea eficaz y totalmente transparente y acabar de una vez por todas con esta situación de fraude, de sospecha permanente, para que la formación
continua responda a eso de lo que a todos nosotros se nos llena la boca: una necesidad que tienen los trabajadores; pero debe hacerse de un modo constitucional, tal como repetidas veces se plantea en esta Cámara y que muchas veces se nos achaca a
nosotros. Vuelvo a decir, y con esto finalizo, que el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia y que las posiciones que nosotros manteníamos eran las lógicas y las que están dictadas en la propia Constitución.
Votaremos a favor de la moción planteada y votaremos a favor de las enmiendas, pero, por favor, que de una vez el Gobierno presente el modelo, un modelo que es muy sencillo.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Txueka, tiene que concluir, su tiempo ha terminado.
El señor TXUEKA ISASTI: Ya he finalizado, señora presidenta, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, a nuestro entender, esta moción es inoportuna en la medida en que interrumpe el proceso de negociación que está abierto desde la sentencia que motiva esta iniciativa.
En nuestra opinión, la propuesta del Gobierno constituye un cambio radical del modelo actual de gestión de la formación continua, aprovechando la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a que las comunidades autónomas participen en
este sistema. El nuevo modelo que ha diseñado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales rompe con los acuerdos que aún están en vigor, entre otros, el tercer acuerdo de la formación continua suscrito en el año 2000 por el Ejecutivo, la patronal y
los sindicatos.
El nuevo sistema tiende a excluir a sindicatos y patronal de la participación, tanto en lo que se refiere a la política a seguir como a la gestión de los fondos. Esta reforma sólo beneficia a las grandes empresas en detrimento de
las pymes, pues sólo las grandes y medianas compañías tienen capacidad para planificar, organizar y gestionar esta materia.
La pretensión del ministerio acaba con principios del anterior acuerdo que, sin embargo, han sido refrendados por el Tribunal Constitucional.
Por ello nos extraña que el nuevo modelo para nada hable de la negociación colectiva, pues no se
contemplan ni los criterios ni las prioridades de formación que establecían las comisiones paritarias. A los agentes sociales únicamente se les reserva el papel de difundir y promocionar la formación. El Ejecutivo ha pretendido suprimir la
participación de las confederaciones de la CEOE, de Comisiones Obreras y de UGT en la gestión de los programas y en el manejo de los fondos de formación, para entenderse directamente con las empresas. El Ejecutivo ha aprovechado la sentencia del
Tribunal Constitucional del mes de abril para proponer a los agentes sociales y a las comunidades autónomas un cambio total del actual sistema de formación continua en las empresas. En síntesis, la sentencia obliga al Gobierno a incluir a las
comunidades autónomas con competencias en la materia en la ejecución de los programas de formación continua. Sin embargo, la reforma de esta política laboral tiene una segunda lectura, como es -y no puede ser de otra manera viniendo de quien viene-
terminar definitivamente con el sistema que instauró la FORCEM en 1992. En este contexto, el Gobierno ha decidido, como decía antes, entenderse directamente con las empresas. Los sindicatos han advertido que esta modificación de la formación
continua en las empresas limita su papel y el de la patronal, CEOE, a la difusión y promoción de la formación continua.
La segunda pata de la reforma es la que corresponde a las comunidades autónomas en los programas de formación de los trabajadores ocupados que decidan mejorar su cualificación fuera de las empresas.
En conclusión, señorías, la propuesta presentada por el Gobierno rompe, repito, los terceros acuerdos nacionales, desplazándose sobre una formación continua que sólo servirá para las grandes empresas y nunca para las pequeñas. Y aunque en
la justificación del modelo se dice que el sistema permitiría que todas las empresas tengan las mismas oportunidades de beneficiarse y que se generalice el acceso a la formación continua de las pequeñas empresas, no sería así en la realidad, pues en
el cuadro del modelo se dice, y cito textualmente, que la formación se planifica, organiza y gestiona por las empresas, lo que implica que sólo las grandes o medianas tienen y tendrán capacidad para hacerlo.
Al mismo tiempo, en esta propuesta se obvia el papel de los trabajadores y de sus representantes legales. La propuesta de la Administración nada dice acerca de que la formación continua se vincule a la negociación colectiva. No se
contemplan ni los criterios orientativos, ni las prioridades de formación ni los colectivos destinatarios que establecían las comisiones paritarias. Más bien parece que se produce la desvinculación plena de la negociación colectiva. La actual
comisión tripartita ve recortadas sus funciones con respecto a los terceros acuerdos nacionales. Ya no es un órgano de decisión y propuesta, ni siquiera eleva la propuesta de la asignación de los recursos para la formación continua. En el
documento, señorías, se señala que la distribución de los fondos se realizará en la conferencia sectorial, no en la comisión tripartita, donde sí están los agentes sociales. No aparecen en el documento del Gobierno las funciones que realizará la
fundación estatal, únicamente se recogen las funciones de seguimiento y control de las iniciativas que se gestionen a nivel estatal.
En este contexto, es necesario, a nuestro entender, en primer lugar, la elaboración de una norma básica que asegure la homogeneidad del subsistema, su articulación y coordinación en el conjunto del Estado. La concreción de esta norma
básica...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Rejón, su tiempo ha concluido. Debe terminar, señoría.
El señor REJÓN GIEB: Muchísimas gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
En primer lugar, quiero agradecer la anuencia de los grupos a la enmienda in voce de carácter transaccional, a la que a continuación voy a dar lectura y a la cual se han referido ya otros intervinientes, que pretende hacer un texto sobre la
base de la moción que ha planteado Convergència i Unió e integrando la enmienda del
Grupo Socialista, y creo que mejorando el conjunto. Señora presidenta, paso, por tanto, a dar lectura al texto que proponemos a la Cámara:
El Congreso de los Diputados insta a continuar impulsando las gestiones y actuaciones que desde el Gobierno se están realizando con el fin de alcanzar el mayor consenso posible, y es por lo que reitera su compromiso de cumplir las sentencias
del Tribunal Constitucional de fecha 25 de abril y 17 de octubre de 2002, mediante la adopción de las disposiciones normativas y presupuestarias oportunas para que se pueda garantizar la gestión de la formación continua por parte de las comunidades
autónomas que tengan asumidas las competencias de la materia, de forma que en su ámbito territorial se posibilite su adaptación a las necesidades sectoriales, tipología y tamaño de las empresas y a su priorización económica estratégica. Asimismo, y
en base a lo anteriormente expuesto, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con las negociaciones ya iniciadas en el seno de la conferencia sectorial para asuntos laborales y en el ámbito bilateral con los agentes, con el
propósito de lograr un nuevo modelo de formación continua con el mayor consenso posible y que contenga como mínimo las directrices básicas que a continuación se especifican.
Primero: La configuración del modelo de formación continua debe contemplar con especial atención las necesidades de formación en las pequeñas y medianas empresas, que generan y mantienen más del 80 por ciento del empleo y los empleados por
cuenta propia y autónomos.
Segundo: El nuevo marco de regulación tendrá en cuenta las competencias que en materia de formación profesional correspondan a las comunidades autónomas, y las posibilidades de ajuste entre las necesidades de sectores productivos y la
planificación de la oferta formativa recogida en los respectivos planes de formación profesional que integran los diversos subsistemas, reglada, ocupacional y continua. En este sentido, se considera también la relación de la formación continua con
el sistema de cualificaciones profesionales de acuerdo con los respectivos ámbitos de su competencia.
Tercero: Para la redacción del nuevo modelo de formación continua se solicitará la colaboración activa de las comunidades autónomas competentes y de los agentes económicos y sociales, con la intención de regular un modelo de financiación de
la formación continua que optimice los recursos disponibles e incremente la calidad y la utilidad de los contenidos formativos en un entorno de eficiencia y transparencia.
Cuarto: Los objetivos señalados en la estrategia europea para el empleo, así como las directrices y recomendaciones orientadas a la mejora de la ocupabilidad de los trabajadores y de la competitividad de las empresas serán tenidos en cuenta
a la hora de diseñar el nuevo sistema de formación continua.
Quinto: Facilitar de común acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales la transición del actual modelo del FORCEM basado en el tercer acuerdo tripartito sobre formación continúa hacia un nuevo consenso social en esta
materia.
Señoras y señores diputados, creemos que con este texto -esperamos no sólo sea permitido su trámite en la Cámara, sino que obtenga el apoyo mayoritario y ojalá unánime de todas SS.SS- profundizamos en el compromiso manifestado públicamente
aquí en diciembre pasado en la intervención que el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales hizo sobre la materia. Nos ajustamos plenamente a la legalidad constitucionalidad y nos adaptamos, también, a las exigencias de hacer compatible la formación
con la realidad social, local, económica, con la aproximación a la realidad de nuestras empresas, a las ofertas de empleo, a las necesidades de ocupabilidad y a las posibilidades que, en definitiva, se deben producir en cuanto a capacitación de
nuestras personas para que haya una adecuada conexión entre las posibilidades del empleo y la demanda real del mismo.
Discrepamos de alguna intervención en el sentido de que se haya podido considerar que esto es un proceso sencillo. Este es un proceso que por supuesto hay que realizar. Existen objetivos y principios claros sobre una cuestión compleja que
estamos convencidos que, con la voluntad de todos, llegará a buen puerto. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Azpiroz.
Entiendo, señor Campuzano, que su grupo como proponente de la moción está de acuerdo con la moción presentada por Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, señora presidenta. Aceptamos la propuesta de enmienda transaccional que ha formulado el señor Azpiroz.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Campuzano. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para regular
la participación de las comunidades autónomas en el sistema de formación continua que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 274; en contra, cinco; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS SELECCIONES NACIONALES DEPORTIVAS VASCAS, CATALANAS Y GALLEGAS. (Número de expediente 173/000177.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vascas, catalanas y gallegas.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Lasagabaster. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños y guarden silencio al objeto de que podamos continuar con el debate.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Presentamos esta moción como consecuencia de la interpelación del pasado 18 de diciembre, en la cual solicitamos el reconocimiento de las selecciones deportivas vasca, catalana y gallega para que puedan participar en acontecimientos
deportivos internacionales. Alguno se preguntará por qué estas selecciones... (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster, por favor, porque no se le oye. (Pausa.)
Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Decía que algunos se preguntarán por qué estas selecciones de estas naciones y no otras, quizás dentro del Estado español, o nacionalidades o regiones. La razón puede ser muy clara y fácil de contestar: En
esta Cámara, a través de los distintos grupos parlamentarios sólo se ha pedido que se reconozca la selección vasca, la catalana y la gallega, con lo cual la respuesta podría ser bien sencilla.
Además, resulta obvio que esto responde a algo, no es gratuito que realmente no haya más que estas solicitudes, y esto es una justificación lógica porque responde a la existencia de identidades propias, de culturas propias, de las cuales el
deporte es una manifestación, una más de esa cultura, singularidades propias que han tenido respuesta en el propio apoyo social de esas naciones, ya fuere en los respectivos parlamentos con declaraciones claras y rotundas en el Parlamento, en
Euskadi o en Cataluña, o ya sea en apoyos populares, sociales, muy claros. Podríamos hablar actualmente de esas declaraciones de apoyo parlamentario o de las más de 500.000 firmas en Cataluña solicitando una iniciativa popular. Esto no es sólo en
la actualidad, en otros momentos de la historia también se han realizado estas reivindicaciones muy claras, ya fuere en la reivindicación de un Comité olímpico catalán en 1913 o en el propio papel que representaron en momento duros en el exilio
selecciones deportivas como por ejemplo la vasca. Por tanto, esta es la razón clara y rotunda. Además esto se ha recogido también en el propio ordenamiento jurídico del Estado español, reconociendo para algunos la llamada simetría, para otros el
hecho diferencial o para otros la singularidad de algunas naciones. Por tanto, esta es la razón que, vuelvo a repetir, es clara.
Dicho ello, esta pretensión que es legítima, que es absolutamente clara en su apoyo, no tiene ningún inconveniente ni ningún tipo de dificultad jurídica o de otro orden que pudiera suscitarse al albur de lo que hoy existe en el ordenamiento
jurídico. No vamos a repetir los argumentos que ya alegamos en la interpelación y que fueron contrastados, aunque entendemos que desde nuestro punto de vista no fueron contradichos en nuestras pretensiones, pero sí queremos sucintamente señalar el
porqué no hay dificultades, el porqué sí se puede hacer.
En primer lugar, porque el deporte es claramente una competencia de las comunidades autónomas, una competencia exclusiva en su potestad normativa y en su potestad de ejecución, y el ordenamiento jurídico no establece, no recoge para el
Estado una competencia ni ninguna referencia al deporte. Por tanto es evidente que corresponde en su ámbito territorial a las comunidades autónomas, pero no sólo en su ámbito territorial, sino también hay que indicar que a través de distinta
jurisprudencia se reconoce, para no vaciar de contenido esta competencia, determinados efectos extraterritoriales a las comunidades autónomas, es decir, que no sólo en su territorio tienen estas competencias sino también en la aplicación
extraterritorial de estas competencias tienen admisibilidad o tienen postestad normativa y de ejecución las comunidades autónomas.
Segundo argumento, señala el Gobierno que en virtud de la competencia de las relaciones internacionales, el 149.1.3.ª, le corresponde por tanto al Gobierno, a la Administración central esta competencia, pero creemos que tampoco es así,
porque lo que aquí estamos reclamando hace referencia a selecciones deportivas que no representan a un Estado sino a sus respectivas federaciones. En el Estado español hay federaciones deportivas legítimamente constituidas, entre ellas las que
citaba anteriormente, de adscripción voluntaria, las cuales tienen, según la legislación vigente, el derecho y la obligación de promover selecciones que las representen. Esto no es nuevo aquí, esto es lo que ocurre también a nivel internacional.
Por tanto, cuando hablamos de acontecimientos deportivos internacionales, de selecciones que a su vez son la adscripción a la constitución de federaciones, no estamos hablando de relaciones entre Estados soberanos sino que son relaciones entre las
federaciones a las que estas selecciones representan. Por tanto, no creemos que el argumento señalado por el Gobierno es de aplicación en este momento. Pero tampoco puede ser de aplicación el llamado cumplimiento
de la Ley del Deporte, la Ley 10/1990, ¿Por qué? Porque esa ley tampoco responde al bloque de constitucionalidad, y por tanto no debiera regir aquí el principio de jerarquía sino el de competencia, y entendido que la competencia es de las
comunidades autónomas, quien debe modificar la ley, quien tiene que modificar la ley es el Gobierno, la Administración central, porque no le corresponde esa ley al no tener competencia ni referencia alguna a la materia del deporte.
Además, lo que nosotros pretendemos en ningún caso es una cosa muy diferente a lo que en algunos lugares, respetando las singularidades propias, se está haciendo. A nivel europeo hemos podido observar en materia de fútbol, en cuestiones
relativas a la seguridad pero que en definitiva el principio es lo que importa, que se reconoce que en un Estado miembro pueden existir distintos equipos nacionales. Alguno dirá: el fútbol porque es Escocia y Gales y porque fueron el origen del
fútbol o fueron fundadores de determinadas federaciones. Bien, lo mismo podríamos citar a la pelota vasca. Explíquenme ustedes por qué no. Pero no es ese el caso exclusivamente; podemos encontrar naciones, unas siendo Estado y otras no, que
pueden tener, por ejemplo, selección propia aunque no tengan Liga; es decir tenemos casos muy diferentes que recogen lo que ya hoy nosotros estamos pidiendo. Lo mismo podríamos decir en cuanto a las federaciones de adscripción voluntaria. Tenemos
jugadores internacionales en nuestros propios equipos, alguno también en la Real Sociedad, que siendo de nacionalidad determinada, por ejemplo, está jugando en otra selección y no en la que le corresponde y no pasa nada.
Así sucesivamente podríamos
articular determinados argumentos que ampararían el hecho de la pretensión que hoy tenemos que no es única y exclusiva aquí, sino que se está realizando para respetar identidades, singularidades, y en definitiva hechos diferenciales propios.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Acabo, señora presidenta.
Lo que nosotros pedimos no es que la selección española no pueda participar. No. Pedimos que participe. Lo que queremos es que además de que participe la selección española, participe también la selección vasca, la catalana, y la gallega.
Si ustedes votan no, estarán diciendo no a que participen estas selecciones.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, en mi grupo parlamentario entendemos que la visualización internacional -y perdón por la palabreja- de España en competiciones deportivas internacionales no es un asunto de exclusivo interés de las
comunidades autónomas, ni del Gobierno central.
Excede en ámbito competencial de las comunidades autónomas por razones obvias, y a pesar de que formalmente sea suficiente una ley de Cortes Generales, en el plano político material consideramos que
lo ideal en un Estado autonómico en senda federalizante sería que esta materia sea acordada de forma pacífica y armónica por comunidades autónomas, Gobierno central y Cortes Generales. Desgraciadamente carecemos de un Senado verdaderamente
territorial para poder llegar a tal consenso institucional y político en su seno, defecto que se produce de forma recurrente no sólo en este caso sino en miles de otros asuntos, los que más allá del reparto competencial es necesaria una institución
estatal común a todos en la que generar dinámica de autonomismo cooperativo alejado del dual. Por ello en este caso de las selecciones deportivas de las comunidades autónomas y su representatividad internacional lo más adecuado sería alcanzar un
consenso entre comunidades autónomas, Administración central y partidos en el seno de un Senado, del que por desgracia carecemos hasta la fecha, aunque claro está también es posible alcanzar dicho consenso fuera de nuestro actual Senado.
El artículo 148.1.19.ª de la Constitución fija las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en materia de promoción del deporte. La competencia en materia de promoción del deporte de las comunidades autónomas no se puede asimilar
sin más a las selecciones deportivas de las comunidades autónomas y a su participación en las competiciones deportivas internacionales. El 148.1.19.ª parece estar diseñado más bien para el servicio público de promoción del deporte en la comunidad
autónoma en conexión con los valores culturales, sanitarios y de ocio aparejado al deporte. También traigo a colación los artículos 97 y 149.1.3.ª donde dice que el Gobierno dirige la política exterior y el Estado dispone de competencias en materia
de relaciones internacionales.
Las competencias del Estado en materia de política exterior y relaciones internacionales tampoco se pueden asimilar sin más a la regulación de cualquier actividad de una selección deportiva de una comunidad autónoma
fuera del territorio español.
El Tribunal Constitucional entiende que hay que diferenciar entre actuaciones de las comunidades autónomas para las que tienen título competencial y que tienen repercusiones fuera del territorio español, y las actuaciones de las comunidades
autónomas que puedan invadir las competencias estatales en materia de relaciones exteriores o política internacional. El alto tribunal protege por tanto, señorías, las actuaciones de las comunidades autónomas fuera del territorio español, siempre
que no invadan el acervo competencial del Estado.
Estamos, pues, ante un campo competencial en el que la mejor solución es la cooperación y colaboración entre comunidades autónomas y Administración central. Con este espíritu el Grupo Parlamentario Federal ha presentado una enmienda a la
moción del Grupo Parlamentario Mixto que pretende buscar un mínimo común denominador en el que todos nos podamos ver reflejados. Tal mínimo común denominador llevaría a aceptar que si la selección española participa en una competición internacional
ninguna otra selección de comunidad autónoma pueda participar ya en esa competición. Por el contrario, cuando la selección española no participe, las selecciones de las comunidades autónomas puedan hacerlo libremente.
Finalmente entendemos que las reformas legales que se puedan pactar deben dejar en radical pie de igualdad a todas las comunidades autónomas, independientemente de si utilizaron la vía del 143, la del 151, la disposición adicional primera, o
la transitoria segunda de la Constitución para acceder al grado de autonomía. Si al final se dan diferencias entre las selecciones deportivas de las comunidades autónomas debe ser en función de las diferentes voluntades de autogobierno de las
comunidades respectivas pero nunca como consecuencia de una ley de Cortes Generales.
Señorías, entendemos que esta propuesta puede ser un lugar de encuentro entre autonomistas, federalistas y nacionalistas, y como tal la ofertamos a esta Cámara. En caso de alcanzarse algún acuerdo indiscutiblemente entre comunidades
autónomas, Administración central y Cortes Generales sobre esta materia la Constitución prevé, a través de su artículo 150, suficientes caminos técnicos para solucionar el problema dentro de los márgenes de la propia Constitución.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Vasco para anunciar nuestro apoyo a esta moción, un apoyo que se fundamenta en dos razones principalmente: en primer lugar en el hecho de que la moción tiene como base unos presupuestos que mi grupo, la
formación política que le apoya e incluso yo personalmente hemos defendido en numerosas ocasiones en distintos foros, incluso académicos, pero por supuesto parlamentarios, de hecho el registro de la Cámara tiene una proposición no de ley suscrita
por nuestro grupo que plantea un punto de vista o una tesis muy similar a la que se formula en la moción. En segundo lugar, porque no nos han convencido en absoluto las argumentaciones que la ministra de Educación y Cultura utilizó en el Pleno del
pasado 18 de diciembre para contestar a las razones que la portavoz del Grupo Mixto esgrimió en defensa de su interpelación. Hemos analizado detenidamente esas argumentaciones y hemos podido comprobar que sintetizan muy bien los lugares comunes,
los tópicos que desde el Partido Popular y desde la propia Administración general del Estado se vienen esgrimiendo para por una parte negar a las federaciones deportivas autonómicas, las que se constituyen bajo la tutela de las comunidades
autónomas, la posibilidad de integrarse directamente en las estructuras deportivas de carácter internacional, y por otra impedir que estas federaciones deportivas autonómicas puedan formar o constituir selecciones a las que se les permita participar
directamente en encuentros o competiciones internacionales; unos tópicos, unos lugares comunes que curiosamente se han construido sobre la base de una interpretación extravagante del bloque de la constitucionalidad y una lectura clarísimamente
parcial y selectiva de la jurisprudencia constitucional. La ministra reconoció, como suele ser habitual en los discursos de la Administración general del Estado en esta materia, que la competencia sobre el deporte es una competencia exclusiva de
las comunidades autónomas, pero a continuación citó cierta jurisprudencia constitucional que relativiza este carácter exclusivo de las competencias autonómicas en torno a cierta equivocidad que la noción de exclusividad tiene en relación con las
competencias autonómicas, olvidando que también existe una abundante jurisprudencia constitucional que en supuestos precisamente idénticos a los del deporte ha calificado la competencia autonómica de exclusiva en sentido estricto. Es decir existen
también competencias exclusivas autonómicas en sentido estricto, y esta sería sin ninguna duda una de ellas; por tanto una materia en la que la competencia autonómica incluiría todo el conjunto de funciones públicas a desempeñar, las legislativas y
las ejecutivas absolutamente sin ninguna exclusión. La ministra, por otra parte, también reconoció que el Estado carece de título competencial específico en materia de deporte, porque efectivamente es así y no podía por menos que reconocerlo de esa
manera, pero pretendió sustituir la falta de título competencial específico, apelando a la supraterritorialidad de los fenómenos o hechos deportivos que el Estado pretende atraer para sí, olvidando también que una reiterada jurisprudencia
constitucional dice que la limitación territorial, que el alcance territorial de las competencias autonómicas no permite al Estado crear competencias ex novo donde no tiene un reconocimiento explícito resultante del bloque de la constitucionalidad.
Este es clarísimamente uno de esos supuestos, porque el Estado carece de título específico en materia de deportes.
Citó, como suele ser frecuente, la sentencia del Tribunal Constitucional 1/1986, que por cierto en ningún momento -insisto, en ningún momento- afirma positivamente
que el carácter supraterritorial de un fenómeno deportivo, el carácter supracomunitario de un hecho deportivo justifique la intervención estatal en esta materia. Reconoció también la ministra que el Estado carece de título competencial
específico en esta materia, pero pretendió situar la proyección internacional del deporte en el ámbito de las relaciones internacionales a que se refiere el artículo 149.1.3.ª, de la Constitución, desconociendo, ignorando, olvidando que existe una
sentencia clarísima, también otras pero sobre todo una del año 1994, que dice que las relaciones internacionales a que se refiere este artículo 149.1.3.ª del texto constitucional son relaciones entre sujetos internacionales regidas por el derecho
internacional; es decir relaciones en las que de ninguna manera podrían caber las que se integran entre sujetos privados, como son las federaciones deportivas integradas en redes asociativas de naturaleza estrictamente privada, pertenecientes al
ámbito internacional.
Por todas estas razones, porque estamos de acuerdo con las bases de la moción y porque estamos en absoluto desacuerdo con los argumentos que adujo la ministra, vamos a apoyar la moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, debo empezar mi intervención, como no podía ser de otro modo, anunciando el voto favorable del Grupo Parlamentario Catalán a la moción que nos presenta el Grupo Parlamentario Mixto, un
voto no sólo positivo sino además entusiasta. Nuestro apoyo a lo que persigue la moción, es decir el reconocimiento de que las selecciones deportivas de las comunidades autónomas que lo deseen puedan participar internacionalmente en competiciones
de carácter oficial, es un objetivo que hemos perseguido siempre, lo perseguimos, lo apoyamos y lo seguiremos apoyando en el futuro. Pero en nuestro voto positivo subyace algo más que un voto, que una simple posición política en el ámbito de un
debate parlamentario sectorial, si me permiten la expresión.
Teniendo en cuenta los vientos que recorren la geografía institucional del Estado y las posiciones defendidas y también aplaudidas por algunas de sus más altas jerarquías y magistraturas, la posición del Grupo Parlamentario Catalán es algo
más que un simple voto, representa o intenta representar la reafirmación de un testimonio, de un compromiso político y de una aspiración basada en otro concepto de España. Para mi grupo parlamentario, para Convergencia i Unió, un Estado
plurinacional como es España pasa por el reconocimiento y la promoción de las realidades nacionales que lo componen por parte del poder central, y una de esas manifestaciones es sin duda alguna la representación deportiva internacional con rango
oficial. En esta ocasión, sin embargo, mi grupo parlamentario no pretende hacer especial hincapié en los aspectos jurídicos o legales que amparan nuestra pretensión. Obviamente esos aspectos tienen una gran importancia política, y a ellos
tendremos ocasión de referirnos cuando podamos defender en esta Cámara la proposición no de ley que también presentamos en su día, de forma separada con relación a los grupos parlamentarios Vasco y del BNG.
El reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, vascas y gallegas forma parte de una reivindicación histórica de los nacionalismos de estas tres autonomías. En Cataluña se trata de una reivindicación y de un anhelo que no puede
despacharse, como se ha hecho alguna vez por parte de algún portavoz parlamentario de deportes de esta Cámara, como una reivindicación basada en planteamientos electoralistas. Mi grupo parlamentario ha incluido esta demanda siempre en todos y cada
uno de los programas electorales con los que hemos concurrido a las elecciones generales y autonómicas. Hay dos citas históricas, a las que ha hecho referencia la portavoz Begoña Lasagabaster: una cita histórica, año 1913, creación del Comité
Olímpico de Cataluña. Por otro lado, creemos que las más de 500.000 firmas, a las que también hacía referencia la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, obtenidas en Cataluña en apoyo a la iniciativa legislativa popular que tuvo su traducción en
la Ley 9/1999, de 30 de julio, del Parlamento de Cataluña de apoyo a las selecciones catalanas, acreditan esa clara voluntad popular y esa aspiración propia de una comunidad con una fuerte vocación de autogobierno y con una identidad propia y
diferenciada en los ámbitos cultural, político e institucional.
Cataluña como entidad nacional es anterior a la Constitución de 1978, y por tanto pese a las limitaciones derivadas de las interpretaciones restrictivas del bloque constitucional,
tiene derecho no sólo a ver modificado el actual marco legal sectorial, es decir la Ley 10/1990, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 2002, sino también a incluir esta aspiración en el proyecto de nuevo
estatuto de autonomía que la federación de Convergència i Unió presentará ante las sociedades catalana y española el próximo mes de abril. Pero si me permiten SS.SS., señora presidenta, para mi grupo parlamentario hoy lo relevante no es el voto o
la propuesta política que hace el grupo parlamentario proponente, ni tan siquiera el voto o la posición política de los grupos parlamentarios nacionalistas que vamos a apoyar hoy esta moción, tampoco es la posición del Grupo Parlamentario Popular,
que desde siempre se ha opuesto a estos planteamientos, lo realmente relevante hoy es o debería ser la posición del Grupo Parlamentario Socialista y específicamente de los diputados del PSC, los diputados catalanes que forman parte de este Grupo
Parlamentario
Socialista Español. Los discípulos del señor Maragall al no dar su apoyo a la moción -según parece no van a dar apoyo a esta moción- darán la espalda una vez más a una aspiración legítima del pueblo catalán, harán lo contrario de lo que
predican en Cataluña y demostrarán una vez más su dependencia y su sumisión al Partido Socialista Obrero Español. Ante esta evidencia la ciudadanía de Cataluña tiene a partir de hoy otro motivo para comprobar la inconsistencia y el fraude político
que supone el federalismo que nos ofrece el señor Maragall y el PSC-PSOE, esta vez circunscrito en el ámbito de la proyección internacional del deporte catalán.
Reiteramos nuestro apoyo a esta moción y esperemos que tenga el máximo apoyo posible.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero comentarles que en las intervenciones que han tenido lugar se ve que hay interés en la consecución de una serie de objetivos en relación al deporte, pero lo que para nuestro grupo parlamentario es interesante e
importante resaltar en esta Cámara es que también se produce casualmente siempre en épocas preelectorales. Por tanto, creo que este elemento por lo menos lo debemos tener presente.
La moción no plantea simplemente luchar o trabajar por el avance del deporte en los diversos territorios, sino que más bien pretende generar un clima de enfrentamiento de posiciones en las cuales el mundo del deporte no está involucrado. Es
muy importante el ámbito nacional, pero también lo más importante es cómo podemos desarrollar el deporte y cómo podemos implicarnos en esta materia en el ámbito internacional.
Es evidente, señorías, que las selecciones autonómicas existen ya -lo demuestran los encuentros deportivos que todos conocen-, y que no existe, por tanto, el problema de fondo. El problema se sitúa en el plano o nivel de la competición al
que pueden acceder, y especialmente en los posibles enfrentamientos con la selección española, digámoslo así. En todo caso nadie ignora que la posible aceptación de selecciones nacionales en competiciones internacionales depende de las respectivas
federaciones y del Comité Olímpico Internacional, y que estos organismos se han manifestado de forma muy clara en contra de tal posibilidad.
Los impulsores de la moción, que ha conseguido aquí varios apoyos, hablan de una situación determinada entre el PSC y el Partido Socialista Obrero Español. Creo que nosotros tenemos el mismo discurso en Cataluña y en el resto del país, de
modo que esta moción no tiene ninguna connotación negativa; no la vamos a apoyar y les voy a explicar los elementos de nuestra postura.
Es cierto que la Ley del Deporte tiene ya 13 años, y que el Gobierno se había comprometido a presentar una nueva ley. Los socialistas creemos que es necesario plantearse serenamente los cambios que esta ley necesita, pero esto no se puede
justificar en el oportunismo de una moción ni en la utilización de las pasiones que genera el deporte. Ese no es nuestro debate, señorías, y no entraremos en ese juego; queremos que el deporte avance.
Nos vamos a abstener porque creemos que constituye un elemento de reflexión el enunciado de la moción cuando dice que se ejerza la obligación legal de lealtad constitucional. Les quiero informar, señorías, porque la memoria es frágil a
veces, de que la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Parlamento vasco -la Ley del Deporte del País Vasco- fue el elemento inicial a partir del cual comenzó una etapa oscurantista en el País Vasco. Se rompió la unidad de los demócratas frente a ETA, se
fracturó la convivencia democrática y se calificó a los vascos no nacionalistas como enemigos del pueblo vasco. Todo esto han sido secuencias que estos pactos y otros son muy bien conocidas y que además han generado demasiada tristeza y mucho
dolor.
Quiero llamar la atención sobre el proceso de construcción europea. No es posible buscar solución dentro del marco de la Europa de las regiones; creemos que hay que canalizar las legítimas aspiraciones de los ciudadanos a través de un
debate sereno, y siempre nos encontrarán a favor de tal debate. Estamos abiertos al diálogo con el mundo del deporte sin exclusión, y así lo hemos demostrado; estamos dispuestos a trabajar por hacer del deporte un instrumento de integración, y no
de exclusión.
Siempre nos encontrarán ahí.
Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cortajarena.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la interpelación que presentó en su día la señora Lasagabaster parte de un error en su exposición de motivos, espero que no sea intencionado sino simplemente de
interpretación. Hacer referencia inicialmente a la modificación de una propuesta que se hizo en el Parlamento Europeo utilizándola como base es tergiversar absolutamente la realidad. La enmienda aprobada por el Parlamento Europeo a iniciativa del
Reino de Bélgica, con vistas a la adopción de una decisión del Consejo relativa a la seguridad en los partidos de dimensión internacional, no tiene como fin en ningún momento el reconocimiento internacional de selecciones nacionales, que es misión
de
las federaciones internacionales competentes en cada materia deportiva.
Además, dicha enmienda fue presentada por un eurodiputado británico que quería conocer el hecho real y objetivo del Reino Unido, que participa con diferentes
selecciones en algunas modalidades deportivas desde hace muchos años, hecho reconocido por las federaciones internacionales deportivas respectivas y que cuenta con el refrendo del Gobierno del Reino Unido. Le leo textualmente lo que decía: En el
caso del Reino Unido, este Estado miembro está representado en el fútbol internacional por cuatro naciones de las que se compone el país. Por ello, es necesario considerar esta situación histórica y extraordinaria.
Bien, pues si es extraordinaria no hagamos de la excepción la norma, y a veces -cuando interesa-, de la norma la excepción, que es lo que sucede en algunas ocasiones en este ámbito. La verdad es que en alguna intervención me he sentido
defraudado porque se ve claramente dónde hay coherencia y cohesión en todo el Estado español y dónde hay ambigüedad permanente a la hora de refrendar posiciones, que quizá en función de donde se sitúe uno en la geografía española, se dice una cosa o
se dice otra. A lo mejor eso puede prevenir alguna abstención que se vaya a producir en esta Cámara, porque no es lo mismo oír a unos que a otros, y por tanto eso dificulta de alguna manera luego la toma de posición.
Para no alargarme mucho, voy a hacer referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1994 -no de 1986-, de 26 de mayo, que es taxativa cuando establece que la pretendida asunción de la exclusiva e incondicionada representación
internacional del deporte por las comunidades autónomas no es una simple medida dotada de cierta incidencia exterior -utilizando la expresión de la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de diciembre de 1995-, sino que supone la alteración de
una competencia estatal en materia de relaciones internacionales de dirección de la política exterior en relación con la cultura y del ámbito físico de actuación de aquéllas, que en suma supondría una actuación ultra vires de la competencia
autonómica sobre el deporte, pues la representación internacional del deporte español en su conjunto corresponde al Estado a través de las federaciones deportivas españolas de las que forman parte las autonómicas y a su vez las integran las
internacionales. Esto no es una anécdota, es una sentencia del Tribunal Constitucional que interpreta la Constitución, y por tanto habría que modificar la norma magna para poder hablar de este tema.
No quiero entrar en el debate que no sea estrictamente jurisprudencial como en este caso, pero no me resisto a hacer una pregunta, que no es anécdota ni tópico en este caso y quiero que se entienda perfectamente que queda restringido a un
ámbito territorial muy definido: ¿alguien puede afirmar alguien en esta Cámara que el sector del que estamos hablando tiene libertad para poder manifestarse sin sentir la amenaza o el señalamiento de los brazos políticos de una banda terrorista?
Estoy hablando de deportistas, estoy hablando de responsables de federaciones, de entrenadores, de directivos de clubes y de asociaciones deportivas. He tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos y no se manifiestan públicamente en contra
de esto que están proponiendo ustedes, por miedo; la palabra es miedo. Les voy a decir una cosa, ustedes -en este caso la señora Lasagabaster- hablan de cesión de competencias o de reconocer esa extensión de competencias. Mire usted, no, nosotros
lo llamamos ensoñación soberanista.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González.
Señora Lasagabaster, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada por el Gruño Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
No podemos aceptarla por la segunda parte de la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster. Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre reconocimiento de las selecciones nacionales deportivas vascas,
catalanas y gallegas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 20; en contra, 155; abstenciones, 84.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.