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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 211, de 28/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 211
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 204
celebrada el jueves, 28 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-Ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque 'Prestige'. (Número de expediente 130/000032.) ... (Página 10662)
Enmiendas del Senado - Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo). 'BOCG. Congreso de los Diputados',
serie A, número 100-1, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 121/000100.) ... (Página 10671)
- Proposición de ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 152-1, de 11 de junio de
2001. (Número de expediente 122/000135.) ... (Página 10680)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas: - Proyecto de ley del catastro inmobiliario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 114-1, de 24 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000114.) ...
Avocación por el Pleno de proyectos de ley:
- Proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. (Número de expediente 121/000111.) ... (Página 10695)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley del catastro inmobiliario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 114-1, de 24 de octubre de 2002. (Número de expediente 121/000114.) (Continuación.) ... (Página 10696)
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado
- Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la Declaración Definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1999 y resolución adoptada por la misma. (Número de expediente 250/000010.)
... (Página 10696)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ...(Página 10662)
Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque 'Prestige' ...(Página 10662)
Presenta el Real Decreto-ley 7/2002 el señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Rajoy Brey). Relata los hechos ocurridos hace quince días en relación con el accidente sufrido por el
petrolero 'Prestige', con condiciones adversas de la mar, en el llamado corredor sur del dispositivo de separación del tráfico de Finisterre, a unas 27 millas de las costas de Galicia, que dio paso al hundimiento del buque el 19 de noviembre en
aguas del Atlántico.
Da cuenta de las consecuencias ya conocidas por todos y hace un breve repaso de las medidas adoptadas que se encauzan a través de un plan integral de actuación que, de manera global, pretende hacer frente al problema desde
distintas perspectivas: económica, fiscal, laboral o institucional, a las que se refiere de forma sucinta, destacando las cuestiones de carácter más estrictamente económico y fiscal.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; y las señoras Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque 'Prestige', se aprueba la convalidación por 289 votos a favor y dos en
contra.
Sometido a continuación a votación la tramitación del Real Decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 112 votos a favor y 179 en contra.
Enmiendas del Senado ...(Página 10671)
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo) ...(Página 10671)
Intervienen en el debate los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Velasco Sierra, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al preámbulo y al artículo 1, apartado 2 del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, se aprueban por 184 votos a
favor, nueve en contra y 106 abstenciones.
Sometidas a votación a continuación el resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley, se aprueban por 284 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores ...(Página 10680)
Intervienen en el debate el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
y las señoras Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alberdi Alonso, del Grupo Parlamentario Socialista, y Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a la votación de las diferentes enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de
menores.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ...(Página 10689)
Proyecto de ley del catastro inmobiliario ...(Página 10689)
En defensa de las enmiendas presentadas al dictamen del proyecto de ley del catastro inmobiliario intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Avocación por el Pleno ...(Página 10695)
Del proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal ...(Página 10695)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149. 1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras
judicial y fiscal, lo que se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ...(Página 10696)
Proyecto de ley del catastro inmobiliario (continuación) ...(Página 10696)
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas al proyecto de ley del catastro inmobiliario y del texto del dictamen de la Comisión.
Informe anual sobre la Cuenta General del Estado ...(Página 10696)
Dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1999 y resolución adoptada por la misma ...(Página
10696)
Presenta el dictamen de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1999 y resolución adoptada por la misma, la señora Ruiz Ruiz, en
nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Costa Campi, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica la señora Ruiz Ruiz, duplicando la señora Costa Campi.
Sometido a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 1999 y resolución adoptada por la misma, se aprueba por
174 votos a favor, 93 en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 7/2002, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE MEDIDAS REPARADORAS EN RELACIÓN CON EL ACCIDENTE DEL BUQUE 'PRESTIGE'. (Número de expediente 130/000032)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto V bis nuevo del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
Convalidación o derogación del Real decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige.
Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE PRESIDENCIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante esta Cámara con la responsabilidad de solicitar de SS.SS. la
convalidación del Real decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige.
Hace ahora exactamente 15 días, el petrolero Prestige sufrió un accidente con condiciones adversas de la mar en el llamado corredor sur del dispositivo de separación del tráfico de Finisterre, a unas 27 millas de las costas de Galicia. El
día 19 de noviembre el buque se partía en dos, hundiéndose en aguas del Atlántico. La consecuencia inicial es bien conocida por todas las señoras y señores diputados. Se produce un vertido de fuel que provoca, junto a los daños medioambientales en
aguas y litoral, una paralización de la actividad pesquera, de marisqueo y de acuicultura en la zona afectada. A partir de ese momento, se buscó actuar en distintos frentes, priorizando las urgentes labores iniciales de recogida de vertidos,
instalación y mantenimiento de barreras, cierre de lagunas litorales o limpieza de playas. Se instaron igualmente actuaciones en el ámbito de la Unión Europea, como es bien sabido por todas sus señorías. También desde un primer momento se hizo
perentoria la adopción de medidas destinadas a paliar las consecuencias del siniestro para los sectores afectados.
Resultando pues imperativo, en virtud de los más elementales principios de solidaridad y equidad, adoptar un paquete de medidas que atemperase el impacto negativo que sobre la economía de los afectados está teniendo el accidente, el Gobierno
ha pretendido, en primer lugar, actuar con la prontitud que requiere la situación. De este modo, se procedió con la mayor diligencia posible a la elaboración del real decreto-ley que hoy tengo la oportunidad de presentar ante esta Cámara, con la
voluntad de atender a las consecuencias del siniestro desde una dimensión económica y social, y que -me gustaría destacar- ha sido aprobado solamente nueve días después de que se produjese el accidente. Por otro lado, y dada la envergadura del
siniestro, la cantidad de personas que se han visto afectadas y la complejidad y pluralidad de los intereses concernidos, la voluntad que nos ha guiado ha sido la de encauzar en un único cuerpo normativo todo un amplio abanico de actuaciones a
afrontar desde la Administración general del Estado. Mediante esta norma, por tanto, se ha optado por abordar un plan integral de actuación que, de manera global, pretende hacer frente al problema desde distintas perspectivas, económica, fiscal,
laboral, institucional, a las que paso a referirme de forma sucinta.
Comenzando el breve repaso de las medidas previstas quisiera destacar, en primer lugar, las cuestiones de carácter más estrictamente económico y fiscal. Entre las actuaciones arbitradas debo resaltar, en principio, que se abonarán por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Instituto Social de la Marina, ayudas de 10 euros diarios a aquellos armadores embarcados, tripulantes de buques pesqueros y mariscadores en tierra que hubieran visto paralizada su
actividad profesional como consecuencia del accidente. Se trata de una ayuda complementaria a la concedida por la Comunidad Autónoma de Galicia, de manera que cada afectado podrá obtener unos ingresos mensuales aproximados de 1.200 euros por estos
conceptos. En principio, estas ayudas se concederán por un periodo máximo de seis meses; sin embargo, dicho plazo podrá
ser prorrogado por acuerdo de la comisión interministerial para el seguimiento de los daños ocasionados por el buque Prestige.
También desde una perspectiva económica hemos planteado un paquete de medidas de carácter fiscal. Concretamente se ha previsto, en primer lugar, una reducción del impuesto sobre actividades económicas correspondiente al ejercicio 2002, de
la que se beneficiarán quienes realicen actividades de entrega de bienes o prestación de servicios directamente relacionados con la pesca, el marisqueo o la acuicultura y hubiesen visto paralizada su actividad a consecuencia de las prohibiciones
adoptadas por la Junta de Galicia o por la Administración general del Estado. La reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad. Me
gustaría destacar también que aquellos que teniendo derecho a este beneficio hubieran satisfecho ya los recibos correspondientes al ejercicio fiscal 2002 podrán pedir la devolución de las cantidades correspondientes. En este punto es importante,
además, señalar que la disminución de ingresos que se produzca por este concepto en ayuntamientos y diputaciones provinciales será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, una reducción de los signos, índices
o módulos aplicables a la actividad desarrollada a efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en tercer lugar, una reducción de los índices o módulos para el cálculo de las cuotas devengadas por operaciones corrientes en el
régimen simplificado del impuesto sobre el valor añadido. Paralelamente, se van a articular líneas preferenciales de crédito. Concretamente, el Instituto de Crédito Oficial instrumentará dos operaciones de préstamos por un importe total de 200
millones de euros, 100 millones cada una.
Con ambas operaciones lo que se pretende es anticipar la reparación o reposición de las instalaciones industriales, pesqueras, acuícolas o marisqueras, incluido el arte y el resto del material de pesca. Por un lado, se instrumentarán
operaciones de préstamos directos para personas físicas y pequeñas y medianas empresas que cubrirá la totalidad del daño evaluado, con un plazo de vencimiento de un año prorrogable a un tipo de interés del 1,75 por ciento TAE. Por otro lado, una
línea de crédito de intermediación, es decir a través de entidades financieras con implantación en la Comunidad Autónoma de Galicia, para personas físicas y jurídicas que hubiesen sufrido daños y que también cubrirá la totalidad del daño evaluado,
con un plazo de vencimiento de un año prorrogable y con un tipo de interés del 0 por ciento.
En cuanto a las medidas de orden laboral el horizonte contemplado ha sido el de procurar mitigar los efectos del siniestro en el empleo, tanto en lo que afecta a los trabajadores como en lo que afecta a los empresarios.
Precisamente ante la
perspectiva de trabajadores afectados en su régimen laboral con motivo de unas circunstancias como las presentes, el Gobierno ha considerado que como primera medida de manifiesta equidad se les debía reconocer el derecho a la prestación contributiva
correspondiente incluso aunque no hayan cubierto el período mínimo de cotización. Esta posibilidad será de aplicación en los expedientes de regulación de empleo, aunque se resuelva favorablemente la suspensión temporal de contratos o la reducción
temporal de la jornada de trabajo. Además, esta prestación especial no reducirá el tiempo de percepción de una futura prestación por desempleo a la que eventualmente tuvieran derecho los trabajadores por sus cotizaciones anteriores al accidente.
En caso de que lo que se produjera fuese una extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial.
En el ámbito de la Seguridad Social se establece una bonificación del cien por cien en el pago de las cotizaciones de los empresarios y trabajadores por cuenta propia dedicados a la actividad de pesca, marisqueo o acuicultura incluidos bien
el régimen especial de los trabajadores del mar, bien en el régimen general, siempre que hubiesen visto paralizada su actividad y durante el período en que permanezca en vigor la prohibición de pesca y marisqueo.
Por otro lado, el real decreto-ley que, como antes señalé, se ha redactado con vocación de dar respuesta a múltiples necesidades también otorga una atención especial a las futuras tareas de reparación de infraestructuras.
En este sentido,
se faculta a los titulares de los distintos ministerios para declarar zona de actuación especial las áreas afectadas al efecto de llevar a cabo las restauraciones que procedan. Asimismo, se declaran de emergencia las obras a ejecutar para reparar
los daños causados en las infraestructuras de titularidad estatal. Por otro lado, la reparación o mantenimiento del servicio de infraestructuras y equipamientos tales como las portuarias, costas, dominio público marítimo-terrestre y cualquier otro
bien de titularidad estatal afectado, así como las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, tendrán la consideración de obras, servicios y adquisiciones o suministros de emergencia, y ello a los efectos de la Ley de contratos de
las administraciones públicas.
El Real Decreto-ley 7/2002 también acomete una cuestión que puede ser importante en el corto y medio plazo, como son los efectos en el consumo de productos procedentes de Galicia que no estén afectados por el impacto medioambiental del
accidente. Es obligación de las autoridades públicas transmitir a los ciudadanos que los productos gallegos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura mantienen su calidad y sus propiedades, en definitiva, son seguros. Por este motivo el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación instrumentará los créditos oportunos en colaboración con
la Junta de Galicia para la realización de campañas de información o promoción de estos productos.
Señoras y señores diputados, el Gobierno ha sido consciente de que en un plazo tan breve como el que transcurre desde el accidente a la aprobación del real decreto-ley resulta impracticable evaluar todos los daños indirectos que puedan
ocasionarse en los distintos sectores. Por este motivo se reconoce un importante papel a la comisión interministerial para el seguimiento de los daños ocasionados por el buque Prestige que, como todas SS.SS. saben, ha sido creada mediante real
decreto del pasado viernes y en la que están representados doce departamentos ministeriales.
Pues bien, una vez conocida la evaluación de los perjuicios derivados de manera indirecta de la catástrofe, la comisión está facultada para en su caso
proponer al Gobierno la adopción de medidas de carácter accesorio.
Con ello se viene a completar un marco de posibles actuaciones futuras que, por tanto, no se detienen en las expresamente contempladas en esta norma sino que podrán ir adaptándose
según las lesiones colaterales que puedan quedar acreditadas en los próximos meses.
Termino ya llamando su atención sobre el importante esfuerzo de coordinación que se ha realizado en la elaboración de este real decreto-ley. La amplitud y la heterogeneidad de las medidas contempladas justifican que la propuesta haya
partido de ocho departamentos ministeriales, Presidencia, Economía, Hacienda, Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología. Con este ánimo se va a continuar trabajando en el seno de la
comisión interministerial a la que antes he aludido. En el Gobierno consideramos que la convalidación de esta norma por la magnitud del asunto, por la repercusión que éste ha tenido en importantes colectivos y por el alcance de las medidas
planteadas debe trascender las discrepancias puntuales que puedan surgir entre los grupos presentes en esta Cámara. Consideramos también que por este motivo los ciudadanos deben apreciar que ante situaciones como éstas sus representantes saben
primar el interés de la sociedad por encima de otras consideraciones particulares.
Por todo ello, solicito de todos ustedes el voto afirmativo para la convalidación del real decreto-ley. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, saben que nosotros como Bloque Nacionalista Galego partimos de la premisa de que este era un caso ejemplar donde se afectaba la relación del hombre con el medio, en este caso el medio productivo que es la tierra
y el mar, la franja litoral, en primer lugar, y, en segundo lugar, toda la comunidad social de Galicia, y que no se trataba de un problema exclusivamente ecológico, sino de un problema económico y social y, por tanto, en gran parte también político.
Desde ayer figura en la red un estudio realizado por el equipo de investigación de economía pesquera y recursos naturales de la Universidad de Santiago de Compostela, en concreto de doña María del Carmen García Negro y de don Ramón Roldán,
titulado Efectos económicos de la marea negra del Prestige. A través de la experiencia previa de estos estudiosos en relación con el Mar Egeo llegan a sacar algunas conclusiones o a señalar algunos elementos a considerar. En primer término, los
ecológicos. Se trata en gran parte de zonas protegidas y catalogadas por su interés medioambiental paisajístico y faunístico. Los nombres de la Costa Da Morte, los humedales de Corrubedo, Valdayo, la desembocadura del Anllons, la laguna del río
Traba, y un número de aves, peces, moluscos y crustáceos muchas veces únicos en el mundo y afectados no solamente por un hidrocarburo, sino por hidrocarburos de alta toxicidad. En segundo lugar, el impacto económico. Son seiscientos kilómetros de
costa incluidas las que ya fueron afectadas por la catástrofe del Mar Egeo y una dependencia altísima de la actividad pesquera de esta zona que solamente se recuperará como mínimo en diez años y en algunos casos como máximo, según los estudiosos a
partir de las experiencias anteriores, en veinticinco. El efecto en las actividades productivas va a ser fundamental y grave no solamente para los bienes y servicios de mercado, sino también para aquellos de no mercado. El decaimiento productivo
en todos los sectores va a provocar un efecto multiplicador en la economía de Galicia y sin duda un efecto en el PIB de nuestro país. Recuerden que la producción pesquera de Galicia es el 40 por ciento del Estado español; 41.600 personas viven de
la pesca extractiva en Galicia; en concreto, 18.400 en A Coruña, gran parte de ellas afectadas, y en el total de Galicia 9.200 están ocupadas solamente en el marisqueo. En concreto, en algunas villas de las que ustedes habrán oído hablar estos
días, en Fisterra, por ejemplo, el 42 por ciento de la población ocupada está ocupada en el sector pesquero, en Ribeira prácticamente el 40 por ciento o en Malpica el 34 por ciento o en Camariñas el 29 por ciento. Está claro que a esto hay que
añadirle el efecto en el resto de la economía, la hostelería, el turismo, el comercio, el sector inmobiliario. Por tanto, señorías, pensamos que aquí se va a producir, se está produciendo ya, una caída continua de producción pesquera para muchos
años que va a afectar no solamente al turismo, sino también al poder adquisitivo de pescadores y mariscadores y, por tanto, al comercio, a la venta de inmuebles y en
todo caso al funcionamiento de la hostelería en general. Saben ustedes que una catástrofe que fue valorada en unos términos parecidos a ésta, e incluso ya empieza a serlo inferior, como la del Exxon Valdez fue indemnizada con 2.800 millones
de euros. En nuestro país, el caso más reciente, el Mar Egeo, lo fue con 63 millones de euros. Esperamos que ahora no se vuelva a reproducir este efecto discriminatorio alarmante y eso, señorías, depende, en buena parte, no solamente de la opinión
pública y de la sociedad sino, sobre todo, del Gobierno y su responsabilidad.
Entraremos, por tanto, ahora a hablar de lo que puede ser reparable a corto plazo y de lo que intenta el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, que solamente en parte sigue los criterios de la proposición no de ley que hemos aprobado
la semana pasada. Quiero recordarles que la semana pasada se aprobó un punto fundamental, que espero que se cumpla, que es la limpieza y restauración del ecosistema con las partidas oportunas por parte de la Administración central; pero vayamos
primero a los problemas, a los defectos que se deben subsanar en el real decreto y después a las cosas positivas y, por tanto, a nuestra posición.
En primer lugar, señor ministro, pienso que ustedes crean una cierta inseguridad jurídica cuando hacen depender del desarrollo reglamentario del real decreto todos los perjuicios indirectos que, como acabo de decir, van a ser muchos y
abundantes. Por tanto, ese artículo 8 nos parece a nosotros que no es afortunado, desde el punto de vista de la clarificación y la tranquilidad de los sectores afectados que no son estrictamente los trabajadores de la pesca y los mariscadores.
Tampoco recoge el real decreto-ley lo que nosotros planteábamos en la moratoria de créditos, que eran fundamentales los créditos hipotecarios o personales para los afectados. También se trata de un decreto que es parcial porque solamente va a ser
aplicado a pescadores y mariscadores y tampoco se plantea la exención del impuesto de sociedades, e incluso pensar que esto se va a poder saldar con un año al máximo, creemos que se trata de una ingenuidad del Gobierno o de una cierta
irresponsabilidad.
Señorías, por lo demás, nosotros partíamos en nuestra proposición no de ley de que se debían conceder unos créditos presupuestarios de carácter ilimitado, y así se establece en el real decreto, lo cual consideramos positivo, pero deberían
contemplarse ayudas directamente del Estado a los afectados como anticipo a cuenta de las indemnizaciones. Esto garantizaría que el debate, la defensa para lograr las indemnizaciones frente a todo tipo de instituciones internacionales e incluso
ante sus tribunales, correría fundamentalmente por cuenta del Estado español, aunque éste luego fuera declarado también responsable subsidiario de la catástrofe, que pensamos que algo de responsabilidad va a tener.
En todo caso, hablemos de las ayudas a los afectados y de unas consideraciones sobre ellas. Señor vicepresidente, está bien que ustedes hagan exenciones fiscales, en concreto en los artículos 3, 4 y 5 que afectan a impuestos estatales como
el IVA, el IRPF, que así lo pedíamos también en la proposición no de ley aprobada y exactamente igual las bonificaciones a la Seguridad Social al cien por cien, por cierto, detalle cualitativamente diferente al que emplearon con las inundaciones en
Galicia. Por tanto, bienvenido sea. Sin embargo, usted tiene que comprender, señor vicepresidente, que solamente se va a aplicar a las actividades directamente paralizadas por la Xunta de Galicia. Hay que generalizarlo a la comercialización,
transformación de productos pesqueros y a la hostelería, tal como se pedía en nuestra proposición no de ley y, además, también se deben conceder exenciones al impuesto de sociedades.
Vayamos a las ayudas directas, artículo 7, que son las que están contempladas para paliar la falta de ingresos, de rentas de pescadores y mariscadores afectados. Francamente pensamos que no es de recibo que se completen las de la Xunta de
Galicia con tan baja cantidad. Ustedes no contemplan ayudas directas para reparaciones de los bienes e infraestructuras afectadas. Solamente dan créditos con intereses subsidiados. No se aplica a los acuicultores, a los comercializadores, a los
hosteleros y en realidad a aquellos pescadores y mariscadores que no están completamente regulados. Va a haber un gravísimo problema social con aquellas personas que vivían en parte de la pesca pero que no están perfectamente contempladas, por
ejemplo, en los listados de la Seguridad Social, aunque estén regularizadas como jubiladas de la propia pesca.
Señor ministro, comprenda que con una Administración autonómica como la de Galicia que tiene tantas dificultades financieras, el que ustedes tomen un compromiso financiero tan mínimo para estas ayudas directas, de tal manera que para
armadores, pescadores y mariscadores la Xunta carga o con la totalidad o con las tres cuartas partes, nos parece que no es de recibo en una catástrofe donde ustedes tienen responsabilidades fundamentales porque las competencias son exclusivas del
Estado. Por lo demás, esperamos que los perjuicios indirectos, cuando se dejan a la comisión interministerial y a la elaboración de reglamentos, puedan ser vigilados y discutidos en esta institución.
Por último, señor ministro, la reparación y reposición de infraestructuras las dejan exclusivamente a líneas preferenciales de créditos de cien euros cada una, con intereses subsidiados a plazos de amortización de un año, que es muy poco.
¿Alguien piensa que en un año se van a poder devolver los créditos de personas que estén afectadas por la actual situación? Saben ustedes que esto es contrario al espíritu y la letra de la proposición no de ley que fue aprobada la semana pasada.
Deben de darse ayudas directas y moratorias de créditos hipotecarios y personales suscritos por los
afectados, y el período de amortización debe de ser suficiente y muy a largo plazo.
Acabamos ya, señora presidenta, diciendo que nosotros vamos a pedir la tramitación del real decreto como proyecto de ley precisamente para subsanar estas deficiencias. Estas son medidas de choque y urgentes que deben de ser completadas y
rectificadas en algún caso. Ustedes no contemplan el efecto multiplicador del que están hablando ya todos los estudiosos y toda la gente que entiende del problema. No reducir la evaluación económica a una catástrofe que pueda ser solamente suplida
por el FIDAC. El FIDAC va a tener un tope de 200 millones de euros. Esto no se puede subsanar con ese tipo de indemnización. Hay que luchar para que el Fondo de compensación de la Unión Europea se ponga en funcionamiento, porque también la Unión
Europea tiene sus responsabilidades al tener un marco de transporte marítimo tan deficiente y con afectación tan grave contra nuestro país. Nosotros haremos el seguimiento social con todos los afectados, trataremos de que las instituciones estén a
la altura de las circunstancias y seguimos empeñados en que una comisión de investigación no tendría solamente los efectos de buscar responsabilidades políticas, sino de dejar claro cómo hay que actuar sobre todo ante las consecuencias. No se trata
solamente de limpiar aquello que se ve ahora y que llama la atención en las televisiones, sino de por lo menos dejar el país en las mejores condiciones para poder hacer frente al futuro.
Esta es la posición del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley que nos ha traído el Gobierno porque, en primer lugar, participamos de un principio de solidaridad entre las comunidades autónomas. Igual que en el pasado mes de
marzo, y en cooperación estrecha con el Gobierno central, aprobamos el Real Decreto-ley para las ayudas por los daños catastróficos acaecidos en Tenerife concretamente, estamos a la recíproca por un principio constitucional de solidaridad y
solicitamos el apoyo de la Cámara para dar ahora con toda comodidad apoyo y ayuda a Galicia en la convalidación de este real decreto-ley. En segundo lugar, participamos de toda la exposición de motivos y de las razones aportadas por el señor
vicepresidente primero del Gobierno, señor Rajoy, que suscribimos íntegramente.
Quiero destacar, para terminar, señora presidenta, junto a todas las ayudas, exenciones fiscales, etcétera, de todo orden, dos cuestiones de las que también van a ser receptoras las comunidades autónomas españolas consumidoras de productos
del marisqueo y la pesca en Galicia, que es lo que se recoge en el artículo 9, por el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, tendrá a su disposición todo un abanico de
posibilidades técnicas, jurídicas y económicas para una promoción de estos productos de la pesca y el marisqueo en Galicia, para que tengan una buena imagen ante el consumidor de cualquiera de las otras partes del territorio de España.
Finalmente hay que destacar algo muy importante y que no es habitual, porque el agente exterior causante de la catástrofe no ha sido en este caso la meteorología, que es lo que se recoge en el segundo párrafo del artículo 1: un
reconocimiento explícito de que en ningún caso esto supone responsabilidad del Estado en la catástrofe. El Gobierno tendrá que realizar, como ya han anunciado sus representantes y el señor vicepresidente primero del Gobierno, las acciones contra
terceros causantes del daño catastrófico del cual hay que resarcir a la Administración pública Española y a la Administración gallega. Creemos que es muy importante destacar este párrafo cláusula del artículo 1, del ámbito de aplicación, para que,
dado que el Gobierno asume con este real decreto-ley una puesta en razón de medios económicos, jurídicos y fiscales, quede claro que los responsables están en otro sitio, y a ese sitio habrá que acudir ante los tribunales internacionales, en
cualquier caso, porque el reconocimiento de culpabilidad está fuera del ámbito español.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
La propuesta del Gobierno nos parece floja. No entendemos cómo se valora tan poco y al final se deja todo para un posterior desarrollo reglamentario que nada puede aclarar hoy a los que están preocupados por su futuro. Nosotros creemos que
tendrían que haber sido mucho más audaces y que ya que el Gobierno no ha sido capaz de estar a la altura de las circunstancias a la hora de prever y coordinar, al menos podía haber sido bastante más ágil a la hora de concitar ayudas. No se puede
presentar un decreto tan parcial que sólo vaya enfocado hacia las actividades que han sido paralizadas y en el que no se contemple la industria y el turismo.
Estamos ante una realidad, y es que cuando el 13 de noviembre el petrolero Prestige
empieza a perder fuel-oil y lanza su primer mensaje de auxilio, se produce una catástrofe que no afecta sólo a parte sino a toda la sociedad gallega y que repercute en todo el Estado
español. Hay que hacer una valoración partiendo de una realidad, y es que la marea negra está afectando a zonas de importantísimo valor ecológico, zonas que están protegidas y catalogadas por su interés medioambiental, por su interés
paisajístico y también por su interés económico, procedente de la riqueza de la zona afectada en especies de peces, moluscos y crustáceos marinos que tienen un gran valor en el mercado.
Además, esa situación se está viendo agravada porque el
derivado del petróleo que está soltando el Prestige es de los de mayor grado de toxicidad. Creemos que hay que tomar conciencia de esa realidad y hay que ver quiénes son los afectados en un futuro, que es lo que a nosotros nos preocupa, porque hay
experiencias de desastres anteriores y sabemos que ahora mismo toda la sociedad gallega, la española y la europea están mirando a la zona afectada, pero nos preocupa saber qué va a pasar dentro de seis meses cuando los focos de las cámaras y los
periodistas abandonen la zona y no se pueda pescar ni ejercer una actividad económica y hay una paralización económica de más de diez años, partiendo de que en la zona afectada llueve sobre mojado por desastres anteriores.
Por lo anteriormente expuesto, creemos que hay que ser mucho más ambiciosos en la propuesta que hoy se plantea aquí; una propuesta que tiene que contemplar a todos los sectores afectados, no solamente a aquellos a los que la Junta ha
paralizado su actividad, porque la repercusión económica inmediata afecta también al sector turístico, a los arrastreros, a la industria y también al conjunto de la sociedad gallega, pues es evidente que al disminuir de una forma drástica los
ingresos de los sectores más directamente afectados, el consumo va a bajar y se va a reducir el posible gasto en comercio y en una serie de sectores que viven en torno a la pesca en Galicia. Además, decía que llueve sobre mojado porque estamos
hablando de una sociedad que ya ha sido castigada recientemente también por la incapacidad de este Gobierno, que no fue capaz de alcanzar un acuerdo con Marruecos, lo que al final repercute en el conjunto de la economía de la Comunidad gallega.
Izquierda Unida considera, por tanto, que las ayudas son pocas y además no van dirigidas a todos los afectados; que hay que entender bien lo que ha ocurrido y que además se debe contemplar en las ayudas la reparación de las infraestructuras
y no dejarlo para créditos posteriores porque de esa manera se da una solución parcial al problema. Nosotros creemos -y esto es lo grave del asunto- que el Gobierno sigue estando más preocupado por su imagen política, y quizá algún ministro esté
más preocupado por su posible carrera sucesoria, que por afrontar los problemas, que tiene que venir de una autocrítica del Gobierno. Yo creo que en este momento el conjunto de la sociedad española vería bien que el Gobierno hiciera una
autocrítica. La sociedad española no puede seguir pensando que en este país nadie hace nada mal y que al final todo se circunscribe a echarle la culpa a otro y a eludir responsabilidades, porque esto nos lleva a que el problema sea cada vez mayor.
Desde aquellas desafortunadísimas manifestaciones del ministro Cañete, planteando que aquí no había ningún problema, actualmente el Gobierno sigue estando por detrás a la hora de dar datos, y nos llena de bochorno que sea el Gobierno francés el que
dé datos que indican que el problema es mucho mayor, lo que contradice lo que ha dicho el Gobierno español, que, repito, está mucho más preocupado por minimizar el problema, y cuando un problema se minimiza, se toman menos medidas. Si el Gobierno
asume que estamos ante un grave problema y le da toda la dimensión que tiene, no por eso va a quedar peor. Quisiera decir al señor ministro, cuando acabe su apasionante conversación telefónica, que no se trata de intentar eludir responsabilidades,
que se trata de asumirlas y de plantar cara al problema, y que porque se diga que el problema es mucho mayor no va a perder el Gobierno, sino que simplemente se van a tomar las medidas adecuadas. Aquí chocamos, repito, con que el Gobierno sigue más
preocupado de su prestigio que de resolver el problema, y eso hace que al final se tomen medidas mucho más parciales y que a la hora de plantear la resolución las medidas, estas sean, como le decía, muy flojas y no lleguen ni a la mitad de los que
se pueden sentir afectados por el problema. El Gobierno tiene que asumir responsabilidades de una vez por todas, tiene que aclarar e investigar lo que realmente ha ocurrido y determinar las responsabilidades. Y no pasa nada, señor ministro, por
que en este país alguna vez algún responsable político del Gobierno asuma que ha habido responsabilidades políticas en su trabajo, porque nadie se cree en estos momentos que todo se haga bien y que todo vaya tan bien como ustedes quieren hacer
creer. En Izquierda Unida creemos que sigue haciendo falta una investigación del Gobierno y también una investigación parlamentaria, porque cuando el Gobierno se niega a que se investigue, será por algo y cuando el Gobierno cierra las puertas en
lugar de abrirlas, se piensa que algo quiere ocultar. Si el Gobierno no tuviese ningún problema, si no tuviese ningún temor, abriría las puertas a cualquier investigación y estaría dispuesto no solamente a abrirlas, sino también a colaborar con la
actividad de este Parlamento y no a bloquearla, como ya viene haciendo. Pensamos que con estas medidas el Gobierno sigue estando por debajo de lo que este país debe esperar de él y que no solamente sigue eludiendo esas responsabilidades, sino que
además está ya condicionando su prestigio internacional, porque cuando un Gobierno es desmentido continuamente por los servicios de información de países vecinos, queda muy baja su credibilidad. Si además, cuando presenta medidas o propuestas,
estas son tan pobres, tan flojas y tan parciales como las que se nos plantean aquí, no solamente está en juego la credibilidad del Gobierno sino que empieza a parecer que este Gobierno está a unos niveles
bastante más bajos de los que en este momento se encuentra el casco del Prestige, es decir, que junto con el Prestige también se ha hundido el poco prestigio que le podía quedar a este Gobierno y que la marea negra también está empezando a
inundar los bancos del Partido Popular.
Para terminar, repito que consideramos que hay que tramitar este decreto como proyecto de ley y que hay que ampliarlo y concretarlo, que tiene que llegar a todo el mundo, que el Gobierno tiene que asumir que ya que no ha sido capaz de evitar
o al menos minimizar la magnitud de la tragedia, como podía haberse hecho, es su obligación intentar que una vez que pasen los ocho meses en los que todo el mundo va a estar pendiente de Galicia, los próximos 10 años no sean dramáticos para muchas
personas que van a verse arruinadas e imposibilitadas para trabajar no en seis meses ni un año sino en bastantes más y debe intentar también que entre todos recuperemos la riqueza ecológica que hoy por hoy se ha puesto en peligro, entre otras
causas, por la descoordinación y la falta de capacidad de este Gobierno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)? (Pausa.) Grupo Parlamentario Socialista, señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, defiendo la posición del Grupo Parlamentario Socialista en la convalidación del Real Decreto-ley 7/2002, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige.
Ante todo quiero utilizar la voz que me ha dado el pueblo soberano para defender los intereses de Galicia y exigir al Gobierno respuestas y medidas que ayuden a paliar la dramática situación que vivimos y que esas medidas sean realmente
reparadoras, como dice el título del real-decreto.
Señor vicepresidente, lamento que sea usted el ministro de las catástrofes. Se lo digo con cierta ironía, pero espero que las inundaciones de hace un año en Galicia y hoy la marea negra del
Prestige no sean premonitorios y pueda usted ser alguna vez con Galicia y como gallego Rey Mago que lleva soluciones, porque eso es lo que necesitamos.
No hace más de tres semanas le decía desde esta tribuna al ministro Montoro en la convalidación del real-decreto sobre el Mar Egeo que lo importante era la prevención, apostar seriamente por la seguridad marítima en los ámbitos nacional e
internacional, más control de los petroleros, más protección en los puertos, y escéptico me miraba, como cuando yo le pedía a usted prevención ante las inundaciones. Hoy se lo reitero, señor vicepresidente: prevención. En esa línea, dígame: ¿Se
va a potenciar la Sociedad de Salvamento Marítimo? Ya sólo quedan cinco de los diez remolcadores y ninguno de potencia suficiente, se llevan de A Coruña el Alonso de Chaves y faltan remolcadores especializados, pero es que además están curiosamente
por el ahorro: del plan 1994-1997 al 1998-2001 el presupuesto ha disminuido en 5.000 millones de pesetas. Es más, dicen ustedes que un barco especializado no es rentable porque se utiliza poco.
Parece mentira que un político gallego diga eso, y
cito para que recuerden: Policomander, Erkowit, Cason, Andros Patria, Urquiola, Mar Egeo, Prestige. ¿Les parece poco, señorías? ¿Cuántos desastres más necesitamos para tomar decisiones? En pleno siglo XXI existen tecnologías y personas con
experiencia y conocimiento capaces de argumentar y de dar apoyo material y humano ante emergencias y situaciones de riesgo, sin dejarlo a la improvisación, sin minimizar el problema, sin dejar desinformados a los ciudadanos y sin culpar después a
los elementos.
Señor vicepresidente, hoy, en su primera comparecencia ante esta Cámara, se le exige al menos una evaluación provisional de la situación. Digo provisional porque desgraciadamente no hemos tocado fondo y aún se vive el temor de que la marea
negra invada más zonas de nuestras costas. Un real decreto-ley que se convalida antes de saber realmente el alcance del desastre ecológico que vivimos está bien, pero además se le exigen las explicaciones que reclama la sociedad, que ha sentido
impotencia y rabia ante la falta de coordinación, ante la falta de información -por no decir ley del silencio-, ante la ausencia de los gobiernos de España y de Galicia, que, quiéranlo o no aceptar, han dado la espalda al problema.
Decía que el real decreto llega pronto, lo reconozco, pero es totalmente insuficiente y escaso y sin duda habrá que completarlo con posterioridad con nuevos reales decretos, una vez que se evalúen definitivamente las zonas afectadas, se
delimiten y afloren nuevos problemas. Debe ser un tema abierto, ténganlo en cuenta, ya que hoy por hoy no hay una evaluación del Gobierno. Votaremos a favor, desde luego, pero lo fundamental es enriquecerlo tramitándolo como proyecto de ley, y así
se lo pido expresamente. Hay varios aspectos que quedan sin cubrir y otros que no están suficientemente claros. Cito algunos. No se establece moratoria alguna para las obligaciones de pago derivadas de créditos contraídos para adquisición de
bienes relativos al marisqueo, la pesca y la acuicultura. Es necesario dar un respiro en el pago de sus compromisos a las personas afectadas. Las medidas laborales y de Seguridad Social tienen un carácter discrecional y no imperativo; es la
Tesorería de la Seguridad Social la que tiene la potestad, sobre todo en lo relativo a los trabajadores por cuenta propia o ajena. Este apartado es insuficiente y además confuso. Las ayudas directas tienen una limitación temporal y económica que
las hace insuficientes. ¿Cómo se va a contemplar el trabajo sumergido que
existe en la zona y que en muchos casos es de subsistencia, o acaso, señor vicepresidente, usted desconoce la situación y la economía rural que vive la costa de Galicia? ¿Cómo llegar en la práctica a otorgar créditos cuando hay muchas
personas que van a carecer de avales ante entidades financieras? ¿En qué tiempo se van a materializar los convenios entre el ICO y las entidades financieras? Las ayudas a los ayuntamientos no quedan explicitadas. Es necesario que se propicie una
tramitación ágil y próxima a los afectados para evitar burocracias y desplazamientos, y un seguimiento exhaustivo, dando cuenta a esta Cámara del número de solicitantes y de beneficiarios de las ayudas para que nadie quede marginado y, desde luego,
que haya una posible ampliación.
Hay otro aspecto que quiero destacar. En el preámbulo del real decreto-ley se habla de medidas para disminuir el impacto ambiental, pero curiosamente se habla exclusivamente de infraestructuras portuarias y costas, que está bien, y podemos
considerar infraestructuras a los paseos marítimos, malecones y playas, pero ¿qué pasa con los ecosistemas, con los bancos de peces y mariscos, con el fitoplancton, con el fondo marino, con la biodiversidad de nuestros mares y nuestras costas, hoy
gravemente dañados y otros amenazados, en los que incluso se encuentran importantes reservas incluidas en Red Natura 2000, en Ramsar o el nuevo parque nacional de las Islas Atlánticas, que hay quien dice que está amenazado? Me temo que el ministro
de Medio Ambiente ha estado totalmente ausente en este tema, y esto también habrá que enmendarlo. El lema: Quien contamina paga, sirve ya de muy poco. Descontaminar es más caro que prevenir y en muchos casos, como ocurre en este, la contaminación
es prácticamente irreversible.
En definitiva, queda un largo camino por recorrer y muchísimos frentes sin cerrar que el Partido Socialista, como oposición, tenemos la obligación de denunciar y a los que ustedes, como Gobierno, tienen hoy la obligación de dar solución.
Una semana después del siniestro, señor vicepresidente, usted visita la zona. Una semana después constituye un gabinete interministerial. Ha ido tarde a Galicia. Podríamos decir que ha ido a los funerales del Prestige. Desde ese momento se
intuye -y se lo pregunto- que asume la responsabilidad. Pero antes, ¿quién asumió durante una semana la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo? ¿Acaso no existe corresponsabilidad en el vacío de poder y en la falta de coordinación existente
entre el Gobierno estatal y el gallego? Sería bueno que dejaran las intrigas sucesorias para otros momentos y ejercieran la importante tarea de gobernar y dar soluciones a los problemas de los ciudadanos siendo ágiles y generosos en la tramitación
de este decreto ley para que nada ni nadie de la larga cadena de afectados quede excluido, y que llevaran a cabo las tareas de limpieza y recuperación de las zonas rápidamente.
Una última palabra, señorías: solidaridad. El año 2003 tiene que ser el año de la solidaridad con Galicia, con la situación que vive una importante zona de Galicia pero que afecta a toda la comunidad gallega y, en definitiva, a todo el
Estado español. Galicia vive enormes repercusiones económicas, sociales, ambientales, de infraestructuras y sanitarias a las que todavía tienen ustedes tiempo de dar prioridad en los presupuestos. Los pescadores y los mariscadores no pueden vivir
sólo tres meses con las prestaciones que ustedes les conceden. La hostelería, el turismo, la recuperación de los ecosistemas y el material de prevención deben ser un objetivo. Hagan del desastre una bandera y un compromiso para que este hecho no
vuelva a repetirse. Se lo decía en mi intervención de hace dos días: hagan, como ha hecho Estados Unidos con el Exxon Valdez, una bandera para proteger nuestras costas internacionalmente reclamando en la Unión Europea nuevos medios, nuevos
recursos y nuevas leyes que impidan a los petroleros transitar por nuestras costas impunemente. El Gobierno debe adoptar hoy las resoluciones que tiene que adoptar. Y a usted, señor vicepresidente, como gallego, le pido de una manera expresa que
se comprometa con Galicia y con la difícil situación que hoy vive nuestro pueblo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta
Señora diputada socialista, la confrontación y la discrepancia políticas son, naturalmente, lógicas, necesarias y buenas en democracia, pero nunca se debe construir desde la falsedad, y falsas han sido la inmensa mayoría de las afirmaciones
que usted ha hecho en esta tribuna. (Protestas.) Y lo vamos a demostrar. Ante el siniestro del Prestige hubo una reacción inmediata y una coordinación muy clara del Gobierno. Por primera vez -y ustedes tienen historia en esto, como veremos- ante
unos hechos de este tipo, se constituyó al día siguiente una estructura de coordinación. A primera hora del día siguiente a ese suceso estaba constituida la comisión de coordinación y a la semana se disponía de una comisión interministerial y de un
plan integral que tiene un reflejo en este real decreto. El real decreto que hoy aprobaremos es precisamente el mejor de los ejemplos de que el Gobierno está actuando desde el primer momento con una gran eficacia en la adopción de las medidas
necesarias para paliar estos graves problemas. (Rumores.) Sí lo es porque, como saben, el Consejo de Ministros lo aprobó en un tiempo récord, sin precedentes ni parangón en situaciones similares. Lo vamos a recordar porque cada uno es prisionero
de sus hechos, y ustedes, señores del Grupo Socialista, lo son muy claros.
(La señora Marón Beltrán pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, señora Marón. Veamos: 1987, desastre del buque Cason, no hubo decreto de ayudas ni actuaciones fiscales, cero medidas de ayudas laborales, no hubo líneas de crédito ni
ayudas directas, no hubo campañas para el consumo; reflejo de actuación del Gobierno socialista. (El señor Cuesta Martínez: ¡No me diga!) Catástrofe del mar Egeo del 3 de diciembre de 1992. ¿Saben qué hicieron? Primero, un real decreto tres
meses después (Protestas.) -y aquí estamos hablando de una semana-, en el que sólo incorporaron medidas de Seguridad Social, primero, para el régimen especial de trabajadores del mar y casi un año después tuvieron que hacer otro para incorporar
algunas otras cosas. ¿Saben cuántas ayudas dieron ustedes, que ahora reclaman y les parece insuficientes las que por primera vez se dan en la historia de este país? Ninguna, cero; esa es la forma de actuar del Gobierno socialista ante catástrofes
de este tipo. (Aplausos.) Además, como esta Cámara conoce -usted lo ha vuelto a recordar, señora Marón-, el Gobierno del Partido Popular, efectivamente, hace un mes tuvo que convalidar y aprobar el pago de las indemnizaciones del Mar Egeo. ¿Saben
por qué? Porque la maraña en la que ustedes dejaron sumidas todas estas cosas les impidió, tres años después, dejar pagadas esas obras.
(Protestas.) ¿Saben gracias a quién ha sido posible pagar eso? Gracias a las gestiones que el vicepresidente
primero del Gobierno, el gallego que nos honra a todos, hizo ante el ICO. (Aplausos.) Pregúntenselo ustedes a la cofradía de pescadores, que lo tiene muy claro, señorías; vayan mañana a Galicia y pregúntenles a ellos, que lo saben muy bien.
(Protestas.) Por tanto, frente a la pasividad, frente al desorden, frente al desinterés, estamos hoy ante un real decreto que es ejemplo de una diligencia y de un compromiso solidario con la gente. (Rumores.) Nuestro grupo, como es natural, señora
presidenta, va a apoyar este real decreto, que es reflejo de cómo un gobierno tiene presente la situación de miles de personas, de familias damnificadas y de cómo se actúa de forma solidaria y justa, porque, como ya señalé en nombre de mi grupo
desde esta tribuna, el Gobierno del Partido Popular tiene muy claro que lo prioritario es ayudar a las personas, a tantas familias que trabajan en uno de los sectores productivos más importantes de Galicia. En este sentido tampoco podemos aceptar
ninguna lección del Grupo Socialista, porque por primera vez no sólo se ha traído en tiempo récord, como he dicho, este real decreto, sino que también por primera vez se contemplan medidas económicas y sociales que paliarán todos los daños y las
pérdidas sufridas.
(Protestas.) Se ha incorporado -yo comprendo que les duela porque hemos puesto en evidencia lo que ustedes hicieron- un amplio abanico de actuaciones que afrontará la Administración central del Estado y que cubrirán los daños
acaecidos a pescadores, armadores, tripulantes, mariscadores, etcétera, a los afectados, en definitiva, por la paralización de la actividad. Buen ejemplo, por otro lado, en este sentido de la coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consellería de la Pesca es haber podido articular en un tiempo récord un convenio que va a permitir pagar a los damnificados en el mes de diciembre y mediante un trámite único porque por primera vez se establecen unas ayudas directas
de la Administración central complementadas con la Xunta de Galicia. Esto revela claramente, señorías, que el Partido Popular tiene sensibilidad social (Varios señores diputados: ¡Oh!), de la que otros carecieron anteriormente, y es ejemplo,
repito, de un buen hacer.
Me gustaría resaltar no sólo las medidas fiscales, laborales y de Seguridad Social incorporadas, sino también -porque aquí también se han criticado las líneas de crédito- los créditos directos para personas físicas y para las pymes, que son
muy elocuentes y que se establecen en este real decreto con el interés del 1,75 por ciento. ¿Saben ustedes, señores socialistas, cuál era el interés de los créditos de intermediación que llevaron a ese real decreto hecho tarde y mal? Entre el 7
por ciento y el 8,5 por ciento de interés. Una gran diferencia. (La señora Cunillera i Mestres: Porque entonces estaban más altos.) Claro, estaban altos, pero, gracias a la gestión eficaz económica del Gobierno del Partido Popular, todos los
ciudadanos de España se han beneficiado de la bajada de los tipos de interés. (Aplausos.-Protestas.) Esto, naturalmente, tiene también una repercusión muy importante en los intereses de los hombres de la mar. Los créditos de mediación, exactamente
igual. ¿Saben cuál es su interés en este real decreto? Cero por ciento. ¿Saben cuál era el que ustedes ponían? (Rumores) El 3 por ciento. Ya ven que hay diferencias elocuentes, que hablan de realidades, de verdades y de datos contrastados. Por
eso, repito, lecciones, ninguna.
El Grupo Popular va a apoyar este decreto porque además sabemos que con él el Gobierno asume un compromiso solidario con las personas afectadas por este grave accidente, con todos los gallegos, víctimas de una dura y trágica situación. Yo
estoy segura de que los gallegos saben que en el decreto se contemplan todas las medidas necesarias para que, por imperativo legal, se les vaya a resarcir de los daños. Estoy segura también de que los ciudadanos saben que el Gobierno del Partido
Popular va a cumplir. Tenemos una credibilidad importante, el Gobierno la tiene, porque, con hechos que la experiencia da, saben que se cumplen las promesas. Se cumplen y se establecen las obligaciones por compromisos legales.
Quiero además, en nombre de mi grupo, manifestar nuestro reconocimiento a la manera eficaz de trabajar el Gobierno, que ha estado desde el primer momento tomando las medidas técnicas, las medidas jurídicas, las medidas administrativas y
diplomáticas para paliar los efectos del siniestro. Sí, señorías, sí. De lo que es
buen ejemplo, precisamente, el vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha estado constantemente desplazándose a Galicia, en contacto directo con los afectados. Sí, señorías. Con las cofradías...
(Aplausos en los bancos del
Grupo Socialista.) Organizando grupos de trabajo en tres áreas de las personas, relativas a las costas y al mar, señorías, para su recuperación, para agilizar todas las actuaciones. De ello ya es buen ejemplo no sólo este decreto sino que en este
momento haya más de 2.539 solicitudes de ayudas directas, que empezarán a pagarse en diciembre. Para mejor articular su tramitación ya se ha elaborado un díptico informativo de ayudas a los afectados para que estén perfectamente informados. El
viernes van a comenzar también las visitas a todas las cofradías de los técnicos de la Xunta, para informar a la gente, para ayudar a la gente y decirles qué es lo que tienen que hacer.
De presencia no me hablen ustedes. Repasando el 'Diario de
Sesiones' de la convalidación del real decreto que ustedes tarde y mal hicieron, se denunciaba, y nadie rectificó, que ya no un ministro -que han ido varios-, ya no un vicepresidente del Gobierno -que está yendo constantemente-, es que ni un
secretario, ni el secretario de Estado de Pesca en su época, se desplazó a La Coruña, cuando además, se dice, estaba muy cerca, estaba en Vigo; ni siquiera desde Vigo se desplazó. Así que en eso, señorías, tienen también ustedes mucho que callar.
(Aplausos.)
En definitiva, señora presidenta, señorías, con la aprobación de este real decreto se da, en el plazo más breve posible, plazo histórico, una respuesta a las personas que viven de la mar. Y no se hace desde la demagogia. No, señorías.
(Varios señores diputados: No, no.) Se les da respuesta con los hechos, con las realidades, con las ayudas amplias, con las ayudas completas que aquí figuran, ejemplo de cómo el Gobierno de España está poniendo todo su empeño para ayudar al pueblo
gallego. Como decíamos, y como lo dice el vicepresidente primero constantemente (Rumores.-El señor Caldera Sánchez-Capitán: ¡Otra vez!-Aplausos.), lo seguiremos haciendo. Lo estamos haciendo, lo está haciendo el Gobierno de España, con medidas
también contundentes, muy claras, como la que anunció y está llevando a la práctica el presidente del Gobierno, al determinar expulsar de nuestras aguas españolas a petroleros inseguros, que constituyen una amenaza muy clara para la seguridad de
nuestras costas.
Espero, señorías, que esto también lo apoyen. ¿O no lo apoyan? Espero que lo apoyen. Desde luego, el Grupo Popular no sólo lo comparte, no sólo lo apoya, sino que claramente lo aplaude, porque es seguridad para nuestras costas y
seguridad para los españoles. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 289, en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
Señorías, sometemos ahora a votación la tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 112; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores, no se producirá
antes de las once horas de esta mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE MAYO). (Número de expediente 121/000100)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, procedente del Real
Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo.
(Rumores.-Pausa.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, ¿cuántos van a ser los intervinientes? (Pausa.)
Señorías, ruego que aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio. Es preciso que continuemos con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor.
Señorías, hay un diputado intentando hablar. Les ruego que guarden silencio en los escaños.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Le agradecía, señora presidenta, que me conceda la palabra.
Intervendré con toda brevedad para pronunciarme respecto a las enmiendas del Senado sobre el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo, proyecto con el que, como es sabido, el Bloque
Nacionalista Galego se mostró en radical desacuerdo desde el primer momento, porque creía que era perjudicial para los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, algo que ahora reconocen en cierta medida el propio Partido Popular y el
Gobierno, que han dado marcha atrás en numerosos contenidos, eso sí, tras una huelga general y tras un partido que el señor Aznar afirmaba que iba a ganar, pero que perdió, aunque en nuestra opinión no fuese por goleada, porque quedan algunos flecos
pendientes. En todo caso, no era un proyecto que favoreciese a los trabajadores y a las trabajadoras ni era en absoluto necesario para, como afirmaban el Gobierno y el Partido Popular, mejorar el nivel de empleo o combatir el fraude que al parecer
se producía entre los desempleados. Eso sí, hay que decir que por el camino, tras este recorrido de ida y vuelta, quedaron miles de personas a quienes se negaron derechos y prestaciones, que ahora, en buena medida, tras el trámite parlamentario, se
recuperan. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Las enmiendas del Senado siguen abundando en la línea de desandar el camino impulsado por el Gobierno en su día. En nuestra opinión, se recuperan los derechos para los trabajadores fijos discontinuos, se recupera la posibilidad de solicitar
el subsidio transcurridos los 15 días que se fijaban con anterioridad y se restaura la responsabilidad del Estado en materia de salarios de tramitación en los casos de tardanza excesiva de las resoluciones judiciales, aspectos que valoramos
positivamente aunque sigamos siendo críticos con la decisión del Gobierno de impulsar medidas restrictivas en materia de desempleo, reductoras para nuestros trabajadores y trabajadoras e impropias, en nuestra opinión, de un Estado democrático y
desarrollado económicamente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre de Coalición Canaria, señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar la posición de nuestro grupo en general y en concreto respecto a las enmiendas y modificaciones producidas en el Senado.
En términos generales y en la misma línea de lo que hemos venido diciendo desde el principio del debate sobre la convalidación del real decreto, quiero recordar que ya en su día nosotros no estuvimos de acuerdo ni apoyamos la convalidación
del real decreto tal y como vino a esta Cámara.
Y no lo hicimos -lo comentábamos en su día- porque entendíamos que había aspectos que atentaban contra derechos adquiridos por los trabajadores.
Fundamentalmente se trataba de lo referido al salario
de tramitación y a la pérdida de la prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos en los períodos inhábiles de trabajo. Nosotros considerábamos que reformar la situación del desempleo no implicaba que se tuviera que aceptar de
esta forma, sin consenso, la legislación laboral, por entender que la legislación laboral es un elemento que sobre todo debe buscar siempre el equilibrio entre las dos partes del contrato, el empleado y el empleador. Nos parecía que en esta reforma
del desempleo se producía un desequilibrio entre estas dos partes y en contra de los derechos adquiridos hasta ahora por parte del empleado, del trabajador.
Entendíamos que estos dos aspectos -que supusieron, entre otros efectos, el rechazo de las
organizaciones sindicales, lo que en su día dio lugar a la convocatoria de huelga general- eran elementos que no mejoraban bajo ningún aspecto la capacidad de ocupabilidad y de empleabilidad en este país, porque por un lado se caminaba hacia el
abaratamiento del despido y por otro hacia algo que genera inestabilidad en el propio mercado laboral, la desprotección social del seguro de desempleo de los trabajadores fijos discontinuos. Esto, además de ocasionar la huelga que todos conocemos,
tristemente rompió el diálogo entre los interlocutores sociales y el Gobierno.
El proyecto de ley que estamos debatiendo es sustancialmente distinto al documento con el que se inició todo este trámite. Esperamos que nuestro grupo, Coalición Canaria, haya contribuido no sólo a que en este proyecto de ley se hayan
introducido cambios sustanciales desde el punto de vista de volver a recuperar derechos fundamentales de los trabajadores, sino también a algo que nos parece muy importante, que es restablecer el diálogo social entre los interlocutores sociales y el
Gobierno.
En cuanto a las enmiendas en el Senado, nos parecen oportunas las modificaciones hechas en la exposición de motivos, puesto que clarifican de una forma más precisa los cambios introducidos en el real decreto, fundamentalmente los relativos
al derecho a la prestación por desempleo en el caso de los fijos discontinuos y al salario de tramitación. Aunque en el trámite en esta Cámara ya se aceptó retomar la prestación del desempleo en el caso de los fijos discontinuos, su redacción no
había quedado del todo clara, desde un punto de
vista técnico. Entendemos que con las enmiendas que se han incluido en el trámite del Senado la redacción ha mejorado y queda mucho más claro el derecho a la prestación en los periodos de inactividad de los trabajadores fijos discontinuos,
en relación con el artículo 57 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Nos parece también importante, con respecto asimismo a la exposición de motivos, algo que ya acordó el Pleno del Congreso, pero que ha quedado mejor redactado en el trámite
del Senado. Me refiero al énfasis que se pone en que, para seguir acercando la ratio y las estadísticas de España a las tasas medias de empleo en la Unión Europea, es necesario avanzar hacia servicios públicos de empleo más cercanos al desempleado,
que puedan hacer un seguimiento más personalizado y continuo de todos y cada uno de los casos y que cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para dar esta prestación. Esperamos que, tal y como está redactado, en los Presupuestos
Generales del Estado para 2003 se pueda canalizar a través de la conferencia sectorial para asuntos laborales que a lo largo de los próximos meses tendrán que irse concretando las necesidades actuales de los servicios públicos de empleo para poner
en marcha los recursos necesarios.
Lamentamos que en el debate de este proyecto de ley, tanto en el Pleno de esta Cámara como en el Senado, no se haya avanzado algo más en la mejora de la empleabilidad en determinados sectores en situación de exclusión social. En diversas
iniciativas, nuestro grupo ha impulsado y ha intentado canalizar en el seno de esta Cámara la mejora de las condiciones de empleabilidad en relación con el trabajo doméstico. Hoy por hoy, el trabajo doméstico que tiene que ver con el cuidado de
niños, ancianos y enfermos en el seno de la familia debe constituir una prioridad si queremos que las mujeres, que son las que principalmente llevan a cabo este tipo de trabajo, puedan compatibilizar la vida laboral y familiar y que, estando en la
casa, necesitan de un apoyo para poder realizar un trabajo remunerado fuera del hogar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
Intervendré brevemente porque entiendo que ya se ha hablado mucho sobre esta materia y lo que había que abordar se ha abordado ya. Ha habido pequeños avances en el Senado, fundamentalmente en las cuestiones de los fijos discontinuos y de
los salarios de tramitación. En la última de mis intervenciones de este largo proceso, y no quiero ser repetitivo ya que he dicho que voy a ser breve, expresé dos preocupaciones. La primera de ellas ya se puede cuantificar perfectamente después de
la comparecencia de la directora del INEM, María Dolores Cano, el otro día en la Comisión.
Es que en este proceso sí hay paganos, sí hay afectados; ella misma los cuantificó en 57.520. La evidencia demuestra que los despidos que llevan
procedimiento judicial se resuelven en la mayoría de los casos a favor de los trabajadores, por lo que sí se podría cuantificar el efecto de este proceso, que se inició con la publicación del decreto-ley. Más de 50.000 trabajadores se han visto
afectados por no cobrar su salario de tramitación.
La otra preocupación, y vuelvo a expresar la misma duda, es que nuestro grupo no es capaz de evaluar el efecto de las medidas que van a tomarse sobre el PER. Está claro que los agentes del mundo rural, del espacio rural, que por cierto no
han sido consultados en toda la tramitación de esta ley, sí están enormemente preocupados por los efectos que va a tener esta gestión en ese medio rural. Entiendo que estas dos cuestiones siguen latentes y que no se les ha dado solución.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, este proyecto de ley que se tramita como consecuencia del real decreto-ley denominado decretazo vuelve procedente del Senado a esta Cámara y supone para
nosotros una noticia frustrante, en función de los contenidos que se derivan de las enmiendas aprobadas en el Senado. No sólo por lo que respecta al subsidio y al PER -este es un problema que la derecha española, por lo que repercute en Andalucía y
en Extremadura, no termina de entender; hay un paréntesis de falta de entendimiento y de falta de conocimiento de lo que es Andalucía desde 1980 a esta parte-, sino también por lo que se refiere a los afectados durante la etapa de vigencia del
decretazo, esencialmente los derivados de los salarios de tramitación, que afecta a unas 200.000 personas, que quedan en el aire.
También las consecuencias sobre los fijos discontinuos, ya que en absoluto resulta aceptable la fórmula que
definitivamente viene a esta Cámara.
La cuestión de fondo para nosotros, sin cuya solución no habrá paz social en Andalucía y sin cuya solución los sindicatos no entrarán, como han dicho ellos, definitivamente en ningún tipo de diálogo social organizado, es la no restitución de
la fórmula anterior al decretazo del subsidio agrario y las consecuencias que esta fórmula tiene con respecto a las inversiones que sustentan el Plan de empleo rural. Además, en Andalucía se empieza a sentir no como un tema que debe ser
reivindicado por los sectores directamente afectados del mundo rural, el sector agrario -esto puede ser entendido así, de manera formal, desde la distancia. Y
digo desde la distancia porque el Partido Popular acaba de dar un mitin multitudinario en Málaga y no ha rozado el tema; desde la distancia, aunque el mitin se dé en Málaga-, sino por toda Andalucía, sectores muy amplios de Andalucía. Ya
hay una respuesta no sólo laboral, no sólo sindical, no sólo reivindicativa, sino que hay una respuesta desde el punto de vista de la dignidad cultural, social, desde la posibilidad de recuperar una palanca política para Andalucía en lo que a sus
competencias se refiere, desde el punto de vista de la propia autoestima de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El 28 de febrero de 1980 la derecha entonces dijo aquello de 'andaluz no votes, este no es tu referéndum' -por eso he citado antes la
fecha de 1980-, y consiguió todo lo contrario: un pueblo que ha emigrado en número de dos millones de personas, un pueblo al que se le ha dicho que es la infantería del Estado, y si no se le ha dicho directamente, sí se le ha dicho indirectamente.
A un pueblo que tiene sus características en el paro, en la inmigración, en unos diferenciales muy altos con respecto a la media española y mucho más respecto a la media europea, ahora se le dice, sin explicarle nada, que va a perder un sistema que
se ha conquistado con la gente en la calle a partir de lo que se conocía como el empleo comunitario. Fue una conquista de la gente, una conquista que en un momento determinado simultaneó con la necesidad de instaurar en Andalucía una reforma
agraria. En 1983, un año antes de que dimitiera Escuredo, se hace una gran marcha en Andalucía por la reforma agraria integral, no sólo por aquello de la tierra para quien la trabaje, que no era lo fundamental, aunque también hay que ir a unidades
de laboreo lógicas y viables, sino desde el punto de vista de la comercialización de todo tipo de medios de producción, etcétera. Y se conquista la Ley de reforma agraria; se hace una ley por comarcas; en todas las comarcas, en carteles muy
bonitos diseñados por Alberto Corazón, aparece el rótulo Comarca de reforma agraria; hay una ilusión fuerte, pero a partir de ahí, por presiones, por instancias al Poder Judicial, por la presión de siempre (siempre que aparece el nombre de reforma
agraria en Andalucía se mueve todo en contra de esta posibilidad), a partir de ahí hay una especie de silencio más o menos acordado, de paz social más o menos acordada, en el sentido de que la reforma agraria no es posible porque la correlación de
fuerzas reales, de fuerzas fácticas, no lo permite, pero tenemos el subsidio, la cartilla agrícola y tenemos el PER. A partir de ahí aparece como un equilibrio en toda Andalucía y Extremadura, pueblos muy pobres; muy pobres. ¿Qué es lo que
ocurre? Que, en función de no sabemos qué composición mental, ahora se ataca brutalmente el sistema de subsidio y, como consecuencia, cuanto menos subsidio haya menos plan de empleo rural habrá. Actualmente puede haber unos 40.000 millones entre
Extremadura y Andalucía. La gente dice que el PER es el regalo que se hace a Andalucía.
No; el PER son fundamentalmente inversiones de pequeños y medianos ayuntamientos por un montante total de unos 40.000 millones que hay que trabajar para que
esa jornada te compute para las 35 que requiere conseguir el subsidio. Con el PER se hacen polideportivos, polígonos industriales, calles, carreteras de todo tipo, y si baja el sistema de subsidio, bajará el montante correspondiente al PER o, en
todo caso, como se intentó en la ponencia que tuvimos en esta Cámara en 1995, se pretenderá aplicar el PER no a través de los ayuntamientos sino a través de la empresa privada, cosa que no se consiguió en función de que al final logramos un consenso
para que se mantuviera el sistema, para que las peonadas que hacían falta entonces para el subsidio, que eran 60, se rebajasen a 35 porque Andalucía no daba para más. Eso es lo que conseguimos en la ponencia que después se debatió en 1995 en el
Pleno de esta Cámara. Pues bien, a final de cuentas, hemos perdido la reforma agraria y hemos perdido el subsidio y no se entiende que nos sublevemos.
Pues hay que entenderlo, señorías, y hay que entender que por tierra, mar y cielo vamos a seguir
luchando hasta que se restituya el subsidio; que se entienda que no es un acto voluntarista de uno o varios grupos. No, es un acto de reivindicación permanente porque es lo último que queda de una conquista histórica de la gente en la calle, es
una especie de estructura de inserción social, de inserción salarial, llámese subsidio agrario o llámese como se llame, sin el cual no se puede vivir en el mundo rural de Andalucía. Pero no sólo no pueden vivir los jornaleros, los braceros, sino
que las tiendas, los comercios de todo tipo, el trasiego económico que se hace tendría una bajada muy intensa en una sociedad que tiene una media con respecto a la nacional por debajo del 75 por ciento.
¿Por qué se hace?, se pregunta todo el mundo, ¿por qué se ha hecho esto? ¿Por qué un Gobierno que asume parcialmente, mal que bien, los efectos de una huelga general introduce siete matices a los ocho principales problemas y deja uno
totalmente en pie, sin tocarlo? ¿Por qué se hace? La gente, de una parte, dice: por ideología; es un dogmatismo fuerte que considera que el subsidio puede generar -y se dijo así- una forma de indolencia, de pasividad, de falta de actividad de
cara al empleo y a la productividad. Por tanto, en función de un esquema mental que no se acompasa con el ritmo del tiempo real allí en Andalucía, se suspende el subsidio. Y la gente piensa: pues puede ser por esto, por dogmatismo neoliberal.
Pero no termina de convencerse la gente. Otros dicen: es un castigo político; el Partido Popular siempre ha dicho que hay que acometer el problema del voto cautivo; un voto comprado, un voto clientelar, a partir del cual la gente se entrega al
señorito, que esta vez tiene rostro político, y lo vota. Algunos dicen: hay inquina, hay venganza, hay una respuesta política visceral... Pero tampoco termina de completar el cuadro de la explicación de por qué está pasando
esto, aunque pase algo de estas dos cosas que acabo de decir.
Creo que el tema de fondo es que el Partido Popular ha desistido de gobernar en Extremadura y Andalucía. El Partido Popular sabe que nunca va a gobernar en Andalucía y Extremadura, desiste de ese gobierno y, a partir de ahí, genera una
oposición constante sin darse cuenta que la oposición a un gobierno es la oposición a todo un pueblo, tanto en el caso de Extremadura como en el caso de Andalucía. Esta es la explicación real. El Gobierno desiste de gobernar en Andalucía. Por
tanto, creo que no hay una racionalidad de Estado, una respuesta de Estado, no hay una responsabilidad de Estado en el caso del subsidio agrario y del PER por lo que repercute en Andalucía y Extremadura. Es muy poco dinero; no lleva, bajo ningún
concepto, a ningún tipo de indolencia y supone, dividiendo lo que cobran por 12 meses, detrayendo lo que supone el pago del sello de la Seguridad Social, unas 22.000 pesetas mensuales. Por tanto, señorías, ustedes comprenderán que por tierra, mar y
cielo -como he dicho antes citando a Juan Ramón Jiménez- luchemos el día 1 en la gran manifestación que hay, se convoque por los sindicatos una gran huelga general, posiblemente de más de un día de duración, en los campos y en las ciudades de
Andalucía y Extremadura y sigamos luchando a todos los niveles.
Dos temas más, señora presidenta, y termino. Señores del Partido Popular, cómo se van a superar las consecuencias que han sufrido 200.000 personas durante el período de vigencia del decretazo por la regulación de los salarios de tramitación
que ahora se quedan descolgadas si se matiza el tema de los salarios de tramitación; cómo recuperamos la restitución de derechos para estas 200.000 personas afectadas. Esto no viene, bajo ningún concepto, en las enmiendas procedentes del Senado.
En otro caso, cómo se supera el problema con respecto a la jornada flexible de los fijos discontinuos volviendo a la situación anterior de la elaboración del decretazo. Tampoco viene la solución, desde nuestro punto de vista, en las enmiendas
procedentes del Senado. Por todo ello, señorías, nosotros no podemos votar esas enmiendas y les volvemos a repetir que no habrá paz social en Andalucía y Extremadura hasta que no se restituyan los derechos del subsidio agrario y del PER.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
De nuevo subimos a la tribuna para debatir en este Pleno aspectos relacionados con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma del sistema de desempleo. El señor Azpiroz me recordaba hace un rato que era ya la sexta vez que
debatíamos en el Pleno esta cuestión.
Ahora lo hacemos ya terminando este trámite parlamentario valorando las enmiendas que el Senado ha introducido y, desde la perspectiva de las posiciones que Convergència i Unió ha mantenido a lo largo de toda
esta tramitación larga, compleja y difícil, la valoración es positiva.
Me gustaría destacar que el Senado, junto con enmiendas técnicas, resuelve dos de las cuestiones que en el trámite en el Congreso no quedaron suficientemente bien resueltas. Por un lado, en el artículo 1 se introduce un nuevo redactado en
materia de trabajadores fijos discontinuos, que en los límites que se derivan de la reforma de marzo de 2001 va a garantizar una plena protección social en el desempleo para todos los trabajadores fijos discontinuos, incluidos aquellos conocidos
como de llamada incierta. Creo que ahí hay un compromiso claro e inequívoco del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, asumido también ante los agentes sociales, para garantizar esa plena protección social.
Por tanto, para Convergència i Unió
esta cuestión finalmente ha quedado bien resuelta en el trámite parlamentario.
El Senado también ha modificado en un sentido positivo el acuerdo que se alcanzó en el Congreso de los Diputados y con los agentes sociales para recuperar la regulación tuitiva basada en los salarios de tramitación, pero garantizando que el
mal funcionamiento de la justicia no repercuta en un sobrecoste de los despidos para las empresas. Creo que ahí también hemos cerrado una cuestión que quizá la aceleración a última hora del trámite del Congreso no nos permitió resolver de manera
suficientemente adecuada, equilibrada y justa.
En consecuencia, valoración positiva de las enmiendas que el Senado ha introducido y satisfacción global de Convergència i Unió en todo este proceso. Nuestra apuesta, me parece que compartida también por los agentes sociales, por el propio
Gobierno y por el Grupo Popular, de convertir la tramitación parlamentaria de este real decreto en un mecanismo para recuperar el diálogo social a escala del Estado y para modificar aquellas cuestiones que eran objeto de polémica se ha conseguido, y
en aquellos aspectos principales en los que en el debate de la convalidación del real decreto mi grupo manifestaba su oposición a su contenido, se ha producido una aproximación muy sustancial, una modificación en muchos aspectos de las posiciones
iniciales que contenía el real decreto: la protección social para los trabajadores fijos discontinuos; la definición de una oferta adecuada empleo basada en un mecanismo de personalización para el desempleado; recrudecimiento de esos cien días de
margen; la garantía de medios para desarrollar la reforma; un tratamiento equilibrado de los salarios de tramitación; mecanismos de rentas compatibles para acceder al subsidio de desempleo para los mayores de 52 años; la introducción
de medidas de políticas activas para trabajadores autónomos y trabajadores discapacitados; el refuerzo a la economía social. Todo ello ha sido posible, y lo ha sido porque el trámite parlamentario y el diálogo paralelo entre el Gobierno y
los agentes sociales se han caracterizado por la flexibilidad y sin dogmatismos de nadie. Por tanto, mi grupo se siente, como he dicho, satisfecho.
En el corto y en el medio plazo de este proceso creo que todos hemos aprendido algunas cosas, quizá muy obvias y muy evidentes, pero que deberían orientar nuestra acción política en esta materia en los próximos tiempos. Una primera, que sin
diálogo social en el campo de las reformas laborales no hay política acertada. Cuando en España se han impuesto las reformas laborales sus efectos no han sido eficaces en el medio y en el largo plazo. Este elemento exige un gobierno flexible y
unas organizaciones sociales con sentido de la responsabilidad, y al final de este proceso unos y otros han demostrado tener estas virtudes. Habrá que continuar en ello porque sin diálogo social no hay reformas laborales sostenibles en el tiempo.
En segundo lugar, la política laboral no debe ser dogmática. Quizá la principal crítica que se le podría haber efectuado al Gobierno en esta materia es que en el origen de esta reforma laboral hay un excesivo dogmatismo de carácter ideológico. Las
reformas laborales deben estar muy apegadas al terreno, a las necesidades reales de las empresas, a mantener una alta competitividad de nuestro tejido empresarial, pero al mismo tiempo tienen que estar orientadas a conseguir el objetivo de la
cohesión social. En tercer lugar, el gran reto del sistema de relaciones laborales en el conjunto de Europa, y también en España, es saber combinar flexibilidad con protección social, movilidad personal con capacidad de encontrar ofertas de empleo
en el espacio territorial donde vivan las personas y configurar un modelo de relaciones laborales orientado hacia la cohesión social. En cuarto lugar, continuamos teniendo un reto pendiente: la lacra de la temporalidad excesiva en nuestro mercado
de trabajo. Nuestras cifras de temporalidad van a exigir en los próximos tiempos un análisis diferente del que hasta ahora hemos realizado y la puesta en marcha de soluciones diferentes. La orientación marcada por la reforma de 1997 va por buen
camino, pero se debe profundizar porque no ha sido suficiente para reducir de verdad ese índice que supera el 30 por ciento de temporalidad en nuestro mercado de trabajo.
En este ámbito estamos viviendo un cambio de ciclo. Aumenta la población activa, aumenta con menor intensidad la creación de empleo y empieza a aumentar la tasa de paro. Diversos expertos apuntan a ese cambio de ciclo muy vinculado a un
elemento positivo como es el incremento de la población activa, a la mayor incorporación de mujeres al mercado de trabajo, a una mayor tasa de creación de empleo para gente joven, pero es cierto que la intensidad de la creación de empleo es inferior
y que la tasa de paro ha aumentado, aunque sea ligeramente. Esto configura un nuevo escenario que nos va a exigir cambiar algunas prioridades o dar más fuerza a algunos elementos del discurso que compartimos pero que seguramente no tienen la
intensidad suficiente: todos los procesos de formación y capacitación de las personas trabajadoras, nos parece esencial; la dimensión de fortalecer la formación profesional, nos parece esencial. Ahí existe un reto pendiente que vamos a ver si en
los próximos tiempos somos capaces de recuperar. En segundo lugar, buscar fórmulas de gestión de la flexibilidad y la temporalidad diferentes a las existentes, con un peso central de la negociación colectiva, con un peso central en la participación
de los trabajadores en el seno de las empresas para gestionar, conjuntamente con los empresarios, estos dos conceptos. Y finalmente, la apuesta por el fortalecimiento de sectores emergentes en la creación de empleo muy vinculados a las nuevas
necesidades de nuestra sociedad, en los servicios a las empresas y también en los servicios de proximidad a las personas. Esta misma semana el Pleno ha aprobado una proposición de ley pactada entre el Partido Popular y Convergencia i Unió, con
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, precisamente orientada a la creación de empleo en esos ámbitos. Nos parece que bajo la rúbrica del diálogo social, bajo la rúbrica de la flexibilidad y de la protección social es por donde habrá que
esforzarse para garantizar que el objetivo del pleno empleo continúe siendo posible en la sociedad española en los próximos años. Esta es la apuesta de Convergència i Unió, lo ha sido desde siempre, hemos procurado que lo sea en el trámite
parlamentario de este real decreto y estamos convencidos que esta es la senda por la que debemos continuar avanzando.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como ya han dicho los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, hoy estamos ante el final de lo que yo calificaría como una tramitación embarullada ante uno de los mayores desastres del Gobierno del Partido Popular. No
estoy exagerando y lo voy a explicar, porque debería tener la caridad de no repetir en este Parlamento las lindezas y barbaridades que los portavoces del Partido Popular nos dispensaron a los diputados de la oposición cuando criticamos el decretazo
cuando se trajo por primera vez a esta Cámara. Vaya papelón que les ha tocado a los portavoces del Partido Popular en este tema: no se iba a modificar ni una comilla del decretazo, y por modificar se ha modificado
hasta el preámbulo. Eso lo decía el ministro creador, por decirlo de esa manera, del decretazo, señor Aparicio, que era imposible, que era inmejorable y que no se iba a cambiar ni una comilla y, por supuesto, no se iba a cambiar ni una
comilla y menos por presiones sociales, por una huelga general que no fue pero que después tuvo sus resultados, entre ellos dimisiones, y fue; por una tramitación parlamentaria que no iba a ser pero que también fue. Lo más preocupante, como
también ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, es qué va a pasar con esas personas que han tenido la mala suerte de perder un empleo durante la tramitación vergonzosa de este proyecto de ley tanto en el Congreso como en el Senado. Si dos personas
están trabajando en el mismo puesto de trabajo y una pierde su empleo antes de mayo y la otra lo pierde hace un mes, la primera tendrá unas retribuciones, unas prestaciones, y la otra no tendrá las mismas. Eso es un gravamen que ustedes tiene que
explicar hoy aquí, primero, por qué pasa y, segundo, por qué no le dan una solución mediante las enmiendas que han podido presentar tanto en el Congreso como en el Senado. ¿No es esto una vulneración del artículo 14 de la Constitución, señorías?
¿No están incumpliendo un precepto legal? ¿Se pueden quedar tan panchos al ver a miles y miles de personas que han perdido prestaciones por desempleo a las que no se les da ninguna respuesta?
Hemos pasado de un decretazo a un decretillo, y también coincido con otros portavoces en que no podemos votarlo por diversas razones. La primera, por los salarios de tramitación. Entendemos que se han mejorado, pero no se les ha dado
respuesta, como he explicado anteriormente, a esas personas que se han visto desprotegidas por estos salarios durante esta tramitación. En segundo lugar, remite el tema de los fijos discontinuos a un reglamento, como dice el señor Campuzano,
echándole un capote al Gobierno una vez más. Si hay un compromiso serio, ¿por qué no se ha puesto sobre el papel? ¿Por qué no se ha presentado una enmienda completa? ¿Por qué no resuelven el problema? ¿Por qué lo dejan a una promesa más y, sobre
todo, a esa reivindicación histórica nuestra que son los contratos indefinidos a tiempo parcial? Sé que el portavoz del Partido Popular me va a decir que eso ya se desreguló en el Decreto de reforma del mercado laboral, pero nosotros creemos que es
injusto, incluso da pie a fraude de ley el que continúe la situación con estos contratos tal y como está ahora. Se lo voy a explicar. Estos contratos se están utilizando por los empresarios, en primer lugar, para abaratar los contratos y, en
segundo lugar, para solicitar subvenciones, subvenciones que suelen ser reiterativas por acumulación de contratos. Por tanto, estamos viendo que no ponen los puntos sobre las íes en cuestiones fundamentales, como es desproteger al trabajador,
sueldos bajos y subvenciones una tras otra para los empresarios.
En tercer lugar, y el más grave desde mi punto de vista, el del subsidio agrario que afecta a Andalucía y Extremadura. El otro día ya tuvimos ocasión de debatir este tema en una moción consecuencia de una interpelación. Voy a intentar
extenderme un poquito más y aclarar algunas cuestiones que al parecer al portavoz del Grupo Parlamentario Popular no le quedaron bastante claras. Para empezar, ese punto 8, que es el único que no se toca en el decretazo y que afecta de una forma u
otra nada más y nada menos que al 25 por ciento de la población española porque el régimen especial agrario afecta a una serie de trabajadores, jornaleros y jornaleras, del campo andaluz, pero el plan de empleo rural afecta a todos los ciudadanos de
Andalucía y Extremadura, señorías, porque las obras, las inversiones y la mejora de la calidad de vida ha afectado a todo el mundo, ¿o es que cuando se hace una obra no se tira de otros gremios para la terminación de esa obra, para la mejora de esa
obra o para el funcionamiento de esa obra? ¿No se crea y se genera empleo con esas obras, señoría? Pues de una forma u otra, si se crean teatros, si se construyen piscinas, si se construyen polideportivos o colegios, eso afecta a muchos empleos.
Pero parece que ese 25 por ciento de la población no cuenta para el Partido Popular, y coincido con el portavoz de Izquierda Unida en que parece que han arrojado la toalla y se van a centrar, en primer lugar, en núcleos urbanos grandes, y en segundo
lugar, en comunidades autónomas que no sean éstas. No es de extrañar que vaya un ex ministro a Andalucía y diga algo tan fuerte y tan vergonzoso como que en Andalucía y en Extremadura no hay libertad de voto, eso lo dijo el señor Mayor Oreja. Van
a tener razón aquellos que dicen que es un especialista en el País Vasco y que no conoce otras zonas ni otros temas de la política en el resto de las comunidades autónomas. En Andalucía, señorías, el Partido Popular gobierna en algunos
ayuntamientos, no muchos, pero sí en algunos; tenemos la desgracia de haber vivido bajo mandato del Partido Popular en algunos de esos ayuntamientos. Por tanto, si los ciudadanos han votado al Partido Popular no puede haber esa falta de libertad
de voto, lo que pasa es que se quiere confundir la falta de libertad de voto con que no hay oposición, y llevan 20 años sin poder hacer oposición porque no tienen ni discurso ni proyecto en esas comunidades autónomas. (Aplausos.) Y lo dicen sus
propias encuestas, lo dice el CIS: en voto directo, el Partido Socialista adelanta al Partido Popular en más del 50 por ciento de los votos; en Extremadura, el señor Ibarra se sale de las tablas en valoración de líderes políticos. Alguna
reflexión tendrán que hacer. ¿No piensan que posiblemente la política que están llevando en estas comunidades autónomas no sea la adecuada? ¿O es que todos los demás, todos los ciudadanos están equivocados?
Reitero, por otro lado, y le agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que haya tenido esa solidaridad al mencionar que no está de acuerdo
con la con la desaparición del plan de empleo rural -en este decreto-ley, el subsidio de desempleo agrario, el régimen especial agrario-, que conlleva, como expliqué en otra intervención, la desaparición del PER; PER que se crea para que
puedan echar las peonadas, para que en tiempos en los que no hay jornales en el campo puedan cubrir esas jornadas. Por supuesto, tampoco voy a aceptar que se diga que es un sistema de solidaridad, como se ha llegado a decir. También lo ha dicho la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. No lo podemos aceptar porque no es solidaridad de otras comunidades autónomas con éstas; es un derecho reivindicado y adquirido por los trabajadores y por los sindicatos allá por el año 1984.
Porque por solidaridad también se podía entender la reconversión naval o la de la minería o la textil o cualquier otra, y no lo son tampoco; ni ésas, que cuestan 10 veces más de lo que cuesta el plan de empleo rural, ni ninguna. Son sistemas que
se ponen para ayudar al que pierde el empleo temporalmente o al que lo pierde por completo como sucede en una reconversión. Pero tengo otra pregunta: ¿cuál es ese sistema tan traído y tan llevado, tan anunciado tanto por el señor Zaplana como por
la señora Teófila Martínez, de que habrá zonas que tendrán un tratamiento especial, que esto no desaparece? ¿Dónde está, dónde está escrito, si no han modificado ni una coma del punto 8, que hace referencia al régimen especial agrario? ¿Cuál es
ese sistema? También nos pregunta el portavoz del Partido Popular por qué no va a tener ese mismo derecho un riojano, un castellano-leonés o un catalán que trabaje en el campo. Pues que lo tenga, señor Azpiroz, que lo tenga; nosotros no estamos
en contra de cubrir las necesidades de otros jornaleros; que lo tenga, pero que no nos quiten lo que hemos conseguido después de muchos años y que ha dado muy buenos resultados con poco dinero. Tampoco se nos ofrece una alternativa y nosotros
queremos incidir en que los presidentes autonómicos están dispuestos a sentarse y a hablar con el ministro, hoy ausente en esta Cámara, no será muy importante para él este asunto.
¿Vamos a reformar? Pues vamos a reformar. Nos vamos a sentar con los sindicatos afectados y con los empresarios. Por cierto, pregúntele al presidente de los empresarios de Cádiz -¿le suena esa provincia?- qué piensa del régimen especial
agrario y del PER, porque en el Diario de Cádiz ha dicho que le parecía una barbaridad, que hay que reformarlo, pero no quitarlo de esta manera. Según el diccionario de la Real Academia, reformar es mejorar, no destruir, no quitar. Apliquemos esa
palabra en sus justos términos.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Velasco, le ruego que vaya concluyendo.
El señor VELASCO SIERRA: Voy terminando, señora presidenta.
Lo que va a traer la desaparición del régimen especial agrario y del PER es desprotección, va a volver la emigración de los núcleos rurales, de los pueblos pequeños que han podido mantener su población gracias a que había trabajo, gracias al
PER, que van a tener que emigrar a las ciudades. En esas ciudades va a haber, por supuesto, más mano de obra, por lo que los contratos podrán ser mucho más baratos, y más inseguridad, tanto laboral como personal o social, con, repito, la
consiguiente despoblación de los núcleos rurales. Seguramente, también habrá una cierta población que en un principio se sienta satisfecha con estas medidas, pero que después estará totalmente en contra de lo que ustedes van a aprobar hoy aquí.
El día 1 -y voy concluyendo- convocan los sindicatos una manifestación en Sevilla, el sábado pasado fue en Extremadura. Decía el señor Zaplana que la convocábamos nosotros y que nosotros queremos seguir con este debate.
No; nosotros no
queremos manifestaciones ni seguir con este debate, queremos que se restituyan los derechos de los trabajadores y, si hay que hacer alguna reforma, que sea para mejorar el sistema. La manifestación la convocan los sindicatos y nosotros vamos a ir.
Nosotros queremos ir, vamos a defender nuestro derecho a manifestarnos y espero que el portavoz del Partido Popular no diga la barbaridad que el otro día tuve que escuchar en esta Cámara a la ministra de Educación: que se utilizaba esta tribuna
para llamar a la manifestación. No, no. Que vaya quien quiera; ahora bien, yo voy a ejercer mi libre derecho a manifestarme. También me parece una barbaridad que haya casos como el de Málaga del otro día, en que por el único motivo de que el
señor Aznar estaba reunido con el señor Chirac no se deje celebrar una manifestación y haya palos en contra de los jornaleros y jornaleras que se estaban manifestando. Eso me parece...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Velasco, ha de concluir su intervención. Fíjese S.S. en el tiempo que lleva consumido.
El señor VELASCO SIERRA: Termino.
Igual que me parece una auténtica barbaridad que el Gobierno no permita que se muestre, a través de Televisión Española y de Antena 3 cuál es nuestro punto de vista, un anuncio informativo. El Partido Popular podía poner su anuncio, el que
quisiera, como ha hecho en otros medios radiofónicos. Me parece una barbaridad que se nos coarte de esa manera la libertad de expresión, que en este país ya se está coartando muchísimas veces. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Velasco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señoras y señores diputados. Intervengo, tal y como señala el Reglamento, a efectos de fijar la posición de nuestro grupo en relación con las enmiendas del Senado al proyecto de ley de modernización del desempleo. Ya se han
comentado -y no insistiré demasiado- las aportaciones, tanto técnicas como de fondo, que la Cámara Alta nos trae hoy aquí a nuestra consideración. He de resaltar fundamentalmente aquellas que se refieren a una mejor definición como consecuencia de
una enmienda transaccional, fruto de una enmienda de Convergència i Unió relativa a una cuestión que no había quedado suficientemente aclarada en el trámite de esta Cámara: los fijos discontinuos. Esta cuestión ha quedado mucho mejor definida con
el texto que nos aporta el Senado, que contribuye a recoger la voluntad manifestada por el Gobierno en este sentido. También se ha clarificado más razonablemente la cuestión de los salarios de tramitación y se han limitado las responsabilidades de
los empresarios en el pago de los mismos a la misma situación que existía en la legislación precedente, es decir, con un tope de 60 días, pero con la posibilidad de no tener salarios si reconocen la improcedencia del despido y lo pagan desde el
primer momento en que tal despido sucede. En el artículo 1.8 se han hecho determinadas precisiones en cuanto al subsidio especial para los mayores de 45 años. Se ha tratado una cuestión que nos habíamos dejado en el tintero de las múltiples que se
abordaron tanto en el debate en Comisión como en el Pleno de esta Cámara: el hecho de que la indemnización pagada fuera del acto de conciliación o como consecuencia de una sentencia de despido improcedente quede exenta de tributación y tenga el
mismo trato fiscal consistente en que el trabajador no tenga que pagar ningún tributo en la renta por tal indemnización.
Ha habido mejoras imprescindibles en las cuestiones técnicas, consecuencia del amplio debate al que me he referido y, particularmente, en la exposición de motivos se han recogido con amplitud los efectos de la profundización de las medidas
que el Gobierno aportó y de la congruencia lógica en la finalidad que desde un primer momento persiguió en Real Decreto Legislativo 5/2002 que, como decimos, ha sido objeto de amplio acuerdo y tratamiento parlamentario. Por lo tanto, se clarifican
estos aspectos y el Grupo Popular votará favorablemente todos ellos.
Ha quedado claro, en contra de los agoreros y de lo que se ha afirmado con reiteración por muchos y aquí mismo en público, que esta Cámara y las Cortes Generales han tenido capacidad demostrada de escuchar, de debatir, de acordar y de
reformar. Dicho con otras palabras, el Parlamento ha sido Parlamento con mayúsculas, motivo de satisfacción para todos los grupos políticos y, desde luego, para este diputado a quien en muchas ocasiones le toca escuchar cómo el grupo que representa
es un rodillo apabullante, insensible, que no escucha, radical e inmóvil. Hemos acreditado y demostrado que cuando hay propuestas de los grupos políticos y cuando hay voluntad de los agentes sociales, en definitiva, cuando hay iniciativas en la
buena línea nosotros dialogamos, negociamos, acordamos y modificamos lo que haya que modificar y lo que haya que resolver. Este ha sido un auténtico motivo de satisfacción a lo largo de este proyecto de ley.
Finalmente, como no podía ser de otro modo, el debate que hoy hemos tenido aquí se ha centrado en lo que no han supuesto las enmiendas de modificación aprobadas por el Senado. Hoy se ha hablado aquí profunda, amplia y nuevamente del Plan de
Empleo Rural. No me quiero prolongar mucho pero tengo que hacer algunas consideraciones, primero, por respeto a los que han intervenido y, segundo, por respeto profundo a los que les afecta. Esto ha sido objeto de otros debates y estoy convencido
de que ustedes presentarán otras iniciativas parlamentarias que tienen a su disposición. Hace poco tuvimos oportunidad de discutir esto mismo en una moción y, dentro de las consideraciones que permite nuestro Reglamento, tuvimos el correspondiente
debate. Hoy se nos vuelve a plantear desde una dinámica que yo no quiero descalificar porque se descalifica por sí sola y que objetivamente no responde a la realidad de las cosas -algún dato daré al respecto- en relación a la posición del Gobierno
popular en Andalucía y a Extremadura. Desde esta perspectiva, es lógico que algunos se planteen con bastante sentido común si no se está intentando introducir en la sociedad artificialmente y en la vida política extremeña y andaluza elementos de
confrontación. He de decir una vez más -lo digo claro y en negrita si se puede escuchar así- que esta reforma respeta los derechos de quienes ya los tenían y los podían ejercer dentro del Plan de Empleo Rural y a ninguno se les ha vedado, limitado
o suprimido su derecho. Premisa primera que, por obvia, no debería ser necesario expresar aquí, pero, a la vista de las alegaciones que ustedes formulan, el Grupo Popular debe reiterar que a nadie, absolutamente a nadie de los que estaban
disfrutando de la situación de beneficiarios de este sistema se le ha quitado el derecho y lo sigue disfrutando en su integridad.
Cuestión diferente que parece que no se ha escuchado es el texto del proyecto, tal y como expuse en el debate de la
moción. Se ha preguntado: ¿dónde se dice algo al respecto? El artículo 4.3 -por cierto, está desde el principio en el Real Decreto Legislativo 5/2002 que no ha sido objeto de modificación ni de supresión en ningún trámite y sigue hoy vigente-
dice lo siguiente: Se faculta al Gobierno para extender la protección asistencial a los trabajadores en función de la tasa de desempleo y de la situación financiera del sistema. Por lo tanto, dentro de lo que es la renta activa de inserción -75
por ciento del salario interprofesional-, cabe un desarrollo reglamentario, y el ministro ha mostrado su voluntad decidida de dialogar,
abierta a escuchar propuestas e iniciativas que permitan utilizar, entre otros, este instrumento que defina la consecución de un empleo o de unas jornadas de trabajo en el campo con unos criterios que se puedan acordar en aquellas
situaciones territoriales de Extremadura y Andalucía donde no es fácil o es casi imposible. Hace falta para eso que todos tengan voluntad política, porque dos no hablan si uno no quiere y el Gobierno popular y el Partido Popular están queriendo
hablar, como lo han demostrado en el resto de las cuestiones que se han abarcado en este proyecto de ley. Antes de quejarnos, sentémonos a hablar, sentémonos a explotar las posibilidades que esto tiene. Aquí las tienen, en una norma que aprueba el
Gobierno, que apoya y hoy va a aprobar aquí con otros partidos el Grupo Popular. Aquí está, úsenlo.
Dicen que se está fomentando una política de agravio en Andalucía.
Señorías, eso es faltar a la verdad, eso no es cierto. Daré dos datos concluyentes. Me voy a referir a cuestiones tan importantes como son las relativas a la financiación.
En la financiación autonómica voy a citar dos instrumentos que afectan en este caso de una forma prioritaria a Andalucía. Andalucía viene a tener más o menos el peso relativo en el conjunto de la población española del 19 por ciento y tiene una
cuota de participación del 27,3 por ciento en el fondo de suficiencia. Y si hablo del Fondo de Compensación Interterritorial, la cuota no es ya del 19 ni del 27,3 por ciento, sino del 40,12 por ciento del total. Señores, son hechos objetivos,
verdades, realidades palmarias que demuestran las acciones del Gobierno popular en Andalucía. Estoy convencido de que lo van a apreciar los ciudadanos andaluces en su integridad y no las palabras, con todo respeto, más propias de la demagogia que
de una verdad política y social.
Vamos camino ya casi de un cuarto de siglo de Gobierno en Andalucía del Partido Socialista, cercano andará en Extremadura. ¿No tienen competencias? ¿No tienen financiación? Alguien hoy ha cuantificado aquí toda la cuestión en 40.000
millones de pesetas y luego se nos ha dicho que afecta al 25 por ciento del total de los ciudadanos españoles. No lo entiendo. ¡Ojalá con 40.000 millones de pesetas arregláramos los problemas del 25 por ciento de todos los españoles!. ¿No tiene
nada que hacer el Gobierno de Andalucía para actuar, favorecer y mejorar la calidad de la vida de los trabajadores de toda Andalucía y del campo andaluz? ¿No tienen instrumentos para actuar? (Varios señores diputados: ¡No!) ¿No? Quizá por eso
ustedes se preocupan tanto y vienen aquí a decir que el Grupo Popular lo está haciendo mal. Parece que ustedes quieren que lo hagamos tan bien que gobernemos pronto allí. Yo les digo que efectivamente es lo que quieren mis compañeros de
Extremadura y de Andalucía y es lo que van a conseguir ustedes a base de deformar la realidad, de falsear y de no apoyar la solución para Andalucía que el Partido Popular tiene la vocación de conseguir para mejorar, subir el nivel de Andalucía y
conseguir las cuotas que ha obtenido en otras comunidades autónomas donde gobierna.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Azpiroz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Senado al preámbulo y al artículo 1, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 184; en contra, nueve; abstenciones, 106.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos el resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 284; en contra, 10; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL Y DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE SUSTRACCIÓN DE MENORES. (Número de expediente 122/000135)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. (Rumores.)
Señorías, ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas y cada una de las enmiendas que nos llegan del Senado sobre esta
proposición de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores. Mi grupo parlamentario apoyó y suscribió esta proposición de ley desde sus orígenes, porque estaba de
acuerdo en la necesidad de regular este aspecto que a veces se dilucida en los tribunales, cuando por vía efectiva alguno de los cónyuges, padre o madre de un menor, sustrae a éste en caso de separación de la pareja. No tenemos nada que añadir a
este principio, pues, a nuestro juicio, el Senado lo ha enriquecido con una exposición de motivos detallada sobre estos aspectos.
Me voy a centrar en las otras enmiendas que vienen del Senado, relativas a las disposiciones... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones. (Pausa.)
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Me refiero a las enmiendas dirigidas a las disposiciones adicionales nuevas -primera, segunda y tercera- y a la disposición transitoria. Mi grupo las ha apoyado, incluso presentó juntamente con otros grupos parlamentarios -el Grupo Popular
y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)- una enmienda a la disposición transitoria destinada a corregir un problema que trata de solucionar las disposiciones adicionales y que quedaba fuera del fondo de la primitiva proposición de
ley. Mi grupo suscribe estas enmiendas por responsabilidad. Desde hace muchos años estamos adquiriendo una especie de cultura parlamentaria con la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado -que algunos han calificado como
verdadero cajón desastre desde el punto de vista técnico-, en la que se modifican infinidad de materias. De la misma manera, cuando hay uno o varios problemas graves, sobre todo en el ámbito de la justicia, es necesario aprovechar todos los
instrumentos parlamentarios para solucionarlo y no complicarlo con leyes que desde el punto de vista de la ortodoxia legislativa presentarían una identificación idónea entre el título y el contenido, desde el primer artículo hasta las disposiciones
finales.
¿Con qué problemas nos estamos encontrando en España en el ámbito de la justicia? El primero que tiene que afrontar el ciudadano, el justiciable, es la carencia de jueces y magistrados. Hay que instrumentar un sistema en las escuelas de
formación judicial para jueces y magistrados, en el que sin hacerles perder calidad, haya una flexibilidad en los tiempos, para que en las pruebas en las que son seleccionados los jueces se puedan habilitar plazas de destino porque no podemos
obligar al justiciable a que por un problema puramente orgánico de escalafones, de plazas orgánicas, dotadas o no económicamente para que puedan ser ocupadas por un juez y magistrado de carrera, se produzcan unas dilaciones que van en contra de un
principio constitucional, que es el principio que atiende a todo justiciable de que reciba la justicia en tiempo y forma adecuados.
Esto viene a corregirlo la enmienda a la disposición adicional primera, para que todos esos aspirantes aprobados
para ser nombrados jueces titulares de órganos judiciales puedan ingresar en la carrera judicial sin estar sometidos a un procedimiento que se reguló en su tiempo como un procedimiento normal, cuando no había la misma demanda de actuaciones de la
justicia sobre el ciudadano. Por tanto, se pretende que estos aspirantes en expectativa de destino puedan rapidísimamente incorporarse a la Administración de justicia, repito, para defender un derecho constitucional en tiempo y forma y sin dilación
alguna.
La enmienda planteada a la disposición adicional segunda viene a resolver con respecto a los magistrados el problema de carencia para poder dispensarles de unos requisitos que en la normalización de carrera fueron establecidos para tres
años. Señorías, el problema no admite ni tres años ni uno, ni un día de demora. Es necesario legislar aprovechando el instrumento de una ley que tenemos a nuestra disposición para una actuación soberana y parlamentaria. Esta es una Cámara
legislativa y de los instrumentos legislativos podemos hacer todo el uso legítimo, democrático e instrumental que no sea contrario a un principio de constitucionalidad al respecto.
La disposición adicional tercera se refiere a los datos emitidos por los laboratorios y viene a corregir un problema, modificando el artículo 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que necesitamos soslayar o quitar de en medio esa
piedra u obstáculo que viene a tener.
Finalmente, lo que se establece en la disposición transitoria está en consonancia con lo que recogemos desde Coalición Canaria en una proposición de ley presentada ante el registro de la Cámara, para evitar que en los primeros días de enero,
el 9 o el 13, entre en vigor una disposición de la Ley del menor que obligue a los jueces a entregar a las comunidades autónomas una serie de presos o penados con edades entre 18 y 21 años, poniéndoles a disposición de las mismas en los centros de
acogida de menores, problema que hubiera causado en primer lugar una alarma social de verdadero primer grado y, en segundo lugar, era colocar a las comunidades autónomas ante un problema al que no pueden atender de inmediato por la carencia no sólo
de las instalaciones adecuadas, sino del personal que tiene que tratar a un segmento de edad muy peligroso.
Hace unos días, en su comparecencia ante la Comisión de Justicia de esta Cámara, el señor fiscal general del Estado, y figura en el 'Diario
de Sesiones', en respuesta una pregunta de este diputado, dejó bien clara la peligrosidad social, por condiciones puramente naturales, de los jóvenes entre 18 y 21 años, y sería un verdadero
dislate que en las circunstancias actuales y combatiendo todos la inseguridad ciudadana incluyéramos en un tratamiento de menores a quienes la propia ley reconoce que son mayores de edad; porque estamos hablando de mayores de edad, ya que
de los 18 a los 21 años son edades en las que cualquier persona física puede ejercer en este país todos los derechos que el ordenamiento civil, penal, mercantil y de cualquier orden permite y los pueden ejercer además en unas edades en que las
condiciones físicas son las más favorables para poder -valga la expresión- cometer un determinado tipo de delitos o de faltas relacionados con inseguridad ciudadana, sustracciones de bienes, etcétera, y es necesario que el legislador responda a
esto. Mi grupo no se iba a parar en hacer una interpretación de una ortodoxia equivocada, de si el título de esta ley era percha conveniente o inconveniente para colgar estas nuevas leyes que vienen modificadas aquí. Mi grupo entiende, y por eso
vamos a votar favorablemente, que el legislador tiene que resolver los problemas, y cualquier instrumento técnico, como es el caso de un proyecto de ley tramitado parlamentariamente, tiene que permitir que prevalezca el sentido común, el sentido de
racionalidad y el sentido de resolver los problemas. Como lo entendemos así, vamos a votar favorablemente estas enmiendas del Senado que introducen estas disposiciones adicionales y transitoria.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ¡pobre Senado! Al hecho de no haber encontrado en 24 años el adecuado encaje como Cámara territorial o Cámara de las autonomías, se le unía hasta ahora el sambenito de que sólo servía como Cámara de segunda lectura, para poco más
que correcciones de estilo o gramaticales, dicho sea simplificando mucho por supuesto. Ahora tiene que soportar un mal mayor, desde nuestra perspectiva. Se ha descubierto en tiempos recientes que es un lugar muy útil para convertir en norma,
incluso con rango de ley orgánica, cualquier cosa que se le ocurra a la mayoría y/o al Gobierno, evitándose la cruz del paso a paso procesal, pero esquivando y no cumpliendo con el íter constitucional y reglamentariamente querido, es decir,
utilizando un atajo tramposo. Ahí tenemos la llamada ley de acompañamiento, pero al menos en ella el título permite o tolera la miscelánea. Se le llama ley de objeto diverso y entonces uno ya da por supuesto que su contenido es variado. En este
caso, a una iniciativa para regular la sustracción de menores por sus progenitores, aspectos civiles y penales, se le añade con singular coherencia una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial sobre selección de jueces y magistrados, jueces en
expectativa de destino; se le pega además un régimen transitorio para acceder a la categoría de magistrado por necesidades actuales de planificación; se mete -sorpréndanse- una corrección del artículo 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre el carácter de prueba documental de los informes que hagan los laboratorios en relación con sustancias estupefacientes; se aprovecha para suspender la aplicación de la Ley orgánica 5/2000 hasta el año 2007, lo que puede ser muy conveniente
-mi grupo discrepa-, pero desde luego la utilidad no justifica el huir del procedimiento parlamentario adecuado; todavía más, hay un añadido derogando expresamente un apartado concreto de la Ley 9/2000.
Desde nuestra perspectiva, esto es impresionante, una ley de acompañamiento orgánica que ni siquiera lo es en su totalidad, puesto que, para mayor confusión, unos artículos lo son y otros no. Se me va a traer a colación con toda seguridad
una pretensión que yo misma sostuve de despenalizar una conducta tipificada en el artículo 636, por cierto reiteradamente pedido por la Fiscalía General del Estado, en un proyecto que no tenía excesiva relación, pero, comparado con esto, aquello era
el colmo de la afinidad; al fin y al cabo, era sólo una reforma del Código Penal, no de cuatro leyes distintas y, lo que es también importante, nuestra pretensión la hicimos en el Congreso. Había, por lo tanto, ponencia, Comisión y Pleno, además
del aviso previo a todos los ponentes de qué es lo que queríamos. En este caso se hace por sorpresa, sin posibilidad de enmienda, como aquello de las incompatibilidades de los miembros del Tribunal Supremo y los hombres buenos de Murcia, que todos
ustedes recordarán porque fue objeto de chanzas diversas durante su tramitación. No hace falta mucho estudio para advertir que esto es una tropelía jurídica. El deseo de aligerar trámites, algunos de ellos tan importantes como el paso por los
órganos consultivos que la propia Constitución y el Reglamento de la Cámara prevén. Señorías, desde nuestra perspectiva, esto es arbitrario y crea inseguridad jurídica. ¿Dónde está el principio de coherencia interna de las normas? Hablamos además
de un procedimiento cualificado, el procedimiento para elaborar leyes orgánicas. Introducen confusión en el ordenamiento con un castigo a sus posibles destinatarios. Es un ejemplo de cómo no se deben hacer las normas, por muy útil que resulte
aprovechar distintos trámites. Esto crea inseguridad jurídica y es violación del artículo 9.3 de la Constitución.
A este respecto, es ya casi clásica la sentencia 46/1990, de 15 de marzo, que hace referencia a una ley canaria, que por cierto se
declara inconstitucional, sobre seguridad jurídica y confusión normativa al generar una situación de incertidumbre jurídica. Dice la sentencia que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de una
materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y
los ciudadanos a qué atenerse y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas, como la que sin duda se genera en este caso por el complicado juego de remisiones entre normas que aquí se ha producido, ocultadas bajo un título que
no justifica lo que luego es el contenido real de la norma de que se trata. A esto añádanle que estamos dentro de lo que se llama un pacto de Estado para la reforma de la justicia del que algunos no fuimos firmantes, pero sí formamos parte de la
comisión de seguimiento. Ello llevaría a pensar que las actuaciones son conjuntas o al menos con la información suficiente para todas las formaciones de la Cámara, pero esto no es así, señorías. El Boletín Oficial del Senado fue la primera noticia
que tuvo mi grupo parlamentario respecto de la inclusión de estas enmiendas que son tan sustanciales y tan distintas del contenido previsto para la norma. Somos minoría y sé que la norma se va a aprobar, pero a mi grupo le gustaría trabajar en este
caso para la oficialidad del querido 'Diario de Sesiones', en el que quisiéramos que conste nuestra oposición a esta chapuza. Sólo votaremos a favor lo que es lógico y lo que hace referencia al título de la norma, es decir, la exposición de motivos
que se le ha añadido, de manera acertada, y la modificación que se hace en el artículo segundo en cuanto a poner un tiempo cierto a la inhabilitación respecto de la patria potestad de un progenitor que incurra en las conductas de las que se trata.
Esta proposición de ley orgánica será aprobada, de eso estoy segura, pero, señorías, no con nuestro voto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Hago mías las últimas palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, señora Uría, acerca de la utilización de modificaciones sobre un consenso adquirido, con actuaciones al margen de lo que pudiera ser el ya casi moribundo pacto de
Estado por la justicia. Señorías, cuando se trajo por primera vez a esta Cámara la propuesta sobre la sustracción de menores mi grupo parlamentario fue escéptico y dijo algo así como que no es bueno estar legislando para cada caso concreto con
nombres y apellidos. Se ha alcanzado un consenso, nosotros lo saludamos, pero no por ello dejamos de ser escépticos, por una sencilla razón, porque indiscutiblemente en este caso del que estamos hablando muchas veces se producen colisiones y
conflictos que están mucho más allá y que no pueden ser recogidos en la norma, toda vez que estamos hablando de lo más íntimo del ser humano, que son las relaciones, muchas veces conflictivas después de la ruptura de una pareja.
Al mismo tiempo que saludamos que se haya avanzado, se haya clarificado y se haya hecho más asequible la norma, esperamos que por parte del mundo judicial, por parte de la policía y por parte de las distintas instituciones, se produzca
también la evolución y el desarrollo necesario para que lo que pueden ser en un momento determinado conflictos emanados de una ruptura de relación o conflictos producidos por 20.000 causas -muchas veces la vida real supera la mayor de las ficciones-
no se conviertan en un conflicto no ya entre la pareja -allá ellos, que ya son mayorcitos-, sino en un conflicto donde al final sufra el menor convirtiéndose en una pelota de tira y quita y de quita y tira. Nosotros saludamos, como decía al
principio, la parte del consenso, pero indiscutiblemente vamos a ser muy críticos y vamos a rechazar en la misma línea del Grupo Parlamentario Vasco algunas adiciones al margen del espíritu del pacto de Estado de la justicia y del propio sentido con
que se ha ido haciendo esta norma aquí.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para anunciar el voto favorable de mi grupo parlamentario a las enmiendas que el Senado ha introducido a la proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores.
Cuando el pasado 31 de octubre el Pleno de esta Cámara aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión sobre la iniciativa que estamos viendo ya se dijo que faltaba la exposición de motivos y que sería el Senado el que incorporara la que le
pareciera más conveniente. A ello obedece una de las enmiendas del Senado y estamos conformes con la exposición de motivos que allí se ha aprobado.
Nos parece también conveniente y acertada la modificación realizada al artículo 225 bis del Código Penal, limitando temporalmente una de las penas previstas en dicho artículo para la sustracción de menores, que es la pena de inhabilitación
especial para al ejercicio de la patria potestad. Nos parece acertada porque esta limitación obedece a lo dispuesto en el artículo 40 del mismo cuerpo legal, que exige que cuando se imponga la pena de inhabilitación especial se fije necesariamente
la duración de ésta. Además, señorías, el Senado ha introducido por la vía de enmiendas la modificación del algún artículo de la Ley orgánica del Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley orgánica reguladora de la
responsabilidad penal de los menores. Dos de estas enmiendas vienen a dar respuesta a preocupaciones expresadas desde el Consejo General del
Poder Judicial, quien ha expuesto en numerosas ocasiones la necesidad de que se diera una pronta solución a la situación actualmente existente en la carrera judicial, que indudablemente repercute en el justiciable, que consiste en que por un
lado hay un escaso número de vacantes en la categoría de juez, mientras que, por otro, hay un alto número de vacantes en la categoría de magistrado, categoría en la que además la futura y próxima entrada en vigor de la reforma sobre los llamados
juicios inmediatos y del actual proyecto de ley concursal, con la creación de juzgados mercantiles, demandará con toda seguridad un aumento aún mayor de la planta judicial. Por otra parte y también por el propio Consejo, se había expuesto la
necesidad de regular el vacío legal actualmente existente acerca del destino de los aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados jueces titulares de órganos judiciales.
Pues bien, a estas preocupaciones concretas, que quizá debieran abordarse en un debate más a fondo, más sosegado y más amplio acerca de la previsión de jueces y fiscales, entendemos que de una manera momentánea se les da respuesta con las
enmiendas introducidas en el Senado, que, de una parte y durante un periodo concreto de tiempo, durante un plazo no superior a cuatro años, facilitan el ascenso a magistrado, dispensando para determinados supuestos el requisito de haber prestado
previamente tres años de servicios efectivos como juez, y, de otra, se da prioridad para la cobertura de vacantes en los juzgados y tribunales a los jueces de nuevo ingreso en expectativa de destino, en lugar de los jueces sustitutos no
pertenecientes a la carrera judicial. Se introduce también, en previsión de la entrada en vigor el próximo mes de abril de los llamados juicios inmediatos, que determinados informes realizados por institutos oficiales en relación con cuestiones muy
tasadas, como la naturaleza, la cantidad y la pureza de sustancias estupefacientes, en la valoración de los cuales se sigan los protocolos aprobados por normas, tengan carácter no de prueba pericial sino de prueba documental, que es en realidad lo
que son, pues se hacen de manera pautada y reiterativa que excluye cualquier valoración no descrita en el propio informe.
Finalmente, a través de las enmiendas presentadas, entre otros, por mi propio grupo parlamentario, se introduce una ampliación de la vacatio legis de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor en lo que se refiere a
infractores de edades comprendidas entre los 18 y 21 años. Señorías, todos ustedes conocen que la aplicación de la Ley orgánica 5/2000 ha supuesto un gran esfuerzo institucional en la creación de nuevos juzgados de Menores, en la ampliación de las
plazas de fiscales en las diferentes fiscalías de Menores, en la dotación de más personal al servicio de los juzgados y fiscalías de Menores y una ampliación muy importante de los recursos materiales y humanos de las comunidades autónomas para
ejecutar las medidas previstas en la ley. El próximo 13 de enero la ley tenía que entrar en vigor para el tramo de edades de los 18 a los 21 años, lo que suponía, sólo para Cataluña, la previsión de un aumento de unas 9.000 intervenciones sobre las
ya existentes, lo cual, además de un nuevo esfuerzo institucional y económico, suponía una grave disfunción porque el aumento de causas a tramitar por los juzgados y fiscalías de Menores amenazaba con colapsar el sistema, en detrimento de una
justicia rápida para los menores de edades comprendidas entre los 14 y 18 años. Por ello, con motivo del debate de política general y a instancias de mi grupo parlamentario, el Pleno de esta Cámara aprobó una resolución en la que precisamente se
instaba al Gobierno a prorrogar la suspensión de la Ley 5/2000 para el tramo de edad de 18 a 21 años. Esta suspensión se ha propugnado también por el Defensor del Pueblo y en el mismo sentido se han pronunciado las comunidades autónomas de
Andalucía, Aragón, Baleares y Canarias. Hay, pues, una petición generalizada al respecto y valoramos positivamente que se haya dado respuesta a la misma, suspendiendo esta entrada en vigor, no definitivamente, como solicitaban algunos, sino hasta
el 1 de enero del año 2007.
Señorías, más allá de que podamos compartir parte de las críticas que aquí se han hecho a esta técnica legislativa, que por otro lado no es ninguna novedad, más allá de que podamos compartir las reservas que aquí se han expresado en cuanto a
la forma de legislar, mi grupo parlamentario cree necesario ponderar las propuestas que se nos hacen, también y principalmente, en su aspecto sustantivo. Entrando a valorar el contenido de las propuestas considera el Grupo Catalán de Convergència i
Unió que se trata de reformas muy puntuales, que se abordan medidas, a nuestro juicio, necesarias que afectan a temas que, por otra parte, no son nuevos, sobre los que ya se ha debatido y cuya regulación requiere, además de una cierta premura, que
se haga a través de una ley orgánica como la que estamos viendo. Por todo ello y tal como he indicado al comienzo de mi intervención, mi grupo las va a votar favorablemente.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pigem.
Grupo Parlamentario Socialista, señora Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco en nombre de mi grupo para fijar la posición en relación con las enmiendas del Senado en torno al proyecto de ley orgánica de modificación del Código Civil y del Código Penal en materia de sustracción de menores. Lo
primero que tengo que hacer es, en nombre de mi grupo, rechazar el método utilizado. Se ha aprovechado para modificar varias leyes en asuntos de calado. No se trata de temas menores
o de tipo formal, se trata de temas de enorme envergadura, y se ha hecho a través de un método que no merece calificarse ni de técnica legislativa.
Por sorpresa en el Senado, a través de las enmiendas, de tapadillo, con otro título y otra
exposición de motivos -cualquiera que vaya a ver el contenido de la ley se encontrará con que va a ser difícil encontrarlo-, se presentaron nada menos que diez enmiendas por el PP que afectan a la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, a la Ley orgánica de medidas urgentes para la agilización de la administración de justicia, a la Ley orgánica del Poder Judicial y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esto, a mi juicio, no es serio y aunque se ha dicho que en otras
épocas también se utilizó este método, creo que nunca con tanta intensidad. Legislar es algo muy serio como para incurrir en este tipo de violencias procedimentales, más allá de que estemos de acuerdo o no en el contenido de los temas que se
proponen. Es exigible un mínimo de rigor y seriedad. No ha habido ni informes preceptivos de los órganos consultivos, ni los trámites obligados prescritos por las leyes, ni tampoco, por supuesto, la participación de los grupos parlamentarios.
Se
trata de reformas de fondo, importantes, que tenían que haber sido tramitadas con todos sus requisitos e informes preceptivos. Las prisas no son buenas y tal vez algunas de las reformas que se nos plantean incluso no consigan los efectos queridos.
Por tanto y en primer lugar, nuestro rechazo más absoluto a las formas, al método utilizado, máxime cuando todos los grupos parlamentarios formamos parte del pacto de Estado para la justicia y ni se nos ha dado cuenta de estas iniciativas ni se nos
ha advertido y, como digo, lo hemos recibido por sorpresa.
Entrando en el fondo del asunto, hay que ir por partes, puesto que las enmiendas son diversas y afectan a muy diferentes temas. En primer lugar, está la enmienda por la que se introduce la exposición de motivos. Ya se dijo que el proyecto
de ley de reforma del Código Penal y del Código Civil sobre sustracción de menores iba sin exposición de motivos en la aprobación por el Congreso, pero que se incluiría en el Senado, y así se ha hecho, sobre todo para explicar que entre las
importantes novedades del Código Penal de 1995 se suprimió como delito con sustantividad propia la sustracción de menores de siete años y que, dadas las circunstancias en las que nos encontrábamos, era necesario prever una respuesta penal clara
distinta del delito de desobediencia genérico, así como medidas cautelares en el ámbito civil. Eso es lo que se ha hecho con esta modificación legal y, por tanto, en la exposición de motivos se explica las razones de la misma. Naturalmente ese
proyecto de ley lo hicimos con consenso, después de estar paralizado durante casi dos años, y pensábamos que llegaría al Senado únicamente para las cuestiones relativas a la modificación de la sustracción de menores, pero no ha sido así. Además hay
otra reforma, con la que también estamos de acuerdo, que es la limitación, entre cuatro y diez años, de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad en el caso de sustracción de hijo menor.
Pasando a los temas controvertidos, la disposición adicional primera modifica el artículo 308 de la Ley orgánica del Poder Judicial. Esta reforma es bastante significativa, porque lo que se establece es que el centro de selección de jueces
y magistrados elaborará una relación con los aspirantes que aprueben el curso teórico, que se elevará al Consejo del Poder Judicial según su orden de calificación, y aquellos aspirantes aprobados que no pudieran ser nombrados jueces titulares de
órganos judiciales ingresarán en expectativa de destino -dice en el artículo 308.2- y tomarán posesión ante el presidente del Consejo General del Poder Judicial, quedando adscritos al mismo. Yo creo que esto no tiene precedentes; normalmente los
jueces siempre han estado adscritos a un órgano jurisdiccional y esta vez quedan adscritos al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es un despropósito, aparte de que el contenido nos parece negativo, porque el problema no es tener más
o menos jueces en expectativa de destino, sino que lo que hay que hacer es ampliar la planta. La oferta de jueces por parte del Consejo General del Poder Judicial ha sido muy superior en los últimos años a las plazas que ha ido creando el Gobierno.
Por tanto, aquí hay una responsabilidad política del Gobierno por falta de previsión, que es la que ha creado este vacío, de que los jueces se encuentren sin posibilidad de acudir al primer nivel de la carrera judicial cuando en ese nivel no hay
vacantes, sino que están en el nivel de magistrados. A eso alude la adicional segunda, que modifica la disposición transitoria trigésimo octava y suspende por un plazo no superior a cuatro años el requisito de los tres años para poder pasar de juez
a la categoría de magistrado. A mí esto me parece que rompe la voluntad del legislador, rompe la necesidad de una experiencia y una formación que es precisa para acceder a la categoría de magistrado y rompe con toda una tradición y unas normas en
vigor en la carrera judicial. Se me dirá que es necesario, que hay esas vacantes, pero yo creo que aquí el problema grave ha sido la falta de previsión y, por tanto, esa responsabilidad política del Gobierno a la que he aludido.También en estas
adicionales se dice que los jueces en expectativa de destino tendrán preferencia sobre los jueces sustitutos.
Esto parece obvio, pero nosotros en el conjunto de las dos adicionales que afectan a la Ley orgánica del Poder Judicial vamos a votar en
contra.
En cuanto a la adicional tercera, es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 788.2 y nos plantea que tengan carácter de prueba documental los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza,
cantidad y pureza de sustancias estupefacientes cuando conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos. El apartado 2
del artículo 788 ya contiene una excepción a la regla general de los informes periciales, concretamente la del artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que consiste en eximir de la necesidad de que sean dos los peritos. Esa es la
modificación que teníamos prevista, incluso alguna sentencia ya recoge el requisito de los dos peritos, entendiendo que en tal caso se ha cumplido cuando el informe sea de un organismo oficial. Con lo que no estamos de acuerdo, ni estaba previsto
ni esperábamos, es con que el Partido Popular con su enmienda cambiara el carácter, la sustancia de la propia prueba, y que un informe pericial se convierta en una prueba documental. Si aceptáramos esta enmienda, romperíamos con la idea de oralidad
y de inmediación y, sobre todo, con el principio de contradicción. En coherencia con nuestra posición de muchos años, hay que mantener el equilibrio, que de aceptar esta enmienda se rompería, entre celeridad y rapidez y seguridad jurídica y
defensa.
Por tanto, en este caso también vamos a votar que no.
Por último, la disposición transitoria nos plantea suspender hasta el 1 de enero de 2007 la aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuando alude a las edades comprendidas
entre 18 y 21 años. Pues bien, lo primero que hay que decir es que esta ley orgánica en sólo dos años de vigencia desde que se aprobó ha sido modificada ya cuatro veces. Esto da cuenta de los errores que contenía, que son muchos, reconocidos por
todos, de los fallos de previsión y, sobre todo, de la desidia con la que se ha acometido la dotación de medios materiales y personales para su puesta en práctica.
Esta es la razón fundamental por la que determinadas comunidades autónomas, a las
que aludía la representante de Convergencia i Unió, han pedido que se suspenda la entrada en vigor porque no hay medios materiales ni personales suficientes para desarrollar las previsiones previstas en esta ley; además, como ella muy bien ha
apuntado, el número de incidencias y de actuaciones es verdaderamente desbordante como para que se pueda acometer al 1 de enero de 2003.
Yendo al tema de fondo, la aplicación de esta ley a los menores de entre 18 y 21 años, en su momento quedó muy reducida a unos supuestos concretos: que no haya intimidación ni violencia, que no pongan en riesgo la vida de las personas, que
un comité técnico valore la personalidad del joven, que se oiga al ministerio fiscal, es decir, hay una serie de requisitos muy específicos con los cuales estamos de acuerdo y hemos defendido para que el ámbito de aplicación de esta ley alcance
hasta los 21 años. Sin embargo, dadas las circunstancias de falta de medios materiales y personales para poner en marcha la ley, en este caso concreto nos vamos a abstener, porque las comunidades autónomas no pueden asumirlo ante el incumplimiento
del Gobierno de su compromiso en cuanto a la dotación de medios materiales y personales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alberdi.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy ponemos fin a la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del
Código Civil, sobre sustracción de menores.
Constituye, sin duda, un gran éxito de este Parlamento, puesto que el texto definitivo que hoy aprobamos viene a dar una respuesta jurídica más eficaz a esas terribles situaciones de sustracción de
menores por parte de uno de sus progenitores, que lamentablemente se producen con demasiada frecuencia en determinados contextos de ruptura de las relaciones de pareja. Este texto, inspirado en la garantía del interés superior del menor y cuyo
objeto final es, por tanto, la protección de los derechos del menor, ha sido perfeccionado en el Senado, dotando, por una parte, a esta proposición de ley orgánica de la correspondiente exposición de motivos de que carecía, y modificando, por otra,
el artículo 2, al fijar un límite temporal al cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, como ya se ha dicho.
Lo que es un gran éxito de este Parlamento no debe quedar empañado por pequeños desacuerdos formales o metodológicos sobre la pertinencia de la incorporación de otras modificaciones contempladas en el Senado. Si acudimos a la teoría de los
propios actos, los distintos grupos parlamentarios, desde la mayoría o desde la oposición, han recurrido en numerosas ocasiones a la introducción de enmiendas, aprovechando la tramitación en curso de distintos textos legislativos, para abordar
cuestiones que se podían entender como complementarias en un sentido amplio. Se trata de una práctica que en los últimos veinte años cuenta con precedentes en ambas cámaras y que, por tanto, no debiera sorprender.
Naturalmente, esta afirmación no
supone, ni mucho menos, reivindicar la generalización de este método, aunque sí lleva implícita la aceptación de su utilización cuando concurren circunstancias que así lo exigen y siempre con el debido respeto a las garantías del procedimiento
legislativo, como ocurre en el caso que hoy nos ocupa.
Señora presidenta, señorías, pueden convenir conmigo en que en ciertos momentos lo mejor es enemigo de lo bueno y que entre ambos media siempre el campo de lo posible. Hablamos de hacer aquello que es posible y que es necesario, y así se ha
afirmado aquí por parte de distintos grupos parlamentarios, sin que una interpretación purista del procedimiento legislativo impida concebir respuestas eficaces e inmediatas a necesidades
apremiantes, pero también sin que esa voluntad de eficacia pueda dejar sin efecto las garantías que se incorporan en la observancia del procedimiento legislativo. Como ya he señalado, y reitero, esas garantías de publicidad y debate se han
cumplido satisfactoriamente en relación con las modificaciones que incorpora esta proposición de ley tras su deliberación en el Senado. Conviene no perder la perspectiva, y eso supone reconocer, siquiera implícitamente, que el conjunto de las
aportaciones hechas por el Senado, susceptibles de ser entendidas por algunos como ajenas a la razón de ser de esta proposición de ley, representan un reiterado clamor de los profesionales de la Administración de justicia, de las comunidades
autónomas, del Consejo General del Poder Judicial y podríamos afirmar que de la sociedad en su conjunto, en aras de dotar de mejor capacidad a la justicia en su dimensión de servicio público.
A continuación, haré referencia a las modificaciones más significativas incorporadas por el Senado, agrupándolas en tres bloques. No voy a citar nuevamente a las que ya he aludido, a la exposición de motivos, así como a la modificación del
artículo segundo. En primer lugar, hago mención a las enmiendas que introducen modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin, por una parte, de que los jueces profesionales de carrera de nuevo ingreso tengan prioridad tanto para
la cobertura de vacantes en los juzgados y tribunales, como para el refuerzo de órganos judiciales y, por otra, de que pueda quedar dispensado el requisito de haber prestado tres años de servicios efectivos como jueces para acceder a la categoría de
magistrado en determinados supuestos. Aquí es conveniente hacer una referencia al contexto en que nos desenvolvemos. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que en el período que va de 1996 a 2002 se ha realizado un considerable esfuerzo de
creación de nuevas plazas judiciales, superando en más del doble las creadas en el período que va de 1990 a 1996. Paralelamente, se han impulsado los procesos selectivos para el ingreso en la carrera judicial, logrando así que en el año 2002
prácticamente se haya alcanzado la plena profesionalización de la judicatura, de manera que la mayor parte de las plazas existentes son servidas por jueces y magistrados pertenecientes a la carrera judicial, con lo que ello supone de mejora de la
calidad en la prestación de un servicio tan esencial para los ciudadanos como es el de la Administración de justicia. Las enmiendas que se incorporan contribuyen a que sigamos avanzando en esta línea, la línea de la profesionalización y de la
calidad.
En segundo lugar, la disposición adicional tercera añade un segundo párrafo al artículo 788.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con objeto de precisar que los informes llevados a cabo por los institutos oficiales en relación con la
naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes tengan carácter de prueba documental. Con esta enmienda se evita que los funcionarios responsables de estos informes tengan que comparecer en el proceso para una mera ratificación
formularia consistente en un simple me afirmo y ratifico, y además se evitan también suspensiones de juicios motivadas por la imposibilidad de comparecer por parte de los funcionarios señalados. En términos de garantías conviene resaltar que esta
modificación afecta únicamente a los informes oficiales emitidos en relación a la cantidad y a la calidad de las drogas decomisadas, siempre que se realicen siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes normas. Vemos, por
tanto, que se trata de un supuesto muy concreto, en el que no existe singularidad en la prueba, lo que corrobora la idoneidad de su consideración como prueba de carácter documental más que pericial. Además, quiero resaltar que en el 90 por ciento
de los juicios por delitos contra la salud pública los informes a los que he hecho referencia no son contradichos por la defensa de los acusados, que en todo caso siempre podrán pedir la práctica de una prueba pericial en aquellos supuestos en que
tales informes pudieran ser puestos en cuestión. Estamos hablando de una medida que se inscribe en el marco de los juicios rápidos para contribuir a una más ágil y eficaz respuesta penal frente a determinadas prácticas delictivas. En este sentido
quiero destacar su consonancia con el esfuerzo realizado por el Gobierno. En el último debate sobre el estado de la Nación, el presidente Aznar comprometió la creación de 80 nuevas unidades judiciales en el orden penal. Pues bien, con las
distintas disposiciones que se han ido aprobando a lo largo de este año ya se ha dado sobrado cumplimiento a este compromiso.
Paso por último a hacer referencia al tercer bloque. En él la disposición transitoria introducida por el Senado implica la suspensión hasta el 1 de enero de 2007 de la aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores en lo referente a los infractores de edades comprendidas entre los 18 y 21 años. Es de sobra conocido que esta ampliación de la vacatio legis responde a una reivindicación de las comunidades autónomas
-prácticamente de todas las comunidades autónomas- y a una demanda planteada también por los profesionales que han de aplicar esta ley, dando cumplimiento además a la resolución que al respecto aprobó el Pleno de esta Cámara el pasado mes de julio.
En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente las enmiendas introducidas en el Senado por entender que las mismas mejoran la capacidad de respuesta de nuestro ordenamiento jurídico y la propia funcionalidad de la Administración
de justicia.
Permítame, señora presidenta, que en este momento haga una breve reflexión. Ha habido algunos grupos parlamentarios que no han querido efectuar un reconocimiento expreso de su conformidad con el contenido de las modificaciones que
aquí se incorporan. Sin embargo yo tengo el convencimiento de que existe ese reconocimiento, que consideran
que en el fondo esas medidas son adecuadas, dan una respuesta a necesidades que son verdaderamente apremiantes y constituyen reformas puntuales. Aquí apelo yo al principio que señalaba el señor Mardones, al principio de responsabilidad. No
podemos hacer oídos sordos a problemas que son conocidos, que se nos han trasladado y por tanto nunca, nunca podríamos hablar, como aquí se ha dicho, de que se trata de cualquier cosa que se le ocurre a la mayoría y/o al Gobierno y que se introducen
tramposamente por sorpresa. Se trata de cuestiones de sobra conocidas y trasladadas por todos los profesionales, además con gran seriedad.
Concluyo, señora presidenta, volviendo a recordar mis palabras iniciales.
Esta proposición de ley supone afrontar un problema de importante dimensión social frente al cual el legislador debería hacer primar en todo caso el interés superior
del menor. Así se ha hecho y este es un logro consecuencia del esfuerzo y de la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. Por eso reitero nuestra satisfacción en nombre del Grupo Parlamentario Popular, desde la certeza de haber cumplido
con la obligación de evitar que los menores puedan ser convertidos en mercancía y víctimas de un conflicto.
Respecto a otras cuestiones, los grupos parlamentarios deberían dejar claro cuál es su posición. Deberían decir si están en contra de que jueces profesionales tengan preferencia a la hora de ocupar plazas o ejercer labores de sustitución o
de refuerzo; o si prefieren que vacantes de magistrados sean ocupadas por personal no profesional en lugar de por jueces de nuevo ingreso que han ingresado en la carrera judicial con la correspondiente y adecuada formación. Si ustedes no están de
acuerdo con esa profesionalización y calidad, díganlo, señorías, aunque yo no creo que estén en contra de estos principios. Si no comparten la necesidad de esa prórroga de la vacatio legis en relación con los menores o los aspectos que afectan a
menores en el tramo de 18 a 21 años, díganlo, señorías, y díganselo a las comunidades autónomas que nos lo están haciendo llegar: díganselo a Andalucía, a Baleares, a Canarias, a Cataluña, a Castilla y León. En este caso no son demandas gratuitas
o arbitrarias, responden a estudios serios que advierten sobre el peligro en que se puede poner un principio básico en la Ley de responsabilidad penal del menor como es el de la reeducación de los menores infractores.
En esta Cámara nadie querrá
poner en peligro ese valor de la reeducación de los menores infractores. Si ustedes no comparten esa mejora técnica que consiste en dar carácter de prueba documental a esos informes emitidos por laboratorios oficiales y que va a contribuir a dar
una mayor eficacia a los juicios rápidos que entrarán en vigor en el próximo año 2003, díganlo también aquí. Por el contrario, si los juicios rápidos fueron aprobados en esta Cámara con el consenso de todos los grupos; si todos compartíamos la
necesidad de que se actuara en la Administración de justicia contra esas faltas y pequeños delitos con eficacia, con inmediatez, dando una mayor calidad y contribuyendo a garantizar la seguridad ciudadana, en este caso, una medida que va a suponer
mayor eficacia en la aplicación, en la entrada en vigor de los juicios rápidos, debe ser compartida con todos los grupos parlamentarios.
Sin más, concluyo mi intervención. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado. (Rumores.)
Señorías, como son sucesivas votaciones, les ruego que guarden un mínimo de silencio para que puedan ser oídas.
Enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y del Código Civil, sobre sustracción de menores.
Enmiendas a la exposición de motivos y al artículo 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas a las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera y a la disposición final primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 187; en contra, 106; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a las disposiciones transitorias y derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 188; en contra, nueve; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 285; en contra, ocho; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votación del conjunto del texto resultante de la incorporación de las enmiendas del Senado aceptadas por el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 285; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número de votos exigidos.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000114)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda sobre el proyecto de ley del catastro inmobiliario.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez. (Rumores.)
Señorías, es preciso continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve en la defensa de las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego al proyecto de ley del catastro inmobiliario porque el sentido general de nuestras enmiendas está en línea con lo defendido el pasado martes en esta Cámara con
motivo de la discusión de la proposición de ley que sometimos a debate sobre este mismo tema.
Nuestras enmiendas persiguen la delimitación de competencias estatales y autonómicas. Nosotros defendemos que sean de competencia autonómica las funciones de carácter ejecutivo relativas a la formación y mantenimiento del catastro
inmobiliario, lo que, en nuestra opinión, para nada afectaría a las competencias estatales. Proponemos la descentralización de las funciones ejecutivas y no porque los nacionalistas seamos insaciables en cuanto a vaciar el contenido de las
competencias estatales, como sostenía recientemente un portavoz del Partido Popular, sino porque queremos ser coherentes con la defensa de un determinado modelo de Estado, por cierto constitucional, y también por razones prácticas y de eficacia para
poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos. En este sentido es evidente la diferencia en la estructura de la propiedad en cada comunidad autónoma o la conexión entre catastro y competencias locales y autonómicas o su vinculación con
determinados impuestos que recaudan y gestionan las propias comunidades autónomas. En definitiva, nuestras enmiendas persiguen descentralizar la gestión para mejorar el servicio a los ciudadanos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo comienza por defender la única enmienda viva que ha traído al trámite de pleno, la número 19, que solicita, como acaba de decir también en otro aspecto que nosotros vamos a apoyar el portavoz del Grupo Mixto, Bloque Nacionalista
Galego, que el Gobierno central pueda transferir mediante ley orgánica a las comunidades autónomas -siempre y cuando acrediten un avanzado grado de garantías en el sistema de información geográfica- las facultades correspondientes a la formación,
conservación, renovación, revisión y demás funciones inherentes al catastro inmobiliario, fundamentalmente teniendo en cuenta la peculiaridad del hecho insular, donde este catastro no se refleja en un territorio homogéneo como puede ser cualquier
provincia o ámbito de comunidad autónoma en el territorio peninsular; solamente en relación con el hecho insular estaríamos en las mismas condiciones que Baleares para tener la peculiaridad del catastro territorialmente considerado. Nos remitimos,
en un respeto constitucional absoluto, a las conversaciones pertinentes con las comunidades autónomas que cumplan esos requisitos de garantías -máxime hoy con el mundo de los ordenadores y de los sistemas centralizados de datos, compartidos en unas
partes y usados en todo el territorio estatal en otras por la Administración general del Estado-, para que también se puedan transferir estas cuestiones que nosotros entendemos puramente técnicas para esta utilización.
Dicho esto, mi grupo va a votar favorablemente, señora presidente, el contexto y el texto del resto del proyecto de ley porque entendemos lo siguiente. Se trata de un magnífico y buen texto de proyecto de ley del catastro público que viene
a continuar una línea que ya casi se pierde en la noche del siglo XIX cuando, con finalidades puramente fiscales -ese es el origen del catastro en España-, tenemos la Ley de 1906, que debía ser de alguno de los gobiernos de don Segismundo Moret, por
la que el Ministerio de Hacienda introduce ya la necesidad de realizar un catastro con unos fines unitarios del Estado. Después llegamos a la Ley 39/1988, en la que, dentro de un contexto y un escenario fiscal, se hace también una disciplina del
catastro. Llegamos a la realidad actual con una serie de acumulaciones que hemos tenido en los últimos años, vía de leyes fiscales, vía de leyes de acompañamiento, para que el impuesto de bienes inmuebles siguiera manteniendo unos cauces de
racionalidad y de transparencia, y con algo que hay que destacar de la exposición de motivos de este proyecto de ley, que no solamente ya el catastro es de una utilidad y finalidad única fiscal, sino
que es utilizado también por una serie de administraciones públicas como un dato de análisis sociológico, de análisis de estructura de la propiedad, de la dimensión de la propiedad inmobiliaria, que está al servicio no solamente de los
organismos públicos, sino del sistema privado. La sociedad civil tiene derecho a conocer para cualquiera de sus actuaciones legales -de conocimiento, de estudio, de análisis, de prospección de mercados- un hecho catastral que está ahí; es un
documento público generalizado de gran utilidad para una sociedad dinámica.
Entendemos que esto se recoge en el texto completo de la ley, y de ahí que mi grupo vea con plena satisfacción y comodidad que se va a disponer ya a partir del año 2003 de
un instrumento catastral acorde con la modernización y la utilización, tanto fiscal como pública y privada, para cualesquiera otras actividades analíticas de la propiedad en la sociedad española y que nos pongan al rango de cualquier país que tenga
ya este asunto plenamente legalizado y justificado en sus procedimientos democráticos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, en su día mi grupo parlamentario presentó una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley, si bien, por el funcionamiento hogareño que a veces siguen los grupos y a petición de una
inmensa mayoría, se retiró, por mor del calendario de funcionamiento. Sin embargo, seguimos manteniendo los mismos criterios que en su día nos llevaron a presentar la enmienda a la totalidad, y el primero de ellos es entender que si bien en estos
momentos estamos discutiendo un proyecto de ley que a nuestro entender debiera haber sido mucho más ambicioso, más amplio y debería estar mejor articulado, por supuesto mejor negociado, etcétera, lo lógico es que un apartado que tiene una relación
importante con todo lo anterior no se discutiera casi al mismo tiempo desgajado del proyecto anterior.
Señorías, las técnicas legislativas son las que son y hay distintas posiciones y distintas escuelas, pero tendrán ustedes que convenir conmigo en que cuando se hacen leyes -todas las leyes son para los ciudadanos y ciudadanas,
indiscutiblemente, o para sectores o para grupos- que van a tener que ser utilizadas -independientemente de los servicios de información que monte cada ayuntamiento u otras asociaciones o instituciones-, leídas e interpretadas por el ciudadano para
saber cómo le van a afectar, cuáles son sus derechos, etcétera, debemos ser muy cuidadosos en no buscar dispersiones legales sino, muy al contrario, intentar que haya un solo cuerpo asequible a los ciudadanos y ciudadanas para que entiendan cuáles
son sus obligaciones y sus derechos en un momento determinado, y no estén al socaire de algún que otro vivillo o vivilla. Por tanto, sirvan estas primeras palabras de rechazo por no haberse introducido en un mismo cuerpo, en una misma ley, que es
la ley de haciendas locales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gaste Mirón, ocupa la presidencia.)
También pedimos en su día la devolución del proyecto por entender que en él se introducen medidas que, aunque interesantes en algunos casos -no lo negamos-, la importante complejidad y los numerosos recursos humanos, técnicos y materiales
necesarios para llevarlas a cabo las harían inviables, máxime, señorías, cuando adicionalmente se adoptan otras normas por las que, por ejemplo, se define el carácter de bien inmueble rústico o urbano dependiendo de la naturaleza del suelo y por las
que la definición de suelo de naturaleza urbana que propone el proyecto de ley hace que desaparezcan dos supuestos de suelo urbano: uno, los ocupados por construcciones de tipología urbana en suelo no urbanizable y, dos, los fraccionados, en contra
de lo dispuesto en la legislación agraria.
Puesto que ahora es suelo rústico todo aquel que no entre en la categoría, por tanto, en ese momento todo lo que no entre en la categoría urbana se tiene que considerar en este sentido fuera del IBI, del
catastro inmobiliario. También desaparecen como suelo inmuebles urbanos cuando estén enclavados en suelo no urbanizable y cuando las edificaciones e instalaciones de toda clase no estén vinculadas a usos agrarios. Es un tema muy grave, señorías,
para las finanzas municipales porque se excluirían del pago del IBI urbano las parcelaciones ilegales, algunas incluso ya dadas de alta en el impuesto y tributando actualmente, así como innumerables industrias y naves situadas en suelo no
urbanizable.
Mantenemos vivas una serie de enmiendas, aparte de las de carácter meramente técnico y aclaratorio, que vienen a demandar, en primer lugar, la existencia de una mayor transparencia por parte de las administraciones responsables, en especial
en el proceso de ponencia de valores, y una mayor información hacia los ciudadanos y ciudadanas, teniendo en cuenta para ello la posible utilización de los modernos medios tecnológicos, ganando con ello inmediatez en el acceso del ciudadano y
administrado a la información en poder de las administraciones públicas. En segundo lugar, demandamos la existencia de partidas presupuestarias y recursos materiales y humanos suficientes para poder sufragar los gastos y las dificultades que pueda
originar a los entes locales la puesta en marcha de las medidas adoptadas por esta ley, máxime cuando en principio la financiación de los ayuntamientos -ustedes lo saben tan bien como yo- es escasa, tema que aún se encuentra abierto políticamente.
En tercer lugar pedimos que se añadan otros inmuebles a los de tipo especial, como estaciones de ferrocarril, estaciones de transporte por carretera y concesiones y explotaciones mineras, al
entender que estas infraestructuras deberían recibir el mismo trato que las recogidas en el texto del proyecto. En cuarto lugar intentamos racionalizar la norma existente respecto a los requisitos a cubrir para que los miembros de una
comunidad de bienes puedan registrar la participación que tienen en la misma en el catastro inmobiliario, al ser casi imposible la votación unánime en casos, por ejemplo, de ampliación o de modificación. En quinto lugar planteamos la ampliación de
15 a 30 días del plazo de formulación de alegaciones a las revisiones catastrales producidas, al entender que el plazo de quince días es escaso. En sexto lugar exigimos que la Dirección General del Catastro colabore y coopere con las comunidades
autónomas y las corporaciones locales en el desarrollo de su función en materia de ponencia y que estas sean informadas por la Dirección General del Catastro de las ponencias de valores totales y parciales. En séptimo lugar solicitamos que, de
forma previa a la remisión del proyecto de Presupuestos Generales del Estado a las Cortes Generales, el Ministerio de Hacienda informe a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales de los coeficientes de actualización catastral en el
seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asimismo, solicitamos que se otorgue un trámite de audiencia previa tanto a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, a través de sus organizaciones representativas, afectadas por las
modificaciones en la valoración catastral. En octavo lugar solicitamos que el Ministerio de Hacienda remita anualmente un informe al Congreso de los Diputados sobre la aplicación de esta ley al menos en las siguientes materias: la evolución de los
valores catastrales; los ingresos públicos procedentes de la tributación sobre el catastro y la distribución territorial de los mismos. En noveno lugar, y con el fin de facilitar a los administrados la realización del conjunto de obligaciones y
procedimientos que implica esta ley, solicitamos que el Ministerio de Hacienda, a través de los medios que estime oportunos, ponga a disposición de los administrados una red de oficinas de información y orientación administrativa en materia de
catastro.
Por encima de todo, señorías, tengo que decir que hemos perdido la ocasión no sólo de hacer una buena ley de haciendas locales - lo que habrá que discutir en otro lado- sino, indiscutiblemente, de haber estudiado esta ley del catastro, de
haberla modificado, de haberla mejorado o no, dentro del proyecto de ley de haciendas locales.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado seis enmiendas al proyecto de ley de regulación del catastro inmobiliario.
Todas las enmiendas de mi
grupo tienen una idéntica finalidad, todas inciden en el ámbito competencial y ninguna de ellas prosperó en la Comisión y nos tememos que ninguna de ellas va a prosperar tampoco hoy en este debate ante el Pleno.
Nosotros hacemos, señorías, un planteamiento competencial distinto.
Convergència i Unió considera que podrían ser objeto de transferencia o delegación a las comunidades autónomas que así lo solicitaran competencias relativas a la formación
y mantenimiento del catastro inmobiliario, la elaboración de las ponencias de valores, la competencia para la difusión de la información catastral, las funciones de valoración colectiva de bienes inmuebles, la competencia de inspección y la de
elaboración de la cartografía catastral. Son competencias que, incluso enlazando con nuestro planteamiento de Administración única, podrían ser objeto de transferencia, permitiendo su gestión a las comunidades autónomas y estableciendo cauces de
participación tanto de las entidades locales como de las corporaciones públicas pertenecientes al respectivo ámbito territorial. Entendemos que este planteamiento competencial que realiza Convergència i Unió tiene directa relación con la
competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de planificación del territorio. El catastro tiene una incidencia directa en esa planificación del territorio y en otro aspecto crucial, que es la gestión que ya están realizando las
comunidades autónomas de tributos cedidos que después recaen sobre bienes inmuebles que también tienen una relación directa con la valoración y con las modificaciones catastrales. Este planteamiento competencial de mi grupo nos llevaría, de no
prosperar nuestras enmiendas, a votar simbólicamente en contra de algunos preceptos de este proyecto de ley que entendemos que guardan relación directa con el planteamiento competencial contrario al que defiende Convergència i Unió porque el
proyecto parte de la base de atribuir a la Administración General del Estado la competencia del catastro, cuando todos sabemos que las leyes ordinarias no atribuyen competencias, pues estas se atribuyen a través del bloque de constitucionalidad y
esta no es una ley que pertenezca a este bloque. Sin embargo, en su artículo 1, apartado 4, incide en la atribución de esta competencia y dice que es exclusiva del Estado, cuando el establecimiento de esta atribución competencial no corresponde a
esta ley. Por esa razón, para que quede constancia de esta distinta posición competencial, mi grupo va a votar en contra del apartado 4 del artículo 1, del artículo 14 y de la disposición transitoria primera, ya que son ejemplos de un planteamiento
competencial que no compartimos. Sin embargo, votaremos a favor del resto del dictamen que hoy se nos
presenta porque se refiere a aspectos de regulación del catastro que no inciden tan directamente en las competencias. Repito, mi grupo hace este planteamiento para que se posibilite que no sea siempre la Administración General del Estado la
que gestione directamente el catastro y que se pueda delegar esa gestión a través de las comunidades autónomas, con la participación de las corporaciones locales y de las corporaciones públicas del correspondiente ámbito territorial.
Mi grupo lamenta no haber podido llegar a ese punto de acuerdo. Queda el Senado, Cámara de representación territorial, en la que quizá se podría dar un paso adelante hacia el planteamiento de una competencia cuya gestión entendemos que
podría corresponder a aquellas comunidades autónomas que así lo solicitasen. Por tanto, en este momento queda fijada la posición de mi grupo.
Para finalizar, señora presidenta, señorías, avanzo ya que mi grupo también votará a favor de otras enmiendas de grupos distintos que realizan un planteamiento competencial que, aunque no es idéntico al de Convergència i Unió, en el fondo
busca la misma finalidad.
Nada más, señora presidenta, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a este proyecto de ley del catastro inmobiliario mantenemos en este debate en el Pleno las ocho enmiendas que presentamos al mismo y que defendí en Comisión, al descartar -como también expliqué en comisión- presentar una enmienda
de totalidad, lo que fue reconocido públicamente en Comisión -y espero que hoy haga lo mismo el señor Ortiz-, porque, como le dije entonces y le digo ahora, el Grupo Parlamentario Socialista realiza una oposición seria, de alternativas y muy
diferente de la que a veces nos quieren atribuir. Por eso no presentamos aquella enmienda de totalidad.
El presente proyecto de ley, como indican su exposición de motivos y su memoria, pretende recoger en un texto parte de la actual normativa dispersa, atender a diversas sentencias de los tribunales y a algunas -sólo a algunas- peticiones de
los ayuntamientos en orden a adquirir un mayor protagonismo en la gestión del catastro. El protagonismo y la competencia, en relación con el catastro, representan, como se está viendo en el debate parlamentario de esta mañana y se vio el pasado
martes en esta Cámara y en la Comisión, las claves de la discusión política de este proyecto de ley, más que otras cuestiones de carácter puramente técnico. En las comunidades autónomas algunas formaciones nacionalistas reclaman competencias sobre
esta materia -nos pronunciamos sobre ello el pasado martes-, pero también los ayuntamientos reclaman para sí un papel más activo y más importante en la gestión y el mantenimiento del catastro. En este tema central y crucial del proyecto -lo dije en
Comisión y lo digo ahora- coincidimos básicamente con el texto, al considerar el catastro inmobiliario como un registro administrativo dependiente, a todos los efectos y con todas las consecuencias, del Ministerio de Hacienda. Pero también
coincidimos en que existe una gran relación, y debe haberla, del catastro con las comunidades autónomas, sobre todo con las corporaciones locales, en la medida en que el catastro de las propiedades, sus valores, su descripción, además de tener una
gran importancia para la economía estatal, para los impuestos estatales, para los arrendamientos, como dice el profesor Guillem Sánchez, es una institución necesaria para el funcionamiento de la sociedad ya que permite conocer cuál es la situación
de los bienes, cómo se planifican servicios y cómo y de qué manera se confeccionan censos y estadísticas. El catastro está íntimamente ligado a los tributos locales, al IBI y, en definitiva, a los ayuntamientos. Es cierto que hoy, en el marco
actual y también en el proyecto, encontramos suficientes engarces entre el catastro y los ayuntamientos, cuando se habla de la colaboración en la valoración, la inspección y la gestión del propio catastro; de la incorporación de los bienes a través
de las comunicaciones municipales, de la referencia expresa en el artículo 7.5, según el cual la Dirección General del Catastro podrá llevar a cabo actuaciones de inspección conjunta en los ayuntamientos a petición de estos, o el artículo 9, que
dice que las ponencias de valores se someterán a informe del ayuntamiento interesado.
Por todas estas razones, como dije entonces y digo ahora, no presentamos una enmienda de totalidad. Pero también quiero que quede claro en el 'Diario de Sesiones' que, en primer lugar, este proyecto de ley, que quizá ha dado multitud de
bandazos de ubicación, se ha elaborado, como otros tan importantes como este o más, al margen de las corporaciones locales. Es decir, se ha realizado, como la ley de haciendas locales en su primer recorrido, sin el consenso de aquellos a los que,
según la exposición de motivos, se quiere dar protagonismo, es decir, los ayuntamientos. En segundo lugar, el presente proyecto de ley, a pesar de lo que dice, no recoge una parte nuclear de una normativa anterior que nos parece muy importante,
como es el Real Decreto 1020/1993, por el que se aprueban las normas técnicas de valoración, lo que hace que se termine facultando al Gobierno para hacer un texto refundido. Y les digo nuevamente lo que les dije en Comisión: ¡Ojo con hasta dónde
llega el Gobierno en esta refundición a la hora de elaborar un único texto! En tercer lugar, el presente proyecto, que efectivamente aporta pocas novedades, aplaza la entrada en vigor de lo único novedoso a los
años 2005 y 2006. Por último, creo que con la presente reforma se ha perdido una gran oportunidad para reflexionar al menos sobre los registros de la propiedad y el catastro y estudiar la posibilidad de que avancemos hacia un único registro
de la propiedad inmobiliaria, eliminando trámites burocráticos y costes innecesarios al acceso a la propiedad, ahora que se habla tanto del coste de la vivienda.
Volviendo a las enmiendas parciales, queremos mejorar la relación entre el catastro y los ayuntamientos facilitando aún más el acceso de estos a la información y a la toma de decisiones. En este sentido hemos propuesto, al margen de la
alternativa a la adicional cuarta, la creación de un consejo catastral integrado por representantes de las tres administraciones, no sólo de dos, con el fin de acordar los criterios generales a la hora de fijar los valores y las ponencias
respectivas y favorecer una mayor coordinación y coherencia en todo el territorio nacional. Este consejo sería además el encargado de potenciar la delegación de determinadas actuaciones en materia catastral a los municipios o comunidades autónomas
que pudieran desempeñarlas con eficacia, teniendo muy claro, como decía al principio, que la competencia básica y la máxima responsabilidad es de la Hacienda estatal.
No son estas que acabo de citar las funciones que quiere atribuir el Gobierno a la nueva comisión técnica de cooperación catastral, que vemos más como un órgano de estudio que de realización de políticas prácticas -es la interpretación que
nosotros tenemos, señor Ortiz-; además, su composición quizá no nos parezca la más acertada porque no se puede cerrar en una ley como la actual la posibilidad de que pudieran existir -no digo que existan- otras fórmulas u otras asociaciones
representativas de las corporaciones locales. Es verdad que ahora existe la Federación de Municipios y Provincias, pero yo no sé, señor Ortiz, si cuando ganemos las próximas elecciones y tengamos mayoría en la FEMP, a ustedes les va a dar por crear
otra asociación. Pues no podrían entrar en este consejo porque se habla de una sola. Si sólo hay una, habrá solamente una; si hay varias, se entrará en función de la representatividad que las mismas tengan.
Dicho esto, lo más importante y lo que más nos preocupa, como le dije en Comisión, es la discrecionalidad que desde nuestro punto de vista el artículo 14 da al Gobierno para actualizar, por vía de los impuestos y con coeficientes distintos
en función de los distintos usos de los inmuebles, la evolución de los valores catastrales, en directa connivencia y en relación con la ley de haciendas locales, en la que se faculta a los ayuntamientos a aplicar diferentes tipos de IBI, que
posiblemente sean los que a medio y largo plazo, y en función de lo que quiera el Gobierno, sustituyan al IAE. Con esta redacción, el año que viene nos podríamos encontrar con que la Ley de presupuestos decide que los valores de uso industrial
suben el 5 por ciento, los comerciales, el 6 por ciento y los de características especiales, el 1 por ciento, porque lo facultaría la ley de acuerdo con esto. No nos parece correcto. Pero si esto no fuera suficiente, el artículo 14 también
habilita a la Ley de presupuestos a fijar coeficientes de actualización distintos por grupos de municipios en función de su dinámica inmobiliaria. Como ya le pregunté entonces, ¿es este un criterio objetivo? ¿Los municipios del litoral, los del
entorno de Madrid, los que hayan recibido mucho, los que hayan recibido poco, los que tengan alcaldes que sean rubios, cuáles son los criterios objetivos? Deslegalizar en materia fiscal y dejar demasiadas puertas abiertas, desde nuestro punto de
vista, no es bueno, y además esta previsión legal es contradictoria con la filosofía básica del proyecto, que es tener una unidad en la gestión catastral, respondiendo sólo de una administración. Sin embargo, la ley establece que haya diferentes
evoluciones de valores catastrales en función de la decisión que, eso sí, ha tomado el Gobierno central, no las corporaciones locales ni las comunidades autónomas, como pretenden algunas formaciones de carácter nacionalista. Esta previsión legal de
deslegalización no nos parece oportuna, como le decía en Comisión. Lo que los ayuntamientos necesitan no son imposiciones como la que pretende establecer el artículo 14, sin tener en cuenta sus vicisitudes y sus planteamientos, sino colaboración,
participación, agilidad y compensaciones económicas cuando no pueden cobrar vía IBI cantidades que han prescrito porque no se han llegado a incorporar a los padrones por la lentitud de la Administración central.
En definitiva, lo que queremos, como decía al principio, es que lo nuevo de la ley, las valoraciones y los nuevos bienes inmuebles de características especiales entren en vigor cuanto antes, y no en los años 2005 y 2006. Si, como dicen
ustedes, el proyecto es urgente y como tal se está tramitando, sean ustedes un poco coherentes con lo que justifican en la presentación y en la urgencia de este proyecto aprobando las enmiendas que presentamos, porque son serias, congruentes y
coherentes no sólo con lo que piensa el Partido Socialista sino con lo que piensan también los ayuntamientos españoles.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
¿Grupos que desean intervenir para fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ortíz.
El señor ORTÍZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, la posición de mi grupo, como es una obviedad, es favorable a la aprobación del proyecto y contraria a las enmiendas presentadas.
El catastro inmobiliario es una de las instituciones más vinculadas a la evolución de nuestra Hacienda,
como se ha subrayado, desde los primeros tiempos del marqués de la Ensenada hasta los proyectos y realidades de Mon y Fernández Villaverde, la hasta hace poco tiempo en vigor ley de 1906 y el texto de 18 de diciembre de 1988, de regulación
de las haciendas locales. Pero esta vinculación a las haciendas locales y a su sistema de tributación no significa que el catastro esté tan sólo al servicio de la fiscalidad local o territorial, sino que, como registro administrativo o, mejor
dicho, como infraestructura informativa de carácter y de ámbito territorial, está en conexión y al servicio de múltiples actividades públicas y privadas. Por esa razón, señores de Izquierda Unida, señor Rejón en concreto, no es claro ni forzoso que
deba haber un solo cuerpo legal, como decía en su nonata enmienda a la totalidad y ha reiterado ahora. Antes al contrario, esa afirmación la refuta la historia ya que el catastro ha sido objeto de una normativa específica autónoma e independiente,
sin perjuicio de su obvia vinculación, porque está en la naturaleza de las cosas, con las haciendas locales. Por consiguiente, no es forzoso, aunque no sé si sería mejor o peor. En este caso entiendo que es mejor que una nueva ley que exige,
moderniza y da eficiencia a este instrumento que es el catastro sea una normativa autónoma e independiente.
En este proyecto el catastro acentúa claramente -y esto es enormemente favorable y positivo- el desarrollo de los principios de generalidad y justicia tributaria y su capacidad, como plantea la exposición de motivos, para facilitar la
asignación equitativa de los recursos y cargas de carácter público. Por tanto, está clara su conexión con la Hacienda general y su condición de competencia exclusiva -ahí no tengo más remedio que recordar las enmiendas del Bloque Nacionalista
Galego y de Convergència i Unió- sobre la base del artículo 149.1.14 de la Constitución y la bien conocida sentencia del 16 de diciembre de 1999, que es inequívoca al respecto frente a cualquier deseo de descentralización o delegación en las
comunidades autónomas, que, por otra parte, como luego veremos, están claramente presentes en los organismos que se arbitran en la ley.
La regulación del proyecto es a nuestro juicio positiva y novedosa en varios aspectos. En primer lugar, en el propósito de sistematizar que culmina en la disposición final segunda, que mandata o autoriza al Gobierno para la elaboración de
un texto refundido, insistiendo en la aclaración y armonización. En este punto aseguro al portavoz del Grupo Socialista que el Gobierno del Partido Popular no incurrirá en lo que los juristas llamamos en la jerga de los textos refundidos un
fenómeno ultra vires, es decir, que no iremos más allá de la autorización que comporte la refundición. El proyecto es novedoso en la regulación de los procedimientos de incorporación de los bienes inmuebles, dando un paso importante respecto a dos
concordancias: la primera, entre el catastro y la realidad física, fáctica o extrarregistral, si se quiere, y la segunda, el viejo tema de la concordancia entre el catastro y el registro de la propiedad. Lo es también en la regulación del valor
catastral, que ahora se llama descripción catastral de los aspectos físico, gráfico, económico y jurídico. En el mayor protagonismo de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas, y esto lo ha reconocido el señor Martínez Sanjuán y lo celebro,
principalmente en la regulación de los procedimientos de valoración colectiva de inmuebles urbanos y rústicos.
En la presunción de veracidad, naturalmente por el carácter de presunción iuris tantum de la información catastral. En la continuidad de
la posibilidad de recurrir los actos administrativos del catastro. Y en algo que para alguien que tiene afición a este tipo de temas es importante, en la definición y en la adecuación de la Ley del catastro, en la definición y en la clasificación
del suelo rústico y urbano, a los principios y a los criterios de la Ley del suelo, de la ley de 13 de abril de 1998, no obstante las vicisitudes que sufrió esta ley y que ha sufrido después.
Paso a las enmiendas. Celebro que las propuestas o las ideas del Grupo de Izquierda Unida no acabaran en una enmienda a la totalidad, porque la verdad es que con el Reglamento del Congreso en la mano no había lugar a ello; había lugar a
enmiendas concretas. Les recuerdo que el artículo 110.3 dice: Serán enmiendas a la totalidad las que versen sobre la oportunidad, los principios o el espíritu del proyecto y postulen la devolución de aquél al Gobierno o las que propongan un texto
alternativo.
Estábamos entonces ante la posibilidad de enmiendas concretas y nunca de una enmienda a la totalidad. En este orden de cosas y pasando a la valoración del conjunto de las enmiendas, quiero, aunque pueda parecer extraño, felicitar al
Grupo Socialista por dos cosas. La primera por no haber presentado enmienda a la totalidad, porque, como he explicado, no procedía según el texto reglamentario del artículo 110 y, la segunda, por no haber planteado el tema competencial, que sí lo
han hecho, en una especie de curioso contagio de los grupos nacionalistas de la Cámara, tanto el Grupo de Convergència i Unió como el Bloque Nacionalista Galego.
Voy a referirme a las enmiendas concretas, dejando para después el tema competencial. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) El Grupo Socialista hace una serie de planteamientos que van en la línea de la creación de un consejo
catastral. La enmienda se considera innecesaria porque están ya el consejo superior de propiedad inmobiliaria, las comisiones superiores de coordinación inmobiliaria y finalmente la comisión técnica de cooperación catastral, como organismos que
diseñan el proyecto de ley y donde estarán presentes las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En otra enmienda que han considerado importante revelan no haber entendido el artículo 14 del proyecto, porque ese artículo en ningún caso habilita
para la fijación de tipos incrementados para los inmuebles de determinados
municipios, sino que se refiere a la autorización para establecer un mecanismo de coeficientes actualizados en los Presupuestos Generales del Estado. Al mismo tiempo se permite la diferenciación de estos coeficientes por grupos de
municipios en función de su dinámica inmobiliaria. Señor Martínez Sanjuán, no en función del color político, no en función del capricho. Y que haya un coeficiente general de actualización y luego haya coeficientes específicos no contradice la
unidad del catastro, como S.S. ha invocado. La enmienda al artículo 15 nos parece innecesaria, porque la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, concretamente en su artículo 45, establece
el acceso de las administraciones de carácter público al catastro y dicho acceso, como es obvio en los tiempos en que vivimos, se hace a través de medios telemáticos.
Participación de otro tipo de asociaciones. Quiero primero decirle de paso al señor Martínez Sanjuán que está por ver si ustedes van a ganar alguna vez, como sigan así. (El señor Martínez Sanjuán: ¡Sí vamos a ganar!) Algún día llegará,
eso es la democracia, pero yo le barrunto muchos años de tiempo. (El señor Martínez Sanjuán: No, no.) Vuelvo al texto de la enmienda sobre la participación de las asociaciones de entidades locales de ámbito nacional de mayor implantación. Creemos
que está suficientemente garantizada la ejecución de las cuestiones atribuidas a la Comisión técnica de cooperación catastral. En cuanto a la urgencia, como ya discutimos en Comisión, dada la entrada en vigor de la Ley reguladora de las haciendas
locales en plazo breve, es necesario la entrada en vigor del catastro con carácter simultáneo. Esta y no otra es la razón de la urgencia.
En el tema competencial me refiero a las enmiendas presentadas por Convergència i Unió, por el Grupo de Coalición Canaria, en relación con el artículo 150.2 de la Constitución, y por el Bloque Nacionalista Galego, en el ámbito del Grupo
Mixto. Quiero decir, sobre las referencias que ha hecho el señor Jané a la planificación territorial, que el catastro no es más que una fotografía de la realidad. La comunidad autónoma puede tener la planificación territorial que tenga a bien
sobre la base de esa fotografía que es el hecho objetivo. La fotografía no cambia la competencia de planificación territorial que la Comunidad Autónoma catalana dice que tiene y que es seguro que tiene. En cuanto a la referencia que ha hecho al
bloque de constitucionalidad, no tengo más que reiterar el contenido de la sentencia de 16 de diciembre de 1999.
Hasta ahora, en algunos casos para desgracia, el Tribunal Constitucional es el interprete exclusivo de la Constitución y la sentencia
es absolutamente concluyente. Entiende que se debe incardinar, por el artículo 149.1.14, como competencia exclusiva del Estado. Por tanto, no hay duda ni cabe la delegación, que por otra parte fue rechazada en el debate que hubo el pasado martes,
a la proposición de ley del Grupo Mixto. Esto no tiene que ver con la participación en la gestión catastral de las comunidades autónomas en los numerosos órganos colegiados que se diseñan en el proyecto: el consejo superior de propiedad
inmobiliaria, las comisiones superiores de coordinación inmobiliaria rústica y urbana; y, de ámbito regional, las juntas técnicas territoriales de coordinación inmobiliaria y los consejos territoriales de la propiedad inmobiliaria.
El acceso a la
base de datos del catastro es algo que ya está funcionando. Finalmente la participación en los trabajos catastrales a través de convenios es una realidad práctica y cotidiana. No vamos a aceptar las enmiendas que tienen que ver con planteamientos
de tipo competencial.
En cuanto a otras enmiendas de Izquierda Unida, ya nos hemos referido a aquella en la que se postulaba un solo cuerpo legal y del resto, y termino, señora presidenta, tengo que decir que son interesantes, atractivas, pero la mayor parte son
innecesarias, redundantes o de detalle reglamentario. Por ejemplo, se sugiere que se diga administraciones de carácter público con competencia tributaria y fiscal; esto va de soi. O la palabra administrados al lado de ciudadanos; también. O la
necesidad de que haya transparencia en la notificación.
Esto va de soi por la aplicación de la Ley de régimen jurídico de la Administración del Estado. Por tanto, vamos a rechazar, no obstante la simpatía por algún aspecto muy concreto, las
enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida.
En definitiva, señora presidenta, nuestro voto es favorable a la aprobación del proyecto, contrario a las enmiendas y pensamos que con este proyecto de ley del catastro se aprobará una buena ley y ganará la institución en modernidad y en
eficacia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
AVOCACIÓN POR EL PLENO
- DEL PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL. (Número de expediente 121/000111.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar la votación del dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de catastro inmobiliario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara
la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000114.) (Continuación.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley del catastro inmobiliario. En primer lugar, de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, las firmadas por el señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, siete; en contra, 164; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 25; en contra, 163; abstenciones, 97.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 17; en contra, 167; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 3, 4, 15, 16, 21 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 122; en contra, 164; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 104; en contra, 167; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 23; en contra, 165; abstenciones, 97.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 105; en contra, 167; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, votamos el artículo 1, apartado 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 165; en contra, 121; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el artículo 14 y la disposición transitoria primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 166; en contra, 118; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 278; en contra, seis; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
INFORME ANUAL SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS RELATIVO A LA DECLARACIÓN DEFINITIVA SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 1999 Y RESOLUCIÓN ADOPTADA POR LA MISMA. (Número de expediente 250/000010)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día, informe anual sobre la Cuenta General del Estado. Dictamen de la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas relativo a la declaración definitiva sobre la Cuenta General
del Estado del ejercicio 1999 y resolución adoptada por la misma. (Pausa.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan sin obstruir los pasillos.
Para la defensa del dictamen de la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, tiene la palabra la señora Ruiz. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, paso a defender la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 1999 y la resolución que sobre la misma adoptó la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en su sesión del pasado día
19 de noviembre.
Comenzaré recogiendo, en palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señora Costa, tal y como figura en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión, la afirmación que ella hace, que creo que comparten todos los grupos políticos y
por supuesto este grupo parlamentario, del avance que supone esta nueva cuenta general en relación con las anteriores para conocer mejor las cuentas financieras de las administraciones públicas, empresas públicas y de las fundaciones, que se
aproxima más que en los casos precedentes a ser un fiel reflejo de lo que ha ocurrido y permite además ofrecer información respecto a la ejecución y liquidación de los presupuestos, tema sustancial en el control de las cuentas financieras de las
administraciones, empresas públicas y fundaciones. Y ello es así porque por primera vez la cuenta general presenta la nueva estructura que estableció la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, a resultas de la moción 279, del Tribunal de Cuentas, y que
por tanto se presenta integrada por la cuenta general de las administraciones públicas estatales, la cuenta general de las empresas estatales y de las fundaciones de competencia o titularidad pública estatal.
El Tribunal de Cuentas y esta Cámara han podido contrastar y tener a su disposición más de 360 cuentas, frente a las 64 que contenía la cuenta general de 1998. Señorías, el esfuerzo que la Intervención General de la Administración del
Estado ha hecho está fuera de toda discusión. La voluntad por parte del Gobierno de facilitar la máxima transparencia de información ha quedado igualmente demostrada. ¿Se podría afirmar acaso que esto no es así después de poder contrastar datos de
más de 201 cuentas de sociedades mercantiles, 13 más de entidades públicas empresariales, 28 de entidades de derecho público y 25 fundaciones, además de la propia cuenta general de la Administración del Estado y de la Seguridad Social? Este grupo
parlamentario cree que si tal afirmación se produjera aquí no podría sostenerse de ninguna forma. La cuenta general del ejercicio 1999 se rindió al Tribunal el día 26 de septiembre de 2000, dentro del plazo legalmente establecido. ¿Qué es lo que
refleja esta cuenta general? En palabras del propio presidente del Tribunal de Cuentas, que constan igualmente en el 'Diario de Sesiones', que hay una mayor transparencia y representatividad y que la cuenta hoy está camino de abarcar todo el sector
público estatal. Pero hay fallos y se detecta la necesidad de que se vaya caminando más a una consolidación del sector público. ¿En qué consisten estos fallos? En el hecho de repetir y no hacer eliminaciones que limitan la representatividad.
¿Quién debe corregir esta situación? La Intervención General del Estado, en palabras del propio presidente del Tribunal. Y las dificultades que pueda encontrarse debe resolverlas igualmente la Intervención General del Estado.
Pues bien, señorías, ¿con qué instrumentos ha contado la Intervención General del Estado para poder elaborar esta cuenta general? He dicho hace unos instantes que partió de la moción 279, del Tribunal de Cuentas, aprobada en Comisión. Pero
en esa moción no se definía la manera. La Ley 50/1998, que acabo de nombrar, también reflejaba que debiera rendirse la cuenta general en los términos que he dicho y hay una orden ministerial de 12 de diciembre de 2000 que, al igual que los
artículos 132 y siguientes de la Ley general presupuestaria, define cuál es el contenido de esa cuenta. Con esos instrumentos tenemos que, en la práctica, en esta cuenta la Administración general del Estado, sus organismos autónomos más la
Seguridad Social, todos ellos, se rigen por la contabilidad pública.
Las 201 sociedades mercantiles, entidades públicas, 28 entidades de derecho público, fundaciones, etcétera, por las normas contables del sector privado. Por tanto existe una
dificultad a la hora de cuadrar y consolidar esas cuentas por esas diferentes normativas por las que se rige cada una de ellas. Una de las matizaciones que hace el Tribunal y que también recoge algún grupo parlamentario es la necesidad de que no se
siga el criterio de agregación de cuentas individuales sino que se presenten consolidadas. ¿Por qué se utilizó por la Intervención General del Estado este criterio de agregación de cuentas individuales? Señorías, en primer lugar, porque es legal y
la ley prevé este sistema, como señala asimismo el Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, porque entre rendir y facilitar, tanto al Tribunal como a este Parlamento, el mayor número de cuentas o no hacerlo escudándose en problemas técnicos de
conformación y ajustes -que existen e incluso podrían hacer que no se pudiera rendir la cuenta en los plazos fijados-, la Intervención General ha optado por la posibilidad de agregar cuentas individuales, en aras, como digo, a la mayor transparencia
e información, realidad que no tiene alegación posible. ¿Que es deseable que caminemos hacia la consolidación? Efectivamente, pero teniendo presente que la consolidación de las cuentas de todas las sociedades mercantiles, fundaciones
y empresas es algo novedoso, que requiere ajustes, que requiere que se hagan modificaciones que faciliten técnicamente poder irlas consolidando a un nivel mayor y, en cualquier caso, repito que tener toda esa información sin duda facilita,
como se ha reconocido por los grupos parlamentarios, la labor de seguimiento y de conocimiento de las cuentas de un gran número de sociedades y empresas públicas.
El Tribunal de Cuentas también incide en la necesidad de ampliar el contenido de la memoria, extremo en el que este grupo parlamentario está de acuerdo, ya que permitiría explicar determinados aspectos que salieron a la luz en el debate en
Comisión. Efectivamente, una ampliación de la memoria permitiría tener mayores posibilidades a la hora de entender los datos y, al mismo tiempo, conocer por qué se han realizado determinados ajustes, modificaciones de crédito, etcétera.
De acuerdo con todas las apreciaciones y consideraciones que ha realizado el Tribunal de Cuentas, ¿cuál es el contenido de la resolución que hoy se somete a la aprobación de la Cámara? Un conjunto de medidas que se solicitan al Gobierno
para facilitar a la Intervención General la rendición de cuentas de todo el sector público en las mejores condiciones. ¿Qué medidas? Modificar la orden ministerial en el sentido de avanzar en el proceso de consolidación al nivel, como mínimo, de
los Presupuestos Generales del Estado consolidados y, en relación con estos, al nivel del estado de liquidación del presupuesto -por cierto, en la rendición de cuentas correspondiente al año 2001, que se acaba de presentar, a pesar de los problemas,
la Intervención General ya ha presentado esta cuenta a ese nivel de consolidación- y, al mismo tiempo, que las disposiciones transitorias de esta orden ministerial marquen un calendario de presentación de cuentas consolidadas de las distintas
administraciones públicas que sea mucho más fácil de realizar y que se desarrolle el artículo 136.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, especificando en qué supuestos va a ser de aplicación, porque, efectivamente, se habían
producido -y el Tribunal lo señala- problemas en la incorporación de determinadas cuentas con informes de auditorías desfavorables o con algún tipo de defecto formal. También se insta al Gobierno a que modifique la memoria y la amplíe en los
términos que acabo de decir y a que se analice, en lo que se refiere a las empresas públicas estatales, la posibilidad de que pueda formarse con las cuentas de los distintos grupos consolidables del sector público empresarial y, al mismo tiempo, que
analice el modelo de balance agregado de la cuenta de las empresas estatales en aras a conseguir que las partidas que se recojan en ellas sean más acordes con la reglamentación contable que les es de aplicación. Además, se recoge la solicitud al
Tribunal de Cuentas de instrucciones que, sobre la base de sus consideraciones y en aras a unificar criterios, posibiliten al máximo la consolidación en el sentido que se pretende de las cuentas del sector público. Es decir, que el Tribunal de
Cuentas puede, como órgano fiscalizador -ayudando además a la Intervención General-, facilitar algún tipo de instrucción de cómo conseguir y en qué medida debe hacerse este proceso de consolidación del sector público. Por otra parte, se incluyen
compromisos más allá de lo que la ley exige, como es el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, al objeto de que presente sus cuentas en el ámbito consolidado a pesar de no estar obligada a ello por no serle de aplicación las
normas del Código de Comercio, aunque la portavoz del Grupo Socialista y yo mantenemos cierta discrepancia sobre si efectivamente estaría obligada o no. Esta parte de la propuesta fue instada por el Grupo Socialista y admitida por este grupo
parlamentario. En el mismo sentido, también a instancia del Grupo Socialista y porque consideramos que, efectivamente, a las fundaciones debe exigírseles un nivel mayor de cumplimiento de la legislación actual y para distinguir aquellas que
realizan, además de sus actividades propias, otras de tipo mercantil, se pide que realicen en sus cuentas la necesaria distinción entre los ingresos y gastos que se producen por la explotación de la actividad propia de los originados por la
actividad mercantil. En Comisión tuvimos ocasión de debatir con más profundidad los contenidos de todas las propuestas de resolución planteadas por los grupos parlamentarios y me remito a lo allí manifestado, puesto que por problemas de tiempo es
imposible reproducirlo aquí.
Señorías, entiendo que esta cuenta general merece la aprobación de esta Cámara por el esfuerzo realizado para facilitar al máximo la información -aunque hay que mejorarla- y porque el contenido de la cuenta demuestra que el Gobierno ha
realizado una gestión de los recursos públicos correcta, sin sobresaltos. Efectivamente, con este volumen de más de 400 cuentas no todo es perfecto, y se asume y así se reconoce, pero está claro que, más allá de los apuntes contables, el Gobierno
afronta sus obligaciones de pago, es exigente en la recaudación de sus ingresos, paga lo que debe e invierte, las empresas públicas tienen una situación saneada y además provisiona de manera correcta para el futuro allí donde los ciudadanos pueden
necesitar más recursos, sobre todo en la Seguridad Social. Entendemos que hay cosas que mejorar, somos conscientes de ello, y que hay que incorporar un número mayor de cuentas. Algunas de ellas se presentaron al Tribunal de Cuentas pero fuera de
plazo, cuando se rindieron por las correspondientes empresas públicas, en un número de 65.
Hay que incorporar más fundaciones -algo en lo que hace hincapié el Tribunal de Cuentas-, falta todavía por agregar unas cuantas, pero es voluntad demostrada
del Gobierno y de este grupo parlamentario ir avanzando cada día más en este tema y consolidando más las cuentas del sector público, lo que además permitirá a SS.SS. conocer mejor la situación económico-financiera y patrimonial del conjunto que
conforma el sector público; un sector enorme y que tiene que ajustarse a
las distintas normas de sus contabilidades. Aún así, el Gobierno demuestra que existe voluntad por su parte de facilitar información y dar la máxima transparencia a su gestión.
Como he dicho, en la cuenta general del año 1998 existían 64 y se integraron 58. Este año se han presentado 459 al Tribunal de Cuentas de las que se han integrado 369. Como resumen del examen de la ejecución de los presupuestos de ingresos
y gastos se observa -y eso entendemos nosotros que pone de manifiesto el rigor del Gobierno en la gestión del presupuesto- que el resultado negativo previsto de 2,5 billones de pesetas se redujo a 455.000 millones y que el Tribunal de Cuentas
todavía lo reduce más, a algo más de 300.000 millones.
Hay una serie de temas que se debatieron en Comisión y sobre los que hacía especial hincapié la portavoz del Grupo Socialista. Por problemas de tiempo, no puedo incidir en cada uno de ellos. Eran cuestiones como modificaciones de créditos,
algún tipo de cuenta de las privatizaciones realizadas en ese año por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, provisiones de créditos de la Agencia Tributaria, el excedente de tesorería del GIF, etcétera. Como digo, todos estos temas
fueron comentados en la Comisión, a pesar de lo cual, si es posible y en la medida en que se incida en ellos, yo volveré a matizarlos en el turno de réplica.
Sí quiero hacer especial mención a una serie de afirmaciones que se hicieron en Comisión y que este grupo parlamentario entiende que no se pueden sostener de ninguna manera. No existe ni ha existido falsedad en los datos, no existe ningún
tipo de intención ni de ingeniería financiera -como se aludía en la Comisión-, tampoco maquillaje de las cuentas. La Intervención General ha rendido las cuentas perfecta y legalmente, como al mismo tiempo reconoce el presidente del Tribunal de
Cuentas en su informe y que consta en el 'Diario de Sesiones'. Parece que únicamente el Grupo Socialista ve este tipo de cosas en la cuenta general porque el resto de los grupos ha entendido y entiende perfectamente el esfuerzo que se ha realizado,
la mayor aportación, información y transparencia que comporta esta cuenta. Efectivamente, necesita todavía de ajustes, pero es que el volumen del sector público del Estado es enorme, la diferencia de actividades es enorme, las cuentas y los
asientos contables de unos y de otros son completamente diferentes y la Intervención General necesita que este Parlamento haga posible lo que la realidad hace a veces imposible: dar el margen suficiente y el tiempo necesario para que se puedan ir
perfectamente acomodando cada uno de esos aspectos y podamos en el futuro todavía tener más datos, más empresas con presupuestos consolidados y, como consecuencia de ello, que este Parlamento tenga, al igual que el Tribunal de Cuentas, más
información y mayor capacidad de control. Como S.S. reconocía también en esa Comisión, efectivamente esta cuenta general ha facilitado más que nunca el trabajo de los grupos parlamentarios. Con tiempo y en la medida en que estas propuestas se
aprueben y se den los márgenes necesarios para adecuar cada una de esas contabilidades, el compromiso del Gobierno y de este grupo parlamentario es que cada vez sea mayor esa transparencia, podamos conocer más datos y todos los grupos parlamentarios
de esta Cámara tengan un fiel reflejo de la situación del sector público estatal a todos los niveles, en el ámbito patrimonial, económico-financiero y presupuestario. Por tanto, la claridad y el compromiso están aquí; se ha mantenido, se ha
cumplido ya en la cuenta general de 1999...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Ruiz, le ruego concluya.
La señora RUIZ RUIZ: Voy terminando.
Sus señorías podrán comprobar cómo en los siguientes se avanza todavía más y se presentan en el sentido que se pretende, que sean consolidados, tanto por el Tribunal de Cuentas como por los grupos parlamentarios de esta Cámara. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Ruiz.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero comenzar expresando mi satisfacción por debatir con la nueva portavoz en la Comisión del Tribunal de Cuentas del Grupo Popular; espero que sea el inicio de un cambio en el resto de las comisiones por parte de los portavoces
del Grupo Popular.
Nos encontramos en un único debate de totalidad con tres temas de discusión política, dos de ellos al menos de contenido y significado distinto; de un lado, la cuenta general que, aunque no se remita directamente a esta Cámara, justifica el
debate político que hoy tenemos; de otro, la declaración elaborada por el Tribunal de Cuentas y a la que nos remitimos para la justificación de nuestras propuestas de resolución y posición política respecto al Gobierno; por último, las propuestas
de resolución aprobadas, que en este caso dan apoyo en su mayoría a la gestión del Gobierno plasmada en la cuenta general. Queremos expresar públicamente nuestro apoyo y satisfacción por el excelente trabajo que ha realizado el Tribunal de Cuentas
y debe entenderse que nuestra posición lo es con relación a la cuenta general y a las propuestas de resolución y no respecto a la declaración elaborada por el Tribunal. Lamentamos el difícil encaje que tiene este trámite parlamentario en la lógica
del debate político, que es el trabajo que ocupa a esta Cámara.
El Tribunal de Cuentas, en la declaración sobre la cuenta general del Estado, afirma que la cuenta de 1999
no es representativa de los gastos que realmente ha realizado el Gobierno.
Sería deseable, y se adaptaría mejor a nuestros deseos, poder separar el voto y distinguir entre la valoración de la gestión del Gobierno y el informe del Tribunal,
ya que el primero es negativo y, en cambio, sobre el segundo nos pronunciaríamos favorablemente. Al no poder expresarlo en forma de voto, quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' nuestro apoyo al trabajo realizado por el Tribunal de Cuentas.
En coherencia con esta conclusión, nuestro grupo presentó 29 propuestas de resolución con el objetivo de reconducir la larga lista de situaciones irregulares que impiden que esta cuenta general cumpla con el mandato legal de suministrar información
sobre la situación económica, financiera y patrimonial del sector público estatal, los resultados económicos y patrimoniales del ejercicio y la ejecución y liquidación de los presupuestos; 29 proposiciones de las que 26 no se han incorporado en el
dictamen de la Comisión simplemente porque el Grupo Popular no está dispuesto a reconocer la gravedad de los problemas que sus cuentas presentan. De todas las cuentas generales presentadas por los diferentes gobiernos y debatidas en esta Cámara,
nunca -nunca, insisto- nos habíamos encontrado con unas conclusiones tan contundentes y críticas del Tribunal de Cuentas con la acción del Gobierno, de hecho, la portavoz del Grupo Popular ha dedicado prácticamente su intervención a justificar los
errores cometidos por el Gobierno. Y voy a abordar algunos de estos problemas.
Primero, el Gobierno permite que entidades que deben rendir cuentas porque reciben fondos públicos y deben ser fiscalizadas no lo hagan. Nos encontramos con que no se sabe qué ha hecho el Instituto de Comercio Exterior, no se sabe qué ha
hecho la Agencia Española de Cooperación Internacional, ambas con presupuestos muy elevados, ni la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, ni la Biblioteca Nacional, que gusta de reincidir en la mala gestión de sus cuentas y que
se ponga de manifiesto en los informes del Tribunal de Cuentas. Así hasta 12 organismos más que simplemente han decidido no cumplir la ley y evadir el órgano de control. Por tanto, estas instituciones -y es muy grave- no existen a los efectos de
fiscalización del gasto y de control de la ejecución y liquidación presupuestaria. Por lo que afecta a las empresas públicas, 65 empresas mercantiles, 7 entidades de derecho público y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
tampoco han rendido sus cuentas, y 16 fundaciones públicas también se sitúan fuera del marco legal y no existen a efectos del control de gastos.
En segundo lugar, por un lado faltan cuentas y por otro el Tribunal de Cuentas denuncia que existen numerosas duplicidades. El Gobierno se autopermitió -no a través de una ley, señora portavoz, sino mediante una cómoda orden ministerial, la
del 12 de diciembre de 2000- seguir un método contable incorrecto y eludir la consolidación de las cuentas, lo que permite inflar los saldos. La simple agregación de las pérdidas, dice el Tribunal, supone una dificultad relevante para conocer el
resultado de la actividad del sector público empresarial. Y en el caso de la SEPI es imposible saber el montante de las operaciones financieras que ha realizado el grupo. Esto nos lleva a aumentar nuestra preocupación sobre las privatizaciones.
¿Cómo es posible que el Grupo Popular sostenga que no es necesario en esta Cámara investigar el proceso de privatizaciones cuando el Tribunal de Cuentas demuestra que los saldos que tienen en la cuenta general las empresas públicas no son ciertos,
que son mucho menores en el nuevo cálculo que ha realizado el Tribunal de Cuentas de los que presentó la Intervención General del Estado? ¿Cómo se explica que la SEPI pague 10.000 millones de pesetas en exceso -palabras textuales del Tribunal- por
la compra de una empresa? ¿Cómo se hizo esta compra? ¿Quién participó en esta compra? ¿Cómo es posible que se vendan a un precio irrisorio empresas públicas en las que ha habido que desembolsar fondos públicos en varios miles de millones de
pesetas para sanearlas teóricamente? Muy bien, si era para sanearlas, ¿por qué no se aprobó que se hiciera un informe de fiscalización sobre todas las operaciones de la SEPI en el año 1999 si no hay nada que ocultar?
Si en el proceso de privatizaciones no hay transparencia, si hay muchas preguntas más que están sin respuesta, en las anotaciones de endeudamiento del Estado, señora portavoz, hay clara ingeniería contable.
¿Para qué se hace esa ingeniería
contable? Para disminuir el volumen de deuda reconocida. La Intervención General del Estado, que recuerdo depende del Ministerio de Economía, ha recalificado las partidas de préstamos del Estado a RENFE, que en cambio RENFE tenía contabilizadas
como deuda, en Amables, partidas contables de naturaleza totalmente distinta; he aquí que lo que era endeudamiento se transforma en desembolsos pendientes por adquisiciones de acciones y en inversiones financieras. Chusca maniobra además de
irregular, porque el cambio que realiza la Intervención General del Estado lo hace sin acordarse de que RENFE no es una sociedad anónima, y dice el Tribunal de Cuentas que no puede darse esa situación contable que registra la IGAE. Esta confusión
del Gobierno supone una incorrecta minoración del endeudamiento que tiene contraído el Estado por orden de 3.600 millones de euros.
Hay más problemas, señorías, no son estas las únicas anotaciones cuyo error no parece estar ajeno a una intención política. La Agencia Tributaria no ha aprovisionado las deudas tributarias de difícil cobro.
¿Qué ocurre con ello? Que se
reduce también el endeudamiento y se aumentan artificialmente, falsamente los ingresos tributarios; digo falsamente porque no se van a cobrar nunca. Esto es, el Tribunal dice simplemente que los resultados de la Agencia Tributaria para el año 1999
no son ciertos ya que están inflados al no afrontar el aumento de gastos que exigían las provisiones por
las insolvencias no reconocidas por la Agencia. Este incumplimiento contraviene expresamente la normativa vigente, sin que sorprendentemente la IGAE hiciera objeción alguna, y reproduzco textualmente la expresión que utiliza el Tribunal de
Cuentas en su informe. Todo ello es especialmente grave, porque es en el entonces Ministerio de Economía y Hacienda -y vuelvo a citar textualmente- sobre quien recae la responsabilidad de que las cuentas del Estado sean veraces, y es dentro de ese
ministerio donde se produjeron -digo yo- las mayores irregularidades.
Conocida es, señorías, la política de vaciado de responsabilidades y programas sociales del Gobierno del Partido Popular, una de cuyas manifestaciones es la transformación en fundaciones públicas, ámbitos de competencia que se han venido
haciendo siempre desde el Estado. El Gobierno, tomada esta opción, sobre la que ya nos hemos pronunciado en otros debates, tiene que someterse y someter a las fundaciones de titularidad pública al control de sus ingresos y gastos. Esto no ocurre.
Es inadmisible que sigan sin figurar en la relación de fundaciones que entrega el Gobierno al menos 16 fundaciones que están desaparecidas. Mi grupo viene denunciando -lo hemos hecho desde esta tribuna- esta situación desde hace dos años. En esta
declaración el Tribunal de Cuentas viene a dar la razón a esta diputada cuando afeó y denunció este comportamiento ocultista del Gobierno del Partido Popular. Además, algo que es tanto o más grave que lo anterior es que las que rinden sus cuentas
se han acogido a una exención fiscal completa, cuando la normativa no lo contempla, y han considerado que todos los ingresos, estén relacionados o no con sus fundaciones, y todos sus gastos se puedan acoger a la exención fiscal total.
Todos estos incumplimientos van acompañados de otro abanico de irregularidades. Sí, irregularidades, porque cuando las cuentas se sitúan fuera del Plan general de contabilidad pública y del Plan general de contabilidad privada son
irregulares. El rigor en el control del gasto, señorías, es un eslogan del Gobierno que no se confirma a tenor de los datos que se han hecho llegar a esta Cámara y de las observaciones del Tribunal. Nos encontramos con que no sabemos el volumen
real de los créditos realizados; sabemos que ha habido unas modificaciones de crédito que suponen una desviación del 12 por ciento sobre los créditos iniciales, pero no se sabe cómo se han financiado los nuevos, si mediante aumento del
endeudamiento -como el Gobierno al endeudamiento le llama inversiones en acciones, puede ser que esas nuevas inversiones en acciones se hayan ido a financiar estos créditos- o mediante una minoración del remanente de tesorería. De hecho esto nos
podría permitir entender algo que no se comprende y que el Tribunal de Cuentas lo pone sobre la mesa: ¿por qué ese alto volumen de tesorería del GIF, del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias? ¿Es que lo utiliza el Gobierno para pagar esos
créditos que el Tribunal de Cuentas no acaba de saber cómo se pagan? Porque es un aumento de tesorería, señorías, inexplicable.
También puede que lo haga con los intereses de esa cuenta corriente, que tampoco se sabe dónde van.
La falta de transparencia del Gobierno en la gestión de los gastos impide saber sobre qué partidas ha recaído la financiación de los créditos.
Obviamente, si no se tienen todos los datos, si los que se tienen están mal, si el endeudamiento
oficialmente reconocido es menor que el real, si los créditos son mayores y no se sabe cómo se han financiado, si se desconoce el capital desembolsado en las empresas públicas, si el valor de los activos de la SEPI no se conoce, si no se sabe qué
fundaciones están operando hoy, cuál es la relación de las fundaciones públicas, cuántas son, qué estructura de liquidación del presupuesto se está haciendo, porque la que envían es tan elemental que dice el Tribunal de Cuentas que impide la
comparación con el presupuesto aprobado, el resultado, señorías, es que la cuenta general no cumple con el mandato fijado por la ley. Esto nos lleva a que no podamos conocer realmente cuál es el déficit presupuestario, si bien, aunque no lo
reconozca el Grupo Popular, lo evidente es irrefutable. En este sentido, les diré que de efectuarse correctamente la imputación en contabilidad nacional de todas las anotaciones que he señalado como incorrectas de acuerdo con el manual del déficit
de deuda pública del SEC-95, el déficit presupuestario reconocido por el Gobierno para el ejercicio 1999 sería diferente del que ha declarado. Los cambios afectan a la financiación del Estado, a otros agentes públicos sin posibilidad de devolución
o a deudas tributarias incobrables. Estos resultados que estoy señalando, estos cambios en los saldos que el Tribunal rectifica a la IGAE, se reconozca aquí o no -invito a SS.SS. a que lean lo que opina el profesor Barea sobre esta cuestión-,
afectan al presupuesto y a los resultados presupuestarios, y lo hacen además tanto directa como indirectamente. Indirectamente, ¿por qué? Porque afectan también al mercado de capitales y por tanto al coste, a los tipos de interés. Simplemente han
buscado ingenierías financieras, lo reconozcan o no -el Tribunal lo señala-, tratando de eliminar o de reducir el volumen de gastos por influencia en el déficit. ¡Qué casualidad! Todos los errores apuntan en el mismo sentido: vamos a ver cómo
reducimos el endeudamiento.
Por todo ello, vamos a votar en contra de la gestión que hizo el Gobierno de los ingresos y de los gastos en el ejercicio de 1999. Nuestra posición es un no a la cuenta general, es un no a la gestión del Gobierno y es un no que podemos
establecer de forma absolutamente contundente gracias al Tribunal de Cuentas y, por tanto, supone un apoyo y un reconocimiento al magnífico trabajo del Tribunal de Cuentas. Pero, señorías, el Grupo Popular, con su capacidad de decir lo contrario de
lo que sucede, de lo que cualquiera puede leer, nos va a vender
de nuevo una entrada al mundo de Peter Pan, pero recuerden que es la noche y la falta de luz lo único que permite al personaje de Walt Disney ver las estrellas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Costa.
Señora Ruiz, en turno de réplica.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
¿De verdad cree usted, señora Costa, que en esta Cámara alguien puede entender que el Gobierno, con 459 cuentas presentadas, no le ha facilitado a usted más datos que nunca? Usted me habla de cuentas anteriores. He estado repasando el
'Diario de Sesiones' y he revisado los debates de la cuenta general de 1994 y de 1995, aunque no los voy a reproducir porque es muy difícil condensar ese volumen en tan poco tiempo. Además, el Gobierno le ha facilitado y le está facilitando al
máximo su labor parlamentaria. Este país y estos ciudadanos se habrían ahorrado muchos sustos y mucho dinero si esto mismo que tiene usted ahora en sus manos, es decir las cuentas de 450 entidades, empresas públicas, fundaciones, etcétera -faltan
algunas, lo reconozco, pero las iremos incorporando-, lo hubieran tenido mis compañeros en anteriores momentos, cuando gobernaba el Partido Socialista. Eso no sucede hoy. Usted puede explicar hoy, en esta tribuna, cómo se contabilizan según la
Intervención General unos temas de RENFE y dónde pueden estar contabilizados según el Tribunal de Cuentas. Señora Costa, le reconozco a usted una especial formación económica -formación, no deformación-, pero también entiendo que por esa especial
formación usted apunta cómo debe ser la contabilidad en cada uno de los aspectos, pero deja de lado otra serie de aspectos que ya expliqué en la Comisión y que se refieren a muchos temas.
Me voy a referir a algunos de ellos. Por ejemplo, usted habla de 65 empresas que no están incorporadas. Es cierto, no están incorporadas y lo dice el Tribunal porque efectivamente es así. Se trata de 65 cuentas de empresas públicas, más
otras siete que, aunque fuera de plazo, se presentaron al Tribunal. Las tiene el Tribunal de Cuentas y, en esa medida, usted las ha conocido a la vez que el informe del Tribunal de Cuentas, aunque no se hayan agregado, pero la Intervención General
explica por qué no se han agregado, porque se presentaron fuera de plazo.
¿De acuerdo? Quiero hacer una matización. Yo no me he dedicado a justificar. Leyendo el informe del Tribunal de Cuentas, lo que hay hacer es lo que dice. Efectivamente,
hay que corregir muchas situaciones, hay que mejorar mucho más para, en aras de la transparencia, tener un estado consolidado mucho más claro. Y eso es lo que he hecho, porque ese es el informe del Tribunal de Cuentas.
Su señoría hace ciertas reflexiones y habla, por ejemplo, del exceso de tesorería del GIF. ¡Fenomenal! ¿Qué quiere que le diga? Fíjese si será fenomenal que ya hemos pagado esa enorme deuda que teníamos en inversiones ferroviarias, porque
ustedes las hacían y no las pagaban. ¿Y cuál es el problema de que el GIF tenga excedente de tesorería en el año 1999? Lo tiene porque el Estado le ha dotado de medios y porque si esas inversiones no se han realizado en el año 1999, existe ese
excedente de tesorería. Afortunadamente. S.S. verá que en los años 2000 y 2001 ese excedente ya no es tanto. ¿Por qué? Porque se han empezado a ejecutar las obras y se han pagado las certificaciones, que es lo que tiene que hacer un gobierno
responsable y que es lo que, en definitiva, este Gobierno hace: provisionar para pagar las inversiones.
En cuanto a las privatizaciones, he intentado no hablar del pasado, entre otras cosas porque este Gobierno tiene más que suficientes datos para defender su gestión sin necesidad de andar comparando. Cuando usted me habla de las
privatizaciones, tengo que decirle que las privatizaciones del año 1999 se vieron en la subcomisión de privatizaciones. Este Parlamento tuvo conocimiento exacto de cada una de ellas. Como ya le dije en Comisión y vuelvo a repetir esta mañana,
cuando se realizan las privatizaciones uno de los elementos que este Gobierno utiliza -y está así aprobado- es que se realicen aportaciones a las empresas públicas con pérdidas, entre otras cosas para mejorar su posibilidad de privatización, para
darles posibilidad de encaje en el mercado y para que tengan un plan industrial que garantice su viabilidad.
Usted me pregunta cómo es posible que se gastara en la privatización de AESA o de Astander, no sé a cuál de las dos se ha referido, este dinero.
En la Comisión ya le di un ejemplo, pero hoy le voy a dar otro. En el año 1985, cuando se
reprivatizan determinadas empresas de RUMASA, por ejemplo, Pickman S.A., el precio de venta era de 8.000 pesetas y el coste de la operación de 2.691,9 millones de pesetas. Y le puedo hablar de Comercial DVPSA, a 65.000 pesetas, y coste de operación
de venta 1.475 millones de pesetas, de los del año 1985. Efectivamente, este grupo parlamentario y este Gobierno, a resultas de las indicaciones del Tribunal de Cuentas, quieren aplicar todas esas rectificaciones y que las cuentas tengan un grado
de consolidación mayor, a pesar de las dificultades. Aquí no hay ingenierías. La Intervención General de la Administración del Estado ha hecho y está haciendo un esfuerzo importantísimo, requiriendo a todo el sector público para que las cuentas se
presenten en plazo y para que se hagan los ajustes, pero esta Cámara debe dotarla de medios.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Ruiz, le ruego concluya.
La señora RUIZ RUIZ: Voy terminando, señora presidenta.
El Gobierno debe rectificar o aclarar en sus órdenes ministeriales todo lo que se refiere a la normativa para que esto pueda hacerse en las mejores condiciones y que este Parlamento y el Tribunal de Cuentas cada día tengan más datos y mayor
control de la gestión del Gobierno en las empresas públicas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Ruiz.
Señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señora portavoz del Grupo Popular, quien informa y explica a la Cámara los problemas que tiene la cuenta general no es el Gobierno, es un órgano constitucional, votado por esta Cámara, el Tribunal de Cuentas, que es quien pone, no diría en
el borde del precipicio pero sí, como mínimo, en el ojo del huracán la gestión del Gobierno. Señorías, este dictamen es enormemente complicado para ustedes porque no hay argumentos posibles que permitan justificar lo contrario de lo que señala el
informe del Tribunal de Cuentas. Voy a leer la propuesta general que hace el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que se inste al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para que la cuenta general y
las cuentas que se conformen se ajusten a la legislación. Por lo tanto, son irregulares, están fuera del marco normativo a pesar de que el Gobierno se autorreguló amablemente para evitar dar totalmente y de forma transparente las cuentas a través
de un sistema consolidado.
Es inadmisible cambiar partidas de deuda por inversiones porque, si nos remitimos al SEC 95, esto significa un cambio en los resultados presupuestarios y esto afecta a la recalificación que hace el IGAE de la deuda de RENFE, 3.400 millones
de euros, y a las provisiones por insolvencia. Es muy alarmante que esto ocurra, pero más cuando sucede en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria. Eliminar las provisiones por insolvencia, que hace que el cuadro final que elabora el
tribunal no pueda cerrarse, cuando esa desaparición del dato proviene de la Agencia y esto afecta al volumen de gasto total y a la proyección de ingresos, es realmente muy grave. Y si no lo es, señorías, ¿por qué no se apoyaron las propuestas de
resolución que presentamos en el sentido de que el Gobierno explicara cómo afecta a la liquidación y ejecución del presupuesto? Si las privatizaciones se han hecho bien, tampoco hay argumentos para no aprobar que haya un informe de fiscalización de
todas las privatizaciones realizadas en el año 1999 por la SEPI. Si están bien las cosas, ¿qué miedo hay? La excusa es una forma de acusación, de autoacusación en este caso.
Resulta también inconcebible que, ya en la tercera cuenta general que debatimos en esta legislatura, sigan sin aparecer las fundaciones públicas que están realizando funciones públicas y que no están en la lista de las fundaciones que envía
el Gobierno al Tribunal de Cuentas.
Además -y no se lo he señalado desde la tribuna, señoría-, las fundaciones públicas no solamente se acogen a exenciones que no les corresponden, es que apuntan en sus activos inmovilizados que no son de ellas
sino de las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas les suspende y nosotros, obviamente, desde nuestra posición política de apoyo a la información y al trabajo que nos ha dado el Tribunal de Cuentas, tenemos que denunciar ante los ciudadanos
que el Gobierno del Partido Popular no es un buen gestor y que no se sabe qué ha hecho con los ingresos y los gastos en el año 1999. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Costa.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.-La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación el dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, relativo a la declaración definitiva sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 1999 y resolución adoptada por
la misma.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 174; en contra, 93; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.
Corrección de error.-El 'Diario de Sesiones' núm. 210, de la sesión plenaria celebrada el 27 de noviembre de 2002, se corresponde con la sesión núm. 203 en lugar de con la 202, como figura por error.