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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 199, de 29/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 199
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 192
celebrada el martes, 29 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, Orgánica, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 280-1, de 18 de
octubre de 2002.(Número de expediente 122/000248.) ... (Página 9901)
Modificación del orden del día ... (Página 9915)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 279-1, de 18 de
octubre de 2002. (Número de expediente 122/000247.) ... (Página 9915)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm.
278-1, de 18 de octubre de
2002. (Número de expediente 122/000246.) ...
(Página 9915)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el censo promocional y el procedimiento de su formación. (Número de expediente 162/000579.) ... (Página 9925)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en relación al Proyecto de Ley de Calidad de la Educación. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
núm. 422, de 18 de octubre de 2002. (Número de expediente 162/000577.) ... (Página 9931)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en
particular. (Número de expediente 173/000162.) ...
(Página 9937)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes. (Número de expediente 173/000161.) ... (Página 9941)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones, en general, en energía nuclear, retirada y almacenamientos de residuos, como sucede en el caso de la autorización a ENRESA para una
posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana. (Número de expediente 173/000160.) ... (Página 9947)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ...(Página 9901)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, Orgánica, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales ...(Página 9901)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular defiende la proposición de ley orgánica el señor De Grandes Pascual, que considera que dicha iniciativa tiene enorme alcance en orden a asegurar la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la
seguridad de los concejales, inscribiéndose claramente en el compromiso de aunar esfuerzos en pro de las libertades y contra el terrorismo, a fin de impedir que los métodos de éste puedan imponerse sobre el ejercicio de la normalidad democrática,
del pluralismo y de los más elementales derechos individuales y sociales. Explica el conjunto de reformas legislativas que se promueven con la presente iniciativa, orientadas a reforzar la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los
derechos de participación y de representación política en el marco del debido funcionamiento de las instituciones democráticas.
Se refiere al proceso de diálogo existente entre el Partido Popular y el Partido Socialista en su condición de firmantes
del pacto por las libertades y contra el terrorismo, dejando abierto dicho proceso a la incorporación al mismo de todos aquellos que deseen hacer patente su contribución en el marco de lo que esta proposición de ley entraña, porque, asegura, los
grupos parlamentarios firmantes no quieren ser los impulsores excluyentes de una tarea que es de todos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista interviene en la defensa de la proposición de ley orgánica el señor Cuesta Martínez. Encuadra esta iniciativa en la obligación del derecho, y sobre todo de los poderes públicos, de desarrollar lo
que la Constitución denomina como función promocional, consistente
en remover obstáculos, principalmente a aquellos elementos que perturben el ejercicio de la libertad, de la democracia y de derechos tan fundamentales como la participación política. Se refiere a la carta recibida por el concejal socialista
de Andoain, donde se le recomienda marcharse de Euskal Herria o de esta vida, y a otras muchas, en los mismos términos, recibidas por un puñado de valerosas y valerosos concejales, alcaldes y alcaldesas que en el País Vasco y en Navarra representan
a los ciudadanos que votaron al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español y que no aceptan nacionalismos obligatorios.
Denuncia el uso que se da por ETA de los instrumentos y medios garantes de la democracia, como los censos
electorales o los registros públicos, y acusa a la organización terrorista de querer exterminar políticamente a todo ciudadano que no piense como los abertzales. Dice que el artículo 23 de la Constitución Española afirma que los ciudadanos tienen
el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal y de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los
requisitos que señalan las leyes, por lo que actuar en contra del derecho de participación de este artículo 23 supone atentar contra el núcleo mismo de la democracia. Estima que es preciso abordar con normas jurídicas la garantía de la democracia
en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, que es lo que se persigue con la proposición de ley que presentan hoy en el Pleno los grupos parlamentarios Popular y Socialista, y termina su intervención mostrando su reconocimiento a todas
las mujeres y a todos los hombres que en el País Vasco y en Navarra vienen dando ejemplo diariamente de coraje cívico y democrático.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Modificación del orden del día ...(Página 9915)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 8, relativo a la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo en general y del
sector textil en particular, sea debatido en primer lugar dentro del epígrafe III correspondiente a mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, así como que el punto 6, relativo a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones en general en energía nuclear, retirada y almacenamientos de residuos, como sucede en el caso de la autorización a ENRESA para
una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana, sea debatido en último lugar dentro de citado epígrafe III, lo que se acuerda por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación.) ...(Página 9915)
De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, Orgánica, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales ...(Página 9915)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, orgánica, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, se
aprueba por 299 votos a favor y nueve abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Orgánica) ...(Página 9915)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica, sobre modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ...(Página 9915)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya el señor Rejón Gieb. Esta iniciativa viene motivada, dice, por el gravísimo hecho de que el Instituto Nacional de Estadística tiene
intención de realizar un censo con fines comerciales nutriéndose de los datos contenidos en el censo electoral, incluyéndose a todos los ciudadanos con derecho a voto que no hayan expresado su intención de no figurar en el mismo. Afirma que tanto
el espíritu de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Directiva de la Unión Europea insisten en el principio de la necesidad de consentimiento expreso de las ciudadanas y
de los ciudadanos a los entes públicos para que éstos puedan utilizar sus datos personales con fines comerciales. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística maneja la lógica contraria, que es vender los datos personales de todos y cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto que no expresen por iniciativa propia y por escrito su disconformidad con la venta. Pone de relieve el grave daño perpetrado al derecho constitucional de la intimidad personal y familiar y muestra
su preocupación porque el Gobierno en su conjunto apoye este tipo de acciones a través de cuantiosas partidas en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado y porque la Agencia de Protección de Datos mire para otro lado ante hechos de
esta gravedad. Por todo ello su grupo parlamentario presenta esta proposición de ley en defensa de la Constitución española, de los derechos de los ciudadanos, de la intimidad de la ciudadanía, de la protección de determinados datos y de la
dignidad de lo público.
En defensa de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor López Garrido. Denuncia el hecho de que datos personales estén siendo comercializados y pone de relieve la gravedad de las
consecuencias que puede tener esta práctica para la intimidad y seguridad de las personas. Se refiere a la Ley de 1999 impulsada a propuesta del Gobierno del Partido Popular, que posteriormente fue declarada parcialmente inconstitucional por el
Tribunal Constitucional, en la que se decía que el censo electoral se convertía en una especie de censo promocional que iba a darse prácticamente gratis a quien lo pidiera para poder ser utilizado a efectos comerciales, si el interesado no decía lo
contrario. Explica la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto y las modificaciones que propone su grupo en esta proposición de ley para la que pide el voto afirmativo de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Matador de Matos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, de modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se rechaza por 133 votos a favor y 162 en contra.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, sobre modificación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se rechaza
por 134 votos a favor y 163 en contra.
Proposiciones no de ley ...(Página 9925)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el censo promocional y el procedimiento de su formación ...(Página 9925)
La señora Matador de Matos presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, una proposición no de ley relativa al censo promocional y procedimiento de su formación que, entiende, viene a dar una respuesta adecuada a las
cuestiones ya planteadas durante la tarde de hoy. Explica que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, además de incorporar completamente al ordenamiento jurídico español los principios y derechos de
la legislación comunitaria contiene diversas normas sectoriales debido a las características específicas de los tratamientos de datos que se llevan a cabo en dichos sectores, siendo uno de ellos el de los tratamientos con fines de publicidad y
prospección comercial. A continuación expone las normas de desarrollo reglamentario necesarias, propuestas por su grupo en la moción, para determinar las condiciones en que debe prestarse el consentimiento exigido por la normativa de protección de
datos.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor López Garrido.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda planteada interviene la señora Matador de Matos.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el censo promocional y el procedimiento de su formación, se aprueba por 283 votos a favor, cinco en contra y una
abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el proyecto de ley de calidad de la educación ...(Página 9931)
Presenta la proposición no de ley la señora Chacón Piqueras, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Dice que la Ley de Calidad de la Educación es una ley segregadora, antiautonomista, recorta la participación democrática en los
centros escolares, perjudica a la educación pública y, sobre todo, se quiere imponer a la comunidad educativa, a las comunidades autónomas y a los propios grupos en esta Cámara con formas autoritarias. Hace mención a la tramitación acelerada del
proyecto de ley en Comisión y a la falta de una memoria económica que explique cuál va a ser la financiación de la ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya; y los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación al proyecto de ley de
calidad de la educación, se rechaza por 125 votos a favor y 163 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ...(Página 9937)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en
particular ...(Página 9937)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Silva Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Manifiesta su voluntad de no reiterar los argumentos dados en la interpelación urgente, pero
sí quiere exponer de nuevo lo que supone el sector textil en nuestro país. Se trata, según datos del año 2001, de un sector que engloba 7.590 empresas que dan trabajo aproximadamente a 280.000 trabajadores y que exporta por valor de unos 14.800
millones de euros, pero que debido a la reducción del consumo interno y a los procesos de liberalización del comercio exterior se encuentra en una encrucijada, después del esfuerzo realizado a lo largo de los diez últimos años. Su Grupo considera
que, aunque no se puede hablar de crisis, es el momento de adoptar decisiones importantes de impulso y de protección del sector textil. A continuación expone las medidas que su grupo entiende que deben adoptarse.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen las señoras López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista; Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y el señor Delgado
Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del
sector productivo español en general y del sector textil en particular, en los términos de la enmienda transaccional pactada, se aprueba por 280 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política de Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes ...(Página 9941)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora García Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que su grupo presenta esta moción sobre la puesta en marcha de un plan de educación y atención a la
sexualidad juvenil y accesibilidad a la píldora postcoital debido a una creciente preocupación que ya expusieron en la interpelación urgente y que han materializado en una serie de propuestas que confían en que sean apoyadas por los distintos grupos
parlamentarios.
Partiendo de la realidad de que la población adolescente y joven es sexualmente activa, su grupo propone en la moción la elaboración de un plan de atención a la sexualidad que actúe desde un punto de vista integral, con actuaciones
en los distintos ámbitos, asumiendo la Administración pública un papel impulsor y comprometido.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene la señora Pigem i Palmés.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y Estarás Ferragut, del Grupo Parlamentario Popular en el congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene la señora García Pérez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes, con la incorporación de la enmienda planteada por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 119 votos a favor, 156 en contra y dos abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones en general en energía nuclear, retirada y almacenamiento de residuos, como sucede en el caso de la
autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana ...(Página 9947)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rejón Gieb, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Se refiere al cementerio nuclear de El Cabril y afirma que su comunidad
autónoma, Andalucía, ha pagado con creces lo que puede ser el reparto de carga de las consecuencias de la utilización de la energía nuclear. Recuerda que en el Parlamento andaluz se aprobó por dos veces y por unanimidad -una como proposición de ley
y otra como moción- la no ampliación del cementerio nuclear de El Cabril y que el asentamiento no fuera definitivo y, sin embargo, en la actualidad se están ampliando las instalaciones. Por otra parte, aunque opina que nunca es bueno ablandar las
voluntades de los ayuntamientos y de las instituciones con dinero público, considera que ya que se tiene el perjuicio se debe obtener alguna compensación en becas u otras cosas por el estilo, pero en lo que está totalmente en desacuerdo es en que se
utilice el dinero público a cambio de que los ayuntamientos hagan renuncia de muchas de sus competencias, lo que va en contra de los intereses de sus vecinos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores García Breva, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Rejón Gieb.
A continuación se procede a la votación por separado de los puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre postura del Gobierno referente a las
actuaciones en general en energía nuclear, retirada y almacenamiento de residuos, como sucede en el caso de la autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra
Albarrana, en sus propios términos, que son rechazados.
Se suspende la sesión a las diez y quince minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, ORGÁNICA, PARA LA GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA SEGURIDAD DE LOS CONCEJALES. (Número de expediente 122/000248.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, proposición de ley orgánica, de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, para la garantía de la democracia en los
ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Para intervenir en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Grandes.
El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han suscrito la proposición de ley orgánica que en estos momentos me cabe el honor de defender en nombre de mi
grupo; una proposición de ley de enorme alcance en orden a asegurar la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales; una proposición de ley que se inscribe claramente en el compromiso de aunar esfuerzos en pro de
las libertades y contra el terrorismo, a fin de impedir que los métodos de éste puedan imponerse sobre el ejercicio de la normalidad democrática, del pluralismo y de los más elementales derechos individuales y sociales. Con la presente iniciativa
se promueve un amplio conjunto de reformas legislativas orientadas a reforzar la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos de participación y de representación política en el marco del debido funcionamiento de las instituciones
democráticas; un conjunto de reformas necesarias para dar respuesta cabal a los imperativos que la violencia terrorista trata de imponer al Estado de derecho; un conjunto de reformas que, en suma, significan la expresión de la fe democrática en
los valores de la convivencia y de la ley frente a la barbarie de la fuerza y del miedo instrumentado al servicio del terrorismo etarra. Esta proposición de ley es ante todo la consecuencia de un riguroso proceso de diálogo entre el Partido Popular
y el Partido Socialista en su condición de firmantes del pacto por las libertades y contra el terrorismo. Nace, por tanto, sin la servidumbre de ser fruto de ninguna interpretación partidaria y de ninguna otra intención de fondo que no sea
precisamente la de contribuir a perfeccionar nuestro ordenamiento desde una perspectiva estrictamente acorde con la naturaleza de los bienes jurídicos a proteger; nace, además, con la voluntad de dejar abierto ese proceso de diálogo a la
incorporación al mismo de todos aquellos que efectivamente deseen hacer patente su contribución en el marco de lo que esta proposición de ley entraña.
Señorías, las reiteradas agresiones de todo tipo con las que ETA y su entorno tratan de minar el pluralismo de la sociedad vasca, intentando impedir el normal ejercicio de los derechos de representación política, el normal funcionamiento de
las instituciones locales y el normal desarrollo de los procesos electorales, constituyen una estrategia detestable. Esta proposición de ley da la respuesta debida mediante la modificación de aspectos concretos de la Ley de régimen electoral
general, de la Ley reguladora de las bases del régimen local, del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Ley de financiación de partidos políticos. Sin duda, una referencia
a las personas conjuga el eje esencial de esta proposición de ley. Por eso en la misma se prevé una serie de iniciativas legales orientadas a preservar la seguridad personal de los concejales sobre los que la violencia terrorista ejerce su amenaza
cotidiana. En consecuencia, se penalizarán determinadas conductas que vienen siendo habituales por parte de los entornos etarras y que son inaceptables jurídica y democráticamente. Ese fortalecimiento de la seguridad personal de los concejales
tiene como fin principal evitar que ninguna táctica de coacción generalizada y metódicamente ejecutada pueda imponerse sobre el ejercicio del derecho a la participación política y del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. De ahí,
pues, que esa garantía de seguridad de los concejales sea condición previa indispensable para asegurar también el normal desarrollo de los procesos electorales y el ulterior normal funcionamiento de las instituciones locales. En este orden de
cosas, el texto que hoy se somete a la consideración de la Cámara prevé la supresión del número mínimo de suplentes que los partidos políticos han de incluir en las candidaturas electorales, contempla que cualquier elector inscrito en el censo
electoral pueda actuar como interventor en todo el territorio nacional e impide ser candidato a administrador electoral a todos aquellos que hayan sido condenados por delito de rebelión contra las instituciones del Estado o por cualquier delito de
terrorismo aunque la sentencia aún no sea firme. Esta proposición de ley adecua el disfrute de recursos públicos devenidos de proceso electoral para impedir que los mismos puedan engrosar la acción antijurídica y antidemocrática de aquellos que por
la violencia tratan de subvertir los principios y bases de nuestra convivencia. Así, no gozarán de financiación pública por concepto alguno las fuerzas políticas que con su actividad promuevan o excusen el odio o la violencia contra las personas,
que enaltezcan o justifiquen el terrorismo y que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. Del mismo modo, tampoco recibirán financiación aquellos partidos que tengan en sus órganos directivos o entre sus electos a personas
condenadas por delitos de terrorismo.
Señorías, el normal funcionamiento de las instituciones locales es piedra angular del pluralismo y del sistema vigente de representación política.
La experiencia ha demostrado reiteradamente que el terrorismo ha
estado y está sistemáticamente tratando de estrangular la libre dinámica representación de estas corporaciones, con el fin de imponer en ellas un monolitismo ideológico arropado en el mero ejercicio de la fuerza. El Estado de derecho tiene,
por tanto, la obligación ineludible de actuar de manera innovadora y eficaz frente a esa barbarie organizada. En estos términos, la proposición de ley incorpora reformas que permitirán que el Consejo de Ministros pueda disolver los órganos de una
corporación local cuando se adopten acuerdos o desarrollen actuaciones tendentes a dar cobertura o a justificar el terrorismo o vayan en menosprecio de las víctimas o de sus familiares. Conforme a la prevalencia del bien jurídico protegido, esto es
el normal funcionamiento de las instituciones locales, la proposición incorpora la posibilidad de que los partidos que hayan agotado el número de componentes y suplentes de su lista electoral por causa de esa presión terrorista puedan nombrar nuevos
suplentes entre los ciudadanos mayores de edad. Se evita así que la estrategia del terror y de la amenaza llegue a dejar sin efecto la voluntad de los ciudadanos expresada así en las urnas. En el ámbito penal se promueven nuevas iniciativas
dirigidas a castigar aquellas acciones que impiden el libre acceso de los concejales a los plenos. Así también los ayuntamientos podrán personarse como acusación particular en los procesos penales abiertos por delitos y faltas cometidos para
impedir u obstaculizar a los concejales el libre ejercicio de sus funciones públicas. En este marco y con el propósito de garantizar un uso adecuado de la financiación pública, todas las subvenciones quedarán condicionadas a que los candidatos
elegidos tomen posesión de sus cargos y los ejerzan de manera efectiva.
Señora presidenta, señorías, sería absurdo desconocer que el terrorismo etarra no sólo se manifiesta a través de su criminal y sanguinaria actividad. Por desgracia, es obvio que en la vida social vasca ese terrorismo adquiere también una
apariencia de organización política con el único fin de utilizar las instituciones como caja de resonancia para ampliar, desde ellas, el eco de su amenaza y el intento de lograr la anulación de las mismas como foros de libertad y de pluralismo. Por
eso esta proposición de ley comporta la decisión de plantar cara en términos legales a esa estrategia y de cerrar espacios a toda posible impunidad de la misma, precisamente para que nadie se sienta ni se crea más fuerte que la ley. La ley,
señorías, es la garantía del ejercicio de la libertad y la ley es perfectible para reforzar el valor de esa libertad cuando algunos tratan de pisotearla en aras de someter a todo un pueblo al capricho de su dictadura. Las concejalas y los
concejales de los partidos democráticos que hoy ejercen sus tareas en el País Vasco y en Navarra constituyen el mejor cimiento de nuestra democracia, porque su ejemplo individual nos enseña a todos el valor cívico de no ceder ante el vil chantaje de
unos simples delincuentes. Sin embargo y siendo así, la democracia exige ser actuada siempre desde la normalidad. Es precisamente en aras a culminar esa normalidad por lo que esta proposición de ley sirve también como instrumento de cohesión entre
sus firmantes, desde la voluntad implícita de avanzar juntos en todo cuanto devenga en beneficio de dicha normalidad, por cuanto que la constatación plena de la misma es el objetivo último que a todos nos moviliza. Así las cosas, ha llegado el
momento de que aquellos que actúan contra la normalidad se sientan más cercados por el peso legítimo de la ley. La normalidad democrática es respeto al otro; la normalidad democrática es razón, argumento y palabra; la normalidad democrática es
debate en paz y sin violencia; la normalidad democrática es pleno respeto al derecho de los demás; la normalidad democrática es diálogo y discrepancia; la normalidad democrática es sometimiento a la ley y a las urnas y a las instituciones que
nacen de las urnas y de la ley.
Pues bien, señorías, cuando diariamente algunos ejecutan acciones medidas y planificadas tendentes a lesionar todos y cada uno de esos componentes de la normalidad democrática, es obvio que los demócratas tenemos la obligación de servir los
instrumentos precisos para que el Estado de derecho actúe frente a aquéllos con toda legitimidad y con toda contundencia. Es este, sin duda, un deber de solidaridad con cuantas personas soportan hoy en los ayuntamientos la violencia cotidiana
ejercida sobre ellos y sobre sus familias, pero también es un imperativo de dignidad colectiva que a todos nos incumbe. Y en consonancia con dicho imperativo esta proposición de ley alcanza su razón de ser. ¿Acaso a alguien en esta Cámara le puede
resultar indiferente que concejales de cualquier signo democrático sean injuriados, coaccionados o amenazados simplemente porque se niegan a rendirse ante ETA y sus corifeos? ¿Acaso a alguien en esta Cámara le puede resultar indiferente que esta o
aquella formación política deje de tener la representación querida por los ciudadanos, en cualquier municipio, exclusivamente porque a nadie se le puede obligar a ser un héroe? ¿Acaso a alguien en esta Cámara le puede resultar indiferente que la
natural espontaneidad del pluralismo político quede cercenada por la tiranía del miedo, de manera que la oferta programática y electoral se condicione en virtud de semejante anormalidad? ¿Acaso a alguien de esta Cámara le puede resultar indiferente
que se utilicen las corporaciones locales para ensalzar a los terroristas, para darles cobertura, para perseguir a ciudadanos o para continuar asediando a las víctimas? ¿Acaso a alguien en esta Cámara le puede resultar indiferente que los fondos
públicos provenientes del esfuerzo tributario de todos los ciudadanos terminen, en parte, en manos de quienes los utilizan para acosar y amenazar a otros simplemente por no estar dispuestos a someterse al dictado del pensamiento único?
Dicho de otra forma, señorías, los ciudadanos tenemos derecho a que las instituciones queden libres del salvajismo de aquellos que las quieren convertir en instrumento
para la persecución de los demás; los ciudadanos tenemos derecho a aislar de nuestra vida electoral a aquellos que no tienen más método ni objetivo que la práctica del terror; los ciudadanos tenemos derecho a que la ley actúe con
rotundidad frente a quienes desprecian la vida, la libertad y la opinión de los otros. En definitiva, señorías, los ciudadanos tenemos derecho a optar por participar o no personalmente en la vida pública, sin que sobre esa decisión medie la presión
de unas técnicas de terror milimétricamente extendidas sobre todo un sector de población con el fin de anularlo civilmente. No es posible, señorías, ignorar estos considerandos; no es posible creer que el problema de la violencia concierne tan
sólo a quienes geográfica o personalmente la sufren de manera inmediata; no es posible entender que las corporaciones locales vascas o navarras pueden seguir viviendo la cotidiana convulsión interior impuesta por los testaferros de ETA; no es
posible, en suma, cruzarse de brazos y contemplar cómo una parte sustancial de nuestro tejido democrático es destruida por el matonismo de unos pocos que viven de espaldas al sentir mayoritario de su pueblo y a la realidad de la historia.
Señorías, en esta tarde el Congreso de los Diputados se sitúa en vanguardia de la lucha contra quienes diariamente han venido golpeando a la democracia y a la libertad, al golpear física o psíquicamente a los hombres y mujeres que
representan opciones políticas legítimas en cualquier parte de los territorios del País Vasco y de Navarra; porque al someter a la consideración de la Cámara esta proposición de ley estamos haciendo llegar a los violentos un mensaje rotundo y claro
mediante el que deben tener por cierto que nunca conseguirán acallar la voz de la convivencia, de la pluralidad, de la vida y de la libertad; porque estamos afirmando nuestra firme decisión de no hincar la rodilla ante el terror, por más que ese
terror pueda aún golpearnos a todos con su garra.
En definitiva, nos situamos en vanguardia de esa lucha, que es la lucha colectiva de una sociedad a la que la violencia no le va a imponer lo que tiene que hacer o dejar de hacer; una sociedad que
no está dispuesta a permitir que las urnas se vean secuestradas por los métodos gansteriles de unos desalmados en sintonía indiscutible con aquellos que ejecutan la amenaza de las bombas y de las pistolas. Conviene, sin embargo, que nadie se
equivoque. Esta proposición de ley no representa forma alguna de excepcionalidad, por más que se oriente a corregir las situaciones de excepcionalidad y anormalidad creadas por aquellos que han hecho de la violencia su método de operación. No es
esta una respuesta excepcional porque sus previsiones se inscriben en el marco de los principios constitucionales y de las garantías ordinarias que nuestra legislación incorpora en coherencia con aquellos principios y en defensa de los mismos; no
es esta una respuesta excepcional porque su determinación final será el producto de la legítima decisión de la soberanía popular, residenciada en esta Cámara, y por la aplicación del normal procedimiento parlamentario para su conformación; no es
esta una respuesta excepcional porque desde la misma no se arbitra restricción alguna de derechos, sino que se refuerza la consistencia de estos frente a los actos de agresión ejercitados sobre aquéllos.
Los grupos parlamentarios firmantes no queremos patrimonializar nada ni ser los impulsores excluyentes de una tarea que es de todos. Quedamos abiertos al perfeccionamiento del texto a través del diálogo y de la aportación de quienes, no
siendo firmantes iniciales, deben ser finalmente parte activa en la conclusión de la misma. Eso sí, resultaría muy difícil de entender que alguien pudiera sentirse ajeno a la realidad de fondo que subyace en esta cuestión y mirase a otro lado a la
hora de votar su toma en consideración. Y es que, señorías, no estamos ante una cuestión parcial atenida a la dinámica ordinaria del debate partidista ni a intereses individualizados afectos a la órbita de un grupo político concreto. Por el
contrario, estamos ante un compromiso con el derecho, con la libertad, con la vida y con el pluralismo, con la razón y con la convivencia, con la dignidad de todos, como mujeres y hombres demócratas y libres; un compromiso que no admite
interpretaciones interesadas o sujetas a ópticas chatas; un compromiso profundo que por serlo con quienes hoy están amenazados lo es también con la totalidad de nuestra sociedad, porque es a ésta a quien se ataca cada vez que un concejal es
agredido o perseguido por el mero hecho de expresar una idea o de querer servir a los demás. Así pues, el voto que hoy requerimos para la toma en consideración de esta proposición de ley es más que nunca un voto en conciencia acorde con las más
elementales y auténticas exigencias democráticas; un voto de apoyo a quienes diariamente construyen la democracia desde su ejemplo personal en los ayuntamientos; un voto de confianza en la pervivencia de la libertad frente a quienes tratan de
limitarla a su antojo; un voto de responsabilidad y de apuesta por un futuro diferente en el que nadie sea ilegítimamente perseguido en función de sus ideas y de sus sentimientos.
Termino, señorías. Los grupos parlamentarios que hoy sometemos esta iniciativa a la consideración de la Cámara lo hacemos, sin duda, con las manos llenas de voluntad, de concordia y de paz, sabiendo que el mejor camino hacia la paz y hacia
la concordia es siempre el camino del derecho y la ley. A tal fin se encamina la literalidad y el sentido de la presente proposición de ley, que es trasunto del clamor de millones de ciudadanos que la respaldan en lo que ésta significa de
compromiso y de esperanza frente a la miseria de la violencia y el dictado del terror.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la obligación del derecho, y sobre todo de los poderes públicos, es desarrollar lo que nuestra Constitución denomina como función promocional consistente en remover
obstáculos principalmente a aquellos elementos que perturben el ejercicio de la libertad, el ejercicio de la democracia, el ejercicio de derechos tan fundamentales como la participación política.
El derecho tiene que dar respuestas, no puede mirar
para otro lado. Los poderes públicos y esta Cámara no pueden ocultar la realidad de unos hechos que nos obligan a todos, como demócratas, a actuar. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Qué está pasando?
'Aquí estamos otra vez en tu portal de casa, pero sepa usted que la próxima vez que vengamos no será para ponerle ningún paquetito sino que iremos directamente a volarle la cabeza como bien te lo mereces. Te recomendamos que te marches de
Euskal Herria o de esta vida. Toma la llave de tu portal, pero no te tranquilices demasiado pues tenemos 47 copias más sacadas de ella y 47 personas están dispuestas a darlo todo para eliminarte'. Señora presidenta, señorías, cartas como ésta,
recibida por el concejal socialista de Andoain José Luis Vela, la reciben un puñado de valerosas y de valerosos concejales, alcaldes y alcaldesas que en el País Vasco y en Navarra representan a los ciudadanos que votaron al Partido Popular o al
Partido Socialista Obrero Español y que no aceptan nacionalismos obligatorios. Te recomendamos que te marches de Euskal Herria o de esta vida. Esa parece ser la alternativa, ese es el gran objetivo de algunos. He aquí una frase que lo resume
todo. Se trata de negar la condición de ciudadano vasco; se trata de impedir el derecho de participación y representación política; se trata de quitar la voz a miles de ciudadanos, hombres y mujeres, que piensan de otra forma, que votan de otra
forma, que son muchísimos miles y que no quieren ser independentistas; se trata de un expreso ejemplo de limpieza étnico-política. A veces es una carta bomba, otras veces es un tiro en la nuca o un coche bomba; a veces, señorías, pelotaris de
paja se acobardan en el frontón acudiendo en auxilio de los agresores o mirando cómo se juega a la pelota mientras un grupo de cobardes y desalmados intentan linchar a alcaldesas como la de Lasarte; a veces, señoras y señores diputados, es el
silencio. En ocasiones los censos electores sirven a interventores o a agentes electorales para obtener la información que precisan los terroristas. Los registros públicos de intereses ilustran sobre bienes y circunstancias que valerosamente,
entre comillas, un puñado de abertzales ponen a disposición de ETA. Las garantías de la democracia, sus recursos, instrumentos y medios en ocasiones se tornan lanzas ante el uso degradado que de ellos hacen los nuevos somatenes, los confidentes
valerosos, una vez más entre comillas, del terror. En el País Vasco y en Navarra es difícil, señoras y señores diputados, confeccionar candidaturas municipales; es difícil ejercer la función de concejal; es difícil, cuando no imposible, ser
ciudadano en el pleno ejercicio de los derechos si no se es antes independentista y se acepta la estrategia de ETA. Se pretende exterminar políticamente a todo ciudadano que no piense como los abertzales; se pretende ahogar la voz y dejar sin
representación política a miles de ciudadanos que están representados políticamente por los concejales del Partido Socialista o del Partido Popular.
El artículo 23 de la Constitución española afirma que los ciudadanos tienen el derecho de participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Afirma también que los ciudadanos tienen el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes. La agresión o la violación del derecho de participación de este artículo 23 supone
atentar contra el núcleo mismo de la democracia, contra la esencia de nuestro sistema. Sin participación ciudadana, sin sufragio universal, sin suficientes garantías para desempeñar las funciones propias de la representación política no hay
libertad ni justicia ni igualdad ni pluralismo político, valores todos estos superiores de nuestra Constitución. No existirían las condiciones en que se tiene que desarrollar el Estado social y democrático de derecho. Cuando un ayuntamiento
homenajea a un terrorista, cuando da cobertura o apoyo de forma reiterada o grave al terrorismo o enaltece o menosprecia o persigue a las víctimas del terrorismo, cuando se financia con recursos públicos a los cómplices del terror para que extiendan
su actividad coactiva, cuando no asesina, se está violentando la función constitucional de la autonomía local como garantía institucional. Cuando esto ocurre se está incurriendo en una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, se
están incumpliendo las obligaciones constitucionales de los ayuntamientos. En tal supuesto, señoras y señores diputados, plantearse la disolución de los órganos de un ayuntamiento no es extraño. Sería también una forma de remoción de obstáculos a
la libertad y a los derechos en clave de defensa constitucional. El tema, somos conscientes, es un tema controvertido, pero tengo que recordarles que el actual artículo 61 de la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, ya prevé la posibilidad de disolución de una corporación local. Es más, estamos ante una figura que abunda en el ámbito de la Unión Europea del derecho comparado; por ejemplo, en Alemania, en Estados como Renania-Westfalia,
Renania-Palatinado, Bremen, Baviera, etcétera.
La disolución de los órganos de una corporación fue un tema que obtuvo, a través de una enmienda transaccional, el apoyo mayoritario del legislador de 1984. Es más, en el debate parlamentario no se cuestionó la disolución en sí misma, sino
la forma o la institución competente para promover esta medida y el papel de las comunidades autónomas. No albergamos tampoco dudas sobre la constitucionalidad de la medida. En la sentencia 4/1981 el Tribunal Constitucional entiende
que la habilitación que se otorga al Gobierno no se opone a la Constitución. Posteriormente, la sentencia de 27/1987, de 17 de febrero, tampoco declara inconstitucionalidad alguna del artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local. No
existe, por tanto, ataque o desconocimiento de la autonomía local. Es más, nuestro Tribunal Constitucional vincula la autonomía local, el concepto mismo de este principio, al derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en
el gobierno y administración de cuantos asuntos le atañen, constituyendo en todo caso un poder limitado que no puede oponerse al principio de unidad estatal.
Fíjense: autonomía local, instrumento de participación, de participación política de la
comunidad. Esa es la preordenación hacia donde va dirigida la autonomía local.
En el País Vasco y en Navarra existe una situación de hecho objetiva de depuración política, de negación del derecho a la vida, de coacción y de obstaculización de la pluralidad, del derecho de participación, del derecho de sufragio activo o
pasivo, del ejercicio de la función parlamentaria, del cargo público o de la función de concejal. Frente a esta situación los ciudadanos tienen derecho a plantearnos, tenemos derecho a plantear y a exigir a los poderes públicos apoyo activo,
protección, amparo, garantía y remoción de obstáculos. El derecho, por tanto, debe intervenir.
Señoras y señores diputados, es la hora del legislador. El artículo 9 de la Constitución española regula la función promocional de los derechos que incumbe a los poderes públicos. Hoy invocamos su cumplimiento.
Corresponde en efecto a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Este es el objetivo de esta proposición de ley que hoy presentamos ante esta Cámara. Los
ciudadanos tienen derecho a exigirnos que hagamos algo, que actuemos en defensa de la democracia y que removamos los obstáculos que dificultan el ejercicio de la libertad.
Es preciso abordar con normas jurídicas la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Esta proposición de ley protege penalmente a los concejales y el orden de los plenos municipales; garantiza la
movilidad de escoltas y de las funciones de protección; protege la confidencialidad de datos que figuren en los registros y en el propio censo electoral que afecten a las víctimas de las amenazas o coacciones; sufraga presupuestariamente los
gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional; mejora los mecanismos de control de los procesos electorales, ampliando, por ejemplo, la función de interventor a todos aquellos
electores que se encuentren inscritos en el censo electoral con independencia del territorio al que pertenezcan; permite, en caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un concejal, atribuir el escaño, en el caso de que no quedasen posibles
candidatos o suplentes a nombrar, a cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de ineligibilidad a propuesta del partido o coalición cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos; refuerza la posibilidad de disolución de los
órganos de las corporaciones locales; y por último, se ponen trabas a la elegibilidad de los terroristas que hayan sido condenados por sentencia aunque no sea firme, y se dificulta la financiación pública de partidos, federaciones, coaliciones o
agrupaciones de electores que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la violencia contra las personas, enaltezcan o justifiquen los delitos de terrorismo o a quienes hayan participado en su ejecución o realicen actos que entrañen el
descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares.
Para dar cumplimiento y acogida a estas reformas se modifican un conjunto de leyes importantes: la Ley Orgánica del Código Penal, La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, la Ley de Régimen Electoral,
la Ley de Bases de Régimen Local, y es fruto de un diálogo sereno pero también de una voluntad de respuesta a una situación por la que pasan muchos demócratas en el País Vasco; es fruto del acuerdo, del entendimiento, del pacto por las libertades y
contra el terrorismo con el Partido Popular, pero también es fruto de una voluntad de ampliación, también recoge planteamientos que en otros foros han sido asumidos igualmente desde la vía del diálogo. Algunas de estas propuestas, por ejemplo,
están recogidas en la denominada mesa de Arkaute o comisión de seguridad del País Vasco, de fecha 21 de mayo del presente año, cuyo acuerdo fue suscrito por el Gobierno vasco y los partidos de Izquierda Unida, Eusko Alkartasuna, PNV y Partido
Socialista de Euskadi- Euskadiko Ezkerra. Formulamos, señora presidenta, señoras y señores diputados, esta proposición de ley con el ánimo de obtener el mayor apoyo posible de la Cámara. Estaremos muy atentos a las enmiendas que se presenten y a
todo aquello que, sirviendo a los objetivos de esta iniciativa, pueda mejorarla.
No quisiera finalizar mi intervención sin hacer un público reconocimiento a tantas mujeres y hombres que en el País Vasco y en Navarra dan ejemplo todos los días de coraje cívico y democrático. La democracia española tiene contraída una
deuda impagable con los concejales que sufren persecución y con todos los ciudadanos que se revelan contra el terror en defensa de la libertad. Pese a nuestro agradecimiento, nunca les compensaremos lo suficiente. Nuestra obligación y nuestro
deber moral es apoyarles, es defender la presencia de la representación ciudadana en los ayuntamientos, es defender, si me apuran, la participación en los pueblos y ciudades. La política hoy, señoras y señores diputados, tiene más sentido que
nunca, y sobre todo la realidad municipal es clave para su desarrollo. Los ayuntamientos, tal como reconoce la Carta europea de la autonomía local, son uno de los principales fundamentos
de un régimen democrático. Los municipios y las ciudades siempre han sido espacios de libertad. La ciudad incluso expresa mejor que otras realidades la idea de convivencia, de apertura, de cosmopolitismo, de mestizaje, de pluralidad, de
inclusión, de integración. La ciudad es universal, y en esta hora, señoras y señores diputados, es antes la libertad que la nación. No miremos, por tanto, hacia otro lado, no seamos tibios ni caigamos en la irresolución. Sabemos por experiencia
que la insolencia de las dictaduras es tanto mayor cuanto más grande es la irresolución de las democracias.
Jacques Julliard, en su libro El fascismo que viene, reflexionaba en 1992 de esta manera al referirse a la noche que se cernía sobre Sarajevo, y añadía: si no hacemos nada por evitarlo, si pasada la alerta volvemos a nuestros pequeños
quehaceres cotidianos como si nada hubiera pasado, entonces seremos todos nosotros quienes habremos perdido. Si nosotros no hacemos nada para evitarlo, se abrirán nuevos frentes, el odio triunfará, el fascismo renacerá y sólo nos quedará
contemplar, con el corazón henchido de rabia, las ruinas de una Europa que nosotros habíamos merecido amar.
Señoras y señores diputados, somos muchos los que no queremos ese final, no queremos contemplar con nuestro corazón henchido de rabia la ruina de un País Vasco y de una Navarra que habíamos merecido amar y que no nos resignamos a no poder
hacerlo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuesta.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi intervención es para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a la toma en consideración de esta proposición de ley presentada. En primer lugar, porque entendemos que a diferencia de otras ocasiones ha existido una voluntad de diálogo con
todos los partidos representados en esta Cámara; se ha abandonado una senda peligrosa, un camino de división que en un tema como éste no debería haberse producido nunca porque, no lo olviden, aquí no hay dos bandos, todos y cada uno de los
diputados que estamos aquí representados estamos en el lado de la libertad y de la condena del terror sin equívocos. Los que hemos soportado las injustas críticas por pensar distinto, por creer que hay otras vías para arreglar el problema, nos
mostramos satisfechos porque ahora se retoma el diálogo. El final del proceso es recomponer esa unidad de acción política, y ahí habrá que tener altura de miras y abandonar el partidismo insensato.
Vamos a apoyar esta toma en consideración porque estamos a favor de la mayoría de los puntos que se modifican en la ley en un ámbito como el de la seguridad de los concejales, porque pensamos que se viene a penar de forma clara y sin
ambigüedades una serie de conductas graves que impiden el legítimo derecho de los concejales al ejercicio de su función, siempre como consecuencia de conductas relacionadas con la existencia de bandas armadas y terroristas que les amedrentan y les
infunden un temor real contra sus bienes, sus familias y su propia vida.
Si la Administración local es la más cercana al ciudadano debe ser también exquisita en su funcionamiento democrático, de manera que si no se respetan los principios de respeto y de libertad en el ejercicio de su cargo, difícilmente se puede
garantizar el derecho de participación política y el resto de los derechos constitucionales. Los ayuntamientos son por excelencia la base del sistema democrático, por lo que sus componentes deben gozar del máximo respeto en el ejercicio de sus
funciones. Sin embargo, creemos también que existen aspectos mejorables desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales, como el de la financiación de los partidos, la inseguridad jurídica, la presunción de inocencia y el de
disolver ayuntamientos, competencia de las comunidades autónomas y no del Gobierno central.
Por tanto, entendemos que puede mejorarse, y nosotros así lo intentaremos mediante sendas enmiendas siempre constructivas, esperando de los grupos proponentes la misma sensibilidad que han tenido con la llamada al diálogo. En consecuencia,
como hemos dicho al principio, vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Eusko Alkartasuna, tras haber estudiado el contenido, pero también el procedimiento, que se ha seguido en esta cuestión, va a abstenerse en esta toma en consideración. Con relación al contenido, la proposición contempla, desde nuestra
perspectiva, dos tipos de medidas de muy diferente naturaleza. Por un lado, reformas legales que pretenden mejorar y reforzar la seguridad de los concejales, medidas que apoyamos de forma clara y rotunda, puesto que algunas de ellas ya fueron
objeto de acuerdo en el seno plural de la comisión de Arkaute y ratificadas posteriormente por el propio Parlamento vasco. También añadimos que introduciremos en el trámite de enmiendas algunas cuestiones que creemos pueden reforzar la seguridad de
los concejales y que no aparecen en esta proposición. Por otro lado, nos presentan en esta misma proposición medidas de muy distinta naturaleza. Hay otras medidas que tienen
su origen en ese pensamiento filosófico que originó la Ley de partidos, que para nosotros suponen una restricción de las libertades, un recorte de las vías políticas, en definitiva, un menoscabo de la democracia que no resuelve nada, sino
que empeora la situación. Es evidente que a estas medidas, financiación de partidos políticos o modificaciones relativas a la disolución de los órganos de las corporaciones locales, diremos no.
En cuanto al procedimiento, nos gustaría que nos explicaran, señorías del Grupo Popular y del Grupo Socialista, por qué no han llamado a las fuerzas parlamentarias representadas en esta Cámara. ¿Por qué? Esta es la gran pregunta. Saben
perfectamente que, si nos hubieran llamado, hubiéramos acudido, hubiéramos presentado aportaciones, hubiéramos hecho propuestas, y no les quepa ninguna duda de que hubiéramos llegado a un acuerdo y a un consenso, a una unanimidad. ¿Por qué no
querían la unanimidad? Porque quieren seguir manteniendo ese mundo virtual de que ustedes son los buenos y nosotros los malos, de que realmente no apostamos por la seguridad de los concejales, y esa no es la verdad. Por eso no nos han llamado a
ese debate. Esto es lo peligroso, porque ustedes no buscan el diálogo ni tratan de conseguir una solución a los problemas desde la perspectiva de todos. Esto es lo más grave. No obstante, nos abstendremos con la construcción de nuevas
aportaciones para lo que, en definitiva, es verdaderamente importante: la seguridad de los concejales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster. Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya va abstenerse. Consideramos que hay razones para la toma en consideración de esta propuesta legislativa, pero a nuestro entender hay dos elementos muy diferenciados.
En primer lugar, estaríamos de acuerdo en ampliar las dotaciones económicas para la financiación de partidos políticos para garantizar mejoras en las condiciones de seguridad de los cargos públicos, en este caso locales. En segundo lugar, también
estaríamos de acuerdo en reformar lo que haya que reformar de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la movilidad de los escoltas. Pero creemos que detrás de esta ley hay una responsabilidad por parte del
Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, la responsabilidad de intentar meter por la puerta de atrás, ante la excusa de la seguridad de concejales y alcaldes, la Ley de partidos, ley que votamos en contra y con la que discrepamos
abierta y legítimamente. Los criterios para disolver entidades locales, los criterios para la ilegibilidad de concejales o cargos públicos o, en definitiva, cuestionar subvenciones, ayudas o financiación gozan de una gran arbitrariedad, como hemos
visto hasta ahora. A partir de aquí, creemos que puede mejorarse el texto y por eso vamos a abstenernos. Difícilmente va hacerse con el clima de diálogo que tanto ustedes, Partido Popular y Partido Socialista, han establecido con este debate.
Quede clara, como ha dicho la diputada que me ha precedido, Begoña Lasagabaster, nuestra voluntad de garantizar la libertad, porque, en definitiva, la integridad de todos los cargos públicos es la garantía en democracia. Pero para Esquerra
Republicana de Catalunya, mal va la democracia cuando se intenta garantizar la libertad de unos recortando la de otros. Y la Ley de partidos era esto, recortar la libertad, el derecho a representación, a expresión y a asociación de una parte
importante del País Vasco. Así no vamos a garantizar la libertad y la integridad de muchos hombres y mujeres que quieren luchar y defender sus ideas democráticamente.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós. Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, no nos cabe ninguna duda de que la defensa de la vida, la seguridad personal, está en la raíz de la defensa de las libertades y de la convivencia. No nos cabe ninguna duda que de esta
Cámara no puede salir sino condena a los violentos, condena a los terroristas. Cada vez que en la Cámara se ha tomado este tema en consideración los andalucistas hemos manifestado nuestra unívoca posición de apoyo por dos razones: primero, porque
tristemente tenemos muchas velas en este entierro, porque tristemente ha habido sangre derramada en Andalucía y sangre andaluza derramada en el País Vasco por el terrorismo, y después, porque creemos que no admite matizaciones de forma el apoyo al
fondo, ni siquiera en algunas cuestiones. No me parece que el ciudadano pueda entender que por matices de forma los grupos discrepen en una materia tan grave como el terrorismo. Desde ese punto de vista siempre hemos apoyado el pacto
antiterrorista, la Ley de partidos y hoy esta toma en consideración de la ley, de una ley que trata de defender la seguridad de los concejales y de garantizar la democracia de nuestros ayuntamientos. Parece que hay pocos matices para estar fuera,
pero quiero dejar una pregunta en el aire: ¿por qué en estos tres debates antiterroristas la alternativa de esta Cámara es un texto bipartidista al que adscribirse? ¿Por qué siempre el mismo método, un acuerdo de los dos partidos mayoritarios al
que se nos llama a los demás a firmar, en el mejor de los casos, y en el peor, el que no firme está en contra? Creo que hay que cambiar el método y que la contundencia de las medidas es la unidad de todos los partidos que defienden la democracia;
yo creo que el método es la mesa donde estén sentados
todos los partidos que defienden este tema. El método no puede ser llamar a firmar, llamar a adscribir. Yo espero que hoy con esta figura quebremos esa tendencia. Se nos ha ofrecido por uno de los grupos proponentes -entiendo que en
nombre de los dos, pero por el otro no- que hay posibilidades de incorporar matices y enmiendas, de corregir proyectos que hagan que el texto sea de todos y que la unidad se visualice.
Mientras no consigamos esto seremos poco eficaces. De modo que
ninguna duda de apoyo porque el fondo lo tengo clarísimo, pero una denuncia a esta forma de trabajar nada pluripartidista, nada abierta que es cerrar texto y llamar a los demás a firmar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley que hoy se somete a debate para su toma en consideración es evidente, como dijeron otros portavoces, que es fruto del acuerdo previo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, un
acuerdo cerrado entre ambas formaciones en exclusiva que, como es práctica habitual, es sometido posteriormente a la discusión del resto de los grupos de la Cámara. No nos parece una buena práctica traer estas propuestas cerradas aunque sean fruto
del pacto de los dos grupos mayoritarios.
Las propuestas que contiene esta proposición de ley tratan de impulsar modificaciones legales que lleven a garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, una cuestión sin duda muy importante pero precisamente
por eso, y porque se trata de modificar aspectos importantes de diversas leyes, debería hacerse con sosiego y desde luego por prudencia, debería venir avalada o informada, en nuestra opinión, por algún órgano constitucional, lo que no es el caso.
Como luego especificaré brevemente, nosotros compartimos el objetivo último de la propuesta, pero creemos también que existe posibilidad de mejorar el texto. Todos deberíamos tener presente que estamos ante modificaciones legales muy importantes,
donde habría que cuidar al máximo que no se vean menoscabados los derechos básicos de las personas.
El Bloque Nacionalista Galego apoya sin reservas todas aquellas medidas que sean eficaces para proteger la vida y la libertad de las personas y en concreto de los concejales y demás cargos públicos. En consecuencia, repudiamos cualquier
forma de presión y más aún cualquier atentado contra los representantes públicos, que lo son por elección del electorado. En nuestra opinión, son apoyables las propuestas de reforma del Código Penal, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin que ese apoyo suponga renuncia a formular enmiendas que contribuyan a mejorar el texto. Otras propuestas que no obedecen directamente a la finalidad de proteger la vida y la libertad de los cargos
públicos nos parecen más discutibles. Nos parece discutible que sin intervención de la autoridad judicial se prive a una organización política legal del acceso a ayudas y subvenciones previstas por la ley. En nuestra opinión atenta contra la
división de poderes el que la Administración pueda tomar decisiones en ese ámbito sobre la base de sentencias no firmes o sobre la base de conceptos jurídicos indeterminados.
Son aceptables las modificaciones propuestas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y en la Ley de Bases de Régimen Local en lo que se refiere a medidas de protección de cargos públicos, como las referentes a la confidencialidad de
los datos personales del censo o las declaraciones de interés. Resulta, sin embargo, necesario discutir más a fondo sobre aquellas que puedan conculcar derechos básicos, como los de participación política, o la modificación que se pretende del
artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que llevaría a la disolución de las entidades locales sin intervención judicial alguna y en el fondo dejando sin ninguna capacidad de decisión a las comunidades autónomas en estos supuestos.
Concluyo, señora presidenta, diciendo que el Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley. Anunciamos que presentaremos enmiendas y esperamos que al final del proceso de discusión
parlamentaria salga un texto que contribuya a proteger la vida y la libertad de los cargos públicos, siendo al tiempo escrupulosamente respetuoso con los derechos democráticos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, voy a fijar la posición de Coalición Canarias, que es inequívocamente de apoyo a lo que es un sistema de valores democráticos.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica que nos traen
aquí, con un justo derecho de prioridad, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, mi grupo entiende ese derecho de prioridad por ser dos fuerzas políticas representadas en el contexto administrativo,
político y democrático del País Vasco, y aunque mi grupo no lo está, aquí hace un acto de solidaridad. Entendemos este derecho de presentación que traen los dos grupos mayoritarios de la Cámara por esta razón también de representación en el País
Vasco. Mi grupo trae con ello un compromiso de acatamiento a la Constitución. No es un compromiso puramente formal, sino un compromiso real de acatar, de cumplir y de hacer
cumplir la Constitución. Se nos proponen aquí unas medidas para garantizar un principio de democracia en los ayuntamientos del País Vasco, de Navarra o de cualquier otra parte del Estado en que pudiéramos encontrarnos con una situación de
este tipo. Ojalá no tuviéramos que llegar a este tipo de leyes, que no son gratas en un sistema de normalidad. Lo ideal hubiera sido no tener las circunstancias que obliguen a una legislación excepcional de este tipo. Pero ya que las
circunstancias son las que son, como decía Benjamín Franklin, cuando el imperativo de las circunstancias obliga a una toma de posiciones legislativas y democráticas, hay que tomarlas sin que el pulso ni la duda hagan acto de presencia en su temblor.
En segundo lugar, defender la democracia es defender la libertad. Para nosotros esto es un binomio indisoluble. La democracia es a la libertad lo que la libertad es a la democracia. Las dos son imprescindibles para que den eficazmente su
fruto. Si se busca la democracia en una corporación local de base en un Estado democrático, esa correlación de democracia tiene que estar en todas las instituciones. Hay democracia en esta Cámara, hay democracia en el Gobierno, hay democracia en
las comunidades autónomas, ¿por qué no habría de haberla en los ayuntamientos? Pues porque hay un factor que presiona para que no exista una de las causas justificantes de todo sistema democrático, que es el pluralismo. Una democracia que
excluyese por una razón vana y puramente sectorial, dictatorial, inadmisible en un sistema de libertades, no sería una verdadera democracia.
Por nuestra parte, venimos aquí a defender este binomio de democracia y libertad; venimos a proteger una de las figuras fundamentales en que se materializa la democracia: un sistema electoral libre; es decir, unos candidatos libres y el
ejercicio libre de esa candidatura. Elecciones en libertad, personas en libertad y ejercicio de su función, en el ámbito de la Administración local, igualmente en libertad. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones. (Pausa.)
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Acatar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, es entrar en asuntos de este tipo. Es garantizar al ciudadano que opte por representar a sus conciudadanos en el sistema democrático que pueda alcanzar esa
representación, ejercerla y dejarla con la misma dignidad; es decir, que quien entre con libertad pueda salir con libertad.
Teniendo en cuenta estos principios, se trata de modificar nada menos que seis textos legales -Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de financiación de partidos políticos, Ley electoral general y Ley de bases de régimen local- para
que se pueda llegar a disoluciones con las garantías que pretende este proyecto, a través de decisiones del Gobierno debatidas en esta Cámara y en el Senado. Es un ejercicio del imperativo de la ley democrática. Tenemos que entenderlo así, frente
a quien quiera distorsionar nuestro pensamiento. El día que permitamos que distorsionen nuestro pensamiento sobre el ejercicio del poder democrático, de modo que no se corte allí donde se puede producir una gangrena del sistema, habremos fracasado.
Mi grupo -como todos los grupos de la Cámara-, puesto que tiene el amparo constitucional, tiene la obligación de defender estos principios. Por esta razón, señora presidenta, señorías, votará favorablemente, con toda responsabilidad, con
toda firmeza y con todo el derecho democrático, la toma en consideración de este importante documento.
Nada más, y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los grupos parlamentarios Popular y Socialista someten a la Cámara, para su toma en consideración, una proposición de ley orgánica que contempla la reforma de seis normas legales de diferente rango y condición -algunas son
orgánicas, otras son ordinarias con carácter básico y otras son sencillamente ordinarias-, con el propósito de garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales.
El Grupo Vasco ha analizado exhaustiva y detenidamente el contenido y ha observado que la gran mayoría de las medidas que incluyen la proposición -la gran mayoría, insisto- le suenan, le resultan conocidas y se le hacen familiares. Le
ocurre con ellas lo que a los inventores plagiados: que recuerdan -o, cuando menos, creen recordar- haber contribuido decisivamente a la conformación de una idea o al descubrimiento de una sustancia química, que sorprendentemente ven luego
patentada e inscrita a nombre de otros en el Registro de la Propiedad Industrial. Es más, entre los impulsores de la iniciativa identificamos, por una parte, a un antiguo compañero de laboratorio, que compartió con nosotros muchas horas entre
probetas, pipetas, microscopios y balanzas de precisión, ensayando y volviendo a ensayar diferentes combinaciones hasta dar con la fórmula de cuya patente nos vemos ahora sorprendentemente excluidos. Pero vemos también -y esto quizá resulta más
extraño- a alguien que nunca pisó el laboratorio, que jamás estuvo en el laboratorio, que fue efectivamente invitado a colaborar con los demás en un proyecto que considerábamos común pero que rehusó hacerlo; y no solamente rehusó hacerlo, sino que
dejó expresamente su silla vacía y, no contento con ello, despreció abiertamente el trabajo de quienes estábamos reunidos allí, comentando desdeñosamente que lo que hacíamos en aquella sala no era trabajar sino una juerga infame; algo así, creo
recordar. Hoy nos hablan
de paz y de concordia, pero eso fue lo que dijeron: que allí estábamos reunidos para hacer una juerga infame. Una y otra vez nos preguntamos: ¿puede ser cierto que nuestro compañero de laboratorio se haya coaligado con quien tan
olímpicamente despreció el trabajo que desarrollamos en común con el solo fin, con el único objetivo de excluir nuestro nombre del titular de la patente? La realidad, la cruda realidad nos dice una y otra vez que sí. Esto es lo que nos ocurre,
señorías, con el grueso de las medidas que conforman esta proposición de ley orgánica.
Las restantes medidas de la proposición nos suenan también aunque por razones muy distintas, por motivos más bien diferentes. Nos resultan conocidas, se nos hacen igualmente familiares porque guardan relación con una idea que se gestó, se
desarrolló y adquirió forma en un laboratorio al que nunca fuimos invitados, una idea de cuya elaboración se nos excluyó deliberada y expresamente y que, evidentemente, no nos gusta; una idea que rechazamos expresamente cuando se trajo a la Cámara,
fue objeto de debate y a la que ahora seguimos siendo refractarios. Por lo demás, la iniciativa ha sido muñida, como es de público conocimiento, en el seno de un pacto llamado contra el terrorismo y por las libertades, pero que desde el primer
momento de su existencia manifestó una clarísima vocación de antinacionalismo vasco; vocación que, por otra parte, tampoco ha sido ocultada por algunos de sus promotores. Todavía resuenan en nuestros oídos las palabras de un famoso ministro del
Interior en las que se reconocía que más allá de los objetivos que pudieran alcanzarse en el ámbito de la lucha antiterrorista, el propósito básico del pacto era la neutralización política del nacionalismo vasco.
Hay cosas en la proposición de ley orgánica que debatimos que parecen expresamente concertadas y dispuestas para provocar el voto negativo del Grupo Vasco en este trámite de toma en consideración. En primer lugar, por el hecho mismo de que
la iniciativa contenga medidas -algunas de ellas, por cierto, reproducidas incluso literalmente- en cuya original concepción, en cuya principal redacción, participó decisivamente nuestra formación política sin que en momento alguno se reconozca
cuando menos su copaternidad, no vamos a reclamar ya la paternidad en su totalidad; en segundo término, el hecho de que estas medidas se incluyan unidas de modo indisociable y en una misma iniciativa con otras que, como es bien conocido, enlazan
con debates mantenidos recientemente en esta Cámara en los que el Grupo Vasco defendió abiertamente posiciones contrarias a las de los grupos proponentes de la iniciativa. A nadie se le oculta la clara y evidente trabazón lógica que algunas de
ellas mantienen con la Ley de reforma de la Ley de partidos políticos. En tercer lugar, la circunstancia, nada desdeñable diría yo, de que la proposición de ley orgánica haya emergido a la luz pública como producto del pacto llamado antiterrorista
y por las libertades; ese mismo pacto que, según desvelaron y reconocieron altos responsables del Ministerio del Interior, tiene por objeto neutralizar políticamente el nacionalismo vasco. Son varias, como puede verse, las chinas puestas en el
camino para provocar la caída del Grupo Vasco. Pero el Grupo Vasco no está dispuesto a caer en la red. Si en su día impulsamos y apoyamos en el seno de la Comisión de Seguridad, constituida en la sede de la academia de la Ertzaintza en Arkaute,
gran parte de las medidas que incluye la presente proposición de ley orgánica, no vamos a cambiar de criterio ahora por el hecho de que se nos presenten revestidas, como efectivamente vienen, de un ropaje de pinchos. Esas medidas, que persiguen
reforzar la seguridad de los miembros de las corporaciones locales que padezcan el acoso del terrorismo y de las demás personas amenazadas, las seguimos y las seguiremos apoyando sin ambages, sin dudas, sin titubeos de ningún tipo porque forman
parte de las condiciones mínimas indispensables para garantizar un adecuado desenvolvimiento de la función representativa municipal. Se trata de medidas que persiguen salvaguardar la libertad de los concejales frente a la actuación violenta y
agresiva de organizaciones que se llaman a sí mismas socialistas revolucionarias y que no permiten desarrollar actividad alguna a quienes no comparten sus postulados ideológicos. Al mismo tiempo, seguiremos apoyando otras medidas que en su día
fueron igualmente acordadas en el seno de la Comisión de Seguridad y que aun cuando han sido sistemáticamente silenciadas y no han sido incorporadas a esta proposición de ley orgánica que ahora debatimos, resultan tan importantes o más que las que
aparecen articuladas en la misma para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Nos referimos, por ejemplo, a la que propone el incremento inmediato de 200 efectivos en la plantilla de la Ertzaintza, que está
planteada ya ante el Ministerio de Interior y ante la junta de seguridad desde el mes de agosto del año 2001, es decir, desde hace ya más de un año, y nos referimos también a la que plantea la necesaria incorporación de la policía autonómica vasca a
los foros operativos policiales existentes en la Unión Europea como requisito imprescindible (así aparece recogido en las actas de la Comisión de Seguridad) para mejorar la eficacia policial en la lucha contra el terrorismo. Se trata, a nuestro
juicio, de medidas fundamentales que han sido reiterada e insistentemente propuestas por las autoridades autonómicas competentes en el ámbito de la seguridad en el País Vasco y cuya materialización requiere de la adopción de una serie de acuerdos
por parte de la Administración general del Estado que hasta la fecha no se han adoptado. ¿Acaso alguien en esta Cámara puede estar en desacuerdo con la necesidad de mejorar la eficacia policial contra el terrorismo? ¿Acaso alguien en esta Cámara
puede escudarse en pretextos alicortos para oponerse a una pretensión que sólo redunda en beneficio de la democracia y de la seguridad de los concejales?
Señorías, respecto a las restantes medidas de la proposición de ley orgánica, aquellas en las que no quepa identificar nuestra paternidad, o cuando menos copaternidad, las analizaremos detenidamente y en su caso presentaremos las enmiendas
que estimemos pertinentes, algunas por motivos de legalidad, otras por cuestiones de oportunidad. De entrada, podemos anticipar que alguna puede incluso resultar innecesaria, total o parcialmente innecesaria porque, a nuestro juicio, está recogida
ya en su totalidad o en parte en el ordenamiento jurídico, y otras pueden entrañar problemas de constitucionalidad, que evidentemente no es este el momento de señalar.
Señorías, el Grupo Vasco no se va a oponer a la tramitación de esta iniciativa como proposición de ley orgánica; hacerlo sería algo así como negarse a sí mismo, sería como desaprovechar el trabajo propio, pero tampoco va a apoyarlo
entusiásticamente por las razones ya señaladas. Por eso se va a abstener en este trámite de toma en consideración y será con ocasión del debate sobre cada una de las medidas que lo integran cuando fije su posición, expresando su apoyo o su rechazo
a las mismas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, hoy, quizá por primera vez en los últimos años, esta Cámara no se divide en la lucha antiterrorista; aprovechemos la oportunidad. Quiero empezar mi intervención dedicando mis
primeras palabras a concejales, militantes y simpatizantes de partidos y organizaciones sociales que realizan su trabajo en Euskadi y Navarra bajo la amenaza diaria y constante de la violencia, en ocasiones mortal, del entorno de la banda terrorista
ETA.
Izquierda Unida siempre ha estado, está y estará al lado de estas gentes que sufren el chantaje, la extorsión y la amenaza por la defensa de sus ideales democráticos, frente al ataque de los terroristas. Sepan todas estas gentes que la
solidaridad, el apoyo y la ayuda de las gentes de Izquierda Unida está siempre con ellos. Sin embargo, el abanico de víctimas y amenazados es, por desgracia, muy amplio en Euskadi y en Navarra. Ciertamente son los altos cargos y los cargos electos
del Partido Popular y del Partido Socialista quienes sufren con mayor virulencia el ataque del entorno terrorista, pero no sólo los cargos militantes y simpatizantes populares y socialistas están bajo el punto de mira de ETA, porque otros muchos
están amenazados. Nadie tiene, pues, el monopolio de la defensa de las víctimas. Por desgracia, nadie puede reclamar para sí la condición de perseguido en exclusiva y nadie, por el mero hecho de no ser víctima, puede ser puesto bajo sospecha.
Nadie debe instrumentalizar el dolor de las víctimas como un útil partidista. Dicho esto, debo decirles que Izquierda Unida ve de forma positiva la reforma legal que tiende a mejorar las condiciones de vida y la protección pública de los concejales
amenazados por ETA, sin perjuicio de reservar nuestra posición en materias político-constitucionales. La proposición de ley que hoy debatimos en esta Cámara en defensa de la libertad de expresión y de la participación política goza de la simpatía y
del afecto de este grupo parlamentario. Pero sin menoscabo de lo anterior, debo añadir que el método de gestación de esta iniciativa no ha sido el más adecuado para el fortalecimiento de la unidad de los demócratas ni para la lucha contra el
terrorismo. El llamado pacto de Estado antiterrorista, en el que sólo se reúnen Partido Popular y Partido Socialista, no puede ser el ámbito preferente de la lucha de los demócratas contra ETA; sobre todo, no puede ser el único ámbito. Su
estrategia antiterrorista no es la verdad absoluta, ni en esta Cámara ni tampoco en la sociedad española.
Hoy mismo sus propias encuestas lo demuestran: uno de cada tres ciudadanos no comparten su estrategia frente al terrorismo. El pacto de
Estado antiterrorista es un foro perfectamente lícito, pero no es el foro idóneo o el ideal para garantizar la máxima cohesión de los demócratas en la lucha contra el terror y, sobre todo, repito, no es el único. Esta proposición de ley viene
avalada hoy sólo por la firma de los dos grupos parlamentarios mayoritarios cuando, de seguir otro método, a buen seguro podría haber sido avalada por muchas más firmas. Izquierda Unida, aunque respeta el resultado concreto del pacto de Estado
antiterrorista que tiene por objeto la protección de los concejales amenazados, está en desacuerdo con el método que en general están siguiendo el Partido Popular y el Partido Socialista en la lucha contra ETA. Izquierda Unida entiende que es mucho
más lo que nos une a los partidos democráticos en la lucha contra ETA que lo que nos separa. Hoy ha quedado demostrado aquí con la existencia de votos en contra de la iniciativa de protección de concejales. El Parlamento tampoco puede ser en esta
materia un convidado de piedra. Consideramos que debe superarse el tiempo unilateral y que ha llegado el tiempo de los grandes consensos en esta materia o, al menos, de buscar un nuevo marco de diálogo, sin perjuicio de los ya existentes.
Entendemos que ha llegado el tiempo de impulsar -desde el máximo consenso- escenarios, foros y procedimientos de lucha antiterrorista en los que participen todos los partidos democráticos españoles, como el Foro de Madrid. Entre los procedimientos
que son de urgente implantación debemos resaltar la necesidad de coordinar los esfuerzos que se realizan en la defensa de los amenazados por parte de las Cortes Generales y del Gobierno con los que se realizan en esa misma materia por las
comunidades autónomas vasca y navarra y, muy significativamente, por la Mesa de Arkaute. La disposición de la mayor parte de los partidos políticos es positiva y creemos que los intentos de algún partido de tensar en
el último momento la cuerda y dar a entender que sólo ellos luchan contra ETA, patrimonializando esa defensa de nuestra democracia, no van a tener éxito. Determinados cortocircuitos políticos y mediáticos en torno a los juzgados de
Vigilancia Penitenciaria que todos ustedes conocen no deben impedir el avance de este nuevo espíritu del que hablo. Digo esto sin menosprecio de la gravedad extrema de lo que está ocurriendo con relación a los juzgados penitenciarios. Varios
ministros del Gobierno y un vicepresidente del Gobierno han cargado mediáticamente contra actuaciones perfectamente ajustadas a derecho de una jueza de Vigilancia Penitenciaria al margen de los procedimientos de recurso, violando con ello la
separación de poderes y atacando a la independencia del Poder Judicial simplemente para tratar de sacar, el Gobierno y el partido electoral, sustancia electoral, réditos electorales de la lucha contra ETA. A pesar de estas dificultades, es mucho
más, repito, lo que nos une a los demócratas que lo que nos separa en relación a la lucha contra ETA.
Por lo que hoy nos ocupa, debo decirles que Izquierda Unida es partidaria de aplicar una buena parte de las medidas que están contenidas en la proposición de ley que hoy nos presentan el Partido Popular y el Partido Socialista. Las reformas
que se van a introducir en la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la legislación electoral de partidos, penal, de enjuiciamiento criminal o local, en términos generales gozan de nuestro apoyo pues las compartimos. Todas
ellas en su conjunto pueden ayudar a mejorar la seguridad de personas que, elegidos por sus conciudadanos para representarles, tienen muy difícil el ejercicio de sus funciones por el acoso de los terroristas. Dicho lo anterior, debo dejar claro que
el resto de las reformas legales nos plantea una serie de problemas que en algún caso pueden llegar a bordear dificultades de constitucionalidad.
Con relación a la modificación de la Ley orgánica de Financiación de Partidos Políticos y a la Ley orgánica de Régimen Electoral General para retirar la financiación pública de los partidos y grupos institucionales que apoyen el terrorismo,
aun coincidiendo con su objetivo, evitar que el dinero público financie el terrorismo, debe trabajarse en una mejor solución constitucional y legal. Izquierda Unida entiende que la solución actual plantea problemas constitucionales y legales
serios, al crear dos categorías de partidos legales que ni la Constitución ni la Ley orgánica de Partidos Políticos contemplan. En el fondo, todo se reduce a defender con claridad un solo principio: un partido o es legal y está financiado con
dinero público o es ilegal por defender el terrorismo, y en este caso ni se le financia con dinero público pues ya no existe en el mundo del derecho. En conexión con el tema anterior, Izquierda Unida entiende que también es necesario trabajar otra
fórmula legal de la pactada entre el Partido Popular y el Partido Socialista con relación a la traslación de consecuencias jurídicas de los partidos por las acciones de los grupos institucionales, cuestión ésta expresamente prohibida por nuestra
Constitución y por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entre las cuestiones importantes que deberían ser pulidas, debemos resaltar la necesidad de clarificar qué órgano del Estado tiene la capacidad de iniciar un proceso cautelar de
retirada de financiación electoral a un partido político legal. Este tema no queda claro y pudiera existir la tentación de que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio del Interior decidan, de forma unilateral, qué partidos reciben fondos públicos
y cuáles no, con todos los peligros que ello supondría para nuestra democracia.
Con relación a la modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General y de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para proceder a disolver municipios que incumplan obligaciones constitucionales o apoyen directa o
indirectamente al terrorismo, Izquierda Unida quiere resaltar que tal posibilidad ya existe en el actual artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. No estamos, pues, ante un instrumento legal nuevo, aunque sí estamos ante un
impulso político que hace más probable el uso de este instrumento delicado en el futuro. Ante esta eventualidad, Izquierda Unida quiere dejar claro que se deben tener en cuenta principios como el de proporcionalidad, última ratio y el respeto a los
concejales y ciudadanos que no apoyen las medidas de los concejales que provoquen el incumplimiento de las obligaciones constitucionales de la corporación legal en cuestión. Finalmente, con relación a la privación del derecho de sufragio pasivo por
sentencia judicial en delitos relacionados con el terrorismo, esta operación afecta al principio de presunción de inocencia, efecto temporal de la misma, e implicaría una ejecución provisional de una pena accesoria contraria a todos los principios
clásicos del derecho penal y del procedimiento criminal. Conviene reflexionar sobre la formulación técnica de esta medida y evaluar todas sus repercusiones, no sólo jurídicas sino también prácticas, por un eventual riesgo procesal ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
Señorías, contra ETA debemos usar todos los medios democráticos a nuestro alcance, pero contra ETA no cabe todo y mucho menos rebasar nuestra Constitución. De la misma manera que contra los terroristas chechenos no caben los gases
prohibidos por el derecho internacional, ni los tiros en la nuca, ni ejecuciones sumarias, al terror de Estado tampoco es legítimo el Estado del terror. Aprovecho la ocasión en otro ámbito muy distinto para reprobar públicamente a quien haya
embarcado a la Casa Real en una felicitación al presidente ruso por la carnicería del Teatro de Moscú, así como para desaprobar la felicitación en el mismo sentido de nuestra ministra de Asuntos Exteriores, porque nos parece precipitada e
inadecuada.
Volviendo al tema que nos ocupa, concluyo. Anuncio el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Reitero públicamente algo
que ya he tenido ocasión de comentar a los grupos parlamentarios, cual es la decidida voluntad de Izquierda Unida de colaborar, si se nos deja, en la mejora de los aspectos de esta proposición de ley que chocan con nuestra Constitución. En
tercer lugar, reitero la voluntad de este grupo parlamentario de apoyar cuantas medidas puedan ayudar a proteger a los concejales, militantes y simpatizantes de los partidos políticos amenazados por ETA en Euskadi y en Navarra.
Finalizo, señorías. La inexistencia de votos de rechazo a esta iniciativa es un mensaje explícito de diálogo. En manos de ustedes, diputados del Partido Socialista, Gobierno del Partido Popular, está responder positivamente al diálogo y a
la unidad frente al terrorismo; en sus manos está aceptar las enmiendas; en sus manos está buscar nuevos foros de diálogo con todas las fuerzas políticas parlamentarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías: 'No hay duda de que los ayuntamientos representan el lugar en el que la democracia más estrechamente convive con la ciudadanía y más directamente atiende su legítima demanda de participación. Los ayuntamientos son, en
consecuencia, pilares básicos que sustentan todo el edificio democrático; allá donde la calidad de la democracia de los ayuntamientos se degrada, todo el sistema se resiente. Los alcaldes y los concejales, además de representantes legítimos de la
voluntad popular en sus respectivos municipios, encarnan los valores más nobles de una ciudadanía puesta al servicio del bien general. En la mayoría de los casos, su dedicación al bienestar de sus ciudadanos se hace a costa de un notable sacrificio
personal, familiar y profesional. Constituyen en tal sentido un ejemplo de civismo altruista y un testimonio de los valores más genuinos de la democracia en cuanto gobierno del pueblo y para el pueblo. Por ello, más allá de nuestras preocupaciones
cotidianas en el ámbito municipal, la grave situación en que se encuentran muchos ciudadanos, entre ellos nuestros compañeros amenazados, agredidos y asesinados por la acción terrorista de ETA, especialmente los corporativos del Partido Socialista y
del Partido Popular, así como los ataques a la libertad de expresión para la defensa de las ideas políticas democráticas, exigen de todos nosotros una respuesta decidida y solidaria en defensa de la democracia, la libertad y el respeto a la
pluralidad de la sociedad vasca.' Rogaría a los taquígrafos que cerrasen comillas y que las abriesen al inicio de mi intervención, porque esto no es otra cosa que la declaración aprobada por la Asociación de Municipios Vascos, el 3 de mayo del año
2002, bajo el nombre de: Declaración cívica en defensa de la democracia y la libertad y de respeto a la pluralidad de la sociedad vasca, con el apoyo del PNV, Eusko Alkartasuna, Partido Popular, Partido Socialista de Euskadi, Euskadiko Eskerra e
Izquierda Unida. Es precisamente esta declaración la que fundamenta, entre otros motivos, el voto favorable del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a esta proposición de ley.
Ciertamente -y así lo ha puesto de manifiesto algún otro portavoz-, la proposición de ley que hoy nos incumbe es también tributaria de otras leyes o de otras proposiciones de ley en las que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió pudo
tener también una participación activa y acabó fijando una posición. Es cierto que buena parte de las disposiciones a través de las cuales se modifica la Ley orgánica del régimen general electoral o la Ley orgánica de financiación de partidos
políticos es tributaria del apartado cuarto del artículo 6º de la Ley orgánica reguladora del derecho de asociación, recientemente aprobada por esta Cámara. De la misma manera y sin lugar a dudas, existen algunos otros preceptos que se pueden
considerar trasunto de la Ley de partidos políticos, y así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, el señor Erkoreka, y muy fundamentalmente, como él ha destacado, de los acuerdos adoptados en la denominada Mesa de
Arkaute, en la comisión de seguridad impulsada por el Gobierno vasco y suscrita por algunas de las fuerzas políticas en el País Vasco. Por tanto, atendiendo a los antecedentes, atendiendo a los principios, atendiendo a la incorporación de ese
cúmulo de medidas dirigidas a la protección de los concejales, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió formulará un voto positivo a su toma en consideración.
Por el contrario, extraña el escaso contenido de la exposición de motivos de esta proposición de ley. Supongo que el hecho de presentar una motivación tan reducida -no llega a la decena de líneas, creo recordar- tiene como justificación o
fundamento, como ya se ha puesto de manifiesto, que se trata de una proposición de ley que deriva de un pacto antiterrorista suscrito por otros dos partidos, en cuyos acuerdos se fundamenta la justificación o la exposición de motivos de estas
medidas.
Ciertamente, en este caso los dos partidos mayoritarios han corregido el tiro sobre la marcha; ciertamente adoptaron un acuerdo en el seno de la comisión de seguimiento del pacto contraterrorista, presentando inicialmente al resto de los
grupos parlamentarios una oferta de simple adhesión o de simple aceptación de aquellos planteamientos, para ser, juntamente con ellos, copresentadores de la proposición de ley. Hay que decir que corrigieron el tiro y que a lo largo de aquellos días
se dieron cuenta de que ellos eran los autores, por lo que ellos debían ser los que suscribieran la proposición de ley, y, al menos en relación con algunos grupos parlamentarios, como el que me honro en representar, iniciaron unas conversaciones que
permitieron trasladarnos mutuamente nuestras
inquietudes, tanto por la situación de los concejales en el País Vasco como en relación a esta proposición de ley. Entendemos que lo que debe determinar esa corrección de tiro es que en futuras iniciativas se busque el consenso inicial y no
se presenten a la Cámara planteamientos absolutamente bilaterales, por más que luego, incluso en la fase prelegislativa, se pretendan otras incorporaciones.
Señorías, después de un examen detenido del contenido de la proposición de ley, mi grupo parlamentario desearía hacer algunas observaciones. Como señalaba anteriormente, hay una serie de disposiciones que se pueden considerar tributarias de
la Ley de asociaciones y, en parte, de la Ley de partidos políticos. Tengo que decirles que a mi grupo parlamentario no le repugna que partidos políticos que desarrollan determinadas actividades o que tienen en sus órganos de gobierno o de
representación a personas que han sufrido determinadas condenas, no le repugna, digo, que pierdan el derecho a obtener financiación bien sea por gastos corrientes bien por gastos electorales. Esa y no otra es la conclusión que se nos ofrece por el
Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya en el dictamen que muy recientemente pudo formular, a raíz de la Ley, ya aprobada, reguladora del derecho de asociación. Sin embargo, no hay duda de que algunos de los planteamientos que se contienen
en esta regulación deben ser objeto de revisión. Hay uno muy común y es la referencia a aquellas personas que han sido condenadas, aunque sea por sentencia no firme, por delitos contra las instituciones del Estado, que tanto por los efectos que
produce en la pérdida de financiación de los partidos políticos que los integran como, incluso, por configurarse como una causa de inelegibilidad, debe ser revisado. Señorías, en el título correspondiente a los delitos contra las instituciones del
Estado, se recogen los de muy diversa gravedad. Se recogen delitos que van desde impedir que las Cortes Generales, no ya el Congreso o el Senado sino las Cortes Generales, se reúnan para realizar alguna de las funciones que tienen asignadas
constitucionalmente en relación con la Corona, hasta aquellos delitos que suponen impedir el funcionamiento de los parlamentos de las comunidades autónomas, todos ellos de indudable gravedad, y al mismo tiempo se recogen injurias graves, pero
injurias, a algunas de las instituciones del Estado y, finalmente, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, delito penado pura y exclusivamente con una simple multa. De ahí, señorías, que configurar como causa de inelegibilidad la condena
por sentencia no firme por unas injurias de estas características o de pérdida de la financiación pública al partido político en cuyos órganos de representación se incluya a personas que han sido objeto de esta condena por sentencia no firme nos
parezca sin lugar a dudas desproporcionado.
Debo señalar también la falta de paralelismo que se contiene en los supuestos de pérdida de financiación de la Ley orgánica de financiación de partidos políticos, donde se recogen tres supuestos, y aquellos otros que se regulan en la Ley
orgánica del régimen general electoral. Por ponerles un ejemplo, señorías, en dicha ley orgánica no se incluyen como causa de pérdida de subvención aquellos supuestos en los que los partidos políticos puedan incurrir en los tipos definidos en el
artículo 9 de la Ley de partidos políticos cuando no deba procederse a su disolución atendiendo a los elementos de reiteración y de gravedad. Señorías, quiero hacer referencia a este último precepto porque, desde nuestro punto de vista, introduce
en la Ley de partidos políticos algo que debió incluirse en su momento, que es un elemento de proporcionalidad. Si la ley, tal y como se configura en esta proposición, llega a ser aprobada, quedará claro que hay supuestos graves de realización de
los tipos del artículo 9 de la Ley de partidos políticos especialmente graves por su reiteración y, valga la redundancia, por las circunstancias de gravedad que en ellos concurren, que llevarán aparejada la disolución de un partido político, pero
también pueden realizarse los tipos del artículo 9 de la Ley de partidos políticos que, atendiendo a su gravedad y a su reiteración, no lleven aparejada la disolución del partido sino la pérdida de financiación. Al Grupo Parlamentario Catalán la
introducción de este elemento de proporcionalidad dentro de la Ley de partidos políticos le parece correcta.
Finalmente, señorías, quiero hacer referencia a un aspecto que para nosotros es crucial y que ya puedo anticipar a SS.SS. que en el caso de que durante la tramitación parlamentaria no sea objeto de corrección, nos llevará a votar en contra
del precepto. Ya sabemos, señorías, que lo que efectúa esta proposición de ley es una reinterpretación del vigente artículo 61.1 de la Ley de bases de régimen local, que permite en estos momentos que el Gobierno, dando conocimiento a las
comunidades autónomas y autorizado por el Senado, pueda disolver aquellos ayuntamientos en los que concurran una gestión gravemente dañosa de los intereses generales que implique o suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. No
desvelo ningún secreto, señorías, si les pongo de manifiesto que este precepto fue objeto de enmienda en el año 1984 por parte del Grupo Parlamentario Catalán, una primera enmienda de supresión y una segunda alternativa, porque entendía que la
competencia para la disolución debiera corresponder a las comunidades autónomas. En aquellos momentos, en el año 1984, aquello acabó en una transacción, pero, señorías, mi grupo parlamentario no hace política del año 1984, mi grupo parlamentario en
el día de hoy hace política del año 2002 y tiene que poner de manifiesto el principio básico de que el control sobre los ayuntamientos lo ejercen las comunidades autónomas, el principio de que ya desde el 26 de julio de 1978, antes de la
Constitución, a la Generalitat se le transfirieron, a través de un real decreto, las competencias de control respecto de las corporaciones locales. Esto hace que este artículo sea para nosotros absolutamente
inaceptable. Por lo tanto, en la medida en que efectúe una reinterpretación del artículo 61.1, manteniendo en cualquier caso ese esquema de conocimiento por gobiernos de las comunidades autónomas, pero decisión del Gobierno central y
autorización del Senado, no podrá ser objeto de asunción. No discutimos los supuestos que pueden entrar en una interpretación de lo que pueda entenderse por incumplimiento de las obligaciones constitucionales. Lo que discutimos en este caso es la
competencia y, señorías, si nos atenemos al artículo 152 de la Constitución, que establece que el presidente de la comunidad autónoma, en nuestro caso el presidente de la Generalitat, ostenta la representación suprema de la comunidad autónoma pero
también la ordinaria del Estado, la pregunta que hacemos desde Convergència i Unió es quién mejor que el presidente de la comunidad autónoma para, previa deliberación del consejo de gobierno, acordar esta medida, en cualquier caso siempre
excepcional y extrema, de disolución de las corporaciones locales.
La señora PRESIDENTA: Señor Silva, le ruego concluya, por favor.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Ahora mismo acabo, señora presidenta.
De ahí, señorías, que sin entrar en planteamientos más profundos de constitucionalidad -que en cualquier caso examinaremos con muchísimo detenimiento-, en la medida en que el Tribunal Constitucional sólo se ha pronunciado sobre este precepto
a tenor del artículo 522 de la preconstitucional Ley de régimen local, debo decirles que desde la perspectiva política Convergència i Unió no podrá votar a favor de ese precepto y, por lo tanto, en su caso, procedería a votar en contra. Por lo
demás, como dije al inicio de mi intervención, la defensa de la democracia y la seguridad de los concejales nos llevan en el día de hoy a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de iniciar la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley, la presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 8, relativo a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que
piensa adoptar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en particular, sea debatido en primer lugar dentro del epígrafe III correspondiente a mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes, así como que el punto 6, relativo a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones en general en energía nuclear,
retirada y almacenamientos de residuos, como sucede en el caso de la autorización a ENRESA, para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de sierra Albarrana, sea debatido en último lugar
dentro del citado epígrafe III. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, ORGÁNICA PARA LA GARANTÍA DE LA DEMOCRACIA EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA SEGURIDAD DE LOS CONCEJALES. (Número de expediente 122/000248.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, orgánica, para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y
la seguridad de los concejales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 299; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la referida proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (ORGÁNICA) (Número de expediente 122/000247.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. (Número de expediente 122/000246.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de modificación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que se debatirá
conjuntamente
con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica, sobre modificación de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón,
ocupa la presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Para la defensa y presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, recientemente la opinión pública española tuvo conocimiento de la intención del Instituto Nacional de Estadística, INE, de realizar un censo con fines comerciales nutriéndose de los datos contenidos en el censo electoral. A este
hecho, que ya de por sí es grave, se une una serie de elementos que elevan la noticia a causa de profunda preocupación, cual es que en dicho censo comercial se piensa incluir a todos los ciudadanos con derecho a voto que no hayan expresado su
intención de no figurar en el mismo. Señorías, es el 1984, de Orwell, elevado al paroxismo. Tanto el espíritu y letra de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la directiva
de la Unión Europea insisten en el principio de la necesidad de consentimiento expreso -recalco lo de consentimiento expreso- de las ciudadanas y de los ciudadanos a los entes públicos, para que estos puedan utilizar sus datos personales con fines
comerciales. En este caso, parece que el Instituto Nacional de Estadística maneja la lógica contraria: vender los datos personales de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas con derecho a voto que no expresen por iniciativa propia y por
escrito su disconformidad con la venta, todo ello sin que dejemos de tener en cuenta que a las pocas horas de que el escándalo saltase a los medios de comunicación, el propio Instituto Nacional de Estadística se deshacía en todo tipo de
explicaciones públicas sobre la adecuada tutela del derecho a la intimidad personal y familiar de los españoles y de las españolas que figuran y que figuramos en el censo electoral. Precisamente, la rapidez y la contundencia de las matizaciones del
INE ponen de relieve no sólo la gravedad de este caso, sino también la conciencia por parte del instituto del grave daño perpetrado al derecho constitucional a la intimidad personal y familiar. Es preocupante, señorías, por mucho que hayan
corregido, por mucho que hayan sacado la pata de donde la habían metido, es preocupante, digo, que un ente público que debería estar dedicado en cuerpo y alma a la protección de determinado tipo de datos, los datos electorales, se haya puesto a la
cabeza en la comercialización de los mismos. De la misma manera, señorías, es preocupante que el Gobierno en su conjunto apoye este tipo de acciones a través de cuantiosas partidas en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado y,
finalmente, es lamentable que la Agencia de Protección de Datos, en tanto que organismo público específicamente dedicado a la protección de los datos de los ciudadanos y ciudadanas, mire hacia otro lado como si este tipo de cosas y de casos no fuera
con ellos, pero por desgracia a estas omisiones, olvidos y miradas para otra parte de la Agencia de Protección de Datos estamos acostumbrándonos demasiado, estamos ya muy acostumbrados, y empieza a ser normal que este órgano en el que no pocos, lo
reconocemos, habíamos depositado importantes esperanzas se dedique a estar huido o desaparecido de su misión de protección de los datos sensibles para la intimidad de los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que en el tema que nos ocupa es clave el respeto del principio del necesario consentimiento expreso del ciudadano para una posterior cesión comercial de sus datos personales. Ese es
el mandato contenido en la legislación española, en la comunitaria y en la jurisprudencia en nuestro Tribunal Constitucional. Parece bien claro que el Gobierno del PP sin embargo pretende, sea por cualquiera de las muchas sendas y trochas que suele
abrir, caminar por una vía, como decía, diferente a la anterior. Este grupo parlamentario entiende que el texto de la actual Ley orgánica de protección de datos de carácter personal es suficientemente claro en relación a la necesidad de
consentimiento expreso de los ciudadanos titulares de datos de carácter personal para poder llegar a la cesión comercial de los mismos, pero como quiera que el Gobierno del PP utiliza de forma torticera la citada ley para liderar la comercialización
de datos personales y no atiende a sus obligaciones en este campo, cuales son las de proteger estos datos de carácter personal, entendemos que es necesario introducir cautelas adicionales en la citada ley. Ante mentalidades como la del Partido
Popular, que entiende que se debe privatizar y comercializar hasta los leones de la puerta del Congreso, es necesario alzarse en defensa de la Constitución española, de los derechos de los ciudadanos, de la intimidad de la ciudadanía, de la
protección de determinados datos y de la dignidad de lo público o al menos de la dignidad pública que deberían demostrar, y no lo hacen, el Instituto Nacional de Estadística y la Agencia de Protección de Datos.
Hacemos la defensa de todos estos valores a través de una proposición de ley que realiza dos operaciones que, visto lo visto y conocida la actitud del Gobierno del Partido Popular, se revelan como importantes y cuando menos como necesarias.
En primer lugar, introducimos un nuevo apartado, el 2 bis, en el artículo 11 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, con el siguiente texto y leo: Los entes públicos, independientemente de su
tipología, en ningún caso podrán ceder con fines comerciales datos de carácter personal que obren en su poder si no es con el consentimiento previo del ciudadano y/o administrado titular de dichos datos. Tal consentimiento deberá ser instando por
el ente público y
sólo se podrá entender obtenido a través de una respuesta positiva, expresa y fehaciente por parte del ciudadano y/o administrado que, previamente, deberá haber sido suficientemente informado de la trascendencia y efectos del consentimiento
que se le solicita. En segundo lugar, señorías, introducimos un nuevo apartado 5, en el artículo 31 de la citada Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, con el siguiente texto: En la gestión del censo
promocional, el Instituto Nacional de Estadística y los órganos equivalentes de las comunidades autónomas deberán respetar los principios recogidos en el artículo 11 de esta ley, con especial atención a la necesidad de autorización previa, expresa y
fehaciente de los ciudadanos y/o administrados titulares de los datos de carácter personal susceptibles de cesión comercial. Entendemos que con estas dos cautelas adicionales en la citada Ley orgánica 15/1999 podemos hacer frente a la voracidad
mercantil del PP, de sus aliados y de su entorno en esta materia y de esa manera proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas sobre los datos que afecten a su intimidad.
Entendemos que estas fórmulas permiten evitar que los
mercaderes se apoderen -si se me permite el símil- del templo de la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Señorías, al mismo tiempo hay una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la cual haré un breve comentario, porque versa sobre la misma materia y trabaja sobre el mismo fondo. Sabemos que las soluciones técnicas ideadas
por nuestros respectivos grupos parlamentarios, a pesar de buscar el mismo fin y de ser sustancialmente concordantes, no son idénticas, pero ese detalle no es en modo alguno esencial, pues ambos grupos parlamentarios perseguimos el mismo fin. Por
ello el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, pues estamos convencidos de que de ser admitidas a trámite -cosa sobre la que tengo serias
dudas-, ambas proposiciones de ley pudieran servir de base para el inicio de una mejora de nuestra legislación en la materia, que al fin y al cabo es lo que todos pretendemos, todos buscamos o todos decimos buscar.
Nada mas y muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo parlamentario ha presentado una proposición de ley de modificación de la Ley de protección de datos. Estamos hablando de datos personales que es un bien inalienable de la
personalidad, es decir, aquellos datos que permiten identificarnos, no sólo los datos de la vida íntima o personal, datos que tengan que ver con la salud de la persona, de la vida sexual, o de su ideología, sino datos que tienen que ver con la vida
profesional, con el domicilio, o con los datos económicos, datos personales que permiten identificar a alguien, que deben ser protegidos. Lo que ocurre es que entre esta voracidad comercial, a que hacía alusión el señor Rejón, y la aplicación
irrestricta de las tecnologías de la información, estos datos personales están saliendo, cada vez más, fuera del control de quien por definición debe tenerlos, que es la persona. Seguro que todos los que estamos en este hemiciclo hemos recibido, y
seguiremos recibiendo, cartas, por ejemplo, de un banco, de una compañía de seguros o de un centro comercial, diciéndonos que tienen nuestros datos personales y que, si no nos oponemos en un plazo determinado, los van a utilizar para cedérselos a
otras empresas, para comerciar con ellos o para utilizarlos con fines comerciales que normalmente no se detallan en esas cartas, eso sí, si no se opone el interesado en un determinado plazo. Constantemente estamos recibiendo ese tipo de cartas,
según las cuales sin nuestro consentimiento expreso aquellas entidades, públicas o privadas, que tienen nuestros datos, porque por alguna razón se los hemos dado para determinadas finalidades, van a utilizarlos, van a cederlos, van a salir de
nuestro control.
Esto tiene una influencia, no sólo en lo que es la intimidad, sino en elementos fundamentales de nuestra vida. Si alguien va a una empresa a pedir trabajo, se puede encontrar con que se le dice que no, y a lo mejor ese no viene de unos
datos que tiene la empresa que ha realizado, vamos a llamarle, un casting y que desconocemos su existencia, no sabemos que tienen esos datos nuestros. O, por ejemplo, hoy ha salido en algún medio de información que cada no sé cuantos minutos se
desvalija una casa en este país. Es decir, la seguridad. El que haya mucha gente que tenga datos personales sobre nuestros domicilios, sobre la profesión o sobre los ingresos influye también en la seguridad. Nos hace estar menos seguros, porque
pueden ser utilizados en nuestra contra y, por tanto, también afecta a nuestra seguridad o a nuestra vida económica. ¿Por qué no se le concede un crédito a alguien que lo pide? Es posible que se tengan datos económicos de esa persona, que uno no
sabe que los tienen, y no se le concede por esa razón. O datos sobre nuestra salud. O cuando vamos a pedir un seguro y tampoco se da ese seguro, y a veces no sabemos a ciencia cierta el porqué. Hay toda una serie de efectos, cada vez más
importantes de nuestra vida diaria, que se derivan del descontrol que se tiene sobre los datos personales.
En la Ley de 1999, impulsada a propuesta del Gobierno del Partido Popular y por el Grupo Popular en esta Cámara y en el Senado, se agravó aún más la situación porque en esa ley, que luego fue declarada parcialmente inconstitucional por el
Tribunal Constitucional, se establecía esa innovación que es el censo promocional y se decía que el censo electoral se convertía
en una especie de censo promocional que iba a darse prácticamente gratis a quien lo pidiera para poder ser utilizado a efectos comerciales. Para no estar en ese censo promocional había que decirlo expresamente; pero si no se dice se está
en ese censo promocional. Eso se deriva de la Ley de 1999, de protección de datos. Además, en una disposición adicional sexta a esa vigente Ley de protección de datos se dice que las compañías de seguros pueden compartir datos personales. Y las
compañías de seguros tienen muchísimos datos de la gente, no solamente económicos sino datos sobre la salud que pueden compartir en un fondo, en un archivo común sin pedir permiso a nadie, sin consentimiento expreso de los afectados. Es decir
tenemos una legislación que permite que nuestros datos personales circulen por todo tipo de archivos informáticos dentro de España y de fuera de ella, datos que afectan a nuestra identidad y que no controlamos porque para evitarlo tendríamos que
haber enviado una carta expresa a la empresa en cuestión diciendo: No utilicen nuestros datos. Cosa que la inmensa mayoría de la gente ni hace ni lo puede hacer porque en muchas ocasiones lo ignora; eso es lo que sucede habitualmente.
Por esas razones, muchos grupos parlamentarios se opusieron, también nosotros, a esa ley del año 1999, y el Grupo Popular se empeñó en aprobarla con esas modificaciones. Hoy ya no es posible mantenerla por más tiempo porque un año después
se produjo una sentencia del Tribunal Constitucional, la 292/2000, que hace claramente imposible que eso continúe así. Ya sabemos que últimamente al Grupo Popular le cuesta mucho obedecer o acatar sentencias del Tribunal Constitucional. Este es un
caso, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional, que es extraordinariamente importante, dice que además del derecho a la intimidad hay algo que se llama el derecho a la protección de los datos, el derecho fundamental a la protección de los
datos personales. No a los datos íntimos o no sólo a ellos, a los datos personales: al nombre, a la profesión, al domicilio, a las propiedades, a los datos económicos, que no son datos íntimos pero son datos personales. Y dice el Tribunal
Constitucional en el fundamento jurídico seis de esa sentencia que el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a una persona un poder de control sobre sus datos personales, de control directo sobre sus datos personales,
repito, de cualquier dato personal y no solamente de los datos íntimos, de cualquier dato que permita identificar a una persona pudiendo servir -dice el Tribunal Constitucional- para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o
de cualquier otra índole o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. Pero además, y más concretamente -y llamaría su atención, señorías, sobre este aspecto concreto de lo
que dice el Tribunal Constitucional- en el fundamento jurídico siete, dice: Son elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la
recogida y uso de sus datos personales. Repito: los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales. Ese es el contenido esencial de ese derecho fundamental, consentir sobre el uso de esos datos. Eso dice esa
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Como consecuencia de ello, la Ley de 1999 tiene que ser modificada en la línea que señalaba anteriormente el Grupo de Izquierda Unida, pero más allá, no solamente en lo relativo al censo promocional, en lo que el Grupo Popular parece
terminar por aceptar que no puede haber en el censo promocional gente que no quiera estar expresamente, de acuerdo con una proposición no de ley que vamos a debatir inmediatamente después de este punto del orden del día, sino además porque en el
conjunto de la Ley de 1999 se permite que los datos personales de los individuos, los datos que les identifican, puedan ser tratados, manejados, cedidos, utilizados, que salgan fuera del control simplemente porque una persona no ha dicho
expresamente que no quiere que se manejen sus datos personales. Es decir, que se les exige una especie de heroicidad o de imposibilidad en muchas ocasiones que no se puede dar, porque en la mayor parte de los casos nadie sabe que sus datos se están
manejando por ahí. Por eso, en esta proposición de ley lo que hacemos es proponer reformas en diversos apartados de la Ley de 1999, concretamente los artículos 3 h), 4.2, 6.1, 31.1 y la disposición adicional sexta, que proponemos suprimir. En
estas modificaciones lo que proponemos es que cuando alguien posea unos datos personales informatizados en un archivo y quiera utilizarlos, cederlos, tratarlos, necesita para ello el consentimiento expreso, no el consentimiento presunto, imaginario
o hipotético, el consentimiento expreso de la persona interesada.
Esas son las modificaciones que hacemos a lo largo de esta ley, que se resumen en el artículo probablemente más significativo, que es el artículo 6.1, que proponemos que quede redactado de la siguiente forma: El tratamiento de los datos de
carácter personal requerirá el consentimiento expreso e inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. Esa es nuestra propuesta central. En consecuencia, hacemos una propuesta en ese sentido respecto del censo promocional y
modificamos el artículo 31.1 y el apartado 3. Fíjense, señorías, que el apartado 3 del artículo 31 está en contradicción con lo que ustedes mismos, señores y señoras del Partido Popular, van a proponernos dentro de unos minutos en la proposición no
de ley que han presentado. En la proposición no de ley que han presentado y que van a defender después dicen que para que alguien pueda estar en el censo promocional tiene que decirlo expresamente. Pero la Ley de protección de datos -que salvo que
voten a favor de nuestras propuestas, nos podemos temer que no salga adelante esta proposición-, en el artículo 31.3 dice que el procedimiento mediante el que los interesados podrán solicitar
no aparecer en el censo promocional se regulará reglamentariamente. Es decir, que la Ley de protección de datos vigente dice claramente que para no estar en el censo promocional hay que decirlo expresamente, y se regulará la forma en la que
la gente dirá cómo no aparecer. Sin embargo, ustedes van a proponer una cosa distinta en la siguiente proposición no de ley. Si fueran coherentes con la proposición no de ley que van a defender después tendrían que aceptar esta reforma que
proponemos nosotros en el artículo 31.3 de la Ley de protección de datos, porque es la modificación coherente con su proposición no de ley. Pero no quieren cambiar la ley. Quieren hacer algo mucho más difícil y discutible, y es que
reglamentariamente se arregle lo que está desarreglado en la ley, y en la ley está desarreglado, porque lo que se dice en la ley es que para no estar en el censo promocional hay que decirlo expresamente, y si no se dice se está. Evidentemente, esto
supone un fraude de lo que es el censo electoral y por eso proponemos esa modificación. También proponemos que desaparezca esta posibilidad insólita de las compañías de seguros de poder, sin pedir permiso a nadie, compartir y cederse entre sí los
datos que se tienen de la gente sobre su vida económica, datos personales que les identifican. Ese es el fondo de nuestra propuesta.
Inesperadamente, hemos recibido el apoyo del Grupo Popular, que defenderá dentro de un momento una proposición no de ley que va exactamente en el mismo sentido. Se nos antoja muy difícil de entender que propongan esa proposición no de ley y
la voten a favor, mientras votan en contra de lo que proponemos en esta reforma de la ley. Lo lógico es reformar la ley, y no cambiarla por la vía subrepticia de un cambio reglamentario.
Por esas razones, solicitamos a la Cámara el voto afirmativo para esta proposición de ley.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el reciente anuncio del INE de ceder parte de los datos de que dispone a partir del censo electoral a empresas, con fines puramente comerciales, ha hecho saltar todas las alarmas. Los ciudadanos vemos
consternados cómo los organismos públicos gestionan cada vez con mayor ahínco con principios y objetivos de rentabilidad económica en vez de atender a la protección de nuestros derechos, en este caso el de protección de los datos de carácter
personal. Desde la esfera de las empresas privadas, también hemos tenido noticias negativas sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
Por ejemplo, el agujero negro en los ficheros del portal de Internet de Terra, filial de Telefónica,
que permitía acceder no sólo a datos personales relativos a la identidad, sino también a datos bancarios; o la multimillonaria sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos a la empresa productora de televisión Zepelín, por la fuga de
datos de carácter personal de las bases de concursantes del programa Gran Hermano, cifrados estos en varios miles de personas.
Esta situación revela que la protección de datos de carácter personal es muy deficiente y se ha agravado con la evolución de las tecnologías de la información. La reforma de la Ley de protección de datos realizada en 1999 es insuficiente e
ineficaz y necesita mejoras urgentes para evitar que resulte vulnerado el derecho fundamental a la intimidad de las personas, perfeccionando los mecanismos de garantía en el tratamiento de datos de carácter personal desde una triple perspectiva. En
primer lugar, los procedimientos de obtención de datos deben ser más rigurosos, estableciendo con carácter estricto que los datos sólo podrán ser utilizados para la finalidad que se le ha transmitido a la persona que los facilita. Así, cualquier
uso posterior de los datos personales para distinto fin debe contar con un nuevo consentimiento expreso. En segundo lugar, la información al usuario a la hora de facilitar sus datos debe ser completa y expresar el fin concreto para el que serán
usados. De igual forma, como acabamos de decir, cualquier uso distinto de aquel para el que fueron aportados sin nuevo consentimiento expreso ha de ser considerado infracción administrativa. Por fin, debe constar también, de forma expresa e
inequívoca, la prestación de consentimiento para su recogida y tratamiento posterior. En nuestra opinión, habría que rechazar que se considere consentimiento la falta de contestación negando el uso de datos personales, tal como lo autoriza la Ley
orgánica de protección de datos en determinados casos.
Las proposiciones de ley que tratamos, del Grupo Parlamentario Socialista y de Izquierda Unida, responden a estas inquietudes que manifiesta el Bloque Nacionalista Galego por mejorar la protección de datos de carácter personal con el fin de
dar mayor y mejor cobertura al derecho a la intimidad de las personas. Votaremos, pues, a favor de su toma en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo encuentra una identidad temática entre el punto del orden del día proposiciones de ley, que contiene la iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y la del Grupo Parlamentario Socialista, y el siguiente, proposiciones no de ley, que presenta la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Mi grupo quiere tener un voto congruente, armónico con una línea de pensamiento y
de interpretación del texto de la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal. Como vamos a votar favorablemente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, por congruencia con esa línea que se está tratando de
especificar, vamos a dar nuestro voto favorable a estas iniciativas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista que estamos debatiendo.
No voy a abundar en razones de análisis legal constituyente porque participo plenamente y suscribo los argumentos del señor López Garrido, que me ha precedido en el uso de la palabra, que tienen un buen fundamento en derecho constitucional y
en la armonización de la legislación con sentencias del Tribunal Constitucional. Cuando hicimos aquí la votación y aprobación de la Ley 15/1999, de protección de datos de carácter personal, tal vez sin darnos cuenta algunos intervinientes dejamos
prácticamente una similitud, una correlación entre el censo electoral y el censo promocional. Como bien ha señalado el señor López Garrido, según el principio de que donde la ley no distingue no se puede distinguir, si la Ley 15/1999 no distingue
un carácter de excepcionalidad y de manifestación personal expresa para poder ser incluido en el censo, el censo electoral pasaba directamente a ser censo promocional; nadie puede salirse de un censo electoral, nadie tiene la posibilidad de decir
que no quiere figurar en el censo electoral, que es un mandato imperativo constitucional. Pero no se puede trasladar esta imposibilidad de retirarse de un censo electoral a no poderse retirar de un censo promocional, porque uno tiene un carácter
político, electoral -un derecho democrático constitucional- y lo otro no es un instrumento de las juntas electorales sino del marketing que hagan las empresas comerciales para publicidad, etcétera. Tenemos que ver también un fenómeno que se está
dando en la sociedad y es que las comunidades de vecinos, ante la catarata de publicidad que les llega por el uso que tienen las compañías comerciales del censo electoral transformado directamente en censo promocional -porque nadie ha podido hacer
manifestación expresa de no desear estar allí, aunque usted no desee recibir publicidad le van a llenar el buzón-, están tomando el acuerdo de crear una especie de buzón papelera en la puerta de la casa para que ni siquiera el distribuidor de la
publicidad pueda tener acceso a los buzones individualizados de cada habitante de ese conjunto urbano. ¿Qué ocurre? Pues lo que está ocurriendo, que estamos haciendo un dislate con la distribución mercantil, incluso para personas que no desean
recibirlo. Por tanto, no cabe más que una aceptación expresa del ciudadano -ya que no puede hacerlo en el censo electoral- respecto al censo promocional. Entendemos que esta armonización debe mantenerse. Si se reconoce ahora, tanto por vía de la
iniciativa de las proposiciones de ley como de la proposición no de ley, en su toma en consideración tendremos ocasión de hacer cualquier perfil de singularidad de esta actuación. Creemos que el ciudadano sí tiene que tener reconocido el derecho de
no figurar, de que no desea estar allí y que sí desea estar donde él expresamente lo manifieste.
Por estas razones, señorías, señora presidenta, mi grupo va a votar favorablemente la toma en consideración por un principio de congruencia, vuelvo a reiterar, como después manifestaré también, ante la iniciativa del Grupo Parlamentario
Popular, con nuestro voto afirmativo.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se someten a la Cámara para su toma en consideración dos proposiciones de ley orgánica, una del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y otra del Grupo Parlamentario Socialista que persiguen ambas la reforma de la Ley
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Aunque el sentido de las modificaciones legales que proponen es básicamente coincidente en ambos casos, las proposiciones de ley orgánica difieren tanto en su concreta articulación -una afecta solamente a dos artículos mientras que la otra
tiene que ver con nueve- como en el alcance de las medidas que incluyen. Claramente, la propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista es más amplia que la propuesta por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Sin embargo, no hay
contradicciones entre ambas. A nuestro juicio, ni son incompatibles, ni son irreconciliables, ni se excluyen tampoco mutuamente; antes al contrario, en algunos puntos pueden ser complementarias y desde luego -creo que eso es lo importante- es
posible integrarlas en un único texto de forma coherente. Pero para integrarlas en un texto de forma coherente es preciso compartir lo que proponen. ¿Y qué es lo que proponen? Lo que proponen ambas es asegurar o garantizar, reforzando las
previsiones legales al respecto, que la cesión de datos de carácter personal no se lleve a cabo en ningún caso sin el consentimiento previo, expreso e inequívoco de su titular y muy especialmente cuando se trate de datos que obran en poder de las
administraciones públicas y la cesión vaya a llevarse a cabo con fines de carácter comercial. Más específicamente se trata de reformas que pretenden impedir desde el propio texto de la ley que en el uso del censo promocional se produzcan ilegítimas
fugas al principio de autodeterminación informativa consagrado en el apartado 4 del artículo 18 de la norma fundamental.
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley de protección de datos de carácter personal, la actualmente en vigor, el Grupo Vasco se mostró siempre reticente e incluso abiertamente opuesto a la vía excepcional, que no figuraba por cierto
en el proyecto original aunque posteriormente se incorporó a través de alguna enmienda y quedó definitivamente previsto y regulado en el artículo 31 de la ley, que abría la posibilidad de la cesión de datos de carácter personal, concretamente los
datos que figuran en el censo electoral, a quienes -decía la ley- permanente o esporádicamente se dedicasen a recopilar direcciones, repartir documentos, a la publicidad, a la venta a distancia, la prospección comercial u otras actividades análogas.
Aunque la ley orgánica tanto en el apartado 3 de su artículo 31 como en la disposición transitoria segunda llama al desarrollo reglamentario para regular los procedimientos de formación del censo promocional de oposición a aparecer en el
mismo, de puesta a disposición de sus solicitantes y de control de las listas difundidas, lo cierto es que el propio texto legal, el propio texto que hace esa remisión reglamentaria, incluye unas previsiones que aunque mínimas, es cierto, son lo
suficientemente claras, lo suficientemente explícitas como para condicionar el desarrollo reglamentario, sujetándolo necesariamente a un esquema determinado. No es, señorías, una remisión reglamentaria en blanco, no es una remisión ilimitada, al
contrario, es una remisión reglamentaria, condicionada, sujeta necesariamente a un determinado esquema, un esquema en el que la incorporación al censo promocional de quienes figuran en el censo electoral es, en principio, automática, una
incorporación automática que sólo se excepciona en el caso de que quienes no deseen figurar en el mismo -a quienes por cierto se impone la carga de formular expresamente una declaración voluntaria negativa- se opongan a la inclusión. Pero la
oposición, señorías, es obligatoria, y si no se quiere figurar en el censo promocional es preciso que se produzca esa oposición expresa clara e inequívoca. Este es el esquema de la ley orgánica, y dentro de ese esquema ha de operar necesariamente
el reglamento. Lo que la ley orgánica remite al desarrollo reglamentario es fijar los procedimientos a través de los cuales los interesados podrán solicitar no aparecer en el censo, por decirlo en los términos del artículo 31 de la Ley, o
manifestar su oposición a aparecer en el mismo, con arreglo a la disposición transitoria segunda. No se encomienda al reglamento regular el modo en que los interesados podrán solicitar aparecer sino el modo en que podrán no figurar en el censo, el
modo en el que podrán oponerse a aparecer en el censo. ¿Es esto inconstitucional? A nuestro juicio no lo es. En una trabajada jurisprudencia que arranca de los albores de los años ochenta y que culmina en sentencias de los años 2000, el Tribunal
Constitucional ha identificado en el apartado 4 del artículo 18 de la Constitución un derecho fundamental, específico y distinto al que protege la intimidad personal, familiar y la propia imagen, el apartado 1 del mismo precepto. El derecho
fundamental a la protección de datos de carácter personal o la libertad informática que garantiza a toda persona un poder de disposición y de control sobre sus datos personales, sobre todos sus datos de carácter personal y no solamente sobre los de
carácter íntimo, así como sobre su uso y destino.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 292/2000, señala inequívocamente que el derecho a la protección de datos de carácter personal incluye el derecho del afectado a consentir sobre la
recogida y uso de sus datos personales, lo que supone dos cosas: Primero. El derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin.
Segundo. El derecho a poder oponerse a esa posesión y uso. La regulación que la Ley orgánica
de protección de datos de carácter personal establece en relación con el censo promocional, respeta a nuestro juicio ambos derechos, aunque lo hace en los términos menos favorables para el interesado, pues hace recaer sobre él mismo, sobre el
interesado, sobre el titular de esos datos objeto de tratamiento, la carga de expresar su oposición a figurar en el censo promocional, algo que de hecho sabemos que es muy difícil o prácticamente imposible en la mayoría de los casos.
Por ello, el
Grupo Parlamentario Vasco comparte el criterio de los proponentes en el sentido de que hay que reforzar las garantías de la propia norma legal para conseguir la mejor salvaguarda de estos derechos, pero para ello ha de modificarse necesariamente la
propia norma legal. A nuestro juicio, no es suficiente el desarrollo reglamentario, porque no puede apartarse del esquema de actuación diseñado en la ley orgánica.
Aprovecho la ocasión para poner de manifiesto que la proposición no de ley que debatiremos a continuación parte de un esquema distinto, si no contrario al que inspira la ley orgánica, que hasta cierto punto puede suponer un desarrollo
reglamentario ilegal, contrario a las previsiones de la ley.
El Grupo Parlamentario Vasco apoyará estas dos proposiciones de ley orgánica, porque consideramos que contribuyen a mejorar la configuración legal de estos derechos fundamentales, perfilándolos más claramente y asegurando una defensa más
eficaz del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal y de eso que se ha venido en llamar la libertad informática.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados se debaten hoy en el Pleno de la Cámara dos proposiciones de ley cuya finalidad es muy coincidente: las dos pretenden modificar parcialmente la Ley orgánica de
protección de datos de carácter personal. El aspecto fundamental de las dos
proposiciones de ley es reforzar las garantías que el ciudadano debe tener en cuanto a la protección de sus datos de carácter personal, reforzar la garantía de que debe existir un consentimiento expreso e inequívoco cuando se elabora uno de
los aspectos que prevé la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal que es el aspecto de la elaboración de un censo promocional. Ni la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Socialista ni la del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida cuestionan la existencia de un censo promocional. No se cuestiona, porque en estas proposiciones de ley que se tramitan hoy no se propone suprimir el artículo 31; en cambio ambas proposiciones de ley inciden en un
aspecto nuclear e importante, que surgió también durante el debate de lo que ahora es ya la ley orgánica, y es qué trato damos al consentimiento del interesado para figurar o no en ese censo promocional.
A nadie se le escapa que estamos hablando de datos muy sensibles. Estamos hablando del nombre, del domicilio de personas que estamos en el censo electoral. Lo decía el señor Mardones, el censo electoral es un censo obligatorio, estamos
todos los que podemos participar activamente en los comicios ejerciendo el sufragio activo o pasivo. Son derechos fundamentales. Esos datos que figuran en el censo electoral, ¿pueden cederse a empresas que de manera lícita quieren realizar una
actividad comercial, de marketing? Claro que pueden cederse, siempre que los interesados, todos cuantos formamos parte de ese censo electoral, demos nuestro consentimiento a que ese dato figure en el censo promocional; si no mi grupo entiende que
no puede cederse nunca. Todos aquí somos miembros de esta Cámara, nos dedicamos a la actividad política. ¿Nos gustaría que nuestros datos, que sí figuran en el censo electoral, de repente aparecieran en censos promocionales y cualquier empresa que
se dedicara a la actividad lícita de marketing, de prospección comercial, tuviera la dirección de todos? Seguro que más de uno diría que no; quizá alguno diría que sí, pero el interés del ciudadano en ocasiones es no querer integrarse en esas
listas de un censo promocional.
¿Qué valor debemos dar al consentimiento? Un valor nuclear. Sólo si hay ese consentimiento expreso podemos entender que se quiere uno inscribir en ese censo promocional. Si uno no dice nada, es decir el silencio, no está diciendo que sí.
Si por la omisión de la respuesta entendiéramos que la respuesta es afirmativa, estaríamos conculcando indirectamente la protección de datos personales tan importantes como el domicilio de todos cuantos integran el censo electoral. ¿Cuántas veces
los ciudadanos recibimos información de temas sobre los que nos piden que contestemos y al final nos olvidamos de hacerlo? Ese olvido no puede traducirse en que como no ha dicho nada, significa que ha dicho sí. No, no ha dicho nada, pues no me ha
autorizado a ceder esos datos al futuro censo promocional.
Mi grupo parlamentario, al igual que en la proposición no de ley que después planteará el Grupo Popular, considera necesario que el silencio tenga un valor de no consentimiento. Sólo consienten estar en el censo promocional aquellos que
dicen sí. ¿A través de qué medios debemos garantizar que se pueda decir sí? Hay uno muy claro que mi grupo defendió durante la tramitación de la ley: el documento de empadronamiento. Todos los hogares reciben ese documento de empadronamiento.
Debemos hacer constar en él cuantos viven en un hogar, y cuando se elabora el documento de empadronamiento y se envía a todos los ciudadanos, en una casilla expresa debería preguntárseles: ¿dan ustedes el consentimiento para que sus datos, que
integran después el censo electoral, pasen a un censo promocional? Aquellos que digan sí, que figuren en tal censo; los que no digan nada, que no figuren en el mismo.
Nuestro planteamiento es coincidente con las proposiciones de ley sobre las que hoy se plantea su toma en consideración y también con la proposición no de ley del Grupo Popular. Nuestro voto será favorable a esa toma en consideración, pero
quiero aprovechar este debate para poner de relieve aspectos que para nuestro grupo son importantes. Primer aspecto: debemos garantizar que las empresas que lícitamente quieren realizar una actividad comercial de marketing, puedan hacerlo a través
de unos cauces ordenados. Evitemos ese buzoneo indiscriminado del que somos víctimas muchísimos ciudadanos. Ordenemos esa publicidad, y la forma de ordenarla puede ser a través del censo promocional, pero bien hecho, como plantean las
proposiciones de ley: a partir de aquellos ciudadanos que manifiesten su voluntad de formar parte de él y de interesarse en poder recibir esa comunicación comercial que lícitamente muchas empresas quieren hacer. Esto evitaría el buzoneo
indiscriminado, pondríamos orden en esta actividad y le daríamos un marco jurídico más seguro.
Mi grupo quiere aprovechar para pedir al grupo mayoritario que se plantee la necesidad de modificar globalmente la Ley orgánica de protección de datos, no sólo para el aspecto puntual que el Grupo Popular propone después una modificación
reglamentaria; no. Debemos evitar la incertidumbre que conlleva la actual normativa. Es una normativa que se terminó con cierta celeridad en el año 1999, porque se acababa la legislatura, y en la que quedaron algunos aspectos por resolver.
Incluso la Ley orgánica final no tiene tan siquiera un preámbulo o una exposición de motivos. Íbamos a hacer una modificación parcial y al final se hizo una ley nueva. En el año 2000, algunos aspectos de esa nueva ley fueron declarados
inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional. Por tanto no estaría de más aprovechar esta toma en consideración para replantearnos vía enmiendas aspectos que quedaron pendientes y que provocan cierta incertidumbre. Quiero recordar por
ejemplo el tema de las sanciones. Deberíamos regular las sanciones con mayor flexibilidad, porque en alguna ocasión la sanción mínima es tan alta
que obliga a muchas empresas a plantearse no realizar esa actividad en España y realizarla en otros países, porque la cifra mínima de algún tramo de sanción es tan elevada que no da margen a quien después debe aplicar la ley. Sería
conveniente que se tomaran en consideración estas proposiciones de ley para abrir un cauce de enmiendas y poder plantearnos de qué forma podemos garantizar con mayor efectividad los derechos de los ciudadanos. Debemos hacer una reforma global de la
Ley orgánica de protección de datos de carácter personal, debemos encauzarla cumpliendo claramente la directiva europea, pero cumpliendo también la última jurisprudencia del año 2000 del Tribunal Constitucional en este ámbito, y sobre todo dando un
mayor margen de seguridad a aquellas empresas que lícitamente quieran dedicarse a estas actividades, porque ahora las propias empresas son víctimas de una regulación que tiene lagunas y provoca ciertas incertidumbres. De ahí que mi grupo
parlamentario se congratule de que hoy traigan ante el Pleno esta modificación, pues creemos que sería una buena ocasión para hacerla aún más amplia y para resaltar que no se discute la existencia del censo promocional, pero que todos coincidimos
aquí en que para formar parte del mismo es necesario que el ciudadano consienta expresamente que quiere estar en él, y aquel que no diga nada que tal silencio no puede interpretarse como que está dando su autorización, porque estamos hablando de
datos sensibles, como el domicilio, que afectan a la intimidad de las personas, y debemos ser escrupulosos en su protección.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, veo que hoy aquí todos los grupos estamos planteando lo mismo acerca del censo promocional, de su contenido y de su formación. En nombre del Grupo Popular anuncio que vamos a votar en contra de la toma en consideración de las dos
proposiciones de ley que estamos debatiendo, no sólo por los motivos que voy a exponer seguidamente, sino porque consideramos que con la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular y que luego debatiremos se da respuesta
adecuada a la problemática que se ha suscitado, sin que sea necesario modificar en estos momentos la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
En relación con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, podemos observar que la modificación propuesta tiene su origen en la sentencia 292/2000, que ha mencionado aquí su portavoz, que consagrando en nuestro
ordenamiento el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a la persona un poder de control sobre sus datos personales y sobre su uso y destino, para impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del
afectado. Es decir, el objeto del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos más íntimos de la persona sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a
sus derechos, sean o no fundamentales.
Según esta doctrina, el Grupo Parlamentario Socialista propone la modificación de los artículos 3.h), 4.2, 5.5, 6.1, 26.3, 26.5, 31.1, 31.3, 31.4 y la disposición adicional sexta, que propone sea suprimida.
La propuesta de modificación de
estos artículos, repito, se hace para establecer claramente la necesidad de que el consentimiento de los ciudadanos para el tratamiento informático de todos sus datos personales sea expreso. Sin embargo, en lo relativo a la exigencia como regla
general del consentimiento expreso para el tratamiento de datos personales, que sería la propuesta de modificación de los artículos 3.h), 6.1, 31.1, 31.3 y disposición adicional sexta, mi grupo tiene que señalar, por un lado, que la Ley orgánica
15/1999, de protección de datos de carácter personal, consagra el principio de la necesidad de contar con el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter personal, pudiendo éste en cualquier momento revocarlo, artículo 6
de la ley.
Por otro lado, la Directiva 95/46, de la que trae causa la Ley orgánica de protección de datos, permite el tratamiento de datos en términos más amplios que la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Así, en su artículo 7.a),
esta directiva contempla la exigencia del consentimiento, limitándose a requerir que sea inequívoco pero no expreso. Igualmente, prevé otras posibilidades de tratamiento de datos sin consentimiento del afectado, incluso sin consentimiento
inequívoco, como sucede en el artículo 7.f).
En lo relativo a la propuesta de modificación del artículo 4.2 de la Ley orgánica de protección de datos, donde propone sustituir la palabra incompatibles por distintas, la directiva comunitaria prevé literalmente, en su artículo 6.1.b), que
los Estados miembros dispondrán que los datos personales sean recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no sean tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
La Ley orgánica de protección de datos ha incorporado, en su artículo 4.2, una regulación análoga a la directiva. En este punto es cierto que la sentencia antes mencionada, la 292/2000, al establecer la doctrina constitucional sobre el
derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución, señala que el derecho a consentir la recogida y el tratamiento de los datos personales no implica en modo alguno consentir la cesión de datos a terceros, pues constituye una facultad
específica que también forma parte del contenido del derecho fundamental a la protección de tales datos. Por tanto, la cesión de los mismos a un tercero para proceder a un tratamiento con fines distintos de los que originaron su
recogida, aun cuando puedan ser compatibles con éstos, suponen una nueva posesión y uso que requieren el consentimiento del afectado. Por ello, si bien mi grupo parlamentario entiende que la modificación que propone el Grupo Parlamentario
Socialista es conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, también entendemos que desde un punto de vista pragmático es aconsejable mantener de momento la redacción literal del precepto, ya que está pendiente una decisión de las instituciones
comunitarias sobre la adecuación de la Ley orgánica de protección de datos a la directiva 95/46, todo ello sin perjuicio de aplicarla e interpretarla conforme a la sentencia 292/2000.
En cuanto a la propuesta de modificación de los artículos 4.2 y 5.5, de remisión a la normativa sectorial específica para las excepciones al tratamiento de datos personales para fines históricos, estadísticos o científicos, consideramos que
el Grupo Socialista pretende delimitar jurídicamente conceptos indeterminados, como son los tratamientos a los que me he referido, cuando el criterio que ya se viene aplicando en estos conceptos es el de una interpretación restrictiva, sin necesidad
de una remisión a la regulación sectorial.
En relación con la modificación propuesta al artículo 31.4, consistente en excluir la posibilidad de exigir una contraprestación por parte del Instituto Nacional de Estadística y de los órganos equivalentes de las comunidades autónomas, para
la facilitación de la lista del censo promocional en soporte informático a quienes se dediquen a la actividad publicitaria, consideramos que debe ser el reglamento de desarrollo de la ley el que especifique todos los extremos concernientes a la
elaboración del censo promocional, aunque mi grupo no considera que la exigencia de una contraprestación por la adquisición de un ejemplar del censo promocional sea inapropiada, pues permite con ello disuadir del uso del censo promocional a aquellas
empresas que no tengan un propósito firme de emplearlo en su actividad comercial conforme a la normativa vigente.
Respecto a la supresión de la disposición adicional sexta, no la consideramos necesaria porque esta disposición contiene garantías adecuadas en cuanto al tratamiento de los datos personales.
La toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también vamos a rechazarla.
Pretende introducir unas cautelas adicionales en el texto de la ley orgánica en relación con la
necesidad de obtener el consentimiento expreso de los titulares de datos de carácter personal para la cesión comercial de los mismos. Justifica su reforma en una noticia del Instituto Nacional de Estadística, que tiene intención de realizar un
censo con fines comerciales nutriéndose de los datos del censo electoral, en el que se incluirían todos los ciudadanos que no hayan expresado su intención de ni figurar en el mismo. En este caso, su proposición se limita a solicitar la inclusión de
dos nuevos preceptos, el apartado 2 bis en el artículo 11 y un apartado 5 en el artículo 31.
Como cuestión previa tenemos que señalar que la expresión fines comerciales no se corresponde con ninguno de los señalados en las normas sectoriales de la Ley orgánica de protección de datos, por lo que sería conveniente aclararlo. En otro
orden de cosas, la exigencia del consentimiento previo y mediante una respuesta positiva del ciudadano para la cesión de sus datos personales con fines comerciales, se encuadraría dentro de la necesidad de obtener el consentimiento expreso del mismo
en esta circunstancia. A este respecto, volvemos a señalar la directiva 95/46, a la que me he referido antes, de la que trae causa nuestra Ley orgánica de protección de datos. Vuelvo a repetir que, dentro de este marco, nuestra ley es una de las
más garantistas en el conjunto de la Unión Europea. Si el artículo 7 de la directiva, en su letra a) recoge la exigencia de consentimiento limitándose a requerir que sea inequívoco pero no expreso, también hay que señalar que esta directiva, en el
caso de datos especialmente protegidos, sí requiere el consentimiento explícito para su tratamiento. Todo ello nos indica que la voluntad del legislador comunitario ha sido reservar el consentimiento expreso o explícito en exclusiva para los
tratamientos más sensibles para los afectados. Además, en nuestra ley existen varios niveles de exigencia respecto del consentimiento necesario para la legitimación de un determinado tratamiento. Así, en el artículo 7.2 se necesita el
consentimiento expreso y escrito para datos relativos a ideología, religión y creencias de los ciudadanos, y expreso sin necesidad de ser escrito cuando los datos se refieran a la salud, origen racial o vida sexual. Para el resto de los
tratamientos se considera suficiente la doctrina del consentimiento inequívoco de los ciudadanos, recogida en el artículo 6 de la Ley orgánica de protección de datos, sin que el mismo deba tener la condición de expreso o explícito. Si bien es
cierto que siendo disponible la regulación nacional en esta materia por el legislador español mediante la trasposición de la directiva 95/46, no podemos olvidar la prudencia necesaria en estos casos de no vulnerar el régimen de armonización
establecido por la misma, pues ello podría acarrear consecuencias no deseadas para el Estado español. Además, nuestra Ley de protección de datos es una de las leyes nacionales que ha traspuesto la directiva de forma más restrictiva, puesto que la
regulación del censo promocional depende de las normas de desarrollo reglamentario, como prevé nuestra proposición no de ley a la que luego me referiré y como prevé también el artículo 31 y la disposición transitoria segunda, serán estas las que
determinen las condiciones en que deba prestarse el consentimiento dentro de los términos que posibilita la ley.
Por todo ello, señorías, nuestro voto va a ser desfavorable a las dos proposiciones de ley.
No me gustaría terminar sin referirme a lo que ha dicho antes el señor Rejón, cuando hablaba de que la Agencia de Protección de Datos ha mirado para otro
lado respecto a este tema. Le puedo decir a título informativo que hasta la fecha la Agencia ha aplicado rigurosamente la Ley de protección de datos respecto a la ilegalidad de la utilización de los datos del censo electoral para la
realización de campañas publicitarias, ha dictado numerosas resoluciones sancionadoras por la utilización del fichero del censo electoral con fines de publicidad y prospección comercial que constituye una infracción grave o muy grave y que ha
llevado aparejadas sanciones económicas; incluso se ha llegado a la adopción de medidas cautelares de inmovilización de algún fichero por esta causa. Asimismo el Registro general de protección de datos de la agencia ha detectado en 237
ocasiones...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Matador, le ruego vaya terminando.
La señora MATADOR DE MATOS: Termino, señora presidenta.
Decía que el Registro general de protección de datos de la agencia ha detectado en 237 ocasiones la declaración del censo promocional como fuente de los datos utilizados en tratamientos relativos a la publicidad y prospección comercial,
habiendo procedido a la comunicación de este hecho a los responsables de ficheros para que procedieran a modificar su notificación, o cuando ello fuera posible a su subsanación de oficio. Por tanto, siendo necesario desde el punto de vista de
nuestro grupo el desarrollo reglamentario de la Ley orgánica de protección de datos, vamos a debatir en el siguiente punto del orden del día la proposición no de ley que hemos presentado y votaremos en contra de estas dos proposiciones de ley,
considerando que no es necesario modificar en estos momentos la actual legislación.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Matador.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación de la Ley orgánica 15 del año 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 133; en contra, 162.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.
Procedemos a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley orgánica, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de la Ley orgánica 15 del año 1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 134; en contra, 163.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL CENSO PROMOCIONAL Y EL PROCEDIMIENTO DE SU FORMACIÓN. (Número de expediente 162/000579.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el censo promocional y el procedimiento de su formación.
Para su defensa y presentación tiene la palabra la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario trae a esta Cámara la proposición no de ley relativa al censo promocional y procedimiento de su formación, que entendemos -como he dicho en mi anterior intervención- que viene a dar una respuesta adecuada a
las cuestiones ya planteadas largo y tendido durante esta tarde.
La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, además de incorporar completamente al ordenamiento jurídico español los principios y derechos de la legislación comunitaria, la Directiva 95/46,
contiene diversas normas sectoriales debido a las características específicas de los tratamientos de datos que se llevan a cabo en dichos sectores. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Matador.
Señorías, es imposible que pueda ser oída la persona que se encuentra en este momento en el uso de la palabra. Ruego, por favor, que las conversaciones que quieran mantener lo sean en tono bajo o fuera del hemiciclo.
Adelante, señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: Una de ellas es el tratamiento con fines de publicidad y prospección comercial. Concretamente el artículo 30 de la ley establece que quienes se dediquen a la recopilación de direcciones, reparto de documentos,
publicidad, venta a distancia, prospección comercial y otras actividades análogas utilizarán nombres y direcciones u otros datos de carácter personal cuando los mismos figuren en fuentes accesibles al público o cuando hayan sido facilitados
por los propios interesados u obtenidos con su consentimiento. Por otra parte, en el artículo 3 j) de esta ley se incluye el censo promocional dentro de los ficheros que con carácter exclusivo se relacionan como constitutivos de fuentes
accesibles al público. Igualmente, la regulación del organismo gestor, los datos que contendrá y los plazos de vigencia de las distintas versiones del censo promocional se contienen en el artículo 31, que además establece que los procedimientos
para que los interesados puedan solicitar no aparecer en el censo promocional sean regulados reglamentariamente como señala el artículo 31.3. Asimismo, la disposición transitoria segunda dice que reglamentariamente se desarrollarán los
procedimientos de formación del censo promocional de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición de sus solicitudes y de control de las listas difundidas. El reglamento establecerá los plazos para la puesta en operación del censo
promocional.
El censo promocional está formado con los datos, nombre, apellidos y domicilio que constan en el censo electoral. El censo promocional, como he dicho anteriormente, es una de las fuentes que legítimamente pueden utilizar aquellas empresas
que se dediquen a la actividad de publicidad y prospección comercial, pero es que además, al tener la consideración de fuente accesible al público, cualquier persona puede consultar los datos de otro ciudadano sin más exigencias que en su caso el
abono de una contraprestación conforme a lo señalado en la ley. La aplicación de la ley supone una ruptura del criterio mantenido hasta ahora por la Ley electoral, que prohibía cualquier información particularizada de los datos personales
contenidos en el censo electoral, si bien permite ejercer el derecho de oposición a aparecer en el mismo. La lectura sistemática de la Ley orgánica de protección de datos -ya se ha debatido aquí esta tarde- parece permitir la posibilidad de que se
produzca el consentimiento tácito de los ciudadanos y la posterior posibilidad del ejercicio de oposición, pero ello no es óbice para que disposiciones reglamentarias hayan matizado los requisitos del consentimiento exigido por la normativa de
protección de datos. Un ejemplo es el artículo 67 del Real Decreto 1736/1998, que exige respecto de los datos que figuren en guías de servicio de telecomunicaciones disponibles al público que para incorporar datos adicionales de los abonados será
preciso una modalidad de consentimiento expreso o escrito, entendiéndose que a falta del mismo se ha manifestado un consentimiento negativo. Por tanto, como ya he repetido tantas veces, dependiendo de la regulación del censo promocional de normas
de desarrollo reglamentario, serán ellas las que determinen las condiciones en que debe prestarse ese consentimiento dentro de los términos que posibilita la ley.
El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a cumplir con lo señalado en el artículo 31 y la disposición transitoria segunda a desarrollar reglamentariamente los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer
en el mismo, de puesta a disposición de los solicitantes y de control de las listas difundidas. Asimismo, el segundo punto de la proposición no de ley dice que en ese desarrollo reglamentario se ha de prever que sólo se incluirán en el censo
promocional los electores que expresamente manifiesten su consentimiento a figurar en el mismo, así como que el silencio a las comunicaciones que se les cursen a efectos de su inclusión en dicho censo se consideren como manifestación de su voluntad
de no figurar en el mismo. De esta forma se tendrá mayor seguridad de que aparezcan sólo aquellos que lo deseen y no se incluya a nadie sin consentimiento expreso. Así, la cuestión del consentimiento expreso por parte de los ciudadanos para el
tratamiento informatizado de sus datos fue planteada por la oficina del censo electoral el 13 de febrero de 2001, que en un informe enviado a la Junta Electoral Central sugería que, en orden a asegurar una mayor protección de los derechos de los
ciudadanos, la inscripción en el censo promocional requiriese la manifestación en positivo de figurar en el mencionado censo y sólo los que así lo hicieran se incluirían en el mismo. La Junta Electoral, en sesión de fecha 22 de marzo de 2001,
acordó que el silencio de los electores a las comunicaciones que se les cursen por la oficina del censo electoral a los efectos de incluirles en el censo promocional se considere como manifestación de su voluntad de no figurar en dicho censo. En
esta línea va nuestra proposición no de ley, que espero que cuente con el voto de todos los grupos representados en esta Cámara, pues lo que estamos debatiendo aquí ahora es esta proposición no de ley y no las proposiciones de ley del punto
anterior. Consideramos que la puesta en práctica de este censo promocional exigirá que se informe adecuadamente a los ciudadanos acerca de la finalidad, de las posibilidades de no incluir sus datos en el mismo, para que la prestación del
consentimiento sea informada tal y como se dice en la ley.
Sin otro particular, repito que esperamos contar con el voto de todos los grupos representados en esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Matador.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señora Matador, usted ha hecho una defensa de una proposición no de ley cuyo contenido nos parece muy bien, y nosotros no vamos a poner obstáculos para que salga adelante, pero tiene una falta absoluta de credibilidad porque hace cinco
minutos ustedes acaban de votar en contra de lo mismo. Si estuvieran decididos a
hacer lo que dice esta proposición no de ley, que es que va a haber un reglamento que diga que solamente estarán en el censo promocional quienes quieran estar y lo digan expresamente, habrían votado a favor de las anteriores proposiciones de
ley, cosa que no han hecho. Lo que hay que hacer es reformar la ley porque esto -a lo que nosotros no vamos a poner obstáculos, repito- es incongruente con la ley vigente. Es muy dudoso que lo pueda hacer un reglamento porque el artículo 31.4 de
la vigente Ley de datos, la que ustedes impulsaron, dice que en cuanto al censo promocional el reglamento tendrá que regular la forma en que los interesados podrán solicitar no aparecer. La ley vigente permite hacer un censo promocional con todas
las personas que no hayan dicho expresamente que no quieren estar. Eso es lo que ustedes quieren cambiar por medio de una proposición no de ley, pero la forma de cambiarlo no es con una proposición no de ley sino con una ley.
Nosotros no nos creemos que esto vaya a ponerse en práctica; no vamos a poner obstáculos pero no nos lo creemos. Es una forma de salir del paso ante el escándalo producido, la alarma social producida hace unos días cuando se dijo que el
censo promocional iba a ponerse en práctica y que todo el mundo que está en el censo electoral va a circular por ahí libremente, y ante eso presentan ustedes una proposición no de ley diciendo que no se preocupen porque solamente estará quien lo
diga expresamente. Es lo contrario de lo que dice la ley vigente y ustedes no quieren cambiarla. Han votado en contra de las proposiciones de ley que les facilitaba la tarea para esta proposición no de ley. Las proposiciones de ley anteriores
facilitaban la tarea para lo que dicen ustedes y no han querido votarlas a favor por las razones que sean. Es imposible que se vote nada a favor de lo que propone la oposición, hasta cuando decimos una cosa que va en la línea de lo que ustedes
plantean en una proposición no de ley. Por eso consideramos que tiene que ser completado por la enmienda que presentamos y que lo que aquí se propone, que es decir expresamente que se quiere estar en un archivo informático de datos personales, se
extienda a todos los demás casos que no son el censo promocional. No es sólo una cuestión del censo promocional; es que la gente recibe en su casa todo tipo de publicidad sobre todas las cosas.
Además, todos tenemos nuestros datos en los bancos,
en las compañías de seguros, en empresas y en centros comerciales que circulan sin control por España y fuera de España. En este país los datos personales están fuera de control. Son datos que entregamos todos los días cuatro o cinco veces cuando
pagamos, por ejemplo, en una tienda con una tarjeta de crédito y que circulan sin control. Nosotros hemos querido que haya control, que alguien controle esos datos personales, que se pueda exigir que no se manipulen sus datos, que no se vendan, que
no se comercie con ellos, y el que quiera que lo diga. Eso es lo que hemos planteado en las anteriores proposiciones de ley y lo que planteamos en nuestra enmienda: que a continuación de lo que proponen se diga que en ese desarrollo reglamentario
que el Grupo Parlamentario Popular propone de la Ley de datos de 1999 se precise también que el tratamiento informático y la cesión de datos personales, no sólo para el censo promocional sino para todos los casos, exija como condición previa el
consentimiento expreso del interesado. Esto es algo natural no sólo para el censo promocional, que es a lo que se limitan ustedes, sino para los demás casos; porque aparte del censo promocional, que por cierto todavía no existe, circulan datos
personales en todo tipo de archivos informáticos y hay que controlarlo y decir que sólo podrán ser cedidos, tratados o utilizados si uno lo consiente expresamente. Proponemos en nuestra enmienda que se extienda a todo eso, en un sentido parecido a
lo que hemos propuesto anteriormente mediante las proposiciones de ley que ustedes han rechazado.
Fíjese, señora Matador, que nuestra enmienda de adición a su proposición no de ley es congruente con lo que acaba de aprobar esta Cámara, en este caso con el voto a favor del Grupo Parlamentario Popular, la Ley de servicios de la sociedad de
la información. El artículo 21 de dicha ley dice que está prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico que previamente no haya sido solicitado o expresamente autorizado por los destinatarios de las
mismas.
Es decir, esta Cámara ha aprobado hace poco tiempo una ley que dice que esto que se llama en la jerga informática el SPAM, es decir que sin comerlo ni beberlo lleguen a nuestros correos electrónicos todas las publicidades que se quieran de
diversos sitios, está prohibido ya en nuestra legislación si uno no lo autoriza expresamente. ¿Por qué está prohibido en el correo electrónico y no en el correo tradicional? ¿Por qué lo que se ha prohibido ya para el correo electrónico no se
extiende al correo tradicional? Por eso no tiene ningún sentido que ustedes hayan votado en contra de esas proposiciones de ley anteriores, y sería incongruente también que no aceptasen la enmienda que propone el Grupo Parlamentario Socialista de
adición, no de sustitución o no de derogación, es decir que en el desarrollo reglamentario también se diga que esa necesidad de consentimiento expreso de los interesados se extienda a todos los casos en que se manejan datos personales.
Con independencia de las razones constitucionales, jurídicas y legales a las que hemos hecho alusión en el debate anterior, hay una realidad social que usted tiene que admitir y es que la gente no quiere que sus datos personales circulen por
ahí sin su consentimiento; la gente no quiere eso. Por tanto, lo lógico es modificar la Ley de protección de datos y si no un desarrollo reglamentario para que eso no sea posible. La gente no quiere que sus datos personales puedan ser cedidos,
tratados, utilizados, vendidos y comerciados con lo que afecta a su vida profesional, a su seguridad, a su vida económica, si no se ha dicho por ellos mismos que lo consienten. No desean los ciudadanos y ciudadanas de este país que se comercie con
sus datos personales sin
su consentimiento expreso. Aunque es verdad que sí lo desean determinadas empresas importantes, significativas, con un comercio masivo, los ciudadanos y ciudadanas no lo desean, por lo que hay que escoger entre lo que interesa a esas
empresas o lo que interesa a los ciudadanos, lo que interesa a la General Motors o lo que interesa a los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros escogemos lo que interesa a los ciudadanos y ciudadanas y es que no quieren que sus datos personales sean
objeto de comercio sin que lo admitan; y ustedes, por lo que se deduce de la anterior votación -no sé lo que pasará con esta enmienda que proponemos- escogen los intereses de esas empresas que sin pedir permiso a nadie utilizan, venden y comercian
con datos personales con efectos a veces tremendos en la vida de las personas. Eso es lo que los ciudadanos de este país, que ya van conociendo lo que es la protección de datos personales, no admiten en este momento. No se puede salir al paso con
una proposición no de ley que dice lo contrario de lo que ustedes han votado hace cinco minutos. Con eso no basta. Hace falta llevar a la práctica por vía legal y reglamentaria el derecho fundamental a la protección de los datos, el derecho al
control de los mismos y acabar con el descontrol de los datos personales que existe en este país, el descontrol absoluto de los datos personales.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López Garrido.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como ya adelanté en el debate anterior, mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular, la proposición no de ley respecto al censo promocional, y vuelvo a repetir que el nuestro será un voto congruente,
igual que hemos votado favorablemente las dos iniciativas anteriores que lamentablemente no han podido salir adelante pero que estaban hechas desde una lectura de procedimientos formales del entendimiento de los documentos legales que fundamentan
nuestra toma de posición.
La exposición de motivos del Grupo Parlamentario Popular es de absoluta aceptación para mi grupo y la suscribimos. Está muy bien razonada y muy bien expuesta, hasta tal punto que en sus párrafos finales viene a decir que el que desee estar
en un censo promocional debe manifestarse en positivo y desear estar por tanto en ese censo promocional. Y sigue en el siguiente párrafo: De esta manera se tendría mayor seguridad de que aparecerán en el censo promocional los que efectivamente así
lo desean y que no se incluye a nadie sin la manifestación expresa de su consentimiento. ¿Qué ocurre? Que la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que vamos a votar favorablemente, va a instar al Gobierno a cumplir con el artículo
correspondiente de la Ley 15/1999; le vamos a decir al Gobierno que cumpla con la previsión del artículo 31 y que lo haga de una manera reglamentaria. Pero para que el Gobierno cumpla con la previsión del artículo 31 tiene que respetar las
adjetivaciones del consentimiento que da el artículo 3.h), que ya recordó acertadamente el señor López Garrido en su intervención en el anterior debate. El artículo 3.h) de la Ley orgánica 15/1999 dice que en el consentimiento del interesado estará
toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada; pero no dice expresa. ¿Se puede introducir por vía de reglamento una adjetivación de imperativo legal como expresa, que no está recogida en la ley? Esta es la congruencia
que pedíamos anteriormente, que figure en la ley, mediante la modificación del artículo 3 letra h), la adjetivación de expresa junto a las de libre, inequívoca, específica e informada. Eso es lo que dice la exposición de motivos el Grupo
Parlamentario Popular y en ello coincidimos plenamente.
Pero aquí falta, como diríamos en poesía, la rima. Es decir que el reglamento tiene que rimar, tiene que recoger las mismas acepciones y adjetivaciones que la ley orgánica, porque no estamos
hablando de una ley ordinaria, estamos hablando de algo que está regulado por una ley orgánica. Por tanto, en una ley orgánica las adjetivaciones tienen un imperativo legal de primer orden, una prioridad sobre otra cuestión como puede ser un
reglamento. ¿Se puede vía reglamento obligar a una manifestación expresa? Nosotros vamos a votar que sí porque no nos vamos a oponer precisamente a que, una vez modificada la ley, el Gobierno cumpla con el artículo 31 sacando el reglamento después
de llevar tres años -desde diciembre de 1999- con esta ley aprobada. Esa es la cuestión formal de derecho positivo para que haya esa manifestación expresa, que es la que nosotros queremos. Vuelvo a repetir el argumento. En la Ley electoral
española y con el imperativo constitucional, en el censo electoral, que nace del padrón municipal, se reconoce que a partir de los 18 años se tiene derecho electoral. Es decir, es un censo obligatorio que reconoce un derecho, pero el censo
promocional no reconoce ningún derecho. No es un censo imperativo, es un censo que se deriva de unas circunstancias comerciales, de buzoneo, de publicidad, etcétera. El censo promocional no es para que el ciudadano ejerza un derecho constitucional
inalienable. Es decir, por imperativo legal una persona está en el padrón, de ese padrón sale un censo electoral en el que está incluido si tiene 18 años hasta el final de sus días para ejercer ese derecho constitucional, pero eso no significa que
se pueda producir un trasvase del dato a entidades privadas que ejercen su legitimidad de promoción comercial en ese sentido. Por tanto, la adjetivación expresa, que vuelvo a decir que está perfectamente justificada, reflejada y traída a razón en
la exposición de motivos del Grupo Parlamentario Popular, desearíamos también
verla recogida en el artículo 3.h) de la ley orgánica, para que estén todas las figuras de arropamiento, para que el reglamento esté desarrollando perfectamente el artículo 31 en correlación con el artículo 3 de la ley correspondiente. Por
estas razones lo queríamos traer aquí a colación, coincidiendo muy acertadamente con lo que dice la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, para darle esa ligazón, que no costaría nada porque el Gobierno lo podría hacer mediante una simple
corrección por vía legal, porque estamos hablando de una ley orgánica. Lo que nosotros deseamos es que en el fondo el ciudadano tenga este derecho de reserva manifiesta, expresa y en positivo de no figurar en un censo promocional.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Voy a hacer una intervención muy breve porque el grueso de la argumentación que nuestro grupo pudiera aportar en relación con este tema la expuse ya en la intervención que tuve ocasión de llevar a cabo en el punto anterior del orden del día.
(La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
El Grupo Vasco no se va a oponer a la aprobación de esta proposición no de ley por razones evidentes. Coincidimos con sus objetivos y con su contenido. Creo que lo expuse claramente antes y esa es razón suficiente para votar a favor de la
proposición. Lo que ocurre es que consideramos que la solución que se arbitra aquí es defectuosa e inadecuada para responder a una situación que al parecer todos los grupos parlamentarios coincidimos en considerar problemática; digo al parecer
porque da la impresión de que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en el diagnóstico de la situación. Todos parecemos coincidir en que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, que configuró definitiva y claramente el
derecho a la protección de datos de carácter personal previsto en el apartado 4 del artículo 18 de las Constitución, la regulación que la Ley de protección de datos de carácter personal hace del censo promocional no nos satisface; y muy
especialmente los términos en que condiciona el desarrollo reglamentario, el artículo 31 y la disposición transitoria segunda. Y no tanto porque la regulación en sí sea inconstitucional -que, probablemente, no lo será-, sino porque no garantiza, en
los términos en que nos gustaría que lo hiciera, el derecho de los ciudadanos a disponer y controlar sus datos personales en cuanto al censo promocional.
Algunos consideramos que, para corregir esta situación, es imprescindible modificar el articulado de la ley; corrigiendo más o menos artículos, creemos que la modificación legal es absolutamente imprescindible. Otros, sin embargo, estiman
que la situación puede corregirse a través sencillamente del desarrollo reglamentario, y la proposición no de ley que ahora debatimos parece ser un claro ejemplo de esto. Mi grupo parlamentario opina -ya lo he expuesto antes- que es muy difícil dar
cumplimiento riguroso a la proposición no de ley que votaremos a continuación sin saltarse el esquema en que se basa la Ley de protección de datos de carácter personal. Vamos a aprobar una proposición no de ley que, muy probablemente, instará al
Gobierno a dictar un reglamento que vaya en una línea radicalmente contraria a la que marca la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal.
Creemos -insisto- que la reforma legal era imprescindible pero, puesto que no ha sido aceptada por el grupo mayoritario de la Cámara, apoyaremos la proposición no de ley para que se corrija esta situación por vía reglamentaria. Creemos que
debe hacerse, pero dudamos muy seriamente -vuelvo a decir- de que esto sea posible sin saltarse la ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta.
Señorías, comparto la base de la argumentación e incluso el ligero enfado que ha mostrado en la tribuna el portavoz del Grupo Socialista. Si hace años se acuñó en este hemiciclo el término filibusterismo parlamentario para una técnica,
estamos ante una práctica chapucera de corsarismo parlamentario.
Una vez aparecida en los medios de comunicación públicos la malhadada decisión del Instituto Nacional de Estadística, dos grupos parlamentarios de la oposición se aprestan a presentar una iniciativa, en el uso reglamentario de su derecho.
Tras conocerse ésta en el Registro, el grupo que soporta al Gobierno, con una falta de generosidad a la que nos tiene habituados, en lugar de aceptar que se le ha pillado con el paso cambiado -como viene ocurriendo últimamente-, en lugar de aceptar
la situación y decir: ahí están las iniciativas del Partido Socialista y de Izquierda Unida, yo tengo mayoría absoluta por mor de la voluntad democrática del pueblo español, ya veremos cómo retocarlas y cambiarlas en Comisión a través de las
enmiendas, resulta que no tiene la altura de miras ni la generosidad del vencedor e intenta apoderarse, cual corsario, de la nave que vuelve de las Américas. Entonces, como no le queda espacio entre la iniciativa del Partido Socialista y la de
Izquierda Unida, trata de copiarlas de mala manera, apropiándose del capital político y de las propuestas. Vuelvo a repetir, una falta de generosidad clamorosa que dice muy poco de un diseño y de una práctica parlamentaria; y falta también,
señorías, de una
capacidad legal. De la misma manera que lo ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos serias dudas en mi grupo parlamentario de que, sin tocar la actual ley, puedan ustedes hacer con el reglamento lo que les dé la
gana para intentar adecuarla; no les va a cuadrar. Desde la humildad parlamentaria, les pediría que retiraran su iniciativa, su proposición no de ley -la nuestra también nos la han retirado ustedes- y que de una manera conjunta, donde sea, se
busque una fórmula de redacción de una proposición de ley sobre este tema, de tal manera que algo tan delicado como es la protección de datos, la protección de la intimidad de los ciudadanas y ciudadanos españoles, no se haga de forma chapucera y
torticera como se pretende en la iniciativa del Partido Popular.
Desde esa apelación, señorías, sabiendo que desgraciadamente va a caer en saco roto, intentaremos encontrar mejores momentos para que se corrija la ley con seriedad y con rigor.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace casi tres años se aprobó la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal; el próximo mes de diciembre cumplirá tres años. En esa ley había una disposición transitoria específica, la segunda, en la que se
establecía que reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos de formación del censo promocional, de oposición a aparecer en el mismo, de puesta a disposición de sus solicitantes y de control de las listas difundidas. El reglamento
establecerá los plazos para la puesta en operación del censo promocional. Esta era, señorías, la voluntad del legislador en el año 1999; la voluntad de establecer un censo promocional pero reglamentando la forma de configurar el mismo.
Repito,
dice la disposición transitoria segunda: Se desarrollarán los procedimientos de formación. Por tanto, si se quiere, reglamentariamente se puede establecer con claridad que ese censo promocional sólo estará constituido por aquellos ciudadanos que
de forma expresa, inequívoca, hayan dado su consentimiento a figurar en el mismo y que el silencio, en ningún caso, puede interpretarse como una forma de decir que sí. Quien dice sí es únicamente aquel que expresamente ha marcado a través del
formulario -nosotros entendemos que debería ser el documento de empadronamiento- ese sí.
¿Cuál es el problema? El problema es que han pasado casi tres años y lo que estaba previsto en la ley, que era elaborar un censo promocional, no se ha hecho. Se ha incumplido la ley en este aspecto; hemos abierto una inseguridad jurídica
-incluso para el propio sector que estaba esperando el desarrollo de ese censo promocional- con posiciones contrapuestas del INE y de la Agencia de Protección de Datos y -lo decía ahora el señor Rejón- con una cierta duda de si la ley ampararía o no
la interpretación que prácticamente ya es unívoca tras la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2000, en el sentido que quede claro y de forma rotunda que estará en ese censo promocional quien quiera estar y que quien no dice nada es que no
ha manifestado que quiere estar y, por tanto, mientras uno no dice nada no está en el mencionado censo. De ahí que nuestro grupo vaya a apoyar hoy esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que pide al Gobierno que, de una vez por
todas, se reglamente. Llevamos ya tres años desde la aprobación de la ley orgánica -los hará en diciembre- y estamos a la espera de que esa previsión de la ley se cumpla. Si ahora se cumple, se hará con los requisitos que le marca la proposición
no de ley que esperamos pueda ser aprobada hoy mismo en esta Cámara; una proposición no de ley que insta al Gobierno a reglamentar una vez más, como lo hacía la ley, pero marcándole una dirección clara en el sentido de interpretar que el censo
promocional requiere ese consentimiento expreso.
Yo quiero pedir que se reglamente, que se dote de seguridad a un sector que está esperando esa reglamentación, también que se dote esa reglamentación de las máximas garantías de protección de los derechos fundamentales del ciudadano: el
derecho a la intimidad, a la protección de sus datos personales. Si se hace en el sentido de esta proposición no de ley se hará en la buena línea, en la línea más garantista para los derechos de los ciudadanos y que nos marca el propio Tribunal
Constitucional. Por tanto, bienvenida sea hoy esta proposición no de ley si la misma sirve para dar cumplimiento a lo que ya era una previsión de la ley orgánica y si se hace en el sentido en que todos los grupos se están manifestando hoy en esta
Cámara, en el sentido de afianzar el consentimiento expreso del interesado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra la señora Matador.
La señora MATADOR DE MATOS: No aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Matador.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el censo promocional y el procedimiento de su formación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 283; en contra, cinco; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA PETICIÓN PARA LA CONVOCATORIA URGENTE DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 162/000577.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto V del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en
relación con el proyecto de ley de calidad de la educación.
Para su presentación y defensa, tiene palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para hablarles de un proyecto de ley que hoy ha paralizado buena parte de nuestros centros escolares e institutos públicos, ha sacado de nuevo a la calle, como sucedió hace un año, cuando el Gobierno trató de
imponer la reforma universitaria a la universidad española, a miles de estudiantes en las ciudades de este país, a padres y a madres de alumnos, a maestras y maestros y a profesoras y profesores de nuestros centros educativos y que ha cosechado
además las críticas unánimes de los grupos parlamentarios de la oposición por ser una ley segregadora, antiautonomista, que recorta la participación democrática en nuestros centros escolares, que perjudica a la educación pública y, sobre todo,
porque de nuevo se quiere imponer una ley a la comunidad educativa, a las comunidades autónomas y a los propios grupos en esta Cámara con formas autoritarias.
Señorías, el Gobierno y la mayoría parlamentaria del Partido Popular han batido un nuevo récord de tramitación de este proyecto de ley. Sólo 53 segundos de debate por cada una de las hasta 1.166 enmiendas que ha cosechado esta reforma es
todo el respeto que le ha merecido al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno nuestro sistema educativo. No es la primera vez, lo vivimos ya con el trámite parlamentario de la Ley de universidades donde, como hoy, señorías, este Parlamento y la
comunidad educativa tuvieron que sufrir el agravio de un calendario completamente descabellado y democráticamente desolador impuesto por la mayoría absoluta del Partido Popular, pero aunque no sea la primera vez no nos vamos a callar ni vamos a
devenir cómplices en el debilitamiento de la calidad democrática con el que el Partido Popular quiere envenenar nuestra vida pública. Y es que, señorías, convendrán conmigo que con este proyecto de ley, y en materia de agravios, el Partido Popular
ha conseguido rizar el rizo. Ya no es sólo el precedente temporal por el cual una ley educativa en esta Cámara no merece ser debatida a más de un minuto por cada una de las enmiendas que cosecha, sino que además hemos tenido que asistir a la
impudicia que supone que la mayoría absoluta en esta Cámara obligue al Parlamento a arrodillarse ante los abusos que el Gobierno impone en esta Cámara. (Aplausos.)
El proyecto de ley de calidad de la educación entró en esta Cámara el 31 de julio y lo hizo sin la memoria económica que le exigían que se adjuntara la Constitución, la Ley del Gobierno de 1997 y el Reglamento de esta Cámara, lo que
significa que se nos está obligando a emitir juicio, en nombre de los ciudadanos españoles, sobre un proyecto de ley que es orgánica, que reforma en profundidad nuestro sistema educativo y del que ni siquiera sabemos lo que cuesta. No sabemos
cuáles son para el Estado sus repercusiones presupuestarias y no existe aval económico alguno que la ampare.
El Grupo Parlamentario Socialista, como ustedes saben, ya denunció en su momento esta anomalía que dejaba a los grupos parlamentarios en auténtica indefensión. Además de cometer una ilegalidad, señorías, le dijimos al Gobierno que cometía
también una irresponsabilidad cuando, tras la entrada en este Parlamento de una norma que afecta sustantivamente a los intereses generales de nuestros ciudadanos, éstos tenían que observar cómo la ministra del ramo se paseaba de radio en radio y de
televisión en televisión diciendo a los ciudadanos: no hagan ustedes caso a estos socialistas, que yo no tengo ni idea de lo que vale mi ley y además no pienso poner un solo euro para financiarla. Pero además de irresponsable y de ilegal, era una
actitud tramposa, y eso, señorías, no vale. No vale hacer trampas con la educación, valdrá que la reforma sea segregadora, valdrá que la reforma recorte la democracia de nuestros centros, valdrá que la reforma perjudique a la escuela pública y
beneficie a la privada.
Ustedes son la derecha y es legítimo que esas sean sus reformas, pero no lo es hacer trampas con la educación, y la ministra, señorías, las hace.
Por eso no ha conseguido explicar por qué dijo en esta Cámara el día 11 de
julio que ya hablaríamos del dinero de la ley cuando la presentara y, sobre todo, por qué no lo hizo cuando todos supimos que esa memoria económica además existía. Se lo había estado pasando de Hacienda a Educación y de Educación a Hacienda, pero
un medio era público, señorías, y las conclusiones de la memoria obligaron al Gobierno a esconderla, tratando de esconder su verdadera cara antisocial, la del mínimo esfuerzo en gasto
educativo y la del máximo esfuerzo en beneficiar a la escuela privada y olvidar, como siempre, a nuestra escuela pública. (Aplausos.) La memoria que ocultó el Gobierno revelaba con la rotundidad con la que se suelen expresar los números que
esta reforma iba a pagar un profesor más por cada 1.700 alumnos de nuestra escuela pública y un profesor más por cada 400 alumnos de nuestra escuela privada. La memoria era una auténtica provocación a nuestro sistema educativo, y el Gobierno la
escondió, como escondió la reválida, como esconde los datos de becas y como hoy, sin ir más lejos, vuelve a esconder los datos de las huelgas y los números de miles de manifestantes que vuelven a estar en la calle, como siempre.
(Aplausos.)
Señorías, el precedente que eso puede suponer en esta Cámara es muy serio.
Aceptar que el Gobierno pueda dejar de mandar a esta Cámara las leyes acompañadas de la preceptiva memoria económica nos coloca frente a la irresponsabilidad
económica de este Parlamento, nos conduce a aprobar leyes sin evaluación de coste alguno, sin saber nada de sus repercusiones presupuestarias y sin que nadie nos garantice que las acompaña aval económico alguno, y a pesar de la indefensión que ello
pueda suponer, se nos obliga a apoyar o no la aprobación de esa ley. Devaluar así nuestra función en esta Cámara simplemente no es aceptable.
La respuesta del Gobierno a esa situación, ustedes lo saben, no tiene ni pies ni cabeza. El Gobierno considera que él no es el órgano competente para decir a esta Cámara qué vale la ley que él mismo ha elaborado, y la mayoría parlamentaria
del Partido Popular en esta Cámara ha amparado la vulneración normativa de las reglas democráticas del juego y por tanto la burla a este Parlamento. Tal ha sido la vulneración y la burla, señorías, que hemos tenido que asistir en este Parlamento a
situaciones francamente kafkianas, como la que consideró al Gobierno competente para vetar las modestas enmiendas de la oposición porque estas suponían incremento de gasto, mientras se le declaraba no competente para evaluar los propios incrementos
de gasto que podían suponer las medidas de su propio texto de ley. Convendrán conmigo que es impresionante, señorías. A todo esto, la ministra repite y repite contra todo sentido común que con el nuevo acuerdo de financiación autonómica el
competente para evaluar los costes de la ley no es el Gobierno que la ha elaborado, sino un órgano distinto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo me pregunté rápidamente qué cara pondría ante esto el señor Montoro, tan obsesionado por el
déficit cero. Ahora resulta que el Gobierno puede aprobar leyes y mandarlas a este Parlamento sin decir qué valen y hacernos aprobarlas sin saber si llevamos el Estado a la bancarrota, si nos alejamos del déficit cero, etcétera. Cuando el señor
Montoro defiende fundamentalistamente el déficit cero, ¿incluye en él la ley de calidad? ¿Sabe que la señora Del Castillo no sabe lo que cuestan sus leyes y que tampoco quiere que lo sepamos aquí, ni que lo sepan las comunidades autónomas, ni que
lo sepa la propia comunidad educativa?
Señorías, son tantas las evidencias sobre las razones por las que el Gobierno oculta los números de la reforma educativa que hacen el argumento aún más insostenible, porque el nuevo acuerdo de financiación autonómica no avala ni la
irresponsabilidad del Gobierno ni la irresponsabilidad de esta Cámara; bien al contrario, lo que intenta el acuerdo de financiación es justamente acabar con el habitual 'yo legislo y tú pagas', que tanto caracteriza además a este Ministerio de
Educación, y buscar la lealtad institucional, que significa la garantía de la suficiencia financiera para la aplicación de las reformas del Gobierno central por parte de las comunidades autónomas. La actitud de los actuales responsables de
Educación no es de recibo ni para nuestra democracia ni para nuestro Estado autonómico. No se nos puede pedir que demos el visto bueno a una ley, ni siquiera se nos puede pedir que la enmendemos sin saber cuánto cuesta ni adónde piensa el Gobierno
destinar esos recursos, a la escuela pública o a la escuela privada. Por eso, señorías, solicitamos que el Gobierno convoque urgentemente al Consejo de Política Fiscal y Financiera para que saque a esta Cámara, a las comunidades autónomas y a la
propia comunidad educativa de esta manifiesta indefensión. La actitud del Gobierno no es sólo una afrenta al Parlamento, lo es también a las administraciones educativas y a la educación en sí misma. Es una falta de respeto de la que no queremos
ser cómplices. No queremos ser cómplices de que se sustituya la transparencia por el oscurantismo, ni de que se sustituyan las garantías parlamentarias por la indefensión, ni de que se sustituya la colaboración entre administraciones por la
deslealtad institucional. Hoy, el Ministerio de Educación está siendo triplemente desleal: con esta Cámara, con las comunidades autónomas y con la educación en sí misma. Por eso hoy el Gobierno y el Partido Popular están solos en esta Cámara y
tienen a la comunidad educativa en la calle, porque todos les estamos tratando de decir que la educación merece más.
Acabaré diciéndoles, señores del Partido Popular, que pueden ustedes seguir ciegos a la realidad e intentar silenciar a la sociedad española el amplio rechazo a su reforma antisocial, que sólo podrán imponer con formas autoritarias. Podrán
volver a negar la huelga, tratar de hacer invisibles a los manifestantes, volver a llamarnos radicales ignorantes que salimos a la calle sin sabernos la lección. Podrán volver a imponer sus leyes con su mayoría absoluta, pero en educación,
señorías, si no se convence, no se vence. Y su soledad, aquí y fuera de aquí, es la prueba del nueve, de lo poco convincente de sus formas autoritarias y de sus reformas antisociales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Chacón.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Estamos muy habituados a escuchar continuamente las palabras de los ministros o del presidente del Gobierno cuando afirman que el Estado español es el más descentralizado de los que existen en el mundo. Sin embargo, con esta ley queda de
manifiesto -como con otras muchas, pero con ésta de forma mucho más patente- que cuando hay una materia de competencia plena de las comunidades autónomas, como es la del sistema educativo de la enseñanza obligatoria, el Gobierno actúa de una forma
unilateral, con lo cual el argumento de la mayor descentralización competencial cae por su propio peso.
Se trata de una ley que va a ser aplicada sin contar con la anuencia de muchos y muy importantes gobiernos de las comunidades autónomas, tanto de las que tienen lengua y cultura propias, como de las que no la tienen. El hecho de que se vaya
a obligar a los gobiernos de estas comunidades a dar la cara por una ley que no ha sido consultada debidamente, en la que no tuvieron una participación activa y que, finalmente, no es asumida por la inmensa mayoría de estos gobiernos de las
comunidades autónomas, debería hacer recapacitar al Gobierno, si tuviese la intención de lograr una armonía constitucional, a retirarla. Pero hay algo más, aunque sea secundario, muy importante: la actuación temeraria y sectaria del Partido
Popular, prescindiendo de la opinión de prácticamente todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, que presentamos enmiendas a la totalidad.
Efectivamente, hoy hubo una gran oportunidad para el contraste. Sabemos lo que piensa un sector importantísimo de los padres, de los profesores y de los alumnos, por lo menos en Galicia, con una manifestación multitudinaria y con el paro
mayoritario de toda la enseñanza no universitaria. Sabemos, por tanto, que la enseñanza pública está en total desacuerdo con esta ley, pero también sabemos por palabras de Monseñor Rouco que hay otros que están satisfechos y contentos, no sólo con
la cesión de la asignatura de religión dentro del sistema educativo, asignatura recuperada como tal, como materia educativa sometida a evaluación, sino también -¿por qué no decirlo?- cuando afirma que está satisfecho por la subvención adecuada a la
enseñanza católica. En estas circunstancias sería muy importante que todos los gobiernos autonómicos pudiesen debatir con el Gobierno central no sólo los rasgos generales de esta ley sino cómo se va a financiar, qué dinero finalista va a articular
el Gobierno del Estado español para que se puedan llevar a buen fin los cambios estructurales en la enseñanza, cambios materiales que no se pueden realizar sin dinero.
Por este motivo, vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco también va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, porque comparte básicamente las razones expuestas por la portavoz del Grupo
Socialista, la señora Chacón. Sin ser reiterativo, sí quisiera hacer notar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, que es este un debate recurrente. Sistemáticamente, cuando se han debatido las leyes educativas, siempre se ha traído a colación
el tema de las leyes financieras que soportaran los planteamientos recogidos en esas leyes educativas. En consecuencia, es un debate recurrente cada vez que hay una reforma educativa en este país. Lo fue con la LOECE, con la LODE, con la LOGSE,
con la LOPEG y lo es ahora con la ley de calidad.
Aunque sea un debate recurrente el que se ha sostenido sobre lo que son las reformas educativas y sus fuentes de financiación, en este caso, al debatir en sede parlamentaria la ley de calidad, el Grupo Parlamentario Vasco estima que estamos
en una circunstancia nueva porque no tenemos ni memoria económica, como tuvieron las leyes educativas anteriores, ni ninguna previsión, máxime cuando las competencias en materia educativa se encuentran transferidas en este momento, por primera vez
cuando se tramita una ley de reforma educativa, a las comunidades autónomas. Por lo tanto, discrepamos del planteamiento que están realizando el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en su metodología de trabajo. Hasta ahora se criticaba -y
duramente lo hacía el Grupo Popular- que las reformas educativas que en su día solicitaban los gobiernos socialistas no viniesen acompañadas de leyes financieras o de previsiones en los Presupuestos Generales del Estado de cada año. Pero ahora,
señorías, nos encontramos en la más absoluta indefinición: ni hay leyes de acompañamiento financiero ni hay leyes presupuestarias ni hay siquiera memoria económica. Si se dice que una de las causas del fracaso de la LOGSE fue el incumplimiento de
la memoria económica que acompañaba el Gobierno socialista en aquel momento, en esta coyuntura difícilmente podremos evaluar el seguimiento de las previsiones de las reformas educativas que se puedan plantear, porque no tenemos un documento de
referencia en ninguno de los casos. Además, los agentes educativos y sociales de las distintas administraciones educativas (y recuerdo la iniciativa popular que trajo a esta Cámara 500.000 firmas para que los
proyectos educativos tuviesen leyes presupuestarias que sostuvieran las reformas educativas) han venido insistiendo en que se realicen estos planteamientos.
Desde la perspectiva del desarrollo legislativo, desde la metodología de trabajo parlamentaria y desde el cumplimiento del propio Reglamento del Congreso, el planteamiento que realizan el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular no es
correcto y, en consecuencia, atendemos las razones que ha esgrimido la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, máxime en una circunstancia en la que las comunidades autónomas vasca y navarra no estaban obligadas a su cumplimiento por sus
propias leyes de financiación. En todo caso, sostenemos que no es razonable que el Gobierno del Estado asuma legislación básica, indicando a las comunidades autónomas qué legislación deben de cumplir obligatoriamente, sin hacer la previsión
económico-presupuestaria oportuna y consiguiente para el sostenimiento de dichas propuestas. Señorías, la metodología de trabajo es fundamental también en sede parlamentaria. Estamos hablando de una ley de calidad de la educación y difícilmente
podremos hablar de calidad en el trabajo parlamentario si las reformas educativas que proponemos no tienen por lo menos la previsión -no digo la consignación- presupuestaria del gasto que pueden suponer las reformas educativas que se proponen.
Señora presidenta, en nombre de la calidad que se predica, tómese en consideración la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Siento que no esté la ministra porque el Grupo Socialista ha hecho muy bien en traer esta propuesta hoy a la Cámara.
Francamente, la actitud del Partido Popular es inexplicable. Ante los reiterados requerimientos
de los grupos de la oposición, ha venido diciendo que no saquemos las cosas de quicio, que esto depende del Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera, y resulta que pasado mañana se va a debatir en esta Cámara la ley de calidad y el consejo
todavía no se ha reunido. Esto no es ni medianamente serio y es razón suficiente y necesaria para apoyar la iniciativa socialista, porque ustedes no son serios. La ministra nos lleva leyendo la cartilla a la oposición desde hace tiempo. Cada vez
que hacemos el reclamo que tiene que ver con la previsión del gasto o con el soporte financiero de la ley, nos remite a la reunión de este órgano y resulta que el órgano sigue sin reunirse. Pasado mañana vamos a votar una ley aquí cuyo soporte
financiero nadie sabe dónde reside ni quién lo va a decidir ni dónde está. Por si no fuera suficiente con la inquietud que genera en el país, en la ciudadanía, en la comunidad educativa en particular y en los grupos de la oposición su propuesta de
ley de calidad, esto añade más inquietud y menos rigor en su praxis parlamentaria, señoras y señores del Partido Popular.
Esta diputada que les habla solicitó a la Mesa del Parlamento que se le proporcionara la tan traída y llevada memoria económica cuya existencia ustedes negaban, aunque, por otra parte, se les escapaba que existía. La Mesa aprobó que a esta
diputada se le enviara la información referente a esta cuestión en virtud del artículo 7, pero ustedes se han apañado para rizar el rizo y ni esta diputada ni el Grupo Socialista ni el Grupo de Izquierda Unida ni ningún otro grupo de la Cámara al
día de hoy sabe cómo se va a financiar su famosa reforma educativa, particularmente la ley de calidad. Ojalá que no se financie. Para lo que van a hacer, francamente es mejor que no tuviéramos soporte financiero. Ya que sacan pecho, ya que amagan
y ya que deciden poner en marcha una reforma educativa contra todos, sin escuchar a nadie, tengan por lo menos el rigor y la vergüenza política de venir aquí con una mínima respuesta satisfactoria para los grupos de oposición.
Señorías, una vez más y en nombre mi grupo, saludamos la iniciativa socialista. Vamos a votar a favor de la tramitación parlamentaria y esperamos que el Partido Popular se dé cuenta de que nosotros no insistimos en ello por desgastarles
políticamente -aunque también, porque nos apetece muchísimo, no vamos a negarlo- sino porque tenemos que hacerlo, porque se lo debemos a los ciudadanos y porque quien hace filibusterismo político, algo de lo que nos acusan con frecuencia a los
grupos de oposición, es quien viene a esta Cámara declarando que va a dejar la huella de Atila en la impronta educativa del país y luego no tiene dinámica para soltar las pesetitas que hacen falta para cualquier reforma que se ponga en marcha desde
esta Cámara. Por tanto, señorías, voto a favor de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, dentro de un par de días tendremos ocasión de hablar a fondo de la llamada ley de calidad de la educación en esta Cámara, ley que lamentablemente no podremos apoyar por un montón de
razones, por varias decenas de razones, bastantes más que artículos contiene la ley, que tendré ocasión de explicar el jueves en un debate parlamentario que será de los pocos que podrá acompañar a la tramitación de esta ley, vista la forma en la que
el Gobierno y el grupo parlamentario
que le apoya en esta Cámara ha decidido afrontarla reduciéndonos a todos nosotros que representamos a la soberanía popular al papel de simple trámite administrativo que permite verificar que el proceso aparentemente constitucional que va del
Consejo de Ministros al Boletín Oficial del Estado se ha cumplido. Este es el debate de fondo que tendremos el próximo jueves y que ya adelanto levantará pocas sorpresas.
Hoy debatimos, una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que consideramos muy oportuna, un punto muy concreto, la financiación de esta ley. Tuvo mucha gracia que cuando los grupos parlamentarios presentamos nuestras enmiendas en
ponencia, lo primero que hiciera el Grupo Popular fuera invocar un artículo que existe en el Reglamento de la Cámara por el cual cuando un grupo parlamentario presenta una enmienda que puede suponer un incremento de coste para el Gobierno, se
suspende su tramitación y se consulta al Gobierno si la tramitación es posible. Lo hizo porque así se lo permite el Reglamento, pero no deja de tener gracia que eso se hiciera con las enmiendas de todos los demás y, sin embargo, los que no somos el
Grupo Popular -y probablemente tampoco el Grupo Popular-, sigamos sin conocer cuál es el coste de esta ley y ni siquiera cuál es el coste de las enmiendas que el propio Grupo Popular ha presentado, con el pequeño matiz, que es lo que permite que
ustedes estén haciendo lo que hacen sin que el señor Montoro les llame al orden, de que el presupuesto con el que están jugando no es el que ustedes controlan, es el de las comunidades autónomas. En lugar de estar disparando con pólvora del rey,
como se solía decir en otras ocasiones, lo que hacen desde la posición de la realeza -si se permite-, desde la capital del Reino, es disparar con pólvora ajena. Así es muy fácil hacer leyes orgánicas. Así es magnífico reforzar la educación, pedir
la luna, dar guarderías, autobuses, ampliar horarios, crear cuerpos nuevos, lo que ustedes quieran. Es todo fantástico siempre y cuando lo pagan otros, que es lo que están haciendo con esta ley.
La Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, modificada en el año 2001, con sus votos porque si no difícilmente se hubiera modificado una ley orgánica, recoge como principios generales en la letra e) del apartado
1) del artículo 2, que la lealtad institucional (subrayo esta palabra porque a todos nos gusta utilizarla, pero está en una ley orgánica aprobada por ustedes) es un principio que determina toda la financiación autonómica. Y entonces la define:
¿Qué es la lealtad institucional? Señala: La lealtad institucional determinará la valoración del impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia tributaria o la adopción de medidas de interés
general, que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente y que deberán ser objeto de valoración anual en cuanto a su impacto, tanto
en materia de ingresos como de gastos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, que es exactamente lo que sometemos a votación hoy. Lo que sometemos a votación hoy es el cumplimiento de una ley orgánica aprobada
en el año 2001 que forma parte de lo que los constitucionalistas llaman el bloque constitucional formado por el texto de la Constitución, los estatutos y aquellas leyes orgánicas básicas entre las cuales se cuenta la Ley orgánica de Financiación de
las Comunidades Autónomas. Es obvio que estamos ante este supuesto. No sabemos en qué cuantía, pero es obvio que la ley que han traído modifica completamente, porque recae sobre las espaldas, sobre el presupuesto autonómico, las cargas de las
comunidades autónomas.
Nosotros tampoco sabemos exactamente lo que cuesta, pero le puedo lanzar algunas cifras a vuelapluma que no son improvisadas, aunque carecen del rigor de un estudio profundo. Por lo que se refiere a la creación del cuerpo de catedráticos
para la Generalitat de Cataluña -o en conjunto, porque depende de cómo lo calculemos-, estamos hablando de un coste suplementario de entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas, entre 12 y 18 millones de euros; alargar el horario escolar en una hora,
estamos hablando de un coste incrementado de 6 millones de euros, 1.000 millones de pesetas; los itinerarios de inserción profesional que establece esta ley, vamos a imaginar como hipótesis de trabajo 60.000 alumnos por curso, de los 60.000 alumnos
por curso un 10 por ciento entra en estos nuevos itinerarios de inserción profesional que establecen ustedes con esta ley, programas que tienen una duración de dos cursos con una media de 20 alumnos por clase, resultado 36 millones de euros, 6.000
millones de pesetas. Puedo seguir y es posible que cuando llegue al final esto sea más y quizá en algunos casos sea menos. Son unos cálculos hechos a vuelapluma para este debate, pero se basan en el coste real de aquellos que lo pagan, que no son
ustedes, que es la comunidad autónoma. Por tanto, ustedes tienen la obligación de explicarnos de dónde va a salir esto, quién lo va a poner.
No se trata, como decía Marisa Castro, la portavoz de Izquierda Unida, de desgastarles de nada. Ella ha reconocido que sí viene aquí a desgastar, y me parece legítimo. Yo le aseguro que CiU no viene a la Cámara a desgastar al Partido
Popular. CiU viene aquí a pedir que se cumplan las leyes, que sean ustedes leales con el sistema autonómico, que cumplan con el sistema autonómico del título VIII de la Constitución y con el marco legal que nos vincula a todos, a nosotros y a
ustedes; al Gobierno de Castilla La Mancha cuando se alega que ha incumplido determinadas normas, al Gobierno del Estado cuando incumple otras normas, y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña el día que las incumpla. Cuando se resisten y se
niegan a valorar el coste de una reforma legislativa que se carga sobre los presupuestos autonómicos están ustedes incumpliendo una ley orgánica.
El argumento ya no da más de sí, aunque a veces, como en la publicidad, a base de repetirlas a veces las cosas acaban quedando gravadas. Termino como empezaba. Si es la propia ley orgánica la que define lo que es lealtad institucional y si
ustedes no van a cumplir con lo que la ley llama lealtad institucional, el adjetivo del papel que ustedes asumen no se lo pongo yo, se lo pone la propia ley orgánica.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
La intervención de la señora Chacón es a piñón fijo, porque hoy tratamos de una proposición no de ley del Grupo Socialista que no tiene nada que ver con lo que vamos a discutir el jueves, pero los epítetos de la señora Chacón son siempre los
mismos: que queremos imponer, que queremos degradar la democracia, etcétera. No venía hoy a cuento, pero tenía que adjetivarlo con las huelgas que ha habido hoy. Señora Chacón, para su conocimiento, no le voy a dar los datos de Madrid, le voy a
dar los de la Policía Municipal de Barcelona, con un alcalde que es del Partido Socialista: ha habido unos 10.000 manifestantes. Siento mucho que hayan ocurrido algunos incidentes en Barcelona. Asimismo, espero que, si no hoy pasado mañana, la
señora Chacón condene los incidentes que ha habido en Burgos; no sabemos quiénes eran pero unos manifestantes han apedreado la sede del Partido Popular. Yo estoy seguro de que la señora Chacón el jueves condenará estos hechos. (Rumores.)
Señora Chacón, no vamos a entrar en las cifras de la manifestación de Madrid porque no es comparable a las que hubo cuando la LOGSE y tampoco quiero entrar en esos temas. Sí quiero ceñirme a la proposición no de ley. Tiene dos partes. Voy
a destacar el punto de vista jurídico y lo que ocurrió en esta Cámara en las diferentes reuniones y escritos que ha habido de la Mesa y de la Junta de Portavoces en el mes de septiembre, así como el informe de la secretaría general elaborado por los
servicios jurídicos de esta Cámara, que están siempre por encima de las posibles opiniones de unos y de otros. En la motivación de la proposición no de ley vuelven a repetir que el 27 de julio el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados la ley
de calidad sin adjuntar, a pesar de la preceptiva exigencia legal para ello, la correspondiente memoria económica, etcétera, etcétera. Señoría, léase el artículo 88 de la Constitución, que no dice en absoluto que es preceptiva la memoria económica
en los proyectos de ley que se remitan al Parlamento, y el artículo 109 del Reglamento del Congreso tampoco indica nada al respecto. Prueba de ello es que el Partido Socialista en la legislatura 1992-1996, de 11 proyectos de ley que envió a esta
Cámara, 9 venían sin memoria económica. Supongo que S.S. calificará esos proyectos con esos adjetivos que ha utilizado con relación a este proyecto de ley.
Ustedes volvieron a presentar -llamémoslo así- recurso de reposición a la Mesa de la Cámara, se reunió la Junta de Portavoces, posteriormente se le pidió a la secretaría general de la Cámara un informe en el que se volvía a reiterar el
artículo 88 de la Constitución y el 109 del Reglamento.
Pero nos olvidamos de algo. El señor Guardans lo ha tocado pero con unas deducciones completamente diferentes y es que la LOFCA fue modificada y se votó en noviembre de 2001 prácticamente por
todos los grupos de la Cámara. En ella se cambiaba la financiación a las comunidades autónomas, se aumentaba al 33 por ciento lo que percibirían del IRPF, y los impuestos que se les cedían. El Consejo de Política Fiscal y Financiera -y ese es el
argumento fundamental- indica claramente que el artículo 2.1.e) de la LOFCA establece las condiciones para la entrada en funcionamiento del principio de lealtad institucional al que se ha referido el señor Guardans, pero allí se especifica que
cuando el proyecto se ponga en práctica será cuando podrá ser objeto de evaluación, si es que implica algún cambio de recursos. No podríamos entrar en lo que hace referencia a los presupuestos de las comunidades autónomas. Se tiene que reunir el
Consejo de Política Fiscal y Financiera al terminar este ejercicio para ver qué significa esta ley y todas aquellas que se hayan aprobado en el año, para ver qué corresponde a las comunidades y al Estado central. Señorías, aquí queremos hacer un
totum revolutum. En cuanto a la ley de calidad, no es que el Grupo Socialista haya querido hacer filibusterismo, pero sí tengo que decir que en el mes de septiembre presentaron tres escritos, les fueron contestados, hubo un informe de la secretaría
general y dos días antes presentan esta proposición no de ley.
Está clarísima la reforma que ha habido de la LOFCA y la lealtad institucional. Esa lealtad institucional es la que lleva a que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se tenga que
convocar, pero una vez que esté aprobado este proyecto de ley, no solamente para él sino también para las restantes leyes.
Termino diciendo que espero pasado mañana algunos argumentos más de peso que los que se han dado hoy. En ese piñón fijo que tiene la señora Chacón nos dice que no ha dado más que para muy pocos segundos por enmienda.
Señoría, el 70 por
ciento de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista eran simplemente de supresión y no aportaban argumento alguno al proyecto de ley. Alguna enmienda, me parece que la 565, decía: de supresión porque ya está en la LOGSE. ¿Que ya esté en
la LOGSE motiva una enmienda?
Quiero terminar, señora presidenta, diciendo que vamos a tener el debate concreto. La posición del Partido Popular en apoyo del Gobierno ha sido clara, es
decir, el Consejo de Política Fiscal y Financiera se reunirá, no sólo para este proyecto de ley sino para todos los cambios legislativos que ha habido a lo largo del ejercicio, y es el que tomará las decisiones de qué es lo que corresponde
al Estado central y qué a las autonomías. No saquen las cosas de quicio y den argumentos concretos basados en la legislación y no en interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad.
Durante todo el mes de septiembre se les han dado
argumentos más que abundantes respecto de que no era necesaria la memoria económica. Si consideran que es inconstitucional, como lo ha hecho la señora Chacón, me gustaría que recordaran que de los once proyectos de ley que trajeron en la
legislatura en la que gobernaban, nueve venían sin memoria económica.
Hagan memoria y vean lo que hacían cuando estaban en el Gobierno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guerra.
Toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación con el proyecto de ley de calidad de la
educación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 125; en contra, 163.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE PIENSA IMPULSAR EL GOBIERNO PARA CONTINUAR IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PRODUCTIVO ESPAÑOL EN GENERAL Y DEL SECTOR TEXTIL EN
PARTICULAR. (Número de expediente 173/000162.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que piensa adoptar el Gobierno para
continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en particular.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, no se trata en estos momentos de reiterar lo que fue el contenido de la interpelación que pude defender desde esta tribuna el pasado día 16 de octubre. Sin embargo, sí querría en el inicio de la presentación de la moción del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) reiterar lo que supone el sector textil en nuestro país. Estamos hablando -datos del año 2001- de 7.590 empresas, que dan trabajo aproximadamente a 280.000 trabajadores, que exportan por unos 14.800
millones de euros y cuya cifra de exportaciones en el año 2001 se aproxima al billón de pesetas, concretamente 5.991 millones de euros. Es un sector, como señalaba hace quince días, que debido, por un lado, a la reducción del consumo interno y, por
otro, a los procesos de liberalización del comercio exterior, que tienen su punto culminante en el año 2005, se encuentra, después del esfuerzo realizado a lo largo de los diez últimos años, que le ha llevado a una cifra de inversión superior al
billón de pesetas, en una encrucijada. No se puede hablar de crisis, no se puede hablar de un momento dramático. Lo que es cierto es que es el momento de adoptar decisiones importantes de impulso y de protección del sector textil.
A lo largo de mi intervención el pasado 16 de octubre iba desgranando un diagnóstico que resultó ser muy coincidente con el que efectuaba el propio ministro de Ciencia y Tecnología y estoy seguro que otros grupos parlamentarios. De ahí que
sobre la base de ese diagnóstico vaya a exponer a SS.SS. cuáles son las medidas que mi grupo parlamentario entiende que deben adoptarse de cara a proteger o impulsar el sector.
Señalaba la característica de ser un sector muy disgregado, con un
gran número de empresas -más de 7.000-, con una participación importantísima de la pequeña y mediana empresa -la cifra media del sector es la empresa de unos 35 trabajadores-; de ahí que resultase fundamental la adopción de medidas de orden
financiero, fiscal o administrativo que posibilitasen procesos de integración, la extensión de canales de distribución y alianzas estratégicas de cara a fomentar esta intervención o esta participación en el exterior y, al mismo tiempo, el fomento de
la incorporación de medidas de innovación, de desarrollo y de investigación dentro del sector. A eso es a lo que responde el punto número 1 de nuestra moción de cara a favorecer todas esas alianzas estratégicas. Debo indicar a SS.SS. que hay
experiencias que se están concretando ahora en este sentido; alianzas entre el sector textil-hogar, por ejemplo, con cerámica, iluminación y el sector del mueble, para tener una presencia conjunta en el exterior. Tiene una importancia fundamental
también que las propias empresas tengan canales específicos y propios de distribución, así como una imagen de marca para esto.
En segundo lugar, entendíamos que el PROFIT no estaba actuando de un modo absolutamente satisfactorio. Existían cantidades que no se acababan ejecutando
debido a algunas dificultades en que se encontraba el sector del textil-confección dentro del programa; de ahí que nuestro planteamiento fuese -es nuestro punto número 2- consolidar el desarrollo del plan de innovación textil o del plan de
textil-confección dentro del programa.
También debemos indicar la importancia fundamental de suavizar, flexibilizar y mejorar los sistemas actuales de prestación de garantías, que dificultan en muchos casos el acceso a las ayudas del PROFIT a
numerosas empresas. Apostamos, a través de una serie de medidas -la 3, 6, 7, 8 y 9-, por fomentar la participación de las empresas en el exterior.
Aquí la situación es de orden muy diverso. Por un lado, se están produciendo importaciones en
España que por sus características pudieran ser constitutivas de piratería o incluso de dumping; de ahí que deban adoptarse las medidas para luchar contra esta piratería, contra la importación por encima de cuotas, contra la importación de
productos textiles y de confección procedentes de países que tienen ayudas directas a la exportación y que, por tanto, en este caso están actuando de una forma que pudiéramos denominar ilegal. Por otro lado, es muy importante también garantizar la
competitividad de la industria textil-confección española en el exterior. No deja de ser sorprendente que cuando la Unión Europea cuenta con unos aranceles medios del 8 por ciento, los de China son del 40 por ciento. Por tanto no se trata de
dificultar el acceso de productos de otros países al mercado interior, sino de garantizar unas condiciones equitativas de competitividad de nuestros productos en los mercados internos de otros países que, sin embargo, sí que están exportando hacia
España. Hacer frente a esa situación es lo que pretenden las medidas 3, 7, 8 y 9.
No podemos olvidar la situación fiscal. Contamos con el mejor marco fiscal posiblemente de la Unión Europea para la investigación, desarrollo e innovación, pero la ausencia de instrumentos de homologación y la falta de coordinación entre el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Economía determinan que aquello que muchas veces en el marco del CDTI y del PROFIT se considera innovación luego no sea así para la Inspección de Hacienda; de ahí que entendamos que hay que
armonizar los comportamientos de esos ministerios.
Finalmente, en mi intervención del 16 de octubre hacía referencia al rechazo por parte del FORCEM de un programa específico para el sector textil. Con la medida número 10 pretendemos potenciar la formación continua de los trabajadores de
este sector, en colaboración con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, y el fomento de la marca.
En cuanto a las enmiendas de los grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, debo señalar que hemos hecho una propuesta transaccional que creemos que incorpora la parte fundamental de las enmiendas presentadas por estos grupos. El Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han manifestado su postura favorable y suponemos que lo mismo ocurrirá por parte de Izquierda Unida. De esta forma la moción que salga hoy a propuesta del Grupo Parlamentario Catalán podría
ser una opción de consenso.
Señorías, no hay crisis, la situación no es dramática, pero el sector necesita impulso, amparo y protección, tanto desde la perspectiva de la innovación como desde la de la internacionalización.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Ya saben ustedes que es habitual en mí que no me resista a contestar a cosas que se han dicho en la Cámara. El último interviniente del Grupo Popular, señor Guerra, acusaba a mi compañera Carmen de ir a piñón fijo.
Pues sí, señoría, mi
compañera va a piñón fijo; eso significa para nosotros tener un modelo claro de educación, que defendemos con la mayoría de la comunidad educativa, con los estudiantes y con algunos grupos parlamentarios. Su piñón fijo, en cambio, es el de no
escuchar, el de no dialogar, el de imponer modelos autoritarios que son reminiscencias del pasado que todos queremos olvidar. Señorías, primero mírense a ustedes mismos y hablen luego de los demás.
En cuanto a la moción que nos ocupa, creemos que es adecuada. Como decía el señor Silva, el sector textil no está en crisis, de momento. Sin embargo, la innovación es continua y el sector precisa medidas muy ágiles que le permitan ir
adaptándose a la situación cambiante del mercado.
Aunque hablamos de un sector, lo integran ocho subsectores, cada uno con sus peculiaridades. La ampliación de la Unión Europea, por ejemplo, tendrá repercusiones importantes en él. Como dato, si
partimos de la media de 100 en cuanto a salarios en la Unión Europea, España está en el 73 por ciento, mientras que los países que se incorporarán están en el 12 por ciento -República Checa- o en el 11 por ciento -Estonia-. Esto les dará una idea
de lo que significará para este sector la adaptación a las nuevas realidades. En 2001, el sector ha aumentado sus exportaciones hasta alcanzar casi el billón de pesetas, cerca del 40 por ciento de su producción. Sin embargo, no podemos olvidar que
el sector lo integran 7.600 empresas, con 270.000 ó 280.000 empleos. Es un sector, pues, de pequeña y mediana empresa que necesita de ayudas sobre todo para innovación, tal como pretenden las enmiendas socialistas, para ir adaptándose con agilidad
a los nuevos sistemas.
Para la que les habla el sector es muy especial, puesto que proviene de él, y tiene la convicción de que la
moción que vamos a votar aquí no va a solventar, ni siquiera va a encauzar la posible problemática que este sector tenga no sólo por causa de la ampliación de la Unión Europea sino por las nuevas normas que regirán en el año 2005. El
problema viene por la moda que se ha impuesto recientemente en todas las iniciativas en este Parlamento de decir: continuar impulsando, continuar desarrollando, continuar promoviendo.
Señorías, continuar lo que estábamos haciendo significa
continuar haciendo nada, porque es lo que se venía haciendo hasta ahora. Creo que este sector, por su historia, se merece realmente un apoyo. Ha sido un sector, señorías, que habiendo pasado procesos de reconversión muy fuertes, ha hecho de verdad
un esfuerzo para convertirse en el sector que es hoy. Para los catalanes, repito, es un sector especial.
Mi grupo va a apoyar la moción porque creemos que el sector del textil y la confección merece que todos los grupos parlamentarios demostremos hoy unanimidad en la voluntad de hacer algo. Repito, decir que hay que continuar nos va a llevar a
lo que había hasta ahora.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora López i Chamosa.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la voluntad que tiene la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), esta moción consecuencia de la interpelación urgente, creemos que es necesaria precisamente en estos momentos en los que el sector textil no
ha llegado a tener una crisis que le obligue a tomar unas medidas que puedan ser además sangrantes en el apartado de empleo o que puedan hacer desaparecer determinados empleos del sector, porque -como se ha dicho desde la tribuna- el sector del
textil está compuesto por pequeñas y medianas empresas que generan muchos puestos de trabajo, pero que no tienen -por decirlo de alguna forma- esa capacidad de reconversión o de adaptación a las nuevas tecnologías que pueda tener una gran empresa.
Por tanto, señorías, creemos que la moción es oportuna, como lo fue la interpelación en su momento, porque todos los sectores de la economía y fundamentalmente los que están compuestos principalmente por pequeñas y medianas empresas necesitan del
apoyo de las instituciones y, desde luego, necesitan el apoyo de la Administración para poder poner en práctica ese avance en las nuevas tecnologías.
No nos satisface del todo la transaccional que se nos ha planteado porque, como ha dicho la interviniente anterior, hablamos de continuar, de mantener o de llegar a determinadas situaciones que no son precisamente las que han venido a
mejorar el sector, pero creo que es importante -y mi grupo parlamentario va a aceptar también esta transaccional y por tanto retira las dos enmiendas que tenía presentadas- que pueda salir un apoyo unánime o lo más mayoritario posible de esta Cámara
para que el sector se pueda sentir respaldado y para seguir diciéndole al Gobierno que el sector del textil está en la agenda política de los grupos parlamentarios, que se continuará haciendo un seguimiento de las actuaciones que debería hacer el
Gobierno a partir de esta proposición no de ley y que también se va a seguir muy de cerca la coordinación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda para que se puedan poner en marcha los planes de I+D+I precisamente en
un sector que es de los que evoluciona tecnológicamente más deprisa y que necesita de ese apoyo de las administraciones. Por tanto, señorías, mi grupo parlamentario votará afirmativamente la transaccional a la que se ha llegado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, con las enmiendas transaccionales que hemos planteado los distintos grupos y
que han sido recogidas en un espíritu claro de consenso para conseguir el mejor resultado posible.
No quiero repetir la valoración que se ha hecho de la importancia de este sector en la economía española, un sector extendido por todo el territorio del Estado, muy especialmente en las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia y del
Levante, pero que tiene relevancia absolutamente en todos los rincones del Estado. Es un sector que pasó de ser intensivo en la utilización de mano de obra a ser intensivo en la utilización de capital, un sector que tiene un gran presente y que
creemos que tiene un gran futuro. En la provincia de Ourense, de la que soy diputado, el sector textil tiene una monumental importancia, pasando de ser un sector irrelevante hace unos años a ser decisivo en nuestra economía. Empresas como Zara,
Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Purificación García y otras tantas han contribuido a crear un interesantísimo tejido, que además de potenciar la imagen crea un empleo bastante estable y atractivo.
El sector tiene un presente satisfactorio, pero tiene problemas porque es mucha la competencia que existe en estos momentos en el mercado.
Nosotros, como ya manifestó el ministro Josep Piqué el pasado día 16 de octubre en esta Cámara,
queremos hacer una política industrial fuerte en todos los órdenes y también queremos hacerla en el sector del textil-confección. Por eso
nos consideramos en la necesidad de apoyar políticas de internacionalización de nuestras empresas, políticas de innovación tecnológica, una buena política de marcas, luchar contra la piratería industrial y, en definitiva, hacer mucho más
eficaces todos los programas que tenemos para fomentar la innovación.
Se decía hace un momento que la moción que finalmente votaremos hace demasiadas referencias a la palabra continuar. Eso no es nada negativo si las políticas que se están emprendiendo son políticas acertadas. Decía el señor Silva hace un
momento que en España tenemos un marco fiscal que, en relación con las políticas de I+D+I, está considerado como uno de los más satisfactorios de la OCDE, y es cierto, porque la inversión pública del Estado en este concepto en el año 1995, por
establecer una referencia, era de 207.000 millones de pesetas y el próximo año será ya de 630.000 millones de pesetas, es decir 3.790 millones de euros, 3,3 veces más desde el año 1995. Por ello es absolutamente necesario que se haga una referencia
a continuar en estas políticas, como a continuar en las políticas de inversión pública en I+D+I. Los beneficios fiscales que se han establecido en la presente legislatura para el I+D+I son unos incentivos que están ayudando a nuestras empresas a
competir de una manera más inteligente. Citaría la ampliación de la deducción del 10 por ciento de las inversiones en activos de inmovilizado y material o el aumento de la base de deducción por adquisición de patentes, licencias, know how y diseños
o la ampliación del plazo para la aplicación de las deducciones de I+D+I de 10 a 15 años.
La enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y cuya integración ha aceptado en el texto transaccional el señor Silva busca reforzar algunos aspectos de aquella interesante moción; busca reforzar las alianzas estratégicas,
incidir en los programas de fomento y de internacionalización y contiene una referencia que juzgábamos muy pertinente al plan global de la moda, un plan que integra los proyectos relacionados con la moda en el Ministerio de Educación y Cultura, en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en el Ministerio de Economía que se habían puesto en marcha recientemente, un plan, por tanto, con coherencia interna y con un objetivo claro, que es lograr que el sector de la moda española, que engloba al
sector textil y también al sector del calzado, desarrolle todo su potencial de internacionalización, consolidando una presencia estable de las empresas que lo forman en los mercados internacionales. Por ello, porque creemos que el sector textil
tiene un extraordinario presente, porque creemos que es un sector que tiene un gran futuro y porque entendemos que entre todos debemos aunar todo el esfuerzo posible para sacarlo adelante, es por lo que vamos a apoyar su iniciativa, que saludamos y
por la que nos felicitamos.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Delgado.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. Mi grupo se congratula de que los grupos, tanto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), autor de la iniciativa que en principio teníamos el proyecto de votar favorablemente, como los restantes grupos que
han presentado enmiendas, hayan llegado a un texto conjunto. Entendemos que se ha perfeccionado, no solamente porque se hace una extensión globalizadora, porque se dirige no solamente al sector textil, sino también al sector de la confección,
porque es importante que para el próximo trienio, que vamos a terminar en el año 2005, estemos preparados para abordar el reto que supone la liberalización, con una apertura total del sector textil y de la confección, por lo que la competitividad de
las empresas españolas tendrá que tener muy enraizado su planteamiento financiero y, fundamentalmente, su planteamiento tecnológico. No se puede promocionar una ampliación y una liberalización de un sector textil con el atractivo que pueden tener
terceros países, fuera del área de la Unión Europea, como es el caso de Marruecos o de algunos países del norte de África que, por su condición de bajo nivel salarial, pueden producir un fenómeno negativo para el sector español por la
deslocalización de las fábricas y de la confección textil por cuestiones puramente salariales. Aquí se puede establecer una base para evitar esta deslocalización hacia terceros países, lo que supone un verdadero peligro para nuestro futuro y para
la creación de puestos de trabajo especializados. Esto es lo que se pide también aquí, porque consideramos que la productividad de nuestro sector merece este esfuerzo por parte de todos los implicados.
Por estas razones, señora presidenta, votaremos favorablemente la enmienda transaccional a la que han llegado los grupos parlamentarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Señorías, procedemos a la votación de la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que piensa impulsar el Gobierno para continuar impulsando la
competitividad del sector productivo español en general y del sector textil en particular, en los términos de la enmienda transaccional pactada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES. (Número de expediente 173/000161.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta moción sobre la puesta en marcha de un plan de educación y atención a la sexualidad juvenil y accesibilidad a la píldora postcoital debido a una creciente preocupación que ya
trasladamos durante la interpelación relativa a este tema y que hemos materializado en una serie de propuestas que esperamos sean apoyadas por los distintos grupos parlamentarios.
Para conseguir que este debate no se desvirtúe ni se ataje por algún grupo por esa doble moral a la que nos tiene acostumbrados, debemos partir de una realidad muy clara que todos debemos aceptar. La población adolescente y joven es
sexualmente activa, por lo que se deben ofrecer medios educativos y asistenciales para que puedan vivir sin riesgos, fomentando actitudes positivas ante el hecho sexual humano. No quiero inundar esta intervención con un gran número de datos, pero
hay algunos totalmente clarificadores que nos muestran un retroceso claro en esta materia y que son proporcionados por el propio Ministerio de Sanidad. En el año 2000 se produjeron más de 63.000 interrupciones voluntarias del embarazo, un 9 por
ciento más que el año anterior. Cerca de 300.000 jóvenes españolas de entre 15 y 24 años se ponen cada año en situación de riesgo de contraer un embarazo no deseado. Los datos de la encuesta Schering sobre sexualidad y anticoncepción de la
juventud española nos confirman que el 59 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 24 años mantuvo relaciones sexuales en los últimos 12 meses, algo totalmente normal a nuestro entender, pero lo más preocupante es que cerca del 10 por ciento de esos
jóvenes no utilizaron ningún método anticonceptivo.
Ante esta información podemos afirmar que desde las administraciones públicas no se está abordando adecuadamente las vivencias de la sexualidad de la población juvenil. El Gobierno está obligado a promover, de manera inmediata, estrategias
que permitan aceptar que la población joven y adolescente es sexualmente activa. Durante el debate de la interpelación, la ministra de Sanidad asumió el compromiso de actuar en programas integrales, y es lo que hoy traemos aquí desde el Grupo
Parlamentario Socialista. Planteamos la elaboración de un plan de atención a la sexualidad que actúe desde un punto de vista integral, con actuaciones en los distintos ámbitos. Debemos ser conscientes de la necesidad de responder a esta
problemática, asumiendo desde la Administración pública un papel impulsor y comprometido. Lo que no creemos que se deba hacer es dejar en manos de otros estas actuaciones por la incompetencia de la propia Administración. Digo esto porque
actualmente existen multitud de organizaciones que están atendiendo a los jóvenes en materia de información y atención sexual, debido a que los servicios sanitarios públicos no están atendiendo a esta demanda. Por ello, en nuestra propuesta
planteamos iniciativas diversas sobre las que trabajar, como la realización de estudios para conocer la realidad, formación en el ámbito familiar, jóvenes, profesionales, programas de atención y asesoramiento a los jóvenes en los servicios
sanitarios y mecanismos de coordinación entre las administraciones y las organizaciones no gubernamentales.
Otra de las actuaciones que proponemos en esta moción y que merece una reflexión importante es la instalación de máquinas expendedoras de preservativos en todos los institutos públicos y concertados, así como en las universidades de todo el
Estado. Como anteriormente he indicado, es necesario normalizar por un lado el hecho de que la población juvenil es sexualmente activa, y por otro, extender la información necesaria sobre los métodos anticonceptivos, así como facilitar el acceso a
los mismos.
Sobre esta iniciativa ya ha existido alguna experiencia acompañada por controversias que, a nuestro entender, son fruto de esa doble moral a la que anteriormente aludía. Hoy en día el acceso de los jóvenes a los preservativos, aunque
indudablemente es más fácil que en otros tiempos, sigue teniendo ciertas dificultades. Todavía existen jóvenes con reparos a la hora de entrar en una farmacia para adquirirlos, hay farmacias que utilizan la objeción de conciencia y en muchos casos
el precio sigue siendo un impedimento, teniendo en cuenta el nivel adquisitivo de los jóvenes. Por ello, también introducimos en la moción la búsqueda de instrumentos para abaratar el precio de los preservativos. En este sentido, nuestro grupo
parlamentario ha presentado ya iniciativas que han sido rechazadas por el Grupo Popular.
Pasando al segundo punto de esta moción, el acceso gratuito a la píldora postcoital mediante la inclusión como medicina de prescripción obligatoria no es algo nuevo, ya que el Gobierno y el Partido Popular han mostrado una postura totalmente
reacia a este tema. No por ello vamos a dejar de insistir en una cuestión que nos parece totalmente justa y necesaria. Decía la anterior ministra, la señora Villalobos, que este fármaco no es un método anticonceptivo y que hay que insistir en
la prevención. Estoy totalmente de acuerdo con esta afirmación. Para la prevención ya hemos planteado una serie de iniciativas pero, ¿qué pasa cuando estos métodos preventivos no funcionan? Ante esta posibilidad no podemos permanecer de
espaldas a la realidad. Debemos facilitar el acceso a este tratamiento e impedir lo que está ocurriendo en este momento. La encuesta Schering anteriormente citada afirma que el 20 por ciento de los encuestados se ha encontrado con la imposibilidad
de acceder a este fármaco. Es por ello por lo que, aceptando la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, pedimos que se impulse un debate en el seno del Consejo interterritorial de Sanidad acerca de la inclusión del tratamiento de la píldora
postcoital como medicina de prescripción obligatoria y, por tanto, susceptible de ser financiada con fondos públicos. El debate no es para alargar la puesta en marcha de esta medida, sino para dejar clara la necesidad de financiar esto a través de
los Presupuestos Generales del Estado y no a cargo de las comunidades autónomas.
Señorías, lo que estamos planteando en esta moción es que la juventud de nuestro país pueda practicar una sexualidad con información, sin riesgos ni tabúes, en definitiva una sexualidad libre y responsable. Aprovechando el ambiente de estos
días, me van a permitir recordar al Grupo Popular dos pasados. El primero, reciente, con las campañas Póntelo, pónselo y Sida no da. ¿Las recuerdan? Estas campañas, impulsadas por el Gobierno socialista, pese a la oposición de algunos sectores
reaccionarios y conservadores de esta sociedad, supusieron un avance y un claro paso en materia de atención y educación sexual. Señorías del Partido Popular, tomen ejemplo. También hay otro pasado más lejano, que seguramente también recuerdan,
cuando el sexo era algo oscuro, pecaminoso y con riesgos. Por ello, les pedimos que no demos un paso atrás y que no volvamos a esa etapa. Garanticemos que una realidad como es la práctica sexual de los jóvenes se pueda realizar sin riesgos, con
normalidad y, sobre todo, señorías, con libertad.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora García.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario comparte en buena medida los argumentos y las motivaciones que nos ha dado el Grupo Socialista para justificar la moción que hoy estamos debatiendo y a la que hemos presentado dos enmiendas.
Desde Convergència i Unió consideramos que en materia de salud reproductiva las distintas administraciones, cada una en su nivel competencial, deben adoptar políticas que contribuyan a reducir no sólo los embarazos no deseados en
adolescentes sino también las enfermedades de transmisión sexual. Y consideramos también que para la eficaz consecución de estos objetivos tiene gran importancia la existencia de información adecuada en el ámbito de la sexualidad, en la
responsabilidad frente a los demás en las relaciones, en materia de salud y en la difusión de las distintas posibilidades de prevención del embarazo. En todos estos ámbitos, señorías, creemos que la familia y la enseñanza pueden desempeñar, y
desempeñan, las funciones más importantes.
Desde Convergència i Unió compartimos los objetivos de la moción que estamos viendo, y buena prueba de ello es que en Cataluña, en donde mi formación política tiene responsabilidad de gobierno, se está implementando desde hace tiempo la
mayor parte del contenido de la iniciativa que estamos debatiendo, tal como al formular la interpelación se reconoció, tanto por la señora Pajín como por la señora ministra.
Ahora bien, tal como he señalado al comienzo de mi intervención,
entendemos que las políticas que se describen en la moción y con las que, repito, estamos de acuerdo, deben desarrollarse desde la administración competente, que es la autonómica, y no en el marco de un plan nacional como el propuesto por el Grupo
Socialista que, a nuestro juicio, invade las competencias de las comunidades autónomas y al que no podemos apoyar si se mantiene la moción en los términos en que viene redactada. Esto no significa que entendamos que el Gobierno central no pueda
impulsar estas políticas, pero debe hacerlo dentro de su ámbito competencial, en colaboración con las comunidades autónomas y sin laminar las competencias que las mismas tienen atribuidas en materia de salud reproductiva y en materia de educación, y
a estas premisas obedece el texto de nuestra primera enmienda.
Por lo que respecta al punto segundo de la moción, la llamada píldora del día después, quiero reiterar que desde mi formación política entendemos que la vía adecuada para prevenir tanto embarazos no deseados como enfermedades de transmisión
sexual es el fomento de programas de educación sexual en las escuelas, en los centros de planificación familiar y a través de los programas de salud reproductiva que se desarrollan desde la atención primaria. También creemos que debe trasladarse a
la opinión pública un mensaje adecuado acerca del uso de la píldora del día después y, a nuestro juicio, un mensaje adecuado sería el que dejase claro que este es un método anticonceptivo excepcional, de urgencia, que en ningún caso debe sustituir
una contracepción regular, que no evita el embarazo en todos los casos y que no exonera de tomar precauciones contra las enfermedades de transmisión sexual, no sólo el sida sino también la hepatitis.
Desde esta óptica y desde la experiencia de Cataluña, no podemos compartir la visión, de tinte un tanto negativo, que nos dio la señora Pajín en la interpelación
acerca de las dificultades para acceder a este método anticonceptivo. Se trata de un medicamento cuya dispensa requiere receta médica, pero que -repito, desde la experiencia de Cataluña- se prescribe en el sistema de urgencias permanente,
que garantiza un servicio las 24 horas del día, y se encuentra disponible en la red de oficinas de farmacia de Cataluña, que actualmente tienen una gran flexibilidad horaria. Por lo que respecta al precio, que es de unos 18 euros, no nos parece que
sea un obstáculo insalvable si realmente, como debiera, se trata de una medida de uso muy ocasional. Con todo y con ello, siguiendo las recomendaciones que sobre salud sexual y reproductiva se recogen en un informe del Parlamento Europeo del pasado
mes de junio, creemos que podría impulsarse en el seno del Consejo interterritorial de Sanidad un debate acerca de la posibilidad de que fuera un medicamento de prescripción obligatoria, si se dan determinadas condiciones médicas y que, en este
caso, se estudiara también la financiación del mismo con fondos públicos y con la correspondiente partida presupuestaria. A ello obedece la segunda de las enmiendas que hemos presentado.
Señorías, el grupo proponente nos ha adelantado su disposición a aceptar nuestras enmiendas y, si esto es así, la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió será, naturalmente, la de votar a favor de esta moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pigem.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo para anunciar nuestro voto favorable a esta moción, consecuencia de una interpelación del Grupo Socialista, por dos razones. En primer lugar, porque es evidente que hay una situación de
alarma, que muchos profesores de la comunidad educativa estaban anunciando desde hace ya años. Hay muchos embarazos no deseados -hay un repunte en este aspecto- y los mecanismos de socialización de valores de información están fallando.
Curiosamente, alguien creía que, con la democracia y la llegada de fuerzas progresistas al Gobierno en el año 1982 -ahora estamos celebrando el aniversario-, la educación sexual sería una implementación absoluta en el sistema educativo. Es verdad
que en algunas escuelas públicas funciona, en algunas privadas también, pero no está generalizado ni universalizado. La escuela está fallando en este sentido, sobre todo en secundaria. Creo que con el actual Gobierno tampoco ha habido un empuje en
este aspecto, todo lo contrario, ha habido una regresión. Ante el debate que tendremos el jueves, alguien podría decir incluso que lo que sobra es catecismo religioso y lo que falta es educación sexual, y creo que estaría acertado. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.)
En segundo lugar, nosotros consideramos que todas las propuestas que se hacen, con las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió que se puedan aceptar, son realistas porque aumentan la información, buscan mecanismos que vayan más allá del
modelo educativo, centros de planificación, campañas de información, puntos de información juvenil y también porque ponen de manifiesto que, más allá del problema del embarazo, existe también el problema del sida, un problema gravísimo que no ha
cesado, las estadísticas no son precisamente alentadoras y, en definitiva, sólo hay una forma de combatirlo, que es con educación y con prevención.
Por estas razones, Esquerra Republicana va a apoyar la propuesta resultante de la presentada inicialmente por el Grupo Socialista con la incorporación de las enmiendas que se acepten.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Los datos estadísticos que nos viene suministrando el Ministerio de Sanidad evidencian un fenómeno preocupante: los embarazos no deseados en adolescentes. Es una realidad y creemos que el Poder Legislativo debe dar una serie de
orientaciones y medidas al respecto.
Mi grupo se congratula de este debate y se encuentra, digamos, cómodo en la postura del Grupo Parlamentario Socialista al aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), porque prácticamente se
mantiene la estructura de las acciones que hay que acometer, pero diferenciando perfectamente el ámbito competencial de la Administración general del Estado y el de las comunidades autónomas.
La Comunidad Autónoma de Canarias -y así se me ha
indicado por la propia Consejería de Sanidad de nuestro Gobierno autónomo regional- viene desarrollando una serie de medidas que están en el orden de ideas que presentan la moción originaria del Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda del Grupo
Parlamentario Catalán, que suponen colocar la competencia en el ámbito de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de sanidad para que, de acuerdo con la propia sociología ambiental en que se desarrolla este fenómeno, se
puedan abordar con eficacia las medidas conducentes a tratar de resolver este grave problema. Como digo, la estadística del Ministerio de Sanidad da índice de su
patología sociológica, que es necesario cortar con todas las medidas que una sociedad abierta a estos procesos tiene en su mano para, con toda naturalidad, solventar este problema que tienen nuestras jóvenes y adolescentes. Es preferible
que reciban una orientación antes de llegar a las situaciones abortivas que se están produciendo.
Por estas razones, por entender que están dentro de la racionalidad del ámbito competencial que afecta a ambas administraciones, mi grupo va a votar favorablemente, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo vio con gran simpatía la presentación de la interpelación que defendió hace dos semanas la señora Pajín en relación con los embarazos juveniles, porque un embarazo no deseado antes de los 20 años e incluso, si se me
permite decirlo, antes de los 25, no sólo puede conmocionar irreversiblemente el proyecto de vida, aún incipiente, de una joven madre, sino que también puede tener repercusiones muy negativas para el niño. No es extraño que en estos casos muchas
jóvenes recurran al aborto. Pero no es de aborto de lo que estamos hablando, sino de que lo importante es evitar que se produzcan embarazos tan tempranos porque, una vez que una adolescente ha quedado encinta cualquiera que sea el camino que tome
tendrá costes para su vida y para la decisión que adopte en un futuro. Por ello, la primera medida a adoptar tiene que ser no escatimar esfuerzos tanto en el terreno de la información, en el educativo, como en el estrictamente sanitario. Mayor
sorpresa nos produjo que el texto de la moción que se presentaba se recondujese a la elaboración de un plan nacional; parecería como si no se tuviese confianza en las competencias asumidas o en la existencia de un estado definido como autonómico en
relación con estas cuestiones y para todo hubiera que recurrir a los llamados planes nacionales.
Se ha mencionado por alguna de las intervinientes campañas que causaron mucho éxito en su día -eran otros tiempos, cierto es-, un enorme impacto social, como aquella famosa que se debía a la promoción de la ex ministra doña Matilde Fernández
del Póntelo, pónselo. Fue recurrida, efectivamente, y así se ha señalado, por inmoral por las distintas asociaciones Provida. Si son ustedes aficionados a la jurisprudencia, les recomendaría la lectura de la magnífica sentencia, llena de sabia
ironía, que fue dictada en aquel caso explicando el juzgador cómo hay que diferenciar las legítimas opciones ideológicas de cada uno, que no pueden imponerse a los demás, que no deben promoverse desde los poderes públicos, de lo que es estrictamente
la violación de los derechos fundamentales.
Vuelvo a lo de los planes nacionales. Cierto es que a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 13/1992 es perfectamente posible que se articulen planes de este estilo a pesar de tratarse de competencias asumidas por las
comunidades autónomas a nada que el Estado mantenga las bases. En todo caso, hay comunidades como la vasca o la Comunidad Foral de Navarra que siempre salimos perdiendo con estos planes nacionales, pagamos la parte que nos corresponde -en el caso
vasco, el 6,24 por ciento- de estos planes, sin que luego nos revierta absolutamente nada. Además hay otro dato añadido: en los últimos tiempos está de moda, sobre todo en esta legislatura por lo del déficit cero, que estos planes nacionales no
tengan consignación presupuestaria alguna, lo cual se traduce en que el Estado obliga a las comunidades autónomas a hacer lo que él quiere, como él quiere, en materias que ya no tiene asumidas competencias y que, sin embargo, luego pagan
religiosamente -como va a ocurrir en otras áreas- las propias comunidades autónomas. Nos parece por tanto oportuna la enmienda que se ha presentado desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a este respecto, siendo su contenido aceptable desde
nuestra perspectiva en cuanto a lo que es la materialidad, no en cuanto a su plasmación en planes nacionales. Debe respetarse si bien nos parece que no se trata tanto de en colaboración sino de que los planes debieran ser territorializados y, a
poder ser, mediante convenio para garantizar la financiación a todos.
Nos parece que el apartado segundo que se ha introducido en relación con los tratamientos que se dan en llamar postcoitales son absolutamente aceptables siempre que se aprueben a través del Consejo interterritorial de Sanidad, en el cual
debiera estudiarse si es factible o no la prescripción obligatoria y con qué condiciones, si bien, al igual que ha dicho la señora Pigem, yo también manifiesto que en determinadas comunidades autónomas se están haciendo ya políticas concretas en
esta materia. De aceptarse las dos enmiendas que ha presentado el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que hacen referencia a dos aspectos fundamentales, mi formación política votará también favorablemente a la moción que desde el Grupo Socialista
se nos presenta.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entendemos que este debate desgraciadamente sigue siendo necesario porque 25 años después de haber conseguido iniciar el camino de la democracia
seguimos sin entender que los seres humanos somos sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos. Hay varios colectivos sociales a los que sistemáticamente se les niega el derecho a la sexualidad, pero voy a significar dos por su
importancia: uno es el colectivo de los jóvenes y otro el de los mayores. Es una pura falacia. Vuelvo a repetir: los seres humanos nacemos sexuados y morimos siendo seres humanos sexuados. Por tanto, la sexualidad es un derecho de todas y de
todos los seres humanos, también de las mujeres que venimos reivindicando históricamente el derecho al placer sin el castigo divino del embarazo no deseado.
Estamos hablando aquí, señorías, de algo importantísimo. Un embarazo prematuro en una niña, en una adolescente, tiene consecuencias inmediatas para su propia salud dependiendo del momento en que se produzca el embarazo. Hablo de prematuros
por la edad no porque los niños nazcan pequeños; estamos hablando de embarazos prematuros por la edad. Pues bien, una niña que tiene un embarazo prematuro, en primer lugar puede ver afectado su desarrollo. En segundo lugar su vida se va a ver
afectada, va a haber consecuencias para su vida. En tercer lugar va a haber consecuencias para ese niño o niña, si hay embarazo y parto y por tanto maternidad.
La moción socialista plantea la educación afectivo-sexual, que no comparto porque tiene que ver con el crecimiento integral de un ser humano, y no hace falta poner asignaturas para todo ni empeñarnos en eso, pero sí tenemos que empeñarnos en
que la gente pueda vivir la sexualidad de un modo sano y placentero y para eso hace falta traer aquí a la Cámara este debate, y para eso hace falta decirles dos cuestiones fundamentales a los señores que gobiernan que es de quien depende, de su
mayoría absoluta, que esta propuesta tenga o no tenga éxito. Cuando hablamos de la necesidad de proteger a las mujeres españolas menores, a las adolescentes, de embarazos no deseados, estamos hablando también de proteger a los hijos producto de
embarazos no deseados porque una adolescente está en edad de recibir y no de dar y un niño que nace de una madre adolescente es un niño que va a padecer siempre las secuelas de esa falta de madurez emocional de la madre que no va a poder garantizar
qué va a dar, porque está todavía en etapa de recibir. Por tanto estamos hablando de proteger no solamente a las madres adolescentes, sino a esos hijos de las madres adolescentes.
Además tenemos la obligación de proteger la salud de nuestros jóvenes y por esconder la cabeza debajo del ala padecimos en su día la mayor tasa de hepatitis B de Europa, porque no se quería escuchar que la hepatitis B era una enfermedad de
transmisión sexual. Como era pecado hablar de sexualidad no nos escuchaban. Consecuencia, la mayor tasa de Europa de hepatitis B la tuvo este país. Además hoy estamos hablando de una cuestión tan importante como es que si nuestros jóvenes no
tienen acceso a métodos que les protejan para cuidar su salud, ya no es que se mueran de sida, que es la primera causa de mortalidad en los jóvenes españoles, es que no es de recibo que este Parlamento permanezca silencioso ante una situación tan
grave. Nuestros jóvenes no pueden morir de sida porque no tengan accesibilidad a algo muy sencillo, a un dispositivo de salud como es el preservativo o profiláctico llamado popularmente condón. No sé por qué a algunos farmacéuticos o farmacéuticas
de este país no les importa vender artículos Chicco, que no sé que tienen que ver con la farmacia, pero se niegan a vender artículos de salud como el profiláctico, el preservativo o el condón que son fundamentales no sólo para evitar los embarazos
no deseados, sino para evitar que nuestros jóvenes se contagien de enfermedades tan graves como el sida, pero otras que dan menos miedo, señora presidenta,...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Castro, su tiempo ha concluido.
La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta.
Decía que hay otras enfermedades no tan graves como el sida de las que también se muere y también son incómodas de padecer que son las múltiples de transmisión sexual.
Por último, quiero decir que acercar...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señoría, su tiempo ha concluido. Señora Castro, le ruego termine.
La señora CASTRO FONSECA: Decía que acercar los preservativos a los jóvenes es, señora presidenta y termino, permitir que sean accesibles y no estén bajo el dominio de farmacéuticos que imponen su ideología y les impiden ejercer un derecho
democrático que es el derecho a disfrutar del placer sin la condena del embarazo y la condena de padecer una grave enfermedad. Por tanto, estamos a favor de la iniciativa socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Estarás.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Señora presidenta, señorías, intervengo en este momento para dar respuesta a la moción consecuencia de una interpelación presentada por el Grupo Socialista.
Tal como dijo la ministra hace ahora 15 días, es un tema de envergadura, es un tema importante no sólo en España sino en toda Europa e incluso en Estados Unidos. Por tanto, en aras a ese respeto, a esa importancia del tema, no voy a
contestar por prudencia a una politización del tema que hace el Grupo Socialista, llamándonos doble moral, sexo oscuro, pecaminoso, en fin, creo que este tema está superado y la que les habla va a hacer un debate absolutamente serio, nada demagógico
y ateniéndonos al rigor que requiere este tema. (Un señor diputado: ¡Muy bien! Aplausos.)
En primer lugar, decirles que la propuesta socialista se sustenta en la creación de un plan nacional de educación y atención a la sexualidad juvenil. Parece ser que después de una enmienda de Convergència i Unió desisten de la creación de
este plan. No me extraña cuando el señor Rodríguez Zapatero, en el debate de ahora hace aproximadamente una semana instó al Grupo Popular a no crear más planes; sin embargo ahora la ponente del Grupo Socialista nos pide que hagamos un plan.
(Aplausos.)
En ese supuesto plan al que ahora renuncian, hay diez puntos que nos piden y que yo ya digo y anuncio que el voto será contrario por un motivo, porque recoge exactamente lo que están haciendo no sólo la Administración del Estado sino todas
las administraciones autonómicas de este país que se llama España.
En primer lugar solicitan estudios sobre la población juvenil para conocer actitudes, opiniones y prácticas. Tenemos estudios en Murcia, en Madrid, en Canarias, en Baleares, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, incluso estudios a
nivel del Estado en la unidad de prevención del sida, el documento Ganar en salud, el estudio europeo sobre conductas de los escolares, los estudios trimestrales del INJUVE, ¿qué más quiere estudiar usted si todas las administraciones están haciendo
estudios?
Segundo punto que se nos solicita, la formación de familias jóvenes y profesores que trabajan con los jóvenes. Absolutamente de acuerdo.
También se está haciendo, en colaboración con las sociedades científicas, asociaciones profesionales y
de usuarios, la Sociedad española de contracepción, la Federación española de planificación familiar, el grupo Dafne, la Asociación española de educación para la salud, incluso les invito el próximo 6 de noviembre, que junto con todas estas
entidades habrá una mesa redonda para hablar con todas las comunidades autónomas sobre la prevención de embarazos no deseados en adolescentes.
También se dan por parte de la Dirección general de Juventud y otros organismos de la Administración, tanto autonómicas como del Estado, subvenciones a programas juveniles dentro del área de educación para la salud y por lo tanto se están
supervisando estos programas. El Instituto de la Mujer edita guías para la salud. Si tiene ocasión léase el número 7 dedicado a las chicas adolescentes, o la formación del profesorado en el capítulo dedicado a la educación sexual. El futuro Plan
de igualdad de oportunidades hombre-mujer del 2002 al 2005, también habla de todo el tema de educación sexual y de orientación a padres, a educadores y a jóvenes.
Nos solicita también programas en las escuelas. Había un convenio entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación para hacer todo el programa en escuelas, y ahora dependerá de que cada Administración autonómica considere
conveniente seguir con estos convenios.
Nos piden también programas en servicios sanitarios de asesoramiento a jóvenes. Las competencias están residenciadas en las comunidades autónomas, absolutamente de acuerdo, el Ministerio en el ejercicio de su labor de coordinación, está
recogiendo y catalogando todos los programas de las comunidades autónomas para que unas comunidades autónomas sirvan a otras y no se dupliquen esfuerzos.
Nos piden que configuremos mecanismos de coordinación. La Dirección general de Salud Pública distribuye la información recogida como les he dicho por todas las comunidades autónomas, entre las mismas hace un censo de tal manera que yendo a
estos censos uno sabe y está al día de lo que hacen en toda España. Existen además grupos de trabajo con las comunidades autónomas para unificar protocolos y criterios de actuación dentro del programa de Salud materno-infantil.
Nos pide potenciar las redes de los puntos de información juvenil. Existe esto en un convenio con colaboración con el INJUVE, donde se coordinan los más de 2.800 puntos de información juvenil.
También pide más información sobre la sexualidad. Le anuncio, tal como le dijo la ministra, que el Ministerio de Sanidad va a lanzar en breve una campaña de sensibilización, una campaña institucional para promover una sexualidad
responsable, incluyendo los aspectos del preservativo. Ha habido una afirmación aquí que parecía que el Partido Popular no reconocía que la juventud es sexualmente activa. Señores del Grupo Socialista, la juventud es sexualmente activa y por esto
la ministra va a hacer una campaña de sensibilización de una sexualidad responsable, con tres objetivos. Primero el preservativo, como el sistema más importante, porque es un sistema barrera, que va a prevenir no sólo embarazos no deseados sino
enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Estarás, su tiempo ha concluido.
La señora ESTARÁS FERRAGUT: Acabo.
También va a hacer que el individuo sea responsable de no poder contraer estas enfermedades.
En definitiva, decir a los señores del Grupo Socialista que falsos progresismos pocos.
Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Estarás.
A los solos efectos de manifestar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Los datos demuestran que su política y los resultados han fracasado. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora García, sólo tiene que decir si acepta o
rechaza la enmienda presentada. (Una señora diputada: Esos progres se ponen nerviosos.-Rumores.)
Señorías, por favor, guarden silencio.
Señora García, a los solos efectos de decir si acepta o rechaza la enmienda presentada, tiene S.S. la palabra.
La señora GARCÍA PÉREZ: Vamos a aceptar la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora García. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Toma en consideración de la moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en materia de prevención de embarazos en adolescentes, con la incorporación de la
enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 119; en contra, 156; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POSTURA DEL GOBIERNO REFERENTE A LAS ACTUACIONES EN GENERAL EN ENERGÍA NUCLEAR, RETIRADA Y ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS, COMO SUCEDE EN EL CASO DE LA AUTORIZACIÓN A ENRESA PARA UNA
POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN NUCLEAR DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS SÓLIDOS DE SIERRA ALBARRANA. (Número de expediente 173/000160.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre postura del Gobierno referente a las actuaciones en general en energía nuclear, retirada y almacenamientos de residuos,
como sucede en el caso de la autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radioactivos sólidos de sierra Albarrana. Para la presentación y defensa, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, con bastante brevedad, para defender la moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida acerca del cementerio nuclear de El Cabril. Andalucía, mi comunidad autónoma y la de muchas
de SS.SS., ha aportado solidariamente y ha pagado con creces lo que puede ser el reparto de carga de las consecuencias de utilización de la energía nuclear. Como saben SS.SS., en el territorio andaluz tenemos el único cementerio nuclear de baja y
media intensidad -de alta en este momento no hay ninguno- que hay en el territorio español. En un momento determinado, los representantes del pueblo andaluz votaron dos veces y por unanimidad, una como proposición no de ley y otra como moción, y
muchos de los que votaron se sientan en estos escaños de todos los grupos parlamentarios, de Izquierda Unida, del Partido Socialista, del Partido Popular se sientan hasta ministros, y votaron que sí hasta por dos veces en el Parlamento andaluz por
entender que Andalucía ya había pagado con creces su cuota parte de solidaridad con el resto del territorio del Estado español en el tema nuclear; aprobaron tanto en la moción como en la proposición dos elementos. Primero, no ampliación del
cementerio nuclear de El Cabril; y segundo lo que es importante, que el asentamiento no fuera definitivo.
En aquel momento se estaba llegando a una especie de statu quo -frase ahora tan querida y mantenida- no solamente en el tema de las letras y de los textos, y en ese statu quo se fijaba un límite de aprovechamiento, un límite de ocupación
cual era el de 28 celdas que hasta su colmatación serian el tiempo de vida del cementerio nuclear de El Cabril. Los datos están encima de la mesa, incluso las enmiendas que presentan los grupos parlamentarios del Partido Popular y del Partido
Socialista (quiero agradecer la seriedad, el rigor y el esfuerzo que han hecho en esas enmiendas) dejan entrever como digo las enmiendas y el propio texto que aquel statu quo ha reventado. Ha reventado, y lo reconocía el otro día con desparpajo el
señor ministro de Economía, señor Rato cuando decía: Yo de esto no sé nada, yo leo lo que me han puesto delante, y decía que se iba a producir una inmediata puesta en carga, la inmediata construcción de una serie de naves auxiliares, de
edificaciones auxiliares -decía él- para almacenar residuos de baja intensidad; residuos de muy baja intensidad, matizaba a continuación. Y decía ¿por qué? Porque los residuos de baja intensidad hasta ahora se están metiendo en las 28 celdas y es
una pena que una inversión y unas instalaciones de tan alta calidad en un momento determinado se colmaten con residuos de baja intensidad.
Alguien podría pensar -y he aquí lo del dedo y la Luna y no quiero llamar tonto a nadie, si hay algún tonto aquí soy yo- el planteamiento de que se va a ampliar El Cabril para meter residuos de baja intensidad. No, generalmente las celdas
se estaban llenando con el 60 por ciento de su ocupación con baja intensidad y el 40 por ciento con media intensidad. Si ahora la baja intensidad se saca de las celdas, no se llenan a futuro y se colocan en una construcción al margen, se está
aumentando indiscutiblemente la capacidad de media intensidad; es decir no se está aumentando para que llegue más baja intensidad, se está permitiendo, se
están poniendo las condiciones para que las 28 celdas, las 16 ó 17 que quedan todavía por llenar, no se llenen una parte de media y otra de baja, sino que se llenen enteras de media intensidad, con lo cual se está rompiendo el statu quo, se
está rompiendo el acuerdo soberano por unanimidad, vuelvo a insistir, incluida la del ministro Arenas, en aquel momento diputado del Grupo Mixto del PDP, que votó en aquella ocasión a favor de la no ampliación del cementerio de El Cabril.
Señorías, termino porque el tiempo corre a Dios gracias y así nos vamos todos cuanto antes. Tengan en cuenta ustedes una cosa. No es bueno que las empresas públicas utilicen el dinero público para ablandar las voluntades de los
ayuntamientos, de las instituciones. No es bueno de por sí que ya que le he puesto a usted el cementerio nuclear en su término municipal le doy dinero; no es bueno, pero ya que está así bienvenido sea, ya que está el statu quo y la situación está
consolidada, hay un elemento de compensación, incluso yo he acompañado a alcaldes en algún momento a pedir más compensaciones en ese tema, pero es porque está residenciado en su término o en el entorno, a unos kilómetros de radio el cementerio de El
Cabril. El problema es que a partir de ahora y para torcer, para ganar la voluntad de algunos ayuntamientos, voluntad necesaria para conceder licencias y opinión pública, se va a utilizar un dinero público no para compensar sino a cambio de que
hagan renuncia a sus competencias urbanísticas, que hagan renuncia al interés de sus ciudadanos, que hagan renuncia a muchas de sus competencias. Se les dice en el convenio que se le ha planteado a ENRESA por parte de los ayuntamientos, entre ellos
el de Hornachuelos: Si ustedes miran para otro lado y no nos exigen la categoría de utilidad pública en las nuevas construcciones, ustedes tendrán muchos millones de euros. Esto, como en el Evangelio cuando se intenta comprar a Jesús de Nazaret,
tiene un nombre, pero como no quiero que nadie me diga luego que hacemos uso o abuso de la Biblia, señorías, désenlo por dicho.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Señora presidenta, señorías, quisiera manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y en primer lugar, que nuestra preocupación es la mejor gestión de los residuos de las instalaciones nucleares y
radiológicas por razones de seguridad física, de seguridad ambiental, de seguridad de las personas y porque supone un elevado coste económico que pagamos todos los españoles en el recibo de la luz.
Hemos presentado una enmienda de sustitución que se justifica en la necesidad de diferenciar los distintos niveles de los residuos nucleares.
La moción de Izquierda Unida no hace referencia a esa diferenciación y creemos que por ello supone
un paso atrás en la correcta gestión de esos mismos residuos. Los residuos de alta actividad se producen en las centrales nucleares, hoy por hoy se almacenan en las propias centrales nucleares, y no hay ninguna posibilidad de que vayan a El Cabril
porque El Cabril no está diseñado tecnológicamente ni tiene autorización para ello. Los residuos de media y baja actividad se originan también en las centrales nucleares y en las instalaciones radiológicas y de medicina nuclear, y se tratan y
almacenan en las instalaciones de El Cabril, de acuerdo con las autorizaciones ministeriales de octubre de 1992, de septiembre de 1996 y de octubre de 2001. En esas autorizaciones se expresan los límites y el inventario de radioactividad que puede
contener la instalación, que no se pueden sobrepasar y de hecho esos niveles no han sido modificados desde la primera orden de 1992. Es más, en la misma sala de control de El Cabril, si usted ha estado ahí, se puede constatar de forma inmediata
como en la entrada de los bultos se mide la radioactividad que contiene cada uno de esos bultos e inmediatamente por el ordenador se ve el margen del inventario de radionucleidos que queda para completar esos niveles que están en la autorización de
las órdenes ministeriales.
A raíz de los distintos sucesos en acerías en los años 1998 y 2001 han aparecido gran cantidad de residuos de muy baja actividad, y me explico.
Si la radioactividad media de los bultos almacenados en las celdas de El Cabril es de 5.000
bequerelios por gramo, los de muy baja actividad no llegan a 100 bequerelios por gramo, y se presentan en forma de escombros y chatarra que ocupan un gran volumen de espacio. Esa es la razón, y la mejor y más eficiente utilización de las
instalaciones de El Cabril hacía necesario un tratamiento distinto para estos residuos de muy baja actividad. Por eso la Comisión de Economía, y anteriormente la Comisión de Industria del Congreso, aprobó por unanimidad sendas resoluciones en el
año 1999, en el año 2001 y en el año 2002, instando al Gobierno a que estos materiales no se almacenaran en las 28 celdas de El Cabril y se construyera una instalación específica.
Nuestra enmienda de sustitución pretende ser coherente con estos acuerdos de la Cámara y con una gestión diferenciada para cada nivel de residuos nucleares. Por eso planteamos que se implementen en El Cabril las instalaciones para almacenar
los residuos de muy baja actividad, sin que se incremente el inventario de isótopos radioactivos que está vigente por la Orden ministerial de 5 de octubre de 2001.
Para finalizar, quisiera referirme al convenio con el Ayuntamiento de Hornachuelos al que se ha referido el portavoz de Izquierda Unida.
Quisiera puntualizar tres cosas. Primero, en ese convenio sólo se trata de resolver la gestión de los
residuos de muy baja actividad y no de incrementar la radioactividad que se pueda almacenar en EL Cabril. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Hornachuelos tiene el mismo derecho a conveniar
con ENRESA como cualquier ayuntamiento que tiene centrales nucleares, y yo creo que ese derecho hay que respetarlo. Y en tercer lugar, en El Cabril, y ya lo he dicho anteriormente, no puede haber residuos de alta actividad por razones
tecnológicas, por razones legales y por razones de diseño del propio almacenamiento de El Cabril. Sospechar lo contrario es tergiversar la realidad y nosotros, los socialistas, queremos no tergiversarla, sino quedarnos con la verdad.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor García Breva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como cuestión previa, señor Rejón, quiero manifestarle que en el Grupo Parlamentario Popular hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de llegar a un acuerdo no sólo con su grupo sino con todo el arco parlamentario, porque nos
parece que todo lo relacionado con el almacenamiento de residuos nucleares tiene suma importancia y los ciudadanos son muy sensibles a ello. Así, con el fin de dar con un texto al que pueda sumarse toda la Cámara, hemos elaborado una enmienda de
modificación que SS.SS. ya conocen y que espero sea aceptada.
Sin más preámbulos, pasaré a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular a la moción que presenta Izquierda Unida. Empezando por el punto 1, el relativo a la no ampliación de las actuales instalaciones de El Cabril para cualquier tipo
de residuos radiactivos, debo recordar a S.S.
-como ha hecho el señor García Breva- que la Comisión de Economía del Congreso ha instado al Gobierno en tres ocasiones a que instale un depósito de residuos radiactivos de muy baja actividad, cuyo
almacenamiento en las actuales instalaciones de El Cabril resulta inapropiado. Entre las alternativas que se plantean está la construcción de instalaciones complementarias en El Cabril. Para ello ENRESA mantiene actualmente conversaciones con el
Ayuntamiento de Hornachuelos, tratando de alcanzar una serie de acuerdos que permitan la construcción de las instalaciones requeridas y ayuden al desarrollo socio-económico del municipio.
Respecto al punto 2 quiero manifestarle que, dada la importancia estratégica de El Cabril y la conveniencia de optimizar en lo posible su ocupación, uno de los objetivos del Ministerio de Economía es reducir el volumen de los residuos
generados con el fin de prolongar la fase de explotación de la instalación durante el mayor tiempo posible. También quisiera señalar que con la aplicación de este criterio de racionalización no se superan ni con mucho los límites de actividades
totales de radionucleidos contenidos en los residuos que se almacenan en las celdas. Además -y se lo digo con todo respeto, señoría-, la redacción que da al punto 2 no tiene sentido desde el punto de vista técnico. No lo tiene porque la
compactación de residuos es una medida habitual relacionada con la reducción de volumen, pero en ningún caso la compactación de un bulto origina un aumento de su carga radiactiva.
En cuanto al punto 3, que pretende establecer límites independientes de actividad para las emisiones alfa, beta y gamma de los residuos contenidos en El Cabril, debo manifestar a S.S. que las especificaciones por actividad -radiaciones
alfa, beta y gamma- y por isótopos radiactivos figuran en los sucesivos permisos de explotación que han sido otorgados a ENRESA.
Finalmente -y con esto concluyo, señora presidenta-, la aprobación del punto 4 sería redundante con la realidad de los hechos. Las instalaciones de El Cabril no están concebidas ni diseñadas para albergar residuos radiactivos de alta
actividad; lo sabemos todos, señorías. Además, en el quinto Plan de residuos radiactivos aprobado por el Gobierno no se contempla en ningún momento la utilización de El Cabril como centro de almacenamiento del combustible irradiado, proveniente de
las centrales nucleares, o de residuos radiactivos de alta actividad. Lo que se contempla en dicho plan son distintas opciones para el almacenamiento temporal del combustible gastado, a medida que se vaya produciendo la saturación de las piscinas
de las centrales nucleares. Estas opciones se basan bien en la construcción de uno o más almacenes centralizados que den servicio a varias centrales, bien en la construcción de almacenes temporales individualizados en las centrales, como en el caso
de la de Trillo, que como saben SS.SS. ya tiene saturada su piscina.
Por estas y otras razones no podemos aprobar su moción y hemos presentado una enmienda de modificación que entendemos que recoge fielmente el sentido de las pretensiones de su grupo y que esperamos sea aceptada.
Nada más. Muchas gracias, señorías, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente quiero decir que mi grupo asume las manifestaciones que han hecho tanto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como el del Grupo Parlamentario Popular porque en realidad tocan el tema desde una posición en positivo;
la redacción de la moción, intentando casi lo mismo, lo ve desde un lado más bien negativo. El problema es controlar los niveles de actividad, no el volumen, y por tanto con las autorizaciones
de explotación existentes, el control del Consejo de seguridad y el trabajo que está haciendo ENRESA nos parece que en estos momentos es suficiente. Nuestro voto depende de lo que haga el grupo proponente de la moción en cuanto a la
aceptación o no de enmiendas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sedó.
Señor Rejón, tiene usted la palabra a los únicos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor REJÓN GIEB: Sí, señora presidenta.
Me hubiera gustado aceptar los puntos 2, 3 y 4 de la enmienda del Partido Popular, pero no así el punto 1, que la cambia por completo. Como usted sabe, la enmienda no puedo votarla punto a punto y me interesaría, independientemente de las
explicaciones que aquí se han dado -que son muy similares a las que se dieron cuando la bomba de Palomares y ahora resulta que no eran tales-, que se sometiera a votación la moción punto a punto.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, procedemos a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre postura del Gobierno referente a las
actuaciones en general en energía nuclear, retirada y almacenamientos de residuos, como sucede en el caso de la autorización a ENRESA para una posible ampliación de la instalación nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra
Albarrana, en sus propios términos y en votación separada de cada uno de los puntos.
Punto 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, siete; en contra, 246.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado.
Punto 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 254; a favor, nueve; en contra, 244; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado.
Punto 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 250, a favor, 86; en contra, 164.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado.
Punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 96; en contra, 155.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y quince minutos de la noche.