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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 194, de 15/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 194
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 187
celebrada el martes, 15 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de Régimen Económico y Fiscal de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 271-1, de 6 de septiembre de 2002. (Número de expediente 122/000239.) ...
(Página 9651)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la regulación de la investigación y experimentación con técnicas de clonación sobre embriones humanos sobrantes de la fecundación in vitro, para fines terapéuticos en determinadas
enfermedades genéticas, degenerativas e invalidantes (Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm.
253-1, de 14 de junio de 2002. (Número de expediente 122/000225.) ...
(Página 9659)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías
telemáticas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 203, de 22 de junio de 2001. (Número de expediente 162/000318.) ... (Página 9668)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los Acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra.
(Número de expediente
162/000568.) ... (Página 9673)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional. (Número de expediente 162/000569.) ... (Página 9673)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003.
(Número de
expediente 173/000157.) ... (Página 9685)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Número de expediente 173/000158.) ... (Página
9691)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células madre embrionarias. (Número de expediente 173/000159.) ... (Página 9696)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 9651)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de Régimen Económico y Fiscal de la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ... (Página 9651)
El señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la toma en consideración de la proposición de ley sin ninguna esperanza de que sea apoyada por el grupo mayoritario. Afirma que desde 1996 su grupo viene
defendiendo un status especial para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y hoy presenta un texto articulado que pretende configurar dichas ciudades autónomas con un auténtico régimen especial adaptado a sus características y especificidades de
naturaleza económica, social, mercantil, histórica y geográfica. Después de explicar el contenido de la proposición de ley pide al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso que tenga el empuje suficiente, sin vergüenza ni complejos, para
reivindicar en las instituciones de la Unión Europea un tratamiento singular y diferenciado para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y González Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se rechaza por 123 votos a favor, 169 en contra y seis
abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la regulación de la investigación y experimentación con técnicas de clonación sobre embriones humanos sobrantes de la fecundación in vitro, para fines terapéuticos en determinadas
enfermedades genéticas, degenerativas e invalidantes (orgánica) ... (Página 9659)
La señora Castro Fonseca defiende, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la toma en consideración de una proposición de ley que trata de modificar la Ley de técnicas de reproducción asistida en la línea de permitir la
clonación con fines terapéuticos, iniciativa, dice, que responde
a una demanda social y que apoya una parte importante de la sociedad organizada que desgraciadamente padece enfermedades degenerativas crónicas, enfermedades que tienen hoy por hoy muchas expectativas teniendo en cuenta los avances de la
ciencia y particularmente el potencial demostrado por las células madre embrionarias.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió); Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la regulación de la investigación y experimentación con técnicas de clonación sobre embriones humanos sobrantes de
la fecundación in vitro para fines terapéuticos en determinadas enfermedades genéticas, degenerativas e invalidantes, se rechaza por 130 votos a favor, 160 en contra y seis abstenciones.
Proposiciones no de Ley ... (Página 9668)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías
telemáticas ... (Página 9668)
El señor Pérez-Hickman y Silván, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, defiende esta proposición de ley que considera de máximo interés para conseguir una relación de la Administración pública y los ciudadanos acorde con
los tiempos actuales. Manifiesta que la Administración debe estar preparada para proporcionar al ciudadano, cuando la solicita, una información de calidad, correcta, comprensible, fiable, ágil, automática, en tiempo real y, sobre todo, ajustada al
ciudadano, y asegura que ésta es consciente del potencial que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar los servicios que presta al ciudadano. Destaca los avances conseguidos en este sentido, sobre todo con el
adecuado desarrollo de Internet y de la sociedad de la información, que es una de las prioridades políticas del Gobierno en esta legislatura, e insta al Gobierno a que impulse el desarrollo reglamentario de las notificaciones telemáticas, los
registros administrativos electrónicos y el buzón del ciudadano, así como a que siga mejorando y enriqueciendo el portal del ciudadano, facilitando a los mismos, y en especial a los discapacitados, que lleguen a todos los servicios en línea.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración General del Estado a los ciudadanos
mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas, se aprueba por 172 votos a favor, 103 en contra y 10 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra ...
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional ...
(Página 9673)
El señor López Garrido defiende en primer lugar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Explica la autoenmienda presentada, a la luz de los últimos acontecimientos producidos en la Unión Europea, y se
refiere asimismo a las enmiendas presentadas por Convergència i Unión y el Grupo Popular. Muestra su rechazo a la visita de la embajadora de los Estados Unidos a Londres, París, Madrid y Roma con el fin de presionar para que dichos países europeos
suscriban acuerdos por los cuales los soldados o personal norteamericano que pudiese ser acusado de crímenes
contra la humanidad sería impune, en la medida en que no podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional ni por el Estado en cuestión que lo detuviese. Explica las razones de tipo legal, político y moral por las que España no debe
entrar en esa dinámica, y pide a la Cámara que se pronuncie en el mismo sentido en el que se han pronunciado la Asamblea del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, haciendo un alegato contra la impunidad en cuanto a los
peores y más pavorosos crímenes que conoce la humanidad.
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Centella Gómez. Asegura que difícilmente se podrá encontrar un tema en el que la doble vara de medir con la que se rigen las relaciones
internacionales sea tan contundente como la negativa de los Estados Unidos a vincularse con el Tribunal Penal Internacional.
Considera que el único motivo que existe para intentar desvincular del Tribunal Penal Internacional a los países europeos
es, ni más ni menos, que intentar que se reconozca la supremacía de los Estados Unidos en el nuevo orden internacional, cosa con la que muestra la total disconformidad de su grupo. En su proposición no de ley, que pasa a explicar, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida deja muy clara la postura que, a su entender, debería mantener el Gobierno y el Parlamento, reafirmándose en su apuesta por el principio de jurisdicción y justicia universal.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Labordeta Subías y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez y López Garrido.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa
humanidad o de guerra, en los términos derivados del debate y con la incorporación parcial de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 130 votos a favor, 156 en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se rechaza por 131 votos a favor y 158 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9685)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003 ...
El señor Campuzano i Canadès presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), la moción consecuencia de interpelación urgente con el objetivo de impulsar en términos políticos una modificación del funcionamiento
real del contingente de trabajadores extranjeros en España, una vez constatado el mal funcionamiento del contingente durante el año 2002. Muestra su convencimiento de que es necesario estimular la colaboración de todas las administraciones y de
todos los agentes sociales, mejorando la gestión del contingente y analizando mejor el mercado de trabajo a medio plazo; asimismo plantea el hecho de que sociedades nacionales diferentes puedan articular sus propias políticas de inmigración,
centrándose en especial en este último punto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos 1, 5 y 6 de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el
funcionamiento del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003, se aprueban por 172 votos a favor, 104 en contra y seis abstenciones.
Sometidos a votación, a continuación, los puntos 2, 3 y 4 de la referida moción, se rechazan por 22 votos a favor, 254 en contra y cuatro abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ... (Página 9691)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, la moción consecuencia de interpelación urgente que viene motivada por la concesión de una subvención importante a la Fundación
Francisco Franco, fundación que, dice, hace hoy apología del alzamiento nacional del régimen dictatorial y tacha de ilegítimo el gobierno constitucional de la República, teniendo en su poder documentos que deberían ser públicos. A continuación
explica los tres puntos de que consta su moción, pidiendo el cese de la ministra de Cultura.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista; el señor Martí Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Saura Laporta.
El señor Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, pide la palabra en virtud del artículo 71.3 del Reglamento, que le es denegada por la Presidencia.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los
términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 109 votos a favor, 154 en contra y 11 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células madre embrionarias ... (Página 9696)
El señor Lissavetzky Díez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente, intentando llegar a un consenso con los grupos de la Cámara, fundamentalmente con el grupo mayoritario, sobre
un asunto de tanta importancia para muchos ciudadanos como es la investigación con células madre embrionarias. Pasa a explicar los tres puntos de la moción, pidiendo el voto favorable de la Cámara basándose en tres razones: la coherencia con lo
que dijo el señor Piqué, la justicia hacia la comunidad científica y hacia la sociedad, y el sentido común, porque no es lógico votar una cosa en Europa y prohibirla en España.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; y las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación, en primer lugar, el apartado 2 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre investigación con células madre embrionarias, se rechaza por 96 votos a favor, 154 en contra y
tres abstenciones.
Sometidos, a continuación, a votación los apartados 1 y 3 de la moción mencionada, se rechazan por 93 votos a favor, 153 en contra y seis abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE LAS CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA. (Número de expediente 122/000239.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar la del Grupo Parlamentario Socialista sobre régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Para la presentación y defensa
de la misma, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Con la venia, señora presidenta, señorías, paso a defender la proposición de ley del régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el convencimiento de que, una vez más, la soberbia y
altanería del Grupo Parlamentario Popular le proporcionará la derrota a esta iniciativa parlamentaria.
Desde el año 1996 el Grupo Parlamentario Socialista viene defendiendo un estatus especial para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Quisiéramos indicar con absoluta claridad que lo hacemos con un texto articulado, un texto vertebrado,
con la intención de configurar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con un auténtico régimen especial, un régimen singular, adaptado a las características de estas ciudades autónomas del Estado español, como ocurre con otras comunidades
autónomas como Navarra, el País Vasco y Canarias, en reconocimiento de singularidades históricas y de especificidades de naturaleza económica, social, mercantil y geográfica. Por eso creemos que también Ceuta y Melilla tienen derecho a esas
características. ¿Cuál es la realidad hoy en día, señorías? La realidad es que hoy, más que un régimen especial, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se caracterizan por que las distintas administraciones públicas del Estado, a lo largo del
tiempo, les han ido proporcionando especialidades aplicables en diferentes impuestos que se encuentran dispersas en una normativa amplia de carácter fiscal. Señorías, no podemos olvidar que hay imposición indirecta, con exención del IVA; que hemos
tenido una evolución en la que desde el año 1991, acercando la mecánica tributaria para estas dos ciudades a la técnica del IVA, se modificó el arbitrio sobre la producción e importación en las ciudades de Ceuta y Melilla y con posterioridad en
1996; que a partir del 1 de enero de 1997 el arbitrio pasó a denominarse impuesto sobre la producción, los servicios y la importación de las ciudades de Ceuta y de Melilla, coloquialmente conocido como IPSI, que son las siglas representativas de
esta figura tributaria en estas ciudades y que es un impuesto de carácter municipal. Sabemos que existe hoy una desgravación del 50 por ciento de la cuota correspondiente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales;
que el impuesto sobre la renta de los ciudadanos con residencia en las ciudades de Ceuta y Melilla tienen un tratamiento singular; que el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas presenta la especialidad radicada en la bonificación del
50 por ciento que en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado pasa a incrementarse en un 25 por ciento y situarse en el 75. Es también suficientemente conocido que el impuesto de sociedades goza de una bonificación del 50
por ciento, que el régimen especial de las empresas navieras no tiene ninguna bonificación especial, que en lo que se refiere a tributos locales hay unas singularidades reguladas por distintas normativas, que la Ley de Impuestos Especiales también
recogió esa singularidad, etcétera.
Señorías, es cierto que la ley de acompañamiento y la ley de Presupuestos Generales del Estado, que empiezan su trámite en este Congreso de los Diputados, traen novedades. En primer lugar, en el impuesto sobre el patrimonio se eleva al 75
por ciento la bonificación correspondiente a la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a bienes y derechos situados que debieran ejercitarse o cumplirse en Ceuta y Melilla. De igual forma, se establece una bonificación del 50 por
ciento en las cuotas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en el impuesto con el que se gravan las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados se bonifica en un 50 por ciento la cuota gradual de los documentos notariales.
En el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, igual que ocurre con otras comunidades autónomas con singularidades -el caso de Canarias-, en el capítulo II, relativo a la gestión presupuestaria de la sanidad, se recoge la singularidad
de Ceuta y Melilla en lo que se refiere a las prestaciones sanitarias y en otros preceptos, como el artículo 66, participación de las provincias, comunidades autónomas uniprovinciales no insulares, islas y ciudades de Ceuta y de Melilla en los
tributos del Estado para el año 2003, se recoge y refunde normativa anterior. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) El sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común ha previsto en la ley
ya aprobada por las Cortes Generales la incorporación de las ciudades con estatuto de autonomía mediante su participación en el fondo de suficiencia en el año base 1999 y de cara a la financiación del año 2003 se recoge claramente la participación
de las ciudades con estatuto de autonomía propio de Ceuta y de Melilla como consecuencia de la previsión de la incorporación de esas ciudades al sistema de financiación que se aprobó en el mes de julio de 2001. El Grupo Parlamentario Socialista
considera positivas esas iniciativas que el Gobierno ha remitido a las Cortes Generales tanto en la ley de Presupuestos Generales del Estado como en la ley de acompañamiento, pero no podemos admitir en modo alguno actuaciones singulares, puntuales,
que no estén vertebradas dentro de un proyecto de desarrollo económico global. Por eso, una vez más presentamos esta proposición de ley, con ligeras modificaciones en los contenidos que caracterizaban las iniciativas que hemos propuesto a lo largo
de los seis últimos años; ligeras modificaciones que no afectan al tronco central por cuanto creemos que las circunstancias de desarrollo económico y social de
Ceuta y Melilla cada vez justifican más una actuación global por parte del Estado español. El Estado español, la ciudadanía del Estado español no debe, digamos, activarse dirigiendo sus miradas hacia Ceuta o Melilla exclusivamente cuando se
producen determinados conflictos del tipo del que hemos vivido en los últimos tiempos. Esta dispersión normativa que caracteriza la fiscalidad de Ceuta y Melilla no es adecuada desde el punto de vista normativo ni desde el punto de vista político,
dado que favorece la existencia de una administración ineficaz, que no favorece la comodidad ni la certeza ni la simplificación en la imposición.
Señorías, estas exigencias generales se han pedido hace muchos años en lo que se refiere a la imposición y siguen siendo válidas en nuestro tiempo, aunque no sea muy sencillo indicar todas y cada una de las características. Sin embargo,
tenemos claro que existen obstáculos para la aplicación de ambos principios. El sistema de dispersión normativa al que se encuentran sometidos los ciudadanos, la producción en ambas ciudades, no es cómodo porque no existen facilidades para producir
las pertinentes declaraciones ni tampoco lo es un sistema tributario de estas características. Por estas razones pedimos un régimen especial para ambas ciudades españolas. Este mensaje tiene que quedar claro: pedimos un régimen especial que está
reflejado en el proyecto de ley, en todo el articulado, en la exposición de motivos, en las disposiciones adicionales, en las disposiciones finales y en las disposiciones transitorias. Decimos en la exposición de motivos que el fundamento de la
especialidad no es otro que la situación geográfica. Las ciudades de Ceuta y Melilla se encuentran en el continente africano estrechadas entre las fronteras terrestres del Reino de Marruecos y el mar que las separa de la Península y asentadas sobre
un auténticamente reducido espacio territorial. Decimos que carecen de agricultura, de materias primas, que su industria es poco significativa, que el abastecimiento de sus habitantes depende en gran medida de la Península y que se encarece
gravemente por las dificultades derivadas del transporte marítimo o aéreo; decimos que las ciudades de Ceuta y Melilla tienen un alto índice de coste de vida y una tasa de desempleo muy importante, superior a la media nacional, debido a esas
excepcionales circunstancias geográficas; decimos que resulta de primordial interés nacional incentivar la permanencia en las ciudades de la población arraigada en ellas, estabilizándola e impidiendo que su marcha obligada en busca de otros
horizontes vitales provoque el asentamiento de nuevas oleadas migratorias de difícil integración cultural que pueden romper el equilibrio social de las ciudades. Y si estos motivos no son suficientes, señorías, nos encontramos con que en los
últimos tiempos se ha venido ejerciendo una tremenda presión sobre ambas ciudades.
Señorías, Ceuta y Melilla se encuentran en estos momentos en una importante encrucijada. Comenzamos un nuevo siglo y pedimos el respeto histórico a las circunstancias históricas de estas ciudades y la incorporación de un nuevo estatus;
pero un estatus que reconozca el pasado, que incremente un pasado que pudo haber sido más enriquecedor de la vida económica y social de estas ciudades y que consiguientemente posibilite que los ciudadanos españoles residentes en las mismas puedan
afrontar el futuro con mejores perspectivas de desarrollo. En ese sentido es en el que hemos planteado este proyecto de ley, señorías.
El proyecto de ley consta en su estructura de un título preliminar que recoge los principios inspiradores del régimen económico y fiscal de Ceuta y Melilla, reconociendo la condición de territorio franco a efectos aduaneros y comerciales,
así como las garantías de especial atención por el Estado en virtud de las circunstancias históricas y geográficas a las que he venido haciendo referencia en esta primera parte de la intervención.
El título I de la proposición de ley, bajo la rúbrica de políticas de fomento, está destinado a establecer incentivos y ayudas a las empresas y al desarrollo de la actividad comercial en su conjunto. El título II, bajo la rúbrica de régimen
laboral y social, incorpora diversas normas relativas a la colaboración, orientación y formación profesional, así como un régimen de subvenciones y ayudas a la generación. El título III, tras regular la noción de residencia de Ceuta y Melilla,
contempla el régimen de la tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas recogiendo las características tradicionales de su aplicación a las ciudades, en especial la bonificación del 50 por ciento de la cuota de los rendimientos
o incrementos del patrimonio obtenido en esas ciudades. Y en la disposición adicional quinta, referida a los ciudadanos que ejercen su actividad profesional en estas ciudades, planteamos que la cuantía del complemento de residencia que regula esa
ley fuese del 35 por ciento del salario base a que se refieren párrafos anteriores; y lo hemos hecho haciéndonos eco de un planteamiento global en esas ciudades. La gravedad de la vida económica y social en Ceuta y Melilla no se nos escapa y es
debido a factores que podemos considerar estructurales en gran parte, ya que existe una estructura económica en la ciudad autónoma de Ceuta basada en el comercio con Marruecos. Señorías, como saben, Marruecos ha procedido a una bajada de sus
aranceles y en consecuencia los actuales tipos impositivos del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación en las ciudades de Ceuta y de Melilla, el coloquial IPSI a que hice referencia, están disminuyendo en recaudación y por tanto
están disminuyendo los beneficios de las ciudades autónomas porque el comercio local está perdiendo vitalidad, está dejando de ser competitivo con las ciudades más próximas del Reino de Marruecos. Podemos añadir que en el ámbito político los
obstáculos que se suelen poner
desde el país vecino al pase de mercancías están trayendo las pertinentes dificultades.
Nosotros -vuelvo a repetir- vemos como aportaciones positivas los contenidos del proyecto de ley de presupuestos y de acompañamiento, pero han de vertebrarse junto con las propuestas que hacemos en todo el texto legislativo y han de
configurar un cuerpo normativo que beneficie la vida económica y social de estas ciudades. La primera medida que la ley de acompañamiento trae (pasar del 50 al 75 por ciento la bonificación en el impuesto sobre el patrimonio) creemos que en Ceuta
afecta solamente a unas 3.000 declaraciones, según datos del Ministerio de Hacienda. Ustedes comprenderán que las medidas de desarrollo económico, de generación de empleo, de disponibilidad de suelo y de potenciación de la actividad comercial no se
pueden vincular exclusivamente a medidas tributarias de bonificación del 50 por ciento en la tributación de la documentación de actos jurídicos documentados; no se pueden fijar exclusivamente en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.
Nosotros planteamos todo un conjunto de normas para posibilitar ese desarrollo y tenemos especial cariño a la disposición adicional cuarta, en la que decimos que el Gobierno de la nación gestionará ante las instituciones de la Unión Europea el
reconocimiento a Ceuta y Melilla de la condición de región ultraperiférica y la aprobación de un programa de opciones específicas por su lejanía y su extrapeninsularidad. Proponemos también en la disposición transitoria primera un trato especial y
singular en lo que se refiere a la potenciación de las infraestructuras afectas a la prestación de servicios públicos. Es necesario potenciar el puerto y el aeropuerto de Ceuta y el puerto y el aeropuerto de Melilla. Es obvio que al decir
aeropuerto de Ceuta me estoy refiriendo al helipuerto. Hoy existe un helipuerto en condiciones bastante lamentables en un centro militar y es necesario, como así se analizó en la Comisión de Infraestructuras el pasado día 10 a instancias de este
diputado que les habla, la potenciación de un helipuerto de naturaleza y de uso civil y comercial en la ciudad de Ceuta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Segura, le ruego concluya; su tiempo terminó.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Un helipuerto que establece el proyecto de ley, pero es necesario buscarle una adecuada ubicación. Es necesario potenciar el puerto de Ceuta mediante una terminal que posibilite el tráfico de graneles sólidos y líquidos y que posibilite
también el almacenamiento, el atraque y el desatraque de buques portacontenedores con un dique especializado en este tipo de tráficos. Por último, por lo que se refiere a Melilla, en sucesivas intervenciones parlamentarias hemos reiterado la
potenciación de los elementos de auxilio a la navegación aérea, al aeropuerto y al propio puerto.
Señorías, por declaraciones públicas de portavoces del Grupo Parlamentario Popular entendemos que van a votar en contra de esta iniciativa. Nosotros la hemos vuelto a plantear como objetivo esencial de potenciación de la vida económica y
social de dos ciudades autónomas que requieren de la solidaridad del resto de los ciudadanos del Estado español. No nos contentamos con tres o cuatro medidas dispersas de naturaleza fiscal en la ley de acompañamiento y en la ley de Presupuestos
Generales del Estado. Los socialistas españoles no nos avergonzamos de Ceuta y Melilla mirando a Europa ni a la Comisión Europa. Las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular que no apoyen esta iniciativa tendrán que rendir
cuentas en un futuro de las razones por las cuales adoptan esta decisión. Da la impresión de que se avergüenzan, de que no tienen fuerza ni empuje suficientes para reivindicar en las instituciones de la Unión Europea un tratamiento singular y
diferenciado para ambas ciudades en un proyecto de ley. No bastan enmienditas escondidas en los recovecos de la ley de Presupuestos Generales del Estado y de la ley de acompañamiento.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Segura.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
La lectura tranquila y sosegada de esta proposición de ley que nos acaba de presentar y defender el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, desde la órbita y desde la perspectiva que ha tenido Canarias como comunidad autónoma con un
régimen económico y fiscal específico y singular para el archipiélago canario, nos hace ver estas propuestas con un sentido de respeto a lo que fue la voluntad mayoritaria de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero también con el grado de
responsabilidad y prudencia que nos han enseñado los avatares que ha sufrido y sigue experimentando el régimen económico y fiscal de Canarias y su estatus fiscal y de singularidad legislativa propia ante la Unión Europea, lo que nos aconseja no
correr alegres aventuras administrativas.
Mi grupo se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley por las siguientes razones. En primer lugar, por respeto a todo el pueblo melillense y ceutí, que tiene derecho a expresar su voluntad a través de sus órganos
competenciales autonómicos y locales. Este Parlamento no puede saltarse limpiamente la voluntad de una parte de la ciudadanía y del pueblo español que tiene un estatus especial como el de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Por tanto,
nadie desde esta Cámara puede atribuirse una iniciativa legislativa en un tema que tiene su origen en una cadena que en su día debe terminar aquí.
Que termine aquí pero que no empiece aquí. Tiene que empezar en Ceuta y en Melilla, en sus
órganos locales, administrativos y políticos. En su día, cuando tenga el rango de ley suficiente, vendrá a esta Cámara como irá al Senado, es decir, a las Cortes Generales. También tiene una estación de referencia que es la Unión Europea. Si hoy
o mañana aprobáramos la toma en consideración de esta iniciativa, crearíamos al pueblo de Ceuta y al pueblo de Melilla una serie de problemas y de frustraciones por no decirles claramente quiénes son en la actualidad, en el escenario competencial
legislativo, los que tienen que pronunciarse.
Junto a los órganos de estas dos ciudades autónomas tienen que pronunciarse los ministerios de Economía y de Hacienda del Gobierno español, en concordancia con las disposiciones de la Unión Europea.
Parece como si esto estuviera hecho sin que España perteneciera a la Unión Europea, y desde Canarias -y lo sabe bien el señor Segura por ser diputado canario- conocemos las vicisitudes, los años de gestión, de frustraciones, de idas y venidas a
Bruselas del Gobierno autónomo canario y del Gobierno central. En el momento que a la Unión Europea se le plantean palabras claves como las que figuran en esta iniciativa y se le habla de puertos francos, se habla de regímenes especiales de
fiscalidad o de sociedades de financiación, el Colegio de Comisarios, la Comisión de la Unión Europea se pone inmediatamente en guardia para decir de entrada que no, cuando todavía estamos viviendo la situación de la zona especial canaria, que nos
ha concedido Bruselas tremendamente restringida de tiempo, de condiciones de estanqueidad. En este caso hemos de tener la delicadeza de que las poblaciones de Ceuta y Melilla no se hagan falsas ilusiones en relación con algo que creen que se puede
resolver por vía de una ley dictada por este Parlamento. Si mañana aprobáramos aquí algo parecido a esto, la Unión Europea, Bruselas nos lo echaría inmediatamente abajo. Decretaría que es improcedente en la normativa fiscal europea, puesto que hay
que ajustar una serie de hechos fiscales imponibles, así como cuestiones que se zanjan aquí con una simple referencia a la hora de definir cuál es el concepto de residencia -título III-, de regular la noción de residencia en Ceuta y Melilla. ¿Por
qué no dejamos a las instituciones que digan qué entienden ellas por la cuestión de residencia y dejamos de decirles desde aquí que residentes serán los que se le ocurran en una feliz idea a este Parlamento por una mayoría de votos circunstanciales?
Así pues, señora presidenta, en primer lugar por entender que tienen que pronunciarse las mesas de reunión, de consulta, que le constan a este diputado que se han iniciado por las autoridades locales competentes, democráticas y
constitucionales de Ceuta y Melilla; en segundo lugar, por el pronunciamiento del encaje en las medidas generales que trae aquí el Gobierno central; y en tercer lugar y sobre todo -he seguido un orden cronológico de actuaciones-, por el acervo
comunitario de la Unión Europea, que tiene que pronunciarse al respecto, cuando todas esas condiciones de garantía y viabilidad administrativa se den, entonces esta Cámara podrá pronunciarse legítimamente en relación con ello. En ese momento a las
poblaciones de Ceuta y de Melilla, con esos avales, esas garantías y ese pronunciamiento de base, no les faltará el voto unánime de Coalición Canaria apoyando sus legítimos derechos, derechos que les corresponden por la peculiaridad y la
singularidad de su ubicación en el mapa geográfico del Estado español.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señor Segura, como no podía ser menos he escuchado con mucho respeto su intervención y la verdad es que lo estaba haciendo usted muy bien hasta que ha llegado a la despedida. Por supuesto,
yo no voy a cambiar mi voto en virtud de la misma, pero cuando se tocan temas como los que afectan a Ceuta y a Melilla o a otras partes del territorio español e inmediatamente se habla de vergüenzas, de desvergüenzas, de valor o de cobardía y se
sube la voz, francamente tengo que decir que conmigo, con este humilde diputado no cuenten. Por convencimiento político-histórico estoy harto de gestos gallardos respecto a territorios allende los mares, pensando mi grupo parlamentario que estos
beneficios fiscales afectarán a personas, las cuales evidentemente están en un territorio, pero insisto en que afectarán a personas. Tenga la seguridad de que si estuviéramos hablando del territorio, no tendría usted el respaldo de mi persona.
Señorías, en cumplimiento del mandato recogido en la disposición adicional segunda de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, la Asamblea de dicha ciudad autónoma aprobó el 13 de
diciembre de 1995 una proposición de ley de régimen económico y fiscal que fue remitida de inmediato al Congreso de los Diputados, y la disolución de las Cortes Generales hizo imposible su tramitación parlamentaria en la V Legislatura. Por fin, el
10 de marzo de 1998 se tomó en consideración la citada proposición de ley, que se acordó con 300 votos a favor, dos en contra y una abstención. De esta forma se abrió un plazo de presentación de enmiendas, siendo el Grupo Parlamentario Popular y el
Grupo Parlamentario Socialista los que presentaron enmiendas a dicha proposición. En la actualidad no se ha llegado a discutir las mismas y su proceso, como es evidente, se encuentra parado. Desde la fecha de aquella remisión
hasta el momento se han producido una serie de acontecimientos que han incidido en lo solicitado, por lo que se ha dispuesto en la misma, lo que en algún caso ha llegado a suponer un significativo cambio normativo en el régimen propio de las
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como por ejemplo los artículos 68 y siguientes de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en virtud de los cuales se creó un impuesto sobre la producción, los servicios y la importación de las ciudades de Ceuta y
Melilla, configurándolo como un impuesto indirecto de carácter municipal, que sustituyó al antiguo arbitrio y al ITE. Finalmente, sería necesario recordar las modificaciones sufridas con el nuevo sistema de financiación autonómico que persigue
tanto la atribución de la suficiencia financiera a los entes territoriales como su responsabilidad en el sistema impositivo y recaudatorio y su reflejo en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. En la intervención ante esta Cámara del señor Imbroda,
diputado de la Asamblea de Melilla, en marzo de 1998, se recogía que la proposición de ley presentada se basaba en el cumplimiento del mandato que la Ley 2/1995 impone en su disposición adicional segunda, cuando señala: Mediante ley del Estado se
actualizarán y garantizarán las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Melilla. Por tanto, al amparo de lo anterior, se presentaba ante la Cámara para su toma en consideración la proposición de ley de régimen económico y fiscal de la
ciudad de Melilla. Asimismo, en la intervención del señor Imbroda se recogía la situación socioeconómica de la ciudad de Melilla, que desgraciadamente reunía todos o muchos requisitos de los necesarios para colocarse a la cabeza del ranking de zona
deprimida en la Unión Europea, ya que en aquellos momentos se encontraba con una de las tasas más altas de desempleo en España, soportando la presión migratoria e inmigratoria más alta, el mayor número de asentamientos ilegales, con un bajo producto
interior bruto y con un grave desequilibrio intersectorial en la estructura productiva, con unas condiciones naturales adversas, con una extensión de 12 kilómetros cuadrados, discontinuidad territorial con el resto de España, una frontera
permeabilísima con Marruecos y con carencias de agua potable, de productos agrícolas, de ganadería y de materiales de construcción. Como consecuencia de todo lo anterior, lógicamente tenían una baja actividad productiva, un sector de servicios que
era aproximadamente el 80 por ciento del producto interior bruto total, un sector primario inexistente y un sector secundario casi reducido a la construcción de viviendas, dependencia del sector público, subdependencia del comercio fundamentalmente
con Marruecos, deficiencia y carencia económica en infraestructuras, en transporte, con una carestía enorme de fletes, en turismo, en suelo, en equipamientos sociales, en viviendas, sanidad y educación. Melilla tiene una de las tasas más altas de
natalidad y una grave carestía de vida, problemática estructural, falta de competencia, etcétera. Además, la principal fuente de ocupación laboral privada, el sector comercio, estaba sufriendo, sufre y seguirá sufriendo irremisiblemente una pérdida
progresiva de ventajas, como también se asistió en su día a la desaparición de la poca industria que había, ello debido a la deficiente regulación sobre normas de origen Melilla para la Unión Europea, a un tratamiento más ventajoso por parte de la
Unión Europea a las exportaciones de Marruecos, a un descenso arancelario generalizado y a una liberalización progresiva del sector exterior de la economía marroquí, lo que hace que nuestro producto y el comercio no sean nada competitivos. Todos
los hechos y situaciones descritas en los dos párrafos anteriores se podrían hacer extensivos a la ciudad de Ceuta, con el agravante de que todos los indicadores socioeconómicos no han variado mucho respecto a la situación que sufren estas dos
ciudades en la actualidad. Por ello, y porque ya está bien de retrasar tanto la adopción de medidas que sirvan para impulsar la actividad económica, la potenciación del actual aparato productivo, atracción de inversiones y creación de empleo, en
fin el aumento en el bienestar social de los ciudadanos, ciudadanas y fuerzas parlamentarias, vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, que creemos debería servir para cubrir los principios constitucionales de justicia, igualdad y
solidaridad. Estamos con el señor Segura en que es una medida amplia e integral, y no una medida de leves pinceladas que se da en el proyecto de ley de presupuestos y en la Ley de acompañamiento.
Nuestra principal aspiración debe ser adoptar medidas que sirvan para superar los desajustes socioeconómicos que posee, para que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder al nivel de bienestar que disfruta el resto de españoles y españolas,
incentivando la permanencia en la ciudad de la población arraigada, estabilizándola e impidiendo que su marcha obligada provoque el asentamiento de nuevas oleadas migratorias.
Desde nuestro grupo parlamentario compartimos ciertos aspectos de la iniciativa del PSOE respecto de las medidas propuestas, como por ejemplo en lo referente a las deducciones por inversión, a la bonificación por generación de entidades, a
la deducción por generación de empleo, al apoyo fiscal a las asociaciones de entidad pública, a la bonificación en las tasas y precios públicos; en cambio no compartimos en absoluto que esto se solucione aplicando criterios sin proporcionalidad ni
progresividad, por ejemplo en lo que son rendimientos de capital mobiliario, en actuaciones de rendimiento de actividades empresariales, en incremento de patrimonio, en definitiva en alguna de las medidas que afectan tanto al propio IRPF como al
impuesto sobre sociedades. Así, no entendemos que tenga el mismo beneficio o la misma actuación porcentual un ciudadano que tiene de ingresos un millón de pesetas a otro que tiene otros ingresos, además a los parados, como no tienen ingresos, ni
les beneficia ni les perjudica. Nosotros partimos de que el que gane más aporte más, y el régimen
que se establece aquí, señorías, es universal para todas las figuras, por ejemplo retención de capital mobiliario dividido por dos, el 50 por ciento; actuación de dividendos dividido por dos; actuación en los rendimientos de capital, 50
por ciento; todos los beneficios fiscales al 50 por ciento, gane uno doce, quince, tres o dos millones por el mero hecho de haberse producido allí.
Lo que mi grupo va a hacer en esta iniciativa, si se tomara en consideración -que no va a pasar-, es trabajar en las enmiendas que vayan a generar apoyo al asentamiento de actividad productiva, diversificar la que ahora mismo está centrada
en los servicios o en una actuación más bien básica para que haya una actuación económica allí, para facilitar el comercio, la comunicación con la propia península y con el resto del continente africano. Además vamos a intentar que se añadan
figuras de progresividad en el régimen que se establezca, porque para nosotros no es lo mismo un régimen económico especial que el tema fiscal, porque no creemos que sea la solución para ningún territorio la búsqueda de políticas fiscales que
resuelvan los problemas de reducción, de paraísos o de búsqueda de apoyos fiscales exclusivamente, que no generarán empleo ni actividad económica, sólo facilitarán que allí queden y resten determinadas actuaciones de negocio residuales, pero no que
los ciudadanos que tengan este beneficio lo inviertan allí y generen actividad productiva.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el portavoz del Grupo Socialista ha empezado con una frase creo que desafortunada, porque se trata de debatir, de dialogar y de llegar a acuerdos, si es que en su caso
los hubiera. Ni soberbia ni altanerías, señor Segura, sino elementos de juicio suficientes, que los expondré a lo largo de mi intervención, para decir no a esa iniciativa que vuelven a traer ustedes y que se presentó en su día, en 1998, y
prácticamente no tiene modificaciones. Pero le diré más, decía Zenón de Citión que al ser humano se le había dotado de dos orejas y una boca para que escucháramos más y habláramos menos; eso es lo que ha realizado el Partido Popular, el Gobierno
del Partido Popular respecto a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Se ha hablado poco y se ha escuchado mucho. Se ha escuchado a la ciudadanía en general y a sus gobiernos, se está intentando adecuar lo que se pretende desde aquellas ciudades, se
tiene una visión bastante clara de cuáles son las perspectivas de futuro y de qué es lo que se desea y se trasladará lógicamente a aquellas leyes a las que haya que trasladarlo.
Como he dicho se trata de una iniciativa casi idéntica a la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en 1998, sin que la misma -a pesar de haber pasado tiempo y de haberse cambiado algunas cosas- tenga en cuenta las modificaciones
introducidas durante este periodo en el sistema tributario español, lo que lleva a que la proposición contenga menciones y referencias inadecuadas. Por ejemplo y sin ir más lejos, alude a normas derogadas, como la Ley 18/1991, de 6 de junio, del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se ha modificado en este caso para mejorar la situación de ceutíes y melillenses. También hay otra referencia, ya pasada en el tiempo, en materia de tributos locales, como se puede observar si se
lee atentamente la propuesta que nos trae aquí el Grupo Socialista. Señor Segura, voy a recordar algo a los diputados socialistas y a los señores diputados de la Cámara. A finales de 1995, los responsables políticos de Ceuta y Melilla acudieron a
Madrid a exponer al director general de coordinación con las haciendas territoriales la situación financiera real de ambas ciudades, que era prácticamente de quiebra técnica. ¿Saben lo que respondió el director general de coordinación con las
haciendas territoriales a los dos responsables políticos de aquellas ciudades que representaban a toda la ciudadanía? Que eso no era una prioridad política de aquel Gobierno; que esa problemática no era prioritaria para el Gobierno. No voy a
recordar nada, pero entenderán ustedes la auténtica sensación de abandono que sentimos en Ceuta y Melilla en aquel entonces. Para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', no por ningún otro motivo, les diré que ese Gobierno al que hacía
referencia y al que pertenecía ese director general era el Gobierno socialista, al que usted también apoyaba entonces, señor Segura.
Partiendo de esa situación, voy a realizar un recordatorio de lo que se ha venido realizando desde 1996 para beneficiar y mejorar la situación de Ceuta y Melilla. En primer lugar se han reconocido expresamente las peculiaridades fiscales de
Ceuta y Melilla en el marco del sistema de financiación autonómica, cuyo último hito lo constituye la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
En segundo lugar, se ha reformado la imposición indirecta propia mediante transformación del anterior arbitrio en el vigente impuesto sobre la producción, los servicios y la importación de las ciudades de Ceuta y Melilla, el llamado IPSI,
cuya implantación ha permitido dotar de notable autonomía financiera a las mencionadas ciudades.
En tercer lugar, se ha reforzado la hacienda propia, hecho que ha contribuido de manera fundamental al establecimiento en el citado IPSI de sendos gravámenes complementarios sobre las labores de tabaco y sobre carburantes y combustibles
petrolíferos respectivamente,
que vienen a sustituir los impuestos especiales. Recuerdo perfectamente que mi compañero Antonio Gutiérrez Molina, diputado por Melilla, y yo mismo estuvimos negociando este tema, y hubo una receptividad por parte de ese primer Gobierno del
Partido Popular absolutamente increíble, cosa que no habíamos recibido en aquel entonces. También recordaré la nueva regulación 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias de las rentas
obtenidas de Ceuta y Melilla, en la cual no sólo se ha respetado la situación preexistente, sino que se ha potenciado la deducción por las mencionadas rentas, con el objetivo último de cimentar el futuro de ambas ciudades por una doble vía, señor
Segura, importantísima: estimular la residencia de las personas que viven en aquellas ciudades e incentivar la realización de inversiones en las mismas. Eso es lo que se busca, que haya inversiones, que se diversifique el sistema económico de las
ciudades de Ceuta y Melilla, para que pasemos de ser unas ciudades en el ámbito terciario, en el ámbito de los servicios, a tener nuestra propia industria, que es posible.
Las medidas incluidas en el proyecto de ley que ha llegado a esta Cámara, la llamada coloquialmente ley de acompañamiento, tienen unas modificaciones sustanciales. Precisamente por eso hablaba al principio de Zenón de Cition, porque en los
últimos meses se han venido negociando con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Hacienda importantes reuniones que a su vez eran instadas por los gobiernos locales de Ceuta y Melilla, buscando precisamente el consenso que ya se había
generado en ambas ciudades con la creación de las mesas de economía, en las que participan todos los sectores sociales, sindicatos, empresarios, partidos políticos y asociaciones de vecinos, aportando esas ideas que son necesarias y -como ha dicho
el portavoz de Coalición Canaria- estableciendo aquello que se pretendía para ambas ciudades. No precisamente un texto, que es lo que trae el Partido Socialista aquí, sino -como decía el señor Segura, pero cambiando los términos- una dispersión
inteligente, señor Segura, y usted sabe a lo que me refiero, no tengo que dar ningún tipo de explicación.
A resultas de estas negociaciones, el Gobierno ha incluido en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, ley de acompañamiento, beneficios fiscales que se implantan, y se limitan las bonificaciones de los
residentes de Ceuta y Melilla, o bien a derechos situados en dichas ciudades, evitando que afecten en modo alguno a los ingresos que obtienen las comunidades autónomas por los tributos estatales cedidos, puesto que se han circunscrito los beneficios
de los ingresos, que de acuerdo con la Ley 21/2001 hubieran correspondido a Ceuta y Melilla.
Se ha tocado el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, transmisiones patrimoniales onerosas (alguna se le ha olvidado al señor Segura y
por eso no me extiendo en la explicación de ello, aunque se ha quedado corto y podría hacerlo, pero prefiero dedicarme a otro de los apartados) en operaciones societarias, en actos jurídicos documentados, en impuestos sobre la producción, los
servicios y la importación, precisamente para mejorar el sistema impositivo de nuestras ciudades, y también le voy a manifestar cuáles son nuestras graves reticencias con respecto al proyecto que ustedes presentan aquí.
Hay importantes especialidades de las dos ciudades autónomas que la iniciativa socialista no contempla. Le voy a hacer un mero repaso de ellas. La entrada por primera vez de las dos ciudades autónomas en la participación del fondo de
suficiencia y el fondo de compensación interterritorial, como consecuencia de la aplicación en Ceuta y Melilla del sistema de financiación autonómico de régimen común, aprobado por el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de fecha 27
de agosto de 2001 y plasmado en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, ya es un elemento importante a tener en cuenta, si realmente se pretende crear un régimen económico y fiscal de las características que el señor Segura ha manifestado.
Las ciudades de Ceuta y Melilla se incorporan al sistema de financiación mediante su participación en el fondo de suficiencia por un importe, en el año base 1999, que comprende la valoración de los servicios transferidos, a la que incorpora
la correspondiente a la subvención de los órganos de autogobierno, resultando finalmente las siguientes cantidades, y voy a hablar en antiguas pesetas, señor Segura: Ceuta, 1.447 millones de pesetas, redondeando, y Melilla, 1.151 millones de
pesetas. La participación de las ciudades de Ceuta y Melilla en el fondo de suficiencia se incrementará de igual forma que la establecida por las comunidades autónomas, esto es por el índice de evolución que experimente el ITE de Melilla.
Igualmente, las ciudades de Ceuta y Melilla han empezado ha beneficiarse del Fondo de compensación interterritorial, de manera que el año 2002 Ceuta recibe, 5,2 millones de euros, es decir 862 millones de pesetas, redondeando, y 1.800.000
euros, que significan 287 millones de las antiguas pesetas, eso en Ceuta. Melilla recibe 5,2 millones de euros, 862 millones de pesetas, y 1,8 millones de euros, 287 millones de pesetas.
También tenemos el proyecto de la ley de reforma parcial de
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que actualmente se está tramitando en las Cortes y que sin duda va a tener una incidencia en la tributación por ese impuesto de Ceuta y Melilla.
Además, en la actualidad se está diseñando una reforma de los tributos locales, cuya ley entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2003. El pasado 11 de octubre se aprobó en el Consejo de Ministro el proyecto
de ley de reforma del sistema de financiación de las haciendas locales, consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias, que como es lógico está abierto a modificaciones en el trámite parlamentario, en las Cortes Generales.
Podría hacerle muchísimas observaciones más, señor Segura, pero voy a finalizar simplemente haciendo un recordatorio que considero muy importante. Podría hablarle de todas las deficiencias que tiene ese proyecto de ley, pero no hace al caso
porque el tiempo se termina y creo que voy a intentar decir lo sustancial y no lo superfluo, porque lo superfluo ya queda plasmado, en negro sobre blanco, en el documento que ustedes han presentado.
Por una parte, la iniciativa socialista contiene numerosas carencias y errores, y por otra el momento actual no es adecuado para llevar a cabo este tipo de medidas. La creación de un régimen económico y fiscal para Ceuta y Melilla debería
comunicarse a la Comisión Europea, que por cierto acaba de abrir, a petición del comisario Monti, un expediente a Gibraltar -anote eso, señor Segura, que es importante- con el fin de que las instituciones comunitarias, al amparo del artículo 87 del
Tratado de la Comunidad Europea, analicen su contenido con el fin de determinar si las medidas incluidas en su contenido ayudan y son perfectamente encajables dentro del régimen europeo, ya que nosotros hemos perdido en este caso nuestra soberanía
para cederla al ámbito europeo.
También tienen que mirar si la compatibilidad con el ordenamiento comunitario existe o no. El proceso para conseguir la autorización de Bruselas es largo y en el tiempo existen grandes dificultades, que ha manifestado también el portavoz de
Coalición Canaria, con lo cual podría retrasarse muchísimo, sin tener en cuenta todo este tipo de variaciones que tendría que sufrir el régimen económico y fiscal.
El Gobierno está mejorando notablemente el tratamiento financiero y tributario de esas dos comunidades autónomas, las cuales disfrutarán de un tratamiento aún más beneficioso una vez que entren en vigor, el 1º de enero de 2003, las medidas
incluidas en el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social y el proyecto de ley de reforma del sistema de financiación de las haciendas locales.
Por todo lo expuesto, y desde el punto de vista financiero y tributario, no podemos tomar en consideración la proposición de ley que trae el Partido Socialista.
Para finalizar, tres datos, señor Segura, que creo son importantes.
Primero, en 1995, últimos Presupuestos Generales del Estado del Gobierno socialista, invirtieron en Ceuta 3.500 millones de pesetas. En el año 2003, con los presupuestos
que se acaban de traer a esta Cámara, se invierten 19.000 millones de pesetas. Vea la diferencia de interés que hay actualmente y el que había por aquel entonces.
Señor Segura, me ha sorprendido oír cómo a petición del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Infraestructuras, en este caso de Fomento, se va a construir un helipuerto.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor González, le ruego concluya.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Termino, señora presidenta.
Se está hablando de eso hace meses, y por fin se ve reflejado en estos presupuestos.
Señor Segura, se ha aprendido bien la lección que manifestaba en su día Harry Truman. Decía: Si no los convences, confúndelos.
Nada más y muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de régimen económico y fiscal de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 123; en contra, 169; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA LA REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN CON TÉCNICAS DE CLONACIÓN SOBRE EMBRIONES HUMANOS SOBRANTES DE LA FECUNDACIÓN IN VITRO, PARA FINES TERAPÉTUICOS EN DETERMINADAS
ENFERMEDADES GENÉTICAS, DEGENERATIVAS E INVALIDANTES (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000225.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la regulación de la investigación y experimentación con técnicas de clonación sobre embriones humanos sobrantes de la
fecundación in vitro, para fines terapéuticos en determinadas enfermedades genéticas, degenerativas e invalidantes.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Castro. (Rumores.)
Señorías, ruego permitan que continuemos con el debate y para ello es preciso que guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para defender una proposición de ley que trata de modificar la Ley de técnicas de reproducción asistida en la línea de permitir la clonación con fines
terapéuticos. Estamos hablando de una iniciativa parlamentaria que responde necesariamente a una demanda social. Es una iniciativa parlamentaria que apoya, como ustedes saben, una parte importante de la sociedad organizada que desgraciadamente
padece enfermedades degenerativas crónicas, enfermedades que tienen hoy por hoy muchas expectativas teniendo en cuenta los avances de la ciencia y particularmente el potencial demostrado por las células madre embrionarias. En el caso concreto que
nos ocupa, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida creemos que hemos de hacer un esfuerzo de entendimiento, que hemos de escuchar mucho más a la comunidad científica, que la política no puede dar la espalda a la ciencia y que, sobre
todo, ningún Gobierno de ningún color, en nombre de ninguna moral legítima o no, pero particular al fin y al cabo, puede decir que solamente se van a apoyar las investigaciones con las células madre adultas.
Señorías, toda la comunidad científica está diciendo que las células madre adultas tienen posibilidades, y nosotros queremos que se investiguen; nos están diciendo a la vez que las células madre embrionarias tienen un potencial que no es
comparable y, por tanto, hay que permitir su investigación. No voy a utilizar argumentos ni de carácter científico ni de carácter ético. Voy a apelar a los derechos humanos. Esto es una cuestión de derechos humanos. Señorías, cuánto dolor,
cuánto sufrimiento hay. Cuántas esperanzas haríamos renacer en esta Cámara si fuéramos capaces de aparcar esos prejuicios y ponernos de acuerdo en algo tan elemental como que la ciencia va por caminos plurales y que no puede este Parlamento impedir
que continúa en la investigación por esas vías de pluralidad, que la política tiene que ser generosa con la ciencia, que hay que establecer cautelas éticas, incluso científicas. Las científicas las establecen los científicos y las éticas las
establecemos nosotros y en la pluralidad de reservas, de cautelas éticas que pueda haber en la Cámara podemos ponernos de acuerdo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo para dar salida a todos esos colectivos sociales que están afectados por
dolencias crónicas o invalidantes, que tienen una expectativa real de mejorar su calidad de vida. En otras ocasiones hemos hablado del concepto vida. El concepto de vida, con be, es ancestral. Nos encontramos con el concepto de vida, con uve,
desde hace mucho tiempo y, por tanto, hemos de mirar estas cuestiones desde esa perspectiva.
Colectivos afectados de Parkinson, de Parkinson juvenil, de Alzheimer, de esclerosis múltiple, de demencia senil, de enfermedades autoinmunes como el sida, de determinados tipos de cáncer, de diabetes, enfermedades endocrinas, dolencias
neurológicas, cardiovasculares y el colectivo de las mujeres les estarían infinitamente agradecidos, porque una de las expectativas que está poniendo en marcha la investigación con células madre embrionarias es la curación de la osteoporosis;
enfermedad que, como ustedes saben, afecta fundamentalmente al colectivo de mujeres mayores.
Como decía, podría hacer una relación de argumentos científicos y éticos sobre la posición que ha mantenido el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, pero todos ustedes conocen sobradamente cuáles son los presupuestos de los que
partimos. Quiero recordarles que no somos los únicos que alzamos la voz a favor de que se acabe el exilio científico para que nuestros investigadores se sientan cómodos en su casa, para que pongamos el dinero necesario encima de la mesa, y que,
desde la voluntad política, impulsemos la investigación. Esto no sólo lo dice el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, también lo hace el informe remitido al Gobierno por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, formada, como
ustedes saben, por biólogos, médicos, expertos en bioética y profesionales del derecho. Esta comisión recomienda que se permita la investigación en España de los embriones congelados sobrantes de los procesos de reproducción asistida. Señorías,
hay 35.000 embriones sobrantes contabilizados de técnicas de reproducción asistida que no tienen reclamo parental. Yo les pregunto a ustedes, señores del Partido Popular, señoras y señores del Gobierno, ¿qué piensan hacer ustedes con los 35.000
embriones sobrantes? Porque la Ley de técnicas de reproducción asistida del año 1988 lo dice bien claro. ¿Apuestan ustedes por la destrucción de los embriones o apuestan porque sean utilizados con fines de investigación para mejorar la calidad de
vida de cientos de miles de ciudadanos de este país?
La sociedad de bioética plantea al Ministerio de Sanidad la misma necesidad que nosotros y por eso traemos esta proposición de ley a la Cámara: modificar la Ley de técnicas de reproducción asistida que se puso en marcha en 1988, que fue muy
progresista y muy participativa, donde pudimos intervenir los colectivos de mujeres y otros colectivos muy amplios. Evidentemente, esta ley, como todas las leyes, con el paso del tiempo ha quedado algo obsoleta y esa es una cuestión que tendremos
que resolver en esta Cámara. Con ese fin (con el mismo fin que persigue la sociedad de bioética de poder utilizar los embriones sobrantes congelados de la fecundación in vitro para fines científicos y exclusivamente terapéuticos) desde Izquierda
Unida decimos un no con mayúsculas a la clonación reproductiva. Pero estamos hablando de clonación terapéutica y de un derecho humano, el derecho a tener una vida más digna, a tener más calidad de vida.
El presidente de la sociedad de bioética afirma que de estos 35.000 embriones congelados sobrantes solamente han sido reclamados por sus padres biológicos,
aproximadamente, unos 3.000. Es decir, que con el resto de embriones hay dos opciones: destruirlos o permitir que sirvan para la investigación y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos españoles. Tienen ustedes una disyuntiva
francamente difícil.
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona defiende la clonación terapéutica precisamente como una de las salidas a estos 35.000 embriones que actualmente se encuentran en los laboratorios de las unidades de reproducción asistida de los
diversos centros hospitalarios españoles.
Asimismo señala el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona que, en el futuro, la clonación con finalidades terapéuticas probablemente no sólo será aceptada, sino aceptada mayoritariamente
como ética. Porque, señorías, desde la ética no hay otro camino. Hay que permitir la investigación en las diversas vías que la comunidad científica tiene abiertas, porque si no, subirán ustedes a la tribuna con el eterno discurso de que la ciencia
no se pone de acuerdo. Para que la ciencia se ponga de acuerdo lo primero que tienen que hacer es poder investigar, y para que puedan llegar a conclusiones lo primero que tiene que hacer esta Cámara es permitir a la ciencia que investigue y acabar,
como decía antes, con el exilio científico, permitiendo a nuestros investigadores que investiguen en casa. Porque no podemos perder este carro, no se puede estar todo el día hablando de Europa, de la modernidad, etcétera, y cuando llega la hora de
retratarse ustedes no están en la modernidad, ustedes siguen estando en algunas cuestiones, por desgracia para este país, en unas posiciones más asimilables al pleistoceno que al siglo XXI.
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona dice (cito a este colegio porque saben ustedes muy bien que no son instituciones ultrarrevolucionarias, no he podido descender más en mis propósitos) que la creación de tejidos, consistente en
extraer los genes de embrión e introducirlos en las células de tejido que se pretende regenerar, no les parece únicamente mal, sino que les parece fundamentalmente ético. En este sentido han emplazado a la Administración, como colegio, a tomar
decisiones para solucionar no solamente la situación que nos plantean los 35.000 embriones congelados -en Cataluña tienen 5.000, por tanto, tienen buenas razones para estar preocupados por saber qué hacer-, sino también para devolver la confianza a
los ciudadanos españoles que están afectados por estas terribles enfermedades que experimentan un optimismo tremendo en la actualidad con estas vías de investigación científica.
En definitiva, señorías, el avance científico es imparable. Ustedes y yo lo sabemos. Ustedes como nosotros saben que lo que aquí plantea hoy el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida puede ser rechazado, pero esto va a ser una
realidad más pronto que tarde y sería una pena que ustedes, una vez más, tuvieran que desdecirse para luego presumir de que son dialogantes, cuando podían presumir de sensatos, que es mucho mejor y aprobar las propuestas en el momento procesal
oportuno. Antes hablaba con un compañero parlamentario, no importa de qué grupo, y me decía que él tenía enfermos de diabetes en su familia. Qué difícil es explicar a alguien que tiene en su familia personas afectadas por estas terribles
enfermedades, que están viendo por una ventanita un hilo de esperanzas, aunque sean del partido que soporta al Gobierno o de otros grupos de la oposición, que vamos a seguir estudiándolo. No podemos permitírnoslo. No estamos hablando de cualquier
cosa. Estamos hablando -repito- de cientos de miles de ciudadanos españoles, de hombres y mujeres del Estado español, de hombres y mujeres del mundo. Hablar aquí de España es una catetez, porque nosotros somos ya europeos y porque las nuevas
tecnologías han hecho que todos los debates se transversalicen y porque, evidentemente, este no es un debate sólo de este Parlamento.
Espero que el Grupo Parlamentario Popular no pierda hoy la oportunidad, una vez más, de reconciliarse con la ciencia y con los colectivos sociales afectados. Debe permitir algo tan sencillo como no ser sectarios también en el tema de la
investigación científica, que experimentados científicos españoles que están trabajando en este tema no tengan que irse al exilio para poder seguir trabajando en la línea de aliviar el sufrimiento humano.
Por eso decía que no iba a hablar aquí de logocitos y de todas esas cuestiones que planteo en la exposición de motivos de la proposición de ley. Quiero convencer y a eso subo a esta tribuna. Es mi obligación como política salir a
convencer. Probablemente contándoles cómo se clona un embrión hay pocas posibilidades de convencer, pero apelando a los derechos humanos, ¿no es un derecho humano que a un enfermo se le prive de una investigación que le va a posibilitar recuperar
una vida digna? ¿Eso no es un derecho humano, señorías? Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pido a SS.SS. el voto en conciencia una vez más en este tema.
Podríamos hablar de pluralidad de reservas éticas o de la pluralidad de reservas científicas, pero aquí de lo que toca hablar hoy es de la pluralidad del sufrimiento de las españolas y de los españoles, que si no están en la tribuna
representados en una parte más importante es porque están aquejados y aquejadas de enfermedades graves que les impiden, como a otros colectivos sociales, tener la oportunidad de estar hoy aquí acompañándonos en el debates, pero hoy van a estar
pendientes de lo que esta Cámara decida.
Señoras y señores del Grupo Popular, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y de los colectivos afectados yo les pido que voten en conciencia una vez más y que voten a favor de que la política se reconcilie con la
ciencia, porque ese es un camino de consenso en el que todos podemos encontrarnos. No tengan ningún temor. Si la ciencia dice, una vez que
se le ha permitido investigar en igualdad de condiciones en todas las direcciones, que las células madre embrionarias precisamente por tener más potencial también tienen mayor potencial de riesgo, nosotros diremos tranquilamente que se
abandone esa vía y que se vaya por otra. No he escuchado a los expertos norteamericanos ni a los chinos, sino a los nuestros en esos debates de La 2 que todos ustedes han podido también como yo escuchar por las noches aunque sea quitándose un
poquito de sueño.
Por esos colectivos sociales, por las mujeres que somos muchas y que tenemos una vida muy dura, por los diabéticos, por los enfermos de sida, por los que tienen enfermedades cardiovasculares, por los de Alzheimer, por todas esas personas que
sufren tanto, hoy estamos obligados aquí a meternos la moral privada y particular en el bosillo y a legislar para todas y para todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Mixto, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Nuestra posición es apoyar totalmente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, fundamentalmente porque creemos que a través de la historia hemos comprobado cómo enfrentarse a la ciencia ha significado a lo
largo que han quedado en ridículo todos los que lo han hecho.
Hoy vemos que hay un enfrentamiento ideológico más que científico frente a estas posiciones de avanzar en el tratamiento de investigación y experimentación con técnicas de clonación.
Todos podemos volver la vista atrás y pensar cómo Galileo fue perseguido porque dijo que la tierra giraba alrededor del sol. Hoy, cuando vemos que la tierra gira alrededor del sol, nos parece absurda aquella posición no científica sino
fundamentalmente ideológica, y estamos pensando que hoy la posición sigue siendo ideológica y reaccionaria. Por eso vamos a apoyar la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar el apoyo a esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre la base de lo que ya es una posición conocida del Bloque Nacionalista Galego respecto a estos temas.
El Bloque Nacionalista Galego piensa, primero, que los embriones humanos merecen una protección no porque sean personas, que no lo son, sino porque no pueden ser considerados como cosas susceptibles de apropiación privada. Nosotros pensamos
-y así lo defendimos en otros debates en esta Cámara- que la materia viva no puede ser objeto de apropiación privada, de patentes privadas, sino que debe ser considerada patrimonio de toda la humanidad; en especial, tratándose de materia viva de
origen humano, y en virtud de ciertos límites éticos derivados de la propia dignidad de la persona, debe ser protegida con más fuerza aún. Ahora bien, estos límites éticos, estos límites jurídicos no pueden suponer una prohibición absoluta, tal y
como pretende el Partido Popular, de cualquier tipo de investigación o de cualquier tipo de experimentación.
Con las cautelas que aconseja la falta de un comité de ética realmente independiente y plural -no lo es el que en este momento depende del Gobierno-; con las cautelas que obliga la parálisis a que el Gobierno del Partido Popular ha
condenado a la Comisión de reproducción humana asistida creada en la Ley del mismo nombre y que también debería opinar sobre estos asuntos, para el Bloque Nacionalista Galego la experimentación con embriones sobrantes de procesos de reproducción
humana asistida con el fin de obtener células madre embrionarias y avanzar de este modo en la investigación y el tratamiento de enfermedades como el Parkinson, la diabetes, el Alzheimer y muchas otras es éticamente aceptable y debe ser públicamente
apoyada. Reproducción y clonación para fines exclusivamente terapéuticos y no reproductivos, con garantías y con cautelas que sólo pueden proceder de la intervención y financiación pública de estos programas, porque para el Bloque Nacionalista
Galego, si hablamos de ética, debe reconocerse, en primer lugar, que éticas y morales hay muchas y no es admisible que algunas morales privadas, personales, en cuanto tales perfectamente respetables, se impongan al conjunto de la sociedad, máxime en
un Estado como el español, que, aunque la opinión pública pueda percibir otra cosa por ciertos viajes a Roma pagados con fondos públicos, sigue siendo un Estado aconfesional. Para el Bloque Nacionalista Galego la cuestión ética fundamental que se
deriva de la experimentación con embriones humanos sobrantes de procesos de reproducción asistida es qué va a suceder con los resultados de esta investigación; es decir, si van a ser objeto de apropiación privada o si de esos frutos se puede
aprovechar el conjunto de la sociedad, no sólo en función de su poder adquisitivo.
Finalmente, si hablamos de ética en relación con la investigación científica, la prensa nos da hoy mismo un ejemplo de la hipocresia, de la ley del embudo con que el Gobierno y el Partido Popular se aproximan a estos temas. Hoy mismo, un
grupo de científicos anuncia que van a ejercer su derecho a la objeción de conciencia frente a la investigación para fines militares. Hay que
recordar que una gran parte del gasto en I+D que el Gobierno presenta se dedica precisamente a estos fines, y fines militares quiere decir -aunque anuncios del ejército animando a los jóvenes a alistarse pretendan dar a entender lo
contrario- atentar contra células madre que tienen cabeza, brazos y piernas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Vasco va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida porque comparte básicamente la exposición que se realiza al inicio de la iniciativa con relación
a estos hallazgos científicos que abren un amplio abanico de posibilidades médicas en lo que se llama la medicina regenerativa y las expectativas que la misma ha abierto para dar vías de solución a enfermedades que hoy en día preocupan a un número
importante de ciudadanos, como son el Parkinson, el Alzheimer o la diabetes, y propiciar las consiguientes alteraciones en el ordenamiento vigente para fomentar este tipo de investigaciones.
La posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) está a favor de dar oportunidad a los científicos para poder investigar en materias tan relevantes como las que hemos citado para mejorar los niveles de calidad de vida de nuestros
conciudadanos y que sean los investigadores quienes manifiesten con criterio científico contrastado qué posibilidades ofrece la investigación sobre células cuando se trata de utilizar células embrionarias humanas. En consecuencia, señorías, la
actitud política del poder legislativo en general debe ser abierta, receptiva, en ningún caso propicia a poner puertas al campo. No estamos en condiciones de perder otra vez una oportunidad de investigación. Sería lamentable volver a ver pasar el
tren de la investigación por delante de casa y que sean precisamente los legisladores quienes impidan a los investigadores acceder a dicho tren. Lo que está proponiendo Izquierda Unida es un debate político previo a la decisión de abrir las puertas
a esta investigación científica. Considerando este debate ético-político previo, nos parece que hay que adoptar las cautelas debidas ante él, ya que en nuestra concepción las cautelas no se agotan en la decisión libre de la propia pareja. Habrá
que tomar en consideración los fines para los que se destinan, que han de ser terapéuticos, enfermedades degenerativas; habrá que adoptar también cautelas con relación al control y al procedimiento del conjunto del proceso para el cumplimiento de
dichos fines y su no extensión a otros supuestos de investigación, igual que habrá que tomar en consideración el carácter de utilización pública universal de generación de resultados para su aplicación universal en la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos afectados por enfermedades crónicas y, en consecuencia, del nivel de vida del conjunto de la sociedad; habrá que tomar en cuenta indudablemente, señorías, la asignación de estos recursos si se consiguen los fines planteados, porque
ello supondrá la reordenación de múltiples recursos públicos destinados en la actualidad a la atención cotidiana y regular de estos enfermos. En opinión del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) habrá que tomar también las debidas cautelas relativas
al criterio de transparencia (en la investigación, en los procedimientos, en el cumplimiento de criterios éticos y humanísticos) al abordar estas nuevas posibilidades de investigación.
En consecuencia, señorías, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) el peor supuesto consistiría en negar la propia posibilidad de investigación a priori desconociendo las posibilidades científicas que encierra el planteamiento,
escudado precisamente en consideraciones finalistas, maximalistas, que no permiten ajustar diseños más rigurosos.
Lo peor, señorías, es no querer ver ni escuchar la verdad científica, supuesto que implica de hecho que determinadas multinacionales
sin cautela alguna ni planteamiento ético contrastado conocido con los poderes públicos se dediquen a la consecución de dichos objetivos con fines primordialmente pecuniarios, limitativos de las ventajas universales de dicha labor investigadora
abierta, en consecuencia a la elite de la sociedad que dispone de los recursos necesarios para financiarse en dichos supuestos ( volvemos a tropezar, señorías, con la clásica doble moral de la derecha). Para que el conjunto de ese planteamiento se
formalice resulta necesario tomar en consideración la proposición de ley que ha presentado Izquierda Unida, que en caso de conocer el voto favorable de la Cámara sería enmendado en su articulado por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) en los
contenidos de esta reflexión manifestada en esta toma de posición.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Es, creo recordar, la quinta vez que en esta legislatura nos enfrentamos a un debate de estas características y en el día de hoy nos enfrentaremos a ese debate por sexta vez. Saben SS.SS. que los diputados del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió sostienen en este tema posiciones diferentes, como después se reflejará en el momento de expresar el voto, por tanto, lo que debo hacer en primer lugar es remitir a las anteriores intervenciones
de este mismo portavoz de 18 de diciembre del año 2001 y de 12 de febrero de 2002. Hay diputados del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que asumen la intervención que ha efectuado la señora Castro, el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco o el del Grupo Mixto, como sin lugar a dudas lo harán en el sentido que expresará el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, repito, sin lugar a dudas, y hay otros diputados que discrepamos de esos planteamientos. No deseo
en estos momentos efectuar ningún tipo de debate amplio, simplemente querría, para acabar mi intervención, recordar dos cosas. En primer lugar, no es del pleistoceno la posición que adoptó el Bundestag el 30 de enero del año 2002 cuando lo único
que autorizó fue la importación de células madre que habían sido extraídas de embriones antes de esa misma fecha, por tanto, procedentes de embriones que habían dejado de existir antes del 30 de enero de 2002; aquello que sirvió para conformar una
mayoría socialista, verde y democristiana posiblemente también serviría para forjar una mayoría en esta Cámara, y he de reiterar que eso en modo alguno supone precisamente el pleistoceno. En segundo lugar, aquellos que podemos tener una posición
contraria al planteamiento que ha sostenido aquí Izquierda Unida podemos recordar dos datos. Ese planteamiento fue rechazado por el Bundestag con sólo 106 votos a favor de 617, ha sido rechazado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea el 30
de septiembre de este mismo año y, como nos dice la revista Science esta misma semana, existen sistemas alternativos para tratar el Parkinson y la diabetes, desde la terapia génica hasta la utilización de células madre adultas. En cualquier caso,
estoy absolutamente convencido de que nos vamos a tener que poner de acuerdo en el futuro en esta materia, pero permítanme que les pregunte por qué no nos podemos poner de acuerdo sobre aquello que sirvió para que verdes, socialdemócratas y
democristianos se pusiesen de acuerdo el 30 de enero de 2002 en el Bundestag.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la proposición de ley del Grupo de Izquierda Unida, que ha sido
defendida esta tarde por la diputada Marisa Castro.
Adelantaré nuestra posición: vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley; lo vamos a hacer por dos razones: la primera, porque si se adoptara por esta Cámara la
iniciativa presentada por Izquierda Unida estaríamos en disposición de discutir sobre un texto articulado algunas propuestas que poco a poco van saliendo en el debate ya amplio que en esta Cámara hemos tenido sobre la investigación con células madre
embrionarias. Es la oportunidad de hacer un debate sobre un texto articulado. Los socialistas lo hemos intentado; creo que era el diputado señor Silva el que recordaba que lo hemos discutido cinco veces en esta Cámara (creo que son cinco
iniciativas del Grupo Parlamentario Socialista) y cuando le oía pensaba: y lo que te rondaré, morena, porque no vamos a cejar en nuestro empeño de alcanzar un acuerdo para evitar entre otras cosas esa vergüenza a la que se refería la diputada de
Izquierda Unida de ver que nuestros investigadores se van fuera de España, a países de la Unión Europea, a investigar sobre aquello que no pueden investigar en nuestros laboratorios; una vergüenza que históricamente hemos soportado en España y que
no deberíamos soportar más.
En segundo lugar, estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión que plantea Izquierda Unida. Nosotros sí creemos que se debe permitir la investigación en España con células madre embrionarias. Es verdad que discrepamos de algunos aspectos
de la proposición de ley de Izquierda Unida, como me encargaré de poner de relieve a continuación, pero el fondo de la cuestión, el objetivo fundamental que el proyecto de ley pretende alcanzar es el que venimos defendiendo en esta Cámara, repito,
desde hace bastantes meses.
Fijaré, pues, a continuación la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con los contenidos de la proposición de ley.
Empezando por algo que ya se ha dicho aquí, estamos frontalmente en contra de la clonación reproductiva.
Está prohibida en nuestra legislación, está prohibida en la legislación de todo el mundo y nosotros creemos que debe seguir estando prohibida. No obstante, estamos a favor de iniciar un debate en España serio sobre la clonación terapéutica como vía
de acceso a las células madre embrionarias; un debate sosegado, pausado, con participación de esta Cámara, pero también de expertos, científicos, catedráticos, profesores de ética para buscar el máximo consenso social en un tema que quiero
reconocer aquí que es controvertido -por eso proponemos un debate- y que, a nuestro juicio, requiere un amplio acuerdo social. Recuerden los señores diputados que hay países como el Reino Unido que admiten la clonación terapéutica y otros, como
Estados Unidos, que no la admiten, si bien es verdad que un Estado, California, acaba de admitirlo -no es casual que California sea justamente el Estado de la Unión más avanzado en materia de biotecnología- por una legislación propia. En este
punto, pues, nos separamos de la proposición de ley de Izquierda Unida. Nosotros no creemos que deban iniciarse en España los experimentos de clonación terapéutica, previamente debemos hacer un debate sosegado que nos permita buscar el máximo
acuerdo social en esta materia.
En tercer lugar, estamos a favor de permitir en España la investigación con células madre adultas, fetales y embrionarias -embrionarias también-, con los tres tipos de células madre. Es verdad que esta discusión en esta Cámara se plantea
por parte de los grupos que se oponen a esta proposición de ley y a la que hemos presentado los socialistas con anterioridad en términos tales como: para qué utilizar células madre embrionarias si podemos conseguir los mismos resultados con las
células madre adultas. La respuesta es que no podemos conseguir los mismos resultados por dos razones que expondré brevemente a continuación, y que creo que son incuestionables: la primera porque es verdad, como señalaba el señor Silva -en alguna
intervención ya lo ha hecho anteriormente-, que se han conseguido avances de diferenciación de células madre adultas, pero no es menos cierto que quienes han publicado esos avances hoy los cuestionan en publicaciones posteriores; y la segunda -y es
lo que me parece más relevante- es porque lo que todo el mundo admite, aquello en lo que todo el mundo está de acuerdo es que la capacidad de diferenciación de las células madre embrionarias es notablemente superior a la de las células madre
adultas. Por decirlo de otra manera, una célula madre embrionaria se puede transformar en cualquiera de los 200 tipos de células que existen en un organismo vivo, mientras que una célula madre adulta todavía no lo sabemos pero parece que tendría
una capacidad de diferenciación pequeña. Por tanto, es mejor investigar con células madre embrionarias, porque no nos olvidemos que lo que estamos investigando es entre otras cosas los mecanismos de diferenciación celular, para impedir que haya
diferenciaciones celulares negativas, por ejemplo. Es bastante conocido que una célula madre adulta que se diferencia en un tejido epitelial puede conducir a un carcinoma. Se trata, por tanto, de conocer cuáles son los mecanismos de esa
diferenciación, entre otras cosas para poder reprogramar los procesos correspondientes. Si esa es la investigación y eso es lo que discuten nuestros científicos, deberemos convenir todos aquí en que es mucho más ventajosa la investigación con
células madre embrionarias que aquella que está teniendo lugar con células madre adultas, lo que no quiere decir que sean incompatibles.
Nosotros estamos a favor de investigar con los dos tipos de células madre, adultas y embrionarias. Son
investigaciones concurrentes, no son alternativas, y ambas coinciden en conocer cosas sobre un proceso que tiene una extraordinaria importancia para la curación de enfermedades, como se ha dicho esta tarde reiteradamente aquí.
Muchos de los países de la Unión Europea permiten esa investigación. Se hablará aquí esta tarde mucho del acuerdo, de la moratoria, como se llama en la Unión Europea, pero quiero recordar que la moratoria es para financiar determinadas
investigaciones, no para investigar; es decir, que los países que investigan hoy (Francia, Inglaterra, Suecia, Alemania) van a seguir haciéndolo después de la moratoria. Es justo lo que proponemos los socialistas hoy aquí: que se permita la
investigación en España con células madre embrionarias.
En cuarto lugar, estamos a favor de utilizar los embriones sobrantes de la fertilización in vitro, embriones crioconservados que tienen más de cinco años de antigüedad y que no se pueden ya implantar, de acuerdo con nuestra legislación, para
extraer células madre embrionarias para su investigación. Con el acuerdo correspondiente de los donantes, con los controles públicos más estrictos, creemos que se deben utilizar esos embriones que no sirven ya para la fertilización in vitro porque
tienen más de cinco años de antigüedad. Lo prohíbe nuestra legislación y la más elemental prudencia. En ese sentido, la alternativa que se plantea en esta Cámara es la que venimos manifestando desde hace meses: o se destruyen o se utilizan para
investigar y, eventualmente si esa investigación da sus frutos, para salvar vidas; esa es la alternativa.
Con las cautelas correspondientes y el permiso de los donantes se debe permitir la utilización de esos embriones con fines de investigación
terapéutica.
Finalmente, estamos a favor de la creación de un consejo nacional de ética, pero discrepamos de Izquierda Unida en una cuestión que no es poco relevante para nosotros: dicho consejo debe tener extracción parlamentaria; debe ser el
Parlamento el que decida quiénes deben ser sus componentes en vez adoptarse una decisión gubernamental. En ese sentido, reclamamos una vez más al Grupo Parlamentario Popular que acepte esa propuesta, porque los países más avanzados de la Unión
tienen consejos nacionales de ética de extracción parlamentaria. ¡Qué miedo, señores del Partido Popular, tienen ustedes a la pluralidad! La pluralidad ética de la sociedad española está mejor definida en esta Cámara que en el Gobierno o en una
comisión científica que ha sido nombrada por dos ministerios, por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Qué miedo tienen ustedes a que exista una comisión nacional que reproduzca la pluralidad ética y moral de la
sociedad española y que pueda estar formada por científicos, por catedráticos y por profesores para discutir sobre temas que afectan al conjunto de los ciudadanos, ciudadanos que no deben verse sometidos a una moral concreta por muy respetable -que
lo es, créanme- que sea ese tipo de moral.
Vamos a oír esta tarde aquí, puesto que después se va a debatir una moción del Grupo Parlamentario Socialista -por cierto, señor Silva, la moción probablemente le va a dar a usted justamente la oportunidad de satisfacer esa demanda de
consenso; vamos a ver si lo conseguimos por lo menos en parte-, muchas referencias a la moratoria de la Unión Europea, y quiero reiterar una vez más lo que he dicho antes. Se trata de una moratoria para financiar la investigación con células madre
embrionarias que tiene una excepción, que se refiere al estudio de células madre embrionarias conservadas
en bancos o aisladas en cultivo (modelo alemán, el acuerdo del Bundestag al que se refería el señor Silva). Se trata, por tanto, primero, de financiación europea y no de prohibir la investigación y, segundo, se debe permitir la
investigación y la financiación con dinero europeo para aquellos países que utilizan células madre embrionarias que se conservan en los bancos de células hoy existentes. Esa es la real posición de la Unión Europea y con ella países como Gran
Bretaña, Francia (que es el modelo que los socialistas traemos sistemáticamente a esta Cámara: utilización de los embriones, investigación con células madre embrionarias) o Alemania siguen investigando y además siguen pudiendo financiar esa
investigación con sus propios fondos y con los fondos europeos. Eso es lo que dice la moratoria europea. Ahí existen caminos de salida y nosotros estamos dispuestos a explorarlos, en el bien entendido que el modelo francés, que fue debatido y
ampliamente consensuado en la sociedad francesa, es un modelo pertinente. Utilicemos los embriones mejor que destruirlos para investigación y permitamos a nuestros científicos que investiguen con células madre embrionarias, ya que lo que se ha
dicho aquí es verdad: hay una expectativa de curación de enfermedades que hoy por hoy son incurables.
Termino ya. Acabemos con la vergüenza. A mí me produce vergüenza que el profesor Bernard Soria se vaya de un laboratorio español y a los españoles en su conjunto también se lo produce. Acabemos con esa anomalía, modifiquemos las leyes y
permitamos esa investigación. Este es un debate muy relevante y por eso tendrá que venir a la Cámara cuantas veces sea necesario, señor Silva, puesto que hay muchas personas que tienen depositadas expectativas en este debate, personas que en este
momento no tienen esperanzas de curación. Por eso nosotros hemos propuesto a los distintos grupos de esta Cámara que en lugar de hablar de ética en abstracto lo hagamos de una ética nueva, de la ética de la curación. Demos una respuesta a esos
enfermos. No queremos que se levanten falsas expectativas, por eso hay que decir una vez más aquí que no se trata de procesos de curación a corto plazo, que no es verdad; que puede ser que esto no funcione, pero puede que sí. No levantemos falsas
expectativas, señoras y señores diputados, pero no trunquemos las que hoy tienen muchos enfermos de encontrar una salida a una enfermedad que hoy para ellos es incurable.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.
La proposición de ley que nos ocupa, que consta de tres artículos y una disposición derogatoria final, tiene como objetivo modificar la ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción asistida, modificar el Código Penal y crear una comisión
nacional asesora de ética. Estas modificaciones tienden a autorizar la investigación y la experimentación con técnicas de clonación sobre embriones humanos congelados sobrantes de la fecundación in vitro. La mal llamada clonación terapéutica,
porque en medicina el sentido terapéutico tiene como función establecer sobre el sujeto una acción paliativa o curativa, pero no una acción destructiva, aunque esto pertenece al lenguaje al que nos sometemos día a día, sobre todo en el mundo de la
comunicación, por el que a veces se desvirtúa o se dice lo contrario de lo que se quiere decir. Se quiere establecer la no aplicación de penas por la utilización de estas técnicas, cuya previsión se recoge en los artículos 159 y siguientes del
Código Penal, y se fundamenta por la expectativa de clonación en el campo de la salud. Por sistema, esta diputada siempre dice -cree firmemente en ello- que este asunto nunca debe someterse a un debate político. El debate está abierto en la
Comisión Europea, en el Consejo de Europa, en la Unesco, en la ONU; está abierto en todos los foros nacionales e internacionales, pero sobre todo está abierto en el mundo científico, que es el que a la larga tiene que ilustrar e iluminar a todos
los demás miembros de la sociedad. Esta última semana de septiembre se ha seguido trabajando en el Comité sobre clonación de la ONU con todo el rigor técnico y con el asesoramiento científico, legal y ético exigible para un asunto de esta
naturaleza y para un organismo como es Naciones Unidas. Se ha producido una reafirmación en la prohibición de la clonación reproductiva, como no podía ser menos, porque eso es común en todos los Estados, así como un constante rechazo a la llamada
clonación terapéutica, aunque se ha establecido un ámbito de estudio por parte de todos los países para seguir reflexionando sobre las dificultades que se encuentran en este asunto. Las dificultades que se exponen en estos comités son las
dificultades inherentes a las técnicas de clonación, que algunos pensaban incluso que podrían ser hasta patentables. Esas dificultades de la clonación se están publicando en las grandes revistas científicas (Shields en Nature en 1999, Renard en
Lancet en mayo de 1999 y Young Le en Nature Genetic en el año 2001). Es decir, la clonación llamada terapéutica no tiene todas las virtudes que nosotros queramos atribuirle, sino que todavía tiene muchas luces y muchas sombras. La petición del
grupo proponente se fundamenta en que en las clonaciones terapéuticas no se produciría ningún rechazo inmunológico. No arriesgaría tanto científicamente como el grupo proponente -ellos tendrán su base científica para decir esto- porque ya les digo
que existen muchas dudas razonables al respecto-, y además añaden que se aísla más fácilmente de lo que sucede con otras células
madre. Tampoco puede hoy mantenerse esto después de lo que ha aparecido el 4 de julio de 2002 en Nature, donde por primera vez se pone al mismo nivel de interés, de importancia y de posibilidades a células madre llamadas adultas y a células
madre de origen embrionario. Señorías, día a día nos vamos dando cuenta cómo la ciencia nos va ilustrando sobre unos aspectos que nadie tiene tan claros. Admiro a las personas que tienen seguridad absoluta en sus planteamientos científicos, se
aferran a ellos y les quieren dar rango de ley, pero siempre he dicho que legislar sobre ley es una pasión estéril.
Señorías, no es justo ni cierto, ni lógico razonar sobre estas cuestiones como si la investigación en España estuviese aislada de los demás países y enfrentada con una única prioridad, que es la del manejo de los embriones humanos. España
ha conseguido grandes retos en el mundo de la ciencia biomédica, y me remito a lo publicado ayer por investigadores españoles del Centro nacional de biotecnología sobre telómeros, que abre una magnífica expectativa en la lucha contra el cáncer y en
todo el mundo de la biotecnología. Muchas cosas que se ponían en entredicho sobre la clonación con esta investigación sobre telómeros están quedando mucho más claras.
Todas las investigaciones sobre células madre son de enorme dinamismo.
Esto nos obliga a redoblar el esfuerzo, a hacer la mejor apuesta de prioridades y a adaptar el ritmo de nuestras capacidades para investigar y para avanzar. Saber
ajustar nuestras prioridades y nuestras necesidades es también una medida ética, sin hacer llamadas en el vacío, muy lejos de algunas propuestas que se presentan como conseguidas y que a veces rayan en la crueldad, como cuando se pretende hacer ver
a las asociaciones de enfermos que si esto no se aprueba seguirán sufriendo por la crueldad de personas que no ven este asunto científicamente tan claro como lo ven otros privilegiados.
Hoy sabemos que las posibilidades terapéuticas de las células madre adultas son de la misma categoría que las embrionarias, y me estoy refiriendo al artículo publicado el 4 de julio de 2002 y a alguno más. Lo más consolidado y novedoso en
prácticas médicas están siendo los trasplantes de células de médula ósea que han originado diferentes tejidos, entre ellos células musculares cardíacas, que han sorprendido en estos días por el resultado. Concretamente, en marzo de este año en
España la Fundación Puigvert publicó, en colaboración con los doctores Garach y Atala, cómo se había obtenido una vejiga urinaria completa a partir de células madre adultas. Por tanto, no vamos a eludir ningún debate, ni el científico ni el ético
ni el social, pero sobre todo no eludiremos la reflexión serena que vemos en organismos internacionales; y digo que no la eludiremos porque nuestra primera necesidad es tener una reflexión serena sobre este tema. Al fin y al cabo, estamos viendo
la pertinencia o no de una determinada prioridad. Tampoco en el ámbito ético hay actitudes unánimes en ningún país. Incluso en la Declaración de bioética de Gijón del año 2000, promovida por el doctor Marcelo Palacio, se decía que la utilización
de células troncales -refiriéndose a células madre embrionarias- con fines terapéuticos sólo debía permitirse cuando la obtención no implicara la destrucción del embrión. Puede que este postulado haya cambiado ahora. Se remite a la doctrina que
actualmente rige en Europa.
Señorías, tenemos voluntad de cumplir el acuerdo del Consejo de la Unión Europea de septiembre de 2002, que nos plantea un horizonte de reflexión, de debate científico y de asimilación de conocimientos, porque se producen a tal velocidad que
es imposible ir adaptándolos. Nos parece fundamental seguir participando en las reflexiones internacionales del Consejo de Europa, de la Comisión Europea y de la ONU. Esas reflexiones se llevan a cabo en la Unión Europea, así como sobre las
consecuencias éticas y legales de estas investigaciones; se vienen considerando las garantías para la vida humana desde los primeros estadios como algo fundamental para nuestro ordenamiento jurídico y social, y en toda la Europa occidental se da
una preferencia al valor intrínseco de la vida.
Quiero recordar que organizaciones legales como la que existe en Alemania son mucho más estrictas en este sentido que la española.
Aquí se ha hablado mucho de la necesidad de la creación de un comité de ética dependiente del Parlamento. Señorías, pido respeto para el Comité asesor de ética. En toda Europa hay comités asesores, pero, señor Pérez Rubalcaba, usted decía
que todos dependen del Parlamento y sabe que no es así; muchos no dependen del Parlamento, concretamente el de Inglaterra depende de una fundación. No nos parece razonable dejar temas de esta categoría al albur de las decisiones de las mayorías o
de las minorías.
Por ejemplo, la propuesta que se votó aquí en 1998, de la que ha emanado el Comité asesor de ética de la ciencia y de las nuevas tecnologías, intentaba huir de los avatares parlamentarios porque ya algunos países europeos nos
habían indicado lo malo que era eso en estos temas científicos. Les propongo que acepten que estas cuestiones tan delicadas no deben estar en el ámbito de la lucha política y mucho menos en el de la demagogia. A veces, cuando hablamos de algunos
asuntos, nos calentamos porque nos duelen, porque son temas sensibles, y caemos en la demagogia sin querer hacerlo. Estas cuestiones se tratan en órganos plurales, internacionales, con gran reflexión y con gran moderación. Les sugiero que
integremos posturas en la búsqueda de un mejor potencial científico, enmarcándonos en un gran esfuerzo mundial, para obtener de la forma más adecuada el necesario fomento de la ciencia.
Antes de terminar, quiero recordar desde esta tribuna que representa a todos los españoles una triste experiencia, una triste experiencia de comunicación, que es
la que nos ciega a todos. Ayer, un periódico importante decía: El año pasado, la compañía estadounidense Advanced Cell Technology anunció que ya había conseguido clonar embriones humanos. Como todos sabemos, esto es falso de toda
falsedad, pero no decía más. El mundo científico, que conoce el suceso, tiene memoria y lo recuerda, recuerda que fue un enorme escándalo financiero, un enorme escándalo científico y un enorme escándalo editorial, que un experimento fallido se
presentara como un éxito. Miembros del comité editorial dimitieron, entre ellos algún Premio Nobel, y expertos inversores engrosaron sus arcas durante unas horas vendiendo sus acciones.
La señora PRESIDENTA: Señora Fernández de Capel, le ruego concluya, por favor.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señora presidenta, con su benevolencia.
Presentarlo así ahora, en vísperas de esta proposición, no es de recibo.
Jugar y mentir en estos temas no favorece a ningún sistema científico, ni ayuda a resolver el problema que hoy tiene la sociedad. Si media verdad es una gran mentira,
no diré más, pero estoy segura, señorías, de que las casualidades no existen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la regulación de la investigación y experimentación con técnicas de clonación sobre embriones humanos sobrantes
de la fecundación in vitro, para fines terapéuticos en determinadas enfermedades genéticas, degenerativas e invalidantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 130; en contra, 160; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PRESTA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
TELEMÁTICAS. (Número de expediente 162/000318.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración general del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías
telemáticas.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos el debate, por lo cual ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio.
(Pausa.)
Adelante, señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, traemos esta tarde aquí una proposición no de ley de máximo interés para todos los ciudadanos. En un mundo en constante cambio, no podemos quedarnos atrás en lo que se refiere a la relación entre Administración pública y
ciudadano, que debe evolucionar acorde con los tiempos que vivimos. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Los ciudadanos, con carácter general, cuando se dirigen a la Administración pública demandan información
o solicitan la tramitación de un procedimiento o de un servicio determinado. En cualquiera de estos supuestos, la Administración deberá estar preparada para proporcionar una información de calidad, correcta, comprensible, fiable, ágil, automática,
en tiempo real y, sobre todo, ajustada al ciudadano. Sus señorías estarán de acuerdo con quien les habla en que la Administración general del Estado es plenamente conocedora del potencial que ofrecen las tecnologías de la información y las
comunicaciones para mejorar los servicios que presta al ciudadano.
Desde el Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de la importancia y de la necesidad de que la información que poseen las administraciones se almacene en bases de datos interrelacionadas, de forma que constituyan un sistema integrado
de información. Asimismo, es importante que se ponga a disposición de los ciudadanos información relevante y de interés proporcionando una consulta sencilla y rápida tanto para los ciudadanos como para los empleados públicos. Sabemos que se vienen
desarrollando proyectos que tienen como objetivo facilitar la comunicación del ciudadano con su Administración a través de medios telemáticos y proporcionar información de calidad. El adecuado desarrollo de Internet y de la sociedad de la
información es una de las prioridades políticas del Gobierno en esta legislatura. Por tanto, el desarrollo de la Administración electrónica destaca entre las medidas más efectivas que pueden poner en marcha los poderes públicos para impulsar la
sociedad de la información.
Desde el Grupo Parlamentario Popular sabemos también que se han dado pasos muy importantes para que los servicios públicos estén accesibles a través de Internet. Podríamos citar multitud de ejemplos, pero bastaría
subrayar el impulso que ha dado la Agencia Tributaria al uso de Internet.
Sin perdernos en cifras, destacaría las más de 25 millones de visitas que ha recibido su página web y las más de 1.150.000 declaraciones del IRPF presentadas por
Internet este año, un 131 por ciento más que el pasado ejercicio. Si me permiten SS.SS. un paréntesis en este punto, les diré que el modelo de sistema de gestión tributaria vía telemática es único en el mundo. De hecho es modelo porque países
cercanos, como por ejemplo el Gobierno francés, han pedido la colaboración al Gobierno español para poner en marcha su sistema de gestión tributaria a través de Internet. En Francia se prevé que en este primer año de andadura 300.000 franceses
presenten su declaración de la renta por esta vía, mientras que en España en el primer año de andadura fueron 500.000 los españoles que presentamos nuestras declaraciones de la renta vía Internet. En este ejercicio les puedo anunciar que la cifra
de presentaciones telemáticas ha llegado a 1.150.000 españoles. Igualmente destacaría las tramitaciones con la Seguridad Social a través de Internet con más de 25 millones de movimientos, lo que supone el doble que en papel.
Para seguir avanzando en la Administración electrónica el Gobierno puso en marcha el portal del ciudadano al que, como SS.SS. saben, se accede a través de la dirección web www.administración.es, con el que se facilita a todos los ciudadanos
el acceso a todos los servicios ofrecidos a través de la red por todos los organismos de la Administración general del Estado. Dicho acceso se hace de una forma amigable para el ciudadano sin necesidad de que éste conozca la estructura interna de
la Administración y el reparto de competencias entre sus diferentes organismos si no atendiendo a la materia de que se trate: oferta pública de empleo, subvenciones, declaraciones de impuestos, prestaciones sociales, etcétera. Asimismo, el portal
del ciudadano permite acceder tanto a la información suministrada a los ciudadanos por los distintos departamentos como a la realización de trámites administrativos, desde la simple remisión de formularios hasta la tramitación completa de los
procedimientos administrativos, incluyendo el seguimiento de los expedientes por el propio interesado.
Sabemos que la actuación del Gobierno tiene entre sus objetivos prioritarios ir eliminando las barreras que puedan dificultar el desarrollo de la sociedad de la información en España. Igualmente se pretende mantener una estrecha
colaboración con el resto de departamentos ministeriales y con el sector privado para poner en marcha iniciativas comunes que tengan un interés general para los ciudadanos. Además, la implantación de la Administración electrónica constituye uno de
los ejes principales sobre los que se articula la iniciativa e Europe, una sociedad de la información para todos, presentada por la Comisión Europea en el Consejo Extraordinario de Lisboa, reunido los días 23 y 24 de marzo de 2000, así como del Plan
de acción e Europe 2002 aprobado por el Consejo Europeo de Santa María de Feira, reunido los días 19 y 20 de junio de 2000, que constituyen el referente de la iniciativa del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información, INFO XXI, la
sociedad de la información para todos, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de diciembre de 1999, y del Plan de acción INFO XXI 2001-2003. De hecho, uno de los grandes ejes sobre los que se asienta el Plan de acción INFO
XXI, que es el instrumento vertebrador y catalizador de los esfuerzos para desarrollar la sociedad de la información en España y que está dotado con 4.958,35 millones de euros o lo que es lo mismo en las antiguas pesetas 825.000 millones, es
precisamente el que pretende impulsar la implantación de la sociedad de la información dentro de la Administración y de los servicios públicos.
En definitiva, señorías, se puede apreciar un esfuerzo importante por parte del Gobierno para que la Administración General del Estado lleve a cabo las reformas necesarias para adaptarse a la nueva realidad digital imperante, al desarrollo
de la sociedad de la información en España y a los nuevos cauces de relacionar los organismos administrativos con los ciudadanos. Aun reconociendo todos los avances anteriormente expuestos, la autoexigencia de este Grupo Popular para consigo mismo
y para con el Gobierno que sustenta, hace que inste al mismo a seguir mejorando la accesibilidad y la calidad de la información y comunicación que presta la Administración general del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías
telemáticas. Tenemos que impulsar la puesta en marcha de otras acciones que van dirigidas a conseguir la disponibilidad de todos los formularios administrativos de la Administración general del Estado en Internet, a implantar una Intranet
administrativa que garantice unas comunicaciones seguras entre los organismos de la Administración y a desarrollar las herramientas básicas que permitan poner en marcha la tramitación de cualquier procedimiento administrativo en Internet, petición y
emisión de certificados y pago de tasas a través de la red.
Entre estas herramientas básicas deben destacarse además los servicios de seguridad, certificación de fecha y hora y firma electrónica, en definitiva, las certificaciones electrónicas de
la Administración general del Estado. Estas certificaciones electrónicas son objeto de una de las acciones emblemáticas del Plan de acción INFO XXI, el proyecto CERES coordinado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Real Casa de la Moneda,
que cuenta para ello con una inversión prevista de 27,21 millones de euros, o lo que es lo mismo en antiguas pesetas de 4.528 millones, y que pretende ofrecer seguridad, validez y eficacia en las comunicaciones de la Administración general del
Estado y sus organismos públicos con los ciudadanos a través de técnicas informáticas o telemáticas. Asimismo, el desarrollo del DNI electrónico tiene que ser otra
de las acciones emblemáticas del Gobierno al permitir la acreditación personal a través de la red, lo cual va a proporcionar un gran impulso a la generalización de la Administración electrónica en España.
Por último, también instamos al Gobierno a que impulse el desarrollo reglamentario de las notificaciones telemáticas, los registros administrativos electrónicos y el buzón del ciudadano, así como a que siga mejorando y enriqueciendo el
portal del ciudadano facilitando a los mismos que lleguen a todos los servicios en línea y en especial a los discapacitados.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pérez-Hickman.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y para defender la enmienda presentada por su grupo, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo muy brevemente porque quiero expresar que la proposición no de ley del Grupo Popular que ahora debatimos, sobre la mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración general
del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas, es una de esas iniciativas a las que prácticamente nadie se puede oponer, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque postula unos valores, una serie
de principios que prácticamente son comúnmente aceptados por todos, como mejorar la calidad del servicio público y la eficacia de la administración, aumentando la flexibilidad, aproximándola a los ciudadanos y permitiendo la incorporación de las
nuevas tecnologías, lo que ayudará a que sea más eficaz aún y más próxima a los ciudadanos; insisto, son principios a los que nadie puede negarse. En segundo lugar, porque aquello a lo que se insta al Gobierno está redactado en términos tan
amables, tan atractivos y al mismo tiempo tan genéricos, tan imprecisos, que votar no es como votar no a los deseos de paz y prosperidad en el mundo. Sin embargo, precisamente porque es de esas iniciativas a las que nadie prácticamente puede
oponerse, es también de las que le hacen a uno preguntarse si son realmente necesarias porque se limitan a algo así como a solemnizar lo que es obvio, se limitan a formalizar aquello con lo que prácticamente estamos de acuerdo, pero a un nivel
puramente principialista.
El propósito de la enmienda que presentamos es el de forzar el compromiso del Gobierno, fijándole fechas y contenidos concretos, es el de procurar que la proposición no de ley no quede reducida a un mandato, por decirlo así, ocioso o
innecesario que sólo incluye obviedades. De ahí que hayamos incluido una referencia temporal, clara, que es la del 31 de diciembre de 2003 y una serie de contenidos que pueden ser modulables, pueden ser alterales, que se pueden modificar algunos de
ellos, pero que son de imprescindible incorporación a un texto de estas características para que no quede todo en una proclama de buena intenciones.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Erkoreka.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley que con amplio sentido común nos ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Como bien ha dicho el portavoz del Grupo Vasco, que me ha precedido en el uso de la
palabra, nadie va a oponerse a lo que es una línea de sensatez, de acuerdo con una cultura general hoy día en la obtención de información. Por ejemplo, este parlamentario que habla, sondea infinidad de datos de la Administración vía Internet,
entrando por el portal web de la Administración general del Estado, y, una vez que el explorador me está señalando aquellos nichos donde puedo obtener la información, me basta exigirle a esa Administración pública que cuando ya tengo por vía
telemática y por vía de Internet acceso a una base de datos, ésta cumpla con unos requisitos y principios: en primer lugar, la información clara y transparente; en segundo lugar, una confidencialidad, por si se está recurriendo a presentación de
información en oposiciones, administraciones públicas, etcétera, y, tercero, muy importante, de donde viene la gran exigencia, que una vez que la Administración pública se compromete a una modernización, como ha hecho, por ejemplo, y lo estamos
viendo en el Pacto de Estado por la justicia, que el Ministerio de Justicia y toda la Administración judicial española necesita precisamente unos accesos vía Internet, no solamente entre el justiciable, entre el administrado, ciudadano, y la
Administración pública correspondiente, sino entre los distintos departamentos ministeriales o distintas administraciones públicas -estatales, autonómicas, municipales, institucionales, etcétera-, que existen en España, con la exigencia a todas
estas administraciones públicas de que tengan actualizada la base de datos, porque una base de datos obsoleta, anticuada en muchas gestiones administrativas, tiene que ser renovada no digo ya anualmente sino trimestral o mensualmente, ya que para
que esa información administrativa sea eficaz tiene que cumplir el requisito de la actualización inmediata.
Es necesario que la Administración pública tenga unos equipos de personas dedicados a actualizar los datos que desea obtener el ciudadano. Con todo ello iremos contribuyendo no sólo a la eficacia, claridad y
responsabilidad de la función, sino a una cultura del uso de estas consultas, teniendo en cuenta que, en 40 años, hemos pasado de dirigirnos a la Administración por escrito y aportando un papel timbrado con póliza de determinado valor, a
tener acceso vía Internet, con la inmediatez que esto conlleva en la obtención de las respuestas. Por esas razones de oportunidad y conveniencia, vamos a apoyar con nuestro voto esta línea de estímulo de la cultura de uso de Internet en el acceso a
la información.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, resulta sorprendente ver al Grupo Parlamentario Popular impulsando labores parlamentarias del Gobierno, cuando es bien evidente que el Partido Popular no necesita al Congreso de los Diputados para hacerle llegar al
Gobierno de la nación sus opiniones e ideas sobre este y otros temas. En segundo lugar, resulta también notable que el Grupo Parlamentario Popular le pida al Gobierno que él mismo sustenta, y cito textualmente: que mejore la accesibilidad y la
calidad de la información y comunicación que presta la Administración general del Estado a los ciudadanos mediante el uso de las nuevas tecnologías. Digo que este enunciado es notable porque contiene, por parte del Grupo Parlamentario Popular, el
reconocimiento de que el Gobierno no está haciendo bien las cosas en esta materia. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ya lo sabía, pero el reconocimiento del propio Grupo Parlamentario Popular es ciertamente revelador.
Entrando en el contenido de esta proposición no de ley, debo decirles que mi grupo no va a dejar de apoyar ninguna iniciativa que tenga por objeto el acercamiento de las administraciones públicas a los ciudadanos, ni siquiera en este caso,
en el que el Grupo Parlamentario Popular utiliza al Congreso de los Diputados para simular públicamente los deberes que no hace en privado. Ni siquiera en esta coyuntura mi grupo va a dejar de apoyar una proposición no de ley que trate de hacer más
reales y efectivos los mandatos de los artículos 20 y 105.b) de nuestra Constitución. Por lo tanto, vaya por delante el voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo
Parlamentario Popular.
En otro orden de cosas, y entrando ya en las nuevas tecnologías, son bien conocidas las críticas al dominio administracion.es, en el que el ciudadano puede encontrar de todo menos información en tiempo y forma. En otras ocasiones, los
miembros de la Comisión del Régimen de las Administraciones Públicas de este Congreso de los Diputados hemos hablado del famoso programa Info XXI en la parte de aplicación a las administraciones públicas, y todos sabemos que dicho plan contiene en
este asunto mucha más literatura que avances reales. Y no quiero olvidarme de otra iniciativa reciente para acercar a los ciudadanos a las administraciones públicas como son las cartas de servicios, que han caído en el más puro procedimentalismo
burocrático y no han supuesto mejora alguna en la proximidad entre los administrados y la Administración general del Estado. Ustedes me dirán que no todo va mal, y me pondrán como ejemplo el hecho de que miles de contribuyentes realicen su
declaración de la renta a través de Internet, así como el que las páginas de los ministerios reciben millones de visitas al año. Nosotros no les negamos dichas realidades, pero sí les queremos decir con claridad meridiana que la Administración
general del Estado camina con tremenda lentitud en el acercamiento a los ciudadanos y en el uso de las nuevas tecnologías, y que sus retrasos respecto a otras administraciones públicas, no sólo extranjeras sino también españolas y muy
significativas, las de nuestras comunidades autónomas y corporaciones locales, es bien notable.
Votaremos, como ya he anunciado, a favor de esta proposición no de ley, pero en este voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no debe verse complacencia con el Gobierno, sino decepción con el ritmo y rumbo de la
Administración general del Estado en esta materia; ritmo y rumbo que esperamos se pueda mejorar en los próximos meses, aunque no será a través de iniciativas meramente publicitarias y de cara a la galería, como esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Tiene la palabra el señor Jané, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar favorablemente esta proposición no de ley. Mi grupo querría que constara en el 'Diario de Sesiones' la oportunidad de esta proposición no de ley -que quizá adolece de
una cierta falta de concreción, por ello vemos positivamente la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)-, y que el esfuerzo que se realiza para que las nuevas tecnologías se incorporen plenamente a la Administración general del
Estado se dirija también de manera muy especial a las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Para ellos estas nuevas tecnologías son un instrumento que les permite acceder a la Administración pública, a sus formularios y a toda la
información con mayor comodidad. Deberemos hacer un esfuerzo que vaya
dirigido claramente a que en el diseño de esas páginas web se tengan en cuenta los requerimientos que tiene una persona discapacitada, concretamente las personas ciegas, para quienes la página web debe estar diseñada para acceder fácilmente
a ella. Por tanto, votaremos a favor de esta proposición no de ley, solicitando expresamente que al avanzar hacia esa mayor informatización de las administraciones públicas, se avance teniendo en cuenta a todos, muy especialmente al colectivo de
discapacitados.
Para dar cumplimiento a esta proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, deberemos formar a los empleados públicos para que sepan utilizar todas las tecnologías y puedan acceder a la información que se ofrece en las
páginas web, a todos los formularios y que la Administración pueda dirigirse a los ciudadanos a través de Internet.
Para que esto sea posible hay que realizar un esfuerzo de formación de los empleados públicos para que sepan utilizar estas
tecnologías y se adapten al futuro, un futuro en el que la administración telemática será una realidad.
Para terminar, señora presidenta, señorías, quisiera destacar que en mi comunidad autónoma, Cataluña, la Generalitat de Cataluña está haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a estas nuevas tecnologías con el proyecto Aministració Oberta de
Catalunya, que está permitiendo a los ciudadanos contestar, recibir información, tener comunicación diaria con la Administración pública cuando lo requiere a través de Internet. Este ha sido un gran avance y quiero destacar que ha habido una buena
colaboración entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Administraciones Públicas firmando un convenio al respecto. Por tanto, esta es la línea a seguir. A mi grupo parlamentario le hubiera gustado una proposición no de ley más concreta,
pero aun así, va a votar favorablemente porque coincidimos plenamente en los objetivos que hoy se nos marcan a través de la misma.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Mardones, usted y yo nos conocemos hace tiempo y no diría por ahí que yo soy una persona insensata. Con la insensatez, entre comillas, que me caracteriza, mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta proposición no de ley, por
una razón: porque no queremos que en el 'Diario de Sesiones' quede una sensación de cohorte o de comparsa de mi grupo parlamentario para dar su aprobación a algo que es tan obvio como se están encargando de repetir todos los portavoces
parlamentarios.
Cuando el Grupo Popular presentó esta proposición no de ley, la leí varias veces y me decía: no puede ser que el Grupo Parlamentario Popular le diga al Gobierno que en materia de comunicación con la sociedad lo haga mejor.
Es fantástico;
el Grupo Parlamentario Popular le pide a su Gobierno que haga las cosas bien. Incluso llegué a pensar que no se atreverían a traer esto a discusión al Pleno del Congreso de los Diputados; con la cantidad de cosas que pasan fuera, no pensé que
íbamos a estar discutiendo algo tan importante como que el Partido Popular le pide al Gobierno que haga las cosas bien en materia de comunicación. Yo conocía la probada capacidad del Grupo Parlamentario Popular para seguir al Gobierno, para hacer
el control de los miércoles a los gritos de viva el señor presidente y qué listo es el señor ministro, pero traer proposiciones no de ley como estas al Congreso de los Diputados me parece, como dicen los modernos, inconmensurable.
Fíjense, señorías, lo que pide el Partido Popular en la exposición de motivos y, además, quiere que le apoyemos, que le digamos que sí. Uno, que la Administración proporcione información de calidad. ¿Es que no la proporciona? Dos, que la
Administración interrelacione los datos que tiene. ¿Es que no lo hace? Tres, que la Administración actualice los datos que tiene en las páginas web. ¿Es que no los actualiza? Cuatro, que ponga Internet prácticamente en todos los organismos.
Cuando estamos hablando del portal único, ustedes vienen diciendo que cada uno haga la guerra por su cuenta. ¿A esto quiere el Partido Popular que votemos afirmativamente? Todo esto -usted lo sabe- no hay que pedirlo, hay que hacerlo. Desde
luego, traer esta proposición no de ley da poca altura intelectual y política.
Para ustedes, las nuevas tecnologías, el nuevo programa INFO XXI, la Administración electrónica, la Administración en línea, la información en tiempo real, la simplificación de procesos y trámites no han pasado de ser un slogan, una foto
publicitaria, una campaña de imagen o una inauguración con canapés. No han superado todavía la sociedad de las colas, del vuelva usted mañana, falta este documento o esta otra póliza, no es en esta ventanilla o es de otra Administración.
Para que no nos digan, como nos suelen decir, que el Partido Socialista es catastrofista, diré que, efectivamente, la Administración ha cambiado en estos últimos años, y más si la comparamos con los comienzos del año 1980, en que Internet
prácticamente no existía y el ADSL no se sabía si era una droga de diseño o una autopista de comunicación en líneas de alta velocidad. En definitiva, ha habido cambios importantísimos en todos estos años; sin embargo, esta proposición no de ley no
aborda temas importantes y centrales para la comunicación entre los ciudadanos y la Administración, como es que España sea el segundo país por la cola en acceso a Internet y a la sociedad del conocimiento, que haya millones de personas analfabetas
en las nuevas tecnologías o que el programa Info XXI, en
opinión de los expertos, sea un gran fiasco. No sé si han leído el periódico de hoy, que dice: Escaso interés por el concurso para llevar Internet a los pueblos, incluso se puede llegar a declarar desierto. ¿Qué pasa? ¿Es que aquí nos
estamos preocupando sólo de una parte y no del todo? Es que, señor portavoz del Partido Popular, hay que enfocar los temas con más interés. No me negará, como decía el señor Ruiz, que el portal único de las administraciones no ha sido un éxito,
sino más bien un fiasco y hasta el propio ministro Arenas reconoció el otro día en la Comisión de Administraciones Públicas que lo van a cambiar. Por cierto, aprovechemos que el 2003 es el año de las personas con discapacidad en la Unión Europea y
adaptemos realmente el portal único de la Administración, como le pedía el señor Jané, a las condiciones de los ciudadanos. Tampoco podrán negar que la Administración y la conexión interadministraciones va más lenta, como se suele decir, que el
caballo del malo. Es decir, que en materia de comunicación, trabajo, esfuerzo, dedicación, resultados, realmente ha habido poco.
Señores del Partido Popular, para impulsar los objetivos de la cumbre de Lisboa, como decía el proyecto e-Europe o e-Administration, hay que creérselo de verdad, hay que pensar en serio que la sociedad del conocimiento y las nuevas
tecnologías, además de facilitar trámites y simplificar la vida, debe servir para transformar la sociedad, para favorecer la información, la participación y la democracia.
Hay que empezar desde abajo, no con proposiciones no de ley como ésta. Por ejemplo, como ha hecho el ayuntamiento granadino de Jun, propiciando un nuevo derecho ciudadano, el de acceso y manejo de las tecnologías de la información y el
conocimiento, y el acceso a Internet. Por cierto, este Congreso aprobó una proposición no de ley y otra de ley pidiendo una regulación del derecho básico, que todavía duerme el sueño de los justos gracias a la mayoría parlamentaria que sustenta el
Gobierno. Toda esta cuestión de la democracia participativa, el acceso a Internet y a las nuevas tecnologías hay que participarla y propiciarla desde abajo, pero para ello, señores del Partido Popular, en vez de fotos, telediarios e inauguraciones,
como hace su Gobierno, tienen que formar a los ciudadanos, facilitar el conocimiento de las nuevas tecnologías invirtiendo y democratizando el saber y el poder. Ese es el reto real de nuestra sociedad, que su proposición no plantea ni de lejos y
por eso no la vamos a apoyar.
Hoy no hay que hablar sólo de instrumentos, sino de derechos; hoy -parafraseando a García Lorca, dado que me refería al granadino municipio de Jun-, si García Lorca volviera a donar su biblioteca al pueblo de Fuentevaqueros, diría que si
tuviera hambre no pediría un pan sino medio pan, un libro y el derecho a la sociedad del conocimiento, y añadiría: que ustedes no garantizan con proposiciones como esta que nos piden que aprobemos -desde luego no lo vamos a hacer- simplemente para
satisfacer un desahogo del partido que sustenta al Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor Pérez-Hickman, a los únicos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señora presidenta, dado que lo que pretendemos con esta proposición es concentrar y seguir mejorando la información de todas las administraciones públicas para un mayor y más fácil acceso, no aceptaremos la
proposición presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de la accesibilidad y de la calidad de la información y comunicación que presta la Administración general del Estado a los ciudadanos
mediante el uso de las nuevas tecnologías telemáticas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 172; en contra, 103; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA INTEGRIDAD DEL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y CONTRA LOS ACUERDOS QUE PUEDAN SUPONER LA IMPUNIDAD POR CRÍMENES DE GENOCIDIO, DE LESA HUMANIDAD O DE GUERRA.
(Número de expediente
162/000568.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, RELATIVA A LAS INMUNIDADES FRENTE A LA ACCIÓN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. (Número de expediente 162/000569.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa
humanidad o de guerra, que se debatirá conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional.
Tiene la palabra el señor López Garrido. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños para poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a defender una proposición no de ley sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra acuerdos con otros Estados que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de
lesa humanidad o de guerra. A esta proposición no de ley hemos presentado una autoenmienda para actualizarla, a la luz de los últimos acontecimientos producidos en la Unión Europea, y se han presentado dos enmiendas de Convergència i Unió y del
Grupo Popular; aceptaremos parcialmente la de Convergència i Unió.
Esta es una cuestión fundamental no sólo por la materia que trata...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor López Garrido, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor LÓPEZ GARRIDO: ...sino también por la coyuntura en la que estamos. Yo tengo en mis manos el periódico Herald Tribune del martes pasado, en el que se anuncia que la embajadora Marisa Lino va a desplazarse a Londres, París, Madrid y
Roma. Marisa Lino es una funcionaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América que se va a desplazar a Europa para lograr que los países europeos -y cita en este caso España, Italia, Francia y el Reino Unido- suscriban acuerdos
por los cuales los soldados o el personal norteamericano que pudiese ser acusado de crímenes contra la humanidad sería impune, en la medida en que no podría ser juzgado por la Corte Penal Internacional ni por el Estado en cuestión que lo detuviese,
por ejemplo España.
Según las últimas informaciones, parece ser que este mismo viernes la señora Lino se va a entrevistar con el Gobierno español para lograr un acuerdo bilateral España-Estados Unidos de impunidad por crímenes contra la humanidad de personal,
de ciudadanos norteamericanos. Por tanto, es una cuestión absolutamente central y por una vez el Parlamento acierta a la hora de debatir una cuestión, que va a tener una resolución -ya veremos cuál- esta misma semana, porque esta misma semana se
van a producir esas conversaciones.
Es sabido que desde que se crea la Corte Penal Internacional -que es un avance importantísimo para la humanidad en la lucha contra los peores crímenes que se conocen y para lograr, por tanto, que sean juzgados en última instancia por una
corte internacional-, desde el momento en que se llega a firmar este estatuto, los Estados Unidos desencadenan una batalla no solamente para no ratificar, sino para que no se aplique nunca ese estatuto. Presionan a diversos países para que no
ratifiquen ese acuerdo, o en su caso para que lo desactiven, estableciendo acuerdos bilaterales con Estados Unidos.
El senador Helms señalaba claramente en una de sus declaraciones cuál es la opinión de la Administración republicana actual al respecto. Una vez que se aprobó el Estatuto de la Corte Penal, dijo: La Corte Penal Internacional es una amenaza
para los intereses de los Estados Unidos. No podemos tratarlo con benigna negligencia. Recordaba: No diré que hemos creado un monstruo, pero la criatura tiene algunos defectos. Concluía diciendo el senador Helms, conocido por su connivencia en
el caso Helms-Burton por la presidencia del Comité de Asuntos Exteriores en los Estados Unidos: La Corte Penal Internacional es de hecho un monstruo y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos. La
posición de la Administración republicana es muy clara y, a pesar de que el presidente Clinton firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional antes de finalizar su mandato, el presidente Bush lo desfirmó, si es que cabe la expresión,
inmediatamente de llegar al poder.
A partir de ahí se ha hecho una campaña que ha llevado a que 13 países hayan firmado, aunque ningún Parlamento lo haya hecho, acuerdos de impunidad en relación con soldados o ciudadanos norteamericanos que
pudieran estar acusados de crímenes contra la humanidad.
El asunto se traslada a Europa, sobre la que se ejercen las presiones, que es la que ha liderado hasta este momento la batalla por la consolidación del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En Europa la reacción ha sido muy buena. El
25 de septiembre pasado, la Asamblea Permanente del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea adoptan una posición contraria a que ningún país de la Unión Europea firme con Estados Unidos -que es la cuestión planteada en estos
momentos- acuerdos bilaterales de impunidad para soldados o personal que pudieran estar acusados de cometer crímenes contra la humanidad. Sin embargo, esto se lleva al Consejo de Ministros, donde se decide de diferente forma, se adopta una
resolución llena de vaguedades y de ambigüedades, que no obliga a firmar estos acuerdos, es verdad, pero que permitiría acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre la base de determinadas condiciones bastante abstractas y difíciles de interpretar.
A nuestro juicio, lamentando eso que se ha producido en el seno del Consejo de Ministros, no así en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea y en la Asamblea del Consejo de Europa, lamentando que pueda interpretarse como que pudiera dar
lugar a acuerdos de impunidad, es imposible que esos acuerdos se cumplan, ni siquiera que se firmen, porque la base jurídica
es absolutamente endeble. El artículo 98.2 del Estatuto, sobre el que se quiere basar esa posibilidad, nada tiene que ver con eso hoy, aparte de que ningún artículo del Estatuto de la Corte podría interpretarse como que boicotea a la propia
Corte, porque los Estados Unidos en realidad no podrían perseguir esos delitos, ya que no los tienen previstos en su legislación interna, si es que se envía a esas personas allí para que sean juzgadas. Además, en nuestro caso tenemos una
legislación -la Constitución española, la Ley Orgánica del Poder Judicial- que obliga a perseguir los delitos contra la humanidad. Nosotros tenemos en nuestro país, y se vio en el caso Pinochet, una jurisdicción universal, lo mismo que la Corte
Penal Internacional. Por tanto, si España firmara estos acuerdos, no solamente se cargaría los estatutos de la Corte Penal Internacional, sino también la Ley Orgánica del Poder Judicial y la propia Constitución y tendría que poner en marcha toda
una serie de revisiones de los acuerdos de extradición firmados por España.
En definitiva, estamos ante una cuestión espectacularmente injusta. Si España llegase a firmar un acuerdo bilateral con Estados Unidos del que se dedujera la impunidad para personas acusadas de delitos contra la humanidad que pudieran estar
en España, que pasasen por España o que estuvieran bajo nuestra jurisdicción -soldados norteamericanos o ciudadanos norteamericanos, como es la pretensión de los Estados Unidos-, estaríamos ante una situación de privilegio de estas personas que
estaría por encima de la que tienen ahora mismo el rey de España, el Gobierno o los diputados de este Parlamento, que no tienen un estatuto de impunidad.
Es decir, el rey de España, el jefe del Estado, no sería impune ante la Corte Penal
Internacional si cometiera delitos contra la humanidad. Es decir, que si España llegase a firmar este acuerdo, un ciudadano norteamericano tendría un estatuto privilegiado muy superior al del jefe del Estado español, al del Gobierno o al de
cualquier autoridad de este país.
Esto sería algo simbólicamente inaceptable, desde luego iría en contra del principio del imperio de la ley y de la igualdad ante la ley, porque el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece un principio de igualdad ante la ley,
porque la norma del derecho internacional es una norma ante la cual todos son iguales, no hay Estados que sean más iguales que otros, como en aquella conocida novela. Desde luego, iría contra algo que se ha cansado de repetir, una y otra vez, la
ministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio en todos los organismos internacionales en los que ha pronunciado discursos, por ejemplo, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha dicho que estamos ante el reto de la primacía del derecho,
que es la hora del derecho, que es la hora del derecho internacional, etcétera. Si se llegase a firmar este acuerdo con Estados Unidos, está claro que esto sería papel mojado. Por eso, nosotros consideramos que la Unión Europea y España, como
parte de la Unión Europea, deben seguir liderando la defensa del Estatuto de la Corte Penal Internacional y que, junto con Naciones Unidas y con las organizaciones no gubernamentales, no deben dejar de liderar que esta Corte Penal Internacional se
aplique realmente, se realice y se ponga en práctica, porque un acuerdo bilateral de este tipo sería un golpe tremendo para la credibilidad de esta Corte Penal Internacional.
En nuestra proposición no de ley señalamos que España y la Unión Europea deben seguir liderando la defensa de esa Corte Penal Internacional y que España no debe firmar esos acuerdos. Es algo distinto de lo que plantea la enmienda del
Partido Popular, que admite la posibilidad de la firma de esos acuerdos con Estados Unidos. Nosotros consideramos que la decisión de la Unión Europea no obliga, aunque es verdad que permitiría entrar en una negociación a ese respecto. Por todas
las razones de tipo legal, político y moral que hemos señalado, España no debe entrar en esa dinámica. Además, España debe trabajar con los restantes Estados de la Unión Europea para que otros Estados tampoco entren en esa dinámica, porque eso
sería cortar de raíz la hierba bajo los pies de la Corte Penal Internacional, prácticamente antes de que nazca. Por eso es especialmente importante que este Parlamento se pronuncie en el mismo sentido en que se ha pronunciado la Asamblea del
Consejo de Europa, en el mismo sentido en que se ha pronunciado el Parlamento Europeo y en el mismo sentido en que se ha pronunciado la Comisión Europea, haciendo un alegato -como se hizo aquí en esta Cámara hace algún tiempo cuando se aprobó y se
ratificó solemnemente el Estatuto de la Corte Penal Internacional- contra la impunidad en cuanto a los peores y más pavorosos crímenes que conoce la humanidad.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de su iniciativa tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, difícilmente podremos encontrar un tema en el que la doble vara de medir que rige la relaciones internacionales sea tan contundente como la negativa de los Estados Unidos a vincularse
con el Tribunal Penal Internacional.
Señorías, estamos ante un asunto donde la sumisión a la gran potencia se muestra con toda su crudeza, donde no solamente se pierde la lógica, donde no solamente se pierde la razón, sino también se pierde la
legitimidad para seguir utilizando en las relaciones internacionales términos como justicia internacional y como Estado de derecho.
No podemos olvidar que se ha proclamado con toda solemnidad que el Tribunal Penal Internacional nace de
la terrible experiencia que se vivió en Europa y en el mundo en el siglo XX, con violaciones masivas de los derechos humanos con genocidios organizados. Así, se dice con toda rotundidad que es la comunidad internacional la que empieza a
responder a estos crímenes, eso sí, desde una serie de principios penales, como son que en primera instancia siempre sea el derecho interno de cada país el que prime, y sólo cuando estos crímenes se cometan fuera del país o cuando no sean juzgados
en el mismo puedan ser juzgados por una acusación externa, por un tribunal internacional. Señorías, el tribunal ofrece las máximas garantías, dentro de un marco de derecho, a todos los países, y por supuesto a Estados Unidos. ¿Cuáles son,
entonces, los motivos que se tienen para atacar este tribunal? ¿Cuáles son los motivos que se tienen para querer desvincularse de este tribunal? No son, ni más ni menos, que intentar que se reconozca la supremacía de los Estados Unidos en el nuevo
orden internacional.
Ya se han citado aquí argumentaciones del famoso político republicano norteamericano Helms, cuando venía a decir que había que acabar con ese monstruo, que no sólo había que votar contra el Tribunal Penal Internacional sino que había que
acabar con él. La realidad es que para Estados Unidos no solamente es negativo que exista este tribunal, es negativo el ejemplo mismo de su existencia. Se trata de acabar con el tribunal para que no sea referente de unas relaciones internacionales
diferentes, para que se pueda decidir, como se hace en este momento, desde un despacho de Estados Unidos a quién se juzga y a quién no, quién es criminal de guerra y quién es luchador por la libertad, solamente en función de sus relaciones con
Estados Unidos. Ese es el riesgo, señorías, que alguna instancia pueda juzgar una actuación de los Estados Unidos, porque en ese momento se habría acabado el poder imperial, el poder de decidir sobre las relaciones internacionales; en ese momento
existiría un referente, una entidad, que podría juzgar de un modo equitativo a todos los ciudadanos del planeta, y eso es precisamente lo que Estados Unidos trata de evitar, trata de evitar que cualquier jurisdicción internacional pueda juzgar no ya
a un soldado de Estados Unidos, sino la misma actuación de Estados Unidos. Hay gobiernos que prefieren llamar efectos colaterales a lo que claramente son actuaciones que deben ser llevadas ante el Tribunal Penal Internacional, ocurra en Israel o
donde sea.
Lo que en Estados Unidos se plantea es el rechazo frontal al principio básico, al concepto filosófico central de este tribunal, trata de plantear, ni más ni menos, que se renuncie voluntariamente a una parte de la soberanía de cada país
aceptando una instancia supranacional que pueda juzgar a aquellos ciudadanos presuntos autores de graves delitos contra la humanidad. Se hace después de haber defendido este principio cínicamente en otros ámbitos del planeta, se hace cínicamente
después de haber intentado abanderar la lucha por la democracia, por la libertad. Al final, de lo único que se trata es de manifestar en estos momentos que existe una potencia imperial a la que los demás países deben supeditarse; en definitiva, se
trata de utilizar una descarada prepotencia, un flagrante desprecio al resto de la humanidad, para rechazar ese concepto de justicia global, de justicia extraterritorial.
Esto no nos sorprende a quienes miramos retrospectivamente la trayectoria de Estados Unidos en sus relaciones internacionales. Lo que realmente nos tiene que indignar es que nuestro país, nuestro Gobierno, se pueda convertir en cómplice
necesario de este golpe de gracia al Tribunal Penal Internacional. No nos engañemos, si con estas actuaciones se consigue limitar la capacidad del Tribunal Penal Internacional, habremos empezado a cavar su propia tumba antes incluso de ponerse en
marcha de una forma efectiva. Resultaría muy triste, indignante, que nuestro Gobierno admitiera que los Estados Unidos no están sujetos a ninguna ley o jurisdicción que no sea la que ellos mismos decidan en cada momento. Esto sería, repito, dañar
irremisiblemente las posibilidades del Tribunal Penal Internacional.
Señorías, paradoja de las paradojas o, mejor dicho, cinismo de los cinismos, quienes son defensores de la globalización, quienes hablan en nombre de la globalización, de la necesidad de que los países cedan soberanía, luego admiten que la
máxima potencia imperial afirme su propia soberanía, incluso fuera de sus fronteras, de una forma que, aunque no le guste a la señora ministra de Asuntos Exteriores, es claramente imperialista, evitando que ninguna entidad pueda estar por encima de
la soberanía de los propios Estados Unidos, incluso fuera de sus fronteras.
Repito, esto es lo que nos indigna, esto es lo que nos hace plantar cara; nos indigna que nuestro Gobierno se limite a decir amén, se limite a aceptar algo que en realidad
nos viene a convertir en súbditos de ese imperio. Que alguien nos explique cómo se puede admitir que un soldado de Estados Unidos pueda tener inmunidad o pueda tener más derechos que ningún otro ciudadano de este país; que nuestro Gobierno nos
diga de una vez cuándo se va a empezar a poner coto, cuando se va a empezar a frenar a un país que no es la primera vez que rompe las reglas internacionales.
No es la primera vez que los Estados Unidos se sitúan por encima de la comunidad internacional. Ya han actuado contra el Tratado de Kioto y a favor de la emisión nociva de gases, ya han actuado contra el protocolo sobre armas biológicas, ya
han actuado contra el tratado de prohibición de experimentos nucleares, ya han actuado contra el tratado de eliminación de minas antipersonas o en pro de la protección petrolera en zonas ecológicas de Alaska. Dígannos si esto no es sumisión,
dígannos si esto no es pérdida de soberanía nacional. La soberanía nacional, señorías, no se defiende envolviéndose en kilométricas banderas, se defiende reafirmando que España es un país que no se somete a ninguna
potencia imperial. Esa es la mejor forma de defender la soberanía de nuestro país, esa es la mejor forma de defender la independencia de nuestro país.
La realidad es que el nuevo sistema de justicia internacional que surge a raíz de la creación de la Corte Penal Internacional se encuentra en grave peligro. Estados Unidos está tratando de asegurar que sus ciudadanos queden exentos de la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional en relación con el genocidio, con los crímenes contra la humanidad y con los crímenes de guerra y, lo que es peor, tratan de hacerlo con la aquiescencia y la sumisión de nuestro Gobierno. Es una realidad
que los acuerdos que Estados Unidos quiere que se firmen son ilegales según el derecho internacional y, sobre todo, amenazan gravemente con socavar los esfuerzos internacionales para conseguir acabar de una vez por todas con las posibilidades de que
se planifiquen crímenes contra la humanidad, de que se planifiquen genocidios, y de conseguir que de una vez por todas se pueda perseguir el genocidio allí donde se cometa.
Por todo esto, Izquierda Unida ha presentado una proposición no de ley, para que quede muy clara la postura de nuestro Gobierno y para que quede muy clara la postura de nuestro Parlamento. Proponemos que el Congreso de los Diputados se
reafirme en su apuesta por el principio de jurisdicción y justicia universal, no solamente por su valor intrínseco moral, en tanto que expresión de la dignidad humana, sino también por sus potencialidades prácticas en la misión de llevar a la
práctica los principios y valores de la Carta de Naciones Unidas y de los tratados de la Unión Europea. Todo lo demás sería volver a contemplar impasibles cómo se cometen crímenes contra la humanidad y se juzgan o no en función de los intereses de
Estados Unidos, porque parece que no es lo mismo un crimen cometido en Israel que un crimen cometido en la antigua Yugoslavia; parece que no es lo mismo un crimen cometido por un aliado de Estados Unidos que un crimen cometido por un enemigo de
Estados Unidos.
También planteamos que este Congreso de los Diputados inste al Gobierno a defender en el seno de la Unión Europea, en la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma y en todos los organismos internacionales a los que España pueda
pertenecer, en consonancia con el principio de justicia y jurisdicción universal, la necesidad de no permitir y de abolir cualquier tipo de inmunidad frente a la acción de la Corte Penal Internacional, partiendo de la base de que nadie puede gozar
de impunidad para el genocidio, para los crímenes contra la humanidad o para los crímenes de guerra. ¿Qué gobierno puede defender que esto ocurra y después seguir diciendo que manda a su ejército a defender la libertad y a extender la democracia
por el mundo? Realmente, no cabe mayor cinismo.
También creemos necesario reafirmar la obligación de nuestro Gobierno de defender en la Unión Europea y en la Asamblea de Estados parte del Estatuto de Roma la necesidad de que de cara al futuro se pueda procesar a todas las personas
acusadas de genocidio o de crímenes contra la humanidad, tal como están tipificados esos delitos en el Estatuto de Roma, en sus propios tribunales nacionales y de forma plenamente consecuente con el derecho internacional.
Por último, nuestra iniciativa también propone instar a que no se firme ningún tipo de acuerdo con Estados que obtengan de forma bilateral o multilateral inmunidad frente a la Corte Penal Internacional, ya que esto sería reconocer esa
sumisión, reconocer que hay ciudadanos de primera y de segunda en cualquier país.
Este es nuestro planteamiento, desde esa óptica de pretender creernos lo que decimos, de intentar ser consecuentes con lo que este país ha firmado. Si este país firma unos tratados o unos acuerdos y ahora buscamos trampas para exceptuar a
uno de los países que más involucrado puede estar en acciones de guerra, lo que habremos hecho no es -permítame que lo repita- sino un gesto de cinismo político. Desde esta perspectiva, podemos aceptar la enmienda que nos plantea Convergència i
Unió como sustitución del punto cuarto de nuestra propuesta porque, efectivamente, la puede complementar y ampliar. También desde esta óptica, no podemos aceptar la enmienda que nos plantea el Partido Popular, porque no sería sino asumir el papel
de súbditos en el que ustedes quieren convertir a los españoles frente al imperio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, esta Cámara es testigo de los esfuerzos de cara a poner en marcha, a suscribir, a ratificar y a poner en funcionamiento el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998. Repito que esta Cámara es, sin
lugar a dudas, testigo de lo que ha sido el protagonismo, en primer lugar, de la Unión Europea que, como se recordaba aquí, también ha padecido en sus carnes, no sólo en la primera sino también en la segunda mitad del siglo XX, los crímenes de
guerra y los crímenes contra la humanidad, tanto los protagonizados por el régimen nazi como, posteriormente, los que hemos podido ver en el territorio de la antigua Yugoslavia. También ha sido testigo del protagonismo del Reino de España, el
primero en suscribir y ratificar el Estatuto de Roma, así como del protagonismo de mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, de cara a impulsar este proceso, conjuntamente con otros grupos, y debo citar
a quien debiera ocupar en estos momentos la tribuna, mi compañero el señor Guardans.
Sin embargo, desde el momento en que se suscribe o se ratifica el tratado y está en condiciones de ponerse en marcha, nos vemos alertados por la existencia de actuaciones de terceros Estados que pretenden, a través de acuerdos de naturaleza
bilateral, en unos casos, de naturaleza multilateral, en otros, degradar dos principios fundamentales de este estatuto, el principio de integridad de la competencia de la Corte Penal Internacional y el principio de no impunidad. No hay que ir muy
lejos para establecer la constatación de este tipo de procedimientos.
Ciertamente, el artículo 98 del Estatuto dejaba a salvo el cumplimiento de obligaciones que pudieran haberse adquirido con anterioridad, fundamentalmente derivadas de convenios
de protección de fuerzas, los denominados SOFA, Statutes of Forces Agreements, que hay que señalar que en modo alguno establecían una situación de impunidad para las personas afectadas por este Estatuto, y obviamente, en la medida en que no
establecían o no garantizaban esta impunidad, se referían no a los delitos de competencia del Tribunal Penal Internacional sino a delitos recogidos en el derecho común penal de los Estados que lo suscribían.
Repito que ha sido este artículo 98 el
que después se ha podido detectar que ha servido de fundamento para intentar, de un lado, afectar a la integridad de la competencia del Tribunal y, de otro, garantizar la impunidad de determinadas personas.
Aquí se han citado algunos elementos de esa constatación; baste señalar, por un lado, el Consejo de Ministros de la Unión, de 30 de septiembre de este mismo año, en el que se constata la incompatibilidad con lo dispuesto no sólo en el
Convenio del Tribunal Penal Internacional y el Estatuto de Roma, sino, incluso, con otras normas de derecho internacional, fundamentalmente el Convenio de Viena de 1961, sobre derecho de los tratados. Repito, se constata la incompatibilidad con
estas disposiciones, tanto las del Estatuto de Roma como las del Convenio de Viena, de determinados convenios o tratados, de carácter bilateral en unos casos, multilateral en otros, tal y como en estos momentos se encuentran redactados. De la misma
manera, el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea del 30 de septiembre, dentro de estos principios generales, estableció la necesidad de garantizar esa no impunidad mediante, se dice, aquellas provisiones operativas necesarias
para asegurar que las personas que hayan cometido crímenes que caen dentro de la jurisdicción de la Corte no puedan disfrutar de impunidad; estableció además que estas provisiones deben asegurar una investigación apropiada y, cuando haya suficiente
evidencia, dice, la persecución por las jurisdicciones nacionales de las personas incluidas en el convenio.
Esta constatación no sólo la efectúa el Consejo de Ministros de la Unión Europea de 30 de septiembre, sino que unos días antes, el 25 de septiembre de este mismo año, la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, incluso con el voto a
favor del Partido Popular Europeo (no tenía por qué votar en contra, no quiero establecer ninguna susceptibilidad, mi partido pertenece a ese partido), establece también la preocupación que tiene por los esfuerzos de algunos Estados de minar, de
degradar, la integridad del Estatuto de Roma a través de determinados acuerdos bilaterales, buscando la exención de funcionarios, de personal militar o de nacionales respecto de la jurisdicción de la Corte. La Asamblea parlamentario del Consejo de
Europa entendió también que estos acuerdos de excepción, exception agreements, no son admisibles tanto desde el punto de vista del derecho internacional, como señalaba anteriormente, como del propio Estatuto de Roma. Lo mismo hay que señalar
respecto del Parlamento Europeo, a través de su resolución de 26 de septiembre de 2002.
El planteamiento de mi grupo parlamentario, que es el que le lleva a defender la siguiente enmienda, es garantizar, por un lado, la integridad del Estatuto de la Corte y, por otro, el principio de no impunidad, atendiendo no sólo a aspectos
jurídicos sino a aspectos de hecho. Lo cierto es que el principio de no impunidad sólo puede garantizarse cuando incluso en el propio derecho interno de los diferentes Estados se encuentran tipificados como delitos los que también están tipificados
en el Estatuto de la Corte Penal o en nuestro propio Código Penal. Sólo cabe hablar de un principio de no impunidad cuando en el derecho interno de los Estados, y muy concretamente de los Estados que plantean o solicitan acuerdos bilaterales, se
encuentran tipificados estos delitos de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y de genocidio.
El planteamiento de Convergència i Unió, sobre la base de lo que les he venido exponiendo, es instar al Gobierno, confirmando su compromiso con el principio de justicia universal materializado en la creación de la Corte Penal Internacional,
en primer lugar, a abstenerse de cualquier acto que de forma directa o indirecta pueda comprometer la integridad del Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional y, en segundo lugar, a no firmar con otros Estados acuerdos de ningún
tipo por los que pueda resultar comprometida o limitada de alguna manera la cooperación del Reino de España en la investigación y persecución de crímenes incluidos en el ámbito de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Por todo ello, solicito de los grupos parlamentarios proponentes la aceptación de la enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para defender la enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, he subido a esta tribuna para defender la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado a las dos iniciativas que aquí se están tratando en relación con la integridad del Estatuto de la Corte Penal
Internacional y, lógicamente, para fijar nuestra posición respecto al debate.
No es necesario, señorías, insistir en la importancia que no sólo esta Cámara, sino España en su conjunto y, por tanto, este grupo parlamentario, ha dado a lo que ha significado la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal
Internacional. No hace falta, señorías, que incida en la percepción que desde Europa, y por lo tanto también desde España, hemos tenido de la necesidad de contar con un instrumento como la Corte Penal Internacional. En este sentido, el que el
pasado 1 de julio haya entrado en vigor el Estatuto de Roma del año 1998 es una buena noticia y, como señala la iniciativa del Grupo Socialista, nos lleva a pensar que la creación y la puesta en marcha de esta Corte constituye un hito esencial para
promover el respeto universal de los derechos humanos, también del derecho humanitario, y evitar que los más graves crímenes, como los que se señalan en la Ley orgánica mediante la que ratificamos ese Estatuto en España, los de genocidio, de lesa
humanidad y de guerra, queden impunes. Ese es el objetivo central que a todos nos movía de ese instrumento que entre todos nos hemos dotado. En España y en Europa hemos sido muy sensibles precisamente por lo que se acaba de decir en anteriores
intervenciones, porque en el siglo pasado, no sólo en la primera mitad sino en la segunda, se han sufrido acontecimientos que han ocurrido en otros lugares del mundo de lo que se llaman delitos contra la humanidad, de lesa humanidad, de genocidio o
delitos de guerra que requerían un instrumento jurídico como el que nos hemos dotado.
Señora presidenta, el debate que hoy aquí se suscita viene marcado por unas iniciativas que han presentado el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Ambas iniciativas, al margen de las
valoraciones que haré, parten de dos condiciones distintas.
Hemos oído un discurso que con mis mayores respetos calificaría de antiguo y lleno de prejuicios antiamericanos por parte de Izquierda Unida, no sé si pretendiendo recordar otros momentos
imperiales en el mundo. Sinceramente, me resulta absolutamente escandaloso aunque siempre lo mantengan. Allá ustedes con su insistencia en un discurso que les lleva por un camino sin futuro. Y en el otro discurso planteado mejor de forma y mucho
más inteligente aparece un antiamericanismo de nuevo cuño, sin duda muy solapado, que no sé si responde a una falta de deriva o una deriva en una determinada estrategia del grupo parlamentario pero que, en cualquier caso, me ha dejado un poco
perdido por cuanto hasta ahora pensaba que el Grupo Parlamentario Socialista tenía perfectamente clara su posición en el ámbito de la necesidad de reforzar una política europea exterior común. Sin duda, en el asunto al que nos enfrentamos estamos
dando pasos y atisbando decisiones que anticipan posiciones futuras que su grupo ha sido pionero en plantear y por eso, sinceramente, no termino de encajarlas. En cualquier caso, señora presidenta, ambas iniciativas parten de una interpretación
entendemos que errónea de la política de la Unión Europea y de España dentro de ella en relación con la Corte Penal Internacional, y más concretamente de la actitud de la Unión Europea frente a los intentos de Estados Unidos de obtener una exención
para sus nacionales respecto de la jurisdicción de la Corte.
Frente a esa visión sumamente crítica, con matices en cada una de sus intervenciones, exigente y desconocedora en gran parte de la realidad, hay que recordar que la Corte Penal Internacional es un proyecto, como aquí se ha dicho, impulsado
por los europeos y en el que estamos profundamente comprometidos. La Unión Europea es, dentro de la comunidad internacional, la principal valedora e impulsora de la Corte Penal Internacional como lo demuestra, como SS.SS. saben, que los quince
Estados miembros hayan ratificado el Estatuto de Roma, que la Unión Europea haya adoptado una posición común en junio de 2001, reforzada un año más tarde bajo la presidencia española, que haya aprobado también bajo presidencia española un plan de
acción en el 2002 en apoyo de la Corte Penal Internacional y en el hecho de que los Quince colectivamente asumimos entre el 75 y el 80 por ciento del presupuesto inicial de la nueva institución. Por tanto, Europa no sólo ha sido un testigo de lo
acontecido en el siglo pasado, como ha dicho muy bien el señor Silva, sino que es principal valedora e impulsora de la Corte. Lo que ha hecho la Unión Europea en el Consejo de Asuntos Generales del 30 de septiembre -al que se ha hecho referencia en
algunas intervenciones-, cuando se han reunido todos los ministros de Asuntos Exteriores, es adoptar una respuesta común de forma unánime adoptando unos principios, unas guías o unas líneas de orientación frente a las pretensiones de Estados Unidos
que había trasmitido sus inquietudes y planteamientos de manera separada a cada uno de los Estados. Frente a esto se da una posición común del conjunto de los países de la Unión Europea, como había sido demandado por el propio alto representante de
la PESC, señor Solana, que unos días antes tenía la esperanza y el deseo de que se pudiera encajar una posición común entre todos los países y en lo que España también ha trabajado. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que este acuerdo
de 30 de septiembre es un buen ejemplo de lo que puede ser la política exterior de seguridad en el ámbito europeo para el futuro, puesto que no teniendo una base legal o jurídica para actuar unitariamente en el ámbito de la Unión Europea lo que se
ha hecho aquí es adelantarse a esa base legal, a esa reforma de
los tratados y tener una actuación coordinada entre todos los países europeos, como se ha hecho desde el principio en todo lo que se refiere a la Corte Penal Internacional. Y la respuesta conjunta de todos los ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea es precisamente la de resaltar el compromiso con el proyecto que representa la Corte Penal Internacional y con la integridad de los principios que la inspiran, como claramente se puede ver en los acuerdos del 30 de
septiembre. Baste leer el primer acuerdo en el que el Consejo confirma que la Unión Europea está firmemente comprometida, según se expresa en su exposición común, a respaldar el pronto restablecimiento y el funcionamiento efectivo de la Corte Penal
Internacional y a velar por que se respete en su integridad el Estatuto de Roma, y posteriormente se hacen muchas más afirmaciones que se refieren a los principios inspiradores de la Corte. Por tanto, con la decisión del pasado 30 de septiembre se
ha visto reforzada la cohesión de los Quince en defensa de la integridad del Estatuto de Roma y del proyecto histórico que representa la Corte Penal Internacional. Por consiguiente, señorías, ¿dónde está el ataque a la integridad del estatuto?
¿Dónde están las dudas jurídicas que aquí se han planteado respecto a la aplicación del artículo 98 del Estatuto de Roma? La opinión jurídica de los quince Estados miembros de la Unión Europea es que en el marco del Estatuto de Roma, y
concretamente en lo que establece el artículo 98.2, los Estados están dispuestos -y entienden que es compatible con los principios de la Corte Penal Internacional- a considerar determinadas inquietudes, preocupaciones o peticiones de los Estados
Unidos planteando que se garanticen los principios básicos que inspiran a la Corte Penal Internacional, que son básicamente la exigencia de no impunidad y de no reciprocidad. Con esto los gobiernos europeos, y entre ellos el Gobierno de España, han
dejado bien claro que las propuestas presentadas por los Estados Unidos a cada uno de nuestros países en relación con la Corte Penal Internacional no son aceptables, siendo preciso al contrario partir del marco jurídico que en la actualidad existe
en los acuerdos bilaterales entre los Estados Unidos y los distintos Estados de la Unión Europea en materia de estatutos de Fuerzas Armadas o de cooperación jurídico internacional, incluyendo la extradición.
Señorías, este es el marco en el que debemos situarnos y por eso la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado es coherente con la integridad del Estatuto de Roma que hemos defendido, hemos votado y seguimos respaldando, pero
también es coherente con una política exterior europea responsable de nuestro papel y el papel de Europa en el mundo. Por eso, sin posibilidades de mucho éxito, instaría a los grupos autores de la iniciativa a que aceptaran nuestra enmienda porque
lo que planteamos es que el Congreso inste al Gobierno a seguir fundamentando su posición defendiendo los principios inspiradores de la Corte Penal Internacional, manejando los principios de la resolución del 30 de septiembre que se adoptó en el
Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea y garantizando que los principios básicos que inspiran a la Corte, que son el de exigencia de no impunidad y de no reciprocidad, afecten a cualquier tipo de decisión que haya que tomar en el futuro en
el ámbito del desarrollo de la propia Corte. Por tanto, señorías -y con esto termino-, el Grupo Popular entiende que España con su Gobierno, como el resto de los gobiernos de la Unión Europea, permanece firmemente comprometida con el proyecto de la
Corte Penal Internacional. El Grupo Popular se congratula de que así sea, como se ha demostrado no sólo durante los años que han pasado desde 1998 en que se aprobó en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional, sino especialmente durante los
meses de presidencia española de la Unión Europea en los que se ha dado un gran impulso. Por todo ello hemos defendido nuestra enmienda y quede aquí señalada nuestra posición.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Nuestra intervención es para mostrar el apoyo de Chunta Aragonesista a las iniciativas presentadas. El uno de julio del presente año entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que contó con el respaldo de más de sesenta
Estados. La entrada en vigor y la posterior creación y funcionamiento de la Corte suponía un acontecimiento histórico imprescindible para promover la defensa y el respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario y evitar así
que crímenes contra la humanidad quedaran impunes. Estados Unidos, que en un principio apoyó la creación de este tribunal, se ha echado atrás desde la llegada al Gobierno estadounidense de George Bush. De hecho, rápidamente declaró la intención de
no ratificar ni cumplir las decisiones de esta Corte. No sólo lo rechazará sino que además presiona a la ONU anunciando que limitaría su participación en misiones de paz, a la vez que promueve acuerdos bilaterales para impedir que sus militares
puedan ser juzgados por este tribunal. En un principio la Unión Europea mostró su preocupación por la actitud de Estados Unidos, y recientemente la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa rechaza estos acuerdos bilaterales solicitando una
posición común de todos los Estados. A pesar de esta declaración de intenciones, las presiones norteamericanas están dando sus frutos y al final la Unión Europea ha vuelto a demostrar el servilismo al que ya nos tiene acostumbrados a la política
bélica de los Estados Unidos. Resulta curioso que el policía de la paz mundial, a la
vez que los abanderados de la democracia y los defensores de los derechos humanos, no quiera someterse a los veredictos de un tribunal que impediría que crímenes de lesa humanidad pudieran quedar impunes y sus promotores vivir en libertad.
¿Acaso el señor George Bush teme poder ocupar algún día el banquillo de los acusados?
Desde Chunta Aragonesista queremos expresar, en primer lugar, nuestro apoyo a la constitución de este tribunal que velará por la defensa y el respeto de los derechos humanos, y a la vez criticar la posición de sumisión del Gobierno español y
de su ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, a la política de impunidad impuesta por los Estados Unidos para sus soldados. No podemos permitir que los derechos humanos puedan ser utilizados como excusas para guerras, bombardeos, ocupaciones
militares, y boicotear un organismo que sería un instrumento que realmente podría servir para conseguir un mundo en paz, más justo y más humano.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Labordeta.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es una evidencia que a lo largo y ancho del mundo se producen con más frecuencia de la deseable todo tipo de atropellos contra las personas. El respeto a los derechos humanos deja bastante que desear en más
lugares y por más gobiernos de los que aparecen normalmente en los medios de comunicación masivos. El genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra siguen produciéndose. Este tipo de prácticas debería erradicarse y a ese fin
contribuiría que aquellos que la realizan sepan que no podrán quedar impunes, que serán juzgados y castigados. La creación de un Tribunal Penal Internacional con capacidad real de actuación, con capacidad de actuar con un criterio de independencia,
con autoridad reconocida, contribuiría a avanzar en la limitación o en la disminución de prácticas intolerables en pleno siglo XXI. Cuando parecía que se daban pasos adelante, cuando varios Estados firman y algunos ratifican el Estatuto de este
tribunal, comienzan los obstáculos y los torpedeos, y sin duda uno de extraordinaria importancia por el papel, por el peso que tiene en el concierto internacional, es la decisión del Gobierno de Estados Unidos de garantizar la impunidad de sus
ciudadanos, evitando que puedan verse sometidos a la acción de este tribunal, promoviendo además en ese sentido acuerdos bilaterales con diversos Estados. La aceptación de esta intención de Estados Unidos es muy preocupante. Si esa intención llega
a hacerse efectiva convertirá a este tribunal en inservible; lo convertirá en un mecanismo de actuación sólo contra algunos, y ya sabemos contra quién; lo convertirá en definitiva en un tribunal político usable al capricho o al deseo de unos pocos
y básicamente otra vez al capricho de la hiperpotencia; y lo hará inservible porque será difícil presionar o convencer a aquellos Estados que no están inicialmente dispuestos a firmar y ratificar el estatuto de este tribunal.
Convendría no balbucear disculpas, no buscar argumentos que lleven a comprender esta intención del Gobierno norteamericano porque, señoras y señores diputados, si en vez del Gobierno norteamericano fuese otro gobierno quien pidiese esa
impunidad, ¿tendrían la misma capacidad de comprensión? Respóndanse ustedes. Si se acepta la impunidad, como decía, estaremos ante un tribunal desprestigiado y se perderá una oportunidad de avanzar en el respeto a los derechos humanos y de esa
pérdida habrá corresponsables, entre ellos los gobiernos que no impulsen la constitución de este tribunal porque, señoras y señores diputados, o se cree en este tribunal o no se cree, medias tintas parecen poco convenientes para que se avance en la
defensa de estos derechos. A nosotros nos resulta sorprendente -y no desde un antiamericanismo primitivo, que es el recurso que siempre se usa cuando uno no ve bien lo que hace determinada potencia imperial-, nos parece difícil de comprender la
actitud del Gobierno de Estados Unidos porque ¿no estamos hablando de un Gobierno no sólo democrático sino ejemplo a seguir? ¿No es el campeón de la causa de los derechos humanos en el mundo? ¿No estamos hablando de un Gobierno dispuesto nada
menos que a intervenir en el orbe entero para acabar con la tiranía? Si es así, desde luego es difícil de entender esa exigencia de impunidad para sus ciudadanos. ¿Acaso teme el Gobierno de Estados Unidos que sus ciudadanos puedan ser acusados con
cierta facilidad por el Tribunal Penal Internacional de actos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra? ¿Cree el Gobierno de Estados Unidos que sus ciudadanos pueden cometer en el futuro actos de esta naturaleza?
Convendría que nos enterásemos porque, si no es así, ¿por qué temer la actuación del TPI? Hay algo que no encaja, señoras y señores diputados, como tampoco encaja la decisión del Consejo de Ministros de la Unión Europea del pasado 30 de septiembre
que, empleando palabras de Amnistía Internacional, tomó una decisión lamentable para la defensa de los derechos humanos, en contradicción con los acuerdos del Parlamento Europeo al respecto y las declaraciones de previa firmeza frente a los intentos
de impunidad ante el Tribunal Penal Internacional formuladas en su día por altos responsables de la Unión. Hay que decir que el Gobierno encabezó la línea dispuesta a practicar el seguidismo de las tesis norteamericanas.
Concluyo, señora presidenta. En opinión del Bloque Nacionalista Galego, el Gobierno debería rectificar su política, debería defender la no impunidad de nadie
ante el Tribunal Penal Internacional y, por supuesto, no debería firmar ningún acuerdo bilateral con Estados Unidos defendiendo la impunidad de sus ciudadanos. La señora Marisa Lino, embajadora de Estados Unidos, visitará al Gobierno
español en breve tiempo. La pregunta es: ¿conseguirá la señora Marisa Lino su objetivo? Nosotros, desde luego, deseamos que no. Por eso vamos a votar a favor de las proposiciones no de ley que se presentan.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Boletín Oficial del Estado del 5 octubre del año 2000 publicó la Ley orgánica 6/2000 en la que España ratificaba el Tratado de Roma del Tribunal o Corte Penal Internacional. Éste venía a ser el resultado final oficial de los acuerdos
alcanzados por el Estado español en el mes de septiembre en el Senado y del 29 de junio en el Congreso de los Diputados; continuación del que había tenido lugar en la Comisión de Asuntos Exteriores el día 21 de junio del año 2000. En el debate que
tuvimos aquí, todos los portavoces estuvimos de acuerdo y mostramos nuestra satisfacción, no sólo desde un punto de vista jurídico sino democrático de valores avanzados y de derechos humanos, por que el Reino de España -como así dice la fórmula
procedimental- ratificara, pusiera su firma en el Estatuto de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional. Los demócratas nos sentimos plenamente satisfechos, aunque todavía quedaba aquella nube de países como Estados Unidos, Rusia, China o la India
que no lo ratificaban, pero apareció un rayo de esperanza cuando el presidente Clinton, en uno de sus últimos actos administrativos, firmó el Estatuto de esta Corte Penal Internacional, y ahora es la administración Bush la que nos pone en el brete
de tenernos que decidir. Para mi grupo y para este portavoz está claro que tenemos que apoyar lo que votamos en su día: la integridad de letra y espíritu del Tratado de Roma, por el que España ratifica este Estatuto del Tribunal Penal
Internacional. Se nos presenta una prueba de fuego que no sólo dejaría áreas de impunidad, sino parcelas muy lesionadas de lo que ha sido una constante en el derecho democrático y en la aprobación de todo tratado internacional en el Congreso y en
el Senado.
Yo no recuerdo que hayamos aprobado y votado un acuerdo o tratado internacional, contra una figura que consideramos penalizable, con una cláusula de excepcionalidad, extrayendo de una responsabilidad penal, con una fórmula de impunidad,
cualquier acto que estábamos condenando genéricamente. Es como si cuando firmamos el acuerdo contra los vertidos petrolíferos en el mar hubiéramos dicho que si el vertido era de un petrolero norteamericano no entraría en responsabilidad penal;
como si quien hace apresamientos ilegales en bancos de pesca es este Gobierno o este país queda exonerado de la responsabilidad. Si pensamos así estamos echando por tierra uno de los fundamentos del derecho penal en el que tiene que inspirarse toda
doctrina protectora de derechos humanos.
El señor López Garrido acertadamente ha señalado una cuestión que ya fue debatida aquí en Pleno y Comisión, introducida por la diputada doña Margarita Uría, del PNV, a quien contestó don Gabriel Cisneros, en relación con determinadas áreas
de impunidad que se pudiera observar que querían defenderse de instituciones del Estado español, el propio jefe del Estado, el rey de España. Hubo un total entendimiento y acuerdo en lo que se estaba haciendo. No vamos a pensar que el rey de
España va a entrar en unos delitos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra porque no tiene ni poderes constitucionales para esa actuación, ya que la guerra la declara el Parlamento y las Fuerzas Armadas son dirigidas
directamente por el presidente del Gobierno. Pero no sólo hay que recordar lo que ha señalado el señor López Garrido, es que el agravio comparativo, la diferencia de protección no afectaría solamente a nuestras cabezas representativas
institucionales, sino a los soldados y militares españoles en un escenario de conflicto donde pudiera darse una de estas figuras de genocidio, de crímenes de lesa humanidad o de crímenes de guerra. Lo diré de otra manera. La doctrina militar en
este momento en el seno de la OTAN, de la que forma parte tanto Estados Unidos como España, es el empleo en el teatro de operaciones de lo que se llaman fuerzas aliadas o fuerzas combinadas y conjuntas. Esto significaría que ante un hecho de este
tipo, tratándose de un acuerdo bilateral que exonera de responsabilidad a las fuerzas armadas norteamericanas, situándolas en una burbuja de impunidad e inmunidad, no afectaría en el sentido de extracción a las Fuerzas Armadas españolas.
¿Cómo nos
vamos a atrever a decir aquí -y este diputado no lo dice ni lo dirá- que en una circunstancia de este tipo de aplicaciones en un teatro de operaciones militares de guerra, de fuerzas combinadas y conjuntas, queden exonerados de una responsabilidad
los militares norteamericanos y se les aplique la norma de la Corte Penal Internacional a los soldados españoles que pudieran estar acusados, o a cualquiera de los otros países europeos que forman parte de unidades combinadas y conjuntas en el
teatro de operaciones militares? ¿Por qué unos sí y otros no? Eso es llevar a la desmoralización a nuestras propias Fuerzas Armadas que se ven en un agravio comparativo, nada más y nada menos que de responder o no de acusaciones ciertas o no, lo
que se demostraría en el proceso penal correspondiente de la Corte. Todo ello lleva a mi grupo a votar favorablemente estas iniciativas porque no se puede abrir una brecha
en lo que hemos aprobado con un acuerdo colateral y bilateral. Da la sensación de que la administración Bush ni cree ni reconoce a la Unión Europea y trata de romper un frente europeo con los acuerdos que se han tomado ya en el Parlamento
Europeo, en la Comisión Delegada y en el Consejo de Europa, acuerdos de amplia responsabilidad democrática. La administración Bush parece que no reconoce esa figura institucional de la Unión Europea y rompe ese concepto de bloque unitario,
democrático y responsable, abriendo una línea de pactos bilaterales que se harán por una puerta lateral. Eso no podemos tolerarlo democráticamente. Es dejar en papel mojado, como bien señalaba el señor López Garrido, el Tribunal Penal
Internacional; es dejarlo inservible, dejarlo en una situación de ridículo administrativo y de carencia de un principio penal de ordenar el comportamiento de una sociedad que rechazó en una guerra mundial, con la doctrina inspirada en los
tribunales de Nuremberg -de magníficos jueces, norteamericanos además, que aplicaron un derecho penal internacional nuevo pero que estaba en la raíz de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos-, a los responsables alemanes y japoneses
acusados de genocidio, acusados de crímenes de lesa humanidad y acusados de crímenes de guerra. Allí se sentó una doctrina -y no se abrió ninguna burbuja de exoneraciones- para que se respondiera directamente de todas estas responsabilidades. No
podemos crear por vía de conversaciones bilaterales unas áreas de impunidad que den privilegios, derechos ilegales, ilegítimos a una potencia, en este caso a la Administración Bush, porque yo creo en la democracia norteamericana, lo que rechazo es
esta política de verdadera distorsión, de desvertebración de los principios de derecho democrático, de los principios constitucionales, de los principios de derecho penal para ser disuasorios en la conducta de cualquier mente criminal que vaya a
alterar estos valores. Abrir esa línea bilateral es ir en contra de los derechos de los países, de los ciudadanos y de las Fuerzas Armadas. Desde luego, yo no voy a votar a favor de que queden inermes ante una excepcionalidad las Fuerzas Armadas
españolas, a las que hemos venido orientando, en un Estado democrático de derecho, con el Código Penal Militar: lo que se consideran delitos que pueden cometer los militares, tanto en el campo de batalla como en la paz, lo que señala nuestro
derecho penal, lo que señala nuestra Constitución. Esto nos tiene que hacer reflexionar y así lo tienen que comprender los Estados Unidos, como lo comprenden perfectamente los demócratas norteamericanos que se oponen a esta auténtica extorsión que
se quiere hacer sobre unos derechos que nos han costado mucho esfuerzo, mucha dedicación a la defensa democrática para que ahora los dejemos en agua de borrajas.
Mi grupo votará a favor de que el Gobierno español no firme ningún acuerdo bilateral con los Estados Unidos para exonerar aquí y seguir condenando allá. En esta razón nos sentimos amparados, señora presidenta, por la propia Constitución
española y por el espíritu y la letra de la Ley Orgánica 6/2000, que permitía a España ir con la cabeza bien alta democráticamente al ratificar la Corte Penal Internacional. Si hacemos lo contrario, no será Corte, ni será Penal, ni será
Internacional.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, es de agradecer a los grupos proponentes que traigan a la Cámara su inquietud por la posible consagración de inmunidades o impunidades frente a la acción, que debe ser global, de la Corte Penal Internacional.
Cuando se tramitaba en esta Cámara la Ley orgánica como instrumento de ratificación me referí, en nombre de mi grupo, a que estábamos dando un gran paso en la consolidación universal del derecho humanitario, que de Nuremberg al Tribunal
Penal Internacional se pasa de tribunales ad hoc, constituidos por los vencedores frente a los vencidos, lo que no evita la idea de un cierto revanchismo, a un tribunal estable; de la falta de carácter permanente se pasa al carácter estable de la
Corte y del derecho natural y procesal a aplicar, lo que es garantía de objetividad y de imparcialidad, instaurándose así parámetros de sometimiento a derecho en el orden mundial. No pensaba aludir a ello, pero dos de los intervinientes se han
referido a lo que fue en el momento de tramitación de la Ley orgánica pretensión de mi formación política. No lo era en los términos a los que se han referido, sino que simplemente se hacía como añadido a la Ley orgánica de ratificación: la vieja
ambición de lograr por fin el desarrollo, mediante ley orgánica, del artículo 56.3 de la Constitución, señalando de forma clara lo que ha de interpretarse como inviolabilidad personal del Rey. Entonces se nos dijo: anatema. Y la cuestión fue
debatida pero en modo alguno aprobada. Con posterioridad, ilustres conductores de opinión, más de la suya que de la mía, como es Pedro José Ramírez, han sostenido en las páginas del diario que dirige la absoluta necesidad de, cuanto antes, proceder
a regular esta materia, sin citar que lo había intentado el PNV desde esta Cámara y que lo había hecho sin demérito ni menoscabo de la institución monárquica.
Hecho este inciso, señorías, volveré a lo que hoy nos trae. Esos instrumentos de ratificación de la Corte Penal Internacional se han producido felizmente en número necesario para su entrada en vigor; también debo destacar, como han hecho
quienes me han precedido en el uso de la palabra, que el papel de la Unión Europea ha
sido fundamental en el impulso de la Corte Penal Internacional y así lo reconocemos. Sin embargo justo es también reconocer que ya desde tiempos pasados Estados Unidos estaba haciendo distintas tentativas a fin de lograr un trato
preferente, un trato distinto para obtener una diferencia en cuanto a la jurisdicción aplicable en la Corte Penal Internacional.
Firmó ciertamente el Estatuto de Roma pero muy poco tiempo antes de que la presidencia del presidente Clinton
terminase, y le faltó tiempo a la administración Bush cuando tomó posesión para decir que no tenía intención de ratificarlo y que se consideraba liberado de cualquier obligación jurídica resultante de la firma. Desde entonces ha desplegado una
amplísima actividad con parte de los países del Estatuto de Roma para concluir acuerdos bilaterales.
Creemos, si se nos permite manifestarlo así -no somos los únicos, tampoco los grupos oponentes son únicos-, que prestigiosas organizaciones internacionales entienden que cualquier acuerdo de este estilo conculcaría lo que es el tenor literal
del artículo 98.2 del propio Estatuto. En el texto al que se ha hecho referencia por otros intervinientes, en la decisión del 30 de septiembre a pesar de ser ambigua hay base suficiente para entender que se establecen ciertos compromisos positivos
para con la integridad del Estatuto de Roma. Que la ofensiva de Estados Unidos ante los Quince para desactivar la Corte Penal Internacional vaya a tener frutos por el deseo de agradar de Blair o de Berlusconi nos parece lamentable, como lamentable
nos parece que haya sido o quiera ser mediador, con toda la buena intención que eso sí le podemos reconocer, el propio presidente del Gobierno español. Más lamentable nos parece, como también se ha dicho, que no se haya consultado con la oposición,
ni con la grande -ahí está el Grupo Parlamentario Socialista- ni con la pequeña, donde ya estamos más habituados a estos desaires. Nos parece que si se nos consultó para la ratificación también debiera hacerse ahora. Cierto es que entonces era
obligado jurídicamente, la ley orgánica es exigible en tales casos; ahora si se va a concluir algún tipo de acuerdo bilateral la obligación de consulta creemos que sería política, sería un buen gesto político que debiera ser tramitado en esta
Cámara.
Sé que se oyen voces conformándose con lo posible. Dicen: ¡Hombre, un Tribunal Penal Internacional que empezase a funcionar sin la mayor potencia militar y sin los dos países más poblados de la Tierra, China e India, nos llevaría al
escepticismo! Desde nuestra óptica el escepticismo es mayor en términos de eficacia si se hacen indeseables cesiones aunque sea con la esperanza de un cambio en la actual mayoría que gobierna en Estados Unidos.
Señorías, el fin del Estatuto de Roma es acabar con la impunidad para con los peores crímenes posibles conforme al principio de complementariedad, es decir el principio que sitúa la responsabilidad preferente de la investigación y
procesamiento de los crímenes en los Estados pero que al mismo tiempo garantiza que la Corte Penal Internacional podrá ejercer su jurisdicción cuando los Estados no puedan o no quieran ejercer esta responsabilidad. Esto no podrá cumplirse si se
pactan privilegios bilaterales respecto de países que en lo interno no persiguen estas conductas, como bien ha explicado el proponente de la iniciativa por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
No me corresponde a mí sino a los grupos proponentes aceptar o no las enmiendas que se presentan; pero se me permitirá un comentario respecto a la presentada por el grupo mayoritario (para ello es el grupo mayoritario). Si quiere decir lo
que su portavoz nos ha dicho que dice, dígase de una manera más clara, no es muy feliz la expresión si la intención es clara. Me perdonará si le digo en términos coloquiales que el contenido de lo que propone a esta Cámara parece de los textos que
se da en llamar de embarullamiento interpretativo; en el futuro serviría tanto para un planteamiento como para otro. Insisto, señorías, hacer la Corte posible no debe llevarnos a cesiones indeseables. Si esto es así, si esta es la voluntad de la
Cámara, digámoslo así de claro, como lo dicen las dos iniciativas propuestas.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Centella, esta presidencia ha deducido de su intervención que no admitía la enmienda presentada.
El señor CENTELLA GÓMEZ: De mi intervención debería haber deducido que admitía la enmienda de Convergència en sustitución de nuestro punto cuarto, y que no admitía la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PRESIDENTA: ¿La de Convergència i Unió sí?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, en sustitución del punto cuarto.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Por nuestra parte aceptamos el apartado segundo de la enmienda de Convergència i Unió, no el primero, porque el primero está integrado en nuestro texto. Por tanto, sería una enmienda de adición que se añadiría al
final de nuestro texto, suprimiendo la primera parte de la enmienda de Convergència, es decir suprimiendo no firmar con otros Estados acuerdos de ningún tipo; eso se suprimiría y el resto se añadiría al final de nuestro texto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
De todas formas, tendrá que ser Convergència i Unió quien indique si acepta que sus enmiendas sean asumidas
parcialmente, si el señor Silva estuviera en el hemiciclo. (Pausa.)
Señor Silva, tanto el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida como el Grupo Socialista aceptan parcialmente su enmienda, a lo cual debe dar usted su conformidad.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Me conformo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Silva. (El señor Centella Gómez pide la palabra.)
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Nosotros hemos aceptado íntegramente la enmienda de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Centella.
Señorías, ruego ocupen los escaños.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la integridad del Estatuto de la Corte Penal Internacional y contra los acuerdos que puedan suponer la impunidad por crímenes de genocidio, de lesa
humanidad o de guerra, que se somete a votación en los términos derivados del debate y con la incorporación parcial de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 130; en contra, 156; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida relativa a las inmunidades frente a la acción de la Corte Penal Internacional, que se somete a votación en los términos derivados del
debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 131; en contra, 158.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTINGENTE DE TRABAJADORES EXTRANJEROS NO COMUNITARIOS PARA EL AÑO 2003.
(Número de
expediente 173/000157.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del contingente de trabajadores
extranjeros no comunitarios para el año 2003.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Campuzano. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna a presentar esta moción, consecuencia de la interpelación que tuvo lugar hace unos días, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003; una
moción que pretende fundamentalmente impulsar en términos políticos una modificación del funcionamiento real del contingente de trabajadores extranjeros en España. Lo hacemos partiendo de lo que hemos constatado, que ha sido el mal funcionamiento
del contingente durante el año 2002, fundamentalmente preocupante desde la perspectiva de que aquel instrumento que constituye la principal fórmula de regulación de los flujos de carácter laboral debe funcionar si de verdad queremos garantizar la
existencia de una política de inmigración, y lo hacemos convencidos de que hay que estimular la cooperación y colaboración de todas las administraciones y de todos los agentes sociales, superando la rigidez aún existente en esa materia, acabando con
trámites innecesarios, con burocracia inútil y haciendo posible que la contratación en los países de origen vaya más allá de una simple declaración de buenos principios. La idea de fondo que subyace en nuestra moción es impulsar una mejora de la
gestión del contingente.
En segundo lugar, en nuestra moción subyace también la necesidad de sofisticar nuestro análisis de las demandas del mercado de trabajo, de ser capaces de dibujar un escenario a medio plazo que nos permita prever e intuir qué nos va a
plantear el mercado de trabajo en esta economía global, flexible y cambiante, pero tenemos que ser capaces de anticipar las necesidades que se nos generen.
Fundamentalmente y en último lugar, esta moción también pretende dar respuesta a un problema político que planteamos sociedades como la catalana, que nos definimos naciones en términos políticos y que pretendemos configurar nuestras propias
políticas de inmigración,
así como también, en el marco legal hoy vigente, en el de la Constitución e incluso en el de la Ley 4/2000, intervenir de manera más decisiva en la configuración de las políticas de regulación de los flujos laborales.
Aquí, señorías, no
planteamos tan sólo una cuestión de carácter administrativo, sino también y fundamentalmente una cuestión de carácter político: que sociedades nacionales diferentes puedan articular sus propias políticas de inmigración. Habrá quien no lo
entenderá, y estos días a través de los medios de comunicación, tanto desde el Grupo Socialista como desde el Grupo Popular, importantes voces han marcado esa diferencia. Habrá quien entienda que esta vocación de mayor poder político no tiene
sentido en la medida que puede afectar a la configuración de la voluntad del conjunto del Estado. Ha habido quien ha hablado de una petición de dejación de las responsabilidades del conjunto del Estado, concretamente lo ha hecho el Grupo
Socialista, y Convergència i Unió no entiende que con esta demanda de mayor participación de las comunidades autónomas estemos planteando una dejación de responsabilidades, pues estamos proponiendo que el Estado comparta con el conjunto de las
administraciones estas responsabilidades. Habrá quien piense que no tiene sentido plantear cupos a escala de Cataluña o de cualquier otra comunidad autónoma que así lo desee en un momento que debemos regular los flujos migratorios a escala europea.
Ahora bien, en este supuesto también habrá que plantear quién determina los contingentes y cómo se determinan. En definitiva, habrá quien detrás de rechazar la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan regular sus flujos migratorios,
exprese a nuestro entender una idea del Estado centralista y anclada en viejas concepciones.
Nosotros planteamos una moción posible en el marco de la Ley 4/2000, que dé preferencia a las propuestas que efectúen las comunidades autónomas, que abra la vía a una gestión del cupo compartida con las comunidades autónomas, y que permita
la colaboración entre las autonomías y el Estado en la contratación relacionada con el exterior. Estas son las cuestiones de fondo que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Huyendo del debate -aquí no coincidimos con
algunos de los puntos que nos plantea el Grupo Socialista- y de la utilización del régimen general como una fórmula complementaria al contingente, a nosotros nos parece que una gestión flexible del mismo permitiría resolver la cuestión de fondo que
plantea la propuesta de utilización de nuevo del régimen general, según las previsiones de la legislación y el reglamento hoy vigente, y además sabiendo que hemos de procurar huir en este debate del contingente de las discusiones que tengan que ver
con los procesos de regularización, otro debate que seguramente esta Cámara deberá abordar en algún momento.
En esta moción nos hemos querido centrar en la capacidad de articulación de las propuestas que hagamos desde las comunidades autónomas, y muy específicamente desde Cataluña. Vamos a lamentar que esta moción que planteábamos con la voluntad
de permitir un amplio acuerdo parlamentario, previsiblemente no llegue a aprobarse en su totalidad y en el sentido que la plantea nuestro grupo. Nos parece que tanto al Gobierno como al grupo de la oposición les ha faltado suficiente flexibilidad
para entender que aquello que planteaba Convergència i Unió, aparte de resolver ese problema político de fondo del reconocimiento que comunidades de carácter nacional que estamos planteando, era introducir además racionalidad, eficacia y mayor
diligencia en las actuaciones del contingente. Lamento muy especialmente, señorías, que desde el Grupo Parlamentario Socialista, partiendo de los consensos que se han alcanzado en materia de política de inmigración en Cataluña, que precisamente se
orientaban a una mayor participación de Cataluña en esta materia, hoy no se haya ayudado a llegar a un acuerdo en esta materia. Mi grupo lo lamenta, porque perdemos una buena oportunidad para que esta Cámara se pronuncie de manera inequívoca para
dicha participación inteligente y potente de Cataluña en la gestión de los flujos migratorios.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista con toda la inteligencia de que es capaz -que creo es bastante-, con una sensibilidad clara por los temas de la inmigración, de la integración social de los inmigrantes, de la ordenación de los
flujos migratorios en nuestro país y con una conciencia clara de lo que esto supone en jugarnos modelos sociales a largos años vista a partir de este momento, va a plantear hoy en la tribuna lo que es su concepción de cómo debe ordenarse el
contingente. Lo hace intentando sacar las consecuencias -iba a decir del desastre, pero voy a moderarme- de los muy malos resultados que hasta el momento ha obtenido el contingente para el año 2002. En esta sede parlamentaria, se nos dijo por
parte del delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración que se iban a sacar las consecuencias necesarias de los resultados del año 2002. Confiemos en que sea así, pero nos parece extraño que si hay que sacar las consecuencias en el
futuro, ya se haya firmado una circular el 4 de septiembre, por parte del director general de ordenación de las migraciones y por la directora general del Instituto Nacional de Empleo, indicando cual es el trámite para establecer el contingente del
año 2003.
Pese a esa actitud gubernamental de no esperar a que el Parlamento se pronuncie, dé ideas e incite a determinadas políticas, nosotros con esperanza absoluta en el optimismo de la razón, venimos aquí a exponer cuáles creemos que son los
elementos necesarios para ordenar bien el contingente, el control y la gestión de los flujos migratorios. Lo creemos y lo exponemos con una participación muy superior a la actual por parte de las comunidades autónomas, con la participación de los
ayuntamientos, que son gestores de muchos aspectos de la migración, con la participación de las organizaciones sociales, para construir un cupo que en este Parlamento tenemos que decir que es un cupo global para todo el territorio, aunque
seguramente y como ha dicho también el portavoz de Convergència i Unió, tendríamos que hablar y pensar en cupos a nivel europeo, porque la libertad de circulación dentro del espacio Schengen es prácticamente equiparable a la libertad de circulación
dentro del espacio español, y a nuestro entender resulta contrario a los intereses de la integración, de la creación de una sociedad homogénea, limitar territorialmente las posibilidades y provocar con ello irregularidades sobrevenidas que seguro
casi nadie queremos en esta Cámara. Aparte de eso, porque creemos que es un aspecto enormemente importante de sociedad no de Gobierno, reivindicamos la participación del Parlamento en el proceso de elaboración del contingente sobre la base del
informe que debiera traer a la Cámara el Consejo superior para la política de la inmigración.
Creemos también que es enormemente importante la práctica de la contratación en origen, por eso en nuestra enmienda de sustitución a la moción planteamos un reforzamiento superior al que ahora existe de las oficinas consulares, con
participación de las comunidades autónomas, de las organizaciones sociales, de las organizaciones públicas de empleo y de las empresariales y sindicales de los países de origen para perfeccionar al máximo posible este trámite de la contratación en
origen, que es el fundamental para la regulación de los flujos.
Pretendemos también -y en esto coincidimos con todos los grupos que se han manifestado por escrito al respecto- una simplificación de los trámites administrativos. Con distintas palabras, la enmienda del Grupo Popular, la enmienda del Grupo
Socialista y la moción original vienen a decir lo mismo. Se trata de que realmente podamos hacer algo que sea útil en tiempo hábil para la economía del país y para las necesidades del mercado de trabajo. Aquí parece que coincidimos absolutamente
todos.
En el último punto establecemos que siendo el contingente elemento básico para definir la política de gestión de los flujos migratorios, ello no impide que cuando se cumplan en su integridad los requisitos del artículo 70 del Reglamento de
la que para abreviar llamamos Ley de extranjería, pueda también establecerse la contratación por llamada nominativa, porque ello no es contrario a que el flujo se regule esencialmente por el contingente, y en cambio puede solucionar problemas como
los que tenemos este año de no llegar a cubrir en absoluto las cantidades fijadas por el cupo.
Por esto, con la mayor sensibilidad en la participación de todos los agentes sociales, de todos los elementos que conforman la política de estructura enormemente compleja de nuestro país, queremos que participen las comunidades autónomas
mucho más que ahora en el procedimiento, y que con ello consigamos...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Pedret, su tiempo ha concluido.
El señor PEDRET I GRENZNER: Acabo, señora presidenta.
Así conseguiremos una mejor, más racional y más eficaz regulación del flujo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pedret.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo ha estudiado con detenimiento y profundidad la moción presentada por Convergència i Unió, porque a nuestro juicio pretendíamos poder apoyarla en su conjunto. La intervención que voy a hacer ahora aquí es precisamente
para aclarar por qué una parte de esa moción no puede ser apoyada.
Creo que estamos todos de acuerdo en la filosofía del contingente, que el contingente 2003 sea un contingente en origen, donde los trabajadores sepan a qué se atienen, que tengan un contrato, que sepan cuál va a ser su salario y una garantía
de que van a poder trabajar es lo que todos queríamos. Lejos quedan ya otros contingentes donde todos decíamos: ¡qué barbaridad, cómo es posible que venga un inmigrante con una oferta nominativa para acceder al contingente! Que habláramos de esas
colas interminables, que cuando se trataba del contingente habláramos de que tenían que regresar a su país para recoger el visado. Por primera vez el contingente es lo que se pedía, un contingente puro. Precisamente por eso, estamos satisfechos de
que con este primer contingente, con la nueva Ley de extranjería y con su reglamento, podamos decir que el contingente es lo que debe de ser, contratos en origen, garantía para el trabajador y la mejor manera de evitar contrataciones irregulares;
que no sirva el contingente para regularizar a las personas que estaban en situación de irregularidad.
Hoy tenemos convenios firmados con los principales países de emisión de inmigrantes, de los acuerdos a los que queríamos llegar. Tenemos convenio con Polonia,
Rumania, Colombia, República Dominicana, Ecuador y Marruecos, aunque este último, no por culpa de este Gobierno, no esté en su pleno funcionamiento. Tenemos, por tanto, la garantía de que en los países de origen se está también
estableciendo un mecanismo que les permita venir.
Además tenemos la previsión inicial -para eso es el contingente- del número de trabajadores que necesitamos, realizada por el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones sindicales y
empresariales, pero es una previsión inicial, señorías. No se puede valorar un contingente sobre la base de que se hayan cubierto las ofertas que inicialmente se hicieron. Este año sobre todo no se puede valorar el éxito o el fracaso del
contingente por ese parámetro, por dos motivos principales. En primer lugar, el número de inmigrantes no comunitarios que han accedido al mercado laboral en el año 2002 es muy importante.
Fíjense que en enero de 2002, había 466.552 inmigrantes no
comunitarios con un permiso de trabajo y residencia, y en julio, seis meses después, había 625.000, casi 175.000 trabajadores más.
En segundo lugar, hay un incremento importante en el número de parados no comunitarios: de los 72.000 que había en enero de 2002 se pasó a más de 103.000 en septiembre del mismo año. Por tanto, no se puede hablar de éxito o fracaso del
contingente sobre la base de que se hayan cubierto o no las previsiones iniciales sobre las ofertas de empleo -porque de eso se está tratando- o los contratos que iban a poner sobre la mesa los empresarios. Podemos hablar de Madrid o de Baleares,
en donde las propias comunidades autónomas con los agentes sociales hicieron una previsión de un contingente cero, porque entendían que tenían suficiente número de trabajadores en la zona para cubrir las necesidades de mano de obra.
Cuando se habla
de contingente cero en esas localidades no es que se esté impidiendo que vengan a trabajar, es que se entiende que no se va a necesitar más mano de obra. Tengo aquí un artículo de hace poco tiempo, del 30 de septiembre, de Almería, en el que COAG
dice claramente que hay suficiente mano de obra legal. Dice: En estos momentos hay mano de obra legalizada suficiente para el trabajo que generan los invernaderos. No obstante, aboga por la contratación en origen como la mejor alternativa para la
gestión. Esta es una buena reflexión sobre la realidad que hemos tenido durante este año.
En cualquier caso, teniendo en cuenta que esa es la filosofía que rige el contingente, vamos a apostar, como muy bien decía el señor Campuzano, por mantener las contrataciones en origen, por no hacer regularizaciones encubiertas y por pedir
la máxima colaboración a los empresarios. En el contingente, como una de las partes más importantes de nuestra política de inmigración, tiene que existir una complicidad muy grande por parte de los empresarios. No pueden pensar que lo fácil va a
ser encontrar un trabajador al que pueden contratar aunque esté en situación de irregularidad, sino que van a tener que hacer previsiones a priori conjuntamente con el INEM, con las comunidades autónomas o con las propias administraciones y
organizaciones sindicales. Por eso, en la línea que usted marcaba, señor Campuzano, vamos a proponer mecanismos de agilización. Son muy importantes las propuestas que se hagan desde las comunidades autónomas, pero desgraciadamente.....
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Termino enseguida, señora presidenta.
Desgraciadamente, dado que el artículo 149 de nuestra Constitución determina que la gestión debe ser de ámbito estatal, nos veremos obligados a no aceptar los puntos que hacen referencia a la misma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Muñoz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo suscribe lo dicho por el señor Campuzano, como portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La Comunidad Autónoma de Canarias tiene algunos problemas, como son el territorio insular fragmentado y la penetración
de una mano de obra incontrolable, pero el Gobierno de Canarias tiene a su favor la competencia de regulación del mercado de trabajo, de ordenación laboral, que le atribuye su estatuto de autonomía. Ahora se trata de racionalizar lo que pretende la
iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Entendemos que la gestión del contingente tiene hacerse de abajo a arriba y no de arriba abajo, porque el Estado central tiene un cupo que al final, entre trabas burocráticas,
dilaciones, etcétera, no llega nunca a tener un significado real. Por esta razón, cuando estos inmigrantes llegan con un permiso de trabajo perfectamente autorizado y legalizado, ya ha pasado la temporada del trabajo estacional en el mundo de la
agricultura o en el mundo del turismo.
Entendemos que esto se debe hacer de abajo a arriba, es decir, que a través de las comunidades autónomas se genere esa figura de gestión y de presentación de lo que va a ser un contingente. Además -y es una de las mayores dificultades que
tenemos en este momento-, los trámites burocráticos están condenando el proceso a un anquilosamiento o a una lentitud y conducen a una ineficacia en todo este tipo de cuestiones.
Existen los marcos institucionales de entendimiento, a través de las comisiones sectoriales y de las comisiones bilaterales entre el Gobierno central y la comunidad
autónoma respectiva, que son las que pueden perfectamente racionalizar este tema.
La propuesta del Grupo Catalán, a nuestro juicio, está encuadrada en unos márgenes de respeto constitucional al título VIII de la Constitución, de respeto a los estatutos de autonomía que tienen algunas comunidades autónomas, como la que
señalo del archipiélago canario, y está dentro del sentido común y de la racionalidad de todo un proceso, al que tenemos que dar una respuesta inteligente y consecuente con el problema planteado. De ahí que, estando mi grupo de acuerdo con todos
los puntos de la iniciativa, la va a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Arratsalde on. Buenas tardes, señora presidenta, señorías.
Si algo ha demostrado la determinación del cupo de inmigrantes trabajadores, durante el año 2002, para todo el conjunto español y su gestión por parte del Gobierno del Estado, es una manifiesta situación de confusión, de descoordinación con
la realidad y las necesidades del mercado de trabajo. En resumen, una falta total de eficacia, que me permitirán describir con un ejemplo, el del territorio de Guipúzcoa, al que represento. En mayo de este año dirigí una pregunta por escrito al
Gobierno, en representación del Grupo Vasco. La pregunta trataba sobre la asignación de cupo a dicho territorio, ya que la situación que se había creado era por lo menos curiosa en un territorio con un paro del 6 por ciento y con una demanda seria
y constante de trabajadores. Para el año 2002 se determinó una demanda de unos 800 trabajadores, desglosados de la siguiente manera: 250 en el servicio doméstico, 150 en la construcción, 200 en agricultura y pesca y unos 150 en siderometalúrgicas
y servicios.
No voy a entrar en las peticiones de organizaciones como SOS racismo para regularizar y tramitar cerca de 1.400 solicitudes con oferta de trabajo en firme, pero sin permiso de residencia ni de trabajo y, lógicamente, en situación irregular.
Sólo voy a comentar que de las 800 demandas solicitadas se asignaron a Guipúzcoa 181. Y eso que las demandas se realizaron por parte del INEM y de la Delegación de Trabajo del territorio de Guipúzcoa. Además, curiosamente, sólo se consideraron
necesarias para el territorio empleadas de hogar. En Guipúzcoa, por lo visto, sólo se admiten empleadas de hogar, independientemente de las otras demandas no ocupadas. La argumentación utilizada y las explicaciones que se dieron fueron las obvias:
la legislación vigente, los datos de mercado y la existencias de demandantes, eso sí, a nivel estatal. Nada que ver con la realidad concreta, con una gestión eficaz y próxima a las necesidades del mercado laboral guipuzcoano.
El hecho de que los demandantes de trabajo, a nivel estatal, desearan o no dichos trabajos, si quieren o pueden desplazarse, si encajan en los perfiles no sólo formativos y laborales sino en los humanos, esenciales y muchas veces decisivos a
la hora de formalizar sus contrataciones por parte de la pequeña y mediana empresa, fueron considerados factores no determinantes y en la actualidad seguimos encontrándonos con unas demandas no satisfechas y con consecuencias y efectos que todos
conocemos: contrataciones irregulares, precariedad y marginación. Tampoco se acaba de entender por qué no se posibilita y se promociona, en las condiciones que se determinen y con las garantías que sean necesarias, las vías para las contrataciones
directas por parte de las empresas; por qué no se posibilitan las contrataciones nominativas, las contrataciones sectoriales y se ofrece con ello un frente más abierto y eficaz de posibilidades, tanto para las empresas como para los eventuales
demandantes.
Pues bien, la moción presentada por Convergència i Unió nos convence, la creemos acertada y nos parece la aproximación más realista a la hora de afrontar esta ineficacia en las dos vías que he mencionado. La primera, promover una
participación activa de las comunidades autónomas en la elaboración de los contingentes, y sobre todo en su gestión, y en el trabajo de intermediar ágilmente entre las empresas y los trabajadores demandantes; y segunda, propiciar selecciones más
rápidas, efectivas y abiertas a las necesidades de las propias empresas.
Sinceramente, si de algo peca a nuestro juicio esta moción es, en todo caso, de cierta tibieza al no plantear clara y llanamente que la determinación y gestión de los contingentes la realicen las comunidades autónomas, reservándose en su
caso el Estado la determinación de las reglas y las garantías básicas, así como la coordinación de las comunidades autónomas. Entendemos que se ha buscado una redacción posibilista que la mayoría de los grupos parlamentarios puedan y podamos
apoyar. Dado que consideramos que ello mismo ya supondría un avance cualificado, vamos a prestar nuestro apoyo a la moción presentada.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, la impresión que produce la lectura de la moción es que no contribuye a superar los problemas que se detectan en la formación y gestión del contingente. Al menos, lo que nos dice la experiencia del año 2002
no es que la gestión del mismo por parte de las comunidades autónomas pueda superar los problemas que tienen su origen en la responsabilidad del Gobierno; una responsabilidad que esta moción tiende a ocultar derivándola hacia las
comunidades autónomas.
Un problema serio en la gestión del actual proceso del contingente es el déficit de la participación de los interlocutores sociales a través de una comisión de seguimiento, que en la práctica ha sido inoperante por falta de convocatoria. La
ausencia intencionada de transparencia por parte del Gobierno para poder manejar este proceso laboral a su antojo ha sido la tónica actual del proceso del contingente. Y seguramente no se desconoce que ya ha comenzado la fase de determinación del
contingente 2003, sin que se haya escuchado la valoración de las organizaciones sindicales y sin que se haya realizado una valoración de lo ocurrido este año. El contingente 2002 ha sido un fracaso pero, a diferencia del Ministerio del Interior que
lo relaciona con las trabas administrativas para atender las demandas de empleo, reflejando literalmente la opinión empresarial, consideramos que el fracaso ha sido debido al propio Gobierno. El contingente es sobre el papel un instrumento de
regulación de flujos laborales que, partiendo de la constatación de las necesidades de trabajadores, debía garantizar la contratación y las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros y ofrecer oportunidades de inmigración regular a los
países de origen de la inmigración. Sin embargo, este proceso ha sido pervertido por la práctica de la propia Administración, apoyándose en la falta de transparencia y negando a las organizaciones sindicales la posibilidad de realizar un
seguimiento de las ofertas presentadas por los empresarios. Ofertas que además no han sido gestionadas en España para encontrar trabajadores autóctonos o extranjeros en el mercado nacional, eliminando así tanto el principio de necesidad de
trabajadores, que es el origen del contingente, como la oportunidad de comprobar si realmente las ofertas que se han enviado al exterior respetan el principio de igualdad en las condiciones de trabajo.
Se produce la impresión de que la intervención
de las comunidades autónomas en la selección en origen operaría en la misma dirección.
Por último, el contingente debía ser un mecanismo para prevenir la inmigración irregular ofreciendo a los países de origen oportunidades de venir a España con un contrato de trabajo; países con los que además se han firmado convenios con
esta finalidad precisamente. Sin embargo, también se ha fallado, y creemos que voluntariamente. No se puede en este caso culpar a los empresarios de que las ofertas de trabajo hayan tenido como destino fundamental países que no son los principales
emisores de emigración hacia España.
Francamente, tenemos serias dudas sobre la apertura del procedimiento del contingente 2003. Una apertura que, al igual que el desarrollo del contingente 2002, ha estado marcada por la ausencia intencionada de transparencia por parte del
Gobierno y falta de información extensible a todo lo relacionado con los extranjeros y el trabajo. En este sentido, el INEM debería facilitar datos que permitan analizar adecuadamente la inserción y permanencia de los extranjeros en el mercado de
trabajo.
Además, y tomando las palabras del ministro del Interior en la Comisión de Justicia e Interior, es preciso una revisión conjunta del contingente, revisión que tendría que ser anterior al inicio del proceso y no posterior. Es necesario
reconducir el proceso de contingente porque el Gobierno lo ha alejado del ámbito laboral y ha eliminado todas las ventajas que podría tener para los trabajadores extranjeros y para el mercado de trabajo español. Debe aclararse la dudosa legalidad
de la vinculación entre los permisos de temporada y el contingente. Esto ha supuesto el incumplimiento del permiso de temporada porque durante este año ha sido utilizado con la connivencia del Gobierno para satisfacer demandas empresariales sin los
controles establecidos por la normativa.
En suma, no parece que la moción venga a apoyar una reflexión rigurosa sobre lo que ocurre con el contingente. En el mejor de los casos no se refiere a los problemas fundamentales y en el peor, los
agravaría.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor Campuzano, a los efectos de la aceptación o rechazo de las dos enmiendas presentadas.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Mi grupo entiende que el contenido de estas dos enmiendas se aleja de las cuestiones de fondo que pretendíamos plantear, y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos transaccionales no acepta las mismas.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señorías, vamos a proceder a la votación. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro
El señor GIL LÁZARO: Señora presidenta, si fuera posible desearíamos que se pudieran configurar dos bloques de votación. Un primer bloque integrado por los números 1, 5 y 6 de la moción y un segundo bloque integrado por los números 2, 3 y
4.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Procedemos a la votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar el funcionamiento del
contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios para el año 2003. En primer lugar, procedemos a la votación de los puntos 1, 5 y 6 de la referida moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 172; en contra, 104; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan aprobados.
Votamos a continuación los apartados 2, 3 y 4 de la referida moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 22; en contra, 254; abstenciones, cuatro.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazados.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS SUBVENCIONES QUE REALIZA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. (Número de expediente 173/000158.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds a defender la moción consecuencia de la interpelación que formulé en relación a los criterios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para otorgar
subvenciones.
Esta interpelación venía motivada por la concesión de una subvención importante, la más importante en ese concurso a la fundación Francisco Franco, fundación que hace hoy apología del alzamiento nacional, del régimen dictatorial, fundación
que tacha de ilegítimo el Gobierno constitucional de la República y fundación que tiene documentos del Estado que deberían ser públicos.
¿Qué proponemos en la moción? En la moción proponemos tres puntos: 1. Que hoy el Pleno del Congreso de los Diputados condene de forma contundente y clara el alzamiento fascista de 1936. 2. Que la Cámara inste al Gobierno a retirar la
subvención de la fundación Francisco Franco, en tanto que esta fundación no deje de hacer apología del alzamiento nacional; que el Gobierno al mismo tiempo recupere los documentos del Estado, que están hoy en manos de la fundación privada, y que
esta subvención signifique el acceso público a todos los investigadores e historiadores. En este punto también solicitamos la devolución de los papeles del Archivo de Salamanca a Cataluña. El punto 3 que planteamos es que el presidente del
Gobierno cese a la ministra de Educación, Cultura y Deporte. ¿Por qué pedimos el cese de la ministra? ¿Es esta petición exagerada o está sobredimensionada?
Es grave pedir la dimisión de un ministro, en este caso de una ministra, y la pedimos hoy no porque tengamos, que las tenemos, diferencias en la política cultural, sino porque pensamos que estamos ante una cuestión de orden democrático y que
es fundamental que hoy la Cámara también se pronuncie sobre esto.
La señora ministra no sólo otorgó una subvención a la fundación que antes he dicho, sino que no rectificó, y además hace quince días en la contestación a la interpelación argumentó y justificó la subvención diciendo que la fundación no hacía
apología del alzamiento fascista, sino que lo que hacía era simplemente una interpretación histórica de lo que fue el alzamiento nacional. Nosotros decimos que es inaceptable que aquello que fue un drama para el Estado español, para millones de
hombres y mujeres, hoy, en boca precisamente de la ministra de Educación, Cultura y Deporte, se convierta simplemente en una cuestión de interpretación histórica.
He de decir que en esa misma interpelación la señora ministra, para rebatir los argumentos que ofrecí en relación a la devolución de los papeles de Salamanca, utilizó el mismo argumento y más grave. Dijo, y leo literalmente, que no se
devuelven los papeles del Archivo de Salamanca porque en todo caso deriva -la decisión de no devolver- de cómo se interpreta y se lea la historia. La única lectura que se puede hacer de la historia para no devolver los papeles del Archivo de
Salamanca es la lectura de los vencedores.
Señoras y señores diputados, pensamos que cualquier miembro del Gobierno del Estado democrático español no puede en ningún caso justificar o legitimar el alzamiento nacional ni tachar de ilegítimo el Gobierno constitucional y democrático de
la República. Por lo tanto, es inaceptable que eso sea precisamente lo que haya hecho la ministra de Cultura. A nuestro entender, tampoco se pueden dar hoy en el Estado español subvenciones a instituciones o a asociaciones que proclaman aquello
que dice la Fundación Francisco Franco. Esto es lo que ha hecho la ministra de cultura. Quiero hacer mías aquí las palabras de Vicente Navarro en un reciente libro titulado El bienestar insuficiente, democracia incompleta, cuando señala que la
reiterada negativa del Partido Popular a condenar el alzamiento fascista es un obstáculo y un debilitamiento del surgimiento de una clara cultura y conciencia democrática. Esto lo escribió Vicente Navarro cuando todavía no se había dado la
subvención a la Fundación Francisco Franco y cuando no se sabía -como yo he podido
saber hoy- que el propio alcalde de Castellón, del Partido Popular, ha retirado un libro o está a punto de hacerlo en el que hace alabanzas y elogios del régimen franquista, de Franco y de personalidades que tuvieron un papel activo en la
dictadura.
Señoras y señores diputados, mi moción tiene tres puntos importantes que antes he señalado. En primer lugar, condena del alzamiento fascista y de la dictadura franquista, para que no quede resquicio alguno en ningún espacio democrático
donde se siga diciendo que ese fue un alzamiento y una dictadura legítima. En segundo lugar, creemos que no se puede mantener la subvención a esa fundación, y proponemos que sea retirada mientras la fundación mantenga la apología del alzamiento
franquista.
Insistimos en lo que le dijimos a la ministra: es necesario que se realice una auditoría para saber qué parte de los documentos de la Fundación Francisco Franco son propiedad del Estado y si se los han apropiado de forma indebida y, en
última instancia, que quede garantizado el acceso público a los documentos que obren en manos de la Fundación Francisco Franco. En tercer lugar (y creo que es lo más importante), en el Estado democrático español, en una democracia que nos ha
costado mucho sudor, lucha y sangre, un miembro del Gobierno no puede mantener que la apología del franquismo es simplemente una interpretación de la historia contemporánea del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para dar apoyo a esta moción y ofrecerles la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la misma.
Como ustedes saben bien, esta Cámara votó en su momento la condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Sólo el Grupo Popular, señorías, no ha condenado en esta Cámara el alzamiento nacional, y lo paradójico es el argumento que
esgrimió para no hacerlo. Dijo que la propuesta era demasiado retórica o simbólica, siendo al Partido Popular al que tanto le gusta hacer ostentación pública de los símbolos, de cuantos más metros cuadrados mejor. (Rumores.) Por ello y para
despejar dudas, señorías, es bueno que hoy volvamos a intentar esa condena y que algunos se retraten otra vez o enmienden su error. De eso va hoy esta moción, señorías, de enmendar un error, que es el que ha cometido el Gobierno al dar una
subvención pública -dinero de todos los españoles- a una fundación que tiene los objetivos y actividades que tiene la Fundación Francisco Franco. Veamos por qué, señorías, y para ello hagamos una breve historia.
Esta fundación recibe la primera ayuda pública en el año 2000 -año de la mayoría absoluta del Grupo Popular- con siete millones de pesetas, circunstancia que se repite en las dos convocatorias siguientes de subvenciones en las que la
Fundación Francisco Franco vuelve a ser la más favorecida a mucha distancia del resto de beneficiarias; en concreto en el año 2000 obtiene casi tres millones más de pesetas de la fundación que le sigue en la lista. En el año 2001 con siete
millones más vuelve a ser la que más recibe, a más distancia todavía del resto, y en 2002 recibe nada más y menos que 41.000 euros; digo nada menos porque son 20.000 euros más de la siguiente que recibe subvenciones en la lista. Es decir, desde
que el Partido Popular gobierna en este país con mayoría absoluta, señorías, más de 20 millones y medio de pesetas han ido en subvenciones a la Fundación Francisco Franco. Aunque tanta generosidad es llamativa, la ministra la justifica con tres
razones: que existe un convenio precisamente para digitalizar y abrir al público los archivos de la fundación. Estarán conmigo en que surgen dos preguntas muy claras. En primer lugar, por qué el convenio es del año 2001 y la primera subvención,
la que más recibe, es del año 2000; y, en segundo, por qué siempre recibe la Fundación Francisco Franco más dinero que nadie. Además se nos da otra razón: Franco fue jefe de Estado de este país y los papeles que a él se refieran son de interés
general. Entonces la pregunta es aún más grave: ¿Hacia dónde ha mirado el ministerio desde que sabe que esos archivos no pueden ser consultados por todo el mundo en este país? Porque esta fundación, señorías, incumple sistemáticamente la
obligación de permitir el acceso libre a sus fondos documentales y, aunque el ministerio saca una lista de todos aquellos que accedieron sólo con uno que haya dicho que no accedió se vulneran los términos del convenio que se suscribió con la
fundación y además también los criterios por los cuales se le dieron las ayudas, que nunca se revocaron. Aunque la ministra lo niegue, estos datos de denuncias no son desconocidos por ella, a no ser que se haya extendido eso de que en el Ministerio
de Educación nadie habla con nadie, de que las mujeres de los altos cargos y sus maridos no se hablan entre sí y que eso ha llegado a extenderse incluso entre la ministra y el secretario de Estado; por lo tanto, el secretario de Estado, el señor De
Cuenca, nunca le dijo a la ministra cuando presidió la Junta Superior de Archivos, que en esa junta fue la primera vez que de manera oficial -y consta en acta- se denunciaron todos estos casos de impedimento de consulta de archivos. Estaría bien
que la señora ministra se informara mejor o dialogara más incluso con su secretario de Estado o, si no, que tuviera la educación -ya que es la del ramo- de no faltar a la verdad. Dicho esto, también para no faltar a la verdad, le pediría
al Grupo Popular que no volvieran a insinuar que el Grupo Socialista estuvo a punto a dar una subvención de este tipo a la Fundación Francisco Franco, porque en ese momento ni siquiera existían estas subvenciones.
Otra razón, señorías, es la más grave. Dice la ministra que no hay intencionalidad política en la Fundación Francisco Franco. Esto ya es sublime, señorías, porque no hay que correr mucho, sólo hay que irse a la web, para ver que son
todavía peores los papeles internos de la fundación, y en ella -se ha dicho aquí- se justifica el alzamiento nacional, los actos conmemorativos del 20-N, las ofrendas a las tumbas de Franco y José Antonio y la publicación de un boletín en el que
colaboran renombrados golpistas.
Señorías, yo no les pido hoy aquí que prohibamos lo que la Constitución española decidió no prohibir, a diferencia de la italiana o la alemana, que es que no se pudiera hacer apología de las dictaduras o los dictadores; lo que sí estamos
pidiendo aquí es que al menos el Estado no otorgue subvenciones públicas a quienes hacen apología de la dictadura o de los dictadores. Señorías, lo que sabemos de esta fundación es, en primer lugar, que sus archivos no son públicos; en segundo
lugar, que sus fines son políticos y hacen apología de la dictadura y del dictador; y, en tercer lugar, señorías, que recibe subvenciones públicas. Por ese motivo pedimos el apoyo a esta moción y pedimos también que los documentos vuelvan a formar
parte del Estado y también que se declaren los fondos de bien de interés cultural, ello para dificultar el expolio y para que se conozca oficialmente el carácter de los fondos.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias señora Chacón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, hoy es un día muy especial para Cataluña, para todos los catalanes y también para los demócratas del Estado español. Hoy hace 62 años que fue fusilado el presidente de la Generalitat de
Cataluña en el castillo de Montjuïc de Barcelona, el presidente-mártir Lluis Companys. Vaya desde aquí de nuevo nuestro recordatorio y nuestro sentido homenaje, tanto a su figura política como humana. En este contexto, en el contexto del
aniversario de este fusilamiento y del viaje ayer a Salamanca -fuimos 150 catalanes de todas las sensibilidades, entre los que se encuentran el diputado que les habla y otros de esta Cámara-, a la sede del archivo de la guerra civil de esa ciudad
para reclamar la devolución de la documentación expoliada a sus legítimos propietarios, debatimos hoy la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Catalán coincide, al menos en lo sustantivo, con el contenido de la moción. En este sentido debo recordar que mi grupo parlamentario presentó hace tiempo una proposición no de ley, en concreto el 22 de julio de este
año, y que la ministra de Educación, Cultura y Deporte, como presidenta del patronato del Archivo de Salamanca, declaró que se trataba de un asunto zanjado y que en ningún caso procedía el retorno a Cataluña de los citados documentos, y no sólo a
Cataluña, sino a otras muchas comunidades autónomas y territorios del Estado porque también -sus ciudadanos, esas comunidades o sus instituciones- eran legítimos propietarios de muchos de los documentos que hoy se encuentran en el Archivo de
Salamanca. Esta proposición no de ley está pendiente de tramitación, pero esperamos verla en próximas fechas.
El Grupo Parlamentario Catalán quiere reiterar esta exigencia al Gobierno al objeto de que se proceda a la devolución de esa documentación a sus legítimos propietarios, sean particulares, entidades privadas o instituciones públicas. No nos
cansaremos, pese a quien pese, de expresar nuestro rechazo más frontal y nuestra indignación ante los que apoyan o bendicen el expolio o justifican el derecho de conquista, como ha pasado y todas SS.SS. conocen. Estamos ante una situación muy
lamentable, bochornosa, incluso grotesca, que viene a dar la razón a los que afirman que el franquismo aún pervive entre nosotros después de 24 años de vigencia de la Constitución que nos dimos entre todos. A pesar de todo ello, algo se mueve en
estas fechas y en estas últimas horas. Aunque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor De Grandes, ha declarado hoy mismo que no debemos caer en un debate reivindicativo y sentimental, voces destacadas del Partido Popular de Cataluña
acaban de calificar el Archivo de Salamanca como el producto de un botín de guerra. Lo celebramos y esperamos que ese trabajo de reconocimiento vaya aún más allá. Al mismo tiempo el señor Caldera ha dicho hoy mismo que debe mantenerse la unidad
del Archivo de Salamanca, con lo que se pone de manifiesto el claro doble lenguaje del Partido Socialista con relación a este tema y su injustificable oposición a que los documentos vuelvan a sus legítimos propietarios. Se han convertido, aunque no
lo quieran reconocer, en cómplices de los que expoliaron esos documentos en el año 1936. Debo recordar que también el señor Solé Tura hizo unas declaraciones similares en su época de ministro del Gobierno socialista.
Por ello, señor Saura -vuelvo
al promotor de la moción-, usted, haciendo presunción de que va a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y renunciando con ello a la recuperación de los papeles de Salamanca, está tirando por la borda su credibilidad política. Es
lamentable.
Señor Saura, ayer se desplazó usted a Salamanca. Éramos 150 catalanes los que nos desplazamos, y visto lo que ha pasado hoy creo que usted fue a hacerse la foto. Usted ha jugado con los sentimientos de la gente
porque sólo 24 horas después ha dado marcha atrás y, mercadeando su voto con el Grupo Socialista, ha dejado en la estacada a muchos de los catalanes que habían confiado en usted. Estamos -quiero decirlo muy claro- a favor de la moción en
sus puntos 1 y 2, pero no en el 3, que es la autoenmienda del Grupo Mixto. Nuestra enmienda es prueba de ello, nuestra enmienda es literalmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto; sin embargo no podemos dar apoyo...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martí, su tiempo ha concluido.
El señor MARTÍ I GALBIS: Acabo la frase. No podemos dar apoyo a la reprobación que se nos pide de una ministra del Gobierno; nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer ahora -ese no es nuestro estilo- ni lo haremos en el futuro, pero
queremos dejar muy claro que nuestra enmienda es igual que los puntos 1 y 2, por tanto, actuaremos en consecuencia.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Martí i Galbis.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo ha presentado una enmienda a la moción que ha presentado el señor Saura a esta Cámara; consta de cuatro puntos, pero antes de enunciarlos haré una
puntualización que me parece muy importante.
El señor Saura ha hecho unas imputaciones muy graves a partir de una verdadera tergiversación de los hechos y de las palabras. Como es lógico no voy a contestar a la soflama petulante y ridícula de una determinada portavoz (Un señor
diputado: ¡Muy bien!), pero sí es necesario decir una vez más que usted es muy libre de decir aquí lo que quiera -faltaría más- y de plantear la oposición en los términos que usted desee -faltaría más-, pero con la misma libertad tengo que decir
que usted no tiene derecho dentro de unos elementales parámetros de honradez intelectual, política y personal que aquí se le reconocen sin la menor duda a hacer las tergiversaciones e imputaciones que ha hecho. (Aplausos.) Señor Saura, nuestro
grupo rechaza absolutamente -esto tiene que quedar perfectamente claro- todo intento de derrocar a un poder legítimamente constituido por la fuerza, por las armas o por la violencia. Eso lo sabe usted y tiene pruebas de ello, por eso nos parecen
inaceptables las imputaciones que ha hecho. (Aplausos.-Rumores.)
Plantea usted su moción en unos términos que sabe perfectamente que no podemos aceptar, empezando por hablar del cese de la ministra. En estos términos comprenderá que es inútil que intentemos llegar a un acuerdo.
Hemos recogido lo que
usted mismo dijo aquí hace dos miércoles: Creemos que es indispensable que estos documentos se integren en el Sistema Nacional de Archivos sea por su reproducción o sea en su caso por los documentos originales; creemos que es indispensable
garantizar el acceso a todos los investigadores con el único requisito de la presentación de la tarjeta de investigador -que por cierto ha instituido este Gobierno-; creemos que es indispensable exigir a esta fundación que adecue sus
comportamientos no a la legalidad vigente -faltaría más- sino a unos elementales parámetros democráticos -por eso recibe fondos públicos- y creemos también que hay que vigilar muy especialmente la integridad, más que dudosa en este momento, de un
archivo del que pueden desaparecer papeles. Estos puntos nos parecían sustanciales. Lamentablemente ha planteado su moción en unos términos que sabe -precisamente lo hace por ello- que no vamos a poder votar. Se ha perdido aquí una ocasión y
nosotros lo lamentamos de verdad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora portavoz del Grupo Popular, desde el respeto intelectual, personal y político va a tener usted que entender que no podamos comprender los demás lo que tan bien entienden en su grupo. La Fundación Francisco Franco -aquí están sus
estatutos- solamente tiene un objeto social. Les leo sus fines: Difundir el conocimiento de Francisco Franco, promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato, contribuir a la
proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española y conceder premios periodísticos anualmente para difundir el pensamiento de Francisco Franco. Esto es inadmisible; la ministra de Cultura merece la dimisión por otras cincuenta mil
razones, pero esta es suficiente para que dimita.
No pone nada más, sólo pone eso en sus fines; y para qué hablarle de las lindezas múltiples y variadas que soportamos los hombres y mujeres de este país en la web cada día.
Se puede hacer toda la demagogia que se quiera en esta tribuna, pero el Grupo Popular tiene que condenar, no basta con que usted diga que usted sabe... No, ustedes tienen la oportunidad de condenar el alzamiento nacional; se lo deben a los
hombres y las mujeres de este Estado, entre otros a los que sufrimos la dictadura activamente. (Aplausos.-Rumores.) Este es un momento de oro, se lo estamos poniendo en bandeja. Lávense la cara en esto, señoras y señores del Partido
Popular, porque esto no es demagogia, esto es complicidad, esto es connivencia. (Rumores y protestas.) Hagan menos ruido que estoy en el uso de la palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Castro. Por favor, permitan que se desarrolle la intervención de forma que pueda ser oída por todos aquellos que quieran.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Claro, yo comprendo que como en otros momentos en esta Cámara no todos sentimos lo mismo. Yo he visto con que fruición aplaudían ustedes, sepan que es una falta de respeto; sepan ustedes que esta condena pública está pendiente. Si no
quieren hacerlo hoy, lo harán en otro momento.
Es inexplicable que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de este país haya concedido ayudas millonarias a esta fundación. Nosotros no somos revanchistas. (Rumores.-Varios señores diputados: No, no.) Nosotros no somos
revanchistas, nosotros somos los que hemos enarbolado la cultura de la generosidad; se lo recuerdo a los que se ríen. Se lo recuerdo a ustedes, que se ríen tanto. Nosotros perdimos la guerra y preconizamos la política de reconciliación nacional,
lo digo porque hay algún jovencito que a lo mejor no se ha enterado. Perdónenme que les diga que las sonrisas son insultantes. Solamente a alguien que de verdad, por ignorancia, no sepa de lo que se está hablando aquí se le puede permitir esta
tarde reírse, porque estamos hablando de un tema muy serio.
¿Cómo es posible que en la España del siglo XXI, con un Estado social, democrático y de derecho que hemos conseguido construir entre todos sea subvencionable una fundación en cuyos fines y en cuya primera línea de sus estatutos figura como
su fin o su objetivo la defensa del ideario político del dictador Francisco Franco? (Rumores.) Sinceramente, no parece lógico, señorías, que con fondos públicos se sufrague el proselitismo de una brutal y cruel dictadura, el totalitarismo y el
pensamiento antidemocrático al que nos hemos visto sometidos en este país cerca de 60 años. No parece lógico, señorías, que una democracia que aspire a seguir siéndolo durante mucho tiempo subvencione voluntaria y gustosamente fundaciones cuyo
único objetivo es precisamente jalear a los antidemócratas.
La excusa que aduce el Ministerio de Educación hace referencia a los trabajos de cuidado, archivo y traspaso a soportes digitales de la documentación que obra en poder de la Fundación Francisco Franco y que tiene gran relevancia -dice el
ministerio- para la comprensión de la historia de España. Causa una tremenda extrañeza esta argumentación, pues si determinados documentos que obran en poder de la familia de Franco, y más en concreto de esta fundación, son realmente de relevancia
para la historia de nuestro país, ¿cómo es posible que siendo producidos en el seno de las instituciones del Estado español estos documentos obren en poder de una fundación privada?
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, su tiempo ha concluido.
La señora CASTRO FONSECA: Estos documentos, señorías, deberían obrar en museos o bibliotecas públicas estatales y no en los anaqueles de una fundación privada, que es absolutamente contraria a la democracia.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta. Termino. Por tanto, señorías, a mayor abundamiento, no vamos aceptar que una fundación privada sea el mejor lugar para... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, su tiempo ha concluido y debe finalizar la intervención. (Rumores.)
La señora CASTRO FONSECA: Sigan ustedes por ese camino...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, está desobedeciendo las reiteradas indicaciones de la presidencia. Su tiempo ha concluido.
Señor Saura, tiene la palabra a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Agradezco a los tres grupos parlamentarios el hecho de que hayan presentado enmiendas: al Grupo Popular, a Convergència i Unió y al Grupo Socialista.
No voy a aceptar las enmiendas del Grupo Popular y aprovecho para decir que la subvención que la fundación ...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Saura, tiene la palabra a los exclusivos efectos de aceptación o rechazo, sin ningún tipo de argumentación.
El señor SAURA LAPORTA: No acepto la enmienda del Grupo Popular porque lo que ha sido objeto de debate no me lo he inventado yo.
En el caso de Convergència i Unió agradezco su enmienda y la coincidencia en todos los puntos que ha planteado. No ha sido posible el acuerdo con Convergència i Unió y espero que en la proposición no de ley sobre los archivos de Salamanca
puedan votar favorablemente
aquello que hoy no pueden votar de ese modo.
En relación con la enmienda del Grupo Socialista aceptaría la enmienda del punto 2, y la propuesta transaccional que hago sería: el primer punto de condena que quede como está; el segundo quedaría en los términos que dice el Grupo
Socialista, posponiendo el tema del Archivo de Salamanca a un futuro debate en el Pleno del Congreso mediante una proposición de ley; y mantendríamos el tercer punto del cese de la ministra de Cultura.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Saura.
(El señor Gil Lázaro pide la palabra.) ¿A qué efectos, señor Gil Lázaro?
El señor GIL LÁZARO: Al amparo del artículo 71.3.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): ¿Por qué motivo?
El señor GIL LÁZARO: Entiendo que se ha producido una alusión innominada, genérica, pero que, como prevé el artículo 71.3, puede afectar al decoro y dignidad de este grupo parlamentario o de alguno de sus miembros.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, la presidencia ha entendido que el desarrollo de las intervenciones ha sido el normalmente utilizado en el hemiciclo, por tanto, no se da el caso del artículo 71.3.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señora presidenta, pero recuerdo que no hay jovencitos ni jovencitas en esta Cámara, hay señoras y señores diputados. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Gil Lázaro, no tenía la palabra.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios utilizados para el otorgamiento de las subvenciones que realiza el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y en los términos que se deducen del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 109; en contra, 154; abstenciones, 11.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): En consecuencia, queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS. (Número de expediente 173/000159.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células madre embrionarias. Para su presentación y defensa, tiene la palabra el
señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para defender una moción consecuencia de interpelación que para mi grupo tiene mucha importancia y yo creo que también para muchos ciudadanos, ya que hoy se puede dar un paso adelante en el intento de avanzar en un
consenso. Veremos si los grupos de esta Cámara, fundamentalmente el mayoritario, el Grupo Popular, son capaces de recoger el guante.
La moción consta de tres puntos, uno de los cuales versa sobre la utilización para investigación de los embriones que están crioconservados durante más de cinco años -40.000 en España- como alternativa a la destrucción. Se ha hablado mucho
de ello y por lo tanto no me voy a referir más a este tema. Es la solución adoptada por Francia, es la solución que hemos planteado aquí, también es la solución aceptada por el Estado de California y la adoptada por muchos otros países. Hay un
segundo punto que viene a decir que se permita, y que se financie con fondos públicos con carácter inmediato, la investigación con células madre embrionarias conservadas en bancos o aisladas en cultivo, en los mismos términos que figuran en la
decisión del Consejo de la Unión Europea, de 30 de septiembre de este año, que fue votada a favor por nuestro país. Luego me referiré a este aspecto. Hay un tercer punto, que es la creación de un comité español de ética de ciencia y tecnología,
del que incluso hemos hablado también esta tarde, porque consideramos que sería muy positivo que hubiera una mayor pluralidad y que se pudiera elegir en este Parlamento -se ha dicho aquí alguna inexactitud-, ya que de los países avanzados sólo Gran
Bretaña tiene un comité ético mixto, en el que una parte se elige por el Parlamento, aunque depende de una fundación, en una tradición mucho más asentada en Gran Bretaña que en España. En cualquier caso, tampoco voy a entrar muy a fondo en ese
debate. Por tanto, estos son los tres puntos, pero me voy a centrar fundamentalmente en el segundo y ya anuncio que, puesto que no ha habido ninguna enmienda presentada, solicitaré que se vote separadamente el punto número dos, que es el que puede
acercar más las posiciones; no renunciamos a sostener lo que venimos defendiendo en los puntos 1 y 3, pero consideramos que el punto 2 podría ser votado favorablemente.
Las razones para votar a favor de este punto son fundamentalmente de tres tipos. La primera razón es la coherencia. El Gobierno español, hace quince días, exactamente el 30 de septiembre de este año, votó a favor de esta posición en el
Consejo de la Unión Europea. Además, el ministro Piqué en su intervención respondiendo a la interpelación dijo textualmente: Excepcionalmente, y eso ha merecido la conformidad del Gobierno español -por tanto ya responde a una de sus peticiones-,
sí habrá financiación comunitaria cuando se refiera a células madre humanas conservadas en bancos o aisladas en cultivo; es decir -continuaba el señor Piqué-, células madre provenientes de embriones previos que no se pueden considerar realmente
como embriones al ser células distintas.
Estas son palabras del ministro. En la segunda intervención le inquirí y no tuvo inconveniente en contestar textualmente lo siguiente: No tengo que reiterar mi posición, con una vez que se digan las cosas
es más que suficiente. Posteriormente, ante preguntas de periodistas e incluso ha salido publicado en algún periódico, ha confirmado que él estaba a favor de esta línea de investigación, con lo cual espero que dentro del Grupo Parlamentario Popular
haya esa coherencia, apoyen al señor Piqué y no le dejen -no sé si decir- como un mentiroso o, por lo menos, como que no tiene el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. La segunda razón es por justicia con la comunidad científica. Hay que
restituir a la comunidad científica lo que se le quitó hace algo más de un año en la persona del profesor Bernard Soria, a quien se le abrió un expediente por utilizar estas líneas celulares. Hay que permitir trabajar con estas líneas, hay que
aplicar lo que se votó en el Consejo de Ministros Europeo del 30 de septiembre, porque simplemente votar esto restituiría esa situación medieval que se dio en España, donde se incoó un expediente y se amenazó con el Código Penal, cuando el señor
Bernard Soria tenía derecho jurídicamente a llevar a cabo esas investigaciones. Dicho muy rápidamente, si se votara esto a favor, el señor Bernard Soria no tendría que irse a Singapur o a Gran Bretaña a investigar, porque él investigaba con líneas
celulares, no investigaba con embriones. El segundo argumento de justicia es la sociedad. Hay una luz de esperanza a medio plazo -no queremos hacer demagogia, ya lo hemos dicho reiteradamente- para muchos enfermos y vuelvo a repetir que, a pesar
de la hora, también está escuchándonos el conjunto de la sociedad. Hay un tercer grupo de razones que son las de sentido común. Por lo tanto, coherencia, justicia y sentido común. Les hago una pregunta: ¿Se van a poder financiar con fondos
europeos, es decir, también con dinero español, estas investigaciones prácticamente en el resto de los países de la Unión Europea y no en España? ¿Tiene esto sentido común cuando lo hemos votado hace quince días?
Tampoco me valen razones de tipo jurídico, porque utilizo una vez más las palabras del señor Piqué: Las células madre a las que nos estamos refiriendo no se pueden considerar realmente como embriones al ser células aisladas. Si no se
pueden considerar embriones al ser células aisladas, desde el punto de vista jurídico no tendrá la misma consideración que un embrión. Por tanto, hay que traer otros ejemplos. Yo he dejado la investigación aparcada desde hace bastante tiempo, pero
en mi propio instituto había una serie de células, en este caso se llamaban células HeLa, como otras que existen que se utilizan en los laboratorios que provienen del ser humano pero que se extraen para llevar a cabo la investigación con ellas. Lo
que pretendemos que se haga con estas células madre embrionarias humanas, que se importen de otros países, sería paralelo a lo que se está haciendo con el resto de las células a las que me he referido, porque esas células han pertenecido a un ser
vivo.
Termino con estas tres razones: la coherencia, y ruego que no contradigan a lo que parece que dijo el señor Piqué; la justicia, hacia la comunidad científica y hacia la sociedad, y el sentido común, ya que no es lógico votar una cosa en
Europa y prohibirla en España. Espero que no interpreten ustedes el papel de Humpty-Dumpty, que en Alicia a través del espejo, decía textualmente: Cuando yo uso una palabra, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más
ni menos.
Alicia le contestó diciéndole: La cuestión está en si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y Humpty-Dumpty replicó: La cuestión está en quién es el que manda. Eso es todo. Espero que de éste quién
es el que mande, pasemos a un aspecto de consenso que, con el máximo cuidado, ha planteado hoy aquí el Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Lissavetzky.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente esta moción, consecuencia de interpelación, que el señor Lissavetzky ha presentado en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero elogiar aquí la anterior intervención del señor Pérez Rubalcaba.
Cuando se debatió la iniciativa de Izquierda Unida, mi grupo la votó favorablemente porque considera que estamos ante una situación donde defender el derecho a la vida
es defender también que el que la tiene continúe viviendo. El que está afectado por cualquier enfermedad fisiológica, anatómica, degenerativa, tiene derecho a seguir viviendo y a hacerlo en condiciones de salud dignas y humanas, no hay que
dejarlo inerme ante cualquier posibilidad científica y médica ni dejarlo en el área de los milagros curativos. La humanidad tiene derecho a emplear métodos racionales que se van abriendo paso, pese a todos los debates, a partir del avance
científico.
Recientemente en Canarias se ha creado -y mi grupo lo va a defender- una asociación de padres de enfermos de ataxia. Esta asociación se ha vinculado a la Federación española de afectados por la ataxia, dentro del grupo europeo de
Euroataxia. En Canarias se ha planteado un caso dramático de una ciudadana, hija de uno de los socios de esta asociación, afectada por la denominada ataxia de Friedrich. Es un proceso neurodegenerativo y en este momento no hay tratamiento alguno
salvo la utilización de células madre embrionarias.
La iniciativa que trae aquí el Grupo Parlamentario Socialista -la cual, desde nuestro punto de vista, es impecable en los tres puntos que trata- está en concordancia con decisiones que se han tomado en otros parlamentos europeos, como el
acuerdo que se tomó el pasado día 30 de septiembre por el Consejo de la Unión Europea, donde la representación española votó favorablemente.
Mi grupo no tiene inconveniente en votar juntos o separados los tres puntos de esta iniciativa. El primer punto trata, nada más y nada menos, que de autorizar la investigación con células madre. En el debate anterior el señor Pérez
Rubalcaba señalaba muy didácticamente las posibilidades de uso de células fetales o adultas y las limitaciones e inconvenientes que pueden tener en los procesos curativos de esta enfermedad neurodegenerativa. Cerrarnos a este avance científico es
cerrar las puertas a centenares de personas con enfermedades degenerativas, orgánicas, musculares y neurológicas. Crear mediante un proyecto de ley un Consejo español de ciencia y tecnología, como de bioética, que recoja estas situaciones nos
parece una postura sensata. No tenemos ninguna restricción por cláusula de conciencia, y hablo desde el convencimiento personal de un portavoz comprometido con el catolicismo.
En mi doctrina, este derecho a la vida es también derecho a seguir
viviendo con plena dignidad del cuerpo humano, evitando cualquier proceso que no conduzca a la dignidad de la persona a través de su cuerpo y de sus funciones fisiológicas y mentales. Autorizar la investigación con células madre embrionarias es un
reto al que la ciencia tiene que responder, pero al que la política parlamentaria tiene que arropar con todo el cuerpo legislativo, para permitir que nos enfrentemos con naturalidad al mismo y lo podamos resolver con unos códigos de conducta, con
una base legislativa y, en una palabra, con seguridad jurídica. Si se quiere, se pueden emplear moratorias. Ya se ha dicho aquí que en algunos países la moratoria se refería a que no se utilicen fondos públicos, pero cuando una cosa se puede hacer
en un laboratorio, alguien la hará, sea por vía pública, sea con financiación privada o sea por la vía que sea. A fin de cuentas, hoy día una alta tasa de investigación científica está financiada por entidades privadas, que son las que las han
hecho avanzar con el aporte de medios económicos y financieros. Evitemos que cuando se tengan que registrar patentes, se haga por vías espurias.
El voto de mi grupo, señora presidenta, será favorable a esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Como es muy tarde y ya hemos tenido este debate a iniciativa del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ustedes conocen sobradamente cuáles son nuestras posiciones, por lo que únicamente intervengo para apoyar la moción socialista. Nuestro
grupo a votar a favor de la misma. Sería estupendo que el Grupo Popular, ya que no ha tenido a bien admitir la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de Izquierda Unida, se planteara a partir de esta moción del Partido Socialista
consensuar esta cuestión, que es de gran importancia, como hemos dejado constancia a lo largo de la tarde los diversos portavoces parlamentarios.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la línea argumental de la propuesta expuesta en numerosas ocasiones en esta Cámara no nos parece aceptable, porque incurre en una serie de simplificaciones y de apriorismos para imponer sus conclusiones y recurre a veces a
descalificaciones para quienes no suscriben su propuesta.
Permítanme decirles, con toda cordialidad y con toda serenidad, que por el bien de todos estos debates no deben ser demagógicos ni simplistas -esto es algo que reitero siempre-, porque requieren un análisis sereno y se deben examinar
rigurosamente todas las cuestiones. (Rumores.)
Las investigaciones sobre el desarrollo celular y su implicación en futuros tratamientos deben situarse en el contexto general de todos los avances científico-biomédicos, desde los cuales nos iremos aproximando a nuevos entendimientos de las
bases de la enfermedad para mejor contribuir a la calidad de la vida de las personas. Resulta cuanto menos chocante para mí, que soy médico, el empeño no solo aparente sino explícito de plantear en esta Cámara una vía mejor que otra y casi
siempre excluyente de las demás, sin un argumento válido que lo sustente y desde el simple planteamiento -perdónenme que lo diga- político. Hay que llevar el avance científico por diversos caminos, y como estos supuestos no tienen una
demostración matemática, deberíamos espigar en lo que haya de verdad en cada uno de ellos. Por ello, no podremos dejar de buscar un resultado conjunto de posibilidades que van desde estrategias más clásicas a las más modernas que propicia, por
ejemplo, la farmacogenómica en terapias de reparación de tejidos, que hoy día conocemos tanto, sobre todo a raíz de la última publicación, que le señalaba hace un momento con relación a otro tema, de julio de este año. No es de recibo presentar la
investigación en España como aislada de los demás o enfrentada a una sola prioridad en el manejo de los embriones humanos. Esto es un reduccionismo y una falta de verdad, porque aparte de los conflictos legales y de otro tipo, que no es menor el
hecho para el que fueron creados, es como si al explorar con otras células que carecen de algo tan importante como la oncogenicidad -es decir, son células que no nos van a producir cáncer- y también carecen de rechazo -sabemos que no nos van a
producir rechazo inmunitario- estas investigaciones fueran prácticamente nulas. Por ello me vuelvo a remitir a la revista médica Nature, de 4 de julio de 2000, donde por primera vez se pone al mismo nivel de interés y de importancia las células
adultas y las células embrionarias, en cuanto a su plasticidad.
Los éxitos obtenidos en estos momentos con respecto al miocardio, de los que en mi anterior intervención hice mención, son dignos de tenerse en cuenta. Sin embargo, señorías, yo también exijo en esta Cámara un respeto al Comité de ética,
donde también hay una amplia reflexión, un plural debate y un análisis exhaustivo del problema desde todos los ángulos. No se puede poner en entredicho algo que se votó en esta Cámara y contó con la mayoría de los grupos, y de lo que, además, no
existe un modelo único en ningún país de Europa, porque cuando aquí se quiere poner como ejemplo algún país, resulta que dependen del Consejo de Estado o de otras entidades. Es difícil porque no hay una unanimidad ni hay una solidez estable en
muchas de las declaraciones que se hacen -como ya he demostrado- incluso de grandes comités de ética, que algunos ponen siempre como argumento de mayor valor, pero que a la hora de la verdad vemos que se reducen a lo que dice el artículo 7.2 del
Consejo de Europa, sobre el Comité director de bioética en cuanto a estos asuntos. En todo caso, nosotros nos remitimos a la resolución de la Comisión Europea , por la que ha establecido esa decisión del Consejo de la Unión Europea de septiembre,
en el que se prevé una moratoria hasta 2003, y donde también se plasma una serie de reflexiones en torno a la distinción que se hace entre la utilización de embriones propiamente dichos y la utilización de células procedentes de bancos embrionarios.
También estamos analizando las consecuencias ético-legales en este contexto, que vienen considerando las garantías para la vida humana desde sus primeros estadíos como algo fundamental en todo nuestro ordenamiento jurídico y social.
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Fernández de Capel, le ruego concluya, su tiempo ha terminado.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células madre embionarias.
En primer lugar, procedemos a la votación del apartado 2 de dicha moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 253; a favor, 96; en contra, 154; abstenciones, tres.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazado.
Votamos a continuación los apartados 1 y 3 de la moción mencionada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 93; en contra, 153; abstenciones, seis.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Quedan rechazados.
Se suspende la sesión, que se reiniciará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cinco minutos de la noche.