Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 191, de 01/10/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 191
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 184
celebrada el martes, 1 de octubre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposición de Ley de Comunidad Autónoma:
- Del Parlamento de las Illes Balears, relativa al uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 216-1, de 8 de marzo de 2002. (Número de expediente 125/000019.) ...
(Página 9461)
Modificación del orden del día ... (Página 9469)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 7, letra f), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
B, núm. 260-1, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 122/000230.) ... (Página 9469)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ofertas públicas de adquisición de valores. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 411, de 27 de septiembre de 2002. (Número de expediente 162/000562.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) para mejorar la protección de los pequeños accionistas. 'BOCG. Congreso de los
Diputados', serie D, núm. 411, de 27 de septiembre de 2002. (Número de expediente 162/000561.) ... (Página 9475)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma urgente del Contingente 2002 de trabajadores extranjeros. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 411, de 27 de septiembre de 2002. (Número de expediente 162/000558.) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea. (Número de expediente 173/000155.) ...
(Página 9490)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno. (Número de expediente 173/000156.) ... (Página 9494)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de Proposición de Ley de Comunidad Autónoma ...
(Página 9461)
Del Parlamento de las Illes Balears, relativa al uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro ... (Página 9461)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley relativa al uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro, el señor Ferrer i Costa, representante del Parlamento de las Illes Balears.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Riera Madurell, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martín Soledad, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears relativa al uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro, se rechaza por 133 votos a favor y 150 en contra.
Modificación del orden del día ... (Página 9469)
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto número 64, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de
ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 9469)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 7, letra f), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias ... (Página 9469)
El señor De la Encina Ortega, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expone que el objetivo de
la proposición de ley que su grupo presenta al Pleno de la Cámara tiene como objetivo posibilitar la exención fiscal de las personas con incapacidad permanente total para su profesión habitual cuando debido a su edad, su falta de preparación
general o especializada y otras circunstancias sociales o laborales haya visto incrementadas las dificultades de obtener un empleo en actividad distinta a la suya habitual.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la
señora Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 7, letra f), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y
otras normas tributarias, se rechaza por 119 votos a favor, 169 en contra y cinco abstenciones.
Proposiciones no de Ley ... (Página 9475)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ofertas públicas de adquisición de valores ... (Página 9475)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) para mejorar la protección de los pequeños accionistas ...
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Martínez-Pujalte López presenta una proposición no de ley con la que su grupo pretende mejorar el marco jurídico de las sociedades que cotizan en Bolsa y, en particular, de la
ofertas públicas de compra de acciones, coincidente con la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por lo que propone la votación conjunta de un texto que han presentado como enmienda a la proposición no de
ley del Grupo Catalán, y anuncia el voto favorable a la enmienda propuesta por el Grupo Socialista, con una ligera matización que dice: 'lo que exige establecer con carácter general una regulación precisa en beneficio de la seguridad jurídica en
relación con los blindajes de las OPA bajo condición'.
En defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Sánchez i Llibre. Explica que su grupo ha presentado esta proposición no de ley como respuesta a la invitación del ministro de Economía y
vicepresidente segundo del Gobierno ante la Comisión de Economía a presentar alguna iniciativa parlamentaria que pudiera modificar la actual legislación de las OPA en la dirección de beneficiar básicamente al pequeño y mediano inversionista que en
estos últimos años han canalizado sus ahorros en el mercado bursátil, llegando a alcanzar el volumen de un tercio del total del ahorro familiar español.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometido a votación el texto transaccional, en los términos del debate, de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ofertas públicas de adquisición de valores, y de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre modificación urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) para mejorar la protección de los pequeños accionistas, se aprueba por 287 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros ... (Página 9482)
La señora Rumí Ibáñez presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la proposición no de ley sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros, que viene a dar respuesta -dice- a un nuevo fracaso en el
tratamiento gubernamental de la inmigración. Critica duramente la política de inmigración llevada a cabo por el Gobierno y considera que un país como España, que recibe una intensa presión migratoria, que es destinataria de un número creciente de
llegadas irregulares por las costas, por las carreteras y, sobre todo, por los aeropuertos, precisa que la eficacia de
los controles fronterizos vaya acompañada de la activación de un conjunto de instrumentos que determinen una estrategia efectiva de canalización y de disuasión de la inmigración irregular. Lamenta que se haya perdido un tiempo precioso y
cree que a estas alturas es difícil frenar la inmigración irregular con un simple cambio en la ley, haciendo responsable de ello al incumplimiento de los compromisos electorales del Partido Popular.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros, en sus propios términos, se rechaza por 105 votos a favor, 166 en contra y 13
abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9490)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea ... (Página 9490)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se remite a la exposición de motivos de la interpelación urgente y a sus manifestaciones en el debate de la
misma, donde se reflejaron las preocupaciones que al respecto generó en el Grupo Parlamentario Socialista el proceso seguido hasta el día de hoy en la privatización de la compañía Trasmediterránea, preocupaciones que no fueron disipadas en modo
alguno por el ministro de Hacienda, por lo que, en la sesión de hoy, su grupo presenta la consiguiente moción en la que se solicita todo un conjunto documental.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Segura Clavell.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 112 votos a favor y 166 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno ... (Página 9494)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto. Se remite a la buena acogida que tuvo su interpelación urgente, reclamando una nueva política del Gobierno en materia de
telecomunicaciones, por parte del ministro de Ciencia y Tecnología, pero pone de relieve la disparidad existente en las medidas que unos y otros proponen para solucionar los problemas creados con una política de telecomunicaciones que considera no
ha hecho más que impedir la competencia y aumentar los desequilibrios sociales y territoriales del sistema de telecomunicaciones y del acceso de las personas y de las distintas sociedades a las redes de telecomunicaciones.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Pleguezuelos Aguilar.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Pérez Corgos, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Aymerich Cano.
Sometidos a votación, en primer lugar, los puntos c) y d) del apartado 2 del texto de la moción consecuencia de la interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política de telecomunicaciones
del Gobierno, se rechazan por 22 votos a favor, 150 en contra y 94 abstenciones.
Sometido a votación, a continuación, el resto del texto de la moción, se rechaza por nueve votos a favor, 153 en contra y 99 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE LEY DE COMUNIDAD AUTÓNOMA:
- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, RELATIVA AL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DEL EURO. (Número de expediente 125/000019.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposición de ley de comunidad autónoma. Toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares, relativa al uso de las lenguas oficiales en la acuñación de
monedas del euro.
En nombre del Parlamento, tiene la palabra el señor Ferrer i Costa.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Ferrer i Costa): Señora presidenta, señorías, en nombre de la Coalició de Organizacions Progressistas de Formentera y en representación del Parlament de las Illes Balears, me
complace presentar esta proposición de ley sobre uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro.
El pasado 28 de febrero dejaron de tener valor las pesetas en papel moneda a los efectos que por ello entiende un ciudadano medio: dejaron de servir para ir a comprar, y ya sólo se podían llevar a las oficinas de banca comercial a
canjearlas por euros. Esta última es nuestra moneda desde el primer día de este año, 2002; el medio de pago con el que afrontamos nuestras necesidades cotidianas de consumo, inversión o ahorro. La introducción de nuestra nueva moneda -el euro-,
pese a todos los temores que existían, fue todo un éxito, y los problemas muy escasos. El euro ha sido nuestra moneda desde el 1 de enero de 1999, pero la circulación física, más allá del mero apunte contable, se ha producido a partir de este año,
de acuerdo con el calendario fijado por la Comisión Europea.
Los billetes y monedas de euro forman parte ya de nuestra vida cotidiana, y seguramente configuran uno de los pocos elementos que todos los que estamos en esta Cámara, sin excepción,
llevamos en nuestros bolsillos o carteras en este instante. Es, pues, un elemento cotidiano y familiar.
Más allá del valor práctico de nuestra moneda, del que todos -quien más, quien menos- hacemos uso, los billetes y monedas tienen un valor simbólico, como ya se ha explicado en esta Cámara en reiteradas ocasiones. Se explicó cuando se
aprobaron iniciativas para que las emisiones de pesetas se realizaran en las distintas lenguas del Estado español -en diciembre de 1997, por ejemplo, aunque después no se llevara a la práctica- y también cuando se presentaron iniciativas para su
toma en consideración parecidas a las que hoy defendemos, como la que se debatió sobre esta misma cuestión, presentada por el Parlament de Catalunya en 2000, u otras sobre la presencia de lenguas oficiales en efectos postales, documentos oficiales,
etcétera, que no fueron aprobadas. En esta última ocasión, todos los grupos -todos los presentes en la Cámara-, defendiendo posiciones a favor o en contra, aceptaron la importancia de los símbolos -y, desde luego, la moneda lo es- a la hora de
evidenciar, de poner de manifiesto o de reconocer -e incluso de celebrar, si me lo permiten- la realidad plurilingüe, y por tanto pluricultural, de nuestro Estado español. En efecto, nadie discute la realidad pluricultural del Estado español;
nadie niega la existencia de una realidad plural de lenguas y culturas. Es evidente, sin embargo, que existen posiciones distintas en cuanto a la posibilidad de reconocer y expresar esta riqueza lingüística y cultural. La mayoría del Parlament de
las Illes Balears, de los representantes de los ciudadanos de las islas, cree y quiere que nuestra moneda sea también representativa de esta realidad plural. Queremos que sea normal en nuestros símbolos -y la moneda es un símbolo, repito- lo que es
normal en la mayoría de nuestro Estado y para la mayoría de sus ciudadanos y ciudadanas. Queremos que los euros sean imagen fiel de la realidad lingüística y cultural de España.
La defensa que hizo en su momento el Gobierno de España, presidido ya por el señor Aznar, para que pudieran aparecer en el anverso de las monedas diseños representativos de cada Estado miembro de la Unión Europea, no debe servir de alegoría
y exaltación de una España única. Una parte muy importante de ciudadanos y ciudadanas del Estado español son de territorios con idioma propio. Sólo las comunidades de habla catalana suman ya más de 10 millones de personas, como ustedes conocen.
Consideramos que es oportuno desarrollar nuestros principios constitucionales haciendo un reconocimiento a esta riqueza lingüística y a las reivindicaciones históricas de las distintas nacionalidades del Estado para de que sean consideradas como
tal. Que nuestra moneda sea testimonio de nuestra realidad no debe ser sólo para consumo autonómico -si se me permite la expresión-, no debe entenderse como un guiño
hacia los ciudadanos y ciudadanas de las comunidades autónomas con lengua propia, donde este hecho ya es normal -o debería serlo-, sino que debe servir como elemento pedagójicopedagógico aal resto de ciudadanos de España para que comprendan,
acepten y hagan suya esta realidad. Entre todos debemos hacer que esta situación deje de verse como un problema regional para que pase a ser un patrimonio común de todos.
Señorías, estas situaciones de Estados con una pluralidad de lenguas son relativamente frecuentes en los países occidentales de nuestro entorno, seguramente no con la riqueza con que se producen en el Estado español, pero existen y se
resuelven con normalidad. En la totalidad de casos más conocidos y significativos -Bélgica, Irlanda, Suiza o Canadá- la acuñación de moneda se produce en todas las lenguas de sus respectivos Estados, destacando en alguno de ellos el reducido número
de hablantes de las distintas lenguas, como por ejemplo en el caso de Suiza, donde se emite moneda en sus cuatro lenguas oficiales. Vemos cómo en los países de nuestro entorno los problemas prácticos no son óbice para el respeto de los derechos
lingüísticos y culturales de las mal llamadas minorías. Digo mal llamadas minorías porque algunas de nuestras lenguas del Estado distintas del castellano cuentan con un número de hablantes que supera con creces el número de ciudadanos y ciudadanas
de Estados miembros de la Unión Europea que, a nivel de la Unión, sí cuentan con idioma oficial. El trámite que estamos llevando a cabo permitirá, en el caso de un resultado positivo, poner sobre la mesa un texto para su discusión. Un texto que,
como bien conocen SS.SS., podrá ser modificado y adaptado a las consideraciones de cualquier índole: ideológicas, prácticas, técnicas o las que ustedes quieran. Les ruego que valoren que es sólo un primer paso porque podrán adaptar el texto a sus
conveniencias. Evitemos excusas de índole técnico pues otros países ya lo hacen, como está sobradamente demostrado y, sobre todo, porque desde que el hombre pisó la luna nuestros ciudadanos y ciudadanas son plenamente conocedores de que las
cuestiones técnicas ya no son un obstáculo casi para nada. Es una simple y pura cuestión de voluntad política, de creer y creerse lo que uno mismo afirma cuando expresa el reconocimiento de la realidad plurinacional con la consiguiente pluralidad
cultural y lingüística de nuestro Estado. Es su consecuencia y, por tanto, debemos ser consecuentes.
Nuestra proposición de ley para el uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro es muy simple, pero no por ello menos importante. Consta de cuatro artículos, cuatro disposiciones transitorias y una disposición final.
Resumiendo su contenido les diré que el articulado pretende que la palabra España se inserte en los anversos de las monedas de euros y cents que acuña el Estado español en todas las lenguas oficiales que tenemos. Al mismo tiempo, se pretende que
las monedas y medallas conmemorativas encargadas por el Estado y por las comunidades autónomas contemplen dicha pluralidad lingüística. Otro tanto debe ocurrir, a nuestro parecer, con la publicidad institucional sobre la emisión de billetes y
monedas. Las disposiciones transitorias garantizarán que no se tenga que retirar ni desaprovechar ningún euro de los ya emitidos o acuñados y que sea a partir de la entrada en vigor de esta ley cuando se acuñen y emitan las monedas de la manera
estipulada en esta proposición.
Señorías, tomen en consideración esta proposición si de verdad creen en el fondo de la cuestión, pero no aleguen motivaciones técnicas, porque creo haber demostrado que son infundadas e increíbles. Si dicen que no, que sea por causas
superiores, no por excusas de mal pagador. Para acabar, y considerando que todos ustedes ya conocen el texto que presentamos para la toma en consideración de esta Cámara, permítanme expresarles mi convencimiento de que el hecho de que en nuestras
monedas de euro y de cents aparezca el nombre de España en nuestros cuatro idiomas oficiales -por tanto, España, Espanya y Espainia-, será bueno para todos, servirá para reconocer, dentro y fuera de España, esta realidad plurilingüe y pluricultural
de nuestro Estado y servirá también -debería servir- para que las cuestiones lingüísticas no sean armas arrojadizas en los debates sobre identidades nacionales, donde mucha gente se cree que sólo se puede ser español en castellano. Nosotros creemos
que se puede entender y sentir lo mismo, aceptar una misma idea de Estado pronunciando España, Espanya o Espainia en cualquiera de nuestras lenguas oficiales y sobre todo que los símbolos deben ayudar a compartir, pero nunca a separar ni a excluir.
Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
No es, seguramente, ni la primera ni la última vez que vamos a debatir acerca de este tema dado que la lengua catalana, la lengua vasca y la lengua gallega están conformando la realidad cotidiana en papel oficial, en documentos, en todo lo
que hace referencia a cuestiones de uso de los ciudadanos, de la Administración. No va a ser la última porque ya hemos visto aquí iniciativas de diferentes parlamentos -el catalán, el balear, el navarro en este caso también- que se han debatido en
este Congreso.
Para Esquerra Republicana de Cataluña hay una cosa de sentido común: la realidad cultural y lingüísitica del Estado es plural, es una realidad conformada desde hace mucho tiempo, de muchos siglos y es evidente que elementos como la
moneda, en
este caso el euro, o como se trasladó aquí también desde el Parlamento de Cataluña, el papel oficial -los sellos en ese caso- tengan traducción a los cuatro idiomas oficiales que tiene el Estado hoy.
El ponente del Parlamento balear ha dicho algo muy importante: que sería un acto de pedagogía el que las diferentes lenguas circularan por el resto del Estado. Hoy en día hay una gran incomprensión de los ciudadanos castellano-hablantes
respecto a las otras lenguas, a la pluralidad lingüística del Estado. Creo que hay muchas veces un desconocimiento y la prueba la tenemos en que a veces algunos empresarios catalanes se quejan de que productos etiquetados en catalán -y castellano,
evidentemente- tienen rechazo en algunas partes de la geografía del Estado.
Curiosamente, cuando están etiquetados en portugués no sucede lo mismo, porque el portugués, como todo el mundo sabe, tiene Estado y es una lengua que alguien podría
catalogar como de primera. El catalán no tiene Estado y no es una lengua de primera.
La iniciativa del Parlamento balear ahonda en ese sentido de comprensión, de pluralidad y de respeto y por esto manifestamos el apoyo incondicional de Esquerra Republicana de Cataluña.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego comparte la filosofía de fondo de la iniciativa del Parlamento de las Illes Balears cuando afirma que no hay nada que se oponga en la normativa europea a que en el anverso de las monedas del euro figuren textos
escritos en todas las lenguas oficiales de un Estado. Desde el punto de vista de una interpretación positiva de la Constitución española y de los distintos estatutos de autonomía de territorios con lengua propia, tampoco hay incapacidad o
imposibilidad de carácter legal. Es más, este mismo Congreso de los Diputados asumió el 16 de diciembre de 1997, cuando el Partido Popular no tenía mayoría absoluta, que debía de plasmarse el plurilingüismo del Estado en lo relativo a la emisión de
monedas que deben ir imprimidas con el nombre del Estado español en las distintas lenguas y también, por supuesto, con todo tipo de leyendas que se quieran realizar dado que no hay impedimento alguno para que se haga con el carácter plural,
plurilingüe del Estado.
A nadie se le oculta el importante papel o valor simbólico que tendría esta actuación en cuanto a asumir que todas las lenguas tienen un rango estatal pues, como digo, no hay impedimento alguno en el actual marco jurídico institucional y
porque así la Administración general del Estado haría suyo el carácter plurilingüe del Estado español. La única dificultad está en la intolerancia o en la negativa a interpretar el marco constitucional desde un punto de vista progresivo y favorable
a todas las lenguas que se hablan en el Estado español. En definitiva, el único impedimento es la mayoría absoluta del Partido Popular.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar favorablemente esta iniciativa del Parlamento de las Illes Balears.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, también va a apoyar, una vez más, esta proposición de ley que trae hoy a esta Cámara y a su debate el Parlamento de las Illes Balears; de nuevo un parlamento periférico, con
lengua propia distinta del castellano, que vuelve a plantearnos una cuestión lingüística. Tal y como decía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, es el séptimo parlamento que nos trae una iniciativa de este tenor. Por algo será, algo estará
sucediendo en este Estado cuando una y otra vez parlamentos con lenguas cooficiales distintas del castellano plantean el debate en esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Vasco sistemáticamente ha estado a favor de la toma en consideración de estas iniciativas que comparte en su fondo y en su forma; en el fondo de la cuestión porque ponen en evidencia la realidad plurilingüe y
pluricultural del Estado, y en la forma porque es un parlamento autonómico el que toma la iniciativa de presentar ante esta Cámara una propuesta de esta naturaleza. Estando de acuerdo en el fondo y en la forma de la cuestión, reiteradamente se nos
hace complicado entender por qué la mayoría parlamentaria actualmente vigente en esta Cámara rechaza estos planteamientos. Nosotros somos de los que nos sorprendemos de que en literatura de este tipo, incluso en los crucigramas de los periódicos,
se diga que la eñe es la letra española por antonomasia. No es así, cualquiera que sepa un mínimo de lingüística sabe que eso es extralimitar los símbolos. Aquí tenemos una proposición bien concreta en torno a distintas escrituras y grafías de la
letra eñe en el conjunto del Estado. No es más que un símbolo, un detalle, pero da la impresión de que no estamos ni siquiera en estos mínimos detalles en condiciones de aceptar que cuando se vuelvan a acuñar nuevas monedas de euro se puedan tener
estos criterios ortográficos de grafía, de respeto a lenguas del Estado que además son oficiales.
Una vez que uno y otro parlamento han traído este tipo de iniciativas a esta Cámara y han sido sistemáticamente rechazadas, a uno no le cabe más que concluir
que cuanta más pluralidad nominal se predica más homogeneidad se practica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para mostrar -no es de extrañar- nuestro respaldo a la iniciativa que viene hoy del Parlamento de las Islas Baleares.
En primer lugar -y no es mera cortesía-, hay que mostrar agradecimiento.
Son de agradecer iniciativas como esta que hacen uso -incluso si hicieran abuso- de la Constitución española. Cuando vimos el orden del día y tuvimos conocimiento de
él, a uno le podía caber la pregunta: ¿Otra más? Eso tiene que ser una pregunta retórica pasajera, porque es muy conveniente, cada día más; es muy sano que, aunque se estrellen las olas contra el valladar de la mayoría absoluta del Partido
Popular, distintos parlamentos, distintos grupos parlamentarios vayan trayendo iniciativas de este tipo a ver si, como decía el Evangelio, a las doce, a la una, a las dos o a las tres de la madrugada llaman a la puerta varias veces para pedir pan y
terminan abriendo ya y dan pan. A ver si de una vez por todas llegan las tres de la mañana -no recuerdo exactamente cuál era la hora exacta bíblica en la que se abrió la puerta y se dio, pero más o menos debería ser esa hora- y dan pan.
Bienvenidas sean cuantas iniciativas vengan a la Cámara con este contenido. Me cabe sólo una duda y es que no sé si es una incoherencia medida o una ambigüedad calculada el que generalmente los grupos parlamentarios populares en las
comunidades autónomas correspondientes voten a favor de esta iniciativa, pero luego el grupo parlamentario a nivel del Estado español rechaza cuando llega aquí. Desde luego, no voy a dar lecciones de coherencia por aquello de que el que esté limpio
de pecado que tire la primera piedra, pero uno esperaba por lo menos que el partido que apoya al Gobierno tuviera la suficiente coherencia y cuidado en no votar en contra de las iniciativas de su grupo en las respectivas comunidades autónomas
porque, si no, vamos a estar jugando a un juego de claroscuro, de quitar y de poner, que puede recordar mucho más a un vodevil que a la noble acción política.
Concluyo, como decía al principio, manifestando que vamos a respaldar esta iniciativa. Espero que en algún momento nos lleguen las tres de la mañana y el Partido Popular nos dé pan y salgan adelante iniciativas como ésta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz. (Rumores.) Perdóneme, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: No tengo inconveniente alguno en que me compare con mi compañero y amigo señor Alcaraz, pero no somos la misma persona.
La señora PRESIDENTA: Ha sido un lapsus y le pido disculpas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías.
En primer lugar, quería dar la bienvenida a esta Cámara al señor Ferrer, representante del Parlament de las Illes Balears y expresarle nuestro reconocimiento por su labor, por la defensa que acaba de hacer de la proposición de ley aprobada
por el Parlament de las Illes Balears, con la que se persigue el uso de las lenguas oficiales del Estado en la acuñación de las monedas del euro.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley por muchas razones: por convicción propia, por coherencia política y por una trayectoria muy acreditada de
apoyo, de connivencia política con cualquier iniciativa traída a esta Cámara para hacer evidente que vivimos en un Estado plurinacional, plurilingüe y pluricultural. Por tanto, estamos con ustedes y vamos a seguir estándolo en el futuro, vengan las
iniciativas que vengan. Como decían otros portavoces anteriormente, ésta no va a ser la última iniciativa política, provenga de un grupo parlamentario o de un parlamento autonómico, que persigue esos fines. Seguiremos estando ahí, aunque hay que
reconocer que a veces uno se siente cansado. Es lamentable, pero hay que decirlo. Lo que se plantea aquí es una cuestión absolutamente justa, loable, lógica y democrática. No entendemos el porqué de tantas trabas, problemas y objeciones. Se ha
dicho anteriormente que se han traído a esta Cámara diversas iniciativas parlamentarias sobre el mismo asunto, la posibilidad de acuñar el euro en las distintas lenguas del Estado, así como otras similares. Todas tienen un objetivo común: que se
plasme esa pluralidad cultural y lingüística, sea en sellos y objetos postales, en impresos normalizados, en carnés oficiales, en matrículas de vehículos, las famosas chapas y en otros ámbitos en los que la simbología es también expresión muy
potente y democrática de los hechos diferenciales y de la estructura asimétrica del Estado.
En concreto, este diputado que les habla tiene muy fresco en la memoria, por haber intervenido en esa discusión, un debate que tuvo lugar en esta Cámara el 6 de marzo del pasado año, debate de toma en consideración de tres proposiciones de
ley conjuntas, una del
Parlament de Catalunya, otra del Parlament de las Illes Balears y la tercera, conjuntamente con las anteriores, del Parlamento de Navarra, sobre el uso de las lenguas del Estado en la emisión de sellos y otros efectos postales.
Posteriormente ha habido otras iniciativas, del Principado de Asturias también, en relación al uso de las lenguas del Estado en los sellos y efectos postales, además hace pocas fechas, el 10 de septiembre, y posteriormente en el Pleno de la
semana pasada, una proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y del Grupo Parlamentario Mixto (Bloque Nacionalista Galego) en relación al uso de las lenguas en los impresos y
documentos normalizados de la Administración general del Estado, iniciativa que ya expusimos hace pocas fechas su aprobación por unanimidad, gran novedad, yo diría que es una excepción en la regla de ese tipo de iniciativas que estamos tratando, y
que lamentable y reiteradamente se ven frenadas por el voto contrario del Grupo Parlamentario Popular.
Hay un gran precedente, citado anteriormente, especialmente interesante, que es la toma en consideración de una proposición de ley del Parlament de Catalunya, cuyo debate tuvo lugar en esta Cámara el día 12 de diciembre de 2000; diríamos
que es el referente principal a lo que hoy discutimos. Ahí pasó lo que pasó y lo único que podemos hacer es reafirmarnos otra vez de nuevo en nuestros argumentos, en nuestras reivindicaciones.
Sólo quiero hacer una breve referencia o leer, aunque sea en pocos segundos, una intervención que realizó nuestro portavoz, Ignacio Guardans, en aquella ocasión para defender la posición de mi grupo en el debate de la toma en consideración
de esa proposición de ley del Parlament de Catalunya. Decía Ignacio Guardans el 12 de diciembre de 2000: Hoy toca la moneda. En el fondo, lo que late e una sola y misma preocupación: que todos los ciudadanos y ciudadanas de España puedan sentir
ese Estado también como propio en todo momento, y para eso necesitan, entre otras cosas y algunas incluso mucho más profundas, que ese Estado se exprese en su simbología y en sus idiomas, en los idiomas que son propios de esos ciudadanos españoles,
porque en caso de que eso no sea así, lo que se está haciendo es facilitar mucho más que unas personas -millones de personas, decía- se sientan excluidas y sientan que no están formando parte de esa colectividad. Yo creo que son palabras muy
acertadas, y el que ahora tiene el uso de la palabra las hace suyas al cien por cien.
Han pasado casi dos años del debate de la proposición de ley del Parlament de Catalunya. Por aquel entonces el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor López-Medel, para justificar el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular a
la toma en consideración de esta iniciativa parlamentaria, planteó cuestiones técnicas, a las que se refería muy acertadamente el señor Ferrer, de oportunidad y de ahorro económico, teniendo en cuenta el coste del rediseño y de la destrucción de los
billetes y monedas que ya se habían acuñado y que estaban almacenadas en algún lugar. También nos recordaba las recomendaciones del ECOFIN. Es cierto que el ECOFIN hacía una recomendación en el sentido de que no se realizaran modificaciones en el
diseño de la nueva moneda en los primeros tiempos, con el objetivo de que la ciudadanía se pudiera familiarizar con el uso de las mismas monedas.
Señora presidenta, señorías, especialmente a las señorías del Grupo Parlamentario Popular, estamos a las puertas del año 2003 y creo que debemos considerar todos que la población ya se ha familiarizado con el uso de las monedas de euro y con
los billetes de euro. Creemos sinceramente que deberíamos estar en disposición -no hoy, mañana, ni pasado mañana, pero sí a partir del año que viene, a partir del año 2003- de abrir una nueva etapa para que de alguna manera se pueda llegar a un
acuerdo o consenso global que creo es factible desde el punto de vista político y que permita en un futuro próximo que la plasmación de la realidad plurilingüista del Estado sea un hecho, y digo año 2003 y siguientes, repito que no hace falta que
sea pasado mañana. Por tanto, nosotros consideramos que este Parlamento tendría que hacer hoy un esfuerzo -no es demasiado esfuerzo, pero vistas cómo están las cosas sí cierto esfuerzo- para tomar en consideración esta iniciativa parlamentaria y
que en el trámite parlamentario, como pasa en muchas otras iniciativas, seamos capaces de introducir las modificaciones y las mejoras necesarias para que al final el texto sea aceptable para todo el mundo, para que su aplicación práctica sea
factible y para que en el año 2003, en 2004 o en el año que sea podamos tener esas monedas plurilingües circulando por el Estado y por el resto de la Unión Europea. Creo que no es demasiado pedir.
Por tanto, repetimos, gracias al Parlament balear, estamos con ustedes y vamos a votar a favor. Por último, pediríamos esa generosidad que creo podemos pedir al resto de grupos para votar a favor de la toma en consideración.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Gracias, señora presidenta.
Senyor diputat del Parlament de las Illes Balears, senyor Ferrer, li do la benvinguda y el felicit per la seva intervenció.
Señorías, en nombre de mi grupo, el Grupo Socialista, quiero anunciar con orgullo nuestro voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley sobre el uso de todas las lenguas oficiales del Estado en la acuñación de monedas
de euro. Se trata en definitiva,
señorías, de poder evidenciar también en nuestra moneda, con todo lo que ello representa, el carácter plurilingüe del Estado español. Es, pues, una iniciativa importante por su alto valor y contenido simbólico. Con nuestro voto favorable,
el Grupo Socialista quiere poner de relieve que está a favor también del reconocimiento simbólico de este carácter plurilingüe del Estado español.
Señorías, a través de los símbolos los Estados quieren transmitir cómo son y sobre todo cómo quieren ser; por tanto son un elemento importante de su imagen exterior. Las monedas son un instrumento al que tradicionalmente se le ha otorgado
justamente un gran autovalor simbólico. De aprobarse la proposición de ley que hoy llega a esta Cámara para su toma en consideración, el Estado español, que de acuerdo con nuestra Constitución es plurilingüe y pluricultural, podría mostrarse como
es a través de su nueva moneda el euro, que a su vez al ser de uso común en una gran parte de Europa podría contribuir a transmitir a los demás países bajo su influencia que son cuatro las lenguas oficiales que conviven en nuestro territorio y que
las lenguas oficiales y propias de las comunidades autónomas son también lenguas del Estado. Todo ello sería a la vez un símbolo de reconocimiento y una expresión clara de nuestra riqueza cultural; riqueza cultural que hizo que en 1868, cuando el
entonces ministro de Hacienda, el catalán Laureà Figuerola i Ballester, creó la que hasta el pasado mes de enero ha sido nuestra moneda, la peseta, lo hiciera utilizando una palabra que, de acuerdo con la mayoría de estudiosos del tema, es de claro
origen catalán. Esta sería, señorías, una muestra evidente de cómo en plurilingüismo y el pluriculturalismo han enriquecido desde siempre al Estado. Se trata de una riqueza cultural que de acuerdo con el espíritu y la letra del artículo 3 de
nuestra Constitución y tal como expresan además los distintos estatutos de autonomía, debería ser también en el tema que nos ocupa identificativa de España, y a la vez muestra evidente de cómo un Estado plurilingüe y pluricultural puede llegar a ser
singular y universal. Esto es, señorías, lo que también han querido transmitir a través de sus monedas otros países como Bélgica, Suiza, Noruega o Canadá.
La toma en consideración hoy de esta proposición de ley y su posterior tramitación y aprobación supondría pues a nuestro entender un importante avance en el reconocimiento simbólico de nuestra realidad; esto es lo que nos pide hoy,
señorías, el Parlament de las Illes Balears y por tanto toda su ciudadanía. Por esta razón también esta proposición de ley debería ser tomada en consideración; además con ello daríamos cumplimiento a la moción aprobada en esta Cámara el 16 de
diciembre de 1997, por la que se instaba al Gobierno a desarrollar el reconocimiento de la realidad plurilingüe del Estado mediante un conjunto de disposiciones y medidas que incluían las nuevas emisiones de moneda. Este es pues, señorías, un
compromiso que ya adquirimos en esta Cámara cuando hace casi cinco años aprobamos la moción que acabo de citar.
Tengo que decir también que en este momento político que vivimos la toma en consideración de esta proposición de ley y su posterior aprobación puede ser una ocasión única para mostrar al mundo que nuestra Constitución permite a todos los
ciudadanos y ciudadanas del Estado sentirse plenamente identificados con todo aquello que nos representa y que esta Cámara, que es donde reside la soberanía popular, respalda mayoritariamente el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna. Señorías,
hemos de entender que la libertad democrática lleva aparejada la protección y el respeto de los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos, pero más allá de la letra escrita esta proposición de ley expresa un deseo compartido por un gran
número de ciudadanos y ciudadanas de las Illes Balears que quieren que su lengua propia sea respetada y protegida como merece, pero también quieren que esta consciencia de pluralidad interna se exprese cada vez más tanto en el terreno simbólico como
en el representativo de todo el Estado español.
Señorías, hace aproximadamente dos años, a finales del año 2000 y dentro de esta VII Legislatura, debatimos la toma en consideración de una proposición de ley muy similar que provenía del Parlament de Cataluña. En aquella ocasión el Grupo
Popular votó en contra de su toma en consideración, como ya se ha dicho aquí, por razones técnicas y de tiempo, así lo expresó su portavoz en aquella ocasión. El tiempo es otro, señorías, y las razones que en este sentido esgrimía el portavoz
Popular ya no dan lugar y las cuestiones técnicas, como todas y todos sabemos, son perfectamente subsanables a lo largo de la tramitación parlamentaria.
En este mismo sentido se manifestaba también el portavoz del Grupo Popular escasamente dos años
antes, cuando en marzo de 1999 el Grupo Popular sí dio su voto favorable a la toma en consideración de una proposición de ley de las mismas características proveniente también del Parlament de Cataluña; claro está que por aquel entonces el Grupo
Popular no tenía mayoría absoluta en esta Cámara, y de votar en contra habría perdido en cualquier caso la votación. A pesar de ello, dicha proposición de ley no pudo finalizar su trámite parlamentario antes de que terminara la legislatura.
Señorías, la visión monolítica de España es pobre, sobre todo no es real, y no poder mostrarnos ante Europa a través de un elemento tan emblemático como es la moneda como un Estado plural en lo lingüístico y en la cultural es alejarnos del
espíritu constitucional. Señoras diputadas y señores diputados del Grupo Popular, súmense al reconocimiento simbólico de la realidad plurilingüe y pluricultural del Estado, tal como lo hicieron en 1999, y voten a favor de la toma en consideración
de esta proposición de ley de las Illes Balears. Con su admisión a trámite y su posterior aprobación se daría un paso realmente significativo en el reconocimiento
efectivo de un Estado español plural y diverso y mostraríamos que la existencia de cuatro lenguas en su territorio se vive realmente como un patrimonio de todas y todos los ciudadanos.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quisiera empezar mi intervención dando la bienvenida en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario al comisionado del Parlament de las Illes Balears que en esta ocasión se encuentra entre nosotros para defender
ante este Pleno la proposición de ley que ahora se debate de acuerdo con el artículo 87.2 de nuestra Constitución. Señor Ferré, bevingut.
La proposición de ley consta de cuatro artículos en los que se plantean tres cuestiones. El artículo 1 hace referencia a que en el anverso de las monedas metálicas en euros las leyendas deberían venir expresadas en todas las lenguas
oficiales de España. En los artículos 2 y 3 se plantea la misma situación anterior pero aplicada a las monedas conmemorativas de colección y de todo tipo que sean acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Por último, el artículo 4,
alude a la publicidad institucional sobre la edición de billetes y monedas que deberá realizarse en todas las lenguas oficiales.
Señorías, la presente proposición de ley del Parlament de las Illes Balears es una más de las diversas iniciativas parlamentarias presentadas por distintas comunidades autónomas con lengua propia, que pretenden como filosofía general un
desarrollo normativo de la disposición tercera del artículo 3 del Título preliminar, de nuestra Carta Magna que reza que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y
protección. A lo largo de estas dos últimas legislaturas varias han sido las iniciativas relacionadas con el tema del reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural del Estado español: Efectos postales, documentos de identidad, pasaporte y
moneda han merecido la atención de parlamentos autonómicos y de estas mismas Cortes Generales.
Permítanme hacer una vez más referencia a los distintos antecedentes parlamentarios relacionados con el tema que hoy nos ocupa. En la pasada legislatura, más concretamente el 9 de marzo de 1999, este mismo Pleno del Congreso de los
Diputados tomó en consideración, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, una proposición de ley del Parlament de Cataluña sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro. Quiero hacer
mención de la posición de mi grupo parlamentario votando a favor de la mencionada proposición de ley, pero reflejando en el tenor de la intervención del portavoz, señor Trías Sagnier, las previsibles dificultades técnicas a la hora de la aplicación
práctica de los contenidos de la proposición, entre las que se encontraba fundamentalmente la recomendación del Comité económico y financiero de la Comunidad Europea a los Estados miembros, en el sentido de que en los primeros años de circulación de
la nueva moneda se mantuvieran estables los diseños de las mismas a efectos de conseguir la más rápida familiarización de la población, no solo española sino la de los once países que nos acompañaron en el proceso del recién introducido euro.
Ya en la presente legislatura, el 12 de diciembre de 2000 se volvió a debatir una proposición de ley del Parlament de Cataluña sobre el uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y acuñación de monedas del euro, exactamente en
los mismos términos que el anterior. A la vista de la fecha de presentación y debate, mi grupo parlamentario votó en sentido desfavorable ante el riesgo cierto de comprometer los plazos para la entrada en vigor de la nueva moneda en España, al
exigir la iniciativa la acuñación de nuevas monedas justo unos meses antes de la definitiva introducción del euro y su cambio necesario por las otras monedas del grupo de países que iniciaron el proceso de transición al euro. El motivo del rechazo
expuesto con total claridad por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se basaba en una argumentación técnica irrefutable, y junto a la extemporalidad de la propuesta se unía la recomendación del ECOFIN. Sirva lo anterior para ilustrar la
dificultad técnica que supondría lo planteado en el artículo 1 de la presente proposición de ley después de transcurridos únicamente nueve meses desde el cambio a la nueva moneda. La propuesta de acuñación en el anverso de las monedas de la leyenda
de España en todas las lenguas oficiales, si bien es cierto que desde el punto de vista constitucional seguramente no existe impedimento alguno, sí aparecen una serie de problemas de otra índole.
Debo señalar primero que con relación a la moneda metálica de euro no existe un procedimiento específico que determine la relación entre los distintos Estados de la Unión, en el caso de España la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, y la autoridad monetaria de la Unión Europea. Sería preciso, por tanto, que se hiciera una regulación en cuanto a los distintos anversos nacionales, así como sus posibles modificaciones, junto con una coordinación respecto de los
términos de los cambios y la periodicidad de los mismos, además de establecer los instrumentos y sistemas de difusión y publicación correspondientes.
Señorías, debo insistir en la plena vigencia de la recomendación general del ECOFIN antes mencionada, por lo que cualquier cambio que se pudiera considerar tendría que llevarse a efecto con posterioridad al período de tiempo que ese mismo
Consejo de Ministros
de Economía y Finanzas considere suficiente a esos efectos.
El segundo problema está relacionado con la viabilidad técnica industrial de la incorporación de las leyendas en las diferentes lenguas oficiales, ya que debido a la limitación de espacio que presentan las monedas no es posible incorporar
las leyendas en igual forma y tamaño, por lo que sería preciso realizar un examen exhaustivo de los diseños que se pretendan emplear. Esto, aparte de la complejidad técnica que supondría, encarecería en gran medida los costes de acuñación al tener
que fabricarse nuevos troqueles por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
En cuanto a las monedas conmemorativas de colección y de todo tipo encargadas por el Estado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, no es posible la incorporación de todas las lenguas oficiales por dos motivos: el primero por una
imposibilidad material al tratarse de reproducciones de monedas y medallas antiguas; y el segundo por razones de índole técnica en relación con el tamaño, el diseño y la estética, puesto que al tratarse de productos con características numismáticas
comerciales prevalecen esas razones sobre las consideraciones lingüísticas.
En cualquier caso quiero recordar que no se plantea ningún inconveniente a la acuñación de medallas conmemorativas de determinados hechos históricos en las diferentes lenguas. Señorías, se ha preparado una acuñación conmemorativa del 700
aniversario de la Fundación de la Villa de Bilbao con el reverso escrito totalmente en euskera. Es a todas luces lógico que las conmemoraciones de determinados sucesos históricos que hayan tenido lugar en alguna de las comunidades autónomas con
lengua propia, sean acuñadas en la lengua propia de esa comunidad.
Con relación a la publicidad institucional sobre la emisión de billetes y monedas en euros, comentarles a modo de ejemplo la campaña de introducción del euro que tuvo carácter plurilingüístico en aquellas comunidades con lengua propia
oficial. Debo reconocer desde esta tribuna el decisivo papel que jugaron los respectivos ejecutivos autonómicos a la hora de dar difusión a la campaña. Gracias a ello hoy podemos hablar del éxito de la transición a la nueva moneda que ha tenido
lugar en España.
Señorías, resultaría reiterativo repetir los preceptos constitucionales que avalan que la lengua del Estado español es el castellano, artículo 3.1 de la Constitución, y que en aquellas comunidades autónomas donde exista lengua propia ésta
tendrá carácter de cooficial en el ámbito de esa misma comunidad autónoma, artículo 3.2.
No creo que éste sea el debate que se nos plantea. Más bien los redactores de la presente proposición de ley plantean una iniciativa encaminada al reconocimiento simbólico por la Administración general del Estado de la realidad
pluricultural y multilingüística del Estado español, reconocimiento éste que tanto el portavoz que les habla como mi grupo parlamentario asumimos, garantizamos y respetamos. Un mero repaso a las intervenciones de los distintos portavoces del
Partido Popular en ésta y otras sedes parlamentarias así lo acreditan. No planteemos que el rechazo a la tramitación de la iniciativa por parte de mi grupo pueda tener un significado antiautonomista. El respeto al marco constitucional y a todos y
cada uno de los preceptos contemplados en el mismo es el mejor ejemplo de lo que digo. El reconocimiento de la pluralidad de modelos sociales, culturales y lingüísticos que componen el Estado, así como la riqueza que para el conjunto representan
todas y cada una de esas realidades, debe ser preservado y protegido, es obligación de todos los que nos dimos el modelo constitucional como herramienta de convivencia hace ya veinticinco años. Negarlo a estas alturas significaría la ruptura del
consenso que representó la aprobación de la Constitución. El respeto constitucional a las diferentes características culturales, lingüísticas y sociales en los distintos territorios ha pretendido y pretende cohesionar y enriquecer, en modo alguno
separar.
Señorías, ha quedado constatado que el Partido Popular en ningún momento ha negado la realidad del modelo autonómico. La riqueza de sensibilidades que traducen las distintas intervenciones de los portavoces, como no podía ser de otra manera
tanto en el Parlament de Cataluña como en el de las Illes Balears, así como en los distintos debates habidos en esta Cámara, han dejado bien a las claras ese respeto por la multiculturalidad del Estado, aunque sí debo lamentar que en alguna ocasión
las dificultades técnicas que hemos argumentado para oponernos a iniciativas con las que compartíamos totalmente la filosofía en sus enunciados haya servido para que algunos hayan pretendido transmitir una falsa imagen de un Partido Popular
centralista, antiautonomista y enconado mal benefactor de las distintas identidades de la realidad que es España en sus culturas, lenguas o modelos sociales.
Señorías, nada más lejos de la realidad. El sentido contrario de nuestro voto nada tiene que ver con nuestro modelo de España que es el recogido en la Constitución. El respeto mío y de mi grupo con esa realidad que llamamos España está
fuera de toda duda. La posición de mi grupo parlamentario, como ya he mencionado antes, se basa en una argumentación de contenido práctico. Las dificultades técnicas para realizar nuevas acuñaciones, las recomendaciones del ECOFIN, la todavía
temprana etapa tras la sustitución de las pesetas por la nueva moneda y el reconocimiento del hecho de pertenecer a otra realidad plurinacional como es la Unión Europea, nos hacen ser contrarios a la iniciativa y por ello votaremos
desfavorablemente. No pretendan que el tenor de esta intervención pueda traducir un posicionamiento antiautonomista, señorías.
La señora PRESIDENTA: Señor Martín le ruego concluya, por favor.
El señor MARTÍN SOLEDAD: Acabo ahora mismo, señora presidenta.
La proposición de ley que nos han planteado presenta demasiadas dificultades técnicas para poder ser votada favorablemente. Ello no impide que en el futuro podamos llegar a acuerdos sobre otras iniciativas relacionadas con el uso de las
distintas lenguas que forman parte de la cultura española.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martín.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Islas Baleares relativa al uso de las lenguas oficiales en la acuñación de monedas del euro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 133; en contra, 150.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio un momento.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, esta presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto número 64, correspondiente al debate de totalidad del proyecto
de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la
exclusión del orden del día del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7, LETRA F), DE LA LEY 40/1998, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 122/000230.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, es preciso que continuemos con el debate.
Ruego a SS.SS que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y que mantengan las conversaciones fuera del mismo.
Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación del artículo 7, letra f) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas
tributarias.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista presento hoy en este Pleno una proposición de ley que tiene como fin la modificación del artículo 7, letra f), de la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, IRPF, y otras
normas tributarias, para posibilitar la exención fiscal de las personas con incapacidad permanente total para su profesión habitual cuando ese beneficiario debido a su edad, falta de preparación general o especializada y otras circunstancias
sociales o laborales, haya visto incrementadas las dificultades de obtener un empleo en actividad distinta a la suya habitual. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De la Encina, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, saben ustedes que actualmente sólo están exentas de tributación del IRPF las prestaciones por incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, y no lo está la incapacidad permanente total. Por tanto, el objetivo de esta
proposición de ley es atender las reivindicaciones de más de 150 pensionistas que tienen reconocida la incapacidad permanente total cualificada -que es como lo denomina la jurisprudencia-, de un total de más de 400.000 pensionistas con incapacidad
permanente total reconocidos en el sistema de la Seguridad Social, que tienen más de 55 años y que no encuentran ninguna actividad profesional, entre otras razones porque a esa edad y con una invalidez es muy difícil, reivindicaciones que han dado
lugar a numerosas sentencias judiciales y, sobre todo, a compromisos políticos incumplidos hasta ahora por el Gobierno actual. Señorías, nuestro propio sistema de Seguridad Social otorga una especial consideración a esos beneficiarios de la
invalidez permanente total cualificada como, por ejemplo, prever el aumento del 20 por ciento de su base de cotización, tratándoles de una manera genuina y dándoles una consideración de carácter intermedio entre lo que significa la invalidez
permanente absoluta y la invalidez permanente total. Sin embargo, esta cuasi asimilación, reconocida a efectos sociales,
no se produce a efectos fiscales. Efectivamente, el artículo 7 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, en su apartado f), establece que estarán exentas del impuesto del IRPF las prestaciones reconocidas por la Seguridad Social a los
contribuyentes que tengan una gran invalidez o una invalidez permanente absoluta, pero no recoge nada con relación a la invalidez permanente total.
Posiblemente, señorías, alguien, sobre todo del Partido Popular, pueda subir esta tarde aquí a esta tribuna del Congreso y decir que fue en enero de 1994, mediante una ley votada aquí en las Cortes, a la que por cierto ningún grupo presentó
enmiendas, donde se estableció esa discriminación respecto a las incapacidades permanentes totales, porque efectivamente se limitó la exención fiscal a aquellas pensiones que se percibían por parte de los incapacitados permanentes absolutos y de la
gran invalidez. Pero, señorías, desde entonces hasta hoy las cosas han cambiado y sobre todo se han producido avances en el ámbito judicial y no así en el ámbito político. Lo explicaré. En el ámbito judicial porque una sentencia del Tribunal
Constitucional de 22 de julio de 1996, precisamente interpuesta por el Grupo Parlamentario Popular, declaró inconstitucional y nulo el artículo 62 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1994 y eliminó la discriminación existente
hasta entonces entre las pensiones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez para la Seguridad Social y para las clases pasivas, para los funcionarios de la Administración general del Estado, dejando que esas pensiones se igualaran en
cuanto a la no tributación del IRPF. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Por tanto, dicho tribunal dictó esa sentencia y el Partido Popular, que ya gobernaba, no tuvo más remedio que aplicarla, pero el
Tribunal Constitucional declara constitucional el resto del artículo 62. ¿Y qué es lo que manifiesta el Partido Popular? Pues entonces el Gobierno del Partido Popular manifiesta públicamente la voluntad de enviar a la Cámara un proyecto de ley que
regulara de nuevo el IRPF, como efectivamente así hizo, y en el que iba a revisar todas las rentas exentas hasta entonces pero no incluida la de invalidez permanente total. Esto se llegó a publicar en un diario nada sospecho como es ABC, el 15 de
septiembre de 1996: Hacienda estudia eximir del IRPF todas las pensiones por incapacidad permanente. Pero no sólo queda aquí, en una mera publicación del diario ABC estudiar por parte del Gobierno popular la exención de la invalidez permanente
total, es que incluso el propio Grupo Parlamentario Popular, a través del área de relaciones externas y de atención al ciudadano, en cartas a contestación de colectivos que reclamaban el cumplimiento de dicho compromiso electoral, en cartas además
de fecha 28 de noviembre de 1996, 15 de octubre de 1997, 28 de julio de 1998 y 29 de octubre de 1998, firmadas -y perdón, porque no se encuentra aquí ya, pero lo tengo que decir- por don Manuel Núñez, que entonces era el responsable del área de
relaciones externas y de atención al ciudadano, manifiesta textualmente a estos colectivos de pensionistas que reclamaban la exención tributaria de IRPF para la invalidez total, lo siguiente: Es voluntad política del Gobierno y del Grupo
Parlamentario Popular, que le apoya, enviar a la Cámara un proyecto de ley que al regular el nuevo IRPF revise todas las rentas exentas, restaurando en lo que sea posible las anteriores exenciones de 1994. Fíjense, señorías, que tal era el grado de
compromiso entonces del Gobierno del Partido Popular que la propia subdirectora general de la secretaría del gabinete del presidente del Gobierno, en nombre del señor Aznar, presidente del Gobierno, y en contestación a una carta que le envía la
asociación de incapacitados de Cádiz, afectados también por este tema, dice textualmente: En un plazo prudencial los estudios que se vienen cristalizando desde el Gobierno del Partido Popular adoptarán las medidas tendentes para dar satisfacción a
esa reivindicación social. Lo cierto, señorías, es que el Gobierno del Partido Popular lo aprobó en 1998, poco después de todos estos compromisos por escrito y públicos, y no los ha cumplido, lo mismo que no ha cumplido otros muchos compromisos
contraídos con colectivos y ciudadanos. Yo me pregunto, con tantas rebajas fiscales que ustedes, señores del Partido Popular, dicen que hacen, ¿cuándo las van a hacer para este colectivo, con sus compromisos políticos, incluido el del presidente
Aznar? ¿Hasta cuándo van a tener que esperar los más desfavorecidos -como es el caso de los pensionistas de invalidez permanente total cualificada- para dejar de tributar el IRPF?
El rizo del rizo, señorías, es que, poco después de que el Partido Popular presentara el proyecto de ley del nuevo IRPF a los españoles -el que se aprobó en 1998-, una sentencia de la Sala Segunda, Sección de lo Contencioso-Administrativo,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 de octubre de 1998, falló como sigue: A quienes tengan reconocida una pensión de invalidez permanente total con anterioridad al 1 de enero de 1994 se les debe aplicar la exención del IRPF
vigente hasta entonces. Después de esta sentencia de 1998 y después de sus compromisos políticos, el Gobierno del Partido Popular ha seguido sin hacer nada para remediar esta situación.
No es momento de reproches, sino de soluciones; no es momento de culpabilidades. Y, si bien es cierto que el Gobierno socialista, en 1994, a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, hizo que estos pensionistas de incapacidad
permanente total comenzaran a tributar, no es menos cierto que, en 1998, el Partido Popular tuvo la oportunidad de modificarlo, y no es menos cierto igualmente que ha contraído después numerosos compromisos públicos y políticos de hacerlo y no lo ha
hecho.
Resumiendo: lo comido por lo servido. No es momento de buscar responsabilidades o incumplimientos, ni de hacer reproches, señorías, sino de buscar soluciones.
Cuando uno repasa la hemeroteca en cuanto a proposiciones de ley y preguntas parlamentarias formuladas
en el Congreso de los Diputados, observa que han sido muchas las iniciativas planteadas hasta ahora. Izquierda Unida ha traído este tema en distintas ocasiones, planteando otra cosa pero con el mismo fondo; Convergència i Unió también ha
contraído compromisos por escrito con los colectivos que reivindican esta petición que hoy traemos en forma de proposición de ley; y me consta que otros grupos de esta Cámara están de acuerdo, en el fondo, con lo que solicita hoy el Grupo
Parlamentario Socialista. Pero lo cierto es que estamos en 2002, el Gobierno del Partido Popular tiene prevista una nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y tampoco se introduce en ella la exención fiscal para los
pensionistas de incapacidad permanente total ni para los de incapacidad permanente total cualificada. Por nuestra parte, traemos esta proposición para su toma en consideración. En el caso de que la misma se apruebe, estaríamos encantados de dar
satisfacción a este colectivo de 142.000 pensionistas españoles; y, en caso de que no sea así -y me temo que el Partido Popular no la apoyará-, anunciamos que hemos introducido una enmienda en el proyecto de ley del Partido Popular del IRPF por la
cual, en el mismo sentido de la proposición de ley que presentamos hoy, solicitamos un tratamiento fiscal para los pensionistas de invalidez permanente total cualificada idéntico al que disfrutan ya los pensionistas de gran invalidez o de
incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo o profesión. Nos parece que sería de justicia, y por eso pedimos su voto para esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De la Encina.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley que formula el Grupo Parlamentario Socialista, dirigida a eliminar una regulación injusta en el tratamiento tributario de las rentas percibidas
en concepto de incapacidad permanente total. La definición de rentas exentas contenida en el apartado f) del artículo 7 de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, hace referencia a los baremos de incapacidad regulados por la Ley
General de la Seguridad Social, señalando sólo las rentas que proceden de la incapacidad permanente cuya definición legal lleve aparejada la imposibilidad de compatibilizar un trabajo, que son: la incapacidad permanente absoluta y la gran
invalidez. El traslado literal de los grados de incapacidad permanente definidos por la legislación social a la fiscal provoca que las personas que tienen concedida una incapacidad permanente total cualificada no puedan ser beneficiarias de la
exención de tributar el IRPF, a pesar de que su situación real es similar a la de los beneficiarios de las incapacidades permanentes absolutas. Hay que recordar que la incapacidad permanente total cualificada, si bien es un subgrado de la
incapacidad permanente total, se concede legalmente cuando se dan las circunstancias de edad, sociales o laborales que presumiblemente dificultan obtener un empleo o una actividad distinta a la anterior. Es decir, en realidad cuando el beneficiario
sólo cuenta con la pensión como renta directa del trabajo, al igual que sucede con la incapacidad permanente absoluta.
Por todo ello, compartimos la argumentación que late tras la presente iniciativa, que es la de equiparar fiscalmente a las rentas que provienen de las incapacidades permanentes cualificadas con las obtenidas por incapacidades permanentes
absolutas, por cuanto la selección de los beneficiarios es idéntica aun cuando en la normativa social haya una distinción legal en cuanto al grado de enfermedad. Por lo demás, desde la perspectiva de Galicia, el apoyo a esta proposición es aún más
justificado teniendo en cuenta que la cuantía media de las pensiones en esta comunidad autónoma está muy por debajo de la media del Estado español.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ya hemos tenido ocasión de tratar esta materia recientemente en la Comisión de Economía y Hacienda de este Parlamento con motivo del debate de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y las que modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de no residentes. En esa ocasión debatimos una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista en los mismos términos que fue rechazada por mi
grupo y supongo que en el debate que tendremos el próximo jueves sobre el dictamen elaborado por la Comisión de Economía y Hacienda se volverá a repetir. Queremos ser congruentes con el voto en contra que dimos en esa Comisión, por lo que no lo
vamos a cambiar en este momento. ¿Por qué no lo cambiamos? En primer lugar, porque entendemos que para la tipificación de estas situaciones de invalidez sirve perfectamente lo que establece el ordenamiento jurídico en la Ley 40/1998, sobre reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y lo que consta en la Ley General de la Seguridad Social. Efectivamente, el artículo 137 de la Ley General
de la Seguridad Social establece una clasificación de los grados de incapacidad. La propia Secretaría General de la Seguridad Social en su momento, en 1990, dio una instrucción para mejorar con el 20 por ciento aquellas situaciones que se
pudieran dar en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. Y por medio hay un dictamen de unos facultativos médicos que tienen que hacer la clasificación, porque podría ocurrir -y parece ser que esta salvaguarda se contempla de
alguna manera en la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, aunque no se especifica en la exposición de motivos- que realizáramos una interpretación sui géneris de lo que establece el artículo 139.2 de la Ley General de la Seguridad Social,
que viene a atender factores personales -como los 55 años de edad- que son los que mueven en 1990 -época de mandato del Gobierno socialista, de don Felipe González- a que se realice esa corrección cuando se pida la incapacidad absoluta y esta no sea
reconocida para que se pueda otorgar una mejora del 20 por ciento en la pensión a los mayores de 55 años de edad. Esta salvaguarda ya está contemplada ahí. ¿Por qué no se cambió en 1990? Se ha justificado aquí que han cambiado las circunstancias.
Entendemos que esto tiene que mantenerse en la línea actual, porque si no, no se entendería que la propuesta hablara de una incapacidad permanente total cualificada, aunque en su artículo único no emplea la calificación de cualificada, no sabemos
por qué, cuando en la exposición de motivos sí está hablando de incapacidad permanente total cualificada. Nosotros creemos que debe mantenerse la incapacidad permanente absoluta con la reglamentación actual que se establece en la Ley General de la
Seguridad Social, en los artículos a los que me he referido, porque si la cambiamos estaríamos alterando lo que determina el artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social, que es donde se establece la clasificación de los grados de
incapacidad y aparte de ir contra una ordenación jurídica iríamos contra un criterio facultativo. Dejemos también que el grado de incapacidad se fije por el tribunal médico correspondiente de la Seguridad Social o por las sentencias que pueda
emitir cualquier tribunal de justicia laboral. Supongo que con alguna matización la Secretaría General de la Seguridad Social, teniendo en cuenta lo que está hoy día transferido a las comunidades autónomas, tendrá algo que decir sobre esta
peculiaridad, porque hay comunidades autónomas que tienen en este momento la capacidad jurídica, estatutaria y por transferencias de los cambios que se han hecho en la Seguridad Social y tendrán que opinar respecto a lo que es una presunta carga
financiera en cuanto a las cuentas de esta Seguridad Social en ámbito autonómico.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Cuando algo es justo creo que cae por su propio peso, luego en torno a ello se establecen las normales posiciones que hay en política, más conservadoras, más abiertas, más progresistas, que es lo que se está expresando ahora en este debate,
por tanto sobran palabras.
Mi grupo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, va a apoyar esta proposición de ley porque creemos que tiene pocas justificaciones que haya una excepción para la incapacidad permanente total cualificada y que además afecta a una
cantidad de personas, y muy en concreto otra cantidad de personas menor todavía, mayores de 55 años, que permitiría solucionar este problema de una forma relativamente buena y al mismo tiempo barata. Si no encuentran dinero para solucionar esto les
voy a indicar algunas fuentes: vayan ustedes con lo que se gasta en las eléctricas o con lo que se gasta en la financiación de la educación privada o a lo mejor incluso en llamadas telefónicas al señor Bush y de aquí sacarán el dinero suficiente
para poder dedicar una parte del dinero a una cosa que es absolutamente justa y que afecta a una serie de personas que en ningún caso va a hundir el presupuesto general del Estado.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Hoy el Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición de ley de modificación del artículo 7, letra f) del impuesto sobre la renta de las personas físicas y otras normas tributarias que desde nuestro grupo parlamentario creemos
merecen una serie de consideraciones.En primer lugar, hemos de destacar que el marco social y económico en el que se encuadra la proposición de ley hoy objeto de debate nos obliga a referirnos a colectivos de personas hacia los que nuestro grupo
parlamentario ha tenido desde siempre una fuerte y muy especial sensibilidad. El texto de la ley a la que hace referencia la proposición presentada afecta directa o indirectamente a los colectivos de discapacitados pensionistas y también a las
familias y es por ello que hemos de recordar la defensa que ha hecho y hace nuestro grupo parlamentario de estos colectivos a través de las significativas iniciativas que hemos presentado, especialmente en
el curso de las dos últimas legislaturas y en concreto en esta última, y que han permitido impulsar medidas sociales y fiscales de mejora hacia todos ellos.
Desde las enmiendas presentadas al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, hasta las que en estos días hemos presentado al texto de reforma del IRPF, todas las propuestas de
enmiendas presentadas por nuestro grupo al proyecto de ley de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas recogen plenamente el espíritu de nuestra política social y económica hacia estos colectivos. Referirnos por tanto al artículo
7 es referirnos a las personas discapacitadas, a los pensionistas y, tal como he dicho antes, también a las familias. En este sentido, nuestras propuestas han perseguido fundamentalmente nuevas y ulteriores mejoras en el ámbito fiscal para los
colectivos afectados y, en general, han perseguido reconducir situaciones que presentaban, desde nuestro punto de vista, una cierta discriminación fiscal. Con el único ánimo de confirmar nuestra clara y contundente apuesta por estos colectivos y
por un impulso hacia una mayor y mejor integración social, entre el grupo de enmiendas propuestas por nuestro grupo parlamentario y que han sido aprobadas, hemos de destacar aquellas orientadas a conseguir exenciones de tributación por motivaciones
sociales o económicas. En concreto haré referencia a dos: la propuesta de enmienda a fin de eximir de tributación las pensiones extraordinarias por inutilidad e incapacidad permanente del régimen de clases pasivas y también la enmienda para eximir
de tributación las cantidades percibidas de instituciones públicas por acogimiento de menores, de personas minusválidas o mayores de 65 años y las dirigidas a sufragar parcialmente gastos de estancia o acogida en centros asistenciales. También
quiero destacar, entre aquellas medidas orientadas a perseguir un mejor trato fiscal para la familia, las que se han propuesto incrementar las reducciones por discapacidad del contribuyente; la que propone equiparar la definición de discapacidad en
régimen de clases pasivas al vigente en el régimen de la Seguridad Social o la de reducción en concepto de mínimo por hijo o descendientes, así como la de incremento de las reducciones en base por convivencia con ascendientes y por personas mayores
de 65 años. Por último, también en el impuesto sobre sociedades nuestra apuesta por mejoras al colectivo de trabajadores minusválidos es clara, especialmente concretada en una enmienda en la que se propone una deducción por creación de empleo de
trabajadores minusválidos, presentada por nuestro grupo parlamentario, que eleva la deducción de 800.000 pesetas a un millón.
Nuestro objetivo prioritario, señorías, a través de todas estas enmiendas era y es, tal como hemos puesto de manifiesto tanto en Comisión como en Pleno, impulsar el acento social y el de protección, tanto a la familia como a las personas
discapacitadas y a los pensionistas. Nuestro apoyo al texto de reforma del IRPF parte del interés que el mismo presta a estos colectivos, permitiendo en su formulación inicial adecuar la carga tributaria del contribuyente a las situaciones de
dependencia, mejorándose el tratamiento fiscal de la familia y las situaciones de discapacidad. Este enfoque y este espíritu que compartimos ha permitido a nuestro grupo incorporar nuevas propuestas que suponen mejorar ulteriormente el tratamiento
fiscal a estos colectivos y dar un impulso social, lo que ha hecho que podamos dar un voto favorable al conjunto del texto. Nuestra apuesta por impulsar todas aquellas mejoras que permitan reconducir situaciones de discriminación o apoyar a los
colectivos más débiles es clara, pero dentro del marco de la efectividad. Nuestro grupo parlamentario ha apostado siempre por impulsar, apoyar y defender aquellas propuestas e iniciativas que desde el marco de la negociación pudieran llegar a ser
efectivas, es decir, plenamente aplicables y llegar directamente a los colectivos a los que van dirigidas. Para ello entendemos que es necesario utilizar aquellos mecanismos e instrumentos que permitan lograr la máxima efectividad de la medida
propuesta. Es también por ello por lo que hemos apoyado en Comisión el texto de reforma del IRPF, mejorado con la incorporación de nuestras enmiendas de más y mejores medidas de tipo social y económico a colectivos que creemos firmemente que han de
ser apoyados de manera más decisiva.
Señorías, no vamos a apoyar la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, fundamentalmente por dos razones, en primer lugar, porque creemos firmemente que una proposición como la que ustedes presentan hoy merece un análisis más
profundo y detallado, tanto desde la vertiente económica y fiscal como desde la social; en segundo lugar, porque para conseguir avanzar en este tipo de propuestas creemos que debe hacerse desde la efectividad de los medios, desde el consenso, desde
la negociación, y el de hoy no creemos que sea el camino que permita conseguir la efectividad de una medida como la que ustedes presentan.
Ello pasa necesariamente por el consenso, por la negociación y por un debate profundo entre las distintas
fuerzas políticas, y un marco adecuado sería aprovechar el contexto de la reforma parcial del IRPF tanto en sede del Congreso como del Senado. Nuestra apuesta, señorías, es clara hacia todas aquellas medidas orientadas a mejorar en términos de
protección social y estamos convencidos de que en el próximo futuro avanzaremos en esta línea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para fijar la posición del Grupo Popular en relación con la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que ha defendido mi compañero señor De la Encina. No pensaba comenzar así, pero me
da S.S. pie para ello, porque ha empezado diciéndonos: no nos traigan aquí la Ley de presupuestos del año 1994. Le digo el aforismo jurídico: Excusatio non petita, accusatio manifesta.
Comienzo recordándole no el año 1994 sino el año 1992, Ley
18/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que entró en vigor el 1 de enero de 1992. Ya sabe usted lo que decía el texto, artículo 9, apartado b): Las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad
Social o por entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente... Es decir, se recogía la exención para todos los grados de incapacidad -ya sabe usted cuáles son los grados de incapacidad: parcial, total, absoluta y gran
invalidez- en el impuesto sobre la renta, y ustedes, a los dos años, en 1994 -eso me ha dado pie para que entre en el tema- modificaron el artículo 62 de la Ley de presupuestos de 1993 para el ejercicio de 1994, Ley 21/1993, de 29 de diciembre. Ahí
afinaron ustedes y recortaron las prestaciones a las personas con incapacidad y las redujeron en estos términos: Estarán exentas las prestaciones reconocidas al sujeto pasivo por la Seguridad Social o por entidades que la sustituyan como
consecuencia de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. En resumen, el Gobierno socialista eliminó las rentas exentas procedentes de la incapacidad parcial y total.
Hasta ahí creo que fueron ustedes los que se las quitaron a estos
grupos, a estas personas, que hay que escuchar, que hay que atender lógicamente, no a través de cartas, como usted nos ha dicho: que tiene cartas de pensionistas, cartas del señor Núñez... Las cartas, los escritos y los informes son cartas,
escritos e informes. Lo que realmente vale son los proyectos de ley aprobados en el Parlamento y elevados a rango de ley.
Me apunta usted que hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del año 1998, pero no ha definido usted claramente lo que decía el tribunal, que decía que se reconocían como exentas las prestaciones de incapacidad
total para quienes tuvieran reconocida una incapacidad anterior al 1 de enero de 1994, porque entonces estaba recogido en el impuesto sobre la renta que tanto los pensionistas de incapacidad permanente como los de parcial y total estaban exentos.
Luego lo que hace el tribunal es cumplir y hacer cumplir la ley para las personas que tenían la incapacidad antes del 1 de enero de 1994.
Entrando un poco en el fondo de la cuestión, la Ley General de la Seguridad Social, que usted ha mencionado en algunos puntos, define la invalidez permanente como la situación del trabajador que después de haber estado sometido al
tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Puntualizo esto porque más adelante el mismo texto de dicha ley define que se entenderá
por incapacidad permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la realización de todas o fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra actividad. Aquí está el quid de la cuestión.
Queda muy claro que toda persona que tenga reconocida una invalidez en grado de incapacidad total, siempre que le habilite para el ejercicio de otra profesión o de otra actividad, no tiene la incapacidad absoluta. Más adelante, y viene en la
definición del texto legal al que usted ha hecho poca alusión, artículo 137 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que creo que conoce usted como buen laboralista, define los cuatro grados de invalidez, que son: incapacidad
permanente parcial, incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta y gran invalidez. Sin embargo, lo que no define la Ley General de la Seguridad Social ni se dice en ningún texto, al menos que yo conozca, es que exista en el
ordenamiento jurídico español la incapacidad permanente cualificada. Eso no existe. Existe jurisprudencia, unas sentencias, pero no existe en el texto de la Seguridad Social y hasta que no se modifique este texto, en los textos legales o fiscales
no podrá equiparse la incapacidad permanente total cualificada a la absoluta, donde sí es de justicia, porque la persona que tenga esta limitación de incapacidad permanente absoluta no puede ejercer ninguna actividad o profesión.
Considero sensible y loable la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que afecta a un número importante de personas, en torno a 400.000, de las cuales un 35 por ciento más o menos, usted ha dicho que son unas
150.000 personas aproximadamente, están afectadas por la edad de 55 años y porque realmente no se han reciclado para poder tener una alternativa laboral o profesional o que, por circunstancias sociales o laborales, no pueden tener acceso a un
segundo trabajo. Se ha recordado en esta Cámara por grupos que me han precedido en el uso de la palabra, como son Coalición Canaria y Convergència i Unió, que ustedes presentaron la enmienda número 135 en el debate celebrado la semana pasada sobre
el proyecto de ley de reforma del impuesto sobre la renta cuyo texto es idéntico. Lógicamente la proposición de ley es anterior y los datos de la misma son más explícitos y más detallados. Como usted habrá seguido el debate de la Comisión de
Economía y Hacienda en cuanto a las enmiendas presentadas por su grupo, sabrá que esta enmienda fue rechazada en su día. Por otro lado, señor De la Encina, sabe perfectamente que las exenciones fiscales son figuras tasadas y regladas minuciosamente
en nuestros textos legales. En los temas fiscales, las exenciones son escrupulosamente estudiadas. Le reitero una vez más que la incapacidad permanente total cualificada no está recogida en el ámbito
de nuestro ordenamiento jurídico laboral, así como tampoco lo está en el nuevo texto de la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta, que ahora se trata de reformar. Añadiré que en el texto del proyecto de ley de reforma del impuesto sobre
la renta se han incorporado algunas exenciones, entre ellas las de las clases pasivas, que están exentas cuando dimanan de incapacidad permanente total que inhabilita para todo tipo de actividad.
Me referiré, aunque sea sucintamente, a una enmienda muy importante y de gran trascendencia, que es una exención de las prestaciones de orfandad, que ha sido reconocida y aprobada, como repetí en la Comisión, para que estos huérfanos, que
por desgracia han perdido a sus seres queridos, puedan percibir una prestación exenta. Esto ha sido reconocido y será en la reforma del impuesto sobre la renta, que se aprobará el próximo día en esta Cámara, donde espero que siga adelante, puesto
que ya se aprobó la enmienda en la Comisión de Economía y Hacienda.
Sobre los discapacitados, quiero decirle, señor De la Encina, que el tratamiento que tienen en el proyecto de ley de reforma del impuesto sobre la renta es un tratamiento benigno. Cualquier persona que tenga una incapacidad permanente total
exclusivamente y que no tenga más ingresos que los correspondientes a esta prestación yo le garantizo a usted que no va a tener que pagar nada en el impuesto sobre la renta, puesto que el mínimo familiar se ha incrementado especialmente para las
personas discapacitadas, lo cual quiere decir que en renta, si acaso hubiese tenido retención en sus ingresos, seguro, y podremos comprobarlo en un futuro muy próximo, que no van a tener nada que liquidar por el impuesto sobre la renta, o sea, serán
cuotas negativas.
He tratado de explicar nuestra posición con textos y con argumentos jurídicos y a pesar de la sensibilidad que todos tenemos hacia este colectivo de personas, nuestro grupo parlamentario no va a aceptar la proposición de ley presentada por
su grupo, por las dos razones que antes, y me reitero, he manifestado: la primera por coherencia con el voto emitido en la Comisión de Economía y Hacienda, al no aceptar la enmienda número 135, presentada por ustedes, y la segunda por no existir,
como antes le he reiterado, en nuestro ordenamiento jurídico laboral ni fiscal, un grado de invalidez que tipifique y diga cómo debe ser considerada la incapacidad permanente cualificada. Lo siento, pero el rechazo creo que lo comprenderá usted en
términos legales y jurídicos.
Nada más. Muchas gracias.(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Blancas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista de modificación del artículo 7, letra f), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de
las personas físicas y otras normas tributarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 119; en contra, 169; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUSICIÓN DE VALORES. (Número de expediente 162/000562.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MODIFICACIÓN URGENTE DE LA REGULACIÓN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES (OPA) PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS PEQUEÑOS ACCIONISTAS. (Número de expediente
162/000561.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, proposiciones no de ley. Se procederá al debate conjunto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a las ofertas públicas de adquisición de valores y de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre modificación urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) para mejorar la protección de los pequeños accionistas.
Para la presentación de la iniciativa, en nombre Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa a esta Cámara que pretende mejorar el marco jurídico de las sociedades que cotizan en Bolsa y, en particular, de las ofertas públicas de compra de acciones. En la última
comparecencia del vicepresidente para Asuntos Económicos en esta Cámara en la Comisión de Economía, tanto el Grupo Catalán (Convergència i Unió) a través de su portavoz, el señor Sánchez i Llibre, como el Grupo Popular manifestamos nuestra voluntad
de presentar iniciativas en esta Cámara en este sentido. De hecho, las que hemos presentado ambos grupos son coincidentes. Propondría la votación conjunta de un texto que hemos redactado como enmienda a la proposición no de ley del Grupo Catalán,
incluyendo en el primer punto, de acuerdo con las conversaciones
que he tenido con el portavoz de dicho grupo, que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que durante este periodo de sesiones, con el rango normativo que resulte preciso, impulse la modificación de la regulación de la oferta
pública de adquisición de acciones, etcétera.
También quiero decir en esta primera intervención que aceptaría la enmienda propuesta por el Grupo Socialista a esta proposición no de ley, con una breve matización. Pediría que se añadiera en nuestra
proposición no de ley, que se votaría conjuntamente con la del Grupo Catalán: lo que exige establecer con carácter general una regulación precisa en beneficio de la seguridad jurídica en relación con los blindajes de las OPA bajo condición.
En definitiva, aquí estamos, señorías, hablando de unas iniciativas legislativas que tienen tres objetivos: el primero, proteger al pequeño accionista; el segundo, dar mayor transparencia a los mercados financieros y el tercero,
democratizar el funcionamiento de las empresas que cotizan en Bolsa, dar mayor participación en el gobierno de esas empresas a los pequeños accionistas. Nos parece esencial, después de lo que ha sucedido en Estados Unidos, que las sociedades
modernas impulsen transformaciones para mejorar la transparencia y dar mayor credibilidad a los mercados financieros y, además, para proteger a los pequeños accionistas. Es necesario para el buen funcionamiento de los mercados financieros, donde
cada vez hay mayor número de personas con pequeños ahorros, es cada vez más importante tomar medidas que les llenen de credibilidad. De hecho con la ley financiera, que ahora está en trámite parlamentario, creo que mañana se celebra la ponencia en
el Senado, se ha avanzado muy notablemente en mejoras en los mercados financieros y en protección del pequeño accionista; se ha exigido una mayor transparencia a las empresas que cotizan en Bolsa; se han establecido reglas más duras para todos
aquellos agentes que tienen que dar credibilidad a las operaciones financieras, como empresas de rating, analistas, auditores, etcétera. En esta Cámara se aprobó también una proposición no de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Popular que
instaba al Gobierno a crear una nueva comisión técnica que impulsara modificaciones en el código de buena conducta. Pero creemos que también es necesario dar una mejor regulación a las OPA, a la oferta pública de adquisición de acciones. ¿Por qué,
señorías, algunos países obligan al que quiere comprar un paquete accionarial que da el control a hacer una oferta pública de compra de acciones? En las razones objetivas del porqué se obliga a que se haga esa oferta pública encontraremos las
modificaciones que quiere introducir mi grupo. Y hay dos razones, señorías, hay dos razones por las que algunos países consideran necesario que se haga una oferta pública de adquisición de acciones. En primer lugar, para hacer llegar el
sobreprecio con el que habitualmente se compra al adquirir un paquete accionarial que da el control al conjunto de accionistas. Y, en segundo lugar, para que los accionistas pequeños, cuando cambia el control en una sociedad, tengan la posibilidad
de abandonar la sociedad si lo creen conveniente.
España tiene una legislación clara al respecto. Hay algunos países, señorías, que no tienen legislación sobre OPA; hay otros que tienen una legislación más dulcificada que la española. Nosotros tenemos una legislación clara. En la Ley
del Mercado de Valores se establece de una manera clara que cuando alguien, entre comillas, una empresa o una sociedad, adquiere un paquete accionarial que le va a dar el control, tenga que hacer una OPA. Posteriormente, en un decreto, se dice que
eso sucede cuando uno adquiere el 25 por ciento de la empresa. Y digo que es una posición dura porque el 25 por ciento, si todos los pequeños accionistas votaran, no te daría el control de la sociedad, porque uno lo tendría en el 51 por ciento.
Nosotros decimos que si usted, por ejemplo, compra el 25 por ciento, entendemos que usted va a tener el control y tiene que hacer una OPA.
Ahora nos planteamos lo siguiente. ¿Qué pasa si alguien adquiere un paquete accionarial inferior al 25 por ciento pero ese paquete accionarial sí le da el control de la sociedad? ¿Habría que hacer una OPA? Pues de acuerdo con los
objetivos que entendemos, sí, habría que hacer una OPA, porque si entendemos que los objetivos son hacer llegar el sobreprecio a los pequeños accionistas y abrir un camino para que los pequeños abandonen si quieren abandonar cuando se produce, si
alguien compra un paquete accionarial inferior al 25 por ciento, y esa compra accionarial inferior al 25 por ciento le da el control, habría que hacer una OPA también. Aunque también habría que plantearse por qué paquetes accionariales inferiores
dan el control de una sociedad, y a eso también da una cierta respuesta nuestra proposición no de ley.
Producto de esa reflexión es la iniciativa que planteamos, que da solución a estos temas, primero, estableciendo criterios adicionales para hacer una OPA. Es decir, si usted compra un paquete accionarial inferior al 25 por ciento pero tiene
el control, manifestado ese control en que usted va a tener mayoría en los órganos de gobierno, usted va a tener que hacer una OPA. Además, vamos a abrir las puertas para que esa operación sea transparente, para que se puedan eliminar los
blindajes. Y no sólo es necesario esto, sino que también hay que plantearse que los pequeños accionistas participen más, porque el que con paquetes accionariales pequeños se tenga el control de la sociedad sucede porque los pequeños no participan
de manera habitual en las juntas generales. Por eso decimos que es necesario arbitrar fórmulas para que los pequeños puedan participar en el gobierno de las sociedades y por eso proponemos que con las nuevas tecnologías se haga posible el voto
electrónico de los pequeños accionistas, porque de ese modo democratizaríamos más las sociedades cotizadas.
Creo que la proposición que nosotros presentamos, muy similar a la que presenta el Grupo Catalán, con el que coincidimos en los objetivos y en las soluciones, lo que va a hacer posible es que en España no sólo cuando se adquiere el 25 por
ciento haya que hacer una OPA de manera automática, que eso no lo modificamos, sino que cuando se adquiere un paquete accionarial menor pero se produce una posición de control se tenga que hacer una OPA. Además decimos -y esto también es una
novedad en nuestra propuesta- que hay que hacerla en dos momentos: o antes, si antes se manifiesta que uno va a tener el control; o a posteriori, si después de comprar un paquete accionarial inferior al 25 por ciento se produce una situación que,
como consecuencia de esa compra, le da el control. En ese momento a posteriori también habría que hacer la OPA.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, ha terminado su tiempo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, presidenta.
Creo, señorías, que estamos ante una iniciativa parlamentaria del Grupo Catalán de Convergència i Unió y del Partido Popular que avanza notablemente en los objetivos de transparencia en los mercados financieros, protección del pequeño
accionista y democratización de las entidades cotizadas. Por eso yo pediría el voto unánime de esta Cámara, creo que sería bueno, después de la ley financiera, después del impulso al nuevo código de buen comportamiento de los órganos de gobierno,
que se aprobara esta iniciativa, que nos situaría como un país que está liderando la transformación de los marcos normativos para que todos los pequeños ahorradores participen en mercados transparentes y claros, con entidades que cotizan en Bolsa
que funcionan de una manera democrática.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Para la defensa de la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, en la última comparecencia del ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno ante la Comisión de Economía, manifestó la necesidad de presentar alguna
iniciativa parlamentaria que pudiera modificar la actual legislación de las OPA, básicamente en la dirección de beneficiar al pequeño y mediano inversionista o al pequeño y mediano accionista de los miles de millones de pesetas canalizados en el
ahorro español, muchísimos de ellos ahorros familiares. Por este motivo hemos presentado esta proposición no de ley sobre la modificación urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA), para mejorar básicamente la
protección de los pequeños accionistas.
¿Por qué la hemos presentado? La hemos presentado con un objetivo final que no es otro que democratizar económicamente las OPA en beneficio y mejora de la protección de los pequeños accionistas que en estos últimos años han canalizado sus
ahorros al mercado bursátil, llegando a alcanzar el volumen de un tercio del total del ahorro familiar español.
Señorías, creo que hoy nadie discute que uno de los cambios más importantes que se han producido en el sistema financiero español en los últimos años ha sido, sin lugar a dudas, la creciente presencia del ahorro familiar y del pequeño ahorro
en el capital de las empresas cotizadas. Es una realidad también que bien sea a través de la adquisición directa de pequeños paquetes de acciones aprovechando los procesos de privatización o de ampliación de capital que se han producido
recientemente, o bien sea a través de la potenciación de figuras como los fondos de inversión mobiliarios o los fondos de pensiones, en estos momentos, una parte importante del ahorro familiar español está colocado en los fondos propios de las
principales empresas de este país. De acuerdo con los diferentes estudios se estima que actualmente el valor de las acciones cotizadas en poder de las familias españolas equivale al 18,5 por ciento del PIB, mientras que las participaciones en
fondos de inversión en poder de las familias equivale a un 26,1 por ciento del PIB; otras fuentes estiman lo que manifestaba al inicio de mi intervención, que un tercio del ahorro familiar español está canalizado a través del mercado bursátil.
Creemos, señorías, que este proceso ha sido muy significativo y muy positivo y que ha permitido equiparar el perfil del ahorrador medio español al que representan las principales economías desarrolladas.
Por todo ello, desde Convergència i Unió entendemos que debe ser una prioridad de los poderes públicos garantizar la máxima transparencia, la mayor seguridad y una buena protección de la figura del pequeño inversor.
Es cierto que muchas son
las medidas a plantear en este ámbito en aras de aumentar la potenciación de los pequeños inversores, algunas de las cuales ya se están llevando a cabo en estos momentos. El portavoz del Grupo Popular ha hecho mención a una iniciativa que se aprobó
el pasado 16 de abril, la denominada comisión Aldama, que está estudiando los criterios de actuación a que deben someterse los auditores, los consultores y los analistas financieros, así como también las relaciones entre estos y las diferentes
sociedades. Por ello, existen algunas cuestiones, como la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones, que en opinión del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió deben ser también objeto de esta nueva regulación y de ahí parte
la iniciativa de este grupo parlamentario.
Si analizamos lo acontecido en los últimos meses en los mercados bursátiles españoles podremos observar que se han realizado una serie de operaciones de compras de paquetes importantes de acciones, concretamente las de SACYR sobre
Vallehermoso, las de AXA sobre Dragados, o las de Bami sobre Metrobacesa que han permitido tomar el control efectivo de la sociedad a los nuevos adquirentes, motivo por el cual en el momento de adquisición de las mismas se ha pagado una fuerte prima
a los anteriores poseedores de las acciones, y al no suponer el 25 por ciento del capital social dicha compra no ha tenido que llevarse a cabo mediante una OPA, con lo cual estamos ante una situación de la que sólo se han beneficiado un pequeño
porcentaje de accionistas en detrimento de los miles de pequeños accionistas de estas compañías que no se han visto beneficiados en ningún momento por el cobro de esta sobreprima; solamente se ha beneficiado un pequeño núcleo selectivo de
accionistas. Ello ha provocado que estas operaciones de compra, que llevan aparejada la toma de control de la compañía, hayan beneficiado única y exclusivamente a unos pocos poseedores de capital, mientras que los pequeños inversores, en muchas
ocasiones familias que en su día apostaron por estas compañías invirtiendo una parte de sus ahorros en la compra de un pequeño paquete de acciones, no se hayan podido beneficiar de las primas asociadas a la operación, aun cuando globalmente, entre
todos los pequeños accionistas, representen la mayoría de capital. Estos casos recientes, señorías, ponen de manifiesto defectos importantes en la legislación actual respecto a las OPA. Por ello, todo lo que sea mejorar creemos que siempre será
positivo para estos pequeños y medianos inversores. Es en esta dirección en la que nuestro grupo parlamentario de Convergència i Unió presenta esta iniciativa, con el objetivo básico de preservar y garantizar los intereses de los pequeños
accionistas. Por ello, instamos al Gobierno a que en el plazo de dos meses (el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado la propuesta de Convergència i Unió de modificar en el periodo que resta del periodo de sesiones por el plazo de dos meses)
remita este proyecto de ley a la Cámara, con lo cual entendemos que va a existir un compromiso por parte del Gobierno de que en los dos o tres próximos meses este proyecto de ley sea remitido a la Cámara, y lo que haga en base a una modificación
urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones, a los efectos de proteger de manera efectiva y eficaz los intereses de los pequeños inversores en los procesos de compra de participaciones que lleven aparejada la toma de
control de la compañía o la capacidad suficiente para poder nombrar los miembros del consejo de administración de la empresa adquirida.
Asimismo, consideramos fundamental que en esta modificación quede perfectamente clarificado que se hacen extensivos los beneficios de las primas pagadas al resto de accionistas minoritarios aunque no se produzca una compra del 25 por ciento
de las acciones, para evitar las situaciones que anteriormente he descrito, en las que solamente se ha beneficiado un reducido núcleo de accionistas. Básicamente se trata de que en la nueva legislación que remitan a las Cortes el resto de
accionistas mayoritarios se puedan ver beneficiados por las primas pagadas, aunque no se compre un paquete del 25 por ciento.
También creemos oportuno que en dichas modificaciones quede bien claro cuál es el porcentaje equivalente al control de la sociedad adquirida. En la legislación española existen diferentes interpretaciones al respecto.
El Código Mercantil y
la Ley de Sociedades Anónimas dicen que una persona o un grupo empresarial o un grupo de accionistas toma el control societario cuando tiene más del 50 por ciento de la sociedad. La ley de OPA dice que el 25 por ciento representa el control
efectivo de la sociedad y que es necesario hacer extensivos los beneficios de estas empresas al resto de accionistas, pero la realidad demuestra, señorías, que con una compra de un paquete de un 18, 20 ó 22 por ciento, unos grupos pueden tomar el
control efectivo de la compañía sin contar con el resto de los accionistas. Por lo tanto, pensamos que es fundamental clarificar cuál es el porcentaje equivalente al control de la compañía.
Creemos que es necesario mejorar la participación de los pequeños accionistas en la toma de decisiones de las compañías. Sobre esto vemos con buenos ojos la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que sea de
obligado cumplimiento la posibilidad de que los pequeños accionistas puedan ejercitar su derecho al voto a través del voto electrónico. Dentro de esta propuesta, creemos que se tendría que introducir la posibilidad de mejorar la oferta de las OPA
competidoras para que los accionistas minoritarios se beneficien siempre de los mejores precios. Entendemos que en uno de los puntos que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular deja sobre la mesa la posibilidad de que pueda existir el tanteo o
un derecho a que se pueda ejercitar una subasta para que pueda mejorarse el precio de adquisición de dichas acciones, siempre en beneficio de los pequeños y medianos inversionistas. Es por este motivo, señora presidenta, señoras y señores
diputados, que el Grupo Parlamentario Catalán va a aceptar la enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular porque, en definitiva, persigue los mismos objetivos que Convergència i Unió. Además, nos alegramos de que el Grupo Parlamentario
Popular haya aceptado la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el objetivo final de aprobar por unanimidad una ley de la importancia y la trascendencia que tiene la modificación actual de las OPA. Porque,
señorías, señoras y señores diputados, pensamos que es de justicia que cuando se produzca una operación financiera como las que he descrito anteriormente, siempre se puedan ver beneficiados los pequeños y
medianos accionistas y las familias españolas que han depositado su confianza en el mercado bursátil español.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, señorías, el artículo 60 de la Ley 24/1988, sobre el Mercado de Valores, desarrollado en el Real Decreto de 1991, define el vigente marco regulador de las ofertas públicas de adquisición de valores
negociados en mercados secundarios oficiales. Esta normativa constituyó un avance respecto a la regulación existente en los países de nuestro entorno, como se pone de manifiesto en el contenido de la Directiva europea sobre OPA y en la propia
proposición no de ley que hoy debatimos.
La actual regulación, que obliga a la compañía compradora a hacer una OPA si adquiere más del 25 por ciento del capital de otra sociedad o cuando propone más de la mitad de los miembros del consejo de administración, es una de las más
exigentes del ordenamiento jurídico europeo y americano.
Como es sabido, el sistema jurídico americano carece de régimen de OPA obligatoria y en Europa, Reino Unido, Francia y Alemania, la OPA imperativa está vinculada a porcentajes de control
superiores al español.
Esto es, la legislación del año 1991 protege en mayor medida al accionista minoritario de lo que lo hacen los ordenamientos europeo y americano, con la excepción de Bélgica; pero valga decir que su aplicación ha sido muy
criticada por los propios mercados. Sin embargo, el crecimiento de los mercados de capitales y la búsqueda de posiciones estratégicas para conseguir el control de las empresas cotizadas está dando lugar a que se paguen elevadas primas por la compra
de paquetes de acciones que, sin sobrepasar el porcentaje fijado del 25 por ciento, que es el que obliga al comprador a hacer pública la adquisición de acciones, acaban con el control de la empresa. De modo que en este tipo de operaciones, el
accionista minoritario ni tiene información previa de la operación ni, por tanto, opción de venta y realización de beneficios a todas luces extraordinarios a la vista de las elevadas primas que se pagan, muy por encima del valor de mercado.
En fechas recientes se han producido en España operaciones de esta naturaleza que cabría situar en el límite de la legislación; problema que justifica la revisión de la normativa actual y que afecta no sólo al mercado español, sino a todos
los mercados, como se recoge en el exaustivo debate que se ha realizado en Europa sobre este tema. De ahí que en la directiva -que parece que ya está finalmente acordada- se establezcan requisitos más rígidos, a fin de defender los intereses de los
accionistas minoritarios. Sin embargo, el debate entre los expertos pone de manifiesto que no existe unanimidad respecto a los cambios normativos que deben abordarse. Para algunos el legislador debería dirigirse a evitar el alza espectacular no
justificada de las primas, en lugar de reformar la normativa sobre OPA; tema relacionado con la estructura de la propiedad de las empresas españolas que, como sabemos, está mucho más concentrada que en el caso americano. Igualmente, el difícil y
largo debate que se ha producido en Europa sobre los contenidos de la directiva europea ha sido argumento para otros expertos para aconsejar esperar a reformar nuestro actual ordenamiento.
Sin dejar de tener en cuenta estas opiniones, nuestro grupo entiende que todas aquellas medidas que sin restringir el buen funcionamiento de los mercados defiendan los intereses de los accionistas minoritarios no deben dejar de impulsarse,
máxime cuando existen precedentes inmediatos en los que se han producido adquisiciones de las que al estar, como decíamos, en el límite de la ley, no ha sido obligatorio informar al resto de accionistas. Hoy es preciso obligar a una compañía a
lanzar una OPA sólo si se produce una compra de un paquete accionarial que, aunque sea inferior al 25 por ciento, en cambio le permite tener el control efectivo de la empresa adquirida.
Los cambios legislativos han de asegurar -y en este sentido van nuestras enmiendas- que la oferta vaya dirigida a todos los accionistas, afecte a todos o a una parte sustancial de sus participaciones, y se ofrezca a un precio razonable. Se
ha de asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, información y publicidad, de modo que los destinatarios dispongan del tiempo e información suficiente para tomar sus decisiones.
Es preciso impedir variaciones artificiales en las
cotizaciones, esto es, crear falsos mercados, como ha ocurrido recientemente. La nueva normativa debe también proteger las actividades de la sociedad objeto de una OPA cuando la oferta dura más tiempo de lo esperado, y es imprescindible eliminar
las prácticas de blindaje de los consejos de administración. En este sentido, apoyamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y en parte de su contenido por el Grupo de Convergència i Unió, si bien hemos incorporado dos enmiendas
que se fundamentan en el informe Winter. En primer lugar, proponemos establecer con carácter general una regulación precisa en beneficio de la seguridad jurídica en relación con los blindajes antes y después de materializarse la oferta de compra,
así como también -en aras de la mejora de la democratización del proceso de funcionamiento de las ofertas- la obligación de suministro telemático de la información relevante para los accionistas, tal y como se recomienda en el punto 3.2 del Share
Holder Information, del informe de expertos europeos, el High Level Group of Company Law Expert,
que además está colgado ya en la web de la CNMV para su debate.
Por último, nuestro grupo quiere denunciar que en torno al debate sobre OPA el Gobierno ha vuelto a incurrir en su política gestual, porque si lo que finalmente se aprueba es un real decreto (y entendemos, como se hizo también en 1991, que
debe hacerse a través de un real decreto la regulación del porcentaje de compra que obliga a la oferta obligatoria a todos los accionistas y no a través de un proyecto de ley; el proyecto de ley quedaría para otros aspectos relacionados con las
OPA), ¿por qué no lo ha hecho antes el Gobierno? Si es un real decreto puede hacerlo inmediatamente, no era necesaria ni tan siquiera esta proposición no de ley que estamos hoy discutiendo. Además, con aplicar la directiva comunitaria que aparece
hoy, era suficiente. Y si se quería entrar en un debate parlamentario, el Gobierno debería haber incorporado esta cuestión a un artículo de la Ley financiera; precisamente este tema sí tiene relación con el mercado de valores, y no tantos
artículos sin relación con temas de su estricta competencia, como caracterizan a esa ley.
Pues bien, a pesar de esta política gestual, votaremos a favor por las razones argumentadas. Queremos dejar claro, ante todo, que defendemos los intereses de los accionistas minoritarios, postura que hemos mantenido igualmente en los
debates del Parlamento Europeo sobre la directiva aprobada.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta. Intervendré con brevedad.
En mi grupo nos congratulamos del afán protector de las dos proposiciones no de ley; eso está bien. Además tenemos que decir, analizando un poco los hechos, que se corresponden con una realidad que nada tiene que ver con lo que estaba
ocurriendo en el mercado de valores, en la bolsa, hace pocos años. Es decir que ustedes, que han sido muy triunfalistas con el mercado y con su capacidad para regularlo todo, tienen que intervenir ahora porque ven el desastre que afecta a millones
de pequeños inversionistas. Por tanto, este debate se corresponde con una realidad dura para muchos pequeños inversionistas. No es un debate únicamente técnico; es un debate político y de fondo, tras el cual hay montones de cosas -los procesos de
privatización y lo que ha habido en cada uno de ellos, la bajada de los tipos de interés, la vorágine inversora- que en conjunto conducen a una especulación que se ceba en el pequeño inversor, y no necesariamente por la perversidad de cada uno de
estos elementos, sino por cómo han ido las cosas y porque el mercado no es neutral. Ya no son tiempos triunfalistas, y el Partido Popular y el que le ha dado apoyo en la mayoría de las iniciativas parlamentarias más conservadoras en el sentido
económico, financiero y bolsístico deben ponerse ahora de acuerdo y proponer alternativas ante la situación que afecta a millones de pequeños ahorradores. Esto ocurre ahora porque ustedes se dan cuenta de que tienen casi un crac bolsístico. Se
terminaron las palabras triunfalistas y aquel capitalismo popular que iba a hacer rico a todo el mundo en cuatro patadas y con pocas inversiones, y además no invirtiendo en desarrollo industrial o económico, es decir para una riqueza socialmente
útil, sino en especulación, que es precisamente lo que se les hunde. Y se hunde a través de grandes empresas que eran la garantía del funcionamiento de los mercados financieros, todas ellas pringadas hasta las cejas en fraudes y corrupciones de
todo tipo: las norteamericanas, las europeas y también algunas de las españolas. Ahora, ante ese casi crac bolsístico, ven la necesidad de una mayor transparencia, más control y detección de los fraudes que se produzcan. Estamos de acuerdo.
¡Cómo no vamos a apoyarlo! De modo que nos alegramos, pero añadimos algo que naturalmente no aceptarán: que el Estado vuelva a tener un sector público fuerte, que vuelva a ser capaz de intervenir en la política. Esto ya vendrá en el futuro porque
va a ser una necesidad objetiva que ustedes mismos van a poner en marcha.
La proposición no de ley de Convergència i Unió la hubiésemos votado a favor y no presentamos ninguna enmienda porque instaba al Gobierno a elaborar un proyecto de ley, que es lo que nos interesa, con lo que habría un debate aquí en la
Cámara. A la del Grupo Parlamentario Popular presentamos una enmienda para que en el plazo de dos meses presente un proyecto de ley de regulación de las ofertas públicas de acciones, las OPA, pero he creído entender que con las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista esto ya tiene una solución y que finalmente habrá un debate sobre el proyecto de ley que presentará el Gobierno. He entendido que las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista en conjunto se resumirán en un único punto
para hacer una propuesta con la que se traerá a esta Cámara un proyecto de ley para debatir; creo haber entendido esto. En todo caso, nosotros nos posicionamos favorablemente para que se pueda traer este proyecto de ley. ¿Por qué un proyecto de
ley? Porque en la proposición no de ley del Grupo Popular se hablaba de rango normativo. Nosotros planteamos sustituir 'con el rango normativo que resulte preciso' por 'proyecto de ley', para que no se hurte este debate a la Cámara y tras él
podamos llegar a un proyecto de ley que sea efectivo para hacer frente a los problemas que afectan en este momento al pequeño ahorrador.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo se congratula de las iniciativas que han traído hoy a la Cámara el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Popular por entender que vienen a incitar al Gobierno a dictar una resolución. Como bien
ha señalado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, consideramos que es suficiente un real decreto dado que cuando a partir de 1988 se produjo el primer desarrollo jurídico de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, se dictó un real decreto
en 1991 para ordenar el régimen jurídico y técnico de las ofertas públicas de adquisición de valores bursátiles. Por tanto, el Gobierno tiene a su alcance inmediato la posibilidad de corregir la situación actual, con las garantías jurídicas que
están resultando de este debate, con un texto que no requiere rango de ley sino de real decreto.
En segundo lugar, ya desde 1993, cuando se produjo por el Banco de España la incautación del Banesto de Mario Conde, se evidenció que en el sistema accionarial español de las sociedades anónimas había que tener en cuenta cuál era la
estructura de ese accionariado, ya que son sociedades anónimas con una multitud enorme de acciones cuyo porcentaje mayoritario era de pequeños accionistas y cuyo uso por determinadas minorías -como fue el caso de Mario Conde para acceder al control
de Banesto- requerían una regulación. La Ley 24/1988, del Mercado de Valores, venía a actualizar y corregir lo que era una especie de estructura mental para el control de una sociedad que procedía -y lo ha recordado el señor Sánchez i Llibre- del
Código Mercantil y de la Ley de Sociedades Anónimas, creyendo que una sociedad se controlaba por quien tuviera el 51 por ciento de las acciones o de los votos. La realidad del mercado financiero accionarial ha demostrado que esto ya es una
antigualla que se puede dar en alguna empresa, pero que en la vorágine del mercado bursátil de valores en otras produce una vulnerabilidad desfavorable para los pequeños accionistas. Ambas iniciativas coinciden con lo que el señor Martínez-Pujalte
acertadamente ha llamado democratización de estas entidades, y nosotros nos encontramos cómodos para apoyar el texto de su iniciativa porque sirve para democratizarla a favor de los intereses de los pequeños ahorradores, que es algo que la
regulación de las OPA por la Comisión Nacional del Mercado de Valores había tenido en cuenta, como es el reparto de la denominada prima de control o sobreprecio que se paga por la adquisición de estas acciones que permiten obtener el correspondiente
paquete. ¿Qué ha ocurrido últimamente? El señor Sánchez i Llibre ha citado con nombres y apellidos a las sociedades anónimas del ámbito de las inmobiliarias, que son las que hoy día, por la tendencia a invertir en ladrillos como se dice en el
mercado bursátil, han experimentado un boom de cotización que ha motivado unas apetencias que requerían una regulación. El principio que tenía la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la última reglamentación es que se podía conseguir con un
25 por ciento y hemos visto cómo se han hecho posiciones de dominio y control adquiriendo paquetes por debajo de esta cifra.
Concretamente dos muy significativas en el sector inmobiliario, citadas por el portavoz del Grupo Catalán de Convergència i
Unió, que se han hecho con un 24,5, es decir rayando casi eso que se llama la delgada línea roja, han permitido no entrar en una regulación obligatoria de OPA y sí en una operación puramente de mercado, de adquisición bursátil y hacerse con el
control. ¿En detrimento de quién? En detrimento de los pequeños accionistas que no han podido ni siquiera hacer ninguna opción.
El señor Martínez-Pujalte ha ofertado hacer una corrección sobre el texto del Grupo Catalán respecto a los dos meses
para traer esta solución por medio de la iniciativa correspondiente del Gobierno dentro de este periodo de sesiones y que venga a solventar un tema en este momento de inseguridad procedimental, de defensa que tiene el pequeño ahorrador que encontrar
en un Estado de derecho.
Con estas iniciativas se trata -dado que está pendiente de llegar a la Cámara la ley financiera en trámite en el Senado- de que el código de conducta ética, de buena conducta y comportamiento financiero y bursátil se lleve a los últimos
efectos. Ya fue un antecedente el Código Olivencia y mi grupo quiere hacer un reconocimiento a la comisión correspondiente de sabios y expertos que, presidida por Enrique de Aldama, ha realizado una labor que era necesaria para estipular este
comportamiento en las entidades financieras para que no se produjera un efecto incontrolable, por emplear una palabra fácil, diría que de ley de la selva, en los mercados bursátiles, financieros y empresariales. Entendemos que con el texto que trae
el Grupo Parlamentario Popular y con las correcciones, que también nos parecen oportunas y que apoyaremos, que se contienen en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se tienen en cuenta los blindajes de presidentes y altos
ejecutivos de las empresas sometidas a OPA, que cuando ocurren el ciudadano medio se sorprende de lo que se tiene que satisfacer por los blindajes de los que abandonan la empresa, dado que son a veces documentos de régimen interno y secreto pero que
se cumplen incluso por instancia judicial en la reclamación pertinente, lo cual se ha de tener también en cuenta para disciplinar esta actuación en la adquisición de posiciones de control que se puedan mantener por debajo del porcentaje del 25 por
ciento. La Comisión Nacional del Mercado de Valores va a tener aquí un campo de control y de actuación
para hacer buena la disposición que dicte el Gobierno en esta línea de solidaridad. Dado que el señor Martínez-Pujalte entiende que la Cámara debería apoyar este tema con una sola voz y clamor, mi grupo se suma a ello en la misma línea que
han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra. Así que votaremos favorablemente, señora presidenta, el texto que finalmente se ha consensuado.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir brevemente para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con las proposiciones no de ley presentadas por los grupos Popular y Catalán (Convergència i Unió) de modificación de la regulación
de las ofertas públicas de adquisición de acciones, con el fin de proteger y defender la situación e intereses de los pequeños accionistas.
A nadie se le oculta que los cambios habidos en los mercados financieros y en los mercados de capitales durante los últimos años han sido realmente importantes. La globalización, en su concepción amplia, ha condicionado sobremanera, entre
otras muchas cosas, la toma de participaciones y el control de las empresas. Siendo ello inevitable y algunas veces deseable, es lógico regular la oferta pública de adquisición de acciones con el fin de defender los intereses y los ahorros de los
pequeños inversores, inversores particulares que han confiado en las empresas, que han comprado acciones o participado en fondos de inversión.
Nuestro grupo, a expensas de conocer cuál va a ser el rango legal que al final va a tener la propuesta que haga el Gobierno, va a apoyar estas proposiciones no de ley en la esperanza de que se tengan en cuenta las propuestas que podamos
realizar desde el Grupo Vasco cuando se presente el proyecto en la Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Si desde la presidencia no se ha deducido mal del debate, el texto que vamos a someter a votación es el de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
con las siguientes modificaciones. En el primer punto, donde dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que durante este período de sesiones, con el rango normativo que resulte preciso, impulse la modificación de la regulación de las
ofertas públicas de adquisiciones de acciones, OPA, etcétera, tal y como figura en el texto.
La siguiente modificación se realiza en el párrafo que habla de introducir las demás mejoras que se consideren convenientes en el real decreto regulador de las OPA, tales como admitir en nuestro derecho la posibilidad de que las OPA se
presenten de forma condicionada como mecanismo para luchar contra el blindaje de los equipos directivos de las sociedades cotizadas, lo que exige establecer con carácter general una regulación precisa en beneficio de la seguridad jurídica en
relación con los blindajes de las OPA bajo condición.
En el último punto: Obligar a las sociedades cotizadas a establecer sistemas, entre otros, los que utilizan técnicas telemáticas con empleo de firma electrónica avanzada que permite a los accionistas votar en la junta general aun sin tener
presencia física en ella, así como la obligación de suministro telemático de la información relevante para los accionistas.
Entiendo que este es el texto que se somete a votación. (Pausa.)
Se somete a votación el texto transaccional que ha resultado del desarrollo del debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ofertas públicas de adquisición de valores, y de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Catalán, sobre modificación urgente de la regulación de las ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) para mejorar la protección de los pequeños accionistas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 287.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REFORMA URGENTE DEL CONTINGENTE 2002 DE TRABAJADORES EXTRANJEROS. (Número de expediente 162/000558.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros.Para la presentación de la iniciativa y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra la señora Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a la Cámara para su debate en Pleno un iniciativa que viene a dar respuesta a un nuevo fracaso en lo que respecta al tratamiento gubernamental de la inmigración. En este caso se trata del
contingente del año 2002 para trabajadores extranjeros. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Con probabilidad,
a quienes no se hayan familiarizado con los instrumentos básicos que deben conformar de manera imprescindible cualquier política de inmigración, en un comienzo les puede resultar hasta difícil de entender el significado que adquiere que el
Gobierno haya estimado una cifra aproximadamente de 10.000 contratos estables para trabajadores extranjeros y que, sin embargo, las ofertas hayan sido escasamente superiores a 2000. Les recuerdo que ayer mismo se cumplía el plazo de su
presentación. Cuando un país como el nuestro recibe una intensa presión migratoria, que es el resultado de una pluralidad de factores que empujan a las personas a emigrar, cuando España es destinataria de un número creciente de llegadas irregulares
por todos lados, por las costas, por las carreteras y sobre todo por nuestros aeropuertos, se precisa que la eficacia de los controles fronterizos vaya acompañada de la activación de un conjunto de instrumentos que determinan una estrategia efectiva
de canalización y de disuasión de la inmigración irregular.
Lamentablemente, durante los últimos años, en la percepción del Gobierno y de la mayoría política que lo sostiene, han primado los mensajes de corte ejemplarizante en serio abandono de aquellas actuaciones que realmente pudiesen resultar
efectivas para combatir eficazmente la inmigración no legal. Se ha perdido un tiempo precioso y a estas alturas, cuando todos los días podemos constatar que la inmigración irregular no hace más que acrecentarse, ya nadie puede creerse que un simple
cambio en la ley pudiera frenarla. Es un compromiso defraudado del que debe dar explicaciones el Partido Popular, que fue quien lo adquirió públicamente -si alguien quiere desmentirme sólo tiene que consultar las hemerotecas-, y en aquel momento
mintió o engañó a la sociedad al calor de las promesas electorales.
En lo que afecta al contingente, me gustaría que todos llegásemos a valorar la importancia de la que dispone en tanto que instrumento para disuadir a la inmigración irregular; es decir, si, de una parte, constituye un mecanismo importante
para poner a disposición de nuestros empresarios y de la sociedad española en general una oferta de trabajadores extranjeros para cubrir necesidades que no se satisfacen con la demanda interna de nuestro mercado de trabajo, de otra, no podemos
perder de vista su valor en tanto elemento cuyo correcto funcionamiento pone a disposición de quienes potencialmente engrosarán las filas de la irregularidad una posibilidad, una experiencia de que es posible llegar a hacerlo por la vía regular y
puedan desistir así de emprender una aventura cierta a la marginalidad. Esta es una dimensión que no nos podemos permitir el lujo de desperdiciar con modelo equivocado o errores en su aplicación, como lo ha puesto el ejercicio del presente
contingente. La estimación del Gobierno, según informaciones que han salido públicamente, ha resultado fallida en un 80 por ciento, aproximadamente, es decir, un error de bulto muy importante y, aunque intente disimularse, conocemos datos de la
propia Administración, en este caso del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que así lo ha detectado y reconocido en informe que no deja lugar a dudas. También el propio ministro del Interior, señor Acebes, en su comparecencia ante esta
Cámara, reconocía fallos en el contingente, pero bien es verdad que ayer el delegado del Gobierno para la Extranjería, nombrado hace ya unos meses, se negó a facilitar dato alguno. Dijo que se darían si había que darlos. Parece querer ocultar el
fracaso. Sin embargo, lo que más nos preocupa, más allá incluso de ocultar este fracaso, es que se mire hacia otro lado y, además, que haya distintas opiniones: unas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, coincidentes con el ministro del
Interior, y otras del delegado del Gobierno diciendo justamente lo contrario. Esta cantinela suena ya a tener opiniones diferentes en un tema relacionado con la inmigración, porque el señor delegado se estuvo agarrando a unas lianas que, desde
luego, tienen muy poca consistencia y, fundamentalmente, porque no afrontar los errores o disfunciones, como se denomina en el informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es imposibilitar su resolución. Desde luego, así va y así tenemos
el descontrol que tenemos.
El contingente ha resultado fallido, más allá de que se intente disfrazar esta cruda realidad amparándose en las cifras de trabajadores con contratos temporales, que nunca debieron haber entrado en la estimación gubernamental y que, por
cierto, tampoco se han cubierto en su totalidad.
El contingente ha experimentado un fracaso, tanto por errores en la previsión gubernamental -alguien tendrá que explicar los estudios económicos en los que se fundó tal previsión-, como en lo que se
refiere a su diseño y a la gestión por parte de la Administración. El resultado es que no ha servido para alcanzar los fines para los que fue diseñado, y esta es una responsabilidad del Gobierno que el Gobierno tiene que asumir. A estas alturas,
sinceramente, señorías, defenderlo o intentar minimizarlo es un ejercicio meramente dialéctico que no desmiente la realidad de los hechos. No es posible ampararse en que los empresarios no hayan realizado un mayor número de ofertas, ya que la
responsabilidad de la estimación se centra exclusivamente en el Gobierno, que es el que fija la cifra definitiva y además de ello dio cuenta también en esta Cámara el señor Chozas, del que confío en que alguna vez también nos explicará con la debida
diligencia las razones de su error.
En realidad, durante el año 2002, el Gobierno ha cometido una doble equivocación, porque al fallo en las previsiones acerca del contingente, de la rigidez del procedimiento establecido y de la incapacidad para gestionarlo adecuadamente, es
necesario añadir la grave equivocación que ha supuesto suprimir de facto el llamado régimen general, que establece la posibilidad de tramitar ofertas individuales a trabajadores extranjeros que están fuera de nuestro país. No entiendo
muy bien por qué se rechaza tanto cuando precisamente este Gobierno puso en vigor el reglamento en agosto del año 2001. Desde esta fórmula se permitiría dar respuesta a las necesidades que con frecuencia están demandando nuestros
empresarios para poder contratar a personas que viven fuera de nuestro país y que, desde luego, es más ágil que el procedimiento rígido del contingente. Debido precisamente a estos términos que recoge nuestra propuesta no podemos aceptar la
enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida. Su enmienda es contraria a lo que pretende esta proposición no de ley porque el Grupo Parlamentario Socialista no quiere regularizaciones encubiertas y quiere dejarlo claro.
Advertimos ya al Gobierno que rechazando el régimen general -que, insisto, ha sido puesto en vigor por este mismo Gobierno- iban a introducir una rigidez insalvable que no beneficia absolutamente a nadie, ni a inmigrantes ni a empresarios.
A ello me gustaría añadir que en este contingente el Gobierno ha renunciado también a dirigir las ofertas de trabajo hacia aquellos países que ejercen una mayor presión migratoria con destino al nuestro, desperdiciando así la efectividad -y lo he
dicho en innumerables ocasiones- de ese valor pedagógico contrario a la inmigración irregular. Nadie debería escudarse en las preferencias empresariales porque, insisto de nuevo, es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de orientar el proceso
hacia los intereses generales de nuestro país. No se ha hecho, como se ha podido comprobar, y también es una responsabilidad gubernamental.
No creo que puedan caber dudas sobre el diagnóstico. El contingente ha fracasado porque las cosas se han hecho mal. Hoy en nuestro país hay empresarios que demandan trabajadores extranjeros y cuya petición no puede atenderse debido a la
rigidez de un procedimiento absurdo que dificulta y alarga innecesariamente la redistribución de la oferta entre las distintas provincias para ajustar, en la mayor medida posible, la oferta a las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo. El
Partido Socialista no quiere permanecer impasible, no quiere compartir la pasividad gubernamental y pone a disposición del Gobierno una alternativa: una reforma para el contingente del año actual que, además de urgente, es perfectamente viable.
Ustedes conocen sus términos, por lo no voy a entrar en los detalles. Creemos que su apoyo sería interesante porque sin duda tendría resultados positivos para el conjunto de la sociedad. En el día de mañana el delegado del Gobierno para la
Inmigración se reúne con los representantes de las restantes administraciones y lo hace en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración. Entre otros asuntos va a abordar el tema del contingente.
Por tanto, sería una oportunidad propicia
para que las fuerzas políticas con representación parlamentaria, es decir este Parlamento, pusiera al alcance de los que allí se van a reunir una solución para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de los errores cometidos.
Estaríamos
dando pruebas de agilidad en las respuestas y en el compromiso de esta Cámara con la solución de los problemas porque, señorías, el éxito de la lucha contra la inmigración irregular no va a venir de la mano de discursos oportunistas. Este combate
sólo se gana con la puesta en marcha de un conjunto de políticas activas que son las que pueden ofrecer y aportar los resultados de los que hoy carecemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Rumí.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en principio habría que recordar una gran campaña que hizo el Partido Popular a la hora de cambiar la Ley 4/2000 por la 8/2000, sobre la base de que a partir de entonces ya tendrían política de
inmigración. Ya tenían la política y a partir de ella se solucionaban temas estructurales, temas de fondo.
La primera cuestión era que la ley superaba el famoso efecto llamada.
¿Usted se imagina a los inmigrantes subsaharianos leyendo el Boletín Oficial del Estado para ver si la Ley 4/2000 les permitía entrar con mayor o menor facilidad? La
segunda idea que nos repitió hasta la saciedad el señor Mayor Oreja era la creación de la cultura de la legalidad, los hábitos de legalidad, utilizó todos los sintagmas posibles. Se trataba de crear la legalidad para que el que llegara aquí ya
viniera con contrato, viniera perfectamente identificado a la empresa determinada y entonces, a partir de ese momento, todo el flujo estaba regulado y, por lo tanto, era indefectible y absolutamente necesario el cambio de la ley. Pues bien, en
primer lugar, podemos demostrar en este momento que el Partido Popular, tal como nosotros dijimos y lo seguimos diciendo, no tenía política y que estas dos medidas han sido un total fracaso, un absoluto fracaso -sigue viniendo la misma cantidad de
gente o más- y, en segundo lugar, no se han regulado para nada los flujos a través de la llamada denominada cultura de la legalidad. Todo lo contrario. Desde ese punto de vista pensamos que, como antes de la ley, el Partido Popular ha decidido
incluso pasar por encima de las necesidades de nuestro mercado laboral y, por lo tanto, las irregularidades que había entonces a la hora de contratar son las mismas que existen, con más gente, en estos momentos porque la estructura laboral no
permite otra cosa. Por cierto, se ha demostrado que la canalización de los flujos migratorios, gran esquema del Partido Popular, no ha tenido ningún éxito -ahora hablaré de números, cosa que no se hizo ayer- y viene ocurriendo
lo mismo que ocurría en los años anteriores, es decir, hay una acumulación de una bolsa de mano de obra clandestina, una estructura laboral B por debajo de convenios en las mismas condiciones pero en mayor cantidad que antes. Desde ese
punto de vista nos parece, señorías, que en este país existe una cierta demanda de mano de obra, es verdad y, como existe, por una parte el Partido Popular realmente está fracasando y, por otra, no quiere triunfar en sus medidas. El Partido Popular
quiere situar al margen de las condiciones laborales a una serie de gente y lo está consiguiendo de manera perfectamente calculada porque, aunque parezca paradójico, teniendo en cuenta la desregulación creciente del mercado de trabajo en España, que
es profunda y que aumenta constantemente con las nuevas normas que se están aprobando, no es posible una inmigración ordenada en un mercado laboral desregulado -por eso algunas propuestas que hace el PSOE no tienen mucho sentido, son parches sobre
la marcha- y nunca será posible lo que ustedes han diseñado en la ley y de lo que se están hartando de hablar constantemente en los medios de comunicación.
Vayamos a los datos. De los aproximadamente 10.000 empleos de carácter estable asignados para el cupo del año 2002, si bien las organizaciones patronales ofertaron unas 2.000 plazas, a fecha de hoy apenas se han concertado 400 contratos;
de 10.000 ofertas, pasando por la oferta de 2.000 plazas por parte de la patronal. De los 2.000 puestos asignados al servicio doméstico, señores diputados, señoras diputadas del Partido Popular, se han formulado ofertas genéricas para 369 empleos,
pero los contratos realizados no llegan a 50; este es el gran triunfo del Partido Popular en la regulación del flujo migratorio; aquí están los datos y por eso no se quieren dar porque son datos de hecatombe, de absoluto fracaso.
Ni siquiera la
patronal, señorías, está interesada en este tipo de contratación, lo demuestran los números, lo demuestran los hechos, lo demuestran las costumbres de este país que se van agudizando debido a un desorden, a una desregulación constante del mercado de
trabajo.
Vamos a ver el despliegue realizado de cara a la firma de convenios bilaterales, otro de los presuntos grandes éxitos del Partido Popular.
Ahí echó su cuarto a espadas el señor Fernández-Miranda. Respecto a algunos Estados latinoamericanos
y del Este europeo además del acuerdo nonato con Marruecos, que nunca se ha suscrito ni siquiera se ha hecho a borrador, nos encontramos con que todo lo que se planteó con grandes titulares, aquí música de Bethoven, se ha reducido a 400 tristes
contratos, señorías. Se ha reducido a la contratación temporal de trabajadores polacos para la cosecha de la fresa en Huelva. Entran trabajadores polacos y no dejan sitio a miles de temporeros marroquíes regularizados precisamente para estas
tareas. Los regularizados se quitan de en medio y entran los trabajadores que ustedes prevén como la solución mediante la firma de convenios bilaterales. Por lo tanto, aquí está el fracaso total de su ley y de su falta de política. ¿Lo encubren
bien? Bueno, pueden ustedes, tienen medios de comunicación que venden su propaganda, pero nada más. Esta es la realidad. Las medidas que oferta el PSOE son medidas variantes de superficie, no van al fondo de la cuestión, intentan mejorar algo que
no se ha cumplido, pero sobre la matriz de la política del PP, por lo tanto nosotros no podemos estar de acuerdo con esa matriz política porque se intenta mejorar una política que no sirve por su estructura y mucho menos por su funcionamiento. Por
eso en el punto primero hay una frase que no acabamos de entender y que no voy a calificar hoy desde la tribuna, pero que nos parece peligrosa. Cuando ustedes dicen que hay que garantizar que la insuficiencia de trabajadores en todo el territorio
nacional se cubra con estos antes de proceder a la contratación de trabajadores extranjeros, esto es inaceptable por nuestra parte desde el punto de vista de lo que es un modelo social que tiene que tener a los inmigrantes como trabajadores. Lo de
nacionales o no nacionales no puede dividir a los trabajadores. Por tanto, les ruego que reflexionen sobre esta propuesta, que no voy a calificar aquí, pero que nos parece absolutamente inaceptable.
Ustedes intentan sustituir el cupo provincial por un cupo nacional. Es decir, que los trabajadores que no sean aceptados en una provincia se recojan y aparezca un cupo nacional, pero es que ni por esas ha funcionado el tema. Esto es algo
muy de superficie, teniendo en cuenta que podría haber funcionado y se podría haber hecho un colegio con los que no fueron aceptados en alguna provincia, pero el fondo de la cuestión permanece igual y esta no es la solución.
En el punto cuarto abordan ustedes otra serie de cuestiones que son variantes de superficie sobre un cañamazo absolutamente inaceptable.
Ustedes dicen que hay que ir a mecanismos de control y seguimiento con la participación de sindicatos y
organizaciones patronales. Si en este país ni siquiera con respecto a los españoles podemos controlar el fraude en las contrataciones, ¿cómo se iba a poder controlar esto otro, teniendo en cuenta que el Partido Popular ha creado una bolsa de
estructura laboral B tremenda que sigue aumentando? Es un brindis al sol. Igualmente ustedes en otro de los subapartados del punto cuarto instan a que la Administración exterior debe velar por los fenómenos que se vienen produciendo. Ustedes
conocen, como nosotros, perfectamente los consulados, las agregadurías laborales, ustedes saben el personal que tienen y su estructura de funcionamiento. Ustedes han visto, como nosotros, las colas de inmigrantes días y días delante de una de estas
instituciones. Esto no es posible organizarlo con una llamada a la voluntad, por cierto una voluntad bastante magra, del Partido Popular; no tiene sentido, no va al fondo de la cuestión, aunque esté bien intencionada.
Por eso nosotros yendo al fondo de la cuestión interponemos tres enmiendas. La primera es la reapertura
inmediata del régimen general, de manera que los empleos asignados en el contingente y no cubiertos, o al menos aquellos para los que se formulan oferta, se pongan a disposición para la contratación de trabajadores inmigrantres que se
encuentren en España mediante ofertas nominativas por parte de las empresas. Hablamos del régimen general, porque hay una bolsa de unos 700.000 trabajadores que están trabajando por debajo del convenio, cuando pueden, con una extraordinaria
aventurera movilidad, sin contar los 450.000 inmigrantes comunitarios de la Unión Europea, que también están ahí y que no tendremos que meter, como se hace en las estadísticas oficiales, como inmigrantes, porque son miembros de la Unión Europea. En
segundo lugar, planteamos regular la exención de visado u otra vía que posibilite la obtención del mismo sin necesidad de retornar al país de origen. Hay que regular esto porque tienen que disponer de manera adecuada, con tiempo y forma, de este
tipo de permisos o si no será imposible su integración bajo ningún concepto. Finalmente, otra enmienda que planteamos, señora presidenta, es disponer de las medidas y recursos materiales, humanos y financieros necesarios para que la operación
culmine antes de finales de año. Si no hay dinero, si no hay recursos, por muchas medidas que se estipulen en su larguísima propuesta no tienen sentido real, son una intención, que nosotros no compartimos porque se hace como variante de superficie
sobre una política de fondo inaceptable y que en absoluto funciona.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Alcaraz.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Brevemente, señora presidenta, para mostrar la posición del BNG respecto de esta proposición no de ley que también, he de confesar, nos aturde. Parece que la misma manifiesta un cambio de posición del Partido
Socialista respecto de la que había mantenido hasta ahora, una oposición frontal a la política de inmigración del Gobierno.
No sé a qué razones puede obedecer este viraje, puedo imaginarlas, pero desde luego el Bloque Nacionalista Galego no
comparte este cambio.
El Bloque Nacionalista Galego sigue constatando -creo que a estas alturas es evidente- el fracaso de la política migratoria del Partido Popular, y hablo de migratoria, tanto con relación a la inmigración como a la emigración. Esa cultura de
la legalidad que tanto cacareaba el señor Fernández-Miranda se convierte en papel mojado, en papel muy mojado sobre todo cuando se trata de exigírsela a los empresarios que con conocimiento de la Administración y ante la tolerancia de la Inspección
de Trabajo siguen contratando inmigrantes. En una reciente respuesta del Gobierno a este diputado reconocía las poquísimas sanciones impuestas a empresas por infracciones en materia de inmigración, por la contratación irregular y en condiciones
ilegales de trabajadores extranjeros.
Respecto al efecto llamada, con lo que ha dicho el señor Alcaraz queda perfectamente ilustrado el carácter demagógico y el carácter falso de ese argumento. Nosotros, lejos del alarmismo que ahora intenta introducir el Partido Socialista
sobre las entradas en aeropuertos, etcétera, lo que sí queremos, y lo decimos claramente, es una regularización abierta, no encubierta, de trabajadores que están aquí -esa es la política realista en materia de inmigración- que ya están siendo
explotados, trabajadoras que están aquí que ya están siendo explotadas, por ejemplo -hablábamos de la violencia contra las mujeres, y ese es el sentido de nuestra enmienda-, en clubes de alterne, etcétera, y que encima son después expulsadas.
Muchos de esos trabajadores son descendientes de emigrantes españoles -esto es lo que sucede en Galicia y en ciudades como Vigo-, que vienen en situación irregular esperando, una vez aquí, acceder a la nacionalidad italiana, porque a la española lo
tienen bastante complicado y, mientras, son explotados por empresas que, por otra parte, son reconocidas por todo el mundo como adalides del desarrollo económico en una zona tan periférica.
Esa no es nuestra política. Yo les aconsejo que si están aproximando tanto las posiciones ya pueden firmar el pacto en materia de inmigración, que es el que les falta. Después de los buenos resultados dados por el pacto sobre la justicia y
otros que firmaron, firmen ahora el de inmigración y compartan todos el fracaso de esta política. Nuestro voto a esta proposición no de ley, si no se admiten las enmiendas de Izquierda Unida, será no apoyarla y abstenernos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Que en dos semanas seguidas vayamos a hablar tres veces del contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios debería ser índice de que el sistema o su aplicación no resultan satisfactorios. Las dos iniciativas socialistas -ayer en
Comisión preguntando por los resultados del año todavía en curso y hoy ya proponiendo su reforma- juzgan el ahora en vigor. La interpelación de Convergència i Unió, que debió verse la semana pasada pero que se verá mañana, quiere modificar el
sistema de cara al año 2003. El delegado del Gobierno, en su comparecencia de ayer defendiendo el sistema, nos escuchó, admitió la posibilidad de cambios a introducir, incluso habló de elementos correctores, y la verdad
es que eso desde la perspectiva de mi grupo nos pareció bueno como actitud.
El contingente, en principio, se establece y regula como forma de fijar los flujos de personas trabajadoras según las necesidades del mercado de trabajo, pero lo previsto en el artículo 39 de la ley, en el 65 del reglamento y sobre todo en
el acuerdo de diciembre de 2001 es en conjunto un sistema diabólico. Creemos que no genera confianza ni tampoco da salidas. Se supone que los trabajadores extranjeros, con la intermediación del INEM -de esta fe en la intermediación del INEM
también peca la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Socialista-, van a los sectores exactos donde son necesarios, pero el INEM no intermedia más que el 18 por ciento de los contratos. En el servicio doméstico, en la pequeña empresa,
donde encuentra asiento un gran número de trabajadores inmigrantes de escasa cualificación, y también muchas veces en la grande, se emplea a quien ya se conoce, y las ofertas son nominativas. Este sistema debe posibilitarse, y en esto sí estamos de
acuerdo con lo que dice la proposición no de ley socialista, bien sea a cargo del contingente, o bien fuera ya de lo en él previsto, siempre que, por supuesto, se den las circunstancias que prevé el artículo 70 del reglamento.
El contingente, señorías, obedece a un deseo de ordenar, pero el deseo no cambia la realidad, que es otra, y la realidad es tozuda. Los empleadores no actúan así y por tanto tampoco actúan así los trabajadores. Hay casos de inexistencia de
contingente asignado por razones distintas. En Madrid no lo ha habido hasta fecha muy reciente y ahora se ha establecido uno sobre la marcha para redistribuir; en Vizcaya no existe, lo dije ya ayer, pero no por razones que tengan nada que ver con
la situación del mercado de trabajo sino simple y llanamente porque los agentes sociales no se pusieron de acuerdo. En una zona todavía con poca inmigración existe en este momento un tremendo lío de expedientes, con ofertas de trabajo ciertas que
se van a denegar por no haber contingente. Creemos, y así lo pedimos ayer, que debe habilitarse alguno, aunque sea para lo que queda de año, para evitar que el contingente siguiente se asiente en una denegación que obligará a estas personas,
teniendo oferta de empleo cierta, a ir a las ayudas sociales, y como perceptores de esas ayudas sociales serán ya no regularizables pero también inexpulsables porque la propia Ley de extranjería dice que quien percibe estas ayudas, a las que se
tiene derecho con un año de residencia, ya no puede ser expulsado del territorio. Tenemos así que un sistema previsto para racionalizar genera la irracionalidad de aumentar los no regulares, y entonces creemos que la espiral de irregularidad crece.
No digo yo que se premie la trampa ni que se premie a quien entra de manera ilegal en el país, sólo que se corrija un defecto que no es imputable en principio, al menos en el caso vizcaíno, ni a empleadores ni a los extranjeros que acuden en busca
de empleo.
El enfoque del Grupo Socialista apunta defectos ciertos, y eso está bien.
He indicado que las iniciativas que se van a ver en tan breve periodo de tiempo denotan que el sistema no funciona, pero la salida que se da no es la nuestra. En el
punto primero se peca de fe en la mediación del INEM, aunque se diga que deben cruzarse los datos con los propios de las comunidades autónomas. A nosotros nos parece que con esto no es suficiente; algo más debe establecerse. La idea de cupo
nacional -estatal en el vocabulario que yo empleo- quizá mejorase en algo la compartimentación provincial que ahora ocurre, pero debe introducirse también la valoración de las situaciones concretas de empleo en las distintas comunidades autónomas.
El nivel comunidad autónoma creemos que es importante que sea tenido en cuenta.
A las ofertas nominativas ya me he referido y esta es la parte que nos puede parecer más interesante de la iniciativa. Desde luego, tendrá que haber mecanismos de control y seguimiento porque hacen falta y a ellos se refiere el punto cuarto
de la iniciativa, pero tal y como lo plasman nos parecen absolutamente insuficientes. La radicalidad en cuanto a la no presencia en España de las ofertas nominativas debiera atemperarse con lo que se prevé en las enmiendas que presenta Izquierda
Unida. Ayer nos manifestamos favorables a que pudiese existir un visado para entrar en el país para encontrar trabajo. Algo de esto se habla también en la iniciativa de Izquierda Unida y nos parece adecuado, nos gusta.
En el punto quinto, la referencia a organizaciones empresariales y sindicales más representativas deja fuera realidades distintas, como es el caso de la vasca, donde los sindicatos más representativos e incluso las organizaciones
empresariales no tienen la misma estructura que en el Estado. Nos parece bien la llamada de atención que se hace a corregir defectos ya advertidos, sin esperar al contingente del 2003, en la iniciativa socialista, pero no creemos que lo dispuesto
en la iniciativa abarque las plurales situaciones que ya se están produciendo y debieran plantearse aspectos distintos y más generosos -si se me permite simplificar-, como los que se contienen en la enmienda de Izquierda Unida. Aunque pequemos de
optimistas, nos hemos creído el compromiso de revisión de desajustes, oír a todos los sectores implicados que ayer efectuó el delegado y de momento, en el día de hoy, aunque nos parece bien la llamada de atención, nos abstenemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, estos días, en la Cámara, tanto en Comisión como en Pleno, tenemos la oportunidad de debatir el funcionamiento y las previsiones del contingente para el año que viene. Es bueno que sea así porque es evidente que en la
política de regulación de flujos de carácter laboral el contingente, según marca la ley, creo que con amplio consenso de todos los grupos de la Cámara, es el principal instrumento de la regulación de los flujos laborales. Con el consenso que
compartimos el Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo de Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Vasco y algunos otros integrados en el mixto, debemos procurar evitar que la discusión sobre el contingente nos lleve a la discrepancia sobre
los mecanismos para regularizar las personas en situación irregular hoy en España, que es otro debate mucho más complejo y que sería bueno no mezclar con los procesos relacionados con la incorporación al mercado de trabajo español. Es necesario
hacer este esfuerzo de distinción si no queremos volver a contaminar nuestra política de flujos con las regularizaciones. En el debate de ayer con el señor González, en la Comisión de Justicia e Interior, recordaba la señora Rumí -y en eso
coincidimos- que durante el periodo comprendido entre 1993 y 1999 -la señora doña Ángeles Muñoz también lo conoce perfectamente-, el contingente fue básicamente un instrumento para regularizar a quien ya estaba en España. Eso nos han dado los
resultados que nos han dado. Durante todo este largo periodo era muy difícil que el acceso al mercado de trabajo se produjese desde el exterior por los mecanismos que preveía la ley. Es importante que hagamos esta distinción.
Nuestro grupo no
podía asumir las enmiendas de Izquierda Unida.
Centrándonos en el cupo de este año, en los debates de la Comisión e Justicia e Interior de ayer se puso de manifiesto por parte de todos los grupos, y de manera indirecta por el delegado del Gobierno, que el contingente para el año 2002 no
había funcionado suficientemente bien -buscando una expresión suave-, y de ahí el anuncio en su momento del ministro del Interior de proceder a una modificación de cara al año que viene. La comparecencia de ayer le produjo a nuestro grupo una
cierta frustración, en la medida en que no se nos dieron cifras sobre el funcionamiento de este contingente. Tal y como en su día planteamos en la Comisión de Justicia e Interior, con el anterior delegado del Gobierno, los itinerarios del
contingente estaban mal orientados, dificultaban en la vida real que las empresas pudiesen satisfacer las demandas que tenían en materia de empleo, derivado de otros países; la gestión de los recursos humanos era muy difícil; no estábamos
introduciendo mecanismos que hiciesen disminuir el peso de la contratación irregular, demasiado presente aún en nuestra cultura empresarial, por desgracia; y, finalmente, el ámbito provincial se estaba convirtiendo en un ámbito no suficientemente
hábil para conocer lo que el mercado de trabajo nos pide y para articular mecanismos que pudiesen satisfacer esas demandas. Ahora el Grupo Socialista nos propone una serie de medidas que pretenden corregir en lo que queda de año la gestión del
contingente. Desde nuestra perspectiva, y a la espera de lo que suceda mañana en el Consejo Superior de Política Migratoria, el punto nueve, en su apartado segundo, en el que se establece el sistema de contingente, en concurrencia con lo que prevé
el artículo 70.1.3 del reglamento de ejecución de la vigente Ley de Extranjería, abre un mecanismo que, de manera suficientemente flexible, puede dar satisfacción a las inquietudes del Grupo Socialista. En el acuerdo de 12 de enero de 2002 y en el
artículo 70 tenemos mecanismos que pueden permitir, por un lado, resolver aquellas demandas de las provincias que no ofrecieron contingente y, al mismo tiempo, derivar hacia aquellos lugares donde no existen ofertas, aquellas que se realicen. El
Gobierno debe aplicar el punto noveno de los acuerdos de 2002 y el artículo 70. Por tanto, la proposición no de ley del Grupo Socialista aporta la expresión de una voluntad política que desarrolla aquello que ya forma parte de nuestro ordenamiento
legal. Es posible que si el Grupo Parlamentario Socialista hubiese presentado la proposición no de ley en otros términos hoy hubiese sido más fácil lanzar un mandato al Gobierno para que cumpliera el acuerdo de enero y el artículo 70 del
reglamento. Seguramente eso no ha sido posible por muchas razones, pero el sentido común hará que estas previsiones del reglamento se desarrollen y que mañana en el Consejo Superior de Política Migratoria se establezca un acuerdo entre las
autonomías para procurar que la mala elaboración de este contingente del año 2002 termine de manera favorable. Nosotros ya anunciamos que tenemos para este miércoles una interpelación al Gobierno sobre la elaboración del contingente del año que
viene. Hay que hacer un esfuerzo importante para modificar determinadas cuestiones del contingente del año 2003. Ahí sí que nosotros vamos a ser beligerantes en la defensa de la capacidad de las comunidades autónomas para incidir de manera más
directa en la configuración del cupo del contingente.
En la misma línea de lo que apuntaba la señora Uría, nos provoca un cierto rechazo la referencia que se hace en la proposición no de ley del Grupo Socialista respecto a priorizar un contingente de ámbito estatal. No nos parece que sea el
ámbito estatal, como modelo centralizado, en el que podamos configurar un contingente eficaz, sino reforzando la capacidad de autodefinición de las comunidades autónomas, donde podremos defender un contingente que responda a las demandas del mercado
de trabajo. La experiencia de acuerdo que tuvo lugar en Cataluña el año pasado en el Consell de Treball de la Generalitat entre Comisiones Obreras, UGT, Fomento del trabajo y el propio Gobierno catalán, configura un
buen precedente de lo que debería establecer el nuevo contingente: acuerdos del ámbito autonómico y por sectores que, poco o mucho, el Gobierno del Estado debería terminar asumiendo. La propuesta del Grupo Socialista, con ese énfasis en el
cupo estatal, nos provoca una cierta desconfianza, segundo argumento para no votar favorablemente a su proposición no de ley. Ahora bien, estamos convencidos de que a través de las iniciativas que los grupos vamos a presentar en los próximos meses,
deberíamos articular un consenso amplio para procurar que el contingente del año 2003 funcionase de verdad. Si queremos regular los flujos de carácter laboral de manera eficaz, ese contingente deberá funcionar de otra manera.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la intervención de nuestro grupo va a ser hoy breve. Ayer tuvo lugar la comparecencia del secretario de Estado y tuvimos oportunidad de debatir estas cuestiones y muchas otras en una comparecencia larga, donde se pusieron de
manifiesto las prioridades del Gobierno. No está demás recordar que cuando se habla de legalidad, cuando se habla de una inmigración ordenada y cuando se habla de integración, debemos estar todos a una. Cuando ayer el secretario de Estado hablaba
en su comparecencia en esta Cámara de la necesidad de actuar en el contingente, era muy claro. Es verdad -no lo podemos negar- que respecto a la política de inmigración que ha llevado a cabo este Gobierno, era necesario ese cambio en la
legislación. La señora Rumí siempre hace hincapié en por qué se cambio la ley, pero hoy nadie duda de que la ley es la única viable.
Si tuviéramos la Ley 4/2000, como apuntaba el señor Alcaraz, la regularización sería una constante y se ha visto
que es un error y un atraso en la política de inmigración.
Señora Rumí, entra en la lógica del debate político. Hablar de fracaso, de caos o de colapso del contingente sin que todavía haya terminado, es precipitarse, sobre todo teniendo en cuenta que usted señala que el contingente es una
herramienta útil para, a continuación, hablar de que en el año 2003 se tendría que establecer un contingente cero. Lo primero que tendríamos que hacer es hablar de filosofía. Por primera vez -y lo decía muy bien el portavoz de Convergència i Unió-
estamos hablando de un contingente real. Desde 1997, año en el que yo tenía responsabilidades de Gobierno en esta Cámara, ¿cuántas veces se ha dicho que el contingente era un mecanismo para regularizar la gente que estaba aquí en situación de
irregularidad? Por primera vez el contingente es real. Esa es la importancia que tiene la proposición no de ley de hoy: que el contingente es real. Otra cuestión es que se deba agilizar la gestión. Sobre eso no solamente habló el ministro -creo
que lo dijo incluso antes de que ustedes lo pidieran- sino también el secretario de Estado. S.S.
recomienda prudencia, pero es importante que se la aplique. Dice S.S. que el día 30 de septiembre es tope para la presentación de las ofertas y
argumenta que se debe hacer una valoración del contingente, ya que es la fecha límite. Siga leyendo el acuerdo del Consejo de Ministros, porque lo que dice es que ese día es el tope para presentar ofertas por parte de las organizaciones
empresariales, pero en el apartado 4.3 se dice que a continuación podrán redistribuirse las ofertas de empleo por las distintas provincias. ¿Qué pasa ahora en Madrid, señora Rumí? ¿Sabe usted que ahora se están haciendo contrataciones en Ecuador?
Pidieron al principio un contingente cero, pero es ahora cuando se está haciendo la redistribución y las contrataciones. No hable de prudencia si no se la aplica.
Veamos cómo ha funcionado el contingente cuando de verdad haya terminado.
Hay que ser serios. El contingente es una previsión según las estimaciones del mercado de trabajo y ese mercado de trabajo puede variar u oscilar, precisamente por
eso es una previsión. Los convenios de colaboración van a funcionar como en el tema de los temporeros, muy bien porque llevan varios años funcionando, concretamente desde que está el Partido Popular en el Gobierno. Se encaminarán en una buena
dirección a partir de ahora, que es cuando se están poniendo en marcha. La labor de las administraciones será un reto que tendremos que afrontar, pero eso está contemplado en el reglamento y en el plan GRECO. No digan que no ha funcionado el
contingente. Este año ha habido una diferencia de 400.000 a 800.000 nuevas incorporaciones a la Seguridad Social. Son 400.000 nuevas incorporaciones a la Seguridad Social en ese proceso de regularización.
Usted sabe perfectamente que en el año
1996, cuando existió en nuestro país el anterior proceso de regularización, con sólo 100.000 nuevas incorporaciones no hubo cupo, no se autorizó cupo. ¿Por qué se ha autorizado cupo este año? Por algo tan lógico y necesario como que es la mejor
vía y la herramienta más útil para darle a cualquier persona la posibilidad de venir a trabajar a nuestro país. Si llevamos a cabo el contingente cero del que usted habla, cerramos automáticamente la entrada a cualquier persona que quiera venir de
fuera a trabajar a nuestro país.
No se trata de regularizar la situación de los que están aquí, señora Rumí; si es eso lo que pretende, está dando saltos atrás. Es una pena que no compartan la filosofía de este contingente. Por nuestra parte, no
estamos de acuerdo con su propuesta de contingente cero, y esperamos que concluya este procedimiento para introducir los mecanismos que lo hagan más ágil.
Si quieren apostar por el diálogo y el consenso, nos encontrarán pero, desde luego, siempre que las propuestas
tengan contenido. Aunque no sea el momento de hablar de propuestas como las que han hecho sus compañeros de partido -del PSM-, en las que dicen que hay que parar la inmigración aunque haya que parar el crecimiento, quiero decirle que,
cuando se habla de inmigración, hay que hacerlo con seriedad. Ahí también nos encontrarán siempre. Mientras tanto, esperaremos a que concluya el contingente para hacer una análisis muchos más profundo y serio. (Aplausos.-La señora presidenta
ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre reforma urgente del contingente 2002 de trabajadores extranjeros, en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 105; en contra, 166; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA. (Número de expediente 173/000155.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el proceso de privatización de
la compañía Trasmediterránea.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Segura. (Rumores.)
Señorías, ruego que guarden silencio y ocupen los escaños.
Adelante, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en la pasada sesión de control del Gobierno del 25 de septiembre, en el Pleno del Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Socialista formuló una interpelación urgente referida al proceso de privatización de la compañía
Trasmediterránea, su impacto en el transporte marítimo español desde el punto de vista de la creación de posibles posiciones de dominio en el control de determinadas rutas entre puertos españoles de interés público -nos referimos a las rutas
marítimas recientemente adjudicadas por el Ministerio de Fomento-, empresas navieras o terminales de carga coparticipadas por la compañía Trasmediterránea, etcétera, y acerca de la información global de las características del proceso seguido en la
referida enajenación. Tanto en la exposición de motivos contenida en el texto justificativo de la interpelación urgente, como en las manifestaciones expresadas por el diputado interpelante que ahora les habla, se reflejan las preocupaciones que al
respecto generó en el Grupo Parlamentario Socialista el proceso seguido hasta el día de hoy en la privatización de la compañía Trasmediterránea y que no han sido disipadas, en modo alguno, en las explicaciones que aportó, en representación del
Gobierno, el ministro de Hacienda, señor Montoro.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista en esta sesión de hoy presenta una moción consecuencia de interpelación en la que pedimos todo un conjunto documental. En primer lugar, el cuaderno de ventas elaborado por las entidades
financieras que asesoraron a la SEPI. En segundo lugar, el informe detallado de los contenidos de las ofertas presentadas; relación de las vinculaciones contractuales de la compañía Trasmediterránea con el Ministerio de Fomento; relación de las
entidades financieras con las que la compañía Trasmediterránea mantiene créditos para la construcción de las últimas embarcaciones de la flota; compromisos adquiridos con los diferentes astilleros; características y contenidos de la situación
contractual que vincula a la compañía con el Ministerio de Fomento en la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de mercancías en nueve rutas de cabotaje marítimo de interés público; informe del servicio de la competencia
sobre las evidentes situaciones de dominio que debilitan la libre competencia del transporte marítimo entre puertos de los archipiélagos balear y canario, derivados de la circunstancia de que dos de las sociedades integrantes de aquella sociedad que
ha sido objeto de la decisión de la SEPI lo sean empresas navieras que compiten actualmente con Trasmediterránea; garantía de mantenimiento de la flota de jet-foil en las rutas marítimas entre los puertos de la Comunidad Autónoma de Canarias que
han venido prestando servicio hasta el momento, etcétera. Hay un segundo punto en el que pedimos que mientras no se produzca la entrada de esa información, el Consejo de Ministros no adopte decisión alguna.
Señorías, nosotros hacemos este planteamiento porque el procedimiento ha tenido un vicio que está dando lugar a unas circunstancias nada deseables para el transporte marítimo español. Además, en los últimos días se están produciendo
acontecimientos protagonizados por organismos públicos como, por ejemplo, el servicio de la competencia de la Dirección General de la Competencia del Ministerio de Economía, que acaba de dictar una resolución preocupante y que en el fondo viene a
ser un apoyo a las denuncias que el Grupo Parlamentario Socialista ha realizado. Se están configurando posiciones de dominio en un importante número
de rutas marítimas como consecuencia de la participación accionarial en el consorcio beneficiario de la venta, si culmina este proceso, como consecuencia, repito, de esa participación accionarial que no viene a ser más que una conferencia de
fletes que va en contra de los intereses de los usuarios, de la libre competencia en el transporte marítimo y, por supuesto, de la oferta de una auténtica calidad en el servicio.
Pero es más, nos enteramos, tal como ha reflejado la prensa en el día de hoy, que según el documento suscrito entre SEPI y el grupo adjudicatario de Trasmediterránea, todos los problemas que pudieran derivarse de cuestiones de competencia
correrían a cargo del comprador, es decir que el comprador, la naviera Armas, la naviera Pitra o la naviera Umafisa, de la familia Matutes, en el ejercicio de la libre competencia con la compañía Trasmediterránea, se retirará de aquellas rutas en
las que se irán configurando posiciones de dominio accionarial. Es decir, que ya SEPI está previendo esta situación que el Grupo Socialista denunció el mismo día que se adoptó el acuerdo.
Hay más, señorías; el consejo de administración, es decir el órgano decisorio, el órgano dictaminador en el Ministerio de Economía en lo que se refiere a materias de competencia, ha tomado la decisión de hacer un informe en esta línea que
acabo de describir y lo ha elevado al Tribunal de la Competencia -que no estaba previsto- para que adopte una resolución al respecto. Pero también, señorías, el Consejo Consultivo de Privatizaciones no ha tomado todavía ninguna decisión y según
noticias de prensa, que aparecen el día de hoy en periódicos de naturaleza económica, se encuentra ultimando un informe sobre la venta de la naviera, un dictamen que es preceptivo, aunque no vinculante como todos ustedes saben, señorías, y que sólo
destacará como sorprendente, según se afirma, la fuerte subida de precios que se produjo en la oferta liderada por Acciona cuando se concretó.
Señorías, nosotros tenemos importantes preocupaciones. Tenemos preocupaciones procedimentales. Nosotros hemos tenido curiosidad por el proceso y en función de los datos a los que vamos llegando queremos resaltar en primer lugar que antes
de obtener los pliegos para la privatización de la compañía a todos los solicitantes se les obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad bastante riguroso. En segundo lugar, que había sido elegido como banco asesor único de la operación el Banco
de Santander. En tercer lugar, que SEPI abre un proceso no vinculante y se presentan diez ofertas con horquillas económicas que van de un valor inferior a un valor superior. En cuarto lugar, que cuando se pasa a una fase siguiente -que no hay
quien la entienda- que es la de la oferta vinculante, el grupo que resulta ganador incrementa el 80 por ciento la oferta económica que hizo. En quinto lugar, señorías, que aunque parezca mentira hoy la compañía no tiene aún valoración oficial.
Por todas esas circunstancias, señorías, pedimos al Gobierno que dé información a la Cámara, porque puede ser un auténtico ejemplo de altanería política que no nos hagan llegar esa información. Por eso lo estamos demandando, señorías,
porque por primera vez se dará la participación de un exministro en la compra de una empresa pública.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la moción del Grupo Parlamentario Socialista, tan fervorosamente defendida por el señor Segura como acostumbra, tiene dos aspectos fundamentales. Un primer aspecto es la solicitud de información de un proceso de privatización en
curso, y un segundo aspecto por el que podemos entender que solicita una paralización del proceso de privatización en tanto que esta Cámara recibe un conjunto de documentación, y dice que hasta que sea analizada en esta Cámara en su conjunto toda la
documentación requerida en el punto anterior. La verdad es que la documentación que solicita es muy amplia; aborda aspectos muy diferentes del proceso, incluso en algunos casos, por así decirlo, nos cuesta saber para qué se solicita o con qué
objetivo concreto se solicita esa información.
Tengo que decir que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) también tiene dos aspectos fundamentales.
Uno de ellos es el refuerzo, por así decirlo, del control del proceso.
Tengo que decirles que
conjuntamente con esta enmienda hay que tener en cuenta la presentación, en el mes de agosto, de una solicitud por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de constitución de una subcomisión de seguimiento de los procesos de
privatización y reestructuración del sector público. En segundo lugar pretendemos obviamente que sea en el seno de esa subcomisión donde se aporte toda la información necesaria para que por parte de la misma se efectúe un informe; es decir que se
tome conocimiento primero y que después se efectúe el informe correspondiente.
Sin embargo sí se produce diferente valoración acerca del sentido y los instrumentos del control al Gobierno entre la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y la del Grupo Parlamentario Socialista, por un lado porque
en la moción del Grupo Parlamentario Socialista no se concreta cuál es el órgano que ha de recibir esa información: ¿el Pleno? ¿Todos y cada uno de los diputados? ¿Admite la creación de esa subcomisión en la que se pueda recibir la
información correspondiente? Por otro lado, nosotros entendemos que el control debe efectuarse por esta Cámara ha de ser a posteriori, un control ex post facto entre otras cosas para haber tenido ocasión de tener en nuestras manos los
informes del Consejo Consultivo de Privatizaciones, de la Intervención General de la Administración del Estado, del Tribunal de Defensa de la Competencia, obviamente, y del Tribunal de Cuentas. Lo que subyace en la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, y que mi grupo no comparte, es atribuir de alguna manera a esta Cámara la gestión de la licitación pública. Si lo que se pretende a través de la moción del Grupo Socialista es que esta Cámara indique cuál es el grupo empresarial a favor
del cual debe producirse la privatización, entiende mi grupo que eso no nos corresponde. A esta Cámara corresponde ciertamente un control posterior; también nos corresponde exigir una responsabilidad política que llegado el caso y con la
Constitución en la mano alcanzaría hasta la propia moción de censura, pero interferiríamos en las facultades y en las competencias del Poder Ejecutivo si pretendiésemos indicar a SEPI cuál el grupo empresarial al que debe efectuar la privatización.
Obviamente si admitiésemos como principio que así pueda hacerse, ¿por qué no traer también a esta Cámara toda la licitación pública, tanto desde el punto de vista de concesiones administrativas, de servicio público, de dominio público, etcétera?
Por tanto información sí, desde luego que sí; control parlamentario también; pero entendemos que la información y el control deben referirse a esa subcomisión de privatizaciones que mi grupo ha solicitado y que posiblemente mañana se acuerde por
este Pleno.
Por lo demás todo da a entender que los mecanismos están funcionando, que el Servicio de Defensa de la Competencia, que no deja de ser un organismo o un órgano de la administración directa del Estado, ha remitido al Tribunal de Defensa de la
Competencia el expediente a efectos de determinar si se infringen normas de la misma o se producen situaciones de monopolio o de concentración, y también hay que decir que estas situaciones tendrán solución en el propio ámbito que la Ley de defensa
de la competencia establece.
En cuanto a la presencia -a la que también ha hecho referencia el señor Segura- de un ex ministro dentro del consorcio favorecido, debemos indicar que todo lo que no tenga un cauce a través de una prohibición o incompatibilidad para
contratar con la Administración del Estado en estos momentos no es relevante. En cualquier caso quiero destacar que por lo que a mi grupo alcanza sí se ha hecho caso en este procedimiento de una de las recomendaciones del Consejo, que en general ha
sido de las poco cumplidas, y es que en aquellos sistemas de enajenación que no sean a través de una oferta pública de venta se hayan separado las figuras del asesor global y la del valorador, algo que no se venía produciendo y sin embargo en este
caso ha habido la referida separación entre el asesor, que en principio era el Santander-Central-Hispano, sustituido después por J. P. Morgan, y el valorador.
La señora PRESIDENTA: Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo, señora presidenta.
Entiende mi grupo que debe obtenerse información; que esta Cámara debe tener elementos precisos para efectuar su función de control; pero debe obtenerlos en el momento oportuno, esto es cuando la privatización se haya realizado y en el
lugar idóneo, que para mi grupo es la subcomisión de privatizaciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señora presidenta, señorías, la posición del Grupo Parlamentario Socialista en lo referido a la privatización de la compañía Trasmediterránea recuerda desde hace tiempo, mucho antes de que incluso empezara el
proceso de privatización, al velocista que se empeña en empezar a correr antes de que suene el disparo de salida, como si supiera que si no lo hace así no podrá llegar a la meta que persigue.
Parece que el Grupo Parlamentario Socialista, una vez
que ha decidido abrir un frente de oposición al Gobierno en el asunto de las privatizaciones, es consciente de que o aprovecha el período que queda hasta el momento en que el Consejo de Ministros apruebe la privatización de Trasmediterránea o
volverá a perder la oportunidad por falta de argumentos. Señorías, esos argumentos no existen desde que el primer Gobierno popular en el año 1996 aprobó el Plan de modernización del sector público empresarial español y con ello estableció los
objetivos que las privatizaciones deben perseguir, el procedimiento al que deben adaptarse y las garantías que son necesarias para su validez, las garantías necesarias para asegurar la transparencia, la concurrencia y la publicidad de los procesos
de privatización.
La creación del Consejo Consultivo de Privatizaciones y la necesidad del informe previo, la aprobación por el Consejo de Ministros, el informe del Servicio de Defensa de la Competencia, la auditoría de la Intervención General de la
Administración del Estado, la aprobación por el Tribunal de Cuentas, el control parlamentario por la Subcomisión de privatizaciones de la Comisión de Economía de esta Cámara fijan un marco en el que nos desenvolvemos, un marco público y objetivo que
nos permite sin duda alguna tener garantías de que el procedimiento se desarrolla con la debida limpieza. La verdad es que no siempre ha sido así. Antes de 1996 también se privatizaba, pero sin un plan establecido, por tanto se privatizaba sin
unos objetivos, sin fijar un procedimiento y sin un sistema de garantías; en
definitiva se privatizaba sin orden y concierto. Parece que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista hoy quiere llevarnos otra vez a ese momento al que nosotros no queremos ir, y ese es precisamente el sentido de las enmiendas que
presentamos a la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Me referiré brevemente a la moción. Podríamos simplificar sus pretensiones en una petición de documentación y en el temor a que se pudiera fijar una posición de dominio como consecuencia de la privatización de Trasmediterránea.
En cuanto a la solicitud de documentación, no le voy a decir al portavoz, señor Segura, que hay un trámite parlamentario que es mucho más directo, es el que fija el artículo 7 del Reglamento de la Cámara, y no se lo voy a decir porque sé que
ya lo ha utilizado precisamente para solicitar toda la información que ahora vuelve a requerir en la moción y si lo hace es simplemente por dar contenido a una iniciativa que quedó hueca después de la interpelación y de la contestación del ministro,
señor Montoro, el miércoles pasado.
En cuanto al segundo punto, el asunto de la posición de dominio, efectivamente el ente gestor, SEPI, en el contrato de promesa de compra que hizo a todos aquellos que aspiraban a hacerse con la propiedad de Trasmediterránea, llegó al acuerdo
de que tendrían que aceptar como fuera el informe que en su momento hiciera el Tribunal de Defensa de la Competencia o el Servicio de Defensa de la Competencia como una garantía más de esas que pide el señor Segura y que cuando las hace SEPI parece
que le molesta porque algo va mal. No, señor Segura, no va nada mal, va todo exactamente como tiene que ir.
Por otra parte, también es cierto que el Servicio de Defensa de la Competencia recibió el expediente el 23 de agosto de este año, que como consecuencia de eso el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía mandó el expediente al
Tribunal de Defensa de la Competencia para que emitiera un informe por si hay una posición dominante en el tráfico de personas y mercancías en Canarias en el negocio interinsular, que hay dos meses para esa contestación, que después el Gobierno
tendrá que manifestarse sobre ello en el plazo de un mes y aprobar o rechazar exactamente el contrato hecho. Me parece que todo eso son garantías de las que quiere el señor Segura, de las que queremos nosotros y de las que se van haciendo en el
camino. Por tanto creo, señoría, que su moción no tiene ningún sentido, y si me permite una opinión no cabe más. Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos muy satisfechos con las garantías del proceso de privatización y cómo se van
desarrollando.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Souvirón.
Para defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Tengo una debilidad con el señor Segura, mi gran amigo Segura, y es que me convence, insiste, presiona, y además tiene razón al situarse ya en una determinada filosofía. Lo que pasa es que a mí me cuesta entrar en esa filosofía, la
filosofía de la privatización.
Primero privatizan hasta el aire. Luego dan monopolios y oligopolios de aire o dominio del mercado del aire a una serie de gente, y después tiene que actuar el Tribunal de la Competencia y todos los organismos necesarios para intentar que
haya competencia. La filosofía es mala en principio. No se les tiene que aceptar la filosofía de aquellos bancos, porque es una filosofía mala. Pero puesto ya en harina, ¡qué menos que pedir que haya una información exhaustiva de todo lo que ha
ocurrido en una venta como la de Trasmediterránea! Esto es lo lógico, lo elemental.
Traigan ustedes aquí y, como sabemos leer y escribir todos, en 15 días les devolvemos los papeles y les decimos cuál es la opinión de este Parlamento. Si no cuesta
nada; podemos hacerlo tranquilamente. Por ello, nosotros vamos a apoyar esta moción, porque es la moción que atiende a los problemas que estamos analizando, SEPI, Trasmediterránea, que no haya una posición de dominio y que haya una competencia, ya
que se ha aceptado que haya esta competencia desde el principio.
Nosotros únicamente incorporamos una pequeña enmienda al punto 1 de la moción, párrafo cuarto, que dice: 'Relación de las entidades financieras con las que la compañía Trasmediterránea mantiene créditos para la construcción de las últimas
embarcaciones incorporadas a la flota'.
Nuestra enmienda pretende que se añada lo siguiente: 'así como las características de los créditos'. Creo que no tiene gran importancia, pero las características de los créditos, a lo mejor también alumbran
un poco más el camino.
En definitiva vamos a votar eso, porque creo que debería ser un elemento casi connatural a la esencia de esta Cámara o control democrático de algo que ha ocurrido con la empresa pública.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
El señor Mardones, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Aceptar la moción que ha presentado y hoy defendido el diputado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura, sería prácticamente, como bien ha señalado también el portavoz catalán de Convergència i Unió, paralizar todo el
proceso de privatización de Trasmediterránea. Y esto, ¿a qué conlleva? Sencillamente, a un sector del transporte marítimo en España de mercancías y de viajeros que está liberalizado
con una perturbación, está liberalizado pero hay una empresa de capital estatal, Trasmediterránea, actuando en el sector. Eso hace que a primeros del mes de agosto, con gran sentido común, el propio presidente de la patronal de navieros,
respalda la privatización de Trasmediterránea a Anave. Su presidente, don Manuel Cardie dice que si un sector está liberalizado, como es éste, no debe ninguna empresa estatal actuando distorsionadamente en el mismo.
¿Qué pretende la moción? Ni más ni menos que recabar 19 documentos distintos. Mi grupo entiende que algunos de estos documentos que se piden para hacer un pronunciamiento (y ahora enjuiciaré este nivel de institución competencial), no
sabemos para qué se piden ni siquiera si existen esos documentos o más bien son ámbitos de un derecho privado, al cual, con el amparo constitucional este Parlamento no tiene acceso, y por tanto estaríamos forzando una situación de remisión de
documentación.
Esto lleva por tanto a un bloqueo de posibilidades, porque si estos 19 documentos tienen que venir aquí para pronunciarse, ocurre que transformamos al Parlamento, al Congreso de los Diputados, en una instancia superior al Tribunal de
Defensa de la Competencia para decidir si una empresa se privatiza o no.
Mi grupo entiende que en este momento se está produciendo un proceso, una vez que SEPI adoptó un acuerdo a principios de este verano y ahora se trata de en función del principio de legalidad y de transparencia hacer y buscar el
pronunciamiento del Servicio de Defensa de la Competencia, que a la vista de la complejidad del caso, por las implicaciones que tiene en la defensa de la competencia, eleva la consulta precisamente a quien es el máximo órgano, que es el Consejo
Consultivo de Privatizaciones, pero a través del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Nos parece lógico lo que ha decidido el señor Ruíz-Jarabo como presidente de SEPI: que sea un órgano de la Administración del Estado -el Servicio de Defensa de la Competencia- el que solicite y eleve al Tribunal de Defensa de la Competencia
un pronunciamiento. y una vez que se haya hecho este pronunciamento -que es el que en un Estado de Derecho da las garantías pertinentes-, el Consejo Consultivo de Privatizaciones aporte su concurso y pronunciamiento y al final el Consejo de
Ministros sea el que decida sobre esto. Entiendo que la Cámara controla al Gobierno y a las instituciones a posteriori pero no creo que organizar aquí un control a priori de una decisión sobre la que ni siquiera se ha pronunciado el Servicio de
Defensa de la Competencia, el Consejo Consultivo de Privatizaciones ni el Tribunal de Defensa de la Competencia ni mucho menos el Consejo de Ministros, transforme a esta Cámara como estoy diciendo -porque esa sería la consecuencia-, en un órgano
institucional o jurisdiccional superior al Tribunal de Defensa de la Competencia. Pidamos las explicaciones al Gobierno en el momento adecuado porque con la petición de estos 19 documentos se hace un bloqueo que ni el sector -pronunciado ya por
Anave- tiene dicho que sería como introducir una suspicacia por nuestra parte. A esto me llevan las últimas palabras que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista acerca de cómo es eso de que participe por primera vez en la compra de una empresa
pública un ex ministro. El propio Ruíz-Jarabo en agosto, ante unas presuntas acusaciones a este respecto, dice que no se ha conculcado la Ley de Incompatibilidades por parte de un ex ministro. Yo, desde luego, no estoy aquí para defender ninguna
cuestión personal pero basta que exista esta aplicación de la Ley de Incompatibilidades acerca de que un ex ministro o un alto cargo de cualquier Administración del Estado, en uso de sus legítimos derechos constitucionales de derecho público y
privado pueda acceder, a través de una participación minoritaria en un consorcio en el que puja y obtiene una adjudicación -259 millones de euros- para esta empresa que se trata de privatizar, este Parlamento deba ser consecuente con sus
competencias. Por esas razones, señora ministra, nosotros votaremos en contra de esta moción.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Señor Segura, a los únicos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señora presidenta; no señora ministra, como le ha dicho el señor Mardones.
Aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y por falta de calidad de las restantes no las aceptamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el proceso de privatización de la compañía Trasmediterránea, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 112; en contra, 166.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO. (Número de expediente 173/000156.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, la semana pasada en la interpelación que dirigimos al Gobierno, en concreto al ministro de Ciencia y Tecnología, en la que reclamábamos una nueva política del Gobierno en materia de
telecomunicaciones, recibimos como respuesta del señor Piqué buenas palabras, el reconocimiento de que las reflexiones que hacíamos el miércoles pasado eran atinadas, coincidencias en el diagnóstico. Pero por lo que hoy se puede comprobar, las
diferencias en la receta y en las medidas que unos y otros proponemos para solucionar los problemas creados con una política de telecomunicaciones que, desde nuestro punto de vista, no ha hecho más que impedir la competencia y aumentar los
desequilibrios sociales y territoriales del sistema de telecomunicaciones y del acceso de las personas y de las distintas sociedades a las redes de telecomunicaciones, la divergencia -que me parece que hoy vamos a poder comprobar- continúa.
Decíamos que el Gobierno del Partido Popular dio una opción estratégica por el desarrollo de las redes de telefonía móvil, una opción que ahora sería inútil valorar, pero sí es útil y oportuno a estas alturas evaluar y corregir. No puede
ser que en este momento los ingresos, por ejemplo, por interconexión supongan un 25 por ciento de los ingresos de las compañías de telefonía móvil, sólo un 2 por ciento de las compañías de telefonía fija; no puede ser que en este momento esos
ingresos que se dirigen a las compañías de telefonía móvil tiendan a concentrarse solo como inversión en ciertos lugares del territorio, que beneficien a empresas multinacionales, como Vodafone o Telefónica y que mientras tanto inversiones muy
necesarias, en especial para algunas zonas del Estado, como Galicia, mi país, inversiones en nuevas redes de telecomunicaciones de alta capacidad, se vean retrasadas por esta asimetría y por esta preferencia en la regulación estatal.Lo mismo cabría
decir de las dificultades que la política gubernamental pone a la creación de la figura de los operadores móviles virtuales, operadores que puedan -como hacen las compañías de móviles alquilando capacidades en redes fijas- ofertar, junto con
telefonía fija, servicios de telefonía móvil alquilando capacidades sobrantes de compañías y de redes ya establecidas.
En este momento la regulación gubernamental impide en la práctica esa posibilidad porque la hace depender de un acuerdo
voluntario entre las compañías. No puede ser que más de 80.000 gallegos y más de 260.000 hogares en el conjunto del Estado sigan con una telefonía que les impide acceder a Internet y que les ofrece una telefonía de voz de calidad muy deficiente;
me estoy refiriendo, lógicamente, a la telefonía rural de acceso celular y que el Gobierno únicamente se comprometa a sustituir estos teléfonos no antes del 31 de diciembre del año 2004. Eso sí, a sustituirlos a través de Telefónica, por tanto,
condenando a estos usuarios a seguir cautivos del operador dominante.
Por eso nosotros, lejos de planes de choque más efectistas que efectivos, como los que anunció el ministro la semana pasada, lejos de medidas que pueden dar lugar a algún titular de prensa pero que no van a solucionar el problema de fondo,
como es ese bucle virtual de abonado, que desde luego no va a incomodar lo más mínimo la posición de dominio que ostenta Telefónica en los diferentes mercados de telecomunicaciones, ni va a impedir sus prácticas comerciales ilícitas, proponemos, a
través de nuestra moción, una serie de medidas en las que me parece que se puede estar de acuerdo o no, pero que, en todo caso, habrá que aducir argumentos para rechazarlas, y hasta ahora no hemos oído ninguno.
En primer lugar, queremos una política de telecomunicaciones que favorezca la competencia, la inversión en nuevas infraestructuras y el equilibrio territorial, ya lo dije: la reducción de los precios de interconexión fijo-móvil
aproximándolos a los precios de interconexión móvil-fijo; establecer una oferta de referencia que permita la aparición de los operadores móviles virtuales; ayudar a los operadores que inviertan en nuevas infraestructuras; garantizar la
portabilidad del número; garantizar que las guías telefónicas incluyan a todos los abonados de una demarcación territorial determinada, sea cual sea el operador que les preste servicio. En segundo lugar, desarrollar una política que favorezca el
acceso de todas las personas, sea cual sea su lugar de residencia y a un precio asequible, a todos los servicios de telecomunicaciones, con una tarifa plana de verdad, de 24 horas, con una velocidad garantizada mínima de 300 kilobites por segundo y
a un precio máximo de 18 euros mensuales; acelerar la sustitución de los teléfonos TRAC para que el proceso esté terminado como muy tarde el 31 de diciembre del año 2003; garantizar la accesibilidad de las páginas web públicas a los
discapacitados; garantizar también la pluralidad lingüística en esas propias páginas web.
En tercer lugar, desarrollar una política tarifaria en el ámbito de la telefonía fija que reduzca el precio de las llamadas locales y metropolitanas, que en
este momento son las que soportan el abaratamiento de otros tramos. Y por último, garantizar la salud y la seguridad de las personas y un medio ambiente adecuado, reformando el real decreto de diciembre del año 2001, relativo a las antenas de
telefonía móvil, para establecer un régimen de distancias mínimas; promover la investigación sobre los campos electromagnéticos; y desarrollar un plan exhaustivo de inspección.
Son medidas que desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego ayudarían a que existiese una competencia real, una política de telecomunicaciones equilibrada social y territorialmente, y desde luego a
que todas las personas, sea cual sea su renta y sea cual sea el lugar del Estado en el que residan o la lengua que hablen, tengan iguales condiciones y oportunidades de acceder a la banda ancha y a los servicios avanzados de
telecomunicaciones.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la semana pasada se produjeron en esta Cámara dos debates sobre política de telecomunicaciones del Gobierno, sendos debates que dejaron meridianamente claro que la situación en que se encuentra el sector de las telecomunicaciones y
el desarrollo de la sociedad de la información en España no es buena. Lo reconoció el propio ministro Piqué, aunque es verdad que buscó en muchos casos causas externas para justificar la mala situación y olvidó que si bien el contexto internacional
explica algunas de esas causas no así otras en las que sin duda es responsable el Gobierno. ¿Acaso son causas externas al Gobierno el que se explique que en España estemos a la cola de Europa en cualquiera de los indicadores que afectan al área de
las telecomunicaciones y la sociedad de la información? Señorías, estamos a la cola de Europa en investigación y desarrollo, en sociedad de la información y desde luego en la materia de la que hoy hablamos, en la liberalización de las
telecomunicaciones. Y todo eso no se explica con la coyuntura internacional, se explica fundamentalmente porque la política del Gobierno del Partido Popular en materia de liberalización de telecomunicaciones ha fracasado. Ha fracasado porque ha
sido una política intervencionista que ha regulado en exceso, ha regulado mal y por supuesto con cambios continuos que han colocado al sector en una posición de incertidumbre que no favorece el desarrollo tecnológico ni la competencia. Decía que lo
reconoció el propio ministro Piqué en su comparecencia y en la interpelación la semana pasada cuando afirmó que había que avanzar, y mucho, en liberalización.
Anunció, como decía el señor Aymerich, un plan de choque y un conjunto de medidas con las
que, en algunas de ellas, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo. ¡Cómo no estar de acuerdo si incluso algunas fueron propuestas por nuestro grupo! Es el caso del bucle virtual de abonados, o la necesidad de que las tarifas de
interconexión se establezcan por capacidad y no por minuto. Pero estamos en profundo desacuerdo con algunas otras medidas que plantea el Gobierno en este plan de choque, como es el caso del nuevo marco tarifario.
Es verdad, señor Aymerich, que todas las fuerzas políticas, incluido el Gobierno, hemos coincidido en el diagnóstico de que la liberalización de las telecomunicaciones en España, tanto por el marco regulador como por las políticas que ha
desarrollado el Gobierno, no han beneficiado al conjunto de los ciudadanos, no han potenciado ni han facilitado la competencia y desde luego tampoco la inversión en infraestructuras. Por eso, hay que cambiar de rumbo, lo decía el ministro el otro
día, y en ese sentido se dirige la enmienda que presenta mi grupo a esta moción del Bloque Nacionalista Galego. Tenemos dos objetivos, señorías. Hay que favorecer la competencia real y efectiva del mercado de las telecomunicaciones, pero también
hay que garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. En eso debemos trabajar todos. En el segundo objetivo de garantizar el acceso a todos los ciudadanos parece
que ha hecho menos esfuerzos el ministro Piqué porque, señorías, los datos son contundentes. La factura media mensual en euros en España frente al resto de Europa es la más alta si la medimos según precios promedio o según poder de compra. Pues
aun así, el Ministerio de Ciencia y Tecnología quiere hacer una nueva reforma y que la paguen como siempre los abonados, sobre todo los abonados de renta media y baja. La liberalización, en definitiva, y el fracaso del Gobierno del Partido Popular
en esta materia quiere, una vez más, que la paguen los consumidores.
Nosotros hemos presentado una enmienda porque, estando de acuerdo con los cuatro principios básicos que plantea la iniciativa del señor Aymerich, entendemos que concreta en exceso y no podemos estar de acuerdo en todo; en primer lugar,
porque no prioriza, y entendemos que hay que priorizar cuáles son las medidas urgentes; en segundo lugar, porque a este Gobierno le queda muy poco tiempo para cambiar de rumbo y para poder poner a España en situación de competir y de converger con
Europa en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, nosotros, con nuestra enmienda, queremos instar al Gobierno para que desarrolle un nuevo marco normativo, con una regulación y una política de telecomunicaciones tanto en materia de servicio
universal como de control de calidad del servicio y desde luego de control de precios que favorezca esa competencia.
La señora PRESIDENTA: Señora Pleguezuelos, le ruego concluya.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino, señora presidenta.
Señor Aymerich, creo que aceptar esta enmienda del Grupo Socialista facilitaría y pondría en evidencia al Partido Popular si no lo acepta porque estos cuatro puntos básicos son los que planteó el ministro Piqué en su comparecencia el
miércoles pasado.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor de la moción presentada por el Grupo Mixto, Bloque Nacionalista Galego, consecuencia de la interpelación en materia de telecomunicaciones. Vamos a votar a favor
porque nos gusta la concreción que tiene la moción que ha presentado el Grupo Mixto.
Señorías, yo creo que hay que dejar claro que la liberalización que ha supuesto el mundo de las telecomunicaciones ha sido un fracaso por cómo se ha llevado por parte del Gobierno del Partido Popular, que además promete más liberalizaciones,
sin que tan siquiera se hayan cubierto los objetivos de la liberalización anterior. Además, señorías, yo creo que en estos momentos estamos en una situación peor que antes de que se produjera la liberalización, y además con escasa posibilidad de
incidencia por parte del Gobierno en cambiar el rumbo que han adquirido.
Por eso nos gusta la concreción del Bloque Nacionalista Galego sobre este tema. Primero porque habla de los temas que realmente están ocupando y preocupando no solamente a
los usuarios de la telecomunicación fija o móvil, sino a los usuarios de Internet. Estamos hablando de precios que no han favorecido la incorporación de nuevas personas, precisamente por problemas tarifarios, y estamos hablando de poder favorecer a
toda la ciudadanía y de que se hagan las inversiones necesarias en infraestructuras, que además estaban comprometidas en las inversiones que tenían que hacer los operadores, que no se han cumplido y que ya se venía denunciando que difícilmente se
iban a cumplir, sobre todo en aquellos lugares donde la inversión es costosa y tiene escasa o nula rentabilidad económica para las empresas que operan en el sector.
También se habla de la lucha decidida contra el dumping en precios y tarifas y de la agilización de la portabilidad en el número en el caso de cambio de operador. Todos sabemos lo que está haciendo la compañía dominante del sector cuando
cualquier particular o empresa pretende cambiar de operador manteniendo el mismo número de teléfono. Asimismo, establece determinados aspectos en el tema de la ampliación y de la puesta en funcionamiento de Internet, que nos parece que son las
reivindicaciones mínimas que se han venido defendiendo en esta materia, al menos desde nuestro grupo parlamentario. Y, señorías, es importantísimo porque después de la aprobación de la Ley de la sociedad de los servicios de la información, que le
da un tijeretazo a las posibilidades de ampliación en el sector de las telecomunicaciones, en Internet en concreto, parece necesario que se sigan manteniendo las reivindicaciones mínimas que se han venido haciendo hasta ahora, como es el
establecimiento de la tarifa plana en el acceso a Internet durante 24 horas al día, con unas determinadas garantías de velocidad y marcando un precio asequible para un mayor número de ciudadanos y ciudadanas de lo que hay en estos momentos.
Se plantea, conjuntamente con las comunidades autónomas, la elaboración de un plan de fomento del acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, dando como resultado negativo el plan INFO XXI, que se nos vendió haciendo
creer a todo el mundo que iba a llegar Internet a todas las escuelas. Nos hemos quedado con algunas que lo tienen como ejemplo, pero no se ha desarrollado para el resto de la enseñanza pública al menos, y que es importante y necesario para que
nuestro país empiece a formar a sus generaciones futuras en el acceso y en la utilización de las nuevas tecnologías.
Además, señorías, hay algo que creemos mucho más importante o tan importante como lo que hemos dicho hasta ahora, cuando se habla del desarrollo de la política tarifaria en el ámbito de la telefonía fija.
Oímos constantemente decir que se
nos abaratan los precios de la telefonía fija, pero al mismo tiempo, señorías, lo que se dice, ya con la boca más pequeña, es que suben los gastos fijos. Ahí es donde está la trampa que plantean las compañías telefónicas y, en concreto, la compañía
más dominante, que es Telefónica. Los gastos fijos en telefonía, señorías, son los que generan más beneficios, y no las llamadas, y los que además van a contribuir a aumentar bastante más el coste de la telefonía fija para los usuarios y las
usuarias, ya sean ciudadanos domésticos o empresas. Por lo tanto, señorías, es necesario que esta moción, por esa precisión, pueda ser aprobada, porque no nos podemos creer lo que el ministro de Ciencia y Tecnología planteó aquí la semana pasada.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario valora positivamente la moción que hoy ha presentado el Grupo Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego, por don Carlos Aymerich.Mi grupo
anuncia su voto positivo a dos puntos específicos de la moción que hoy se nos presenta. En caso de que no se aceptaran enmiendas y se pudiera disociar la votación, mi grupo votaría que sí al apartado 2.c, y al apartado 2.d, porque coinciden
plenamente con lo que ha venido defendiendo mi grupo parlamentario en esta Cámara. El señor
Aymerich sabe que Convergència i Unió aprobó una proposición no de ley en la Comisión de Ciencia y Tecnología para permitir la accesibilidad de las páginas web al colectivo de discapacitados. En esa ocasión yo me refería concretamente a las
personas ciegas, porque considero que es importante tener en cuenta su criterio a la hora de elaborar una página web. Por lo tanto, consideramos este aspecto muy acertado, al igual que la propuesta del Bloque Nacionalista Galego de permitir la
consulta de las páginas web de la Administración general del Estado en euskera, en gallego o en catalán. Evidentemente, nos encontramos en la misma línea, semejante a la que fue aprobada por la Cámara en el Pleno del pasado martes.
Mi grupo también comparte otros muchos aspectos de la moción presentada por el Bloque Nacionalista Galego, aunque nos gustaría hacer algunos matices. Estamos de acuerdo en que hay que exigir el cumplimiento de lo acordado a todos los
titulares de las licencias UMTS, pero aprobarlo tal y como hoy se nos plantea podría dar la impresión, según mi grupo parlamentario, de que se desconocen las condiciones reales de muchas de estas empresas en las que, realmente, la expectativa que
tenían en el momento en que se acordaron estas licencias no es la que tiene el sector actualmente. Por tanto, esto es algo que mi grupo quiere tener presente y donde introduciríamos algún matiz.
Señor Aymerich, mi grupo está totalmente de acuerdo en que deberíamos introducir una tarifa plana para el acceso a Internet las 24 horas del día y todos los días de la semana, y así lo expresé en la Comisión. Quizá usted da un paso más
atrevido a la hora de fijar la cuantía y mi grupo no se atreve hoy a decir si la cuantía debe ser expresamente 18 euros o no.
Pensamos que debe analizarse la viabilidad. También querríamos matizar que debería establecerse una tarifa plana ADSL,
porque hay muchas personas que lo utilizan como vehículo para conectarse a Internet.
Nosotros coincidimos con ustedes en el punto 4 de su moción -incluso tenemos planteada una proposición no de ley en la Comisión de Ciencia y Tecnología- respecto a
la necesidad de avanzar a la hora de fijar unos criterios objetivos sobre las distancias a las que deben colocarse las antenas, que garanticen un mensaje positivo de seguridad, estableciendo unos parámetros muy objetivos. Precisamente por eso, mi
grupo no está de acuerdo en lo que se refiere a minimizar el impacto en determinadas zonas sensibles como las que usted cita: parques, centros docentes, sanitarios etcétera. Esto es lo mismo que hace la orden aprobada por el Gobierno.
Creemos que
este no es buen mensaje, porque si decimos que en estas zonas que he mencionado anteriormente se debe minimizar su impacto, significa que la instalación de las antenas es peligrosa; y nadie querrá tener una antena en su casa si la debe minimizar
ante una escuela o ante un parque.
Creo que los parámetros de seguridad deberían ser iguales en todas partes. No podemos decir que en el caso de una escuela, por ejemplo, sería distinto, porque cuando estás ante un domicilio también viven personas
de todas las edades. Por tanto, creo que al final en el debate de las antenas deberemos buscar unos criterios objetivos pero que se apliquen al conjunto de la población y de las zonas y dar un mensaje de seguridad, que es lo que están intentando
hacer ahora determinadas empresas y operadores, dando un mensaje de que la normativa es segura, pero debemos consensuarla para que no haya ninguna duda.
Por tanto, mi grupo votará a favor de estos dos aspectos, se abstendrá en relación con el resto, pero valora en su globalidad positivamente la propuesta que hoy nos ha traído aquí el Grupo Mixto a través del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor Aymerich, replicaba S.S. el pasado miércoles a la intervención del ministro diciendo que no sonaba mal la música pero le faltaba la letra, y S.S. ha pretendido cambiar la letra -que yo sí creo que
existía- por una letra en la que impide que se incluyan medidas infraestructurales de acceso de todos los ciudadanos a los servicios, de política tarifaria y medidas de incidencia ambiental.
Todas esas medidas, señoría, están incluidas en el marco
normativo actualmente en vigor, en concreto en la Ley general de telecomunicaciones y de la liberalización del sector de telecomunicaciones, en las directivas europeas sobre la materia y en las recomendaciones de los diversos organismos
internacionales sobre telecomunicaciones de los que España forma parte y que, por tanto, acepta y adopta sus resoluciones.
Señoría, lamento que mis conocimientos musicales sean muy limitados, pero me han dicho los que sí tienen buenos conocimientos
que la asonancia forma parte integrante y esencial de la armonía. Yo espero que la disonancia que voy a formularle en mi discurso, respecto de los puntos de su moción, no enturbie de ninguna manera esa armonía.
Plantea S.S. una serie de cuestiones, como reducir los precios de interconexión fijo-móvil. Debo decirle que en este sentido la regulación actual ya establece la obligación de los operadores dominantes en el mercado de interconexión de
telefonía móvil de orientar sus precios a costes, y concretamente en el mes de julio los operadores dominantes en telefonía móvil, Telefónica Móviles y Vodafone, rebajaron sus tarifas de interconexión en un 17,13 por ciento. Respecto al
establecimiento de una oferta de referencia que permita la aparición de operadores móviles virtuales, la regulación de la figura de los operadores móviles virtuales permite que pueda acceder a esta figura diversidad de agentes basándose
en el acuerdo entre las partes. Por otro lado, la regulación actual ya establece la obligación de los operadores dominantes en el mercado de interconexión de telefonía móvil de orientar sus precios a costes.
Solicita S.S. que los
operadores puedan acceder a otras infraestructuras, como energéticas, ferroviarias, viarias, etcétera. No queda claro lo que pretende con esta iniciativa, ¿que inviertan en infraestructuras y que además utilicen las ya existentes o que utilicen las
ya existentes para evitar invertir en más infraestructuras?
En cuanto al cumplimiento de los compromisos de los operadores de UMTS y de las infraestructuras de cable, el Gobierno exige siempre que se cumplan sus compromisos. Lo que es cierto es que también a veces hay que valorar la evolución de las
circunstancias y adoptar medidas que faciliten la implantación de las tecnologías y que éstas acerquen a los usuarios los beneficios de la sociedad de la información. En ningún caso la política del Gobierno debe guiarse por un exclusivo afán
recaudatorio.
Habla S.S. de dumping. Yo no sé si S.S. conoce algún caso, pero si lo conoce debe ponerlo en conocimiento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o, en su caso, del Tribunal para la Defensa de la Competencia, a los efectos de
que se adopten las medidas oportunas.
Por lo que se refiere a la tarifa plana, S.S. decía que la tarifa plana es un precio político. En eso estamos de acuerdo. La tarifa plana trata de facilitar el acceso de los usuarios a la sociedad de la información, pero en ningún caso la
tarifa plana debe rebajar el precio del coste del servicio, porque establecer una tarifa por debajo del coste del servicio impediría lo que S.S. también solicita, y es que otros operadores entren en el mercado.
Respecto al proceso de sustitución de los TRAC -los teléfonos rurales de acceso celular-, sabe S.S. que la Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico establece ya el concepto de servicio universal,
adelantándose así a la directiva europea, lo que permitirá la sustitución de los TRAC en un plazo muy breve. Además, las regiones Objetivo 1, como Galicia, podrán acceder a las ayudas del FEDER en la cuantía que tenemos concedida de unos 145
millones de euros.
El señor Jané, de Convergència i Unió, nos decía que votará a favor de los puntos relativos a la coexistencia de las lenguas oficiales en los portales de la Administración y al acceso de los discapacitados. Pues bien, también en la Ley del
servicio de la sociedad de la información hemos aprobado una enmienda para facilitar y favorecer el acceso de los discapacitados a la sociedad de la información. En cuanto a las lenguas oficiales, todos estamos de acuerdo, señoría. De hecho, el
portal administracion.es podrá ser consultado antes de fin de año en las lenguas oficiales en el Reino de España. Creo que no es necesario insistir en esta materia, a pesar de que valoramos su disposición a favorecer el uso, conocimiento y difusión
de las lenguas cooficiales en el Reino de España, como hacemos todos.
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: En consecuencia, señorías, nuestro grupo parlamentario votará en contra de la moción que ha defendido el señor Aymerich.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.
Señor Aymerich, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor AYMERICH CANO: Tal como expliqué en mi intervención, no vamos a admitir esa enmienda y pediríamos votación separada de los dos puntos a los que se refirió el portavoz de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señorías, iniciamos la votación de la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la política de telecomunicaciones del Gobierno. En primer lugar, sometemos a votación los puntos c) y d) del apartado
2 del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 266; a favor, 22; en contra 150; abstenciones 94.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Votamos a continuación el resto del texto de la moción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 261; a favor, nueve; en contra, 153; abstenciones 99.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.
Corrección de error.-Advertido error en el 'Diario de Sesiones' número 189, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles, 25 de septiembre de 2002, páginas 9409 a 9412, se subsana a continuación:
donde dice 180/001508, debe decir 180/001498
donde dice 180/001509, debe decir 180/001499
donde dice 180/001510, debe decir 180/001500
donde dice 180/001514, debe decir 180/001504
donde dice 180/001492, debe decir 180/001482