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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 188, de 24/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 188
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 181
celebrada el martes, 24 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho de información de los trabajadores en las alteraciones en la titularidad jurídica de las empresas y en los procedimientos de despidos colectivos.
'BOCG. Congreso de
los Diputados', serie B, número 238-1, de 17 de mayo de 2002. (Número de expediente 122/000213.) ... (Página 9357)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 244-1, de 24 de mayo de 2002.
(Número de
expediente 122/000217.) ... (Página 9365)
Proposiciones no de Ley.
- De los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos y comunicaciones de la Administración General del Estado. 'BOCG. Congreso
de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 162/000451.) ... (Página 9372)
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre aprobación de un Reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. 'BOCG.
Congreso de los
Diputados', serie D, número 307, de 15 de febrero de 2002. (Número de expediente 162/000428.) ... (Página 9380)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo del Estado español a un eventual ataque de Estados Unidos a Irak. (Número de expediente 173/000152.) ... (Página 9388)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral. (Número de expediente 173/000153.) ... (Página 9392)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno para dar una solución adecuada a los afectados por la crisis de las academias Opening English School y las medidas que va a adoptar para incrementar la protección de
los usuarios de la enseñanza no reglada.
(Número de expediente 173/000154.) ... (Página 9398)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 9357)
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza el derecho de información de los trabajadores en las alteraciones en la titularidad jurídica de las empresas y en los procedimientos de despidos colectivos ...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista la señora Peris Cervera. Son sus primeras palabras de repulsa y condena del atentado ocurrido en el día de hoy en el que un guardia civil ha
perdido la vida. A continuación pasa a explicar el contexto en el que se enmarca la iniciativa legislativa presentada por su grupo que no es otro que el de los cambios tecnológicos y la globalización que está afectando profundamente a las
relaciones laborales y que persigue como único objetivo rentabilizar y optimizar los beneficios. Añade que la flexibilidad, la desregularización y la externalización se han convertido en un triángulo mortal para la estabilidad laboral y para la
progresiva mejora de las condiciones laborales, por lo que la propuesta de los socialistas pasa por dar mayor participación a los trabajadores en aquellas decisiones o estrategias que afectan a las relaciones laborales, habida cuenta de que los
trabajadores son parte sustancial de la relación laboral y, por tanto, afectados.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Carriegas Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se garantiza el derecho de información a los trabajadores en las alteraciones en la titularidad jurídica de las empresas y en
los procedimientos de despidos colectivos, se rechaza por 119 votos a favor, 149 en contra y 15 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado ...
(Página 9365)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo
Parlamentario Mixto, quien tras manifestar su total condena al atentado que ha costado hoy la vida a un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y malherido a otros dos y, en definitiva, su condena total y firme del terrorismo, sea en
Euskadi, en Cataluña o en cualquier otra parte del mundo, explica la proposición de ley que presenta Esquerra Republicana de Catalunya con el fin de implantar el software libre u 'openfree software' en las diferentes administraciones del Estado y la
coordinación necesaria con los diferentes niveles o comunidades autónomas, sobre todo en aquellas que tienen lengua propia diferente de la castellana, como es el caso de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Pleguezuelos Aguilar, del
Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado, se rechaza por 116 votos a favor,
154 en contra y 17 abstenciones.
Proposiciones no de ley ... (Página 9372)
Del los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos y comunicaciones de la Administración General del Estado ...
Presenta la proposición no de ley el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), junto con el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo
Parlamentario Mixto, en concreto el Bloque Nacionalista Galego, reclaman al Gobierno el cumplimiento de la normativa que regula el uso de las lenguas distintas del castellano y oficiales en las respectivas comunidades autónomas en la producción
documental y el material impreso de la Administración General del Estado. Se trata, dice, de otro elemento que contribuye a la plasmación del concepto de Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, concepto que defienden históricamente los
tres grupos parlamentarios que presentan la iniciativa, así como otros grupos parlamentarios de la Cámara.
En segundo lugar interviene el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para defender asimismo esta iniciativa conjunta de tres grupos parlamentarios que propone un debate sobre la utilización de las lenguas
autonómicas cooficiales en el ámbito institucional y competencial de la Administración General del Estado, cuestión que ya ha sido motivo de otras iniciativas por parte del Grupo Vasco.
Finalmente, el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la iniciativa con la que, dice, se intenta hacer cumplir la legalidad vigente después de 24 años de la aprobación de la Constitución de 1978 y 19 de la Ley de
normalización lingüística de Galicia.
En defensa de la enmienda transaccional presentada a la proposición no de ley interviene el señor Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario
Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada interviene el señor Martí i Galbis.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano en los impresos y
comunicaciones de la Administración General del Estado, en los términos de la enmienda transaccional aceptada por los grupos proponentes, se aprueba por 283 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre aprobación de un reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores ... (Página
9380)
La señora Julios Reyes, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, defiende la proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a desarrollar el reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de
la responsabilidad
penal del menor. Asegura que la Ley del menor supuso la obligada respuesta a una deuda histórica que se tenía para con los menores, sobre todo con aquellos cuya vida transcurre dentro del círculo vicioso de la marginalidad o de la exclusión
social, y un reto para todos, pero fundamentalmente para las administraciones autonómicas, a las que la Ley atribuye la responsabilidad de dar un adecuado cumplimiento a las medidas que se dicten por parte de los jueces de menores para los menores
infractores. Recuerda que la Ley no fue dotada adecuadamente en los Presupuestos Generales del Estado y que las comunidades autónomas se encuentran en dificultades para llevar a cabo su ejecución, pues aspectos importantes han quedado pendientes
del desarrollo del reglamento que ha de llevar a cabo el Gobierno central, cuestiones que se plantean en su proposición no de ley.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Del Campo Casasús, del Grupo Parlamentario Socialista; los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bueso Zaera, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora Julios Reyes acepta la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre aprobación de un reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores de acuerdo con la transaccional aceptada por los grupos parlamentarios, se aprueba por 181 votos a favor, uno en contra y 105 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9388)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo del Estado español a un eventual ataque de Estados Unidos a Irak ... (Página 9388)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto. El Bloque Nacionalista Galego pretende con la moción que la Cámara inste al Gobierno a cambiar su posición respecto al
contencioso que en este momento mantienen Irak y Naciones Unidas. Se pide al Gobierno que opte por impulsar las vías diplomáticas, por apoyar la resolución de los problemas pendientes a través de la vía abierta por Irak con la aceptación del
regreso de los inspectores de Unmovic y por defender con criterio propio vías de salida a este conflicto.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente intervienen los señores Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Aristegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo del Estado español a un eventual ataque de Estados Unidos a Irak, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista y en los términos derivados del debate, se rechaza por 117 votos a favor, 151 en contra y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral ... (Página 9392)
La moción que presenta el señor Ruiz López (don Antero), en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, es consecuencia de la interpelación urgente sobre la situación de la siniestralidad laboral en España que, durante los
primeros siete meses del año 2002, tuvo un incremento de accidentes mortales de aproximadamente el 9 por ciento, especialmente en los sectores de servicios y de la construcción. Explica que estos accidentes mortales y no mortales pueden y deben
descender siguiendo la línea de trabajo expuesta en la moción y que se basa en tres criterios esenciales: una rigurosa aplicación de la ley en las empresas y una adecuación de la normativa legal a las circunstancias del mercado de trabajo en
España, una acción de la justicia rigurosa y eficaz y la sustitución de la pasividad del Gobierno por la puesta en marcha de un plan de medidas de choque que aborde totalmente las causas de fondo de la siniestralidad.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores González Vigil, del Grupo Parlamentario Socialista; Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Ruiz López (don Antero).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto (señor Vázquez), se rechaza por 114 votos a favor y 163 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno para dar una solución adecuada a los afectados por la crisis de las academias Opening English School y las medidas que va a adoptar para incrementar la protección de los
usuarioss de la enseñanza no reglada ... (Página 9398)
La señora Pozuelo Meño, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente en la que se proponen una serie de medidas para dar respuesta a una nueva crisis que ha afectado a miles de
consumidores españoles y que paliarían, en gran medida, el déficit de protección que se ha puesto de manifiesto, puesto que 45.000 ciudadanos españoles llevan semanas demandando una solución puntual relacionada con el cierre de los centros de
idiomas Opening. La solución del problema concreto -dice- pasa por tres líneas de actuación: conseguir la paralización de la ejecución de los créditos hasta tanto no se resuelva la situación jurídica creada por el incumplimiento de las
prestaciones que financiaban y, por tanto, la exigibilidad o no de los créditos; poner en conocimiento del Banco de España las circunstancias en que se suscribían esos créditos, con el objeto de que se investigue la posible vulneración de la
normativa bancaria, y pedir desde el Gobierno una investigación del fiscal general del Estado ante el cúmulo de irregularidades denunciadas por los usuarios de Opening, por si son constitutivas de delito.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Bueno Fernández, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Pozuelo Meño.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno para dar una solución adecuada a los afectados por la crisis de las academias Opening English School
y las medidas que va a adoptar para incrementar la protección de los usuarios de la enseñanza no reglada, con la incorporación de la enmienda transaccional asumida por el grupo proponente y firmada inicialmente por el señor Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 103 votos a favor, 145 en contra y 12 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE GARANTIZA EL DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS ALTERACIONES EN LA TITULARIDAD JURÍDICA DE LAS EMPRESAS Y EN LOS PROCEDIMIENTOS DE DESPIDOS COLECTIVOS.
(Número de expediente
122/000213.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se garantiza
el derecho de información de los trabajadores en las alteraciones en la titularidad jurídica de las empresas y en los procedimientos de despidos colectivos. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora Peris.
La señora PERIS CERVERA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora presidenta, quisiera que mis primeras palabras en nombre del Grupo Socialista fueran de condena y de repulsa al atentado ocurrido hoy, en el que han resultado heridos tres guardias civiles y en el que desgraciadamente uno de
ellos ha perdido la vida. Nuestra condolencia a toda su familia.
La verdad, señorías, es que se hace difícil subir a esta tribuna para hablar de incremento de derechos de los trabajadores cuando en este país acabamos de comprobar hoy cómo el derecho básico a la vida no se respeta, pero en la medida en que
esta Cámara representa la soberanía popular, por tanto la base de la democracia, vamos a continuar porque el camino emprendido es el correcto y, al final, podremos acabar con esta lacra que es el terrorismo. (Aplausos.)
Permítanme, señorías, que explique el contexto en el que se enmarca esta iniciativa legislativa. A nadie se le escapa que los cambios tecnológicos y la globalización están afectando profundamente a las relaciones laborales. Cada vez se
adopta un mayor número de decisiones mercantiles y empresariales en ámbitos supranacionales. Quizás sea en este ámbito, en el de las decisiones mercantiles y empresariales de las grandes empresas, donde más rápido han caído las fronteras y donde
con mayor claridad percibimos los efectos y los defectos de esa nueva realidad que es la globalización. Fusiones, absorciones, compras, acuerdos estratégicos, son decisiones que se toman todos los días y que afectan a miles de trabajadores;
nuestras leyes laborales se encuentran en estos momentos superadas por la velocidad y la intensidad de los cambios. Con demasiada frecuencia nos enteramos de despidos masivos de trabajadores que en algunos casos responden a causas económicas, pero
que en la mayoría de los casos obedecen a otro tipo de razones como, por ejemplo, cuestiones de cotización bursátil. Estos días salía en la prensa cómo la empresa Alcatel contuvo su caída bursátil tras anunciar un recorte de 9.000 empleos, además
de los 10.000 que ya había anunciado. En otras ocasiones, simplemente se externaliza parte de la producción o se subcontrata en cualquier otro sitio. Las empresas textiles, fundamentalmente en Cataluña, saben perfectamente cómo se está pasando la
producción a otros países, sobre todo países asiáticos, con el único objetivo de rentabilizar y optimizar los beneficios. Evidentemente, no les preocupa en absoluto las condiciones laborales que tienen los trabajadores en esos países trabajando
toda la semana dieciséis horas al día y en condiciones pésimas.
Hay que decir que flexibilidad, desregularización y externalización se han convertido en un triángulo mortal para la estabilidad laboral y para la progresiva mejora de las condiciones laborales. Por tanto, señorías, tenemos que dar una
respuesta y los socialistas la queremos dar. Nosotros creemos que la respuesta pasa por dar mayor participación a los trabajadores en aquellas decisiones o estrategias que tienen efectos sobre las relaciones laborales, habida cuenta de que los
trabajadores son parte sustancial de la relación laboral, por tanto son afectados.
Esta proposición de ley, junto con cuatro iniciativas más que ha presentado el Grupo Socialista, forma parte de un conjunto de medidas que afectan al ámbito de las relaciones laborales y proponen una profunda transformación en el
funcionamiento de las empresas en relación con sus empleados. Son nuestra respuesta, y espero que también la respuesta de SS.SS. y por tanto de esta Cámara, a los retos de la globalización en el mercado laboral. Esta proposición, como les decía,
no es una simple iniciativa legislativa es, permítanme que lo diga, la culminación de un trabajo serio, de enorme rigor técnico, que responde a los tiempos y a los problemas reales, es parte de un conjunto de leyes laborales que el Partido
Socialista ha presentado como respuesta, en definitiva, señorías, es nuestra alternativa. Quisiera indicarles que esta alternativa está abierta a todos, se trata de emprender un camino que nos lleve a un nuevo modelo de relaciones laborales,
moderno y acorde con los tiempos que vivimos.
Hace unas décadas, señorías, era relativamente fácil identificar en la relación laboral quién era el trabajador y quién era la empresa. En los cambios que estamos experimentando, de una economía productiva a la economía del conocimiento,
algunos conceptos o algunas pautas se nos han venido abajo sencillamente porque se han quedado obsoletos y no dan respuesta a los nuevos retos. De la empresa como unidad productiva, hemos pasado a red de empresas, especializadas, reducidas en
tamaño, flexibles, dependientes unas de otras y además externalizan parte de sus servicios.
También el capital y la titularidad de las empresas se hace opaco y complejo; es difícil poder identificar al empresario en esta maraña o en esta tela de
araña donde cada vez se externaliza más y donde hay una mayor participación bursátil en el accionariado de las empresas. Sobre esto, seguro que el señor Rato nos podría dar toda una tesis doctoral utilizando su propia experiencia. (Aplausos.)
Ante esta nueva realidad, ¿creen ustedes sinceramente que las actuales normas laborales son suficientes para garantizar los derechos de los trabajadores? La verdad es que la realidad no se aproxima a la respuesta.
Como les decía, todos los
días los medios de comunicación nos informan de operaciones mercantiles, fusiones o cualquier otro tipo de acuerdo que en la mayoría de los casos llevan aparejados enormes cambios y alteraciones para miles de trabajadores y en demasiadas ocasiones
recortes de plantilla. Cuando surgen casos de fusiones o de compras de acciones de grandes empresas,
nadie se plantea que va a mejorar el empleo, absolutamente nadie; más bien al contrario, cuando surgen estas noticias, lo primero que se preguntan los ciudadanos es en cuánto van a recortar las plantillas de sus empresas. Esta misma
semana, señorías, por ponerles un ejemplo, ha vuelto a saltar a los medios de comunicación el caso Fontaneda. Esta empresa ha sido adquirida por una multinacional británica a quien no le interesaba la empresa, sólo le interesaba un nombre
comercial, el de galletas Fontaneda. Hoy, los trabajadores se encuentran convocando nuevas manifestaciones para garantizar sus puestos de trabajo porque ya se les ha comunicado que tienen que trasladarse a otros centros de trabajo.
Creo, señorías,
que aquí las leyes laborales no han sido suficientes para garantizar los derechos de más de doscientos trabajadores. El viernes pasado, señorías, Ericsson España también anunció que iba a llevar en España un ajuste de personal que colocará a más de
setecientas personas en la calle, un tercio de su plantilla. Según ha explicado la multinacional sueca, se trata de una medida para reducir costes y adaptar la plantilla.
No quisiera con esto, señorías, hacer una relación exhaustiva de todos los casos en los que determinadas decisiones empresariales están afectando de una manera seria y considerada al empleo; además, tampoco tendría tiempo.
Lo que sí queda
claro es que con estos ejemplos se evidencia una realidad incuestionable: cada vez más, las empresas o los grupos de empresas de gran tamaño toman decisiones que se adoptan en ámbitos supranacionales, que afectan a las relaciones laborales y cuyos
principales efectos son, en unos casos, la pérdida de empleo y, en otros, el empeoramiento de sus condiciones.
Ante estas situaciones, señorías, nos encontramos con tres dificultades.
La primera es la velocidad y la intensidad de los cambios que se producen; la segunda es que los instrumentos legales que tenemos en estos momentos no son suficientes
para garantizar los derechos de los trabajadores, por lo que no pueden proteger los derechos y en muchos casos no sirven para mantener los empleos; la tercera es la lentitud de las decisiones políticas, que normalmente -y en este caso también- van
muy por detrás de la realidad. Estamos proponiendo modificaciones porque, aunque las normas laborales contienen garantías aplicables a estas situaciones, estas garantías no están formuladas teniendo en cuenta la variedad y la novedad de los efectos
laborales de estas situaciones.
Aplicar recetas viejas a problemas nuevos, sean legislativos o de cualquier otro tipo, no tiene sentido. Por ello, ante nuevas situaciones, estas garantías son insuficientes, son ineficaces y en muchos casos son
inaplicables. Por tanto, señorías, dentro de la más absoluta de las lógicas, ante estos nuevos problemas hay que realizar un nuevo planteamiento de las relaciones laborales orientado a hacer efectivos los derechos laborales. Estas garantías tienen
que centrarse en una ampliación de los derechos colectivos de información, de consulta y de negociación. Esta es la idea-fuerza que preside nuestra proposición de ley y que se centra en los siguientes puntos.
En primer lugar, frente a la regulación actual, que sólo contempla el derecho de los trabajadores a la información formal de concretas operaciones y una vez éstas se han consumado, en este proyecto se apuesta por ampliar estos derechos
colectivos a cualquier cambio en la configuración mercantil de las empresas que pueda tener efectos en el empleo y en las relaciones laborales. Además, el ejercicio de dichos derechos se anticipa en el tiempo. No es aceptable que los trabajadores
sólo conozcan las operaciones que afectan a sus relaciones laborales cuando éstas ya se han consumado y los efectos para el empleo son irreversibles. En segundo lugar, frente a la regulación actual se amplían los derechos a la información en
cuantía y en intensidad, de modo que los representantes de los trabajadores deben recibir mayor información y además se pasa de la simple consulta a la negociación colectiva. En tercer lugar, y en el marco de las medidas laborales, cuando la
transformación afecte al empleo se da preferencia, frente a las medidas indemnizatorias, a medidas de conservación del empleo, bien a través de una nueva ordenación de los recursos humanos disponibles en las empresas, bien a través de búsqueda de
empleo alternativo en el entorno de esta red de empresas. En cuarto lugar, en esta reforma se pretende que una vez consumadas las transformaciones se asegura la existencia de representación colectiva en las nuevas unidades empresariales.
Termino, señora presidenta, con una última reflexión. Sé que la mayoría conservadora no tiene ningún interés en mejorar las relaciones laborales o en garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores; más bien al contrario, cada vez
que ponen su mirada y su zarpa en el derecho laboral es para recortar los derechos de los trabajadores. Si no, a los hechos me remito, el ministro de Trabajo, señor Zaplana, acaba de pedir un debate para recortar la cuantía de los despidos, es
decir, su nuevo modelo es despido gratis. Esta iniciativa no contará hoy con los votos necesarios para salir adelante, para continuar el trámite parlamentario. Lo lamentamos profundamente desde el respeto escrupuloso a las decisiones de la
mayoría, pero no nos arrugamos porque estamos convencidos de que esta iniciativa, junto con el resto de leyes laborales que ha presentado el Grupo Socialista, supone un nuevo modelo de relaciones laborales modernas, reales y necesarias. Esta
convicción nos da fuerzas para seguir adelante, luchando y trabajando para ofrecer soluciones a los desequilibrios que se producen en el mundo laboral, para seguir luchando y trabajando por el respeto y la mejora de los derechos de los trabajadores.
Quiero traer a colación las palabras de mi compañero Ramón Jáuregui, cuando el pasado 18 de junio subió
a esta tribuna para defender un proyecto de ley que forma parte del conjunto de leyes que antes he referenciado. Decía mi compañero que aquella ley, al igual que ésta, era una ley necesaria, una ley seriamente construida, con solvencia
jurídica, que respondía a los tiempos y que cubría una laguna importante que existe en nuestro país. Quizás sólo tenía un defecto, decía Ramón Jáuregui, como ésta, como la proposición de ley que presentó nuestra compañera Micaela Navarro sobre la
ley integral contra la violencia de género, y es que las había presentado la oposición. No creemos sinceramente que sea una razón suficiente para que ustedes las rechacen. Ustedes, señores del Partido Popular, pueden continuar en el pasado, en la
autocomplacencia y defendiendo intereses sectarios, nosotros vamos a seguir ofreciendo a la sociedad propuestas de futuro, soluciones a los graves problemas, alternativas serias y rigurosas; aunque ustedes se empeñen en repetir sistemáticamente
como un disco rayado la proclama del señor Aznar de que no hay alternativa, es falso, porque la hay, y los ciudadanos lo saben. Ustedes no pueden tapar el sol con un dedo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Peris.
¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la presente proposición de ley aborda la regulación en los casos de sucesión de empresa, que entraña multitud de posibilidades y situaciones de hecho, así como implicaciones prácticas. Por ello, al Bloque Nacionalista Galego
le sorprende también el vigente contenido de los artículos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores. Apenas se contienen allí unas indicaciones genéricas, que no abarcan a todas las situaciones de hecho y que han debido ser completadas por la
aplicación de los tribunales de lo social. Partiendo, por tanto, de la necesidad de completar desde los poderes públicos las garantías y derechos de los trabajadores y trabajadoras ante casos de sucesión empresarial, el Bloque Nacionalista Galego
saluda positivamente esta iniciativa legislativa que incide en una mayor información a los trabajadores y trabajadoras cuando la sucesión es menos transparente, cuando simplemente hay una alteración jurídica de las empresas, pero no de su
titularidad real, al tratarse de grupos de empresas. Esta situación es común hoy en día, pues muchas empresas recurren a esos artificios para reducir costes laborales y sanear sus resultados, sobre todo si cotizan en Bolsa. Esta iniciativa, por
tanto, refuerza los derechos de información de los trabajadores en esos casos de alteración de la titularidad jurídica de empresas, de manera que puedan obtener mayor información para ejercer sus derechos y defenderse frente a situaciones de
sucesión empresarial fraudulenta o simulada.
Entendemos en el Bloque Nacionalista Galego que es una proposición oportuna, si bien podría realizarse una regulación más ambiciosa, con mayor protección para los trabajadores, que no se limitase sólo a garantizar derechos de información;
podría, incluso, incluir mayores restricciones a la destrucción de empleo en los procesos de fusiones o cambios de titularidad de empresas, preservando el derecho a permanecer en el puesto de trabajo sobre la presentación de grandes cuentas de
resultados.
En suma, tratándose de la toma en consideración, apoyamos estas modificaciones de los artículos 44 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, esperando que se puedan articular en el proceso posterior, que parece que no lo va a haber, enmiendas
para reforzar, además de los derechos de información, las garantías de permanencia en un puesto de trabajo.
Queremos evitar así la masiva destrucción de empleo cuando no se obtienen simplemente las expectativas de beneficio y restringir las
posibilidades de despidos masivos sólo a los casos en que hay una reducción de la capacidad productiva o de oferta de servicios de las empresas que hagan peligrar su viabilidad. Por todo esto, señora presidenta, el Bloque Nacionalista Galego va a
apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on. Buenas tardes.
Deseo primeramente, en nombre de nuestro grupo, condenar firmemente el atentado producido y lamentar también profundamente las muertes, inútiles y espantosas, reafirmándonos en que la única vía que cabe para defender las ideas son las
democracias existentes.
Comienzo mostrando también nuestro apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, proposición que trata de garantizar el derecho a una mejor información de los trabajadores en los
procesos de cambio de titularidad jurídica, fundamentalmente en las empresas en las que trabajan.
La verdad es que, cada vez más, nuestra economía está totalmente inserta en los procesos globalizadores y la enorme velocidad y mutabilidad que conlleva en las realidades no solo empresariales, sino también sociales y hasta regionales. Como
dato, quiero aportar que en el año 2000, según los propios datos de la Comisión Europea, el número de fusiones o de adquisiciones afectó
directamente a más de 13.000 empresas. Un aspecto básico que nos permite valorar y dimensionar este dato es el de las repercusiones que supusieron para el empleo, pues solamente el año pasado la consecuencia fue la pérdida de 350.000
empleos, de los cuales 230.000 pertenecían a la eurozona.
Los efectos directos y colaterales de estas realidades han llevado a promover, en el propio ámbito de la Comisión Europea, iniciativas para tutelar los efectos del dinamismo económico y sus repercusiones. A su vez, dentro del mismo Estado
español, nadie ignora que estamos asistiendo a una profunda modificación de la llamada geografía del poder económico.
Las privatizaciones y las fusiones son el exponente más claro de este proceso, que está afectando a empresas, servicios o
iniciativas, muchas veces periféricas, siendo promovidas, con un evidente interés y apoyo político y económico, por el Estado central. Las repercusiones de todo tipo que conllevan dichas políticas están teniendo consecuencias de desarraigo
cultural, social y laboral evidentes, además de suponer modificaciones políticas y regionales.
Pues bien, esta iniciativa, circunscrita al ámbito laboral y de relación de los trabajadores con las empresas y su derecho a información en los procesos que les afecta, supone, independientemente de la articulación planteada, una mayor y
mejor garantia de información y transparencia de dichos procesos, supone una mejor posibilidad de reacción ante los mismos y entronca con la ya manifestada de la propia Comisión Europea. Por todo ello, va a contar con nuestro total apoyo para su
tramitación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, es evidente que los derechos a la información de los trabajadores y sus sindicatos se están reduciendo. Los casos a los que se refiere la proposición de ley son evidentes, pero podrían citarse muchos más; desde las restricciones
de información entre los trabajadores a través de medios electrónicos en las empresas, hasta las limitaciones al conocimiento de las contrataciones que se efectúan en las mismas, existe una elevada gama de situaciones en que las empresas limitan el
derecho a la información de sindicatos y trabajadores.
La proposición de ley, que merecerá nuestro apoyo, sitúa alguna de las circunstancias limitativas de este derecho más evidente en el último período. Cierto que, además del derecho a la información, echamos de menos en la regulación española
una decidida acción de la autoridad laboral en relación con un análisis riguroso de lo que se denomina decisiones estratégicas que no justifican seriamente los despidos de trabajadores. Recientemente, una empresa con una vida de más de 50 años, la
antigua Motovespa -hoy Piaggio-, de capital italiano y de fondos de pensiones administrados por el Deutsch Bank, ha decidido el cierre de la planta en España abandonando a favor de la matriz italiana un mercado de 35.000 vehículos. Los trabajadores
y sus representantes no han dispuesto de información sobre la situación de la empresa y menos sobre las razones objetivas que justifican un cierre de empresa. Como este ejemplo hay muchos otros en la Comunidad de Madrid y en el conjunto de España.
Esta actitud empresarial y de un accionariado desconocido para los trabajadores inhabilita a los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores, para influir en términos democráticos y legales en la gestión de la empresa y para recurrir a
la autoridad laboral. Lo más penoso es que esta autoridad laboral no suele ejercer sus derechos, como la presión sobre las empresas para garantizar la veracidad de sus argumentos o el rechazo de expedientes colectivos que responden a decisiones
estratégicas y a veces especulativas y no a crisis empresariales.
En definitiva, nos encontramos ante una necesidad de reforzar el derecho a la información, pero también de reforzar el derecho de la intervención pública en este tipo de decisiones. Existe una evidente laguna en el campo del derecho a la
información, como se justifica en la proposición de ley que se presenta, en la medida en que las garantías existentes difícilmente pueden impedir la evasión de esta responsabilidad por parte de las empresas cuando de nuevas titularidades jurídicas o
actividades se trata, más aún cuando estamos hablando de un mercado laboral tan desregulado como el español y con tan elevadas tasas de rotación y temporalidad.
No obstante, no podemos dejar de señalar que, junto a nueva filosofía de regulación del derecho a la información como la planteada por la proposición de ley, debe aspirarse a la exigencia del cumplimiento de la antigua y su reforzamiento, ya
que los instrumentos existentes de derecho a la información son de los que disponen la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Ciertamente, la desregulación del mercado laboral y las nuevas circunstancias económicas han hecho más
evidentes las carencias de nuestra legislación en los casos que cita la propuesta y allí donde la cooperación sindical europea es más necesaria. En este sentido, el derecho laboral español debería contemplar las directivas europeas que empiezan a
abordar estos asuntos.
En el contexto de la presidencia española de la Unión Europea, los sindicatos enviaron a la presidencia un memorando -convenientemente ignorado, naturalmente- que se refería, entre otras cuestiones, a las dimensiones de la negociación
europea en el nuevo contexto económico y político de la Unión. En este
capítulo, se incluía una serie de los que podríamos calificar como nuevos derechos sindicales entre los que, efectivamente, los derechos a la información juegan un papel esencial. Por el contrario, las regulaciones aparecen cada vez más
restrictivas, las directivas europeas más livianas y menos aplicadas en este como en otros contextos. La Administración española, guardiana de las esencias neoliberales europeas, desde el plan de estabilidad a la desregulación del mercado y la
limitación de derechos, no vacila en entregar a las empresas y a sus accionariados el dominio absoluto de las relaciones laborales, por lo tanto la restricción de derechos en todos los ámbitos, incluido el derecho a la información.
Cotidianamente,
percibimos cómo los derechos laborales a la salud y a la información desaparecen con las viejas unidades productivas o jurídicas, naciendo nuevas realidades que no heredan la cultura de derechos de los trabajadores que el sindicalismo había logrado
introducir en la antigua regulación económica. La propuesta que se presenta viene a llenar algunos de estos huecos aunque ustedes estarán de acuerdo con que no llena completamente las lagunas del derecho a la información en una economía moderna.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, esta iniciativa que nos plantea hoy el Grupo Socialista incide sobre una realidad del mundo de nuestras empresas que merece, como mínimo, la reflexión y el debate que suscita esta iniciativa acerca de cómo los cambios de
organización en el modelo de nuestras empresas derivados del impacto de las nuevas tecnologías y cómo la libre circulación de capitales en relación con las inversiones de capital extranjero en los países influye en la creación de empleo, en el
mantenimiento de la ocupación y en la calidad del trabajo. Es evidente que podemos poner ejemplos en toda Europa y en el Estado español de que esta nueva realidad de modernización de las empresas, de libre circulación de los capitales, tiene, junto
con aspectos positivos, aspectos negativos desde la perspectiva de la calidad de empleo y de su estabilidad. Este es un debate que se plantea hoy en el mundo capitalista. La cuestión es cómo ser capaces de mantener economías competitivas en ese
mundo global, cómo somos capaces de no oponernos a las ventajas derivadas del impacto de las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad, la calidad del trabajo y las garantías ante los riesgos laborales y el desempleo. La
cuestión es: ¿ puede la propuesta que hoy nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista constituirse en un buen instrumento para hacer frente a esa realidad y superar la contradicción en la que nos movemos? Nosotros intuimos que no, porque nos
parece que la propuesta que nos plantea el Grupo Socialista se caracteriza por la excesiva rigidez. No nos parece que la superación de la contradicción venga por la normativa, que en mucho de sus aspectos es demasiado detallista, incluso demasiado
reglamentarista.
Dicho esto, nos parece que el debate es oportuno y, por lo tanto, nuestro grupo no se va a oponer a la toma en consideración de esta proposición de ley, porque nos parece que el debate es necesario, pero intuimos que nuestra alternativa no
se sitúa en el terreno que la sitúa el Grupo Socialista. A nosotros nos parece que en ese terreno debemos ser capaces de recuperar un sentido amplio de la concertación social y política, y que para hacer frente a las transformaciones en el modelo
de organización de nuestras empresas y a la libre circulación de los capitales en relación a la creación de empleo hay que sellar un pacto social entre administraciones, agentes sociales y las propias empresas. Sólo desde esa concertación social va
a ser posible avanzar en un sentido positivo en la consolidación de puestos de trabajo, en la garantía de los mismos y, al mismo tiempo, en mantener nuestra economía, en términos europeos, en una base suficientemente competitiva. Esperamos que el
debate que ustedes abran, lo podamos continuar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Carriegas
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Señora presidenta, señorías, quiero expresar, en primer lugar, la rotunda condena ante el atentado ocurrido este mediodía en la localidad navarra de Leiza, al tiempo que manifestamos la inmensa consternación del
Grupo Parlamentario Popular ante este vil crimen. En estos momentos tan dramáticos queremos expresar nuestra solidaridad con la Guardia Civil y con los familiares de don Juan Carlos Beiro Montes, asesinado en dicho atentado, así como al resto de
sus compañeros heridos en el mismo. (Aplausos.)
Quiero expresar nuestro más enérgico desprecio hacia aquellos que pretenden quitarnos por la fuerza nuestra vida y nuestra libertad, atacando injustamente a quienes mejor las defienden, como son los servidores del Estado. Quiero afirmar,
una vez más, que jamás lograrán sus objetivos y que más pronto que tarde acabarán en la cárcel, tras su paso por la justicia. Por otra parte, resulta inaceptable la equiparación que ha hecho el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco de las muertes
ocurridas en el día de hoy: la de un inocente a manos de unos asesinos y las de dos asesinos cuando intentaban matar a un inocente.
Entrando en el objeto de la intervención, el Grupo Parlamentario Socialista nos plantea una proposición de ley extensa, acaso demasiado, ya que, a nuestro entender, gran parte de lo postulado debería ser objeto de un reglamento de desarrollo
y no de un texto legal básico como es el Estatuto de los Trabajadores. Proponen -modificando distintos apartados del Estatuto de los Trabajadores- que las regulaciones vigentes en la materia incidan en la gestión de los recursos humanos y en los
derechos colectivos de consulta y negociación respecto del empleo y las transformaciones de estas empresas. A primera vista, resulta difícil que ningún grupo pueda plantear objeciones a la teoría minimalista del enunciado: derecho de información
de los trabajadores. Estoy seguro que todos estamos de acuerdo y que nadie aboga por el menoscabo de tan importante derecho para los trabajadores y para las empresas. No puede entenderse hoy una empresa próspera y moderna sin la imbricación
responsable del cuerpo de los trabajadores, abanderados por su representación sindical. Hoy una empresa inteligente hará sin duda denodados esfuerzos para comprometer a sus trabajadores en la colaboración mutua para llevar a buen puerto el proyecto
empresarial. Eso se hace desde la sinceridad, desde la confianza y desde el acceso a la información. Debemos rehuir de planteamientos sombríos como los que, a nuestro entender, existen en la exposición de motivos de la proposición de ley que
estamos debatiendo. Las empresas son los perfectos aliados de los trabajadores, no son perversas en sí ni son ni deben ser una especie de mal necesario, al contrario, justamente son el bien imprescindible en la sociedad de progreso y bienestar que
entre todos estamos consolidando.
Frases como -y cito textualmente- las empresas, particularmente de tamaño multinacional, plantean despidos de un número considerable de trabajadores basándose sencillamente en cambios en la titularidad accionarial,
son profundamente desacertadas y presentan a los grupos de accionistas como bandas de desaprensivos cuyo único objetivo parece ser despedir a los trabajadores. Nada se dice de creación de empleo, de inversiones, de creación de riqueza, olvidando
los cuatro millones de puestos de trabajo creados en los últimos seis años, que no los ha creado el Partido Popular. El Gobierno, en correcto ejercicio de sus responsabilidades, ha puesto las bases y ha facilitado las condiciones para que eso se
haga realidad, pero han sido justamente las empresas y los empresarios individuales quienes han hechos posible este salto cualitativo y cuantitativo tan importante para todos los españoles.
Por tanto, no debemos confundir un posible uso abusivo que nadie comparte y que entre todos debemos procurar evitar y combatir, con la generalización de intereses abyectos por parte de los grupos empresariales, que lo que normalmente desean
es crecer, ser más competitivos, ganar cuota de mercado, crear empleo y mejorar su cuenta de resultados que, por cierto, es legítimo y bueno para la sociedad. Para ello les resulta necesario contar con su mejor arma: el equipo humano, su auténtico
y mejor capital social. Resulta, pues, muy sencillo contestar la demagógica intervención de la portavoz socialista, incluidas las ridículas insinuaciones sin fundamento sobre miembros del Gobierno. Yo no sé lo que se siente cuando se sube a la
tribuna para no decir nada, pero haré lo que me toca y me centraré en lo que escriben y no en las vaciedades que dicen.
Entrando en el detalle de la iniciativa, el Partido Socialista plantea modificar el artículo 4.2, que versa sobre derechos laborales. Pretende incorporar un nuevo apartado referido a los derechos de información y consulta sobre la empresa,
es decir, el derecho a ser consultado sobre el futuro de la misma. Estamos totalmente de acuerdo en el espíritu, en la filosofía; tan es así y tan de acuerdo estamos que estos derechos ya están reconocidos entre los derechos básicos de los
trabajadores, en el apartado 1 del artículo 4, y son derechos reconocidos por la Constitución y regulados por su legislación específica. Además -que no es poco-, estos derechos son objeto de atención en la normativa comunitaria, en especial en la
reciente y clarificadora Directiva 2002/14, que establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea. Este aspecto tiene hoy un adecuado, útil y contrastado tratamiento en nuestro
ordenamiento vigente.
Artículo 44. Versa sobre la sucesión de empresa. En este caso pretenden modificar un texto con apenas un año de vigencia, toda vez que fue aprobado por amplias mayorías en ambas Cámaras en la redacción actual, por la Ley 12/2001, de 9 de
julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo que, por cierto -lo digo para recuerdo de los que votaron en contra-, venía a incorporar en este aspecto el contenido de la Directiva europea 98/50, relativa al mantenimiento de los
derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresa, centro de actividad o de partes de centro de actividad, que parece que es lo que nos traía hoy aquí el Partido Socialista.
Respecto a la consulta con los representantes de los trabajadores, actualmente ya se prevé que el cedente o el cesionario que previere adoptar con motivo de la transmisión medidas laborales en relación con sus trabajadores, vendrá obligado a
iniciar con suficiente antelación un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores.
Así pues, el Partido Socialista tropieza en la misma piedra del artículo anterior, cuanto que vuelven a proponer como nuevo aquello que
está ya recogido en el ordenamiento vigente.
Artículo 50.1.c). Versa sobre la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Pretenden añadir como causa justa para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato, la adopción unilateral de medidas
empresariales por incumplimiento de obligaciones establecidas en el artículo 51 de esta ley.
Una vez más, ¡eureka!, magnífica idea, pero también una vez más, ya está prevista en la redacción actual esta situación, por lo que carece de sentido plantearla. El texto en vigor cita textualmente esta cuestión y, además, el artículo 124
del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral prevé la declaración de nulidad de oficio, a instancia de parte, de las medidas unilaterales adoptadas por el empresario en los supuestos en que esté legalmente prevista la obligación de obtener
la previa autorización administrativa.
Artículo 51. Versa sobre despido colectivo. Sobre este particular la proposición pretende cinco cuestiones. Primera, la inclusión de los despidos colectivos que se propongan efectuar en cualquier empresa perteneciente a un grupo de
empresas. El precepto vigente ya contempla esta posibilidad y establece 14 previsiones al respecto. Segunda, la consideración de un periodo de negociación y la aplicación de las reglas de legitimidad propias de la negociación colectiva.
Actualmente, la ley prevé para los despidos colectivos un periodo de consultas durante el cual las partes deberán negociar de buena fe con vistas a la consecución de un acuerdo. Tercera, deposición de procedimientos extrajudiciales de composición
de conflictos. Entendemos que aportan más rigidez, puesto que sólo resultan aceptables los procedimientos de composición de conflictos voluntariamente asumidos por las partes. Cuarta, el procedimiento estará presidido por la negociación y se hace
desaparecer la expresión 'autorización administrativa previa'. Es importante mantener la autorización administrativa previa de los despidos colectivos, puesto que sirve para ponderar los intereses, tanto económicos como sociales, que confluyen en
toda decisión de extinción de relaciones laborales de carácter colectivo. Quinta y última, regulación del llamado plan social, cuya ausencia determinará la no tramitación del procedimiento de despidos colectivos en ciertos supuestos. En la
redacción actual ya existe para las empresas de 50 o más trabajadores la inclusión de un plan social entre la documentación iniciadora del expediente de regulación de empleo.
Por tanto, más de lo mismo. Proponen lo que ya existe.
En este momento, resulta necesario reconocer que, en nuestro país, la práctica negocial de empresarios y sindicatos ha conducido a que los planes sociales incluyan medidas de recolocación interna o externa, acciones de formación y reciclaje,
y medidas de reducción o adaptación del tiempo de trabajo. Este es el camino que, día a día, recorren de verdad en España los interlocutores sociales. Por su parte, la Comisión Europea está incitando a los interlocutores sociales a que dialoguen
sobre este asunto y, si fuera posible, alcancen un acuerdo en el que se enumerarán una serie de principios basados en las nuevas prácticas que deberán inspirar las reestructuraciones de empresas que tendrán lugar en la Unión Europea. Dichas buenas
prácticas, en las que -estoy seguro- todos coincidimos, son: la obligación de anticipar y calcular las consecuencias sociales de las reestructuraciones; aplicar el principio de que las pérdidas de empleos y los despidos sean el último recurso; la
búsqueda de soluciones alternativas, recolocaciones, formación, reciclaje, reorganización del trabajo incluido el tiempo de trabajo, ayuda en la búsqueda de empleo, apoyo al autoempleo o la constitución de pymes; obligación de buscar personas o
empresas que se ocupen de las actividades que se van a abandonar; la obligación de rehabilitar y realojar los centros de trabajo que se abandonen como medida medioambiental y como forma de absorber parte de los empleos perdidos y, por último, la
aplicación de sanciones en caso de incumplimiento de las disposiciones vigentes.
Por ello, estando todavía a las puertas de la primera fase de diálogo social, el respeto a la autonomía de los interlocutores sociales obliga a esperar a conocer cuál es el resultado de esta consulta. Sólo después será el momento para que,
a la vista de los frutos del diálogo social comunitario, se pronuncien los Estados miembros, y España no puede ni debe ser una excepción. Sería muy recomendable que los interlocutores sociales europeos fueran capaces de ponerse de acuerdo en el
establecimiento de una serie de principios que guiaran siempre los procesos de reestructuración de las empresas. De hecho, en España parece ser este el camino elegido por los interlocutores sociales en el acuerdo interconfederal sobre negociación
colectiva para el año 2002, firmado por CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT en diciembre pasado. Este acuerdo señala que en la legislación laboral española existen mecanismos que permiten adoptar medidas de flexibilidad interna en los convenios
colectivos, tales como movilidad funcional, formación continua, gestión del tiempo de trabajo y redistribución de la jornada, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o suspensión del contrato de trabajo, que sirvan para adaptarse a las
necesidades de las empresas de responder a un entorno determinado; medidas que son preferibles a otras traumáticas, como las extinciones de contratos de trabajo y la consiguiente destrucción de empleo.
La conclusión final es que las modificaciones del Estatuto de los Trabajadores que hoy nos trae el Partido Socialista no resultan necesarias ni aconsejables, porque el conjunto de la normativa vigente en la materia, apoyada en la normativa
comunitaria, constituye, en nuestra opinión, garantía suficiente. Estén seguros de que en este camino -el camino de mejorar las relaciones entre los interlocutores sociales- nos van a encontrar. Nos van a encontrar porque pensamos que juntos, de
la mano, pero cada uno desde su responsabilidad y competencia, políticos, empresarios, sindicatos, en suma, el conjunto de los ciudadanos, mejoraremos el escenario laboral y empresarial español en beneficio de todos. Valoramos la iniciativa
socialista en lo que supone de recordar estos preceptos, pero, si esta es su alternativa,
ustedes no tienen alternativa. Nosotros no la podemos apoyar porque no aporta nada nuevo sobre el asunto que hoy nos ocupa y tanto nos preocupa.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la toma en consideración de esta
proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Carriegas.
Se procede a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se garantiza el derecho de información de los trabajadores en las alteraciones en la titularidad jurídica de las
empresas y en los procedimientos de despidos colectivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 119; en contra, 149; abstenciones, 15.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), SOBRE MEDIDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. (Número de expediente 122/000217.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós) sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
(Rumores.)
Adelante, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, antes que nada permítanme...
(Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señor Puigcercós.
Señorías, se encuentra un diputado en la tribuna intentando hacer uso del derecho que le asiste de defender una proposición de ley. No hay posibilidad en la Cámara de que pueda ser oído. Ruego a SS.SS que quien quiera desalojar el edificio
lo haga y quienes no lo hagan, por favor, permitan la intervención del diputado Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, antes que nada quiero mostrar nuestra total condena al atentado que ha costado la vida hoy a un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado y ha malherido a otros dos; tres seres humanos, en
definitiva, que cumplían con su deber. Nuestra condena, pues, al terrorismo es total y firme, sea en Euskadi en este caso, en Cataluña o en cualquier otra parte del mundo.
Esquerra Republicana de Cataluña presenta hoy en este Pleno una proposición de ley que tiene como fin la implantación del software libre u openfree software en las diferentes administraciones del Estado y la coordinación necesaria con los
diferentes niveles o comunidades autónomas en este caso, sobre todo con aquellas que tienen lengua propia diferente de la castellana, como es el caso que represento, el caso de Cataluña.
Cuando el 24 de mayo de hogaño Esquerra Republicana de Cataluña registró esta propuesta lo hacía con un doble motivo: en primer lugar, porque la generalización de este sistema operativo, el software libre, soluciona uno de los problemas más
acuciantes para las lenguas y culturas en fase minoritaria o, en el caso del catalán, en fase de normalización. El software libre ofrece la posibilidad de salvar los obstáculos que la ley del mercado impone. Demasiadas veces se nos ha dicho
también en esta Cámara que si un grupo multinacional decide lanzar su producto en las lenguas más importantes por peso demográfico, es decir, en inglés y en español, es por la lógica del mercado y la rentabilización óptima de la inversión inicial en
el producto ante un número tan grande de potenciales clientes. Esta situación perversa para las otras lenguas -el caso del catalán, el gallego o el euskera- se produce frecuentemente en el ámbito audiovisual, en el informático y en general en las
industrias culturales.
En el campo informático vale la pena reseñar las grandes inversiones que el Gobierno catalán ha tenido que hacer a grupos multinacionales, básicamente uno, para que sistemas operativos o programas concretos fueran también en
lengua catalana. No es ningún secreto que Microsoft hoy en día acapara buena parte de estas licencias. Paradójicamente, la Administración catalana destinaba tiempo y bastantes recursos en adquirir licencias a un grupo multinacional, Microsoft, en
lugar de destinarlos a la implantación o promoción de la normalidad de los usos del catalán en los ámbitos informáticos, en el ámbito social en general. De ahí nace esta propuesta, una propuesta que ya presentamos en su momento en el Parlamento de
Cataluña, ya que con el método del software libre la traducción de sistemas operativos y programas no implica pagar licencias y la inversión en la traducción es más bien modesta. El tránsito, el cambio de un modelo operativo a otro también es
modesto.
Detrás de esta voluntad de que todas las lenguas del Estado tengan allanado su camino hacia la plenitud de su uso social, esta propuesta conlleva grandes ventajas para aquellos países, sociedades, administraciones y usuarios que la deseen
utilizar; ventajas que podríamos sintetizar en cuatro puntos: seguridad, privacidad y protección de los datos, optimización de la inversión,
fomento de la innovación tecnológica e independencia del proveedor.
¿Qué es, en definitiva, el software libre? El modelo de sistema operativo para informática y también de programas informáticos que es cien por cien libre en cuanto a licencia de uso, distribución y modificación. Otorga a sus usuarios la
libertad de ejecutarlo para cualquier propósito, copiarlo, distribuirlo, estudiarlo, incluyendo siempre el acceso a su código-fuente, mejorarlo y hacer públicas estas mejoras para que pueda beneficiarse todo el mundo. Se trata de evitar caer en la
situación de monopolio o de oligopolio que unos pocos grupos multinacionales han tejido con sus sistemas operativos y programas por los que hay que pagar una licencia. Son los llamados software de licencia propietaria. Es un software sujeto a
varias limitaciones. Se debe pagar la licencia, es decir, se compra, se está sujeto a limitaciones técnicas de esos programas y a las que la licencia impone y en este caso a las incompatibilidades con otras marcas u obsolescencia de un producto al
dejar de producirse. El software libre no excluye el software de licencia propietaria, sino, todo lo contrario, puede completarlo o hay que integrarse. De hecho, en este proyecto de ley se hace mención explícita en el artículo 6. En el software
libre estas limitaciones no existen, ya que todo está disponible en forma de código-fuente abierto, por lo tanto, todo el mundo puede acceder y emplearlo como quiera.
En 1991 vio la luz la primera versión del sistema operativo desarrollado con el nombre de GNU/Linux, que de ahora en adelante llamaremos Linux.
Desde entonces, y con la colaboración de miles de usuarios, se han ido desarrollando gran
cantidad de programas y de actividades basados en este concepto, un proyecto que se vio estimulado y reforzado por la irrupción de Internet, ya que los servicios de este (la web, el correo, la transferencia de base a todos los servicios de Internet
y la transferencia de archivos) sólo son posibles con los llamados protocolos libres, es decir, la misma filosofía del software libre: informática pública, información pública. La prueba de fiabilidad y la superioridad del software libre ante los
de licencia propietaria en el ámbito de Internet es que más del 70 por ciento de los servidores de web del mundo están basados en el sistema Linux y demás software libre. Las ventajas que ofrece hoy la aplicación del software libre en las
administraciones públicas son importantes: en primer lugar, la seguridad, la protección de los datos y el derechos a la privacidad. Son muchos los casos que los software de licencia propietaria han establecido, ya que permite al usuario la
inspección completa y exhaustiva del mecanismo de procesamiento. Hoy los programas de licencia no son examinables y es imposible saber si el programa cumple con su función o si además incluye vulnerabilidades intencionales o accidentales que
permitan a terceros acceder indebidamente a los programas o a los sistema operativos o que impidan que los usuarios legítimos de la información puedan usarlo. Si hay revisiones e inspecciones, se evitan llamando a las puertas traseras o
desviaciones. No en vano, organismos como la NASA y muchos grupos multinacionales optaron por ese sistema. Se evita, pues, el riesgo de filtración, de posibilidad de acceso y de manipulación.
En segundo lugar está la optimización de la inversión. Así como en los software de licencia propietaria gran parte de la inversión económica recae sobre el coste de licencia del producto, que sólo beneficia a la empresa productora del
programa, en los software libre no hay coste de licencia debido al derecho de copia que la licencia de software libre otorga y tiene como efecto que los programas son gratuitos o de coste mínimo. De llevarse a cabo la implantación en la
Administración, implicaría un ahorro importante. Son muchos los millones de euros que gastan las diferentes administraciones -estatal, autonómica y local- en la compra de programas y sistemas operativos y el consiguiente pago de licencias. Este
ahorro facilitaría poder invertir mucho mejor en los programas de informática de los centros escolares e incluso mejoraría la atención a los ciudadanos, pero hay otra ventaja consustancial, ya que el sistema abierto que ofrece implica que todas las
mejoras que se realizan no tienen restricciones. Cualquier empresa, institución u organismo se puede beneficiar de las mejoras o innovaciones introducidas. Actualmente con las empresas de licencia propietaria estas mejoras no se pueden realizar o
quedan en manos de la empresa propietaria.
En tercer lugar mencionaré el fomento de la innovación tecnológica, el desarrollo local. Con la implantación de esta propuesta de software libre se fomenta el desarrollo local, ya que al disponer del código-fuente de la aplicación se pueden
realizar mejoras, adaptaciones y variaciones en vez de tener que pagar de nuevo licencias, proyectos y productos a los grupos multinacionales que monopolizan los sistemas operativos y programas de licencia. Sólo se logra rompiendo este monopolio,
que ofrece productos y sistemas bloqueados y que secuestra el desarrollo local, impidiendo el I+D en este ámbito. Con el software libre se contribuye a la formación de profesionales en nuevas tecnologías y al desarrollo local bajo nuevos propios
planes estratégicos. No en vano, aquellos países que han apostado decididamente por la creación de sus propios medios de crecimiento y desarrollo optan cada vez más por este sistema.
En cuarto lugar proponemos la independencia del proveedor. Las condiciones del mercado son a favor del proveedor; claramente puede suceder algo diferente con las empresas y las multinacionales. Al disponer del código-fuente del programa,
cualquier profesional o empresa con los conocimientos suficientes puede desarrollar y mantener servicios para nuestra aplicación, no así en el caso de los software de licencia propietaria. Sólo la empresa puede darnos los servicios, y tampoco
estamos sometidos a las condiciones de mercado, a la perennidad de los productos que las empresas de licencia propietaria nos ofrezcan. Para que nos entendamos, los cambios rápidos de programa de las grandes multinacionales, las estrategias
y los productos que dejan de comercializarse no afectan a los usuarios del software libre. Ofrece, pues, una garantía de continuidad.
Para concluir, esta proposición nos ofrece la posibilidad de solucionar un problema lingüístico, como decíamos al principio, para aquellas lenguas minoritarias, ya que ahorra recursos y facilita la traducción de programas. Es una gran
oportunidad para situaciones como las de la lengua catalana que, si bien se ha adaptado bien a las nuevas tecnologías, tiene graves problemas en el mercado. No se pueden introducir criterios de libre mercado en lenguas y culturas que no pueden
competir por razones demográficas obvias. Más allá de esta ventaja existen un buen número de argumentos para que las administraciones públicas adopten este método de sistema operativo y programas, ventajas que repercuten doblemente sobre los
usuarios y la Administración: seguridad, ahorro, independencia y desarrollo. En el fondo, el software libre implica una liberalización a escala global, ya que se cercena el monopolio que los grandes grupos multinacionales han creado sobre el
desarrollo de la informática, un monopolio que mantiene cautivos a muchos países, sociedades y usuarios y que les impide su desarrollo tecnológico y, como ya sabemos, la democracia es enemiga de monopolios y mercados capturados, mercados cautivos.
Sin desarrollo técnico global no hay libertad ni democracia.
Sin el respeto a las lenguas y a las culturas minoritarias tampoco existe. La información y la informática tienen que estar al servicio de todos. No en vano países como Brasil o China
han asimilado el sistema Linux, pero en otro extremo. La mismísima Administración de la República Federal Alemana está haciendo lo mismo. No tan lejos el Ministerio de Administraciones Públicas del Gobierno de España parece que va a asumir este
sistema y la Junta de Extremadura también lo ha hecho en el programa de red de extensión escolar.
Se trata de que esta Cámara acepte iniciar el trámite parlamentario de este proyecto de ley. Un proyecto de ley con 12 artículos, que busca promover la implantación del software libre en las administraciones públicas y que facilite el
acceso para que las lenguas minoritarias, en este caso las otras lenguas no castellanas del Estado (el catalán, el gallego y el euskera) tengan un mejor desarrollo a partir de esta ley.
Una ley, en definitiva, que promueve en sus artículos la
coordinación y la cooperación con otras instituciones no gubernamentales para el desarrollo de ese sistema, en definitiva, de software libre.
Por estas razones, el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña invita a los demás grupos a que se sumen a esta iniciativa, a que se permita el desarrollo de este proyecto de ley, a iniciar el trámite, porque con la aplicación y la
ampliación del software libre sale ganando la democracia, sale ganando la seguridad, la independencia, pero, sobre todo, sale ganando el desarrollo local tecnológico. Estamos convencidos de que esta propuesta no va a caer en saco roto. De hecho,
cuando se presentó en el mes de mayo ninguna administración del Estado había asumido este sistema, pero vemos que ahora el Ministerio de Administraciones Públicas ya ha hecho una opción. Creemos que tendría que ser toda la Administración del
Estado, en coordinación con las comunidades autónomas y con los entes locales, loaque pusiera en marcha la aplicación, la ampliación y el desarrollo del software libre en el sistema informático.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para decir que vamos a votar a favor de esta proposición de ley que nos trae a la Cámara el señor Puigcercós, en nombre del Grupo Mixto. Esta proposición tiene como objetivo realizar los cambios legales
necesarios para que la Administración general del Estado no siga adquiriendo programas de ordenador de proveedores privados que cobran licencias por la instalación del software. Tal como plantea la proposición, utilizando software libre o gratis,
Linux o similares, la Administración puede ahorrar dinero en programas que pueden dedicarse a otras partidas relativas a la informatización de los servicios públicos, mejorando y abaratando la gestión pública. Pensamos que, si se acepta el trámite
parlamentario, a lo mejor podríamos mejorar con enmiendas esta proposición de ley; no obstante, lo que plantea el Grupo Mixto no sólo se debería aplicar a la Administración general del Estado sino a todas las administraciones públicas del Estado
español. No sé si el Grupo Popular va a votar a favor de esta propuesta pero, en todo caso, me atrevería a preguntarles: si las administraciones públicas deben realizar sus misiones sometiéndose a los principios de eficacia, economía, eficiencia y
calidad, según la Constitución y la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, ¿cómo podrían justificar ustedes como grupo parlamentario y cómo podría justificar el Gobierno el hecho de gastar más para obtener productos idénticos,
encareciendo con ello los servicios públicos cuando podrían ustedes abaratarlos en realidad? No creo que el Grupo Popular se permita hoy negarse a utilizar las ventajas de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información para mejorar y
abaratar el coste de los servicios
de las administraciones públicas. Esperamos, cómo no, que esta iniciativa del señor Puigcercós sea admitida a trámite. El Grupo Popular lo tendrá difícil para responder a estas dos últimas preguntas, que seguramente nos hacemos todos hoy
en esta Cámara, sin contravenir el espíritu de la propia Constitución y el de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. Por tanto, anunciamos el voto favorable entendido como un voto de apoyo a la tramitación parlamentaria, sin
perjuicio de matices o de posibles enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para tratar de mejorar esta iniciativa.
Nada más, presidenta. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió) tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ante la proposición de ley que hoy nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya a través de su diputado Joan Puigcercós, mi grupo parlamentario quiere, en primer lugar, destacar que comparte plenamente lo que
es el enunciado genérico de la proposición de ley: medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado -se entiende que en la Administración general del Estado. Mi grupo comparte que deban adoptarse medidas que impulsen
este software libre. ¿Por qué? Porque el software libre -lo decía en su intervención el señor Puigcercós- permite a los usuarios, frente a lo que sería un software comercial o de propietario, que examinen, modifiquen, redistribuyan el
código-fuente de los programas. Ello puede tener una gran aplicación, por ejemplo, en Cataluña donde tenemos una lengua oficial propia como es el catalán para ayudar a que esté mucho más presente en el ámbito de la Administración -evidentemente, en
el País Vasco el euskera y en Galicia el gallego-. Puede ayudar, por tanto, compartimos este objetivo. También somos conscientes desde Convergència y Unió de que en cada momento se debe optar por aquel sistema que, atendiendo a las circunstancias
concretas, resulte más idóneo valorando también la potencia y la capacidad. En definitiva, debemos optar en cada momento por el sistema que sea más eficaz. Repito: compartimos esta voluntad de impulsar el software libre.
Dicho esto, señora presidenta, señorías, quiero recordar al señor Puigcercós que precisamente a través de una interpelación de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento de Cataluña y a la moción subsiguiente, el Parlamento de
Cataluña pudo aprobar por unanimidad el pasado 28 de junio una moción que va en esta línea. Por tanto, allí, en el Parlamento de Cataluña, también había una gran coincidencia en este aspecto. Mi grupo hoy no puede votar favorablemente esta
proposición de ley por el articulado concreto que se nos somete a votación. Creemos con toda sinceridad que Esquerra Republicana no quería plantear un articulado así, estoy convencido; el hecho es que leyendo el texto que hoy se propone a votación
-si lo tomáramos en consideración sería el texto que deberíamos aplicar, aunque evidentemente se harían enmiendas-, vemos que, señor Puigcercós, atenta claramente contra las competencias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas
tenemos una competencia exclusiva, que claramente queremos garantizar -y estoy convencido de que el señor Puigcercós también-, que es la facultad de autoorganizarnos. Esa competencia de autoorganización implica que no podemos aceptar desde
Convergència i Unió que a través de una ley estatal se realice un mandato imperativo a la Administración autonómica, al Gobierno autonómico, diciéndole concretamente de qué forma tiene que contratar, de qué forma tiene que realizar los concursos,
obligándole a realizarlos de una determinada manera, obligándole al decir, por ejemplo, como en el artículo 2 de la proposición que hoy nos presenta Esquerra Republicana: '...los respectivos gobiernos autonómicos darán prioridad y patrocinarán la
producción del software libre y la correspondiente documentación...' ¿Esto lo tiene que decir una ley aprobada en las Cortes Generales o lo tiene que decir una ley catalana para Cataluña, una ley vasca en el Parlamento vasco? ¿Es una ley de esta
Cámara la que tiene que mandar esto a los ejecutivos autonómicos? Por ejemplo el artículo 3, señor Puigcercós, dice: Los gobiernos de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano estarán obligados a utilizar
preferentemente en sus sistemas y equipamiento informático software libre. Comparto esa necesidad de implementar el software libre, pero no puedo compartir que a través de una ley de esta Cámara se mandate al Ejecutivo autonómico, se le obligue a
realizar esta actuación. Este matiz es para nosotros muy importante -creo que también para el señor Puigcercós lo es y estoy convencido de que en el ánimo de su grupo no estaba plantearlo en estos términos- y provoca que esta proposición de ley no
pueda recibir el voto favorable de mi grupo parlamentario, que se va a abstener.
Quien le ha redactado la proposición de ley al grupo de Esquerra Republicana no quería incurrir en lo que es una clarísima vulneración de competencias autonómicas, de competencias exclusivas como es la facultad de autoorganizarnos. Lo decía
el señor Puigcercós y yo lo comparto: Planteemos esto en el Parlament de Cataluña, donde aún hay pendiente una iniciativa de su grupo, es allí donde debemos plantearlo para la Administración catalana. Repito: mi grupo no puede aceptar, a través
de una proposición de ley que se aprobaría en estas Cortes Generales, que se obligue a un gobierno autonómico a realizar esta actuación cuando es competencia
exclusiva de ese gobierno autonómico, aunque acepta -repito- el principio, la necesidad de impulsar medidas que favorezcan la implantación del software libre, en este caso en el ámbito de la Administración general del Estado.
Quizá, señor Puigcercós, hay una clara diferencia entre el título de su proposición de ley, que compartimos, y lo que es su articulado, que no habla de la Administración general del Estado únicamente, sino que obliga a ir hacia una
determinada dirección a los gobiernos de las comunidades autónomas. Creemos que esta no es la Cámara que debe hacer este mandato imperativo; quien debe hacerlo es el parlamento de cada una de las comunidades, en este caso comunidades como Cataluña
con una realidad nacional propia, con una voluntad de autogobierno y que quiere autoorganizarse. Por tanto, desde esta óptica mi grupo hoy se va a abstener ante esta toma en consideración de la proposición de ley defendida por el señor Puigcercós,
no sin antes reafirmar desde esta tribuna la necesidad de implementar ese software libre, la necesidad, que comparto con el señor Puigcercós, de aprovechar ese mayor ámbito de libertad que frente al software comercial tiene el software libre, un
ámbito de libertad que mi grupo no quiere dejar de defender, el que puede suponer que sea posible un mayor reconocimiento de la pluralidad lingüística en el ámbito de la Administración. Tenemos grandes déficit.
Hoy se va a debatir también una
proposición no de ley relativa a que todavía en la Administración general del Estado no todos los impresos están en todas las lenguas oficiales en el territorio de las comunidades autónomas. Por tanto, hay mucho camino por recorrer. Comparto esa
necesidad en aras de defender esa mayor pluralidad, pero la redacción concreta de la proposición de ley hoy se aparta, se vulnera esa distribución competencial y mi grupo no lo comparte.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Pleguezuelos tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición de ley que hoy nos presenta el Grupo Mixto, Esquerra Republicana, sin duda plantea un debate muy oportuno, debate que se está produciendo en estos momentos en todos los países europeos, en el seno de la propia Unión
Europea. Lo que plantea es bastante razonable para que tomemos finalmente una decisión clara en cuanto a si merece la pena o no implantar el software libre frente al software propietario, del que actualmente dependen prácticamente las
administraciones públicas de todos los países. El problema se plantea en los términos de si son los gobiernos los que han de fomentar el uso de esos programas y de esos sistemas operativos abiertos, que además se pueden distribuir y modificar sin
límites, o si, por el contrario, los gobiernos no deben hacer nada y han de seguir permitiendo que algunas administraciones públicas lo tengan, como lo viene haciendo la propia Administración general del Estado en algunos de sus ministerios, como el
de Educación, el de Administraciones Públicas, el ICO, esta casa, que tienen soluciones de software libre. Hay que plantearse ese profundo debate: si queremos o no que los ciudadanos a través de las administraciones públicas sigan dependiendo,
como hoy, del software propietario, que tiene copadas las administraciones públicas. Es un debate oportuno, que se debe producir en todas las comunidades y, por supuesto, también en el Parlamento de la nación, porque sin duda la utilización de los
sistemas de código abierto presentan muchos aspectos positivos, muchas ventajas y algunas ya se han destacado aquí. Si estas ventajas se plantean para cualquier empresa, imagínense, señorías, lo que será para las administraciones públicas que, en
definitiva, utilizan recursos de todos los ciudadanos.
Comparto, sin embargo, parte de la intervención del señor Jané en el sentido de que desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que lo que finalmente plantea el articulado, incluso parte de la exposición de motivos de la proposición
del señor Puigcercós, no se ajusta a lo que es esa declaración de principios y esa idea inicial de la necesidad de que desde la Administración general del Estado se promueva el desarrollo y la utilización de esos programas abiertos, del software
abierto, en las administraciones públicas. Tengo que anunciarle, señor Puigcercós, que vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa, porque, siendo verdad que el articulado no se corresponde -y ahora se lo iré desbrozando- con lo que
parece el espíritu de la proposición de ley, tendríamos oportunidad de mejorar esta proposición presentando enmiendas para hacer entre todos una proposición de ley que finalmente fuese en beneficio de los intereses de todos los ciudadanos, porque
sin duda ese es el objetivo. Señorías, compartimos, por tanto, el espíritu de esa proposición de ley porque compartimos que son muchas e importantes las ventajas que ofrece el uso del software libre. Son ventajas, sin duda -ya se ha dicho-, de
tipo económico, de abaratamiento de costes, ventajas de carácter tecnológico y social, como también se ha indicado aquí, porque incentiva la innovación, aumenta la competencia y, desde luego, facilita la difusión de lo que son los avances
tecnológicos y sus aplicaciones.
Quisiera introducir aquí un elemento: fomenta y difunde no sólo el castellano, el vasco, el catalán, sino todas las lenguas que conviven en el Estado español, lo que podría ser una oportunidad que se utilizase en
esta proposición de ley. No entendemos por qué el texto final de esta proposición de ley aborda y exige cumplimiento
a unas comunidades autónomas y olvida a aquellas con lengua como el castellano. Parece que su interés exclusivamente es ese; lo comprendo pero la Administración general del Estado no puede olvidar una parte del mismo.
Voy a analizar algún tema muy por encima porque ya se han abordado en intervenciones anteriores. En toda proposición de ley se habla de imponer desde el Parlamento español un conjunto de medidas que han de cumplir las comunidades autónomas
con lenguas oficiales distintas del castellano.
Buenos ejemplos de ello son los artículos 2, 3 y siguientes. El fin mismo de la ley, en su artículo 1, señor Puigcercós, dice que sería fomentar y normalizar el uso de las lenguas oficiales del
Estado distintas del castellano en las administraciones respectivas de las comunidades autónomas. Por tanto, no parece que nos encontremos ante una propuesta para favorecer el uso del software libre en la Administración del Estado, que es realmente
desde donde deberíamos estar haciendo la propuesta, sino exclusivamente en la Administración de las comunidades autónomas con lenguas oficiales distintas del castellano. No debe ser este Parlamento el que imponga a un conjunto de comunidades
autónomas obligaciones estrictas, sino que -coincido con el señor Jané- deben salir de los propios parlamentos de las comunidades autónomas. No sería lógico que este Parlamento obligara a otros parlamentos y a otras administraciones a utilizar el
software libre en la Administración. Más todavía sorprende que esta propuesta sea derivada de un grupo como Esquerra Republicana de Cataluña, porque al final en el articulado de esta proposición de ley se están vulnerando las competencias
autonómicas. El resto del articulado, como le decía antes, refuerza el fin y a los afectados de esta proposición de ley y, consecuentemente, no estamos de acuerdo con la misma.
Decíamos al principio que tendríamos oportunidad de enmendarla, aunque estamos de acuerdo con la idea fundamental, con la filosofía que prima de que paulatinamente hagamos en España lo que ya se están planteando otras administraciones.
Extremadura, sin ir más lejos, está dando soluciones y creando su propio sistema operativo de software abierto, y es una comunidad autónoma. La Administración general del Estado puede y debe trabajar en esa línea, porque al final hay que buscar
soluciones mixtas que nos permitan dar la mayor rentabilidad posible, tanto en los avances tecnológicos como en los recursos que vamos invirtiendo en investigación.
Como no se trata de imponer unilateralmente una obligación a las comunidades autónomas con lengua distinta del castellano y a las otras no, enmendaríamos esta iniciativa del Grupo Mixto. Sin embargo, no siempre es oro todo lo que reluce,
señoría, y también es obligación de esta Cámara hablar de ello. No todo son ventajas en el software, también existen y conviven todavía serios inconvenientes. No hay soporte oficial.
Hoy por hoy nadie garantiza el mantenimiento y el desarrollo
del producto, porque queda a la voluntad de la comunidad que trabaja en el software libre. Por tanto, todavía hay soluciones, estudios que realizar.
Sería importante que esta proposición de ley hoy fuese apoyada por el Grupo Popular, porque abre
un debate oportuno, importante, en el que deberíamos encontrar la solución. Le tengo que decir que, si no es así, tendremos que seguir trabajando en esta línea, porque la solución, hoy por hoy, es la senda que sigue Europa, la de estudiar estos
avances tecnológicos, buscar las mejores soluciones para los ciudadanos de nuestro país, en este momento para los españoles y españolas, y, desde luego, fomentar el uso del castellano y del resto de las lenguas que conviven en el Estado español.
Utilizar el software libre con todas las ventajas que ofrece para la comunidad y para la investigación no sería, ni más ni menos, que apostar por la tecnología, por los avances de nuestra sociedad y, en definitiva, no cerrar las puertas, como
últimamente viene haciendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y lo lamento, el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, Esquerra Republicana de Catalunya nos trae hoy a la Cámara una iniciativa que es ampliamente debatida por distintos sectores de la sociedad, no sólo por el mundo de las nuevas tecnologías y el mundo de la informática sino por el
conjunto de los ciudadanos españoles. El software abierto ha sido motivo de numerosos pronunciamientos por parte de muchos colectivos e incluso por parte de la mayoría de las empresas de alta tecnología del mundo, como IBM, Microsoft, Apple,
etcétera. El software libre, como bien ha explicado el señor Puigcercós, tiene numerosas ventajas. Nos consta que un elevado porcentaje de servidores de web en el mundo ya utilizan el sistema GNU/Linux, basado en este tipo de software.
Son
indudables las ventajas económicas, estratégicas y sociales que aporta este sistema y que redunda en la optimización de las inversiones, en el fomento de la innovación tecnológica y en la independencia del proveedor, que aporta la seguridad y la
privacidad de los datos al disponer del código de fuentes del programa. Por otra parte, todos sabemos del interés de la Unión Europea en este asunto. Ello queda patente en la reciente comunicación de la Comisión Europea al propio Consejo, en el
que le indica la importancia de los programas de fuentes abiertas que se consideren claves para facilitar la interoperatividad
y, en particular, para reforzar la confianza de los productos descifrados.
Como acciones concretas que el Gobierno de la nación está llevando a cabo, puede citarse el estudio de la utilización de los programas de fuentes abiertas en el sector público, acometida dentro del programa IDA, intercambio de datos entre
administraciones, y que desarrolla líneas de trabajo en este ámbito, en el que el Ministerio de Administraciones Públicas está trabajando. La Administración general del Estado, a través del Consejo Superior de Informática, ha publicado los
criterios de seguridad, normalización y conservación. En dicha publicación, que SS.SS.
pueden visitar en la web del propio Ministerio de Administraciones Públicas y, en concreto, en el capítulo undécimo de la parte dedicada a normalización, puede
consultarse todo lo relacionado con programas y aplicaciones de fuentes abiertas. Asimismo, en el punto 6.4 del apartado dedicado a conservación, se encuentra, entre otras recomendaciones, la de adoptar una implantación de programas y aplicaciones
de fuentes abiertas en aquellos ámbitos donde pueda haber soluciones de este tipo que satisfagan las necesidades y requisitos del sistema. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular, asumimos claramente las ventajas que aporta la progresiva
sustitución del software de licencia propietaria por el de carácter libre o abierto. Sin embargo, señorías, esta proposición de ley que nos presenta Esquerra Republicana de Catalunya carece a nuestro juicio de un mínimo de calidad legislativa desde
un punto de vista técnico. Una de las dificultades principales de la proposición de ley radica en la articulación entre los fines perseguidos y las medidas que la proposición contempla. Asimismo la proposición de ley establece una relación causa
efecto para la implantación del software abierto que está lejos de ser tan cierta como asegura el proponente. El propio desarrollo del articulado no responde al objetivo declarado en el título que, como le recuerdo a S.S., es: implantación del
software libre en la Administración del Estado, y lo confunde con otros aspectos como el uso de lenguas cooficiales, que si bien son de gran importancia y sin duda alguna reconocemos la riqueza de su uso, no debe constituir el objeto principal de
esta proposición de ley, sino que debiera entenderse, al igual que otros aspectos, como complemento de la misma.
Si seguimos analizando el articulado de esta proposición de ley, no encontramos ningún entronque con la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en concreto con su artículo
45, apartado 1, ni con el Decreto 263/1996, de 16 de febrero, que lo desarrolla, que trata precisamente de la recomendación de impulsar el empleo y las aplicaciones de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos. El ámbito de
aplicación de la norma resulta confuso, puesto que en propio título se indica: implantación del software libre en la Administración del Estado, y en el texto articulado se hacen numerosas referencias a las comunidades autónomas y administraciones
locales, concretamente en los artículos 2, 3, 4 y 7, lo que puede significar una clara intromisión en las competencias de éstas. Ahondando en el texto que usted nos presenta, en los artículos 3 y 6 se establece con mucha fuerza el concepto de
obligatoriedad mezclado con otros elementos que anulan y confunden el alcance real de la norma que se promueve. La redacción del artículo 3, que se refiere a estar obligado a usar preferentemente el subsistema y equipamiento informático software
libre en lengua oficial distinta al castellano, combina dos términos que se contrarrestan por sí mismos.
Señor Puigcercós, ¿cabe entender, por tanto, según la redacción de estos artículos de su proposición de ley, que es mejor utilizar un software
propietario si esta es una lengua distinta del castellano que utilizar un software libre en esta lengua oficial? En cuanto a los artículos 4 y 7 y la disposición adicional, todas las actividades con regulación, promoción y difusión de programas y
aplicaciones del código fuentes abiertas en el ámbito de la Administración general del Estado, así como la coordinación de las líneas de trabajo que en dicha materia se establezcan con otras administraciones públicas, deben estar claramente
asociadas a las competencias del Consejo Superior de Informática como órgano colegiado con competencia en el desarrollo de la política informática del Gobierno para el impulso de la administración electrónica.
En otro sentido y aunque las ventajas teóricas del software libre sean más que evidentes -y así lo reconoce este grupo parlamentario y el propio Consejo Superior de Informática del Ministerio de Administraciones Públicas-, la idea de avanzar
en dicho camino mediante la propuesta de convertir a la Administración pública en el campo de ensayo de experimentación práctica del software quizá no es lo más recomendable.
Una cosa es que la Administración esté dispuesta -como de hecho lo está-
a dedicar recursos y esfuerzos para desarrollar el software libre y otra muy distinta es que se establezca la obligación a priori de que las administraciones públicas utilicen forzosamente el software libre sin examinar previamente las distintas
necesidades que deben satisfacerse y las posibles soluciones que existen en el mercado.
En conclusión, señoría, a pesar de estar conforme con la aplicación progresiva del software libre, el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar esta proposición de ley, porque a nuestro juicio esta iniciativa es fruto de una
improvisación, quizá de una falta de rigor, y, como ya he expresado en los comentarios sobre el propio articulado, cabe destacar que una ley de esta índole debe estar más trabajada, más desarrollada y más elaborada, cosa que no ocurre con esta
proposición de ley, como queda patente en el hecho de que cuente con tan sólo diez artículos. En definitiva, recomendamos al grupo proponente que reflexione y que
valore las consecuencias que para el interés público pueda tener la implantación de una norma de este calibre, por lo que cabría desarrollar la propuesta hasta alcanzar un nivel de madurez y de coherencia adecuado al previsible impacto de la
propuesta. El Grupo Parlamentario Popular y el propio Gobierno de la nación están en la línea de ir aplicando progresivamente el software libre. Coincidimos plenamente en esa necesidad y en la ventaja que sin lugar a dudas tiene dicha
implantación, pero una ley de esta complejidad, de tanta notoriedad pública y de tanto nivel de compromiso de la Administración pública requiere de reflexión y de un proyecto de ley ampliamente elaborado y consensuado, cuyo articulado haya sido
ampliamente trabajado y que no entre en colisión con las competencias de otras administraciones públicas como son las comunidades autónomas o las corporaciones locales. Se necesita una ley sobria que esté elaborada al amparo de lo que se está
desarrollando en otros países, al amparo de las necesidades reales de los ciudadanos y de las necesidades que tenga la sociedad y la propia Administración. En definitiva, señoría, el Grupo Popular sí está a favor de la implantación del software
libre, no lo está respecto a esta proposición de ley, por entender que tanto su articulado como su propio desarrollo son fruto de la improvisación y de una falta de planificación en su elaboración.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Moreno
Señorías, se somete a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Mixto, señor Puigcercós, sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 116; en contra, 154; abstenciones, 17.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), VASCO (EAJ-PNV) Y MIXTO, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES DISTINTAS DEL CASTELLANO EN LOS IMPRESOS Y COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (Número de
expediente 162/000451.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 3 del orden del día, proposición no de ley de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del
castellano en los impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado. Para la defensa de la proposición no de ley presentada, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto los compañeros del Bloque Nacionalista Galego, traemos a esta Cámara una iniciativa
parlamentaria que tiene por objeto reclamar al Gobierno el cumplimiento de la normativa que regula el uso de las lenguas distintas del castellano y oficiales en las respectivas comunidades autónomas en la producción documental y el material impreso
de la Administración general del Estado. Estamos, pues, ante otro elemento que contribuye a la plasmación del concepto de Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, concepto que defendemos históricamente los tres grupos parlamentarios que
presentamos esta proposición no de ley, así como otros grupos de esta Cámara.
A lo largo de esta legislatura han sido numerosas las ocasiones en que hemos planteado y discutido aspectos relativos a la configuración y naturaleza de este Estado pluricultural, plurinacional y plurilingüístico. Tanto parlamentos
autonómicos como grupos parlamentarios presentes en esta Cámara hemos traído propuestas, todas constructivas y positivas, que se inscriben dentro de los estrictos límites de lo que hemos llamado el bloque constitucional, que han tenido como objetivo
hacer realidad viva la presencia de las lenguas oficiales del Estado distintas del castellano en diversos ámbitos, como son los registros públicos, los documentos y carnés oficiales, los efectos postales, las licencias administrativas, así como el
reconocimiento de la propia simbología de cada una de esas autonomías, como fue la reivindicación de la presencia de los distintivos autonómicos en las matrículas de los vehículos. Haciendo balance con una cierta perspectiva, creemos que esas
iniciativas han producido hasta la fecha escasos resultados en función de los objetivos que nos habíamos marcado tanto los grupos nacionalistas como otros grupos no nacionalistas de esta Cámara.
Digo que los avances han sido escasos,
lamentablemente debido a la oposición, casi siempre en solitario, aunque a veces acompañado, del Grupo Parlamentario Popular, que ha demostrado, al menos hasta la fecha -esperemos que en el futuro cambie esa tendencia-, poca sensibilidad respecto a
los hechos diferenciales y a su necesaria protección y promoción, que, recordemos, son acciones específicas que establece la misma Constitución española
del año 1978. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiere hoy reiterar ese compromiso político firme a favor de la lengua catalana, a favor del euskera, a favor del gallego y del resto de lenguas cooficiales en sus
respectivas comunidades autónomas. Lo hacemos porque nos dan apoyo la razón y la norma. Creemos que la defensa de las lenguas distintas del castellano es una reivindicación que tendría que ser compartida por el Gobierno siempre y en todo lugar,
sea cual sea el color político del Gobierno que esté al frente del Estado. Demasiado a menudo esta falta de apoyo -esa ha sido nuestra sensación- ha sido una constante y nos ha dado la sensación de que esa promoción, esa defensa y esa protección
han sido una carga y un problema que algunos gobiernos han tratado de sobrellevar. De todas maneras, la proposición que hoy planteamos juntamente con los compañeros del Grupo Vasco y del Bloque Nacionalista Galego es, aparte de lo que hemos
planteado, algo tan sencillo como el simple cumplimiento de la normativa estatal; más allá de la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto, de la normativa que existe a nivel de las comunidades autónomas, también emanada de los gobiernos y
de los parlamentos, existe también, como digo, una normativa estatal que en algunos supuestos no se cumple y de ahí el origen de esta proposición no de ley. Me refiero tanto a la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas, en
concreto en su artículo 36, como al Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración general del Estado.
Ambas
normas establecen que en las comunidades autónomas con lengua propia distinta del castellano los impresos normalizados que edita y distribuye la Administración del Estado en esas autonomías deben ser necesariamente bilingües, y esta disposición,
repito, hasta la fecha no se ha cumplido en toda su amplitud. Yo he traído sólo dos ejemplos de los muchos que podría haber conseguido. Cualquier ciudadano que se pase, por ejemplo, por una delegación de Hacienda de cualquier autonomía con lengua
propia distinta al castellano tiene derecho, según esta normativa, a exigir esta documentación redactada de forma bilingüe. Este portavoz que les habla ha traído sólo dos impresos, de la Agencia Tributaria de la Delegación de Barcelona: modelo
110, impuesto sobre la renta de las personas físicas, retenciones e ingresos a cuenta, y modelo 300, impuesto sobre el valor añadido, declaración trimestral en euros, ambos impresos exclusivamente editados y distribuidos en castellano. Repito, son
dos ejemplos puntuales que podrían extenderse a otros casos, aparte de a la Delegación de Hacienda. Por todo ello y desde la lealtad constitucional que se nos exige a diario a los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y también desde
posiciones de estricto respeto a la legalidad, queremos emplazar al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular a ejercer idéntica lealtad constitucional e igual acatamiento a las disposiciones normativas aplicables al supuesto que nos ocupa. No
obstante, a tenor de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado y atendiendo al espíritu de la misma, con vocación de subsanar esos déficit que acabo de señalar, obviamente también de acuerdo con los otros grupos proponentes, el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Bloque Nacionalista Galego, estaríamos en disposición de aceptar ese texto que nos proponen mediante una transacción que diera un paso más, una transacción que ofreciera un plazo determinado de aplicación.
Sería bueno que esa actitud demostrada por el Grupo Popular se concretara con una enmienda que no dejase el texto en un brindis al sol -esperemos que no lo sea-. Por tanto, por parte de mi grupo y de los otros grupos proponentes, pedimos que esa
transacción recoja con un plazo determinado y así entre todos estaríamos dando un paso hacia adelante para concretar definitivamente el cumplimiento estricto de una normativa estatal que nos afecta a todos y muy especialmente a aquellos ciudadanos
que viven en comunidades autónomas que disponen de lengua propia cooficial distinta del castellano.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, una vez más -y con esta suman ya casi una decena de ocasiones en la presente legislatura-, se propone a la Cámara un debate sobre la utilización de las lenguas autonómicas cooficiales
en el ámbito institucional y competencial de la Administración general del Estado. En esta ocasión se trata de una iniciativa conjunta que corre a cargo de tres grupos parlamentarios vinculados a fuerzas políticas de carácter nacionalista: Grupo
Vasco, Grupo Catalán y Grupo Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego.
Las iniciativas que hasta la fecha ha debatido la Cámara en relación con el status de las lenguas autonómicas cooficiales han revestido muy diferentes características. En algunos casos se pedía la adopción de medidas legislativas y en
otros, se instaba al Gobierno a la adopción de medidas ejecutivas concretas. En la presente ocasión, se emplaza al Ejecutivo a cumplir su propia normativa en relación con las lenguas en las que ha de ser redactado el material impreso y normalizado
que vaya a ser utilizado en las unidades de la Administración general del Estado situadas en territorios que cuentan con dos lenguas oficiales.
No parece necesario remontarse ahora a la Constitución y a los estatutos de autonomía para fijar los fundamentos jurídicos de la iniciativa que presentamos porque
es algo que se ha hecho ya en muchas ocasiones anteriores. Nadie duda en el Estado español de que en algunas comunidades autónomas la oficialidad del castellano se ve completada con la de otras lenguas que precisamente por su carácter
oficial pueden ser también válidamente utilizadas en y entre los poderes públicos, así como entre éstos y los ciudadanos con plena validez y efectos jurídicos. Nadie cuestiona tampoco que precisamente para hacer efectivo el derecho de los
ciudadanos a entablar sus relaciones con los poderes públicos en la lengua oficial que elijan, los poderes públicos han de adoptar una serie de medidas que contienen la inclusión de las lenguas autonómicas cooficiales en los formularios normalizados
que pongan a disposición de los ciudadanos. Normativamente, esta medida está prevista ya en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el
material impreso de la Administración general del Estado. El artículo 15 de este precepto establece taxativamente que los impresos normalizados que se pongan a disposición de los ciudadanos en las dependencias situadas en el ámbito territorial de
una comunidad autónoma con lengua cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial correspondiente. La norma sólo contempla una excepción a esta regla básica. Precisa en su apartado segundo que cuando el material impreso esté
destinado a ser utilizado en comunicaciones dirigidas fuera del correspondiente ámbito territorial autonómico, los datos y denominaciones correspondientes al membrete y a la identificación del órgano u organismo autónomo podrán figurar únicamente en
castellano. Como puede verse, la excepción a la que acabo de hacer referencia es, en primer lugar, facultativa y no obligatoria porque establece que cuando concurran las circunstancias que el artículo precisa determinados datos podrán figurar
únicamente en castellano; en segundo lugar, sólo afecta a los datos y denominaciones correspondientes al membrete y a la identificación del órgano u organismo autónomo y a nada más. Los restantes contenidos del impreso habrán de ir redactados en
las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma.
Frente a estas previsiones de la norma, ¿cuál es la realidad? La realidad es que transcurridos ya tres años desde la entrada en vigor de la norma todavía en muchas unidades de la Administración periférica del Estado situadas en el
territorio de las comunidades autónomas bilingües existen, injustificadamente, impresos redactados sólo en castellano. A veces, porque ni tan siquiera se han mandado imprimir los bilingües o los que han de ir redactados en las lenguas autonómicas
cooficiales; en otras, porque aun existiendo impresos redactados en bilingüe o en ambas lenguas sólo se encuentran accesibles y disponibles los redactados en castellano; en fin, porque la Administración general del Estado pretende ampararse en
excepciones que carecen de cobertura en la norma porque, como hemos visto, un impreso oficial no pueda estar redactado exclusivamente en lengua castellana por el solo hecho de que su destinatario sea un órgano u organismo situado fuera del
territorio de la comunidad autónoma bilingüe. En tal caso, lo único que puede estar redactado sólo en castellano son los datos y denominaciones correspondientes al membrete y a la identificación del órgano u organismo en cuestión. Lo demás ha de
incorporar el bilingüismo.
Señorías, la cuestión a la que se refiere la proposición no de ley que tengo el honor de defender ha sido ya motivo de otras iniciativas por parte del Grupo Vasco. Hace ya más de un año, en junio de 2001, mi compañero de grupo el diputado
Josu Erkoreka formuló una pregunta en Pleno interrogando al entonces ministro de Administraciones Públicas por las razones por las que se seguían editando exclusivamente en castellano los formularios disponibles en las subdelegaciones del Gobierno
en el País Vasco para la obtención de documentación oficial. Hoy la situación no ha cambiado. Existen, es cierto, muchos impresos bilingües en las dependencias oficiales que la Administración periférica del Estado tiene en algunas comunidades con
doble oficialidad lingüística, pero todavía subsisten algunos que no lo son. Esa es, señorías, la anomalía que se desea corregir con esta iniciativa, contribuyendo a que de una vez por todas el hecho plurilingüe vaya calando en todas las
estructuras del aparato estatal, porque el Estado español nunca ha sido monolingüe, aunque las normas se empeñen en decir otra cosa; hoy no lo es ni desde el punto de vista oficial.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Azpiazu.
En nombre del Grupo Mixto, el señor Aymerich tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, a través de esta iniciativa, los grupo proponentes intentamos hacer cumplir la legalidad vigente (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.), hacer que 24 años
después de la aprobación de la Constitución de 1978, 19 después de la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia, la Administración del Estado, que está sujeta también a este bloque normativo, aplique y asuma el régimen de
cooficialidad derivado de estos textos. No le pedimos a la Administración del Estado que contribuya a normalizar las lenguas cooficiales distintas del español, ya sabemos que sería una tarea inútil; le pedimos únicamente que cumpla con las normas
que ella misma dicta y que respete los derechos de los ciudadanos que se dirigen a ella en una lengua distinta del castellano o español.
Hoy por la mañana, en la Comisión de Justicia e Interior se dio un pequeño paso en lo relativo a la vigencia de la cooficialidad lingüística en los registros públicos.
Espero que ahora podamos dar otro respecto del uso del gallego y de las demás lenguas cooficiales distintas del español en los impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado y también, porque a ello se refiere el artículo
6 del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, en las campañas publicitarias que la Administración del Estado realiza en las comunidades autónomas con lengua propia porque, aparte de los ejemplos que acaban de dar los portavoces del Partido
Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió respecto a impresos, formularios, etcétera, es digno de denunciar que las campañas publicitarias realizadas con el dinero de los gallegos, de los vascos y de los catalanes en Galicia, en Euskadi y en
Cataluña se realizan exclusivamente en castellano. Para nosotros ya ha pasado demasiado tiempo. A estas alturas no se puede seguir apelando, como a veces se responde a preguntas y iniciativas concretas, a un supuesto principio de gradualidad, esto
es, que es necesario esperar y respetar un período de transición para que la Administración del Estado asuma que en el Estado español conviven varias sociedades y varias lenguas, así como también para nosotros, varias naciones. No es momento de
pedir más tiempo, sino de demandar que la Administración del Estado, que el Gobierno español, asuma lealmente, porque esto también es un asunto de lealtad constitucional, esta cooficialidad lingüística. La Administración del Estado sigue actuando
con mala fe puesto que publica sólo en español impresos y formularios que a veces en el ejercicio anterior, hablando de impresos fiscales, estaban en formato bilingüe. Asimismo, realiza únicamente en español, como ya he dicho, campañas
publicitarias que alcanzan a territorios con lengua propia y coloca señales en las carreteras -hablo de señales nuevas- en las que no se respeta la toponimia legal, que en Galicia, de acuerdo con esa Ley de normalización lingüística del año 1983, es
únicamente la gallega. Esto es, la Administración del Estado sigue incumpliendo abiertamente un marco constitucional legal que nos obliga a todos y, en primer lugar, a ella misma.
El Grupo Popular presenta una enmienda transaccional, de modificación, que el Bloque Nacionalista Galego estaría dispuesto a aceptar siempre y cuando se viese completada con un plazo. En dicha enmienda el Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a proseguir el impulso necesario para la debida aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de diciembre, es decir, se reconoce que no se ha cumplido, que se estuvo torpedeando la aplicación de este real decreto. Se
añade que el Gobierno se compromete a presentar a esta Cámara un informe sobre el desarrollo del proceso de aplicación de la referida norma reglamentaria en el aspecto indicado. Aquí falta un plazo, que podría ser de seis meses. Si al cabo de
dicho tiempo el Gobierno no presenta este informe, si no recoge que se están dando pasos decisivos para aplicar el marco constitucional que otras veces con tanto dogmatismo se esgrime como si de un arma se tratase, las iniciativas tendrían que ser
distintas y, como decía, un gran pensador gallego, Daniel Castelao, tendríamos que pensar que, más que de separatismo, aquí estamos hablando de separadores. Si por el contrario este informe se presenta, si todos avanzamos lealmente en la aplicación
y en el reconocimiento del carácter plurilingüe del Estado español, todos podremos empezar a sentirnos algo más cómodos en un Estado que hasta ahora nos excluye.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley, interviene por el Grupo Parlamentario Popular el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Grupo Popular para defender la enmienda transaccional que hemos presentado. En su momento daré respuesta a las propuestas que han formulado los distintos
portavoces, agradeciendo de antemano el tono esgrimido por todos ellos en el debate que hoy nos ocupa.
Señorías, con carácter general, el artículo 3.1 de la Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla, así como el derecho a usarla.
Respecto a las demás
lenguas españolas, el apartado de este mismo artículo señala que serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. De ahí que en las comunidades autónomas con lenguas propias el uso de las mismas sea
oficial y se tenga el derecho a utilizarlas en cualquier relación con las autoridades administrativas. Desde el punto de vista estrictamente competencial, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, únicamente el castellano es la lengua
oficial del Estado ya que las demás lenguas que se hablan en España tienen carácter oficial sólo en las respectivas comunidades autónomas. Por tanto, la cooficialidad de las lenguas propias en las respectivas comunidades autónomas es un derecho que
tiene un contenido y un espacio territorial. En relación con el derecho del uso de las lenguas cooficiales, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia declarando como regla general que en los territorios dotados de un
estatuto de cooficialidad lingüística el uso por los particulares de cualquier lengua oficial tiene plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio, siendo el derecho de las personas al
uso de una lengua oficial un derecho fundado en la Constitución y respectivos estatutos de autonomía, tal como se establece, entre otras, en la sentencia del Tribunal Constitucional 82/1986. Pero también el Tribunal
Constitucional, en una sentencia posterior, en la número 87/1997, recordando doctrina anterior, afirma que en las materias reservadas a la competencia estatal es el Estado el que debe de llevar a cabo esa regulación, que en los ámbitos de
competencia estatal la competencia autonómica no puede imponer el uso de la lengua y que la atribución de la cooficialidad y sus efectos no pueden suponer una atribución de competencia específica más allá del marco establecido en el reparto que
llevan a cabo la Constitución y los estatutos de autonomía. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
De acuerdo con lo anteriormente señalado con carácter general, el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, dice que los interesados que
se dirijan a los órganos de la Administración del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. Por el contrario, los escritos presentados en el territorio de una comunidad
autónoma bilingüe y dirigidos a un órgano central cuya sede no esté en ese territorio deberán presentarse en lengua castellana. El criterio determinante, a efectos de delimitar el uso de las lenguas cooficiales, es el de la sede del órgano al que
van dirigidos y no el del lugar de presentación de los escritos. Por su parte, el Real Decreto ya mencionado 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el
material impreso de la Administración general del Estado, dispone en su artículo 5 que los impresos normalizados que se pongan a disposición de los ciudadanos en las dependencias situadas en el ámbito territorial de una comunidad autónoma con lengua
cooficial serán bilingües en castellano y en la lengua cooficial, de acuerdo con los siguientes criterios. De un lado, los impresos deberán expresar todos sus contenidos y epígrafes en las dos lenguas, por línea o por bloque de texto diferenciado,
dejando espacio único para su cumplimentación por el ciudadano en la lengua por la que haya optado. En segundo lugar, en aquellos impresos para los que por razón de su extensión o complejidad así se determine, se pondrán a disposición de los
ciudadanos dos modelos alternativos redactados uno de ellos en castellano y el otro en la lengua cooficial. En tal caso, en ambos modelos figurará destacada la advertencia de que existen impresos redactados en la otra lengua a disposición del
ciudadano. Conforme al mismo precepto, cuando el material impreso de los órganos con sede en el territorio autonómico con lengua cooficial vaya a utilizarse para comunicaciones dentro de dicho ámbito territorial, el membrete y la identificación del
órgano figurarán con carácter general en castellano y en la correspondiente lengua cooficial. Si, por el contrario, van a utilizarse para comunicaciones fuera de dicho ámbito territorial autonómico, los citados datos podrán figurar únicamente en
castellano.
Finalmente, se impone el carácter bilingüe en castellano y en la correspondiente lengua cooficial de las señalizaciones exteriores de identificación de las dependencias administrativas, así como de los contenidos más relevantes de los
carteles informativos o publicitarios ubicados en el territorio autonómico con lengua oficial.
Dicho todo lo anterior, debemos significar desde el Grupo Parlamentario Popular -y este portavoz lo ha reiterado en numerosas ocasiones en esta Cámara- que la actuación del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de España, está
demostrando el espíritu autonomista, el espíritu de hacer a las comunidades autónomas protagonistas de sus competencias y de su propio estatuto y los seis años de Gobierno del Partido Popular revelan que lo que estoy diciendo es una realidad. Hemos
presentado una enmienda transaccional que mejora técnicamente el texto, en el que decíamos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir el impulso necesario para la debida aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de
17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración general del Estado en lo que respecta al uso de las dos lenguas que en determinadas
comunidades autónomas tienen la consideración de cooficiales. Esta enmienda, a diferencia de lo que ha dicho el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, reconoce que el Gobierno ha trabajado para aplicar la normativa vigente, normativa precisamente
llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular y que tenemos voluntad de continuar en esa línea. He de reconocer la habilidad del portavoz de Convergència y Unió que ha traído dos modelos en los que solamente se recogía el castellano, pero
agradezco también al portavoz del Partido Nacionalista Vasco que haya reconocido que hay muchos impresos bilingües, si bien es cierto que faltan algunos. SS.SS. deben entender la complejidad técnica y de otros aspectos, incluso de recursos
humanos, que supone en muchos casos llevar a cabo esta transformación bilingüe de los impresos de la Administración general del Estado. En aras a la vocación autonomista del Partido Popular, del Grupo Popular y del Gobierno, al consenso y al buen
talante que se ha mantenido con los distintos portavoces y grupos parlamentarios en la negociación de esta proposición no de ley y atendiendo a su petición, el Grupo Parlamentario Popular estaría dispuesto a añadir a la enmienda transaccional que
hemos presentado ese plazo que solicitaban. Estimamos que seis meses es un plazo razonable para que técnicamente se pueda llevar a cabo. Si SS.SS.
lo estiman conveniente, el texto quedaría de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a proseguir en el impulso necesario para la debida aplicación, en el plazo de seis meses, de lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999 y, a continuación, iría el texto de la enmienda que hemos presentado.
Reiteramos la voluntad del Grupo Parlamentario Popular de la defensa de las competencias autonomistas; les rogamos que entiendan que la complejidad técnica en muchos casos hace imposible la voluntad política que el Gobierno del Partido
Popular tiene y esperamos y deseamos que acepten esta modificación que presentamos a la enmienda transaccional relativa a añadir el plazo de seis meses con el fin de alcanzar un consenso que es bueno para los ciudadanos de España.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Merino.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo considera de tremenda oportunidad esta iniciativa que han presentado los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (PNV) y Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego. En primer lugar, consideramos que está en
armonía con el mandato imperativo de nuestra Constitución en el reconocimiento del bilingüismo en determinadas comunidades autónomas entre el castellano y la lengua propia de la comunidad, bien sea el catalán, el euskera o el gallego. En segundo
lugar, la iniciativa que presentan conjuntamente estos grupos pide sencillamente el cumplimiento del Real Decreto 1465/1999, que instrumentaba el tiempo, el modo y la forma en que las comunidades autónomas implicadas tuvieran a disposición de los
ciudadanos, para el uso de los documentos administrativos, los textos bilingües de las distintas actividades de las administraciones públicas, sobre todo de aquellas relativas a la Administración general del Estado como puede ser la fiscal o de
Hacienda, para que los impresos de declaración de actividades fiscales, del IVA, del impuesto de sociedades, del impuesto mercantil, del pequeño comercio estuvieran en sintonía con el mandato y el imperativo constitucional y el real decreto que he
citado.
Si los grupos proponentes aceptan la enmienda con el añadido que acaba de defender el portavoz del Grupo Popular, relativo al establecimiento de un tiempo de seis meses, mi grupo no tiene nada que opinar y sólo le resta mostrar su apoyo a la
cuestión legal, armónica legislativa y de respeto a los ciudadanos que tienen el derecho a utilizar cualquiera de las dos lenguas oficiales de su comunidad autónoma. Se está tomando una disposición de amplio respaldo legal, de plena legitimidad
constitucional y legislativa y, por tanto, mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa, señora presidenta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, como todos ustedes saben, el problema que hoy se está tratando aquí ha venido en todas sus vertientes repetidas veces a lo largo de esta legislatura. Diferentes instituciones del Estado se
han dirigido a las Cortes Generales, en el ejercicio de su iniciativa legislativa, para solicitar que sellos, efectos postales, monedas y otros símbolos de soberanía reflejen la pluralidad lingüística interna de nuestra España. De hecho, durante el
mes de julio de 2001, así como el pasado 10 de septiembre, tuvimos la oportunidad de debatir sendas proposiciones de ley de varias comunidades autónomas relativas a la necesidad de emitir sellos y monedas en castellano, así como en el resto de las
lenguas oficiales en el Estado español. Hoy no hablamos de monedas o sellos, sino de impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado en las comunidades autónomas, pero en el fondo el problema es el mismo, a saber: la asunción
pacífica por la Administración general del Estado y por las instituciones comunes del Estado del plurilingüismo de España; la asunción pacífica de todas las lenguas del Estado español como patrimonio cultural e idiomático común de todos y cada uno
de los ciudadanos y ciudadanas españoles.
En todas las ocasiones referidas, y suponemos que también en ésta, las iniciativas se han estrellado contra la altiva y neocentralista mayoría absoluta del PP, amparándose siempre en una argumentación que nosotros no dudamos en calificar de
nacionalista, españolista y poco respetuosa con la letra y el espíritu del título VIII de nuestra Constitución. No obstante, en la intervención del señor Merino he querido entrever un poco de luz. Si eso es así, bienvenida sea. En todas las
ocasiones precedentes, y también en ésta, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha apoyado las proposiciones de ley y no de ley que nos han llegado desde las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios.
Desde nuestro punto de
vista, es un problema de mera sensibilidad autonómica, de simple comprensión integral del Estado español. Se puede comprender al Estado español como una nación con un patrimonio cultural y lingüístico unitario y único o se puede entender como un
Estado complejo que tiene la tremenda suerte de disponer de una cultura e idiomas comunes y varias culturas y lenguas propias de ciertas regiones y nacionalidades que deben formar parte del patrimonio cultural propio de todos los españoles y
españolas.
Cada uno es muy libre de mantener las posiciones que considere oportunas a este respecto. Es evidente que la libertad de expresión avala, en éste como en otros campos, las posiciones políticas contraconstitucionales,
pero también es claro que la Constitución española describe España como un Estado complejo, plurinacional, pluricultural y plurilingüístico. Es cierto que esta definición no la hace con la claridad y con la rotundidad que a nosotros nos
gustaría, pero ahí está el artículo 2 de nuestra Carta Magna y los numerosos estatutos de autonomía para proscribir cualquier tipo de lectura centralista, monocultural o monolingüística de nuestro actual ordenamiento constitucional. Sea como fuere,
Izquierda Unida, como fuerza política federalista que es, tiene clara cuál es su forma de entender la lengua y los símbolos culturales de España. Para nosotros tan español es el castellano como el catalán, el euskera o el gallego, y de la misma
manera tan españolas son las lenguas asturiana, aragonesa u occitana como el propio castellano. Luego para nosotros tan español es un impreso de comunicación en castellano como un impreso de comunicación en catalán, en euskera, en gallego, en
asturiano, en aragonés o en occitano.
Entendemos que es razonable y perfectamente normal que la Administración general del Estado en sus impresos y comunicaciones a distribuir en las comunidades autónomas respete los idiomas cooficiales y publique los citados documentos en los
dos idiomas de esa comunidad autónoma. De hecho, lo auténticamente anormal es que la Administración general del Estado en esta materia no haya tomado buena nota del contenido de la Constitución de 1978 y que casi 30 años después del advenimiento de
la democracia todavía debamos reclamarle que produzca impresos y comunicaciones en el resto de las lenguas españolas. Si en los casos de sellos y monedas recomendábamos la lectura reposada de los artículos 2, 149.1.21, 149.1.28 y 149.2 de nuestra
Constitución, por implicar un Estado multinacional, multicultural y multilingüístico, en el caso de impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado en las comunidades autónomas, además de recomendar similar lectura constitucional,
debemos recordar la existencia de un decreto, el 1465/1999, que no deja lugar a dudas, pues ordena de forma expresa la publicación de los impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado en las comunidades autónomas en las dos
lenguas oficiales de cada comunidad.
No estamos ante un supuesto, señorías, en el que los nacionalistas culturales españoles excluyentes se puedan parapetar tras la generalidad o falta de concreción constitucional o legal. El ordenamiento jurídico español es tan preciso en
este caso que hasta ha descendido al nivel reglamentario. El bloqueo por tanto no tiene un origen jurídico o constitucional, es simple y llanamente político. Como en otras ocasiones, mi fuerza parlamentaria entiende que lo oportuno es interpretar
la Constitución de forma serena y mesurada, en un sentido pluricultural y plurilingüístico, con el añadido en estos casos de la obligación reglamentaria expresa de publicar los impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado en las
comunidades autónomas con dos idiomas oficiales en ambos idiomas.
Como decía, señorías, a pesar de que contra el rompeolas del PP se han roto muchas olas, esta vez he querido entrever en la intervención del señor Merino un punto de luz. Me alegraría. No obstante, como se deduce de toda la intervención
anterior, mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señora presidenta, señorías, debo confesarles que en esta ocasión la melancolía que producen los esfuerzos presumiblemente inútiles se une a la incomodidad intelectual de tener que discutir lo obvio.
Nos encontramos hoy, a dos días justos de que se cumplan tres años de la entrada en vigor del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, debiendo plantear en la sede de la soberanía nacional que la Administración del Partido Popular cumpla
las normas dictadas por el Gobierno del Partido Popular. Quizá la única explicación a esta situación realmente extraña es la fecha del decreto, 17 de septiembre de 1999, con un Grupo Popular en mayoría minoritaria y necesitando el auxilio
permanente de otros grupos en la Cámara. Desde entonces, la mayoría se ha convertido en absoluta, aunque muchas veces solitaria, y el apoyo de los grupos nacionalistas no ha sido preciso. ¿Debe buscarse aquí el hecho de que ahora debamos estar
pidiendo que se cumplan las normas dictadas por el propio Gobierno? ¿Es tan difícil de interpretar el artículo 5 del decreto tantas veces citado? ¿Hemos de remontarnos a interpretaciones ontológicas del ser de España? No. Simplemente con cumplir
la norma que ustedes han hecho, señores del Partido Popular, sería más que suficiente.
Pero nosotros asistimos hoy con un cierto pasmo al debate. Nos parece bien lo que ha dicho el portavoz del Grupo Popular de que van a cumplir la ley en sentido
amplio, es bueno que el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno manifieste su intención de cumplir con la legalidad vigente, pero SS.SS., todas las que están presentes, son por definición sabias y prudentes, son en buena parte largamente
expertas y por tanto comparten, estoy convencido, en lo íntimo de su pensamiento lo que me ocurre a mí, es decir, el escepticismo frente a una enmienda presentada por el partido del Gobierno.
Cuando una propuesta sensata de una serie de grupos parlamentarios que suscitó el deseo de votarla favorablemente por parte de nuestro grupo es enmendada por el grupo mayoritario, la sospecha es perfectamente
legítima. ¿Por qué hemos de decir proseguir el cumplimiento en vez de cumplir, si lo cierto es que no se ha cumplido en su totalidad en tres años menos dos días? Se necesitan seis meses ¿para qué, para añadirlos a los tres años ya
transcurridos? ¿La dificultad de encontrar elementos humanos suficientes para traducir es tan grande en los tres años? ¿Es tan compleja la impresión? Yo espero que la precipitación terrible a la que se verá abocado el Gobierno en estos seis meses
no produzca resultados como algunos a los que me referiré. Porque si estoy absolutamente a favor del respeto al plurilingüísmo, de que se permita el derecho de cada ciudadano a relacionarse con la Administración en la lengua oficial que él elija,
de acuerdo con las normas legales, hay que hacerlo también, señorías, con un mínimo de respeto a las lenguas no castellanas. Y algunos impresos oficiales recibidos por mí mismo -por tanto, no hablo de oídas, lo he leído yo directamente- resultan
tan difíciles de interpretar en la otra lengua oficial, en mi caso el catalán, debido a la inmensa cantidad de faltas sintácticas y ortográficas que en tan pocas palabras pueden llegarse a contener, que más vale que lo tomen ustedes con calma y lo
hagan bien. Esperemos que la precipitación a la que ustedes se han constreñido con estos seis meses más los tres años no nos lleve a observar aún más defectos, realmente insoportables si ustedes los leyeran en castellano, en las otras lenguas en
que se redactan los impresos oficiales.
Vamos a votar a favor. Hubiéramos votado a favor con mayor entusiasmo, pero el voto es igual, la proposición original. Yo comprendo el hecho de que los grupos proponentes quieran, y me parece sensato políticamente, asegurar el éxito de la
iniciativa y por tanto aceptar la enmienda presentada por el grupo del Gobierno. Vamos a votarla también porque cualquier otra posición pudiera parecer contraria al reconocimiento de la realidad plurilingüística y plurinacional de nuestro país.
Pero vamos a votarla con dudas. En la lectura que el portavoz del Grupo Popular ha hecho en esta tribuna de la enmienda transaccional y donde ha colocado la referencia temporal nos queda una gran duda sintáctica de si esta referencia temporal, los
seis meses como máximo, se van a referir también al informe que su enmienda dice que debe presentar el Gobierno a la Cámara respecto al cumplimiento. Es al menos confusa la redacción, esperemos que a ello se refieran. En cualquier caso les decimos
que nuestro grupo, absolutamente convencido de la necesidad del desarrollo lingüístico y de la necesidad del respeto de los derechos lingüísticos de los ciudadanos, va a vigilar atentamente el cumplimiento de lo que ustedes han ofrecido hoy y para
lo que van a obtener, parece ser, el voto unánime de la Cámara. Pero este voto unánime de la Cámara no va a servir para aplazar ad kalendas graecas nada de lo que ustedes han dicho que querían hacer.
Estoy convencido de que todos los grupos que hoy vamos a votar a favor de la transacción que ustedes han ofrecido vamos a estar igualmente, como he atribuido antes al mío, vigilantes en el cumplimiento del desarrollo de las obligaciones que
desde hace tres años tienen ustedes y no han cumplido. Señorías, es con una esperanza perfectamente descriptible, vistos los antecedentes, como vamos a votar a favor y con un escepticismo inversamente proporcional al grado de esperanza. Ojalá me
equivoque, ojalá en brevísimo tiempo hayan cumplido ustedes la norma. Me extrañaría, pero les aseguro que, si lo hacen, lo celebraré. Temo que vaya a ser difícil esta celebración.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pedret.
Señor Martí, puesto que en su intervención hizo mención a la enmienda y a la necesidad de un plazo, en nombre de los otros proponentes igualmente, tiene la palabra a los efectos de aceptación de la enmienda propuesta en los términos
expuestos por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍ I GALBIS: En nombre propio y en nombre de los otros dos grupos proponentes aceptaríamos la enmienda. Sólo quiero decir que no hemos percibido la ubicación exacta de la frase añadida, del plazo que hemos aceptado de seis
meses. No sé si el portavoz popular nos lo podría aclarar.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martí, me pasan los servicios de la Cámara los términos en los que quedaría redactada y son los siguientes: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proseguir en el impulso
necesario para la debida aplicación en el plazo de seis meses de lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de
la Administración general del Estado en lo que respecta al uso de las dos lenguas que en determinadas comunidades autónomas tienen la consideración de cooficiales, así como a presentar a esta Cámara un informe sobre el desarrollo del proceso de
aplicación de la referida norma reglamentaria en el aspecto indicado.'
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, sí aceptamos la enmienda transaccional. (El señor Merino López pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias.
Señor Merino, ¿a qué efectos?
El señor MERINO LÓPEZ: Señora presidenta, ha habido un error por mi parte a la hora de transcribir a los servicios de la Cámara la aplicación del plazo de
seis meses, que quedaría en la parte final de la enmienda transaccional que hemos presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias.
(Pausa.)
Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición no de ley de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, sobre el uso de las lenguas oficiales distintas del
castellano en los impresos y comunicaciones de la Administración general del Estado, sometiendo la enmienda transaccional aceptada por los grupos proponentes y de la que voy a dar lectura a sus señorías: 'El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a proseguir en el impulso necesario para la debida aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material
impreso de la Administración general del Estado en lo que respecta al uso de las dos lenguas que en determinadas comunidades autónomas tienen la consideración de cooficiales, así como a presentar a esta Cámara en el plazo de seis meses un informe
sobre el desarrollo del proceso de aplicación de la referida norma reglamentaria en el aspecto indicado'.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE APROBACIÓN DE UN REGLAMENTO DE EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES. (Número de expediente 162/000428.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Punto 4 del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre aprobación de un reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12
de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes. Señorías, a finales del mes de enero de este año el Grupo de Coalición Canaria dio registro de entrada a la presente proposición no de ley que hoy pasamos a debatir y cuyo contenido consiste en instar al Gobierno a que dé
desarrollo al reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del menor.
Seguro que todos coincidimos en que la Ley del menor ha supuesto dar una respuesta, una obligada respuesta a una deuda
histórica que teníamos con nuestros menores, sobre todo para aquellos cuya vida transcurre dentro del círculo vicioso de la marginalidad o de la exclusión social. Esto ha supuesto un reto para todos, pero fundamentalmente para las administraciones
autonómicas, para las comunidades autónomas a las que la Ley atribuye la responsabilidad de dar un adecuado cumplimiento a las medidas que se dicten por parte de los jueces de Menores para los menores infractores. Las medidas previstas en la
presente Ley 5/2000 son conducentes a garantizar los adecuados procesos socioeducativos y están orientadas hacia la reinserción social de estas personas. Esto ha supuesto el paso de una situación anterior, en la que a los menores se les aplicaba
las penas establecidas en las disposiciones penales y su ejecución correspondía a las administraciones penitenciarias, a la situación actual, en la que ya contamos con una ley específica de responsabilidad penal del menor en la que la Administración
autonómica es responsable de ejecutar las medidas que a este respecto dicten los jueces de Menores, aquellas comunidades autónomas que tienen responsabilidades y competencias en el ámbito de los servicios sociales.
Hemos de recordar a SS.SS que en su momento esta ley no fue dotada adecuadamente en los Presupuestos Generales del Estado. Por poner un ejemplo del impacto que esto ha supuesto en las comunidades autónomas, cito los costes de ejecución de
las medidas judiciales que ha implicado para Canarias. Para el año 2001, están cifrados aproximadamente en unos 6.900.000 euros y, para el año 2000, la previsión se cifra en algo más de 26 millones de euros. Señorías, con esto queremos resaltar
que, además de las dificultades financieras que produjo la puesta en marcha de esta Ley en las propias comunidades autónomas, se produjo cierta incertidumbre en la aplicación de la ley en el tramo de edad comprendido entre 18 a 21 años. A esta
incertidumbre dio respuesta el propio ministro contestando a una pregunta que le realizó nuestro grupo el miércoles pasado. Contestó que, tal como rezaba en una resolución del último debate del estado de la Nación y en una propuesta de ley de mi
grupo, que todavía no ha entrado a debate en esta Cámara, se tiene previsto la modificación de la ley en lo que significa la ejecución de los apartados que corresponden a las personas comprendidas en el grupo de edad de 18 a 21 años. Pero, además
de estas incertidumbres, hay otras que afectan al grupo de edad respecto del cual está vigente la ley. Y es que muchos de los aspectos importantes de esta ley quedaron pospuestos al desarrollo de un reglamento.
La exposición de motivos de esta ley establece que el desarrollo específico de cada una de las medidas que
se regulan en la misma deberán regularse en un reglamento que sería producto del desarrollo de la ley orgánica ya aprobada. Esto ha de compaginarse con otro de los aspectos contemplados en la ley, concretamente el de la disposición final
séptima, en que se establece que las comunidades autónomas con competencia respecto a protección y reforma de menores adaptarán su normativa para la adecuada ejecución de las funciones que les otorga la ley. Actualmente, las comunidades autónomas
se encuentran en dificultades para la ejecución de la ley, pues aspectos importantes han quedado pendientes del desarrollo del reglamento que ha de llevar a cabo el Gobierno central, que no termina de desarrollarse ni es promulgado. Son aspectos
muy importantes de la ley los que han quedado pendientes del desarrollo de este reglamento. Por ejemplo, lo referente a la detención, a la vigilancia externa de los centros, a la custodia y al traslado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, muchos aspectos con relación a los derechos fundamentales del menor sobre permisos, comunicaciones y el régimen sancionador. Señorías, tenemos conocimiento de que todas las comunidades autónomas han instado al ministerio sobre
la necesidad de que es urgente dar respuesta al vacío legal que se está generando actualmente. Además, todos somos conscientes de que existen diferentes documentos consensuados ya por parte de la Administración central y las administraciones
autonómicas, que existen borradores que cuentan con un amplio consenso sobre lo que son los aspectos básicos que dicho reglamento debe contener para dar respuesta a lo que son las competencias, el desarrollo y la organización que deben llevar a cabo
las comunidades autónomas.
En nuestra proposición no de ley planteamos la necesidad de instar al Gobierno a que desarrolle en breve espacio de tiempo dicha normativa.
Agradecemos el esfuerzo realizado por los diferentes grupos políticos que han presentado enmiendas a
nuestra proposición no de ley, y voy a leer una enmienda transaccional en la que se pueden ver reflejadas parte de las propuestas realizadas por los distintos grupos, agradeciendo de antemano el esfuerzo realizado y entendiendo que se recoge una
adaptación más real a la situación actual, puesto que nuestra proposición no de ley tuvo registro de entrada a principios de año y a fecha de hoy todos sabemos que ya existen borradores y que ha habido un importante consenso con las comunidades
autónomas. Nosotros seguimos planteando -y este era el sentido de nuestra proposición no de ley- en este foro y en otros, tanto en esta sede parlamentaria como en las reuniones entre comunidades autónomas y el ministerio, la necesidad de dotar
adecuadamente las partidas financieras que den respuesta a las necesidades que actualmente tienen planteadas las comunidades autónomas para dar respuesta a los objetivos planteados en la ley. Nuestra proposición no de ley iba dirigida
fundamentalmente a instar al desarrollo urgente del reglamento, y no dejamos de dar importancia, ni mucho menos, a la adecuada cobertura financiera por los Presupuestos Generales del Estado, por lo que, en aras del consenso y de la necesidad urgente
del desarrollo del reglamento, paso a leer la enmienda transaccional que hemos presentado, que a nuestro modo de ver es bastante sensata desde el punto de vista de los acuerdos logrados y que entendemos que podría aglutinar las aportaciones
realizadas por los distintos grupos. La propuesta es la siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras el avance y el consenso logrados con las comunidades autónomas con competencias en la materia, y considerando los
acuerdos en el seno de la comisión interautonómica creada para tal fin, culmine la tramitación del reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de forma que
este pueda ser aprobado en un breve plazo de tiempo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, defenderé la enmienda presentada por el Grupo Socialista a esta proposición no de ley y que contiene dos puntos. El primero coincide con el sentido de las enmiendas que han introducido otros grupos y pretende simplemente que se
respeten las propuestas de modificación hechas por las comunidades autónomas al proyecto de reglamento. La aprobación del reglamento de la Ley Orgánica 5/2000 como garantía de seguridad jurídica y de respeto a los derechos de los menores
infractores es una exigencia antigua del Grupo Socialista, no sólo una exigencia de hoy, cuando creíamos que estaba a punto de ir el proyecto al Consejo de Ministros. Y digo creíamos porque sinceramente esta mañana el texto de la enmienda
presentada por el Grupo Popular a esta misma proposición nos ha hecho entrar en dudas, porque no solo confía al Congreso de los Diputados una nueva función, no sabemos si además o en vez de la legislativa y la de control del Gobierno, la función
constatadora o notarial, al decir que el Congreso constata el avanzado estado de tramitación del reglamento, sino que, en su afán por la tranquilidad del Gobierno, parece decidido a quitarle incluso la potestad reglamentaria, ya que dice que se
apruebe -no se sabe por quién- en un breve plazo de tiempo -tampoco se sabe cuál- el reglamento de desarrollo de la ley. Realmente, señorías, la cuestión es bastante más urgente y bastante más importante de lo que parece considerar el Grupo Popular
en esta enmienda. Hace tiempo que
nosotros venimos advirtiendo de la necesidad de que se apruebe este reglamento. Lo advertimos en junio de 2000, todavía durante el periodo de vacatio legis, y lo exigimos en esta Cámara en marzo de 2001, y no fuimos sólo nosotros, sino que
lo exigieron también las comunidades autónomas y las más diversas instituciones que, con excepción del Gobierno y el Grupo Popular, han clamado en el desierto a lo largo de casi dos años. Lo exigió el Consejo General del Poder Judicial en el
informe que presentó a los seis meses de vigencia de la ley y lo exigía el fiscal general del Estado en su memoria del año pasado y lo sigue exigiendo en la actual, destacando el cúmulo de problemas que suscita su falta.
Pues bien, parece, pese a la intervención in extremis del Grupo Popular, que, según afirmó el ministro, el reglamento está sólo pendiente del trámite de informe del Consejo de Estado y que ha llegado la hora de que sea aprobado, pero -y de
aquí el contenido de nuestra enmienda- no nos vale cualquier reglamento. Debe ser un reglamento, señoría, que respete los acuerdos consensuados por las comunidades autónomas y trasladados al Gobierno por la comisión interautonómica, porque las
autonomías han detectado carencias importantes en el proyecto de reglamento, carencias que se refieren a la intromisión en sus competencias en la organización de los centros y en los equipos técnicos o a la deficiente regulación de la mediación con
las víctimas o a que el reglamento no recoge la necesidad de que las comunidades que no tienen cuerpos de policía propios tengan a su disposición a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la vigilancia externa de los centros, para los
traslados y para el control de los permisos, y todas ellas, de común acuerdo, han propuesto textos alternativos para solucionar estas carencias. Mi grupo está de acuerdo con estos textos alternativos propuestos y pretende que sean respetados en la
aprobación definitiva por el Gobierno. Pero, aparte de esta aprobación, señorías, la verdad es que un reglamento, por perfecto y consensuado que sea, no va a solucionar los problemas de aplicación de la ley. Algunos de esos problemas deberemos
afrontarlos en esta Cámara, pero el fundamental es que seguirá habiendo las carencias y deficiencias que denunciaba hace unos días el fiscal general del Estado si el Gobierno no dota a las comunidades autónomas de medios para ejecutarla.
No voy a hablar ya de las necesidades patentes en juzgados y fiscalías de menores, de las carencias en equipos técnicos, fiscales, jueces y personal auxiliar, sino de los gravísimos problemas que plantea la aplicación de las medidas por las
comunidades autónomas, y es que seguimos exactamente igual que hace dos años. El Gobierno ha impuesto a las comunidades -lo decía la señora Julios y yo lo repito- la asunción de competencias y de servicios sin negociar transferencias ni medios. De
nada han servido las múltiples reuniones en el Ministerio de Justicia o el de Asuntos Sociales; de nada han servido las vagas promesas; de nada la memoria que las comunidades autónomas entregaron al Gobierno y en la que se valoraba en 270 millones
de euros el coste de aplicación de la ley. Hoy las comunidades siguen teniendo que hacer frente con sus solos recursos al aumento de la edad y del número de menores sometidos a medidas, a la estructura de nuevos centros y a la necesidad de más y
más personal formado que ello exige. Se hablaba aquí de las necesidades de Canarias. Yo pondré un ejemplo que me es más cercano: Andalucía. Para poner en marcha las medidas contempladas en esta ley, Andalucía requería 84 millones de euros.
Antes de la entrada en vigor de la ley, el día antes, había en la comunidad cinco centros de internamiento y 150 menores internados. Hoy tenemos 15 centros y 375 menores. En el año 2002 se ha hecho una inversión de 28 millones de euros para llevar
a cabo las medidas contempladas en la Ley orgánica 5/2000, y de esos 28 millones de euros, la aportación del Gobierno central se ha reducido a 639.000 euros para programas en medio abierto. No son casos aislados ni el canario ni el andaluz,
señorías. Sea cual sea el color político de su Gobierno, las comunidades están supliendo con cargo a sus presupuestos y a su esfuerzo la inoperancia y la desidia de un Gobierno central que sacude de sus hombros cualquier responsabilidad a la hora
de llevar a la práctica la ley. Por eso, con esta enmienda exigimos, y me temo que una vez más y por enésima vez en vano, que el Gobierno asuma de inmediato esta responsabilidad y que actúe como le corresponde, que dote de los medios necesarios
para el cumplimiento de la ley.
Una vez exigido esto, señorías, y con referencia a la enmienda transaccional presentada y leída aquí por la representante de Coalición Canaria, debemos decir que nuestro grupo se abstendrá, no aceptará la transacción, y nos abstendremos
porque nos parece que vacía de contenido la ya excesivamente suave formulación inicial del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que, sin embargo, estábamos dispuestos a votar favorablemente. Sabemos que la tramitación del reglamento está
avanzada y que es posible aprobarlo antes de los dos meses que se formulaban en la petición inicial. No creemos que los acuerdos de la comisión interautonómica deban ser simplemente considerados para bien o para mal, sino que deben ser incorporados
al texto del reglamento. Por último, la propuesta de enmienda no contiene ni el más mínimo compromiso de financiación, que en este momento seguimos considerando que es el problema capital para la ejecución de la ley.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora del Campo.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Ciertamente, la Ley de responsabilidad penal de los menores, la Ley orgánica 5/2000, ha dejado cuestiones pendientes, y hay que decir que algunas, como se ha señalado aquí, requerirán nuestra intervención en el ejercicio de la potestad
legislativa. Mi grupo parlamentario presentó en el reciente debate del estado de la nación una resolución que fue aprobada por esta Cámara y que lo que pretendía era aumentar o prorrogar la vacatio legis de la Ley de responsabilidad penal de los
menores en lo que hace referencia a los infractores comprendidos entre los 18 y los 21 años. Si atendemos también a lo que indica la memoria del año 2002 de la Fiscalía general del Estado, que recientemente ha sido presentada, se pone de manifiesto
la necesidad de impulsar alguna reforma, muy fundamentalmente en materia de medidas cautelares y para concretar en la duración de las medidas cautelares de internamiento de los menores, que en la ley se contemplan con una duración excesivamente
reducida y dan lugar a situaciones que provocan una cierta alarma social. Después de su aplicación quizá tengamos que atender algunos otros aspectos, y sabe incluso la señora presidenta que uno es el de la protección de las víctimas en esta ley,
pero dejando aparte este aspecto, que requiere del ejercicio de la potestad legislativa por el Congreso, lo que nos trae aquí ahora es el desarrollo de la ejecución reglamentaria de la ley. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
igual que otros grupos parlamentarios, y el Gobierno de la Generalitat, al igual que otros gobiernos autonómicos, entienden que es necesaria y oportuna la aprobación del reglamento de la Ley orgánica 5/2000, sin perjuicio de las competencias que en
materia de desarrollo legislativo de la misma tiene la Generalitat de Catalunya. Entiende asimismo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que este desarrollo legislativo debe tener en cuenta el acuerdo que han conseguido las
comunidades autónomas en el seno de la comisión interautonómica impulsada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Como saben, el borrador de 28 de junio del año 2001, fruto del acuerdo alcanzado en la comisión interautonómica, fue remitido al Ministerio de Justicia, que no lo aceptó en su totalidad. Entendemos que algunas de las modificaciones
introducidas no responden realmente a un respeto del reparto competencial, de ahí que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales impulsase otra vez los trabajos de esta comisión interautonómica, en la que el gobierno de la Generalitat ha tenido una
notable participación. De nuevo se ha logrado un acuerdo en el seno de esta comisión interautonómica, y de ahí que el planteamiento de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sea entender que el Gobierno debe ya tramitar
el desarrollo reglamentario de la Ley de responsabilidad penal de los menores. El ministro de Justicia nos advirtió de que el reglamento estaba pendiente exclusivamente del dictamen del Consejo de Estado y que recogía los acuerdos de la comisión
interautonómica, pero queremos -de ahí deriva el sentido de nuestra enmienda muy expresamente- que conste expresamente que este reglamento debe tener en cuenta el producto del acuerdo de la comisión interautonómica al respecto.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha aludido a otro tema, que es el de la financiación de la ley. Mi grupo parlamentario presentó una enmienda a la reciente Ley de modificación del sistema de financiación de las comunidades
autónomas, que se ha traducido en la incorporación de un nuevo principio incluido en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, el principio de lealtad institucional, que determina que el Consejo de Política Fiscal y Financiera
debe efectuar una valoración de la disminución de ingresos en unos casos a través de la aprobación de una ley y en otros el incremento del gasto que se atribuye a las comunidades autónomas a través de la adopción de medidas especiales, como puede
ser una ley de estas características. Por ello, sin lugar a dudas, el Gobierno de la Generalitat planteará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera la determinación de ese incremento de gasto que se atribuye a las comunidades
autónomas a través de esta ley, y por tanto que impulse un reparto equitativo de la financiación del mencionado gasto. Pero si de lo que aquí se trata fundamentalmente es de que el Gobierno impulse el desarrollo reglamentario, mi grupo entiende que
el Gobierno debe proceder a la aprobación de este reglamento teniendo en cuenta, como decimos en nuestra enmienda, los acuerdos de la comisión interautonómica.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Silva.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para defender la enmienda presentada por el Grupo Popular a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la aprobación por el Gobierno de un reglamento de
ejecución y desarrollo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
El grupo proponente insta al Gobierno a aprobar, previo consenso con las comunidades autónomas con competencia en la materia, el reglamento de ejecución y desarrollo de esta ley, mencionado en el apartado 24 de la exposición de motivos de
dicha norma. En apoyo de la iniciativa se alude a los numerosos aspectos de la ley que precisan para su efectividad de un desarrollo
reglamentario adecuado, destacando entre otros los relativos a los permisos de menores internados en régimen disciplinario de estos o las medidas de vigilancia y seguridad en los centros.
El objeto de la proposición no de ley en estudio coincide con el de la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el 31 de enero del pasado año, por la que se instaba al Gobierno a desarrollar también reglamentariamente todos los
preceptos de esta ley. La aprobación de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores ha conllevado un profundo cambio en la concepción del régimen tradicionalmente aplicado para la reforma de los menores infractores. La
eficacia del nuevo sistema exigía la adopción de una serie de medidas complementarias, tanto normativas como de organización, que aconsejaron establecer un periodo de vacatio legis amplio, lo que demoró la entrada en vigor de la ley al 13 de enero
de 2001. Durante este tiempo los grupos parlamentarios formularon diversas preguntas al Gobierno acerca de dichas medidas, asegurando este que en todo momento se estaban llevando a cabo las actuaciones necesarias para la plena efectividad de las
disposiciones de la nueva ley. Con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, los grupos se han interesado en diversas ocasiones por la aplicación de sus previsiones y han manifestado su preocupación por ciertos aspectos relacionados con la
misma, y en particular por aquellos relativos a los medios humanos, materiales necesarios y el desarrollo reglamentario. Cabe mencionar a este respecto la interpelación del Grupo Socialista sobre la adopción de medidas que permitan la plena
aplicación de la ley. La actual proposición parece responder a la misma preocupación por conseguir el objetivo señalado. Muchos preceptos de la Ley 5/2000 precisan de un desarrollo normativo, y a este respecto no tenemos que objetar absolutamente
nada a esta solicitud de que se proceda a la aprobación de las correspondientes normas reglamentarias; unas normas que en este momento están ya elaboradas, el reglamento ya está elaborado, a falta simplemente del dictamen del Consejo de Estado.
En el desarrollo reglamentario de la Ley orgánica media un aspecto, cual es la competencia que el artículo 45 asigna a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de las medidas adoptadas por los jueces de
menores en sus sentencias firmes, susceptible de condicionar en el tiempo dicho desarrollo reglamentario en una doble dirección: por una parte, la relativa al grado de puesta a punto de los centros, instituciones o servicios autonómicos encargados
de esta ejecución y, por otra, la posibilidad de que no cabría descartar la existencia de aspectos en los que, por no encuadrarse estrictamente en el marco legislativo penal, sustantivo o procesal, que es el que delimita la competencia del Estado en
la materia, hubiera de entenderse que su desarrollo normativo es de competencia autonómica. A tenor del referido precepto de la ley, las comunidades autónomas llevarán a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organización, la creación,
dirección, organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución.
No hay que olvidar que el Estado conserva, según lo regulado en el artículo 149.1, regla primera, de la Constitución española, la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y que el artículo 149.1, regla sexta, también de la Constitución, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación penal y
penitenciaria, por lo que las normas que elaboren las comunidades autónomas, a los efectos de organización de sus servicios y para garantizar la ejecución de las medidas, deberán respetar esa competencia exclusiva y tener en cuenta sobre todo que
las materias relativas a dichos derechos constitucionales de los menores, en la fase de ejecución, no podrán ser reguladas más que por el Estado. La competencia de este en materia penitenciaria puede afectar a la regulación concreta del régimen de
sanciones en los centros de internamiento, así como los permisos y otros derechos de los menores que en ellos se encuentran.
La importancia de la jurisdicción de menores, señorías, es evidente no sólo por su finalidad educativa, sino también porque cumple un papel de prevención especial, puesto que trata de evitar la reproducción de conductas delictivas futuras
del menor al intentar su resocialización, y el juez y todas las partes que intervienen en el proceso están sometidos a la observancia de un dificultoso equilibrio entre la salvaguarda de todos los derechos y garantías que deben ser aplicados en el
procedimiento y la actuación tendente a conseguir el interés del menor.
Hay una serie de principios generales y criterios específicos que deben de ser tenidos en consideración, como son, por ejemplo, el superior interés del menor, la igualdad del
menor ante la ley, el principio de oportunidad, el de intervención mínima y el de separación entre infractores y menores protegidos. En materia de menores, señorías, se juega con un tema mayor: Gobierno y comunidades autónomas con competencias
transferidas han de asumir, en la medida de sus respectivas funciones, el imperativo categórico de la posibilitación práctica de la aplicación de la ley.
En cuanto al reglamento del menor, como dijo el señor ministro de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior el pasado 11 de septiembre, se ha hablado con las comunidades autónomas, lo ha impulsado el Ministerio de
Trabajo y falta exclusivamente el dictamen del Consejo de Estado. Existe ya el dictamen favorable del Consejo General del Poder Judicial y también el parecer de las comunidades autónomas, cuyas observaciones están recogidas en el texto que está ya
elaborado por el Gobierno. A
este respecto, señorías, tenemos que rebatir la intervención de la representante del Grupo Socialista, ya que su discurso no se mantiene en pie al dar una visión más bien catastrofista, y creo que es irresponsable transmitir una imagen falsa
de la aplicación de los medios materiales y personales. Con motivo de la interpelación que se debatió en esta Cámara el 14 de marzo de 2001, el señor ministro de Justicia dijo claramente cuáles eran las medidas legislativas que se habían tomado.
El Gobierno trajo a la Cámara una iniciativa para provocar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Estatuto del ministerio fiscal y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y adaptar todo ello a las necesidades de la nueva ley, así
como también las medidas relativas a la creación de órganos, elevando la planta a un total de 69 juzgados de menores, lo que ha exigido la creación de 31 nuevos juzgados, 13 de ellos correspondientes a las comunidades autónomas con competencias
transferidas. Además se creó el Juzgado Central de Menores, dependiente de la Audiencia Nacional, y en cada fiscalía, incluida la de la Audiencia, se ha creado con carácter orgánico una sección de menores hasta un total de 51. En materia de
personal, se ha ampliado en 165 plazas la plantilla del ministerio fiscal, lo que supone un incremento del 11 por ciento en sólo seis meses en aquel entonces. En cuanto a la plantilla de secretarios judiciales, oficiales, auxiliares y agentes de
justicia, se ha incrementado en un total de 149 plazas, de las que 26 corresponden a secretarios judiciales. Con respecto a los equipos técnicos, en las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas y dependen del Ministerio de
Justicia se han dispuesto 103 psicólogos, 95 trabajadores sociales y 45 educadores, que es la plantilla existente en esas comunidades autónomas, y se han organizado 79 cursos destinados a la mejor preparación de un total de 1.247 fiscales,
oficiales, auxiliares y agentes. Y en obras e infraestructuras se han realizado actuaciones de nueva extracción, adaptación o rehabilitación en 27 provincias, se han contratado los arrendamientos necesarios, se han creado nuevas dependencias y se
ha llevado a cabo la información integral de las mismas. Todo ello ha supuesto un esfuerzo inversor que en aquel entonces superaba ya los 4.000 millones de pesetas, y la ley aprobada por este Parlamento impone la obligación a las comunidades
autónomas, algunas de las cuales pedirán durante el año de la vacatio legis, según decía el ministro, que se aplace la entrada en vigor, lo que no correspondía al señor ministro. A pesar de ello, las propias comunidades autónomas manifestaron en
fechas inmediatamente anteriores a la entrada en vigor que habían agotado todas las medidas necesarias para la efectiva puesta en marcha de la ley, lo que quedó reflejado en la reunión de la comisión de coordinación, en el Consejo General del Poder
Judicial, en el ministerio, que se celebró con todas las comunidades autónomas. En realidad, con las medidas de carácter normativo se ha constituido un grupo de trabajo que ha llevado a cabo precisamente la redacción de este reglamento. Por lo
tanto, no entendemos el discurso catastrofista que nos ha brindado la representante del Grupo Socialista.
Señorías, termino diciendo que el Grupo Popular está totalmente de acuerdo con la enmienda transaccional de Coalición Canaria, puesto que su texto recoge perfectamente el espíritu y la letra de lo que dicen todos los grupos parlamentarios,
es decir, que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras el avance y el consenso logrado con las comunidades autónomas con competencias en la materia, considere los acuerdos en el seno de la comisión interautonómica creada para tal
fin y culmine la tramitación del reglamento de la Ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de forma que este pueda ser aprobado en un breve plazo de tiempo. El Grupo Socialista nos ha preguntado el motivo de ese plazo de
tiempo, esto es, por qué no se fija un plazo. Pues muy sencillo, porque estamos pendientes de que el Consejo de Estado emita su dictamen. No podemos poner un plazo porque, a lo mejor de dos meses, pues igual no hacen falta dos meses y creo que
todo el mundo entiende en breve plazo de tiempo. El señor ministro se comprometió, tanto en la comparecencia ante la Comisión de Justicia, como en la intervención que tuvo el pasado día 18 en esta Cámara, cuando dijo que el reglamento va a ser
desarrollado y que se aprobará muy pronto. No entendemos esa sensación que tiene algún grupo.
En cuanto a las observaciones de las comunidades autónomas, el señor ministro dijo que están recogidas en el texto. Se va a tener en cuenta lo que dicen las comunidades autónomas en todas las reuniones que ha habido y no se va a desarrollar
ningún reglamento en contra de las comunidades autónomas. El interés del Gobierno es que esta ley sea para todos y que en la práctica pueda llevarse a cabo para que el espíritu que emana de esta ley, tal como se aprobó en esta Cámara, perdure con
el reglamento y sirva para que nuestros menores tengan las atenciones debidas en todas las facetas del período en el que tengan que estar sometidos a esta ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bueso. En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Estamos debatiendo una cuestión que, como han dicho los oradores que me han precedido, es fundamental en lo que se refiere al reglamento, pero, sobre todo, al origen que es la Ley orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal del
menor. Hubo un debate parlamentario sobre una ley a la que hicimos aportaciones,
aunque con algunas de las cuestiones que salieron no nos sentimos a gusto, pero hay una ley. A partir de ahí, había muchas cosas por hacer por el ministerio, pero también por las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tenían
retos importantes y también dificultades importantes, especialmente en financiación, como se ha señalado. He de decir que, en el momento de la entrada en vigor de la ley, la Comunidad Autónoma del País Vasco estaba en disposición de aplicar todas
las medidas, pero con una financiación importante para llevar a buen término las cuestiones que allí se suscitaban.
Hemos presentado una enmienda para que se tengan en consideración, de manera clara y precisa, las cuestiones que corresponden a las comunidades autónomas, las competencias que tienen tanto en aspectos básicos como de desarrollo y
organización. Todas estas cuestiones están siendo tratadas en las reuniones que se están celebrando. Al día de hoy -ya se ha dicho- hay un texto básico, consensuado por un grupo de trabajo integrado por el ministerio y las comunidades autónomas,
que regula los aspectos básicos, sin perjuicio de que cada administración pueda regular, en el marco de sus competencias, determinadas cuestiones. En todo caso, ya existe un texto y nos parece importantísimo que se mantenga. Por ello, nos parece
oportuno que, en esta proposición que presenta Coalición Canaria, se recoja la existencia de ese texto, de esos aspectos y de esos acuerdos.
En cuanto a la enmienda transaccional que se nos propone, tenemos alguna duda, y lo decimos de manera muy sincera. Nos habría gustado que en esa enmienda se recogiera la literalidad de las palabras del ministro. En vez de decir que se
consideren esos acuerdos y se consideren los trabajos de ese grupo de trabajo, yo prefiero decir que se tenga en cuenta. Parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Ya que el portavoz del Partido Popular ha recogido las palabras que dijo el
ministro en su comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior, por qué no ponerlas. Tener en cuenta no es considerar, da una firmeza, una connotación distinta, al trabajo ya realizado. Si, como parece, va a ser así, me parecería razonable que
se cambiara esa enmienda transaccional. En todo caso, además del reglamento, aquí hay todavía muchas cosas por hacer y todos tenemos un reto. En nuestro caso, ese reto no es sólo en cuestiones de financiación, que ya son importantes. En nuestro
caso, en lo que se refiere no sólo a la inversión en infraestructuras, hay que decir que, por ejemplo, el gasto corriente -se va a inaugurar por segunda vez el centro, como consecuencia desgraciadamente de un atentado que hubo en la primera ocasión
en que se iba a inaugurar y tenemos que volver a ponerlo en marcha por segunda vez-, solamente el próximo año será de alrededor de 1.000 millones de pesetas. Por eso es efectivamente muy importante.
Además de lo que se refiere a financiación, hay
muchas más cuestiones de gran relevancia en cuanto a la responsabilidad del menor, y hago referencia a lo que debe ser el objetivo final de la ley, que es la rehabilitación, la reinserción y el criterio educativo que requiere mucho más que la mera
financiación, que ya de por sí es importante.
Hago la sugerencia de cambiar considere por tener en cuenta y que el objetivo final sea realmente que eso que ya se ha puesto en marcha, que ese acuerdo que ya existe, se traslade a la normativa competente para que se ponga todo en marcha
con lo que cada uno tenga que hacer.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas cosas se han dicho ya sobre esta proposición no de ley que, suponemos, pretende simplemente arrancar del Gobierno la promesa cierta de una pronta aprobación del texto del reglamento que como anteproyecto o borrador ya conocemos todos
y que ciertamente no convence a los que, como es el caso de mi grupo, creemos que las comunidades autónomas tienen asumidas importantes competencias en esa materia. Enumera bien la proposición las llamadas que hace la ley al reglamento pero, desde
nuestra óptica, esa llamada no es necesariamente, en algunos casos, al reglamento estatal; podría serlo a reglamentos propios de las comunidades autónomas e incluso, en casos distintos de división del poder, como es el caso de la Comunidad Autónoma
vasca, a los propios territorios históricos. Así lo solicitamos nosotros en nuestras enmiendas, algunas de las cuales tuvieron acogida y otras quedaron en la absoluta ambigüedad con esa llamada al reglamento no concreta, repito.
La Ley penal del menor nos colocó ante unos objetivos legales ambiciosos, cuya cobertura entraña un coste económico importante, y respecto a los que el sentir unánime de las comunidades autónomas apunta interpretando que se han asumido
nuevas competencias sin que la Administración del Estado haya abordado los correspondientes traspasos de servicios. En esto coincido con lo manifestado desde el Grupo Socialista y esto, señorías, es una cuestión que viene de largo. Ocurre que es
así por los títulos competenciales en esta materia y por cómo se ha ido produciendo el proceso legislativo. Choca, por tanto, desde la perspectiva de mi grupo, que el ministro señor Arenas anuncie este fin de semana en un mitin el cierre del
proceso transferencial para el momento en que se produzcan las elecciones municipales y autonómicas. En esta materia esto es muchísimo más complicado, dada la trayectoria normativa
y el reparto de competencias; títulos competenciales vinculados unos a acción social y otros a la propia acción de la justicia, puesto que los dos objetivos básicos de proteger y de reformar se han conseguido a lo largo de la historia con
títulos distintos. Los títulos referidos a asistencia social cayeron pronto en el ámbito de las comunidades autónomas y no así, sin embargo, cuando se intentaba vincular a aspectos civiles o procesales como era la competencia que ejercitaban los
tribunales tutelares de menores, que no eran otra cosa en realidad que órganos administrativos encargados de actuar sobre un colectivo social a efectos asistenciales.
De esta manera, cuando se produce el hito importantísimo de aprobarse la Ley 21/1987 y se desjudicializan los escalones primarios de la protección del menor, esta materia tuvo que ser absorbida ya en precario, es decir, sin repercusiones en
el ámbito del proceso transferencial, por las comunidades autónomas como materia propia de asistencia social o de tutela. De la misma manera y sin que hubiese proceso transferencial alguno, se produjeron los importantes cambios normativos de los
años 90 con un nuevo Código Penal, la Ley orgánica 4/1992, la Ley orgánica 1/1996 y la propia Ley 5/2000. En ningún caso ha habido traslación de medios personales y financieros a las comunidades autónomas. Creemos que es un problema de
inadecuación entre los ambiciosos objetivos y funciones que identifica la legislación y la estructura de recursos administrativos que destinan las administraciones públicas a los mismos, empobrecida dicha estructura con tantos años de inconcreciones
y abusos, desde nuestra perspectiva, desde el centralismo estatal. Creemos sinceramente que esto no va a poder regularse en el reglamento, solucionarse sólo con un reglamento, y por eso estamos de acuerdo con las enmiendas en las que se llama a la
tenencia de competencias distintas desde distintas administraciones, pero creemos que debiera servir de llamada a la Administración del Estado para examinar y acelerar la colaboración con las comunidades autónomas para clarificar los problemas que
acarrean estos déficit estructurales históricos a los que me he referido respecto del ejercicio de estas competencias administrativas
Señorías, insistimos, no creemos que el reglamento sea la solución. Sin embargo, vamos a votar que sí entendiendo que, cuando menos, es una llamada a que este problema existe, debe solventarse cuanto antes y puede ser un toque de atención
respecto de futuras soluciones más justas en el área. Creemos, eso sí, como he advertido respecto de distintas materias en tiempos recientes, que el reglamento deberá hacerse sin que ocurra lo que se está pretendiendo con este cierre del Estado
autonómico desde instancias centrales. El Estado dice a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, la comunidad autónoma lo hace, lo paga, por supuesto, y después ella misma es quien asume la responsabilidad ante
los ciudadanos. ¡Hombre, no! Creemos que esto es trampa absoluta al sistema y es poco creíble en relación con el modelo constitucional y estatutario.
En el deseo optimista de que no sucedan estos males que he anunciado, repito que mi formación política, con las enmiendas que han sido aceptadas y asumidas por el grupo proponente, va a votar que sí a la toma en consideración de esta
proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Señor Rejón, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, como es evidente el contenido en sentido estricto de esta proposición de ley no admite debate alguno. Determinados aspectos de la Ley de responsabilidad penal del menor están pendientes de
desarrollo reglamentario. Soy, por múltiples casualidades reglamentarias, el portavoz que cierra y creo que se ha dicho ya casi todo, por no decir todo. Dicho desarrollo reglamentario está expresamente recogido y es obligado por la propia Ley y,
sin ese desarrollo reglamentario, la citada Ley de responsabilidad del menor no podrá alcanzar su efectividad absoluta. Por tanto, la petición del Grupo Parlamentario Canario está perfectamente justificada y, en tanto que razonable y ajustada a
derecho, va a ser apoyada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sin embargo, tan interesante como todo lo anterior es establecer las causas por las que el Gobierno del PP no desarrolla reglamentariamente determinados aspectos de la Ley cuando está legalmente obligado a ello. A nadie se le oculta que
esta es una Ley que el PP ha intentado siempre torpedear y desprestigiar; desde el respeto, admiro los esfuerzos que ha hecho el portavoz del Partido Popular desde la tribuna para intentar justificar con números lo que todo el mundo ha ido
conociendo como un intento claro de ir torpedeando una Ley realmente. A nadie se le oculta que el Gobierno del PP ha negado medios financieros a comunidades autónomas y a la Administración de justicia que son imprescindibles para llevar los
mandatos de esta Ley a la práctica. A nadie se le oculta que el Partido Popular no apuesta, desde el nacimiento propio de la Ley, por el tratamiento social y la reinserción de los menores y que, frente a lo anterior, prefiere los tratamientos
penales y represivos. Es aquí donde radica la clave. Al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno que éste sustenta no sólo hay que exigirles el desarrollo reglamentario de la Ley de responsabilidad penal del menor, sino que hay que exigirles que
vayan más allá y que se impliquen de forma real y decidida en llevar los mandatos del texto de dicha Ley a la práctica, tarea para la que no sólo va a ser necesario que el Gobierno redacte
y apruebe un reglamento, porque tan importante o más que lo anterior va a ser que el Gobierno se rasque el bolsillo y consiga presupuesto suficiente para el desarrollo de esta Ley. Los próximos presupuestos, cuando se estudien en detalle,
serán la auténtica prueba del nueve de si verdaderamente se apuesta por algunas cuestiones en el mundo de la justicia. Junto con lo anterior, sin duda, el Gobierno debe también colaborar con el Consejo General del Poder Judicial, con el ministerio
fiscal, con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales, para entre todos llevar a buen puerto esta Ley.
Hoy vamos a votar a favor de esta proposición no de ley y, como el grupo parlamentario proponente, solicitamos el desarrollo reglamentario de la Ley de responsabilidad penal del menor, pero además de lo anterior exigimos del PP voluntad
política para desarrollar plenamente una Ley que exige reglamento o reglamentos, que exige dinero público, que exige dosis masivas de cooperación interadministrativa, algo para lo que el Gobierno del PP, desgraciadamente, no parece excesivamente
dotado.
Sobre la transaccional que ha presentado el Grupo Popular, tengo las mismas dudas que la señora Lasagabaster. No me importa la parte laudatoria previa, no tengo inconveniente que, en lugar de instar al Gobierno a que haga tal cosa, como
generalmente se ve en otras proposiciones o en otras iniciativas, o que inicien tal cosa, ustedes digan que continúe lo que está haciendo, me da igual, eso es lo de menos; lo importante es lo que verdaderamente venga después de la frase laudatoria.
En ese sentido, hago también mía la advertencia del cambio de palabra de la transaccional, que no es solamente lingüística.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Rejón.
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En la medida en que me he percatado de un error cometido en la lectura de la enmienda transaccional, si lo estima pertinente, debería pasar a leerla textualmente de nuevo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Sí, señora Julios, sobre todo a los efectos de que los miembros de esta Cámara sepamos lo que vamos a votar.
La señora JULIOS REYES: Paso a leerla.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, tras el avance y consenso logrado con las comunidades autónomas con competencias en la materia y teniendo en cuenta los acuerdos en el seno de la comisión interautonómica creada para tal
fin, culmine la tramitación del reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, de forma que éste pueda ser aprobado en un breve plazo de tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre aprobación de un reglamento de ejecución y desarrollo de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, de acuerdo con la transaccional aceptada por los grupos parlamentarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 181; en contra, uno; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO SOBRE EL APOYO DEL ESTADO ESPAÑOL A UN EVENTUAL ATAQUE DE ESTADOS UNIDOS A IRAK. (Número de expediente 173/000152).
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Mixto sobre el apoyo del Estado español a un eventual ataque de
Estados Unidos a Irak.
Para su defensa y presentación tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego trae a esta Cámara, para su debate y votación, una moción por la que pretendemos que esta Cámara inste al Gobierno a cambiar su posición respecto al contencioso que en este momento mantienen Irak y
Naciones Unidas. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) En todo caso, que se siga debatiendo sobre esta cuestión porque a nosotros nos parece de una gran importancia, y basta ver cómo está evolucionando la cosa al
nivel internacional.
Nosotros traemos una propuesta concreta que demanda al Gobierno que opte por impulsar las vías diplomáticas para apoyar la resolución de los problemas pendientes, impulsando la vía abierta por la aceptación por Irak del regreso de los
inspectores de Unmovic
y que defienda con criterio propio vías de salida a este conflicto. Por un lado, Irak debe cumplir estrictamente con lo establecido en las resoluciones de la ONU y, por otro lado, no debe cumplir más que eso. En ese sentido, demandamos del
Gobierno que no se sume al carro de aquellos que pretendan poner zancadillas o nuevas exigencias que al final vengan a dificultar el cumplimiento de las resoluciones, o a hacerlo imposible, por parte de Irak. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, hay un diputado haciendo uso de la palabra. Les ruego que guarden silencio y que dejen oír la intervención del diputado. Señorías, por respeto a su compañero, ruego que guarden
silencio, no me obliguen a repetirlo más. Guarden silencio, por favor.
Continúe, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que no se sumase el Gobierno a aquellos que viniesen a dificultar la posibilidad de un arreglo, que no se sume al carro de quienes ya han predecidido que el ataque militar es la única salida, han predecidido
que lo más importante es acabar con el régimen iraquí, porque en un tema como éste, y lo vuelvo a decir, no se trata de discutir sobre un régimen concreto sino sobre el ataque militar preventivo contra un Estado soberano.
Demandamos del Gobierno también que, en la búsqueda de vías de salida, proponga vincular el cumplimiento estricto por Irak de las resoluciones de la ONU al levantamiento de un embargo que está provocando unas trágicas consecuencias
humanitarias para la población iraquí. En consecuencia, proponemos que el Gobierno apoye los esfuerzos que en este momento está haciendo el propio secretario general y se sume a aquellos Estados, europeos o de otras latitudes, que se resisten a
aceptar que en este momento la única salida de este contencioso es la guerra. Por tanto, proponemos que el Gobierno no preste apoyo político o militar a un eventual ataque de Estados Unidos contra Irak, simplemente porque no existe justificación
para tal ataque defendido por el señor Bush. Es decir, que el Gobierno no se mantenga en una posición inamovible, que no quede prisionero de las afirmaciones recientes del presidente, de sus planteamientos simplistas, que analice las nuevas
posibilidades de actuación en esta crisis, que preste oídos a la opinión pública, que se coloque en posiciones más matizadas e independientes y que no se sume, sin más, acríticamente, en aras de mantener presuntas alianzas privilegiadas, a los
argumentos y planteamientos de Estados Unidos. Una posición más matizada, propia, no solo respondería mejor a lo que en este momento demanda la sociedad mayoritariamente, sino que contribuiría, junto a la posición de otros Estados del mundo, a dar
una oportunidad a las vías diplomáticas, a fortalecer un marco de relaciones internacionales aún vigente, regido por reglas que implican que no se puede atacar a un Estado soberano, salvo en casos de legítima defensa; a impedir que se imponga la
doctrina de la guerra preventiva, que tantas incertidumbres abre; a fortalecer a la ONU como organización internacional en la que dirimir los contenciosos, a lo que, por cierto, no ayudan las afirmaciones del señor presidente del Gobierno cuando
dijo que con o sin resolución del Consejo de Seguridad prestaría apoyo al eventual ataque militar de Estados Unidos contra Irak; a evitar la deriva por la que Estados Unidos trata de meter a todo el mundo; a evitar sufrimientos innecesarios a la
población iraquí, de los que ya sabe bastante y, de paso, a no agudizar la frustración en el mundo árabe.
El señor Bush ha explicitado su doctrina en el informe presentado al Congreso norteamericano. La supremacía militar norteamericana se aumentará y se usará. No permitirá que ningún Estado se la cuestione. Se autootorga la capacidad de
intervenir militarmente donde lo considera oportuno; no se siente obligado a respetar las resoluciones de la ONU, naturalmente sólo aquellas que sean favorables a sus intereses, y tampoco otro tipo de acuerdos, como el Tribunal Penal Internacional,
el cambio climático, etcétera. Impondrá su modelo económico y social al orbe entero. Esta doctrina es la que está detrás de su propuesta de intervención militar contra Irak y no, desde luego, la lucha contra el terrorismo ni la defensa de los
derechos humanos. Como muy bien dice Amnistía Internacional, esta guerra, si se hace, no se hará en defensa de los derechos humanos, como se demuestra en la actuación del Gobierno estadounidense en tiempos pasados en relación con el propio régimen
iraquí, al que Estados Unidos apoyó sin rubor también en los casos de violación de derechos humanos. Estados Unidos plantea invadir Irak porque busca el control en una zona rica en petróleo dentro de una estrategia más amplia y que hoy está clara
para quien la quiera ver; una doctrina que, tarde o temprano, resultará nefasta para todos. En estas circunstancias -y voy concluyendo- es más importante, si cabe, la posición del Gobierno y de otros gobiernos del mundo. Es necesario, en nuestra
opinión, un contrapeso a ese mundo unipolar y unilateral que quiere imponer Estados Unidos.
Haciendo referencia a las enmiendas que se presentan a nuestra moción, tengo que decir que no vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que trata de dulcificar, de hacer menos explícitas las contundentes afirmaciones del
señor presidente que expresan de verdad la posición del Gobierno, pero en el fondo mantiene la misma posición: el único culpable es Irak; plantean una nueva resolución de la ONU, que nosotros creemos innecesaria porque hay suficientes
resoluciones, y sigue manteniendo el apoyo a la acción militar de Estados Unidos sobre la base de convenios y tratados que, por cierto, o bien otros Estados no firman en las mismas condiciones o desde luego las interpretan de una forma bien
distinta.
No vamos a aceptar las enmiendas de Izquierda Unida no porque no sean interesantes y porque no aporten cuestiones concretas a nuestra moción, sino porque nos parece que en este momento algunas están implícitas en nuestra propuesta y otras
introducen aspectos que podemos contemplar en otro marco.
Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista dando una nueva redacción al primer párrafo de su enmienda, que pasaría a transformarse en un nuevo punto 2, que diría: En tanto dure la labor inspectora de las Naciones Unidas,
el Gobierno no se implique en una acción militar unilateral de Estados Unidos contra Irak. El segundo párrafo se convertiría...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Vázquez, concluya, por favor.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Termino inmediatamente, señora presidenta.
El segundo párrafo se convertiría en un nuevo punto 3 en su literalidad.
Empezaría diciendo: En todo caso, el Gobierno mantendrá informados..., y así hasta el final.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de interpelación urgente, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Hemos presentado unas enmiendas que son, en su literalidad, las mismas que ya fueron votadas la semana pasada en esta Cámara y que tuvieron el voto mayoritario de todos los grupos, a excepción del Grupo Parlamentario Popular. Así pues, no
me voy a extender en el contenido de las mismas.
Simplemente, quiero agradecer al diputado proponente que las haya aceptado.
Deseo insistir en un punto en el que esta mañana no hemos conseguido una respuesta positiva, ni siquiera por parte de la propia ministra de Asuntos Exteriores, señora Palacio, y es que no terminamos de comprender por qué, habiéndose
celebrado en todos los parlamentos de los países de la Unión Europea -hoy acaba de terminar en la Cámara de los Comunes el debate que ha patrocinado el primer ministro, señor Blair, y mañana lo va a hacer el primer ministro Berlusconi, se ha
discutido ya en el Bundestag y también se ha hecho en la Asamblea Nacional francesa con los ministros de Asuntos Exteriores-, el presidente del Gobierno, señor Aznar, se niega a que se celebre un debate monográfico en el que informe, consulte y
debata con los distintos grupos parlamentarios cuál es la posición del Gobierno. Después de haber escuchado esta mañana a la ministra, nos parecen impecables sus explicaciones y los criterios vertidos, pero, desgraciadamente, hemos podido constatar
que entre las declaraciones de la ministra y las del presidente del Gobierno hay una visión completamente diferente. Sería útil que, finalmente, el Partido Popular convenciera al presidente del Gobierno de que no estaría de más y sería sumamente
positivo para esta Cámara y para la opinión pública española que este debate pudiera celebrarse. Por eso, en el día de hoy reclamamos, una vez más, que se tenga en cuenta esta petición de todos los grupos de la oposición para que, finalmente, este
debate que venimos reclamando desde hace tres semanas pudiera realizarse.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Marín.
Para la defensa de su enmienda, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, pocas veces estamos ante una crisis internacional en la que se vea tan claramente cuáles son las intenciones de los Estados Unidos. Se ve claramente que la única intención que mueve a Estados Unidos es la de controlar el petróleo
iraquí; una situación que se ha puesto sobre la mesa cuando el propio presidente Bush llama a los países aliados a repartirse el botín de guerra antes de cazar el oso. Es una de las mayores pruebas de cinismo que se han escuchado en los últimos
tiempos. A eso se le intenta dar todo un ropaje, pero por mucho que se le intente vestir no se puede ocultar esta verdadera intención. El presidente Aznar dijo rápidamente que España estaría de parte de los Estados Unidos fuese cual fuese la
opinión de Naciones Unidas y eso, por mucho que el Partido Popular lo quiera ocultar hoy, ha sido lo único que ha dicho el presidente Aznar, que lo dijo además fuera de esta Cámara. No ha tenido ni siquiera la deferencia con esta Cámara de venir a
explicar cuál era su postura. A partir de ahí, el Grupo Federal de Izquierda Unida ha venido diciendo que apuesta por la paz, que es la única forma de defender los intereses de nuestro país y que es la mejor contribución que se puede hacer en estos
momentos a una situación mundial donde un conflicto con Irak vendría, nada más y nada menos, a echar más leña a un fuego demasiado caldeado. Nos sorprende que se siga situando la cuestión en el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y
nos sorprende que se siga utilizando sin vergüenza política una doble vara de medir. Hace pocas horas el Gobierno de Israel ha dicho, una vez más, que se niega a cumplir una resolución de Naciones Unidas. ¿Qué estaríamos diciendo en esta Cámara si
Sadam Husein dijese públicamente que se niega a cumplir una resolución de Naciones Unidas? Lloverían las bombas y los misiles sobre Irak. Pues bien, Israel lo acaba de decir, Sharon lo acaba de
decir y nuestro grupo no va a pedir que se bombardee Jerusalén. Al contrario, va a pedir que se utilice la diplomacia como lo hicimos en el caso iraquí.
Por lo tanto, en estos momentos no hay ninguna razón para emprender una guerra, salvo los intereses de controlar el petróleo iraquí, salvo los intereses de acabar con una situación que enturbia las posibilidades económicas de los Estados
Unidos y controlar un sector estratégico como el petróleo. Una política exterior independiente insistiría a Estados Unidos para que, de una vez por todas, se comprometa a no utilizar la violencia y a no hacer uso de la fuerza militar contra Irak.
Los que dicen que en estos momentos Irak es un peligro para la humanidad no hacen, ni más ni menos, que mentir. En este momento, Irak no es más peligroso de lo que puede ser Pakistán. Por supuesto, Pakistán tiene armas nucleares y en este momento
tenemos serias dudas de que no las pueda utilizar. Por tanto, no se puede decir que Irak es un gran peligro para la humanidad, un país que lleva años con una situación económica penosa por culpa de un embargo que ha causado decenas de miles de
muertos inocentes; hay niños que mueren todos los días, simplemente porque tienen embargados los medicamentos que necesitan. Desde esa perspectiva, ¿qué autoridad moral tiene Estados Unidos para estar planteando en este momento una invasión de
Irak? No tiene ninguna. Y este Parlamento debería dar un ejemplo de respeto de los derechos humanos, de dignidad democrática y pedirle a Estados Unidos -y ese es el motivo de nuestra enmienda- que deje de seguir preparando la guerra, de seguir
involucrando al mundo en un conflicto de muy difícil solución y que se decida por la paz, que es, ni más ni menos, lo que le viene a pedir la comunidad internacional.
Creemos que el Partido Popular debería cambiar. La semana pasada tuvo una oportunidad y hoy tiene otra. Puede quedarse sólo de nuevo defendiendo a su presidente del Gobierno y tener nuevamente mayoría en esta Cámara, pero estoy seguro que
en la calle no la tiene. Estoy seguro que la población española está cada vez más convencida de que el Partido Popular está actuando en contra de los intereses de España. Por eso, desde Izquierda Unida consideramos que es el momento de plantar
cara, de una vez por todas, a una situación internacional, a una reglas de juego internacionales que no pueden estar en función de lo que esta mañana la ministra llamaba potencia hegemónica y que nosotros llamamos imperio, da igual cómo se le llame.
La realidad es que no podemos seguir permitiendo que Estados Unidos marque de forma exclusiva los intereses de nuestro país. Pasado mañana vamos a discutir una enmienda...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Centella, ha concluido su tiempo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para la defensa de su enmienda el señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, por enésima vez vamos a reiterar que estamos ante un caso de flagrante y reiterado incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas y de la legalidad internacional. Son 16 resoluciones de Naciones Unidas las que no se han
cumplido. La última, la resolución 1284, de apenas hace tres años, que reiteraba todas las anteriores y que establecía otra vez el criterio de inspecciones.
Irak es una amenaza real, seria, grave e inminente en una de las zonas más convulsas y delicadas de la tierra. Ha demostrado con claridad y con tozudez que es un régimen expansivo y agresivo. Ha invadido dos veces a vecinos: a Irán, en el
año 1980, y a Kuwait, en el año 1990. No somos ajenos ni nos deja de preocupar la situación geopolítica en la región.
Como todos, sabemos que hay cuestiones importantes en la zona que tienen que ser abordadas de manera clara y no seremos nosotros
quienes lo neguemos. Sabemos que hay situaciones como, por ejemplo, la falta de solución al conflicto árabe-israelí, que siguen siendo una fuente de frustración y de odio en buena parte de la sociedad y de la opinión pública de la región. Ahora
bien, por el hecho de que las delicadas circunstancias geopolíticas y geoestratégicas de la región sean una realidad, no debemos renunciar nosotros a hacer lo que tenemos que hacer como gobiernos responsables y como comunidad internacional
responsable.
Se está produciendo una curiosa paradoja que podríamos llamar la paradoja de la resolución. Hace apenas unos días, quizá unas semanas, desde muchas partes, incluso desde este arco parlamentario, se reclamaba una resolución de Naciones
Unidas. Nosotros apoyamos que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se volviera a pronunciar sobre esta cuestión; no renunciamos a ello y seguimos sin hacerlo. Y respecto a la vuelta de los inspectores a Irak, algunos gobiernos del mundo
pedimos una nueva resolución que ratifique la 715 y la 1284 y que establezca los criterios claros que eviten que Irak pueda volver a poner condiciones como se las impuso a UNMOVIC. Pues bien, hoy no se escucha por ninguna parte a aquellos que hace
semanas reclamaban una resolución.
Hablando de la vigencia del mandato, que es quizá el contenido de la enmienda socialista, nosotros estábamos de acuerdo con el espíritu de la enmienda. El problema no es el mandato; el mandato sigue vigente, las resoluciones 715 y 1284
están vigentes, hay que reforzarlas
con una nueva para evitar que Irak pueda tratar de salirse por la tangente y volver a escapar a sus obligaciones internacionales. El problema es que si nosotros limitamos -según el criterio de la enmienda socialista cuyo espíritu
compartimos-, sería tanto como aceptar que mientras dure el mandato no se puede hacer nada. El fin no es realizar las inspecciones, el fin es el desarme de Irak, la vuelta incondicional -hoy aparentemente aceptada por Irak-, aunque nuevamente
estamos viendo cómo trata de imponer nuevas condiciones. Condiciones que, no olvidemos, eran un preaviso de cuarenta y ocho horas y la imposibilidad de que los inspectores pudiesen acceder a los complejos presidenciales, que cambiaban de
denominación según conviniese al régimen iraquí. No es aceptable para la comunidad internacional que un régimen que ha sido cogido en flagrante incumplimiento de las resoluciones pueda imponer al resto de la comunidad internacional sus condiciones,
eso no es así.
Seguimos en la fase diplomática, y son la firmeza diplomática de esta fase y la posición de gobiernos como el de España las que han logrado que Irak, aunque con condiciones que ahora de repente se saca de la manga, haya aceptado la vuelta de
los inspectores. No ha sido la claudicación, sino eso. Nosotros presentamos una resolución exhaustiva y prolija, en la que se trataban de recoger todos los elementos, especialmente aquellos de carácter jurídico, como es la responsabilidad de un
país como el nuestro en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales internacionales.
Señorías, hablaremos muchas veces de esta cuestión a lo largo de los próximos meses, sin embargo, les puedo garantizar que nosotros no vamos a regirnos por los termómetros de los sondeos de opinión. Vamos a cumplir con nuestra obligación
como Estado responsable que debemos ser.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor De Arístegui.
¿Grupos que desean intervenir en el turno de fijación de posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo ve que nuevamente se presenta, igual que la semana anterior, una propuesta que después de la interpelación ha derivado en una redacción muy similar al acuerdo que se votó la semana pasada por todos los grupos aquí presentes,
más aún cuando incorpora la enmienda transaccional del Grupo Socialista. Se abre, pues, la necesidad del respeto a la inspección, y los grupos de la Cámara entendemos que en defensa del Estado de derecho, la universalización de las posiciones de
respeto al derecho que la globalización del mercado nos obliga a aceptar y que tienen que reconducir a un nuevo orden mundial en el que se respeten todas las minorías y sus posiciones, esta interpelación es una reiteración a esta posición. Una vez
que este Parlamento se pronuncie, damos nuestra confianza a los inspectores de las Naciones Unidas, con el fin de que se realice dicha inspección, ya que ahora Irak ha abierto sus puertas a la inspección y por su cambio de posición posiblemente se
produzca un retraso o anulación de las condiciones restrictivas que ellos han solicitado. También es posible que se posponga cualquier acción militar, siempre que esta inspección se realice en tiempo y forma y con todas las coberturas. Por ello
consideramos aceptable esta proposición porque, como decíamos, respeta todos los principios que se acordaron en esta Cámara por todos los grupos de la oposición. Es cierto también que, una vez votado este tema, nosotros no nos reiteramos en esta
afirmación y dejamos claro, mediante la abstención, nuestro posicionamiento.
Entendemos que esta Cámara se ha pronunciado, que su postura queda clara y esperamos que de alguna forma este debate sobre Irak se produzca, pero que se produzca en
términos de propuesta del Gobierno; esperamos que el Gobierno explique aquí su posición, tal como solicitamos todos los grupos la semana pasada. Realmente, hoy no hubiera tenido lugar esta proposición si hubiese ya un pronunciamiento de esta
Cámara. Reiteramos nuestra abstención ante esta propuesta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Grau.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el apoyo del Estado español a un eventual de Estados Unidos
a Irak, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor, 117; en contra, 151; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 173/000153.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral.
Para la defensa y presentación de la misma, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, esta moción que hoy presenta aquí el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es consecuencia de nuestra interpelación sobre la situación de la siniestralidad laboral en nuestro país que, como tuvimos oportunidad de
señalar, produjo durante los primeros siete meses del año 2002 un incremento de accidentes mortales de aproximadamente el 9 por ciento, especialmente significativo en el sector de servicios y de la construcción. Tuvimos ocasión de debatir las
causas de esta siniestralidad, como la elevada precariedad del mercado de trabajo, el incumplimiento por parte de las empresas de medidas preventivas coherentes con la organización del trabajo que viene aplicándose y desde luego una notable
pasividad de la Administración para abordar medidas de choque. Estos accidentes mortales y los no mortales, obviamente, pueden y deben descender, como lo demuestra el que el pasado año se lograra un descenso, pero esto exige una línea de trabajo
basada en tres criterios: una rigurosa aplicación de la ley en las empresas y una adecuación de la normativa legal a las circunstancias del mercado de trabajo en España, una acción de la justicia rigurosa y eficaz y la sustitución de la pasividad
del Gobierno, poniendo en marcha un plan de medidas de choque que aborde completamente y no en aspectos parciales y a veces superficiales las causas de fondo de la siniestralidad. A estos tres objetivos responde nuestra propuesta.
En el campo de la acción de la justicia se propone una radical actuación de los mecanismos existentes, la definición de nuevos delitos, la acción decidida de la Fiscalía y nuevas penalizaciones de distinto tipo sobre los incumplimientos de
la ley. Nuestra propuesta incluye acciones de choque relevantes en los siguientes terrenos: continuidad de los planes de choque sobre las empresas con mayor siniestralidad; acciones especiales en materia de inspección de trabajo referidas a
medios, organización y recursos humanos; actuaciones específicas sobre las causas prevalentes en los accidentes mortales, especialmente las referidas a exigencias en el campo de la organización del trabajo; mecanismos que aseguren el cumplimiento
del artículo 54 de la Ley de prevención de riesgos sobre limitaciones a la facultad de contratar en la Administración e incorporación definitiva de la figura de los delegados de prevención sectorial para los trabajadores que carecen de delegados de
prevención.
Llamaremos la atención sobre las cuestiones de organización del trabajo.
Además de enfatizar la necesidad de reducir las tasas de temporalidad proponemos que se prescriba una nueva política formativa, la regulación de las relaciones de
cooperación o subordinación entre empresas, la modificación de la regulación actual de las subcontrataciones y de las ETT y la regulación de un sistema de seguridad vial con las necesarias prescripciones y obligaciones para la organización del
trabajo de las empresas que determinen las condiciones de prevención y de seguridad de transporte de trabajadores. Mención especial merece el sector de la construcción. Aquí se ha hecho evidente el abandono y la caótica situación por la que han
pasado las obras de este país en los últimos meses, en los que nada menos que 54 trabajadores de la construcción perdieron la vida este verano. En el primer semestre del año los datos oficiales decían que la construcción ya se había cobrado 141
víctimas en sus obras. Es intolerable que comunidades como Cantabria hayan multiplicado por tres los fallecidos en comparación con el año anterior, o que Cataluña supere ya los resultados de 2001, o que se sumen a las comunidades incontroladas
Castilla-La Mancha y Castilla y León. Es denunciable que la Administración haga la vista gorda y permita las numerosas irregularidades laborales que las empresas de la construcción, tanto en obra pública como privada, han cometido a lo largo de
este verano.
Existe una relación directa entre condiciones laborales y siniestralidad y entre ésta y las irregularidades labores, entre las que destacamos las siguientes: incumplimiento de convenio en horario de trabajo, realizándose hasta 11 y 12
horas; incumplimiento de convenio en jornada, trabajando sábados y festivos; contrataciones y despidos irregulares; explotación laboral a emigrantes; exceso de subcontratación, llegando a crear en las grandes obras verdaderas jaulas de grillos
imposibles de coordinar y aplicar seguridad. No es menos importante denunciar que la obra pública y sus promotores exijan imposibles plazos de ejecución, que obliga a la construcción a multiplicar esfuerzos, consiguiendo recursos, subcontratas de
donde no hay, sembrando un auténtico caos ante el que la dirección de obra no es capaz de coordinar absolutamente nada. En una palabra, la construcción exige medidas específicas, como las propuestas en nuestra moción.
Proponemos la necesidad de una nueva regulación de la apertura de actividades, la necesidad de establecer una responsabilidad única de prevención y un nuevo modelo de representación de los trabajadores en esta materia, la regulación de la
subcontratación y el diseño de nuevos criterios formativos para la responsabilidad de diseño y obras entre otras medidas. Nuestra propuesta se refiere a diversos campos de actuación que inciden en la siniestralidad, la normativa legal, la
inspección, el aseguramiento, las condiciones productivas, la investigación, la regulación de la construcción, el
sistema de justicia, el sistema de representación de los trabajadores, todos aquellos campos que la experiencia nos dice que influyen en la mejora de la dramática situación actual. Señorías, tienen ustedes la oportunidad, votando esta
moción, de lanzar a la sociedad española el mensaje de que va en serio la lucha contra la siniestralidad. Quiero agradecer a los diputados del Grupo Popular el esfuerzo de aproximación que han intentado con su enmienda, pero es insuficiente. Este
ya no es un tema de paños calientes, sino de medidas y propuestas concretas, en este caso nosotros les diríamos que no son sólo de Izquierda Unida. Decir sí a esta moción es decir sí a las propuestas de los sindicatos y al informe Durán, que
ustedes lo encargaron y siguen guardando en los cajones.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señora presidenta, señorías, en estos dos años de legislatura se han presentado en esta Cámara cinco interpelaciones urgentes con sus respectivas mociones para instar al Gobierno a que adopte medidas para reducir
los índices de siniestralidad laboral que se registran en nuestro país; cinco interpelaciones urgentes en dos años, señorías, y mucho nos tememos que no serán las únicas. Ello fundamentalmente por dos razones: por el continuo y alarmante
incremento de los accidentes laborales en nuestro país y por la pasividad, la indolencia y la falta de voluntad política del Gobierno para atajar esta vergonzosa lacra, que hace que seamos el peor país de Europa en lo que a seguridad laboral se
refiere.
Señorías, desde la llegada al poder de este Gobierno en 1996 los accidentes laborales con baja han aumentado en más de un 55 por ciento; se han producido más de 10.000 accidentes mortales, 7.000 en el lugar de trabajo y más de 3.000 in
itinere, a los que hay que añadir los sufridos por los trabajadores autónomos, que no vienen recogidos en las estadísticas. Les recuerdo que según los informes de las mutuas de accidentes de trabajo cada día de trabajo muere un trabajador autónomo
por accidente laboral. Todo ello hace, como hemos dicho antes, que España se haya convertido en el país de la Unión Europea con el mayor índice de siniestralidad laboral. Ante ello, ¿qué hace el Gobierno? Pues sencillamente nada. El Gobierno,
instalado en la apatía, en la dejadez y en una pasividad exasperante, en vez de afrontar este gravísimo problema y tomar decisiones que frenen y acaben con esta lacra, se dedica sólo a edulcorar las cifras, a repartir responsabilidades y a realizar
continuas declaraciones de buenas intenciones, como las últimas que ha hecho el señor Zaplana.
Decía el señor ministro en el debate de la semana pasada que esta cuestión exige la actuación conjunta de los agentes sociales, de las administraciones públicas y de todas las fuerzas políticas. Estamos de acuerdo, pero no debe olvidar el
señor ministro que los agentes sociales y las fuerzas políticas, todas, excepto el Partido Popular, hace años que estamos proponiendo medidas concretas para solucionar este problema y que es el Gobierno y el grupo que lo sustenta el que, instalado
en la complacencia, no quiere aceptar ninguna de ellas. En febrero de 1998 se aprobó en esta Cámara por unanimidad una moción consensuada por todos los grupos políticos en donde se recogieron una serie de medidas tendentes a frenar el aumento de la
siniestralidad. Pues bien, en mayo de 2000, dos años después, se presentaba otra moción instando a que se cumpliera la aprobada en 1998. En esos dos años el Gobierno no había hecho nada. En marzo de 2001 se presentó el llamado informe Durán,
encargado por el presidente del Gobierno. Ha pasado año y medio y no se ha puesto en marcha ni una sola de las medidas propuestas en él, ni una sola de las medidas propuestas en el informe que encargó el propio presidente del Gobierno.
Hace unos días, seguramente preocupado por la alarma social surgida ante el escandaloso número de accidentes mortales acaecidos en los seis primeros meses de este año, el señor ministro anunciaba que iba a llevar a la mesa de diálogo social
de prevención de riesgos laborales un paquete de medidas -decía textualmente- sobre las que podamos hablar y discutir.
Lo que se necesita, señor ministro, no es hablar y discutir más y mucho menos de medidas como las que ha anunciado el señor
ministro, que ya están acordadas y consensuadas en el Plan de acción sobre la siniestralidad laboral de 1998. Lo que se necesita es ponerlas en marcha y dotarlas de los recursos económicos y humanos necesarios para ello. No se trata, como decía el
señor ministro el miércoles pasado en esta Cámara, en clara referencia al Grupo Socialista, de que desde la oposición utilicemos esta cuestión con el único interés de sacar provecho político; no, señor ministro. De lo que se trata es de que a
nosotros, al Grupo Socialista, nos preocupa la seguridad de los españoles, la seguridad ciudadana, la seguridad laboral y a ustedes no. Ustedes, en su irresponsabilidad, no quieren o no pueden, por tener otro tipo de intereses, emprender acciones
concretas para garantizar la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Señores del Gobierno, no hagan más declaraciones de cara a la galería como las que hace el señor Zaplana y pónganse a trabajar de
una vez por todas para prevenir y reducir esta vergonzosa altísima tasa de siniestralidad, impropia de un país moderno como es el nuestro.
Gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor González Vigil.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Bloque Nacionalista Galego comparte la preocupación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, autor de la moción, y la de otros grupos parlamentarios por las altísimas tasas de accidentes laborales. Asimismo comparte
la necesidad de que el Gobierno se tome en serio este asunto y más allá de las palabras ponga en marcha un plan de actuación para erradicar y prevenir al máximo posible los accidentes laborales. Para eso, efectivamente, puede tener en cuenta los
múltiples informes y propuestas que desde hace tiempo realizan organismos y personalidades solventes, todas ellas competentes en la materia. Lo que está claro es que las medidas adoptadas hasta el momento y/o su aplicación práctica son
insuficientes e ineficaces para limitar a niveles razonables -no sé si en este campo hay algo razonable-, yo diría casi a niveles inevitables, los siniestros laborales. Cuando en un país el nivel de siniestralidad laboral es de los más altos de
Europa, no se puede permanecer indiferente o mantener posiciones timoratas o dilatorias. Es obvio, señoras y señores diputados, que estamos hablando de seres humanos, personas que pierden la vida o que sufren lesiones, y muchas de ellas, por
cierto, lesiones que las incapacitan. Las acciones a desarrollar son múltiples, de amplio espectro. Deberían fomentarse las medidas preventivas, en todo caso algunas de ellas. Se ha hablado mucho, pero es evidente que hay que tener en cuenta
aquellas que favorezcan la permanencia en el puesto de trabajo y mejoren las condiciones laborales.
Todos los estudios establecen una relación entre precariedad laboral, condición laboral y el número de accidentes. Habrá que fomentar la formación
de los propios trabajadores, el cumplimiento de las normas de seguridad y habrá que hacer cumplir a las empresas las normativas, realizar inspecciones a fondo y aplicar sanciones severas a los incumplidores. En cualquier caso, es más que evidente
que las autoridades competentes deben ser mucho más beligerantes. Deben comprometerse mucho más en la lucha contra este fenómeno.
Nosotros presentamos una enmienda al texto de la moción para hacer referencia explícita a un colectivo, el de los trabajadores del mar, en el que se da el más elevado índice de gravedad en los siniestros laborales. Es verdad que en su día
el Bloque Nacionalista Galego promovió una moción sobre la siniestralidad en el mar y las medidas para corregirla; es verdad también que este Pleno aprobó unánimemente una serie de medidas a aplicar en este terreno. Desde entonces los avances en
esta materia son casi nulos y no está de más insistir en esta cuestión.
Nuestra enmienda propone añadir un punto nuevo a la moción que dice: Proponer al Congreso en el plazo de tres meses las medidas legislativas necesarias para reducir la
siniestrabilidad en los buques y embarcaciones marítimas y adoptar de forma inmediata todas las medidas administrativas necesarias para mejorar las condiciones de trabajo en el mar, particularmente a bordo de los buques pesqueros, además de diseñar
políticas específicas para reducir la incidencia de la siniestralidad laboral en la pesca y para reducir el elevado índice de mortalidad y accidentes graves en este sector. No creo que sea necesario insistir en que la actividad pesquera es de las
más peligrosas que se realizan y que, si bien el índice de siniestros no es de los más altos, sí lo es su gravedad. Por tanto, no está de más volver a insistir y explicitar un tema tan importante en el contexto de una tan importante moción como
esta.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA(Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta. Señor Antero, le agradezco a S.S. el reconocimiento que ha hecho del esfuerzo que hemos realizado para tratar de llegar a un acuerdo en esta materia, que en ningún caso era una
propuesta de paños calientes; S.S. lo sabe. Sabe que el próximo día 14 se reunirá la mesa de diálogo social para el análisis de la siniestralidad laboral, que va a estar presidida por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y a la que han
confirmado su asistencia los secretarios generales de las dos centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras y UGT. Señorías, cualquier acuerdo que podamos alcanzar en esta materia en esta Cámara, previa a esa reunión de la mesa de diálogo
social, condicionará de alguna manera la posición de las partes en ese proceso de diálogo social. No obstante lo anterior, es importante que esta Cámara continúe mostrando su preocupación, debatiendo sobre un problema tan grave como el de la
siniestralidad laboral, que supone un drama personal y familiar para muchos y muchas españolas.
Apunta usted una serie de causas, algunas de las cuales van a ser objeto de análisis de esa mesa de diálogo social, pero que han quedado desvirtuadas también por los informes y por los estudios de muchos expertos. El propio profesor Durán,
al que usted aludió en su intervención, nos ha dicho en su comparecencia que ligar la siniestralidad con la temporalidad es una explicación puramente simplista. Hay una mera relación estadística que no explica el fenómeno de la siniestralidad
laboral.
Así, en sectores donde hay una alta ocupación mediante contratos temporales el índice de siniestralidad es relativamente bajo, mientras que en sectores que de por sí presentan una alta siniestralidad ésta afecta
también a los trabajadores temporales. Es cierto que habrá que analizar el ámbito de la subcontratación y del trabajo a destajo. Ya se lo ha confirmado el ministro en la interpelación del otro día, de la misma manera que el presidente del
Gobierno, en respuesta al portavoz de su grupo parlamentario, señor Llamazares, a una pregunta oral formulada en el Pleno, anunció ya una serie de propuestas que el Gobierno va a realizar a los integrantes del diálogo social.
Decir que España es el país que presenta los índices de siniestralidad más altos de Europa no se compadece con las informaciones que tenemos.
Concretamente, el día 28 de abril de este mismo año el periódico El País señalaba que España
ocupaba el cuarto lugar en los índices de incidencia de la siniestralidad laboral, por debajo de países como Dinamarca, Suecia o Bélgica. Cierto que Dinamarca incluye a los trabajadores autónomos en sus estadísticas, pero no me pueden negar SS.SS.
que Bélgica no incluye a los autónomos ni tampoco a los trabajadores que prestan sus servicios en el sector público. Desde luego, no hay ninguna pasividad por parte del Gobierno ni ninguna falta de sensibilidad a lo largo de estos casi seis años
que lleva en vigor la Ley de prevención de riesgos laborales; una ley que, por cierto, tendría que haber estado en vigor en España mucho antes si el Partido Socialista hubiera realizado la transposición de la directiva y evitado que nuestro país
recibiera tres amonestaciones de la Unión Europea; hubiéramos avanzado mucho. Señorías, tenemos una buena legislación, pero es compleja y además indiferenciada. Es compleja, por tanto, es difícil su aplicación por parte de las empresas; y es
indiferenciada, pero no todas las empresas son iguales. Habrá que profundizar en esa propuesta que nos hace el profesor Durán en su informe.
Señorías -repito- hemos tratado de llegar a un acuerdo y de dar una respuesta satisfactoria a S.S., de llegar a un acuerdo similar al que hemos llegado la semana pasada en materia de violencia doméstica. No ha sido posible quizá porque las
conversaciones con otros grupos parlamentarios lo han impedido, quizá porque el posible debate de la iniciativa legislativa popular pendiente en esta Cámara también lo haya dificultado, pero -repito-, tal como dije anteriormente, cualquier acuerdo
que alcancemos en esta Cámara previo a la celebración el día 14 de la mesa de diálogo social sobre siniestralidad laboral será distorsionante para la posición de las partes que integran esa mesa.
Nada más. Señora presidenta, señorías, muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Pérez Corgos.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
El problema de la siniestralidad laboral viene ocupando desde hace años en España, así como en el resto de los países industrializados y concretamente en el ámbito más inmediato de la Unión Europea, una posición destacada en su prioridad por
su gravedad. Es una incidencia a la que se vienen atribuyendo por los expertos causas muy distintas, desde empleos precarios en los que hay poca formación de seguridad del trabajador, hasta circunstancias de la propia tecnología y de la envergadura
de las obras de tipo civil, tecnológico, etcétera, con los riesgos laborales que cada sector o subsector de la economía de la construcción acarrea al respecto. Además, en España, en este Parlamento, ya hemos tomado decisiones que van desde el
Estatuto de los Trabajadores hasta la Ley de prevención de riesgos laborales y anualmente, en cada periodo de sesiones, también ha habido algún debate con este objetivo de reducir la siniestralidad laboral.
Ahora nos llega una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que tiene una serie de recomendaciones, advertencias, incidencias e instancias al Gobierno. Estas instancias al Gobierno vienen detectadas por los mismos
hechos y a mi grupo le parecen muy razonables y que hay que poner encima de la mesa. Por ello hay una decisión que corresponde previamente a otras entidades. Mi grupo no puede votar una serie de instancias al Gobierno que entiende que pasan por la
competencia de unas comunidades autónomas, en el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Canarias, con competencias transferidas en temas laborales y concretamente de seguridad laboral, hasta la propia inspección, y que ha motivado que tanto
la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno autónomo de Canarias como el Parlamento autónomo de Canarias hayan entrado a discutir y debatir aspectos que son de competencia estatutaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, pero que
muchos de ellos hemos tenido que referirlos a la reunión de las mesas, comisiones o conferencias sectoriales del ámbito de la seguridad laboral, y creemos que ahí está uno de los primeros escenarios.
En segundo lugar, nosotros coincidimos plenamente con una observación que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y es que para el día 14 de noviembre está convocada la mesa de diálogo de siniestralidad laboral y la conferencia
sectorial correspondiente. Para un proceso legislativo que correspondería a esta Cámara hay que escuchar lo que tienen que decir las comunidades autónomas, los sectores sindicales, los sectores empresariales, en una palabra los sectores sociales
que tienen que dar su opinión como tales agentes sociales, laborales o empresariales. No quisiera en este momento tomar una decisión que suplantara posiciones de los sindicatos, de las confederaciones empresariales y de las comunidades autónomas.
Vamos a
hacer las cosas siguiendo los pasos reglamentados hasta que llegue a la Cámara una proposición o un proyecto, si lo trae el Gobierno, de adecuación de la legislación actual de siniestralidad laboral y de prevención de riesgos laborales para
que podamos pronunciarnos al respecto, teniendo en cuenta la incidencia. Si tomáramos en el día de hoy una resolución en la Cámara acabaríamos por crear un conflicto de ideas o de competencias con esta mesa de diálogo de siniestralidad laboral.
Por tanto, si el acuerdo que acepte el grupo proponente está en la línea de respeto a esta reunión del día 14 de noviembre próximo de la mesa de diálogo de siniestralidad laboral y la conferencia sectorial de las comunidades autónomas, votaríamos
favorablemente; si no, no podríamos por las razones aducidas votar la iniciativa originaria que trae causa de este debate.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de cinco interpelaciones, como nos recordaba el portavoz del Grupo Socialista, después de las cifras que todos conocemos y compartimos, Convergència i Unió entiende que alrededor de esta cuestión se impone una nueva mirada,
una nueva perspectiva de abordar el problema que estamos intentando resolver de manera colectiva; una nueva mirada en la que nadie pretenda situarse en este terreno en el ámbito de la lucha electoral -nos recordaban los agentes sociales en una
reunión la semana pasada que quizá durante demasiado tiempo hemos buscado todos rédito electoral a la cuestión de los accidentes laborales-; una nueva mirada para que todos (administraciones, empresas, trabajadores, sindicatos, grupos políticos,
responsables de gobierno en el conjunto del Estado) nos hagan asumir nuestras responsabilidades; una nueva mirada que asuma la complejidad de lo que estamos hablando, que no pretenda situar toda la responsabilidad de lo que sucede en los problemas
derivados de la temporalidad de la subcontratación o que intente encontrar la única explicación en el incremento de la actividad económica; una nueva mirada que sea capaz de huir de las urgencias mediáticas, por ejemplo las que hemos vividos en mi
país, en Cataluña, este verano; y una nueva mirada que sea capaz de poner el acento en las causas de los accidentes de trabajo, en la prevención dentro de las empresas y en la responsabilidad compartida. Nos parece, señorías, que los debates que
hemos vivido en esta Cámara y los que estamos viviendo hoy en los medios de comunicación se alejan de estos planteamientos. Estamos convencidos de que necesitamos más medios para hacer frente a las necesidades que la Inspección de Trabajo tiene en
este ámbito, pero también de que hay que adaptar la legislación a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. La actual legislación no da respuesta hoy a nuestro tejido productivo. También somos conscientes de que nuestras empresas deben
gastar más en prevención y quizá deberemos adaptar nuestra fiscalidad a esta realidad del mundo de las empresas. Estamos convencidos de que la actitud personal de los trabajadores y la de las organizaciones sindicales hacia los propios trabajadores
en ese ámbito también es fundamental. En ese terreno también los trabajadores tienen sus responsabilidades. Estamos convencidos de que hay que desarrollar el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos y ser capaces de encontrar alguna solución
a los problemas derivados de la subcontratación. Somos conscientes de que hay que aplicar el informe Durán, junto con el plan de acción que en su día aprobó el Gobierno.
Señorías, a esta altura de los debates, después de cinco interpelaciones, de cinco mociones, del eco mediático producido por las muertes de estos meses, creemos que nos toca esperar al día 14. Se ha convocado una conferencia sectorial, una
comisión específica, con la participación de gobiernos autonómicos y agentes sociales, y el Gobierno ha anunciado su voluntad de presentar en la misma las iniciativas políticas, legales y administrativas correspondientes. Por una simple cuestión de
prudencia y de respeto a la capacidad de autogobierno de las comunidades autónomas y a la capacidad de autodecisión de los agentes sociales, Convergència i Unió esperará a los resultados de esa reunión. En función de eso, mi grupo parlamentario
tomará las iniciativas políticas correspondientes, pero hoy, señorías, nos toca rechazar esta propuesta de Izquierda Unida.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
Señor Ruiz, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Señora presidenta, aceptamos las cuatro enmiendas que presenta el Grupo Socialista y la enmienda que presenta el Grupo Mixto, a través del Bloque Nacionalista Galego. Por otra parte, aceptaríamos la
enmienda que presenta el Grupo Popular pero como una enmienda de adición, no como una enmienda de sustitución.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral,
en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez, que han sido aceptadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 114; en contra, 163.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA DAR UNA SOLUCIÓN ADECUADA A LOS AFECTADOS POR LA CRISIS DE LAS ACADEMIAS OPENING ENGLISH SCHOOL Y LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR PARA INCREMENTAR LA PROTECCIÓN DE
LOS USUARIOS DE LA ENSEÑANZA NO REGLADA.
(Número de expediente 173/000154.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las actuaciones del Gobierno para dar solución adecuada a los afectados por la crisis de las academias Opening English School y las
medidas que va a adoptar para incrementar la protección de los usuarios de la enseñanza no reglada. Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra la señora Pozuelo.
(Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo aquellos que vayan a permanecer de conversación porque hay una diputada en la tribuna esperando intervenir. Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, proponemos en esta moción una serie de medidas más que razonables para dar respuesta a una nueva crisis que ha afectado a miles de consumidores españoles y que paliarían en gran medida el déficit de protección que se ha puesto de
manifiesto. Son 45.000 los ciudadanos españoles que llevan semanas demandando una solución puntual relacionada con el cierre de los centros de idiomas Opening y muchos más nos requieren que incrementemos su protección para evitar que situaciones
como esta sigan produciéndose.
Nos preocupa la falta de iniciativa y de capacidad del Gobierno para dar una solución adecuada a este problema. Desde el primer momento en que estalló la crisis de Opening hemos manifestado que la solución al problema puntual pasaba por
tres líneas de actuación: conseguir la paralización de la ejecución de los créditos hasta tanto no se resuelva la situación jurídica creada por el incumplimiento de las prestaciones que financiaban y, por tanto, la exigibilidad o no de los
créditos; poner en conocimiento del Banco de España las circunstancias en que se suscribían esos créditos, con el objeto de que se investigue la posible vulneración de la normativa bancaria, y pedir desde el Gobierno una investigación del fiscal
general del Estado ante el cúmulo de irregularidades denunciadas por los usuarios de Opening, por si son constitutivas de delito.
La semana pasada, la ministra, en la repuesta a la interpelación formulada por el Grupo Socialista, nos anunció a bombo y platillo que se había llegado a un acuerdo con los bancos para solucionar el problema de los afectados por el cierre de
las academias. El acuerdo consistía en que todos los alumnos de Opening que estuviesen pendientes de finalizar los estudios contratados y al corriente del pago del crédito a favor de estas entidades tuvieran la posibilidad de continuar sus estudios
en los centros franquiciados y en los centros de Wall Street. Ahora ya sabemos algunos datos más de ese acuerdo. Conocemos que en realidad no es un acuerdo sino un preacuerdo, como lo ha designado el propio ministerio y su directora general de
Consumo. También sabemos que las franquicias de Opening no participaron en el mismo y que Wall Street lo condiciona al cierre definitivo de los centros Opening, a la capacidad de absorción de los alumnos y a que muchas de las franquicias de Wall
Street no participen en el diseño de dicho acuerdo. Este acuerdo que el otro día nos trajo aquí la ministra como la gran solución al problema de los 45.000 afectados no es más que un acuerdo unilateral, restrictivo y excluyente que sólo beneficia a
las entidades bancarias que lo suscribieron y del que muy pocos afectados van a poder beneficiarse. La realidad es que este acuerdo no es más que fuegos de artificio que el Gobierno trajo a esta Cámara para salir al paso de un problema grave que
afecta a miles de usuarios repartidos en todo el territorio nacional. La ministra se ha equivocado. Esto no es un concurso de televisión en el que gana el que conteste primero. No es serio y es lamentable, desde nuestro punto de vista, que la
ministra de Sanidad y Consumo anuncie en esta Cámara un acuerdo que se ha hecho contra los consumidores y para garantizar los derechos de las entidades bancarias. Esta no es sólo la opinión de mi grupo parlamentario; es además la opinión que le
merece el acuerdo a la práctica totalidad de las asociaciones de consumidores y usuarios, a muchas comunidades autónomas, que así se pronunciaron ayer en la comisión de cooperación de Consumo, a la confederación española de centros de formación, a
los propios centros franquiciados que no han participado en el acuerdo y a los afectados, que han manifestado que este no es un acuerdo, sino un rumor que circula por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y que difícilmente en su mayoría van a verse
beneficiados del mismo.
El Gobierno, desde nuestro punto de vista, ha debido ser más ambicioso y debería haber logrado un compromiso con las entidades de crédito para suspender la ejecución de los créditos, tal como ha hecho alguna comunidad autónoma, como, por
ejemplo, la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se trataría simplemente de que el Ministerio de Sanidad y Consumo cumpliese aquello a lo que fue instado por las comunidades autónomas en la comisión de cooperación de Consumo y por las asociaciones de
consumidores en el Consejo de consumidores y usuarios. Lo que el Gobierno no hace lo están haciendo de hecho las comunidades autónomas: han conseguido suspender la ejecución de los préstamos con un acuerdo con las entidades financieras, como he
señalado anteriormente, en la Comunidad Autónoma de Aragón. Se han dirigido al fiscal general del Estado y al Banco de España para que estudien la situación de los contratos de estas entidades financieras que se suscribían a través de la empresa
Opening, tal como se comprometió el Gobierno y como acordaron todas las comunidades autónomas el pasado 11 de septiembre.
Incorporamos en nuestra moción además algunas actuaciones que mi grupo considera imprescindibles para mejorar la protección de los usuarios de la enseñanza no reglada y que se ha hecho necesario reformar. Exigimos una información exacta,
adecuada y veraz en la publicidad de los centros dedicados a impartir enseñanzas no regladas sobre las prestaciones que ofrecen, las modalidades de pago y la carencia de validez académica de las enseñanzas que imparten. Queremos que se vele por la
obligación de informar en los contratos de créditos formalizados en los centros dedicados a impartir enseñanza del derecho de revocación que contempla la ley sobre contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles.
Queremos que se
modifique la Ley de crédito al consumo, en sus artículos 15 y 16, de manera que se suprima la exigencia de exclusividad de las entidades de crédito, para que el consumidor tenga más derechos a la hora de ejercer los mismos. Solicitamos además, y
creemos que se debe conceder, que sea un derecho del consumidor y una decisión del mismo la posibilidad de optar a que cuando se contrata un servicio que se recibe a lo largo de un tiempo determinado, se pueda pagar en una sola vez o se pueda hacer
un pago fraccionado. Estos son derechos de los consumidores que desde nuestro punto de vista no pueden vulnerarse y que deben modificarse legalmente para que se puedan acoger a ellos.
Tienen ustedes, señorías, la oportunidad de apoyar esta propuesta que el Grupo Parlamentario Socialista ha traído a esta Cámara con un solo objetivo: el de defender los intereses y los derechos de los consumidores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego presenta una enmienda de modificación al apartado 7 de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, porque pensamos que sería clave en un tema como éste regular normativamente la obligación de contemplar el
pago fraccionado de los cursos de enseñanza no reglada a medida que se vayan prestando los servicios como forma habitual de pago. Nada tenemos en contra de que se pueda admitir otro sistema de pago como el anticipado o a través de créditos al
consumo, siempre que exista una renuncia expresa por parte del interesado, es decir, del consumidor, al pago fraccionado.
Nosotros tenemos claro que los recientes escándalos de cierre de academias de enseñanza no reglada, como Opening y Aidea, están demostrando una práctica abusiva que no garantiza la prestación de servicios a los alumnos al tener que pagarse
por adelantado los cursos de enseñanza sin obtener garantías de la continuidad de la empresa. Para corregir esta situación en el ámbito de la enseñanza no reglada y dictar reglas de competencia justa y leal entre las pequeñas academias y las
grandes empresas de enseñanza, debemos impulsar una normativa que obligue a que la modalidad de pago sea fraccionada a medida que se prestan los servicios de enseñanza. De esta manera, señorías, en caso de eventual cierre o suspensión de la
prestación de servicios, los alumnos no tienen que pagar por enseñanzas que no van a recibir ni verse sometidos a fraudes como los ocurridos. Por otra parte, y acabo ya, pensamos que la intervención del Gobierno en este caso está más que
justificada, por drástica que parezca, pues no se trata de consumidores simplemente, sino muchas veces de alumnos y alumnas que completan su formación, dadas las carencias del actual sistema educativo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Pozuelo, la semana pasada usted interpeló a la señora ministra de Sanidad y Consumo ante un tema que nadie discute que ha sido grave y ha generado graves perjuicios a una cantidad importante de ciudadanos de este país,
alrededor de 45.000 personas. Por lo tanto, de entrada, es evidente que el interés que usted puede tener en nombre de su grupo al formular la interpelación no se basa en un criterio arbitrario o injustificado sino que está motivado por una
situación crítica que ha causado honda preocupación. Ahora bien, usted misma, cuando hoy explicaba su moción, hacía referencia a las diversas acciones que distintas comunidades autónomas han tomado para poder resolver
el problema que representaba el cierre de la academia Opening. Usted ha hablado de lo que ha hecho la comunidad de Aragón. A mí me corresponde decirle lo que ha hecho la comunidad de Cataluña. El Gobierno de la Generalitat de Cataluña,
entre otras cosas, ha conseguido que tanto la central de la academia como las franquicias que de ella dependen se unieran y se sometieran a la Junta Arbitral de Consumo y también ha negociado con las entidades de crédito para que los usuarios
perjudicados pudieran resolver el problema de la mejor manera posible en función de cada caso y de cada realidad. En algunos casos la solución ha sido encontrar una academia sustitutiva para impartir los cursos y en otros ha sido dejar de pagar el
crédito. Hemos intentado encontrar soluciones asesorando a nuestros ciudadanos con importantes campañas mediáticas de difusión en prensa y hemos procurado dar respuestas personalizadas a través del teléfono 012 de atención al consumidor. Pienso
con toda sinceridad que a estas alturas -estamos a finales del mes de septiembre-, una crisis que explotó a principios del verano está razonablemente bien resuelta en todas las comunidades en función de las competencias y de los criterios que cada
una de ella ha decidido aplicar. La moción que usted presenta, desde nuestro punto de vista, tiene sentido porque de lo que se trata no es de resolver un problema -que pienso que ya hemos resuelto en mayor o menor medida y razonablemente bien-,
sino de evitar que en lo sucesivo se vuelvan a producir otras situaciones similares a la que hemos vivido en el caso de Opening.
El texto que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado pretende, señora Pozuelo, ser sensible con lo que su grupo ha manifestado, pero, al mismo tiempo, ser realista y posibilista. La enmienda transaccional de texto
alternativo que nosotros le proponíamos pretendía que hoy esta Cámara hubiera conseguido un amplio consenso que posibilitara que los ciudadanos de todo el país pudieran decir: el Gobierno se compromete a modificar la Ley de crédito al consumo, que
hoy por hoy -y lo admitimos- tiene lagunas y que no protege suficientemente a los ciudadanos, en el sentido de que cuando se produce el incumplimiento de un contrato el eslabón más débil de la cadena, que es el ciudadano, es el que queda más
desprotegido. Coincidimos con ustedes, señora Pozuelo, en que este es un tema grave que debe arreglarse. El grupo que sustenta al Gobierno coincide con ustedes en que esta situación debe arreglarse y la enmienda transaccional que nosotros
proponíamos sabe usted, señora Pozuelo, que el Grupo Popular ha anunciado que la aceptaba. Es una enmienda que contempla el compromiso del Gobierno para modificar la Ley 7/1995, instando al Banco de España a que regule un contrato marco, de tal
manera que se evite que cada entidad financiera pueda actuar con contratos que no tengan un cuerpo jurídico común. Pensamos, señora Pozuelo, que con su negativa a aceptar...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Termino, señora presidenta.
... que con su negativa a aceptar esta transacción, hoy están perdiendo ustedes una oportunidad y, lo que es más grave, se está perdiendo una oportunidad para todos los ciudadanos de este Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista manifestaba que el objetivo de su moción es el de defender los derechos de los consumidores. Creo que ese objetivo se nos puede atribuir a todos cuantos estamos en esta Cámara, pero no
necesariamente el instrumento único, adecuado o válido para ello tendrá que ser el contenido estricto de la moción presentada por su formación política. Desde nuestro punto de vista se evidencian dos cuestiones inmediatamente. La primera es que la
normativa vigente no era bastante para evitar los excesos que se han producido, que no tutelaba bastante los derechos que estaba llamada a garantizar -y en ese sentido podríamos estar de acuerdo en las modificaciones normativas-. La segunda
cuestión es el entusiasmo con que determinadas formaciones políticas creen que todo se soluciona desde la centralidad, aunque se trate de títulos competenciales tan repartidos y fragmentados como es el título de consumo, asumido ya por todas las
comunidades autónomas. Creemos que no es obstáculo a esta manifestación que hacemos que el problema se haya producido respecto de la totalidad o casi la totalidad del Estado. Ello sólo obligaría a una actitud más coordinada en la comisión de
cooperación de Consumo, porque se nos menciona a las comunidades autónomas -incluso, se explica lo hecho por alguna de ellas-, pero luego están ausentes de lo que se establece en el contenido de la moción. Por ejemplo, pretender la adhesión al
sistema arbitral de consumo evidentemente es algo que está en manos de las comunidades autónomas; como idea es buena, pero es cada comunidad autónoma la que debe propiciar esta salida.
A mi formación política le gusta el contenido de la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego cuando habla de progresividad o fraccionamiento de los cursos a medida que se vayan prestando los servicios.
Sería una medida complicada de articular, pero no nos parece una mala idea. Igualmente, estaríamos de acuerdo con la totalidad de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
Creemos que apunta todos
los problemas sustanciales y, sobre todo, además de ser respetuosa en lo competencial, tiene algo que nos gusta especialmente, que es que se solicite del Banco de España la elaboración de un contrato tipo de financiación relacionado con los créditos
al consumo, apunte que desde la presencia del director de Consumo en la reunión celebrada ayer por la comisión de cooperación de Consumo se sugirió por parte de la Administración de la comunidad autónoma vasca.
Repetimos que en caso de que se
acepten las enmiendas presentadas, singularmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que nos parece muy completa, votaríamos a favor de la moción. En otro caso, las razones competenciales tan
importantes que he señalado nos llevarían a tener que abstenernos en la votación de la misma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo en relación con la iniciativa socialista. Compartimos su moción y entendemos que este tema no debería haber venido a la Cámara, porque siempre ponemos la tirita, pero nunca jamás llegamos a
poner en marcha políticas que realmente resuelvan situaciones de conflicto tremendo, como el que nos ocupa, en el que hay más o menos 80.000 personas afectadas. Estamos hablando de Opening y no es ninguna broma. Está claro que la normativa que
tenemos no vale y que es preciso reformarla. Pero más allá de la moción socialista y del apoyo de mi grupo parlamentario, hay que decir aquí alto y claro que el déficit de plazas que hay en las escuelas oficiales de idiomas es un problema real que
hay que añadir. Porque los estafados o las estafadas -entre comillas-, como ustedes pueden imaginarse, son personas que tienen que completar su formación y estamos hablando también de los déficit de la oferta educativa pública. Son muchas cosas a
la vez. Más allá de una normativa que impida que estas situaciones se vuelvan a producir, tiene que haber una apuesta desde el sistema público de educación por reforzar este tipo de enseñanzas desde lo público, porque son absolutamente necesarias,
como ustedes muy bien saben, y los precios de los agentes que trabajan en estas cuestiones son muy elevados e inaccesibles para las familias trabajadoras. Tenemos que realizar otras reflexiones que van más allá del estricto tema que nos ocupa.
En esta Cámara tenemos que plantearnos una vez más que un amplio número de ciudadanos y ciudadanas españolas sufren las consecuencias de políticas empresariales temerarias, por decirlo de algún modo. Ese amplio colectivo que sufre estas
consecuencias -vuelvo a repetirlo- se ve obligado a una formación que tiene un déficit tremendo de plazas públicas y tiene que recurrir, obviamente, a las iniciativas privadas, en este caso a Opening que es una red que nació hace siete años y cuyo
devenir todo el mundo conoce porque últimamente ha estado muy presente en los medios de comunicación. El cierre de esta entidad no puede sustanciarse únicamente desde lo sindical. Señorías, lo sindical y los derechos de los consumidores son algo
importante, pero los derechos educativos son fundamentales en nuestro Estado de derecho. Señoras y señores del Partido Popular, a ver si somos capaces de poner en marcha más plazas para acabar con este déficit de aprendizaje de los idiomas y de las
nuevas tecnologías, que es otra de las disciplinas que más tarde o más temprano contemplaremos en esta Cámara con una situación similar a esta.
Respecto a estos señores de Opening a los que hemos conocido por la prensa sin mayores particularidades, no sabemos quiénes son los responsables ni cómo se llaman, únicamente conocemos los efectos del huracán: han quedado a deber dinero a
más de mil trabajadores, a la Seguridad Social, a bancos y a miles de alumnos y alumnas; se han quedado con el dinero de todos sus alumnos, generalmente en forma de crédito bancario pagado por anticipado, con más de 18 millones de euros entregados
por la Generalitat de Cataluña, vía pago en formación a parados y con otros apoyos. Ahora mismo reciben 6,9 millones de euros de dinero fresco para poder abrir sus centros dejando a la mitad de la plantilla en la calle y hoy definitivamente...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, señora presidenta.
Los intereses de la mayoría social no pueden ser subsidiarios de los intereses empresariales y esta Cámara tiene que estar más cerca de los intereses de los españoles que necesitan formación, del tipo que sea, que de los empresarios y
banqueros. Sin más explicaciones, apoyamos la propuesta socialista.
Gracias, presidenta, por su generosidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueno.
El señor BUENO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Popular. De entrada, para que no haya equívocos, tengo que decir que no vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Dicho así, puede entenderse como una oposición
no fundamentada y, por tanto, en el tiempo que me corresponda, voy a dejar claros, entre otros, los puntos siguientes.
Normalmente, en las mociones se insta al Gobierno a tomar algunas decisiones. El Gobierno del Partido Popular, concretamente el ministerio, desde el momento en que surgió el problema se ha puesto a trabajar y ha dado ejemplo de actividad en
todo momento con transparencia y con información. Se ha reunido con todos, ha dado explicaciones y ha puesto en marcha todos los medios y mecanismos a su alcance. De acuerdo con la moción presentada por el Grupo Socialista -antes se ha hablado
aquí-, en los primeros puntos se habría solicitado una información. Esta información fue dada por la ministra en la interpelación presentada el miércoles pasado. Pero también quiero recordar, para que no haya duda, que la primera intervención de
la ministra en esta Cámara sobre este punto fue a consecuencia de una pregunta del Grupo Parlamentario Popular, y concretamente de este diputado. Si el Ministerio de Sanidad y Consumo había tomado la iniciativa en este tema, también el Grupo
Popular estaba interesado y pendiente de la solución, como ha quedado demostrado.
Respecto a los puntos siguientes de la moción, referidos ya al futuro, en línea con la enmienda presentada por CiU, hemos de decir que no depende de nosotros, sino más bien que estamos pendientes, como todos. Se trata de unos puntos en los
que se insta a modificar diversos preceptos de la Ley 7/1995, de Crédito al Consumo. Tengo que reiterar que la normativa vigente constituye trasposición de norma comunitaria y que acaba de ser aprobada por la Comisión una nueva propuesta de
directiva reguladora de esta materia. Insistiendo en este tema y teniendo que destacar una y otra vez la labor llevada a cabo por la ministra y por el ministerio, he de mostrar mi conformidad con el acuerdo que se previó en la reunión habida el día
anterior a la interpelación y, al mismo tiempo, con que las comunidades autónomas, como bien se ha dicho aquí, han de tomar la iniciativa porque tienen sus competencias. Sin embargo, el ministerio apoya y se presta a colaborar en todos los sentidos
para la solución de estos problemas.
Las reuniones tenidas por el Ministerio de Sanidad con las asociaciones de consumidores, donde hubo consenso; con las comunidades autónomas en la cuestión de cooperación, donde todos estuvieron de acuerdo e incluso también se pusieron de
acuerdo para tomar iniciativas futuras en la línea de lo planteado; la puesta en marcha por el ministerio de todo lo relacionado con las entidades financieras, con los servicios jurídicos del Estado y con el Banco de España, todo aquello que ha
sido posible se ha hecho y demostramos interés por el asunto. Indudablemente, en ese aspecto el ministerio y la ministra han ofrecido su colaboración y apoyo.
Es obvio -convendrán SS.SS. conmigo- que quien sí ha tomado la iniciativa sin ninguna
reserva ha sido el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y Consumo. Tenemos que añadir que estamos en esa línea y coincidimos con la enmienda presentada por Convergència i Unió, a expensas de la legislación comunitaria, de la directiva, para la
aprobación definitiva.
Sabiendo que el contenido de la moción -aunque la señora Pozuelo quizás no ha tenido interés en recordárnoslo- ya ha sido contestado por la ministra en todas sus manifestaciones en la interpelación anterior -hago la salvedad de leerla porque
es conocida por todos-, debo manifestar que nos oponemos y añado que el Gobierno hace todo lo posible para solucionar el problema.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bueno.
Señora Pozuelo, tiene S.S. la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas, aunque del debate he creído deducir que no aceptaba la de Convergència i Unió.
La señora POZUELO MEÑO: La enmienda de Convergència i Unió es de sustitución y no podemos aceptarla. En cuanto a la del Bloque Nacionalista Galego, la aceptaríamos parcialmente en una redacción que al grupo nacionalista le podría parecer
bien de modificación del punto séptimo de nuestra moción. La redacción quedaría de la siguiente manera: Que regule normativamente el derecho de los usuarios que contraten cursos de enseñanza no reglada al pago fraccionado de los mismos como forma
habitual de pago.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Si no entiendo mal, está proponiendo un texto transaccional a la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego. Su aceptación supondría que el Bloque Nacionalista retirarse la suya.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Sí, señora presidenta, aceptamos la propuesta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Pozuelo, le ruego haga llegar a la presidencia por medio de los servicios de la Cámara el texto al cual ha dado lectura. (Pausa.)
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno para dar una solución adecuada a los afectados por la crisis de las academias Opening
English School y las medidas que va a adoptar para incrementar la protección de los usuarios de la enseñada no reglada, que se somete a votación con la incorporación de la enmienda transaccional asumida por el grupo parlamentario proponente y que
firmaba inicialmente el Grupo Parlamentario Mixto, diputado señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 103; en contra, 145, abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.