Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 186, de 17/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 186
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 179
celebrada el martes, 17 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modulación de ayudas agrarias.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm. 245-1, de 24 de mayo de 2002. (Número de expediente 122/000218.) ... (Página 9263)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), reguladora de la eliminación de las barreras arquitectónicas para los minusválidos físicos en la propiedad horizontal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, núm.
263-1, de 19 de julio de
2002. (Número de expediente 122/000233.) ...
(Página 9270)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para transferir a la Generalidad de Cataluña todas las facultades ejecutivas de titularidad estatal que actualmente prestan los órganos territoriales de la Administración General del
Estado en dicha Comunidad Autónoma, en el marco del desarrollo del principio de Administración única. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 310, de 22 de febrero de 2002.
(Número de expediente 162/000434.) ...
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de las bases militares españolas cedidas a los Estados Unidos de América ante un posible ataque militar de dicho país sobre Irak. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie
D, núm. 399, de 6 de septiembre de 2002. (Número de expediente 162/000550.) ... (Página 9288)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que explique el balance de las medidas puestas en marcha hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la violencia de género. (Número de expediente 173/000149.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de política general en materia de desarrollo sostenible. (Número de expediente 173/000150.) ... (Página 9301)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios del aeropuerto de El Prat. (Número de expediente 173/000151.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 9263)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modulación de ayudas agrarias ... (Página 9263)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley sobre modulación de las ayudas directas de la política agraria común el señor Cuadrado Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Critica el hecho de que se den
subvenciones agrarias a los grandes terratenientes o familiares de políticos importantes, perjudicando la imagen que ofrecen cientos de miles de agricultores y ganaderos españoles que no tienen precisamente una situación floreciente, con una renta
per capita que está en el 50 por 100 por ciento de la renta del conjunto de la sociedad española. La proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, basándose en el reglamento de desarrollo rural, establece como criterio básico
un umbral de 20.000 euros para recortar las subvenciones agrarias hasta un máximo del 20 por ciento y con tramos posibles a establecer por las comunidades autónomas. Admite la posibilidad de otras alternativas, sobre todo sin son expuestas abierta
y claramente, pero considera que la modulación en las subvenciones es imprescindible si se quiere mantener la viabilidad de cientos de miles de explotaciones familiares, que no pueden subsistir en el mercado pero que juegan una función social,
territorial y cultural de la que España no puede prescindir.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella
Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), e Isasi Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre modulación de ayudas agrarias, se rechaza por 115 votos a favor, 165 en contra y siete abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), reguladora de la eliminación de las barreras arquitectónicas para los minusválidos físicos en la propiedad horizontal ... (Página 9270)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario
Mixto. Se refiere al problema concreto del acceso a la vivienda de más de un millón de personas minusválidas que se encuentran prisioneras en sus casas o dependientes de otras personas. Explica las normativas existentes que intentan la
eliminación de barreras arquitectónicas tanto en espacios y edificios públicos como en la propia vivienda, que no han solucionado el problema por las dificultades económicas y de todo tipo que prorrogan indefinidamente su entrada en vigor. Presenta
su propuesta, susceptible de cualquier modificación técnica que los grupos quieran presentar, con el fin de que no pueda justificarse por razones económicas, de enfrentamiento personal o de índole arquitectónica por el carácter patrimonial del
edificio el que una comunidad no apruebe las obras de accesibilidad para un minusválido físico.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Expósito Molina, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), reguladora de la eliminación de las barreras arquitectónicas para los minusválidos físicos en la propiedad horizontal, se
rechaza por 141 votos a favor y 151 en contra.
Proposiciones no de Ley ... (Página 9279)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para transferir a la Generalidad de Cataluña toda las facultades ejecutivas de titularidad estatal que actualmente prestan los órganos territoriales de la Administración General del
Estado en dicha Comunidad Autónoma, en el marco del desarrollo del principio de Administración única ... (Página 9279)
El señor Jané i Guasch, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presenta una proposición no de ley que enlaza directamente con la Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado -conocida
como Lofage-, aprobada por la Cámara en la pasada legislatura. Basa su argumentación en la exposición de motivos de la Lofage, donde se dice claramente que el objetivo de la misma era introducir el principio de la Administración única o común, de
forma que el protagonismo administrativo en el territorio autonómico lo tenga la Administración autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado según lo establecido en el
artículo 150.2 de la Constitución.
Explica que el Grupo Catalán plantea el debate de la Administración única no como una mera descentralización administrativa sino como una oportunidad de elevar el nivel de autogobierno de Cataluña, con la voluntad
de una mayor autonomía política, pasando a defender una autoenmienda a su proposición no de ley, en aras a facilitar el consenso con otros grupos parlamentarios, y a fijar la posición de su grupo en relación con las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Saura Laporta y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Marcet i Morera, del Grupo Parlamentario
Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Jané i Guasch.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para transferir a la Generalidad de Cataluña todas las facultades ejecutivas de titularidad estatal que actualmente prestan los órganos
territoriales de la Administración general del Estado en dicha comunidad autónoma, en el marco del desarrollo del principio de administración única, en los términos derivados del propio debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto (señor Saura), se rechaza por 35 votos a favor, 156 en contra y 95 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de las bases militares españolas cedidas a los Estados Unidos de América ante un posible ataque militar de dicho país sobre Irak ... (Página
9288)
El señor Centella Gómez presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que trata de que España, en el conflicto con Irak, no tenga que elegir entre los dos señores de la guerra, los presidentes de
Estados Unidos y de Irak. Y lo hacen -dice- porque se niegan a ser copartícipes de una guerra cuyo motivo no es otro que el dominio del potencial petrolero iraquí por lo Estados Unidos.
Critica duramente la actitud de Estados Unidos ante esta y
otras situaciones en las que decía defendía la democracia y explica que su proposición no de ley tiene como objetivo la defensa de la soberanía nacional y de una política internacional autónoma. Manifiesta asimismo su total rechazo a toda clase de
terrorismo y su solidaridad con todas las víctimas inocentes. A continuación expone la posición de su grupo en relación con las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista y Mixto.
En defensa de las enmiendas planteadas intervienen los señores Marín González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Centella Gómez.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de las bases militares españolas cedidas a los Estados Unidos de América ente un posible ataque militar de dicho país sobre Irak,
en los términos de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha sido aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 127 votos a favor y 156 en contra.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 9296)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que explique el balance de las medidas puestas en marcha hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la violencia de género ... (Página 9296)
La señora Castro Fonseca, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, anuncia que en lugar de la moción va a defender una enmienda transaccional presentada por todos los grupos de la Cámara y asumida por su grupo, que es el
proponente, puesto que se ha llegado a un acuerdo histórico, desde su punto de vista, a favor del colectivo de las mujeres españolas. Explica el contenido de la enmienda y agradece a todos los grupos de la Cámara, incluido el Popular, el haberse
comprometido a traer a la Cámara en el plazo de cuatro meses iniciativas legislativas concretas, aconsejando al señor ministro de Trabajo que no se relaje porque las mujeres españolas están esperando respuestas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; y las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Riera Madurell, del Grupo Parlamentario Socialista; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Sainz García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que explique el balance de las medidas puestas en marcha hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la
violencia de género, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido expuesta por el grupo proponente, se aprueba por 287 votos a favor y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, de política general en materia de desarrollo sostenible ... (Página 9301)
El señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, expone la moción consecuencia de interpelación urgente en la que se desgranan gran parte de los aspectos que tienen que ver con lo que ha de ser una política en materia de
desarrollo sostenible en la que tengan cabida aquellos aspectos económicos, sociales y de protección ambiental que, de acuerdo con las previsiones de Johannesburgo y con los planteamientos que ha llevado a cabo la Unión Europea, configuran el
desarrollo sostenible. Explica los dos puntos de que consta la moción y confía en que se aprueben por los grupos de la Cámara porque, entiende, son las pautas sobre las que hay que trabajar en los próximos tiempos en
España para llevar a cabo el desarrollo de una estrategia de desarrollo sostenible que signifique una nueva cultura, una nueva forma de trabajar en todos los sectores económicos y sociales de este país y una nueva forma de hacer frente a lo
que es el medio ambiente en el conjunto del Estado.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, de política general en materia de desarrollo sostenible, se rechaza por 105 votos a favor y 164 en contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios del aeropuerto de El Prat ... (Página 9305)
El señor Sedó i Marsal presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios
del aeropuerto de El Prat de Barcelona. La moción consta de cuatro puntos que pasa a explicar brevemente y fija la posición de su grupo en relación con las enmiendas presentadas.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista, y Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios del aeropuerto de El
Prat, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente, se aprueba por 162 votos a favor, 96 en contra y cinco abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODULACIÓN DE AYUDAS AGRARIAS.
(Número de expediente 122/000218.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modulación de ayudas agrarias.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra para defender una proposición de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modulación de las ayudas directas de la política agraria común. No es socialmente soportable que el dinero de los
contribuyentes, muchos pequeños contribuyentes, familias que tienen dificultades para llegar a final de mes, se emplee, y de manera importante, para ayudar a que las grandes fortunas del país lleven un tren de vida que está muy lejos de la vida
diaria de esos contribuyentes. No es socialmente aceptable que en forma de subvenciones, de subsidios agrarios a esas grandes fortunas -por ejemplo, 1.000 familias, 50.000 millones de pesetas al año/300 millones de euros, una media de 300.000 euros
por familia/50 millones de pesetas-, eso subsista.
Lo de menos es -a mí al menos me parece poco importante, poco significativo- que esas familias sean un ex banquero, un grande de España o una grande de España, el candidato o la familia del
candidato del Partido Popular en Castilla-La Mancha o la familia del propio ministro de Agricultura. Eso no es lo más decisivo. Lo más decisivo es que eso hace que la imagen de cientos de miles de agricultores y ganaderos españoles, que no están
en esa situación sino más bien en la contraria, vean a veces afectada su propia imagen profesional por esa circunstancia. Sólo por esta razón, señorías, valdría la pena preguntarse si no hay que hacer algo y hacerlo urgentemente porque a la vez que
se da ese reparto de las subvenciones de la política agraria común la renta media de las explotaciones agrarias familiares españolas está en el 50 por ciento de la renta de todos los sectores económicos del conjunto de la sociedad española. Hay que
decir que la renta agraria por ocupado en pesetas constantes, es decir deflactadas con el IPC, en es hoy inferior a la de 1996, y hay que decir también que en el último año, trimestre a trimestre, según la última contabilidad nacional presentada el
28 de agosto, el sector agrario
está en recesión, es decir que tiene crecimientos negativos trimestre tras trimestre. Cuando esto ocurre, cuando tenemos un grave problema de subsistencia en el mundo agrario no es admisible que se dé esa imagen social. Además hoy es menos
admisible porque hace tres años, señorías, el 14 de septiembre de 1999, se aprobó por unanimidad en esta Cámara que el Gobierno presentase de acuerdo con agrupaciones agrarias, comunidades autónomas y grupos políticos un proyecto de ley de manera
inmediata. Han pasado tres años y aquí no ha aparecido ningún proyecto de ley, y hoy nadie podrá decir que esto no es posible puesto que el reglamento horizontal 1259, aprobado por el Consejo de Berlín en marzo de 1999, lo permite para cada uno de
los Estados.
Señorías, el contenido de la propuesta se basa en el reglamento horizontal de desarrollo rural y establece como criterio básico un umbral de 20.000 euros para modular, es decir para recortar las subvenciones agrarias hasta un máximo del 20
por ciento y con tramos posibles a establecer por las comunidades autónomas. Quiero llamar la atención sobre este hecho.
Creo que no es admisible tampoco que un instrumento de política agraria que mediante los consejos la Unión Europea ha puesto
en manos de las comunidades autónomas, por una falta de decisión, por una inactividad del Gobierno, estas no puedan utilizarlo; podrán hacerlo o no, elegir si les conviene o no y en qué dirección pero es un instrumento de política agraria que por
la representación del Gobierno como Estado miembro en los consejos no pueden ejercitar las comunidades autónomas salvo que se apruebe esta proposición de ley. Por tanto, deja en manos de las comunidades autónomas que a partir de 20.000 euros,
estableciendo tramos según los cuales pueda deducirse un 5 por ciento, un 10 por ciento, hasta un máximo de un 20 por ciento, que además puedan compensarse o bonificarse el empleo que se cree en cada explotación, o que se pueda también destinarlo a
agricultura ecológica, medidas agroambientales, desarrollo rural en general por acuerdos con explotaciones, etcétera. Por tanto, es enormemente respetuosa, clara y contundentemente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas.
Ahora bien, es una alternativa. Hace unos meses, exactamente en julio, el comisario Fischler presentó una propuesta de reforma de la PAC sobre la que mi grupo ha dicho clara y radicalmente que es inaceptable para los intereses y para el futuro del
mundo rural y del sector agrario en España. Decir que no a una propuesta de la Comisión Europea puede ser necesario en un momento determinado, pero no es suficiente. A un no a una propuesta de la Comisión Europea ha de acompañarse una alternativa
y esta, señorías, es una alternativa. Porque, ¿cuál es el aspecto central del paquete Fischler, de la propuesta de revisión de la PAC? La llamada modulación dinámica, que no es una modulación, ya que consiste en un recorte por igual, hasta un 20
por ciento, a todos los perceptores que cobren más de 5.000 euros, es decir, a prácticamente el 60 ó el 70 por ciento de las explotaciones familiares, entre otras, españolas; es decir, al sustento del mundo rural en nuestro país, sea en el norte,
en el sur, en el este o en el oeste. Por lo tanto, esta es una alternativa que apuesta por un modelo agrario para Europa y, por supuesto, para nuestro país. Nosotros apostamos por las explotaciones agrarias de tipo familiar y con titulares que
sean agricultores a título principal. ¿Por qué? Porque son la base del sustrato del mundo rural en España. Sin esos cientos de miles de explotaciones agrarias no hay posibilidades de mantener el mundo rural en nuestro país, es decir, más del 20
por ciento de la población, pero sobre todo, señorías, más del 80 por ciento del territorio de nuestro país.
¿Alguien piensa que sin una alternativa a esta propuesta, una alternativa seria, que tenga en cuenta aspectos presupuestarios de la política agraria común es posible mantener en España el mundo rural? Es imposible mantenerlo. Cualquier
cálculo que se haga -se pueden hacer, pues no es tan difícil- de una reducción del 20 por ciento a explotaciones que cobren de subvención más de 5.000 euros y los costes variables que soportan esas explotaciones demostrará que hay cientos de miles
de explotaciones agrarias expulsadas del mercado. Por lo tanto, estamos hablando de un eje fundamental de nuestra política territorial y de cohesión social.
Puede haber otras alternativas. Además, uno las agradece cuando se expresan abierta y claramente. Por ejemplo, cuando en España se empezó a hablar de modulación como una opción posible, a raíz del reglamento horizontal, un neoliberal
confeso como Ramón Tamames, que no lo esconde, escribe en su obra Desdichas e incertidumbres agrarias lo siguiente: En vez de modular -dice- hay que ir a grandes explotaciones, con mayor intensidad de capital, organizadas societariamente. Esa es
la única salida nacional a la dura competencia de los mercados. Se refiere a la gran dificultad de España y de otros países de Europa, si comparamos el tamaño de nuestras explotaciones agrarias con las norteamericanas, con las canadienses,
australianas, etcétera. Este es su modelo. Sin embargo, lo que me parece peor es que alguien esconda su modelo, deje que las cosas discurran y se hable de una especie de frente contra la propuesta Fischler sin presentar ninguna alternativa, es
decir, sin ningún gasto, en balde, porque, señorías, es la hora de la verdad. La propuesta de modulación que presenta el Grupo Socialista responde directamente, no lo olviden, a ese modelo para mantener cientos de miles de explotaciones agrarias
con agricultores a título principal. ¿Por qué? En primer lugar porque la cuadratura del círculo no es posible. Si el Gobierno español y el señor Aznar apuestan en los consejos europeos por que no se modifique la perspectiva presupuestaria
agraria, es decir, que no haya más presupuesto cada año que los 40.500 millones de euros
cuyos plazos están fijados en la Agenda 2000, entonces tienen que dar una respuesta de carácter presupuestario. Si al mismo tiempo dicen que se haga la ampliación sin modificar las perspectivas financieras, insisto en que tienen que dar una
respuesta de carácter presupuestario, respuesta que no puede ser otra que la que afecta al 75 por ciento del presupuesto de la política agraria común, que son las ayudas directas. Por lo tanto, o se presenta una alternativa presupuestaria o si no
se está tirando la piedra y escondiendo la mano, que es lo que me da la impresión que están haciendo en este momento el Gobierno español y el Partido Popular, al no presentar esa alternativa, cogiendo una bandera y agarrándose al frente del no sin
alternativa ninguna.
En segundo lugar, señorías, la modulación supone eficiencia en términos económicos. Cualquiera de esas grandes explotaciones que cobran cada año en ayudas de la PAC 50.000.000, 30.000.000, 20.000.000 ó 10.000.000 de pesetas no necesitan la
subvención para ser rentables en el mercado. Por lo tanto, no tiene sentido y no se justifica ni social ni políticamente una subvención que no genera ningún bien público, ningún bien para el conjunto de la sociedad española.
En tercer lugar, señorías, esta modulación parte del principio de que las grandes explotaciones agrarias españolas no son una apuesta por el empleo en nuestro país, siendo cientos de miles de explotaciones familiares las que lo generan. Por
decirlo de otra forma: 30.000 explotaciones que pretendemos modular, con un recorte en las subvenciones, se llevan el 45 por ciento de las subvenciones y generan el 16 por ciento del empleo.
Esto es fácil de demostrar, puesto que sólo hay que ir
al FEGA y ver los datos, los cuales reflejan esto, que 30.000 explotaciones españolas se llevan el 45 por ciento de las subvenciones y generan el 16 por ciento del empleo. La conclusión es bastante sencilla: se genera tres veces más empleo en las
explotaciones familiares, que reciben pocas subvenciones agrarias, que en las grandes explotaciones. Ya sé que los que apuestan por el productivismo a toda costa intentarán salvar esas subvenciones para esas 30.000 explotaciones, pero que se
retraten en la tribuna del Congreso de los Diputados.
Finalmente, señorías, es posible que alguien suba aquí a decir que no hace falta modular ahora, sino que se puede esperar a que la modulación sea obligatoria con la reforma a medio camino de la PAC. Aunque es difícil de entender, es posible
que alguien proponga este juego: no modulemos ahora; este proyecto de ley no tiene ningún sentido, puesto que podemos esperar a que la modulación sea obligatoria en toda Europa. Señorías, en política se pueden utilizar muchos recursos, retóricos
y de todo tipo, pero el cinismo nunca. Hace tres años, en marzo de 1999, la Comisión Europea hizo una propuesta en Berlín para que la modulación fuera obligatoria en toda Europa, una propuesta perfectamente definida. Pues bien, el Gobierno español
apostó en el Consejo de Berlín por que no hubiera modulación obligatoria en toda Europa y por que cada Estado decidiera por su cuenta si quería dicha modulación o no. Posición de doña Loyola de Palacio en nombre del Gobierno español previamente en
el Consejo agrícola. En septiembre de 1999, esta Cámara, en concordancia con la posición que el Gobierno español mantuvo en Berlín, apostó unánimemente por que el Gobierno presentara en la misma un proyecto de ley sobre modulación y a fecha de hoy
no ha presentado absolutamente nada. El Gobierno, y en su nombre el ministro de Agricultura, nos dice ahora que la modulación sí, pero obligatoria para toda Europa. Esto no es posible. No se puede jugar a pedir que se pueda aplicar este
instrumento de política agraria en España en cada comunidad autónoma y que a la vez en la práctica, con la actuación del Gobierno, se impida por los hechos. Una cosa o la otra.
Señorías, lo que es imperdonable y no es admisible desde ningún punto
de vista es que se pongan en riesgo cientos de miles de explotaciones familiares en España que no pueden subsistir en el mercado, pero que juegan una función social, territorial y cultural de la que no puede prescindir España. No se puede poner en
riesgo la supervivencia de estas explotaciones agrarias que son vitales para el país. Los españoles lo entienden bien y en las encuestas lo dicen con claridad cuando hablan de las subvenciones agrarias: Sí para estas explotaciones agrarias. No se
puede poner en riesgo la viabilidad de estas explotaciones sin poner en riesgo a su vez estos 50, 100, 200, 300 millones de pesetas al año de los amigos del Gobierno y del Partido Popular. Así es imposible hacer una política agraria en España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
En turno en contra, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir con brevedad para establecer la posición del Bloque Nacionalista Galego sobre esta proposición de ley de modulación de ayudas agrarias. La verdad es que el debate sobre la necesidad de modular
las ayudas agrarias es necesario, entre otras cosas porque está pendiente y por lo que parece va a prolongarse en el tiempo.
Desde nuestro punto de vista es evidente que es necesario no sólo establecer un sistema de ayudas a los agricultores, sino que estas ayudas sean distribuidas de manera que lleguen a la inmensa mayoría, a las explotaciones familiares, a las
que crean más empleo, a las que fijan población en el medio rural y a las que utilizan prácticas más respetuosas con el medio ambiente. En definitiva, que se repartan de manera que lleguen en
mayor proporción a este tipo de explotaciones en lugar de concentrarse, como ahora sucede, en gran parte de las explotaciones grandes, es decir, en manos de los grandes propietarios. Como ya se citó, dentro del acuerdo de Berlín sobre la
Agenda 2000, que sirvió de base para la reforma de la PAC, se aprobaron una serie de disposiciones sobre modulación de ayudas que fueron posteriormente incorporadas al reglamento en lo que hace referencia a las dietas de esta política agraria común.
En concreto el Reglamento 1259/99 establece que los Estados miembros podrán reducir los importes que corresponderían a los agricultores con unos determinados máximos y según diversos criterios. En realidad es un concepto de modulación muy diferente
del que se solicita desde las organizaciones agrarias, pero en todo caso es algo que se podría aplicar en este momento y precisamente la posibilidad de aplicar este tipo de modulación de las subvenciones corresponde a los Estados miembros. Bien es
verdad que siempre en razón de su organización y distribución interna de competencias. En el caso del Estado español quiero recordar que algunas comunidades autónomas cuentan con competencias exclusivas en materia de agricultura y todas han asumido
la gestión de las ayudas comunitarias.
Por tanto, en cualquier normativa que se ponga en marcha al respecto debe tenerse en cuenta, en nuestra opinión, esta realidad competencial y huir de la puesta en marcha de normativas que colisionen,
encorseten o coarten la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en esta materia. Si de lo que se trata con esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista es que en el Estado español se abra con claridad la vía de la
posibilidad de aplicar esta fórmula de modulación de que se dispone para que se pueda realizar en la práctica, aun en su cortedad, nos parecería bien.
En todo caso, insisto en que la normativa que se ponga en marcha desde el Estado debe ser de mínimos y ha de salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas. Estamos hablando de la toma en consideración de una proposición de ley.
Por tanto, si esta toma en consideración es aprobada por la mayoría de este Congreso, nuestro grupo presentará las enmiendas oportunas. Quiero dejar claro que no apoyaremos ninguna norma que vulnere la capacidad competencial de las comunidades
autónomas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta iniciativa en forma de proposición de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Socialista tuvo su entrada en el registro de la Cámara el pasado 17 de mayo. Desde esa fecha han ocurrido una serie de eventos en la política agrícola
común y española que llevan a mi grupo a pronunciarse hoy en contra de la proposición de ley, aun reconociendo que el fondo del debate nos parece importante y necesario, cual es la modulación de ayudas de la política agrícola común a través del
fondo Feoga-Garantía para poder dar cumplimiento al Reglamento 1259/1999 de la Unión Europea.
¿Qué ha sucedido desde la fecha de presentación de la iniciativa, que está en la legitimidad de un debate parlamentario? En primer lugar, el departamento de Agricultura de España, como ya nos anunció el señor Arias Cañete, ha abierto un
debate interno entre los distintos sectores agrarios españoles para la confección del libro blanco de la agricultura.
Esperamos que ese libro blanco venga a poner una serie de sectores de producción agrícola y ganadera en la sintonía de lo que
puede ser la nueva política agrícola común que a España le interese, y matizo lo de que a España le interese. En segundo lugar, se ha producido otro hecho muy importante y significativo, desde un punto de vista institucional mayor que lo que puede
traernos el libro blanco para la agricultura, como es un documento imprescindible de estudio sobre el que nos pronunciaremos pronunciarnos después entre las distintas opciones. Me refiero al informe presentado ante la Comisión de Agricultura de la
Unión Europea por el comisario Fischler y sobre el cual de una manera crítica y de oposición se pronunció el pasado 15 de julio en Bruselas el ministro de Agricultura español, señor Arias Cañete, y en cuya comparecencia hace un par de semanas en
esta Cámara mi grupo apoyó esa posición de firmeza por considerar un verdadero dislate el documento de modificación de la política agrícola común que se pretende hacer, auspiciada o no por el comisario de Agricultura, pero sí por quienes hayan
redactado ese estudio verdaderamente inaceptable para la política agrícola común española. En último lugar, nosotros preferimos que se haga todo el debate previo en la comisión sectorial de Agricultura entre la Administración central del Estado y
las comunidades autónomas, porque una comunidad autónoma como la canaria no puede aceptar esta proposición de ley por esta vía. Canarias es una comunidad autónoma con un régimen legal específico, como es el Poseican, dentro de las ayudas
comunitarias del Feoga-Garantía, que se encuentra en una situación en este momento en la que de aplicarse este tipo de modulación de ayudas agrarias en un sector como, por ejemplo, el plátano, en el que se ha abierto ese debate entre los grandes y
los pequeños productores en el sentido de cómo se podrían modular esas ayudas en un cultivo que está sometido ya a un plazo, que termina en el año 2006, de supresión de la política de contingentes por la entrada de una política de tarifa única para
todas las producciones de plátano, sobre todo en el área dólar del Caribe, que pudieran entrar en los mercados europeos, y concretamente en el español, nos hace tener el sentido
de la prudencia de remitir este pronunciamiento a la comisión sectorial que en su día analice las aportaciones de cada una de las comunidades autónomas, pero para la Comunidad Autónoma de Canarias ha de tenerse en cuenta cómo puede afectar
de una manera positiva o negativa una política de modulación de ayudas. En el caso de Canarias su acervo comunitario legal específico la diferencia fundamentalmente de lo que puede ocurrir en otros grandes sectores, como el oleícola, el cerealista
o el frutícola en la Península y en todo el sistema comercial productivo. Poner aquí en crisis lo que precisamente ya ha puesto en gran parte el estudio presentado por el señor Fischler, por trasladar ayudas del área de la producción y de la
comercialización de productos agropecuarios a un área verdaderamente indeterminada ligada a la tierra, nos hace también ser prudentes y cautos. Las iniciativas tienen que seguir otro camino antes de llegar a este Parlamento, tienen que venir por la
vía de las comunidades autónomas, que tienen que pronunciarse respecto a la modulación de ayudas a la vista de cómo se defina en los próximos meses la política agrícola común. Sin esa definición, podemos perder el tiempo y entrar en circuitos
estériles por sí mismos. Hay que esperar a la definición de la política agrícola común y al pronunciamiento sobre la misma de las comunidades autónomas. Vuelvo a repetir que mi grupo defiende los legítimos intereses de la Administración agraria
del Gobierno autónomo de Canarias, en armonía con el Ministerio de Agricultura español, con el señor Arias Cañete y con sus equipos técnicos, que están trabajando en posibles modificaciones de la política agrícola común, en las que puede entrar el
debate de la modulación de ayudas, dependiendo de las condiciones de cada isla, de cada sector y del contexto de producciones y de comercio en el que se puedan producir. Por este defecto de trámite que encontramos en la llegada de la iniciativa a
este Parlamento, señora presidenta, vamos a votar en contra de la misma.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsalde on, buenas tardes.
En este debate de evidente actualidad el Grupo Vasco, en línea con la política que está desarrollando la propia Administración de Euskadi, comparte inicialmente, como no podía ser de otra manera, la filosofía de modulación propuesta en
cuanto a umbrales, escalas, subsidiariedad, etcétera, pero sobre todo comparte la defensa de la agricultura familiar que realiza el Grupo Socialista a través de esta proposición de ley. En cambio, no estamos de acuerdo con la modulación de los
fondos recaudados propios de las comunidades autónomas, fundamentalmente porque en la nuestra, en Euskadi, esa modulación no tendría ningún sentido. Además con los excedentes de la modulación se debería realizar una caja común y primar a los
agricultores más funcionales.
En cualquier caso, cuando se acaba de presentar una propuesta de la Comisión para reformar la política agraria comunitaria, en la que se introduce la modulación obligatoria -en estos momentos, como saben, solamente se aplica la modulación
facultativa, y Francia, por ejemplo, la ha retirado-, no parece que sea el momento oportuno para debatir esta proposición de ley, ya que además, de aprobarse, solamente se podría aplicar en parte del año 2003. A nuestro juicio sería más oportuno
debatir la propuesta de modulación obligatoria presentada por la Comisión y establecer en su caso su aplicación y adecuación a las diversas realidades agrícolas y rurales de las diferentes nacionalidades del Estado español. Es por ello por lo que,
aún compartiendo los criterios y la filosofía subyacente, expuesta por el portavoz del Grupo Socialista, vamos a abstenernos en la votación de la presente proposición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar favorablemente esta iniciativa, no tanto porque estemos de acuerdo con el fondo del texto que se nos presenta, como porque creemos necesario y positivo que en esta Cámara se avance
sobre la necesidad de modular las ayudas de la Unión Europea a la agricultura. Esto nos parece necesario frente a la pasividad del Gobierno e incluso por su postura claramente dilatoria y contraria en este tema. Estamos convencidos de que el
ministro de Agricultura, el señor Arias Cañete, ha tomado partido en un tema que ha dividido a las organizaciones agrarias y se ha situado claramente de parte de los grandes propietarios y de aquellos que acumulan más subvenciones. Hemos venido
defendiendo desde siempre que es una necesidad que las ayudas agrarias sean distribuidas en función de una serie de objetivos, lo que las haría mucho más útiles y más eficaces. En ese sentido, consideramos que para un buen desarrollo de la política
agraria común, para un desarrollo que consiga realmente esos objetivos que dice pretender, como son, entre otros, el asentamiento de la población en el mundo rural, no se puede seguir manteniendo un sistema de ayudas que sigue concentrando en un
pequeño sector la mayor parte de las ayudas. No se puede seguir manteniendo que el 80 por ciento de los agricultores sólo reciban el 20 por ciento de las ayudas mientras
el restante 20 por ciento acumula el 80 por ciento de todas las ayudas.
Eso no es eficaz, no es compatible con lo que se dice defender por parte de la propia política agraria común. Desde esa óptica es imprescindible que se avance en
modular las ayudas; es imprescindible que el Gobierno asuma, de una vez por todas, esta necesidad y que, como no puede ser de otra manera, la asuma legislando, que es como se tiene que resolver esta situación. Evidentemente, no será una
tramitación fácil, será una tramitación en la que habría que utilizar el diálogo, en la que habría que emplearse a fondo, para que temas que ya han surgido en las intervenciones de otros portavoces fuesen encontrando un buen encaje.
Votar de nuevo
en contra, como presumiblemente va a hacer el Grupo Popular y como ya ha votado en otras ocasiones, no es ni más ni menos que seguir manteniéndose en esa postura de apoyo a quienes no pretenden que la agricultura cumpla ese papel que debe cumplir en
este país, dando amparo a aquellos que siguen viéndola como un negocio más desde el punto de vista especulativo que con el que se la debe ver en este país.
Nuestro voto favorable debe entenderse como que consideramos importante que se iniciase hoy un trámite que conseguiría una mejora a lo largo de toda su tramitación parlamentaria y que podría hacer que este país se situase a la cabeza, en
condiciones óptimas, para afrontar tiempos que no son fáciles para la agricultura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hemos estudiado con atención la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, y si bien podríamos estar de acuerdo con la filosofía
general de la misma y, por tanto, con el tema de la modulación, al analizarla vemos que aparecen algunas problemáticas que dificultarían su ejecución. La propuesta socialista apuesta por un mecanismo de modulación de carácter autonómico, con lo
cual se nos presentarían rápidamente algunos problemas, por cuanto explotaciones de características parecidas tendrían tratamientos distintos según la comunidad autónoma en que estuviesen ubicadas. Especialmente aparecerían dificultades cuando las
explotaciones estuviesen en más de una comunidad autónoma. De entrada, me sorprende que hagan esta propuesta que permite que dos cultivos o dos explotaciones similares tengan tratamientos diferenciados; ustedes que siempre están a favor de la
uniformidad. De todas formas, a partir de aquí, señor portavoz, señor Cuadrado, si ustedes están en esa línea nos podemos entender porque vamos a hacer propuestas globales, no sólo para la modulación sino para otros temas que nos parecen mucho más
adecuados.
Me parece interesante la propuesta del límite inferior de los 20.000 euros. Es un tema en el que que, efectivamente, los sindicatos y las organizaciones agrarias están a favor, por lo que estaríamos de acuerdo.
En cambio, los criterios de
bonificación nos parecen excesivamente complejos. De hecho, la propuesta es similar a la francesa; Francia fue el primero en legislar al respecto y en donde en cada explotación sujeta a modulación se establece un mecanismo de valoración según una
fórmula de carácter polinómico, que necesita una demostración documental muy compleja que a menudo no existe entre nosotros. Esa gran complejidad entre otras cosas ha influido en el hecho de que el Gobierno francés haya suspendido su aplicación.
Debemos copiar aquellas cosas que funcionan bien y no tanto las que no funcionan. Para poder ejecutar esa propuesta suya sería necesario un registro obligatorio de explotaciones agrarias que, hoy por hoy, es inexistente y que tampoco figura en su
propuesta.
Por tanto habría que avanzar en un tema bastante complicado al respecto.
Por lo que se refiere a la aplicación de los fondos existe un error importante. La propuesta que usted ha presentado habla de un concepto de multifuncionalidad, y nosotros podríamos estar de acuerdo, pero esta propuesta va en contra del
actual reglamento, ya que éste, cuando establece el destino de los fondos obtenidos en la modulación, habla exclusivamente de medidas de acompañamiento. Por tanto, habría que ajustarlo realmente a lo que son los reglamentos europeos. La propuesta
que presenta el Grupo Socialista adolece de falta de equidad distributiva, ya que pretende que los fondos que se liberen en una comunidad autónoma se apliquen a la misma. No es de recibo que hablemos de caja única sólo cuando interese a unos. Si
ustedes quieren hablar de caja única, hablemos; si no, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de la territorialización de las producciones agrarias? Con ello lograríamos dar tratamientos diferentes a situaciones parecidas, y eso no nos parece
justo.Suponiendo que al final se aplicase el proyecto de ley que ustedes han presentado, nos encontraríamos con otro problema. ¿Qué pasa con los fondos de modulación que, por lo que sea, alguna comunidad autónoma no aplicase? Básicamente, se
perderían en caso de no aplicarse en la correspondiente campaña, como ha sucedido en Francia, hecho que se vería agravado por la parcelación que supone en este momento su proposición de ley.
Estaríamos de acuerdo con estudiar una modulación estatal y que los fondos resultantes se apliquen para el conjunto del Estado a prácticas de carácter estructural. Es una propuesta que han hecho todos los sindicatos y desde luego no se
ajusta a la que usted ha presentado. Si además tenemos en cuenta la situación de inestabilidad en materia agraria en la que estamos inmersos, mientras no se despeje el futuro incierto sobre la modificación
a medio plazo de la Agenda 2000, no es el momento de hacer muchos experimentos, no sea que nos encontremos modulando la nada.
He dado suficientes argumentos que nos impiden votar a favor de una propuesta que se ha presentado sin haber analizado en profundidad la situación actual de la Agenda 2000 ni la problemática que comportaría su aplicación.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campanys.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Isasi.
El señor ISASI GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señores diputados autores de esta iniciativa, yo me imagino que conocen aquella célebre y tópica frase que dice un político a un periodista: No sabe usted lo que le agradezco que me haga esta pregunta.
Pues bien, lo mismo me está
sucediendo a mí esta tarde con los autores de la proposición. No saben ustedes lo que les agradecemos desde el Grupo Popular la oportunidad que nos dan de demostrar ante todas SS.SS. y ante todos los españoles, de una vez por todas y con luz y
taquígrafos, tanta manipulación, tanta demagogia y desvergüenza como vienen repitiendo desde que ustedes no gobiernan (Rumores.-Aplausos.) y respecto de algo que ustedes mismos implantaron-supongo que como bueno- para los agricultores.
Desde que
los ciudadanos les retiraron su apoyo y les mandaron a la oposición, lejos de la administración de la política agraria común, llevan haciendo demagogia diciendo que aquellas ayudas compensatorias que los agricultores reciben en función del plan de
regionalización de rendimientos (que ustedes también impusieron desde los despachos; por cierto, los más bajos de toda Europa) hay que modularlas o, lo que es lo mismo, hay que quitar ayudas al que más recibe para incrementárselas al más pobre.
Para ello les vino al pelo el Reglamento de la Unión Europea 1.259/1999, de 17 de mayo, en el que se establecen con carácter voluntario de cada Estado miembro y por primera vez los criterios de modulación de las ayudas directas de la PAC.
Señorías, ustedes engañan a los agricultores cuando les dicen que les van a quitar las ayudas a los ricos para dárselas a los pobres. Les engañan, y lo saben. Si cobran ayuda aquellos a los que ustedes llaman ricos es porque ustedes mismos
se las reconocieron y porque en todo caso cultivan las tierras de las que son titulares bien directamente o mediante contratación de mano de obra, por lo tanto, creando empleo. Segundo. El citado reglamento de la Unión Europea establece que la
modulación debe ser voluntaria. Dicho reglamento en su artículo 5.2 dice: Los fondos obtenidos con motivo de la modulación se pondrán a disposición del Estado miembro de que se trate en concepto de ayuda comunitaria adicional para medidas de
acompañamiento, como son la jubilación anticipada, zonas desfavorecidas, medidas agroambientales o reforestación; o sea, que los fondos procedentes de la modulación se los queda la Unión Europea y, si el Estado miembro que ha modulado presenta
programas destinados a estos cinco apartados, pueden revertir en aquellos fondos que hemos modulado al Estado miembro y para estas medidas concretas que en todo caso, como saben o deberían saber, deben ser cofinanciadas por las comunidades
autónomas. Señor Cuadrado, estos fondos procedentes de la modulación nunca pueden ir a un agricultor en concreto de forma directa. Solamente si la comunidad autónoma correspondiente pone su parte podría invertirse en cualquiera de los apartados
mencionados de las medidas de acompañamiento. Señorías, ni una sola comunidad autónoma está dispuesta a este gasto adicional, puesto que ni siquiera se gastan el dinero que pone la Unión Europea para estos programas cofinanciados.
La aplicación de la modulación en los distintos Estados miembros de la Unión está siendo muy escasa. En estos momentos tan solo el Reino Unido está llevando a cabo la modulación de forma horizontal aplicando un porcentaje del 3 por ciento
para todos los agricultores. En Francia -el modelo que a ustedes les gustaba, aunque en estos momentos el nuevo Gobierno ha decidido suspender la aplicación de la modulación- solamente en el último año los agricultores franceses han perdido 24
millones de euros por los experimentos del Gobierno anterior. Alemania ha anunciado que pondrá en marcha la modulación en el año 2003 hasta un 2 por ciento.
Portugal ha renunciado hace unos días a los planes del Gobierno anterior de implantar la
modulación y en España, como he indicado anteriormente, la oportunidad o no de su aplicación ha sido estudiada profundamente y son varias las razones que han dificultado su puesta en marcha: en primer lugar, porque sólo una modulación obligatoria y
aplicada en todo el territorio de la Unión Europea puede evitar en los mercados la distorsión, discriminación y agravios comparativos entre los agricultores, ya sean de distintos Estados miembros o de distintas comunidades autónomas dentro de
España, como se ha pretendido al intentar legislar sobre este asunto por alguna comunidad autónoma; en segundo lugar, porque los importes modulados requieren, como he dicho anteriormente, financiación nacional. Esto hace que, además de requerir a
las comunidades autónomas y al Ministerio de Agricultura, primero haya que consignar la parte que les correspondiera en cada caso en cada uno de sus presupuestos, lo que podría llevar a primar a las comunidades autónomas con más posibilidades
financieras. Ciertas comunidades autónomas, entre las que se encuentran algunas gobernadas por el Partido Socialista, ya se han manifestado en contra de la modulación por los problemas
para financiar las medidas a las que se destinarían los fondos de las mismas y porque, además, produciría deslocalización de las ayudas. Las comunidades autónomas que más aportaran no coincidirán necesariamente con las que más retornos
percibirían, lo cual sería difícil de aceptar por parte de las primeras.
Como ven, señorías, ustedes están obsoletos, anticuados, cuando en el resto de la Unión Europea -sí señorías; por cierto, todos ellos gobiernos socialistas- han experimentado con sus agricultores y han fracasado; vienen aquí con el mismo
planteamiento que el resto de los países europeos está desechando por ser todas estas medidas que nos han presentado aquí ineficaces e insolidarias. Son precisamente unos momentos en los que en el seno de las instituciones de la Unión se ha
comenzado a debatir una nueva reforma de la PAC y se van a contemplar nuevas fórmulas, iguales para los Estados miembros, que impulsen la competitividad, la solidaridad y la justicia en la asignación de recursos. Por todo ello, lo mejor que podían
hacer es retirar esta proposición de ley por su carácter insolidario e injusto y colaborar en los nuevos trabajos de reforma de la PAC.
Con motivo de la presentación por parte de la Comisión de la llamada reforma a medio plazo de la política agraria común, se han planteado dos temas fundamentales, como son la desconexión de las ayudas de la producción, sustituyéndose éstas
por una única ayuda por explotación en función de los pagos que viniese recibiendo y condicionada al cumplimiento de unas determinadas normas, y la modulación dinámica que deberá aplicarse de forma obligatoria en todos los Estados miembros y que
tiene por objeto trasvasar recursos del primer pilar al segundo. En el Grupo Popular estamos de acuerdo con los principios que se establecen, con el carácter obligatorio de la igualdad de implantación de la Unión Europea, no a las cifras
propuestas, e introducir elementos de cohesión social y económica.
Señorías, parece que la intencionalidad política de esta iniciativa del Grupo Socialista es transmitir a la sociedad a través de los medios de comunicación o desde esta Cámara que el Gobierno está en contra de la modulación de las ayudas.
Nada más lejos de la realidad, señor Cuadrado.
Quiero dejar sentado y claro de una vez que el Gobierno y el Grupo Popular, como ya se ha manifestado en varias ocasiones -ahí están los 'Diarios de Sesiones' que lo avalan-, es partidario de una
modulación obligatoria para todo el territorio nacional y todos los Estados miembros, que respete el principio de cohesión económica y social en el ámbito comunitario y nacional y no distorsione la competencia. Por todo lo anteriormente expuesto y
porque la propuesta que hoy nos hace aquí el Grupo Socialista a través de esta proposición de ley, con una reducción del 20 por ciento de las ayudas, llevaría a la desaparición de la mayoría de las producciones cerealistas de España por
antieconómicas o faltas de rentabilidad y porque consideramos que esta propuesta podría ser incluso inconstitucional, desde el Grupo Popular nuevamente invitamos al autor de la proposición a que proceda a retirarla por obsoleta y extemporánea. En
todo caso, si como nos tememos su único objetivo es seguir engañando a los agricultores, esta proposición de ley sobre la modulación de ayudas debe ser rechazada, por lo cual anuncio el voto negativo y lo solicito también al resto de los grupos
parlamentarios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Isasi.
El señor ISASI GÓMEZ: Señora presidenta, si me permite un segundo nada más, quería respecto de algunas menciones...
La señora PRESIDENTA: Señor Isasi, su tiempo ha concluido. Tiene medio minuto, treinta segundos.
El señor ISASI GÓMEZ: Sí. Es acerca de una afirmación que ha hecho el señor Cuadrado en esta tribuna sobre que la renta agraria ha descendido desde que gobierna el Partido Popular. Quiero leer un párrafo del 'Diario de Sesiones', de 3 de
septiembre de 2002, sobre las declaraciones del ministro de Agricultura. Dice así: Si se ve la evolución de la renta agraria por unidad de trabajo/año en el conjunto de la Unión Europea en el periodo 1995-2001, España crece un 23,2 por ciento de
la renta agraria.
Finalmente, quiero decir que los amigos del señor Aznar deben ser los mismos que tenía el Partido Socialista cuando se les reconocieron las ayudas que hoy están cobrando.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Isasi. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modulación de ayudas agrarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 115; en contra, 165; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), REGULADORA DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA LOS MINUSVÁLIDOS FÍSICOS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL. (Número de expediente 122/000233.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley, en este caso del Grupo Parlamentario
Mixto (señor Núñez), reguladora de la eliminación de las barreras arquitectónicas para los minusválidos físicos en la propiedad horizontal.
Ruego ocupen los escaños y guarden silencio, al objeto de poder continuar con el debate, o aquellos que quieran abandonar el hemiciclo lo hagan también en silencio. (Rumores.)
Señorías, hay un diputado esperando poder hacer uso de la palabra, a que el murmullo de sus conversaciones le permita hablar. Les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio. (Continúan los rumores.)
Reitero una vez más que, por favor, guarden silencio y ocupen los escaños para que podamos continuar con el debate. Señora Valcarce, le ruego, por favor, hay un diputado que lleva un rato esperando poder hacer uso de la palabra, y no
consigo que SS.SS. ocupen sus escaños o hablen fuera del hemiciclo, llamada que hago extensiva a todos los diputados que están en la misma situación.
Adelante, señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, es natural que cualquier ciudadano necesite la protección de esta Cámara en la defensa de sus derechos fundamentales, y así lo procura hacer esta Cámara continuamente, pero si eso lo hace con cualquier ciudadano
parece que es más necesario aún que acentúe el esfuerzo de proteger en sus derechos a aquellos ciudadanos que están en condiciones de inferioridad.
Hoy, señorías, hablamos de un problema muy concreto pero grave, nos estamos refiriendo al acceso a la vivienda individual de cada uno de las personas con minusvalía; nos estamos refiriendo a más de un millón de personas que se puede decir
que están prisioneras en sus casas, a más de un millón de personas que no tienen libertad para salir o entrar en su casa, porque dependen de una tercera persona, de un familiar, o de alguien que les ayude a superar las barreras arquitectónicas para
acceder a la vivienda. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Hace muchos años que este país intenta la eliminación de barreras arquitectónicas, tanto en espacios y edificios públicos, como en la propia vivienda. Por mi profesión de arquitecto, conozco muchas normativas que procuran controlar el
futuro y dar un plazo de adaptación al pasado, un plazo que se va prorrogando siempre y que nunca llega, porque hay muchas dificultades de tipo económico, y de otro tipo, para conseguir el cien por cien de accesibilidad de todos los ciudadanos a
todos los lugares. Los esfuerzos que se han hecho de crear normativas, en concreto el que tratamos hoy de modificación de la Ley de propiedad horizontal, se cambió en la última década, en el año noventa, en el sentido de no obligar a la unanimidad
de la comunidad de propietarios a realizar estas obras, sino pedir sólo la mayoría de los tres quintos.
Hubo otra ley en 1995 que regulaba las relaciones entre el minusválido proponente y la comunidad respecto a cómo, en qué forma, en qué plazo y
de qué manera se hacían estas obras, legislación que, además, en el caso de no conseguir acuerdo entre el proponente y la comunidad, se le decía al proponente que podía demandar a la comunidad, pero que si el juez no le hacía caso en la demanda, él
mismo tendría que correr con los gastos de las obras hechas que pasarían a ser un bien de la comunidad. Ha habido sentencias del Tribunal Supremo en 1997, considerando lo injusto de esta norma. ¿Cómo es posible que un señor sufrague lo que luego
queda para beneficio de toda la comunidad? Ha habido gestiones ante el Defensor del Pueblo andaluz, en concreto la que me inspira esta proposición, de la Confederación de Minusválidos Físicos de Andalucía, de la que hoy nos acompaña desde la
tribuna su secretario general, porque quiero escuchar en directo la opinión de los distintos grupos políticos de la Cámara sobre este problema. En la memoria del Defensor del Pueblo andaluz de 1999 ya se contempla la injusticia de esta norma y la
necesidad de volver a modificar la Ley de propiedad horizontal.
La propuesta que traigo es simple, es una propuesta acotada en la que puede incorporarse cualquier modificación técnica con que cualquier grupo quiera enriquecer el fin. Y el fin es que no pueda darse el boicot por distintas razones, a
veces económicas, a veces de enfrentamiento personal, a veces de índole arquitectónico por el carácter patrimonial del edificio, que pueden justificar que una comunidad no apruebe las obras de accesibilidad para un minusválido físico. La razón de
fondo, su filosofía, es que este derecho es un hecho social, es el derecho de los minusválidos a las viviendas y no un hecho individual que atañe a una persona. No hay que enfocarlo como el problema de tal ciudadano que tienen que resolver los
demás. Hay que enfocarlo como el problema de determinados ciudadanos que por su enfermedad, por su edad o por sus características de minusvalía física, necesitan resolver determinados elementos arquitectónicos para poder acceder a sus viviendas.
Es un tema que se está estudiando desde hace tiempo. La propia secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Sociales declaró hace más de dos años que el Gobierno tenía pensado modificar la Ley de propiedad horizontal, porque no consideraba justa
la última legislación, ciertamente reciente. Se trata de una modificación de 1999, pero que se ha revelado ineficaz y no funciona.
Hago un llamamiento a todos los grupos de la Cámara. Si todos van a expresar la coincidencia en el fondo de la proposición, que un problema de forma no haga que pierda eficacia este camino de iniciar la modificación de la Ley de propiedad
horizontal. Estoy seguro que, dentro de la propuesta que ha presentado el portavoz andalucista, caben enmiendas técnicas, no tengo la menor duda. Pero estoy seguro, también, que es imprescindible
empezar el camino para cambiar esta ley, desde ahora mismo. No puede ser que en aras de una agrupación de medidas en un determinado tiempo, lo parcial quede relegado a resolver la totalidad. Esta misma Cámara ha constituido una comisión,
de la que este portavoz forma parte, para el estudio de la discapacidad, una comisión para estudiar el estado actual en que se encuentra este problema en España y sus posibles soluciones.
Pero una cosa es constituir una comisión para estudiar la
situación actual y proponer soluciones, y otra cosa es que hasta que esa comisión no termine los estudios no se pueda tomar ninguna medida de las que ya tenemos constancia que se pueden y se deben tomar, son eficaces y son justas.
Termino pidiendo el apoyo de toda la Cámara. No cabe que cometamos una tremenda injusticia, una falta al derecho constitucional de acceso a la vivienda digna con un colectivo y someterlo a una clara discrminación, que es que tengan que ser
ellos los que asuman los costos para acceder a su casa. Ya no estamos en periodo de discutir este axioma. Esto hay que resolverlo ya. El que esto requiera otros planes paralelos de otras ayudas, otros programas paralelos para acabar con la
discriminación que sufren los minusválidos, no me cabe la menor duda. Pero insisto en lo acotado de la propuesta: se trata de la modificación de la Ley de propiedad horizontal para conseguir que cualquier ciudadano tenga ese derecho. ¿Con qué
condiciones, señorías? No lo estamos dejando al albur.
Estamos poniendo dos condiciones: una, que esa minusvalía sea grave y esté acreditada por la Administración. Es decir, no sea el propio proponente el que diga lo grave o lo no grave que es.
Y otra cautela, que sea proporcional las obras que hay que hacer a la gravedad de esa minusvalía, controlando que se pudieran dar casos de una desproporción costosa de la obra de adaptación por una determinada minusvalía. Si controlamos desde la
Administración pública la gravedad del hecho singular que se da de ese ciudadano que vive allí y controlamos también la proporcionalidad de las obras que haya que hacer, creo que dejamos factores correctores suficientes para que esto no se convierta
en un problema discrecional donde una parte, el ciudadano minusválido, pudiera abusar de la otra, del resto de la comunidad. Creo que dejamos controles públicos para garantizar cuáles son los casos, pero necesariamente debemos abrir de una vez esta
puerta a la igualdad, que es la eliminación del acceso a la vivienda de cada uno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Núñez.
¿Grupos que deseen realizar turno en contra? (Pausa.)
¿Para fijar posiciones? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Tuve ocasión de participar en los debates cuando se abordó en esta Cámara la reforma de la Ley 49/1960, sobre propiedad horizontal, por la Ley 8/1999. En el año 1960 no había todavía en España una conciencia de protección a los minusválidos
y sobre todo la relación con las barreras arquitectónicas, que estuvieran a nivel de calle en las aceras, en los pretiles, en las escaleras de acceso a los edificios públicos o privados, etcétera. Hoy nos llega esta proposición que yo creo que es
una iniciativa feliz, oportuna, adecuada y mi grupo la va a votar favorablemente. Es una toma en consideración, que de aceptarse, en el trámite correspondiente podríamos hacer las correcciones oportunas, porque hay alguna parte que es reiterativa y
farragosa. Pero entrando en el fondo de lo que se pretende, vamos a dar nuestro voto, con el mejor sentido de hacer justicia a un colectivo que lo necesita. No creo que haya antagonismo con lo que ya conseguimos en 1999 al modificar el artículo
17. Quiero recordar esto que se llama el espíritu del legislador, que a veces si no se lee el 'Diario de Sesiones' no se percibe el mismo y se va a la pura literalidad del texto de cualquier proyecto hecho ya ley en el Boletín Oficial del Estado.
En el texto vigente, en el artículo 17 se habla de la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de personas con
minusvalías.
Estábamos pensando en edificios públicos, privados, etcétera en los que no entran o salen minusválidos que sean propietarios, sino personas que acceden a los mismo porque hay un consultorio, una oficina o van a visitar a una persona,
familiar o amigo, que está allí. Es fundamental considerar lo que se dice con la propuesta que trae esta iniciativa, que junto a mantener el concepto de las obras que requieren una mayoría de los comuneros, etcétera, referido a personas con
minusvalía, introduce una nueva categoría, que es la que va a definir el comportamiento que la ley va a exigir para las votaciones, como es que aquí se halla un comunero solicitante de las obras, es decir un inquilino propietario, y que al amparo de
la Ley de la propiedad horizontal va a pedir a la comunidad una obra de adaptación -que también trae con gran prudencia el texto- que sea viable y proporcionada. Habrá edificios en los que por la época de construcción o por su arquitectura ello sea
inviable.
Alguna medida se tendrá que tomar para que este comunero, al padecer graves problemas de movilidad, pueda hacer uso de un nuevo derecho en la ley para el que no se requiera una mayoría cualificada de los comuneros, sino que baste su demanda
a fin de que la comunidad, sin ningún proceso de votación, entre en la participación económica y en la decisión oportuna. Pensamos que estamos ante un proyecto que hace justicia y reconoce
una situación de minusvalía física y que por ser un hecho que existe tiene que ser abordado desde ese punto de vista. Para ello haremos nuestra aportación si se nos requiere en los trámites a que pudiera dar origen su toma en consideración
y quede consolidado como un derecho aceptado plenamente por la sociedad española.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debo confesar que la primera reacción al leer esta iniciativa de mi formación política fue la de pensar, como ponente que fui, al igual que ha manifestado el señor Mardones, de la modificación de la Ley de propiedad horizontal: no
empecemos a tocar tan pronto lo que con tanto esfuerzo y con gran consenso acordamos y, según se nos dice por operadores jurídicos y por representantes de propietarios, funciona de una manera razonable. Enseguida, visto el título, nos pudo la
motivación.
La eliminación de barreras que permitan el normal desenvolvimiento de las personas discapacitadas o minusválidas, además de ser conscientes del constante envejecimiento de la población, nos llevó a pensar que quizá un texto que ha
funcionado razonablemente bien pudiese ser objeto de alguna perfección.
Al modificarse en el año 1999 la Ley de propiedad horizontal se dio ciertamente un paso de gigante, la adición del artículo 17, que, repito, no está mal del todo y que viene funcionando salvo que exista algún vecino recalcitrante, cosa no
infrecuente ya que la vida en sociedad en propiedad horizontal genera voces que en muchas ocasiones impiden llegar a acuerdos con la mayoría requerida, porque es casi siempre el propio necesitado de la reforma el que, a pesar de lo que diga la ley,
viene soportando su coste. Esto es así, señorías, pese a que la doctrina más autorizada o lo que sobre la modificación de este precepto se ha escrito nos permite hacer dos precisiones. La primera es que el quórum y votación a que se refiere este
párrafo no es exactamente coincidente con el establecido en la regla tercera del artículo 17 en el supuesto que nos ocupa, eliminación de barreras arquitectónicas; no cabe aplicar la regla de la mayoría de los presentes cuando se produce en segunda
votación, siendo siempre precisa la votación a favor del acuerdo de la mayoría de los integrantes de derecho de la junta de propietarios. Es decir, lo que en el derecho público sería un régimen de mayoría absoluta.
La segunda precisión se refiere a la vinculación económica de todos los propietarios. Esto, en la teoría, tal y como he manifestado. Al igual que en el caso de los servicios comunes de interés general, si el acuerdo se adopta con la
mayoría exigida en el artículo 17.1 no entrará en juego el sistema establecido en la Ley 15/1995, de 30 de mayo, que sin embargo permanecía vigente; ni tampoco la regla del artículo 11.2 de la Ley de propiedad horizontal. Por consiguiente, los
disidentes deberán también estar obligados a la financiación íntegra de la obra o servicio en cuestión. He manifestado que, sin embargo, la práctica evidencia que son los propios interesados en la reforma los que vienen financiándola. La idea de
obligatoriedad sin régimen de mayorías que contempla la proposición nos llevaría a que parecería entonces que la totalidad de los propietarios tenían que ser quienes financiasen la modificación; cabe también pensar que estamos hablando de un
interés colectivo que incumbiría a los poderes públicos, a las administraciones, que son quienes están obligados a dar condiciones de igualdad a estas personas en relación con su vida en sociedad.
La cita que se hace en el preámbulo a los preceptos constitucionales 47 y 49 nos conduciría a esta vía. En todo caso, sería una decisión a valorar, de tomarse en cuenta la iniciativa, por quienes fuésemos ponentes en esta Cámara. La
redacción concreta, desde luego, sí que debiera ser perfilada, ya que contiene expresiones tales como graves problemas de movilidad o gravedad del problema, que habría que intentar objetivar en lo posible con grados de minusvalía o con
certificaciones que impidiesen arbitrariedades o valoraciones del caso por caso, además de admitir que no siempre será la Administración local, tal como se pretende en la proposición, la certificante; puede ser competente, según se articule en cada
uno de los casos, la Administración autonómica o la foral, como ocurriría en el caso vasco. En fin, nada que no fuese corregible con la presentación de enmiendas parciales al texto.
Señorías, puesto que dispongo de tiempo, no me resisto a una tentación que siempre se me presenta cada vez que se baraja en esta Cámara algún texto en el que se alude al Real Decreto-ley 1/1998, que es el que regula el acceso a los servicios
de telecomunicaciones, también en el régimen de propiedad horizontal. Para quienes se invisten siempre del respeto absoluto a los preceptos estatutarios y constitucionales me gusta referirme a que este real decreto, que es de febrero del año 1998,
fue convalidado por esta Cámara con la condición de que se tramitase como proyecto de ley. Sin embargo, parece que no hubo tiempo entre febrero de 1998 y la disolución de las cámaras a finales de 1999 para que tal cosa se produjese. Creemos que se
ha producido un fraude a la voluntad de esta Cámara, ya que este real decreto-ley está en vigor tal y como fue concebido por el Gobierno; Gobierno que sin embargo hizo el gesto generoso en esta Cámara de aceptar que se tramitase como proyecto de
ley, no habiendo la mayoría existente en la legislatura pasada y sin que en ésta se haya convocado a la ponencia correspondiente, con lo cual jamás ha habido ocasión de cumplir la voluntad de la Cámara,
que fue la tramitación del real decreto-ley como proyecto. Siendo como soy conocedora de las fuentes del derecho, un real decreto-ley está en vigor desde el mismo momento en que se inserta en el Boletín Oficial del Estado, conforme a la
vacatio que el propio texto prevea, pero hay un fraude a lo acordado por esta Cámara, y no es el único caso; en varias ocasiones se ha manifestado la voluntad de tramitar reales decretos-ley como proyectos de ley sin que luego la ponencia
correspondiente se haya llegado a reunir y tengo ejemplos bastantes para llegar en su día a producir algún texto con este único valor jurídico. Permítanme, señorías, ya que estoy en el uso de la palabra y tengo tiempo para ello, este pequeño
desahogo ya que sale citado en la disposición que se pretende modificar.
Vuelvo, tras esta pequeña digresión, a lo que es el objeto de la intervención propiamente dicho. Creo que sus defectos técnicos o su indefinición sobre quién ha de pagar no nos llevarán a rechazarla, ya que se podrá arreglar en el trámite
parlamentario oportuno. Le puede más a mi formación política la idea de avanzar en la eliminación de barreras que impiden la inserción en la normalidad social a muchas personas. Por tanto sí apostaríamos para que pueda verse esta modificación en
esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde hace más de medio siglo, en parte como consecuencia del desarrollo y debido a situaciones en principio favorables, nos encontramos cada vez con más personas con problemas de movilidad.
Personas de edad avanzada,
discapacitados físicos por accidentes, etcétera, perciben la ciudad como un enorme conjunto de problemas para los desplazamientos, que a veces se convierten en insalvables, impidiendo no sólo la autonomía propia sino llegando a imposibilitar el
tránsito a estas personas. Cuando nos referimos a personas con minusvalía o discapacidad lo hacemos tomando el concepto de la comisión sobre la igualdad de oportunidad de las personas con minusvalía, una nueva estrategia comunitaria en materia de
minusvalías de 1996; es decir, a cualquier persona con una disminución de naturaleza física, mental o intelectual cuya participación en términos de igualdad y eficacia equitativa con los demás ciudadanos se ve obstaculizada en cualquiera de los
aspectos de la vida en comunidad. Asimismo, entendemos por igualdad de oportunidades el proceso por el cual las diversas prestaciones sociales y del entorno, tales como servicios, actividades, información y documentación, se ponen a disposición de
todos los ciudadanos en términos de igualdad y eficacia equitativa. Estas estrategias están encaminadas no sólo a evitar la exclusión de las personas con discapacidades, sino a facilitar la total incorporación de las mismas al conjunto de las
actividades sociales.
Para lograr estos objetivos, en nuestro país se ha promulgado suficiente legislación, aunque escasamente desarrollada. Faltan por desarrollar estrategias en la comunicación espacial en la capital, y como sugerentes propuestas electorales se
habla de hacer posibles algunas estaciones de Metro y Renfe, pero no se contempla la totalidad de éstas. Tampoco se establece la obligatoriedad de que todas las emisiones televisivas sean accesibles a los sordos, etcétera. Es decir, que sin
cuestionar los avances, éstos tienen un alcance muy limitado, estando siempre enmarcados en intereses generales que dejan para un después los compromisos comunitarios.
En cuanto al caso que nos ocupa, la iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto sobre la regulación de la eliminación de barreras arquitectónicas para los minusválidos físicos en la propiedad horizontal, entendemos que puede tropezar con un
precepto constitucional del que mi grupo no es adalid, y nos referimos a la propiedad privada. Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, este concepto tiene una relevancia limitada frente a otros derechos como el de la participación.
Por ello, evidentemente, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, ya que no entendemos que cuando una persona con discapacidad pretende modificar el acceso a su vivienda para hacerlo más sencillo tenga que contar
con la aprobación de la mayoría absoluta de sus convecinos, que simplemente pueden estar en contra por cuestiones estéticas. Ello sin que creamos que la cuestión queda zanjada con la propuesta que debatimos en la actualidad,, ya que sería un nuevo
avance en la mejora de la calidad de vida de personas con movilidad y con capacidad económica reducidas para afrontar los gastos de modificación de su entorno, pero creemos que va a ser insuficiente para aquellos casos en que la capacidad económica
no es la idónea para afrontar dichos gastos. Por ello, si esta proposición de ley pasa este trámite, presentaremos las enmiendas necesarias para que sea la Administración en según qué casos la que corra con una sustancial parte de los citados
gastos, de forma que todos los discapacitados puedan hacer efectiva su integración en la sociedad.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Partido Andalucista, que hoy tomamos en consideración, pretende facilitar la realización de obras o el establecimiento de nuevos
servicios en comunidades de propietarios en las que resida una persona que necesite estas obras o servicios, como consecuencia de los graves problemas de movilidad que padece. Los únicos requisitos necesarios para llevar a cabo estos cambios en
cualquier edificio y comunidad de propietarios, si ello se aprobara, serían por un lado la propia solicitud de la persona que padece la minusvalía y por otro la certificación de la Administración competente, acreditando los serios y graves problemas
de movilidad que ésta padece, evitando con ello que por la oposición de algunos de los comuneros no se lleve a cabo la necesaria supresión de las barreras arquitectónicas existentes.
Anuncio ya que mi grupo parlamentario va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, como no podría ser de otra manera. Hemos sido tradicionalmente uno de los grupos parlamentarios impulsores de este tipo de
iniciativas. Todos ustedes saben que el Grupo Parlamentario Catalán a lo largo de su actividad parlamentaria ha demostrado una especial sensibilidad con la población que padece discapacidades o minusvalías. En esta Cámara, en más de una ocasión,
habrán oído citar a quien fue uno de nuestros diputados y fundador del partido, Ramón Trias Fargas, como uno de los principales impulsores de una de las leyes todavía en este campo más importantes, la LISMI.
Iniciativas diversas a lo largo de todas
las legislaturas, en esta Cámara y en el Senado, acreditan lo que estoy señalando, como ya conocerán sus señorías. En este sentido cabría destacar que recientemente presentamos una propuesta de resolución en el debate de política general con un
objetivo que de hecho todos compartimos: conseguir y trabajar para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidades, al igual que en tantas otras ocasiones hemos defendido. Quizá también cabría recordar que Convergència i Unió fue
uno de los grupos parlamentarios, el primero, que propuso la creación de la subcomisión sobre la situación de la discapacidad, que, como saben, hoy funciona regularmente.
En relación con la iniciativa que hoy discutimos y la posición del Grupo Parlamentario Catalán hay que decir que en noviembre de 1989 presentamos ya una proposición de ley que modificaba la Ley de propiedad horizontal, con la intención de
facilitar la adopción de acuerdos, en las comunidades de vecinos, que tuvieran como finalidad la adecuada habitabilidad de las personas con discapacidades en el edificio en el que estas residieran.
Esta se convirtió, después de la correspondiente
tramitación parlamentaria, en la Ley 3/1990 y supuso que la unanimidad necesaria y requerida por la ley desde 1960 para la adopción de este tipo de acuerdos dejara de estar vigente. Y dando un paso más, a pesar de que hoy lo consideramos
insuficiente, bastaba una mayoría cualificada de las tres quintas partes para aprobar dichas obras. En mayo de 1991, el Grupo Catalán presentó otra proposición de ley, que pretendía modificar el artículo 112 de la Ley de arrendamientos urbanos para
facilitar la eliminación de las barreras arquitectónicas en las viviendas de alquiler; esta, a pesar de su objetivo, no consiguió el apoyo necesario para ser aprobada. En diciembre de 1994, en la misma línea, mi grupo parlamentario presentó
diversas enmiendas a una proposición de ley del Grupo Popular, que acabó siendo la Ley 15/1995, sobre los límites del dominio sobre bienes inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidades. En enero de 1997 presentó
de nuevo una proposición de ley de reforma de la Ley sobre propiedad horizontal, que, juntamente con una proposición del Grupo Popular y una iniciativa legislativa popular, acabaría siendo la Ley 8/1999 y modificaría este aspecto concreto de la
normativa, haciendo que nada más fuera necesario para conseguir la realización de estas obras de adaptación el voto favorable de la mayoría de los propietarios. Para hacernos una idea aproximada de a cuántas personas afectaría, sin duda
positivamente, una medida como esta, el Instituto Nacional de Estadística estimaba en el año 1999 que la población española que padecía algún tipo de discapacidad ascendía a más de tres millones y medio de personas. Entonces, el 9 por ciento de los
españoles padecía algún tipo de discapacidad. De estos, y en aquel momento, más de 400.000 españoles de entre 6 y 64 años tenían problemas para desplazarse y más de 800.000 mayores de 65 años se encontraban también en esta situación.
Compartimos la idea, reflejada en la exposición de motivos de esta iniciativa, de que, para integrar socialmente e igualar las oportunidades de estas personas con las del resto de la población, el hecho básico y fundamental de que puedan
moverse o hacerlo con mayor facilidad, en definitiva, que puedan entrar y salir de su propia casa, resulta imprescindible. Y por ello, como he anunciado al inicio de mi intervención, vamos a votar a favor. En caso de que la proposición se tomase
en consideración, ya discutiríamos a lo largo de su tramitación las condiciones en que estas necesarias obras de adecuación se deberían llevar a cabo. Lo que no cabe pensar es que nuestro grupo vaya a oponerse a su toma en consideración. Todo lo
contrario, apoyaremos favorablemente esa iniciativa, recordándoles que, indiscutiblemente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) siempre estará dispuesto a dar apoyo a iniciativas relacionadas con la discapacidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Expósito.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que aborda una reforma del artículo 17 de la Ley de propiedad horizontal, en virtud de la cual se produce una eliminación
de barreras arquitectónicas para los minusválidos físicos. Pensamos que es una iniciativa que está bien planteada y que es oportuna, que es una iniciativa que sin lugar a duda tiende a resolver uno de los problemas que actualmente existen en
nuestra sociedad, a pesar de que en la última década de los años noventa se han producido modificaciones legales de la Ley de propiedad horizontal que han tendido a mejorar la situación en el acceso a la vivienda de aquellas personas afectadas por
minusvalías. Es oportuna porque, a pesar de que haya una subcomisión funcionando en el Congreso dedicada al estudio de la realidad de la discapacidad, lo que sí pone de manifiesto es que desde hace dos años, que es cuando se presentó el compromiso
del Gobierno y del Partido Popular de elaborar un plan estatal de accesibilidad, eso no se ha producido, lo que ha motivado que aquellas asociaciones, aquellos colectivos, aquellos grupos, que están afectados por el no desarrollo de estas medidas
hayan mostrado su preocupación y su inquietud porque esto no se resolviera.
Indudablemente, esta Cámara, desde el momento en que hace 4 meses asume que debe llevarse a cabo ese estudio en esa subcomisión, está siendo sensible a que se resuelva este tipo de problemas. Pero también es cierto que esta Cámara, en el
día de hoy y a iniciativa del Partido Andalucista, pone encima de la mesa un tema que es perfectamente compatible con cualquier otra solución que se formule por parte de esa subcomisión de cara a resolver todos los problemas o gran parte de los
problemas que tiene la discapacidad en nuestro país. Sería un buen ejemplo de sensibilidad y sería un buen punto de contacto con aquellos colectivos y aquellos sectores que pueden resultar afectados por esta medida que hoy todos los grupos de la
Cámara dijéramos que estamos de acuerdo con que esta medida se apruebe, con esta pequeña modificación del artículo 17 de la Ley de propiedad horizontal, que lo único que nos dice es que se eliminen las mayorías para llevar a cabo la ejecución de
determinadas obras y que se tenga en cuenta la situación personal de un conjunto de personas, de ciudadanos y de ciudadanas de este país, que, por ciertas minusvalías físicas, no pueden acceder a las viviendas. Es necesario que, en virtud de la
justicia a la que todo el mundo debe aspirar, se haga todo lo posible para que esos problemas desaparezcan. Hoy sería un buen momento para decir a esos ciudadanos y a esas ciudadanas: El Congreso de los Diputados, todos los grupos políticos, han
aceptado como válida esta iniciativa, han aceptado como bueno empezar a trabajar en esa modificación del artículo 17. Y después, a partir de hoy, podremos perfectamente introducir aquellas enmiendas o aquellas aportaciones de cada grupo que sin
lugar a dudas, mejorando o intentando mejorar la proposición de ley del Partido Andalucista, tiendan a solucionar aquellos problemas que se puedan derivar o aquellas dudas que puedan surgir con la aplicación de esta norma.
En esta modificación que plantea la proposición de ley se establecen una serie de aspectos que a nosotros nos ofrecen dudas, pero con el futuro debate en ponencia y en comisión se podrían solucionar. Definir qué se entiende por graves
problemas de movilidad o cuál es la Administración competente, si tiene que ser la local, como establece la proposición de ley, o tiene que ser la autonómica, son aspectos que pueden definirse tras el diálogo y el acuerdo, mejorando así
sustancialmente el texto de la proposición de ley. También, sin lugar a dudas, habrá que hablar, como ya lo han hecho algunos portavoces, sobre qué sucede con el proyecto arquitectónico a desarrollar, con la forma de financiación, con el hecho de
si tienen que ser las administraciones públicas o si tiene que ser la propia comunidad, una serie de dudas que puede uno plantearse a la hora de desarrollar esta norma. Con el espíritu con el que se está funcionando en la subcomisión constituida al
efecto, con la buena intención que en principio todos tenemos para que estos problemas se resuelvan y con las aportaciones de los diferentes grupos estas dudas podrían ser perfectamente dilucidadas en la tramitación de esta proposición de ley.
Hasta ahora todos los grupos políticos hemos dicho que sí a esta proposición de ley, todos los grupos políticos hemos manifestado que estamos de acuerdo con el fondo, que estamos de acuerdo con la incorporación de esta modificación de la Ley
de propiedad horizontal y que estamos dispuestos a mejorar el texto en función de la forma en que nosotros entendemos que tiene que funcionar este artículo 17 en lo sucesivo. Yo sinceramente espero que el Grupo Popular se incorpore a esta
iniciativa del Partido Andalucista, del Grupo Mixto, que haga un esfuerzo de generosidad, no sólo con los otros grupos, sino con los problemas que tienen los discapacitados en nuestro país, que acepte que esta proposición de ley se apoye en el día
de hoy y que todas aquellas personas interesadas en que esta iniciativa pueda tener solución se vayan satisfechas con la decisión y con la sensibilidad que esta Cámara ha tenido.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, ustedes que han incumplido esos dos años, ustedes que parece que quieren ofrecer un plan de accesibilidad, ustedes que están preocupados por conocer qué sucede con esta modificación de la Ley de
propiedad horizontal, ustedes que en la subcomisión y en diversos foros podrán decir que, indudablemente, habrá que acometer esta modificación de la Ley de propiedad horizontal, hoy tienen una oportunidad muy buena para decir que sí. No es una
iniciativa nuestra, es una iniciativa del Grupo Mixto, pero, como todos los
grupos estamos dispuestos a que eso sea así, estamos en condiciones de aceptar el reto de plantear a partir de ahora un debate y un diálogo serio en este Congreso para conseguir entre todos que este problema que se plantea con la aplicación
de esta ley sea resuelto.
A la vista de cómo evoluciona todo el proceso legislativo en esta Cámara, señorías, no hay lugar a dudas de que se van a cumplir perfectamente los dos períodos de sesiones, puesto que va a funcionar la subcomisión hasta el 31 de diciembre de
este año, y no hay dudas de que esta iniciativa puede perfectamente ser compatible con el desarrollo de esa subcomisión y con el plan de accesibilidad, por el que me imagino que ustedes seguirán apostando, a pesar de que llevan dos años sin
cumplirlo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero iniciar mi intervención con un reconocimiento al representante del Partido Andalucista, señor Núñez, por su preocupación, interés y sensibilidad frente a los problemas que se les plantean a las personas que padecen cualquier
tipo de discapacidad, preocupación y sensibilidad que, por supuesto, comparte nuestro grupo, el Grupo Popular.
Las personas con discapacidad, una de las categorías más desfavorecidas de la sociedad, han de seguir enfrentándose a múltiples
obstáculos para acceder a los diversos aspectos de la vida social. La adopción de disposiciones legislativas tendentes a la eliminación de barreras, la puesta a disposición de instalaciones adaptadas y el denominado diseño para todos constituyen
factores indispensables para alcanzar la igualdad de oportunidades para estas personas.
España en los últimos años ha realizado un esfuerzo de cambio normativo en relación con las personas con discapacidad, en especial en cuanto a la accesibilidad a los inmuebles de uso privado, que es precisamente el objeto de la proposición
de ley que debatimos hoy para su toma o no en consideración. Dos son las reformas que se han llevado a cabo para modificar la Ley de propiedad horizontal de 1960. La primera de ellas, mediante la Ley 3/1990, que modificó el régimen de validez de
los acuerdos adoptados por la junta de propietarios, estableciendo el voto de una mayoría de tres quintos de los propietarios y no la unanimidad prevista en la Ley de 1960, cuando tuviesen por objeto realizar la adecuada habitabilidad para permitir
el acceso de personas con minusvalía en el edificio de su vivienda. La segunda reforma, mediante la Ley 8/1999, vuelve a rebajar, en cuanto a votos se refiere, la validez de los acuerdos de la junta, disponiendo que la realización de obras que
tengan por objeto la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o la movilidad de personas con minusvalías requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios. A estas modificaciones cabe añadir la Ley 129/1995, de
limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas, que nació precisamente por iniciativa del Grupo Popular, al igual que lo hizo la Ley 8/1999, anteriormente mencionada. Por su parte, el reglamento del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, aprobado por Real Decreto 214/1999, complementando la anterior legislación, ha permitido la deducción de las cuotas del IRPF por las obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con
discapacidad así como las realizadas en los elementos comunes de la propiedad horizontal. Además de las reformas operadas en la Ley de propiedad horizontal, el plan de acción para personas con discapacidad, aprobado el año 1996, establece entre sus
objetivos garantizar el uso normalizado de las ciudades y pueblos a las personas con problemas de movilidad.
Estas normas dejan patente la creciente preocupación que existe en nuestro país en relación con las grandes dificultades que tienen los ciudadanos con problemas de movilidad. Sin embargo, a pesar de los avances, es notorio que continúan
existiendo muchas barreras arquitectónicas que impiden el normal desenvolvimiento de esas personas y que podrían ser eliminadas. La posibilidad de que una persona con minusvalías físicas realice las obras necesarias, proporcionadas y viables en el
edificio en el que radique su vivienda, para tener un acceso autónomo o sin dificultades a la misma, debería primar sobre cualquier otra consideración, que lamentablemente puede observarse en determinadas comunidades de propietarios, cuando se
propone la eliminación de barreras arquitectónicas o la instalación de elementos que favorezcan la movilidad de este colectivo. El hecho de exigirse el voto favorable de alguno de los copropietarios para que un discapacitado pueda eliminar las
barreras que le dificultan o le impiden el libre acceso a su vivienda tiene como consecuencia que pueda serle negada tal eliminación. Dado que la Constitución establece como uno de los principios rectores de la política social el amparo especial de
los derechos de los minusválidos, debería protegerse su derecho al disfrute de una vivienda adecuada y permitirle la eliminación de barreras que dificulten el acceso a la misma sin el posible veto de alguno de los copropietarios. En consecuencia,
nada habría que oponer a la eliminación en la Ley de propiedad horizontal de la mayoría requerida para acceder a la realización de las obras que tengan por objeto adaptar el inmueble en el que se encuentra su vivienda.
Sin embargo, la modificación propuesta por el Grupo Mixto nos plantea una serie de dificultades. En primer lugar, no se determina el alcance de lo que se debe
entender como graves problemas de movilidad, dejándose una cláusula demasiado abierta, que podría derivar en problemas comparativos. En segundo lugar, no se establece con claridad cuál es la Administración local competente. En tercer
lugar, al tratarse de realización de obras o de instalación de mecanismos en zonas comunes del inmueble, y por tanto compartidas, debería determinarse, aunque no se exija mayoría alguna para la eliminación de determinada barrera arquitectónica, el
procedimiento mediante el cual van a acometerse las obras de accesibilidad. El hecho de que baste la solicitud del discapacitado para efectuar las citadas obras no significa que el resto de los copropietarios no tengan nada que decir respecto al
proyecto de las mismas, el momento y forma de realizarlas.
Por tanto, solicitadas las obras de accesibilidad, debería determinarse el grado de implicación de los demás copropietarios, a los efectos de decidir la mejor ubicación de las mismas, la
necesidad de mantenimiento, el equilibrio arquitectónico, etcétera. En cuarto lugar, debería hacerse alguna referencia al coste económico de las reformas pedidas, en concreto si estas deben hacerse a cargo de los presupuestos de la comunidad, de la
persona o personas que vayan a disfrutar de dichas mejoras o si deben sufragarse por la Administración local competente que ha certificado la gravedad de los problemas de movilidad. También podría distinguirse entre aquellas situaciones ya
existentes y las que pudieran producirse como consecuencia de la adquisición por una persona minusválida de una vivienda en un edificio que no cuenta con las facilidades necesarias, sin que en ningún caso ello suponga una limitación al derecho de
libre acceso a una vivienda en propiedad. Finalmente, no se determina si la solicitud del discapacitado ha de considerarse una excepción al artículo 11 de la vigente Ley de propiedad horizontal, que establece que ningún propietario podrá exigir
nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del inmueble, según su naturaleza y características, pues de ser así tendría una enorme importancia en cuanto a los gastos derivados de
la realización de las obras.
En definitiva, señorías, estamos delante de una propuesta que compartimos en cuanto a su fondo pero que debe ser matizada y concretada para evitar en lo posible lagunas y que hayan de ser los tribunales los que se pronuncien. Hemos de ser
rigurosos en esta materia, pues entendemos que si se dejan sin perfilar una serie de cuestiones fundamentales quedaría a la libre interpretación de los afectados y ello generaría sin duda múltiples conflictos e incluso podría generar un cierto
rechazo a las personas con discapacidad. Sin embargo, el hecho de que hoy no salga adelante la toma en consideración de esta proposición de ley no nos debe preocupar, ni al proponente ni a ninguno de nosotros, puesto que vamos a tener muchas
oportunidades de corregir, y en breve plazo, muchos de los aspectos que nos preocupan.
Existe un reconocimiento general de que en España en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo de cambio normativo con relación a este colectivo y la accesibilidad a los inmuebles de uso privado. Pero, aun reconociendo los
innegables avances, es obvio que se pueden realizar cambios que protejan y mejoren la calidad de vida de estas personas en el ámbito de los inmuebles donde viven. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en su reciente comparecencia en la
Comisión de Política Social, anunció su prioridad en la adopción de acciones encaminadas a garantizar la integración social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y expuso cinco líneas fundamentales de acción, entre las que
destacó la conclusión antes de final de este año del plan estatal de accesibilidad, para garantizar la supresión de todas las barreras urbanísticas, arquitectónicas y de la comunicación, y avanzar de este modo en la calidad de vida de los
discapacitados. Entre los objetivos generales de este plan se encuentra la cuantificación y jerarquización de las necesidades de accesibilidad y el enfoque integral de los problemas y soluciones. Conocemos que se ha hecho un estudio muy riguroso,
entre otros, con el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Barcelona y que en estos momentos se está elaborando el libro blanco sobre accesibilidad.
Desde nuestro grupo consideramos que el conducto adecuado para plantear este tipo de iniciativas es en estos momentos la subcomisión para la discapacidad, que inició su andadura en el mes de abril y que se creó con la finalidad de
profundizar en la problemática que comporta cualquier tipo de discapacidad. Ya han sido varios los representantes de los diferentes colectivos de discapacitados que han comparecido y cuando la subcomisión concluya sus trabajos se emitirán los
criterios que permitan llevar a cabo las modificaciones necesarias que sirvan para mejorar ese objetivo que perseguimos, conseguir la plena integración social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Es cierto que podríamos
votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley y, en trámite parlamentario, introducir las modificaciones necesarias pero también es cierto que el sentido común nos aconseja esperar la inminente aprobación del plan de
accesibilidad anunciado por el Ministerio de Trabajo y el informe con las conclusiones de la subcomisión de discapacidad, que precisamente fue creada con este fin. Por tanto, en coherencia con lo expuesto, anunciamos nuestro voto negativo a la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Martín. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Núñez, reguladora de la eliminación de las barreras arquitectónicas para los
minusválidos físicos en la propiedad horizontal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 141; en contra, 151.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), PARA TRANSFERIR A LA GENERALIDAD DE CATALUÑA TODAS LAS FACULTADES EJECUTIVAS DE TITULARIDAD ESTATAL QUE ACTUALMENTE PRESTAN LOS ÓRGANOS TERRITORIALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO EN DICHA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DEL PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN ÚNICA. (Número de expediente 162/000434.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para transferir a la Generalitat de Catalunya todas las facultades ejecutivas de
titularidad estatal que actualmente prestan los órganos territoriales de la Administración general del Estado en dicha comunidad autónoma, en el marco del desarrollo del principio de Administración única. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Jané. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños, por favor. Hay un diputado esperando para poder hacer uso de la palabra a que SS. tengan la amabilidad de guardar un mínimo de silencio.
Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) trae hoy ante el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición no de ley para hacer plenamente efectivo el
principio de Administración única en Catalunya.
Esta no es una propuesta aislada; es una propuesta que enlaza directamente, señorías, con lo que acordó esta misma Cámara en la pasada legislatura. Concretamente, en la pasada legislatura, en un
contexto en el que no había mayorías absolutas, se aprobó en este Congreso de los Diputados y por las Cortes Generales la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, la conocida como LOFAGE, una ley que publicaba el
BOE para que el principio de la Administración única fuera aplicado.
En la exposición de motivos de la LOFAGE se precisaba concretamente cuál era el objetivo de la misma y se decía claramente que es conveniente introducir el objetivo de la Administración única o común de forma que el protagonismo
administrativo en el territorio autonómico lo tenga la Administración autonómica, que también podrá asumir funciones administrativas correspondientes a materias de competencia exclusiva del Estado a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la
Constitución. Se decía, por tanto, en esa exposición de motivos de la LOFAGE y no sólo en ella. Hay muchas declaraciones importantes a favor de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución para dar cumplimiento al principio de
Administración única. Les voy a leer, si me lo permite, señora presidenta, una declaración a favor del artículo 150.2, a favor de la Administración única. Se decía: El artículo 150.2 de la Constitución permite la transferencia de la gestión de
competencias de titularidad estatal a las comunidades autónomas. Tenemos la firme voluntad de poner en marcha el artículo 150.2 de la Constitución, que también llevará aparejada una importante reforma de la Administración periférica del Estado.
Alguien pensará que esta declaración es del presidente Pujol, del conseller en cap, Artur Mas, de Xavier Trías, presidente de nuestro grupo parlamentario. Pues no, era una afirmación de Mariano Rajoy en el año 1996, cuando ya era ministro de
Administraciones Públicas. Reconocía en estas Cortes Generales que podía y debía aplicarse el artículo 150.2 para cumplir la Administración única, y se decía que había una firme voluntad de aplicarlo.
El presidente Aznar, en el debate de investidura celebrado en 1996 en esta misma Cámara, también afirmaba que la Administración única era necesaria porque -decía el presidente Aznar-, en definitiva, los servicios que el ciudadano demanda de
los poderes públicos deben ser prestados por la Administración más idónea por su mayor proximidad. Por tanto, lo que trae hoy mi grupo parlamentario enlaza con lo que ya se acordó en la pasada legislatura. Enlaza también con una propuesta de
resolución aprobada en el Pleno de esta Cámara, en el debate de política general con el presidente del Gobierno, el pasado 27 de junio de 2001, en el que se reafirmaba la necesidad de dar cumplimiento al principio de la Administración única para
evitar duplicidades, para realizar una simplificación administrativa, para acercar la Administración al ciudadano. Se pedía el cumplimiento del principio de Administración única con propuestas aprobadas por unanimidad de los miembros de esta
Cámara.
Pues bien, enlazando con estas propuestas, mi grupo quiere hoy hacer efectivo el principio de Administración única, pero no quiere hacerlo efectivo por razones de agilidad administrativa. Convergència i Unió no plantea este debate como una
mera descentralización administrativa. Para nosotros, el principio de Administración única es una oportunidad de elevar nuestro nivel de autogobierno, con la voluntad de obtener una mayor autonomía política para Catalunya. Esta es una voluntad que
en Catalunya existe. En Catalunya se ha creado una comisión para profundizar en el nivel de autogobierno, y en el ámbito de esa comisión hay una gran mayoría que quiere avanzar en ese mayor nivel de autogobierno, que quiere profundizar en el
principio de la Administración única, que quiere hacerlo efectivo, por voluntad política, por voluntad de querer gestionar, por voluntad de que, por ejemplo, Catalunya pueda tener la gestión del catastro en su comunidad. Catalunya ya tiene
competencias urbanísticas, pero no puede gestionar el catastro, y lo podría hacer si se aplicara el artículo 150.2; o la gestión de los aeropuertos de interés general, ya que para tener la Generalitat de Catalunya la gestión aeroportuaria del
aeropuerto del Prat debería aplicarse el artículo 150.2; lo mismo para tener plena capacidad en la Administración tributaria o para tener competencias ejecutivas en materia de inmigración, para fijar claramente el contingente, para poder conceder
los permisos de trabajo a los inmigrantes que recibe Catalunya, pues la Generalitat podría, porque en estos momentos no puede, realizar una planificación global si se aplicara el artículo 150.2.
Por todo ello, no planteamos una mera descentralización administrativa, sino un aumento sustancial de las competencias autonómicas, un aumento sustancial de la autonomía política para Catalunya, de acuerdo con lo que es una voluntad
mayoritaria en el propio Parlamento catalán, y, si me lo permiten, de acuerdo con lo que sería un beneficio para el conjunto de los ciudadanos, porque cuando la administración se acerca al ciudadano, el ciudadano sale ganando de esa gestión más
próxima. Mi grupo parlamentario considera que el traspaso del artículo 150.2 es la vía idónea, como se consideraba en la pasada legislatura por miembros del Gobierno del Partido Popular. Se decía: Vamos a aplicar ese artículo.
¿Cuántas veces se
ha aplicado? Esa voluntad firme que afirmaba el ministro Rajoy en la pasada legislatura en Catalunya sólo se ha utilizado una vez para la transferencia a la Policía autonómica, los mossos d'esquadra, de las competencias en materia de tráfico, y ya
no ha dado más de sí. ¿Dónde ha quedado esa firme voluntad? Reclamamos que se lleve a cabo porque es un planteamiento que es conforme con la Constitución, que es conforme con los estatutos de autonomía, y por tanto queremos que se lleve a cabo.
No niega nada a nadie. Queremos respetar en cada comunidad el nivel de autogobierno que esa comunidad desee por los cauces constitucionales y estatutarios.
Es cierto que la Constitución -quizá esa fue una grave ausencia de la misma- no atribuyó en su Título VIII la competencia ejecutiva a las comunidades autónomas en general; se posibilitó para determinados aspectos, pero no se hizo una
atribución general. Sin embargo, ahora nadie niega que esto es posible de acuerdo con la Constitución, aplicando el artículo 150.2. Por tanto, reclamamos esa aplicación, porque la Constitución sí especifica claramente en su Título VIII que el
presidente de una comunidad autónoma ostenta la representación ordinaria del Estado en su comunidad. Las comunidades autónomas son Estado y pueden ser la administración ejecutiva ordinaria en su territorio. Queremos que lo sea, y de ahí que hoy
hayamos planteado esta proposición no de ley.
Mi grupo parlamentario, señora presidenta -aprovecho este primer turno-, ha presentado una autoenmienda a esta proposición no de ley porque el plazo de tiempo que se daba era adecuado en el momento de la presentación, pero ahora parecía que
exigir un proyecto de ley a 30 de septiembre podría ser un plazo precipitado. En aras de facilitar ese acuerdo, mi grupo parlamentario presenta hoy una autoenmienda para que el plazo del 30 de septiembre para hacer efectivo el proyecto de ley de
Administración única se pueda alargar hasta finales del presente ejercicio del año 2002, para dar una mayor flexibilidad. También, en aras de aproximarnos a planteamientos que hacen otros grupos parlamentarios y que valoramos positivamente, mi
grupo parlamentario entiende que el planteamiento que hacemos en nuestra propuesta originaria para la Generalitat de Catalunya, para la autonomía catalana, puede ser también extensivo a aquellas otras comunidades autónomas que así lo soliciten,
entendiendo que lo solicitan porque esas comunidades tienen decididamente una voluntad de aumentar su nivel de autogobierno, como la tiene Catalunya. Por tanto, sin querer negar nada a nadie, facilitamos en nuestra enmienda que en esas otras
comunidades en donde exista esa voluntad política se pueda también aprobar el principio de Administración única.
Señora presidenta, señorías, se han presentado varias enmiendas a esta proposición no de ley, y en aras de la agilidad, si me lo permiten, manifestaría ahora la posición de mi grupo parlamentario ante las mismas.
Mi grupo parlamentario cree
que, atendiendo a la mayoría actual en esta Cámara, no va a ser posible plantear un texto transaccional que pudiera ser aprobado por todos los grupos parlamentarios. Sabemos que hay una voluntad inicial del grupo mayoritario de no avanzar en el
principio de la Administración única y no encontrar una solución transaccional; de ahí que mi grupo parlamentario no quiera aceptar enmiendas que puedan rebajar la posición si no van a servir para que se apruebe la proposición no de ley. Por
tanto, vamos a someterla en los términos de nuestra autoenmienda, entendiendo que la misma es un acercamiento claro a otras posiciones de otros grupos de esta Cámara. Sí aceptaremos
la enmienda que presenta Iniciativa per Catalunya, el señor Saura, porque no rebaja el contenido de nuestra proposición no de ley sino que es de adición, pues, además de solicitar el principio de Administración única, solicita también, como
hicimos otros grupos parlamentarios en el pasado debate de política general en el mes de julio, que se completen todos los traspasos pendientes. Estamos de acuerdo, señor Saura, en que ello sea así. Ya lo defendimos aquí el pasado mes de julio.
No obtuvimos el voto afirmativo ni del PSOE ni del PP en esa defensa, pero volvemos hoy a reivindicar la necesidad de que se completen los traspasos pendientes.
Quisiera aprovechar esta ocasión para pedir el apoyo de todos los grupos de la Cámara a esta proposición no de ley en los términos en que va a ser sometida a votación. Pido también el voto al Grupo Socialista, cuyo planteamiento no es
lejano al que hace nuestra proposición no de ley en los términos finales en que se va a someter a votación, si consideramos que con ello damos cumplida respuesta a la exigencia que se da en Catalunya, y que puede serlo también en otras comunidades,
de aumentar el nivel de autogobierno atendiendo a un aspecto que para nosotros también es importante y queremos que conste, atendiendo a que el Estado es plurinacional, que existen diversas realidades nacionales en este Estado.
Catalunya lo es; es
una clara realidad nacional en el marco de este Estado que pide un mayor nivel de autogobierno dentro de la Constitución, respetando la Constitución y el Estatuto de Autonomía, pero queremos un mayor nivel de autogobierno, y en esos términos vamos a
plantear que se vote nuestra proposición no de ley. No podemos aceptar una enmienda que eluda y no ponga claramente sobre el papel de lo que se va a votar el carácter de Estado plurinacional que defendemos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Se han presentado varias enmiendas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura, que me supongo que compartirá el tiempo del Grupo Mixto con el señor Puigcercós.
El señor SAURA LAPORTA: Supone muy bien, señora presidenta.
Votaremos favorablemente la proposición no de ley que presenta el Grupo de Convergència i Unió, proposición en la que, como ha explicado muy bien el señor Jané, se plantea una ley orgánica para transferir a Catalunya las facultades
ejecutivas a partir del artículo 150.2 de la Constitución, pero nosotros añadimos otro punto a la misma, en el sentido de que existen otras sesenta o setenta transferencias que no requieren ley orgánica sino simplemente cumplir, a nuestro entender,
el contenido del Estatuto de Autonomía y que se pueden agrupar en cinco grupos, que ahora no desarrollaré para no alargar mi intervención.
Creo que esta proposición no de ley quedaría mucho más completa si, insisto, por un lado, pidiéramos que el Gobierno articulara los mecanismos necesarios para transferir todo aquello que no necesita la aplicación del artículo 150.2 y, por
otro lado, la propuesta que hace Convergència i Unió, que votaremos favorablemente, de una ley orgánica en aplicación del 150.2 de la Constitución.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana votará a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por respetar tres principios básicos de la ciencia de la Administración, que son simplificación, coordinación y descentralización.
Esto se añade a nuestra voluntad de profundizar en el autogobierno de Catalunya, de obtener más competencias para Cataluña. Como saben muy bien, Catalunya es una comunidad histórica en este sentido, y no respondemos a una simple descentralización
administrativa. Hay un hecho nacional claro y que tiene antecedentes históricos.
Voy a poner un ejemplo de la necesidad de avanzar hacia la Administración única. El mejor ejemplo es lo que pasa en las centrales nucleares de Ascó y Vandellós. Con la creación de la LOFAGE, la ley que derogó los gobiernos civiles, las
competencias de control y seguridad de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó, en las comarcas de Tarragona, dependían del Gobierno Civil de Tarragona. Con la LOFAGE, esto fue competencia de la Delegación del Gobierno de Barcelona. Es un
ejemplo de cómo la suplantación y la superposición de diferentes administraciones pueden llegar a crear complejidad y dificultad en la coordinación, en la descentralización y en la simplificación. Con una administración única, el control sería de
la Generalitat, dependería de la Delegación Territorial de Tarragona o, incluso, de una futura delegación de las comarcas del Ebro, y en definitiva estaría más próximo el control de la seguridad de las centrales nucleares. Este ejemplo vale para lo
que representaría una Administración única. La Administración única sería la solución, evitaríamos la duplicidad de estratos administrativos, conseguiríamos acercar la administración al ciudadano y el gobierno de Catalunya avanzaría en
corresponsabilidad y, sobre todo, en asumir todas aquellas competencias que hoy en día se deciden fuera de Catalunya y que una mayoría muy importante de sus ciudadanos prefieren que se decidan desde su capital y desde sus comarcas. Por esta razón,
Esquerra Republicana votará favorablemente la propuesta de Convergencia i Unió.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida queremos manifestar la conformidad de esta fuerza política con la idea de una Administración periférica del Estado adaptada a la actual estructura autonómica del Estado
español. Como federalistas que somos, aspiramos a unas comunidades autónomas y a unas corporaciones locales con un acervo competencial y de servicios públicos amplios, lo que sin duda obliga a reducir la duplicidad y las disfunciones que existen
actualmente con la Administración general del Estado. En este sentido, somos favorables y, más que favorables, defendemos y urgimos al traspaso de algunas competencias ejecutivas de la Administración general del Estado a las comunidades autónomas,
incluso a las corporaciones locales. Sin embargo, señorías, queremos reflexionar sobre algunos de los puntos de la propuesta de Convergencia i Unió, puntos sobre los que ni queremos ni podemos estar de acuerdo de una forma acrítica y dejarlos pasar
tal cual.
Del debate nace muchas veces, si no la luz, al menos el acuerdo, y los acuerdos, aunque sean malos, siempre sirven para algo.
Sobre la iniciativa que se presentó en el registro, mi fuerza parlamentaria quiere advertir, en primer lugar, que el principio de Administración única no forma parte de los mandatos del artículo 103.1 de la vigente Constitución. Como tal,
es más bien un desideratum del debate político que un mandato genuinamente jurídico y constitucional, como puedan serlo la descentralización, la eficacia, la desconcentración, la cooperación o la coordinación. En segundo lugar, no somos partidarios
-creo que tampoco Convergencia i Unió, y a los hechos me remito-, de aplicar soluciones de Administración única sólo a determinadas comunidades autónomas, en virtud de su pretendido carácter histórico. La Constitución sólo distingue entre
nacionalidad y regiones, sin otorgar a la disquisición terminológica efecto jurídico o constitucional alguno.
Para mi fuerza política todas las comunidades autónomas son igualmente dignas y su futuro competencial, financiero o su nivel de
autogobierno no dependen ni deben depender de la historia, sino de la voluntad presente y futura libremente expresada por sus ciudadanos en las urnas, por muy respetable -y en este caso lo es- que sea la historia de una nacionalidad o de una
comunidad histórica. Izquierda Unida, señorías, es partidaria de una aplicación de fórmulas federalizantes de estructuración del Estado español, lo cual desde nuestra óptica implica tratamiento en pie de igualdad a todas las comunidades autónomas.
Tan es así, que algunas de las líneas del texto original, del que ha entrado en registro, nos producen un cierto desasosiego autonómico y federal. En tercer lugar, no creemos que se pueda acabar de forma radical con toda la Administración
periférica del Estado en las comunidades autónomas, aunque, eso sí, es racionalmente recomendable reducir de forma severa el aparato administrativo de la Administración general del Estado en las comunidades autónomas. Es, como decía, lo racional,
porque no podemos mantener duplicidades y triplicidades. Ahora bien, no se puede, sin embargo, acabar de raíz con el mismo, dado que algunas competencias ejecutivas de Estado no son por su propia naturaleza, tal como reza en el artículo 152 de la
Constitución, transferibles o delegables a todas las comunidades autónomas.
Como ustedes verán, desde mi fuerza política tenemos divergencias respecto a la letra y el espíritu de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), debido sin duda al carácter cuasi confederal de dicho
planteamiento y en diferencia a nuestra apuesta federal. Entendemos que la idea de la Administración única puede ser de interés no sólo para Cataluña, sino para todas y cada una de las comunidades autónomas, y por ello puede ser interesante, y de
hecho lo debe ser, la aprobación de proposiciones no de ley similares a la del Grupo Parlamentario de CiU. Las diferencias anteriores las hemos plasmado en una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán que estamos
sometiendo a la consideración del resto de los grupos parlamentarios, en primer lugar a la del grupo proponente, que es el que tendrá que admitir o no su propia tramitación. El portavoz del Grupo Catalán ha dicho, creo que con elegancia, desde la
tribuna que las propuestas enriquecen y hacen reflexionar, y que su grupo ha hecho una autoenmienda que entiende que lo recoge todo. Nosotros creemos que recoge gran parte, no todo. Pensamos que la enmienda que ha presentado Iniciativa per
Cataluña -que también ustedes han recogido- enriquece mucho más, aunque es indiscutible que no sería nuestro texto, pero tampoco es cuestión de seguir siempre nuestro texto. Por tanto, mi grupo parlamentario va a votar a favor del texto resultante.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Señora presidenta, señorías, los socialistas somos partidarios de que las comunidades autónomas asuman la ejecución de competencias propias del Estado. De alguna forma, el Partido Socialista de Cataluña lo ha
presentado como propuesta en la Comisión de autogobierno del Parlamento de Cataluña. Creemos que el modelo autonómico español
permite avanzar hacia un sistema en el que las competencias ejecutivas acaben en buena medida en manos de la Administración autonómica como competencias propias, como competencias transferidas, como competencias delegadas, lo cual sin duda
supondrá también una notable reducción de la Administración periférica estatal.
Fíjense, señorías, que ya, en aplicación de los acuerdos autonómicos de 1992 y de la ley orgánica que los formalizó, el Gobierno socialista de la época fue promulgando durante los años 1993 y 1994 decretos de desarrollo que fueron
calificados en su momento como federalización de la ejecución.
Por tanto, no podemos estar más de acuerdo en este sentido. Sin embargo, este no ha sido el recorrido de los últimos años. Como ha recordado el señor Jané, ni compromisos del ministro
de Administraciones Públicas en el año 1996 -a la sazón el actual vicepresidente don Mariano Rajoy cuando abogaba por la administración única- ni propuestas, no atendidas, del presidente de Galicia sobre la necesidad de la administración única, ni
el contenido de la LOFAGE, nada ha servido para avanzar en este sentido.
Desde 1997, cuando se aprueba la LOFAGE, hasta hoy, no se ha avanzado en este camino hacia la administración única, que es, como decía el señor Rejón, un objetivo, no un
principio, a través de la transferencia o delegación de competencias ejecutivas del Estado a las comunidades autónomas. Únicamente se ha avanzado en el camino de racionalizar la administración periférica del Estado -delegados, subdelegados, áreas y
servicios integrados-, pero nada más.
Recuperando o no la idea de administración única, es conveniente impulsar un federalismo de carácter ejecutivo en el que las comunidades autónomas, así como en su caso seguramente también las entidades locales, ejecuten sus propias
disposiciones normativas y sean a la vez la administración ordinaria para la ejecución de buena parte -de gran parte, diría yo- de la normativa estatal; un federalismo de ejecución que, adecuadamente complementado con mecanismos de federalismo
cooperativo, cabe perfectamente en nuestro modelo constitucional. A través, sin duda, de la propuesta que se contiene en la enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la proposición no de ley de Convergència i Unió, se puede
avanzar en un robustecimiento político de las comunidades autónomas abriendo la puerta a una transformación federalizante del Estado y allanando el camino hacia formas más satisfactorias de redistribución del poder político, como de hecho se ha
producido en todos los casos en que se ha utilizado ya hasta el presente el mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución. Es un camino más conforme con el modo de entender y de articular la convivencia y la solidaridad de todos los pueblos de
España que tenemos los socialistas. Los socialistas, señorías, creemos en una España diversa, plural y al mismo tiempo solidaria y cohesionada, por eso somos favorables a todas aquellas propuestas que tengan como finalidad el desarrollo autonómico
y el perfeccionamiento en un sentido federal del Estado de las autonomías.
No nos podemos quedar paralizados en el inmovilismo estéril que practica en los últimos años el Partido Popular. La política del Partido Popular ha apostado por una involución del Estado autonómico, por una obsesión en cerrar como sea el
modelo; un modelo que, por la misma naturaleza de las cosas, parece bastante incierto que pueda cerrarse. El Partido Popular encarna ahora mismo una concepción del nacionalismo español que como mínimo se puede calificar de retrógrada, anclada en
la desconfianza y en la confrontación con las comunidades autónomas que no controla, unas comunidades autónomas a las que el Gobierno del Partido Popular sólo acepta para instrumentalizarlas, para echarles las culpas de lo que no funciona, desde las
vacas locas a la siniestralidad laboral, desde el fraude del lino a la legionelosis. Todo es culpa siempre de las comunidades autónomas.
Nuestro modelo se basa en el respeto a las comunidades autónomas, en una profundización del proceso mediante la creación de mecanismos de cooperación o de mecanismos que les permitan participar en las decisiones de alcance general o que
reconozcan el pluralismo cultural y lingüístico o que profundicen y clarifiquen el reparto competencial; en definitiva, los mecanismos que crean un marco adecuado para avanzar por este camino de la España plural y diversa que al mismo tiempo es
solidaria, cohesionada, integrada. Desde esta óptica hemos presentado la enmienda de sustitución a la parte dispositiva de la proposición no de ley de Convergència i Unió, que supere lo que originariamente era una visión particularista que se
contiene en esta propuesta original y se atenga al contenido del instrumento propuesto del artículo 150.2 de la Constitución.
Señorías, señor Jané -usted lo ha reconocido en su exposición-, la transferencia a las comunidades autónomas de facultades ejecutivas correspondientes a materias de titularidad estatal es una cuestión que no puede enfocarse desde el
particularismo que en buena medida define la orientación de Convergència i Unió. No puede plantearse sólo desde la relación bilateral, no hablamos en esta ocasión de cuestiones que afecten a la acomodación de una comunidad autónoma -de Cataluña en
este caso- en el Estado, ni de la transferencia de unas competencias que por su contenido sólo pueden afectar a Cataluña, como fue el caso, por ejemplo, de la transferencia en materia de tráfico en 1997, sino que se trata de plantear la posibilidad
de transferir facultades que actualmente se prestan a través de los órganos territoriales de la Administración General del Estado, y ello sin duda puede interesar no sólo a Cataluña sino a todas las comunidades autónomas que lo deseen, sin
condiciones, señor Jané, como plantean en su autoenmienda, sin necesidad de realizar averiguaciones
históricas. ¿Quién mide la historia y los acuerdos de cada una de las comunidades autónomas?
Por ello, teníamos la esperanza de que nuestra enmienda fuera acogida favorablemente por el grupo proponente, por Convergència i Unió, y poder así votar favorablemente una iniciativa que, en estos términos, nos parecía positiva, pero estamos
nuevamente ante una ocasión fallida.
Tenían la oportunidad, señor Jané, de aceptar nuestra enmienda, clarificando posiciones: quién está a favor y quién está en contra de profundizar en el modelo de nuestro Estado autonómico. Como se ha
anunciado, no se va a aceptar la enmienda que proponemos, y así se pone de manifiesto la verdadera intención de Convergència i Unió con iniciativas de este tipo, la utilización y la manipulación a la única conveniencia partidista de lo que sin duda
son las legítimas aspiraciones de profundización del autogobierno de los ciudadanos de algunas comunidades autónomas, en este caso concreto de Cataluña.
Han tenido, señores de Convergència i Unió, paralizada durante más de año y medio la comisión sobre el autogobierno constituida en el Parlamento de Cataluña por mor de un acuerdo bilateral de ayuda mutua con el Gobierno del Partido Popular,
que debía producir, según ustedes, grandes beneficios para Cataluña. En ello han basado toda su estrategia, desde la famosa foto del Majestic hasta bien recientemente. Ahora, en los últimos meses de la actual legislatura del Parlament de Cataluña,
en los últimos meses que les quedan de estar en el Gobierno de la Generalitat, cuando se ha evidenciado el fracaso de su estrategia de los últimos seis años, quieren implicar al resto de las fuerzas políticas catalanas y españolas en su cambio
táctico de distanciamiento de sus socios del Partido Popular, intentando además aparecer nuevamente como los únicos defensores del autogobierno de Cataluña y su profundización, inundando estas Cortes Generales de reivindicaciones parciales. Sin
embargo, lo tienen mal rechazando propuestas como las contenidas en nuestra enmienda, que recoge lo sustancial de su propuesta, abriéndola simplemente al resto de comunidades autónomas, sin condiciones. Ustedes, en su autoenmienda, reconocen que
han tenido un error en su origen, pero luego no lo rectifican totalmente. Parece evidenciarse, pues, que no desean el apoyo de los socialistas frente al inmovilismo del Partido Popular, que buscan expresamente aislarse para intentar recuperar el
espacio que han ido perdiendo en los últimos años y esconder así el fracaso de la estrategia política que han practicado. A ustedes les importa poco la defensa y profundización del autogobierno de Cataluña, sólo les importa la recuperación del
terreno y del apoyo electoral perdido. Aclárense en Cataluña y aquí, señor Jané, aclaren si quieren seguir desgranando propuestas parciales o plantean, como han hecho en los últimos días, en una nueva pirueta para recuperar algo más del terreno -o
quizá debería decir para recuperar más algo de terreno-, la reforma del Estatuto, reforma que hasta hace bien poco habían llegado incluso a despreciar, ridiculizando a otros que la habían propuesto en el marco de un posible acuerdo general del
Parlament de Cataluña.
Si continúan ustedes por este camino errático, oportunista, particularista y tacticista no se extrañen de que surjan nuevamente posiciones de rechazo, no a las propuestas razonables que se puedan producir sino a sus intentos de
instrumentalización política. No se puede ir jugando a conveniencia partidista con temas y cuestiones importantes para Cataluña y para todo el Estado, con aspectos transcendentes del desarrollo y profundización de nuestro sistema constitucional
autonómico. Los socialistas, señor Jané, no nos dejaremos enredar en querellas de pareja ni en una estrategia exclusivista y miope que sólo busca su interés partidista y no el de Cataluña o el del conjunto de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marcet.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta. Aunque parezca...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Erkoreka.
Señorías, hay otro diputado en el uso de la palabra. Les ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias de nuevo, señora presidenta.
Aunque parezca paradójico, señora presidenta, la formulación inicial de la idea de administración pública tal y como se plantea en la iniciativa que hoy debatimos, es decir, la administración única concebida como solución organizativa para
concentrar en manos de los poderes autonómicos el grueso de las competencias ejecutivas que se desarrollan en su territorio, surgió en el seno del Partido Popular. Si no me equivoco, fue su fundador y presidente honorario quien la puso en
circulación por primera vez hace casi una década. Ciertamente, el modelo de organización territorial que se esboza en esta idea de administración única, que surgió desde la Comunidad Autónoma de Galicia hace unos años, no es original ni es novedoso
desde el punto de vista del derecho comparado, porque se asienta sobre unas pautas que básicamente son las propias de los modelos que conocemos como federalismos de ejecución. Sin embargo, no deja de ser sugerente y curiosa la idea de hacer un uso
efectivo del mecanismo previsto en el apartado segundo del artículo 150 de la Constitución para profundizar en el proceso de descentralización del Estado, para transferir y delegar más competencias ejecutivas en las comunidades autónomas a
efectos de constituir un Estado más descentralizado, mejor estructurado y en definitiva más eficaz desde el punto de vista de la actuación de los poderes públicos. No deja de resultar sorprendente que la iniciativa hubiese procedido de las
filas del Partido Popular, que durante muchos años todos sabemos que vio con mucho recelo el Título VIII de la Constitución, que es uno de los preceptos más comprometidos con la descentralización del Estado, pero bienvenido sea todo lo que vaya en
la línea de lo que uno postula.
Es cierto que en el País Vasco también se manifestó en aquella época esta fascinación del Partido Popular por los instrumentos de delegación y transferencia previstos en el apartado segundo del artículo 150 de la Constitución. En el periodo
inmediatamente anterior a 1996, que es el año en el que accedió al Gobierno del Estado, el Partido Popular del País Vasco hizo un enorme esfuerzo por romper con la idea que la mayor parte de la opinión pública de nuestro territorio tenía en torno a
su visión centralista del Estado y su escaso compromiso con el autogobierno. Entre los argumentos que utilizó para presentarse con un perfil marcadamente autonomista fue precisamente el recurso al apartado segundo del artículo 150 de la
Constitución. Por el Partido Popular se habló, efectivamente, de un claro compromiso suyo en pos de la utilización de los mecanismos de descentralización previstos en este apartado del artículo 150 de la Carta Magna. Voy a poner un ejemplo muy
curioso. En el Parlamento vasco, el Grupo Popular apoyó entonces expresamente el famoso informe sobre las transferencias, que todavía colea, con la misma pasión que ahora lo rechaza. Es más, el Grupo Popular en el Parlamento vasco, en aquella
época, insistía en la necesidad de profundizar en el Gobierno afirmando que las transferencias pendientes y previstas en aquel informe no iban a agotar el proceso de descentralización porque además existía el artículo 150.2 de la Constitución, que
permitía profundizar mucho más aún en el proceso de descentralización política y en la asunción del Gobierno por los poderes autonómicos del País Vasco. Hay una declaración del portavoz del Grupo Popular en el seno del Parlamento vasco que no me
resisto a reproducir aquí, porque refleja claramente cuál era la posición que el Grupo Popular tenía en aquel momento.
Decía el portavoz popular: Ni el informe ni la transferencia plena de las 55 materias a que se refiere pueden colmar el desarrollo estatutario del País Vasco, porque la propia Constitución viene a conceptuar el desarrollo autonómico como
algo siempre abierto, siempre susceptible de nuevos desarrollos y, por más que a algunos pueda parecerles chocante que sea precisamente el Partido Popular quien recalque estos extremos -hoy hay que decir que, efectivamente, nos parecía chocante y
con razón-, lo cierto -continuaba el portavoz- es que esa es la legalidad constitucional. Es decir, con el artículo 150.2 en la mano, por ejemplo, el proceso de transferencias puede ser ilimitado en el tiempo, de modo que siempre, absolutamente
siempre, está abierta la posibilidad de desarrollos futuros del autogobierno.
Pueden parecer palabras mías, pero son una reproducción literal de las palabras que el portavoz del Grupo Popular pronunció en el año 1993 en una sesión del Parlamento vasco en relación, precisamente, con el uso de este precepto
constitucional. Si el Partido Popular fuese una organización política de verdad coherente, esta iniciativa que hoy debatimos no sería del Grupo Catalán, sino suya, porque la idea de la proposición, la administración única articulada través de los
mecanismos previstos en el apartado segundo del repetidamente citado artículo 150 de la Constitución, originalmente fue concebida en el seno del Partido Popular, pero curiosamente no sólo no es suya, sino que probablemente votará en su contra. Ya
en el último congreso, a través de la ponencia del Estado en el siglo XXI, nos anunciaban que no tenían ninguna intención de continuar profundizando por esa vía, porque hablaban de una definitiva consolidación del Estado autonómico, y ni tan
siquiera se citaba este artículo 150.2 de la Constitución, que, en palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento vasco, a las que antes he hecho referencia, parecía ser tan importante para la construcción del Estado
autonómico.
Señorías, el artículo 150.2 de la Constitución es una de las poquísimas piezas de la arquitectura constitucional en la que puede reconocerse la paternidad del Partido Nacionalista Vasco, puesto que fue el Grupo Vasco en el Congreso el que
presentó la enmienda de la que, tras algunas correcciones, resultó el texto actual de esta norma. Es normal por tanto que el Grupo Vasco vea con agrado que el mecanismo de transferencia o delegación de competencias de titularidad estatal que se
contempla en este artículo se active, y además con rigor, con pleno respeto a su sentido original, porque es cierto -hay que reconocerlo- que hasta la fecha el uso que los poderes centrales del Estado han hecho de este instrumento extraestatutario
de descentralización ha sido en general muy poco ortodoxo desde un punto de vista jurídico-constitucional. Desde luego, fue poco ortodoxo en el caso de la Lotraca y de la Lotrava, al margen por supuesto de las razones de oportunidad política que
hubiesen podido aconsejar su aprobación, en las que ahora yo no voy a entrar; lo ha sido también en los supuestos en los que se recurre a la Ley orgánica de transferencia y delegación para completar déficit, problemas, huecos o lagunas de textos
estatutarios y, por supuesto, lo está siendo en las últimas utilizaciones que las Cortes Generales están haciendo de este instrumento. Acaso la única ley de las dictadas hasta ahora que responde de verdad al sentido original del precepto sea la Ley
orgánica 6/1997, de transferencias de facultades de ejecución en materia de tráfico a la Comunidad Autónoma de Cataluña.
El Grupo Vasco va a apoyar esta iniciativa y lo va a hacer mediante el texto autoenmendado por el propio Grupo Catalán, que evidentemente mejora el texto original y que a nuestro juicio responde perfectamente no solamente al objetivo de
ampliar el plazo originariamente previsto para hacer posible la efectiva presentación del proyecto de ley orgánica por parte del Gobierno, sino también al propósito de generalización que ha animado la presentación de la enmienda. Efectivamente,
creemos que la enmienda da una cabida importante a las comunidades autónomas que realmente están dispuestas, hoy por hoy, a la utilización de los mecanismos de transferencia y delegación previstos en el artículo 150.2 de la Constitución para hacer
efectivo el principio de la administración única.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, debatimos hoy una iniciativa presentada por Convergència i Unió que circunscribe su propuesta a una sustancial pretensión: la transferencia a la Generalitat de Catalunya de todas las facultades ejecutivas de
titularidad del Estado. Para ello, aduce el principio de administración única y propone la elaboración de un proyecto de ley orgánica instando al Gobierno a que se presente en el Congreso como la autoenmienda al final de este ejercicio. Dos son
los apoyos que sirven de sustento a la propuesta; por un lado, el concepto o noción de administración y, por otro lado, la aplicabilidad para hacer jurídicamente efectivo el fin que se persigue, establecido en el artículo 150.2 de la Constitución.
La idea de administración única, como se ha dicho bien aquí, fue del presidente de la Xunta de Galicia, señor Fraga, en el año 1992, si bien en su más genérica concepción es una ampliación extraestatutaria de competencias autonómicas
mediante el desplazamiento a las comunidades autónomas de competencias ejecutivas estatales al amparo del artículo 150.2 de la Constitución. Sin embargo, en su formulación originaria, la propuesta no dejó de considerar la existencia de una
necesaria reserva de competencias ejecutivas estatales, en ningún caso desplazables, por corresponder a materias que aseguran los atributos esenciales del Estado, siendo el objeto esencial de la propuesta la necesidad de racionalizar la coexistencia
de administraciones distintas en el mismo territorio, a fin de evitar duplicidades orgánicas o funcionales y salvaguardando las competencias no desplazables ya mencionadas.
La evolución de la propuesta, las distintas doctrinas y los distintos planteamientos ideológicos han terminado por convertir el designio de la administración única en un propósito lleno de complejidad y altamente problemático desde el punto
de vista jurídico-constitucional. Entendida la propuesta de administración única con un carácter maximalista, ésta acaba por ser constitucionalmente disconforme; inconstitucionalidad que no acaba de corregirse porque, pretendiendo minimizar los
efectos, apelan a principios de eficencia y economía en la racionalización del gasto público, a que se refiere el artículo 30.2 de la Constitución, o al principio de descentralización del artículo 103.1. Tampoco el principio de subsidiariedad, a
veces aludido, puede tener eficacia justificativa, ya que no es un título atributivo de competencias, sino de regulación o gradación de las ya atribuidas.
Todo lo anterior no quiere decir que el concepto no pueda tener una eficaz operatividad, atemperando a la certeza -que reiteramos siempre- de los límites constitucionales. La existencia, y por ende la subsistencia, de la administración
periférica del Estado es una previsión del constituyente que se refleja, expresa y genéricamente, en el artículo 154 y de manera específica y singular, con relación a la provincia, en el artículo 141 de la Constitución. Así pues, el Grupo
Parlamentario Popular entiende que el pacto local o segunda descentralización, es decir, la transferencia de competencias de las comunidades autónomas a las corporaciones locales con el transvase de los recursos financieros necesarios desde las
citadas comunidades autónomas a las corporaciones, se revela como una pieza integrada, no separada, de la concepción de administración única que busca ajustarse a los límites constitucionales.
Cabría preguntarse por qué Convergència i Unió plantea
esta proposición no de ley y no lleva a cabo, dentro del ámbito de su comunidad y de sus competencias, un proceso de segunda descentralización en favor de los ayuntamientos y de las corporaciones locales transfiriendo competencias y recursos que hoy
ostenta la Generalitat de Catalunya. Sería conveniente hacer esas transferencias de la comunidad autónoma a las corporaciones locales, en beneficio -como ha dicho el propio portavoz de Convergència i Unió- de acercar la administración al ciudadano
para que fuera más eficaz.
El artículo 150.2 de la Constitución, que ha sido tantas veces mencionado aquí, alude a dos nociones, la transferencia y la delegación, que en sentido doctrinal se traduce en dos categorías jurídicas diferentes.
Mientras la transferencia
supone el desplazamiento de la titularidad sobre la competencia, la delegación tan sólo implica la cesión de su ejercicio reteniendo el delegante la titularidad. La propuesta inicial de administración única no dejó de considerar un campo de
funciones reservado en todo caso al Estado: política exterior, seguridad, defensa, justicia, fiscalidad, Seguridad Social y otras cuestiones. En último término y en tanto el Tribunal Constitucional no tenga ocasión de elaborar una doctrina
consolidada a este respecto, hay que significar
la imposibilidad de considerar a priori que todas las facultades inherentes a materia de titularidad estatal son susceptibles de transferencia o delegación.
A lo largo de este debate ha habido intervenciones de distintos portavoces referidas al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular, al presidente Aznar y a sus actuaciones. Hemos reiterado en esta Cámara en muchísimas ocasiones que
queda acreditado por los datos que todos los ministros de Administraciones Públicas de los gobiernos del presidente Aznar han llevado a cabo la mayor política descentralizadora que se ha hecho en España en todos los años de democracia. Los procesos
de descentralización, de traspasos de competencias, que se han hecho en los últimos seis años, desde que el Partido Popular está al frente del Gobierno, vienen a demostrar el espíritu autonomista, vienen a demostrar la creencia de que se puede
desarrollar la Administración autonómica, que es necesaria y que es buena. Ahí están todos los traspasos de competencias pudiéndose decir que casi está ultimado el proceso de transferencias, si bien quedan algunos flecos en algunas comunidades que
se están intentando resolver a través de las comisiones técnicas pertinentes. Por tanto, afirmaciones como las que ha hecho el portavoz socialista de la involución del Estado autonomista por parte del Gobierno de España del Partido Popular caen por
su propio peso con los datos y con un hecho básico y claro. Bastaría con mirar las competencias que tenían los presidentes de las comunidades autónomas en el año 1995 y las que tienen hoy en el año 2002 para desmontar claramente el argumento de
involución al que aludía el portavoz socialista.
Habría que decirle también al portavoz socialista que ha hecho un discurso, desde nuestro punto de vista, más allá del propio discurso de Convergència i Unió en defensa de la administración única, con las divergencias y las contradicciones
permanentes a las que el Partido Socialista nos tiene acostumbrados en esta y en otras cámaras. Parece lógico que el Partido Socialista tenga que estar día a día reafirmando a su líder, recientemente descubierto, señor Rodríguez Zapatero, en esa
reválida permanente de reafirmar que es su líder, porque luego el Partido Socialista en su discurso contradice totalmente las manifestaciones de ese líder que reafirma diariamente.
Para refrescarle un poco la memoria al portavoz socialista, que no sé si habla en nombre del señor Maragall, en nombre del Partido Socialista de Cataluña, del Partido Socialista de España o del señor Zapatero (El señor Martínez Sanjuán:
Partido Socialista Obrero Español.), voy a leerle, para que lo conozcan usted y el resto de sus compañeros, lo que el señor Zapatero piensa de la administración única, que viene recogido en el 'Diario de Sesiones'.
Quiero recordar -dice textualmente- que la Constitución habla de administraciones públicas, que es imposible conceptual, doctrinal y constitucionalmente hablar de administración única o común. Eso es una teoría política, un eslogan
político, pero en nuestro modelo -en el modelo del Partido Socialista- no hay administración única. Nuestro modelo es precisamente un modelo de pluralidad de administraciones públicas. La administración única quizá era el régimen autoritario. Esa
sí era una administración única, la del Estado central, con la salvedad de las corporaciones locales. Nuestro modelo precisamente abre un horizonte de pluralidad de administraciones públicas, y no podía ser de otra manera. Incluso la
administración única no es predicable porque nuestra Constitución y muchos de nuestros Estatutos de autonomía permiten fórmulas muy variadas. ¿Qué administración única de una comunidad autónoma sería aquella que prescindiera de un aparato
administrativo y una presencia territorial que utilizara la administración local como administración indirecta para la gestión de sus servicios y de sus competencias? Esto lo dice el señor Zapatero, pero el Partido Socialista y su grupo
parlamentario vienen aquí y dicen: No, yo dos huevos duros más que Convergència i Unió. Si ellos la piden sólo para Cataluña, yo la pido para toda España, aunque contradiga a mi líder natural, señor Rodríguez Zapatero.
Estos planteamientos demuestran la incoherencia, la falta de proyecto o los mil proyectos que el Partido Socialista tiene en toda España o en cada uno de los sitios de España por donde andan y donde hablan.
Evidentemente, el Partido Popular
sí tiene un proyecto, un proyecto que está llevando a cabo y que se está demostrando que es autonomista. Hoy las comunidades autónomas tienen más competencias que nunca en España y son las comunidades que tienen más autogobierno de toda Europa.
Ese es el camino correcto, dentro de los límites constitucionales, y esa es la línea coherente y la postura lógica que nuestro grupo parlamentario, apoyando los planteamientos del Partido Popular y del presidente del Gobierno, viene a defender
frente a otros planteamientos un poco extraños del Partido Socialista respecto a su líder revalidado. Por estas razones anunciamos el voto en contra del Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor Jané, de su intervención se ha creído entender desde la presidencia que aceptaba la enmienda presentada por el señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, y que rechazaba las otras dos.
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario, oídas todas las intervenciones, acepta nuestra propia autoenmienda, acepta la enmienda de Iniciativa per Catalunya, defendida por el señor Saura, y se congratula de la intervención del señor Rejón, entendiendo que en
nuestro texto final, que se somete a votación, se ha recogido el espíritu global.
Por esta razón, lamenta otras intervenciones, porque nuestra enmienda es una enmienda de consenso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para transferir a la Generalidad de Cataluña todas las facultades ejecutivas de titularidad estatal que actualmente prestan los
órganos territoriales de la Administración general del Estado en dicha comunidad autónoma, en el marco del desarrollo del principio de Administración única, que se somete a votación en los términos derivados del propio debate y con la incorporación
de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, firmada por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 286; a favor, 35; en contra, 156; abstenciones, 95.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL PAPEL DE LAS BASES MILITARES ESPAÑOLAS CEDIDAS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ANTE UN POSIBLE ATAQUE MILITAR DE DICHO PAÍS SOBRE IRAK. (Número de expediente 162/000550.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de las bases militares españolas cedidas a los Estados Unidos de América ante un posible ataque militar de dicho país sobre Irak.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Centella. (Rumores.)
Señorías, una vez más ruego que ocupen los escaños y permitan que continúe el debate.
Adelante, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace no muchos días, el presidente del Gobierno nos trataba de situar en la tesitura de tener que elegir entre los presidentes de Estados Unidos o de Irak, como si fuesen el bien y el mal. Pues bien, la proposición que presenta
Izquierda Unida en esta Cámara hoy trata precisamente de que España no tenga que elegir entre ninguno de los dos señores de la guerra, sino que elijamos clara y rotundamente la paz. Y lo hacemos porque nos negamos a ser copartícipes de una guerra
que sólo tiene un motivo muy claro, que no es otro que el dominio del potencial petrolero iraquí por los Estados Unidos, de una forma tan burda que ya el presidente Bush pretende repartir el botín de guerra, tal y como planteaba ayer mismo.
Nos negamos a admitir que sean precisamente los Estados Unidos quienes repartan credenciales de legitimidad democrática, porque primero tendrían que explicarnos qué democracia es la que defienden y defendían, por ejemplo, cuando participaban
en el cruento golpe militar de Pinochet o cuando propiciaban las caravanas de la muerte o los vuelos asesinos del ejército argentino. Nos tendrían que explicar, señorías, qué democracia es la que defienden apoyando al régimen dictatorial de
Pakistán. Claro, señorías, que no estamos de acuerdo con el régimen iraquí, que por cierto es el mismo al que en los años ochenta los Estados Unidos suministraron material para fabricar armas biológicas. Claro, señorías, que estamos por el
cumplimiento de todas las resoluciones de Naciones Unidas, claro que estamos por que desaparezcan los peligros, tanto de atentados terroristas como de la utilización de armas de destrucción masiva, pero lo estamos para todos los casos y para todos
los países. Por eso, como ya hemos repetido en esta tribuna, no vamos a pedir que se bombardee Tel Aviv porque se niegue, durante décadas, una y otra vez a cumplir las resoluciones de Naciones Unidas; no vamos a pedir que se ataque al Estado de
Israel porque se niegue una y otra vez a aceptar que observadores de Naciones Unidas visiten y comprueben cuál es la situación que se vive en los campos de refugiados palestinos, y no vamos a pedir, en definitiva, que se utilice la guerra para que
los palestinos puedan tener derecho a un estado independiente, como se reconoce en diversos tratados internacionales, o para obligar a Marruecos a que celebre el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental; tampoco vamos a pedir que se
destruya Pakistán porque disponga de armas de destrucción masiva y que, al igual que la India, tengamos al menos dudas razonables sobre su disposición a usarlas.
Señorías, desde este posicionamiento, también negamos legitimidad ética y moral a todos aquellos que toleran, cuando no apoyan, estos y otros desmanes y ahora pretenden que sólo sea Irak, que sólo sea Sadam Husein el malo de esta triste
película. Señorías, esto no se lo cree nadie, y como uno tiene cierto respeto por la capacidad intelectual del Gobierno de España no puede creer que sinceramente piensen que Sadam Husein es el único peligro para el mundo actualmente. Por eso, nos
resulta también ridículo ver los esfuerzos que se hacen desde Estados Unidos, en este caso, para ligar a Sadam Husein con el terrorista Bin Laden, mostrando incluso supuestas fotos de dirigentes de Al Qaeda cerca de Bagdad.
Cuidado, señorías,
porque esta misma argumentación nos puede llevar a que pronto haya también que empezar a poner bajo sospecha a los propios Estados
Unidos, que fue donde se entrenaron los terroristas del 11 de septiembre para cometer sus atentados. Señorías, no seamos ridículos porque la cosa es bastante seria, hay muchas vidas en peligro y todo el mundo sabe en estos momentos que
Sadam Husein, si algo no es, es amigo de Bin Laden porque está en su lista negra precisamente por un Gobierno laicista.
La realidad es que, al día de hoy, Naciones Unidas no tiene pruebas de que Irak disponga de armas prohibidas. Así lo ha afirmado el propio jefe de los inspectores de Naciones Unidas encargado de verificar el tema. No se puede decir lo
mismo de otros países, empezando por los propios Estados Unidos, que es evidente que sí tienen armas biológicas y además niegan que sus soldados puedan ser juzgados por el Tribunal Penal Internacional.
Señorías, todas estas son argumentaciones que
claramente ponen las cosas en su sitio, que denuncian una doble vara de medir. Se intenta imponer en las relaciones internacionales la ley del embudo, tratando con guante de seda a los aliados de los Estados Unidos, aunque cometan las barbaridades
que ha cometido Israel en Palestina, mientras que a los otros aliados se les trata con guante de hierro, con embargos inhumanos y, finalmente, se les ataca militarmente. Señorías, claro que Izquierda Unida desea que los inspectores de la ONU entren
en Irak, pero también reclamamos el fin del inhumano embargo que tanto daño ha causado a la población civil, fundamentalmente a niños y a ancianos. Quienes mantienen y apoyan ese embargo tienen que asumir también su responsabilidad moral y ética en
los sufrimientos que están causando a cientos de miles de víctimas inocentes.
Señorías, nuestra proposición no de ley tiene un objetivo claro y determinante, que no es otro que la defensa de la soberanía nacional, la defensa de un papel autónomo para nuestra política internacional. La realidad nos ha venido a
demostrar que los cabezazos del anterior ministro de Exteriores ante los responsables norteamericanos no eran precisamente tics nerviosos sino que era el signo de sumisión que mejor refleja la postura de nuestro Gobierno en este conflicto. Gobierno
que no duda en poner en peligro la seguridad nacional y que no duda en meternos en una guerra de difícil final, porque esa es otra. Nadie ha explicado si lo que se pretende es bombardear Irak o si lo que se pretende es invadir por tierra a Irak, lo
que implicaría cientos de miles de soldados, y alguien tendría que explicar qué soldados van a ser, quiénes van a ser los que van a derramar su sangre por el dominio del petróleo iraquí.
Señorías, al pedir el voto favorable a esta proposición de Izquierda Unida lo hacemos conscientes de que es la mejor forma de defender la paz y de que es la mejor forma de defender los intereses nacionales, empezando por no poner a nuestro
ejército al servicio de una potencia extranjera y de unos intereses muy específicos. En Izquierda Unida siempre nos encontrarán dispuestos a colaborar en la construcción de unas relaciones internacionales más justas que, por cierto, podrían empezar
con una reforma de Naciones Unidas para hacerla más democrática y más útil. Nos encontrarán siempre en la denuncia del terrorismo, de todo terrorismo, porque no nos resignamos a admitir un mundo en el que vale más una vida inocente de las Torres
Gemelas que una víctima igualmente inocente de lo que se llaman hipócritamente efectos colaterales de la guerra de Afganistán. Por cierto, alguien podía tener la ocurrencia de dedicarles al menos una parte de los homenajes que se están celebrando
estos días, porque tan inocentes son unas víctimas como las otras. Un mundo en el que la legalidad internacional no sea la ley del oeste, con reparto del botín incluido, se llame en este caso petróleo iraquí o se llame como se llame.
Unas
relaciones internacionales en las que Kuwait tiene tanto derecho a ser independiente como lo tienen Palestina o la República Árabe Saharaui Democrática. En definitiva, un mundo donde ningún dirigente tenga que agachar la cabeza ante otro por mucha
gran potencia que represente. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señorías, Izquierda Unida no está ni con Bush ni con Sadam Husein.
Izquierda Unida está y estará siempre con todas las víctimas y defenderá que a las víctimas inocentes, como las que ya se han producido en Afganistán o en las Torres
Gemelas, no se les sumen más víctimas inocentes porque, al final, a lo único que van a contribuir es a que crezcan el odio y el afán de venganza, y no van a resolver ningún problema. La lucha contra el terrorismo no se va a resolver con una guerra
más. Al contrario, eso puede provocar todavía mucho germen terrorista. Es evidente que nuestro Gobierno no tiene capacidad para impedir que los Estados Unidos, si al final así lo decide, cometa la tropelía y la villanía de atacar Irak causando
miles de víctimas inocentes. Es evidente que no tenemos esa capacidad, pero al menos sí tenemos la capacidad de decidir que España no participe en esta agresión militar y en esta nueva barbarie, porque estamos convencidos de que esta nueva barbarie
provocará de nuevo cientos de víctimas inocentes. Estamos convencidos de que el régimen de Sadam Husein, por muy criticable que sea, no justifica los bombardeos, no justifica el embargo y no justifica una guerra más. Hoy las cosas han quedado
todavía mucho más en evidencia cuando el propio secretario de Naciones Unidas ha anunciado la disposición de Irak de aceptar la vuelta de observadores de forma incondicional; observadores que podrán actuar y determinar si existe un arsenal de armas
destructivas o si no existe. Esperamos con toda sinceridad, y emplazamos en ello al Gobierno de España, que con la misma dureza y con la misma firmeza que se ha presionado al Gobierno de Irak para que acepte esta vuelta de los observadores, también
se presione al Gobierno de los Estados Unidos, se presione al Gobierno de Bush, para que de una forma inmediata y contundente acepte la retirada de sus
pretensiones militares sobre Irak y para que de una manera contundente se comprometa a no utilizar la guerra para resolver el conflicto de Irak, y se comprometa a no utilizar la guerra para conseguir sus objetivos, que no son otros, lo
vuelvo a repetir, que el dominio del petróleo iraquí. La mejor forma de presionar sería que este Parlamento hoy de forma unánime apoyase la paz, que de forma unánime le dijese al presidente de Estados Unidos que los representantes del pueblo
español no están dispuestos a participar en una guerra de agresión que no tiene otro fin que propiciar una nueva apertura del mercado petrolífero, que le digamos que España toma sus resoluciones por iniciativa propia, que no nos supeditamos a ningún
interés que no sea el de los españoles. Esa sería la mejor resolución que hoy podíamos adoptar en esta Cámara que al menos mantendría el honor, mantendría a nuestro país en una posición digna que reflejase lo que en estos momentos piensa la mayoría
de los españoles.
Esa es la propuesta que hace Izquierda Unida desde esta Cámara, esa es la propuesta que esperamos sea refrendada mayoritariamente por los grupos de esta Cámara.
Nuestra iniciativa es compatible con la enmienda que nos plantea el Grupo Socialista, con alguna modificación que luego podremos hacer, fundamentalmente en la línea de asegurar que, junto con el cumplimiento de la resolución de Naciones
Unidas sobre Irak, también se cumplan otro tipo de resoluciones de Naciones Unidas, ya que es necesario cumplirlas todas. En ese sentido, podría haber una posibilidad de llegar a ese acuerdo respecto a lo que se nos ha propuesto por el Bloque
Nacionalista Galego, ya que está dentro del espíritu de nuestra iniciativa. De esta manera podríamos alcanzar un acuerdo y este Parlamento, repito, se situaría en la mejor defensa de los intereses de este país, que no son los mismos que los de
Bush, sino totalmente contradictorios con lo que ese señor de la guerra pretende hacer en estos momentos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Socialista ha presentado un conjunto de enmiendas a la proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida, al cual agradecemos de antemano su disponibilidad a incorporar
algunos de los ejes de la misma.
Señorías, la pasada noche con la declaración del secretario general de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, respecto a la disponibilidad del Gobierno iraquí para que vuelvan los inspectores sin condiciones, se ha abierto una ventana que puede
permitir una solución diplomática al contencioso que separa al régimen iraquí de la comunidad internacional.
La vuelta de los inspectores de la ONU sin condiciones tiene que ser un dato relevante para todos nosotros.
Por este motivo, en la enmienda que hemos presentado instamos al Gobierno para que impulse todas las medidas y esfuerzos diplomáticos necesarios para el cumplimiento por el Gobierno de Irak de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, así como para su cooperación con la aplicación de las mismas, respetando la seguridad e integridad física y facilitando la labor de los inspectores internacionales. Es una ventana, es una oportunidad que se ha abierto y pensamos
que el Gobierno debería, como dijo muy bien la ministra Ana Palacio, agotar todas las posibilidades diplomáticas. Así pues, los inspectores de Naciones Unidas deben hacer su trabajo hasta el final y tienen que aportar la verdad sobre los arsenales
de armas de destrucción masiva que puedan o pudieran existir en Irak. Esa es su tarea y prestarían un gran servicio a la comunidad internacional de modo y manera que determinaran exactamente lo que hay, y a partir de ahí que se apliquen
taxativamente las resoluciones del Consejo de Seguridad. Queremos al mismo tiempo reafirmar nuestra posición sobre la no implicación del Reino de España en una acción militar unilateral de los Estados Unidos en la línea señalada por nuestro
secretario general la semana pasada en la sesión de control al Gobierno.
Así pues, resuelta nuestra posición, que se podrá compartir o no pero que entiendo que es suficientemente clara, llegamos al tercer punto de esta enmienda, que me parece fundamental si de verdad al menos queremos preservar las formas y el
trabajo de un Parlamento. Hemos llegado a un punto, señorías, donde se impone que el Gobierno comparezca en el Parlamento para informar sobre su posición en esta crisis. No es normal en una democracia que la eventual participación de nuestro país
en un escenario de guerra se solvente a través de filtraciones de prensa o de mítines partidarios; no es una forma de tratar una cuestión de esta sustancia; el Parlamento debe conocer y debe debatir sobre este tema. No es normal tampoco que se
presenten a la opinión pública maniqueos prefabricados y falsos dilemas respecto al bien y al mal, la libertad o la tiranía, Bush o Sadam Husein. Este no es el dilema, este no es el debate; todos, absolutamente todos en esta Cámara estamos con la
libertad y contra la tiranía, todos estamos contra el terrorismo internacional y todos somos solidarios con el dolor del pueblo norteamericano.
El debate de fondo, el de verdad, es si podemos aceptar que se quiebre definitivamente el orden internacional existente y sobre la base de lo que se llama como concepto emergente la guerra preventiva, los Estados Unidos en este caso, o
cualquier otro país que tenga capacidad militar para hacerlo, se autoconcedan el derecho exclusivo o unilateral de hacer una guerra
aquí y otra guerra allá en función de su poder o sus necesidades. Este es el debate de fondo que tenemos que tratar en este Parlamento (Aplausos.), y huir de una vez por todas de un tema que debería ser tratado como un tema de Estado, de
mítines partidarios y de declaraciones fabricadas.
Señorías, el Grupo Socialista entiende que éste es el fondo del asunto y por eso nos alarma la posición del Gobierno que, dentro de sus matices -ministra, presidente del Gobierno- y dentro del lugar donde se dicen -Parlamento o mitin
partidario-, parece sumarse a esta nueva visión donde el multilateralismo, el derecho internacional, quién sabe si las Naciones Unidas, serán definitivamente enterrados en beneficio de las decisiones de quienes pueden hacer la guerra preventiva.
Hay algo que ha pasado en nuestra opinión pública demasiado deprisa y que a mí particularmente me ha inquietado desde un punto de vista político y también intelectual: si el concepto emergente de la guerra preventiva, que parece justificar
la posición del Gobierno, va a terminar incorporando también el derecho a repartirse el despojo del vencido y a crear botines de guerra, aunque estemos hablando de petróleo, me pregunto si de verdad se está alumbrando un orden internacional donde
todos podamos reconocernos. (Aplausos.) Ni botines de guerra ni despojo del adversario vencido; es una barbaridad pretender consolidar en el escenario de las relaciones internacionales estas posiciones de futuro.
En consecuencia, yo les rogaría al Gobierno y al Partido Popular, que huyan de estos falsos dilemas, que huyan de estos maniqueos prefabricados, no es una cuestión de la posición frente al terrorismo internacional, tampoco de la libertad
frente a la tiranía, aquí todos somos demócratas y tenemos la idea muy clara, el problema es si el Reino de España está dispuesto a variar su posición, que ha sido tradicional hasta ahora, decidida a sumarse en el supuesto de un escenario de guerra
decidido unilateralmente sobre el concepto emergente de la guerra preventiva, dejando de lado el derecho internacional, al menos el que existe hoy actualmente. Sobre eso queremos una respuesta clara. Es eso lo que nos separa.
Así, pues, tengo que comunicarles, queridos amigos del Partido Popular, que no compartimos su punto de vista, el que parece ser del Gobierno, y desde luego rechazamos de plano las simplezas que hemos estado oyendo estas últimas semanas.
Esperamos la presencia del presidente del Gobierno en este Parlamento, y ya que el Gobierno no quiere ni consultar con los grupos políticos, ni hablar siquiera por teléfono sobre esta cuestión, es por lo que nos hemos visto obligados a solicitar la
comparecencia urgente de la ministra de Asuntos Exteriores. Creemos que esta es una cuestión que merece una explicación parlamentaria, y esperamos que se comprenda por parte de los colegas del Partido Popular que un debate en el Parlamento es la
forma democrática más adecuada para que la opinión pública sepa lo que piensa cada uno de nosotros. Estoy convencido, no me cabe ninguna duda, que en su respuesta, en su intervención, el representante del Grupo Popular, no me cabe ninguna duda, nos
va a anunciar la disponibilidad del presidente del Gobierno para comparecer en esta Cámara y así poder debatir democrática y ampliamente sobre esta cuestión. En la medida en que seamos entre todos capaces de rehacer un consenso sobre esta cuestión
tan delicada, mejor para este Parlamento, mejor para los intereses generales del Reino de España, y desde luego mejor sobre todo para la opinión pública, de la que finalmente todos nosotros, fuera de nuestra adscripción política, somos servidores.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Marín.
En nombre del Grupo Mixto y para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego no es partidario en absoluto de resolver los conflictos internacionales con la guerra. Nosotros somos defensores de la resolución de los conflictos por la vía diplomática, pacífica,
y a poder ser en el marco de unos organismos internacionales capaces de actuar con un mínimo de independencia.
Hoy discutimos sobre la intención manifiesta del Gobierno de Estados Unidos de atacar militarmente a Irak y, por tanto, de qué posición política debe adoptar esta Cámara y el Gobierno ante este eventual ataque. El Bloque Nacionalista
Galego, y lo quiero decir desde ya, es contrario a que el Gobierno español apoye al Gobierno de Estados Unidos en esta pretensión. Estamos en contra de que se preste cualquier tipo de apoyo político o militar por no encontrar ninguna razón que lo
justifique.
Hablamos de la hipótesis de un ataque militar a un Estado soberano, independientemente de la consideración o de la opinión que a cualquiera nos merezca el régimen iraquí o su presidente. Para resolver esta cuestión, para decidir qué
posición adoptar, no puede plantearse el problema en los términos simplistas en que lo hace el señor presidente del Gobierno: O se está con Bush, o se está con Sadam Husein. No se trata de eso, sino, en primer lugar, de pensar, de actuar con
criterio propio y no al dictado de los intereses de la hiperpotencia. En todo caso se trataría de determinar el peligro real que ese Estado representa para sus vecinos o para la humanidad, y si ante ese peligro cierto y constatable la única
respuesta posible fuese una acción militar decidida por las Naciones Unidas, decidida con la aprobación voluntaria, y no forzada, de la mayoría de los Estados que conforman las Naciones Unidas que, por cierto, hasta el momento se mostraron
contrarios a esta intervención.
Es verdad que en su día Irak invadió Kuwait en una acción sin duda condenable. La ONU acordó una actuación militar, dirigida a recuperar la independencia de ese Estado y a restaurar las libertades democráticas.
Por cierto, ¿quién se
acuerda ya de cómo funcionan las libertades democráticas en Kuwait? Una acción militar que destruyó el poderío militar de Irak, mucho menor de lo que entonces se decía. ¿O no se acuerdan ustedes de aquel famoso tercer o cuarto ejército del mundo,
de aquella invencible guardia republicana de Sadam Husein, del uso de gases que nos iba afectar a todos? ¿Pero de qué estamos hablando? Efectivamente, en esa guerra hubo muchos muertos iraquíes y desde luego también muertos del lado aliado.
Muchos de ellos por el fuego amigo, y el síndrome del Golfo, que afectó a muchos soldados, fue provocado también por los gases amigos. En definitiva, Irak volvió a sus límites territoriales, y estábamos, señoras y señores diputados, en el año 1991.
Desde entonces los inspectores de la ONU escudriñaron Irak en busca de armas peligrosas para la humanidad. Rastrearon los palacios del presidente iraquí, buscaron debajo de las camas de Sadam Husein, y los resultados no parecieron demostrar la
existencia de esos arsenales de los que se habla. No hubo forma de encontrarlos. No es que lo diga yo, lo dicen los propios inspectores de la ONU encargados de estas cuestiones.
El propio Hans Blicke afirmaba recientemente en una entrevista que
quien tenga pruebas de la existencia de esos arsenales lo ponga encima de la mesa, porque ellos no las tienen. Ya se habló aquí de que el mayor arsenal, por cierto, en este terreno, sea militar, químico o bacteriológico, lo tiene Estados Unidos.
Al tiempo, señoras y señores diputados, se declaró un embargo contra Irak que dura once años. Se le impidió la exportación de crudo, se llegó a la implantación del programa Petróleo por alimentos. Recuerden también que, uno tras otro, los
responsables de la ONU de controlar esos programas dimitieron, precisamente en disconformidad con lo que se hacía y las consecuencias de este embargo. Tampoco conviene olvidar, señoras y señores diputados, que, durante todos estos años, Estados
Unidos y Gran Bretaña, unilateralmente, se arrogaron el derecho, sin mandato alguno, de las Naciones Unidas de bombardear periódicamente Irak en las llamadas zonas de exclusión, al norte, al sur del país y también lo que no era zona de exclusión.
¿No se realizaban estos bombardeos precisamente para impedir que Bagdad, que el régimen iraquí recuperase su capacidad militar? En esencia, señoras y señores diputados, más destrucción gratuita, más muerte. Resumiendo, Irak vulneró en su momento
la legalidad internacional ocupando Kuwait, recibió un castigo militar acordado por la ONU, ese castigo se prolongó durante once años, con trágicas consecuencias para sus habitantes y, efectivamente, el régimen iraquí sigue presidido por el señor
Sadam Husein.
Conviene recordar también que en los últimos años se fue fortaleciendo en la comunidad internacional la idea de que, cuando menos, era necesario aflojar la severidad del embargo y caminar hacia una normalización de la situación. Sin
embargo, con la llegada del señor Bush, el panorama cambia. Irak pasa a ser, de nuevo, el gran peligro para todos, y tras el 11 de septiembre se refuerza la intención del Gobierno de Estados Unidos de atacar Irak, de derribar su régimen y
sustituirlo por otro más afín, más dócil, más favorable a sus intereses. ¿Por qué razones? Se habla mucho de que no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas. No voy a mencionar que hay otros Estados del mundo que las llevan incumpliendo
sistemáticamente y con consecuencias graves, y desde esta tribuna este diputado nunca demandó que se bombardeasen esos Estados. No cumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Una fundamental era la vuelta de los inspectores. Ahora Irak dice
que acepta la vuelta de esos inspectores.
Nosotros estamos de acuerdo en que vuelvan, pero lo normal es que lo hagan con un fin concreto, durante un tiempo concreto y, si Irak cumple con lo establecido en su día por la ONU y no con los caprichos de
Estados Unidos, que se levante el embargo que, al final, afecta fundamentalmente a su población. Sin embargo, quiero preguntarles qué harían ustedes, siendo gobernantes de un determinado Estado, si se encontrasen en una situación donde unos
inspectores de la ONU, una y otra vez, inspeccionan, no encuentran nada y siguen las sanciones internacionales. ¿Qué harían ustedes? Alguna medida de presión tendrían que tomar para poner fin a esta situación.
En segundo lugar, en cuanto a la cuestión ya tan manida últimamente del apoyo a los grupos terroristas, francamente no se sostiene. Considerando a la humanidad absolutamente infantil, ahora encontramos pruebas de que efectivamente Bin Laden
estuvo en la boda de una hija o de un nieto de Sadam Husein. Francamente, esto roza absolutamente el ridículo. Es evidente que por activa y por pasiva se demuestra que no hay ninguna prueba que acredite que este régimen esté apoyando ninguna
actuación de este tipo en ningún lugar del mundo. Esta vez, señoras y señores diputados, de derechos humanos ya ni se habla. Eso desapareció del concepto del lenguaje. Por tanto, estamos ante una situación en la que el doble rasero y la doble
vara de medir lo preside todo, y es una situación peligrosa. Por tanto, ¿qué motivos impulsan al Gobierno de Estados Unidos y por qué Estados Unidos presiona a los Estados del mundo para que se plieguen a sus intereses? Pues desde luego no porque
incumpla Irak las resoluciones, no porque represente hoy un peligro para Estados Unidos o el civilizado mundo occidental, no porque busquen defender los derechos humanos. En nuestra opinión es por algo más prosaico y también más imperial, derribar
un régimen poco amigo de Estados Unidos que controla una reserva importantísima de petróleo y hacerse con
el control de ese petróleo, que es necesario que llegue barato a la economía occidental para permitir el crecimiento económico; y tampoco lo digo yo, lo dicen quienes defienden este ataque militar. Esta es la madre de esta batalla, y lo
será de las próximas si entre todos no ponemos coto a esta forma de actuar unilateral y al servicio exclusivo de Estados Unidos, dispuestos a imponer su voluntad, y se lo digo aquí y ahora: dispuestos a imponer su voluntad a todo el mundo, insisto,
a todo el mundo.
¿Qué le lleva al Gobierno español a cambiar su posición sobre la resolución de este conflicto? ¿Qué le lleva a decir hace poco tiempo que la solución debe ser diplomática y afirmar ahora que con o sin resolución de la ONU apoyará este
ataque? Pues francamente, ¿el Gobierno español, el señor Aznar está planteándose la defensa de los intereses de sus gobernados? Creemos que no. Simplemente el Gobierno del señor Aznar ha decidido jugar el papel de comparsa en la esperanza de
ganarse un puesto al sol del impero. No sólo no lo conseguirá, sino que encima no defenderá los intereses de los ciudadanos. Francamente, me parece que les interesa más una situación de paz, les interesa más un marco de relaciones internacionales
donde existan unas mínimas reglas del juego respetadas por todo el mundo, les interesa evitar la desestabilización, los odios y la consecuencia de esos odios para el futuro. Nosotros creemos que el Gobierno debería reconsiderar su posición, aún
está a tiempo.
Hoy nosotros vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a la que nos gustaría que se incorporasen algunas de nuestras enmiendas. Mañana, mediante la
interpelación que formulamos al Gobierno, seguiremos discutiendo de este asunto y seguiremos dándole tiempo a que reconsidere esta situación, porque su posición desde luego no es justa y no es buena para el interés de nuestros ciudadanos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, la proposición no de ley que ha presentado para debatir en Pleno el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida será sin lugar a dudas la primera de un conjunto
de debates que con toda certeza tendremos en el próximo futuro y que girarán en torno a la seguridad, a la defensa o a la correcta aplicación del convenio bilateral que en esa materia existe entre España y los Estados Unidos.
El grupo proponente pide que el Pleno de la Cámara inste al Gobierno a no ceder a las fuerzas armadas de los Estados Unidos el uso del territorio español para operaciones que puedan tener como objetivo un eventual ataque a Irak. Nuestro
grupo parlamentario, como el resto de grupos de la Cámara, siempre ha apostado por la paz y el diálogo como elementos básicos de convivencia, y en situaciones como la actual hay que hacer un esfuerzo adicional que permita encontrar una salida
pacífica al problema partiendo de la base de que el mayor éxito de una guerra es que ésta no se produzca. Sin embargo, para que haya diálogo es necesario como mínimo el esfuerzo de las dos partes y uno tiene la sensación de que Sadam Husein, al
menos hasta hace pocas horas, no estaba poniendo de su parte el esfuerzo suficiente para dar cumplimiento a las resoluciones de la ONU y de esta forma desactivar la tensión que existe en estos momentos.
Frente a las denuncias de la posibilidad de
un rearme con armas de destrucción masiva por parte del régimen de Irak lo más fácil era, como demostración de que las acusaciones no tenían fundamento y siguiendo los consejos de la Liga Árabe, la autorización sin ningún tipo de limitaciones para
que los inspectores de las Naciones Unidas entren en Irak a y así dar cumplimiento a las resoluciones, con lo cual lográbamos desactivar un conflicto que, si bien sabemos cómo se puede iniciar es difícil evaluar en su alcance y consecuencias. Pues
bien, eso que exigíamos hace tiempo parece ser ya una realidad según el anuncio que hizo ayer por la noche el secretario general de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, en las que Irak admite sin condiciones que los inspectores de desarme de la
ONU retornen a su país. Ahora habremos de asegurar que en realidad puedan realizar su trabajo con absoluta libertad.
El diputado Ignasi Guardans, en el marco de la Comisión de Asuntos Exteriores en el mes de abril, en la comparecencia de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa para la presentación del nuevo Convenio bilateral de defensa entre los
Estados Unidos y España, puso el dedo en la llaga cuando dijo textualmente: Pienso concretamente que una eventual operación militar de los Estados Unidos que no tuviera el respaldo de las Naciones Unidas, de la OTAN o de la Unión Europea y sin
embargo se pretendiera utilizar las bases de las que estamos hablando hoy...; y continuaba: El propio convenio prevé las autorizaciones de uso, y este no ha modificado el régimen de utilizaciones. Sólo quiero subrayar que esta previsión no es
teórica sino que puede tener consecuencias políticas prácticas en un plazo relativamente corto. Este texto indica que nuestro portavoz el señor Guardans ya visualizaba la problemática que en este momento tenemos encima de la mesa y que cada vez es
más real. Como he dicho, el problema está encima de la mesa y desde luego los convenios son para que ambas partes los cumplan ya que de lo contrario no tendrían razón de ser. Otra cosa muy diferente es que a nosotros nos guste esta situación, y en
esa línea instamos formalmente al Gobierno
para que en el caso de que todas las soluciones de carácter pacífico fallen, cosa que es probable, y se opte por alguna acción de carácter militar, esa, en opinión de nuestro grupo parlamentario, debe ser estrictamente rigurosa con la
legalidad internacional en el marco de las Naciones Unidas, porque si no es así, nosotros también perderíamos la razón moral. Por tanto, como el debate que hoy se ha planteado por Izquierda Unida es si el Estado español debe o no debe permitir que
se cumpla un convenio, entendemos que los compromisos hay que hacerlos. Otro tema es que seamos capaces de facilitar alguna aportación que ayude a la resolución pacífica del problema.
Hemos estudiado, señora presidenta, la enmienda de sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y entendemos que, aunque al parecer no haya logrado el consenso de toda la Cámara, y sería bueno que obtuviese la unanimidad
de la misma, existe en ella una buena intención y una voluntad constructiva. Por ello, si se eliminase la última frase del tercer párrafo: '...al objeto de fijar la posición de esta Cámara.', nuestro grupo votaría a favor de la misma.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Arístegui, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señora presidenta, señorías.
La iniciativa que nos trae a la Cámara esta tarde es prematura. Es prematura porque ha olvidado que no estábamos en esa fase. No estábamos en la fase de la guerra, ni preventiva ni de otro tipo. No estábamos en la fase de las presiones
militares, estábamos en la fase diplomática. Las presiones diplomáticas son las que han venido ejerciendo los Estados democráticos que conocen la realidad militarista y expansionista del régimen iraquí. Es evidente que esta política ha tenido
éxito. Es el lenguaje y las presiones diplomáticas de países como el nuestro lo que ha hecho que cambie de actitud el régimen iraquí, no otra cosa.
La noticia de hoy es una buena noticia, pero hay que aceptarla con prudencia y analizarla con cuidado. No es una cuestión relativa a inspecciones sí, inspecciones no; de lo que se trata aquí es de ver cuál es el resultado de esas
inspecciones, qué es lo que hay. Durante 11 años, Sadam Husein ha estado engañando y desafiando a la comunidad internacional. Ha estado incumpliendo 16 resoluciones de Naciones Unidas.
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos ha
mostrado en un informe de 75 páginas, que obviamente ustedes no han leído, cuáles son los arsenales de armas químicas y bacteriológicas de Irak. Los propios inspectores de Naciones Unidas han demostrado que había armas de destrucción masiva
(químicas y bacteriológicas). El inspector Scott Ritter, al que ustedes tantas veces han mencionado aquí, que dijo exactamente lo contrario en 1998, que acusó al presidente Clinton de ser blando, que acusó al presidente Clinton de claudicar ante
Irak, lo que está diciendo ahora..., sabe Dios lo que le ha movido a cambiar de opinión. El propio Scott Ritter ha reconocido que Irak puede tener entre 5 y 25 misiles Scud. Hay 4.000 toneladas de precursores químicos que los inspectores de
Naciones Unidas no han podido encontrar. Los inspectores de Naciones Unidas estaban obligados a un régimen declarado por la Resolución 715 de Naciones Unidas, que no ha cumplido Irak en ningún momento, y tuvieron que aceptar unas condiciones
humillantes de dar un preaviso de 48 horas al régimen iraquí para inspeccionar ciertas instalaciones. En 48 horas se desmantelaban, créanme. Hay otra restricción. La restricción de las instalaciones presidenciales; a docenas. Instalaciones
presidenciales que no eran ayer y lo eran al día siguiente. Esas son las restricciones, ésas son las limitaciones y las condiciones que la comunidad internacional no puede aceptar en esta ocasión.
La naturaleza del régimen iraquí, señorías, dista mucho de ser un dechado de virtudes democráticas. Me parece realmente increíble que a estas alturas estemos comparando y poniendo en igualdad de condiciones a una democracia como Estados
Unidos y a un régimen tiránico como el iraquí.
(Rumores.) Nunca hemos renunciado a que Naciones Unidas se vuelva a pronunciar a este respecto, en ningún momento. Hemos dicho que tiene que cumplir todas las resoluciones de Naciones Unidas, pero
especialmente algunas que ustedes olvidan (la 687, la 715, del año 1991, y la 1284) que las vuelve a citar todas, y que vuelve a establecer el régimen de sanciones y el régimen de inspecciones que Irak no ha cumplido. Nosotros recordamos a esta
Cámara la vigencia y validez de esas resoluciones después de once años.
Tampoco conviene olvidar que no hace mucho tiempo, cuando se produjo el conflicto de Kosovo, 19 de las más importantes democracias del mundo se dieron cuenta de que estaba ocurriendo una tragedia en una parte de Europa, y ante la incapacidad
del Consejo de Seguridad de adoptar una resolución decidieron intervenir sin resolución del Consejo de Seguridad.
Entonces nadie se quejó, curiosamente.
Ustedes han estado diciendo que el riesgo que representa Irak no es tal.
Me parece increíble. Estamos hablando de una de las regiones más convulsas y delicadas del mundo. (El señor Frutos Gras: Petróleo.) Es evidente que la presencia de
un régimen de esas características allí puede desestabilizar esta región en un momento especialmente grave en el proceso de paz. Es evidente que nosotros también hemos impulsado y apoyado a todos los actores regionales e internacionales para que se
ponga en marcha una vez más el proceso de paz porque sabemos que es una espita que sigue
alimentando de odio y frustración muchos corazones en Oriente Medio. Las cosas están claras. Casi cinco años de ausencia de inspectores de Naciones Unidas no han hecho que las cosas estén mejor sino sinceramente peor. No sabemos qué puede
haber ocurrido con aquellos arsenales que no consiguieron descubrir los inspectores de Naciones Unidas por las limitaciones a que fueron sometidos por el régimen iraquí. Hay existencia de arsenales, y si no que se lo pregunten a los miles de
iraquíes que murieron en Halabjah, víctimas de ataques químicos de Alí el Químico, víctimas de la sanguinaria barbarie de un régimen. Si eso no ocurrió con armas químicas, no sé de qué estamos hablando.
Hemos hablado muchas veces del jefe de los inspectores de Naciones Unidas.
Los únicos dos jefes que ha tenido la Unscom han sido Rolf Ekeus, diplomático sueco, y Richard Butler, diplomático australiano. El señor Ritter era un inspector
importante sobre el terreno, de opiniones más bien cambiantes, como se ha podido ver.
Estamos hablando de un país que ha amenazado a sus vecinos. Lo hizo recientemente con Qatar. Dijo que si apoyaba cualquier tipo de actividad de Occidente contra Irak lo arrasaría. De eso estamos hablando, de un régimen pacifista. Estamos
hablando de un país que hace apenas 72 horas estaba haciendo un llamamiento a que se cometiesen atentados contra los Estados Unidos, sus intereses internacionales y sus aliados. Estamos hablando de un régimen que ha subvencionado a los terroristas
suicidas con 50.000 dólares. Estamos hablando de sospechas que cada vez más gobiernos respetables están llevando a sus Cámaras y Parlamentos y que ustedes han ridiculizado.
El régimen iraquí aceptó ayer el régimen incondicional de sanciones; ahora tienen que pronunciarse las Naciones Unidas una vez más con una resolución que regule las inspecciones; ahora es cuando hay que seguir presionando para lograr
resultados. El fin de las inspecciones no son las inspecciones en sí mismas; el fin de las inspecciones es el desarme de Irak, es que deje de ser un peligro y un riesgo cierto para la región; el fin de las inspecciones es controlar los arsenales
de armas químicas y bacteriológicas y es cortar el desarrollo del programa nuclear iraquí.
La firmeza y la presión que han mostrado ciertos gobiernos, y entre ellos el nuestro, es la política que nos ha llevado hasta aquí. Además, hemos estado hablando de la reticencia de ciertos países, de las dudas de los países y de los
actores regionales, incluso moderados. No sé de qué estamos hablando. Ayer mismo Arabia Saudí demostró que había cambiado de opinión. Las pruebas, las evidencias que se han puesto encima de la mesa y que irán saliendo cada vez en mayor número y
con mayor contundencia van a demostrar las posiciones de este Gobierno y de gobiernos como el nuestro. Pero también otros países importantes en la región como Jordania y Egipto ya estaban empezando a cambiar de opinión. Qatar lo hizo hace muchas
semanas, Rusia ya estaba dando su acuerdo, se estaba empezando a fraguar nuevamente una coalición internacional y eso, junto con la presión diplomática y la presión mediática que hemos ejercido países como España es lo que ha llevado a este
resultado y no otra cosa. El cambio operado ayer en la actitud iraquí demuestra que las declaraciones del presidente del Gobierno y la actitud del Gobierno de España estaban bien encaminadas. Ese es el camino de la paz, el camino de la paz no es
el camino que pasa por la claudicación. En política exterior no se puede estar al albur de los sondeos, de la caza de votos irresponsables. Esto es política de Estado, hay que tener visión, equilibrio, aun sabiendo que puede tener un coste
electoral; hay que tener responsabilidad y visión, y eso es lo que ha tenido este Gobierno, este grupo parlamentario que apoya al Gobierno y por eso vamos a votar en contra de esta irresponsable proposición no de ley. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Arístegui.
Tiene la palabra el señor Centella a los meros efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista. (El señor Marín González pide la palabra.)
Señor Marín, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, ayúdeme porque no sé en virtud de qué artículo del Reglamento. No sé si se anuncia ahora o no, pero deseo decir que aceptamos suprimir la parte que pedía el representante del Grupo Catalán.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Primero tendría que ponerse de acuerdo con el señor Centella que es el que tiene que admitir su enmienda. (El señor Centella Gómez hace gestos negativos.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el papel de las bases militares españolas cedidas a los Estados Unidos de América ante un posible ataque
militar de dicho país sobre Irak, en los términos de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 127; en contra, 156.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, PARA QUE EXPLIQUE EL BALANCE DE LAS MEDIDAS PUESTAS EN MARCHA HASTA AHORA Y LAS QUE PIENSA ADOPTAR PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 173/000149.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para que explique el balance de las medidas puestas en marcha
hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la violencia de género.
Para la presentación y defensa de la moción, tiene la palabra la señora Castro. (Rumores.)
Señorías, les ruego que guarden silencio.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Subo a esta tribuna para defender una enmienda transaccional presentada por todos los grupos de esta Cámara y asumida por el grupo proponente, al que represento en esta tribuna, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, de cuyo acuerdo hago entrega a la presidenta. En esta Cámara hemos llegado a un acuerdo, que desde mi punto de vista es histórico, a favor del colectivo de las mujeres españolas.
Señorías, la semana pasada teníamos en esta Cámara el debate sobre diversas iniciativas, entre las que se encontraban un proyecto de ley del Grupo Parlamentario Socialista y una interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, en torno a uno de los grandes problemas, que en este momento tenemos que resolver en esta Cámara, que es la violencia de género. Todos los grupos de esta Cámara han entendido -no vamos a repetir aquí el número de mujeres asesinadas- que
tenemos que trabajar sobre la base del consenso, ya que en esta Cámara hemos hecho del consenso un valor fundamental para poner en marcha iniciativas legislativas que vengan a esta Cámara y se traduzcan en cambiar la vida de las mujeres. No hemos
llegado a un acuerdo que sea un brindis al sol.
Todos los grupos parlamentarios hemos llegado a un acuerdo -en el que todos nos hemos dejado muchas plumas y en el que hemos hecho un esfuerzo de generosidad, que quiero agradecer a cada uno de los
grupos de la Cámara, incluido el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular- por el que nos hemos comprometido en el plazo de 4 meses a traer a esta Cámara iniciativas legislativas concretas.
Que se le quite de la cabeza a cualquiera de los grupos de la Cámara que esta subcomisión que hoy vamos a aprobar en la Cámara va a ser una subcomisión de estudio en la que nos vamos a poder permitir el lujo de estar trabajando tres años.
Señorías, vamos a necesitar cuatro meses para traer propuestas concretas, porque los estudios ya están hechos. Aunque realmente no haya una epidemiología de la violencia, aunque haya datos desiguales según los den el Gobierno central o las
comunidades autónomas, en definitiva, esta cuestión que nos trae aquí hoy, como bien dijo en esta Cámara el grupo parlamentario al que represento, es una cuestión de Estado. Hoy las mujeres españolas tendrán al menos un momento de esperanza y
sabrán reconocer que en esta Cámara hemos sabido todas y todos poner por encima de los intereses partidistas los intereses de un colectivo social que sufre cotidianamente la violencia por el simple hecho de ser mujeres. No vamos a trabajar
solamente para poner tiritas, señorías. Vamos a trabajar en dos direcciones: sobre los efectos y sobre las causas. Si sólo trabajamos sobre los efectos, puede hacerse una gestión muy lúcida para quien gobierna, pero perpetuaremos la situación de
sufrimiento de las mujeres. Por tanto, hay que actuar paralelamente sobre los efectos con políticas que vengan a paliar la situación de sufrimiento de las mujeres y hay que trabajar sobre las causas. Por eso esto exige un abordaje integral del
hecho de la violencia de género.
Repito que esto no es un brindis al sol, esto tiene que tener un soporte financiero; el Gobierno y el grupo que lo sustenta saben muy bien al firmar este acuerdo a lo que se han comprometido.
No voy a ocupar más tiempo. Espero que aquí nadie haya jugado con cartas marcadas. Sinceramente, señorías, honestamente me creo que hay buena voluntad en toda la Cámara. Como no está presente el ministro de Trabajo, el señor Zaplana, que
me hubiera encantado que estuviera en el debate, le quiero decir una cosa. Yo tiendo a ser una persona crédula, incluso a veces parezco ingenua, pero ni soy crédula ni soy ingenua. Le quiero decir al señor Zaplana aquello que Yul Brynner le decía
a Richard Harris en una extraordinaria película que se llama Oscuras entrañas y que trata del fenómeno de la minería inglesa del siglo XIX: Señor ministro, ojalá que de verdad sea usted lo que dice ser, porque de lo contrario no habrá agujero lo
suficientemente profundo en este país para que usted pueda esconderse de las mujeres españolas y de las diputadas que en esta Cámara con mucho esfuerzo hemos conseguido este acuerdo. De modo que nadie se relaje, porque es un acuerdo histórico que
nosotros celebramos, pero advertimos que no nos vamos a quedar contentos con el acuerdo, que vamos a traer respuestas, porque eso es lo que las mujeres están esperando de nosotras y de nosotros.
Señorías, pocas veces esta diputada ha tenido la oportunidad de subir a esta tribuna para defender una enmienda transaccional. Con la misma emoción, con la misma generosidad, con la misma intencionalidad política que subí a defender una
interpelación que era partidista,
de mi grupo parlamentario, he subido hoy aquí para decir gracias al Grupo Socialista por su generosidad política, gracias al Grupo Popular que sustenta al Gobierno por su generosidad política, gracias al Grupo de Convergència i Unió, gracias
al Grupo Vasco, gracias al Grupo Mixto, gracias a Coalición Canaria, gracias a todos y cada uno de los hombres y mujeres que nos sentamos en esta Cámara. Hoy las mujeres españolas se sentirán un poquito más orgullosas de SS.SS., de los hombres y
mujeres que tenemos la fortuna y también la responsabilidad de representarlos hoy en esta Cámara. Aunque nos hayamos dejado plumas, todos debemos celebrarlo, porque hay un amplio colectivo social, que son las mujeres, y que potencialmente somos
todas población de riesgo en el tema de la violencia, que hoy seguramente dormirán un poquito más tranquilas...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta.
Dentro de cuatro meses podrán reconciliarse por fin con ustedes y con nosotros, con los parlamentarios y con los grupos políticos que tienen representación en esta Cámara, que han demostrado estar a la altura de las circunstancias, situando
este problema donde había que situarlo, como una cuestión de Estado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
En primer lugar, grupos que han presentado enmiendas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Saura.
No sé cuántos son los diputados del Grupo Mixto que me están pidiendo la palabra. (Pausa.) Tres. De acuerdo.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Nosotros hemos presentado una enmienda de contenido a la moción que había presentado Izquierda Unida, que retiramos evidentemente en beneficio de la propuesta transaccional firmada por todos los grupos.
Votaremos favorablemente esta enmienda con un sabor agridulce: agrio, porque creemos que el tiempo de estudio ya ha pasado, pues hace meses y años que se viene maltratando y matando a mujeres, y es grave que el Congreso de los Diputados aún
tenga que estudiar para que el Gobierno actúe; y dulce, porque esperamos que este acuerdo abra una esperanza que se concrete de forma efectiva dentro de cuatro meses y que no sólo el Gobierno, sino toda la sociedad coloque este tema como una de las
prioridades más importantes de la sociedad española.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente, pero me gustaría dejar constancia de la importancia del acuerdo. Es un acuerdo para trabajar, que señala claramente el reto que tenemos o el problema que existe. En este tiempo que tenemos, que es un plazo
máximo, debemos poner manos a la obra y tratar de articular entre todos esas medidas legislativas necesarias para que el problema deje de serlo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Intervendré muy brevemente para expresar mi satisfacción personal y la del Bloque Nacionalista Galego porque, después del mal sabor de boca que nos dejó la votación del martes de la semana pasada -en la que el grupo mayoritario, contra todo
sentido y sin razones de peso, se opuso a la aprobación de una iniciativa que, aún con las diferencias que teníamos, hubiera ayudado a mejorar la respuesta institucional frente a la violencia de género-, hoy tenemos un acuerdo sobre la mesa; un
acuerdo que no es para constituir una subcomisión de estudio más, sino una subcomisión de trabajo, una subcomisión que rinda resultados en el plazo de cuatro meses; resultados en forma de iniciativas legislativas, que, dentro del ámbito de
competencias de este Parlamento y respetando las competencias de las comunidades autónomas, nos permitan -como dice el texto transaccional- dar de verdad una respuesta integral a este fenómeno gravísimo.
Tampoco quiero dejar pasar la ocasión sin felicitar al grupo proponente, concretamente a la diputada Marisa Castro, por el esfuerzo y la habilidad -también hay que decirlo- de concitar voluntades inicialmente muy diversas alrededor de una
propuesta que nos sirva para avanzar. Esa es mi voluntad y creo que también la de ella.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el reciente debate del martes de la semana pasada, propiciado por la toma en consideración del proyecto de ley integral contra la violencia de género presentado por el Grupo Socialista, expusimos las razones -que figuran en el
'Diario de Sesiones' de dicho Pleno y que no es momento de repetir- por las que Coalición Canaria, a pesar de no compartir las formas, votaba favorablemente la toma en consideración de dicho proyecto de ley. La mayoría de los grupos de esta Cámara
hemos presentado iniciativas a este respecto y hemos manifestado claramente nuestra posición, y entendíamos que hubiera sido más efectivo haber intentado conseguir un consenso previo entre todos los grupos políticos, que nos llevase a una iniciativa
conjunta.Aquel día también manifestamos nuestra no conformidad ante algunos de los aspectos, de los contenidos expresados en la propuesta legislativa presentada por el Grupo Socialista, pero nuestro voto fue favorable a su toma en consideración.
Pensábamos -y seguimos haciéndolo- que estamos ante un grave problema de nuestra sociedad; un problema que por su magnitud, por su impacto, por su trascendencia en la sociedad debemos considerar como un problema de Estado. A pesar de las
diferencias de enfoque, legítimas también, entre los diferentes grupos políticos, por encima de todo estaba -y está- la prioridad de entender que esta Cámara debía reaccionar y buscar urgentemente un espacio de debate sereno pero profundo; por
encima de partidismos o de oportunidad política ante este tema no deben reproducirse en esta Cámara estrategias o esquemas de vencedores o vencidos. Decíamos -lo reiteramos y seguro que lo compartimos con todos- que las únicas víctimas de este
problema son las víctimas de la violencia.
Señorías, en el debate del martes concluía mi intervención proponiendo, ante la evidencia de que no iba a prosperar la proposición del Grupo Socialista, que no terminara el debate ese día en esta Cámara sino que hubiera la posibilidad de que
se presentara entre todos los grupos políticos una iniciativa conjunta durante esta legislatura. Entendíamos que el criterio fundamental -lo decíamos aquel día- es que no se hacía más buscando titulares sino que, fuera cuál fuera el escaño en el
que uno se sienta, se hace más cuando se buscan soluciones. Insistimos aquel día en que estábamos perdiendo la oportunidad de decir y hacer todos juntos, como representantes democráticos de esta sociedad, todo lo que esté en nuestras manos para
acabar con un cotidiano sufrimiento que padecen miles de mujeres.
En relación con la moción presentada por Izquierda Unida nuestro grupo ha presentado una serie de enmiendas con la intención de contribuir a mejorar algunos aspectos que entendíamos complementaban la iniciativa presentada en aspectos que nos
parecen fundamentales. No es el momento de insistir o de profundizar en los contenidos de las enmiendas presentadas por nuestro grupo o incluso en la valoración positiva que podríamos hacer de las enmiendas presentadas por otros grupos. Por encima
de todo está el mismo criterio que habíamos mantenido en el debate del martes y que mantenemos hoy. Por tanto, si bien nuestras enmiendas nos siguen pareciendo importantes, las retiramos, por supuesto, ante el acuerdo alcanzado por todos los grupos
políticos hoy en esta Cámara.
Como lo han hecho anteriores portavoces, quisiera felicitar a la portavoz de Izquierda Unida, la diputada Marisa Castro, por el sincero esfuerzo de consenso que ha hecho, así como al resto de los portavoces que hoy hemos participado en este
acuerdo. Sinceramente espero que en el día de hoy no estemos perdiendo nuevamente una oportunidad en aras de este consenso sino que realmente exista también en el resultado del trabajo de esta subcomisión que hoy se crea. Asimismo, espero
sinceramente que exista coherencia entre lo que decimos hoy todos en esta Cámara -que probablemente lo aprobaremos- y lo que realmente hagamos, por el bien de la credibilidad de todos los grupos políticos y de esta Cámara ante el ciudadano y la
opinión pública, pero sobre todo por la credibilidad y el respeto que debemos a las víctimas de la violencia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo también había presentado una enmienda a esta moción pero, en aras del consenso y pensando únicamente en las mujeres que sufren esta lacra social que es la violencia de género, la retiramos y vamos a dar nuestro apoyo
al texto consensuado que nos acaba de presentar la portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Desde nuestro grupo, el Grupo Socialista, ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones: Vamos a apoyar siempre cualquier medida, cualquier iniciativa que tenga por objeto erradicar algo tan monstruoso, tan terrible como es la violencia contra
las mujeres. Es ésta una cuestión, señorías, en la que no valen ni propuestas oportunistas ni colores políticos. Es un grave problema que requiere soluciones imaginativas y eficaces y, por supuesto, el compromiso colectivo de todos los grupos
políticos y del conjunto de la ciudadanía. Por ello, nuestro grupo, a diferencia de lo que hizo el Grupo Popular la semana pasada en esta Cámara con la proposición de ley que debatimos, va a apoyar el texto consensuado de la moción. Dicho esto,
señorías, quiero añadir una vez más que desde nuestro grupo seguimos absolutamente convencidos de que para ser realmente
eficaces hay que abordar este grave problema mediante la aprobación de una ley integral, y en este sentido vamos a trabajar en la subcomisión que vamos a crear. Ustedes saben, señorías, que no es únicamente el Grupo Socialista quien plantea
esta vía, son también las distintas organizaciones de mujeres, las distintas organizaciones expertas en estas materias que vienen planteando desde hace años la necesidad de una ley integral contra la violencia de género.
Desde el Grupo Socialista trabajaremos para que las medidas legislativas que se formulen desde la subcomisión garanticen los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la seguridad; para que sean medidas que refuercen el compromiso
colectivo frente a la violencia y conviertan este problema en una auténtica prioridad a combatir; para que sean medidas que intervengan sobre las causas de esta violencia y que supongan una apuesta clara a favor de la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres; para que sean también medidas que regulen la coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, cuyo compromiso y trabajo es fundamental para acabar con esta terrible lacra social y que necesitan todo
nuestro apoyo y, sobre todo, más financiación.Esta es en breves pinceladas la línea que viene manteniendo nuestro grupo y la que mantendremos en la subcomisión, una línea que no son sólo palabras sino que está ya plasmada con todo detalle en el
texto de nuestra proposición de ley integral contra la violencia de género, que fue defendida magistralmente ante el Pleno de esta Cámara por nuestra portavoz Micaela Navarro la semana pasada y que fue rechazada con los únicos votos en contra del
Grupo Popular.
El Grupo Socialista, señorías, ha querido y quiere hablar y llegar a acuerdos con todos los demás grupos políticos y con el Gobierno, pero no sobre la base de unas políticas ineficaces como las que ha planteado hasta ahora el Gobierno del
Partido Popular. Queremos hacerlo sobre una política con mayúsculas como la que planteábamos la semana pasada en nuestra ley integral. Esta es a nuestro entender, señorías, la única manera de avanzar con eficacia y de una vez por todas hacia una
solución definitiva para esta lacra social que es la violencia contra las mujeres.
Aquí no hay vencedores ni vencidos, señorías. Las únicas vencedoras son las organizaciones de mujeres y las propias mujeres que están sufriendo esta violencia
juntamente con sus hijos. El día histórico de verdad va a ser el día en que entre en esta Cámara el proyecto de ley consensuado.
Nada más, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario Convergència i Unió, tal como ha manifestado reiteradamente, entiende que la erradicación de la violencia de género debiera considerarse materia de consenso y que cuantas medidas se adopten para conseguir erradicarla
debieran ser en lo posible fruto de un amplio y de un generoso diálogo entre todos los grupos parlamentarios.
La pasada semana, la señora Castro, en la interpelación que realizó al Gobierno, invitó desde esta tribuna a todos los grupos a hacer aportaciones al texto de la moción que presentó Izquierda Unida. En respuesta a esta invitación mi grupo
parlamentario, y la mayoría de grupos, ha formulado enmiendas porque es evidente que todos los grupos parlamentarios compartimos tanto la preocupación por este tema como la necesidad de articular e impulsar medidas eficaces para la erradicación del
mismo. La señora Castro nos ha hecho hoy una nueva propuesta: llegar a un acuerdo entre todos los grupos para constituir una subcomisión no de estudio, sino de trabajo efectivo, en la que todos los grupos parlamentarios podamos aportar nuestras
propuestas con serenidad y en la que se puedan articular medidas legislativas que desde una perspectiva integral den respuesta a la violencia de género. Los grupos parlamentarios hemos llegado a un acuerdo, fruto del cual es esta enmienda
transaccional que estamos debatiendo. En función de este acuerdo mi grupo parlamentario retira las enmiendas que había formulado, sin perjuicio de reproducirlas justamente en esta subcomisión.
Mi grupo parlamentario valora muy positivamente este acuerdo. Valora la generosidad de la proponente, que en aras del consenso y por la importancia del tema renuncia a la autoría de la propuesta y acepta compartirla con el resto de grupos.
De manera que hoy somos todos los grupos los que vamos a aprobar la creación de esta subcomisión. Por encima de todo valoro que hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo y que todos podamos votar favorablemente. De esta manera saldrá de esta
Cámara un mensaje positivo y un mensaje esperanzador para la sociedad y para las mujeres. Mi grupo está seguro de que toda la sociedad apreciará que más allá de posiciones partidistas seamos capaces de aprobar por consenso un instrumento que nos
permitirá, también por consenso, articular medidas para combatir de una manera eficaz la violencia de género.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Para la defensa de la enmienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es para mí una satisfacción poder subir a esta tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular a defender una propuesta, retirando la enmienda que había presentado nuestro grupo y que iba dirigida precisamente hacia el objetivo
último que recoge esa iniciativa y que hoy aquí se va a aprobar, que es llegar a un acuerdo. Siempre ha sido voluntad expresa del Gobierno y del Grupo Popular impulsar un acuerdo sobre el grave problema social de la violencia que sufren las
mujeres.
Hemos recordado en esta tribuna que bajo el Gobierno de José María Aznar se había abordado en España por primera vez este grave problema. Esto se hizo con un trabajo serio y pionero en Europa, con dos planes integrales de acción de lucha
contra la violencia doméstica para luchar contra esa lacra social y, además, con la participación expresa de las comunidades autónomas. Es absolutamente cierto que España lo hizo de forma pionera en Europa, pero además ha trabajado desde la
presidencia europea de una manera intensa y de una manera prioritaria precisamente contra la violencia que sufren las mujeres. Todo ello ha tenido el reconocimiento expreso del Parlamento Europeo, porque quiero recordar a ustedes que mientras aquí
se estaba criticando la política del Gobierno en esta área, el Parlamento Europeo en una resolución del 4 de septiembre, es decir este mismo mes, aprobaba por unanimidad ese reconocimiento al trabajo de España en esta área. Voy a leer el artículo
14 de la resolución, que dice expresamente: Se congratula de que la presidencia española del Consejo haya dado prioridad al problema de la violencia contra la mujer, en particular la violencia en el hogar, la violencia sexual, la violencia en el
lugar del trabajo y que haya incluido una referencia al mismo en las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona. El artículo 15 sigue diciendo: Se congratula por la iniciativa de la presidencia española de encargar un estudio, de elaborar una
guía de las buenas prácticas establecido por los Estados y pide al Consejo que dé curso adecuado a esta importante iniciativa de España. Se trata de un reconocimiento claramente justo, señorías, porque España ha llevado la iniciativa en el terreno
de la lacra social que representa la violencia en Europa.
Señores del Grupo Socialista, tengo que decirles que lecciones en este terreno no nos las pueden dar. (Aplausos.) Hemos demostrado tener una enorme sensibilidad social. Hemos trabajado para abordar este problema que no es nuevo en España,
que era antiguo y estaba presente cuando otros gobernaban en este país. Podemos sentirnos legítimamente orgullosos de lo que ha hecho el Gobierno. El Grupo Popular, desde ese convencimiento y en esas circunstancias, manifestó también expresamente
el deseo de llegar al mayor de los acuerdos posibles porque pensamos que este tema, el de la violencia, no puede ser objeto de confrontación partidista, sino de colaboración y compromiso de todos.
Hoy, señorías, hemos reconducido claramente un debate que no debiera haberse producido. Hemos puesto orden en un tema de gran interés social y, sobre todo, hemos antepuesto el valor del acuerdo y del diálogo que el Gobierno del Partido
Popular y el Grupo Popular, aun teniendo mayoría absoluta, viene practicando en tantos e importantes temas que afectan a la sociedad española. (Aplausos.) Así lo entendió el Gobierno cuando elaboró los planes. Ese ha sido claramente también el
compromiso del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales quien, por cierto, asumida la responsabilidad del Gobierno habló ya de importantes medidas y ofreció el acuerdo expresamente el miércoles.
Agradezco a la portavoz de Izquierda Unida que su grupo y ella expresamente hayan tenido la visión política de recoger esa oferta de diálogo hecha por el Grupo Popular en las últimas palabras de la iniciativa debatida el martes en esta
tribuna, y del ministro ante su interpelación. Con ello damos un paso importante y nos unimos todos.
Termino, señora presidenta, diciendo que siempre manifestamos que hay temas que nunca deberían ser objeto de confrontación, sino de unión de todos. Espero que desde hoy todos los grupos nos pongamos a trabajar lealmente, que no antepongamos
en el trabajo los intereses partidistas de nuevo, que no hablemos de una cosa ni de otra ni de leyes ni de planes.
Vamos a trabajar conjuntamente por las mejores iniciativas parlamentarias. Por ello, señorías, nuestra satisfacción es grande porque
estamos cumpliendo hoy lo que decía el Grupo Popular: Para nosotros lo importante es proteger a las víctimas, contribuir a erradicar este grave problema en una sociedad democrática y libre porque además las mujeres lo merecen.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz.
Por último, para fijar posición en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna no por la extensión que pretenda dar a mi intervención, sino por la importancia cualitativa del asunto que debatimos. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) deseaba fervientemente que se llegase a un acuerdo que
permitiese trasladar a la sociedad la importancia, repito, que esta Cámara da a la violencia o al llamado terrorismo de género. No nos gustó, lo mismo que han dicho otros portavoces, la imagen que se dio en esta Cámara el martes pasado por una
votación dividida. Queríamos que se permitiese plasmar lo que de simbólico tiene la actuación de este órgano de representación popular.
Hablé de ello el pasado martes al apostar por que se hiciese una ley integral, que realmente y en el fondo no
creemos necesaria
desde la convicción de que la ley no es sólo regla jurídica, sino que también tiene una importante función de dirección política. Dijimos que no hay solución, sólo normativa a este drama social y que nos parece bien la idea de una
subcomisión como la que hoy se ha acordado en la que participaremos aportando nuestra leal colaboración y nuestra voluntad de llegar a ese acuerdo.
La erradicación de la violencia es desde nuestra perspectiva uno de los retos más importantes a los que se enfrenta nuestra sociedad en el presente siglo. La violencia de género destruye vidas y socava la convivencia, supone además una
violación de la dignidad humana de tal naturaleza que limita la participación de las mujeres en la vida social, condicionando el ejercicio de su plena ciudadanía.
Como muchos expertos en la materia, creemos que la violencia contra las mujeres tiene su raíz en una situación estructural de desigualdad real, en la que se encuentran las mujeres dentro de la sociedad. La dependencia económica, el reparto
de papeles y funciones dentro de la familia en la que la mujer sigue estando en muchísimos casos todavía subordinada en el mantenimiento de estereotipos sexuales, son causas profundas que posibilitan estas agresiones contra las mujeres. Estamos por
lo tanto por un cambio social desde la igualdad.
Nos felicitamos del acuerdo obtenido y nos gustaría que se caminase dentro de él en este sentido. Felicitamos a todas las formaciones de la Cámara como se ha hecho en intervenciones anteriores. Al Grupo Socialista, que presentó su
proposición de ley que no tuvo éxito pero que sirvió para remover algunas cosas. Desde luego felicitamos la presentación de la interpelación de la señora Castro y su paciencia con todas nosotras negociando, yendo y viniendo de los distintos
despachos. Se ha hablado de su generosidad. Yo, si fuese un hombre, diría la hombría de bien, el mujerío de bien habrá que decir en este caso.
También felicitamos al grupo mayoritario por haber aceptado transigir, puesto que la mayoría absoluta él la tiene y su voto es el que permitirá el acuerdo, y al propio Gobierno, ya que el ministro, hoy ausente pero presente en el día de la
interpelación, prometió tomarse en serio, tomarse más en serio, por no suscitar o abrir heridas, esta cuestión e intentar que se avanzase más en este importante problema.
Lo importante, repito, es tener hoy este acuerdo que deseamos que sea no sólo simbólico, pero que desde luego es simbólico de un acuerdo unánime, que es el comienzo de nuestro compromiso por trabajar y por buscar respuestas, aportando lo que
cada una conocemos por lo ya hecho en otros ámbitos.
Nosotras mismas, nuestros grupos, unos a otros tendremos que exigirnos el cumplimiento de este acuerdo que la sociedad en todo caso nos demandará.
Con la felicitación a todos concluyo mi intervención.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Sometemos a votación la moción consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para que explique el balance de las medidas puestas en marcha hasta ahora y las que piensa adoptar para acabar con la
violencia de género, que se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que ha sido expuesta por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 287; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. (Número de expediente 173/000150.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, de política general en materia de desarrollo sostenible.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Morlán. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio, a ser posible. Es preciso que continuemos con el debate. (Pausa.) Adelante, señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, como consecuencia de la cumbre de Johannesburgo, celebrada hace unas fechas, el Grupo Parlamentario Socialista planteó el miércoles pasado una interpelación sobre políticas del Gobierno en materia de desarrollo sostenible. Como
consecuencia de esa interpelación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a su consideración una moción en la que desgrana, si no todos, sí gran parte de los aspectos que tienen que ver con lo que ha de ser una política en materia de desarrollo
sostenible, en la que tengan cabida aquellos aspectos económicos, sociales y de protección ambiental que, de acuerdo con las previsiones de Johannesburgo y con los planteamientos que ha llevado a cabo la Unión Europea, configuran el desarrollo
sostenible.
Esta moción tiene dos puntos. En el primer punto pedimos la creación en el seno de la Comisión de Medio Ambiente de una subcomisión que lleve a cabo el estudio de lo que es el cambio climático en España, con la finalidad de evaluar la
situación por la que atraviesa el cambio climático en España, con la finalidad de conocer todos los datos y porcentajes que existen de
emisión, con la finalidad de ver las políticas que se van a llevar a cabo para luchar contra el cambio climático, en definitiva, con la finalidad de conocer los informes, los expertos, las condiciones en las que el cambio climático se está
desarrollando en España y ver de qué manera se pueden contrarrestar sus efectos negativos. En el segundo punto lo que hacemos es desgranar una batería de propuestas, muchas de las cuales han sido tratadas en la cumbre de Johannesburgo. Planteamos
que desde el Gobierno se transmita a la Unión Europea la necesidad de crear una agencia mundial del medio ambiente, que tenga capacidad sancionadora por incumplimiento de aquellos convenios internacionales en materia ambiental. Podemos compararlo
con lo que es el Fondo Monetario Internacional. Hay un problema de medio ambiente a nivel internacional, hay un problema que hay que atajar de alguna manera y hay que forzar a los países que lo acepten el cumplimiento de las pautas de políticas
ambientales.
En segundo lugar, queremos que el Gobierno promueva ante las instituciones europeas la creación de un impuesto que permita allegar recursos para lo que ha sido en Johannesburgo la creación de un fondo de solidaridad. Esta medida, junto con
la anteriormente indicada, que no ha sido una resolución de Johannesburgo, pero sí ha sido la iniciativa de algunos países como Francia, que han entendido que esta agencia mundial de medio ambiente era necesario que se constituyera, son iniciativas
que, dentro de lo que es la Unión Europea, marcarían unas pautas nuevas en todas las políticas de desarrollo sostenible.
También planteamos aumentar de manera gradual la ayuda oficial al desarrollo, siendo el 0,7 un objetivo a alcanzar. Para ello se marca la pauta de llegar en el año 2006 con el 0,39 por ciento del PIB en el caso de la Unión Europea. En el
caso de España, se tendrá que superar el 0,21 ó 0,22 que hay actualmente hasta llegar a esa cifra del 0,39 por ciento en el año 2006.
Señorías, en el documento de estrategia de desarrollo sostenible se planteaba la creación de un observatorio de la sostenibilidad en España.
Yo creo que el contemplar la posibilidad de ese observatorio, en que sea esta Cámara la que elija
sus integrantes, con la finalidad de dotarla de mayor objetividad, es una buena medida que compartimos con el Gobierno en este caso, desde el momento en que lo ha planteado en su documento de estrategia de desarrollo sostenible, y nos gustaría que
recibiera el apoyo de sus señorías.
Igualmente, en otro de los puntos planteamos el cierre inmediato de la central de Zorita, y cuando hablamos de cierre inmediato no estamos diciendo que se cierre mañana. Entendemos que el proceso de cierre de una central lleva su tiempo,
pero tiene que plantearse la voluntad política de que ese cierre inmediato se produzca y que el tiempo que se establezca técnicamente para que sea efectivo el cierre sea el que nos lleve a la desaparición de Zorita como central nuclear y como uno de
los elementos de suministro energético en este país.
De igual manera queremos que la estrategia de desarrollo sostenible, que por parte del Gobierno se está elaborando desde hace mucho tiempo y que a pesar de lo que diga el señor ministro los plazos y las intenciones que había no se han
cumplido, se elabore en el plazo de tres meses con la finalidad de que tanto las comunidades autónomas, como los grupos ecologistas, como los partidos políticos tuviéramos la posibilidad de conocer en qué va a consistir esa estrategia de desarrollo
sostenible y poder someterla a la consideración de todos, porque al fin y al cabo también este es un compromiso que sale del plan de acción adoptado en al cumbre de Johannesburgo. Como es lógico, queremos que se constituya esa subcomisión. También
queremos que exista una estrategia de lucha contra el cambio climático. Aquí no podemos olvidar a comunidades autónomas como Baleares y Extremadura, y espero que la cara del señor ministro, como el otro día cuando le hice este comentario, no sea la
que me imagino; de todas maneras mañana lo veremos cuando comparezca en la Comisión. Tiene que haber una colaboración en lo que tiene que ser la estrategia de lucha contra el cambio climático, con la finalidad de que exista una unidad en el
criterio de actuación, una correlación y que desde luego esa estrategia de lucha contra el cambio climático se elabore con la mayor rapidez posible. Señorías, si ustedes han leído el conjunto de las propuestas que planteamos, hacemos referencia a
gestión de recursos hídricos, hacemos referencia a lo que es el Consejo Asesor de Medio Ambiente, solicitando una nueva elaboración de ese Consejo, que ha dejado fuera del mismo a las organizaciones ecologistas. Ante esa posición del Gobierno lo
que han hecho las organizaciones ecologistas ha sido decir: en este terreno no jugamos porque lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer no significa que el Gobierno se haya tomado en serio lo que es el cambio climático y lo que es la estrategia
de desarrollo sostenible.
En definitiva, ponemos encima de la mesa una batería de iniciativas, de puntos que esperamos que los grupos de esta Cámara los acepten y los aprueben, porque entendemos que son las pautas sobre las que hay que trabajar en los próximos
tiempos en España para llevar a cabo el desarrollo de una estrategia de desarrollo sostenible que signifique una nueva cultura, una nueva forma de trabajar en todos los sectores económicos y sociales de este país y desde luego una nueva forma de
hacer frente a lo que es el medio ambiente en el conjunto del Estado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción consecuencia de interpelación. Con independencia de que probablemente en algunos aspectos esta iniciativa hubiera sido mejorable dados los resultados que se
produjeron en la cumbre de Johannesburgo, creo que precisamente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista abarca todos aquellos aspectos que deberían haber sido objeto de acuerdo formal por parte de los gobiernos del mundo entero en
la cumbre de Johannesburgo. Por eso creemos -y nuestro grupo parlamentario así lo va a apoyar- que es interesante, además de muy importante, que desde el Gobierno español se pueda promover, ante instituciones internacionales y fundamentalmente ante
la Unión Europea, la creación de una agencia mundial de medio ambiente que sea la que tenga la facultad no solamente de sancionar, sino también de velar por el cumplimiento de los convenios internacionales en materia medioambiental. Creemos
importante, señorías, que se pueda plantear la creación de ese impuesto internacional, del que ya se ha discutido en varias ocasiones, sobre todo en la Unión Europea, para poderlo destinar a los fondos de solidaridad y que pueda además cubrirse la
lucha contra la pobreza y la degradación ambiental precisamente de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Señorías, cada vez que hablamos de acuerdos internacionales, sobre todo en materia medioambiental, siempre se suele pedir el mayor esfuerzo a aquellos países que menos capacidad tienen para ello, y ese esfuerzo siempre va en detrimento de su
propio desarrollo, mientras los países desarrollados seguimos siendo los mayores esquilmadores de los recursos ambientales, no solamente de nuestros propios territorios sino también de los de aquellos países a los que pedimos el mayor esfuerzo,
tanto en la lucha contra la degradación ambiental como en sus condiciones económicas.
Por tanto nos parece que esto es importante, pero también nos parece importante ese aumento de la ayuda oficial al desarrollo como compromiso global y que nuestro
país viene incumpliendo. No solamente el acuerdo del aumento del 0,7 del producto interior bruto sino incluso el acuerdo que hace un par de legislaturas se alcanzó en esta Cámara para el aumento gradual de esta ayuda oficial al desarrollo.
Además, son importantes dos de los puntos de esta moción. Uno es aprobar dentro de un plazo razonable de tiempo la estrategia española de desarrollo sostenible. Aunque pueda parecer anecdótico, señorías, nuestro Estado ha acudido a la
cumbre de Johannesburgo sin estrategia de desarrollo sostenible; ahora, eso sí, llevamos meses viendo aparecer en los medios de comunicación la campaña publicitaria sobre la estrategia de desarrollo sostenible. Y está bien, hay que concienciar a
la ciudadanía; pero la ciudadanía, para poder estar concienciada del todo, no solamente necesita los anuncios publicitarios, sino los mecanismos para poder poner en marcha la estrategia de desarrollo sostenible y para poder cumplir con aquello de
lo que se hace publicidad.
No sólo dentro de la estrategia de desarrollo sostenible habría que incluir aquellos aspectos que el Grupo Parlamentario Socialista expone en el punto quinto de su moción; quizás, señorías, y a pesar de las competencias transferidas a las
comunidades autónomas, para que en realidad fuera una estrategia de desarrollo sostenible, habríamos de tener en cuenta, de acuerdo con las comunidades autónomas, la ordenación del territorio. También tiene alguna competencia el Estado central,
porque tiene mucho que ver el desarrollo que se da a las comunidades autónomas con el desarrollo sostenible que realmente necesita el Estado español y el resto de los países del mundo. Por tanto, estaríamos de acuerdo, señorías, con este apartado,
con independencia de que pensemos que es ampliable a otros aspectos que no se recogen, pero para empezar, y en el punto en el que está el Estado español, creemos que es suficiente.
De la misma forma que creemos imprescindible que se pueda crear la
subcomisión de seguimiento de la situación de España con relación al cumplimiento del protocolo de Kioto, que esta Cámara conoce que no cumple. Además, seguimos sin tener una estrategia que nos permita luchar contra el cambio climático a nivel del
Estado español.
Hay muchos más aspectos que nos parecen importantes, sobre todo iniciar aquello que el Gobierno todavía no ha puesto en práctica.
Fundamentalmente, nos parece necesario que se pueda modificar el decreto que constituyó el nuevo Consejo
Asesor de Medio Ambiente, donde no sólo debe participar la Administración, que es la que ha venido a tener en estos momentos el mayor peso, sino que debe participar también la población civil, representada en las organizaciones sociales.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, su grupo trae a esta Cámara algunas de las medidas y de los planteamientos que se discutieron, algunos de los cuales se aprobaron en la cumbre de Johannesburgo de
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Lo que hace de alguna manera es trasladar esos planteamientos al debate de política interna del Estado español. Y en eso estamos. Entre hoy y mañana tendremos ocasión de discutir con profundidad este
tema. De hecho, la interpelación que dio origen a esta moción ya dibujaba dos escenarios un tanto
contrapuestos, desde el punto de vista de este grupo parlamentario, en relación con la situación medioambiental española y de la acción del Gobierno en este ámbito. Mientras que para el interpelante, el Grupo Parlamentario Socialista, como
es habitual en esta materia, todo o casi todo va mal, para el interpelado, en este caso el Gobierno y el ministro, casi todo va bien. Nosotros, como suele ser aconsejable en estos casos, optamos por un punto intermedio y equilibrado. Creemos que
no es bueno hacer catastrofismo ni tampoco es bueno la autocomplacencia. Mañana, en la Comisión de Medio Ambiente, el ministro va a comparecer para explicar los resultados de la cumbre de Johannesburgo, a instancia del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió y del propio Gobierno, y también en la sesión de control de mañana por la tarde hay dos preguntas parlamentarias sobre este tema, con lo que quedará patente la relevancia de la cumbre de Johannesburgo.
Mi grupo parlamentario aborda las exigencias que se derivan de las políticas de desarrollo sostenible con un claro compromiso. Un compromiso político que se acredita no solamente por las posiciones adoptadas por este grupo parlamentario en
esta Cámara sino también y sobre todo por las acciones que ha impulsado y que seguirá impulsando el Gobierno de Cataluña en relación con la elaboración de su propia Agenda XXI, del mismo modo que otras comunidades autónomas lo están ya haciendo, así
como por su presencia activa en foros internacionales, como ha sucedido recientemente en Johannesburgo, superando con ello los obstáculos y las dificultades que se les plantean a las naciones sin Estado en este tipo de cumbres. Gran paradoja,
señorías, si se tiene en cuenta que la mayoría de los territorios que integran la red de regiones para el desarrollo sostenible, creadas precisamente en Johannesburgo y en las que ejerce un cierto liderazgo, junto con Cataluña, el País Vasco, esas
comunidades, como decía, tienen plenas competencias en materia de medio ambiente y por tanto son las responsables de la planificación y de la ejecución de las diferentes políticas medioambientales. Sin embargo, hasta la fecha, no han podido ser
actores en el concierto internacional al mismo nivel, por ejemplo -y lo seguimos reclamando-, que las organizaciones no gubernamentales y las entidades locales.
Entrando en el texto de la moción, mi grupo parlamentario quiere ante todo y en primer lugar hacer una valoración positiva, en términos generales, del espíritu que la inspira. Incluso comparte algunos de sus planteamientos, aunque también
tenemos que decir que, después de que formen una moción 16 puntos tan dispares entre ellos como los que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, se hace realmente difícil dar un apoyo a cada uno de ellos. En ese sentido, a planteamientos que
trasladan casi miméticamente, como decía el portavoz del Grupo Socialista, al ámbito del Estado algunos aspectos del plan de acción aprobado en Johannesburgo se añaden otros con los que podemos coincidir, como los puntos 6, 9 y 11, entre otros, pero
se entremezclan con otros con los que no podemos estar de acuerdo, porque, como ha dicho antes otra portavoz, denotan escasa sensibilidad autonómica. Incluso se plantea en el apartado 12 un aspecto que impulsó el Grupo Parlamentario Catalán a
través de una proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente el pasado 12 de junio, con lo que existe un mandato al Gobierno para que presente en un plazo determinado un plan de política energética. Creemos que en este punto concreto ya
existe una posición adoptada y un compromiso por parte del Gobierno de traer a esta Cámara este plan de eficiencia.
Mi grupo parlamentario hubiera preferido, en aras de ese posible apoyo, que la moción hubiese sido más concreta. A veces las cosas concretas ayudan a que exista ese consenso. Más concreto no significa menos ambicioso. Por todo ello, y
reiterando que mi grupo parlamentario valora positivamente el sentido global de la moción por los objetivos que persigue, no vamos a poder darle nuestro apoyo, ya que estamos en desacuerdo con algunos planteamientos de orden competencial y también
con otros de orden económico y político.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.
Grupo Parlamentario Popular. Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy ante este Pleno una moción que, sin caer en la exageración, ocupa más espacio que la propia interpelación de que emana. El comentario a todos y cada uno de los 16 puntos, comprendidos en dos
apartados por una autoenmienda socialista, de que la moción consta, para lo que cuento con cinco minutos, obligaría a esta diputada a emplear 18 segundos en el análisis y contestación de cada uno de ellos, lo que sin duda, señorías, sería una
frivolidad, en la cual no voy a caer. No entiendan pues SS.SS. como falta de interés que trate globalmente el amplio contenido de sus propuestas. Se trata sencillamente de contestar con rigor ese fuego graneado, a mi juicio nada riguroso, que
supone la oceánica y confusa moción socialista. En los diversos puntos se solicitan decisiones que afectan a los ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda, Medio Ambiente, Economía y Agricultura y Pesca. Parece sin duda un borrador con ínfulas
de programa medioambiental global, cuando, señorías, estamos hablando de los acuerdos contenidos en el plan de acción aprobado en Johannesburgo en la pasada cumbre, acuerdos no vinculantes y que precisarán por tanto de un alto grado de consenso y de
diálogo para su puesta en práctica, consenso y diálogo que no duden SS.SS. contarán con el decisivo esfuerzo del Grupo Popular.
Señorías socialistas, este no es el camino. La confusión entre la demagogia y el desconocimiento de esta moción no mueve el optimismo de cara a este consenso. Para el cumplimiento de las múltiples propuestas de la moción se piden plazos,
que van desde la inmediatez
en algunos de los puntos hasta un mes, tres o seis meses, en otros. Los plazos parecen decididos caprichosamente y no atendiendo con rigor a la importancia de las propias propuestas. En unos casos, señorías, se piden acciones que ya está
realizando el Ministerio; en otros, se pide la presentación de planes y estrategias que están en proceso de elaboración, consulta y diálogo con las distintas administraciones públicas y los sectores sociales; en otros, como en el caso del cierre
inmediato, señoría, que es lo que pone el texto de la moción, de la central nuclear de Zorita, la moción llega tarde, ya que ha sido señalado plazo para el cese de actividad y, por cierto, que este plazo ha sido consensuado. Tal vez S.S. no se
haya enterado de ello. En otros, en fin, como el referente a la ayuda oficial al desarrollo, ya está fijado calendario y el objetivo al que España se ha comprometido. Por consiguiente, señorías, anuncio en este momento el voto negativo a una
moción que intenta albergar muchos puntos, muchos aspectos, todos y cada uno de ellos importantísimos. Todos y cada uno de ellos merecerían un debate serio y riguroso, fijándonos en cuáles pueden tener plazos y en cuáles hay que alargar para
conseguir un consenso.
En definitiva, señorías, por encima de la falta de rigor y de la confusión de la moción presentada, no les quepa duda de que el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular están comprometidos con las resoluciones de la cumbre de Johannesburgo,
pues no en vano desde 1996 se ha impulsado de manera notable la política medioambiental en España. De 13 años de gobiernos socialistas de meras proclamaciones e intenciones se ha pasado en los últimos seis años a realizaciones concretas y a
afrontar con decisión y responsabilidad problemas aparcados mucho tiempo. El Grupo Popular considera que la elaboración y aprobación de la estrategia de desarrollo sostenible fijará las pautas de sostenibilidad en nuestro país y permitirá que
España avance de forma decidida hacia un desarrollo económico, social y ambiental, que sea equilibrado y sostenible. Para ello, señorías, es importante la colaboración de todos, es importante el consenso, es importante el diálogo, pero, señorías
socialistas, sin demagogias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, de política general en materia de desarrollo sostenible.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 105; en contra, 164.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL AEROPUERTO DE EL PRAT. (Número de expediente 173/000151.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios del aeropuerto de
El Prat.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Hoy, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta una moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios del aeropuerto de El Prat de
Barcelona. Hemos presentado una moción con cuatro puntos, que voy a explicar brevemente. En el primer punto, nosotros solicitábamos que se presentase en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados, al final de cada período de
sesiones y para su posterior análisis e informe, un documento informativo sobre la evolución del grado de ejecución del plan director.
Nos parece que este podía ser un buen texto para conocer lo que pasa en los aeropuertos. Después hay un segundo
punto que hacía referencia a todas las incidencias acaecidas en la prestación de los servicios de tierra durante todo el año 2002 -que ha habido varios-, ya sea en cuestión de desembarque de pasajeros de unas maneras muy extrañas, con incidencias,
ya sea pérdida de equipajes, etcétera. Un tercer punto que hablaba de activar la contratación de una nueva concesión del servicio de handling. El señor ministro nos comentó en su intervención que estaban preparados para hacer una nueva concesión
del servicio. Y un cuarto punto para presentar ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso documentación sobre los distintos modelos de gestión aeroportuaria vigentes en los principales aeropuertos internacionales.
Se presentaron enmiendas a nuestra moción. En cuanto a las del Grupo Parlamentario Popular, las referidas a los puntos 1 y 3 eran relativamente aceptables -cambiando el período de sesiones por un año-, pero en modo alguno podían prosperar
las referidas a los puntos 2 y 4. El señor ministro tuvo una intervención que yo calificaría de muy dura respecto a nosotros, sobre todo con relación al punto 4. Discutía las propuestas que nosotros pudiéramos hacer respecto a la gestión
aeroportuaria y nos decía que la ventaja del proyecto actual que tiene el Ministerio es que se puede acudir a cualquier aeropuerto de la geografía española y explicar lo que estamos haciendo sin necesidad de que alguien nos diga lo que hacemos en
Barcelona.
También dijo que Barcelona quitaba inversión a otros. Decía categóricamente: Esa es la realidad de nuestro proyecto, proyecto Aena.
Por eso se tiene que imponer, por sentido común y por sentido de responsabilidad. Curiosamente, y
sorprendentemente para mí, hoy leo un titular en Europa Press a las 18:48 en el que alude a una conferencia del presidente del Partido Popular catalán. Dice: Fernández Díaz, del PP, propone abrir la gestión de los aeropuertos al sector privado a
partir de 2004. Abrir la gestión de las infraestructuras al sector privado comenzando por el aeropuerto de El Prat es algo que me sorprende y que podría descolocarme.
Información de cómo es la gestión en otros aeropuertos ya la tengo. Yo mismo realicé un estudio, junto con unos compañeros de mi grupo, y sé cómo están los aeropuertos en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Portugal, en Bruselas, en
Francia, y en concreto el aeropuerto de Manchester o el de Schipol, la gestión de Aena en aeropuertos en Colombia, también empresas de ingeniería que tienen la gestión de aeropuertos en México. Y me parece absurdo que no podamos ni hablar de
posibilidades de gestión.
Hay una enmienda del Grupo Socialista que nosotros no podemos considerar de ninguna manera. Es una especie de canto al sol, es mucha teoría, es un elemento de teoría de funcionamiento o de creación de nuevas gestiones o de nuevo
funcionamiento interesante, pero no viene al caso en la moción de hoy. Es más bien un canto electoral y repite las palabras que se han dicho esta tarde, jugando a la conveniencia partidista.
Finalmente, hemos hablado con el grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Popular, y hemos podido pactar una enmienda transaccional, en la que quedaría un punto 1, con dos apartados a) y b), en el que se insta al Gobierno, que prácticamente
son los puntos 1 y 2 de nuestra moción, y un punto 2, que dice: El Congreso de los Diputados valora positivamente la creación de una subcomisión donde se analicen las infraestructuras aeroportuarias, la gestión de los aeropuertos y las incidencias
que pudieran producirse de funcionamiento en los distintos servicios, ya fuesen por Aena o por concesionarios. Se entiende útil y eficaz la creación por el procedimiento reglado de una subcomisión de aeropuertos dentro de la Comisión de
Infraestructuras. Este segundo apartado permitirá analizar las incidencias ocurridas dentro de esta subcomisión, que es lo que nosotros pedíamos en el punto 2, y además conocer la situación de distintos modelos de gestión de aeropuertos, que
pedíamos en el punto 4. Por tanto, nosotros retiramos nuestra moción, teniendo en cuenta que la enmienda transaccional la sustituye en lo que prácticamente solicitábamos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: El aeropuerto de Barcelona, pese a las inversiones previstas en el plan director, no está en sus mejores momentos. Algunos incluso dirían que funciona mal. Y no sólo porque se pierdan las maletas en algunos
vuelos o porque haya poca publicidad de las obras que se están ejecutando, como dijo el señor Sedó la semana pasada. No sólo por eso, señor Sedó. Tampoco porque está en obras, como nos dijo el señor ministro, admitiendo -eso sí- que el aeropuerto
de Barcelona funcionaba mal. Su mal funcionamiento no obedece a elementos coyunturales, como la falta puntual de personal, o porque se estén construyendo algunos edificios. Su mal funcionamiento obedece a causas mucho más profundas, más
estructurales, que tienen su origen en voluntades políticas que se traducen en que no hay inversiones, en retrasos, en poca eficacia o en pocos o nulos vuelos intercontinentales.
La poca voluntad política para potenciar el aeropuerto de Barcelona
se refleja perfectamente en el desarrollo que están teniendo las infraestructuras de transporte terrestre, especialmente las ferroviarias.
El ejemplo perfecto es la llegada de la alta velocidad. Cuándo, cómo, por dónde, son preguntas que a pesar
de todos los titulares de los periódicos no tienen aún hoy una respuesta clara.
Los aeropuertos no son sólo nodos de transporte aéreo; al contrario, su valoración y su buen funcionamiento están también relacionados con el grado de intermodalidad que puedan tener con otros modos de transporte y con la integración que
tengan con su hábitat urbano inmediato. Además, no potenciar el aeropuerto de El Prat como un auténtico hub intercontinental no favorece a nadie, señores diputados, ya que el lugar que tiene que ocupar y no ocupa en el mapa aeroportuario europeo el
aeropuerto de Barcelona lo ocuparán o ya lo ocupan otras ciudades del continente.
Estábamos convencidos, señores de Convergència i Unió, de que ustedes estaban de acuerdo con las propuestas que presentábamos de coparticipación, de elaboración de propuestas de gestión, de potenciación de la intermodalidad y de conexiones
intercontinentales, porque sólo por este camino podemos mejorar las disfunciones que tiene hoy, y que todos admitimos, el aeropuerto de El Prat. Pensábamos que ustedes lo compartirían porque en el Ayuntamiento de Barcelona votaron a favor de una
moción similar a la que hoy presentamos nosotros, a no ser, señor Trías, que usted no esté de acuerdo con el grupo municipal del Ayuntamiento de Barcelona. Además, el propio conseller de Política Territorial presentó hace pocas semanas un informe
de los aeropuertos que iba también en este sentido, por lo que creíamos que ustedes nos aceptarían la enmienda de sustitución. Si no es así, sus razones no tienen nada que ver con el aeropuerto de El Prat ni con las infraestructuras, sino más bien
con el mapa político catalán; unas razones que nos empequeñecen a todos.
¿Cómo pueden decir, señores de Convergència i Unió, que saben que la joya de la corona en el tema de aeropuertos es otra, es decir, no es El Prat, y que además lo aceptan? Frase recogida en el 'Diario de Sesiones' de la semana pasada. ¿La
aceptan, señores de Convergència i Unió? ¿Aceptan la política de aeropuertos del Gobierno del PP y el papel secundario que este otorga al aeropuerto de El Prat? Tenemos que tener más ambición para el aeropuerto de El Prat, y tenemos que tenerla
aportando propuestas y soluciones, no sólo proponiendo comisiones, estudios y dictámenes. Por eso hemos presentado esta moción de sustitución, porque por delante de intereses partidistas están los intereses de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Se entiende que debatir sobre aeropuertos pueda provocar cierta sensibilidad especial, pero cargar los juicios con planteamientos de subjetividad, como ha hecho el Partido Socialista, nos parece una cierta temeridad. Hacer propuestas de
alguna forma experimentales de un cierto neoliberalismo nos parece un riesgo innegable.
Se ha reconocido, señorías, hasta por el grupo interpelante, que el aeropuerto de Barcelona ha experimentado uno de los mayores crecimientos del conjunto de los aeropuertos del Estado en los últimos diez años: ha triplicado el número de
pasajeros, es uno de los aeropuertos importantes en el arco mediterráneo y el plan director apuesta por que sea una importante base de vuelos internacionales del sur de Europa. Celebramos, por tanto, debatir sobre el presente y el futuro de un
aeropuerto pujante e importante en el entorno europeo, llamado a ser un centro destacado en el ámbito internacional. Su situación y la conexión con los distintos modos de transporte así lo permiten. Y no es, señorías, producto de la casualidad ni
de la improvisación. El Partido Popular ha apostado fuertemente en su política de transporte por el transporte aéreo y por duplicar la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias, y el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, es una excelente
muestra de esta apuesta.
El plan director del aeropuerto de El Prat, aprobado en 1999, da una respuesta integral no sólo a las necesidades del tráfico y transporte aéreo sino también a los clientes del aeropuerto y a su entorno medioambiental. Además, el plan
garantiza su ampliación y desarrollo hasta el año 2025, persigue la máxima eficacia en los servicios aeroportuarios y prevé los espacios para las actividades y servicios que garantizan una oferta que potencie el aeropuerto como hub internacional, es
decir, como plataforma de distribución que permita una rápida transferencia de carga y pasajeros, posibilitando así conseguir el liderazgo entre los aeropuertos del arco mediterráneo y cuidando, como no podía ser de otra manera, que el balance
medioambiental sea positivo.
El plan fija como objetivos pasar de 20 a 21 millones de pasajeros/año que tiene ahora a 40 millones de pasajeros/año -ya se dijo en el debate del martes pasado-, elevar la capacidad del campo de vuelo de 52 a 90 operaciones/hora, construir
una nueva terminal, remodelar la actual y prever la construcción de nuevos accesos ferroviarios y viarios. Todo ello ya empieza a ser realidad, como dijo el ministro la semana pasada.
Por tanto, desde el Partido Popular y el Gobierno se apuesta
por conseguir que en 2005 el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, se reafirme en su importancia y confirme ser el aeropuerto líder del arco mediterráneo. Por consiguiente, las inversiones son importantes, no sólo en El Prat sino en todos los
aeropuertos, los 48, especialmente en el Plan Barajas y en el Plan Barcelona.
Sin embargo, como SS.SS. saben, no toda la política de transporte aéreo es política de infraestructura. El modelo de gestión que defendemos es coherente y consecuente con la política de liberalización del transporte, no sólo impulsada por
el Partido Popular sino admitida e implantada en la Unión Europea. En ese marco se desarrolla este debate: implantación de la liberalización del transporte, desarrollo de infraestructura del plan director, ámbito internacional y uniforme en el
transporte aéreo.
¿Justifica este dinámico proceso la existencia de disfunciones, en algunos casos generadas más allá del entorno nacional? Creemos que sí. No para disculpar las incidencias sino como mecanismo para entenderlas. Y en ese camino
el Partido Popular está abierto y desea el diálogo y el consenso. De ahí nuestra propuesta y que admitamos la subcomisión. Desde la discrepancia de juicios apostamos por el diálogo y el debate, y en ese ánimo se ha llegado a la enmienda
transaccional que votaremos afirmativamente.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
A estas alturas de los debates parlamentarios sobre el transporte aéreo en España sería una verdadera obviedad repetir que para Canarias el transporte aéreo
constituye el núcleo fundamental de su política de transportes y de relación, sobre todo para pasajeros, entre el archipiélago canario y la Península y la Península y el archipiélago canario.
Dicho esto, nos reafirmamos en potenciar todas aquellas líneas de conocimiento y de estudio que en los planes directores de aeropuertos se puedan estimular desde el trabajo parlamentario. Por esa razón encontramos afortunada la redacción de
la enmienda transaccional que se nos ha hecho llegar, y sobre todo el acuerdo entre el grupo proponente de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular. Mi grupo va a votar favorablemente esta enmienda transaccional porque entendemos que
respeta el principio fundamental no dirigido a un solo aeropuerto singularizado, cualquiera que sea su categoría, sino a recuperar el concepto de red aeroportuaria. De nada nos serviría en España tener en nuestra red aeroportuaria un magnífico
aeropuerto con todos los servicios, planes directores perfectamente estabilizados, servicio de handling y asistencia al pasajero, si el otro aeropuerto al que se dirige el pasajero está en unas condiciones deplorables o peores. Se trata, por tanto,
de mejorar toda la red aeroportuaria española.
En España se ha venido definiendo lo que yo considero un auténtico eje aeronáutico para la aviación comercial española, que podíamos trazar desde Barcelona, Madrid, Sevilla, Canarias, porque ahí están precisamente los centros nodales de todo
el servicio de direcciones y de controladores vuelo. El control aeronáutico español pasa por ese eje y las comunicaciones son fundamentales, incluso en la base de aeropuertos que están fuera de este eje pero que tienen una importancia trascendental
en la red aeroportuaria española, como son, fundamentalmente, los de Palma de Mallorca y Málaga. En toda esa actuación es necesaria una potenciación. Nosotros entendemos que son muy convenientes estos planes directores de aeropuerto que aquí se
piden para seguir evaluando su grado de ejecución (recuerdo en este caso el plan director del aeropuerto de Tenerife Sur Reina Sofía y la potenciación con el aeropuerto de Gando en Gran Canaria) y la subcomisión para que al mismo tiempo podamos
hacer un seguimiento de todas las infraestructuras aeroportuarias y de las incidencias de funcionamiento. Lo vamos a apoyar porque creemos que esto contribuye a mejorar toda la red aeroportuaria española, que es lo que necesita el usuario del
aeropuerto de salida al aeropuerto de llegada.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se va a abstener en esta enmienda transaccional, que es lo que se va a someter a votación en esta Cámara.
El problema no solamente del aeropuerto de El Prat sino en general de los aeropuertos españoles tiene que ver, y mucho, con una mala planificación del Ministerio de Fomento en cuanto a los planes directores y en general en cuanto a las
infraestructuras de transporte, que se tenían que haber hecho de una forma mucho más coherente, haciendo de manera transversal no solamente la planificación aislada de cada uno de los sistemas de transporte, ya sea ferroviario, por carretera o
aeroportuario, que después lleva a determinados problemas de falta de incidencia de los aeropuertos, de intentar cada uno por su lado tener un mayor número de visitantes y, desde luego, de ser punteros en cuanto a modernidad.
Señorías, desde mi grupo parlamentario estamos convencidos de que, además, muchos de los aspectos que se denuncian en la moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en relación con la mala prestación de los servicios desde AENA o
desde las concesiones que se han hecho por parte de AENA tienen mucho que ver con una subcontratación que va buscando, de manera legítima por parte de las empresas concesionarias, la rentabilidad económica y no la mayor calidad de la prestación del
servicio a los usuarios. Por lo tanto, señorías, con independencia de la necesidad de conocer el resultado de los planes directores de los aeropuertos, y en especial del aeropuerto de El Prat, o aquellos servicios que hayan podido ser deficitarios
en cuanto a prestación directa a los usuarios, creemos que se parte de un concepto que mi grupo parlamentario no comparte porque creemos que es erróneo y cuya consecuencia son los resultados que se discutieron el miércoles de la semana pasada en la
interpelación y hoy, en la moción. Por lo tanto, señorías, nos vamos a abstener.
Queremos tener información. En caso de que se apruebe, intentaremos participar en la subcomisión para que se pueda hablar de la gestión de los servicios aeroportuarios y de las incidencias que se plantean en la prestación de estos
servicios. Asimismo, queremos tener información sobre el seguimiento del desarrollo de los planes directores de los aeropuertos, no solamente del de El Prat sino de todos porque, señorías, puedo decir, si quieren ustedes de manera anecdótica, que
hoy el aeropuerto de Valencia ha estado cerrado por condiciones meteorológicas no muy favorables, lo que en una sociedad moderna como pretende ser la nuestra parece poco entendible.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para mejorar la calidad de los servicios del
aeropuerto de El Prat, y se somete a votación en los términos de la enmienda transaccional que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, 162; en contra, 96; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.