Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 185, de 12/09/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 185
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 178
celebrada el jueves, 12 de septiembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 100-1, de
21 de junio de 2002. (Número de expediente 121/000100.) ... (Página 9240)
Avocación por el Pleno ... (Página 9255)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.
- Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 293, de 8 de
mayo de 2002. (Número de expediente 110/000168.) ...
(Página 9256)
- Canje de Notas, de fechas 21 y 27 de diciembre de 2001, entre el Reino de España y la República de Colombia sobre gratuidad de visados. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 298, de 8 de mayo de 2002.
(Número de expediente
110/000173.) ... (Página 9256)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Belarús al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 299, de 8 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000174.) ... (Página 9256)
- Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a los arreglos para la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Anexos, hecho en Nueva York el 25 de febrero de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A,
número 302, de 20 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000175.) ... (Página 9256)
- Canje de Notas de 28 de enero de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración
lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 306,
de 24 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000178.) ... (Página 9256)
- Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hechos en Ginebra el 2 de julio de 1999 y Declaración que España va a formular en el momento de
su ratificación. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 307, de 24 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000179.) ... (Página 9257)
- Acuerdo entre el Reino de España y Rumania relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 23 de enero de 2002. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 308, de
24 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000180) ... (Página 9257)
- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Jamaica, hecho en Kingston el 13 de marzo de 2002. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 309, de 24 de mayo de 2002.
(Número de expediente
110/000181.) ... (Página 9257)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 9240)
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad (procedente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo) ... (Página 9240)
En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, procedente del Real Decreto 5/2002, de 24 de mayo, intervienen
los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista; y Vázquez Vázquez y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el
señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de texto alternativo presentadas por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida, Socialista y Mixto, son rechazadas.
Avocación por el Pleno ... (Página 9255)
La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, lo que se acuerda por asentimiento.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales ... (Página 9256)
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2001 ... (Página 9256)
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor.
Canje de notas, de fechas 21 y 27 de diciembre de 2001, entre el Reino de España y la República de Colombia sobre gratuidad de visados ... (Página 9256)
Sometido a votación, se aprueba por 304 votos a favor y una abstención.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Belarús al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
Sometida a votación, se aprueba por 304 votos a favor y una abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas relativo a los arreglos para la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Anexos, hecho en Nueva York el 25 de febrero de 2002 ... (Página 9256)
Sometido a votación, se aprueba por 303 votos a favor.
Canje de notas de 28 de enero de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de exploración
lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de enero de 1964 ... (Página 9256)
Sometido a votación, se aprueba por 304 votos a favor y una abstención
Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y Reglamento del Acta de Ginebra, hechos en Ginebra el 2 de julio de 1999 y Declaración que España va a formular en el momento de su
ratificación ... (Página 9257)
Sometida a votación, se aprueba por 304 votos a favor.
Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados, hecho en Madrid el 23 de enero de 2002 ... (Página 9257)
Sometido a votación, se aprueba por 305 votos a favor y una abstención.
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Jamaica, hecho en Kingston el 13 de marzo de 2002 ... (Página 9257)
Sometido a votación, se aprueba por 296 votos a favor y nueve abstenciones.
Se levanta la sesión a las once y diez minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO Y MEJORA DE LA OCUPABILIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2002, DE 24 DE MAYO.) (Número de expediente 121/000100.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, procedente del
Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo del mismo año.
Se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad de texto alternativo por parte de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida, dos de ellas del Grupo Mixto y una del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta hoy una enmienda a la totalidad al proyecto de ley sobre la reforma de desempleo, que empieza hoy aquí su tramitación.
En este sentido, yo voy a empezar mi intervención haciendo una descripción de la situación del mercado de trabajo en España y que ofrece las siguientes características. En los últimos 12 meses se han registrado 92.995 parados más. La
encuesta de población activa señalaba en junio pasado 200.000 desempleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Se están produciendo menos contratos indefinidos que en el pasado año, aumentando la contratación temporal, que, como ustedes
saben, es el cáncer de nuestro mercado laboral. En materia de igualdad de oportunidades se constata que no se reduce el peso de los más jóvenes en el desempleo, que la brecha del mercado de trabajo de la mujer sigue abierta en términos de
desempleo, temporalidad y tasa de actividad. La relación entre trabajadores en paro, según la EPA, en el segundo trimestre y el número de beneficiarios de toda clase de prestaciones, esto es, la cobertura del desempleo, se ha reducido en un 0,7 por
ciento en relación con diciembre del pasado año. Como ustedes saben también, la cobertura de desempleo no llega al 50 por ciento de los trabajadores en paro. Setecientos ochenta y nueve trabajadores han muerto por accidente laboral en los primeros
seis meses, un 10,3 por ciento más que en el año pasado. El salario mínimo interprofesional ha perdido este año un 1,5 por ciento de capacidad de compra, un 4,73 en los últimos cuatro años. La presión contributiva por desempleo diaria es sólo seis
céntimos de euro superior a la de diciembre pasado, lo que revela una pérdida de capacidad adquisitiva equivalente a la descontrolada inflación española. La gestión del flujo de inmigrantes no resuelve ninguno de los serios problemas de integración
y de corrientes migratorias y condena a los inmigrantes con trabajo a tasas de precariedad e inseguridad notablemente más altas que la media del mercado de trabajo. La situación de negociación social es, evidentemente, más delicada que en el
ejercicio precedente, por no decir que la ruptura del diálogo social es total. Dicho de otra forma, todos los indicadores del mercado de trabajo revelan en términos de empleo, precariedad, cohesión social, igualdad de oportunidades, renta y
concertación social, un deterioro en la calidad del mercado de trabajo.
Pero lo más preocupante, señorías, es que no se trata de algo coyuntural, sino de un proceso que es resultado de tres cuestiones: primero, la incapacidad de la economía
española para promover empleo de calidad; segundo, la insuficiencia de las políticas activas y de protección impulsadas por el Gobierno, y tercero, el fracaso de las medidas unilaterales, especialmente la reforma laboral impulsada por el Gobierno
del Partido Popular, y ahora el decretazo.
La responsabilidad política de este Gobierno es fijar unas prioridades que caminen precisamente en la dirección de reducir la calidad del empleo y los derechos de los trabajadores. Cualquier político con un mínimo de sensibilidad social,
con una mínima preocupación por la dura realidad del mercado de trabajo y su polarización, se plantearía un cambio en las prioridades políticas y en materia de empleo. Ya sé que en este apartado el portavoz del Partido Popular nos recordará hoy
aquí las 50 medidas que el ministro de Trabajo nos presentó el martes en la Comisión de Política Social y Empleo. Les preguntaría lo siguiente, señorías: ¿No creen que es un poco contradictorio dibujar por un lado un mapa del mercado de trabajo en
el que parece que los trabajadores están en el paraíso terrenal y por otro lado que sea necesario poner en marcha 50 medidas para resolver los problemas que tiene ese mercado? El Gobierno es consciente de que ha impulsado un ataque sin precedentes
a los derechos de los trabajadores y que ha recibido uno de los rechazos sociales más relevantes en el período democrático. Ni democrática ni socialmente puede ignorarse una huelga general que ha lanzado un claro mensaje a la sociedad y al
Gobierno: la disposición rotunda de los trabajadores españoles a la defensa de sus conquistas sociales, ya bastante recortadas. Las trabajadoras y los trabajadores españoles nos han lanzado a las fuerzas políticas un nítido mensaje: no dejéis que
el PP nos toque los derechos adquiridos, los derechos
conquistados, los derechos a una renta de sustitución en caso de desempleo, a un trabajo con un mínimo de calidad. Este mensaje no ha sido retórico. Si el Gobierno no restaura la negociación con los sindicatos, abandonando el decretazo -y
me parece que empieza a ser una de sus últimas oportunidades-, las movilizaciones del 5 de octubre serán el inicio de un período más largo y más contundente de movilizaciones, que se prolongará durante el último período del señor Aznar. La difícil
situación económica, unida a una conflictividad social, hará inviable que cualquier sucesor de la derecha pueda aspirar a gobernar este país, pero, lo que es más importante, esta conflictividad social, de la que es responsable la unilateral,
innecesaria y regresiva propuesta laboral del Gobierno, hará difícil que prospere cualquier iniciativa en el mercado de trabajo.
Para relanzar la economía española hace falta una nueva política pública y negociación social. El señor Aznar ha impuesto una política antisocial para salvar en su despedida los beneficios de unos pocos empresarios, dejando que sus
sucesores asuman el elevado coste social que esta política produce. La reforma laboral y la reforma del desempleo han convertido a la sociedad española en una sociedad precaria, vulnerable y desasistida. Los sindicatos hacen bien en movilizarse
frente a la precariedad, la siniestralidad y la ausencia de protección social. Lo fundamental en este momento económico es reforzar la protección social, y no privar de derechos a los trabajadores. En este sentido, nuestra enmienda propone:
Primero, el reforzamiento del nivel asistencial de la protección por desempleo, ampliando los colectivos a proteger, para lo cual es preciso redefinir y flexibilizar los requisitos de acceso.
Segundo, el reforzamiento de la modalidad contributiva
de la protección por desempleo, integrando a todos los trabajadores, sea cual fuere la modalidad de su contrato, adecuando los períodos de carencia a la situación de temporalidad del actual mercado de trabajo y ampliando el acceso a la prestación
contributiva con un período mínimo de cotización de 180 días. Tercero, un sistema de prestaciones por desempleo para los trabajadores agrarios por cuenta ajena que equipare a estos trabajadores con los del régimen general y mantenga el subsidio
para los trabajadores eventuales, actuales y futuros en Andalucía y Extremadura. Cuarto, una mejor delimitación de la fuente de financiación de la protección por desempleo, de manera que las bonificaciones a la contratación se financien con
aportaciones públicas, los subsidios de carácter asistencial se financien preferentemente también con este tipo de aportaciones y las prestaciones de carácter contributivo mediante cuotas.
De forma paralela se hace necesario poner en marcha un
mecanismo que compense el comportamiento anticíclico de la prestación. Siendo prioritaria la mejora de la protección social de los desempleados, no puede ignorarse una característica del mercado de trabajo español que impide la configuración de un
mercado de trabajo de calidad y una protección adecuada, esto es, la elevada temporalidad que seguimos sufriendo. Se nos exige desarrollar medidas para poner freno a la creciente temporalidad en el sector público y privado, como las que propone
nuestra enmienda, favoreciendo la estabilidad, eliminando el actual límite a la tasa de reposición para la cobertura de vacantes, controlando la contratación temporal, eliminando el fraude de ley, modificando la normativa de contratas y
subcontratas, imponiendo el principio de no discriminación de derecho de los trabajadores fijos y discriminado negativamente la contratación temporal de la indefinida; en definitiva, restaurar un cuadro de estabilidad en el mercado de trabajo ante
el evidente fracaso de la reforma laboral impuesta en su día por el Gobierno.
No es menos escandalosa la agresión a la calidad y los derechos del trabajo que supone la siniestralidad, en creciente aumento, que se desarrolla entre la falacia, la desidia y la ignorancia por parte del Gobierno de los hechos objetivos que
la producen. En esta dirección proponemos una profunda revisión del contexto de la prevención de accidentes en nuestro país, basada en las siguientes propuestas: la puesta en marcha del plan de formación nacional; el desarrollo del artículo 24 de
la Ley de prevención de riesgos laborales, sobre coordinación de actividades preventivas en empresas que comparten el mismo centro de trabajo; la regulación de la subcontratación; intensificar y coordinar las actuaciones en las empresas que
acumulan mayor siniestralidad, con la participación real de los agentes sociales; impedir la prórroga injustificada de los reconocimientos médicos generalizados y priorizar la vigilancia de la salud de los trabajadores; creación de delegados
territoriales sectoriales de seguridad que cumplan el doble objetivo de prevenir riesgos laborales y vigilar el cumplimiento de la legislación. Es evidente que estas medidas deben completarse con acciones en materia de rentas que permitan a los
trabajadores y a los desempleados, también a los pensionistas, mantener con dignidad su calidad de vida. El escandaloso deterioro del salario mínimo interprofesional, la evolución de las prestaciones, la insuficiencia del subsidio asistencial y la
tomadura de pelo en la que se ha convertido el programa de rentas de inserción son otras tantas exigencias para un mercado de trabajo español con tan serio déficit de calidad.
Señorías, pueden detectarse dos características de la economía española.
En primer lugar, resultan llamativas las desigualdades en los esfuerzos que los distintos agentes económicos realizan para reactivar la economía.
Mientras que los
trabajadores moderan sus salarios, gracias a lo que el coste laboral por unidad de producto crece un punto por debajo de los precios de estos productos, los empresarios cada vez recortan más sus inversiones. En segundo lugar, este desequilibrio
tiene su mayor reflejo en la vulnerabilidad del empleo y en la reducción de las capacidades de consumo de las
familias en un contexto de inflación no controlada. Sólo el crecimiento estacional del sector servicios ha podido mantener un crecimiento de empleo del 1,4 por ciento en el segundo trimestre, sobre la base nuevamente de un crecimiento de la
precariedad en el mercado de trabajo.
En definitiva, ni la política económica ofrece resultados o garantías solventes ni se abordan políticas de empleo que llenen de contenido la retórica del pleno empleo, convertida en reclamo publicitario más que
en voluntad política. Por el contrario, las políticas de desregulación del mercado de trabajo, impulsadas unilateralmente por el Gobierno español, ni mejoran el crecimiento del empleo ni la calidad del mismo. De hecho, ofrecen resultados en la
dirección contraria a las líneas impulsadas por la Unión Europea, a las demandas sindicales y a las necesidades de la economía española. Las políticas de empleo que se demandan son aquellas que se orientan a conciliar el incremento del empleo con
la cohesión social, lo que conlleva una mayor calidad del propio empleo, la reducción de la exclusión y el aumento de la igualdad de oportunidades.
El decretazo no responde a una prioridad de la política española ni a una coherente necesidad social. Para imponerlo, este Gobierno no usa la verdad ni en caso de emergencia, sino que ha falseado la situación llenándola de falsos fraudes,
renuncias a puestos de trabajo, ocultando que los trabajadores están pagando subsidios y prestaciones con el superávit del INEM, pero este superávit no se aplica a mejorar prestaciones, sino a hacer escandalosos regalos a las empresas. Las
trabajadoras y los trabajadores españoles ya han tomado nota de la insaciable voracidad de empresas, sector financiero y especuladores, de la negligencia y antisocial pasividad de este Gobierno.
Señorías, termino. Si no se anula este decretazo, si no se reabre el diálogo con los sindicatos, señores del Gobierno, ustedes estarán convocando una conflictividad social que el mercado de trabajo y la economía española no necesitan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, buenos días, quiero empezar agradeciendo sinceramente la ausencia en este trámite del nuevo ministro de Trabajo, porque es la mejor prueba de su desinterés absoluto en un asunto trascendental para una de las partes
importantes de su responsabilidad, pero sobre todo porque, visto lo ocurrido el martes pasado, creo que nos va a evitar líos, galimatías y van a quedar más claras las posiciones de unos y de otros. Por tanto, muchas gracias, señor Zaplana, por no
estar aquí.
Señores del Grupo Popular, creo que ustedes están entrando en esa situación -que les suele pasar a algunos grupos que gobiernan- en la que cuanto menos hagan, mejor les va a ir a ustedes, porque cada vez que intentan hacer algo meten la
pata. El problema es que al país no le va a ir mejor cuanto menos hagan, porque los problemas siguen, los problemas se acumulan, los problemas tienen cara, nombres y apellidos y requieren soluciones que a ustedes ya se les escapan.
Ustedes quieren dar carpetazo a este asunto. Ustedes quieren que en este país se olvide que han aprobado un recorte de los derechos del desempleo, que han abaratado el despido y que ha habido una huelga general. Quieren que se olvide,
quieren hacernos creer que no ha existido, quieren, bastante en la línea tradicional de la derecha, matar la memoria de los más desfavorecidos, y no lo van a conseguir, no ya sólo porque la actuación de las centrales sindicales continúe
permanentemente insistiendo, recordando ese recorte de derechos y recordando la oposición a los mismos, sino porque tampoco la oposición socialista les va a dar facilidades.
Ustedes intentan presentar -debe de formar parte de esas fichas que les pasan y que no filtran a la prensa, pero que tienen también- una confrontación entre ustedes, partidarios de las reformas, y quien no está de acuerdo con ustedes, a
quien califican como inmovilista del pasado.
No. El problema no está entre reformas y no reformas, el problema está entre reformas de derechas y reformas de izquierdas; reformas que buscan excluir a los más desfavorecidos, reformas que buscan
reforzar las posiciones de dominio de los sectores más poderosos y reformas progresistas, de izquierda, que intentan precisamente todo lo contrario.
Ustedes han hecho en las últimas semanas bastantes cambios importantes en aspectos esenciales de su política económica. Han rectificado su política eléctrica, han reconocido implícitamente el fracaso de su política de falsas
liberalizaciones y han rectificado subiendo las tarifas. También han rectificado su política de telecomunicaciones. La verdad es que las primeras declaraciones del nuevo ministro, el señor Piqué, fueron una radical descalificación de toda su
política anterior de telecomunicaciones, y han rectificado también subiendo las tarifas. Es decir, ustedes son capaces de rectificar, el problema es que siempre rectifican en la misma dirección, en la de favorecer los intereses de los más
poderosos. Nosotros les pedimos aquí que rectifiquen, por una vez al menos, en el sentido de favorecer a los desempleados, a los trabajadores, a los sectores con menos poder social, político y económico de este país.
Les pedimos que rectifiquen el
decretazo y que lo hagan aceptando como base de debate y de discusión la alternativa que presenta el Partido Socialista en este trámite parlamentario, alternativa que incorpora, como no podía ser menos, la derogación de todos y cada uno
de los artículos del decretazo, porque partimos de una filosofía radicalmente distinta de la de ustedes: ustedes han querido expulsar a la gente del cobro del desempleo y han buscado mecanismos que hagan que quien está en la triste
situación del paro tenga menos incentivos para quedarse en él a base de expulsarlo; nosotros queremos ayudarles a encontrar empleo, empleo de calidad y bien remunerado. Son definiciones y concepciones radicalmente distintas: ustedes creen que la
responsabilidad de estar en paro es del parado; nosotros creemos que hay también una responsabilidad colectiva que debe asumirse desde las instancias públicas con medidas no sólo protectoras respecto a su situación, sino también de estímulo a la
cualificación y a la búsqueda de empleo de este parado.
Hace poco más de un año, ustedes hicieron una reforma del mercado laboral con dos objetivos fundamentales: reducir la alta temporalidad de nuestro mercado laboral y potenciar la contratación a tiempo parcial. Ha pasado ya un tiempo
razonable, un tiempo prudente para ver cuáles han sido los resultados de esa reforma, que nosotros no compartimos y a la que nosotros también presentamos una alternativa, y la realidad de las cifras indica que estamos en las cotas de temporalidad
más altas desde que en el año 1984 se abrió esta modalidad de contratación. Los datos del mes de agosto deberían llevar a la preocupación y a la reflexión por parte de cualquier persona responsable, porque ha sido un mes con un nivel de
contratación temporal que es un pico al alza y en negativo de la historia reciente de España, y los contratos a tiempo parcial siguen exactamente en los mismos niveles que estaban antes de su reforma. Por tanto, si es verdad que hicieron esta
reforma para reducir la temporalidad y para fomentar la contratación a tiempo parcial, al menos en el plazo de tiempo transcurrido es fácil concluir que ha sido un rotundo fracaso, como va a ser un rotundo fracaso el decretazo que ustedes aprobaron
por el mecanismo del trágala que significa el decreto-ley. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señorías, nosotros planteamos una alternativa distinta, un enfoque diferente de las relaciones laborales, otro enfoque de lo que significa el mercado de trabajo, un enfoque distinto de lo que son las responsabilidades individuales y las
responsabilidades públicas a la hora de hacer frente al desempleo, un enfoque que está en línea con todas las orientaciones de política de empleo de la Unión Europea, que una y otra vez señala como uno de los principales déficit de nuestra política
de empleo las carencias vinculadas a los servicios públicos de empleo; una alternativa que intenta y persigue incentivar la contratación estable y de calidad, eliminando la precariedad en la contratación temporal, recuperando la causalidad, es
decir, reduciendo las posibilidades de fraudes en la contratación temporal; una alternativa que intenta penalizar las prácticas fraudulentas realizadas mediante la subcontratación irregular, que todos sabemos que existe, que todos sabemos que
además tiene una especial vinculación con el elevado nivel de siniestralidad laboral y frente a la que no bastan palabras -hay que hacer modificaciones legales como las que propone el Partido Socialista-; una alternativa que mejora el salario
mínimo interprofesional. Creo que de este tema merece la pena que hablemos un poquito.
El salario mínimo interprofesional ha ido perdiendo poder adquisitivo en los últimos años. Se ha fijado en función de la inflación prevista, pero desgraciadamente ustedes no han sido capaces de controlarla y año tras año, en los últimos
años, hemos concluido siempre con una inflación por encima de la prevista, con lo cual los más de 500.000 trabajadores y trabajadoras que cobran este salario mínimo han ido perdiendo poder adquisitivo. Creo que ya es hora de que recuperen en la
fijación del salario mínimo para el próximo año al menos ese poder adquisitivo perdido y si eso significa provocar de una vez la ruptura entre lo que es el salario mínimo interprofesional como salario y lo que es el salario mínimo interprofesional
como punto de referencia de indiciación de un conjunto de políticas sociales, hagámoslo. Creemos un salario mínimo de referencia que sea el que valga para todas las políticas sociales vinculadas al salario mínimo y permitamos que aquellos
trabajadores y trabajadoras que cobran el salario mínimo puedan por lo menos desempeñar su trabajo con un sueldo medianamente digno. Pretendemos incentivar esa contratación estable y de calidad mediante el desarrollo serio, lo cual quiere decir con
respaldo presupuestario y no sólo con respaldo publicitario, de un plan nacional de protección a la dependencia que potencie los servicios domiciliarios de asistencia social, que es una de nuestras grandes carencias en este país.
Nosotros, en la alternativa, queremos también mejorar la empleabilidad de aquellos trabajadores que están en el desempleo. Eso no se hace, como ustedes pretenden, rebajando las prestaciones y forzándoles a que espabilen. Eso se hace
estimulando la formación permanente de los trabajadores en activo y de los desempleados, regulando un compromiso de inserción laboral voluntario que permita al INEM elaborar planes personales, itinerarios personales de colocación de los parados, y
todo eso requiere mejorar los servicios públicos de empleo, porque tenemos una relación entre agentes empleadores y desempleados que es de las más bajas de Europa. Difícilmente puede ser creíble ningún planteamiento de lucha contra el paro que pase
por políticas de atención individualizada a los desempleados con el nivel de empleados del servicio público que tenemos hoy en España. Queremos no recortar sino ampliar la protección por desempleo a colectivos especialmente desfavorecidos en este
momento: trabajadores, trabajadoras, víctimas de malos tratos, mujeres con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral y
desempleados mayores de 45 años que hayan agotado sus prestaciones por subsidio.
Queremos también clarificar de una vez las cuentas del INEM. Queremos que se aplique el pacto de Toledo, que lo contributivo financie lo contributivo y que lo no contributivo se financie con cargo a los impuestos generales del Estado.
Ustedes han llegado a tal caos contable en el INEM para intentar ocultar déficit del Estado que hasta los bolígrafos se pagan con cargo a las cotizaciones sociales, y las políticas activas de empleo, que básicamente tienen una, la subvención a las
cotizaciones sociales para la contratación indefinida, la pagan los trabajadores. Son los trabajadores los que, con cargo a las cotizaciones sociales, están subvencionando la contratación indefinida de otros trabajadores, en una especie de circuito
cerrado de solidaridad interclase en el cual el resto de la sociedad parece que mira para otro lado. Creemos que se debe de crear también un fondo de reserva en el INEM, con la obligatoriedad de dedicar al menos el 50 por ciento de ese fondo de
reserva a nuevas políticas activas de empleo.
Señorías, yo sé que a ustedes todo esto no les interesa, lo sé positivamente. Creo que les interesa a los cientos de miles, a los millones de trabajadores que les dijeron con claridad no al decretazo, creo que les interesa a los agentes
sociales, creo que les interesa a mucho empresarios serios, que no entienden qué están haciendo ustedes en política laboral, creo que le interesa a la inmensa mayoría de ciudadanos de este país, pero sé que a ustedes no les interesa y por tanto creo
que ese desinterés lo van a manifestar con su voto negativo. Habremos perdido una buena oportunidad, habremos perdido la oportunidad de reconducir sobre unas bases racionales y no triunfalistas una política de empleo desde un país que observa una
de las tasas de paro más altas de la Unión Europea y desde un país como España, que a pesar de que sigamos creciendo algo por encima de la media de la Unión Europea, ha visto en el último año como nuestro diferencial de paro se ha incrementado entre
julio de 2001 y julio de 2002 en relación con la media de la Unión Europea. Sería bueno que ustedes rectificaran, reconozco que tengo pocas expectativas, y aprovecho para agradecerle al ministro de Trabajo que haya llegado, aunque sea a mitad de mi
intervención (El señor Hernando Fraile: No se ha perdido nada.), pero desconfío de su actitud, desconfío de su talante y por lo que le conozco, y creo que algo le conozco, sus medidas duran lo que el titular de la prensa, un día, nada más.
(Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sevilla.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, subo a esta tribuna con algo más de entusiasmo que el señor Sevilla porque estoy convencido de que estamos ante un ministro sensible que nos va a oír y va a hacer que su grupo apruebe estas
enmiendas de totalidad. El Bloque Nacionalista Galego presenta la suya por dos motivos básicos, en primer lugar, porque no sólo nos seguimos oponiendo a las medidas de recorte de la protección social y de los derechos de los trabajadores y
trabajadoras que se contienen en este proyecto de ley del Gobierno, sino que, al contrario, defendemos su mejora y extensión, y en segundo lugar, porque respondemos con esta enmienda a la totalidad a nivel parlamentario y político a los deseos de
retirada de los contenidos de este proyecto de ley expresados masivamente por los ciudadanos y ciudadanas el pasado 20 de junio mediante una huelga general y movilizaciones de cientos de miles de personas, una huelga general que el Bloque
Nacionalista Galego apoyó con claridad por creerla justa y porque era la única salida que el Gobierno dejó a los trabajadores, dada su negativa a negociar.
Esta enmienda a la totalidad es evidente que sobraría si el Partido Popular y el Gobierno hubiesen escuchado las demandas de la sociedad y de manera singular las demandas sindicales de retirar el decretazo y volver a la mesa de diálogo, eso
sí, sin exclusión de ninguna de las organizaciones sindicales más representativas. Intentar alcanzar un acuerdo aceptable, no de recorte sino de mejora de las prestaciones, debería ser en nuestra opinión absolutamente deseable y además posible en
el marco de una economía desarrollada con altos niveles de generación de riqueza, dentro de un Estado democrático redistribuidor de esa riqueza, de un Estado de bienestar. Sin embargo el Partido Popular, a pesar del aviso recibido el 20 de junio,
insiste en mantener su posición a través de este proyecto de ley. La verdad es que insiste en la dirección impulsada desde su llegada al Gobierno de recortar el gasto social, desregularizar el mercado de trabajo y restringir los derechos de los
trabajadores y trabajadoras.
El Gobierno trata de defender las sucesivas reformas impulsadas en los últimos años afirmando que son necesarias para mejorar los niveles de empleo. Sin embargo, y por eso contaron con nuestra oposición, son reformas básicamente dirigidas a
beneficiar de materia notoria a una pequeña parte del empresariado reduciendo los costes laborales y facilitando y abaratando el despido. Son reformas en definitiva para disminuir el déficit vía recorte del gasto social. Todas estas reformas de
tipo laboral y social y otras están configurando un modelo social más injusto y especialmente peligroso para un futuro en que el ciclo económico, a diferencia del actual, sea a la baja. En primer lugar, es evidente que con todas estas reformas de
las que hablamos
persisten niveles de paro alarmantemente altos, con incidencia especial en los colectivos de mujeres y jóvenes y con el agravante de que el empleo creado es de baja calidad. No se podrá negar la alta tasa de contratación temporal, la
inestabilidad, los salarios bajos, las tasas de siniestralidad elevadas, todo esto en un contexto de crecimiento económico, y no voy a hablar ya de esas bolsas de marginalidad de los excluidos, de los sin techo que también genera este tipo de
economía, de los que ni siquiera figuran ya en la lista del paro. Por tanto la reforma del Gobierno, por mucho que diga, configura un modelo con altas tasas de paro y al tiempo trabajo de peor calidad. Decía que era peligroso para el futuro porque
si se desaceleran o caen los niveles de crecimiento, muchos trabajadores, muchos más que los que hoy ya se encuentran en esa situación, se verán desprotegidos ante una situación de desempleo teniendo en cuenta que ahora ya se recortan aún más las
prestaciones existentes.
Como dispongo de poco tiempo para defender esta enmienda a la totalidad, voy a resumir diciendo que a pesar de los esfuerzos propagandísticos del Gobierno, la sociedad va percibiendo cada vez más esta situación de retroceso en lo social y
prueba de ello es el éxito de la huelga general del 20 de junio. Nosotros, señor ministro, seguimos apostando por un modelo social más equilibrado. Seguimos defendiendo el papel del Estado como redistribuidor de la riqueza, como reequilibrador de
las desigualdades sociales que inevitablemente provoca el capitalismo.
Seguimos defendiendo su papel arbitral y en una coyuntura económica que corresponde a un Estado desarrollado el modelo a seguir no puede ni debe ser el que impulsa el Partido
Popular, sino más bien al contrario, fomentar el empleo estable y de calidad, desde el punto de vista salarial, de los derechos laborales o de la seguridad; reforzar la protección por desempleo garantizando la mejora de las coberturas y ampliando
el número de trabajadores con derecho a percepción. En el texto alternativo planteamos una serie de medidas que figuran convenientemente redactadas.
Para concluir, insisto en demandar del Gobierno que cambie su posición y que, en lugar de recortar las prestaciones por desempleo, las incremente, en la línea por cierto de las que ya existen en otros Estados europeos.
Quiero decirles
también, señoras y señores diputados, que el paro o el desempleo suele aparecer en las encuestas como la principal preocupación de los ciudadanos. Es normal que sea así porque a pesar de lo que a veces se dice, prácticamente nadie -alguien habrá-
quiere estar en paro porque el paro es una tragedia desde el punto de vista económico y también psicológico. Los ciudadanos no son culpables de estar en paro, sino un sistema económico que a pesar de las afirmaciones del señor Aznar no procura ni
va a garantizar tampoco en el futuro el pleno empleo. En esa situación es imprescindible que un Estado económicamente avanzado y que dispone de recursos suficientes garantice a todos los ciudadanos unos recursos mínimos que les permitan vivir con
cierta dignidad, con cierta seguridad. Eso es lo que proponemos a través de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada, igualmente en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, votamos en contra de la convalidación del real decreto-ley y hoy presentamos una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que sigue de alguna manera el esquema del propio decreto-ley para hacer posible que
en el trámite parlamentario existan modificaciones suficientes a este hoy proyecto de ley y decreto-ley hasta hace unos pocos días. Votamos en contra y presentamos un texto alternativo porque pensamos que el decreto-ley no es un decreto de
promoción del empleo sino de promoción de la desprotección y del no empleo y, sobre todo, no es una iniciativa que haga frente a los dos principales problemas que hoy tiene el mercado laboral, es decir, la alta tasa de temporalidad y la alta
siniestralidad, como se ha demostrado este mes de agosto. El Gobierno debería ser capaz de establecer un diálogo que significara una modificación sustancial de los contenidos actuales sobre la base de dos cuestiones, su soledad parlamentaria
-quiero recordar que ningún otro grupo político dio su apoyo a la convalidación del real decreto-ley- y, sobre todo, el gran rechazo social que supuso la huelga general del 20 de junio, ya que a pesar del intento de ningunear informativamente por
parte del Gobierno el éxito de la misma, no hay ningún género de dudas de que en la propia situación política del Gobierno del Partido Popular desde 1996 hay un antes y un después del 20 de junio, porque el 20 de junio no sólo mostró la faz más
antisocial del Gobierno del PP, sino que también mostró sus tics autoritarios.
Entro en el contenido del decreto. En cuanto al marco de actuación que plantea el Gobierno, la prioridad fundamental para nosotros es que existe un 40 por ciento de personas paradas que no cobran subsidio, que hay superávit del INEM y que,
como aquí han dicho otros portavoces, los responsables no son las personas paradas sino que los responsables son la política de la Administración, la política empresarial y la falta de una regulación que coloque como objetivo central en el Estado
español más empleo y empleo de mayor calidad. Dije en el debate de convalidación del decreto-ley y lo repito hoy que detrás de este real decreto hay una orientación del Gobierno del señor Aznar de cambiar el
modelo social europeo por el modelo social de Estados Unidos.
Nuestro texto alternativo es producto de lo que han sido diálogos y sugerencias de los sindicatos, especialmente con Comisiones y UGT, y quiero señalar de forma rápida seis elementos que a mi entender son los más relevantes. Empiezo por el
que también ha sido mencionado anteriormente, la incorporación de la problemática de los accidentes laborales, con tres propuestas concretas. Creo que es políticamente vergonzoso que después de seis años de Gobierno del Partido Popular aún no se
haya tomado medidas efectivas para disminuir la siniestralidad laboral y, en concreto, planteamos tres medidas, en primer lugar, la necesidad de regular la subcontratación, especialmente en el sector de la construcción; en segundo lugar, la
necesidad de dotar económicamente el plan de formación pactado desde hace tiempo entre empresarios, sindicatos y Administración -nuestra propuesta es de 60 millones de euros anuales- y, en tercer lugar, la necesidad de cambiar los métodos y el
funcionamiento de la Inspección de Trabajo. Hemos introducido también en el texto alternativo la necesidad de actualidad el salario mínimo interprofesional, porque es absolutamente vergonzoso que en seis años de crecimiento económico importante
sean las personas que reciben dicho salario mínimo interprofesional quienes hayan perdido poder adquisitivo con relación al conjunto del país. Hacemos otra propuesta, de eliminación de los salarios de tramitación, y aunque no tengo tiempo para
volver a explicar una vez más los efectos concretos negativos sobre las personas a las que se despide, sí que quiero señalar un problema de fondo en relación con la introducción de salarios de tramitación y es que el despido pierde causalidad y por
tanto, cada vez -y este decreto lo profundiza-, el despido procedente se asemeja más al despido improcedente, con lo cual lo que se está haciendo es incentivar el despido en el Estado español. Tampoco estaríamos de acuerdo -parece hay alguna
enmienda de algún otro grupo parlamentario en este sentido- con que los salarios de tramitación vayan a cargo del FOGASA, porque en este caso lo que se está haciendo es beneficiando a determinados empresarios en contra -entre comillas- de los buenos
empresarios que de alguna manera hacen su aportación a dicho fondo. Hay un cuarto punto importante, que es la modificación, en el tema del derecho a la prestación por desempleo, del tratamiento que se da en el proyecto de ley a los trabajadores
fijos discontinuos. Esto va a significar, si no se modifica el texto, que en el Estado español, con una alta tasa de temporalidad se va a producir un desplazamiento de trabajo de contratos indefinidos discontinuos a contratos temporales; es decir,
este proyecto de ley va a significar en este punto, si se aprueba como está, una traslación de contratos fijos discontinuos a contratos temporales. Proponemos también modificar la propuesta del Gobierno en cuanto a cómo compatibilizar las rentas y
el patrimonio para acceder al subsidio. Creemos que ha de haber límites, pero para nosotros el límite no puede ser en ningún caso el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. En última instancia, porque no tengo más tiempo, creemos que es
importante hacer un debate sereno sobre las obligaciones de las personas paradas en relación a que puedan ser beneficiarios de la prestación por desempleo. Es un tema del que se ha de hablar, pero en ningún caso las condiciones que el Gobierno
plantea pueden ser las que salgan. No puede ser el tiempo de un año -a nuestro entender, como mínimo, deberían ser dieciocho meses-; no se pueden fijar los 30 kilómetros como condición, porque en algunas zonas del Estado español suponen veinte
minutos o media hora de tren y en otras tres horas, y por lo tanto es importante que el elemento fundamental sea el tiempo. No se puede admitir que haya una obligación que cambie la naturaleza del contrato. Por lo tanto, si había una naturaleza de
contrato indefinido en un determinado sector, esa misma naturaleza ha de figurar en el nuevo contrato. Al mismo tiempo, no puede ser que se obligue a una persona a que el nuevo salario a percibir sea el 30 o el 40 por ciento del que tenía.
Estos son los puntos importantes que explican nuestro rechazo a este proyecto de ley, que no afronta los grandes problemas del mundo laboral.
Es necesario, por la soledad del Gobierno y por el rechazo social, que en el trámite parlamentario
se consiga un texto que de verdad ayude a acabar con la tasa de temporalidad tan alta del Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Saura.
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
El objeto de esta intervención es mostrar el apoyo a las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida, en las que se presenta un texto alternativo al proyecto de ley remitido por el Gobierno.
Entendemos que es de justicia que cuando la ciudadanía sale a la calle libre y pacíficamente de modo tan masivo como ocurrió el pasado 20 de junio de 2002, día de la huelga general, un Gobierno no puede actuar como si nada hubiera ocurrido,
ocultando la realidad y escondiéndose en su mayoría absoluta para no escuchar las peticiones de los trabajadores y trabajadoras. Ya dijimos en este mismo hemiciclo durante el debate sobre el estado de la Nación que con su actitud de más y más
recortes ha conseguido algo
positivo: motivar a la ciudadanía a salir a la calle, cansada de tantos y tantos recortes sociales, de tanta vuelta atrás en derechos laborales que ha costado décadas de democracia conseguir. Los datos son tozudos y no encuentran con qué
desmentirlos u ocultarlos. Con el bajísimo nivel de protección social que encuentran los parados españoles no resultan aceptables nuevos recortes. Sólo la mitad de los parados cobra prestación por desempleo. La España de Aznar, con la tasa de
paro más alta de la Unión Europea, es paradójicamente de los Estados que menos gasta en prestaciones por desempleo. Sólo el 1,5 por ciento de los perceptores de prestaciones rechazaron ofertas de empleo adecuadas. A nadie se le oculta que el
objetivo de la nueva reforma laboral de Aznar no es combatir ese minúsculo fraude, sino reducir el gasto público en unos 200.000 millones de pesetas. El problema real es que el PP no está utilizando los excedentes en las cotizaciones por desempleo,
de más de 3.000 millones de euros, para acometer la mejora, verdaderamente necesaria, en la cobertura de protección a los desempleados, sino que los desvía hacia los empresarios a través de las bonificaciones y de las reducciones de sus cuotas a la
Seguridad Social, y eso desde el punto de vista progresista es una aberración. Rectifiquen y construyamos un nuevo consenso partiendo de bases sociales más ajustadas a las reivindicaciones de los trabajadores y desempleados.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo telegráficamente para reiterar las razones de fondo y de forma por las cuales también nosotros nos opusimos a la convalidación del real decreto, hoy en tramitación como proyecto de ley. Las razones de fondo son claras.
Entendemos que este proyecto de ley no contribuye a la creación de empleo digno y estable, recorta prestaciones y abarata el despido, lo que desde luego, nos aleja de los principios de la estrategia europea de avanzar en más y mejores empleos. Este
proyecto recorta derechos y prestaciones, perjudica a los sectores más débiles de la sociedad, especialmente en el caso de los perceptores del subsidio de desempleo, también perjudica a los trabajadores eventuales agrarios y a los desempleados
mayores de 52 años con planes de prejubilación. En cuanto a las razones de forma, entendemos que no ha habido diálogo. No ha sido negociado con los interlocutores sociales, antes bien, cuenta directa y explícitamente con el rechazo de las
centrales sindicales.
Tampoco ha sido negociado con las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de políticas de empleo y ello cuando la nueva norma dictada pretende convertir a las comunidades autónomas en meros
ejecutores de empleo donde su componente coercitivo hacia los desempleados se sitúa como única prioridad, incluso alterando el reparto competencial, en contra de las administraciones territoriales. Desde luego, en nuestro caso, ignora totalmente
las competencias todavía no transferidas que nos corresponden en virtud del Estatuto de Gernika. En definitiva, la reforma del desempleo, además de injusta, no es una prioridad. Lo que realmente demandan los trabajadores y la sociedad en su
conjunto es más empleo, más estabilidad y seguridad, más inversión en formación y en tecnología para tener empresas más competitivas que generen puestos de trabajo y empleo de calidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Señora presidenta, señorías, los andalucistas estamos en contra del fondo, de cómo se ha hecho esta reforma y en contra de la falta de diálogo con la que se ha abordado. Tuvimos ocasión de exponerlo cuando el real
decreto se trajo a esta Cámara. Naturalmente desde allí tenemos que ser muy sensibles ante las cuestiones de desempleo porque, como saben SS.SS., ocupamos el triste ranking de tener la mayor tasa de desempleo del país; y especialmente sensibles
también con el desempleo del régimen especial agrario, porque también el campo andaluz y el campo extremeño tienen una situación de empleo radicalmente distinta del resto del país. Hay un 80 por ciento de empleo eventual contra un 20 por ciento de
empleo fijo en el campo andaluz. Hay triple de paro agrario que en el resto del país. Este decreto, con los cambios que introduce, rompe casi dos décadas, dos décadas de un camino para reequilibrar las áreas rurales, las pequeñas poblaciones y el
sistema agrario andaluz, que surge a principios de los ochenta con el llamado empleo comunitario, que ha sufrido tres reformas y que atacaba el problema por dos lados: por un lado, por el antiguo PER, hoy llamado AEPSA y, por otro, por este
subsidio agrario con condiciones específicas que el decreto trata de erradicar. Hay muchas cosas que cambiar, posiblemente desagregar con más claridad en el subsidio agrario lo que es salario social de lo que es subsidio de desempleo, que tienen
parámetros contradictorios, que en un caso necesitan controlar los niveles de renta que se tienen para el derecho social, mientras que en otro el derecho al desempleo es un derecho del trabajador. Desde aquí pensamos que son posibles las reformas,
que son posibles las modificaciones, pero tienen que venir del diálogo y de la comprensión de la singularidad. Se ha llegado a acusar a Andalucía y a Extremadura de que se acabaron los privilegios. ¡Triste privilegio el de estar por detrás de los
demás y el necesitar
ayuda especial! ¡Gran injusticia la de tratar igual a los desiguales! Esperemos que en el trámite que queda de enmiendas y modificaciones se recupere la vía del diálogo, se recupere la cordura y seamos capaces entre todos, con empresarios,
con trabajadores, con gobiernos autonómicos, con Gobierno central, de dar con la tecla con la que abordar la próxima reforma del sistema de desempleo para generar más empleo y para acabar de una vez con esta lacra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Núñez.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos afrontando en el día de hoy la continuación del debate que se produjo en julio sobre la convalidación del real decreto de medidas urgentes para la mejora del desempleo. La posición de Coalición Canaria expresada en aquel
entonces por el portavoz de nuestro grupo fue la de abstención. No nos parece adecuada la forma, pues debieron y deben de agotarse las posibilidades de negociación, pero tampoco compartimos parte de los contenidos del decreto que aprobó el
Gobierno. Esta sigue siendo nuestra posición. Seguimos sin compartir el empeño del Gobierno por introducir profundas reformas en la legislación laboral que, a nuestro entender, no son necesarias en el contexto de la actual reforma del desempleo.
Sí compartimos la necesidad de introducir medidas que tiendan a fomentar la corresponsabilidad y la participación más activa del desempleado en la búsqueda del empleo y en la colocación laboral, pero partiendo de la base de unos fundamentos y de
unos principios. Tal y como el propio Tribunal Constitucional ha indicado, la legislación laboral debe ser un instrumento normativo que busque el equilibrio social entre los empresarios y los trabajadores, en esa relación que nace entre ambos
mediante el contrato de trabajo; dicho de otra forma y en la línea de las posiciones marcadas desde el Consejo Europeo de Lisboa, hay que apostar por lograr un alto nivel de competitividad de las empresas pero por la vía de la cohesión social. Por
eso insistimos en que es importante que toda modificación de la legislación laboral se realice mediante el diálogo social. De no ser así, se corre el peligro de la confrontación y de la introducción de desequilibrios en la relación entre
empresarios y trabajadores, lo que siempre implica el alto coste de la inestabilidad social y política en el entorno del mundo laboral, que impacta negativamente en la capacidad de creación de empleo. Gran parte del importante y reciente desarrollo
económico del país se debe, entre otras cosas, a la estabilidad política y al diálogo social, y esto hay que recuperarlo a toda costa. Guiados por este convencimiento y entendiendo la irreversibilidad de la posición en el momento más álgido de la
confrontación -nos encontrábamos en el escenario de una convocatoria de una huelga general-, Coalición Canaria solicitó al ministro que se tramitara el decreto como un proyecto de ley en este Parlamento para que se pudieran presentar enmiendas que
mejoraran los contenidos fundamentales, ofreciéndonos de puente para el diálogo y el consenso entre las partes enfrentadas. Así se lo expresamos al Gobierno y a los sindicatos en las diversas reuniones que hemos mantenido, posición que ha sido
valorada positivamente por los líderes sindicales. En aquel debate expresamos nuestra posición de que, de aceptarse esta propuesta, tal como sucedió, optaríamos por mejorar los contenidos que más nos preocupan con la presentación de enmiendas
parciales. Esa es la posición que seguimos manteniendo, por lo que manifestamos nuestra abstención a las enmiendas a la totalidad que hoy se debaten.
Nuestro grupo espera, sinceramente, que desde el ministerio exista interés por mantener el diálogo y por introducir modificaciones en el curso del trámite parlamentario, lo que facilitaría la necesaria estabilidad social en el mundo laboral.
Recuperar el diálogo social es fundamental para afrontar de forma positiva muchas de las iniciativas y de las prioridades establecidas por el ministro en su reciente comparecencia. Por ejemplo, y dada su relevancia, mencionaré las actuaciones que
se quieren llevar a cabo en relación con la alarmante situación de la siniestralidad laboral.
Estamos convencidos de que las tres partes, Gobierno, empresarios y sindicatos, quieren resolver urgentemente esta situación, pero es impensable que esto
pueda afrontarse en un clima de crispación y confrontación. Todas las partes tienen mucho que perder y muy poco que ganar si se empeñan en profundizar en el camino de la crispación y no en el de tender puentes de entendimiento.
También queremos aprovechar este debate para expresar con la máxima claridad posible, para que no haya malos entendidos al respecto, cuáles son los cambios que para nosotros son fundamentales que, a nuestro modo de ver, son los que afectan a
derechos consolidados de los trabajadores y que introducen desequilibrios importantes entre los dos interlocutores sociales. Uno de ellos sería la desaparición del salario de tramitación.
El Estatuto de los Trabajadores disponía, hasta ahora, que,
para los despidos calificados como improcedentes, el trabajador tenía derecho a recibir el salario de tramitación. En estos casos, el empresario causante de ese despido improcedente debía abonar al trabajador el salario que hubiera seguido
percibiendo de haber continuado trabajando. Ahora, con esta reforma, el empresario que ha despedido injustamente ya no tiene que pagar estos salarios. Esto no favorece la estabilidad en el empleo, sino el despido.
La consecuencia directa es el abaratamiento empresarial del despido, lo que evidentemente facilitará la extinción de contratos, aunque estos sean sin causa o incluso declarados improcedentes. A nuestro modo de ver, esta no es una medida de
reforma del desempleo y provoca un desequilibrio, porque favorecerá que no se readmita a los trabajadores como resolución del conflicto.
La segunda situación que consideramos fundamental es la prestación por desempleo de los trabajadores fijos discontinuos. La delimitación de la figura jurídica de los trabajadores fijos discontinuos fue introducida tras una modificación que
se hizo al Estatuto de los Trabajadores en la Ley 12/2001, sin que supusiera ninguna alteración en el régimen de prestaciones por desempleo. Los trabajadores que tras esa modificación quedaron encuadrados como contratados a tiempo parcial,
continuaron ejerciendo el derecho de la prestación por desempleo en los períodos de inactividad, siempre que cumplieran con el requisito de la cotización, como mínimo durante doce meses. Sin embargo, de lo que estamos hablando ahora es de otra
cosa. En esta reforma se suprime este derecho; aunque el trabajador siga cumpliendo con las obligaciones de cotización, no va a cobrar el desempleo. Esta situación produce el efecto de una desprotección social, de una disminución real de la renta
social de esa familia. Nos parece evidente que el objetivo que se persigue es reducir los gastos en la prestación por desempleo, cosa que entendemos es difícil de justificar en una situación real de superávit en las cuentas de la Seguridad Social.
Esto, a nuestro entender, no es perseguir el posible fraude que pudiera darse en torno a la prestación del desempleo que parecía el leit motif de la reforma que hoy estamos debatiendo. Desde el Gobierno y desde el Grupo Parlamentario Popular
debiera de meditarse este punto en profundidad, pues, además de la desprotección social que se genera, producirá el efecto rebote de la consiguiente inestabilidad y de la apertura de múltiples conflictos con los empleadores por la demanda lógica de
contratación durante todo el año. Esto va a crear graves conflictos en sectores tan importantes como el de la educación o el sector turístico y el hotelero. En este último caso no tanto en Canarias, puesto que la característica de ocupación en
nuestro territorio, en cuanto al turismo se refiere, es prácticamente de todo el año, pero sí lo va a crear por ejemplo en Andalucía y en Baleares, situación con la que nos sentimos solidarios.
El resto de las enmiendas que presentará nuestro grupo irán dirigidas a mejorar la situación de la microempresa y del trabajador autónomo, a incentivar la creación de empleo en torno al trabajo doméstico y el trabajo del cuidado de enfermos
y discapacitados en el hogar, lo que aumentará la cotización por este tipo de trabajos. Entendemos que trabajar en esta línea es también trabajar en la línea de favorecer la compatibilidad de la vida laboral y familiar y, por tanto, en mejorar las
posibilidades de empleo de la mujer; también en la línea de incentivar el empleo en las situaciones de exclusión social y en la regularización de las empresas de inserción social y en mejorar las posibilidades reales de gestión de los servicios
públicos de empleo de las comunidades autónomas, necesarios para que estos avancen en una atención más personalizada.
Esto, entre otras cosas, implicará aumentar la capacidad de decisión y las competencias de los servicios públicos de empleo en las
comunidades autónomas.
En resumen y para concluir, señora presidenta, la aportación que queremos hacer en este debate es la de que podamos buscar soluciones que, a nuestro entender, es la mejor forma de influir constructivamente en el necesario diálogo, para que
sea ésta una reforma en que la prestación por desempleo sea la más eficaz y amplia posible para el que realmente la necesita, que es, a su vez, la mejor forma de potenciar la empleabilidad y la calidad del empleo, salvaguardando tanto los deberes
como también los derechos de los trabajadores.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias señora Julios.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señor ministro, egunon, buenos días. Cuando recientemente se debatía en esta Cámara el real decreto, uno de los aspectos fundamentales de dicho debate, y motivo de denuncia por todos los grupos de
la Cámara, era que el Gobierno estaba realizando un continuo uso y abuso de dicha figura o herramienta política y que hurtaba a este Congreso la posibilidad de un diálogo sereno, que en el debate a la totalidad se producía, pero que se impedía la
discusión en profundidad del texto y de su articulado. Estamos ante ese debate y ante dicha posibilidad para lograr, en su caso, mejor o acordar modificaciones que nos permitan recuperar cierto consenso político y hasta social, roto y con una
huelga general a sus espaldas; dicho de otra manera, una vez recuperadas las formas parlamentarias, hablemos del fondo y por ello paso a expresarle mi primera y profunda preocupación.
Señor ministro, ¿cuál es el espíritu real que anima y al ministro y al Gobierno del PP en estos momentos? ¿En qué medida está dispuesto a dialogar y aceptar aquellas modificaciones, hasta razonables -entre comillas- que les podamos plantear
desde los grupos de la oposición? ¿En qué medida está dispuesto a escuchar las demandas de las organizaciones sociales y recuperar el tan solicitado diálogo y consenso social? ¿O vamos a volver a asistir a una nueva representación forma de un
debate sobre esta ley, como ya
nos tiene acostumbrados con su mayoría el Partido Popular y el Gobierno? Escuchando las manifestaciones del presidente del Gobierno, señor Aznar, sobre que no piensa cambiar ni una coma del decreto-ley, nos caben pocas dudas sobre dicha
posibilidad, conocida su inflexibilidad y energía de carácter. Tenemos también nuestras dudas cuando observamos que el señor Rato se trae una faena confusa de llamadas y declaraciones sobre sus conversaciones telefónicas con los sindicatos UGT y
Comisiones Obreras, que inmediatamente publicita con un oportunismo y sentido mitinero que no augura profundidad ni seriedad en dicho sentido.
Tengo que reconocerle, señor Zapalana, nuevo ministro, que usted ha comenzado su ejercicio ministerial con unas magníficas intenciones y creo, sinceramente, que con el compromiso de fomentar y recuperar el diálogo social que se le viene
requiriendo al Gobierno; aunque también tengo que manifestarle que no considero afortunadas sus declaraciones ante la presentación de los recursos de inconstitucionalidad presentados por partidos políticos y por algunos gobiernos autónomos
tildándolos de incoherentes y vacíos de argumento.
Señor ministro, el hecho de que la prestación por desempleo se esté transformando en la práctica en una ayuda sujeta al criterio de la Administración, fundamental y básicamente, en vez de ser un derecho subjetivo del trabajador y por el cual
ha cotizado, no es ninguna incoherencia. Además, señor ministro, deje que los tribunales se manifiesten libremente en su ejercicio y cumplan la función que nuestro ordenamiento les ha conferido. Yo no estaría además tan seguro de que el flanco
jurídico de esta ley sea tan coherente y pleno. Hay más de un juez que ha cuestionado su constitucionalidad y, si este criterio fuera compartido por otros jueces de lo social, hasta podría bloquear su aplicación en los aspectos concretos de la
jurisdicción laboral.
Aproveche, por tanto, esta ocasión, este trámite parlamentario, este debate de enmiendas, para desactivar esas posibilidades de inconstitucionalidad que pueden lastrar a esta ley en el futuro. Señor Zaplana, por lo tanto,
dialogue, si se lo permiten. Yo considero que al señor Aparicio no se lo permitieron -ya se lo expresé-, procure acordar y acercar posiciones, si es cierto, además, que ha recibido el encargo de enfriar el otoño laboral porque pronto tocan
elecciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Independientemente del resultado de este trámite, de estas enmiendas a la totalidad con resultado conocido, el espíritu del Grupo Vasco es al menos ese: el del diálogo. Por ello no hemos presentado una enmienda a la totalidad a esta ley.
Nuestra posición en este debate será abierta a cierta esperanza de que sus manifestaciones se concreten en hechos a lo largo del debate de las enmiendas que se van a presentar. Enmiendas que, como ya se manifestó en el debate del decreto-ley, van a
intentar que se tenga en cuenta la organización territorial del Estado y que las competencias y el papel funcional de las comunidades autónomas -espero que usted tenga especial sensibilidad en esta materia- están profundamente conectados con los
fines y contenidos de esta ley.
Anteriormente ha dicho algún portavoz, creo que del Partido Socialista -y lo vuelvo a reiterar-, que todas las directrices de las estrategias europeas de empleo están continuamente insistiendo en la necesaria
activación de los papeles de los agentes regionales y locales y su implicación en los diseños del mismo.
Estamos, y no tanto porque nos afecte, profundamente preocupados por los efectos que en amplias regiones del Estado, fundamentalmente en Andalucía y Extremadura, y sobre todo en los entornos rurales, va a tener la aplicación de esta ley. El
desarrollo rural y la fijación de la población a la tierra es un concepto extendido, por necesario e imprescindible, desde el punto de vista de gestión medioambiental. Sobre su viabilidad se cierne en estos momentos una enorme duda, si se aplica
esta ley. Creemos también, y las enmiendas irán en ese sentido, que la definición de empleo adecuado y su aplicación precisa de más garantías que la sola interpretación en exclusividad por parte del Servicio Público de Empleo.
No creemos que sea
el momento ni que se deba ni se necesite recortar los subsidios del retorno a los emigrantes; creemos que hay que volver a replantear la formulación que han realizado ustedes de los salarios de tramitación y la situación de los fijos discontinuos y
vemos fundamentalmente con preocupación -y ya lo denuncié en el debate del real decreto- cómo se viene gestando en los últimos años una mezcla no inocente de las políticas activas con las políticas pasivas de empleo puramente protectoras, insertando
la faceta protectora asistencial en determinados programas de fomento de empleo. Con ello el Estado -y yo lo entiendo- va consolidando su estrategia para reservarse la ejecución de dichas políticas activas de empleo, pero a las comunidades
autónomas se nos trata ciertamente de engañar cuando se proclama que las políticas activas de empleo las gestionan las comunidades autónomas. La disposición adicional primera de esta ley vuelve a afirmar que corresponde al INEM la gestión del
programa de la renta activa de inserción. Eso sí, sin perjuicio de las competencias de gestión de las comunidades autónomas. En esta línea, aprovecho la ocasión para volver a recordarle que con los programas de formación continua de los
trabajadores y parados se van a acumular, solamente en la comunidad autónoma vasca, en esta legislatura, más de cien millones de euros de déficit.
Señor ministro, finalizo con las palabras del presidente del Consejo Económico y Social, don Jaime Montalvo. Dice: No todas las medidas valen lo que cuestan y que por muy explicables que sean desde el punto de vista del modelo económico,
hay ocasiones
en las que a la hora de aplicarlas sirven para poco y además son manifiestamente mejorables.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán, para fijar la posición en la toma en consideración de estas cuatro enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y de la
protección por desempleo, derivado del Real Decreto 5/2002.
Las posiciones de fondo de Convergència i Unió en esta materia no han variado desde los debates que tuvieron lugar en la Cámara antes de las vacaciones del verano. Las cuestiones de fondo, por tanto, continúan siendo las mismas, pero, eso
sí, las cuatro enmiendas nos pueden permitir, ante la próxima discusión del proyecto de ley en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, profundizar sobre algunas consideraciones que pudimos expresar en aquellos debates. Entonces y hoy
estamos convencidos de que a pesar de que España continúa creando empleo, a pesar de que somos el único Estado de la Unión Europea en el que se ha producido en los últimos años una disminución de los índices de temporalidad, nuestro mercado de
trabajo necesita un nuevo impulso para la creación de más empleo y para continuar reduciendo la precariedad.
Desde esta perspectiva, impulsar políticas públicas en este ámbito nos parece fundamental, orientadas a la reducción de paro, pero sobre todo a aumentar la participación activa de más personas en el mercado de trabajo, de las personas
mayores de 45 años y muy especialmente las mujeres de esa franja de edad, de los jóvenes y de las personas discapacitadas. Ahí la capacidad de crecimiento de nuestro mercado de trabajo es enorme. Creemos además que esta política activa de empleo
debe ser capaz de combinar flexibilidad en las relaciones laborales con una potente protección social ante el paro, la enfermedad, el accidente y la vejez. Asimismo, las políticas públicas activas de empleo deben estar orientadas a dar más
oportunidades a las personas desempleadas, reforzando sus capacidades de empleabilidad, siendo capaces desde el Estado, desde las administraciones públicas, de dar oportunidades, pero también exigiendo a las personas desempleadas, a las personas que
se quieran reincorporar al mercado de trabajo, sus propias responsabilidades. Por último, el desarrollo de estas políticas para conseguir esos objetivos exigen la existencia de un diálogo social potente, un diálogo social que no consista
simplemente en sentarse a hablar el Gobierno y los agentes sociales, sino en el que nos pongamos de acuerdo en los objetivos, basándonos en un análisis compartido, y en las medidas para alcanzar dichos objetivos. Por tanto, unas políticas que,
nacidas del consenso y del diálogo, deben tener los medios suficientes para ser eficaces y que a su vez puedan permitir en el esquema institucional existente en España que las comunidades autónomas, la mayoría de ellas hoy competentes en políticas
de empleo, tengan esos medios para poder impulsar las mismas. Finalmente, una política que sea capaz de sopesar en términos de cohesión social medidas que a menudo tienen un carácter exclusivamente económico. Los objetivos de reducción del déficit
público y de contención del gasto nunca deberían poner en riesgo la cohesión social.
Sobre estos ejes fundamentamos nuestra posición el pasado mes de junio y los mantenemos en el debate de hoy. Entonces no apoyamos la convalidación del real decreto, argüimos razones de forma por la manera en que el Gobierno había gestionado
aquella crisis y adujimos también discrepancias en cuestiones puntuales de fondo, aun coincidiendo con determinados aspectos importantes del Real Decreto 5/2002. Hoy tampoco vamos a apoyar las cuatro enmiendas de totalidad con texto alternativo que
han presentado los grupos de la oposición por las discrepancias sobre cuestiones de fondo que tenemos con dichos textos, convencidos además de que aquello que nos exigen nuestros electores, desde la existencia de un proyecto político autónomo,
independiente y diferenciado, es que seamos capaces de influir en la acción del Gobierno. Por tanto, la propuesta de Convergència i Unió en este trámite es que se trabaje mediante enmiendas parciales para modificar aquellos aspectos del real
decreto, hoy proyecto de ley, en los que sea posible alcanzar acuerdos con la actual mayoría.
Eso sí, nuestra actitud en el próximo trámite parlamentario va a ser escuchar y valorar en sentido positivo las propuestas concretas que suponemos se
derivarán de los textos que los grupos parlamentarios han presentado hoy, articuladas en forma de enmiendas parciales. Tras haber transcurrido el período estival, nos encontramos en el mes de septiembre y tengo que decir que nosotros valoramos
positivamente la actitud que el equipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha adoptado ante nuestras consideraciones, así como el talante abierto de su ministro, lo que le hemos manifestado en diversas ocasiones. Sin embargo, también el
ministro y el Grupo Popular saben que el cambio del voto de Convergència i Unió, de la abstención al sí, va a estar condicionado a que sobre las cuestiones que nos preocupan, que ya tuvimos ocasión de manifestar y que el Gobierno conoce, se
produzcan aproximaciones. Convergència i Unió, tan sólo desde el convencimiento de que, efectivamente, entre todos hemos mejorado este proyecto de ley, votará a favor en el trámite final. Hoy aún no podemos prejuzgar cuál va a ser el voto de
Convergència i Unió en todo este proceso.
Vamos a ver si en las próximas semanas, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, somos capaces de producir esa aproximación. Una aproximación que, a nuestro entender, va a tener que centrarse en aspectos claves. En primer
lugar, en una mayor dotación de recursos para los servicios públicos de empleo y para las políticas activas de empleo orientadas a dar esa oportunidad a los desempleados y a tener esa exigencia de responsabilidad. Va en la línea precisamente de un
informe reciente de la OCDE, en el que, valorando aspectos positivos de la reforma del Gobierno, se nos decía que esta reforma tenía mucho palo y poca zanahoria, y donde se nos recordaba que una reforma que ponga el acento en la empleabilidad, en
las oportunidades y en las responsabilidades cuesta dinero. Se nos recordaba que de cada 100 euros de nuestro PIB destinamos a las políticas activas 9 céntimos, lejos de los 13 que dedica el Reino Unido, de los 18 que dedica Francia, de los 34 que
dedica Alemania o de los 25 que dedica Holanda, ejemplar en muchos sentidos en ese ámbito. Por tanto, mayor dotación de recursos para las políticas activas de empleo.
En segundo lugar, ser capaces de articular el concepto de oferta adecuada en el empleo alrededor de la personalización de la situación del desempleado, teniendo en cuenta sus responsabilidades en el seno de la familia, el hecho de que tenga
hijos, la oferta de contrato que se le pueda ofrecer, el nivel de sueldo de esa oferta de contrato, su ubicación geográfica y sus oportunidades de utilización del transporte público.
Estas dos cuestiones, esa personalización y esa mayor dotación de
recursos de nuestras políticas activas de empleo, van muy orientadas a nuestra prioridad en este ámbito, que es luchar contra el desempleo de larga duración. Hoy el desempleo de larga duración constituye seguramente uno de nuestros problemas más
graves en este ámbito, a pesar de los avances que se han producido.
En tercer lugar, vamos a orientar nuestras enmiendas a garantizar una efectiva protección social de los trabajadores y, por tanto, a defender la protección ante el desempleo de los fijos discontinuos; a defender una buena cobertura social
de aquellos mayores de 50 años que se ven obligados a abandonar sus puestos de trabajo; a defender una protección social efectiva de los trabajadores temporales y de los trabajadores jóvenes ante el supuesto de la supresión de los salarios de
tramitación; a potenciar también la capacidad de empleabilidad y de protección social de los trabajadores autónomos -nos parece que es el momento de empezar a dar cumplimiento a los mandatos de la subcomisión parlamentaria creada en el seno de la
Comisión de Economía en el pasado período de sesiones-, y a dar más oportunidades de empleo a las personas discapacitadas. Todo ello orientado hacia el pleno respeto de las competencias que en esta materia tienen las comunidades autónomas.
Convergència i Unió tiene sus propias posiciones, que no son las de la mayoría ni las del resto de la oposición. Nos parece que desde esta posición propia podemos contribuir a corregir lo que fue en su momento una decisión equivocada.
Porque además, señorías, estamos convencidos de que este trámite debe servir también para recuperar el diálogo social.
Desde 1996 nuestra sociedad ha sido capaz de avanzar, con una capacidad encomiable del Gobierno y de los agentes sociales, de
ponerse de acuerdo en los objetivos y en los métodos. Vale la pena que en la actual situación volvamos a apostar de verdad por este método de hacer política.
Para ello cuenten con nosotros, el Gobierno y la oposición.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor ministro. El señor portavoz del Grupo Socialista sin duda nos ha acreditado esta mañana sus dotes de pitoniso cuando saludaba la satisfacción por su ausencia y a los breves segundos usted aparecía aquí. Yo tengo el
convencimiento de que esas dotes de agorero son las que le hacen formular afirmaciones falsas sobre el futuro, y sobre el presente incluso, del cuadro de la realidad española.
Hemos tenido ya tres debates parlamentarios específicos y algunas otras iniciativas colaterales en relación con esta materia, el 11 de junio con una proposición no de ley del Grupo Socialista pidiendo la retirada del real decreto, el 13 de
junio con la convalidación, que, por cierto, algunos oradores han reproducido hoy en la tribuna, y hoy con el tratamiento de cuatro enmiendas de totalidad, a las cuales, obviamente, este portavoz se va a referir en nombre del Grupo Popular. Lo
primero que tengo que hacer es negar la mayor. Aquí se parte de un diagnóstico o de una fotografía casi tétrica, trágica, oscura, tenebrosa, confusa, en relación con la situación socioeconómica de España y con la situación real del mercado laboral
español. Evidentemente, tenemos esta primera discrepancia. Si el 13 de junio este portavoz daba el dato de que había 817.000 parados menos durante el período de gobierno del Partido Popular, ahora hay 854.093 parados menos. Y según datos de la
EPA, hay 54.800 parados menos en el segundo trimestre del 2002, que se elevan a 88.000 parados menos en los últimos 12 meses. La Seguridad Social en este último año ha experimentado un incremento que hace que lleguemos a superar los 16.300.000
cotizantes. En el mes de julio hubo 36.197 cotizantes más y en el período de gobierno del Partido Popular ha habido en concreto 3.984.292 afiliados.
Tengo que recordar hoy aquí que ayer justamente se celebró un año de un hecho trágico que convulsionó el mundo. El 11 de septiembre nos encontramos con una nueva realidad internacional, con una situación de clara incertidumbre en el
panorama global de la Tierra. Si había algunos países, incluso en nuestro entorno, que ya se encontraban en una situación de desaceleración económica, a partir del 11 de septiembre del año 2001 esto se ve claramente agravado. Por tanto, desconocer
el contexto en el cual nos estamos moviendo es perder la objetividad y la posibilidad de actuar con buen gobierno. He de recordar también cómo la Unión Europea en el primer trimestre de este año ha tenido un incremento medio del PIB del 0,3 por
ciento y en el segundo del 0,5. España ha tenido un incremento en ambos trimestres del 2 por ciento del PIB y además, en contra de lo que algunos pronosticaban no hace tanto tiempo, con este 2 por ciento del PIB se ha creado empleo y se ha logrado
el récord de afiliación a la Seguridad Social, a los cuales me he referido hace un momento. Por tanto, es justo y objetivo reconocer que la situación española es comparativamente mucho mejor que la de los países occidentales y, especialmente, que
la de los países miembros de la Unión Europea. Decir lo contrario es faltar a la verdad, decir lo contrario es desdibujar la realidad del mercado laboral y la realidad social y económica de nuestro país. Por tanto, nosotros creemos que en el
contexto comparativo podemos estar moderadamente satisfechos, aunque ello implique obviamente continuar profundizando en las reformas que permitan ir creando más empleo, acceder al pleno empleo como objetivo, mejorar la Seguridad Social que, por
cierto, recordaré que a fin de este mes va a obtener un fondo de reserva que inicialmente estaba previsto para dentro de dos ejercicios y, por tanto, que en el futuro tengamos un panorama de mayor empleo, de mayor cotización y también de mayor
calidad del empleo.
Se ha dicho que hemos vivido en un momento álgido de la temporalidad. Esto no es cierto, porque la temporalidad que hace seis años existía en España y heredó el Gobierno Popular rondaba el 35 por ciento y prácticamente se ha reducido un 10
por ciento, 3 puntos en este período, siendo tan sólo cuatro los países de la Unión Europea que en este período han reducido la temporalidad, porque los demás, lamentablemente, la están aumentando.
Recordaré que en Portugal, con un gobierno que no
es del Partido Popular, es socialista, aumentaron nueve puntos. Ha cambiado el gobierno, es verdad. Recordaré también que ha habido políticas que proponían fórmulas mágicas para resolver el desempleo, como el modelo francés de 35 horas -no sé por
qué no 20 ó 25-; también ha habido cambio de gobierno. Y no sé si habrá cambio de gobierno en breve en Alemania, aunque es cierto que el canciller Schroeder está haciendo reformas que no es que sean un calco de la que nosotros convalidamos el 13
de junio, sino que, como diré más adelante, incluso va más lejos en algunas cuestiones. Eso sí, gobiernan con la izquierda, con los verdes, aunque parece que eso allí es bueno y aquí no lo es. Luego podremos abundar en esta cuestión.
La enmienda de totalidad del Grupo Socialista comienza por la formación profesional. En formación profesional, del año 1995 al año 2002, hemos pasado de gastar 282.000 millones a gastar 835.000 millones. Si cogemos la ratio por persona
desempleada, por trabajador que se forma, nos encontramos con que hemos pasado de 124.298 pesetas a 505.793. Por tanto, hemos cuadruplicado la formación por cada persona que la recibe en este periodo de tiempo. También quiero recordar que en junio
pasado, en esta misma Cámara -y este portavoz tuvo la suerte de ser también ponente en esa ley-, aprobamos la Ley de cualificaciones y formación profesional, de conformidad con el acuerdo que se había obtenido en el sector y se había instrumentado
en el Plan sobre la formación profesional.
Prácticamente en todo el articulado -desde luego, con enorme claridad en sus siete primeros artículos-, parece que el Grupo Socialista quiere vaciar de contenido la negociación colectiva. Me gustaría que el Grupo Socialista nos dijera qué
piensa realmente al respecto. ¿Apoya la autonomía de las partes? ¿Apoya la libertad para estipular lo que le parezca correcto? En definitiva, ¿apoya la mayoría de edad de la negociación colectiva? ¿Sí o no? Si lo hace, en sus documentos -y para
quien los quiera leer a la vista están- se contradice claramente. En el artículo 9 hablan de un fondo de empleabilidad que no definen, con lo cual difícilmente podemos decir si estamos o no de acuerdo. Respecto al contrato parcial, vuelven a la
rigidez anterior en cuanto a las obligaciones formales y escriturales por el empresario relativas a las horas, que es un elemento que ha disuadido en nuestro país la contratación a tiempo parcial, que está muy distante de los promedios de las
naciones de nuestro entorno. En cuanto al crédito horario, ¿es que no se puede establecer justamente en la negociación colectiva lo que ahí plantean? Cierto es que nos sorprende la rigidez con la que tratan el contrato parcial y la flexibilidad
con la que tratan ahora el crédito horario. Pónganse de acuerdo. En cuanto a las horas extraordinarias, artículo 13 de su enmienda, volvemos a lo mismo. Nos dicen que se fijan en la negociación colectiva las horas extraordinarias que podrán
realizarse, y a continuación afirman que el Gobierno las podrá suprimir.
¿En qué quedamos?
Discriminación. ¿Pretenden que la discriminación laboral realmente se resuelva vía infracciones administrativas? ¿No es acaso mucho más clara, contundente y eficaz la labor judicial en la materia?
Despido colectivo. Convierten ustedes el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores en nueve páginas. Por cierto, hoy no se hablado prácticamente nada de eso aquí. Ponen un corsé rígido, inamovible de plazos, de formas, de trámites, de
condiciones, de límites. ¿Creen en la negociación colectiva?
Desempleo. En cuanto a las prestaciones, dejan el desempleo igual que antes de la reforma; en cuanto al subsidio, lo empeoran. Hablan de un compromiso de inserción por parte de los trabajadores de carácter voluntario. ¿Cómo se incentiva
que lo formulen? ¿Es este el modelo de la socialdemocracia alemana? No, por cierto. Hablan de una ratio de un tutor por 200 trabajadores desempleados, pero no adjuntan memoria económica. A ustedes que les gusta -y con razón- que haya memorias
económicas, nada explican al respecto. Sí es cierto que el 13 de junio el Grupo Socialista habló aquí de la necesidad de 16.000 funcionarios. Ahora, en tutores, que es el elemento nuclear que apuntan en su reforma -y también nosotros-, hablan de
200 per cápita. Pues con 7.500, dada la cifra de parados inscritos en el INEM, sería suficiente. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el resto de los 16.000? Por cierto, en Alemania, la ley que entró en vigor el 1 de enero de 2002 hablaba de 3.000
funcionarios dedicados a este fin.
Fondo de reserva. ¿Desconoce el Grupo Socialista que las prestaciones, si no hay fondos propios, están garantizadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado? Y si no lo desconocen, ¿para qué quieren estas aportaciones? Más aún,
¿de dónde van a financiar estas aportaciones? ¿Es que ahora, después de decirnos que les parece bien la bajada de impuestos, quieren subirlos para abonar estas aportaciones, en principio innecesarias? En nuestro criterio, mezclan en un totum
revolutum cuestiones diferentes: ley de dependencia, salario mínimo interprofesional, y a ello se refirió el ministro anteayer en Comisión.
Ha prometido a la Cámara escuchar a la Comisión del Pacto de Toledo, pero también traer un proyecto de ley
de dependencia. Y también ha prometido que se va a sentar a hablar del salario mínimo interprofesional a fondo.
Ahora ustedes nos manifiestan, por fin, que la reducción de jornada no se tiene que hacer por ley; aquí sí parece que creen en la negociación colectiva y nos dicen que debe hacerse por convenio colectivo.
Bienvenidos en esta aproximación
que el Grupo Socialista hace al Partido Popular, aunque a continuación, en su disposición adicional undécima, nos dicen que hay que incentivar la reducción del tiempo de trabajo para crear empleo. A nosotros no nos parece que este tipo de
bonificación o incentivación sea el camino correcto.
En los papeles del Partido Socialista también dicen: La política regresiva del Partido Popular quita la capitalización del desempleo a los autónomos. Sean sinceros, la quitaron ustedes (Rumores.). La quitó el Gobierno socialista. Y el
Gobierno Popular lo único que ha hecho en este sentido ha sido favorecer e incrementar las reducciones fiscales de quien capitalizaba el desempleo para entrar en una cooperativa o en una sociedad anónima laboral. Esto es lo que ha ocurrido. Lo
quitaron ustedes, no nos imputen a los demás sus propios actos. Ustedes plantean una enmienda de totalidad que vuelve al escenario sociolaboral anterior al año 1994. Por tanto, expliquen ante la opinión pública el porqué de este cambio con el que
quieren dar la vuelta, como un calamar, a sus actos propios. Y, por favor, sean también conscientes y responsables de sus propias actuaciones.
En relación a su enmienda y por concluir la misma, refiriéndonos a los malos tratos a la mujer -ya se ha dicho, lo dijo el ministro anteayer-, lo hicimos y lo aumentamos en la percepción del RAI, aquellas mujeres que tengan que trasladarse
para huir de esta trágica situación van a ser beneficiarias del mismo.
En cuanto a la contratación, hay que decir que es mejor la posición del PP que la que manifiesta en la enmienda de totalidad el Grupo Socialista y que, además, del trayecto que haga el Grupo Popular en el trámite parlamentario de este real
decreto, de este proyecto de ley ya, en el futuro próximo -ya lo anticipó el ministro- se ampliarán también las bonificaciones a aquellas mujeres que no estén desempleadas, a toda mujer que sea madre y pueda ser empleada en un lapso de tiempo.
Señora presidenta, me referiré muy brevemente a la enmienda de totalidad de Izquierda Unida. No estamos de acuerdo con ella, aunque por lo menos nos parece que es coherente con su trayectoria. Ustedes vienen haciendo un discurso uniforme,
cosa que no hemos observado en el discurso anterior, y he puesto algunas cuestiones encima de la mesa para evidenciar las contradicciones en que incurría e incurre el Grupo Socialista. Ustedes pretenden una separación de fuentes, pretenden que las
políticas activas sean con cargo a la imposición, y nosotros discrepamos. Paradójicamente, sin embargo, quieren que se considere al RAI como un subsidio más. Yo recuerdo que en el RAI hay beneficiarios que no han sido cotizantes y que, por tanto,
tiene un carácter más extenso que ése. Nos plantean cuestiones relativas a la formación profesional, a las que me he referido. Tenemos una ley que hay que desarrollar, hay que poner en marcha una ley que se aprobó en junio pasado, que no ha tenido
tiempo suficiente para el desarrollo reglamentario, la Ley de cualificación y formación profesional. Y en cuanto a la siniestralidad, comparto plenamente su preocupación y su sensibilidad. Hay que hacer más, y creo que el compromiso que en este
sentido expresó el ministro en la comparecencia en la Comisión, anteayer, de presidir y de involucrarse directa y personalmente en la mesa sobre siniestralidad laboral expresa una voluntad decidida de abordar
un problema, una tragedia en la que todos tenemos que combatir. Y cuando digo todos no quiero que eludamos ninguna responsabilidad, pero tampoco podemos olvidar, ni por respeto ni por exigencia, las competencias que tienen otras
instituciones en la materia, cuales son las comunidades autónomas, que tendrán que comprometerse y que tendrán que coparticipar en impulsar medidas que favorezcan la reducción de las altas tasas de siniestralidad.
Concluyo, señora presidenta. En nuestro criterio, no hay alternativa a los planteamientos de fondo que ha hecho el real decreto-ley. Nosotros vamos a continuar trabajando activamente. Nosotros creemos que el último informe de la Comisión
Europea relativo al trabajo hace una valoración positiva y comparativamente muy mejorada en relación con otros países. Es cierto que todavía nos queda mucho desempleo. Hemos bajado el desempleo a más de la mitad, pero el desempleo sigue siendo la
primera preocupación de nuestros conciudadanos. Queda un trayecto, pero la construcción de posibles acuerdos en torno a iniciativas, en torno a medidas, en torno a enmiendas no se puede fundar en la descalificación, no se puede basar en la
equivocación del diagnóstico, no se puede configurar sobre una radiografía equivocada de lo que está ocurriendo hoy en este país.
Ciertamente, no estamos creciendo lo que hace tres años, pero estamos aumentando. Hemos dejado de hablar del paro
como un elemento estructural para hablar del pleno empleo como un objetivo posible, hemos dejado de hablar de una Seguridad Social en déficit y casi en quiebra para hablar de una Seguridad Social que anticipa los superávit previstos en los planes de
estabilidad, y hemos incrementado, y deberemos seguir haciéndolo en lo posible, las pensiones mínimas, las de viudedad y las de orfandad. Hay un camino que recorrer, pero ese camino no puede ser el del endoso de la demagogia, el del olvido de los
actos propios, el de decir que lo que yo he hecho y no me gusta lo han hecho otros y el de la descalificación por la descalificación. Ahí no nos van a encontrar. Nos van a encontrar si pretenden no hacer arma arrojadiza de la política, con amnesia
sobre la realidad de lo que ocurre, y si quieren contribuir a mejorar los mecanismos que hagan posible que más ciudadanos nuestros tengan un empleo, un empleo a ser posible estable, un empleo digno que les permita contribuir plenamente a su
sociedad. Con este objetivo seguiremos las reformas y seguiremos trabajando todo el Gobierno y todo el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Azpiroz.
Vamos a iniciar la votación de las cuatro enmiendas a la totalidad de texto alternativo que han sido presentadas y debatidas. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 128; en contra, 174; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 126; en contra, 161; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la enmienda a la totalidad de texto alternativo firmada por los diputados del Grupo Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 128; en contra, 162; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda a la totalidad de texto alternativo presentada por el diputado señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 127; en contra, 162; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- AVOCACIÓN POR EL PLENO.
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Mesa de la Cámara oída la Junta de Portavoces ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación
final del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobada la propuesta de avocación.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000168.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo desea intervenir en alguno de estos convenios? (Pausa.) Procederemos, pues, a la votación
sucesiva de los mismos.
En primer lugar, acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 21 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2001, ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE COLOMBIA SOBRE GRATUIDAD DE VISADOS. (Número de expediente 110/000173.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas, de fechas 21 y 27 de diciembre de 2001, entre el Reino de España y la República de Colombia sobre gratuidad de visados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE BELARÚS AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente
110/000174.)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Belarús al convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LAS NACIONES UNIDAS, RELATIVO A LOS ARREGLOS PARA LA SEGUNDA ASAMBLEA MUNDIAL SOBRE EL ENVEJECIMIENTO Y ANEXOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 25 DE FEBRERO DE 2002. (Número de expediente 110/000175.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas, relativo a los arreglos para la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y anexos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 303; a favor, 303.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS DE 28 DE ENERO DE 2002, CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SOBRE LA PRÓRROGA DEL ACUERDO ENTRE AMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN
LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 1964. (Número de expediente 110/000178.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas de 28 de enero de 2002, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los
programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACTA DE GINEBRA DEL ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES Y REGLAMENTO DEL ACTA DE GINEBRA, HECHOS EN GINEBRA EL 2 DE JUNIO DE 1999 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE
SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000179.)
La señora PRESIDENTA: Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales y reglamento del Acta de Ginebra, hechos en Ginebra el 2 de julio de 1999, y Declaración que España va a
formular en el momento de su ratificación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; votos a favor, 304.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA, RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES ENTRE AMBOS ESTADOS, HECHO EN MADRID EL 23 DE ENERO DE 2002. (Número de expediente 110/000180.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y Rumanía, relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales entre ambos Estados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
-ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE ESPAÑA Y JAMAICA, HECHO EN KINGSTON EL 13 DE MARZO DE 2002. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 110/000181.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Jamaica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 296; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las once y diez minutos de la mañana.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' núm. 183, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el martes, 10 de septiembre de 2002, en la intervención de la Diputada del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) señora Uría Etxebarría
sobre medidas para coordinar actuaciones ante brotes de legionelosis -página 9175, segunda columna, línea 14-, figura 'La idea de la omisión de expertos y del libro blanco...', cuando debería decir 'La idea de la comisión de expertos y del libro
blanco'.