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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 178, de 27/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 178
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 172
celebrada el jueves, 27 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado ... (Página 8884)
- Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre). 'BOCG, Congreso de los Diputados', serie A, número 67-1, de 15 de febrero de
2002. (Número de expediente 121/000067.) ...
(Página 8884)
- Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 'BOCG, Congreso de los Diputados', serie A, número 68-1, de 22 de febrero de 2002. (Número de expediente 121/000068.) ...
- Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, sección sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la Presa de Tous. 'BOCG, Congreso de los Diputados', serie
A, número 91-1, de 12 de abril de 2002. (Número de expediente 121/000091.) ...
(Página 8902)
- Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. 'BOCG, Congreso de
los Diputados', serie B, número 223-1, de 25 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000199.) ... (Página 8903)
- Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del
procedimiento abreviado. (Número de expediente 122/000227.) ... (Página 8903)
Votación de conjunto ... (Página 8920)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. 'BOCG, Congreso de los Diputados', serie A,
número 96-1, de 5 de junio de 2002. (Número de expediente 121/000096.) ... (Página 8920)
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de los no Residentes. 'BOCG, Congreso de los Diputados', serie
A, número 96-1, de 5 de junio de 2002. (Número de expediente 121/000096.) ... (Página 8953)
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones:
- Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público. (Número de expediente
154/000004.) ... (Página 8953)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002.
Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A (Cg), número 294, del 8 de mayo de 2002.
(Número de expediente 110/000169.) ... (Página 8961)
- Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002. Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A (Cg), número 295, del 8 de
mayo de 2002. (Número de expediente 110/000170.) ... (Página 8961)
- Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002. Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A (Cg), número 296, del 8 de
mayo de 2002. (Número de expediente 110/000171.) ... (Página 8961)
- Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, y acta final aneja, hecho en Luxemburgo el 9 de abril de 2001. Boletín
Oficial de las Cortes Generales, serie A (Cg), número 297, del 8 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000172.) ... (Página 8962)
- Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y sobre el Fondo de investigación del carbón y del acero, hecho
en Bruselas el 27 de febrero de 2002. Boletín Oficial de las Cortes Generales, serie A (Cg), número 303, del 20 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000176.) ... (Página 8962)
- Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, y acta final aneja, hecho en Luxemburgo el 29 de octubre de 2001.
Boletín Oficial de las
Cortes Generales, serie A (Cg), número 304, del 20 de mayo de 2002. (Número de expediente 110/000177.) ... (Página 8962)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 8884)
Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre) ... (Página 8884)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Ruiz López
(don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Merino Delgado, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
La señora López i Chamosa solicita la palabra en base al artículo 71.3 del Reglamento, que le es denegada por la Presidencia.
Se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible (procedente dicho Proyecto de Ley del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre,
que son aprobadas.
Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico ... (Página 8891)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Pleguezuelos Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor Merino Delgado solicita la palabra en base al artículo 71.3 del Reglamento, que le es denegada por la Presidencia.
Termina el turno de fijación de posiciones con la intervención del señor Moreno Bonilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que son aprobadas.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas ... (Página 8902)
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, seccion sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la Presa de Tous ... (Página
8902)
Se somete directamente a votación el referido dictamen, que es aprobado por 292 votos a favor.
Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado ...
Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento
abreviado ... (Página 8903)
En defensa de las enmiendas presentadas a las dos Proposiciones de Ley intervienen los señores Puigcercós i Boixassa, que da por defendidas las enmiendas de la señora Lasagabaster Olazábal, ambos del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López y Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Se procede a la votación de las enmiendas y el dictamen de la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de
modificación del procedimiento abreviado.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas y el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica complementaria a la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinado delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Votación de conjunto ... (Página 8920)
Sometida a votación de conjunto, por tener carácter orgánico, la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, se aprueba por 291 votos a favor, uno en contra y siete abstenciones.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 8920)
Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes ... (Página 8920)
Presenta el Proyecto de Ley el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero), en nombre del Gobierno. Manifiesta que es una satisfacción para él traer a la Cámara un Proyecto de Ley de Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas que baja los impuestos a todos los ciudadanos y confía en que, tras ser rechazadas las enmiendas a la totalidad, en la tramitación parlamentaria se perfeccione el articulado del Proyecto de Ley. Afirma que esta reforma, que es la reforma
que propuso el Partido Popular en el programa político que mereció el apoyo de la mayoría de los electores hace dos años y la que anunció el presidente Aznar en el debate de investidura, es posible gracias al déficit cero, porque con las cuentas
públicas en equilibrio se aumenta el margen para bajar los impuestos. Explica el contenido del Proyecto de Ley, remarcando que el proyecto contiene una reforma estructural bien clara a favor del empleo, sobre todo de las mujeres, medidas de
estímulo del ahorro a largo plazo para consolidar nuestra convergencia real con la Unión Europea, nos acerca al pleno empleo y garantiza el futuro de la protección social, además de responder a otras demandas sociales prioritarias como el apoyo a
las familias, la atención a los niños pequeños y a las personas mayores, los parados de larga duración y los discapacitados. El Gobierno, propone bajar aún más los tipos impositivos, aumentar los mínimos personales y familiares y mejorar el
tratamiento de los rendimientos del trabajo y del ahorro; el impuesto, añade, será más equitativo porque se aumenta su progresividad y saldrán beneficiados los ciudadanos con menores ingresos o con mayores cargas familiares.
En defensa de las enmiendas a la totalidad intervienen los señores Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Rodríguez Sánchez, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, y
Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica el señor ministro de Hacienda, duplicando los señores Frutos Gras, Rodríguez Sánchez, Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Labordeta Subías y Sevilla Segura.
Interviene de nuevo el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución de los Grupos Parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida y Socialista al Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la
que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de los no Residentes, son rechazadas por 100 votos a favor, 168 en contra y tres abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 8953)
Del Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de los no Residentes ... (Página
8953)
Se aprueba por asentimiento la propuesta de avocación acordada por la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces.
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones ... (Página 8953)
Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público ...
La señora Riera i Reñé presenta el Informe de la Subcomisión, cuyas conclusiones fueron aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda.
En defensa de los votos particulares presentados intervienen los señores Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, y Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) y Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, es rechazado por 84 votos a favor, 157 en contra y una abstención.
Asimismo es rechazado el voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por 85 votos a favor, 157 en contra y una abstención.
Finalmente se aprueba el acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Informe de la Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público por 157
votos a favor y 86 en contra.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 8960)
Intervienen, en turno de fijación de posiciones, la señora García Arias, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002 ... (Página 8961)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores, es aprobado por 238 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002 ... (Página 8961)
Sometido a votación el texto del dictamen es aprobado por 241 votos a favor y una abstención.
Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid el 18 de febrero de 2002 ... (Página 8961)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 240 votos a favor.
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la ex República Yugoslava de Macedonia, por otra, y acta final aneja, hecho en Luxemburgo el 9 de abril de 2001 ...
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 241 votos a favor.
Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y sobre el Fondo de investigación del carbón y del acero, hecho en
Bruselas el 27 de febrero de 2002 ... (Página 8962)
Sometido a votación el texto del dictamen, es aprobado por 239 votos a favor y una abstención.
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, y acta final aneja, hecho en Luxemburgo el 29 de octubre de 2001 ...
Sometido a votación el texto del dictamen de la Comisión, se aprueba por 239 votos a favor.
Se levanta la sesión a las seis y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 16/2001, DE 27 DE DICIEMBRE). (Número de expediente 121/000067.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado. Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a pronunciarme muy brevemente en nombre del Bloque Nacionalista Galego sobre las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, enmiendas que sustancialmente no
varían el contenido del texto que salió en su momento del Congreso y sobre el que ya nos manifestamos en los distintos debates que tuvieron lugar en esta Cámara, en los que dejamos constancia de que tenemos una opinión globalmente negativa de este
proyecto de ley, aunque el texto contenga algunos elementos aislados de mejora respecto a lo que existe en la actualidad. Nosotros consideramos que las medidas que se proponen buscan la disminución de las cotizaciones empresariales y del gasto
social, a la par que incrementarán las dificultades de los jóvenes para acceder a un puesto de trabajo.
En nuestra opinión, la enmienda introducida por el Senado al artículo 10, que suprime el tope del 110 por ciento en la base reguladora, fomenta la permanencia de algunas personas en su puesto de trabajo bastante más allá de los 65 años, por
decirlo de alguna manera, hasta que el cuerpo aguante y, francamente, pensamos que no es un modelo a potenciar. Por otro lado, la disposición adicional primera, referida a los trabajadores minusválidos, nos parece positiva, así como también la
segunda, puesto que, aunque lo hace de forma limitativa, mejora la situación de los trabajadores discapacitados en lo relativo a la incapacidad permanente.
En cualquier caso, insisto en que nuestra valoración del proyecto sigue siendo negativa, el
cual sin duda está enmarcado en el esquema político del Gobierno, empeñado en reformar el marco regulador de las relaciones laborales en un sentido regresivo, por cierto cada vez peor para los trabajadores y trabajadoras.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, egunon, buenos días.
En nuestra anterior intervención con motivo del debate de esta ley en esta Cámara ya recalcamos que somos plenamente conscientes de que el Estado tiene plena competencia en esta materia y que las comunidades autónomas actúan en un ámbito
bastante restringido de ejecución en materia laboral.
Aún así, en el trámite del Congreso introdujimos una sola enmienda de corte competencial que permitiera gestionar los programas de las políticas activas de empleo que articulan incentivos a
través de bonificaciones. Y en el trámite del Senado introdujimos otras dos, referidas a temas del régimen especial del mar y de asimilación en su caso, fundamentalmente para que permitieran la permanencia en un sector que ya está suficientemente
descapitalizado de titulados náuticos y pesqueros, necesarios y a veces escasos.
Me dirijo al Partido Popular, que viene ejerciendo repetida y significativamente su derecho democrático con prepotencia y con el convencimiento de que su verdad es única. El PP vuelve a no admitirnos ninguna enmienda ni en el Congreso ni en
el Senado y esta es una actitud que difícilmente puede contar con el apoyo de mi grupo, el Grupo Parlamentario Vasco.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, con respecto a este punto, mi grupo va a votar a favor de todas las enmiendas que han sido presentadas, en la medida en que se han introducido una serie de correcciones relativas a la jubilación
anticipada -creo que utilizo el término correcto- y han sido adecuadas al texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con la cual tenemos que mantener una línea de concordancia. Asimismo, es importante la protección que se
da a las personas discapacitadas para que puedan acogerse a la jubilación anticipada. Por todas estas razones, señora presidenta, vamos a votar favorablemente este texto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, lo primero que debemos hacer en este momento es felicitar a los sindicatos y a los trabajadores por haber tenido la fortuna de firmar el acuerdo en el que se apoya este decreto antes de que se iniciara la fase de radicalidad
derechista del Gobierno y antes de que se cancelara el diálogo y la concertación social definitivamente. En su momento tuvimos oportunidad de señalar que el reconocimiento de la jubilación flexible a partir de los 60 años es seguramente el mayor
logro sindical incluido en el acuerdo. Desde hace tiempo, existe una muy fuerte presión desde lugares muy influyentes para elevar la edad ordinaria de jubilación por encima de los 65 años. Por ejemplo, no debe olvidarse que, con respecto a las
pensiones, el Gobierno español lideró los objetivos más insolidarios de la pasada cumbre de Barcelona, orientando sus resultados hacia medidas que dificultan la jubilación anticipada y alargan la edad de jubilación.
La actual actitud del Gobierno
no sólo ha dinamitado el diálogo social o puesto en peligro los consensos españoles y europeos en torno a la estrategia de Lisboa, sino que tenemos la impresión de que se ciernen nuevas sombras sobre el desarrollo del Pacto de Toledo, habida cuenta
de la radicalidad derechista, neoliberal y conservadora con la que el Gobierno aborda los asuntos de las prestaciones y la protección social, donde prima el ideologismo primario sobre el conocimiento solvente de la realidad española.
Como en el caso de las prestaciones por desempleo, esta también es la política que se viene siguiendo en los diversos recortes de las pensiones que se vienen aplicando en España y que mucho nos tememos que anuncian algo que podría ser otro
decretazo en las materias reguladas por el Pacto de Toledo. Los pensionistas de hoy son posiblemente afortunados receptores de un notable esfuerzo sindical y, por qué no decirlo, de un período político donde la derecha necesitaba acumular gestos
centristas antes de abordar su ofensiva contra los trabajadores y trabajadoras de este país. Esta contradicción entre el acuerdo firmado y la voluntad política real de la derecha nos ofrece una regulación que adolece de serias sombras en lo que se
refiere a las carreras profesionales y a las pensiones de los trabajadores más jóvenes. Esta dificultad de planificar a plazo crea una cultura de inseguridad que lesiona muchos derechos de los trabajadores actuales. Estas sombras y algunas otras
no se han aclarado en el debate de conversión del decreto original en ley, pero fundamentalmente cabe decir que las dudas que se generan tienen que ver, por una parte, con la actitud contradictoria del Partido Popular respecto al Pacto de Toledo y,
por otra parte, con la contradicción de la derecha entre sus gestos políticos a corto plazo y su política económica, que no sólo no apuesta por el futuro sino que aboca a las próximas generaciones a tener notables dificultades. De hecho, se
compadecen con medidas que se presentan como fruto del acuerdo social, con políticas de reforma unilateral del mercado de trabajo, con el desempleo y con la desidia respecto a la situación del empleo o la escasa consideración que suponen los asuntos
sociales en sus recientes esfuerzos de liderazgo europeo e incluso universal.
Señorías, en el campo que nos reúne hoy existen evidentes posibilidades de mejora y aspectos cuestionables, pero al final esas dudas nos remiten a la voluntad política de la cohesión social. Una voluntad política que, con demasiada
frecuencia, percibimos que está lastrada por los prejuicios políticos radicalmente liberales de los que el Partido Popular hace gala en su política social y económica. En todo caso, el acuerdo que sustancia este decreto que hoy se va a convertir en
ley ha conseguido un nuevo derecho de jubilación anticipada para la mayoría de los trabajadores.
Probablemente nos encontremos ante una de las últimas oportunidades para la afirmación del derecho a reducir la vida laboral y a acompasar el tiempo de
trabajo a las nuevas condiciones tecnológicas y productivas. En su momento señalamos que el acuerdo alcanzado era posiblemente la última posibilidad de conseguir este nuevo derecho, pero después de lo que ha llovido y de la descarada
ruptura del diálogo social impulsada por el Gobierno tiene más valor todavía. Aquel acuerdo y esta ley tratan de interpretar la recomendación 10.ª del Pacto de Toledo. Sobre este pacto existen, señorías, demasiadas presiones que a veces
tienden a desnaturalizar aquel acuerdo, que por cierto es bastante limitado en algunos aspectos. De hecho, las enmiendas vuelven a insistir en la compensación del seguimiento de la recomendación 10.ª con el estímulo a la prolongación voluntaria de
la vida laboral, exonerando de cotizaciones a los mayores de 65 años o prolongando más allá de esta edad la compatibilidad de la pensión y el salario en contratos de relevo. En una palabra, esto de poner una vela a Dios y otra al diablo es lo que
generaba dudas, en su momento, sobre las convicciones profundas del Partido Popular y su respeto al Pacto de Toledo. Dudas que se agrandan cuando no deja de escucharse que el acuerdo no es sino una tregua hasta el año 2003, cuando se escuchan
algunas ideas surgidas de la cumbre de Barcelona o cuando se padece una intoxicación informativa como la que nos ha regalado el Gobierno días atrás.
Tenemos la obligación de volver a recordar a la Cámara que debe considerarse el efecto de la precariedad en el empleo sobre la materia que estamos tratando. Es evidente que en el caso de mantenerse en el tiempo la excesiva temporalidad, la
influencia negativa en la presión percibida se manifestará de forma significativa dentro de 20 años.
Podríamos decir que, si existiese voluntad política, dispondríamos de posibilidades para prevenir y corregir los potenciales efectos negativos de
esta regulación. Este período de 20 años nos permite actuaciones políticas y económicas, pero debemos empezar desde hoy a garantizar a los ciudadanos y ciudadanas sus condiciones para acceder al gasto mediante políticas que afronten seriamente el
problema de la precariedad en el empleo.
Para concluir, resulta evidente que los gestos presentes del Gobierno respondiendo a las demandas de los sindicatos no se trasladan a las generaciones futuras mientras se desregula y precariza el mercado de trabajo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en este último trámite del proceso parlamentario de tramitación del proyecto de ley de jubilación gradual y flexible. Y lo hago desde la satisfacción de ver
cómo dos cuestiones que, a lo largo de todo este proceso, Convergència i Unió ha planteado han encontrado respuesta en el trámite del Senado y, finalmente, en el trámite de esta mañana, como son la adaptación de nuestro sistema de jubilación a las
necesidades de los trabajadores que padecen algún tipo de discapacidad.
Desde la convalidación del real decreto del que deriva este proyecto de ley, Convergència i Unió ya anunció su voluntad de aprovechar su tramitación parlamentaria para resolver algunas cuestiones que en el marco del diálogo social, en el
marco del acuerdo al que llegó el Gobierno con Comisiones Obreras y la CEOE, no habían quedado resueltas.
Nuestro propósito se concretó en enmiendas que presentamos al proyecto de ley que, por desgracia, fueron rechazadas en los trámites de
ponencia, Comisión y Pleno, pero que a través de enmiendas que propuso el Grupo Popular en el Senado encontraron solución. Por tanto, nuestra primera valoración del texto que nos llega del Senado es extremadamente positiva.
El texto que vamos a votar incorpora dos cuestiones clásicas, que son viejas reivindicaciones de los sectores sociales que representan al mundo de la discapacidad. En primer lugar, el proyecto de ley incorpora una disposición adicional
primera que reconoce el acceso a la jubilación anticipada a los trabajadores discapacitados, reconociendo sus dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo en una vida laboral completa como el resto de los trabajadores. En concreto, el
texto de la disposición adicional primera, que se incorpora como un párrafo añadido al artículo 161 de la Ley General de la Seguridad Social, afirma que: De igual modo, la edad mínima a que se refiere el párrafo a), del apartado anterior, podrá ser
reducida en el caso de personas minusválidas en un grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento en los términos contenidos en el correspondiente real decreto acordado a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta disposición
adicional primera, señorías, da respuesta a esa demanda de los trabajadores discapacitados de que exista la posibilidad de jubilarse anticipadamente.
Sitúa un límite, el 65 por ciento -la propuesta inicial de Convergència i Unió era mucho más
amplia, pero nos parece que es un límite razonable; en todo caso, el tiempo nos dirá si debemos modificarlo-, y deja en manos del Gobierno, y esperemos que del diálogo social y cívico con los grupos sociales implicados en esta cuestión, que esta
realidad pueda tener una concreción y una adaptación que responda a una panoplia de situaciones muy amplia en este ámbito.
En segundo lugar, el texto que hoy votamos incorpora una disposición adicional segunda, que supone añadir un nuevo párrafo, en este caso al artículo 136 de la Ley General de la Seguridad Social, en los siguientes términos. Dice así: Las
reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del interesado a la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de incapacidad permanente cuando se trate de personas minusválidas y, con posterioridad a
la afiliación, tales reducciones hayan acabado provocando
por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación. Este texto, señorías, reconoce el acceso a la situación de
incapacidad permanente para los trabajadores que padecen alguna minusvalía. Se trata de otra vieja reivindicación, que ha tenido además un itinerario jurisprudencial muy diverso, pero que en definitiva acaba con una discriminación hasta ahora
existente: personas minusválidas que veían que su situación se deterioraba y no podían ver reconocido por la Seguridad Social ese mayor agravamiento de la misma, del que se debería haber derivado el acceso a un mayor nivel de protección social,
como es la incapacidad permanente. Además, es una cuestión sobre la que los tribunales se han tenido que pronunciar en diversas ocasiones con diferentes sentencias y que con el texto que se aprobó en el Senado clarificamos de manera definitiva.
Estas dos medidas suponen el fin de las situaciones de trato discriminatorio que padecían los trabajadores discapacitados. Con el acceso a la incapacidad permanente y con la jubilación anticipada les garantizamos un trato de efectiva igualdad,
porque situaciones diferentes exigen planteamientos legales diferentes. Hoy nadie puede pensar que muchas personas con discapacidades psíquicas o físicas puedan permanecer hasta los 65 años en el mercado de trabajo. Hay que adaptar el tratamiento
de la situación a sus peculiaridades específicas y esperamos que el real decreto que deberá aprobar el Gobierno responda a esta demanda.
En tercer lugar, señorías, estas dos modificaciones van a suponer un nuevo estímulo para la incorporación de personas con discapacidad al mercado de trabajo. Hoy hay cerca de 400.000 personas discapacitadas en tramos de edades en los que
podrían ejercer ese derecho al trabajo. Con estas dos medidas creamos un marco de protección social que va a permitir esa mayor incorporación al mercado de trabajo.
En esta misma línea voy a añadir dos consideraciones más. En primer lugar, en nuestra realidad social, en el ámbito de la discapacidad, se empiezan a configurar situaciones que exigen tomar medidas como éstas. El Grupo Socialista ha
planteado algunas iniciativas en este sentido, tanto en la Comisión de Política Social como en la Comisión de Sanidad. El reconocimiento de la existencia del denominado síndrome post-polio puede encontrar en este reconocimiento de la incapacidad
permanente parte de las soluciones que esta nueva situación nos exige, además de un mayor nivel de protección para estas personas en la línea de lo que la Comisión Europea ha planteado recientemente. También hay que dar respuesta, por ejemplo, a
las situaciones de envejecimiento que se están produciendo en buena parte de los centros especiales de trabajo de Cataluña. Existen plantillas de trabajadores discapacitados que llevan ya un tiempo importante en el mercado de trabajo y que hoy
están planteando procesos de prejubilación. Estos trabajadores y sus empresas se encontraban en situaciones muy complicadas por la falta de un marco legal que reconociese este derecho a la jubilación anticipada.
Nuestra valoración, por tanto, es positiva. Eso sí, lamentamos tres cosas en el trámite parlamentario de esta ley. En primer lugar, lamentamos que en el trámite del Senado no se haya reconocido una de las enmiendas que planteábamos, que
era la compatibilidad entre una prestación no contributiva y un empleo remunerado. Nos parecía que era una medida que iba a estimular más aún la presencia de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. Esperamos que en la tramitación del
Real Decreto de reforma del desempleo esta enmienda pueda ser aprobada por la mayoría de la Cámara. En segundo lugar, lamentamos que estas enmiendas tuvieran que esperar a ser resueltas en el Senado, porque nos consta que las hubiésemos podido
resolver en el Pleno de esta Cámara, antes de la remisión del texto al Senado. Y finalmente, lamentamos que el texto no reconozca el derecho a la jubilación anticipada de los trabajadores autónomos. Son tres cuestiones que entendemos que hubiesen
podido tener solución en otro trámite parlamentario, pero hoy preferimos destacar lo positivo, que con este trámite parlamentario los trabajadores discapacitados ven reconocidas dos de sus principales reivindicaciones: el derecho a la jubilación
anticipada y la posibilidad de acceder a una situación de incapacidad permanente. Creo que nos debemos felicitar todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos hoy en el trámite final de la ley de jubilación flexible, la 16/2001. El Senado ha introducido once enmiendas, de las cuales nueve suponen cambios de nombres y cambios técnicos, que no sé si la empeoran, pero que
ni mejoran ni varían la ley. Las dos enmiendas a las disposiciones finales primera y segunda, que se refieren a la posibilidad de acceder a una jubilación más accesible a las condiciones de los discapacitados, nuestro grupo las va a apoyar porque
creemos que son dos enmiendas importantes que vienen a mejorar las condiciones de unas personas que realmente necesitan ese reconocimiento.
Lo que demuestran estas dos enmiendas es -diría yo- la actitud del Grupo Parlamentario Popular, porque estas mismas enmiendas fueron presentadas en el trámite parlamentario en esta Cámara, en ponencia y después en Comisión y Pleno, por el
Grupo de Convergència
i Unió, y no fueron aceptadas. Nosotros las apoyamos entonces y lógicamente las apoyamos ahora, aunque hayan sido presentadas por otro grupo parlamentario.
El pasado día 11 y en esta Cámara, haciendo referencia al decretazo, al decreto de la reforma laboral, al que ha dado lugar a la huelga general, el señor Azpiroz nos decía que el Partido Popular ofrecía tramitar ese decreto como proyecto de
ley y que entonces todos los grupos parlamentarios, todas las formaciones, podíamos presentar enmiendas y mejorar ese decreto. Pues bien, la prueba evidente de que eso no sirve absolutamente para nada es la ley a la que hoy vamos a dar trámite
final aquí, porque esta ley también proviene de un decreto-ley, que posteriormente se ha convertido en un proyecto de ley y que ha seguido todo ese trámite. Y en todo ese trámite no se ha admitido por parte del Grupo Popular ni una sola enmienda de
ningún grupo parlamentario. Es más, alguna enmienda de algún grupo parlamentario, como acabo de decir, en vez de ser aceptada en este trámite parlamentario, la recogen en el Senado y la presenta el Grupo Popular. Señorías, creo que eso, una vez
más, es un ejemplo de la prepotencia y el abuso que el PP hace de su mayoría absoluta.
Les decía yo el otro día, señorías, que, desde la legitimidad democrática que tienen ustedes, están convirtiendo su hacer parlamentario en un absolutismo, en una forma dictatorial de hacer las cosas según la cual o tomamos lo que nos
plantean o no hay ninguna otra posibilidad. Repito, esta ley, que está hoy en la fase final de su tramitación, es el ejemplo claro de esa prepotencia y de esa actitud que el Partido Popular tiene en los últimos tiempos. No han admitido ni una sola
de las enmiendas.
Les vuelvo a preguntar lo mismo que he dicho durante todo el trámite de esta ley. ¿Por qué una ley que crea tantas desigualdades entre trabajadores que son mutualistas y trabajadores que no lo son? ¿Por qué al jubilarse anticipadamente
tiene que haber tantas diferencias entre una persona que haya estado afiliada a la Seguridad Social el 1 de enero de 1967 o el 31 de diciembre de 1966? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué no una misma ley que englobe todas las jubilaciones y todos
los trabajadores sepan que hay una ley a la que se acogen para jubilarse? ¿Por qué los coeficientes reductores no se pueden aplicar a todos aquellos prejubilados que reúnan las condiciones que establece la ley? ¿Por qué tenemos que tener a
colectivos de prejubilados reclamando (hoy están en Madrid manifestándose) que se les apliquen unas condiciones que con esta ley se les van a aplicar a otros? ¿Por qué esas diferencias? ¿Por qué no han querido recoger la posibilidad de la
jubilación anticipada para los trabajadores autónomos con las condiciones que se determinen? ¿Por qué no? Repito, señorías, porque su prepotencia y su absolutismo les llevan a creer que sólo ustedes tienen la razón. Es más, aun a sabiendas de que
han cometido errores, son incapaces de reconocerlo y rectificar.
Estamos hablando de una ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible y resulta que el decretazo contiene un artículo mediante el cual las personas mayores de 52 años que cobren indemnización no podrán
acceder al subsidio. Por lo tanto, esas personas ya no van a poder jubilarse anticipadamente. ¿Sabe cuál es la consecuencia directa, lo que está pasando ya en las empresas? Que los despidos improcedentes ya están creciendo. ¿Por qué? Porque las
empresas no están utilizando los expedientes para jubilar anticipadamente porque saben que no cuentan con los mayores de 55 años. Eso es lo que ya tienen ustedes como efecto del decretazo, eso es lo que están haciendo.
Dicen que quieren prolongar la vida laboral, pero a aquel trabajador que quiere seguir trabajando más allá de los 65 años le dicen: Tú sigue trabajando, pero dos cosas, si te sobreviene una incapacidad o una invalidez total, tú no vas a
cobrar lo que va a cobrar un trabajador en activo, que es el 150 por ciento de tu base, vas a pasar directamente a la jubilación. Por lo tanto, le decimos: Sigue trabajando, pero -¡ojo!- no tendrás todas las condiciones de un trabajador en activo.
Señorías, después, aplicamos unos coeficientes para aquella gente que se quiere jubilar anticipadamente. Le decimos: Por cada año que quieras anticipar tu jubilación, un 6 ó un 7 por ciento; por cada año que sigas trabajando, un 2. No
vale lo mismo anticipar un año la jubilación que seguir trabajando un año más, es decir, esta ley penaliza todo aquello que dice perseguir.
Esta ley, señorías, legisla contra el Pacto de Toledo porque contiene (y en el Senado han introducido más todavía) exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, cuando ustedes saben que el Pacto de Toledo prohíbe, en ese contexto,
que las cotizaciones sociales se usen para otros fines que no sean los sociales.
Señorías, aquí damos paso a una ley que crea un montón de desigualdades entre la gente a la hora de jubilarse, sea mutualista o no; que perjudica o penaliza a aquellos trabajadores que quieran prolongar su vida activa más allá de los 65
años, y que abre la puerta -y esto sí que es muy grave- a que nuestro sistema de reparto se convierta en un sistema de capitalización al devolver a los empresarios en caso de fallecimiento las cotizaciones que estos hayan abonado a la Seguridad
Social. Es evidente que esto es legislar contra el Pacto de Toledo y contra sus recomendaciones.
Malo era el decreto cuando llegó a esta Cámara y mala va a ser la ley. No hay más realidad que aquella que se impone. Ustedes van a sancionar hoy aquí una ley que no sirve para el objetivo que dice perseguir, penaliza a aquellos
trabajadores que quieran cumplir el objetivo de la ley, legisla contra el Pacto de Toledo y crea desigualdades entre unos y otros jubilados. ¿Saben lo que va a suceder? Que a través de la negociación
colectiva, de los convenios y de las reivindicaciones, les guste o no, estas leyes van a tener que cambiarse. Señorías, les digo lo mismo con respecto al decretazo. Les guste o no, la negociación, el éxito de la huelga y el éxito de las
reivindicaciones harán que a la fuerza tengan que cambiar todo aquello que realmente perjudica a los trabajadores.
Lamento profundamente que no esté el ministro de Trabajo para decirle que los empresarios siempre nos pagan a los trabajadores descontándonos y despidiéndonos, pero a ustedes les pagan los favores que les hacen, como el decretazo, como han
hecho en esta huelga, amenazando a los trabajadores y mintiendo sobre la gente que ha ido a la huelga.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, termina hoy la tramitación parlamentaria de este importante proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. El debate en el Congreso y en el Senado ha sido enriquecido por las
aportaciones y las opiniones de todos los grupos parlamentarios. Sin duda, se trata de un proyecto de ley con el que el Gobierno de la nación viene a dar cumplimiento a un acuerdo social, el del año 2001, uno de tantos porque creo que son 12 a los
que ha llegado este Gobierno con empresarios y sindicatos. Es verdad que ningún Gobierno anterior había llegado a tantos acuerdos sociales como éste y es verdad también que este acuerdo ha venido a dar respuesta a muchas de las conclusiones del
Pacto de Toledo. Por tanto estamos ante un compromiso cumplido por este Gobierno, mal que les pese a ustedes.
Se trata de un compromiso que va a suponer una novedad en el derecho europeo, pero sobre todo va a suponer un beneficio muy importante para miles y miles de trabajadores y de pensionistas españoles. Abre nuevas vías para alargar la vida
laboral, de forma que la sociedad española pueda aprovechar la experiencia de muchos trabajadores que queriendo seguir trabajando no pueden llegar a hacerlo al llegar a los 65 años. Es un texto equilibrado porque compatibiliza con moderación el
incremento anual de la base reguladora de la pensión y los costes derivados de esa medida y de las exenciones en las cuotas empresariales de la Seguridad Social para todas aquellas empresas que contraten o continúen con trabajadores mayores de 60
años.
El texto incluye también un importante apartado dedicado a la protección social de trabajadores minusválidos y de las mujeres, colectivos especialmente protegidos por la nueva ley para fomentar su incorporación al empleo. En este sentido,
se han aprobado dos enmiendas en el Senado que vienen a mejorar la situación de los trabajadores minusválidos y que coinciden con otras similares del Grupo de Convergència i Unió, que desde el principio planteó ya en esta Cámara enmiendas que
consideramos constructivas; por ello han sido reconocidas y, en algún caso, transaccionadas en el Senado.
La mayoría de las enmiendas presentadas por los grupos y que han sido similares en ambas Cámaras no responden a lo que el acuerdo social del año 2001 entre Comisiones, empresarios y Gobierno preveía. Se ha dicho por algunos grupos que sus
enmiendas mejoran sustancialmente los contenidos económicos de ese acuerdo, pero también es verdad que precisamente no pueden aceptarse por el coste que esas enmiendas supondrían para el sistema, más de 100.000 millones de pesetas al año.
Eso queda
muy bien de cara a la galería, pero no es compatible con un equilibrio económico que debe presidir todo lo relativo al sistema de Seguridad Social. Debemos saber equiparar costes con mejoras de prestaciones para los trabajadores y ese era
precisamente el espíritu del acuerdo social del año 2001.
¿Cuáles son los objetivos de este proyecto de ley? En primer lugar, flexibilizar la edad de jubilación y prolongar la edad laboral. En segundo lugar, hacer compatible trabajo y pensión reformando la jubilación parcial. En tercer lugar,
bonificar cuotas de la Seguridad Social a los empresarios que contraten como fijos a mayores de 60 años.
En cuarto lugar, exonerar de la cuota empresarial a los mayores de 65 años con 35 años de cotización que sigan voluntariamente en la empresa.
También facilita el acceso a la incapacidad permanente a mayores de 65 años. No se extingue el derecho de subsidio de desempleo a mayores de 52 años, aunque lleguen a la edad de cobrar pensión. Pretende también mejorar la pensión por encima del
cien por cien de la base reguladora a mayores de 65 años con 35 años de cotización, a razón del 2 por ciento por año de trabajo. Permite el acceso a la jubilación a partir de los 60 años. Permite el acceso a la jubilación anticipada a partir de
los 61 años para los afiliados al régimen de Seguridad Social a partir de 1967 y desincentiva y limita el uso de la prejubilación abusiva.
Finalmente, las enmiendas presentadas por el Partido Popular, una de ellas objeto de transacción, pretenden como he dicho y como ya se hiciera también en esta Cámara, mejorar el texto y aclarar determinados aspectos que pudieran dar lugar a
interpretaciones erróneas o confusas. Las enmiendas presentadas con los números 66 y 67 quedan configuradas como disposición adicional primera y disposición adicional segunda. La disposición adicional primera viene a corregir una injusticia social
que ningún Gobierno socialista fue capaz de resolver: reducir la edad de jubilación a los minusválidos. La disposición adicional segunda pretende la plena integración laboral de las personas afectadas
por una discapacidad, permitiendo que la calificación de la incapacidad permanente se verificase ateniéndose al estado real del interesado en el momento del hecho causante. Qué pena que el Partido Socialista tampoco resolviese esta
cuestión. Mientras la señora López i Chamosa se pasa los días trabajando en la preparación de la huelga general, no se preocupa de lo más importante, no se preocupa de los minusválidos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Es más
importante hacer piquetes y recorrer los bares, por ejemplo, los bares próximos al Congreso de los Diputados, celebrando otra noche de los cristales rotos en lugar de preocuparse de los minusválidos. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian
palabras que no se perciben.)
Señora portavoz del Grupo Socialista, hay una diferencia entre este decreto ley y el decreto-ley de reforma laboral ¿Sabe cuál es la diferencia? El acuerdo social del que procede, un acuerdo que ustedes no quisieron firmar, pero que
firmaron Gobierno, sindicatos y Comisiones Obreras, un acuerdo importante porque resolvía un problema secular de los minusválidos que ustedes nunca quisieron resolver. Por eso, no entiendo por qué dice usted que va en contra del Pacto de Toledo por
destinar los excedentes a bonificaciones o exenciones si se trata de crear empleo. Por cierto los piquetes cobrarán por ese día y los trabajadores a quienes los piquetes impedían entrar a trabajar no cobrarán por ese día. (Aplausos.)
Señora portavoz del Partido Socialista, nosotros vamos a cumplir con los minusválidos y usted no ha cumplido porque, cuando ha tenido ocasión de legislar para ellos, no lo hizo. Aunque me ha dicho que a lo mejor votan esta enmienda, ustedes
se oponen a todas y cada una de las normas que prevé este proyecto de ley, que están basadas en el acuerdo y en el consenso social, porque ustedes se oponen a cualquier reforma que se plantee en este momento si no la proponen ustedes; si la
proponen ustedes, entonces vale; si lo hacen los demás, no vale. Allá ustedes por oponerse a estas reformas; desde lugo, mi grupo va a votar a favor de esta ley que introduce mejoras sociales desconocidas hasta hoy. Siento que ustedes no lo
reconozcan, no las voten, no las acepten porque fomentar el empleo para quienes más lo necesitan, abrir nuevas oportunidades a muchos que ya creían acabada su vida laboral es bueno, es positivo.
Ustedes en absoluto son reformistas, y por eso, porque están en contra de cualquier reforma laboral que se plantee aquí, es por lo que ha apoyado usted con su piquete informativo la huelga, lo mismo que va en contra de estas reformas tan
importantes que hoy se ven aquí. Está en contra de cualquier decreto ley, está en contra de cualquier proyecto de ley y está en contra de cualquier acuerdo consensuado que signifique reformas sociales para los colectivos más necesitados de este
país.
Pedimos el voto favorable de la Cámara para una ley que todos debiéramos apoyar desde la responsabilidad hacia esos colectivos más necesitados. Yo les pido a ustedes, especialmente a ustedes, su voto a esta ley de reformas sociales,
importantes sobre todo para colectivos como los minusválidos, como las mujeres, como los mayores de 60 años, que son los más beneficiados por esta reforma. Sentimos que ustedes se opongan con ese énfasis a cualquier reforma que se plantee en esta
Cámara para estos colectivos más necesitados. Lo sentimos mucho y así lo explicaremos socialmente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
(La señora López i Chamosa pide la palabra.)
¿En base a qué artículo, señora López?
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En base al artículo 71.3, presidenta.
La señora PRESIDENTA: ¿Se refiere a las alusiones, señora López?
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: A una muy concreta.
La señora PRESIDENTA: Reiteradamente es la definición del uso de la palabra por alusiones que hace el artículo. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.)
Perdón, señora López, usted sabe que el artículo 71 indica que la presidencia podrá conceder un turno de alusiones cuando entienda que se han proferido inexactitudes o juicios de valor. Debo decirle que en este debate desde la presidencia
no se ha observado que haya habido intervenciones diferentes a las que vienen siendo habituales, sobre todo en según qué temas en los últimos días en la Cámara.
Señora López, muchas gracias, pero usted sabe que en el debate de enmiendas no hay turno de réplica.
Muchas gracias, señora López.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, procedente del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas a las disposiciones adicionales primera y segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 262; a favor, 257; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado a dicho proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 160; en contra, siete; abstenciones, 93.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto de la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, no se producirá antes de las once treinta horas de esta mañana, o al finalizar el debate si este hecho sucediera en una hora posterior a las once treinta.
- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. (Número de expediente 121/000068.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.-Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con le debate. Ruego mantengan sus conversaciones fuera del hemiciclo, si es posible.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, parecía imposible que la ley de servicios de la sociedad de la información volviese a esta Cámara peor de lo que salió de ella. Salió de esta Cámara con una definición abusiva del
concepto servicios de la sociedad de la información que, como el Bloque Nacionalista Galego apuntó de aquélla, suponía someter a su draconiano régimen a cualquier página web con tal de que simplemente tuviese un banner. Salió de esta Cámara para el
Senado con restricciones, desde nuestro punto de vista inconstitucionales, de la libertad de expresión en Internet, habilitando a la Administración a adoptar respecto de páginas, publicaciones en Internet, medidas equivalentes al secuestro de
publicaciones escritas, y todo a través de conceptos jurídicos indeterminados, como orden público, protección de la juventud, etcétera. Salió de esta Cámara con un régimen sancionador desproporcionado y claramente lesivo para las iniciativas
autónomas y para las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector y, por el contrario, claramente beneficioso para las grandes empresas y para los grandes operadores de telecomunicaciones que, como Telefónica, son protegidos del Gobierno.
Fíjense bien, vuelve al Congreso acentuando aún más estos caracteres que en su momento motivaron el rechazo del Bloque Nacionalista Galego y de la mayoría de las asociaciones de usuarios de Internet y de las asociaciones empresariales que, como la
asociación gallega EGANET, operan en el sector.
En primer lugar, vuelve como un grave atentado a la privacidad de los usuarios de Internet, ya que en el nuevo artículo 11 bis, introducido por el Partido Popular, se obliga a los operadores y prestadores de servicios a retener, por un
período de doce meses, los datos relativos a las comunicaciones electrónicas realizadas por los usuarios y a tenerlos permanentemente a disposición de las autoridades -se dice- judiciales y policiales. Este nuevo artículo es consecuencia de la
votación de la enmienda aprobada el pasado 30 de mayo en el Parlamento Europeo con los votos favorables del Grupo Popular, del Grupo Socialista y también de diputados de extrema derecha, en virtud de cuya votación se introdujo en la propuesta de
directiva del Consejo y del Parlamento Europeo una enmienda por la que se permite a los gobiernos de los Estados miembros obligar a los proveedores de redes y servicios en el sector de las telecomunicaciones a esta conservación de datos y a permitir
el acceso de las fuerzas de seguridad a estos datos. Lógicamente, los gobiernos más reaccionarios de Europa, como el español -a través del Grupo Parlamentario Popular en el Senado-, o el británico -a través de la propuesta adelantada por Tony
Blair, de permitir a municipios, agencias estatales, policías, bomberos, etcétera, la vigilancia sin intervención judicial de las comunicaciones electrónicas-, se apresuraron a actualizar esta posibilidad abierta por la propuesta de directiva
europea.
Desde nuestro punto de vista, es una medida claramente lesiva para los derechos ciudadanos, para los derechos de los usuarios de Internet. Es más, constituye una clara infracción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones,
recogido en el artículo 18 de la Constitución.
Además -y esto debe retenerse-, es una forma de favorecer la concentración de capital, de favorecer a las grandes empresas, en Internet. Difícilmente podrán las pequeñas empresas, las iniciativas
autónomas que operan en Internet, acceder a los requisitos técnicos, a la capacidad de almacenamiento que medidas como ésta exigen; de modo que desaparecerán para que también en este sector se establezca el régimen oligopólico que el Gobierno
mantiene en el resto de las telecomunicaciones.
En segundo lugar, el texto que vuelve del Senado introduce, en la disposición adicional duodécima, unas previsiones relativas a la sustitución de los teléfonos rurales de acceso celular. Esta previsión se introduce
tarde, mal y a rastras. Tarde, puesto que no había por qué haber aguardado a que a nivel europeo se produjese, a través de la correspondiente directiva, esta ampliación para ampliar en el ámbito interno de las telecomunicaciones el alcance
del servicio universal. Parece que se trata de motivos puramente financieros -una vez más, el déficit cero- los que provocan este retraso, y hay que recordar que en la Comisión de Ciencia y Tecnología duerme desde hace más de año y medio una
proposición de ley de Convergència i Unió en la que se propone la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones para introducir el acceso universal a Internet como parte de este servicio universal en materia de telecomunicaciones.
También se hace mal. El calendario que se recoge en esta disposición adicional duodécima es demasiado generoso -para Telefónica, se entiende; no para los usuarios sufridores de estos teléfonos-: hasta el 31 de diciembre de 2003 no se
completará la sustitución de los teléfonos de acceso celular; es decir, tres años después de que la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobase -en diciembre de 2000- una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego en la que se instaba al
Gobierno a proceder a esta sustitución. Incluso está por ver que este calendario se cumpla. El comisario de Política General de la Unión Europea, Michel Barnier, respondió, a una pregunta del Bloque Nacionalista Galego del Parlamento Europeo, que,
hasta el momento -y estamos hablando de abril de este año-, la Comisión no ha recibido información alguna del Gobierno español en cuanto al proyecto en el que deba participar el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa operativo
Sociedad de la Información. Aún no hay petición alguna, proyecto presentado ante la Unión Europea, que permita la participación financiera del FEDER.
En tercer lugar, se hace a rastras; a rastras de Telefónica. La solución recogida en esta disposición adicional duodécima condena a los actuales usuarios de teléfonos rurales de acceso celular a seguir constituyendo un mercado cautivo de
Telefónica; es decir, a seguir siendo rehenes del monopolio de la compañía. De hecho, hay otros operadores interesados; en Galicia hay otros operadores con precios más económicos y soluciones mucho más interesantes que las que ofrece Telefónica.
Estos operadores proponían el cableado con fibra óptica de estos centros. ¿Qué está haciendo Telefónica, con el beneplácito del Gobierno? Enviar a estos operadores pliegos de condiciones para que actúen como subcontratistas suyos en la sustitución
de los sistemas. Por tanto, tarde, mal y a rastras. Tarde, mal y a rastras en beneficio de Telefónica y en perjuicio de los usuarios.
Dijimos cuando esta ley salió del Congreso y repetimos ahora que esta no es la ley que necesita el desarrollo de Internet y el desarrollo de la sociedad de la información en el Estado español. Es una ley que va a contribuir a establecer una
nueva red Echelon a nivel europeo y a nivel estatal, es una ley que no va a modificar en nada el régimen de tarifa ondulada, que no de tarifa plana que existe en este momento; es una ley que retrasa -veremos si sólo hasta dentro de dos años- el
acceso de todos los ciudadanos en cualquier parte del Estado a Internet y a otros servicios avanzados de telecomunicaciones.
Por todas estas razones y por haber sido rechazadas todas las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, votaremos en contra de esta ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo valora de forma positiva y va a votar afirmativamente todas las enmiendas remitidas por el Senado a este proyecto de ley de la sociedad de la información y del comercio electrónico. El componente fundamental mayoritario de las
enmiendas del Senado son mejoras técnicas y adecuación a determinados textos legales relativos a la Ley General de Telecomunicaciones, pero quiero destacar lo que ya fue objeto de debate tanto en Pleno como en Comisión sobre las dudas que planteaban
determinados artículos de la ley que tenían que perfeccionar todo el sistema de uso de Internet, comercio electrónico y transmisión de datos e información. Entraban en el terreno de los valores fundamentales y protección de los mismos que señala
nuestra Constitución y acaso podían aparecer ciertas sombras en una ley teóricamente técnica y al servicio de la sociedad de la comunicación y de la información, afectando a la intimidad de las personas y de su entorno familiar y vulnerando la
protección de datos que protege nuestra Constitución. Había que hacer compatible esta ley con unos principios de seguridad estatal para que no fuera Internet instrumento de grupos delictivos de cualquier tipo que están causando un daño frontal,
grave e importante al resto de la sociedad. Había que compatibilizar las garantías de un servicio técnico desarrollado por los avances científicos, tecnológicos e industriales con aquellos sistemas jurídicos de protección de la intimidad de la
información.
Quiero destacar de las enmiendas que vienen del Senado las modificaciones que se han hecho fundamentalmente en el apartado 2 del artículo 11, que incluye la referencia al deber de colaboración de los portadores de servicios de
intermediación. Proteger los derechos a la intimidad personal y familiar es un deber, una obligación y un imperativo constitucional, al igual que la libertad de expresión y de información cuando pudieran resultar afectados. Por tanto, van a tener
que
estar muy vigilantes los usuarios y el Poder Judicial, buscando siempre una correctísima, transparente, diáfana e indubitable referencia a la defensa de los principios constitucionales.
Las modificaciones del Senado al artículo 11 bis, que ha introducido ex novo, se refieren al deber de retención de los datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas. Dice uno de sus párrafos modificado respecto a los datos
que deberán conservar los operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas: lo que esté dentro de una convivencia ciudadana ordinaria, de un tráfico comercial de una información, eso está garantizado. La utilización de estos sistemas
para actos de terrorismo, de delitos graves y criminales en el tráfico de drogas, en el tráfico de personas, comercio de bienes prohibidos, de armas, etcétera, sí debe ser objeto de una cautela. La sociedad no puede desarmarse en aras de un mal
entendido principio de privacidad, porque está al servicio de la persona y no puede estar nunca en contra de la sociedad en la que se convive. Son muy importantes y sustanciales los distintos apartados de la enmienda introducida en el Senado al
artículo 11 bis, porque habrá que ser celoso custodio de los derechos de defensa de la sociedad, obligando a estos operadores a la conservación de los datos con todas las garantías de secreto, privacidad y protección de los datos que afecten a las
personas individuales o a sus familias. Se debe entender que estarán a disposición de aquellas instituciones del Estado que tienen que velar por el buen cumplimiento de las leyes, desde jueces y magistrados al ministerio fiscal en aquellas
actuaciones de seguridad del Estado que, en la defensa de principios constitucionales y de Estado, deben estar vigilantes y no deben tener ninguna utilización espuria. Es un riesgo difícil, pero las instituciones del Estado, sobre todo, lo que
emana del exacto cumplimiento de las leyes y en la vigilancia que debe de prestar el ministerio fiscal y jueces y magistrados, el Poder Judicial, como instrumento de una sociedad democrática, debe velar para que se haga de esta manera.
Paso seguidamente a comentar otras enmiendas de menor tenor que se refieren al artículo 17, en las que se da un estímulo a los poderes públicos para que establezcan unos criterios comunes de clasificación y etiquetados de contenidos que se
refieren a los códigos de conducta. El ciudadano tiene que tener una información exacta, puntual, clara, nítida, inteligible para comprender que la clasificación y el etiquetado de los cometidos forma parte de este derecho de la información que se
le debe dar para evitar cualquier práctica no recomendable en el comercio de estos productos, por lo que esto debe ir incorporado a los códigos de conducta. La enmienda regula también la legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios
para el ejercicio de la acción de cesación. La sociedad civil debe protegerse con instituciones y asociaciones que puedan recurrir ante los poderes públicos, no sólo el gubernamental sino el judicial y fiscal, en defensa de estos intereses que se
trata de regular.
Finalmente, señora presidenta, se han introducido unas enmiendas que comportan cuatro nuevas disposiciones finales. Estas enmiendas tratan de adaptar aspectos técnicos, de comportamiento, de gestión a la Ley General de Telecomunicaciones.
Asimismo, hay que adaptar la citada Ley General de Telecomunicaciones a las directivas comunitarias, a los acuerdos del Parlamento Europeo mediante su trasposición al derecho positivo español porque, como habíamos visto, había una contradicción o
inseguridad jurídica al haber en este proyecto de ley una serie de disposiciones que entraban en conflicto con la actual Ley General de Telecomunicaciones.
Con la práctica del uso de una red puesta al servicio de la sociedad y de las entidades que trabajan en Internet, vamos a tener la prueba para ver el comportamiento de aquellas áreas críticas en el control de los datos, la conservación de
los mismos y las obligaciones de protección para que sobre el operador de red que conculque lo que aquí se dice, fundamentalmente en lo relativo a los derechos de privacidad y de salvaguarda de los datos personales, caiga el peso durísimo de la ley,
el título I de nuestra Constitución. En las demás razones nosotros votaremos favorablemente, señora presidenta, las enmiendas que nos remite el Senado.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, egunon, buenos días.
Nuestro grupo presentó un texto alternativo al artículo 8 y también pidió la supresión del artículo 11 porque ambos artículos no trasladaban los términos contenidos en la directiva europea. Entendemos que debe recogerse la protección de
menores en el marco del orden público y la persecución del delito, pero nos parece que es un abuso mencionar la protección de la juventud y de la infancia como fórmula pretenciosa de extensión del control, cuando no interventora.
Nuestro grupo ha considerado también que debería desaparecer la referencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología como órgano administrativo interventor, ya que es una clara manifestación de las atribuciones que el Gobierno pretende
adjudicarse en esta ley, haciendo prevalecer las funciones administrativas sobre las actuaciones judiciales. Todo ello es un claro caso de invasión del Ejecutivo de funciones que corresponden a otros poderes, como el Legislativo y el Judicial.
Debemos dejar que sea el juez quien haga justicia, que limite las actuaciones en la red cuando éstas incumplen algunos de los principios fundamentales y debemos
dejar que, en todo caso, la Administración sea únicamente ejecutora de las decisiones del Poder Judicial. También hemos insistido, a través de nuestras enmiendas, en la invasión de competencias de las comunidades autónomas, cuando ya la Ley
de Telecomunicaciones dejó clara y precisa la diferencia entre dominio de la red y contenidos en dicha red. En esta ley, con un claro carácter invasor, se mezclan conscientemente red, medios y contenidos para, de esta forma, atribuirse la
intervención y control sobre todos ellos por parte de la Administración central del Estado.
Por todas estas razones y otras que ya han sido explicadas a nuestro entender suficientemente, nuestro grupo ha votado en contra de esta ley, tanto en el Congreso como en el Senado. Lo ocurrido durante el debate de enmiendas en el Senado ha
vuelto a corroborar nuestra visión de las intenciones del Gobierno y confirmado que esta ley pretende ser utilizada por el Gobierno para otros fines distintos de la promoción del comercio electrónico y del uso del internet estrictamente hablando.
Nuestro grupo entiende que se puede modificar o adaptar en el Senado una ley, pero no introducir enmiendas que modifican a su vez otras leyes distintas sin oportunidad de debate alguno. De modo que ustedes introducen modificaciones no por la bondad
del fin en sí mismo, que podríamos compartir y que estaríamos dispuestos a apoyar, sino por la seguridad que les proporciona la mayoría absoluta, seguridad que ustedes utilizan para no debatir, no negociar enmiendas, no tener que admitir los
criterios racionales y rigurosos, a veces por lo menos, de la oposición.
Han propuesto una nueva disposición final en la que se incluye la adición de nuevas disposiciones transitorias en la Ley General de Telecomunicaciones. Si todo lo que ustedes han planteado y se ha introducido en el Senado ha sido con el fin
de incluir soluciones tecnológicas eficientes para la red de telefonía y la red de Internet, de modo que llegue a todos los posibles consumidores, ¿por qué no lo incluyeron en el proyecto de ley? ¿Por qué no hicieron un proyecto de ley urgente,
debatido en ambas Cámaras, que recogiera la necesidad de las modificaciones tecnológicas, de forma que pudiera haberse aprobado con los plazos que se contienen en sus enmiendas? ¿Es que ustedes tienen voluntad verdadera de desarrollar el comercio
electrónico en Internet? ¿Por qué a última hora y con tales prisas en lugar de soluciones serias y eficaces? Parece, más bien, que se trata de medidas electoralistas con tintes hasta demagógicos. Esta es una ley en la que queda claro que, por
suerte para todos, el desarrollo de la sociedad de la información no depende de este Gobierno. Basta simplemente con que no impida este desarrollo. Existen otras muchas iniciativas de otros gobiernos, de otras administraciones, de entidades de
todo signo, de empresas grandes y pequeñas, de internautas particulares, que no han esperado nada ni esperan ni esperarán de este Gobierno para lanzarse por el camino de su incorporación a la sociedad de comunicación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, cuando empezamos a debatir este proyecto de ley en esta Cámara dijimos que el Gobierno no parecía tener la intención de regular el comercio electrónico, de facilitar el acceso a Internet, de hacer una ley que
protegiera los servicios de la sociedad de la información, que facilitara el acceso de los usuarios a ella y que se pudiera regular el comercio electrónico, algo que prácticamente ha venido a quedar en una mera referencia en la ley. Se discutió
mucho durante los diferentes borradores de esta ley si era necesario regular el comercio electrónico o no, si las leyes que había en nuestro país eran suficientes para dar cobertura al comercio electrónico y que solamente algunos retoques serían
necesarios para adaptarlos al comercio electrónico, no siendo indispensable elaborar una ley de estas características. Ahora bien, una vez que la ley se hizo, todo el mundo estaba dispuesto a colaborar, a mejorarla y a participar en ella.
Anunciamos en el primer debate que se celebró que esta ley, más que favorecer los servicios de la sociedad de la información y regular el comercio electrónico, parecía pretender controlar por parte del Ejecutivo aquello que no tenía hasta ahora
controlado, la red, y el control que pretendía hacer era policial.
A pesar de que en el trámite en esta Cámara se modificaron algunos de los aspectos más negativos que había en la ley en cuanto a la posibilidad de suspensión, que podían afectar al
derecho a la información y al derecho a la libertad de expresión, fueron matizados por algunas enmiendas que se aceptaron por parte del Grupo Parlamentario Popular y la ley quedó, si no bien, al menos más matizada, sobre todo por lo que respecta al
artículo 8, con independencia de que mi grupo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, seguía manteniendo que determinados artículos de la ley debían desaparecer, puesto que no iban a mejorar el funcionamiento de la red, el comercio
electrónico, sino todo lo contrario, podían servir para paralizarlo u obstaculizar el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país.
Pues bien, después de esto la ley pasa al Senado y empieza su trámite. Y ya viene siendo excesivamente habitual que el Grupo Popular en el Senado, aprovechando la mayoría absoluta que tiene en las dos Cámaras, plantee modificaciones que van
más allá del texto del Congreso, que van mucho más allá del debate inicial que se pretendía con la presentación del proyecto
de ley en esta Cámara, impidiendo una vez más el debate sereno y sosegado de determinadas modificaciones que se plantean a través de enmiendas que son de difícil discusión y aprobación y que no hay posibilidad de volver a enmendar. Han
ocurrido dos cosas. Se trata de dos aspectos muy preocupantes y uno de ellos, desde nuestro punto de vista, peligroso.
SS.SS. saben que, con fecha 30 de mayo, el Parlamento Europeo, a pesar de que existían recomendaciones del Comité para los
Derechos Civiles del propio Parlamento sobre la posibilidad de desestimarla, aprueba una directiva por la que se establece el almacenamiento de datos en todas las redes o los proveedores de acceso a la red durante un tiempo determinado, los cuales
deben ser almacenados y vigilados por los propios operadores.
Nos parece que una vez más es una vuelta a atrás. Los operadores no tienen por qué ser los policías del Estado. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tienen instrumentos y los
jueces tienen leyes suficientes para poder perseguir los delitos que se puedan cometer a través de la red Internet. Señorías, la aprobación del artículo 11 bis que se ha introducido en el Senado vuelve a reducir los derechos democráticos de los
españoles a una mera virtualidad, porque quedan establecidos en nuestra Constitución y en nuestra legislación, pero son de difícil y de dudosa aplicación al suponer su restricción. Señorías, aquí no hay cautelas judiciales, aquí no hay garantías
judiciales. No se dice que los datos se almacenarán cuando haya una instrucción o una orden judicial. No, son todos los datos, sin ningún tipo de garantías, sin que nadie haya exigido que se guarden, porque puede haber la persecución de un delito
o se puede estar cometiendo un delito y esté abierta una investigación. Todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que estemos en la red somos presuntos delincuentes. Todos, absolutamente todos. Así queda configurado con la modificación del
artículo 11 bis que se ha incluido en el Senado. Nos sorprende de una manera escandalosa, que el Gobierno se apure y corra, como si en ello le fuera su futuro, en aplicar directivas que van a acortar los derechos y las libertades de los ciudadanos,
pero nunca en aquello que va a beneficiarles o en aquello que va a favorecerles en su desarrollo personal o en su calidad de vida.
Mi grupo parlamentario no va a aprobar ni a apoyar con su voto la modificación del artículo 11 bis. Da la impresión de que se pretende hacer llegar a la ciudadanía una sensación de inseguridad total y absoluta. Señorías, la inseguridad no
la da el que se puedan cometer delitos a través de la red, porque se pueden perseguir -y existen mecanismos suficientes para ello- y garantizar los derechos de las personas en nuestro país a través de las legislaciones ya existentes, pero sí se
genera inseguridad cuando no se permite que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer libremente sus derechos, como se hace con la modificación de este artículo, cuando sin ningún aviso se les considera presuntos delincuentes, se les guardan
sus archivos sin ninguna garantía de seguridad y cuando todo el mundo parece ser presunto culpable de no se sabe muy bien qué, a no ser que se nos considere culpables a aquellos que no pensamos exactamente igual que el Gobierno, porque para eso sí
que hay siempre posibilidades de causar problemas o de hacer una buena labor de vigilancia y de control. En eso se ha convertido la ley de servicios de la sociedad de la información, en una ley de control, haciendo que los operadores de los
servicios de comunicaciones se conviertan en policías de la red y que sean éstos los que desempeñen la tarea que tiene que hacer el Estado cumpliendo y haciendo cumplir las leyes que ya existen.
El Gobierno no se había acordado de que tenía que elaborar un plan o un sistema de designaciones de nombres de dominio español.es. Señorías, vamos a que se modifique de una atacada, y sin mayor debate, todo lo que hace referencia a la Ley
de Marcas o a la Ley de Telecomunicaciones, cuando no hace tanto tiempo que la señora ministra anunció que iba a realizar una modificación legislativa de la Ley de Telecomunicaciones. No sabemos si se refería a una modificación global o solamente a
la que se ha incluido a través de una enmienda en el Senado hablando de un plan nacional de nombres de dominio de Internet, que es la primera vez que se oye en nuestro país, cuando no parece que el ministerio tuviera mucha intención de elaborarla, a
no ser que sea su necesidad y su afán recaudatorio el que le haya impulsado a introducir esta modificación en el Senado. Una vez más, se burlan de la democracia, se burlan de la Cámara y vuelven a introducir enmiendas en el Senado que recortan los
derechos y las libertades de los ciudadanos sin más debate y modifican la legislación sin que se puede debatir ni reformar. Es una forma de gobernar con la que no estamos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra de Ciencia y Tecnología, finalmente hoy va a aprobarse de forma definitiva el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico. Ha sido una larga andadura, ha sido un proyecto de ley de dilatada tramitación no sólo en el Parlamento, sino antes incluso de que este proyecto entrara como tal. Mi grupo siempre consideró oportuno que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología se arriesgara a colgar de forma pública en la web del ministerio un borrador de anteproyecto, texto y borrador que estuvo casi un año mutando de contenido, porque el ministerio quería
aunar posiciones. Finalmente llegó un día en que ese borrador se presentó ante esta Cámara.
Mi grupo parlamentario manifestó sus discrepancias y sus puntos de desacuerdo desde el día en que este proyecto entró, siendo el que más enmiendas presentó, pero también se ha involucrado activamente en negociar enmiendas con el resultado
final de que unas 50 enmiendas del Grupo Catalán han sido objeto de aprobación o transacción entre el Congreso y el Senado, hecho que valoramos mucho. ¿Qué lamentamos? Lamentamos que hoy en esta Cámara no pueda haber un mayor consenso en torno a
una ley que debería tenerlo, como es la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. No nos engañemos, esta va a ser una ley pionera. Es una ley que entra de lleno en lo que entendemos como nueva economía, como
sociedad de la información; a mi grupo le hubiera gustado un consenso mayor, y lo ha intentado. Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas del Senado y quiere mantener un punto de discrepancia -lo dijimos en el Senado y lo volvemos a
reiterar hoy- porque en el conjunto de enmiendas que han sido objeto de transacción en el Congreso avanzamos y mucho en una mayor protección de las competencias autonómicas, pero en el Senado no hemos avanzado. En el Senado había siete enmiendas de
índole autonómica que no fueron objeto de aprobación por parte del grupo mayoritario y ello provocó -quiero que así conste en el 'Diario de Sesiones'- que mi grupo votase en contra de siete disposiciones de esta nueva ley, concretamente, del
artículo 2.1, del 8.4, del 11.1, del 17.3, del 34, del 35.1 y del párrafo 2 de la disposición adicional tercera. Han sido artículos en los que, lamentablemente, el acuerdo final no ha sido posible con nuestro grupo.
En el resto sí lo ha habido y
quiero valorar positivamente el esfuerzo que se ha realizado. Si se analiza con toda sinceridad el texto que entró en el Congreso y el que sale hoy, se verá que es un texto mejorado, que permite que hoy mi grupo pueda hacer esta valoración distinta
de la que se hacía en el debate de totalidad, aunque lamentamos que el nivel de consenso no haya sido superior.
Hay un artículo polémico (lo decía ahora la portavoz de Izquierda Unida y lo han dicho también otros portavoces), que es el relativo al deber de retención de datos de tráfico referido a las comunicaciones electrónicas.
Este artículo lo
introduce el Grupo Popular con enmienda en el Senado y provoca una reacción contraria por parte de los grupos de la Cámara, excepto del proponente. Mi grupo está satisfecho de que finalmente se hayan aceptado dos transacciones de Convergència i
Unió a este artículo, que pasaré ahora a explicar, y que cambian el sentido inicial del artículo tal y como lo enmendaba el Grupo Popular. A partir de ahora ya no se pueden dar indiscriminadamente esos datos que hay que retener a efectos de una
investigación criminal, ya no se pueden dar a las fuerzas policiales, sólo a la autoridad judicial, al ministerio fiscal. Si se precisaran por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es con pleno respeto a la Ley de protección de datos, lo
que introduce claramente una garantía que no estaba al inicio. Cuando el Grupo Popular nos invitó a participar en este artículo, había un aspecto que nos preocupaba mucho, concretamente a este portavoz: debemos sancionar duramente a aquel que, por
obligación de este nuevo artículo, retuviera unos datos y no los utilice de la forma adecuada. Gracias a la enmienda de mi grupo parlamentario, pasa a ser infracción muy grave la utilización de estos datos para fines distintos. Si se utiliza
cualquiera de estos datos para un fin distinto a esta investigación, una investigación de interés público, va a tener una sanción muy grave. Esto no era así cuando se planteó la enmienda. Mi grupo, negociando esa enmienda, ha logrado que figure
como infracción muy grave, y considera que esta es una redacción mucho más acertada.
Otra importante enmienda del Senado es la que modifica el artículo 37 de la Ley General de Telecomunicaciones. Esta era una propuesta concreta de Convergència i Unió, planteada ya en la pasada legislatura. Se trata de que Internet sea
servicio universal, que cualquier ciudadano, viva donde viva y con independencia de que sea más fácil o más difícil que las nuevas tecnologías lleguen a ese territorio, pueda acceder a Internet, porque Internet ya es, señoras y señores diputados,
una fuente importante de conocimiento, una fuente importante para obtener información, y no podemos negar a nadie que pueda llegar a ella. Por tanto, valoramos positivamente la propuesta de Convergència i Unió de modificar el artículo 37 de la Ley
General de Telecomunicaciones para que Internet sea servicio universal. Ello llevará aparejada sin duda otra de las propuestas que siempre han defendido el Bloque Nacionalista Galego y Convergència i Unió, que es la sustitución de los TRAC.
Pedimos que esa sustitución se realice lo más rápidamente posible, porque es necesario que cualquier ciudadano pueda utilizar Internet, y los TRAC, los teléfonos rurales de acceso celular, no permiten su utilización, por lo que deberemos
sustituirlos. La ley tiene un calendario, pero mi grupo sería partidario de acelerar al máximo el plazo para que cualquier ciudadano pueda utilizar Internet a través de una vía telefónica.
Señorías, en el Senado se han modificado también aspectos relativos a la aplicación de esta ley a los juegos de azar. Mi grupo quiere reiterar -lo hace en el 'Diario de Sesiones' para que conste así- que debe hacerse con pleno respeto a la
competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de juego y de azar. Por esa razón hemos presentado una transaccional a la redacción inicial del artículo 5.2, para recalcar que la normativa específica en este tema es autonómica y debe
respetarse.
¿Que esta ley se aplica a los juegos de azar? Que sea de acuerdo con lo que disponga
la normativa autonómica. En este aspecto, señoras y señores diputados, mi grupo valora positivamente que en el fundamento constitucional de la nueva ley se introduzca claramente que todo ello se hará sin perjuicio de las competencias de las
comunidades autónomas, porque en este ámbito existen competencias autonómicas. Lo decía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco: en algunos aspectos ha habido una confusión entre contenido y canal. Mi grupo quiere recalcar una vez más que hay
que tener en cuenta las competencias autonómicas en cuanto a contenido, a medios de comunicación, a comercio y a consumo, aspectos que están en el ámbito de esta ley.
Por último, señorías -termino ya, señora presidenta-, mi grupo valora positivamente que al final las sanciones sean mucho menores que las previstas. Hemos bajado a la mitad las sanciones mínimas en cada tramo, y ello es bueno porque cuando
alguien reciba una sanción por lo menos quien la aplique tendrá una mayor flexibilidad. Valoramos mucho también el mayor respeto a los discapacitados que muestra la ley finalmente aprobada, que no tenía el proyecto inicial. Mi grupo se siente muy
responsable de estas modificaciones y las valora enormemente, como valoramos también los cambios producidos en artículos delicados, como el 8, en el cual queda claro que debe ser la autoridad judicial -no la administrativa sino la judicial- la que
pueda clausurar o censurar el contenido de un medio de comunicación que opere a través de la red. Son imperativos que no podía desconocer la ley porque la propia Constitución los exige.
Termino agradeciendo la colaboración de todos los grupos parlamentarios para intentar introducir enmiendas, consensuar contenidos. Quiere mi grupo parlamentario que, al final, esta nueva ley que hoy aprobamos pueda realmente servir para un
mejor desarrollo de la sociedad de la información en el Estado español, porque los indicadores demuestran que estamos aún entre los países que están a la cola. Desde mi grupo parlamentario queremos que esta ley contribuya a un mayor uso de la
sociedad de la información, de las nuevas tecnologías, y esperamos que pueda ayudar a que ello sea posible.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Si me permiten decirlo, señorías, la verdad es que esta mañana hemos asistido a una situación, que cada vez se produce más en esta Cámara, nada deseable y en algunos casos, como éste, incluso deplorable cuando el diputado Merino ha acusado a
algunos socialistas, concretamente a la señora López i Chamosa, de constituirse en piquetes, reclamando de alguna manera la noche de los cristales rotos. En primer lugar, lamento que no esté el señor Merino, pero quizá haya sentido un poquito de
pudor por lo que ha dicho, porque si la señora López i Chamosa hubiera estado de piquete, lo que no es el caso, hubiera estado defendiendo un derecho constitucional, la huelga. En ningún caso se puede permitir que desde un grupo que teóricamente se
define de centro se acuse y compare a los socialistas en sus actitudes con grupos nazis. Señorías, si el señor Merino estuviese aquí debería retirar lo que ha dicho y esa exigencia debe constar en el 'Diario de Sesiones' (Aplausos.). Lo lamento
doblemente porque en esta Cámara siempre hay dos raseros. Recuerdo que en una ocasión la presidenta hizo retirar al señor Mayoral una valoración de un debate de colegio de monjas. Hoy se ha acusado a ese Grupo Socialista de actitudes nazis y la
señora presidenta no ha pedido que se retire la expresión; lo lamento profundamente, señorías (Aplausos.).
Señorías, también lamento que la señora ministra en un debate tan importante se haya ausentado al menos en parte de la intervención del señor Jané y de la mía. Lo lamento porque es verdad que hoy concluye el debate parlamentario de la
tramitación de un proyecto de ley muy importante, de gran trascendencia para el futuro de las operaciones y transacciones electrónicas, pero también es muy importante, lo han reclamado y lo han dicho algunos grupos, porque es un proyecto que no va a
regular sólo el comercio electrónico, está regulando la red. Señorías, se ha extendido tanto esa idea que ya los medios afines al Gobierno -yo se lo decía al señor Jané en el debate anterior- dicen: La ley de Internet renuncia... La ley de
Internet, nadie la llama ya ley de comercio electrónico. El afán del Gobierno de controlar la red ha llevado a que, al final, una ley que nace con la intención -inicialmente hubo una serie de borradores que sin duda fueron mejorando- de desarrollar
el comercio electrónico, un elemento fundamental de la sociedad de la información se ha convertido en una ley que pretende controlar la red; es deplorable. Señorías, cuando el río suena agua lleva, y desde luego esta ley lleva mucho agua, hace
mucha agua en ese control del Gobierno.
Lo decían también algunos grupos: la técnica parlamentaria del Partido Popular se está haciendo costumbre. Utiliza el Senado para las enmiendas sorpresa, para enmiendas en las que además hurta el debate a las Cámaras y a los ciudadanos,
señorías. (Rumores.) Hay una enmienda, señora Mato, que constituye todo un proyecto de ley. La señora ministra -y lamento que no esté aquí, porque se lo podría confirmar- anunció en su momento un proyecto de ley sobre la asignación de dominio y
hoy lo debatimos aquí, pero no podemos enmendarlo ni lo ha podido enmendar en el Senado ninguna fuerza política porque lo han colado de rondón, y eso es hurtar un debate a los ciudadanos. (La
señora Mato Adrover: Es que usted no quiere el Senado.) Yo quiero el Senado, porque es una Cámara de segunda lectura, pero no es una Cámara en la que ustedes les hurten a las fuerzas políticas la posibilidad de hacer la lectura real, que es
la tramitación parlamentaria. (Aplausos.) Fíjese si yo quiero el Senado que su propia presidenta el otro día me decía que estaban mucho más animados conmigo que con ustedes. (Aplausos.) Señorías, es lamentable esta técnica parlamentaria del
Partido Popular.
En uno de los borradores -no lo ha dicho el señor Jané, pero yo se lo recuerdo- el Ministerio de Ciencia y Tecnología pretendió introducir lo que luego ha hecho con la retención y el almacenamiento de los datos de tráfico. Lo ha hecho
porque en primera instancia provocó un profundo debate en la red y lo retiró, y ha vuelto a hacer algo a lo que nos tiene acostumbrados: trasladar los temas conflictivos, sobre los que quiere que se pase de puntillas, a la Cámara de segunda
lectura. Consecuentemente, señorías, es verdad que ustedes dieron algunos pasos atrás en esa primera iniciativa cuando presentaron aquí un proyecto de ley que muchos grupos, todos, con nueve vetos, les dijimos que tenía tintes de
inconstitucionalidad y que mermaba e iba contra derechos y libertades de los usuarios y de los internautas. Ustedes mejoraron levemente el proyecto, aunque no compartimos la redacción, pero lo han empeorado en el Senado, y eso es realmente
lamentable.
Algunas de las enmiendas que ustedes han introducido son muy importantes.
Señorías, la obligación que impone a los prestadores de servicios el almacenamiento de los datos de tráfico en la red durante un año ha sido contestada hasta por el
propio presidente de la Agencia de Protección de Datos, que les ha dado un informe y la posible solución, porque era impresentable pedir que estos prestadores de servicios mantuvieran los datos de navegación, todos los datos, de todos los españoles
que nos metamos en la red almacenados durante un año. Señorías, eso es censurar y a eso es a lo que ustedes nos están empezando a acostumbrar a los españoles, y no puede ser así. Ni la red ni los ciudadanos pueden permitir que ustedes les quiten
libertades y derechos que durante años hemos reclamado y hemos ganado, sin duda, con el esfuerzo de todos. Es verdad que ustedes han dado un pequeño paso hacia adelante. Señor Jané, han rizado el rizo, no había percha para una transaccional que
mejorara esto, la inventaron y ustedes les echaron un cable; lo comprendo, sobre todo en la situación en la que actualmente se encuentran. Tal como ha quedado el proyecto de ley en este tema, seguimos teniendo serios problemas. Es verdad que ha
mejorado en el sentido de que el plazo máximo ya será de 12 meses, que actuarán el ministerio fiscal y las autoridades judiciales, pero han dejado para el desarrollo reglamentario posterior la definición de esos datos de tráfico. Si sólo es la
dirección IP no sirve, hay que mezclarlo con algunos datos de navegación. Si se mezclan con datos de navegación y se almacenan los de todos los ciudadanos estamos incumpliendo nuestra Constitución y estamos socavando los derechos de los ciudadanos.
No parece que esta sea una situación en la que debiéramos ser pioneros. ¿Qué ha ocurrido? Que en esa tramitación del proyecto de ley desde el Congreso al Senado empieza el debate de la directiva correspondiente a la que algunos diputados han hecho
referencia. Como la señora Birulés tiene mucho afán en ser pionera dijo: Vamos a ser pioneros también, en el almacenamiento y retención de datos. Una vez más somos pioneros, pero nos vamos quedando a la cola en el desarrollo de la sociedad de
Internet como está ocurriendo en sus planes y en todas sus actuaciones. Señorías, es lamentable esta intervención y se les ha visto el plumero. Ustedes han reincidido en la intención de controlar la red en el Senado, y el Grupo Parlamentario
Socialista quiere dejarlo meridianamente claro esta mañana aquí.
Le decía anteriormente a la señora Mato que han introducido una enmienda muy importante y que nos preocupa, la disposición adicional sexta nueva por la que se regula el sistema de asignación de dominio bajo el.es. La licitación puede ser
además, aunque usted decía que no en el debate del Senado cuando hablamos, mediante subasta y consecuentemente ustedes van a subastar los nombres de dominio. Eso no se hace en ninguna parte de Europa ni del mundo. Ustedes vuelven a poner trabas al
desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país y con lo mal que estamos -somos los penúltimos en penetración de Internet en los hogares, sólo Grecia está detrás- crean una nueva trama. Por si esto fuese poco también han incluido cuatro
nuevas disposiciones finales para modificar la Ley General de Telecomunicaciones. Señorías, yo no salgo de mi asombro. Cada vez que oigo a la señora Birulés pienso qué novedad nos contará hoy, que mañana dirá la contraria. El martes se produjo
una presentación por parte de la Asociación SEDISI y la ministra allí, ¿saben lo que anunció? Una nueva Ley General de Telecomunicaciones. En el Senado ha modificado vía enmiendas cuatro artículos de esa ley. Si la va a traer ahora aquí, por qué
no hace realmente un estudio serio, lo anuncia donde tiene que anunciarlo, en las Cámaras, debate los proyectos donde tiene que hacerlo y no a hurtadillas. Además lo hace, como decía el señor Jané antes, para sustituir la telefonía de las zonas
rurales, el famoso TRAC, para que puedan acceder a Internet.
Señorías, esto es muy divertido, la primera intervención que tuve aquí en esta legislatura fue una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que reclamábamos el acceso a Internet como servicio universal. Ahí decíamos
que teníamos muchas y serias pegas de que eso acabase siendo en un plazo rápido y real en zonas montañosas y rurales porque siguen quedando más de 260.000 TRAC, que en usuarios es casi un millón de personas. ¿Qué es lo que ha hecho la señora
ministra? Aquí se fueron aprobando todas las iniciativas, entre ellas una proposición de ley del Convergència i Unió que durmió, como decía antes el Grupo Parlamentario Mixto, el sueño de los justos durante año y medio.
Ahora que se va a
aprobar la directiva europea y que ya tiene plazo, la señora ministra dice que lo que iba a ser en el 2003 -ella lo anunció en Burgos-, va a ser en diciembre del 2004, es decir, para el 2005 podremos tenerlo. Señorías, no es de recibo la actitud de
este ministerio.
No me resigno a contarles una anécdota que demuestra la falta de cintura política de este ministerio. El Grupo Socialista presentó una proposición no de ley para su debate en Pleno, para la protección de la infancia en Internet, una
proposición no de ley que fue bastante bien aceptada. Pedía la creación de un dominio específico bajo el.es español e instaba al Gobierno a traer un proyecto de ley en el que desarrolláramos los controles, la financiación, etcétera, y ayudásemos a
los padres a proteger la navegación de los menores en la red. Eso se produjo antes de que acabara el plazo de presentación de enmiendas en el Senado ¿Saben lo que hizo el Grupo Popular? Presentarlo como enmienda, algo lamentable.
Dice: redacción
para recoger el espíritu de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados relativa a la creación de un espacio de contenidos apto para la infancia. Ni siquiera han sido capaces de utilizar
su propia enmienda, hasta el informe del ministerio es lo que se presentó. Es lamentable, no se corresponde con la proposición no de ley que pretendíamos porque el Grupo Popular no sabe o no contesta en estos temas y, al final, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología es operación fracaso; ha realizado una operación que con esta ley va a complicarle y mucho la vida al desarrollo del comercio electrónico en nuestro país.
Termino, señorías, con algo que hemos ido detectando a lo largo del debate de esta ley y de todas las iniciativas que están en el entorno de este ministerio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, como el Gobierno del Partido Popular en su
conjunto, ha antepuesto a los intereses generales, al desarrollo de la sociedad de la información y al desarrollo del comercio electrónico el afán de control. Eso es al final poner trabas, poner muchas barreras a esa sociedad de la información en
la que desgraciadamente nos encontramos muy por debajo del resto de nuestros socios. No está ahora mismo el patio para que nos cuente Alicia en el País de las Maravillas, porque el sector de las telecomunicaciones ayer mismo presentaba, a través de
la Asociación de operadores agrupados, al ministerio y reclamaba un conjunto de medidas para acabar con el dominio de Telefónica. Ustedes no han traído competencia. Hoy el 90 por ciento, y lo saben ustedes porque la CMT se lo ha dicho, se
encuentra en manos del primer y único operador. Es el dominante en todo, no ha liberalizado, ha regularizado excesivamente. Están haciendo una política muy intervencionista y eso va en detrimento de nuestro país, por lo que espero que aproveche
esa segunda oportunidad que le ofreció la cumbre de Sevilla hace unos días con el desarrollo de la iniciativa Europa-2005 y no pierdan esta oportunidad porque los españoles no se lo van a perdonar.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Merino Delgado pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pleguezuelos.
Sí, señor Merino.
El señor MERINO DELGADO: Pido la palabra al amparo del artículo 71.3, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): No, señor Merino. En primer lugar, S.S. no estaba en la sala cuando se ha hecho alusión a usted y, en segundo lugar, voy a aplicar el mismo criterio que empleó la señora presidenta
cuando pidió la palabra por alusiones el Grupo Parlamentario Socialista a raíz de la intervención de S.S. en esta sesión.
El señor MERINO DELGADO: No había alusiones personales en mi intervención, pero ahora sí.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Merino, no tiene la palabra.
El señor MERINO DELGADO: Es la fijación de la señora Pleguezuelos con mi persona.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señoría, no tiene la palabra.
Señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Señora presidenta, señorías, quiero empezar mi intervención aclarando que yo, que sí he estado a lo largo de toda la mañana -y por tanto en el debate de esta ley- y que he seguido con interés todas y cada una de las
intervenciones, como yo creo que hacemos la mayoría de los diputados, en ningún momento he visto una afirmación por parte del diputado señor Merino de acusar de nazi a nadie, ni a ningún grupo político. El señor Merino simplemente ha manifestado su
preocupación de que un partido importante, el principal partido de la oposición, esté más preocupado de las actuaciones de piquetes y de actuaciones vergonzosas, como las que hubo en una plaza muy cercana de aquí, en Ducados Café, que de lo que
realmente se tendría que preocupar, que es por la calidad del trabajo, por el empleo y por la dignidad de los trabajadores.
Señorías, hoy es un día muy especial en el mundo de la sociedad de la información en el conjunto de nuestro país. Incluso podría calificarlo, sin pecar de pretencioso, de que puede ser un día histórico. Hoy con este trámite
final ponemos en marcha la primera ley que afecta a medios electrónicos, y muy especialmente a Internet en el conjunto de nuestro país. Una ley que ha tenido, como han comentado anteriores portavoces, un trámite que yo calificaría de
ejemplar y de impecable; un trámite que por primera vez se cuelga un borrador en Internet, un servicio para que cualquier ciudadano pueda entrar, pueda modificarlo, donde se han hecho distintos borradores incorporando mejoras, incorporando
sensibilidades, incorporando inquietudes de todo aquel que se quería expresar con absoluta libertad sobre lo que era este proyecto de ley, donde ha habido, como se ha recordado, más de 65.000 opiniones a lo largo de esos cinco borradores, y donde ha
habido una actitud absolutamente tolerante por parte del Grupo Popular con respecto al resto de grupos parlamentarios al objeto de enriquecer y de mejorar este proyecto de ley que yo califico prácticamente de histórico.
Este proyecto de ley no es una ocurrencia del Gobierno, este es un proyecto de ley que es absolutamente necesario; era necesario y era demandado por los ciudadanos que hubiera un marco jurídico propicio, un marco donde hubiera normas y
donde esas normas contenidas pudieran transmitir la necesaria confianza, la necesaria seguridad jurídica para que todos, y no sólo aquellos que son expertos en utilizar los servicios de Internet, puedan desarrollarse en esta magnífica red de redes
que es Internet.
El proyecto de ley potencia el desarrollo del comercio electrónico, que es un elemento vital también dentro de nuestra economía. Pese a las cifras que aquí se han dado, puedo decir que el crecimiento en el comercio electrónico en los
últimos dos años ha sido, en volumen general, en torno a un 600 por ciento de actividad.
Con esta ley se consigue un marco jurídico que es claramente proporcionado; se regulan, yo creo que con una precisión y una sencillez absoluta, las obligaciones y también los derechos de las empresas que actúan en la red y, en definitiva,
se ha constituido como una ley que yo creo que es pionera, como una ley que es ejemplar en el propio procedimiento parlamentario y como una ley equilibrada, centrada y muy completa. Después de ese largo trámite que hemos tenido, con amplios debates
en Comisión y en el propio Congreso, el proyecto llegó al Senado.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree que el Senado es necesario.
El Grupo Parlamentario Popular cree que el Senado es una Cámara realmente importante para la vida política española. El Grupo Parlamentario Popular reivindica el
papel de todos y cada uno de los senadores en las actuaciones y en las iniciativas que están llevando a cabo. Me parece lamentable oír por boca de una portavoz socialista cómo menosprecia, cómo casi ridiculiza las interpretaciones, las actividades
y la capacidad de trabajo del conjunto de los senadores.
Nuestro grupo sí cree en el Senado. El Grupo Socialista se negó cuando queríamos hacer una reforma y propusimos que el presidente fuera al Senado a contestar a preguntas de los senadores para vitalizar la Cámara, para darle más
transparencia y vigor. Señorías, flaco favor se le hace, no solamente a los compañeros de su grupo que trabajan en esa Cámara, sino al conjunto de la democracia y a estas dos Cámaras haciendo interpretaciones y declaraciones tan críticas y tan
duras con los compañeros y con el trabajo que hace el Senado español. (Aplausos.) Precisamente del Senado, que tiene su importancia, han emanado una serie de iniciativas que a nuestro juicio son sumamente interesantes para este proyecto. No
solamente se ha contribuido a enriquecer de manera notable con mejoras técnicas -como usted sabe se ha acomodado su redacción y terminología a otras normas del propio ordenamiento jurídico español-, sino que también se han incorporado enmiendas que
son sumamente destacables.
Permítanme que me centre en cuatro enmiendas. Una de ellas es la inclusión de los servicios de la sociedad de la información relativos a los juegos de azar, concretamente en el ámbito de aplicación de esta ley. Era impensable, era
necesario y una reivindicación del conjunto de los ciudadanos, muy especialmente por los padres, por las familias, que en esta nueva ley que estaba en trámite se pusieran garantías para que sus hijos, algunos jóvenes, no fueran utilizados por parte
de los usuarios para que cayeran en esa red de juego y de casinos internautas. Gracias a esta enmienda que se ha introducido en el Senado hay mayores garantías de los usuarios que participan en los juegos de azar en vía electrónica. Los
prestadores tienen ahora la firme obligación de información y transparencia, que yo creo que es positiva para el conjunto de la sociedad, y si no pregúnteselo usted a los padres de familia a ver qué opinan sobre esta enmienda, si no es importante
que los prestadores relacionados con los juegos de azar tengan la obligación de información y transparencia. ¿Qué cree usted que puede pensar un padre o una madre de familia si le preguntamos sobre esta enmienda? Y que haya unas condiciones
concretas para la difusión de esa publicidad que absorbe cada vez que tú abres y que navegas por Internet. Señorías, esta es una enmienda realmente trascendente e importante, y yo creo que va a ser aplaudida por la mayoría de la sociedad española.
Se ha criticado también la inclusión por el Senado, que ha trabajado arduamente para enriquecer esta ley, de un nuevo artículo, el 11 bis, relativo a la conservación de datos de tráfico generado en las comunicaciones electrónicas. Estos
datos son básicos para el éxito de una investigación criminal, sobre delitos cometidos con ayuda de las redes de comunicación. El desarrollo de esta red de comunicación no sólo ha propiciado grandes beneficios para el conjunto de la humanidad, sino
también, desgraciadamente, esas ventajas han venido acompañadas de la utilización fraudulenta, interesada
y criminal por ciertos sectores que utilizan la red para propiciar sus crímenes y para delinquir. Era lógico, razonable, e incluso obligación de un grupo político que sustenta al Gobierno, el que se introdujera una enmienda de esta entidad,
que lo que busca fundamentalmente es una aportación absolutamente indispensable en la lucha contra la ciberdelincuencia.
Se trata de una enmienda que incluye las necesarias cautelas. Yo sé que el miedo parte más de una estrategia, de una pataleta, de ver cómo el Grupo Parlamentario Popular ha hecho los deberes y los ha hecho bien en torno a su propia
responsabilidad como grupo mayoritario, y no hay por qué tener miedo a esta enmienda. Esta enmienda incluye las necesarias cautelas para garantizar el acceso a los datos almacenados únicamente por los órganos facultados para ello, protegiendo, como
no puede ser de otra manera, los derechos de los usuarios al secreto de los datos de conexión que les afecten.
Otra enmienda, a nuestro juicio sumamente importante, introducida también en el Senado, es a la disposición adicional sexta. Esta disposición tiene como finalidad regular los principios inspiradores del sistema de asignación del nombre de
dominio bajo el .es. Lo que se pretende con esta enmienda es estimular, por un lado, el registro de nombres de dominio en el .es, frente a otras alternativas como el .com, el net, el bit, o el futuro eu. Se contempla también la creación de un
sistema de resolución que era necesario; un sistema de resolución extrajudicial de conflicto que permita solucionar de una manera rápida, ágil, eficaz, las disputas que puedan surgir por la utilización de nombres de dominio sin excluir el derecho a
las partes a la propia tutela judicial efectiva. Con la incorporación de esta enmienda se permitirá una rápida actualización del plan de dominio para adaptarlo a las condiciones tecnológicas, a la propia evolución del sistema de nombres de dominio
de Internet y a la aparición de nuevas demandas en cuanto a la asignación de nombres de dominio.
Por último, me voy a ceñir a una de las enmiendas también que creo que es fundamental, que es quizá una de las más demandadas por el conjunto de los ciudadanos, que ha sido la incorporación del punto primero de la disposición final, que
declara de una manera tácita el servicio universal de Internet a todos los ciudadanos, independientemente de donde residan o donde estén ubicados. En España existen 225.000 abonados al servicio telefónico fijo que están conectados a través del
sistema analógico de telefonía rural de acceso celular, conocido por las siglas TRAC. Hasta ahora precisamente estos ciudadanos, que se localizan fundamentalmente en zonas rurales y zonas de montaña, no podían acceder de forma funcional a Internet.
Con esta enmienda y en estos momentos en los que se está sentando precisamente las bases para el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país, cobra una especial urgencia solucionar el problema de este número tan importante de
usuarios que no pueden disponer de un elemento esencial para incorporarse a la sociedad de la información, como es el acceso de Internet. Con la modificación de la Ley general de telecomunicaciones que se propone en esta enmienda, incorporando el
ámbito del servicio universal, el requisito adicional de que la conexión a la red telefónica permita la transmisión de datos a velocidad suficiente como para poder acceder a Internet, conseguimos que todos estos ciudadanos puedan acceder a la red de
redes, tan necesaria y fundamental en la sociedad del conocimiento. Señorías, esta es una enmienda que yo no sé con qué cara van a ir a defenderla a ciertas comarcas rurales de nuestra país. En esas zonas diseminadas donde hay familias, donde hay
alumnos, donde hay estudiantes, donde hay ciudadanos que tienen la necesidad de conectarse a la red y que demandaban, desde hace ya algún tiempo, que se diera una urgente respuesta a sus problemas (precisamente el Grupo Popular, en el trabajo arduo
que se ha hecho en el Senado, ha conseguido que estos ciudadanos tengan ese derecho), no sé con qué cara algunos de los diputados, cuando en campaña electoral vayan a esas comarcas, van a decir que votaron en contra de esta enmienda y de una ley que
claramente potencia sus derechos y sus servicios. En definitiva, señorías, esta es una ley completa, elaborada, trabajada y una ley a la que es muy difícil oponerse, salvo que se esté en la estrategia del no permanente.
El Grupo Socialista ha hecho algunas apreciaciones que nos parecen claramente equivocadas. El Grupo Socialista se ha instalado en la pataleta, en la acidez y en la crítica radical al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que quizá mira con
envidia, porque no tuvo sensibilidad suficiente para crearlo cuando tuvo oportunidad. (Rumores.) Con un discurso catastrofista, poco ilusionante y que en nada refleja la realidad, intenta menospreciar todos y cada uno de los avances que propicia el
Gobierno de José María Aznar, y en concreto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
De lo que ha dicho la señora Pleguezuelos, hay algunas cosas que llaman especialmente la atención. Llama especialmente la atención que el Grupo Socialista nos hable en esta Cámara de competencia y de libertad de competencia. Señoría, no
soy tan viejo ni tan joven como para no acordarme de que en nuestro país, hace seis, siete u ocho años, cuando uno quería acceder al teléfono, sólo tenía la posibilidad de un servicio: Telefónica, que imponía precios, como recordará perfectamente
S.S., a la que uno no podía prácticamente ni quejarse, y que no tenía ninguna capacidad de competencia. (El señor Griñán Martínez pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Por si esto fuera poco, el Grupo Socialista quería alargar el plazo,
para no liberalizar las telecomunicaciones en nuestro país hasta prácticamente el umbral de 2003.
Hoy, es una realidad. Hoy, hay más de 30 millones de usuarios de telefonía móvil, cuando en 1996 había
un millón. Puede usted preguntar a esos usuarios de telefonía móvil si están hoy mejor o peor que en 1996, cuando ni siquiera existía la telefonía móvil y no tenían la mínima posibilidad de irse a un operador alternativo. Puede usted decir
que las cosas van mal, cuando en 1996 Internet era un absoluto desconocido, mientras que hoy una cuarta parte de la población española utiliza la red de manera periódica o habitual.
Señorías, no nos pueden dar ustedes ninguna clase de competencia.
Precisamente quien ha marginado a los consumidores, quien ha marginado sus derechos, quien no ha permitido la libertad de competencia, el desarrollo de las telecomunicaciones
y de la sociedad de la información en este país durante los últimos años, ha sido el Grupo Socialista, que se ha negado a creer en dicha sociedad de la información y en la sociedad del conocimiento. (Aplausos.-Rumores.)
Lo único que les pido es que tengan coherencia, que no se bajen del tren que ha puesto el Partido Popular; el tren de la modernidad y del desarrollo tecnológico. Iniciativas como Internet en la escuela o Internet para todos permitirán
alfabetizar desde el punto de vista digital a todos esos ciudadanos que no han podido acceder todavía, por desgracia, a la sociedad del conocimiento, y que podrán subirse al carro gracias a iniciativas que ha puesto en marcha el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Alejarse de la realidad, instalarse en un discurso catastrofista y alejado de lo que hace el Gobierno y de lo que demandan los ciudadanos, conlleva la incomprensión de estos. Y esa incomprensión de los ciudadanos se traduce
en castigo electoral.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Ustedes sabrán si quieren seguir muchos años más en la oposición con este discurso, negando la realidad de una ley básica, que es histórica y que supondrá, sin lugar a dudas, la base del desarrollo de la sociedad de
la información en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Moreno, le ruego concluya.
El señor MORENO BONILLA: Esta ley supondrá que España esté en el lugar que le corresponde dentro de Europa, liderando y llevando bienestar, igualdad y solidaridad a todos los ciudadanos españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Moreno. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas al artículo 5, apartado 2 y nueva disposición adicional sexta, punto 3, párrafo tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, 279; en contra, seis, abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas al artículo 17, apartado 2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291, a favor, 175; en contra, 14, abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 174; en contra, 114; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
DICTAMENES DE COMISIÓN SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 4.648.044,15 EUROS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE DISTINTOS AUTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA, DE 20 DE OCTUBRE DE 1997, EN LOS QUE SE RECONOCE EL DERECHO DE LOS RECLAMANTES A SER INDEMNIZADOS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA ROTURA DE LA PRESA DE TOUS. (Número de expediente 121/000091.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas.
En primer lugar, dictamen de Comisión del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 4.648.044,15 euros, para el pago de indemnizaciones
derivadas del cumplimiento de distintos autos dictados en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de la Contencioso-Administrativo, sección sexta, de 20 de octubre de 1997, en los que se reconoce el derecho de los reclamantes a
ser indemnizados por los daños ocasionados por la rotura de la presa de Tous.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.)
Sometemos a votación el referido dictamen
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 292.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS, Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de
expediente 122/000199.)
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS, Y DE MODIFICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de expediente 122/000227.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de acuerdo con la ordenación del debate efectuada en la Junta de Portavoces, iniciamos el debate conjunto de la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre procedimiento
para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado juntamente con la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que ruego a SS.SS. que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a hacer. (Pausa.)
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas a las dos proposiciones de ley de referencia, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Simplemente deseo dar por defendidas las enmiendas de Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Grupo parlamentario de Coalición Canaria. Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en este trámite ya final en el Congreso de los Diputados de los proyectos de ley para la reforma parcial de nuestra vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mardones, por favor. Un momento.
(Pausa.)
Adelante.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como decía, en esta actuación parlamentaria para explicitar nuestra posición y con respecto a la enmienda que se mantenía viva, la número 44, para este trámite, en cuanto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y la modificación del procedimiento abreviado, quiero subrayar el trabajo que ha realizado la ponencia y posteriormente la Comisión en relación con el nuevo texto del artículo 799
del proyecto de ley relativo por supuesto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ha sido total y absolutamente modificado. Era objeto de nuestra enmienda número 44, que hacía referencia a los plazos. En razón del texto, que da una flexibilidad
tanto a los juzgados de entrada como a los juzgados de lo Penal en las circunscripciones de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas, dado que nuestro interés era evitar un colapso en las exigencias de los juicios rápidos e
inmediatos, en que pudiera haber dificultades bien por la carencia de medios humanos o bien por determinados períodos de tiempo, las 72 horas o la semana de trabajo habitual en un juzgado de guardia, de entrada, en las comunidades respectivas, nos
encontrábamos con la salvedad de tener que evitar un fallo de los principios de la ley, sobre todo en la posible carencia de fiscales o que estos tuvieran digamos desbordada su capacidad por las denuncias presentadas, por los casos llevados ante el
juez por la Policía judicial. El nuevo texto da una serie de facultades a los jueces que están en los juzgados de instrucción con respecto a los plazos, de los cuales se van a beneficiar los responsables del ministerio fiscal para realizar la
instrucción, la petición de pruebas, etcétera, y que quien comparece,
el justiciable en este caso, tuviera todas las garantías procesales que debe tener ante la jurisdicción correspondiente, todas las garantías constitucionales al respecto. Así pues, señora presidenta, anuncio que mi grupo va a retirar la
enmienda número 44, por darse por satisfecho con el texto que trae este artículo.
Dicho esto, mi grupo quiere hacer una valoración del voto que vamos a dar a todos y cada uno de los artículos del proyecto que vienen del trámite de la Comisión. Quiero agradecer la labor de entendimiento y comprensión que ha tenido mi
grupo parlamentario, por un lado con el Ministerio de Justicia, tanto con el ministro como con el secretario de Estado, el señor Michavila, el subsecretario y el director general para la modernización de la justicia, que han mostrado entendimiento y
sensibilidad con las enmiendas presentadas, y, por otro, con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ollero, con el que tengo que compartir una teoría. Dado que este proyecto de ley nace de una proposición de ley que todos los grupos
parlamentarios suscribimos, toda enmienda al mismo es una autoenmienda y, como bien ha dicho en ponencia y en Comisión el señor Ollero, y yo repito y suscribo, nos autoenmendamos.
Al final, mi grupo no quiere autoenmendarse y por esta razón, aparte
de las objetivas que he señalado, damos por retirada nuestra enmienda número 44. Y tras la capacidad de autoenmienda de todos los grupos para perfeccionar en el trámite de ponencia y Comisión este importantísimo texto, es la hora de hacer una
definición de su valor.
Este texto entra como uno de los principios del pacto de Estado de la justicia, porque en las convocatorias de mesa redonda y conjunta, entre la Administración del departamento de Justicia, con su ministro al frente, señor Acebes, y los
portavoces de los grupos parlamentarios, llegamos a ese consenso de la necesidad de responder a una demanda social, que era esta inseguridad callejera o ciudadana, una serie de faltas y de delitos, que no tenían el respaldo suficiente en la vigente
Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que la ley tuviera un efecto disuasorio sobre los mismos. Eso estaba vinculado no con un procedimiento formalista en sí mismo, sino fundamentalmente con la rapidez y con la inmediatez. Era uno de los flancos
donde la justicia, si no era rápida, dejaba de ser justicia -con mayúscula-. Esta rapidez y esta inmediatez era lo que estaba exigiendo el clamor de la opinión pública, expresado en los medios de comunicación social, y lo que estaban denunciando
las partes implicadas. Es cierto que determinados órganos judiciales en algunas comunidades autónomas han estado un poco por delante.
Como portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria quiero mostrar la satisfacción de que, en la capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los juzgados de lo Penal de la Audiencia provincial, dentro del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, ya vienen poniendo en práctica y en marcha esos principios que se contienen ya de una manera formal en este proyecto de ley que ahora vamos a votar en la Cámara. De aquí que nuestra valoración sea positiva y favorable a este
nuevo texto, porque responde a una demanda social, a una demanda institucional y democrática, a una demanda de todos los actores judiciales, fiscales y de la abogacía y a las demandas populares para que todo afectado en este proceso encuentre ahora
una respuesta positiva de la ley. Mi grupo, que se ha sumado a ese consenso, entiende que este proyecto de ley es necesario y es imprescindible que, a esta altura de los tiempos, esté a disposición de los tribunales de justicia en el ordenamiento y
en la jurisdicción penal para que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sale de esta modificación encuentre en el frente de faltas y delitos a los que hay que exigir un principio de seguridad jurídica en su enjuiciamiento, pero hay que exigir
que los tribunales lo hagan con la agilidad, la rapidez y la inmediatez que se demanda aquí. Va a ser un reto no solamente para jueces y magistrados, va a ser un reto para los fiscales, va a ser un reto para todos los actores que acompañan al
justiciable ante los tribunales de justicia y va a ser un reto también para las comunidades autónomas, entre las cuales se encuentra la Comunidad Autónoma de Canarias, por ser una de las 7 que tienen transferencias en el ámbito de la justicia. Para
que esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que trae los juicios rápidos e inmediatos se haga realidad y no sea solamente una cuestión puramente formal, hace falta dotar de los medios materiales y humanos, en su caso, que se precisen
para que, aparte de esta formalidad procesal, sea al mismo tiempo una realidad que se pueda ejecutar de cara a la sociedad y para que la sociedad española, preocupada por una serie de faltas y delitos que generan un clima de inseguridad ciudadana en
estos aspectos, tenga una respuesta positiva. Hoy la Cámara da respuesta a este reto y mi grupo lo quiere hacer así.
Son dos textos. En este aspecto diré que cuando el proyecto de ley tuvo entrada en la Cámara, cuando se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 25 de marzo, era unitario, después hubo dudas sobre si determinados artículos
que afectaban a la cuestión de los derechos fundamentales del título I de la Constitución tenían que ser objeto de consideración de ley orgánica. Esta es la razón por la que se han despiezado los artículos y se han agrupado en los dos textos
legales que hoy llegan: la ley ordinaria, amplia en su contenido articular, y la ley orgánica, más corta.
Quiero resaltar, señora presidenta, el asesoramiento que hemos tenido por parte de los servicios de la Cámara y de los letrados que han acompañado a la Comisión de Justicia en este aspecto, que hicieron un magnífico dictamen, sobre la
característica de ley orgánica de determinados artículos. Una vez que se tomó en consideración, el 9 de abril, el proyecto de ley publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 25 de
marzo, había que entrar en clarificar con exactitud, seguridad jurídica y calidad académica qué artículos deberían tener o podían tener el carácter de ley orgánica. Cuando se hace un procedimiento abreviado, como señala el artículo primero,
había que definir qué aspectos iban a ser afectados por un carácter de ley orgánica. El dictamen que ha hecho el servicio jurídico, los letrados y el letrado adscrito a la Comisión de Justicia, merece por parte de este diputado y de mi grupo un
reconocimiento de elogio por haber permitido dar esta claridad de enjuiciamiento. No podía ser menos, porque se estaba hablando de actuaciones del juzgado de lo Penal, que afectan al derecho de libertad de los ciudadanos españoles, derecho
constitucional fundamental, en el sentido de que hay penas que se pueden solicitar y que pueden llegar a los dos años de prisión, imponer una pena solicitada reducida en un tercio o si la pena impuesta fuera privativa de libertad acordará su
suspensión o sustitución. Estos son derechos fundamentales y ha sido necesario y conveniente que quedara perfectamente aclarado como seguridad jurídica y como principio de jerarquía legislativa. Obliga a un compromiso de voto mayoritario de la
Cámara por su carácter de ley orgánica, pero creemos que se ha hecho una aportación muy positiva cuando tengamos, en nuestro papel parlamentario, la responsabilidad de saber si, al legislar, estamos tocando cuestiones puramente técnicas o de
procedimiento formalista y no estamos conculcando o dañando, aunque sea un simple rasguño legislativo, derechos fundamentales constitucionales garantizados en el título I de la Constitución española.
Por todas estas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar favorablemente el conjunto de este proyecto de ley, que enaltece en este momento el ámbito legislativo de la Cámara, por entrar en un texto de esos que parecen intocables a lo
largo del tiempo, como era el caso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ratificamos nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todos los que hemos consensuado y trabajado en el texto de lo que fue en su día de entrada en la Cámara proposición de ley
de todos los grupos parlamentarios, con el fin de tener para el pueblo español la oferta de una justicia buena, eficaz, rápida, contundente y sobre todo democrática.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señoría URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi formación política se enfrentó a la tramitación de esta proposición de ley con la perspectiva de su necesidad. En primer lugar, los retrasos en el proceso penal son injustos y ponen además en peligro el derecho a la tutela judicial
efectiva y, en segundo lugar, desde la óptica de su corrección técnica. Lo primero es una obviedad. Respecto de lo segundo hemos procurado con nuestras enmiendas contribuir a que esta vez sí se acierte a establecer la vía procesal que, siendo más
ágil que la vigente, respete escrupulosamente las garantías del reo y también, cómo no, los derechos de las víctimas.
Ya manifesté en Comisión que nuestra aportación colaboradora ha resultado eficaz y exitosa. Las enmiendas presentadas han tenido aceptación en los defectos que apuntábamos como más graves, alguno, como el que se refería al derecho de
defensa, al desequilibrio entre partes acusadoras e imputadas en el auto que ordena o que puede ordenar la continuación del proceso por la vía del abreviado, ha quedado de manera feliz subsanado.
También lo referido al juez competente para instruir
y para fallar, a lo que volveré a referirme más adelante. Nos quedan vivas unas pocas enmiendas que sosteníamos porque creemos que mejoran el texto, con algunas precisiones, pero que reconozco que no son neurálgicas. Veamos.
La enmienda 50
pretende igualar la postulación; si el acusado no lleva procurador, ¿por qué sí han de llevarlo la acusación particular o la acción popular? La enmienda 51 puntualiza la posibilidad de entrevista con el letrado en sede policial, aunque creo que
esto es salvable y hay que entender que es así en todo caso. La enmienda 52 permitiría a la Policía judicial actuante valorar si le bastan los medios o requiere de otros, sin que imperativamente deba solicitarlos. La enmienda 54 quiere evitar una
reiteración. La enmienda 63 es algo más que una cabezonada de esta diputada cuando pedimos regulación concreta del recurso de nulidad que se ofrece. La enmienda 65 tiene que ver con una corrección en el ámbito de la aplicación referido a la
conformidad y la número 69 pretendía rescatar, para mayor claridad, la adición actual del punto 5 del artículo 789. No las voy a sostener en este momento. Las retiro por no someterlas a la humillación de un voto que sé cual va a ser, puesto que sé
cual fue en Comisión. Simplemente volveré a intentarlo en el Senado, donde los trámites de ponencia y Comisión permiten otra vez el posible y el deseable debate técnico -debate como el habido en el seno de esta Cámara entre todos y con el
Gobierno-, que lleve a que puedan tener acogimiento en alguna medida.
Respecto a las dudas que albergan otras formaciones sobre la conformidad sobre el juez competente para fallar en la regulación que se ha dado al artículo 801, a nosotros nos parece que ha quedado adecuado y respetuoso de la jurisprudencia
constitucional, en cuanto a la separación de la instrucción y el enjuiciamiento, de la misma forma que nos parece correcto cómo ha quedado regulado lo que se llama planteamiento en el artículo 789.
Nos gustaría que se modificasen dos cuestiones, y lo intentaremos en el Senado. En el artículo 795, querríamos que se plasmasen más -si se me permite expresarlo
así- nuestras enmiendas 64, 65 y 66, en el ámbito de aplicación de la norma, en el sentido de que, constatada la flagrancia o conseguida la confesión, sea posible el enjuiciamiento rápido, opción que preferíamos -y así lo hemos manifestado
siempre- al sistema de listado. ¿Cómo se puede conseguir? Añadiendo en el punto 3, redactado en la actualidad -como manifestó en Comisión el diputado señor Mardones- en espantoso castellano, la referencia a la regulación de la conformidad.
Probablemente lo intentemos nosotros mismos en nuestras enmiendas.
La otra cuestión es que en la adicional quinta nueva, introducida en los debates en ponencia y Comisión, el proyecto, al que se llama de necesaria presentación por el Gobierno, hace referencia a una regulación de la prisión provisional. A
nosotros nos gustaría que fuese un proyecto de tutela cautelar penal, pero ya conozco la respuesta, sólo la prisión, lo cual, desde nuestra perspectiva, es injusto, ya que en infinidad de casos los fines cautelares a tutelar se pueden obtener sin
llegar al sacrificio de la libertad, que ha de ser lo último. Esta opción tan corta retrata una cierta filosofía represiva que nuestra formación política no comparte y desde aquí nos gustaría instar una vez más a que lo que se traiga a regular sea
la totalidad de un proyecto o proposición de ley, si así se desea, que regule la tutela cautelar penal. Queda ahora en manos del Gobierno -también de las comunidades autónomas, pero sobre todo del Gobierno- acreditar que para ellos conseguir la
rapidez en los procedimientos judiciales, conseguir la garantía de la tutela de la justicia a tiempo, que tantas veces se ha pretendido, es una prioridad política.
No puedo irme de la tribuna en todo caso sin hacer una reflexión sobre oportunidad política o valoración política o momento político respecto de la postura que mi grupo sostiene. Entiendo que este es el foro adecuado, puesto que estamos en
la tribuna de la sede de la soberanía popular, y no tanto las frases ingeniosas que se suelen verter en los pasillos. Señor ministro, el Grupo Vasco firmó esta proposición de ley y la va a votar ahora con sus reformas, pero ¿cómo se explica usted
esto desde la hostilidad constante que existe desde el Gobierno del que usted forma parte hacia nuestra formación política? Se lo voy a decir yo: Vamos a votar ahora que sí, porque hemos sido elegidos con un compromiso ciudadano que demanda lo que
esta iniciativa pretende, y somos coherentes con lo que la ciudadanía creemos que requiere, pero cabe perfectamente decirle hoy que sí, señor ministro, y haber dicho anteayer que no a su Ley de partidos. Esto también es coherente con solidarizarse,
con todo el afecto y todo el cariño, con una alcaldesa que ha sido agredida por la intolerancia violenta. No son posturas incompatibles. Señor ministro, no existe el pensamiento único, el pensamiento de conmigo o contra mí. Eso es intolerancia y
tiene una calificación a la que yo me resisto y que quiero evitar en esta Cámara. Insisto, señor ministro, hay matices, la democracia los permite, sin descalificaciones chirenes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señorías, señora presidenta, empezando por el final para terminar por el principio, el otro día, un momento antes de votar en la Comisión de Justicia, el sin par portavoz del Grupo Popular hizo una alusión clara a este
humilde portavoz, cariñosa e irónica como suelen ser las suyas, diciendo que no se podía rejonear en dos ruedos, en dos plazas, a la vez, y que nos aclaráramos si queríamos estar dentro del pacto de Estado o queríamos estar fuera, porque no se podía
estar dentro estando fuera y estar fuera estando dentro. Quiero dejar claro la posición de mi grupo y presentaré a la consideración del resto de los grupos, fundamentalmente de los grupos iniciáticos del llamado pacto de Estado de la Justicia, la
continuidad o no de mi grupo parlamentario.
Sin embargo, señorías, ya que el sin par portavoz del Grupo Popular utilizó mi apellido para hacer caracoleo político, permítame que yo también me refiera al suyo con el mismo tono cariñoso. Ollero es el que hace las ollas. Y nosotros,
desde que se iniciaron los primeros contactos con el ministerio, a efectos de llegar a un pacto de Estado, hemos tenido la sensación de que el puchero se movía en otras cosas y que se estaba continuamente en un pucherazo o, si quiere usted, en un
ollerazo. Señor portavoz, nosotros asistimos lealmente a todas y cada una de las consultas y de las reuniones, enviamos documentación al ministerio, y cual fue nuestra sorpresa cuando un día nos tuvimos que enterar a través de los medios de
comunicación de que se iba a firmar un pacto de Estado por la justicia entre el PP y el PSOE, excluyendo al resto de las fuerzas políticas parlamentarias. Bien es verdad que posteriormente, por una hábil e inteligente iniciativa, una moción, de la
señora Lasagabaster, todos los grupos parlamentarios que teníamos y seguimos teniendo una intención de trabajar por el bien de la justicia nos incorporamos a la Comisión del pacto de Estado para la justicia. Y nadie nos podrá negar que hemos tenido
la sensación de que el puchero se cocía en otras lumbres, de que la olla hervía en otras lumbres, señoría.
¿Cuántas veces hemos leído los medios de comunicación y nos hemos enterado de trabajos realizados por el propio ministerio o por el grupo de trabajo -perdón por la redundancia- que elaboraban determinadas leyes? Lo hemos tenido que leer en
los periódicos, bien El Mundo, bien El País, filtrado, antes de que la propia Comisión del pacto de Estado tuviera conocimiento de ese tema. ¿Cuántas veces a través de los medios de
comunicación nos hemos enterado de que determinados aspectos problemáticos, que tal vez en un momento determinado tenían empantanada a la Comisión de seguimiento del pacto de Estado de la justicia, quedaban desatascados por un cocimiento de
la olla entre el Partido Popular o el Gobierno y el Partido Socialista? Alguien podrá decir: Para eso son los mayoritarios. Me parece muy bien, pero que hagan eso en la Comisión del pacto de Estado de la justicia, que para eso hicimos una
comisión más pequeñita, a fin de poder trabajar sin tener que hacerlo en una Comisión de Justicia o de Interior.
Seamos en eso, señorías, rigurosamente serios. Desde el principio, mi fuerza política quiso trabajar en el interior de la Comisión del pacto de Estado por la justicia, y quiere seguir trabajando, aportando y siendo aportada, informando y
siendo informada, enriqueciendo y siendo enriquecida, cuantas veces sea necesario en cada uno de los aspectos.
Saludamos y apoyaremos los muchos elementos positivos que en gran parte van emanando de ese pacto de Estado, pero en lo que no estamos de
acuerdo nadie nos puede obligar a un trágala, nadie. Y desde luego Izquierda Unida en ningún momento va a aceptar adhesiones inquebrantables. Si entra cualquier texto elaborado por la comisión de expertos en la comisión de trabajo lo enmendaremos,
lo iremos enriqueciendo. Si se mejora a lo largo de los trabajos en ponencia y en Comisión, indiscutiblemente, reconoceremos, como vamos a reconocer en ésta, que se ha mejorado el primer texto que llegó, pero nadie nos podrá pedir que, si estamos
en desacuerdo, no nos abstengamos. No vamos a jugar a filibusterismos parlamentarios, no vamos a presentar enmienda a la totalidad, no vamos a votar en contra, pero lo que yo planteo, con mucha claridad, es que si en la Comisión del Pacto de Estado
de la Justicia (reconociendo nuestro papel y nuestro peso, todavía no se nos ha subido nada a la cabeza) se nos piden adhesiones inquebrantables, invítesenos cuanto antes a que nos vayamos. Si se va a permitir una determinada autonomía, como hemos
hablado, que así sea. Yo personalmente he sido enemigo de estar de convidado de piedra o de invitado en la mesa de los poderosos, mucho más me molestaría estar de gorrón en un momento determinado. Por lo tanto, dígase. Se podrá decir que esta
fuerza política firmó esta iniciativa. La firmamos, y lo dejamos muy claro, como elemento de impulso; no tuvimos ni horas, y eran horas nocturnas, para estudiarla.
Decía que, sobre el texto primigenio, esto ha mejorado. Lo que pasa es que nosotros seguimos negando muchos de los elementos de la filosofía que hay detrás de todo esto. Señorías, nosotros pensamos que el principal problema para que haya o
no haya juicios rápidos consiste en que hay que poner los medios económicos, no el texto, y las infraestructuras necesarias. Mientras no se modifique la Oficina judicial, señorías, no va a haber juicios rápidos; mientras no se pongan los medios
económicos necesarios, no va a haber juicios rápidos. Podrá haber voluntad, y la hay, en algunas comunidades autónomas, apuestas de los gobiernos de las comunidades autónomas (últimamente, Sevilla está remontando algo que tuvo en 1992 y luego no
volvió a tener, Cataluña está en ello y el señor Mardones hablaba de Canarias), pero son gestos de buena voluntad y la política, y más la política de la Administración de justicia, no se puede ni se debe hacer con gestos de buena voluntad meramente.
Señorías, eso es lo fundamental y lo necesario.
El informe del Consejo General del Poder Judicial sobre los juicios rápidos, que todos ustedes conocen perfectamente, no centraba ni sigue centrando sus esfuerzos para que haya juicios rápidos en la necesidad de una reforma legal, sino en
los aspectos organizativos y materiales. Es menester, señorías, recordar que la ley de asistencia a las víctimas de 1995 sigue estando en vigor a pesar de que prácticamente no se aplique.
Finalmente, no parece lo mejor introducir los juicios
rápidos de forma parcial, adelantándonos a la conclusión del proceso global de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en marcha en estos momentos. Por todo ello, parece deducirse, señorías, que la clave de la realización de juicios rápidos
en España no está en la legislación sino fuera de la misma.
En relación con los medios materiales, humanos y financieros necesarios para impulsar los juicios rápidos, nosotros volvemos a insistir, y preguntaríamos a quien corresponda: ¿Cuánto cuesta un juzgado extra en una gran capital para atender
los juicios rápidos? En salarios de funcionarios, por juzgado de guardia extra y por año, 180 millones de pesetas, es decir, 1.080.000 euros. Hay otros costes que añadir, por ejemplo, disponibilidad informática de antecedentes penales, peritaje
todo tiempo, abogados de oficio ágiles, etcétera. Con todo esto, no incrementando mucho la factura, vuelvo a insistir, estamos hablando de muchos miles de millones. A ello hay que unir aspectos estructurales de la reforma en los juicios rápidos.
Este grupo parlamentario parte de la base de que este texto, incluso en su versión de ponencia -que es la misma que ha llegado-, después de estudiarlo convenientemente, no mejora de forma sustancial la legislación existente. Mejora el texto
original, pero no mejora la legislación existente. Desde nuestro punto de vista, persisten problemas que ya denunciamos hace unos meses: celeridad versus garantías. En relación con este binomio, entendemos que la pasión por la velocidad nos puede
suponer algún disgusto en materia de garantías y derechos procesales. Pido que midamos, todos y todas, de forma cuidadosa, las repercusiones de esta proposición de ley sobre la población reclusa y sobre la prisión preventiva. No nos gustaría que
el efecto neto de la misma fuese el de sacar gente de la calle y meterla en prisión como sea, y algo de eso puede haber en el texto de la proposición de ley.
Política de tolerancia cero. En conexión con lo anterior, no nos gustan las manifestaciones de varios portavoces de justicia de los grupos parlamentarios en relación con la conexión de esta proposición de ley con la política de tolerancia
cero.
Señorías, de todo lo anterior -y voy terminando señora presidenta-, debe deducirse que persisten muchos de nuestros recelos hacia el texto de la reforma legal. Seguimos considerando esta reforma como un paso atrás en materia legal que se da
sólo de cara a la galería y que viene lastrado no sólo por sus graves deficiencias técnicas, en parte paliadas por el trabajo en Comisión, sino también por el inadecuado marco material en el que se va a aplicar, ya que el contexto sociopolítico
actual es fuertemente favorable a la seguridad y al orden público y contrario a los derechos fundamentales y a las libertades públicas. Con estos mimbres y en este contexto, señorías, mucho nos tememos que el resultado neto de esta reforma puede
ser contrario al Estado de derecho, especialmente si contemplamos éste desde una perspectiva democrática y social.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán debe congratularse, y así lo hace, de que una iniciativa como la introducción o el refuerzo en nuestro ordenamiento jurídico de los juicios rápidos e inmediatos, que entendemos que es paternidad del
Grupo Parlamentario Catalán, pueda ser objeto de aprobación inicial por el Congreso en el día de hoy. Ciertamente, no ha sido un proceso corto. Una de las aportaciones del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al pacto de Estado por la
justicia fue la introducción de un enjuiciamiento inmediato para los delitos menos graves y para las faltas, tal como figura en dicho pacto.
El 27 de junio de 2001, hace casi exactamente un año, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó también, dentro del debate sobre el estado de la Nación, una propuesta de resolución que pretendía la introducción de las
modificaciones procesales y sustantivas que pudieran contribuir a luchar mucho más eficazmente contra la pequeña delincuencia y en los supuestos de delitos contra la propiedad y las faltas contra las personas. El 26 de septiembre de 2001, en la
primera reunión de la Comisión de seguimiento del pacto de Estado por la justicia también fue mi grupo parlamentario el que propuso que a este enjuiciamiento inmediato se le atribuyesen unas características de urgencia. De manera que los grupos
parlamentarios nos comprometimos en aquel momento a que estos juicios rápidos e inmediatos pudiesen estar en vigor para este verano, antes del inicio de la temporada turística, creo recordar que estos eran los términos en los que adoptamos aquel
acuerdo.
Señorías, no estarán en vigor ni en funcionamiento estos juicios rápidos e inmediatos este verano, pero al menos creo que tenemos la garantía de que lo estarán para la próxima primavera; en otoño podremos aprobar definitivamente esta
proposición de ley y, con la vacatio que prevé, podrá entrar en funcionamiento la próxima primavera.
El Grupo Parlamentario Catalán configuraba estos juicios rápidos e inmediatos no como un puro desiderátum desde el punto de vista de agilidad de la justicia penal. Cierto es que la justicia ha de ser ágil, la penal, la
contencioso-administrativa, la civil y la laboral. El planteamiento del Grupo Parlamentario Catalán era la configuración de estos procedimientos, de este enjuiciamiento inmediato, como un instrumento eficaz de lucha contra la inseguridad ciudadana.
De ahí que entendamos que las modificaciones procesales, como hicimos anotar en el debate sobre el estado de la Nación del año pasado, son insuficientes y que es preciso adoptar modificaciones sustantivas en el Código Penal en el tratamiento de la
penalidad de las faltas que, como saben ustedes, no llevan aparejada una pena superior a los arrestos del fin de semana, y fundamentalmente en el tratamiento de la reincidencia, ya sea en las faltas o en los delitos. Al mismo tiempo y en el ámbito
pura y estrictamente procesal, el Grupo Parlamentario Catalán entendía que estos juicios inmediatos debían ir acompañados de otras modificaciones procesales. De ahí que presentásemos dos enmiendas, la 174, que efectuaba una nueva regulación de la
prisión preventiva, y la enmienda 144, que pretendía establecer una nueva posibilidad de enjuiciamiento en rebeldía, subiendo el límite de la pena que puede imponerse en un juicio en rebeldía de un año a tres años.
Por iniciar mi exposición por estos últimos supuestos, diré que hemos recibido y aceptado, y así se ha incorporado al texto, una enmienda del Grupo Popular que pide al Gobierno el envío de un proyecto de ley en el que se regule la prisión
provisional en un plazo de seis meses. Mi grupo entiende que quizá debiéramos extenderlo a una regulación de la tutela cautelar penal, si bien ese planteamiento más ambicioso nos gustaría que no determinase un alargamiento de los plazos. También
hemos recibido y hemos aceptado una transacción del Grupo Parlamentario Popular, de manera que los juicios en rebeldía puedan realizarse cuando la pena que se solicite sea de hasta dos años, en lugar de hasta el año vigente, siendo inferior a la
pena de tres años que establecía el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ambas cuestiones, la prisión preventiva y el juicio en rebeldía, son fundamentales. El enjuiciamiento inmediato, como veremos posteriormente, produce unos muy
buenos efectos, pero en tanto que la sentencia no sea firme habrá que volver a aplicar los criterios de la
prisión preventiva, de la prisión provisional. La relevancia que tiene la existencia de una sentencia condenatoria, de ahí la importancia de ampliar el ámbito de los juicios en rebeldía de cara a aplicar en otros supuestos la suspensión de
la ejecución de la pena, determinaba la necesidad de esta reforma. Por tanto, nos debemos congratular de esos dos planteamientos, de esas dos transacciones ofrecidas por el Grupo Popular y aceptadas por mi grupo parlamentario.
Es absolutamente fundamental y necesaria la reforma de los juicios rápidos e inmediatos. Mi grupo no quita ni un ápice de valor a la necesidad de medios personales y materiales suficientes. Tanto no quita un ápice de valor a esa necesidad
que la única enmienda que vamos a mantener para su votación en el Pleno en el día de hoy es la enmienda número 177, a través de la cual se pretende que por la Administración del Estado se proceda a efectuar las transferencias de medios suficientes a
las comunidades autónomas con competencias en la materia para garantizar un correcto funcionamiento de esta justicia rápida e inmediata. Debo decir que, sabiendo que en el día de hoy muy posiblemente será rechazada, cada vez se obtiene mayor
comprensión de la necesidad de financiación estatal de esta materia y, por tanto, aspiramos a que en el Senado, y en última instancia en la práctica, se pueda obtener esa financiación. Los medios personales y materiales son imprescindibles y es
imprescindible una determinada actitud por parte de los que intervienen en la justicia penal para la celebración de los juicios rápidos.
La memoria de la Fiscalía del año 2001 señalaba, señorías, que en España se habían celebrado algo más de 3.600 juicios rápidos. En dicho ejercicio sólo un 4 por ciento de la justicia penal es una justicia rápida, pero además un tercio de
esta cifra se lo lleva el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es decir, que la aplicación de los juicios rápidos es muy diferente en unos territorios y en otros. Un tercio de esa cifra, más de 1.200 juicios rápidos, en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, algo más de trescientos juicios rápidos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid -no se acaba de entender esta diferencia- y una cifra también apreciable o relevante en el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.
Señorías, también era absolutamente imprescindible una modificación legislativa. ¿Por qué digo que era absolutamente imprescindible una modificación legislativa? Porque la legislación actual contenía deficiencias y, por tanto, se hacía
imprescindible su superación. En primer lugar, el procedimiento de juicio rápido e inmediato no se configuraba como un procedimiento especial, sino como determinadas especialidades dentro del procedimiento abreviado. Eso es algo que formalmente
superamos con esta proposición de ley, donde se configura un capítulo específico dentro de un libro específico de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículos 795 a 802, y se procede a la regulación del enjuiciamiento rápido e inmediato. En segundo
lugar, porque en el ámbito de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal no se establece límite temporal alguno a la práctica de aquellas actuaciones preparatorias o instructorias para los juicios rápidos y, por tanto, con la ley en la mano esta
instrucción o esta preparación podía alargarse, prolongarse notablemente a lo largo del tiempo. No es lo que ocurre con la proposición de ley que hoy traemos aquí. El artículo 799 de dicha proposición de ley establece unos plazos máximos en los
que deben practicarse estas actuaciones preparatorias e instructorias. Tratándose de juzgados que están de guardia 24 horas, las actividades preparatorias e instructorias deben realizarse precisamente en esas concretas 24 horas.
Cuando se trata de
juzgados que no están de guardia permanentemente, allí sí que se establece una ampliación, y cuando las diligencias de la Policía judicial llegan dentro de las 48 horas anteriores a la finalización del servicio de guardia, se permite prolongar esa
actividad preparatoria e instructoria 72 horas más. Estamos hablando, en última instancia, de una actividad de instrucción y preparación que no puede durar más allá de cinco días.
Pero, señorías, no es sólo eso. A diferencia de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que no puede celebrarse el juicio, en un procedimiento de juicio rápido, antes de que transcurran diez días y por lo tanto establece un
plazo mínimo para la citación y para la celebración del juicio, el planteamiento de la proposición de ley y de la modificación que introducimos es la contraria: se establece un plazo máximo, el juicio no puede tener lugar después de quince días,
por lo tanto tiene que tener lugar, para explicarme mejor, antes de esos quince días, y por lo tanto sustituimos plazos mínimos por máximos.
Qué decir, señorías, de los principios de oralidad y concentración. La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de juicio rápido, en materia de juicio inmediato, no deja de constituir una sucesión de actos procesales en los que no
se exige que rija un principio de unidad precisamente de acto, que deben irse notificando a través de los procedimientos ordinarios y por lo tanto es muy difícil que pudiera haber una reacción en términos no digo de días sino incluso de pocas
semanas.
Sin embargo, eso no es lo que ocurre con la proposición de ley tal y como se trae hoy al Congreso, debo decir con satisfacción que en muy buena parte debido a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Lo digo,
señorías, porque en esta proposición de ley, fundamentalmente cuando estamos hablando de términos o de partidos judiciales en los que los juzgados están de guardia 24 horas seguidas -podemos hablar, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona,
circunscripción precisamente que me corresponde-, rige el principio de unidad de acto de una forma tan absoluta que una vez que la Policial judicial haya
presentado, haya entregado las diligencias en el juzgado, sin romper esa unidad de acto tienen que practicarse las diligencias judiciales, fundamentalmente alguna pericia, pero sobre todo la declaración del denunciado y la declaración de los
testigos. En ese mismo acto establece la ley que deben pronunciarse las partes sobre la suficiencia de esas diligencias judiciales urgentes, y si las partes se pronuncian en un sentido que el juez entiende que esas diligencias judiciales urgentes
son suficientes, en ese mismo acto se procede también a solicitar de las partes que se pronuncien acerca de la apertura del juicio oral o del sobreseimiento, y si se acuerda la apertura del juicio oral en ese mismo acto, el fiscal presenta ya el
escrito de acusación.
Por lo tanto, en ese término de 24 horas que está de guardia un juzgado de instrucción en Barcelona se practican las diligencias urgentes, se acuerda la apertura del juicio oral y se formula el escrito de acusación por parte del ministerio
fiscal. Pero, señorías, debo señalar que la ley ni siquiera impide que el juicio se realice en esas 24 horas, porque, a partir de que el ministerio fiscal presente inmediatamente su escrito de acusación y teniendo a todas las partes en su
presencia, el juez concede un plazo a la defensa para formular el escrito de defensa. Se ha sustituido el plazo mínimo de cinco días que establecía incluso la proposición de ley en su redacción originaria por la atribución al juez de la facultad de
fijar el plazo para formular el escrito de defensa.
Tenemos elementos y motivos para pensar que en muchos casos la defensa formulará el escrito en ese mismo ámbito, en ese mismo momento, en ese mismo supuesto. A partir de ese momento, lo único que
debe hacerse es casar la agenda con el Juzgado de lo penal, para que pueda celebrarse el juicio.
Por lo tanto, si la pregunta es: ¿Pueden celebrarse juicios inmediatos en 72 horas desde la comisión de un delito? La respuesta es que desde luego que pueden celebrarse, no sólo en 72 horas, sino en 48 e incluso, si me apuran, en 24 horas.
En consecuencia, señorías, la modificación es más que sustancial, de la misma manera que tiene una enorme importancia la concreción de supuestos que permiten entrar en ese juicio rápido e inmediato, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
actual.
Hemos sido varios, yo creo que casi todos los grupos parlamentarios, los que hemos enmendado el artículo 795. Este artículo 795, al que deberán añadirse las observaciones que ha efectuado la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco -estoy
seguro que lo podremos hacer en el Senado-, determina cuáles son las circunstancias y cuáles son los delitos que permiten acceder precisamente a ese enjuiciamiento rápido e inmediato.
Obviamente, hemos reducido los delitos susceptibles de
enjuiciamiento rápido e inmediato a aquéllos que no sean susceptibles de una pena superior a los cinco años, a diferencia de los nueve años que se establecían en el texto originario, y se atribuyen unas facultades notables a la Policía judicial,
pero son unas facultades absolutamente imprescindibles para que este sistema funcione.
Esta justicia rápida e inmediata beneficia absolutamente a todo el mundo.
En primer lugar, beneficia a la sociedad, porque la sociedad tendrá la percepción de que tenemos un sistema judicial que funciona y no esa percepción que tienen los
ciudadanos de que el delincuente o el presunto delincuente entra por una puerta del juzgado y sale por otra, desde luego saldrá por otra pero saldrá juzgado, señorías. En segundo lugar, beneficia muy fundamentalmente al delincuente o al presunto
delincuente, porque si convenimos todos en que la situación natural del hombre es la libertad, también convenimos todos que la situación normal de una persona privada de libertad es que lo sea por sentencia y después de ser juzgado, y no por un auto
judicial de prisión provisional o prisión preventiva. El enjuiciamiento rápido e inmediato precisamente va a permitir que si alguien se ve privado de su libertad lo sea por sentencia, una vez que se han valorado todos los elementos y ha concurrido
ese principio de contradicción, y no por un auto judicial de prisión preventiva. Y en tercer lugar, y muy fundamentalmente, también va a beneficiar a las víctimas, que en un país turístico, como es el nuestro, y en una comunidad turística, como es
Cataluña, como es la mía, muchas veces vuelven a sus países o a sus regiones de origen antes de la celebración del juicio, lo cual lleva aparejado normalmente la absolución del presunto delincuente o del delincuente. Tenemos miles, posiblemente
millones a lo largo del año, de turistas que están en nuestra tierra dos, tres o cuatro días, no están más. ¿Cómo se le puede pedir a un japonés que vuelva de Japón para participar y declarar en un juicio en el que a una persona se le acusa de
haberle sustraído algo? No ya de Japón, es que no se le puede hacer venir ni de A Coruña, por poner un ejemplo. Esto tiene algunos mecanismos que permiten suplirlo, la celebración o la práctica de pruebas preconstituidas permiten solventar algunos
de los problemas pero no dar una solución definitiva. Es este enjuiciamiento inmediato el que permite garantizar los intereses y los derechos de las víctimas y de los perjudicados, tanto desde la perspectiva de que el delincuente tenga la pena
prevista por el Código Penal como incluso para solventar mejor las responsabilidades civiles.
En la última comparecencia del fiscal general del Estado para la presentación de la memoria nos puso encima de la mesa, en un aspecto que para nosotros es muy relevante, que es la aplicación de este juicio rápido e inmediato en los supuestos
de violencia doméstica, unos datos realmente escalofriantes, y es que en los supuestos de violencia doméstica constitutiva no de delito sino de falta, el 70 por ciento de los juicios de falta son absolutorios. ¿Por qué son absolutorios? Porque
tardan tanto en celebrarse que a veces la presión sicológica del agresor sobre la propia víctima determina que no comparezca en el juicio de faltas, que no
preste declaración, que se retracte de sus declaraciones. En un ámbito muy concreto, como es el de la violencia doméstica, la violencia de género, este enjuiciamiento rápido e inmediato va a permitir que esos supuestos no se produzcan y que
en aquellos casos en los que se ha producido una agresión, la misma sea enjuiciada y condenada sin que el transcurso del tiempo acabe determinando una modificación, una ausencia de declaraciones y, por tanto, una situación absolutoria.
En consecuencia, es una justicia que beneficia absolutamente a todos; es una justicia que respeta el principio de contradicción y de tutela judicial efectiva; es una justicia que está prevista para los delitos menores; y es una justicia
que, en última instancia, atribuye al juez el fijar el plazo preciso para el escrito de defensa y fijar, dentro de ese límite máximo de quince días, el plazo para la realización del juicio. Yo creo sinceramente que no se pueden presentar objeciones
porque en este caso se efectúa una regulación correcta.
Señorías, como está dentro del capítulo dedicado al enjuiciamiento rápido e inmediato, no puedo por menos de hacer una referencia al artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no
agrada a mi grupo parlamentario. Es un artículo que regula la conformidad y sus efectos en el enjuiciamiento rápido e inmediato, a nuestro entender, con una cierta estrechez de miras, con una notable desconfianza. Mi grupo entiende que cabe
introducir en la justicia penal, igual que ocurre en algunos otros países, un elemento de oportunidad, y ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, la rigidez con la que está regulado que en los supuestos de conformidad se produce la disminución en un
tercio de la pena, siempre con el elemento previo de que no se permite que juegue esta conformidad cuando la pena que se solicita es superior a tres años, y tampoco se permite que juegue la conformidad cuando la pena que se solicita es inferior a
tres años pero el presunto delincuente, el que al final será acusado o condenado, porque se conforma y será condenado, no pudiera beneficiarse de la suspensión de la ejecución de la pena, nos parece que es un planteamiento excesivamente estrecho.
No vemos por qué no pueda regir una conformidad en fase de instrucción que pueda determinar el ingreso en prisión del presunto delincuente que presta la conformidad. De la misma manera que nos provoca algunas dudas jurídicas o algunas certezas de
que supone casi la reintroducción de la prisión por deudas el hecho de someter la conformidad al compromiso de hacer frente a la responsabilidad civil -y nos parece muy bien someterla a ese compromiso de hacer frente a la responsabilidad civil-,
pero el incumplimiento precisamente de ese compromiso, es decir, el hecho de no efectuar el pago o las responsabilidades civiles, acaba determinando precisamente el que la pena originaria se recobre y el que ha visto reducido en un año esa condena
la vuelva a recuperar y se vaya con los tres años correspondientes a prisión. Nos parece que el artículo 801 lo debemos contemplar con muchísimo más detenimiento.
En cualquier caso, entendemos que este procedimiento va a evitar estas cifras escandalosas: un ciudadano detenido 143 veces en dos meses en una ciudad como Barcelona, o 97 veces en dos meses en una ciudad como Madrid.
Para ello será
preciso, como señalaba anteriormente, modificaciones sustantivas en el Código Penal y algunas otras modificaciones procesales.
Por lo que hace referencia al resto de la proposición de ley, en cuanto a la regulación del procedimiento abreviado, mi grupo también manifiesta la satisfacción por los términos en los que esta proposición de ley accede en estos momentos al
Pleno del Congreso. Creo que hemos sido capaces de solventar -y mi grupo parlamentario presentó dos enmiendas en ese sentido- una posición crítica de los fiscales, pero sobre todo una posición crítica en la que se podía dejar al ministerio fiscal
-que eso me importa más que la posición personal de los fiscales- si hubiésemos mantenido la regulación inicial de la proposición de ley. Como saben SS.SS., al final, la regulación que se efectúa en el procedimiento abreviado es que la solicitud de
diligencias complementarias por parte del ministerio fiscal vincula al juez, como es la situación actual, y que el transcurso de los diez días para formular el escrito de acusación, y en su caso de los diez días de prórroga, no determina el
sobreseimiento de la causa a unos efectos que mi grupo consideraba que eran excesivos, pero al mismo tiempo es un incumplimiento de plazos que no queda exclusivamente en el ámbito interno de la fiscalía, del ministerio fiscal y, en su caso, de sus
procedimientos disciplinarios. Aceptando una enmienda de Convergència i Unió, que ha sido algo matizada por el Grupo Parlamentario Popular, el incumplimiento de estos plazos, originario y prórroga, para formular el escrito de acusación determina
que la acusación la formula el fiscal jefe, pero al mismo tiempo debe poner de manifiesto ante el órgano judicial cuál ha sido la causa del incumplimiento de esos plazos. Yo creo que es algo que hemos resuelto bastante satisfactoriamente.
Por otro lado, nos gustaría mirar un poco más en el Senado cuál es la situación en la que quedan los médicos forenses en este procedimiento. Ha mejorado algo respecto del texto originario de la proposición de ley, pero no lo podemos dar por
cerrado. Mi grupo también se congratula de la aceptación de alguna otra enmienda, como es la que regula, de una forma bastante más moderna, si se me permite, entre comillas, algo siempre tan lamentable como es la necesidad de levantar un cadáver.
Es obvio que no son idénticos los problemas que plantea el levantamiento de un cadáver, y sobre todo el tiempo que puede transcurrir hasta el levantamiento de un cadáver, cuando este cadáver se encuentra en un domicilio que cuando se encuentra en
una vía pública o en una vía férrea. De ahí también que manifestemos nuestra satisfacción a esos efectos. De la
misma manera, hemos podido aportar algunas mejoras técnicas de cara a la posición de la víctima dentro del procedimiento abreviado; una víctima a la que se debe ofrecer personarse, pero en caso de que no se persone debe procederse después a
efectuar actuaciones de información, no ya de citación, y por tanto buscar ahí una posición de equilibrio. También nos congratulamos por la regulación de la prueba anticipada, a la que se han incorporado dos enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y de la de algunas otras materias.
Queríamos aprovechar también esta proposición de ley, señorías, para regular la sustitución de los secretarios judiciales en los supuestos de vacantes, antes o después de las prácticas de los concursos correspondientes. El Grupo
Parlamentario Popular nos ofrecía una enmienda transaccional, que mi grupo estaba en condiciones de aceptar, pero reconozco que el Pleno del Congreso es un momento especialmente inhábil para acordar las transacciones y votarlas. Por tanto, estamos
comprometidos a presentar una enmienda con este contenido en el Senado, que sería aceptada tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el resto de grupos.
Esta es, señorías, la posición fundamental del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Ya he manifestado nuestra discrepancia en cuanto a la conformidad; vamos a retirar la enmienda y procederíamos simplemente a abstenernos en la
votación de ese artículo correspondiente del dictamen.
Retiramos también la enmienda de la cobertura de vacantes de los secretarios judiciales en la medida en que hemos logrado este acuerdo político para aprobarla en el Senado.
Por último, vamos a mantener la enmienda 177, que pone de manifiesto la necesidad de convenir el traspaso de fondos a las comunidades autónomas para el correcto desarrollo de este tipo de enjuiciamiento rápido e inmediato. Lo hacemos porque
uno de los sistemas de financiación que acordamos aquí en el último año, acerca del cual el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) efectúa una valoración positiva; la necesidad de financiación federal -por decirlo así- de algunas leyes,
no excluye los convenios específicos entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar determinadas actuaciones. Es algo que pudo ver perfectamente el grupo de diputados -algunos de los cuales están aquí presentes- que fue a finales del
año pasado a la República Federal Alemana para tratar del federalismo cooperativo y del federalismo competitivo. En la República Federal Alemana existe un sistema de financiación que ya nos gustaría a algunos tener aquí; el hecho de que existan
convenios específicos no excluye la financiación federal de leyes y de actuaciones. Es algo a lo que tenemos que llegar aquí.
Lo dicho no obsta para que manifieste mi satisfacción, como decía anteriormente, por esta propuesta que ha llegado al primer puerto, antes de ir al Senado, en la que Convergència i Unió ha puesto un enorme empeño; propuesta en cuyo trabajo
ha encontrado gran capacidad de diálogo y comprensión del Gobierno -y quiero agradecérselo ahora al señor ministro- y de los demás grupos parlamentarios. Esta iniciativa nos permitirá contar a partir del otoño-invierno con un instrumento mucho más
eficaz, puesto que dará mayor agilidad a la justicia penal, y también mucho más eficaz para luchar contra la delincuencia; un instrumento que será muy apto en las grandes áreas metropolitanas, entre ellas la de Barcelona, a la que me incumbe
representar.
Por último, esta reforma deberá ser un paso para que pueda llegar al Congreso enseguida, señor ministro, la reforma del Código Penal, la de la prisión provisional y la del tratamiento de la multirreincidencia. Esta es una reforma
absolutamente imprescindible, que surtirá efectos, pero no es suficiente. Requiero aquí su colaboración para que podamos contar dentro de un año con un cuadro legislativo más apto que el que tenemos ahora.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Barrero. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.)
El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, en nombre de mi grupo parlamentario, que va a dividir su intervención en dos turnos -después de mí, intervendrá el diputado don Julio Villarrubia-, quisiera mostrar, en principio, nuestra
satisfacción por el trámite parlamentario que hoy concluye, una primera fase ya que queda una segunda en el Senado que debe llevar un mayor enriquecimiento a esta iniciativa parlamentaria de todos los grupos de esta Cámara, con el objetivo,
indispensable hoy en la Administración de justicia que soñamos, de hacer que los procesos penales sean ágiles, sean rápidos, sin dilaciones, por tanto más eficaces y más justos, dirigidos a garantizar los derechos de las víctimas.
Nosotros queremos ser más ambiciosos que lo que hemos conseguido entre todos con esta iniciativa; a resultas de conversaciones que mantenemos con los distintos grupos, de manera especial con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno,
confiamos en que el trámite parlamentario en el Senado dé motivo a una mayor satisfacción de todos los grupos y algo que a nosotros nos parece indispensable, la consecución de una norma legal, que es la primera conclusión o la primera consecuencia
articulada en esta Cámara del pacto por la reforma de la justicia, que mueva a la satisfacción no sólo a los grupos parlamentarios sino a los ciudadanos, a los cuales va dirigida.
El Partido Socialista, como ustedes saben, ya en el año 1988 modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, intentando habilitar fórmulas que permitieran unos procesos
penales ágiles. Por tanto, viene de lejos nuestra vocación para conseguir este tipo de procesos que garanticen los derechos de las víctimas y de los justiciables, pero que también sirvan de inmediatez a la hora de conformar una sentencia
justa. Esta legislación se modificó en el año 1992, con motivo de la Olimpiada de Barcelona y de la Expo de Sevilla, y tuvo unos magníficos resultados, fundamentalmente en los juzgados de Barcelona y de Sevilla, porque además se habilitaron medios,
indispensables por cierto para que aquella reforma tuviera buenas consecuencias. Hubo un porcentaje muy elevado de resoluciones judiciales que se realizaron en términos muy cortos, plazos que apenas superaban los 15 días. Más tarde, iniciativas de
distintos grupos y también del Grupo Parlamentario Socialista a partir del año 1996 han venido reclamando del Gobierno un interés por este asunto de manera que mantuviéramos la tensión por la consecución de una justicia inmediata que permitiera que
los ciudadanos vieran en la Administración de justicia criterios de eficacia, criterios de rapidez, de no dilación en los procesos de los que forman parte. El pacto por la reforma de la justicia, a instancia del Partido Socialista y del propio
Gobierno, asumió esta tesis y aparece como uno de sus elementos más importantes. Su desarrollo parlamentario tiene la legitimidad de origen de haber sido solicitado por todos los grupos de esta Cámara.
Estamos ante un buen inicio, ante una buena norma, que satisface en su generalidad a la mayoría de los grupos parlamentarios, también al Grupo Socialista. Sin embargo, el Grupo Socialista quiere enriquecer más la norma porque se siente
autor de verdad de esta iniciativa, quiere hacer algunas advertencias y solicitar el amparo de todos los grupos parlamentarios para introducir algunas enmiendas que nos parece que la enriquecen, que es el objetivo que busca mi grupo parlamentario.
Mi grupo parlamentario quiere evitar la frustración que podría significar para los ciudadanos que estemos de nuevo ante una iniciativa parlamentaria que nace del legislador casi por unanimidad y que sin embargo signifique un brindis al sol.
Queremos evitar la frustración de los ciudadanos que, a pesar de nuestro esfuerzo, pueden ver que no damos con la tecla que permita de verdad unos procesos más ágiles, una justicia más inmediata y unos procesos penales con garantías a las víctimas.
En segundo lugar, nuestras enmiendas, muchas de ellas aceptadas, han marcado unos determinados objetivos. Buscaban, por un lado, una ley realista, eficaz pero técnicamente realista y, por otro lado, una ley que respetara las garantías de
justiciables y de víctimas y, por último, una ley que tuviera memoria justificativa, plan financiero o plan de implantación -el Gobierno nos advierte que ello va a ser posible-; ello significaría que la utilidad de la ley está en consonancia con su
eficacia, es decir, que tendríamos una ley de verdad eficaz y garantista.
A pesar de los esfuerzos de todos los grupos para que estas garantías del justiciable y de la víctima se produzcan, falta resolver a nuestro entender, tres problemas fundamentales, que bien conocen los parlamentarios y acerca de los cuales
creemos que hay que hacer un esfuerzo para enriquecer la ley en el trámite parlamentario siguiente.
Uno, no nos parece adecuado que el juez instructor, el juez que investiga, que insta, que fomenta la investigación judicial frente al posible
acusado, sentencie o falle, ni siquiera cuando la sentencia es de conformidad. Entendemos que hay dos motivos fundamentales que ahora citaremos -y nos acompaña en esta crítica el Consejo General del Poder Judicial- que obligan a todos los grupos a
seguir trabajando en trámite parlamentario distinto sobre este tema. Con ello se rompe, a nuestro entender, el principio básico de separación de funciones, por un lado, y se quiebra de alguna manera el derecho al juez imparcial. Lo diré citando el
propio dictamen del Consejo General del Poder Judicial sobre esta materia.
Dicha posibilidad -dice el Consejo- puede suponer una quiebra del principio básico de separación de poderes, de instrucción y de enjuiciamiento, y de la garantía constitucional al juez imparcial, conforme a la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional. Cita dos sentencias importantes de este Tribunal, la 145/1988 y la 186/1990, y continúa diciendo: La circunstancia de que, como se indica, el juez instructor de guardia sólo puede dictar sentencia de conformidad no excluye
por completo las objeciones aludidas. Estoy seguro, por las conversaciones con el Gobierno y con el resto de partidos, también del partido mayoritario, de que en el trámite parlamentario siguiente seremos capaces de solventar esas objeciones.
Segundo, hay una cierta quiebra del principio acusatorio, a pesar de los esfuerzos de todos los grupos para consensuar enmiendas que enriquecieran la ley. Pongo un ejemplo. El artículo 783, apartado 3, da la posibilidad al juez de
instrucción, que en este caso es el juez de guardia, a sobreseer la causa a pesar de que existan escritos de acusación, tanto del ministerio fiscal como de la acusación. Esto lleva a una seria falta de lógica, toda vez que el escrito de acusación,
tanto del ministerio fiscal como de la acusación, obliga, para que tenga ese carácter, a que identifique los hechos objeto de incriminación y al autor de esos hechos.
Por tanto, si hay indicios racionales porque hay un hecho incriminatorio y hay un
autor que puede ser objeto de la incriminación por ese delito, no tiene ningún sentido que resulte posible la conformidad. Hay algunas otras apreciaciones en otras enmiendas que parece que también quiebran ese principio acusatorio tan elemental en
un proceso penal moderno. Por tanto, deben ser las acusaciones y el ministerio fiscal los que decidan las diligencias investigadoras y si son suficientes, y no el juez, de acuerdo con el 798, apartado 2. Es también crítico con esta tesis el
dictamen cuando dice que no parece adecuada
la prescripción del artículo 793, que vincula al instructor con la acusación en lugar de hacerlo con las partes acusadores que son las que deben determinar las diligencias imprescindibles para formular acusación.
Termino, señora presidenta. La figura del ministerio fiscal tampoco es una figura redonda. No hemos sido capaces de hacer un modelo adecuado y, quizá, estemos perdiendo una buena oportunidad. Tenemos que seguir trabajando en la materia.
En este momento, después del proceso abreviado, de acuerdo con la fase en que estamos y en la tramitación parlamentaria en que nos encontramos, los juicios rápidos producen un modelo fiscal que, de alguna forma, se contrapone con otros dos modelos
fiscales que tenemos en nuestra legislación: el modelo fiscal en la legislación de menores y el modelo fiscal en la legislación del jurado.
Hay algo importante en este proceso sobre lo cual hay que seguir reflexionando -y tenemos el compromiso del Gobierno del Partido Popular para hacerlo y lo agradecemos-, el hecho de que el fiscal, si no presenta escrito de acusación, permite
que se sobresea libremente la causa, es decir, permite lo que se llama cosa juzgada porque tiene las mismas consecuencias. Este es un problema importante y esta es una decisión, a nuestro entender, improcedente, aunque sabemos que va a haber motivo
de acercamiento -insisto- en la Cámara Alta. Dice el Consejo General del Poder Judicial, criticando esta tesis: No parece que en el derecho comparado exista un tratamiento semejante al que se propone, que paradójicamente podría conducir a la
impunidad del delito. Si permitimos que no exista ius puniendi por parte del ministerio fiscal porque hay negligencia a la hora de su actividad, es evidente que podemos dar motivos a la impunidad en el delito y a otra cosa que es peor, a la
sospecha en la impunidad. Sigue diciendo el Consejo: Trasladar la responsabilidad al fiscal por el fracaso de un proceso en el que ya se ha constatado la existencia de un presunto delito con personas identificadas como presuntos responsables no
deja de ser una especie de sanción encubierta. De haber negligencia por parte del fiscal a cargo, habría de ser sancionada por otros medios que no repercutan en la seguridad pública o en el interés de la víctima.
También hay que hacer un esfuerzo por los temas de la investigación penal y someterlos al control judicial o del ministerio fiscal, puesto que aportan pruebas.
Por último, señorías, tenemos un problema de falta de medios. No aparece en el trámite parlamentario ni en la legislación memoria económica ni plan de financiación ni transferencia de recursos a las comunidades autónomas, que van a tener
que hacer acopio de esfuerzos para hacer posible una reforma que todos queremos. Es una buena noticia que el Gobierno y el Partido Popular nos adelanten que hay un borrador de plan de implantación y nos solicite esfuerzos a todos los grupos -del
nuestro lo tiene- para hacer posible lo que nos parece indispensable para esta reforma, que haya medios e instrumentos necesarios; así será realmente posible y se evitará la frustración. Recordamos que tiene que haber más juzgados de guardia -lo
hemos dicho muchas veces-, tiene que haber más fiscales, tiene que haber más forenses, tendrá que haber más peritos, incluso traductores, pero es una buena noticia -insisto- estar en el camino de hacer posible entre todos un plan de implantación que
no impida lo que es un acopio de voluntades políticas en esta Cámara, junto con el Gobierno, que la iniciativa de los juicios rápidos, de la que nos sentimos autores desde el año 1988 -permítanme decírselo-, tenga un buen fin y no frustremos a los
ciudadanos por no haber medios, dinero ni transferencia de recursos suficientes para hacerlo posible.
Nos agrada que, como no ha ocurrido en otras ocasiones, exista voluntad real para que el pacto por la reforma de la justicia, en su aplicación y en su interpretación, tenga también la gestión obligada por la vía del consenso y del diálogo,
fundamentalmente entre los partidos que lo han hecho posible y entre los partidos que también lo han asumido y nos acompañan para hacerlo posible, no pendiente de lo que nosotros creamos que debe de ser la reforma de la justicia, sino sobre todo
pendiente de lo que los ciudadanos piensan que debe ser la Administración de la que ellos son titulares.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Barrero.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista comparte los principios inspiradores de esta importante reforma procesal en el ámbito del procedimiento abreviado y en el nuevo procedimiento de juicios rápidos.
Tres eran los aspectos
fundamentales que nosotros considerábamos: el primero era el respeto a las garantías, el segundo la necesidad de dotación de medios económicos, materiales y humanos que hicieran posible la aplicación de la reforma y, el tercero, la posibilidad real
y eficaz de aplicación de esta reforma. Sinceramente, señorías, ninguno de estos tres requisitos se dan enteramente, al menos con la suficiencia que a nuestro grupo parlamentario le habría gustado. Tenemos que reconocer que se ha hecho un esfuerzo
en la tramitación parlamentaria, sobre todo en el trámite previo a la ponencia, aunque no tanto en el momento posterior, pero mantenemos vivas una serie de enmiendas que rápidamente voy a pasar a poner sobre la mesa.
La primera enmienda es al artículo 795, en cuanto al ámbito de aplicación de la ley, ya que entendemos que debieran incluirse los delitos de daños y desórdenes públicos, los delitos contra la salud pública -en la forma que en aras a la
brevedad voy a dar por reproducida, con los requisitos que en nuestra enmienda 124
recogemos- y la nueva aplicación cuando se decreta el secreto de la causa de las actuaciones en función del artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Igualmente, la enmienda 125, para que se regulen, porque hay una omisión, los
delitos conexos.
Mantenemos asimismo enmienda al artículo 796, en cuanto a las diligencias a practicar por la Policía judicial, pues tenemos importantes y serias discrepancias con la regulación que el grupo mayoritario mantiene hasta la fecha de hoy. Hay un
deterioro de las competencias del juez y del fiscal en beneficio de la Policía judicial, que puede incluso calificar jurídicamente en un principio los hechos y elegir, jugando con los tiempos, a qué juzgado lleva esa causa. Este y otros temas que
constan en nuestras enmiendas deben ser corregidos en el trámite del Senado.
Con respecto a las diligencias urgentes, artículo 797, enmienda 127, es imprescindible la presencia del fiscal y de las partes para respetar con carácter esencial el principio de contradicción. Eso debe hacerse al menos con las diligencias
3.ª, 4.ª, 6.ª y 7.ª.
Planteamos también a reflexión un tema importante, señorías, relacionado con el artículo 798. Cuando el juez decide la apertura del juicio oral, es decir, cuando el acusado se va a sentar en el banquillo, no existe posibilidad de recurso.
El problema es que no existe en ese momento procesal ni en ningún momento de todo este procedimiento, siendo una situación que no se da absolutamente en ningún procedimiento penal.
Tenemos serias dudas sobre la posible inconstitucionalidad de este
precepto. Cierto es que desde el punto de vista práctico, si se permite el recurso automáticamente, no habrá juicio rápido. Valoremos las garantías y la eficacia práctica que ello tiene, puesto que, con respecto a la aplicación de los juicios
rápidos, la experiencia nos dice, desde la Ley de abril de 1992, que no es el problema del recurso el que hace que no haya juicios rápidos, sino la falta de medios materiales y humanos, y no es una mayoría de procedimientos los que son recurridos ni
previsiblemente los que vayan a serlo en los juicios rápidos. Entendemos que es un motivo de reflexión importante, sobre todo cuando el acusado no ha elegido el procedimiento por el que es juzgado, evidentemente. En fin, en aras a la brevedad,
este debate en absoluto está condicionado a otros temas, pero nos parece importante.
Importante es también la supresión que solicitamos del apartado 5 del artículo 800. Como ya lo ha mencionado mi compañero, lo voy a tocar sólo por encima. No puede mantenerse el sobreseimiento libre cuando se da la situación siguiente.
Uno, si no hay acusación particular, el fiscal tiene que formular escrito de acusación en el acto. Dos, si existiere acusación particular, habrá de formularla en el plazo de 48 horas. Si así no lo hiciere, traslado al superior jerárquico por otras
tan sólo 48 horas y, si no, sobreseimiento libre, lo que significa la caducidad de la acción penal y la no posibilidad de ejercicio del ius puniendi. Hay que recordar el carácter público de la acción penal, el derecho constitucional a la tutela
judicial efectiva de las víctimas, que se vería conculcado, y la impunidad seguramente de un sinfín de delitos. Esto es algo que no puede quedar en la forma en que figura.
En cuanto a la disposición adicional primera, en lo que se refiere a los medios económicos -como ya ha comentado mi compañero-, hay que hacer una valoración económica y una formalización de acuerdos para su financiación. Respecto a la
disposición adicional segunda, no estamos de acuerdo. Se ha metido de rondón, entre comillas, porque ni siquiera figuraba en el texto de la proposición, la modificación de la Ley de demarcación y planta judicial. En el artículo 21 apartado 1, se
recoge la posibilidad de que el propio ministerio, previo informe -no a propuesta, que es como está actualmente- del Consejo General del Poder Judicial, pueda separar los juzgados de primera instancia e instrucción. Si lo que pretenden, como parece
ser que era la voluntad inicial, es que puedan separarse donde hay menos de 10 Juzgados, estamos de acuerdo; ahora bien, quitar la competencia de que la propuesta sea del Consejo General del Poder Judicial nos parece que no es el camino adecuado,
por lo que no lo podemos votar a favor.
En cuanto a la disposición adicional cuarta, que hace referencia a la modificación del artículo 14, tercero, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha sido inevitable modificar por ustedes para incluir que el juez de instrucción pueda
juzgar delitos que son competencia del Juzgado de lo penal, estamos, como bien conocen, en desacuerdo con la propia filosofía y hemos anunciado -y lo vuelvo a decir- que, en cuanto gobernemos -que será pronto- volveremos a modificar este artículo de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha hecho que delitos de hasta 5 años de penas de privación de libertad sean conocidos por un juez unipersonal y no por la Audiencia, que deja de conocer la mayoría de los delitos.
Sabemos que es una pérdida de
garantías, no podemos votarlo a favor y, en aras al consenso que se está buscando y por la responsabilidad obligada, nos tendremos que abstener, al menos, en esas disposiciones.
Hay un tema importantísimo en la ley orgánica. Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Socialista no puede asumir este texto en la forma que está, y queremos que quede constancia expresa en acta. En aras al consenso y por la
responsabilidad de la negociación que hasta estos últimos minutos se ha llevado, el voto del Grupo Parlamentario Socialista va a ser favorable basándose en el compromiso verbal de aceptación de una parte importante -no decimos de la totalidad,
porque habrá que matizarlo- de estas discrepancias que hemos manifestado y alguna más que voy a poner de manifiesto en lo que se refiere a la ley orgánica. Si esto no fuera rectificado en lo sustancial, el Grupo Parlamentario Socialista no tendría
inconveniente alguno en volver a votar en sentido diferente al
que hoy, por responsabilidad y en aras de ese intento de conseguir un consenso, vamos a votar en esta Cámara.
Señorías, fíjense en el artículo 801 de la ley orgánica, que es el fundamental. Primera discrepancia importante. El juez instructor, que es el que instruye, a su vez dicta sentencia, aunque sea de estricta conformidad, con las
consecuencias que se recogen en la misma. El mismo juez es el que dicta el auto de apertura del juicio oral. Tenemos más que dudas de que esto cumpla el requisito constitucional del derecho al juez imparcial. Aquí no acaban las cuestiones. En el
mismo artículo, respecto a la competencia, se establecen penas de privación de libertad por delitos de hasta tres años, siempre de estricta conformidad y, si son penas de diferente naturaleza, cualquiera que sea su cuantía y duración.
Lo hemos
advertido y no entendemos porque aún no se ha corregido. En lo que se refiere a la competencia, en el ámbito de aplicación del artículo 795 se establece -luego, la modificación se lleva al artículo 14.3- que son penas privativas de libertad hasta 5
años, competencia de los juzgados de lo penal, y privativas de otros derechos, hasta 10 años. Pues bien, modificamos correctamente el artículo 14.3 de la Ley orgánica de Poder Judicial, modificamos el artículo 795, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, porque inicialmente iba a 9 años, y sin embargo, cuando llegamos a la Ley orgánica establecemos penas de diferente naturaleza cualquiera que sea su cuantía o duración, con lo cual va más allá incluso de la competencia del
juzgado de lo penal.
Pensemos, por ejemplo, en una inhabilitación superior a 10 años, que sería competencia de la Audiencia provincial, y aquí estamos llevando a que un juez de instrucción pueda dictar esa resolución. Siguiente cuestión
importantísima: Reducción de la pena a un tercio. Es decir, en una pena máxima a 3 años, como va a tener una reducción de un tercio, son dos años para que pueda haber suspensión en la ejecución de la pena.
Nosotros decimos, ¿por qué no en el
resto de los procedimientos? Porque quiebra el principio de igualdad. ¿Por qué no en el procedimiento abreviado? ¿Por el fin que perseguimos de que haya más conformidades y más juicios rápidos? ¿Eso está por encima del principio constitucional
de igualdad que recoge nuestra Constitución española, y del derecho a la tutela judicial efectiva, cuando el acusado no ha podido elegir por qué vía es juzgado? ¿Por qué en un caso se le reduce un tercio y en el otro, no? Es un tema
importantísimo. No puede justificar sólo la oportunidad política la quiebra de principios tan esenciales como éste. Pero no menos importante, si cabe aún más, es el artículo 801.3, que viene a decirnos: pena de conformidad, dos años porque le
rebajo un tercio, tiene una sanción pecuniaria de 40.000 duros -llamemos equis euros-, pero si esa persona a la que se le suspende la ejecución de la pena no paga esos 40.000 duros, sufre la condena de los dos años más el año que se le había
reducido y cumple pena de prisión de tres años. Esto es lo que se denomina prisión por deudas que, para nosotros, es un principio absolutamente inasumible, porque va más allá de nuestra legislación positiva en el artículo 81.3 del Código Penal, que
nos dice que eso sucederá si no quiere pagar, pero no si no puede pagar. Es decir, si hay declaración de insolvencia el acusado condenado que no puede pagar una cantidad importante o poco importante, pero que es insolvente porque está en desempleo,
porque ha venido a peor fortuna, porque no tiene, en definitiva, recursos económicos, no puede ir a la cárcel, ni puede ni debe; hay que evitarlo por todos los medios modificando este precepto y trasladando el contenido del artículo 81.3 del Código
Penal. Si es insolvente desde el punto de vista jurídico y real, no puede abonarlo.
Finalmente, no regula tampoco la posibilidad de que el forense, a instancia del juez de oficio, del fiscal o de las partes, vea el estado en que se encuentra quien
presta la conformidad para otorgar el consentimiento, es decir, las condiciones físicas y psíquicas en que se encuentra el condenado por la sentencia de estricta conformidad.
En definitiva, doy por reproducidas, porque fueron mucho más amplias y constan en el 'Diario de Sesiones', las diferencias sustanciales con el texto aun después de las modificaciones introducidas. Quiero manifestar que esperamos un
cumplimiento cierto y una voluntad positiva del grupo mayoritario, del ministerio, del Gobierno en definitiva, para que estos temas que para nosotros son de principios puedan ser corregidos buscando, por supuesto, una solución para que haya una
eficaz implantación y puesta en marcha de los juicios rápidos, pero nunca en detrimento de garantías, aunque en parte a veces por responsabilidad tengamos que asumir alguna pequeña merma en la garantía, pero no en quiebras de principios
constitucionales, en algunos casos dudosos y en otros a nuestro juicio poco dudosos que aún se mantienen en el texto y que deben ser corregidos.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Villarrubia.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, estamos hoy aquí en un paso más dentro de uno de los frutos del pacto de Estado por la justicia, que estableció entre sus prioridades precisamente la regulación de estos juicios
inmediatos, los llamados juicios rápidos, que tanta repercusión tienen en la percepción del ciudadano del funcionamiento de la justicia. Como se ha hecho en algunas otras iniciativas, la Comisión del seguimiento del pacto ha recabado informes a
expertos propuestos por diversos grupos, que han procurado traducir, de la manera técnicamente más perfecta a su entender, las orientaciones que la citada
Comisión les trasladaba. Así ha ocurrido en este caso. Aclaro esto porque en alguna ocasión, en debates en medios de comunicación, se ha comentado que parecía que el pacto de Estado no era tal, porque había determinados expertos que
cocinaban los papeles, cuando realmente no es así. Lo que hay es un apoyo igualmente consensuado por los diversos grupos, en el que buscamos la mayor solidez en las propuestas que intentamos sacar adelante, sobre todo en problemas como éste, que se
han intentado solucionar en ocasiones anteriores y en los que no se ha llegado todavía a una eficacia, por lo menos en el grado que se pretendía. El fruto de esos informes y del trabajo que todos los grupos hemos realizado después es bastante
ostensible y se traduce en 204 autoenmiendas, por utilizar un término que ya ha aflorado hoy en el debate.
Queda fuera de toda duda el grado de receptividad que ha existido por parte de todos -indudablemente, del grupo mayoritario de un modo más simbólico- a la hora de formular transaccionales que permitan asumir esas enmiendas de unos y otros
grupos. Al salir del trámite de Comisión -hoy aquí se han retirado expresamente algunas más-, de las 24 enmiendas del Grupo Socialista, quedaban nueve; de las 49 de Convergència i Unió, tres; de las 16 del Partido Nacionalista Vasco, siete, que
se han retirado en la intervención anterior; de las 11 de Coalición Canaria, una, que se ha retirado en la intervención del señor Mardones; de las 27 del Grupo Mixto, a través de la portavoz Begoña Lasagabaster, quedaban nueve, y de las de 42 de
Izquierda Unida -ha sido una decepción-, quedan 35.
Quisiera referirme brevísimamente a la intervención de mi buen amigo, Luis Carlos Rejón, en un doble sentido. En primer lugar, mi impremeditada alusión al galope a dos pistas en la Comisión, fue una fórmula metafórica impremeditada que no
se refería a la posibilidad de torear en dos ruedos -y siendo como es andaluz, lo sabe de sobra-, sino al modo de galopar del caballo, que según eche una mano u otra va trazando dos pistas y el pobre toro, detrás, no sabe a cuál de las dos pistas
acudir. Lo que resulta increíble, pero es así, es que me haya dado cuenta de la afinidad entre su apellido y el rejoneo hoy, aquí -lo digo sinceramente-, y en la medida en que haya podido molestarle lo más mínimo, le pido expresamente perdón.
No
descarto que alguna vez, en algún debate, haga juegos de palabras con los apellidos de mi oponente. Hay días en que uno está más feliz que otros, pero ese día fue absolutamente involuntario. Entiendo que su intervención ha respondido al principio
de igualdad de armas y, por tanto, no es precisa excusa alguna.
Paso a otra cuestión. Los objetivos básicos del proyecto, a nuestro modo de ver, han sido cinco. En primer lugar, se trataba de hacer un buena ley de juicios rápidos, no una ley rápida de juicios lentos. Lo digo porque algunos nos andan
cronometrando el tiempo que tardamos en hacer la ley y consideran que es mala noticia que no entre en vigor en el verano, cuando esta no es una ley de temporada, es una ley que hay que hacer bien. A nosotros no nos preocupa tanto que se acabe en el
verano, en el otoño o en el invierno, porque esto no es una gran superficie, es amplio y no está mal, pero no es esa la mentalidad. No es que estén de oferta los juicios rápidos, por eso no nos preocupa que se pueda tardar un poco más en sacarlos
adelante.
En segundo lugar, de lo que se trata es de evitar -es pintoresco, pero así es- que haya normas procedimentales que obliguen a dilatar la justicia cuando el imputado considera satisfechas sus garantías y quien ejerce el principio acusatorio
está en condiciones de hacerlo. Que en esa situación haya una norma procesal que dilate, no se sabe en beneficio de quién, la justicia es lo que intentamos evitar. Hasta ahora había establecido un plazo mínimo de diez días, estuviera o no al
servicio de alguno de esos valores dignos de protección, y por eso se pasa a fijar un plazo máximo de 15 días, lo cual permite acortar todo lo que resulte procedente.
Dejando siempre a salvo las garantías y la posibilidad de ejercer el principio
acusatorio de una manera adecuada y razonable, ¿qué necesidad hay de que exista un fetichismo procesal que nos lleve a entorpecer la justicia? Con esto tiene que ver también, como ya se ha señalado, el distinguir según el tipo de guardias que hay
en cada órgano judicial. No es lo mismo un órgano donde hay guardias de 24 horas que otro donde las hay semanales. Eso permitirá que estas fórmulas se puedan ir aplicando de una manera más racional en uno u otro contexto. Lo mismo ocurre con las
ya aludidas modificaciones de la planta judicial respecto de las cuales se ha formulado alguna observación que, como todas, seguiremos teniendo en cuenta en lo que le queda de trámite a esta norma.
Una de las cuestiones más polémicas -como ya se ha visto- es el afán por favorecer en las sentencias de conformidad. Es un problema técnico de gran alcance en el que no hay posturas discrepantes por opción ideológica sino modos de entender
el juego de los principios constitucionales.
Respetamos la argumentación que viene haciendo el Grupo Socialista y sólo quiero exponer cuál es la que nosotros suscribimos, sin perjuicio de agradecer vivamente y por anticipado la voluntad de acuerdo
que hoy aquí ha expresado el Grupo Socialista de apoyar la repercusión en la ley orgánica de todo este debate. Por supuesto, también quiero expresar el compromiso formal del Grupo Popular de continuar la vía de diálogo y de acuerdo que hasta ahora
hemos mantenido, así como buscar fórmulas técnicas que nos permitan acercarnos y solventar las discrepancias existentes.
A nuestro modo de ver, hay que distinguir la separación de funciones, de instrucción y de fallo, de lo que es el valor que realmente hay que proteger, que es el de la imparcialidad del juez. Existen unas sentencias del Tribunal
Constitucional, algunos de cuyos autores han
tenido que ver con el asesoramiento de este proyecto, en las cuales se entiende que, en determinadas circunstancias -porque no olvidemos que estamos hablando casi siempre de casos concretos-, el hecho de que el juez instructor fallara a la
vez afectaba al principio de imparcialidad objetiva. Esas sentencias se hacían eco de sentencias europeas como las del caso Piersack, bien conocido, donde, en efecto, se había dado esa circunstancia: alguien que había intervenido en un momento
acusatorio del proceso posteriormente se veía convertido en juez. Ahora bien, la sentencia de conformidad se da en un contexto muy peculiar. Así como esto ha estado pensado para una situación en la que hay una fase de instrucción donde el juez
tiene que procurar buscar elementos incriminatorios, por lo menos investigar, y una segunda fase contradictoria, donde el juez puede estar prevenido, puede tener prejuicios como fruto de esa labor instructora previa, precisamente la sentencia de
conformidad se caracteriza porque no hay esa doble fase, no hay juicio oral, no hay práctica de prueba, no hay un enjuiciamiento en sentido propio. Hablamos de fallo, pero no de enjuiciamiento. Por tanto, difícilmente puede quebrarse una
imparcialidad sobre una función que no se está realizando. Es un aspecto que la doctrina ha señalado y que el propio Tribunal Constitucional ha ido desglosando, aparte de en esa sentencia concreta a la que se ha aludido, al dejar claro que en un
juez que participa de forma activa en la investigación podrían nacer prevenciones y prejuicios respecto a la culpabilidad. El Tribunal Constitucional ha dedicado muchísimas sentencias a desglosar, por vía de amparo lógicamente, determinados actos
que no considera instructorios; se han producido en esa fase de instrucción, pero no los considera propiamente instructorios en el sentido de que puedan afectar a esa imparcialidad. Igualmente, a la hora de analizar los juicios de faltas, por
considerar ese procedimiento menos formalista, tiene un tratamiento distinto. Realmente lo que hace el juez en una sentencia de conformidad no es expresar su convicción, convicción que puede estar predeterminada precisamente por esa tarea previa,
sino homologar la voluntad del acusado que se conforma con la del acusador. Por tanto, es un papel muy peculiar el que juez está realizando ahí. Son elementos técnicos que ponemos sobre la mesa para que, en ese sereno debate que continuaremos por
ambas partes con un afán de llegar a la mejor solución, se tengan en cuenta y se observe que no hay interés alguno en salirse con la suya, sino que hay unos elementos que debemos estudiar. Lo que está claro es que el aumento de sentencias de
conformidad va a ser beneficioso para todos. Eso explica también la existencia de un modo de plantear la pena que favorezca esas sentencias de conformidad, igual que en determinadas penas se tiene en cuenta el perdón por parte del ofendido, y no se
entiende que eso afecte al principio de igualdad. Ese elemento de la conformidad debe ser valorado y apreciado. ¿Nos encontramos ante una prisión por deudas? Cabría quizás mejorar la fórmula en la que actualmente tenemos plasmada esta
posibilidad. Yo apelo a que tanto Convergència i Unió (dada la calidad técnica del diputado don Manuel Silva) como el Grupo Socialista busquen alguna expresión más afortunada, pero lo único que se está haciendo ahí es ofrecer una base legal para
que se pueda aplicar la pena garantizando la satisfacción de la víctima. Lo mismo que en el caso del perdón del ofendido, eso va a dar lugar también a un tratamiento penal peculiar. Eso es lo que pretendemos y creemos que vale la pena intentarlo.
A lo mejor, cabe plantear legalmente que haya una pena cuya aplicación automática va a produzca una rebaja en la medida en que se haya satisfecho a la víctima. Se habla de que nos preocupamos mucho de las garantías del imputado y no de las
víctimas. Es un modo de preocuparse de las víctimas. Intentémoslo. Si se puede mejorarlo técnicamente, mejorémoslo. Para eso estamos.
En tercer lugar, este proyecto ha intentado que todos los protagonistas del proceso se responsabilicen de su función, incluso produciendo -dice la exposición de motivos- determinados giros en sus hábitos. Por ejemplo, hay una apuesta clara
por aprovechar mejor el papel de la Policía judicial. Se han formulado observaciones, se han aceptado enmiendas, hemos mejorado el enfoque de esa cuestión. Creo que es positivo. Llegamos a un segundo punto de discrepancia, que es el del
sobreseimiento si no hay, en plazo, un escrito de acusación. Tendrán que estar de acuerdo SS.SS. en que difícilmente puede haber juicios rápidos si tomamos los plazos a beneficio de inventario. Eso parece bastante claro. ¿Es grave que en un
momento dado pueda ocurrir -lo dijo el señor Barrero en Comisión- que una posible negligencia del fiscal repercuta en la seguridad pública y en el interés de la víctima? ¿Eso es grave? Sí. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es
una impunidad general sin responsable conocido. Esa es la situación actual. Debemos valorarlo porque, a la hora de la verdad, el derecho siempre funciona por alternativas. Tenemos que reconsiderar esa situación. Nosotros confiamos absolutamente
en la profesionalidad de la fiscalía. Hay el compromiso, que afecta al Gobierno mucho más que a la oposición -ahora me referiré a ello-, de dar los medios oportunos y, por tanto, va a ser el Gobierno el más afectado en la medida en que se pueda
apelar a falta de medios, como ha ocurrido en un amago, hace unos días, ante una situación así. Pero es que actualmente lo que hay es una impunidad general; lo que percibe el ciudadano es una impunidad general sin responsable conocido, y eso no es
beneficioso. Tiempo habrá en el Senado para revisar también este aspecto y para intentar ponernos de acuerdo en él.
Cuarto punto. Necesidad de medios. Todos estamos de acuerdo en que hacen falta medios. Esto del pacto de Estado por la justicia es tan novedoso que a veces ni
nosotros mismos llegamos a encontrarnos en él. Señores, esto que estamos hoy debatiendo es una proposición de ley de los grupos parlamentarios.
(Rumores.) Sí, sí, es verdad, es que no nos lo creemos. ¿Me quieren ustedes explicar cómo una
proposición de ley de los grupos parlamentarios va a llevar una memoria económica? Yo no sé, señor Barrero, si S.S. y yo, como diputados de a pie, no sabemos mucho del tema de los dineros de nuestros grupos parlamentarios ni tenemos interés en
crearnos problemas.
Sumando el dinero de su grupo parlamentario y el del mío, ¿tenemos para pagar los juicios rápidos? Reconózcame que no. ¿Cómo vamos a presentar una memoria económica para los juicios rápidos? Una cosa es que se ponga de moda
la petición de una novedosa figura como es la ley particular presupuestaria, pero lo que había tenido tradición siempre en esta casa era la Ley General Presupuestaria, que debatimos a fin de año y que es donde se ve en qué se gasta el dinero.
Ultimamente se ha puesto de moda hacer una ley de lo que sea y hay que hacer una ley particular presupuestaria. Pero hacer una proposición de ley presupuestaria cuando el Reglamento dice que si una enmienda de cualquier grupo implica aumento de
gasto necesita permiso del Gobierno, es un asunto chocante. Vamos a confiar en los medios, sobre todo cuando se nos han dado seis meses por imperativo legal para la puesta en marcha de la ley.
En quinto lugar y con ello termino, es obvia la necesidad de una legalidad complementaria. Por un lado, dentro de seis meses existe el compromiso legalmente asumido de regular la prisión preventiva y, por otro lado, hay unas normas
generales que se plasmarán en la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal y algunos de sus elementos han aflorado como enmiendas también, por ejemplo, la posibilidad de aplicar esas rebajas de pena a otros supuestos, etcétera. Tiempo habrá también de
estudiarlo todo eso en su momento.
Resumiendo, nuestro grupo se felicita por el ambiente de acuerdo que hoy se ha escenificado en este debate y agradece la postura de todos los grupos al retirar enmiendas y, muy especialmente, al Grupo Parlamentario Socialista su apoyo a la
ley orgánica que acompaña a este proyecto. El Grupo Popular se compromete a mantener, como hasta ahora, la máxima voluntad de acuerdo y la búsqueda de las mejores soluciones técnicas para que de verdad tengamos pronto una ley de juicios rápidos que
permita satisfacer una de las demandas más claras de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas y el dictamen de la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados
delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Mixto firmadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 14; en contra, 170; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Al haber sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, así como las del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 295; a favor, 14; en contra, 173; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por haber sido retirada la enmienda 180 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sometemos a votación la número 177 de dicho grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 20; en contra, 171; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 112; en contra, 170; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, dentro del artículo 1.º, los artículos 786, 787 y 791, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; asimismo, dentro del artículo 2.º, los artículos 795, 796, 797 y 800, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, así como las disposiciones adicionales segunda y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor 189; en contra, uno; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 176; en contra, uno; abstenciones, 121.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 293; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Señorías, iniciamos a continuación la votación de las enmiendas y el dictamen a la proposición de ley orgánica complementaria a la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. En primer lugar, la enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 16; en contra, 171; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 13; en contra, 169; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Al haber sido retirada la enmienda 167 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sometemos a votación la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 116; en contra, 171; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, dentro del artículo 1.º, el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 175; en contra, dos; abstenciones, 122.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 198; a favor, 188; en contra, dos; abstenciones, 108.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Por último, votación final sobre el conjunto del texto por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 291; en contra, uno; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haberse superado la mayoría requerida para ello.
Señorías, de acuerdo con la ordenación del debate en la Junta de Portavoces, la sesión no se va a suspender en las horas del mediodía.
A continuación iniciaremos el debate de totalidad sobre el proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de los
no residentes, pero no se producirán votaciones hasta las cuatro de la tarde. Si el debate finaliza antes de las cuatro de la tarde continuaremos con el siguiente punto del orden del día. En caso contrario, iniciaremos las votaciones de las
enmiendas de totalidad del proyecto de la ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas al finalizar el debate -insisto-, si éste se produjera más tarde de las cuatro de la tarde.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y POR LA QUE
SE MODIFICAN LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. (Número de expediente 121/000096.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas y por la que se modifican
las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de los no residentes.
A este proyecto de ley han sido presentadas enmiendas de totalidad por parte de tres grupos parlamentarios (Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Mixto); hay presentadas cuatro
enmiendas por diputados pertenecientes a este grupo. En primer lugar, y para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías es una gran satisfacción para mi venir a esta Cámara con un proyecto de ley de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que baja los impuestos a todos los ciudadanos. Ante todo, deseo agradecer la buena acogida y
el interés que SS.SS. están prestando a este proyecto de ley. Si, como espero, SS.SS. rechazan las enmiendas a la totalidad presentadas, estoy seguro de que la tramitación parlamentaria perfeccionará el articulado del proyecto de ley en los
próximos meses y los ciudadanos españoles podrán beneficiarse de esta reforma a partir del año que viene. Esta es la reforma que propuso el Partido Popular en el programa político que mereció el apoyo de la mayoría de los electores hace dos años y
la que anunció el presidente Aznar en esta Cámara en el discurso de investidura. Una vez más el Gobierno cumple su palabra. Esta reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas es una consecuencia del déficit cero. Con las cuentas
públicas en equilibrio aumenta el margen para bajar los impuestos. Este proyecto de ley contiene una reforma estructural bien clara a favor del empleo, sobre todo del empleo de las mujeres. Sus señorías encontrarán en esta reforma medidas de
estímulo del ahorro a largo plazo para consolidar nuestra convergencia real con la Unión Europea, acercarnos al pleno empleo y garantizar el futuro de la protección social. Además esta reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas
responde a otras demandas sociales prioritarias: el apoyo a las familias, la atención a los niños pequeños y a las personas mayores, los parados de larga duración y los discapacitados.
El Gobierno propone a las Cortes bajar aún más los tipos impositivos, aumentar los mínimos personales y familiares y mejorar el tratamiento de los rendimientos del trabajo y del ahorro; es decir, la reforma favorece el trabajo y el ahorro,
que son los factores necesarios para generar riqueza y empleo. El impuesto sobre la renta será más equitativo en España si SS.SS. aprueban este proyecto de ley; aumentará la progresividad del impuesto y saldrán beneficiados los ciudadanos con
menores ingresos o con mayores cargas familiares. La reforma supondrá un incremento de 3.600 millones de euros en la renta disponible de los ciudadanos, aportará cinco décimas anuales al crecimiento de la economía y generará 65.000 nuevos empleos.
De los 3.600 millones de ahorro, 3.000 millones se apreciarán desde enero del año 2003 a través de la reducción de las retenciones que se aplican en las nóminas de los trabajadores y pensionistas. Las retenciones bajarán de manera similar a lo que
lo hace la cuota, de forma que más de la mitad de los contribuyentes, los que tienen rentas inferiores a 12.000 euros, verán reducidas sus retenciones en más del 30 por ciento. Así, por ejemplo, una familia media española, con un hijo menor de tres
años, verá incrementada su nómina mensual en 161 euros; entiendo por familia media aquella en la que trabajan ambos cónyuges, que tiene una renta de unos 11.000 euros anuales cada uno. De este incremento de salario neto de 161 euros al mes, 100
corresponden a la reducción para conciliar la vida laboral y familiar y 61 a la reducción de las retenciones. Para una pensión de 12.000 euros la reducción de retenciones supondrá un incremento de 42 euros al mes.
Señora presidenta, esta reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas es una política estructural que tiene efectos permanentes en la eficiencia de la economía, en el empleo y en la distribución más equitativa de la renta.
Además es una medida oportuna que contribuye a impulsar el crecimiento en un momento de recuperación de la economía internacional. Como SS.SS. saben, durante todo el año 2001 la economía internacional ha sufrido una desaceleración, agravada por la
incertidumbre que generaron en todo el mundo los atentados terroristas del 11 de septiembre. Nuestra economía también se ha visto afectada, lógicamente, por esta crisis que de forma sincronizada ha golpeado a todas las áreas económicas del mundo,
pero en nuestro caso la incidencia ha sido mucho menor que en la mayoría de los países desarrollados. El año pasado, la economía española mantuvo un crecimiento cercano al 3 -el 2,8 por ciento-, tasa sensiblemente inferior a la de años precedentes,
pero ostensiblemente superior al promedio de la zona euro, que fue del 1,7 por ciento. Es esta la segunda vez que nuestra economía se comporta mucho mejor que la del resto de países desarrollados en una situación de crisis económica generalizada.
Como SS.SS. recordarán, en 1999, en el punto más álgido de la crisis financiera que se inició en Asia, nuestra economía amplió su diferencial de crecimiento con los países europeos en un punto y medio. Sin duda, ya entonces mejoramos nuestra
competitividad con la primera reforma del impuesto sobre la renta de las personas
físicas. Estas experiencias recientes nos permiten hablar de un cambio estructural en el comportamiento de nuestra economía, que nos lleva a acelerar nuestra convergencia real con Europa en las fases bajistas del ciclo económico. Este es
el indicador más claro de la fortaleza y coherencia de nuestros fundamentos macroeconómicos.
Por lo que se refiere a las perspectivas para este año, todos los indicadores económicos apuntan a que las previsiones de recuperación económica que hemos estado manteniendo se van a cumplir o incluso superar, de forma que es muy probable
que acabemos este año con un crecimiento del producto interior bruto real nuevamente cercano al 3 por ciento. Según la contabilidad nacional trimestral en el primer trimestre de este año el producto interior bruto registró un crecimiento del 2 por
ciento en relación con el mismo periodo del año anterior, cifra muy superior al 0,1 por ciento, que registró la media de la zona euro. Además la variación intertrimestral muestra una flexión al alza de hasta el 2,1 por ciento en tasa anualizada en
el primer trimestre, frente al 0,6 por ciento del precedente. El crecimiento trimestral intensificado del 2,1 por ciento es un indicio de que el ciclo económico ha tocado fondo, y de que la actividad económica se dinamizará en los próximos meses.
De esta forma, la economía española, a diferencia de ciclos anteriores, está creciendo de manera equilibrada y sostenible, y sigue creando empleo a buen ritmo.
En el primer trimestre de 2002 ya se han creado 68.900 puestos de trabajo en términos de contabilidad nacional. Los datos de la encuesta de población activa relativos al primer trimestre de 2002 indican, por un lado, que se mantiene la
confianza de los agentes económicos en el mercado de trabajo, puesto que el ritmo de incorporación de activos es elevado, y, por otro, que se conservan las tasas positivas de variación interanual del empleo. Entre el primer trimestre de 2001 y el
primer trimestre de 2002 la población activa ha crecido en más de medio millón de personas, el 2,9 por ciento, y la población ocupada lo hizo en casi 350.000 empleos, de los cuales el 85 por ciento son empleos articulados en contratos indefinidos.
Señorías, la reforma del impuesto sobre la renta que el Gobierno propone a las Cortes es un eslabón de la política económica que venimos aplicando en España desde 1996. Es una política bien definida, en primer lugar, por sus objetivos que, como
SS.SS. saben, son la convergencia real con Europa en renta per cápita y, en segundo, el pleno empleo. Es una política bien definida, en segundo lugar, por sus instrumentos, que son la estabilidad presupuestaria, la reforma de los impuestos y la
liberalización de los mercados, así como el incremento de la competencia en los sectores estratégicos de la economía política, que incluye las privatizaciones de las empresas públicas. Por último, es una política económica bien definida por su
dinámica virtuosa, alimentada por la confianza que despierta en los agentes económicos y en todos los ciudadanos el crecimiento económico continuado y sobre todo la elevada creación de empleo.
En nuestra política económica la disminución del déficit público hasta el equilibrio presupuestario y la reforma de los impuestos encuentra un cauce para potenciarse mutuamente. La reducción del déficit público conseguida por la disciplina
en el gasto corriente estimula la actividad económica de los ciudadanos y de las empresas, que pueden disponer de una financiación más abundante, con tipos de interés más bajos. La reforma de los impuestos está actuando en esa misma dirección.
Desde 1996 hasta ahora hemos reducido los impuestos o, lo que es lo mismo, hemos aumentado la renta disponible de los ciudadanos y de las empresas para ahorrar, invertir y consumir. La política presupuestaria y la política tributaria son dos manos
de la Hacienda pública que trabajan coordinadamente. Ambas se turnan para mejorar la eficiencia del Estado y dejar que la sociedad respire con más libertad. El dinamismo económico generado por la mayor iniciativa social es el factor que explica
cómo es posible reducir el déficit público y los impuestos y a la vez conseguir que aumenten los recursos presupuestarios del Estado. La lógica de un mero reparto estático nos llevaría a la conclusión de que el sector privado puede crecer lo que el
sector público mengua y viceversa, pero la realidad de estos años es muy diferente.
Entre 1996 y el año 2001 el déficit público ha descendido desde el 6,6 por ciento del producto interior bruto hasta el equilibrio presupuestario. El tipo efectivo del impuesto sobre sociedades ha bajado varios puntos para todas las
empresas, especialmente para las pequeñas y medianas. El impuesto sobre la renta de las personas físicas se redujo en 1998 en un 13 por ciento de media y a partir del año que viene volverá a descender un 11 por ciento. Pues bien, en este mismo
periodo (1996-2001) se ha mantenido e incluso se ha incrementado la recaudación del Estado en porcentajes del producto interior bruto. ¿Por qué? Porque ahora hay 200.000 empresas más en España que generan riqueza y pagan sus impuestos, y sobre
todo porque entre 1996 y hoy ha crecido en 3,5 millones el número de las personas que trabajan y que así contribuyen a las finanzas públicas. Según la encuesta de población activa en los últimos seis años la economía española ha generado más de
tres millones y medio de puestos de trabajo; de estos, 1.676.500 son mujeres, es decir, casi la mitad.
También es interesante constatar que entre los nuevos ocupados 992.300 son jóvenes de 16 a 29 años y otro tanto son mayores de 45 años. Se ha
creado mucho empleo, precisamente en los grupos sociales que solían tener más dificultad para encontrar trabajo. De la rica experiencia de estos años se deduce que se puede crear mucho empleo, incluso con tasas relativamente moderadas de expansión
del producto interior bruto. Este año, la economía española podrá alcanzar el
objetivo de creación de empleo previsto en el programa de estabilidad.
Señorías, el esfuerzo de consolidación presupuestaria, primer artífice del crecimiento y la creación de empleo de los últimos años, se ha reforzado con la aprobación de las leyes de estabilidad presupuestaria. Gracias a estas leyes estamos
asegurando un escenario de estabilidad en las cuentas públicas que, entre otros beneficios, nos da margen para seguir bajando los impuestos. Ese esfuerzo debe afianzarse en nuestra estructura económica, debe ser un factor de competitividad y de
bienestar que nos ayude a mejorar nuestra convergencia con Europa. Durante los últimos años estamos llevando a cabo una de las reformas fiscales más importantes de la historia de la democracia. En un contexto de mayor interrelación de mercados,
una vez que nos hemos integrado en la zona euro y que estamos culminando uno de los procesos de descentralización administrativa más importantes de los países desarrollados, nuestro país está adoptando las medidas necesarias para alcanzar un sistema
tributario más justo, más sencillo y más eficaz.
En junio de 1996 reformamos el régimen de la tributación de las plusvalías, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre patrimonio para reducir el coste fiscal de la tenencia y transmisión de empresas familiares.
Igualmente se mejoró considerablemente la tributación de los empresarios en el sistema de estimación objetiva, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas como en el impuesto sobre el valor añadido. En junio de 2000 continuamos con
las reformas fiscales, con nuevos incentivos al ahorro en general y al ahorro a largo plazo, con la rebaja del impuesto de sociedades para la pequeña y mediana empresa y con el fomento de las inversiones tecnológicas de las empresas. En la ley de
acompañamiento de los presupuestos de este año se ha introducido una reforma del impuesto sobre sociedades que profundiza en las medidas de junio del año 2000, reforma el régimen de la tributación de las plusvalías y la fiscalidad de los grupos de
sociedades y continúa fomentando la previsión social complementaria.
Señorías, dentro de la progresiva reforma fiscal emprendida por el Gobierno en las dos últimas legislaturas, hay que destacar la reforma fiscal, la reforma del impuesto sobre la renta del año 1998. En 1996 nos encontramos con un impuesto
antiguo cuya estructura central databa de 1977 y en el que sólo se habían practicado reformas parciales y normalmente impuestas por exigencias concretas, tal como muestra la sentencia del Tribunal Constitucional de 1989 con respecto a la unidad
familiar. Era un impuesto que no se adaptaba ni a las tendencias generales de las reformas fiscales, que predominan en el conjunto de países desarrollados, ni al nuevo entorno marcado por la Unión Económica y Monetaria europea y por la creciente
integración económica internacional. La experiencia de años de vigencia nos demostraba también que el impuesto sobre la renta anterior a 1998 era ineficiente, perjudicaba tanto al trabajo como al ahorro con altos tipos impositivos.
Además era poco
equitativo ya que no recogía la verdadera capacidad de pago del contribuyente e iba reduciendo paulatinamente su elasticidad y su capacidad recaudatoria. Por último, era difícil de gestionar, tanto para la Administración como para el contribuyente.
Se imponía, pues, la necesidad de reformar el impuesto sobre la renta para superar estas deficiencias, adaptarlo al nuevo marco económico y conseguir mayor eficiencia económica, un reparto más equitativo de la carga tributaria y un impuesto más
sencillo de cumplimentar y de administrar.
Las principales novedades de aquella reforma, que hoy son el pórtico de las que traemos a la Cámara, son, como SS.SS. conocen, las siguientes: la primera y más importante, la nueva configuración del trato a las familias. Se creó el mínimo
personal familiar que permite reducir de la renta la parte destinada a cubrir los gastos necesarios para el mantenimiento de la familia. Este cambio permite gravar solamente la verdadera capacidad de pago de cada sujeto y de cada familia y mejora
la progresividad y la equidad del impuesto. El segundo gran cambio es la bajada de las tarifas y la reducción del número de tramos. El tipo máximo pasa del 56 al 48 por ciento y el tipo mínimo del 20 al 18 por ciento.
El número de tramos a su vez
disminuyó de ocho a seis. En tercer lugar mejora el tratamiento del ahorro, sobre todo el del ahorro a largo plazo, el del ahorro previsión. Por último, la reforma de 1998 diseña un impuesto más sencillo, se abre la posibilidad de que la Agencia
Tributaria prepare la liquidación del contribuyente y nace el sistema de devolución rápida, que libera de la obligación de declarar a tres millones de contribuyentes.
Han pasado varios años de la reforma de 1998 y podemos, pues, valorarla.
Los resultados han sido mejores aun que las previsiones. En los dos años de aplicación, 1992 y 2000, los españoles hemos ahorrado un total de 10.208 millones de
euros, una media de 5.100 millones de euros por año, y se han incorporado al impuesto un millón de nuevos contribuyentes. Este incremento permanente de la renta disponible de los ciudadanos contribuye a impulsar el crecimiento económico en una
media de cinco décimas del producto interior bruto al año.
La reducción de la brecha fiscal y la rebaja de la tarifa actúan tanto sobre la oferta como sobre la demanda de empleo y ha generado 150.000 puestos de trabajo adicionales durante los años 1999 y 2000. De hecho, la rebaja del impuesto
estimula principalmente la incorporación al trabajo de los segundos perceptores de renta en la familia. El 56 por ciento de los nuevos ocupados netos durante los años de aplicación de la reforma han sido mujeres. Igualmente, en estos dos años,
hay 80.000 familias españolas más en las que trabajan ambos cónyuges.
La reforma de 1998 ha mejorado también la equidad del impuesto sobre la renta. La reducción media del impuesto en los dos años de aplicación ha sido de 13,7 por ciento, de un 14,3 por ciento para las rentas del trabajo y de un 40,5 por
ciento para las rentas inferiores a 12.020 euros. Esta rebaja progresiva consigue una mejor redistribución del impuesto, de manera que el 10 por ciento de los contribuyentes con rentas más altas incrementa en 4 puntos su aportación a la cuota
líquida del impuesto, mientras que el resto de los contribuyentes reducen su participación en esa misma cuantía.
En definitiva, la reforma de 1998 consigue un impuesto más equitativo, más sencillo y más eficiente, que impulsa un ahorro para los contribuyentes sin dañar las arcas del Estado, gracias precisamente a sus efectos sobre el conjunto de la
economía y, en especial, a sus efectos positivos para el empleo, y gracias a la mejora de la elasticidad recaudatoria del tributo.
Señorías, ante los buenos resultados obtenidos con la reforma de 1998, que han contribuido a la consecución, por primera vez en la democracia, del equilibrio presupuestario en el año 2001, el Gobierno se plantea una nueva reforma estructural
del impuesto que, profundizando en los objetivos de la anterior, ayude a mantener el actual modelo de crecimiento, basado en la estabilidad económica y en la estabilidad presupuestaria.
La reforma del impuesto sobre la renta que el Gobierno propone ahora a las Cortes quiere responder también a las necesidades económicas y sociales de nuestro país, las necesidades de nuestro momento. Esta reforma tiene en cuenta las
tendencias actuales del impuesto sobre la renta en los países desarrollados.
Los rasgos comunes que se observan son: la preocupación por incrementar las bases impositivas, la tendencia a favorecer el tratamiento fiscal de la familia y a bajar las cargas fiscales sobre los rendimientos del trabajo, la inclinación a
mejorar el tratamiento del ahorro a medio y largo plazo, la reducción de los tipos impositivos y del número de tramos de la tarifa, la búsqueda de un impuesto más neutral en las decisiones económicas de los ciudadanos.
En la comparación internacional, la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas en España sigue esta línea general de nuestro entorno, aunque en algunos aspectos importantes se está haciendo realidad antes en España que en
otros países europeos, que tienen más dificultades para equilibrar sus presupuestos.
La creación de puestos de trabajo y la eliminación del paro laboral sigue siendo una de las principales aspiraciones de nuestra sociedad. Es verdad que en los últimos años hemos dado un auténtico vuelco a lo que fue un panorama desolador en
el ámbito del paro, un panorama que heredamos de los gobiernos socialistas. Ahí están los cuatro millones de nuevos afiliados a la Seguridad Social para demostrarlo. Hace seis años teníamos 12 millones de afiliados, ahora ya vamos por los 16
millones.
La novedad de este momento es que ahora sí podemos plantearnos objetivos de empleo para España, que antes estaban más allá del horizonte, más allá incluso de la propia imaginación. Ahora sí podemos pensar en el empleo masculino, que ya es
una realidad en determinadas provincias españolas.
En el conjunto de España, la tasa de paro masculino se está acercando muy deprisa a la media de la Unión Europea. Ahora sí podemos y debemos pensar en un crecimiento acelerado del empleo femenino.
Estamos observando que, cada vez más, el aumento de la población ocupada se nutre en proporciones muy altas de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado.
Estamos comprobando que el tradicional retraso de España respecto a Europa en el
empleo de la mujer no era una fatalidad cultural insalvable, sino una de las peores consecuencias de políticas económicas desafortunadas que se implantaron en España durante mucho tiempo.
En los últimos seis años, el empleo femenino ha crecido cerca del 40 por ciento. Ahora sí podemos pensar en acercar la tasa de empleo de los jóvenes a la media europea. La mayor flexibilidad del mercado de trabajo ha favorecido sobre todo
a los jóvenes, que antes se quedaban en el paro llamando a las puertas cerradas de una estructura laboral rígida e inmovilista. Ahora sí podemos pensar en aquellos trabajadores que tienen más dificultad para encontrar empleo y en los mayores que
deseen continuar su vida laboral más allá de la edad de jubilación. La prolongación voluntaria de la actividad laboral en jornada completa o parcial puede ser para algunas personas el mejor modo de proteger su nivel económico, conservar sus
vínculos sociales y mantener su vitalidad física y mental. En resumen, podemos aspirar al pleno empleo continuando la política económica de estabilidad presupuestaria, reducción de impuestos y liberalización de mercados, y además podemos estimular
de un modo especial el empleo de las mujeres, de los jóvenes, de los desempleados de larga duración y de los mayores que prefieren prolongar su vida activa laboral.
Señora presidenta, una preocupación dominante de las sociedades desarrolladas es la vida familiar. España no es una excepción. Estamos en plena transición, haciendo un modelo familiar, con un reparto más equilibrado de las tareas y
responsabilidades entre todos sus miembros: padre, madre e hijos y ascendientes cuando los hay, y es natural que un cambio sociológico y cultural tan trascendente tenga que sortear dificultades para abrirse camino. El Gobierno del Partido Popular
ha estudiado este proceso de la familia española y ha expresado sus conclusiones en su programa político y más recientemente lo ha plasmado en un plan integral de apoyo a la familia que todas SS.SS. conocen. Luego se han querido subir otros a este
carro, otras formaciones
políticas, aunque lo han hecho con un gesto ampuloso y desmedido, el propio de los actores que no están en su papel. Las políticas que propone el Gobierno no tratan de interferir en la vida de las familias, sino de facilitar que éstas
puedan tener seguridad y estabilidad, las dos condiciones necesarias para tomar sus propias decisiones. Entre estas políticas, se encuentra la de mejorar el trato fiscal de las familias y en mayor medida el de las familias con más hijos, con hijos
pequeños, con discapacitados o con personas mayores a su cargo.
La reforma fiscal que hoy defiendo en esta Cámara traduce al lenguaje tributario este deseo de la sociedad española, recogido por el Gobierno, de dar a las familias españolas más libertad de opción, más facilidades para que puedan escoger su
camino y su ritmo de cambio en función de sus preferencias. Por esta razón, la reforma del impuesto sobre la renta tiene medidas que favorecen a toda la familia, junto a otras que estimulan el trabajo remunerado de las mujeres. Por primera vez en
la historia de la fiscalidad española, esta reforma del impuesto sobre la renta crea una deducción en la cuota o en su caso crea un impuesto negativo para favorecer a todas las madres trabajadoras con hijos pequeños. Las madres que compaginan el
cuidado de los hijos con la vida laboral son así las principales protagonistas también de la nueva familia. Su contribución merece un reconocimiento social y un apoyo del Estado. Cuanto antes se generalice y se estabilice la familia equilibrada,
en la que la madre, el padre y los hijos concilian las responsabilidades de la vida en el hogar con el trabajo o el estudio, antes culminará el proceso de incorporación de las mujeres a todas las vertientes de la vida social y antes podrán las
familias mejorar su convivencia, recuperar la tendencia ascendente de la natalidad y contribuir al esfuerzo de la protección social que reclama el envejecimiento de la población.
Señorías, al igual que hizo en 1998, antes de acometer la presente reforma del IRPF el Gobierno encargó a una comisión de expertos estudiar las diferentes vías de reforma de acuerdo con la experiencia internacional, el compromiso con el
equilibrio presupuestario y los resultados de la reforma anterior. Esta comisión emitió su informe y dio una serie de recomendaciones, que el Gobierno ha llevado en buena parte a su proyecto de reforma. Además de la opinión previa de la comisión
de expertos, el Gobierno, una vez elaborado el anteproyecto de ley, ha recurrido a la opinión pública antes de convertirlo en proyecto de ley y someterlo a la aprobación del Consejo de Ministros. En su intento de difusión, el anteproyecto fue
enviado a más de 300 instituciones y asociaciones, de las que se recibieron sugerencias, sugerencias interesantes que hemos estudiado con detenimiento y que en algunos casos hemos incorporado al proyecto de ley.
Igualmente, el anteproyecto se publicó en Internet y estuvo a disposición de la sociedad española, de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Las publicaciones especializadas han dedicado a este asunto numerosos análisis y
comentarios y en su inmensa mayoría se han mostrado de acuerdo con las grandes líneas de la reforma. Además de esta información pública, y dada la actual estructura compartida del impuesto, se informó del anteproyecto al Consejo de Política Fiscal
y Financiera, en el que las diferentes comunidades autónomas emitieron sus opiniones y manifestaron su posición ante este proyecto de ley. El Consejo expresó un apoyo mayoritario a la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha y Extremadura manifestaron su oposición a la bajada del impuesto sobre la renta, pero los ciudadanos de estas comunidades autónomas no deben preocuparse por ello,
porque cuando las Cortes Generales aprueben este proyecto de ley, la bajada del impuesto sobre la renta será para todos los españoles. El Consejo Económico y Social también ha mostrado su acuerdo con la reforma y ha hecho determinadas sugerencias
que el Gobierno ha incluido ya en el proyecto que ahora defiendo ante la Cámara.
Señora presidenta, los objetivos económicos y sociales de la reforma se concretan en las medidas que voy a describir a continuación. Para mejorar la eficiencia del impuesto, estimular el crecimiento económico y la creación de empleo, el
proyecto de ley propone reducir los tramos y los tipos de la tarifa, incrementando la renta disponible de todos los contribuyentes. El número de tramos de la tarifa pasa de 6 a 5. Tengo que recordar que en 1996 eran 16 tramos. El tipo máximo pasa
del 48 al 45 por ciento y el mínimo baja del 18 al 15 por ciento. En este punto conviene destacar que el peso de la reforma lo asume el Estado. Como SS.SS. saben, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un impuesto cedido en un 33
por ciento a las comunidades autónomas y éstas tienen una alta capacidad normativa sobre este tramo porcentual del impuesto. Pues bien, la reducción de la tarifa se hace de manera que la parte autonómica permanezca inalterada, es decir, las
comunidades autónomas conservan su misma capacidad recaudatoria y su tarifa sólo se modifica en lo estrictamente necesario para adecuarla a los nuevos tramos.
Para estimular el trabajo y apoyar las políticas activas de empleo, la reducción por rendimientos del trabajo se aumenta un 7 por ciento y para los salarios inferiores a 8.200 euros, un 17 por ciento. Esta medida se traduce en una mayor
reducción de la brecha fiscal. El coeficiente reductor para los rendimientos irregulares del trabajo se eleva del 30 al 40 por ciento. Igualmente, para favorecer la incorporación de la mujer al mercado de trabajo se crea una deducción en la cuota
de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años para las madres que compaginen la vida laboral y familiar. En este momento, la medida beneficiará a 460.000 mujeres y es de esperar que en los próximos años este número
sea cada vez mayor. Las madres que lo deseen podrán cobrar esta ayuda anticipadamente. Para facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral, la reducción por rendimiento del trabajo se duplicará para los mayores de 65 años que
opten por continuar trabajando. Se fomenta la búsqueda activa de empleo, duplicando durante dos años la reducción por rendimientos del trabajo a los parados que, por aceptar un empleo, tengan que trasladar su domicilio a otro municipio.
Para facilitar la movilidad geográfica del trabajador se estimula la oferta de viviendas en alquiler mediante la simplificación de su tributación. Así, se establece una reducción general del 25 por ciento de los rendimientos, 15 por ciento
de los íntegros y 10 por ciento de los netos, y una reducción de un 25 por ciento adicional de los íntegros, durante 5 años, para las viviendas que estuvieran desocupadas. También se incrementa el coeficiente de amortización del valor de la
vivienda del 2 al 3 por ciento. Estimamos que estas medidas incrementarán el número de viviendas en alquiler en unas 600.000, lo que contribuirá a moderar el precio de los arrendamientos. Se incentiva también la participación de los trabajadores
en el capital de sus empresas por dos vías: elevando el importe anual exento de tributación para el trabajador, por la entrega de acciones, desde los 3.005 euros actuales a los 12.000 euros y eliminando el límite exento para los planes generales de
opciones que realicen las empresas para la totalidad de su plantilla y en proporción a su antigüedad.
Para estimular el ahorro y avanzar en la neutralidad fiscal, beneficiando con ello a nueve millones de ahorradores, se aumenta del 30 al 40 por ciento la reducción para los rendimientos del ahorro a más de dos años.
Las ganancias
patrimoniales derivadas del ahorro a más de un año pasan a tributar al tipo del 15 por ciento. Para incrementar la eficiencia del mercado financiero y reducir los gastos de los partícipes se facilita la movilidad entre fondos de inversión sin coste
fiscal. Esta medida beneficia, en primer lugar, a los siete millones y medio de partícipes actuales de fondos de inversión. Se mejora la tributación de los seguros incrementando y simplificando los coeficientes reductores, que serán del 40 por
ciento para primas con más de dos años de antigüedad y del 75 por ciento cuando esa antigüedad supere los cinco años. Para adaptar el tipo de retención al mínimo de la escala, se reduce al 15 por ciento.
Manteniendo la política de favorecer el
ahorro de previsión se elevan los límites fiscales de las cantidades aportadas a planes de pensiones. La aportación máxima anual será de 8.000 euros, incrementándose 1.250 euros cada año cuando el aportante sea mayor de 52 años. También se elevan
los límites para las aportaciones a favor de discapacitados de 22.838 euros a 24.250 euros y las realizadas a favor del cónyuge de 1.803 euros a 2.000 euros. Todas estas medidas beneficiarán a 2,5 millones de declarantes. Se permite la creación de
los planes de previsión asegurados, que constituyen un nuevo producto de seguro, que debe reunir las características de los planes de pensiones individuales respecto a las contingencias cubiertas y los supuestos de disposición anticipada. Las
primas satisfechas a estos planes de previsión, que tendrán que ofrecer una garantía de tipos de interés y utilizar técnicas actuariales, podrán reducirse en la base imponible del contribuyente con los mismos límites establecidos para los planes de
pensiones individuales.
Para avanzar en la equidad del impuesto este proyecto de ley incluye las siguientes medidas. Se refuerza la progresividad del impuesto de forma que la reducción media de la cuota líquida es mayor para los contribuyentes con menores niveles
de renta. Así, mientras que para el total de contribuyentes la rebaja media es del 11,1 por ciento, para aquellos contribuyentes cuya renta gravada es inferior a 12.020 euros la reducción alcanza el 38,14 por ciento. El incremento del índice de
Kakwani y el desplazamiento de la curva de Lorenz constatan científicamente la mayor progresividad del impuesto con la reforma que proponemos. El impuesto se adapta mejor a las circunstancias personales y familiares del contribuyente que influyen
de manera decisiva en su renta disponible y, consecuentemente, en su capacidad contributiva.
Las medidas adoptadas para lograr este objetivo son las siguientes. Se eleva el mínimo personal para los 17 millones de contribuyentes que se fija en 3.400 euros. Aumentan significativamente los mínimos familiares por hijos, entre 200 y
500 euros, con mayores incrementos a partir del segundo hijo. Las reducciones por este concepto serán de 1.400 euros por el primer hijo, 1.500 euros por el segundo, 2.200 euros por el tercero y 2.300 euros a partir del cuarto. Cerca de 4.700.000
familias con hijos se beneficiarán de las mayores reducciones. Se introducen mejoras específicas que incrementan la renta no gravada a los colectivos que hemos considerado socialmente prioritarios: las familias con niños pequeños, las personas
mayores y los discapacitados. Para las familias con niños pequeños se crea una reducción por cuidado de hijos menores de tres años de 1.200 euros, que se suma a la reducción por hijos y que beneficiará a un millón de familias. Para las personas
mayores se incrementan un 33 por ciento las reducciones tanto para las familias con ascendientes mayores de 65 años a su cargo como para el propio contribuyente mayor de esta edad. La nueva reducción es de 800 euros y podrán aplicársela 3,25
millones de familias. Se establece una nueva reducción por asistencia de mil euros adicional a la anterior, de la que se beneficiarán las familias con miembros mayores de 75 años. Esta reducción se disfrutará en todo caso sin necesidad de
justificar los gastos y beneficiará a 1,2 millones de familias.
Señorías, la reducción por discapacidad, cuando es superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, aumenta 200 euros, hasta alcanzar los 2.000 euros.
Cuando la discapacidad es superior al 65 por ciento, la reducción se fija en 5.000 euros, elevándose en 1.400 euros. Hay 650.000 familias en España con algún miembro discapacitado. También se incrementan las reducciones por rendimiento del
trabajo de los discapacitados. Cuando la discapacidad es inferior al 65 por ciento, la reducción se fija en 2.800 euros, lo que supone un incremento de 1.100 euros. Si la discapacidad es superior al 65 por ciento, esta reducción será de 6.200
euros, más del doble que en la actualidad. En concepto de gastos de asistencia, se establece una nueva reducción adicional de 2.000 euros para todos los discapacitados en grado superior al 65 por ciento, de la que también se beneficiarán los
discapacitados en menor grado que tengan movilidad reducida.
Para lograr que el impuesto sea más sencillo y facilitar así al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, se introducen las siguientes medidas. La Agencia Tributaria enviará a los contribuyentes una preliquidación o
borrador de declaración que facilitará considerablemente las obligaciones formales a 5,5 millones de declarantes. Si el contribuyente estima que esa preliquidación es correcta, basta con que la suscriba por cualquiera de los medios que se pondrán a
su disposición para que se considere cumplida su obligación de declarar. El límite de renta que exime de la obligación de declarar se eleva hasta los 22.000 euros para rendimientos del trabajo recibidos de un solo pagador; hasta 8.000 euros, si
son dos pagadores, y hasta 1.600 euros para los rendimientos del capital mobiliario. Los contribuyentes que se encuentren en estas situaciones podrán emplear el sistema de devolución rápida. También podrán acogerse al procedimiento de devolución
rápida los pensionistas cuyas rentas no excedan de 22.000 euros, aunque provengan de más de un pagador. Se modifica el esquema de liquidación del impuesto, con la finalidad de hacerlo más sencillo y que el contribuyente perciba con mayor claridad
cuál es su tributación efectiva.
Respecto a las actividades empresariales, la reforma incluye una serie de medidas para lograr una mayor neutralidad en su fiscalidad y un refuerzo del control tributario. Para delimitar mejor el colectivo al que resulta de aplicación el
régimen de estimación objetiva, se introduce un límite de compras de 300.000 euros, en el cual no computan las adquisiciones de inmovilizado. Se establecen nuevas obligaciones de retención e información para las entidades en régimen de atribución
de rentas, que quedan excluidas del sistema de estimación objetiva. Se suprime el régimen de transparencia fiscal para recobrar la neutralidad en la tributación de las actividades empresariales y profesionales realizadas por personas físicas. Se
establece un nuevo régimen fiscal para las sociedades patrimoniales, que tributarán en el impuesto sobre sociedades a un tipo incrementado del 40 por ciento, pero calcularán su base imponible de acuerdo con las reglas del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Se extiende la obligación de información por suministro a todas las cuentas abiertas de entidades financieras, aunque no hayan generado rendimientos, con identificación de sus titulares y autorizados.
Para favorecer la inversión extranjera y clarificar la tributación de las rentas obtenidas por los residentes, se adoptan las siguientes medidas.
Se crea un nuevo marco fiscal en el impuesto sobre la renta de los no residentes para las
entidades en régimen de atribución de rentas cuya residencia o la de alguno de sus miembros no se localice en España. Se regula la representación de los establecimientos permanentes de entidades no residentes y se delimita su responsabilidad
tributaria. El tipo de gravamen de las ganancias patrimoniales, dividendos e intereses derivados de participaciones e instituciones de inversión colectiva obtenidos por no residentes se equipara con el tipo de retención establecido en el impuesto
sobre la renta para los rendimientos del capital mobiliario, que es el 15 por ciento. Se adapta asimismo el impuesto sobre la renta de no residentes a los criterios y conceptos recogidos en los convenios para evitar la doble imposición
internacional suscritos por el Estado español y, por último, se equipara la tributación de los rendimientos derivados de acciones y fondos de inversión cotizados en cualquiera de los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión Europea.
Por segunda vez en pocos años el Gobierno del Partido Popular propone al Parlamento una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que reduce la carga tributaria a todos los contribuyentes.
La política económica que estamos aplicando impulsa el crecimiento y el empleo, sanea las cuentas del Estado y de la Seguridad Social, mejora la inversión y los servicios públicos y, además, puede hacer frente a ese importante reparto
directo de beneficios para todos los ciudadanos que traen consigo estas reformas tributarias. El Estado, como haría una empresa rentable, también reparte beneficios. Aborda una reducción de impuestos y con ello consigue que nuestro país sea un
lugar más atractivo; un lugar más atractivo para trabajar, para invertir o simplemente para vivir.
En estos últimos seis años, la economía española ha sido y sigue siendo hoy una de las más dinámicas del mundo industrializado, con mayor capacidad de inversión, creación de empresas y generación de puestos de trabajo. Las reformas
tributarias se apoyan en la confianza de los ciudadanos, y esta es la razón última de que en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros muchos países, la bajada de los impuestos ha ensanchado las bases tributarias y ha logrado incrementar
los ingresos del Estado.
Este nuevo reparto de beneficios, el reparto de beneficios que hoy el Gobierno propone a las Cortes, persigue los objetivos económicos generales y acentúa la redistribución de la renta para reforzar la iniciativa social y estimular la
participación en el bienestar colectivo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad, de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Escasos diputados. Señor Montoro, subo a la tribuna anestesiado por su amena disertación y, además, convencido de que es una buena reforma. Lo que pasa es que hay un proverbio que dice que cuando la limosna es tan generosa hasta el santo
entra en sospecha (Risas.). Me da la impresión de que el santo está entrando en sospecha y por eso sale el día 20 y dice: no me acabo de creer eso, no me lo acabo de creer.
Después de la Revolución francesa de ayer, ya nos está anunciando usted la revolución financiera, económica y fiscal del siglo XXII, no del siglo XXI. En fin, se trata de repetir, y repetir, y seguramente a base de repetir, finalmente, algo
queda. Pero ha dicho una cosa que es verdad, que esta reforma sigue las tendencias que hay en el mundo, en Europa.
Efectivamente, las tendencias neoliberales; las que están quedando más desprestigiadas en el conjunto del mundo.
Señor Montoro, toda modificación importante en el equilibrio de las fuerzas políticas y de clase queda reflejada en la estructura tributaria.
Esto lo decía ya hace tiempo James O'Connor, que era un economista y fiscalista norteamericano,
que conocía su tiempo, como usted sabrá muy bien. Por tanto, esta reforma tiene un pensamiento político, conservador, es una reforma conservadora, sigue la misma tónica y va en detrimento de los mismos sectores sociales que no dependen tan
directamente de la defensa política que ustedes pueden hacer.
Además, vamos a discutir sobre esta contrarreforma, más que reforma, en una semana en que hay en Argentina muertos encima de la mesa, un país que siguió al pie de la letra las orientaciones que siguen ustedes aquí; en un momento en que hay
crisis espectaculares de las bolsas, que recompondrán los beneficios de los grandes inversionistas pero que dejarán a mucha gente humilde en el camino; en un momento en que WorldCom demuestra cómo la empresa privada, la gran empresa privada, hace
trampas y funciona peor que el sector público empresarial. Aquí está de nuevo otro resultado. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señor Montoro, en relación con la propaganda y la política, debemos llegar a la conclusión de que la propaganda es una cosa y la política real, la realidad, lo que vive la gente, es otra muy diferente. Ustedes dicen que todos ganan con la
bajada de impuestos. Dicen, afirman, reiteran, han vuelto a reiterar (parece que en vez de venir a explicarnos la reforma del IRPF nos ha explicado la economía; el mismo discurso de todos estos meses, de forma reiterativa y amena, como he señalado
anteriormente) que las bajadas son necesarias para una economía más eficiente, para aumentar el ahorro, la inversión, el consumo, el empleo. Cuando se tiene que reiterar tantas veces lo mismo es que no se tiene confianza en la propuesta concreta
que se hace en un momento determinado, sin necesidad de alharacas ni retóricas sobre lo bien que funciona España, sobre lo bien que funciona la economía. Lo bien que funciona España y la economía, contestado socialmente en el último periodo por
organizaciones bastante importantes, que tienen bastante solvencia y que representan intereses importantes de sectores amplios, mayoritarios diría yo, de la sociedad española.
¿Es así siempre? ¿Incluso cuando bajan los impuestos todo funciona mejor? ¿Es lo mismo una bajada de impuestos, por ejemplo, con un 4 por ciento de crecimiento o con un 2 por ciento de crecimiento, como hay en este momento concreto?
Porque usted habla del crecimiento español, que, incluso en este momento de estancamiento o de recesión a nivel mundial, está creciendo por encima de la media europea. Pone usted el ejemplo del 2,7 por ciento o del aproximadamente 3 por ciento que
va a crecer este año ó el 2,8 por ciento que ha crecido ya, frente al 1,7 por ciento de Europa. ¿Pero también descuenta la inflación, que en España es superior a la media europea, el descuento de la inflación está también en este escandallo que
hace usted de la ratio que hay entre el crecimiento del producto interior bruto europeo y el de España? Eso de que todos ganan con la bajada de impuestos depende de la coyuntura económica.
Nosotros afirmamos, de entrada, que con un crecimiento del 4 por ciento o del 2 por ciento muchos pierden con la bajada de los impuestos. En primer lugar, porque se rebajan los directos, los que son más progresivos (cada vez menos
progresivos pero que, a pesar de todo, continúan siendo más progresivos; el IRPF, como impuesto moderno de las sociedades más avanzadas), y aumentan los impuestos indirectos. Todavía no ha habido una rotunda negación argumentada con datos de que
realmente no han subido los impuestos indirectos en los últimos dos o tres años. Por tanto, aumentan los impuestos indirectos, que son los más regresivos. Le voy a dar un pequeño dato en relación con la justicia de estos impuestos. Si los
ingresos brutos por trabajo asalariado ascienden a 9.000 euros anuales, el ahorro con la nueva reforma asciende a 154 euros al mes, lo que significa el 1,7 por ciento. Si los ingresos brutos por el trabajo asalariado son 30.000 euros al año, 5
millones de pesetas, el ahorro alcanza los 1.310 euros, que son unas 18.200 pesetas al mes, el 4,4 por ciento. Si los ingresos son de 66.000 euros al año, la reducción alcanza ya el 8 por ciento de los ingresos. Aquí está la justicia para los que
tienen rentas más altas y los que tienen rentas medias o más bajas.
Además, la reducción de impuestos,
en muchos casos, es una trampa que la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, no deberían ver como un elemento positivo para el conjunto de la gente, aunque en un momento determinado les represente un poco de calderilla en la
reducción de sus impuestos, como he intentado explicar en este breve ejemplo.
Hay una sencilla razón: La gente debe saber que menos dinero es menos gasto público y menos inversión social, por tanto, menos políticas sociales. Y los que no cotizan por el IRPF, porque no llegan al mínimo necesario, o los de las rentas
más bajas, aunque coticen, son los más necesitados de servicios sociales, son la gente más humilde, la que tiene salarios o rentas medios hacia abajo. Los que más presionan para reducir los impuestos no necesitan los servicios públicos, actúan con
el clásico y frío egoísmo con el que actúan los que tienen cubiertas, y además bien cubiertas, todas las necesidades. Ustedes no han recortado la brecha social con la Unión Europea. No lo han hecho. El diferencial social continúa existiendo,
porque continúa habiendo un diferencial fiscal de siete puntos. Los impuestos indirectos más o menos son un 3,8 por ciento de este diferencial. A pesar de ello se reduce la progresividad, se cuestiona la calidad y el nivel de los servicios, se
cuestiona una protección social adecuada y se cuestiona una distribución de la renta más justa. En definitiva y como conclusión de todo esto, no aumenta la cohesión social en nuestro país, no se reducen las desigualdades relativas que hay en
nuestro país.
El decretazo que ustedes han promulgado hace poco está fundamentado en la política de recortes, en este caso concreto por la bajada de impuestos.
Todo tiene una historia. Los 600.000 u 800.000 millones de pesetas que van a dejar de
recaudar ustedes en nombre del erario público repercutirán sobre el gasto social y sobre las clases de abajo. En este caso concreto el intento realizado a través del decretazo y el proyecto de ley que está en marcha liquida una parte de lo que
percibían los trabajadores cuando estaban en situación de paro y además afecta a un 50 por ciento de trabajadores que no tiene ningún subsidio de desempleo. En vez de mejorar el subsidio de desempleo del conjunto de los trabajadores, de este 50 por
ciento que no cobra nada, lo que hacen ustedes es recortar el subsidio de desempleo del conjunto.
Hasta ahora, señor Montoro, no se avanzaba en gasto social, no se ampliaba el gasto social para el conjunto de la sociedad, pero tampoco se retrocedía. A partir de la contrarreforma de 1998 se retrocede en gasto social y con esta reforma,
que es la continuación de la anterior, se continúa retrocediendo. El IRPF era -y todavía continúa siendo, no sé por cuánto tiempo más- el impuesto más de acuerdo con las más modernas teorías y prácticas fiscales. Era y continúa siendo todavía, ya
no tanto, un impuesto personal que grava la renta total de cada persona. Por tanto es proporcional, tiene una cierta proporcionalidad. Las reformas anteriores, en concreto la de 1998, han ido reduciendo la progresividad, de forma sistemática, sin
piedad. La reforma actual, la que estamos discutiendo y debatiendo hoy, continúa este proceso y conduce en la práctica a la liquidación del IRPF como impuesto socialmente justo. El IRPF será cada vez menos progresivo y por tanto cada vez más
injusto.
La tarifa cada vez es menos progresiva y se aplicará únicamente a las rentas del trabajo. El resto de ingresos tributará a tipos distintos y más reducidos. El trato de privilegio de las plusvalías se consolida y profundiza con esta
continuación de la reforma de 1998. Las plusvalías generadas en un período de tiempo superior al año van a tener un tipo único del 15 por ciento. La actual propuesta continúa y profundiza la contrarreforma de 1998, que fue la madre de todas las
reformas. Aquella fue la verdadera reforma, la que dijo: Aquí van a ver ustedes el sello conservador de nuestro Gobierno. Efectivamente, es la que marcó la pauta que ahora quieren ustedes continuar. Todavía no tenemos los datos pormenorizados de
lo que representó esta reforma, de donde salieron estos 800.000 millones de reducción. Sé que hay datos parciales que van de un lado para otro, manejan estos datos, marean al personal con estos datos.
Pero antes se hacía memoria tributaria
completa y sabías exactamente todo el proceso, todas las secuencias que habían seguido los descuentos que había habido en la tributación.
En definitiva, esta contrarreforma, que es la continuación de la contrarreforma de 1998, es un nuevo recorte del IRPF que reduce la menguada progresividad, la cada vez más menguada progresividad. Da mayores beneficios fiscales a los
rendimientos del capital y a las plusvalías, beneficia a los más ricos, reduce la recaudación. Llega el momento de reducir la recaudación y quienes van a ser los principales perjudicados son las clases bajas, las clases trabajadoras en su conjunto,
porque son los que necesitan más de los servicios sociales, los que no van a tener mejores servicios sociales en la medida en que no haya inversión social. Incentiva la elusión fiscal con la eliminación de la transparencia fiscal y además amplía
esta eliminación a más sectores, en concreto al conjunto de los profesionales, elusión fiscal que no es ilegal pero sí inmoral, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Es inmoral. La creación de sociedades ficticias en
esta línea favorece que ya no sea el individuo, la persona, y así lo reza el título, IRPF, impuesto sobre el rendimiento de las personas físicas.
Ya no es la persona, sino la posibilidad de eludir a través de sociedades ficticias, creadas
expresamente para la elusión de impuestos. Se intenta utilizar como instrumento para alteraciones laborales y sociales, fomento del empleo, destinado a las empresas, no destinado a una inversión directa, que es lo que crea más puestos de trabajo y
es más justo, siempre desde el punto de vista social.
Aumentan las desigualdades, en definitiva, señor Montoro. No se han reducido y además ahora se
aumentan. Estaba estancado, podíamos decir que había un empate, pero ahora aumentan, van a aumentar las desigualdades con esta reforma. El ciclo económico se tambalea, y por eso tienen tanta necesidad de subir a la tribuna y reafirmar una
vez tras otra que todo va bien, que todo funciona bien, que España es una isla en ese mundo catastrófico, y que va a salir adelante. Y se tambalea también toda su política asistencial, que es a lo que se va. No política de derechos y deberes de
los ciudadanos, como con esta reforma, sino una política asistencial. Por eso, recortar derechos les es fundamental porque derecho es derecho y asistencia es algo graciable, que no es un derecho.
En nuestra propuesta queremos más dinero para más gasto social. Ustedes quieren reducciones para seguir avanzando en la privatización, en este caso concreto la privatización del conjunto de servicios sociales. En ello están ustedes, señor
Martínez. Ya se irá viendo. Ya tendremos ocasión de irnos peleando en esta Cámara y también en la calle seguramente. No es que sean ustedes perversos, es que ustedes son consecuentes, creen en ello, y luego, en la medida en que se vayan dando
batacazos, como el que se dieron el día 20, irán reflexionando, irán introduciendo elementos de reflexión, pero no creo que vayan a cambiar la filosofía, porque están convencidos de ella. Es la filosofía más profunda de lo que podríamos decir el
pensamiento más conservador, repito, el pensamiento más conservador europeo, al cual se quieren trasladar todas las medidas más reaccionarias que en los Estados Unidos, en el terreno económico, social y laboral, se han impuesto, especialmente en el
último período con este notable presidente que tienen los Estados Unidos de América al que ustedes siguen tan fielmente.
Izquierda Unida será consecuente con su concepción política, solidaria socialmente, y competente desde el punto de vista del funcionamiento económico. No nos creemos las mentiras. A mí me parece que ya no solamente hay un ministerio de la
mentira, sino que hay varios ministerios que se dedican, cada uno en su particular parcela, a mentir sobre cada una de las cuestiones concretas, a reiterar los datos. Porque la presentación que ha hecho durante tres cuartos de hora la podía haber
hecho en diez minutos, ya nos lo conocemos bien. No nos creemos por tanto las mentiras y nosotros intentamos hacer políticas diferentes, que impidan la argentinización progresiva de España y de la Unión Europea, en los baremos que hay en España en
la Unión Europea. No vamos a comparar los baremos de España en la Unión Europea con los que hay en América Latina, o en países más empobrecidos. Por cierto, Argentina no era un país empobrecido, no era un país pobre. Pero no queremos permitir con
nuestra tolerancia, con nuestra omisión, con nuestro silencio, la progresiva argentinización social y laboral de España y de la Unión Europea con desregulación laboral, con reducción de derechos sociales y con desfiscalización.
Por ello nosotros hacemos una propuesta articulada.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Frutos, le ruego vaya concluyendo.
El señor FRUTOS GRAS: Termino enseguida, señora presidenta.
Vamos a hacer una propuesta articulada, que será fruto ya de esta enmienda a la totalidad que hemos hecho, que irá en la línea siguiente: que el IRPF grave la renta global del contribuyente, entendida esta como reflejo de su capacidad
económica; que las circunstancias personales y familiares se reconozcan con deducciones en la cuota y no en la base, como ocurre actualmente y que fortalezcan a través de este planteamiento la progresividad del impuesto. Que se establezca una
tarifa progresiva con más tramos, adecuada, de manera más justa a la carga tributaria, a la renta del contribuyente, y que se mejore el tratamiento fiscal de los rendimientos del trabajo, especialmente las pensiones y los salarios más bajos,
modificando el tratamiento de los dividendos, integrándolos en la base del impuesto por el bruto obtenido y eliminando la deducción por doble imposición a la cuota del impuesto.
En definitiva, en el marco del trámite parlamentario, Izquierda Unida desea debatir y dialogar, poniendo en común propuestas alternativas con todas aquellas organizaciones políticas y sociales que compartan la necesidad de hacer frente a la
política fiscal regresiva de su Gobierno.
Ya lo saben ustedes, allí estaremos, en cada uno de los momentos en que se produzcan estos debates políticos o los debates sociales, como el que se ha producido en este país el pasado 20 de junio, que
ustedes han despreciado no teniendo una consideración, por lo que ha representado este potente movimiento, con la actitud, con la continuación de esta actitud, por parte del ministro de Trabajo, diciendo: No, es que yo no me reúno con los
sindicatos. Los sindicatos que se reúnan con los partidos políticos. Yo creo que un Gobierno, un representante del trabajo, pero un Gobierno siempre debería tener la sensibilidad de reunirse tantas veces como sea necesario con las organizaciones
sociales, en este caso concreto con las sindicales, que tienen algo que decir con relación a aspectos que pueden influir negativamente o positivamente sobre toda la sociedad.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto, que compartirán tiempo, en primer lugar, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Gobierno está empeñado en configurar un sistema fiscal cada paso más regresivo y lo que nos presenta hoy es un salto cualitativo en relación con la reforma
del año 1998. ¿Cuáles son, señorías, las características o fundamentos básicos de esta reforma? En primer lugar, la reducción de los tramos de la tarifa estatal de los seis actuales a cinco, ensanchando los intervalos de las rentas
sometidas al mismo tipo marginal. El intervalo superior es sin duda el más beneficiado. En segundo lugar, se produce un grave quebranto de la equidad vertical del impuesto, ya que hay un menor efecto sobre la cuota de reducción del tipo marginal
en el tramo inferior. En tercer lugar, ¿es cierto que hay una mejora en el tratamiento fiscal de las familias? Seguramente sí, pero estas reducciones por motivos de carácter familiar y social no pueden hacernos olvidar la inexistencia y
precariedad de los servicios públicos de apoyo a las familias, a los mayores y las personas discapacitadas. Sin duda alguna la intención del Gobierno es que las familias busquen estos servicios en el mercado, dando pie a un negocio de las
aseguradoras de las mutuas sociales a través de las rentas que se liberan por parte de las familias. Pero esto no va a impedir que la diferencia de calidad de vida entre los distintos sectores de la población aumente.
La siguiente característica son las primas a los arrendadores, no a los arrendatarios, cuestión curiosa, porque muchos arrendatarios son jóvenes y los sectores más necesitados. Y dos características o fundamentos básicos. En el fomento de
la natalidad, que efectivamente es uno de los objetivos de esta reforma del IRPF, no nos pueden hacer olvidar que se excluye precisamente a las madres que carecen de empleo remunerado, que serían las que necesitasen un mayor apoyo económico. Por
último, señorías, no cabe duda de que se benefician las rentas del capital, aquellas inversiones en seguros, en fondos de inversiones o en ganancias patrimoniales. Los métodos desde el punto de vista social son claros: hacer creer a la población,
meterla en la ilusión fiscal de que paga menos a través de estas rebajas generalizadas del IRPF, utilizando los medios de comunicación e incluso las campañas institucionales indirectas, para que podamos vivir en esta ilusión fiscal. Pero no
olvidamos el incremento generalizado de los impuestos indirectos, precisamente tasas y precios públicos, o incluso los efectos de la inflación, que ya fueron comentados por muchos teóricos y comentaristas en la prensa de carácter económico.
¿A quién perjudica esta reforma del IRPF? Sin duda a los contribuyentes de intervalos medios de renta y a las comunidades autónomas, la otra gran preocupación para el Bloque Nacionalista Galego. Porque, señorías, no cabe duda de que la
financiación autonómica se va a ver mermada en sus recursos, como pasó ya en el año 1998. Las modificaciones inciden principalmente sobre la determinación de la base imponible del IRPF y esto afecta, queramos o no, a las haciendas autonómicas,
porque repercute desde el punto de vista recaudatorio sobre los ingresos de las comunidades autónomas. Todos sabemos que cuando se reduce el incremento de los mínimos familiares y personales, cuando hay una reducción por el cuidado de niños y niñas
menores de tres años, de las personas mayores de 65, o la asistencia a personas discapacitadas, y un largo etcétera, eso influye en la recaudación autonómica. Igual que sin duda la reducción del número de tramos también influye, ya que la tarifa
autonómica no podría tener distinto número de tramos que la estatal. Para nosotros es una preocupación muy importante cómo afecta a una capacidad autonómica, que sin duda es una manera de recentralizar el Estado por vías de carácter indirecto.
Acabo ya, señora presidenta. La conclusión del Bloque Nacionalista Galego es que en 1996 se inició una contrarreforma con un doble objetivo: reducción de la carga fiscal que soportan las grandes empresas y las personas con rentas muy
elevadas y a su vez perjudicar a los trabajadores, a las pequeñas empresas, a los autónomos y a los perceptores de rentas más bajas. Todo ello combinado con ese gran objetivo u obsesión del Gobierno, que consiste en recentralizar el Estado español
y hacer uso exclusivo y absoluto de competencias que, cuando menos, debían ser compartidas con las comunidades autónomas. En este caso el IRPF, así manejado, así manipulado, daña gravísimamente esa capacidad competencial del 33 por ciento, que
tanto se vendió como una manera de descentralización fiscal del Estado español.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Montoro, hay muchas razones que se han escuchado ya y se escucharán después para pedir la devolución de este proyecto de ley.
Quiero sintetizar en una sola razón política nuestra petición de devolución. La reforma fiscal,
igual que la reforma laboral, son las dos caras de la misma moneda. Porque la política fiscal y la reforma que usted nos propone hoy, la del Partido Popular, intenta conducir a la sociedad española hacia un modelo de sociedad que no sólo no se
acerca a los parámetros de bienestar de la Unión Europea, sino que se aleja de ellos; por tanto, una sociedad más injusta, más desigual. Y nosotros no compartimos ese modelo. Por eso pedimos hoy la devolución de este proyecto de ley.
Usted sabe perfectamente, señor Montoro, que la política fiscal de un país es uno de los elementos más determinantes de qué tipo de modelo de sociedad se quiere construir. Ustedes no quieren converger con el modelo social europeo. Ustedes
tienen como horizonte de la sociedad española el modelo social de Estados Unidos. Por eso digo que son dos caras de la misma moneda: disminución de prestaciones, disminución de
recaudación, fundamentalmente beneficiando a las clases más poderosas; eliminación de derechos de los más débiles, conversión del IRPF en un impuesto exclusivamente de las nóminas, disminución del Estado de bienestar, privilegio de las
rentas de capital en torno a las rentas del trabajo. Y esa moneda se expresa de la siguiente manera, señor Montoro: tenemos siete puntos diferenciales, tenemos una brecha social de siete puntos con la Unión Europea porque tenemos siete puntos
menos de presión fiscal agregada. Usted lo que nos tiene que explicar hoy no son los tramos, las tarifas, a la gente esto le da lo mismo, usted tiene que explicar fundamentalmente a la sociedad española si usted quiere converger o no con la media
de bienestar de la Unión Europea. Esto no significa un cheque para la guardería para determinadas personas, significa hacer guarderías públicas y gratis. No significa privilegiar a los propietarios de los pisos, sino hacer una política pública de
vivienda. Eso significa converger con la Unión Europea en relación con los servicios de atención a la gente mayor. Por tanto, señor Montoro, el problema de fondo de hoy no son los tramos y las tarifas. El problema de fondo es si el Gobierno del
PP, que no lo ha dicho y no lo va decir, quiere converger con la Unión Europea en bienestar, en qué plazos y cómo lo va a hacer. Independientemente usted no lo ha dicho, no lo va a decir y no va a contestar, porque su modelo no es ése. Este es el
debate profundo y la razón profunda por la que nosotros pedimos la devolución de este proyecto.
No tengo tiempo, pero si ustedes leen la intervención del señor Rato el 11 de junio de 1998, verán que los tres o cuatro elementos fundamentales objetivos que el Gobierno del PP dijo que se iban a producir han sido un fracaso rotundo. El
señor Rato dijo que la disminución de recaudación iba a ser 350.000 millones en dos años, hoy queda claro que son 800.000. El señor Rato dedica dos páginas de este diario -no sé cuanto tiempo es- a decir que eso va a estimular el ahorro, ha sido un
fracaso la estimulación del ahorro. El señor Rato dijo que esto iba a ser progresivo. ¿Cómo podemos saber si es progresivo, señor Montoro? ¿Por qué esconden los datos? Hay una respuesta clara: esconden los datos porque los datos reafirman y
confirman lo que ya sabemos, que la reforma fiscal del PP beneficia a los más ricos.
Termino, señor Montoro, diciéndole que además usted hoy ha tenido un gran olvido, el fraude fiscal. ¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda salga a presentar una propuesta de reforma fiscal y no dedique ni un solo minuto al balance de
cuál ha sido la lucha contra el fraude fiscal y cuáles son los objetivos de la lucha fiscal? Pedimos la devolución del proyecto por tres razones: en primer lugar, porque esta reforma fiscal conduce a la sociedad española hacia una sociedad de
modelo norteamericana. En segundo lugar, porque beneficia a los ricos, porque es injusta con los más débiles. Y, en tercer lugar, porque olvida de forma flagrante la necesidad de lucha contundente contra el fraude fiscal.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón):Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado una enmienda a la totalidad del presente proyecto de ley, partiendo de la evidencia de que no se adecua en absoluto, de entrada, a la realidad del Estado español, a las
diferentes dinámicas de las comunidades autónomas que lo componen, y se limita a establecer medidas impositivas uniformes que, además de legitimar el expolio económico de algunas zonas más desfavorecidas, no responden de ninguna manera a las
necesidades que las mismas tienen. Más allá de este reproche general, merece la pena detenerse en algunos puntos concretos que nos permitirán desgranar los motivos por los cuales solicitamos la devolución al Gobierno del presente proyecto de ley.
En realidad, la propuesta de reforma del IRPF no representa una modificación vertical del modelo, como representó la reforma de 1999, sino que trata de profundizar en algunos aspectos que han sido básicos en el planteamiento del modelo
fiscal del Partido Popular. La reducción de los tipos máximos, compensada a efectos de imagen por el incremento del mínimo exento; en definitiva, un gran negocio para el Gobierno ha sido el mínimo exento. Concentración de la recaudación del
impuesto en las rentas medias y diferenciación del trato de las rentas según su origen: diferentes tipos para rentas del trabajo y rentas del capital; es decir, desplazamiento de la presión fiscal a impuestos directos y, por tanto, regresivos.
Uno de los aspectos más discutibles de la actual orientación del impuesto es, posiblemente, la diferencia en el trato tributario entre rentas del trabajo y rentas del capital, la denominada ruptura del carácter sintético del impuesto. El
hecho de que las rentas del capital se hallen gravadas por un tipo único, y no progresivo, del 15 por ciento -ahora es del 18- y que, por contra, las rentas del trabajo estén gravadas por un tipo variable entre el 15 y el 45 por ciento -30 puntos de
diferencia en el trato fiscal de 45.000 euros ganados como salario o ganados como rendimiento del capital mobiliario-, es difícilmente justificable como política de incentivo del ahorro, tal como pretende el Partido Popular.
No podemos olvidar que
en la mayoría de los países europeos esta política de fomento del ahorro nunca llega a superar la brecha de 15 puntos de diferencia. Por otra parte, las anteriores rebajas dispuestas por el Partido Popular para los rendimientos del capital, primero
en un tipo del 20 por ciento, en 1996, y
después del 18 por ciento, en 1999, no han generado ninguna mejora de la tasa de ahorro de la economía española, que se ha reducido en un 0,9 por ciento del producto interior bruto.
También es cierto que el proyecto de ley profundiza en diversas medidas de trato diferenciado y más beneficioso para distintos productos de tipo financiero. Favorecer la movilidad de productos financieros es algo positivo en el caso de los
fondos de pensiones, pero también puede facilitar desde el punto de vista fiscal movimientos de otro tipo: el trato de las stock options, propietarios de inmuebles de alquiler, y así podríamos seguir. De todas formas, una de las críticas más
reiterativas al actual proyecto de reforma del IRPF es la de que se trata de una maniobra electoral para terminar la legislatura con una segunda rebaja fiscal. Eso sí, menos intensa, y edulcorada con propuestas de carácter social, pero propuestas
con trampa, señor Montoro: mejora del trato de la familia, acceso de la mujer al mercado laboral e incentivos fiscales para los parados que encuentren trabajo.
Algunos expertos ya han solicitado una revisión profunda de todo el sistema de imposición directa -IRPF e impuesto de sociedades-, que reduzca los incentivos fiscales a las grandes fortunas por traspasar de forma ficticia rentas y
patrimonios de tipo personal a rentas de tipo societario, que tienen un tipo menor -el 35 por ciento- y numerosos elementos de desgravación fiscal y de mejora del trato en relación con otros impuestos; lo decía el señor Frutos: puede ser legal,
pero nunca moral. Un buen ejemplo de estos instrumentos son las sociedades de inversión mobiliaria de capital variable -las SIMCAV-, que permiten unas suculentas reducciones fiscales para fortunas notables y que, en siete años -de 1996 a 2002- han
pasado de tener un patrimonio de 2.500 millones de euros a los actuales 20.000 millones de euros; es decir, que se favorece el capital especulativo, señor Montoro.
El coste estimado de esa nueva reducción fiscal es, según el Gobierno español, de unos 1.250 millones de euros, lo cual plantea dos interrogantes. En primer lugar, en el contexto de la actual Ley de estabilidad presupuestaria, ¿cuáles son
las partidas de gasto afectadas por la reducción? Es una pregunta obligatoria, que nos tenemos que hacer todos, y que usted hoy no ha respondido. La segunda cuestión es: en el nuevo marco de financiación autonómica, ¿cómo afectará esto a las
comunidades autónomas? En cuanto a la primera pregunta, es necesario subrayar que la multitud de carencias de nuestros servicios públicos -en el ámbito sanitario, la enseñanza, la investigación y desarrollo o la vivienda- en relación con los de los
países de nuestro entorno van acompañadas de una presión fiscal inferior a la media de la Unión Europea en más de un 7 por ciento del producto interior bruto del año 2000, del cual un 3,9 por ciento está en el IRPF. Por tanto, sería necesario
plantearse seriamente la pertinencia de las rebajas fiscales.
Por lo que se refiere a la propuesta de apoyo a la familia, y en especial al pago de 1.200 euros anuales a las mujeres ocupadas con hijos de hasta tres años, creemos que son criticables, tanto desde el punto de vista de su insuficiencia
cuantitativa -es necesario incrementar las desgravaciones y ayudas- como cualitativa, ya que se trata de una medida inútil si no va acompañada de la potenciación de otros servicios públicos, como las guarderías...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: ...o de un trato integral que implique también el mantenimiento de la gente mayor, ancianos, y la vivienda. En ese sentido, la atención que recibe la vivienda en este proyecto de reforma es claramente
insuficiente. El alquiler sólo se trata en términos de bonificaciones fiscales para los propietarios de viviendas alquiladas, renunciándose a aplicar otras medidas de estímulo a la demanda, concediendo bonificaciones fiscales al régimen de alquiler
equiparables a las que reciben los de compra.
Estamos hablando, señor Montoro, en suma, de un proyecto de ley que presenta deficiencias relevantes y que por tanto nos obliga a solicitar su devolución al Gobierno, un proyecto que ahonda en las diferencias entre las rentas de trabajo y de
capital, que no beneficia a la mayoría de las clases sociales desfavorecidas y que sobre todo deja en indefensión a grandes sectores sociales en lo que se refiere a política social.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Puigcercós.
Para finalizar el turno del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señor ministro, el texto presentado por el Gobierno ante esta Cámara, el proyecto de ley de reforma de toda una serie de impuestos, no plantea, a juicio de Chunta Aragonesista, en especial en lo
que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas, una respuesta adecuada a los problemas existentes, por las siguientes razones. Según diferentes informes, la reforma del IRPF de 1999 ha deteriorado la progresividad del impuesto y
la capacidad retributiva de los sistemas tributarios. Con la coartada de bajar los impuestos a todos, se ha favorecido a los ciudadanos con mayores rentas. Esta situación se mantiene e incluso empeora, como lo han demostrado ya los parlamentarios
que han intervenido con anterioridad, con la actual reforma del IRPF. No se introduce ningún sistema que permita aumentar las aportaciones derivadas de las actividades
más susceptibles de eludir la fiscalidad, como operaciones intersocietarias, rentas financieras, etcétera. Se fomenta la reducción por prolongación de la actividad laboral; dicha reducción tiene por objeto fomentar de manera indirecta el
retraso de la edad de jubilación.
Es insuficiente como estímulo para la incorporación de la mujer a la vida laboral, pues sus limitadas ventajas fiscales no son incentivos suficientes si no se complementan con medidas en materia laboral y de
asistencia social que, hoy por hoy, no se garantizan con el Plan integral de apoyo a la familia, y no cuentan con compromiso presupuestario alguno las reducidas facilidades laborales recogidas en la ley para promover la conciliación de la vida
familiar y laboral, así como las insuficientes y condicionadas ayudas de la Seguridad Social recogidas en el Real Decreto-ley 1/2000.
Bajo la idea del fomento de la incorporación de la mujer al mundo laboral, limita sus medidas de apoyo a aquellas cuyos hijos sean menores de tres años, sin entrar a considerar las cargas y gastos que las familias trabajadores también han de
soportar para hijos a partir de esa edad, por ejemplo, gastos de comedor, transporte a los centros educativos, cuidado de los hijos, etcétera, especialmente en casos de falta de coincidencia de los horarios de trabajo de los padres con los de los
hijos. También excluye de la medida a las mujeres que no trabajen, ligando necesariamente el fomento de la natalidad con la condición de incorporación al trabajo, dando por supuesta una correlación exclusiva entre baja natalidad e incorporación de
la mujer al trabajo que ha sido descartada por todos los estudios socio-demográficos desde hace bastante años. Se profundiza en el fomento de las fórmulas privadas del ahorro- pensión, excluyéndose en su incentivación la captación de recursos
públicos.
Ustedes insisten en que cada vez nos acercamos más a la Unión Europea.
Pues bien, los datos sobre lo mucho que queda por hacer con respecto a ella respaldan la necesidad de elaborar un proyecto mucho más comprometido con la sociedad. El
porcentaje del producto interior bruto español destinado al apoyo a las familias es del 0,4 por ciento, mientras que la media de la Unión Europea es del 2,2 por ciento; las ayudas directas a la familia en España ascienden a 1.200 millones de euros,
mientras que en la Unión Europea es de 6.000 millones; España sólo tiene guarderías para el 5 por ciento de los niños menores de tres años, mientras que la media de los países de la Unión Europea es del 47 por ciento; el porcentaje de mujeres
trabajadoras en España es del 40 por ciento frente al 53 por ciento de la Unión Europea, pero de ellas sólo el 17 por ciento tienen un contrato a tiempo parcial en España, mientras que en la Unión Europea la media es del 34 por ciento.
Finalmente, señor ministro, el proyecto profundiza en todas las tendencias que este Gobierno ha ido impulsando hacia el debilitamiento de la solidaridad tributaria entre todos los niveles de rentas para la financiación de las grandes y
fundamentales instituciones públicas que sustentan el desarrollo equilibrado e ininterrumpido de un país, como son la enseñanza, la sanidad, la Seguridad Social, los servicios públicos, las infraestructuras, etcétera.
Nada más. Muchas gracias, señor ministro; gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Labordeta,
Para la defensa de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, en contra de la anécdota que se cuenta de Churchill, su intervención de esta mañana no sólo no va a hacer cambiar el sentido de mi voto, sino que ni tan siquiera me ha convencido, quizá porque me sonaba mucho al sonsonete del
NODO, por cierto se va aproximando cada vez más el tono de su voz al del presentador del mismo.
Llevan seis años de Gobierno y todavía estamos esperando que cumplan su promesa electoral de 1996 de un IRPF con tres tramos y un marginal máximo del 40, pero no porque estemos de acuerdo con la misma, sino simplemente por verles cumplir
algo de lo que prometen. Porque prometieron menos impuestos para todos y la terca realidad dice que la presión fiscal ha subido en estos años. Prometieron mejorar el gasto social y, desde que gobiernan ustedes, ha caído más de dos puntos del PIB.
Prometieron un impuesto más justo y las ganancias de capital tributan al 15 por ciento, mientras las rentas del trabajo lo hacen hasta el 45 por ciento.
Prometieron que pagarían menos los que menos tienen y de su reforma se han beneficiado, sobre
todo, el 10 por ciento de contribuyentes con rentas más altas. Prometieron mejorar las ayudas a la compra de vivienda y el precio de los pisos ha subido más de un 50 por ciento. Dijeron que la reforma fiscal fomentaría el ahorro y tenemos la tasa
de ahorro familiar más baja de la década. Y hoy aquí pretende repetir el conjunto de promesas incumplidas que hicieron cuando presentaron su anterior reforma.
Señor Montoro, la historia se repite como drama o como caricatura, que es lo que usted trae aquí, a este Parlamento, una caricatura de reforma. El Gobierno del PP y usted en concreto están inmersos en una maniobra de sustitución de la
realidad por la propaganda. Si han pretendido negar una huelga general o hacer pasar manifestaciones de cientos de miles de ciudadanos por apenas una reunión de sindicalistas, cómo no van a pretender hacernos creer que los impuestos han bajado
cuando en realidad han subido y que la reformita que ahora presenta es poco menos que el bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura en beneficio de todos. Pero
su soledad en esa estrategia de intentar convertir la realidad que perciben los ciudadanos en anuncios propagandísticos es cada día más evidente para todo el mundo, menos para ustedes que, al parecer, llegan a creerse sus propias falsedades.
Hasta sus amigos Berlusconi y Chirac les abandonan en esa obsesión por el déficit cero que ya sólo usted mantiene.
Señor Montoro, le voy a leer lo que dice, sobre la reformita del IRPF que hoy usted presenta, alguien que creo que no será susceptible de ser acusado de progre trasnochado, el Circulo de Empresarios. Leo: Las modificaciones propuestas por
el Gobierno no cabe calificarlas como de una reforma, sino simplemente como unos retoques más efectistas que efectivos. Sigo leyendo: La rebaja de tres puntos impositivos en los tipos mínimo y máximo es más ficticia que real, pues la simple
deflactación de la tarifa en función del IPC acumulado hubiera tenido efectos mayores que la reforma que se propone. Sigo leyendo: La línea adoptada en protección a la familia implica un ineficaz trasiego de fondos de ida y vuelta entre el fisco y
la beneficiaria. Sigo leyendo: La medida de estimulo al alquiler de vivienda representa la peor de las posibles opciones legislativas. Sigo leyendo: No deben utilizarse los incentivos o las penalizaciones fiscales para intentar arreglar
problemas que se derivan de la legislación vigente para otros ámbitos. Efectista, ineficaz, ficticia, la peor de las posibles opciones, son calificativos que aplica a su propuesta, repito, el Círculo de Empresarios, no la oposición socialista. Ya
tienen un nuevo desertor contra el que pelear -los empresarios- por no seguir fielmente las consignas de alabar sin matices todo lo que haga el Gobierno; unos nuevos adversarios que añadir a la ya larga lista que van acumulando desde que la mayoría
absoluta se les ha subido a la cabeza, interpretándola como patente de corso para hacer lo que quieran. Si hasta sus fieles aliados de CiU están sufriendo sus embates prepotentes, ¿qué no pueden esperar los ciudadanos de a pie? (La señora
presidenta ocupa la presidencia.)
Vayan ampliando su lista de desagradecidos porque el dictamen del Consejo Económico y Social, con el apoyo de los sindicatos y de sus antiguos patrones, la CEOE, no es más benevolente con su reformita fiscal. No digo el voto particular de
los sindicatos; digo el dictamen aprobado en el pleno, en el que se dicen cosas como que la rebaja en la tarifa o las modificaciones en los mínimos personal y familiar -cito- son poco significativos teniendo en cuenta la inflación registrada desde
1998. O que -cito- las modificaciones introducidas en relación con la fiscalidad del ahorro no responden al objetivo de neutralidad pretendido. Y también que la nueva deducción por maternidad -cito- tiene carácter regresivo y complica la gestión
del impuesto, por lo que debería suprimirse.
Fíjese, señor Montoro, esa nueva estrella de su política fiscal, el sueldo a las mujeres trabajadoras con hijos menores de 3 años, tanto los sindicatos como los empresarios la consideran regresiva y aconsejan suprimirla y sustituirla por una
adecuada política de guarderías públicas. ¡Qué desagradecidos! ¡Con lo bien que queda la medida en la publicidad del Gobierno! (Aplausos.)
No voy a seguir, porque el tiempo no me lo permite, leyendo más y más críticas a su reformita, hecha desde expertos, asesores fiscales u otros colectivos que en el fondo dicen: es un retoque que corrige fallos anteriores, pero que falla en
lo fundamental y que de ninguna manera responde a la propaganda con la que se ha intentado vender. Incluso mediante cartas personalizadas a los contribuyentes. Yo tengo que reconocer que cuando la recibí dije: qué detalle ha tenido Cristóbal, que
me envía a casa la esencia de su propuesta para facilitarme el trabajo parlamentario. Luego me enteré que no sólo me la había enviado a mí, sino que había hecho una distribución masiva, utilizando fondos públicos, que espero que no cuenten para el
déficit cero y, lo que es más grave, utilizando la base de datos de la Agencia Tributaria y menospreciando a este Parlamento. (Aplausos.) ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿No les basta con la manipulación de los medios públicos de
información y los medios privados amigos del Gobierno? ¿O es que ya se han dado cuenta de que la gente no les cree, por mucho que repitan sus mentiras? Porque de eso estamos hablando también, señor Montoro, de su credibilidad. ¿Qué credibilidad
espera tener cuando cuantificó el coste de la anterior reforma en no más de 400.000 millones de pesetas y hoy reconoce ya el doble? ¿O cuando dijo que fomentaría el ahorro y ha fomentado el consumo? ¿O cuando dice que ha beneficiado a las rentas
más bajas, pero se niega a hacer público, incluso para este Parlamento, los datos que permitirían comprobar la veracidad o no de esa afirmación? ¿Por qué oculta los datos? Le vamos a llevar a los tribunales por ello, le adelanto ya. ¿No será
porque le desmienten a usted y prueban que con su reforma fiscal han sido las rentas más altas las que más se han favorecido? ¿Qué credibilidad tiene lo que usted ha dicho hoy aquí, cuando ni empresarios ni sindicatos ni ciudadanos ni asesores
fiscales le creen ya?
Lo que usted vende ahora como una nueva rebaja fiscal ni tan siquiera devuelve a los contribuyentes lo que hemos estado pagando de más, porque usted, en contra de todas las recomendaciones, no ha hecho el ajuste de la tarifa y los mínimos
por la inflación. La progresividad en frío, derivada de la inflación como impuesto, ha sido superior a la rebaja que usted traer hoy a esta Cámara. Se lo ha dicho todo el mundo, no sólo los socialistas, todo el mundo. Incluso usted cuando estaba
en la oposición lo demandaba.
La rebaja es, pues, como dicen los empresarios y el Consejo Económico y Social, más ficticia que real, un engaño, sobre todo porque coincide con el año en que más han subido ustedes los impuestos indirectos y las
tasas. Además, los más de 7.000.000 de contribuyentes que están en los tramos medios no verán rebajado su tipo impositivo.
Se le ha señalado también desde todos los sectores de opinión cualificada el error de convertir el IRPF en un pálido sustituto de una política social y laboral que no tienen. Esto vale para los incentivos a la movilidad geográfica -el CES
duda de su efectividad-, pero también para las ayudas a madres trabajadoras con hijos menores de tres años. En seis años de gobierno ustedes no han hecho nada por ellas ni en general por ayudar a las familias con personas dependientes y ahora se
sacan una ayuda, cuya cuantía por cierto no da ni para pagar una guardería, que plantea dos problemas gravísimos: ¿Qué pasa con las mujeres trabajadoras con hijos menores de tres años y que trabajan en casa? Y sobre todo, ¿qué pasa con las mujeres
trabajadoras con hijos menores de tres años y cuyos ingresos no son suficientes ni para presentar la declaración del IRPF? Pues pasa que se quedan excluidas de la ayuda; pasa, como dicen ustedes en la propaganda que acaban de repartir, que es un
impuesto negativo para las madres. ¡Vaya si es negativo para las madres! ¿Por qué no hacen ustedes una política de guarderías públicas para todas las mujeres con hijos menores de tres años en lugar de estos gestos efectistas, pero ineficaces, y
discriminatorios? ¿De verdad cree usted que su falta de política de ayudas a los discapacitados españoles se arregla con un ajustito en la deducción fiscal? Y encima esperará que le estén agradecidos, cuando lo que se sienten es insultados. Si no
me cree, hable con ellos, salga de su despacho y hable con la gente, que se llevará muchas sorpresas, aunque me temo que ese rígido guión de giro a la derecha que nos está escenificando sólo les permitirá incrementar la lista de discrepantes.
Señor Montoro, nuestra principal crítica a esta reformita, más allá del engaño con el que la quieren presentar, es que mantiene los mismos presupuestos injustos, regresivos e insolidarios de toda su política fiscal. Ustedes han generado en
seis años de gobierno seis discriminaciones fiscales entre los españoles. Primera discriminación: dos contribuyentes en las mismas circunstancias personales y que ganen lo mismo, pero uno trabajando y otro vendiendo acciones, paga más impuestos el
que trabaja que el rentista. Por cierto, señor Montoro, no es verdad que en ningún país del mundo exista el tipo único. En España existe, sólo que ustedes lo aplican únicamente para las ganancias de capital.
(Aplausos.) Segunda discriminación:
dos contribuyentes en las mismas circunstancias personales y que ganen lo mismo, pero uno por nómina y el otro por servicios profesionales, paga más impuestos el que cobra por nómina, sobre todo después de la manera en que ustedes han suprimido la
transparencia fiscal, sin tan siquiera adoptar las medidas de control complementarias que le sugería el informe de sus expertos. Tercera discriminación: de nuevo dos contribuyentes en las mismas circunstancias y que ingresen lo mismo, pero uno
trabajando y el otro mediante rentas irregulares del capital, sigue pagando más impuestos el que trabaja.
Cuarta discriminación: dentro del amplio colectivo de trabajadores con nómina, su reforma ha beneficiado más a las rentas más altas que a las
más bajas. La renta disponible de los que más tienen se ha incrementado mucho más que la de aquellos que menos tienen. Quinta discriminación: aquellos que no tienen ingresos suficientes ni tan siquiera para presentar la declaración del IRPF y que
se han visto marginados de las ayudas y deducciones que se han dado para los que ganan más y tienen la obligación de declarar y tributar. Y sexta discriminación: entre los que pagan impuestos y aquellos que logran eludirlos.
Su gestión en estos años en todo lo relativo a la lucha contra el fraude y al cobro efectivo de las actas levantadas ha sido, por ser suave, un auténtico desastre, quizá por incapacidad o quizá porque no forma parte de sus prioridades
políticas. El fraude fiscal ha crecido en España en los seis años de mandato del Partido Popular, según reconocen informes internacionales, incluidos los de la Unión Europea. Su política fiscal no sólo no consigue la equidad vertical, según la
cual paga más el que más tiene, sino que ha roto incluso la equidad horizontal y ya ni tan siquiera pagan igual los que ganan igual, siendo los grandes perjudicados los trabajadores asalariados con nómina, sobre los que recae el grueso de la carga
fiscal, mientras que las ganancias de capital, el patrimonio o las sucesiones han perdido bajo su Gobierno capacidad recaudatoria y, sobre todo, el sentido de contribuir a ayudar a la igualdad de oportunidades de las siguientes generaciones.
Ustedes han bajado los impuestos a los más ricos, mientras que el resto veíamos cómo nuestra factura fiscal global, incluidos los impuestos indirectos y las tasas, nos subía cada vez más. Entiendo que usted se vea obligado a desmentir esto y a
ocultar los datos públicos que lo confirman, porque por mucho que hayan dado un giro a la derecha en sus políticas, son conscientes de que las elecciones no las ganan sólo con los más ricos, porque son menos.
Por ello, se ven obligados a realizar
estos tremendos esfuerzos de propaganda para intentar acallar la realidad de su política fiscal y de su otra política. Propaganda como la que usted ha hecho hoy aquí, la que ha hecho en la carta a los Reyes Magos que ha enviado a todos los
contribuyentes y como la que intentará, sin duda, hacer en la réplica y, desde luego, en el Telediario. Pero no es ya sólo que la oposición no les crea o que tengan problemas con los sindicatos o incluso con sus aliados parlamentarios, a los que
tienen que amenazar para que les sigan apoyando, es que su reformita no ha sido creída ni por los empresarios ni por los expertos ni por una gran mayoría de españoles. Si prefieren seguir en el autoengaño, ¡allá ustedes!, ya les despertarán del
sueño los ciudadanos en las próximas elecciones, porque su sueño del poder es cada vez más una pesadilla para una parte creciente de la sociedad
española que espera iniciar una nueva etapa que no tenga el pasado como referencia permanente, sino que dibuje un futuro que ustedes no son capaces de imaginar ni de proponer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor ministro. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. Un momento, señor ministro, por favor.
(Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, hablando de presencias y ausencias, el portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida está ausente -estará almorzando-, lo cual hace que también pueda relegarle en mi contestación.
(Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Los argumentos que se han expuesto hoy desde la tribuna no pueden ser más originales, no los había escuchado no solamente este Gobierno sino el conjunto de la sociedad española: este Gobierno baja los
impuestos a los ricos; este Gobierno no deflacta las tarifas en el impuesto sobre la renta; lo que hace este Gobierno es perjudicar a la clase más modesta de España. Por eso, a este Gobierno le han votado, en marzo del año 2000, diez millones y
medio de ciudadanos, señorías, precisamente por eso. (Aplausos.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Por eso le han votado y porque desde estas tribunas de oradores, y no sólo en materia de política económica o tributaria, en
los últimos seis años no habíamos escuchado jamás estos argumentos: El Partido Popular incumple sus promesas electorales. Precisamente es el partido que está cumpliendo milimétricamente aquello que comprometió en sus programas electorales. El
partido que explica claramente a los ciudadanos, en sus facetas de Gobierno, cuáles son las políticas que están llevando a España a recortar las distancias con los países más desarrollados y a la sociedad de pleno empleo. Estas políticas también
tienen un protagonista, especialmente apreciado por la opinión pública, que es la bajada de impuestos, las reformas tributarias que conducen a menores impuestos. Está claro que algunas de SS.SS., quienes conforman en esta Cámara el llamado bloque
de izquierdas, lo que han hecho esta mañana -esta tarde ya- ha sido confirmar una posición política, porque lo que pretenden con el conjunto de las enmiendas a la totalidad es que los impuestos no bajen a los ciudadanos el año que viene. Yo tengo
que subir a la tribuna desde la confianza en que el rechazo a esas enmiendas a la totalidad abrirá el camino para que bajen los impuestos a los ciudadanos españoles a partir de enero del año 2003, en que tendremos otra importante bajada del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, a pesar de la oposición que SS.SS. han manifestado desde esta tribuna defendiendo esas enmiendas a la totalidad.
Esas enmiendas vienen a significar otra cosa importante, que no hay alternativas a la propuesta de reforma tributaria del Gobierno. No hemos escuchado una alternativa, no está en las enmiendas a la totalidad, no se han presentado textos
alternativos al del Gobierno. Ello quiere decir que ninguno de los grupos que ha subido aquí a la tribuna tiene una propuesta alternativa fuera de la crítica fácil de que se favorece a los ricos, fuera de la crítica redundante, que ha servido para
que una alternativa política en España, la del Partido Popular, obtenga una mayoría absoluta.
Señorías, la bajada de los impuestos, del orden del 11 por ciento, es para todos los contribuyentes. Una bajada que para los contribuyentes con rentas inferiores a 12.020 euros, es decir, para más de la mitad de los contribuyentes, para un
55,6 por ciento, representa el 38 por ciento. A partir de ahí, la reducción será importante para los contribuyentes con rentas entre 12.020 y 18.030 euros, que tendrán una reducción del 18,4 por ciento; las rentas entre de 18.000 a 30.000 euros
tendrán una reducción del 10,5 por ciento y los contribuyentes que ganan más de 30.050 euros al año tendrán una reducción del 6,39 por ciento. Esa es la propuesta de tarifas del Gobierno. Eso hace que el nuevo impuesto sobre la renta del año 2003
será aún más progresivo de lo que ya lo ha sido a través de la reforma que implantamos en el año 1999. Por tanto, progresividad creciente. Las personas que más renta tienen en España son las personas que van a acabar pagando más impuesto sobre la
renta y las personas con menor renta, con menor salario, con pensiones más bajas, van a pagar proporcionalmente menos impuesto sobre la renta a partir de la formulación de ese nuevo impuesto. Estamos insistiendo en la reforma de 1999, caminamos en
la misma dirección: hacer un impuesto sobre la renta más progresivo, un impuesto más equitativo y un impuesto que evite discriminaciones entre los contribuyentes, una reforma que nos lleve a una formulación de impuesto más equitativo, al tiempo que
el impuesto sea más eficiente por los efectos económicos que promueve.
La sociedad española es hoy una sociedad en convergencia. Decía el señor Labordeta que El Gobierno insiste en que estamos en la convergencia con Europa. Obviamente lo estamos. Esa convergencia se deriva de un crecimiento económico en
España superior al que está registrando la Unión Europea, un crecimiento que a comienzos de este año ha sido diez veces superior, señor Labordeta, que indica que toda España está en convergencia con Europa y que estamos recortando las distancias de
desarrollo económico con las zonas más avanzadas de Europa. Distancias que se están recortando en toda España, también en Aragón, donde efectivamente hay un acercamiento cada vez más claro, más real hacia esa convergencia, como lo hay a través de
la
política tributaria que pretende traer a España unos impuestos pioneros en cuAnto a elementos de equidad y elementos de eficiencia que incorpora la reforma tributaria. Esos impuestos nos llevan a que los españoles paguemos menos, tengamos
una reducción de la carga tributaria a cambio de que haya más españoles trabajando, más españoles ahorrando, más españoles invirtiendo, más españoles comprándose una vivienda y, por tanto, desgravando esa vivienda en el impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Hoy hay cuatro millones y medio de contribuyentes que utilizan la desgravación de compra de vivienda, señorías. Eso quiere decir que las políticas del Gobierno están facilitando el acceso a un bien social tan primario como es
la vivienda, toda vez que son millones los españoles que han podido adquirir una vivienda en los últimos años, gracias a las políticas de saneamiento presupuestario, que han facilitado la bajada de los tipos de interés, que han facilitado la mejora
de las hipotecas y que han facilitado unas desgravaciones fiscales muy importantes para estos aquirientes de vivienda.
Señor Frutos, tengo que recordarle que cada vez que un miembro de Izquierda Unida sube a la tribuna, al menos cuando lo hace para debatir con este ministro, o hace una cita bíblica o cuenta una anécdota con referencia al santoral. No sé
dónde está su fuente de inspiración, debe ser que le traiciona el subconsciente. (Aplausos.) No sé si los santos entrarán en sospecha o no, señoría, eso lo dejo a su criterio. Los que no van a entrar en sospecha son los contribuyentes españoles
cuando el año que viene vean que las retenciones para los contribuyentes que ganan menos de 12.000 euros al año bajan del orden del 38 por ciento. Ellos sí que van a ver bajar esos impuestos y van sentir que están palpando una realidad. Esa
realidad, señorías, es la que se compagina con un aumento del empleo, con un avance hacia el bienestar, un bienestar compartido por todos y que nos lleva a profundizar en las reformas fiscales que comenzamos a aplicar en la anterior legislatura.
Quiero insistir en un argumento que he escuchado con reiteración a los portavoces que han ocupado esta tribuna: la discriminación de rentas que se produce en el impuesto. No, señorías, no hay ninguna discriminación de rentas en el
impuesto. Los ciudadanos pagan de acuerdo con las rentas que están ganando. Esa igualdad de trato fiscal se preserva, se conserva e incluso se refuerza en la nueva legislación tributaria. Cuestión distinta es una categoría de rentas fiscales como
son las variaciones del valor del patrimonio, las ganancias de capital, que en España tienen un tratamiento diferencial, que también tienen en todos los países desarrollados del mundo. Por ejemplo, en Alemania, gobernada por un partido
socialdemócrata en coalición con los verdes, no se pagan impuestos sobre plusvalías generadas a partir de los seis meses, están exentas de tributación. Eso, que es un rasgo común y que lleva a un tratamiento diferencial de rentas fiscales, como el
que se da también en el impuesto español, es un rasgo que tenemos que preservar, sobre todo en un país como el nuestro, donde la propiedad privada está altamente difundida y donde las plusvalías se generan por la venta de activos de los que son
propietarios la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que tienen que tener ese trato fiscal diferente. Por tanto, no hay ninguna discriminación entre categorías de rentas. Las rentas del trabajo pagan igual que las rentas del capital,
cuestión distinta es el tratamiento de los rendimientos irregulares. Señorías, insisto, el impuesto va a avanzar en la equidad, va a ser más progresivo en la medida que los contribuyentes de rentas más altas pagan un mayor porcentaje de impuestos y
va a ser más beneficioso, a través de su bajada, para la gran mayoría de los ciudadanos. Esa es la credibilidad del Gobierno, señorías, esa es la credibilidad de la reforma tributaria que traemos a esta Cámara.
El señor Puigcercós, que siempre habla del expolio fiscal de Cataluña, tendría que subir a la tribuna a agradecer que el Gobierno baje los impuestos para Cataluña y para toda España. Eso es lo que tendría que hacer Esquerra Republicana si
tuviera un mínimo de coherencia en sus planteamientos políticos, después de utilizar como utiliza el argumento fiscal. En fin, no voy a esperar tal coherencia de S.S. después del papel que ha leído apresuradamente, reflejo de la calidad de los
argumentos que tenía.
A los señores Saura y Sevilla les voy a recordar los avances en la lucha contra el fraude fiscal que, sólo desde el año 1998 al año 2001, han reflejado unos resultados de control tributario que se han incrementado en 3.249 millones de euros,
señorías. Son 3.249 millones de euros identificados, lo que supone un incremento, por resultados ordinarios de lucha contra el fraude, de casi un 50 por ciento. Es decir, gracias a que tenemos equilibrados los presupuestos, gracias a los avances
contra el fraude fiscal, ahora podemos promover una bajada de impuestos, ahora podemos promover una reforma tributaria que favorezca la bajada de los impuestos para todos los contribuyentes, especialmente para los más modestos.
Además, señorías, con independencia de quién está más cómodo en cada sitio, señalaré que Izquierda Unida está muy cómoda a la cabeza de la movilización social, sin duda alguna. Señorías, ustedes sigan haciendo de piquetes informativos,
nosotros seguiremos haciendo políticas de interés general para los ciudadanos, ésa es la diferencia (Rumores y risas.-La señora Fernández de la Vega Sanz: Se ríen hasta los suyos.) Ustedes sigan en esos piquetes, claramente informativos; a partir
de ahí, seguiremos estando cada uno en el escenario político elegido.
Decía que esta mañana hemos visto un espectáculo que no es insólito en la Cámara, el del Partido Socialista abrazado al Círculo de Empresarios de nuestro país (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), con esa cita
tan prolija de un informe
sesudo, completo, como el que ha hecho el Círculo de Empresarios. Ese informe dice que los que menos se van a favorecer de la bajada del impuesto son las rentas más altas del país, y de eso se queja el Círculo de Empresarios; ése es el
trasfondo y eso es lo que dice la conclusión del informe. Eso es lo que aportan el señor Sevilla y el Partido Socialista desde la tribuna de oradores de este Congreso (Aplausos.). Y es que el Partido Socialista, señorías, está buscando no quien le
escriba sino quien le quiera en la sociedad española; el Partido Socialista está buscando quien le crea en la sociedad española. El partido alternativa de Gobierno ha subido a esta tribuna con la misma monserga, señor Sevilla, dicho con todo
respeto, que vienen repitiendo desde que están en la oposición en el año 1996 (El señor Sevilla Segura: Si es verdad, lo seguiremos diciendo.), exactamente con la misma: tributación para ricos, no deflactación de los impuestos, aumento de los
impuestos indirectos, cálculo exacto del descuento de la inflación. ¿Cómo descuentan la inflación, señorías? (El señor Bel i Queralt: ¿Quiere que se lo expliquemos ahora?) Descontar científicamente la inflación llevaría a no mucho más allá de un
10 por ciento de lo que es la reducción pretendida por el Gobierno, porque estamos ante una bajada permanente del impuesto sobre la renta de las personas físicas; una bajada que, insisto, está equivaliendo a incrementar la renta disponible en más
de 5.000 millones de euros al año.
Su señoría ha referido en una alusión personal que yo agradezco. Ha dicho que cuando he tenido la oportunidad de hacer intervenciones públicas, antes de estar en el Congreso de los Diputados e incluso estando en él, me he referido al
problema de la progresividad en frío del sistema tributario de manera constante y permanente. Efectivamente, lo he hecho cuando la inflación en España era del orden de 8 ó 10 puntos porcentuales, cuando la progresividad en España estaba definida
por 16 tramos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Cuando estamos simplificando el número de tramos es evidente que no se producen esos saltos de la progresividad en frío; cuando estamos construyendo un impuesto sobre la renta
distinto, acorde con un escenario de estabilidad de precios, no tiene sentido indiciar esa definición de la carga tributaria y sí tiene sentido abordar una nueva reestructuración de la carga tributaria a partir de las condiciones de cargas
familiares y de otras condiciones como es el trabajo de la mujer -que el señor Sevilla ha menospreciado desde esta tribuna-, con la creación de una figura de desgravación fiscal que compagine el trabajo de la mujer con el hecho de ser madre de hijos
menores de edad. Esa figura viene a compaginar la vida laboral y familiar en España y, por tanto, constituye una gran oportunidad para estimular la igualdad de oportunidades a la hora de que las mujeres accedan al mercado de trabajo en nuestro
país. Hay una diferencia -S.S. me ha citado y voy a completarle la cita- entre el Partido Socialista en la oposición y el Partido Popular en la oposición en el comienzo de los años noventa. Cuando S.S. ha subido a esta tribuna no ha defendido
ninguna propuesta alternativa a la del Gobierno, no hay ni una sola propuesta, mientras que en el año 1995 (S.S. lo habría comprobado si se hubiera tomado la molestia de leer las propuestas del Partido Popular) había una alternativa al impuesto
sobre la renta de las personas físicas. Es la misma alternativa que ahora se plasma en los proyectos del Gobierno y la misma alternativa que ahora está abanderada por el Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara. (Aplausos.), exactamente la misma
alternativa. Eso se llama hacer política de credibilidad, eso se llama hacer políticas de confianza y eso se llama, en definitiva, hacer políticas transparentes, que llevan a que el Gobierno utilice los recursos disponibles para explicar a sus
ciudadanos las iniciativas que lleva adelante, una iniciativa tan importante como el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Veo que la carta que he tenido la ocasión de enviar a los contribuyentes españoles le ha satisfecho, veo que ha dejado contentos a usted y a su grupo parlamentario. Eso, sin duda alguna, anima al Gobierno a seguir con esa política de
transparencia y de información para que el ciudadano tenga en todo momento información pertinente de lo que lleva a cabo el Gobierno. (Aplausos.) No hay ningún desprecio al Parlamento en esa información, puesto que se advierte en la carta que
corresponde al Parlamento la última palabra; estamos oyendo la voz del Parlamento en el día de hoy y lo que nos han dicho hasta ahora los grupos que han defendido estas enmiendas a la totalidad es que no bajemos el impuesto sobre la renta de las
personas físicas a los ciudadanos. Señorías, yo tengo que decirles a los ciudadanos que estén tranquilos porque el Gobierno, y yo estoy seguro que contando con la gran mayoría de la Cámara, va a promover una nueva bajada del impuesto sobre la renta
de las personas físicas, aun contando con su oposición.
Señorías, si algunos de sus grupos aspirara a gobernar España algún día, tendrían que transformar esa oposición en alternativas de gobierno, alternativas de reforma fiscal, y hoy, señorías, lo que ha quedado claro es que no hay alternativa
al proyecto del Gobierno, no hay ninguna plasmación de políticas alternativas a la reforma fiscal que propone el Gobierno. Tengo que lamentar que el debate se constriña así, pero esa es la realidad del debate que se está desarrollando esta mañana
en la Cámara.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Ha dicho usted al empezar que seguramente me había ido a almorzar. No,
señor Montoro, no he ido a almorzar porque usted me quita el apetito, me he quedado sin apetito. Es verdad que usted intenta convencer, es pertinaz -lo reconozco y tiene derecho a hacerlo-, pero me duerme hasta al santo; el santo, ese que
está sospechando de una reforma tan generosa como la que plantea, se ha dormido. En fin, le agradezco todas sus explicaciones, pero no me he ido a almorzar.
A partir de aquí, yo voy a llamarle a usted, y a cualquier ministro que diga lo mismo, el señor piquetes. Están obsesionados, están demostrando que están tocados; en el momento en que se habla de eso, se tienen que jalear entre sí para
encontrarse un poquito acompañados. Si usted hace una encuesta a su grupo parlamentario y a su partido y les pregunta qué les parece cómo ha llevado las cosas el Gobierno, el decretazo, y las formas como ha tratado a los sindicatos y como ha
tratado a la ciudadanía, se dará cuenta de lo que realmente opina una parte de su grupo y de su partido. Se dará cuenta de lo que realmente opinan porque piensan que les han metido ustedes en un fregado que no pueden restituir de ninguna forma,
aunque venga a explicar las excelencias de la nueva reforma sobre el IRPF, tienen que reiterar y reiterar lo que es.
Con relación a lo último que usted ha dicho, yo digo a la gente que una bajada de impuestos de estas características, absolutamente abstracta, que hace subir los impuestos indirectos, que baja los impuestos directos, que no es progresiva y
que va eliminado progresivamente la justicia que había en esta progresividad del impuesto sobre la renta, que no se confíen, que todo esto no es gratuito. Ustedes van recortando la posibilidad de inversión social y esto se va a notar luego en los
servicios que se ofrezcan al conjunto de la ciudadanía. ¡Pero si ya se nota! Por eso, como no tienen suficiente con la privatización de la empresa del sector público, ahora van entrando poco a poco, van minando y van bombardeando el campo para que
la gente les vaya creyendo y entienda que tienen que hacerse una iguala médica, que tienen que hacerse un seguro privado para la jubilación, etcétera. Es decir, que la gente no se crea que las cosas son gratuitas. Cuando no hay dinero, no hay
posibilidades de dar servicios sociales adecuados desde el Estado. Esto perjudica a los de siempre, a la gente que está por debajo de la escala de los salarios medios. Ustedes pueden decir que proponen una liquidación de una parte de los impuestos
para dar más dinero a la ciudadanía, para que ésta los gaste como considere oportuno y que esto activa el empleo, pero ustedes saben, en este momento en el que todavía dicen que España va bien, que tienen toda una serie de estructuras que les están
empezando a fallar. Por ello la estructura de los derechos sociales es la que tiene que pagar el pato, las consecuencia de esta política, que deriva de lo que está sucediendo en el terreno internacional, pero también de muchas de las cosas que
están sucediendo en este momento en España.
Señor Montoro, usted diríjase a los suyos que nosotros intentaremos dirigirnos a los nuevos, a los nuevos que no han votado nunca, y a los nuestros, que es lo que tenemos que hacer. No nos dé por favor lecciones, porque sus lecciones no nos
sirven.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señora presidenta.
Estamos todos muy felices y satisfechos de saber que la bajada de impuestos, en concreto del IRPF, significa una mayor capacidad adquisitiva y un mayor bienestar social de los ciudadanos del Estado español. Señor Montoro, creo que una de
las quiebras fundamentales en este momento en la sociedad del Estado español es que cada vez hay una opinión más mayoritaria entre las clases medias y las clases trabajadoras de que se puede cobrar 3.000 ó 4.000 pesetas más al mes, pero que la vida
sube esplendorosamente, que no se controla el índice de precios al consumo y que hay que pagar por todo. En esta dialéctica es donde estamos situados. En todo caso, sin demagogia, habría que hablar si hay una bajada o no de impuestos y si ello
redunda en el beneficio de las mayorías sociales.
En segundo lugar, nos gustaría saber por qué no comenta para nada la incidencia de esta política fiscal, controlada por el Gobierno del Estado español, en la financiación de las comunidades autónomas a las que ustedes sí les pasan una parte
de la factura.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor Montoro, cuando un ministro de Hacienda esconde información que ha de publicar, como es la información desagregada tributaria, y cuando se le pregunta y no responde, ese ministro no tiene ninguna autoridad
política y carece de credibilidad.
No estamos aquí para hacer actos de fe en su palabra, señor Montoro, estamos aquí para controlar y analizar la información que debe facilitar, que no facilita, y no la facilita porque esa información va en contra de su discurso.
Señor Montoro, puede hablar lo que quiera, pero hay cosas que no puede negar. No puede negar que ustedes dijeron que la recaudación iba a disminuir en 350.000 millones y ha disminuido en 800.000; no puede negar que lo que iba a ser un
impulso y un fomento del ahorro ha sido un fracaso rotundo del ahorro; no puede negar que han subido diez u once impuestos indirectos. Sobre todo, no ha respondido a una cosa importante
que le he dicho sobre la lejanía social de España en relación con la Unión Europea, que no ha mejorado en los últimos seis años. No son datos míos, son datos de Eurostat, de la Comisión de la Unión Europea. Mientras España tenga un
diferencial de 7 puntos del PIB fiscalmente por debajo de la Unión Europea, eso significa que no va a haber guarderías, que no hay; que no va a haber política de vivienda pública, que no hay; que no hay servicios para la gente mayor. En este país
ese diferencial fiscal lo dejan de pagar no los trabajadores, que pagan todos, hay que buscar ese diferencial en el fraude fiscal, no en los papeles, en las actas que usted dice que se levantan, que no se cobran, sino en los sectores más poderosos
económicamente, que no pagan; por tanto, la ecuación cuadra.
Los siete puntos de diferencial fiscal significan para la mayoría de la población que no tienen acceso al bienestar que sí tienen los ciudadanos franceses, italianos, ingleses o
alemanes.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, uno puede jugar a las bolas, puede jugar a los trileros y puede no responder. En su réplica tendría que responder a cuatro preguntas que se le han formulado en la tribuna y no ha respondido. No ha sido coherente ¿Dónde van a
cargar la reducción de ingresos? Porque en la coyuntura actual no puede negar aquí que habrá una reducción de ingresos con esta rebaja ¿Dónde la van a cargar? Tienen la responsabilidad de los presupuestos, pero no ha respondido a eso ¿Qué opina y
cómo va a solucionar el Gobierno la transferencia de rentas y patrimonios de tipo personal a rentas de tipo societario, es decir, el modelo Piqué? Lo conocemos todos ¿Va a continuar igual? Ya se lo han dicho antes. Esto es legal, pero no es
moral, y los ciudadanos lo saben ¿Piensan modificar algo? ¿Piensa continuar así? Tampoco responden a esto, tampoco la transparencia es su fuerte y lo he preguntado por escrito varias veces: ¿Cuánto se ha ahorrado el Gobierno con la reducción del
tipo mínimo con todos aquellos ciudadanos que no han hecho declaración y tenían derecho a devolución? Dirán que son los ciudadanos que no hacen la declaración, que no la presentan, pero esto también es una forma de engaño a muchos ciudadanos.
La última pregunta, ¿Para cuando se van a europeizar y van a proponer deducciones al alquiler de vivienda, no al propietario sino a aquellas personas que alquilen una vivienda? Todo el mundo habla, y ustedes los primeros, de facilitar el
acceso a la vivienda, de que hay un exceso de compra de vivienda, que tendría que trasladarse más la renta a los fondos de pensiones y no a los valores inmobiliarios, que hay que estimular la vivienda de alquiler, pero ¿para cuándo piensan que los
ciudadanos que alquilen una vivienda tengan derecho a bonificaciones y desgravación?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, estamos asistiendo a un país virtual y a otro país real porque, cuando dice que estamos mejorando, para nada habla de cómo han subido las hipotecas en las que está metida mucha gente de España y pagando en estos momentos
bastante más de lo que estaba pagando hace muy poco tiempo. Habla usted de las viviendas, pero han subido el precio un 50 por ciento. No me ha negado la situación de la mujer y, cuando usted se ha referido a mí, ha dicho que estábamos alcanzando
Europa. Mire usted, en inflación, en España hemos pasado a Europa. La inflación en España es del 3,6; en Alemania es del 0,8: menos mal que por una vez estamos por encima de la Unión Europea.
Hay una serie de cosas que le he planteado y que no ha negado. Le he dicho que el PIB español destinado al apoyo a la familia es del 0,4 por ciento, mientras que la media de la Unión Europea es el 2,2; las ayudas directas a la familia en
España ascienden a 1.200 millones y en Europa a 6.000 millones; España tiene guarderías para el 5 por ciento de los niños menores de tres años, mientras que la Unión Europea las tiene para el 47 por ciento. Para terminar, ha llegado a una
conclusión que es la tesis del Gobierno ahora, negar absolutamente todo. Yo no hablaría de mentir ni de falsear, pero yo no he oído aquí a nadie que niegue que se bajan los impuestos. Nadie de los que hemos hablado en la tribuna hemos dicho que se
han bajado los impuestos, lo que hemos dicho es que esa es una estructura no para bajar los impuestos pero sí subir los impuestos indirectos, que son los que pagamos todos los españoles, y sí para bajar los impuestos a aquellas personas que
realmente tienen mayores ingresos.
Nadie ha dicho que se han bajado los impuestos. Leeremos el 'Diario de Sesiones' para ver si es verdad o no.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, presidenta.
Señor Montoro, si todo lo que usted ha entendido hoy del debate es que la oposición no quiere bajar impuestos, me preocupa porque o se cree sus propias mentiras o piensa que el resto del mundo es tonto y no lo voy a consentir eso. Se lo
diré clarito para que lo
entienda, despacito y vocalizando para que lo entiendan hasta los de arriba de su grupo. (Protestas.) Queremos bajar los impuestos a los trabajadores con nómina, queremos subir los impuestos a las ganancias de capital y al patrimonio.
(Aplausos.) ¿Lo ha entendido? Queremos bajar los impuestos a los más pobres y subírselos a los más ricos. Justo lo contrario de lo que han hecho ustedes y, mientras lo sigan haciendo, lo seguiremos repitiendo desde la tribuna. (Rumores.) No sé
qué credibilidad darle a las encuestas -incluidas las del CIS, que preside su hermano-, pero no da la sensación de que los ciudadanos manifiesten en ellas una gran creencia en que se han bajado los impuestos durante estos últimos años. A lo mejor
es que han recibido pocas cartas suyas; a lo mejor tiene que esforzarse en enviar más. La sensación que da es que la gente es bastante lista y es consciente de que paga más impuestos ahora que cuando ustedes llegaron al Gobierno; la inmensa
mayoría de los ciudadanos... (Aplausos.-Protestas.) ¿Quién paga menos? Pagan menos, obviamente, los más ricos que son los que no protestan.
En relación con la deflactación, es curioso porque sólo usted tiene esta interpretación. Todos los demás -lo he leído antes, desde el Círculo de Empresarios, el CES, asesores fiscales y sindicatos-, todo el mundo le está diciendo que la
rebajita que nos trae ahora no compensa el efecto de no haber deflactado la tarifa. Debería tomárselo en serio y, por favor, si de verdad no sabe cómo hacerlo, pregunte porque tiene muy buenos funcionarios en el ministerio y se lo explicarán.
Señor Montoro, no se puede insultar a la gente, creo yo. (Rumores.) Cuando no han aplicado una política de apoyo a la familia, no han creado guarderías públicas ni servicios de ayuda domiciliaria a los discapacitados, pensar que se van a
conformar con una rebajita fiscal es creer que la gente es tonta. Eso no debería ser tolerable en democracia.
Señor Montoro, lo siento, pero entre dos personas que ganen igual -una trabajando y otra vendiendo acciones-, que pague más la que
trabaja que el rentista, es su modelo, pero no es el nuestro. (Un señor diputado: ¡El alemán!.-Rumores.) Nosotros creemos que la equidad vertical pasa por la equidad horizontal. Ustedes creen en un modelo distinto en el cual, evidentemente,
obtienen una mayor parte de su renta mediante ganancias de capital en un momento y en un mercado en el cual las cuentas corrientes que se transforman en fondos de inversión, es decir, las rentas de capital que se transforman en ganancias de capital
con muchísima facilidad. Están haciendo una grave discriminación en la equidad horizontal.
Usted ha hablado de la alternativa. Yo venía preparado incluso con artículos del señor González Páramo y del señor Lagares -que espero que usted respete y admire- pero, según el orden del día, lo que nos toca discutir es su proyecto.
(Rumores.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡No, la enmienda de totalidad!) Sí, la enmienda de totalidad a su proyecto.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor SEVILLA SEGURA: Su señoría conocerá nuestra alternativa y todos los españoles... (Varios señores diputados: ¡La enmienda de totalidad!-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor SEVILLA SEGURA: Nuestra alternativa la conocerá usted y todos los españoles antes de las próximas elecciones generales y tendremos ocasión de debatirla aquí cuando seamos gobierno y la presentemos como texto de ley. (Aplausos.) Lo
que sí le puedo decir es que nuestras alternativas y nuestro estilo de hacer oposición ni es ni va a ser como el suyo. ¿Sabe S.S. cuál fue toda la alternativa que planteó el Partido Popular cuando estaba en la oposición?: 'Váyase, señor
González'. Eso fue todo lo que se les ocurrió. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Frutos, S.S., aparte de estar ahora informando también a través del teléfono de la actividad política que tiene que desarrollar intensamente en la Cámara... (El señor Martínez Sanjuán: ¡Cada uno puede hacer lo que
quiera!-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro.
Señor Martínez Sanjuán, le ruego guarde silencio. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Quería aclararle al señor Frutos que mientras que Izquierda Unida trata de hablar a una parte minoritaria de la sociedad española, el Gobierno habla a toda la sociedad española, el Gobierno
habla para toda la sociedad española. (Aplausos.)
El proyecto de reforma tributaria que trae el Gobierno a la Cámara es una rebaja para todos los contribuyentes, es decir, para toda la población española; 17 millones de contribuyentes van a tener una bajada de impuestos. S.S. la ha
calificado de generosa. Efectivamente, hay una bajada amplia, ambiciosa -si quiere llamarla así- y generosa. No sé si el santo al que se refiere S.S. se la va a creer o no, pero el contribuyente, como antes decía, la va a ver en sus nóminas y en
sus pensiones a partir de enero de 2003, esa es la diferencia. (Aplausos.)
Lo vamos a hacer con la plasmación de nuestras políticas. Cuando llegamos al Gobierno de cada cien pesetas en el presupuesto del Estado, 45 eran gasto social. Hoy en el presupuesto del año 2002, de cada cien euros, 55 son gasto social.
Por tanto, el Gobierno está haciendo una apuesta clara por el gasto social, porque cuando se puede desarrollar el gasto social en un país es cuando se tiene el Estado saneado; cuando se puede desarrollar el gasto social en un país es cuando ha
habido un ahorro muy importante gracias a que hay más de millón y medio de desempleados menos que en el año 1995. De ahí viene el ahorro y de ahí vienen las posibilidades presupuestarias de un Estado que se puede dedicar a hacer gasto social, como
lo hace en este proyecto que trae el Gobierno a la Cámara del impuesto sobre la renta, que tiene un alto contenido social.
Un alto contenido social es proteger a las familias; es aumentar las desgravaciones por hijos menores de tres años; es
aumentar progresivamente las desgravaciones a las familias con hijos a partir del primer hijo; es crear una nueva desgravación fiscal que ha sido única en la historia de la hacienda española y que es única en el mundo, como es una desgravación
fiscal para la mujer trabajadora con hijos menores de tres años. Eso es hacer política social, eso es apostar por la igualdad de oportunidades en una sociedad moderna y eso es hacer una política para todos, para toda la sociedad y para todas las
comunidades autónomas, entre ellas, todas las que han votado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a favor de la bajada del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Ya he dicho en mi primera intervención que, efectivamente, hay seis comunidades autónomas que se han opuesto y he mandado el mensaje de tranquilidad para que los ciudadanos que viven en esas comunidades autónomas sepan que es el Gobierno de
España el que va a bajar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a pesar de la oposición de las gobiernos socialistas en esas comunidades autónomas; a pesar de la oposición, vamos a bajar los impuestos. (Aplausos.) Esa bajada es
importante. Parece que alguna de SS.SS. le reprocha al Gobierno que la bajada del año 1999 en adelante ha sido superior a lo previsto. ¡Menudo reproche! Espero que me puedan hacer ese reproche en el futuro, señorías.
(Aplausos.) Ojalá en el
futuro me puedan decir que efectivamente hemos bajado todavía más los impuestos de lo que nos comprometimos a hacer en este proyecto de ley. Es una excelente crítica y ya se verá.
Tienen ya una información de los estudios del Instituto de Estudios Fiscales, de los estudios que apoyan este proyecto de ley del IRPF, de la memoria de la Administración tributaria correspondiente al año 1999, que estará a disposición en
breve una vez finalice su elaboración. Ya se ha visto en el informe del Instituto de Estudios Fiscales cuál es la distribución de la reducción de la carga tributaria, una distribución que ha hecho que el impuesto sea más progresivo de lo que era
anteriormente.
No existe esa duda ni esas inquietudes. Tampoco sucede, como decía el señor Puigcercós, que los que no declaran están engañados. Señor Puigcercós, usted sube a la tribuna a decir unas cosas -expresado también con confianza- que no
me atrevo ni a rebatir. Cuando S.S. dice esas cosas a más de tres millones de contribuyentes que este año se han acogido a la devolución rápida, cuando se refiere a la capacidad de no declarar, está menospreciando a esos tres millones de
contribuyentes y los está llamando engañados; eso es lo que está haciendo. Por eso decía que realiza S.S.
unas preguntas que se responden por sí mismas. Sigue hablando del expolio fiscal de Cataluña, cuando lo que va a hacer el Gobierno es bajar
los impuestos a los catalanes. Siga esa línea política y a partir de ahí, nosotros seguiremos promoviendo las condiciones para que haya más vivienda y más vivienda en alquiler en España.
El señor Labordeta tiene una cierta edad y yo también. (Un señor diputado: ¡Todos tenemos una cierta edad!-Rumores.) Seguramente desde mi edad y desde la suya, el señor Labordeta y yo recordamos muchas etapas en las que las hipotecas han
estado a los niveles actuales en España. Recordamos mucho esto, ¿verdad, señor Labordeta? Dice S.S. que han subido las hipotecas, pero tengo que contestarle que en España nunca ha habido hipotecas a los niveles actuales; nunca en la historia de
España los españoles han podido comprarse los pisos con estas hipotecas. (Aplausos.) La preocupación por la subida es la preocupación por la evolución de los tipos de interés, pero usted tiene que partir de una identificación mucho más objetiva,
que es reconocer que nunca se han dado las condiciones de acceso a la vivienda que está habiendo en España, motivo por el que el sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria se ha convertido en uno de los motores del crecimiento de la
economía española, impulsando, por tanto, la creación de empleo y nuestro nivel de desarrollo hacia el que tienen los países más avanzados de la Unión Europea.
Por lo que se refiere al señor Sevilla, no ha dicho ni una palabra sobre el tipo único; ni una, señor Sevilla, ni una. (Aplausos.-Rumores.) ¿Dónde está su proyecto, señor Sevilla, si es que alguna vez existió? Presentar una enmienda a la
totalidad es la oportunidad de presentar una enmienda con alternativa a una rebaja fiscal como la que plantea el Gobierno.
(Aplausos.-Rumores.) Ni una palabra.
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Le voy a traducir el resultado de ese documento que ha enseñado S.S., un documento lleno de ambigüedades y de posibilidades. (El señor Bel i
Queralt: ¡Es de un funcionario del Estado!-El señor Sevilla Segura pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Sevilla, señor Bel, les ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señor Bel, le ruego guarde silencio.
Señor Sevilla, no está en el uso de la palabra y ya ha consumido su turno.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): El resultado de las tres hipótesis que se manejan en un documento que han solicitado a un comité de expertos es una subida de impuestos para los ciudadanos; es una subida para los
contribuyentes. (Aplausos.) Esto es muy democrático. ¡Muy bien!.
(Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Un momento, señor ministro.
Señorías, ruego guarden silencio, y permitan continuar al ministro.
Cuando quiera, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Creo que con el gesto del señor Sevilla, señorías, queda resumida la postura y la posición democrática del Partido Socialista Obrero Español.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria ante este proyecto de ley para la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. El debate continúa.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, como digo, ante este proyecto de ley para la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, igualmente para el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de los no
residentes, ha considerado el escenario en el que se desenvolvió en 1998 el debate de la ley que modificamos, la Ley 40 del año 1998 que he citado, y el escenario actual en el año 2002, en el que llega esta nueva reforma del Gobierno.
Nosotros hacemos una valoración positiva, basada en los siguientes datos objetivos. El escenario de 1998 tenía unas circunstancias de población laboral en España, de gastos en los Presupuestos Generales del Estado e igualmente el gasto
medio de la familia española y el tirón que el consumo debe producir siempre en la economía. Llegamos al año 2002, y al enfrentarnos con este nuevo escenario, entendemos que lo que hoy ha traído el Gobierno, y que ha sido debatido con las enmiendas
de totalidad de los grupos que las han defendido, es un avance de perfeccionamiento sobre la ley que empezó a aplicarse en 1999.
Desde la Comunidad Autónoma de Canarias, comunidad singular porque está entre las de régimen común pero con la especialidad fiscal que le da el régimen económico y fiscal legislativo de Canarias, en que la aportación de la ciudadanía canaria
por el IRPF al Estado es solamente ese impuesto, dado que el impuesto de combustible, de alcoholes y otros son de recaudación directa de la Comunidad Autónoma de Canarias, y respetándose precisamente los principios de la Ley 21 del año 2001, que
venía a regular la financiación de las comunidades autónomas, encontramos un valor positivo por razones que nosotros llamamos de congruencia política. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Ya Coalición Canaria
apoyó en el debate del año 1998 la Ley 40, y en esa línea vamos también a apoyar la presente; y por otra razón: porque objetivamente este proyecto de ley trae una serie de reducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que
perfecciona al alza en estas reducciones a la Ley de 1998, y en las enmiendas que han presentado los distintos grupos de oposición no vemos cuál sería el referente para tener que apoyarlas porque, como bien ha señalado aquí por el propio ministro
señor Montoro, son unas enmiendas de oposición pero no de alternativas. Un grupo como el mío tiene que elegir entre dos alternativas, pero si no hay otra alternativa, nos lo ponen claro para saber dónde tenemos que llevar nuestro voto de apoyo: en
este caso, para que se tome en consideración la ley que trae el Gobierno, y que en los trámites de ponencia y comisión en los meses venideros hagamos aquellos ajustes o perfeccionamientos que entiendan los grupos y se acepte por la mayoría que deben
ser tenidos en cuenta.
¿Qué problema nos podíamos encontrar seguimos con la Ley de 1998? El que se están encontrando Francia, Alemania y otros Estados en la Unión Europea, porque no en balde España ha tenido que hacer una toma de posiciones en las cumbres
europeas con respecto a países como Francia y Alemania, que, no habiendo cumplido sus deberes fiscales y de gasto público, se encuentran con unas desviaciones del principio de equilibrio presupuestario y del déficit cero. Entiendo que con este
proyecto de ley Y el Gobierno español mantiene el principio del déficit cero, de la convergencia presupuestaria y del principio de equilibrio presupuestario, no solamente como Estado miembro de la Unión Europea, cumpliendo las reglas de
juego, sino respetando también las exigencias españolas actuales.
Hay una reducción de impuestos, pero hay tres grandes segmentos sobre los que se dirige el efecto de reducción fiscal. En el tramo de rentas hasta 8.200 euros se producen las reducciones en las rentas más meritorias, más del trabajo, que
por tanto van a tener la mejor línea de tratamiento fiscal manteniendo todas las prestaciones de Seguridad Social. Después está el segmento importantísimo, del que a veces poco se habla, entre 8.200 euros y 13.000, que es donde están las clases
medias españolas, los profesionales medios; una democracia debe cuidar a sus clases medias, da una estabilidad al sistema democrático. Después vendrán los que están por encima de 13.000 euros, para los que las presiones fiscales son mayores y por
tanto su contribución. Si además, como se ha señalado aquí, se produce una horquilla entre un 6 por ciento de reducción de tributación a las rentas altas y un 38 por ciento a las rentas bajas, con una media del 11 por ciento de reducción, estamos
en verdad en la práctica de una ley fiscal progresiva de tratamiento de las clases medias. En una democracia como la española y la europea, el tratamiento favorable fiscal a las clases medias debería ser una impronta de obligación política
democrática de estabilidad de los pueblos, de las sociedades, de los Estados y de las naciones que configuran todo nuestro concierto del área euro en el que nos encontramos en este nuevo escenario del año 2002.
¿Hay una reducción total de recaudación? Desde la Comunidad Autónoma de Canarias, por hacer nuestra aportación al Estado solamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, hemos tenido mucho cuidado de analizar este proyecto
de ley para que no hubiera una reducción cuantitativa del porcentaje total de participación de la comunidad autónoma, y nos encontramos con una acertada política de perfeccionamiento de la Ley 40/1998 con la actual, en que se aumenta la base de
contribuyentes y de cotizantes a la Seguridad Social. Señorías, nos encontramos con 16 millones de cotizantes a la Seguridad Social.
Estamos ampliando la base, y eso es bueno, porque hay una reducción a título personal de la persona física
contribuyente de la renta del trabajo y de la familia, pero al mismo tiempo se ha extendido. ¿Por qué? Porque se produce un efecto: al dejar más renta disponible en cualquiera de los substratos, de los tres que hemos contemplado, menos de 8.200,
entre 8.000 y 13.000 y más de 13.000, hay una mayor disponibilidad, en primer lugar, para el ahorro; hay, en segundo lugar, una mayor disponibilidad para la inversión en bienes muebles o inmuebles, la vivienda concretamente, el automóvil, los
electrodomésticos; hay al mismo tiempo una capacidad de generación de empleo, y eso aumenta el número de contribuyentes, se les ha reducido individualmente y el Estado o las administraciones autonómicas recaudan más colectivamente. Estamos, pues,
en un principio de lógica, y esa lógica es la que vamos nosotros, señor ministro, a apoyar, sencillamente la que trae el proyecto del Gobierno.
Porque nos encontramos con unas ofertas cuantificables, opinables por supuesto -y se ha visto aquí- pero
que son las únicas que hay encima de la mesa en este momento; de ahí que mi grupo tenga que votar en contra de las enmiendas de totalidad que se han presentado para devolución al Gobierno, por ese sencillo principio: porque no tenemos una
alternativa de oferta. Yo no sé si otra alternativa hubiera reducido más los impuestos en este tramo o hubiera reducido no sé qué contribución o no hubiera tenido en cuenta determinadas desgravaciones y me hubiera dado unas contraprestaciones de
mayor disponibilidad de dinero para que el consumo se active.
Yo creo que en esta confrontación con los presupuestos y los comportamientos fiscales y de gasto público tenemos que armonizar la defensa de intereses legítimos del ciudadano contribuyente español con el libre juego, porque mal nos iría si
España tuviera una política fiscal distinta que la estuviera colocando en situaciones de pedir modificaciones del principio de convergencia y de equilibrio presupuestario que hemos firmado en la Unión Europea. Nosotros entendemos que el proyecto
del Gobierno lo consigue y lo localiza. ¿Cómo lo puede conseguir? Sencillamente, trayendo y defendiendo, como lo hacemos ahora, un proyecto de ley fiscal progresivo; un proyecto que es eficaz y eficiente, como se ha demostrado, porque va a
simplificar para no perderse en una maraña o una selva de las rentas bajas en la declaración de la renta. Este es un principio de economía de procedimiento, de economía procesal, y toda burocracia fiscal y administrativa debe simplificarse para ser
eficiente y eficaz, y aquí se puede conseguir. No es lo mismo hacer un seguimiento de fraude fiscal sobre veinte millones de actas que sobre diez o cinco.
Se contempla también en este proyecto de ley -y se ha hablado poco de ello- del impuesto sobre sociedades. Este era anualmente desde 1998 la permanente asignatura pendiente, como yo la llamo, para que se vayan actualizando en el régimen de
transparencia aquellas sociedades de tributación en las que hay que tener un régimen de transparencia fiscal para que no se confunda ni siquiera quien hace evasión de impuestos en el mundo de los profesionales, de los deportistas, etcétera.
Creemos, señor ministro, que es un avance positivo, necesario e imprescindible que trae este proyecto. Con este proyecto se consigue al mismo tiempo entrar en el sistema del impuesto sobre sociedades en una normativa en la que las sociedades
patrimoniales tienen que estar como el cristal a efectos fiscales, y no ser nunca origen de sospecha de evasión de impuestos.
Precisamente en estas sociedades patrimoniales es donde tenemos que valorar también la política, digamos, de tipo social
que trae el Gobierno, porque las sociedades patrimoniales no las forman las rentas más
bajas. Muchas veces se dice que algo determinado penaliza a las rentas bajas y beneficia a las altas, y hay que decir que las rentas altas se suelen refugiar en sociedades patrimoniales, y a por ello tenemos que ir en un Estado de justicia
social y de derecho como el español, en el que la política fiscal tiene que ser uno de sus componentes.
Entendemos que la eficacia y la eficiencia se reflejan también en las personas físicas no residentes o jurídicas, y esto también va a conseguir que la entrada del Estado o de la Administración Pública en la transparencia de estas sociedades
sean aportaciones, precisamente por vía fiscal de recaudación, a la tesorería general del Estado, a la disponibilidad para los Presupuestos Generales del Estado. Hablamos poco de esto, pero ahí está una de las fuentes para conseguir equilibrio
presupuestario, porque los que más renta parece que tienen son los que están en una situación de opacidad en este tipo de sociedades patrimoniales, y por tanto necesitamos que afloren al régimen de control de la Agencia Tributaria. Al mismo tiempo,
al disponer de estas rentas libres, se está fomentando que en estratos medianos de población se pueda conseguir un aumento del empleo. No tendría otra explicación que hayamos llegado a 16 millones de contribuyentes a la Seguridad Social. Este
aumento permite actuar al consumo en unos momentos y en un horizonte en el que puede haber cierta incertidumbre. Este aumento es el que despeja las incertidumbres, y nosotros vamos a apostar por un proyecto fiscal como el que ha traído el Gobierno,
Y hay observadores fiscales que señalan la incertidumbre que se produce en países como Alemania o Francia, que tienen un aumento de gasto social y están en una situación contradictoria con la política de recaudación fiscal y creen que van a poder
salir de ahí. Estos países no podrán obtener el déficit cero, que se tiene que conseguir no de una manera cáustica o exhaustiva, sino a través del equilibrio presupuestario y sobre todo -lo que es un beneficio- fomentando el ahorro bien para la
familia que lo quiera practicar, bien para disponer de rentas que permitan acceder a los bienes de consumo.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar en contra de las enmiendas de totalidad que se han presentado y apoya por tanto el proyecto que ha presentado el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, señorías, como todos ustedes saben, el Grupo Vasco en el Congreso no ha presentado enmienda a la totalidad del proyecto de ley que hoy debatimos y no lo ha hecho no porque considere que es un buen proyecto, que no
lo es, sino porque entendemos que no es nuestro proyecto, no es un proyecto que afecte a los ciudadanos de Euskadi. Las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya tienen competencia exclusiva para legislar en la materia y reformarán el IRPF si
ellas lo consideran oportuno, sin embargo, quisiéramos fijar nuestra posición con el fin de mejorar este proyecto que va a afectar a millones de ciudadanos españoles. Me van a permitir que comience mi exposición definiendo el proyecto que hoy viene
a esta Cámara como un proyecto trampa y un proyecto propaganda. Espero que al finalizar mi intervención entiendan el auténtico significado de estos calificativos.
El gran descubrimiento de la reforma del IRPF del año 1999 lo constituyó la figura del mínimo vital, materializada en unos mínimos personales y familiares que pretendían recoger los gastos necesarios que un contribuyente debía detraer de su
renta para dedicarlos a la cobertura de sus necesidades básicas. El establecimiento de este mínimo vital, aplicado en la base del impuesto, justificó la supresión de prácticamente todas las deducciones existentes hasta el momento, originando un
primer atentado contra la equidad. Como saben SS.SS., los tratamientos que consisten en reducciones en la base imponible tienen un efecto claramente regresivo al depender sus efectos de la renta del contribuyente que los aplica. Este cambio
radical en el tratamiento de las circunstancias personales del contribuyente fue acompañado de otros cambios que iban contra la equidad vertical y la progresividad; se redujo a ocho puntos el tipo marginal máximo y se incorporó definitivamente al
impuesto el tratamiento de las ganancias patrimoniales, teniendo como resultado un impuesto que favorecía significativamente a los contribuyentes con rentas altas y con gran capacidad de ahorro. Por tanto, el tratamiento de las circunstancias
personales en base en lugar de la cuota, la disminución de los tipos marginales y el tratamiento favorable para las rentas del ahorro conformaron un impuesto con un carácter más regresivo que el anterior.
Durante los años posteriores a la reforma se han mantenido invariables los elementos estructurales del impuesto; los mínimos personales y familiares y la tarifa han quedado anclados en los importes establecidos en 1999, con la salvedad de
una deflactación de la tarifa de un 2 por ciento en los presupuestos del año 2000 y no por voluntad del Gobierno, esto a pesar de que la generalidad de las fuerzas políticas presentes en esta Cámara y otras instituciones y entidades han reclamado
año tras año su actualización denunciando que aumentos estrictamente nominales en las rentas percibidas por los contribuyentes provocan un aumento de la presión fiscal. Esta progresividad en frío, provocada por el sometimiento a gravamen del
importe nominal de la renta en lugar del real, ha supuesto un grave perjuicio para la generalidad de los contribuyentes y una
notable sobrerrecaudación para el Estado que supera el medio billón de pesetas. Se ha llegado así a un escenario tributario en 2002 en el que los contribuyentes de territorio común, especialmente los de rentas más bajas, han visto cómo
prácticamente se anulaba la reducción de la carga tributaria prometida en 1999 e incluso, en algunos casos, que el impuesto abonado fuese superior al que abonaban antes de la reforma.
En el País Vasco el escenario ha sido bien distinto; con una política más transparente y de mayor respeto al contribuyente, se ha cumplido año tras año con la obligación de deflactar los elementos cuantitativos del impuesto, tanto la tarifa
como las deducciones, adaptándolos a la evolución de los precios y cumpliendo de este modo con el compromiso de no incrementar la presión fiscal. La Administración del Estado, insistimos, no ha seguido el mismo camino. Es más, además de proceder
anualmente a la adaptación de su impuesto a la evolución de los precios, se introdujeron modificaciones de más calado como las del año 2001, en que se profundizó en dos de los objetivos prioritarios de la reforma de 1999: la reducción de la carga
tributaria de las rentas de trabajo y la intensificación de la protección a la familia, poniéndose claramente de manifiesto una diferencia fundamental entre los criterios de la política tributaria vasca y la Administración del Estado en materia de
IRPF.
Señorías, me he limitado a detallar los antecedentes de esta reforma porque nos servirá para evaluarla en sus justos términos. Nos encontramos ahora ante una reforma del impuesto de menor alcance que la acometida en 1999, con unos costes
más limitados y centrada, a pesar de lo que los responsables del Partido Popular afirman, solamente en algunos colectivos de contribuyentes. Estos son los dos rasgos generales que destacan sobre el conjunto de las modificaciones propuestas en el
IRPF para el año 2003.
Aun cuando el coste de la revisión anunciada se evalúe en 3.600 millones de euros, buena parte de este coste no es tal, sino que es consecuencia de la adaptación de la evolución de los precios en el período 2000-2003,
teniendo en cuenta que la inflación acumulada desde que se fijaron las diferentes cuantías va a superar seguramente el 12 por ciento, lo que habrá supuesto para el contribuyente un significativo aumento de la carga tributaria, que puede cifrarse en
un importe superior a los 3.000 millones de euros. Por lo tanto, puede concluirse que la magnitud real de la rebaja impositiva que se anuncia es mínima, por no decir inexistente.
En este sentido, se engaña al contribuyente, ya que se le ofrece una
rebaja del impuesto que ya ha abonado en ejercicios anteriores, de ahí que yo calificara el proyecto de proyecto trampa.
Buena parte de las propuestas van dirigidas a colectivos específicos, como los discapacitados, madres trabajadoras con hijos menores, desempleados y mayores de 65 años -en definitiva, colectivos y tratamientos relacionados en gran medida con
los servicios sociales y asistenciales insuficientemente dotados vía gasto-, y sólo los contribuyentes con suficiente nivel de renta podrán encontrar cierto alivio en el IRPF. Por ello, la actual reforma, al recoger un sinfín de reducciones
adicionales y crear una nueva deducción, puede tildarse de inconsistente. No respeta los principios que creó la anterior reforma, puesto que ahora se nos revela que los mínimos personales y familiares no son los que recogen las circunstancias
personales del contribuyente, sino que se trata simplemente de otra reducción más, perfectamente identificable, por otra parte, con el tramo de renta sometido a tipo cero.
Esta segunda reforma nos ha devuelto a la situación anterior a la de la primera, pero con una diferencia radical: se han trasladado a la base los tratamientos en cuota. Las deducciones por todos reconocidas como fórmulas que añaden
progresividad al impuesto se han convertido en reducciones por todos consideradas como regresivas en sí mismas.
Señorías, señor ministro, no puede existir un criterio de política tributaria cuya aplicación práctica desemboque en la desaparición de
deducciones, su conversión en reducciones y establecimiento de nuevas deducciones en tan sólo tres años. Si ya la instrumentación de la protección a colectivos específicos a través de reducciones introduce sesgos regresivos respecto a los
tratamientos en cuota, ha de subrayarse la falta de la necesaria y obligada adecuación de las medidas tributarias a la articulación de las políticas sociales de forma que guarden la imprescindible coherencia con los instrumentos previstos vía gasto.
Las políticas sociales que descansan única o principalmente en el IRPF tienen una eficacia redistributiva muy limitada y notablemente regresiva en los casos de contribuyentes con bajos niveles de ingresos, que no podrán acogerse a los
beneficios fiscales. Puede afirmase que en la reforma propuesta se constatan dos déficit que, previsiblemente, seguirán sin subsanarse: por un lado, la corrección oportunista de la inflación que elevará la progresividad en frío entre reformas del
impuesto; y por otro, la insuficiencia de los servicios sociales y asistenciales básicos: guarderías, servicios a discapacitados, a la tercera edad, etcétera. Por otra parte, las medidas propuestas ni solucionan ni contribuyen a solucionar los
casi ya perennes problemas de equidad horizontal, al continuar de dicha forma el trato a contribuyentes con la misma capacidad contributiva; de equidad vertical, puesto que siguen siendo los contribuyentes de rentas altas quienes reciben un trato
fiscal más favorable; y el de neutralidad, al continuar el distinto tratamiento de las rentas en función de los instrumentos utilizados para su obtención.
Asimismo, los continuos cambios en la estructura del impuesto nos alejan de la necesaria
estabilidad normativa, ocasionando serias dificultades tanto a la Administración como a los contribuyentes.
Convendrán SS.SS conmigo que la propuesta de modificación de la tarifa, junto con la elevación de los mínimos personales y familiares, es la más relevante de todas las contenidas en el proyecto de reforma del IRPF. No obstante, la
modificación de la tarifa se limita a deflactar la tarifa de 1999 aproximadamente en un 12 por ciento y reduce el tipo nominal máximo del 48 al 45. Asimismo, se reduce de seis a cinco tramos la escala de gravamen y el tipo mínimo del 18 al 15. A
modo meramente ilustrativo, valga citar que en la Unión Europea la media del tipo marginal mínimo está en el 20,4 por ciento y el tipo máximo en el 48,7, siendo el número medio de tramos de seis. Entendemos que no existe justificación para ninguna
de las dos reducciones de tramos y tipos. Por un lado, la reducción del número de tramos no añade mejoras a la gestión del impuesto y, por otro, la escala de gravamen con un número de tramos más reducido merma considerablemente la progresividad del
impuesto y, en consecuencia, su equidad.
La modificación en la tarifa presenta efectos claramente regresivos. Los contribuyentes verán reducidos sus tipos medios en alrededor de un punto porcentual, reducción que aumenta a medida que aumenta el nivel de renta del contribuyente. A
la vez, se ha reducido el tipo marginal máximo del 48 al 45. Los contribuyentes con niveles de renta altos son los grandes beneficiados de la reducción de los tipos marginales y seguirán absorbiendo la mayor parte del coste de la reforma. Por
tanto, y lo que es más preocupante, se continúa con el descenso del peso recaudatorio del IRPF, que forzosamente desembocará en una reducción de gasto en la provisión de servicios públicos en medio plazo y en un deterioro considerable del Estado del
bienestar. La pérdida de recaudación en el IRPF podría ser compensada con una elevación de otros impuestos, los indirectos, pero probablemente sería peor el remedio que la enfermedad, puesto que provocaría tensiones inflacionarias innecesarias e
imprimiría un sello de regresividad al sistema tributario, con las consiguientes consecuencias en la conciencia fiscal de los contribuyentes.
En el Grupo Vasco participamos de la idea generalizada en el ámbito europeo en lo que respecta al tratamiento de la familia con hijos, pero creemos que las medidas fiscales deben acompañarse de otras medidas ajenas al campo tributario,
fundamentalmente, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, favoreciendo las excedencias parentales y las reducciones de jornada, los servicios de apoyo a las familias, facilitando el acceso a las guarderías y escuelas infantiles,
etcétera.
Podemos llegar a afirmar que la vía del gasto es la adecuada por ser más eficiente al identificar con total precisión el destino de las ayudas y poder soslayar el gran déficit de los instrumentos de política tributaria, por su
inaplicabilidad a aquellos contribuyentes que por insuficiencia de cuota nunca serán destinatarios de dichas ayudas. El tratamiento fiscal favorable a los contribuyentes de la tercera y cuarta edad tiene una justificación fundamentalmente
asistencial. Entendemos que la edad, por sí misma, no debe ser considerada como un factor determinante de la capacidad contributiva y, por tanto, del esfuerzo contributivo, sino que los gastos fiscales deben modularse atendiendo a otros parámetros
como el grado de capacidad o discapacidad del contribuyente o bien que, por insuficiencia de la oferta, quedasen fuera de la cobertura de los servicios públicos asistenciales.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Azpiazu, le ruego vaya concluyendo.
El señor AZPIAZU URIARTE: Voy terminando, señora presidenta.
Sin olvidar que es indudable que la vía del gasto tiene una mayor eficacia para afrontar las políticas sociales de apoyo a estos colectivos.
Por último, señor ministro, nuestro grupo sí quiere presentarle un modelo alternativo que tanto está reclamando usted esta tarde. El modelo de IRPF del País Vasco presenta unas características bien diferenciadas en lo que respecta a las
rentas del trabajo, con un tratamiento más favorable para los trabajadores, un tratamiento de las circunstancias personales en cuota en lugar de tratarlos de forma más regresiva con reducciones de la base imponible y respetando el compromiso -como
en las instituciones vascas, demostrado por los hechos- de actualizar anualmente los elementos cuantitativos del impuesto, la tarifa y las deducciones para hacer frente al alza de precios. Este es el modelo recomendado además por numerosas voces
autorizadas, entre las que cabe destacar el Consejo Económico y Social. Este es el claro reflejo de una política implementada por el Partido Nacionalista Vasco más social, solidaria y progresiva que la que usted propone y propone el Partido
Popular.
Es fácil deducir de lo argumentado lo que señalaba al principio de mi intervención, que este proyecto es un proyecto trampa y un proyecto con fines publicitarios y propagandistas. Es un proyecto trampa puesto que no resuelve ningún problema
de fondo y tan solo sitúa la fiscalidad por IRPF donde tenía que haber estado si se hubieran deflactado la tabla, los mínimos, etcétera. Y es un proyecto propaganda porque forma parte de los continuos anuncios del Gobierno del Partido Popular de
supuestas rebajas importantes planteadas exclusivamente con fines electorales.
Señores del Partido Popular, señor ministro de Hacienda, las reformas, amén de con consenso, hay que hacerlas con sentido y con seriedad y este proyecto no cumple ninguna de estos requisitos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad porque comparte en buena parte no sólo los principios del actual proyecto de ley, sino también
aquellos aspectos básicos de dicha reforma. Cabe recordar que nuestro grupo parlamentario fue un copartícipe importante en la primera reforma de este impuesto, en colaboración con el grupo parlamentario y el Gobierno del Partido Popular, de cuyos
resultados nos sentimos satisfechos. Por este motivo y por coherencia política no vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad presentadas por los diferentes grupos parlamentarios; y no las vamos a apoyar, señor ministro, no porque quizá ésta sea
una posición más cómoda por parte de Convergència i Unió por la simpatía que representa el bajar los impuestos, no es por eso, señor ministro, sino por coherencia política, por nuestra trayectoria en todo lo que ha representado la evolución y el
impulso a la economía productiva. Por esta coherencia, y no por simpatía de lo que representa a veces estar a las maduras y no a las verdes, vamos a rechazar estas enmiendas a la totalidad. Tampoco las vamos a apoyar porque, según ha dicho el
representante socialista, Jordi Sevilla, ustedes en algún momento nos hayan amenazado. No es cierto que nos hayan amenazado para que nuestro voto vaya en la dirección del Gobierno, pero también es cierto que en caso de que lo hubieran hecho -y
repito, no lo han hecho-, nosotros hubiéramos seguido la misma línea, la misma trayectoria de nuestra historia parlamentaria, que es la de conseguir unos objetivos como son una economía productiva o el impulso de las reformas estructurales. Bajo
ningún concepto hemos aceptado amenazas en estas cuestiones. Por tanto, señor Sevilla, aunque no esté presente, estaba usted equivocado en sus manifestaciones.
Es una realidad que la reforma que plantea el Gobierno del Partido Popular no cuestiona el actual modelo del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sino que lo refuerza y lo profundiza en determinados aspectos que nosotros
consideramos importantes. Desde Convergència i Unió seguimos apostando por un modelo de impuesto más moderno, más justo, más consistente, más elástico y más competitivo, en la línea de las reformas que se están llevando a cabo en la mayoría de
países de la Unión Europea.
Por este motivo, en estos momentos no creemos oportuno proponer experimentos alternativos basados en impuestos lineales o tipos únicos, como pensamos que va a proponer dentro de los próximos meses el Partido Socialista,
porque aunque parezcan atractivos teóricamente, no son viables en la práctica, bien por el coste que puedan representar, o bien por las dificultades de su puesta en marcha.
Desde Convergència i Unió hacemos una valoración global positiva de este proyecto, aunque tímida en algunos aspectos, especialmente porque se empiezan a tomar en serio medidas proyectadas en la dirección de beneficiar a las familias, a las
familias con hijos, a las familias en las que trabajan los dos cónyuges, a las familias con hijos menores de tres años, a las familias que viven con sus ascendientes, la gente mayor, con un tratamiento fiscal favorable a los discapacitados y a las
familias que conviven con ellos. También se empieza a incentivar el modelo de viviendas en régimen de alquiler, porque se atisba que se va a favorecer la neutralidad del ahorro, porque finalmente existe una rebaja sustantiva de la presión fiscal,
básicamente en las rentas bajas.
Si repasásemos aquellos aspectos que defendió Convergència i Unió en las últimas elecciones generales del año 2000, podrían comprobar SS.SS. la similitud de nuestras propuestas con algunos de los aspectos fundamentales y formales que ha
presentado hoy el Gobierno del Partido Popular ante esta Cámara. Pero no es menos cierto, señor ministro de Hacienda, señorías, que aunque la valoración de dicha reforma por parte de nuestro grupo es positiva, creemos sinceramente que es más tímida
que la que proponía la Comisión de expertos creada al efecto y presidida por el señor Lagares. En este contexto es en el que el Grupo Parlamentario Catalán propondrá enmiendas en el trámite parlamentario que iniciaremos en el mes de septiembre en
la Comisión de Economía y Hacienda, enmiendas que profundizarán en los aspectos antes mencionados para modernizar la reforma, si es posible y si tenemos la sensibilidad y la colaboración del Partido Popular, hacerla más competitiva y conseguir un
grado de eficiencia económica para fomentar aún más el ahorro a medio y largo plazo, ampliarla al mayor número de contribuyentes posible así como conseguir, igual que en el periodo anterior, el de la primera reforma, un mayor crecimiento de la
economía, más generación de empleo y que todo ello pueda comportar a largo plazo, en los próximos años, una mayor recaudación, como se ha demostrado a través de la reforma del año 1998.
Señor ministro, creemos sinceramente que si ustedes y su grupo parlamentario son sensibles a nuestras propuestas como lo fueron antaño podremos enriquecer y fortalecer este proyecto de ley, podremos potenciar aspectos tan importantes como el
de las familias, los discapacitados, la gente mayor. Asimismo podría ser efectivo un impulso fuerte de la economía productiva, especialmente en todos aquellos aspectos de tributación y los que están sujetos al impuesto sobre la renta de las
personas físicas como es el caso de los autónomos y las microempresas.
Desde el punto de vista familiar, señor ministro, ¿por qué no aprovechamos esta gran oportunidad para dar un paso cuantitativamente profundo e importante para homologarnos a los
países de la Unión Europea, para salirnos del pelotón de los
países que ayudan menos a las familias y pasar a liderarlos, como hemos hecho en algunos aspectos económicos y sociales? Al mismo tiempo, hacemos un esfuerzo importante para evitar penalizar fiscalmente a aquellas familias en las que
solamente trabaja un cónyuge y que presentan declaraciones conjuntas. Volvemos a penalizar con esta reforma a un grupo muy importante de familias en España, por eso vamos a proponer en el trámite parlamentario incrementar al máximo el mínimo
personal familiar, de verdad, con fuerza, con potencia, para poder superar con creces, si es posible, la inflación acumulada y no descontada que existirá en el año 2003;: o, por ejemplo, aplicar el splitting con los coeficientes reductores igual
que lo han empezado a aplicar algunos países de la Unión Europea, como Francia o Alemania, para no perjudicar fiscalmente a las familias en las que solamente trabaja un cónyuge y tienen que presentar forzosamente la declaración conjunta. Señor
ministro, señorías, ¿por qué no proponemos también un marco adecuado, potente y fuerte que permita, como venimos pregonando desde Convergència i Unió desde hace muchos años, universalizar las deducciones que ustedes plantean de la cuota de 1.200
euros anuales a todas las familias españolas que tengan hijos entre los cero y tres años, trabajen o no trabajen sus madres? Y si no fuera posible por el elevado coste que podría comportar? ¿Por qué no contemplar que sólo trabaje alguno de los
cónyuges? Nosotros partimos de la base de que una propuesta innovadora sería aplicar una deducción en la cuota para todas aquellas familias que tengan hijos entre cero y tres años, pero pensamos que si queremos potenciar con fuerza las ayudas a la
familia y queremos liderar en este aspecto, como hemos hecho en otros temas, los países de la Unión Europea que están en esta dirección quizá universalizando esta medida podríamos dar un paso cualitativamente importante.
Otro aspecto dentro de este ámbito es el referido a los administradores.
No es lo mismo un administrador que trabaje en una multinacional o que realice sus trabajos en una sociedad que cotiza en Bolsa que un administrador de una
microempresa o un administrador autónomo. Las retenciones a cuenta que se plantean en este proyecto de ley del 35 por ciento son elevadas para este tipo de microempresas y quizá en este aspecto valdría la pena, en el trámite parlamentario oportuno,
pactar alguna enmienda que justamente fuera en la dirección de beneficiar a los administradores de las pequeñas empresas para que pudieran cotizar al tipo efectivo que les correspondería por el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Consideramos que para dar un paso cualitativamente importante en el ámbito social habría que aplicar alguna propuesta en la dirección de facilitar el ahorro de los pensionistas o de los jubilados, por lo cual sería necesario el
establecimiento de una reducción a cuenta para los intereses recibidos hasta los 1.200 euros.
Otro aspecto digno de mención desde la perspectiva de Convergència i Unió sería rebajar la tributación conjunta y el límite de la renta y patrimonio, que como ustedes saben es en la actualidad del 70 por ciento.
Resulta paradójico que con
las dos reformas que ustedes han planteado en este Parlamento en la pasada legislatura y en ésta no hayan previsto la posibilidad de homologar dichas rebajas a los límites conjuntos de renta y patrimonio. Nosotros estimamos que estos porcentajes
podrían llegar incluso a ser confiscatorios, son injustos y creemos que la homologación de la fiscalidad española a la fiscalidad del resto de los países de la Unión Europea tiene un margen de maniobra efectivo para poder rebajarlos de acuerdo con
la coyuntura política y económica actual.
En el ámbito social, Convergència i Unió va a mostrar su colaboración y su trabajo efectivo con la presentación de enmiendas. En este punto querríamos resaltar dos cuestiones que nos vienen preocupando desde hace bastantes años. En primer
lugar, la posibilidad de que pudieran estar exentas todas aquellas cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de menores, de personas minusválidas o de mayores de 65 años, así como todas aquellas cantidades referentes
a becas percibidas por jóvenes para cursar estudios de postgrado o de doctorado.
Creemos sinceramente que tendríamos que llegar a un pacto en el trámite parlamentario para que estos dos casos pudieran gozar de las exenciones correspondientes.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy terminando, señora presidenta.
Desde la perspectiva del impulso de la economía productiva pensamos que éste es el marco adecuado para poder proponer el diferimiento para las microempresas, para los trabajos autónomos y para los emprendedores, diferimiento tantas veces
reiterado ante esta Cámara y que ustedes también aprobaron recientemente en la subcomisión, del pago para todas aquellas empresas de nueva creación durante los dos o tres primeros años del inicio de su actividad.
Señoras y señores diputados, estas van a ser las cuestiones que va a plantear en el trámite parlamentario el Grupo de Convergència i Unió.
Estamos de acuerdo con la reforma presentada por el Gobierno, la creemos positiva, quizá tímida en
estos aspectos que acabo de citar en mi intervención, y por este motivo, desde Convergència i Unió, vamos a presentar todas las enmiendas en la dirección antes mencionada y a reclamar la sensibilidad de antaño, en el sentido de poder tramitar con el
diálogo correspondiente y la formalización consecuente todas aquellas enmiendas que puedan hacer del impuesto de la renta de las personas físicas un
impuesto fuerte y potente, en el que las grandes beneficiadas sean las familias españolas.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, desde mi grupo parlamentario, quiero agradecer al Grupo de Coalición Canaria y al Grupo Catalán de Convèrgencia i Unió el apoyo que van a dar a este proyecto legislativo. Quiero también manifestar al señor Azpiazu que yo
entiendo que no apoye este proyecto. En el País Vasco tenían por costumbre tener unos impuestos más bajos y más justos que los del conjunto del Estado y hoy, con un Gobierno del Partido Popular, se pagan menos impuestos que en las diputaciones
forales vascas.
Les hemos adelantado haciendo un sistema tributario que hace pagar mucho menos a las rentas salariales, mucho menos a las familias y que además distribuye con mayor equidad los tributos.
Quiero decir también que en mis ocho años de vida parlamentaria es la primera vez que en un debate parlamentario asisto a un detalle que particularmente me ha producido estupor y es que el portavoz de un grupo parlamentario, cuando en pleno
debate se están refiriendo a él, en vez de esperar y pedir un turno para contestar en esta Cámara, que es una Cámara parlamentaria, se levanta y se va. (Aplausos.) Es la primera vez que lo veo. Me parece que es un gesto un poco infantil, pero
también es un gesto lleno de arrogancia y de prepotencia. Además, lo que refleja es que estamos realmente ante un tipo único. (Aplausos.)
Mi grupo, señorías, va a apoyar esta reforma fiscal -y por tanto rechazará las enmiendas de devolución que han presentado algunos grupos parlamentarios-; estamos absolutamente convencidos y, además, así lo decíamos en nuestro programa
electoral, que nos limitamos a cumplir: que para el crecimiento y el empleo era necesario abordar una nueva reforma del IRPF, que además era para mejorar el bienestar de los ciudadanos, haciendo que el IRPF constituyera un elemento de
redistribución del crecimiento y, por tanto, haciendo bajar la factura fiscal a todos los ciudadanos españoles, pero con mayor intensidad a los de rentas más bajas, a las familias, a los asalariados, a los pensionistas, a los discapacitados.
Afortunadamente ya quedan lejos aquellas críticas que se nos hacían de que bajar los impuestos era malo. Hoy el portavoz socialista ha subido a la tribuna y ha dicho que él quiere bajar los impuestos. (El señor Frutos Gras: A los de abajo) No, en
eso no coinciden con el Grupo de Izquierda Unida, en eso no; ahora, en el programa electoral sí que coincidían, porque se presentaron a las elecciones conjuntamente. (Aplausos.) Yo lo comparto de verdad, pero es que no sé dónde está el Grupo
Socialista, no sé si está con ustedes o en otro sitio. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que yo viví el debate de 1998, en el que el Grupo Socialista nos decía: El nuevo IRPF -son frases suyas- pone en peligro el futuro de las
pensiones -por cierto, señoría, han mejorado- y además los ciudadanos -estoy hablando de 1998- les castigarán en el siguiente proceso electoral. Una profecía absolutamente cierta, señoría: 183 diputados. Asimismo decía: La reforma hace imposible
el sistema de protección social. Con esta reforma será inevitable un recorte de pensiones. (Rumores.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Pues bien, en estos cuatro años, después de la reforma, hay 4.000.000 de nuevos
afiliados a la Seguridad Social. (Aplausos.) Señorías, durante estos años, no sé si por la reforma o por el conjunto de la política económica, hemos estado creciendo por encima de la media europea. Por eso, cuando algunos portavoces suben a esta
tribuna y dicen que no estamos propiciando un acercamiento a Europa, yo veo los datos y me sorprendo. ¿A quién pretenden engañar? Todos los años crecemos un poco más. En el último trimestre, España ha crecido un 2 por ciento y Europa está en el
0,1 por ciento, lo que significa que hemos mejorado nuestro diferencial. Estamos creciendo más y desde luego la reforma fiscal ha ayudado en esa dirección. Por eso mi grupo plantea una nueva reforma fiscal, porque va a ayudar a que España crezca
más, a que se cree más empleo y a que mejoremos el bienestar de los ciudadanos y por eso vamos a rechazar las enmiendas de totalidad.
Señorías, me sorprende enormemente y además -lo digo con cariño- me parece un poco patético que el Grupo Socialista hoy venga con una enmienda de devolución cuando resulta que lleva anunciado tres años un texto alternativo. (Aplausos.) Hoy,
señorías, lo que estamos debatiendo son enmiendas de devolución o enmiendas de texto alternativo, y el Grupo Socialista no lo tiene y lo peor es que lo lleva anunciando desde hace tiempo. El señor Sevilla dice: vamos a plantear un IRPF con tipo
único.
No sabemos si el tipo será único. Parece que planteamos un tipo con recargos, es decir, tres tipos, y últimamente dice: La reforma no la vamos a plantear ahora, sino que la dejaremos para más adelante. Señoría, además de nuevo look, el
Grupo Socialista debería llenarse de ideas y de propuestas si de verdad queremos tener debates fructíferos en esta Cámara.
Estamos ante una reforma fiscal que va a ayudar a que España siga por el buen camino y ahora dicen desde el Grupo Socialista: España iba bien.
¿Cuándo iba bien, cuando gobernaba el señor González? (El señor Villarrubia Mediavilla: Sí.):
24 por ciento de paro. (Aplausos.) Es un ir bien, señorías, magnífico. Todos los años crecíamos menos que Europa.
Magnífica
referencia. Se destruyeron más de 1.000.000 de empleos entre 1992 y 1993.
Supongo que su nuevo cartel electoral, ese que dice que España iba bien, no se referirá al pasado socialista, porque ese no se lo cree nadie. ¿Se referían a cuando
decían que iba mal? Porque en 1997 y en 1998 ustedes decían que esto iba mal y ahora dicen que va bien. ¿Cuándo mentían, señorías, entonces o ahora? ¿Cuándo mentían, señorías? (Aplausos.) ¿O mentían siempre, señorías? (Un señor diputado: Sí.)
España va bien. Sí, señor Cuevas, va bien y, lo que es más significativo, vamos mejor que los países de nuestro entorno. Nosotros hemos sabido afrontar las situaciones de ciclo positivo mejor que el resto de los países. En una situación de
desaceleración internacional de la economía hemos sabido tener una respuesta mejor. Eso es porque en este país, en los años del Gobierno del Partido Popular, se han hecho bien las tareas en materia de política económica. Se han creado las
condiciones para que España, también en esos momentos, vaya mejor que los países de nuestro entorno. Eso es lo positivo y lo que ha hecho que España crezca todos y cada uno de los años, seis años seguidos, por encima de la media europea. La bajada
de impuestos, señorías, ha sido un elemento positivo en nuestro país y seguirá siéndolo para los que menos tienen, para los asalariados, para las familias, para los discapacitados, para todos aquellos que cobran una nómina y han tenido que pagar
menos impuestos y, por tanto, tienen mejor capacidad adquisitiva. (Aplausos.)
Señorías, nosotros vamos a apoyar esta reforma y vamos a decir que hay que caminar en la dirección en la que lo venimos haciendo, con una política económica de estabilidad presupuestaria, porque hoy el señor Sevilla ha vuelto a decir en esta
tribuna que esto del equilibrio de las cuentas públicas a él no le gusta, que un elemento que ha hecho que España crezca y que los españoles vivan mejor no le gusta al Partido Socialista. Les gustan los presupuestos del despilfarro que había cuando
ustedes gobernaban, eso es lo que les gusta; no les gustan los presupuestos del equilibrio, los presupuestos que están ayudando a que las familias españolas vivan mejor. Este es un elemento clave, como las reformas estructurales y como las
reformas del sistema impositivo. Las familias españolas se van a ahorrar en su declaración 3,5 billones de pesetas, más o menos, en los cuatro años que vigencia de este impuesto, que además ha producido crecimiento y empleo. Ahora hay que seguir
en esta dirección.
Nosotros decimos que hay que seguir bajando los impuestos, porque tenemos que llegar al pleno empleo y queremos que España siga creciendo para que la economía pueda ofrecer un puesto de trabajo a cada ciudadano español.
Hay que
seguir en la línea de tener un impuesto que ayude a los objetivos de la política económica, un impuesto que ayude a distribuir con equidad la carga tributaria y un impuesto que ayude a tener recaudación suficiente para el equilibrio presupuestario.
Como este grupo parlamentario está empeñado en avanzar hasta llegar al pleno empleo, también seguimos planteando reformas como las de hoy, señorías, aunque no les guste, aunque ustedes estén todavía con el viejo discurso de que bajar los impuestos
es malo. Queremos que el mínimo personal haga que las familias paguen menos impuestos, porque este proyecto es un proyecto pensado en las familias. Hoy en esta tribuna dicen que el mínimo personal, en cuota o en base. Señorías, hasta un consejero
de la Junta de Andalucía -no digo uno del Partido Popular-, el señor Martín Delgado, escribía: Cualquiera que sea el concepto que se tenga de la exención del mínimo de existencia, lo que es incuestionable es que esa riqueza debe destinarse a la
cobertura de las necesidades vitales y no puede someterse a imposición. Hasta se lo dicen los propios especialistas en tributos que tienen en su partido, señorías. Nosotros queremos proteger a las familias y queremos proteger a los asalariados y a
los discapacitados. Podremos avanzar en el trámite de enmiendas, desde luego, pero abonar 1.200 euros a las mujeres que trabajan nos parece que es un avance, señorías, en la conciliación de la vida laboral y familiar. Me podrán decir ustedes lo
que quieran, me podrán decir que podrían ser 7.000 y yo les digo: a lo mejor sí, pero es que no había nada y ahora hay 1.200 euros. ¿Será mejor para hacer posible la conciliación de la vida laboral y familiar, señorías? ¿Será mejor? Pues sí,
señorías, es mejor.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Vamos a seguir avanzando en el apoyo al tejido productivo y a las pymes y en esta reforma se camina en esa dirección. Estamos ante la segunda reforma de impuestos, ante la segunda bajada de impuestos que
plantea el Partido Popular. Desde 1996 en nuestro país se han ido bajando los impuestos siempre, pero eso ha venido acompañado de un comportamiento de la economía que ha hecho que España crezca, que España cree empleo y que en España los españoles
hoy vivan mejor que en 1995. Por eso vamos a seguir en esa dirección.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución que han sido presentadas por los grupos Mixto, Federal de Izquierda Unida y Socialista al proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre
la renta de las personas físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de los residentes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor, 100; en contra, 168; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y SOBRE LA RENTA DE LOS NO RESIDENTES. (Número de expediente 121/000096.)
La señora PRESIDENTA: La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del
proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre las rentas de no residentes.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES:
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente
154/000004.)
La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones. Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el informe de la subcomisión para el seguimiento de los procesos
de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.
Para la presentación del informe de la subcomisión, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el objetivo de mi intervención es el de presentar al Pleno las conclusiones de los trabajos de la subcomisión, recogidas en el informe final, acordadas en la misma y aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda. Como SS.SS.
recordarán, la subcomisión fue creada en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda al inicio de la actual legislatura. Su objetivo era realizar un estudio de la situación de los procesos de privatización y reconversión que se enmarcan en el
programa de modernización del sector público empresarial del Estado y emitir sus conclusiones.
Las comparecencias del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, del presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, de la interventora general de la Administración general del Estado, así como de los
presidentes de las principales compañías privatizadas, EADS-CASA, ENCE, Santa Bárbara e Iberia, conjuntamente con la documentación que esta subcomisión ha recibido, han permitido realizar un trabajo productivo y recogerlo en unas conclusiones que
persiguen cuatro grandes objetivos. En primer lugar, valorar los resultados de los diferentes procesos, tanto en términos económicos como de gestión. En segundo lugar, valorar las mejoras desde los primeros procesos de privatización hasta los
últimos, en cuanto a procedimientos, gestión y eficiencia. En tercer lugar, analizar algunos aspectos más críticos que puedan evidenciarse en los mismos procesos, aportando al mismo tiempo recomendaciones de mejora, y, por último, valorar la
ejecución de los planes industriales y compromisos asumidos por las compañías, así como el impacto de los mismos en el tejido industrial.
Antes de pasar a detallar los aspectos más relevantes del informe de conclusiones, la subcomisión considera necesario destacar algunos puntos sobre los que se han basado sus trabajos. En primer lugar, los procesos de privatización objeto de
estudio por parte de esta subcomisión han sido dieciocho, de los que nueve se hicieron en la VI Legislatura y nueve en lo que va de la VII. En segundo lugar, se trata de evidenciar que los procesos de privatización se han instrumentado a través de
ofertas públicas de venta o mediante selección directa de compradores. De las 18 compañías privatizadas, en cinco casos se ha utilizado el procedimiento de oferta pública de venta en el mercado de valores y en los trece restantes, el instrumento de
selección directa. Algunos casos, como Iberia o ENCE, han combinado ambos métodos. En tercer lugar, hay que resaltar como punto básico para los trabajos que para el efectivo desarrollo de los mismos y, en concreto, a fin de poder conocer con mayor
profundidad el desarrollo de cada uno de los procesos, así como obtener información sobre la evolución de las compañías privatizadas, han tenido lugar las comparecencias antes mencionadas y la recepción de la información solicitada a los órganos de
control, a la misma SEPI, así como a los presidentes de las empresas comparecientes ante la subcomisión. Hay que subrayar que la subcomisión ha analizado los procesos de privatización de acuerdo con los principios y requisitos
exigidos por el programa de modernización del sector público empresarial del Estado, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996, que estableció el marco de referencia para los agentes gestores y órganos de control de
los procedimientos privatizadores.
Señorías, teniendo en cuenta los puntos de partida mencionados y que han servido de base para el desarrollo del estudio, la subcomisión, en su informe final, plantea las siguientes conclusiones. En primer lugar, que los procesos de
privatización analizados en el período comprendido en sus trabajos se han ajustado a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, principios exigidos, y se han sometido también a los órganos de control competentes en todas sus
operaciones. En segundo lugar, hay que destacar el alto grado de efectividad que presenta la intervención de los órganos de control por cuanto que gracias a la colaboración prestada por los agentes gestores, ha permitido no sólo realizar sus
funciones de control sobre los procesos sino también evidenciar posibles deficiencias y, por tanto, identificar márgenes de mejora en los mismos procedimientos y realizar las oportunas recomendaciones; recomendaciones que han sido gradualmente
incorporadas por el agente gestor en los procesos. En tercer lugar, hay que valorar positivamente el proceso efectuado de reordenación de la estructura organizativa del sector público empresarial del Estado, así como de racionalización de los
órganos de gestión. En cuarto lugar, la subcomisión también valora favorablemente el cumplimiento por parte del agente gestor de los objetivos perseguidos en los procesos analizados, y entre ellos destaca el de contribuir a crear un tejido
industrial más sólido sin dejar la cada vez más importante orientación europea e internacional.
En el ámbito de las conclusiones, la subcomisión considera que debe hacerse mención especial en el informe de los resultados económicos y de gestión obtenidos en los procesos de privatización analizados, destacando así tres aspectos
esenciales. En términos económicos y en relación con la aportación económica de los procesos de privatización analizados, los ingresos brutos obtenidos han sido relevantes y, aunque esta variable no sea la más importante, sí que constituye un dato
significativo. También se destaca la disminución progresiva de las comisiones pagadas a los colaboradores en la ejecución de las ofertas públicas de venta, contribuyendo así a la gradual reducción de costes de los procesos. En términos de gestión,
ésta ha ido mejorando sustancialmente ajustándose también a las recomendaciones recibidas de los órganos de control, lo que ha permitido que el proceso gane en eficiencia. Por último -y no menos importante- se destacan los resultados que desde el
punto de vista de la gestión se han obtenido gracias al clima de diálogo y de colaboración con las partes implicadas en los procesos, lo que constituye un elemento clave de estabilidad y garantía de futuro, contribuyendo claramente a reforzar el
marco industrial haciéndolo más sólido, competitivo, generador de ocupación y contribuidor neto en el crecimiento industrial.
Una vez expuestas las conclusiones básicas recogidas en el informe final, la subcomisión ha evidenciado también en sus trabajos un cierto margen de mejora en los procesos analizados. En este sentido, las conclusiones recogen de manera
específica una serie de propuestas, mejoras y recomendaciones que paso a comentar. En primer lugar, la necesidad de continuar avanzando en la incorporación de aquellas medidas de procedimiento recogidas en los informes de los órganos de control que
permitan ganar en los procesos en eficiencia, transparencia y control. En concreto, una de ellas sería la separación de las funciones de asesor y valorador en los procesos. En segundo lugar, la potenciación de la perspectiva europea e
internacional, entendiendo que el contexto europeo e internacional en el que deben actuar los agentes industriales debe estar presente en todo proceso de privatización desde una doble perspectiva. Por una parte, a través de la incorporación del
enfoque europeo e internacional en los planes industriales que permita ganar en viabilidad y solidez al mismo proyecto, aspecto especialmente válido para aquellos sectores como el tecnológico, el naval o el aeronáutico, donde la participación y la
visibilidad del proyecto a nivel internacional constituyen un aspecto crítico; y por otra parte, a través de la mayor participación de empresas europeas en los procesos de ofertas, ya sea solas o vía consorcio con otras empresas españolas. En
definitiva, los procesos de privatización han de buscar lo mejor en términos cualitativos y cuantitativos de las empresas a nivel nacional, pero no pueden olvidar su contribución a la consolidación de un tejido industrial europeo sólido. En tercer
lugar, la utilización restrictiva de la golden share o la posibilidad de aplicar a las compañías privatizadas un régimen de autorización administrativa previa de determinados acuerdos y actos relacionados con sociedades mercantiles privatizadas en
las que en parte de su actividad está presente un interés público, con la finalidad de garantizar la continuidad empresarial que demande la prestación del servicio cumplido por la empresa. El informe destaca la importancia de seguir con los
criterios y recomendaciones europeas que reafirman su utilización restrictiva. En relación con los procesos analizados, la llamada acción de oro ha sido utilizada única y exclusivamente en dos casos en el marco de las 18 privatizaciones analizadas,
y en ambos casos plenamente justificada.
Señorías, la subcomisión destaca cómo el programa de modernización del sector público empresarial del Estado, marco de referencia de actuación que se desarrolla en dicho sector, se plantea un objetivo más amplio que un simple proceso de
venta de empresas públicas; constituye un instrumento de transformación de la realidad económica y social y de dinamización de la economía. Es por ello que cumplir con el objetivo de crear proyectos industriales y empresariales sólidos,
solventes industrial y financieramente, requiere la máxima rigurosidad y atención hacia los planes industriales presentados y la máxima vigilancia en el cumplimiento de los compromisos asumidos por los compradores, especialmente en cuanto a
la realización de inversiones y mantenimiento del empleo. No olvidemos que los planes industriales que los compradores se comprometen a aplicar a las empresas privatizadas constituyen un requisito básico exigido como condición para la participación
en el proceso de privatización y un elemento determinante en la decisión del adjudicatario de la compañía en venta. En este sentido, el papel de la SEPI, no sólo como agente gestor sino como sociedad a la que corresponde vigilar y hacer el
seguimiento del cumplimiento de los planes industriales y compromisos asumidos por las partes, ha de ser muy relevante, pero no puede limitarse a estas funciones. Así, el informe de la subcomisión destaca el papel que tiene la SEPI de cara al
futuro y el que puede jugar en el mapa industrial como instrumento de reordenación, de racionalización y de mejora de la estructura industrial actual.
Por último, señorías, quiero señalar que el informe presentado destaca la eficacia de los trabajos desarrollados por la subcomisión para conseguir los objetivos perseguidos con su creación. En cuanto a conclusiones -y para terminarel
informe hace una valoración globalmente favorable de los procesos de privatización analizados, destacando al mismo tiempo aspectos mejorables en los procedimientos que han de permitir ganar aún más en eficiencia, transparencia y control, principios
necesarios e implícitos en todo proceso, y han de permitir también cumplir con los objetivos de contribución neta al crecimiento industrial del Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
A este informe de la subcomisión se han presentado dos votos particulares.
En primer lugar, para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quizás la hora no acompaña mucho ni el día tampoco. Estamos viendo un asunto muy importante para los ciudadanos y para nuestro país como es, nada más y nada menos, que dar cuenta de la venta de un considerable patrimonio público.
Lo hacemos en una sesión casi con nocturnidad, no me atrevo a decir que con alevosía, pero quizá al término de mi intervención lo pueda decir.
Señorías, cualquier parecido con la realidad en el informe de la ponencia es pura coincidencia, y me va a ser muy fácil demostrar el porqué. Esta subcomisión -que quiero recordar que es a puerta cerrada, o sea sin transparencia, sin luz y
taquígrafos y que solamente en este acto rinde un informe a este Pleno- se creó hace veinte meses. Desde entonces se han celebrado catorce sesiones, de las cuales una ha sido la de constitución y cinco de ordenación de los trabajos; sólo ha habido
por tanto ocho sesiones de trabajo. ¿En qué han consistido estas sesiones de trabajo? En comparecencias de diversas personas relacionadas con las empresas que se habían privatizado y en algún caso de algún alto funcionario de la Administración,
como el presidente de la SEPI. No hemos conseguido que venga, por ejemplo, el ministro de Economía. No ha habido ninguna sesión de trabajo para analizar estas comparecencias ni, por supuesto, para analizar la documentación. ¿Por qué razón?
Porque la documentación que se nos ha remitido no sirve absolutamente para nada. Perdónenme, yo sé que el Grupo de Convergència i Unió ha hecho un esfuerzo para intentar presentar aquí algo presentable, pero ellos mismos saben que esto es así.
Esa
documentación no sirve absolutamente para nada. Es más, nos hemos visto en la necesidad de entregar en la Comisión una pequeña ficha pidiendo que se nos transmitieran unos datos sucintos como, por ejemplo, el importe en que se había vendido la
empresa, los ajustes, el capital circulante, los ingresos brutos, los gastos de la operación de privatización, etcétera; cuestiones muy relevantes y que no deben ser secretas. Pues no se nos ha remitido nada. Tampoco hemos tenido la suerte
-aunque hemos pedido amparo a la Presidencia de la Cámara- de que se nos remitan los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, que creo recordar que en su pomposo informe llamado algo así como modernización del sector
público empresarial decía que era una de las cuestiones fundamentales de la transparencia. Decían ustedes cuando lo presentaron que iba a haber publicidad, transparencia y concurrencia. No hemos tenido el informe de la IGAE, no hemos tenido los
informes completos del Consejo Consultivo de Privatizaciones -sólo los que se dan a la prensa-, no hemos tenido tampoco los acuerdos de los consejos de ministros en los que se han tomado determinadas decisiones y no hemos tenido acceso a
documentación relevante. Por eso esto no es una subcomisión ni sirve para analizar el proceso llevado a cabo con las privatizaciones.
Señorías, este acto sirve para muy poco, solamente para que desde mi grupo podamos denunciar esta situación, que enlaza con lo que yo decía al principio. Mucho tienen que ocultar ustedes de cómo ha sido el proceso de privatizaciones cuando
se atreven a negar esta información, cuando se atreven a hacerlo de esta forma, en un Pleno como el de hoy, que saben que no es un día en el que esto tenga relevancia. Si ustedes estuvieran satisfechos, si de verdad hubieran hecho un proceso
transparente, un proceso serio, serían los primeros en estar en todos los telediarios diciendo que han hecho un gran trabajo. No lo han hecho. Sencillamente se han limitado a ocultar datos. ¿Por qué lo hacen? Lo diré con mucha brevedad porque
creo que el
tema tampoco da más de sí. Ustedes lo hacen porque España ha sido, creo, el único país de Europa que ha hecho unas privatizaciones equivalentes a las que se han hecho, por ejemplo, en la Unión Soviética, donde ahora existe el magnate del
petróleo, el magnate del aluminio, etcétera, que antes eran presidentes de esas empresas públicas, y se ha hecho una privatización opaca, como todo el mundo reconoce. En España no se ha hecho una privatización seria y de la noche a la mañana han
surgido magnates ligados al Partido Popular que dominan, por ejemplo, el sector del petróleo, como el señor Cortina, han surgido banqueros de extraordinaria relevancia, como el señor González, han surgido operadores de la telefonía de magnífica
trayectoria, como el señor Alierta, etcétera; todos presidentes de las empresas públicas cuando eran públicas y cuando ustedes los nombraron. Eso no lo pueden negar. Tampoco pueden negar que en todo este proceso han manipulado, porque previamente
a esas privatizaciones han modificado los estatutos de los consejos, previamente a esas privatizaciones han sustituido a los consejeros puestos por el Estado para poner -entre comillas- a consejeros independientes que luego han apoyado a sus
presidentes. Decía el señor Martín Villa en una entrevista que él iba a dejar de ser presidente de Endesa en cuanto fuera privatizada. No lo hizo, siguió siendo presidente de la empresa cuando ya estaba privatizada y todavía está enganchado a la
antes pública Endesa.
¡Cuánto dinero se ha escapado por las alcantarillas con las privatizaciones! Ayer tuvimos la gran noticia de que el señor Cortina, presidente de Repsol, en un gesto magnánimo compraba acciones de Repsol para dar así un aviso
al mercado de que era una empresa solvente y que él se arriesgaba. Señoría, lo solvente hubiera sido que las hubiera comprado cuando estaban a 24 euros y estaban bajando, no cuando están a 13 y él ya tiene información privilegiada de que van a
subir. ¿Por qué? Porque su Gobierno ha tomada determinadas decisiones, ha hecho gestiones diplomáticas, ha habido un acuerdo con Argentina y hay una línea de crédito ligada a ese país. ¿Cómo llaman ustedes a eso? ¿Cómo llaman ustedes a la
connivencia entre un gobierno, un grupo parlamentario y unos presidentes nombrados cuando la empresa era pública? ¿Cómo lo llaman si en el transcurso de esos acontecimientos ese presidente lo sigue siendo de la empresa privada, compra acciones de
esa empresa, tiene esa información, y no pasa nada en este país, no pasa absolutamente nada? El señor Villalonga se fue escandalosamente de Telefónica. Lo nombraron ustedes cuando era pública y ustedes lo quitaron cuando era privada.
Ustedes
sabrán, seguramente peleas de familia, pero el señor Villalonga se fue de Telefónica con 7.000 millones de pesetas de indemnización.
Explíquenselo al país, como antes intentaban explicar los impuestos; explíquenselo. Díganle: España va bien,
nosotros apoyamos a las familias.
Claro, a unas más que a otras, desde luego; a unas familias bastante más que a otras. (Aplausos.) Mientras tanto esto tiene la cobertura de todo un Gobierno, con su presidente a la cabeza; tiene la cobertura del
ministro de Economía, que entre las veces que tiene que venir al Parlamento y las que dice que no puede pero que está trabajando -no sabemos dónde o para qué-, se pasa el tiempo reuniéndose con sus amigos presidentes de las empresas públicas, ahora
privatizadas. Es verdad que es una desgracia porque los negocios del señor Rato van fatal, pero los negocios de los amigos del señor Rato van muy bien. Eso sí es evidente.
Explíquenselo a los españoles. Explíquenles ahora, cuando hablan de
capitalismo popular, cómo es posible que los inversores hayan perdido lo que han perdido en la Bolsa; explíquenles ahora por qué no ha perdido el señor Alierta, por qué no pierde el señor Cortina, por qué no pierde el señor Botín; explíquenles por
qué tenemos una Comisión Nacional del Mercado de Valores autista; bueno, autista no, muy atenta a determinados intereses y desde luego haciendo la vista gorda en otros; explíquenles por qué tenemos un Tribunal de Defensa de la Competencia que no
interviene nada más que cuando a ustedes les interesa, para frenar fusiones que no les interesa; explíquenles por qué en este país el gran negocio de las privatizaciones no ha servido para que esto tenga una traslación directa en los Presupuestos
Generales del Estado; explíquenles por qué la SEPI sigue siendo un organismo opaco; explíquenle por qué el Consejo Consultivo de Privatizaciones sigue siendo un organismo fantasma, que lo preside por cierto un diputado de su grupo últimamente muy
premiado precisamente por el trabajo que ha hecho aquí, premiadísimo, pero ese trabajo no ha venido a esta Comisión, sólo los pequeños informes que se daban a la prensa.
Señorías, de verdad que ustedes están rizando el rizo. Yo pensaba que habían llegado al cenit con la negación de la huelga general. Pero viniendo aquí con este informe después de veinte meses de comisión, ocho reuniones efectivas solamente
para recibir y dar los buenos días al presidente de tumo, que nos larga un discurso y se va, no haber hecho un solo trabajo y tener la desfachatez de poner en un papel que se ha hecho el trabajo y que se ha analizado a fondo cada proceso de
privatizaciones, ¿a quién pretenden ustedes engañar? Sí les digo una cosa: mi grupo sabe que ha pasado en este proceso, lo estamos investigando, lo estamos analizando, lo estamos estudiando con los pocos datos que ustedes nos dan y cuando tengamos
la oportunidad, que será más pronto que tarde, sabremos qué ha pasado en todo este proceso, en todo este gran fraude, en este gran robo a este país que ha sido la política de privatizaciones del Grupo Popular y del Gobierno popular con Aznar a la
cabeza.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidenta.
Señorías, este es un debate devaluado. Fíjense ustedes que por no haber no hay ni un solo ministro ni ningún portavoz. Está devaluado, no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia hablar de las privatizaciones en este país,
privatizaciones que si se va siguiendo el rastro de todas y cada una de ellas se va reproduciendo miméticamente la nomenclatura de las 125 familias que en este país han controlado siempre la economía y la política, durante toda la vida, y que se
reproducen en todos los consejos de administración. De vez en cuando viene algún foráneo, algún extraño y a veces es rebotado por el propio sistema. Pero digo que es un debate devaluado. ¿Por qué es un debate devaluado? Aparte de lo que ha
señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, es verdad que no vale la pena acudir a determinadas sesiones de esta Cámara, no vale la pena perder el tiempo. Perder el tiempo ¿para qué? ¿Para que vengan a explicarte con datos y más datos
y que te intenten emborrachar con esos datos cuando no hay ninguna realidad política, ningún debate político detrás? Por ejemplo, ¿por qué se tiene que liquidar de esta forma el patrimonio público, todo el patrimonio empresarial público? Luego
vendrá también el sector público de los servicios, está en la cola.
Nunca se ha planteado el verdadero debate que debía haber antes de analizar en concreto qué es lo que ha ocurrido con cada una de las privatizaciones y que era qué privatizar en este país. ¿Qué es necesario privatizar en este país? ¿Cómo
funciona lo que se plantea privatizar en este país? ¿De dónde proceden estas empresas? ¿Vienen a lo mejor de la socialización de pérdidas y luego se privatiza la posibilidad de beneficios, como siempre se hace desde el sistema conservador que
ustedes defienden? Por tanto, qué privatizar era el primer elemento de un debate serio y riguroso sobre la privatización. En segundo lugar, ¿qué sector empresarial público es necesario y en qué producciones y servicios? Quitémonos la careta ya.
¿No es necesario ningún sector empresarial público? ¿No hay ningún sector, subsector o empresa importante que sea necesario mantener en el sistema empresarial público para cualquier contingencia que afecte a los intereses generales del país o que
puede ser el elemento motor para tirar de la economía en momento de recesión, en momento de estancamiento? Por tanto, tampoco ha habido un debate de qué sector público empresarial es necesario y en qué producciones y servicios.
Los verdaderos escándalos aquí, en Argentina y en los Estados Unidos se producen en el sector empresarial privado, que suele estar y que continuará estando -me temo- en connivencia con el poder político, con el presidente Bush: aquí está el
caso Enron y aquí está el caso WorldCom, caso inmediato. Bush, el presidente de los Estados Unidos de América, su mentor espiritual, filosófico y económico, este es el amigo del alma, el que es invitado a venir a las quintas de Toledo y que invita
a nuestro presidente del Gobierno a ir a los ranchos de Tejas. También está Menem, que lo ha privatizado todo, prácticamente todo: los servicios de agua, las canalizaciones de agua, hasta los tenderetes de pipas. Lo ha privatizado todo y aquí
tienen el resultado: es el máximo seguidor de sus políticas neoliberales, sin control democrático del Estado, sin nada, aquí lo tienen, pero con efecto dominó sobre otros países. Es verdad que en lo que está ocurriendo en Brasil hay una amenaza de
todo el sistema financiero internacional, y a ver si saldrá también el Gobierno español implicado en esta amenaza, porque hay la posibilidad de que en octubre Ignacio Lula da Silva sea presidente del país y, por consiguiente, es necesario amenazar
de los males que pueden venir al país; es decir, todo el sistema financiero internacional en marcha para evitarlo. Pero al mismo tiempo no es menos cierto que hay un efecto simpatía de Argentina a todo Mercosur, en concreto a Brasil, que es el
país más potente, más grande de Mercosur. ¿Y qué pasa con el Gobierno español? ¿Y con el presidente Aznar y los círculos del pupitre compartido? También en estos círculos económicos ha habido una connivencia. Muchas veces la liquidación,
necesaria según los imperativos de la Unión Europea y según la modernidad de la economía, ha impuesto oligopolios sin capacidad competencial, ni tan siquiera entre sí, ni tan siquiera para competir en qué aptitud o ineptitud tienen todos y cada uno
de ellos.
Señores del Gobierno ausentes, señores del PP presentes, un sector público bien gestionado y controlado económicamente es el elemento de cohesión colectiva democrática en una sociedad. Por eso nosotros defendemos un sector empresarial
público solvente, controlado democráticamente, bien gestionado desde el punto de vista técnico y desde lo que representa la gestión política, y naturalmente con las prerrogativas propias para que el Parlamento pueda decidir en cada momento qué hace
en función de datos objetivos valorables. No nos gusta la privatización de todo, que no es -a nuestro entender- una señal de competencia en la eficacia y en los precios, sino muchas veces el desarrollo de oligopolios que funcionan peor de lo que
funcionaba el teórico monopolio. Por ello nosotros presentamos cuatro votos particulares. El primero es para que la empresa pública constituya un elemento fundamental de la intervención del Estado en la economía, de tal manera que si no hay este
sector público empresarial gestionado democráticamente sea imposible que el Gobierno se responsabilice de la política económica y mucho menos de la política económica tendente al pleno empleo. En segundo lugar, la empresa pública puede constituirse
normalmente en un polo de desarrollo regional de cara a crear empleo directo o indirecto e incentivar la actividad económica en un entorno geográfico amplio, especialmente en aquellas zonas deprimidas y abandonadas por la iniciativa privada. Si
repasamos el mapa productivo español vemos que hay un montón de territorios en los que fomentar esta actuación
del sector empresarial público. En tercer lugar, la empresa pública es un instrumento eficaz para introducir concurrencia y socializar beneficios, no para socializar las pérdidas cuando éstas se producen por parte del Estado, es decir, por
todos los contribuyentes. Finalmente, pensamos que es necesario un sector público fuerte, eficaz y correctamente controlado con el fin de que el crecimiento económico se convierta en bienestar social y la riqueza se distribuya de forma igualitaria,
y pensamos que sin un sector público fuerte será imposible democratizar el poder económico y sin democracia en el poder económico la política se convierte en un simple juego de artificio. Por eso no les hemos cansado manteniendo muchos votos
particulares porque no vale la pena, ya está decidido todo, tienen mayoría absoluta y la utilizan a fondo; pero hemos mantenido estos cuatro votos particulares porque en ellos se encierra la filosofía y las propuestas que el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida quiere hacer en esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Atendida la hora en que se produce este Pleno, estoy seguro de que SS.SS.
agradecerán que mi intervención sea, como va a ser, muy breve.
Ya conocen el texto del informe al que se han hecho incorporaciones muy sustanciales presentadas por el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió, con lo cual nuestra votación va a ser favorable. En nuestro informe inicial efectuábamos una
serie de recomendaciones al Gobierno para que las incorporase en los futuros procesos de privatización; recomendaciones que tienen su base precisamente en los informes que nos han sido facilitados por el Consejo Consultivo de Privatizaciones y por
la Intervención General de la Administración del Estado. Algunas de estas recomendaciones se han incorporado al informe que se someterá a votación a continuación y esperamos que, en cualquier caso, el resto se incorpore al comportamiento de la
SEPI. En cuanto a las recomendaciones, nosotros distinguíamos entre aquellas que formulábamos respecto de las ventas a través de ofertas públicas de venta y las que dirigíamos a las privatizaciones que se producían al margen de ofertas públicas de
venta y que constituían simplemente un 6 por ciento del capital privatizado. En cuanto a las privatizaciones instrumentalizadas a través de ofertas públicas de venta, la recomendación en primer lugar que recogíamos era la necesidad de que existiera
un asesor dependiente del coordinador global, fundamentalmente en aquellos supuestos en los que la figura del coordinador global de la privatización coincidía con el accionista de referencia; en segundo lugar también la necesidad de establecer
medidas de objetivación en los procedimientos de selección de asesores y coordinadores globales en los procesos desarrollados a través de estas ofertas públicas de venta, así como también introducir elementos de objetivación de cara a la fijación de
criterios y elementos del baremo aplicables a la selección de candidatos. Señalábamos que la asignación de acciones en el tramo minoristas no planteaba especiales problemas en la medida en que, cuando existía una demanda superior a la oferta, los
criterios fundamentalmente de selección o de objetivación iban por la vía de la prorrata; sin embargo era preciso introducir los elementos a los que me he referido anteriormente para la asignación de acciones en el tramo institucional, así como
también alguna recomendación sobre la cobertura de gastos en las ofertas públicas de venta.
Respecto a las privatizaciones que no se han realizado a través de ofertas públicas de venta, que representan un 6 por ciento de las operaciones, incluíamos recomendaciones similares -la existencia de un valorizador independiente del asesor
ha sido incorporada en cualquier caso al informe que procederemos a votar a continuación-, así como la introducción de mejoras en los procesos de selección de asesores y colaboradores y en los procedimientos de selección de posibles compradores.
El resto de nuestras propuestas ha sido incorporado muy sustancialmente al informe en cuanto a la potenciación de la perspectiva europea internacional en los procesos de privatización de empresas públicas, y hoy incluso los medios de
comunicación nos han puesto de manifiesto, y hay que recogerlo con satisfacción, la situación en que se encuentra la empresa EADS CASA que está pendiente de recibir contratos, incluso con el Ministerio de Defensa americano. También hay propuestas
en cuanto al régimen de autorización administrativa previa y, finalmente, respecto de la actuación en el futuro de la Sociedad de Participaciones Industriales, que puede tener una labor fundamental en el desarrollo de la política industrial de este
país, sin limitarse exclusivamente a la realización de actuaciones de privatización.
Por todo ello, señora presidenta, procederemos a votar a favor del informe.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor del acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda que dio curso al informe final de la subcomisión de privatizaciones. Lo hará porque está
de acuerdo, como no podía ser de otra forma, con sus conclusiones.
Del análisis de los procesos estudiados se deduce que se han cumplido los requisitos de publicidad, concurrencia y transparencia exigidos por el programa de modernización del sector público empresarial español, que se han sometido a los
órganos de control legalmente establecidos tanto internos -Intervención General de la Administración del Estado y Tribunal de Cuentas- como externos -Consejo Consultivo de Privatizaciones- y, además, que se ha cumplido el objetivo de aprovechar el
proceso de privatización para fortalecer nuestro tejido industrial y facilitar nuestro desarrollo económico. Todo eso se ha hecho con un alto grado de acuerdo social -qué curioso que el representante del Grupo Socialista no haya mostrado la más
mínima sensibilidad en este asunto-, facilitando la internacionalización de la empresa española y el acceso a las nuevas tecnologías.
Valoramos la progresiva mejora de los procesos de privatización con la incorporación de sugerencias que los órganos de control van haciendo a la luz de la experiencia, destacando como ejemplo la progresiva disminución de las comisiones de
intermediación, cuya media ha logrado ser inferior a las obtenidas por las empresas privadas que participan en ofertas públicas de venta.
Quiero reconocer desde la tribuna el trabajo constructivo de los representantes del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que han hecho un trabajo que ha permitido llegar a un acuerdo en forma de documento final que, sin ninguna
a duda, conseguirá que también desde el trabajo parlamentario podamos colaborar para mejorar los futuros procesos privatizadores.
En cuanto a los votos particulares, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida aprovecha la ocasión para hacer un alegato a favor de la empresa pública que, lógicamente, no compartimos. Lo que no quiere decir que no nos cause
admiración la defensa a ultranza que el Grupo Federal hace de sus ideas, desafiando no solo la propia realidad, sino la historia económica. Verdaderamente lo que el señor Frutos ha colocado entre la documentación de la Comisión es -permítaseme la
expresión, desde la dignidad que el instrumento tiene- un pasquín que anuncia, sin ninguna duda, la arenga romántica que hoy nos ha suministrado. Digo lo de pasquín como un instrumento de comunicación digno de estar en la historia social.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha estado esta tarde aquí en esta tribuna como se esperaba; desde luego como podíamos esperar quienes hemos asistido con regularidad a las sesiones de la subcomisión que ha elaborado el informe
final que en este acto debatimos. La misma copla y el mismo estribillo: no tenemos documentación suficiente, la subcomisión es ineficaz y por más vueltas que le doy no logro entender cuál es la función del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
Pues bien, como todo argumento tiene su fundamento -aunque eso no quiere decir que siempre sean sólidos, por eso hay argumentos que se caen por su propio peso-, yo me he preguntado cuáles son las razones por las que el Grupo Parlamentario Socialista
se muestra tan incómodo en las manifestaciones públicas que hace sobre la subcomisión de privatizaciones y he llegado a dos conclusiones. La primera, que el Grupo Parlamentario Socialista se niega a entender cuál es el objeto de la subcomisión, que
no es otro que hacer el seguimiento de los procesos de privatización para comprobar si se ajustan al programa de modernización del sector público empresarial.
Ese es el mandato que recibió la subcomisión desde este Pleno y no la de auditar las
cuentas de las empresas privatizadas, que para eso hay otros órganos, y mucho menos la de convertir la subcomisión de privatizaciones en una comisión de investigación, que es lo que realmente hubiera querido el portavoz socialista -y ahí están sus
escritos de conclusiones-, para desde ella sembrar dudas que ni caben ni están justificadas sobre los procesos de privatización. No están justificadas pero sí en sintonía con esa oposición tan de moda en los bancos del Grupo Socialista últimamente
de arremeter contra las cosas, en vez de analizarlas a fondo para, desde su comprensión, plantear alternativas sólidas.
La segunda razón de incomodidad es que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho suya, interpretándolo a su manera, esa frase de don Ramón del Valle Inclán de que las cosas no son como se ven, sino como se recuerdan.
La verdad es que el
recuerdo del Grupo Parlamentario Socialista sin ninguna duda está en su propia experiencia, en la experiencia del Gobierno socialista cuando capitaneó las primeras privatizaciones, momento en que las empresas públicas estaban al borde de la quiebra,
había dificultades para colocar las producciones en el sector en que se desenvolvían y el panorama laboral, podemos decir con suavidad, que era poco optimista. Ese es el recuerdo; lo que vemos, lo que hemos visto en esta subcomisión es la
realidad. Vemos y hemos visto empresas saneadas que cumplen sus planes industriales, mantienen la estabilidad de sus plantillas, mejoran la calidad del empleo -qué curioso que el Grupo Socialista no tenga ninguna inquietud en este asunto-,
incorporan las mejoras tecnologías al integrarse en grupos internacionales y garantizan con ello su viabilidad. Por poner algunos ejemplos, me referiré a CASA, que ha pasado a ser parte de un grupo industrial europeo que lidera los sectores de la
aviación civil, helicópteros, vehículos de lanzamiento espacial, satélites y misiles; o Santa Bárbara, que de estar prácticamente en quiebra hace algunos ejercicios y siendo una empresa pequeña y limitada su actividad al ámbito estrictamente
nacional, ha pasado a formar parte de un consorcio empresarial que está presente en mercados que hasta ahora le eran inaccesibles; o como Iberia, que ha sido capaz de atravesar turbulencias que han dejado en tierra a otras compañías aéreas europeas
que eran tenidas hasta ese momento como modelos para la propia compañía
española. Yo lo comprendo. Hay que tener mucha agilidad para asimilar cómo han evolucionado los procesos de privatización en los últimos años en España con una política clara y decidida. En la medida en que el Grupo Parlamentario
Socialista sea capaz de digerir esa evolución, en la medida en que sea capaz de entender el objeto de la subcomisión de privatizaciones, en esa misma medida estará en disposición de comprender que la documentación recibida es suficiente, que la
subcomisión y sus trabajos son, sin ninguna duda, útiles, y que el Consejo Consultivo de Privatizaciones es una garantía más de transparencia en el procedimiento.
Por cierto, se pregunta una y otra vez el representante del Grupo Parlamentario
Socialista cuál es la función del Consejo Consultivo de Privatizaciones. Pues yo creo, señorías, que su propio nombre lo indica: Consejo Consultivo de Privatizaciones. Un consejo con funciones consultivas... (Varios señores diputados: ¡Ah, ah!)
Sí, pero es que no lo entienden y entonces yo quiero simplemente remitirlos al diccionario porque de él lo pueden deducir con absoluta facilidad. Emite consultas, emite informes con carácter preceptivo y no vinculante para el Consejo de Ministros,
y está formado por personas de reconocido prestigio, como por ejemplo, señor Cuevas, su presidente, don Luis Gámir que, por cierto, el martes fue premiado por un jurado del que formaban parte cuatro premios Nobel, habiéndose hecho merecedor a ese
premio, entre otras cosas, por sus estudios sobre el asunto de privatizaciones. Por tanto, yo ya no sé si creerle a usted o creer a los cuatro premios Nobel cuando hablan del indudable prestigio del señor Gámir en la materia. Puede ser que usted
me diga que los señores Selten, Mundell, Klein o Foger son del Partido Popular, pero creo que usted no llegará a tanto. Sobre lo que no hay ninguna duda es que si tuvieran que manifestarse desde su rigor sobre las privatizaciones que se hicieron
antes del año 1996 desde su Gobierno y las que se han hecho a partir de ese momento, alabarían el proceso que se hace en los últimos años, porque al fin y al cabo el Premio Nobel no se lo dan a cualquiera. Por otra parte, usted pone una y otra vez
en duda la compatibilidad del presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
¿Es que usted no acepta el acuerdo de este Pleno que decidió la compatibilidad del presidente? Yo creo que sí, porque verdaderamente está en el fuste de la
democracia precisamente defender los acuerdos de esta Cámara.
Dicho esto, sólo me queda agradecer a todos su colaboración para que la subcomisión pueda realizar sus trabajos, a quienes han comparecido en ella, a quienes nos han emitido una información que nos parece abundante y suficiente, a doña
Mónica Moreno, por su intenso trabajo, y también a la señora presidenta por su tiempo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Souvirón.
Sometemos a votación, en primer lugar, el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista al acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el informe de la subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y
reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 84; en contra, 157; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al mismo informe.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 85; en contra, 157; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación el acuerdo de la Comisión en relación con el informe de la subcomisión para impulsar el proceso de privatización.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor 157; en contra, 86.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES.
La señora PRESIDENTA: Nuevo punto del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir en alguno de estos dictámenes de la comisión? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: Señorías, el Tratado del Carbón y del Acero concluirá el próximo 23 de julio del año 2002. En estos días, en gran parte de los países de la Unión Europea se están celebrando actos institucionales para analizar y
conmemorar la conclusión de lo que fue el primer tratado de la Unión Europea. Yo creo que el Congreso, a pesar de la hora, señora presidenta, puesto que ya no vamos a tener la posibilidad de hacerlo en otro momento, debería de reflexionar
brevemente sobre la importancia de este tratado. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora García Arias. Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños. (Pausa.)
Adelante, señora García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS: Señora presidenta, nunca se insistirá lo bastante en la importancia histórica de este tratado. Durante su vigencia en el contexto de la posguerra europea los sectores del carbón y del acero pudieron evolucionar
desde una posición de sectores estratégicos a una posición de sectores productivos competitivos. Gracias a las posibilidades de investigación y desarrollo y de reconversión industrial previstas y a los esfuerzos financieros de los Estados miembros,
en la actualidad, el acero europeo, y el español, es líder mundial y mira al futuro con optimismo.
Durante la vigencia del tratado, entre 1960 y 1980 se perdieron cerca de un millón de empleos en todos los países y entre 1980 y el año 2000 nada menos que 890.000 empleos. Este tránsito y los sacrificios fueron sin duda dolorosos para esos
trabajadores, sus familias y las regiones, entre otras, españolas. Ese cerca de un millón de puestos de trabajo perdidos en los últimos 20 años se produjo en paz y en armonía, salvo en un determinado país en los años ochenta, y fue posible, señora
presidenta, porque existieron instituciones de diálogo social, donde las partes pudieron dialogar, manifestarse, defender posiciones y mejorar planteamientos y se encontraron los medios para que los cambios no fuesen traumáticos.
No intervengo aquí para celebrar un funeral. Con motivo de este informe, de este acuerdo, de esta decisión, debemos realizar un balance y afirmar que ha sido positivo para Europa y también para España, para los trabajadores, las empresas y
las regiones. Ello nos obliga a lanzar un mensaje de futuro: propugnar, apoyar y luchar por conseguir que ese diálogo social que tan buenos resultados obtuvo continúe en las instituciones europeas y sobre todo en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García Arias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor De Arístegui.
El señor DE ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular quiere rendir homenaje sincero a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero como predecesor, como núcleo fundacional de la idea de Europa e hito histórico en la construcción del proyecto europeo. El tratado que
sirvió de cauce para tratar de solucionar y de solventar los problemas que habían llevado a los europeos a dos guerras y a numerosas confrontaciones de otro tipo en breves semanas llegará a su culminación. Por eso nosotros queremos dejar en el
'Diario de Sesiones' el sincero y absoluto respetuoso homenaje a la comunidad europea en todo lo que significa para la construcción europea.
En cuanto al diálogo social, señora García Arias, créame que este Gobierno ha hecho en el pasado, y seguirá haciendo en el futuro, todos los esfuerzos en ese terreno y créame que no dejará de hacerse ni por parte de este grupo ni de este
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Arístegui.
- ACUERDO SOBRE INMUNIDADES Y PRERROGATIVAS ENTRE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 18 DE FEBRERO DE 2002.
(Número de expediente 110/000169.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
En primer lugar, acuerdo sobre inmunidades y prerrogativas de la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 238; en contra, dos; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CAPITAL DE GARANTÍA ENTRE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 18 DE FEBRERO DE 2002. (Número de expediente 110/000170.)
La señora PRESIDENTA: Convenio de suscripción de acciones de capital de garantía entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 242; a favor, 241; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CAPITAL ORDINARIO ENTRE LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO Y EL REINO DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 18 DE FEBRERO DE 2002. (Número de expediente 110/000171.)
La señora PRESIDENTA: Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario entre la Corporación Andina de Fomento y el Reino de España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 240.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA POR OTRA, Y ACTA FINAL ANEJA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 9 DE ABRIL DE 2001. (Número de
expediente 110/000172.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de estabilización y asociación entre las comunidades europeas y los Estados miembros por una parte y la República yugoslava de Macedonia por otra y Acta final aneja, hecho en Luxemburgo el 9 de abril de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 241; a favor, 241.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, SOBRE LAS CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LA EXPIRACIÓN DEL TRATADO CECA Y SOBRE EL FONDO DE INVESTIGACIÓN DEL CARBÓN Y DEL ACERO, HECHO
EN BRUSELAS EL 27 DE FEBRERO DE 2002. (Número de expediente 110/000176.)
La señora PRESIDENTA: Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y sobre el fondo de investigación del
carbón y del acero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 240; a favor, 239; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO DE ESTABILIZACIÓN Y ASOCIACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE CROACIA, POR OTRA, Y ACTA FINAL ANEJA, HECHO EN LUXEMBURGO EL 29 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente
110/000177.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo de estabilización y asociación entre las comunidades europeas y sus Estados miembros por una parte y la República de Croacia por otra y Acta final aneja.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 239; a favor, 239.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 177, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles, 26 de junio de 2002, en la intervención del señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los planes
del Gobierno relativos al uso futuro de las instalaciones y propiedades del Ministerio de Defensa ubicadas en el término municipal de Zaragoza, donde se dice '... que consiguió el alcalde Sainz de Baranda en el siglo XIX' (página 8866, segunda
columna, línea 25), así como en el sumario (página 8835), debe decirse '... que consiguió el alcalde Sainz de Varanda en los años ochenta.