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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 174, de 20/06/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 174
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 168
celebrada el jueves, 20 de junio de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2001:
- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2001. (Número de expediente 260/000003.) ... (Página 8713)
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 134-1, de 27 de abril de 2001. (Número
de expediente 124/000002.) ... (Página 8732)
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones:
- Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el Informe de la Subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor. (Número de expediente 154/000003.) ...
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2001 ... (Página 8713)
El Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica Herzog, da cuenta a la Cámara, según el mandato de la Constitución, de los rasgos más significativos del contenido del informe sobre la gestión realizada durante el año 2001 por la institución,
comunicando que el informe completo y la liquidación presupuestaria correspondiente fueron entregados en ambas cámaras a principios de mes.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez Castaín, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría; del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
y los señores Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas ... (Página 8732)
Proposición de Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica ... (Página 8732)
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición de ley y retiradas las firmadas por la señora Lasagabaster Olazábal, del gm, intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Fidalgo
Francisco, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas y del dictamen de la Comisión de la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
Sometido a votación el voto particular a la disposición derogatoria del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 96 votos a favor, 163 en contra y 19 abstenciones.
Sometido a votación el primer párrafo de la disposición adicional primera, se aprueba por 258 votos a favor, 15 en contra y cinco abstenciones.
Sometida a votación la disposición adicional quinta, se aprueba por 272 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen de la proposición de ley, se aprueba por 278 votos a favor.
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones ... (Página 8740)
Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el Informe de la Subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor ... (Página 8740)
El señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta, en nombre de la Comisión de Economía y Hacienda, el informe de la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del
emprendedor.
En defensa del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Costa Campi.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Decaído el voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se somete a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, que es rechazado por 88 votos a favor, 170 en contra y dos abstenciones.
A continuación se procede a las votaciones en relación con el informe de la subcomisión, que es aprobado.
Se levanta la sesión a las trece y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
- INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2001. (Número de expediente 260/000003.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2001.
Para la presentación del informe, tiene la palabra el Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta, señorías, ante todo para saludar la normalidad del día de hoy, donde siempre me atiende al comienzo, como a todo Defensor del Pueblo, tan amplio auditorio.
Dar cuenta a las Cortes Generales es la obligación principal que la Constitución vigente encomienda a la institución del Defensor del Pueblo y con ese propósito comparezco gustosamente en esta sesión plenaria. Se trata, un año más, de poner
de manifiesto ante SS.SS. los rasgos más significativos del contenido del informe sobre la gestión realizada durante el año 2001. El informe completo y la liquidación presupuestaria correspondiente fueron entregados en ambas Cámaras a principios
del mes, su texto íntegro se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado día 11 y se incorporó a la página de la red electrónica administrada por la institución con el propósito de facilitar la correspondiente lectura y consulta
a todo ciudadano interesado. Por otra parte, el pasado lunes se llevaron a cabo la presentación y el debate correspondientes en el seno de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo, durante una sesión enriquecedora y cordial
en la que se nos animó a mantener el vigor y el compromiso adquirido en la defensa de los derechos constitucionales.
Antes de ofrecer una síntesis, forzosamente incompleta, de los datos más salientes del informe, voy a permitirme mencionar algunas circunstancias que determinaron la actividad durante el ejercicio de que se trata. En primer lugar, la
reordenación funcional respecto de las áreas en que se distribuye la carga de trabajo, cuyas principales variaciones respecto de la organización anterior consistieron en el ensanchamiento del área de justicia, para integrar en ella los asuntos
relativos a la violencia doméstica, y en la configuración independiente del área de inmigración, a la que se incorporaron además las cuestiones relacionadas con las funciones administrativas del servicio exterior. En segundo término, interesa dar a
conocer el cumplimiento de las tareas correspondientes a la primera fase del Plan Integral de Renovación Tecnológica, que comprende la actualización de infraestructuras, la puesta al día de los programas y la formación necesaria de la plantilla de
la institución. De igual manera, y hasta tanto puedan ocuparse las dependencias del inmueble previsto para albergar una parte de los servicios técnicos y administrativos, se habilitaron provisionalmente en el año 2001 unas oficinas cercanas a la
plaza de Colón, que permitieron descongestionar la sede de Eduardo Dato.
Continuando la línea emprendida en el ejercicio anterior, se ha procurado estimular el rigor, la eficacia y el enriquecimiento de la gestión, cuidando los períodos de respuesta y de tramitación para lograr así la mejor combinación posible de
agilidad, rapidez y competencia técnica.
También se ha prestado especial atención a la presencia en los medios de difusión, a la participación activa en diferentes actos organizados por las más diversas entidades y al reforzamiento de las
relaciones institucionales e internacionales, lo cual se ha reflejado en la actividad ordinaria y, en particular, en la clara presencia de quejas procedentes de otros países. Por lo que respecta a los propósitos de colaboración y coordinación,
merecen subrayarse las continuadas y estrechas relaciones mantenidas con los comisionados para la tutela de los derechos fundamentales de las comunidades autónomas y muy en especial las jornadas anuales celebradas con ese objetivo. De su actividad
y de sus conclusiones se informa ampliamente en el cuerpo del informe.
La estructura del documento mantiene, en líneas generales, el mismo esquema expositivo que la del ejercicio precedente. Además de la presentación y de las conclusiones, consideradas de gran utilidad práctica para aproximarse con exactitud y
brevedad a los contenidos, se conservan los cinco apartados sustantivos que configuran los elementos fundamentales de la actividad: datos de la gestión, deficiencias en la obligación de cooperar por parte de las administraciones, ámbitos de
supervisión de la acción administrativa, resoluciones formuladas por el Defensor y breve panorámica de las relaciones institucionales.
Voy a comentar los datos de la gestión propiamente dicha. Las cifras globales más significativas sobre la labor desarrollada en el ejercicio 2001 deben situarse en torno a tres indicadores principales: El número de quejas recibidas, el
tratamiento de las mismas y la respuesta de las administraciones ante las peticiones y resoluciones del Defensor.
Comenzando por el número de quejas, es preciso señalar inmediatamente que, tras la esporádica subida del año 2000, ampliamente
justificada en su momento por el elevadísimo incremento puntual de las denominadas quejas colectivas, el volumen de quejas en el año 2001 ha vuelto a situarse en el entorno de las cifras habituales. Ello se explica lógicamente porque en el
ejercicio precedente se habían recibido un total de casi 17.000 quejas colectivas, de las que sólo tres grupos, las relacionadas con la protección de animales domésticos, con la situación de ciertos profesores transferidos al Principado de Asturias
y con los conciertos educativos en la misma comunidad autónoma, sumaban ya más de 14.000 quejas, derivadas en
realidad de sólo tres reclamaciones diferentes, que son precisamente las que dan apariencia de caída al número de quejas recibidas durante el año 2001 y distorsionan claramente las tendencias que suelen ser objeto de comentario preferente en
este punto, tendencias que se quiebran con ejercicios como el del año 2000, en el que un aluvión de quejas colectivas enmascara la realidad de la gestión. Desde otra perspectiva, las causas por las que se produce un número determinado de quejas
resultan, en último término, impredecibles. Cuando el ciudadano se queja al Defensor del Pueblo lo hace como consecuencia de una decisión absolutamente personal, relacionada a su vez con circunstancias de carácter variopinto sobre las que podríamos
extendernos largo tiempo: presunción de conveniencia para sus propios intereses; motivaciones altruistas en el caso de algunas asociaciones; persuasión inducida por comentarios de amigos, familiares o conocidos; confianza en la competencia
técnica de quienes atienden su queja; buen concepto de la institución y un largo etcétera. De igual manera, también cabe anotar algunas causas bastante objetivas de que las quejas no se disparen, como la ausencia de publicidad contratada por parte
de la institución, la creación de comisionados autonómicos y la proliferación de defensores especializados de toda laya y ámbito territorial.
Para ir recuperando el hilo de mi presentación, tengo que manifestar que las quejas recibidas durante el ejercicio 2001 fueron 13.186, de las que 9.068 fueron individuales y 4.118 se agruparon como colectivas. Entre estos dos grupos y las
179 quejas iniciadas de oficio se alcanzó el total de 13.365 quejas generadas en el año al que corresponde el informe que nos ocupa. Con independencia de otras valoraciones o del morbo que suscitan las comparaciones cuantitativas, esas cantidades
reflejan un número elevado de quejas y, por tanto, una muy considerable carga de trabajo en la institución durante el ejercicio 2001. Una carga que aumenta su peso con las 9.498 quejas que, procedentes de ejercicios anteriores, fueron abiertas o
reabiertas en el ejercicio del que se da cuenta, con las que se completa un gran total de 22.863 quejas gestionadas. En el apartado correspondiente al informe, convenientemente ilustrado con gráficos y cuadros comparativos, pueden encontrarse
comparaciones y tendencias en relación con estos datos. Por ello, tan sólo señalaré unas cuantas precisiones que me parecen significativas.
Debido a las características fluctuantes de los totales registrados en los diferentes ejercicios, si hay
una cifra verdaderamente significativa orientadora sobre la gestión y las preocupaciones del Defensor del Pueblo es la de quejas de oficio. Con ellas se pone de manifiesto, en términos de tendencia, una evolución ascendente. Aunque en números
absolutos el total de las quejas de oficio parezca reducido por comparación con otro tipo de quejas, su naturaleza, contenido y alcance reflejan fielmente los niveles de gestión, el carácter selectivo y la atención y vigilancia permanente de la
institución. En este sentido, la actividad durante el ejercicio 2001 ha superado ampliamente en cuanto a quejas de oficio los totales anuales desde 1990. La cifra de 179 quejas incoadas supone un verdadero récord de actividad. Por dar una somera
idea de los asuntos que suscitaron este tipo de quejas, he aquí unos cuantos ejemplos del objeto de las mismas entresacados de la relación completa incorporada al informe: accidente de una furgoneta ocupada por inmigrantes, arrollada por un tren de
cercanías en Lorca (Murcia); situación de los soldados destinados en los Balcanes, tras haberse conocido algunos casos de leucemia; estudio de las condiciones de vida de los inmigrantes irregulares tras la entrada en vigor de la Ley de
extranjería; actuación de los centros escolares concertados en la Comunidad Foral de Navarra en lo que afecta al principio de gratuidad escolar; fallecimiento de presos en varios centros penitenciarios y repatriación de menores en Melilla.
En otro orden de consideraciones destaca, como ya he mencionado, el aumento experimentado en cuando a quejas recibidas desde países extranjeros. Un total de 338 quejas, entre las que llama la atención los casos de Alemania, Argentina,
Francia, Italia y Reino Unido, así como la aparición por vez primera de quejas procedentes de países como Pakistán, Turquía y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El cauce de presentación de las quejas ante el Defensor sigue siendo predominantemente la vía directa y personal. Los sectores administrativos más afectados por las quejas presentadas fueron los de la fiscalidad, la inmigración, la
situación del personal al servicio de las administraciones públicas y la justicia, seguidos a cierta distancia por la seguridad pública, la educación, la acción social y la Seguridad Social, el urbanismo y la vivienda.
El segundo indicador básico al que me refería antes era el relativo al tratamiento de esas quejas en la institución, lo cual configura materialmente el quehacer cotidiano de la misma. Partiendo del mencionado total de 13.365 quejas
recibidas, 5.657 de ellas no fueron admitidas a trámite, la mitad aproximadamente por no haberse apreciado en su contenido, tras un minucioso análisis, indicios de irregularidad administrativa, objetivo principal de la supervisión llevada a cabo por
el Defensor del Pueblo, en relación con la finalidad que le está atribuida por la ley orgánica reguladora de la institución. De las 7.529 admitidas, el 31 de diciembre de 2001 se habían tramitado ante las distintas administraciones 6.223, cantidad
que representa el 83 por ciento del total de las admitidas. Destacan por el número de quejas relacionadas con su competencia los ministerios de Hacienda, Interior y Economía.
Por lo que hace referencia a la elaboración de recomendaciones y sugerencias, como consecuencia del estudio y tramitación de las quejas, se formularon 153 recomendaciones y 178 sugerencias a las distintas administraciones durante el
ejercicio 2001. En la última revisión efectuada se habían aceptado 97 recomendaciones,
se habían rechazado 32 y se encontraban pendiente de respuesta 24. En cuanto a las sugerencias, se habían aceptado 94, rechazado 63 y no se había recibido respuesta en 21 de ellas. Estas cifras reflejan una muy elevada aceptación de las
propuestas formuladas. Tan solo a título de ejemplo se pueden citar entre las recomendaciones aceptadas las relativas a: procedimiento para requerir la subsanación de defectos en las solicitudes de visado; normas que regulan de manera adecuada
los procesos de repatriación de menores, en los cuales han de seguirse con todo rigor los trámites y gestiones necesarios para facilitar la integración; regularización por arraigo y desarrollo apropiado del concepto razones humanitarias; situación
de las mujeres gitanas en prisión, aconsejando la conveniencia en determinados casos de la denominada discriminación positiva, y agilización de los trámites de informe para la comprobación de la veracidad de las ofertas laborales a inmigrantes. En
cuanto a las sugerencias admitidas señalaré, también por vía de ejemplo, las referidas a los siguientes asuntos: el reexamen de un expediente de reagrupación familiar por haberse exigido un requisito no necesario en el momento de la solicitud; el
reconocimiento en España del título de licenciado en Geología, emitido por una universidad alemana; la modificación de horarios en la línea C-7 de trenes de cercanías de Madrid sin haber informado de ello con la antelación necesaria, o la
notificación defectuosa por no realizarse en el domicilio indicado por el conductor sancionado. Además de las recomendaciones y sugerencias se formularon distintas advertencias y recordatorios de deberes legales, cuya relación completa figura en el
apartado correspondiente del informe.
Por último, también orientan sobre los niveles de actividad las tareas de información y atención al público. Entre ellas cabe destacar el número de visitas recibidas, un total de 3.541, con un promedio diario de 15 visitas de atención y
orientación personalizada, y las consultas telefónicas evacuadas, 4.983 por línea gratuita y 8.722 por la centralita de la institución.
Como tercer indicador relevante de la gestión señalé anteriormente el grado de respuesta administrativa ante las resoluciones del Defensor.
Para delimitarlo de modo adecuado, se tipifican negativamente las denominadas administraciones
notoriamente entorpecedoras, las reacias a dar respuesta a pesar de los requerimientos efectuados y las que, como consecuencia de un tercer requerimiento, acceden formalmente a responder.
Sólo citaré entre las primeras al Ministerio de Fomento, en
el ámbito de la Administración general del Estado; a la Comunidad Foral de Navarra, en el ámbito de la Administración autonómica, y a los ayuntamientos de Las Rozas, Leganés, Madrid capital y Marbella, en el ámbito de la Administración local.
Vamos a dejar los aspectos cuantitativos y vamos a centrarnos ahora en el repaso breve y selectivo de las cuestiones de fondo más importantes que suscita el informe. Trataré de seguir el orden de la redistribución funcional mencionada al
principio, llevada a cabo en la estructura de las adjuntías durante el ejercicio 2001, lo que facilita el agrupamiento y la presentación de los problemas planteados y atendidos en las distintas áreas de actividad. Siguiendo pues ese mismo
itinerario y el orden de las áreas funcionales tradicionalmente establecido en la sede de la institución, mostraré en resumen y a grandes rasgos algunos contenidos sustantivos del informe de gestión. Debo recordar a tal efecto que ese orden
funcional no supone atribución de prioridades para los contenidos correspondientes.
La importancia de la función y el empleo público, tanto para la prestación adecuada de los servicios públicos como para la cooperación con el Defensor del Pueblo, en su labor supervisora y de tutela efectiva de los derechos constitucionales,
viene reclamando en los sucesivos informes anuales un puesto preeminente. Si a ello se añade el destacado número de quejas relacionadas con el régimen estatutario, las situaciones y las peculiaridades múltiples que afectan a los trabajadores al
servicio de las distintas administraciones, resulta perfectamente explicable esta prioridad expositiva. Por lo que se refiere al ejercicio 2001, merece la pena destacar aquí las peticiones acerca de los procesos selectivos de ingreso y de
asignación de destino y las situaciones en que se encuentran determinados grupos de trabajadores públicos o de clases pasivas, así como ciertos problemas sobre movilidad territorial.
Desde otra vertiente, merecen anotarse los casos de quejas planteadas por determinados grupos de personas al servicio de las administraciones públicas. Así, la reserva en los procesos de empleo, referida a personas con discapacidad,
respecto de la cual se ha formulado una recomendación al Ministerio de Administraciones Públicas en el sentido que el cupo para los casos de cobertura inicial en las ofertas de empleo público se aplique también a los procesos de promoción interna;
la situación del personal estatutario de los servicios de salud, cuyos problemas se relacionan con la consolidación y provisión de plazas ocupadas en régimen de interinidad; los problemas que afectan al personal docente no universitario en relación
con las normas reglamentarias autonómicas reguladoras de los procesos selectivos; las cuestiones planteadas por el profesorado universitario en torno a ciertos concursos para la provisión de plazas de acceso a cátedra, y determinados aspectos que
afectan a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, como, por ejemplo, la consideración de las indemnizaciones por determinados gastos efectuados con ocasión del desempeño de la función de escolta; el control de las bajas
médicas por medios adecuados; la incoación de expedientes sancionadores en casos de graves enfermedades de carácter psiquiátrico; la eliminación del concepto de disponibilidad permanente para el servicio; la cuantía de las retribuciones en
concepto de productividad,
o la petición de acompañamiento de letrado en los procedimientos disciplinarios por faltas leves.
Ya dentro del área funcional de Defensa e Interior, las materias destacables en el ejercicio 2001, de acuerdo con la actividad desarrollada por la institución, se refieren a: la saturación de los centros penitenciarios en varias zonas
geográficas por el incremento del número total de internos, entre los que se observa un mayor peso relativo de los preventivos respecto de los penados; la necesidad de que se considere urgente la mejora de las prisiones, tanto en la vertiente de su
regulación como de su ampliación y organización, sin que quepa demorarla hasta que se produzca la reforma global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; los métodos para controlar el consumo de drogas en las cárceles, principal causa de fallecimiento
en las mismas, entre los que se recomienda la urgente utilización de ecógrafos para la detección y la mejora de distribución controlada de metadona entre los reclusos, así como la participación en los programas rehabilitadores de equipos
multidisciplinares.
En este mismo ámbito, las investigaciones en torno a los episodios de violencia en las cárceles y sobre la convivencia en las mismas, aparte de insistir nuevamente en el hecho de la saturación antes apuntada como causa de la violencia, han
mostrado la necesidad de prestar una adecuada atención psiquiátrica especializada, más allá del simple tratamiento farmacológico; de mejorar la sanidad penitenciaria en materia de infraestructuras, prestación de servicios y calidad asistencial; de
atender a las condiciones de vida de las mujeres reclusas, sobre todo en lo concerniente a equipamientos, actividades y tratamiento específico de quienes han de vivir con ellas en la cárcel; y de establecer garantías en los procedimientos
administrativos que afectan o pueden afectar a la privacidad, por ejemplo, en la aplicación de medidas de aislamiento, la gestión de beneficios penitenciarios o los registros personales y de las celdas.
Singular interés presenta la conveniencia de reformar la legislación penal en lo concerniente a la acumulación de penas cuando no sea posible aplicar las limitaciones de cumplimiento establecidas por el Código Penal. A estos efectos, sería
conveniente establecer un supuesto para anticipar la concesión de libertad condicional permitiendo, como es natural, el control ulterior de la trayectoria del penado y la aplicación exclusiva del beneficio a los casos en que se aprecie un pronostico
favorable de reinserción.
Otros asuntos de interés en relación con este ámbito funcional tuvieron que ver con las manifestaciones formuladas por la institución relativas a: la conveniencia de revisar de oficio las solicitudes presentadas fuera de plazo para
indemnizar a las víctimas del terrorismo; la recomendación sobre despenalización de la insumisión al servicio militar, ya completamente aceptada; a utilizar el derecho de gracia en el caso de los soldados no profesionales condenados por el delito
de deserción, y, por último, la necesidad de respetar las garantías formales de las resoluciones sancionadoras en el procedimiento disciplinario militar.
Otro gran sector funcional, de evidente repercusión en los medios de información, es el que corresponde al área de justicia y violencia doméstica. Gran parte de las materias sobre las que versa el informe ya fueron objeto de la actividad de
la institución en ejercicios precedentes; sin embargo ofrece cierta novedad, según apunté previamente, la tipificación 'violencia doméstica' como componente del área que nos ocupa. De la actividad contenida en el informe, pueden destacarse los
núcleos siguientes. En primer lugar, los retrasos y demoras en los procesos, asunto en el que se vuelven a reiterar las carencias de recursos personales y materiales causantes de tales deficiencias. Con la colaboración de la institución, las
secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid fueron objeto de un plan de normalización, diseñado con el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, consistente en duplicar de modo transitorio el número de secciones
civiles, con objeto de resolver los muy numerosos asuntos pendientes.
En segundo lugar, se está llevando a cabo un estudio específico, comenzado precisamente en 2001, sobre la aplicación de la conocida como Ley penal del menor, con la colaboración de todas las administraciones que tienen competencia en la
aplicación de la ley. En relación con este mismo asunto, conviene tener presente la dureza que supone para los menores víctimas de algún hecho delictivo la multiplicación innecesaria de comparecencias, y se enumeran, en concreto, las reiteradas,
perjudiciales y a veces innecesarias, que se ven obligados a realizar los menores ante los órganos judiciales con alusión a algún caso concreto, ciertamente estremecedor y significativo, como la comparecencia en 11 ocasiones de una joven víctima de
un delito sexual.
En tercer lugar, por lo que respecta a la violencia doméstica propiamente dicha, se recogen las investigaciones efectuadas como consecuencia de las quejas recibidas por parte de mujeres que expresan su desconfianza en la Administración de
justicia por seguir sin protección después de haberla solicitado de los órganos judiciales. En este mismo apartado, se estimó también como necesaria una reforma integral en el conjunto normativo regulador de las relaciones de convivencia. Por tal
motivo, se han dado a conocer al Ministerio de Justicia determinados principios, considerados básicos en la materia, que deberían ser tenidos en cuenta en la citada reforma y entre los que se mencionan la importancia de los juzgados de familia y la
especialización de los titulares, la simplificación de los procesos relativos a la familia, la cobertura a las parejas de hecho y la conveniencia de establecer una jurisdicción propia competente en materia civil y penal.
En este mismo sector funcional, se alude en el informe al considerable aumento de quejas procedentes de presos españoles en el extranjero, por lo que se dirigieron
sendas recomendaciones a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia, con objeto de agilizar los trámites que permitan el traslado de ciudadanos españoles para cumplir las penas en prisiones de nuestro país; a la sustracción
internacional de menores por parte de alguno de sus progenitores, para lo que se propuso contar con un tipo delictivo autónomo y con una norma que regule la asistencia jurídica gratuita; a la identificación y localización de personas desaparecidas,
mediante la creación de un fichero de ámbito nacional que cuente con la huella genética de los fallecidos sin identificar y los datos de familiares que se presten a la realización de pruebas de ADN; a la creación de un fondo de garantías de
alimentos y pensiones impagadas, que podría hacer disminuir la aparición de episodios de violencia entre ex cónyuges, y a la determinación del cauce procesal adecuado para procurar eficacia en nuestro ordenamiento a las sentencias dictadas por el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Atendiendo ahora a la materia de administración económica, hay que tener presente que ninguna esfera administrativa puede sustraerse a las repercusiones económicas de la actividad cuya competencia tiene atribuida. Pero de lo que se trata en
esta área, por lo que concierne al informe, es de la tutela específica, que también ha de ejercer la institución, en cuanto se refiere directamente a la gestión económica directa llevada a cabo por las administraciones públicas y que, de algún modo,
podría vulnerar los derechos y libertades incluidos en el Título Primero de la Constitución. Entre los aspectos más destacables de la gestión durante el 2001, han de subrayarse los referidos al Régimen Especial de las Illes Balears, sobre el que me
permitirán SS. SS. alguna reflexión previa. Como consecuencia lógica de que la situación geográfica insular condiciona la vida, la convivencia y, por ende, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, el ordenamiento jurídico
vigente establece, para el caso de las Illes Balears, una serie de medidas configuradoras de un régimen especial; medidas que afectan, entre otras materias, al transporte, las comunicaciones, las infraestructuras, la educación, la sanidad, los
recursos hídricos y energéticos, la producción económica y el medio ambiente, que pretenden compensar de algún modo el incremento de coste correspondiente a la actividad en esos sectores, incremento de coste que puede resultar gravoso para
determinados extremos relacionados con la aplicación y el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales. En este sentido, como consecuencia de una queja planteada durante el ejercicio 2001, desde el Defensor del Pueblo se solicitó
información a los diferentes departamentos ministeriales responsables de la adopción de las citadas medidas. De acuerdo con los datos suministrados, parece que, salvo en lo concerniente a las becas que concede el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, no se han emprendido acciones concretas en aplicación del ordenamiento mencionado, aparte de las realizadas como parte de políticas globales que afectan a todas las comunidades autónomas, lo que ha motivado la petición de nuevos informes a
los departamentos afectados.
Otros asuntos también atendidos en este ámbito fueron los relacionados con las comunicaciones en general. Por ejemplo, la utilización de Internet y el progresivo deterioro de los servicios de Correos y Telégrafos, manifestado en el
incremento de las reclamaciones por la ausencia de reparto a domicilio en determinadas zonas, especialmente las situadas en medio rural y en las nuevas urbanizaciones. También significativo, en este mismo sector de la administración económica, es
el problema planteado por la exclusión de la masonería de entre las entidades beneficiarias de la restitución de bienes y derechos incautados por aplicación de la legislación sobre responsabilidades políticas. En ese sentido, se recomendó al
Ministerio de Hacienda la adopción de medidas normativas oportunas que permitan la devolución del patrimonio incautado tras la Guerra Civil a los componentes de la Gran Logia.
Dentro del muy numeroso conjunto de problemas que pueden considerarse comprendidos en el área de ordenación territorial, pueden anotarse: los que se derivan del objetivo constitucional de hacer efectivo el derecho a una vivienda digna; los
que tienen que ver con las denominadas declaraciones de impacto ambiental; la insuficiente actuación pública, así como la escasa colaboración ciudadana, en el control de los vertidos de todo tipo, y la falta de actuación normativa en lo que se
refiere a contaminación acústica. Permitan que les ofrezca algunos detalles complementarios.
El plan de viviendas establecido para el período 1998-2001 no ha conseguido poner en el mercado viviendas protegidas en la cantidad prevista. Según los datos disponibles y las indagaciones efectuadas por la institución, se ha producido un
descenso en los volúmenes de construcción de este tipo de viviendas y, al contrario, un incremento de promociones de viviendas libres, con un incremento desorbitado de los precios. Los mecanismos de intervención en el mercado no han funcionado
adecuadamente y, por otra parte, la oferta de viviendas en alquiler continúa siendo insuficiente.
Por cuanto respecta al medio ambiente, se sigue poniendo de manifiesto la dificultad de adoptar medidas correctoras en los denominados proyectos de evaluación del impacto ambiental debido a la complicación que presentan las operaciones de
verificación y control.
Como consecuencia de la actividad realizada, se ha podido comprobar que los criterios de concesión de autorizaciones y el control correspondiente de los vertidos en aguas continentales por parte de las confederaciones hidrográficas han sido
poco satisfactorios en el ejercicio 2001. En cuanto a los residuos urbanos, a pesar de los avances producidos en los procesos de recepción, tratamiento y reciclaje, se sigue tropezando
con la oposición vecinal en la ubicación de plantas de tratamiento, así como con la falta de inversión necesaria y el incumplimiento de las obligaciones legales de quienes producen residuos.
Por último, en cuanto a contaminación acústica, se reclamó la urgente adopción de medidas legislativas eficaces. Así, en lo relativo a: concentraciones humanas en zonas de ocio, etiquetadas en los medios de difusión como fenómeno del
botellón; las relaciones vecinales conflictivas, el tráfico rodado, o la multiplicación de obras públicas.
Quizá sea el de sanidad y política social el sector que suscita una inquietud más vigorosa y cercana a las preocupaciones ciudadanas. Tal y como se indicaba en una recomendación dirigida al Ministerio de Sanidad y Consumo, es urgente que se
adopten las medidas pertinentes para hacer realidad, tras un largo periodo de vigencia de la Ley General de Sanidad, el derecho a la asistencia sanitaria como derecho público subjetivo, personal y no contributivo. Entre los demás aspectos concretos
que fueron objeto de la gestión durante 2001, señalaré unos cuantos. En primer término, la investigación sobre listas de espera, indicador especialmente significativo de la calidad del sistema sanitario. En el año 2001, se comprobó, por un lado,
la efectiva demora en diversos centros, respecto de la cual las autoridades sanitarias competentes han comunicado las oportunas medidas para reducirla. Por otro lado, se puso en marcha un estudio de carácter general con objeto de conseguir una
valoración real y directa del alcance de tales listas dentro del Sistema Nacional de Salud.
Especial mención merecen en este punto las listas de espera para inseminación artificial y fecundación in vitro, especialidades para las que faltan centros
en algunas comunidades autónomas.
Los problemas suscitados por la atención especializada tienen que ver básicamente con la asignación de recursos, por ejemplo, en el caso de falta de unidades específicas de anorexia y bulimia; con la evidente escasez de centros de día, así
como con el desequilibrio territorial entre comunidades. Particularmente graves en este apartado, y así se hizo notar oportunamente, son las insuficiencias en materia de salud mental: carencia en espacios básicos y de orientación comunitaria, en
redes de cuidados intermedios, en acciones de apoyo familiar y en planes específicos de detección precoz y establecimiento de unidades infanto-juveniles.
Debido al eco de ciertas noticias sobre el particular, se suscitó el interés público por la situación y el control de las clínicas de cirugía estética en general. Tras cambiar impresiones con destacados miembros de la Sociedad Española de
Cirugía Plástica y Reparadora, con el objeto de garantizar una mínima calidad en la atención, se sugirió a las autoridades competentes el establecimiento del oportuno marco legal y el desarrollo de programas de inspección de centros de tratamiento.
Otras actuaciones de la institución originadas por las quejas recibidas en materia de sanidad se centraron en los problemas planteados en el ámbito del derecho a la intimidad de los pacientes, por lo que se ha conseguido que debido a una
recomendación del Defensor del Pueblo la información relacionada con las historias clínicas se facilite de forma codificada, y también que se dote al Centro de Especialidades del Insalud de un archivo centralizado de historias clínicas, y se
recomendó igualmente la elaboración de una norma reguladora del acceso de los familiares a la historia de los pacientes fallecidos. Además, se ha promovido la emisión de una segunda opinión clínica y la elaboración de un marco legal y de
coordinación para las denominadas medicinas alternativas. Asimismo, se aceptó por parte del Insalud la sugerencia de revisar las restricciones de dispensación de agujas y jeringas para los casos de diabetes.
En lo que concierne a política social, cabe destacarse la actuación respecto de grupos especialmente vulnerables: de los menores, y en particular las situaciones de maltrato infantil en el ámbito familiar y el control en los procesos de
adopción; de las personas con discapacidad, respecto de las cuales se ha manifestado la inquietud en torno a la posible exclusión de prestaciones y servicios por la aplicación de nuevos criterios de valoración o de revisión de situaciones, sobre
todo en el caso de los trasplantados y de los afectados por VIH, y acerca de las dificultades residenciales para quienes tienen discapacidad psíquica; y de los ancianos, respecto de los que se ha registrado nuevamente la escasa oferta de servicios
socio-sanitarios y la deficiente coordinación.
Precisamente en relación con los problemas de las personas ancianas, derivados de la gran prevalencia de enfermedades degenerativas, de las discriminaciones negativas en la admisión en centros y de la
situación de las residencias privadas, entre otras causas, se habían realizado estudios y recomendaciones desde la institución.
Las materias laboral y de Seguridad Social, también asignadas a esta área, presentan varios núcleos de actividad destacable por parte de la institución: así, la salud laboral, con los problemas de la elevada siniestralidad, para lo que se
precisan planes de acción y de coordinación; la regulación de las condiciones de contratación de los teletrabajadores en el marco europeo; la aplicación adecuada de los coeficientes reductores para el cálculo de la pensión de jubilación en los
casos de jubilación anticipada, y las deficiencias en la tramitación o la gestión.
El sector inmigración y asuntos exteriores viene adquiriendo en los últimos ejercicios una importancia y una complejidad crecientes, tanto por la llegada masiva de inmigrantes como por la aparición de normativa reguladora específica. Debe
destacarse, pues, en el panorama de la gestión durante el año 2001, por un lado, la labor de estudio y los trabajos preparatorios de
la resolución por la que se acordaba no interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de 22 de diciembre de 2000, de modificación de la Ley Orgánica de 11 de enero del mismo año, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. Por otro lado, de modo complementario, merece asimismo ponerse de relieve la serie de recomendaciones dirigidas a colaborar en el desarrollo reglamentario de la ley, las cuales, en su mayor parte,
fueron aceptadas públicamente por el Ministerio del Interior.
La resolución sobre no interposición de recursos se fundamentó básicamente en dos argumentos decisivos, tras estudiar con exquisito cuidado los diferentes aspectos que podrían determinar el oportuno juicio y teniendo en cuenta los criterios
técnico-jurídicos que vienen siendo habituales en el proceder de la institución. Por eso, además de los informes altamente especializados de tipo interno y externo sobre la conveniencia o no de ejercer la legitimación que le es propia, el Defensor
adoptó la resolución definitiva tras una larga y meditada reflexión y de acuerdo con la Junta de Coordinación y Régimen Interior.
Esos dos argumentos básicos a los que me refería se resumen en que, por una parte, el Defensor hace uso de su legitimación tan sólo cuando comprueba que la norma controvertida no admite interpretación conforme con el texto constitucional; y
desde otra perspectiva, con objeto de preservar su independencia y no aparecer confundida en su posición con la de otras fuerzas u órganos políticos, la institución sigue tradicionalmente el criterio de inhibirse cuando otros órganos o grupos
legitimados para ello anuncian su intención de utilizar el recurso.
Precisamente en este caso, tras una concienzuda labor de análisis y de consulta, se llegó a la conclusión de que ambos criterios aconsejaban la no interposición, lo cual se explica
en los fundamentos de la resolución adoptada que se transcriben con gran detalle en el apartado correspondiente del informe.
Por lo que respecta a las recomendaciones, que también obedecen a una larga tradición, en cuanto se refiere a solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad, se formulan en este caso para contribuir a un adecuado desarrollo
reglamentario de la norma. Con tal propósito, el Defensor recomendó: para luchar contra la contratación ilegal, que se llevara a efecto el control de los flujos inmigratorios desarrollando una política de control efectivo del mercado laboral,
reforzando los instrumentos de inspección para evitar situaciones de ilegalidad y haciendo una serie de consideraciones específicas respecto de distintos sectores productivos y de la confección anual del contingente; para mejorar la estructura y la
eficacia administrativas, que se establecieran oficinas únicas de extranjeros como órganos de gestión de carácter interministerial y que se agilizaran los trámites en las actuaciones competencia de la Administración exterior del Estado; para
facilitar la integración social, que se mejoraran las políticas educativas y sociales, evitando la concentración de escolares extranjeros en determinados centros, aumentando los recursos docentes y dotando a la red básica de servicios sociales de
servicios específicos para inmigrantes; para estimular la participación social en lo concerniente a las políticas migratorias, facilitando la labor de asociaciones, sindicatos y entidades pertenecientes a la sociedad civil; para cooperar con los
países de origen en el diseño y desarrollo de políticas racionales de emigración e inmigración; para evitar la marginación singular de los menores en situación de desamparo, procurando su reagrupamiento familiar, ejerciendo oportunamente la tutela,
resolviendo los problemas de la repatriación, mejorando las instalaciones de acogida y facilitando el tránsito a la mayoría de edad y la adquisición de la nacionalidad española; y finalmente, para garantizar la observancia de los derechos humanos
en los casos de expulsión o rechazo, extremando la aplicación adecuada de procedimientos objetivamente regulados y la asistencia letrada, procurando unos centros de acogida con unas condiciones mínimas de habitabilidad o reconociendo la asistencia
médica gratuita a personas que se encuentran de forma irregular en territorio español.
Como se ha puesto ya de manifiesto, la práctica totalidad de estas recomendaciones fue aceptada, de modo explícito, por el propio Ministerio del Interior, quedando patente a estos efectos la cooperación y los esfuerzos desplegados por el
Defensor del Pueblo. En relación con este asunto, es propósito irrenunciable de la institución el de permanecer vigilantes ante la posibilidad de aparición de actitudes xenófobas, manifestaciones en comportamientos tales como la dificultad para
alquilar viviendas, episodios de discriminación laboral, abusos del derecho de admisión en locales públicos, así como el de prestar, por otro lado, la atención más cuidadosa posible a emigrantes y ciudadanos españoles en el extranjero.
El último ámbito del que me propongo dar cuenta, último por conservar el orden funcional que se viene aplicando en la institución, pero no porque figure en último lugar en cuanto a importancia, sino todo lo contrario, es el que corresponde
al área de Educación y Cultura.
El marco de actividades de este sector se encuentra, como en los demás casos, influido de manera acusada por las circunstancias generales que afectan a la convivencia y que han sido suficientemente aludidas a lo largo del informe 2001 del
Defensor del Pueblo. La educación y la cultura vienen a recoger, como último punto focal, las inquietudes más conscientes de una sociedad, aunque a menudo se manifiesten como dificultades de orden económico o presupuestario.
Los aspectos más relevantes determinados por las quejas ciudadanas o porque se estimaron merecedores de un tratamiento específico por parte de la institución han sido, durante el ejercicio al que se refiere el informe,
los siguientes: en primer lugar, la insuficiencia de plazas escolares en el primer ciclo de educación infantil, muy relacionada, a su vez, con las dificultades que se le presentan a la Administración educativa para la construcción de
centros por carencia de suelo disponible, singularmente en determinadas localidades donde esa carencia es más notable. En segundo término aparece la escolarización de los hijos de inmigrantes, que ha dado origen a una investigación específica por
parte del Defensor del Pueblo para tratar de conocer su situación educativa. El estudio emprendido, de ámbito nacional, se propone analizar cuantitativa y cualitativamente las condiciones de escolarización y, en su caso, proponer las medidas
correctoras necesarias. Su finalización y presentación ante las Cortes Generales están previstas para finales de este mismo año 2002. En tercer lugar, sobre los conciertos educativos, se está llevando a cabo otro estudio con el doble objetivo de
comprobar la suficiencia de los módulos económicos correspondientes y el grado de cumplimiento del servicio educativo atendido mediante conciertos. La investigación ofrece resultados poco satisfactorios debido al limitado interés mostrado por las
autoridades educativas en razón de las consecuencias presupuestarias que sus conclusiones pueden tener. En todo caso, debe quedar claro que cuestionar la suficiencia de los módulos no debería afectar al principio de gratuidad de las enseñanzas
concertadas utilizando recurso de acudir a financiación adicional impropia, como puede ser la derivada de cuotas o donaciones supuestamente voluntarias; antes al contrario, debería abordarse con todas sus consecuencias el problema de la
financiación, afrontando las cuestiones de fondo sin propiciar prácticas que, en último término, resultarían contrarias a la igualdad de oportunidades. Alguna relación con este mismo asunto presenta la gratuidad de las enseñanzas complementarias,
sobre las cuales urge realizar campañas informativas y aclaratorias del sentido de tales enseñanzas; asimismo es preciso que culminen a la mayor brevedad los trabajos técnicos que se están realizando por encargo de la Comisión Sectorial de
Educación acerca de los módulos económicos aplicables a los centros.
Finalmente, por lo que respecta a las enseñanzas universitarias, aparte de las repercusiones registradas con motivo de la reciente Ley Orgánica de Universidades (LOU), importa promover los instrumentos legales necesarios para que su
desarrollo normativo y reglamentario sea el más conveniente.
Desde la experiencia de la institución, hay ciertos aspectos que, entre otros, merecen ser atendidos. Por ejemplo, los que se refieren al acceso a la universidad, al precio de los
servicios universitarios, a los deberes y derechos de los estudiantes, a las becas de movilidad y a la agilización de trámites en los procesos de homologación.
Deseo terminar poniendo de manifiesto que, tras el debido análisis de cada caso, se decidió asimismo no hacer uso de la legitimación para interponer recurso alguno de inconstitucionalidad, aun habiendo sido solicitada, en relación con: la
Ley Foral de Navarra, de atención farmacéutica; la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 y la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social; la Ley de medidas tributarias y administrativas, y la disposición
adicional decimonovena de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón; La Ley de la Asamblea de Madrid de medidas fiscales y administrativas; la Ley de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan las uniones de hecho, y la Ley
de las Cortes de Castilla y León, de Cajas de Ahorro.
Se recibieron asimismo, durante 2001, cuatro solicitudes de interposición de recurso de amparo constitucional, del tipo de los previstos en el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, contra situaciones de vulneración de un
derecho fundamental derivadas de forma inmediata y directa de un acto u omisión de un órgano judicial. En todas ellas se adoptó el acuerdo, oída la Junta de Coordinación y Régimen Interior, de no acceder a la pretensión de amparo por estimar que no
resultaba viable.
De todo lo anterior, señorías, y de otras actuaciones, pueden encontrar amplia explicación y numerosos datos en el volumen del informe que tienen a su disposición. Espero que toda esta información permita un debate fructífero que continúe
estimulando nuestro ilusionado trabajo por hacer efectiva la protección de los derechos constitucionales otorgados a los ciudadanos españoles.
Gracias por su atención. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez.
El señor NUÑEZ CASTAIN: El señor Defensor del Pueblo ha comenzado su intervención saludando la normalidad. No coincido con él en la normalidad del día porque el día no es nada normal: estamos en huelga general.
Tampoco coincido con él en
la normalidad del contenido del informe, porque es una sucesión de actos contra los derechos constitucionales, cuando no de tropelías. Quizás tenga que coincidir con él en su despedida, lo único normal es la desatención de esta Cámara ante el
largo, tedioso y aburrido discurso del informe del Defensor del Pueblo.
Señorías, yo no tengo más que animar a la institución y a su persona a continuar en la defensa de los derechos constitucionales. Además, quiero decir que nunca corren buenos tiempos para los desfavorecidos, para los marginados, para los
desheredados. El Defensor del Pueblo acoge las quejas de los ciudadanos que estamos dentro del sistema, de los que sabemos dónde escribir, dónde recurrir y qué decir. Por tanto, le animo
a un mayor esfuerzo hacia aquellos ciudadanos que ni siquiera son capaces de conocer las claves de cómo se entra a petición de defensa al sistema, por tanto, un mayor esfuerzo de oficio para la defensa de los que ni siquiera son capaces de
solicitarla, los marginados, los desfavorecidos, en definitiva, aquellos sectores incapaces de utilizar los mecanismos del sistema en su autodefensa. Tenemos que insistir en todos esos sectores de los que algo se ha dicho en el discurso: mujeres
maltratadas, niños, inmigrantes -hoy estamos con problemas de subsidio agrario-, personas y sectores de difícil inclusión dentro del campo entre los jornaleros, mujeres con determinadas edades de difícil inclusión. En definitiva, señoría, una mayor
atención de esta Cámara y de esa institución hacia los impotentes, los desfavorecidos y los marginados y una menor inercia administrativa, tediosa y aburrida, en estos informes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, como portavoz de Coalición Canaria quiero hacer la siguiente evaluación del informe que nos acaba de presentar el presidente de la institución del Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica.
Como bien ha señalado,
vemos que se mantiene una estructura tradicional de arquitectura expositiva del informe, pero dentro de esa estructura tradicional se va notando ya que el espíritu, la ideología, la tendencia, distintas sensibilidades sobre de materias como la
sanidad, la inmigración, la educación, derechos fundamentales del título I de la Constitución española impregnan el nuevo equipo de la institución del Defensor del Pueblo. Incluso al desaparecer alguna sección tradicional, como estudios sectoriales
de determinados problemas, esto se está sustituyendo de manera positiva por lo que el propio señor Múgica ha destacado, la clasificación de las quejas, por empezar por el primer punto fundamental en esta estructura expositiva, clásica ya en los
informes del Defensor del Pueblo, pero que vienen a significarse con algo nuevo.
Una cosa que llama la atención es la disminución de quejas. A la vista del informe, lo atribuimos a la sustantiva y sensible disminución de las quejas colectivas porque las individuales no han disminuido, incluso se mantienen en un nivel de
receptividad y de respuesta positiva de la ciudadanía española. Las quejas colectivas descienden de las 26.000 que tuvimos el año pasado a las 13.000 de este momento, influenciadas fundamentalmente por el descenso de 16.000 quejas colectivas en el
año 2000 a cerca de 4.000, en números redondos, en este año 2001, al que se refiere el informe.
Coincido plenamente con el Defensor del Pueblo en su valoración sobre las quejas de oficio, pero al mismo tiempo quiero estimularle en la tendencia. Como bien se señala en el informe, las quejas de oficio, por su naturaleza, por su
contenido y por su alcance, significan un punto sensible de valoración de la gestión de la institución del Defensor del Pueblo, y esto quiero destacarlo aquí. Son 179 quejas de oficio. ¿Qué demuestran estas quejas de oficio? En primer lugar, que
hay un criterio interno en la institución del Defensor del Pueblo, del que participo y me congratulo, una sensibilidad ante lo que llega del clamor de la calle.
Estamos en una sociedad mediática que traslada la información política a la sociología
de quien quiera conocer el pulso de lo que preocupa al ciudadano, como pueden ser los malos tratos a mujeres, el tratamiento de los presos en las prisiones españolas, los derechos que están fundamentados en la Constitución, como educación, sanidad.
A mi juicio, estas 179 quejas de oficio valoran fundamentalmente qué nivel de gestión se está haciendo en la entidad, qué autoestima tiene la propia entidad para responder al mandato constitucional, cuál es la orientación selectiva que se deriva del
criterio interno del Defensor del Pueblo y sus adjuntos a la hora de decidir qué temas deben preocupar más, que si no hay una denuncia individual o colectiva de los ciudadanos sepa, con su propia sensibilidad, transformarlo en una queja de oficio
ante las administraciones públicas como un radar que detecta ese problema en la sociedad. Esto demuestra también que la institución del Defensor del Pueblo no solamente tiene esa sensibilidad, sino que la plasma en una preocupación formal y
fundamental de oficio para decir a determinadas administraciones públicas: Oiga lo que le traslado para que se corrija.
Es esa demanda social, canalizada muchas veces por los medios de información pública y social que no tiene otra llegada,
incluso ni en iniciativas parlamentarias.
Creemos que el Parlamento debe tomar buena nota de esta sensibilidad de las quejas de oficio para que las distintas iniciativas parlamentarias, surgidas bien del seno del partido mayoritario del Gobierno, bien de la propia Administración,
bien de los grupos parlamentarios de apoyo o de oposición al Gobierno, sean presentadas en esa misma sintonía. Por una sencilla razón, porque la institución del Defensor del Pueblo es nuestro órgano comisionado para estos temas, y eso no excluye
que la propia Cámara recoja como iniciativas parlamentarias sustantivas medidas, quejas y denuncias que dan un diagnóstico exacto, cuyo tratamiento corresponde a la Administración gubernamental o al Parlamento con sus leyes -esto es muy importante-
para dar ese respaldo a las materias que se reflejan en las respuestas y en las quejas de oficio, que esa sintonía nos llegue también a nosotros y ayudemos a nuestro propio comisionado que es el Defensor del Pueblo. No podemos apoyar una línea
solamente doctrinal de la sensibilidad de las quejas de oficio, que están reflejando
el pulso y un talante en la institución, pero al mismo tiempo un diagnóstico de una patología social que existe con determinados problemas.
Cuando vemos cómo están agrupadas esas quejas de oficio, vemos el número que se han dirigido a las distintas comunidades autónomas en el sentido de si se están respetando los derechos a las indemnizaciones estatales a los presos, si en los
colegios concertados se está cumpliendo, comunidad autónoma por comunidad autónoma, lo que obliga la ley respecto de los conciertos, si se garantiza la gratuidad de la enseñanza. En lo que se refiere a la integración de los extranjeros, es
fundamental el acceso a la escolarización de los estudiantes extranjeros o inmigrantes porque, si hay una capacidad de integración de los alumnos inmigrantes a través de la escuela, no se producirá el problema que estamos teniendo actualmente de la
falta de integración de toda esa familia de inmigrantes. Si tenemos que educar a alguien en nuestros valores constitucionales, educativos, formativos, los valores del país que recibe y que trata de legalizar la situación de esos inmigrantes, el
factor más sensible es el chico o la chica que tiene que acceder al colegio. Este informe tiene ese valor.
Una vez dicho esto, pues he querido situar en el corazón de mi intervención lo que se deduce de estos valores que reflejan las quejas de oficio, paso muy rápidamente, señora presidenta, a hacer unos comentarios.
La supervisión de la actividad de las administraciones públicas nos viene a demostrar que la sensibilidad sigue estando fundamentada en la demanda de derechos, tanto objetivos como subjetivos con nuestra Constitución y nuestras leyes en la
mano, como son la sanidad, la educación, y comportamientos de la Administración frente a los ciudadanos.
Quiero destacar para ir terminando, señora presidenta, que el capítulo de relaciones institucionales -y con una buena situación de planteamiento- obliga a la institución del Defensor del Pueblo a cumplir un deber constitucional que a veces
se olvida porque en ocasiones no tenemos en cuenta que, en el mapa de las comunidades autónomas de España, existen aquellas que tienen figura de comisionado de sus parlamentos autonómicos y otras que no la tienen, y la institución del Defensor del
Pueblo a nivel estatal tiene que tener una especie de postura -como interpretamos por nuestra propia cultura jurídica, por ejemplo, con el Tribunal Supremo- que es, digamos, la unidad de doctrina: hace falta una unidad de criterio. Se refleja en
este informe del Defensor del Pueblo lo ocurrido en el Senado en noviembre del año 2001 en la reunión de coordinación entre la institución del Defensor del Pueblo estatal y los distintos comisionados, defensores del pueblo con sus respectivos
nombres peculiares de cada comunidad autónoma, entre las que figura la Comunidad Autónoma de Canarias también, por supuesto, y a la que quería referirme.
En ella, se establecieron seis principios de comportamiento fundamental, una toma de
conciencia de valores en esta unidad de doctrina que vengo denominando; todos los comisionados de los distintos parlamentos, el estatal y los autonómicos que los tienen, deben funcionar sincrónicamente, es decir, en la misma sintonía e
identificación de planteamientos, de resolución de esos planteamientos y de principios.
De aquí que sea muy importante -y vuelvo un momento para atrás- la identificación con la sensibilidad que recogen las quejas de oficio, porque habría que analizar también, en cada comunidad autónoma que tenga un comisionado, qué grado de
utilización están haciendo del principio de legitimidad y de autoridad que tienen para, a través de las quejas de oficio en sus respectivas comunidades autónomas, sintonizar con los criterios que están emanando en estos momentos y que se reflejan
claramente en el dictamen y el informe del Defensor del Pueblo.
No me queda nada más -para terminar, señora presidenta- que, entrando en lo que son las conclusiones finales del informe, referirme a las cuestiones de fondo, que vienen a demostrar cuáles son los verdaderos valores que hay en esta sintonía
en el pueblo español de lo que le demanda a la Administración. Si estas denuncias se perfeccionan, nuestra sociedad será más pacífica, menos crispada, más armónica, más democrática incluso, en una palabra más constitucional en la identificación.
Por tanto, mis últimas palabras son para agradecer a la institución del Defensor del Pueblo -personificada en su titular el señor Múgica y en los dos adjuntos que le acompañan, como todo el equipo de la institución del Defensor del Pueblo- estos
magníficos trabajos que nos viene ofertando, para los cuales mi grupo le dará su valoración positiva y su apoyo, porque se lo merecen laboral, personal, democrática y constitucionalmente. En una palabra, que sirva de ánimo y de estímulo porque
están en la senda que entiende este diputado que les señala su legislación fundamental.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Defensor del Pueblo, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Vasco en relación con el informe del Defensor del Pueblo. Este año se ha adelantado la fecha en relación con el pasado, lo cual agradecemos porque
permite hablar con una mayor cercanía de los tiempos que son objeto del contenido del informe.
Quisiera, en primer lugar, hacer referencia a los apartados 2 y 3, relativos a las estadísticas sobre las quejas recibidas y su estado de tramitación y a las administraciones que han incumplido la obligación de colaborar con el Defensor del
Pueblo. Por lo que se
refiere a la evolución numérica de las quejas recibidas en la institución, quisiéramos comentar la extraordinaria importancia que han adquirido las relacionadas con el personal al servicio de las administraciones públicas y las vinculadas a
la inmigración.
A nadie puede sorprender que la preocupación social por la situación de los extranjeros se haya incrementado, porque todos somos conscientes de que la inmigración constituye un fenómeno social de relevancia creciente y la labor del Defensor
debe estar vinculada a las quejas o a las reclamaciones que desde estos ámbitos se le hacen relacionadas con la tutela y garantía de los derechos fundamentales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) Lo que ya no
resulta tan fácil de explicar es el extraordinario volumen que han adquirido las quejas relacionadas con el personal al servicio de las administraciones públicas; tal es su importancia numérica que ocupan el primer lugar entre las quejas
individuales presentadas en el año 2001 y nada menos que el tercero entre las quejas de carácter colectivo. Un número tan elevado de quejas denota la existencia de graves problemas de gestión de los recursos humanos en las administraciones
públicas; problemas de gestión que, al margen de otras consideraciones, traen en parte causa de la inexistencia de una norma básica, fija y estable que regule la materia. Todos conocemos cuál es el juego del artículo 103.3 de la Constitución, que
encomienda al legislador la aprobación del estatuto de los funcionarios públicos y que, según el artículo 149.1.18 del mismo texto legal, este legislador debe ser el estatal en todo lo que se refiere a la fijación de las bases del régimen
estatutario. Sin embargo, gran parte de las bases dictadas en esta materia por el Estado hasta la fecha son de carácter transitorio, han experimentado numerosas modificaciones en los últimos dieciocho años. Falta este estatuto básico de la función
pública que defina, con vocación de permanencia y estabilidad, el marco genérico en el que se desarrolla la gestión de los recursos humanos de las administraciones públicas.
El informe da cuenta, en el folio de 282, de la intención del Gobierno de traer en la presente legislatura un proyecto de ley reguladora de este estatuto. Nos parece curioso que, en su comunicación al Defensor del Pueblo, el Ministerio de
Administraciones Públicas haya justificado su retraso en la presentación del correspondiente proyecto con el siguiente argumento. Dada la importancia del mismo -dice el ministro de Administraciones Públicas- se está recabando el respaldo de los
partidos políticos, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los interlocutores sociales, cuando es de común conocimiento, señorías, que la iniciativa gubernamental en esta materia está totalmente paralizada.
Por lo que se refiere a las administraciones entorpecedoras, observamos que continúa -y es digno de alabanza- en su empeño, anunciado en el informe pasado, de señalar expresamente aquéllas que se resisten a colaborar con la institución, con
la intención de emprender, en su caso, las acciones que puedan proceder contra las mismas. En cuanto perteneciente a una Cámara que controla al Gobierno, nos ha resultado particularmente sorprendente que entre las administraciones más incumplidoras
se encuentren la Secretaría de Estado de Infraestructuras y la Dirección General de Carreteras, que ofrecen una conducta sólo comparable, por ejemplo, a la del Ayuntamiento de Marbella. No sabemos -quizá sería hacer un chiste fácil- si las
relaciones o la vinculación con el hormigón y el asfalto es algo que hermana en cuanto a los incumplimientos respecto de las recomendaciones que les haga el Defensor del Pueblo, pero parece evidente que estamos ante una conducta que necesita ser
corregida.
Entrando ya en los contenidos materiales del informe, observamos una vez más que se describe un estado deplorable en el funcionamiento de la Administración de justicia, donde se constatan numerosos y frecuentes casos de dilaciones, retrasos
y demoras en la prestación del servicio público judicial. En el caso de la Sala primera del Tribunal Supremo, nada menos, incluso se habla en el informe de una clara vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Es una situación
que se viene repitiendo en los informes de los últimos años sin que parezca que las medidas arbitradas hasta ahora hayan hecho gran cosa para paliarla.
Nuestra confianza en el Pacto de Estado para la reforma de la justicia -es conocido en esta
sala- resulta al respecto sólo relativa.
Coincidimos en las consideraciones que formula, en la página 80 del informe, en torno al derecho del menor a ser internado en el centro más cercano a su domicilio y le apremiamos a que continúe impulsando este criterio en los supuestos en
los que se produzca la vulneración de este derecho.
Por otro lado, vemos que también se hace eco de las consideraciones que se le manifestaban el año pasado relacionadas con dotar a la Ley orgánica 5/2000, de responsabilidad penal del menor, de un desarrollo reglamentario que detalle con
precisión los aspectos vinculados a los derechos de los internos, sin perjuicio de las competencias organizativas y resocializadoras que corresponden a las comunidades autónomas. Nos parece que la delimitación competencial que se sugiere en el
informe es razonable y se puede asumir.
También, como en el año precedente, nos vemos precisados a hacer referencia a las infructuosas gestiones practicadas por la Administración general del Estado en relación con la creación de un fondo de garantía de alimentos para los casos de
impago de pensiones entre cónyuges separados o divorciados.
Nos parece inasumible el peregrinaje al que han sometido a la institución los diferentes ministerios a los que se ha dirigido y nos parecen también perfectamente inasumibles las razones que, desde el grupo mayoritario
y desde la Administración general del Estado, se dan en relación con la resolución de este problema, cuando es sabido que hay formas de articularlo, de tal manera que las administraciones sólo practicarían el adelanto de las cantidades,
pudiendo perfectamente resarcirse con el cobro correspondiente.
Apoyamos también al Defensor del Pueblo en su pretensión de prever medidas legislativas para que puedan hacerse efectivas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que recaigan a favor de ciudadanos españoles, haciendo posible
así que sus derechos e intereses puedan verse satisfechos. Tampoco en este caso vemos razonables las contestaciones que ha recibido desde los distintos ministerios a los que se ha dirigido pidiendo explicaciones en los casos de incumplimiento.
Asimismo, compartimos su inquietud por las lagunas que aún se constatan en el proceso de devolución del patrimonio incautado en aplicación de las normas de responsabilidad política. El informe cita el caso de la masonería, que ha quedado
excluida del ámbito de aplicación de las leyes dictadas en la materia, pero aún no puede olvidarse el modo cicatero de comportarse la Administración general del Estado en relación con la devolución del patrimonio a organizaciones que sí están
incluidas en su ámbito de aplicación, como los partidos políticos. Con esta actitud reticente y obstaculizadora, el Estado contribuye a perpetuar la grave injusticia que en su día se cometió con las organizaciones que fueron privadas de sus bienes
y derechos, poniendo trabas a la definitiva superación de los agravios cometidos en la Guerra Civil.
Igualmente, expresamos nuestro pesar por la negativa del Gobierno a revisar la llamada legislación de amnistía. El Defensor del Pueblo ya expresó su opinión en el informe del año pasado y, durante el período de sesiones que concluye, todos
los grupos de la Cámara, a excepción del Popular, hemos presentado una proposición no de ley con el propósito de revisar todas las prestaciones que en el momento actual se vienen otorgando en este ámbito, a fin de mejorar su dotación hasta situarlas
en una cuantía digna y establecer en su caso las nuevas prestaciones que resulten necesarias para dar respuesta a las situaciones que no cuentan con cobertura alguna. La negativa del Grupo Popular, que enlaza directamente con la oposición del
Gobierno a las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo en esta materia, constituye a nuestro juicio una grave irresponsabilidad y una tremenda injusticia histórica para con quienes portaron generosamente el testigo de la libertad,
poniendo en juego su vida y su hacienda.
Apreciamos el seguimiento que desde la institución del Defensor del Pueblo se ha hecho en relación con la cobertura que determinadas comunidades autónomas han dado a las indemnizaciones de quienes padecieron cárcel durante la Guerra Civil,
pero nos parece que no debe complacerse con que se haya actuado de esta forma por las comunidades autónomas. La asistencia social no es título competencial adecuado para estos casos.
¿Alguien cree de verdad que es de justicia indemnizar -bajo el
mando de la asistencia social, repito- a quienes padecieron cárcel durante el franquismo por el solo hecho de defender la libertad y la democracia? Nosotros creemos que no y por ello no dejaremos de apoyar todas las iniciativas que planteen la
necesidad de revisar el pírrico sistema de prestaciones instituidas en el ámbito de la legislación de amnistía.
En fin, quisiera hacer una referencia al apartado relacionado con la extranjería y la inmigración, al que se han referido abundantemente quienes me han precedido, en nombre de los grupos parlamentarios, en el uso de la palabra. Basta una
superficial lectura de los informes de los últimos años para observar que este fenómeno está adquiriendo una relevancia creciente en nuestra sociedad. Es un fenómeno social de primer orden que muy probablemente contribuirá a alterar muchos de
nuestros hábitos de convivencia y gran parte de nuestros referentes cotidianos.
Compartimos plenamente la preocupación que expresa el Defensor del Pueblo por la existencia de brotes de racismo y de xenofobia, cuya generalización podría suponer una
grave alteración del orden público y la paz social, como ha ocurrido ya en alguna localidad que cuenta con un elevado índice de inmigrantes.
Evidentemente, estamos de acuerdo también con el llamamiento que hace en su informe a extremar la prudencia a la hora de realizar manifestaciones que den lugar a la identificación de los inmigrantes con los ámbitos delictivos. Alguien tan
autorizado para hablar con conocimiento de causa en esta materia como fuera el ex ministro Pimentel afirmaba ya hace un año que el Gobierno ha alentado el racismo, añadiendo que frases como que la inmigración será el problema de la España del siglo
XXI, dichas para justificar un cambio en la ley, lo que ha provocado ha sido sentimientos de prevención contra este fenómeno en la población. En sólo un año ha pasado de no ser un problema a convertirse en un problema, si no en el problema.
Creemos que no debe dejar de valorarse la labor que viene desarrollando la institución en relación con la salvaguarda de los derechos y libertades de los inmigrantes. La amplia batería de recomendaciones que ha dirigido a los distintos ministerios,
tanto al de Asuntos Exteriores como al de Interior, dan cuenta de que el Defensor del Pueblo no ha desatendido este fenómeno.
No me extenderé en casos concretos -constan en la memoria-, pero sí quiero hacer una alusión a la conducta del Defensor del Pueblo en relación con esta materia que, tal como ha quedado plasmada en el informe y tal como él mismo justificó, es
la que hace referencia a la no interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2000. Nos dijo entonces, y lo repite ahora en el informe, que la decisión se apoyó en el criterio de los servicios jurídicos de la oficina del
Defensor del Pueblo y en el de cuatro catedráticos de Derecho Constitucional. Con respecto a los informes de estos últimos, que según usted coincidían en dictaminar a favor de la constitucionalidad de la ley, no vamos a entrar en la
desagradable polémica, suscitada por el testimonio de otro catedrático y difundida -creemos- en todos los medios de comunicación, de si fueron o no encargados con la expresa condición de que los informes fueran favorables. Tampoco vamos a criticar
el hecho de que al menos uno de los catedráticos ocupara un alto cargo en el Gobierno del Partido Popular entre 1996 y 2000, lo que quizá le inhabilitaría para emitir con imparcialidad un informe jurídico sobre un tema controvertido y preparado por
quienes, hasta hace muy poco tiempo, habían sido sus compañeros de ideología y de programa gubernamental. Tan sólo voy a expresarle la mala impresión que produce al observador desapasionado el hecho de que la encomienda se haya realizado por un
colectivo de cuatro profesores tan poco plural desde el punto de vista académico y de tan poca tradición en el estudio científico de los derechos fundamentales. Si lo que de verdad se quería era recabar un juicio plural y contrastado en el mundo
académico respecto de esta ley, debiera haberse enriquecido el panorama con catedráticos de derecho administrativo y quizás alguno de derecho internacional. Aun en el supuesto de considerar que la única disciplina jurídica relevante en este caso es
el derecho constitucional, el colectivo elegido podría haber sido más plural y más heterogéneo desde el punto de vista de lo que se da en llamar en el mundo universitario el mundo de las escuelas, porque no me negará que hay entornos académicos,
como el de Barcelona o el de Sevilla, por poner tan sólo unos ejemplos muy sólidos desde el punto de vista científico, que podían haber sido consultados y podían haber contribuido a enriquecer el juicio de la institución sobre la constitucionalidad
o no de la ley. Admitimos que la cuestión a debate es controvertida, pero no nos diga que no es extraño el hecho de que -¡oh casualidad!- todos los informes recabados de estos profesionales de la docencia desde su institución tengan el mismo
contenido y la misma conclusión, cuando instituciones tan prestigiosas como Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Colegio de Abogados de Barcelona, Comisión Española de Ayuda al Refugiado o el Consejo Consultivo de la Generalitat
habían elaborado dictámenes que llegaban a las conclusiones contrarias. También nos dice que se basaba en el criterio de no ejercitar la legitimación, que constitucionalmente tiene encomendada, cuando ya lo han hecho otras personas, ya que el
Defensor del Pueblo se atribuye a sí mismo el hecho de ser el único que recurra ante determinadas cuestiones. Es perfectamente cuestionable este criterio de no recurrir cuando ya lo han hecho otras instituciones, pero desde luego no es cierto que
esta sea la práctica habitual de la institución. Existen precedentes, muy fáciles de buscar, en los que el Defensor del Pueblo ha recurrido en compañía de otros y en ocasiones no ha sido siquiera el primero en apuntarse al recurso. Por ejemplo,
citaré el recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley orgánica 5/1992, de tratamiento automatizado de datos de carácter personal, en el que recurre junto con la Generalitat, con el Parlamento de Cataluña y con 50 diputados del Grupo Parlamentario
Popular. Lo mismo ocurre cuando se recurre el artículo 10 de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 16/1997, de Función Pública, que fue interpuesto por 79 senadores del Grupo Parlamentario Socialista, el presidente del Gobierno y el
Defensor del Pueblo. Lo mismo ocurre con la Ley de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, sobre Fondo de Solidaridad Municipal, recurrida por 50 diputados del Grupo Popular acompañados por el Defensor del Pueblo. Con esto se podrá comprobar que
nuestro juicio respecto a la no presentación del recurso, teniendo en cuenta el carácter preferente que a esta institución le otorga el artículo 54 de la Constitución al atribuirle legitimación para recurrir las cuestiones que afectan a derecho y
deberes fundamentales de los ciudadanos, es la parte más negativa -repito- de la actuación de la institución del Defensor del Pueblo durante el tiempo al que se refiere la memoria.
No me voy a extender más sobre este particular entendiendo que el tiempo se me acaba, pero sí quería hacer referencia a si la previsión sobre la posibilidad de que unos recursos prosperen o no nunca es definitiva e incontestable. Creemos
que el Defensor del Pueblo está obligado a desempeñar sus funciones y ejercer sus atribuciones a la luz de la máxima defensa de los derechos y deberes fundamentales. Ante la duda, debe recurrir. Por todo ello, señor Defensor del Pueblo, le
insistimos en que consideramos que debió haber recurrido esta ley.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, intervenimos nuevamente para fijar posición sobre el informe del Defensor del Pueblo, después de haberlo hecho ya en la Comisión mixta el pasado lunes. Tal y como indicamos en aquella Comisión, ya le agradecí al señor Defensor del
Pueblo que en este año entráramos en una normalidad de funcionamiento recibiendo el informe en este primer período de sesiones.
Era absolutamente necesario presentar el informe en este primer período, y afortunadamente así ha sido, aunque no con la
extensión de tiempo suficiente como para poder estudiar y dilucidar sobre el mismo como hubiéramos deseado, puesto que se presenta prácticamente en la última semana y además forzando extremadamente
los plazos de análisis y de ejecución del informe por parte de los grupos parlamentarios.
De entrada, se mejora el trámite de redacción del informe y su presentación en el tiempo. Pero tendríamos que conseguir que su presentación fuera, si es posible, en el mes de mayo, para presentarlo en el Pleno antes de cerrar el período de
sesiones. Supongo que convendrá conmigo el señor Defensor del Pueblo que su primer informe lo realizó ante esta Cámara para un ejercicio en el que ni él ni algunos de los parlamentarios intervinientes teníamos responsabilidades legislativas con
respecto al ejercicio de gobierno que se estaba debatiendo. Por ello le invito a tomar las previsiones correspondientes para iniciar con su gestión la buena práctica de acercar el informe lo más posible al ejercicio de referencia, con el fin de que
los temas que han sido defendidos u objeto de queja por parte de los ciudadanos tengan más actualidad. Podrá convenir también que la discusión de un tema del mes de enero del año anterior realizada a finales del año siguiente pierde estas
características de oportunidad y actualidad, y los conciudadanos pueden sacar como conclusión de este análisis poca oportunidad o poca eficiencia de las instituciones.
Hechas estas consideraciones, debo decirle que el informe que nos presenta tiene un contenido informativo más completo, la estructura de los capítulos es más coherente y los análisis parciales muestran una mayor especialización y esmero. Se
ve además una participación muy efectiva de sus adjuntos, que desgranan con rigor y con profundidad los temas que han estudiado. En la parte inicial de las estadísticas de servicio, se lo dije el año pasado y le repito este año, falta un diseño del
análisis de los datos, aunque aparece ya una presentación más detallada de las tendencias y evoluciones anuales. En el informe de 2000 la nota relevante era un aumento muy importante, con más de 13.000 quejas, que ya nos ha recordado que
correspondían a tres asuntos solamente, y este año hemos vuelto a unas cifras normales de una evolución más o menos creciente con relación a los ejercicios anteriores. Ello quiere decir que hay un análisis poco detallado en el ejercicio anterior.
La existencia de una queja con más de 2.000 ó 3.000 firmas para un tema puntual de un colectivo no hace sino remarcar la existencia de un problema importante que afectaba a una colectividad importante, no un tema de gran trabajo para el
departamento. Este año nos habla de un gran nivel de resolución cuando en realidad se resuelven en una sola gestión las 3.000 quejas. Por tanto, en ambos casos la estadística nos altera los valores conceptuales de quienes tenemos que realizar un
análisis de su gestión.
Le sugerí en Comisión, y lo reitero ante el Pleno, la necesidad de realizar un estudio o un plan de análisis estadístico que nos permita evaluar la incidencia de la institución del Defensor del Pueblo ante la sociedad, estableciendo las
ratios necesarias de evaluación como, por ejemplo, las quejas por mil habitantes, la proporción de quejas remitidas a los comisionados autonómicos con relación al total de las quejas, la incidencia en el Gobierno central, en las comunidades
autónomas, etcétera. Para este diputado no es respuesta que el Defensor diga que la Comunidad Autónoma de Madrid le remite muchísimas quejas, porque existe un efecto de proximidad y de centralidad del Gobierno, existe la carencia de un comisionado
autonómico y hay una gran densidad de población. Pero, ¿cuántas son las quejas remitidas por mil habitantes? ¿Hay quejas presentadas a través de colectivos con sede central en Madrid? Estas serían evaluaciones importantes para que el informe
reflejara en sus justos términos la acción del Defensor del Pueblo, su territorialidad y su sensibilidad con respecto a la población. En este sentido también me parecen correctas las actuaciones del Defensor del Pueblo para promover quejas de
oficio. Es realmente importante el aumento de las que se producen, lo cual revela, como han dicho otros intervinientes, una sensibilidad con los problemas sociales que recibe para su valoración.
Entramos en la dinámica de la valoración acumulativa de la gestión. De las 179 quejas, hay grupos de 21, de 10, de siete referentes al mismo tema y presentadas por ciudadanos diferentes. Esto tiene que evaluarse no como queja colectiva,
pero sí como una queja acumulativa que se produce en un mismo sentido. Recuerdo por ejemplo las quejas de 21 ciudadanos colombianos en el aeropuerto de Barajas, que parecían una acumulación en tres meses de un mismo tema de inmigración. Se produce
una queja sobre la inserción escolar en diversas comunidades autónomas, que parece una investigación, a todas luces necesaria, de un solo problema que se reproduce en más autonomías, cuando es más ilustrativa una resolución que establezca
valoraciones comparadas del problema. De no hacerlo así, podemos encontrarnos con que en un próximo informe haya que dar explicaciones sobre por qué se reducen las quejas de oficio. ¿No sería necesario hacer una recomendación al Gobierno o
proceder a una investigación más exhaustiva de la repetición de las situaciones objeto de la queja? (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La evaluación de las necesidades de su institución pasa por el análisis técnico de las estadísticas y de la coordinación con los comisionados autonómicos. Reitero que el contenido del informe ha mejorado de forma satisfactoria y,
paralelamente, su redacción está mejor estructurada, pero la coordinación con los comisionados autonómicos tiene que establecer que el servicio de defensa del ciudadano tiene en su globalidad una atención dividida territorialmente entre todas las
comunidades autónomas.
Respecto al análisis del régimen penitenciario, nos parecen muy positivas las recomendaciones propuestas sobre la conveniencia de reformar la legislación penal en lo concerniente a la acumulación de penas, revisando la autorización de
permisos y un nuevo control de la
libertad condicional que promueva la reinserción, en tanto en cuanto las consideraciones previas han sido objeto de la misma aceptación por el Sindic de Greuges de Cataluña.
Uno de los grandes temas del informe, que es objeto de un análisis especial, es la inmigración. No entramos en la consideración definitiva sobre la presentación o no del recurso de inconstitucionalidad. En principio pensamos que era
oportuno no presentar este recurso, en cuanto era una ley que había sido tratada en estas Cortes Generales, por lo que aún difiriendo distintos colectivos de la necesidad del amparo y defensa de sus derechos, entendimos que el Defensor tenía que
estar a favor de una aprobación que se produjo en estas cámaras.
Han sido muy oportunas las visitas realizadas por la adjunta al Defensor del Pueblo a los distintos centros de internamiento y a las diferentes escuelas y centros, verificando en general las particularidades y la falta de medios y ofreciendo
unas recomendaciones al respecto. Debemos abrir una vía -y esto no corresponde a este diputado, pero sí corresponde al centro- para insistir en el futuro en el tema de la inmigración, dotándole posiblemente de algún informe especial como aquellos a
los que esta institución nos tenía acostumbrados y que la mejora del informe no ha permitido hacer por el momento. Esperamos que en un breve futuro este tema sea objeto de algún informe especial. El tema de la inmigración no está zanjado, requiere
cada vez más de una atención social, el cumplimiento de la ley y que no prevalezca la acción represiva. Por tanto, las recomendaciones tienen que ir en el sentido de prevalecer el cuerpo legal. Repetimos hoy, al igual que hicimos en la Comisión,
la necesidad de no cerrar los ojos ante una realidad evidente y considerar a efectos administrativos que personas que se encuentran sin papeles no existen en nuestro país. Pero están, existen en realidad y no se hace nada para repatriarlos ni para
integrarlos, y ello abre puertas a la marginalidad, la ilegalidad, la explotación y, posiblemente, a brotes de racismo y xenofobia. Por estas razones, entendemos que este tema necesita la continuidad, el seguimiento y, en definitiva, la defensa de
estos colectivos especiales.
Respecto al plan de viviendas estamos de acuerdo en la desviación que han tenido los resultados en relación a las pretensiones iniciales del plan.
La evolución de los precios de venta ha sido superior a las previsiones que había hecho el
plan, y no ha sido por incrementos de costes sino por falta de planificación a nivel de suelo o de determinadas actuaciones.
Entendemos que su análisis valora las diferencias que aparecen entre los incrementos de estos precios, que no guardan
ninguna relación con los incrementos de costes y que desvirtúan los objetivos de ayuda social del programa.
También quiero destacar la incompatibilidad manifiesta que se produce cuando es necesaria la actuación de una administración autonómica a favor de otra. Muchas de nuestras autonomías han establecido programas de pensiones para ciudadanos
que sufrieron prisión durante la guerra civil española. Muchos documentos que les afectan están ubicados en archivos situados en otras provincias y no se ha previsto mejorar el servicio para atender a estas necesidades, máxime cuando los
beneficiarios tienen una edad límite y la demora en documentarse les hace perder los beneficios legales a los que pueden tener derecho. Desde Cataluña en los últimos dos años hemos detectado este problema, que creemos afecta a una parte importante
de nuestros ciudadanos, y entendemos que debe proveerse al menos un servicio especial para proteger los derechos que cubren las leyes autonómicas.
También quiero destacar como positiva -y recordarla en esta intervención de nuestro grupo- la colaboración entre el Sindic de Greuges, el Colegio General de la Abogacía Española y el Defensor del Pueblo en los Balcanes.
Este es un
experimento positivo que este año ha vuelto a poner de manifiesto que la coordinación entre instituciones mejora enormemente la imagen de las mismas a la hora de proyectar una sensibilidad a favor de los ciudadanos a los que se intenta servir.
Servicio que, como principio, debemos cumplir los que hemos manifestado nuestra voluntad de servir a la ciudadanía, como usted, señor Defensor del Pueblo, su institución y esta Cámara, cuyo principal referente debe ser la garantía de los derechos de
los que intentamos servir.
Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señorías, señor Múgica, la inmensa mayoría del pueblo español está hoy ejerciendo un legítimo y democrático derecho a la huelga general contra una medida que les recorta sus derechos sociales. (Aplausos.)
Quiero transmitir a los españoles nuestra comprensión, nuestra proximidad y nuestro apoyo. Y quiero además comprometer con ellos, ante una medida injusta, el que en el momento en que nos concedan su confianza repondremos esos derechos.
(Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Señorías, he escuchado esta mañana al portavoz del Gobierno decir que en España no había huelga. Le pido decencia democrática (Rumores.-Varios señores diputados: Pío, Pío.-Aplausos.). Le pido sencillamente que deje su coche oficial y vaya
a la Puerta del Sol, a Atocha, a la Gran Vía, para explicar a los españoles lo que está ocurriendo de verdad, que la huelga general constituye un notable éxito. (Aplausos.)
Su informe, señor Múgica, describe con claridad serios problemas que aún hay en la sociedad española. Su informe, señor Defensor del Pueblo, establece la preocupación que tenemos todos los españoles sobre
los intolerables niveles de precariedad en nuestro mercado laboral, sobre el abuso de la contratación temporal, sobre la siniestralidad laboral (Aplausos.), sobre el deterioro de los servicios públicos, sobre la dificultad que tienen tantos
españoles en acceder a una vivienda digna, y alerta sobre la expansión de ese círculo infernal de la insolidaridad y de la exclusión social. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Señor Defensor del Pueblo, el Gobierno debería aplicarse a corregir esos serios problemas. En lugar de ello, ¿qué hace? Los aumenta, adopta una decisión que supone recortes en los derechos sociales de los españoles y que va a aumentar ese
círculo infernal de la insolidaridad y de la exclusión social. Sí, señorías, eso va a ocurrir. (Aplausos.)
Señorías, el próximo informe del Defensor del Pueblo, si está a la altura de la respuesta social que hoy están dando los españoles, el próximo año se poblará de quejas legítimas y de quejas justificadas por parte de los españoles. Porque,
señor Defensor del Pueblo, los españoles quieren trabajar y no admiten esa insidiosa propaganda del Gobierno del señor Aznar afirmando que quien no tiene empleo es porque no quiere.
(Aplausos.) Porque, señor Defensor del Pueblo, los españoles no
practican el fraude, y lo demuestran los propios datos oficiales. Los españoles que tienen el infortunio de perder su empleo, no desean estar en esa situación y no practican fraude alguno. Así lo demuestran los propios datos del INEM. Hechas las
inspecciones oportunas, sólo el 1,5 por ciento de ellas demuestran que hay fraude en la prestación por desempleo; sin embargo, de cada dos inspecciones que realiza el INEM en relación con el abuso o el uso de figuras como la contratación temporal,
una, el 50 por ciento, es fraudulenta. Pero ese fraude no lo persigue el Gobierno del PP, ese fraude lo consiente (Rumores.), y los españoles saben perfectamente que donde está el fraude, como siempre, es entre los poderosos, protegido por un
Gobierno que sólo está con los poderosos.
(Aplausos.)
El informe del próximo ejercicio que aquí podamos debatir vendrá lleno de legítimas quejas de los españoles, señor Defensor del Pueblo, de los jóvenes (Rumores.), que verán cómo su acceso al mercado laboral será cada vez más difícil y en
peores condiciones. (Varios señores diputados: Al tema, al tema.) Sí, señorías, que verán cómo su situación será la siguiente: con estas medidas injustas, innecesarias y regresivas, los jóvenes sabrán que en España serán contratados como quiera
el empresario y serán despedidos cuando quiera el empresario. Así será. (Aplausos.) Porque han de saber ustedes que, como dice el informe del Defensor del Pueblo, nuestro mercado laboral tiene altas dosis de precariedad, que aumentarán, están
aumentando ya, con esta decisión. De cada 100 contratos que hoy se suscriben, 90, señorías, son temporales, pero es que ahora incluso los contratos indefinidos que no superen un año se ven privados de toda protección. El ministro de Trabajo se
permitió ayer afirmar aquí -espero también de su dignidad una rectificación- por la tarde, en la sesión de control del Parlamento, que no desaparecían los salarios de tramitación. Lo dijo en la tribuna. (Varios señores diputados: Sí, sí.) Lo dijo
ayer, emulando a su compañero, Pío Cabanillas... (Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara) (Fuertes Aplausos.-Protestas.); emulándolo, sí. Se poblarán...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Caldera, por favor.
Señorías, guarden silencio.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Se poblarán... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Caldera, por favor. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor Caldera, esta presidencia no tiene por costumbre, ni lo va a hacer hoy, llamar al orden a las intervenciones con respecto a su contenido (Protestas.-Un señor diputado: Es un abuso.-Rumores.) Decía, señor Caldera, que esta presidencia
no tiene por costumbre en aras de la libertad de expresión de la Cámara... (Rumores.) En aras de la libertad de expresión de la Cámara, de la que espero que SS. SS. permitan hacer uso a la presidencia, decía, señor Caldera, que esta presidencia
no tiene por costumbre llamar a la cuestión en las intervenciones de SS. SS., al objeto, tal y como prevé el Reglamento, de que puedan expresarse con libertad. No voy a hacer una llamada a la cuestión a S.S. en este momento, aunque en opinión de
la presidencia el contenido de su intervención no se ajusta al punto del orden del día que estamos debatiendo (Protestas.-Rumores.-Aplausos.), pero sí, señor Caldera, en aras a lo transcrito en el 'Diario de Sesiones', le ruego que retire la
expresión...(Palabras retiradas del 'Diario de Sesiones' de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara) (Rumores.) Ruego que mantengo y, como S.S. conoce bien, la presidencia está autorizada, si usted no lo retira, a indicar que
no figure en el 'Diario de Sesiones' y será lo que mantenga.
Muchas gracias, señor Caldera, puede continuar. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Acato su autoridad, pero desde luego hablo de lo que quieren que hable los españoles hoy. (Aplausos.) Y no voy a retirar ninguna de mis expresiones porque el señor Cabanillas ha mentido (Aplausos.) y porque el señor ministro de Trabajo, lo
que es impropio de él, ayer faltó a la verdad.
¿No desaparecen en este decreto los salarios de tramitación, señorías? (Varios señores diputados: ¡Sí!) ¿Alguien en España lo pone en duda? El señor ministro de Trabajo dijo que no. A tal extremo
llega la necesidad de manipular la realidad para que parezca distinta, pero no lo es. Este decreto estimula el despido libre y, señor Defensor del Pueblo, el próximo año su informe vendrá también poblado de quejas de aquellas personas
mayores de 52 años que tengan el infortunio de perder su empleo, porque a estas personas, seres humanos con dificultades para el reciclaje profesional, con dificultades para la reinserción en el mercado laboral, se les priva de un legítimo derecho
que garantice una vida digna. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Decía ayer el ministro de Trabajo que la política de prejubilaciones había sido pactada por los sindicatos. Sí, pero hoy se alteran los términos del pacto limitando, eliminando el subsidio de desempleo a aquellos trabajadores mayores de 52
años que, habiendo recibido una pequeña indemnización, superior a 700.000 pesetas, ya no van a poder hacerlo compatible con el subsidio. (Aplausos.) Señorías, esto no es sólo una injusticia (Aplausos.), esto, señor Defensor del Pueblo, es una
crueldad.
(Varios señores diputados: ¡No!.-Otros señores diputados: ¡Sí!) Es una crueldad. (Aplausos.)
Yo conozco centenares de trabajadores en mi municipio que perdieron su empleo en el sector textil, que accedieron a un plan de prejubilaciones financiado con la generosidad del Ministerio de Trabajo, eso sí, en el año 1994; hoy esos planes
de prejubilaciones serían imposibles, y hoy esas 400 personas que disfrutan de una mínima protección que les garantiza, fíjese usted, unas rentas mensuales de 90.000 pesetas, perderían el 70 por ciento de esas rentas. (El señor Cámara
Rodríguez-Valenzuela: Mentira.-Fuertes protestas.) No es una injusticia, es una crueldad. (Aplausos.) Y vendrá su informe lleno de quejas. ¿Sabe por qué? Porque hay centenares de miles de familias españolas que tienen que dedicarse a una
actividad económica, como es la agricultura, que no pueden completar su actividad a lo largo del año, y a todos ellos dentro de unos años se les expulsa del sistema de protección.
Les pondré un ejemplo. Sólo por razones de equilibrio territorial, sólo por razones de respeto a la idiosincrasia y a la personalidad de nuestro medio rural, sólo por razones de desarrollo rural, deberían ustedes entender que el que percibe
el subsidio agrario no comete fraude, hace un favor, presta una ayuda al desarrollo rural. (Aplausos.-Protestas.)
Hay regiones en España -la mía, Castilla y León- donde hay zonas calificadas como desfavorecidas y de alta montaña. ¿Saben ustedes cómo garantizamos el ejercicio de esa actividad económica, cómo luchamos contra la despoblación, cómo
garantizamos la dignidad de esos agricultores y ganaderos? Con subvenciones anuales superiores a las que cobra quien percibe el subsidio agrario. (Aplausos.) Y son justas (Aplausos.), les subvencionamos para que el desarrollo de su actividad
económica sea posible, para que haya justicia social.
(Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Por eso, no nos explicamos esta medida que supone la desaparición del subsidio agrario; no nos lo explicamos ni por razones económicas ni por razones sociales ni por razones de desarrollo rural. ¿Saben
ustedes cuál es la única razón para acabar con el subsidio agrario, para acabar con el PER? (Protestas.) La represalia a regiones y a comunidades que no votan mayoritariamente al Partido Popular. (Aplausos.) La represalia, no hay otra; la
represalia. (Fuertes protestas.-Fuertes rumores.)
El informe, señor Defensor del Pueblo, también se llenará...
(Protestas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: ... con aquéllos que han visto expropiado su derecho; con aquéllos que, de acuerdo con los principios rectores de la política social y económica que recoge la Constitución española, han contribuido a un
sistema del que hoy se les expropia sin indemnización alguna. (Protestas.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Hoy perdemos nuestros derechos. Por eso, por todo eso, habiendo once formaciones políticas en esta Cámara, ninguna, salvo el Partido Popular, ha apoyado estas medidas. Por eso se han quedado ustedes solos
y por eso desarrollan (Protestas.-Aplausos.) una política de coacción que es impropia de un Gobierno democrático, enviando circulares intimidatorias a las empresas españolas para saber quién participa en un derecho constitucional como es el de
huelga, a la que todos tenemos derecho. Por eso ustedes han dado instrucciones a responsables del Gobierno, como el director provincial del INEM de Salamanca, para que afirme que participar en la huelga es un delito, y si no ha sido cesado, es
porque ustedes piensan igual que él. (Aplausos.) Y por eso, porque adoptan actitudes de coacción, un ministro de nuestro Gobierno, el Gobierno de los españoles, se permitió acusar a los sindicatos, indirectamente pero acusarles, de un sabotaje.
Esas no son actitudes democráticas, no son actitudes propias de un Gobierno democrático, y pido al Gobierno que rectifique, que está a tiempo para ello -acabo, señorías-, que no confunda... (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Que no confunda el interés de España con su interés, con el interés del Gobierno, que recuerde aquel espléndido pasaje democrático que protagonizó el primer ministro británico Winston Churchill en el año
1942 cuando, ante
la huelga de los mineros británicos, alguien le pidió la militarización de la actividad porque estaban en guerra con Alemania, y él contestó que no podía hacerlo porque luchaban contra la tiranía de Hitler, entre otras cosas, para que los
mineros británicos pudieran hacer huelga. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? ¡Qué diferencia entre unos y otros! ¡Qué distancia! (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, le ruego concluya.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo, señora presidenta, haciendo una petición al señor Defensor del Pueblo. (Rumores.) Yo le rogaría que al acabar esta sesión acudiera a la sede de la Unión General de Trabajadores, que está en la
Avenida de América, donde se ha producido un hecho rechazable, donde esta mañana las instrucciones del Ministerio del Interior han provocado una reacción violenta contra quienes ejercitaban un legítimo derecho a la huelga general. (Varios señores
diputados del Grupo Popular: Falso, falso.-Protestas.) Eso es defender al pueblo, porque el pueblo... (Protestas.-Un señor diputado: Mentira. Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. Señor González, guarde silencio.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Eso significaría la defensa de esos derechos de los ciudadanos españoles. Aún están ustedes a tiempo para retirar el decretazo. La solución, derogación, porque atenta contra los derechos de los españoles.
(Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado. (Varios diputados del Partido Socialista exhiben carteles que dicen: Huelga General.)
Señorías, ruego retiren los carteles de los escaños. Saben que es práctica de la Cámara que no haya carteles. Señoría, ruego retire el cartel.
(Rumores.-Protestas.) Muchas gracias.
Señor Delgado. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio. (El señor Isasi Gómez, pronuncia palabras que no se perciben)
Señor Isasi, guarde silencio. (Rumores.-Protestas.)
Un momento, señor Delgado, hasta que el nivel de silencio de la Cámara permita iniciar su intervención. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, señor Defensor del Pueblo, don Enrique Múgica, bienvenido a esta Cámara.
Se trata en la sesión de hoy de escuchar primero su informe, el informe de una altísima institución constitucional del Estado español, de un comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución, de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y para hacer a continuación una valoración. Se inscribe este informe en una normalidad que atraviesa nuestro país, una normalidad de respeto a los derechos y a las
libertades que la mayoría de los españoles y, desde luego, nuestro grupo parlamentario tienen a gala respetar siempre. (Rumores.-Aplausos.) Ha sido, por tanto, un hecho lamentable y una intervención francamente patética (Un señor diputado: La de
Pío Cabanillas.-Aplausos.-Rumores.-Protestas) la que hemos tenido ocasión de sufrir en la mañana de hoy, porque realmente sólo se explica este conjunto de descalificaciones, esta demagogia profusa, esta confusión constante entremezclada con insultos
por el fracaso estrepitoso de la huelga que ustedes auspiciaban (Aplausos.-Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), porque las españolas y los españoles han ejercido sus derechos constitucionales. (Un señor
diputado: Mentira.) Aquellos que han querido acudir a sus centros de trabajo en la mañana de hoy lo han intentado y muchos lo han conseguido y otros muchos que no han querido acudir al centro de trabajo, haciendo también uso de un derecho
constitucional, lo han podido ejecutar asimismo. Esto es lo que a ustedes les duele, que el balance final sea de una abrumadora mayoría de españolas y españoles que han acudido al trabajo. (Aplausos.-Protestas.-Varios diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)
No ofende quien quiere sino quien puede, pero es justo salir aquí a decir en nombre de mi grupo parlamentario que no se pueden tolerar los insultos que se han vertido aquí sobre nuestro Gobierno y sus dignísimos ministros; no se pueden
verter descalificaciones, como se ha hecho ahora mismo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que se ha acusado (Aplausos.-Protestas.) directamente de impedir el ejercicio de derechos constitucionales, y es por ello muy lamentable y
muy triste, repito, tener que escuchar estas descalificaciones que, desde luego, dejan a su grupo parlamentario y a su opción política a años luz de poder alcanzar la confianza de los españoles. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Delgado.
Señorías, aquellos de ustedes que deseen interrumpir la sesión desahogando el exceso de sus energías con
cánticos les ruego que lo hagan fuera del hemiciclo. Respeten las formas del debate. (Rumores.)
Adelante, señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Pues bien, señorías, desde el acompañamiento de la inmensa mayoría de los españoles que tiene el Grupo Parlamentario Popular, vamos a seguir trabajando en todos los ámbitos de nuestra acción de Gobierno para impulsar
el mayor progreso y bienestar de los españoles; para seguir proporcionando oportunidades de trabajo a todos aquellos que no las tienen; para que aquellos que tienen protecciones de desempleo las vean mejoradas todavía más (Rumores.); y, en
definitiva, para hacer algo que ustedes nunca consiguieron, que es tener a la mayoría de la población española atendida y protegida. (Protestas.-Aplausos.)
Señorías, me centraré en el objetivo final de este trámite, que es dar cuenta y hacer una valoración del informe del señor Múgica. Ha sido un informe realmente interesante, un informe complejo que ha entrado a desgranar perfectamente todos
los temas que preocupan a la sociedad española. Nos decía usted en su informe, señor Múgica, que el número de quejas había experimentado un ligero descenso en relación con el año precedente, y es cierto que esto ha sucedido, pero tal circunstancia
no obedece en modo alguno ni a que los españoles hayan tenido menos interés por poner en conocimiento del Defensor sus inquietudes ni tampoco a una falta de actividad o de conocimiento de la institución; más bien ha tenido por causa la disminución
de las quejas colectivas, que realmente habían sido muy elevadas en el ejercicio 2000.
Una vez más constatamos que el canal de recepción mayoritario ha sido el de las quejas a través de la vía directa y un número creciente a través de los comisionados autonómicos, lo que evidencia que son ya unas instituciones más conocidas
por todos los españoles. Un buen barómetro de que la institución ha funcionado bien en el pasado ejercicio ha sido la elevación sustancial de las quejas de oficio. Pasar a 179 quejas de oficio implica que el Defensor ha estado cercano y atento a
las preocupaciones de los españoles. También tiene que valorar el Grupo Parlamentario Popular de un modo muy satisfactorio que el Defensor haya tramitado con prontitud la mayoría de las quejas, pues estamos en el 83 por ciento, que es un alto
porcentaje.
Respecto al nivel de cumplimiento y seguimiento de los trámites administrativos por el Defensor y el nivel de acogimiento de las Administraciones públicas a sus recomendaciones, hay que tener en cuenta que un 73 por ciento de actuación
correcta de las Administraciones, como ha calificado el Defensor, es un alto porcentaje que también nos debe llamar a la satisfacción. Al igual que el hecho de que las recomendaciones y sugerencias, que han crecido en número, hayan sido aceptadas,
en el caso de las primeras en un 63,39 por ciento y en el caso de las segundas, en un 52,80 por ciento. Buenos porcentajes que revelan el acierto en el contenido de las recomendaciones y sugerencias y también la buena disposición de las
administraciones a seguirlas.
Por lo que se refiere a aquellas administraciones a las que se alude en el informe como entorpecedoras o que no han atendido en tiempo y forma los requerimientos de la institución, hay que reconocer que es bueno que con carácter general se
hagan estas menciones. El Defensor nos dice que en términos razonables las administraciones han cooperado con el Defensor, pero desde luego compartimos que es deseable una mayor agilidad en la remisión de los informes configuradores de la
indagación del Defensor del Pueblo.
Por lo que respecta a las áreas de actividad del informe, hay, como todos los años, unas referencias a la Administración de justicia, que suscita un importante número de reclamaciones por parte de los ciudadanos. Se ha constatado la
existencia de dilaciones en determinados órganos judiciales, pero también se pone de manifiesto muy claramente en el informe que se han dispuesto mecanismos y medios para que estas deficiencias se solucionen, lo que creo que va a tener una
materialización rápida con la puesta en marcha de muchas de las medidas del pacto de Estado por la justicia.
En cuanto a los presos españoles en el extranjero, me parece muy oportuno que se hayan visitado cárceles en el exterior, que las 1.200 personas españolas que están cumpliendo condena en cárceles extranjeras tengan un hueco en el informe y
que se agilicen - y en ese sentido apoyaremos estas recomendaciones- los convenios con aquellos países que posibiliten el cumplimiento de estas condenas en el territorio español.
En materia de inmigración y asuntos exteriores, que sin duda ha sido un área que ha despertado una gran inquietud y un gran interés, teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 8/2000 entró en vigor el 23 de diciembre de ese año, ha sido el 2001
el año de aplicación fundamental de esta norma así como de su desarrollo reglamentario. Por eso hubo muchas quejas y reclamaciones, y tenemos que decir muy claramente -y nuestro grupo parlamentario lo reitera hoy aquí- que hemos considerado muy
acertada la decisión del Defensor de no interponer recurso de inconstitucionalidad, porque hizo lo que una institución seria como la del Defensor debe efectuar, que es requerir informes jurídicos solventes acerca de la procedencia o no, y cuatro
dictámenes de catedráticos de derecho constitucional dijeron que la ley estaba ajustada íntegramente a la Constitución. Por ello, la postura de decidir inhibirse de ejercitar cualquier acción de inconstitucionalidad, máxime cuando en este caso
había otros sujetos legitimados que ya habían manifestado su intención de recurrir, ha sido una decisión acertada. Pero el Defensor del Pueblo no se quedó simplemente ahí, sino que formuló trece interesantísimas recomendaciones para el desarrollo y
aplicación de esta ley, que fueron públicamente aceptadas por el Ministerio del Interior y que han servido para
que se modificaran y adoptaran criterios más flexibles para la legalización de inmigrantes en situación irregular, para adoptar medidas que impidan la explotación laboral, para adoptar medidas que eviten la descoordinación administrativa
respetando las garantías otorgadas y para que se mejoren las condiciones de internamiento de los inmigrantes ilegales. Otras recomendaciones sirvieron para que la Administración pusiera en marcha y acelerase la construcción de centros de estancia
temporal de inmigrantes y para que adecuara los ya existentes. En definitiva, para que prestara una mayor atención, si cabe, a una importante problemática que hace muy bien el Defensor del Pueblo en recordarnos, como hace también muy bien en
sugerir que estemos atentos a cualquier actitud de xenofobia o de racismo que pudiera surgir en nuestra sociedad.
Especialmente valorable también es el hecho de que se haya citado en este informe la problemática de los menores que pasan del país vecino de Marruecos y que se encuentran en una situación de desamparo en algunas ciudades. Nos insta a que
tengamos en cuenta su problemática y que, aplicando, lógicamente, la legalidad vigente, tengamos en cuenta criterios objetivos individualizados por encima de criterios de carácter general.
En lo que se refiere a otras áreas de importancia -y es poco el tiempo del que dispongo-, en materia de sanidad, que es cierto que ocupará siempre un lugar preeminente en la preocupación de los españoles, son muy buenas las reflexiones en
orden a que todos los sistemas de salud de España sigan actuando para superar los problemas que pueda haber con las listas de espera en determinados servicios, así como para mejorar la atención especializada en determinadas áreas. Valoramos también
la referencia que se hace a cuestiones como la sanidad psiquiátrica o la dispensación de determinados productos farmacéuticos excluidos de la financiación pública, y que ha servido a algunos para que recomendaciones como la que se refería al Insalud
para que revisase las restricciones de dispensaciones y jeringas para diabéticos, pudieran ser solucionadas.
Cómo no ocuparnos, aunque sólo sea un minuto, de las referencias que hace a las prisiones, que suelen ser un buen reflejo de la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. Nos apunta una situación de nuestras cárceles en general
satisfactoria, pero también apunta la existencia de problemas que es bueno solucionar; (Rumores.) problemas como son los de las drogas en las prisiones, instándonos a que esmeremos los programas libres de drogas, que ya son doce en las prisiones
españolas, y que estemos vigilantes ante todas estas cuestiones, así como que intensifiquemos la sanidad desde el punto de vista psiquiátrico, las prestaciones de este tipo en el ámbito penitenciario, y que sigamos en la línea de preocuparnos por lo
que pueden suponer los fallecimientos en prisiones, de los que, afortunadamente, en este informe se constata una notable reducción. Son muy pertinentes también las recomendaciones en orden al trabajo penitenciario, pues es un derecho constitucional
tener un trabajo remunerado en las prisiones, poniéndose de manifiesto en el informe que se ha triplicado en los últimos cinco años el número de puestos de trabajo remunerados.
En lo que se refiere a la cuestión del medio ambiente, el informe del Defensor del Pueblo, como otros años, se viene centrando cada vez más en esta importante área de la Administración que tanto interesa a los españoles. Efectivamente, hace
referencia a cuestiones de ámbito ambiental, a declaraciones de impacto y a la necesidad de una mayor concienciación de las administraciones, pero también de los ciudadanos, en orden a compaginar ambos derechos. Y, cómo no, también ha sido sensible
a la problemática de las concentraciones humanas en zonas de ocio y copas, la problemática del botellón. Instaba en su informe a que las administraciones legislaran sobre esta materia, y es lo cierto que ya se ha dado respuesta en este ejercicio a
este problema con normas que han sido aprobadas en esta Cámara.
Finalmente, me referiré a los menores. Apunta el Defensor que le preocupa el hecho del maltrato infantil en el ámbito familiar porque constata que en el pasado año hubo 19 niños que perdieron la vida a manos de sus parientes, lo cual es
alarmante y desde luego debe llamarnos a la reflexión y a que actuemos en la medida de nuestras posibilidades.
Termino, señora presidenta, no sin antes decir que el Grupo Parlamentario Popular valora el trabajo de la institución del Defensor del Pueblo, de sus adjuntos y de todo el personal de la institución, que es una institución central de la
democracia española, y que estamos realmente satisfechos del nivel de trabajo y de cumplimiento de su alta obligación.
Nada más, señora presidenta, muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
DICTÁMENES DE COMISIÓN SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROPOSICIÓN DE LEY BÁSICA REGULADORA DE LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE Y DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. (Número de expediente 124/000002.)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen de la Comisión sobre la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.
Puesto que han sido retiradas las enmiendas firmadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto, quedan como grupos que mantienen vivas sus enmiendas en primer lugar el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), y en su nombre tiene la
palabra la señora Uría. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Hay una diputada en la tribuna esperando hacer uso de la palabra, y ruego que aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan de la manera más rápida posible y en silencio.
(Rumores.)
Señorías, ruego que permitan que continuemos el debate y, por tanto, que establezcan las conversaciones fuera del hemiciclo.
Adelante, señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en Comisión me referí a la calificación de atípica en cuanto al adjetivo que merecía para nosotros lo que había sido la tramitación de esta proposición de ley procedente del Senado; atípica será quizá también la toma de postura
que hoy formule mi grupo parlamentario aquí, puesto que las enmiendas que mantenemos como vivas no se adecuan exactamente con el tenor literal de lo que luego ya está aprobado como contenido del dictamen.
Nos parece que puesto que, como manifesté en Comisión, lo importante es conocer cuál es el contenido de la voluntad de las formaciones políticas y quizá no tanto el que se cumpla escrupulosamente el rigor del Reglamento, desde esa
perspectiva intentaré también manifestar en este momento cuáles son los aspectos fundamentales que mi formación política entiende que deben ser observados en relación con la proposición que hoy aprobamos y que tendrá, salvo en dos cuestiones,
nuestro voto afirmativo.
A través de esta proposición de ley se trata de avanzar en los derechos y en la autonomía de los usuarios de servicios sanitarios, cuyos principios generales se recogen en la Ley General de Sanidad, desarrollando y actualizando algunos de
ellos, al objeto de reforzar al máximo la autonomía y la dignidad del paciente. Los derechos que son objeto de protección en la proposición de ley son el derecho a la información sanitaria, el derecho a la intimidad, derecho a la confidencialidad
de los datos referentes a la salud, derecho a la autonomía del paciente en la toma de sus decisiones, la regulación de la historia clínica y los derechos relativos a la misma en lo que hace referencia a su acceso y custodia.
Ha sido intención tenaz del letrado que nos asiste en la Comisión la de persuadir a las distintas formaciones políticas de que este contenido forzaba la calificación de orgánica de la ley. Conocido es el respeto que profeso al cuerpo de
letrados de esta casa y a sus múltiples saberes; sin embargo, en este caso concreto discrepo y discrepamos, por lo que se ve, la totalidad de los grupos, porque ninguno hemos asumido que esta ley deba tener tal calificación. Puntualizaré por qué
creo que esto es así.
La reserva del artículo 81 de la Constitución española significa, según la jurisprudencia del alto Tribunal, y a nuestro parecer, reservar al Estado la regulación de los aspectos esenciales, el desarrollo directo del derecho fundamental
considerado en abstracto y en cuanto tal en tanto que se atribuye la regulación de la materia sobre la que se proyecta el derecho al legislador ordinario, ya sea este estatal o autonómico. Cito por todas la sentencia del Tribunal Constitucional
173/1998, que hacía referencia al derecho de asociación.
En el caso de la proposición que ahora analizamos, existe ya norma genérica de desarrollo de los derechos que se ven involucrados en la regulación de la proposición de ley, es decir, el derecho al honor y a la intimidad y el derecho a la
protección de datos de carácter personal, regulados todos ellos por las correspondientes leyes orgánicas que ya existen: la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia
imagen, y la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal. En definitiva, creemos que el contenido fundamental de los derechos que se recogen y protegen en la proposición ya han sido desarrollados en estos aspectos esenciales a
los que hace referencia el Tribunal Constitucional en las correspondientes leyes orgánicas, y que lo que ahora abordamos es otra perspectiva que debe ser abordada mediante ley ordinaria y que técnicamente lo correcto es calificar el texto de la ley
como ordinaria.
Sería posible extenderse mucho más en esta argumentación porque existe jurisprudencia abundante e ir puntualizando aspecto a aspecto, aunque no creo que este sea el momento. Si se vuelve a insistir o se repite esta intención de
atribuirle carácter de orgánica en el Senado, mi formación política se extenderá en estos argumentos.
Nos ha parecido importantísima -y es lo que va a motivar nuestra abstención respecto de determinados preceptos- la calificación de básica que se da a la totalidad de la norma y, sobre todo, la forma en que esta calificación se atribuye. El
que en la disposición adicional primera se hable de que es básica en aplicación del artículo 149.1.1 y 16 y de la Constitución, nos parece un error técnico importante. La reserva del artículo 149.1.1 de la Constitución no debería ser invocada a
modo de extensión de la concreta reserva competencial reconocida al Estado en el artículo 149.1.16. Existe, y lo conocemos, una única sentencia que sí admite esta posibilidad, la número 188/2001, sobre becas y ayudas al estudio; admite que
constituya título competencial autónomo positivo y habilitante este artículo 149.1.1, pero de extenderse esta doctrina nos parece que habría un grave riesgo de llegar al extremo de vaciar las competencias autonómicas en cualquier materia, dejando a
las comunidades autónomas sin margen de maniobra en cualquier ámbito competencial. Repito que conocemos que existe una sentencia de la que, por cierto, creo recordar que era ponente el actual presidente del Tribunal Constitucional, pero nos
parece una técnica legislativa deficiente y es más sostenible y sólida la doctrina anterior, muy cierta y reiterada, de que el 149.1.1 no es atributivo de competencias.
Entendemos que dicho precepto únicamente debe servir para interpretar el
alcance del 149.1.16 y como límite al ejercicio de las competencias autonómicas en materia sanitaria, pero no como norma habilitante de la competencia estatal en la materia, que es de lo que en este caso estamos hablando.
Por esta incorrección técnica, y porque no creemos que la totalidad de la norma deba revestir el carácter de básico, es por lo que nos abstendremos, intentando mejorar la redacción en el Senado de esta disposición adicional. También por
esto hemos mantenido nuestras cinco enmiendas al texto que, en buena lógica, hoy no serían sostenibles. De acuerdo con la técnica parlamentaria, es más correcto que en este momento mismo las retire, por entender que ninguna de ellas se adecua al
tenor literal del actual contenido del dictamen. Las he mantenido hasta este momento en el bien entendido de que nos oponemos a la calificación que de norma básica se da de la totalidad de la norma y, sobre todo, porque nos parece una incorrección
técnica citar junto al artículo 149.1.16 el 149.1.1. Por lo demás, consideramos a la proposición de ley actual -ya lo manifesté también en la Comisión- más acorde que la anterior con el reparto competencial establecido en el bloque de
constitucionalidad, al permitir mayor margen de desarrollo normativo por las comunidades autónomas y, en concreto, porque posibilita que las normas ya dictadas en esta materia por tres comunidades autónomas y en proyecto avanzado en otras, como es
la del País Vasco, puedan tener existencia cierta, teniendo su propio hueco dentro de la delimitación competencial lo atribuido al Estado, lo que es posible sea desarrollado por las comunidades autónomas.
No me extenderé más, señorías, en contenidos concretos, puesto que ya he manifestado la conformidad fundamental del grupo al que pertenezco, pero sí en una cuestión de índole técnica, que debemos conjurarnos todas las formaciones políticas
para corregir en su paso por el Senado, que es la falta de régimen sancionador establecido en la norma. La disposición nueva, que consta como disposición adicional quinta, es inoportuna e incorrecta técnicamente; es peligrosa, contraproducente
para la seguridad jurídica y atenta gravemente contra el principio de legalidad. Al utilizarla como única norma sancionadora de una ley que pretendemos tan importante, tan novedosa y tan de obligado cumplimiento por los profesionales de la sanidad
y por los titulares de los centros sanitarios, convertiría en ilusoria toda su normativa si no va a acompañada de un buen régimen sancionador. La sola referencia a la Ley 14/1986 es una tipificación de las calificadas en blanco, ayuna del principio
de tipicidad y que, por tanto, va a abocar en una labor aplicativa con alto riesgo para quien intente aplicar normas sancionadoras en esta área, pero sobre todo con las posibilidades infinitas de quien es el destinatario de la sanción de recurrir y
obtener una sentencia favorable. A pesar de haber elaborado una norma con la ilusión de disciplinar un sector social necesitado de ello tan sensible como el sanitario, dotando de derechos a los ciudadanos, nos encontraríamos con que la
imposibilidad de exigir su cumplimiento iba a abocar a la ley al absoluto vacío. Limita mucho la eficacia de la regulación legal. Lo manifesté en Comisión y vuelvo a repetirlo, la disposición analizada, esta disposición que nada dice sino que
solamente hace referencia a una ley antigua -el tiempo vuela, señorías, y una norma del año 1986 es antigua-, manifiesta una huida de la regulación del régimen sancionador y con ello dejamos a la ley inacabada y coja, abrimos una ancha puerta a la
ineficacia, abocamos a la Administración para evitar dicha ineficacia a una tarea interpretativa en la que tendría que caminar por una nebulosa senda de lo permitido y lo prohibido, y a que cualquier ciudadano pueda plantear, con visos de que
prospere, un recurso por falta de tipicidad, lo que en ocasiones conduciría a la posibilidad de alegar inconstitucionalidad.
Todas las formaciones políticas deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo el grupo mayoritario ya que es quien cuenta con el respaldo del Gobierno, para establecer un régimen sancionador como Dios manda, dividiendo las posibles conductas
infractoras en graves, muy graves y leves, tal y como exige la Ley 30/1992, y aparejando a cada una de ellas la respuesta sancionadora. Hacemos votos para llevarlo a cabo, ofrezco la colaboración de mi formación política y manifiesto que votaremos
a favor del contenido del dictamen, excepción hecha de las disposiciones adicionales primera y sexta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Para la defensa del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora presidenta, señorías, en un día tan especial y significativo, quiero iniciar mi intervención agradeciéndole a mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, el privilegio y el honor que me han otorgado al
encargarme precisamente hoy que desde esta tribuna exponga nuestra valoración de este proyecto de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
No voy a insistir en el desarrollo de los trabajos en ponencia, que a lo largo de un año y con unánime talante positivo, nos ha permitido concluir aprobando en
Comisión un texto que, reservándose algunas matizaciones, recoge la coincidencia de todos los grupos en el contenido fundamental y compartiendo las aportaciones de cada uno de ellos, configura finalmente un todo uniforme ampliamente
consensuado. A pesar de ello, citaré inicialmente las matizaciones que se han reservado para este debate. Así, la discusión sobre la consideración de básica parcialmente o en la totalidad del articulado, debe estar resuelta por los propios debates
en ponencia y por ello nos inclinamos por la totalidad. La cuestión de la ambigüedad calculada del artículo 13, relativo al derecho a la información para la elección de médico y centro, quedó solventada también con la apelación a la competencia de
los servicios de salud.
Finalmente, nuestro grupo no quiere que sea derogado el artículo 61 de la Ley General de Sanidad, pues establece claramente el principio de la integración de la documentación clínica en el ámbito del área sanitaria, concepto éste que para
ser modificado requeriría de un debate específico de otra iniciativa. Aquí seguimos echando de menos la ley de coordinación, esa ley tan prometida que el Gobierno no trae al Parlamento, pero, sobre todo, propugnamos la permanencia del apartado 4
del artículo 10 de la Ley General de Sanidad, pues protege el derecho del paciente a ser advertido en los proyectos de investigación y docencia, aunque es verdad que debiera adecuarse el texto a las necesidades y a la actividad docente cotidiana.
Todos estos matices no impiden la valoración positiva que hacemos del conjunto del texto legislativo. Enlazando con el final de nuestro posicionamiento en Comisión, consideramos que recoge plenamente los principios constitucionales de protección de
la salud, de derecho a la intimidad y de respeto a la dignidad y al desarrollo personal, que habían conformado las piedras angulares de la Ley General de Sanidad. Pues bien, señorías, aun compartiendo el énfasis de los grupos nacionalistas en la
gestión del derecho a la protección de la salud y el afán del Grupo Parlamentario Popular en profundizar y definir el fondo y la forma de los aspectos relacionados con la información y la intimidad, el Grupo Parlamentario Socialista, en consonancia
con el espíritu humanista que caracteriza nuestra acción social y política y nuestra ideología centrada en la dignidad de la persona, ha querido que toda la ley en su conjunto sea una apuesta por la libertad, por la autonomía personal y por la
dignidad de la vida y de la persona.
Los socialistas, hoy especialmente, queremos hacer nuestras las reflexiones éticas que se ha hecho el hombre sobre la dignidad en diferentes ocasiones y etapas históricas, pero, quizás hoy más que nunca, conviene resaltar su vigencia.
Quiero recordar, citando al profesor Gracia, que hace ahora más de dos siglos uno de los maestros de la teoría de la ética, el filósofo Kant, afirmó que los seres humanos se caracterizan por tener dignidad y no precio. La dignidad es probablemente
el concepto fundamental de toda la ética e incluso de toda la vida humana; precio tienen las cosas, en tanto que la dignidad es propia de las personas. Esta condición particularísima le otorga al ser humano el hecho de la inteligencia y de la
libertad, es decir, la capacidad de proyectar los actos de su vida y la necesidad ineludible de ser responsable de ellos. Quien tiene esa condición es el fin en sí mismo y no sólo medio. Cuando decimos que las personas tienen dignidad estamos
pensando en aquellas que son inteligentes, adultas, autónomas y capaces de llevar a cabo sus propios fines. En ellas la dignidad se percibe fácilmente sin problemas. Por el contrario, hay situaciones en las que la dignidad parece obscurecerse,
como son aquellas que humillan y que degradan al ser humano. Algo de esto sucede con la enfermedad, en general y con ciertas enfermedades graves y mortales, en particular. En estos casos, al menos en algunos de ellos, la propia naturaleza puede
poner al ser humano contra las cuerdas haciéndole pasar por situaciones que muchos han descrito como humillantes e incluso peores que la propia muerte. No todo el dolor es igual ni toda la enfermedad tampoco. Hay dolores soportables y los hay
envilecedores. Antonio Machado lo expresó certeramente en este poema: Eran de ayer mis dolores como gusanos de seda que iban labrando capullos; hoy son mariposas negras. Pero la mayor indignidad no es nunca fruto del azar natural, sino producto
del ser humano. Hay acciones y actos indignos: es indigno ultrajar a otro, violar sus derechos; los actos inmorales o antitéticos son por definición indignos. Este es el punto en el que la dignidad se convierte en tema de reflexión ética. Lo
curioso es que el ser humano también puede humillar y degradar al ser humano cuando intenta ayudarle, es una de las muchas paradojas de la vida. La indignidad no precisa necesariamente de mala intención y se puede degradar a otro con el peor y con
el mejor de los propósitos. Esto sucede frecuentemente cuando se le intenta imponer, incluso por la fuerza, la propia idea del bien y de la felicidad, por ejemplo, del propio concepto y sentido del empleo. La coacción del poderoso hace que lo
bueno deje automáticamente de serlo y de algún modo se torne indigno. La dignidad pasa por el respecto de los seres humanos, aun en su diferencia. No parece difícil afirmar, pues, que un respecto que no acepte la diferencia es por definición
indigno. Un ejemplo de esto lo tenemos también en el respeto a la vida humana. Nadie duda de que el respeto de los seres humanos pasa necesariamente por el respeto de su vida. Nuestro texto constitucional así lo recoge en su artículo 15: 'Todos
tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral' -pero inmediatamente añade-, 'sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes'. El intento de respetar la vida puede acabar en trato
inhumano o degradante, es decir, indigno. Nuestras sociedades han ido evolucionando en la determinación de lo que es inhumano, degradante e indigno, y la medicina también. El vitalismo
imperante hace muy pocas décadas se justificaba siempre diciendo que la defensa a ultranza de la vida es un principio absoluto y todo lo que activa o pasivamente compromete la supervivencia o acorta la vida del paciente es, por definición,
indigno, aun en el caso de que él piense exactamente lo contrario. Icluso en los momentos de mayor fervor vitalista, siempre persistió la sospecha, no sólo teórica sino también práctica, de que prolongar la vida de esa manera podía resultar
inhumano y degradante. Quizá por el desarrollo de la medicina en general y de la medicina intensiva en particular, esta sospecha se ha ido incrementando progresivamente y hoy el paternalismo en la relación médico-enfermo está superado. De ahí la
necesidad de plantearse con cierta detención la cuestión de qué es vivir con dignidad y este proyecto de ley contribuye certeramente a este debate. En todo caso, se reafirma la capacidad del hombre para decidir sobre sí mismo y la garantía de una
vida digna.
Para concluir, señorías, les recuerdo que la vida es una suerte y sigue aquí en esta tribuna y en este hemiciclo en el que representamos a los ciudadanos y cuya voz traemos. La vida sigue en la calle, en donde hoy se produce un grito en pro
de esa dignidad que tanto defendemos. La gente clama hoy por sus derechos, y también eso es dignidad, por esos derechos arrebatados. El Grupo Socialista quiere que ese grito se oiga ahora y aquí con toda su fuerza y se oiga también para siempre.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fidalgo.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Paso a exponer la posición de mi grupo ante este proyecto de ley. No mantenemos ninguna enmienda viva puesto que su sentido se encuentra en la mayor parte reflejado en el texto que hoy debatimos.
El contenido de la proposición de ley ha cambiado de forma importante, aunque quizás no en su espíritu. Desde nuestro punto de vista, ha mejorado y ha ganado en consistencia. Su debate y su tramitación, tanto en ponencia como en Comisión,
han sido complicados. Se han presentado numerosas enmiendas por parte de todos los grupos y múltiples textos que se han ido sucediendo. Pero estamos hoy ante una ley que aborda materias decisivas para la asistencia sanitaria, para la relación
médico-paciente y, yo añadiría, para la relación del sistema sanitario con el usuario, con el ciudadano. Profundiza en sus derechos y añade elementos para avanzar hacia algo en lo que todos coincidimos, y en lo que nuestro grupo mantiene y
defiende, como es un sistema sanitario que preste una atención más individualizada y personalizada. Se avanza en derechos fundamentales que están contenidos en la Ley General de Sanidad, pero de alguna forma los desarrolla y los actualiza ante las
necesidades de los ciudadanos. Lo hace desde la necesaria vinculación de todo el sistema, puesto que estamos hablando de derechos que deben ser universales para todos los ciudadanos allá donde vivan, sin lesionar las competencias de gestión y de
desarrollo de los servicios autonómicos de salud. Lo hace siendo garante de derechos que son fundamentales para el paciente, para el usuario y, en última instancia, para el ciudadano. Lo hace más allá de ser una ley que pretenda regular factores
organizativos de la gestión y del día a día de las instituciones sanitarias. De haber sido así, como reflejaban algunos de los elementos contenidos en la primera proposición que se empezó a debatir, no se hubiera alcanzado el consenso que es de
prever ratifique hoy la Cámara. Con toda seguridad nos habríamos equivocado si hubiéramos interferido de forma negativa en la gestión del día a día de los servicios de salud y no profundizando en los derechos, que es lo que intenta hacer esta ley.
Nuestro grupo presentó enmiendas que están recogidas en los debates que hemos mantenido hasta ahora, encaminadas a subsanar la excesiva regulación en aspectos de gestión y de contenido de la historia clínica.
Entendíamos que ya había
normativa -y la hay- desarrollada por las comunidades autónomas con la que se podía entrar en contradicción. En relación con la historia clínica, se han mejorado algunos aspectos que son necesarios, como mantener unos mínimos para todo el sistema,
permitiendo la adaptación a todo el sistema, incluso hospitales y atención primaria; se refuerza la historia clínica como documento único en cada centro sanitario, teniendo como punto central al paciente y a los diferentes profesionales que
trabajan en el centro; se rescata la incorporación de los registros del personal de enfermería y la hoja clínico-estadística, que es muy importante para mantener unos niveles de conocimiento a nivel de gestión, de planificación y de epidemiología.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Una de las pretensiones de nuestras enmiendas, que ha quedado recogida en el texto y que para nosotros es crucial, era dar un paso adelante en el obligado cumplimiento del derecho de información en los centros públicos y privados. Esto ha
quedado recogido en el artículo 1 de esta ley, que dice que se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales de los centros y servicios sanitarios públicos y privados en materia de autonomía del paciente, de
información y documentación clínica. Este es un avance importante no sólo para el sistema sanitario, sino para los derechos del ciudadano en relación con la atención sanitaria que reciba en cualquier centro de nuestro país. Son derechos
universales porque se van generalizando
no sólo en el Estado español sino también en el contexto europeo. También son importantes los avances que se han producido en la profundización de los derechos del paciente, sobre todo en los derechos de acceso a la historia clínica y de
intimidad personal y familiar, que en este texto se han recogido -fruto del trabajo de todos- de una forma mejor.
En última instancia, estamos ante una ley novedosa en nuestro ordenamiento, que viene a dar respuesta a las necesidades sentidas por pacientes y profesionales, tanto facultativos como de la gestión del sistema sanitario. Es una ley que
viene a cubrir un vacío legal en toda una serie de puntos que son capitales para avanzar hacia un sistema sanitario con una atención más personalizada y más humanizada. Además, lo hace en uno de los campos más complejos hoy en día para la bioética,
que es el relacionado con la información al paciente. El sistema sanitario no es ajeno al impacto de las nuevas tecnologías en general y de las tecnologías de la información en particular, que hace necesario que nos dotemos de un marco y de unas
normas que profundicen en el derecho a la información, pero protegiendo la confidencialidad de los datos y el derecho a la intimidad. Desde hace unas décadas, el sector sanitario está sujeto al efecto de la globalización, de la socialización del
conocimiento, y esto está produciendo cambios en la percepción del ciudadano en lo que se refiere a cómo se ven afectados sus derechos fundamentales. Hasta ahora el problema no se había planteado con tanta necesidad, entre otras cosas, porque va
cambiando la percepción del ciudadano de lo que son sus derechos a la información y al conocimiento.
El problema se plantea porque hasta hace poco se consideraba una atribución del facultativo, del médico, el decidir qué era lo bueno o lo malo para
el paciente, pero esto ha cambiado ya en nuestra sociedad.
Nuestro grupo piensa que estamos dando un paso importante con el desarrollo de esta ley que viene a cubrir vacíos existentes en la protección de la intimidad, en la garantía del consentimiento, en el respeto a la autonomía del paciente y en
el desarrollo de un marco normativo por lo que se refiere a las instrucciones previas. Señorías, el paciente se sitúa como el centro del sistema, el centro de la toma de decisiones: el respeto a la dignidad de su persona, el respeto a su capacidad
de tomar decisiones libres e informadas respecto a sí mismo, el respeto a su autonomía personal. Desde nuestro punto de vista, en este respeto a la dignidad y a la autonomía personal es donde subyacen los valores éticos que justifican y obligan al
profesional a informar verazmente y a las administraciones y los poderes públicos a convertirse en garantes de estos derechos.
Consideramos que se cubre un vacío importante en la salvaguarda de derechos y deberes, tanto del usuario como del profesional. Es importante reforzar el marco jurídico de apoyo a las actuaciones de los profesionales. Actualmente se
producen vacíos en multitud de decisiones que muchas veces se tienen que tomar, por ejemplo, la retirada de una respiración asistida, la aplicación o no de una terapia agresiva en una situación terminal e irreversible. El vacío normativo en materia
de derechos fundamentales no ofrece las mismas garantías jurídicas cuando se intenta cubrir por medio de desarrollos reglamentarios y no por un texto legal, como el que hoy debatimos en esta Cámara. Coalición Canaria estima que hemos dado un paso
importante en tener mayores garantías jurídicas en los derechos de los usuarios y los profesionales. Esperamos que esto facilitará y propiciará unas mejores condiciones para que la relación usurio-profesional se dé en un contexto más equilibrado.
Por último y término, señora presidenta, quiero destacar algo que me parece importante, el esfuerzo que han hecho todos los grupos parlamentarios en el seno de la Comisión para lograr el consenso obtenido en esta ley. Todos los grupos
políticos hemos distinguido entre lo que son posiciones políticas legítimamente diferenciadas de lo trascendente para el ciudadano, abordando lo que debía ser modificado, para que -cada uno desde sus posiciones- pudiéramos redactar un texto
conjunto. Por otro lado, debo destacar también el esfuerzo en escuchar y reflexionar sobre los argumentos que tanto el grupo que apoya al Gobierno como el grupo mayoritario de la oposición y el resto de los grupos esgrimieron en los debates. ¿Por
qué hago este comentario? A modo de reflexión, creo que esto significa un avance para todos, fundamentalmente para el ciudadano; un avance de acercamiento de lo que se discute y decide en esta Cámara en relación con la sensibilidad de las
necesidades sentidas por el ciudadano. Y eso, para todos los grupos políticos que estamos representados en esta Cámara, es un avance desde el punto de vista de madurez en la búsqueda de soluciones para el ciudadano.
Quiero hacer esta reflexión porque, igual que en esta y en otras leyes se ha logrado avanzar en este sentido, entiendo que se debería hacer un esfuerzo por trasladar esta forma de trabajo al seno del Consejo interterritorial. Es en él, no
sólo en el Parlamento, donde se toman decisiones, día a día, importantísimas para la trascendencia del Sistema Nacional de Salud. Hoy por hoy, están pendientes cosas muy importantes para el futuro del Sistema Nacional de Salud, que dependen no sólo
de esta Cámara sino también de los consensos y de los avances que se logren en el seno del Consejo interterritorial, y pido que se traslade este talante a la forma de trabajar en el seno de ese consejo, en la medida de lo posible, desde el respeto a
las legítimas diferencias, pero también desde la responsabilidad y el diálogo, tanto por parte del Gobierno, que es el primero que tiene la responsabilidad de instar a trabajar en esta línea, como por parte de las comunidades autónomas, que tienen
que ser corresponsables si se acepta realmente que este sea el nuevo marco de trabajo para el futuro del Sistema Nacional de Salud.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Sanidad y Consumo, señorías, el Parlamento de Cataluña aprobó en el mes de diciembre del año 2000 la Ley de testamento vital o voluntades anticipadas. El objetivo de la ley era claro: dar un paso más en la concreción de
los derechos de los pacientes, en la humanización de los servicios sanitarios y en hacer compatible la dignidad de la persona y la libertad individual con el derecho inalienable de protección a la salud. La iniciativa del Parlamento catalán,
aprobada por unanimidad, fue trasladada al Senado por los grupos Entesa Catalana de Progrés y Convergència i Unió, sumándose a estos grupos todos los demás grupos de la Cámara. El Senado, al igual que había pasado en el Parlamento de Cataluña,
también aprobó la proposición de ley por unanimidad y, como SS.SS. saben, fue remitida al Congreso y se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 27 de abril del año 2001.
A partir de este momento, todas SS.SS. conocen perfectamente los avatares de la tramitación de esta proposición de ley en el Congreso, la dificultad que ha representado para los ponentes de la ley llegar a conciliar el texto inicial con las
126 enmiendas que al mismo se presentaron, de las cuales 58 eran del Grupo Popular, y que se apartaban de lo que podríamos clasificar como enmiendas de mejora técnica, de adición o precisión, ya que en realidad configuraban un texto alternativo a la
proposición de ley remitida por el Senado. La primera decisión que tomó la ponencia designada por la Comisión de Sanidad fue que todos los grupos nos comprometíamos, tomando como base el presumible texto alternativo resultante de las 126 enmiendas,
a trabajar cuanto fuese necesario para elaborar una propuesta que, a pesar de ser tan distinta de la regulación original, fuese capaz de seguir respetando el espíritu de la misma en cuanto a lo concerniente a regular los derechos y obligaciones de
los pacientes y al mismo tiempo incorporar aquellos aspectos del desarrollo de la Ley general de Sanidad que hacen referencia a la documentación clínica y que habían sido objeto de las enmiendas presentadas principalmente por el Grupo Popular y
también por el Grupo Socialista.
Hasta el último momento, el pasado miércoles, en la Comisión de Sanidad, se ha estado transaccionando para llegar al máximo acuerdo posible.
Quiero dejar bien patente que mi grupo valora positivamente la actitud y el esfuerzo realizado por
todos los grupos, que han posibilitado que hoy, en avocación ante el Pleno, nos encontremos ante una proposición de ley en la que los puntos de coincidencia son muy superiores a los de discrepancia. No obstante, hoy en mi grupo parlamentario,
Convergència i Unió, seguimos manteniendo los mismos criterios que defendimos en forma de voto particular en la Comisión de Sanidad el pasado miércoles.
Discrepamos en concreto de la disposición adicional primera de la ley, párrafo primero, que
define que esta ley tiene un carácter básico en su totalidad. Discrepamos de esta cuestión y discrepamos sin matices. En un momento en el que todas las comunidades autónomas tienen las competencias de sanidad transferidas, que la ley tenga que
regular aspectos que competen sólo a ellas no nos parece lo más aconsejable. Este es el caso del artículo 13 de la ley, la información para la elección de médico y de centro; del artículo 15, el contenido de la historia clínica; la regulación del
alta médica, artículos 20 y 21; y el establecimiento de determinadas obligaciones de los centros y responsabilidades de los profesionales, que se ven reflejadas en los artículos 14.3, 14.4, 17.4, 17.5, 19 y 23 de la ley.
Consideramos que de manera totalmente injustificada la ley agota el carácter básico de la materia regulada por la misma y que por consiguiente lo procedente sería señalar los artículos de la ley que son básicos, de conformidad con las
competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo, y dejar el desarrollo del resto de las competencias a las comunidades autónomas. El voto particular de Convergència i Unió no prosperó en la Comisión de Sanidad y Consumo. Por este motivo,
señorías, figura en el informe que el letrado ha acompañado a la ley, que mantenemos vivo en su criterio pero no en su forma, porque no se ha hecho el escrito de mantenimiento. Mi grupo va a solicitar hoy en el Pleno la votación separada de la
disposición adicional primera, en su párrafo primero, para que quede bien patente nuestro voto negativo a este apartado de la ley. Insisto en que, a pesar de esta discrepancia, que no es una discrepancia de matiz, no es una discrepancia baladí, es
una discrepancia de fondo, de concepto, de tener claro qué compete a quién, hacemos una valoración positiva de la ley. Pensamos que en su fondo es una ley claramente favorable para dar un gran paso hacia los derechos, y los deberes también, de los
pacientes y hacia la garantía de que todos queremos trabajar para humanizar cada vez más nuestro Sistema Nacional de Salud.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, buenos días, muchísimas gracias por estar en este debate en el Pleno, en el que vamos a aprobar en el día de hoy, 20 de junio, un proyecto de ley que envió el Senado el año pasado a la Comisión de Sanidad y
Consumo.
La verdad es que, cuando entró esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Grupo Parlamentario Popular entendieron que estábamos ante una oportunidad magnífica para poder armonizar todos
los derechos y los deberes de cuantos agentes intervienen en los actos sanitarios y en los actos médicos. Y me estoy refiriendo en concreto a las instituciones sanitarias, Ministerio de Sanidad y Consumo, y a todos los servicios regionales de Salud
de las comunidades autónomas, a todos los profesionales sanitarios y también a los pacientes y a los usuarios.
Entendíamos que era el momento adecuado para plasmar las directrices y las directivas europeas y los acuerdos alcanzados en el convenio
de Oviedo en cuanto a derechos humanos y biomedicina.
El Grupo Parlamentario Popular presentó 58 enmiendas, lo que ha sido en realidad reconocido por los distintos grupos como un texto alternativo que sirvió de esqueleto de negociación a la hora de debatir en ponencia durante más de ocho meses
el acuerdo global del texto que hoy traemos al Pleno del Congreso de los Diputados. Es verdad que el trabajo, correcto, profundo, coherente, de todos los grupos políticos sirvió para modificar ampliamente el texto y hoy podemos traer un texto
nuevo, también el título, ampliamente consensuado, en el que sólo quedan el voto particular mínimo, en relación con la disposición derogatoria, del Grupo Parlamentario Socialista, y el aspecto no consensuado de la disposición adicional primera en
relación con los criterios de ley básica que mantienen tanto el Grupo Parlamentario Vasco como CiU.
La ponencia, al final, vino a plasmar en la ley cuáles eran los aspectos más importantes en cuanto al derecho de intimidad y de la confidencialidad de los datos de los pacientes, al derecho a tener una información veraz y proporcionar los
enfermos también una información veraz a los profesionales, para de esa forma tener la autonomía suficiente para poder elegir entre las distintas opciones clínicas en el diagnóstico y en la terapéutica y poder aportar el consentimiento informado
necesario en el mejor tratamiento de los pacientes. También en la posibilidad, después de esa información veraz, de que los ciudadanos, los pacientes y los usuarios, pudieran no aceptar el tratamiento y pudieran negarse a recibir información,
porque es importante en la práctica clínica que algunos pacientes no requieren o desean no recibir información. En la ponencia redactamos en varias ocasiones el artículo 11, que habla de las instrucciones previas, y llegamos a un acuerdo común
todos los grupos, nacionalistas, el Grupo Socialista y el Grupo Popular, garantizando el derecho de los pacientes a que se vean cumplidos sus deseos previamente expresados. También incorporamos la donación de órganos y la facultad de los ciudadanos
de poder determinar en el futuro el destino de su cuerpo y de sus órganos después del fallecimiento.
Quiero destacar muy brevemente la importancia que el Grupo Parlamentario Popular da al artículo 12 y al artículo 13, en relación con la obligación del Sistema Nacional de Salud y de todos los servicios de Salud de las comunidades autónomas,
para dar información adecuada a todos los ciudadanos sobre las guías de servicio, con los requisitos de acceso, con la dotación de los distintos servicios y para la libre elección de médico y centro. Asimismo, como ya ha sido destacado por la
portavoz de Coalición Canaria, los capítulos V y VI han sido redactados con muchísimas modificaciones para garantizar que el uso de la historia clínica tiene una custodia adecuada. Hay mejoras legislativas en los derechos de acceso y es una
garantía de la confidencialidad y del anonimato no solamente con los pacientes sino también con los profesionales que prestan la asistencia sanitaria. Además hay una regulación muy específica que viene a solventar un viejo dilema en relación con el
derecho de acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos.
En definitiva, señorías, podemos estar de enhorabuena ante una ley que entiendo que es intrínsecamente buena y que viene a dar solución a muchos problemas planteados en la práctica clínica diaria para enfermos y profesionales. Debo
agradecer el trabajo de todos los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra así como de aquellos que no han hecho uso de ella, el señor Arola, del Grupo Parlamentario Socialista, y los señores Gutiérrez Molina y Zambrano, del Grupo
Parlamentario Popular.
Muy brevemente me quiero referir a la posición contraria de nuestro grupo en relación con el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la intención de no derogar el artículo 10.4 y el artículo 61, aduciendo en su
justificación la necesidad de mantenerlos al no regular adecuadamente el aspecto de la docencia. Eso está recogido perfectamente, a nuestro criterio, en el artículo 8.4, que transaccionamos con ustedes la semana pasada en la Comisión de Sanidad y
Consumo. Con relación a la integración de la historia clínica, a la que se ha referido S.S. en su intervención, le quiero recordar que la disposición adicional tercera amplía el criterio del área de salud a todo el territorio nacional,
introduciendo que tanto el Ministerio de Sanidad y Consumo como las comunidades autónomas incidan extraordinariamente en vehiculizar adecuadamente y tratar normativamente la conveniencia del uso de la historia clínica en todo el territorio español.
En cuanto al Grupo Parlamentario Vasco y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), entendemos que el criterio de la ley básica no es otro que un criterio integrador en todo el territorio español, que es a nuestro juicio
imprescindible. Además, se ha adelgazado extraordinariamente, considerando la normativa de las comunidades autónomas, el texto que venía del Senado. Entiendo, pues, que ambos grupos pueden manifestar su posición favorable a la mayor parte del
texto de la ley. En relación con la posibilidad de que en el Senado pueda modificarse el régimen sancionador de la disposición adicional quinta, nuestro grupo está abierto al diálogo con la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco.
Agradezco una vez más a los ponentes el esfuerzo realizado y creo que debemos felicitarnos todos ya que en la votación se va a ver que el espíritu de diálogo y de consenso es una costumbre de este Parlamento y es un objetivo directo de la
ministra de Sanidad y Consumo y del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mingo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas y del dictamen de la Comisión de la proposición de ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
En primer lugar, sometemos a votación el voto particular a la disposición derogatoria, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 96; en contra, 163; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. Sometemos a votación el primer párrafo de la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 258; en contra, 15; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación la disposición adicional quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 272; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Señorías, antes de someter a votación el resto del dictamen quiero indicar que en el artículo 8.4 se procede a la corrección de un error, introduciendo la palabra docente tras el término proyecto. Es decir, el punto 4 del artículo 8 queda
de la siguiente manera: Todo paciente o usuario tiene derecho a ser advertido sobre la posibilidad de utilizar los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos, que se le apliquen en un proyecto docente o de investigación. Sigue el
texto tal como viene en el boletín.
Sometemos a votación el resto del dictamen de la proposición de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 278.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES.
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, EN RELACIÓN CON EL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA IMPULSAR EL ESTATUTO DE LA MICROEMPRESA, DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO Y DEL EMPRENDEDOR. (Número de expediente 154/000003.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día. Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones. Acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda, en relación con el informe de la subcomisión para impulsar el estatuto de la
microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.
Al texto remitido por la Comisión, se mantienen votos particulares de dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que se da por decaído al no encontrarse ningún diputado de dicho grupo presente en el
hemiciclo, y el del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la presentación del acuerdo por un miembro de la Comisión, tiene la palabra el señor Delgado.
El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, el día 19 de octubre de 2000, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó la creación en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda de una subcomisión que debería realizar un estudio
sobre la situación de las microempresas, en el que se analizasen los efectos de las reformas llevadas a cabo en la pasada legislatura y, al mismo tiempo, que hiciera propuestas de actuación hacia el futuro, para potenciar el desarrollo de este tipo
de empresas.
Teníamos que realizar también un estudio sobre el régimen especial de los trabajadores autónomos de la Seguridad Social, en el que se contemplen una serie de actuaciones de futuro con el objetivo de equiparar la acción protectora del
régimen
general con el del régimen especial. Como tercer objetivo, proponer un conjunto de medidas de carácter administrativo, fiscal y laboral, al objeto de crear un marco jurídico específico favorable al resurgimiento y consolidación de nuevas
empresas, proyectos e iniciativas empresariales.
Como paso previo y durante meses, la subcomisión recabó un volumen importante de documentación e información y, además, recibió un total de 27 comparecencias en 18 sesiones. En este punto quiero
recordar, felicitar y agradecer el trabajo de los servicios de la Cámara, muy especialmente de su letrada Mónica Moreno.
Por el Congreso de los Diputados y en un auténtico ejercicio de diálogo social, han pasado las organizaciones empresariales, como la Cepyme, Cecot, Pimec Sefes, la Confederación del Comercio de Cataluña, las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación; organizaciones profesionales como son los transportistas, los talleres de reparación de vehículos, los agentes comerciales, los hosteleros, las mujeres empresarias, los jóvenes empresarios; organizaciones de autónomos, como la
Agrupación de Trabajadores de Andalucía, la UPTA-UGT y otras organizaciones consultivas como el Consejo Económico y Social, la Confederación Española de la Economía Social y algo muy importante también, las comunidades autónomas representadas por
sus consejeros de Industria, Trabajo y Economía de Cataluña, Valencia, Aragón, Andalucía y el País Valenciano, además de representantes destacadísimos de la Administración general del Estado, como el secretario de Estado de Economía y Pymes, el
secretario de Estado de la Seguridad Social y la directora general de política para las PYME.
Gracias a estos 27 comparecientes que pasaron por nuestra subcomisión, hemos realizado un trabajo coordinado inicialmente por el diputado Martínez-Pujalte
y posteriormente por el señor Gómez Darmendrail que con acierto han dirigido los trabajos de esta subcomisión y en la que, además de un fluido diálogo social, también hemos tenido un fluido diálogo político que hemos propiciado nosotros como una
formación centrista que somos, de modo que el documento final recoge nuestras propuestas y también las de los demás grupos parlamentarios que participaron activamente.
Así, hemos aceptado desde el Grupo Parlamentario Popular en nuestro documento propuestas del Grupo Parlamentario Socialista, que hicieron que esa misma formación votara favorablemente algunos de los aspectos del mismo en la Comisión de
Economía. Yo quiero reconocer la actitud y el trabajo de la señora Costa Campi, pero también el de los diputados señor Díez, señor Amarillo y señor García Breva, que han dedicado muchas horas de trabajo en esta subcomisión; yo se lo agradezco.
Igualmente, el informe final tiene muchas aportaciones, cómo no, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con el que compartimos una gran sensibilidad en los aspectos económicos y empresariales en general y hemos tenido en cuenta sus
planteamientos, incorporando muchas de sus propuestas al texto final. En este sentido, también es justo reconocer el gran trabajo que ha desempeñado el diputado señor Sánchez i Llibre. El Grupo Parlamentario Popular y su Gobierno desde que tiene
responsabilidades, han tenido una extraordinaria sensibilidad hacia esta materia, y por ello ha liderado, en ejercicio de su mayoría, esta subcomisión y asumimos ahora también con muchísimo gusto la defensa de este informe. No puedo dejar de
reconocer dentro de lo que ha sido el trabajo de mi grupo, la inestimable colaboración y entrega de la diputada por Huelva Fátima Báñez, que ha hecho un extraordinario trabajo.
Entro ya en el aspecto sustantivo del informe, en lo que son las propuestas, porque me resultaría imposible desglosar todo lo que es el informe, pero desde luego, señorías, les recomiendo su lectura, porque creo que resultará provechoso para
todos. Nosotros no somos inconformistas, no tenemos miedo a adoptar medidas que beneficien a todos los ciudadanos españoles y por eso tomamos decisiones, algunas pueden inicialmente no ser entendidas, pero todas van orientadas al objetivo de no
conformarnos con las actuales tasas de desempleo y con los actuales niveles de crecimiento. Queremos más y más, pero no en beneficio nuestro, sino en beneficio de todos los españoles.
Por lo que se refiere a las propuestas en materia de autónomos, lo primero que quiero constatar es que estamos ante un colectivo amplísimo, 2.658.543 afiliados al régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos. Para ellos,
para los que en esta legislatura y en la anterior se han dado pasos de gigante en orden a mejorar su equiparación y su protección social, avanzamos 14 interesantísimas propuestas de futuro. Las citaré muy rápidamente. Aquéllas que piden que se
extienda ya la incapacidad permanente total cualificada a los autónomos que tengan 55 o más años y no ejerzan una actividad ni sean titular de un establecimiento mercantil o industrial. Aquella propuesta que insta a que se proceda ya a la inclusión
en la acción protectora del régimen de autónomos de la cobertura de los riesgos de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional. Aquélla que pide que tengamos en cuenta el mayor esfuerzo que hacen aquellos trabajadores que por razón de su
actividad tienen que estar encuadrados tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos y que tengamos en cuenta esta pluriactividad a los efectos de su protección social. Abordamos desde este informe una propuesta que estamos seguros
que se realizará en poco tiempo: que se impulse un sistema que permita una cotización adicional y voluntaria desde el cuarto hasta el 15 día de la baja para el trabajador autónomo, que hoy no tiene cubierta esta posibilidad y es una reclamación
histórica y justísima de este colectivo. Queremos apoyar no sólo al autónomo establecido ya, sino a aquél que quiere iniciar esta actividad, y por ello impulsamos la adopción de una medida que es la reducción
de los costes de la Seguridad Social durante los primeros años de actividad de los trabajadores autónomos. Hay una propuesta también en el sentido de que se mejore la situación de los familiares del trabajador autónomo en orden a su
encuadramiento, y por ello pedimos que se realice un estudio profundo que dé soluciones a esta cuestión. Lo mismo cabe decir de ese amplio colectivo de trabajadores autónomos dependientes, aquellos cuyos ingresos están vinculados a una o dos
empresas, que necesitan que estudiemos su problemática y que, a la luz de esos estudios, lo abordemos con detalle y demos soluciones. Además, incluimos una propuesta que es la de que se estudie la viabilidad de un fondo de garantía que cubra la
contingencia del cese por causas objetivas del trabajador autónomo, mayoritariamente de este autónomo dependiente, porque es una demanda social que nosotros estudiemos este tema y por ello lo impulsamos decididamente. Otra medida que se impulsa y
que se concreta en hechos, porque algunas de esas propuestas ya están teniendo una traducción práctica en la legislación, es la de posibilitar la capitalización de las prestaciones por desempleo para el trabajador del régimen general que decide
iniciar una actividad empresarial como autónomo. El Real Decreto-ley 5/2002, que ha impulsado el Gobierno del Partido Popular, ya incluye esta medida tan demandada por los trabajadores autónomos y que demuestra la extraordinaria sensibilidad del
ministro Juan Carlos Aparicio, que se ha preocupado con todo su equipo muy especialmente del colectivo de autónomos.
También, y pensando en la conciliación de la vida laboral y familiar, que no es solamente para las trabajadoras por cuenta ajena, sino para todas las trabajadoras, incluidas las trabajadoras por cuenta propia, proponemos medidas que permitan
compatibilizar la maternidad y el trabajo, y en este sentido que se facilite a las mujeres la contratación de un sustituto que cubra justamente este periodo posterior a la maternidad que le permita mantener su negocio. Además el informe contiene un
amplísimo paquete de medidas de carácter administrativo, económico, financiero y fiscal. Citaré las de carácter administrativo. Es una reivindicación constante y continua que tengamos un sistema más ágil de constitución de empresas, que evite que
haya empresarios y empresarias que desistan de iniciar una actividad y en este sentido, y dando cumplimiento a los compromisos de la Carta europea de Feira, proponemos el establecimiento de un marco normativo capaz de estimular la actividad
empresarial y mejorar la cuestión competitiva de las pequeñas y medianas empresas en el mercado. En este sentido tengo que decir que, afortunadamente, el Gobierno al que instamos ya ha sabido reaccionar, porque ha tenido entrada hace menos de una
semana en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de la nueva empresa, que justamente aborda esta situación. ¿Cómo? Mediante el establecimiento de un marco jurídico simplificado, bajo la forma de una sociedad de responsabilidad limitada,
pero mucho más ágil y mucho más fácil, que haga posible la separación del patrimonio personal del empresario del patrimonio empresarial, que es una de las grandes obsesiones y demandas de este colectivo. Un documento único, simplificado. que
permita reducir los trámites, de modo que no sea el empresario el que vaya de ventanilla en ventanilla, sino que sea el papel el que circule por una red telemática y permita constituir empresas en plazos que nosotros citamos como objetivo de 48
horas. También el establecimiento de una red de asesoramiento y creación de empresas, la llamada red Circe, que junto con una contabilidad simplificada realmente favorezca el nacimiento de nuevas actividades empresariales. Incluimos también en
este informe de la Comisión que hoy traemos al Pleno un conjunto de medidas de carácter fiscal que van en la línea de seguir impulsando, dentro del impuesto sobre sociedades, medidas que mejoren el tratamiento fiscal de las pymes, y lo mismo cabe
decir dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuyo proyecto de reforma está en esta Cámara para su discusión y debate. Y con medidas que nosotros esperamos tengan concreción práctica el 1 de enero de 2003, como es la supresión
del impuesto de actividades económicas para el 90 por ciento de las pymes y autónomos. Incluimos una medida muy necesaria, como es el diferimiento de las cargas fiscales a ejercicios posteriores en el caso de las nuevas empresas, a las que no
queremos ahogar, a las que queremos ayudar y potenciar. Y citaría también, dentro del ámbito fiscal, una medida importante, también demandada por los colectivos empresariales, que es instar al Gobierno a que promueva ante los organismos competentes
de la Unión Europea la posibilidad de diferenciación del impuesto sobre el gasóleo, según sea su utilización para uso particular o para uso profesional.
Hay un paquete importante de propuestas de carácter laboral, que muchas de ellas coinciden justamente con medidas que ha tomado el Gobierno y con algunas que se incluyen en este real decreto. En definitiva, nosotros concebimos la actividad
empresarial como aquélla que da vida a trabajadores y empresarios, no concebimos un crecimiento económico sin creación de empleo y por eso todas las medidas de apoyo a las empresas que redunden en una mayor contratación deben de ser bienvenidas.
Por eso lamento mucho haber escuchado en la tarde de ayer quejas de que el Gobierno ayuda a las empresas a incentivar la contratación. Esto no es entendible ni encaja dentro de lo que son los esquemas no sólo de política económica española, sino de
política económica europea en la que estamos enmarcados.
Sería injusto que nos olvidásemos de las propuestas de carácter económico-financiero, un área en la que, aunque se ha trabajado bien, todavía hay que trabajar más, porque todavía son muchos los empresarios que nos dicen que tienen
dificultades de financiación, sobre
todo a corto plazo, y por ello reforzar instrumentos como la línea Ico-pyme y aquellos como las medidas de reafianzamiento, los avales, las sociedades de capital-riesgo, lo que se llaman los créditos participativos, el capital semilla para
los emprendedores y autónomos, todo esto es fundamental. Desde luego pedimos al Gobierno que lo impulse.
También hay medidas tendentes a la internacionalización de las microempresas, porque no sólo las exportaciones son fuente de ingresos para las
grandes empresas, el pequeño empresario ha de encontrar en los mercados exteriores también un ámbito en el que su actividad económica se tiene que desarrollar con naturalidad; cómo no, también la cooperación entre las empresas, como un mecanismo
adecuado para superar justamente las dificultades derivadas del pequeño tamaño de las pymes y de las microempresas.
En materia de innovación y desarrollo tecnológico, un área en la que todavía la empresa española tiene que avanzar mucho, incluimos también un conjunto amplio de propuestas que incentivan la utilización del comercio electrónico en las pymes
y en las microempresas, que incentivan el impulso de los programas que ayuden a las pymes a acceder a la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías, programas de apoyo a iniciativas empresariales que desarrollen su negocio en el área de las
nuevas tecnologías y, en general, a todo lo que signifique la integración de estas microempresas en la sociedad de la información y en las técnicas empresariales innovadoras.
Y no me puedo olvidar -y ya voy a rematar, señora presidenta- de las propuestas en materia formativa. El empresario tiene que formarse continua y constantemente, por eso tenemos que tratar de incorporar a los módulos educativos, a los
módulos de todos los niveles de educación, enseñanzas empresariales, para que se cree incluso una cultura favorable al surgimiento de estas actividades. Tenemos que impulsar unos estudios de formación profesional más conectados con la realidad de
nuestras empresas, mejorar en general la formación de los emprendedores y la calidad de la enseñanza empresarial.
Termino felicitándonos de que este documento no sea un documento muerto.
Este documento se ha enriquecido con las aportaciones de todos, de unos en mayor medida, de otros en menor medida; pero desde luego creemos que es una buena
referencia no para que quede dormido en un cajón sino para que, con arreglo a sus prescripciones, todos nos pongamos a trabajar en beneficio de nuestras pequeñas, medianas y sobre todo de las microempresas y de los autónomos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Delgado.
Para la defensa del voto particular mantenido al dictamen de la subcomisión, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo ha presentado un voto particular al informe de la subcomisión porque su contenido no cumple con el mandato parlamentario que era estudiar la problemática de los colectivos afectados y proponer medidas al Gobierno.
Después de un largo período de trabajo, que ha abarcado prácticamente dos períodos de sesiones, el dictamen, salvo en algunos de sus puntos, no presenta propuestas resolutorias, sino que insta al Gobierno a continuar haciendo lo que viene
realizando o a estudiar los temas que se supone tenía que haber resuelto ya la subcomisión. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) El informe que debatimos, aunque incorpora algunos puntos que apoyamos, no lo
podemos compartir en su totalidad, ya que no sólo es, en su contenido y en el formato del documento, un memorándum de alabanzas injustificadas al Gobierno sino que podríamos decir que es una especie de laudatio de trastienda que además expresa un
claro desencuentro entre los objetivos de la subcomisión y la voluntad del Gobierno de asumir las demandas planteadas por los comparecientes, porque ha sido realmente el Gobierno, además directamente, quien ha impedido que este informe incorpore las
reformas necesarias para mejorar la competitividad de las microempresas y satisfacer las legítimas aspiraciones de los trabajadores autónomos. El informe traza incorrectamente la forma en cómo debe plantearse la competitividad de las microempresas,
y me refiero en particular a las propuestas en materia de innovación y desarrollo tecnológico. El informe es incompleto, puesto que deja fuera cuestiones fundamentales que afectan a ambos colectivos. Y el informe es engañoso, como se ha puesto de
manifiesto a través de los medios de comunicación. Es engañoso en la propia elaboración de su formato y en el uso de sus contenidos, y ello ha quedado patente en las declaraciones que sobre su contenido, que no se corresponden con lo que realmente
incorpora el documento, han hecho el Grupo Popular y especialmente el Grupo Catalán (Convergència i Unió), que ha explicado cuestiones diferentes a las que incorpora el informe final.
Por tanto, este documento no resuelve las reivindicaciones
históricamente planteadas por los trabajadores autónomos. Es más, informo a la Cámara de que, en la presentación de dicho documento en Barcelona, los propios afectados, trabajadores autónomos, que comparecieron en la Comisión de Economía, uno de
ellos representante de una zona de Barcelona en Convergencia i Unió, agradecieron particularmente a esta diputada y al Grupo Socialista que hubiésemos incorporado sus reivindicaciones en este voto particular.
Este informe excluye el seguro de desempleo, la cobertura de la incapacidad temporal y la reducción de los costes de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos durante los primeros años de actividad, así como la afiliación al régimen
general de la Seguridad Social de los familiares del trabajador autónomo y la contratación de sustitutos de mujeres que han dado a luz y están de baja. Y tampoco resuelve el tema de los llamados autónomos dependientes. El informe remite todos
estos aspectos a su estudio por el Gobierno. ¿Qué se supone que ha hecho la subcomisión durante dos períodos de sesiones? Es evidente que aquello que el Gobierno no está dispuesto a hacer el Grupo Popular le invita a que lo estudie. Y, señorías,
algunos de estos estudios ya están hechos e incluso publicados y referenciados en prensa, como es el caso del seguro de paro para el trabajador autónomo. El cálculo actuarial lo ha realizado una asociación de trabajadores autónomos y sus
conclusiones han sido publicadas en la prensa. Por el contrario, nuestras conclusiones son resolutivas y proponen la concesión de todas estas prestaciones a los trabajadores autónomos.
Nuestras propuestas, lógicamente, están recogidas en nuestro voto particular. En concreto, en el mismo afrontamos cómo mejorar la competitividad de las microempresas y cómo igualar la renta al régimen especial en el caso de los trabajadores
autónomos. Defendemos para las microempresas programas de fomento de la calidad del entorno y de la formación laboral para poder competir en un mercado abierto. De ahí que nuestras propuestas sobre microempresas estén cohesionadas y giren en torno
a un modelo conjunto que las apoya a todas, dirigiéndose a organismos intermedios y no en particular a la microempresa, salvo en el caso de los temas fiscales. Nos dirigimos a la mejora de las nuevas tecnologías, a la adquisición de suministros y a
la formación de mano de obra cualificada, es decir, tratamos de crear un entorno alrededor de las pequeñas y medianas empresas que les permita fortalecer su competitividad, crear externalidades positivas que hagan que la misma empresa compita en
igualdad de condiciones con la gran empresa. Eso ya lo pusimos en funcionamiento los socialistas cuando gobernamos en la Comunidad Valenciana y el éxito del IMPIVA es de tal envergadura, siendo su reconocimiento expresado constantemente por los
empresarios, que incluso el Gobierno valenciano actual no ha tenido más remedio que continuar desarrollando el programa que el Gobierno socialista puso en su día en funcionamiento.
Con respecto al trabajador autónomo, nuestro voto particular defiende que el estatuto del trabajador autónomo tenga el mismo papel que tiene el Estatuto de los Trabajadores. Porque los trabajadores autónomos reciben tan sólo el 77 por
ciento de lo que cotizan y sus aportaciones han crecido a mayor velocidad que las de los afiliados al régimen general.
Somos coherentes con nuestro compromiso con los trabajadores autónomos y defendemos la equiparación total e inmediata de sus
derechos sociales en materia de formación profesional continua, de prevención de riesgos laborales, de incapacidad temporal permanente, de accidente laboral, de jubilación anticipada, de generalización del sistema de módulos, del IVA reducido, de
deducción del IAE, de eliminación de procedimientos administrativos y, junto a un amplio conjunto de propuestas, la contratación de familiares y el cobro del seguro de paro. El Grupo Parlamentario Popular votó en la Comisión en contra de nuestras
propuestas y no debemos sorprendernos, porque el Gobierno no va a dar el seguro de paro a un nuevo colectivo, cuando desde hace unas semanas lo ha retirado a una parte de los trabajadores asalariados. Para el Gobierno, las prestaciones por
desempleo generan ineficiencias en el mercado de trabajo, argumentándolo en que desincentivan la búsqueda de empleo y generan paro ineficiente. La reducción de las prestaciones a los trabajadores asalariados y el voto en contra de la propuesta
socialista, para que los trabajadores autónomos la obtengan, forman parte del discurso y del sustrato ideológico del Partido Popular.
Los partidos conservadores nunca han defendido los derechos sociales de los trabajadores y negarlo, señores del Partido Popular, sería negar su propia identidad y su propio sitio dentro del espectro parlamentario. El decreto que hoy ha
movilizado a la huelga a los ciudadanos de este país es un ejemplo claro de lo que acabamos de decir. El decreto se sustancia en estos principios, alimentados por el objetivo del déficit cero y en una ideología barata y deshumanizada que habremos
de soportar para tener menos déficit que nadie -decía Estapé el pasado domingo en el dominical de La Vanguardia-. Las propuestas del decreto tienen la misma lógica que su negativa a aprobar el seguro de paro para el trabajador autónomo y están
presididas por la idea de la flexibilización laboral y del abaratamiento del despido, que ustedes consideran que son las causas de su concepción de ineficiencia del mercado de trabajo. Si se retiran las prestaciones de la mano de obra más precaria
y móvil, ésta no podrá negarse a aceptar cualquier empleo a cualquier salario. Su enfoque no sólo es injusto socialmente, sino que en términos económicos es equivocado. En primer lugar, en contra de lo que ustedes sostienen, el mercado de trabajo
español no es rígido, al contrario, es uno de los más flexibles, según demuestra un reciente estudio del Banco de España. Les invito a que se lean los flujos de trabajadores en España, que figuran en el documento de trabajo 206. En el mismo
sentido se sitúa un informe que publicó la OCDE hace ya 16 meses. El número de personas que pasan del paro al empleo y del empleo al paro, está próximo a las ratios de rotación que presenta el mercado de trabajo norteamericano y muy por encima del
de los países europeos. La visión del mercado de trabajo del Gobierno es anticuada y desinformada. La salida del empleo es muy elevada, porque un tercio de las plantillas
tienen contrato temporal y la entrada también es alta, ya que la mayoría de los parados reciben una prestación muy corta por su contrato temporal y ahora muchos de ellos ni tan siquiera la recibirán. El problema del mercado de trabajo no es
la rigidez, señorías, sino la segmentación y la temporalidad. El Gobierno no aborda esta cuestión, porque su único objetivo en definitiva es abaratar los costes de despido y los niveles salariales en beneficio del déficit cero y de las empresas
menos competitivas, porque las empresas competitivas no necesitan estas medidas. La eliminación de los salarios de tramitación supone un abaratamiento del despido que penaliza a los trabajadores con menor antigüedad, ya que a los recién
contratados, a los que llevan un año, se les rebajará el 65 por ciento. Su decreto incentiva el despido de los trabajadores más jóvenes, aumenta la inseguridad y la marginación de este grupo, y con ello, señores del Gobierno, se activa la
desestructuración de nuestra sociedad. No olviden que la inestabilidad laboral conduce a la inestabilidad familiar y a nuestro modelo social. Señorías, la mejor defensa de la familia y de nuestro equilibrio social es la defensa del Estado del
bienestar.
En segundo lugar, la reducción de los costes de despido no tiene una lectura lineal y simplona, como la que se infiere de la lectura del decreto y de algunos informes de poca monta que el Gobierno utiliza.
Frente a la tesis por ustedes
escogida de la ineficiencia de las prestaciones, está demostrado que hay una relación positiva entre costes de despido, estabilidad, formación e innovación. Les invito a que se lean las obras de Buchman, el reciente informe del CPR y de la OCDE.
El empresario dedica más recursos a la formación y a la mejora de la cualificación cuando hay protección al empleo. El trabajador es un activo, en ese caso, de calidad sobre el que la empresa invierte y cuya pérdida es un coste que hay que
evitar. A su vez, la estabilidad que de esa relación laboral se deriva hace que el trabajador tenga incentivos para invertir en su propia formación. Su modelo de referencia basado en el despido libre es una injusticia social, pero es que, además,
no eleva la productividad, es ineficiente en sí mismo; al contrario, repercute negativamente en la productividad, con lo que su contrarreforma laboral perjudicará la implantación de nuevas tecnologías y retrocederemos aún más en nuestro nivel de
productividad. Será una labor histórica conseguir que Portugal y Grecia pasen delante de nosotros en el furgón de cola de los niveles de productividad del conjunto de países europeos.
Señorías, nuestro mercado de trabajo no es rígido -pónganse al día en sus lecturas- y las medidas laborales del Gobierno van a acentuar los problemas existentes. Las vacantes de empleo -y acabo ya, señora presidenta- se reducirían sólo
frenando el abuso en la contratación temporal y las que realmente existen se pueden cubrir con una adecuada dotación y mejor funcionamiento de los servicios públicos de empleo, que continúan intermediando únicamente en uno de cada seis contratos de
trabajo. Aquí es donde el Gobierno debería buscar la eficiencia, mejorando los servicios públicos de empleo y no utilizando el excedente del INEM para lograr el déficit cero, como denuncian los sindicatos y la propia CEOE. Léanse también la prensa
al respecto.
Con su política, ni trabajadores ni empresas pueden hacer planes de formación. ¿A quién se forma? ¿Para qué tipo de trabajo va a formarse el trabajador que está continuamente cambiando de puesto de empleo? La política del Gobierno forma
parte de un modelo económico y social enormemente perjudicial para España y que va a comprometer el futuro de este país. Optan por buscar la competitividad a través de unos bajos costes salariales, y esto, además de injusto, es inviable dentro del
marco de la Unión Europea. Sobran razones, señorías, para estar en contra, para que toda España esté en contra de su política económica en general y en particular de su política laboral.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Costa.
¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo suscribe el acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara y hace suyo el texto que ha presentado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en su integridad y el texto que se ha publicado por la Cámara. Esta
subcomisión hace una radiografía y un diagnóstico muy exacto, muy exhaustivo, una subcomisión que ha trabajado para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.
El marco tradicional de las PYMES, de la pequeña
y mediana empresa, en España tenía necesidad de bajar un escalón de escenario, basado fundamentalmente en conocer cuáles eran los problemas, cuál era la dimensión, la estructura, las dificultades con que se encuentra algo más pequeño que la empresa
mediana o pequeña, es decir, la microempresa. Y, al mismo tiempo, lo que está tan ligado a la microempresa, el trabajador autónomo, que es la expresión más diminuta de esa microempresa. Hoy día, con los avances de la tecnología y con una economía
de servicios, este tipo de trabajador se está transformando en una pieza fundamental, cuantitativa y cualitativamente, en la estructura laboral, no solamente española, sino también europea y yo diría que mundial, porque ejemplos de este tipo de
trabajador autónomo se dan en toda economía libre de mercado y es una de sus condiciones más favorables para estabilizar empleo y, al mismo tiempo, para generar productividad y lograr un ensamblaje
en una economía de servicios. Por esta razón, cada vez es más necesario que estas personas tengan un arropamiento administrativo, financiero y económico, que les permita el mantenimiento de esa vocación empresarial ligada a sectores muy
diminutos de la economía, en cuanto a su dimensión industrial y empresarial. Además, en una economía fundamentalmente de servicios, el trabajador autónomo es compatible con la gran superficie comercial, con la gran industria y con la macroempresa
que está caracterizando nuestro sistema económico.
Entramos en el análisis del trabajo, que a juicio de mi grupo es magnífico y con el que nos sentimos identificados. El Gobierno autónomo de Canarias y mi grupo mantienen una serie de relaciones, reuniones y contactos con la Administración
central, concretamente con el ministro y el Ministerio de Trabajo, a través de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, para crear un escenario de aplicación de métodos administrativos y de medios legislativos,
económicos, financieros y formativos, en lo que denominamos el Plan de empleo en Canarias. Hacemos nuestros muchos de los renglones concretos -dentro del panorama de toda España- que contribuyen a clarificar este magnífico trabajo de la Comisión.
Nos sentimos identificados con las medidas propuestas por los expertos y los representantes del Ministerio de Trabajo y por el señor Aparicio. También quiero recordar aquí las sugerencias y propuestas que el señor Sánchez Llibre ha hecho en nombre
de Convergència i Unió, las cuales suscribimos perfectamente. Diríamos que puede ser considerado nuestro alter ego en este tipo de planteamientos sobre microempresas y trabajadores, debido -lo digo con conocimiento de causa- a la estructura de base
de microempresas y trabajadores autónomos en ramos de servicios que tiene Cataluña, que se repite en una economía más pequeña, más modesta y más especializada en otras áreas, compitiendo, igual que ocurre en Canarias, con las grandes empresas de
servicio, de hostelería y de turismo, que no podrían pervivir si no existiese este sector de industrias básicas de servicios generadas por un solo empresario a título personal. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Las 14 propuestas de futuro que trae el informe que ha hecho la subcomisión son muy oportunas y acertadas y dan una orientación a los poderes públicos para que estudien medidas legislativas y administrativas como las que se han señalado
después en las propuestas, que vienen a impulsar un marco jurídico favorable para la creación y consolidación de nuevas empresas, proyectos, iniciativas y vías para estos modestos empresarios, que necesitan un apoyo administrativo y legislativo.
Las comunidades autónomas van a tener que trabajar aquí, como ya vienen haciendo muchas de ellas -se ha puesto el ejemplo de la valenciana y de la catalana-, para que esto se pueda llevar a efecto. En algunas comunidades autónomas esto ya se está
haciendo, como ocurre en Canarias, con el plan canario de empleo y de formación de empresarios pequeños y de microempresas unipersonales. A esto hay que añadir medidas fiscales y laborales, como la empleabilidad, como la mejor manera de consolidar
en este momento, no sólo económica y productivamente, sino también sociológicamente un estamento importante.
Señora presidenta, termino con dos reflexiones que nos parecen muy adecuadas en la radiografía, en el diagnóstico y en el análisis de la situación que sobre estos segmentos de la economía productiva trae el informe de la subcomisión, tanto
en materia formativa, como en materia de innovación y desarrollo tecnológico. Quiero aprovechar la ocasión para mostrar la necesidad tremenda que existe en el sector de la pequeña empresa, de la microempresa, del trabajador autónomo, que hoy está
trabajando o debe trabajar o necesita trabajar para cubrir un segmento de demanda con los instrumentos que la tecnología le está dando. Asimismo, quiero resaltar una labor que se está desarrollando en la Cámara, a través de una fundación de
investigación y desarrollo, en la que corresponde a la diputada Elena García-Alcañiz el papel primordial de conducir esta política tan necesaria, y no sólo para las grandes dimensiones empresariales e industriales. Esa tecnología, ese desarrollo
tecnológico, a veces está basado en el ordenador personal, en unos sistemas de contabilidad y de análisis, o en la utilización de instrumentos de la tecnología electrónica por el empresario autónomo.
Cuando se han visto las radiografías de este
tipo de empresarios y de la actividad que realizan, se da uno cuenta que se están utilizando métodos a través de Internet, a través de una tecnología de microprocesadores, de microherramientas, que permiten un trabajo especializado. Utilizando un
clásico en la economía, el que podríamos llamar sector artesanal está haciendo con instrumentos modernos de alta tecnología verdadera artesanía de sistemas en la economía productiva.
Por estas razones, señora presidenta, mi grupo se siente identificado con este trabajo que ha hecho la subcomisión y lo va a votar favorablemente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en primer lugar, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió quiere mostrar su satisfacción por los resultados obtenidos por esta subcomisión en el impulso de los trabajadores autónomos, la microempresa y los
emprendedores. ¿Satisfacción, por qué, señorías? En primer lugar, satisfacción porque finalmente se ha hecho justicia con un colectivo tan importante como el de los trabajadores
autónomos, que hasta hace 20 meses habían sido los grandes olvidados de la economía productiva, porque durante estos casi dos años los trabajadores autónomos han sido los verdaderos protagonistas en esta subcomisión de la economía y de la
hacienda, y porque hoy, ante este Pleno, los trabajadores autónomos son los auténticos protagonistas en este debate que estamos llevando a cabo todas las fuerzas políticas. Creo que también en este caso se hace justicia a este colectivo que tanto
esfuerzo y tanto trabajo ha aportado en el impulso de la economía productiva y al que pocas fuerzas políticas -también hay que decirlo- han defendido, no ahora sino desde hace 20 años. Por tanto, protagonismo para los trabajadores autónomos y
mérito para aquellas fuerzas políticas que siempre los hemos defendido, siempre los hemos apoyado y siempre en esta Cámara hemos iniciado mecanismos legislativos para que estas conclusiones no llegaran hoy sino hace 15 ó 20 años. De todas formas,
satisfacción por este protagonismo que, aunque tarde, finalmente han recobrado.
En segundo lugar, satisfacción porque las conclusiones a las que hemos llegado en esta subcomisión son los cimientos de lo que será, sin ningún género de dudas, el impulso de una legislación moderna para corregir estas injusticias y
desigualdades actuales en cuanto a las prestaciones de los trabajadores autónomos, así como también para la potenciación de las microempresas y de los emprendedores.
En tercer lugar, satisfacción porque el resultado de la creación de esta subcomisión de estudio para los trabajadores autónomos fue una iniciativa de este Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que venía precedida en esta Cámara por una
gran cantidad de aportaciones e iniciativas parlamentarias de nuestro grupo en favor de los trabajadores autónomos desde hace muchas legislaturas. Por ello, señorías, sólo recordamos ante esta Cámara la paternidad de esta iniciativa y celebramos
también el descubrimiento, repentino y súbito, de la importancia del colectivo de los trabajadores autónomos por parte de algunos líderes políticos del PSC-PSOE, como es el señor Maragall. (Rumores.) Aunque tardío y súbito (ya que en el caso de que
este descubrimiento le hubiera sobrevenido cuando gobernaba el Partido Socialista en España seguramente este debate no lo tendríamos porque ya se hubieran resuelto todos estos problemas), también celebramos este descubrimiento y le damos la
bienvenida al apoyo de este gran colectivo de los trabajadores autónomos, porque desde Convergència i Unió siempre hemos dicho que más vale tarde que nunca.
En cuarto lugar, es cierto que estas conclusiones hubieran podido ser más amplias y más profundas, pero también es verdad que lo que no se ha hecho en 20 años tampoco se puede hacer en 20 meses. Hoy, señorías, con esta aprobación, damos un
paso muy importante a favor de los trabajadores autónomos y quiero manifestar ante esta Cámara, ante todos los grupos políticos que la componen, el compromiso de Convergència i Unió para que estas medidas sean de aplicación en su totalidad a partir
del 1 de enero del año 2003. Aunque esto no depende única y exclusivamente de Convergència i Unió sino de la actual mayoría parlamentaria, por parte de Convergència i Unió vamos a continuar insistiendo y profundizando a través de los diferentes
mecanismos para que lo que hoy aprobamos en esta Cámara sea de aplicación a partir del 1 de enero del año 2003.
En quinto lugar, quiero agradecer a todos los componentes de la subcomisión, a las señoras y señores diputados del Partido Socialista, como no podía ser de otra manera, porque nosotros siempre reconocemos los méritos y las aportaciones de
nuestros adversarios y compañeros políticos, concretamente de la señora Costa, del señor Díaz, del señor García Breva y del señor Amarillo, así como también las aportaciones, la colaboración y la sensibilidad que han tenido los diputados de la
mayoría parlamentaria, del Partido Popular, concretamente de la señora Báñez, del señor Gómez Darmendrail, que ha dirigido magistralmente esta subcomisión, del señor Martínez-Pujalte y del señor Delgado, que con su trabajo y su colaboración han
conseguido también forzar a que el Gobierno incluyera dichas propuestas. Pero nosotros agradecemos su colaboración a todas las fuerzas políticas, también, como no podía ser de otra manera, al representante de Coalición Canaria que, aunque ha podido
asistir poco, en sus manifestaciones nos ha delegado las propuestas para que hoy sean una realidad en este Pleno. (El señor Bel i Queralt: ¿Y al PNV?-Rumores.) Los señores del PNV no están presentes, pero me imagino que las van a votar
favorablemente. (Risas.)
¿Cuáles han sido las aportaciones que ha hecho Convergència i Unió, en colaboración básicamente con los diputados del Partido Popular, para que esto sea una realidad? Digo aportaciones que están perfectamente clarificadas en el debate de
esta subcomisión y en el documento que tienen SS.SS., y que en ningún momento yo las calificaría de mentiras, como se ha atrevido a hacer la diputada socialista Maite Costa, en el sentido de que lo que está escrito en este documento son mentiras.
Allá ellos. Ustedes sabrán por qué hacen estas afirmaciones cuando en realidad yo pienso que hoy tendrían que estar muy satisfechos porque se empezara a hacer justicia en una legislación relativa a unos trabajadores autónomos que ustedes han
defendido tanto como nosotros y como el resto de fuerzas políticas en esta Comisión. No lo entiendo, ustedes sabrán por qué hacen estas afirmaciones.
En primer lugar, se ha resuelto un tema muy importante como es la cobertura de los riesgos profesionales de los trabajadores autónomos con la ampliación de la acción protectora del régimen especial de su cotización. Concretamente, se han
ampliado dichas contingencias con la cobertura de los accidentes de trabajo y
de las enfermedades profesionales, cuestión esta perfectamente clarificada en dicho documento.
En segundo lugar, vamos a resolver o se han empezado a resolver todas aquellas cuestiones que afectan a la pluriactividad de los trabajadores autónomos, que también puedan cotizar a tiempo parcial en el régimen de la Seguridad Social. Esta
es una cuestión que vamos a resolver a partir de la aprobación de este documento, y todas aquellas personas que coticen en los dos regímenes también se verán compensados cuando reciban sus prestaciones de futuro.
En tercer lugar, se va a dar una gran solución a todos aquellos autónomos que están en situación de baja. A partir de la aprobación de este documento, siempre y cuando se cotice, se podrá empezar a cobrar la prestación de baja desde el
quinto día, como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena.
En cuarto lugar, se van a impulsar medidas de bonificación a la contratación en el régimen general de la Seguridad Social por parte de los autónomos a todas aquellas personas que inicien sus actividades durante los dos primeros años.
En quinto lugar, vamos a dar solución -hay diputados que dicen que esto es mentira- a todos aquellos trabajadores autónomos, señora Costa, que quieran contratar a su esposo, a su mujer o a sus hijos. Por tanto, no es una falacia, es una
realidad que está contemplada en dicho documento y es un motivo de gran satisfacción para casi 2.600.000 personas que están en esta situación y que hasta hoy no podían contratar a sus hijos menores de edad o a su cónyuge.
En sexto lugar, hemos conseguido, gracias a Convergència i Unió y la sensibilidad del Partido Popular, la creación de un fondo de garantía para que en determinados casos de condiciones objetivas y de cierre de actividad los trabajadores
autónomos puedan percibir una especie de subsidio de desempleo. Esto es una realidad, por mucho que les pese, es una gran noticia que han recibido los trabajadores autónomos y vamos a intentar que se aplique a partir del 1 enero del 2003. En
Convergència i Unió hay una gran satisfacción por haber conseguido este punto y por los colectivos de autónomos que, independientemente de las informaciones que ustedes puedan tener, colapsan nuestras líneas telefónicas dándonos las gracias por esta
cuestión.
En séptimo lugar, se ha dado una solución efectiva para que pueda haber una formación más profunda en el colectivo de los trabajadores autónomos y también hemos empezado a poner una base importante para que la mujer autónoma que esté en
situación de baja por maternidad pueda cubrir su puesto con un sustituto con grandes bonificaciones fiscales y de la Seguridad Social para que su negocio continúe en marcha.
Finalmente, hemos dado un paso cualitativo importante al instar al Gobierno para que se profundice en una cantidad emergente de trabajadores autónomos dependientes, en el sentido de que se pueda hacer un estudio más efectivo para este
colectivo que empieza a ser importante y en el futuro lo será bastante más.
Es verdad que han quedado algunos puntos encima de la mesa. Desde Convergència i Unió queríamos impulsar la contratación del autónomo a tiempo parcial. No se puede conseguir todo de golpe y desde nuestro grupo parlamentario seguiremos
insistiendo en que a lo largo de esta legislatura pueda ser viable la contratación de autónomos a tiempo parcial, siguiendo una recomendación de una moción aprobada en este Pleno por la mayoría de los votos de esta Cámara, para que sea una realidad
en un futuro inmediato. Estas son las cuestiones más relevantes desde la perspectiva de las prestaciones de los trabajadores autónomos.
También hemos incorporado aspectos muy importantes hacia los emprendedores y las microempresas. Hemos constatado en esta Comisión el bajo nivel vocacional empresarial que existe en España. Solamente un 10 por ciento de nuestros jóvenes que
acaban los estudios universitarios o profesionales quieren ser empresarios, mientras que la media de la Unión Europea está en unos porcentajes del 30 o del 35 por ciento. Por tanto, tenemos un gran diferencial que hemos de plantear, y hemos de
impulsar que el nivel vocacional de nuestros jóvenes para ser emprendedores y empresarios se incremente en los próximos años.
En esta Comisión hemos constatado otra gran realidad: el escalofriante índice de mortalidad de nuestras pequeñas compañías o el índice de mortalidad de los proyectos empresariales que se inician. Solamente viven al cabo de cuatro años del
inicio de una actividad empresarial el 50 por ciento de los proyectos, y si esto lo trasladamos al cabo de seis años de actividad, solamente viven el 15 por ciento de los mismos, por lo tanto, a los seis años de actividad de una nueva iniciativa
empresarial mueren el 85 por ciento de los proyectos empresariales iniciados por jóvenes que tienen posibilidades de ser empresarios. A partir de esta constatación, yo pienso sinceramente que hemos aportado grandes soluciones para que en futuras
legislaciones se incremente el índice vocacional y empresarial de nuestros jóvenes universitarios, de los jóvenes que quieran ser emprendedores, sin descontar el gran colectivo de mujeres que el día de mañana puedan ser empresarias. También hemos
previsto mecanismos para que la mortalidad de las compañías o de los proyectos empresariales que se inician no sea del 85 por ciento al cabo de los seis años.
Hemos incorporado medidas que nuestro grupo parlamentario va a plantear en el próximo debate de la creación de la nueva empresa, como es la simplificación administrativa. Desde Convergència i Unió siempre hemos defendido la necesidad de que
sea una realidad que en España los nuevos proyectos empresariales se puedan iniciar a las 48 horas de su creación o del primer documento que dé lugar al establecimiento. Hoy la
realidad es bastante triste, a veces, hasta después de tres, cuatro o cinco meses no se pueden iniciar las actividades empresariales. Por lo tanto, en este proyecto que ha remitido el Gobierno a la Cámara podremos incorporar más rapidez,
más agilidad, para que en 48 horas se pueda iniciar un proyecto empresarial.
Hemos potenciado la financiación de las microempresas, hemos certificado por enésima vez la defunción del impuesto de actividades económicas y, a propuesta de Convergència i Unió, hemos incorporado la posibilidad de que en el uso profesional
del gasóleo se tengan en cuenta unos precios más adecuados, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea. Finalmente, hemos conseguido consensuar con el Partido Popular la posibilidad de que haya un diferimiento de impuestos durante los dos
primeros años de actividad para este importante colectivo de emprendedores, entre muchísimas más medidas que ya han explicado el resto de los grupos parlamentarios.
Señoras y señores diputados, quiero mostrar desde Convergència i Unió el grado de satisfacción óptimo por la consecución de este documento, que es el cimiento de lo que en el futuro será una legislación más moderna por los trabajadores
autónomos. No quiero dejar de mencionar la gran colaboración que hemos tenido en esta Comisión de la señora letrada, que ha hecho posible y factible que finalmente este documento contuviera todas estas modificaciones.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Iniciamos la votación del acuerdo de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el informe de la subcomisión para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo y del emprendedor.
En primer lugar y al haber decaído el voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sometemos a votación el voto particular del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 88; en contra 170, abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos a la votación del acuerdo de la Comisión en relación con el informe de la subcomisión.
En primer lugar, sometemos a votación lo siguiente. Respecto al punto 2, régimen especial de los trabajadores autónomos de la Seguridad Social, apartado 4, propuestas de futuro, los números, 1, 2, 8, 11 y 13.
Asimismo, sometemos a
votación, respecto al punto 3, propuestas en relación con nuevas empresas, proyectos e iniciativas empresariales, apartado 1, propuestas de carácter administrativo, y apartado 4, propuestas de carácter económico y financiero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, votos emitidos, 260, a favor, 260.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el resto del texto del acuerdo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 173; en contra, uno, abstenciones, 85
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.