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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 158, de 25/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 158
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 152
celebrada el jueves, 25 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de medidas de reforma del sistema financiero. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 69-1, de 8 de marzo de 2002.
(Número de expediente 121/000069) ... (Página 8021)
Avocación por el Pleno:
- Proyecto de Ley de medidas de reforma del sistema financiero. (Número de expediente 121/000069) ... (Página 8041)
- Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. (Número de expediente 121/000068) ... (Página 8041)
Solicitudes de creación de Comisiones de Investigación:
- Solicitud, formulada por 84 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre las responsabilidades políticas del Gobierno y de los correspondientes órganos supervisores que se deriven de la
existencia de cuentas ocultas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA). (Número de expediente 156/000010) ... (Página 8041)
Página
- Solicitud, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una Comisión de Investigación sobre la existencia de cuentas ocultas por parte del Banco Bilbao Vizcaya y las
irregularidades derivadas de las mismas. (Número de expediente 156/000013) ... (Página 8042)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 8021)
Proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero ... (Página 8021)
El señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo) presenta a la Cámara el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, comúnmente conocido como ley financiera,
que desde la pasada legislatura y a lo largo de la primera parte de ésta el Ministerio ha estado confeccionando.
Se trata de una ley compleja, añade, como ponen de relieve los grupos parlamentarios en las argumentaciones de las enmiendas de
totalidad, pero esta complejidad responde también a una realidad igualmente compleja, que es la de los mercados financieros. Explica que las claves del avance extraordinario que han experimentado los mercados financieros en el conjunto del mundo y
en concreto en España son, por un lado, la aplicación masiva de las nuevas tecnologías a la industria financiera y, por otro, el proceso de integración financiera, especialmente en los países europeos, cuya muestra más importante es sin duda la
moneda única, a lo que habrá que añadir la aplicación del plan de servicios financieros de aquí al año 2005, anunciado por los gobiernos europeos. Explica los dos objetivos del proyecto de ley: dotar a la industria financiera española de la mayor
competitividad en relación con la industria financiera mundial y aumentar igualmente, o incluso más, la protección de los clientes, y pasa a analizar las razones de contenido del proyecto. Se pretende que el ordenamiento jurídico español no imponga
trabas innecesarias que coloquen a la industria financiera española en desventaja frente a sus competidores comunitarios e internacionales; se mejoran las condiciones de protección de los usuarios de los servicios financieros, y se mejoran las
condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con estos tres ejes fundamentales expuestos, pasa a referirse a las medidas más relevantes que en el mismo se contienen, y pide a la Cámara la aceptación del proyecto de
ley.
En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Costa Campi, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución, presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de medidas de reforma del sistema
financiero, se rechazan por 108 votos a favor, 179 en contra y dos abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 8041)
Proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero ... (Página 8041)
La Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, lo que se aprueba por asentimiento.
Proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico ... (Página 8041)
Asimismo, la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de
ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, lo que se aprueba por asentimiento.
Solicitudes de creación de comisiones de investigación ... (Página 8041)
Solicitud, formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una Comisión de Investigación sobre las responsabilidades políticas del Gobierno y de los correspondientes órganos supervisores que se deriven de la
existencia de cuentas ocultas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) ... (Página 8041)
Solicitud, formulada por los grupos parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una comisión de investigación sobre la existencia de cuentas ocultas por parte del Banco Bilbao Vizcaya y las
irregularidades derivadas de las mismas ... (Página 8042)
Defienden las solicitudes de creación de una comisión de investigación los señores Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista; Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta y señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto; y los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Sevilla Segura, del Grupo Parlamentario Socialista; Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la solicitud, formulada por 84 Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas del Gobierno y de los correspondientes órganos supervisores
que se deriven de la existencia de cuentas ocultas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), se rechaza por 115 votos a favor y 178 en contra.
Sometida a votación la solicitud, formulada por los grupos parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida y Vasco (EAJ-PNV), de creación de una comisión de investigación sobre la existencia de cuentas ocultas por parte del Banco Bilbao
Vizcaya y las irregularidades derivadas de las mismas, se rechaza por 114 votos a favor y 179 en contra.
Se levanta la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 121/000069)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero. Para su presentación tiene la palabra el vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Buenos días, señorías.
Señora presidenta, es para mí una satisfacción poder presentar ante la Cámara un proyecto de ley que ha llevado un largo proceso de trabajo por parte del Ministerio de Economía. Prácticamente desde finales de la pasada legislatura y a lo
largo de toda la primera parte de ésta, el ministerio ha estado confeccionando el proyecto de reforma del sistema financiero, comúnmente conocido como ley financiera, que presento ante sus señorías. El largo proceso de elaboración y más de un año
de información pública a través de distintos instrumentos indica que estamos ante una ley compleja, como ponen de relieve las enmiendas de totalidad de los grupos parlamentarios en sus argumentaciones, pero entiende el Gobierno que esta complejidad
responde también a una realidad igualmente compleja que es la de los mercados financieros, que como la Cámara sabe responden a una dinámica de cada vez mayor sofisticación en parte relacionada con la aplicación a los mismos de los avances
tecnológicos, y con unos efectos de esta sofisticación y de esta tecnología que los hace cada vez más competitivos, además de estarnos moviendo en un entorno eminentemente de mercados de nivel global. Este extraordinario avance que han
experimentado los mercados financieros no en el conjunto del mundo, sino en concreto en España, responde a dos claves que permiten, en opinión del Gobierno, explicar esta evolución: por un lado, como he dicho, la aplicación masiva de las nuevas
tecnologías a la industria financiera y, por otro lado, algo que se aplica especialmente a los países europeos, el proceso de integración financiera, del cual la muestra más importante sin duda es la moneda única, el euro; pero además un proceso de
integración financiera que todavía va a ser más intenso a lo largo de los próximos años, habida cuenta del anuncio por parte de los gobiernos europeos de la aplicación del plan de servicios financieros de aquí al año 2005.
En cuanto al mercado financiero español, este avance -por los motivos que acabo de mencionar- ha situado a nuestro sistema financiero entre los sectores de mayor desarrollo y dinamismo, como la Cámara sabe por datos que el Gobierno ha hecho
públicos o a través del Banco de España y otros organismos, lo que explica una parte de la evolución positiva de nuestros principales indicadores económicos. Como también sabe la Cámara y ha puesto de relieve la Comisión Europea, la relación de los
mercados financieros en su grado de desarrollo y de integración tiene efectos muy beneficiosos para el crecimiento económico y para el empleo. Ahora bien, la importancia adquirida por el sistema financiero en nuestra economía, su tamaño y la
proyección internacional que han adquirido los intermediarios financieros españoles deben corresponderse en opinión del Gobierno -y estoy convencido de que de todos los grupos parlamentarios- con una regulación adecuada sin trabas innecesarias para
el funcionamiento de los mercados y en línea con los regímenes más avanzados del mundo. La mayor parte de la normativa actualmente vigente en los mercados financieros españoles data, como sabe la Cámara, de antes de los años noventa y por tanto no
recoge los cambios de trascendencia capital que se han producido en el mundo, en concreto en España, desde todos los puntos de vista, legal, técnico e instrumental. Por eso entiende el Gobierno que es necesario actualizar el marco jurídico de la
actividad financiera con el objetivo de colocar a nuestra industria financiera en una situación de competitividad lo más ventajosa posible frente a las industrias financieras de la Unión Europea y del mundo. Existe una segunda preocupación que el
Gobierno trata de conciliar de manera importante en este proyecto de ley: la protección de los clientes de servicios financieros; servicios cada vez más utilizados por los clientes individuales -las familias-, que se enfrentan a un mercado cada
vez más amplio y sofisticado, como he dicho. En esta protección de los clientes hay que buscar, por un lado, fortalecer la confianza de los inversores, una de las piezas fundamentales del funcionamiento de los mercados financieros; y por otro
lado, a través de la protección del cliente conseguir que la aparición de nuevos productos financieros, cada vez más innovadores y sofisticados, y el crecimiento cada vez mayor de la prestación de servicios a distancia no vayan en contra de la
protección del consumidor. Estas nuevas posibilidades de comercialización financiera justifican, a juicio del Gobierno, la adopción de medidas tendentes a preservar, como he dicho, la confianza de los inversores en el funcionamiento y capacidad de
los sistemas financieros.
Los dos objetivos -dotar a nuestra industria financiera de la mayor competitividad en relación con la industria financiera mundial y, al mismo nivel o incluso superior, aumentar la protección de los clientes- no son contradictorios sino que
se refuerzan y complementan. El hecho de que las normas reformadas sean en su mayor parte anteriores a la década de los noventa, como he dicho, pone de manifiesto que nuestro régimen jurídico vigente precisa de una urgente puesta al día,
probablemente más intensa que en otros sectores económicos donde el transcurso de 10 años no supone obsolescencia como en los servicios financieros; una normativa, que en su momento era perfectamente equiparable a la del resto de los países
europeos, ahora puede ya no serlo. También se pone de relieve la insuficiencia de nuestra legislación para afrontar unos desafíos que se están produciendo a nivel mundial y que hemos conocido, como el caso Enron y sus derivaciones, que en este
momento son objeto de debate en todo el mundo, o algunas de las consecuencias en los mercados financieros de la actuación terrorista que se puso dramáticamente de manifiesto
el 11 de septiembre de 2001. Esta ley financiera -en su nombre más corto- no sólo constituye un paso decisivo, en opinión del Gobierno, para poner remedio a las disfunciones advertidas a raíz de estos acontecimientos -el caso Enron o la
utilización terrorista de los sistemas financieros-, sino que contiene propuestas del Gobierno, anteriores a que se produjeran estos hechos -puesto que el proyecto ha sido debatido a lo largo de más de dos años-, que aportaban soluciones aconsejadas
hoy por las instancias internacionales que están debatiendo sobre la materia. Los primeros borradores del anteproyecto de ley, que datan de finales del año 2000, ya recogían medidas tales como el control de las operaciones vinculadas, el
perfeccionamiento del régimen aplicable a la información privilegiada o un nuevo esquema para prevenir la manipulación de las cotizaciones. En efecto -refiriéndome a un tema de gran actualidad-, en el denominado caso Enron se ha tomado conciencia
de la necesidad de controlar las operaciones llevadas a cabo entre una sociedad y sus administradores y directivos. Uno de los detonantes del escándalo que ha surgido a raíz del conocimiento de los hechos del caso Enron ha sido la venta masiva de
acciones en poder de los administradores de la sociedad antes de que trascendiera la situación financiera de la misma al conjunto de los mercados y de los inversores. Estas conductas resultan muy negativas desde el punto de vista de la integridad
de los mercados, reducen la confianza de los inversores y en última instancia perjudican la eficiencia de todo el sistema financiero. Pues bien, como SS.SS. ya conocen, nuestra ley financiera que presento ante la Cámara abordaba ya esta cuestión
desde sus primeros borradores de finales del año 2000 estableciendo la obligación de informar al mercado de este tipo de operaciones vinculadas.
Otro ejemplo de lo comentado hasta ahora lo constituyen algunas de las prácticas que hemos conocido y de las que se valieron los implicados en los atentados del 11 de septiembre para poder financiar sus planes. Como sabemos ahora, los
terroristas hicieron uso de la información de que disponían sobre los mercados para actuar sobre los mismos manipulando cotizaciones de valores que se verían afectados por los ataques. Pues bien, la ley financiera -anticipándose de nuevo- además de
desarrollar exhaustivamente un nuevo régimen de información privilegiada e información relevante, prohíbe expresamente la preparación y organización de prácticas que falseen la libre formación de los precios estableciendo ilícitos administrativos
específicos para la prevención de estas conductas que serán consecuentemente perseguibles y sancionables por las autoridades supervisoras de los mercados de valores. Desde el punto de vista formal, señorías, el texto responde a una práctica que se
está desarrollando en otros países de nuestro entorno, como Alemania, que consiste en aprobar periódicamente una ley horizontal que actualice la regulación financiera como respuesta a los cambios cada vez más rápidos en los procesos de innovación.
Esta es una práctica que también está abordando el conjunto de la Unión Europea a través de las decisiones para llevar a cabo el plan de servicios financieros que he mencionado al principio de mi intervención y, por ejemplo, la aplicación del
sistema de decisión conocido como el proyecto Lamfalussy. En ese sentido, el texto que traigo a la Cámara incorpora a nuestro derecho muchas de las regulaciones de los países de nuestro entorno para que permitan al sector financiero español actuar
en condiciones similares a las de sus más inmediatos competidores. Además, el proyecto de ley que SS.SS. tienen que debatir incorpora alguna de las regulaciones que derivan de nuestras obligaciones comunitarias. En concreto, se trasponen en el
proyecto cuatro directivas, pero lo que me parece también interesante es que en el mismo se adelanta buena parte del contenido de algunas directivas que están en este momento en tramitación para formar parte del plan de acción de servicios
financieros. El avance en la liberalización de los mercados financieros y de valores es un objetivo que España ha considerado prioritario para el semestre de nuestra presidencia, como se demostró en el Consejo de Barcelona. En este sentido,
quisiera destacar el importante acuerdo institucional para facilitar la toma de decisiones en materia financiera que se alcanzó a principios de este año en el Parlamento Europeo con la Comisión y el Consejo y que está permitiendo avanzar con la
máxima celeridad en la tramitación de algunas de estas directivas, de las cuales adelantamos ya sus posibles conclusiones en esta ley. El próximo Consejo de Ministros de Finanzas europeo, el Ecofin, va a adoptar previsiblemente un acuerdo para
impulsar la directiva de conglomerados financieros, por ejemplo. Asimismo, durante la presidencia española se adoptarán en el ámbito europeo las normas contables internacionales, de gran importancia para la seguridad de los inversores.
Quisiera detenerme brevemente a explicar por qué el Gobierno ha optado por esta técnica legislativa que es ciertamente novedosa -los grupos parlamentarios de oposición así lo ponen de relieve y en algunos casos lo critican- y que justifica
en gran parte las enmiendas presentadas por los grupos Socialista, Izquierda Unida y Mixto que plantean la devolución de este proyecto al Gobierno. Por tanto, entiendo que la mayor parte de las críticas de SS.SS. están ligadas no tanto al fondo de
la cuestión, al que indudablemente la Cámara hará sus aportaciones y mejoras, sino sobre todo a la técnica legislativa utilizada por el Gobierno. En este sentido, señorías, en efecto -lo reconozco plenamente-, el proyecto afecta a una veintena de
leyes, ya sea por modificación o por derogación, a tres reales decretos y a una orden ministerial; por tanto es un proyecto -como he dicho desde el principio- de una cierta complejidad y también de una gran amplitud. Por ejemplo, el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida
solicita una tramitación separada de cada una de las leyes afectadas en proyectos específicos y, por su parte, el Grupo Parlamentario Socialista plantea que esta ley se asemeja a una ley de acompañamiento. Conociendo esas argumentaciones
que son perfectamente lógicas, el Gobierno tiene razones para considerar que existen a su vez otras razones que aconsejan seguir la propuesta que hace. El Gobierno ha preferido tramitar un proyecto único para la reforma del sistema financiero,
frente a la propuesta que hace Izquierda Unida, por entender que en virtud del proceso de globalización de mercados son aconsejables planteamientos integrales o, si la Cámara prefiere, horizontales. En un texto como el actual, caracterizado por la
presencia de intermediarios que actúan al mismo tiempo en los tres sectores tradicionales, es decir la banca, los seguros y las sociedades de valores, el Gobierno entiende que un planteamiento que permite analizar y resolver los problemas desde un
punto de vista global responde a la realidad del mercado y no a una segmentación, que se puede considerar incluso no realista, por lo que tiene ventajas indudables en primer lugar para el ciudadano y también para el debate político.
Desde el punto de vista del ciudadano, que en opinión del Gobierno es el principal destinatario de esta norma, se ha entendido que resulta más apropiado adecuar determinadas instituciones que afectan a los distintos sectores del sistema
financiero con un planteamiento homogéneo y contemplado en la misma norma. Pensamos en los sistemas, por ejemplo, de protección de la clientela, es decir los servicios de reclamaciones -a los que me voy a referir después- que se han construido en
el proyecto en paralelo para los tres sectores, la banca, el mercado de seguros y el mercado de valores, lo que seguramente no hubiera sido posible hacer de manera homogénea si hubiéramos tramitado tres proyectos distintos o, por lo menos, haría más
difícil su coordinación. Desde el punto de vista del debate político, que también me parece muy importante, la discusión conjunta y en uno solo proyecto de las cuestiones que afectan al sistema financiero resulta enriquecedora, en opinión del
Gobierno, en tanto que permite eliminar discrepancias en sectores que, sin perjuicio de sus especialidades, caminan cada vez más integrados y por tanto deben ser regulados en paralelo. En este sentido, lamento discrepar del Grupo Parlamentario
Socialista en que esta ley se asemeja a la ley de acompañamiento. El Gobierno ha huido conscientemente de esta posibilidad.
No lo planteamos al hilo del debate de la ley de acompañamiento que está ligada a las medidas presupuestarias, sino que lo
planteamos en un debate aparte, con un tratamiento especial y sometido a las reglas de plazos y de enmiendas normales, que no son la ley de presupuestos, por lo podríamos considerarlo como un debate más pausado. En ese sentido, es obvio -y como es
natural depende de la Mesa y de los grupos parlamentarios- que esta ley no va a estar sometida en su tramitación a los plazos perentorios de la ley de presupuestos, sino que tendrá un planteamiento exclusivamente normal, con los plazos que marca la
Cámara.
Por otra parte, la importancia de la nueva regulación se ha traducido, desde el punto de vista formal, en un laborioso proceso de elaboración por parte del Gobierno que en muchos casos ha sido público. El anteproyecto se ha sometido a
consulta dentro del propio Ministerio de Economía y con otros órganos de la Administración como son Sanidad, Justicia, Hacienda, Ciencia y Tecnología e Interior. También han intervenido instancias como el Banco Central Europeo, la Agencia de
Protección de Datos, el propio Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se ha tratado de alcanzar un amplio consenso entre todos estos sectores de la Administración. También desde marzo de 2001 el texto ha circulado por todos
los sectores afectados -que no voy a mencionar a SS.SS.-, que incluyen no sólo a las organizaciones empresariales sino también a las organizaciones de consumidores. Desde el 13 de marzo de 2001 hasta el 29 de enero de 2002, el texto del
anteproyecto se ha puesto también en la página web del ministerio, por tanto ha estado a disposición del público en general. De este amplio debate se ha hecho eco el propio Consejo de Estado, que ha reconocido la amplia audiencia pública que se ha
concedido, lo que ha permitido enriquecer el proyecto desde todos los puntos de vista.
Vuelvo a discrepar de uno de los planteamientos de Grupo Parlamentario Socialista sobre la dispersión que provoca el proyecto en el marco jurídico vigente. Es verdad que el proyecto modifica de una manera parcial o total 20 leyes y varios
decretos, como he dicho, pero también introduce medidas para evitar esa dispersión. Por un lado establece la obligación de elaborar tres textos refundidos de las disposiciones más importantes, es decir de la Ley del mercado de valores, la Ley de
disciplina e intervención de entidades de crédito y la Ley de ordenación y supervisión de seguros privados, precisamente para evitar esa dispersión y fortalecer la seguridad jurídica. Así, por ejemplo, al Grupo Mixto no le parece oportuno dejar la
elaboración de estos textos refundidos al Gobierno, pero quisiera recordar que es un texto refundido que volverá a ser objeto del dictamen del Consejo de Estado y que se va a comunicar a la Cámara antes de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado. En ese sentido, el texto trata de paliar los defectos de hacer una ley horizontal como la que se plantea. Además quisiera mencionar que el texto tiene una tabla de vigencias, que no es una práctica habitual en los textos que debate la
Cámara, puesto que la única tabla de vigencias que se ha debatido en esta Cámara es la Ley de Aguas del año 1985. En ese sentido, el Gobierno ha dado pasos importantes para paliar los posibles defectos de la técnica legislativa elegida. En algunas
materias el proyecto efectúa ciertamente una regulación muy detallada que podría haber sido objeto
de normas de rango inferior al legal y por tanto no haber sido debatidas en el Parlamento. En ese sentido hemos preferido elegir el rango legal, por entender que esto aporta dos beneficios muy significativos: en primer lugar,
indudablemente una mayor seguridad jurídica que la regulación reglamentaria y, en segundo lugar, la posibilidad de abrir un debate político y parlamentario sobre temas técnicos y detallados pero que tienen una gran importancia para el análisis del
conjunto de los problemas que trata de resolver el texto que presento ante la Cámara. Así por ejemplo, mucha de la regulación contenida de la información privilegiada o de la manipulación de mercados podría haberse remitido a disposiciones
reglamentarias; la regulación del actual servicio de reclamaciones del Banco de España se encuentra, como sabe la Cámara, en una circular y la del servicio de atención a la clientela de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es inexistente
hasta ahora. Otro ejemplo nos lo ofrece la Central de Información de Riesgos, que está regulada en un decreto ley del año 1962, completado a través de una orden ministerial y de varias circulares del Banco de España. Se trata ahora, aún siendo una
cuestión claramente técnica, de dar mayor seguridad jurídica, estableciendo una amplia regulación en el proyecto de ley que presento ante la Cámara en la que se han tenido en cuenta otras normas promulgadas a lo largo de estos 39 años de vigencia
del decreto del año 1962, especialmente las que regulan la protección de datos, el principio de legalidad en la aplicación del régimen sancionador y la cooperación internacional entre supervisores.
Paso ahora a analizar, señora presidenta, señorías, las razones de contenido del proyecto. Vuelvo a decir que se trata, en opinión del Gobierno, de una revisión ambiciosa de nuestro ordenamiento jurídico aplicable a los mercados
financieros. En primer lugar, dentro del contenido del proyecto, se pretende que el ordenamiento jurídico español no imponga trabas innecesarias que coloquen a la industria financiera española en desventaja frente a sus competidores comunitarios e
internacionales aumentando la eficiencia y mejorando la competitividad de los prestadores de servicios financieros españoles. En segundo lugar, para asegurar esta mayor competencia en la prestación de servicios financieros en beneficio de los
clientes de la banca, seguros y valores, es necesario que el marco legal regulador de los servicios financieros on line ofrezca a estos clientes un nivel de protección adecuado que preserve la confianza en el funcionamiento de los mercados. Para
ello en el contenido del proyecto se mejoran las condiciones de protección de los usuarios de los servicios financieros.En tercer lugar, se hace necesario favorecer la orientación de la actividad crediticia hacia la economía real, verdadera
impulsora del crecimiento y la creación de empleo, y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, que claramente desempeñan una función vertebradora del crecimiento económico en España y en Europa.
En tal sentido, como pueden comprobar SS.SS.
en el contenido del proyecto, se mejoran las condiciones de financiación de las pequeñas y medianas empresas. No cabe duda que en la consecución de estos tres objetivos que acabo de mencionar, el refuerzo de la supervisión de los mercados
financieros en general y de los mercados de valores en particular desempeña un papel crucial. De aquí que esta ley financiera se haya ocupado de esta cuestión extensamente, abordando aspectos concretos en los que se habían detectado posibilidades
de mejora y perfeccionamiento, y otros más generales en los que se hacía necesaria una revisión más profunda.
De acuerdo con los tres ejes vertebradores del proyecto que acabo de exponerles, paso a referirme a las medidas más relevantes que en el mismo se contienen. En primer lugar, las medidas para fomentar una industria financiera española más
eficiente. Me gustaría destacar la integración de los sistemas de compensación y liquidación de valores que redundará en una clara reducción de costes de las operaciones financieras y, por ende, en un aumento de la competitividad internacional de
nuestros mercados e intermediarios financieros. Además, mejorará su capacidad para atraer el ahorro de los ciudadanos y de las familias y canalizarlo convenientemente a las estructuras productivas. Junto a ello se fomenta la apertura de los
mercados de valores españoles, atribuyendo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia para autorizar la participación de sociedades que administren mercados secundarios oficiales españoles en sociedades que gestionen mercados
secundarios fuera de nuestras fronteras. También se favorece que los mercados secundarios oficiales de futuros en España creen alianzas con otras plazas europeas. La ley crea una vía de refinanciación para las operaciones de préstamos por parte de
las entidades de crédito a administraciones públicas, las llamadas cédulas territoriales, que con características similares ya existen en otros países, como sabe la Cámara. Ello va a permitir una rebaja significativa del coste de financiación del
sector público de nuestro país, mejorando en última instancia la capacidad de prestación de los servicios públicos a los ciudadanos que podrán ser financiados a menor coste por las administraciones públicas y aumentando al mismo tiempo las
disponibilidades de crédito del sistema bancario para otros usos. Se flexibiliza también el régimen de garantías, tanto para las operaciones entre entidades financieras como para las operaciones de política monetaria de los bancos centrales de la
Unión Europea y también para la gestión de la tesorería pública. El refuerzo del intercambio de información con supervisores de terceros países, siempre que esta información se comunique con garantías adecuadas al secreto profesional, es otra de
las medidas que contribuirán a incrementar la eficiencia de nuestro sistema financiero, por lo que el proyecto traspone la Directiva 2000/64 de la Comisión
Europea en los ámbitos de seguros, valores e instituciones de inversión colectiva. A este mismo objetivo se dirigen otras previsiones de la ley como la flexibilización del régimen de las cooperativas de crédito, con el propósito de hacerlas
más competitivas en el conjunto del mercado de crédito, o la desaparición de la Comisión liquidadora de entidades aseguradoras, cuyas funciones, patrimonio y personal van a ser asumidos por el Consorcio de Compensación de Seguros.
En otro orden de contenidos, el proyecto incorpora como novedad un nuevo régimen de protección de la clientela. Este régimen se establece sin perjuicio de otros mecanismos de protección que ya existen, cuales son la normativa arbitral y la
protección jurisdiccional, que no han sido hasta el momento los instrumentos más eficaces para proteger los intereses de la clientela de servicios financieros debido, entre otras razones, a la reducida cuantía de lo reclamado en muchos casos, aunque
pueda ser importante para el cliente pero no desde el punto de vista del tratamiento jurisdiccional, y a la lentitud de los procedimientos judiciales en nuestro país. Por ello, el proyecto de ley establece un sistema de protección adicional, que no
sustituye los ya existentes -vuelvo a repetir-, creando nuevos órganos administrativos ad hoc: el comisionado y el defensor del cliente. En esta misma línea de fomento de los sistemas de protección de los inversores se encuentra un claro propósito
de acercar esta ley al ciudadano. En el proceso de elaboración de este proyecto se ha puesto especial empeño en que el inversor tome conciencia de que la ley supone un avance más que notable en el perfeccionamiento de los sistemas de protección que
nuestro ordenamiento jurídico pone al servicio de los ciudadanos. En esta clave debe analizarse alguna de las medidas que voy a mencionar. Por un lado, se crean los comisionados para la defensa de los clientes de servicios financieros como órganos
administrativos especialmente diseñados para defender los intereses de los usuarios: el defensor del ahorrador, el defensor del inversor y el defensor del asegurado y el partícipe en los planes de pensiones. Bajo la denominación de comisionados,
estos resolverán las consultas, las quejas y reclamaciones de los clientes de los servicios bancarios, de inversión y de seguros, respectivamente. Me parece relevante subrayar que esta protección se hará bajo el sistema de ventanilla única. Los
actuales servicios de reclamaciones, que ya existen en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros, se adscribirán a los comisionados para prestarles soporte técnico y administrativo y evitar
duplicidades e incrementos de costes. Los inversores no tendrán como hasta ahora que averiguar el órgano encargado de tutelar sus reclamaciones entre los establecidos para los clientes de servicios bancarios, de inversión o de seguros. Gracias al
sistema de ventanilla única, especialmente previsto en la ley, los usuarios de los servicios financieros podrán dirigir sus reclamaciones a cualquiera de ellos, independientemente de cual sea el objeto de la misma.
Me gustaría subrayar por su importancia que con la creación de los comisionados se pretende personalizar los servicios ofrecidos por la Administración, eliminando los obstáculos que impiden la fluidez de las relaciones y que, en ocasiones,
hacen desistir al usuario de sus reclamaciones. Los ciudadanos contarán con mecanismos más eficaces de protección, en opinión del Gobierno, gracias a la obligación que impone la ley a todas las entidades financieras españolas y, por primera vez, de
atender y resolver todas las quejas y reclamaciones presentadas por los clientes. Para ello, las entidades financieras españolas, por primera vez, deberán contar obligatoriamente con un departamento de atención al cliente. Además, podrán,
individualmente o agrupadas, designar un defensor del cliente, que deberá ser una persona experta o una entidad independiente.
Con respecto a esta cuestión de los defensores del cliente, se resuelve en la ley la actual paradoja por la que las decisiones adoptadas por los servicios de reclamaciones de las entidades financieras no resultaban vinculantes, lo que sumía
a los ciudadanos en una situación de clara indefensión, porque se podían encontrar con que un servicio de reclamaciones les daba la razón, pero en la entidad no se reconocían esas argumentaciones, lo cual obligaba a los ciudadanos, después de haber
perdido el tiempo en ir a un servicio de reclamaciones, a acudir, en todo caso, a la vía jurisdiccional, que por razones de garantías jurídicas es mucho más lenta y costosa y, vuelvo a repetir, puede no tener sentido desde el punto de vista de los
costes, para reclamaciones de pequeñas cantidades, pero que pueden ser importantes para los usuarios. En virtud de la ley financiera, a partir de ahora las decisiones adoptadas por los defensores del cliente en relación con reclamaciones
presentadas por estos van a vincular a las entidades financieras, en caso de que sean favorables al ciudadano.
Para proteger a los perjudicados de accidentes de circulación, en otro orden de cosas, que hayan tenido lugar en un Estado de la Unión Europea distinto del de su residencia, se traspone la Directiva 2000/26/CE, aplicable a todos los países
de la Unión Europea y, en concreto, en España, a partir de la entrada en vigor de la ley.
La protección de los inversores se consigue también en la ley con una mayor transparencia. El proyecto incorpora medidas tendentes a impulsar la transparencia de los mercados de valores, con implicaciones muy concretas en las tareas de
supervisión a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ciertamente, la pérdida de integridad de los mercados ocasionada por prácticas tales como la utilización de información privilegiada, la difusión de información falsa o engañosa,
la no difusión u ocultación de información relevante, la manipulación de cotizaciones, provoca la falta de confianza de los inversores. Esta falta de confianza
tiene una consecuencia inmediata en los mercados de valores por cuanto los pequeños inversores reducen la colocación de sus ahorros en los valores cotizados, lo que a su vez tiene otra importante consecuencia negativa, que es el
encarecimiento de la financiación para los empresarios y para la actividad productiva y, a su vez, produce un claro obstáculo en el desarrollo de los mercados de capitales en nuestro país.
Para todo ello, entre las medidas que se contemplan en el proyecto, se encuentran las siguientes. Por un lado, la transparencia de las llamadas operaciones vinculadas. La regulación propuesta se sitúa en la línea de las iniciativas
internacionales encaminadas a obligar a las entidades emisoras de valores a hacer públicas las transacciones realizadas por la entidad dominante y su grupo con accionistas significativos, con directivos y con personas vinculadas o controladas por
ellos. Así, mediante la reforma de la Ley del Mercado de Valores, se establece la obligación de informar de todas las operaciones que realice una sociedad emisora de valores admitidos a negociación en algún mercado secundario oficial con personas
vinculadas a ellas. La información se debe incluir tanto en la memoria de las cuentas anuales, como en la información pública semestral exigida por la Ley del Mercado de Valores, en los términos que determinará reglamentariamente el Gobierno. A su
vez, se establece también el deber de las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en algún mercado secundario oficial, de hacer públicas determinadas informaciones trimestrales y semestrales. Entre estas últimas se deberá incluir
información cuantificada de las operaciones vinculadas que se hayan efectuado durante el semestre a que se refiera el correspondiente informe. En este mismo ámbito de transparencia, el proyecto contiene diversas medidas orientadas a combatir el uso
de información privilegiada y fomentar la difusión de información relevante.
De acuerdo con lo previsto en una directiva que aún no se ha aprobado, sobre abuso de mercado y en el propio documento de FESCO, que, como sabe la Cámara, es la organización de los organismos supervisores de los mercados de valores europeos,
nuestro proyecto de ley incide en la manipulación de las cotizaciones. En primer lugar, se formula el mandato genérico de abstenerse de preparar o realizar prácticas que falseen la libre formación de los precios y se concreta el alcance de dichas
prácticas. Adicionalmente, se faculta al Ministerio de Economía o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para desarrollar una relación y descripción no exhaustiva de las prácticas concretas contrarias a la libre formación de precios. Por
último, se tipifica como infracción muy grave, según los daños ocasionados a los inversores, el incumplimiento de las obligaciones establecidas.
Señora presidenta, señorías, como he señalado anteriormente, el tercero de los grandes objetivos de esta ley es impulsar la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Para ello se introduce un nuevo mecanismo de financiación cuyos
beneficiarios serán las pequeñas y medianas empresas que tengan a su vez como clientes a administraciones públicas. A partir de esta ley estas empresas podrán ceder a entidades de crédito sus cuentas de clientes frente a dichas administraciones, es
decir, podrán financiarse a través del llamado factoring. Además, y con objeto de abaratar el crédito concedido a las pequeñas y medianas empresas, se crean nuevos mecanismos que permitirán a las entidades de crédito españolas refinanciar estos
créditos. En particular, me gustaría mencionar la posibilidad que se abre a partir de esta ley de ceder préstamos hipotecarios a los fondos de titulización de activos, aunque no reúnan los requisitos de la Ley del mercado hipotecario.
Con objetivo de fortalecer la presencia y la actividad de las entidades de capital-riesgo se flexibiliza su régimen, favoreciendo así la existencia de fórmulas alternativas de financiación para las pequeñas y medianas empresas.
En opinión del Gobierno, el proyecto de ley también da un gran impulso a la innovación tecnológica en el ámbito financiero, pretendiendo con ello acercar al ciudadano la realidad que entendemos irreversible de la contratación electrónica.
Debe tenerse en cuenta por la Cámara que la normativa sobre transparencia está pensada para realizar servicios cara a cara. Claro ejemplo de ello es la necesidad de identificación personal y documental mediante la aportación del DNI de los clientes
de servicios financieros. Evidentemente, esta exigencia no tiene sentido cuando se trata de servicios que se están contratando a través de Internet. Por lo tanto, el Gobierno entiende que resulta imprescindible adaptar nuestra normativa al objeto
de determinar los requisitos de identificación aplicables a los servicios realizados on line, para que tanto los ahorradores como las entidades financieras operen con las máximas garantías de transparencia. La extensión de las nuevas tecnologías al
mundo financiero beneficiará a todos, pero para ello es preciso que los inversores intermediarios disfruten de la misma seguridad con la que cuentan en la contratación tradicional. En ese sentido, la ley financiera articula los instrumentos
necesarios que habilitan al Ministerio de Economía para que ponga en marcha las normas eficaces de protección, de forma que los inversores puedan contratar servicios financieros por vía electrónica con plenas garantías.
Además, señorías, se regula por primera vez el llamado dinero electrónico cuya implantación impulsará significativamente el comercio electrónico en nuestro país. En opinión del Gobierno, este dinero electrónico está llamado en breve a ser
el principal medio de pago a través de Internet.
La emisión de dinero electrónico corresponderá a entidades especializadas, es decir las entidades de dinero electrónico, que tendrán la consideración de entidades de crédito y quedarán, por tanto,
bajo la supervisión del Banco de España.
Quisiera mencionar otras muchas medidas con implicaciones en los ámbitos financieros. Por un lado, se amplían las posibilidades de préstamos de valores para las instituciones de inversión colectiva. Se introducen ilícitos específicos
referidos a la ausencia de estructuras empresariales adecuadas para la correcta prestación de servicios bancarios. Se reforma el régimen jurídico de los establecimientos de cambio de moneda. Se penaliza el uso indebido de las denominaciones
reservadas en el ámbito del mercado de valores. En el específico ámbito bancario se reforma y actualiza el régimen jurídico de la Central de Información de Riesgos, una institución que va a desempeñar un papel clave en el proceso de revisión de
normas prudenciales sobre entidades financieras. También se actualiza el régimen sancionador aplicable a las entidades de crédito y a las aseguradoras.
Por último, señora presidenta, señorías, quisiera referirme a un conjunto de medidas que el proyecto incorpora y que tienden a mejorar el funcionamiento de los propios órganos supervisores. Así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
se someterá a una inspección anual sobre la seguridad y garantía de sus procedimientos de actuación. Para mejorar su funcionamiento interno se prevé la elaboración de un reglamento en el que se establecerá el reparto de competencias entre los
distintos órganos y la organización interna de la misma. Además, se faculta a los supervisores para acceder a la documentación relativa a los trabajos de auditoría de las entidades supervisadas. Por otro lado y para evitar que eludan las
exigencias de honorabilidad empresarial y profesional a través del nombramiento de apoderados, se extienden a estos tales exigencias. Se regulan también los sistemas alternativos de negociación, garantizando su supervisión por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, a la vez que se mantienen las reglas de autorregulación y la flexibilidad que caracterizan estas plataformas de negociación. También se habilita al Gobierno para que establezca un procedimiento de autorización y los
requisitos de actuación de estas plataformas.
Con respecto a las instituciones de inversión colectiva, se refuerza la figura del depositario, exigiéndole la adhesión a los sistemas de compensación y liquidación y registro de los diferentes mercados. También se habilita al Gobierno para
establecer las exigencias a las que deban someterse los depositarios situados fuera de España. La publicación de las sanciones será obligatoria no sólo en el caso de las infracciones muy graves sino también de las graves. Además, se crea un
registro en la CNMV donde consten las infracciones cometidas en los últimos cinco años. Por último, se habilita a los supervisores para regular los códigos de conducta para las inversiones de las entidades sin ánimo de lucro.
Señorías, creo que, a pesar de una cierta extensión, que me disculparán, la exposición que acabo de hacer del contenido del proyecto no ha sido exhaustiva. Además, hay un debate parlamentario previo, si la Cámara así lo decide, para entrar
en profundidad en cada una de las medidas que contempla el proyecto, las que he mencionado y otras. Sin embargo, espero haber transmitido a la Cámara la relevancia de la norma, aunque también su complejidad, a través de 54 artículos, tres
disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una derogatoria y cuatro finales, porque entendemos va a dotar a nuestra industria financiera de un marco regulatorio adecuado a un mercado global, para desenvolverse en ese mercado y
también para responder a un funcionamiento cada vez más sofisticado de la industria, pero sin perder la capacidad de proteger al cliente, incluso aumentándola.
El proyecto una vez que, si la Cámara así lo decide, se convierta en ley tendrá indudables consecuencias positivas para los inversores, los ahorradores y asegurados y también para las pequeñas y medianas empresas españolas. Para los
primeros implicará una simplificación en los trámites y un abaratamiento en los costes y, por tanto, una mayor agilidad en numerosas transacciones. También supone, como he dicho, un aumento de la protección administrativa y un aumento de la
disciplina de las entidades que operan en los mercados. Con respecto a las pequeñas y medianas empresas van a conseguir mayores facilidades en la financiación y un proceso de abaratamiento de la misma.
Por todo ello y agradeciendo la atención de la Cámara, solicito que acepte la tramitación de este proyecto de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
A este proyecto de ley han sido presentadas tres enmiendas a la totalidad, de devolución.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, aunque está claro, señor ministro, que no soy el diputado Frutos, que no puede esta mañana estar en el debate, por lo que voy a ser yo la que tenga el honor de
intervenir con relación al proyecto de ley que el Gobierno trae a la Cámara.
Es evidente que este proyecto quiere solucionar deficiencias de funcionamiento del sistema financiero. Quiere solucionarlas porque queremos solucionarlas todos; porque se ha manifestado claramente la fragilidad y la vulnerabilidad del
sistema financiero en casos como Gescartera o el BBV y, por salud democrática, todas y todos los diputados de la Cámara, todos los grupos parlamentarios, tenemos la obligación de legislar para evitar este tipo de situaciones que conducen al
descrédito de la política y de la noble tarea de las políticas y los políticos de todas las instituciones de este país. Por tanto, compartimos la necesidad de esta iniciativa legislativa y valoramos positivamente muchos aspectos del
proyecto que trae el Gobierno a la Cámara. Es un importante avance, lo reconocemos plenamente, a pesar de que hayamos presentado una enmienda de totalidad y cuyas razones explicaré a pesar de compartir ciertas bondades del proyecto.
Nosotros valoramos como avances importantes los que tienen que ver con medidas tendentes a poner fin a la información privilegiada, la manipulación de cotizaciones, ya que exige transparencia normativa a los órganos supervisores, habrá un
mayor control de los auditores y regula la información privilegiada, que es fundamental también para dar crédito al sistema democrático, no sólo desde la prevención sino también desde la sanción, porque detalla las prácticas prohibidas a las
personas que tienen acceso a información privilegiada y porque establece medidas preventivas de organización de las entidades que prestan servicios en los mercados para evitar que haya información privilegiada. Valoramos también el proyecto en la
medida en que habilita al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a que fijen medidas de carácter obligatorio para directivos, administradores y empleados. Con este proyecto de ley los inversores tendrán seguramente
más información en tiempo real, además subsana lagunas que nuestro grupo considera importantes relativas al incumplimiento de los requisitos de información privilegiada, la manipulación de precios y la no publicación de hechos relevantes, a los que
califica como infracciones muy graves con sanciones que irán acompañadas de la revocación de la autorización de la entidad y una amonestación pública con reflejo en el BOE. Esto, señorías, tiene que ver con el trabajo parlamentario de la Comisión
de Investigación de Gescartera, porque las comisiones de investigación, señor ministro, señoras y señores del Partido Popular, sí sirven para algo. La Comisión de Gescartera nos ha dado muchas pistas de por dónde trabajar en este proyecto de ley y
es saludable que esa Comisión haya tenido la posibilidad de trabajar en el Parlamento porque, cuando menos, ha servido para ponernos en la pista de lo concreto y de cómo legislar desde el Parlamento. Además, señorías, este proyecto pretende
reforzar la eficacia de la unidad de vigilancia de los mercados.
Podría seguir definiendo bondades, pero ustedes empezarían a preguntarse que si estamos tan contentos con el proyecto y lo vemos todo tan bien, por qué hemos presentado una enmienda a la totalidad. Efectivamente, nobleza obliga, nosotros
somos un grupo serio y cuando tenemos que decirle al Gobierno que hay cosas de las que hace que nos gustan se lo decimos con la misma naturalidad como cuando le decimos lo que no nos gusta. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la
presidencia.) No obstante, señorías, hemos presentado una enmienda a la totalidad porque entendemos que, una vez más, el Gobierno del Partido Popular continua con la estrategia de hurtar al Parlamento debates tan importantes como el de presupuestos
o como esta reforma del sistema financiero que hoy nos trae a la Cámara. Estamos tratando de un tema que es la piedra angular de la economía de un país y no podemos permitirles a ustedes que se escuden en una propuesta con un único proyecto de ley
donde se van a sustanciar reformas importantísimas en distintas leyes.
Una vez más, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida venimos a esta Cámara a denunciar esta práctica del Partido Popular ya que desde nuestro punto de vista
democrático, un proyecto de ley de esta envergadura se debería tratar con modificaciones legislativas individualizadas.
Este proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero que presenta el Gobierno viene a modificar, más o menos, el articulado, señorías, nada más y nada menos, que de trece leyes, tres reales decretos legislativos y un decreto,
así como a derogar disposiciones contenidas en seis leyes, un decreto-ley, tres reales decreto y una orden del Ministerio de Economía y Hacienda. Abundamos en esta misma dirección, señorías, poniendo de relieve que el caso se puede ver agravado si
a lo largo del trámite parlamentario el proyecto de ley se pudiera ver afectado por modificaciones sustanciales en otras leyes no contenidas inicialmente, tal y como viene siendo habitual en proyectos de similares características. Todos ustedes
tendrán seguramente en la mente, al igual que esta diputada, el tema de las cajas de ahorros. Si se utiliza el trámite en el Senado -y por muy legítimo que sea a nosotros no nos parece lo suficientemente democrático como para proceder a
modificaciones legislativas-, dadas las características del propio proceso parlamentario, no permiten una intervención adecuada de los grupos parlamentarios de oposición.
Por todo ello, señorías, nuestro grupo parlamentario presenta esta enmienda con el fin de que el Gobierno proceda a una tramitación específica en proyectos diferenciados para que esta reforma se pueda tramitar de la manera que nosotros
entendemos que es más oportuna políticamente, más acorde con las necesidades de los representantes del pueblo español y también de los ciudadanos, hombres y mujeres de este país.
Señorías, la quiebra de Enron ha removido los entresijos del sistema financiero mundial. El escándalo ha puesto en entredicho no solamente la independencia de las auditoras, de los bancos de inversión y de los reguladores, sino también,
señoras y señores, de los políticos y de las políticas, de los representantes de los ciudadanos, sobre los que también planean sombras de información privilegiada y suculentas comisiones a cambio de ocultar o falsear ciertas informaciones. Es
preciso -no es necesario que yo lo diga- que tengamos plena conciencia de lo que significa y de cómo
afecta a los niveles de salud del sistema democrático este tipo de dudas y sospechas sobre la doble actividad de la política institucional.
Señorías, señoras y señores del Grupo Popular, no queremos bajarnos de la tribuna sin poner encima de la mesa algunas preocupaciones que sobre este proyecto de ley han manifestado las organizaciones de consumidores y usuarios mostrando,
señor ministro, su disconformidad con el proyecto, al considerar que está elaborado más a la medida del sector bancario y en contra de sus propios intereses. Prueba de ello es que el defensor del cliente -dice la asociación de usuarios y
consumidores- está asesorado por un consejo consultivo en el que los usuarios solo ocuparán un puesto frente a los cuatro de los que dispondrá el sector empresarial. Asimismo, critican el hecho de que el consumidor esté obligado a reclamar ante el
defensor del cliente de la entidad financiera antes de poder acudir al defensor del ahorrador, que es una figura que ustedes introducen y que, por cierto, lleva planteando Izquierda Unida con un nombre muy similar, defensor del cliente, sin que
ustedes hayan hecho hasta este momento ningún caso de la sugerencia.
Señorías, concluyo mi intervención diciéndoles que la salud democrática de un país se mide también por iniciativas como esta. Entendemos que deberían ser atendidas las demandas de Izquierda Unida en todo lo que tiene que ver, señor Rato,
con el debate formal sobre este proyecto, que significa una importante reforma que tiene una trascendencia política que va más allá de la política y que también tiene que ver con la ética.
Esperamos que este proyecto de ley sea enriquecido con las
iniciativas de los grupos parlamentarios de la oposición, porque entiendo que es un tema en el que el Gobierno democrático del Partido Popular está obligado a llegar al máximo consenso.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su enmienda, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted ha hecho una extensa exposición de una ley necesariamente compleja. No hay que excusarse por la complejidad para nada; el sistema financiero es complejo, su regulación es compleja y extensa y le agradezco esa
exposición compleja y extensa de este proyecto de ley. Tan extenso como ha sido usted, voy a ser breve yo. Le voy a explicar brevemente cuáles son las razones por las que este portavoz andalucista pide la retirada de la ley, que son sencillas.
No voy a entrar en el fondo, porque no estoy analizando la complejidad de la ley, que la tiene, sino que voy a darle tres razones. La primera la ha dicho usted mismo: esta ley omnibus de acompañamiento es una especie de cajón de sastre
donde se mezclan demasiadas cosas que podría ser regladas en paralelo con distintos proyectos de ley. Meter todas las cosas en el mismo saco hurta un debate reglado y razonable y produce confusión, que es una cosa distinta a la complejidad; una
cosa es complejidad y otra confusión. La segunda razón, señor ministro, es la oportunidad política.
Es decir, no se puede traer aquí, en pleno boom de los escándalos financieros, cuando los escándalos financieros están en las primeras planas de
los periódicos de este país, una ley que, entre otras cosas -ya he dicho que aquí se contienen muchas cosas-, pretende establecer los mecanismos de control del sistema financiero. Conviene reflexionar sobre por qué han pasado estas cosas. A lo
mejor, cuando tengamos un diagnóstico algo más claro, vemos que hay que introducir mecanismos de control distintos de los previstos en este proyecto de ley del sistema financiero. Este proyecto ya tuvo su paralización con el tema de Gescartera y,
como digo, parece que en pleno boom de lo del BBV, que no es una anécdota, conviene una reconsideración. La tercera razón, señor ministro, también la ha mencionado usted en su exposición porque se cita en la memoria de la petición de retirada de
esta ley, es que se hurta un debate al Parlamento. Usted me dice, señor ministro, que el texto refundido de distintas leyes -de seguros y de mercado de valores- que va a hacer el Gobierno se va a comunicar al Parlamento y que, además, pasa por el
Consejo de Estado. No es lo mismo comunicar que debatir. Dejar exclusivamente en manos del Gobierno estos textos refundidos tan importantes para el país que afectan a la regulación del sistema financiero es hurtar al poder legislativo la
posibilidad de estar en cada uno de estos instrumentos.
Por tanto, tres cuestiones, señor ministro, ninguna sobre el fondo técnico, necesariamente complejo, de la ley: confusión respecto a demasiadas cosas juntas; falta de oportunidad política por no tener todavía un diagnóstico claro de qué ha
provocado, como mecanismo de control, los fallos del sistema financiero en los últimos escándalos y hurtar al poder legislativo el debate de esta disposición adicional cuarta de la ley que faculta al Gobierno a realizar por sí solo los textos
refundidos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, señorías, a lo largo de la década de los noventa se ha registrado un notable crecimiento de la competencia de los mercados mundiales de acciones y de los movimientos internacionales de capital.
Este aumento supone una aproximación a los niveles de capitalización de
Japón y Estados Unidos, y en el caso de España, sin alcanzar los valores medios de la zona euro, registramos un perfil similar al europeo.
Obviamente, el crecimiento de las operaciones financieras, y muy especialmente la consolidación de su dimensión internacional, requiere una adaptación del entorno legal, tanto para facilitar el normal desenvolvimiento de los mercados de
capitales como para pactar el modelo de supervisión y control a dichos cambios. En este sentido, nuestro grupo comparte los principios de la Comisión de la Unión Europea sobre los que se fundamenta el plan de acción de servicios financieros
aprobado por el consejo de Lisboa de 2000.
Para conseguir un mercado único es imprescindible asegurar la transparencia de los mercados y una supervisión y normas prudenciales que aseguren la confianza de los inversores. Este objetivo deberá alcanzarse antes de 2005, tras un proceso
de adaptación del marco legislativo de cada Estado, a fin de converger en un único marco normativo y operativo armonizado en todo el espacio económico europeo.
Señorías, la trascendencia del tema justificaba que nuestro grupo esperara con expectación e interés el proyecto de reforma del sistema financiero, y el texto que finalmente ha presentado el Gobierno a esta Cámara ha hecho inevitable
presentar una enmienda a la totalidad y, repito, nada más opuesto a los iniciales deseos del Grupo Socialista, al que hubiera gustado tener un texto que hubiera podido seguir un trámite parlamentario con sólo enmiendas parciales.
El Grupo Socialista comparte y defiende los principios que inspiran la liberalización de los mercados financieros y la mejora de los sistemas de supervisión y control, que está en línea con las aportaciones e interpretación de la Comisión
Europea y los acuerdos de Lisboa y Estocolmo, desarrollados en el llamado informe Lamfalussy, pero el proyecto que nos ha presentado el Gobierno no va en esta dirección.
Resulta sorprendente, señor ministro, que en un tema como este, en el que no
debiera haber cuestiones ideológicas enfrentadas, no haya sido posible trabajar a partir de un proyecto coherente. Y el problema lo han provocado ustedes, el problema lo ha provocado el Gobierno presentando un texto que en poco o en nada va a
beneficiar al sistema financiero español y que sencillamente, señor ministro, está tan mal hecho que ni siquiera se entiende el redactado en muchos de sus artículos.
El proyecto del Gobierno da satisfacción a grupos muy concretos, pero no va a reforzar la eficiencia del sector, al contrario, porque cuando desde un Gobierno se crean instrumentos destinados a favorecer los intereses de unos grupos se
altera la asignación eficiente de los recursos y se reduce la competitividad del conjunto del mercado, y este es el balance, este será el saldo de su proyecto.
Presentamos una enmienda a la totalidad porque este proyecto de ley, además de ser un cajón de sastre, como lo demuestra el hecho de que afecta a 18 leyes -y es sabido que en su trámite parlamentario el Grupo Popular va a incorporar gran
número de enmiendas-, es ineficaz, sin rumbo, no sabe a dónde se dirige, claramente intervencionista, en detrimento de la autonomía de los órganos reguladores y al margen de las cuestiones esenciales que se están debatiendo en Europa en relación a
la mejora de la supervisión, cuestión ésta que ustedes llevan tiempo demostrando que no les interesa. Es una ley incompleta en cuanto omite las cuestiones principales, si bien usted, señor ministro, se permite una miscelánea temática que redundará
sin duda en unos elevados costes burocráticos.
Debo reconocer, señor ministro, que ingenio no les falta porque tener el valor de decir desde la tribuna que han hecho una innovación legislativa a través de la presentación de un proyecto horizontal siguiendo el sistema alemán resulta todo
un atrevimiento. Ustedes no han querido o no se han atrevido a incorporar la reforma de las cajas de ahorro y piensan cambiar la regulación que afecta a más de la mitad de nuestro mercado crediticio a través de unas enmiendas cuando lo procedente
era que estuvieran en el texto. Se utiliza un proyecto de ley para hacer propaganda política como puede verse en los títulos, que son auténticos eslóganes que después no se corresponden con el contenido de los artículos. Es una ley que crea
inseguridad jurídica al pequeño ahorrador en la medida en que permite operaciones de alto riesgo sin cláusulas de salvaguarda, como es el caso de los préstamos de valores por instituciones de inversión colectiva, que restringe información a los
accionistas y a los analistas del mercado, como se constata en los artículos sobre inversión privilegiada y operaciones vinculadas. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Y es engañosa porque pretende hacer creer que se introducen mejoras en
la financiación de las pequeñas y medianas empresas y en la defensa de los intereses de los clientes, todo lo cual es absolutamente falso. La suma de desaciertos es incuestionable y preocupante. Ya durante su elaboración los ministerios de
Hacienda, Justicia y Sanidad y Consumo alegaron discrepancias de calado, y el Consejo de Estado es enormemente crítico en su informe, llegando a afirmar que las prerrogativas que se conceden en el texto al ministro de Economía pueden llegar a ser
inconstitucionales.
Intervencionismo inconstitucional, señor Rato. Peligrosa, muy peligrosa combinación.
En suma, el proyecto de ley no contiene las medidas que requiere el actual grado de desarrollo de nuestro sistema financiero. No estimula de forma efectiva la actividad económica y tampoco garantiza adecuadamente los derechos de los
accionistas ni los de los clientes de los servicios financieros. Si entramos en el detalle de algunas de las cuestiones que ustedes tratan en su proyecto, el balance es aún más negativo. En primer lugar, sus propuestas respecto de la creación de
la sociedad de sistemas, las entidades de contrapartida y
la entrada de partícipes foráneos en la sociedad rectora de la Bolsa de valores, que constituyen el grueso de las medidas de reforma y que podrían -no lo negamos- haber estado bien encaminadas de cara a avanzar hacia la integración de los
mercados financieros, son vagas e imprecisas hasta el extremo, no sé si se han dado cuenta, de que no se fija tan siquiera la fecha o periodo de transición en que debe ponerse en marcha la sociedad de sistemas. Parece, señor Rato, que se incorpora
la sociedad sólo a efectos de propaganda política o para que usted lo comente en las reuniones del ECOFIN. No se define el itinerario futuro de la sociedad rectora de la Bolsa de valores. ¿Se va a imponer un modelo como el de la Deutche Börse, es
decir, como el de la Bolsa alemana? ¿Van a salir a cotizar en los mercados de valores sus propias acciones? Señor Rato, ¿cómo es posible que el principal tema de discusión en las bolsas europeas quede fuera de este proyecto? ¿También van a
hacerlo a través de una enmienda o bien en la próxima Ley de acompañamiento, ampliando la experiencia en esas innovaciones legislativas de tipo horizontal que usted ha bautizado hoy? Sinceramente, es inconcebible.
Se omite toda regulación sobre el coste de los servicios que presenta la sociedad de sistemas, la de contrapartida y la rectora de Bolsa. El artículo que regula el tema de los precios no afecta precisamente a estas tres sociedades, lo que
supondrá un aumento de los precios que deberán pagar los inversores. Es decir, las oportunidades de negocio concebidas vía legislativa a las tres sociedades serán claramente rentas de monopolio. El proyecto de ley tampoco introduce ninguna
regulación que impida en estas sociedades una posición de dominio de un accionista, no se contempla ningún tipo de control para evitar que un inversionista mayoritario pueda lesionar los intereses del resto de accionistas y, dada la naturaleza de
las funciones que realizan estas tres sociedades, del propio mercado. Únicamente -y ésta no es la vía, señorías- el ministro de Economía, en última instancia, puede acabar decidiendo qué accionistas son los que entran en la sociedad. Curiosa
mezcla de liberalización e intervencionismo, fórmula que domina ampliamente el Gobierno.
En este proyecto de ley todo está sin definir. Queda pendiente la mayor.
¿Por qué modelo de supervisión apuestan ustedes? Debería haberse planteado un modelo alternativo, consistente, de un lado, en ampliar la liberalización de los
servicios financieros mayoristas, minoristas y de seguros, y de otro, en reforzar la supervisión y las normas prudenciales y cambiar o comenzar a cambiar el modelo institucional actual, de tipo funcional o de especialización, hacia un modelo de
supervisión unificado consolidado, como apuntan los trabajos que sobre este tema se están haciendo a nivel europeo.
Éste hubiera sido un buen momento para replantear el modelo de supervisión. Ustedes no lo hacen y no avanzan por tanto en la línea de crear un marco institucional que pueda adaptarse fácilmente a la previsible unificación de la supervisión
a nivel europeo. En un entorno de libre movilidad de capitales ustedes tienen que venir a esta Cámara con un texto que resuelva el divorcio actual entre el ámbito territorial de las actividades de las empresas y la jurisdicción de la supervisión,
porque con su proyecto vamos inevitablemente a un aumento del fraude y a unos mayores riesgos de mercado. Con ello, señor ministro, incurre en una grave irresponsabilidad.
Señor Rato, la liberalización de un mercado no supone descontrol porque obliga a los gobiernos a introducir mucha más regulación y transparencia; lo contrario de su texto. Lo que el Gobierno nos presenta no encauza nuestra supervisión y
normas prudenciales en la misma dirección que lo están haciendo en Europa; ello repercute en la seguridad de los inversores y en la propia credibilidad del mercado financiero y en un ajuste duro y costoso si se alcanza un sistema de supervisión
único a nivel europeo.
El proyecto reduce la transparencia del mercado -no la aumenta, como usted creía o ha creído poder argumentar-, objetivo intrínseco a todo proceso de liberalización. En una clara captura del accionista por parte del administrador, el
proyecto ventila sin ninguna voluntad de control el problema de la información privilegiada y de las operaciones vinculadas.
Y en contra -lo pone en la propia memoria del Ministerio de Economía, no falsee la información desde la tribuna- de la
normativa establecida en otros países, como Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no se exige una relación de insiders natos sino que se remite a un registro para cada caso. Es preciso, señor ministro, y usted lo sabe, conocer ex ante aquellos
directivos que están autorizados por la entidad para acceder en todos los casos a la totalidad de la información. Igualmente, las operaciones vinculadas tienen un tratamiento que favorece la opacidad. Y a diferencia de los modelos anglosajón y
francés, que exigen la aprobación ex ante, en junta y de manera pública de toda operación vinculada, en el proyecto que nos ocupa sólo se requiere información sobre las operaciones realizadas por el accionista principal o por los administradores de
forma ex post y facilitada otra vez, en su caso, según determine, como siempre, el ministro de Economía.
Este tratamiento de un tema de singular importancia contraviene toda la doctrina y nuestro grupo quiere denunciar la voluntad del Gobierno de habilitar como causa legítima la ocultación de datos, es decir, amparar bajo una norma legal a
todas luces inaceptable las prácticas seguidas por algunos directivos, muy próximos al Gobierno, de empresas públicas hoy privatizadas.
El proyecto de ley establece esa figura, a la cual usted se ha referido, de los comisionados, que constituye una auténtica pantalla propagandista sin ningún efecto real en defensa de los clientes. No está delimitado
el alcance de sus funciones. No es un avance ni ágil ni efectivo y, como señala el Consejo de Estado, crea una desconfianza absoluta sobre el cumplimiento de los objetivo que justifican su creación. Los comisionados, señor ministro, serán
sus interventores en los órganos de supervisión. Con esta figura el Gobierno quiere hacer creer que el ahorrador estará más protegido y no se verá afectado por situaciones como la de Gescartera, cuando, por el contrario, este caso se produce no
porque la ley vigente no regule correctamente la defensa de los intereses de los inversores, sino porque los responsables en su día del organismo supervisor, insistimos, no la ley, no tomaron las decisiones previstas, según se establecen de forma
meridiana en la normativa vigente.
Respecto a los comisionados, el Consejo de Estado dice textualmente: la introducción de esta figura va a tener pocas consecuencias, máxime si se tiene en cuenta que carecen de facultades resolutorias. Y sigue en otro párrafo: debiera
sopesarse la conveniencia de crear estos órganos a la vista de las dudas que suscita su eficacia. Leídas estas consideraciones, la pregunta que nos hacemos es: ¿la figura del comisionado aparece en el proyecto por incompetencia del Gobierno o por
mala fe? Si es por incompetencia, el Gobierno debe retirar el proyecto, buscarse nuevos asesores y presentarlo de nuevo a esta Cámara en las condiciones adecuadas para su debate. Quiero creer, señor ministro, que no es mala fe, que el Gobierno lo
ha hecho mal, rematadamente mal, porque el dilema nos llevaría a que el Gobierno tiene algún interés para engañar a los inversores.
La flexibilidad de la normativa, a la cual también usted se ha referido, consiste en aumentar el riesgo de las operaciones y de los inversores, sin ninguna protección prudencial, y crea una situación de indefensión entre las entidades
emisoras de renta fija al establecer el proyecto de ley que el ministro de Economía podrá autorizar al Tesoro a adquirir valores de renta fija negociados en los mercados regulados. ¿Cómo va a decidir el ministro qué títulos de renta fija manda
comprar al Tesoro? Los repos¸ señor ministro, se han hecho siempre con deuda pública. El Tesoro no puede crear una opinión entre los inversores favorable a un determinado tipo de bonos. ¿Cómo es posible que usted acabe también decidiendo o
influenciando en las opciones de compra de renta fija que se hagan en el mercado?
El proyecto de ley dedica un título, que no su contenido, a la financiación de las pymes, a la que usted también se ha referido desde la tribuna. Incluso en la exposición de motivos se señala que es un objetivo expreso del proyecto de ley.
Nada más lejos de la realidad. La modificación del régimen jurídico de las entidades de capital-riesgo no aporta nada a las pymes, sólo se favorece que los grandes patrimonios puedan acogerse a las economías fiscales de estas operaciones y de paso,
señor ministro, así puede usted presentar unos resultados más favorables en los indicadores que el ECOFIN ha acordado diseñar sobre capital-riesgo.
La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya, por favor.
La señora COSTA CAMPI: Voy concluyendo. Gracias, señora presidenta.
El Gobierno desconoce o simplemente no le importa resolver el problema real del fracaso del capital-riesgo como mecanismo de financiación de proyectos de arranque y de pequeñas y medianas empresas. Señor Rato, el problema del capital-riesgo
es que las gestoras no aceptan participar en proyectos con volúmenes de financiación reducidos, y ésa es la cuestión, y con su propuesta el problema va a empeorar. Bajo una terminología engañosa estamos, como hemos demostrado, ante un texto
claramente intervencionista; intervención además que se habilita siempre el ministro de Economía, incluso en funciones que corresponden en todo caso al Gobierno y que ustedes van a tener que enmendar porque no se adapta al ordenamiento vigente en
muchos de sus artículos. Hasta en el Consejo de Estado han saltado las señales de alarma. En su informe, el máximo órgano consultivo señala que comparte la preocupación expresada por otras instituciones del Estado sobre las excesivas
habilitaciones que se conceden al ministro de Economía; habilitaciones imprecisas y que -cito textualmente- constituyen una norma en blanco que no contiene ningún tipo de regulación sustantiva y que podría suscitar dudas de inconstitucionalidad. Y
eso no es todo lo que hay o queda por venir.
Esta ley de acompañamiento bis, como la llaman los miembros del Grupo Popular -ley horizontal, en palabras del señor ministro-, parece que va a tener un gran número de enmiendas, lo que indica que ni el Gobierno acepta su texto. El
Ministerio de Economía, el Banco de España, la CNMV y la CECA están trabajando intensamente estos últimos días; se ha aceptado, incluso, ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales hasta el lunes, porque no están terminadas las
enmiendas parciales que se presentarán. De paso, van a incluir unos cuantos flecos que corren por el ministerio y que no saben cómo incorporar al proceso legislativo.
En este totum revolutum, sin orientación, sin principios que justifiquen nada de lo que proponen, reformarán también -pelillos a la mar- las cajas de ahorro; tema que no han incorporado en el proyecto porque no quieren discutir la propuesta
ni con sus comunidades autónomas ni con sus representantes en los consejos de las cajas.
La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego que termine. Lleva consumido más del 50 por ciento por encima del tiempo habitual.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta. Acabo dentro de unos segundos.
¿Es el próximo paso del Partido Popular expulsar de sus órganos directivos a los actuales responsables para colocar a personas próximas al Gobierno? ¿Tienen interés en alguna caja? ¿Piensan respetar las competencias transferidas a las
comunidades autónomas?
En definitiva, señorías -y termino ya, señora presidenta-, este proyecto de ley hurta al Parlamento el debate de asuntos que deberían plantearse por separado. El Gobierno nos presenta un texto ineficaz, confuso, lleno de imprecisiones,
carente de modelo y que camina, señor Rato, en sentido opuesto a la economía y mejora de las competencias que exigen los órganos supervisores y a la imprescindible convergencia normativa e institucional con Europa. Textos como este minan nuestro
ordenamiento jurídico y atacan nuestro Estado de derecho. Por ello, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, reclamo la devolución del texto al Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo se presenta en este debate para fijar su posición, partiendo de la necesidad de un texto legal como el que debatimos esta mañana -el proyecto de ley que ha remitido el Gobierno a la Cámara- y quiere
hacerlo con responsabilidad. El sistema financiero español tiene que atender en este momento a dos necesidades básicas: su eficiencia y productividad y la protección del usuario del mismo, sean personas físicas -ahorradores o inversores en Bolsa-
o jurídicas -bancos, entidades de crédito, etcéteras- a las que afecta la situación actual.
¿En qué consiste la situación actual? La dinámica de la economía de mercado en el mundo occidental, sobre todo en los dos escenarios que nos afectan más directamente -el español y el de la Unión Europea-, hace que de un mes para otro se
produzcan innovaciones en las fórmulas de gestión, de transferencia de capital, electrónicas, etcétera, que crean un bosque complicado para la percepción del usuario. Por tanto, la primera valoración que hacemos del proyecto del Gobierno es su
necesidad y oportunidad. Es necesario, como se ha citado -existe en otros países de la Unión Europea como Alemania-, ir periódicamente a una serie de leyes de tipo horizontal que pongan en conexión factores que parecen muy distintos, ya que
legislar singularizadamente sobre ellos no traería ninguna solución al sistema. El sistema financiero tiene una serie de factores interrelacionados. Este proyecto, al que tres grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la totalidad que ahora
estamos debatiendo, a nuestro juicio, tiene una serie de valores; es necesario que la Cámara legisle lo antes posible sobre ellos y lo vamos a hacer porque precisamente esta dinámica nos la están evidenciando nada más y nada menos que cuatro
directivas comunitarias -número genérico del Consejo Europeo 2000- y que son las números 26, 28, 46 y 64. Estas directivas están poniendo en evidencia que este fenómeno, esta necesidad de adecuación del sistema financiero, se está dando también en
el escenario de la Unión Europea. Si los 15 países han tenido que ponerse de acuerdo para sacar nada más y nada menos que cuatro directivas que ahora tenemos que trasponer a la legislación española, bastaría para que viéramos la necesidad
perentoria de que el sistema financiero español no estuviera en una dinámica de comportamiento distinto, porque el usuario español es también usuario de sistemas financieros en todo el ámbito de la Unión Europea. Hoy en día, de acuerdo con las
normas comunitarias, el usuario español, persona física o jurídica, no es solamente usuario del sistema financiero español; está utilizando el sistema financiero en las distintas opciones que se ofertan en el mercado y no digamos ya de la
cotización continua en las Bolsas europeas. Hoy día hay una interrelación no solamente tecnológica y electrónica, sino de comportamientos y de decisiones financieras a nivel del mercado bursátil, y es necesario adecuarse a ello.
Nosotros queremos resaltar que no estamos conformes con un tipo de actuación que lleve a una demora de estas cuestiones, dejándolas que se activen por sí mismas y que nos conducen a situaciones contraproducentes.
En primer lugar, tenemos
mandatos imperativos de esta Cámara; me voy a referir a algunas de las conclusiones que la Comisión sobre Gescartera aprobó en esta Cámara y que están referidas precisamente a los órganos de supervisión que son necesarios para su funcionamiento,
pero que tienen que estar actualizados. O los actualizamos o estamos condenados a la repetición de determinadas anomalías que nadie desea en este momento, ni usuarios ni Administración ni fuerzas políticas. Nosotros entendemos que, por ejemplo, la
integración de los sistemas de compensación y liquidación de valores es un pilar básico -como se dice en el propio enunciado de la ley- para el funcionamiento correcto de los mercados de valores. O se soluciona este tema en los mercados de valores
-periódicamente, pero con una gran firmeza y claridad- o, de no ser así, estaríamos condenados a tener problemas basados fundamentalmente en la multiplicidad de los sistemas de compensación y liquidación que vienen dificultando precisamente la
integración en los mercados españoles con respecto a los mercados europeos. Tenemos que darle al sistema esta solución, porque si no se la damos vamos a tener unas pérdidas en el sistema financiero español que le quitarán eficacia, eficiencia,
competitividad
y, por tanto, productividad en relación con nuestros competidores financieros de la Unión Europea.
Entendemos que el proyecto trae una novedad importante, que son las denominadas entidades de contrapartida central. Esta figura también la mantenemos homologada a nivel del escenario de la Unión Europea y, por tanto, tiene que realizarse.
Intercambiar hoy día una información en el ámbito de los seguros, valores e instituciones de inversión colectiva es fundamental. No podemos tener el campo del seguro español sin una capacidad de interrelación; sobre todo no podemos estar fallando
en el intercambio de información en el ámbito de los seguros cuando hay una libre circulación de personas, vehículos, etcétera, por todo el territorio económico de la Unión Europea. En estos momentos, una cuestión perentoria para las compañías
aseguradoras españolas es el tema del intercambio de información entre nosotros mismos y entre el escenario español, como entre todas las aseguradoras europeas, que por imperativo de las leyes europeas y de nuestras directivas ya traspuestas no
tienen ninguna limitación territorial en este ámbito. Nosotros también entendemos que el proyecto de ley va a permitir incluso su perfeccionamiento en el trámite de enmiendas, como pretende hacer mi grupo en algunas cuestiones para que queden más
claras y simplificadas.
Por ejemplo, por lo que se refiere a flexibilizar -sobre todo en el mundo agrario- las cooperativas de crédito, porque hay que aproximarlas a los bancos y a las cajas de ahorro con un doble objetivo, pero fundamentalmente en lo que se
refiere a la financiación subordinada. Hoy día las cooperativas de crédito tienen una limitación respecto a la financiación subordinada que es necesario despejar y actualizar. Es necesario clarificar todo lo que se refiere al papel de la central
de información de riesgos del Banco de España, para que no se repitan ejemplos, como todo lo derivado del escándalo Enron en Estados Unidos -que citaba en su intervención el propio vicepresidente económico del Gobierno y ministro de Economía, señor
Rato-; es necesario que el inversor. el ahorrador tenga la garantía de que los gestores de cualquier empresa privada no van a hacer uso de su información privilegiada sobre el mal estado de su situación financiera en épocas de ignorancia bursátil
del valor real de la acción y procedan a venderlas llevando no solamente la empresa al crack sino llevando fundamentalmente a la ruina a los ahorradores que habían confiado en esa empresa, en esas acciones y en unas entidades inspectoras o
supervisoras del sistema financiero y bursátil. Desde mi punto de vista político se tiene que garantizar este derecho del inversor a que su ahorro invertido en las acciones de una sociedad anónima privada no se vea abocado a la desaparición, lo que
le llevaría a la ruina o a la pérdida de su inversión antes del crack de la empresa. Por tanto, si somos capaces de corregir esta situación con las entidades de supervisión lo tendremos superado. Consideramos que los comisionados para la defensa
de los clientes de servicios financieros son importantes. Los casos que hemos tenido en España, que se han dado en Europa, en Estados Unidos y en Canadá nos llevan a realizar esta afirmación fundamental. Nosotros entendemos que es necesario
establecer una potenciación de las entidades supervisoras, como es el caso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Entendemos que es fundamental el proyecto del Gobierno al modificar la actual Ley de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores y la Ley del Mercado de Valores para extender -porque es un fallo que tiene el sistema en estos momentos- el régimen de honorabilidad empresarial y profesional de los administradores a los apoderados con facultades generales de
representación. Muchos de nosotros aquí presentes que hemos estado en esta comisión de investigación, tenemos singularizadas incluso con nombres y apellidos personas que con sus actuaciones han defraudado al sistema, a la ley y al inversor. Se
impone la figura del defensor del cliente, que hoy día está contemplada también en muchas legislaciones de tipo horizontal que se están dando en los países de la Unión Europea, no solamente en Alemania, por lo que esta legislación necesita ser
actualizada.
Por tanto, haciendo una valoración positiva de la perentoriedad y de la necesidad urgente debemos dotarnos de una serie de instrumentos que permitan por un lado la garantía, el control y la fiabilidad del sistema financiero; por otro lado
potenciar su productividad y que ante lo enmarañado de las normas que se vienen produciendo en distintos segmentos del sector financiero, aunque todo el sistema financiero está interrelacionado entre sí, se clarifiquen con garantía; y en tercer
lugar -no por ello en último lugar- se protejan fundamentalmente, a través del principio de ley, las garantías del inversor.
Esta Cámara está comprometida para dotar al sistema financiero español de partícipes, de protagonistas y de usuarios de las garantías legales. Por eso, en línea con esa necesidad imperiosa y urgente, nosotros vamos a votar en contra de esas
enmiendas de totalidad y devolución que entorpecerían la secuencia temporal del proceso de aprobación, y damos nuestro apoyo al texto del Gobierno sin perjuicio de que para su perfeccionamiento, todos los grupos presentemos enmiendas al mismo en
fase de ponencia y de Comisión. Consideramos que el ciudadano español necesita esta letra de seguro fundamental en el mundo del ahorro y de sus derechos que le garantiza la Constitución española.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, señor vicepresidente, nuestro grupo, el Grupo Vasco del Congreso no ha presentado enmienda a la
totalidad al proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero, y no lo ha hecho por un doble motivo. En primer lugar porque estamos de acuerdo con partes sustanciales del proyecto y elementos claves del mismo, significa un
avance y una necesidad en muchos aspectos y creemos que ello es positivo; no tenemos reparos en decirlo así de claro. En segundo lugar, porque esperamos que abordando seriamente el proyecto podamos corregir -y para ello apelo a la supuesta
voluntad negociadora del Partido Popular- aquellos aspectos en los que el proyecto no es respetuoso con las competencias en materia financiera contempladas en los estatutos de autonomía, en concreto en el Estatuto de Gernika. Todos los proyectos de
ley que tratan temas relacionados con el sistema financiero son expresión paradigmática de la actitud del Gobierno del Estado respecto al desarrollo de los estatutos de autonomía de aquellas comunidades autónomas que como la de Euskadi tienen
asumidas competencias en materias económico-financieras referidas esencialmente a la ordenación del crédito y de la banca, los seguros, los planes y fondos de pensiones, el mutualismo, las cooperativas y el mercado de valores. El respeto a los
estatutos de autonomía se mide en este tipo de leyes estatales por edificar obstáculos insalvables para el desarrollo autonómico, debido fundamentalmente a normativas exhaustivas y acabadas del Estado que vetan a las comunidades autónomas, con
competencias claras en dichas materias, siquiera la más mínima toma en consideración de lo que sucede en el sistema financiero, prácticamente cerrada como está hoy en día toda posibilidad de que las comunidades autónomas participen de alguna manera
mínimamente relevante o ejecuten en sus ámbitos territoriales algunas de las facultades previstas en la normativa correspondiente. Las enmiendas que vamos a presentar van dirigidas a abrir mecanismos de participación autonómica en el entramado del
sistema financiero, sin adoptar por tanto una línea de máximos en la reivindicación de respeto a las competencias autonómicas, que exigiría una revisión mucho más profunda de la legislación.
El proyecto trata en muchos casos aspectos muy especializados sobre los instrumentos y el régimen jurídico financiero en general, que no vamos a poner en duda en la medida que compartimos todo aquello que persiga la mejora de la
competitividad de los agentes financieros y su mejor desenvolvimiento en el entorno europeo con el que es notorio que muchas veces se encuentran desenganchados dichos agentes. En ese sentido, damos por sentado que va más allá de requerir que
cualquier medida tenga plena aceptación por los operadores financieros de la Unión Europea y suponga en todo caso una correcta adaptación de las normas mercantiles españolas a las estructuras vigente en dicho ámbito europeo y una correcta
trasposición de las diferentes directivas europeas que aquí se encuentran implicadas.
Otra cuestión, y en esto tenemos que centrar el debate, es que esta ley nace con vocación de intervenir en el complejo aspecto de la protección de los intereses de la ciudadanía en general, como usuarios que todos somos de los servicios e
instrumentos disponibles en el sistema financiero. La ley nace también conectada a los lamentables episodios que hemos vivido con el caso Gescartera y a muchas de las incógnitas que en el mismo han quedado cerradas en falso por la actitud de
autoproteccionismo político que adoptó el Gobierno. Por tanto vamos a buscar todos los revulsivos que estén al alcance del legislador para hacer de la actividad que se desarrolla en el llamado sistema financiero algo mucho más transparente y seguro
para los ciudadanos y ciudadanas. Se puede afirmar sin caer en la exageración que garantizar la transparencia del mercado constituye el mejor mecanismo de protección del inversor en una economía de mercado. El inversor debe ser el verdadero dueño
de las decisiones que toma sobre sus ahorros, pero debe hacerlo con toda la información disponible sobre los productos que compra, sobre las empresas que emiten valores o productos financieros de cualquier tipo y sobre las entidades mismas que
canalizan las inversiones. Todo inversor debe poder discriminar aquellas entidades y conductas que presentan indicios de insostenibilidad financiera o faltas de rigor y profesionalidad en la gestión o en otros aspectos de la actividad. La gestión
de las carteras, mediante la cual los inversores otorgan poder discrecional a una entidad de crédito o valores o a una de las lamentablemente famosas sociedades gestoras de cartera, debe estar contextualizada en su actividad bajo principios claros
que se trasladen en reglas sobre las decisiones de inversión, sobre el manejo de los fondos de clientes, sobre contratos específicos con los clientes, etcétera, etc. Es hoy más necesaria que nunca la presencia de normas de conducta y mecanismos de
control interno, incluso deben existir límites de riesgo precisos en la gestión de carteras. En ese sentido general de apoyar la protección de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, nosotros apoyaremos las medidas que tiendan a facilitar o a
promover esa protección tendremos que volver a tener en cuenta que nos toca introducir medidas que amplíen notoriamente la intervención de los poderes públicos autonómicos y hagan al endogámico trinomio Ministerio de Economía Banco de España
Comisión Nacional del Mercado de Valores estar un poco más acorde con el modelo político-constitucional vigente. Queda para el testimonio público de lo que está pendiente recrear aquí la cita de las sentencias del Tribunal Constitucional, números
96/1996 y 235/1999 entre otras, que textualmente fallaron declarar que se vulneran las competencias autonómicas en relación con esos casos de la Ley 26/1988, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, una ley tantas veces retocada
en este proyecto de ley de medidas y en ningún caso en el sentido de cumplir el fallo del Tribunal Constitucional
para que las comunidades autónomas que han asumido competencias en materias involucradas en el funcionamiento del sistema financiero puedan ejercerlas.
Recordamos por tanto los incumplimientos del Gobierno respecto a los fallos de los tribunales de justicia y le instamos a que tenga en cuenta la realidad autonómica, también en estos asuntos relacionados con el sistema financiero, pues el
respeto a la pluralidad no está reñido ni mucho menos con los argumentos de unidad económica y de mercado que seguramente oiremos, y que puede ser un mecanismo hábil para mejorar la eficiencia, la transparencia y la correcta ordenación de la gestión
de los intereses económicos de todos. Estamos de acuerdo con el calificativo de ley ómnibus que han planteado los grupos parlamentarios enmendantes a este proyecto y al igual que a ellos nos hubiese gustado poder debatir de manera fragmentada el
contenido del proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero. Esta práctica de incluir en un solo proyecto un popurrí de artículos que en algunos casos no tienen mucha relación es jurídica y políticamente criticable, puesto que
desenfoca el debate parlamentario. Por ello nuestro grupo va a apoyar las enmiendas a la totalidad hoy presentadas en esta Cámara, con el fin de que el Gobierno tramite este proyecto mediante diferentes proyectos más homogéneos y coherentes.
Queremos también criticar una práctica habitual del Gobierno y del Partido Popular de no incluir en los proyectos de ley lo que saben que al final va a ser introducido y aprobado a través de enmiendas parciales presentadas por el grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno. Me estoy refiriendo, como todos ustedes saben, al tema de las cajas de ahorro.
Nuestro grupo quiere estar informado de las intenciones del Partido Popular al respecto para defender y debatir nuestras
posturas. Esperemos que así sea, de lo contrario nos veríamos obligados a endurecer nuestra posición política en relación con el proyecto en el proceso parlamentario que resta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, por el Grupo Parlamentario Mixto y por Grupo Parlamentario Socialista, principalmente porque nosotros no hemos presentado enmiendas a la totalidad a este proyecto y también básicamente porque el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está de acuerdo con los grandes objetivos que persigue esta ley financiera, como son mejorar e incrementar la competitividad y la eficiencia del sistema financiero español, eliminando todas aquellas
barreras que hoy dificultan que nuestro sistema financiero pueda ser competitivo en referencia al resto de entidades financieras de la Unión Europea.
En primer lugar, en dicho proyecto de ley se eliminan todos estos obstáculos, todas estas barreras, y a nuestro entender van a facilitar la competitividad de nuestro sistema financiero. En segundo lugar, porque también se incrementa la
protección de los usuarios de los servicios financieros, lo que significa a nuestro entender un incremento de seguridad jurídica básicamente a los accionistas, inversores y ahorradores. En tercer lugar, porque en este proyecto de ley se
instrumentan todos aquellos mecanismos que van a posibilitar y facilitar que las pequeñas y medianas empresas tengan canales de financiación interesantes que les permitan mejorar sus recursos financieros, a fin y efecto de posibilitar este
mecanismo, que sinceramente desde nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) así lo hemos manifestado en muchas ocasiones, es uno de los pilares interesantes y fundamentales que hoy todavía no tenemos resueltos en este mercado tan
importante como es el de las pequeñas y medianas empresas. Por este motivo, señorías, nuestro Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a votar favorablemente dichas enmiendas a la totalidad.
En el trámite parlamentario introduciremos una serie de enmiendas que a nuestro entender van a complementar y mejorar dicho proyecto de ley, y ahora me voy a permitir hacer al Gobierno que en este caso ha presentado el proyecto de ley
financiera una serie de consideraciones que a nuestro entender serán muy positivas en el caso de que alcancemos un acuerdo en el trámite parlamentario, que permita mejorar dicho proyecto de ley.
En el ámbito de la mejora y de la eficiencia del sistema financiero, así como en reforzar todos aquellos aspectos relacionados con la información privilegiada, es evidente que con esta ley se ha dado un paso cualitativo muy importante, pero
creemos que basándonos en los últimos acontecimientos financieros, como el caso de Enron, tendríamos que ser capaces de avanzar en este campo, y por ello nuestro grupo parlamentario va a presentar una serie de enmiendas para incrementar y dotar de
más transparencia al sistema financiero, que nuestro grupo ya planteó en una serie de recomendaciones en recientes debates anteriores y que no han sido recogidos en dicho proyecto de ley, como serían por ejemplo la posibilidad de hacer un examen a
la idoneidad de los accionistas de las agencias de los mercados de valores, así como también en el proceso y nombramiento del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que el Congreso de los Diputados
tenga un mayor protagonismo. Nosotros entendemos que sería interesante regular de manera expresa la posible prohibición a las personas que han prestado sus servicios como técnicos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que
puedan pasar a prestar sus servicios en entidades en las que este técnico haya ejercido competencias de supervisión y control.
Pensamos que son dos o tres cuestiones a nuestro entender muy interesantes y que las vamos a plantear en el debate
parlamentario.
Hay un gran bloque, en nuestra opinión muy importante desde la óptica autonómica, que nos gustaría plantear y negociar para lógicamente llegar a resultados positivos con el Gobierno desde el ámbito o prisma autonómico. Creemos que en dicho
proyecto de ley, y somos plenamente conscientes de que desde la óptica política de todas aquellas cuestiones que tengan carácter mercantil y procesal el Estado tiene competencias exclusivas sobre las mismas, no obstante, como en el proyecto de ley,
en su disposición primera declara tener carácter básico sobre la ordenación del crédito, la banca y los seguros y sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, se puede mejorar el texto inicial reduciendo
estas bases a lo estrictamente necesario y permitiendo una mayor presencia de la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Este va a ser un espacio político interesante que en el debate parlamentario, sin dejar de retocar cuestiones que son
competencia exclusiva del Estado, permitiría a las comunidades autónomas tener una capacidad normativa superior a la que tienen actualmente. Así, por ejemplo, creemos que en los mercados secundarios oficiales españoles que sean de su ámbito de
competencia, las comunidades autónomas deberían poder autorizar la participación de todas aquellas sociedades que administren a otras sociedades gestoras de mercados oficiales, así como tener competencia en materia de creación de nuevos mercados de
valores o de sistemas organizados de negociación y en la regulación de los servicios de defensa del cliente en mutualidades o en cooperativas de seguros. Creemos que los organismos de supervisión de las comunidades autónomas competentes en esta
materia deberían también poder acceder a los documentos de los auditores como el proyecto establece para el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros.
Desde el Grupo Catalán (Convergència i Unió) entendemos que en dicho proyecto de ley se tendría que dar cumplimiento a la sentencia 96/1996, del Tribunal Constitucional, como ha manifestado el diputado del Grupo Parlamentario del Partido
Nacionalista Vasco, que requirió la modificación de la Ley de disciplina e intervención de entidades de crédito con la finalidad de asignar competencias en materia de entidades de crédito, distintas de cajas de ahorro y cooperativas de crédito, a
las comunidades autónomas competentes con título estatutario para ello. Cabe recordar, por ejemplo, que en la sentencia número 235/1999 el alto tribunal reprochó al Gobierno no haber dado cumplimiento todavía a dicha sentencia. Señor
vicepresidente, pensamos que en la tramitación de este proyecto de ley podríamos incorporar una enmienda en esta dirección y dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Por último, desde el ámbito estrictamente autonómico y no precisamente el menos importante, nuestro grupo parlamentario considera que en esta ley se debería encontrar una solución satisfactoria para el encuadramiento de las entidades
oficiales de crédito creadas por las comunidades autónomas al amparo de sus competencias que realizan análogas funciones a las del Instituto de Crédito Oficial. Parece lógico que si se desempeñan las mismas actuaciones y están sujetas a los mismos
condicionantes y restricciones deban tener el mismo tratamiento, aspecto que hoy no se cumple. Creemos que en el trámite parlamentario deberíamos ser capaces de alcanzar esta homologación que permitiera a las comunidades autónomas competentes la
posibilidad de tener las mismas funciones del Instituto de Crédito Oficial. También plantearemos distintas cuestiones que estamos seguros serán bien recibidas desde la sensibilidad económica del gobierno del Partido Popular en el ámbito de los
seguros, así como aspectos referidos a la actividad de la auditoría de cuentas. Consideramos que debe modificarse a corto plazo la actual regulación de la auditoría de cuentas para que la misma pueda adaptarse a las modificaciones que se han
producido a lo largo de los últimos años y para que dé una respuesta efectiva a los últimos hechos que se han producido en su ámbito de actuación, y que a nuestro juicio requieren una solución lo más pronto posible. Estamos seguros de que en el
debate parlamentario encontraremos un punto común con las cuestiones que vaya a plantear el Grupo Parlamentario Popular para poder modificar la actual regulación de la auditoría de cuentas.
Por último, señor vicepresidente, no queremos dejar de mencionar en esta intervención un asunto que no está planteado en dicho proyecto de ley, aunque se haya presentado a los diferentes medios de comunicación. Hemos tenido algún contacto
político y parlamentario entre su grupo y el nuestro en el sentido de que a pesar de que en dicho proyecto de ley no se plantea la posibilidad de reformar la actual Ley de cajas, es cierto que por las informaciones y las conversaciones mantenidas
con ustedes sabemos que en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados van a introducir una enmienda que va a posibilitar la modificación de la Ley de cajas. Desde Convergència i Unió siempre hemos planteado la necesidad de reformar las
leyes de cajas, para que permitan una mayor modernización de las cajas respecto al sistema financiero y puedan homologarse a las leyes de cajas de los diferentes países de la Unión Europea. También hemos planteado que sería
positiva la introducción de cuotas participativas en las cajas, en el sentido de que permitieran reforzar su financiación en base a incrementar sus recursos propios, y asimismo que sería bueno que en una futura ley de cajas pudiera
modernizarse la ley, a fin y efecto de facilitar todas aquellas fusiones de entidades financieras, de cajas de ahorro que quisieran tener un volumen más importante.
Ahora bien, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), desde un punto de vista político y parlamentario -va a ser claro en este sentido y ya lo hemos sido-, en función de las diferentes posiciones que hemos mantenido a lo largo de
estos últimos días y semanas, no va a aceptar modificación alguna que suponga una invasión de las competencias que en esta materia disponen las comunidades autónomas. Concretamente Cataluña, haciendo uso de su capacidad normativa, ha promulgado su
propia regulación en esta materia, una regulación a nuestro entender poco intervencionista que propugna la eficiencia de las entidades y considera que éste es el mecanismo más adecuado.
La señora PRESIDENTA: Señor Sánchez i Llibre, le ruego concluya.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Voy concluyendo, señora presidenta.
En la línea de una modificación de las cajas de ahorro que permita más recursos financieros, en la incorporación de cuotas participativas, en la posibilidad de fusiones, en la modernización, estamos plenamente de acuerdo; en lo que no vamos
a estar de acuerdo es en la invasión de competencias de las comunidades que las tenemos atribuidas en esta materia.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señor vicepresidente del Gobierno, señorías, el proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero que estamos debatiendo, es un proyecto de enorme trascendencia para la vida económica de este país, pero no principalmente desde una
perspectiva macroeconómica -que también- sino y sobre todo para regular la actividad financiera en el sentido más amplio de la palabra, lo que sin duda va a ir en beneficio de todos los ciudadanos.
El proyecto de ley, como ha explicado ya el señor vicepresidente en su presentación, propende a dar un tratamiento integral a un conjunto de actividades financieras que tienen, sin duda alguna, evidentes puntos de conexión. Es cierto que se
trata de una idea compleja, que ha sido objeto de un larguísimo proceso de elaboración, y no es presuntuoso sostener que el borrador del anteproyecto, anterior en el tiempo a los sucesos del 11 de septiembre, anticipaba ya la solución a algunos de
los problemas que después se han suscitado. Esa actualidad del proyecto tampoco es ajena a hacer frente a casos singulares pero de enorme proyección internacional, por ejemplo el caso Enron que ya ha señalado el vicepresidente del Gobierno.
Algún grupo autor de una enmienda de devolución del proyecto de ley al Gobierno, la llama ley ómnibus. Es verdad, es una cualificación adecuada, pero son varias las razones que aconsejan ese tratamiento global del sistema financiero. Se
podían haber hecho varias leyes, pero sin duda no se hubiera alcanzado esa interconexión, ese engarce, esa textura necesaria cuando estamos hablando de regular actividades conexas entre sí y con unos prestadores o tomadores de múltiples facetas de
la actividad financiera, que en numerosas ocasiones recaen sobre los mismos sujetos que los prestan o los reciben.
En las tres enmiendas de totalidad presentadas no se formula ninguna objeción de contenido material. Todas amparan su petición de devolución al Gobierno en razones puramente formales, legítimas, pero formales. El Grupo Socialista ampara su
enmienda al socaire del dictamen del Consejo de Estado, pero lo utiliza de manera torticera. Es cierto que el Consejo de Estado objeta al proyecto su carácter fragmentario al utilizarse una sola ley para modificar varias leyes. Pero el Grupo
Socialista omite tres aspectos relevantes del dictamen del máximo órgano consultivo. Cito textualmente un párrafo recogido en el mismo dictamen: El Consejo de Estado en pleno considera preocupante la presente tendencia a acentuar la fragmentación
del derecho mediante técnicas legislativas como la utilizada en el presente caso. ¿Sabe, señora Costa, a qué casos se refiere? Al dictamen de 22 de diciembre de 1994, relativo al anteproyecto de ley sobre supervisión de los seguros privados.
Señorías, no sean ustedes ahora tan puntillosos. Además, el apartado en que se hace la objeción formal a la técnica legislativa se inicia con la siguiente frase: sin perjuicio de la valoración positiva que en atención a la finalidad
perseguida merece el proyecto, etcétera. Por otra parte, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista destaca del proyecto de ley su carácter marcadamente propagandístico, extremo que se pone de manifiesto en los títulos que acompañan a los
correspondientes capítulos y secciones. Pues bien, ese es el aspecto que valora muy positivamente el Consejo de Estado cuando afirma: los autores del anteproyecto han sido conscientes del problema planteado y, precisamente, para superar ese
carácter eminentemente fragmentario se ha pretendido dotar al contenido del anteproyecto de cierta coherencia, ordenando su contenido y atendiendo a las
materias afectadas, como son el fomento de la eficiencia, incremento de la competitividad, protección de los clientes, etcétera. Son sin duda los epígrafes de cada uno de los capítulos o secciones del proyecto de ley que el Consejo de
Estado ensalza y el Grupo Socialista califica de propagandístico. Por eso, cuando calificaba de torticera la interpretación del dictamen del Consejo de Estado por el Grupo Socialista, utilizándolo muy parcialmente en la parte que más le conviene,
ha quedado plenamente justificada y a lo mejor me he quedado corto al no tacharla de malintencionada.
Por concluir el tema referente a los aspectos formales del proyecto de ley, he de subrayar que el Consejo de Estado recomienda la habilitación al Gobierno para la redacción de los correspondientes textos refundidos y así lo hace la
disposición final cuarta del proyecto de ley para que, en el plazo máximo de un año, el Gobierno elabore los correspondientes textos refundidos de la ley del mercado de valores, de la ley sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito y
de la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados. Por tanto, el riesgo de dispersión normativa -que es la base de las incomprensibles enmiendas de devolución- quedaría absolutamente conjurado. Además, según ha dicho el vicepresidente,
esta no es una ley de acompañamiento como sostiene el Partido Socialista. Realmente sorprende que critique y no sepa qué es una ley de acompañamiento cuando todo el mundo sabe que el copyright de las denostadas leyes de acompañamiento lo tiene el
Partido Socialista.
Otro aspecto que me gustaría destacar es el de que dificilmente se puede encontrar un proyecto de ley en el que haya habido un mayor número de consultas y se hayan incorporado mayor número de observaciones. Todas las instituciones
representativas del sector, tanto desde la perspectiva de los operadores, reguladores, usuarios y clientes fueron consultadas. Y aquí me gustaría hacer una observación a la señora Castro, portavoz de Izquierda Unida, cuando decía que los usuarios
no quedaban suficientemente protegidos con el nuevo sistema. Señoría, el sistema anterior no ha funcionado. Aquí tengo una estadística del servicio de reclamaciones del Banco de España del año 1991. En el año 1999 el total de reclamaciones
recibidas por el Banco de España fue de 2.330 y en el año 2000 de 2.679. Son poquísimas para los millones de operaciones que se formulan. De ellas se admitieron, respectivamente, 505 y 538. Son muy pocas las presentadas, muy pocas las resueltas a
favor del reclamante y si la entidad no da la respuesta a la resolución, además, el reclamante tenía que acudir a la jurisdicción civil para que fueran resueltas sus pretensiones económicas.
Señorías, aunque las enmiendas de totalidad pasan sobre ascuas por los aspectos sustantivos de la ley y el señor vicepresidente los ha explicado con claridad, no quiero dejar de resaltar las circunstancias hoy concurrentes que justifican
meridianamente la absoluta necesidad de este proyecto de ley. El crecimiento económico que viene experimentando España desde 1996 y el progreso en las políticas de liberalización de los mercados de productos y de factores para permitir que se
adecue la oferta a una demanda en expansión, sin tensiones inflaciones, son los ejes en los que, sin duda, pivota la política referida a los mercados financieros. De otra parte, la consolidación presupuestaria está produciendo, afortunadamente, una
reducción de las emisiones de deuda pública y ello permite un mayor protagonismo en la canalización del ahorro hacia la inversión. No podemos olvidar el creciente papel que están jugando y deben seguir jugando los mercados de valores y de crédito
privados. Y no se olvida tampoco el proyecto de ley de la revolución que implica la utilización on line a nivel mundial de las nuevas tecnologías.
Tampoco podemos olvidar que nuestro ingreso en la unión monetaria implica que el marco de referencia
para todos los agentes financieros es el conjunto del área euro y permítanme, señorías, un paréntesis para recordar, pues la memoria es flaca, que España se incorporó al área del euro desde el principio, algo que parecía imposible, en el mes de
marzo de 1996 cuando el Partido Popular llegó al Gobierno. Esa pertenencia al euro ha significado para algunos países como España una sensible reducción de los tipos de interés, lo cual ha impulsado las actividades financieras. El mercado
hipotecario viene experimentando un crecimiento desconocido hasta ahora; el mercado bursátil ha sido el destino de la mayor proporción de las carteras de particulares y de inversores institucionales y el mercado de renta fija privada logra
creciente protagonismo en la financiación de las empresas.
Otra novedad es que la pertenencia al euro implica la eliminación del riesgo de tipo de cambio en las economías de la unión económica y monetaria. Por otro lado, el euro aumenta la transparencia de precios en los mercados financieros de la
unión monetaria, lo cual implica un mayor grado de competencia. Todas estas circunstancias justifican más que sobradamente la actualización de la legislación sobre el mercado financiero en una concepción global e integral del mismo. Con este
proyecto de ley, señorías, nos constituimos en avanzadilla a la hora de aportar expertise al plan de acción de servicios financieros que persigue conseguir una normativa común europea en materia de mercados financieros para el año 2005.
Por otra parte, no olvidemos que la llegada del euro ha provocado una profunda atención en el entorno financiero de la Unión Europea. No sólo podemos hablar de fusiones bancarias, sino también de conglomerados financieros que prestan
servicios en distintos sectores y las alianzas e interconexiones entre mercados para potenciar la liquidez y abaratar el acceso de los grandes operadores. En este entorno la Unión Europea considera necesario potenciar el proceso de armonización y
liberalización normativas. En ese contexto
se está observando en Europa que un factor competitivo de enorme importancia está formado por el ordenamiento jurídico al que se sujetan los intermediarios, de tal suerte que la competitividad de un sistema financiero no depende sólo de los
esfuerzos de las industrias nacionales, sino que está en gran parte condicionada por los ordenamientos nacionales. Un país que opte por una normativa excesivamente rígida ve escapar el negocio financiero en sus fronteras, lo cual conlleva muy
negativas consecuencia sobre el crecimiento y la creación de empleo y también sobre los recursos públicos, puesto que gran parte de las actividades de alto valor añadido se desplazan a otras economías. Pero también esa rigidez puede tener
consecuencias negativas sobre la protección de los consumidores, puesto que los supervisores nacionales tienen dificultades para controlar que los servicios prestados desde otras jurisdicciones cumplen la normativa nacional de transparencia y de
conducta.
No quería terminar sin hacer una referencia, porque lo han hecho varios grupos parlamentarios, al tema de las cajas de ahorro. El Grupo Popular está abierto a acuerdos en trámite parlamentario sobre el tema de las cajas de ahorro, pero
también quiero decir con claridad cuáles son los principios que informan la política del Partido Popular en esa materia.
En primer lugar, no alteración, en absoluto, de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorro. Quien hable de que el Partido
Popular pretende privatizar o convertir en sociedades anónimas las cajas de ahorro miente descaradamente, eso debe quedar muy claro. Tendemos a la profesionalización de la gestión financiera de las cajas, a que se despoliticen los órganos de
gobierno, a que haya cooperación y alianzas entre ellas, reforzando su tamaño y su eficiencia, pero nada más. Por eso, insisto, mi grupo está abierto a hablar de eso en trámite parlamentario.
Señorías, del contenido material y del alcance político de este importante proyecto de ley ha dado cumplida cuenta a la Cámara el señor vicepresidente del Gobierno y a este portavoz sólo le resta agradecer a los Grupos Parlamentarios Catalán
(Convergència i Unió) y de Coalición Canaria su apoyo a la tramitación del proyecto, y al resto de los grupos manifestarles la disposición del Grupo Popular a considerar todas aquellas enmiendas que mejoren el texto, dentro de ese espíritu de
armonización y liberalización, así como de protección de los usuarios de los servicios financieros, principios que informan este proyecto de ley.
Es una ley buena, una ley moderna, con visión de futuro y nuestro reto es mejorarla en la tramitación
parlamentaria.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Albendea. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley de
medidas de reforma del sistema financiero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 108; en contra, 179; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de devolución.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO. (Número de expediente 121/000069)
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación
final del proyecto de ley de medidas de reforma del sistema financiero.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. (Número de expediente 121/000068)
La señora PRESIDENTA: Asimismo, señorías, la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, proponer al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y
votación final del proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Queda aprobada la propuesta de avocación.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
- SOLICITUD, FORMULADA POR 84 DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS DEL GOBIERNO Y DE LOS CORRESPONDIENTES ÓRGANOS SUPERVISORES QUE SE DERIVEN DE LA
EXISTENCIA DE CUENTAS OCULTAS DEL BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA). (Número de expediente 156/000010)
- SOLICITUD, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO, FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA Y VASCO (EAJ-PNV), DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE CUENTAS OCULTAS POR PARTE DEL BANCO BILBAO VIZCAYA Y LAS
IRREGULARIDADES DERIVADAS DE LAS MISMAS. (Número de expediente 156/000013)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Solicitudes de creación de comisiones de investigación. En función de la ordenación del debate llevada a efecto en la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente la solicitud,
formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas del Gobierno y de los correspondientes órganos supervisores que se deriven de la existencia de cuentas
ocultas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. y la solicitud, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida y Vasco (PNV), de creación de una comisión de investigación sobre la existencia de cuentas ocultas por parte
del Banco Bilbao Vizcaya y las irregularidades derivadas de las mismas.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.
Señorías, ruego a aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo realicen de la forma más diligente posible y al resto que ocupen sus escaños al objeto de continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, es preocupante que desde el Gobierno se intente cercenar la actuación de comisiones de investigación, dijo José María Aznar en enero de 1990. Esta idea la reiteró cinco años más tarde cuando prometió que si ganaba las elecciones,
cito: La mayoría no podrá bloquear las comisiones de investigación. Y tan firme era su convicción y la de su partido que lo llevaron al programa electoral de 1996 prometiendo, cito: Regular las comisiones de investigación con el fin de que su
creación no dependa de la exclusiva voluntad de la mayoría. ¡Quién les ha visto y quién les ve, señores del PP! (Risas.) Les ha bastado ocupar los sillones del banco azul para que también en este punto sus promesas de regeneración democrática hayan
pasado al amplio capítulo de promesas incumplidas.
Señores del Grupo Popular, en esta intervención voy a intentar un imposible. Voy a intentar convencerles de que lo mejor que pueden hacer ante el caso de las cuentas secretas del BBVA es apoyar la creación de una comisión de investigación
parlamentaria como pedimos desde el Grupo Socialista. También parecía imposible cuando estalló el escándalo Gescartera. Se oponían entonces a la comisión de investigación con el argumento de que eso significaría aceptar dolo por parte del
Gobierno. De ahí derivaron a la propuesta de una subcomisión y acabaron aceptando la comisión de investigación. Les pido que por respeto, no a sus promesas cuando eran oposición, sino a la Cámara y al interés público del asunto, hagan ahora el
mismo recorrido que en Gescartera, rectifiquen y apoyen nuestra propuesta de comisión de investigación.
Decía ayer el Secretario General del Partido Popular que rechazaban la creación de la comisión de investigación porque no hay nadie que haya puesto de manifiesto ninguna responsabilidad política del actual Gobierno. El debate de hoy
desmiente esa afirmación. Por lo menos hay cuatro grupos parlamentarios, 248 diputados en esta Cámara -que representamos a más de 10 millones de votantes- que sí detectamos la existencia de responsabilidades políticas en el actual Gobierno y por
ello pedimos una comisión de investigación, para que se aclare todo: desde 1987, en que al parecer se crearon las cuentas, hasta el día de hoy. Y como siempre en estos casos, con total respeto a las actuaciones judiciales.
Señorías, hace poco más de un mes, en marzo de 2002, un diario de ámbito nacional informaba de que el BBVA tuvo una cuenta secreta durante 13 años en Jersey, de la que se había informado al Banco de España en enero de 2001 para proceder a su
regularización contable en el ejercicio 2000. Al día siguiente tuvimos conocimiento de que tras 15 meses de trabajo el Banco de España decidía abrir un expediente administrativo por falta grave al BBVA. A partir de ahí se dispararon las
especulaciones sobre el origen de la cuenta abierta en 1987, su operativa, sus ingresos, sus pagos. También desde el mismo momento en que aparece la noticia se disparan las especulaciones sobre si la existencia de estas cuentas pudo influir en la
fusión del BBV con Argentaria, así como en la precipitada salida de Emilio Ybarra como copresidente del banco y del señor Uriarte como consejero delegado de la entidad. Junto a las especulaciones, cuatro preguntas. ¿Cómo es posible que ni el Banco
de España, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ni la Agencia Tributaria hubieran detectado las cuentas ni antes ni después de 1996? ¿Por qué necesitó el Banco de España 15 meses desde que se le informa de la existencia de las cuentas
hasta que decide abrir un expediente? ¿Cuándo tuvo conocimiento el Gobierno de la existencia de dichas cuentas? ¿Qué hizo el Gobierno con esta información?
La cronología política del caso es bastante elocuente de las actitudes de unos y otros. El 3 de abril, después de Semana Santa, hago, en nombre del Partido Socialista, las primeras declaraciones públicas sobre el caso.
Sin descartar la petición de comparecencia del gobernador del Banco de España ante la Cámara para que explique los detalles de la investigación, manifiesto mi comprensión respecto a la labor del banco en un asunto que intuyo es altamente
complejo. Es obvio en ese momento el sentido de responsabilidad que adopta el Grupo Socialista ante un escándalo que afecta al segundo banco del país y a la principal institución supervisora financiera de España. Esa misma actitud de
responsabilidad queda también de manifiesto al día siguiente, con declaraciones de nuestro secretario general.
El día 5 de abril, el Gobierno se ampara en la independencia del Banco de España para justificar, por boca del vicepresidente Rato, que el Gobierno no conoce el expediente abierto. Quédense con la fecha: 5 de abril de 2002. Rato dice que
no conoce el expediente. Luego reconocería que en octubre le contaron algo y que en febrero, al parecer, ya conocía el expediente. Desde el PSOE ampliamos la petición de comparecencia al secretario de Estado de Hacienda, ante la información de que
se había enterado por la prensa y no habían iniciado hasta entonces ninguna investigación tributaria.
El sábado, 6 de abril, aparece una información según la cual el BBV informó al Gobierno de la cuenta secreta antes de la fusión con Argentaria. Esta información fue desmentida en una nota oficial del Ministerio de Economía y por el propio
ex presidente del banco, pero apuntaba a una de las preguntas clave que cualquier observador se hacía.
¿Cómo era posible una fusión en la que el pez chico se come al grande? ¿Cómo se explicaban los cambios precipitados y drásticos en los órganos
de gestión del nuevo banco? La posibilidad de que el Gobierno hubiera sido informado de la existencia de las cuentas antes de la fusión, después de la fusión o en todo caso antes de que se hiciera público el escándalo era una hipótesis que
explicaba muchas cosas que de otro modo no tenían fácil explicación. Por ello, el Grupo Socialista anunció que preguntaría al vicepresidente Rato en la siguiente sesión de control al Gobierno sobre este asunto. A partir de ahí se pone en marcha el
plan B del Partido Popular. Ese mismo sábado, el señor Pujalte hace unas declaraciones, debidamente amplificadas por algunos medios de comunicación, según las cuales -cito textualmente- las cuentas secretas se originaron en 1987 y ya sabemos quién
gobernaba en ese año; todos sabemos las relaciones del Gobierno de entonces con la entidad financiera y todos conocemos que algún consejero de la entidad en esa época tenía carnet político y fue consejero de la Junta de Andalucía. Fin de la cita.
¿Se imaginan SS.SS. lo que diría el señor Pujalte si el marido y el hermano de una senadora socialista fueran consejeros del BBVA, actualmente imputados por el fiscal? (Una señora diputada: Bramaría.) Pero no se preocupen que nosotros no vamos a
hacerlo. (Aplausos.)
La línea ya estaba marcada. La culpa de todo: los socialistas. Lo que había que investigar era al Gobierno socialista, Filesa tenía que aparecer por algún sitio y, si no, inventarla. Y si para atacar a los socialistas había que llevarse
por delante alguna institución incómoda, como la Fiscalía Anticorrupción, que nunca les ha gustado mucho, ustedes sabrán por qué, adelante contra ella. Los mismos esquemas que en Gescartera, que en la crisis de las vacas locas, que cuando estaban
en la oposición y valía todo para alcanzar el poder. Ahora llevan seis años de Gobierno, y los socialistas dijimos basta, basta de intentar hacer chantaje con hechos acontecidos hace más de una década y como excusa para eludir las responsabilidades
actuales del Gobierno actual.
(Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.) Basta de intentar callarnos la boca con tinta de calamar para ocultar sus actuaciones como Gobierno, basta ya. Pedimos la creación de una comisión de investigación para
ver todo. Nosotros no tenemos nada que ocultar y queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias, políticas y penales, pero le recuerdo que hasta la fecha el único cargo político que tiene petición de inculpación es el secretario de Estado
de Hacienda y su Gobierno.
(Aplausos.) Le recuerdo que todavía queda por aclarar cuándo tuvo conocimiento el actual Gobierno de la existencia de las cuenta secretas.
El 5 de abril el señor Rato dijo que no sabía nada, y lo repitió en declaraciones
públicas el día 9; sin embargo, al día siguiente en la sesión de control del Gobierno -y cito el 'Diario de Sesiones'-, reconoce que el Banco de España informa al ministro de Economía en octubre del año 2001 de que está realizando una inspección de
la que no le da detalles, y es en febrero del 2002 cuando informa verbalmente al Gobierno -en este caso a mí, dice él- de que propondrá la apertura de un expediente. Es decir, cuando a principios de abril de este año dice que no sabía nada, no era
del todo cierto, pues por lo menos desde octubre sabía algo y desde luego desde febrero todo.
Señorías, el Banco de España no es independiente en las tareas de inspección y supervisión que realiza por encargo del Gobierno. ¿Es creíble que el gobernador no le contara nada sobre un asunto tan importante? ¿Es creíble que el presidente
del BBVA, amigo personal del vicepresidente Rato y que llegó ahí porque éste le nombró presidente de Argentaria cuando todavía era pública, no le contara nada? ¿Es creíble que de un asunto tan importante y de tanta trascendencia, como lo estamos
viendo, nadie le dijera nada al señor Rato? ¿Ni siquiera el señor Ybarra, cuando se entrevistaba con él en algunas de las múltiples reuniones que tuvieron, según el señor Rato? En diciembre del 2001, cuando se produce la salida precipitada del
copresidente Ybarra y un cambio radical en el consejo de administración del banco, ¿nadie da cuenta al Gobierno de por qué? ¿Nadie del Gobierno siente curiosidad por conocer las razones? Al resto de ciudadanos les aseguro que nos sorprendió e
interesó conocer las razones del cambio. Por ello, lo que está en juego es la credibilidad del Gobierno cuando alega desconocimiento del asunto, porque la hipótesis de que lo conocía y lo utilizó para impulsar un cambio en el banco en un
sentido predeterminado es muy fuerte y explica muchas cosas. De todo ello hay que hablar en la comisión de investigación: de las responsabilidades administrativas de los órganos de supervisión de ahora; del papel del Gobierno actual en el manejo
de la información; del papel del Gobierno de ahora en la gestión de la crisis en los órganos de Gobierno y de los resultados obtenidos. Por eso, no son válidos sus argumentos en contra de la comisión, que por lo que conocemos se pueden resumir en
cuatro: se trata de un asunto privado, salvo cuando ustedes lo politizan contra los socialistas, claro; afecta a responsabilidades de gobiernos pasados; es algo que ya está en manos de la justicia; y, en todo caso, sólo abarcaría desde febrero
del 2002, como dijo aquí el señor Rato. Pues bien, es un asunto privado, puede afectar a responsabilidades de gobiernos pasados, está en manos de la justicia y en sólo dos semanas han dado tres o cuatro fechas distintas sobre el momento en el que
el Gobierno conoció la existencia de las cuentas, no el contenido del expediente del Banco de España, no el contenido del dictamen de la inspección, sino cuándo tuvieron conocimiento de la existencia de las cuentas y las derivaciones que
conllevaban. Hay poderosas sombras que se proyectan sobre el Gobierno de ahora y su papel en el uso de la información sobre las cuentas secretas desde el momento en que la tuvo. Hay razones suficientes para derivar responsabilidades políticas del
actual Gobierno en el asunto de las cuentas secretas del BBVA, por omisión o por indicios racionales de acción. Por ello, pedimos una comisión de investigación que estoy seguro de que apoyarán todos aquellos que no tienen nada que ocultar en este
asunto, para que haya luz y taquígrafos; para acabar con dudas, sospechas, insidias y rumores, que alejan cada vez más a los ciudadanos de la vida política; para colocar a cada uno, empezando por el Gobierno actual, ante sus responsabilidades
políticas; para que caiga quien caiga. ¿Le suena? Pues, eso.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Para la defensa de la iniciativa firmada por diversos grupos parlamentarios, tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quiero dar por defendidas la solicitud del Bloque Nacionalista Galego y la de la Chunta Aragonesista.
La transparencia es consustancial a la política democrática; sin transparencia no puede haber credibilidad. También es consustancial a los parlamentos democráticos el control del Gobierno; sin control del Gobierno no tiene razón de ser un
Parlamento democrático. Ahora nos movemos en medio de un gran escándalo, señorías; de un gran escándalo financiero -como ha dicho el portavoz que me ha precedido- del que surge la sombra de la duda, no con tintes de corrupciones personales,
aisladas -siempre habrá personas corruptas, en todos los regímenes-, sino que proyecta una imagen de connivencia en nuestro país entre el poder político y el económico. La imagen muestra que cada vez hay más correlatos, más personas que hacen de
puente: están en la Administración pública y estaban en lo privado, o bien están en lo privado y estaban en la Administración pública, y presentan demasiadas coincidencias. Hay también una vieja resistencia de los Gobiernos, que se empeñan en
confundir culpabilidad con responsabilidad política, y no tienen nada que ver. La culpabilidad se dirime en los tribunales, y esto no es un tribunal; la responsabilidad política es otra cosa, de la que dependen la credibilidad y la imagen. La
imagen es muy importante, puesto que las formas son importantes en la vida; casi lo son tanto como el fondo, y en política incluso más. Cuántas veces los políticos implicados, citados -no culpables, sino que están en el esquema- se agarran al
sillón de manera sorprendente. Hay que ir más libres de equipaje, señorías; no es que estén hilvanados, parece que están cosidos a los sillones con pespunte, y no hay manera de levantarlos. Existe una postura muy digna en cualquier político que
esté bajo la sombra de la sospecha, y es la de decir: Me voy y aclararé que no soy.
Yo no subo a esta tribuna para decir quién es el culpable. Ahora bien, por la credibilidad del régimen democrático, por control parlamentario, por disipar la sombra de la excesiva connivencia entre poder político y económico que al final
afecta a todo el sistema político y por higiene pública es necesario abrir una comisión de investigación de este grave problema. Son demasiadas las instituciones que están en la trama, son demasiados los años transcurridos entre los distintos
hechos y las noticias públicas acerca de ellos. Aparece el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, el Banco de España, secretario de Estado; demasiadas cosas para que este Parlamento pase de puntillas y diga lo de
siempre, que ahí están los tribunales. Ahí están los tribunales para las culpabilidades y aquí está el Parlamento -si nos lo creemos- para dirimir las responsabilidades políticas y para aclarar ese clima de duda. La duda no se puede negar,
señorías, está en la calle, en los medios de comunicación. Se podrá negar por el Gobierno la culpabilidad -habrá quien diga que tiene pruebas de que son culpables-, pero yo no voy a entrar ahí, señorías; yo lo que digo es que estamos en un
Parlamento con obligación de controlar al Gobierno y con obligación -ante esta sombra de duda y connivencia- de constituir una comisión de
investigación que aclare definitivamente este oscuro asunto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, hay dos razones de peso para aprobar en este Pleno la creación de una comisión de investigación por el mal llamado caso BBVA o BBV; en definitiva, estamos hablando ya del caso Banco de España, del caso
Ministerio de Hacienda o incluso del caso Gobierno. En definitiva, la primera razón es que desde que el Partido Popular gobierna ha habido una adulteración profunda de la geografía económica y de la toma de decisiones de este Estado; una
adulteración profunda que se ha llevado a cabo por los cuatro magníficos del entorno gubernamental: el señor Martín Villa al frente de Endesa -empresa privatizada-, el señor Vilallonga al frente de Telefónica, después el señor Alierta que venía ya
de Tabacalera y, en este caso, el cuarto magnífico era Francisco González. La duda y la sospecha en este caso es si la información que tuvo el Gobierno en su momento fue utilizada para cambiar el fondo de la estructura directiva del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria. Esta es la duda, si el Gobierno, en lugar de acudir a la Fiscalía acudió a una reunión, sin luz ni taquígrafos, para presionar y para modificar la estructura directiva del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Sólo esto constituye
un motivo de reflexión y merece una comisión de investigación. Con esta concentración de poder económico en el entorno gubernamental han cambiado las cosas; una concentración de poder económico que se caracteriza por su poder mediático. Se ha
construido un imperio mediático a partir de esta concentración con dinero de todos al servicio de un partido y también en régimen de monopolio.
Perdonen ustedes, pero cuando hablan de liberalización todos sabemos que hablan de privatización y de
monopolio, pero en manos amigas, en manos controladas. Esta es la primera razón y sólo esto, en definitiva, merece una comisión de investigación.
Hay una segunda razón de peso: han vuelto a fallar los mecanismos de control. Ha fallado el Banco de España; ha fallado la Agencia Tributaria espectacularmente y se cierne la sospecha de que cómo no va a fallar la Agencia Tributaria si la
Secretaría de Estado de Hacienda está en crisis permanente; está siempre en el ojo crítico, en el ojo del huracán; cómo no va a fallar. Han fallado otra vez los mecanismos de control. En la Comisión de investigación de Gescartera vimos cómo
falló también el Banco de España y la Agencia Tributaria, por no hablar de cómo ha fallado también otra vez la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto merece también una comisión de investigación, claro que sí. Están fallando demasiado o es
que, en definitiva, hay una voluntad y una consigna de relajación ante determinadas políticas de fuga o de blanqueo de capitales. Esta es la sospecha que se cierne, y pPara aclararla qué mejor que crear una comisión de investigación con luz y
taquígrafos.
Fíjense ustedes -hay una reflexión final- en el señor Rodríguez-Ponga: la resistencia a dejar el cargo. Esta resistencia sólo se puede amparar en dos reflexiones. La primera sería cubrir al señor Montoro; ya son dos secretarios de
Estado, es una Secretaría de Estado de Hacienda en crisis permanente. Hasta cierto punto se entiende la resistencia del señor Rodríguez-Ponga a quitarse de en medio, porque quedaría al descubierto, a la intemperie el señor Cristóbal Montoro, al que
no le acompañan los nombramientos ni las decisiones. Hay una segunda reflexión en este ámbito. Estamos empezando la campaña de la renta y una vez más -y se repite por segundo año- asistimos a que se va a pedir a los contribuyentes, a la mayoría
que pague, porque Hacienda es de todos. No me parece que esto sea así. Qué confianza puede merecer un secretario de Estado de Hacienda que tiene la sospecha de haber contribuido a que los ricos, los poderosos, la gente con fortuna pudiera evadir
los capitales y eludir a la Hacienda pública. Esta es la sensación permanente y nuestra reflexión es: ¿Cómo que no tiene que dimitir el señor Rodríguez-Ponga? Nos parece normal y deseable. Este empecinamiento del Gobierno y esta resistencia,
cada vez más débil, por parte del señor Montoro y del Gobierno a atrincherarse detrás del señor Rodríguez-Ponga merece una comisión de investigación.
Este Gobierno, que se ha manifestado muchas veces como liberal, ha intervenido en economía como nadie, y de la peor forma, colocando a personas de confianza y -repito, como decía al principio- adulterando la geografía económica y la toma de
decisiones económicas. Se han hecho con el poder de un gran banco, como es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que en definitiva es de los más importantes, y ha sido -esta es la sospecha que reside en la petición de creación de esta comisión de
investigación- con información privilegiada que desde el primer momento tenía que estar en manos de la Fiscalía. No parece que fuera así por las contradicciones de dirigentes del Gobierno, de diferentes ministros y de diferentes secretarios de
Estado sobre las fechas y el calendario de cómo se enteraron -algunos parece que por la prensa- de que existían estas irregularidades permanentes en la dirección del Banco Bilbao Vizcaya.
La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya consideramos que son dos razones suficientes para pedir la creación de esta comisión de investigación, para que se investigue hasta el fondo y poder ofrecer más transparencia y credibilidad a la
mayoría de los contribuyentes, es decir, a los trabajadores, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios y a los pensionistas. Estos son los que pagan, otros pactan o se guían por un manual de instrucciones de cómo blanquear o cómo sacar
el dinero de España.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds paso a defender también la creación de una comisión de investigación en el caso BBVA. En primer lugar, consideramos que hoy va a haber un antes y un después en la
trayectoria y en la gestión política del Gobierno del Partido Popular desde 1996. Hoy nadie puede entender que el Grupo Popular no apoye la creación de la comisión de investigación, no hay ni una sola razón lógica para decir que no, y así hoy el
Partido Popular tira por la borda, olvida y arrincona todo lo que han sido sus promesas electorales de transparencia democrática, de dar apoyo a las comisiones de investigación, obstruyendo el conocimiento de la verdad y yendo en contra de los
propios criterios éticos que ha defendido durante mucho tiempo.
Estoy seguro -insisto- que históricamente la votación que se va a producir hoy va a significar un antes y un después en la trayectoria del Partido Popular. Hay miles de razones para
pedir la comisión de investigación, podríamos estar hablando cuatro horas, pero quiero ceñirme a tres: una razón política, una de gestión y una ética.
La razón política. Cuando se produjo la fusión del BBVA en los términos en que se realizó fue tan sorprendente que ya era inexplicable y todos nos decíamos: aquí hay gato encerrado. El gato aún no lo hemos visto, pero hemos visto las
cuentas encerradas. Evidentemente, hoy existe una única explicación plausible de por qué se realizó esa fusión en los términos en que se produjo: el Gobierno tenía información de las irregularidades del BBVA y la utilizó en provecho propio y
partidista, como había hecho con las privatizaciones anteriores, para situarse al frente de la segunda entidad financiera, del BBVA. ¿Esto es cierto o no? Hay que investigarlo.
Insisto, sólo hay una explicación plausible de una fusión
sorprendente que ha surgido en función de la aparición de las cuentas secretas. Sólo este es un motivo democrático para pedir la comisión de investigación.
Segunda razón: han saltado una vez más por los aires todos los controles de los organismos
supervisores y controladores. Señoras y señores diputados, hoy aún no sabemos si el expediente del Banco de España ha entrado en la Agencia Tributaria o en qué fecha lo ha hecho. La semana pasada en la interpelación que hice al señor Rato no pudo
contestarme, y yo mantuve que el miércoles no había entrado. Digo más, a partir del conocimiento de las informaciones que han salido en los medios de comunicación, hay indicios de responsabilidades en el Banco de España y en la Agencia Tributaria.
Es incompresible que el ministro de Economía diga al ICAC, Instituto de cuentas y auditores, que investigue a Arthur Andersen, y que una vez más el presidente del ICAC se tenga que inhibir.
Señoras y señores diputados, ¿qué Administración
construyen ustedes que el secretario de Estado de Hacienda se ha de inhibir, el presidente de la Agencia Tributaria se ha de inhibir y el presidente del ICAC se ha de inhibir? ¿Por qué tantas inhibiciones? ¿Cómo es posible que las personas que
ustedes han puesto al frente de los principales organismos que han de regular y controlar cuestiones como el caso BBVA tengan que inhibirse?
Tercera razón: una cuestión ética. Si ustedes no tienen suficientes razones con las que les da la oposición, les aconsejo que se lean a ustedes mismos, que lean las intervenciones del señor Montoro, algunas de la presidenta del Congreso en
la Comisión Banesto o algunas del señor Aznar; que lean para ver los criterios de transparencia democrática que defendían.
Quiero acabar con una frase. El 8 de febrero de 1995, con relación a la creación de comisiones de investigación y dirigiéndose a Felipe González, el señor Aznar dijo una frase que está en el 'Diario de Sesiones'. Dijo: Ética y verdad son
dos hermanas inseparables. Pues bien, señoras y señores del Partido Popular, hoy ustedes obstruyen la verdad, y según el señor Aznar obstruir la verdad es dejar de tener bastante ética. Por tanto, en este punto, cuando ustedes están obstruyendo la
verdad, no están utilizando la perspectiva ética que habían reclamado y habían puesto como objetivo fundamental de la política democrática de este Parlamento.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para manifestar de forma clara la posición favorable de Eusko Alkartasuna a la creación de una comisión de investigación. Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho un relato de los hechos que al menos
hasta el día de hoy hemos venido conociendo. Ciertamente estos hechos han dado
lugar, en el caso de las cuentas ocultas del BBVA, a una instrucción en el Juzgado de Instrucción Central número cinco. Más allá de lo que corresponde a la competencia de los órganos jurisdiccionales, que a nosotros no nos compete, lo que
sí nos compete -es más, tenemos la obligación- es saber, investigar y depurar -si las hubiere- las responsabilidades políticas que por los muchos flecos y por los muchos indicios parece que pudieran existir en este caso por parte del Gobierno.
Es
una competencia, una responsabilidad que tiene esta Cámara y -permítanme que les diga, señores del Grupo Popular- también una obligación. Se han señalado cuáles han sido las posibles cuestiones que pueden haber llevado o que han llevado -eso es lo
que tenemos que conocer- a una implicación importante del Gobierno en este tema. La duda razonable, porque las fechas no coinciden y no se está contando por el Gobierno, y en especial por el vicepresidente segundo, la realidad exacta de los hechos,
lleva a la necesidad de investigar exactamente cuál ha sido la implicación del Gobierno, qué actuaciones ha realizado en virtud de la información que ha tenido en su momento, que todavía no sabemos cuál ha sido, qué vinculación, qué actuación o qué
omisión ha realizado o no el Gobierno en función de esa información. Esta es una cuestión clave que no compete a los órganos jurisdiccionales en lo que se refiere a las responsabilidades políticas, sino a esta Cámara.
Queremos saber también cómo se han relacionado, qué vinculación ha tenido el Gobierno con lo que mi compañero, Joan Puigcercós, llamaba los cuatro magníficos, con esa concentración de poder, muy especialmente del presidente de Argentaria, en
este momento del BBVA, señor González. Esa vinculación tan cercana al Partido Popular -permítanme que lo diga entre comillas- contamina también esta cuestión. Es necesario proceder a una correcta investigación y conocimiento de causa de lo que ha
ocurrido.
Además el estado actual de las investigaciones pone cuando menos en entredicho la capacidad de gestión de los organismos supervisores de las entidades financieras: el Banco de España, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y
la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Aquí, señorías, llueve sobre mojado. Este es otro de los elementos clave que llevaría a ejercitar esa obligación de la Cámara de investigar lo que realmente ha pasado.
Señorías del PP, una comisión de investigación es algo importante en democracia, reaviva la democracia. Si no se han producido responsabilidades políticas de tipo alguno, no genera problemas, salvo si realmente existen esas
responsabilidades políticas. Por principios de coherencia, por principios éticos, en definitiva, para consolidar la democracia, deberían votar que sí a esta comisión de investigación. Es lo mejor que todos nosotros podríamos hacer para defender
nuestras competencias y nuestras obligaciones de saber exactamente en todo momento si el Gobierno, si los entes reguladores se han comportado correctamente, si han actuado correctamente y, por tanto, si han hecho el papel que les corresponde. No
ejercitar esta obligación es, desde mi punto de vista, no defender correctamente el papel que a nosotros nos corresponde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, de pronto en el Partido Popular se han encendido todas las luces rojas. Estamos no ya en la médula de su concepción del mundo, de su concepción de las cosas, sino en la médula de la médula, en el poder
del poder del sistema financiero, máxime en un momento en que en esta fase mundial del imperialismo todo funciona a través del sistema financiero. Se encienden todas las luces rojas y deciden decir que no. Es la decisión primaria y rotunda. No
hay debate.
No se crea la comisión de investigación. A partir de ahí empiezan a amontonar la munición con la cual intentan apuntalar, justificar este no.
Se hace desde la pereza de la mayoría absoluta, y esa pereza les lleva a una serie de
argumentaciones escasas y desde luego rechinantes con respecto a lo que dice el Reglamento, lo que dice la lógica y lo que dice la realidad comunicativa y la realidad política. Se dice no a partir del envite al Grupo Parlamentario Socialista; más
que envite es un envión.
El señor Aznar, en el Pleno de la Cámara del 17 de abril, se dirigía al máximo representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Rodríguez Zapatero, y le decía: Esté atento a la caída, le hago una serena apelación, merece la pena que
la tenga en cuenta; aplausos. Ese era el nudo de la táctica del Partido Popular. El Partido Socialista aguanta el reto hoy; lo ha dicho aquí su portavoz. A partir de ahí la táctica del Partido Popular se desmorona, se despedaza; es patética,
no hay argumentos. Hay, eso sí, a partir de ese no rotundo que marca la estrategia, que marca la táctica, desde el florete mellado del señor Martínez-Pujalte, alguna otra adición en la munición a la hora de intentar apuntalar el no. Por ejemplo,
llamándole argumento, argumento-amenaza, argumento-presión, argumento-envite, el señor Martínez-Pujalte dice que no se puede investigar a gobiernos anteriores (otra vez el mismo tema, la misma idea) y desde luego no se puede investigar a empresas
privadas. Ya veremos a lo largo del debate -que no sólo tiene este trámite- que la empresa privada, el concepto de lo privado se va a constituir como el santuario donde no se puede entrar, y el santuario cada vez más amplio, según la filosofía y la
política del Partido Popular, donde se va a poder hacer cualquier cosa sin que este
Parlamento pueda entrar, pueda investigar, pueda decidir, pueda cambiar una serie de resoluciones, que es lo que estamos intentando hacer. Y dice el señor Martínez-Pujalte y también el señor Aznar en su respuesta al señor Rodríguez
Zapatero: No hay otros temas, no hay justificación para la creación de la comisión de investigación. Nosotros pensamos que sí hay otros temas. Ahí están la realidad material, la realidad política y la realidad comunicativa que lo están expresando
y, desde luego, las encuestas que conocemos dicen que la inmensa mayoría de la población piensa que hay que crear una comisión de investigación. ¿Por qué no? Además, el Reglamento dice que se pueden, se deben crear comisiones de investigación
sobre cualquier tema de interés público. Y este es un tema de enorme interés público que afecta al funcionamiento del Gobierno, de los órganos de regulación y con responsabilidades políticas y éticas.
La realidad es otra; realidad que no va a expresar un grupo que presume de centrista y realidad que es muy dura y les hace actuar de la forma en que están actuando. La realidad es que no es lo mismo este caso que el de Gescartera. ¿Cómo
va a circular por una comisión de investigación la crème de la crème del sistema financiero, los consejeros de ese banco y de otros bancos? ¿Cómo van a comparecer ante diputados que les van a investigar, incluso que les pueden interrogar, que les
van a interrogar? No, por favor. Este no es el caso Gescartera en el que, como incluso ha dicho la juez, son mindundis que han cometido un simple desfalco. Este es otro problema, un problema mucho más duro. ¿Y cómo vamos a someter a los
consejeros del poder del poder al interrogatorio y a la fotografía entrando en la comisión de investigación?
De otra parte está también la situación ética, que don Pedro J. Ramírez la ha llamado la trapacería del capitalismo español que no se termina de modernizar, que nos lleva -y voy a poner los ejemplos más patéticos, más caricaturescos- a una
situación ética que no permite al propio capitalismo financiero español comprender en qué situación estamos. El señor Ybarra dice: ¿Cómo se puede gobernar una entidad como ésta sin un fondo de reptiles? Y lo dice tan tranquilamente. Otro de los
altos dirigentes dice: ¿Pero qué problema hay? Este no es el caso de Enron, en el que se ha perdido dinero; aquí habrá alguna faltilla pero sobra el dinero. Lo dicen con la misma naturalidad con que el señor Gil, a la salida de la cárcel dice:
No sabía que había tantos atléticos en la cárcel. Con esa naturalidad que les lleva a pensar que el funcionamiento actual del sistema financiero español es normal. ¿Cómo se va a someter pues, si puede caer en un problema de inestabilidad el
sistema financiero español, a una comisión de investigación llevada por estos diputados ordinarios que constituimos esta Cámara, que preguntamos, que razonamos, que insistimos y que volvemos a preguntar? No se puede comprender desde la posición
real del sistema financiero español.
Hay otra realidad más dura y de mayor importancia que esa escasa diferencia entre lo público y lo privado constituyendo siempre santuarios para que no podamos entrar (no se puede entrar en una empresa si no tienes el 51 por ciento del
capital público, aunque tengas el 30 por ciento no se puede entrar, ya no sería pública sino privada), y es que estamos en condiciones de empezar a distinguir en España la línea divisoria entre economía legal y economía ilegal. Esa es la renovación
pendiente. Como sigan las cosas así no va a ser el señor Aznar quien la encabece sino que terminará quitándole el subsidio a los obreros de Andalucía, terminará quitando la protección al desempleo, pero no va a renovar, pasando la línea que hay que
pasar, la situación de ilegalidad de una gran parte del capital financiero y de su forma de trabajar. El señor Ybarra dice: ¡Una entidad como ésta! Pero lo cierto es que hay muchas entidades como ésta en el sistema financiero español, hay otros
bancos. ¿Siempre se ha de funcionar con un fondo de reptiles? ¿Cuántas gescarteras existen hoy en este país?
Nosotros creemos que hay motivos suficientes para crear esta comisión.
Esta realidad, claro está, hay que contemplarla de la manera más formal posible -pero también anestesiando a los órganos reguladores-, por ejemplo a través de la ley
financiera que acabamos de discutir. La ley financiera nos lleva a un descontrol controlado y sistemático regulado por el Partido Popular para que no se pueda renovar, desde el punto de vista democrático, ninguno de los órganos de supervisión de
este país.
Hay agujeros perfectamente establecidos en la ley financiera para que la libertad, mientras se está recortando en otro lado, funcione de manera total y a su libre albedrío, como en la jungla, dentro del sistema financiero. Esa es la ley
financiera cuyas enmiendas a la totalidad se acaban de derrotar. A nivel general hay que ir a la anestesia total de los órganos reguladores, tal como se está procediendo a hacer en estos momentos.
Voy a poner otra serie de ejemplos patéticos como el de las incompatibilidades. El otro día intentamos, teniendo por causa también -por qué no- los debates de la Comisión de investigación sobre el caso Gescartera-, ir a un sistema de
incompatibilidades realmente transparente, limpio, democrático, moderno y renovado pero no fue posible. Me temo muy mucho, teniendo en cuenta las cosas que se pueden aprobar -incluida la ley financiera- que iremos todavía a un sistema de
compatibilidades más laxo que el actual; un sistema de incompatibilidades para aquello que quiera la mayoría absoluta desde su pereza mental. Al mismo tiempo que no quieren que establezcamos incompatibilidades racionales, quieren introducir una
enmienda -vuelvo a hablar de lo que estaba situando como terreno de juego- en la que se diga que los políticos no pueden estar en los consejos de administración de las cajas de ahorro. ¡Vaya incompatibilidad! ¡Eso sí es una incompatibilidad!
Los políticos son los únicos votados en este país, a los dentistas no los vota nadie, pero a los políticos sí y no pueden entrar en el consejo de administración de una caja de ahorro. Otra incompatibilidad más he descubierto en las reformas
que se plantean con respecto a la protección al desempleo. Se va a poner a la Agencia Tributaria a vigilar las cuentas de los parados para que si tienen algunos ahorrillos se les quite la protección al desempleo. ¡Esa sí que es una
incompatibilidad, no la del señor Ybarra, no la de don Franscisco González, no la de Jersey! Si tienen unos ahorrillos, se dice textualmente en negro sobre blanco, la Agencia Tributaria se impondrá para que les quiten el derecho a la protección al
desempleo. Así están las cosas. Eso sí, espero que al señor Matutes, que quiere comprar Trasmediterránea, le digan que no, que éticamente es incompatible que a él, ministro del ramo, ahora que ya tiene otra naviera le ofrezcan y le den la compra
de Trasmediterránea, a la que está optando. Espero que por lo menos funcione está incompatibilidad. En fin, ya lo leeremos en los medios de comunicación.
En este orden de cosas es en el que se inscribe la aventura financiera del señor Rato. Creo que el Grupo Socialista se ha equivocado al hacer la pregunta. La pregunta que hay que hacer al señor Rato es: ¿Existe alguna entidad financiera
de España que no haya concedido créditos a las empresas ruinosas de su familia? (Risas.-Aplausos.) Se han equivocado a la hora de preguntar. En la Junta de Portavoces se nos dice que no se puede preguntar porque se trata de una empresa privada, y
cuando se aduce que tal vez hay un porcentaje importante de lo público se nos dice que no llega al 51 por ciento. Cuando se contraargumenta diciendo que es ni más ni menos el ministro de Economía y que aunque no sea una empresa pública puede tener
influencia en el sistema financiero español, no hay forma humana de averiguar cuántos son esos créditos y si se han concedido en función de las características del mercado actual. No llegamos a entender esto. ¿Por qué no lo sabemos? ¿Por qué el
señor Rato de inmediato no ha salido a decir en una rueda de prensa: Estos son los créditos, responden a las condiciones del mercado y se han pedido en función de los avales suficientes? ¿Por qué no lo dice? Eso es lo lógico. Es verdad que el
señor Rato tiene una familia privada pero él es público, es un ministro, es un diputado y simplemente le estamos diciendo que explique algo que incluso un semanario acaba de explicar esta semana. (Rumores.) Pues si no dice la verdad, qué buena
ocasión para apuntarse un tanto el señor Rato y decir: Todo esto es mentira, nada de esto es verdad.
Nosotros creemos que se dan las condiciones suficientes, empezando por el Reglamento que habla sólo del interés público, del interés de la gente, con respecto a un tema y a las cosas que han ocurrido y cómo han ocurrido. Me refiero al señor
Rodríguez-Ponga en la misma línea en que han opinado otros grupos. No es lógico que se mantenga en su puesto, aun respetando la presunción de inocencia, pero que se defienda porque es el presidente de la Agencia Tributaria y es el segundo caso que
se da. Creo que al señor Montoro le elige los candidatos su peor enemigo, porque no se puede comprender cómo estamos de nuevo en esta situación, en una situación realmente escandalosa, que debiera pasar, si el Partido Popular tuviese una reacción
sana y clara y superase la pereza mental, por un cese inmediato, aunque después se diesen al señor Rodríguez-Ponga todas las condiciones normales y anormales para que se pudiera defender. No se corresponde con la realidad este aferramiento, este
enrocarse que todo el mundo está viendo, que incluso puede llevar a que aunque se le inculpe -ya veremos lo que pasa- haya gente que diga, como en el caso del número dos del BBVA, que a pesar de eso tampoco corresponde la dimisión o el cese.
Termino diciéndole, señor Martínez-Pujalte, que hay muchas más razones para crear la comisión de investigación, empezando por las propias preguntas que se ha hecho el Gobierno del Partido Popular. El otro día, en un periódico de tirada
nacional, el señor Rato se hacía una pregunta que figuraba como titular en primera página: ¿Cómo ha salido el dinero del circuito financiero? Se hacía esta pregunta y se quedaba tan tranquilo; se hacía esta pregunta y no se va al ministerio
fiscal; se hacía esta pregunta y no la responde; se hacía esta pregunta e impide la investigación para que todos tengamos la respuesta. ¿Cómo ha salido ese dinero del circuito financiero? No se puede lanzar esa pregunta y que todo siga igual.
Hay que responderla desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del funcionamiento de los supervisores, desde el punto de vista del funcionamiento del Gobierno. No se puede hacer esa pregunta sin crear los instrumentos que nos lleven a
la respuesta. Creo que esto es suficientemente claro, señorías. Cada pregunta que se hacen los miembros del Partido Popular o del Gobierno refuerza la idea de que la comisión de investigación es absolutamente necesaria.
Vamos con otra cosa: el señor Rato y el Banco de España. El Banco de España se entera, parece ser, a principios del año 2001. ¿Inicia de inmediato la investigación o no? Hay que averiguarlo. ¿A quién informa el Banco de España? Se ven
constantemente con el señor Rato e incluso dijeron que tenían comidas habituales. ¿Cuándo informa al señor Rato? ¿Por qué no le informa de inmediato que ha abierto ese expediente? ¿Por qué no informa, siguiendo la cadena, el señor Rato al señor
Aznar, que es el que gobierna? El señor Aznar no puede dejar de gobernar, no se puede reinar y no gobernar. Hay que hacer esas preguntas. ¿Cuándo se informa, por qué se informa o por qué no se informa? ¿Por qué no informa el señor Caruana a la
CNMV a tiempo? ¿Por qué no se informa a la Agencia Tributaria a tiempo? Eso hay que investigarlo. En octubre del año
2001 y después de ocho meses se entera el señor Rato. ¿Qué hace el señor Rato? ¿Con quién lo comenta? ¿A quién informa? ¿Va o no al ministerio fiscal, a la Agencia Tributaria, a la CNMV, a la comisión que lucha contra el blanqueo de
dinero? ¿Por qué no va en octubre del año 2001? Estas son preguntas que quedan sin contestar. El Banco de España, después del expediente, inicia la investigación en el año 2002. También habría que investigar esto, saber por qué ha tardado tanto,
qué circuito de investigación le ha llevado a iniciar el expediente y a partir del mismo a quién informa y por qué no lo hace a fondo. Señorías, ¿no es patético que la Agencia Tributaria tenga que iniciar su investigación a partir de recortes de
prensa? ¿No es el ejemplo total, radical y monumental de que es absolutamente necesaria una comisión de investigación para cambiar por fin -ya que no lo conseguimos en Gescartera- el funcionamiento de los órganos democráticos de control, que no
funcionan, están sistemáticamente anestesiados y necesitan funcionar así para no pasar a una etapa de renovación del sistema financiero del capitalismo español? La CNMV, como siempre, en su endogamia sospechosa. Se entera tarde y mal y no sabemos
qué es lo que está haciendo, hasta dónde pretende investigar y con qué voluntad. No conocemos el funcionamiento de esta especie de balneario de la conciencia que nunca se ocupa de los temas que se tiene que ocupar a su debido tiempo.
Ustedes dicen que no haya comisión de investigación pero se equivocan.
Sigan ustedes en ese paraíso fiscal de la conciencia estable y de la pereza de la mayoría absoluta, pero sepan que se equivocan gravemente.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace 15 días el Grupo Vasco en el Congreso solicitó a la Mesa del Congreso de los Diputados, junto al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y al Grupo Mixto, la constitución de una comisión de investigación con el fin de
esclarecer las responsabilidades políticas que pudiera haber en el denominado escándalo financiero BBVA. Se argumentaba entonces que existían múltiples motivos e interrogantes para solicitar la comisión de investigación: la tardía reacción del
Banco de España, la enorme demora hasta que todos conocimos el expediente del órgano supervisor, la propia existencia de cuentas y la dimisión inexplicada e inexplicable de los máximos representantes de la entidad bancaria, el papel o papelón de la
Agencia Tributaria y sobre todo la gran duda razonable, la hipótesis que cobra cada vez más fuerza, y es que el Gobierno sabía de la existencia de cuentas secretas e irregularidades del BBVA y utilizó su conocimiento para condicionar la fusión entre
el BBV y Argentaria y controlar una gran entidad financiera a través de una persona como Francisco González, de absoluta confianza y amistad del vicepresidente don Rodrigo Rato y del presidente don José María Aznar.
Si hace dos semanas lo teníamos claro, ahora mucho más. En los medios de comunicación ha aparecido información adicional más que de sobra para hacer de la comisión de investigación un instrumento imprescindible para clarificar y delimitar
las responsabilidades políticas del vicepresidente segundo del Gobierno, del ministro de Hacienda, del secretario de Estado de Hacienda don Estanislao Rodríguez-Ponga -hoy ya imputado por el fiscal Anticorrupción, con el visto bueno del fiscal
general del Estado, por apropiación indebida, delito societario y falsedad documental-, del gobernador del Banco de España, del director de la Agencia Tributaria, de la CNMV, etcétera. Los mismos responsables políticos y órganos supervisores de
control que fueron los protagonistas de la anterior comisión de investigación sobre Gescartera; curiosa coincidencia. Si el Partido Popular impide -como ya ha comunicado- la creación de esta comisión, tan sólo puede ser porque está tratando de
encubrir a alguno o algunos de los señalados protagonistas. Repito, si el Partido Popular impide -como ya ha comunicado- la creación de esta comisión tan sólo puede ser porque está tratando de encubrir a alguno o algunos de los señalados
protagonistas. La sombra de duda planea sobre los responsables del Gobierno. ¿Va a permitir el PP que no se esclarezcan los hechos? ¿Va a impedir que se conozcan las responsabilidades que pueda tener el Gobierno en este asunto? En democracia, el
impedimento de que se conozcan las cuestiones de interés público se ha de interpretar tan sólo como connivencia o implicación, no caben medias tintas.
A través del proceso que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional aparecen nuevos datos sobre actuaciones presuntamente irregulares cometidas por el BBVA a través de sus múltiples entidades creadas al efecto, como BBVA Privanza
Jersey, BBV Privanza Puerto Rico, BBV International Investment Corporate, etcétera, vinculando a estas entidades con blanqueo de capitales, fraude fiscal e incluso narcotráfico. Al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) estas cuestiones le parecen
importantes y creemos que hay que investigarlas, pero para ello están los tribunales. Las actuaciones negligentes o delictivas de empresas privadas o particulares habrán de ser juzgadas y sus responsables deberán pagar multas o cumplir las penas
que les pudieran corresponder, pero ello no es objeto de preocupación política. Lo que nos preocupa, y cada vez más, son las vinculaciones estrechas existentes entre algunos responsables políticos y los comportamientos irregulares e ilícitos del
BBVA. El Gobierno nos tendrá que explicar si el señor Rodríguez-Ponga, imputado, aún secretario de Estado de Hacienda y ex colaborador del BBVA en materia de fiscalidad internacional, fue o no el autor o coautor de un manual para evitar el pago de
impuestos utilizando instrumentos poco ortodoxos como son los paraísos fiscales. Y si no tuvo ninguna implicación con
el BBVA en estas materias, supongo que el secretario de Estado debería ser el primer interesado en aclarar su situación. También parece que el señor Rodríguez-Ponga colaboró con Repsol-YPF con parecidos fines, es decir disminuir
sustancialmente el pago de impuestos de la empresa. ¿Cuál fue su responsabilidad? Nuestro grupo desea también que lo aclare. Al señor Rodríguez-Ponga no le queda más remedio que dimitir. ¿Por qué no lo ha hecho? El señor Rodríguez-Ponga tiene
que tener en cuenta que no es obligación ser secretario de Estado de Hacienda; es más, para serlo no puede haber sospechas y es profundamente negativo para los ciudadanos de bien que le vinculen tan sólo aunque sea con actividades privadas del
ámbito de la denominada ingeniería fiscal. ¿Por qué no quiere aclarar sus responsabilidades en el Congreso? Para ello puede ser muy útil la creación de esta comisión de investigación.
Si no se sabe la verdad de las responsabilidades del secretario de Estado, ¿en qué lugar queda el ministro de Hacienda? ¿En qué lugar queda, con dos secretarios de Estado de Hacienda que en apenas dos años han actuado supuestamente en
contra de los intereses generales de la Hacienda? El señor Montoro es el responsable de haber nombrado dos secretarios de Estado que, si no se demuestra lo contrario, en lugar de perseguir el fraude y dinero negro han utilizado el dinero negro y
evitado pagar los impuestos religiosamente. Este es el colmo de un responsable de la Hacienda pública.
Al señor vicepresidente segundo y ministro de Economía cabría igualmente preguntarle sobre sus cenas con amigos, unos amigos que curiosamente ocupan los máximos puestos en las empresas públicas privatizadas. Hace cuatro días en el
Confidencial.com pudimos leer que el señor Rato y el señor Cortina -por cierto, también imputado por el fiscal Anticorrupción en el caso BBVA-, el señor Alierta, el señor Pizarro y el señor González discutieron sobre el asunto BBVA. El
vicepresidente no ha desmentido ni la existencia ni el contenido de la cena, y no estoy precisamente pensando en el menú. Esto le hace sospechoso y en política no se puede estar bajo sospecha; ya lo estuvo en relación con Gescartera y ahora lo
está otra vez. ¿Es habitual que el Ministro de Economía tenga este tipo de encuentros? ¿Es la única vez que el señor Rato se ha reunido con estos amigos? Unos amigos que ocupan las presidencias de empresas públicas privatizadas. Para el señor
Rato estas son amistades peligrosas, máxime si desea tener posibilidades de éxito en la carrera electoral. El control público absoluto de empresas privadas es un modelo de Estado made in Aznar. ¿Cuántas veces se ha reunido con el señor González?
¿Cuándo? El señor Rato nos tiene que explicar cuál ha sido su actuación en el proceso de fusión de BBV con Argentaria. Nos tendrá que decir por qué cree que el pez chico se comió al pez grande en la fusión; nos tendrá que convencer de que no tuvo
nada que ver en ese proceso y ello se nos antoja muy difícil. Nuestro grupo tiene la convicción de que el Gobierno, en este caso el vicepresidente segundo y ministro de Economía, don Rodrigo Rato, conocedor de aspectos turbios en el BBV como las
cuentas secretas, el fondo de Alico de determinados consejeros u otros temas, condicionó la fusión con Argentaria de manera que el Gobierno tuviera el control absoluto de una gran entidad financiera. El Gobierno, que ya controlaba Telefónica,
Endesa y Repsol, ahora ya controla el BBVA, lo que nos parece muy grave, nos parece tan grave que si fuera así el señor Rato se encontraría en la cuerda floja.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) quiere que el señor Rato dé las adecuadas explicaciones y despeje las sombras de duda que se ciernen sobre su actuación. Lo deseamos de verdad, por lo que la comisión de investigación que solicitamos
es absolutamente imprescindible, como lo es para delimitar las responsabilidades habidas en relación con el asunto BBVA por parte del Banco de España. ¿Por qué tanta demora en el expediente de la Agencia Tributaria? ¿No había detectado nada
irregular o no quiso detectar nada irregular? Sinceramente, ante estas sospechas y las muchas evidencias que tenemos hoy sobre el asunto de las cuentas secretas y el fondo de pensiones en Alico, entre otras cuestiones del BBVA, y sus más que
posibles vinculaciones con responsables del Gobierno y altos cargos de la Administración del Partido Popular, al propio Grupo Parlamentario Popular no le va a quedar más remedio que constituir la comisión de investigación si es que posee un mínimo
de talante democrático y aún cree en sus propias consignas del caiga quien caiga.
Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), quiere luz y taquígrafos para depurar todas las responsabilidades políticas. Con el fin de preservar la
democracia, votaremos afirmativamente la creación de esta comisión de investigación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve.
Mi grupo va a votar en contra de estas propuestas de creación de una comisión de investigación en razón de los siguientes argumentos. En primer lugar, porque a la fecha actual del procedimiento que se sigue por el juez magistrado de la
Audiencia Nacional don Baltasar Garzón no entendemos que se den, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, las exigencias necesarias para la creación de una comisión de investigación en sede parlamentaria, ya que se trata de imputaciones posibles
de responsabilidad política a miembros del Gobierno. Es decir, aunque las comisiones de investigación, en términos genéricos, pueden abarcar cualquier temática de interés público o general, aquí se trata sencillamente de circunscribirlo al campo de
las posibles o supuestas responsabilidades políticas de un gobierno. Por tanto, mi grupo entiende que no se dan
esos supuestos de posible imputación de responsabilidad política. En segundo lugar, por tratarse de una materia harto compleja. Las imputaciones que se derivan ya de las actuaciones del magistrado citado de la Audiencia Nacional afectan a
una parte del sistema financiero español, aunque estén personalizadas en la presunción de determinados delitos de miembros de un consejo de administración bancario. Dada la complejidad de estas figuras, tanto personas físicas como jurídicas, nos
encontraríamos con un problema que debe resolverse con las garantías procesales y de transparencia de qué es lo que se está exigiendo legítimamente por cualquier grupo político, en este caso los grupos parlamentarios de la oposición, perfectamente
legitimados para entrar en esta demanda. Nuestro grupo no entiende que esta oportunidad y esta exigencia de presuntas responsabilidades políticas sea merecedora de entrar en una complicada situación creada por la propia comisión de investigación.
Y digo esto, señora presidenta, por urgir una vez más a la Cámara el cumplimiento de algo que se derivó de las conclusiones de la Comisión de investigación de Gescartera: que se dotara a las comisiones de investigación de una normativa, de un
reglamento lo suficientemente garantista para que todas las personas llamadas a comparecer ante cualquiera de estas comisiones de investigación tengan las garantías procedimentales y procesales necesarias.
Por esas razones, no habiendo sido todavía aprobada esta norma y para evitar entrar en una batalla de pareceres y de oportunidades o de exigencias, unas del sí y otras del no en la que mi grupo no quiere entrar, por estas cuestiones
puramente formales y que no entran en el fondo de la cuestión, mi grupo, señora presidenta, va a votar en contra de la creación de estas comisiones de investigación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra de las propuestas para la creación de una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas del Gobierno y de los
correspondientes órganos supervisores que se deriven de la existencia de las cuentas ocultas del BBVA, iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Mixto y Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, básicamente por las
siguientes consideraciones que a continuación paso a detallar.
En primer lugar porque el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que este asunto ya está planteado en la vía judicial, concretamente en la Audiencia Nacional que ha asumido la plena investigación reclamando incluso a
otros organismos los expedientes en curso para su remisión a la Audiencia, como ha sido en el caso del expediente inicialmente tramitado por el Banco de España. Desde Convergència i Unió siempre hemos mantenido que en asuntos como el que estamos
debatiendo era bueno no interferir en la justicia, confiar en ella y dejar que pueda realizar sus trabajos de investigación con la máxima independencia.
En segundo lugar, señorías, porque creemos que una comisión de investigación politizaría y amplificaría en gran medida una mala imagen del BBVA, y ello sumado a la judicialización actual podría dañar seriamente la solvencia y la credibilidad
económica de la segunda entidad financiera de España.
En tercer lugar, señorías, porque desde Convergència i Unió pensamos que ahora es el momento para jugar con fuerza a fin de preservar y potenciar la imagen de la entidad financiera del BBVA, y estamos convencidos de que en este caso una
comisión de investigación en estos momentos iría en la dirección contraria. Tengan en cuenta SS.SS. que a pesar de todo, estas presuntas irregularidades que hoy estamos debatiendo no han afectado en ningún momento a la solvencia financiera de la
entidad, ni a la tesorería, ni a su liquidez, y este es un aspecto muy importante que nosotros queremos resaltar, a la vez que lo queremos preservar para que en el futuro, en el trámite judicial en el que se va a debatir y en el que se van a
posicionar los diferentes grupos parlamentarios y los diferentes agentes sociales y económicos, la solvencia de dicha entidad financiera siga por los mismos caminos que ha seguido hasta la fecha, o sea que no se ha visto perjudicada ni dañada en
cuanto a su solvencia, en cuanto a su tesorería ni en cuanto a la liquidez de dicha entidad.
En cuarto lugar, señorías, porque desde Convergència i Unió pensamos que votando no a la petición de creación de una comisión de investigación defendemos muchísimo mejor los intereses de los más de 1.200.000 accionistas y de los casi 100.000
empleados que tiene dicha entidad financiera. Desde Convergència i Unió queremos evitar que las víctimas económicas de este proceso sean los accionistas pues durante el inicio de este proceso ya tuvieron una pérdida bursátil de más de 2.000
millones de euros, que afortunadamente y después del terremoto mediático que supuso la aparición de dichas irregularidades han ido recuperando a lo largo de los últimos días y las últimas semanas. Por ello pensamos y creemos que un nuevo frente
político de investigación en el Congreso de los Diputados incrementaría el grado de victimización económica de los accionistas, queremos evitarlo y por este motivo vamos a votar no a la creación de una comisión de investigación.
En quinto lugar, señorías, pensamos que esta es una situación muy diferente de otras en que se ha debatido la creación de comisiones de investigación en el Congreso de los Diputados como fueron los casos de Gescartera y Banesto, en los que a
pesar de haberse iniciado una investigación judicial es cierto que se crearon comisiones de investigación para poder delimitar todas las responsabilidades políticas que estaban inmersas en dicho procedimiento. Pero queremos resaltar que hay una
diferencia muy importante respecto al caso que
estamos hoy debatiendo con referencia a los temas Banesto y Gescartera, pues los inversionistas del caso Gescartera y los accionistas de Banesto ya habían sufrido unos perjuicios económicos muy importantes que no se iban a ver incrementados
por la constitución y los trabajos de una comisión de investigación. En definitiva, cuando estos dos procesos se debatieron e investigaron en el Congreso de los Diputados los accionistas y los inversionistas de dichas entidades ya habían tenido
unos perjuicios muy importantes desde la óptica económica, en definitiva habían sido las grandes víctimas económicas de dichos casos reseñados.
En sexto lugar, porque desde Convergència i Unió entendemos que hay que ayudar a recuperar, dentro de nuestras posibilidades y por descontado dentro también de las posibilidades del resto de grupos parlamentarios de esta Cámara, la imagen de
la segunda entidad financiera, del BBVA, o sea que todo aquello que pueda comportar reforzar y potenciar la imagen de dicha entidad financiera va en la dirección positiva para que en el fondo se pueda ver fortalecido el sistema financiero español
tanto desde la óptica interna como desde la internacional. Por ello pensamos que la creación de una comisión de investigación iría justamente en la dirección contraria y podría perjudicarles internacionalmente, a la vez que podría existir una
cierta contaminación interna que perjudicase no solamente los intereses de dicha entidad financiera sino que perjudicase seriamente la credibilidad y la solvencia de las entidades financieras españolas.
En séptimo lugar, tampoco creemos oportuna la creación de una comisión de investigación porque hasta la fecha, hasta estos momentos nuestro grupo no tiene constancia de que haya existido negligencia alguna en el funcionamiento de los
organismos reguladores, como pueden ser el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando dichos organismos tuvieron conocimiento de esas cuentas secretas. Esta es una cuestión que queda enmarcada dentro del ámbito
estrictamente privado y es el motivo por el que -repito- no consideramos positiva la creación de una comisión de investigación.
En octavo lugar, señorías, por una cuestión de confianza, concretamente por una cuestión de confianza de los sectores económicos y financieros españoles y también de los sectores sociales, concretamente una cuestión de confianza de dichos
sectores hacia el BBVA. Es cierto, es evidente y es una realidad que nadie puede discutir, que tras sucesivas absorciones y fusiones que han dado origen a la actual entidad financiera, bajo estas siglas se ampara hoy el segundo gran grupo
financiero español y también una gran corporación industrial que representa una parte muy importante del PIB español, con una gran presencia internacional y una entidad cuyas matrices originarias han gestionado durante décadas los fondos de cientos
de miles de clientes, de ciudadanos y ciudadanas españoles, de empresas y de particulares que les han depositado su confianza y pensamos -creo que es la voluntad del resto de grupos parlamentarios- que han de continuar manteniendo la confianza en la
segunda entidad financiera española.
Creemos, señorías, que el enfrentamiento político es lo que menos conviene a esta clase de asuntos. Que primero investigue la justicia, que no en vano es uno de los pilares básicos del Estado de derecho, y
luego tiempo habrá si acaso para que se diriman en sede parlamentaria las responsabilidades políticas, si las hubiere. Sin detrimento de la exigencia de responsabilidades personales, señorías, los clientes, los empleados del BBVA y los agentes
económicos deben poder seguir confiando en su banco. Este es también uno de los aspectos fundamentales de nuestro grupo parlamentario.
En noveno lugar, señorías, nosotros creemos que en estos momentos, en la coyuntura actual también es necesario ser prudentes, que es otro de los aspectos que ha caracterizado al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió cuando estos temas
se han dirimido en sede parlamentaria. Desde nuestro punto de vista, también en esta ocasión está en juego la credibilidad interna e internacional del sistema financiero español que con tanta profundidad ha progresado durante los últimos años y
pensamos que una cuestión de estas características podría afectar negativamente a nuestra imagen financiera a nivel internacional.
En décimo y último lugar, en el sentido de dejar la investigación en manos de la justicia, en el sentido de evitar una mala politización de este asunto, en el sentido de preservar y potenciar la imagen de la entidad financiera del BBVA, en
el sentido de defender los intereses de los accionistas y de los trabajadores de esta entidad, en el sentido, como he dicho antes, de evitar un aumento de la victimización económica de los accionistas, en el sentido de recuperar la imagen de la
entidad, en el sentido de garantizar la confianza de los sectores económicos y sociales en la entidad del BBVA, en el sentido de prudencia, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra de la creación de esta comisión de
investigación, aparte de que siempre hemos mantenido el principio de presunción de inocencia, que en este caso también lo queremos manifestar con relación a las personas imputadas en este procedimiento. También es cierto que no podemos olvidar que
la reciente experiencia de la comisión de investigación de Gescartera ha puesto de manifiesto una vez más las dificultades de esta simultaneidad, tanto desde el punto de vista del derecho de los comparecientes y de la eficacia de sus declaraciones,
como desde el necesario avance de la instrucción penal sin interferencias que puedan perjudicarla, así como también disminuir el prestigio de las instituciones parlamentarias y judiciales. Lo que ocurre ahora, desde nuestro punto de vista, es que
tratar de traer al Parlamento una investigación ya abierta en el ámbito judicial es tanto como desconfiar en la práctica de las posibilidades de éxito de esta vía judicial, que ya ha iniciado sus investigaciones. Por este motivo, señorías, creemos
que ahora es tiempo para que la justicia investigue en profundidad y trabaje para esclarecer cuáles han sido los hechos, para delimitar las responsabilidades -las que sean, señorías-, para imponer penas si es preciso, y para hacer todo ello con el
rigor que demandan nuestras leyes, y hacerlo además, señorías, con la lealtad de este Parlamento al equilibrio
institucional que contempla la Constitución. No habrá señorías, señora presidenta, mayor lealtad que aquélla derivada del respeto a la independencia de la justicia y el acatamiento de sus decisiones, ni habrá mejor ejemplo para la sociedad
evitando una mala politización de este tema, que votando en contra justo cuando la justicia ya ha iniciado los trabajos de investigación.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, mi grupo parlamentario (y no supone ninguna sorpresa por lo que he visto en el debate esta mañana) va a votar en contra de la creación de esta comisión de investigación.
Intentaré explicar los motivos de nuestro voto de manera detallada y con argumentaciones bien fundamentadas. La verdad es que yo esperaba otro debate, quizá ni siquiera los argumentos que se han esgrimido en medios de comunicación se han trasladado
a la Cámara, pero también intentaré de manera sencilla y bien fundamentada en mi opinión explicar el porqué de nuestra negativa. Es una negativa que nos parece mejor para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones; es la que nos parece
mejor para salvaguardar la actividad económica general, e incluso es la que nos parece mejor para dotar a esta Cámara del prestigio y de la dignidad que se merece.
Señorías, querría empezar haciendo algunas precisiones en torno a lo que se ha manifestado aquí por los que me han precedido en el uso de la palabra, y luego daré mis argumentaciones. En primer lugar se ha hablado de si el Partido Popular
deniega o no deniega comisiones de investigación. El presidente del Partido Socialista ha votado no a 45 en los últimos años. En segundo lugar ha dicho el portavoz socialista que se atribuía la representación de 248 diputados. Quizás se ha pasado
Yo no sé si se refería a 148. Su grupo no tiene 148, tiene 125; quizá el portavoz socialista se hacía portavoz también del resto de los grupos, de Izquierda Unida, del PNV y del Grupo Mixto; quizá se hacía portavoz de todos ellos. Yo no me
atribuyo la representación más que del Grupo Parlamentario Popular, y luego cada grupo hará lo que en conciencia crea.
Haré cuatro precisiones más. En primer lugar resumiría la intervención del portavoz socialista en dos puntos: primero dice que le interesa conocer cuándo se enteró el vicepresidente del Gobierno de que existía un procedimiento inspector en
el Banco de España; eso ya lo han preguntado en los plenos de control y ha sido respondido; otra cosa es que no lo quieran oír. Ha hablado de cierta descoordinación entre las afirmaciones del vicepresidente económico del Gobierno. Le diré que en
un medio de comunicación pusieron las dos citas a las que ha hecho referencia S.S., las compararon, y el periodista dijo: no hay contradicción alguna.
¿Cuándo se enteró? Ya lo ha respondido, y no queda más que creerse o no lo que el ministro ha
contestado.
La otra afirmación del portavoz socialista tiene más enjundia ideológica.
Sube a la tribuna y dice: yo no entiendo cómo dos entidades financieras -privadas ambas, en ese momento- se fusionan y el Gobierno no lo sabe.
Claro, esto tiene su
carga ideológica; según cierta ideología, cuando dos entidades financieras privadas se fusionan, el Gobierno tiene que saberlo y autorizarlo, impulsarlo o no. Esto, según la ideología socialista de control de la actividad privada. (El señor
Griñán Martínez pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Hay otra ideología, la del Partido Popular que dice: si dos entidades privadas deciden fusionarse, hay unos mecanismos y unas instituciones que funcionan -el Tribunal de Defensa de la
Competencia-, y el Gobierno no tiene por qué influir en un sentido ni en otro.
El señor Azpiazu dice: hay que crear una comisión de investigación. No le quiero decir, señor Azpiazu, que usted declaró era una frivolidad crear una comisión de investigación para este asunto. De todos modos, dos de las personas que
presuntamente han dispuesto de fondos son antiguos miembros del Gobierno del PNV en el País Vasco. No quiero decir nada, pero usted ha estado en la Consejería de Hacienda del Gobierno Vasco y sabe cuántas personas han pasado de la consejería a esta
entidad financiera. También debe saber usted, señor Azpiazu porque ha estado en la Consejería de Hacienda del Gobierno Vasco, que algunas competencias de inspección fiscal las tienen las haciendas forales. Quizá podría preguntarle a quien está con
usted qué es lo que está haciendo.
El señor Saura se pregunta si ha empezado a actuar la Agencia Tributaria.
Yo le digo que sí. (El señor Saura Laporta pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores.) Sí, señor Saura, sí; ya ha empezado a actuar; contesto a su pregunta:
ya ha empezado a actuar. En este caso que ha escandalizado a muchos ciudadanos españoles, existen unas connotaciones que de ser ciertas mi grupo deplora; nos parecen comportamientos que tienen que ser sancionados duramente. Pero estamos también
ante un caso por el que mi grupo se reafirma en la necesidad de construir un marco de libertad claro para las empresas privadas y para los ciudadanos. Lo que hay que hacer es dejar que las instituciones funcionen, y que cuando alguna persona o
alguna entidad financiera transgrede ese marco, que las instituciones funcionen y se castigue a aquel que haya cometido irregularidades; con el presupuesto de que nosotros entendemos que sí, que tiene que existir un marco en el que un señor, una
empresa se mueva con libertad, y a partir de ahí hay que hacer funcionar las instituciones para quien transgrede. Creemos que en un Estado democrático, moderno y avanzado hay que dejar funcionar a las instituciones, y en este caso hay que dejar
funcionar a las instituciones judiciales; que actúen con libertad, que actúen con independencia, que no se les presione desde los poderes públicos para que hagan lo que tengan que hacer.
Señorías, leyendo bien la petición de creación de una comisión de investigación realizada por el Grupo Socialista, parece que lo que piden es que se haga una comisión de investigación desde cuando se enteró el Gobierno -octubre de 2000-
hasta ahora; es decir una
comisión de investigación de lo que ha sucedido en esos meses. Miren, señorías, lo que escandaliza a la opinión pública es qué ha sucedido con las cuentas, por qué existen cuentas en el exterior; lo que escandaliza a la opinión pública es
cómo se han creado esas cuentas en 1987, por qué se han mantenido desde 1987 fuera del balance de la entidad, cómo es posible que se hayan mantenido fuera del balance de la entidad; lo que escandaliza a la opinión pública y hace preguntarse a los
ciudadanos qué está pasando es dónde han ido los fondos que han estado en el exterior, quién ha tenido conocimiento de esas cuentas y quién era titular de alguna de esas cuentas. Eso es lo que escandaliza a la opinión pública.
Eso es lo que el
Partido Socialista dice en sus discursos, pero luego dicen: no, no, eso escandaliza a la opinión pública, pero lo que realmente nos preocupa es por qué se ha hecho la fusión, por qué el Banco Bilbao Vizcaya se fusiona con Argentaria; lo que le
preocupa es por qué un señor que estaba en el BBV de trabajador de convenio ocupa ahora un cargo público o por qué el gobernador ha actuado en los meses en que ha actuado. Se olvidan radicalmente de un tema esencial que es el que escandaliza a la
opinión pública y es cómo se han creado las cuentas, cuántos años han estado esas cuentas fuera del balance de la entidad, y además dónde se han destinado los fondos de esas cuentas y quién era titular de alguna de esas cuentas. Eso es lo que de
verdad escandaliza a la opinión pública. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.) Yo no voy a rechazar el debate de ninguno de esos puntos, señorías. Creo que estamos en un Parlamento y hay que abordar los debates con profundidad y con
argumentos. Miren, el señor Rodríguez-Ponga, actual secretario de Estado de Hacienda, ha dado todas las explicaciones que se le han requerido en los medios de comunicación; el señor Rodríguez-Ponga estuvo en esa entidad financiera cinco años, es
verdad, de 1992 a 1997 como ha manifestado él públicamente, señorías, pero hacer responsable de las cuentas que se crearon en 1987 al señor Rodríguez-Ponga que era un trabajador de convenio y olvidarse de los altos directivos y de los miembros del
consejo de administración como se intenta hacer a veces desde la oposición, es por lo menos una interpretación torticera de lo que ha pasado en este caso. (Rumores.)
Nosotros vamos a aceptar las decisiones judiciales con absoluto respeto, porque es lo que ha hecho mi grupo parlamentario siempre y va a seguir haciendo. No vamos a discutir en absoluto las decisiones judiciales.
Queremos ser absolutamente
respetuosos con los órganos jurisdiccionales, y cuando el responsable del órgano jurisdiccional determine tomar decisiones, mi grupo va a decir que las respeta -se lo digo de antemano-, sean las que sean, no vamos a hacer la doble moral de que
cuando un juez diga una cosa se le pueda masacrar públicamente. No estoy hablando del pasado. Hay una comunidad autónoma, donde ustedes gobiernan ahora mismo, en la que un juez ha tomado una decisión y el presidente de la comunidad autónoma ha
dicho públicamente que ese juez ha prevaricado mientras el señor Rodríguez Zapatero permanece en silencio en vez de llamar al orden a ese presidente. (Rumores.-Aplausos.) Eso es lo que está ocurriendo ahora, no me voy al pasado, está sucediendo
ahora. Nosotros -y lo digo con claridad adelantándome a cualquier acontecimiento- vamos a ser respetuosos con las decisiones judiciales. Por la buena salud democrática de este país, les pediría a todos los diputados de esta Cámara, sin excepción
ninguna, también a los de los grupos de la oposición, que intenten no presionar a las instituciones judiciales. (Rumores.) Se lo pido, señorías. Si ustedes me quieren hacer caso será mejor, si no, los ciudadanos se darán cuenta de quién está
presionando. (Rumores.) El señor Caldera dijo ayer en esta Cámara: En el sumario que instruye el juez Garzón se acusa al secretario de Estado de Hacienda de participar en el blanqueo de dinero procedente de narcotráfico de México. Sé que después,
el señor Caldera mandó un emisario a rectificar lo que había dicho en esta Cámara. (La señora Cunillera i Mestres: ¿Nos estáis espiando o qué?-El señor Blanco López: ¿Es verdad o no?-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, o el señor Caldera mintió para tener una argumentación en el debate parlamentario o tiene información privilegiada que sólo se puede obtener de manera ilícita. No quiero entrar en ese debate,
porque, señorías, lo que no hay que hacer -y se lo sugiero- es intentar presionar a la justicia. (La señora López i Chamosa: ¿Es verdad o no?)
Segunda cuestión, la fusión. Señorías, como economista -y creo que el señor Sevilla también- ya estoy cansado de la argumentación del pez grande y del pez chico. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: Y lo que te queda.) Cuando dos
empresas se fusionan y hay dos masas de accionistas se produce una unidad y, por tanto, hay un colectivo de accionistas único, que es el que nombra al presidente de esa entidad. Ni lo nombra un grupo parlamentario ni lo nombra el Gobierno; lo
nombra el conjunto de accionistas que sale de esa fusión y que son soberanos en las decisiones que se toman en esas empresas. Sé que el Grupo Parlamentario Socialista no cree en ese juego de la empresa privada, sé que el Grupo Parlamentario
Socialista está inmerso en la teoría de que hay que inmiscuirse en las empresas privadas, pero también sé que ese es un camino que conduce a situaciones de falta de crecimiento económico y a situaciones de paro. En la fusión, señorías, no se ha
producido más que dos entidades han tomado una decisión soberana, de la que era asesor el señor Sevilla y que fue alabada por el Grupo Parlamentario Socialista. Están en las hemerotecas las declaraciones del señor Eguiagaray y del señor Almunia
diciendo que la fusión se produjo de una manera equilibrada y positiva y que había que hablar bien de esa fusión, porque aunque por todos era conocido que se podía producir, era una fusión buena.
Del Banco de España se pregunta el señor Sevilla dos cosas. Primero: ¿Por qué no se entera ninguna autoridad económica antes de 1996? Yo no le puedo responder a
esa pregunta, se lo digo honestamente, no le puedo responder a esa pregunta. Antes de 1996, se lo puede usted preguntar al ausente o se lo puede preguntar a quien quiera, pero desde luego a mí no me puede preguntar por qué no se enteran las
autoridades económicas antes de 1996.
(Aplausos.) No me diga que ese es un argumento, señor Sevilla. Sigue: ¿Por qué no se entera después? Pues mire, señor Sevilla, no se entera después porque ese dinero está fuera de balance, porque ese dinero
sale de los circuitos de España. Y sale de los circuitos de España, señor Sevilla -usted lo sabe porque conoce muy bien la mecánica-, porque se autoriza una operación por el Gobierno, en 1987, que permite que una determinada entidad financiera cree
un fondo fuera de balance, fuera de España y, a partir de ahí, no existe conocimiento en el balance. (El señor Sevilla Segura: No.) Sin embargo, cuando el Banco de España se entera, ¿qué hace? Iniciar un proceso investigador de inmediato.
(Aplausos.)
Siguiente pregunta, señorías. El señor Sevilla se hace una pregunta. Yo sé que se la ha respondido y se ha puesto la venda antes de la herida. Usted se ha preguntado, señor Sevilla: ¿Qué hace el Banco de España desde que se entera?
Usted se respondió. Usted, en un teletipo muy largo, señor Sevilla, se respondió. Dijo que justificaba la actuación del Banco de España. Usted lo explica técnicamente, porque yo sé que usted lo sabe.
Usted es un buen profesional de la economía y
lo sabe. Usted les decía a los periodistas: Es que antes de un expediente sancionador hay un proceso de inspección. Es que no se puede empezar -decía usted- un expediente sancionador de inmediato; tiene que haber un proceso de inspección. Decía
usted también, y en el teletipo está recogido: Y ese proceso de inspección de unas cuentas de 1987 es un proceso de inspección largo. Y quince meses -decía usted- no me parece un tiempo muy elevado, me parece un tiempo normal. Eso lo decía usted,
señor Sevilla. ¿Ahora le han hecho cambiar el discurso? Pues lo siento, señor Sevilla, pero eso está dicho por usted. Esos son sus tres grandes argumentos.
¿Cuáles son nuestros argumentos? Los ha dado usted. Reconozco que cuando ha salido a la tribuna y ha dicho lo que yo iba a decir, lo ha explicado bien. Era mejor mi argumentación cuando se la oía a usted que la suya propia. (Rumores.)
Decía: Es que no hay que crear comisiones de investigación sobre entidades privadas. Y es verdad, señor Sevilla. Yo creo en eso. Creo que poner en tela de juicio a una entidad financiera porque algunos directivos del viejo equipo presuntamente
han cometido una irregularidad, cuando de esa entidad financiera dependen miles de pequeños clientes, miles de trabajadores y sus familias y cuando tiene miles de clientes, me parece una irresponsabilidad, sobre todo cuando no hay ninguna
responsabilidad política del actual Gobierno, que simplemente ha actuado como tiene que actuar. (Rumores.) Además, de las intervenciones de esta mañana de los que han pedido la comisión de investigación se deduce que no hay ninguna responsabilidad
política del actual Gobierno, simplemente quieren conocer algunos datos. Pues pregúntenlos en las sesiones de control. Además, señor Sevilla, le digo que a mí me parece que no es bueno crear comisiones de investigación del pasado. Yo no voy a
hablar del pasado, señor Sevilla, porque creo que no es bueno. Creo que en vida parlamentaria no hay que hablar del pasado.
(Varios señores diputados: ¡Ah!) Es verdad que algunas cuestiones del pasado no han prescrito. Es verdad, señor Sevilla,
algunas cuestiones no han prescrito y están abiertos los sumarios, pero eso se tiene que dirimir en vía judicial. A mí no me parece bien hablar del pasado en este Parlamento. Los ciudadanos ya tomaron las decisiones que creyeron en 1996 y luego en
el 2000. A partir de ahí las cuestiones del pasado se tienen que dirimir en vía judicial, y a mí me parece que como no está prescrito y hay sumarios abiertos sobre comisiones ilícitas del AVE, sobre Viajes Ceres, sobre la Expo, deben dirimirse en
los órganos jurisdiccionales. Le digo más, señor Sevilla, si usted quiere que su partido recobre un mínimo de transparencia, lo que tiene que hacer es ir a la vía judicial y explicar todo lo que saben, ponerlo en conocimiento de los jueces y no
volver al obstruccionismo de hace unos años cuando miembros que están en el Grupo Parlamentario Socialista impidieron -según figura en los sumarios, y no quiero entrar en polémica ninguna- que el juez conociera datos relevantes sobre la financiación
ilegal del Partido Socialista. (La señora Cunillera i Mestres: No te puedes resistir.-Protestas.-Aplausos.) Gente de su grupo parlamentario lo impidió. Recobren la transparencia poniendo en vía judicial ...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya, por favor.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, mi grupo y yo mismo vamos a pedir a los responsables de esa entidad financiera que colaboren al máximo con la vía judicial, que colaboren al máximo para esclarecer quiénes eran titulares de esas
cuentas. Nos parece importantísimo, porque eso dará transparencia. Señorías, me da la impresión de que aquí lo que se está sustanciando es que estamos ante una situación económica que hace que España crezca, que España cree empleo. Ustedes
quieren tapar ese buen funcionamiento de la economía que se está traduciendo en bienestar para los españoles lanzando falsas acusaciones, diciendo en tribuna, y sobre todo fuera de tribuna, insinuaciones falsas. Señorías, ese no es el camino
adecuado ni siquiera para ustedes, porque todos los ciudadanos saben que en un país moderno lo que tiene que hacer el Parlamento es debatir iniciativas positivas, debatir iniciativas para el mejor funcionamiento de la economía, para el mejor
funcionamiento del bienestar de los españoles, porque todos los españoles saben que todo no vale para desgastar al Gobierno y saben que este Gobierno nunca, nunca, ha usado dinero público para intereses partidistas. Nunca. (La señora Cunillera i
Mestres: ¡Hala!-Risas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Todo el mundo sabe que este Gobierno ha actuado con transparencia. Todo el mundo sabe que este partido político que sustenta al grupo parlamentario nunca ha tenido canales de financiación ilegal. (El señor
Edo Gil: ¡Qué cara tienes! ¡Naseiro, Naseiro!-Rumores.) Por eso, señorías, ante la carencia de argumentos del portavoz socialista, mi grupo se reafirma, y más que nunca, en votar que no.
Gracias. (Varios señores diputados: Naseiro, Naseiro.-Aplausos.-El señor Sevilla Segura pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señor Edo, guarde silencio! (Rumores.) ¡Señor Edo, le llamo al orden!
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Señoría, pido la palabra de acuerdo con el artículo 73.1 del Reglamento.
La señora PRESIDENTA: Señor Sevilla, en este debate, y así se lo había comunicado a la portavoz adjunta de su grupo, efectivamente, cabe turno de réplica. Aunque no se ha hecho uso del turno en contra, siempre que en un debate quepa el
turno de réplica, si se utiliza el de fijación de posición, esta presidencia tiene la costumbre de conceder el turno de réplica y así se lo había hecho saber a su portavoz. Sin embargo, señor Sevilla, no sé si alguno de los otros grupos que han
intervenido antes que usted desean hacer uso de este turno. (Pausa.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Señor Sevilla.
El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, presidenta. Seré muy breve en el uso de la palabra.
Señor Martínez-Pujalte, usted ha dicho en esta tribuna ahora mismo -y figurará en el 'Diario de Sesiones'- que en 1987 el Gobierno autorizó al Banco de Vizcaya la creación de unos fondos en el exterior. Le exijo que si tiene pruebas de
ello, las lleve al señor Garzón y, si no, que lo retire. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.-Aplausos.-El señor Saura Laporta pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sevilla.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señora presidenta, simplemente, para decir que el señor Martínez-Pujalte me ha contestado a una pregunta que yo no he hecho. Yo no he dicho si la Agencia Tributaria había empezado o no a investigar; lo que he
dicho, y vuelvo a repetir, es que la semana pasada el Banco de España aún no había remitido a la Agencia Tributaria el expediente y que esto, junto con otras cosas que denuncié en la interpelación al señor Rato, supone un elemento de descoordinación
entre las instituciones reguladoras que, por sí solo, merecería abrir una comisión de investigación simplemente para hacer posible que no continúe la deslocalización de capitales con fines de elusión fiscal hacia paraísos fiscales.
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. (Rumores.)
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
El señor Martínez-Pujalte, con su florete mellado, ha dicho que cuando se presentan ciertas iniciativas, como la petición de una comisión de investigación, se pretende erosionar al Gobierno y erosionar a la Cámara.
También ha dicho,
refiriéndose a la presentación de esta iniciativa, que no vale todo, es decir, que estamos transgrediendo las normas éticas y parlamentarias de la Cámara. Ha añadido más el señor Martínez-Pujalte, en una especie de viaje a través del túnel del
tiempo. Ha dicho que la Cámara solo está para iniciativas positivas, que hablen de lo positivo y nunca de temas, por lo visto, de control parlamentario. Señor Martínez-Pujalte, ya no hay procuradores sentados en esta Cámara.
Muchas gracias. (Rumores.-Protestas.-Aplausos.-El señor Azpiazu Uriarte pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor Pujalte, ¡menos mal que no le gusta a usted hablar del pasado!
Los consejeros del Gobierno vasco a los que usted se refería dejaron de serlo en el año 1984. (Rumores.) No sé si usted tiene algún interés en buscar algún tipo de implicación o lanzar alguna sombra de dudas sobre el Partido Nacionalista
Vasco en esta cuestión. Yo creo que le va a resultar difícil, sobre todo si utiliza este tipo de informaciones.
Nosotros le hemos pedido una comisión de investigación para aclarar muchas cuestiones, pero, entre ellas, para aclarar responsabilidades evidentes de personas que están actualmente en el Gobierno del Partido Popular.
(Rumores.) Por ejemplo,
de don Enrique..., perdón, de don Estanislao Rodríguez-Ponga, me salen los secretarios de Estado de Hacienda de carrerilla, como ha habido tantos... (Rumores.-Aplausos.-Protestas.-El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, cuatro precisiones me hacen.
La primera -empezando con el señor Azpiazu-, yo solo le he dicho que cuando se sale a tribuna y se lanzan insinuaciones, uno no puede ocultar una parte de la verdad
(Rumores.-La señora Mendizábal Gorostiaga pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señora Mendizábal, guarde silencio!
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Yo no le he dicho eso, señor Azpiazu y, además, no tengo interés de polemizar con usted. Lo que digo es que usted, que ha estado en una consejería del Gobierno vasco, sabe los traslados de personas que ha
habido desde esa consejería a esa entidad financiera, y usted, que ha estado en una consejería del Gobierno vasco, sabe también las competencias en materia de haciendas forales y sabrá también si en las haciendas forales han empezado actuaciones
sobre las personas que tienen la residencia allí. (Rumores.)
Señor Saura, a la segunda pregunta que hace, también, sí; le digo que sí.
Sus informadores, señor Saura, no le dan datos correctos. La respuesta es sí, señor Saura, y si lo quiere oír, bien, y si no, siga haciendo las que quiera, pero la
respuesta es sí, señor Saura: se está actuando con coordinación. (Rumores.-La señora Mendizábal Gorostiaga: Sí, pero de otra forma.)
Tercero, señor Alcaraz, si algo tengo acreditado en esta Cámara es que no me da miedo entrar a debates. Señor Alcaraz, a debates sobre lo que ustedes quieran, pero también le digo que cuando un tema empieza en 1987, estamos hablando de una
cuestión que ya los ciudadanos han dirimido en las urnas (Risas.-Rumores.). Lo que hay que hacer en un país democrático es dejar funcionar a las instituciones y, en este caso, a las instituciones jurisdiccionales. He pedido a los grupos de la
oposición, fundamentalmente a uno que tenía responsabilidad, que si quiere acreditar transparencia, en contra de lo que hizo en el pasado, que es ocultar información, y algún diputado de su grupo lo sabe, es facilitar esa información en el órgano
jurisdiccional.
Por último, señor Sevilla, ha aparecido en todos los medios de comunicación, y además está acreditado, que el entonces... (El señor Sevilla Segura: Eso al juez.) Si el juez está actuando, señor Sevilla. No se pongan nerviosos. El juez
está actuando y no está prescrito.
(Protestas.) Señor Sevilla, si usted quiere preguntarle, mire a su grupo parlamentario. (Protestas.) Quizá el ausente le pueda decir algo y quizá el ministro de Economía del Partido socialista le pueda decir
algo. (La señora Mendizábal Gorostiaga: El ausente es Rato.)
Muchísimas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, entra en el hemiciclo.-Rumores.-Pausa.-El señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, De Rato y Figaredo, entra en el
hemiciclo.-Rumores.-Aplausos.-El señor Martínez-Pujalte López: Hay ausentes y ausentes.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos la votación de las solicitudes de creación de comisiones de investigación.
En primer lugar, solicitud, formulada por 84 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, de creación de una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas del Gobierno y de los correspondientes órganos supervisores que se
deriven de la existencia de cuentas ocultas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 115; en contra, 178.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Solicitud, formulada por los grupos parlamentarios Mixto, Federal de Izquierda Unida y Vasco (EAJPNV), de creación de una comisión de investigación sobre la existencia de cuentas ocultas por parte del Banco Bilbao Vizcaya y las
irregularidades derivadas de las mismas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 114; en contra, 179.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el 'Diario de Sesiones' número 157, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el miércoles, 24 de abril de 2002, en la intervención del señor Alcaraz Masats, página 8015, segunda columna, línea 48, figura 'hay
parados corruptos' cuando debe decir 'vagos y corruptos'.