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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 152, de 11/04/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 152
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 146
celebrada el jueves, 11 de abril de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie A, número 25-1, de 22 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000025.) ... (Página 7682)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios Internacionales:
- Decisión del Consejo 2000/597/CE, EURATOM, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, hecha en Bruselas el 29 de septiembre de 2000. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 247, de 8 de febrero de 2002.
(Número de expediente 110/000141.) ...
(Página 7687)
- Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001.
'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 248, de 8 de febrero de 2002. (Número
de expediente 110/000142.) ... (Página 7688)
- Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Albania, hecho en Tirana el 22 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 249, de 8 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000143.) ...
- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra, hecho en Andorra el 9 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 250, de 8 de febrero de 2002. (Número de expediente
110/000144.) ... (Página 7688)
- Protocolo de Kioto al Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kioto el 11 de diciembre de 1997. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 259, de 15 de febrero de 2002.
(Número de expediente
110/000151.) ... (Página 7688)
- Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001. 'BOCG.
Sección Cortes Generales', serie A, número 263, de 25 de febrero de 2002.
(Corrección de
error 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 271, de 28 de febrero de 2002.) (Número de expediente 110/000152.) ...
(Página 7688)
- Decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados al Instituto de Estudios de Seguridad y al Centro de Satélites
de la Unión Europea, así como a los miembros de su personal, hecho en Bruselas el 15 de octubre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 264, de 25 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000153.) ...
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 265, de 25 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000154.) ... (Página 7688)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Bratislava el 27 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 266, de 25
de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000155.) ... (Página 7688)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República del Perú al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
'BOCG. Sección Cortes
Generales', serie A, número 267, de 25 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000156.) ... (Página 7688)
- Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre actividades de los centros culturales, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 268, de 25 de febrero de 2002. (Número
de expediente 110/000157.) ... (Página 7688)
- Protocolo de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, hecho en Vilna el 3 de junio de 1999. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 269, de
25 de febrero de 2002. (Número de expediente 110/000158.) ... (Página 7688)
Debate de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 68-1, de 22 de febrero de 2002. (Número de expediente 121/000068.) ...
- Proyecto de Ley por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 70-1, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente
121/00070.) ... (Página 7713)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a
la prestación social sustitutoria.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 71-1, de 15 de marzo de 2002. (Número de expediente 121/000071.) ... (Página 7722)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Enmiendas del Senado ... (Página 7682)
Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de
las invenciones biotecnológicas ... (Página 7682)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometido a votación en primer lugar el párrafo décimo de la exposición de motivos, se aprueba por 266 votos a favor y ocho abstenciones.
Sometidas a votación el resto de las enmiendas del Senado, se aprueban por 263 votos a favor y diez abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 7687)
Decisión del Consejo 2000/597/CE, EURATOM, sobre el sistema de recursos propios de las comunidades europeas, hecha en Bruselas el 29 de septiembre de 2000 ... (Página 7687)
Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en Kiev el 7 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Albania, hecho en Tirana el 22 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra, hecho en Andorra el 9 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Protocolo de Kyoto al Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 ... (Página 7688)
Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en materia de adopciones, hecho en Madrid el 29 de octubre de 2001 ...
(Página 7688)
Decisión de los representantes de los gobiernos de los estados miembros de la
Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados al Instituto de Estudios de Seguridad y al Centro de Satélites de la Unión Europea, así como a los miembros de su personal, hecho en Bruselas
el 15 de octubre de 2001 ... (Página 7688)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 ...
Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera, hecho en Bratislava el 27 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República del Perú al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ...
Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre actividades de los centros culturales, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 2001 ... (Página 7688)
Protocolo de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril (COTIF) de 9 de mayo de 1980, hecho en Vilna el 3 de junio de 1999 ... (Página 7688)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); la señora Cunillera i Mestre y el señor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Llorens Torres y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A continuación se procede a la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 7693)
Proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico ... (Página 7693)
Presenta el proyecto de ley la señora ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Explica que se trata de un proyecto de ley que forma parte de la política global del Gobierno para lograr el pleno desarrollo de la sociedad de la
información en España y uno de los principales ejes de su acción política. La importancia de este proyecto de ley, las ventajas y las oportunidades que ofrece a los ciudadanos, añade, se derivan principalmente del entorno de comunicaciones
electrónicas en el que hoy se están desarrollando ya múltiples actividades de la vida cotidiana, y el objetivo que persigue el Gobierno es el establecimiento de un marco jurídico estable que proporcione seguridad jurídica y confianza para impulsar
el desarrollo rápido y vertebrado de la sociedad de la información y del comercio electrónico en España. Después de analizar las razones que ha tenido el Gobierno para la presentación de este proyecto de ley y exponer las medidas de protección y
garantía de los intereses del usuario, concluye destacando que el proyecto de ley no sólo se ajusta a la directiva europea y al ordenamiento jurídico español, sino que, en el largo y amplio proceso de elaboración que ha tenido, se han incorporado
las aspiraciones de todas los sectores interesados en el desarrollo de Internet, por lo que hoy llega al Parlamento con un grado de maduración considerable, y espera que en la tramitación parlamentaria se enriquecerá aún más, de modo que, una vez
convertido en ley, generará confianza en los usuarios y en los ciudadanos, contribuyendo decisivamente a una más rápida implantación de la sociedad de la información y el comercio electrónico en España.
En defensa de las enmiendas de devolución presentadas intervienen el señor Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal, y los señores Labordeta Subías, Aymerich Cano, Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; y González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas de totalidad con texto alternativo intervienen la señora Urán González,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Mato Adrover.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas de totalidad de devolución planteadas, se rechazan por 108 votos a favor, 173 en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 108 votos a favor y 173 en contra.
Sometida a votación la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 110 votos a favor y 172 en contra.
Del proyecto de ley por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados ... (Página 7713)
El señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey), en nombre del Gobierno, comparece ante el Pleno de la Cámara para informar acerca del proyecto de ley por el que se regula el fondo de bienes decomisados por
tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, que acaba de ser aprobado por el Gobierno y que hoy se somete a debate de totalidad, comenzando así su tramitación parlamentaria, en la que espera se alcance un importante nivel de acuerdo y
consenso entre los grupos. Explica el artículo 374 del Código Penal, en el que se establece que los bienes decomisados por tráfico de drogas deben ser adjudicados al Estado, y la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, que vino a completar el referido
precepto penal, creando un fondo de titularidad estatal que se nutre exclusivamente de dichos bienes, así como de los incautados por la fabricación o tráfico ilícito de precursores. Da una serie de datos que permiten hacer una valoración positiva
de las actividades del fondo desarrolladas hasta ahora, así como del grado de cumplimiento de los objetivos que se perseguían en el ámbito de la lucha contra el fenómeno social de las drogas en nuestro país, y analiza también, por otra parte,
algunas deficiencias u omisiones de importancia a las que se pretende dar respuesta con este proyecto de ley.
Finalmente, reitera la gran importancia que tiene este proyecto de ley que, además de dar cumplimiento a la previsión contenida en el
Convenio de la ONU de 1988 contra el tráfico ilícito de drogas, es un instrumento de gran importancia y utilidad en la referida tarea, y confía en que las aportaciones de los grupos parlamentarios sean del máximo interés para el contenido de esta
nueva norma, concitando el mayor nivel de acuerdo posible.
En defensa de la enmienda de totalidad interviene la señora Romero López, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley por el que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, se rechaza por
89 votos a favor, 176 en contra y ocho abstenciones.
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ...
(Página 7722)
Proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a
la prestación social sustitutoria ... (Página 7722)
Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua), en nombre del Gobierno. Se trata, dice, de un proyecto que tiene por objeto adaptar las disposiciones penales a la situación producida tras la profesionalización
de las Fuerzas Armadas y a la consiguiente suspensión de la obligación de la prestación del servicio militar y de la prestación social sustitutoria, con efectos de 31 de diciembre de 2001. Destaca la oportunidad del momento en que se tramita y hace
alguna referencia sobre el procedimiento elegido para la tramitación. En definitiva, añade, este proyecto de ley, que confía en que hoy sea aprobado por la Cámara, adopta las
medidas necesarias, fruto de un análisis riguroso, para conseguir que el ordenamiento jurídico se adapte a la nueva realidad, dando una solución global y definitiva a los problemas que pueden derivarse de la suspensión de la obligación del
servicio militar y de la prestación social sustitutoria.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En un breve turno por alusiones intervienen la señora Castro Fonseca y Atencia Robledo.
Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley por los grupos parlamentarios Mixto, Socialista y Catalán (Convergència i Unió.)
A continuación se somete a votación el texto del proyecto con las enmiendas que han sido aprobadas, por tramitarse en lectura única, que es aprobado por 256 votos a favor y una abstención.
Votación de conjunto ... (Página 7722)
Finalmente se somete a votación de conjunto el texto del proyecto de ley por tener carácter orgánico, que es aprobado por 256 votos a favor.
Se levanta la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 98/44/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO, RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. (Número de expediente 121/000025.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la
protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente para anunciar que el Bloque Nacionalista Galego va a mantener el voto negativo que tuvo respecto de esta ley ya en sus debates en el Congreso, porque las enmiendas introducidas por el Senado y la propia
tramitación que de este proyecto se hizo en el Congreso no modifica en nada las razones... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Aymerich.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra. Les ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, presidenta.
Decía que después de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, tanto en el Congreso como en el Senado, las razones que motivaron nuestro voto negativo siguen ahí. No se recoge la necesidad de requerir el consentimiento informado
de las personas de las que se extraigan elementos que luego pueden ser patentados, es decir, sobre los que luego se puede constituir un derecho de propiedad. Aparece en la exposición de motivos, pero todos sabemos que la exposición de motivos no
tiene carácter jurídico vinculante, en todo caso tendría un carácter interpretativo y, por tanto, crea inseguridad jurídica. Y lo mismo sucede respecto de otra cuestión, como es la obligación de mencionar el origen geográfico del que proceden
determinadas invenciones. También hay una referencia incidental en la exposición de motivos del proyecto de ley, pero no en la parte dispositiva del mismo.
Por estas razones y por las ya expuestas tanto en el debate que tuvimos en el Pleno del Congreso como en el que hubo en el Pleno del Senado, el Bloque Nacionalista Galego anuncia su voto en contra a las enmiendas que proceden del Senado, así
como al proyecto de
ley. Por cierto, pensamos que esta ley, por afectar a derechos fundamentales, debería ser una ley orgánica.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que recibimos del Senado, porque salvando la mayoría que son de corrección técnica, de adecuación gramatical, de un reagrupamiento sistemático por la supresión de algunos apartados, hay
dos aportaciones muy significativas por parte del Senado. La primera se refiere al artículo primero, sobre las condiciones de patentabilidad, en lo que hace referencia a la modificación del artículo 4 de la Ley de Patentes. Creo que es oportuno
que se haya introducido en un apartado 4, en lo que no se consideran invenciones en apartados anteriores, la referencia a los descubrimientos, la teoría científica, los métodos matemáticos, la referencia a las obras literarias, artísticas o de
cualquier otra creación estética, así como las obras científicas, los planes, reglas, etcétera, de actividades intelectuales. Esto era necesario que se distinguiera en el texto legal y nos parece que aporta un enfoque de claridad y, por tanto, da
seguridad jurídica para que se sepa de qué se está hablando y qué es lo que se está considerando dentro de la ley. Lo mismo ocurre con lo que ahora pasa a ser un apartado 2, que antes era el 3 cuando salió de esta Cámara, también en este artículo 4
bis, las introducciones que se hacen sobre las referencias al cuerpo humano en las diferentes fases o estadios de constitución y desarrollo, así como lo referente al simple descubrimiento de uno o más elementos, incluida la secuencia o la secuencia
parcial de un gen. Se ha hecho una adecuación al conocimiento científico de este momento y, por tanto, nos parece oportuna esta nueva descripción de seguridad jurídica también para la aplicación industrial de aspectos de la ingeniería genética.
Por estas razones, entendiendo que son enmiendas que aportan un perfeccionamiento positivo, mi grupo va a votarlas todas y cada una de ellas favorablemente.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo parlamentario mantiene la misma posición que mantuvo durante el debate de la ley en el Congreso. Sabemos que esta ley no va a mejorar las condiciones de patentabilidad de los descubrimientos y, desde luego, sabemos también y somos
conscientes, o deberíamos de serlo como Cámara, que lo que estamos haciendo con esta ley es patentar algunos aspectos que nunca serán invenciones y que en todo caso serían descubrimientos.
Estamos hablando de determinadas secuencias de los genes o
de la genética del cuerpo humano, con independencia de que se haya podido mejorar el texto.
En el Senado fundamentalmente ha habido correcciones técnicas, y para mi grupo parlamentario quizás la enmienda más importante, que es la que vamos a votar a favor, aunque esté sólo en la exposición de motivos y no en el texto del
articulado, es aquélla que habla de la necesidad, de la obligación ya en este caso de que cuando a una persona se le vaya a tomar muestras para hacer cualquier tipo de investigación deba ser informada y, además, tenga que prestar el libre
consentimiento para que se le pueda no solamente hacer las pruebas, sino después poder patentar aquello que se pueda descubrir o que se pueda inventar, entre comillas, según el texto que se aprueba en esta Cámara.
Por lo demás, señorías, suelen ser modificaciones de texto, pero vamos a mantener el mismo voto; en este caso si no el mismo, nos vamos a abstener para mantener nuestra posición debido al descontento y a nuestra oposición a este texto que
hoy se termina de aprobar en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor de las enmiendas introducidas en el Senado al proyecto de ley de protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Debo reconocer a SS.SS. que partíamos inicialmente
de un acuerdo muy sustancial con el proyecto, trasposición por lo demás de una directiva; éste se correspondía con la posición del Gobierno de la Generalitat, y ello determinó que presentásemos sólo dos enmiendas en el Congreso. Una se refería a
la necesidad de desarrollo legal del régimen de depósito de la materia biológica, puesto que el que contenía el proyecto de ley nos parecía insuficiente; esta enmienda fue aceptada en el Congreso de los Diputados, aunque ha sido matizada por el
Senado.
El segundo aspecto, con el que coincidíamos con otros grupos parlamentarios, era la necesidad de que el proyecto de ley contuviese una referencia al derecho a la información y a la prestación del consentimiento en los supuestos de tomas de
muestras -a los que se hacía referencia anteriormente- o extracción de cualquier tipo de materia biológica que pudiesen acabar determinando
una patente. En este caso debo reconocer que el grupo parlamentario mayoritario se ha quedado a mitad de camino. Por un lado, hemos logrado que, de la misma manera que la directiva comunitaria contenía una referencia a este consentimiento
libre informado en su exposición de motivos, la misma se haya incluido también en la exposición de motivos de la ley, pero el planteamiento de mi grupo parlamentario era más amplio.
Pretendíamos que no se hiciese esa afirmación tan tajante que se
ha introducido en la exposición de motivos, diciendo que la obtención de ese consentimiento libre e informado no constituye condición para la obtención de la patente ni afecta a su validez. Entendemos que se produce una auténtica lucha escocesa.
Por un lado, se afirma el principio, muy válido, de la necesidad del consentimiento libre e informado, mientras que la siguiente referencia elimina los efectos más potentes que podría tener la vulneración de ese principio, que eran la imposibilidad
de obtención de la patente o la pérdida de validez de la misma. Ahí nos hemos quedado a mitad de camino.
Mi grupo parlamentario pretendía a través de una disposición adicional que se nos remitiese un proyecto de ley que regulase la obtención del consentimiento libre e informado. Debo decir que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado manifestó que esa ley no era necesaria, puesto que el artículo 10 de la Ley General de Sanidad de 1986 ya establecía ese derecho. Para nosotros sigue siendo absolutamente necesario. En primer lugar, porque lo que regula, obviamente, la Ley
General de Sanidad son los actos médicos; no es lo mismo hablar del consentimiento libre e informado respecto del sometimiento o no a un determinado tratamiento y la posibilidad de elegir entre diversas soluciones terapéuticas o rechazarlas todas,
que del mismo consentimiento para la obtención de materia biológica humana. Esto último es lo que no tenemos regulado y entra como principio en el convenio de Oviedo de 1997, de protección de los derechos del hombre y de la dignidad del ser humano
respecto de aplicaciones de la biología y la medicina, huérfano de una regulación más específica, que nosotros seguiremos solicitando a esta Cámara en otro momento procesal.
Votaremos a favor de las enmiendas introducidas por el Senado, como he dicho, señorías, e intentaremos conseguir en el futuro lo que no hemos podido obtener en esta tramitación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Vuelve al Pleno de este Congreso la modificación de la Ley de Patentes, que tiene que ver con las invenciones biotecnológicas. Este proyecto de ley ha tenido un largo viaje, que empieza en Europa, ha terminado en España y ha tenido una
larguísima duración; casi 13 años para que esta ley se apruebe y tenga aplicación en España.
El Grupo Socialista ha estado trabajando en el Parlamento Europeo desde el principio para poder llevar a cabo estas medidas que creemos que son necesarias por una razón fundamental: la importancia de la biotecnología y de las ciencias de la
vida es un hecho real. Hay una distancia grande entre nuestro país en el conjunto de Europa y Estados Unidos y Japón; es bueno que haya una armonización desde el punto de vista jurídico por parte de todos los países que componen la Unión Europea y
es bueno, por tanto, que se hagan una serie de esfuerzos para disminuir esas distancias. Pero dentro de esos objetivos que marca la propia Unión Europea, que hemos marcado entre todos, hay un segundo objetivo y es que haya una participación de la
sociedad, un diálogo y supervisión de estas políticas biotecnológicas, un desarrollo de la biotecnología de forma responsable y en armonía con los valores éticos y los objetivos de la sociedad. Ese viaje que emprendimos en Europa ha tenido un final
aquí en España con un aspecto que, a nuestro modo de ver, hace que la ley no sea suficientemente positiva y que tiene que ver con que no aparece en absoluto lo que tiene que ser la defensa de los intereses globales de la sociedad, y es que haya un
comité de ética de carácter estatal que permita sopesar esos avances de la biotecnología y que tenga enfrente un contrapoder -podríamos llamarlo así-, que es la propia sociedad a través de los informes que puedan emitir esos comités nacionales.
Esta es la pega que le ponemos al proyecto de ley -lo dijimos en esta tribuna- porque llevamos muchos años esperando en España que exista un órgano de esas características. Tenemos que decir, repito, que el resultado de ese inicio que hicimos
conjuntamente con el Grupo Popular y con un número importante de partidos políticos y de grupos parlamentarios en Europa es peor de lo que allí nació.
En cualquier caso, de modo global, vamos a estar a favor también de las enmiendas -luego me referiré a ellas- que se han aprobado en el Senado, que mejoran levemente el texto del proyecto de ley y que recogen algunas enmiendas que ya planteó
el Grupo Socialista aquí en el Congreso y que no se tuvieron en cuenta. Nuestra queja o nuestro desacuerdo matizado tiene que ver con que no se tiene suficientemente en cuenta algo que han dicho otros grupos, el principio del consentimiento
informado. Creo que hay un cierto empecinamiento -así tiene que calificarse- cuando no se acepta que haya una trasposición exacta de un considerando que está en Europa, el considerando 26. También es un empecinamiento -es otra de las pegas que
ponemos a cómo ha terminado este proyecto de ley- que no se tenga en cuenta lo que son los derechos de terceros países; no se aceptan enmiendas que tienen que ver, por
ejemplo, con citar el convenio de biodiversidad, o de diversidad biológica que ha suscrito nuestro país en el año 1993. Creo que es un empecinamiento del Gobierno no aceptar este tipo de enmiendas. También es un empecinamiento el que los
derechos de los agricultores, principalmente de los pequeños agricultores, se vean tocados de alguna manera por este proyecto de ley y se impida que se cite lo que es la normativa española que afectará también a esa patentabilidad de las invenciones
a las que nos estamos refiriendo como ha recomendado, por ejemplo, un vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
También es un empecinamiento no querer aceptar ningún tipo de enmienda que tenga que ver, por ejemplo, con la
terminología, con el léxico, utilizando unos términos que no consideramos adecuados y no haciendo caso a lo que dice el vicepresidente y algún otro miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Por eso sentimos que no se ha aprovechado
suficientemente esta posibilidad, partiendo de la base -como se ha dicho en otros casos y desde otras tribunas- de que esto tampoco va a ser una panacea; va a dar seguridad jurídica, evidentemente, a las empresas; no va a dar seguridad jurídica,
como nos gustaría a nosotros, al conjunto de los ciudadanos porque falta un órgano de ética que permita contraponer esos avances científicos con que la sociedad sea consciente de aquello que se va a poder patentar. En este sentido, repito, estamos
algo desilusionados.
Simplemente por citar lo que dice la directiva europea y no se ha traspuesto, en su artículo 7 -no es exposición de motivos, es articulado- se dice textualmente: El grupo europeo de ética de las ciencias y las nuevas tecnologías de la
Comisión evaluará todos los aspectos éticos vinculados a la biotecnología. ¿Quién va a evaluar eso aquí si no tenemos a nadie que lo evalúe con un nivel adecuado? Ustedes saben que Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, Bélgica, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal y, por supuesto, Estados Unidos, Australia y Canadá tienen un comité nacional de estas características. Prácticamente sólo España y Grecia son países en la Unión Europea que no tienen estos comités. ¿Tenemos
que estar a la cola no sólo en inversión en investigación y desarrollo, en número de investigadores por mil habitantes ocupados, en transferencia de tecnología, sino también a la hora de crear un comité de ética? Esto es empecinamiento y no se
entiende desde el Grupo Socialista. No me vale que se diga que se ha creado una fundación hace cuatro meses y que se quiere poner allí un grupo para que asesore sobre ética, que ni se ha creado, contraviniendo todo lo que se ha aprobado en esta
Cámara y contraviniendo respuestas que se me han dado a preguntas escritas, que sinceramente es un sucedáneo que no tiene parangón con lo que ocurre en otros países.
Estos son, creo, los defectos que hay que poner encima de la mesa, manteniendo la misma posición de fortaleza y de apoyo a lo que es el conjunto de este proyecto de ley, notando que la transcripción española ha empeorado lo que se aprobó en
Europa, con artículos que no se transcriben y estructuras que no tenemos, cuestiones que, repito, creo que nos dejan a la cola de Europa.
En este sentido, el trámite del Senado, ese viaje del Congreso al Senado y su vuelta, hemos de reconocer que ha tenido alguna ventaja. En primer lugar, se han aceptado las enmiendas que Carlos Navarrete defendió desde esta tribuna y que
tienen que ver con el tratamiento técnico jurídico.
Creo que también aquí hubo un cierto empecinamiento y se dijo desde esta tribuna por Carlos Navarrete que no parecía una buena técnica jurídica crear, cuando se modifica una ley como es la Ley de
Patentes, una serie de artículos bis, a no ser que fuera absolutamente necesario. Creo que en el Senado se ha entendido el planteamiento que se hizo allí -agradecemos que se hayan incorporado esas enmiendas- y se han suprimido aquellos artículos
bis, el 4, el 5, el 51 que se creaban de manera artificial en la ley. También se ha mejorado, como se ha expresado en el Pleno de hoy, lo referente a la regulación de las condiciones de depósito, almacenamiento y conservación de la materia
biológica. Se cita el convenio de Budapest. Me ha llamado mucho la atención que cada vez que redactamos una enmienda y citamos en el proyecto de ley algún convenio internacional o alguna ley española o europea, etcétera, no se abre la posibilidad
de mencionarlo. En este caso se cita, como también planteamos aquí, el convenio de Budapest, como no podía ser de otra manera, que de alguna forma introduce mejoras.
El resto son enmiendas de menor importancia que se han incorporado, desde una 'o' hasta dos comas -bienvenidas sean-, desde un deberá por un debería, lo que nos parece estupendo. Por tanto, no tenemos ninguna objeción para votar
favorablemente las enmiendas que se han incorporado en el Senado.
Creemos sinceramente que la investigación española no va a mejorar de manera drástica por el hecho de que se apruebe esta ley, que los problemas son mucho más estructurales, de falta de inversión, porque solamente el 0,59 por ciento de las
patentes europeas son españolas. Que nadie piense que esto es una panacea. En segundo lugar, pensamos que tal y como se aprueba el proyecto de ley de alguna manera los ciudadanos en su conjunto quedan en un cierto grado de inseguridad jurídica.
Hemos debatido en esta Cámara la importancia de los avances científicos, hemos dicho que tienen que ir en beneficio de la humanidad, pero siempre hemos hablado de que en el otro platillo de la balanza tiene que haber un contrapeso, que es la
participación de la propia sociedad para dar seguridad jurídica y de todo tipo a esa sociedad.
Por cierto, en cuanto a las células madre, con la aprobación de este proyecto de ley se permite su patentabilidad; otro hecho es que las legislaciones nacionales no dejen investigar sobre eso, pero sépase que con
este proyecto de ley, tal como viene especificado en la exposición de motivos, perfectamente se pueden patentar los métodos de aislamiento de células madre. Quede aquí encima de la mesa. Esta es otra de las cosas que nos anima a votar a
favor.
El Grupo Socialista observa que cuando se ve -si vale la imagen- microscopio electrónico o cualquier aspecto cuando se trata con células madre, parece que el Grupo Popular no pone ni siquiera la lupa para intentar darse cuenta de que sería
necesario y que simplemente había que votar una enmienda nuestra para crear ese consejo español de ética de la ciencias y las tecnologías, como lo tienen todos los países de nuestro entorno. De esta forma habríamos avanzado, estaríamos todos
satisfechos y defenderíamos los intereses de la sociedad.
Por todo ello, repito, creo que el viaje de este proyecto de ley ha sido azaroso y largo, ya que ha durado 13 años. Tenemos un producto que no es el que queríamos, no es el mejor que se podía tener. Queremos -y termino- agradecer la
contribución de todos los grupos en la aceptación de nuestras enmiendas o de nuestras transaccionales, también por supuesto la labor de mi compañera la señora Fernández de Capel, representante del grupo mayoritario, pero nos quedamos con ese mal
sabor de boca, porque creo que hemos perdido una magnífica oportunidad para poner también a nuestro país en aspectos de ética entre los primeros de Europa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, las enmiendas que nos ocupan procedentes de las deliberaciones del Senado, al amparo del artículo 90.2 de la Constitución, sobre el proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para poder
incorporar al derecho español, a través de una modificación de la Ley General de Patentes, la directiva 1998/44 del del Parlamento Europeo, sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, que aparece con una exposición motivada,
incorporan al texto una serie de mejoras, la mayor parte de ellas de tipo técnico y aclaratorio sobre todo en algunos puntos básicos, en los que la trasposición de la ley no es fácil por el mecanismo que se ha utilizado y por la materia de que se
trata. Estas enmiendas introducen modificaciones y en cierta medida mejoran técnicamente el texto.
Se introducen modificaciones a la exposición de motivos y al articulado.
No fue un debate baladí el que se tuvo sobre la exposición de motivos del texto porque la trasposición de una directiva, que es de obligado cumplimiento, contempla una
serie de requisitos básicos que han de ser incorporados, pero a los que no se pueden añadir ni más ni menos que los que la directiva propone, de modo que alguna de las sugerencias que se hicieron a los ponentes del texto tuvieron que ser
incorporadas no al articulado, sino a la exposición de motivos. Era algo que todos que compartíamos, pero por la imposibilidad técnica y por el propio informe del Consejo de Estado no podían figurar en el texto articulado.
En la exposición de motivos, el párrafo décimo mejora alguna de las fisuras sobre los derechos de las personas a quienes se hubiese practicado tomas, mejora la norma sobre el material de uso humano, así como el depósito y la conservación del
material biológico, aparte de algunas mejoras sintácticas, lingüísticas y semánticas del texto. Se precisa de manera clara en el párrafo decimoséptimo, relativo al consentimiento del titular, los derechos de la patente, y se hacen precisiones de
estilo al párrafo decimonoveno.
En el articulado, se altera el orden de ciertos artículos como el 4 bis de la Ley de Patentes, y el 4, el 5 y el 6 del proyecto. Igualmente ocurre en relación con el apartado 1, letra d), y al apartado 2 del artículo 5 de la Ley de
Patentes. El artículo 5 bis de la Ley de Patentes desaparece y se integra en el apartado 4, del artículo 5, de la ley general, consiguiendo una nueva numeración y alguna modificación que -yo lo comparto con alguno de mis antecesores- aclara y
mejora la forma técnica del texto. Hay alguna corrección de tipo literario y modificaciones del artículo 3 del texto, del 51 bis de la Ley de Patentes y del artículo 50 de la Ley de Patentes, donde se incorpora el apartado 1.
Parte de estas modificaciones se debe a que la trasposición de la directiva no se ha hecho como una ley aparte, sino que se ha incorporado a una ley previa, a la que ha habido que ajustar las características propias de la materia que nos
ocupa en este momento. En la disposición adicional segunda se incluye una referencia a los convenios internacionales suscritos por España, referencia reiterativa; aunque no es malo lo que abunda, tampoco se puede estar haciendo constantemente
alusión dentro de la normativa a ciertos convenios que España tiene firmados y respeta, pues es obvio que si esos convenios existen nuestra legislación tiene que respetarlos. Asimismo se modifica la disposición transitoria única sobre licencias y
depósitos.
España, como digo, ha tramitado esta directiva de una manera pulcra, incluyendo en la Ley de Patentes todo aquello que pudo ser incluido. De hecho, a todos nos habría gustado incluir muchas otras cosas, pero el marco al que hay que
ajustarse no lo permite, no han podido incluirse al separarse de condicionamientos exclusivos que la Ley de Patentes pone a todas las patentes de tipo general, específicamente no podían incluirse patentes de materias biotecnológicas ni otro tipo de
patentes. Esto, que fue así aclarado por todas las consultas jurídicas y
legales que se hicieron sobre el texto, ha sido motivo, quizás, de algunas de las discrepancias que han existido en la tramitación de la ley, pero es normativa básica a la que ha de ajustarse la Ley de Patentes.
Nosotros tenemos que felicitarnos por el hecho de que este texto se haya incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. A pesar de lo que se haya podido decir aquí, hay que considerar los dos últimos documentos del Consejo de Europa y de la
Comisión Europea sobre competitividad en materia biotecnológica en Europa. En el documento de la Comisión Europea, muy importante, se dice que Europa está perdiendo su oportunidad de desarrollo económico basado en la economía con origen en el
conocimiento, concretamente en el área de la biotecnología; ese documento de competitividad de la Comisión Europea sobre biotecnología hace una llamada a los países europeos haciéndoles ver dónde están perdiendo esa oportunidad. Por ello, nosotros
esperamos que esta ley, en cierta medida aunque no de manera definitiva, pueda ayudar a nuestra industria, a la industria basada en el conocimiento, y aclare de forma concluyente la indefinición de muchas de las pequeñas y grandes empresas españolas
y europeas, sobre todo que el derecho de nuestros investigadores se vea, de alguna forma, reconocido.
Hay algunas cuestiones que se sugieren en torno a la directiva, que aparecen en la exposición de motivos o se refieren, en el articulado, a órganos preexistentes, pero el hecho de trasponer la directiva no supone de manera alguna que
tengamos que adoptarlo de esta manera. Me estoy refiriendo a algunas sugerencias que se han hecho aquí y que se han puesto de manifiesto en discusiones internacionales muy recientes, concretamente en la discusión que hubo sobre esta materia hace
muy pocos días en el seno de Naciones Unidas. Algunos países europeos, ignorando que la directiva sobre patentes biotecnológicas es de obligado cumplimiento, decían quién patentaría las técnicas de clonación humana y algunas técnicas de
experimentación y comercialización embrionaria. En el artículo 6 y puntos subsiguientes queda claro que están prohibidas todas las técnicas de patentabilidad de clonación humana y comercialización de embriones, cualquiera que fuere el uso al que
pudiesen destinarse; así lo dice la normativa. Hay que tener claro que las normativas tienen también un rango piramidal, al que tenemos que atenernos.
Son muchas cosas las que se piden, porque todos quisiéramos haber mejorado el documento, pero es muy difícil legislar sobre una materia tan compleja, tan cambiante, en lo que lo de anteayer ya es viejo y lo de mañana casi lo es también. Al
legislar sobre estas materias movibles, solamente se puede pedir un marco general estable, en el que podamos ir adaptando todo lo que va creciendo día a día, que ya es difícil de asumir para los investigadores y mucho más para los legisladores. De
todas maneras, los países que pusieron un recurso, ya tienen adaptada la normativa de la directiva europea; recurso que fue desestimado y sustanciado, como ustedes saben, en el otoño pasado, si no recuerdo mal -y creo que recuerdo bien-, el 19 de
octubre.
Como científicos y parlamentarios hubiéramos querido poder mejorar en esta ley muchas cosas, pues todo es mejorable; espero poder congratularnos con investigadores, trabajadores y gran número de empresas que desde el ámbito científico y
empresarial en España -donde está naciendo con muchas dificultades una industria prometedora biotecnológica- esperan con expectación esta regulación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Votamos en primer lugar el párrafo décimo de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 274; a favor, 266; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Resto de las enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 263; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Señorías, anuncio a la Cámara que la votación final del proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar en
materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria, se efectuará al final del debate y no antes de las 12 horas del mediodía.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:
- DECISIÓN DEL CONSEJO 2000/597/CE, EURATOM, SOBRE EL SISTEMA DE RECURSOS PROPIOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, HECHA EN BRUSELAS EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000141.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y UCRANIA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA, HECHO EN KIEV EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2001.
(Número de expediente 110/000142.)
- TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y ALBANIA, HECHO EN TIRANA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000143.)
- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PRINCIPADO DE ANDORRA, HECHO EN ANDORRA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000144.)
- PROTOCOLO DE KIOTO AL CONVENIO MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, HECHO EN KIOTO EL 11 DE DICIEMBRE DE 1997. (Número de expediente 110/000151.)
- ACUERDO BILATERAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA EN MATERIA DE ADOPCIONES, HECHO EN MADRID EL 29 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000152.)
- DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO, RELATIVA A LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES OTORGADOS AL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y AL CENTRO DE SATÉLITES
DE LA UNIÓN EUROPEA, ASÍ COMO A LOS MIEMBROS DE SU PERSONAL, HECHO EN BRUSELAS EL 15 DE OCTUBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000153.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente
110/000154.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS POR CARRETERA, HECHO EN BRATISLAVA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000155.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ AL CONVENIO RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980.
(Número de expediente
110/000156.)
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CULTURALES, HECHO EN MADRID EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 110/000157.)
- PROTOCOLO DE 1999 POR EL QUE SE MODIFICA EL CONVENIO RELATIVO A LOS TRANSPORTES INTERNACIONALES POR FERROCARRIL (COTIF) DE 9 DE MAYO DE 1980, HECHO EN VILNA EL 3 DE JUNIO DE 1999. (Número de expediente 110/000158.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día, dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Grupos que desean intervenir en algunos de estos convenios? (Pausa.)
En primer lugar, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, intervengo para explicar las razones por las que el Bloque Nacionalista Galego votará en contra del convenio bilateral de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra,
razones ya expuestas en la Comisión de Asuntos Exteriores; básicamente por la falta de reciprocidad que tiene este convenio, igual que el acuerdo entre Francia, España y Andorra, y por las determinaciones negativas que contiene, sobre todo para
determinados trabajadores y trabajadoras españoles en el Principado de Andorra cuando llega el momento de su jubilación; cuestiones como la insuficiente cobertura sanitaria para los familiares de estos trabajadores o las limitaciones que Andorra
pone para que esta cobertura sea completa en la caso de los trabajadores jubilados o de los trabajadores en baja laboral.
Por estas razones y por las expuestas en la Comisión de Asuntos Exteriores votaremos en contra de la ratificación de este convenio.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Federal de Izquierda Unida va a votar también en contra del convenio adoptado entre el Reino de España y Andorra en materia de Seguridad Social por los efectos negativos que va a tener sobre las personas, fundamentalmente
sobre los pensionistas, que se van a ver en situaciones diferentes a las de otros países de la Unión Europea, que además van a tener que aportar recursos económicos a lo que ya hoy, por derecho, les tendría que corresponder como pensionistas o
jubilados de la Seguridad Social. Por lo tanto, señorías, mi grupo parlamentario también va a votar en contra.
La señora PRESIDENTA: Señora Urán, tiene la palabra para aclarar su posición sobre cualquiera de los convenios.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la ratificación del Protocolo de Kioto, protocolo que establece los criterios para tomar las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero. Señorías, el hecho de haber pedido la palabra para intervenir en relación con este protocolo no es más que para subrayar que el Gobierno del Partido Popular, que nos ha traído la ratificación del mismo durante la presidencia española
de la Unión Europea, es sencillamente una apuesta más por hacer una política...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Urán, por favor.
Señorías, les ruego que guarden silencio al objeto de poder oír a la diputada interviniente; no es cuestión de levantar el tono de voz sino de que haya el suficiente silencio en la Cámara.
Adelante, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Como decía, señorías, la política que está desarrollando el Partido Popular en materia medioambiental y el acto que vamos a celebrar hoy aquí supone mucho más que meras intenciones o una puesta en escena, pero realmente no se trata de una
política clara y real que pueda servir de ejemplo en los países de la Unión Europea, en los países de nuestro entorno. Señorías, si ustedes han leído la prensa de los últimos meses, cada vez que se le decía al ministro de Medio Ambiente que España
no cumplía los objetivos marcados en el Protocolo de Kioto para el Reino de España, un aumento de las emisiones del 15 por ciento para el año 2008-2012, el ministro decía que no era verdad, sino que se establecían parámetros diferentes para
establecer las emisiones y que, además, no se descontaban los efectos sumideros de los bosques. Pues bien, ayer, el ministro tuvo que reconocer que, a día de hoy, España ha aumentado sus emisiones en un 33 por ciento y que estamos por encima de lo
establecido.
Esto quiere decir que se han perdido estos años pasados para mejorar nuestra tecnología, para evitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero; el esfuerzo inversor que había que hacer entonces era menor que el que
vamos a tener que hacer de ahora en adelante, además no para aumentar, señorías, sino para disminuir esas emisiones.
Señorías, bienvenida sea la ratificación del Protocolo de Kioto, pero a ese Protocolo le falta aprobar el programa nacional de la lucha contra el cambio climático que ni siquiera está en mantillas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para manifestar nuestra posición en contra del convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra, en coherencia con lo que manifestamos en comisión cuando se debatió este tema.
Entendemos que la negociación del convenio de Seguridad Social con Andorra no ha sido fácil, pero no contempla la permeabilidad tradicional de la frontera española con Andorra, el paso tan frecuente de muchos nacionales españoles hacia el
Estado andorrano y la residencia de muchos jubilados en el Principado de Andorra. Nuestro objetivo, y entendemos que no era fácil, era continuar con una serie de percepciones que se van a perder con este tratado. Si contemplamos este tema desde la
fría realidad de los números -se habla de más de 27.500 españoles residentes en Andorra frente a 280 andorranos en el Estado español-, encontramos que los nacionales del Estado español están más necesitados de ayuda. Se ha avanzado en relación con
los autónomos cuando éstos trabajan en el Estado andorrano, se ha ganado en percepciones de asistencia social a los familiares que eventualmente se encuentren en Andorra, lo cual ya es una muestra de la permeabilidad de esta frontera y de la
convivencia entre las comarcas vecinas de ambos lados de la frontera, pero no se ha avanzado, o por lo menos no se ha mantenido, un compromiso del Reino de España en favor de los jubilados residentes en el Principado, o que estén eventualmente en el
Principado y en las comarcas vecinas a la frontera, que pierden prestaciones y nivel al cruzar la frontera.
El Estado español debía haber mantenido las condiciones más favorecedoras para estos colectivos cuando
traspasan la frontera, aunque ello hubiera tenido un coste superior, porque Andorra ya ha cumplido pues nos ofrece en este tratado sus condiciones equiparables a las de los propios nacionales andorranos. Por esta razón no podemos exigir
más. Lo que sí teníamos que exigir es la posibilidad de establecer estas compensaciones al Estado andorrano por los servicios prestados, de forma que nuestros nacionales, que tradicionalmente, desde hace muchos años, han sido residentes a un lado y
a otro de la frontera, tuvieran esa equiparación o estos niveles de similar asistencia; aunque la asistencia era la misma, había una cobertura del Estado español sin establecer diferencias con los nacionales, porque era nuestro Estado el que cubría
estas diferencias, oferta que tendría que haber sido negociada e incluida en el convenio, de forma que se hubiera mantenido una situación de facto que era favorable y ahora se pierde.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Anuncio el voto negativo de nuestro grupo a este convenio hispano-andorrano de Seguridad Social porque, aunque en ciertas cuestiones supone algún avance -algunos temas menores se podrán arreglar en el seno de la comisión mixta-, tiene, a
nuestro entender, graves déficit de sensibilidad. Quiero decir también, con carácter previo a anunciar por qué vamos a votar en contra, que la falta de sensibilidad ha sido del Gobierno español, no del Gobierno andorrano. El Gobierno español no ha
atendido las reivindicaciones del Consejo de Residentes Españoles, no ha sido capaz de explicar el coste económico que ha determinado el cambio de las coberturas que teníamos hasta este momento.
Seguramente los votos de la mayoría van a aprobar hoy un convenio que va a generar dos clases de españoles en Andorra, los que hasta este momento vivían en Andorra, que por la vía del respeto a los derechos adquiridos van a seguir teniendo
la cobertura del cien por cien de la asistencia, y aquellos a los que, a partir de este convenio, se les iguala a los andorranos y, por tanto, van a tener que pagar parte de esa cobertura.
Los españoles pensionistas que pasen a residir en Andorra
van a tener que pagar a partir de este convenio un 25 por ciento de los costes de asistencia sanitaria y un 10 por ciento en caso de hospitalización.
Comprenderán ustedes que a cualquier pensionista que vaya a residir a Andorra seguramente le va a
condicionar su nivel de subsistencia y sus mínimos vitales.
Cuando debatimos el tratado trilateral de residencia y libre circulación, el representante del Grupo Popular mostró su gran alegría por el logro que suponía equiparar a los españoles con los trabajadores andorranos.
Considerar eso como un
gran logro es un sarcasmo. Hemos equiparado a los trabajadores españoles a unos trabajadores que no tienen ningún tipo de cobertura social, que no tienen cobertura de desempleo, y además a nuestros pensionistas les obligamos ahora a pagar parte de
esa cobertura.
Quiero insistir en que este Congreso no debería aprobar nada diferente a lo que hasta este momento tenía el convenio anterior en su artículo 11.4, que preveía que cualquier pensionista de cualquiera de las dos nacionalidades tenía la
cobertura de la legislación más beneficiosa.
Tampoco deberíamos aceptar que esta diferencia se consagrara mientras el Gobierno español no avale con cifras de coste económico ese cambio de legislación. Esas cifras se han pedido de manera reiterada
por el CRE, ha sido imposible conocerlas, el Gobierno español no las ha dado nunca, pero cabe pensar que tampoco debe ser un gran coste dado el número de pensionistas que hay en Andorra.
Un segundo problema es el que afecta a otro colectivo también de escasa capacidad adquisitiva, como son los trabajadores transfronterizos, que pasan a perder también ese cien por cien de cobertura porque, al trabajar en Andorra, solamente se
les va a cubrir lo que el convenio llama necesidad inmediata como consecuencia de su estancia en aquel país.
Quiero resaltar que en ambos casos las autoridades andorranas no se oponían a que las cosas hubieran seguido como hasta ahora y, por tanto, estamos ante una decisión unilateral del Gobierno español.
Debo decir también que el tema no es nuevo. Ya en el año 1999 tuvimos ocasión de debatirlo en este hemiciclo, y en aquel momento ya se pretendió que la cobertura del cien por cien se perdiera. Pero en aquel momento la entonces directora
general de Emigraciones, que tuvo una gran participación en esta cuestión -y quiero entender que me está escuchando en este momento-, y el ministro de Trabajo de entonces, el señor Pimentel, fueron capaces de entender que eso era injusto, y lo que
en aquel momento entendieron como injusto hoy lo va a avalar con su voto la directora general de Emigraciones de aquel entonces. Espero que todos nos demos cuenta de nuestra responsabilidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor Morlán, para fijar su postura sobre el Protocolo de Kioto.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista va a apoyar la ratificación del Protocolo de Kioto, pero le gustaría que esta ratificación no fuera un simple apoyo a un papel mojado, porque entendemos que la ratificación del Protocolo de Kioto tiene dos
ámbitos de actuación. En primer lugar, desde el ámbito de la política que afecta al resto
de la Unión Europea y a otros países del mundo que, como Estados Unidos, debieran incorporarse o hacer todo lo posible para que esa incorporación se produjera con la ratificación de ese Protocolo, y espero que en la Unión Europea y bajo la
presidencia española eso se pueda dinamizar. Y en segundo lugar, para la ratificación del Protocolo de Kioto es necesario que el Gobierno español lleve a cabo todas aquellas medidas encaminadas a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero.
Hace unos meses comentábamos que la emisión de gases superaba el 26 por ciento y se nos decía que no era cierto, que estábamos utilizando datos falsos, pero en estos momentos y según reconoce la Oficina Nacional del Clima, se sitúa en el 33 por
ciento, luego no íbamos muy descaminados cuando planteábamos esta denuncia. Por tanto, lo que ahora tiene que hacer el Gobierno es llevar a cabo la aprobación de una asignatura pendiente, que es la elaboración de la lucha de estrategia contra el
cambio climático. Quiero recordar que en noviembre el Grupo Popular presentó una proposición no de ley en la que se planteaba que se concedía un año para la elaboración de la estrategia, y todavía no sabemos qué va a pasar y cuando se va a
presentar en esta Cámara, pero queremos que esa estrategia se presente y se apruebe, contando -y espero que así sea- con que al tratarse de un tema tan complejo y que afecta a tantas actividades del día a día de nuestro país, se tenga en cuenta lo
que opinan las comunidades autónomas, lo que opinan los ayuntamientos y lo que opinan los sectores industriales que se van a ver afectados por aquellas medidas que suponen una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nosotros entendemos, señorías, que el Protocolo de Kioto es un buen instrumento que hay que aplicar y desarrollar, que el Plan de energías renovables que se aprobó en su momento no va por el buen camino que nosotros entendemos que debe ir,
porque hay que dinamizarlo, y el reto lo tiene ahora el Gobierno, que debe hacer todo lo posible para que las emisiones de efecto invernadero que se están produciendo en nuestro país adquieran las dimensiones que vienen reconocidas en lo que se
denomina la burbuja europea y disminuir el 33 por ciento al 15 por ciento que se nos reconoce entre todos los países de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Por último, por el Grupo Popular tiene la palabra, en primer lugar, el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Gracias, señora presidenta.
Señores del Partido Socialista, yo creo que la preocupación por la suerte de los trabajadores españoles residentes en Andorra no les viene de ahora. Ustedes han estado gobernando durante catorce años, el convenio que teníamos hasta ahora
data del año 1978, y el convenio que, después de intensas negociaciones que arrancan desde el año 1998, se va a firmar con el Gobierno de Andorra mejora sustancialmente la suerte de los trabajadores españoles residentes en Andorra. No hemos podido
conseguir todo lo que quisiéramos, porque hay dificultades que no se les ocultarán a SS.SS. Se habla de reciprocidad, y para obtener tratos de reciprocidad tiene que haber una equivalencia en los números, y hay 27.490 españoles, sin contar los de
doble nacionalidad y los temporeros residentes en Andorra, y 280 andorranos en España. Por otro lado, la firma de un convenio corresponde a dos países soberanos e independientes, por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo. Y hay que recordar aquí
que la misión de un convenio bilateral como este, al que ustedes califican como regresivo basándose en la distinta cobertura según la preste España o Andorra, es la de coordinar y no armonizar o unificar las legislaciones en materia de Seguridad
Social en ambos Estados. Por ejemplo, en Andorra se cubren los tratamientos odontológicos, y el sistema español no los cubre, pero allí funciona el denominado ticket moderador, por lo que no se paga totalmente el coste del tratamiento médico, y en
España los tratamientos son gratuitos. Por otro lado, el sistema de Seguridad Social andorrano no distingue entre enfermedad común y accidente laboral, y en lo relativo a los pensionistas y su supuesta pérdida de calidad de servicios por su
traslado a España, tal pérdida no existe ni se puede menospreciar al sistema español considerándolo peor que el andorrano puesto que si éste ofrece mayor número de prestaciones, el sistema español, como he dicho anteriormente, cubre el cien por
cien. Además, no hay que olvidar mejoras muy importantes, como que en el nuevo convenio se incluya a los trabajadores autónomos, que podrán mantener un año, prorrogable por otro, el sistema de cobertura que tenían en el país de origen, y también se
incluirá a los familiares de los trabajadores españoles residentes en Andorra cuando se desplacen a Andorra. Por lo tanto, no entendemos la oposición a un convenio que mejora sustancialmente las condiciones de los trabajadores españoles en Andorra
y tampoco entendemos cómo se puede ir en contra de la opinión generalizada, de la realidad palpable de las cosas y del sentimiento mayoritario de los trabajadores -con los que nosotros también hablamos- que residen en Andorra.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llorens.
Por último, señora De Lara, respecto del Protocolo de Kioto.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere dejar constancia de su satisfacción por el hecho de que
hoy se proceda en esta Cámara a ratificar el Protocolo de Kioto, lo que supone un paso fundamental en la lucha contra el cambio climático.
Como SS.SS. conocen, el Protocolo de Kioto tiene como objeto promover el desarrollo sostenible a través de compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causantes del
calentamiento de nuestro planeta. Europa, señorías, ha liderado este proceso y es indudable que en el seno de la Unión Europea el papel de España ha sido fundamental. Ha sido por el decidido impulso de la presidencia española de la Unión Europea
por lo que en el pasado Consejo Europeo de Barcelona se han adoptado importantes conclusiones.
Una de esas conclusiones insta a los Estados miembros a completar los procedimientos nacionales de ratificación a más tardar en junio de 2002, para que
entre en vigor antes de la cumbre de Río+10.
Señorías, nuestro Parlamento es uno de los primeros de la Unión Europea que procede a la ratificación del Protocolo de Kioto. Queda un largo camino por recorrer, un largo camino por delante, pero los europeos tenemos ahora la
responsabilidad de liderar los programas de acción que hagan efectiva la disminución de las emisiones en un 8 por ciento, cuota asignada a la Unión Europea en su conjunto antes de 2012 respecto a las emisiones de 1990. Han dicho aquí algunos
portavoces que en España se habían incrementado las emisiones de dióxido de carbono, y es cierto, señorías, como dijo el ministro de Medio Ambiente, se han incrementado en un 33 por ciento. Pero lo que no se ha dicho aquí es que son emisiones
brutas, a las que hay que descontar la absorción de dióxido de carbono que tiene lugar por los bosques, el llamado efecto sumidero, y a las que hay que aplicar los mecanismos de flexibilidad. Bien es cierto que en el año 1996, cuando se creó el
Ministerio de Medio Ambiente, nada se había hecho para reducir estas emisiones, pero a partir de esa fecha las iniciativas legislativas y de todo tipo del Gobierno han sido importantes. Se está tramitando y se va a aprobar de manera inmediata la
ley de control integrado de la contaminación; se ha aprobado un plan de energías renovables; se ha aprobado una ley de residuos y un plan nacional de residuos urbanos; se va a aprobar un plan forestal; se ha hecho una apuesta decidida por el
transporte público y por los combustibles menos contaminantes y se ha hecho una apuesta decidida por las centrales de ciclo combinado. Esperamos, señorías, que todas estas medidas que está adoptando el Gobierno den sus frutos en un corto plazo,
pero no podemos olvidar que las competencias de medio ambiente están en manos de las comunidades autónomas y que tienen que ser la Administración General del Estado, la Administración autonómica y la Administración local las que colaboren, junto con
cada uno de nosotros, para que todo esto pueda llegar a buen término.
Termino, señorías, indicando que este es el objetivo del Gobierno de José María Aznar y que nuestro grupo parlamentario se siente profundamente orgulloso de que sea un Gobierno del Partido Popular el que traiga a esta Cámara para su
ratificación el Protocolo de Kioto.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De Lara.
Iniciamos la votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, Decisión del Consejo 2000/597/CE, EURATOM, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas,
hecho en Bruselas el 29 de septiembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 280; a favor 279; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Convenio entre el Reino de España y Ucrania sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Albania, hecho en Tirana el 22 de noviembre de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 285; a favor, 284; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y el Principado de Andorra.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 160; en contra, 120; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo de Kioto al Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Acuerdo bilateral entre el Reino de España y la República de Bolivia en materia de adopciones.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativa a los privilegios e inmunidades otorgados al Instituto de estudios de seguridad y al Centro de satélites
de la Unión Europea, así como a los miembros de su personal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la Federación de Rusia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Eslovaca sobre transporte internacional de viajeros y mercancías por carretera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 284.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República del Perú al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Convenio entre el Reino de España y la Federación de Rusia sobre actividades de los centros culturales.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 282.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Protocolo de 1999 por el que se modifica el Convenio relativo a los transportes internacionales por ferrocarril de 9 de mayo de 1980.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 283; a favor, 283.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO. (Número de expediente 121/000068.)
La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. Debate de totalidad del proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra la ministra de Ciencia y Tecnología. (Rumores.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan, como siempre, de la manera más rápida posible y en silencio.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señora presidenta, señorías, buenos días.
Hoy tengo el honor de presentar en nombre del Gobierno el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Se trata de un proyecto de ley que forma parte de la política global del Gobierno para lograr
el pleno desarrollo de la sociedad de la información en España y que es uno de los principales ejes de su acción política.
Creo que todos coincidimos en la importancia de este texto: será la primera ley sobre sociedad de la información que exista
en España, y el desarrollo de la sociedad de la información tiene incidencia en nuestro desarrollo empresarial, en nuestra competitividad y, sin duda, en el incremento de nuestro potencial de crecimiento económico, pero además abre un conjunto de
oportunidades que ofrecen los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico al conjunto de los ciudadanos, permiténdoles la mejora de la calidad de vida a la vez que contribuye a la cohesión social.
La importancia de este proyecto de ley, las ventajas y las oportunidades que ofrece a los ciudadanos se derivan principalmente del entorno de comunicaciones electrónicas en el que hoy se están desarrollando ya múltiples actividades de
nuestra vida cotidiana. Nuestra
vida cultural, social y económica se ve cada vez más influida por la red, por internet y sus importantes posibilidades de comunicación, la superación de tradicionales barreras de espacio y de tiempo para la interacción y el intercambio, que
abren un gran potencial no sólo como suministrador de información y, por tanto, de conocimiento, sino también un potencial de generación de actividad económica, de servicios y para la realización de transacciones, de compras y de ventas.
Precisamente, esto último conlleva beneficios innegables para los ciudadanos y para las empresas al implicar, como saben, un incremento de su productividad y una mejora de su competitividad en una economía cada vez más globalizada.
Para ello, para
que todos los ciudadanos sin excepción seamos beneficiarios de estas nuevas oportunidades de la sociedad de la información, para hacer frente de manera decidida a los muchos retos que plantean estos cambios a los ciudadanos, a las empresas y a las
administraciones, a toda la sociedad, es necesario disponer de un marco regulador de los servicios de la sociedad de la información, incluido el comercio electrónico, que proporcione la debida seguridad y confianza.
Con ello pretendemos promover la
generalización del uso de internet por todos, para todos, ciudadanos y empresas, y fomentar la demanda y el desarrollo de los servicios que se ofrecen a través de la red.
Señorías, el principal objetivo que persigue el Gobierno con este proyecto de ley es el establecimiento de un marco jurídico estable que proporcione seguridad jurídica y confianza para impulsar el desarrollo rápido y vertebrado de la
sociedad de la información y del comercio electrónico en España. Es preciso dar a las nuevas actividades económicas, como el comercio electrónico o los servicios de la sociedad de la información, la necesaria certidumbre y seguridad a fin de
garantizar los derechos e intereses de todos los que intervienen en ellas. Para conseguir este objetivo el proyecto de ley recoge un conjunto de normas que, por una parte, protegen los intereses de los consumidores y usuarios, promoviendo su
confianza en internet y en el comercio electrónico y, por otra parte, el proyecto de ley estimula la presencia de las empresas en la red, así como la prestación de servicios y el desarrollo de actividades de intercambio, de actividades
transaccionales a través de la misma, poniendo a su disposición un marco jurídico claro y preciso que contribuye a proporcionar seguridad y a facilitar el desarrollo de sus negocios por medios electrónicos. En suma, señorías, este proyecto ha de
permitir que las empresas y todos los ciudadanos españoles se beneficien de un marco jurídico adaptado a las exigencias de una economía globalizada e interconectada, basada en las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento; marco
jurídico que asimismo debe contar con las salvaguardas suficientes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información recogidos en la Constitución. Asimismo, el proyecto de ley incorpora al derecho español la
Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio del año 2000, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.
Permítanme ahora, señorías, que me refiera a las razones por las que el Gobierno entiende que el proyecto de ley es necesario y adecuado para la plena implantación de la sociedad de la información y el desarrollo del comercio electrónico en
España. En cuanto a la necesidad del proyecto de ley, señorías, como en toda fase inicial de implantación de un nuevo servicio, actividad o tecnología, el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico
requieren la creación de un marco de seguridad y garantía que refuerce la confianza de quienes han de implicarse y participar en su gestación y desarrollo. La justificación del proyecto de ley radica en la necesidad de regular el medio, es decir,
el nuevo espacio en el que se desarrollan actividades tradicionales, actividades que ya existen previamente pero que, al realizarse en un nuevo entorno, requieren de una nueva regulación. Si me permiten, señorías, voy a hacerles un paralelismo que
estimo es idóneo para comprender la necesidad de una regulación en el campo de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Por ejemplo, la irrupción de los mercados financieros con la popular Bolsa de valores trajo
consigo la celebración de unas transacciones que eran especiales por el objeto singular sobre el que recaían y por el lugar donde se desarrollaban. Pero estas transacciones no eran sino compraventas, es decir, operaciones tradicionales que la
humanidad ha venido realizando durante siglos. Pues bien, estas compraventas, anteriores por supuesto a la aparición de los mercados de valores, estaban ya reguladas; en cambio, lo que carecía de normativa aplicable era el medio, el ámbito donde
tales operaciones de compraventa se realizan. Pues bien, nadie duda hoy del hecho de que fue necesario regular estos mercados y las actividades que en ellos se desarrollaban.
Algo semejante sucede con el comercio electrónico y con los servicios de
la sociedad de la información. Se trata de actividades económicas, operaciones y actuaciones tradicionales sobre objetos de siempre que tienen lugar en un nuevo entorno. Y convendrán conmigo, señorías, en que lo desconocido produce siempre cierto
temor inicial o al menos cierta desconfianza. Pues bien, la manera de acercar este nuevo medio, este nuevo ámbito a la sociedad es garantizar que sus derechos y sus intereses no se vean nunca perjudicados en los nuevos mercados y que sus
reclamaciones, si es que hay lugar a ellas, tengan la misma efectividad que si se reclamaran, si me permiten la licencia, en la tienda del barrio que conocen de toda la vida.
Señorías, una de las características de Internet es que facilita la fugacidad o la ocultación de quienes actúan a través de las redes telemáticas. Lamentablemente, hoy
es posible cometer un fraude o un delito en Internet e intentar evadirse sin dejar rastro. Pues bien, esto es precisamente lo que el Gobierno quiere evitar con esta ley, estableciendo mecanismos capaces, primero, de disuadir de la
realización de conductas ilícitas y, segundo, en caso de que se cometan, de reparar el daño causado y sancionar la conducta ilegal, tal como ocurre en el mundo real. El proyecto de ley regula por tanto actividades tradicionales en un entorno nuevo
y con la presencia de los actores que siempre intervienen en un mercado: vendedor, comprador, prestador y usuario, oferente y consumidor. La novedad de este nuevo ámbito exige adoptar medidas de protección y garantía de los intereses del usuario,
porque únicamente animando al ciudadano a intervenir y a participar en el nuevo mercado podrá impulsarse el comercio electrónico y los demás servicios de la sociedad de la información. A fomentar la certidumbre y la seguridad en el uso de Internet
se dirige el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Hay que salvaguardar los derechos de los consumidores y usuarios en la utilización de servicios y en la contratación electrónica como exigencia
ineludible para superar las precauciones que aún les condicionan a la hora de utilizar con naturalidad el nuevo medio. Prueba de ello es la enorme diferencia que aún separa el volumen de negocio generado, por ejemplo, por el comercio electrónico
entre empresas del comercio electrónico con consumidores.
Como he dicho antes, el proyecto de ley es necesario además para la incorporación de la Directiva comunitaria sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. La armonización de nuestro derecho con el comunitario
facilitará la actuación en el mercado interior de las empresas españolas, que podrán beneficiarse de la existencia de una regulación básica común. Además de necesario, el proyecto de ley es adecuado para la consecución de los objetivos propuestos,
tanto desde el punto de vista de su contenido como desde el punto de vista formal. Por lo que respecta a su contenido, quisiera destacar los siguientes aspectos.
Los servicios de la sociedad de la información son de libre prestación, es decir, no necesitan autorización previa, insisto, no necesitan autorización previa. Los prestadores de servicios no tienen que inscribirse en ningún registro por el
hecho de utilizar medios electrónicos para realizar su actividad. Sin embargo, si el prestador de servicios se encontrase ya inscrito en un registro determinado, deberá comunicar al mismo el nombre de dominio y la dirección de Internet que utilice
para ofrecer sus servicios a través de la red. Como ven, señorías nada distinto de lo que sucede en la vida real cuando, por ejemplo, una empresa cambia de nombre o de denominación social. Las empresas deberán comunicar al registro mercantil en el
que ya estaban inscritas su nombre de dominio así como la dirección de su página web. Con ello, cualquier persona interesada puede consultar y conocer con total confianza la dirección de la página web de cada empresa. Así se refuerza la confianza
en el desarrollo del comercio electrónico seguro y de los servicios de la sociedad de la información, ofreciendo garantías a los consumidores y usuarios.
Los servicios deben prestarse con la adecuada información y transparencia para que los usuarios sepan a qué atenerse en cada momento. El proyecto de ley obliga a los prestadores de servicios a proporcionar a los usuarios información básica
sobre su identidad, establecimiento y actividad por medios electrónicos -por ejemplo, a través de su página en Internet-, a proporcionar información sobre el producto o servicio y a facilitar el acceso a toda esta información de forma permanente,
gratuita y sencilla. Esta garantía de información se fortalece además en los procesos de contratación para evitar que el usuario o consumidor tome decisiones sin tener toda la información precisa para realizar la operación y prestar su
consentimiento, manteniéndose igualmente todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico para las ventas a distancia. Conviene afirmar, señorías, que las únicas obligaciones que recaen sobre los prestadores de servicios de la sociedad de
la información son la de suministrar información a los usuarios y consumidores y la de colaboración con la Administración cuando se detecte la existencia de contenidos ilícitos, especialmente en el caso de determinados prestadores, como los
proveedores de acceso o los denominados alojadores. También se establece el consentimiento previo del destinatario para la recepción de mensajes publicitarios. Con ello se refuerza la protección de los usuarios frente al abuso del correo
electrónico para la remisión de mensajes publicitarios no deseados. La prohibición del denominado spam o correo basura es acorde con la postura que se está asentando en la Unión Europea y se fundamenta en el incremento de costes y en la pérdida de
tiempo y de dinero que supone para los usuarios, los proveedores y demás operadores de la red. El spam obliga a los destinatarios, ciudadanos o empresas, a aumentar su tiempo de conexión a Internet para la descarga de mensajes, a contratar cuentas
de correo de mayor capacidad y a instalar filtros para evitar su recepción, encareciendo y dificultando el uso de Internet. Por tanto, el proyecto de ley protege los derechos de los usuarios al mismo tiempo que se aumenta la efectividad de los
mensajes publicitarios realizados por las empresas que legítimamente hayan obtenido el consentimiento de sus potenciales clientes.
El proyecto de ley favorece el desarrollo de la actividad mercantil por Internet al garantizar la equiparación entre los contratos celebrados por vía electrónica y los contratos formalizados en soporte papel e igualar la eficacia probatoria
en juicio de los documentos contenidos en soporte informático a la de los documentos en formato papel.
También en el ámbito de los contenidos, los prestadores de servicios que actúen como servidores o alojadores son responsables de los daños y perjuicios causados por los contenidos ilícitos difundidos únicamente cuando concurran una de estas
dos circunstancias: que conozcan la ilicitud de tales contenidos previamente a su difusión o que no presten su colaboración a los órganos judiciales para su retirada tras la declaración de ilicitud. En el proyecto de ley está implícita la
equiparación entre el mundo real y el telemático. Por eso, a la hora de determinar las competencias de los poderes públicos en relación a los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, el proyecto parte del principio de
que las mismas autoridades u órganos que son competentes para actuar en la vida real lo son también en Internet.
En este sentido, el proyecto de ley no introduce cambio alguno respecto a la distribución de competencias entre la Administración
pública y los juzgados y tribunales de justicia. En consecuencia, si la autoridad administrativa es competente para sancionar, por ejemplo, la venta de medicamentos fuera de las farmacias o para sancionar la venta de armas sin licencia, también lo
será para sancionar estas mismas actividades en la red pudiendo, pues, exigir la retirada de la página web a su titular.
Del mismo modo, si la autoridad administrativa carece de competencia para decretar el cierre, por ejemplo, de un periódico
-medida que tan sólo pueden adoptar los órganos judiciales- serán, pues, los órganos judiciales y no la autoridad administrativa los competentes para proceder a dicho cierre cuando este periódico se difunda en formato digital. Por supuesto, en el
ejercicio de sus respectivas competencias, tanto los órganos administrativos como los judiciales deben ajustarse en todo caso a los procedimientos, principios y normas que resulten aplicables. Se trata, por tanto, señorías, de garantizar el más
escrupuloso respeto a los derechos y libertades fundamentales, como es la libertad de expresión o el derecho a emitir y recibir información, los cuales deben ser tutelados, tal y como proclama nuestra Constitución, por los órganos jurisdiccionales.
En la redacción del proyecto de ley y por razones de técnica legislativa se ha estimado conveniente recurrir a una fórmula genérica en la delimitación de competencias entre la Administración pública y los órganos judiciales. Así, la referencia a
una autoridad u órgano competente pretende englobar todos los supuestos de hecho que pueden darse en la realidad. Con ello se evita una enumeración exhaustiva de todos los casos posibles de ejercicio de las competencias que la Administración
pública y los órganos jurisdiccionales ostentan con relación a las actividades prestadas a través de Internet.
En cuanto al régimen sancionador, la directiva comunitaria exige que las sanciones que se impongan por infracciones sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. El proyecto de ley establece unas sanciones proporcionadas pero eficaces, como
indica la directiva, para disuadir a los prestadores de servicios del incumplimiento de lo dispuesto en la ley. Además, el texto prevé unos criterios de graduación que permiten adecuar el importe de las multas a las circunstancias concurrentes en
cada caso. Tales criterios, como saben SS.SS., son: el tiempo durante el cual se haya cometido la infracción, la existencia de intencionalidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios causados, los beneficios obtenidos por la infracción y el
volumen de facturación afectado, así como la reincidencia en la comisión de infracciones, aunque no se trata de una enumeración cerrada, ya que permite incluir nuevos criterios que aumenten la proporcionalidad de las sanciones.
Asimismo el proyecto de ley prevé sistemas de solución de conflictos.
Establece dos sistemas que pueden plantearse en la prestación de los servicios de la sociedad de la información: el judicial y el extrajudicial. En cuanto a este último
el proyecto fomenta la autorregulación mediante la elaboración de códigos de conducta. Tales códigos son instrumentos flexibles y ágiles que permiten adaptar los principios contenidos en las normas legales a las nuevas necesidades propiciadas por
los avances tecnológicos y que no fueran previstas por el legislador en su momento. En un entorno tan cambiante como el de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, los códigos de conducta desempeñan una labor normativa de
complemento del derecho que a veces queda rezagado por el ritmo que marca la propia realidad social.
Así, a través de ellos, se da respuesta a casos o supuestos para los cuales no haya prevista una norma específica, evitando los vacíos legales. En
estos códigos de conducta se pueden incluir sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos entre los prestadores de servicios y las empresas o consumidores y usuarios. El proyecto de ley prevé también otra vía extrajudicial de solución de
controversias como es el arbitraje, previsto en la legislación de consumidores, así como de condiciones generales de la contratación. En este sentido, a la hora de celebrar contratos por vía electrónica, pueden establecerse convenios de arbitraje
en los que se manifieste la voluntad de las partes de someter los conflictos suscitados en el ámbito de Internet a la decisión de uno o más árbitros, así como la obligación de cumplir el correspondiente laudo arbitral.
Por lo que respecta a la solución judicial de los conflictos, convendrán conmigo, señorías, en que una de las causas generadoras de desconfianza en el ciudadano ante la contratación electrónica puede ser la indeterminación en caso de
conflicto de la ley aplicable y de la jurisdicción competente. El proyecto de ley es plenamente respetuoso con las normas que determinan, en beneficio del usuario y consumidor, cuál es el derecho de aplicación a la controversia planteada y qué
tribunal ha de conocer de la misma. Así, en esta línea de proporcionar certeza y seguridad a la contratación electrónica,
el proyecto de ley determina asimismo el momento en que se entiende celebrado el contrato, lo cual tiene eficacia a la hora de computar los plazos para posibles reclamaciones.
Finalmente, señorías, el proyecto de ley establece una regulación ajustada a la directiva comunitaria de referencia, tecnológicamente neutra, pues se adapta por igual a todas las tecnologías de acceso a Internet, y no discriminatoria, por
cuanto el cumplimiento de las obligaciones que de ella resultan está al alcance de las empresas de distinto tamaño.
Precisamente el conjunto de la regulación, las obligaciones o el régimen sancionador previsto en el texto, con sus criterios de
graduación, beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, que son las que en mayor medida necesitan de un marco claro que proporcione seguridad jurídica y genere el máximo de confianza.
Desde el punto de vista formal, señorías, quisiera destacar los siguientes aspectos. En primer lugar, la tramitación previa del proyecto ha sido claramente transparente, participativa y, si me lo permiten, inédita en nuestro ordenamiento
jurídico, con la difusión de los sucesivos textos en la página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El amplio proceso de consulta pública realizado y el diálogo mantenido con los diferentes agentes interesados por esta ley, desde proveedores
de servicios de Internet a empresas de comercio electrónico, usuarios, asociaciones y entidades gestoras de derechos de propiedad intelectual, para citar algunos, han proporcionado un conocimiento más exacto de la realidad y de las aspiraciones y
necesidades de los distintos afectados. Ello ha permitido elaborar un proyecto de ley con objetivos realistas y coherentes, que satisfacen de forma razonable y equilibrada las distintas necesidades y los intereses de los distintos implicados.
En segundo lugar, la directiva sobre los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico se incorpora al ordenamiento jurídico a través de una sola ley, en lugar de ir modificando las diversas normas relacionadas con
ella. El sistema de trasposición por el que se ha optado aporta una mayor seguridad jurídica a los destinatarios de la norma. La razón es que al reunir en un solo texto la normativa aplicable a los servicios de la sociedad de la información y el
comercio electrónico se evita la dispersión legislativa y se facilita la rápida localización en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico del derecho que resulte aplicable a tales materias; además concurren otras razones que han aconsejado esta
fórmula de trasposición a través de una única norma y es que dado el escaso plazo previsto para la trasposición de la directiva y la heterogeneidad de las materias reguladas en ella, la incorporación de la directiva mediante la modificación de todas
y cada una de las disposiciones actuales que son de aplicación a los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico hubiera incrementado la complejidad del proceso, hubiera retrasado indudablemente la correspondiente
aprobación y hubiera dificultado la mayor coherencia.
Además el rango de la norma -ley ordinaria- es el adecuado para la trasposición de la directiva al versar fundamentalmente sobre materias de derecho privado que suelen estar contenidas en normas
con rango de ley.
No se procede a aprobar la norma mediante ley orgánica, puesto que no regula ninguna de las materias reservadas a la misma en la Constitución.
Además, en lo que respecta a los derechos fundamentales y libertades públicas, el
proyecto no implica ningún desarrollo de los mismos y las referencias que contiene respecto de ellos respetan plenamente su ordenación jurídico-constitucional.
Señorías, quiero concluir mi intervención destacando que el proyecto de ley no sólo se ajusta a la directiva europea y al ordenamiento jurídico español, sino que en el largo y amplio proceso de elaboración que ha tenido ha incorporado las
aspiraciones de todos los sectores interesados en el desarrollo de Internet, por lo que hoy llega al Parlamento con un grado de maduración considerable. No obstante, estoy convencida de que la tramitación parlamentaria enriquecerá y mejorará el
texto, de modo que, ya convertido en ley, generará confianza en los usuarios y en los ciudadanos y contribuirá decisivamente a una más rápida implantación de la sociedad de la información y del comercio electrónico en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
A este proyecto de ley han sido presentadas siete enmiendas de devolución y dos de texto alternativo. Iniciamos el debate de las enmiendas de devolución por las presentadas por distintos diputados del Grupo Mixto.
En primer lugar, y por
orden de presentación de las enmiendas, que es la pauta prevista para su debate, le corresponde intervenir al señor Saura.
(Pausa.)
Si los diputados no se encuentran en el hemiciclo, me veré obligada a dar por decaídas las enmiendas.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds, presentamos una enmienda a la totalidad, fundamentalmente porque a pesar de que entre los objetivos que se destacan en el proyecto de ley figura que ha de aumentar la
seguridad jurídica para generar mayor confianza en el empleo de ese nuevo medio y aprovechar sus innumerables ventajas en el ámbito económico y social, el texto que se nos propone, a nuestro entender, va a tener efectos contrarios y no anticipa una
mejora y un desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que sitúen al Estado español muy lejos de la posición que en estos
momentos tiene, a la cola de los países de la Unión Europea. Quiero enumerar las tres razones, entre las muchas que podría decir, por las cuales hacemos este diagnóstico. La primera, porque el actual proyecto de ley viene a definir un
concepto de servicios de la sociedad de la información tan amplio y deliberadamente ambiguo que se hace imposible distinguir entre aquellos servicios que fueran susceptibles de ser considerados de naturaleza comercial y aquellos que en ningún caso
lo son. De este modo, se equipara en el proyecto de ley sitios web, que pueden ser propiamente empresas o negocios, con aquellos que pertenecen a particulares, entidades, asociaciones sin ánimo de lucro y similares. En definitiva, el proyecto de
ley considera cualquier uso de la red como empresarial y acaba equiparando información con mercancía. De ello, a nuestro entender, se deriva una concepción de la red como simple negocio, iguala en el trato a particulares y a grandes entidades
empresariales y relega el uso cívico y ciudadano y de formas de comunicación e información alternativas de forma preocupante.
La segunda razón importante es la que se refiere a las obligaciones de los prestadores de servicios, porque al ser definidas de forma tan amplia y excesiva, se podrá exigir identificación y, en consecuencia, será accesible el nombre, el
domicilio y la identificación fiscal de meros particulares por el simple hecho de contar con anuncios de ingresos marginales o que ofrezcan instrumentos de búsqueda.
La tercera y última razón, y tal vez la más preocupante, es que el proyecto de ley atribuye unas competencias excesivas de intervención a la Administración que, a nuestro entender, entran de forma clara en la vulneración de posibles derechos
fundamentales y, como consecuencia, estamos ante un trato distinto e injustificado entre los medios de comunicación tradicionales y los que se hallan en la red y no se excluye la posibilidad de actuaciones administrativas que censuren opiniones, que
sólo podrán ser restablecidas a posteriori.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, hemos planteado una enmienda de totalidad de devolución a este proyecto de ley porque entendemos que existe un error en el planteamiento de origen en el que incurre la totalidad del texto que se nos presenta a la
hora de abordar la regulación del comercio electrónico, pues esto es lo que hay que hacer, abordar la regulación del comercio electrónico y no realizar una ley general de Internet, que interviene en todo lo que se refiere a la comunicación, a la
información y, en definitiva, a la libertad. Se trataría, como debiera ser, de la trasposición de una directiva que regulara este comercio electrónico, pero la redacción final, desagradablemente, nos lleva a que se regula toda la información como
un mero elemento comercial y no define el término prestador de servicios en la sociedad de la información de manera adecuada, conllevando todo ello de facto la consideración de toda la información como objeto de tráfico mercantil en todos sus
contenidos.
Entendemos que esto no es razonable ni es admisible. Creemos que se debiera de hacer una correcta separación entre comercio e información, siendo este un concepto básico para proceder a posteriori en la trasposición de esa directiva a
la adecuada regulación del comercio electrónico.
Se tiene que regular el correcto electrónico, eso es correcto, pero hay que hacerlo desde la visión de lo que realmente es, una modalidad de venta a distancia entendiendo claramente la especificidad de la misma y los condicionamientos
propios, pero eso no significa crear una sociedad distinta a la que tenemos, a la sociedad real. No es posible dotarla de regulaciones diferentes a las que ahora tenemos para las cuestiones que afectan a nuestra vida diaria en la legislación
mercantil, en la legislación civil y, por supuesto, en la legislación penal. No nos parece conveniente la realización de una legislación paralela -en definitiva, es lo que está haciendo este proyecto de ley- restringiendo además -y esto es lo más
grave- sustancialmente derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de información, pilares básicos de cualquier sistema democrático. El proyecto de facto viene a regular por ley ordinaria materias propias de derechos
fundamentales, cuya modificación o regulación requeriría mayoría cualificada y una tramitación como ley orgánica. Además -podemos entrar en alguna materia concreta- en determinados artículos, sustancialmente el artículo 8....
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego que concluya, por favor.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
Como decía, desde nuestro punto de vista, en el artículo 8 se produce una limitación de derechos fundamentales abiertamente inconstitucional. Es muy significativo el voto particular del señor López Tena respecto a dicho artículo en el
Consejo General del Poder Judicial. Este proyecto de ley dota de poder desorbitado a la Administración permitiéndole cosas que en cualquier otro medio serían totalmente inadmisibles por la vía de legislación penal y, en definitiva, por respeto a
los derechos humanos.
Señora ministra, ¿sabe usted qué título puso la revista norteamericana Wild al proyecto de ley a la hora de comentarlo? El título era 'La Inquisición vuelve a España'. (Una señora diputada pronuncia palabras
que no se perciben.) Eso es lo que ponía una revista americana, no esta diputada. Esperemos que la tramitación de esta ley permita que la misma revista modifique el título.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, desde Chunta Aragonesista pedimos la devolución del presente texto al Gobierno mediante una enmienda a la totalidad porque entendemos que el proyecto excede a la directiva que dice desarrollar. Además, presenta
aspectos que pueden atentar a derechos fundamentales, ya que establece la posibilidad de interrumpir servicios, retirar datos o imposibilitar el acceso a datos de forma cautelar o definitiva a la autoridad administrativa sin exigir, al menos
claramente, la oportuna orden judicial, cuando en realidad estamos hablando de derechos como la libertad de expresión, que ha contribuido a la extensión y al éxito de Internet. Obviamente, se hace necesaria la posibilidad de evitar actividades
ilícitas en la red, pero con las oportunas garantías judiciales y motivadas.
Este proyecto de ley atenta al principio de igualdad al no justificarse el trato desigual a las mismas actividades cuando se desarrollan fuera del marco de Internet como, por ejemplo, en telefonía vocal, fax, televisión o anuncios de vallas
publicitarias. El contenido de la norma afecta a derechos fundamentales cuya regulación está reservada a la ley orgánica.
También criticamos que establece normas que, por la propia configuración de Internet, se hacen imposibles de cumplir, por lo
que debemos entender que su regulación responde a un afán controlador de todos los elementos de la vida social por parte del Gobierno. Finalmente, apuntamos que el proyecto mezcla disposiciones de distinta naturaleza jurídica, lo que, en vez de
ordenar, provoca una auténtica inseguridad jurídica por llevar a cabo, además, especificaciones innecesarias a normas generales. En definitiva, se ponen una serie de trabas a los negocios realizados por medio de Internet superiores a las
establecidas a actividades similares realizadas fuera de la red cuando en realidad no son relaciones distintas ni relaciones contractuales diferentes. Se está penalizando la actividad comercial incluso meramente prestadora de servicios por Internet
cuando la directiva y la propia exposición de motivos del proyecto manifiesta que esta regulación se elabora pensando en incitar el uso de Internet en la prestación de estos servicios.
Por todos estos motivos, señora ministra, pedimos la devolución del mencionado proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señora ministra, señorías, el Bloque Nacionalista Galego también se va a oponer a la tramitación de este proyecto de ley por entender que, en realidad, el Gobierno, con la excusa de regular
Internet, ataca claramente la libertad de expresión en Internet.
Este proyecto de ley parte claramente, como ya le han dicho, de una definición abusiva del concepto de servicios de la sociedad de la información, que incluye servicios no remunerados. Prácticamente cualquier página web con que tenga un
banner se va a considerar servicio de la sociedad de la información y va a ser sometida al régimen draconiano previsto en el proyecto. Se restringe, de forma yo creo que inconstitucional, la libertad de expresión en Internet, permitiendo incluso
adoptar por la Administración medidas equivalentes al secuestro de publicaciones, como ordenar a un prestador de servicios que cierre una página cuando -se dice en el artículo 8- se estime que atente o pueda atentar contra valores como el orden
público, la salud pública, consumidores, usuarios, etcétera, conceptos jurídicos demasiado indeterminados como apoderar tan ampliamente a la Administración. Se establece un régimen sancionador desproporcionado y claramente lesivo para las
iniciativas autónomas y para las pequeñas y medianas empresas que operan en el sector. Desde luego se incurre en una insuficiencia de rango y en una más que previsible inconstitucionalidad.
Señora ministra, para el Bloque Nacionalista Galego ésta no es, ni mucho menos, la ley que necesita Internet. Usted, ya en el ecuador de la legislatura, no ha sido capaz o no ha querido establecer una tarifa plana digna de tal nombre; no
ha sido capaz o no ha querido garantizar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, un acceso decente a Internet; no ha sido capaz de impedir que los ciudadanos, vivan donde vivan, sean perseguidos por un gobierno que puede considerar como
ideológicamente molestas ciertas iniciativas en Internet, como por ejemplo tuvimos oportunidad de ver con ocasión de la presidencia europea; no ha sido capaz tampoco de permitir que los discapacitados puedan acceder a los portales y a las páginas
web de la Administración, y no siendo capaz de nada de eso, pretende ahora limitar la libertad de expresión en Internet.
Llevamos dos años de legislatura, estamos en el ecuador de su mandato, si es que dura cuatro años, y el balance es claramente
negativo. Si pretende compensar el balance con esta ley, señora ministra, creo que no lo va a conseguir.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en primer lugar doy por defendida la enmienda de José Nuñez, del Partido Andalucista. Me pregunto cómo se puede tolerar que en esta Cámara discutamos un proyecto de ley en el que se cuestiona la
libertad de expresión; un derecho fundamental, un derecho reconocido por la Carta Magna, un derecho que, en definitiva, tendría que defenderse por todos los grupos de esta Cámara y que hoy queda tocado si esta ley sigue su curso porque va a ser una
autoridad administrativa quien va a juzgar conceptos tan laxos como defensa nacional o salvaguarda del orden público. Tendría que estar en manos de la justicia y no creemos que deba estar en manos de una autoridad administrativa. Además produce
graves perjuicios para las pequeñas y medianas empresas, porque este proyecto de ley supone un claro proceso de concentración en pocas manos, en grupos económicos, algunos, podríamos decirlo de forma suave, aliados del Gobierno, caso de Telefónica o
hasta cierto punto de Retevisión.
Serán grandes grupos económicos de la comunicación los que tendrán capacidad para autorizar a los pequeños o a los medianos, convirtiéndose así en una especie de gendarmes ideológicos del Gobierno al decidir qué
webs pueden ponerse en funcionamiento y cuáles no pueden ser autorizadas.
Esto es, a grandes rasgos, lo que contiene el proyecto de ley, pero tiene otros perjuicios. La red quiere decir transversalidad, horizontalidad, democracia y libertad, y
creo que con este proyecto de ley hacemos un flaco favor a lo que habría supuesto Internet en este modelo de desarrollo, de democratización de la información y sobre todo de abaratamiento de los costes de la información.
En definitiva, nuestro grupo, Esquerra Republicana de Cataluña, votará contrariamente a este proyecto de ley. Defendemos nuestra enmienda a la totalidad y anunciamos la presentación de enmiendas parciales al articulado. Creemos que esta
ley refleja que la sociedad de la información tiene que ser una sociedad de ciudadanos. Esta ley convierte a la sociedad en súbditos, somos súbditos del Gobierno, pero sobre todo somos súbditos de determinados grupos económicos que gozan del favor
del Gobierno.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco son cuatro los principales aspectos criticables de este proyecto de ley que descalifican el proyecto en su conjunto y justifican la solicitud de devolución al Gobierno para que se
vuelva a redactar un nuevo texto. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) En primer lugar, por la vis expansiva de su ámbito de aplicación. En segundo lugar, por las exageradas restricciones e incluso posibles
violaciones de los derechos y libertades fundamentales que conlleva esta actitud de vis expansiva. En tercer lugar, porque, lejos de fomentar el comercio electrónico y la utilización de los servicios electrónicos, plantea un sistema
intervencionista. Y, en cuarto y último lugar, por el absoluto y total olvido del ámbito competencial de otras administraciones. Es justamente cuando se incluyen en el texto del proyecto de ley ámbitos colaterales a los regulados por las
directivas cuando estas imprecisiones e inseguridades se hacen más patentes, porque este proyecto de ley, señora ministra, ha introducido un concepto amplio de lo que son los servicios de la sociedad de la información, que engloban, además de la
contratación de bienes y servicios por vía electrónica, el suministro de información por dicho medio, siempre y cuando represente una actividad económica, término tan ambiguo que ha suscitado una fuerte polémica sobre su verdadero alcance e
interpretación, no sólo en la red, sino también en los medios de comunicación tradicionales y que incluso ha provocado manifestaciones contradictorias por su parte y por parte de otros responsables de su ministerio.
En nuestra opinión, la trasposición de esta directiva -que debería haber engendrado una ley sobre el comercio electrónico- se ha tornado en una ley que regula el uso de la red de Internet en un sentido amplio, ya que no sólo el comercio
electrónico, sino todos los sitios que ofrecen enlaces, motores de búsqueda y descargas de archivos, sean o no comerciales, caen también bajo la regulación de este proyecto de ley. En nuestra opinión, esto se aleja del sentido y del objetivo de la
directiva europea.
Desde el análisis que realiza el Grupo Parlamentario Vasco, la traslación de esta directiva está presidida por dos ejes antagónicos. Por una parte, el Gobierno asume una posición de neutralidad y de tibieza en la redacción general del
proyecto de ley cuando se trata de abordar los aspectos de promoción y garantía de uso de los servicios, adoptando una pose de liberalismo, de laisser faire, y antagónicamente adopta una posición intervencionista cuando trata de abordar los aspectos
de control del sistema y del usuario para el contenido de los servicios. El Grupo Parlamentario Vasco se sorprende de esta doble actitud que adopta el redactor de la traslación de la directiva. A nuestro modo de ver, sería más razonable redactarla
y trasladarla desde ópticas bien distintas, por una parte, fomentando una actitud más garantista, sin trasladar la ley con calzador y rebajada con gaseosa, y por otra parte, generando un ambiente, un entorno, para generalizar el uso de las
herramientas
de la sociedad de la información, porque desde esta perspectiva el Gobierno está echando un jarro de agua fría a las expectativas del sector.
En un terreno ampliamente comentado, tanto por la doctrina como por la opinión pública, coincidimos en valorar este proyecto como insatisfactorio e incapaz de cubrir las expectativas comerciales que se tenían respecto a la utilización de la
red. Este proyecto de ley parte presumiblemente de una apariencia de fomento del comercio electrónico desde esas primeras proclamas de liberalización de espacios y de actividades, pero muestra su verdadero espíritu al establecer un sistema harto
intervencionista, con unos mecanismos rígidos de control que no propiciarán en ningún caso la actividad comercial. Da la impresión de que late un miedo mudo a la autonomía de la red, a la plasmación por estos medios electrónicos de los derechos
fundamentales que tanto ha costado garantizar en el mundo no virtual, miedo que se solventa haciendo pender la espada de Damocles de la intervención censuradora frente a la libertad de comunicación, de información, de acceso, de pensamiento y de
creación.
Es un miedo, el miedo del Partido Popular y del Gobierno, a no tener todo bajo control, y desde esta perspectiva el Grupo Parlamentario Vasco entiende que este proyecto de ley difícilmente va a servir para aquello que debiera ser el
primer objetivo del Gobierno en relación a la nueva economía, a la sociedad de la información, que es impulsar su desarrollo, porque no va a ser esta una ley que, salvo en algunos aspectos parciales, inspire confianza en los agentes que intervienen
en ella, en la medida en que está construida en buena manera justamente sobre lo contrario, sobre la desconfianza, la prevención frente a lo que significa Internet. Es un proyecto de ley a la defensiva, lleno de salvaguardas, buscando que lo nuevo
se reduzca y limite hasta donde ello es posible a lo de siempre y, bajo la apariencia de búsqueda de seguridad y en nombre de las incertidumbres jurídicas con las que tropiezan la implantación de Internet y las nuevas tecnologías, se deja de lado y
hasta menoscaba su potencialidad para el comercio, así como para el suministro de la información, y se propone una legislación que busca más el control que la seguridad, más el statu quo de lo viejo conocido que la potencialidad de lo nuevo por
conocer y desarrollar.
Se trata de un proyecto de ley que no pasa de ser, desde la consideración más benévola, en el mejor de los casos, una apuesta timorata, de mentirijillas, por la sociedad de la información, como por lo demás está siendo también la política
general que está desarrollando su ministerio, señora ministra, respecto a todos estos temas de la sociedad de la información, porque cuando se liberalizan las telecomunicaciones se hace a cuentagotas, cuando supuestamente se elabora un plan de
acción para el fomento de la sociedad de la información, el INFO XXI, la realidad del plan es que sobre todo se trata de operaciones de maquillaje y de propaganda. Creemos que el conjunto de iniciativas que se están desarrollando desde su
ministerio muestra una olímpica despreocupación de su departamento en relación a estas materias y, al constatar ahora en un proyecto de ley la preocupación por controlar también Internet, no sea que por esta vía, hasta hoy no tan controlada, se le
cuelen cosas, sobre todo informaciones, que vayan en contra del orden público, la seguridad pública, la defensa nacional, una supuesta protección no ya de la infancia, sino de la juventud misma, o cosas tan genéricas o abiertas a la interpretación
como el respeto a la dignidad humana o el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra circunstancia personal o social que dice la traslación de la directiva -ahí es nada, menuda
transcripción-, con esos criterios, ¿adónde podemos llegar?
Con esta preocupación por controlar Internet, el reverso de la moneda es la despreocupación, más allá de los gestos a la galería, con la que este Gobierno está planteando, a pesar del evidente retraso de la sociedad española, la necesaria
incorporación de las empresas, de los ciudadanos y de la propia Administración a los criterios y a las herramientas de la sociedad de la información y de la comunicación. Porque, aunque parezca posible en la práctica, hay que optar, señora
ministra. O se quiere promover o se quiere controlar. Y aunque parezca posible en la práctica, ambas actitudes son difícilmente compatibles. Cuando se quiere promover una iniciativa particularmente en el caso del desarrollo de la sociedad de la
información, de la que tanto necesita esta sociedad para adecuarnos a la modernidad, promover significa incentivar, ilusionar, facilitar la creación de instrumentos y contenidos e impulsar la iniciativa empresarial, y particularmente facilitar la
aparición de servicios similares a los que el ciudadano encuentra hasta el presente en su vida cotidiana. Promover significaría convertir en vida real lo que actualmente es simplemente una acción virtual; es decir, el ciudadano debe encontrarse
con que, utilizando los medios electrónicos que le facilitan las telecomunicaciones, iguala o mejora sus condiciones de vida y bienestar, facilitándose además el acceder a una información de mayor calidad y a una comunicación más rápida en su
entorno. Pero, señora ministra, a alguien se le ha ido la mano y, en vez de crear una ley para promocionar los servicios de la sociedad de la información, ha creado una ley para controlar cómo se realizan los servicios y contenidos de la sociedad
de la información.
Como han dicho anteriores portavoces, coincidimos con lo ya expresado en distintos foros de Internet y por determinados vocales del Consejo General del Poder Judicial, por abogados y por experimentados usuarios y empresarios de Internet.
Nos preocupa fundamentalmente la vinculación del control, no a los órganos judiciales correspondientes, sino a órganos administrativos, en una lógica política que este Gobierno está
adquiriendo con carácter general, y me estoy refiriendo a otro proyecto de ley que está en la Cámara, como es el del control de los fondos con actividades relacionadas con el terrorismo. La democracia, señora ministra, no es solo tener
mayorías suficientes para sacar proyectos de ley; la democracia es compartir determinados valores que están íntimamente ligados a la misma, y no se pueden adscribir a vías administrativas actuaciones que deben estar radicadas y residenciadas en
otros poderes del Estado. Eso no es democrático, señora ministra, ni aquí ni cuando se actúa contra el terrorismo.
Nos preocupa seriamente que no exista un solo artículo en la ley dedicado a las formas de incentivar la creación de servicios o la adecuación de los servicios actuales a los sistemas y tecnologías que proporcionan la informática e Internet.
Nos preocupa que se mantenga una ley con una absoluta inseguridad jurídica para los usuarios, dado que se desconoce cuáles son las consecuencias fiscales, los costos reales de obtener servicios a través de la red, y la independencia de que
disfrutará el promotor de los servicios y usuarios en la relación económica que afecta, por tanto, a la duración y calidad de los servicios.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), desde esta perspectiva, va a enmendar casi todos los artículos de este proyecto de ley, reclamando que se vuelva a lo expresado en los borradores que en junio del año 2001 circulaban por la red, que
provenían del propio ministerio. En nuestra opinión, aquellos borradores se ajustaban mucho más a los contenidos de la directiva europea que se trata de trasladar ahora.
Compartirá con nosotros, señora ministra, que en la situación que estamos, en la que todo tipo de parámetros indican que llevamos 12 años de retraso en relación a Europa en un momento en que está en juego la competitividad no sólo económica
sino incluso sociocultural, en un momento en que la Unión Europea ha puesto en marcha varias iniciativas para reducir distancias con relación a los Estados Unidos como objetivo prioritario y los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus
objetivos, encontrarnos con los ranking en que se encuentra el Estado español con relación a estas materias y los objetivos que ahora se plantean nos hace entender que no hay forma de cubrir este gap, esta distancia entre la situación en que nos
encontramos y los objetivos a los que habría que llegar.
En definitiva, señora presidenta, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) defiende una legislación que respete la directiva europea, que es auténticamente promotora de servicios de la sociedad de la información; una legislación que respete
los derechos individuales y colectivos; una legislación que establezca claramente cuál es la autoridad que debe decidir sobre los excesos en los contenidos transmitidos a través de la red; una legislación que promocione los servicios para el
ciudadano a través de los instrumentos informáticos que posee la sociedad de la información, porque para controlar la vida ciudadana, señora ministra, existe el Código Penal, en lo virtual y en lo no virtual, y otra serie de códigos que afectan a la
actividad económica, laboral y civil, y a ellos hay que remitirse. Realizar legislaciones específicas en esta materia se ha llamado toda la vida declarar estados de excepción y estos estados de excepción no están justificados ni siquiera en el
mundo virtual, y usted debe ser muy consciente de ello, señora ministra. Con este planteamiento, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) apoyará las enmiendas de devolución que se han presentado en el día de hoy y, por tanto, los textos alternativos
que tanto el Grupo Socialista como el Grupo Federal de Izquierda Unida han presentado en la Cámara.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad con texto alternativo, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora ministra, mi grupo parlamentario decidió presentar una enmienda con texto alternativo, entre otras cosas, porque creemos que es posible una trasposición adecuada de la Directiva 2031 al ordenamiento jurídico español.
Creemos que usted, señora ministra, su ministerio y el Gobierno han ido mucho más allá de los objetivos que la propia directiva pretendía cubrir y, desde luego, de la regulación de la sociedad de la información que esa directiva pretendía. Decimos
que han ido ustedes mucho más allá porque desde que empezaron a presentar los borradores de anteproyecto para que se pudieran conocer y se pudieran ir trabajando hasta ahora las modificaciones han sido de tal calibre que mi grupo parlamentario ha
llegado a la conclusión de que esto simplemente lo han hecho para que usted, hoy por la mañana, pueda subir aquí y decirnos que ha sido una ley muy participada, una ley en la que ha participado mucha gente y muy consensuada.
No vamos a poner en duda que, a lo mejor, en un principio podía ser así, pero hoy ya no lo es. Ni las asociaciones de internautas ni las asociaciones de comercio electrónico ni destacados juristas comparten el texto que ustedes han
presentado en esta Cámara y que estamos debatiendo aquí, que realmente es un proyecto de ley negativo que, en lugar de regular, lo que hace es sancionar y fundamentalmente controlar. Ustedes no pretenden regular, pretenden controlar y, desde luego,
las sanciones no tienen nada que ver con esa regulación y sí lo tienen, y mucho, con la recaudación que plantea y las necesidades económicas del propio Gobierno.
Las sanciones son totalmente desproporcionadas y el control inadmisible por parte de
nuestro grupo parlamentario
y, por lo oído aquí, por buena parte de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
Señoría, este texto no va a ayudar a un mejor desarrollo, a un desarrollo más rápido de la sociedad de la información. Plantean en su texto que no está sujeta a autorización previa la realización de determinadas autorizaciones
administrativas. Es verdad, en el texto así lo pone; pero son tantas las trabas que a lo largo del texto van poniendo tanto a los usuarios como a los ofertadores de servicios que al final casi sería preferible una autorización -bastante más clara-
para que pudieran tener esa seguridad jurídica que hoy todo el mundo dice no tener y que tampoco van a tener con esta ley. Plantean una constancia registral que va a ser una auténtica locura para determinados sectores y determinadas actuaciones
como pueden ser las promociones de cualquier tipo de actividad; en esa constancia registral hay que realizar tal cantidad de documentación que, en lugar de permitir que se utilice Internet para hacer promociones, van a obligar a que al final se
tengan que hacer las promociones tradicionales porque va a ser imposible hacerlo con la Ley de la sociedad de la información. Además van mucho más allá cuando, por mucho que digan aquí que no, plantean un recorte en la libertad de expresión y de
comunicación. Si uno de los beneficios que tiene Internet es precisamente la facilidad de acceso a la información de los usuarios, con independencia, y eso lo pongo entre comillas, de que hoy por hoy todo el mundo tenga facilidad de acceso a
Internet y tenga acceso a servidores y pueda tener información y comunicación, aún así, con el retraso que tiene nuestra sociedad, pretenden con esta ley que el sector de la sociedad que ya dispone de Internet y que tiene acceso al mismo vea
coartada su libertad de expresión y de comunicación. Si ya hemos vivido sin esta ley la persecución y el seguimiento de páginas web de aquellas organizaciones que no comparten la política que hace el Gobierno, con esta ley es muchísimo más grave.
Señorías, aunque ustedes dicen que no, mi grupo parlamentario cree, a pesar de no haber presentado ningún escrito en la Cámara, que se pueden estar regulando derechos fundamentales y por lo tanto tendría que ser una ley orgánica,
fundamentalmente en sus artículos 8, 11, 37.2 y 38.1, porque estamos hablando de comunicación, del derecho a la libertad de expresión y de la posibilidad que tiene la Administración competente -vocablos totalmente ambiguos en una ley- para poder
intervenir una página web y para poder plantear la suspensión temporal de estas páginas o, si quiere usted, el secuestro -como se hacía no hace tantos años, aunque esperemos que no se vuelva a repetir- de prensa que pueda no compartir en un momento
determinado los postulados del gobierno de turno.
Por tanto, señorías, creemos que tendría que ser una ley orgánica al menos en estos aspectos, por mucho que nos digan que no. Así, apoyaremos a quienes han presentado la necesidad de declarar
orgánicos algunos de los artículos de esta ley. Dicen que no afecta a la libertad de expresión. Nosotros creemos que sí. La Administración pública, no la de justicia sino la pública, no puede determinar si existe un presunto delito salvo que sean
los tribunales quienes actúen y abran una investigación. Por lo tanto han de ser estos los que han de determinar si existe o no un posible delito, que después habría que probar.
Este proyecto que ustedes nos presentan es un proyecto fundamentalmente intervencionista que nada tiene que ver con la directiva que hoy se pretende trasponer. Además, señoría, usted nos explicaba las regulaciones y podemos decirle que hay
determinadas materias que ya están reguladas a través del Código Civil o que se podrían haber solventado con una pequeña reforma del mismo o de la Ley de Comercio o de la Ley de contratos a distancia. No es verdad que no exista en nuestro país en
estos momentos legislación para poder dar cobertura legal a determinadas actuaciones a través de los servicios de la sociedad de la información y desde luego esta ley no está generando mayor seguridad jurídica ni para los usuarios ni para los
prestadores de servicios. Es más, ellos mismos dicen que es totalmente insegura y que les genera muchos más problemas y muchísimas más dificultades a la hora de funcionar.
Desde mi grupo parlamentario, señorías, simplemente planteamos una trasposición fiel, en la que precisamente hay apartados que ni incluso nosotros compartimos, pero hemos querido demostrarle, señora ministra, que es posible hacerlo dentro de
la norma que marca la Directiva y regulando el sector, no controlándolo, porque además -y eso se ha hecho también de forma bastante clara- creemos que lo mejor que se puede hacer para que se desarrollen estos sectores todavía incipientes en nuestro
país es fomentar desde la Administración no solamente su desarrollo sino también su autorregulación, que les va a permitir desarrollarse en mejores condiciones y desde luego, señora ministra, desarrollarse muchísimo más rápido, ya que ellos mismos
serán los que se pongan los límites dentro de la legalidad vigente, incluidas las páginas web, y tienen ustedes mecanismos suficientes para poder incidir en aquellas que puedan estar presumiblemente cometiendo un delito a través de nuestro propio
Código Penal.
Señorías, creemos que no es necesario ese control y esa intervención tan dura. Ustedes, que son los máximos defensores de la liberalización en todos los sentidos y de todos los sectores, parece ser que en el de la comunicación no tienen tan
clara esa liberalización y esa posibilidad de acceso y difusión de las ideas de aquellos que no piensen como ustedes, y por tanto creemos que es una mejor trasposición la que ha hecho mi grupo parlamentario.
Nos hemos planteado el régimen de sanciones como un régimen que vaya a sancionar los delitos o las
infracciones administrativas desde la perspectiva de la proporción al volumen de facturación de los distintos prestadores de servicios, porque creemos que es lo más justo, no solamente por el tipo de infracción que puedan cometer, sino por
el volumen de facturación que estos prestadores puedan tener, porque creemos que ahí es precisamente donde puede estar la prevención en la comisión de una infracción y no sólo y exclusivamente en una cantidad inmensa de dinero para determinados
sectores, que puede ser negativo y llevarles incluso a una situación de desaparición, y que para grandes multinacionales o grandes prestadores de servicios por mucha cuantía que se les ponga en la sanción seguramente significará un simple arañazo en
sus cuentas y no un real desequilibrio en su funcionamiento y posiblemente el cierre de la prestación del servicio que estén facilitando.
Esa es la intención que tiene nuestra enmienda de totalidad con texto alternativo, demostrarle, señora ministra, que desde un grupo de ocho diputados se puede hacer la trasposición de una Directiva bastante acorde con lo que la misma
plantea, con los objetivos que se marca, y desde luego desde una posición de respeto absoluto a la libertad de expresión, a las necesidades de los prestadores de servicios y a la regulación y autorregulación que estos deben de formar y configurar.
Estamos hablando de una ley de la sociedad de la información que según usted pretende promover, avanzar y desarrollar. No lo decimos solamente nosotros, además de los diputados y diputadas que me han precedido en el uso de la palabra lo dicen los
usuarios, lo dicen aquéllos con los que usted nos comentaba que había consensuado la ley. Esta ley no les permite un mejor desarrollo, ni les va a permitir avanzar, sino que les genera más inseguridad jurídica y desde luego ataca a sus derechos
fundamentales: el de la libertad de expresión y de comunicación, y el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, subo a esta tribuna para defender la enmienda de totalidad y el texto alternativo que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a la ley de
servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, que a su vez presentó el Gobierno en esta Cámara.
Una ley que como nos recordaba la señora ministra trata de trasponer a nuestro derecho interno dos directivas: la denominada
de comercio electrónico y una segunda que en este caso se traspone parcialmente y que se refiere a las acciones de cesación en materia de protección de derechos de los consumidores. Ambas pretenden, y lo recordaba aquí también la señora ministra
esta mañana, salvar algunas inseguridades jurídicas que existen en relación con el comercio electrónico, potenciar por tanto el comercio electrónico y con ello la sociedad de la información. No en vano estamos hablando de una parte de la sociedad
de la información, estamos hablando de la utilización de la red para hacer transacciones comerciales. Se pretende, por tanto, desarrollar también a través de esta ley la sociedad de la información en España. Por eso quizá no sea inconveniente,
sino al contrario preciso y necesario, que hagamos aquí un repaso siquiera somero, muy rápido, de cómo está la sociedad de la información en España, y naturalmente del balance de la política del Gobierno del Partido Popular en materia de desarrollo
de la sociedad de la información.
¿Cómo estamos? Estamos mal, muy mal podríamos llegar incluso a decir. Es verdad que si le preguntáramos al presidente del Gobierno nos diría que hay más internautas este año que el anterior, e incluso si está fino podría llegar a decir que
hay más internautas en España que en 1996. Y es cierto, hay que reconocer que es verdad. No es relevante. Lo relevante es cómo estamos en relación con los demás, y en este campo hay que decir que hemos consolidado un honroso penúltimo lugar en
materia de desarrollo de la sociedad de la información, utilicemos el indicador que utilicemos.
Por ejemplo, según los indicadores de Eurostat el número de hogares conectados en España es el 25 por ciento y la media europea es del 38 por ciento.
Estamos mal. Y usted sabe, señora ministra, que no se trata de llegar tarde, se trata de llegar en el pelotón de cabeza porque en este caso el que llega tarde sencillamente igual ya no llega. Y estamos mal, entre otras razones, porque su plan INFO
XXI ha sido una mezcla de fracasos e incumplimientos. Le voy a poner sólo dos ejemplos para no incidir demasiado en esta línea: el millón de españoles a los que usted iba a alfabetizar digitalmente que ha quedado en cero o los 14.000 profesionales
de las tecnologías de la información y de la comunicación de los que no hemos sabido nada. Son sólo dos ejemplos, podríamos seguir.
¿Y cómo estamos en comercio electrónico? Naturalmente, mal también. Es verdad que aquí el Gobierno puede respirar aliviado porque no somos los penúltimos sino los antepenúltimos, pero en conjunto mal. Nuestros internautas utilizan el
comercio electrónico mucho menos que los europeos, puesto que en Europa se hace por parte del 40 por ciento y aquí del 20 por ciento, y de nuestras empresas conectadas a Internet sólo utilizan el comercio electrónico el 9 por ciento, mientras que en
Europa este porcentaje está por encima del 23 por ciento. En resumen estamos mal, señora ministra, porque en política de telecomunicaciones estamos mal (una política errática donde se va y se
viene, con cambios y rectificaciones, eso sí a gran velocidad, se lo reconozco) y estamos mal porque en política científica y de innovación tecnológica también estamos mal. Todo ello forma un conjunto, tiene armonía y significa que su
ministerio, señora ministra (se lo he dicho en alguna ocasión, se lo digo hoy desde esta tribuna), ha sido un fiasco.
El otro día oí en un informativo de televisión que alguna lengua de doble filo de su grupo parlamentario decía que en la siguiente legislatura el Partido Popular iba a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
(Rumores.) Lo he oído, está
escrito y publicado, le aseguro que no me he inventado nada, incluso le puedo decir luego la cadena de televisión, y me parece que está bastante puesto en razón. (La señora Mato Adrover pronuncia palabras que no se perciben.) Créame, lo he oído en
un telediario, incluso me acuerdo que fue un domingo, luego le digo la cadena. Me parece que el comentario está bastante puesto en razón.
Simplemente le añadiré al Grupo Popular que no se preocupe, que lo vamos a hacer nosotros, no hay problema.
(Rumores.) Estamos mal, señora ministra, y por eso he hecho esta intervención para decirle que queremos una ley de comercio electrónico, que entendemos que es necesario, que es urgente que haya una ley de comercio electrónico, entre otras cosas para
ver si vamos salvando esta situación que acabo de describir. Queremos una ley. La Directiva tenía que haberse traspuesto en enero, llega tarde, pero queremos que la directiva se publique.
En este contexto que acabo de describir, lo relevante en este debate sería preguntarnos si esta ley que el Gobierno nos trae hoy a la Cámara va a potenciar el comercio electrónico o no, y la respuesta, señora ministra, es que no. Se ha
dicho ya aquí por muchos grupos parlamentarios, y no tengo más remedio que incidir. Es una ley efectivamente intervencionista; es una ley que lejos de estimular, lo que hace es poner trabas, poner inconvenientes, dificultar el trabajo de las
empresas y lo que es más importante dificultar la llegada de nuevas empresas. Es una ley, señora ministra, que siembra incertidumbres jurídicas sobre el elemento central del desarrollo de la red: la libertad de información y la libertad de
expresión. En ese sentido es una mala ley. Ya no es sólo, como decían las cámaras de Comercio, que había que haber hecho otras cosas en relación a los registros o a las firmas electrónicas, ya no es un problema de política de telecomunicaciones,
que también, de redes, de precios, de competencia, de ordenadores, de alfabetización digital, es que además usted trae aquí una ley de comercio electrónico que no va a impulsar el comercio electrónico. Es una ley que lejos de estimular, lo que va a
hacer es entorpecer y dificultar.
La segunda pregunta sería: si se trata de la trasposición de una buena Directiva, ¿por qué una buena directiva cuando se traspone al derecho interno acaba siendo una mala ley? Pues, señora ministra, porque ni el Gobierno aquí, ni usted nos
han traído una ley, nos ha traído dos leyes, una que es la trasposición de una Directiva, y otra que es una ley para regular la información en la red. Son dos leyes distintas. El problema es que regular la información en la red exige inventar
procedimientos, poner trabas como todo tipo de regulación. ¿Y sabe lo que pasa, señora ministra? Que esas trabas y esas dificultades que usted coloca en la ley para regular la información, para entendernos para controlar la información, acaban
dificultando el desarrollo del comercio electrónico que necesita justamente todo lo contrario. Ese es el problema, señora ministra. El Colegio de Ingenieros hizo un ejercicio que me parece enormemente interesante. Midió las palabras de la
Directiva y las palabras del texto de la ley del Gobierno español. La directiva tiene 5.000 y su ley 10.000. No me invento nada, es justamente el doble, dos leyes en lugar de una. Ese es el problema de fondo, una ley contamina a la otra. Si me
apura es algo más grave, la ley para controlar la información en la red acaba mandando, acaba venciendo sobre la ley de comercio electrónico, y estamos realmente mucho más ante una ley para controlar la información en la red, que ante una ley para
fomentar el comercio electrónico. Por cierto, usted lo sabe, la red es esencialmente información, toda ella esencialmente información de ahí que su pretensión resulte inútil y en algunos casos, como diré a continuación, peligrosa.
Ese es el
problema. A partir de este planteamiento se entiende que en su proyecto de ley haya trámites que no se exigen en ningún país de Europa, que en su proyecto de ley haya duplicidades de registros, que se establezca para los operadores
responsabilidades que no se piden en Europa. Se entiende que haya un sistema de sanciones absolutamente desproporcionado, más pensado en recaudar que en evitar. Se entiende todo eso porque es una ley preñada por otra que a usted le importa mucho
más, y es la que pretende controlar todo lo que se mueve en la red. Sólo por esto la ley merecería una enmienda a la totalidad, pero no quedan ahí las cosas. Es que además cuando usted se mete a regular la información, lo hace mal al menos por dos
razones. Se han mencionado las dos aquí y voy a insistir brevísimamente en ellas. La primera, porque a nuestro juicio es verdad que el carácter formal de los artículos que regulan la información en su proyecto de ley deberían tener carácter
orgánico, atendiendo a la reserva que el artículo 81.1 de la Constitución hace para el desarrollo de derechos fundamentales, y estamos evidentemente ante el desarrollo de derechos fundamentales, estamos ante el desarrollo de la información, de la
opinión en la red. Le voy a recordar a usted la literalidad del artículo 20 de la Constitución, en el que se reconocen y protegen la libertad de expresar y difundir libremente las ideas y opiniones mediante la palabra, los escritos o cualquier otro
medio de reproducción. Se establece el derecho a recibir y comunicar información veraz por cualquier medio de difusión, por
cualquiera, también por la red, y se recoge naturalmente que el ejercicio de estos derechos no puede someterse a censura previa. Todo eso está en el artículo 20 de la Constitución y todo eso exigiría, a nuestro juicio, darle carácter
orgánico y por tanto votación de totalidad, que es quizá lo que ustedes no quieren, sobre algunos artículos del proyecto de ley.
Pero el problema es mayor cuando nos referimos al apartado 5 del artículo 20 de la Constitución, en el que se establece
que el secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de información sólo podrá acordarse en virtud de una resolución judicial. Aquí su ley tiene una peligrosísima ambigüedad. En última instancia estamos hablando de cerrar un periódico en
la red, de quitar una opinión de la red, de suprimir algún tipo de dato de un registro o de un servicio; estamos hablando de suprimir información, y a nuestro juicio su ley patina en esto y patina peligrosísimamente.
Para referirse a este tema, usted habla de autoridad competente, de órgano competente, de autoridad competente en razón de la materia, de autoridad administrativa o de autoridad administrativa competente; todos esos términos están en su ley
para referirse a lo mismo: a quién está capacitado para cerrar una página en Internet. La ambigüedad llega a ser enormemente peligrosa cuando usted habla de los procedimientos excepcionales, es decir de los procedimientos provisionales por los
cuales -y aquí sí lo dice con claridad el texto- la autoridad administrativa puede llegar a intervenir sin ni siquiera haber iniciado la incoación del expediente. Para que queden las cosas claras, señora ministro, a juicio del Grupo Parlamentario
Socialista, la capacidad de intervenir sobre le opinión y la información en la red -fíjese bien que le digo la opinión y la información en la red, no estoy hablando de las transacciones económicas- esa capacidad para intervenir de acuerdo con
nuestra Constitución sólo corresponde a la autoridad judicial, y eso tiene que quedar extraordinariamente claro.
A continuación digo que nadie se llame a engañó; no puede haber interpretaciones malévolas -o no quiero que las haya- según las cuales alguien pueda decir que mi grupo parlamentario no está por luchar contra los delitos en la red fuera del
ámbito estrictamente económico. No, en absoluto, todo lo contrario; lo que pasa es que queremos que se haga con la Constitución y las leyes en la mano. ¿Que en una página de Internet aparecen informaciones que atentan a la dignidad de las
personas? Que actúen la policía y los jueces, y se cierre la página. ¿Que algún desaprensivo, algún delincuente o algún miserable comercia en la red con prostitución infantil? Que actúen los jueces, y manden a los responsables a la cárcel. Pero
todo eso, señora ministra, tiene que hacerse respetando la Constitución y las leyes. Dicho de otra manera, para que nos entendamos usted y yo -el Grupo Popular y el Grupo Socialista-, no queremos que bajo el pretexto de intervenir contra delitos en
la red que hay que perseguir, la autoridad administrativa -léase, el Ministerio de Ciencia y Tecnología- pueda cerrar una página web simplemente porque haya opiniones o informaciones que no le gustan al Gobierno; eso es lo que no queremos, y eso en
el texto, señora ministra, no queda claro.
Somos conscientes de que es una ley urgente, y somos sensibles a que los sectores que trabajan en el comercio electrónico quieren que exista una ley. Por eso frente a las dos posibilidades que teníamos, la de hacer una enmienda a la
totalidad con rechazo del texto sin más, o la misma enmienda haciendo un texto alternativo hemos elegido hacer lo segundo porque nos parece que es contribuir a resolver el problema de manera más eficaz. Hemos hecho un texto alternativo; texto
alternativo que a tenor de lo que vengo diciendo ya se pueden imaginar que no es sino la pura reproducción de la Directiva; en definitiva una ley de comercio electrónico, una verdadera trasposición de una directiva que nos parece esencialmente
buena. En nuestro texto alternativo restringimos el ámbito de aplicación de la ley respecto al del suyo; por ejemplo, nuestro texto no se aplicaría a las páginas web ni a los servicios de transferencia de ficheros. En la misma lógica se inscribe
que reforcemos la seguridad jurídica de las transacciones, limitando el papel de la autoridad administrativa a aquellas cosas que legalmente tiene encomendadas y reforzando por tanto el de la autoridad judicial; que adaptemos el régimen de
responsabilidad de los prestadores a lo que dice la Directiva al derecho comunitario, sin perjuicio, por supuesto, de los usuarios; que armonicemos el régimen sancionador con el que existe en Europa; y finalmente que simplifiquemos algunas
cuestiones que el Gobierno introduce a nuestro juicio innecesariamente en el proyecto de ley y que van a entorpecer el desarrollo del comercio electrónico, llegando en algunos casos incluso a suprimir obligaciones adicionales que a nuestro modo de
ver no son necesarias.
Termino ya, señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, y lo quiero hacer mencionando algunos ejemplos que son infinitamente más valiosos que muchos de los argumentos que pueda exponer yo aquí. Supongo que muchos de
ustedes habrán recibido estos días correos electrónicos de muchos internautas preocupados por la tramitación de este texto de ley. Yo he recibido uno que me llamó la atención, y que me plantea algunas preguntas que me voy a permitir referir a
ustedes esta mañana, porque la pregunta -y sobre todo la respuesta- dice mucho más de su proyecto de ley que todo lo que acabo de mencionar. El ciudadano que se preocupa por el texto que vamos a emplear, me pregunta: Si ustedes aprueban la ley -la
ley en los términos que usted la manda-, ¿se convertirá en ilegal por el mero hecho de tener un banner publicitario la página web que mantenemos mis hermanos y yo? La respuesta es: sí, casi con toda seguridad.
Añade a continuación: ¿Y nos pueden multar si no la registramos y cumplimos todos los trámites necesarios? Una vez más tengo que contestarle que sí, que le pueden multar. Y añade: ¿Es verdad que esa multa puede llegar a muchos millones
de pesetas. Ahí podríamos matizar: algunos millones de pesetas -lo de los euros a veces conduce a esos errores-; multipliquen por 160 y verán cómo salen millones. Y añade el internauta: ¿Sin que se haga un juicio, siquiera pequeñito, antes de
condenarnos? La respuesta es: sí, puede suceder eso. Y dice a continuación: ¿Si desde nuestra página web convocamos una manifestación, por ejemplo, para pedir más viviendas sociales, nos pueden censurar o cerrar la página? Sí, también se puede
hacer, señora ministra. Y dice una cosa más: ¿La empresa que aloja nuestra web puede cerrarla sin más porque considere que incumple la LSSI? También, señora ministra, todo esto se puede hacer. Así podríamos seguir. Acaba haciendo una pregunta
que no me corresponde responder a mí: ¿Por qué el proyecto establece este concepto de prestador de servicios de la sociedad de la información tan amplio que todo el mundo ha rechazado? Es una excelente pregunta para usted, señora ministra; yo no
lo entiendo si no es por el afán de controlar la red.
Termino ya reclamando el voto para nuestra propuesta, anunciando nuestra predisposición favorable y nuestro voto favorable a las enmiendas de devolución, también a la enmienda de texto alternativo de Izquierda Unida y diciendo que ¡ojalá! se
apruebe nuestro texto. Si no se aprueba, me gustaría que a lo largo de la tramitación parlamentaria pudiéramos acercar posiciones. Me gustaría, en resumen, que podamos convertir la ley de servicios de sociedad de la información y comercio
electrónico en una ley de comercio electrónico pura y sencillamente. Creo que haríamos un gran servicio a la libertad de expresión, y por supuesto al desarrollo del comercio electrónico en España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Pérez Rubalcaba.
¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere destacar la oportunidad en el tiempo, en la forma y en el fondo y la necesidad que tienen en España los sectores operadores en toda la red de Internet de disponer de un documento extenso de protección jurídica suficiente que
dé por un lado seguridad jurídica, garantías jurídicas a todos los intervinientes: operador inicial, soporte, usuario o cualquiera de las distintas instituciones o entidades.
En primer lugar nos encontramos con la obligación de legislar por el bien común sobre una nueva faceta: la globalización de la tecnología de las comunicaciones a través de Internet como un servicio público generalista, que gracias a los
avances tecnológicos es más dinámico, para que cada semestre que se hace una evaluación de los sistemas de banda ancha, de nuevas autopistas de la información para trabajar con el menor tiempo posible de demora en la red, y que al mismo tiempo dé
seguridad jurídica a quienes tengan que utilizar la red bien ofertando, bien recibiendo o bien demandando. En España nos encontramos también con que dentro de los compromisos que tenemos como miembro de la Unión Europea, es necesario ir
incorporando a nuestro acervo legislativo el acervo común que nos tiene que venir de la Unión Europea; no hay más remedio que disponer de la legislación pertinente actualizada y esto tiene que ser -como se dice en el inicio de la exposición de
motivos del proyecto de ley que nos ocupa- recogiendo la directiva 2000/31, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información y en particular el comercio electrónico en
el mercado interior, Directiva, por tanto, sobre el comercio electrónico.
La dinámica, la demanda que actualmente ha adquirido el comercio electrónico a nivel nacional, a nivel mundial, con las distintas operaciones comerciales que afectan a todo el territorio, incluido Canarias con sus peculiaridades fiscales,
junto a las competencias que la Administración como órgano de tutela reguladora debe atribuirse, hacen que este proyecto sea necesario, porque lo demandan las circunstancias del sector y la obligación de incorporar a nuestra legislación positiva la
citada Directiva de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo.
Nosotros vamos a apoyar que este proyecto pueda tramitarse en debida forma. Vamos a votar en contra de las enmiendas que se han presentado, respetando, porque coincidimos, muchos de los principios contenidos en las denuncias realizadas,
porque entendemos que esta legislación es necesaria, que tiene una parte positiva. Igual que el sector Internet está demandando a la innovación tecnológica una banda lo más ancha posible que permita una mayor rapidez en las autopistas de la
información, también nosotros demandamos una mayor rapidez en el proceso legislativo.
Mi grupo anuncia que va a presentar una amplia batería de enmiendas a aspectos concretos del proyecto de ley que creemos no están recogidos en la Directiva de la Unión Europea -no tenían por qué estarlo- pero que debe tener en cuenta la
Administración española competente para salvaguardar cuestiones que nuestro grupo parlamentario considera que están en la Constitución española, en leyes que desarrollan derechos fundamentales, como la intimidad o la reserva del
secreto. Vamos a intentar, digamos, hacer una poda en aquellos aspectos que pudieran considerarse excesivamente intervencionistas, más propios de la censura sobre un medio de comunicación que de una sociedad de libertades, que como factor
fundamental de nuestra Constitución quiere defender mi grupo.
Entendemos que esto se puede corregir y hemos visto esa voluntad en las palabras de la ministra de Ciencia y Tecnología, señora Birulés. Esto nos da la garantía de que vamos a poder contribuir de manera positiva, en el sentido de
perfeccionamiento, a un importantísimo texto legal. La sociedad española en su conjunto no puede estar desprovista de un instrumento legal tan demandado, sería quedarnos no sólo en una situación obsoleta con relación a otros países, sino quedarnos
en una situación de indefensión, de atraso legislativo vinculado al avance tecnológico, y en una situación de inseguridad jurídica para todos los sectores afectados.
Tanto derecho tiene un sector a demandar sus derechos privados como la
Administración a exigir sus derechos públicos, puesto que la Administración está obligada por las leyes comunes a tutelar las competencias pertinentes de manera clara y convincente para el común de los ciudadanos.
Por esas razones, señora presidenta, reitero el anuncio de que nos vamos a oponer a la devolución de este proyecto al Gobierno y a las enmiendas formuladas en contra del mismo y que iremos trabajando en los trámites de Ponencia, Comisión y
Pleno en el perfeccionamiento de este interesante e imprescindible proyecto de ley.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señora ministra de Ciencia y Tecnología, señorías, abordamos hoy en este Pleno el debate de totalidad de un proyecto de ley importante, de un proyecto de ley -y coincido con la señora ministra- que
tiene un valor simbólico, porque estamos legislando sobre los servicios de la sociedad de la información, un ámbito normativo reciente en algunos aspectos, y sobre el comercio electrónico en particular. Por tanto, reconozco al ministerio ese valor
emblemático que la ministra exponía en su primera intervención al defender el proyecto de ley que hoy se somete a este debate de totalidad.
Es un debate, señora ministra, que llega con cierto retraso. Recuerde que ya hace casi un año que este diputado, en nombre de Convergència i Unió, le dirigió una pregunta oral en este mismo Pleno que decía lo siguiente: ¿Para cuándo ese
proyecto de ley? Usted respondía: antes de que finalice el período de sesiones. Le recuerdo que era el 30 de junio de 2001 y estamos ya en abril de 2002. Se ha producido un retraso en la tramitación, pero quizá obedezca a un aspecto que mi grupo
quisiera valorar positivamente, y es que su ministerio haya decidido situar los distintos borradores de proyecto de ley en las páginas web del ministerio para que puedan ser objeto de conocimiento público y para que se puedan hacer aportaciones.
Creo que esto es positivo. Esta iniciativa que ha tenido el ministerio de abrir el proyecto a ese proceso de público contraste antes de presentarlo al Congreso de los Diputado es positiva.
Ha habido diversos consensos fuera de este Parlamento,
pero mi grupo parlamentario, Convergència i Unió, le pide que a partir de ahora este proyecto sea fruto de mayor consenso en el Parlamento. Valoro positivamente el proceso público, pero a partir de ahora, a partir de este debate, donde tantas
inquietudes se manifiestan por distintos grupos parlamentarios, mi grupo le pide que en el trámite de ponencia y en el trámite de Comisión logremos una mayor anuencia final y que este Parlamento sirva para mejorar el texto que presenta su
ministerio.
Mi grupo anuncia un conjunto de enmiendas al articulado que van a tener como finalidad primordial intentar aunar posiciones, intentar buscar puntos de encuentro entre todos, porque sería bueno para la sociedad en su conjunto que al final de
este Parlamento saliera una ley con mayores apoyos, una ley que diera esa seguridad que la propia ministra nos exponía esta mañana. Decía la señora ministra que este es un proyecto necesario y adecuado. Yo coincido en la necesidad, lo hacían
también otros portavoces. Incluso coincido con el planteamiento de aquellos que piden un texto alternativo y no una mera devolución, porque coincidimos muchos aquí en que es necesario regular los aspectos de comercio electrónico, tal y como nos
exige la directiva comunitaria, directiva que ya estamos incluso incumpliendo desde hace unos meses. Coincidimos en la necesidad de la regulación, pero usted añade que es adecuado. ¿Y es adecuado el contenido? En algunos aspectos, no. Algunos
aspectos deberemos modificarlos sustancialmente en ponencia y en Comisión para evitar que se den interpretaciones, que yo me permito afirmar que usted no comparte, de que el proyecto conlleve algunas de las afirmaciones que hoy se han dicho aquí.
Estoy convencido de que ni el Gobierno ni el Grupo Popular comparten algunas de las afirmaciones que pudieran derivarse del proyecto, por lo que debemos perfilar mejor la redacción para que al final todos podamos coincidir en disipar esas dudas. Un
ejemplo muy claro lo tenemos en el artículo 8, que puede conllevar en algún aspecto alguna contradicción con el propio texto constitucional, con el artículo 20 de la Constitución, o con el artículo 40. Por ejemplo, cuando se trate de publicaciones,
grabaciones y otros medios de información, sólo una autoridad judicial puede interrumpir la prestación de un servicio o retirar los
datos que atenten a determinados principios que se regulan en ese artículo 8. Con la redacción del proyecto podría interpretarse que en este ámbito es también una autoridad administrativa y debemos dejarlo claro. Estoy convencido de que
usted, su Gobierno, el Grupo Popular, también tienen la plena voluntad de respetar la Constitución y, por tanto, llegaremos, vía enmiendas, a una mayor claridad en la exposición de estos aspectos.
Debimos aportar esta mayor claridad en la
exposición de determinados aspectos.
Otro ejemplo. En el artículo 15, cuando se regula la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, se dice que para exigir la responsabilidad del prestador de un servicio de intermediación ante la información que tiene
almacenada debe haber una evidencia a través de una comunicación fehaciente por resolución motivada de que conocía la irregularidad, la ilegalidad de aquella información que almacenaba.
Porque si no, ¿cómo podemos exigirles esa responsabilidad? Si
lo hacemos así paralizaremos el desarrollo de la sociedad de la información en lugar de impulsarlo. Debemos aclararlo, debemos aportar -coincido con usted- esas garantías, pero debemos también aportar esa redacción que no facilite interpretaciones
que ni el Gobierno ni los grupos de esta Cámara desean.
Igualmente sucede con el artículo 16. Según qué interpretación se dé al artículo 16, podríamos asustar a la ciudadanía, y no lo pretende el proyecto; pero la interpretación que se le diera, podría, de tal forma, asustar al conjunto de
usuarios que evitáramos los links, porque no siempre se tiene esa certeza de qué es aquello a lo que se me conecta cuando estoy haciendo un link. Por tanto, debemos, repito -y es voluntad de mi grupo parlamentario-, contribuir, y por ello no hemos
presentado enmienda a la totalidad. Haremos un amplio conjunto de enmiendas al articulado, con el objetivo de adecuar plenamente el proyecto a la Constitución. Todos estaremos de acuerdo. Si hay algún aspecto que genere dudas, debemos aportar
confianza, y ese es el mensaje de mi grupo parlamentario, confianza que también le pedirá en el ámbito de las sanciones. Lo decía el señor Pérez Rubalcaba hace unos momentos y lo han dicho también otros portavoces, y yo creo que hay un punto de
coincidencia con el Grupo Parlamentario Popular, que la expresión de la regulación de las sanciones, tal y como viene en el proyecto, puede llevar a que nadie las desea, por su magnitud desmesurada que, al final, conlleva a un freno de ese
desarrollo de la sociedad de la información.
Tenemos que realizar un esfuerzo para llegar a una enumeración de las sanciones que sea correcta, que dé respuesta a aquello que nadie quiere, pero que evite lo que pueda ser una redacción con poca
flexibilidad y que, al final, nos lleve a un resultado no querido.
Señora ministra, señorías, hay otro aspecto que para nuestro grupo es importante. Algunos portavoces, por ejemplo el del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), denunciaba una cierta vis expansiva en lo que es la redacción de este proyecto de
ley. Esa vis expansiva conlleva que, al final, la regulación global del proyecto pueda conculcar el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Mi grupo ya le anuncia, señora ministra, la presentación de un conjunto de enmiendas para
preservar ese ámbito competencial. Se hace una afirmación de principio de que el Estado tiene competencias. Tiene competencias, pero las tiene sin perjuicio de las que tienen también en ámbitos colaterales las comunidades autónomas; comunidades
autónomas que sabe la señora ministra que tienen competencias en comercio interior y en protección de los consumidores y usuarios, en medios de comunicación social, en ámbitos conexos a este proyecto de ley.
Igual que usted nos afirmaba en su
intervención que el proyecto no pone ni quita competencias, que al final sea así, que ninguna comunidad autónoma pueda ver conculcadas sus competencias por la aplicación o desarrollo de este proyecto de ley, y dejemos también a estas comunidades que
tengan el ámbito de desarrollo que les corresponda de acuerdo, repito, con sus competencias en este ámbito.
Quizá debiéramos definir con mayor claridad lo que se entiende por órgano competente. El órgano competente, evidentemente, es la Administración general del Estado, también las administraciones autonómicas, también las entidades locales y
sus respectivos organismos o entes públicos dependientes cuando actúen en el ejercicio de competencias que tengan legalmente atribuidas. Esto deberemos perfilarlo en la redacción del proyecto de ley.
Voy a terminar, señora presidenta, señorías, diciendo que no podemos hacer una ley de censura. Esta ley no puede ser vendida a la sociedad como una ley que conlleve una censura de contenidos, porque estoy convencido que nadie pretende que
lo sea. Este es un compromiso que todos los ponentes nos tenemos que aplicar desde el primer día: pulir las redacciones para que de la ley nunca se pueda decir que se conculca, con su aplicación, un prinicipo constitucional de libertad de
expresión, como el que nos reconoce con amplitud el artículo 20 de nuestra Constitución.
Por último, quisiera recalcar que también deberemos precisar bien el ámbito de aplicación. Debemos precisar exactamente qué son servicios de la sociedad de la información. Hay determinados servicios como, por ejemplo, el alojamiento de
datos, aplicaciones o servicios facilitados por el destinatario del servicio y alojamiento, el ofrecimiento de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos, la transmisión de información a través de una red de telecomunicaciones,
etcétera, que son de intermediación, pero no son servicios de la sociedad de la información, y esto después tiene consecuencias para los titulares de esos servicios en la aplicación del proyecto.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Jané, le ruego que concluya.
El señor JANÉ I GUASCH: Termino ya, señora presidenta, reafirmando que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) acude a este debate con el ánimo positivo de intentar mejorar el proyecto de ley en el trámite de ponencia y
Comisión a través de una serie de enmiendas. Es un proyecto de ley necesario que -estoy convencido- la sociedad nos reclama y que la propia directiva europea nos exige; pero el consenso que una ley de estas características exige requerirá que en
ese trámite de ponencia y Comisión todos los grupos hagamos el esfuerzo y tengamos la voluntad de mejorar y perfeccionar el texto del proyecto de ley. Eso, sin duda, redundará en el desarrollo del comercio electrónico y permitirá afianzar en su
conjunto la sociedad de la información.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, para fijar su posición, la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición sobre el proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Este proyecto proviene de una directiva cuyo nombre no iba a mencionar, pero creo que nos viene bien hacerlo
a efectos del debate porque en el propio título de la directiva incorpora algo más que comercio electrónico, como son los aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información. Con eso me evito tener que dar algunas razones al
respecto de que haya un proyecto de ley que regule sólo el comercio electrónico.
Señorías, en pocas ocasiones subiré a esta tribuna con más satisfacción que en el día de hoy. En primer lugar porque nadie puede discutir -nadie lo ha hecho- la necesidad y la oportunidad de este proyecto de ley. En algunas otras reformas
o en otros proyectos del Gobierno polemizábamos sobre su necesidad o no, pero en este caso resulta evidente y unánime que este proyecto responde a la urgencia de la sociedad española por recuperar el tiempo perdido y, sobre todo, por conseguir la
convergencia real en materia de la sociedad del conocimiento. En segundo lugar, en mi grupo estamos satisfechos porque no sólo hay que hablar de Europa, sino que todos tenemos una obligación a la hora de la construcción europea.
Con este proyecto
hacemos Europa, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico una directiva, haciéndolo sin mimetismo y añadiendo las cuestiones que son propias de nuestro ordenamiento constitucional específico, lo que nos permitirá aumentar -como decía la señora
ministra- nuestro potencial de crecimiento económico, nuestra competitividad y nuestro desarrollo empresarial; todo ello ofreciendo al conjunto de los ciudadanos oportunidades para la mejora de su calidad de vida y su bienestar. En tercer lugar,
sentimos satisfacción porque el Gobierno del Partido Popular vuelve a dar un nítido ejemplo de lo que es el diálogo social. Oír, analizar propuestas, recibir opiniones es lo que hace nuestro Gobierno y muy especialmente con este proyecto de ley.
Hay quien cree -y se equivoca- que el diálogo social es exclusivo de los sindicatos o de los empresarios. No es así, señorías. El diálogo social es, como indica su denominación, el diálogo con la sociedad y con el conjunto de las organizaciones
que defienden los intereses o incluso las aficiones de la sociedad.
Se ha criticado esta mañana que este texto ha sufrido múltiples versiones.
Me sorprende esa crítica porque, lejos de desagradarme, me agrada mucho que este proyecto se haya modificado porque probablemente ha sido y es el más participativo
que se recuerde en nuestra historia parlamentaria.
Señorías, tan avanzado es este proyecto que precisamente ha usado ya las nuevas tecnologías a la hora de su elaboración. Como decía el señor Pérez Rubalcaba, muchas veces los ciudadanos nos
preguntan que les concretemos para qué vale la sociedad de la información. Pues bien, hoy podemos afirmar que las nuevas tecnologías sirven también para recibir opiniones que nos ayudan a elaborar buenos proyectos legislativos. En el año 2001 se
colgó el borrador del proyecto en Internet y se han recibido en esta etapa ni más ni menos que 32.800 accesos, más de 40.000 consultas y más de 5.600 personas son las que han descargado el proyecto en formato comprimido para su estudio y análisis.
Ya nos gustaría a todos que cualquier iniciativa legislativa que estudie este Parlamento tuviera este amplísimo periodo de consulta y, sobre todo, la respuesta que ha tenido esta invitación.
Señorías, el resultado final del diálogo social, que es importante, es un texto articulado que estamos debatiendo en el día de hoy, que goza, a pesar de algún grupo parlamentario, de un amplísimo respaldo, en particular de los consumidores y
de los usuarios. Por ejemplo, la asociación de internautas, la asociación de usuarios de Internet, la asociación de usuarios de la comunicación, la Federación de Usuarios y Consumidores, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, entre otros.
Hago mención a estas asociaciones porque muchas veces el Grupo Socialista y algún otro grupo de esta Cámara nos las ha puesto de ejemplo de lo que pedían al Gobierno que se hiciera. Pues bien, en esta ocasión todo este grupo de asociaciones, que
creo son representativas del sector y ningún grupo parlamentario considerará lo contrario, han expresado su respaldo a este proyecto, lo han valorado positivamente y han puesto de manifiesto la importancia de la distinción que hace el proyecto de
las actividades comerciales, señor Pérez Rubalcaba, de las que no lo son y, sobre todo, desde el respeto escrupuloso a los derechos
fundamentales y muy especialmente los de la libertad de información, expresión y opinión. Por tanto, las alusiones que se hacen relativas a falta de receptividad del Gobierno, a falta de escucha y de incorporación de cuestiones que son
importantes y a las modificaciones que se han producido en el proyecto de ley desde el borrador quedan absolutamente desmentidas por la posición de las asociaciones más representativas de los sectores vinculados al comercio electrónico y a la
sociedad de la información.
Como decía al principio, ante este panorama no les oculto que siento alguna decepción. Nos sentimos decepcionados porque un proyecto con tantos niveles de acuerdo social se vea sometido hoy, legítimamente por supuesto, a cuatro enmiendas de
totalidad por parte de los grupos Socialista, PNV, Izquierda Unida y Mixto.
Dicho todo esto, no le extrañará a nadie que nuestro grupo fije posición contraria a las enmiendas de totalidad que se han presentado en esta Cámara. En algunas de esas enmiendas se acusa al Gobierno de intervencionismo. Estoy fijando
posición sobre las enmiendas, como corresponde a la petición de palabra que ha hecho mi grupo parlamentario.
Curiosamente los que nos acusan de intervencionismo son los que más lo han practicado cuando han tenido responsabilidades de gobierno y los
que tienen una visión de la sociedad permanentemente intervenida desde los poderes públicos. Quiero rechazar tajantemente esta acusación poniendo de manifiesto que una cosa es intervencionismo y otra muy distinta introducir en la ley derechos y
obligaciones consustanciales a nuestra Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico, a los que no tiene por qué referirse la directiva europea, y que tiene como objetivo dotar de garantías a los ciudadanos ante determinados servicios y
suministros. A nadie se le puede ocurrir que la utilización de un soporte electrónico pueda reducir las garantías que los poderes públicos conceden en la actualidad a los ciudadanos en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.
Quiero recordar que
la mayoría de las obligaciones que se imponen en este proyecto de ley a los prestadores de servicios son proporcionar información sobre su identidad, establecimiento y actividad y no me negarán que eso, lejos de suponer un amenaza para la
supervivencia de la iniciativa privada en Internet, es una amenaza para las actividades delictivas que se realizan al amparo del anonimato en la red, sobre todo pueden favorecer la utilización de los servicios de la sociedad de la información ya que
se mejorará la confianza de los usuarios en este medio.
Algunos enmendantes plantean como argumento de sus enmiendas que se rebasa el marco de la directiva europea, pero eso es perfectamente legítimo, es una práctica habitual y muy común en la mayoría de los Parlamentos europeos y, si no fuera
así, bastaría con que los parlamentos nacionales aprobáramos la fotocopia de la directivas comunitarias.
El Grupo Socialista presenta un texto que coincide, casi en su totalidad -al igual que el presentado por Izquierda Unida, aunque no en su contenido- con el texto del Gobierno. Por eso no nos parece adecuado el texto que, sobre todo, pone de
manifiesto la carencia de fundamento de la enmienda de totalidad. En nuestra opinión, hubiera sido más correcto -y lo digo también por la enmienda de Izquierda Unida- haber hecho un ejercicio constructivo de diálogo en la ponencia y en la Comisión
que intentar descalificar el proyecto en su conjunto, lo que está en la intención de los grupos enmendantes.
La supresión de 6 artículos y una disposición transitoria no justifica la presentación de una enmienda a la totalidad cuando se coincide en la estructura, en los principios y, básicamente, en los contenidos, salvo si lo que se pretende es
eludir el debate nacional y que los parlamentos nacionales, como decía antes, señor Pérez Rubalcaba, seamos meras fotocopiadoras de las decisiones europeas.
Es perfectamente legítimo intentar mejorar las directivas comunitarias siempre que seamos escrupulosamente respetuosos con las mismas. Tengo que rechazar algunas acusaciones malintencionadas y sin ningún tipo de fundamento que acusan al
Gobierno de pretender coartar el derecho de libertad de expresión en la red con esta ley. Es justamente lo contrario.
Por cierto, algún grupo parlamentario que esta mañana se ha llenado la boca al hablar de la libertad de expresión debería
utilizar esas mismas expresiones cuando habla en otro territorio de España, muy querido por todos nosotros, donde la libertad de expresión y otras libertades, todavía hoy, desgraciadamente, no están garantizadas. Como decía, lo que hace el proyecto
es recordar la necesidad de establecer la libertad como termómetro de nuestra democracia y de proteger de forma expresa los derechos individuales sagrados en todos los países que viven en libertad.
En algunas enmiendas se intenta trasladar dudas
jurídicas acerca del carácter orgánico de algunos artículos de esta ley.
Pues bien, resulta curioso observar cómo algunos que siempre fueron ejemplo de rebajar a rango reglamentario lo que debía ser regulado por ley busquen en el carácter orgánico un elemento de confrontación. Lo diré más claro. En cualquier
proyecto de ley que se discute en esta Cámara es obligatorio estudiar si hay preceptos orgánicos o no. Eso es una obligación diaria, pero no es un motivo para presentar una enmienda de totalidad. Más grave, señorías, es pretender decir que el
artículo 8 es confuso y ambiguo o que se introduce en el proceloso terreno del condicionamiento de la difusión de pensamiento u omisión. Este artículo se limita a recordar lo evidente, que por la red no deben circular datos que infrinjan la ley,
que ofendan la dignidad, que produzcan discriminación racial de opinión o de otro orden o que produzca perjuicios a la infancia o a la juventud. Esto es importante porque nadie en esta
Cámara querrá decir que los contenidos que pasan por la red o las actividades que se realizan a través de los mecanismos tecnológicos existentes no tienen por qué cumplir el ordenamiento jurídico. Si vulneran los principios, serán las
autoridades competentes, en su caso, según la naturaleza del dato, las que ejercerán las medidas legalmente previstas para este medio de transmisión. ¿Podría regularse con más detalle? Sin duda, podría regularse cada dato, medida y la autoridad
competente para cada uno, pero ni es preciso ni técnicamente razonable.
El proyecto se limita a una pura remisión, sin añadir o modificar nada a las funciones ya atribuidas a cada responsable público en la legislación vigente. Decir que esta
remisión que se hace en la ley afecta a la libertad de expresión es una manipulación políticamente intencionada de los principios jurídicos, cosa que también ha puesto de manifiesto el Consejo General del Poder Judicial.
No voy a tener mucho tiempo para seguir comentando datos de las enmiendas, porque tampoco es el papel que tengo en el día de hoy, sino que simplemente intervengo para fijar posición sobre la misma, pero sí es verdad que tendremos la
oportunidad de hacerlo, porque, en esta ocasión, mi grupo está especialmente satisfecho porque la mayoría de los ciudadanos está con esta ley. En el día de hoy hemos debatido un proyecto y hemos vuelto a oir algunas cuestiones de las que ya estamos
cansados, pero que seguiremos soportando con buena cara y estoicismo.
Señor Pérez Rubalcaba, con el permiso de la presidencia le voy a dar algunos datos, porque usted ya se ha puesto la venda antes de la herida, y dice: ahora vendrá el portavoz de turno del Partido Popular y me dará datos. Pero es que,
aunque ustedes no crean en los datos, no crean en el CIS, no crean en el IPC y no crean en la EPA, éstos son importantes. Los datos son que en febrero de 1996 el 0,7 de la población eran 240.000 usuarios de Internet y en febrero de 2002 el 22,2 por
ciento, 7.700.000.
En cuanto a móviles, en el año 1996 había aproximadamente un millón y hoy hay 30 millones, el 75 por ciento de la población. Es verdad que es un dato que está muy retrasado con respecto a Europa...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Mato, le ruego vaya concluyendo.
La señora MATO ADROVER: Termino en seguida, señora presidenta.
Es verdad que es un dato retrasado, señorías, pero también es verdad que es así porque España sufre el retraso de muchísimo tiempo.
En el día de hoy hemos oído también criticar la existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La señora ministra sabe muy bien que nuestro partido no es el Partido Socialista -por tanto, puede estar tranquila- y que ha sido el señor
Rodríguez Zapatero el que, carente de toda credibilidad, ha llegado a plantear si existe o no Ministerio de Ciencia y Tecnología. Probablemente esa pregunta denota el conocimiento que tiene de la actividad pública y del trabajo que se realiza en
este Parlamento, probablemente también porque los árboles le impiden ver el bosque y los problemas internos le tapan lo que es la realidad social. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Mato, concluya ya.
La señora MATO ADROVER: Termino ya, señora presidente.
Señorías, le guste o no le guste al Partido Socialista, España hoy día está gobernada en el acercamiento a los países de nuestro entorno en materia de nueva tecnología, este Gobierno ha dado prioridad política y presupuestaria a las nuevas
tecnologías y es el que ha creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Vamos a iniciar la votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. En primer lugar, sometemos a
votación, de manera conjunta, las siete enmiendas de devolución que han sido planteadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 108; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 108; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, sometemos a votación la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 110; en contra, 172.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS. (Número de expediente 121/00070.)
La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley por la que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
A este proyecto ha sido presentada una enmienda a la totalidad, de devolución, por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor vicepresidente primero y ministro del Interior. (Rumores.)
Señorías, ruego a quienes lo vayan a hacer que abandonen el hemiciclo con diligencia, al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, comparezco ante el Pleno de la Cámara para informarles acerca del proyecto de ley por el que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados,
que acaba de ser aprobado por el Gobierno y que hoy se somete a debate de totalidad en esta Cámara comenzando su tramitación parlamentaria, en la que espero se alcance un importante nivel de acuerdo y consenso entre los grupos. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor vicepresidente.
Señorías, estamos en debate. Les ruego que guarden silencio o abandonen el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Como ustedes saben, el vigente Código Penal establece en su artículo 374, en materia de comiso por delitos de tráfico ilícito de drogas, que los bienes decomisados deben ser adjudicados al Estado, aunque no establece unas finalidades
concretas para los mismos ni tampoco otros aspectos relevantes, como son los relacionados con el procedimiento de integración en el patrimonio del Estado o lo relativo a su gestión y protección jurídica. Por su parte, la Ley 36/1995, de 11 de
diciembre, aprobada con un amplio apoyo parlamentario, fue la norma que vino a completar el referido precepto penal, creando un fondo de titularidad estatal que se nutre exclusivamente de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas, así
como de los incautados por la fabricación o tráfico ilícito de precursores, según la dicción literal de ese precepto.
Como dato significativo, puedo decirles que, desde la entrada en vigor de la Ley de 1995 hasta el año 2001, las cantidades que han integrado el fondo han supuesto un incremento adicional importante de los recursos del Estado para la lucha
contra las drogas. En efecto, estas partidas ascienden a más de 32 millones de euros, que han sido distribuidos o están en trámite de distribución entre los beneficiarios. Hasta finales del año 2001 se habían distribuido más de 15 millones de
euros destinados a la prevención de las drogodependencias y a la asistencia y reinserción de personas afectadas, casi 7 millones de euros a la mejora de las actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión del tráfico ilícito de
drogas y algo más de un millón de euros para atender a los gastos derivados de la propia gestión del fondo. Estos datos nos permiten hacer sin duda un balance, una valoración positiva de las actividades del fondo desarrolladas hasta ahora, así como
del grado de cumplimiento de los objetivos que se perseguían en el ámbito de la lucha contra el fenómeno social de las drogas en nuestro país. No obstante, debe indicarse también que en el texto legal en vigor se han venido apreciando algunas
deficiencias u omisiones de importancia a las que pretendemos dar respuesta con el proyecto de ley que hoy debatimos en la Cámara, cuya finalidad no es otra que la de mejorar el régimen jurídico aplicable, permitir un incremento de los recursos del
fondo y mejorar los procedimientos de integración de bienes de gestión y distribución.
En este sentido habría que mencionar que una inadecuada coordinación legislativa durante la tramitación del Código Penal, de la Ley orgánica de represión del contrabando y de la Ley del fondo, que hoy queremos modificar, impidió que quedasen
dentro de la aplicación de esta ley los bienes decomisados por blanqueo de capitales y los bienes incautados por contrabando, con los inconvenientes que esto lleva aparejados. Por otro lado, también hay que recordar que la Ley 36/1995 fue
modificada al poco tiempo de ser aprobada mediante la Ley 61/1997, de 19 de diciembre, con el fin de asegurar que los remanentes de crédito originados en cada ejercicio pudieran incorporarse al ejercicio presupuestario siguiente, lo que no era
legalmente posible hasta ese momento.
Por último, dentro de este capítulo de consideraciones generales, hay que precisar que las modificaciones impulsadas en este proyecto serán completadas con otras relativas al régimen legal del decomiso específico por tráfico ilícito de
drogas, por ejemplo, con la regulación de la enajenación anticipada de los bienes y del decomiso del valor equivalente, entre otros. En este sentido, hay que decir que la comisión técnica para la revisión del sistema de penas del Código Penal ha
concluido sus trabajos, que ya han sido remitidos al Ministerio de Justicia, que está estudiando en este momento las sugerencias y conclusiones efectuadas para articular en fechas próximas
las modificaciones legales que afectan a estas materias y por tanto será un complemento muy importante de este proyecto de ley que hoy presentamos.
El proyecto de ley que hoy les presento incide principalmente en los siguientes aspectos, que paso a referir. En primer lugar, amplía el ámbito objetivo de los bienes que se integran en el fondo, posibilitando que, junto a los bienes
decomisados por aplicación de los artículos 368 y 373 del Código Penal -delitos contra la salud pública en sus modalidades de tráfico ilícito de drogas y precursores-, se puedan integrar en aquél los decomisados por aplicación del artículo 301 del
mismo Código, relativo al blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de drogas, y también los decomisados y adjudicados al Estado de acuerdo con el artículo 5 de la Ley orgánica de represión del contrabando.
En segundo lugar, y en el ámbito de los beneficiarios, hay que tener en cuenta que el carácter transnacional del fenómeno de las drogas hace de la cooperación y el diálogo internacional uno de los instrumentos esenciales para actuar con
eficacia frente al mismo. La cooperación internacional constituye de hecho en la actualidad uno de los pilares y ejes fundamentales de la política de lucha contra las drogas, aspecto éste en el que el fondo de bienes decomisados abre nuevas
posibilidades.
En consecuencia, junto a la cooperación multilateral, ya prevista en la actual ley, el proyecto amplía los beneficiarios, permitiendo la posibilidad de promover la cooperación bilateral en la que los protagonistas son los Estados por
medio de los recursos del fondo. Para ello, se consideran también como beneficiarios de esos recursos a dichos Estados y se equiparan las entidades supranacionales a los organismos internacionales. Además, el proyecto permite también el desarrollo
de relaciones internacionales mediante el reparto de bienes con otros Estados participantes en investigaciones y operaciones de represión del tráfico ilícito internacional de drogas y del blanqueo de capitales, de manera que se declara en todo caso
la supremacía de los tratados internacionales que incidan en la materia objeto de la ley, posibilitando también la integración en el fondo de bienes incautados en el extranjero con la colaboración de las autoridades españolas.
En tercer lugar, en cuanto al destino de los bienes, el proyecto introduce mejoras en el procedimiento para la determinación del destino de los recursos del fondo. A este respecto se establece con carácter general la obligación previa de
enajenar aquellos bienes que no consisten en dinero u otros medios de pago al portador admitiendo, no obstante, de forma excepcional, la cesión de su uso a los beneficiarios de forma gratuita.
Con ello se trata de impedir la acumulación de bienes
en una gran masa patrimonial que provoca un aumento en los gastos de gestión y administración del fondo, facilitándose a la vez estas últimas tareas.
En cuarto lugar, se contempla la posibilidad de cesiones gratuitas de los bienes del fondo no sólo cuando los mismos sean inmuebles sino también cuando sean bienes muebles, cosa que actualmente no estaba permitida, así como también la
posibilidad de abandono de bienes en determinadas circunstancias y la determinación del destino de aquéllos cuando por disposición legal o de un tratado internacional estén sometidos a limitaciones o restricciones especiales en su propiedad,
posesión o comercio.
Para concluir el examen de las principales reformas que aporta el nuevo texto, debo indicar que el proyecto dedica una particular atención a la colaboración de los órganos judiciales con el fin de facilitar y agilizar la integración de los
bienes, efectos, instrumentos y ganancias decomisados mediante sentencia. Sobre este asunto el texto trata de evitar demoras o dificultades que puedan incidir de forma negativa en el valor económico de los bienes y, en última instancia, en los
beneficiarios de ellos. Con esta finalidad se ha regulado la obligación de remisión al órgano administrativo gestor del fondo, junto a la sentencia declaratoria del comiso, de aquellas resoluciones judiciales relevantes (autos de declaración de
firmeza, declaración de sentencia) para la correcta integración de los bienes en el fondo, y también la obligación de los referidos órganos de colaborar con la mesa de coordinación de adjudicaciones en la identificación y localización de los bienes.
Destaco dos aspectos finales que recoge el proyecto de ley que son, de una parte, la exclusión del pago de los gastos originados en los correspondientes procesos penales y la introducción de disposiciones sobre la protección jurídica de los
bienes referentes a las inscripciones en los registros públicos, declarándose su inembargabilidad y la afectación de aquéllos a finalidades de interés público específicas.
Señoras y señores diputados, no quiero terminar mi intervención sin poner de relieve la gran importancia que tiene el proyecto que hoy presento. El fenómeno social de las drogas exige esfuerzos extraordinarios por parte de todos y la
regulación del fondo, además de dar cumplimiento a la previsión contenida en el Convenio de la ONU de 1988 contra el tráfico ilícito de drogas, es un instrumento de gran importancia y utilidad en la referida tarea, como ha sido reconocido más allá
de nuestras fronteras.
Por ello, vuelvo a insistir en la misma idea del principio: espero que sea fructífero el debate de este proyecto y confío en que las aportaciones de los grupos parlamentarios sean del máximo interés para el contenido de esta
nueva norma y que pueda concitar el mayor nivel de acuerdo posible.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Para la defensa de la enmienda de totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el proyecto de ley de reforma de la Ley del fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, ley que se aprobó en esta Cámara en diciembre de 1995, es el primer proyecto
que en materia de drogas presenta el Gobierno desde el año 1996. Durante toda la legislatura anterior no se presentó ninguno; es verdad que se hicieron algunas incorporaciones a nuestra legislación, no se presentó más que una reforma parcial a la
que usted ha aludido, señor ministro, una disposición adicional que se incorporó al anterior proyecto, pero como tal éste es el primer proyecto que se presenta en materia de drogas, pese a que, como todos sabemos por las estadísticas, el problema de
las drogas sigue siendo uno de los primeros en consideración y en preocupación de los ciudadanos. Pese a las reiteradas declaraciones a la prensa del ministro anterior acerca de la necesidad de cambios sustanciales, que al final resultaron no ser
tantos, y a las de usted mismo, señor ministro, la realidad es que éste es el primero que viene. Pudiera pensarse que el Gobierno anterior lo hizo muy bien y no ha sido preciso introducir cambios profundos o que ustedes han estado en otra cosa y no
lo han hecho tan bien.
Tenemos que agradecer su presencia aquí, aunque hoy sea una fecha negra para la Ley vigente, ya que su grupo ha decidido protegerle con una coraza para que no comparezca ante la Comisión para el estudio del problema de la droga.
Mi grupo estima que este proyecto tiene la intención de desvirtuar sustancialmente la Ley vigente y sustraer a la Cámara el debate de lo que podría ser su ley alternativa. Aspectos sustanciales, que voy a enumerar, pasan a desarrollarse por
la vía del reglamento sin que pueda esgrimirse ninguna argumentación en sentido contrario, y lo que aparece aquí como una reforma de pura actualización en aspectos no previstos por la legislación anterior o de mera agilización de procedimientos no
puede estar más lejos de la realidad, aunque el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial pase de puntillas por este proyecto. Este proyecto supone el adelgazamiento, la neutralización de la Ley vigente en aspectos tan sustanciales
como el destino de estos bienes, la composición de la mesa de adjudicación y sus competencias. La cesión de uso de estos bienes se convierte en este proyecto en excepcional y, además, debe hacerse previo acuerdo de la mesa, es decir, se sustrae a
las comunidades autónomas la capacidad de instar al ministro del Interior, cuando el bien inmueble sea decomisado en su territorio, a proponer la firma de un convenio con los ayuntamientos o con las ONG, como la Ley vigente contempla y como se
desarrolla en su reglamento. Es más, incluso, tal y como aparece en el proyecto, en estos casos excepcionales la mesa puede autorizar la enajenación de la titularidad del Estado de este bien cedido.
En cuanto a la composición de la mesa, su distribución numérica también se relega al reglamento y, si nos fijamos en sus competencias, desaparece del proyecto la capacidad de la mesa para enajenar. En el proyecto no se expresa si creará o
no una sociedad, como han hecho en otras leyes, para enajenar dichos bienes, aunque su remisión a otras leyes administrativas nos hace pensar que con este tema pueda pasar lo mismo que en materia de aguas y en otros aspectos de nuestra realidad.
Este proyecto tampoco va a determinar el destino de estos bienes porque también se puede hacer vía reglamento. Así que nos encontramos ante un proyecto que modifica el destino de los bienes inmuebles y de cuya mesa de adjudicación no
conocemos ni su distribución ni sus competencias, puesto que el destino de esos bienes también se puede determinar en el reglamento. Ya no es que se le sustraiga a la mesa la capacidad de enajenar, sin que se explique nada en la exposición de
motivos, sino que se nos sustrae el conocimiento del destino de esos bienes, que está fijado en la Ley vigente. Todo esto se remite a un reglamento inexistente, puesto que el actual se deroga en los aspectos que el proyecto de ley atribuye al
reglamento, pero ni siquiera se fija fecha para su desarrollo. Suponemos que habrá un reglamento posterior, pero me gustaría recordar aquí que en la tramitación de la Ley vigente los grupos parlamentarios presentaron enmiendas, también el Partido
Popular, para que el reglamento de dicha ley se desarrollara lo más rápidamente posible, incluso se fijó un plazo de tres meses. En este proyecto se remiten aspectos muy sustanciales a un reglamento que no se sabe cuándo se desarrollará. Tanta
remisión a ese reglamento no aporta transparencia al debate, deja demasiadas sombras sobre el proyecto y no razona la desconfianza hacia las comunidades autónomas, hacia los ayuntamientos o hacia las ONG. Solamente aparece la palabra convenio para
decir que la mesa puede suprimirlos, aunque no se habla de suprimir ni de rescindir, ustedes usan la palabra resolver, que es eufemísticamente mejor. Tampoco se razona el porqué de la determinación del destino de los bienes vía reglamento, ni se
razona el porqué se prefiere otro procedimiento para enajenar. Es este reglamento, inexistente todavía y sin plazo puesto que se deroga la Ley vigente y su desarrollo reglamentario en estos aspectos a los que he aludido, el que usted nos niega hoy
aquí para que no conozcamos cuáles son sus intenciones y pueda pasar hoy como una expresión -permítame que se lo diga, señor ministro- de ventajismo parlamentario.
Señorías, ninguna de las razones expuestas en la exposición de motivos para justificar la reforma de la Ley vigente son, a nuestro juicio, razones de peso que pudieran hacer pensar en la buena intención de este proyecto, ni el delito de
contrabando pues este supuesto, a nuestro entender, es concurrente con el tráfico de drogas. No estamos hablando de drogas lícitas, sino de
drogas ilícitas, y es difícil pensar que pueda darse un supuesto de delito de contrabando que no suponga un tráfico de drogas al mismo tiempo. Es decir, es difícil argumentar que va a haber un incremento en el fondo procedente de estos
delitos de contrabando que no venga ya del propio delito de tráfico de drogas.
En cuanto a la ampliación del ámbito, a la que usted se ha referido, señor ministro, tampoco nos parece que la auténtica razón sean las actualizaciones a las que hace referencia en la numeración de lo que es el delito de blanqueo de
capitales, que es lo que aporta esta ley. No es que el ámbito se amplíe al delito de blanqueo de capitales, sino que lo que se hace es actualizar la numeración de los delitos, que en el código anterior tenían numeración diferente a la del código
actual. Eso ya lo hicieron ustedes en el reglamento que sacaron en el año 1997, donde ya no aparece la numeración antigua, sino la nueva referida al delito de blanqueo de capitales. Es decir, eso lo incorporaron ustedes en 1997; luego si lo
tenían incorporado vía reglamento, no parece que sea justificación del proyecto que se vaya a incrementar el fondo con los bienes procedentes del delito del blanqueo de capitales; no parece muy honesto ese planteamiento. Tampoco nos parece que los
compromisos internacionales que se formulan en los tratados y cuyo rango es superior al de las leyes ordinarias, justifiquen este proyecto; ni las especificaciones acerca de cómo se deben notificar las sentencias, que ya también se habían
modificado vía reglamento de 1997. ¿Son éstas las verdaderas razones? Usted ha anunciado aquí que va a modificar el comiso o que hay ya estudios en el Código Penal acerca de la prueba de indicios, venta anticipada, etcétera, pero de momento este
proyecto no aborda en absoluto esa cuestión y las razones que vienen expresadas en la exposición de motivos o bien estaban ya en el reglamento o bien no justifican este proyecto.
Su Gobierno, señor ministro, lleva mucho tiempo hablando mal de la Ley del fondo, de la escasa agilización administrativa. Por cierto, muchos de los trámites, como la identificación de los bienes, se pueden agilizar sin necesidad de traer
este debate. No conocemos las razones del porqué desde hace seis años o más aún no haya sentencia firme para que el pazo Bayón pueda ser usado por las organizaciones no gubernamentales -un bien inmueble simbólico para las asociaciones- para la
rehabilitación, prevención, reinserción, etcétera. Esos problemas judiciales no están hoy sobre la mesa, quizá alguna de las razones de la presentación de este proyecto ahora sea las dificultades que pueda haber de tipo judicial, pero pertenecen a
un campo que no es el que nos trae aquí hoy a debate y, por tanto, no voy a insistir en él. Ninguna de las críticas que han deslizado tanto usted, señor ministro, como su delegado para el Plan Nacional sobre Drogas figuran para mejorar el proyecto;
no figuran. Nada hay sobre la posibilidad de mejorar y agilizar el procedimiento, nada de lo que han anunciado en sucesivas ruedas de prensa; lo que traen hoy aquí no tiene nada que ver con lo que anuncian en los medios que van a hacer y no hacen,
ni tiene que ver con lo que las asociaciones de ayuda vienen demandando: que estos bienes se destinen a las zonas en que más se decomisa. Le voy a dar un dato ilustrativo del destino de los bienes del fondo para que podamos ver hasta qué punto hay
cierta discrecionalidad y hasta arbitrariedad -no voy a ser más contundente en mis adjetivos- en la distribución del dinero entre los ayuntamientos para programas de prevención de la drogadicción, etcétera. Según el último presupuesto que
conocemos, que es el de 2000, desgraciadamente, de 140 millones destinados a los ayuntamientos, 122 van a ayuntamientos del Partido Popular -algunos de los cuales sin duda tendrán razones para demandar estos programas- y el resto a ayuntamientos del
Partido Socialista, y sólo tres ayuntamientos son del Partido Socialista mientras que 17 son del Partido Popular, y de 122 millones, sólo 13 van a ayuntamientos de signo socialista. No parece que la discrecionalidad responda a verdaderos criterios
objetivos.
Señor ministro, quisiera terminar la intervención diciéndole que estos datos que le doy son, desgraciadamente, del año 2000, por lo que está incumpliendo la ley ya que tiene la obligación de presentar en las Cortes durante el primer
trimestre de cada año el correspondiente informe anual del fondo -y el de año pasado se ha presentado en los últimos días-, que debe recoger el detalle de las principales operaciones y los datos económicos más destacados. Hasta para esto, señor
ministro, ha jugado usted hoy al ventajismo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romero.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nos encontramos hoy en un debate suscitado por la enmienda de totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley en una secuencia legislativa muy ordenada, correcta y conforme a nuestro criterio de lo que
comienza en 1995 con la Ley 36/1995, de 11 de diciembre, que recogía una solución lógica -mi grupo la apoyó con su voto en aquella ocasión en esta Cámara- con la creación del fondo de bienes decomisados por delitos de tráfico de drogas y delitos
relacionados. Fue muy bien acogida por todas las instituciones, por la sociedad española y por la opinión pública, pero ya en el año 1997 hubo que hacer una actualización de dicha ley con la reforma que introdujo la Ley 61/1997, que actualizaba un
fenómeno que se estaba produciendo.
El balance, a la vista de la experiencia y de los hechos ocurridos, indica que es necesario dar a la situación actual unas salidas legales, perfectamente sancionadas por una ley de estas características, y sobre todo en coordinación con las
autoridades del Poder Judicial, de los jueces, magistrados y tribunales que han tenido que dictar determinadas sentencias que han devenido en algunos casos respecto a la cuestión de la inembargabilidad en condenas impuestas por los tribunales a los
narcotraficantes detenidos y condenados que planteaban el embargo de sus bienes, que no podían destinarse a los fines que la Ley 36/1995 y la Ley 61/1997 indicaban.
El señor ministro del Interior ha hecho una exposición muy sistemática y correcta, a nuestro juicio, del diagnóstico de una realidad que es necesario actualizar, y por lo tanto tenemos que reconocer explícita e implícitamente que ha quedado
completamente obsoleta la Ley 36/1995 y que la que la reformó en el año 1997, la Ley 61, está también obsoleta, por lo que necesitamos proveernos de un nuevo texto legal actualizado que contemple la solución a todos los problemas que se han
planteado.
La Comunidad Autónoma de Canarias se ha encontrado a veces con un protagonismo no deseado. Nadie desea el protagonismo de salir en los periódicos por hechos luctuosos o por detenciones de delincuentes, pero forma parte del ejercicio legal.
Ha habido operaciones encomiables de nuestros servicios de represión de la lucha contra el narcotráfico que han sido realizadas tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el Servicio de Vigilancia Fiscal
Aduanera y se están haciendo aprehensiones en alta mar. Hemos salido últimamente en los medios de comunicación por noticias de llegada a puertos canarios, bajo la custodia policial oportuna, de buques cargados de droga con destino a España y que
han sido aprehendidos en alta mar.
Esta es una noticia satisfactoria en todos los órdenes. Y nos estamos encontrando con que esos instrumentos de transporte -las famosas planeadoras, las lanchas rápidas, los buques, etcétera- estaban yendo al
fondo y era por tanto necesario determinar un amplio catálogo de destinatarios de esas cuestiones. Creemos que el proyecto de ley lo señala en su artículo 3, sobre destinatarios y beneficiarios, y en ello las comunidades autónomas nos sentimos
perfectamente reconocidas e identificadas. El punto b) del apartado 1 menciona después de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas a las comunidades autónomas y las entidades locales en los supuestos que se enumeran. Tenemos
ya, por tanto, una seguridad jurídica y una indicación clara, concreta, explícita e implícita en el texto del proyecto de ley de estas entidades, corporaciones autonómicas y locales, junto a otras que se enumeran en el amplio catálogo o índice de
beneficiarios y destinatarios. Era necesario hacerlo así.
Otra de las aportaciones positivas de este proyecto de ley es señalar también la supremacía de los tribunales o de los tratados internacionales cuando se realizan por fuerzas españolas o en territorio español determinadas aprehensiones en
las que hay una reclamación del Estado originario. Creemos que es un avance reconocer que los tratados internacionales tienen una primacía de reconocimiento, como no podía ser menos en un país como España, que se mueve en unos escenarios como la
Unión Europea u otros escenarios públicos internacionales en los que el principio de reciprocidad debe ser exigido a unas partes y a otras.
Tenemos la figura del destino de los bienes, que era necesaria porque hemos tenido una serie de dificultades tanto en el ámbito de los servicios administrativos como, sobre todo, de las decisiones judiciales respecto al destino que tenía que
darse a esos bienes y a si podía cederse su uso. Esto no puede hacerse con todos los bienes -una planeadora sí podía pasarse a los servicios de vigilancia aduanera, etcétera-, pero sí había una serie de bienes cuyo uso podía cederse gratuitamente.
Después había determinados bienes, muebles o inmuebles, cuya aplicación y destino tendrá que tener claros la mesa de coordinación de adjudicaciones que se cree ahora, pero un Estado de derecho tiene que respetar también en lo relativo a esos bienes
incautados las competencias de determinadas áreas, en este caso tuteladas por el Poder Judicial, por los tribunales de justicia, y vuelvo a incidir en la primera figura que señalaba de las cuestiones de los embargos. ¿Cómo iba a hacer la
Administración un acto discrecional de adjudicación de unos bienes incautados a los narcotraficantes o a los contrabandistas cuando después se iba a producir una sentencia judicial porque no era el embargo del alijo capturado, sino del
transportador? Estos son bienes que, si son tasados en una sentencia judicial por los peritos correspondientes, el juez podía incorporar a las aportaciones del embargo que allí se realizaba para subvenir a las multas y condenas impuestas a los
narcotraficantes. Por tanto, nosotros entendemos que había que regular un nuevo marco legal para esta materia, fundamentalmente por la obligación que aquí se trae, cosa importante, de inscripción en el registro público de estos bienes. Un Estado
de derecho, cuando está actuando de esta manera en bienes incautados a los narcotraficantes, sabe que no se trata de hacer almoneda de los mismos y de hacer una incautación propia de un Estado que no respeta leyes de derecho. Con una ley como esta,
España podía presumir ante los foros internacionales porque exigimos el derecho y nos lo exigimos a nosotros mismos a través de la propia Administración, que cuando tiene que hacer estas cautelas de incautación de un bien no va a caer en el error de
utilizar un almacén, que tiene unos gastos de gestión, como si almacenáramos en una playa de Canarias o del sur de España las pateras que han llegado allí, donde no hay ningún gasto de administración. Hemos tenido la experiencia
de un buque incautado por las autoridades españolas en el Puerto de la Luz y de Las Palmas de Gran Canaria que, al cabo de un año de atraque allí, ha producido una especie de galimatías porque no sabemos quién tiene que pagar los derechos de
atraque portuario y quién se hace cargo del mantenimiento de aquella nave, que los jueces pueden incluso declarar como carga de la prueba para las sentencias que tienen que dictar. Por tanto, nos parece positivo el contenido del proyecto de ley
respecto a la obligación de inscripción de los bienes en registros públicos así como lo que señala respecto a la inembargabilidad de los mismos. Los servicios del Ministerio del Interior y los del Ministerio de Economía y Hacienda no podían
incautar estos bienes que después iban a ser embargados por una sentencia judicial con otro destino. Por lo tanto, creemos que este proyecto de ley es oportuno y necesario porque regulariza la situación de experiencias actuales y porque tenemos que
derogar las leyes de 1995 y 1997 por obsoletas e insuficientes en este momento.
Por las razones citadas, señora presidenta, mi grupo va a votar en contra de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y en cualquier otro trámite haremos las correcciones oportunas vía enmiendas.
Mi grupo no tiene
nada más que un sentido de aceptación plena, incluso desde el punto de vista del destinatario, de las comunidades autónomas y entes locales y el restante abanico de corporaciones, nos sentimos perfectamente resguardados en las decisiones que vía
reglamento se tomen en su día por la mesa de coordinación de las adjudicaciones y estamos en la línea de apoyo a este proyecto del Gobierno.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor vicepresidente, el Grupo Vasco no barajó en ningún momento la presentación de enmienda a la totalidad a este proyecto de ley creyendo, quizá erróneamente o con ingenuidad, que el proyecto que se nos trae es sólo parte de la
reforma o del compromiso que, en el ámbito normativo en materia de tráfico de drogas y delitos relacionados, el Gobierno tiene pendiente de traer a esta Cámara. Hemos hablado de todas estas iniciativas en numerosísimas ocasiones y en la última con
el propio señor vicepresidente en su comparecencia de 30 de octubre del año 2001 con ocasión de presentarnos sus planes en la Comisión para el estudio del problema de las drogas. Por ello, y desde esta perspectiva, el contenido de la norma que hoy
es objeto de enmienda a la totalidad nos parecía correcto en líneas generales. Que se amplíe el ámbito de los bienes decomisados, que se contemple, como se contempla, lo relativo a los tratados internacionales en materia que tanto transfiere o
internacionaliza -por repetir la expresión- la delincuencia nos parece perfectamente correcto, de la misma manera que en el ámbito de los beneficiarios, el destino de los bienes del fondo y la regulación que se hace finalmente respecto de la mesa de
adjudicaciones. Incluso nos parecía bien la forma en la que se establece la colaboración que deben prestar los órganos judiciales, a la que también, por cierto, da su asentimiento el informe del Consejo General del Poder Judicial.
Hay algunas dudas y suspicacias sobre el cometido que se da a los cuerpos policiales, dado que la referencia siempre es a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que, según la terminología acuñada por la Ley de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, sólo hace referencia a Policía Nacional y Guardia Civil. Nos parece que debiera haber alguna referencia expresa a otras policías que también intervienen en estas materias o quizá algún mayor pormenor en relación con la presencia de las
comunidades autónomas, que sí están en el texto, al menos desde nuestra perspectiva.
Quedan pendientes numerosas cuestiones, pero que no son objeto de tramitación. Nos pareció desde el principio que era perfectamente posible atender las posibles deficiencias que he apuntado por la vía de las enmiendas parciales, que es por
la que la formación política a la que represento prefiere transitar en este caso. Sí queda, y tienen pendiente la vicepresidencia y el Gobierno en su conjunto de traernos a la Cámara, lo que hace referencia a los instrumentos de investigación
policial, que debo confesarle ya -y así se lo manifesté también al ministro en su comparecencia- que suscitan ciertos miedos en esta diputada en relación con lo que tiene que ver con una mayor agilidad que se pretende obtener respecto de la
posibilidad de escuchas o intervenciones telefónicas, la creación de nuevos medios que puedan facilitar ser más expeditivos en esta materia, la regulación del agente encubierto, las entregas vigiladas, modificadas en la legislatura pasada, pero que
ciertamente no nos quedaron de la forma más feliz. Digo un cierto miedo puesto que siempre que se habla de estas cuestiones nos movemos entre los dos polos de la búsqueda de la eficacia y las garantías que, desde la perspectiva de la formación
política a la que represento, es necesario atender. En este momento concreto nuestros miedos se acrecientan cuando hablamos quizá de la intervención de las comunicaciones y tenemos tan reciente el paso por esta Cámara de la Ley por la que se regula
el Centro Nacional de Inteligencia de forma tan poco feliz, rozando lo insconstitucional, como tuve ocasión de manifestar desde la tribuna en relación con ese proyecto.
Nos gustaría que no se repitiese la experiencia en las normas de ese tenor que
se trajesen. De la misma manera que también le adelanto ya, señor vicepresidente, aprovechando la ocasión, que
nos suscita cierto miedo que en la Ley de control de sustancias químicas catalogadas se hagan eco de la jurisprudencia tan reciente del Tribunal Constitucional en la sentencia 235/2001, de 13 de diciembre, que desapodera de ciertas
competencias anteriormente reconocidas por el propio Tribunal Constitucional como competencia de las policías autonómicas. En el caso concreto de la sentencia, son los Mossos d'Esquadra, de la Generalitat catalana, pero lo predico igualmente
respecto de la policía vasca.
En todo caso, insisto, no hay nada en este texto de la ley, entendiendo que es solamente una parte de los compromisos contraídos, que no se pueda arreglar por la vía de las enmiendas parciales que presentaremos. Le exhorto a que cuanto
antes se remitan las demás normas, cuyo contenido es más adecuado a los textos procesales, que están en vías de modificación dentro de lo que es el llamado pacto de Estado para la reforma de la justicia, e insisto una vez más, aun a riesgo de
parecer excesivamente pesada, en que busquen la eficacia así, que en esta materia es absolutamente importante, pues hay que ser expeditivos en la represión del tráfico de drogas, pero desde luego les pido que lo hagan no desde la perspectiva de la
norma reciente que he citado, sino atendiendo a la jurisprudencia constitucional, porque creemos que los dos bienes y valores, la seguridad de los ciudadanos, la garantía y la eficacia, es posible perseguirlos sin demérito de que además sea posible
controlar el tráfico de drogas.
Mi formación política, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), va a rechazar la enmienda, por tanto, ya que no ve motivo para retrasar la tramitación de la ley que es objeto de debate hoy en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, lo que tengo que decir es simplemente que, como ha expresado aquí el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), nosotros consideramos que éste no es el programa concreto con respecto a una serie de
compromisos anteriormente contraídos. Nos parece una parte ínfima, mínima, una respuesta primaria que creemos que hay que corregir -también en ese sentido coincidimos- por la vía de las enmiendas parciales.
Nosotros vamos a generar una serie de enmiendas parciales primero en la dirección de corregir la participación en ese fondo de bienes decomisados. Si es un fondo estatal, hay que tener en cuenta a las administraciones que constituyen el
Estado y por tanto hay que darles un protagonismo diferente, realzándolo, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos y, conjuntamente con esta idea, hay que tener en cuenta también a las fuerzas autonómicas correspondientes a estos escalones
del Estado.
En segundo lugar, pensamos -y termino, señora presidenta- que aparece en el texto un deficiente control parlamentario. No hay, como sucede siempre con los textos que proceden de Interior, una sensibilidad a la altura necesaria, y por tanto
nosotros vamos a interponer una serie de enmiendas, habida cuenta también, señora presidenta, de que constantemente aparece en los textos -lo que también vamos a intentar corregir- una especie de matiz respecto a que el principio de seguridad en
muchos casos puede empezar a anular el principio de libertad. Por consiguiente, nosotros vamos a matizar una serie de cuestiones que aparecen en el texto.
Finalmente, también intentaremos corregir a través de otra serie de enmiendas algunos aspectos del texto que nos parecen técnicamente erróneos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para posicionarme respecto al proyecto de ley por el que se regula al fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos
relacionados.
El proyecto de ley parte de las previsiones del artículo 374 del Código Penal, que recoge dos ideas básicas: que todos los bienes y efectos, sea cual fuere su naturaleza, que hayan servido de instrumento para cometer delito de tráfico
ilícito de drogas o que provengan de él así como los beneficios que se deriven de los mismos pueden ser decomisados y que la autoridad judicial, mientras se sustancia el procedimiento, puede acordar que los bienes, efectos o instrumentos decomisados
puedan ser utilizados provisionalmente por la policía judicial encargada de perseguir el tráfico ilegal de drogas, entendiéndose incluso las policías autonómicas.
Además, este proyecto se sustenta, cómo no -como ya han dicho otros portavoces-, en
la Ley del fondo del año 1995 y en la modificación que, ya bajo el Gobierno del Partido Popular, se efectúo a dicha ley en el año 1997.
Otros portavoces que han intervenido anteriormente han dicho también que la Ley del fondo del año 1995 y su modificación habían quedado obsoletas -el señor ministro también ha tenido alguna intervención en este sentido- o, dicho de otra
manera, habían quedado superadas por la realidad.
Nosotros compartimos este criterio, y en este sentido, señor ministro, le anunció ya que valoramos positivamente que el ministerio proponga
este proyecto de ley que persigue regular aspectos que nosotros, como filosofía, valoramos positivamente. El objetivo de la ley es, por un lado, regular de manera clara el destino de los bienes, efectos e instrumentos objeto del decomiso,
amplía además los bienes que pueden formar parte del fondo y contempla también una realidad que me parece que es una evidencia para todos, que es que los beneficios de este fondo deben extenderse también a los organismos internacionales, por un
sentido práctico real y además jurídico de que en la lucha contra la droga las pequeñas parcelas no existen y que en este momento y en este tema concreto la cooperación internacional es del todo indispensable.
Así pues, insisto, valoramos el objetivo positivamente y, por coherencia con este objetivo, no vamos a dar el voto favorable a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. No obstante, señor ministro,
pensamos que la articulación del proyecto de ley no se corresponde exactamente con el espíritu que inspira al Gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas -y que por tanto está avalado por la práctica-, que es el de estrecha colaboración entendida como
trabajo conjunto con las comunidades autónomas. Sabe usted, señor ministro, por sus comparecencias en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas, en la que mi grupo parlamentario ha tenido ocasión de posicionarse -normalmente
intervengo yo en nombre de mi grupo-, que desde Convergència i Unió siempre insistimos, como lo evidencian nuestro delegado para la lucha contra las drogas así como las consejerías competentes, en que trabajamos en buena sintonía y en colaboración y
que normalmente hacemos las cosas por consenso o de común acuerdo, llegando a la conclusión de que determinadas estrategias son las más favorables. Si esto es así, e insisto en que lo es, lamentamos que algunos aspectos de su articulado no lo
visualicen suficientemente o en algunos casos incluso podría derivarse una lectura que visualizara lo contrario a esta colaboración que en la práctica se da. A estos aspectos en concreto, señor ministro, a estos a los que nosotros atribuimos esta
falta de visualización de la cooperación entre los organismos del Estado y las comunidades autónomas, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a presentar enmiendas parciales. Además, le digo con toda sinceridad que estamos convencidos -yo
estoy convencida como portavoz de mi grupo en esta Comisión- de que vamos a llegar a un acuerdo y de que probablemente se trate más de que en algunos aspectos se han basado en la ley del año 1995, que tampoco es que fuese excesivamente explícita en
la relación con las comunidades autónomas, y han desaprovechado, por decirlo así, la oportunidad de que quedase ahora muy bien reflejado que la voluntad del Gobierno es dejar constancia de que todos los beneficios que se deriven de este proyecto de
ley son para llevarlos a cabo conjuntamente con las comunidades autónomas y, dicho claramente, que los beneficios del fondo, que en este momento a nadie se le escapa que es uno de los principales instrumentos que tenemos el Gobierno central y las
comunidades autónomas para dotarnos de recursos para luchar contra la droga, son unos beneficios que no sólo van a poder ser utilizados, como explicita el proyecto, por los organismos competentes de las comunidades autónomas sino que, como parece
lógico y de sentido común, se les va a positilitar que sean titulares de los mismos.
En la redacción de este proyecto de ley, señor ministro, hay excesiva voluntad centralista o magnificencia del papel del Estado en detrimento de la política de colaboración que pienso que se sustenta en la realidad.
Muchas veces nos
quejamos de que la realidad no es pareja a la ley en el sentido de que a veces sobre el papel las cosas están mejor dibujadas que en la práctica del día a día. En este caso, señor ministro, estamos en una situación distinta. Pienso con toda
sinceridad que la ley no refleja suficientemente bien la estrecha colaboración que existe entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que esto es subsanable y que además presumo la voluntad del Gobierno y de su ministerio de subsanarlo.
De no ser así, señor ministro, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se encontraría ante una situación de incomodidad que nos llevaría a un lugar al que no queremos ir y que sería que a pesar de compartir totalmente los objetivos, el modo de
compartirlos no nos dejaría visualizar en toda su grandeza el proyecto que ustedes presentan.
Para terminar, permítanme, señorías, señor ministro, que haga una reflexión en voz alta. Es evidente que cuando hablamos de políticas sociales, de políticas de sanidad, de políticas de juventud, etcétera, siempre tenemos encima de la mesa
la problemática que representa la lucha contra la droga, y es muy importante que seamos capaces de visualizar que, a pesar de las discrepancias de planteamientos, a pesar de que es tan legítimo presentar, como ha hecho el Grupo Socialista, una
enmienda a la totalidad como que los otros grupos, como el mío, consideremos que no es necesaria ni está justificada y que pensemos que podemos mejorar el texto con enmiendas parciales, todo ello es compatible y no hace más que poner en evidencia
que en todos los grupos parlamentarios existe una gran preocupación por esta problemática, señor ministro, y que en las comisiones propiamente del estudio de la problemática de la droga la voluntad de trabajar y construir positivamente prima siempre
por encima de las legítimas confrontaciones de partido. Además, debo reconocer, y lo hago con plena satisfacción, que el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, el señor Gonzalo Robles, es una persona con la que podemos establecer diálogo fácil y
que no se cierra nunca a considerar objeciones o cuestiones, al menos las que mi grupo plantea. En virtud de todos estos propósitos y decretos de buenas intenciones, señor ministro, yo le reitero que vamos a presentar enmiendas con vistas a
reforzar el sentido de
la colaboración y de la buena sintonía que pensamos que el texto no refleja. Querría pedirle hoy, que es cuando tengo la oportunidad, dado que en este tema usted tiene todas las competencias, que se muestre receptivo y asuma que el texto
que han presentado es perfectible y que de la perfección se va a derivar un beneficio para todos, para el conjunto del Estado y, desde luego, para el trabajo que en este tema estamos haciendo las comunidades autónomas y, por descontado, los
municipios.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, señoras y señores diputados, quienes me han antecedido en el uso de la palabra han destacado la importancia que tuvo en la historia jurídica de nuestro país y en la historia
de la lucha contra el narcotráfico la Ley del fondo que esta Cámara aprobó en 1995. Me gustaría recordarles que la génesis de aquella ley no estuvo en una iniciativa del Gobierno de turno en aquel momento, sino en una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, que fue quien presentó la proposición de ley, que fue tomada en consideración por esta Cámara y, posteriormente, se procedió al trámite de aprobación de esa proposición de ley en Comisión. En ese trámite todos los grupos
parlamentarios pudimos presentar y discutir las enmiendas que tuvimos por conveniente, de la misma manera -y esto se lo digo a los representantes de CiU, del PNV y de Coalición Canaria- que en el trámite de Comisión podremos discutir las enmiendas
que SS.SS tengan por conveniente. Por lo tanto, quizás este sea el primer proyecto que sobre la materia presenta el Gobierno, pero también hay que decir que desde la oposición tampoco ha habido iniciativas, será que las cosas están funcionando
bien. Yo solamente recuerdo una que pretendía o trataba de conseguir que el consumo de drogas en lugares públicos no fuera sancionable administrativamente. Afortunadamente aquello no prosperó y creo recordar que el Grupo Socialista se posicionó en
contra de esa iniciativa. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
La Ley del fondo, tal y como nos ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno, ha dotado a nuestro sistema de prevención y policial de importantes fondos para la lucha contra el narcotráfico. Se trata de 32 millones de euros, de los
cuales han sido distribuidos para políticas de prevención más 15 millones; para políticas de represión del tráfico de drogas casi 7 millones euros y algo más de un millón de euros para el funcionamiento del propio fondo. Es decir son 23 millones
de pesetas, de los que faltan por repartir 8 millones de euros y cuya distribución se está tramitando.
Decir que la iniciativa que hoy estamos debatiendo es innecesaria y que desvirtúa el proyecto anterior creo que es, cuando menos, irresponsable, porque las deficiencias que hemos venido notando en el funcionamiento de la Ley del fondo las
hemos denunciado todos los grupos parlamentarios en las diferentes sesiones que celebró la Comisión Mixta para el estudio del problema de la droga. La ampliación del ámbito de los bienes decomisados a los bienes procedentes de la Ley orgánica de
represión del contrabando o de la Ley sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales la hemos venido reclamando todos. También hemos reclamado la coordinación internacional bilateral -puesto que sabemos que la lucha contra el
narcotráfico no depende tanto de las organizaciones internacionales como de las relaciones entre Estados- en el destino de los bienes para que se puedan enajenar rápidamente y destinar a políticas de prevención y en la cesión del uso, no sólo de los
bienes inmuebles sino también de los bienes muebles; hemos reclamado la necesaria colaboración de los órganos jurisdiccionales que, con la aprobación en su día de este proyecto de ley, tendrán que notificar, en el plazo máximo de tres días, la
sentencia recaída, la firmeza de la misma o el auto de firmeza o de aclaración de sentencia.
La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista y que yo anuncio que vamos a votar en contra se refiere a la preterición de las comunidades autónomas y de las entidades locales, comunidades autónomas y entidades locales que
aparecen perfectamente recogidas en el artículo 3.1.b) del proyecto de ley, en el que se nos dice que son beneficiarios o destinatarios de los fondos las comunidades autónomas y las entidades locales y que tendrán que destinar estos bienes bien a la
realización de programas de prevención dentro de los planes autonómicos, a la dotación de las policías competentes en la materia -se está refiriendo a las policías autonómicas y policías locales- y a la ejecución por parte de las organizaciones no
gubernamentales sin ánimo de lucro y a entidades privadas de programas de prevención que no excedan del ámbito de la comunidad autónoma. Si nos parece poco -a mí me parece poco, por tanto continúo la lectura-, en el apartado c) se hace una
referencia expresa a las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro de ámbito estatal.
No ha querido la señora Romero en su intervención referirse a la preterición en el proyecto de la enajenación anticipada de los bienes, pero el señor ministro en su intervención le ha explicado que ese es el paso siguiente que vamos a dar,
que la comisión técnica para el estudio del sistema de penas del Código Penal ha remitido ya su informe al Ministerio de Justicia, que lo está valorando. Por tanto, la enajenación anticipada y el decomiso del valor equivalente serán nuevas medidas
complementarias
de ésta que vendrán a acompañar este proyecto. Además no podía el Gobierno en este proyecto de ley abordar la enajenación anticipada de los bienes, porque eso significa la reforma del artículo 274 del Código Penal y significa, por tanto, la
reforma por ley ordinaria de una ley orgánica, y eso está prohibido en nuestro derecho. En consecuencia, señorías, nosotros felicitamos al Gobierno por la iniciativa que ha presentado hoy y anunciamos nuestro voto en contra de la enmienda de
totalidad y de devolución que ha presentado el Grupo Socialista.
Nada más y mucha gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley por el que se regula el fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros
delitos relacionados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 89; en contra, 176; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, Y LA LEY ORGÁNICA 13/1985, DE 9 DE DICIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL MILITAR, EN MATERIA DE DELITOS RELATIVOS AL SERVICIO MILITAR Y A
LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA.
(Número de expediente 121/000071.)
La señora PRESIDENTA: Punto XII del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Tramitación del proyecto de ley orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, del Código
Penal, y la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.
Para la presentación del proyecto, tiene la palabra el señor ministro de Justicia. (Rumores.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal y del Código Penal Militar. (Continúan los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora presidenta.
Decía que el motivo de la comparecencia es presentar el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal y del Código Penal Militar en materia de los delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. Se
trata, como conocen SS.SS., de un proyecto que tiene por objeto adaptar las disposiciones penales a la situación producida tras la profesionalización de las Fuerzas Armadas y a la consiguiente suspensión de la obligación de la prestación del
servicio militar y de la prestación social sustitutoria, con efectos de 31 de diciembre de 2001. Con este fin procede a modificar las disposiciones del Código Penal y del Código Penal Militar en aquellos aspectos necesarios para conseguir que se
adapten a la nueva realidad.
En primer lugar, me gustaría destacar la oportunidad del momento en que se tramita y también hacer alguna referencia sobre el procedimiento elegido para la tramitación. Como he dicho, la suspensión del deber de cumplimiento del servicio
militar y de la prestación social sustitutoria se ha producido con efectos de 31 de diciembre de 2001. Hasta esa fecha, vigentes como estaban las obligaciones, la coherencia del sistema penal originaba que no fuera posible proceder a la derogación
de las sanciones penales que el ordenamiento jurídico imponía a quienes las incumplían.
Mientras existe la obligación tiene que existir la sanción para el incumplimiento de esa obligación. Pues bien, una vez suspendidas estas obligaciones, el
Gobierno, consciente de la necesidad de adecuar el ordenamiento en el plazo más breve posible, presentó el anteproyecto de esta ley en el Consejo de Ministros del día 1 de febrero de este año, justo antes del inicio del actual periodo de sesiones
parlamentarias.
Tras los informes pertinentes, lo aprobó el día 8 de marzo como proyecto de ley, así como su remisión a esta Cámara, solicitando su tramitación de urgencia, de acuerdo con el artículo 93 del Reglamento del Congreso de los Diputados.
Además el Pleno de la Cámara, a propuesta de la Mesa y oída la Junta de Portavoces, ha acordado que se tramite directamente y en lectura única en la sesión de hoy, lo que nos va a permitir que la ley esté aprobada muy rápidamente.
Para cumplir con su objetivo, la adaptación del Código Penal y del Código Penal Militar a la nueva realidad, la ley hace el planteamiento más claro y sencillo
posible: suprime de ambos códigos los delitos relativos a dichas obligaciones al ser hoy de imposible comisión. Así, se dejan sin contenido los artículos 527 y 604 del Código Penal, se deroga el artículo 119 (bis) del Código Penal Militar
y se da una nueva redacción al artículo 120 de este mismo texto legal. Los artículos 527 y 604 del Código Penal establecen penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a seis años para aquellos que incumplan con
la prestación de servicio militar y la prestación social sustitutoria, que ahora ya carecen de sentido. En esta misma línea, el artículo 119 del Código Penal Militar castiga al militar de reemplazo que se ausentare injustificadamente de su unidad,
destino o lugar de residencia, por lo que procede su derogación una vez desaparecidos también los soldados de reemplazo. Con la nueva redacción del artículo 120 se delimita que el delito de deserción sólo puede ser cometido por militares
profesionales y reservistas y no por soldados de reemplazo, como ocurría hasta ahora.
Por último y con el fin de solucionar la situación en todos los supuestos, la ley introduce una importante regulación de sus efectos retroactivos.
Da una solución jurídica a una situación extraordinaria haciéndose además eco de las demandas
que la sociedad ha planteado en relación con la situación producida tras el 31 de diciembre de 2001. Así, señorías, contiene en primer lugar la previsión expresa de que la medida tendrá efectos retroactivos para los condenados por sentencias firmes
no ejecutadas totalmente y dictadas con arreglo a la legislación anterior.
En segundo lugar, se establece la cancelación de oficio, previo informe del juez o tribunal sentenciador, de los antecedentes penales derivados de dichos delitos, incluso en
el supuesto de sentencias totalmente ejecutadas. Por último, se dispone que serán sobreseídos y archivados los procedimientos penales incoados por tales hechos en los que no haya recaído sentencia firme. Es decir, a partir de ahora el hecho de no
haber cumplido con estas obligaciones deja de tener consecuencias jurídicas tanto penales, sean estas por penas de inhabilitación, de privación de libertad, judiciales, como administrativas. En definitiva, señorías, este proyecto de ley, que espero
sea hoy aprobado por esta Cámara, adopta las medidas necesarias fruto de un análisis riguroso para conseguir que el ordenamiento jurídico se adapte a la nueva realidad de la profesionalización de las Fuerzas Armadas y da una solución global y ya
definitiva a los problemas que pueden derivar de la suspensión de la obligación del servicio militar y de la prestación social sustitutoria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, por parte del Grupo Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
De forma muy breve, simplemente para explicar tres enmiendas que creemos que sería posible introducir. La primera pretende acortar el plazo de la revisión de las sentencias de seis meses a tres. Ha habido personas afectadas que nos han
hecho llegar su preocupación y creemos que es posible que donde dice que las sentencias condenatorias firmes pero no ejecutadas totalmente se revisarán de oficio en seis meses, se diga que será en tres meses, que es lo que proponemos en nuestra
enmienda. Creemos que aunque el ministro ahora en su intervención lo ha mencionado, sería importante que explícitamente se dijera en una disposición adicional que queda derogada la Ley de objeción de conciencia, puesto que ya no tiene sentido.
También hemos tenido algunas sugerencias en relación con personas que fueron inhabilitadas y separadas de cargos de la Administración pública como producto de las condenas que se ejecutaron en función de la legislación anterior y lo que proponemos
es que estas personas se puedan incorporar y que no pese sobre ellas la inhabilitación a la que fueron sometidas en condenas anteriores.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, llega tarde, muy tarde, y aunque me queda poca voz -le veo con gesto serio-, me niego a no intervenir sobre una materia en la que esta diputada y quienes me precedieron han pedido y han pretendido lo que ahora llega tarde,
muy tarde. Creemos que esta cuestión se debía haber solventado hace mucho tiempo y con esta intervención simplemente quiero reconocer nuestro agradecimiento a tantos jóvenes, a tantas personas que en sus convicciones antimilitaristas y pacifistas
tuvieron que afrontar en el pasado penas duras de prisión y de inhabilitación y que creo que no eran de recibo. No sé por qué apenas hace unos meses, cuando ya se sabía que no iba a haber conducta delictiva, en diciembre del último año, ni tan
siquiera el Grupo Popular admitió la tramitación de la ley, que hubiera llegado al final en el momento correcto, en su punto correcto.
También quiero expresar mi agradecimiento, y en este sentido creo que nuestro partido ha sido ejemplar y muy coherente con sus ideas, a todos aquellos cargos municipales que por haber defendido sus ideas han sido objeto de condenas por
delitos de denegación de auxilio, por no haber facilitado las listas de alistamiento, y quiero señalarlo en la persona, en este caso de mi partido, como de otros, de Inmanol Murua, recientemente condenado, una persona que ha sido alcalde ejemplar,
diputado general de Guipúzcoa ejemplar, condenado
hace apenas unas semanas por esta cuestión a dos años de suspensión, que se ha recurrido. Creo que hay que reconocerles el mérito.
Termino, señor ministro, diciéndole que creo que los gobiernos, cualquiera que sea su posición ideológica, deben legislar, ejecutar y gestionar de conformidad con la propia vida social y con los propios tiempos. Han bailado ustedes más
atrás de lo que debieran hacerlo. Intenten, por favor, que el ritmo sea acorde con la sociedad la próxima vez.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, efectivamente para el Bloque Nacionalista Galego esta ley debería estar ya aprobada y sobre todo debería haber entrado en vigor el día 31 de diciembre, es decir, el mismo día en que lo hizo la eliminación del deber de cumplir
obligatoriamente con el servicio militar. Desde nuestro punto de vista es una ley que, más que apoyarse en la supresión del servicio militar obligatorio y, correlativamente, de la prestación social sustitutoria, tiene una causa social muy
determinada, como ya se ha señalado, que es la lucha de muchos jóvenes, apoyados por un importante sector de la ciudadanía que no entendíamos que alguien pudiese ir a prisión por sus ideas. Esta ley, aunque con retraso, viene a resolver una
injusticia histórica y por eso creo que hoy de esta Cámara podría salir el reconocimiento de una deuda de gratitud que todos los demócratas tenemos con aquéllos que, por coherencia con sus ideas, sufrieron prisión, perdieron su libertad y también,
en algún caso, su bienestar.
La ley llega con retraso y es mejorable en muchos aspectos. El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, pero quiere aprovechar este turno de palabra para recordar que la
Fiscalía sigue promoviendo la persecución y el enjuiciamiento de delitos como los que hoy vamos a derogar. Creo que no tiene por qué estar en la ley, señor ministro, pero podría decirle a la Fiscalía (es una actuación política que usted puede
promover porque sabemos que el fiscal general del Estado dista mucho de ser independiente, usted sabrá cuál es el conducto) que dejen de perseguir y de promover el enjuiciamiento de estos jóvenes.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, como ya han dicho los portavoces de otros grupos parlamentarios, el debate que propone hoy el Gobierno llega tarde y no es nada nuevo para esta Cámara, puesto que en los últimos meses hemos debatido al menos en dos
ocasiones esta cuestión. Lo hicimos en mayo, cuando el Grupo Parlamentario Socialista, junto a otros grupos parlamentarios, presentó una iniciativa con el exacto contenido que hoy ha expuesto el ministro de Justicia en esta tribuna. Por tanto, a
día de hoy y por una sola vez, coincidimos exactamente en todas las exposiciones que ha hecho el ministro de Justicia. La pena es que no hubiéramos coincidido hace unos meses, no porque estemos empeñados en que nos den la razón y nos haga especial
ilusión, sino porque hubiéramos evitado el sufrimiento y la paradoja jurídica y social que viven más de 4.000 jóvenes en este país por esta situación. En mayo presentamos una iniciativa, como recordaba, en la que pedíamos algo muy sencillo: que
antes del 31 de diciembre de 2001 se aprobara esta ley que derogara los artículos del Código Penal que iban a dejar de ser delito a partir de ese mismo día, el 31 de diciembre. Entonces, el Partido Popular puso como excusa que los objetores de
conciencia iban a salir en desbandada y desocuparían sus puestos de responsabilidad cuando, insisto, siempre estuvimos hablando de a partir del 31 de diciembre, exactamente igual que el ministro de Justicia ha hecho hoy desde esta tribuna.
Volvimos a hablar de este tema hace tan sólo dos meses, cuando el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presentó en la Diputación Permanente la necesidad de que el ministro de Justicia compareciera urgentemente para que nos aclarara
cuál era la posición del Gobierno respecto a esta materia. Entonces, al Grupo Popular no le pareció urgente la necesidad de que se derogaran estos artículos y acabáramos, por fin, con esta paradoja jurídica, social y política que estábamos
produciendo.
Parece que ahora el Grupo Popular y el Gobierno han cambiado de opinión, lo cual nos alegra. Lo que lamentamos es que hayamos tenido que someter a tantos jóvenes a ese sufrimiento y a esa situación durante estos últimos meses, cuando
se lo podríamos haber ahorrado.
Además, el Partido Socialista volvió a presentar en enero de 2002 la misma iniciativa. Por eso, hoy vemos con buenos ojos que, por fin, utilicemos los trámites parlamentarios más ágiles para que de una vez por todas acabemos con esta
situación. Por eso ha sido el Grupo Parlamentario Socialista el que pidió en la Mesa y Junta de Portavoces la tramitación directa y en lectura única de este proyecto de ley, porque entendemos que no podemos permanecer ni un día más con esta
situación en nuestro país, más si cabe en un momento en el que presidimos la Unión Europea, y que es vergonzoso que tengamos al menos siete jóvenes, como
dicen el movimiento de objeción de conciencia y algún medio de comunicación, en prisión por problemas de conciencia. El Grupo Parlamentario Socialista entiende que esta ley tiene que tramitarse lo antes posible para acabar de una vez por
todas con esta situación.
También queremos reconocer al colectivo del movimiento de objeción de conciencia y de insumisión su labor y su contribución a que la mili obligatoria haya acabado y tengamos hoy un ejército profesional. En ese sentido,
quiero decirle al Grupo Popular que esperamos que, como ha ocurrido en otras cuestiones, no lleguen tan tarde y su ideología y su lastre no impidan que situaciones como ésta, que hemos tenido que mantener en estos últimos meses, sean acordes con el
tiempo que les corresponde y no tengamos que esperar a que un día se les encienda la luz y por fin nos den la razón cuando estamos hablando de tantos jóvenes en una situación tan complicada.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Esta mañana iniciamos un trámite parlamentario que va a culminar un proceso político fundamental en los últimos años en el conjunto del Estado, como es el de la supresión del servicio militar y, consecuentemente, la supresión de la
prestación social sustitutoria.
Culmina este proceso con la desaparición del conjunto de tipos penales que sancionaban las conductas conocidas popularmente como de insumisión.
Nos parece éste un final positivo, necesario y al que mi grupo
parlamentario también quiere dar su bienvenida. Coincidimos con lo que ha expresado el conjunto de grupos de la oposición, que esta iniciativa llega tarde. Hubiese sido más razonable tramitar este proyecto de ley a lo largo del año pasado, para
prever que a 1 de enero de este año pudiese entrar en vigor la misma. Perdimos otra oportunidad -que también se ha recordado- en mayo del año pasado, cuando el Pleno de la Cámara rechazó diversas iniciativas, entre ellas una iniciativa de
Convergència i Unió sobre la materia.
El hecho de que a lo largo del año pasado no tramitásemos esta reforma del Código Penal y del Código Penal Militar ha afectado a 4.771 personas que estaban viviendo un proceso judicial en masa por haber cometido esas conductas. Este mismo
año, en los meses de enero y febrero, yo mismo estaba citado como testigo en un juicio en la comarca del Maresma; se le citaba a un joven para comparecer a juicio en relación a estos hechos.
Hay miles de personas que están sancionadas con penas de
inhabilitación que han afectado a sus situaciones profesionales, a la posibilidad de participar con normalidad en el mercado de trabajo. Por tanto, creo que hubiese sido correcto e inteligente haber tramitado esta iniciativa a lo largo del año
pasado. El Gobierno no lo entendió y ahí mantuvimos esa discrepancia.
Convergència i Unió aborda este trámite, este proceso, desde una evidente satisfacción. Fuimos nosotros quienes la pasada legislatura, de común acuerdo con el Gobierno, con el Grupo del PNV y el Grupo de Coalición Canaria, impulsamos la
puesta en marcha del fin del servicio militar obligatorio, y esta decisión es consecuencia del mismo. Fuimos nosotros quienes la pasada legislatura, de común acuerdo con el Ministerio de Justicia, impulsamos una importante reforma de la Ley
reguladora de la objeción de conciencia para adaptarla a esta nueva realidad que se iniciaba en ese proceso. Y además fuimos también nosotros, de común acuerdo con el Gobierno -y quiero recordar en esta sesión al entonces vicepresidente del
Gobierno, Álvarez-Cascos-, quienes pusimos en marcha una nueva modificación del Código Penal para suprimir las penas de prisión para los insumisos al servicio militar. En el Código Penal de 1995, entonces con Gobierno socialista y con el acuerdo
conjunto de la Cámara, acabamos con las penas de prisión para los insumisos a la prestación social sustitutoria. En el año 1998 abordábamos la supresión de las penas de prisión para los insumisos al servicio militar obligatorio. Creo que es bueno
que lo recordemos. En 1998, nos parecía que era necesario, aunque fuese impopular y antipático para importantes sectores de la sociedad, que, mientras existiese una obligación legal, el ordenamiento jurídico previese qué sucede cuando se incumple
tal obligación. Por igual coherencia, entendemos que lo que tocaba el año pasado y lo que toca ahora es avanzar en la desaparición definitiva de estos artículos.
No obstante, y aun reconociendo como positivo el hecho de que se tramite por el procedimiento de lectura única, nos parece que el proyecto de ley del Gobierno debería acoger algunas mejoras en el transcurso de su itinerario parlamentario.
De las enmiendas que presenta Convergència i Unió, me gustaría destacar dos: la número 13 que, en sintonía con la enmienda del señor Saura, pretende reducir de seis a tres meses el plazo a contar desde la entrada en vigor de la ley para que jueces
y tribunales competentes revisen las sentencias condenatorias. Nos parece que alargar en exceso este proceso, después de haber perdido el tiempo a principios de año, es absolutamente innecesario cuando hay miles de personas que están en situación
de inhabilitación y algunas en prisión; seis meses nos parece excesivo, sería importante reducir el plazo. Y la enmienda número 14, en la que establecemos que los procedimientos penales que estén en marcha y para los que no exista sentencia firme
sean sobreseídos y archivados de oficio -y subrayo de oficio-. El proyecto de ley no
lo prevé, y a nuestro grupo le preocupa que, por cualquier causa, nos pudiéramos encontrar con procedimientos judiciales en marcha que generasen algún tipo de problema a las personas afectadas. Esta enmienda clarificaría esta cuestión y
pedimos al Grupo Parlamentario Popular que la acepte.
Sobre las enmiendas del resto de los grupos, haré sólo un breve comentario. Mi grupo votará negativamente a la enmienda que presenta el señor Saura de derogación de la Ley de objeción de conciencia. Nos parece que la actual Ley de objeción
de conciencia podría ser un buen instrumento para generar un debate en el seno de la Cámara sobre cómo regular el derecho a la objeción de conciencia en tiempos de guerra. Es una cuestión que nuestra sociedad deberá plantearse en un momento u otro;
algunas legislaciones avanzadas lo tienen reconocido. Creemos que podría ser precipitado derogar hoy esa ley; de modo que, por prudencia, rechazaremos esta enmienda. Eso sí, votaremos afirmativamente el resto.
Con este proceso quizá se cierre el debate sobre el problema de la objeción de conciencia y de la insumisión en el Estado español, pero no ocurre así en toda Europa. En los países que se están incorporando al espacio europeo este es un
debate abierto. Estos días se está discutiendo en Bosnia, en Croacia y en Serbia la regulación de estas materias, y también se está discutiendo en los países de la antigua Unión Soviética.
La experiencia legislativa española, especialmente la de
esta última etapa, es importante y puede ser ejemplar en muchos sentidos. Invitamos al Gobierno, por tanto, a que tenga presente entre sus actividades la difusión y reconocimiento del pleno derecho a la objeción de conciencia.
Quiero terminar recordando -como han hecho otros colegas- a las personas que a lo largo de estos años han optado, por coherencia personal, por complicarse la vida en demanda de lo que hoy es ya una evidencia: que la mili debería ser
suprimida y que no deberían haber existido conductas tipificadas en el Código Penal por este tipo de desobediencia civil. En 1971, cuando el franquismo estaba aún vigente, Pepe Beunza, un valenciano que pasó entonces a vivir en Cataluña, fue el
primer objetor de conciencia civil del Estado español. Creo que es un buen momento para recordar a Pepe Beunza y a los objetores de conciencia de Can Serra, en Hospitalet, que fueron pioneros en esta cuestión. También es bueno recordar a Albert
Einstein, que en los años 30 recordaba que los objetores son los pioneros de un mundo sin guerra. Einstein y Freud, discutiendo por carta sobre qué podían hacer para acabar con las guerras del mundo, recordaban que la inexistencia de guerras es un
símbolo de civilidad. Creo que los objetores de conciencia son una avanzadilla de la civilidad que todos pretenderíamos tener, que es un mundo sin guerras, por muy utópico que suene. Debe continuar siendo un acicate que mueva a quienes tienen la
responsabilidad política. La desobediencia civil, la insumisión, se sitúa en ese umbral entre la legalidad rechazada y la legitimidad reivindicada que Habermas expresaba. Nos parece que hoy el Pleno de la Cámara, dando este paso, entiende y
reconoce que estos desobedientes civiles, estos insumisos, estos objetores de conciencia tenían una legitimidad social que, al final, el conjunto del país, el conjunto de la sociedad, ha aceptado como positiva. De ello nos alegramos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, podría comenzar diciendo lo que a primera vista me sugirió la lectura del proyecto: por fin, ya era hora, más vale tarde que nunca, aunque prefiero ser más amable y decirle que nunca es tarde si la dicha es buena. Es
conocido de todos que la desaparición del servicio militar como obligatorio e incluso la inexistencia de la prestación social sustitutoria ha sido siempre una querencia de mi formación política y basta retrotraerse a los debates del artículo 30 de
la Constitución para ver que nunca fuimos partidarios de la inclusión de esta obligación que constitucionalmente, por cierto, todavía existe y es posible que vuelva a rehabilitarse en un futuro. Mucho menos hemos sido partidarios de que el no
cumplimiento tanto del servicio militar como de la prestación social haya sido en algún momento delito, al que en tiempos se le aparejaban penas privativas de libertad y al que después se le han aparejado penas gravísimas de inhabilitación, hasta el
punto de que se les dio en llamar -no era la inhabilitación habitual, como todos ustedes saben, dentro del Código Penal, sino de más gravosas consecuencias- muerte civil y que, por cierto, tuvo el consenso de algunas formaciones políticas que ahora
se ponen ciertas medallas. Cuando se votó en la legislatura pasada este cambio de penas respecto de estos delitos tuvo un amplio apoyo dentro de esta Cámara.
El texto que se nos presenta nos parece correcto y tiene el mérito de que incluye incluso la cancelación de antecedentes. Quizá sea perfectible; algunas de las enmiendas que se han presentado le gustan a mi formación política como, por
ejemplo, acortar el plazo en cuanto a la revisión de las sentencias, la posibilidad de eliminar otras referencias que se hacen al servicio militar dentro del propio Código Penal Militar e incluso derogar la Ley de objeción de conciencia. Lo que el
señor Campuzano sugiere es un proyecto de ley distinto
que a lo mejor sí hay que elaborar, pero no creemos que su antecedente deba ser precisamente el texto actualmente vigente. Incluso nos parece bien la enmienda que baraja la posibilidad de devolver el derecho a un empleo público a los que
hubieran sido inhabilitados por una condena de este estilo. Nos parecería justo, aunque no se nos escapa que es muy difícil de llevar a la práctica y que incluso, en algunos casos, tropezaría con derechos adquiridos de absoluta buena fe por otras
terceras personas.
Hay otras referencias en el ordenamiento jurídico que creemos que existen todavía en relación con el servicio militar y que mi grupo parlamentario no ha hecho objeto de enmienda porque nos parecía inapropiado al no ser ni del Código Penal ni
del Código Penal Militar, pero nos gustaría que desde el Gobierno se tome nota de ellas para que también sean eliminadas.
Son las que hacen referencia a la Ley Orgánica 13/1991 y al Real Decreto 611/1996 que, salvo que yo me haya equivocado -esta
mañana lo he mirado en repetidas fuentes-, creo que no están derogadas y son las normas que convierten a los ayuntamientos en órganos de reclutamiento. Siempre hemos pensado que introducir en el ámbito municipal esta obligación, ajena a los propios
intereses municipales, era un cometido poco adecuado y lo hemos sostenido así reiteradamente ante esta Cámara. Es precisamente el que esta obligación se hiciese residenciar en los ayuntamientos el origen de la condena, a la que la señora
Lasagabaster se ha referido, que pesa hoy sobre Imanol Murua, al que me gustaría también rendir tributo como primer diputado general de la democracia que fue del territorio histórico de Guipúzcoa, alcalde durante muchos años de Zarauz y que no
merece tener en su impecable historial la afrenta de una condena penal por una conducta de este estilo que además ha desaparecido como delito. Debiera hacerse algo para que una condena de este estilo pueda ser objeto de revisión sin dejar
antecedentes, repito, a una persona de tan intachable trayectoria democrática.
Mi formación política vota gustosa, por supuesto, la aprobación de este texto y nos alegramos de que se haga en lectura única, pero también daremos nuestra aprobación a varias de las enmiendas que se han presentado. Esperemos que quede
constancia de que deben retocarse estos dos textos legales que, a salvo de que esta diputada pueda estar equivocada, mencionan a los ayuntamientos atribuyéndoles una obligación que creemos que no debe existir dentro del ámbito de sus intereses, que
es el que la Constitución menciona como propio municipal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida para hablar de una cuestión que, como ustedes saben, no es de mi competencia, pero sobre la que obviamente tengo un criterio y por ello voy a fijar la posición de mi
grupo. Quiero decirles que estamos de acuerdo con este proyecto que traen a la Cámara, señor ministro. Creo que la bondad que mis padres me han transmitido me debería servir para decirle que más vale tarde que nunca y punto, pero no puedo. ¿Sabe
por qué? Porque esta ley llega tan tarde que ha habido cientos de jóvenes españoles que por tener una visión más amplia, más generosa, más ajustada y más universal de la patria, no esa visión raquítica de la patria, el fusil y la bandera, se han
visto privados de libertad en un Estado, además, democrático. Por tanto, creo que desde aquí debemos no sólo el reconocimiento al movimiento de objetores y al de insumisos, sino que debemos pedirles perdón por esta demora que les ha privado de
libertad, por esta demora que les ha condenado a la muerte civil, que les ha tratado como desertores, por esta demora injustificada, señoras y señores del Partido Popular, señor ministro, porque mi grupo parlamentario y los demás grupos de oposición
de esta Cámara hemos presentado multitud de iniciativas para acabar con esta situación.
Por fin hoy, 11 de abril, se abre un camino de esperanza. Por eso es bueno que los que somos oposición y sufrimos cotidianamente el rodillo nos sintamos hoy especialmente alegres al ver que nuestro trabajo no es inútil y porque finalmente
siempre sirve para algo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Estoy absolutamente de acuerdo, y por eso las voy a votar a favor, con todas las enmiendas que han sido defendidas en la Cámara, incluida la enmienda del señor Saura, que Convergència i Unió decía que quería mantener porque habría que
regular la objeción de conciencia en tiempos de guerra. Con todos los respetos, y desde el más profundo cariño que sabe usted que le tengo, señor diputado, permítame que le diga que este Parlamento tiene que trabajar para la paz y no para la
guerra. Aunque las guerras existen, ojalá que no tengamos que vernos nunca en esa situación.
Creo que este proyecto tiene que tramitarse con total celeridad para reparar la injusticia histórica y para que estos jóvenes que están esperando esta iniciativa, a partir de ahora no tengan que sufrir en su vida civil ninguna repercusión
derivada de esta situación anterior.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Justicia, me corresponde fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con este debate de totalidad, en este caso realizado por el procedimiento de lectura única, del proyecto de
ley orgánica que el Gobierno nos ha traído a esta Cámara y que ha sido presentado por el ministro de Justicia, en el que se propone la despenalización de los delitos relativos al servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria.
En primer lugar, quiero agradecer que el Gobierno en su propio texto propusiera que este oportuno proyecto de ley se tramitara por el procedimiento de urgencia; así lo propuso el Gobierno y después esta Cámara acordó que fuera por el
procedimiento de lectura única. Por tanto debemos felicitarnos todos de ello, pero nadie debe ponerse claveles en la solapa que no le corresponden.
En segundo lugar, esta es una cuestión que está bien planteada por el Gobierno, es coherente con el proceso de profesionalización, está bien resuelta en cuanto a las propuestas que acaba de señalar y de explicar el ministro y que se incluyen
en el proyecto de ley, y además se realiza en el momento oportuno, cuando corresponde plantear esta cuestión, y después haré alguna referencia a ello.
Es absolutamente coherente con el proceso de profesionalización que impulsó el Gobierno del Partido Popular -conviene de vez en cuando recordar las cosas-. Fue el presidente Aznar, en la investidura de mayo de 1996, cuando planteó en su
discurso el fin del servicio militar obligatorio y, por tanto, también de la obligación de la prestación social sustitutoria, con la fórmula de la suspensión. Se puso en marcha la Comisión mixta Congreso-Senado para la profesionalización y
modernización de las Fuerzas Armadas. Después se tomaron muchas decisiones de carácter legislativo, como la Ley 17/1999, que hablaba del fin del servicio militar obligatorio a 31 de diciembre del año 2002, con la facultad que se le daba al Gobierno
de anticiparlo. El Gobierno finalmente lo anticipó en un año: fin del servicio militar obligatorio el 31 de diciembre de 2001. Paralelamente, durante la etapa de Gobierno y de mayoría del Partido Popular, y con el respaldo de otras fuerzas
políticas, se modificó la Ley de objeción de conciencia, se modificó el Código Penal del año 1995 y ya ningún insumiso del servicio militar obligatorio en sentido estricto tenía una sanción penal de carácter privativo de libertad, y aquí algunos
tendrán que responder algunas cosas.
Además aquí se da una solución satisfactoria y completa, porque no sólo se despenalizan los delitos relativos a la insumisión en sentido estricto y a la prestación social, sino también a lo que se daba en llamar la insumisión sobrevenida,
puesto que nos encontrábamos ante delitos penados en el Código Penal con sanciones de mayor envergadura como eran los delitos de deserción o de abandono de servicio. Todo ello se hace con efecto retroactivo, y en eso podemos coincidir.
Señora presidenta, al hilo del debate que se ha suscitado, conviene dejar algunas cosas claras. La portavoz del Grupo Socialista hablaba de cambio de opinión del Grupo Popular. El Grupo Parlamentario Popular no ha cambiado de opinión, ha
mantenido una posición absolutamente coherente en todo el proceso de profesionalización y en todas las leyes complementarias que se han adoptado. Ustedes sí que parece que han cambiado de opinión o yo no tengo muy claro qué es lo que piensan.
Durante 13 años de Gobierno socialista todos los insumisos iban a la cárcel, hasta los insumisos en sentido estricto que se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio y la prestación social. Ustedes fueron incapaces de desarrollar y de hacer
una correcta ley de objeción de conciencia. Pero además ustedes no querían el final del servicio militar.
Ustedes defendieron el servicio militar a capa y espada. De hecho todavía hoy el antiguo presidente del Gobierno sigue diciendo que fue un
error acabar con el servicio militar obligatorio. ¿En qué quedamos, señora Pajín? Ustedes cuando menos tendrían que explicar qué es lo que piensan y no venir a dar lecciones a los demás. A nosotros ni una, porque hemos sido los que hemos dado,
mediante nuestra mayoría, el impulso a las reformas legales que hoy se cierran con esta decisión coherente que el Gobierno plantea y que corresponde a un proyecto muy claro, muy rotundo y que con toda firmeza se está llevando a cabo. Pero, además
-insisto-, el momento es oportuno. Efectivamente, hace un año, en el mes de mayo debatimos algunas iniciativas que proponían despenalizar anticipadamente algunos de los supuestos que se plantean en el proyecto del Gobierno. Y no era el momento.
El Gobierno lo hace bien, se ha cerrado un ciclo, se tomó la decisión de anticipar el final del servicio militar obligatorio y la consiguiente prestación social a 31 de diciembre del año 2001 y es cuando corresponde tomar las decisiones que
afectaban al ámbito penal.
Por cierto, algunos grupos que hoy han intervenido aquí, hace un año planteaban despenalizar algunos supuestos que ya desde el año 1998 no existían. Hay que hablar con un poco de rigor.
Señora Pajín, en ese debate dije -usted no intervino por su grupo, pero yo sí- que mientras existiese la obligación del servicio militar obligatorio y la correspondiente prestación social tendría que existir la oportuna sanción. No había
razones para proceder a una despenalización anticipada, ni por razones de técnica legislativa ni por coherencia ni por razones de oportunidad era el momento necesario. Ahora es el momento oportuno y creo que el Gobierno ha actuado con toda
coherencia. Por tanto, insisto, el Grupo Parlamentario Popular, y no creo que haga falta hacer más comentarios, respalda el proyecto del Gobierno, mejor que nadie lo ha explicado el señor ministro, y así irá el sentido de nuestro voto.
No me resisto a hacer algún comentario sobre la intervención de la señora Castro. Señora Castro, lo que usted acaba de decir, sinceramente no merece muchos comentarios. No se trata de la bandera y la patria; se trata de la Constitución
que nos dimos todos los españoles, donde se establecen determinadas obligaciones en el conjunto de normativas que desarrolle. Vamos a ser serios y no nos agarremos a discursos bastante trasnochados, más propios de su apellido pero en otro lugar del
mundo.
Señora presidenta, concluyo por respeto a las iniciativas que ha defendido cada grupo. Se ha planteado un conjunto de enmiendas, 15 si no me falla la memoria. El Grupo Parlamentario Popular va a aceptar las dos últimas enmiendas que ha
presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en las que se plantea establecer una disposición de carácter derogatorio, entendemos que en la ley estaba implícita, pero por razones de mejoría técnica la incluimos. Además, ustedes
piden que específicamente, donde en uno de los apartados se habla que de oficio se revisen determinadas sentencias, etcétera, se incluya en uno de los subapartados. Creo que en el texto estaba perfectamente claro, pero no hay ningún inconveniente,
por mejorar el texto y por si quedara alguna duda, de incluirlo. Las restantes enmiendas no las podemos aceptar.
Fundamentalmente se refieren a asuntos que ya están en los propios proyectos o proposiciones de ley que los distintos grupos tienen
registrados en la Cámara y que no se han debatido; en algunas hablan de acortar el plazo que tienen los juzgados y tribunales para revisar las sentencias condenatorias firmes y no ejecutadas, y a nosotros nos parece, como así ha hecho el Gobierno,
que es totalmente razonable ese plazo de seis meses, teniendo en cuenta que la revisión supone una carga adicional de trabajo en los órganos judiciales afectados, y no impide que se pueda hacer en menos tiempo; además, el propio informe del Consejo
General del Poder Judicial, que hablaba algo de plazos, señalaba un plazo que no tenía que ser más breve que el que se señala en el proyecto. Señorías, en cualquier caso la entrada en vigor de la ley será suficiente para que no se deriven
perjuicios para los condenados por sentencia firme a la pena de inhabilitación.
En segundo lugar, se plantea un conjunto de enmiendas en las que se propone modificar otros apartados del Código Penal Militar. A nosotros nos parece que son puras razones de técnica legislativa. Aquí se trata de una reforma puntual, con
carácter urgente con este trámite que todos le hemos dado, y sin duda otras modificaciones pueden plantearse por proyectos del Gobierno o por iniciativas que ustedes formulen en otro ámbito.
En tercer lugar se plantean reformas que afectan a otra legislación, como a la legislación sobre Función pública del Estado. Creo que no es el lugar, estamos en una despenalización puntual que afecta a nuestro código punitivo y creo que
para plantear estas reformas, ustedes tienen otros cauces procesales en esta Cámara.
Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular respalda el proyecto del Gobierno. Entendemos que es un proyecto adecuado, coherente con lo que ha sido la política del Partido Popular, llega en el momento oportuno y se da una
solución satisfactoria -la aceptación de la insumisión-, de la forma más amplia, generosa y realista del mundo. Creo que todos los grupos de esta Cámara vamos a respaldar esta iniciativa y pienso con todo respeto que las enmiendas que formulan,
salvo las que se han aceptado, pueden plantearse perfectamente en otros ámbitos, pero no mejoran el texto y creo que damos una solución satisfactoria con lo que el Ministro de Justicia ha defendido esta tarde.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora Castro Fonseca pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Atencia.
¿Señora Castro?
La señora CASTRO FONSECA: Señora presidenta, pido la palabra creo que es por el artículo 71. No tengo mucho tiempo para aprenderme el Reglamento de memoria. Espero que haya acertado.
Quiero decir al señor diputado del Partido Popular...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Un momento, señora Castro.
A efectos del artículo 71, ¿por alusiones?
La señora CASTRO FONSECA: Por alusiones.
Para decir al diputado...
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señora Castro, un momento.
Tiene la palabra muy brevemente y sin entrar, por favor, en cuestiones de fondo. (Rumores.) ¿No me ha oido? (Un señor diputado: Que no entres en cuestiones políticas.)
La señora CASTRO FONSECA: No, no. Simplemente voy a pedir al señor diputado del Partido Popular que acaba de intervenir que me parece de una falta de elegancia personal y política su intervención; que retire las alusiones que ha hecho
respecto a mi intervención; que obvie los juicios de valor, que el Reglamento obliga a obviarlos. De luchar contra las dictaduras sé mucho. A él no le he visto nunca a mi lado y tiene mi edad.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Atencia Robledo pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Señora presidenta, simplemente quiero remitirme al Estado de Derecho,
a la necesidad de cumplirlo y a nuestra Constitución que a todos nos ampara.
Nada más.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Atencia. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar en
materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria. En primer lugar votamos las enmiendas números 1, 2 y 3, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 103; en contra, 152; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 4, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 91; en contra, 165.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5, también del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 92; en contra, 155; abstenciones, diez.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 103; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 11, 12 y 13, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 104; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 14 y 15, asimismo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 257.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Sometemos a continuación la votación del texto del proyecto con las enmiendas que han sido aprobadas por tramitarse en lectura única.
Comienza la votación. (Pausa.-Rumores.) Señorías, todavía falta una votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 257; a favor, 256; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Votación final sobre el conjunto del texto, por tener el proyecto carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 256.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada al haberse superado la mayoría requerida.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.