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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 148, de 20/03/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2002 VII Legislatura Núm. 148
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 142
celebrada el miércoles, 20 de marzo de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de la Agencia para la Igualdad de la Mujer en el Empleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 131-1, de 20 de abril de 2001. (Número de expediente 122/000116.) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del Colegio de Prácticos de Puerto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 214-1, de 1 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000190.) ...
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo de 2002.
(Número de expediente 162/000460.) ... (Página 7458)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del Índice de Precios de Consumo durante el año 2002 con la
metodología oficial utilizada hasta diciembre de 2001. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 324, de 15 de marzo 2002.
(Número de expediente 162/000459.) ... (Página 7466)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la negociación colectiva y eficacia de los acuerdos en materia de empleo público, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo. (Número de
expediente 173/000117.) ... (Página 7473)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre las previsiones para atender las demandas de nuevos proyectos de mejora de la red viaria dependiente del Estado en Aragón. (Número de expediente 173/000118.) ...
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno ante las próximas reformas tributarias. (Número de expediente 173/000119.) ... (Página 7482)
Preguntas ... (Página 7487)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana.
(Número de expediente 172/000167.) ... (Página 7511)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis. (Número de expediente 172/000165.) ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación. (Número de expediente 172/000166.) ... (Página 7523)
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 7444)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo ... (Página 7444)
Presenta la proposición de ley la señora Navarro Garzón, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Nace esta propuesta -dice- de la necesidad estratégica de las mujeres de hacer realidad lo que hoy en día es ley y norma y es que no debe
existir ningún tipo de discriminación por razón del sexo de las personas, en concreto en la relación de las mujeres con el empleo. Considera que el empleo remunerado supone el eje básico en la igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres
y da una serie de datos en relación con las mujeres y el empleo que demuestran las dificultades que las mujeres encuentran en España para incorporarse al mercado de trabajo, resaltando el problema añadido que está suponiendo el acoso sexual.
Finalmente pide el apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa que, si es aprobada, está segura se enriquecerá a través de las enmiendas que puedan presentar los diferentes grupos políticos.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno concedido por la presidencia, intervienen las señoras Navarro Garzón y Montseny Masip.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del colegio de prácticos de puerto ... (Página 7454)
Defiende la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Jiménez Suárez. Explica el contenido de la proposición, que consta de tres artículos, dos disposiciones transitorias y dos
disposiciones finales, siendo en el artículo 2.º donde se regulan los profesionales objeto de la colegiación; en el artículo 3.º, la adscripción del colegio al Ministerio de Fomento y en las disposiciones transitorias y finales la aprobación de los
estatutos y las primeras elecciones de los órganos de gobierno. Se refiere a otras leyes aprobada por la Cámara para la creación de colegios de una serie de colectivos profesionales y asegura que con esta proposición de ley se pretende dar
respuesta a una aspiración ya antigua que data de 1981 cuando la Federación de Prácticos de Puertos de España presentó un proyecto de ley en el que se pretendía crear su colegio profesional. Da una serie de razones y fundamentos por los que su
grupo considera que debe constituirse el colegio de prácticos de puertos y explica el contenido concreto de la proposición, solicitando el voto favorable de las grupos de la Cámara a su toma en consideración.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley ... (Página 7458)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 7458)
Defiende la proposición no de ley el señor Pintado Babanoj, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Explica el largo camino recorrido por el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional como piedra angular de la
planificación hidrológica y de la vertebración territorial de España, y manifiesta que el Partido Popular seguirá en el empeño de trabajar en pro de los intereses de todos los ciudadanos del país frente a los que sólo les mueve la forma de erosionar
al Gobierno.
Se refiere a lo que el denomina la ceremonia de la confusión llevada a cabo por el Partido Socialista en relación con la financiación europea del Plan hidrológico nacional y pide al Grupo Parlamentario Socialista que mantenga una
postura clara y coherente en todos los territorios de España, haciendo un esfuerzo de responsabilidad política para conseguir, de la mano de todos los españoles, una financiación europea que permita al Gobierno desarrollar el plan en su integridad.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Vázquez Vázquez y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Pintado Barbanoj.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del índice de precios al consumo durante el año 2002 con la metodología
oficial utilizada hasta diciembre de 2001 ...
(Página 7466)
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista interviene la señora Costa Campi. Se refiere al cambio de metodología en la elaboración del IPC desde el pasado mes de enero por el Instituto Nacional de Estadística,
que afecta a la muestra en cuanto se produce un aumento del número de municipios, del número de establecimientos y del número de precios tomados e implica incorporar en la cesta de la compra nuevos productos y sacar otros, lo que obliga a la
actualización en las ponderaciones y a un nuevo sistema de cálculo. Asegura que la comparación efectuada por el Gobierno entre el IPC de diciembre y el de enero, datos no comparables porque son distintos, ha creado una enorme alarma social y supone
una manipulación política inadmisible, por lo que es totalmente necesario que la metodología para calcular el IPC no varíe y si, por razones de representación en los cambios en el consumo, es necesario incurrir en cambios
metodológicos, habrá que publicar las dos series de IPC, con la nueva y con la anterior metodología.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Costa Campi.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votaciones) ... (Página 7472)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo ... (Página 7472)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo, se rechaza por 120 votos a favor y 168 en contra.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del colegio de prácticos del puerto ... (Página 7472)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del colegio de prácticos de puertos, se aprueba por 277 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votaciones) ... (Página 7472)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional ... (Página 7472)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), se aprueba por 162 votos a favor, 120 en contra y cinco abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución de precios de consumo durante el año 2002 con la metodología oficial
utilizada hasta diciembre de 2001 ... (Página 7472)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del índice de precios al
consumo durante el año 2002 con la metodología oficial utilizada hasta diciembre de 2001, en sus propios términos, se rechaza por 126 votos a favor, 162 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 7473)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la negociación colectiva y eficacia de los acuerdos en materia de empleo público, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo ...
Defiende la proposición no de ley la señora Serna Masiá, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Asegura que tras el debate de la interpelación urgente de la semana pasada sobre este tema, están convencidos de que el Gobierno no tiene
ninguna prisa por recomponer la mala situación que el ministro Rajoy creó con los empleados públicos cuando les impuso unilateralmente la congelación salarial en 1997, que el Gobierno no tiene demasiado interés en restablecer la negociación con los
sindicatos y que el Gobierno no ha pensado en cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, negociación y acuerdos que se incumplieron también cuando el ministro Rajoy impuso unilateralmente la congelación salarial a los
empleados públicos en 1997.
Asimismo critica la nula política seguida actualmente por el nuevo ministro de Administraciones Públicas, Posada Moreno, esperando unas veces a que sea el Poder judicial el que tome decisiones y otras refugiándose en los
ministerios económicos, cuando las decisiones son
única y exclusivamente de su ministerio. Lo cierto es que, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dictado ya sentencia, los empleados públicos seguirán esperando, a juzgar por las manifestaciones del señor ministro.
A continuación explica
las medidas que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, a su juicio de sentido común, en la moción consecuencia de interpelación urgente que tiene el honor de presentar a la Cámara para su aprobación.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Serna Masiá.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la negociación colectiva y eficacia de los acuerdos en materia de empleo público,
tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido asumida por el grupo proponente, se rechaza por 116 votos a favor, 165 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre las previsiones para atender las nuevas demandas de nuevos proyectos de mejora de la red viaria dependiente del Estado en Aragón ... (Página 7478)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. Plantea está moción como consecuencia de las preguntas que hizo la semana pasada al señor ministro de Fomento sobre una
cuestión clave para el desarrollo de Aragón, como son los nuevos proyectos para mejorar la red viaria aragonesa, tanto los previstos en el Plan de infraestructuras 2000-2007 como las comunicaciones transpirenaicas. Explica las mejoras que proponen
introducir en el actual Plan de infraestructuras, con el único objetivo de crear una red de carreteras en forma de malla que cubra íntegramente las necesidades de comunicación, tanto dentro del territorio como con las comunidades limítrofes, y
asegura que no se trata de un debate sobre las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno, pero no puede dejar de decir que, tras seis años de gobierno del Partido Popular, la red viaria aragonesa es la que menos se ha desarrollado en las últimas
décadas con relación a las comunidades limítrofes de Cataluña, Navarra, La Rioja o Valencia, por lo que en su moción se reclama la puesta en marcha de una serie de actuaciones necesarias, para las que pide el voto favorable de la Cámara.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Torres Sahuquillo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Bueso Zaera, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta, sobre las previsiones para atender las demandas de nuevos proyectos de mejora de la red viaria dependiente del Estado en
Aragón, con la incorporación de la enmienda defendida por el Grupo Parlamentario Socialista y aceptada por el grupo proponente, se rechaza por 108 votos a favor, 149 en contra y doce abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno ante las próximas reformas tributarias ... (Página 7482)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) interviene el señor Sánchez i Llibre. Explica que ante las expectativas del debate que tuvo con el ministro de Hacienda con
motivo de la interpelación urgente sobre cuáles iban a ser los criterios con que se habían de abordar las futuras reformas fiscales, su grupo presenta esta moción en la que se insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales un proyecto de
ley de reforma del IRPF, que deberá entrar en vigor en el ejercicio de 2003; a abordar la supresión del impuesto sobre actividades económicas para el 90 % de las pequeñas y medianas empresas; a remitir a las Cortes Generales, antes de finalizar el
actual período de sesiones, un proyecto de ley de mecenazgo; a presentar
un proyecto de nueva ley general tributaria, y a evaluar los resultados de la aplicación en España de la directiva 1999/85/CE.
Respecto a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios, agradece las formuladas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con el que espera llegar a un acuerdo, rechazando el resto porque, aun estando de
acuerdo en algunos puntos, hay otros que contradicen el espíritu de la moción.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario
Socialista, y la señora Báñez García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno ante las próximas reformas tributarias, con la incorporación de
la enmienda que ha sido defendida por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y aceptada por el grupo proponente, se aprueba por 157 votos a favor, 93 en contra y una abstención.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas ... (Página 7487)
Del Diputado don Federico Souvirón García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que el proceso inversor que están llevando a cabo las empresas eléctricas es acorde con lo previsto
en el documento de la planificación energética que recientemente el Gobierno ha remitido a la Subcomisión creada al efecto en el Congreso? (Número de expediente 180/001197) ... (Página 7487)
Del Diputado don Ángel Escuredo Franco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información puede dar el Gobierno de la reciente emisión de Obligaciones del Estado a 15 años? (Número de expediente
180/001201) ... (Página 7488)
Del Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno en relación con la conversión en Autovía de la N-340, entre Vejer y
Algeciras? (Número de expediente 180/001205) ...
(Página 7489)
Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aprobada el 17 de octubre de 2000, relativa a la elaboración de un informe sobre los efectos de la entrada en vigor de la Ley de Arrendamientos Urbanos? (Número de
expediente 180/001208) ...
(Página 7490)
Del Diputado don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la evolución de los ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2001? (Número de
expediente 180/001198) ... (Página 7491)
Del Diputado don Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: ¿Cuál es la valoración que realiza el Gobierno del funcionamiento y los resultados
obtenidos por la modificación de las deducciones por la realización de actividades de investigación y desarrollo en la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
introducidas por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, a tenor de las declaraciones correspondientes al ejercicio del año 2000 practicadas por los sujetos pasivos? (Número de expediente
180/001207) ... (Página 7491)
Del Diputado don Iñaki Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales: ¿Mantiene el Ministro las declaraciones realizadas durante las jornadas celebradas en Bilbao
sobre seguridad y salud en el trabajo, acerca de la creación de la Fundación para la formación continua Hobetuz? (Número de expediente 180/001170) ... (Página 7493)
Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior: ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno ante la gran
movilización social celebrada Barcelona ante la cumbre de la UE? (Número de expediente 180/001209) ... (Página 7494)
De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno del grado de cumplimiento del acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de
protección social? (Número de expediente 180/001199) ... (Página 7495)
De la Diputada doña Carmen Quintanilla Barba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la II Asamblea Mundial
del Envejecimiento? (Número de expediente 180/001202) ... (Página 7496)
De la Diputada doña Margarita Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Cuándo completará el Gobierno el traspaso a las Comunidades Autónomas de los bienes inmuebles del INSALUD? (Número de
expediente 180/001184) ... (Página 7497)
De la Diputada doña Gloria Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los objetivos del plan de lucha contra las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a las playas
españolas de las personas con minusvalía? (Número de expediente 180/001200) ... (Página 7498)
Del Diputado don Aurelio Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las actuaciones más representativas que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente en las costas de la
provincia de Cádiz? (Número de expediente 180/001206) ... (Página 7499)
Del Diputado don José Blanco López, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Considera el Ministro Portavoz del Gobierno que los informativos de Televisión Española respetan los
principios de neutralidad y pluralismo? (Número de expediente 180/001186) ... (Página 7500)
De la Diputada doña Soledad Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Cree el Ministro Portavoz que la razón de la escasísima presencia de miembros del Partido
Socialista en Televisión Española se debe a que no tienen nada que decir? (Número de expediente 180/001187) ... (Página 7501)
De la Diputada doña Teresa Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Podría explicar el Ministro Portavoz en qué consiste su cometido dentro del Gobierno? (Número
de expediente 180/001188) ... (Página 7503)
Del Diputado don Máximo Ramón Díaz-Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Es función del Ministro Portavoz descalificar a la oposición todos los viernes en su
comparecencia ante los medios después de la celebración del Consejo de Ministros? (Número de expediente 180/001189) ... (Página 7504)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Entre las competencias del Ministro Portavoz está la de autorizar los viajes al extranjero de los
españoles? (Número de expediente 180/001190) ... (Página 7505)
Del Diputado don Jordi Pedret i Grenzner, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Tuvo conocimiento el Ministro Portavoz de que el CESID había elaborado un informe sobre el viaje del
ex Presidente González a Marruecos? (Número de expediente 180/001191) ... (Página 7506)
Del Diputado don Joaquín Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Con qué medios de comunicación se puso en contacto personalmente para trasladarles la información 'mal
procesada' sobre la reunión inexistente del ex Presidente González con el Rey de Marruecos y el Primer Ministro marroquí? (Número de expediente 180/001192) ... (Página 7507)
Del Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro Portavoz del Gobierno: ¿Considera el Ministro Portavoz que la política informativa del Gobierno respeta y garantiza la
libre información de ideas y opiniones? (Número de expediente 180/001193) ... (Página 7508)
De la Diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Gobierno: ¿Ha tenido en cuenta el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a la hora de elaborar el anteproyecto de ley de Calidad de la
Enseñanza, las distintas realidades educativas de las diferentes Comunidades Autónomas? (Número de expediente 180/001195) ... (Página 7509)
Del Diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué objetivos inspiran el documento base de la Ley de Calidad en el que está trabajando el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte? (Número de expediente 180/001196) ... (Página 7510)
Interpelaciones urgentes ... (Página 7511)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana ...
(Página 7511)
Presenta la interpelación urgente el señor Mayoral Cortés, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, por una doble razón: por un lado, porque consideran un fracaso total la política de seguridad del Gobierno, perjudicial para la inmensa
mayoría de los españoles, y por otro, por la forma de responder a las críticas con chanzas, con chistes, con ninguneos y con descalificaciones impropias del ministro del Interior del Gobierno de España. Da una serie de datos sobre el incremento de
la criminalidad que el considera espectacular y preocupante y pregunta al señor
Rajoy cuál es el incremento real de la criminalidad, sin maquillar las cifras, porque según la última encuesta del CIS la inseguridad ciudadana ocupa el tercer lugar en las preocupaciones de los ciudadanos. Asegura que las causas de este
aumento de la criminalidad están en la política que sigue el Ministerio del Interior: disminución de efectivos policiales, conflictos generalizados entre sindicatos policiales y el ministerio, un sistema de retribuciones salariales escaso,
incumplimiento de los acuerdos negociados, una lluvia de quejas ante el Defensor del Pueblo, que ponen en evidencia una situación grave de personas que están absolutamente insatisfechas, y también problemas de coordinación. Critica las soluciones
que se dan desde el ministerio y asegura que ninguna de ellas sirve, reservándose las que propone su grupo para el debate de la moción consecuencia de esta interpelación.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior (Rajoy Brey). Ordena la interpelación en tres apartados: el análisis de los datos de seguridad en España; el diagnóstico de las causas
que influyen en esta evolución y las medidas que el Gobierno está adoptando y va a adoptar en el futuro. En relación al primer apartado contesta que la criminalidad ha tenido una línea ascendente desde la década de los 80 hasta el año pasado,
existiendo una bajada sólo en los años 1990, 1991, 1992 y 2000, y da una serie de datos sobre la evolución de la delincuencia, por los que se puede apreciar que sobre el total de infracciones aumentan las faltas y bajan los delitos, lo que hay que
valorar, opina, desde la perspectiva de que tienen un tratamiento penal distinto. Asimismo pasa a analizar los datos de la eficacia policial, medida en términos de detenciones y de delitos esclarecidos, y da cuenta de las medidas que se van a
llevar a cabo por el Gobierno en la lucha contra la inseguridad.
Replica el señor Mayoral Cortés, duplicando el señor vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis ... (Página 7517)
Presenta la interpelación urgente el señor Centella Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Considera que es necesario hacer un debate de fondo sobre la situación del sector agrario y ganadero español porque los agricultores y
ganaderos han sido y están siendo los principales afectados por unas excesivas, dice, crisis sanitarias y alimentarias, de las que no han sido los causantes, pero de las que sí están pagando las consecuencias. Es importante, por tanto, hacer un
debate, de una vez por todas, sobre el modelo agrario y ganadero que necesita este país para no ir a remolque de los acontecimientos. Se refiere a las diferentes OCM de la política agraria común, que va por el camino de una mayor liberalización y
menos ayudas, produciéndose una reducción del empleo en agricultura, y plantea al Ministerio de Agricultura una política mucho más activa, para evitar convertirse en una oficina de Bruselas. Manifiesta que en Izquierda Unida se sigue pensando en la
agricultura no sólo como una mera cuestión económica, sino como un medio para generar empleo y riqueza, por lo que anuncia una moción consecuencia de la interpelación urgente que hoy trae a la Cámara que sirva de perspectiva para el futuro del
sector agrario español.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Afirma, después de escuchar al señor Centella, que su análisis no coincide con la situación actual de la agricultura y de la ganadería
españolas ni con las perspectivas de futuro. Reconoce que el año 2001 ha sido difícil para la ganadería española por la crisis sanitaria generada por la aparición de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina y por el riesgo de la
entrada de la fiebre aftosa, y explica las medidas llevadas a cabo por el Gobierno para solucionar los problemas. Da una serie de cifras sobre la recuperación de la producción de vacuno y de porcino y sobre el incremento de la renta agraria por
ocupado, en donde España, junto con Alemania, se sitúa a la cabeza, con un crecimiento de más de veinte puntos sobre la base cien de 1995. Afirma que el sector agrario ha tenido en los últimos años un apoyo global de la Administración tan amplio
como insuficientemente divulgado, como lo demuestran los 6.175 millones de euros recibidos en el año 2001 del Feoga-Garantía, resultado del esfuerzo negociador de este Gobierno ante la Unión Europea.
Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación ... (Página 7523)
Presenta la interpelación urgente el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto. Con esta interpelación, explica, se pretende echar algo de luz sobre la reforma que el Gobierno proyecta de la enseñanza no universitaria y corregir
defectos y
carencias. Considera que la interpelación es oportuna cuando siguen sin aclararse muchas dudas en la aplicación práctica de la Ley de ordenación universitaria y no se acalla la masiva protesta que levantó el texto entre profesores y
estudiantes y cuando están en plena tramitación parlamentaria el proyecto de ley orgánica de reforma de la formación profesional y de las cualificaciones y la denominada ley de calidad, sobre la que centra su intervención. Critica varios aspectos
del proyecto de ley de calidad de la enseñanza y confía en que el fracaso escolar no sea una excusa para lograr otros fines, pues bajo los eslóganes de la cultura del esfuerzo y de la evaluación, el borrador del proyecto de ley parece esconder una
concepción del sistema escolar muy selectiva, muy competitiva y, en algunos aspectos, segregadora. Se pregunta qué competencias van a quedar para las comunidades autónomas en materia de educación no universitaria y acusa al proyecto de ley de
degradar la función docente, porque se deja solo al profesor ante la sociedad, sin proporcionarle medios, de incrementar el autoritarismo y de no abordar el tema de la inversión por alumno o cuestiones como el necesario laicismo en la educación, no
sólo en la pública.
Contesta, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). Agradece la presentación de la interpelación porque así se tendrá la oportunidad de avanzar en algo tan sencillo como es leer de igual
manera una misma frase, una misma línea, un mismo concepto o un mismo término. Le llama la atención extraordinariamente hasta qué punto se pueden interpretar cosas tan distintas de una frase que está escrita, lo que no quita para que, leyendo lo
mismo, no se esté de acuerdo y se proponga otra medida alternativa, y pasa a explicar por enésima vez, en un ejercicio casi pedagógico, lo que dice el texto.
Replica el señor Aymerich Cano, duplicando la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CREACIÓN DE LA AGENCIA PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER EN EL EMPLEO. (Número de expediente 122/000116.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el
empleo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO GARZÓN: Señorías, tengo el placer de venir hoy a esta Cámara en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a presentar una proposición de ley para la creación de la agencia de igualdad de la mujer en el empleo. Esta
propuesta nace de la necesidad estratégica de las mujeres de hacer realidad lo que hoy en día es ley y norma y es que no debe existir ningún tipo de discriminación por razón del sexo de las personas y en concreto en la relación de las mujeres con el
empleo. La ley nos ampara pero la realidad nos sigue poniendo de manifiesto día a día que estamos muy lejos de conseguir ese objetivo. En este sentido, la sociedad está demandando que se establezca algún tipo de control del mercado laboral para
que las mujeres puedan acceder a él en igualdad de condiciones, así como que no sufran graves discriminaciones cuando ya están incorporadas a él. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Espero que por una vez podamos sacar
adelante con el apoyo de todos los grupos una iniciativa tan relevante como la que estamos defendiendo esta mañana. Pido el apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa que, si es aprobada, a través de las enmiendas que puedan presentar los
diferentes grupos políticos enriquecerán esta propuesta que hacemos con el único objetivo de que las mujeres tengan igualdad no solo legal, sino igualdad de oportunidades ante el empleo.
Como ustedes saben, el empleo remunerado supone el eje básico para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea una realidad. Las mujeres necesitan ser independientes económicamente para poder tomar con entera libertad sus
propias decisiones ejerciendo sus legítimos derechos.
El mercado laboral es el ámbito donde por definición las mujeres se encuentran con situaciones de mayor desigualdad de una forma explícita y además en cualquiera de sus ámbitos nos dan datos
verdaderamente preocupantes sobre la situación de las mujeres: más desempleo, más precariedad, menores salarios, discriminaciones directas e indirectas y acoso sexual.
Les daré algunos datos concretos en relación con las mujeres y el empleo.
Es cierto que las mujeres europeas nos hemos incorporado al mundo del empleo, pero hemos observado algunos índices que nos parecen alarmantes, especialmente los que
se refieren a las mujeres españolas. Según la última estadística de Eurostat las mujeres españolas tienen la tasa de desempleo más alta de toda Europa, un 18,3 por ciento, situándose a 9,3
puntos de la media europea que es de 9 puntos. Respecto a los varones, la diferencia media en toda la Unión Europea es de 2,1 puntos entre hombres y mujeres, mientras que en España la diferencia de paro entre hombres y mujeres es de 9
puntos. Quiero resaltar también algo que me inquieta, dado que si analizamos estos datos de desempleo por sectores de edad comprobamos que la distancia entre las mujeres jóvenes y sus compañeros varones es de 11 puntos en nuestro país y en la Unión
Europea la media sólo es de 1 punto. Aquí es donde nos encontramos con la primera sorpresa porque, a pesar de que la igualdad de oportunidades es un hecho legal y que creíamos que era imparable, es preocupante que en la juventud se siga
reproduciendo y aumentando la discriminación histórica de las mujeres.
Por otro lado, también nos encontramos con que la tasa de actividad femenina se encuentra actualmente en un 40,3 por ciento, lejos todavía del 54,7 que suman hombres y mujeres.
Las mujeres españolas nos distanciamos de la media de mujeres de la Unión Europea en 13 puntos y medio y ocupamos el penúltimo lugar en tasas de actividad de toda la Unión Europea.
Otra de las grandes discriminaciones de las mujeres en el empleo es la diferencia de salario que se percibe con respecto a los varones. En este sentido, y según los últimos datos de que disponemos, las mujeres cobran de media entre un 25 y
un 30 por ciento menos del salario que cobran los varones por un trabajo de igual valor. La precariedad económica de este momento será una precariedad social que las mujeres arrastrarán el resto de su vida, porque están cotizando a la Seguridad
Social, a efectos de desempleo y a efectos de jubilación, por menos salario.
También quiero señalar el problema que está suponiendo el acoso sexual en el trabajo, porque está llegando a tener dimensiones considerables, alcanzando al 60 por ciento de las trabajadoras de nuestro país y al 35 por ciento de las
trabajadoras de la Unión Europea, según datos de los sindicatos. Como ustedes saben, este problema tiene gravísimas repercusiones en las mujeres que lo padecen, así como consecuencias muy negativas en el funcionamiento de las empresas. Las
víctimas se encuentran normalmente desamparadas, tienen miedo a verse ridiculizadas o, lo que es peor, a perder su empleo, y están sometidas a grandes tensiones, que suelen tener graves consecuencias para su salud física y mental. Un dato
esclarecedor es que el 35 por ciento de los casos de acoso terminan cuando las mujeres han dejado el empleo.
Quiero señalar también que dadas las dificultades que las mujeres encuentran en España para incorporarse al mercado de trabajo, el Gobierno español deberá realizar grandes esfuerzos para alcanzar los objetivos fijados por el Consejo Europeo
de Lisboa, que suponen lograr, de aquí al año 2010, una tasa de empleo femenino del 60 por ciento en nuestro país y crear aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo, de los cuales más de 2 millones y medio tendrían que estar ocupados por
mujeres. Está claro que para cumplir con esos objetivos es necesario incorporar medidas más ambiciosas que las que se han aprobado recientemente en la cumbre de Barcelona. Las mujeres necesitan formación de todo tipo, también en nuevas
tecnologías, al igual que los varones. Además, hay otra medida que nos preocupa, que es la movilidad laboral. Si no se establecen mecanismos que hagan posible una efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, la movilidad laboral
perjudicará ampliamente a las mujeres.
Estos mecanismos tienen que potenciarse además con servicios de atención a niños, a personas mayores y a personas dependientes, pero no -como se ha dicho- para cubrir el 30 por ciento de la demanda, sino el
cien por cien.
Además de formación, las mujeres y el mercado de trabajo necesitan actuar contra la discriminación. El problema de la desigualdad de las mujeres en el empleo, tanto en el acceso como en la permanencia, no es tanto un problema de formación
como de discriminación. Miren ustedes los datos de desempleo de mujeres y hombres con formación similar, relacionados con las nuevas tecnologías y con los estudios técnicos, que son las carreras en las que hay menos desempleo, y comprobarán que las
mujeres, con la misma formación, tienen unos niveles de desempleo mucho más altos que los varones. Para hacer frente a estas graves situaciones de discriminación de las mujeres en el empleo, el Partido Socialista presentó en meses anteriores una
proposición de ley para la creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo, cuya toma en consideración espero que sea apoyada hoy. La legislación establece claramente la igualdad, pero en la práctica no se cumple, por lo que es
necesario desarrollar instrumentos que la hagan real y ayuden a combatir la discriminación. Las mujeres no suelen denunciar a una empresa, aunque sepan que en muchos casos se les ha negado el acceso a un puesto de trabajo o a la promoción en el
mismo por su pertenencia al género femenino, por ser mujeres. La agencia para la igualdad de las mujeres en el empleo es un recurso público a favor de ellas, que además apoyará a las empresas para que hagan una política de personal más igualitaria
y ausente de discriminación hacia las mujeres. El desarrollo de este organismo contra la discriminación de las mujeres demostraría la voluntad de desarrollar acciones positivas y de actuar contra la discriminación. Su trabajo debería ser vinculado
a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en Europa y en el Gobierno español y, de manera prioritaria, debería coordinarse con las comunidades autónomas, diría más, también con los ayuntamientos, en suma, allá donde existan organismos
específicos de igualdad entre hombres y mujeres que estén desarrollando proyectos, que promuevan políticas de acción positiva en empresas privadas y que deberían reforzar el trabajo de esta agencia. Los objetivos principales de esta agencia serían
la defensa del derecho fundamental a la igualdad
de género en el ámbito laboral, velando especialmente para que no se produzcan discriminaciones, ni directas ni indirectas. Pero, hoy por hoy, la mayoría de esas discriminaciones son subliminales, contra las que es más difícil luchar.
Entre otras, la agencia que proponemos tendría las siguientes funciones: Estudiar e investigar las políticas de personal de las empresas, para recabar información y conocer aquellas prácticas que puedan resultar discriminatorias. Por otro
lado, deberá colaborar con las empresas en la elaboración de programas de acción positiva, así como asesorar a la Administración pública en sus políticas de empleo. Esta agencia deberá atender denuncias y reclamaciones de trabajadoras, ofreciendo
un espacio abierto y seguro al que puedan acudir con confianza, pues una de sus primeras funciones será la defensa de los derechos de las trabajadoras.
Para ello, en los casos denunciados instará a las autoridades competentes, a la Inspección de
Trabajo y a la Seguridad Social a levantar acta y, en su caso, a la instrucción del correspondiente expediente sancionador.
El organismo que aquí proponemos no surge de la nada. En la actualidad, y desde hace ya décadas, se dispone de un modelo similar en Estados Unidos, la Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo. Se trata de una agencia
americana creada junto a la Ley de Derechos Civiles del año 1964, si bien es verdad que esta agencia se ocupa no sólo de los derechos de las mujeres sino también de los derechos de todas las minorías, en respuesta al reclamo social que pedía el fin
de la segregación y la discriminación racial padecida por la población negra en la mayoría de los Estados. Además, esta ley extiende esa prohibición a la discriminación sexual, así como a la discriminación religiosa o a aquélla que se basa en el
origen de las personas. Otra de sus misiones más importantes es la de promover la correcta aplicación de la Ley de Igualdad Salarial, que prohibía la discriminación salarial de las mujeres que, lamentablemente, se sigue dando día a día.
Quiero resaltar que la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista se adapta a la realidad y a las legislaciones española y europea y por eso está dirigida a combatir la discriminación en el acceso y en la permanencia en el empleo solamente
de las mujeres, porque los problemas de las mujeres ante el empleo y una vez que están en él no son exclusivamente problemas de falta de formación ni de adaptación al mercado laboral, aunque sea necesario seguir trabajando en la formación continua
para el empleo para las mujeres y también para los varones. Las mujeres tienen, sobre todo y en relación con los hombres, problemas de discriminación y esto hace que encontremos dificultades al entrar en el mundo del empleo. Esa discriminación no
se nota mientras sigue el período de formación, académico o laboral, ahí no hay ningún tipo de discriminación, pero cuando una chica con 25 años, con la misma formación que su compañero, empieza a buscar un trabajo ve claramente cómo su compañero
-con la misma formación que ella, repito- tiene más facilidad para encontrar un empleo que ella misma. Luego esa discriminación también sigue estando presente en las generaciones más jóvenes, que son las que tienen una mayor igualdad en cuanto a la
formación. También queremos terminar con esa discriminación en la selección de personal, así como en la promoción profesional. En la promoción profesional está claro que también juega un papel muy importante el hecho de que existan otras políticas
que hagan posible que hombres y mujeres podamos compartir la vida familiar en igualdad de condiciones. Pero, hoy por hoy, las que de verdad seguimos teniendo, en la mayoría de los casos, las responsabilidades familiares seguimos siendo las mujeres,
y ésa sigue siendo una traba importante en cuanto a la promoción profesional de las mujeres dentro del ámbito laboral. Tenemos que seguir profundizando y terminando con la discriminación salarial porque, como he dicho, los salarios son menores para
las mujeres, sin olvidar el tema de las responsabilidades familiares. Es importante dar a las mujeres una respuesta como ésta y trasladar este discurso a la sociedad, y es urgente y necesario actuar firmemente contra el desempleo de las mujeres
porque es la única forma de apostar de verdad por un futuro en igualdad.
Mientras sigan existiendo personas dependientes económicamente de otra persona nunca podremos decir que hombres y mujeres somos iguales, por más que la Constitución nos
reconozca los mismos derechos a unos que a otras.
La realidad, hoy, está todavía muy lejos de recoger exactamente los derechos que nos amparan desde la Constitución.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Navarro.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, si bien está de acuerdo con el diagnóstico expresado por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y quiere conseguir los objetivos europeos de pleno empleo para el año 2010, y que esto sea una realidad tanto para los
hombres como para las mujeres, entiende que es necesario desarrollar acciones positivas en el caso específico de la mujer porque la tendencia actual de la evolución no nos va a llevar con seguridad a la consecución de esos objetivos, pero no estamos
de acuerdo en que la fórmula para poder alcanzar estos objetivos sea la creación de agencias de la Administración central. En nuestro país, la realidad del Estado de las autonomías que hemos desarrollado y que ha sido refrendado por nuestra
Constitución hace inviable la consecución de objetivos, en última instancia, por medio de agencias de estas características.
En el último debate que ha habido en esta Cámara sobre reformas laborales, y en otros muchos, se ha tratado este tema y se ha puesto de manifiesto la necesidad de seguir profundizando en las reformas estructurales dentro del mercado de
trabajo que faciliten, de una manera más acelerada, la incorporación de la mujer al mundo laboral no sólo cuantitativa sino cualitativamente, como también expresaba la portavoz del Grupo Socialista, es decir, no sólo hay que incrementar la tasa de
mujeres empleadas, sino que hay que conseguir que la brecha que aún nos separa en cuanto a salarios respecto a la población masculina laboral vaya desapareciendo. En Canarias se han producido mejoras en este sentido, que no nos tienen que
satisfacer ni mucho menos, hay que seguir trabajando en lo que se refiere al empleo femenino. Por ejemplo, en el año 1991 se registró una tasa de mujeres desempleadas del 31 por ciento, por encima de la media del Estado, que estaba entonces en un
23 por ciento; en el año 2001 esta cifra había descendido a un 17 por ciento, estando ya Canarias algo por debajo de la media del Estado, que estaba en un 19 por ciento.
Quisiera resaltar que los avances reales en los mercados laborales se producen allá donde están los puestos de trabajo, es decir, en los territorios. En ese sentido, entendemos que muchas de las competencias o funciones que se le quieren
atribuir aquí a la agencia son competencias que ya corresponden a las comunidades autónomas y actividades que ya se realizan por éstas. En concreto en Canarias se pretende profundizar en lo que son las medidas específicas que fomenten de forma
especial el incremento del empleo femenino con el Plan integral de empleo y, a su vez, por medio de la coordinación de medidas transversales dentro de la acción del Gobierno de las comunidades autónomas. Me estoy refiriendo a todo lo que significa
la conciliación de la vida laboral y familiar y al apoyo prestado desde el Instituto Canario de la Mujer, como una comisión de seguimiento específico con relación a la evolución del empleo femenino e incluso con un observatorio específico para poder
evaluar estos datos.
Con esto quiero decir que en el fondo partimos probablemente de concepciones diferentes del papel del Estado. Entendemos que queda expresado en el propio texto de la agencia, cuando se contrapone a la agencia como un organismo de la
Administración general del Estado y después en su composición se permite participar a dos miembros de las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que la Administración del Estado son todas, tanto la central, como la autonómica y la local. Lo
que ocurre es que el papel que cada una de las administraciones es diferente.
En este caso, corresponde a la Administración general del Estado fundamentalmente el desarrollo de medidas legislativas a la hora de planificar las reformas estructurales
de los mercados de trabajo, medidas legislativas en pro de la defensa de los derechos que puedan verse lesionados actualmente y, por supuesto, en lo que se refiere a mecanismos que favorezcan la cooperación de todas las administraciones para
unificar estrategias en este sentido. Por el contrario, las medidas que están aquí recogidas en lo referente a la ejecución de las políticas de empleo, el control y el seguimiento, corresponden a las administraciones autonómicas que en última
instancia también tienen competencias en esta materia. Por tanto, manifestamos que sí que son necesarias medidas específicas, acciones positivas y sí que es necesario que se debatan en esta Cámara con profundidad reformas estructurales que nos
lleven a poder conseguir este objetivo para que de aquí al 2010 se logre el objetivo o la consecución del pleno empleo también para la mujer. No estamos de acuerdo en que se creen nuevas estructuras, fundamentalmente dentro de la Administración
central, que consuman presupuestos porque en última instancia es una cuestión de prioridad. Es decir, los objetivos tendrían que centrarse en resolver muchos de los problemas que desde las comunidades autónomas se está viendo que hoy por hoy
existen. Actualmente hacen falta desarrollar elementos legislativos porque se están cercenando muchas posibilidades de las políticas específicas de creación de empleo en las comunidades autónomas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Señor Txueka. (La señora presidenta ocupa la presidencia)
El señor TXUEKA ISASTI: Egunon.
Señor presidente, señorías, aún coincidiendo con partes importantes de la exposición de motivos de esta proposición de ley, la realidad y la práctica de esta proposición presentada por el Grupo Socialista es que se pretende crear un nuevo
organismo en un ámbito donde las competencias están completamente transferidas, ya que las comunidades autónomas tienen sus propias agencias e institutos de la mujer -en nuestro caso, Emakunde- y, además, ciertamente con excelentes resultados. Si
el Grupo Socialista ha detectado desigualdades e ineficacias en el ejercicio de estas competencias, lo lógico es que lo denuncie y actúe en dichos ámbitos transferidos y no nos meta en una especie de totum revolutum formal y en la creación de un
nuevo organismo que como mínimo, tal como se vienen entendiendo las coordinaciones desde la centralidad del Estado, supone en la práctica una regresión de la eficacia que formalmente requiere la materia. Por tanto, el Grupo Vasco votará en contra
de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y a pesar de que nos hacemos cargo de algunas de las objeciones planteadas por los diputados que me han precedido en el uso de la palabra, va a apoyar esta propuesta del Grupo Socialista porque si
bien es cierto que en las políticas de empleo tampoco tienen por qué establecerse circuitos paralelos, también lo es que la situación de compromiso de nuestro Gobierno en los ámbitos europeos exige poner en marcha medidas de discriminación positiva
que nos hagan avanzar a una velocidad adecuada para poder cumplir los objetivos.
Los progresos en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito comunitario pasa por instaurar medidas concretas, como ésta que se nos plantea hoy
aquí, que contribuyan a favorecer lo que sería un nuevo equilibrio entre la vida laboral y familiar, asunto que está muy vinculado a esto y nos implica a todas y a todos y que se ha convertido en una de las principales estrategias de empleo de la
Unión Europea.
El Consejo Europeo de Lisboa del año 2000 aprobó 59 puntos que se agruparon bajo el título Empleo, reforma económica y cohesión social, un objetivo estratégico para la próxima década. En el punto 30 se plantea que este Consejo Europeo
considera que el objetivo global de estas medidas debería ir encaminado, con base en estadísticas disponibles, a aumentar la tasa de empleo actual, de una media del 61 por ciento a tan cerca como sea posible del 70 por ciento lo más tardar en el
2010 y a aumentar el número de mujeres empleadas que pasaría de una media del 51 por ciento a más del 60 por ciento en el 2010. En la actualidad, la tasa de actividad femenina española es el 39,72 por ciento. En España la tasa de ocupación
femenina, para que se enteren sobre todo las personas que nos pueden escuchar en la tribuna y en los medios de comunicación, resulta de restar a la población activa las mujeres en paro y supone un 32,21 por ciento. Es decir, para cumplir los
objetivos europeos, en España se han de crear 3.301.440 empleos femeninos de aquí al año 2010.
Este es un horizonte muy gris para las mujeres españolas porque no vemos que se estén planteando medidas en esa dirección. Ahí se establecen nueve
indicadores de progreso, también de conflictividad personal y social, para la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Pues bien, tenemos que hacer una primera llamada de atención sobre estos nueve indicadores porque lo que me gustaría es
que esta propuesta socialista estuviera absolutamente vinculada a los objetivos europeos. Lo primero que tenemos que decir sobre estos nueve indicadores que tienen que ver con la creación de empleo de mujeres y con la conciliación de la vida
laboral y familiar es que no sabemos si nuestro Gobierno habrá presentado datos a la Comisión Europea porque, de ser así, estos datos son perfectamente desconocidos para el conjunto de la opinión pública española y, además, son perfectamente
desconocidos para los grupos de oposición y para el colectivo afectado, es decir, para las organizaciones de mujeres y sus coordinadoras, como pudiera ser cualquier consejo, aunque, para poner el ejemplo del territorio al que represento, el Consejo
de la Comunidad de Madrid también desconoce absolutamente estas actuaciones, si es que las hay, del Gobierno del Partido Popular en materia de creación de empleo femenino.
Habría que hablar aquí de mil cosas, pero no quiero cansarles porque ese es otro de los riesgos que corremos las mujeres, que ustedes luego se agarran a lo de que nos ponemos pesadas, aunque tenemos serias razones, como son que no queremos
seguir permaneciendo en la discriminación y que, como digo cada vez que intervengo, tenemos prisa y queremos acompasar nuestra prisa a los tiempos y a los compromisos que el Gobierno español suscribe en la Unión Europea.
En la propuesta del Grupo Socialista hay funciones como son la una, dos y cuatro de la agencia, que coinciden con los indicadores que se han venido planteando en Europa en la búsqueda de aumentar la tasa de empleo femenino. Si estas medidas
no van acompañadas de formas de escolarización de niños de cero a tres años, nos seguirán colocando a las mujeres a los pies de los caballos porque las que estamos incorporadas a la doble o a la triple jornada, señora Navarro -sabe usted que se lo
digo con todo cariño- somos disuasorias para el resto de las mujeres.
Desde esta Cámara es preciso presionar al Gobierno para que nos explique qué es lo que se ha aprobado en la cumbre porque no lo explicó Aznar en esta Cámara. No sabemos si se ha fijado en la cumbre de Barcelona la tasa del 33 por ciento
para creación de escuelas infantiles, coincidiendo con el objetivo europeo. Lo único que sí sabemos clarísimamente las mujeres españolas es que en España la oferta de escolarización de cero a tres años está por debajo del 5 por ciento. Como no
pongamos instrumentos que permitan poner en marcha estas políticas, ya me contarán ustedes cómo vamos a converger en el 2010 en estos dos objetivos: la tasa femenina de ocupación y la tasa de escolarización de cero a tres años. Señorías, el 75 por
ciento de las mujeres que paren y que son madres en el ámbito laboral no tienen ningún tipo de conducta que se vincule con estos objetivos europeos porque aquí no hay claramente un liderazgo potente, porque aquí no hay voluntad política de que se
resuelvan estos problemas.
Por eso, señorías, vamos a votar a favor de la tramitación de esta proposición no de ley socialista, diciéndole a la señora Navarro que su propuesta no nos satisface plenamente y que nos gustarían algunas modificaciones que tienen que ver
también con objetivos de convergencia europea y con lo que es la participación de las ONG, de los movimientos sociales y particularmente del movimiento de mujeres en estas cuestiones.
Les propondría que, en caso de ser admitida a trámite, cuestión
que encarezco al Grupo Popular por la oportunidad de la propuesta y porque como mujer me siento amparada con ella, ustedes modifiquen el punto dos, que se refiere al consejo de dirección y dejen ustedes de plantear que los miembros sean
designados, porque lo que plantea Izquierda Unida es que los dos representantes del Parlamento, los de las comunidades autónomas y los de las organizaciones de mujeres sean miembros elegidos y no designados de modo que puedan rendir cuentas antes
quienes les elijan.
Señorías, señoras y señores del Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y -repito- aun a riesgo de saber que podemos duplicar organismos porque es verdad que es así y a mí me gustaría que se fuera cuidadoso
con la invasión de competencias, también hay que decirle al Gobierno del Partido Popular que existe un observatorio de igualdad de oportunidades que crearon ustedes a finales del año 2000, que en los dos años hipotéticos de existencia es
clandestino, no lo conoce nadie, tiene una composición desde nuestro punto de vista mastodóntica y es absolutamente inoperante. Por eso, agradecería que al menos en la respuesta del Partido Popular éste no fuera uno de los argumentos porque
sinceramente se ha revelado a todas luces como absolutamente inoperante el observatorio de igualdad de oportunidades que el Gobierno del Partido Popular puso en marcha.
Señorías, espero que los grupos de la Cámara sean sensibles a esta propuesta, que voten la tramitación parlamentaria y que la señora Navarro se comprometa a corregir todas estas cuestiones que nos preocupan a los portavoces que hasta ahora
hemos intervenido.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Castro.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con respecto a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista que estamos viendo y que, de aprobarse, supondría que se creara una
agencia de ámbito estatal para la igualdad de la mujer en el empleo. El debate que hoy nos propone el Grupo Socialista focaliza de nuevo un tema de vital importancia para mi grupo parlamentario, como el de la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres en el mercado de trabajo.
Se han dado ya aquí cifras que podemos globalmente compartir, por lo que voy a obviar repetirlas, y que no hacen más que evidenciar las específicas dificultades que tienen las mujeres para acceder al empleo, para conservarlo, es decir, para
que no sea un empleo precario, y para tener una igualdad retributiva para trabajos de igual valor. Este, como todos ustedes saben, no es un tema nuevo, lo hemos tratado ya en múltiples ocasiones, tanto en Pleno como en distintas comisiones, e
indudablemente lo vamos a seguir debatiendo mientras la igualdad de oportunidades sea más un ideal de justicia que una realidad. La novedad de la iniciativa que hoy estamos viendo radica en que lo que hoy se nos propone es un instrumento, es una
herramienta para intentar optimizar la eficacia de las políticas que se adopten en la consecución de esta igualdad de oportunidades. Vamos a pronunciarnos sobre ella, pero previamente, en nombre de mi grupo, quisiera realizar unas breves
consideraciones en un doble orden de cosas.
La primera sería constatar que la realidad social discriminatoria con respecto a la mujer en el empleo es una situación que se da en mayor o menor medida en todos los países de la Unión y que, precisamente por ello desde los organismos
comunitarios se adoptan periódicamente decisiones y recomendaciones para luchar contra esta desigualdad. Una enumeración exhaustiva de las mismas consumiría sin duda mi turno, pero no quiero dejar de señalar las más recientes: la primera, de
obligada referencia, la de Lisboa y Santa María da Feira, que definió objetivos cuantitativos importantísimos encaminados a lograr que la tasa de empleo femenino pasara del 51 al 60 por ciento para el año 2010, es decir, pasado mañana; también la
decisión del Consejo de 20 de diciembre del año 2000 por la que se establecía un programa de acción comunitaria sobre la estrategia en materia de igualdad entre mujeres y hombres para los años 2001/2005, uno de cuyos ámbitos específicos de
intervención es precisamente la vida económica, abordándose en este ámbito los temas de segregación entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, incluida la segregación vertical, el llamado techo de cristal, y también las diferencias de
remuneración entre ambos sexos; todavía más recientemente la recomendación de la Comisión al Consejo sobre aplicación de las políticas de empleo de los Estados miembros de septiembre de 2001, en donde hay recomendaciones país por país, incluido
desde luego España, y finalmente la conclusión del Consejo Europeo de Barcelona del pasado fin de semana en cuanto a que en las conclusiones se alude a la necesidad de potenciación del empleo femenino. Hasta aquí esta primera consideración, la de
que desde las instituciones comunitarias se dan recomendaciones que deben trasladarse de alguna manera a las políticas internas de los Estados para conseguir el objetivo de Lisboa.
La segunda consideración sería, coincidiendo con lo que aquí ya han manifestado los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, constatar que España es efectivamente uno de los países en donde la desigualdad por sexos es más
importante, especialmente en el diferencial en las tasas de ocupación entre hombres y mujeres. Esta situación, señorías, ha preocupado especialmente a mi grupo parlamentario, que ha venido
planteando reiteradamente numerosas iniciativas al respecto. No les voy a cansar pormenorizándolas, pero no quiero dejar de señalar las tres mociones que ha defendido en esta misma tribuna mi compañero el diputado señor Campuzano, mociones
que han sido aprobadas y que suponen sendos mandatos al Gobierno para que impulse políticas concretas e instrumentos para mejorar el apoyo a las familias, para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado del trabajo y para potenciar
nuevos yacimientos de empleo, o también la moción que esta misma mañana defenderá el diputado señor Sánchez i Llibre en nombre de mi grupo parlamentario y que, de aprobarse, supondrá una mejora en el tratamiento de la maternidad en las próximas
reformas tributarias, lo que tangencialmente viene a incidir también en el tema que nos ocupa. Estas iniciativas son un claro exponente de que mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán, comparte la preocupación del Grupo Socialista por
la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.
La iniciativa que hoy se nos somete a consideración propone, como he dicho, la creación de un organismo de ámbito estatal que pretende ser un instrumento eficaz, una herramienta útil para, y me remito al artículo 2 de la proposición,
encargarse de la defensa del derecho fundamental a la igualdad de género. Hemos leído atentamente el contenido de la proposición y anuncio ya que no podemos apoyarla. ¿Por qué razón? Básicamente porque nos parece inadecuada a la organización del
Estado que nos hemos dado constitucionalmente, que es un Estado de autonomías, con un reparto competencial que a nuestro juicio la propuesta que estamos viendo laminaría, y que en consecuencia la Federación de Convergència i Unió como grupo
nacionalista no va a apoyar. Ciertamente la Constitución vincula los poderes públicos a la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, pero a todos los poderes públicos y a cada uno de ellos en el ámbito de sus
respectivas competencias. Esta es la organización de nuestro Estado. El Gobierno central debe hacerlo en el ámbito de sus competencias y los gobiernos autonómicos en el ámbito de las suyas, y cada uno de ellos tiene perfectamente articulados los
mecanismos de control de su acción de gobierno en los parlamentos respectivos. El organismo que ustedes proponen sería un organismo de ámbito estatal, de alguna manera -entrecomillas- fiscalizador tanto de las políticas del Gobierno central como de
las políticas de los gobiernos autonómicos. Desde este punto de vista entendemos que esta fiscalización -repito, entrecomillas- tiene mal encaje con la organización de la Administración del Estado, tanto de la central, como de la autonómica, por no
hablar además de que supondría una duplicidad de las funciones que ya tienen atribuidas y que ejercen otros organismos como el Instituto de la Mujer o en Cataluña el Institut Catalá de la Dona que sí respetan la distribución competencial. Su
propuesta, señorías, a nuestro juicio, adolece además de una cierta visión uniformadora del Estado español. Se han dado datos y estadísticas que globalmente ya les he dicho que puedo compartir, pero si acercamos el objetivo a cada una de las
autonomías vemos que las realidades de los tejidos industriales, comerciales, laborales y sociales son diversas, son plurales y que, en consecuencia, las políticas de igualdad y los instrumentos para conseguir esa igualdad deben también ser
diversos. Ello no es sólo constitucionalmente imperativo, sino que es eficaz el que se formulen y se vele por ellas justamente desde cada Administración. Les puedo decir con datos estadísticos de febrero del año 2002, es decir, de hace un mes,
para ilustrar mi afirmación, que la tasa de paro en la media de la Unión Europea, y ya se ha dicho aquí, es del 7,70 por ciento; que la del Estado español en su conjunto es del 9,75 por ciento, mientras que la de Cataluña el mes pasado es del 7,17
por ciento, la más baja de todo el Estado español y con bastante diferencia, casi duplica, de las comunidades autónomas de Asturias, que tiene el 14,78 por ciento, y de Extremadura que tiene el 13,74 por ciento. Les puedo decir también que la tasa
de paro femenina en Cataluña es del 9,80 por ciento, únicamente un punto por encima de la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 8,90 por ciento y bastante por debajo de la media de España que está en el 14,36 por ciento. Es evidente que
estos números abundan en lo que he dicho de que las realidades sociales, industriales y laborales son distintas y que las políticas adecuadas justamente deben hacerse desde cada una de las autonomías.
Otra de las funciones del organismo que ustedes proponen sería que facilitara económicamente a las trabajadoras el acceso a los tribunales.
Entendemos que este acceso está actualmente previsto con el servicio de justicia gratuita, servicio
que está atribuido a los colegios de abogados y que en todo caso podría llegarse con estos colegios de abogados a un acuerdo específico, como se ha alcanzado en otras materias, como por ejemplo en la violencia doméstica, para que por estos colegios,
que ya prestan este servicio de justicia gratuita, se hiciera un turno específico respecto a esta igualdad.
Señorías, al comienzo de mi intervención he querido realizar una reflexión acerca de que el tema que estamos tratando ha sido objeto de consideración en múltiples decisiones y recomendaciones de los organismos comunitarios. He repasado
atentamente el texto de las mismas, especialmente cuando se habla de herramientas y mecanismos para la ejecución de las políticas de igualdad, y no he encontrado la recomendación de la creación de un organismo como el que está previsto en la
iniciativa que estamos viendo. ¿Por qué? Porque cada Estado debe adoptar dichos mecanismos de acuerdo y con respeto a su organización interna. En Cataluña desde hace ya meses todas las disposiciones del Gobierno, sean del rango que sean, deben
venir acompañadas de un informe de impacto de género. Este es
un instrumento. ¿Impulsado por quién? Por el Parlamento de Cataluña.
¿Controlado por quién? Por el Parlamento de Cataluña.
Finalizo lamentando sinceramente que veinticuatro años después de la Constitución todavía no se haya entendido el modelo constitucional, y lamentando especialmente que el Grupo Parlamentario Socialista nos proponga de nuevo una iniciativa
que lamina las competencias de las comunidades autónomas, y digo de nuevo porque hace escasamente una semana en la Comisión Mixta para los Derechos de la Mujer -la señora Navarro lo sabe muy bien- se debatió otra proposición, en este caso no de ley,
que laminaba también nuestras competencias y que de alguna manera pudimos aprobar porque se introdujo la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) sobre respeto competencial. Allí lo pudimos hacer porque era una proposición no de ley, hoy es
una proposición de ley, y ustedes nos piden que tomemos en consideración una iniciativa que, en lo que respecta a nosotros, si dijéramos que sí laminaría las competencias del Gobierno de Cataluña y, por tanto, vamos a decir que no.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Señorías, debo anunciar a la Cámara que de manera excepcional y debido a la dificultad para que lleguen a la Cámara algunos diputados por cuanto el aeropuerto de Barajas ha estado cerrado hasta hace un momento, las votaciones de los puntos
1, 2, 3 y 4, sobre la toma en consideración de proposiciones de ley y de las proposiciones no de ley, se efectuarán al finalizar el debate de la última proposición no de ley.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Monseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista nos trae hoy una iniciativa, en un sentido distinto de los que hemos venido conociendo hasta ahora, para la creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo.
Se han debatido numerosas iniciativas tanto en el plenario de esta Cámara como en Comisión, y al respecto sólo cabe decir que la mayoría de las veces los grupos parlamentarios coincidimos con el fondo de la exposición que han hecho los
distintos grupos parlamentarios sobre la discriminación de género en España no sólo con relación al empleo sino con relación a la presencia de la mujer en el orden social, económico, cultural y político, afortunadamente mucho menos en el político.
Señorías, hemos estudiado a fondo la proposición de ley y hemos analizado la exposición de motivos en cuyos criterios, señora Navarro, yo coincido con usted: las mujeres todavía no tenemos la presencia en la sociedad ni en el mundo del
trabajo que deberíamos tener. Además he de señalar que cuando todas las diputadas de esta Cámara asistimos a debates en foros donde se trata sobre la igualdad de la mujer como género en nuestra sociedad, me congratula especialmente que en general
ahí casi siempre, usted convendrá conmigo, nos ponemos de acuerdo en que queda mucho por hacer. Sin embargo el hecho de que quede mucho por hacer no quiere decir que, aun coincidiendo con usted en que desde el punto de vista jurídico, desde la
norma magna de nuestro sistema de derecho positivo, la Constitución en el artículo 14, en relación con el artículo 35, no tengamos una legislación, no sólo equilibrada sino muy avanzada, y como también el Estatuto de los Trabajadores en el artículo
4 reconoce asimismo esa igualdad, por nuestra parte sería una incongruencia de nuestra política global como grupo parlamentario pensar que con la creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo íbamos a solucionar este problema, y
daré la razón.
Nosotros creemos en las políticas activas de fomento de empleo, en la discriminación positiva de fomento de empleo para la mujer, en que hay que articular otros mecanismos, como deducciones a la Seguridad Social por la contratación
indefinida de mujeres y en que hay que profundizar en todo ello. Ahora vamos a debatir la ley de formación profesional, donde se puede hacer especial hincapié en la formación profesional dirigida a personas que tienen dificultad en el acceso al
mundo del trabajo, entre las que están las mujeres. Así lo hemos plasmado en los sucesivos planes de igualdad de oportunidades de las mujeres, incluido el tercero, en la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral y en numerosas iniciativas,
acuerdos y consensos, en los que debemos seguir avanzando.
Señora Navarro, ¿alguna diputada de esta Cámara puede creer que por el hecho de crear la agencia se va a solucionar, ya no digo de inmediato, el problema de la igualdad en el empleo de la
mujer en lugar de perseguir...? (La señora Navarro Garzón: Sí, sí) No me diga que sí, señora Navarro, que se lo voy a justificar. He hecho una reflexión en voz alta. Señora Navarro, ¿cree que por el hecho de crear un órgano duplicado, con
funciones similares a las que ya tiene el Instituto de la Mujer, se solucionaría el problema de una forma más rápida que con las acciones de fondo que está practicando el Gobierno, de acuerdo con todos los grupos de la Cámara, para hacer que la
mujer tenga igualdad en todas las esferas de nuestra vida social a efectos de empleo? No, señora Navarro. (Rumores.) En los países de nuestro entorno de la Unión Europea sólo hay uno que tiene un doble órgano para estos cometidos. Se trata de
Francia y le doy a decir qué órganos tiene: en 1986 creó el Consejo Superior de Igualdad Profesional -en la ley de formación profesional que se va a debatir en esta Cámara podemos ver acciones que promueven esa igualdad en el ámbito del empleo para
la mujer- y el servicio en los
derechos de las mujeres, creado en 1993. Ningún otro país tiene un doble organismo para fomentar la igualdad del empleo de la mujer. Sin embargo, desde el Instituto de la Mujer se están llevando a cabo todas y cada una de las funciones,
con excepción de una sola, que usted invoca para la creación de esa agencia: las estadísticas, promoción de estudios, planificación de investigaciones, promoción de acuerdos con otras administraciones públicas con mesas de negociación sindical para
favorecer el acceso de la mujer al trabajo, salvo la legitimación activa que tendría la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo, deficiencia que se ha suplido mediante la colaboración que tiene el Instituto de la Mujer con la Inspección de
Trabajo.
La Inspección de Trabajo, cuando tiene conocimiento de una infracción laboral, no por levantamiento de acta, como dice la proposición de ley, sino como consecuencia del inicio de la misma, tiene dos facultades, y tiene legitimación activa
para eso: establecer la denuncia en caso de un supuesto delito penal ante el ministerio fiscal o bien dar traslado a la jurisdicción social para que el magistrado de lo social inicie un procedimiento de oficio. Por ello no es un tema tan esencial
esa legitimación activa como para contravenir nuestra política global laboral y económica. Duplicaríamos gastos. ¿De dónde saldrán los recursos económicos? ¿De dónde los vamos a detraer, señora Navarro? ¿No es preferible seguir acentuando
políticas activas de fomento de ocupación, de más formación y de más educación para las mujeres?
La señora Castro acaba de hablar de la cumbre de Barcelona, y ha venido a decir cosas que no quiero ni repetir porque en parte de esta discusión ha abandonado el hemiciclo. En la cumbre de Barcelona se ha llevado a cabo acuerdos
importantísimos entre los quince países que integran la Unión Europea para conseguir el pleno empleo en el año 2010. En el pleno empleo, a juicio de esta diputada, entra también la no discriminación de género en nuestra sociedad y, por tanto, en
toda Europa. Pero es que además se ha llegado también al acuerdo de creación de guarderías para facilitar esa incorporación al mundo del trabajo por parte de las mujeres.
Antes de terminar voy a decir una cosa clarificadora y esencial. Si en las mesas redondas, cuando acudimos las mujeres, nos ponemos de acuerdo en que existen todavía trabas de igualdad para tener esa presencia que todas queremos en los
ámbitos culturales, sociales, económicos, administrativos y políticos, también tengo que decir (lo ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones con muchas iniciativas en este Parlamento y en la Comisión la señora Sainz, que ha sido una gran
portavoz de los derechos de la mujer en nuestra sociedad) que las diputadas del Grupo Parlamentario Popular no vamos a dejarnos arrebatar esa antorcha que a veces parece que sólo quieren ostentar algunos grupos políticos. Queremos el trabajo de la
mujer como las que más. Queremos acabar con esa injusticia como las que más. No hay ninguna diferencia de criterio en las diputadas que conforman o que integran cualquiera de los grupos políticos presentes en esta Cámara, ni siquiera en cuanto a
los derechos sociales y emanados de la Seguridad Social. El otro día les decía desde esta tribuna el presidente del Gobierno: ustedes quieren más liberalización en Europa, pero se oponen a apoyar las medidas liberalizadoras en España. Ustedes
quieren más gasto social, ¿pero de dónde vamos a sacar los recursos? Vamos a recordar que teníamos, ya no hablaré en pesetas, 3.000 millones de euros de déficit anuales hace escasamente pocos años en las arcas, por ejemplo, de la Seguridad Social.
Las políticas socioeconómicas tienen que ser consecuentes. Si nosotros hablamos de estabilidad presupuestaria, no podemos aceptar, por el contrario, la creación de una agencia para la igualdad en el empleo de la mujer que supondría mucho
más gasto público. En lugar de crear esa partida presupuestaria para esa finalidad o detraerla de otras partidas de fomento de empleo, lo razonable será que profundicemos en mejores actuaciones positivas de fomento del empleo que, en definitiva, es
lo que crea riqueza; que ayudemos las iniciativas empresariales de las mujeres en España, cosa que está haciendo el Instituto de la Mujer.
En definitiva, todas convendremos en que ya hay igualdad de género en la educación básica -la de los primeros años. (La señora Moreno Sirodey pronuncia palabras que no se perciben.) No me diga que no; hoy los niños y las niñas aprenden lo
mismo en las escuelas públicas y privadas; es a partir de una cierta edad cuando no ocurre así. Hagamos programas especiales de formación profesional para integrar a las mujeres en el mundo del trabajo. Démosles facilidades creando guarderías y
dejemos otras vicisitudes secundarias, como la duplicación de órganos públicos que no llevan a nada. Aprovechemos los órganos públicos que existen para este fin y llevemos a cabo nuevas políticas de formación y profundicemos en las políticas de
acceso de la mujer al empleo.
Estas son las razones, señorías, por las que el Grupo Parlamentario Popular no apoyará esta proposición de ley, como harán, asimismo, otros grupos parlamentarios por lo que se deduce de lo que han dado a conocer sus portavoces, que me han
precedido en el uso de la palabra; por cierto, quiero agradecer a esos portavoces el tono de sus intervenciones. Creemos que esta cuestión no es importante hoy en la forma ni esencial para los objetivos que perseguimos. Así pues, lamentándolo
mucho y aun coincidiendo con algunos de los criterios de fondo, no votaremos favorablemente la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora Navarro Garzón pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Navarro, le voy a conceder el uso de la palabra. Aunque la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha hecho uso teóricamente de un turno de fijación de posición, es cierto que se puede entender por su
argumentación que ha habido un turno en contra, previsto en el Reglamento para el debate de la toma en consideración de proposiciones de ley.
Tiene la palabra por cinco minutos.
La señora NAVARRO GARZÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, si no creyera que esta proposición de ley iba a servir para avanzar hacia el objetivo de incorporar a las mujeres al mundo del trabajo en igualdad de condiciones -y no con una varita mágica-, no la habría presentado, señora
diputada. Nuestro grupo parlamentario no presenta iniciativas por presentarlas; si lo hemos hecho es porque creemos que sería un paso más, e insisto en que sin ninguna varita mágica.
Ha dicho usted varias veces que, cuando coincidimos en mesas redondas, terminamos poniéndonos de acuerdo. Cuando coincidimos en los pasillos, también terminamos poniéndonos de acuerdo en muchas cuestiones. ¿Cuándo aparece el problema?
Cuando hay que votar determinadas medidas que permitirían avanzar en la consecución de los derechos de las mujeres; cuando hay que pulsar el botón es cuando no estamos ya de acuerdo. El discurso lo aguanta todo; pero, cuando se trata de tomar
posición con el voto, siempre votan en contra de las medidas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista para equiparar realmente los derechos de los hombres y de las mujeres.
Para no abusar de la benevolencia de la presidencia, quiero terminar contestando a su mención del Instituto de la Mujer. La portavoz de Izquierda Unida se ha referido también al observatorio de la igualdad, el observatorio fantasma. El
Instituto de la Mujer está absolutamente vacío de contenido, y usted lo sabe igual que yo. ¿Que ha habido avances desde la cumbre de Lisboa hasta ahora? El empleo que se ha generado para las mujeres en España es absolutamente precario; el 80 por
ciento de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, esa es la realidad.
Nuestra única intención al presentar esta iniciativa es la de avanzar un paso más en la incorporación de la mujer al trabajo, y creo que lo hemos hecho con buen tono, como hay que hacerlo. Desde luego, no se eliminará la desigualdad sólo
con la agencia, tiene que haber otras medidas que hagan posible de manera indirecta la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en igualdad de condiciones. Medidas como, por ejemplo, la proposición de ley de conciliación de vida familiar y
laboral, que presentamos la semana pasada y a la que ustedes votaron en contra.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Navarro.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero decir a la señora Navarro que es evidente que cada vez que me he dirigido a ella ha sido única y exclusivamente en su calidad de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. De ningún modo ha sido para llamar su atención sobre
ninguno de los puntos.
Entiendo que si usted presenta una proposición de ley de creación de una agencia es porque así lo cree. Yo le he sugerido otra cosa distinta.
Hagamos una reflexión profunda, un análisis profundo acerca de que la creación de otro organismo
público no necesariamente conlleva en un período de tiempo corto -ni siquiera largo, señora Navarro- lograr esos objetivos. ¡Ojalá fuera así! En ese caso nosotros también habríamos estudiado la posibilidad de votar favorablemente su proposición de
ley.
Realmente no creemos que vaya a ser así. Creemos que se pueden utilizar otros mecanismos, otros instrumentos como organismos públicos y leyes, para seguir impulsando esa presencia de la mujer en el mundo del trabajo.
Usted me dice que el
Instituto de la Mujer no tiene contenido. Señora Navarro, es un organismo público que se creó cuando ustedes gobernaban, que ha existido durante largos años de Gobierno socialista y, si no tiene contenido, ustedes mismos deberían haber dicho
entonces que se equivocaron con su creación. Lo que le quiero decir es que desde el Instituto de la Mujer se han llevado a cabo numerosas iniciativas no sólo para favorecer el acceso de la mujer a la igualdad en el mercado laboral, sino incluso con
entidades bancarias para ver la posibilidad de financiar acciones empresariales de mujeres -que siempre tienen esa posibilidad de financiación mucho más limitada en nuestra sociedad- porque es un hecho que todavía hay obstáculos.
Señora Navarro, creo que no debemos aportar a esta Cámara ideas que ocasionen más gasto. Hay que ser consecuentes; no se pueden tener más prestaciones y más organismos con menos recursos. No se puede hablar de no aumentar la fiscalidad e
incluso de reducirla y luego pretender aquí que proliferen órganos. Utilicemos los mecanismos que tenemos con inteligencia; aportemos ideas imaginativas que no cuesten más al erario público (porque, además, está aprobada la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y aunque ya sé que no les gusta, para nosotros es coherente) y solucionemos los problemas sin aumentar la necesidad de recursos públicos. En definitiva, todos perseguimos lo mismo: que la mujer tenga más presencia en nuestra
sociedad y, sobre todo, más formación para poder acceder al mercado de trabajo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PRÁCTICOS DE PUERTO. (Número de expediente 122/000190.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del colegio de prácticos de puerto.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy la propuesta del Grupo Popular para la toma en consideración por esta Cámara del proyecto de ley de creación del colegio oficial de prácticos de puerto. Por su carácter básico, el documento que se somete a
consideración de SS.SS. contiene las disposiciones mínimas para dar respuesta a su título: tres artículos, dos disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Los profesionales objeto de la colegiación se regulan en el artículo 2; la
adscripción del colegio al Ministerio de Fomento como Administración general del Estado es objeto del artículo 3 y las normas transitorias y finales tratan la aprobación de los estatutos y las primeras elecciones de los órganos de gobierno.
Sólo como referencia, y no por ningún tipo de analogía, quisiera decir que en las últimas legislaturas se han aprobado en esta Cámara leyes relativas a colegios de protésicos dentales, de oficiales decoradores, de oficiales podólogos, de
fisioterapeutas, de pilotos de aviación comercial, de geógrafos, de biólogos, de oficiales de ingenieros técnicos forestales, de geólogos, de psicólogos y de asistentes sociales. Por tanto con la admisión a trámite de este proyecto de ley queremos
dar respuesta a una aspiración ya antigua, que en estricto calendario es del siglo pasado, ya que fue en 1981, durante la primera legislatura, cuando la Federación de Prácticos de Puertos de España presentó un proyecto de ley, parecido al actual,
para crear su colegio profesional, que estando elaborado el informe por la ponencia caducó por disolución de las Cortes.
Fue en 1999 cuando se intentó por segunda vez y, como en el caso anterior, decayó por disolución de las Cortes. Pues bien,
estamos en el tercer intento de una propuesta que podríamos decir que tiene solera en esta Cámara, por lo que consideramos que la constancia y la persistencia la han llenado de fundamentos y de solidez.
La primera reflexión que nos surge ante la antigüedad de esta propuesta es la siguiente: Se ha modificado el estatuto y régimen administrativo del colectivo con la reciente Ley de Puertos y de la Marina Mercante de 1992; se ha modificado
también la Ley de Colegios Profesionales y el colectivo tiene unas nuevas ordenanzas en el reglamento general de practicaje de 1996. Sin embargo, la demanda de los prácticos de puerto sigue teniendo actualidad y vigencia. Como veremos más adelante
-y como es fácil de suponer- sólo se trata de responder a un derecho de los profesionales, independientemente de la forma en que ejerzan su actividad profesional.
No menos solera tiene el colectivo que ampararía al colegio objeto de esta ley,
porque son tan antiguos como los propios puertos, sus primeras ordenanzas datan de 1737 y la creación de las corporaciones de prácticos de puerto se sitúa antes de 1908. Por eso, una profesión tan arraigada en nuestra historia y tan señera en las
puertas de entrada al mar, que son nuestros puertos, nos despierta cuanto menos una merecida consideración.
Aunque son conocidas por SS.SS., quiero recordar las funciones de los profesionales que tienen a su cargo el servicio de practicaje. Se
trata de un servicio técnico naútico esencial para el mantenimiento de las aguas portuarias desde dos vertientes: seguridad de los buques y tripulantes y seguridad del medio marítimo portuario. El servicio de practicaje es un servicio impuesto por
el Estado en todo el mundo, ya sea central, regional, autonómico o de las autoridades portuarias, como es en nuestro caso.
Desde el punto de vista de la normativa vigente, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992 modificó el anterior reglamento general de practicaje de 1938 al considerar el practicaje como un servicio portuario gestionado por
las autoridades portuarias y dejar de depender orgánicamente del Ministerio de Defensa, asumiendo dicha dependencia las autoridades portuarias del Ministerio de Fomento y en todas las cuestiones de seguridad la administración marítima. La ley
entiende por practicaje el servicio de asesoramiento a los capitanes de buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida a puerto y las maniobras náuticas dentro de éste y en los límites de seguridad. El servicio se presta a bordo
de los buques, incluyendo en el mismo las instrucciones impartidas por los prácticos para velar por la seguridad de la navegación, los buques, sus tripulantes, las instalaciones portuarias y los usuarios del servicio.
En cuanto a la titulación y habilitación, los prácticos de puerto que realicen las funciones de practicaje deberán tener la adecuada cualificación profesional, como no podía ser de otra forma. En los puertos de competencia de la
Administración general del Estado los aspirantes a prácticos deberán estar en posesión del título profesional de capitán de la marina mercante y acreditar al menos dos años de mando en buques mayores de 1.000 toneladas de registro bruto. Los
aspirantes deben superar unas pruebas teóricas y un periodo de prácticas previas al nombramiento de prácticos. Aunque nuestro grupo no tiene ninguna duda respecto al derecho que
asiste al colectivo para constituir su propio colegio profesional, quisiéramos hacer algunas consideraciones sobre la profesión como presupuesto básico de la colegiación. El artículo 36 de la Constitución española preceptúa: La ley
regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los colegios deberán ser democráticos.
La Ley de Colegios Profesionales, modificada por las leyes de 1978 y 1997, regula el modelo organizativo general de las organizaciones profesionales colegiadas y establece la posibilidad de constituir colegios profesionales de ámbito
nacional o territorial. En su artículo 3 dispone: Quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el colegio profesional que corresponda. Conviene hacer referencia a la
relación existente entre colegios profesionales y profesiones tituladas, a las que la Constitución se refiere en su artículo 36. Son múltiples y variadas las definiciones de profesión, pero todas ellas tienen en común un elemento invariable: la
existencia de un conjunto de saberes científicos, intelectuales o tecnológicos que se aplican en su ejercicio. Aun cuando las profesiones son antes que nada realidades sociales, algunas de ellas, las que adquieren una especial relevancia social,
las que revisten un especial interés público como es el caso, son reguladas por el Estado, que interviene sobre ellas reglamentándolas. Como ya se ha comentado, la habilitación de los prácticos de puerto parte de un título previo: capitán de la
marina mercante; es decir, se trata de una profesión titulada cuyo ejercicio se somete a la previa obtención de una autorización o licencia administrativa y a la superación de ciertas pruebas de aptitud. Es una distinción entre título académico
oficial y capacitación oficial y así lo ha hecho el Tribunal Constitucional en su sentencia 11/1993. Estamos ante lo que la doctrina llama profesiones reglamentadas o cerradas con reserva de actividad, por lo que es obvio plantear la colegiación
profesional, por cuanto que a falta de reserva en la actividad profesional de nada sirve la creación de un colegio profesional.
Haré una última referencia al aspecto constitucional. Para el Tribunal Constitucional los colegios profesionales son corporaciones sectoriales que se constituyen para defender los intereses privados de sus miembros, que atienden a la vez
finalidades de interés público. Por lo que se refiere a los colegios únicos o de ámbito nacional o a los de ámbito territorial, es esta una decisión que toman los profesionales cuando crean un colegio profesional refrendado por los poderes
públicos. No obstante, existen algunos factores que pueden determinar la elección de un tipo u otro de colegio. El número de colegiados es un factor importante y este es el caso. La distinta configuración nacional o territorial de los colegios ha
supuesto una diferencia a la hora de proceder al reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Al Estado le corresponde dictar la legislación básica, artículo 149.1.18, en tanto en cuanto estas corporaciones de derecho público
participan de la naturaleza de administraciones públicas. A las comunidades autónomas les corresponde, por una parte, el desarrollo legislativo y la ejecución de los aspectos básicos de la legislación estatal y, por otra, ostentan competencias
legislativas plenas sobre los aspectos no administrativos, toda vez que, según la interpretación del Tribunal Constitucional, sentencia 20/1988, las bases no alcanzan a dichos extremos.
Señorías -y con esto termino-, hemos visto que la profesión de práctico no es un servicio portuario más que derive directamente de las escuelas náuticas, es una actividad fuertemente regulada e intervenida, como lógica respuesta a la
necesidad de que el Estado garantice a la sociedad la seguridad, eficacia y funcionamiento de unas estructuras tan estratégicas como son nuestros puertos. Ante este hecho, y en proporcional correspondencia, parece justo que los profesionales
responsables estén dotados de un colegio que facilite su diálogo con la Administración y el ejercicio de los derechos colectivos que les asisten.
También hemos visto la necesidad que tiene la Administración del Estado de contar con una entidad
representativa de un colectivo que realiza una función esencial para la sociedad, y hemos comentado el interés público de la actividad y la conveniencia de contar con un interlocutor sólido, único y con decisiones vinculantes sobre el colectivo.
Por último, también se ha recalcado la adecuación a la normativa vigente y a la jurisprudencia de la propuesta que debatimos.
La conclusión es obvia, si es justo, es necesario y se ajusta a las prescripciones de la ley, sólo resta apoyar su admisión a trámite, en el bien entendido que en la tramitación posterior podrán acordarse los matices que sean necesarios. En
este sentido, señorías, solicitamos el voto favorable a los grupos de la Cámara, para atender la aspiración de los profesionales prácticos de puerto, máxime siendo como es una respuesta al ejercicio del derecho de unos profesionales a organizarse en
un colegio profesional.
Muchísimas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
No esperaba tener que hablar tan rápidamente.
Señorías, mi intervención va a ser casi una repetición de la que ha hecho el portavoz del grupo proponente,
ya que voy a hacer un poco de historia de la tramitación de la creación de un colegio de prácticos de puerto. Es una historia que he vivido en parte, por lo que tengo muy clara la posición que voy a expresar y voy a ser relativamente breve.
A la tercera va la vencida, según el dicho popular. Como ya se ha dicho, en 1981, la creación del colegio profesional de prácticos fue objeto de un proyecto de ley, que a pesar de contar con toda clase de informes positivos y de haber
comenzado su tramitación, no llegó a debatirse del todo -por tanto no llegó a buen puerto- debido a la disolución de las Cortes. Posteriormente, en 1999, gracias al impulso tenaz de los directivos de la federación de prácticos (permítaseme citar
especialmente a Cruz Ferrer y a Enrique Iturriaga, su presidente y secretario general, respectivamente, en aquellas fechas) y al impulso de diversos grupos parlamentarios, entre los que se encontraba Convergència i Unió, se presentó a la Cámara un
nuevo proyecto, pero su tramitación parlamentaria quedó truncada por segunda vez por falta de tiempo en la legislatura. Hoy debatimos de nuevo la toma en consideración de una proposición de ley sobre la creación del colegio de prácticos de puerto,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Nuestro grupo apoyará la toma en consideración de la proposición de ley.
En su posterior tramitación parlamentaria estudiaremos la presentación o no de enmiendas parciales, pero hoy se trata de su toma en consideración y por tanto nuestro
voto será favorable, como espero que también lo sea en el siguiente trámite.
Estos últimos años, de acuerdo con la legislación vigente sobre el tema, hemos materializado la creación de diversos colegios profesionales, dentro del conjunto normativo correspondiente. Mi antecesor en el uso de la palabra ha citado
varios, y yo también tenía anotados algunos, como el de pilotos de aviación comercial -durante cuya tramitación me tocó intervenir en diversas conversaciones de acuerdo con los pilotos-, el de geógrafos, el de podólogos, el de decoradores, etcétera.
Bienvenida sea pues la ley que contempla la integración de los prácticos de puerto en un colegio profesional, puesto que existen suficientes razones que lo justifican.
Estoy completamente seguro de que los prácticos de puerto pertenecen a una profesión y prestan un servicio, por lo que, desde ese punto de vista, pueden estar integrados en un colegio bajo una titulación académica náutica, aunque compatible
con otras profesiones de esta misma titulación, al igual que ocurre con muchas otras titulaciones académicas, de las que en este momento me parece el ejemplo más claro la titulación de la licenciatura en derecho, de la cual derivan colegios
profesionales como los de notarios o abogados. Y dentro de los últimos colegios profesionales que se han creado hay muchos que coinciden en una titulación académica inicial.
Por todo ello, y mucho más que ya expresaremos a lo largo del debate parlamentario cuando se produzca -dentro de poco, espero-, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió votará favorablemente la toma en consideración de este
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista tradicionalmente viene manteniendo la actitud política de dar su voto favorable a la admisión a trámite de una proposición de ley de creación de un
colegio oficial de la titulación que sea. En ese sentido y como cuestión previa, anunciamos nuestro voto favorable a esta admisión a trámite, pero queremos hacer algunas reflexiones al respecto.
En primer lugar, cuando se disuelven las Cortes y se celebran nuevas elecciones -es decir, cuando pasamos de la VI a la VIII legislatura actual-, el 12 de marzo de 2000, razonablemente, lo primero que hace todo grupo parlamentario respecto
de aquellas proposiciones de ley en cuya tramitación tiene interés político es presentarlas en el Registro, una vez abierto el plazo de presentación de iniciativas parlamentarias. El Grupo Parlamentario Popular no presentó en los primeros meses
esta proposición de ley, que quedó en el dique seco en la pasada legislatura.
Ha dejado pasar dos años -mucho interés no tendría cuando ha dejado pasar dos años- y, fíjense ustedes, presentó esta proposición de ley el 26 de febrero; se publicó el
1 de marzo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y hoy, 20 de marzo, se debate su admisión a trámite. Esta es una celeridad procedimental sorprendente.
¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros? Vamos a dejar muy clara nuestra posición: a nosotros nos preocupa -y permítanme, señorías, que utilice esta terminología coloquial- que esta admisión a trámite viene a ser, desde la perspectiva
política -insisto, coloquialmente-, como una zanahoria que se presenta a los prácticos españoles para darles el palo a continuación. Y el palo viene, como voy a razonar, por la línea política que viene manteniendo últimamente el Ministerio de
Fomento con respecto a las corporaciones de prácticos.
Señorías, actualmente se está tramitando en las instituciones comunitarias una directiva de liberalización de los servicios portuarios. Esa directiva ha superado los trámites de informe de la Comisión de Política Regional del Parlamento
Europeo, ha superado el informe del Parlamento Europeo y en codecisión con la Comisión Europea debe culminar -deseablemente, bajo presidencia española- la configuración de la liberalización de los servicios portuarios. Pues bien, los socialistas
españoles miembros del Parlamento Europeo han tenido
la actitud clara y rotunda de no aceptar la liberalización de los servicios portuarios. Sorprendentemente, nos encontramos con que, aún no culminado ese proceso y no definido el marco comunitario, el Gobierno español, a través del
Ministerio de Fomento y del Ente Público Puertos del Estado, ha distribuido a los sectores sociales, profesionales, al empresariado, a los sindicatos, no a los grupos parlamentarios, un proyecto de nueva ley reguladora de los regímenes económico y
financiero de funcionamiento de los puertos españoles, posibilitando la libre competencia en lo que al practicaje se refiere. Eso está en documentos oficiosos que están circulando. Ante esa actitud, nosotros defendemos la liberalización de la
estiba, del amarre, del remolque, del servicio de aguada, de los servicios económicos y comerciales, que no tienen nada que ver con la seguridad marítima ni con la lucha contra la contaminación marítima (desgraciados accidentes, como el del
petrolero Erika en las costas bretonas, pusieron de manifiesto la importancia del practicaje).
Ante esta situación, señorías, les adelantamos que el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Generales, al igual que los socialistas españoles
miembros del Parlamento Europeo, votaremos en contra de esa liberalización de los servicios de practicaje, votaremos en contra de la autoasistencia que se posibilita en esos servicios de practicaje y defenderemos una regulación en la que la defensa
de la seguridad marítima juegue un papel absolutamente esencial. Así queda en el 'Diario de Sesiones'. Este es el tema clave que se está debatiendo en estos meses, señorías, no el de la creación del colegio oficial de prácticos de España.
Nosotros, insisto, daremos nuestro voto a favor de su admisión a trámite y presentaremos determinadas enmiendas, pero mucho estimamos que viene a ser una especie de caramelito -antes decía zanahoria- ante la que se les viene a los servicios de
practicaje en España.
Definida esta posición, quiero decir que nosotros hemos analizado a fondo una sentencia del 18 de junio de 1998 del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, una sentencia muy clara, cuya línea directriz vamos a seguir
políticamente, porque creemos que es un mandato importante, los socialistas españoles. El Tribunal dictaminó: Primero, que las operaciones de practicaje revisten un interés económico general que ofrece caracteres específicos en relación con el que
revisten otras actividades económicas, por lo que su actividad es una excepción prevista legalmente en el Tratado de la Unión Europea -en el artículo 90.2 y, en el nuevo, en el artículo 86.2-, que no infringe ni se contradice con otras normas del
tratado relativas a posición dominante y libre prestación de servicios. Y así menciona otros artículos. Reitero: no nos sumaremos a lo que viene impulsando el Ministerio de Fomento de liberalización del practicaje. Los documentos están
circulando, no es una invención de este diputado. El Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas continúa: Segundo, que el servicio de practicaje constituye un servicio técnico náutico esencial para el mantenimiento de la seguridad
en las aguas portuarias, que presenta las características de un servicio público. Insisto, no lo dice este diputado, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Y sigue diciendo: Tercero, que, en consecuencia, incluso en
el supuesto de que las tarifas de practicaje supongan de hecho un suplemento de precio respecto al coste efectivo de la prestación del servicio, ello estaría justificado por las consideraciones de seguridad pública que conforman su actividad. Y así
sucesivamente. Estos conceptos no los recoge el anteproyecto de modificación de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante en lo que a prestación de servicios de practicaje se refiere y que el Ministerio de Fomento está publicitando a
través del Ente Público Puertos del Estado.
Consiguientemente, señorías, nosotros tenemos derecho a pensar -algunos podrán decir a mal pensar; ojalá nos equivoquemos- que la intención del acelerón que ha tenido la tramitación de admisión a trámite de esta proposición de ley es
suavizar posibles actitudes belicosas del colectivo de prácticos españoles ante el Ministerio de Fomento. Repito por enésima ocasión, para que quede muy claramente reflejado en el 'Diario de Sesiones', que todo esto se recoge en el anteproyecto que
el Ministerio de Fomento ha distribuido, no oficiosamente sino de forma copiosa, a todos los consejos de administración de las autoridades portuarias de España, a todos los colectivos sindicales, a todos los colectivos económicos que operan en los
puertos, desde nuestro punto de vista, en la línea de reducir la capacidad del auténtico servicio que prestan singularmente los prácticos españoles, que son aquéllos a cuya capacidad de gestión nos debemos referir, en todos los puertos de España.
Es decir, quizás se pretenda con esta iniciativa de creación de un colegio profesional suavizar posibles actitudes belicosas ante el avance de unos contenidos que no agradan a los prácticos españoles ni a este grupo parlamentario.
Señorías, y con ello termino, nosotros hemos fijado claramente nuestra posición ante la función que han de desempeñar los prácticos. Nosotros creemos que la creación de este colegio oficial -que lógicamente se creará-, quizá a diferencia de
lo que piense el ministerio, se puede convertir en un auténtico órgano con personalidad para impedir lo que el ministerio pretende o está promoviendo en la línea de la denuncia que este diputado ha llevado a cabo. Como antiguo profesor de escuela
de náutica este diputado conoce las funciones que los prácticos han de desempeñar, vienen desempeñando, así como el historial colectivo y corporativo de los mismos y sus funciones. Por ello, no me ha parecido nada oportuno hacer historia ni
remontarme dos siglos atrás, sino fijar nuestra clara y rotunda posición ante una realidad. Así pues, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la admisión a trámite,
presentaremos las enmiendas pertinentes en su tramitación y ojalá se convierta el futuro colegio en un auténtico instrumento de dignificación y de defensa, no de los intereses colectivos, sino precisamente de un bien público al cual sirven
en el ejercicio de su función.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta y señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MANIFIESTA EL APOYO DE LA CÁMARA A LA FINANCIACIÓN EUROPEA DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 162/000460.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de la toma en consideración de proposiciones de ley, entramos en el punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la
que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan Hidrológico Nacional.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Pintado. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
El señor PINTADO BARBANOJ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Plan Hidrológico Nacional aprobado por esta Cámara hace nueve meses está llamado a ser la piedra angular de la planificación hidrológica de España. En tiempos de la República se concibió el sistema de regulación hidráulica en
nuestro país y fue desarrollado en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta. En 1965, con la aprobación de la Ley de Aguas, se fijó su mecanismo determinando la necesidad de establecer planes específicos para cada cuenca y un plan
nacional que coordinara todos estos. Desde 1923 se venía perfilando un plan nacional hidrológico que no había sido concretado. Tanto en la documentación analizada para el plan de 1993 -que no vio la luz- como para éste se hacen referencias
históricas a estudios, proyectos y planes sobre soluciones a problemas relacionados con el uso del agua.
La aprobación de una ley específica que consiguiera coordinar y vertebrar nuestro territorio desde el uso racional del agua fue catalogada por algunos como misión imposible. Quizá sea por esto que todavía hoy no acaban de asimilar la
existencia de un plan hidrológico nacional y, en vez de reconocer méritos de la propuesta, se dediquen a tirar piedras contra el mismo aun a riesgo de condicionar su ejecución o, por lo menos, retrasar la necesaria ejecución de esas obras. El agua
ha suscitado debates pasionales a lo largo de la historia. No es tarea fácil planificar sobre el agua, máxime cuando existen sentimientos de propiedad exclusivos sobre un bien declarado de dominio público.
El Plan Hidrológico Nacional fue presentado por el Ministerio de Medio Ambiente en el Consejo Nacional del Agua en septiembre del año 2000. Se adjuntó un anteproyecto de ley de cinco documentos de análisis técnicos con más de 2.000 páginas,
elaborados durante cuatro años con el máximo rigor. La permanente de dicho consejo aprobó incorporar al mismo a los regantes del Ebro, Comunidad Autónoma de Aragón y ecologistas con el fin de dar una mayor participación a todos los interesados. El
Ministerio distribuyó 1.900 copias de información del Plan Hidrológico Nacional entre universidades, investigadores, organizaciones empresariales, sindicatos, etcétera. Se solicitaron 130 informes a distintos expertos, de los cuales se emitieron 85
dictámenes. Se celebraron 13 reuniones de la comisión permanente del Plan Hidrológico Nacional, Consejo Nacional del Agua, y 100 reuniones con comunidades autónomas, con usuarios, con partidos políticos, con ecologistas. Se analizaron 100.000
alegaciones, las cuales quedaron recogidas en 1.800 comentarios y se incorporaron 200 alegaciones al Plan Hidrológico Nacional. Fueron incorporadas el 60 por ciento de las alegaciones aportadas por todos los miembros del Consejo Nacional del Agua.
Señorías, no ha sido una tarea fácil coordinar todos estos esfuerzos y tratar de conciliar posiciones muy dispares. La clave siempre la encontrarán en el trabajo, el diálogo, el rigor y la defensa de los intereses generales de nuestra
nación. El Partido Popular seguirá en su empeño de trabajar en pro de los intereses de todos los ciudadanos de nuestro país. Frente a los que sólo les mueve la forma de erosionar al Gobierno, estamos los que vemos nuevas oportunidades de generar
riqueza, mejorar nuestro patrimonio hidráulico, corregir situaciones anómalas y, al mismo tiempo, con visión de Estado, vertebrar nuestro territorio.
Este plan, valorado en 3,1 billón de pesetas, sin contar el trasvase, pretende disponer de una financiación de 1,2 billones, con lo que estamos hablando de 7.200 millones de euros, en relación a la regulación general, modernización de
regadíos, abastecimientos, saneamiento y depuración, acondicionamiento de cauces y prevención de avenidas, restitución hidrológico forestal y programa de control y calidad de las aguas superficiales. Hablamos de oportunidad y también de necesidad.
Consideramos que cualquier ciudadano puede entender que la llegada de fondos comunitarios es una noticia positiva. Otros se empeñan en negar lo evidente.
Hemos asistido durante las últimas semanas a una ceremonia de la confusión y desearíamos -ese es nuestro objetivo- que la Cámara tuviera un pronunciamiento claro sobre esta materia. Señores del Partido Socialista, ¿están a favor o están en
contra de la financiación
europea del Plan Hidrológico Nacional? Ya nos explicarán, supongo, en la presentación de su enmienda, cómo pueden decir al mismo tiempo que rechazan un plan hidrológico nacional porque es insostenible e incumple todas las directivas
comunitarias y, en un segundo punto -supongo que para congratularse con algunos de sus varones territoriales-, decir que aprueban la financiación de todas y cada una de las obras. No cabe más irracionalidad en un planteamiento de este tipo (La
señora Fernández de la Vega Sanz: ¡Qué vergüenza!-Varios señores diputados: Silencio.-La señora Cunillera i Mestres: ¡Qué descaro. Hasta ahí podíamos llegar!-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Pintado, continúe, por favor.
El señor PINTADO BARBANOJ: Puede haber distintas visiones de cómo resolver los asuntos, pero nos preocupa que haya quien se empeñe sólo en crear problemas, que cambien con tanta frecuencia de posición en función del sol que más calienta y
que hayamos llegado a contemplar con estupor cómo el principal partido de la oposición solicita en Bruselas que no se otorgue financiación para nuestro país. Díganos qué desaladora de Murcia, que regadío de Aragón o quizás si el abastecimiento de
Zaragoza se va a quedar sin financiación, pues, gracias a los amigos de ustedes que van en las manifestaciones en contra del Plan Hidrológico Nacional, consiguieron una merma importante de financiación de fondos europeos para este proyecto.
Si grave nos parece esta postura, no lo es menos la interpretación del bochornoso espectáculo europeo. En su grupo, unos votaron a favor, otros en contra, otros se abstuvieron y algunos ni aparecieron. A todo esto, el señor Maragall,
contrario a embalses, regadíos y trasvases, va de manifestación de la mano del señor Iglesias, que está en contra del trasvase pero a favor de regadíos y embalses para Aragón, por cierto, en una manifestación que se negaba lo uno y otro. Y si no,
lean ustedes el manifiesto de la misma. El señor Bono, a favor de todo. Parece que el señor Ibarra igual. Chaves, lo que diga Almería, y el señor Rodríguez Zapatero, un día, que no pondrá ninguna chinita, para el otro decir que lo derogará. En
vez de mantener una postura clara, la que mejor les parezca, van jugando con la última amenaza que les hacen sus responsables territoriales. Así, ni se construye un discurso político coherente y, lo que a mi juicio es más grave, atenta contra los
intereses de los españoles. Es bueno viajar, sobre todo si se trata de aprender. Dígannos que tiene que ver el norte de Europa, desde el punto de vista del recurso agua, con España. ¿Cómo es posible aliarse con representantes de países cuyo
principal problema es cómo dar salida a la cantidad ingente de agua de que disponen y que no entienden que nuestro país tiene perfecto derecho a regular un recurso que nos es escaso y vital para nuestro futuro.
Como decía mi abuela, el que guarda cuando tiene, encuentra cuando quiere.
Ésta es una premisa que debemos tener y valorar para sacar conclusiones.
La ejecución de nuevos embalses no es un capricho, es necesidad y condición imprescindible
para asegurarnos el agua. De los regadíos, qué voy a decir, son nuestra despensa, verdadero pilar del sector agroindustrial de nuestro país y un pulmón verde de regeneración y de nuestra atmósfera.
El Plan Hidrológico Nacional va más allá de una serie de obras. Ya el señor Borrell incorporó por primera vez la consideración de caudales ecológicos para nuestros ríos, que este plan eleva a rango de ley y, por ende, de obligado
cumplimiento. Atuaciones de depuración, tratamiento de aguas residuales, modernización de regadíos, desalación, caudales ambientales, sequías, zonas inundables, aguas subterráneas, humedales, con pleno cumplimiento de las directivas comunitarias
con respecto al medio ambiente y acciones sostenibles.
Señorías, la aprobación de la financiación por parte de las autoridades europeas se hace proyecto a proyecto, y ha sido el Gobierno de la nación por propia voluntad que ha sometido el plan a una declaración de impacto ambiental de conjunto,
novedad absoluta que persigue una mayor profundización en los aspectos medioambientales o relacionados con el plan y que supone anticiparnos de hecho a las normas establecidas por la propia Unión Europea.
En alguna de las enmiendas presentadas, por aquello de no poner chinitas, se hace una valoración de no sostenibilidad y de incumplimiento de directivas comunitarias, al tiempo que piden financiación para todas las obras, incongruentemente.
Así y sin más justificaciones. Quizás esas afirmaciones tengan que ver con los diseñadores de plan alternativo presentado en esta Cámara como enmienda a la totalidad, que fue desmontado punto por punto por el ministro Matas. Conocen SS.SS. que
esa alternativa produjo rechazo de organizaciones ecologista, especialmente por criterios de sostenibilidad que en la misma pudimos apreciar. La puesta en marcha de ese plan suponía un incremento entre el 5 y el 10 por ciento de las emisiones de
CO2, que suponen nada más y nada menos que el 10 por ciento del volumen de emisiones que hay ahora mismo en España.
Seriedad, rigor y voluntad en el trabajo es lo que ha llevado a presentar un plan que tiene en cuenta aspectos claves para
planificar nuestras aguas.
Me extendería sobre el delta, pero sólo diré que hay un plan integral para la solución del problema del Delta del Ebro, que es un plan muy parecido al elaborado y trabajado en la bahía de San Francisco, donde las condiciones son muy
parecidas a las que tenemos en el Delta del Ebro español y sería conveniente -yo les
invito a que lo hagan, señorías- estudiar y analizar cuáles han sido los resultados de dicho plan.
Señorías, hoy pedimos a la Cámara una manifestación clara e inequívoca a favor de la financiación del conjunto de este plan. Esperamos obtener una financiación europea del 40 por ciento. Esto supone poner a disposición de las arcas
españolas 7.200 millones de euros para ejecutar unas obras necesarias y, en algunos casos, claves para nuestro desarrollo económico y social. Es bueno rectificar a tiempo, pueden seguir criticando el plan, organizando manifestaciones a favor o en
contra, diciendo sí y no al mismo tiempo. Por nuestra parte, les hacemos una llamada a que ejerzan un esfuerzo de responsabilidad política y consigan de la mano de todos los españoles una financiación que permita al Gobierno desarrollar en su
integridad el plan.
Termino con una máxima de Marco Aurelio dirigida al señor Rodríguez Zapatero: Rodéese de servidores leales y dormirá tranquilo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pintado.
Para la defensa de enmiendas presentadas a la proposición no de ley, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos ante una proposición no de ley insólita. Yo he de decir que me alegro de la presentación de esta proposición no de ley porque manifiesta una situación a la defensiva del Gobierno y del Partido Popular. El Partido Popular
vuelve a traer aquí un plan hidrológico que se aprobó recientemente para que el Congreso vuelva a decir que este plan es bueno, y la pregunta es ¿por qué lo hacen? Porque este plan, señoras y señores diputados, este trasvase, no se va a realizar,
es imposible realizar un trasvase en contra de la opinión social de las tierras -quiero recordarles que el día 10 hubo más de 250.000 personas en contra de este plan-, porque la mayoría de los informes científicos que se nos ha dicho que hay están
en contra -otra cosa es que el Gobierno no nos los quiera facilitar- y porque además este plan hidrológico va en contra de la nueva cultura del agua, como señalan algunas directivas del Parlamento Europeo. Por esas razones, porque este plan tiene
una contestación social importante, porque tiene una contestación de la comunidad científica aplastante, excepto de aquellos profesionales que han trabajado a instancias del Gobierno, y porque va en contra del signo de la historia de la cultura del
agua, vienen aquí y nos dicen: volvamos a decir que esto que aprobamos recientemente es muy bueno. Por tanto, insisto, esta proposición no de ley denota las dificultades de desarrollar y de concretar este plan hidrológico.
En este sentido, nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución con dos puntos. El primero dice que este Plan Hidrológico Nacional es incompatible con la resolución que se aprobó en el Parlamento Europeo el pasado 28 de febrero y
que, por tanto, es incompatible con la política en materia de aguas de la Unión Europea, y les anuncio que dentro de poco va a volver a producirse otra votación en el Parlamento Europeo con relación a este tema. En segundo lugar, en la enmienda
instamos al Gobierno a retirar el Plan Hidrológico Nacional y a presentar uno nuevo sobre la base de tres criterios: el primero, amplio diálogo; el segundo, que obtenga la posición favorable -y que sea público- de los dictámenes de la comunidad
científica; y el tercero, que la política de aguas de España se sitúe en las nuevas orientaciones y en la nueva cultura del agua en Europa.
He de anunciar, en relación a la enmienda del Partido Socialista Obrero Español, que, en el caso de que se aceptara el punto 2, votaríamos en contra del punto 2 de la enmienda del Partido Socialista Obrero Español.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, decía el dramaturgo noruego Henrik Ibsen en su obra de teatro El enemigo del pueblo que, cuando el boticario del pueblo denunciaba la contaminación de las aguas de un balneario, todo el pueblo estaba
contra él porque en definitiva podía echar por los suelos la economía local. Pues aquí estamos en una situación parecida, se está estigmatizando, se está criminalizando a aquellos que estamos denunciando permanentemente un grave delito ecológico,
un grave error ecológico, como puede ser el plan hidrológico.
Como ha dicho Joan Saura, la actitud insólita, inaudita y yo incluso diría que sin precedentes en la Europa occidental con esta proposición no de ley yo creo que marca un hito en la mayoría absoluta del Partido Popular.
Como se demostró en
el Parlamento Europeo, este plan hidrológico está fuera de Europa, y está fuera del sentido común, de la racionalidad y de la tradición democrática esta obsesión del Grupo Popular por hacer oposición a la oposición, y es que cuando no se gobierna se
hace oposición a la oposición, porque lo que hacen el Grupo Popular y el Gobierno en este caso es mandar, y esa es la diferencia entre gobernar y mandar. En definitiva, el proceso de debate y de trámite del plan hidrológico marca esa diferencia, la
diferencia -repito- entre gobernar y mandar.
Decía Hélder Cámara, el teólogo brasileño, que cuando mandar es fácil obedecer es imposible. Así fue
cómo en Aragón y en Cataluña centenares de miles de personas se han echado a la calle para manifestarse democrática, pacífica y legítimamente contra este plan hidrológico. Son manifestaciones que van contra esta iniciativa permanente del
Partido Popular en la que se deja de lado la gestión del Gobierno y el diálogo y se acude a mandar. Y fíjense ustedes que ahora con esta proposición no de ley el Grupo Popular no sólo nos manda, sino que nos manda callar; nos manda callar con una
coletilla: rechazar cualquier iniciativa contra el Plan Hidrológico Nacional. La segunda fase podría ser perfectamente la de prohibido pensar -prohibido hablar, prohibido pensar- y, reivindicando a Immanuel Kant de Königsberg, atrévete a pensar.
Creo que esto no va con la línea que está esgrimiendo el Partido Popular.
Este Parlamento, si se aprobara esta proposición no de ley -espero que impere el sentido común y se acabe retirando-, deslegitima cualquier iniciativa parlamentaria, cívica o judicial para acudir a foros judiciales, al Tribunal
Constitucional y a órganos europeos contra un plan hidrológico que se ha impuesto a un territorio definido y claro.
Esta es la propuesta del Partido Popular. Decía inicialmente que esto no tiene precedentes en la Europa civilizada. El Gobierno y
el Partido Popular se han equivocado y -repito- lo más prudente sería retirar esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Puigcercós, por favor.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señor presidente.
No tienen ustedes razón. Análisis, estudios científicos, académicos...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Puigcercós, son cuatros los miembros de su grupo que tienen que intervenir y va a superar en mucho el tiempo de los demás grupos parlamentarios. Le rogaría que fuese concluyendo.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Termino, señor presidente.
No vaya a ser, señores diputados de la mayoría, que estando a favor de una iniciativa que es un grave delito ecológico también se acabara con la libertad de expresión en esta Cámara. (Rumores.)
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Popular trae de nuevo al Pleno de la Cámara el debate sobre el Plan Hidrológico Nacional, aprobado en su día con sus votos y los de otros grupos. Al parecer se trata de que la mayoría que lo aprobó en
su día vuelva a reafirmarse en la idea de que es un plan imprescindible para el desarrollo económico y la cohesión territorial. A nosotros nos parece sorprendente que el Grupo Popular, que dispone de medios más que generosos para defender ante la
opinión pública los contenidos y bondades del plan, reitere aquí el debate. Por tanto, parece que esta iniciativa tiene como fin exclusivo intentar dar caña a los que legítimamente se oponen a los contenidos y pretensiones del plan, que al parecer
son más de los que desearía el Grupo Popular. En ese sentido nosotros compartimos la idea de que esa reiteración en la búsqueda de reafirmaciones muestra más la debilidad que la fortaleza.
Dicho esto, ¿por qué presentamos nuestra enmienda? Simplemente para reafirmarnos en nuestra oposición a los contenidos de la filosofía de este plan en un debate en el que el grupo proponente demanda a esta Cámara la adhesión inquebrantable
al plan del Gobierno. Seguimos pensando que este plan es insensato desde el punto de vista económico y ecológico, a veces con un trasfondo de electoralismo desaconsejable. Es un plan que pretende llevar agua a Levante y al Sureste desde cuencas
hidrográficas calificadas de excedentarias, con una alta inversión, para permitir el incremento de desarrollo agrícola, urbanístico, turístico e industrial en lugar de optar por una solución más racional, más económica y más ecológica de realizar
políticas que lleven el desarrollo donde hay agua y hacer más eficientes los recursos hídricos disponibles en aquellas zonas que disponen de menos aguas, recursos que sin duda permitirían un mejor aprovechamiento y reutilización del agua disponible,
lo que mejoraría las posibilidades de desarrollo de esas zonas sin causar perjuicio a otras o alterar el equilibrio medioambiental. Llevar agua a un alto coste a las zonas en las que hoy existe demanda no la frenará, sino que a la larga la
incrementará; por cierto, al final los usuarios habrán de pagar esa agua que reciben a buen precio, y si no al tiempo. Si además una comunidad como Galicia vuelve a quedar básicamente fuera de las sustanciosas inversiones previstas en este plan,
comprenderán que no podemos más que seguir oponiéndonos, aunque luego usen esta oposición para afirmar que significa que nos oponemos a tal o cual actuación concreta, lo cual, como es evidente, nada tiene que ver. Nuestro apoyo es a un plan
hidrológico distinto que considere la política del agua como un elemento integrador de las políticas agrarias, industrial, turística, medioambiental y de verdadero equilibrio territorial. En consecuencia, vamos a votar en contra de esta proposición
no de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, señorías, volvemos a debatir sobre el Plan Hidrológico Nacional; proyecto contra el que ya existen documentos internos del propio Ministerio de Medio Ambiente cuestionando, desde planteamientos
científicos, tanto el trasvase del Ebro como la evaluación estratégica ambiental realizada del Plan Hidrológico Nacional, y donde se afirma su incoherencia técnica con las cifras de uso del agua planteadas en el plan de regadíos -esto acaba de salir
hace dos días-; proyecto contra el que ya ha habido hasta siete grandes manifestaciones masivas pacíficas y democráticas en menos de dos años, la última el pasado 10 de marzo en Barcelona que al parecer les causó mucho daño.
Frente a esa lección
de cívica democracia y constancia en la razón nos hemos encontrado con el insulto por bandera, llamándonos insolidarios a los que queremos sencillamente una solución más justa para todos los territorios y que no acabe el agua regando campos de golf.
(Rumores.)
Esta nueva proposición no de ley del PP, presentada justo dos días antes de la manifestación -buena prueba de su voluntad de diálogo- e incluida en el orden del día mediante el método tristemente popular de la marcha militar, es todo un
ejercicio de intolerancia y prepotencia. ¿Cómo se puede pedir que se rechace cualquier iniciativa en cualquier ámbito contra el Plan Hidrológico Nacional? ¿Tendremos que pedir perdón por pensar distinto, por defender nuestros derechos en los
tribunales o en Europa, por manifestarnos libremente sin bocadillo pagado en las calles? ¿Deberá su gobernador civil declarar ilegal la próxima manifestación del 23 de abril en Zaragoza?
Dejen de amenazarnos con sus palabras y con sus propuestas totalitarias, retomen el diálogo, aboguen por los principios de gestión del agua más modernos, como pedimos en nuestras enmiendas, y sólo así podremos solucionar de verdad este
problema. Siento, señor diputado de Huesca, que haya sido usted quien haya tenido que defender esta proposición no de ley precisamente en un territorio que, si se lleva adelante el Plan Hidrológico Nacional, cubrirán con 80 nuevos pantanos y del
cual, naturalmente, el día de mañana usted no será diputado porque ya no habrá habitantes.
Muchas gracias. (Algunos señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí i Galbis.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, señorías, el Plan Hidrológico Nacional es un instrumento del que nos hemos dotado al objeto de dar solución a los déficit hídricos que existen en determinadas zonas del Estado; déficit que de
continuar en el futuro amenazan seriamente con el estrangulamiento y con la hipoteca del desarrollo económico y social de esos territorios.
Quiero reiterar, tal y como afirmamos en el trámite parlamentario de la ley, que el plan hidrológico que presentó en su día el Gobierno del Partido Popular en forma de proyecto de ley no es el que mi formación hubiese impulsado si hubiese
tenido ocasión de hacerlo. La coyuntura política y la certeza de su aprobación, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, hizo que nuestra prioridad se focalizara en la mejora del texto, haciéndolo más sostenible y sobre todo en la defensa
del Delta del Ebro, de sus comarcas, de sus gentes y especialmente de su desarrollo económico y social. Habiendo conseguido, según nuestro criterio, un conjunto de mejoras y de garantías en esta línea, ahora nos encontramos con nuevos problemas en
orden a la implementación y al desarrollo del mismo Plan Hidrológico Nacional motivados por algunas incoherencias en las que ha caído el Partido Socialista. Es necesario recordar que en su día fue un gobierno del Partido Socialista el que presentó,
impulsó y quería aprobar un Plan Hidrológico Nacional que planteaba un trasvase de 1.800 hectómetros cúbicos de agua del río Ebro, casi el doble de lo previsto en el plan hidrológico aprobado en junio del año pasado. En todo caso, creemos que al
grupo parlamentario proponente, el Partido Popular, se le sirve en bandeja la justificación de la proposición no de ley desde el momento en que el Partido Socialista se ve sumido de nuevo en una cierta desorientación, esta vez en el Parlamento
Europeo, con motivo de su propuesta inicial de impedir la financiación del plan hidrológico y acabar votando en contra de su propia propuesta. Mi grupo parlamentario no cree que esta sea la senda por la que debe transcurrir el debate sobre el
desarrollo del plan hidrológico. Sinceramente hubiésemos deseado que no se hubiera producido el capítulo que se originó en el Parlamento Europeo ni la presentación de la proposición no de ley por el Partido Popular, pero, como se dice
coloquialmente, esto es lo que hay.
El Grupo Parlamentario Catalán es firme partidario de actuar con la máxima coherencia desde el principio hasta el final. Desde este criterio de actuación y ante la literalidad del texto de la proposición no de ley, creemos que bajo ningún
concepto puede actuarse de manera que se obstaculice el proceso de obtención de recursos económicos, sean estatales o comunitarios, afectados a la financiación del plan hidrológico. Sin embargo, mi grupo parlamentario ha considerado, en la línea de
la coherencia que intentamos mantener desde el inicio de la tramitación parlamentaria del plan hidrológico, que el texto de la proposición no de ley debía contemplar
una referencia clara y explícita en cuanto al apoyo que debe darse al plan integral de protección del Delta del Ebro, aprobado en la Ley 10/2001, a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Quiero recordar y
reivindicar que el texto de la disposición adicional décima, relativa a la previsión de la aprobación de este plan integral de protección del Delta del Ebro, es el fruto de una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán y aprobada con el
apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en aquella sesión de la Comisión de Medio Ambiente, a excepción del Partido Socialista, que se abstuvo. En concreto, el texto de la enmienda de adición que hemos presentado es el siguiente:
Asimismo, el Congreso de los Diputados considera necesario que estos recursos económicos se destinen también al impulso y al desarrollo del Plan integral de protección del Delta del Ebro, aprobado en la Ley 10/2001. La justificación de esta
enmienda es muy clara y coincide con la que sustentó la presentación, en su día, de la enmienda que presentó mi grupo parlamentario al proyecto de ley del plan hidrológico y que dio lugar a la citada disposición adicional décima. Este Plan integral
de protección del Delta del Ebro, cuyo consorcio está formado por todas las administraciones y entidades con competencias e intereses en su ámbito y presidido por la Generalitat de Catalunya, ya está llevando a cabo su cometido y debe definir entre
otros aspectos, conocidos por todas SS.SS., el régimen hídrico que permita el desarrollo de las funciones ecológicas del río, el delta y el ecosistema marino próximo, las medidas necesarias para evitar la subsidencia y la regresión del delta, así
como la aportación de sedimentos en ese terreno y también la mejora de la calidad del agua, que según mi grupo parlamentario podría verse afectada en el futuro. Esto no es una teoría ni una información de este portavoz o del Grupo Parlamentario
Catalán, sino que son manifestaciones de expertos en las comparecencias realizadas antes del trámite parlamentario del Plan Hidrológico Nacional en las que afirmaban que posiblemente, en el futuro, se produciría una salinización de las aguas
motivada por los nuevos regadíos creados en Aragón gracias a los 3.400 hectómetros cúbicos que le reserva el Pacto del Agua de 1992 y que están incorporados en el Plan Hidrológico Nacional. Hay otras medidas que no voy a citar porque SS.SS.
ya las
conocen. La inclusión de esta previsión tan importante en el plan hidrológico está junto con otras mejoras conseguidas gracias a la intervención del Grupo Parlamentario Catalán, como la de incorporar al sistema hidrológico español posibles
trasvases alternativos -me refiero a las aguas del río Ródano- que confiamos, porque la ley lo permite, que puedan facilitar que esos déficit hídricos que hay en las zonas del Mediterráneo puedan verse paliados en el futuro; también la
imposibilidad de hacer transferencias de agua entre los meses de octubre a mayo o que la capacidad de regulación de los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix se utilice para satisfacer las necesidades medioambientales del delta, o el incremento
de inversiones para las tierras del Ebro, o que el minitrasvase a Tarragona llegue hasta las comarcas de Barcelona, especialmente la connurbación, con graves déficit de agua. Creo que en esto estaremos todos de acuerdo y, si no, que se lo pregunten
a muchos alcaldes de esas grandes ciudades metropolitanas del área de Barcelona que supongo estarán de acuerdo en que esos déficit se palien en el futuro y todos los habitantes y todas las empresas puedan tener acceso a ese bien preciado. En fin,
son muchas las medidas que se han tomado, que están en marcha, y sobre las que el plan integral y el consorcio están trabajando. Por tanto, confiamos en que esta enmienda que hemos presentado como grupo parlamentario pueda ser aceptada, porque va
en la línea del texto literal de la proposición no de ley y porque creemos que refuerza mucho más aún la idea -que nuestro grupo parlamentario tiene muy clara- de la defensa de la gente de las comarcas del Ebro y de su viabilidad económica de
futuro. Por tanto, esperamos que esta prioridad política del Grupo Parlamentario Catalán, que se traduce en esta enmienda, pueda ser aceptada por el grupo proponente.
Señor presidente, termino con una referencia directa a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos que se trata de una enmienda con un claro barniz ecológico y sustentada en posiciones y planteamientos claramente
amparados desde el punto de vista de la sostenibilidad. De todas maneras, permítanme que recuerde unas declaraciones -que creo que es bueno que tengamos presente en la memoria- expresadas en el trámite previo a la discusión de las enmiendas, de una
entidad responsable y tan acreditada como es Ecologistas en Acción en relación con las enmiendas presentadas por el Partido Socialista al proyecto de ley del plan hidrológico. El responsable de esta organización tan importante decía -y cito
literalmente- que eran las peores enmiendas parciales presentadas al proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional desde el punto de vista medioambiental, ya que incluyen obras de gran impacto. Y añadía: Debe criticarse además que los socialistas
hayan pretendido en sus enmiendas eliminar algunos aspectos del plan hidrológico que se habían incluido en el texto a instancias de las mismas organizaciones ecologistas. Señorías, creo que es un recordatorio obligado que en cualquier caso nos debe
hacer reflexionar a todos los grupos, no solamente al Partido Socialista, a todos los parlamentarios, en relación con las consecuencias que pueden darse al adoptar posiciones contradictorias. El oportunismo en política debería tener en todo caso un
coste para el que lo practica.
Reitero la posición expresada anteriormente de que esperamos que haya una posición positiva del grupo parlamentario proponente en relación con la enmienda y, de esta manera, el Grupo Parlamentario Catalán
pueda dar apoyo a esta proposición no de ley, subrayando el interés y la prioridad de mi grupo parlamentario y de la fuerza política que da apoyo al Gobierno de la Generalitat en relación con la viabilidad futura de las tierras del Ebro, de
sus gentes, de sus comarcas y, en definitiva, de las futuras generaciones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martí.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.
¿Hasta cuándo, señoras y señores del Grupo Popular, van a tomarse a broma este Parlamento? (Rumores.) ¿Hasta cuándo van a seguir los pasos del señor Rajoy, que hace una semana dijo que no podía tomarse en serio la labor que estamos
realizando? (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señorías!
El señor SABATÉ IBARZ: ¿De qué nos sirve reunirnos aquí para debatir sobre una iniciativa ya aprobada que únicamente contiene compromisos desvaídos y apelaciones a que el Ejecutivo siga actuando de la forma que ya lo está haciendo? ¿Cómo
se atreven a traernos esta genérica declaración cuando el Gobierno al que apoyan se niega sistemáticamente a facilitarnos la información concreta que se le solicita sobre el Plan Hidrológico Nacional, no contesta a las preguntas que se le formulan
ni habla de las consecuencias medioambientales o los plazos de ejecución y coste de las inversiones y oculta los informes de los expertos, como ya se ha dicho aquí en intervenciones anteriores? ¿Hasta cuándo van a hacer un uso indebido del
Parlamento con maniobras como ésta? Señoras y señores del Partido Popular, esto es una impostura, fingimiento o engaño con apariencia de verdad; es una indecencia parlamentaria; no muestra respeto a las buenas costumbres del Parlamento y ofende
al pudor. (Rumores.)
La intención de esta proposición no de ley no responde a nada. Simplemente quieren materializar la curiosa y antidemocrática estrategia de realizar oposición a la oposición. (Un señor diputado: No lo has entendido.-Rumores.) La
proposición no de ley del Grupo Popular pretende realizar este ejercicio en el Pleno. Es un ejemplo claro de esa estrategia. Como aquel chiste de quien pedía que si moría en Villarriba lo enterraran en Villabajo y si moría en Villabajo lo
enterraran en Villarriba, y cuando le preguntaron por qué dijo: Pues para jo...robar, hombre, para jorobar. (Rumores.) Pues eso, para fastidiar, ustedes presentan esta proposición no de ley para fastidiar. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Muy
bien!) Y lo que quieren en realidad es desviar la atención. En una de las leyes más importantes de esta legislatura, que ha comportado y ha generado más debates y más contestación social ¿pretenden ahora desviar la atención con una proposición no
de ley para situar el debate en el terreno de si queremos o no fondos europeos? (Protestas.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señorías!
El señor SABATÉ IBARZ: Eso es lo que quieren, por eso protestan, y lo malo es que quizá ni lo saben. Claro que queremos fondos europeos; ya hablaremos más delante de ello. (Protestas.-Rumores.)
Esta proposición no de ley no pretende nada en serio. Es un brindis al sol que no va a servir para nada, y ustedes lo saben. Bueno, para algo sí puede servir: para que puedan seguir faltando a la verdad diciendo que la mayoría de los
grupos de la oposición no queremos fondos europeos; quizá para eso es lo único que pueda servir. (Rumores.) No va a servir para nada -y ustedes lo saben también- porque los fondos para el período 2001-2006 ya están distribuidos. Se sabe la
cantidad que corresponde a España y no se puede modificar. (Rumores.) Por tanto, sus argumentos son demagógicos y rayan en la indocumentación absoluta. (Rumores.) El importe total de la dotación de fondos estructurales -se ve que no lo saben-, y
en su caso del fondo de cohesión, se determina para todo el período; lo que puede variar es el proyecto concreto a que va destinado. España sabe ya lo que va a cobrar a lo largo de todo el período y la falta de proyectos elegibles es lo único que
puede disminuir la cuantía. Ni siquiera la ampliación cambiará las dotaciones ya fijadas. Por tanto, se vote lo que se vote hoy, España recibirá el mismo importe en fondos estructurales y de cohesión hasta 2006. Ya está bien de engañar, o
pretender engañar, a los ciudadanos. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Presentan también esta iniciativa porque les traiciona el subconsciente y demuestran que tienen muy poca confianza en este Plan Hidrológico Nacional. (Rumores.) ¿Tan poco confianza tienen que ahora nos vienen con cuatro líneas para remediar
lo que no tiene remedio? Saben que el plan hidrológico no responde a criterios modernos de gestión del agua; que no responde a criterios de sostenibilidad; que atenta contra el medio ambiente; que la comunidad científica lo rechaza, y por ello
escondieron los informes de los expertos y todavía los ocultan. (Rumores.) Además, la presentan porque actúan bajo el síndrome de la impotencia que no les ha abandonado todavía. Nos calificaron de pedigüeños y ahora ven que no han podido igualar
la captación de fondos europeos de una época de la que tanto les gusta hablar; esa es otra razón. (Aplausos.) Pero será responsabilidad de ustedes si los fondos ya determinados para España no pueden aplicarse a las obras hidráulicas que nuestro
país necesita (Risas.-Rumores.); será responsabilidad de ustedes puesto que les han dicho por
activa y por pasiva que éstas tienen que ajustarse a la normativa comunitaria; será responsabilidad de ustedes y van a tener que dar cuenta a los ciudadanos. (Rumores.) Y mucho nos tememos que esto va a ser así porque este Gobierno nos ha
situado a la cabeza de los incumplimientos en materia medioambiental; somos campeones en incumplir directivas comunitarias y en apercibimientos y sanciones; y este plan hidrológico también infringe la legislación comunitaria, que es nuestra
legislación.
Nosotros queremos todos los fondos europeos posibles; queremos los fondos europeos para las obras necesarias, las del anexo II del Plan Hidrológico Nacional y las que les propusimos en nuestro plan alternativo. Lo que pasa es que ya se ven
ustedes incapaces de llevar agua a las zonas más deficitarias de España, en particular al Mediterráneo español, y están buscando culpables hasta entre las piedras. Ustedes no van a conseguir hacer aparecer a casi toda la oposición ni a los
movimientos sociales ni a toda la comunidad científica en una actitud contraria a los intereses de España. Ya está bien de acusaciones de deslealtad, de intentar monopolizar el patriotismo, de querer aparecer como los únicos que defienden los
intereses de los españoles, de negar el pluralismo y la libre expresión de las ideas cuando no son coincidentes con las de ustedes. ¡Ya está bien! Y señor Pintado, no me gusta hacer citas de Camino, pero versículo 3.2.3: hay que saber decir no.
(Aplausos.)
Finalmente, ustedes, señoras y señores del Grupo Popular y de Convergència i Unió, tendrían que aprobar nuestra enmienda de sustitución. (Rumores.) Les voy a explicar por qué. Nuestra enmienda dice: El Congreso considera que este Plan
Hidrológico Nacional aprobado el 20 de junio de 2001 y el trasvase del Ebro que en él se contiene no responden a los criterios de sostenibilidad y vulneran directivas comunitarias; (Rumores.) e insta al Gobierno a que garantice la adecuación de los
proyectos de inversión en infraestructuras hidráulicas contemplados en el anexo II de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, donde se reúnen numerosos proyectos declarados de interés general con anterioridad a la Ley del Plan Hidrológico, muchos
de ellos en ejecución, y al estricto cumplimiento de la legislación europea a fin de que se pueda obtener el máximo importe posible de fondos europeos para la financiación de las actuaciones necesarias con el fin de mejorar la calidad y el
abastecimiento de agua en España y, en especial, de las zonas deficitarias del Mediterráneo.
Tendrían que aprobarla porque así conseguirían el consenso en una cuestión que, tal como la han tratado, no ha hecho más que provocar la división y el
enfrentamiento social; porque se reconciliarían con toda la comunidad científica y con los movimientos sociales más sensibilizados y entendidos en la materia; porque por el camino que llevan ustedes van a impedir que venga financiación europea
para obras hidráulicas y, en cambio, la garantizarían con nuestra enmienda. Sí queremos fondos europeos si responden a una política moderna y avanzada, a una nueva cultura del agua medioambientalmente respetuosa; sí, si los proyectos se ajustan a
la normativa comunitaria, que es la única manera de obtenerlos.
Tienen que votar favorablemente nuestra enmienda porque no es más que lo que ustedes aprobaron en el Parlamento Europeo hace pocas semanas: que todas las obras hidráulicas se hagan de
acuerdo con las directivas comunitarias, directivas que son nuestras también aunque ustedes quieran ignorarlo. Ustedes no se comprometen hoy a que las obras del plan hidrológico se hagan de acuerdo con las leyes comunitarias; inclúyanlo por lo
menos como una enmienda in voce o transaccional. En definitiva, señoras y señores del Grupo Popular y de Convergència i Unió, sean coherentes, digan que van a cumplir las leyes, aprueben nuestra enmienda y España tendrá más fácil aplicar los fondos
europeos ya acordados a las obras que necesitamos en materia de agua. Con nosotros tendrán más fácil resolver el problema del agua que ustedes, a este paso, van a ser incapaces de solucionar.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Sabaté.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en contra de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. No vamos a votar en contra porque no creamos que es necesario un plan hidrológico
nacional para nuestro país; lo creemos y estamos convencidos de que es necesario, pero a lo que no está dispuesto nuestro grupo parlamentario es a convertirnos en la clac del Gobierno.
Con sus votos y con los de Convergència i Unió ustedes
aprobaron el Plan Hidrológico Nacional, un plan que nuestro grupo rechaza. Además, señorías, nuestro grupo parlamentario se niega a renunciar a la posibilidad de plantear ese rechazo allá donde considere oportuno.
Ustedes no van a callar al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. No lo van a callar entre otras cosas, señorías, porque tenemos legítimo derecho a poder rechazar y a poder presentar ese rechazo donde nos parezca oportuno, y ustedes con su iniciativa pretenden evitarlo.
Además, señorías, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos decía que deberíamos estar de la mano de todos los españoles apoyando la financiación del Plan Hidrológico Nacional, parece ser que las más de 200.000 personas que el día 10 de marzo
se manifestaron en Barcelona en contra del Plan
Hidrológico Nacional no son españoles, y por tanto de la mano de esas personas no podemos rechazar un Plan Hidrológico Nacional que a todas luces contraviene las directivas europeas, que a todas luces es insostenible, señorías, y que no se
puede incluir dentro de la estrategia de desarrollo sostenible que ustedes mismos están planteando y que desde luego también tiene nuestras críticas; insostenible medioambientalmente, insostenible económicamente e insostenible socialmente.
Señorías, les voy a poner un ejemplo que además afecta a la Comunidad Autónoma Valenciana, comunidad supuestamente receptora y con necesidades de recursos hídricos. El trazado presentado por el señor Matas hace unos días para el trasvase
del Ebro afecta a cinco lugares declarados de interés comunitario, es decir reconocidos por la Unión Europea como lugares de especial protección y que además están incluidos por el Gobierno de la Generalidad Valenciana en la Red Natura 2000. Estos
lugares son el curso alto del río Mijares, la Sierra Calderona, el curso medio del río Júcar, Els Alforís y la Sierra de Salinas. Algunos, los más importantes, están afectados totalmente en el espacio natural por las obras de infraestructura del
trasvase del Ebro y otros tienen una menor afección. Todo esto que les estoy comentando, entre otras cosas tiene particular importancia porque el trazado y estas zonas que se ven afectadas -que están declaradas lugares de interés comunitario- no
fueron incluidas en la memoria del Plan Hidrológico Nacional. Señorías, se oculta información a esta Cámara y se oculta información al Parlamento Europeo. Si hay un descenso en la financiación de las obras de infraestructura del Plan Hidrológico
Nacional no va a ser solamente por el rechazo de algunas fuerzas políticas, porque realmente haya una gran parte de la opinión pública que esté en contra o por los informes de los expertos, sino que también se va a producir porque la Unión Europea
no está dispuesta a financiar aquellos planes de infraestructura hidráulica que contravengan la normativa medioambiental europea y ustedes saben perfectamente que el Plan Hidrológico Nacional así lo está haciendo.
Entre otras cosas, señorias,
siguen ustedes pretendiendo engañar a la opinión pública, siguen ustedes pretendiendo no reconocer una realidad, y a ello hacía mención el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular
Al manifestar que ustedes hacen historia con el Plan Hidrológico Nacional.
Hablan inclusive de la época de la república. Señorías, han pasado muchos años, los tiempos han cambiado y hay una nueva cultura del agua que ustedes se niegan a
reconocer. No existen planes de gestión de la demanda en el Plan Hidrológico Nacional, no existe ordenación del territorio y ustedes han negado la posibilidad de discutir el Plan de Regadíos, al mismo tiempo que se aprobaba el Plan Hidrológico
Nacional. ¿Por qué, señorías? Porque se niegan ustedes a realizar una planificación correcta, se niegan ustedes a hacer una planificación acorde con los nuevos tiempos y se niegan ustedes a realizar una planificación sostenible.
Señorías, tengo que decirles que la cuenca receptora, al menos la cuenta de la Comunidad Autónoma Valenciana, no va a servir para mejorar los regadíos ni va a servir para dar una mayor calidad del agua; está sirviendo para aumentar la
presión urbanística en el litoral, para mantener la sobreexplotación del litoral, y desde luego para crear grandes campos de golf, que no es lo que mejor conviene a la economía de nuestro país ni mucho menos a la economía de la Comunidad Autónoma
Valenciana.
Señorías, este Plan Hidrológico Nacional no es tal; es un catálogo de obras de infraestructura hidráulica que ustedes ya reflejaban en los Presupuestos Generales del Estado desde el Ministerio de Medio Ambiente.
Estaremos de acuerdo con
algunas obras; con la mayoría no porque ustedes quieren hacer de la planificación hidráulica una planificación de cemento, sólo y exclusivamente de cemento, que responde a unos intereses que no son los intereses de la sociedad, que no son los de la
agricultura, y que desde luego no son los intereses medioambientales que este Gobierno tendría que estar defendiendo. Por tanto nuestro voto va a seguir siendo negativo, igual que lo fue en contra de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional.
Señorías, no conviertan ustedes esta Cámara en una Cámara del ridículo, en una Cámara que sólo y exclusivamente hace teatro; teatro desde los bancos del Partido Popular que se sienten impotentes a la hora de defender sus posiciones ante la Unión
Europea, porque la propia Unión Europea les dice a ustedes que se están equivocando.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señor Pintado, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas que se han presentado.
El señor PINTADO BARBANOJ: Señor presidente, anunciamos nuestro rechazo a las enmiendas presentadas desde el Grupo Mixto, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Catalán y entendemos que el Grupo Socialista, habida cuenta de su
intervención en la explicación de su enmienda, se va a sumar a la postura del Partido Popular porque se han convertido en los mayores defensores del Plan Hidrológico Nacional. (Rumores.-Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señor Pintado!
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENCARGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA UN INFORME, DE PERIODICIDAD MENSUAL, DE LA EVOLUCIÓN
DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DURANTE EL AÑO 2002 CON LA METODOLOGÍA OFICIAL UTILIZADA HASTA DICIEMBRE DE 2001. (Número de expediente 162/000459.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate de la anterior proposición no de ley, pasamos a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional
de Estadística un informe de periodicidad mensual de la evolución del índice de precios al consumo durante el año 2002, con la metodología oficial utilizada hasta diciembre de 2001.
Para la defensa de esta proposición, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Señor presidente, señorías, me dirijo a esta Cámara para defender en nombre del Grupo Socialista que el Instituto Nacional de Estadística elabore un informe de periodicidad mensual sobre la evolución del IPC durante
el año 2002 siguiendo la metodología anterior y de forma complementaria también continúe publicando las series de IPC con la metodología que se ha utilizado hasta diciembre de 2001.
Desde el pasado mes de enero, el Instituto Nacional de Estadística publica el IPC con un nuevo sistema, el sistema 2001, y con un cambio de base. El cambio metodológico afecta a la muestra -y quiero insistir porque no es baladí- en cuanto
se produce un aumento del número de municipios, del número de establecimientos y del número de precios tomados. Implica incorporar en la cesta de la compra nuevos productos, como consecuencia de la existencia de hábitos de consumo distintos, y
sacar de esa cesta de la compra otros productos. Esto obliga a la actualización en las ponderaciones y a un nuevo sistema de cálculo. ¿Qué suponen todos estos cambios? Suponen una ruptura de la serie del IPC y ello ha creado una enorme alarma
social al ser comparado porel propio Gobierno el IPC de enero con el IPC de diciembre. No es comparable, estamos hablando de datos distintos. Incurrir en esta comparación es una reprobable manipulación política que no es admisible y que da lugar a
todo tipo de confusiones en la opinión pública. Los españoles han de saber, y es obligación del Gobierno explicarlo correctamente, que el nuevo IPC no puede compararse con el anterior. No son datos homogéneos, es una trampa, es un engaño querer
establecer ese análisis comparativo. El INE explica en su propia página web que el nuevo IPC supone una ruptura en la continuación de las series de índices de precios. El IPC debe ser representativo y permitir la comparación temporal, ya que es un
indicador que sólo tiene sentido si permite establecer comparaciones en el tiempo y al ser un número índice debe acompañarse de una serie temporal, a fin de poder calcular las tasas de variación anuales correspondientes. Para que esto sea posible,
es preciso que la metodología utilizada para calcular el IPC no varíe, y si por razones de representación en los cambios en el consumo es necesario incurrir en cambios metodológicos es absolutamente imprescindible publicar las dos series de IPC con
la nueva y con la anterior metodología.
Esto no tiene discusión. La aritmética política del hemiciclo puede acabar votando que no es cierto el teorema de Pitágoras, pero la veracidad de lo que acabo de afirmar está fuera de todo enfoque político. Los dos IPC no pueden
compararse, se trata simplemente de algunas trampas que a la política le hacen las matemáticas. Negarlo es fruto de la ignorancia o del desprecio hacia la ciudadanía, es un olvido de todo lo que han expresado los expertos y también hacia todo lo
que se ha manifestado desde el mundo académico, pues todos sin fisuras y de forma unánime están reclamando que el INE publique las dos series. Ello se exige no con el ánimo de mantener el sistema anterior, sino para que esa información tenga un
papel complementario a los datos que da el actual IPC. Es una exigencia legítima que plantean los españoles. El INE está obligado a trabajar con transparencia y a explicar de forma sencilla, de forma clara qué cambios se adoptan y qué
consecuencias tienen, porque estamos hablando de un indicador que está enormemente socializado, porque afecta a la revisión de los salarios y a la revisión de las pensiones y de los alquileres.
Señorías, el Gobierno tiene la responsabilidad de dar una información correcta y sencilla, y no existe ninguna justificación técnica que lo impida. Es inadmisible que bajo el argumento de que se ha procedido a una mejora metodológica -que
comparto- no pueda publicarse el IPC con la serie anterior, cuando aquellos que por razones profesionales conocemos el tema sabemos que está expresado gráficamente en la propia página web del instituto y que por tanto se dispone de estos datos. Hay
que facilitar la comprensión de los cambios introducidos y evitar cualquier tipo de confusión.
Podría hacer una referencia exhaustiva de todos los medios de comunicación, centros de análisis económico y expertos que están reclamando al INE que de forma complementaria publique la serie del IPC 2002 con metodología 2001, y la del 2001
con metodología 2002. Lo ha reclamado la Unión Europea a través del comisario Solbes; se lo piden las asociaciones empresariales, se lo piden los sindicatos y se lo ha pedido la asociación de consumidores. Estos días están apareciendo una gran
cantidad de artículos en los medios de comunicación; el profesor Bergés les decía: Inflación peculiar; los datos que están ofreciendo no son entendidos y no están bien interpretados. Desconocida inflación señaló Alfonso Novales, afirmando que no
es cierto que el descenso de una décima del IPC en enero
explique que no ha habido efecto redondeo. Una persona nada sospechosa de tener posición política distinta de la del Gobierno, como el profesor Barea, reclamaba el pasado viernes esta información y se preguntaba: ¿Por qué las empresas
están obligadas a responder a los cambios en los criterios contables y el Instituto Nacional de Estadística no? ¿Existe alguna razón que impida que publiquen esos datos? La tesis de que podría haber dos datos oficiales está fuera de toda
fundamentación jurídica.
Esta exigencia está tanto más justificada cuanto los datos del nuevo IPC han hecho temer a los españoles, en parte debido a la falta de explicaciones, que a pesar de que nuestra inflación está creciendo y se sitúa en el 3,1
(lo que supone un aumento del diferencial con Europa y un impacto negativo en términos de competitividad y de creación de empleo), el nuevo IPC no va a reflejar la pérdida del poder adquisitivo, señorías, y en este tema pocas bromas. Hay que
explicar y dejar claro que el IPC de 2002 capturará todas las variaciones de precios, como está previsto en su perfil y en su diseño metodológico, y que lógicamente se producirán todos los reajustes por inflación de los salarios y pensiones.
La sensibilidad de la opinión pública respecto a este tema exige también sensibilidad del Gobierno. Es realmente difícil encontrar un solo argumento que justifique el desencuentro que se ha producido, provocado en parte -también es preciso
señalarlo- por una falta de flexibilidad en la política de información del Instituto Nacional de Estadística. La dirección del INE debería entender que entre los 41 millones de españoles las técnicas estadísticas no acostumbran a ser un tema de
conversación habitual, pero sí en cambio que los sueldos y las pensiones dan cada mes para menos capacidad de compra; pero es al Gobierno a quien corresponde solucionar la situación.
Estamos ante una presión inflacionista muy fuerte. Es presumible que el efecto redondeo se haya concentrado en el sector servicios, que ha tenido un crecimiento en sus precios del orden del 4,4 por ciento según los últimos datos. Los
carburantes y combustibles han subido el 3,6 como consecuencia del aumento impositivo acordado por el Gobierno. Frente a todos estos aumentos de precios, la lectura que se hace es que el nuevo IPC, según palabras del señor Rato, permite afirmar que
en España no ha habido efecto redondeo y que en enero han bajado los precios. No es cierto. No es cierto porque esta afirmación se basa en el falseamiento de una comparación que estadísticamente no es posible, y obviamente la reacción no se ha
hecho esperar: críticas, desconfianza y exigencia de transparencia entre aquellos expertos que han formado parte de los equipos de Gobierno del propio Partido Popular que les han planteado esas desconfianzas. No es cierto que hayan bajado los
precios, al contrario, nuestro diferencial de inflación con Europa es creciente situándose en 0,6 puntos. Esa diferencia afecta, decíamos, a nuestra capacidad competitiva; estamos en el 3,1 y se ha mantenido la inflación en febrero a pesar de que
las rebajas en febrero son mayores que en enero. Ante esta situación, si siempre es ineludible explicar claramente cualquier variación en los precios, ahora esta exigencia se refuerza por el cambio metodológico habido. No podemos aceptar cualquier
planteamiento tangencial al problema. El Gobierno debe explicar correctamente cuál es nuestra inflación y obligar al Instituto Nacional de Estadística a dar toda la información disponible para que los españoles entiendan en qué consiste el cambio
metodológico y sepan que no les pueden engañar comparando el IPC del año 2002 con el IPC del año 2001.
Se ha de reconocer, el Gobierno ha de hacerlo y el IPC lo va a ir demostrando a lo largo del año 2002, que se está perdiendo capacidad competitiva, que se está perdiendo poder adquisitivo y que esto no puede esconderse amparándose en una
lectura falsa, técnicamente equivocada y políticamente manipulada respecto al nuevo IPC.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Costa, le rogaría fuese concluyendo.
La señora COSTA CAMPI: Acabo, señor presidente.
Por consiguiente no puede negarse a los españoles toda la información, dar todas las series elaboradas y evitar esa oferta personal de que algunos miembros del Instituto Nacional de Estadística a título individual harán la tabla de
conversiones, u ofrecer a cada español que cuando vaya a renovar su alquiler se haga por unos momentos economista y vaya a hacer personalmente su conversión a través de los enlaces que le dé el instituto. Para eso no está el instituto. El
Instituto Nacional de Estadística está para dar datos definitivos, no para invitar a hacer cursos de aprendizaje en conversión de las series temporales del IPC a todos los españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Costa.
Para defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Popular señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda, para la que solicita el apoyo de esta Cámara, y yo creo, señorías, que el Grupo Socialista no tendrá ninguna dificultad en apoyarla. Creo que el Grupo Socialista debería apoyar la
enmienda que ha presentado mi grupo porque plantea que se haga lo que se hizo en 1992, que se haga exactamente lo mismo que el comisario Solbes, siendo ministro del Gobierno de España, dijo que le parecía bien. Nosotros pedimos simplemente que se
haga lo mismo que en 1992, que
no es una fecha sin más, es la fecha en que se modificó por última vez la metodología para establecer el IPC.
Después de que muchos portavoces socialistas hayan dicho que el INE no tenía credibilidad, que la nueva metodología no tenía credibilidad, a mí me alegra que también el Grupo Socialista se sume en esta Cámara a la unanimidad que hay en todos
los analistas, en toda la sociedad al decir que la nueva metodología para el cálculo del IPC es mejor que la anterior. Se actúa sobre un grupo de productos mucho más amplio -más del 30 por ciento ha aumento el número de productos que se
consideran-, se trabaja en un número mayor de municipios y con un número de establecimientos muchísimo más amplio. Además, como ya ha manifestado la señora Costa -y me alegra que reconozca que el nuevo IPC mide mejor el incremento de los precios
que el anterior-, se actualiza la cesta de la compra, como no podía ser de otra manera, con los nuevos hábitos de compra de los ciudadanos. No tiene ningún sentido que se sigan teniendo en cuenta los hábitos de compra del año 1992 y no los que se
producen ahora, y SS.SS. saben que los hábitos de compra se han modificado. No tiene ningún sentido que en la medición del IPC se consideren las máquinas de coser o las máquinas de escribir y sin embargo no se consideren las comidas rápidas, los
alimentos preparados o los periféricos. Nadie duda, señorías, de la valoración positiva que ha merecido la nueva metodología de cálculo del IPC, y creo que ya por fin el Grupo Socialista lo reconoce, porque haber oído de portavoces socialistas una
crítica y una descalificación del INE porque el dato no les gustaba me parece una posición partidista, una posición subjetiva, una posición falsa, y además una posición que tergiversa la realidad. Me parece que no se puede descalificar al mensajero
o al instituto, como se ha hecho desde las filas socialistas cada vez que algo no les gusta con el INE, con el CIS, etcétera. Desde luego creo que hoy ya nadie en esta Cámara dice que la nueva metodología no es mejor. Lo importante de la nueva
metodología es que mide mejor el incremento de los precios, que es lo que se le pide. Señorías, esta nueva metodología ¿mide mejor o peor el incremento de los precios? Lo mide mejor, es una metodología más moderna, más homogénea con el resto de
los países, y además ajusta mejor el dato a la realidad. Eso es muy importante, señorías, porque este dato tiene muchísima repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos, tiene repercusión en los salarios, tiene repercusión en las pensiones, y
además muchísimos contratos están indiciados con este dato.
Una cuestión importante a destacar, señorías, es que la nueva metodología no es una decisión apresurada y unilateral del INE, más bien todo lo contrario. La nueva metodología de cálculo ya estaba en la planificación de 1997 al 2000 y ha
estado en la planificación de 2001 al 2004. Además, es una planificación y una nueva metodología que se pactó en el Consejo Nacional de Estadística donde estaba no sólo el INE sino los sindicatos, las asociaciones de consumidores, las
organizaciones empresariales, el Banco de España, etcétera. Es una metodología que se ha pactado en el seno de la Unión Europea en Eurostat. En los años 2001 y 2002 -lo digo porque es importante, para que se conozca en esta Cámara- se han
celebrado más de 20 reuniones informando sobre la nueva metodología, y en esas reuniones han participado ministerios, pero también comunidades autónomas, servicios de estudio de instituciones privadas, periodistas, analistas, asociaciones de
comerciantes, asociaciones de consumidores y universidades. Pero si eso no fuera suficiente, señorías, quiero decir en esta Cámara, a pesar de que al Grupo Parlamentario Socialista hoy no le gusta la metodología ni le gusta el cálculo, que esta
Cámara, el día 2 de julio del año pasado, mantuvo una reunión en el Instituto Nacional de Estadística donde se explicaron las modificaciones que se iban a producir seis meses después y les parecieron muy bien entonces. Uno se pregunta: ¿por qué
entonces el Grupo Socialista hace que la diputada señora Costa presente esta proposición no de ley completamente fuera de contexto? ¿Por qué le hacen a usted subir a la tribuna a decir unas cosas que ni usted se cree, pues desde el 2 de julio del
año pasado ya sabía lo que iba a suceder? Mire, le hacen subir a la tribuna, señora Costa, porque su grupo le ha metido en un lío. El dato del IPC de enero no les ha gustado y cuando no les gusta un dato lo que hacen es descalificar a tirios y
troyanos; lo que hacen es descalificar a todo el que pasa por ahí, como ahora han querido descalificar al Instituto Nacional de Estadística. El dato no les ha gustado y echan la culpa al Instituto Nacional de Estadística, como cuando el dato de
que el señor Zapatero va mal lo dice el CIS y no hacen un examen de conciencia de por qué el señor Zapatero va mal, sino que dicen que el CIS es absurdo y lo descalifican.
El dato y la medición del IPC se hace con una metodología mejor. El dato es mucho más fiable y eso es muy importante. Señorías, es muy importante que se publique el dato exacto. La portavoz socialista dice que se publique el dato exacto y
que se publique otro dato que no es exacto ni es bueno, pero que se publique otro dato. Señorías, ¿a qué efectos se tiene que publicar otro dato? El dato legal es el bueno. ¿El otro qué es, un dato ilegal? ¿De qué estamos hablando, señoría?
Estamos hablando de que se haga una medición correcta y que se impulsen medidas para corregir el diferencial de inflación que tiene nuestro país. Señora Costa, usted ha hablado en esta tribuna de diferencial de inflación. Efectivamente, le quiero
decir que España tiene un diferencial positivo de inflación en el entorno de medio punto y con un diferencial de crecimiento, señoría, de casi dos puntos. Usted que sabe de economía, conoce que con un diferencial de crecimiento de casi dos puntos,
un diferencial de inflación de 0,5 es razonable. Señoría, usted lo sabe. Usted sabía cuando ha subido
esta mañana a la tribuna, que hemos corregido el diferencial de inflación desde un año a esta parte. Y usted sabe que donde se ha actuado liberalizando en energía, en hidrocarburos, en telecomunicaciones, la inflación no sube ahora como
antes. Usted sabe que hoy la inflación, en España, se mantiene en entornos mucho más moderados. Por eso, usted ha subido aquí a defender una posición de su grupo que no tiene defensa posible. Y la única justificación es que el portavoz de
economía, señor Sevilla, presentó una interpelación fuera de tiempo, cuatro días antes de que saliera el IPC de enero, y se equivocó. Por eso, el señor Sevilla ya no ha vuelto a aparecer por esta Cámara, porque se equivocó e hizo unas previsiones
que cuatro días después no fueron verdad, no fueron verdad. Y le han metido a usted, señora Costa, en un debate que ni usted misma se cree y por eso lo ha hecho con tan poca confianza. Lo que hay que hacer es lo que se hizo en 1992, que es lo que
está haciendo el INE y lo que le pareció muy bien al Gobierno socialista de entonces: realizar unos coeficientes de enlace que sirvan para que los servicios de estudios tengan series históricas ¿Quiere que hagamos una encuesta buena, fiable, más
homogénea, con los productos mejor calibrados en más municipios y, además, sigamos haciendo otra encuesta no fiable, no buena? ¿Para qué hacen falta dos encuestas? Lo que necesitan los ciudadanos, señoría, es tener un dato fiable, y eso es lo que
se hace con este nuevo método de cálculo del IPC.
Mi grupo quiere impulsar las reformas estructurales y eso es muy importante para la competitividad. El lunes el señor Zapatero habló desde la tribuna de lo importante que era el dato de la inflación para la competencia. Lo he leído en el
'Diario de Sesiones'. Al señor Zapatero le hicieron un guión equivocado. Es para la competitividad, pero se ve que el señor Sevilla no le había dado todavía esa lección al señor Zapatero.
El dato de inflación es importante para la competitividad,
y el señor Zapatero se lo aprenderá algún día, pero con este Gobierno la inflación está teniendo diferenciales más bajos y sin embargo el crecimiento y el empleo diferenciales más altos. Eso se impulsa con reformas estructurales, eso se impulsa con
estabilidad presupuestaria.
Por eso, señores del Grupo Socialista, pido que apoyen nuestra enmienda, que es lo que se hizo en 1992, último año del cambio de metodología y que alguna vez, y a lo mejor sin que sirva de precedente, voten alguna reforma estructural que
presente este grupo, voten alguna vez alguna reforma fiscal y así se unirán a los que de verdad estamos haciendo que España crezca, cree empleo y los ciudadanos mejoren el bienestar.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez-Pujalte.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda de sustitución a la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, muy bien defendida, por cierto, por la diputada
socialista interpelante en esta cuestión.
La dirección y la propuesta de nuestra enmienda, desde nuestro punto de vista político y económico, es más resumida, más objetiva y racional que la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista, que pretende dar mucho más trabajo al
Instituto Nacional de Estadística, ya que trata de que se elaboren una serie de estadísticas y propuestas metodológicas en los próximos 12 meses que quizá a lo largo del conocimiento de todos los datos de la inflación que se van a producir en el año
2002 cause alguna confusión entre los agentes sociales y económicos. Pero yendo en la misma dirección y en la misma propuesta de la diputada socialista, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una enmienda más resumida,
quizás un poco más objetiva que la defendida por ustedes, para evitar que se produzca una ruptura histórica dentro de la serie de precios que se van publicando a través del Instituto Nacional de Estadística en todo el territorio español e instar al
Gobierno para que el Instituto Nacional de Estadística elabore un factor de conversión de la inflación de acuerdo con la metodología del año 2001 respecto al índice que se aplica en el año 2002, porque con la elaboración de este factor de conversión
se disiparían todas aquellas dudas a las que se ha referido la diputada socialista en el sentido de aportar más claridad y transparencia a todos los datos estadísticos que nos pueda facilitar dicho Instituto Nacional de Estadística.
Como ya manifestamos en la reunión que se produjo en la Comisión de Economía, en la que compareció la directora general del Instituto, doña Carmen Alcaide, nuestro grupo parlamentario señalaba que dichos cambios de terminología, aportados
para la modificación y nueva medición del Instituto Nacional de Estadística en la inflación de los índices de precios al consumo, eran positivos, ya que dicha modificación obedecía a criterios objetivos introduciendo fenómenos reales muy importantes
que se estaban desarrollando y produciendo en España, como era el de incorporar e introducir las rebajas en la nueva determinación de los índices de precios al consumo. También considerábamos muy objetivos todos aquellos elementos que se
incorporaban en la sustitución de productos que se determinaban en la cesta de la compra de las amas de casa y que, como manifestamos, habían perdido un peso muy significativo en el desarrollo de los mismos e incluso que
dicha sustitución se hubiera producido con la incorporación de otros productos que habían ganado peso específico en la cesta y en el comportamiento de los funcionarios españoles para la futura determinación de los índices de precios al
consumo. Estas modificaciones podrán dar mayor objetividad y comparabilidad del mismo índice con el resto de países que conforman actualmente la Unión Europea.
Como ya dijimos en dicha intervención, nos parecía muy positivo que el Instituto Nacional de Estadística hubiera dado a conocer el dato del índice de precios al consumo del mes de diciembre, contabilizado conforme al antiguo sistema ya
nuevo, como se ha hecho, por ejemplo, en la EPA, encuesta de población activa, evitando de esta forma la escalada de reacciones que desde diferentes sectores, de consumidores, sindicatos, cámaras de comercio y partidos políticos, han aparecido en
los últimos días. Si en este caso el Instituto Nacional de Estadística hubiera dado a conocer estos dos ratios, se hubiera clarificado un poco más el panorama para conocer cuáles son unos índices históricos, y no se hubiera producido esta ruptura
en la aplicación de un nuevo sistema y en la finiquitación de un sistema que había quedado caduco, en el que todos los grupos y formaciones políticas estábamos al corriente que se iba a producir. Es cierto, tal como ha dicho el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, que estuvimos todas las formaciones políticas en una reunión del Instituto Nacional de Estadística; algunos manifestaron cuáles eran los objetivos de dicho instituto en la aplicación de un nuevo sistema y todas las
formaciones políticas sabíamos perfectamente que se iban a producir estas modificaciones y que iba a cambiar el sistema de acuerdo con otros sistemas operantes en el resto de países de la Unión Europea, que nosotros considerábamos positivo. Además
el mes de enero quizás no era el mejor momento para realizar este tipo de cambios, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la entrada en circulación del euro en este mes y el efecto de la elevación de los impuestos y precios públicos, transportes y
correos implementados por el Gobierno quizás no nos darían una correlación histórica y objetiva en función de la aplicación de la metodología del año 2001, pero la realidad es que todos sabíamos que se iban a implementar estos cambios y todos
sabíamos también que con la aparición del fenómeno de las rebajas posiblemente los precios no subirían de la misma manera que habrían subido si se hubieran aplicado las formulaciones que habían regido hasta el año 2001. En definitiva, la situación
es esta. Nosotros consideramos que es positivo el método empleado, y así lo hemos dado a entender a través de todas nuestras manifestaciones y posiciones que se han desarrollado a lo largo del último año, y por esto hemos preferido enmendar a
través de esta enmienda de sustitución, que yo pienso que en el fondo va en la misma dirección que ha defendido la diputada socialista en el sentido de instar al Gobierno a que medie ante el Instituto Nacional de Estadística para que se pueda
aplicar este factor de conversión para que todos podamos saber cuáles serían los índices correspondientes al año 2002 con la metodología aplicada en el año 2001.
Para finalizar mi intervención, quisiera manifestar la posición que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha mantenido siempre en cuanto al diferencial de la inflación que existe en nuestro país respecto al resto de países de
la Unión Europea. Quizás en este aspecto no coincido plenamente con lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el sentido de que nosotros, a través de todas las comparecencias que se han producido en la Comisión de Economía,
así como en todas las intervenciones que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a este diferencial que existe entre la inflación de nuestro país y la inflación el resto de los países de la Unión Europea, siempre lo
hemos mostrado como uno de los puntos negros de la economía española. Estamos convencidos de que aunque es cierto que nuestro incremento de actividad económica es superior en un punto y medio o dos puntos respecto al incremento de actividad
económica del resto de países de la Unión Europea, no es menos cierto que este diferencial de inflación afecta negativamente a la competitividad de nuestro tejido industrial y esto finalmente también se traduce en unas menores exportaciones, en una
menor competitividad de nuestro tejido productivo respecto al fenómeno de la internacionalización, de la globalización, que es un aspecto que siempre hemos defendido en nuestros planteamientos económicos desde Convergència i Unió.
Por último, he de manifestar que vale la pena que el Gobierno -al menos este grupo parlamentario de Convergència i Unió así lo va a continuar reiterando- tenga en cuenta que en los últimos cinco años el promedio del incremento de la
inflación respecto de los productos españoles con referencia a los productos europeos ha sido del 5 por ciento. Pensamos que esto incide negativamente en la competitividad de nuestra economía y vamos a seguir insistiendo a través de las diferentes
iniciativas parlamentarias para reducir este diferencial de los índices de precios al consumo con más liberalizaciones, pero también con más competencia, que pensamos que es uno de los factores importantes que podrán reducir este diferencial de la
inflación.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i Llibre.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no va a aceptar las enmiendas de modificación presentadas por el Grupo Popular, y sentimos que haya sido también de modificación la presentada por el Grupo de Convergència i Unió. En el caso de que hubiera sido de adición y
hubiera recogido lo que ha dicho el diputado en la tribuna, la postura del Grupo Socialista hubiera sido diferente, pero suponemos que Convergència i Unió no ha tenido margen de maniobra para tomar la decisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Costa. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CREACIÓN DE LA AGENCIA PARA LA IGUALDAD DE LA MUJER EN EL EMPLEO. (Número de expediente 122/000116.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, iniciamos las votaciones.
En primer lugar, toma en consideración de proposiciones de ley. Toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre creación de la agencia para la igualdad de la mujer en el empleo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 120; en contra, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PRÁCTICOS DEL PUERTO. (Número de expediente 122/000190.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de creación del colegio de prácticos de puerto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor 277; en contra, seis; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración dicha proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MANIFIESTA EL APOYO DE LA CÁMARA A LA FINANCIACIÓN EUROPEA DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL. (Número de expediente 162/000460.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se manifiesta el apoyo de la Cámara a la financiación europea del Plan hidrológico nacional, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 162; en contra, 120; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENCARGAR AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA UN INFORME, DE PERIODICIDAD MENSUAL, DE LA EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO DURANTE EL AÑO 2002 CON LA
METODOLOGÍA OFICIAL UTILIZADA HASTA DICIEMBRE DE 2001.
(Número de expediente 162/000459.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a encargar al Instituto Nacional de Estadística un informe, de periodicidad mensual, de la evolución del índice de precios al
consumo durante el año 2002 con la metodología oficial utilizada hasta diciembre de 2001, que se somete a votación en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, 126; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO RESPECTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EFICACIA DE LOS ACUERDOS EN MATERIA DE EMPLEO PÚBLICO, TRAS LA RECIENTE SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. (Número de
expediente 173/000117.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día. Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que va a adoptar el
Gobierno respecto de la negociación colectiva y eficacia de los acuerdos en materia de empleo público, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra la señora Serna. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio al objeto de poder continuar con el debate. (Rumores.-Pausa.)
Señorías, es preciso que continuemos con el debate y con el nivel de conversación y de murmullo que hay en el hemiciclo es imposible. Les ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el miércoles de la semana pasada el Grupo Parlamentario Socialista interpeló al Gobierno para conocer, tras la sentencia del Tribunal Supremo, las medidas que el Ministerio de Administraciones Públicas piensa establecer sobre la
negociación colectiva y sobre la eficacia de los acuerdos adoptados por la Administración y los sindicatos en materia de empleo público. (Rumores.) Con esta interpelación supimos que el Gobierno no tiene ninguna prisa para recomponer la mala
situación que el ministro Rajoy creó con los empleados públicos, cuando les impuso unilateralmente la congelación salarial en 1997... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Serna, por favor. Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias de nuevo, señora presidenta.
Con esta interpelación, decía, supimos también que el Gobierno no tiene demasiado interés en restablecer la negociación con los sindicatos, una negociación que en materia salarial se rompió cuando el ministro Rajoy impuso unilateralmente la
congelación salarial a los empleados públicos en 1997. Con esta interpelación supimos, por último, que el Gobierno no ha pensado en cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos con los sindicatos, acuerdos que se incumplieron también cuando el
ministro Rajoy impuso unilateralmente la congelación salarial a los empleados públicos en 1997.
El ministro Posada sigue sin tomar decisiones sobre los empleados públicos, unas veces porque se cobija bajo el paraguas de los jueces, esperando que sea el Poder Judicial el que tome decisiones que, por ser decisiones políticas,
corresponden al Poder Ejecutivo, y otras veces porque el señor Posada se refugia, o busca posada, en los ministerios económicos, para no tener que tomar decisiones que son propias y exclusivas de su ministerio. Mientras tanto, y en medio de este
embrollo político, jurídico y económico, los empleados públicos siguen esperando a que su salario mejore, porque, año tras año, tienen una importante pérdida de poder adquisitivo. Ahora, cuando por fin conocemos ya el fallo de la sentencia del
Tribunal Supremo, nos dice el ministro que tenemos que esperar todavía más. ¿Esperar a qué? A que él pueda leer toda la sentencia entera. Lo cual nos sorprende y nos hace preguntarnos si es que el ministro conoce algún punto de la sentencia que
va en contra de la negociación colectiva; si es que acaso sabe de antemano que la sentencia se pronunciará contra esto, y si eso significa, por tanto, que su proyecto del estatuto de la Función pública, que presentó en la pasada legislatura, lo
piensa modificar nada menos que en el ámbito de la negociación colectiva, cuando ese proyecto está firmado y acordado con los empleados públicos. Si esto ocurre, si a causa de esta sentencia no solamente no pagara la deuda a los empleados públicos,
sino que modificara su proyecto, esta Cámara asistirá a la curiosísima ceremonia de que el Gobierno popular no solamente incumple los compromisos y los acuerdos con los sindicatos de los gobiernos socialistas, sino que tampoco cumple los que él
mismo firma con los sindicatos.
Pues bien, son estas incoherencias y titubeos los que dieron lugar a que el Grupo Socialista haya presentado esta moción con medidas que son fundamentalmente de un gran sentido común y por ello difícilmente rechazables. El primer punto de
la moción propone reabrir la mesa general de negociación con los sindicatos para consensuar mejoras salariales y laborales. El segundo punto propone garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y los sindicatos. El tercer
y último punto lo que busca es el diálogo en esta materia de empleo público entre la Administración central, el Gobierno y las comunidades autónomas, porque hay que recordar que el Gobierno tiene una Administración central con 400.000 empleados,
mientras que el resto de las administraciones de este país tiene casi dos millones. Por ello, le pregunto a la señora Ruiz si el PP va a votar en contra del diálogo con las comunidades
autónomas en materia de empleo público, si el PP va a votar en contra de una medida que favorece la negociación con los sindicatos, si el PP va a votar en contra de una medida que busca el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los
gobiernos de España con los sindicatos. La verdad es que los empleados públicos no van a entender muy bien ese voto negativo, ustedes lo saben y por eso nos han presentado una enmienda realmente curiosa, tan curiosa que mi grupo está absolutamente
seguro de que si el Gobierno conociese la enmienda que presenta el Grupo Popular pediría de inmediato su retirada. Se la leo, señorías. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo tras su
estudio cuando sea publicada. ¡Ah!, ¿pero es que un Gobierno en un Estado de derecho puede INcumplir las sentencias del Tribunal Supremo porque no le gustan? Señora Ruiz, la enmienda que su grupo le obliga a usted a defender en esta tribuna, se lo
digo de verdad y con toda sinceridad por el tiempo que llevamos trabajando ambas en esta Comisión, es una enmienda literalmente absurda y que sonroja a esta Cámara, porque es pedirle a un Gobierno que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo.
¡Hombre, va de suyo!
Señorías, finalizo pidiendo a todos los grupos parlamentarios, naturalmente incluido el Popular, su apoyo a esta moción presentada por nosotros porque no es una moción contra nadie. Es una moción a favor del diálogo y de la coherencia. Es
una moción a favor de la paz social y a favor de los ciudadanos que, en última instancia, son los últimos destinatarios de las administraciones públicas. Por tanto, es bueno que esta Cámara vote a favor de una moción que busca nada menos que estas
buenas cosas para la buena marcha del sector público.
Gracias, señorías. Gracias, presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la moción del Grupo Parlamentario Socialista trae a debate la política del Gobierno sobre funcionarios públicos, que el Bloque Nacionalista Galego considera negativa y ha criticado en otras ocasiones, y de la que
además cree que está teniendo consecuencias concretas. Es evidente que los salarios de los funcionarios y funcionarias han sufrido pérdida de poder adquisitivo, que ha disminuido el número de efectivos, que hay trabajo en precario y privatización
de los servicios, constatable o encubierta, vía provisión privada. Esto lleva aparejado la pérdida de calidad de la prestación de determinados servicios públicos, cuando no la imposibilidad de prestar algunos de ellos por insuficiencia manifiesta
de las plantillas en campos tan sensibles como, por ejemplo, la seguridad ciudadana.
Todo ello se enmarca en la obsesión del Gobierno por el déficit público y en su apuesta por el sector privado, que conlleva mensajes más o menos explícitos que desprestigian al sector público y a los trabajadores y trabajadoras del sector.
Esta política del Gobierno incluye la negación, en la práctica, de la posibilidad y capacidad de los representantes sindicales de funcionarios y funcionarias A ser actores de la negociación colectiva, de poder decir algo y negociar con el Gobierno
lo que afecta a retribuciones, condiciones laborales, etcétera; práctica que puso en marcha el primer Gobierno del Partido Popular en 1996 al no respetar los acuerdos alcanzados en materia de retribuciones entre los sindicatos y el Gobierno
anterior. Esta cuestión fue objeto de sentencias de distinto signo, que no invalidan la necesidad de que el Gobierno garantice la capacidad de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de negociar y representar los intereses de estos
últimos, ni la de que el Gobierno respete los acuerdos alcanzados. En una sociedad democrática es necesario garantizar los mecanismos que permitan la negociación colectiva de este importantísimo grupo de trabajadores y trabajadoras y acabar con la
práctica del Gobierno de imponer sucesivas medidas en las leyes de presupuestos y de acompañamiento, como viene sucediendo en los últimos años. Por supuesto, puede hacerlo, puesto que dispone de mayoría absoluta, pero no parece el mejor método para
conseguir un clima de armonía y estímulo de los trabajadores.
El pasado 6 de marzo discutimos en la Comisión una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, en la que planteábamos algunas de estas cuestiones y otras que permitirían, con voluntad política, caminar hacia un marco mejor que el
actual, favorecedor de las condiciones salariales y laborales de estos trabajadores, y propiciarían, asimismo, la consolidación de unos servicios públicos de calidad, acordes con los tiempos que corren y con las demandas de los ciudadanos. En
sentido contrario, lo que planteábamos impediría seguir en la vía del deterioro, adelgazamiento e ineficiencia de los servicios, provocados por la política del Gobierno, y cuestión en la que evitaré reiterarme.
Compartimos la formulación de la moción del Grupo Parlamentario Socialista, que demanda el establecimiento de mecanismos reales de negociación colectiva y el respeto a los acuerdos que se adopten. En su punto tercero demanda la capacidad de
otras administraciones distintas de la estatal para decidir sobre la oferta de empleo público que, al ser fijada como básica por el Gobierno central, impide que aquellas tomen decisiones sobre una cuestión tan importante, y puedan así responder a
las necesidades concretas de mejora de los servicios que prestan a los ciudadanos, sus administrados.
Nuestra enmienda propone añadir un punto cuarto que explicite la necesidad de que los representantes sindicales tengan capacidad de discutir y negociar todos aquellos aspectos que hacen referencia a la oferta de empleo público, suprimiendo,
desde luego, el corsé impuesto por el Gobierno a todas las administraciones, que establece una tasa de reposición de efectivos cuya generalización no tiene justificación práctica en ningún caso. Es una enmienda que no altera el contenido general de
la moción y que deja clara, sin embargo, nuestra postura de disconformidad con ese corsé, impuesto unilateralmente y mantenido por el Gobierno, que dificulta y hasta impide cualquier posibilidad de adaptar a la realidad y a las necesidades de otras
administraciones el número de empleos a ofertar y, en definitiva, su capacidad de participar en las decisiones sobre el empleo público. Es una enmienda que creemos razonable y adaptable al texto de la moción del Grupo Parlamentario Socialista.
Esperamos que sea tomada en consideración.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz.
La señora RUIZ RUIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, comenzaré explicando el contenido de la enmienda presentada por mi grupo y aprovecharé el turno para fijar nuestra posición respecto de los puntos de la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista.
Señora Serna, en primer lugar tengo que decirle que la enmienda que ha presentado mi grupo ha pretendido ser de pura cortesía parlamentaria. La enmienda de nuestro grupo recoge lo único que entendemos que puede decir esta Cámara en este
momento. ¿A usted le parece obvio? Es obvio. Lo que no parece tan obvio ni tan lógico es cuál es el motivo de la interpelación del pasado miércoles o de la moción de la mañana de hoy. Se lo digo porque tengo la suerte de intervenir en nombre de
un grupo que apoya a un Gobierno que afortunadamente actúa conforme a lo que piensa y a lo que dice. Eso que nosotros creemos que es coherencia y que abunda tan poco últimamente me permite en la mañana de hoy decirle lo de la cortesía parlamentaria
a la hora de presentar esta enmienda y explicarle por qué no vamos a apoyar la moción que S.S. ha defendido.
Cuando se pregunta si este Gobierno piensa cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, supongo que se trata de una pregunta retórica porque lo que este Gobierno ha dicho aquí en todos los casos ha sido: Cuando se dicta la sentencia de la
Audiencia Nacional de noviembre del año 2000, SS.SS. y algún grupo más de esta Cámara presentan una proposición no de ley en este Pleno para que el Gobierno pague inmediatamente a los funcionarios públicos de acuerdo con esa sentencia. En la
comparecencia del ministro de Administraciones Públicas, unos meses después, en fecha 13 de marzo, SS.SS. y otros grupos siguen pidiendo que se pague. En este caso el ministerio y el Grupo Parlamentario Popular dicen que en uso del legítimo
derecho que asiste al Gobierno -como a cualquier ciudadano, incluidos también los agentes sociales- va a recurrir esa sentencia de la Audiencia Nacional porque no la considera ajustada a derecho y porque debe determinarse, además, una prelación de
cuál es la ley -en este momento para nosotros era la Ley de presupuestos que fijaba unas medidas concretas del Gobierno que afectaban a la política general económica cuyos resultados, por cierto, han devenido satisfactorios-, que no estábamos de
acuerdo y, por tanto, íbamos a recurrir.
En la motivación de la moción se hace una afirmación diciendo que esa decisión de recurrir por parte del Gobierno ha deteriorado las relaciones con los sindicatos. Señoría, el Gobierno no se ha ido de ninguna mesa de negociación y desde el
año 1996 se han logrado múltiples acuerdos con las organizaciones sindicales en los ámbitos de todas las mesas de negociación. Es intención del Gobierno -aquí se lo manifestó ya el ministro el miércoles pasado- plantear las actuaciones
correspondientes una vez que se conozca la sentencia. Así se indicó. Lo único que dice mi grupo es que vamos a esperar a que se publique la sentencia y vamos a leer sus considerandos para ver si efectivamente hay que hacer algún tipo de
reorganización normativa como la que usted pide en el punto segundo de la moción, cuestión que en estos momentos es inútil debatir aquí porque no se conocen literalmente los considerandos de la sentencia, sólo se ha publicado el fallo, por cierto un
fallo que nosotros estamos esperando a conocer íntegramente. ¿Qué hubieran dicho SS.SS. si el fallo del Tribunal Supremo hubiera sido contrario al que se ha dictado? ¿Qué habrían hecho los grupos de la oposición? Nosotros nos limitamos -en
coherencia con lo que acabo de decir- a estudiar cuál va a ser ese contenido y seguir negociando. En ese sentido le tengo que decir que el Gobierno ha suscrito en la mesa general más de 40 acuerdos de convenio único, todos desde el año 1996; pero
es que después de la sentencia se han suscrito 25 acuerdos, es decir, ha seguido negociando con las organizaciones sindicales, también en la mesa sectorial de Sanidad, en la mesa sectorial de Correos y en la mesa general de negociación de la
Comisión general de formación continua, siendo el último de los acuerdos muy reciente. Además este Gobierno, a quien preocupa la mejora de las condiciones de los funcionarios públicos, también ha hecho ofertas concretas en esa mesa general para
mejorar el concepto retributivo no sólo en las cláusulas que ustedes plantean, sino ofertando muchas otras opciones. Ustedes no admiten nuestra enmienda, aunque es el único texto que se
puede aprobar, y nosotros no podemos admitir los puntos de su moción porque no tienen ningún contenido.
La señora PRESIDENTA: Señora Ruiz, su tiempo ha concluido.
La señora RUIZ RUIZ: Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ruiz.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.
La cuestión que hoy trae a colación el Grupo Parlamentario Socialista, mediante la moción que ahora debatimos, ha sido considerada en numerosas ocasiones en esta Cámara, tanto en el Pleno como en la Comisión de Régimen de las
Administraciones Públicas. La posición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) ha sido siempre clara y es suficientemente conocida por la Cámara.
A nuestro juicio, la sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de enero de 2001, se apoya en una doctrina errónea que no pondera correctamente los bienes y preceptos constitucionales en juego. En consecuencia, el Gobierno no sólo podía sino
que debía estar obligado a interponer el oportuno recurso de casación ante el Tribunal Supremo, como efectivamente hizo en forma y plazo. En coherencia con ello, no era pertinente exigir al Gobierno la inmediata ejecución de la sentencia de la
Audiencia Nacional sino que era más correcto y prudente esperar a que el Tribunal Supremo dictara su fallo poniendo fin al pleito. Ahora bien, dicho esto, el Grupo Parlamentario Vasco insistió también en la idea de que si el Tribunal Supremo
confirmaba la sentencia de instancia, el Gobierno habría de proceder a su ejecución sin ofrecer resistencia de ningún tipo. La ejecución de sentencia, en sus propios términos, forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y esta
máxima no conoce excepción ni tan siquiera en el supuesto de que el contendiente judicial fuese una Administración pública. Finalmente, el Gobierno acordó interponer el oportuno recurso de casación y parece ser que ha prosperado, digo que parece,
porque los medios de comunicación nos han dado cuenta de que existe el fallo que accede a la casación, aunque no han dicho nada en torno a sus fundamentos jurídicos. Esperamos y además confiamos en que esta dinámica tan singular de fijar primero el
sentido del fallo para buscar después los razonamientos jurídicos que han de sustentarlo -que no parece muy acorde con la metodología del trabajo jurídico- no sea una consecuencia del pacto por la justicia, recientemente suscrito por algunos grupos
parlamentarios. Como decía, parece que el Tribunal Supremo ha casado la sentencia de la Audiencia Nacional, de 23 de enero de 2001.
¿Qué procede ahora? La moción que debatimos es, a todas luces, cauta, ponderada y razonable. En sus dos primeros puntos se requiere al Gobierno para que cumpla con las obligaciones de las que el Ejecutivo no se puede sustraer porque le
vienen impuestas tanto por el artículo 35 de la Constitución española como por los artículos 32 y 35 de la Ley 7/1990, de 19 de julio, de participación de los funcionarios en la fijación de sus condiciones de trabajo, para que se reúna con la
representación sindical para negociar en materia retributiva y en otros aspectos que mejoren las condiciones de trabajo de los empleados públicos y para que refuerce la eficacia y la plena aplicación de los acuerdos suscritos con los sindicatos en
materia de empleo público. Por su parte, el tercer punto constituye una consecuencia inexorable del Estado autonómico.
Por todo ello, votaremos a favor de la presente moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, con motivo del debate de los presupuestos para las administraciones públicas en este ejercicio, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida señalábamos que lo que ocurre en este ámbito tiene mucho que ver con la
filosofía política con la que se considera lo público. El comportamiento del Gobierno respecto a la Función pública es un buen indicador de la débil importancia que el Partido Popular viene confiriendo a las administraciones públicas en los
distintos niveles en que ésta se debe potenciar: la profesionalización de la Administración, la mejora de la calidad de los servicios que se prestan y su consideración en el contexto de un Estado descentralizado. Desde esta triple perspectiva, los
comportamientos del Gobierno respecto a los trabajadores de la Administración no cumplen ninguna de las expectativas de mejora que cabría esperar, lo que sólo cabe interpretarse como una ausencia de voluntad política de disponer de un instrumento
público que asuma una función de liderazgo e impulso en la economía y en los comportamientos públicos de las instituciones españolas.
La profesionalización de la Administración pública va ligada muy especialmente a la mejora de los salarios de los empleados públicos, a consolidar la plantilla ampliando las tasas de reposición y mejora de los pagos por productividad y
compensación por pérdida de poder adquisitivo.
La sentencia del Tribunal Supremo profundizará la situación crítica en la que se encuentran nuestras administraciones públicas con las más
altas tasas de temporalidad laboral de Europa y una insuficiencia crónica de personal en algunos servicios e incrementando en más de 6 y medio puntos la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de más de dos millones de empleados
públicos. Por otra parte, el Gobierno persevera en su voluntad política de incumplir los acuerdos que eventualmente se pudieran alcanzar negando a los empleados públicos sus derechos laborales más elementales. Sin embargo, la clave en los futuros
años no debe centrarse en cuál ha sido el sentido o el razonamiento de la casación del Tribunal Supremo. La clave debe descifrarse en términos políticos: en qué medida se va a aplicar el Gobierno del Partido Popular para restablecer la confianza
de los sindicatos que en estos momentos no confían en el Gobierno a la hora de negociar las condiciones de trabajo de los empleados públicos. No confían en el Gobierno del Partido Popular porque saben que hoy pueden pactar una cosa y mañana llevar
a los Presupuestos Generales del Estado otra bien distinta con el beneplácito de la Mesa del Congreso y del Tribunal Supremo. No será fácil restañar esa confianza pues tanto el Gobierno, como la mayoría parlamentaria, como el Tribunal Supremo
parecen entender que el derecho a la negociación colectiva en el marco de la Función pública es igual a la nada más absoluta. La clave es saber qué va a hacer el Gobierno para conseguir que los sindicatos vuelvan a tener confianza en los resultados
de la negociación colectiva y en el marco de las administraciones públicas.
En definitiva, el Gobierno de la nación debe hacer partícipe a estas Cortes Generales de las medidas que piensa impulsar para conseguir que sindicatos, empleados públicos, comunidades autónomas y corporaciones locales vuelvan a confiar en un
Gobierno en el que hoy mismo -esperemos que cambie en el futuro- no confían ni un ápice en todo lo relativo a la fijación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. El Gobierno del Partido Popular a la mayor brevedad posible debe
darnos a conocer a todos, sindicatos, administraciones públicas e instituciones, las medidas que piensan impulsar para que el derecho constitucional a la negociación colectiva, así como la fuerza vinculante de los convenios colectivos, sean una
realidad en el marco de la Función pública, un derecho que los trabajadores puedan disfrutar y no una dádiva que el Gobierno da o retira según sea su voluntad o según marque la coyuntura, sea esta del tipo que sea.
La pérdida de capacidad adquisitiva, las altas tasas de temporalidad, la imposibilidad de negociar condiciones de trabajo, la inseguridad en la perspectiva de que sea eficaz lo que se negocia con los parámetros en los que se mueve la Función
pública española explican sobradamente la desmotivación que se percibe hoy en el sector público español.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el debate que originó la interpelación del pasado miércoles, no exactamente el texto de la moción que hoy se somete a votación, pero sí el debate, tiene una relación muy directa con otro debate que celebramos en esta Cámara el
pasado 6 de febrero. En ese debate, cuando teníamos una sentencia de la Audiencia Nacional, mi grupo presentó una proposición no de ley a favor de la negociación, pero a favor del respeto a las resoluciones judiciales y apelando a lo que para
nosotros era un elemento esencial, como era dar un mensaje de responsabilidad, no dar un mensaje que pudiera después causar un efecto contrario, como es que en lugar de favorecer el acuerdo se intentara dinamitarlo de alguna forma. Ese día nuestra
proposición no de ley no fue aceptada por parte del grupo mayoritario, pero mi grupo hoy en este debate, quiere reafirmar, punto por punto, los mismos aspectos que se destacaron el día 6 de febrero del año 2001. En aquel debate reconocíamos el gran
esfuerzo que se ha hecho por los trabajadores de la Función pública, a los que se les ha aplicado en muchas ocasiones una congelación salarial. Recordemos el hecho de la sentencia, que fue la congelación del año 1997, pero también hubo una
congelación en el año 1993 y otra en el año 1994. Ha habido una pérdida de poder adquisitivo y es responsabilidad de los gobiernos intentar compensarla. En Cataluña hemos intentado hacerlo mediante los acuerdos a los que hemos llegado en el marco
de la Ley de presupuestos de la Generalitat de Cataluña del año 2002. Hemos intentado buscar ese punto de acuerdo.
El texto de la moción, tal como está redactado hoy, podría verse alterado cuando se conozca finalmente la sentencia. Sé que la moción de hoy trae causa de una interpelación precedente y que este es el trámite reglamentario, pero a nuestro
grupo le hubiese gustado más hacer un punto y seguido y esperar a conocer exactamente el razonamiento jurídico, porque a pesar de que se ha dictado un fallo que es adverso para los trabajadores de la Función pública, estamos convencidos de que de
los considerandos puede salir un mensaje más positivo para esos trabajadores.
Mi grupo quiere presentar una iniciativa en este ámbito, pero está esperando a conocer el texto de la sentencia del Supremo, para ver cómo está definido jurídicamente ese
marco y establecer el cauce adecuado para una reforma normativa que garantice el derecho de los empleados públicos a la participación y a la determinación de sus condiciones de trabajo, conjugando los intereses públicos con el derecho a la
negociación colectiva en el sector público. Esta es nuestra posición. Por tanto no podemos compartir
el texto de la moción hoy, sin conocer concretamente cómo va a fijar el Tribunal Supremo la realización de esa negociación colectiva.
Quiero plasmar expresamente desde esta tribuna la preocupación del Gobierno de Cataluña por la literalidad del punto 3. Nos parece que el grupo proponente no persigue con el punto 3 la interpretación que nosotros le damos. Desde el punto
de vista autonómico, no nos gusta la literalidad del punto 3, porque tal y como está redactado podría llevarnos a entender que el actual mecanismo de participación de la Administración autonómica en el foro de debate estatal no es suficiente y que
debemos crear otros nuevos. Para nosotros, no. Para Convergència i Unió y para la Generalitat de Cataluña el marco actual es el adecuado para desarrollar la negociación que ya estamos realizando en Cataluña. No queremos un nuevo ámbito estatal de
participación, porque creemos que el establecido actualmente es adecuado. Esperamos que si se llega a impulsar un estatuto de la Función pública, se haga desde el consenso y delimitando expresamente aquello que debe tener el carácter de básico, que
no puede ser todo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señora Serna, tiene la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora SERNA MASIÁ: Gracias, señora presidenta.
Con relación a la enmienda de adición presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Gallego, sí. En cuanto a la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, no.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Serna.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno respecto de la negociación colectiva y eficacia de los acuerdos en materia de empleo público, tras la reciente
sentencia del Tribunal Supremo, que se somete a votación con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido asumida por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 282; a favor, 116; en contra, 165; abstenciones, una
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE LAS PREVISIONES PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE NUEVOS PROYECTOS DE MEJORA DE LA RED VIARIA DEPENDIENTE DEL ESTADO EN ARAGÓN. (Número de expediente 173/000118.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente. Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre las previsiones para atender las demandas de nuevos proyectos de mejora de la red viaria dependiente del Estado en
Aragón.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Labordeta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías. (Pausa.)
Señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado miércoles tuvimos ocasión de preguntar al ministro de Fomento sobre una cuestión clave para el desarrollo de Aragón: sus planes para dar satisfacción a las demandas de nuevos proyectos para mejorar la red viaria
aragonesa, tanto las previstas en el Plan de infraestructuras 2000-2007 como las comunicaciones traspirenaicas. Interpelábamos por varias actuaciones hoy objeto de la presente moción. Así, por un lado, en el texto objeto del debate proponemos
mejorar el actual Plan de infraestructuras 2000-2007 mediante unas nuevas actuaciones en la red viaria, que vienen respaldadas por una petición efectuada desde las propias Cortes de Aragón, con un único objetivo: crear una red de carreteras en
forma de malla que cubra íntegramente las necesidades de comunicación, tanto dentro del territorio como con las comunidades limítrofes.
En primer lugar, en la N-232 pedimos el desdoblamiento de los tramos Figueruelas-Mallén, así como la prolongación del desdoblamiento Zaragoza-El Burgo hasta Alcañiz y el Mediterráneo. Creemos que no es suficiente la respuesta del ministro
en la anterior sesión plenaria diciendo que, mal que les pese a los afectados, tienen una autopista paralela. Es una vía de peaje, y no de las más baratas precisamente. Este desdoblamiento lo han solicitado reiteradamente los municipios de las
comarcas afectadas. Su objeto es impedir el cuello de botella de esta carretera, dado que en su continuación en Navarra así se va a desdoblar.
Hablamos sólo de actuar en unos 40 kilómetros en pleno valle del Ebro, uno de los ejes económicos del
Estado.
En segundo lugar, pedimos la inclusión del eje Huesca-Ejea de los Caballeros-Tudela como autovía en el Plan de infraestructuras.
En tercer lugar, pedimos la prolongación del eje de la autovía Madrid-Cuenca-Teruel hasta Alcañiz, Caspe y Fraga, dado que el horizonte de actuaciones se plantea a cinco años vista y que además se puede convertir en un eje alternativo a la
N-II, mejorando la fluidez y seguridad viaria. No nos vale el argumento de la escasa densidad de tráfico porque en el tramo de este eje, sin incluir en el plan, las cifras actuales de circulación no son, en los tramos turolenses, tan diferentes a
fecha de hoy en las propuestas que ahora presentamos para su votación. Además, esta iniciativa sí da sentido transversal a este eje de carreteras y no sólo radial.
En cuarto lugar, pedimos el apoyo a la conexión de la cuenca minera central turolense con la autovía Somport-Sagunto desde la localidad de Montalbán, mediante una vía rápida de nueva construcción. A esta propuesta concreta no escuchamos
ninguna objeción, ni técnica ni económica, por parte del ministerio responsable y podría ayudar a conectar la cuenca minera, territorio deprimido industrialmente hablando, con el nuevo eje norte-sur.
Finalmente, en el ámbito del Plan de infraestructuras, reclamamos que figure expresamente la autovía Huesca-Lleida, definida correctamente en el mapa, pero que no aparece ni en el texto ni en el cuadro-resumen de actuaciones, dato que
definitivamente corroboró el ministro y que, como mera corrección formal, no vemos ningún problema en que pueda aprobarse.
De este modo, como se observa claramente en las propuestas efectuadas, el debate de la interpelación y de la moción dimanante
trata de ser en positivo, aportando iniciativas. No es un debate sobre las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno o sobre las previsiones del Ministerio de Fomento, que ya figuran en el Plan de infraestructuras; no es eso.
Como fue el
argumento más utilizado para rechazar nuestras propuestas, permítasenos decir que a fecha de hoy, y tras seis años del Gobierno del Partido Popular, la red viaria aragonesa es la que menos se ha desarrollado en las últimas décadas con relación a las
comunidades limítrofes: Cataluña, Navarra, La Rioja o Valencia. Esta frase se pronuncia desde estudios técnicos, como el realizado desde el departamento de economía aplicada de la Universidad de Zaragoza. El dato clave es el que relaciona la red
total de carreteras con los kilómetros cuadrados de la comunidad, donde Aragón consigue sólo un 0,21, similar en toda España sólo a Extremadura.
Recuerden que por esta red de carreteras, dada su condición de rótula en las comunicaciones del nordeste peninsular, circulan más del 70 por ciento del transporte de mercancías del Estado y del 90 por ciento de los pasajeros. Las promesas
efectuadas por todos los gobiernos de lluvias de millones nos dejan entre escépticos y preocupados cuando vemos presupuesto tras presupuesto, por ejemplo, que la afirmación del presidente del Gobierno de concluir la autovía Teruel-Zaragoza en esta
legislatura es imposible ya que se cumpla. No habrá autovía a Teruel hasta dentro de dos años porque no se ha sabido o no se ha querido poner en marcha esa promesa política.
El segundo gran apartado de la moción reclama la puesta en marcha de actuaciones necesarias para favorecer una mejor permeabilidad en los pasos por carretera del Pirineo, en lo relativo a implantar un sistema de carretera rodante, en el paso
fronterizo de Canfranc, que permita que los camiones internacionales en tránsito atraviesen el Pirineo montados sobre el tren para evitar al máximo posible el tráfico de camiones en estos valles y al mismo tiempo no frustrar las expectativas de esta
actividad económica generada por el planteamiento inicial del eje E-07.
En segundo lugar, dentro de este ámbito pedimos la puesta en marcha de medidas urgentes y alternativas en el túnel internacional de Bielsa para impedir cualquier riesgo, adecuando y ampliando los actuales sistemas de seguridad y control de
tráfico que eviten el cierre de este túnel internacional al paso de vehículos de más de 3,5 toneladas. La respuesta en este caso a la interpelación de Chunta Aragonesista por parte del Gobierno fue demasiado escueta, a nuestro entender. Es una
cuestión regional, dijo el ministro. Pues bien, cuando una diputada aragonesa del Partido Popular pregunta en el Parlamento Europeo por este tema, cuando la propia Comisión Europea ha dicho que va a investigar el cierre unilateral de este túnel por
la parte francesa, creemos que algo más de atención debería tener por parte del Gobierno español esta comunicación trasfronteriza porque, que sepamos, en materia de relaciones internacionales aún sigue teniendo competencias. De hecho, una de las
enmiendas planteadas a estos puntos por el Grupo Socialista va en la misma línea y ya anuncio que la vamos a aceptar.
Igualmente pedimos que en el paso del Portalet, cuya carretera también es autonómica, se puedan articular medidas conjuntamente dentro de los principios constitucionales de colaboración entre administraciones públicas para mejorar sus
condiciones, logrando más fechas de aperturas del mismo. Finalmente, retomar el proyecto Benasque-Luchón, dada la necesidad de mejorar la comunicación directa por Europa por el Pirineo aragonés.
Esperamos el voto favorable de la Cámara a estos puntos de la moción, que a nadie perjudican, que benefician no sólo a los aragoneses, sino a los miles de vehículos de transporte de mercancías y personas que circulan diariamente por esta red
viaria y que está planteada desde un sentido constructivo, aportando iniciativas a las ya existentes.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Torres.
El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero decir en nombre del Grupo Parlamentario Socialista es que vamos a apoyar la moción que ha presentado el señor Labordeta. Lo vamos a hacer porque la primera parte es una traducción literal de un acuerdo de las Cortes de
Aragón, que nosotros apoyamos, y la segunda parte incluye asuntos que han sido objeto de iniciativas en distintos momentos de mi grupo parlamentario. Por tanto apoyaremos con nuestros votos la moción. No obstante, nos ha parecido que era necesario
concretar, aclarar los dos últimos párrafos del segundo punto y hemos presentado una enmienda como un punto 3 nuevo, en el que decimos que es necesario, en los pasos trasfronterizos, que el Gobierno español ejerza la potestad que tiene de establecer
convenios internacionales con otro Estado miembro. No lo puede hacer el Gobierno de Aragón porque el ministro dijo el miércoles de la semana pasada que los pasos trasfronterizos eran competencia de la Diputación General de Aragón y no del
Ministerio de Fomento. La titularidad de esos pasos es de la Diputación General de Aragón, pero el Gobierno español debe establecer un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para posibilitar que esos pasos puedan modificarse o que se
pueda actuar desde esas infraestructuras porque afecta a dos países soberanos.
Lo que decimos en la enmienda es que se haga ese convenio. Estamos seguros de que el Gobierno de Aragón estará muy satisfecho y contento de poder establecer convenios de colaboración con el Gobierno central y, por tanto, va a depender de la
voluntad, estamos seguros, del Gobierno del señor Aznar que eso sea posible o no. Nos servirá, por tanto, no con que finalmente se produzca el acuerdo entre dos partes, porque pudiera no producirse por circunstancias ajenas a la voluntad de ambas.
Nos servirá que observemos que el Gobierno español da los pasos oportunos y pone todo su interés y buena voluntad en conseguir que el acuerdo se produzca. A eso es a lo que retamos, por decirlo de alguna manera, al Gobierno español y al Grupo
Popular.
El ministro dijo que no estaba de acuerdo con lo que se planteaba en la interpelación, que es lo que hoy se dice en la moción. En unos casos porque decía que no lo iban a hacer; en otros, porque era competencia del Gobierno de Aragón y, en
otros, porque decían que ya estaba hecho; es decir, el señor ministro el miércoles pasado dio por hecho que la autovía entre Zaragoza y Alcañiz estaba lista. Cuando se lo recriminamos, tuvo que corregir sobre la marcha y decir que se estaban
haciendo trámites.
No. Entre El Burgo de Ebro y Alcañiz no solamente no hay ninguna obra comenzada, sino que no hay nada hecho para convertirlo en autovía.
Además, el ministro dijo que no pensaba realizar el desdoblamiento de la carretera
nacional entre Teruel y Alcañiz para enlazar con la autovía en Fraga.
Lo que le estamos planteando es que en este momento no tenemos más remedio que poner en duda las cifras que el ministro dio para Aragón, teniendo en cuenta que nos dijo que se iban a invertir en este plan 565.000 millones de pesetas en
carreteras. Me da mucha risa porque en 1996, sólo en la autovía Mudéjar, dijeron que iban a invertir en tres años, hasta 1999, 103.000 millones y seis años después lo que han invertido son 10.000 millones. Además, no se va a cumplir el compromiso
del señor Aznar de terminar esa autovía en esta legislatura. Por tanto, los compromisos o los anuncios del Partido Popular nos suenan a propaganda y a pocos hechos. Poquitas inversiones en Aragón y, sobre todo, en carreteras, en las provincias de
Huesca y Teruel.
Finalmente, quiero decirles que establezcan ustedes un convenio con la Diputación General de Aragón, tal y como dice don Benigno Blanco, secretario de Estado de Infraestructuras en una carta al consejero de Obras Públicas del Gobierno de
Aragón, en la que le dice: Te agradezco tu carta del pasado día 27. Como supongo, ya estarás enterado de que el Ministerio de Fomento, a través de la Embajada de España en Francia y de los servicios pertinentes y competentes del Ministerio de
Asuntos Exteriores, ha promovido hoy las gestiones oportunas ante el Gobierno francés para evitar... Luego dice: En todo caso, no me parece mal que a título privado se hagan otras gestiones. Evidentemente, porque esta es una competencia del
Gobierno central que el Gobierno de Aragón no puede ni debe ni quiere suplantar. Por ello les ruego que voten a favor de esta moción, con la enmienda incorporada del Grupo Socialista. Agradezco al señor Labordeta que la acepte porque esto es lo
que conviene a Aragón, no nos hagan otra jugada como la del Plan Hidrológico Nacional. No nos castiguen también en carreteras, señores del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la moción presentada por el señor Labordeta, en nombre de la Chunta Aragonesista, del Grupo Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular, cuando menciona su programa de infraestructuras viarias 2000-2007, siempre nos está hablando de ejes que nos llevan siempre al centro del territorio. En esta ocasión se
presenta una moción que lo que pretende no es solamente tener conexión con el centro del territorio del Estado español, sino que exista un mallaje de carreteras que permita la conexión dentro
del propio territorio del Estado de la Comunidad Autónoma de Aragón y al mismo tiempo de esta comunidad autónoma con el resto de las comunidades fronterizas con ella.
Eso es una deficiencia en la planificación de infraestructuras que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular se empeñan en mantener desde que nos dice que tiene confeccionado el plan 2000- 2007. Por lo tanto es importante que
exista este tipo de mallado; que no solamente tiene que hacerse en la Comunidad Autónoma de Aragón, sino que tiene que hacerse con el resto de las comunidades autónomas. Creemos que la intervención del ministro de Fomento en la interpelación más
parecía que fuera triunfalista en la que todo funciona bien, todas las inversiones se llevan a cabo, pero una de las importantes vías que en esta iniciativa se reivindica, que es precisamente la autovía Zaragoza-Teruel, que además continúa su
conexión Teruel-Sagunto-Valencia, sigue retrasándose año tras año y aplazándose en las inversiones necesarias en los Presupuestos Generales del Estado.
Como verán, no está tan bien lo que hace el Gobierno, es necesario lo que se está planteando en esta iniciativa, y además es necesario que las inversiones se realicen no mirando hacia atrás, en lo que han hecho o han dejado de hacer otros
gobiernos, sino realmente en el futuro que se prevé, que parece que no será mucho más afortunado para Teruel y para Aragón que el que ha tenido hasta estos momentos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo no apoyará la moción. Creemos que más que una moción concreta para instar al Gobierno a algo es una instancia que reúne un compendio de muy buenas intenciones, pero que para que esta Cámara pueda aprobar tiene toda una serie
de problemas como puede ser el que vamos a hablar de la red de carreteras de gran capacidad.
A mí sí me sirven los datos que nos daba el ministro respecto a la intensidad media diaria de diversas vías para las que se solicita su gran capacidad en esta moción. Como no tienen esa capacidad en este momento no nos parece todavía
oportuno. Se habla de que tiene que modificarse el Plan de infraestructuras 2000-2007, plan que es un pequeño fascículo que tiene el ministerio, que tiene toda una cita de distintas obras, pero es un plan que esta Cámara no conoce como tal. En
todo caso es un documento interno del ministerio, que va desarrollando según cree oportuno.
Se pide también la inclusión expresamente de la autovía Huesca-Lleida, que figura correctamente en el mapa de este plan, y no está en el texto, Sin embargo, esta autovía Huesca-Lleida sí figura en los Presupuestos Generales del Estado, que
es un documento algo más definitivo y no este plan que es orientativo. Por tanto la autovía Huesca-Lleida ya figura en los presupuestos y yo estoy muy tranquilo respecto a su ejecución, ya que además algunos de sus tramos está en fase de proyecto.
También se nos habla de impulsar la permeabilidad de pasos por carreteras del Pirineo a través de una posible carretera rodante, nuevos túneles, como el de Francia, retomar la construcción de un túnel trasfronterizo Benasque-Luchón. Me
parece que muchos de estos proyectos son interesantes, pero también hay que contar que algunos de los tramos de carreteras de que se habla aquí son competencia de la Diputación General de Aragón. Ante este cúmulo de muy buenas intenciones, nuestro
grupo no va a apoyar la moción que hoy se nos presenta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular y para decir que el Plan de infraestructuras 2000/2007, con horizonte de ejecución 2010, prevé actuaciones para Aragón, pertenecientes al
programa de carreteras de alta capacidad, valoradas en 2.843 millones de euros de 1999, cifra que convierte a Aragón en la segunda comunidad autónoma española en atención inversora del Ministerio de Fomento. Si a estas inversiones se suman las
estimadas para las carreteras convencionales, que no están estrictamente desagregadas, la inversión total en carreteras del plan para Aragón ascenderá a 3.396 millones de euros, es decir, 565.000 millones de pesetas, a pesar de que al señor Torres
le da risa, según ha dicho, las cifras y las pone en duda. Pues no las ponga en duda, porque son totalmente ciertas y no hace falta más que ver lo que había desde 1983 hasta 1996.
Por otro lado, esta cifra representa casi el 10 por ciento de la inversión del Plan de infraestructuras de toda España y supone el 2,9 por ciento del conjunto de la población. Aragón recibe tres veces más que el porcentaje de otras
comunidades; a su vez, Zaragoza es la ciudad española donde se está realizando mayor esfuerzo inversor, y el Plan de infraestructuras del Gobierno español es hoy día el más ambicioso de la Unión Europea, y no hace falta más que ver la respuesta del
señor ministro de Fomento a la interpelación y comparar todos los datos uno por uno.
En relación con esta moción consideramos que no procede efectuar modificación alguna en el Plan de
infraestructuras 2000/2007 por las siguientes consideraciones. El tramo Figueruelas-Mallén de la N-232 tiene una autopista paralela; los tramos de Zaragoza-El Burgo y Fuentes-Alcañiz tienen más de 10.000 vehículos de intensidad media
diaria y están en trámites de conversión en autovía; Zaragoza-El Burgo de Ebro está en ejecución de obras y las variantes de El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro y Alcañiz presentan la primera calzada en proyecto y la segunda en estudio informativo;
de Alcañiz al Mediterráneo, el punto de más tráfico en estos momentos, registra 5.000 vehículos diarios. Teruel-Alcañiz, Alcañiz-Cape y Caspe-Fraga registran una intensidad media de vehículos muy baja -ya se dijo en la interpelación- y, por tanto,
no justifican en este momento esa actuación que se pretende. Las transferencias del Estado en materia de carreteras han otorgado las competencias sobre el túnel de Bielsa, el puerto del Portalet y Benasque, y en su caso la prolongación del túnel y
el corredor de Huesca-Ejea-Tudela, a la Diputación General de Aragón y, por tanto, son competencias de la comunidad autónoma.
Se ha dicho que la red viaria aragonesa es la que menos se ha desarrollado en las últimas décadas. Habrá que decir quién no la ha desarrollado, porque no hay que olvidar que antes de 1996 lo que existía en Aragón, señoras y señores
diputados, era el abismo, y en este momento existen 5.500 kilómetros de carreteras autonómicas que no se sabe por parte del consejero dónde están. Hay que ver cómo están y en qué condiciones esas carreteras autonómicas cuando se está
permanentemente hablando de que se quiere ayudar al Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento está cumpliendo perfectamente sus deberes, y tenga la seguridad el señor Torres de que no les vamos a castigar, como ha dicho en un tono jocoso,
como con el Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional no perjudica a Aragón y el Plan de infraestructuras para Aragón beneficia a Aragón de manera decidida.
Quiero terminar diciéndole que Aragón es una comunidad autónoma que tiene gentes emprendedoras, tanto las que son de esta comunidad como las de fuera. Sabemos todos los aragoneses perfectamente que nuestro futuro depende de lo que seamos
capaces de hacer trabajando con generosidad, con ilusión y con esperanza y no desde el victimismo, dibujando un panorama negativo de la comunidad aragonesa, sino desde la reflexión rigurosa, para poner remedio a los problemas de infraestructuras,
como está demostrando este Gobierno, desde la rigurosidad, la seriedad y los hechos, con las actuaciones del Gobierno en el programa de alta capacidad, que responden al objetivo de vertebrar el territorio aragonés internamente, conectando con el
resto del eje pirenaico y poniendo las bases que se tenían que haber puesto por gobiernos anteriores de otro signo, porque queremos lo mejor para esta tierra, que no se deja engañar por cantos de sirena ni demagogia, sino por algo más importante:
la credibilidad y la constancia.
Nada más, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bueso.
Tiene la palabra el señor Labordeta a los efectos de manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Acepto la enmienda del Partido Socialista, pero pido que alguien también lea El Heraldo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre las previsiones para atender las demandas de nuevos proyectos de mejora de la red
viaria dependiente del Estado en Aragón, con la incorporación de la enmienda que ha sido defendida por el Grupo Parlamentario Socialista y aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, 108; en contra, 149; abstenciones, doce.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LOS CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL DEL GOBIERNO ANTE LAS PRÓXIMAS REFORMAS TRIBUTARIAS. (Número de expediente 173/000119.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno ante las próximas reformas tributarias.
Para la presentación y
defensa de la misma, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado esta moción ante el Congreso de los Diputados como consecuencia de la interpelación urgente sobre los criterios de política general del Gobierno ante
las próximas reformas tributarias y tomando como referencia el pasado debate que mantuvimos en esta Cámara el ministro de Hacienda y este diputado sobre los criterios con que se habrían de abordar las futuras reformas fiscales. Ante estas
expectativas, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha presentado una moción orientada en esta dirección que contiene cinco apartados importantes. En primer lugar, está orientada para que las futuras reformas fiscales que se pueden
implementar a lo largo de esta legislatura sean efectivas a partir del uno de enero de 2003. En segundo lugar, que en la futura reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas exista una rebaja de la presión fiscal para todas las
familias... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Sánchez i Llibre, por favor.
Adelante.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta. Tal como les decía, que en el futuro proyecto de reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas exista una rebaja efectiva de la presión fiscal de todas las
familias y ciudadanos españoles, de acuerdo con los planeamientos electorales del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y también en función de las manifestaciones del ministro y del programa electoral del Partido Popular, que van orientadas en
la misma dirección, y que sea una rebaja fiscal sensata, prudente y coherente, tal como lo fue la anterior reforma fiscal de 1998. Según nuestro grupo parlamentario, esta reforma tendría que ir orientada a una reducción de los tipos marginales
máximos y mínimos, a una reducción de los tramos de dicho impuesto para que sea más simple, sencilla y eficaz y tendrían que tener un protagonismo fundamental y específico las familias españolas, en el sentido de incrementar al máximo las
deducciones fiscales en concepto de mínimo personal y familiar. Solicitamos la introducción de una nueva deducción para las madres en los tres primeros años de maternidad, así como implementar deducciones para todos aquellos gastos que pueda
ocasionar la crianza y atención de los hijos durante un mínimo de tres años. También pensamos plantear una serie de mejoras para las rentas de trabajo, especialmente para las pensiones y las rentas de trabajo más bajas, así como la incorporación de
todos aquellos planteamientos fiscales que hagan que el tratamiento fiscal del ahorro a largo plazo sea mucho más neutral. Asimismo, vamos a plantear iniciativas con las cuales podamos recuperar todos aquellos incentivos orientados a que las
viviendas sean destinadas al alquiler.
Un segundo apartado que nosotros consideramos importante pretende que en una futura reforma sea una realidad la supresión del impuesto sobre actividades económicas para el 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos,
de los comercios, para todas las microempresas en general. Nosotros siempre hemos manifestado ante esta Cámara que dicho impuesto era regresivo, era un impuesto que iba contra la ocupación. Procuraremos que dicho planteamiento no perjudique las
finanzas de las corporaciones locales.
Un cuarto aspecto es que se pueda habilitar un marco especial de fiscalidad para las microempresas, aquellas compañías que nosotros hemos definido entre uno y diez trabajadores, que son las que dan ocupación al 95 por ciento de la población
activa, siempre en el sector privado. En este marco específico impulsaremos una apreciación en todas aquellas cuestiones que puedan afectar a la transparencia fiscal, así como potenciar todos aquellos incentivos orientados a la investigación, al
desarrollo y a la innovación. Plantearemos en el momento oportuno un tipo de reducción de fiscalidad sobre el impuesto de beneficios para todas estas compañías que nosotros definimos como microempresas.
También proponemos en dicha moción -y en este sentido estamos de acuerdo con el planteamiento hecho por el Grupo Parlamentario Popular- que se estudien con detenimiento todas aquellas aplicaciones que se puedan especificar e implementar en
España sobre el IVA reducido, de acuerdo con las directivas europeas, para todas aquellas actividades económicas en las cuales juega un papel importante la mano de obra intensiva y que al mismo tiempo son actividades generadoras de empleo. Por otra
parte, solicitamos que se presente un proyecto de nueva ley general tributaria que suponga un impulso a la simplificación y eficacia de las relaciones entre la Administración y el contribuyente.
Respecto a las enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios, agradecemos la presentada por el Grupo Parlamentario Popular a la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Hay unas enmiendas de adición
que valoramos positivamente y respecto de las cuales espero que se alcance un acuerdo entre los dos grupos parlamentarios. En cuanto al resto de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, en algunos aspectos estaríamos de
acuerdo, pero hay otros que están en contradicción con el espíritu que se plantea en nuestra moción. Lo mismo podría manifestar en relación con las planteadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego ha presentado seis enmiendas a la moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Las dos primeras van destinadas a dejar claro que es difícil aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las
personas físicas con el modelo que mantiene en su moción el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En definitiva, esta progresividad no sería posible con la reducción del número de tramos y nuestras enmiendas van destinadas a ponderar esa
cuestión.
La tercera trata de un tema para nosotros preocupante y muy querido y va destinada a que se admita la exención de las rentas procedentes de becas y ayudas al estudio hasta el grado de doctor o equivalente. Hay que reconocer que no son
salarios, por tanto no cotizan a la Seguridad Social ni hay derecho de desempleo y no tiene sentido que se haga la declaración de la renta por estos conceptos.
En cuanto a la enmienda número 4, queremos que se pondere un mejor tratamiento fiscal para el personal investigador que desempeña sus funciones en centros dependientes de instituciones o administraciones públicas. La mayoría de ellos no
recibe salarios sino bolsas de estudio.
Con la enmienda número 5 pretendemos que se aborde un nuevo marco de financiación de las haciendas locales, que tienen un déficit estructural, y además que este marco sea congruente con la distribución competencial.
Realmente las entidades
locales no tienen hoy suficiencia financiera y no se puede aspirar a que la tengan solamente trasladando competencias de las comunidades autónomas sin más a estas haciendas locales. Consideramos que la supresión del IAE no debería hacerse para la
totalidad del mundo empresarial, sino solamente para los trabajadores autónomos, los pequeños empresarios y las empresas de economía social. Hay que buscar algún tipo de mecanismos que garantice la función censal que en la actualidad cumple el
impuesto sobre actividades económicas.
Por otra parte, señorías, está claro que sería necesario revisar la actual aplicación de los signos, índices y módulos de estimación objetiva del IRPF y del IVA, que consideramos que son excesivamente altos o abusivos en determinadas zonas
del Estado español y, por tanto, que se tenga en cuenta la actividad económica en cada uno de los territorios. Es decir, que el rendimiento real obtenido por los contribuyentes sea especificado en función de cada ámbito territorial.
Con estas modificaciones, que son algunas de matiz y otras de cierta importancia, sería asumible por el Bloque Nacionalista Galego la moción del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Intervengo en nombre de mi grupo para defender la enmienda que hemos presentado a esta propuesta de Convergencia i Unió.
Nosotros hemos presentado una enmienda de sustitución del punto 1 porque entendemos que
deberían contemplarse, entre otras, actuaciones como el carácter sintético del impuesto integrando los incrementos de patrimonio en la tarifa general. Entendemos también que sería necesaria una tarifa progresiva con un aumento del número de tramos
y del tipo marginal máximo; asimismo sería necesario el reconocimiento de las deducciones que se establezcan por circunstancias familiares o por ciertas inversiones en lo que sería la cuenta del tributo y la efectiva mejora del tratamiento de las
rentas del trabajo, especialmente para las pensiones y las rentas salariales más bajas. Respecto al punto 2 entendemos que es discutible y dudosamente aceptable si no se abordan conjuntamente otros problemas de nuestro sistema fiscal además de la
financiación local: cada vez mayor presencia de la imposición directa y tratamiento fiscal ventajoso de los rendimientos del capital.
Señorías, por estas razones y otras muchas más que seguramente en el caso de que estuviera aquí el portavoz, señor Frutos, pondría encima de la mesa y reconociendo las propias limitaciones de esta diputada, que no ha llevado nunca esta
responsabilidad, doy por defendida la enmienda de Izquierda Unida.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, en primer lugar voy a plantear brevemente aquellos aspectos de nuestra enmienda que creemos que pueden tener coincidencias sustanciales con la moción presentada por el Grupo de
Convergencia i Unió. Este es el caso estricto de la Ley General Tributaria y el caso de la Ley del Mecenazgo. El grupo proponente coincidirá con nosotros en que la Ley del Mecenazgo debe incentivar el tipo de actividades a que va dirigida pero no
debe convertirse en una búsqueda de estímulo, de alivio fiscal creado ad hoc. Con el
impuesto de actividades económicas ustedes también pueden estar de acuerdo porque lo que venimos a decir simplemente es -y proponemos una fórmula flexible- que hay que evitar que sean las administraciones locales quienes carguen con el coste
recaudatorio de la reducción de este impuesto, de su eliminación para la mayoría de las empresas. Creo que no habrá problema con eso. En referencia al IVA para los sectores intensivos de manos de obra, hemos presentado una enmienda que amplía un
poco el objetivo porque creemos que es posible una actuación en este tipo de sectores no sólo con el impuesto del valor añadido sino también, por ejemplo, con reducciones selectivas de las cuotas a la Seguridad Social que tienen efectos expansivos
del empleo en sectores muy similares a aquellos sectores que ustedes tienen en cuenta cuando redactan lo del IVA. En consecuencia, en nuestro último punto de figuras tributarias, además del IVA, metemos otras como las cuotas de Seguridad Social,
que además no están sometidas a ningún marco de armonización y, por tanto, ofrecen más libertad de maniobra.
Hay dos puntos que quizá planteen alguna contradicción más y tienen que ver con lo que es el núcleo central de su moción, para qué engañarnos: es la reforma del impuesto de la renta de las personas físicas. En primer lugar, proponemos una
cosa que nos parece de estricta pertinencia y es que tengamos en esta Cámara una evaluación del impacto de la última reforma. Hemos podido conocer -por así decirlo, porque ha sido retirado de la circulación, como los malos conductores- un estudio
del Instituto de Estudios Fiscales que venía a indicar que lo que al final cuenta, esto es, cómo están las familias después de la reforma con relación a su capacidad de gasto y de ahorro, ha evolucionado de la siguiente forma: las familias con
rentas menores sujetas al IRPF -obviamos las familias cuyas rentas no llegaban a la sujeción- han tenido un aumento de renta disponible, es decir, de capacidad de gasto y de ahorro, del 0,3 por ciento. Las familias con rentas mayores han tenido
aumentos de renta disponible, es decir, de capacidad de ahorro y de gasto, superiores al 10 por ciento. A nosotros nos gustaría evaluar todos estos extremos, porque consideramos que las reformas de la imposición directa tienen que tener un mayor
equilibrio social y distributivo, y el punto 2 de nuestra enmienda se dirige a conseguir este mayor equilibrio social y distributivo. En la base de nuestra enmienda está la idea de que el IRPF, como tantas otras figuras tributarias, tal como fue
introducido a finales de los setenta, tiene en España fecha de caducidad. Existe una cierta tendencia histórica -la han experimentado tanto la Hacienda española como otras haciendas- que es la del progresivo agujereamiento de los impuestos. Esto
es lo que le ha pasado al IRPF. A finales de los setenta conseguimos configurar entre todos un impuesto que integraba todas las rentas, que tenía capacidad recaudatoria, que tenía equidad horizontal -todos pagaban de forma similar recibiendo rentas
análogas- y que, por su estructura progresiva, tenía equidad vertical. Es decir, las rentas mayores pagaban más, soportaban más carga fiscal que las rentas menores.
Después de veintitantos años -como les decía- le han salido mucho agujeros al
IRPF, además, ciertos tipos de renta, sobre todo las de tipo empresarial y profesional, han aprovechado muchos vericuetos para minimizar su contribución o para trasladarse a otras figuras tributarias más favorables. Esto ha hecho que en el
transcurso de los años noventa el IRPF se haya convertido básicamente en un impuesto que carga las rentas salariales y esto no ha sido transformado por ninguna reforma o parcheo realizado. Nosotros proponemos restaurar la equidad en el tratamiento
de rentas salariales y rentas de capital, reducir la tributación de rentas del trabajo y aumentar la tributación de rentas del patrimonio e introducir consideraciones de tipo medioambiental, y planteamos otras medidas, pero quiero especificar que
sobre todo proponemos una visión de la política de familia algo diferente. El impuesto sobre la renta de las personas físicas debe incluir políticas de familia, pero el tratamiento debe ser equitativo, no como el que realizó la última reforma, por
ejemplo, dando más reducciones por hijo a mayores niveles de renta. Hay que pensar en las familias que están fuera del IRPF, porque la política fiscal debe atender también a estas familias. Nuestra moción se dirige a primar las rentas del capital
humano, que es un capital como otros capitales, pero nosotros consideramos que en una sociedad que quiere primar el trabajo es el que hay que estimular.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Báñez.
La señora BÁÑEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo va a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre próximas reformas tributarias, porque para nosotros hablar de reformas tributarias es hablar de compromiso electoral y de hechos
concretos. El Gobierno del Partido Popular comenzó una reforma global del sistema tributario en el año 1996 que continúa hoy en día. El conjunto de las reformas realizadas hasta el momento han supuesto un cambio radical frente a la política fiscal
llevada a cabo por los gobiernos socialistas. La reforma del sistema tributario ha ido encaminada a crear un entorno favorable para el fomento del ahorro, la inversión, la creación de empleo, la competitividad de nuestras empresas y la lucha contra
el fraude. Dentro del sistema tributario, el IRPF es el impuesto más importante porque afecta al conjunto de
los ciudadanos españoles; es el instrumento más idóneo para financiar el presupuesto del Estado, pero también para mejorar la distribución de la renta y para garantizar los principios de solidaridad tributaria.
Como conocen SS.SS., en el año 1998 el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo la reforma del IRPF, los objetivos que se perseguían consistían en aumentar la capacidad de crecimiento de la economía española, la generación de empleo, lograr
un reparto más equitativo de la carga tributaria mejorando el bienestar de los ciudadanos y haciendo un impuesto más sencillo. Señorías, los resultados de la reforma son contundentes. Señor Bel, se ha logrado una rebaja de impuestos para todos los
ciudadanos, que han dejado de pagar 10.200 millones de euros en los años 1999 y 2000. Los contribuyentes más beneficiados han sido los ciudadanos con rentas más bajas, los perceptores de rendimientos de trabajo, los pensionistas y las familias.
Así, la reducción de la cuota líquida para las rentas inferiores a dos millones de pesetas ha sido del 40,5 por ciento y para las rentas del trabajo, del 42 por ciento. El nuevo impuesto ha impulsado la actividad económica y ha facilitado la
creación de empleo. En concreto, el PIB ha crecido, por efecto directo de la reforma, medio punto en el año 1999 y un 0,56 en el año 2000. Además, se ha conseguido un impuesto más sencillo al dejar de tributar cinco millones de contribuyentes y se
han agilizado las devoluciones, que han pasado de realizarse en 110 días, como ocurría en el año 1995, a realizarse en sólo 28 días.
Señorías, para el Partido Socialista la política económica del Partido Popular era la cuadratura del círculo. Con los gobiernos socialistas estábamos en un círculo vicioso, esto es, más impuestos, más gasto, más paro y más divergencia.
Ahora, con los gobiernos populares el círculo se convierte en virtuoso: menos gasto, menos paro, menos desconfianza, más convergencia y sobre todo más bienestar para las familias españolas.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
El Gobierno, una vez alcanzado el equilibrio presupuestario, se propone continuar profundizando en la reforma tributaria para seguir reduciendo los impuestos de los ciudadanos y crear un entorno más favorable para aumentar la capacidad de
crecimiento de la economía española. Por ello ha anunciado en esta Cámara que presentará la segunda bajada de impuestos, lo que supone que va a rebajar el impuesto para todos los ciudadanos; que se mejorará el tratamiento fiscal de las familias,
especialmente el de aquellas con más hijos o descendientes a cargo, y el tratamiento fiscal de los discapacitados; que se adoptarán medidas para fomentar el empleo, especialmente el de las mujeres; que se seguirá profundizando en el fomento del
ahorro, que se mejorará el ajuste de las retenciones y se adoptarán medidas para fomentar el mercado de alquiler de viviendas. En definitiva, las medidas que se incluyan en la reforma tienen un claro propósito: conformar un sistema impositivo
moderno y equitativo en España, en línea con los objetivos que se plantean las reformas fiscales en toda Europa. Junto a estas medidas, antes del 31 de diciembre de este año, debe estar aprobado el nuevo modelo de financiación local. Como saben
SS.SS., el Gobierno va a eliminar definitivamente el impuesto de actividades económicas para el 90 por ciento de las empresas españolas, por ser un impuesto caduco y que grava la actividad económica, pero garantizando siempre la autonomía financiera
de las corporaciones locales. Entre las reformas previstas quisiera mencionar la ley de mecenazgo, que pronto debatiremos en esta Cámara y que permitirá que queden libres de impuestos las actividades de interés general. En este contexto, señorías,
parece razonable la aprobación de un nuevo proyecto de ley general tributaria que permita incorporar a sus preceptos, como anunció el ministro, las nuevas figuras en el proceso de reforma y que recoja la modernización de las relaciones entre el
contribuyente y la Administración.
Para terminar, señorías, me gustaría defender la enmienda de mi grupo, que pretende incluir un punto seis en la moción de Convergència i Unió por el que se recojan incentivos fiscales a las pymes,...
La señora PRESIDENTA: Señora Báñez, su tiempo ha concluido.
La señora BÁÑEZ GARCÍA:... que son las grandes generadoras de empleo en nuestro país. (Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Báñez.
Señor Sánchez i Llibre, tiene usted la palabra a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Tal como he manifestado en mi intervención, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y no aceptamos las presentadas por los demás grupos parlamentarios porque en algunos aspectos están en contradicción con el
espíritu de nuestra moción.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Algún grupo que no haya presentado enmiendas quiere intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Intervendré con brevedad, señora presidenta, para mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y decir que
votaremos favorablemente a la misma. Nuestro grupo coincide, asimismo, con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y, con la declaración que acaba de hacer el portavoz del Grupo Catalán señor Sánchez i Llibre, tenemos
allanado el camino para dar nuestro voto favorable puesto que la misma recoge todas las inquietudes de nuestro grupo en cuanto a modificaciones fiscales, ley de mecenazgo, actividades económicas, etcétera. Por todas estas razones votaremos
favorablemente esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de política general del Gobierno ante las próximas reformas tributarias, con la incorporación de
la enmienda que ha sido defendida por el Grupo Parlamentario Popular y aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 157; en contra, 93; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS.
- DEL DIPUTADO DON FEDERICO SOUVIRÓN GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL PROCESO INVERSOR QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS ES ACORDE CON LO PREVISTO
EN EL DOCUMENTO DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA QUE RECIENTEMENTE EL GOBIERNO HA REMITIDO A LA SUBCOMISIÓN CREADA AL EFECTO EN EL CONGRESO? (Número de expediente 180/001197.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto IV del orden del día: Preguntas. En primer lugar, preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. Comenzamos por la número 21, que formula el diputado don Federico Souvirón García. Tiene la
palabra.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Señora presidenta, señor vicepresidente del Gobierno, las tasas de crecimiento de la economía española registradas durante los últimos cinco años han tenido como consecuencia lógica el aumento de la demanda
energética. Puesto que las previsiones para los próximos años marcan las mismas tendencias, es normal que la cobertura de las futuras necesidades de energía se hayan convertido en un asunto de actualidad. Desde el punto de vista del Grupo
Parlamentario Popular, el Gobierno en este tema hace exactamente lo que debe hacer: aborda el problema y ofrece las soluciones. Ahí están los resultados de la cumbre de Barcelona, en la que la presidencia española ha impulsado la liberalización de
los mercados energéticos en Europa y se ha llegado a un acuerdo sobre el aumento de las interconexiones entre los distintos países que permitirá que, como se ha dicho gráficamente, España deje de ser una isla energética. Aquí, en el Congreso de los
Diputados, tenemos el plan de desarrollo de las infraestructuras gasísticas y eléctricas sobre el que ya estamos trabajando. Bien sabemos que para conseguir los objetivos, para cubrir las necesidades que tenemos pendientes no basta con que el
Gobierno haga bien lo que tiene que hacer, sino que hay otros agentes que igualmente intervienen en el campo y en el mercado energético. Por eso, señor vicepresidente, le pregunto: ¿Considera el Gobierno que el proceso inversor que están llevando
a cabo las empresas eléctricas es acorde con lo previsto en el documento de planificación energética que recientemente el Gobierno ha remitido a la subcomisión creada al efecto en el Congreso?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Souvirón.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, efectivamente el Gobierno acaba de presentar en la Cámara, tal y como requiere la Ley eléctrica, su planificación energética para los próximos diez años, estimando un crecimiento de la demanda del 3,5 por ciento de media, lo
cual, como todos somos conscientes, todavía se sitúa ligeramente por debajo de lo que hemos vivido en los últimos años, que probablemente es una punta muy intensa de consumo energético, que debería moderarse a lo largo de los próximos años. En ese
sentido, no es el Gobierno el que tiene que decidir las inversiones eléctricas en generación y en distribución sino que son las compañías privadas las
que deben hacerlo. Nuestra experiencia hasta ahora de libertad en el sector energético, una vez finalizada la etapa de planificación estatal que duró hasta el año 1998, es que entre esa fecha y la actual se han producido inversiones por un
valor de 3.500 millones de euros, lo cual supone que las inversiones en el año pasado estaban en torno a los 1.120 millones de euros y que la previsión para este año alcanzará casi los 2.000 millones de euros.
Como sabe la Cámara, está a punto de inaugurarse una central de ciclo combinado en San Roque, que se encuentra en pruebas, y en los próximos meses se producirán las inauguraciones de Besós y Castellón. En cuanto a las inversiones que
nosotros planteamos como necesarias en la red de transporte de electricidad y de gas, que sí depende de la planificación, estamos hablando de unos 6.500 millones de euros entre ahora y el año 2011, de los que 2.700 son de red de electricidad y 3.800
de gas. En ese sentido, quisiera subrayar que entre las propuestas que se plantean en esta planificación orientativa del Gobierno existe una inversión complementaria en transporte de 1.200 millones de euros en electricidad y 2.300 millones de gas,
lo que ofrece una cifra de inversión máxima de aproximadamente 10.000 millones de euros de transporte. Es bueno recordar que desde la liberalización hasta la fecha se han producido en el transporte español de energía unas inversiones de unos 4.000
millones de euros acordes con la previsión. El Gobierno acaba de poner en marcha una orden ministerial que permitirá que a lo largo de esta legislatura se produzca la compensación automática hasta el 10 por ciento de la tarifa en los consumidores
cuando estos sufran caídas en la calidad del servicio.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ESCUREDO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN PUEDE DAR EL GOBIERNO DE LA RECIENTE EMISIÓN DE OBLIGACIONES DEL ESTADO A 15 AÑOS? (Número de expediente
180/001201.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula el diputado don Ángel Escuredo Franco.
El señor ESCUREDO FRANCO: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente segundo del Gobierno, en los últimos años la evolución de la deuda pública ha mostrado un crecimiento inferior al correspondiente al PIB en términos nominales, de manera que la ratio de deuda pública-PIB ha continuado
reduciéndose. Esta reducción de la deuda del Estado también se ha visto acompañada de otra en la vida media y del coste medio de la misma. La reducción del coste medio ha sido incluso más acentuada en relación con los costes de la emisión. El
Tesoro Público, en su intento de mantener la evolución que acaba de mencionar, siempre busca aprovechar las condiciones que le presenta el mercado a la hora de colocar las diferentes emisiones de los distintos instrumentos de deuda pública que tiene
a su alcance. En este sentido, el Tesoro señala en su estrategia para el año 2002, entre sus novedades para este año y dentro de la política de emisiones, la posibilidad de proceder a la sindicación de los primeros tramos de las emisiones de bonos
y obligaciones. En concreto, dice de forma literal: Se realizará al menos una sindicación en un nuevo bono. Siguiendo esta estrategia, el Tesoro Público a mediados del mes de febrero dio publicidad a la emisión de una nueva referencia de
obligaciones del Estado a 15 años mediante el procedimiento de la sindicación. En relación con esta emisión que se ha realizado recientemente el Tesoro parece demostrar un alto grado de satisfacción sobre todos los aspectos relativos a la misma.
Por todo ello, señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, quisiera hacerle la siguiente pregunta: ¿Qué información puede dar el Gobierno a la reciente emisión de obligaciones del Estado a 15 años?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Escuredo.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado.
Efectivamente, la política de gestión de deuda pública, independientemente de la reducción de los tipos de interés, ha supuesto importantes ahorros para el Tesoro y, por tanto, margen de maniobra para el presupuesto. Los procesos de
conversión y canje de deuda han permitido unos ahorros en los últimos años de unos 600 millones de euros anuales, e incluso superiores a esa cifra. La nueva calificación del Reino de España de triple A por parte de las agencias de rating
internacionales también esta teniendo consecuencias muy positivas que supondrán, por ejemplo, en la que se refiere a la triple A de la casa Moody's, un ahorro en la deuda española para siempre de unos 300 millones de euros anuales. En ese contexto,
el Tesoro español se distingue con respecto a sus homólogos de otros países por una dinámica tecnológica, tanto financiera como de nuevas tecnologías, muy intensa; somos probablemente el primer Tesoro en el que cualquier persona puede comprar a
través de Internet y actualmente se ha planteado una obligación en euros, la primera obligación del Estado en euros, emitida por un procedimiento de
sindicación bancaria, con un vencimiento del 30 de julio de 2017, a un tipo de interés del 5,50 que, como podrán comprobar SS.SS., es extraordinariamente beneficioso para el Estado, y que se ha hecho a través de los creadores de mercados;
esta emisión ha tenido un éxito bastante considerable. Se han emitido unos 5.000 millones de euros y se recibieron peticiones por casi el doble, que ha sido la mayor emisión realizada en la zona euro en activos a plazo superior a 10 años, por
encima de las realizadas por otros países de la zona euro, con una demanda excepcional, con más de 200 órdenes de compra por importe superior a 9.000 millones de euros, como he dicho. El gran interés de los inversores por esta obligación está
relacionada probablemente con la clara mejora del rating del Reino de España.
La distribución ha supuesto un gran éxito, puesto que más de la mitad, más del 60 por ciento, se ha colocado en inversiones a largo plazo, y sólo un 20 por ciento se ha colocado en España, el 10 por ciento se ha colocado fuera de Europa y el
resto en plazas importantes europeas. Ha habido una gran diversificación de inversores y países y, en ese sentido, es un reconocimiento más de la situación de credibilidad que tiene en estos momentos la economía española.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ IGNACIO LANDALUCE CALLEJA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO. ¿CUÁL ES EL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA N-340, ENTRE VEJER
Y ALGECIRAS? (Número de expediente 180/001205.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.
En primer lugar, pregunta número 29, que formula el diputado don José Ignacio Landaluce Calleja.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Con la venia, señora presidenta.
Señor ministro, el convenio firmado en el año 1994 entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación, gobernados ambos en este momento por el Partido Socialista, para el desarrollo de una serie de infraestructuras
de carreteras en la provincia de Cádiz, no se puso en marcha hasta la llegada al Gobierno del Partido Popular en el año 1996.
(Rumores.) Dicho convenio actuaba sobre dos vías: la A-381, entre Jerez y Los Barrios, y la N-340, entre Chiclana y
Algeciras. Respecto a la primera, la A-381, hace unos días, en concreto el 22 de febrero, estuvo usted, señor ministro, en la inauguración de una veintena de kilómetros en el término municipal de Medina Sidonia, en concreto los tramos 2 y 3 de la
mencionada vía.
El convenio en la otra carretera, la N-340, consiste en la duplicación de la variante de Chiclana, en la que precisamente usted pone la primera piedra pasado mañana (Rumores.). En la duplicación de la calzada entre Chiclana-Conil y entre
Conil-Vejer ya están adjudicados los proyectos de construcción desde junio del año 2001; y en el acondicionamiento y mejora del trazado de la calzada entre Vejer y Algeciras también se están redactando los proyectos, estos desde noviembre de 2001.
Recientemente, los mismos responsables socialistas que firmaron el acuerdo en el año 1994 y que no iniciaron las obras, cuando están en la oposición, ven la necesidad de duplicar también el tramo que acabo de mencionar. Por eso, le formulo,
señor ministro, la siguiente pregunta: ¿Cuál es el grado de responsabilidad del Gobierno en relación con la conversión en autovía de la N-340 entre Vejer y Algeciras? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Muchas gracias, señor Landaluce. (Rumores.)
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora presidenta, señor diputado.
Efectivamente, este conjunto de actuaciones se enmarca en el cumplimiento de un convenio del año 1994 cuyo recorrido hasta hoy no voy a valorar en esta respuesta. Las previsiones de actuación que el Ministerio está desarrollando van en dos
direcciones. En primer lugar, en relación con nuestro compromiso de financiar el 50 por ciento de la carretera autonómica Jerez-Los Barrios, en el año 2000 hemos elevado nuestra aportación hasta los 37 millones 594.000 euros y en el año 2001 hemos
elevado nuestra aportación a 40 millones 200.000 euros con dos transferencias, con lo cual el Ministerio de Fomento ya ha aportado a la Junta de Andalucía 83 millones de euros. Teniendo en cuenta que lo certificado a 31 de diciembre eran 98,99
millones de euros, vamos con creces por encima de nuestra obligación de aportar el 50 por ciento, que nos situaría estrictamente en 49 millones de euros. Le recuerdo que hemos aportado ya 83 millones de euros.
En relación con los tramos que tenemos la responsabilidad de impulsar desde el Ministerio, además de la variante de Chiclana que inicia ahora su fase de obras, los proyectos Chiclana-Conil y Conil-Vejer estarán finalizados a mediados de este
año, en el mes de julio. Por lo tanto, el tramo Chiclana-Conil pasará a la aprobación económica para su posterior licitación e inicio de las obras. La licitación y la ejecución de las obras del tramo Conil-Vejer corresponde a la Junta de Andalucía
en virtud del convenio. Los proyectos de acondicionamiento Vejer-Tarifa-Algeciras están en fase de redacción durante el año 2002, por lo que entrarán en programación económica a lo largo del año 2003.
Una vez finalizadas las actuaciones se
permutan ambos corredores y cada Administración es responsable del desarrollo futuro del suyo. El desarrollo futuro de los desdoblamientos de la N-340, una vez permutados, serán responsabilidad de la Junta de Andalucía.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿QUÉ ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA PROPOSICIÓN
NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ), APROBADA EL 17 DE OCTUBRE DE 2000, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS? (Número de expediente
180/001208.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32 que formula el diputado don Jordi Jané i Guasch.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el 17 de octubre del año 2001 el Pleno de esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario en la que se instaba al Gobierno a presentar un informe sobre la aplicación de
la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) aprobada en el año 1994. Este informe, señor ministro, todavía no ha sido remitido a esta Cámara. Llevamos ya un cierto retraso, y por ello mi grupo parlamentario y este diputado le pregunta cuándo tiene
previsto el Gobierno remitirlo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora presidenta, señor diputado, una vez que se aprobó la proposición no de ley que cita S.S. el Ministerio de Fomento empezó a trabajar en la elaboración del informe solicitado y
en el mes de noviembre de 2000 lo primero que se hizo fue elaborar un plan estratégico para la confección del informe en el que se consideró conveniente recabar de diversas instituciones datos relacionados con los arrendamientos urbanos. En este
sentido, se solicitaron informes al Consejo General del Poder Judicial, al Instituto Nacional de Estadística, a la Agencia Tributaria, al Centro de Investigaciones Sociológicas, comunidades autónomas, etcétera; trámite que ya se ha llevado a cabo.
También se consideró necesario para la redacción del informe, especialmente en sus aspectos estadísticos y sociológicos, realizar una encuesta -ya efectuada- entre un porcentaje significativo de los arrendadores que se habían inscrito en el censo de
arrendamientos de viviendas previsto en la disposición adicional sexta de la propia ley. Se remitieron 27.782 cuestionarios y han contestado el 18,83 por ciento, lo cual da un nivel de respuesta más que aceptable. A partir de estos datos puedo
añadir que el informe está pendiente solamente de unos retoques finales, por lo que su aprobación y entrega se podrá hacer próximamente.
¿Qué es lo que estamos introduciendo en el informe? Las reflexiones que se pueden deducir del Plan de Vivienda 2002-2005 que ya está en vigor, la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en marzo último sobre medidas
para favorecer el mercado de arrendamiento de viviendas, o incluso los datos determinantes del censo de población y vivienda, especialmente los referentes al régimen de tenencia de las viviendas, de cuyo avance se podría disponer a finales de este
mismo ejercicio. Todas estas son las aportaciones que estamos introduciendo en estos momentos en la fase final para completarlos, lo que nos va a permitir, como digo, no con una fecha concreta, pero sí con una proximidad razonable, cerrar el
informe, aprobarlo y presentarlo públicamente.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Jané.
El señor JANÉ Y GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, le agradezco el tono de su respuesta y también las gestiones que ha llevado a cabo el Gobierno para dar cumplimiento a lo que era esa proposición no de ley. La intención de mi grupo parlamentario, cuando la presentó y fue
objeto de aprobación en esta Cámara, era para poner de relieve que en España el mercado de alquiler no ha conseguido las cotas de Europa, y que realmente debemos relanzar el mercado de alquiler. Está aquí también el ministro de Hacienda y sabe que
nuestro grupo presentó una proposición no de ley para introducir incentivos en el impuesto de sociedades para favorecer la construcción de viviendas en régimen de alquiler y la rehabilitación.
Hay un aspecto, señor ministro, que nos gustaría a mi grupo parlamentario que atendiera el informe que nos va a remitir, que es el relativo a problemas sociales que haya podido generar la LAU, el régimen transitorio. Quizá hay familias en
el umbral de la pobreza que
la actualización de rentas les puede haber supuesto un problema social, un problema económico, por lo que mi grupo también quisiera conocer de ese informe cuáles son las situaciones conflictivas que se han generado.
También esperamos de ese
informe que cumpla un aspecto de la proposición no de ley que era importante, que desde el Gobierno, a través de ese conjunto de datos que está recabando bien, se hagan recomendaciones sobre cómo mejorar el mercado de alquileres en España.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
- DEL DIPUTADO DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL AÑO 2001? (Número de
expediente 180/001198.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda.
En primer lugar, la número 22, que formula el diputado don Juan Blancas Llamas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo directo y personal que grava la capacidad económica de los contribuyentes conforme a los principios constitucionales reflejados en el artículo 31 de
nuestra Constitución, de igualdad, generalidad y progresividad, teniendo en cuenta las situaciones familiares y personales del contribuyente. El nuevo IRPF grava solamente -hay que matizarlo- la renta disponible de los contribuyentes, es decir, la
renta total obtenida, disminuyéndose o aminorándola según el mínimo de cada persona o en su caso el familiar. Cuando se estableció el nuevo impuesto de la Ley 40/1998, que comenzó en el ejercicio de 1999, algunos agoreros sentados en el banco de la
oposición, y -por qué no decirlo- también algunos ilustres asesores de entidades financieras vaticinaron que la recaudación se aminoraría sustancialmente. ¿Cuál fue la sorpresa? El tiempo dio la razón a quien la tenía. No solamente no se
redujeron los ingresos fiscales sino que se incrementaron de forma ostensible. La recaudación líquida, lo que se conoce como ingresos o renta menos las devoluciones en el impuesto, como consecuencia de la evolución favorable del mercado de trabajo,
como se ha visto en los últimos años, y además con el crecimiento de la masa salarial para todos los contribuyentes, ha hecho que el incremento del impuesto sobre la renta se haya acercado al 10 por ciento con respecto al año anterior. Por todo
ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál ha sido la evolución de los ingresos del IRPF para el ejercicio de 2001?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Como S.S. acertadamente ha destacado, el año 2001 es el tercer ejercicio de vigencia de aplicación del nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas, que ha abierto una senda de bajada de impuestos en nuestro país al que se han
sumado los principales partidos políticos, por cierto con bastante entusiasmo. La reforma ha supuesto un ahorro para los españoles de 10.200 millones de euros entre el año 1999 y 2000. Del tercer año todavía no contamos con datos definitivos, sin
embargo, basándose en las retenciones practicadas en los pagos a cuenta a los que se ha referido S.S., sí contamos con los datos de recaudación líquida. En concreto, la recaudación del año 2001 ha aumentado un 12,5 por ciento respecto del año
anterior hasta alcanzar los 36.142 millones de euros. Se trata de un incremento claramente superior a lo presupuestado para ese año y al propio crecimiento de la economía nacional. Ello se explica fundamentalmente, como ha destacado S.S., por la
mejora de las retenciones del trabajo y de profesionales que se han incrementado en un 14,2 por ciento, teniendo como motivos principales el aumento del empleo, que ha supuesto la creación de 366.000 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con los
datos de contabilidad nacional, y la remuneración media por asalariado que ha crecido un 5,1 por ciento durante el año 2001. Es decir, en España se ha ganado poder adquisitivo de acuerdo con los datos fiscales. Se trata de cifras y datos que ponen
de manifiesto que en un entorno internacional de incertidumbre económica, que se agravó por los atentados del 11 de septiembre, la economía española ha respondido mucho mejor que la de la mayoría de los países desarrollados y lo ha hecho gracias a
las reformas económicas, a las reformas de liberalización de sectores y a la apuesta decidida por la consolidación fiscal como instrumento básico de la política económica. Ello es lo que anima al Gobierno a plantear una nueva bajada de impuestos a
favor de los trabajadores, de las familias, de los pensionistas y de las rentas más bajas, convencidos de que ello estimula el crecimiento económico y la creación de empleo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSÉ SILVA I SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL FUNCIONAMIENTO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA MODIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA LEY 43/1995, DE 27 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, INTRODUCIDAS POR LA LEY 55/1999, DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL, A TENOR DE LAS DECLARACIONES
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2000 PRACTICADAS POR LOS SUJETOS PASIVOS? (Número de expediente 180/001207.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula el diputado don Josep Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Hacienda, ¿cuál es la valoración que hace el Gobierno de la aplicación en España de la nueva legislación fiscal, impulsada por Convergència i Unió en colaboración con el Gobierno del Partido Popular en el año 1999, para su
aplicación en el 2000, que afecta a un ámbito tan importante como es el de la investigación, desarrollo e innovación, ya que bastantes sectores productivos y económicos han manifestado su preocupación por las dificultades que algunos organismos,
como la Agencia Tributaria, plantean para que su aplicación dé el éxito que augurábamos cuando propugnábamos en el Parlamento dicha legislación?
Muchas gracias, señor ministro, señora presidenta, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Quiero recordar, aunque es sabido, que la pregunta que el señor ministro debe responder es la que se corresponde con la que figura en el orden del día.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
La valoración es positiva, como S.S. ha destacado, porque contó con el apoyo favorable de su grupo a la hora de promover las reformas fiscales que materializan lo que es el compromiso del Gobierno: el apoyo a la investigación y desarrollo
como una de sus principales prioridades. De hecho, la inversión pública planteada en los Presupuestos Generales del Estado dedicada a I+D+I ha pasado de 1.244 millones de euros en el año 1996 a 3.790 millones de euros en el 2002, es decir, se ha
multiplicado por tres. Ello es expresión del compromiso del Gobierno por el estímulo a la investigación y a la innovación tecnológica que se materializa en el Plan Nacional de I+D+I previsto hasta el año 2003.
Las medidas fiscales son importantes y han abierto un gran estímulo fiscal en nuestro país hasta el punto de corresponderse con el marco fiscal más favorable de los países desarrollados en lo relativo a I+D+I. Como S.S.
conoce, en
investigación y desarrollo se elevó al 30 por ciento la deducción en la cuota, que anteriormente era del 20 por ciento, de los gastos efectuados en el periodo anterior, y se han introducido deducciones adicionales. En innovación se ha introducido
una deducción del 10 por ciento con carácter general y del 15 por ciento si el gasto es consecuencia del acuerdo con universidades y centros tecnológicos. En relación con los resultados de estas medidas todavía no tengo datos definitivos, pero sí
puedo apuntar a la Cámara que en pocas semanas estarán disponibles esos datos, que revelan que hay un gran aumento del número de empresas beneficiarias, es decir, que están haciendo un uso correcto y legal de las desgravaciones planteadas en nuestro
sistema tributario y, por tanto, demostrarán que las medidas fiscales han sido un éxito. Celebro que Convergència i Unió también las haya planteado como un éxito del comienzo de su colaboración con el Gobierno a la hora de estimular esta apuesta.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en Convergencia i Unió estamos plenamente convencidos de la bondad de esta legislación, en el sentido de incrementar aquellas inversiones de nuestros aparatos productivos y económicos para aumentar las inversiones en
innovación, investigación y desarrollo. Sin embargo, también es cierto que desde distintos sectores se nos plantea que existen diferentes problemas de procedimiento en cuanto a la aplicación de dicha legislación sobre inversiones en investigación,
desarrollo e innovación desde el punto de vista de acreditación en la Administración pública.
Hemos planteado esta pregunta porque, si ustedes han detectado este problema, sería interesante estudiar nuevos mecanismos de certificación de dichas
inversiones en investigación, desarrollo e innovación, como podrían ser las certificaciones que pudieran dar las cámaras de comercio o las que pudieran dar las organizaciones empresariales, a fin de motivar al sector empresarial español, público y
privado, para alcanzar las cotas de inversión en estos aspectos que, como usted sabe, señor ministro, están por debajo de la media europea. Teniendo en cuenta que, de cara al año 2010, de acuerdo con la reunión celebrada con los diferentes
ministros en S´Agaró, se planteó el objetivo al 3 por ciento en el año 2010, sería interesante...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Tiene la palabra el señor Ministro por unos escasos 25 segundos que le quedan.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Para expresar que la voluntad del Gobierno es aplicar la legislación. Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON IÑAKI TXUEKA ISASTI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿MANTIENE EL MINISTRO LAS DECLARACIONES REALIZADAS DURANTE LAS JORNADAS CELEBRADAS
EN BILBAO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ACERCA DE LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN CONTINUA HOBETUZ? (Número de expediente 180/001170.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, la número 8, que formula el diputado don Iñaki Txueka Isasti.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señor ministro, recientemente con sus declaraciones ha vuelto a poner de actualidad la Fundación para la formación de Euskadi Hobetuz. Con el ánimo de profundizar en el valle de sombras que
mantenemos, ya que esta es la cuarta pregunta que le dirijo sobre la materia, y al hilo de sus declaraciones, ¿me podría aclarar qué cantidad ha financiado el Gobierno para la formación continua en Euskadi a través de todas las ventanillas
existentes durante el año 2001?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Señor ministro, reitero una vez más que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, artículo 188.3, el contenido de la pregunta que el Gobierno está obligado a responder es el que figura en el texto
del orden del día.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.
El Gobierno mantiene el criterio que, como muy bien señalaba el señor diputado, ya ha expresado en otras tres ocasiones ante esta Cámara y mantiene también el ánimo de seguir financiándola en parte de manera semejante a ejercicios
anteriores, a través de los fondos previstos en el propio FORCEM en la entidad Hobetuz.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señor ministro, usted realizó diversas declaraciones. En una de ellas, la que realizó sobre el Gobierno vasco, dijo que creó Hobetuz en un ejercicio libérrimo, o sea, superlativo de libre, algo así como en una
actuación de libertinaje político casi.
Mire usted, todas las organizaciones patronales vascas, todos los sindicatos vascos y el propio Gobierno vasco le han recordado que no, señor ministro, que no fue el Gobierno vasco, que Hobetuz surgió gracias a un acuerdo intercondeferal
entre la confederación empresarial Confebask, ELA, UGT, Comisiones Obreras y LAB, suscrito al amparo de la legislación vigente, artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el añorado señor Pimentel era ministro y usted, por cierto,
secretario de Estado. ¿O lo quiere olvidar? Si recurre al artículo 84 del mismo Estatuto de los Trabajadores, el citado acuerdo interprofesional en el ámbito territorial de la comunidad autónoma prevalece y desplaza al acuerdo nacional sobre
formación continua. Un poco de memoria, señor ministro.
Respecto a las otras declaraciones que usted realizó y que ha obviado, mucha ventanilla alternativa, pero pago a través de las mismas 1.600 millones, tras haber cotizado los trabajadores vascos 6.250 millones. O sea, usted va a destinar, en
un ejercicio de solidaridad -a su juicio-, en estos cuatro años, 18.000 millones menos a la formación continua en Euskadi de lo que pagan los trabajadores.
Su actuación es un castigo político, pero no al PNV, no al Gobierno vasco, sino a los más de 200.000 trabajadores que solicitan esa formación continua, que la han pagado y a los que usted se la niega. Le pido un favor: no se le ocurra
volver a declarar que la formación continua, por su función estratégica dentro de las políticas activas de empleo, desempeña una labor fundamental. En su boca y en su Euskadi eso suena a burla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Txueka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, le diré que me parece una versión libre e inadecuada que el superlativo de libre sea libertinaje; para mí sigue siendo libérrimo, el ejercicio libre de las decisiones políticas.
Respecto a la interpretación que usted ha dado al tema de las cotizaciones, le diré que hoy, felizmente, en el País Vasco las cotizaciones generan incluso pequeños excedentes, pero, siguiendo su tesis de absoluta
adecuación de ingresos por cuotas a gastos por cuotas, en los momentos en los que esto no sucedía habría que haber producido, por ejemplo, un recorte en las pensiones del País Vasco, tesis que, estoy seguro, no ha querido defender S.S., pero
es la que ha expresado con un curioso sentido de la recirculación y de la solidaridad.
Dije, y mantengo, que si el Gobierno vasco desea realizar aportaciones superiores me parece correcto y adecuado, es una decisión libre. Igual que en años anteriores, habrá aportaciones de la comisión tripartita que rige el acuerdo sobre
formación continua y supongo que también se realizarán en fechas semejantes a años anteriores, pero me preocupa que usted siga trasladando la idea de que no son susceptibles de apoyo financiero los proyectos de formación continua del País Vasco.
Cosa bien distinta es que usted quiera que todos circulen por una misma ventanilla, pero eso tampoco tiene una lógica especial cuando se ha demostrado, en el País Vasco y en el resto de España, que este tipo de instituciones está operando de manera
razonable y correcta. Insisto, esos agentes sociales a los que usted apelaba son los que también rigen el acuerdo sobre formación continua, y no creo que se transformen de ninguna manera extraña cuando ejercen sus funciones según sean acuerdos de
ámbito territorial o acuerdos de ámbito nacional.
Relea sus palabras porque también ha dicho algo que me parece fuera de lugar, que los acuerdos territoriales prevalecen sobre los acuerdos de carácter nacional. A lo más que llega el Estatuto es a equipararles, pero ya veo su particular
forma de interpretar el Estatuto y la Constitución.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.
- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA GRAN
MOVILIZACIÓN SOCIAL CELEBRADA EN BARCELONA ANTE LA CUMBRE DE LA UE? (Número de expediente 180/001209.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 10,0 que formula el diputado don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, siento romper el ambiente de concordia, pero quiero preguntarle qué piensa hacer el Gobierno para dar respuesta a las reivindicaciones de las grandes movilizaciones de Barcelona de la última
semana.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Llamazares, si no desea romper el espíritu de concordia no lo haga, es así de simple.
El Gobierno español va a seguir actuando conforme a los criterios que ya expresó la propia cumbre, a la cual nos debemos evidentemente, conforme un excelente programa que comprende aspectos económicos y aspectos sociales en un marco de
desarrollo sostenible. Esa es la actuación que debe mantener el Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No me entiende, señor ministro, quizá porque responder a preguntas sobre las movilizaciones sea una extensión del Ministerio de Trabajo insospechada.
En todo caso, no me entiende porque en nuestro caso, en el caso de los que preguntamos, nos han reconocido el civismo, pero con un cierto cinismo.
Ustedes han intentado que estas movilizaciones no salieran bien; ustedes han investigado
nuestros servicios de Internet; ustedes han impedido la libre circulación en Europa; ustedes han hecho todo lo posible para que la movilización no saliera bien. Finalmente ha salido bien, ha habido grandes movilizaciones que demandan otra Europa
posible, con un pilar social, otra Europa más solidaria y donde sea posible un desarrollo ambientalmente sostenible. Lo que quiero preguntarle es si van a seguir en la misma dinámica el resto de la presidencia, si van a seguir obstaculizando las
movilizaciones, si van a seguir sin responder a esas reivindicaciones de los movimientos sociales en los próximos meses.
A propósito de las reivindicaciones de los movimientos sociales, me gustaría que respondiese a una en concreto, porque me parece un mal comienzo de las propuestas a continuación de la presidencia europea, y es que la propuesta de su
ministerio no solamente desconoce que una buena parte del empleo es empleo precario y además mantiene una legislación que lo favorece, sino que ignora que la Inspección de Trabajo dice que el 50 por ciento de esos empleos temporales son utilizados
de forma fraudulenta o es un mecanismo fraudulento porque esos empleos son de carácter fijo.
Me gustaría saber cómo es posible que el Ministerio de Trabajo intente legalizar esa situación subvencionando a los trabajadores para que acepten empleos
basura en este país; quisiera saberlo porque sería una buena conclusión de esa cumbre de Barcelona.
En definitiva, señorías, nosotros no queremos que sea solamente una cumbre de ciudadanos, queremos que sea también una cumbre de trabajadores, no de autómatas, y mucho menos de autómatas con sentimiento de culpa como ustedes pretenden.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, me temo que la dificultad de comprensión de su discurso no es exclusivamente mía porque acaba de relacionar como ejemplos de cómo hubiesen debido funcionar las cosas Seattle, Génova y Gotemburgo, donde desgraciadamente se produjeron
incidentes de mayor gravedad. Tampoco quiero desaprovechar este momento para expresar mi deseo de recuperación de los 17 miembros de las fuerzas de Seguridad que sufrieron heridas como consecuencia de lo que no debe producirse en este tipo de
manifestaciones.
Respecto a si fueron conclusiones equilibradas o no, también cabe tomar en consideración la opinión de quienes participaron en la cumbre social y, al decir de las personas que representan, entiendo que correctamente, a los interlocutores
sociales europeos, sí nos movemos en un marco equilibrado de desarrollo económico y social, en un marco sostenible. Si usted se para a pensar verá que prueba de la sensibilidad, y entiendo que también de la presencia del ministro de Trabajo como
hoy se produce, es que se ha institucionalizado la cumbre social. Antes, lo social quedaba al margen, a discrecionalidad de las distintas presidencias, hoy lo tenemos incorporado a la cumbre de primavera como punto de encuentro de empresarios, de
sindicatos y en este caso de los propios miembros del Consejo. Para mí al menos es una buena noticia. Todos debemos trabajar, a partir de ahora, en el marco de esas directrices que ha señalado la cumbre de Barcelona. Y créame, una de las cosas
que también nos ha recordado es que no estamos al final del camino sino en un proceso en el que el objetivo básico se llama pleno empleo, y habrá que pensar también cómo adecuar todas y cada una de las piezas de nuestra sociedad, mercado de trabajo
y por supuesto sistemas de protección social, a ese mismo objetivo. Eso es para mí lo importante; le puedo garantizar que los incidentes nunca me han parecido positivos y creo que es bueno que las Fuerzas de Seguridad españolas sigan actuando con
la eficacia, la profesional y la corrección con la que lo han hecho en Barcelona.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO PARA LA MEJORA Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE
PROTECCIÓN SOCIAL? (Número de expediente 180/001199.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, que formula la diputada doña María Fernanda Faraldo Botana.
La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en unos días hará un año que, dentro del marco de diálogo social que este Gobierno impulsó desde 1996, se firmaba el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social entre el Gobierno y los agentes
sociales y económicos. Se trataba del cuarto acuerdo en cinco años que se firmaba con consenso social en materia de Seguridad Social.
No cabe duda de que la situación de la Seguridad Social en el año 2001 distaba mucho de parecerse a aquella que provocó la firma del Pacto de Toledo en el año 1995, que fijaba una serie de recomendaciones para garantizar la estabilidad y
viabilidad de nuestro sistema de Seguridad Social. El Gobierno del Partido Popular puso en marcha estas recomendaciones desde su llegada al poder, firmando en el año 1996 un acuerdo de consolidación de nuestro sistema de Seguridad Social con los
agentes sociales, que dio lugar a la Ley de 1997, de racionalización y consolidación del sistema de Seguridad Social.
Pues bien, gracias a esta reformas impulsadas desde su ministerio, se han podido eliminar los desequilibrios existentes entre ingresos y gastos en la Seguridad Social, garantizar la estabilidad financiera del sistema, además de asegurar el
mantenimiento y la mejora de los niveles de prestación social prestando, sin lugar a duda, una especial atención a aquellos colectivos más necesitados, como pueden ser los perceptores de prestaciones mínimas, las viudas, los huérfanos, etcétera. El
hecho de que, desde marzo de 1996 hasta el año 2001, se hayan incorporado a la Seguridad Social más de tres millones de cotizantes, nos permite afirmar que nuestro sistema atraviesa uno de sus mejores momentos, pero ello no es óbice para que debamos
adaptarnos a los nuevos cambios sociales y debamos afrontar nuevos retos. De ahí la firma de este nuevo acuerdo equilibrado y ambicioso; equilibrado porque recoge, en parte o en todo, las medidas de los distintos negociadores y ambicioso porque
recoge un nuevo sistema de jubilación gradual y flexible...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Faraldo. Su tiempo ha concluido.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señoría, la valoración que debemos hacer de lo acaecido desde el año 1996 es extraordinariamente positiva. El último acuerdo, en concreto para la mejora y
el desarrollo del sistema de protección social, que se suscribió el 9 de abril de 2001 y que extiende su licencia hasta el año 2004, salvo en algunas medidas para las que es necesario calendario diferente, es también una excelente referencia.
La valoración del grado de cumplimiento de este acuerdo no puede ser más que positiva, como decía. Ha transcurrido menos de un año de su firma y ya se ha desarrollado gran parte de sus medidas; se sigue avanzando en el proceso de
separación financiera estableciendo un nuevo marco de financiación para los complementos a mínimos; está previsto al final del presente ejercicio que la dotación del fondo de reserva supere el 1 por ciento del PIB, la cuantía de 1 billón de
pesetas, cumpliéndose con prácticamente dos años de antelación lo dispuesto en el acuerdo. La jubilación flexible ha sido objeto de cumplimiento a través del Real Decreto-ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible, como el que conoce en este momento el Parlamento. Su entrada en vigor el pasado primero de enero, nos sitúa a la vanguardia de Europa en la línea que acaba de señalar recientemente la cumbre de Barcelona, y los aspectos del acuerdo que se
relacionan con mejoras de las prestaciones del sistema, también han tenido un desarrollo muy notable. Se ha incrementado el porcentaje aplicable a la base reguladora de las pensiones de viudedad hasta el 46 por ciento, estando prevista su posterior
y gradual elevación hasta el 52; se ha incrementado el citado porcentaje hasta el 70 por ciento cuando se trata de pensiones de viudedad que constituyan la principal o única fuente de ingresos; se ha establecido un nuevo marco de compatibilidad
para la pensión de viudedad; se ha incrementado el límite de edad para ser beneficiario de pensiones de orfandad hasta 22 años con carácter general y hasta 24 en los casos de orfandad absoluta y, finalmente, se ha incrementado por encima del IPC la
cuantía de las pensiones mínimas de jubilación y viudedad para beneficiarios menores de 65 años y para las pensiones no concurrentes del SOVI. La lucha contra el fraude también ha sido objeto de una especial atención y, en lo que se refiere a la
responsabilidad del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, también se han cumplido íntegramente a través de distintas medidas que adecuan el principio de automaticidad de las prestaciones.
En definitiva, como muy bien señalaba, el sistema de Seguridad Social español goza de buena salud.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE DOÑA CARMEN QUINTANILLA BARBA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACIÓN CON LA II ASAMBLEA MUNDIAL DEL
ENVEJECIMIENTO? (Número de expediente 180/001202.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26 que formula la diputada, doña Carmen Quintanilla Barba.
La señora QUINTANILLA BARBA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, sólo han transcurrido veinte años desde la I Asamblea Mundial del Envejecimiento que se celebró en la ciudad de Viena en el año 1982. A la velocidad con que cambian los acontecimientos en el mundo, este período puede parecer
una eternidad, pero ello no es óbice para destacarlo como uno de los más importantes eventos, de cuyas recomendaciones surgieron en buena parte las políticas aplicadas a las personas mayores durante estos cuatro lustros. Desde aquella fecha del año
1982, el mundo ha cambiado en muchos aspectos y el de las personas mayores es hoy el más claro exponente de ello. En las diversas regiones de la comunidad internacional su número se ha modificado de forma notable en la pirámide de población.
Señor ministro, vivimos en un mundo que envejece. Según las previsiones de Naciones Unidas, el 22 por ciento de los habitantes del planeta será mayor de 60 años en el año 2050, es decir, habrá 2.000 millones de personas mayores en lugar de
los 600 que hay actualmente. Esta revolución demográfica está caracterizada por una baja tasa de natalidad y de mortalidad en la comunidad internacional y hará que, por primera vez en la historia de la humanidad, los jóvenes y los mayores
representen la misma proporción de población. España no es ajena a este fenómeno demográfico; según el último informe elaborado por el Inserso, alrededor de 36.000 personas al mes cumplen la edad de los 65 años. Es uno de los países que ha
experimentado uno de los procesos más rápidos de envejecimiento del mundo. Por ello, Naciones Unidas ha querido organizar segunda asamblea mundial del envejecimiento en la ciudad de Madrid y 189 gobiernos representarán al mundo para establecer ante
esta asamblea que las personas mayores quieren participar plenamente en las decisiones que afectan a sus vidas. Es necesario que la sociedad y los gobiernos adopten un concepto de la vejez positivo, activo y orientado hacia el desarrollo
sostenible.
Por ello, señor ministro, ¿qué actuaciones está llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con la segunda asamblea mundial del envejecimiento?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Quintanilla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar quiero destacar la importancia y la relevancia de esta segunda asamblea mundial del envejecimiento, pues no podemos ignorar -y cito referencias de Naciones Unidas- que la población mayor de 60 años en el conjunto de
la población mundial pasará del 10 al 22 por ciento en 50 años, así como que tres cuartas partes de esta población vivirá en los países en desarrollo en menos de 30 años.
Conscientes de la importancia de dar una mayor prioridad a las cuestiones de envejecimiento y a la protección de las personas mayores en la agenda internacional, el Consejo de Ministros del 11 de febrero de 2000, a propuesta del Ministerio
de Trabajo, acordó ofrecer a Naciones Unidas la celebración en nuestro país de esta asamblea mundial. La celebración de la asamblea coincide con la presidencia de la Unión Europea. Ello supone un desafío adicional importante en términos de
liderazgo y de despliegue de recursos humanos, al ser también portavoces de la Unión Europea. Los preparativos se iniciaron con la creación del comité organizador de la segunda asamblea mundial, al que corresponde la planificación y organización de
las distintas medidas que debe tomar España en su condición de país sede de la asamblea, la coordinación entre los distintos departamentos ministeriales y la aprobación de la memoria de realización de cometidos.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales está llevando a cabo, en colaboración con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Presidencia, la negociación intergubernamental de los documentos que formarán el plan de acción internacional
revisado y la declaración política que se pretende aprobar. La asamblea nos va a permitir profundizar en las relaciones entre el envejecimiento y el desarrollo, favoreciendo la revisión de estrategias actuales en virtud de la realidad de un mundo
cuya población envejece e incluyendo también cuestiones relacionadas con las necesidades de investigación sobre el envejecimiento y en materia de formación de profesionales.
También me gustaría destacar que, como complemento a la asamblea, se ha organizado un programa de actos paralelos, en los que se incluye el ciclo de mesas redondas bajo la denominación de diálogos 2000, el futuro del envejecimiento, que es
el foro mundial paralelo de organizaciones no gubernamentales, el foro científico de Valencia, promovido por la Asociación Internacional de Gerontología y, finalmente, la primera feria internacional del mayor.
Estamos convencidos de que sabremos dar respuesta adecuada a la resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre esta segunda asamblea, con el objetivo de realizar un examen general de los resultados de la primera
asamblea y aprobar un plan de acción revisado y una estrategia a largo plazo sobre el envejecimiento actual.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URÍA ETXEBARRÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO COMPLETARÁ EL GOBIERNO EL TRASPASO A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LOS BIENES INMUEBLES DEL INSALUD? (Número de
expediente 180/001184)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Administraciones Públicas. La número 9, que formula la diputada doña Margarita Uría Etxebarría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidenta.
Señor ministro, ¿para cuándo la transferencia de la titularidad de los bienes del Insalud a las comunidades autónomas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora presidenta.
Los bienes inmuebles del Insalud forman parte del patrimonio único de la Seguridad Social. El titular de este patrimonio es, por tanto, la Tesorería General de la Seguridad Social y los acuerdos de traspaso de estos bienes suponen una
adscripción de los mismos para el cumplimiento de los fines que se les hayan encomendado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministro.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, yo creo en las normas y si miro el real decreto por el que se efectuaron los traspasos a la Comunidad Autónoma vasca, veo que se traspasan los bienes inmuebles,
excepción hecha de su titularidad, que continuará a nombre de la Tesorería. Sin embargo, en el punto tercero se añade que este régimen se configura como transitorio hasta que se creen las condiciones para la asunción por la Comunidad
Autónoma del País Vasco de la plena titularidad.
¿Cuáles son esas condiciones? Son dos, señor ministro. Una, que se produjese la totalidad de los traspasos a todas las comunidades autónomas, algo que ya se ha efectuado. La segunda y más importante que, fruto de los acuerdos del Pacto de
Toledo, se llegase a establecer la financiación de la sanidad por vía exclusivamente presupuestaria, es decir, a través de los tributos y no mediante la mezcla de tributos y cuotas, como pasaba hasta entonces. Dadas estas circunstancias, nos parece
llegado el momento de que, tanto a la Comunidad Autónoma vasca como a las que lo tienen así establecido, se les traspase la titularidad, la plena propiedad, de estos inmuebles.
Ocurre además, señor ministro, que lo que usted me ha dicho sólo es cierto respecto de las transferencias que acaban de realizar. Si uno compara los reales decretos de transferencias antiguos, los de las siete primeras comunidades, con los
actuales -tengo delante el de Aragón y el de Asturias- se observa un importantísimo retroceso, puesto que no hablan de transitoriedad y parece que en ningún caso estas comunidades autónomas llegarán a ser titulares de los bienes. Además les hacen
otra trampa.
Respecto a la Comunidad Autónoma del País Vasco, ustedes han litigado hasta un montante de 15 veces -lo tengo aquí- para ver quién paga el impuesto sobre bienes inmuebles. Pues bien, han perdido. No lo paga la comunidad puesto que,
si no, sería titular, por lo que el abono de este impuesto recae sobre el Estado. Sin embargo, a las comunidades que acaban de asumir las transferencias -se establece así en el decreto- se les dice claramente que en todo caso lo abonarán ellas.
Visto que no tienen la menor intención de cumplir los reales decretos de traspasos en los términos en los que se hicieron, por lo menos el vasco, comprenderá que les miremos con cierta sorna cada vez que ustedes nos hablan de lealtad al
sistema.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora presidenta.
El patrimonio único de la Seguridad Social se encuentra regulado en el Real Decreto 1221/1992, el cual ya establece una doble situación para los bienes que se traspasen a las comunidades autónomas. Reconozco lo que ha señalado usted
relativo a que en el año 1987, con motivo del traspaso a la Comunidad Autónoma vasca, se estableció un régimen transitorio. Tengo que contestarle que el Gobierno en este momento no tiene perspectivas de cambiar dicho régimen, sino que va a
continuar así. ¿Por qué? Porque el traspaso de los bienes inmuebles de la Seguridad Social consiste precisamente en esa adscripción y no en su titularidad. Nosotros pensamos que esos bienes pertenecen a la Tesorería y que forman un conjunto que
no debe desmembrarse. Por eso insistimos en que el Gobierno no tiene intención de cambiar esa situación y creemos que estamos cumpliendo perfectamente con los traspasos. Usted misma ha reconocido que, en el desempeño normal de las funciones del
Insalud, que llevan 20 años transferidas a la Comunidad Autónoma vasca, no influye para nada esa titularidad. Si en algún momento surge un problema de titularidad o de pago de un impuesto de ese tipo, se resolverá, pero desde luego la política del
Gobierno en este momento -y contesto a su pregunta- con respecto al patrimonio de la Seguridad Social, que se ha formado con la cotización de los empresarios y de los trabajadores, es no cambiar ese régimen.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA GLORIA MARTÍN VIVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LAS BARRERAS ARQUITECTÓNICAS PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS PLAYAS
ESPAÑOLAS DE LAS PERSONAS CON MINUSVALÍA? (Número de expediente 180/001200.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Medio Ambiente. En primer lugar, la número 24, que formula la diputada doña Gloria Martín Vivas.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en nuestro país existe un importante colectivo de personas con discapacidades que precisa que todos los poderes públicos trabajen para conseguir su integración en todos los niveles. Quiero destacar una vez más, señor
ministro, que para garantizar el cumplimiento del artículo 49 de la Constitución española, que habla de prevención, de tratamiento y de rehabilitación así como de la integración social de los discapacitados, debe hacerse un esfuerzo desde todas las
administraciones públicas. Es voluntad de este grupo, y me atrevería a decir que también de todos los grupos de esta Cámara, conseguir la plena inserción social de todas las personas discapacitadas, y en la inserción social hay un aspecto que no
deberíamos olvidar, que es todo lo
referente al ocio y al disfrute del tiempo libre. Es más, no sólo no debemos olvidarnos sino que debemos trabajar en ello con mayor profundidad para facilitar alternativas a unos ciudadanos que tienen derecho a gozar del medio natural y de
las posibilidades de ocio que rodean al mismo. No me cabe la menor duda de que el Gobierno apoya también todas las iniciativas que se dirigen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o con movilidad reducida; apoyo que debe
servir para continuar eliminando barreras que faciliten a este colectivo una mayor accesibilidad a las playas y el uso de una serie de servicios que existen a lo largo de nuestras costas. Soy consciente de que se están haciendo esfuerzos tanto a
nivel nacional, por parte de las diferentes administraciones, como a nivel europeo. A título de ejemplo, citaré el Foro Europeo de Discapacidad, el FED, que es la voz que representa a este colectivo en la Unión Europea. Tradicionalmente, el FED da
la bienvenida a cada nueva presidencia de la Unión Europea con un memorando de la presidencia de turno. Este memorando tiene en cuenta las prioridades establecidas por la presidencia española, presentadas en diciembre del año 2001, que incluyen
hacer hincapié en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. (Rumores.)
Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular reconoce sobradamente el trabajo y los esfuerzos que está haciendo el Gobierno y reconoce asimismo los avances realizados, pero entendemos que este es un ámbito en el que queda todavía mucho por
hacer. Desde esta preocupación, le pregunto, señor ministro: ¿Cuáles son los objetivos del plan de lucha contra las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso a las playas españolas de las personas con minusvalías?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Señor ministro. (Continúan los rumores.)
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, porque es imposible que se oiga la respuesta con el murmullo que hay en la Cámara. (Pausa.)
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el año 2001 el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Costas, elaboró el plan de accesibilidad a las playas españolas. El presupuesto global era de 24,6 millones de euros, tenía un horizonte de tres
años y la finalidad era efectivamente la de facilitar el acceso a las playas de personas con problemas de movilidad.
Las soluciones se presentan no sólo en términos de eliminación de barreras, sino que afrontan también una propuesta de mejora de la
calidad del medio ambiente en las playas, con medidas positivas que proporcionen un entorno más cómodo y seguro para el conjunto de la población, que incluye a ancianos, a familias con niños de corta edad, etcétera. Hemos establecido criterios de
selección y también de priorización ante la material imposibilidad de actuar sobre los 2.000 kilómetros de playa con que cuenta el territorio español. Estos criterios son: mayor peso de las actuaciones en las playas urbanas y semiurbanas de gran
demanda de uso; mayor peso de las actuaciones en playas en cuyas inmediaciones no se encuentran otras con buenas condiciones de acceso y también actuaciones en playas de tipo rústico que han sido seleccionadas a partir de criterios de mínimo
impacto ambiental y visual, así como por la demanda del uso. El plan contiene igualmente recomendaciones relativas al uso y explotación de las playas, con el objetivo de dar continuidad en el tiempo, optimizar los servicios y consolidar la
colaboración de las diferentes instituciones implicadas en el desarrollo y explotación de las playas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON AURELIO SÁNCHEZ RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS ACTUACIONES MÁS REPRESENTATIVAS QUE ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE EN LAS COSTAS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ? (Número de expediente 180/001206.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don Aurelio Sánchez Ramos.
El señor SÁNCHEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, como diputado por Cádiz, soy conocedor y consciente de la importancia, variedad y riqueza del litoral gaditano, con amplias zonas vírgenes sin urbanizar y con la peculiaridad de tener marismas, miles de hectáreas que
preservar y otras para poner en valor en acuicultura y esteros, con salinas, unas en producción y otras por recuperar, con dunas sobre las que actuar para mantenerlas, con playas vírgenes y acondicionadas donde hay migraciones de arenas que se están
conteniendo y regenerando, con especies arbóreas y animales autóctonas en peligro de extinción, como el enebro marítimo y los camaleones, así como mantenimiento de antiquísimos corrales de pesca y actuaciones de recuperación en la costa del dominio
público marítimo terrestre, acción medioambiental en las márgenes
de varios ríos y construcción de senderos y pasarelas para salvar el medio natural y paisajístico, con programas de accesibilidad a las playas.
Pues bien, señor ministro, con toda esta diversidad del medio y con tantas actuaciones concretas y comprometidas, tengo que destacar la sensibilidad demostrada por el señor ministro y el ministerio que dirige para con la costa gaditana en
actuaciones para preservar, proteger, mantener, derribar, construir y recuperar tanta riqueza. Por ello le pregunto, señor ministro: ¿Cuáles son las actuaciones más relevantes que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente en la costa
gaditana?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora presidenta.
Tal como establece la ley, el objetivo de las actuaciones que está llevando a cabo el ministerio en todo el litoral es el de garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público marítimoterrestre.
En 2002 se prevé una inversión en la provincia de Cádiz de alrededor de cinco millones de euros, y quisiera destacar la recuperación ambiental de la laguna de Torreguadiaro, en San Roque, ordenando los usos, limitando los accesos y mejorando
la aportación hídrica a la laguna; la demolición del gran hotel en Zahara de los Atunes, ubicado sobre la playa, recuperando el uso público de la zona; las demoliciones y la recuperación embiental de los terrenos de dominio público ya deslindados
en toda la provincia de Cádiz, estableciendo la legalidad y recuperando el carácter de dominio público de estos terrenos ocupados, y la estabilización dunar de las playas de Cortadura y Valdevaqueros, que han sido objeto de reciente remodelación.
Quisiera destacar también que en la presente anualidad vamos a contratar las obras siguientes: paseo marítimo de Torreguadiaro; tratamiento del borde marítimo entre El Baluarte y San Roque y la playa de Santa María del Mar, y la pasarela de madera
sobre el río Salado. En el marco del plan de accesibilidad al que he hecho referencia al contestar la pregunta anterior, existe una inversión en la provincia de Cádiz de alrededor de 667.000 euros para facilitar el acceso a estas playas a personas
con problemas de movilidad.
Por último, señoría, quisiera comunicarle que hemos autorizado la ejecución de unas obras de emergencia, por importe de 700.000 euros, en la margen derecha del río San Pedro, ante el riesgo de derrumbe del paseo existente en dicha zona que
requería esa actuación para evitar un riesgo mayor para los ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ BLANCO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO QUE LOS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA RESPETAN LOS PRINCIPIOS
DE NEUTRALIDAD Y PLURALISMO? (Número de expediente 180/001186.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro Portavoz. En primer lugar, la número 11, que formula el diputado don Julio Villarrubia Mediavilla.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, don Pío, la Constitución española, en su artículo 20, reconoce y protege una serie de importantísimos derechos: el derecho a expresar y a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones y el derecho a comunicar o
recibir libremente información veraz por cualquier medio, y también dice que la ley garantizará el pluralismo en los medios de comunicación públicos.
Señor ministro, ustedes y el señor Aznar dicen ahora que defienden la Constitución española. Y lo hacen con tanto furor verbal, que se diría que es tan sólo de ustedes, pese a que han llegado tarde y los últimos.
Por ello le formulo la
siguiente pregunta: ¿Piensa el señor ministro Portavoz que los informativos de Televisión Española respetan los principios de neutralidad y pluralismo?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia. (Rumores.)
Señorías, guarden silencio.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Gracias, señora presidenta.
Señoría, usted sabe que no es función del Gobierno valorar los contenidos de los informativos de Radiotelevisión Española y también sabe que hay una Comisión especializada en esta misma Cámara, precisamente para el control parlamentario del
ente, pero si usted lo que quiere es mi opinión, la respuesta es sí.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor ministro, don Pío, este Gobierno censura, controla, manipula la información y persigue al discrepante.
Además es un Gobierno que miente. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!)
La señora PRESIDENTA: Señor Guerra, guarde silencio.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: El señor Aznar dijo que los directores de Radiotelevisión Española serían profesionales independientes. Veamos los nombramientos realizados: doña Mónica Ridruejo, eurodiputada del Partido Popular; don
Fernando López-Amor, que estará por ahí, diputado del Partido Popular en el Congreso; el siguiente, usted, don Pío Cabanillas, ministro Portavoz del Gobierno. ¡Cuánta independencia concentrada! ¿No le da con esto la risa floja, señor
independiente? El último es el señor González Ferrrari, sí, el que hace unos días quitó al señor Solana de un programa en Televisión Española para ponerle a usted, por imposición suya. (Protestas.)
Don Pío, ustedes no garantizan la libertad de opinión y de información; ustedes son los que atentan contra esta libertad y este derecho de forma burda, de forma grosera y sin pudor, llegando incluso a difundir noticias falsas respecto a un
ex presidente del Gobierno. Don Pío, no creen en la libertad de información ni en el pluralismo. Sean bienvenidos a la Constitución y sus valores, pero hagan cursillos para aprender a practicarlos. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, en lo que se refiere a sus imputaciones sobre la supuesta censura del señor Solana, le digo que son sencillamente falsas. (Rumores.-Protestas.) Una falsedad más por su
parte. Por el contrario, sí me parecen importantes los comentarios que realizó el señor Solana precisamente a través de Radiotelevisión Española durante todo el fin de semana sobre el buen fin del Consejo de Barcelona. (Rumores.-Varios señores
diputados: No se oye.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Ahora bien, son unas declaraciones que contrastan en gran medida con otras opiniones mucho menos versadas, como es natural, que han provenido de su grupo parlamentario.
Señoría, respeto profundamente sus opiniones, no sus invectivas, no lo haré nunca, y le diré que en esta legislatura se ha respondido a esta misma pregunta 20 veces en Comisión y seis veces en este Pleno. La respuesta ha sido siempre la
misma. Cuando yo era director general, ya que usted recurre a la historia, respondí 29 veces a esta misma pregunta y la respuesta fue siempre la misma. Y fue también la misma respuesta la que recibieron ustedes de la Junta Electoral Central, en 28
ocasiones, en las pasadas elecciones, dándole la razón a Radiotelevisión Española, resaltando su buena labor y subrayando nuevamente que lo suyo eran imputaciones falsas. (Protestas.-Rumores.)
Ahora bien, lo que les ocurre a ustedes, que tanto se preocupan por la neutralidad de los medios, es sencillamente que están neutralizados por su propia falta de ideas y de proyectos. (Rumores.-Protestas.) Ustedes, que tanto se preocupan
por la pluralidad de los medios, lo que tienen es sencillamente una multiplicidad de opiniones, normalmente contradictorias, sobre todos los temas que realmente importan a los españoles. (Un señor diputado: Y Fraga no.) En lo único que le quiero
insistir, señoría, precisamente por esos españoles, es en que ellos, una y otra vez, día a día, mes a mes y ya desde hace muchísimos años, ratifican y respaldan el pluralismo y la neutralidad de Televisión Española, que es el único referente de
información que quieren, a pesar de ustedes. (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SOLEDAD PÉREZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CREE EL MINISTRO PORTAVOZ QUE LA RAZÓN DE LA ESCASÍSIMA PRESENCIA DE MIEMBROS DEL PARTIDO SOCIALISTA EN
TELEVISIÓN ESPAÑOLA SE DEBE A QUE NO TIENEN NADA QUE DECIR? (Número de expediente 180/001187.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 12, que formula la diputada doña Soledad Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señor ministro, tras la bochornosa sesión de control del Gobierno a la oposición que protagonizó usted hace quince días, aparece usted de repente en Los desayunos de Televisión Española, tras anular de aquella
manera la entrevista comprometida a don Javier Solana. Por eso le pregunto: ¿Esa suplantación la hace porque de verdad cree que los socialistas no tenemos nada que decir?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pérez.
Una vez más a lo largo de la sesión de control de esta tarde es preciso recordar desde la presidencia que, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara y con el contenido del artículo 188.3, las respuestas que está obligado a dar el ministro o
el Gobierno en su conjunto son estrictamente aquellas que figuran en el orden del día. (Rumores.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, le reitero, y lo haré cuantas veces haga falta, que no haga imputaciones falsas, aunque sólo sea por respeto a esta Cámara. Ni soy responsable de las veces que salen
ustedes en televisión ni muchísimo menos de lo que dicen. (Un señor diputado del Grupo Socialista: ¡Díselo a Solana!-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señorías, guarden silencio.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Creo que a mí se me oye un poquito mejor que a usted porque no levanta mucho la voz.
No he hecho ninguna imputación. Señor Cabanillas, don Pío, tenemos mucho que decir. Esto es quizá lo que a usted le da miedo, que tengamos tanto que decir. ¿Acaso tiene usted miedo del protagonismo del señor Solana en cuestiones tan
importantes como Serbia y Montenegro? (Varios señores diputados del Grupo Popular: No, no.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
La señora PÉREZ DOMINGUEZ: ¿Tiene usted miedo de que los españoles conozcan sus propuestas para acabar con las presidencias semestrales? (Varios señores diputados del Grupo Popular: No, no)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señora Pérez.
Señorías, señor Romero y señor Landaluce, ruego guarden silencio.
Adelante, señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMINGUEZ: Creo que no es el único que tiene miedo a escuchar a los socialistas, que tenemos mucho que decir.
Tiene, señor Cabanillas, mucho que callar y a lo mejor también tiene que lavar su imagen después de que cuatro grupos en esta Cámara votaran su reprobación la semana pasada. Señor Cabanillas, somos ocho millones de voces en este país que
ustedes quieren acallar. Pero quien tiene que hablar ahora es usted y decir la verdad aquí en el Parlamento. ¿Qué sucedió, don Pío? ¿Cuál fue su participación? Yo se lo voy a contar.
Jueves 14 de marzo, doce de la noche, Barcelona descansa
tranquila tras el éxito de la pacífica manifestación convocada por los sindicatos.
Usted, don Pío, localiza un teléfono y marca. Al otro lado un hombre descuelga el teléfono. ¿Ferrari? Sí. Ferrari. Solana no va mañana, ¿me oyes? Mañana voy
yo, el que va soy yo. Esta es la historia que se cuenta en televisión, y yo me la creo, don Pío. Usted no quiere que se sepa lo que decimos, por eso usted censura al señor Solana y, lo que es peor, don Pío, además para ponerse usted, y eso está
muy feo. Terrible paradoja, ese mismo día 15 de marzo, mientras usted desayunaba en la tele, una emisora de radio conmemoraba el nacimiento de Blas de Otero y su voz se escuchaba por boca de una mujer. Nos queda la palabra, don Pío, ni usted ni su
Gobierno nos van a quitar la palabra a ninguno, ni a los antiglobalizadores, ni a los emigrantes, aunque lo que hagan sea que desaparezcamos de la radio y la televisión públicas. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pérez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, como escritora, limitada, y falseando la realidad, brillante, auténticamente brillante. (Rumores.)
Me temo, señoría, que en efecto lo que le estoy diciendo es algo muy sencillo: no es una cuestión ni de tiempos ni de presencia suya sino de falta de criterios para trasladar a los españoles, y eso es lo que a ustedes les pasa, que no saben
tratar las cuestiones que de verdad afectan a nuestro país. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Créame, señoría, que por muchos minutos que aparezcan ustedes en televisión, lo que ocurre es que ustedes no tienen absolutamente nada que decir.
(Rumores.) Es más, cuando
aparecen, mayor es el desconcierto que ustedes transmiten. Además, la sesión parlamentaria de hoy es una prueba evidente del alejamiento que tienen ustedes de la realidad, porque le diré de corazón, señoría, que a los españoles en estos momentos no
les importan nada los contenidos de los informativos de televisión que ustedes proyectan ni los viajes de ninguna persona. (Rumores.-Protestas.) A los españoles les preocupa el futuro de sus hijos, la educación, les preocupa el empleo, les preocupa
la reforma de la economía, todas esas cuestiones que se han tratado en la cumbre de Barcelona y que a ustedes les parecen tan irrelevantes como para no hacer ni una sola pregunta en esta sesión de control parlamentario. (Varios señores diputados
del Grupo Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
Mi única conclusión es la que siempre les he trasladado: que a ustedes les molestan los éxitos para España de los que ustedes no son responsables.
(Rumores.-Aplausos.) Por tanto, señorías, y me reitero, digan las cosas a los ciudadanos;
díganles si ustedes quieren o no una financiación autonómica suficiente; díganles si quieren o no un plan hidrológico vertebrador; díganles si quieren liberalizar o no la economía; díganles si quieren subir o no los impuestos y digan a los
españoles
si quieren igualdad de oportunidades educativas para todos ellos.
Presenten un proyecto y déjense de mentiras y de descalificaciones, porque además les digo, señorías, se lo digo de todo corazón (Risas.-Rumores.), que si de mí dependiera,
saldrían muchísimo más en televisión porque eso es una garantía de futuro para nosotros.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA TERESA CUNILLERA I MESTRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿PODRÍA EXPLICAR EL MINISTRO PORTAVOZ EN QUÉ CONSISTE SU COMETIDO DENTRO DEL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/001188.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 13, que formula la diputada doña Teresa Cunillera i Mestres.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Señor portavoz, don Pío, no nos haga el guión porque a mí como guionista también me parece usted muy limitado. Por tanto, dígame si me puede explicar en qué consiste su cometido dentro del Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Sí, señoría, el regulado en el artículo primero del Decreto 1280/2000, de 30 de junio, que cumplo escrupulosamente y cuya fotocopia tengo a su disposición hoy aquí.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros no saldremos en el telediario, pero tenemos fotocopiadora, por tanto, el decreto también lo tengo. Usted tiene la obligación de cumplir ese decreto y de hacerlo con respeto a todos los ciudadanos de este país, seamos o no miembros
del PP, seamos de la mayoría parlamentaria o no, seamos sus amigos o no. Y usted no lo cumple, le voy a decir por qué.
Porque usted abusa de su situación y de su puesto para estar en campaña permanente, no ya en favor del Gobierno, que también,
sino del partido que lo soporta, del señor Aznar, y tiene usted que saber que para ello utiliza los medios que le pagamos todos los españoles, incluidos nosotros, a los que usted tanto intenta despreciar sin conseguirlo. Que conste que yo lo
entiendo porque usted, al ser independiente, a lo mejor tiene que hacer más méritos. Pero le voy a sugerir que quizá haría más méritos cumpliendo con su obligación porque igual puntuaba más. Le sugiero que lo haga porque lo hará en bien de la
democracia. Usted no puede seguir leyendo ese decreto tan mal como lo lee, porque donde dice elaboración y difusión de comunicados, usted interpreta derroche de descalificaciones de la oposición; donde dice relaciones con los medios de
comunicación, usted interpreta campaña de propaganda permanente a favor del señor Aznar; donde dice coordinación de los servicios informativos de la administración en el extranjero, usted interpreta que tiene a su servicio a los consejeros de
información de la embajada, al servicio personal y permanente del señor Aznar y del PP. El capítulo protagonizado recientemente por el consejero de información en Rabat descalifica de manera muy fuerte a España, a su Gobierno y a usted, que tomó
parte activa en este tema. Pero a quien descalifica frontalmente es a todos los excelentes funcionarios que no se merecen un jefe como usted.
Usted también debería pedir disculpas a estos consejeros de información, porque, don Pío, yo soy de
ingenua como el señor Rajoy, y por eso, como soy tan ingenua como el señor Rajoy, visto lo visto, le digo que no quiero pensar que usted es un manipulador y un censor.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, le agradezco ese último comentario y, también desde mi ingenuidad, le aseguro que no me verán ni me oirán en campaña en su favor. Eso se lo puedo asegurar.
Me pregunta usted por mis competencias, y es muy sencillo: transmitir a los ciudadanos lo que es la acción del Gobierno. Y le puedo asegurar que no es una tarea fácil, máxime cuando sólo en dos años de legislatura se han cumplido ya el 80
por ciento de los compromisos que teníamos con los españoles en nuestro programa electoral. (Rumores.-Protestas.) Hemos abordado actuaciones de una enorme envergadura que eran necesarias y hemos culminado reformas pendientes desde hace muchos años
que ustedes ni supieron ni quisieron ni pudieron poner en práctica en los muchos años de Gobierno que también tuvieron.
Yo conozco perfectamente cuál es mi cometido y cuáles son mis funciones.
Me pregunto si usted y su grupo tienen igual de clara la importante misión que les corresponde como principal fuerza de la oposición.
Personalmente tengo enormes
dudas al respecto, y
desde luego sesiones de control como la de hoy lo único que hacen es aumentarlas.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MÁXIMO RAMÓN DÍAZ-CANO DEL REY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿ES FUNCIÓN DEL MINISTRO PORTAVOZ DESCALIFICAR A LA OPOSICIÓN TODOS LOS VIERNES EN SU COMPARECENCIA
ANTE LOS MEDIOS DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS? (Número de expediente 180/001189.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don Máximo Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, ya vemos que ha ensayado mucho esta sesión de control, pero le pediría, por favor, que para responderme se saque la mano de los bolsillos (Risas.-Rumores.), porque parece de mala educación hablar a las personas con
las manos en los bolsillos.
(Rumores.-Aplausos.)
Señora presidenta, yo escucho insultos que vienen desde esa bancada. Le pido amparo, por favor. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
¡Señorías, guarden silencio! (Rumores.-Protestas.)
¡Señorías, guarden silencio! (Rumores.)
Continúe, señor Díaz. (Rumores.)
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Señorías,... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Díaz-Cano. (Rumores.)
Señor Revuelta, le ruego guarde silencio. (Rumores.)
Continúe, señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Señor Cabanillas, en el Grupo Parlamentario Socialista podemos entender que en algunas ocasiones, y por razones de oportunidad informativa, usted tenga que expresar opiniones sobre las posiciones que mantiene el
Partido Socialista, pero lo que no entendemos es que todos los viernes, en la rueda de prensa que tiene lugar después del Consejo de Ministros, usted descalifique permanentemente a la oposición. Por eso le preguntamos si esto, descalificar a la
oposición, forma parte de su cometido como portavoz del Gobierno.
Gracias. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, apelo a su generosidad y le permito que me deje meter la mano en el bolsillo. Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio porque si hay silencio en la Cámara, se oirán mucho mejor todas las intervenciones. (Rumores.)
¡Señorías, ruego guarden silencio!
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, cada viernes doy cuenta, evidentemente, de los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros y respondo a todas aquellas preguntas que me quieren hacer los
informadores, trasladando, por supuesto, la posición del Gobierno. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Díaz-Cano
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Sinceramente, no le oído demasiado bien, pero creo que he entendido bien lo que usted me ha respondido.
Usted realiza todos los viernes un ejercicio que me parece de dudosa legitimidad democrática, que es descalificar a la oposición desde el Gobierno. Le voy a poner el penúltimo ejemplo, del día 8 del presente mes. A usted le preguntan qué
opina sobre la respuesta del Gobierno a los concejales del Partido Socialista de Euskadi amenazados por ETA sobre el Pacto Antiterrorista. Y usted, aparte de alabar, lógicamente, la posición de los concejales del Partido Socialista y del Partido
Popular, como es obvio, no podía ser de otra manera, añade: A lo mejor, alguna de esas explicaciones que solicitan los socialistas no es al Gobierno a quien se las debe pedir, sino a Zapatero y a la dirección del PSOE. ¿A usted le parece esto de
recibo, señor Cabanillas? (Rumores.)
Usted sigue una pauta muy clara, que es acusar de deslealtad a la oposición, al Partido Socialista y al secretario general; de deslealtad a los intereses del Estado; de deslealtad a los pactos que firma; eso, permanentemente, y además
aduce una supuesta falta de coherencia, de programa, etcétera. Lo que usted hace, efectivamente, es actuar siempre bajo consigna y poner en tela de juicio la legitimidad de esta oposición para
ejercer su trabajo político, y con esto crea un clima para que se pueda insultar a la oposición, a representantes de las instituciones del Estado y a ciudadanos desde los medios de comunicación públicos, y éste no es el mejor ejemplo.
(Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, déjeme decirle que seguiré informando cada semana sobre los acuerdos del Consejo de Ministros y contestaré además todas aquellas preguntas que me quieran hacer los medios
de comunicación. Faltaría más, cuando un político tiene como labor dar criterios, dar opiniones, sentar las líneas y las bases de su actuación a los ciudadanos, porque además no creo que con su pregunta quiera usted silenciar a los periodistas o
quiera coartarles su libertad de información. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Supongo que tampoco querrá usted silenciar a este Gobierno o que yo comulgue con sus ideas, porque no creo que esa sea su visión ni su forma de entender la democracia.
Eso sí, el apartado de los improperios lo dejo a su entera disposición, sí, señoría, porque su memoria es flaca y hoy le han dicho que cambie sus actitudes.
Le recuerdo que usted y miembros de su grupo me han llamado en esta misma Cámara -y cito- basura, censor, cobarde, inquisidor, propagador de la mentira como Goebbels, indigno, mentiroso, payaso y desgracia para el sistema democrático. Ese
es su discurso, el insulto. Permítanme que le diga, desde la serenidad que a usted le falta normalmente, con toda la serenidad del mundo, que usted ni nadie de su grupo me va a callar.
(Protestas.) Y yo voy a seguir diciendo lo que pienso y
trasladando a los españoles lo que piensa este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Díaz-Cano del Rey pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cabanillas.
Señor Díaz-Cano, en este momento no tiene la palabra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿ENTRE LAS COMPETENCIAS DEL MINISTRO PORTAVOZ ESTÁ LA DE AUTORIZAR LOS VIAJES AL EXTRANJERO DE LOS
ESPAÑOLES? (Número de expediente 180/001190.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula la diputada doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Don Pío, lo de basura lo ha dicho usted, no lo ha dicho mi compañero.
Juzgo la contestación que le ha dado usted a mi compañera Marisol, falseando la realidad brillante. Y después le dice de todo corazón a mi compañero: saldrían más si
fueran como ustedes quieren. Nosotros somos nosotros, somos la oposición. Acostúmbrese. (Rumores.)
Yendo a mi pregunta, en una época pasada de nuestro país que todos queremos olvidar, cuando daban un pasaporte ponían una serie de menciones, decían: para todos los países, excepto para URSS y países satélites. Recordará usted la época.
Usted, a quien le causó tanto dolor la muerte del dictador, ¿no querrá volver a implantar ese sistema y prohibir la salida a los españoles al extranjero y, si no le hacen caso, castigarles la infracción cometida por no hacer lo que usted dice,
utilizando los medios públicos y privados, entre comillas?
Por eso le pregunto, señor Pío, ¿entre las competencias del ministro Portavoz está la de autorizar la salida al extranjero de los españoles? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Antes de responder a su pregunta, déjeme decirle tres cosas. Primera, lo de basura lo dijo el presidente de su partido, lo que me parece aún más grave.
Segunda, a quienes les
cuesta acostumbrarse a ser oposición es a ustedes, no a mí. (Rumores.-Aplausos.) Tercera, y ya en contestación a su pregunta, si usted ha viajado al extranjero sabrá que la respuesta es no.
Digo yo. Tampoco le recomiendo además que proponga en
esta sala o en otro sitio un cambio de mis competencias al respecto.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias.
Don Pío, malo es que invente usted un bulo -evidentemente, usted o con otros inventó y difundió-, peor aún es hacerlo a través de los organismos oficiales y todavía peor poner en peligro las relaciones con Marruecos por ese bulo que usted
lanzó. Pero lo peor de todo y lo que más me preocupa, señor Pío, a quienes hemos defendido la libertad cuando hemos estado aquí y en la calle -cuando a más de uno de ustedes, evidentemente, no les gustaban las manifestaciones de verdad-, es que han
intentando encima criminalizar a la
víctima. Eso sólo lo han hecho los grandes hombres de este siglo, a quienes todos queremos olvidar, y ahora usted. Por lo tanto tome nota y cambie. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, no sé cuántas veces se lo tendré que decir. No me inventé ningún bulo.
(Rumores.) Sus invectivas sinceramente no me impresionan ni lo más mínimo. Lo que sí me
impresiona y mucho es su interés y su insistencia por convertir en mártir y en protagonista a quien ya no es ni lo uno ni lo otro.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JORDI PEDRET I GRENZNER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿TUVO CONOCIMIENTO EL MINISTRO PORTAVOZ DE QUE EL CESID HABÍA ELABORADO UN INFORME SOBRE EL VIAJE DEL EX
PRESIDENTE GONZÁLEZ A MARRUECOS? (Número de expediente 180/001191.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, que formula el diputado don Jordi Pedret y Grenzner.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro Portavoz, siento tener que distraerle a usted durante un tiempo corto de sus habituales ocupaciones como asistente a los chascarrillos de los vicepresidentes. Por cierto, ¿les ha preguntado usted de qué se reían o de quién se
reían en aquella ocasión? Lo puede hacer ahora, les tiene usted en el mismo banco. O de otras ocupaciones que también parecen ocuparle tiempo, como son los de sustituto...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Pedret. (Pausa.)
Adelante, señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
U otras ocupaciones que parecen interesarle, como la de sustituto obligado del secretario general de la Comisión Europea en los desayunos de Televisión Española. Me voy a referir sólo a éste, porque en un día como hoy referirnos a otros
programas matutinos de Televisión Española, a sus directores y a sus declaraciones, podría resultar incluso cruel.
Lo siento sinceramente, lo siento de veras, con exactamente la misma clase de ingenuidad que nos manifestaba el señor Rajoy el miércoles pasado, porque yo considero que en estas ocupaciones habituales es usted mucho más brillante que en sus
funciones de ministro. Pero teniendo en cuenta que aún no ha presentado la dimisión y por tanto es ministro, le corresponde ahora en estas funciones contestar a la pregunta que le formulo de acuerdo con el orden del día: ¿Tuvo conocimiento el
ministro Portavoz de que el CESID había elaborado un informe sobre el viaje del ex presidente González a Marruecos?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): No, ni me consta que exista, como así declaró el director del centro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Muchas gracias, señora presidenta.
Siento decirle, señor ministro Portavoz, que no ha aumentado usted su credibilidad con esta respuesta, al menos con la modestia absoluta que hemos de tener en esta Cámara en lo que se refiere a nuestro grupo y al portavoz circunstancial del
mismo, porque nosotros tenemos la fundada convicción de que existió un informe del CESID que aclaraba la verdad sobre el viaje y que este informe, como era la obligación por parte del CESID, llegó a quien tenía que llegar al palacio de la Moncloa.
Si no se lo trasladaron a usted, debe usted examinar quizá cuál es su situación allá, pero lo cierto es que usted se empecinó en faltar absolutamente y queriendo a la verdad. Usted utilizó los medios públicos para intentar atacar a un enemigo
político y usted está haciendo con sus compañeros todo lo posible... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pedret.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, le recuerdo que el entonces director del CESID afirmó en declaraciones realizadas el jueves 28 de febrero precisamente que ese organismo no había tenido nada que ver ni
antes, ni durante, ni después, de ese asunto. Este Gobierno ha comunicado ya también a la Cámara que en momento
alguno el actual Centro Nacional de Inteligencia ha tenido relación con la información a que S.S. alude. Perdone que ponga en tela de juicio sus convicciones, porque generalmente son precisamente lo contrario, suelen ser bastante
infundadas. También le digo que siento que dediquen el Parlamento a estas preguntas, que desgraciadamente no creo que interesen mucho a los españoles.
Déjeme terminar con algo muy sencillo. Este Gobierno nunca ha investigado ni investigará las actividades privadas de nadie (Rumores.) y los servicios de Inteligencia ahora ya no se dedican a eso. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CON QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE PUSO EN CONTACTO PERSONALMENTE PARA TRASLADARLES LA INFORMACIÓN 'MAL
PROCESADA' SOBRE LA REUNIÓN INEXISTENTE DEL EX PRESIDENTE GONZÁLEZ CON EL REY DE MARRUECOS Y EL PRIMER MINISTRO MARROQUÍ? (Número de expediente 180/001192.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don Joaquín Leguina Herrán.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señora presidenta, lo primero que quisiera saber, si usted me lo permite, es si está en buenas condiciones físicas el señor Cabanillas, porque yo desde aquí no le escucho nada. Si no está en buenas condiciones, lo
dejamos para otro día. (Aplausos.-Pausa.) Parece que sí, de lo cual me alegro muchísimo, como él bien sabe.
Le refiero la pregunta que aparece en el orden del día, que en román paladino quiere decir: ¿Habló usted para informar o confirmar esta noticia de referencia con algún medio de comunicación? Diga, por favor, sí o no. No se me haga usted
el gallego.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Seré lo que soy, señoría, estoy en buena forma y me alegro de que hoy yo sí que pueda escucharles a ustedes, porque el otro día, con los gritos que había, era absolutamente
imposible. (Rumores.)
En lo que se refiere a su pregunta, me reitero y le remito específicamente a lo que ya contesté a su grupo el pasado 6 de marzo, que está en el 'Diario de Sesiones' y que doy a esta Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: No sé si debo entender que sí o que no o que todo lo contrario, pero supongo que usted quiere decir que no. (Rumores.)
Que el Gobierno se dedique a propagar infundios sobre sus adversarios políticos, previamente convertidos en enemigos, no se puede aceptar, señor Cabanillas. Rebaja de tal modo la calidad de la democracia y hasta tal punto hace añicos las
reglas del juego que alguien tiene que pagar esta juerga. (Una señora diputada: ¡Sí, señor!-Rumores.) Una juerga, por cierto, señores vicepresidentes, concluida a carcajadas delante de los medios de comunicación, especialmente de la televisión.
Qué sorpresa me encontré yo viéndoles a ustedes reírse de esa forma.
La separación entre los poderes políticos y los poderes sociales entre sí es una preexigencia de la democracia, sobre cuya exigencia ustedes, nada más llegar al Gobierno, hicieron y siguen haciendo mangas y capirotes.
Comprar por cuenta
ajena televisiones, radios y prensa, avasallar la profesionalidad de periodistas en los medios públicos de comunicación, promocionar informadores y plumillas carentes de todo mérito, excepto la obsecuencia, perseguir hasta el banquillo a los
responsables de medios discrepantes. Han conducido a lo obsceno, espectáculo actual de trucada lucha libre sobre el barro, que es en el que estamos. Un panorama que emponzoña la política y degrada la convivencia democrática. (Rumores.) Además,
ante estos malos modos gubernamentales, si te callas, los palmeros del PP te llaman blando y, si protestas, te apodan insultón.
Pues ni lo uno ni lo otro. Lo único que reclamamos es...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina, su tiempo ha concluido. (Aplausos.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Gracias, presidenta.
Como escritor, muchísimo mejor, señoría, y perdóneme la comparación.
En primer lugar, quiero decir que no considero ninguna juerga el viaje del ex presidente. Eso para empezar. En segundo lugar, rechazo de plano, señoría, la intencionalidad que implica su pregunta. En cualquier caso, y se lo reitero una
vez más para evitarle la molestia de ir al 'Diario de Sesiones', se trata de una información que no fue verificada suficientemente, que fue transmitida como verosímil por nuestra representación diplomática y consular, y que este Gobierno, a
diferencia
de otros casos que ocurrieron en el pasado, no ha realizado ninguna valoración al respecto ni ha hecho ninguna imputación al respecto.
(Rumores.) Este Gobierno ha presentado excusas en reiteradas ocasiones, que nuevamente es algo a lo que
ustedes no nos tenían acostumbrados.
Por mi parte, señoría, quiero reiterarle una vez más que mi disposición será siempre, siempre, permanente para atender a los representantes de los medios de comunicación y así lo seguiré haciendo. (Rumores.) Eso sí, a ustedes les pido que
dediquen su tiempo, como lo hace este Gobierno, (Rumores.) a trabajar por la reconducción de las relaciones con un país tan importante para nosotros como es Marruecos y no a otra cosa.
Gracias. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JULIO VILLARRUBIA MEDIAVILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL MINISTRO PORTAVOZ QUE LA POLÍTICA INFORMATIVA DEL GOBIERNO RESPETA Y GARANTIZA LA LIBRE
INFORMACIÓN DE IDEAS Y OPINIONES? (Número de expediente 180/001193.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula el diputado don José Blanco López. (Rumores.)
El señor BLANCO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta,...
La señora PRESIDENTA: Un momento, un momento. (Pausa.-Rumores.)
Adelante.
El señor BLANCO LÓPEZ: La inquietud popular aumenta.
Señor Cabanillas, ¿qué nos espera hoy en los medios de comunicación públicos?
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, una vez más, y creo que por quinta vez en esta tarde, recuerdo el contenido del Reglamento del Congreso con respecto a las preguntas que figuran en el orden del día.
Adelante.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, con el permiso de la presidencia y desde el máximo respeto, si usted no dice algo más, no sale hoy. Eso está claro. (Risas.-Protestas.) Volviendo...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro. (Pausa.) Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Sobre su pregunta debo decirle sencillamente que, en lo que se refiere a la política informativa del Gobierno, si respeta y garantiza la libre información de ideas u opiniones,
por supuesto. Por supuesto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Blanco.
El señor BLANCO LÓPEZ: Señor ministro, ha superado la prueba del algodón.
Usted hace el guión de televisión, porque ha dicho que hoy yo no iba a salir. (Rumores.) Hoy, como todos los días, señor ministro, nos espera más dosis de
exclusión, más dosis de sectarismo y más dosis de insultos.
Porque ustedes creen que hay que intentar inyectar a todos los españoles dosis de recuerdo, como en el caso de algunas vacunas, dosis de sectarismo, exclusión y descalificación, como única
manera de mantenerse en el poder. Dosis con las que ustedes menosprecian, humillan, vejan e insultan a todos aquellos que no piensan como ustedes. Dosis con las que ustedes diariamente rompen las reglas de juego, pulverizan derechos como la
libertad de expresión e información... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor BLANCO LÓPEZ: Desprecian el respeto a la neutralidad que exige una sociedad democrática avanzada. Sin embargo, señor Cabanillas, esto ya no cuela, no cuela porque cada día son más numerosos los españoles que se manifiestan inmunes
a esas sobredosis propagandísticas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Blanco, por favor. (Pausa.) Adelante.
El señor BLANCO LÓPEZ: Cada día son más los españoles que se manifiestan inmunes a esa sobredosis de propaganda. Por cierto, tan extraño resulta a nuestra cultura, que está asentada, señor Cabanillas, en los valores de apertura y
tolerancia. Ministro, por higiene democrática, usted ya debería haber presentado la dimisión. Y que conste que para la oposición es mejor que siga con su estilo propagandístico, porque es usted un portavoz increíble por desacreditado. Y le tengo
que decir que a nosotros no nos van a silenciar, que si es necesario recurriremos, como en el pasado, a la vietnamita, pero nuestras ideas, aunque no le gusten, las conocerán todos los españoles. Aunque no le gusten. Es verdad, señor Cabanillas,
que no nos gusta la oposición. Ustedes es lo que mejor hacen, la oposición. Y
ahí les van a situar los españoles...(Rumores.-El señor Murcia Barceló pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Murcia, ruego guarde silencio.
El señor BLANCO LÓPEZ: Porque cada mes 50.000 españoles les dan la espalda y están apoyando al Partido Socialista. (Aplausos.-Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blanco.
Señor ministro.
El señor MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Cabanillas Alonso): Señoría, ya le dije antes que el apartado de los insultos, que el apartado de las invectivas, que el apartado de las descalificaciones es y seguirá siendo patrimonio suyo. Lo ha
sido siempre y nada debe empañar su muy buena labor en esa materia. En cuanto a la libre formación de ideas y opiniones, está garantizada por algo que está muy por encima de usted, de mí, de su grupo o de este Gobierno, que es por la Constitución,
por las leyes ordinarias y obviamente por los tribunales. Nosotros ofrecemos información y no impedimos que nadie haga lo propio. Poner en duda esto es tener una concepción equivocada de nuestro sistema y no quiero pensar que usted la tenga.
Nuestro sistema está muy claro y usted y yo debemos ser respetuosos con él.
Para terminar, déjeme que le haga una pregunta. Si habla de descrédito y habla de la vuelta de los españoles al convencimiento y al respaldo de sus posiciones, dígame, señor secretario de organización, por qué en Galicia, en Palas de Rei,
en su pueblo, 441 votos son para su partido y 1.857, para el Partido Popular.
Muchas gracias. (Fuertes aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEGOÑA LASAGABASTER OLAZÁBAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿HA TENIDO EN CUENTA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, A LA HORA DE ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD DE LA
ENSEÑANZA, LAS DISTINTAS REALIDADES EDUCATIVAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 180/001195.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, la número 19, que formula la diputada doña Begoña Lasagabaster Olazábal. (Rumores.)
Un momento, señora Lasagabaster.
Señora Pérez, le ruego que guarde silencio. Señorías, la sesión de control continúa y hay una diputada intentando hacer uso de la palabra. Les ruego que guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿ha tenido en cuenta el ministerio que usted dirige, a la hora de elaborar el documento de bases de calidad de la enseñanza, las distintas realidades educativas de las diferentes comunidades autónomas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, el ministerio tiene en cuenta toda la información que hay sobre este tema.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ha planteado un proyecto de reforma de la enseñanza que, a nuestro entender, no responde eficazmente a la necesidad de cambio, mejora y calidad. Somos conscientes de que el sistema educativo debe adaptar las necesidades
formativas de los jóvenes a la sociedad en que hoy vivimos y nos parecen bien los cambios, pero siempre que estos estén debidamente justificados, sean el resultado de un diagnóstico previo y sobre todo sean el resultado de las reflexiones
compartidas de todos los que participan en el sector educativo. La calidad, señora ministra, es valorar a las personas. (Rumores.) Calidad es valorar la participación democrática de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa;
calidad es dotar a la enseñanza de medios materiales y humanos y también de mecanismos financieros, y calidad es también adaptarse al contexto plural, que para nosotros es un...
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Lasagabaster, por favor, un momento. (Pausa. ) Adelante.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Decía que la pluralidad es positiva y sobre todo que debe respetarse la realidad plural de las distintas comunidades autónomas. Pero ustedes han hecho todo lo contrario: han ideado una reforma de arriba abajo, con
la pretensión de dar una respuesta única a una realidad plural y compleja; una reforma basada en principios fiscalizadores y controladores.
Hablemos de lo que le gusta a usted: el fracaso escolar -a nosotros nos viene mejor el término éxito o superación escolar-. Ni es uniforme, ni es igual, ni responde a causas homogéneas. Por ejemplo, según sus palabras, en el Estado
español habla usted de un 25 ó 26 por ciento de fracaso escolar. Simplemente quiero decirle que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se limita al 20 por ciento, con lo que el 80 por ciento es éxito escolar. Por tanto, no hable de una misma
realidad, que no existe. Por no hablar de lo que a ustedes les gusta descalificar y desacreditar, del sistema público vasco, de las ikastolas, que a la hora de la verdad reciben premios en educación y calidad. Hagan una ley básica de mínimos y
dejen a las comunidades autónomas que respondan a la realidad plural y compleja en esta sociedad de la información del siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, como estoy segura que usted no ignora, en materia de Educación la Administración central del Estado tiene competencia para desarrollar la normativa básica, que significa desarrollar todos aquellos elementos estructurales del sistema
que son elementos compartidos y que por tanto tienen que estar presentes en todas las comunidades autónomas. La distribución competencial en materia de Educación hace que haya una competencia de la Administración central del Estado para desarrollar
esa normativa básica que da vertebración y coherencia fundamentales al sistema educativo en el ámbito nacional y unas competencias de las comunidades autónomas en materia de gestión, de organización, de financiación. No se deben olvidar los dos
componentes de las competencias. Las comunidades autónomas tienen las competencias en esas materias pero no se olvide, señoría, que también tiene competencia la Administración central del Estado en el diseño de la normativa básica. Y lo que ha
hecho el Ministerio de Educación, lo que ha hecho el Gobierno, con este documento de bases, es proponer una serie de reformas que van a los principales problemas señalados desde hace muchos años, por muchos indicadores, por muchos informes y por
muchos debates del conjunto de la comunidad educativa y que afectan básicamente por igual, con las singularidades propias de cada comunidad. No se enorgullezca, señoría, de ese 20 por ciento de fracaso escolar. En los países europeos más avanzados
ese fracaso escolar está por debajo del 10. Fíjese si queda todavía un largo camino por recorrer.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OBJETIVOS INSPIRAN EL DOCUMENTO BASE DE LA LEY DE CALIDAD EN EL QUE ESTÁ TRABAJANDO EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/001196.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula el diputado don Juan Carlos Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, hace un año celebrábamos los 100 años de la creación en España del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. En aquellos momentos el 50 por ciento de la población española era analfabeta. En este siglo, no
solamente en España sino... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: ... en América se han hecho grandes esfuerzos.
Yo quiero subrayar los esfuerzos que se han hecho en estos 25 años de sistema democrático, desde los Pactos de la Moncloa hasta los últimos seis años del Gobierno
del Partido Popular, donde se ha conseguido que el 95 por ciento de nuestra población escolar esté escolarizada de los 3 a los 16 años. Cuando tenía la gestión el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, también se han hecho muchos esfuerzos en
la creación de nuevos centros escolares, etcétera. Asimismo se ha hecho un gran esfuerzo -hay que decirlo y repetirlo- en materia de becas, se ha pasado de 83.000 millones a 113.000 millones en el último presupuesto que presentó la señora ministra.
Pero en estos momentos tenemos que pasar de la cantidad a la calidad. El informe del INCE y todos los informes que nos presentan dicen que la calidad en España, especialmente en secundaria y primaria, es baja. Ahora mismo comparaba la señora
ministra el fracaso escolar en la Unión Europea, del 10 al 11 por ciento, con el 25 por ciento o incluso con el 20 ó 21 por ciento de que hablaba la representante de uno de los partidos del País Vasco. Pues bien, estamos muy altos y además se ha
quitado a la población española y a los escolares la valoración del esfuerzo y de la exigencia,
que son condiciones básicas de la calidad educativa. El Partido Popular llevó en su programa las cuatro grandes reformas de la educación. La señora ministra ya ha cumplido dos, otra está en el Parlamento y la cuarta la traerá próximamente.
Por todo ello, señora ministra, queremos hacerle la pregunta de cuáles son realmente los objetivos del documento base que se ha presentado sobre la futura ley de calidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, ha hecho usted una buena síntesis de algunos de los problemas y del desarrollo de la educación en nuestro país. En este momento en el que
el acceso a la enseñanza es universal y está garantizado, tenemos la obligación como Gobierno, también como responsables de las administraciones educativas, de abordar, de dar solución, de contribuir a mejorar todos aquellos aspectos que se han
venido evidenciando como problemáticos o que han creado deficiencias, que han tenido consecuencias negativas y que son manifiestamente mejorables.
¿Para qué? Para conseguir un sistema de oportunidades de calidad para todos. Este es el gran
objetivo al que tenemos que encaminarnos. Se trata de establecer aquellas reformas necesarias para que podamos tener un sistema efectivo que garantice las oportunidades para todos y no un sistema sumido en una retórica que en muchos aspectos no ha
conseguido sino crear más que un camino de espejismos que ha sido fundamentalmente negativo para los más débiles, porque al final, señoría, la educación es, por encima de cualquier otro, el factor determinante para el futuro profesional y para las
expectativas y el futuro personal de los individuos. Sin apriorismos ni tratamientos demagógicos, todos tenemos que contribuir a resolver los problemas que no permiten desplegar todas las posibilidades que debe ofrecer un sistema educativo
públicamente financiado como es el nuestro. Con este documento de bases, con estas propuestas concretas de reforma de la futura ley de calidad, tratamos de establecer ese horizonte de oportunidades de calidad para todos que contribuya a reducir el
fracaso escolar, mejore los conocimientos y mejore el clima convivencial de los centros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ATAJAR EL CRECIMIENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA.
(Número de expediente 172/000167.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para atajar el crecimiento de la inseguridad ciudadana.
En nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señor ministro de Interior, muy buenas tardes. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)
La razón de esta interpelación es doble. Por una parte, porque hemos observado el manifiesto fracaso de su política de seguridad, indudablemente perjudicial para la inmensa mayoría de los españoles. En segundo lugar, por el gesto de
responder a las críticas con chanzas, con chistes, con ninguneos y con descalificaciones impropias del ministro del Interior del Gobierno de España. Los datos de crecimiento de la criminalidad son auténticamente espectaculares y muy preocupantes.
Ha habido un 10 por ciento de incremento de la criminalidad de un año para otro -en el 2001 era del 12,8, según los expertos- y son datos que no se han gestado en un solo año. Desde 1996 al 2001, la criminalidad creció en España un 20 por ciento;
la criminalidad violenta, un 25 por ciento; la tasa de homicidios es la más alta de Europa y la criminalidad rural creció el 42 por ciento. Hay datos, señorías, auténticamente asombrosos y escandalosos. ¿Cómo es posible un 38,58 por ciento de
crecimiento de la criminalidad en las Islas Baleares o un 35 por ciento en Zaragoza? En las grandes ciudades, donde se aplicó el famoso programa del 6 por 6, que luego fue el programa PP 2000. Y por tipo de delitos el incremento es también
espectacular: en estafas, un 18,9 por ciento; en hurtos, un 16 y pico por ciento. En fin, todos los delitos que fueron objeto de intervención con relación al Plan Policía 2000 han tenido un crecimiento absolutamente espectacular. Y qué decir de
lo que ha pasado en Madrid, donde 96 homicidios ponen en evidencia un incremento del 180 por ciento de las muertes violentas en la capital de España. El fracaso, señor Rajoy, es todavía más preocupante al comprobar que S.S. carece de planes, de
opciones para atajar este mal. Porque no se puede afrontar un grave problema con las risas y la nada, porque frente a los datos no cabe la culpabilización de otros, el juego dialéctico, los maquillajes de cifras, las contestaciones ingeniosas, las
ironías, los chistes, los trabalenguas y los acertijos. Nada de eso sirve para combatir la criminalidad, señor Rajoy.
Ahora nos embarga una enorme preocupación. Si maquillando las cifras la criminalidad ha alcanzado
más del 10 por ciento, ¿cuál es el crecimiento real de la criminalidad en España? Es una pregunta que algún día tendrá que contestar S.S. aquí. Ha crecido la preocupación, el temor por el incremento de la criminalidad.
La última encuesta
del CIS ya pone la inseguridad ciudadana en tercer lugar de la preocupación pública y el departamento de Estado norteamericano alerta a sus conciudadanos diciéndoles que la seguridad en España es peligrosa y que los conductores ebrios también tienen
que ser objeto de atención, es decir, dos problemas graves: inseguridad ciudadana y peligro en el tráfico, que conjuntamente arrojan una cifra de 7.000 fallecidos por violencia en nuestro país, señor Rajoy. De esta manera, no le extrañe que la
opinión pública vaya descubriendo que S.S. está liderando en realidad un enorme desbarajuste.
El problema que tenemos aquí no es solamente el crecimiento de las cifras, sino las explicaciones sobre las causas del crecimiento de esas cifras.
Señor Rajoy, sus causas son poco creíbles. En primer lugar, el aumento de la población.
¿Pero es que ha llegado a España un millón de personas de un año para otro? ¿No se ha producido un crecimiento paulatino de la población? ¿O es que cuando más bajó la criminalidad, en los años 1999 y 2000, no se estaba produciendo también el mismo
incremento de población? ¿En qué quedamos? ¿Es la causa el incremento de la población o no? ¿Y los inmigrantes, señor Rajoy? Hay 200.000 inmigrantes irregulares a los que ustedes atribuyen el incremento de la criminalidad o una parte del mismo.
Pues bien, esos irregulares en gran medida son consecuencia de su política de extranjería, de su política de inmigración. Y no vale aquí echar balones fuera. Son ustedes los responsables de esta cuestión. Por otra parte, no se puede atribuir tan
alegremente la responsabilidad a los inmigrantes, porque comprobamos que en provincias donde apenas existe inmigración el incremento de la criminalidad ha sido altísimo, como es el caso de Teruel, con un 22 por ciento de incremento de la
criminalidad.
Señor Rajoy, en Teruel ni existe una gran inmigración ni tampoco existe incremento de la población y, sin embargo, la criminalidad ha crecido un 22 por ciento. Sus causas, sus justificaciones, son dudosas. La multirreincidencia.
Dice S.S. que una de las causas del incremento de la criminalidad es la multirreincidencia. ¿Pero es que por primera vez se produce multirreincidencia en España? Las facilidades para las denuncias.
¡Si desde el año 1998 se pueden hacer denuncias
por teléfono y hasta el año 2001 no computan este factor como determinante del incremento de la criminalidad! La falta de policías. He ahí una de las claves. Esa es la única razón cierta de todas las que están alegando ustedes porque todas las
demás, señor Rajoy, son absolutamente dudosas e indefendibles. Véase lo que dijo usted el otro día en la Comisión: El terrorismo es otra de las causas justificativas. ¿Pero es que el terrorismo es un problema nuevo en este país? Para acabar, por
citar cuestiones a las que hay que atribuir una dimensión más jocosa al dar cualquier tipo de explicación es decir que el turismo o la expansión de las pólizas de seguros son también causantes del incremento de la criminalidad. Esto significa que
se ponen en marcha muchas justificaciones que suenan como tomadura de pelo, como algo que es absolutamente inaceptable.
Pues bien, desde nuestro punto de vista, las auténticas causas no son precisamente ésas; son pretextos más que causas. Las auténticas causas, señor Rajoy, están en su propia política, en la política que sigue su ministerio: la disminución
de efectivos policiales, faltan 12.000 policías en las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, son los policías peor pagados; los conflictos generalizados de carácter colectivo entre sindicatos policiales y el Ministerio del
Interior; el incumplimiento de los acuerdos negociados; la lluvia de quejas ante el Defensor del Pueblo, que ponen en evidencia una situación grave de personas que están absolutamente insatisfechas, etcétera. Problemas de coordinación, ya que
todos los organismos encargados de la misma han dejado de funcionar. Frente a todo esto qué soluciones propone S.S. Dirá usted que soy yo quien tiene que dar la solución, pero yo no se la voy a dar ahora. Mi grupo lo hará en la moción que
presente. Lo que tenemos que hacer en este momento es analizar y criticar las soluciones que desde su punto de vista son posibles. Le tengo que decir que, una vez examinado todo lo relativo a su pronunciamiento al respecto, ninguna de sus
soluciones sirve, todas son insuficientes, aparte de que casi todas estaban ya tomadas en el año 2000. Y si todas estaban tomadas en ese año, ¿cómo no han podido evitar que la criminalidad haya crecido en el año 2001, que es cuando se ha producido
el gran disparo? Los juicios rápidos, señor Rajoy, están en la legislación desde 1992; la expulsión de los inmigrantes se refleja en la Ley de extranjería; los esfuerzos en las plantillas van a tener poco recorrido y alcance porque hasta el año
2009, teniendo en cuenta el ritmo que llevan, a pesar de que a S.S. le parezca muy alto, no van a conseguir hacer absolutamente nada eficaz; no van a poder aplicar la segunda actividad de los policías porque no llegan a acuerdos con los
sindicatos; las inversiones reales están estancadas y el PP 2000 es un auténtico fiasco. Lo único positivo que vemos es que han adoptado la seguridad privada como solución de fondo, algo que se ve que está funcionando. Aquí hay que decir varias
cosas. Por lo que se refiere a la política que está siguiendo el Ministerio del Interior en este terreno, se trata de una política de tolerancia en relación con el intrusismo, de dejación y de incumplimiento de la ley. Están fomentando una
acelerada y generalizada privatización de la seguridad privada. Todos los organismos públicos, las empresas, los polígonos industriales, los aeropuertos, están cayendo en manos de los sectores privados de seguridad, de tal suerte que
podemos decir que el sector privado crece vertiginosamente bajo los auspicios de S.S., porque en el fondo se están dando más oportunidades al sector privado que al público, que a las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que
acometan su función. Por esto es por lo que afirmo en este momento de manera solemne que mi grupo no solamente le va a criticar y va a presentar una moción por los desbarajustes que está observando en su política, sino también por su conducta con
motivo de la crítica que se le ha hecho desde esta Cámara. Porque lo que ocurrió aquí en días pasados es grave. El ministro del Interior del Gobierno de España no puede adoptar la misma postura que cualquier otro alto cargo o ministro, incluso con
respecto a otro ministro tiene que adoptar una postura diferente, por la gravedad del tema, por la importancia de los asuntos que tiene que resolver y porque la inmensa mayoría muchas veces tienen una referencia política de Estado y, como tal
política de Estado, S.S. tiene que buscar el consenso y no la confrontación. En ningún momento es tolerable que se haga la mínima descalificación a cualquier diputado, con independencia de que sus argumentos sean acertados o no, porque todos
representamos aquí a la voluntad nacional. Y no olvide S.S.
que el otro día no solamente nos sentimos defraudados nosotros, los diputados presentes de la oposición, por el contenido de sus preguntas, sino también las víctimas de los delitos, los
ciudadanos que están enormemente preocupados por la marcha de la seguridad en España, ese inmenso conjunto de ciudadanos que ve con temor cómo aumenta la criminalidad -las cifras son astronómicas- en todas las poblaciones, en el medio rural y en el
urbano. Nos encontramos ante una situación grave y el Gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancias. Eso es lo que exigimos, señor Rajoy.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Señor presidente, señoras y señores diputados, trataré de ordenar esta primera intervención en tres apartados: en primer lugar, el análisis de los datos de
seguridad en España; en segundo lugar, el diagnóstico de las causas que influyen en esta evolución y por último, las medidas que el Gobierno está adoptando y que va a adoptar en el futuro.
Voy a comenzar por el análisis de los datos, en el que hay que constatar que la evolución de la criminalidad ha tenido una línea ascendente durante las últimas décadas, subiendo año tras año desde 1980 hasta el año pasado. En este periodo,
1980-2001, sólo ha habido cuatro años en los que han bajado los índices delincuenciales: en 1990, en 1991, en 1992 y en el año 2000. En este sentido, también hay que constatar que desde principios de los años ochenta, desde 1982 hasta 1995, los
datos se disparan, incrementándose la delincuencia en un 160 por ciento, pasando de 616.000 infracciones penales en 1982 a 1.600.000 en 1995. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? En 1996, el número de infracciones penales aumentó el 5,7; durante
los tres años siguientes, 1997, 1998 y 1999, experimentó un ligero ascenso en torno al uno por ciento cada año: el 1,8, el 1,7 y el 0,9, respectivamente. En el año 2000 la delincuencia disminuyó un 2,9 y durante el año 2001 aumentó en torno al 10
por ciento respecto al año anterior. Hay un último dato, el mes de febrero de este año 2002, en el que se produce una disminución del 8,87 por ciento en las infracciones penales respecto al mes anterior. Si hablamos de infracciones contra el
patrimonio, bajan un 10,52, lo que es un dato esperanzador, aunque hay que reconocer que no es significativo. Por tipos de delitos, los delitos contra la propiedad son los que más han aumentado en el año 2001 con respecto al año 2000 y representan
el 83 por ciento del total, mientras que los delitos contra las personas han disminuido un 3 por ciento, reduciéndose también los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la seguridad colectiva. Por tipo de infracciones, como dato
significativo, hay que destacar la inversión del peso específico de los delitos y de las faltas en el total de infracciones, pasando del 66,7 por ciento de los delitos en el año 1987 a un 51,3 en el año 2001. Por el contrario, las faltas crecen en
el mismo periodo, pasando de un 33 por ciento a un 48,6, es decir, sobre el total de infracciones aumentan las faltas y bajan los delitos, lo que hay que valorar desde la perspectiva de que tienen un tratamiento penal distinto.
Junto a los datos de la evolución de la delincuencia, hay que analizar también los datos de la eficacia policial medida en términos de detenciones y de delitos esclarecidos. En este sentido, el número total de detenciones se incrementó en
el año 2001 respecto al año 2000 en casi un 4 por ciento, exactamente un 3,6 por ciento, y en cuanto al número de infracciones penales se han esclarecido 20.073 más que en el año 2000.
Hay otro dato que es ciertamente significativo y es que en los
meses de enero y febrero del año 2001 la población reclusa total creció en términos netos en 320 personas, mientras que durante estos mismos meses de este año el crecimiento neto ha sido de 1.228 personas, lo que también es una muestra más de la
eficacia policial. Pues bien, señores diputados, con estos datos hay que concluir que la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido mayor el pasado año que el anterior y que el problema del aumento de la delincuencia no está
tanto ahí como en otros factores que luego analizaré.
Dicho esto, me gustaría poner estos datos en relación con los de otros países de nuestro entorno, lo que nos permite hablar de que ha habido un crecimiento de la inseguridad en los países de la Unión Europea durante
el pasado año. Si analizamos la tasa de infracción por 1.000 habitantes, por encima de nuestro país, con el 48 por mil, están otros como: Alemania, con una tasa del 76 por mil; Bélgica, con el 83; Finlandia, con el 74; Francia, con el
68; Inglaterra, con el 98 y Luxemburgo, con el 52 por mil. Precisamente en el día de hoy, el periódico francés Le Figaro publica los datos de los distintos países, porque este es un tema que preocupa en todos los países de la Unión. El país donde
hay más delincuencia por mil habitantes es Suecia con el 135; el segundo es el Reino Unido, con el 97; el tercero es Dinamarca, con el 93; el cuarto es Bélgica, con el 84; el quinto es Países Bajos, con el 78; el sexto es Alemania, con el 77;
el octavo es Luxemburgo, con el 63, el noveno es Austria, con el 67; el décimo es Francia, con el 61; y en el puesto undécimo está situado España. De hecho, este es un debate que se está planteando con mucha intensidad en todos los países de la
Unión Europea, porque no debemos olvidar algunos titulares que recogen los medios de comunicación: Londres, se ha desbordado la delincuencia, con un incremento de más de un cien por cien del número de atracos en la calle en el último año. No
olvidemos tampoco el importante debate que se ha producido en este momento en Francia sobre esta cuestión, y que ha dado lugar a que la prioridad tanto del señor Jospin como del señor Chirac sea la seguridad ciudadana, según han recogido distintos
medios de comunicación. Hay que tener en cuenta, pues, que es una preocupación de todos los gobiernos de la Unión.
Quiero apuntar como dato interesante que se acaba de celebrar en Valencia una reunión de expertos de policías europeos para analizar la situación de la criminalidad en la Unión Europea y elaborar un documento de recomendación para que sea
tratado en la cumbre de jefes de Policía que tendrá lugar en Las Palmas, los días 9 y 10 de abril. En este documento se alude a las causas que voy a enumerar, y el mismo destaca la necesidad de enfocar la criminalidad desde un punto de vista global
y no estrictamente policial. Precisamente paso ahora a la segunda parte de mi intervención en la que intentaré resumir, puesto que dispongo de poco tiempo, las causas que influyen en la evolución de las estadísticas de seguridad.
En primer lugar, el aumento de la población en España. Por un lado, el aumento de la población extranjera, que tiene incidencia en la evolución delictiva. Efectivamente, del total de detenidos por la policía durante el año pasado, un 40
por ciento eran extranjeros y, en determinados delitos, aquellos que más aumentaron en el año 2001, la tasa de detenidos extranjeros llegaba al 50 por ciento. Además, la franja de edad -la mayoría, población inmigrante ilegal- coincide con las
edades de mayor riesgo delictivo desde el punto de vista estadístico: de 16 a 30 años.
También tiene que ver con este aspecto el hecho de que una parte importante de estos inmigrantes ilegales se mueve en el ámbito de la marginalidad social, lo
que está sociológicamente comprobado que incide en la comisión de delitos. Un dato significativo es que el 89 por ciento de los presos preventivos que ingresaron en prisión en los meses de enero y febrero de este año eran extranjeros.
En segundo lugar, la multirreincidencia. Este factor incide de forma muy intensa en la evolución delictiva, sobre todo en delitos contra la propiedad, que son los más frecuentes. En este sentido, es un factor de primer orden la limitada
aplicación de la prisión provisional; se da el caso de individuos con más de cien detenciones que siguen en libertad. A este respecto, hay que recordar que la tasa de reincidencia está en el 64,8 por ciento, lo que significa que, de cada cien
detenciones que realiza la policía, 64,8 recaen en personas que ya fueron detenidas. Hoy mismo, el juez decano de Madrid da la cifra del año pasado en la ciudad de Madrid, y dice que, de los detenidos, sólo al 17 por ciento se le aplicó la prisión
provisional.
En tercer lugar, la mejora de los sistemas de denuncia -voy a intentar ir resumiendo, señor presidente, para no pasarme del tiempo-. En cuarto lugar, el descenso del número de policías; desde 1990 hasta 2001 se ha producido una disminución
de 6.744 efectivos. En quinto lugar, es muy importante señalar que la incidencia de fenómenos como el terrorismo nos obliga a dedicar 4.400 agentes de Policía y Guardia Civil a escoltas privados, lo que sin duda alguna retira a algunas personas de
labores propias de seguridad ciudadana. En sexto lugar, los nuevos tipos delictivos; hay un dato que es muy significativo: en este último mes de febrero, las sustracciones de teléfonos móviles suponen el 7,07 del total de las denuncias y el 8,46
del total de infracciones contra el patrimonio. Estas son, fundamentalmente, las seis causas que han influido en el aumento de la delincuencia y que coinciden, como he dicho antes, con lo que está sucediendo en los diferentes países de la Unión
Europea.
La tercera parte de mi intervención la constituyen las medidas que vamos a tomar en la lucha contra la inseguridad. En el ámbito de las reformas legales y dentro del pacto para la reforma de la justicia, la comisión de seguimiento del pacto
llegó ya a un acuerdo, y se ha presentado una proposición de ley, firmada por todos los grupos de esta Cámara, sobre la implantación de juicios rápidos, lo que supondrá el enjuiciamiento de faltas en períodos muy cortos -de entre 24 y 48 horas- y el
señalamiento de juicio por delito en el plazo de unos 10 días -con un máximo de 15-; esto redundará, sin duda, en beneficio del aumento de la eficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana; en particular, en lo que se refiere a la
reincidencia que, como he dicho antes, es una de las causas que más inciden en ella.
En segundo lugar, en el ámbito de la inmigración, le he pedido al fiscal general del Estado -ya lo he dicho en numerosas ocasiones en la Cámara- que los fiscales
insten la expulsión de aquellas personas que sean extranjeras y reincidan en la comisión de delitos. Lo que sucede es que, aunque los fiscales lo están pidiendo ya y los jueces están actuando en consecuencia, topamos con muchas
dificultades, puesto que los países de donde son nacionales estas personas no aceptan la readmisión en muchos casos. Este es un problema que tienen todos los países de la Unión Europea y, precisamente por ello, en la reunión de ministros de
Justicia e Interior de hace unas fechas y bajo presidencia española, aprobamos un plan de lucha contra la inmigración ilegal, una de cuyas decisiones básicas fue la de encargar a la Comisión Europea que gestione con los distintos países de los que
provienen inmigrantes irregulares la aceptación de la readmisión y, por tanto, la expulsión que produzcan los países de la Unión.
La tercera medida es el esfuerzo en el aumento de plantillas. Ya en 2001 tuvo lugar la oferta de empleo público en materia de policía más importante de los últimos años: 3.150 plazas. Este año se han ofertado 4.275 plazas, que será la
cifra mínima de la oferta del año que viene, 2003. En materia de Guardia Civil, hemos aprobado un plan cuatrienal por virtud del cual habrá 9.120 plazas más al finalizar esta legislatura.
En cuarto lugar, en la Ley de acompañamiento de los prepuestos de este año se han tomado dos medidas importantes: la ampliación voluntaria del pase a segunda actividad en el cuerpo nacional de Policía de 56 a 58 años, que está teniendo un
éxito muy importante y que permite que estas personas puedan desarrollar labores burocráticas mientras que otros policías están en la calle, y la ampliación de la segunda actividad de los 60 a los 65 años.
En quinto lugar, estamos haciendo otros planes de personal en la Guardia Civil para aumentar la presencia física de sus efectivos, la cobertura territorial, el establecimiento de patrullas unipersonales y la simplificación de procedimientos,
con el fin de disminuir tareas burocráticas y aumentar la dedicación a la seguridad y el mantenimiento del despliegue territorial y los cuarteles.
En sexto lugar, estamos creando servicios policiales específicos para luchar contra determinados delitos a los que ya me he referido en distintas intervenciones en Comisión -no podría extenderme por el tiempo del que dispongo- y ha habido un
importante crecimiento en inversiones de seguridad del Estado, que continuará en los próximos años; dichas inversiones han aumentado un 36,8 por ciento en el año 2000 respecto a 2001, y de 2001 a 2002 se han incrementado un 12 por ciento.
En conclusión, señoras y señores diputados, es verdad que se ha producido un aumento de la delincuencia, como recogen las cifras oficiales, tanto las que acabo de proporcionar desde el Gobierno como las que hoy recoge uno de los medios de
comunicación más importantes de España -aunque estamos, sin que eso sea ni mucho menos para estar satisfechos, en uno de los países con índice más bajo de delincuencia-, pero también es verdad que se han producido acontecimientos muy importantes,
como es en mi opinión el aumento de la población extranjera, como por otra parte reflejan los datos. Una vez sabidas las causas, puestas las medidas sobre la mesa y tratándolo conjuntamente -porque al final es un tema en el que habrá que tomar
decisiones entre todos los países de la Unión Europea-, estaremos en disposición de abordar con eficacia este problema, que sin duda es importante y que por eso lógicamente preocupa al conjunto de los españoles.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Gracias, señor presidente.
Enhorabuena, señor Rajoy, porque ha conseguido cambiar el tono, cambiando la risa de delfín por el tono serio que debe tener el ministro del Interior del Gobierno de España. Le felicito porque es el papel correcto que debe adoptar S.S. y
no el que adoptó en la otra ocasión.
Todo lo que ha dicho S.S. lo he contestado previamente, porque en realidad ha repetido literalmente el contenido de la intervención que tuvo en su día en la Comisión de Interior; no ha dicho ni más ni menos, aunque sí más comprimido,
porque el tiempo aquí es inferior. No ha dicho absolutamente nada y eso es lo que nos llama la atención y lo que nos llena de temor a nosotros y al pueblo español: que no sean ustedes capaces de salir del círculo vicioso en el que se han
encerrado. Nos da usted explicaciones que son auténticamente para niños de parvulario, no voy a decir para niños de 'colegio de' porque se van a poner ustedes muy cabreados conmigo. Son explicaciones que no tienen ningún fundamento, apenas tienen
pruebas para decir lo que dicen.
Hablan del incremento de la población extranjera. ¿Desde cuándo no tenemos en España cerca de 50 millones de turistas? Ahora han sacado de entre las causas fundamentales a los turistas, pero los han metido en otras ocasiones, cuando han
dicho que había muchos delitos en España porque había mucha población flotante. Luego está el tema de los inmigrantes.
Tienen que salir de esa lectura, de esa interpretación. Hay una serie de magistrados que tienen experiencia y conocimiento
directo y dicen que es una barbaridad lo que usted ha dicho: que el 89 por ciento de los preventivos son inmigrantes ilegales o extranjeros. Lo dicen y viene en los medios de comunicación, así que vamos a ver si nos tomamos en serio cuáles son las
auténticas causas.
Causa temor, desde mi punto de vista, que el Gobierno no sea capaz de poner sobre la mesa un análisis correcto de las causas. Nosotros se lo hemos puesto
anteriormente y se lo vamos a seguir poniendo siempre que sea la ocasión, porque las causas están debajo de su asiento, señor Rajoy, no están en la culpabilización de agentes externos, inmigrantes, extranjeros, etcétera.
Ese es un conjunto
de explicaciones absolutamente sin fundamento. En cuanto a las medidas, creo que mientras no adopten una medida fundamental poco van a conseguir. El otro día decía el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: La población de Madrid
se ha asentado fundamentalmente en la zona norte y en otros lugares periféricos, y en la zona norte ha crecido un 18 por ciento la criminalidad y, sin embargo, no ha crecido de manera proporcional el número de agentes de policía y guardias civiles.
Creen ustedes comisarías, decía el fiscal de Madrid; creen comisarías. Esa es una de las medidas que nosotros les vamos a proponer. Eso es mucho más fácil, más honesto y más eficaz que recomendar a las personas que viven en las urbanizaciones que
contraten la seguridad privada, como hizo en su día su delegado del Gobierno, es decir, su Gobierno, porque lo que dice el delegado del Gobierno en Madrid o en Andalucía lo dice S.S., lo dice su Gobierno.
Este conjunto de, diríamos, desbarajustes sobre los cuales sobrevive y nada usted, señor Rajoy, tengo que decirle que vienen a inducir y a terminar en una impresión que creo que está calando ya en la opinión pública, y es que su credibilidad
se está evaporando; se está evaporando porque ni usted ni el Gobierno aciertan a proponer soluciones; desde luego, se está acabando porque usted vino aquí el 17 de abril del año 2001 y anunció una serie de cosas que han resultado absolutamente
inciertas. Por ejemplo, dijo que el PP-2000, que era el desafío estratégico fundamental, implicaría la disminución de la criminalidad. El PP-2000 ha sido un fracaso y ustedes tienen que sustituir ese plan por otra cosa, porque no se puede seguir
incidiendo sobre errores ya cometidos.
Por otra parte, creo que la apuesta más importante, otro plan, el 10 por 10, que afectaba a las grandes poblaciones para erradicar de ellas la criminalidad, también ha sido otro fracaso y si no que se lo pregunten a los valencianos, que han
tenido un incremento de la criminalidad del 24 por ciento, a los sevillanos, a los alicantinos y a tantos y tantos otros.
Nuestra conclusión, señor Rajoy, es que ustedes han estado con el señor Mayor Oreja manejando durante varios años datos maquillados y manipulados y han dado la imagen de que aquí estaba disminuyendo la criminalidad hasta que ha pasado lo que
ha pasado, que algún día me lo explicará, y finalmente han tenido que reconocer la realidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mayoral.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a hacer una breve intervención resumen en mi segundo turno, en relación con algunas de las afirmaciones que aquí se han hecho, sobre la base de que en mi primera intervención he intentado dar una explicación
de los datos, de un problema que es ciertamente importante, y que me preocupa no sólo a mí sino al conjunto de los países que formamos la Unión Europea. En segundo lugar, he intentado explicar con la mayor claridad de la que fui capaz, en el breve
tiempo de que disponía, cuáles eran las causas. Y en tercer lugar, las medidas que estamos tomando y las que pretendemos tomar en el futuro.
Es verdad que lo que he dicho hoy es sustancialmente lo mismo que he dicho en reiteradas ocasiones a lo largo de las últimas fechas, porque sobre este asunto he hablado en el Senado, en el Congreso en varias ocasiones he respondido a
interpelaciones, preguntas, etcétera, y además también he comparecido en Comisión. Pero creo que la circunstancia de que yo haya dicho lo mismo hoy que en todas las comparecencias anteriores es un buen dato, lo verdaderamente grave hubiera sido,
como hacen otros, que estuviera cambiando todos los días de discurso, porque sería una insensatez que el Ministerio del Interior no tuviera claras cuáles eran las causas por las que se ha producido lo que aquí ha sucedido y cuáles son las medidas
que tiene que tomar. Las he tenido muy claras desde que fui nombrado ministro del Interior, por eso mi primera batalla fue, dentro del Gobierno, intentar convencer a mis colegas para que hubiera la oferta de empleo público más importante que ha
habido en España en los últimos quince años, porque sabía que efectivamente se había producido una rebaja importante en el número de policías.
Lo he tenido muy claro, por eso he estado solicitando constantemente del Gobierno y de los grupos parlamentarios -por fin se ha hecho- que se estableciese el sistema de juicios rápidos. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes recordando unas
palabras del juez decano de Madrid del día de hoy, solamente el 17 por ciento de las personas detenidas que no son juzgadas ingresan en prisión, porque no se les aplica la prisión preventiva. Creo que es importante que haya juicios rápidos. Lo he
tenido muy claro también porque he visto la imposibilidad manifiesta de expulsar inmigrantes irregulares, a pesar de que habíamos modificado la ley, porque con la ley anterior ya no era imposibilidad manifiesta, ya era contrario a la ley. Ahora era
muy difícil. Me he dirigido al fiscal general del Estado, por suerte ha atendido mis peticiones y por suerte estamos pudiendo expulsar más extranjeros irregulares que cometen delitos en los últimos tiempos.
Mi criterio es sustancialmente el mismo que desde que me he hecho cargo de la cartera del Interior, y creo que es bueno y positivo. Lo que tengo que hacer, lógicamente,
es seguir trabajando con la mayor dedicación posible, intentar aplicarme y abordar las causas y tomar las medidas a las que he hecho referencia.
En segundo lugar, quería hacer una precisión sobre algún tema en el que yo estoy obligado a decir la verdad y, mientras sea ministro del Interior, señoras y señores diputados, la voy a decir: el tema de los inmigrantes.
Aquí hay que ser
equilibrado. Me han gustado mucho, me han parecido unas afirmaciones muy inteligentes las que ha hecho el secretario general del Partido Socialista en Canarias, que ha dicho: Hay muchos políticos que se callan o no dicen lo que piensan, porque
parece que si se dice esto uno está cometiendo algún delito. Creo que hay que decir que en muchos sectores de la ciudadanía de Canarias, en Arrecife, en Puerto del Rosario, en El Fraile, en Santa Lucía -me estoy recorriendo Canarias-, noto que hay
una gran sensibilidad social y muchos ciudadanos consideran que la presencia en la calle de inmigración irregular ha aumentado la inseguridad. La mejor forma de poder tomar decisiones de cara al futuro es saber cuáles son las causas que provocan
los problemas. Y este discurso hay que acompañarlo de un discurso equilibrado, sensato, moderado, diciendo cuáles son los aspectos positivos de la inmigración.
A mí, como ministro del Interior, no se me puede decir, igual que al señor secretario general del Partido Socialista en Canarias, que no diga la verdad, pero se puede hacer un discurso sensato, equilibrado, decir lo que todo el mundo sabe y
no pasa absolutamente nada. No hay nada peor que no querer ver qué es lo que pasa en la realidad.
Por último, quisiera hacer un comentario sobre la seguridad privada, donde todos los días se lanzan insinuaciones y me gustaría que alguna vez se pudiera presentar una sola prueba. Tengo que decir que la Ley de seguridad privada nos la
encontramos al llegar al Gobierno, que la obligación básica del Estado es garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos, que la seguridad privada también cumple un papel, aunque no creo que tenga que cumplir un papel tan exagerado como
el que en una ocasión se dijo en esta Cámara: El Ministerio del Interior en Londres está vigilado por seguridad privada. Yo le recomiendo que vaya.
Yo he ido algunas veces y no son policías, pero tienen todo el sentido del mundo porque un guardia
civil vale más en términos económicos, en términos de utilización de medios, que un vigilante privado. Por tanto, ¿por qué le llama la atención a S.S. lo que es normal en el mundo? Esto es lo que decía uno de los ministros del Interior que me
precedió en el cargo, que luego decía que por qué el Banco de España no era defendido por seguridad privada, etcétera.
Hagamos todos el mismo discurso, sensato y equilibrado y, como decían hoy algunos medios franceses de comunicación -lo tengo aquí, luego se lo puedo pasar al señor diputado que me ha interpelado en el día de hoy-: En estos temas, todos, no
sólo las señoras y señores diputados sino también el conjunto de la sociedad y los medios de comunicación, deben actuar con prudencia y no haciendo demagogia barata porque, al final, me temo que eso no conduce a nada. Señoras y señores diputados,
mientras esté aquí haré lo posible para aumentar el nivel de los debates parlamentarios aunque, créanme ustedes, después de algunas cosas que he visto en los últimos tiempos, es francamente difícil que le pongan a alguien delante algo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor vicepresidente.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE SITUACIÓN GENERAL DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA ESPAÑOLA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO PARA SUPERAR LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS. (Número de expediente 172/000165.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Interpelación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre situación general de la agricultura y ganadería española y perspectivas de futuro para superar la actual situación de crisis.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, desde Izquierda Unida consideramos que es necesario hacer un debate de fondo sobre la situación del sector agrario y ganadero español. Creemos que es necesario porque en este momento nadie puede negar que nuestros
agricultores y ganaderos han sido y están siendo los principales afectados por las sucesivas crisis sanitarias y alimentarias que se produjeron en nuestro país en el último año. Es también evidente que de ninguna manera ellos han sido los
causantes, los responsables de su origen, pero sí son los que la están pagando y sufriendo. Por eso es importante hacer este debate de fondo para que, de una vez por todas, nos planteemos qué modelo de agricultura, qué modelo de Estado agrario, qué
modelo de ganadería necesita este país, porque no podemos ir a remolque de los acontecimientos. Necesitamos tener visión de futuro y necesitamos, de una vez por todas, parar una reconversión que se está dando en el sector agrario español, una
reconversión que está expulsando del campo al pequeño y mediano productor y que, en definitiva, está cambiando un modelo de agricultura y de ganadería por un nuevo modelo intensivo industrial que es el causante de muchos de los problemas sanitarios
y alimentarios que hemos tenido. Por ello, es importante este debate y que la semana que toque plantear la moción podamos alcanzar un acuerdo que abra vías de esperanza a este
sector que en estos momentos está falto de esas perspectivas.
Quisiera realizar varios análisis para plantear la situación en la cual estaba esta reconversión que, repito, en primer lugar, producen las sucesivas crisis alimentarias que pagan los agricultores y, en segundo lugar, tampoco hay un elemento
esperanzador cuando hablamos de la aplicación de las diferentes OCM de la política agraria comunitaria.
Durante el segundo año de aplicación de la Agenda 2000 vemos más liberalización del mercado y menos ayudas, y sobre todo estamos asistiendo a
una progresiva reducción del empleo en agricultura; una reducción del empleo que, al final, viene a aparentar un aumento de la renta agraria por ocupado, cosa que no es cierta, ya que ese aumento se da porque cada vez hay menos ocupados, cada vez
hay más pérdida de activos, porque durante el pasado año fueron 140 agricultores los que abandonaron cada día la actividad agraria. Eso es lo que hace aumentar la renta y no otro elemento, señor ministro.
También es importante que planteemos una política mucho más activa desde su ministerio. No es posible, y así lo hemos venido denunciando, que su ministerio se convierta en una mera oficina de Bruselas, donde, al final, todas las culpas de
lo malo las tiene Bruselas y se limite simplemente a admitir un papel de administrador de los fondos que vienen de Bruselas sin que veamos una política activa, una política que, realmente, vaya a resolver los problemas de nuestro sector agrario.
Hay una pérdida de peso de su ministerio, que se ha visto cuando ha habido situaciones de crisis, por ejemplo, la del gasóleo, que, al final, también la han sufrido los agricultores y ganaderos, y su ministerio no se ha presentado como defensor de
ese sector en el Consejo de Ministros, sino que, al contrario, ha sido demasiado dócil a la hora de aplicar medidas que vienen a contribuir a esa situación de crisis del sector agrario, lo que provocó en su día una gran cantidad de movilizaciones en
determinados territorios del Estado español, que todavía no se han repuesto.
Es importante, asimismo, que sigamos denunciando que se ha gestionado de mala manera lo que nosotros creemos que tiene una mala denominación, crisis alimentaria, porque en realidad ha habido crisis de procesos industriales, ha habido poco
control en los procesos industriales, que es lo que ha provocado la crisis alimentaria y, sin embargo, el sector industrial no es el que ha pagado estas crisis, sino, como les decía, han sido los ganaderos y agricultores, tanto cuando hablamos de
vacas locas como cuando hablamos de otros sectores. Al final, lo que viene sucediendo es que detrás de cada crisis hay una pérdida de capacidad del sector, detrás de cada crisis hay un abandono de pequeños y medianos agricultores y ganaderos y
detrás de cada crisis hay, en definitiva, una reconversión, como les decía.
También les repito que nos encontramos en el segundo año de aplicación de la política agraria comunitaria y los resultados están teniendo, a nuestro modo de ver, un doble efecto en el sector sujeto a ayudas directas, fundamentalmente.
Creemos que hay una pérdida de competitividad, hay una diferencia en la explotación de pequeña dimensión o de escaso rendimiento, y el motivo, a nuestro modo de ver, no es otro que la situación de precios a la baja. Han desaparecido en la mayor
parte de los productos las medidas que podían hacer frente a esa bajada de precios, las medidas de intervención, y estamos llegando a una situación en la que las ayudas no llegan a cubrir esta pérdida de renta producida.
Hay ejemplos concretos.
Podemos hablar sobre la situación del aceite de oliva, sobre la situación del vino y sobre la situación del maíz. En definitiva, nos encontramos con que son OCM que no vienen a cubrir los objetivos de la PAC, sino todo lo contrario.
También hay otro efecto que cada vez se ve más en la agricultura, y es la renacionalización de la PAC. Nos preocupa porque va en contra de lo que se planteaba como objetivo de la política comunitaria, y usted y su Gobierno lo están
aceptando como algo inevitable y además con demasiada docilidad. Por ello nos preocupa que, en este momento, la política agraria nacional esté quedando al margen de la política europea. Creemos que si algo había como seña de identidad en la Unión
Europea era la política agraria y cada vez es menos política comunitaria y más política renacionalizada. Por eso creemos que es importante, sobre todo desde la perspectiva de las decisiones que la OMC tiene ya tomadas, plantear aquí un debate de
fondo sobre el modelo de agricultura, sobre el modelo de agricultores y, sobre todo, sobre las perspectivas de futuro.
Nos preocupa que usted haya anunciado que el horizonte del libro blanco sea el año 2004, porque entendemos que tiene trampa plantearlo en el año 2004 cuando es un objetivo de esta legislatura. Usted puede presentar en el año 2004 un libro
blanco perfectamente elaborado que, al final, no servirá para nada porque luego vienen las elecciones y otro gobierno, con lo que de lo dicho no habrá nada. Parece ser que usted quiere que los profesionales técnicos le hagan el programa electoral a
su partido, pero un programa que luego no tendrá ninguna plasmación práctica. Nosotros queremos que el libro blanco esté terminado antes del fin de esta legislatura y que tenga repercusiones en esta legislatura, al igual que queremos que la ley
básica de la agricultura, que hace falta, que es imprescindible -y su partido ha dicho en algún momento que estaba de acuerdo-, sea también una realidad en esta legislatura, porque lo otro, señor ministro, no es creíble; no es creíble que usted
hable de terminar el libro blanco en el año 2004. Vamos con retraso pero entendemos que, acortando plazos, podemos alcanzar el objetivo de que en esta legislatura empiece a haber realidades.
Asimismo, tiene que ser una realidad la presentación de la ley del vino.
Recordamos -quizá no usted porque no estaba en esta Cámara- los trabajos de la subcomisión
parlamentaria y cómo llevamos meses esperando que se presente aquí esa ley del vino que ustedes no terminan de desbloquear. Pero sobre todo nos sigue preocupando que ustedes, por dejación, estén propiciando un modelo de agricultura en el
que sobra el pequeño y mediano productor, en el que sobran los agricultores que estén en zonas de bajo rendimiento. La crisis del algodón que se ha vivido hace poco sólo tiene explicación porque ustedes premeditadamente han provocado al sector y
han intentado implantar un sistema y un modelo que expulsaba y castigaba al pequeño y mediano productor en beneficio de los grandes productores. Se ha visto claramente cómo se podía considerar que el algodón era un cultivo refugio para
especuladores, gracias a la legislación que ustedes pensaban alentar. Después, afortunadamente, las movilizaciones lo han frenado.
Hace poco aprobamos en esta Cámara una proposición no de ley para que de inmediato se cumpliesen los acuerdos que se
habían alcanzado, porque también le tengo que recordar, señor ministro, que existen dudas de su voluntad para cumplirlos. Le decía que si se hubiese desarrollado la legislación tal y como ustedes pensaban, al final posiblemente nos hubiésemos
encontrado en el algodón, de aquí a un tiempo, con escándalos como el vivido en torno al lino. Ustedes se hubiesen extrañado de que en el algodón hubiese habido cazaprimas. Son ustedes los que propiciaban con su legislación que los especuladores
fuesen hacia el algodón. Por eso le digo que entendemos que no es algo casual, que no es algo que pensemos que no sea premeditado, sino que ustedes tienen la intención política de apostar por una agricultura industrial e intensiva, en contra de la
agricultura tradicional, de la agricultura extensiva, que es la que realmente busca la calidad, la generación de empleo y la que los países mediterráneos tienen capacidad de impulsar frente a otros modelos que, a estas alturas, provocan las crisis
que hemos vivido en los pasados tiempos.
Por lo tanto, creo que este debate es importante porque estamos en un momento donde hay que analizar y estudiar las perspectivas de ampliación de la Unión Europea poniendo medidas. Izquierda Unida está en contra -lo hemos manifestado varias
veces y si no se cambia creemos que se está engañando a la población- de que se quiera hacer la ampliación y conseguir los objetivos manteniendo el mismo coste. Eso es imposible. Si no se aumentan los fondos para la agricultura, ¿quién va a pagar
la ampliación? ¿Los agricultores españoles, los agricultores italianos? ¿Quiénes van a pagar la ampliación? Repito que no se puede cuadrar el círculo. No se le puede dar a Alemania más mercado con el mismo coste.
Por tanto, hay que plantear la
ampliación del marco financiero. Si no, repito, aquí hay alguna trampa y hay que decir quién va a pagar esa trampa.
También es importante seguir avanzando a la hora de analizar cómo vamos a distribuir las ayudas. Yo sé que usted huye una y otra vez cuando se le plantea el debate sobre la modulación, pero una y otra vez Izquierda Unida lo va a plantear en
esta Cámara, y una y otra vez le va a plantear que hay que ser valiente, que usted está ahora mismo gestionando la presidencia de la Unión Europea y que hay que plantear el debate en toda su amplitud. Nosotros no estamos de acuerdo con el modelo de
modulación que hay ahora mismo en la Unión Europea, creemos que es un modelo que en sí mismo lleva grandes problemas. Pensamos que hay que dar otro enfoque, que hay que avanzar y que hay que seguir en ese gran debate sobre la modulación de las
ayudas, porque es la única forma que encontramos para garantizar cierta continuidad del sector agrario español. Eso sí, una modulación donde haya elementos no solamente medioambientales sino fundamentalmente sociales y de creación de empleo. Esa
es otra de las diferencias. Desde Izquierda Unida seguimos pensando que la agricultura no solamente es una cuestión ecológica, es también, y fundamentalmente, una cuestión para generar empleo y para generar riqueza. No podemos convertir a los
agricultores exclusivamente en guardias forestales, no podemos convertir a los agricultores solamente en mantenedores del medio ambiente, hay que convertirles fundamentalmente en productores, y hay que facilitar que haya empleo en el sector rural.
Por eso, para terminar, le vuelvo a repetir que la propuesta que traemos hoy aquí en este debate es para que dentro de una semana podamos aprobar una moción que sirva de perspectiva para el futuro del sector agrario español.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor presidente, señorías, he escuchado atentamente la intervención del señor Centella, pero creo que su análisis no coincide con la situación actual de nuestra
agricultura y ganadería ni con las perspectivas de futuro.
El año 2001 ha sido sin duda difícil para la ganadería española. La crisis sanitaria generada por la aparición de los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina, la aparición de peste porcina clásica y el riesgo de la entrada de
fiebre aftosa han condicionado el funcionamiento de los sectores ganaderos. Pero hemos sido capaces de poner en marcha un programa integral de control de la encefalopatía, que abarca desde la alimentación animal hasta la realización de pruebas
sanitarias a todos los animales de más de 24 meses de edad destinados al consumo, y hemos desarrollado mecanismos sanitarios capaces de localizar a los animales y a las poblaciones afectadas.
En el caso de la fiebre aftosa, hemos puesto en marcha la red de alerta sanitaria y hemos conseguido mantener nuestra ganadería libre de esa enfermedad. En cuanto a la peste porcina clásica, la enfermedad se ha presentado en una de las
áreas de más densidad ganadera de España, pero no obstante la evolución de la enfermedad en los últimos días ha resultado favorable y esperamos erradicarla en breve periodo de tiempo.
A pesar de todas estas incidencias sanitarias, si efectuamos un análisis pormenorizado de la evolución de los sectores ganaderos, podemos observar que en el sector vacuno los precios de los productos ganaderos se han recuperado y se sitúan
en niveles normales, lo que demuestra la confianza de los consumidores en los sistemas de control puestos en marcha. El valor de la producción final del sector porcino durante el año 2001 ha crecido en un 31,9 por ciento, pasando de 3.698 millones
de euros en el año 2000, a 4.877 millones de euros en el año 2001. La producción total de carne de porcino ha aumentado en cerca de un 4 por ciento y las exportaciones han sido de más de 400.000 toneladas, las mayores del sector cárnico español.
El valor de la producción avícola aumentó en 2001 un 18,4 por ciento respecto del año 2000. También hemos superado ya la crisis del sector del aceite de orujo; se recupera el consumo en hostelería y restauración y más lentamente el consumo de los
particulares, y el Gobierno va a continuar apoyando la reestructuración de ese sector, buscando nuevas salidas y aplicaciones para este aceite, defendiendo igualmente ante la Comisión Europea la compatibilidad de las ayudas concedidas al mismo.
Acierta el señor diputado cuando da la cifra de incremento de renta agraria por ocupado en un 2,7 por ciento, situación que además es repetición de lo sucedido en el año 2000, cuando el crecimiento de renta por ocupado fue del 4,8 por
ciento, muy superior a la media comunitaria del 1,9 por ciento. Pero lo más importante si comparamos la evolución de la renta en el periodo 1995-2000, es que España está, junto con Alemania, a la cabeza, con un crecimiento de más de 20 puntos sobre
la base cien de 1995. Son España y Alemania los dos países que se sitúan líderes en crecimiento de renta agraria.
Pero sí debo corregir una cifra que maneja S.S. con poco rigor. Me refiero a la pérdida de 50.000 activos durante todo el año, porque si se examina la realidad de la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año 2001, la
cerrada a diciembre de 2001, el número de ocupados en el sector agrario fue de 962.200 personas, 26.500 menos que en diciembre de 2000, la mitad de la cifra que baraja su señoría. Es más, el paro agrario - siempre según datos de la EPA- también
descendió un 3,86 por ciento, es decir, 7.400 parados menos que al cierre del año 2000, lo cual rompe ese cliché de reconversión silenciosa o de destrucción de empleo agrario al que S.S. se está refiriendo sistemáticamente.
Efectivamente, según el censo agrario, ha disminuido el número de explotaciones en España, pero lo que refleja el censo es una tendencia que ya se observó desde 1989, que se refiere a la disminución del número de explotaciones, correlativa
con la tendencia a nivel europeo de que nuestras explotaciones aumenten su dimensión media. Por lo tanto, no es que estén desapareciendo explotaciones, sino que las pequeñas explotaciones están aumentando su dimensión media, siendo más competitivas
y generando más valor añadido. En diez años se ha incrementado la superficie agraria útil en España un 6,4 por ciento, lo que se produce también en el sector ganadero, donde se reducen las explotaciones pero aumenta el número de cabezas de ganado
de todas las especies. No estaremos en una crisis tan grande cuando los bovinos aumentan un 32 por ciento, los ovinos un 19 por ciento, el porcino un 84 por ciento y las aves un 54 por ciento. Los ganaderos no son tontos. Si no hay beneficio, no
hay incremento de actividad y las cifras y estadísticas son muy claras. No obstante, el Gobierno es consciente del nuevo modelo de agricultura comunitaria que, sin abandonar los objetivos clásicos de incremento de la productividad y mejora de la
competitividad, configura un nuevo modelo de agricultura basado en la multifuncionalidad, que implica la conjunción equilibrada de las funciones económica, de ordenación y ocupación del territorio y de conservación del medio ambiente y del paisaje
rural. Por lo tanto, surge la necesidad de mantener el modelo de explotación familiar y el tejido rural a través de una verdadera política de desarrollo rural.
España ha sido el país de la Unión Europea que más recursos ha dedicado al desarrollo rural en el período 2000-2006, con cerca de 5.000 millones de euros. Además tenemos cuatro programas horizontales, 17 programas regionales, 150 grupos
Leader plus y 147 territorios PRODER frente a los 97 del período anterior. Además, los acuerdos adoptados en el marco de la Agenda 2000 han supuesto un balance muy positivo para la agricultura española. Su señoría ha mencionado casos concretos
como la campaña del aceite de oliva, la crisis del vino o las penalizaciones en el sector del maíz. En el aceite de oliva vamos a tener una producción superior a 1.300.000 toneladas, vamos a batir los récords de exportación con más de 570.000
toneladas y los de consumo interior con más de 600.000 toneladas, ello con precios de casi 2 euros por kilo, lo que supone que el sector va a facturar 400.000 millones de pesetas, a los que hay que sumar los 170.000 millones de pesetas de ayuda
comunitaria. Nunca en la historia de España el sector del aceite ha facturado 570.000 millones de pesetas, es decir, nada menos que un 9,6 por ciento de la producción final agraria.
Es cierto que en el caso de los cereales el precio de la intervención ha bajado desde la campaña 1999/2000 a la de 2001/2002 en un 15 por ciento, pero el precio real del mercado ha experimentado una subida, que
se mantiene hasta la fecha, tanto en trigo blando, como en trigo duro, como en la cebada. En el trigo duro se han superado ampliamente los precios de la campaña 1999/2000. Del mismo modo, la ayuda comunitaria ha experimentado un incremento
de 4,33 euros por tonelada.
Por lo tanto, señoría, el escenario de precios no es a la baja, sino creciente, además del incremento de las ayudas directas. Por lo tanto, no hay deterioro alguno de la competitividad de las explotaciones cerealistas. En el caso del maíz
el escenario de precios del mercado se caracteriza por su constancia a lo largo de las dos últimas campañas, siempre superior al de intervención, y con una ligerísima tendencia a la baja al principio de esta última. Sin embargo, la ayuda percibida
en la campaña 2001/2002 es mayor que la percibida en la campaña 2000/2001.
Además, por causas climáticas, la superficie sembrada rebasó ampliamente la superficie de base nacional y hubo una reducción de ayudas, a nivel individual, del 22 por
ciento. Pero el incremento del valor total percibido por los agricultores en el sector del maíz en el periodo 2001/2002 respecto del 2000/2001, es de 50 millones de euros, 8.427 millones de pesetas, por lo que tampoco se puede concluir que las
explotaciones dedicadas al cultivo del maíz se hayan visto perjudicadas frente a situaciones anteriores.
Es cierto que la situación actual del mercado de vino se caracteriza por un exceso de oferta, provocado por la cosecha 2000/2001, con más de 45 millones de hectolitros, la más alta de los últimos años. Esta situación ha creado excedentes en
el mercado, que se reflejan en un incremento de existencias que presionan sobre el mismo. También es cierto que España ha conseguido dos tramos de destilación de uso de boca al precio de 2,48 euros/hectogrado, muy superior al de nuestro mercado, y
de un volumen total de 10 millones de hectolitros, España ha obtenido el 68,4 por ciento, además de un tercer tramo de dos millones de hectolitros que va a permitir retirar del mercado todos los excedentes necesarios.
Desde mi punto de vista, el sector agrario ha tenido en los últimos años un apoyo global de esta Administración tan amplio como insuficientemente divulgado. Por ejemplo, el sector recibe del Feoga- Garantía en el año 2001, 6.175 millones de
euros y España es el segundo país en percibir fondos del Feoga-Garantía. Le haré una simple comparación. En 1996 España recibía 4.000 millones de euros y en el año 2001 recibe 6.175 millones de euros; hay 2.129 millones de euros más, un
incremento del 52 por ciento en el apoyo comunitario y más de 353.000 millones de pesetas, que reflejan la gestión de este Gobierno en la Unión Europea, que usted ha tratado de ridiculizar y reducir. El resultado del esfuerzo de este Gobierno
negociando con la Unión Europea son 350.000 millones de pesetas más que en 1995. Es francamente importante. (Aplausos.) Asimismo, estamos apoyando el régimen especial agrario con más de 6.000 millones de pesetas, que se transfieren desde el
régimen general, y el gasto fiscal también beneficia al sector agrario, que tiene tipos reducidos de IVA y además un IVA de compensación, que en el caso del gasóleo pasó del cinco al ocho por ciento en la agricultura y al siete por ciento en la
ganadería. Este Ministerio se batió el cobre por los agricultores en el caso del gasóleo. Después ha bajado el precio del petróleo y los agricultores siguen percibiendo estos diferenciales de IVA al margen de la reducción del precio del petróleo.
Tampoco reduzca usted los esfuerzos que hace este Ministerio. (Aplausos.)
En cuanto a los apuntes que hace su interpelación sobre renacionalización de la PAC por sobres nacionales, el dinero del sector del ovino es cien por cien comunitario, es dinero de la Unión Europea que permite repartirlo a criterio del
Gobierno a las comunidades autónomas. Eso nos permite atender las demandas de las zonas más desfavorecidas y de nuestras razas autóctonas. España está en contra de renacionalizaciones y cofinanciaciones de la política agraria común. En cuanto a
la modulación -usted ha dicho que era un esquema que le era poco atractivo- es tan poco atractivo que sólo dos países, Francia y el Reino Unido, han puesto en marcha acciones de modulación y con mucha timidez. Portugal lo puso y aplazó la entrada
en vigor. Alemania todavía no lo ha puesto en vigor. En España en este momento no lo aplicamos por dos razones fundamentales, porque produce deslocalización de fondos de una comunidad autónoma a otra, y las comunidades autónomas que más ayuda
reciben son probablemente las áreas más desfavorecidas de la Unión Europea; y, en segundo lugar, porque exige cofinanciación nacional, que en este momento ninguna comunidad autónoma está en condiciones de asumir. Sólo hay una comunidad autónoma,
Extremadura, que está iniciando el proceso -a mi modo de ver absolutamente anticonstitucional- de poner en marcha la modulación, y absolutamente anticomuntario porque pretende que el dinero obtenido en Extremadura se invierta exclusivamente allí.
Debo decir que cuando se modula, se modula en toda España; cuando se modula, el dinero se reparte en la conferencia sectorial para medidas agroambientales o programas de desarrollo rural. El Gobierno utilizará todos los medios a su alcance para
mantener esta política. Por otra parte, en la revisión a medio plazo de la Agenda 2000 se va a revisar totalmente la modulación. En el próximo año tendremos una nueva modulación. En función de su contenido el Gobierno tomará las medidas
oportunas. Se ha referido usted a la inexistencia de una política nacional agraria. En primer lugar, le recuerdo el Plan Nacional de Regadíos, que ya ha sido aprobado por el Consejo Nacional del Agua y que aprobará próximamente el Consejo de
Ministros, que se ha consensuado con todas y cada una de las comunidades
autónomas. Usted podrá poner en marcha en España poca política nacional mayor que el Plan de regadios. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor ministro, las cosas no van bien porque usted lo diga desde est tribuna. La realidad es más tozuda de lo que es usted, y usted no lo es poco. Hay una realidad y es que quien ha pagado la crisis alimentaria
han sido los ganaderos; la han pagado con esas disminuciones que usted admitía. Podemos discutir si son 50.000 ó 27.000, pero hay una disminución. Ustedes plantean que han disminuido, pero han aumentado por otra parte. Evidentemente, esa es la
reconversión, disminuyen las pequeñas y aumentan las grandes. Disminuye la producción de pequeños y medianos y aumenta la industrial. Usted dice luego: Hay que cambiarlo; aclárese. Apostamos por una agricultura o apostamos por otra, lo que no
puede es justificar una y luego decir que la Unión Europea está proponiendo otro modelo de agricultura. Usted no puede esperar a que esto venga de fuera, hay que plantearlo ya. España es de los países más interesados en frenar esa dinámica de
reconversión.
También es una realidad que hasta la fecha se calcula -no lo calculamos nosotros, sino las propias organizaciones agrarias- en 907 millones de euros lo que se ha perdido en el caso de la carne de vacuno. Ahora mismo estamos pagando una
penalización en la OCM del aceite de oliva. Usted puede dar cifras. Ya dijimos en su día que era una mala negociación. Se lo dijimos en aquel momento a la señora ministra; le dijimos que había que conseguir una mayor cantidad y se nos contestó
que era ridículo porque España nunca iba a pasar del millón de toneladas. Al final, la realidad nos ha dado la razón, porque por mucho que se diga en esta tribuna la realidad está fuera de esta casa. También es una realidad la situación del vino y
del maíz.
En definitiva, hace falta un debate sobre el modelo de agricultura.
Nosotros no hemos venido aquí a hacer una crítica sobre su Gobierno, que ya la hemos hecho en otros foros; ese no era el objeto central de esta interpelación, sino
plantear la necesidad de un debate amplio sobre la agricultura. Usted sólo ha venido a justificar a su Gobierno; usted -también se lo tengo que decir- es el ministro más conformista que ha tenido el Partido Popular y ha venido a justificar a su
Gobierno. No era ese el debate; usted tiene que hablar del libro blanco. Le hemos lanzado el reto de que el libro blanco esté redactado para el año 2004, porque, si no, sólo sería un elemento teórico. Tendría que estar acabado en el año 2003 y
ha de tener una aplicación efectiva. Le hemos hablado de la legislación, de la ley general de agricultura y de la ley del vino, que tienen que estar terminadas lo antes posible. Ese es el debate que nosotros proponemos. Nosotros hemos criticado a
su Gobierno, incluso hemos pedido su dimisión, señor ministro, cuando lo hemos considerado oportuno, pero no era ese el objeto de este debate, que -repito- era manifestar que hace falta definir el modelo de agricultura de este país, porque no lo
tienen definido, yaque van detrás de los acontecimientos.
Ustedes van detrás de cada OCM intentando en el mejor de los casos que se queden como están. Ustedes van detrás de las crisis, pero no planifican; sí planifican, como en el caso del
algodón, donde tienen elaborada una ley a favor de los grandes y en perjuicio de los pequeños.
También planteamos hacer el debate sobre la modulación y no esperar a que venga. Le hemos explicado que lo que hay ahora mismo no nos gusta y usted, que tiene una responsabilidad en la Unión Europea, puede impulsar ese debate en vez de
esperar. Todos sabemos de dónde viene usted y cuáles son los sectores sobre los que se basa su Gobierno, y son ellos los que no quieren ni oír hablar de modulación. Efectivamente, la modulación que hay ahora mismo en la Unión Europea no nos gusta;
deseamos una que tenga elementos sociales. La agricultura, si no tiene elementos sociales, está condenada a ser un reducto, simplemente para mantener en la Unión Europea espacios verdes. No queremos ese modelo de agricultura; queremos una
agricultura al servicio de la mayoría de la población y en ese modelo, igual que rechazamos la agricultura industrial, la agricultura intensiva, la modulación es un buen instrumento; modulación incluso en las penalizaciones. Ahora se habla de las
penalizaciones del aceite de oliva.
¿Por qué no se modulan también esas penalizaciones de forma que afecten menos al pequeño olivarero, que puede sufrir, que puede resultar realmente perjudicado? Usted habla de grandes cifras, pero detrás de ellas
también hay pequeños y medianos agricultores, también hay olivareros que están en zonas muy difíciles de explotar. Por eso decimos que la modulación es un instrumento útil y beneficioso.
Para terminar, le pedimos que nos diga qué modelo de agricultura está diseñando su Gobierno. Queremos que nos diga si el libro blanco va a ser un elemento teórico o un instrumento de trabajo de este Gobierno y si va a haber ley del vino y
ley de agricultura. Ese es el objetivo de este debate y así quería terminar esta intervención. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias Cañete): Señor Centella, le agradezco la oportunidad de la interpelación y el tono en que la ha planteado. Esa es la manera de plantear el debate y se lo agradezco
profundamente.
Este Gobierno presentó un programa electoral en el que decíamos que haríamos la ley de pesca, la ley de sanidad vegetal, la ley de sanidad animal, el plan nacional de regadíos, la ley de la viticultura, la red de alerta sanitaria veterinaria
y el libro blanco. En la primera fase de la legislatura hemos puesto en marcha la Ley de sanidad vegetal, la Ley de pesca; hemos negociado el Plan nacional de regadíos con todas las comunidades autónomas y se ha aprobado con el consenso de todas
ellas salvo Baleares, que votó en contra en el Consejo Nacional del Agua, las demás no votaron en contra; yo estuve en esa votación y -repito- no votaron en contra y han firmado convenios con el Gobierno. En cuanto a la ley del vino, el proyecto
será remitido al Consejo de Estado dentro de 10 días y estará en esta Cámara antes de dos meses; y la ley de sanidad animal también estará en esta Cámara antes de dos meses después de enviarse a los grupos parlamentarios, a las comunidades
autónomas y al Consejo de Estado. Ese es el calendario legislativo.
El libro blanco es mucho más complejo de elaborar, porque tiene que haber un gran debate en toda la sociedad española. Hemos empezado lanzando un gran debate para ver cuál es la estructura agraria española de verdad y hemos obtenido
verdaderas sorpresas, por ejemplo, que los agricultores que hay en España a tiempo completo no son más de 300.000. Repito, a tiempo completo, para citar un modelo. Otros tienen fuentes de renta del trabajo personal que son mucho más altas que sus
rentas agrarias; el que tiene un empleo no es agricultor a tiempo completo. Hemos hecho un análisis de cuál es la realidad agraria española con los datos del último censo, con los datos de la Seguridad Social y con los de la Agencia Tributaria,
cruzándolos todos. Estamos en esa fase de análisis. El libro blanco va a tener siete jornadas de discusión en las que estará abierto a la sociedad y permanentemente estaremos abiertos en Internet a la opinión de todos; y habrá 17 jornadas
autonómicas para analizar la realidad de todas y cada una de las comunidades autónomas. El horizonte de redacción del libro blanco es que debería estar concluido en los primeros meses, enero y febrero, del año 2003. Las propuestas legislativas de
desarrollo del libro blanco tienen que llegar a esta Cámara en el año 2003 y estar aprobadas antes de terminar la legislatura. Son leyes de alto contenido que afectan a la Ley de arrendamientos rústicos, a la Ley hipotecaria, a la Ley de
cooperativas, al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre la renta, al impuesto de sucesiones, a la Ley de modernización de explotaciones agrarias, a algunos preceptos de la Ley de desarrollo agrario y a un montón de legislación societaria.
En definitiva, son leyes muy amplias; se trata de una legislación muy compleja que lleva tiempo redactar. Además, queremos que el análisis esté muy compartido. Se ha invitado a las organizaciones agrarias, a los partidos políticos, a las
comunidades autónomas, a la universidad, es decir, a todo el mundo para que estemos de acuerdo en el análisis, en el diagnóstico y en las soluciones. A partir de ahí podremos empezar a hacer las modificaciones internas en el derecho español para
dotarlo de competitividad.
Pregunta usted qué modelo queremos. Yo quiero que las organizaciones agrarias sean competitivas en el siglo XXI en el entorno en el que viven, que es la Unión Europea, en un mundo globalizado y en el que cada vez hay más librecambio con
terceros países. Eso requiere un tamaño de explotación -el que sea-, y el Gobierno hará todo lo posible por impulsar políticas dirigidas a que el pequeño agricultor pueda ampliar su explotación, no a que desaparezca. Si hay que tener doce vacas en
vez de seis habrá que hacer una reserva nacional, poner los medios necesarios para facilitar el acceso, aparte de que la agricultura española tiene un gran problema, que es la avanzada edad de los agricultores. Tenemos que tomarnos esto muy en
serio. A cualquier acto de agricultores que acudimos vemos que en España tienen una edad media muy alta; igualmente sucede en la Unión Europea, pero es España la que me preocupa en este momento. El libro blanco quiere dar respuesta a todo esto.
Termino con el tema de la modulación. El Gobierno ha expuesto claramente cuál es su modelo de modulación en los documentos que ha enviado a los gobiernos europeos, a la Comisión Europea, a las organizaciones agrarias y a las comunidades
autónomas. Queremos un cambio en la modulación a nivel comunitario para que haya una modulación obligatoria para todos los Estados miembros y exactamente igual para todos y en todo. ¿Por qué? El que modula en un país, si no hay al lado
modulación, está cambiando las reglas de competitividad. ¿Cómo van a competir en exportación de frutas y hortalizas los agricultores si los griegos no tienen modulación y tienen acceso total a las ayudas comunitarias en las OPFH. Yo sostengo ese
modelo, se va a reformar la política agraria común en el mes de junio y espero que ese sea el que se imponga. Por eso digo que los debates que hay en este momento son prematuros, porque modificar la legislación interna cuando se va a modificar la
legislación comunitaria a partir del mes de junio es un ejercicio estéril; puede dar dividendos políticos pero no conduce a nada, y los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA AL DISEÑO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO Y SU APLICACIÓN. (Número de expediente 172/000166.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Interpelación del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al diseño de la política educativa del Gobierno y su aplicación.
El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, señorías, esta interpelación tiene como objetivo, persigue, intenta echar algo de luz sobre la reforma que el Gobierno proyecta de la enseñanza no universitaria, cuyo documento base presentó usted la
semana pasada, aunque ya en semanas anteriores había ido presentando a modo de globo sonda diferentes aspectos de esa reforma que ustedes proyectan, algunos recogidos en el documento base y otros, desde nuestro punto de vista afortunadamente, no
presentes en él.
Esperemos que tampoco estén presentes en el proyecto que traigan a la Cámara. Esta interpelación puede ser oportuna porque ya está aprobada la Ley de ordenación de universidades, a pesar de que siguen sin aclarar muchas dudas, las
que plantea su aplicación práctica; sigue sin acallarse la masiva protesta que levantó el texto entre profesores y estudiantes; está en este momento en plena tramitación parlamentaria el proyecto de ley orgánica de reforma de la formación
profesional y de las cualificaciones. Dejamos aparte estos dos textos porque queremos centrarnos en la denominada ley de calidad.
Quiero centrarme en este texto, en la reforma de la enseñanza no universitaria, porque -se lo digo con la mejor voluntad- aún estamos a tiempo de evitarlo. Aún podemos evitar que este texto incurra en los mismos errores, en el mismo
desconocimiento del bloque de la constitucionalidad, en la misma falta de diálogo con los sectores afectados en que incurrió la Ley de universidades. También hay quien se queja de que en ese mismo defecto está incurriendo la Ley de formación
profesional y la de calificaciones. A pesar de la vaguedad, lo que se puede deducir del borrador de reforma es que parece que se pretende centralizar aún más el sistema educativo. De nuevo se va a dificultar en el sistema educativo la presencia de
lenguas y de culturas distintas de la lengua y de la cultura españolas hegemónicas. De nuevo se va a incidir en la privatización y parece que el resultado final puede ser un sistema socialmente injusto e incluso individualmente injusto. Da esa
impresión, pero no quiero hacer ningún juicio apresurado. La verdad es que me gustaría estar equivocado y por eso formulamos esta interpelación.
Aparentemente el texto que presentó usted el pasado día 11 se apoya en una preocupación real, ampliamente extendida, por los altos índices de fracaso escolar. Este -hay que recordarlo también- era el objetivo declarado de la reforma
realizada en diciembre del año 2000, de los contenidos mínimos en la enseñanza secundaria obligatoria, en el bachillerato; ya sabemos que con aquella reforma lo que se pretendía -y en parte se logró- era impedir que las comunidades autónomas
pudiesen ejercer sus ya mermadas competencias en lo relativo a la fijación de la parte del currículum que les corresponde. En el caso que ahora nos ocupa, en la denominada ley de calidad, quisiera pensar, señora ministra, que el fracaso escolar es
algo más que una excusa para lograr otros fines. Yendo al texto, y guiado por esa intención de aclarar dudas que nos surgen cuando lo leemos o cuestiones que nos quedan poco claras después de leerlo ,bajo los eslóganes de la cultura del esfuerzo y
de la evaluación, el borrador parece esconder una concepción del sistema escolar muy selectiva, muy competitiva y, en algunos aspectos, segregadora. Quizá se persigue que sea la propia sociedad la que asuma como lógicas y naturales las
desigualdades sociales, las desigualdades culturales, las desigualdades entre los alumnos y que el sistema educativo no sea un instrumento para eliminarlas, mantener la diferencia y eliminar la desigualdad, sino simplemente para formalizarlas, a
través de una serie de pruebas, a través de una serie de obstáculos a la que se somete a los alumnos. De ellos reseño las pruebas que ya se realizan en el tercer ciclo de la educación primaria en lengua española: de expresión oral y escrita,
cálculo matemático -por cierto, evaluadas por un organismo dependiente de la Administración central del Estado, por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo, cuando es una competencia de gestión que podría estar
perfectamente en manos de las comunidades autónomas-. Al acabar el segundo curso de la ESO los alumnos van a recibir un informe de orientación escolar que va a ser guía también para elegir los itinerarios posteriores. Aquí se quiebra lo que de una
forma algo rimbombante se dice en la exposición de motivos de ese borrador, que ya está conseguida la escolarización hasta los 16 años, porque de hecho lo que se hace aquí es indicar que si hay mayores de quince años que no quieren incorporarse a
uno de estos itinerarios tendrán programas de iniciación profesional de contenido práctico. Se quiebra, por tanto, tal y como nosotros interpretamos -y espero estar equivocado- esa escolarización obligatoria hasta los 16 años. Si esto va a quedar
así, señora ministra, en el BNG no podemos estar de acuerdo; no podemos aprobar que en edades muy sensibles, en plena pubertad, se establezcan divisiones y clasificaciones que después van a constituir una losa difícil de romper; determinación ésta
que puede ser especialmente grave a los doce años, cuando se hacen las primeras evaluaciones realmente condicionantes y que prefiguran la exclusión del sistema reglado.
El borrador parece que desmiente uno de los argumentos con que desde el Gobierno se publicitó la Ley de ordenación de universidades: la eliminación de la selectividad. A falta de una, si no estamos equivocados, ustedes pretenden introducir
dos selectividades. En primer lugar, una prueba general de bachillerato, centralizada, con cuatro convocatorias para ser superada y cuya superación es requisito necesario para acceder no sólo a la universidad sino también a los estudios de
formación
profesional de grado superior. Será el Gobierno y no las comunidades autónomas quien fije las condiciones de esta prueba. Después hay una segunda selectividad que puede establecer cada universidad para acceder a los centros con números
clausus o con falta de plazas. No nos cabe ninguna duda -y sentimos ser tan agoreros- de cómo se va a articular en la práctica esta doble selectividad: una mayor centralización; una menor confianza en los profesores, que se van a ver
permanentemente evaluados externamente; una mayor libertad para que las universidades privadas -y en esto ya incidía la LOU- escojan a sus estudiantes, y desde luego no siempre en función de sus méritos. Esta estructura y este funcionamiento del
sistema supone también un grave desconocimiento de las competencias autonómicas en la materia. Se reducen, hasta prácticamente anularse, las competencias de las comunidades autónomas en materia de educación. Existe una obsesión por reforzar una
determinada idea de España, una idea de una España uniforme, unitarista, como nación única, negando la existencia de diferentes naciones, de diferentes lenguas y de diferentes culturas dentro del Estado español. Esta intención uniformizadora, esta
intención centralizadora parece ser el verdadero esqueleto de toda la ley a través del Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo a que ya me referí, a través de un Instituto Nacional de Formación del Profesorado que impartirá
planes de formación de alta calificación para todo el profesorado y, concretamente, de formación en una labor directiva que parece querer profesionalizarse. Se impondrán por parte del Ministerio de Educación criterios homogéneos para la evaluación
voluntaria del profesorado, con certificación homologada para todo el territorio estatal. Por parte del Ministerio se promoverá la presencia de directores escolares en el Consejo Escolar del Estado; el cuadro de especialidades de la Inspección
educativa también se va a establecer reglamentariamente con carácter básico por parte del Ministerio que usted dirige; se revitaliza la alta Inspección del Estado, que pasa a desempeñar funciones de control, por ejemplo, de comprobación de qué
libros, programas y material pedagógico se adecua a las enseñanzas mínimas, el control de los requisitos establecidos por el Estado y la ordenación general del sistema educativo.
Hay cuestiones tan preocupantes como velar por el cumplimiento de los derechos lingüísticos, pero se habla después de la lengua oficial del Estado, en singular. Supongo que derechos lingüísticos serán todos, para utilizar incluso como
lengua vehicular todas las lenguas oficiales dentro del Estado español. De nuevo se utiliza la inmigración como excusa para centralizar en la formación del profesorado que atiende lingüística y educativamente a los inmigrantes, en clara invasión de
una función que debería corresponder a las comunidades autónomas. ¿Qué competencias, señora ministra -esta sería una de las preguntas-, van a quedar para las comunidades autónomas en materia de educación no universitaria? No ya competencias de
programación o legislativas, sino ni siquiera competencias de gestión. La mayoría de las funciones que acabo de enumerar son competencias de gestión que en buena lid, de acuerdo con una lectura leal del bloque de la constitucionalidad, deberían
corresponder a las comunidades autónomas.
Se degrada también la función docente. Ustedes hablan en su borrador de que se pretende dignificar la figura del profesor, pero se le deja solo ante la sociedad y no se le proporcionan medios, aparte de que existe una desconfianza clara en
toda la ley acerca de su función, a través de evaluaciones externas, internas, pruebas externas en los diferentes centros centralizadas, etcétera. Incluso parte del profesorado va a tener que enfrentarse a cursos de excluidos y marginados. Va a
incrementarse el autoritarismo en los centros a través del sistema de gobierno que ustedes pergeñan en el borrador. En definitiva, los profesores van a estar agobiados por la imposibilidad de llevar a cabo una enseñanza verdaderamente adaptada a
las circunstancias de su correspondiente sociedad y, sin embargo, de acuerdo con su diseño, ellos van a ser los únicos que aparezcan ante la sociedad como responsables de un sistema que mucho me temo, con las medidas que ustedes proponen, no va a
mejorar.
Hay temas pendientes que no se abordan en el borrador, como el de la financiación, el de la inversión por alumno -tendrá algo que ver con el fracaso escolar, igual que en el universitario, que nuestra inversión por alumno sea la más baja de
la Unión Europea- o el necesario laicismo en la educación, y no sólo en la pública. Ahora tenemos el problema de la enseñanza de la religión musulmana, tema que usted dice que va a aparcar.
Las familias musulmanas tienen derecho a que sus hijos se
eduquen de esa manera, si ese derecho se reconoce también para otras religiones. Sería mucho mejor revisar los acuerdos que existen con la Iglesia católica y eliminar la religión de las escuelas, la religión como catequesis y no como cultura e
historia religiosas. La religión como catequesis tiene que darse en las familias y en las iglesias, pero no en las escuelas, ya que, si no, el problema va a ser irresoluble.
Acabo, señora ministra, como comencé. Sinceramente, estamos a tiempo de corregir defectos y carencias. Espero su respuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señora ministra de Educación.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señor presidente, señoría, gracias a su interpelación vamos a tener la posibilidad de avanzar en algo tan sencillo como es leer de igual manera una misma frase, una
misma línea,
un mismo concepto o un mismo término. A mí me sorprende extraordinariamente hasta qué punto se pueden interpretar cosas tan absolutamente distintas de una frase que está escrita, no de una idea expresada verbalmente, lo que podría generar
cierta confusión. Llama la atención hasta qué punto esto ocurre de manera insistente, por más que de forma reiterada me empeño, y lo voy a seguir haciendo, en explicar lo que dice el texto. Aún así, se sigue haciendo una interpretación que
sorprendentemente nada tiene que ver con el texto escrito, así que vamos a desmenuzarlo en un ejercicio pedagógico. Sería interesante que pudiéramos hacer una misma lectura de algunos aspectos del documento.
Pudiera darse el caso de que, leyendo
lo mismo, después no esté usted de acuerdo y piense que otra medida alternativa a la reflejada en el texto es mejor, pero a ver si por lo menos podemos leer lo mismo.
Como antesala del desmenuzamiento del texto, voy a hacer una serie de reflexiones que ya he hecho en este mismo hemiciclo, en las comisiones correspondientes, aquí y en el Senado, y en muchos otros foros; opiniones que han sido recogidas en
muchísimas ocasiones por los medios de comunicación. Nos encontramos con una realidad. La realidad de nuestro sistema educativo es que se han registrado unos logros positivos. Al inicio del siglo XXI, tenemos un sistema en el que se garantiza el
acceso a la enseñanza; hay una universalización y una garantía en el acceso a la enseñanza hasta los 16 años, lo que es un logro muy positivo; contamos con una alfabetización del conjunto de la población, lo que no sucedía no ya a principios ni a
mediados de este siglo sino ni siquiera hace 30 años.
Sin duda, ha habido logros muy positivos, pero sería muy negativo que volviéramos la espalda a una realidad que nos habla de una serie de carencias y de deficiencias. No han sido sus descubridores arqueológicos el Partido Popular y el
Gobierno del Partido Popular, ni se trata de un asunto escondido en unas ruinas arqueológicas que han ido a descubrir y han encontrado que hay una serie de deficiencias y de carencias o una falta de respuestas positivas a una serie de problemas en
nuestro sistema educativo, sino que se viene poniendo de manifiesto desde muchos foros, desde el ámbito de los profesores, desde numerosos estudios realizados tanto en España como fuera, desde las propias familias, desde el conjunto de la sociedad,
desde el mundo empresarial, desde el mundo del trabajo, etcétera.
¿Cuáles son los grandes indicadores de esos problemas? El primero, y el mayor, es que tenemos un porcentaje de fracaso escolar demasiado alto para lo que deberíamos de tener, pues la media de fracaso escolar en España es del 25 por ciento,
es decir, que uno de cada cuatro alumnos en edad escolar obligatoria no obtiene el título de graduado en educación secundaria, un porcentaje muy alto. Es un primer problema que nos debe sensibilizar profundamente. El segundo es -estoy segura de
que usted y los compañeros de su grupo político lo conocen bien- que hay una serie de carencias manifiestas en el nivel de conocimiento de nuestros alumnos en muchas materias; en buena medida en las materias instrumentales, como matemáticas o
lengua, pero también en muchas otras materias. El tercero de los grandes indicadores -que no son contestables por la fuerza que tienen- es que se ha ido produciendo el desarrollo de una serie de problemas convivenciales en las aulas que han ido
afectando a las posibilidades de que el profesor desarrolle su docencia, y por tanto logre transmitir adecuadamente los conocimientos e impulsar el aprendizaje, por lo que lo tiene que hacer en unas condiciones que a veces son muy duras. Usted me
podría decir -y dicen con frecuencia- que esto se debe a una serie de circunstancias que están influyendo en el cambio de la sociedad, etcétera. Efectivamente, estas circunstancias también existen y tienen un peso y un impacto importante en el
sistema educativo. Sin embargo, cuando tenemos que tratar los problemas desde el punto de vista de la educación, no podemos refugiarnos en la existencia de otras causas externas que están afectando al sistema educativo, sino que modestamente
tenemos que centrarnos en aquellos aspectos del propio sistema educativo que están contribuyendo negativamente a que se tengan los mejores resultados posibles y observar en qué medida la dirección de la reforma sería la más adecuada para poder
contribuir a resolver estos problemas. Pues bien, esta es la situación a grandes rasgos, a la que hay que intentar dar una respuesta, demandada una y otra vez desde todos los sectores, no ya de la comunidad educativa sino del conjunto de la
sociedad. Evidentemente, sería más cómodo mirar para otro lado y volver la espalda, pero sería una enorme falta de responsabilidad.
Como no queremos tener esa falta de responsabilidad -ni el Partido Popular, ni el Gobierno, ni desde luego yo como ministra- y sobre la base de lo mucho que hay reflexionado, de la opinión de muchísimos sectores implicados en el sistema
educativo, de lo mucho que hay publicado, de los muchos informes nacionales e internacionales, tomando todo ello como fuentes en el proceso de reflexión, hemos compuesto un conjunto de medidas que consideramos que contribuirán positivamente a la
solución de los problemas que tenemos planteados. A partir de ahí, hemos presentado un documento de bases para la elaboración de la ley de calidad, con la intención de continuar un debate que ya hemos venido desarrollando, sobre todo con
organizaciones vinculadas al mundo educativo, y que queremos seguir desarrollando en otros foros, como la conferencia sectorial, y que en su día podrán ustedes debatir en este Parlamento, que es el que tiene la decisión última. Aunque no puedo
entrar en cada uno de los aspectos del documento, le voy a subrayar
aquellos que muestran sorprendentemente -salvo que la intención sea otra- hasta qué punto se puede leer un mismo texto de manera completamente diferente a lo que el mismo dice.
En nuestro sistema educativo ha faltado una cosa fundamental durante estos años, reforzar el valor del esfuerzo, dar el papel que le corresponde a la evaluación de los alumnos. De ello se ha derivado un sistema de promoción que no es tal
sistema de promoción, sino uno de continuo espejismo, que ha tenido unas consecuencias muy negativas: no ha permitido que los alumnos con más problemas se pongan delante del verdadero espejo para afrontar a tiempo las carencias y dificultades que
tenían planteadas. Esto afecta siempre a los sectores más débiles; más débiles porque, teniendo menos recursos económicos, no pueden completar esas carencias con otro tipo de ayudas, y más débiles también porque, a aquellos que quieren esforzarse
realmente y tienen pocos recursos económicos, el sistema público no les está ofreciendo el máximo de posibilidades de avance.
A partir de ahí, fíjese en lo que proponemos nosotros. Proponemos que no haya promoción automática, que se repita el curso con tres asignaturas o más y que haya una prueba general de bachilletaro vinculada a la obtención del título. Usted
define todo esto, de entrada, como lo han hecho otros partidos, como una carrera de obstáculos que impide que el estudiante se forme, se eduque, etcétera. Fíjese usted en la diferencia, a contrastar al estudiante, evaluarlo y conocer en qué
situación se encuentra para saber dónde tiene problemas y cómo tiene que afrontarlos, en todo lo cual él es el primer interesado, se le denomina carrera de obstáculos para que no puedan llegar a educarse adecuadamente.
Lo peor que se puede hacer, señorías, es establecer un sistema inflexible, que provoque la autoexclusión de los alumnos por falta de suficientes oportunidades dentro del sistema educativo. Esto es lo que está ocurriendo en numerosas
ocasiones, y esto es lo que una y otra vez han venido señalando los profesores. El sistema está produciendo la autoexclusión, la autosegregación, por falta de oportunidades para todos los alumnos y por ser muy inflexible. Por eso, nosotros
planteamos que el sistema sea más flexible, que ofrezca más oportunidades, porque así será más integrador y permitirá a todos y cada uno de los alumnos obtener el máximo rendimiento del sistema educativo. Con tópicos, con frases hechas, con
apriorismos, con demagogia, lo único que se hace es perjudicar a los alumnos, sobre todo a aquellos que tienen más problemas. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señora ministra, el preámbulo del borrador ya me lo había leído y el resto también.
Puedo compartir el punto de partida, efectivamente estamos ante un sistema educativo necesitado de mejoras. Ya se lo he reconocido. Hay un fracaso escolar, hay una baja inversión pública, hay un sistema desigualitario, un sistema que
provoca desigualdades, ya que en ciertas zonas los estudiantes con problemas, con menor capacidad económica, los inmigrantes, se concentran en los centros públicos y no van a centros privados, que forman parte de la red pública porque están
concertados.
Tenemos un sistema que incluso es selectivo en el mal sentido, porque provoca ese fracaso escolar.
Puede ser que yo tenga una posición ideológica, pero su borrador, tal como yo lo entiendo, está cargado de un cierto dogmatismo, de un cierto apriorismo ideológico, cuando habla de una supuesta libertad de elección de centro, que luego no es
tal, cuando habla de que puede haber centros que se especialicen curricularmente en ciertos itinerarios. ¿Cuáles van a ser? ¿Van a ser los centros públicos? ¿Van a ser sólo los privados? Esa es la misma filosofía de los centros de excelencia de
la ley de formación profesional. Ya le he dicho que lo respeto y tendremos ocasión de debatirlo, lo que sucede es que mi grupo cree que las medidas que ustedes proponen son inútiles o no van a ser eficaces. Se lo digo sinceramente y creo que
ustedes también actúan de buena fe. La creación de más pruebas, más evaluaciones externas, más exámenes, aparte de suponer, desde nuestro punto de vista, una cierta desconfianza hacia los profesores, aparte de limitar hasta cierto punto la libertad
de enseñanza y la libertad de docencia de esos profesores, va a conseguir -ya se lo dije antes- formalizar el fracaso; el fracaso se va a diluir en itinerarios distintos, en pruebas que se van a hacer ya desde los doce años. Podemos llamarle
fracaso o podemos decir al alumno: Usted no superó esta prueba, pero va por este itinerario que va a ser para los fracasados. Esto tiene consecuencias. Una de ellas es que se vuelve a incidir en una consideración negativa, una minusvaloración, de
la formación profesional, en una minusvaloración de aquellos itinerarios que inciden en el aprendizaje laboral más que en el aprendizaje intelectual. Se está condenando de nuevo a la formación profesional a ser un depósito -esperemos que no sea
así- de los alumnos que no superen esas pruebas.
¿En qué va a consistir esa orientación escolar al final de la ESO, en decir a alguien que vale más para ir a esta empresa, que la vamos a homologar para que dé enseñanzas de Seguridad Social, y así
pueda trabajar?
Como principio, puedo estar de acuerdo con la cultura del esfuerzo y la cultura de la evaluación, pero tal y como se recoge en esta ley no es tal esfuerzo ni tal evaluación, es casi una diferencia de concepción. ¿Qué se pide al tramo
obligatorio de enseñanza hasta los dieciséis años? Que forme ciudadanos, que sea un
mecanismo de redistribución, que sea un mecanismo que ayude con independencia de ese entorno social. Usted decía: lo reconocemos, pero el sistema educativo está ahí. No, el sistema educativo no es una isla, es un servicio público que se
debe prestar en las condiciones más igualitarias posibles, que tiene que ser universal, es decir para todos, y que debe ofrecer una formación determinada y de calidad a todos. Por eso estamos reclamando más inversión, para que no suceda lo que
ocurre muchas veces en Galicia, que las clases empiezan en noviembre cuando deben empezar en septiembre, porque el centro no se pintó y, mientras la Xunta y el Ayuntamiento debaten sobre a quién corresponde hacerlo, son los padres los que acaban
pintando el centro.
No me contestó a otra de las cuestiones que le planteé. Este texto, por lo menos en su estado actual como borrador, igual que el famoso debate sobre las humanidades, que acabó con el decreto de contenidos mínimos, igual que la Ley de
Ordenación Universitaria, igual que la Ley de Formación Profesional, vuelve a incidir en un viejo pecado de este Gobierno, en una clara recentralización, en una clara revisión del sistema autonómico. Ya tuvísteis...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señor presidente, señoría, yo soy persona de hacer poca leña de ninguna circunstancia y entre las cosas que ha dicho podría hacer bastante, porque demuestra no ya una
lectura rápida, sino ni siquiera la lectura de lo que se dice en el documento. Por ejemplo, vuelve a repetir que se hacen unas pruebas a los 12 años. No sé a qué pruebas se refiere, no sé si a abrir la posibilidad de que existan grupos de refuerzo
lo llama hacer unas pruebas. No son pruebas. Lo que dice el documento es que en los cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria se podrán establecer grupos de refuerzo, que no es ni más ni menos que lo que ahora ya se viene
haciendo en muchos centros escolares para resolver los problemas que la realidad plantea. La realidad es la que es, por mucho que alguien se empeñe en hacer retórica evasiva sobre ella, y la realidad ha hecho que en muchos centros escolares se
creen lo que se llama los desdoblamientos, los desdobles en determinadas materias. Pues bien, recogiendo esa experiencia, que es una experiencia llena de sentido común para poder ayudar temporalmente a quienes van peor y ofrecerles un sistema de
oportunidades y de posibilidades para que puedan ir al mismo ritmo que exige el cumplimiento del programa y la profundización de los conocimientos, se establece la posibilidad, y por tanto el reconocimiento, de que se puedan desarrollar estos
sistemas de ayuda que ya existen en muchos centros escolares, que hemos denominado grupos de refuerzo y que son conocidos hoy como los desdoblamientos o los desdobles. Fíjese qué diferencia tan brutal entre lo que yo estoy planteando y lo que usted
dice: que va a haber unas pruebas a los 12 años que poco menos van a dejar a los niños sin ninguna posibilidad en sus vidas. Eso es una cosa tan tremenda y absurda que nunca puede tener ninguna credibilidad. Se lo digo sinceramente.
Le voy a plantear dos cosas más, una relativa a su insistencia en lo que llama la recentralización y las competencias. Yo decía hoy a la representante de Eusko Alkartasuna, que me ha hecho una pregunta en la sesión de control, que en
materia educativa, como en otras, hay una distribución competencial. Esa distribución competencial consiste en que la Administración central del Estado tiene unas competencias en la normativa básica y que las autonomías tienen unas competencias en
materia de organización, de gestión, de financiación, etcétera. Existen las dos competencias, la de la Administración autonómica y la de la Administración central del Estado. Lo que hace la Administración central del Estado es simplemente
desarrollar sus competencias y tener un exquisito cuidado, en este documento de bases como en las anteriores leyes, en relación con la distribución competencial. No olvide, señoría, que Estado de las autonomías significa, en términos de
organización administrativa, la existencia de dos administraciones: la Administración central del Estado y la Administración de las autonomías. Nunca nos hemos de olvidar de ese binomio que es consustancial al concepto de Estado de las autonomías.
Por último, con relación a esa coletilla de baja inversión pública, el gasto en educación, a partir del conjunto de la financiación autonómica, lo establecen las comunidades autónomas. Para determinadas cosas suplementarias podrá hacer
falta más financiación, pero el gasto en financiación de la educación no es el mismo en todas las comunidades autónomas en términos proporcionales. No hay el mismo gasto por alumno porque la financiación en materia educativa no es una transferencia
condicionada; en el momento en que entra en el conjunto del presupuesto, los gobiernos de las comunidades autónomas, sus parlamentos, que son los que aprueben los presupuestos, pueden realmente establecer prioridades.
En esa franja de
establecimiento de prioridades, es fundamental la posición que adopte cada una de las comunidades autónomas, y eso está determinando que sea muy distinto el gasto que se hace en unas comunidades y en otras. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Se suspende la sesión, que comenzará mañana a las nueve de la mañana.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.