Ogi-apurra
Argitalpenak
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 130, de 18/12/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 130
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDÍ ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 125
celebrada el martes, 18 de diciembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
artículo 28 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 112-1, de
16 de febrero de 2001. (Número de expediente 122/000098.) . . .
(Página 6490)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la deducción de las
cuotas pagadas por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 143-1, de 21 de
mayo de 2001. (Número de expediente 122/000127.) . . . (Página 6496)
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
paliar los daños causados por el temporal que en el mes de noviembre
afectó a Cataluña, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Ciudad Autónoma de Melilla. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
D, número 278, de 10 de diciembre de 2001. (Número de expediente 162/
000381.) . . . (Página 6502)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas urgentes para reparar los daños causados por el temporal de
viento y agua de los días 10 y 11 de noviembre de 2001 en las
Comunidades Autónomas de Cataluña, Illes Balears, Valencia y otros
territorios. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 269,
de 23 de noviembre de 2001. (Número de expediente 162/000372.) . . .
(Página 6502)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre
medidas urgentes a adoptar por la Administración General del Estado
para reparar los daños causados por el temporal de viento, granizo y
agua de los días 17 y 18/11/2001 en determinadas zonas de Cataluña.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 273, de 30 de
noviembre de 2001. (Número de expediente 162/000374.) . . .
(Página 6502)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), para el
establecimiento de líneas urgentes de ayuda para la reparación de los
daños causados por el temporal de los pasados 11 y 15/11/2001 en
determinadas zonas de Cataluña (en especial la comarca del Maresme),
el País Valenciano y las Illes Balears. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 273, de 30 de noviembre de 2001. (Número
de expediente 162/000375.) . . . (Página 6503)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para
reponer los daños causados por el temporal que se produjo en las
Illes Balears, Cataluña y Comunidad Valenciana y otros territorios
entre los días 10 y 17 de noviembre de 2001. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 273, de 30 de noviembre de 2001. (Número
de expediente 162/000378.) . . . (Página 6503)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células
madre. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 278, de 10
de diciembre de 2001. (Número de expediente 162/000385.) . . .
(Página 6510)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre previsiones del Gobierno para
solucionar los actuales problemas del sector cárnico y su viabilidad
futura. (Número de expediente 173/000100.) . . . (Página 6519)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre razones de la política
universitaria del Gobierno a pesar del amplio rechazo social que ha
cosechado. (Número de expediente 173/000101.) . . . (Página 6524)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la promoción del comercio interior, en especial, pequeño y
mediano comercio. (Número de expediente 173/000102.) . . .
(Página 6530)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 6490)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo . . . (Página 6490)
La señora Sainz García defiende la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. En
ésta se propone la modificación del artículo 28 del texto refundido
del Estatuto de los Trabajadores con la finalidad de conseguir la
igualdad de retribución en todas las percepciones económicas que el
trabajador puede recibir con ocasión de su contrato de trabajo, tanto
salariales como extrasalariales, sin que quepa discriminación
alguna por razón de sexo. Para ello se prevé la sustitución del
principio de igualdad salarial, hasta el momento vigente, por el de
igualdad de retribución.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz López (don Antero), del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De
La Cruz Valentín, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del
artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, se aprueba por 282 votos a favor y uno en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la deducción de las
cuotas pagadas por el impuesto sobre actividades económicas (IAE) . .
. (Página 6496)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Socialista el señor Cuesta Martínez. Recuerda las
promesas tanto del Partido Socialista como del Partido Popular en las
elecciones en relación con la eliminación del impuesto sobre
actividades económicas para el 90 por ciento de las pequeñas empresas
y autónomos, sin que hasta el momento se haya hecho nada y explica
los dos objetivos fundamentales que se persiguen con su proposición
de ley: en primer lugar dar soluciones a la financiación local y, en
segundo lugar, rebajar la presión fiscal sobre determinados sectores.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz López (don Antero), del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Blancas Llamas,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la deducción de las
cuotas pagadas por el impuesto sobre actividades económicas (IAE), se
rechaza por 120 votos a favor, 174 en contra y cuatro abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 6502)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
paliar los daños causados por el temporal que en el mes de noviembre
afectó a Cataluña, Illes Balears, Comunidad Valenciana, Andalucía y
Ciudad Autónoma de Melilla . . . (Página 6502)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
urgentes para reparar los daños causados por el temporal de viento y
agua de los días 10 y 11 de noviembre de 2001 en las comunidades
autónomas de Cataluña, Illes Balears, Valencia y otros territorios .
. . (Página 6502)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
urgentes a adoptar por la Administración General del Estado para
reparar los daños causados por el temporal de viento, granizo y agua
de los días 17 y 18/11/2001 en determinadas zonas de Cataluña . . .
(Página 6502)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), para el
establecimiento de líneas urgentes de ayuda para la reparación de los
daños causados por el temporal de los pasados 11 y 15/11/2001 en
determinadas zonas de Cataluña (en especial la comarca del Maresme),
el País Valenciano y las Illes Balears . . . (Página 6503)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes para
reponer los daños causados por el temporal que se produjo en las
Illes Balears, Cataluña y Comunidad Valenciana y otros territorios
entre los días 10 y 17 de noviembre de 2001 . . . (Página 6503)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso defiende la
proposición no de ley de su grupo el señor Sanz Palacio. Explica los
daños producidos en distintas zonas de Cataluña, Baleares, Comunidad
Valenciana, Andalucía, Ciudad Autónoma de Melilla y Canarias durante
el mes de noviembre por un temporal de lluvia y viento y, tras
manifestar su sentimiento de pesar a aquellas personas que han
sufrido daños y pérdidas de diversa naturaleza, pasa a defender el
texto de su proposición no de ley, destacando la colaboración entre
las distintas administraciones del Estado, así como la coordinación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía
autónoma y la ayuda prestada por la sociedad. Tras mostrar su
conformidad con el resto de la proposiciones no de ley presentadas
sobre el mismo tema, y en aras del consenso, anuncia una enmienda
transaccional que recoge la preocupación y sensibilidad de todos los
grupos puestas de manifiesto en sus respectivas proposiciones no de
ley.
El señor Sedó i Marsal defiende las dos proposiciones no de ley
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
relativas ambas a los daños producidos por el temporal de viento y
agua de los días 10 y 11, la primera, y 17 y 18 de noviembre, la
segunda. En primer lugar expresa su sentimiento por los daños
producidos, en especial los que pudieran afectar a personas, y
explica las consecuencias de estos destrozos en las explotaciones
agrícolas del Maresme y en las playas de algunos municipios. Asimismo
muestra su conformidad con la enmienda transaccional que al final se
ha consensuado, por lo que retira su dos iniciativas y confía en que
se apruebe por unanimidad.
El señor Puigcercós i Boixassa defiende la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, poniendo especial énfasis en los daños
producidos por el viento los días 11 y 15 de noviembre en Cataluña,
Illes Balears, Valencia y otras partes del Estado, y los describe
como playas sin arena, paseos marítimos desaparecidos, mobiliario
urbano destrozado, árboles caídos, líneas de tren cortadas, vías
rotas, numerosas escuelas afectadas y millares de usuarios de Endesa-
Fecsa a oscuras. A esta difícil situación añade las dificultades con
que se encuentra el sector de la floricultura y del fresón, entre
otros, para contratar seguros agrarios para cubrir este tipo de
siniestros naturales, y denuncia las graves deficiencias en el
suministro eléctrico en Cataluña y en otras partes del Estado. Por
todo ello presentan su proposición no de ley que, tras dialogar y
negociar con los diferentes grupos que han presentado iniciativas en
el mismo sentido, están dispuestos a retirar en aras del consenso.
Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista
el señor Edo Gil. Explica igualmente los daños ocurridos por el
temporal de agua y viento que se produjo en las Illes Balears,
Cataluña y Comunidad Valenciana y otros territorios los días 10 y 17
de noviembre de 2001 y solicita del Gobierno que, ante una situación
de tan extraordinaria complejidad y magnitud, actúe con rapidez y
eficiencia. Asimismo, como han hecho otros portavoces, anuncia la
retirada de su proposición no de ley en aras del consenso y su voto
favorable a la enmienda transaccional alcanzada entre todos los
grupos.
En defensa de la enmienda presentada a las cinco iniciativas
interviene el señor Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometido a votación el texto de la enmienda transaccional que
sustituye a las iniciativas de los grupos parlamentarios Popular,
Catalán (Convergència i Unió), Mixto (señor Puigcercós), y
Socialista, se aprueba por 300 votos a favor y dos en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con células
madre . . . (Página 6510)
El señor Pérez Rubalcaba defiende en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista una proposición no de ley que tiene como finalidad
estimular en España la investigación con las denominadas células
madre. Explica que es la tercera vez que su grupo trae a la Cámara
una discusión de esta naturaleza, habiendo sido rechazadas las dos
iniciativas anteriores por el grupo mayoritario en la Comisión de
Ciencia y Tecnología. Desde entonces ahora, añade, no han hecho sino
aumentar las razones por las que el Parlamento español debe llevar a
cabo un debate sobre este tema y por las que el Gobierno debe tomar
decisiones que afectan a la investigación y a la esperanza de
enfermos y de la sociedad en su conjunto. A continuación pasa a
aclarar algunos conceptos sobre lo que son las células madre y afirma
que los socialistas están en contra frontalmente de la clonación
reproductiva, pero a favor de la investigación con células madre
humanas, con células madre adultas, con células madre fetales y
también con células madre embrionarias. Con esta iniciativa se
persigue un debate y una regulación porque no se puede parar a la
ciencia y el deber que tienen los parlamentarios es someterla a
control para evitar las tropelías que en su nombre algunos
desaprensivos pudieran llegar a cometer.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Aymerich
Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Julios Reyes, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y la señora Fernández de Capel Baños, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Pérez Rubalcaba.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre investigación con células madre, en los términos
derivados del propio debate y con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 124 votos a favor, 166 en
contra y ocho abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 6519)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre previsiones del Gobierno para
solucionar los actuales problemas del sector cárnico y su viabilidad
futura . . . (Página 6519)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta en
nombre del Bloque Nacionalista Galego una moción que contiene algunas
de las medidas que consideran necesario que adopte el Gobierno para
mejorar la situación actual y el futuro del sector productor de carne
de vacuno y, por lo tanto, se modifiquen algunas de las previsiones
contenidas en los borradores de proyectos de ordenación del sector
productor de vacuno que están siendo elaborados. Explica los catorce
puntos de la moción y pide al Gobierno que realice una propuesta de
ordenación del sector más positiva y más acorde con la realidad.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la
señora Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, y Amarillo Doblado, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Vázquez Vázquez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre previsiones del Gobierno para
solucionar los actuales problemas del sector cárnico y su viabilidad
futura, en los términos derivados del propio debate y con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, se
rechaza por 118 votos a favor, 162 en contra y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre razones de la política
universitaria del Gobierno a pesar del amplio rechazo social que ha
cosechado . . . (Página 6524)
La señora Chacón Piqueras defiende la moción consecuencia de
interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Manifiesta que con esta iniciativa se agotan todos los cauces
parlamentarios posibles para que se retire la Ley Orgánica de
Universidades y para que, lo que es más importante, se inicie un
debate en las cámaras que permita un diagnóstico sereno de las
necesidades de la Universidad española. Con esa finalidad presentan
hoy la moción consecuencia de la interpelación urgente que la semana
pasada no recibió de la ministra otro argumento para imponer sus
reformas educativas que el de la mayoría absoluta. Acepta que la
Universidad española necesita una reforma que la ponga en disposición
de solventar dificultades y asumir nuevos retos, pero para ello
considera esencial la apertura de un debate sosegado que sitúe a la
Cámara en disposición de aprobar una buena ley, moderna y práctica
para la Universidad.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la
señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; y los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y Fernández Rozada, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre razones de la política
universitaria del Gobierno a pesar del amplio rechazo social que ha
cosechado, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza por 116 votos a favor y 171 en
contra.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la promoción del comercio interior, en especial, pequeño y
mediano comercio . . . (Página 6530)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Sánchez i
Llibre. Manifiesta que la moción persigue una serie de objetivos que
van orientados fundamentalmente a potenciar y a reforzar la promoción
de las estructuras comerciales del comercio interior, en especial,
todas aquellas referidas al pequeño y mediano empresario, para que
puedan afrontar con éxito los retos de la globalización, así como
también para que tengan el mínimo efecto todas aquellas cuestiones
que puedan afectar a la pequeña desaceleración económica que existe o
que está prevista para el año 2002. Explica los puntos de la moción y
anuncia la retirada del punto 3 y la aceptación de la enmienda
presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Gómez
Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Frutos
Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Sánchez,
del Grupo Parlamentario Mixto.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Sánchez i Llibre.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la promoción del comercio interior, en especial, pequeño y
mediano comercio, con la adición de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso y la supresión del punto 3 de la
moción originaria, se aprueba por 251 votos a favor, uno en contra y
ocho abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la
noche.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 28 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE
MARZO. (Número de expediente 122/000098.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de
ley. En primer lugar, proposición de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, de modificación del artículo 28 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la
señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender la proposición de ley del
Grupo Popular que propone la modificación del artículo 28 del texto
refundido del Estatuto de los Trabajadores, con la finalidad de
conseguir la igualdad de retribución en todas las percepciones
económicas que el trabajador puede recibir con ocasión de su contrato
de trabajo, tanto salarias como extrasalariales, sin que quepa
discriminación alguna por razón de sexo. A tal efecto el texto prevé
la sustitución del principio de igualdad salarial hasta el momento
vigente por el de igualdad de retribución.
Como saben, señorías, el actual precepto determina que el empresario
está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor
el mismo salario, tanto por salario base como por complementos
salariales, sin discriminación alguna por razón de sexo. El artículo
por lo tanto basa la igualdad de remuneración exclusivamente en el
concepto técnico-jurídico de salario, pero a su vez el artículo 26
del mismo estatuto, cuando hace la definición de salario, salva o
excluye de dicho concepto, del concepto de salario, las cantidades
percibidas por indemnización, por gastos derivados de su actividad
laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y
las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos, etcétera.
Quedan, por tanto, señorías, excluidas determinadas prestaciones,
como acabo de enumerar, que por sí se incluyen en cambio dentro del
concepto de retribución comunitario, como vamos a indicar.
En ese sentido, parece necesario señalar que el principio de igualdad
de retribución entre trabajadores y trabajadoras establecido en el
artículo 141 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en la
versión
ahora ya consolidada del Tratado de Amsterdam y desarrollado después
en la Directiva 75/117 del Consejo de la Comunidad Económica Europea,
alcanza, a diferencia de lo que ocurre aquí con el término de
salario, cualquier prestación económica, en dinero o en especie, que
el trabajador reciba como consecuencia o con ocasión de su contrato
de trabajo o de su relación de empleo, incluida la funcionarial, con
independencia de su naturaleza salarial. Asimismo, la jurisprudencia,
que es importante tener en cuenta en el momento de la interpretación,
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha mantenido un
criterio amplio del concepto de retribución, incluyendo en el mismo
las contribuciones empresariales a planes de jubilación o en general
las pensiones, dada su participación en el cálculo del salario bruto
y los derechos de los trabajadores resultantes de tales planes, así
como cualquier otra prestación social de estos, de base contractual o
producto de la voluntad unilateral del empresario, las ventajas y
reducciones también en el precio de los transportes, los subsidios
del desempleo y familiares o del cabeza de familia, etcétera. Una
serie de elementos complementarios que aparecen claramente en
convenios colectivos y que hacen incluso referencia hasta a
gratificaciones de Navidad. Es evidente que la interpretación literal
del vigente artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores no alcanza a
comprender el principio comunitario de igualdad retributiva y el
concepto además amplio de retribución elaborado o confirmado por la
jurisprudencia del Tribunal, como acabamos ahora de reseñar.
Pues bien, la diferencia entre el concepto comunitario de retribución
y el concepto salario de nuestro ordenamiento laboral, sobre el que
se construye expresamente el principio de igualdad de remuneración
por razón de sexo de nuestro artículo 28 del Estatuto de
Trabajadores, ha quedado claro en ese recordatorio que les he hecho
del contenido de ambos preceptos. Ante ello, parece difícil tratar en
un momento de superar los límites literales de dicho precepto por la
vía simple de una interpretación judicial. El esfuerzo interpretativo
que habría que exigir a los jueces o a los tribunales sería
considerable y siempre entrañaría un riesgo interpretativo. De todo
ello se desprende la oportunidad de modificarlo, con el fin de situar
la legislación española en un nivel más alto de exigencia de igualdad
entre hombres y mujeres. La propuesta de modificación no viene sino a
mejorar la regulación existente y supone además un paso más en ese
esfuerzo de lograr la igualdad real, objetivo, por otro lado, con el
que nuestro grupo está claramente comprometido y objetivo que
compartimos con el actual Gobierno, que no sólo en la política
efectiva de la creación de empleo ha sentado claramente las bases
para la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, sino
que también viene intensificando los esfuerzos para eliminar las
discriminaciones salariales en el mercado laboral, problema
que es una realidad en todos los países europeos. Cabe indicar a este
respecto que en los últimos siete años la tasa de paro en las mujeres
ha logrado disminuirse, del 31,4 por ciento, al 18,5 por ciento
actual, aunque es muy grande todavía. La actividad ha pasado a ser de
un 40,10, frente al 24,40 de 1994. Sin embargo, también es verdad que
la encuesta del Instituto Nacional de Estadística de marzo del año
2001 señalaba que el salario medio de las mujeres en España es de un
75,4 por ciento en relación con el de los hombres, que es algo
parecido a lo que pasa -según los datos de la OIT- en todo el ámbito
de la Unión Europea. Con el fin de eliminar esta discriminación
salarial conviene recordar cómo el Gobierno ha elaborado ya un
exhaustivo catálogo de las distintas profesiones y de la valoración
de los puestos para poder interpretar mejor el principio de:
a trabajo de igual valor, igual salario, que aparece recogido en el
artículo de nuestro Estatuto de los Trabajadores, al mismo tiempo que
también se viene trabajando -de lo que es testigo esta Cámara- a
través de la Inspección de Trabajo.
Concluyo, señorías, señalando que con esta propuesta nuestro grupo
apuesta de forma decidida por la precisión de los términos jurídicos,
a favor de la protección del género más desfavorecido, como mejor
garantía del cumplimiento de ese principio fundamental de nuestra
Constitución cual es la igualdad. La redefinición más precisa y
detallada busca que el supuesto contemplado en el artículo 28 del
Estatuto de los Trabajadores no admita resquicio alguno para que se
pueda llegar a practicar una discriminación retributiva, basando
nuestra propuesta, como adelantábamos, en la sustitución del término
salario por el más amplio de retribución. Todo ello, señora
presidenta, señorías, conforme a la normativa comunitaria y acorde
con las últimas tendencias observadas en los estudios y en las
investigaciones sobre la materia. De manera especial -y con ello
termino, señora presidenta- en línea con la actuación del Grupo
Popular, siempre dispuesto a que se intensifiquen los esfuerzos para
contribuir a salvar las dificultades y las discriminaciones que aún
perduran. Por otro lado, sabedores de que la igualdad, señorías,
lamentablemente no se conquista de pronto, de la noche a la mañana,
sino que es una obra prolongada que requiere, y bien lo sabemos,
cambio de ideas, cambio de actitudes, pero que también se conquista
de forma cotidiana, aquí está hoy nuestra contribución, la
contribución del Grupo Popular, a la que esperamos que se unan
claramente, de forma decidida, todos los grupos parlamentarios de
esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sainz. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Grupo Parlamentario Mixto. Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, la proposición de ley sobre modificación
del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores que presenta el
Grupo Parlamentario Popular nos parece positiva porque,
efectivamente, la persistente situación de desigualdad de la mujer en
el trabajo hace necesario revisar las actuales normas para permitir
alcanzar una igualdad en las condiciones de trabajo.
La actual redacción del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores
es deficiente por cuanto se refiere, como se afirma en la presente
proposición de ley, a la igualdad de remuneración entre trabajadores
sin que pueda haber discriminación por razón de sexo, cuando en el
derecho comunitario ya se ha acuñado el principio de igualdad de
retribución, que es más amplio, como decía la señora proponente. A
nosotros nos parece que esta propuesta es positiva al reforzar
legalmente la equiparación de las condiciones económicas de la
prestación de trabajo entre hombres y mujeres respaldando
literalmente la interpretación de atribuir a un mismo trabajo un
mismo valor, sean las percepciones puramente salariales o las
complementarias y extrasalariales. Ya que la señora proponente, la
señora Sainz, hizo referencia a este tema, aparte de decir que el
Bloque Nacionalista Gallego va a votar a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley, no quisiera dejar de
aprovechar la ocasión para advertir que el Grupo Popular, ya que
cuenta con la mayoría absoluta de la Cámara y que sostiene al
Gobierno desde hace casi seis años, debería presentar no sólo
propuestas tan parciales como ésta, que sin duda está bien, sino
proponer reformas más amplias y de fondo para acabar con la
desigualdad real que siguen sufriendo las mujeres en lo relativo a
las condiciones de trabajo y también en sus posibilidades de
conseguir un empleo y mantenerlo. Porque, más allá de los discursos
sobre la presunta igualdad en el nivel laboral entre hombres y
mujeres, la realidad es que, en la práctica, la tasa de actividad de
las mujeres es mucho más baja, el paro es más elevado, la precariedad
laboral es más alta para las mujeres o sigue existiendo la
consideración de trabajos masculinos o femeninos, donde los trabajos
masculinos siguen en general teniendo retribuciones más altas.
A eso, en nuestra modestia, es a lo que invitamos al Grupo Popular, a
empeñarse en hacer estas propuestas más ambiciosas y no a
conformarse, como parece que en salud se curaba la señora proponente,
pensando que el Gobierno ya hizo enormes esfuerzos en este campo,
porque la práctica, la evidencia, demuestra que son absolutamente
insuficientes.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, la proposición de ley supone una hipotética traslación al
ámbito del derecho español de una directiva europea del año 1975. A
la velocidad del rayo SS.SS. nos proponen una modificación del
artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores para incluir en los
propósitos de igualdad las remuneraciones extrasalariales. No
negaremos que esta es una fuente de discriminación, pero el grueso de
la desigualdad se encuentra en otros factores.
En suma, apoyaremos la modificación, pero constatamos que el grueso
de la desigualdad, como apuntaremos en su momento, se produce en el
ámbito de la igualdad jurídica actualmente protegida. Quiere esto
decir que no son aspectos jurídicos, aunque son relevantes, los que
producirán igualdad. La propia directiva que se cita para justificar
esta modificación legal señala aspectos que SS.SS. podrían, más desde
la acción de Gobierno, impulsar. En este campo, como en muchos otros,
es evidente la desigualdad que sufren las mujeres. Muchos son los
ámbitos de actuación que requiere nuestra denuncia, ya que la
realidad social sigue mostrando resultados perjudiciales para las
mujeres: bajas tasas de actividad, elevado desempleo, mayor
contratación temporal, segregación ocupacional, adjudicación casi
exclusiva de las responsabilidades familiares, riesgos para la salud,
violencia, malos tratos, mayores índices de discriminación para las
mujeres emigrantes, feminización de la pobreza. Abordar de una manera
integral todos los aspectos que afectan al empleo y a la igualdad de
oportunidades y de tratos ha sido uno de los grandes retos que
nuestra sociedad tiene pendientes y que sospechamos que esta
voluntariosa reforma no afronta.
Con relación a las condiciones de empleo y trabajo de las mujeres, la
creación de empleo sigue marginando a las mujeres y la alta
precariedad invalida buena parte del empleo conseguido. La fuerte
temporalidad en la contratación femenina sigue siendo una constante.
La denuncia de las diferencias retributivas discriminatorias viene
siendo una constante europea impulsada por la Confederación Europea
de Sindicatos en el Congreso de Helsinki. En nuestro país, los datos
muestran que en el año 2000 las mujeres percibieron un salario medio
mensual inferior en un 29,3 por ciento al que percibieron los
hombres. Esta discriminación que permanece inalterable desde hace
años se produce en todos los sectores de actividad y en todas las
categorías profesionales y tiene su origen principalmente en la
desigualdad de valoración del trabajo y en la aplicación de los
sistemas de clasificación profesional. Es preciso abordar y eliminar
la discriminación salarial mediante un marco legislativo adecuado y a
través de estrategias
específicas mediante la negociación colectiva y la vigilancia de
contratos que acabe con la perpetuación de prácticas empresariales
discriminatorias. Existe una discriminación directa e indirecta y
existe una definición del valor del trabajo que penaliza a las
mujeres. La discriminación directa puede ser barrida por una acción
legal, una buena inspección de trabajo y la correspondiente presión
sobre las empresas. En esta medida, si se acompaña de voluntad
política, la propuesta que hoy se debate puede ser útil.
El hecho objetivo es que en los sectores productivos más feminizados
las diferencias salariales son mayores. La no adecuación de las
clasificaciones profesionales, las características de la relación
laboral, como el tipo de contrato, la jornada, la antigüedad, y la
precariedad en el empleo, es decir, la medida en las diferencias
salariales del tiempo de presencia en la empresa, son factores
evidentes de discriminación que no se atienden con esta reforma
legal. Tampoco se contempla que las empresas españolas estén
acostumbradas a una definición del valor del trabajo que no se
refiere a baremos objetivos sino a referencias personales en las que
están influyendo notablemente variables como la edad y el nivel
educativo, factores donde las mujeres, dominantes en el empleo
juvenil y en los niveles educativos más bajos, son especialmente
discriminadas.
En definitiva, señorías, bienvenida sea toda trasposición jurídica de
la igualdad, pero esta propuesta no se refiere al núcleo de la
cuestión ni contribuirá específicamente a mejorar la situación de
desigualdad que pretende denunciar. Son precisas acciones de otra
naturaleza. Esperamos que, después de esta trasposición, el Gobierno
nos traiga algunas propuestas en los terrenos donde opera realmente
la desigualdad, para que podamos creer que la mayoría de esta Cámara
ofrece una respuesta positiva a una situación tan escandalosa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Voy a pronunciarme en nombre del Grupo Parlamentario Catalán ante la
toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo
Parlamentario Popular, de modificación del artículo 28 del Estatuto
de los Trabajadores.
Nuestro grupo da la bienvenida a esta iniciativa por su contenido,
por su obviedad y por la necesidad de implementar esta directiva de
la Unión Europea, tal como otros portavoces ya han puesto de
manifiesto. En primer lugar, porque supone una mejora objetiva de
nuestro marco legal en este ámbito tan sensible de la igualdad de
retribución entre hombres y mujeres y, al
mismo tiempo, porque puede permitir -si existe voluntad política por
parte de la mayoría, del Gobierno y del conjunto de los grupos
parlamentarios- un debate a fondo sobre la situación de las mujeres
en nuestro mercado de trabajo y de manera muy específica sobre esta
persistente diferencia de retribuciones discriminatorias. Nuestro
grupo hoy va a votar a favor de esta toma en consideración. Vamos a
permitir y a apoyar este impulso legislativo que nos plantea el Grupo
Popular en aplicación de esta directiva de la Unión Europea.
Abordamos una cuestión, señorías, sobre la que existe un amplio
consenso en el conjunto de los Estados de la Unión Europea, avanzar
en el fin de esta diferencia de remuneraciones. Nos recordaba un
reciente informe de la Unión Europea sobre el empleo que, entre 1996
y 1997, esas diferencias habían disminuido cerca de dos puntos, se
situaban alrededor de un 14 por ciento, y ese mismo informe nos
recordaba que había dos Estados de la Unión, en concreto España y
Austria, en los que este leve proceso de mejora no sólo se había
estancado sino que incluso había retrocedido. Estamos, por tanto,
ante un problema que afecta al conjunto de la Unión Europea y que en
España también se debe abordar, partiendo de estos datos que nos
facilita la propia Unión. Además, debemos integrar esta cuestión en
otra mucho más amplia y compleja, que ya ha sido objeto de
iniciativas por parte del Gobierno y de los grupos parlamentarios,
como es la situación global, general, de la mujer en el mercado de
trabajo. Hay que tener en cuenta esa menor tasa de actividad, esa
menor tasa de ocupación, esa mayor tasa de desempleo, esos límites y
dificultades para hacer posible la conciliación, en el ámbito de la
empresa, de las responsabilidades familiares y las responsabilidades
de carácter profesional, o, incluso, la mejora de las condiciones de
trabajo de las mujeres. Todo ello desde la aplicación de la Ley de
riesgos laborales en aspectos concretos y que afectan directamente
a las mujeres trabajadoras hasta cuestiones que en nuestro ámbito legal
no están suficientemente desarrolladas, como es todo lo relacionado
con el asedio moral o sexual.
Es evidente, señorías, que esta iniciativa del Grupo Popular incide
en un aspecto concreto de esta amplia panoplia de problemas que
afectan al mercado de trabajo con relación a las mujeres. Y la
cuestión específica de la diferencia retributiva, la cuestión
específica que afecta a la discriminación retributiva -y lo ha dicho
ya algún otro portavoz- supera ampliamente lo que es una estricta
problemática de los textos legales que hoy ordenan esta materia. Se
ha hablado de esa mayor representación de las mujeres trabajadoras en
los sectores profesionales con los sueldos más bajos; se ha hablado
de que, dentro de las propias empresas, las mujeres tienden a ocupar
los sectores con menor responsabilidad y por tanto con sueldos más
bajos; se ha hablado del mayor peso relativo en el conjunto de
mujeres trabajadoras de las mujeres más jóvenes, con
todas las consecuencias que esto tiene para sus sueldos; se ha
hablado de esa menor antigüedad del conjunto de la población femenina
ocupada, que también incide en ese salario final; se ha hablado del
mayor índice de trabajo temporal que afecta a las mujeres, por lo que
incide en estas cifras, y también se ha hablado de esa mayor
presencia de las mujeres en trabajo a tiempo parcial. Todo ello,
señorías, nos lleva a que, siendo ésta una propuesta correcta, bien
intencionada, obvia, que responde al mandato de esta directiva, nos
conviene, tal como lo recuerda la propia Unión Europea, tener un
enfoque global en esta materia. Nos conviene ser capaces de integrar
la igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de nuestras
políticas públicas en esta materia.
La Unión Europea, en su informe conjunto sobre el empleo del año
2001, nos recuerda que por planteamiento global se entiende el
conjunto de vidas que abarquen los sistemas de consulta con los
organismos sobre igualdad entre hombres y mujeres, también a nivel
regional, la evaluación del impacto de la nueva legislación en ambos
sexos, la puesta a disposición de indicadores y estadísticas, la
sensibilización mediante información, la formación, la encuesta y
otros planteamientos innovadores. Y la propia Unión Europea, en este
informe sobre el empleo en el año 2001, nos recuerda que algunos
países que habían recibido una recomendación política sobre la
necesidad de promover esa integración que he citado no han adoptado
medidas contundentes para mejorar la situación. En concreto, el
informe cita a Grecia, Alemania, Italia, Luxemburgo y España.
Señorías, nosotros estamos convencidos de que, junto al cambio legal,
que, insistimos, es obvio y necesario en aplicación de esa directiva
de la Unión Europea, vamos a hacer políticas públicas más activas en
ese ámbito, destinadas a una revisión a fondo del sistema de
clasificación de ocupaciones y que eviten este trato discriminatorio
de las profesiones donde se concentra un mayor número de mujeres.
Habrá que abrir este debate, la propia directiva nos lo indica.
Seguramente habrá que abrir el debate sobre una modificación del real
decreto que regula los sectores laborales donde las mujeres están
sobrerrepresentadas y, quizás, darle la vuelta y plantear en qué
sectores las mujeres están infrarrepresentadas. Habrá que ser capaces
de implementar en la negociación colectiva estos planteamientos y
exigir a las organizaciones sociales que apuesten en la negociación
colectiva por no introducir elementos y criterios de género. También
habría que exigir a las organizaciones sociales de ámbito sindical
una mayor representación de las mujeres en todo el proceso de
negociación y cumplir aquello que el Senado, en fechas muy recientes,
el día 30 de octubre, aprobó en lo referente a tener datos de
información que permitan evaluar estas políticas. En concreto, la
Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer aprobó -creo que a
instancias del Grupo Socialista- una proposición
no de ley con una enmienda presentada por Convergència i
Unió, que instaba al Gobierno a elaborar un análisis de las
retribuciones de los trabajadores y las trabajadoras basado en el
sistema de clasificación y valoración de los grupos de trabajo, para
detectar las discriminaciones salariales por razón de sexo que se
están produciendo en nuestro mercado laboral.
Señorías, nos conviene tener un conjunto de políticas públicas
potentes en esta materia, con la complicidad, el compromiso y la
responsabilidad de los agentes sociales. En ese debate del 30 de
octubre, mi estimada colega, la señora Mercè Pigem, nos recordaba que
la Unión Europea desde 1951 ha asumido estos objetivos y que hoy, al
cabo de unos cuantos años, en el conjunto de la Unión podíamos hacer
un balance crítico sobre esta materia. Se ha avanzado, pero no
suficientemente, hacia ese objetivo de la plena igualdad. Eso va a
exigir voluntad política y de cambio social, y la voluntad de cambio
social implica también cambio de mentalidades. Hoy me recordaban que
hace escasos cuatro años, en una empresa en Cataluña, había quien a
la hora de plantear la posible contratación de una persona decía:
tenemos que contratar un químico a precio de mujer. El cambiar esta
mentalidad se hace con modificaciones de la ley, pero, sobre todo, se
hace con voluntad política y social de los Gobiernos, de las
administraciones y del conjunto de los agentes sociales. Si esta
proposición de ley nos va a permitir en el proceso parlamentario
abrir este debate a fondo, bienvenida sea, aunque sea obvia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora De
la Cruz.
La señora DE LA CRUZ VALENTÍN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me dirijo a la Cámara para fijar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista respecto a la modificación del artículo 28
del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, presentada por
el Grupo Popular en forma de proposición de ley.
Para centrar bien el debate, es necesario comenzar señalando el
contenido actual del artículo 28, regulador de la igualdad de
remuneración por razón de sexo, una igualdad que alcanza las
diferentes percepciones económicas de carácter salarial que el
trabajador o trabajadora puede recibir por la prestación de un
trabajo de igual valor; a éste le llamamos principio de igualdad
salarial. La proposición de ley propuesta por el Partido Popular
pretende establecer el principio de igualdad retributiva por el
anteriormente descrito al pretender alcanzar la igualdad tanto en las
percepciones económicas salariales como extrasalariales, es decir,
igualdad en la retribución total que, por la prestación de untrabajo
de igual valor, se puede recibir, sea hombre o
mujer. La modificación propuesta es una adaptación de nuestra
legislación a lo establecido en el artículo 141 del Tratado de
Amsterdam y en la Directiva europea 75/117. Con la entrada en vigor
del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999, la igualdad ha quedado
anclada en los fundamentos y objetivos del ordenamiento jurídico
comunitario. El apartado tercero del citado artículo 141 constituye
un nuevo fundamento jurídico para el desarrollo legislativo en el
ámbito de la igualdad de oportunidades e igual trato en asuntos de
empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución
para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Muy bien, hasta
aquí está todo perfecto, es correcta la modificación del artículo 28
del Estatuto de los Trabajadores, pero la operatividad del principio
de igualdad retributiva se queda coja, señorías, porque las
modificaciones deberían continuar; no deberían quedarse sólo en el
ámbito del Estatuto de los Trabajadores, deberían hacerse extensivas
a otros textos legislativos que es necesario reformar para la plena
eficacia del citado principio. En concreto, se hace necesario
modificar la actual Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La función de vigilancia y
exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y el
contenido de los convenios colectivos, atribuida a la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, es de carácter genérico. Para que fuese
realmente operativa la vigilancia y exigencia del cumplimiento del
principio de igualdad retributiva habría de regularse específicamente
en la citada ley, tendría que declararse como uno de los programas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lo relativo a la
vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y
convencionales en lo referente a la igualdad de trato entre
trabajador y trabajadora, con especial atención a la lucha contra
todo tipo de discriminación laboral y salarial. No se puede venir a
esta Cámara, como hizo meses atrás el señor ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, señor Aparicio, y -cito textualmente- decir: Si a
veces se producen discriminaciones de carácter salarial es porque no
hay entre quienes deciden sobre salarios y sobre jornadas de trabajo
un número suficiente de mujeres representadas. Señorías, convendrán
conmigo en pedirle al señor ministro un poco de seriedad en este
tema, que no eche balones fuera, que asuma su responsabilidad de
Gobierno y que pongan las medidas necesarias para que la igualdad
retributiva sea real y efectiva entre hombres y mujeres.
Señorías del Partido Popular, si no quieren aceptar una propuesta del
Partido Socialista, pues comprendo que es muy duro que la oposición
les indique el camino a seguir, por lo menos acepten las
recomendaciones y las propuestas de la Comisión Europea hacia una
estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres
y mujeres 2001-2005, entre cuyas acciones concretas a realizar se
encuentran, primero, la revisión de
la citada Directiva 75/117, y, en particular, explorar sus
posibilidades de mejora, examinando el funcionamiento de soluciones
jurídicas e instar a los Estados miembros a que fuercen el contenido
y las competencias de las inspecciones de trabajo en lo que se
refiere a la legislación sobre igualdad de retribución; segundo,
apoyar con información y formaciones específicas sobre la legislación
en materia de igualdad, dirigidos entre otros colectivos a los
inspectores de trabajo con programas de apoyo.
Como ven, las propuestas de Grupo Parlamentario Socialista son
plenamente coincidentes con las de la Comisión Europea. De igual
modo, es necesario hacer una mención a la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Justicia. El citado artículo 141 del Tratado de Amsterdam
consolida la jurisprudencia del Tribunal sobre el principio de
igualdad de retribución al añadir una referencia al igual valor. En
1999, el Tribunal dictó siete decisiones prejudiciales en causas
relativas a la igualdad de remuneración y a la igualdad de trato
entre hombres y mujeres, en respuesta a cuestiones que le habían sido
transmitidas por tribunales nacionales. El artículo 141 sigue
generando jurisprudencia en la que se explora el concepto que
constituye discriminación sexual en cuestiones de igualdad y
retribución, así como las disposiciones materiales del principio de
igualdad de retribución en cuanto a las referencias que se toman y a
cómo puedan justificarse desigualdades en torno a este tema. En
nuestro país es también reiterada la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en este sentido y, como ejemplos, podemos citar la
sentencia número 145/1991, de 1 de julio; la sentencia 28/1992, de 9
de marzo, y otras más recientes, como son las números 183/2000, de 10
de julio, y 250/2000, de 30 de octubre.
Llegado a este punto del debate, no puedo terminar sin antes hacer
una reflexión. Es positivo que el Gobierno intente establecer el
principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres por un
mismo trabajo de igual valor, aunque, como he dicho anteriormente,
las modificaciones legales son insuficientes y el camino que sigue el
Gobierno es lento y sinuoso. Por eso yo me pregunto: para que exista
una igualdad retributiva el Gobierno deberá cumplir con lo
establecido en la cumbre de Estocolmo respecto a las tasas de
ocupación femenina, creando dos millones de empleo ocupadas por
mujeres de aquí hasta el año 2005. Para cumplir dicho objetivo, el
Grupo Parlamentario Socialista planteó medidas concretas en la Ley de
reforma laboral y ahora en la Ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. En ambas
ocasiones, fueron rechazadas las propuestas por el Partido Popular.
Como ven, todo está dentro de un mismo saco. Si no hay suficiente
empleo femenino difícilmente podrá aplicarse igualdad en cuanto a
retribuciones.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, actúen con responsabilidad
en su acción de gobierno. Menos
propaganda y más ejecución de políticas activas que hagan mermar
hasta su desaparición la desigualdad existente en estos momentos. El
Grupo Parlamentario Socialista es responsable y sabe lo importante de
la lucha para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos. Desde esa responsabilidad, daremos un voto de confianza
al votar positivamente esta proposición de ley, esperando que el
Gobierno rectifique a tiempo estableciendo las medidas antes citadas
para que la igualdad retributiva entre hombres y mujeres sea real y
efectiva. Si esto sucede así no saldrán victoriosos, ni el Grupo
Parlamentario Popular, ni el Grupo Parlamentario Socialista, ni
cualquier otro grupo de esta Cámara. La única victoriosa será la
sociedad al ser más justa y equitativa.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De la Cruz.
Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del artículo 28
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
283; a favor, 282; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración de la
citada proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DEDUCCIÓN DE LAS
CUOTAS PAGADAS POR EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE).
(Número de expediente 122/000127)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la deducción de las cuotas
pagadas por el impuesto sobre actividades económicas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Cuesta. (Rumores.)
Señorías, ruego abandonen el hemiciclo en silencio quienes lo vayan a
hacer, y con rapidez si es posible. (Continúan los rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Nuevos rumores.)
Señorías, hay un diputado en la tribuna esperando para poder
continuar con el debate. Les ruego que las conversaciones las
realicen fuera del hemiciclo, a ser posible.
Adelante, señor Cuesta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa
la presidencia.)
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, decíamos ayer -y algunos también decían
antes de ayer- que nos comprometemos a eliminar el impuesto sobre
actividades económicas para el 90 por ciento de las pequeñas empresas
y autónomos. Así, al menos, lo reflejaba el programa electoral del
Partido Popular en 1996; el programa electoral municipal, también del
Partido Popular en 1999, y los programas electorales de varias
formaciones políticas: del Partido Popular y también del Partido
Socialista Obrero Español, en el año 2000. El presidente del Gobierno
dijo, también ayer como quien dice, en la sesión de investidura de 25
de abril de 2000 y en el debate sobre el estado de la Nación, de 26
de junio de 2001, que se comprometía a la eliminación del impuesto
sobre actividades económicas para el 90 por ciento de las pequeñas
empresas y autónomos, y que se proponía trabajar en la reforma del
modelo actual de financiación local. «La supresión del impuesto sobre
actividades económicas para los pequeños negocios será un elemento
primordial de esta reforma», afirmaba el presidente del Gobierno.
Algunos dijeron, también ayer, sobre el impuesto sobre actividades
económicas que se puede caminar en la línea de un impuesto a cuenta
del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de las
personas físicas. El propio Congreso de los Diputados por unanimidad,
como quien dice ayer, el 9 de mayo del año 2000, instaba al Gobierno
a que remitiera un proyecto de ley de reforma de la Ley de Haciendas
Locales en el sentido de modificar la actual regulación del impuesto
sobre actividades económicas, al objeto de posibilitar una exención
del mismo para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores
autónomos. El segundo punto de esta proposición no de ley afirmaba
que las compensaciones económicas necesarias para las corporaciones
locales, al objeto de evitar que la modificación del impuesto sobre
actividades económicas suponga un perjuicio para dichas haciendas
locales, debían de estar garantizadas, con la finalidad -añadía la
proposición no de ley-, en su actual nivel, de garantizar la
autonomía y la suficiencia financiera de las corporaciones locales.
Después de tantas afirmaciones y de tantas personas que dijeron cosas
ayer, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es el estado de la cuestión en
estos momentos? ¿Qué es lo que ha ocurrido con relación al impuesto
sobre actividades económicas? Hasta ahora, nada. Es más, ¿qué ha
hecho el Gobierno? Para empezar, confundir y crear un clima de
inseguridad en todas las corporaciones locales.
Hubo un secretario de Estado, persona muy querida y admirada por los
ministros de Hacienda y de Economía y por todo el Gobierno -me
refiero a ese monumento a la ética política y especialista en mercado
de valores (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Barrionuevo!); al tahúr
y preceptor -y también perceptor-
de Gescartera, el señor Giménez-Reyna-, que amenazó con suprimir el
impuesto de actividades económica sin compensación alguna para los
ayuntamientos, pidiéndoles que trasladaran el problema a los
ciudadanos; es decir, que subieran impuestos municipales, precios
y tasas para compensar la supresión de ese impuesto. Cuando ese
preceptor -o perceptor- de Gescartera abandonó sus responsabilidades
políticas su doctrina siguió anidando en las filas del Gobierno. Como
un coro, varios responsables políticos del Partido Popular siguieron
predicando su buena nueva. Es más, la reciente subida de impuestos
indirectos, tasas, precios públicos y módulos -es decir, impuestos
para todos para sufragar privilegiados regalos fiscales para unos
pocos- es la política, la herencia y el consejo que los alumnos
aventajados del señor Giménez-Reyna siguen practicando desde el punto
de vista fiscal.
Con esta proposición de ley, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista pretende dos objetivos fundamentales. En primer lugar, dar
soluciones a la financiación local; soluciones a las ciudades y a los
municipios. Ello significa hablar de suficiencia financiera de las
corporaciones locales; ello significa hablar fundamentalmente de
servicios públicos en los ayuntamientos de ciudades y municipios;
ello, en suma, es hablar de ciudadanas y de ciudadanos. Lo decía
Jacobs en su conocida obra Las ciudades y la riqueza de las naciones:
La solución al problema de las ciudades es la solución a los
problemas básicos de nuestra civilización. Las sociedades y
civilizaciones cuyas ciudades se estancan no pueden desarrollarse ni
florecer. Estamos hablando, por tanto, de ciudades y de ciudadanos.
En segundo lugar, esta proposición de ley pretende rebajar la presión
fiscal sobre determinados sectores. Un impuesto de actividades
económicas deducible, a cuenta, una reforma del impuesto de
actividades económicas; y no a costa de los ayuntamientos, sin
compensaciones y erosionando los ingresos de los municipios y de las
ciudades. Queremos evitar esa erosión, y ambos objetivos -impedir la
erosión de los ingresos de las corporaciones locales y garantizar la
suficiencia financiera y la rebaja fiscal- se pueden resumir en una
palabra: ciudadanos.
Decía que quería hablar de financiación local. ¿Qué está pasando hoy?
Los ayuntamientos presentan una situación presupuestaria
perfectamente homologada con los objetivos de convergencia. Esto hace
que leyes como la ley general de estabilidad presupuestaria se
conviertan en inútiles y en una auténtica mordaza. Son leyes que
tienen indicios muy serios de inconstitucionalidad porque invaden la
autonomía local y la suficiencia financiera de las corporaciones
locales. Hoy estamos de enhorabuena, señor presidente, señoras y
señores diputados, porque la Federación Española de Municipios y
Provincias ya ha aprobado su crítica y una petición solemne al
Gobierno: que se agilice un proceso riguroso y serio de negociación
para resolver
el problema de la financiación local, que se retire la ley general de
estabilidad presupuestaria porque invade las competencias y, sobre
todo, las posibilidades de actuación de las corporaciones locales. Se
está degradando la situación de los municipios. Los ayuntamientos son
hoy desatendidos en los Presupuestos Generales del Estado para 2002.
Ha disminuido el programa de cooperación económica local. El Gobierno
deja prácticamente sin financiar el plan concertado para el
desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales. El Gobierno
central no aporta su tercio en la cuota; son los ayuntamientos los
que están asumiendo esta financiación. Hoy son insuficientes las
cuantías para financiar el transporte público urbano; incluso el
propio Senado ha corregido parte del desaguisado en esta materia que
el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular
generaba para las corporaciones locales. Existe una situación de
asfixia económica de los ayuntamientos. Hoy los ayuntamientos siguen
representando el 14 por ciento del gasto público y sin embargo hay un
dato que no puede ser nunca olvidado por esta Cámara. Los
ayuntamientos son realidades dinámicas de la economía española. El 30
por ciento -atiendan, señorías- de los recursos del gasto de los
ayuntamientos se está dirigiendo a la gestión de lo que se denominan
competencias impropias, es decir, a la gestión de aquellos servicios
públicos que a veces generan una deficiente gestión en otras
administraciones y que las corporaciones locales tienen que cubrir
poniendo sus propios recursos; es decir, las corporaciones locales
están diseñando modelos de modernidad pero también dando soluciones
fundamentales para las ciudadanas y los ciudadanos. Desde el Gobierno
se les está abocando a la asfixia económica. Los responsables
económicos del Gobierno han lanzado recientemente un reto a los
ayuntamientos. Les dicen: o suben los impuestos o dejan de prestar
servicios. Esa es la fatídica dinámica del Gobierno del Partido
Popular y eso es tanto como disminuir el espacio de lo público, que
es tanto como disminuir el espacio de la democracia y que, sobre
todo, es tanto como convertir algunas necesidades básicas
insatisfechas de los ciudadanos en oportunidades de negocio.
Decía que quería hablar también de rebajar la presión fiscal. Ustedes
acaban de subirla de manera artera en el Senado. Nuestra proposición
consiste en la deducción en la cuota del impuesto sobre la renta de
las personas físicas y del impuesto sobre sociedades de las cuotas
mínimas del impuesto de actividades económicas, así como del 50 por
ciento de los recargos provinciales, con un máximo de 50.000 pesetas
por cada actividad sujeta. Se prevé también la devolución de dichas
cuotas si no resultase cantidad a abonar en los referidos impuestos.
Con esto se cumple un doble objetivo. En primer lugar, se garantiza
la supresión fiscal del impuesto de actividades económicas para el 90
por ciento de los contribuyentes; se consigue por tanto disminuir
la presión fiscal y, sobre todo, sin merma de los ingresos de
los ayuntamientos, es decir, sin poner en peligro los ingresos y los
servicios públicos. El impuesto de actividades económicas es hoy para
los ayuntamientos una fuente de ingresos de una gran magnitud. Dicho
impuesto recaudó en el año 1998 -que es desde cuando hay referentes y
datos, porque el Gobierno ha extendido también la opacidad para que
no se puedan conocer la evolución y los datos de la Agencia
Tributaria- 272.948 millones de pesetas en el ámbito municipal, lo
que supone un quinto de los impuestos municipales, el 14 por ciento,
si se quiere, de los ingresos fiscales -incluyendo tasas, precios
públicos y contribuciones especiales- o lo que supone el 7 por ciento
de los ingresos totales no financieros de las corporaciones locales.
Con esta medida por tanto se rebaja la fiscalidad y sobre todo se
garantiza a los ayuntamientos que mantengan un nivel de ingresos
adecuado para poder impulsar políticas de servicios públicos. Estamos
denunciando una necesidad objetiva, la que hoy denunciaba la
Federación Española de Municipios y Provincias: urge un nuevo modelo
de financiación local, y el Gobierno de la nación no quiere hablar de
este tema. Con nuestra propuesta, les decía, rebajamos el impuesto de
actividades económicas, sobre todo para los jóvenes emprendedores,
para los autónomos, para pequeños empresarios, y además los
ayuntamientos no pierden y si los ayuntamientos no pierden, no
pierden los servicios; y si los servicios públicos no pierden,
señoras y señores diputados, ganan los ciudadanos. Señores del Grupo
Popular, acepten esta proposición. Si la rechazan, estarán
contribuyendo aún más al deterioro de los servicios públicos y sobre
todo a una política fiscal injusta.
Acabo, señor presidente, señoras y señores diputados. En 1992, en su
obra La cultura de la satisfacción, John Kenneth Galbraith denunciaba
una mentalidad fiscal que resumía en la siguiente frase de George
Gilder: Para ayudar a la clase media y a los pobres se deben reducir
los impuestos de los ricos. Esa parece ser, señorías, la política
fiscal del Gobierno del señor Aznar.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Cuesta. ¿Algún
grupo desea utilizar turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, reaparece en esta Cámara la discusión sobre el impuesto de
actividades económicas y por tanto es evidente que si reaparece, es
porque este problema no está resuelto, a pesar de las promesas del
Partido Popular. Esta vez lo hace mediante una proposición
de ley del Grupo Socialista que plantea como fórmula transitoria
deducciones fiscales para las pequeñas empresas, trabajadores
autónomos o profesionales sometidos al pago de este impuesto.
El Bloque Nacionalista Galego, como saben, ha expresado su opinión
sobre el IAE en otros debates en esta Cámara. Para nosotros se trata
de un impuesto regresivo e injusto para la amplia mayoría de los
sujetos pasivos incluidos en el mismo, porque entre otras cosas el
gravamen no guarda relación con el beneficio empresarial. Para
nosotros la mejor fórmula para corregir los problemas que genera este
impuesto es su supresión para la mayoría de los que hoy pagan por
este concepto, eso sí, garantizando el Estado, cuando menos, el
actual nivel de ingresos que los ayuntamientos obtienen por esta vía
y manteniendo la función censal y de control que sin duda tiene.
Dicho esto, lo cierto es que parece que todos los grupos políticos
coinciden en la necesidad de reformular a fondo la situación que se
deriva de la actual configuración del IAE, aunque, como decía antes,
esto no acaba de ver la luz en la práctica y no puedo obviar hacer
referencia expresa a que el Partido Popular, el grupo mayoritario de
esta Cámara, por boca, por cierto, del propio señor Aznar, que
convirtió este tema en estrella de la pasada campaña electoral,
afirmaba que se iba a suprimir el impuesto sobre actividades
económicas. Por cierto, haber convertido este tema en estrella estoy
seguro que tuvo unos réditos electorales importantes. Sin embargo,
pasados casi dos años, el Partido Popular, como decía, sigue sin
resolver el problema, a pesar de que en un debate en esta Cámara en
mayo de 2000, hace año y medio, el portavoz del Grupo Popular en
aquella ocasión, con la habitual contundencia que le caracteriza, se
refería a esas promesas electorales de su partido y afirmaba
literalmente aquello de que si algo ha caracterizado al Gobierno del
Partido Popular, es que cumple lo que promete. Es verdad que aún está
a tiempo, pero después de dos años sin ver concretada tal promesa, el
plazo es cada vez menor. La propuesta del Grupo Socialista en este
contexto de incumplimiento del Gobierno nos parece que se puede
apoyar. En primer lugar, propone fórmulas transitorias para mitigar
la carga que sufren pequeños empresarios, autónomos o profesionales,
mediante deducciones fiscales. En segundo lugar, garantiza los
actuales niveles de ingresos de los ayuntamientos y, al mismo tiempo,
y a mí me parece importante, reabre e impulsa un debate necesario
sobre esta cuestión. Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego va a
votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley
y si pasa el filtro de este Pleno, formularemos las enmiendas que
consideremos oportunas en su día.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias,señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, existe un problema con el IAE, sobre todo porque el
Gobierno del Partido Popular tiene en cartera su desaparición.
Obviamente, la finalidad de este tributo es recaudatoria pero también
censal. El censo de actividades es de gran interés como base de
datos. Es una fuente importante de recursos para las haciendas
locales y es un tributo directo que grava los rendimientos del
capital. Esto no puede olvidarse a la hora de hacer propuestas a la
vista de nuestro sistema fiscal desequilibrado hacia la imposición
indirecta y donde los rendimientos del capital tienen un tratamiento
fiscal ventajoso. Es un impuesto que grava el mero ejercicio de
actividades sin atender a los resultados económicos de las mismas, la
capacidad económica de empresa, pero el impuesto se justifica
plenamente sobre la base de la riqueza potencial de la misma y, por
tanto, indicativa de la capacidad de pago. Por todo ello compartimos
con el Grupo Socialista la oposición a que este tributo desaparezca.
Esto no significa que el IAE como impuesto no presente aspectos
criticables y susceptibles de mejora para hacerlo más racional. Es
aquí donde hay que trabajar. La propuesta que presenta el Grupo
Socialista cumple aquel objetivo porque no reduce los ingresos de los
municipios, no varía el IAE. Sin embargo, plantea la necesidad de
reducir la carga tributaria de los empresarios, lo cual es más que
discutible. Se pretende que en el IRPF y en el impuesto sobre
sociedades el IAE se deduzca en la cuota, bien es cierto que con
limitaciones y ciertos requisitos. En realidad el IAE ya reduce el
beneficio gravable en los tributos porque es un gasto deducible que
minora los ingresos en el impuesto sobre sociedades y en el IRPF. La
estimación objetiva también lo considera al establecer medidas de
rendimientos. No creemos oportuno llevar a cabo la modificación que
propone el Grupo Socialista, aunque no nos oponemos a la toma en
consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, estamos ante una proposición de ley
presentada por el Grupo Socialista en la que se pretende establecer
que las cuotas pagadas en el impuesto sobre actividades económicas
por parte de determinados empresarios y profesionales sean
recuperables por éstos al presentar sus declaraciones del
impuesto sobre la renta de las personas físicas o del impuesto sobre
sociedades, recuperables pero no en su totalidad sino hasta unas
determinadas cuantías. Antes de analizar el contenido de esta
propuesta nos gustaría recordar ante la Cámara la iniciativa que
presentó el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en la figura
de una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno
concretamente a suprimir el IAE de las pequeñas y medianas empresas.
Este era uno de los objetivos con el cual Convergència i Unió se
presentó a las últimas elecciones al Parlamento español,
concretamente en el año 2000, así como también una síntesis de cuál
había sido la trayectoria de nuestro grupo de oposición frontal al
impuesto sobre actividades económicas. Nosotros siempre habíamos
dicho que era un impuesto regresivo, injusto y que imposibilitaba la
creación de los puestos de trabajo. Por tanto, esta figura impositiva
del IAE siempre había sido vista por parte de Convergència i Unió
como un elemento regresivo y represivo, si me permiten SS.SS., para
el impulso de la economía productiva, así como también para la
generación de puestos de trabajo, ya que nosotros siempre hemos
considerado positivo que se pudiera gravar sobre los beneficios
obtenidos por las sociedades, así como también en el impuesto sobre
la renta de las personas físicas sobre los beneficios obtenidos por
parte de todos los empresarios individuales. En cambio, no
considerábamos siempre correcto tributar por el mero inicio de una
actividad económica entendiendo -y en eso hay coincidencia con el
fondo de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista- que este era un obstáculo importante para todos aquellos
empresarios emprendedores que quieren iniciar sus actividades y que
básicamente son pequeños empresarios, autónomos, personas que acaban
sus estudios profesionales o empresariales o que están en una
situación delicada de paro, así como para ese colectivo importante
y potencialmente empresario el día de mañana como pueden ser las
mujeres. El resultado del debate de esta proposición no de ley fue la
unanimidad de todos los grupos parlamentarios en el sentido de hacer
desaparecer esta figura tributaria. Es cierto que en el texto de esta
proposición no de ley figuraba una propuesta en el sentido de que
dicha desaparición del impuesto de actividades económicas había de
enmarcarse dentro de una reforma de la Ley de haciendas locales, con
el fin de que no se vieran perjudicados por la desaparición de este
impuesto nuestros ayuntamientos y administraciones locales. Este
sería el motivo fundamental por el que nosotros hoy ya no estaríamos
de acuerdo en aprobar esta proposición de ley, porque aun estando de
acuerdo con la forma y llegando también a coincidir con el Grupo
Parlamentario Socialista quizás en el fondo en que la fórmula que
determinemos en el futuro sea la de posibilitar la deducción de los
beneficios empresariales por todos los empresarios individuales
afectos a la estimación directa o a los módulos o a la reducción en
el
impuesto sobre sociedades, pensamos que lo más lógico y lo más
prudente es abordar este futuro proyecto de ley de financiación de
entidades locales abiertamente, con una propuesta importante por
parte de todos los grupos parlamentarios, a fin y efecto de no verse
perjudicada una cuestión tan importante como es la financiación de
las haciendas locales por una decisión precipitada, aun entendiendo
que quizás finalmente la fórmula que lleguemos a adoptar sea la que
hoy ha propuesto el Grupo Socialista.
Ya que estamos iniciando el debate, aunque seguramente será abordado
en profundidad el año próximo o al final de esta legislatura por
parte de todos los grupos parlamentarios, me gustaría referirme a
algunas cuestiones en cierto modo negativas que también incidirán en
este voto en contra que hoy va a dar nuestro grupo parlamentario a la
toma en consideración de esta proposición de ley. En primer lugar, no
nos parece justo vincular la reducción, no la supresión, del IAE a la
circunstancia de que el empresario y destinatario de la reducción
tribute por módulos o por estimación directa simplificada, es decir,
eliminando el carácter optativo de la tributación de estos regímenes.
Señorías, saben perfectamente que estos regímenes de la tributación
por módulos o por estimación directa tienen la facultad de ser
optativos para los empresarios que puedan llegar a tributar por
dichos regímenes. Estamos convencidos de que en el caso de que
prosperara esta iniciativa socialista es posible que la recaudación
en este caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas
pudiera ser importante y pudiera en cierta medida desdibujar el
panorama fiscal que está perfectamente implementado en los
Presupuestos Generales del Estado. Asimismo apreciamos en esta
proposición severas limitaciones cuantitativas a la posibilidad de
recuperación del IAE que previamente habrían pagado los pequeños
empresarios y profesionales, limitaciones que, a nuestro entender,
provienen de dos fuentes, conceptuales y puramente cuantitativas.
Entre las primeras está que sólo sería recuperable el 50 por ciento
de los recargos provinciales sobre cuotas mínimas del impuesto de
referencia y que la cuota del impuesto sobre actividades
empresariales que corresponde a la aplicación de los coeficientes
correctores e índices de situación previstos en los artículos 88 y 89
de la Ley de haciendas locales debería ser soportada también en este
caso por los contribuyentes de este impuesto; es decir, que dichos
importes a pagar mediante el impuesto sobre actividades económicas no
resultan eliminados, sino que siguen soportándose por los
contribuyentes, o sea, por los ciudadanos. Solamente eliminaríamos,
en caso de que prosperara la toma en consideración de la proposición
presentada por el Grupo Socialista, la posibilidad de reducir en un
50 por ciento los recargos provinciales que están perfectamente
tipificados en la concentración global del IAE. Existe otra
limitación a nuestro entender cuantitativa en el sentido de que sólo
se elimina el IAE pagado por los particulares hasta una cifra de las
50.000 pesetas, pero entendemos que hay que ir hacia la supresión
definitiva de este impuesto, que, repito, Convergència i Unió
considera regresivo porque imposibilita la creación de puestos de
trabajo y supone un obstáculo importante para el impulso de la
economía productiva de todos aquellos colectivos empresariales, de
futuros emprendedores, ya que este impuesto es un techo importante
para sus aspiraciones empresariales.
Finalmente y con el máximo cariño hacia el diputado que ha defendido
esta iniciativa parlamentaria, el señor Cuesta, quiero decirle que
esta fue una iniciativa que impulsaron ustedes con fuerza cuando
estaban en el Gobierno, a pesar de la oposición frontal del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, que siempre consideró regresiva
una tipificación o una puesta en circulación de un impuesto que,
repito, gravaba las actividades empresariales, básicamente de los
pequeños empresarios. Por tanto sería más apropiado que esta
iniciativa surgiera del consenso de todas las fuerzas políticas en el
momento oportuno, cuando se puedan traer al Parlamento reformas tan
importantes como la del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, la del impuesto sobre sociedades y cuando se ponga encima de
la mesa la futura financiación o el futuro proyecto de financiación
de las administraciones locales.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señor presidente.
Señor Cuesta, permítame que no comience como usted hablando de ética
política ni de Gescartera. No es el momento procesal oportuno, que
diría un jurista, y tampoco creo que sea el momento oportuno de
hablar de esas sentencias que van a caer dentro de poco contra el
Gobierno socialista, compañeros suyos de partido, así que vamos a
dejar eso y hablemos del impuesto sobre actividades económicas.
(Rumores.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular me corresponde el turno
para fijar la posición con relación a la proposición de ley
presentada por el Grupo Socialista sobre las deducciones de las
cuotas pagadas en el impuesto sobre actividades económicas, conocido
popularmente como IAE. Quisiera comenzar diciendo que este impuesto
es un tributo propio de las entidades locales, no es un tributo
estatal, es decir, es un recurso de las haciendas de los
ayuntamientos, establecido, como usted bien sabe, por la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales y, si no
recuerdo mal, son los artículos 88 y 89 los que regulan perfectamente
cómo deben aplicarse. Después, los reales
decretos legislativos del año 1990 y 1991 desarrollaron las
tarifas e instrucciones de aplicación, tanto para las actividades
económicas de industriales, profesionales y artistas como para las
actividades ganaderas independientes. Hago un poco de resumen para
que se conozca cuál es la naturaleza de este tributo, que es un
tributo directo, local -como antes he dicho-, real y cuya base o
hecho imponible se origina por el inicio de una actividad, bien es
verdad que no es por el beneficio sino por la apertura -diríamos
vulgarmente- de la puerta del establecimiento. Hasta ahí estamos
todos de acuerdo. Hago esta aclaración para centrarme en la
proposición de su grupo parlamentario.
Al hablar de sus dos objetivos ustedes apuntan que se presenta esta
proposición para reducir la carga tributaria de los contribuyentes
que ejercen actividades económicas y para asegurar que las
corporaciones locales no vean reducidos sus ingresos. ¿Qué pretende
con esto el Partido Socialista? Se lo voy a decir. Sinceramente creo
que ustedes pretenden propaganda política, porque como bien sabe
usted se están reuniendo la FEMP, la Federación Española de
Municipios y Provincias, con su comisión de Hacienda al frente, y la
comisión de técnicos del Ministerio de Hacienda; están reuniéndose -y
usted debe conocerlo porque pertenece o ha pertenecido a la FEMP-
para elaborar lo que será en su día el proyecto de reforma de la Ley
de haciendas locales. Claro, ustedes también quieren apuntarse ahora
a un carro para aproximarse a las pequeñas y medianas empresas y a
los trabajadores autónomos, esos grandes olvidados -lo he dicho
alguna vez en esta tribuna y lo vuelvo a repetir- por el Grupo
Socialista y por los gobiernos socialistas durante bastantes años.
Además, no hay que remontarse a la historia, hay que ser coherente.
Cuando aquí se votó la reducción para las pymes, pequeñas y medianas
empresas como usted sabe, que no alcanzan la facturación hoy día
hasta 500 millones de pesetas, ustedes se opusieron a esa reducción
del impuesto sobre sociedades del 35 al 30 por ciento. Eso está ahí,
está clarísimo que ustedes se opusieron a la reducción de ese
impuesto especialmente para las pymes. Por eso le digo que ustedes
nunca apostaron por reducir impuestos. No le digo nada del impuesto
sobre la renta; en la Ley 30/1998, ustedes se opusieron a la
reducción de la tarifa, que afectaba no sólo a los pequeños
empresarios sino a todos los españoles.
Voy a entrar en el fondo de la proposición y trataré de mostrarle que
no tienen razón jurídica ni creo que política. El IAE es un tributo
local y es un gasto deducible íntegramente hoy día en las actividades
empresariales, profesionales y artísticas y en las actividades
económicas, y no en la cuota mínima. Le voy a dar simplemente una
noción porque cotizo por el IAE, sé lo que es el IAE, he estudiado el
IAE y le voy a decir que el IAE no es solamente la cuota mínima; es
la cuota mínima, es el recargo provincial que va a la diputación, es
el incremento por el coeficiente de población que
aplica cada municipio, de acuerdo con el baremo que estime oportuno y
con el índice de la calle donde esté situado el establecimiento.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Ustedes piden una cosa curiosa, una
cosa compleja y además injusta. Le voy a decir por qué. Compleja
porque piden ustedes que sea solamente la cuota mínima, pero con un
límite; eso sí, con un límite pero que se va a aplicar a 50.000
pesetas por cada actividad. Yo pregunto, ¿ustedes marginan al
contribuyente que tenga una sola actividad? ¿Priman ustedes al señor
que tenga dos actividades en los epígrafes del IAE? A un señor que
tributa por 50.000 pesetas y tiene dos actividades ustedes le dicen:
dedúzcaselo. A un señor que cotiza en una actividad por 80.000
pesetas, le dicen: usted no, usted solamente 50.000 pesetas. Por eso
digo que es injusto el planteamiento. Es complejo, por supuesto,
porque no lo aplican ustedes a toda la cuota. Independientemente de
esto, hoy, como antes le he dicho, los profesionales, los empresarios
y los artistas, aparte de las actividades ganaderas independientes,
pueden deducirse íntegramente, cuota cero. Tienen que pagar,
lógicamente, porque al darse de alta tienen que cotizar. Estaría
bueno que un impuesto no se pagase al iniciar una actividad. Otra
cosa es estudiar la reforma de este impuesto. Ese es otro tema que
más adelante trataré de abordar. Quiero recordar las palabras de un
grato maestro de asesores fiscales, Ramón Drake, que cuando le
preguntaban: ¿qué se puede deducir, don Ramón? contestaba: se
consideran gastos todos aquellos que fueran necesarios para la
obtención de los ingresos. Esta es la contestación categórica de este
profesor de muchos asesores fiscales. Aquellos empresarios que están
acogidos al sistema de estimación objetiva, que consiguen sus
rendimientos netos por unos signos, índices o módulos, son los únicos
que no pueden deducirse la cuota del impuesto, como tampoco se pueden
deducir la cuota del impuesto del IBI, el impuesto de bienes
inmuebles, ni la cuota del impuesto de IVTM, de vehículos de tracción
mecánica, que son los tres impuestos típicos y propios de los
municipios. Esos son los únicos industriales que no se pueden deducir
esos impuestos, porque previamente han renunciado al ejercicio de una
actividad, como puede ser la estimación simplificada o estimación
directa normal.
El Grupo Socialista nos pide que interpretemos el IAE como un pago a
cuenta. Usted comprenderá que eso ya pasó con el antiguo impuesto
general sobre la renta de las personas físicas en el año 1970, eso ya
pasó a la historia. El IAE es un tributo local y su cuota podrá ser
descontada como gasto, pero ahí queda hasta que se sustancie y se
tramite el nuevo procedimiento de financiación, la nueva fórmula, y
entre en regulación el impuesto sobre actividades económicas.
Fue el Partido Popular -y usted también lo manifestó anteriormente-
el que en el programa del año 2000 dijo que para las pequeñas
empresas, para los pequeños negocios, se suprimiría el IAE. El
presidente
del Gobierno -usted también lo ha manifestado y yo lo ratifico- en su
discurso de investidura dijo claramente que se suprimiría el IAE para
el 90 por ciento de los pequeños empresarios y los autónomos.
Asimismo, el ministro de Hacienda señor Montoro muy recientemente, el
19 de junio de este año, manifestó que el Gobierno cumpliría su
compromiso de supresión del IAE, sustituyendo esa financiación por
otros sistemas. El Gobierno, y se lo digo como creyente de lo que
propone mi Gobierno, cumplirá en estos próximos meses -y me atrevo a
decir que en este primer semestre del año venidero-, con la
negociación lógica con la Federación Española de Municipios y
Provincias, lo que se ha dicho electoralmente por el presidente del
Gobierno y por el ministro de Hacienda señor Montoro.
También, ha dicho claramente aquí el portavoz de Convergència i Unió
que en esta Cámara ya se aprobó en su día una propuesta y un acuerdo,
creo recordar que el 9 de mayo del año 2000, a instancias del Grupo
de Convergència i Unió, por unanimidad. Todos los grupos eran
conscientes de que el impuesto sobre actividades económicas tenía que
reformarse, y a ello me remito. Si todos los grupos por unanimidad
están de acuerdo, si el Gobierno está de acuerdo en una próxima
regulación con una reforma de la Ley de haciendas locales, me parece
improcedente presentar una proposición de ley para decir: yo me
acuerdo ahora de los pequeños empresarios y de los autónomos. Vamos a
ser coherentes, tenemos en puertas el año 2002 y la comisión de
Hacienda está reuniéndose con la comisión de técnicos del Ministerio
para elaborar este anteproyecto. Eso está ahí y lo que le quiero
decir es que la modificación del actual impuesto del IAE al objeto de
posibilitar la exención de las pymes y autónomos es un acuerdo tomado
en Pleno que el Gobierno del Partido Popular cumplirá fielmente.
Asimismo, le digo que los ayuntamientos no verán mermada su capacidad
de financiación, puesto que se les compensará económicamente de forma
que se les garantice su autonomía y suficiencia financiera. Sin
embargo, no me pida que las cuotas del IAE las soporte el Estado,
porque con su proposición lo que piden exactamente es que sea el
Estado...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Blancas, le ruego que
vaya concluyendo.
El señor BLANCAS LLAMAS: Voy concluyendo, señor presidente.
Piden que sea el Estado el que cargue con la responsabilidad a través
del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades. No. Si
queremos ser serios y responsables, participemos y seamos
corresponsables en la financiación todos, haciendas autonómicas y
haciendas locales.
En resumen, nos opondremos a la proposición de ley por las razones
que he enumerado. Además, su propuesta
me parece coyuntural, parcial en su cuantía, como ya se le ha
dicho, parcial en el tiempo, motivada, se lo vuelvo a repetir, por
oportunismo político, máxime cuando ya se está estudiando y
elaborando el anteproyecto en esta comisión conjunta del Ministerio
con la FEMP. Simplemente les pido que colaboren y participen con
nosotros en la elaboración de este proyecto de financiación de las
haciendas locales.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Blancas. (La
señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a
la deducción de las cuotas pagadas por el impuesto sobre actividades
económicas (IAE.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 120; en contra, 174; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
referida proposición no de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA
PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL QUE EN EL MES DE NOVIEMBRE
AFECTÓ A CATALUÑA, ILLES BALEARS, COMUNIDAD VALENCIANA, ANDALUCÍA
Y CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA. (Número de expediente 162/000381.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE
VIENTO Y AGUA DE LOS DÍAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2001 EN LAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CATALUÑA, ILLES BALEARS, VALENCIA Y OTROS
TERRITORIOS. (Número de expediente 162/000372.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS URGENTES A ADOPTAR POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE VIENTO,GRANIZO Y
AGUA DE LOS DÍAS 17 Y
18/11/2001 EN DETERMINADAS ZONAS DE CATALUÑA. (Número de expediente
162/000374.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SR. PUIGCERCÓS), PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS URGENTES DE AYUDA PARA LA REPARACIÓN DE LOS
DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL DE LOS PASADOS 11 Y 15/11/2001 EN
DETERMINADAS ZONAS DE CATALUÑA (EN ESPECIAL LA COMARCA DEL MARESME),
EL PAÍS VALENCIANO Y LAS ILLES BALEARS. (Número de expediente 162/
000375.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA
REPONER LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL QUE SE PRODUJO EN LAS
ILLES BALEARS, CATALUÑA Y COMUNIDAD VALENCIANA Y OTROS TERRITORIOS
ENTRE LOS DÍAS 10 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2001. (Número de expediente
162/000378.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: proposiciones no de
ley.
De acuerdo con la ordenación del debate, se debatirán conjuntamente
las proposiciones no de ley que figuran con los números 3, 4, 5, 6 y
7.
En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar los daños causados
por el temporal que en el mes de noviembre afectó a Cataluña, Islas
Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Ciudad Autónoma de
Melilla.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Sanz.
El señor SANZ PALACIO: Gracias, señora presidenta.
En el mes de noviembre, un temporal de lluvia y viento ha producido
importantes daños en distintas zonas de Cataluña, Baleares, Comunidad
Valenciana, Andalucía, Ciudad Autónoma de Melilla y Canarias. Los
daños han afectado tanto a zonas costeras como al interior,
habiéndose visto perjudicadas, en ocasiones, las comunicaciones y el
suministro eléctrico, causando daños importantes tanto en zonas
rurales como urbanas. Los daños causados no sólo han supuesto un
grave perjuicio para las condiciones de vida de los ciudadanos
afectados sino que pueden significar un serio inconveniente para el
desarrollo económico de esas zonas.
Los grupos políticos, conscientes de la gravedad de los daños, han
presentado cinco proposiciones no de ley, dos CiU, una el Grupo
Mixto, Esquerra Republicana,
otra el Grupo Socialista y otra mi grupo parlamentario. Asimismo,
ha presentado una enmienda Coalición Canaria para incluir a esta
comunidad.
En las cuatro primeras iniciativas se insta al Gobierno, básicamente,
a evaluar y cuantificar los daños causados, a dictar un real decreto-
ley de medidas urgentes para reparar los daños, a crear una partida
suficiente para afrontar los gastos y a establecer los mecanismos de
coordinación y colaboración con las comunidades autónomas afectadas
para definir actuaciones a llevar a cabo. En cuanto a la quinta
iniciativa, la del Grupo Parlamentario Popular, se insta al Gobierno
a que, tras la evaluación de los daños causados por el temporal del
mes de noviembre en las distintas comunidades autónomas afectadas, se
adopten las medidas oportunas para paliar los efectos negativos que
el mismo ha causado en las distintas zonas de nuestra geografía.
Defenderé, por tanto, nuestra proposición no de ley y fijaré posición
con respecto a las presentadas por otros grupos de la Cámara.
En primer lugar, queremos mostrar nuestro sentimiento de pesar a
aquellas personas que han sufrido daños y pérdidas de diversa
naturaleza, en especial daños personales con pérdida de vidas
humanas. Asimismo, quisiera destacar la colaboración que, durante
y después de la catástrofe, ha caracterizado la relación entre las
distintas administraciones del Estado, tanto la autonómica como las
locales, así como la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y la Policía autónoma. De modo singular merece
ser destacado el grado de colaboración social.
Señorías, tratar de hacer polémica a costa de las desgracias
acaecidas por un fenómeno meteorológico que con mayor o menor
intensidad viene repitiéndose a menudo me parece un ejercicio inútil.
De lo que se trata, en definitiva, es de restablecer la normalidad en
las zonas afectadas y de no utilizar las catástrofes para hacer
política. Es en este sentido -que, repito, es recogido unánimemente
por todos los grupos- en el que las administraciones -me consta- han
empezado a trabajar. Así, la Generalitat Valenciana ha iniciado
diversas actuaciones para reparar daños en puertos y seguridad de
instalaciones, así como en las playas; en Cataluña, la Generalitat ha
aprobado un crédito de 3.000 millones para créditos blandos a los
ayuntamientos. El Gobierno ha autorizado obras de emergencia en la
red ferroviaria en Cataluña por 1.900 millones de pesetas y 800
millones de pesetas como primera partida de inversión del Ministerio
de Medio Ambiente. La Delegación del Gobierno en Cataluña está
haciendo una excelente labor de coordinación recibiendo a distintos
sectores afectados; concretamente, esta mañana se ha reunido con
siete sectores colectivos de agricultores que le han expuesto su
difícil situación. Idénticos criterios y actuaciones se han seguido
tanto en Melillacomo en el resto de comunidades autónomas afectadas.
En cuanto a la administración del Estado, el ministro Jaume Matas
visitó, con una celeridad que le honra, las zonas afectadas.
Consecuencia de ello, tras un primer detallado y exhaustivo examen,
se han aprobado por el Consejo de Ministros del 16 de noviembre
ayudas por valor de 7.200 millones de pesetas.
En cuanto al establecimiento de medidas dirigidas a reparar los daños
causados por temporales y catástrofes naturales, se sigue el
procedimiento que determina nuestro ordenamiento jurídico, primero se
evalúa y, segundo, se dicta un real decreto-ley que recoja las
medidas, procedimientos y financiación. Estos son los pasos a seguir
y son los pasos que está dando el Gobierno, pasos que han sido
explicados por el vicepresidente primero, señor Rajoy, durante su
comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior el pasado día 13,
explicaciones que están recogidas en el «Diario de Sesiones». En él
se reflejan las numerosas ayudas ya acordadas, las medidas urgentes,
las de carácter reparador ya formalizadas y también se recoge los
criterios de actuación del Gobierno. El problema más importante viene
determinado por la complejidad del proceso de evaluación de daños.
Nosotros, como legisladores que somos, no deberíamos detenernos allí,
sino que deberíamos ser capaces de proponer, entre todos los grupos,
medidas aplicables en estas circunstancias de manera inmediata a que
se produzcan. Sin duda, se ganaría en agilidad, en eficacia y se
aceleraría la recuperación de la normalidad en las zonas afectadas.
Asimismo, se podría paliar y reparar los daños ocasionados como
consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos con una mayor
rapidez, todo ello, naturalmente, estableciendo y perfeccionando los
mecanismos adecuados de coordinación entre la administración del
Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Se trata, en suma,
de buscar fórmulas más eficaces para reaccionar desde las
administraciones. También deberíamos reflexionar sobre los mecanismos
de aplicación de estas ayudas, de manera que llegaran lo más
rápidamente posible en el tiempo y de forma adecuada a todos los
afectados.
Otro campo que deberíamos considerar es el de la prevención.
Deberíamos profundizar en el diálogo, cada uno en el ámbito de sus
competencias. Me gustaría poner dos ejemplos, uno teórico, el
magnífico informe que el Sindic de Greuges, antiguo diputado de esta
Cámara, el honorable Antón Cañellas, ha elaborado y presentado en el
Parlamento de Cataluña con valiosas recomendaciones para prevenir
este tipo de situaciones. El otro ejemplo, en este caso práctico,
sería el realizado por el presidente de la Comunidad Valenciana,
Eduardo Zaplana, que ha puesto en marcha instrumentos de ordenación
territorial para evitar situaciones de urbanización en terrenos
expuestos o carentes de infraestructuras adecuadas para hacer frente
a los fenómenos naturales que se producen en el litoral valenciano.
Dejemos a un lado la política y afirmemos una línea
común de diálogo, de meditación y reflexión para saber en qué hemos
de mejorar, en el terreno de la prevención, en el asistencial y en el
normativo. Nuestro grupo está dispuesto a trabajar en esa línea.
En cuanto a las proposiciones de otros grupos, entendemos que no es
este el momento más adecuado para entrar en el detalle y la
cuantificación de las actuaciones a realizar. Las medidas concretas
deberán adoptarse en función de la valoración de los daños causados,
su incidencia en las infraestructuras de titularidad estatal y el
coste de las restantes medidas. Es en ese momento, y no en otro,
cuando se puede realizar un informe detallado sobre su incidencia
presupuestaria y posibilidades de financiación. El Ministerio del
Interior, a través de la comisión nacional de Protección Civil y su
coordinación con los ministerios afectados, está desarrollando una
ingente labor para adoptar y coordinar las medidas y actuaciones
encaminadas a la concesión de ayudas de emergencia y reparación de
daños causados. Los departamentos ministeriales y administraciones
titulares de los bienes afectados son los que, en uso de sus
competencias, han de efectuar las acciones que procedan en orden a la
reparación de los daños producidos, solicitando, en su caso, las
ampliaciones presupuestarias que consideren necesarias.
Permítanme una breve referencia a unos daños específicos, los
ocasionados en explotaciones agrícolas en Cataluña, más concretamente
en una comarca tan querida para este diputado como es el Maresme. La
descripción de los daños que hace el señor Puigcercós es real como la
vida misma, y los daños en el sector agrícola, principalmente los
dedicados a la floricultura y al fresón, son considerables. Se
plantea cómo proteger las producciones contra los riesgos de lluvia
torrencial y viento huracanado y el sistema más moderno y eficaz es
el de potenciar la política de seguros agrarios. Por eso, se conceden
subvenciones por el Estado, que en algunos casos llegan hasta el 47
por ciento, y también por las comunidades autónomas, pero es
necesario que sean los agricultores quienes libremente decidan si
suscriben o no estos seguros asumiendo los riesgos a su voluntad.
Finalmente, quiero manifestar que entendemos que la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular recoge la preocupación y
sensibilidad que todos los grupos parlamentarios expresan en sus
respectivas proposiciones, así como las declaraciones de intenciones
de carácter general. No obstante, en aras del consenso entre todos
los grupos políticos, se ha llegado a un acuerdo tras conversaciones
entre sus portavoces y se ha presentado una enmienda transaccional
que leeré a continuación: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que se concluyan cuanto antes los trabajos de evaluación y
cuantificación de los daños causados por los temporales en el mes de
noviembre en todas y cada una de las zonas afectadas de nuestra
geografía;
a elaborar un real decreto-ley que incorpore las medidas
legales de reparación y ayuda a los afectados y demás medidas
necesarias para la reparación de los daños causados; a que se
establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración específicos
con las comunidades autónomas y entidades locales afectadas para la
definición de las actuaciones y el desarrollo y ejecución de las
mismas.
Agradezco muy sinceramente a los portavoces de todos los grupos
parlamentarios su disposición para llegar a acuerdos positivos y
beneficiosos para los ciudadanos. Al haber sido aceptada esta
enmienda transaccional por todos los grupos, nuestro grupo retirará
su proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señoras y señores
diputados. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sanz.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), sobre medidas urgentes para reparar los daños causados por el
temporal de viento y agua de los días 10 y 11 de noviembre de 2001 en
las comunidades autónomas de Cataluña, Islas Baleares, Valencia y
otros territorios, así como la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas urgentes a
adoptar por la Administración central del Estado para reparar los
daños causados por el temporal de viento, granizo y agua de los días
17 y 18 de noviembre de 2001 en determinadas zonas de Cataluña.
Para la presentación y defensa de las iniciativas, tiene la palabra
el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.
Estamos debatiendo hoy una serie de proposiciones no de ley
referentes a temporales en el mes de noviembre. En primer lugar, me
toca expresar nuestro sentimiento por los daños producidos,
principalmente por los daños que pudiesen afectar a personas. ¿Por
qué presentó nuestro grupo dos proposiciones no de ley?
Sencillamente, señorías, porque la primera de ellas se presentó con
mucha rapidez y hacía referencia a la primera parte del temporal los
días 10 y 11 de noviembre, que después fue más suave, pero se
recrudeció los días 17 y 18. Así, tenemos dos proposiciones no de ley
que prácticamente podían ser una y lo serán en su resultado final.
En la primera de las proposiciones no de ley hablábamos de un
temporal de viento y agua que había afectado a diversas comarcas de
Cataluña, a las Illes Balears, al País ValenÁiá y a otras comunidades
autónomas y que había ocasionado graves destrozos en las
infraestructuras del territorio, especialmente en aquellas que
conforman el litoral marítimo de una amplia zona de la costa
catalana, en las comarcas del Maresme, agravado
todo ello con una segunda parte que se produjo unos días después,
cuando a la lluvia y el viento se añadía el granizo. Se ha referido
antes mi antecesor en el uso de la palabra, señor Sanz, a los graves
destrozos habidos en el Maresme. Él ha citado algunas cosas y yo voy
a citar otras.
Señorías, en la comarca del Maresme, en lo que podríamos llamar
explotaciones agrícolas, los daños en invernáculos, en la huerta,
están valorados en 730 millones de pesetas y la producción
perjudicada, dentro de este concepto de huerta, está valorada en 428
millones de pesetas. La valoración de los daños en las instalaciones
de la fresa ha sido del orden de 163 millones de pesetas y en valor
del producto de 183 millones de pesetas. Las instalaciones de la flor
-es una zona especialista-, los perjuicios se han valorado en 720
millones y en los cultivos, en 650 millones y también encontramos
graves perjuicios en la planta ornamental, 635 millones en las
infraestructuras de estos cultivos, y en los propios cultivos más de
1.000 millones de pesetas. Las pérdidas son del orden de 4.600
millones de pesetas sólo en temas agrícolas en la comarca del
Maresme.
También ha sido relevante la afectación del temporal sobre diversas
playas. En algunos municipios se han sufrido importantes
desperfectos, hasta el punto de llegar a su desaparición física.
Alguna de estas afectaciones han podido quedar resueltas gracias a la
actuación del Ministerio de Medio Ambiente, pues en el último Consejo
de Ministros ya se tomaron acuerdos para paliar estos daños. En el
núcleo del Vendrell, que estaba en proceso de reconstrucción de
desperfectos de infraestructuras, provocados por unas inundaciones
que se produjeron el año pasado, éstas han sido nuevamente afectadas
cuando se estaban reparando. Esto es inevitable y tenemos que
trabajar para que se puedan resolver al menos los problemas
materiales que se han producido.
Nosotros habíamos presentado dos proposiciones no de ley, debido a
las fechas del temporal, que en realidad se podían unir en una. En
una de ellas pedimos la valoración y cuantificación inmediata de los
daños ocasionados por el temporal y, en un segundo punto, que se
dicte lo más rápidamente posible un real decreto-ley en el que se
adopten las medidas urgentes de reparación de daños causados en
determinadas zonas de Cataluña afectadas por el temporal de lluvia.
En la otra proposición añadíamos las Illes Balears y el País
ValenÁiá. Además, por lo que dicen las demás proposiciones no de ley,
habría que añadir Andalucía y Melilla; asimismo, según una enmienda
presentada por Grupo de Coalición Canaria a la proposición no de ley
del Grupo Popular, se incluye Canarias.
Respecto a otros tipos de soluciones en distinta infraestructuras,
como puede ser el ferrocarril o carreteras, el Ministerio de Fomento
ya ha empezado a actuar, así como la Generalitat de Cataluña, que ha
concedido
créditos a ayuntamientos. En Valencia, según se nos ha
comunicado, también se ha empezado a actuar, cosa que también ha
debido suceder en las otras administraciones de comunidades autónomas
o de entidades locales. Lo que hay que hacer es trabajar para
solucionar esta problemática. Estas proposiciones no de ley eran un
camino previo para llegar a la solución que tiene que venir del real
decreto-ley.
Se han presentado dos enmiendas transaccionales coincidentes excepto
por algunos matices, una por el Grupo Popular y otra por el Grupo
Socialista; después de resolver las discrepancias, se ha llegado a un
texto único. Habiéndonos puesto todos de acuerdo en este texto único,
espero que toda la Cámara vote unánimemente este texto único, con lo
que retiraremos las dos proposiciones no de ley que en este momento
estamos defendiendo porque llegarán a buen puerto, como lo harán
también las de los demás grupos parlamentarios que han presentado
iniciativas similares.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor
Puigcercós) para el establecimiento de líneas urgentes de ayuda para
la reparación de los daños causados por el temporal de los pasados 11
y 15 de septiembre de 2001 en determinadas zonas de Cataluña (en
especial la comarca del Maresme), el País Valenciano y las Islas
Baleares.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro, uno de los principales
aspectos que debemos tener en cuenta al referirnos a los daños
causados por el temporal de los días 11 y 15 de noviembre en
Cataluña, las Illes Baleares, Valencia y otras partes del Estado es
que no se trató de un simple temporal de lluvia, sino también y muy
especialmente de un temporal de viento, un viento extraordinario que
provocó daños mucho más graves que los habituales en estos casos.
Hacer una relación detallada de los daños causados nos llevaría
demasiado tiempo, pero en el caso concreto de Cataluña. Especialmente
en las comarcas del Maresme, aunque también en el Barcelonès, La
Selva y el Baix Llobregat, podríamos describirlos de la siguiente
manera: playas sin arena, paseos marítimos desaparecidos, mobiliario
urbano destrozado, árboles caídos, líneas de tren cortadas, vías
rotas, numerosas escuelas afectadas y millares de usuarios de Endesa-
Fecsa a oscuras. Son sólo algunas de las consecuencias del temporal
que ha motivado la presente proposición no de ley. En concreto en
Cataluña y en especial en la comarca del Maresme los daños fueron
especialmente preocupantes para la agricultura -a ello ya se ha
referido el representante del Grupo
Popular, señor Sanz- y lo fueron básicamente por los invernaderos
destruidos y por los cultivos perdidos; fueron más graves por el
hecho de que el temporal del día 15 se produjo cuando los
agricultores aún no habían reparado los daños, los estragos del día
11. A esta difícil situación se añaden las dificultades con que se
encuentra el sector de la floricultura y del fresón entre otros para
contratar seguros agrarios para cubrir este tipo de siniestros
naturales.
Desde Esquerra Republicana de Cataluña queremos incidir especialmente
en un aspecto que cada vez resulta más preocupante: las graves
deficiencias en el suministro eléctrico en Cataluña y en otras partes
del Estado, como es el caso también, aunque de forma menos intensa,
de las Illes Baleares. Estamos hablando de una respuesta lenta pero
también de falta de previsión, de la inexistencia de inversiones
preventivas, de falta de información y de falta de atención en la
resolución de numerosas incidencias. No fueron sólo durante los
temporales del 11 y del 15 de noviembre, sino que este fin de semana
pasado, concretamente los días 14 y 15, hemos podido observar también
cómo en Cataluña a partir de cuantiosas nevadas los servicios de luz
y energía fallaron, dejando zonas importantes de Cataluña a oscuras y
un servicio negligente. Cómo no va a ser así si en el caso de Fecsa-
Endesa ha prejubilado al 80 por ciento de la plantilla del personal
que se dedicaba al mantenimiento y reparación de averías de las
instalaciones de distribución y comercialización. Este es el
resultado de un proceso de monopolio que nosotros denunciamos y que
tiene en definitiva una víctima: los consumidores y usuarios no sólo
de Cataluña, sino en el caso de Endesa de las Illes Baleares y de las
Pitiusas que se ven afectadas igualmente. Desde que empezaron las
incidencias por las lluvias Fecsa-Endesa no exculpa a la compañía. Se
ha demostrado que la empresa es incapaz de resolver aceptablemente el
conjunto de problemas que se producen cuando un suceso extraordinario
afecta al suministro del servicio. Existe, por lo tanto, un problema
de calidad en el servicio que se ofrece y otro de precariedad en la
red. Consideramos especialmente grave que las administraciones, tanto
el Gobierno catalán como el Gobierno español, aún no hayan
intervenido en el tema de las eléctricas. Hasta ahora la
Administración sólo ha tenido tiempo para anunciar unos decretos, no
para publicarlos. Fecsa parece aprovecharse de ello y presiona en su
situación de monopolio de una empresa privada que ofrece un servicio
público. Esto no puede seguir así. Los decretos que ha publicado ya
el gobierno catalán, los expedientes informativos que ha abierto
sobre Fecsa-Endesa deben concluirse y hacerse públicos en un corto
periodo de tiempo. La Administración del Estado tiene que dar apoyo
también a esta resolución, a esta voluntad del Gobierno catalán en
aras de sus competencias, para resolver un problema de
competitividad, de calidad, que ofrece hoy Endesa-Fecsa en Cataluña.
Las lluvias
en este caso, el granizo y la velocidad del viento no son
controlables, pero las inclemencias meteorológicas han puesto al
descubierto unas carencias muy graves que exigen una intervención
inmediata y efectiva por parte de las administraciones.
Aparte de Cataluña, como hemos dicho anteriormente, el temporal del
11 y 15 de noviembre también causó daños importantes en Valencia y en
las Illes Baleares. En el caso valenciano nos quedamos con un titular
muy explícito del diario Levante del lunes 12 de noviembre: El mar
engulle la costa valenciana. Estamos hablando de graves daños a las
zonas costeras, especialmente de Valencia y de la Ribera Baixa,
playas engullidas por las olas, viviendas y comercios inundados,
desagües obstruidos e inevitablemente cortes eléctricos, como el que
dejó cinco días sin electricidad a Peñíscola.
Por lo que respecta a las Illes Balears, si hace un momento nos
referíamos a un titular del diario Levante de Valencia de 12 de
noviembre, aún resulta más contundente el Diari de Balears del mismo
día: Mallorca arrasada. En las Illes Balears el panorama fue tanto o
más desolador que el descrito en Cataluña y Valencia. Aquí también
hubo playas, paseos marítimos y puertos destrozados, carreteras
destruidas, árboles caídos, paredes hundidas y, cómo no, cortes en el
suministro de corriente eléctrica y también del agua y el teléfono.
Como decíamos antes, las compañías eléctricas tienen que dar
explicaciones no sólo por las lluvias del 11 y el 15 de noviembre en
el caso de Cataluña, el País ValenÁiá y las Illes Balears, sino
también por las nevadas que se han producido este fin de semana en
Cataluña. Nos encontramos, pues, ante daños de gran magnitud que
requieren una solución rápida y contundente por parte del Gobierno
español, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos en la
línea que propone la proposición no de ley de Esquerra Republicana
con dos medidas que consideramos indispensable: en primer lugar, de
acuerdo con las comunidades autónomas realizar las gestiones
oportunas para establecer las líneas urgentes de ayuda a fondo
perdido y los créditos que se requieran para la reparación de los
daños causados por el temporal los pasados 11 y 15 de noviembre en
determinadas zonas de Cataluña, País ValenÁiá y las Illes Balears y
Pitiusas; en segundo lugar, adoptar las medidas necesarias para
establecer un programa de ayudas para la renovación y mejora de las
infraestructuras agrarias del sector de la floricultura y aquellos
otros que se han visto afectados por un temporal en la comarca del
Maresme. Estos son los dos puntos que presentó Esquerra Republicana
de Cataluña. Después de dialogar y negociar con los diferentes grupos
que han presentado iniciativas en este sentido, en aras del consenso
del texto al que hemos llegado la mayoría de los grupos, retiraríamos
el nuestro. Es una buena aportación de todos los grupos. Agradecemos
a los señores Sanz, Sedó y Edo la colaboración que hemos tenido para
conseguir esta refundición del texto consensuado
por todos, que puede dar solución a una problemática surgida en
muchas poblaciones de las diferentes comunidades autónomas por los
vendavales de tiempo que han afectado a estructuras claves y que, en
definitiva, recaerán sobre dos sectores muy relevantes del litoral,
el turístico, y el que afecta a la comarca del Maresme, el agrícola;
son sectores que necesitan de ayuda urgente para estar en el mes de
junio en plenas condiciones para poder trabajar, sobre todo en el
caso turístico. Esperemos que con estas medidas urgentes podamos
solucionar esta problemática.
Gracias señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre
medidas urgentes para reparar los daños causados por el temporal que
se produjo en las Islas Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana y
otros territorios entre los días 10 y 17 de noviembre de 2001. Para
la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Edo.
El señor EDO GIL: Gracias, señora presidenta.
Como han comentado anteriores intervinientes desde el 10 de noviembre
último hasta el pasado fin de semana se han venido sucediendo
temporales en toda la costa mediterránea, pero hay que destacar los
acaecidos entre los días 10 y 17, que se manifestaron con especial e
histórica virulencia. Desde esta tribuna quiero lamentar la pérdida
de vidas humanas como consecuencia de dichos temporales. Estoy de
acuerdo con lo que han manifestado los ponentes anteriores,
especialmente con lo dicho por el del Grupo Popular cuando ha hablado
del temporal en sí, y admito que es una situación de extraordinaria
complejidad y magnitud. Ahora bien, requiere también de un
tratamiento por parte del Gobierno de situación de extraordinaria
complejidad y magnitud; eso no ha sucedido.
El Consejo de Ministros asignó primero 7.200 millones de pesetas,
seleccionando para recibir estas ayudas -no llego a entender en qué
criterios se basó- a unos municipios sí y a otros no, cuando todos
los afectados, que yo sepa, son afectados. De todas formas,
lamentablemente daba igual porque como viene siendo habitual en este
Gobierno no existía intención real de actuar. Sólo cuando hemos
tomado iniciativas desde la oposición se han apresurado a aprobar en
el último Consejo de Ministros la asignación de más dinero para
afrontar los daños, asegurando además que estas intervenciones
permitirán recuperar la costa dañada, regenerar el litoral y evitar
nuevos daños en el futuro: actuaciones en paseos marítimos,
espigones, frentes marítimos, regeneración de playas, dunas y demás
bienes pertenecientes al dominio público. Aprobaron 4.161 millones de
pesetas para llevar a cabo actuaciones
en todo el litoral de las Illes Balears, Catalunya, País
ValenÁiá, A Coruña y Tenerife. Sinceramente, no sé a quién intentan
engañar con esta actitud. ¡Si sólo la nefasta regeneración de la
playa de Peñíscola -por poner un ejemplo- ya costó esa cantidad de
dinero, y ahora hace falta otro tanto para rehabilitarla! El temporal
afectó a bienes públicos y privados y la Administración pública debe
actuar ante los desastres con celeridad y concreción, garantizando a
los ayuntamientos, que son los grandes afectados, que este Gobierno
no les dejará una vez más en la estacada.
Existen precedentes, señorías. Con motivo de las tormentas de octubre
del año 2000 se aprobaron en esta Cámara diferentes actuaciones y la
correspondiente dotación económica para afrontar la situación. Los
ayuntamientos acudieron a solventar lo más urgente; recibieron un
documento para cumplimentar las peticiones de ayuda y, hasta hoy, no
se ha sabido absolutamente nada más; no se ha recibido una sola
peseta después de más de un año. Ahora en las zonas afectadas por el
temporal del mes pasado se ha recibido el mismo documento, idéntico
documento para las dos situaciones. ¿Es una predicción del futuro que
les espera a los afectados por estas tormentas? ¿Es que van a actuar
igual que tras las tormentas de 2000? El Gobierno no cumplió con su
obligación y eso es lo que nos tememos que hará ahora. ¿Creen ustedes
que se pueden incumplir los acuerdos de esta Cámara? No cumplen los
mandatos que aquí se les hacen, y ese es nuestro temor. Les exijo,
señores del Partido Popular, la misma seriedad y sentido común que
han demostrado los ayuntamientos afectados, sacando fuerzas de
flaqueza para afrontar las situaciones más urgentes y a la vez de
vital importancia, como la limpieza de viales, desagües y acequias,
solventando innumerables problemas de las personas cuyos bienes se
han visto afectados. También deberían seguir el ejemplo del Gobierno
balear, que no ha esperado la reacción de otros ni se ha encogido de
hombros a la hora de afrontar la situación y ha puesto en marcha los
mecanismos de actuación adecuados para que los ciudadanos y sus
bienes se sientan protegidos. Desgraciadamente no podemos decir lo
mismo de la actitud del Gobierno de la Generalitat valenciana; ni
siquiera ha existido la actuación, dedicándose a pasear por algunos
municipios costeros gobernados por el Partido Popular. Todos no eran
del Partido Popular, porque acudieron a una playa y cuando se dieron
cuenta de que el que gobernaba allí era del Partido Socialista tuvo
que acompañarles la Policía Municipal al pueblo vecino donde sí
gobernaba el Partido Popular. Ese pueblo era Moncofar. ¿Es que para
ustedes, señores del Partido Popular, los daños son menos daños según
el color de quien gobierna? (Un señor diputado pronuncia palabras que
no se perciben.) Eso sí, con los medios de comunicación detrás; de
eso sí que se preocupan. Son dos formas de actuar: una es la del
señor Antich, quien se dedica a solventar los problemas, y otra la
del señor
Zaplana y el señor Aznar que se dedican a salir en la foto, que es lo
que más les interesa.
Señorías, los daños materiales han sido cuantiosos. Las demandas de
declaración de zona catastrófica se suceden una detrás de otra por
parte de los ayuntamientos y los ciudadanos afectados no saben cómo
ni quién les va a ayudar. El sector pesquero, el agrícola -como se ha
recalcado-, con desastres producidos por el viento y con campos
anegados por el agua salada que tardarán años en recuperar el estado
idóneo para cosechar; el sector turístico, motor económico de las
zonas afectadas que necesita un litoral dispuesto para acoger a los
turistas antes de que elijan otras zonas para veranear; todos esos
sectores necesitan una respuesta mucho más contundente y más real.
Por otra parte, es necesario que el Gobierno cambie el sistema de
actuación empleado hasta ahora en cuanto a la regeneración de playas.
Es sencillo de comprender; si se pone arena donde el mar se la ha
llevado, quedará muy bonita la playa pero el mar se la volverá a
llevar, no les quepa la menor duda. Señores del Partido Popular,
cuando se lleva a cabo una actuación de este tipo hay que construir
diques rompeolas paralelos a la costa que amortigüen la fuerza de las
olas y contenciones entre la playa y el litoral, bien sean dunas o
bien sean paseos con elevación suficiente sobre el nivel del mar para
evitar inundaciones. Eso es así de sencillo. Donde se hizo así
-nosotros lo hicimos cuando regeneramos playas y litorales- el
litoral ha aguantado, sólo hay que verlo. Donde no se hizo así
-ustedes lo han hecho así- ahí están los resultados y el dinero de
los contribuyentes, nunca mejor dicho, en el fondo del mar.
Desde el Grupo Socialista estamos convencidos de que nuestra
propuesta recoge el sentir de los afectados en la zona norte de las
islas de Mallorca e Ibiza (Es Grau en Menorca, Es Caló de Sant Agustí
en Formentera), de Cataluña (el Maresme, el Barcelonés, la Selva, el
Baix Llobregat, el Baix Penedés y les comarques de lEbre) y de la
totalidad de la costa de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía,
Melilla y La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura. Por el contrario se
pueden sentir desvalidos -tienen motivos para ello- por la vaguedad
con que se hablaba en la iniciativa del Partido Popular, que es quien
tiene la responsabilidad de gobernar y, por tanto, de solucionar el
problema. Tras dos enmiendas transaccionales hemos llegado a un
acuerdo todos los grupos que presentamos la proposición no de ley-
como aquí se ha manifestado-. Si se mantiene el acuerdo, el Grupo
Socialista retirará la proposición no de ley que presentábamos y
apoyaremos la enmienda transaccional porque hemos tenido parte en
ella. Queda clara la buena intención de todos los grupos, pero espero
que luego el Grupo Popular no tome la iniciativa sólo de predicar
bonanzas sobre el acuerdo conjunto, porque ustedes, señorías, tienen
mucha costumbre de predicar mucho y a la hora de dar trigo ni un
grano. (Aplausos.)
Nada más, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Edo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, la enmienda de Coalición Canaria ante esta serie
de proposiciones no de ley, que calificamos de muy oportunas y
necesarias, está encaminada a corregir el olvido que existe en todas
ellas de que también en Canarias el temporal del mes de noviembre
produjo daños muy cuantiosos no solamente desde el punto de vista de
la pérdida de vidas humanas, sino de daños materiales. En efecto, en
la isla de La Palma, en la Caldera de Taburiente, se produjeron
gravísimos daños, entre ellos la pérdida de tres vidas humanas, que
hacen necesario un plan de actuación en la cuenca de la Caldera para
evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a repetirse. De
igual manera en la isla de Fuerteventura, fundamentalmente en el
municipio de Pájara, los daños ocasionados por el temporal fueron muy
cuantiosos. La principal isla afectada ha sido la de Gran Canaria ya
que en el sur de la misma, en el municipio de San Bartolomé Tirajana,
los daños producidos en la zona turística de Maspalomas alcanzan
importantes recursos desde el punto de vista económico. Por eso esta
enmienda estaba orientada a que se contemplara Canarias dentro de la
serie de comunidades autónomas. Al haber una transaccional para hacer
una evaluación en todos y cada uno de los puntos de nuestra geografía
donde el temporal ha producido daños está recogida la enmienda que
planteamos de que esta evaluación incorpore a Canarias; por tanto,
anunciamos nuestro apoyo a esa enmienda transaccional consensuada por
los distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Para fijar posición tiene la palabra la señora Urán por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una vez más tenemos que intervenir en esta Cámara
lamentando los daños ocasionados por un temporal, lamentando la
pérdida de vidas humanas y lamentando las pérdidas en
infraestructuras que se han producido. Creemos desde mi grupo
parlamentario que es importante que haya un mecanismo de actuación
por parte de las administraciones públicas, ya sea desde el
Gobierno central, desde las comunidades autónomas o desde los propios
ayuntamientos, que coordinadamente permitan actuaciones muchísimo más
aceleradas de las que se vienen sucediendo hasta ahora a través de
los distintos debates que se producen en esta Cámara cada vez que
existen daños en las infraestructuras a consecuencia de cualquier
tipo de inclemencia climática. Señorías, al mismo tiempo,
independientemente de compartir -y además apoyar con nuestro voto- no
solamente las iniciativas que se han presentado, sino la enmienda
transaccional o el texto que en definitiva se va a votar en
sustitución de todas ellas en esta Cámara, que compartimos, echamos
de menos en este texto algo que nos parece fundamental y que constaba
en una de las iniciativas que se ha presentado por uno de los grupos
parlamentarios, y era la necesidad de elaborar un proyecto de ley por
parte del Gobierno que precisamente permita una actuación más
coordinada y rápida de todas las administraciones cuando se produzca
una catástrofe.
Además, señorías, desde mi grupo parlamentario también se echa en
falta esa reflexión que sería necesario introducir en nuestras
intervenciones sobre la prevención no de las inclemencias climáticas,
que esas no las podemos prever, pero sí de aquellos daños que se
pueden ocasionar. Me refiero concretamente, señorías, a que a
diferencia de lo que apuntaba el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, cuando hablaba de las medidas de ordenación del territorio
que desde la Generalitat valenciana se están poniendo en práctica
para impedir urbanización de zonas de alto riesgo de inundación o que
no cuenten con las infraestructuras necesarias -cosa que desde luego
esta diputada, que es de Valencia, no es que ignore, sino que no ha
visto ningún tipo de actuación de esas características en el País
Valenciano-, la prevención, sobre todo en caso de inundaciones,
tendría que establecerse en eso, en una ordenación del territorio que
impida la urbanización de las zonas inundables que hasta ahora -y en
concreto hablando de lo que una conoce- en el País Valenciano, si se
ha hecho, ha sido por la paralización de las urbanizaciones a través
de los tribunales y por denuncias de los grupos ecologistas y de los
grupos de la izquierda, no por la actuación del Gobierno de la
comunidad autónoma. Quiero introducir esta reflexión: podemos seguir
lamentándonos de la pérdida de vidas humanas y de las pérdidas
materiales que se producen por este tipo de catástrofes, pero desde
luego lo que mejor nos vendría a todos, al Estado en general, a las
comunidades autónomas y a los ayuntamientos, serían precisamente esas
actuaciones preventivas que seguramente nos saldrían a corto, medio y
largo plazo mucho más económicas, sin tener que lamentar tanto coste
económico después para poder restaurar una vez más lo destrozado y
estaríamos hablando precisamente de una incidencia muchísimo menor.
Se ha apuntado desde la tribuna la restauración o la recuperación de
las
playas que se ha hecho fundamentalmente en el litoral mediterráneo,
que ha costado muchísimos miles de millones de pesetas y que un
temporal se ha llevado en menos de 24 horas, pero estamos hablando de
otro tipo de incidencia precisamente que evita la regeneración
natural de esas playas, que además hace que el mar penetre de una
forma cada vez más amplia en las propias playas y que tiene que ver
con determinadas infraestructuras que se están construyendo en las
comunidades autónomas, con su autorización y con el visto bueno del
Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, señorías, hablemos no
solamente de poder paliar los daños causados, que es necesario, sino
también de prevenir que esos daños cada vez sean menores y no
mayores, como viene sucediendo hasta ahora.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán.
Señorías, vamos a someter a votación el texto de la enmienda
transaccional, de acuerdo con lo manifestado por los portavoces
intervinientes, que sustituye a las iniciativas del Grupo
Parlamentario Popular, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), asimismo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, y del Grupo
Parlamentario Socialista.
El texto que se somete a votación es el siguiente: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que concluyan cuanto antes los trabajos
de evaluación y cuantificación de los daños causados por los
temporales en el mes de noviembre en todas y cada una de las zonas
afectadas de nuestra geografía; a elaborar un real decreto- ley que
incorpore las medidas legales de reparación y ayuda a los afectados y
demás medidas necesarias para la reparación de los daños causados; y
a que se establezcan los mecanismos de coordinación y colaboración
específicos con las comunidades autónomas y entidades locales
afectadas para la definición de las actuaciones y el desarrollo y
ejecución de las mismas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 300; en contra, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS
MADRE. (Número de expediente 162/000385)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Socialista,
sobre investigación con células madre.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Pérez Rubalcaba. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio al objeto de
poder continuar con el debate.
Adelante, señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, una proposición no de ley que tiene como
finalidad estimular en nuestro país la investigación con las
denominadas células madre. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la presidencia.) Quisiera empezar por decir que es la tercera
vez que el Grupo Socialista trae a esta Cámara una discusión de esta
naturaleza. Por dos veces, en los meses de abril y octubre del
presente año, en la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara
vimos cómo el grupo mayoritario rechazaba dos iniciativas de nuestro
grupo que tenían un sentido parecido a la que hoy discutimos aquí.
Desde entonces hasta este momento no han hecho sino aumentar las
razones para que el Parlamento español lleve a cabo una discusión
sobre este tema y, lo que es más importante, no han hecho sino
aumentar las razones para que el Gobierno tome decisiones respecto de
un tema que afecta a algunos de nuestros grupos de investigación más
brillantes, por supuesto a la esperanza, aunque no sea a corto plazo,
de enfermos a los que este tipo de investigaciones está abriendo
expectativas y, más allá de todo ello, a las demandas e inquietudes
del conjunto de la sociedad española. Porque, como bien escribió un
diario de tirada nacional recientemente en uno de sus editoriales, el
Gobierno se equivoca si cree que lo más práctico es dejar pasar el
tiempo y agacharla cabeza esperando a que la Unión Europea resuelva
un problema en el que no se atreve a tomar partido por pura
conveniencia política.
Señorías, si alguien hubiera traído a esta Cámara un debate de esta
naturaleza hace tan sólo tres años, lo más suave que hubiera oído
seguramente habría sido el apelativo de visionario. En efecto, es en
1998 cuando se aíslan las células madre embrionarias humanas, aunque
el descubrimiento y la utilización de este tipo de células madre en
ratón se remonta a 1980. Desde 1998 hasta el momento actual no han
hecho sino crecer las expectativas sobre el potencial de
investigación biomédico que tiene este tipo de células madre. Una
empresa estadounidense, Advanced Cell Technology, anunció el pasado
26 de noviembre que había conseguido el primer embrión humano clónico
con fines exclusivamente terapéuticos, es decir, para aislar células
madre humanas embrionarias. Nuevamente el debate saltó a los medios
de comunicación, aunque en los ambientes científicos este debate no
ha dejado de estar presente, y nuevamente nuestro Gobierno dio la
callada por respuesta.
Si he hecho este recorrido temporal, aun admitiendo las dudas
científicas sobre el éxito de la investigación de la empresa
estadounidense que acabo de mencionar,
es para indicarles que en este campo el tiempo se ha acelerado y se
va a acelerar aún más. Eso hace que algunas decisiones empiecen a ser
urgentes si no queremos que nuestros laboratorios de investigación se
queden atrás o que, como está pasando, tengan que realizar sus
trabajos en medio de un cúmulo de inseguridades de todo tipo, legales
y económicas fundamentalmente. Como bien dijo otro periódico de
tirada nacional en un editorial publicado justamente el mismo día 26
de noviembre, es difícil poner puertas al campo de los
descubrimientos, lo que se puede y se debe hacer es justamente
atarlos en corto.
Sentada, pues, la oportunidad, la necesidad de este debate, quizá
fuera necesario dedicar unos instantes a poner en claro algunas
cuestiones que por la naturaleza compleja del tema están dificultando
su comprensión. Veamos, pues, con claridad de qué estamos hablando
para que también quede claro en esta Cámara lo que cada uno
defendemos. Las células madre son células indiferenciadas que pueden
reproducirse in vitro de forma prácticamente ilimitada y que tratadas
adecuadamente pueden convertirse en cualquier célula humana:
neuronas, células pancreáticas, glóbulos rojos, etcétera. Abren,
pues, una perspectiva terapéutica, la de regenerar órganos o tejidos
dañados, que permitiría abordar el tratamiento de enfermedades graves
y crónicas relacionadas con la degeneración celular, como la
diabetes, el Parkinson, la corea de Huntington, el Alzheimer, incluso
enfermedades inmunológicas y por supuesto los problemas derivados de
la escasez para el transplante de órganos. No debemos levantar falsas
expectativas, no estamos ante tratamientos inminentes, sí estamos
ante la posibilidad de vislumbrar tratamientos posibles para
enfermedades que hoy, en el mayor número de los casos, resultan
incurables.
Las células madre pueden obtenerse de distintas fuentes: tejidos de
adultos, cordón umbilical o tejidos fetales y de embriones. Son las
denominadas respectivamente células madre adultas, células madre
fetales y células madre embrionarias; estas últimas a su vez se
pueden obtener mediante dos procedimientos: de los embriones
sobrantes de la fertilización in vitro o a través de la llamada
clonación terapéutica que consiste, de forma muy sucinta, en generar
células madre a partir de un óvulo cuyo núcleo ha sido sustituido por
el de una célula del paciente cuyo tejido u órgano queremos
desarrollar, un tejido, por tanto, cuya dotación genética en el
momento en que sea desarrollado será idéntica a la del paciente. No
todas las células madre humanas tienen el mismo potencial biomédico,
este depende de su facilidad de aislamiento y conservación, de su
capacidad de diferenciarse y de regenerarse y del rechazo
inmunológico que provoquen. Las células madre adultas se aíslan y se
conservan con dificultad y provocan mucho rechazo inmunológico. Algo
parecido, su dificultad de aislamiento y conservación, puede
predicarse de las células madre fetales. Por el contrario, las
células madre
embrionarias se pueden obtener en gran número, pueden reproducirse
indefinidamente y son pluripotentes, es decir, pueden diferenciarse
en distinto tipo de células mediante modificaciones sencillas en sus
cultivos. Además, si estas células madre se obtienen mediante
clonación terapéutica lógicamente no provocan rechazo inmunológico,
ya que los tejidos regenerados son genéticamente idénticos a los
dañados.
La utilización de este tipo de células ha provocado debates sociales
y científicos de gran importancia. La controversia es prácticamente
nula, incluso menor, en el caso de las células madre adultas o de las
células madre fetales. Respecto a las embrionarias, las dudas se
refieren básicamente a su modo de obtención. En relación a las que
proceden de embriones criocongelados sobrantes de la fecundación in
vitro, el problema surge de la utilización de embriones o, por ser
exactos -y esto no es irrelevante- de preembriones. En el caso de las
obtenidas por clonación terapéutica, el debate va más allá, no sólo
se cuestiona la utilización de un embrión sino también los riesgos
que de la misma técnica podrían derivarse en caso de utilizarse con
fines reproductivos, es decir, para crear clones humanos en lo que se
denomina la clonación reproductiva.
La toma de posición en relación con estos debates es justamente el
objeto de la proposición no de ley que vengo hoy a defender a esta
Cámara, para tomar decisiones cuando los pros y los contras, al menos
desde la perspectiva de los socialistas, estén suficientemente
claros, para abrir debates cuando, siendo necesario tomar estas
decisiones, sea preciso también abrir una reflexión previa que debe
implicar a esta Cámara, aunque debe trascender a quienes estamos
aquí, debe implicar a científicos, a enfermos, a profesores, al
conjunto de la sociedad.
Empezaremos por lo que no admite dudas. Los socialistas estamos
frontalmente en contra de la clonación reproductiva. Se trata de una
posibilidad que ya rechazamos cuando discutimos aquí la Ley de
reproducción humana asistida, que está expresamente prohibida en el
convenio de bioética de Oviedo, en distintas resoluciones del Consejo
de Europa y en la práctica totalidad de la legislación europea y
mundial. Esto, por tanto, está fuera de toda duda. Sobre esta
prohibición, la de la clonación reproductiva, creemos que no cabe
discusión alguna.
En segundo término queremos afirmar, y así se hace en nuestra
proposición no de ley, que estamos a favor de la investigación con
células madre humanas, con células madre adultas, con células madre
fetales y también con células madre embrionarias. Además, estamos
a favor de aprovechar los embriones criocongelados sobrantes de los
procesos de fecundación in vitro para obtener este tipo de células
madre. En España hay más de 30.000 embriones de esta naturaleza que
han superado los cinco años que la ley da de margen para su
crioconservación. La ley no especifica ciertamente qué hacer con
ellos una vez superado este margen sin que nadie los haya reclamado.
La mayoría de los investigadores, la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida, la Fundación de Bioética, la Fundación Europea
de la Ciencia, defienden el uso de estos embriones para la
investigación de sus potencialidades terapéuticas o, por mejor decir,
de las potencialidades terapéuticas de las células madre con ellos
obtenidas. El dilema es, a nuestro juicio, claro: o se destruyen o se
utilizan para investigación; o se destruyen o se les da un uso
solidario, es decir, su utilización para avanzar en un proceso de
investigación del que se pueden derivar alternativas terapéuticas que
pondrían fin al sufrimiento de muchos seres humanos.
Se nos ha argumentado en esta Cámara que existen problemas legales;
nosotros creemos que no es así. En cualquier caso, para evitar estos
posibles problemas, hemos presentado una proposición de ley, que
discutiremos en el próximo período de sesiones, que deja claro que,
con las cautelas adecuadas, estos preembriones pueden y deben ponerse
al servicio de la investigación. Porque, señorías, como decía, no
estamos ante embriones, que sólo lo son cuando están implantados en
el útero, estamos ante preembriones que, como bien señala la Comisión
de Reproducción Asistida, no han iniciado todavía su desarrollo
individual.
En todo caso, con independencia del destino final que demos en
nuestro país a los embriones criocongelados sobrantes de la
fecundación in vitro, con esta proposición de ley pretendemos que
quede claro que se puede investigar en España con células madre
embrionarias; acabar con la ambigüedad del Gobierno o, por mejor
decir, con las contradicciones entre un ministerio, el de Ciencia y
Tecnología, que quiere que se investigue en España en este tipo de
técnicas, y otro ministerio, el de Sanidad, que parece que no lo
tiene claro; acabar con la hipocresía actual, pues no queda claro qué
pueden hacer nuestros investigadores, algunos de los cuales ya están
investigando en células madre embrionarias, eso sí, importadas de
países como Israel, Suecia o Estados Unidos, que sí que pueden
acceder a ellas.
Finalmente está el tema de la clonación terapéutica. Sobre la
utilización para la investigación y con fines terapéuticos de este
mecanismo de acceso a las células madre embrionarias existe en este
momento un amplio debate en los países más avanzados del mundo. Hay
países, como Estados Unidos, que parecen decididos a prohibirla, al
menos para el sector público de la investigación. Hay otros, como el
Reino Unido, que con cautelas y con una estrecha vigilancia han
decidido autorizar estas experiencias. Nosotros somos partidarios de
proceder a su regulación previo un amplio debate en el que se
examinen los aspectos científicos, éticos y sociales de este tipo de
investigaciones. Asimismo, somos partidarios de que se regulen todos
los aspectos derivados
de estas investigaciones en lo que se refiere a la propiedad
intelectual y a los derechos de invención. Deberíamos hacerlo ya, con
el sosiego y con la profundidad que un tema de esta naturaleza exige,
y deberíamos hacerlo en el marco de un comité de bioética que tenemos
que crear en este Parlamento, que debe informar y asesorar al
Gobierno y a esta Cámara. Los socialistas volveremos a presentar una
iniciativa para dotarnos en España de un comité de esta naturaleza,
como el que tienen países avanzados en investigación como Francia o
Alemanía. Queremos hacer este debate y queremos regular esta
posibilidad de la utilización de la clonación terapéutica con fines
exclusivamente terapéuticos, entre otras cosas, para evitar los
riesgos de los que, por ejemplo, hablaba Jeremy Riffkin en un
artículo reciente cuando señalaba la existencia de dos patentes sobre
procedimientos de obtención de células madre embrionarias que pueden
poner en riesgo la aplicación universal de su capacidad terapéutica.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego que vaya concluyendo.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Ya acabo, señor presidente.
Pretendemos, pues, que exista un debate y que haya una regulación
porque, como señalaba anteriormente, no se puede parar a la ciencia y
no se pueden poner puertas al campo. El deber que tenemos los
parlamentarios es someterla a control para evitar las tropelías que
en su nombre algunos desaprensivos puedan llegar a cometer.
En resumen, con esta iniciativa -y acabo ya, señor presidente-
proponemos dar seguridad jurídica a nuestra sociedad en relación con
la investigación en células madre y pretendemos dar una esperanza a
los enfermos que pueden verse aliviados a medio plazo de sus
sufrimientos, hoy incurables en muchos casos, y dar una respuesta
positiva a nuestros investigadores que vienen reclamando una
legislación que les permita investigar en las potencialidades
terapéuticas de esta nueva medicina molecular y celular.
No podemos ni debemos esquivar este problema. Es aquí, en la sede de
la soberanía popular, donde debemos decidir cómo evitar los riesgos
de la investigación con células madre y cómo aprovechar sus inmensas
posibilidades.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Para la defensa de las enmiendas que se han presentado a esta
proposición no de ley, por el Grupo ParlamentarioMixto, el señor
Aymerich tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Partiendo de una conformidad de principio con la iniciativa del Grupo
Socialista, nuestra enmienda pretende dar a la Comisión de
Reproducción Asistida Humana, prevista en la Ley de reproducción
asistida del año 1988, la función que esa ley y los decretos
posteriores le atribuyen, es decir, la de dinamizar un debate,
permitir la participación de los diferentes sectores afectados y de
la propia ciudadanía en el debate que esta misma proposición no de
ley propone.
Hay que recordar que, desde el año 1998, esta Comisión se reunió
únicamente dos veces. Los informes de su primera reunión, del año
1998, se publicaron. Los informes y los documentos aprobados en la
segunda reunión, habida hace escasamente unos meses, no sabemos por
qué razón no fueron publicados. Debe recordarse que la ministra de
Sanidad es la competente para convocar esta Comisión y debería ser
esta Comisión la que informase precisamente sobre si se pueden o no
utilizar, cómo y para qué fines los embriones sobrantes de proyectos
de reproducción asistida.
Apoyamos esta iniciativa y pretendemos mejorarla a través de esta
enmienda porque perseguimos que el Congreso de los Diputados ayude al
Gobierno y al Partido Popular a salir del callejón sin salida y de la
contradicción en la que están metidos. El Gobierno quiere ganar
tiempo y solucionar sin daños ni costes la controversia que existe
entre la Iglesia, ciertos sectores confesionales del Partido Popular
y sectores de investigadores, médicos y la propia industria
farmacéutica.
Creo que la política es el arte o la técnica de tomar decisiones y
cualquier decisión que se tome debe tener unos costes. Lo que no creo
que se pueda hacer es utilizar la política para imponer a nadie ni a
ninguna sociedad las convicciones morales o religiosas, por
respetables que estas sean, de un grupo, por importante también que
este sea, de personas o de políticos.
Creo que no se necesita más tiempo, creo que no se necesita esperar
posicionamientos a nivel europeo que ya existen, creo que no es
necesaria una reforma legal y creo que de esta Cámara hoy debería
salir un acuerdo unánime favorable a la investigación con células
madre, incluso con células madre embrionarias, y favorable también a
que los resultados de esa investigación sean del dominio público, es
decir, que la puedan aprovechar todas las personas, con independencia
de cuál sea su nivel económico.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la
señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero destacar que consideramos oportuno y
necesario el debate que el Grupo Socialista ha traído esta tarde a la
Cámara. Entendemos que España no debe sustraerse ni quedar rezagada
en los importantes avances científicos y técnicos que se están
produciendo y que están por venir en el campo de la ciencia, de la
vida y de la biotecnología.
Por ello creemos que es nuestro deber afrontar este tema con el
consenso que se pueda producir como consecuencia de un debate
sosegado, en el que intervengan nuestra propia comunidad científica y
los grupos de investigación que sobre este tema existen en España, de
tal forma que posteriormente se vea refrendado por un desarrollo
legislativo pertinente, que sea responsable y positivo,
adelantándonos -si es que cabe ya este término- a un tren que ya está
en marcha. Estamos a las puertas de una gran revolución en las
ciencias médicas, en las ciencias de la salud en general, tanto desde
el punto de vista de la prevención como de la terapéutica ante
numerosas enfermedades que hasta ahora se catalogan como crónicas y
se consideran inevitables e incurables, en muchos casos.
Es ya reconocido en los foros científicos internacionales el tremendo
potencial de aplicaciones terapéuticas que puede empezar a dar frutos
como consecuencia del desarrollo de la investigación en torno a las
llamadas células madre humanas que se va a generar, si no a corto, sí
a medio y a largo plazo. Como es lógico, no podremos negar a los
ciudadanos españoles el beneficio de los avances que en dicha
investigación se vayan produciendo, aunque sea en otros lugares, en
otros países o con otros grupos de investigación diferentes a los
nuestros. Entendemos que tiene una importancia estratégica para
Europa, y también para España, el dominio de esta ciencia, su
tecnología y sus aplicaciones, y que hemos de contribuir a generar un
sosegado debate científico, social y ético, como dice la propuesta,
que permita lograr un consenso sobre este tema.
Señorías, en un reciente documento de comunicación de la Comisión de
las Comunidades Europeas, titulado: Hacia una visión estratégica de
la ciencia, de la vida y la biotecnología, se profundiza en los
nuevos conocimientos sobrevenidos en esta materia, y se engloban bajo
la denominación de biotecnología las innovaciones técnicas en los
campos de la ingeniería genética y la clonación, aunque por supuesto
estamos de acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, que prohibe la reproducción humana clónica. Pero creo que
hay que insistir en este debate en que este tema hay que aclararlo y
diferenciarlo de lo que estamos hablando esta tarde.
El informe también hace referencia a los avances en la biocatálisis,
en las pruebas genéticas, en la terapia génica y en los anticuerpos
monoclonales. El citado informe reconoce la importancia de los
avances de todos estos campos en la mejor y mayor comprensión de la
biología, la estructura y los mecanismos moleculares,
la base genética y la ecología de todos los seres vivos. Todos
estos avances en el campo de la asistencia sanitaria, en la llamada
era posgenética -dice también el informe-, nos permitirán combatir,
con nuevas herramientas genéticas, enfermedades humanas hasta ahora
incontrolables.
Como conclusión y casi a modo de reflexión, quiero decir que en este
informe se expresa la complejidad de este debate y el desafío que
representa encontrar soluciones aceptables en una sociedad moderna y
plural. Concluye el informe, y concluyo también yo, situando en las
claves para resolver este dilema a los propios ciudadanos, invitando
a los consumidores, a las organizaciones de la sociedad civil, a los
científicos, a las autoridades públicas y a los operadores económicos
a contribuir con sus comentarios a estas reflexiones. Entendemos que
este campo de investigación no debe ser exclusivo de la investigación
privada; entendemos que debe clarificarse -y ése es el sentido de
nuestra enmienda- y potenciarse el papel que puede y debe jugar la
investigación pública, y por supuesto que se debe profundizar en el
debido control y en la seguridad jurídica pertinente. Nuestra
enmienda pretende refundir el punto a) y el punto b) de la propuesta
del Grupo Socialista. Respecto al punto c), que habla de que nos
reafirmamos en la prohibición de la clonación reproductiva del
convenio de bioética de Oviedo y del Consejo Europeo, etcétera,
también expresamos nuestro desacuerdo y el apoyo a ese convenio.
Nuestra enmienda no cambia el sentido de la propuesta y entendemos
que el punto a) debe incorporarse al b), impulsar el debido debate
con los aspectos científicos, sociales y éticos pertinentes, que dé
lugar al desarrollo legislativo pertinente y posteriormente al
consiguiente desarrollo reglamentario.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa) Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchísimas gracias, presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para apoyar la propuesta del Grupo Socialista, que entendemos
que no solamente es necesaria sino oportuna y que viene a poner las
cosas en su sitio. Este Parlamento debe pronunciarse sobre una
cuestión que es en estos días uno de los dilemas ético-científicos
más candentes que se han producido en los últimos años. Estamos
hablando, señorías, de la creación de embriones destinados
exclusivamente a obtener células madre. Este debate arrancó
básicamente en el año 1998 cuando por primera vez se aislaron células
madre embrionarias. Se crearon una gran cantidad de expectativas que
han ido creciendo y que
prometen desde la regeneración neuronal en Parkinson o Alzheimer
hasta la posible fabricación de neórganos para el transplante. En
definitiva, una panacea universal de posibilidades claramente
insospechadas para la humanidad. Pero tenemos que decir que, a pesar
del optimismo, todavía queda un largo camino por recorrer en lo que
es la polémica que hoy día divide a países y conciencias.
Existe, señorías, una línea de investigación con células madre
embrionarias que puede efectuarse sin crear embriones, teniendo en
cuenta los miles de embriones congelados en las clínicas de
infertilidad. No es menos cierto que existen otras líneas de
investigación de células madre después de fertilizar in vitro
embriones procedentes de óvulos, siendo este sistema el que
aparentemente garantiza una mayor calidad y juventud de las células
embrionarias frente a las que se derivan de las clínicas de FIV,
fecundación in vitro, en las que, a los riesgos inherentes a la
congelación, se añade una procedencia de mujeres más maduras. Una vez
más, frente a todo esto, nos encontramos a los de siempre, a los
defensores de la vida con be, a los de la vida biológica, que
argumentan, muy legítimamente, que la posibilidad de extraer células
madre de tejidos adultos, descubierta recientemente, evitaría
manipular y destruir lo que ellos consideran seres humanos, que son
embriones, aspecto que, desde el punto de vista de la viabilidad
biológica, es absolutamente discutible. A mí el punto de vista
biológico en estas cuestiones me interesa muy poco. Únicamente quiero
decir que somos conscientes de que hay otras posiciones, pero que no
nos parece legítimo que cada vez que se habla de un progreso o de un
avance del que puede salir beneficiada la humanidad se recurra, como
siempre, a los mismos argumentos, que tienen mucho que ver con
legislar las conciencias de los ciudadanos. Eso no se lo puede
permitir nadie en un Estado democrático, social y de derecho.
Desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tampoco
estamos dispuestos a dejar esto al pairo de las compañías o de los
centros privados, que, al igual que está pasando en Estados Unidos y
en Gran Bretaña, intentan obtener autorizaciones para poder trabajar
en esta línea de investigación, que, como ustedes saben, no está
prohibida en estos países. Es verdad que el Convenio de Derechos
Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, que está firmado ya por
31 Estados y ratificado por nueve, establece en general que, cuando
la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley,
esta deberá garantizar una protección adecuada del embrión. Pero este
artículo, señorías, se refiere a los excedentes de las técnicas de
reproducción asistida, pues a renglón seguido establece expresamente
que se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de
experimentación. Persiste en varios países europeos un intenso debate
en el que una parte importantísima de la comunidad científica y de la
sociedad
defiende la legitimidad de la técnica en atención a las presuntas
posibilidades terapéuticas. Significa una gran esperanza, puesto que
se podrán utilizar tanto en los trasplantes como en el descubrimiento
y desarrollo de nuevos fármacos, además de que facilitan el estudio
biológico del desarrollo humano.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida apoya la
proposición no de ley que trae hoy a la Cámara el Grupo Socialista,
porque, en la medida en que el debate en la sociedad es necesario, es
este Parlamento el que debe liderar ese debate. Y no podemos tampoco
permitirnos el lujo de, en aras de eternizar el debate, quedarnos
fuera de las expectativas que hoy nos plantea la ciencia, ya que al
menos por parte de este grupo parlamentario es no sólo un anhelo y un
deseo sino que debería ser algo incuestionable que la línea
terapéutica que se nos plantea no puede ser en absoluto cuestionada.
Por algo muy sencillo, señorías, no puede ser cuestionada porque es
una línea terapéutica que desemboca en una gran calidad de vida para
el conjunto de la humanidad, no solamente para la sociedad española.
Por tanto, anunciamos que, más allá de que nosotros hayamos
presentado ya una proposición no de ley para el tema de la clonación
terapéutica, vamos a votar a favor de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente, señorías.
No es la primera vez que ocurre que tengo que hacer uso de la palabra
en nombre de los cuatro diputados de Unión Democrática de Catalunya,
que votaremos en el sentido que especificaré, mientras que los
diputados de Convergència Democrática de Catalunya harán uso de su
libertad de voto en el sentido que tendrán por conveniente y que
ustedes podrán comprobar al final de la votación.
Señor Rubalcaba, lo primero que debo agradecer es el tono de su
intervención y lo respetuoso ciertamente que ha sido con los que
podamos tener planteamientos contrarios. Yo creo que usted ha
defendido una posición sin entender que son cuestiones
incuestionables, sin vincular estas posiciones a planteamientos
religiosos. Y a mí me parece que hace bien. Decía, en una conferencia
pronunciada el 18 de mayo, el presidente de la República Alemana, su
compañero de partido Johannes Rau, que es obvio que no hace falta ser
un cristiano practicante para saber y percibir que determinadas
posibilidades y proyectos de la biotecnología y de la ingeniería
genética contravienen -podríamos decir que pueden contravenir-
valores fundamentales de la
vida humana. Por tanto, podemos entrar en esta discusión
absolutamente al margen de esas consideraciones religiosas.
Continuaba diciendo su compañero alemán de partido que no es preciso
ser alemán ni haber vivido la historia alemana -yo creo que estaba
pensando en el doctor Mengele, entre otros casos- para comprender lo
que ocurre cuando se trastornan las medidas, cuando el ser humano
deja de ser sujeto y es convertido en objeto.
No podemos desconocer la gran virtualidad de las células madre. Y
además le tengo que agradecer las explicaciones, porque ha ocupado
usted buena parte de su intervención en efectuar unas explicaciones
que nos ahorra a los demás intervinientes tener que volver sobre
ello. Usted ha dicho que estas células madre pueden obtenerse de los
embriones gaméticos, productos de fecundación in vitro, de los
llamados embriones somáticos obtenidos por clonación, del cordón
umbilical, de fetos abortados y ciertamente de las células madre
adultas. Si algo pudiera discutirle en este caso es que pienso que ha
efectuado una visión bastante pesimista del resultado de las
investigaciones con las células madre adultas por lo que después
indicaré y quizás excesivamente optimista, aunque ha hecho un
planteamiento que yo le agradezco también. No estamos hablando de
cosas de pasado mañana ni de aquí a dos años. Posiblemente los
productos de estas experimentaciones serán trasladados al público y a
los enfermos dentro de diez años.
Digo que ha ofrecido una visión pesimista de las investigaciones con
células madre adultas, porque quizá el supuesto que más pudieran
tener presente en estos momentos los ciudadanos españoles es el caso,
y me permito citarlo, del tenor Josep Carreras, que precisamente
a través de un transplante de células madre adultas, derivadas de la
médula ósea, curó una leucemia. Por tanto, en lo que pueden pensar
más en este momento los ciudadanos españoles es precisamente en esa
posibilidad de éxito del transplante con células madre adultas y no
con el otro tipo de células. En alguna otra ocasión, compañeros suyos
de grupo en la Comisión de Ciencia y Tecnología se han referido a la
gran virtualidad de las células madre embrionarias. Ayer, en una
carta al director de El País, una catedrática de biología molecular
establecía, primero, que ni las células madre procedentes de
embriones son tan estables y, segundo, a falta de conocer exactamente
lo que usted citaba de esa compañía de investigación, que está por
ver que pueda desarrollarse, porque todavía no ha podido efectuarse
un embrión producto de clonación que permita, por haber superado el
número de células o el estadio suficiente, la obtención de esas
células madre y, por el contrario, las células madre adultas nos
ofrecen posibilidades. He hecho un pequeño resumen de revistas de
ciencia de este año. Por ejemplo, tratándose de Parkinson, la Japan
Neurological Society, el 26 de octubre, hacía referencia a un
experimento exitoso, utilización
de células madre adultas en Parkinson. Si hiciésemos
referencia a otro aspecto que también nos preocupa a todos mucho en
el tema de diabetes, The Journal of Pathology, de septiembre de 2001,
o Investigation, de julio de 2001. Si hiciésemos referencia a la
esclerosis múltiple, Neurology, julio de 2001. Alzheimer, Nature, 16
de agosto de 2001. Y podríamos continuar con Huntington y otras
enfermedades. ¿Qué es lo que quiere decir? Que ciertamente basta con
probar los avances que en materia de investigación con células madre
adultas se han producido a lo largo de este año para entender que
ofrecen una enorme posibilidad. Porque, si bien es cierto que pueden
generarse o conservarse con mayores dificultades que las
embrionarias, también todo nos permite sostener que son células
bastante más controlables y que además, en la medida que se efectúe
un trasplante autólogo, evitan cualquier planteamiento de rechazo,
mientras que la utilización de las células madre embrionarias muchas
veces degeneran en tumores y no resuelven el problema del rechazo
inmunológico.
Desde el punto de vista práctico, quizá, la pregunta más fácil que
debiéramos hacernos es, si tenemos líneas de investigación que
permiten avanzar en estos campos para curar esas enfermedades y que
no generan el más mínimo debate, desde el punto de vista ético en la
sociedad, sea este debate más o menos amplio, ¿por qué tenemos que
dar pasos en un sentido diferente a este? ¿Por qué no hacemos lo que
se ha hecho en otros ámbitos que podrían estar vinculados a la
bioética o a la ética de la energía? Pensemos simplemente en
moratorias nucleares. ¿Por qué no podemos adoptar una moratoria y ver
cuál es el resultado de esta experimentación con las células madre
adultas?
En cualquier caso, el señor Rubalcaba, que ha sido muy preciso y
exacto, hay una expresión que no ha empleado. Señoría, obtener
células madre de embriones, bien sean somáticos o gaméticos, supone
la destrucción de esos embriones. Pretende salirse de este dilema
configurando un concepto nuevo, el concepto de preembrión. No acabo
de entender por qué no hablamos de células madre preembrionarias, en
vez de embrionarias. Lo cierto es que hablamos de células madre
embrionarias. Se utiliza este concepto de preembrión, con una
distinción tan artificiosa como cualquier otra de las muchas que
pudieran establecerse a partir de los 5 días o de los 14, del momento
en el que interese, pero ciertamente a algunos diputados nos interesa
saber cuál es el valor de ese embrión en los 14 primeros días o de
ese preembrión que precisamente se le atribuye. De la misma manera
que no me deja de causar problemas la distinción, que entiendo
también artificiosa, entre clonación terapéutica y clonación
reproductiva. El informe Fiori de la comisión temporal del Parlamento
Europeo, aprobado el 8 de noviembre de este mismo año, establece que
no hay distinción entre esa clonación reproductiva y esa clonación
terapéutica. Se genera
un embrión a través de clonación y ciertamente después, si se
interrumpe el proceso, si no se implanta, y también estoy de acuerdo
con usted, se entiende que estamos ante una clonación puramente
terapéutica. Pero en cualquier caso volvemos a lo mismo, es un
embrión somático que precisamente para poder utilizar las células
madre se destruye. La pregunta es: ¿Qué valor tiene ese embrión en
los 14 primeros días? Ninguno. ¿Estamos en presencia de algo que no
merece ningún valor, ninguna protección por parte del ordenamiento
jurídico?
Ayer me preocupaba la presentación de un informe en Barcelona sobre
esta materia que venía a decir que la situación en la que nos
encontramos en estos momentos de cara a la experimentación con
embriones es la misma en la que nos pudimos encontrar hace siglos con
la disección de cadáveres. Usted comprenderá que, aparte de
considerar muy poco afortunado ese planteamiento, quizá sea revelador
y en cualquier caso tengo que decir que para algunos diputados de
esta Cámara -ciertamente no fue el señor Rubalcaba, es bastante más
inteligente que para decir eso- esa comparación entre el preembrión,
el embrión de los 14 primeros días o el cadáver deja muchísimo que
desear. Quiero recordar de todas formas que la declaración de
bioética de Gijón del congreso mundial de bioética, donde su
compañero Marcelo Palacios tuvo una gran intervención, había
manifestado ya el 24 de junio de 2000 que la utilización de las
células troncales, de las células madre con fines terapéuticos debe
permitirse siempre que la obtención de las mismas no permita la
destrucción de los embriones. Señorías, debo manifestar que para
algunos diputados de esta Cámara, para los diputados de Unió
Democrática de Catalunya no existe esa distinción entre la clonación
reproductiva y esa clonación terapéutica. Entendemos que el embrión,
el preembrión, el embrión de los 14 primeros días es un bien jurídico
cuyo valor hay que determinar y por tanto no puede equipararse a un
mero objeto, no puede equipararse a una pura mercadería, y que, si
existe una posibilidad de investigación que ofrezca un mayor consenso
social, no debiéramos abundar en otros caminos.
Yo querría acabar mi intervención con una frase -me ha gustado mucho
la exposición, tengo que decirlo, de su compañero alemán Johannes
Rau- de esa conferencia. Decía Johannes Rau textualmente en esa
conferencia del 18 de marzo a que hacía referencia que, como lo que
tratamos aquí son cuestiones existenciales en el auténtico sentido de
la palabra, debe ser especialmente válida la siguiente norma: si
tenemos dudas fundadas acerca de si es lícito o no hacer algo
técnicamente factible, debe quedar prohibido en tanto no se hayan
disipado todas las dudas fundadas. Y seguía diciendo: conozco la
frase los demás también lo hacen. Aquí ha habido algún grupo
parlamentario que lo ha puesto de manifiesto. Pero de entrada, dice
el señor Rau, a nuestrospropios hijos siempre les decimos que tienen
que
hacer lo que está bien sin que les importe lo que hagan los demás.
Tampoco aceptamos este argumento en otros temas en los que esta
Cámara tiene una gran sensibilidad que todos compartimos: el trabajo
infantil, la esclavitud o la pena de muerte. Lo mismo vale para otro
argumento similar que también se ha empleado: Señorías, si no lo
hacemos nosotros, acabarán haciéndolo otros. Ese argumento refleja,
dice el señor Rau, una capitulación ética. Eso sí, parece
espacialmente plausible cuando se le da una connotación económica: si
no hacemos tal o cual cosa la harán otros, se colocarán en la
vanguardia del progreso, gozarán de ventajas comparativas, nos
expulsarán del mercado. Según este argumento también tendríamos, por
ejemplo, que lanzarnos a exportar armas -y quiero recordar una
proposición no de ley de la semana pasada- sin restricción alguna,
pero no lo hacemos, y con razón, y a fin de cuentas no nos
perjudicamos. Acaba diciendo el señor Rau, y con esto también quiero
acabar yo mi intervención: los intereses económicos son legítimos e
importantes, pero no se pueden contrapesar con la dignidad humana y
la protección de la vida. Quien renuncia a proteger la vida en su
inicio no tardará en poder hacer valer lo mismo en su final, y
entonces quizá se pregunte si podemos permitirnos el elevado gasto
asistencial al final de la vida. ¿No sería más razonable desde el
punto de vista económico que los ancianos y los enfermos dieran a
tiempo su consentimiento para aplicarles la eutanasia activa? Sigue
diciendo: sé perfectamente que nadie hace semejantes propuestas, pero
todos nosotros también sabemos que las mejores intenciones a veces no
pueden evitar que ocurra lo que al principio nadie quería. Por tanto,
señorías, eso es algo que en última instancia debemos tener en
cuenta.
Comparto, eso sí, el inicio de su intervención y la de otros
parlamentarios. Señorías, esta es una decisión política que tenemos
que tomar entre todos los representantes de los ciudadanos y oyendo a
todo el mundo, pero no es una decisión científica. Una cosa es lo que
incumbe a la ciencia y otra lo que incumbe a la política.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Grupo Parlamentario Popular. Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.
Como parlamentaria debo felicitarme hoy porque un tema tan delicado
se toque con tanta delicadeza -y valga la redundancia- por parte de
los grupos parlamentarios y haya esta sensación de que estamos
hablando de temas de gran trascendencia. A veces no se puede decir,
pero conviene hacerlo.
Como grupo que apoya al Gobierno, como Partido Popular alentamos el
progreso científico, porque nos
parece un instrumento fundamental al servicio del hombre, de su
libertad, de sus legítimos deseos, de sus legítimas ambiciones. Todo
ello es una prioridad de este grupo y también de nuestro Gobierno. En
este momento, vivimos una situación gloriosa para la ciencia
y esperamos con ilusión el futuro, pero tendremos que tener cuidado de
hacia dónde miramos. Deberemos mirar al horizonte y no, como en
algunos mitos, mirar al sol que nos ciegue y no nos deje ver el
entorno. El debate social que hoy nos ocupa, porque es un debate
social, tiene un fundamento real, aunque no está planteado con la
exigencia y el rigor exigible ni con la serenidad necesaria, sobre
todo a nivel de medios de comunicación. Lo que se transmite al
público no experto es insuficiente y está manipulado. ¿En aras de la
noticia tal vez? Pienso que sí. Tal vez la necesidad de noticias, no
lo sé. Lo que sí sé es que un debate de este tipo no puede ser nunca
un debate de un juego político. Un tema así debe ser debatido
fríamente, con reflexión, sin prisas y sin apasionamiento, pero sobre
todo con verdad y con racionalidad, con argumentos contrastados y no
con supuestos de futuro, que muchas veces son difíciles de aceptar.
Plantear a los pocos días, después del 26 de noviembre, de una
publicación del Journal of Regenerative Medicine, un experimento que
ha resultado fallido de la empresa ACT, es cuanto menos precipitado.
La publicación de este experimento hablaba de clonación terapéutica
de embriones humanos. Se habían obtenido clones humanos. Y tras los
resultados, vemos en la publicación que se extrajeron 71 óvulos de
siete mujeres, se enuclearon, se sometieron a la técnica de
transferencia nuclear, de núcleos procedentes de fibroblastos de
diversos individuos, y se obtuvieron 19 supuestos -digo supuestos por
lo que luego pasó-, embriones clónicos. Ninguno de ellos, señorías,
llegó a ser un blastocisto. Científicamente esto es muy importante.
Solo tres de estos supuestos embriones clonados tuvieron un mínimo
desarrollo que no llegó a seis células. No tenemos dudas empíricas
respecto al trabajo, tenemos datos ciertos y datos publicados. El
experimento incluía también un intento de desarrollar óvulos por
partogénesis, que fracasó, sobre todo por deficiencias en el material
genético que se obtuvo procedente de las células que allí surgieron.
¿Qué pasó como consecuencia del fracaso de ese experimento que se
vendió el 26 de noviembre a bombo y platillo? Como consecuencia de
ello, los editores, el doctor Gearhard, de Estados Unidos, y el
doctor Peschansky, de Francia, dimitieron en protesta por el fraude
de publicar un fracaso científico disfrazado de un logro importante.
Esto no es ninguna tontería, señorías. De todo esto, de este supuesto
fracaso yo no he visto una información que abriera un telediario en
ninguna cadena de televisión, ningún informativo, ni primeras páginas
en ningún diario, ni siquiera una mínima proliferación informativa.
Esto hay que buscarlo en las revistas científicas.
Cuando se habla de estos temas debemos saber también con qué estamos
trabajando. ¿Cuál es el interés que mueve a algunos a publicar
experiencias fallidas como avances transcendentales? Señorías, esto
merecería un análisis muy profundo, un análisis aparte. Se habla de
campos de intereses; puede ser, hay indicios que lo sugieren. Esto ha
hecho en cierta medida que la ciencia pierda ese carácter benéfico
que se le ha atribuido siempre desde antiguo. Estas aventuras en el
aire hacen muy poco en favor de la ciencia y sobre todo muy poco en
favor de la verdad. Como dijo un filósofo, la ciencia ha dejado de
ser inocente. Al transformarse la ciencia en tecnología, en
tecnociencia, y orientarse la tecnología al mundo de la producción y
del mercado, todo cambia, estamos ante un panorama diferente. Ya no
es el mundo científico el que reclama libertad, estamos viendo a las
compañías detrás, y detrás de muchas posiciones se mueven a veces
intereses. Esto es así. Intereses económicos. ¿Quién hace estas
publicaciones? ¿Quién las promueve? Hay otras cosas muy graves en
torno a este debate. Plantear una investigación con embriones humanos
como solución del Parkinson, del Alzheimer, del sida; hacer aparecer
a una persona que dice en televisión: gracias a esto se va a curar mi
padre; hacer aparecer esto como una situación inmediata, como un
logro inmediato, no es sólo una frivolidad, es una irresponsabilidad
manifiesta y una crueldad, sobre todo cuando no hay base científica.
Hay una base supuesta a muy largo plazo, pero ni siquiera a medio
plazo tenemos una base científica que avale estas suposiciones. Digo
que es una crueldad porque los que estamos relacionados
profesionalmente con el dolor, con la enfermedad, con enfermedades
terribles, lo sabemos muy bien. Dar falsas esperanzas a enfermos no
es de recibo, pero hacerlo institucionalmente comporta una altísima
responsabilidad -no quiero ya decir que no es de recibo-, no quiero
ni siquiera calificarlo. Es una altísima responsabilidad porque es
instrumentalizar el dolor, la esperanza y el sufrimiento de mucha
gente.
En apoyo de la proposición se esgrimen opiniones a favor. Hay
opiniones de instituciones -unas a favor y otras en contra- en países
como Francia, donde el Consejo de Estado prohibió el 18 de junio de
este año la investigación con células procedentes de embriones
humanos sobrantes de la fecundación in vitro. Tenemos también la
durísima Resolución 764, de 2000, del Parlamento Europeo, que se ha
remitido a los países de la Unión Europea y también a la ONU, en la
que se hace un alegato a favor de algo que es muy importante en estos
días: la defensa de la vida humana como un valor intrínseco así como
de la dignidad del hombre. Se esgrimen muchas veces argumentos y
todos buscamos argumentos a favor y en contra de nuestras propuestas.
He de decir, señorías, con todo el respeto hacia la Comisión nacional
de reproducción asistida humana, que es una comisión ad hoc, una
comisión creada para
estudiar los problemas de las técnicas de reproducción asistida
humana. Sólo eso. Y tengo que decir asimismo que ni siquiera en este
tema sus opiniones son vinculantes. Ahora bien, esgrimir que la
comisión ha dicho que un embrión no es embrión hasta que se
desarrolla el tubo neural, he creído entender, o la notocorda, hasta
esos días más o menos, esto, dicho por una comisión pluridisciplinar,
donde hay personas que no están cualificadas para manifestarse en ese
sentido -a lo mejor lo están para asuntos legislativos, pero no lo
están para cuestiones de este estilo-, me parece cuando menos una
irresponsabilidad. Con todo respeto, la Academia de la Ciencia dice
lo contrario y se sabe científicamente que en el momento en que
obtenemos un zigoto, en el momento en que dos células se unen y
forman una tercera célula, tenemos toda la carga genética, tenemos
determinado el sexo, el color de ojos, el tono de la voz, nuestras
pequeñas deficiencias y todo lo que va a acompañar el resto de la
vida. Esto también es un índice de esa individualidad. La Comisión
Nacional de Reproducción Asistida Humana, con todo respeto, no
debería opinar sobre el futuro de embriones humanos porque no le
corresponde, porque es título I, artículo 10, de la Constitución y
debe decirse de otra manera. Una comisión ad hoc sólo debe
manifestarse para lo que está creada, para el tema que tiene que
estudiar y, aún así, sus opiniones son de carácter consultivo y
secretas, no sé por qué están en todos los periódicos.
En cuanto a la investigación con células madre adultas multipotentes,
hasta ahora se decía que eran diferentes a las embrionarias porque
daban un solo linaje celular. No voy a hablar aquí de periódicos ni
de diarios de opinión ni de artículos; hablaré de revistas
científicas. Voy a referirme a las dos de primer impacto mundial:
Nature y Science. Desde 1998 a 2001, Nature y Science tienen
publicaciones que hablan de la mayor plasticidad de las células madre
adultas; es decir, se ha demostrado que no son solamente un linaje
celular sino que, a través de células madre adultas, se obtienen
líneas celulares muy variadas. Me voy a referir a muy pocas, una o
dos pinceladas. Células madre adultas nerviosas dieron células
sanguíneas; células neuronales adultas dieron células de corazón, de
músculos, de hígado, de pulmón y de intestino, según publica Science
en junio de 2000, publicación nada menos que del Instituto Carolingia
de Estocolmo. Se está abriendo la posibilidad de considerar ese tipo
de investigación como un camino cierto, porque está dando resultados
hoy día contrastados científicamente. En estos últimos días, Takomoto
y otros en el número 291 de Science, en 2001, han demostrado que
células madre adultas multipotentes precursoras de oligodendrocitos
pueden crecer indefinidamente en cultivo, que era otra de las cosas
que se decía que eran solamente de células embrionarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, con su benevolencia, en
un segundo.
La proposición pide que reafirmemos el convenio de Oviedo;
naturalmente que lo reafirmamos, pero al completo; también en el
artículo 18.2, que prohíbe expresamente hacer embriones para
investigación. Ratificamos el protocolo de no clonación humana, de
enero de 1998, que fue ratificado por esta Cámara, que ustedes
votaron favorablemente y que entró en vigor en enero de 2000. Toda
norma de menor rango que nosotros queramos plantear debe remitirse a
ese marco jurídico.
Señorías, adherirse sólo a una parte del convenio y no al convenio en
sí no es aceptable. Cuando lo hacen políticos muy versados,
permítaseme que piense que es más que un error, es quizá una forma
errónea de afrontar las cosas. No se puede legislar con presiones
sobre estas materias, ni mediáticas ni políticas, porque tenemos una
gran responsabilidad moral. Los errores en temas tan delicados son
muy difíciles de rectificar y estamos sufriendo ahora la prisa que
hubo con una ley de reproducción asistida con técnicas muy
deficitarias y con unos decretos del Gobierno en funciones, del 26 de
marzo de 1996, que han creado el problema de los embriones
congelados. No se puede...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego que concluya.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Reclamamos lo obvio, señorías.
Recordamos también el informe Fiori. Estamos sometidos a las
resoluciones del Parlamento Europeo, a lo mismo que hace Francia,
a mucho menos de lo que hace Alemania donde el embrión está
estatutariamente protegido. Pero esto no se puede hacer
políticamente. El debate no se puede legislar ni imponer; está en los
foros científicos, en las compañías de producción de medicamentos, en
los centros médicos, en las sociedades de enfermos. El hombre es un
fin y no puede ser nunca un medio. (Rumores.) Señorías, pido el mismo
respeto con el que yo he escuchado.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, silencio, por favor.
Señora Fernández, termine inmediatamente.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Nuestro debate debe ser decir
todo lo que pasa y todo lo que hay. Nos parece que estamos viendo las
cosas solamente desde un punto de vista y lamentamos mucho tener que
rechazar la proposición.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Fernández de
Capel.
Señor Pérez Rubalcaba, tiene la palabra a los efectos de la
aceptación o rechazo de las enmiendas.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias.
Aceptamos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego. Respecto a la
enmienda de Coalición Canaria, con la que estamos absolutamente de
acuerdo, no la podemos aceptar porque suprime el apartado d) de
nuestra proposición no de ley, en el que se recomienda al Gobierno
que deje de interferir en las investigaciones que hoy realizan
nuestros departamentos universitarios y de los hospitales con células
madre embrionarias. Aun estando de acuerdo, pensamos que es más
completa nuestra redacción.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación con
células madre en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha
sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 124; en contra, 166; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA
SOLUCIONAR LOS ACTUALES PROBLEMAS DEL SECTOR CÁRNICO Y SU VIABILIDAD
FUTURA. (Número de expediente 173/000100)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día, mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre previsiones del Gobierno para solucionar
los actuales problemas del sector cárnico y su viabilidad futura.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Vázquez. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños, guarden silencio y abandonen el
hemiciclo en silencio también.
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Bloque Nacionalista Galego presenta
esta moción que contiene algunas de las medidas que consideramos
necesario que adopte el Gobierno para mejorar la situación actual y
el futuro del sector productor de carne de vacuno. Por tanto, que
modifique algunas de las previsiones contenidas en los borradores de
proyectos de ordenación del sector productor de vacuno que está
elaborando en estos momentos el Gobierno. Es evidente que este sector
está atravesando por dificultades, en parte derivadas de la aparición
de casos de la EEB, pero también de normativas poco ajustadas a la
realidad productiva y, de una manera particular, las referidas a las
ayudas...( Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez, por favor. (Pausa.)
Adelante.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Decía que el proyecto de ordenación del
sector productor de vacuno que está elaborando el Gobierno debe
establecer unas normas básicas de ordenación, dejando a las
comunidades autónomas mayor capacidad real de la que actualmente
prevé para así poder adoptar las medidas necesarias en función de la
especificidad de cada realidad productiva. En este sentido, debe ser
competencia autonómica la regulación concreta de las distancias entre
las explotaciones, las normas específicas sobre gestión de residuos
y la regulación de la figura del veterinario adscrito a las
explotaciones. La razón es bien sencilla, intentar reglamentar
dejando estrechos márgenes de actuación a las comunidades autónomas
en cuestiones que en principio pueden ser acertadas, pero que al
final puede conducir a la imposibilidad de su aplicación en algunas
realidades territoriales y productivas o acabar teniendo efectos
negativos sobre las mismas. Esta cuestión es la que hace referencia a
nuestro punto primero.
En el punto segundo proponemos que el Gobierno haga esfuerzos para
impulsar el consumo de carne. Un consumo que aún no ha recuperado los
niveles anteriores a la aparición de la EEB, una recuperación del
consumo que está directamente relacionada con la recuperación del
sector. Se trata de que, además de campañas informativas, el
consumidor tenga plena confianza en la carne que se le vende en los
mercados, que sepa que las prohibiciones sobre el uso de piensos de
origen animal se aplican, porque el ganadero ya no podrá confundirse
en la alimentación del ganado, impulsando en este sentido el
etiquetado claro de los piensos. Creemos que la regulación inmediata
de la trazabilidad contribuirá de manera importante a este fin.
El punto tercero pide la prórroga de las medidas de intervención,
después de enero de 2002, prórroga que, según afirman los medios,
parece que aprobó la Unión Europea el pasado viernes pero, en todo
caso, sigue vigente la necesidad de que el Gobierno reduzca los
límites mínimos de venta de canales al FEGA, hoy establecidos en 10
toneladas, de manera que se facilite esa venta a los ganaderos
individuales o, en todo caso, se garantice que sean los ganaderos
quienes reciban el total de la cantidad que el FEGA paga por esas
reses, cosa que hoy no ocurre, ya que, como ustedes saben, muchos
ganaderos reciben la mitad y el resto se lo llevan los
intermediarios. En nuestra opinión, también se debería reconsiderar
la exigencia del aval.
El punto cuarto propone mantener la financiación pública de la
recogida y eliminación de los MER, así como de las reses muertas en
las explotaciones. En primer lugar, porque estamos ante un problema
de salud pública al que debe hacerse frente con fondos públicos y, en
segundo lugar, porque no parece razonable que estos gastos se
detraigan de la renta de los productores o se trasladen a los
consumidores.
El quinto punto se refiere a los certificados veterinarios de
sacrificio que, de demostrarse su utilidad para garantizar la salud
pública, deberían ser expedidos por veterinarios oficiales sin coste,
como ahora sucede para los ganaderos.
En sexto lugar, proponemos que se establezcan ayudas para que la
reducción de la carga ganadera se pueda hacer efectiva también a
través del aumento de la superficie agraria útil de las explotaciones
y no sólo, como ahora contempla el Gobierno en su proyecto, a través
de la reducción del número de cabezas por explotación.
Los puntos 7, 8, 9 y 10 hacen referencia a las primas que se conceden
a los vacunos machos. Es necesario demandar a la Unión Europea el
aumento de número de derecho actual, insuficiente a todas luces;
evitar la regionalización de los derechos de primas; excluir la
penalización en caso de sobrepasamiento del límite de primas a las
explotaciones de carácter familiar con producción ligada a la tierra
y modificar los criterios de concesión de primas estableciéndolas
para los de más de 185 kilos canal, con período de retención mínima
de dos meses.
El punto 11 propone demandar de la Unión Europea un aumento del
número de derecho de vacas nodrizas para adecuarlo al censo real y,
mientras tanto, según nuestro criterio, el Gobierno debería aumentar
la cantidad destinada a los pagos complementarios para este fin.
El punto 12 propone establecer con rapidez mecanismos que impidan la
compraventa incontrolada y especulativa de derechos de vaca nodriza,
poniendo en marcha la reserva estatal y garantizando, eso sí, la no
deslocalización de derechos de las zonas de montaña.
El punto 13 propone incrementar la cuantía de las indemnizaciones
compensatorias de montaña tan importantes para mantener esta
actividad en zonas difíciles. Por último, el punto 14 propone que el
Gobierno arbitre los mecanismos necesarios para mejorar la gestión de
los datos catastrales que en comunidades autónomas
como Galicia es deficiente y está ocasionando importantes
problemas a los ganaderos para quienes la corrección de los datos
catastrales es fundamental, como SS.SS. saben, a la hora de solicitar
las ayudas.
En resumen, y concluyo, estas son algunas de nuestras preocupaciones.
Creemos que son preocupaciones del sector también y teníamos la
esperanza, aunque creo que no va a ser así, de que algunas pudiesen
ver su aprobación total o parcial después de este debate. Esa
aprobación contribuiría a que el Gobierno realizase una propuesta de
ordenación del sector más positiva y más acorde con la realidad. Por
eso presentamos esta iniciativa y, a pesar de todo, tenemos la
esperanza de que se vote favorablemente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular,
señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo, el Grupo
Popular, sobre esta moción consecuencia de una interpelación
presentada por el Grupo Mixto. El Grupo Popular considera al sector
de la carne de vacuno como un sector muy importante para el
desarrollo de nuestro país y, en concreto, para varias de las
regiones de España. Ha sido un relevante motor de desarrollo rural.
En este aspecto, podríamos destacar la espectacular progresión del
sector en Galicia en los últimos años, donde hemos visto duplicarse
el número de vacas nodrizas y multiplicarse por nueve el número de
animales machos para los que se ha solicitado la prima especial.
Habida cuenta de la importancia que este sector tiene, el Gobierno
del Partido Popular, después de las últimas crisis vividas, elaboró
un programa de reordenación de este sector, que fue presentado en
esta Cámara y consensuado con todas las comunidades autónomas. El
citado programa deberá tener su reflejo en tres reales decretos que
han sido presentados a las comunidades autónomas, que cuentan ya con
su aprobación y consenso y será en el mes de enero cuando se proceda
a su aprobación. Uno de ellos está referido a ayudas comunitarias en
materia de ganadería; otro, a ordenación de explotaciones y, un
último, relativo a la gestión de los derechos.
El ministro de Agricultura, tanto en la Comisión cuando presentó
estos reales decretos, como recientemente, el día 12, ante este
Pleno, reiteró la importancia de obtener el máximo consenso posible
sobre este programa. Habló de su convencimiento de que sólo sería
eficaz si nace del consenso de todos los implicados. En la moción
presentada por el BNG se mezclan multitud de temas. Algunas de estas
cuestiones ya están recogidas en el programa de reordenación del
Gobierno y en
los textos legislativos que ya se han preparado, como es el
etiquetado obligatorio de los piensos y la regulación de la
trazabilidad de la carne. Otras solicitudes chocan frontalmente,
desde nuestro punto de vista, con la legislación comunitaria o no
tienen ninguna posibilidad de prosperar, ya que requieren la
aprobación del Consejo de Ministros de la Unión Europea. Algunas de
ellas son peticiones meramente demagógicas y contrarias a los
intereses de ganaderos y consumidores, como eliminar la
obligatoriedad de un veterinario adscrito a las explotaciones. Otras
cuestiones ya han sido solicitadas por el Gobierno español y
aprobadas en las instancias europeas, como la ampliación de las
compras de vacas para el primer trimestre del año 2002.
En cuanto a la regionalización de los derechos de prima especial, el
establecimiento de la prima especial al sacrificio y la introducción
de la figura del pequeño productor que quedaría excluido de las
reducciones, son asuntos que requieren la decisión de la conferencia
sectorial de agricultura. Quiero decir a S.S. que esta misma
conferencia ha decidido crear un grupo de trabajo que las estudie.
Otras peticiones van en contra de los intereses de los ganaderos,
como es la obligatoriedad de transferir derechos a través de la
reserva nacional. Esta medida significaría la pérdida de un
importantísimo patrimonio para los más de 72.500 ganaderos que hoy
poseen derechos de vaca nodriza. No olvide S.S. que más de 23.000 de
estos ganaderos están ubicados en la Comunidad Autónoma de Galicia. A
priori, resulta interesante la propuesta que usted formula de que se
financie públicamente la recogida y eliminación de los MER, de manera
que no se desplace el costo ni a los consumidores ni a los
productores ni a la industria cárnica. El señor diputado parece
olvidar, cuando no debería hacerlo, que los fondos públicos proceden
de los impuestos que pagan los consumidores, los productores y las
industrias. En ese momento el Ministerio de Agricultura está
elaborando un acuerdo interprofesional para distribuir estos costos a
lo largo de la cadena de distribución.
Quiero repetir, una vez más, que ni el Partido Popular ni el Gobierno
buscan la desaparición de explotaciones ni su cierre por decreto,
como vienen afirmando en reiteradas ocasiones. La única intención de
este proyecto es dar claridad, normas básicas y transparencia a la
normativa sobre instalación de explotaciones. No es intención del
Gobierno invadir las competencias de las comunidades autónomas y la
insistencia del BNG en estas cuestiones obedece exclusivamente a un
interés por desinformar al sector ganadero.
Por todas las razones expuestas y muchas otras que por tiempo no
puedo argumentar, el Grupo Parlamentario Popular no aceptará la
moción presentada por el diputado del Grupo Mixto.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna para defender, en
nombre del Grupo Socialista, la enmienda presentada a la moción del
Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego. Son cuatro los puntos
que hemos enmendado a la moción, moción que tengo que adelantar que
nos parece oportuna, exacta y útil en sus términos, de tal manera que
vamos a votarla a favor, aun en el supuesto de que nuestras enmiendas
no fuesen aceptadas.
Con nuestra enmienda intentamos mejorar la moción del Bloque
Nacionalista Galego en el sentido de introducir tres conceptos nuevos
que consideramos urgentes y necesarios. El primero de ellos es
extender el concepto de modulación. La modulación es un principio que
ya recoge la normativa comunitaria, pero es algo más, es una
filosofía que permite la redistribución de las subvenciones y ayudas
agrarias con unos criterios de justicia social y de oportunidad. Si
se acepta la modulación claramente se verá la filosofía que subyace
en cada grupo.
Defendemos claramente la ganadería familiar, pero eso no quiere decir
que se esté en contra de ganaderías industriales o de otro tipo.
Entendemos que el núcleo central de las ayudas, de la política
agraria europea pasa por la empresa agraria familiar y, en este caso,
por la empresa ganadera familiar. No tiene ningún sentido que
acaparen los derechos de prima de vaca nodriza o los de prima para
macho aquellas organizaciones fuertes o explotaciones grandes y, sin
embargo, la agricultura familiar, los ganaderos familiares no tengan
posibilidad de acceder a ello. ¿Qué estamos haciendo con eso?
Convirtiendo en inviable, de manera paulatina, a un colectivo muy
grande de ganaderos y favoreciendo a aquellas otras explotaciones que
de por sí son rentables. Esto no significa apoyar marginalidades de
ninguna clase. No se trata de apoyar ganaderías de carácter marginal;
se trata de apoyar la ganadería familiar, que es el eje central de la
ganadería en nuestro país o, al menos, en parte de él.
En segundo lugar, tenemos que decir que somos muy originales en
Europa y que tenemos -alguna vez lo he mencionado- los terneros más
viajeros de Europa, porque las zonas de producción de crías las
tenemos en un lado y las zonas de cebo en otro. Resulta que tanto en
Galicia como en Extremadura como en Andalucía producimos chotos que a
los tres o cuatro meses se destetan y van a cebaderos, la mayoría de
ellos de carácter industrial, hurtándose que el valor añadido del
cebo de estos terneros quede o en las explotaciones familiares o en
las
comarcas en donde nacen. Nosotros creemos que hay que hacer un
esfuerzo importantísimo, acorde con la política agraria comunitaria y
en coordinación con las comunidades autónomas, para propiciar que
sean las mismas explotaciones ganaderas familiares que producen los
chotos las que los ceben. En todo caso se propicia también el
nacimiento de cooperativas que posibiliten que de manera común sean
cebados estos chotos en zonas de la misma localidad o, al menos, en
la misma comarca. En definitiva, se trata, de que los valores
añadidos queden en este zona. Esto tampoco significa ir contra la
ganadería industrial, ni mucho menos; significa que pretendemos lo
que claramente decimos, que el ganadero familiar tenga también la
posibilidad de cebar los chotos que produce y con ello mejorar las
rentas. Sobre esto ustedes dirán lo que quieran, pero si votan que
no, están optando por otro modelo.
Por otro lado y para terminar, todos sabemos -al menos los que
estamos en este mundo- lo enrarecido que es el mecanismo que opera en
el mercado de la carne. Todavía hay figuras que son absolutamente
medievales, como son los corredores famosos de la carne, que son
señores que muchas veces carecen de identificación fiscal, de
cualificación profesional...
La señora PRESIDENTA: Señor Amarillo, le ruego que concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino, señora presidenta.
Por tanto debemos obligar a que estos señores tengan licencia fiscal,
a que la actividad mercantil en la que están sea transparente, con el
fin de tener un mercado donde funcione la oferta y la demanda y no,
como ocurre ahora, que muchas veces estos agentes únicamente son
factores de contracción del precio y de movimientos especulativos en
el mercado de la carne.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Amarillo. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Para fijar nuestra posición mi grupo parte de la idea de que esta es
una materia que tiene que ser objeto de amplios debates y acuerdos
dentro de la conferencia sectorial, fundamentalmente por la
concreción con que la presenta el portavoz del Grupo Parlamentario
Mixto. El señor ministro de Agricultura, Arias Cañete, en la
intervención de la semana pasada dejó claro cuál era el terreno de
competencias que había en esta problemática. Esto requiere una
seriedad que haga congruente lo que se está diciendo en los epígrafes
de la iniciativa cuando se habla de los problemas del sector cárnico.
Cuando entramos al detalle, en este mundo global de la producción
cárnica, en la balanza comercial española, entra el sector vacuno, el
porcino, el ovino fundamentalmente, el caprino y el avícola. ¿De cuál
estamos hablando? Porque en el primer punto de la iniciativa se habla
de la carne de vacuno. Luego ya no es el sector cárnico español, con
la problemática tan distinta que tiene el vacuno del porcino, del
ovino y del avícola, que son los grandes componentes en el mercado y
en la dieta alimenticia española.
En segundo lugar, aquí tiene que haber un pronunciamiento de la
comisión sectorial, que es la que de entrada tiene que definir estas
medidas que afectan a la Administración española, tanto a la central
como a las autonómicas, así como a la comunitaria. Aquí se hacen unos
brindis a la Unión Europea diciendo que tiene que ser el Consejo de
Ministros de la misma el que se pronuncie al respecto, cuando estamos
hablando de cuestiones que tienen un componente financiero y
presupuestario muy alto y en torno a las cuales tienen que
pronunciarse no sólo los ministros de Agricultura de la Unión Europea
sino también los de Economía. Hay unas repercusiones presupuestarias
que requieren una meditación. Como ejemplo baste la décima: conceder
primas a todos los vacunos machos con más de 185 kilogramos-canal,
con período de retención mínimo de dos meses y eliminación de las
exigencias de edad. ¿Sabemos lo que estamos pidiendo con esto y la
repercusión que puede tener? ¿Esto lo suscriben todas las
agrupaciones productoras ganaderas de vacuno, si nos estamos
refiriendo exclusivamente al vacuno en España? ¿Nos estamos olvidando
de los ciclos de la producción de carne -sobre todo de vacuno, que es
muy peculiar- en España? ¿Nos estamos olvidando de las explotaciones
ganaderas catalanas de engorde que obtienen las reses para su ciclo
productivo comprándolas en los mercados de Santiago de Compostela,
Torrelavega o de Talavera de la Reina? Hay unos centros productores
de chotos, del animal joven, que son los que, después de la lactancia
y de los primeros períodos de cría, van a entrar en los circuitos de
engorde que se van a efectuar en comunidades autónomas totalmente
distintas. No tenemos más que ver las estadísticas de nacimientos y
de los grandes mercados nacionales de referencia ganadera en el
ámbito nacional -como los tres que he mencionado anteriormente- donde
se producen estos ciclos. Por tanto nosotros podemos tener la postura
de que puede haber un problema con la bajada del consumo con motivo
de la encefalopatía espongiforme bovina. Las cifras, afortunadamente,
están recuperadas, pero cuando vamos a hacer una reestructuración del
sector creo que primero debe darse un pronunciamiento de la
conferencia sectorial, de modo que sentados allí todos los consejeros
de Agricultura y los representantes ganaderos se acuerde por todas y
cada una de las comunidades autónomas, sean productoras de animales
para la recría, sean terminales de
engorde, sean también las que hacen el procesamiento de sacrificio en
los grandes mataderos industriales, porque es un mapa interconectado
y nosotros debemos tener todas las garantías. Ahora bien, una
agrupación ganadera puede querer hacerse un traje a medida en una
localidad determinada y llegar a decir cosas que si nuestros colegas
europeos las leyeran dirían que cómo se nos ocurre -habiendo tenido
los problemas sanitarios que hemos tenido- proponer exclusiones,
incluso de técnicos profesionales, aunque sea para decir que los
certificados veterinarios sean gratuitos. Si están actuando bien en
virtud de una ley de tasas en un servicio tasado presupuestariamente
y oficialmente, ¿cómo se pueden hacer eliminaciones de obligatoriedad
de designación de un técnico veterinario adscrito a la explotación en
la que está?
La señora PRESIDENTA: Señor Mardones, le ruego que concluya.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino ya, señora presidenta.
Mi grupo va a votar negativamente y a oponerse a estas medidas,
trasladándolo al foro donde tienen que producirse y que ya he
mencionado anteriormente. Por esta razón, votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hace pocos días tuvimos la comparecencia
del ministro de Agricultura en la Comisión para debatir en torno a la
problemática del sector cárnico y su viabilidad de cara al futuro. La
semana pasada se volvió a producir el debate en el marco de la
interpelación que presentó el Bloque Nacionalista Galego y el
ministro explicó de nuevo que el Gobierno está preparando en este
momento tres reales decretos-leyes que está consensuando con las
comunidades autónomas. Personalmente, estoy a la expectativa para
comprobar si realmente esos reales decretos-leyes cumplirán con las
esperanzas que en ellos hemos depositado y si, efectivamente, estarán
de acuerdo con ellos las comunidades autónomas, que son las que
tienen las competencias para aplicarlos. Es más, cuando se está
hablando desde hace ya bastantes días sobre un tema en el que a uno
le cuesta ver la luz a uno le hace pensar que no se trata de una
normativa marco, como se ha dicho aquí, sino que pretendan, una vez
más, al margen del mandato constitucional, desarrollar una normativa
de obligado cumplimiento para las
comunidades autónomas en temas en los que estas tienen competencias
exclusivas.
El tema es complejo. Los sistemas productivos en el sector cárnico
son muy diferentes y están adaptados a las características de cada
territorio, por lo que intentar dar un trato idéntico en temas tan
diferentes, de entrada, me parece que entraña una gran dificultad. No
voy a repetir los argumentos que tuve la posibilidad de debatir con
el ministro de Agricultura en Comisión hace unos días, pero sí hay un
tema que en este momento tenemos encima de la mesa y que se sitúa en
torno a esa problemática de la ganadería. A raíz de la crisis de las
vacas locas se prohibió el uso de harinas con proteínas de origen
animal y, como consecuencia de ello, hubo que modificar los sistemas
de alimentación. Para sustituir estas proteínas se necesita -según
estudios de la Unión Europea que me han llegado- más de un millón de
nuevas hectáreas de cultivos de proteaginosas y lo realmente
increíble es que ni a nivel del Estado ni a nivel del conjunto de la
Unión Europea se ha puesto un marcha un mecanismo para superar esta
situación, con lo cual cada vez dependemos más de la soja que nos
llega de Estados Unidos. Mientras tanto, los mataderos no saben qué
hacer con los restos cárnicos que anteriormente usaban para harinas.
Los costes de su destrucción, según datos del propio Ministerio de
Agricultura, pueden oscilar entre las tres y las cuatro pesetas por
kilo y no sabemos quién los debe financiar. Adelanto que nuestro
grupo parlamentario está absolutamente en contra de que lo paguen las
comunidades autónomas y aún más de que por la vía del silencio
administrativo -entre comillas- acaben cargándolos sobre el
productor, que seguramente es la vía más fácil.
He puesto este ejemplo para destacar que no va a ser una tarea fácil
llevar a cabo una normativa que sin uniformizar, ya que hay que
contemplar los distintos sistemas de producción, y sin invadir
competencias autonómicas, dé una solución global al tema.
El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, a pesar de que está de
acuerdo con la propuesta que ha presentado el BNG, se va a abstener
como apuesta de confianza hacia el ministerio, esperando que se
cumplan los reiterados ofrecimientos de diálogo con las comunidades
autónomas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Vázquez, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo
de las enmiendas.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
A esos efectos, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular y
menos aún después del tono y el contenido de la explicación de la
ponente en defensa de la misma. Sí aceptamos las enmiendas del Grupo
Socialista,
que nos parecen constructivas y que aportan consideraciones
interesantes y útiles para el sector.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre previsiones del Gobierno para
solucionar los actuales problemas del sector cárnico y su viabilidad
futura. Se somete a votación en los términos derivados del propio
debate y con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 118; en contra, 162; abstenciones,12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES DE LA POLÍTICA
UNIVERSITARIA DEL GOBIERNO A PESAR DEL AMPLIO RECHAZO SOCIAL QUE HA
COSECHADO. (Número de expediente 173/000101)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista sobre razones de la política
universitaria del Gobierno a pesar del amplio rechazo social que ha
cosechado. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora
Chacón. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.-
Continúan los rumores.) Señorías, hay una diputada en la tribuna
intentando hacer uso de la palabra. Les agradecería que guardaran
silencio y ocuparan los escaños.
Adelante, señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es evidente que con la intervención que inicio están
ustedes asistiendo al enésimo intento pero también al último posible
que le queda al Grupo Socialista para conseguir que el Gobierno
rectifique su actual proyecto de reforma de la universidad. Hemos
agotado todos los cauces parlamentarios posibles para que se retire
la LOU y, lo que es más importante, para que se inicie un debate en
las Cámaras que permita un diagnóstico sereno de las necesidades de
la universidad española, porque la universidad española, señorías,
necesita una reforma que la ponga en disposición desolventar
dificultades y asumir nuevos retos, pero para
ello es esencial la apertura de un debate sosegado que nos sitúe en
disposición de aprobar una buena ley moderna y aplicable para la
universidad. Ese es el objeto de la moción que hoy someto a
consideración de ustedes tras comprobar, también por enésima vez, el
pasado miércoles en esta Cámara que el Gobierno pretende que
aprobemos una reforma de la universidad que no ha explicado ni
debatido en esta Cámara y que por contraposición está siendo objeto
de una amplísima contestación social. ¿La respuesta de la ministra?
Atrincherarse en su mayoría absoluta, que al final ha resultado ser
el único argumento para imponer sus reformas educativas. Pilar del
Castillo ha conseguido así en este proceso erigirse en el mejor
ejemplo de lo peor del Gobierno del señor Aznar, el abuso de la
mayoría absoluta, el pisoteo del debate y del diálogo, el ninguneo
del Parlamento, el uso torticero del Senado y el permanente insulto
al que discrepa de sus opiniones. Sus métodos han sido, señorías,
deleznables; el más deleznable de todos ellos, la consciente maniobra
de descalificación de la universidad española sólo para justificar
una reforma partidista. No le ha importado a este Gobierno poner en
la picota a rectores, profesores y estudiantes sembrando una duda
tras otra sobre su comportamiento, la calidad de su trabajo o la de
la propia universidad pública, ello junto a una concatenación de
monólogos, discursos vacuos, trabas al debate parlamentario y
negación de comparecencias de la comunidad universitaria y expertos
extranjeros en las Cámaras, pero sus formas antidemocráticas son sólo
la consecuencia de la firme convicción de este Gobierno de que el
fondo de la LOU es inasumible para la sociedad española. Por ello, a
pesar de las oportunidades que ha tenido en esta Cámara para argüir
lo contrario, se ha negado a hacerlo. La ministra se ha negado a
explicarnos por qué cuando la universidad necesita más autonomía la
LOU la recorta, por qué cuando la universidad necesita más capacidad
de gestión la LOU crea más burocracia, por qué cuando la universidad
tiene que investigar más y hacerlo con mayor contacto con nuestras
empresas la LOU deja a nuestras universidades al margen del sistema
de ciencia y tecnología. Tampoco se nos ha explicado qué gana la
universidad cuando se le recorta la participación democrática de
estudiantes y personal de administración y servicios en sus distintos
órganos, o por qué ese empeño en confundir control social con
injerencia política, o por qué se da un sistema de selección del
profesorado, centralista y anticuado, que ya rechazaran nuestras
universidades, incompatible hoy con la autonomía universitaria y que
no sólo no va a dar respuestas a los actuales problemas de selección
del profesorado, sino que puede ser, señorías, aún más endogámico
potencialmente que el actual.
Tampoco se nos ha explicado el empeño del Gobierno en olvidar las
necesidades presupuestarias de la universidad, en minorar cada vez
más las ya débiles becas
del sistema o el porqué de la posibilidad del aumento generalizado de
las tasas universitarias. Seguiremos, si no lo remediamos, tras la
aprobación de la LOU a la cola de Europa en materia de gasto
universitario. Tampoco nadie nos ha querido explicar, señorías, las
razones para constreñir tanto a la universidad pública y tan poco a
la privada; por qué no se atajan con esta ley los abusos que hoy
algunas universidades están cometiendo; por qué se ha rebajado la
exigencia de calidad para su profesorado o por qué se permite,
señorías, la compatibilidad entre el profesorado de la universidad
pública para la docencia en la universidad privada. En definitiva,
señorías, nadie nos ha dado una explicación del porqué tanta
confianza en la universidad privada y tanto insulto para la
universidad pública, pero, lo que es mucho peor, seremos cómplices de
la ocultación deliberada de los sistemas de acceso a la universidad y
a los distintos centros que supone la LOU. ¿Les parece razonable
aprobar una ley de universidades que no le cuenta a los jóvenes ni a
los padres de nuestros jóvenes cómo van a poder mañana acceder sus
hijos e hijas a la universidad? Aprobaremos una ley que no nos dice
cuántas pruebas, bajo qué requisitos y en qué circunstancias deberán
pasar nuestros estudiantes de bachillerato si mañana quieren ser
universitarios.
Señorías, ¿alguien puede pensar razonablemente que este embrollo de
interrogantes aún hoy sin respuesta, así como el nido de dificultades
en el desarrollo legal y reglamentario y en la posterior aplicación
que supone esta ley pueden redundar en beneficio alguno para la
calidad de la universidad española? ¿Alguien cree que se puede
mejorar la calidad de la universidad española con una ley que ante
los retos y las dificultades o bien no ofrece respuestas o las ofrece
equivocadas y que, además, cuenta con el rechazo de toda la comunidad
universitaria? Interpelada, señorías, la ministra de Educación sobre
las razones para mantener la sinrazón de la LOU, esta ha sido incapaz
de ofrecer ni una sola respuesta en esta Cámara a interrogantes
enormemente importantes para el futuro de la universidad y de la
sociedad española.
Señorías, a nadie de ustedes se le escapa que el proyecto de ley
orgánica que el Partido Popular se dispone a aprobar el jueves en
esta Cámara no ha podido ser resultado de un proceso de elaboración y
discusión más desgraciado que el que ha sufrido. La ministra de
Educación ha conseguido hacer saltar por los aires aquel consenso
prácticamente unánime que existía hace apenas cinco meses para
reformar la universidad española y convertirlo en el también
prácticamente unánime rechazo que hoy existe a su LOU. Durante todos
estos meses la señora ministra de Educación ha hecho toda una
exhibición de maneras antidemocráticas y autoritarias. Empezó el
proceso de discusión de la ley siendo arbitrista y acabó dando toda
una lección de cómo se comporta una persona arbitraria.
Al Grupo Socialista, señorías, nos preocupa mucho el destrozo que
este Gobierno ha hecho de la imagen de la universidad pública, el
desprecio que ha mostrado hacia la comunidad universitaria, hacia sus
representantes, hacia sus profesores, hacia los estudiantes, a los
que sistemáticamente se ha negado a escuchar, a los que ha tildado
con desparpajo de indocumentados manipulables...
La señora PRESIDENTA: Señora Chacón, le ruego concluya.
La señora CHACÓN PIQUERAS: ... toda una generación que ha estrenado
democracia y que no esperaba nada semejante, ni de éste ni de ningún
otro Gobierno finalizada la dictadura. Señorías, desgraciadamente
esto ya no tiene arreglo. Lo que les pido hoy es que no lo
empeoremos, que no permitamos que se imponga una ley que sólo
satisface a la ministra y a su Gobierno. Señores del Gobierno y
quienes le dan apoyo y, en su ausencia, señora ministra, a usted
dirijo mis palabras: bájese de su orgullo y retire la LOU. Es mejor
que pase usted a la historia, señora ministra, como alguien que no
supo conseguir un consenso para reformar la universidad que como la
ministra que colocó a la universidad española al borde del
precipicio.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego apoya la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista que pide la retirada de la LOU y que se
logre el máximo consenso posible en un nuevo debate parlamentario y
social.
Desde el Bloque Nacionalista Galego pensamos que la prepotente
insensibilidad del Gobierno en esta materia se debe a objetivos
políticos muy definidos que tienen que ver con el diseño del Estado y
con conseguir estos objetivos y plasmarlos a través de mecanismos que
conduzcan a ellos bajo capa de calidad educativa, de combate contra
la endogamia o de preparación para competir en el mercado único, pero
convendría recordar los objetivos para saber por qué tan pertinaz
obsesión en mantener la LOU tal como está. El primero de ellos,
señorías, y es lo que va a explicar después nuestra enmienda, es la
obsesión por centralizar el sistema; no hay que recordar más que la
configuración de la Agencia Nacional de Calidad, el sistema de
habilitación, o incluso la conformación del Consejo de Coordinación
de Universidades, por no hablar del papel primordial del Gobierno
detrás de este diseño y su
responsabilidad a la hora de desarrollar reglamentariamente la ley.
En segundo lugar, la ley tiene como objetivo un sistema cada vez más
desigual, más clasista, más elitista, a través de la obsesión por la
movilidad de profesores y alumnos, por la homologación de
universidades privadas sin los requisitos de las públicas, y por la
falta total de compromisos de financiación. Señorías, es interesante
tener en cuenta que el Gobierno está volcando sobre las comunidades
autónomas el que sean ellas las responsables ante la sociedad del
funcionamiento del sistema y, sin embargo, el control político del
mismo obedece, en última instancia, al Gobierno del Estado español.
Acabo con unas alusiones al caso concreto de Galicia. El desprecio
por el mundo universitario, bien visible en algunas manifestaciones
de miembros del Gobierno, en Galicia estuvo acompañado por una
reacción de los estudiantes que se ven frustrados ante un futuro y un
presente que solamente les trae paro y emigración. Por tanto, esta
ley fue un detonante explosivo ante un Gobierno y unas instituciones
poco atractivas que no les tienen en cuenta. El gran error del
Partido Popular fue creer que sus indagaciones sociológicas sobre el
carácter escéptico, individualista o apolítico de la juventud sería
un buen caldo de cultivo para pasar esta ley sin pena ni gloria.
Afortunadamente se equivocaron.
Nosotros presentamos una enmienda que tiene muy en cuenta lo
siguiente. La ley de ordenación universitaria es ininteligible si no
va acompañada de todo un paquete de medidas de transformación del
sistema educativo para delegar competencias a las comunidades
autónomas. Pasamos ya por el Decreto de enseñanzas mínimas, vamos a
entrar en la ley de formación profesional, y tendremos una ley de
calidad educativa que abrirá un debate muchísimo más importante que
éste, porque es una parte del sistema en el que se basa la igualdad,
la cohesión social y la diversidad, en el que habrá que tener en
cuenta a profesores, sindicatos, la opinión de alumnos, las
organizaciones de padres, las comunidades autónomas, las
interpretaciones y análisis de estudiosos y pedagogos; en todo caso,
será clave para entender cómo las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas van a ser atacadas descaradamente, cómo las
lenguas y culturas del Estado español, que no lo son la lengua y
cultura españolas, van a ser gravemente agredidas desde el punto de
vista del funcionamiento del sistema, y cómo se va a intentar que el
sistema no universitario esté menos integrado en su medio, desandar
lo andado. Nuestra enmienda viene exclusivamente a situar todos los
diseños del Gobierno, y en particular del señor Aznar, en materia
educativa en relación con un objetivo consciente y que cada vez está
más claramente perfilado ante la sociedad.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
En primer lugar, Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de
Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco comparte el diagnóstico que ha hecho la
portavoz del Grupo Socialista respecto al actual estado de la
tramitación y contenido de la ley de reforma universitaria y, en
consecuencia, va a votar favorablemente esta moción.
La señora ministra de Educación sigue insistiendo en los medios de
comunicación que ha estado permanentemente abierta al diálogo en los
trámites de este proyecto de ley. Yo quiero reiterar, aprovechando la
ocasión que nos brinda esta moción, que con el Grupo Parlamentario
Vasco, con lo que el Partido Nacionalista Vasco representa, el
Ministerio de Educación no ha tenido ni un solo contacto ni un solo
minuto a lo largo de este trámite.
Quiero recordar que, cuando se produjo en esta Cámara el debate de
las enmiendas de totalidad, la ministra de Educación ni siquiera se
dignó entrar en el mismo y a renglón seguido, una vez culminado, fue
a la sala de ruedas de prensa a manifestar sus posiciones. En
consecuencia, entendemos que es una ley básicamente del Partido
Popular. Creemos que no se puede legislar en contra de las
universidades, ni en contra de las administraciones educativas que
tienen competencias en estas materias. Entendemos que es un
sinsentido lo que ha sucedido en la tramitación de esta ley y no
quisiéramos, en ningún caso, que este fuese el estilo de trámite de
los proyectos de ley en el área educativa, dado que se nos anuncian
distintos proyectos de ley, en este empeño del Ministerio de
Educación y Cultura de poner la educación patas arriba y empezar la
casa por el tejado. Se nos dice que ahora se reforma la universidad
para iniciar, a renglón seguido, el trámite de la ley de la formación
profesional y pasar después a la educación no universitaria. Creemos
que eso es poner la educación patas arriba, que estas no son formas
de actuar en una cámara y que el sector educativo no se merece eso.
En consecuencia, compartimos el diagnóstico que la portavoz del Grupo
Socialista ha realizado en su exposición. Creemos que esta moción
debiera ser un motivo de llamada, un toque de atención al Ministerio
de Educación y Cultura para poner, aunque sea en el último minuto, un
poco de sensatez en relación con estos temas. Si hay algún sector que
no merece un tratamiento de este tenor, es el sector educativo, por
lo que se pone en juego, las generaciones futuras y su formación.
El Grupo Parlamentario Vasco quiere manifestar su indignación porque
el Ministerio de Educación y Cultura, sin ningún rubor y sin ningún
tapujo, insiste en los
medios de comunicación que ha dialogado con todo el mundo, que su
postura está abierta, cuando los datos dicen todo lo contrario, y
queremos dejar constancia de esta situación en el «Diario de
Sesiones».
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo, una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, en primer lugar, para felicitar al Grupo
Parlamentario Socialista por la moción que trae a esta Cámara.
Señoras y señores del Partido Popular, ustedes van a pasar a la
historia de la política con ese tema de la LOU como el ejemplo de lo
que no se puede hacer jamás administrando una mayoría absoluta. No se
puede imponer una reforma educativa en una Estado democrático, social
y de derecho con su mayoría absoluta. Se lo ha dicho todo el mundo,
faltaba la Federación Española de Municipios y Provincias, que esta
misma mañana, en una resolución de su consejo federal les pide que
retiren la LOU; se han quedado en casa los del Partido Popular y la
resolución ha salido adelante. Creo que eran los únicos que faltaban
por levantar su voz, y ya lo han hecho.
No hace falta insistir en las cuestiones claves, en las razones por
las que hemos venido pidiendo al Gobierno del Partido Popular que
retire la ley. No obstante, compartiendo el espíritu y la letra de la
moción socialista, quiero decirles algunas cosas. El desprecio con el
que ustedes están tratando a la comunidad educativa, a los
sindicatos, a la oposición, es impropio de un partido democrático. La
reforma que han traído a esta Cámara y luego -que Dios nos coja
confesados, y nunca mejor dicho- han empeorado notablemente en el
Senado, afecta a nada menos que a la igualdad de oportunidades
educativas, afecta a un derecho esencial en democracia, que es el
derecho a la igualdad de oportunidades educativas. No vamos a hablar
de las demás historias porque, francamente, señorías, perderán
ustedes hoy el último carro, que es el carro de la sensatez, el carro
del respeto democrático que deben ustedes a la comunidad educativa y
al conjunto de la sociedad, pero nosotros vamos a seguir.
La responsabilidad no es sólo de la ministra, Pilar del Castillo, que
ha tenido una actitud prepotente y yo diría que en algunos casos muy
poco adecuada para ser la ministra de educación; se trata también de
que el presidente del Gobierno se ha lanzado a la palestra, no se ha
cortado en absoluto y ha insultado a los grupos políticos y a la
comunidad educativa. Tengo que decir al señor Aznar, aunque no esté
presente, que aunque le pese, Izquierda Unida va a seguir estando en
todas;
aunque no le guste, vamos a seguir estando, sobre todo, en la defensa
del modelo de universidad que creemos necesaria para esta sociedad,
un modelo de universidad público que tiene que ver exactamente con
las expectativas de la sociedad, que son ni más ni menos que los
principios contenidos en la exposición de motivos de la LRU: la
autonomía universitaria, la democracia participativa, la
corresponsabilidad ante la sociedad y la financiación pública
suficiente. Mal que le pese al señor Aznar, los hombres y las mujeres
de Izquierda Unida siempre estaremos ahí porque sabemos de dónde
venimos, sabemos lo que nos ha costado avanzar de la mano de la
democracia y de los gobiernos de izquierdas y no vamos a permitir
involuciones en este sentido.
También quiero decirles, y creo que sería bueno que lo escucharan,
que no van a poder aplicar esta ley. La del jueves va a ser una
victoria pírrica porque no van a poder ustedes aplicar esta ley,
porque para el desarrollo y cumplimiento de esta ley hay que poner en
marcha multitud de decretos, más de 30, que los tienen que aplicar
precisamente los que no están de acuerdo con la ley que ustedes nos
imponen; es decir, que de ninguna manera va a ser aplicable. Luego lo
inteligente y lo democrático sería que ustedes tuvieran hoy un gesto
de nobleza política y retiraran este proyecto de ley. Se lo está
pidiendo toda la comunidad universitaria española y no sé de dónde
sacan ustedes esos cuatro o cinco que oportunamente se reúnen en
fechas concretas con la ministra. La realidad es tozuda, y este mismo
domingo recibíamos los grupos de la oposición aquí, en las puertas
del Parlamento, a unos relevistas que venían a Madrid desde Galicia a
traer los votos de todos los estudiantes, hombres y mujeres, de las
diversas facultades de la universidad gallega. Es decir, que incluso
en su feudo, en ese feudo histórico -y creo que cada vez les queda
menos para que deje de ser su feudo-, hay también una gran
movilización.
Desde Izquierda Unida saludamos la iniciativa socialista.
La señora PRESIDENTA: Señora Castro, le ruego concluya.
La señora CASTRO FONSECA: Una iniciativa que viene a reforzar lo que
nosotros estamos planteando: que retiren ustedes la LOU, que la
retiren ya. No van a poder imponerla y este va a ser el fracaso más
absoluto del Partido Popular.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Sabe el Partido Socialista y sabe la titular de la iniciativa,
brillante hoy al traer esto a cuatro días del voto en el Pleno, que
entendemos muchas de sus críticas, las hemos entendido desde que
empezaron. Sabe que no sólo las entendemos, sino que compartimos
algunas de ellas, como entendemos y podemos compartir algunas de las
críticas a la LOU que formulan rectores, estudiantes o sindicatos. La
mayoría de esas críticas, o muchas de ellas, nos parecen
perfectamente respetables, incluso aquellas que no compartimos;
algunas las suscribiríamos y las haríamos propias si fueran reales.
Yo mismo estaría al frente de cualquier manifestación si estuviéramos
en una situación de privatización de la universidad, se lo puedo
asegurar; y si estuviéramos ante una situación de descenso del dinero
dedicado a becas, también. Algunas críticas, suponiendo que fueran
ciertas -y ustedes saben que no lo son-, las haríamos propias, y yo
sería el primero en salir a la calle a manifestarme ante ese supuesto
ataque. En otros casos, sencillamente no las compartimos, pero no por
eso dejamos de respetarlas.
Respetamos todas aquellas que no se descalifican por sí solas, señora
portavoz, todas aquellas que no son apocalípticas, que no son
catastrofistas. Aquí no hay precipicios, el viernes amanecerá de
nuevo y se enseñará en la universidad exactamente igual. Cuando esta
ley llegue al BOE, la universidad seguirá funcionando, probablemente
mejor que hoy. La realidad de las críticas es que se hacen creíbles
cuando tienen los pies en el suelo. Cuando se anuncia el apocalipsis
final a partir de la aprobación de un texto legal más o menos
imperfecto -y este es imperfecto-, esas críticas caen por su propio
peso, como caen por su propio peso alabanzas a esta ley como si fuera
el paso definitivo para la universidad del siglo XXI; no lo es.
La posición de nuestro grupo es que ni tanto, ni tan calvo. No se
trata de estar entre dos aguas, es que sencillamente esta ley es
imperfecta, es pobre, se queda corta, pero es una ley que mejora la
situación actual y que no va a crear ninguno de los desastres que
algunos de ustedes vienen predicando y de los cuales han convencido,
responsable o irresponsablemente -ustedes verán-, a parte de la
sociedad; les podría felicitar por ello, incluso.
Mi grupo parlamentario fijará su posición el jueves sobre el
contenido de la ley, sobre por qué hemos dado nuestra aprobación a
alguna de las enmiendas del Senado y por qué volveremos a dar el
jueves nuestro voto positivo a la ley orgánica de reforma de la
universidad, a la ley orgánica de universidades. Explicaremos de
nuevo por qué nos parece que esta ley es mejor que lo que hay ahora;
peor que lo que querríamos nosotros y que lo que querrían ustedes,
pero mejor que lo que hay, que en lugar de llevarnos a un precipicio
supone un pequeño paso adelante, mucho menor del que algunos
querríamos, pero en todo caso un pequeño avance legislativo y en
algunos puntos concretos un avance
muy positivo. Eso lo explicaremos el jueves en el turno de
intervención al hilo de la ley. En este momento, respeto las críticas
y les pido que no hagan catastrofismo porque se descalifican ustedes
mismos, entre otras cosas porque me recuerdan a la gente que hablaba
del efecto 2000; acuérdense del efecto 2000, acuérdense de dónde han
quedado todos aquellos que creían que cuando llegara el año 2000 esto
iba a ser un desastre. Verán ustedes cómo muchos diarios de sesiones
se les desharán entre las manos cuando la ley esté en el BOE y se
empiece a aplicar; entonces lamentarán haber estado proclamando el
apocalipsis porque el apocalipsis, señora Chacón, no va a llegar.
Finalmente, me atrevo a pedirles ahora -y no creo que lo reitere el
jueves- que esperamos del Grupo Parlamentario Socialista y de todos
los grupos de esta Cámara un ejercicio de respeto a la legitimidad
parlamentaria. Estamos seguros de que así será, estamos seguros de
que el Grupo Socialista, cuyo portavoz parlamentario cada vez que
pacta con el Partido Popular ignorando a los demás grupos de esta
Cámara, se permite recordarnos que representan al 80 por ciento de
los miembros de esta Cámara -cosa que le gusta hacer con relativa
frecuencia-, entienda lo que es el juego de la mayoría y de la
minoría en democracia, entienda que hay leyes que se aprueban con los
propios votos y hay leyes que se aprueban sin los propios votos, pero
todas ellas son leyes. Este grupo espera del Grupo Parlamentario
Socialista, que ha tenido experiencia de Gobierno, que descalifique,
y en ningún caso se sume, a aquellos que de forma irresponsable
animan a la desobediencia de las leyes y al incumplimiento de las
mismas.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, le ruego que concluya.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Cuando las leyes no gustan, se acatan y se
obedecen exactamente igual. Este es el juego de la democracia y el
juego que ustedes hasta hoy -y espero que a partir de hoy también-
llevan muchos años practicando.
Gracias. (Aplausos.-Rumores)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Guardans.
Señorías, guarden silencio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández Rozada.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde fijar la posición del Grupo Popular sobre la
moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario
Socialista, que insta al Gobierno a iniciar un debate en las Cámaras
y a establecer un diagnóstico sereno de las necesidades de la
universidad y, por ello, retirar el actual proyecto de ley
de universidades que se está tramitando. Probablemente algunos
portavoces se van a sentir desilusionados o frustrados, pero quiero
decirles, en primer lugar, que aunque supongo que no va a ser una
sorpresa, nuestro grupo parlamentario va a pedir que se desestime
esta propuesta de la moción. Aunque no tenemos tiempo en cinco
minutos para hablar y entrar en el fondo de la cuestión, me gustaría
decir algunas cosas, aunque sólo sea por la experiencia vivida, en lo
que se refiere a legislación en materia educativa, durante los años
que gobernaba el Partido Socialista.
Lo que dice la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con un
verbo fácil, duro y con una convicción firme de que lo que dice se
sujeta a la verdad, no conduce más que a pensar que o bien la
estrategia del Grupo Parlamentario Socialista desoye cualquier
invitación al diálogo, al consenso, a la participación, a la
posibilidad o necesidad de un pacto por la educación, o bien
simplemente que la demagogia o la manipulación les lleva a querer
ofuscarse pensando que cuanto menos sepan y conozcan de la ley,
mejor, cuanto más abundemos en aquellos criterios que hagan creer que
estamos todos frente a ella, mucho mejor, y eso dice muy poco en
favor de una oposición constructiva que quiere gobernar este país y
que a buen seguro algún día volverá a gobernar.
Por eso, señorías, me parece que no hay que hacer referencia en la
propia moción a que lo primero que debemos de hacer es iniciar un
debate cuando la ministra le ha dicho a usted el miércoles pasado en
la sesión de control que mire en los diarios de sesiones cuántas
veces ha intervenido, tanto en el Congreso como en el Senado, en
comisión o en Pleno, en la formulación de preguntas parlamentarias,
cuántos debates ha habido sobre esta ley. Durante muchos años he sido
portavoz de educación en el Senado y me ha tocado -el señor Rubalcaba
lo sabe muy bien- ser el defensor de una oposición constructiva con
su Gobierno, incluso pidiéndole durante muchos años un pacto por la
educación, que ustedes sistemáticamente siempre han negado,
y seguimos pensando en su necesidad. Por eso es muy difícil, siendo
conocedores de la actuación del Gobierno socialista, con el rodillo
que entonces empleaban -señora Chacón usted no estaba en la Cámara
entonces-, que la olvidemos para caer en ese error. Los populares no
vamos a caer en ese error.
El diagnóstico es conocido, señorías. Cómo no va a ser conocido si
durante tantos años hemos tenido que sufrir la puesta en marcha y
desarrollo de una ley de forma precipitada en pleno verano,
prácticamente sin luz y taquígrafos, quiero decir sin profesores y
sin estudiantes. La han puesto en marcha y, cuando todos coincidimos
en la necesidad de tener que reformarla y hay un consenso previo,
ustedes desde el inicio se separan, hacen planteamientos totalmente
incompatibles con el modelo de educación que defiende el Partido
Popular, cuyo ofrecimiento contribuyó a ganar las elecciones, y
es su obligación ahora cumplir esa propuesta y transformarla en ley
oyendo y escuchando a todos los sectores, como se ha hecho en el
último año y como jamás se había hecho en la elaboración de ninguna
ley socialista, como jamás se había hecho. (Aplausos.)
Por tanto, señorías, en estos momentos -coincido con el señor
Guardans- sobran frases apocalípticas, sobran discursos vacíos, hace
falta más rigor y más seriedad y sobre todo, señorías, hace falta que
nos demos cuenta de que, por encima de los avatares políticos,
gobierne quien gobierne, la sociedad va a continuar adelante y la
educación es un tema muy serio como para ponerlo en solfa. Por eso
nosotros seguimos pensando que una oposición constructiva es muy
buena y consustancial a un buen proceder de gobierno. Nosotros lo
hemos hecho cuando estábamos en la oposición, les invito ahora a que
lo hagan ustedes y a reconocer que quien ha ganado las elecciones
tiene todo el derecho, desde una acción democrática, a contar con
todos, como así lo ha hecho...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Fernández Rozada, le ruego concluya.
Señorías guarden silencio.
El señor FERNÁNDEZ ROZADA: Pero sobre todo y por encima de todo, que
reconozcan SS.SS., frente al diálogo y al consenso buscado por
nosotros, la falta de rigor y seriedad en los planteamientos,
probablemente instalados legítimamente en esa estrategia del Grupo
Socialista; planteamientos que no han sido aceptados por la sociedad,
que va a ver que un éxito más del Gobierno de Aznar es el desarrollo
y puesta en marcha de una nueva ley que va a mejorar la calidad en la
universidad.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señora Chacón, tiene la palabra a los solos
efectos de indicar la aceptación o rechazo de la enmienda presentada
por el Grupo Mixto. (Asentimiento.) Gracias.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre razones de la política
universitaria del Gobierno a pesar del amplio rechazo social que ha
cosechado, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto, que ha sido aceptada por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287, a favor, 116; en contra, 171.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVÈRGENCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
A FAVOR DE LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, EN ESPECIAL, PEQUEÑO Y
MEDIANO COMERCIO. (Número de expediente 173/000102.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a
favor de la promoción del comercio interior, en especial, pequeño y
mediano comercio.
Para su presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor
Sánchez i Llibre. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
presidencia.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías.
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado esta moción subsiguiente a la
interpelación parlamentaria que presentamos la semana pasada con una
serie de objetivos que van orientados fundamentalmente a potenciar y
a reforzar la promoción de las estructuras comerciales de nuestro
comercio interior, en especial todas aquellas referidas al pequeño y
mediano empresario, para que puedan afrontar con éxito los retos de
la globalización, así como también para que tengan el mínimo efecto
todas aquellas cuestiones que puedan afectar a esta pequeña
desacelaración económica que existe o que está prevista para el año
2002.
Nuestra moción contiene siete puntos y básicamente se refieren a
diferentes cuestiones que preocupan muchísimo al pequeño y mediano
comercio. La primera de ellas -la más importante a nuestro entender-
es que con esta moción y con este punto que a continuación voy a
detallar vamos a evitar que pueda haber un incremento de las
comisiones que puedan cargarse a los pequeños y medianos
comerciantes, y que probablemente el incremento de las tarjetas de
crédito se va a ver incrementado con la entrada del euro, así como
también vamos a seguir impulsando la rebaja de las comisiones de la
tarjeta de créditos en los pequeños comercios en referencia a los
acuerdos del año 1999, con el objetivo de seguir reduciendo el
diferencial de comisiones de tarjetas de créditos que existe relativa
a las comisiones que se aplican en los países de la Unión Europea
que, como SS.SS. saben, está alrededor del 40 por ciento. Por lo
tanto, si conseguimos aprobar este
punto de esta moción, habremos conseguido dos objetivos: por una
parte, seguir impulsando y evitando el incremento de las comisiones
para los pequeños, medianos y también grandes comerciantes y, por
otra parte, seguir reduciendo las comisiones que afectan a los
pequeños y medianos comercios en referencia con los acuerdos del año
1999.
Otro punto importante se refiere al aumento de los módulos. El
Gobierno ha hecho anuncio públicamente de que antes de que finalice
el año va a haber una actualización de los módulos que va a afectar a
todos aquellos pequeños y medianos comerciantes que están en el
régimen de tributación fiscal de los módulos y que afectará a una
gran parte de los mismos que están siguiendo en esta tributación
fiscal optativamente en todos aquellos aspectos que hacen referencia
al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al IVA. Para que
esto no tenga un efecto negativo en la crisis del año 2002 con este
acuerdo queremos impulsar un compromiso por parte del Gobierno para
que, cuando la modificación del impuesto sobre la renta de las
personas físicas y la del de sociedades se traiga al Parlamento,
podamos tratar aquí un régimen especial para los pequeños y medianos
comerciantes que estén sujetos a la tributación del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y del IVA por módulos para conseguir
una tributación fiscal adecuada a sus negocios. Asimismo hay que
impulsar todas aquellas reformas para todos los pequeños y medianos
comerciantes que inviertan e incorporen mecanismos de nuevas
tecnologías o creen empleo. Hay que diseñar y conseguir el compromiso
del Gobierno para introducir en las próximas reformas unos regímenes
especiales para los pequeños y medianos comerciantes que tributen en
la fiscalidad de los módulos o en la estimación objetiva singular.
En nuestra moción hay una serie de puntos que van orientados
básicamente a estudiar, de acuerdo con las comunidades autónomas
dentro del plan marco de modernización del comercio, todas aquellas
cuestiones que hacen especial énfasis en la promoción del
asociacionismo sectorial, así como a la constitución de centrales de
compra para mejorar integralmente todas aquellas cuestiones que hacen
referencia a los costes y que beneficiarán a las cuentas de
explotación de los pequeños y medianos comerciantes. Hay una serie de
medidas que van dirigidas a impulsar dentro del plan de modernización
del comercio interior todos aquellos recursos que mejoren la
eficiencia de los instrumentos aplicados, para alcanzar los objetivos
principales a través de los diferentes programas generales y
específicos. Vamos a promover, a fomentar los aspectos que hacen
referencia a la cooperación con las diferentes administraciones para
mejorar las condiciones de seguridad que presten los ayuntamientos en
sus servicios a los comerciantes.
En cuanto a las diferentes enmiendas que nos han presentado los
distintos grupos de la Cámara vamos a admitir la enmienda de adición
que ha presentado el Grupo Popular, porque es un complemento
interesante que perfecciona nuestra moción en aras de introducir en
el próximo periodo de sesiones el compromiso del Gobierno de una ley
orientada a los servicios de la sociedad de la información y del
comercio electrónico. Por lo que se refiere al resto de enmiendas que
nos han presentado los demás grupos parlamentarios de la Cámara,
quiero hacer especial mención a la que ha presentado el Grupo
Socialista, porque incorpora una serie de cuestiones que van
orientadas a modernizar la legislación del estatuto de los autónomos,
de los pequeños comerciantes. Todos los grupos parlamentarios nos
vamos a poner de acuerdo en este objetivo, cuando finalicen los
trabajos de la subcomisión que está formada ad hoc para estudiar
conjuntamente todas estas medidas. Todas las enmiendas que ha
presentado el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo Mixto van
orientadas en nuestra misma dirección. Lo que proponen ustedes es
objeto de otra moción que sería interesante que pudiéramos presentar
en el próximo periodo de sesiones, porque...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente. Sólo quiero
añadir que vamos a retirar el punto número 3 de la moción que hemos
presentado, porque está vinculada a un punto que ya está estudiando
un grupo de trabajo formado ad hoc con los grupos de la Cámara y la
Seguridad Social, a fin de que esta enmienda que trata de tarjetas de
crédito y fiscalidad pueda ser aprobada por todos los grupos de la
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i
Llibre.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por los distintos grupos
parlamentarios, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo
Popular el señor Gómez.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señor presidente.
Señorías, siempre es una satisfacción subir a esta tribuna para
apoyar medidas que beneficien al pequeño y mediano comercio. Tanto el
Gobierno como el partido que lo sustenta han tomado siempre la
iniciativa y han sido protagonistas de la tarea a la que ahora se
refiere el Grupo de Convergència i Unió. También debo decir que
siempre hemos contado con el apoyo y la colaboración de su grupo.
Como sabe usted bien, señor Sánchez i Llibre, a la vez su grupo ha
contado siempre con el apoyo y la colaboración del Grupo Popular.
Esta trayectoria,
señorías, nos confiere no sólo credibilidad sino una cierta
autoridad en el tratamiento de la materia. Por eso quiero avanzar,
señor Sánchez i Llibre, señores de Convergència i Unió, que votaremos
favorablemente a los seis puntos de su propuesta y que la aceptamos
en su literalidad una vez retirado el punto número 3.
Con el objetivo de identificar un texto aún más completo y positivo
para el pequeño y mediano comercio, desde el Grupo Popular hemos
presentado una enmienda que consta de tres puntos y que espero que
sea aceptada por su grupo. En síntesis, pretendemos, en primer lugar,
fomentar las iniciativas de incorporación de las herramientas
tecnológicas y de equipos para operar en Internet en el pequeño y
mediano comercio; en segundo lugar, estudiar la interrelación entre
el turismo y el comercio en determinadas zonas con el objetivo de que
se aprovechen las inercias que se producen en estas dos actividades
económicas; y, en tercer lugar, continuar con el proceso de
modernización del pequeño comercio para mejorar el servicio que se
presta al consumidor y los procedimientos de gestión interna de las
empresas. Estas propuestas tendrán un impacto positivo, al igual que
las medidas que ha tomado el Gobierno en estos últimos cinco años han
tenido un reflejo importante en el comportamiento del sector de la
distribución comercial. La capacidad de generar empleo, señorías, es
uno de los datos que mejor define la situación económica y la pujanza
del sector. Durante los cinco últimos años ha habido una creación
neta de 335.000 puestos de trabajo a los que hay que sumar los 16.000
empleos generados durante los tres primeros trimestres de 2001, ya
con el decreto de libertad de horarios en funcionamiento. Por tanto,
es evidente -ya lo decía el vicepresidente señor Rato la semana
pasada- que los pequeños comerciantes saben utilizar la libertad con
suficiente inteligencia para los intereses de sus pequeños negocios y
abren los días festivos que les parece que pueden obtener una
rentabilidad, sin verse obligados a abrir en otros, mientras que las
grandes superficies están obligadas a abrir exclusivamente los días
que marcan las comunidades autónomas.
Por otro lado, las últimas estimaciones indican que un 40 por ciento
de los establecimientos tiene una antigüedad inferior a cinco años,
lo que muestra un importante grado de apertura de nuevos negocios y
un elevado nivel de renovación. Algo tendrá que ver en todo ello el
hecho de que el conjunto de las administraciones públicas haya
aportado 160 millones de euros desde 1996 para el plan de
modernización del comercio interior. Si eso es cierto, no lo es menos
que estamos ante un sector dinámico y que además se está invirtiendo
de forma importante, como lo demuestra que esos 160 millones de euros
han incentivado una inversión que el Gobierno estima en más de 1.000
millones de euros.
En lo que se refiere a vigilar la corrupta aplicación del acuerdo
sobre la reducción de tasas de intercambio en el pequeño comercio,
suscrito en 1999, sabe S.S. - y así se lo confirmó el vicepresidente
segundo, señor Rato- que se está cumpliendo, y sería muy recomendable
que las asociaciones que se comprometieron a asesorar a sus asociados
para negociar individualmente las tasas de descuento hicieran un
esfuerzo en ese sentido; Saben SS.SS. que el Gobierno ya se ha
comprometido a presentar en el año 2002 un estudio detallado de la
situación y de la evolución de las tasas de descuento que pagan los
comerciantes.
Desde el punto de vista de la política fiscal, permítame indicar que
los módulos no sólo no se han actualizado, sino que además se han
visto reducidos durante los últimos seis años. El incremento del IPC
desde entonces es de un 18 por ciento y se han actualizado los
módulos un 4,8 por ciento, debido a que las previsiones
macroeconómicas afirman un sostenimiento de las ventas al por menor y
un moderado crecimiento del consumo final nacional.
Para concluir, señorías, señor presidente, y en lo que se refiere a
la transición al euro, mi grupo quisiera mostrar públicamente el
reconocimiento al sector de la distribución comercial,
fundamentalmente al pequeño y mediano comercio, porque somos
plenamente conscientes del esfuerzo que les está suponiendo y les va
a suponer en los dos primeros meses de 2002.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Gómez.
Para la defensa de la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, presidente.
Nosotros vamos a votar favorablemente en el caso de que se nos
acepten dos enmiendas, que pretenden cambiar el concepto rebaja por
el de regulación. Ya sé que es un eufemismo porque al final el
resultado será exactamente el mismo, pero a veces vale la pena pelear
por un concepto, por si luego la política permite avanzar en otro
terreno. Planteamos una enmienda de sustitución de la próxima rebaja
por próxima regulación. En las notas que tengo de las enmiendas pone
al punto 6, pero creo que hay un error del equipo técnico de
Izquierda Unida porque debe ser al punto 7, en la primera línea.
Presentamos una enmienda de adición de un nuevo punto, que sería el
punto 8, que diría así: Analizar en colaboración con las comunidades
autónomas los efectos que sobre el pequeño y mediano comercio ha
tenido la apertura de grandes superficies comerciales, haciendo
especial hincapié en la evolución del nivel de empleo y calidad del
mismo, así como los cambios en el consumo de los ciudadanos. Nos
parece que sería interesante en el marco de esta moción y de esta
acción
de Gobierno analizar los efectos que se producen cuando las grandes
superficies irrumpen en el terreno del pequeño y mediano comercio y,
al mismo tiempo, en los hábitos de consumo de los propios ciudadanos.
Si estas enmiendas fueran aceptadas, podríamos votar favorablemente
esta moción; si no son aceptadas, no votaremos en contra pero tampoco
a favor.
Gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, igual que el grupo
proponente nosotros apoyamos al pequeño comercio por ser el que crea
mayor empleo y también porque da cohesión, vida y seguridad a
nuestros centros urbanos. Las enmiendas propuestas nos parecen bien,
aunque nos gustaría que tuviesen compromisos más claros. Las
propuestas del Grupo Popular instando al Gobierno a que siga haciendo
lo que no está haciendo no aportan nada. De todos modos, si la
propuesta final es útil, va a tener nuestro voto. Hecha esta
aclaración, volvemos al tema.
En proporción al empleo que genera y a la riqueza que crea el pequeño
comercio es el sector de nuestra economía con menos apoyo público.
Decir que los últimos años obtuvo 160 millones de euros un sector que
tiene más de 700.000 empresas es decir que tiene muy poco apoyo
público. Es cierto que aún así este sector se está adaptando a nuevos
desafíos, que está transformándose permanentemente, pero esas
transformaciones a partir de ahora requieren un mayor apoyo público,
si no queremos que se paralicen o tengan efectos negativos. Se nos
dirá que las comunidades autónomas son las que tienen competencia en
tema de comercio; es cierto, pero decir esto es una forma de
escaparse del problema. Señorías, a las comunidades autónomas les fue
transferido comercio al coste efectivo de servicio. Hoy hay una nueva
problemática y ella exige la cofinanciación por parte del Estado, y
la que se contempla en el plan marco es claramente insuficiente. Los
cambios que se exigen hoy al pequeño y mediano comercio son enormes y
además tienen un coste elevado, no solamente económico sino también
social. Por ello aquí hacen falta ayudas públicas, que no puede ser
solamente de inversión. Una parte importante de ayuda pública al
pequeño comercio pasa por cambios en la regulación fiscal, en la
laboral y en la de la Seguridad Social. Como decíamos, el problema no
es solamente financiero, es también de regulación. Nosotros centramos
una las reivindicaciones del sector en la modificación del actual
sistema de la Seguridad Social en lo que respecta a los trabajadores
autónomos, que son mayoría en el comercio. Nosotros demandamos que se
igualen con el régimen general. No pedimos una igualación automática,
sino por etapas pero, eso sí, con plazos concretos y
con compromisos claros. Nuestra enmienda se centra en este aspecto, y
hacemos una propuesta realista que se puede materializar si hay
voluntad política para hacerlo. Sabemos ya que el Gobierno no está
por la labor y ahora tenemos la disculpa de que irá en un paquete
global. Esa disculpa, señores, para aquí puede servir pero al sector
no le vale ya. La renovación comercial se está llevando por delante
muchas veces a las propias empresas, sin que el trabajador autónomo
pueda evitarlo, con una cobertura social que en muchos casos no
existe y en otros es claramente insuficiente. En los casos de
reestructuración a veces ésta pasa por cierres temporales, lo que
tampoco está contemplado en la Seguridad Social que cubre a los
autónomos. La incapacidad temporal, que merma los ingresos e
incrementa los gastos, lo hace sin compensaciones. Esta circunstancia
junto con las anteriormente descritas es injusta y se da en el
trabajo autónomo. Esta circunstancia es doblemente injusta si tenemos
en cuenta que el sistema de la Seguridad Social de los autónomos
tiene hoy recursos. Es el de mayor cobertura. Con datos del año 2000
la cobertura de ingresos sobre gastos es del 140,5 por ciento y la
tasa de cobertura entre activos y pasivos era de 3 activos por cada
pasivo; es la mayor del sistema. Nosotros decimos que la solidaridad
con otros regímenes deficitarios está bien, pero no es normal que el
de autónomos ayude a otros regímenes que tiene mejores prestaciones.
Señorías, los autónomos son también trabajadores y parece que nos
hemos olvidado de esta realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino, señor presidente.
Se nos va a decir que no es un problema de ahora. Lo reconozco, pero
también hay que ser consciente de que nunca como ahora los cambios
fueron tan rápidos, nunca como ahora estuvo en juego la credibilidad
del pequeño comercio, ni nunca como ahora la Seguridad Social debió
su superávit a atender necesidades ajenas al sistema. Reformarlo
ahora es posible, hay recursos, el problema es simplemente de
voluntad política.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rodríguez tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Comenzaré por justificar nuestra enmienda de adición. Según estudios
elaborados por asociaciones representativas del pequeño y mediano
comercio, se estimaba que la implantación de una flexibilización
prácticamente total de los horarios de apertura de los
establecimientos comerciales ocasionaría nefastas consecuencias en el
empleo, cifrando la pérdida de empleos en 65.000. También se ha
apreciado que esa medida liberalizadora, cuyo fin era incrementar la
competencia en el sector y con ello conseguir efectos beneficiosos en
el comportamiento de los precios, ha resultado errónea. El IPC se
incrementó por encima de las previsiones del Gobierno en los dos
últimos años y además no se ha invertido la fuerte tendencia de
concentración empresarial en el sector comercial del Estado español.
Por tanto, se detecta cada vez más una mayor concentración de venta
en manos de grandes cadenas de distribución comercial, lo que supone
que cada vez existe un mercado menos sometido a las exigencias de la
competencia.
Por otra parte, para el Bloque Nacionalista Galego, las medidas de
promoción al pequeño y mediano comercio no han sido efectivas. Se
están agudizando los casos en los que se cierran comercios sin
solución de continuidad. En la propia moción del Grupo Parlamentario
Catalán se solicitan medidas de jubilación anticipada para pequeños
comerciantes y la situación de las grandes cadenas comerciales en el
mercado es cada vez más abusiva. Ante ello y dado que en la moción
también se solicita la elaboración de un estudio para analizar la
aplicación del plan marco de modernización del comercio interior, el
Bloque Nacionalista Galego cree necesario que se elabore dicho
estudio para analizar, tanto desde un punto de vista económico como
social, el impacto originado por la aplicación de la liberalización
de horarios comerciales, pues, si cabe, ha supuesto una convulsión
mayor en la distribución comercial que las medidas de apoyo del
Gobierno y de las comunidades autónomas. Por todo esto, de quedar la
moción tal como propone el Grupo Popular, nosotros optaríamos por
abstenernos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Sánchez i Llibre, puede intervenir a los efectos de manifestar
su aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, aceptamos la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, pero por los motivos
que he dado en mi intervención no aceptamos las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto,
porque ya están subsumidas en nuestra moción, consecuencia de la
pasada interpelación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Sánchez
i Llibre.
Vamos a proceder a la votación. (Pausa.-El señor Sánchez i Llibre
pide la palabra.)
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Pienso que es oportuno hacer una aclaración importante a todos los
miembros de la Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Aclare usted, señor Sánchez i
Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: La enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular es de adición y no de sustitución a la moción
presentada por Convergència i Unió, porque de la lectura de su
enmienda uno podría pensar que es de sustitución, cuando en realidad
es de adición.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Con la adición de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular y la supresión del apartado 3 de la
moción originaria, someteríamos esta moción a la votación de la
Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
260; a favor, 251; en contra, uno; abstenciones, ocho.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada la moción.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las nueve y treinta y cinco minutos de la noche.