Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 120, de 15/11/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 120
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 115
celebrada el jueves, 15 de noviembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Continuación.)
- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de
financiación de las Comunidades Autónomas. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 48-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de
expediente 121/000048.) . . . (Página 6028)
- Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 49-1, de 10 de
octubre de 2001. (Número de expediente 121/000049.) . . . (Página 6028)
Dictámenes de Comisiones de Investigación.
- Dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera. (Número
de expediente 152/000001.) . . . (Página 6046)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 6028)
Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica de
financiación de las comunidades autónomas . . . (Página 6028)
Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía . . .
(Página 6028)
En defensa de las enmiendas a ambos proyecto de ley interviene el
señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza
aludiendo a la opacidad del acuerdo sobre el nuevo modelo de
financiación autonómica, que les impide conocer datos exactos sobre
su repercusión para Cataluña. Reconociendo aspectos positivos en el
nuevo modelo, muestra su oposición al carácter cerrado del mismo, ya
que a su juicio es necesario modificarlo sustancialmente. Respecto de
sus 16 enmiendas, señala que están basadas en tres grandes ideas como
son que la responsabilidad fiscal es todavía muy insuficiente; la
necesidad de que a igualdad de competencia haya igualdad de ingresos,
independientemente de la necesidad de que exista un fondo de
solidaridad o desarrollo regional, y la necesidad de que el acuerdo
hubiera contemplado unos mínimos garantizados.
El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto,
defiende las enmiendas presentadas, manifestando que las mismas son
coherentes con la enmienda de totalidad que presentó a este modelo de
financiación y a su ley orgánica. Entiende que con este modelo existe
una voluntad de bloquear y blindar definitivamente el modelo de
financiación. Sus enmiendas van dirigidas a abrir ese modelo y
permitir lo que denomina la generalización autonómica. Asimismo
pretenden que los territorios o comunidades que lo deseen puedan
avanzar libremente hacia modelos como el concierto económico.
La señora Julios Reyes defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria. Califica
de paso histórico el que se va a dar para dotar a las autonomías
de un nuevo sistema de financiación, con el pleno acuerdo de todas
las comunidades autónomas y los partidos que gobiernan esas
comunidades, en cuya elaboración participó el gobierno de Canarias y
Coalición Canaria. Respecto al contenido de sus enmiendas señala que
todas ellas recogen y apoyan lo ya pactado en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera, limitándose por tanto a aspectos puntuales que
consideran que no han sido recogidos con la suficiente claridad en
los textos de las dos leyes que debaten. A continuación expone el
contenido concreto de tales enmiendas que, en todo caso, tiene la
esperanza de que sean recogidas en el trámite del Senado.
El señor Rejón Gieb defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Aclara que su grupo no firmó el acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que no le impide
reconocer que supone un avance, aunque insuficiente. Reconocen que
hay mayor capacidad de las comunidades autónomas para recaudar y, por
tanto, mayor autonomía, pero entiende que el avance es insuficiente
porque, a su juicio, se debería haber dado un salto cualitativo y
haber asegurado a las 15 comunidades autónomas de régimen común el
cien por cien de autonomía financiera, con lo que nadie podría jugar
con agravios comparativos. Cree por otra parte que el nuevo sistema
aumenta las desigualdades, ya que cuando se concede mayor capacidad
sobre situaciones totalmente desiguales esa desigualdad repercute en
la autonomía. Finalmente expresa su preocupación por el modo en que
se ha plasmado en los proyectos de ley el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que puede dar lugar a que cuando las
comunidades autónomas descubran que lo que van a recibir no es lo que
ellas pensaron comiencen a descolgarse del nuevo modelo.
El señor Padrol i Munté defiende las enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se remite a lo que ya
expuso en el debate del pasado 14 de octubre, en el que fijó los
objetivos fundamentales que debía perseguir una reforma del sistema
de financiación autonómica, reconociendo que el modelo acordado
avanza en el sentido correcto sobre esos objetivos, aunque en algunos
más que en otros, a pesar de lo cual el balance global lo considera
positivo. Ello no obsta para que su grupo defienda algunas enmiendas
tendentes a lograr una más correcta transcripción del acuerdo
alcanzado en el mes de julio. Menciona algunas de estas enmiendas
y termina manifestando que no es éste el modelo óptimo de Convergència
i Unió, lo que no es obstáculo para valorarlo positivamente,
calificándolocomo el mejor de todos los habidos hasta la fecha.
El señor Bel i Queralt defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. Expone que hoy se aprobarán en esta Cámara por amplia
mayoría los artículos que hacen referencia al acuerdo sobre el
sistema de financiación, pero también saldrá de la Cámara, sin el
apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, la plasmación que el
Gobierno ha hecho en la LOFCA. Se refiere al debate de las enmiendas
en Comisión, en el que a su juicio el Grupo Parlamentario Popular ha
mantenido una actitud de arrogancia extrema haciendo inoperante el
debate. Achaca tal actitud del Grupo Parlamentario Popular al hecho
de que su portavoz quizás tuviera la cabeza en Gescartera, dedicando
poca atención al modelo de financiación hasta poner en riesgo su
propia existencia. También les preocupa el que después de todas las
negociaciones ninguna de las comunidades autónomas -tampoco Cataluña-
tenga garantizados los recursos pactados, ignorando todos los
consejeros autonómicos cuáles son los recursos de que van a disponer.
Finaliza refiriéndose a las enmiendas que tienen que ver con la
garantía de recursos pactados y que afectan especialmente a los
artículos 7, 16 y 17 de la ley de medidas correspondientes de la
LOFCA objeto de revisión.
En turno de fijación de posiciones interviene, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Martínez-Pujalte
López.
Se procede a la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica
de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades
autónomas, que son rechazadas, así como al texto del dictamen, cuyos
artículos 2 y 4 y la disposición adicional única son aprobados por
182 votos a favor, 113 en contra y siete abstenciones, y el resto del
dictamen por 185 votos a favor, 11 en contra y 103 abstenciones.
Votación de conjunto . . . (Página 6044)
Del proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica de
financiación de las comunidades autónomas . . . (Página 6044)
Realizada la votación de conjunto, se aprueba el proyecto de ley
orgánica por 187 votos a favor, 11 en contra y 104 abstenciones.
Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía (Votación) . . .
(Página 6044)
Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de
ley y debatidas con anterioridad, siendo rechazadas.
Sometidos a votación los artículos 2 y 6 del texto del dictamen, se
aprueban por 284 votos a favor, 13 en contra y siete abstenciones.
Sometidos a votación los artículos 1, 7, 16, 17, 63, 64 y la
disposición adicional primera, se aprueban por 186 votos a favor, 110
en contra y ocho abstenciones.
Sometidos a votación los apartados I, II, III, V, VI y VIII de la
exposición de motivos, se aprueban por 186 votos a favor, 16 en
contra y 103 abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen con la corrección técnica
al artículo 11.1, se aprueba por 288 votos a favor, 10 en contra y
seis abstenciones.
Dictámenes de Comisiones de investigación . . . (Página 6046)
Dictamen de la Comisión de investigación sobre Gescartera . . .
(Página 6046)
El presidente de la Comisión de investigación, señor Mardones Sevilla
presenta el dictamen de la Comisión. Informa que el trabajo de la
Comisión se prolongó durante los dos meses que fijó el Pleno de la
Cámara, constando el dictamen de un primer punto, de antecedentes y
actuaciones; un segundo punto referido fundamentalmente a los hechos
que la Comisión ha ido viendo y analizando; un tercer punto en el que
consta la valoración de las actuaciones de las administraciones
públicas y de otros sujetos; el cuarto punto trata de las
responsabilidades políticas, el quinto recoge las conclusiones de la
Comisión y, finalmente, un sexto punto contiene las propuestas de
mejora. Dado que las conclusiones de la Comisión están a disposición
de los señores diputados y los medios de comunicación, hace gracia de
no proceder a una lectura prolija e innecesaria, limitándose a
resaltar los puntos más importantes de aquéllas.
Para la presentación y defensa de los votos particulares presentados
intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de
Izquierda
Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista; Puigcercós i
Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.
En un segundo turno intervienen los señores Alcaraz Masasts, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, y Puigcercós i Boixassa, del Grupo
Parlamentario Mixto.
Cierra el debate el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se someten a votación separada los votos particulares de los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV),
Socialista y Mixto, que son rechazados.
A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión, se
aprueba por 186 votos a favor y 119 en contra.
Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(CONTINUACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/
000048.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y
ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
(Número de expediente 121/000049.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto 3 del orden del día: Proyecto de ley orgánica de modificación
de la Ley orgánica de financiación de
las comunidades autónomas. La Mesa y la Junta de Portavoces han
acordado que se debata conjuntamente con el punto 4 del orden del
día: Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y
administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades
autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Dado el carácter orgánico de la Ley orgánica de financiación de las
comunidades autónomas, anuncio a la Cámara que la votación de
conjunto no se producirá antes de las 11 horas de la mañana.
Para la defensa de las enmiendas a ambos proyectos de ley del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender las 16 enmiendas que
Iniciativa per Catalunya ha presentado a estos dos proyectos de ley,
aunque previamente haré dos reflexiones. La primera es la opacidad
que sigue teniendo el acuerdo firmado sobre el nuevo modelo de
financiación autonómica. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa
la presidencia.) En el caso catalán hay un dato que me gustaría que
se me aclarara y no sé si hoy será posible. He solicitado, y se me ha
facilitado con retraso, el texto del acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera. Según el mismo el dato sobre la restricción
inicial de Cataluña del año 1999, sobre el que se basan todos los
cálculos, es de un billón 399.116, mientras que el señor Homs habla
de un billón 441.000. Estamos ante una diferencia ni más ni menos que
de 50.000 millones de pesetas y no hay forma de saber cuál es el dato
exacto. Yo voy a continuar presentado iniciativas parlamentarias para
ver si logro saber cuál fue la dotación inicial en el año 1999 de
Cataluña. Este no es un dato baladí porque en función de ese dato se
podría dar el caso que los nuevos ingresos por el nuevo modelo de
financiación autonómica en Cataluña fueran menores que si se hubiera
prorrogado el actual sistema. Es la primera reflexión. Estamos ante
un acuerdo de opacidad, opacidad que no es nueva, ya que uno de los
grandes temas del debate de la ley de acompañamiento de los
presupuestos ha sido la continua denuncia por parte de los partidos
de la oposición de la opacidad. La segunda reflexión es que,
aceptando que este acuerdo tiene aspectos positivos, desde el punto
de vista del modelo del Estado nos encontramos ante un acuerdo en que
el modelo está cerrado. Pensamos, a pesar de los aspectos positivos
-insisto-, que es necesario modificar sustancialmente el modelo.
Voy a agrupar las enmiendas en torno a tres grandes ideas: la primera
es que la responsabilidad fiscal todavía es muy insuficiente. Desde
Iniciativa per Catalunya siempre hemos propuesto en la cesta de
impuestos el 40 por ciento del IRPF, el cien por cien de los
especiales y que en los impuestos indirectos hubiera responsabilidad
normativa. El acuerdo no contempla responsabilidad
normativa en los indirectos. Aunque sabemos que esto no es
fácil, queremos decir que en países como Alemania existe
responsabilidad normativa sobre los indirectos. La segunda idea es la
necesidad de que, a igualdad de competencia, haya igualdad de
ingresos, independientemente de la necesidad de que exista un fondo
de solidaridad o de desarrollo regional. Quiero también hacer patente
aquí que con el actual y el nuevo modelo las diferencias de ingresos
por habitantes en el régimen común se pueden situar desde el 30 al 40
por ciento, cifra que se elevaría mucho si las comparáramos con las
comunidades de régimen foral. La tercera idea es la necesidad de que
este acuerdo hubiera contemplado -que no contempla- el tema de las
inversiones, es decir, la necesidad de que hubiera unos mínimos
garantizados que a nuestro entender deberían pasar aproximadamente
por el tanto por ciento de población en relación a las inversiones.
Quiero terminar diciendo que en Cataluña, desde determinados sectores
sociales y políticos, a menudo se ha exagerado el déficit fiscal de
Cataluña. Cataluña tiene un déficit fiscal importante. No compartimos
alguna de las cifras hinchadas que se han dado, aunque sí quiero
decir que el déficit fiscal es importante y que con este sistema de
financiación autonómica seguirá siendo el mismo, es decir, que lo que
ha sido uno de los grandes ejes centrales de la batalla por una mejor
financiación de Cataluña no lo resuelve este acuerdo de financiación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, estas enmiendas que presenta
Esquerra Republicana de Cataluña son coherentes con la defensa que
hicimos en su día desde esta tribuna de una enmienda a la totalidad a
este modelo de financiación y a la ley orgánica. Entendemos que con
este modelo hay una voluntad de bloquear, de blindar definitivamente
el modelo de financiación. Nosotros presentemos un bloque de
enmiendas con la voluntad de abrir este modelo y de permitir lo que
podríamos llamar la generalización autonómica. Lo decimos porque
estamos en contra de que se restrinja la capacidad normativa absoluta
sobre ciertos ámbitos: impuesto sobre la renta de las personas
físicas, impuesto sobre patrimonio, impuesto sobre sociedades,
impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre
el valor añadido, impuestos especiales de fabricación, impuesto sobre
electricidad, impuesto especial sobre determinados medios de
transporte y los tributos sobre el juego. Nosotros entendemos que un
buen modelo con vocación de Estado
plural, que realmente avanzara hacia la corresponsabilización,
tendría que permitir la capacidad normativa absoluta sobre todos
estos impuestos, tendría que permitir la cesión de todos estos
impuestos a las comunidades autónomas que lo desearan. En ese sentido
una de nuestras enmiendas contempla la necesidad de que haya una
agencia tributaria propia para aquellas comunidades autónomas que con
vocación de autogobierno, con unas necesidades y por voluntad propia
lo requieran. Este sería nuestro modelo y esto implicaría avanzar
hasta lo que podríamos definir una administración tributaria única,
que en el caso de las comunidades autónomas sería representante real
del Estado.
Vamos a pararnos un momento en una enmienda que hace referencia a la
necesidad de que este paquete del modelo de financiación recoja el
impuesto sobre sociedades, lo que significaría avanzar en el concepto
que algunos especialistas en Derecho administrativo han definido como
el Estado competitivo. Un Estado competitivo, un Estado plural, un
Estado compuesto tiene que tener también competencia, evidentemente
equilibrada con modelos de igualdad, en las diferentes comunidades
autónomas. Alguien dice que meter en este paquete el impuesto sobre
sociedades implicaría una desigualdad con esas comunidades autónomas
o territorios que no tienen el mismo número de empresas, la misma
estructura económica, pero es evidente que ustedes podrían haber
puesto el reloj a cero y buscar un modelo mixto que, a partir de la
creación de nuevas empresas, de la captación de nuevas inversiones,
permitiera que las comunidades autónomas pudieran ingresar el
impuesto sobre sociedades. Sólo así se conseguiría que hubiera una
voluntad de captación a beneficio de esa comunidad autónoma, lo que
estimularía la competitividad, la voluntad emprendedora de las
diferentes economías de cada comunidad autónoma y, sobre todo,
repito, cada comunidad autónoma buscaría mejorar su formación, sus
infraestructuras, para así captar muchos más recursos.
En nuestro paquete de enmiendas reflejamos como una necesidad
evidente que no se bloquee que algunos territorios, naciones, países,
nacionalidades o comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña,
podamos avanzar libremente en modelos como el concierto económico.
Nosotros denunciamos reiteradamente en esta Cámara en las diferentes
comisiones, en las comparecencias ante la Comisión de Economía y
Hacienda, la necesidad de que el modelo de un Estado compuesto sea
transparente, y transparente quiere decir que se publiquen de una vez
las balanzas fiscales. No vamos a cansarnos de repetir desde esta
tribuna la necesidad de buscar un modelo transparente, público, donde
se den a conocer cuáles son los flujos fiscales que se producen entre
la Agencia Tributaria y las diferentes comunidades autónomas. Creemos
que la transparencia daría una medida real de la intersolidaridad
entre los diferentes territorios del Estado. No se puede actuar sin
un modelo de transparencia, sin un modelo que contemple estudios del
Instituto Nacional de Estadística -también hay una enmienda en ese
sentido-, que contemple el coste de la vida en cada comunidad
autónoma, ya que no es lo mismo vivir en Madrid o en Cataluña que en
otros territorios del Estado pues el coste de la vida es más caro.
Sin embargo, hay elementos de igualdad en la venta, precios públicos,
en este caso también el sueldo de los funcionarios, el sistema de
pensiones o el salario mínimo interprofesional, lo que implica un
perjuicio a la hora de valorar las inversiones y los flujos que puede
ceder el Estado a las comunidades autónomas o entes locales. En este
sentido presentamos una enmienda que busque modelos para lograr el
equilibrio y cuál es realmente el coste de la vida en cada comunidad.
También intentamos en nuestras enmiendas que el modelo no bloquee el
posible acceso a un modelo de concierto económico que creemos
legítimo para Cataluña, una comunidad autónoma histórica con unas
necesidades ya valoradas, con voluntad de ejercer esta necesidad y de
tener, como he dicho antes, una agencia tributaria propia, que era
uno de los objetivos que tenía el Parlament de Catalunya cuando en un
debate, antes de llegar a la concepción definitiva del modelo de
financiación, se intentó que todos los grupos llegaran a unos
mínimos, entre los que figuraba la creación de una agencia tributaria
propia. No fue así y creemos que estas enmiendas van a desbloquear un
modelo que es un paso. Pero como decimos en Cataluña, este paso que
se ha dado respecto al modelo anterior nos recuerda a ese anuncio tan
navideño de las muñecas de Famosa, que avanzan hacia el portal pero a
un paso lentísimo y muy apocado. Esta es la realidad, se avanza muy
lentamente, es un paso casi imperceptible, pero lo peor es que este
paso tiene final. Es un modelo que el Partido Popular quiere dejar
bloqueado de forma definitiva. Lo que nosotros llamamos un Estado
plural es un Estado dinámico. No se puede cerrar el proceso
autonómico, no puede haber una ley de punto y final al proceso
autonómico. En estados de tradición federal como Estados Unidos o la
República Federal alemana hay un debate permanente y son conscientes
de que esto no tiene un punto y final. La dinámica en la transmisión
de competencias y el debate tiene que ser constante. Por esta razón
entendemos que este bloque de enmiendas va a mejorar el sistema, lo
va a hacer más abierto y, sobre todo, en el caso de las comunidades o
naciones que forman parte del Estado con tradición histórica de
autogobierno, van a tener más margen de maniobra.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
En el debate a la totalidad de estas dos iniciativas mi grupo
entendió que estábamos ante un paso histórico para dotar a las
autonomías, y por tanto al Estado, de un nuevo sistema de
financiación. También es muy importante que éste haya sido acordado
por unanimidad a mediados de julio en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, es decir, por acuerdo de todas las comunidades autónomas
y por los partidos que están representados en los gobiernos actuales
de estas comunidades autónomas. En dicho acuerdo participó el
Gobierno de Canarias y también Coalición Canaria.
El comentario general sobre las enmiendas que ha presentado mi grupo
y que voy a defender es que todas ellas intentan expresar lo ya
pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en casos
puntuales no han sido recogidas con la suficiente claridad en los
textos de las dos leyes que hoy debatimos. Las enmiendas que paso a
defender son las siguientes. En primer lugar, y con referencia a la
Ley orgánica de modificación de la LOFCA, la enmienda número 24 es de
adición. En el artículo segundo de la ley, que modifica el artículo
13.3 de la LOFCA y que habla del fondo de suficiencia, de la forma en
que se va a fijar el valor inicial de dicho fondo para cada comunidad
autónoma y de cómo ha de hacerse en años sucesivos en función de la
evolución de la recaudación estatal, nosotros proponemos que se añada
la evolución de las variables socioeconómicas previstas en la
presente ley, tal como recoge el acuerdo de financiación del Consejo
de Política Fiscal y Financiera. Concretamente en la página 24 de
dicho acuerdo, en el bloque de competencias comunes y en referencia
al fondo general, apartado de población, se especifica que anualmente
se analizarán los efectos derivados de la aplicación al sistema de
financiación de la evolución del censo de población respecto a las
necesidades resultantes del año anterior. El otro aspecto que
consideramos ha de introducirse es el de la aplicación de las
garantías de revisión mediante el índice del PIB nominal y de los
demás supuestos de revisión del fondo de suficiencia definidos en el
modelo de financiación.
En la página 34 del acuerdo, y en referencia al fondo de cohesión
sanitaria, se especifica que durante los tres primeros años el índice
de evolución de los recursos asignados se hará en función del PIB
nominal a precio de mercado. Por lo que afecta a la propia
suficiencia dinámica es necesario recoger estas puntualizaciones, que
están pactadas en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y también
en la propia Ley orgánica que hoy debatimos, aunque se recoge en el
espíritu pero no de forma clara en la letra de la ley. Entendemos que
la redacción actual quedaría insuficiente si no se recogen estos dos
elementos que están en el pacto y que sin duda darían un mayor
sustento a la permanencia de esta ley en el tiempo, ya que, como
todos sabemos, esta ley en principio no tiene fecha de caducidad.
Otra de las enmiendas que planteamos se refiere al artículo cuarto, y
pretende que vuelva a retomarse una redacción que todavía está en la
LOFCA actual, de forma que la dotación del Fondo de Compensación será
como mínimo de un importe del 30 por ciento de la inversión pública
que para cada ejercicio se apruebe en los Presupuestos Generales del
Estado. En el pacto se acordó que dicho fondo pudiera desglosarse en
dos, el propio Fondo de Compensación y el fondo complementario, pero
que en última instancia ambos debían reflejar ese 30 por ciento que
hay que seguir retomando. De hecho, si sumamos los porcentajes que
están en el presente texto, el resultado que da es el mismo.
A este artículo presentamos otra enmienda en el sentido de que la
forma de dotar anualmente el Fondo de Compensación incluya además de
los dos apartados actuales, el a) y el b), un tercer apartado, el c),
en el que planteamos que, al igual que se hace referencia a que un
porcentaje concreto de la cantidad determinada para el fondo se
asigne legalmente en función de la variable ciudad con estatuto de
autonomía, en ese mismo sentido debe recogerse otro apartado que haga
referencia, con un porcentaje del 4,2 por ciento, a lo que se asigne
legalmente por la variable región ultraperiférica. Lo aclaramos en la
Comisión y lo vuelvo a reiterar. No se trata de añadir un nuevo
porcentaje en reconocimiento de la insularidad o de otra serie de
particularidades del archipiélago canario, se trata de reflejar de
una forma singular y diferenciada, al igual que se hace con respecto
a las ciudades con estatuto de autonomía, el hecho de las regiones
ultraperiféricas, avalado en la propia Constitución española en su
artículo 138 y en el Tratado de Amsterdam en el artículo 299.2.
Entendemos que Canarias tiene una singularidad, especialmente la
ultraperificidad, que debe estar recogida, sin que esto suponga
variaciones desde el punto de vista económico a lo ya pactado en el
Consejo de Política Fiscal.
Por último, pretendemos añadir una disposición adicional segunda
nueva en la que planteamos que se atribuya a la Comunidad Autónoma
canaria facultades relativas a determinados impuestos indirectos, de
forma que a partir del 1 de enero de 2002 la Comunidad Autónoma de
Canarias asuma competencias normativas relativas a los impuestos
indirectos relacionados con su régimen económico y fiscal, con el
alcance establecido en los apartados siguientes, que no paso a
relatar. En última instancia, señorías, habida cuenta de la evolución
que se está produciendo en el propio pacto de financiación
autonómica, habida cuenta que cada vez son más las competencias que
se asumen por parte de las comunidades autónomas, inclusive
competencias normativas sustantivas en lo que se refiere a los
tributos cedidos, sería una paradoja que Canarias se encontrara con
mayor capacidad normativa en lo que se refiere a tributos cedidos que
la que debiéramos tener con relación a los tributos derivados del
especial régimen económico
y fiscal de Canarias. Insistimos en que esta situación ha de
corregirse, ha de actualizarse y es una cuestión de fuero y de
coherencia. Entendemos que no es de recibo que tengamos que recurrir
todos los años al procedimiento de los Presupuestos Generales del
Estado para hacer modificaciones del régimen económico y fiscal de
Canarias. Esto es coherente y es ni más ni menos que aplicar una
disposición ya prevista, la disposición adicional tercera del
Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge la posibilidad de
desarrollo normativo de estas competencias.
Con respecto a la ley de medidas fiscales y administrativas, tenemos
una enmienda a la exposición de motivos en una línea parecida a lo
que ya he comentado. Al igual que en la exposición de motivos queda
recogida la salvaguardia necesaria del régimen especial de conciertos
y convenios de territorios como es el País Vasco y la Comunidad Foral
de Navarra, a los que se hace una referencia especial en una
disposición final segunda, nosotros queremos que se añada una
disposición final tercera en los términos específicos de Canarias y
que también se añada semejante redacción en la exposición de motivos,
haciendo referencia a las especificidades de Canarias. De alguna
forma es algo que ya está recogido en el propio acuerdo, en su página
44, que, en lo que se refiere a los nuevos tributos cedidos,
especifica que se haga sin perjuicio de las peculiaridades del
régimen económico y fiscal de Canarias. Otra de nuestras enmiendas,
la número 15, al artículo 4 de la ley, letra b), apartado 5, hace
referencia al fondo de cohesión sanitaria. Hay dos fondos
específicos: uno, el de incapacidad temporal, y otro, el de cohesión
sanitaria. Lo que intentamos es que la redacción quede más clara y
recoja textualmente lo que dice el propio acuerdo de financiación, en
su página 35, que establece que es necesario configurar un mecanismo
de facturación de desplazados entre las distintas comunidades
autónomas además de los procedentes de los países de la Unión
Europea. Entendemos que dicho fondo va a ser regulado por un
desarrollo posterior y por supuesto no debemos entrar en
profundidades. El sentido de lo que va a ser el contenido de ese
fondo no queda claro en la redacción actual de esta ley y como mínimo
debería quedar recogido tal cual está reflejado en el propio pacto de
financiación. Esto ya lo comentamos en las comparecencias de
presupuestos en la Comisión de Sanidad y el propio Ministerio de
Sanidad interpretaba que lo expresado en el pacto era más claro que
lo expresado en el texto actual de la ley.
La siguiente enmienda hace referencia al artículo 16. Nos planteamos
algo a lo que ya nos hemos referido anteriormente en otra enmienda
hablando del fondo de suficiencia, que se especifique que dicho fondo
deberá evolucionar en función de toda una serie de fórmulas que se
expresan, pero sin perjuicio de la aplicación de las garantías sobre
revisión mediante el índice PIB nominal y demás supuestos de revisión
de dicho fondodefinidos en el modelo de financiación. La disposición
transitoria segunda, apartado 2, de esta ley y el propio texto del
acuerdo al que hago referencia establecen claramente que la evolución
de los fondos sanitarios, en los próximos tres años, se hará teniendo
en cuenta la evolución del PIB nominal a precio de mercado. Así nos
parece que debe ser recogido en el texto de la ley. La última de
nuestras enmiendas a esta ley se refiere al artículo 17 y pretende
introducir en su inicio, antes de empezar a desglosar las diferentes
causas de revisión de los valores del Fondo de Suficiencia, que se
especifique que se haga sin perjuicio de las causas que se contemplan
a continuación, pero que anualmente se considerarán las
modificaciones o cambios producidos en las variables de cálculo del
nuevo modelo. Nos referimos fundamentalmente a la variable población,
que entendemos que es una de las variables eje en la que se sustenta
parte de estos acuerdos.
Finalmente, reitero que nuestras enmiendas hacen referencia a
aspectos puntuales del texto de la ley, que deben recoger de una
forma más clara y completa lo ya expresado en el acuerdo del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, fundamentalmente en dos temas que
para nosotros son importantes: uno, los criterios ya pactados sobre
el dinamismo, sobre la evolución de las necesidades y cómo medirlas
para garantizar una suficiencia dinámica -hablo fundamentalmente de
la variable población y de la variación del propio PIB nominal en lo
que se refiere a la financiación sanitaria-; y dos, las
especificidades de Canarias, fundamentalmente del régimen económico y
fiscal, porque, aunque en el espíritu de esta ley está incluido, debe
hacerse un reconocimiento expreso en el texto, puesto que entendemos
que lo que se pretende es reconocer las diferencias que existen en el
territorio español y asegurar a su vez la equiparación en
prestaciones y en servicios públicos en todo el territorio español.
Tenemos conocimiento de que el Grupo Popular y el Ministerio son
conscientes de que estas valoraciones puntuales que hacemos no
modifican, sino que, al contrario, reflejan de mejor forma los
acuerdos que están ya escritos y, como mañana creo que se reúne el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, esperamos que se termine de
valorar con el consenso de todos los grupos y comunidades autónomas
que están allí representados y que, en el trámite del Senado, se
termine por consensuar la posibilidad de incluir las enmiendas que mi
grupo, Coalición Canaria, acaba de defender en el día de hoy.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, buenos días.
Me imagino que la mayoría de nosotros, cuando allá en los años de la
transición empezábamos a meternos
en los arcanos de la política, aprendíamos, en esa semiclandestinidad
que se vivía, dos anécdotas muy primarias, muy primitivas. Una, la
atribuida a Napoleón: si usted quiere que no funcione una cosa, cree
una comisión. Y otra, del Conde de Romanones: hagan ustedes las
leyes, que yo haré los reglamentos. Con eso pensábamos que ya
teníamos las claves de la política. Me imagino que en el futuro,
cuando las nuevas generaciones se metan en ese mundo de arcanos que
es la política, tendrán una tercera. Será la de Montoro: lleguen
ustedes a los acuerdos de financiación que quieran, que yo haré las
leyes que me dé la gana. Es un tercer elemento nuevo para ser
incorporado en ese mundo de la política. Porque hoy estamos aquí
gracias a que el Gobierno, parece ser que rompiendo, en contra de,
saltándose a la torera los acuerdos habidos en el marco del Consejo
de Política Fiscal y Financiera con el Partido Socialista Obrero
Español y otros, trae dos proyectos de ley. Nosotros, como fuerza
política, saludamos que vengan hoy dos proyectos de ley, sin
contemplar su contenido. En primer lugar, porque gracias a que hay
dos proyectos de ley estamos debatiendo este tema; si no, esta fuerza
política, con presencia en tres gobiernos de comunidades autónomas,
pero con una presencia humilde, limitada y sin querer tampoco liar
más follones de la cuenta, no podía incidir mucho en todo el proceso
negociador y nos hubiéramos tenido que conformar con un gran debate,
generalmente residenciado en el Senado, y con una posición. Me parece
interesante que a un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera se le intente dar cuerpo de ley. Si es bueno o malo, cada
uno lo dirá; si es lo que se acordó o no, los que firmaron que lo
digan. Uno no firmó y por tanto no está de acuerdo.
No obstante, desde esta tribuna y no hace más de dos meses -uno ya
tiene bastante práctica en esos temas de financiación-, cuando
estudié los números, dije: alguien ha engañado a alguien. Los duros,
como se decía antiguamente, no se dan a catorce reales y los círculos
no se pueden cuadrar. Todo el mundo estaba contento, todo el mundo
saludando a la Natividad, pero al final estamos ahí. Nosotros
saludamos este hecho porque también da rigor a la situación. Es
verdad que cualquier ley se puede cambiar (hasta se pueden cambiar
todos los años en la ley de acompañamiento) y por lo tanto esta ley
no es inamovible, pero nos da una garantía, a la Cámara, a los
distintos grupos de la oposición, de ir pudiendo incidir, opinar,
valorar, presionar y controlar las modificaciones que se pudieran
producir con el tiempo. En ese sentido, bienvenidas sean esas leyes,
independientemente de la posición que nosotros tenemos.
Nosotros hemos dicho, y lo repetimos -casi con el mismo título de un
artículo del señor Castell, que al poco tiempo salía en un periódico
de tirada nacional, El País), que creemos que es un avance pero que
es un avance insuficiente. Hay quien ha dicho que a lo mejor
con el anterior sistema alguien estaría mejor que con el nuevo. Habrá
que hacer números. No obstante, nosotros consideramos que se ha
producido un avance, porque hay mayor capacidad de las comunidades
autónomas para recaudar, para participar y, por lo tanto, mayor
capacidad de autonomía. Siempre se ha dicho que era necesario tener
capacidad recaudatoria porque, al tener capacidad en la recaudación,
en los ingresos se tenía más capacidad de autonomía política. Por lo
tanto, como hay mayor capacidad que en el anterior sistema, nosotros
entendemos que se ha producido un avance, pero que es insuficiente.
Primero, porque creo que ya se había llegado a la suficiente madurez
en el sistema de financiación autonómica como para haber dado un
salto cualitativo y haber asegurado a las 15 comunidades autónomas
del régimen común el entorno del cien por cien de autonomía
financiera. Así nadie podría haber jugado con agravios comparativos,
aunque siempre cada uno puede hacer lo que le dé la gana; hubiera
sido menos justificable la colisión con el sistema foral y además
hubiera dado mayor entidad y más responsabilidad a las comunidades
autónomas. Ya no podrían seguir diciendo: La mitad, al menos, de mis
ingresos corresponden al Estado central, yo todavía dependo de...
Repito que me parece que se había llegado a un grado de madurez
suficiente como para haber dado a las comunidades autónomas el cien
por cien de la autonomía financiera. Eso en primer lugar. No se ha
hecho. Es verdad que se han aumentado unos puntos, interesantes, pero
no es conveniente engañar metiendo el tema de la sanidad. No es
conveniente jugar con porcentajes en ese sentido.
En lo que nosotros consideramos que es tremendamente insuficiente es
en que se da mayor autonomía política, pero no se ha avanzado en
mayor igualación de autonomía política. Al contrario. Con este
sistema -también con el anterior y con el anterior del anterior-, las
comunidades autónomas tenemos mayor autonomía política, pero habrá
quien tenga autonomía de 110-120 y quien tenga autonomías que se
queden todavía en el 50-52 por ciento. No voy a dar nombres, porque
pienso que están en la cabeza de sus señorías. Y esas diferencias no
eran tan grandes en el anterior sistema. Cuando se concede mayor
capacidad sobre situaciones totalmente desiguales, esa desigualdad
repercute en la autonomía. Aquello de tratar igual a desiguales. Las
comunidades autónomas tienen desigual capacidad recaudatoria y, si en
la ley se las trata igual, lógicamente se llega a desigual capacidad
de recaudación, a desigual capacidad de financiación autonómica y,
por tanto, a desigual capacidad de autonomía política en ese sentido.
Hubiera sido el momento, además por mandato constitucional y por
necesidad, de haber avanzado no sólo en mayor autonomía política,
sino en igual autonomía política.
Seguimos atados, no obstante, señorías, a un sistema donde la
igualdad la ponen los dígitos: dígito 33,
dígito 40, dígito 35. Igualamos los dígitos, decimos que todas las
comunidades autónomas tengan el 33 por ciento del IRPF. Pero es que
el 33 por ciento del IRPF no es igual para todas y cada una de las
comunidades autónomas. Podrán decir que hay una diferencia. Bien, hay
una diferencia, pero ¿por qué la foto fija se produce en este
momento? ¿Por qué no se rastrea, señorías, y se pone la moviola sobre
determinada domiciliación fiscal de determinados ingresos? La gente
que declara en Madrid las subvenciones del aceite de oliva de
Andalucía pueden formar grandes tomos. Eso por no hablar de otros
centros productivos que tienen su residencia fiscal en el País Vasco
o en Cataluña. Me parece muy bien, pero no utilicemos el argumento de
que: es que ustedes tienen menos capacidad financiera en un momento
determinado y yo tengo más. No, tienen ustedes la residencia fiscal o
la residencia de vivienda en un momento determinado. Nosotros
continuamos defendiendo un modelo donde se garantice a todas las
comunidades autónomas el cien por cien de su autonomía, aunque, para
alcanzar ese cien por cien de la autonomía, unos recauden el 40 o el
33 por ciento del IRPF y otros recauden el 60 por ciento. ¿Por qué
tienen que ser iguales los dígitos? Díganme ustedes en qué párrafo de
la Constitución viene expresado eso; sin embargo, sí les puedo decir
muchos párrafos de la Constitución donde se dice clarísimamente que
los distintos estatutos de autonomía o las vivencias en diferentes
sitios del Estado español no pueden ser la razón de un mejor
tratamiento en un momento determinado.
Nuestro modelo defiende que se garantice el cien por cien de la
autonomía, sabiendo que los porcentajes de recaudación tienen que ser
distintos. Así, señorías, se evita un segundo problema. Es curioso
cómo se juega con los conceptos. Se han inventado ustedes un fondo de
suficiencia. Señor Martínez-Pujalte. Cuando uno leía en el mes de
junio o julio las primeras filtraciones del acuerdo, donde se hablaba
de fondo de suficiencia, pensaba que era el antiguo fondo de
nivelación del artículo 13 y 15 de la LOFCA y que iban a intentar que
todos tengan suficiente. Pero no, señorías. Estamos jugando con los
conceptos y no es malo jugar con los conceptos si lo único que pasa
es que se vende un coche mejor, un güisqui mejor o una casa mejor.
Jueguen ustedes con los conceptos y digan que es de alto standing. Me
comprenderán. Cuando se crea un concepto, el fondo de suficiencia, y
con eso se refieren al derecho que tienen las comunidades autónomas a
participar en los ingresos del Estado por mandato constitucional
-porque Estado somos todos, los ayuntamientos y las comunidades
autónomas-, y, si por inercia del Estado centralista de anteriores
regímenes políticos, quien tenía la infraestructura, cobraba y
recaudaba los impuestos totales era la Administración central, al ir
creando el nuevo mapa autonómico, la filosofía era que las
comunidades autónomas eran parte del Estado,
recaude quien recaude, el Estado, la Agencia Tributaria o el sursum
corda. Al ser parte, tienen ese derecho. Antiguamente se llamaba la
participación en la PIE, participación en los ingresos del Estado, y
se podía cobrar en especie, en dinero o en especie y en dinero, como
sigue funcionando ahora. Y todo el mundo decía: Si por impuestos de
sucesiones, de transmisiones, de patrimonio, ustedes han recaudado
200.000 millones y les corresponden 700.000 millones, en doceavas
partes -que luego nunca se pagaban doceavas partes; ése era uno de
los graves problemas de liquidez-, a ustedes se les pagarán los
500.000 millones. Ahora puede recaudar una comunidad, por los
impuestos cedidos, 400.000 millones; hasta los 700.000, los 300.000
ya no son PIE. Ahora son fondos de suficiencia. Y parte de la
filosofía de que, habiendo dado a todas las comunidades autónomas la
posibilidad de recaudar suficiente para atender los servicios y no
teniendo, siendo pobres, siendo incapaces o no haciéndolo bien, como
no tienen lo suficiente, nosotros les damos un fondo de suficiencia.
A mí, señorías, me parece tremendamente peligroso que exista esa idea
de que lo que corresponde por derecho es algo que se le da como una
nueva caridad política en el tema financiero.
Seguimos batallando, erre que erre, por una enmienda, y estaríamos
muy abiertos a cualquier transaccional, sobre el tema de las
transferencias en sanidad. Nosotros hemos tenido miedo -y no
solamente nosotros, consejeros o ex consejeros de sanidad de
distintas comunidades autónomas- del final, a lo mejor no el primer
año, luego, en la deriva, cuando empieza ya la inercia, el tran tran,
si bien en la ley, en el artículo 65, modificación de la Ley General
de Sanidad, cuando se habla de que las comunidades autónomas pondrán,
dice exactamente el texto, elaborarán anualmente el presupuesto de
gastos para dicha función que deberá contener como mínimo la
financiación establecida para el sistema de financiación autonómica.
Si son 600.000 ó 700.000 millones -hablo, por ejemplo, de la
Comunidad Autónoma de Andalucía- lo que tienen que poner en el
presupuesto de origen, que lo pongan, pero que a lo largo de los 365
días vayan introduciendo suficientes modificaciones de crédito que lo
desvirtúen, por atender a necesidades perentorias, incluso en algún
momento una será una inundación y otra una catástrofe. Irán quitando
dinero de sanidad y lo irán desviando hacia otro sitio. Si necesitan
dinero, ya se están ustedes inventando el recargo sobre la gasolina
-del que hablaremos en su momento-, desdiciéndose de todo lo que han
dicho ustedes durante muchísimo tiempo; incluyen ustedes de pronto un
recargo por si lo que de pronto desvíamos de sanidad hay que
conseguirlo por otro lado. Por ello, nosotros seguimos manteniendo
una enmienda ad cautelam, en la que decimos que si bien se obligue a
las comunidades autónomas a que en el presupuesto originario de
gastos, el que aprueben ahora, en estos meses, incluyan, como mínimo,
la cantidad
destinada a sanidad, se garantice, mediante una enmienda, que
esa cantidad tiene que mantenerse y ejecutarse hasta el final de la
legislatura. Así evitaremos tentaciones.
Concluyo ya, señor presidente, y muchas gracias por su benevolencia.
Señorías, decía al principio que Montoro creará la tercera idea de:
hágan ustedes un acuerdo de financiación autonómica y yo haré las
leyes. Eso no pasaría de ser una boutade más o menos de este portavoz
si no me preocupara un hecho. He estado comprobando en las distintas
comisiones y en los plenos el comportamiento en voto y el
posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español, que se siente
engañado porque no se cumple el acuerdo. Hay auténticos problemas,
hay dudas razonables acerca de que es una la idea que tienen las
comunidades autónomas por el dinero que van a recibir y el que luego
recibirán realmente. Hay montones de consejeros y consejeras que
dicen que ellos no saben el dinero que van a recibir por la
financiación autonómica, que ellos hacen unos números y que Montoro
dice otros. Lean ustedes cualquier medio de comunicación,
generalmente de ámbito autonómico. A nosotros nos preocupa que,
cuando las comunidades autónomas conozcan la cantidad que van a
recibir, realmente descubran que no es lo que ellas pensaron que iban
a recibir. El señor Saura, en su intervención, hablaba de que había
una diferencia de apreciación, por ejemplo, para la Comunidad
Autónoma catalana de 50.000 millones de pesetas. Uno tiene miedo de
que haya un acuerdo por unanimidad y haya una ley aprobada unas veces
con el voto del Grupo Socialista y otras sin él, pero que, cuando
luego lleguen los dineros, muchas comunidades se descuelguen. Uno
tiene preocupación por eso. A mí no me gusta que el Estado esté todo
el día cuestionándoselo. Señorías, arreglen lo que arreglen y
arreglen ustedes lo que tenga que arreglar. Si verdaderamente en la
ley viene lo que ustedes han acordado, si alguien se equivocó o fue
ligero en la pluma o pensó mal, que se aguante. Y si en la ley no
viene lo que ustedes acordaron, modifíquese lo que se tenga que
modificar, pero no es bueno que, en un proceso de avance y
consolidación federalizante por el que muchos luchamos, nos volvamos
a encontrar otra vez con un quinquenio de confrontación de
comunidades autónomas, de no recibir el dinero, de ahora te llevo al
Tribunal Constitucional, de es mentira, etcétera. Hay elementos que a
mi fuerza política le preocupan, desde la seriedad y desde la
consideración de que este avance -y concluyo ya- es insuficiente,
pero que es un avance.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán, señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, procedemos al debate de
dos leyes realmente importantes, que son las que articulan el acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de este
año, acuerdo producido esencialmente entre las tres formaciones
políticas con mayor número de diputados de esta Cámara.
En el debate celebrado en el Pleno sobre las enmiendas de devolución
el pasado 14 de octubre tuve ocasión de exponer cuáles eran las
líneas maestras que debía seguir, a juicio del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), una evolución o reforma del sistema de
financiación autonómico para considerarlo adecuado y para considerar
que se avanza en la dirección correcta. No voy a repetir lo que
expuse en el debate del Pleno celebrado hace unas semanas.
Simplemente recordaré los objetivos fundamentales que debía perseguir
una reforma del sistema de financiación autonómica. En primer lugar,
mejora cualitativa del sistema de financiación, de la estructura de
los ingresos de las comunidades autónomas en el sentido de una mayor
presencia de ingresos tributarios en los presupuestos e ingresos de
las comunidades autónomas y menos dependencia de las transferencias.
En segundo lugar, mejora cuantitativa, más recursos en el sistema de
financiación autonómica en sentido global y, en el caso particular de
mi Grupo parlamentario, en Cataluña. En tercer lugar, un modelo
solidario que respete la solidaridad interterritorial dentro de
España, ya que entendemos que hay suficientes mecanismos en este
acuerdo de financiación para considerar que se produce un acuerdo que
es solidario entre territorios. En cuarto lugar, un punto clave como
es la integración de la Sanidad en el sistema de financiación. Como
quinto eje fundamental y penúltimo, asunción de mayores competencias
normativas. En último lugar, incremento de la participación de las
comunidades autónomas en la gestión de los tributos generados en su
territorio.
Tuve ocasión de exponer en aquel debate que el modelo acordado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001
avanzaba en el sentido correcto en estos puntos; en algunos más que
en otros. Particularmente nos parecía tenue, débil y escaso el avance
en el último de los puntos, la participación de las comunidades
autónomas en la gestión de los tributos que hoy en día es efectuada
por la Agencia Tributaria. Pero el balance global era positivo y se
andaba por un buen camino. Ello no obsta a que mi grupo parlamentario
haya presentado una serie de enmiendas cuyo objetivo es esencialmente
lograr una más correcta transcripción del acuerdo alcanzado entre las
tres formaciones políticas y plasmado en el citado acuerdo del
Consejo de Política Fiscal y Financiera en el texto articulado.
Muchas de las enmiendas que hemos presentado a los dos proyectos de
ley, el de reforma de la
LOFCA y el de la ley de medidas de financiación de comunidades
autónomas y ciudades autónomas, pretenden adaptar mejor el texto
articulado al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En
algunos casos son correcciones evidentemente técnicas de errores
conceptuales o de pura transcripción y en otros son adaptaciones con
algo más de contenido, pero todas ellas son enmiendas que son fiel
reflejo del acuerdo y que pretenden una fiel adaptación del acuerdo.
Cuando se alcanza un acuerdo la consigna de Grupo Catalán
(Covergència i Unió) es de lealtad.
No me a referir a todas las enmiendas, las doy por defendidas, pero
sí, al menos, concretamente, a las que se refieren a la LOFCA y, muy
rápidamente, a la ley de medidas. La enmienda número 36 a la LOFCA
pretende recoger como uno de los principios básicos de funcionamiento
de la actividad financiera de las comunidades autónomas y de las
relaciones en este ámbito con la hacienda del Estado la lealtad
institucional, lealtad institucional que se repite a lo largo de
diversas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en
el sentido de que cuando el Estado legislador adopte medidas que
afecten a las obligaciones de gasto o a la capacidad fiscal de las
comunidades autónomas sea tenido en cuenta a efectos del contenido
del régimen financiero con las comunidades autónomas.
La enmienda número 38 trata de corregir un error que tiene
implicaciones importantes. Se refiere a que el artículo 12.1 del
proyecto de ley orgánica señala que las comunidades autónomas podrán
establecer recargos sobre los tributos del Estado cuando ostenten
competencias normativas sobre los tipos de gravamen. Dos reflexiones:
primera, si se ostentan competencias normativas sobre tipos es
bastante ocioso establecer recargos y, segunda, con la modificación
propuesta en la enmienda número 38 se abre la posibilidad, comentada
en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de
establecer un recargo sobre la imposición en fase minorista de
hidrocarburos, si esta es la configuración que se adopta en esta
materia.
La enmienda número 39 hace referencia a la posibilidad de regular los
tipos de gravamen en el impuesto sobre la electricidad y en el
impuesto sobre determinados medios transportes en los términos
previstos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La enmienda número 40 es un reflejo del contenido del acuerdo, en el
sentido de que no cabe excluir la posibilidad de asumir por
delegación del Estado competencia en materia de gestión tributaria
respecto del impuesto sobre la electricidad y determinados medios de
transporte. La enmienda número 41 se refiere a la revisión del valor
inicial del fondo de suficiencia, que cubrirá la diferencia entre la
necesidad de gasto de las comunidades autónomas y la capacidad fiscal
de éstas. Posteriormente, en el artículo 13.4 de la LOFCA se
establece que este valor inicial se podrá revisar cuando se produzca
el traspaso de nuevos servicios, se amplíen o
revisen valoraciones de traspasos anteriores o bien cuando cobre
efectividad la cesión de nuevos tributos. Propone el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que se incluya la
realización de reformas sustanciales en el sistema tributario del
Estado ya que, si se trata de revisar el valor del fondo de
suficiencia que depende de dos variables, necesidad de gasto y
capacidad fiscal, debe preverse como causa de revisión de la dotación
inicial del fondo de suficiencia lo que afecte no sólo a la necesidad
de gastos, sino también a la capacidad fiscal. Son enmiendas
absolutamente coherentes y que persiguen una perfecta transcripción
del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre las que
no albergamos especiales dudas que sean incorporadas en esta
tramitación parlamentaria.
En cuanto a la ley de medidas hay cuestiones que quisiera destacar,
por ejemplo, la enmienda en la que proponemos la eliminación del
contenido del título I por entender que el contenido del mismo es más
propio de un instrumento jurídico, como es el acuerdo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, que una ley ordinaria, aunque para el
caso de que no prosperara esta enmienda tenemos enmiendas
alternativas a concretos preceptos del título I. Las enmiendas
números 40 y 55 hacen referencia al principio de lealtad
institucional, indicando la necesidad de que el Consejo de Política
Fiscal y Financiera informe anualmente sobre las decisiones del
Estado legislador que afecten a la necesidad de gasto y a la
capacidad fiscal de las comunidades autónomas. El resto de las
enmiendas las daría por defendidas. Sólo quiero hacer una acotación
respecto del Consejo Superior de Dirección de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, en el que entendemos -así lo expresamos en
la enmienda número 53- que sus funciones, pilares o directrices
generales son excesivamente amplias y que es mejor circunscribirlas
a los planes y objetivos de la Agencia Tributaria y a la ejecución de
estos planes y objetivos.
Esta ha sido la defensa de las enmiendas a las que quería hacer
referencia, que buscan la transcripción perfecta al articulado del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sabemos perfectamente que
mañana se celebra una reunión del consejo, que en él se va a debatir
políticamente adaptar estas cuestiones que constan en el acuerdo, que
no han sido transcritas al texto articulado y que algunas han quedado
pendientes, como la posibilidad de establecer una imposición sobre
hidrocarburos en fase minorista para financiar la sanidad, tema
claramente propulsado por el conseller de Economía, Francesc Homs, en
una u otra formulación jurídica, como ocurre en Alemania. Estas
cuestiones se comentarán en el consejo de mañana y esperamos que
tengan fiel reflejo en la tramitación parlamentaria subsiguiente.
Hecha esta exposición de las enmiendas, no quisiera finalizar mi
intervención sin reiterar una posición política ampliamente
divulgada. ¿Es este modelo de financiación
de las comunidades autónomas el modelo óptimo de Convergència
i Unió? No, no lo es. A nosotros nos hubiera gustado ir más allá. En
la configuración de tributos cedidos nos hubiera gustado que
estuviera el impuesto de sociedades, pero somos conscientes de sus
dificultades técnicas; nos hubiera gustado asumir más competencias
normativas sobre los tributos cedidos y nos hubiera gustado tener una
participación más activa y con mayor presencia en la Agencia
Tributaria, pero esto no es obstáculo para que valoremos
positivamente este acuerdo. ¿Es un paso adelante? Sin duda, es un
paso adelante respecto a los modelos vigentes hasta la fecha. ¿Es el
mejor modelo que hemos tenido? Lo cierto es que sí, es mejor modelo
que el del año 1996, que el anterior y que el anterior.
Clarísimamente, pese a que alguna exposición dialéctica de contenido
más que dudoso trate de convencernos de lo contrario. Es un buen
momento, es un paso adelante y lo valoramos positivamente, aunque no
sea el modelo de CIU. Hay alguna enmienda del Partido Socialista que
incorpora contenidos que no están en el acuerdo. Respecto de las que
hacen referencia a la Agencia Tributaria nos vamos a abstener. En los
posicionamientos políticos previos CIU ha ido más allá de estas
enmiendas, pero habiendo un acuerdo, y con las bondades políticas del
consenso, entendemos singular la introducción de enmiendas distintas
del contenido de un acuerdo a tres bandas formalizando en el acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otras enmiendas que nos
puedan gustar de contenido, como la que se refiere al grupo de
trabajo de la imposición sobre hidrocarburos, es reiteración del
acuerdo que se debate mañana en el consejo, con lo cual, está claro
quien tiene interés en impulsar de esta idea.
No es el modelo de CIU, pero tiene algo muy bueno, que es el
consenso. ¿Por qué es bueno el consenso? Para intentar evitar
determinados debates bastante demagógicos sobre una cuestión tan
importante como la financiación autonómica; se trata una acción
política relevante desde un punto de vista ideológico para CIU. Es un
norte continuo de nuestra acción política el mejorar la financiación
de las comunidades autónomas, en nuestro caso, de Cataluña. Es un
norte y una guía de actuación política constante a lo largo de los
años y lo seguirá siendo; también lo es aunque no participe de la
ideología política de Convergència i Unió, lo dije en el debate del
Pleno. Hoy las comunidades autónomas van a prestar el servicio
público sanitario y de la educación. Se podrá ser visceralmente
antiautonomista, pero hay que ser un irresponsable para no desear que
las comunidades autónomas dispongan de un buen sistema de
financiación. Es un tema muy importante. Si lo podemos sacar de
debates forzados, mejor para evitar cuestiones como las del año 1996.
Hubo determinadas críticas de contenido, conceptuales, que reproduje
en le debate del Pleno de hace unas semanas, realmenteincompatibles o
algo bochornosas. Mejor si hay consenso,
mucho mejor. Es un tema muy importante para la ciudadanía,
repito. Por eso celebramos el acuerdo entre Convergència i Unió, el
Partido Popular y el Partido Socialista respecto de esta materia
plasmada en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Precisamente por valorar el consenso y darle la dimensión política
que tiene en esta materia, estoy obligado a referirme a la posición
del Partido Socialista en la Comisión de Economía que debatió sobre
estas leyes la semana pasada. Por respeto al consenso, tengo que
pronunciarme, aunque no me gustan las polémicas. El Partido
Socialista ha introducido una serie de enmiendas con unos contenidos
que no están en el acuerdo. Dijo que la transcripción en el
articulado de los dos proyectos de ley tenía problemas graves,
fundamentalmente dos, aunque hay otros que serán elevados según
interese en virtud del termómetro del debate. Se dijo que introducir
los porcentajes en que se configuran como cedidos los tributos cuyos
rendimientos se cede total o parcialmente a las comunidades autónomas
en una ley orgánica era petrificar, marmorizar la configuración como
tributos parcialmente cedidos de IRPF, IVA e impuestos especiales. No
lo entiendo. Si cada vez que se ha revisado una financiación
autonómica se ha modificado la LOFCA, decir ahora que porque figure
en la ley que ese 33 por ciento del IRPF ya no se podrá revisar o va
a dificultar su revisión, carece absolutamente de contenido. Es un
argumento fatuo y demagógico o revela una inconsistencia jurídica y
cualquiera de las dos opciones es preocupante para quien desarrolla
la acción política.
Respecto a cambiar el año base de 1999 a 2001, no está en el acuerdo;
es una opción respetable, pero no está en el acuerdo y pacta sunt
servanda, salvo que se traicione. Para entender la posición en la
Comisión de Economía del miércoles pasado hay que hacer una
reflexión, es obligado. Hay que distinguir entre los hechos y el
humo, entre lo que se hace y lo que se dice. Lo que se hace en julio
de 2001 es alumbrar, dar origen, crear un nuevo sistema de
financiación autonómica y cuando se trata de actuar, se estuvo a
favor del nuevo sistema de financiación autonómica, y está bien que
sea así, porque valoramos el consenso. Conseguido esto, asegurados
los recursos para las comunidades autónomas en las que se tienen
responsabilidades de Gobierno, lo que se pretende ahora es generar
una fotografía de dudosa calidad, más bien borrosa, para ver si en
clave de política catalana echamos un cable al señor Maragall después
de su surrealista moción de censura. Decir cosas distintas de las que
se hacen tiene un precio, no ya en política; a medio y largo plazo
tiene un coste. A nivel personal existe un aforismo que dice lo
siguiente: Vive como piensas o procura pensar como vives. Decir cosas
distintas de las que se hacen es complicado en política y en otros
órdenes. Convergència i Unió quiere el consenso, lo encontramos
positivo e importante. En el año 1996 no hubo consenso, las
comunidades autónomas que no entraron en el acuerdo perdieron y
después de todas las críticas de 1996 CiU ganó en Cataluña y obtuvo
un buen resultado en las elecciones a este Parlamento. Al Partido
Socialista le ocurrió lo que le ocurrió, perdió en Cataluña y obtuvo
mal resultado en este Parlamento. Por lo tanto, queremos el consenso,
pero, sobre todo, nos preocupa la responsabilidad política. ¿Cómo
actúa CiU en materia autonómica, en la defensa y en la lucha por la
mejora de la financiación autonómica? No actúa midiendo el barómetro
electoral, sino en base a su ideología; ideología que busca mejorar
su autonomía financiera. Se actúa en base a una ideología y los
ciudadanos que comulgan con esta ideología otorgan su voto a nuestra
formación política. No procuramos cambiar el discurso o, sobre todo
-lo cual es más relevante-, hacer un discurso distinto a lo que luego
se hace. Esto es precisamente lo que a Convergencia i Unió le da
credibilidad, seriedad y rigor en su acción política: no decir cosas
distintas de lo que se hace y, fundamentalmente, no decir cosas
distintas antes o después de coger el puente aéreo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señoras y señores
diputados, hoy en esta Cámara los artículos que hacen referencia al
acuerdo del sistema de financiación van a ser aprobados por una
amplia mayoría. Hoy de esta Cámara saldrá, sin el apoyo del Grupo
Socialista, la plasmación, en términos de modelo, que el Gobierno ha
propuesto en la LOFCA. Dijimos desde julio: hay acuerdo, pero deben
negociar qué modelo se instituye para dar encaje a ese acuerdo,
porque es negar la lógica no distinguir y confundir términos del
encaje en el modelo del acuerdo.
El portavoz de economía del Grupo Socialista y responsable de
economía del Partido Socialista dijo hace dos semanas en esta Cámara,
entre otras muchas cosas, lo siguiente: Nuestra posición definitiva
cuando la LOFCA vuelva a esta Cámara después de su debate en Comisión
va a depender de cuál sea la posición del grupo mayoritario en torno
a estas enmiendas que presentará el Grupo Socialista. La posición, no
sólo con las enmiendas del Grupo Socialista sino con todas, ha sido
de una arrogancia extrema. Este proceso ha adolecido de dos
problemas, inoperancia y arrogancia. Primero, es conocido que en
julio dimitió el secretario de Estado de Hacienda, lo cual ha hecho
que desde el Gobierno no se haya desplegado el contenido del acuerdo,
por eso ustedes han tenido 16 enmiendas del Grupo Socialista, de
Convergència i Unió y de Coalición Canaria, cuya única justificación
era pedir la plasmación
en las leyes de acuerdos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Además de inoperancia, porque el secretario de Estado
dimitió y el ministro ha estado con la cabeza en otro sitio, ha
habido arrogancia porque el portavoz parlamentario del PP también ha
tenido la cabeza en Gescartera y a esto le ha dedicado poca
reflexión, quizás una; de enmienda, ni una. Este tipo de actitudes,
la inoperancia y la arrogancia, ponen en riesgo el modelo, el
acuerdo.
Como ha dicho el portavoz de Convèrgencia i Unió, hay once enmiendas
que piden la traslación de contenidos del acuerdo. No aprueban ni
una. Yo entiendo que Convergència y Unió tenga que votar a favor de
las dos leyes, aunque no les aprueben ni una sola enmienda. El señor
Padrol ha dado muchas vueltas, pero podemos ser más directos. Están
discutiendo los presupuestos en el Parlamento de Cataluña (Un señor
diputado: ¡Ahí, ahí!), y como ustedes ahora tienen más diputados que
menos votos, que menos votos que la candidatura Partit Socialistes de
Catalunya-Ciudadans per el Canvi, tienen que estar en lo que están,
presentando decenas de enmiendas, no aceptando ni una y votando a
favor.
Al menos les pido que voten la enmienda número 84 a favor. ¿Saben por
qué?, porque hemos tenido que introducir como enmienda la propuesta
del conseller, que ya fue acordada en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera; no que se tiene que acordar mañana sino que ya fue
acordada en julio, y en los términos literales en que la presentó el
conseller Homs. Ha sido otro de nuestros servicios a Cataluña. Como
preocuparnos porque después de toda esta negociación ninguna
comunidad autónoma, tampoco Cataluña, tiene garantizados los recursos
pactados. Está muy bien, nos alegramos. Han convocado un Consejo de
Política Fiscal y Financiera para mañana, pero ningún consejero en
este momento tiene conocimiento de cuáles son los recursos de que va
a disponer. Es una situación un poco paradójica porque todos están
discutiendo ya sus presupuestos.
La mayoría lo ha hecho muy mal. El jueves pasado discutimos tres
leyes. En una de ellas, la que afecta a la distribución del poder
político en la España autonómica, el texto salió con el apoyo del
Grupo Popular -era un proyecto de ley- y del Grupo Socialista, además
de Convergència, me refiero a la Ley de coordinación de competencias
entre Estado y comunidades autónomas en materia de defensa de
competencia. El trabajo bien hecho tiene futuro. Una ley que
distribuye poder político en el territorio español salió por consenso
en Comisión el jueves pasado. Insisto, lo han hecho muy mal con las
leyes de financiación autonómica y el trabajo mal hecho no tiene
futuro. Nos alegramos de que mañana se reúna el Consejo de Política
Fiscal y Financiera; nos alegramos tanto que nos permitimos especular
si el desarrollo de la Comisión del pasado jueves ha tenido alguna
influencia. Nos gusta pensar que sí.
Señor Pujalte, con las afirmaciones que usted hace sobre las cosas
que se proponen, las que salgan del Consejo de Política Fiscal y
Financiera por unanimidad, usted se está haciendo trampas en
solitario; y digo en solitario porque, en solitario, el Gobierno
central tiene la mayoría en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Esta propuesta la suscribiremos todos el día en que
tengamos un Senado como el que nosotros proponemos, en el que las
comunidades autónomas puedan llevar a cabo su diálogo multilateral
sobre aquellos aspectos que les afectan. Entiendo que a los
nacionalistas de diferente signo y ubicación geográfica lo de un
Senado a la alemana no les guste porque les va bien la relación
permanentemente bilateral, pero el futuro del país es éste; el futuro
del país es dotarse de elementos de federalismo cooperativo, aunque
la palabra a alguno le produzca sarpullidos, que funcionan
razonablemente bien en países importantes de nuestro entorno y que
permitan a las comunidades autónomas dialogar sobre sus problemas.
Ese día, tenga la certeza, señor Pujalte, de que los acuerdos a que
lleguen las comunidades autónomas en el Senado y después con el
Gobierno no serán objeto de imputación en un debate parlamentario. Lo
veremos porque España es un país que es como es, rico y plural,
aunque a veces a algunos les cueste la idea de que se refleje como
es. Lo veremos.
Nosotros mantenemos una serie de enmiendas a la ley de medidas y a la
LOFCA, enmiendas que tienen que ver con la garantía de los recursos
pactados y que afectan especialmente a los artículos 7, 16 y 17 de la
ley de medidas correspondientes de la LOFCA en materia de revisión.
Enmiendas que afectan a corresponsabilidad fiscal y participación de
las comunidades autónomas en la Administración Tributaria; enmiendas
que afectan a las asignaciones de nivelación y a cuestiones de
equidad y otras. Voy a dar por defendidas las enmiendas puesto que da
igual el énfasis que ponga en su defensa -usted y yo ya nos
entendemos-, pero le voy a responder a una interrogante. Usted, el
otro día se preguntaba ¿de dónde proceden estas enmiendas?, ¿quién
inspira estas enmiendas?, ¿de quién son? Señor Pujalte, usted sabe
que yo le tengo mucho respeto, mucho, más del que usted a veces se
profesa a sí mismo con sus estrambotes y con su anecdotización
personal de la polémica parlamentaria. Le respeto como conocedor del
tema de la financiación autonómica, porque usted ha estudiado, ha
escrito y ha publicado sobre el tema. Yo he tenido oportunidad de
leer algunas de sus publicaciones y una por duplicado, en un trabajo
suyo y en el libro El acierto de España, del señor Zaplana. Me supo
muy mal, porque le respeto, que tuviera que salir a decir que había
copiado, cuando quien copió fue el señor Zaplana, porque quien sabe
del asunto es usted. Esto pasa en los modelos cuartelarios de
partidos como el que ustedes tienen. (Rumores.) En mi partido no va a
haber eso, señor Pujalte. Nosotros tenemos un partido plural en el
que discutimos, y le voy a dar
una nota bibliográfica. Tenemos un partido plural, mantenemos
discusiones y damos lugar a documentos como éste: La estructura del
Estado. Política autonómica y municipal del PSOE. Texto aprobado por
el comité federal de 21 de marzo de 1998, por unanimidad. El partido
tiene mérito porque nosotros discutimos; en el suyo, menos. Estamos
viendo el proceso de designación de ponentes en su congreso. Le paso
la nota porque usted estaba interesado y le recomiendo que siga
haciendo las especulaciones que quiera sobre los orígenes, pero
cuando escriba, al final, diga que lo ha escrito usted, no diga que
lo ha copiado porque tendrá usted la bibliografía.
Es necesario esforzarse todavía más para que la LOFCA, que es una ley
muy importante, salga adelante con un consenso tan amplio como el que
va a gozar el acuerdo en sus aspectos básicos. Por eso hoy,
manteniendo el voto negativo a algunos de los artículos de la LOFCA,
nos vamos a abstener en la votación de su totalidad. (Varios señores
diputados: ¡Coherencia, coherencia!) Además, vamos a retirar una
serie de enmiendas, las accesorias o de detalle técnico, a la LOFCA:
las enmiendas 14, 15, 16, 17 y 20; a la ley de medidas, las números
66 a 68, 72 a 77, 81, 86 y 87.
Lo han hecho muy mal desde la inoperancia y desde la arrogancia.
Queremos invocar el consenso. Invocación que en esta Cámara se ha
encontrado con la respuesta de: enmienda, ni una, porque la cabeza
estaba en Gescartera. Mañana hay Consejo de Política Fiscal
y Financiera y la ley se va a tramitar en el Senado, con lo cual
tendremos ocasión de comprobar cuán cierta es su voluntad de que la
LOFCA goce del apoyo tan mayoritario, como sería de desear, de esta
Cámara. Señor Pujalte, espero comprobar dentro de un momento si hoy,
por fin, han escuchado, o si la arrogancia continúa ahora.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel. ¿Grupos
que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que nos han pasado los
servicios técnicos de la Cámara una corrección de errores y mi grupo
cree que ese documento se tiene que incorporar. Agradezco a los
servicios de la Cámara que los hayan detectado, así como el trabajo y
el esfuerzo que han hecho a lo largo de las últimas tramitaciones
parlamentarias.
Decía el señor Bel que había leído alguna de las obras que hemos
publicado. Se lo agradezco, señor Bel, ya sabe que tengo gran respeto
intelectual por usted, le he leído -usted lo sabe- y hemos comentado
alguno
de los artículos que usted ha escrito sobre temas que me parecen muy
interesantes. En la Comunidad Valenciana llevamos mucho tiempo
trabajando en financiación autonómica. Antes de las últimas
elecciones ya presentó el presidente Zaplana lo que luego pasó al
debate como modelo Zaplana, llevamos trabajando mucho tiempo
coordinadamente y hemos impulsado un modelo de financiación que ha
sido un elemento extraordinariamente útil para el debate que se ha
tenido en las últimas épocas. Por tanto, señor Bel, yo le agradezco
que lo haya leído, porque creo que se hicieron aportaciones humildes,
tanto por el presidente Zaplana como por mí mismo, pero que
pretendían servir a que el debate de la financiación autonómica se
celebrara con corrección.
Empieza usted diciendo que hay arrogancia e inoperancia. Señor Bel,
yo no me atrevería a decir eso. Es mucho decir que haya arrogancia
ante el hecho de un acuerdo que se aprueba por primera vez con
unanimidad. Hablar de arrogancia cuando un grupo parlamentario con
mayoría absoluta plantea este debate desde hace muchos meses, se
reúne con la oposición largo y tendido, como saben SS.SS., se reúne
con los grupos nacionalistas de otras comunidades autónomas, se reúne
el Gobierno bilateralmente con las comunidades autónomas...
Arrogancia sería traer aquí una ley y aprobarla con nuestros votos
-tenemos suficientes para hacerlo. Traer una ley después de
muchísimas horas de conversación y llamarlo arrogancia me parece un
poco fuerte. Más arrogancia me parece, señor Bel, decir en esta
tribuna: este no es mi modelo, yo lo acepto porque no tengo mayoría,
pero sepan ustedes, señorías, que si yo gano los voy a arrollar. Me
parece más arrogancia eso y no decir: ustedes han negociado y si yo
gano seguiré negociando. Me parece que sería más correcto. Mi grupo
ha negociado. Se ha aprobado el acuerdo por unanimidad de las
comunidades autónomas y previamente a ese Consejo de Política Fiscal
y Financiera hubo muchísimas horas de conversaciones bilaterales.
Hablar de inoperancia cuando el Grupo Parlamentario Popular asume su
responsabilidad de Gobierno en junio de 1996 y hay un nuevo modelo
antes del 31 de diciembre pactado con los grupos que le daban el
apoyo o cuando presentamos un modelo para el año 2002 desde el
acuerdo, antes del verano, para que se pudiera tramitar bien y además
por unanimidad; hablar de inoperancia cuando estamos aprobando un
modelo que se va a desarrollar en el tiempo, me puede decir usted
otras cosas, pero inoperancia no.
Algunos diputados decían que este es un paso hacia delante. Yo creo
que estamos ante un buen modelo. ¿Que alguien le quiere llamar un
paso hacia delante? Yo lo acepto. Estamos ante un buen modelo de
financiación autonómica, y ahora lo explicaré, que además de ser
bueno, tiene la guinda del consenso en el Consejo de Política Fiscal
y Financiera. Yo entiendo algunas de las cosas que decían los
portavoces y entiendo lo
que decía el señor Rejón. Es verdad que en este modelo, al integrar
los tres canales de financiación de las comunidades autónomas, la
sanidad se incorpora. Por tanto, me parece bien lo que dice el señor
Rejón -y yo creo que es una buena aportación la que hace- de que en
el presupuesto para la sanidad no sólo se diga que la cantidad tiene
que incorporarse en los presupuestos iniciales de las comunidades
autónomas, sino que ese sea el presupuesto para la sanidad real, no
el inicial. Yo creo que es una aportación que habrá que estudiar para
garantizar en mayor medida que los ciudadanos reciban ese servicio
básico que es la sanidad con la financiación adecuada y que luego no
pueda haber una transferencia en las partidas presupuestarias. Me
parecen bien algunas de las enmiendas que presenta el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, y ellos los saben. Hay algunas
que se van a incorporar a lo largo de los trámites parlamentarios,
pero ya saben ellos que nos parece que se deben plantear previamente
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Igualmente nos parecen
bien las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. Son enmiendas
que en algunos casos hacen aportaciones para que se incorporen al
texto de las leyes los acuerdos que se adoptaron en el Consejo de
Política Fiscal y Financiera, pero también saben, y así se lo dije en
la Comisión a los diputados de Convergència i Unió, que es bueno que
esas enmiendas se debatan previamente en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera para que, en caso de que se adopten, se
incorporen en otro trámite parlamentario. ¿Con qué objetivo, señor
Bel? (El señor Bel i Queralt: Ni una.) ¿Ni una? No es verdad. Mi
grupo no ha venido a este debate parlamentario a no aprobar ninguna
enmienda. No es verdad que no nos hayamos estudiado el modelo de
financiación autonómica. Es lisa y llanamente falso, señor Bel.
Nosotros hemos venido a este debate de financiación autonómica a
transcribir en unos proyectos legales los acuerdos que quince
comunidades adoptaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y
usted sabe, señor Bel, y el señor Sevilla también porque fue jefe de
gabinete de un ministro que tuvo que negociar modelos de financiación
autonómica, que es muy difícil llegar a acuerdos. Saben que cuando se
llega a acuerdos con comunidades autónomas, cada comunidad va con su
librito y dice: ¿y de lo mío qué? Ustedes saben que eso se hace así.
¿Cómo que los consejeros no saben lo que va a depararles este
acuerdo? ¿Cree usted que las consejerías de las distintas comunidades
autónomas todavía están en la prehistoria? Señor Bel, son acuerdos a
los que se llega en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cada
consejero ya va con su modelito económico para saber que tras este
acuerdo hay una financiación para ellos. Por eso en este modelo se
han incorporado todas las comunidades autónomas y ha habido que
articular mecanismos para que todas pudieran estar presentes. Usted
lo sabe, señor Bel, y el señor Sevilla también. Cuando las
comunidades autónomas iban unilateralmente,
sabían lo que estaban haciendo, sabían que ese modelo
de financiación autonómica iba a trasladarse posteriormente a su
presupuesto y eso es lo más sagrado que tiene un consejero de
economía de cualquier comunidad autónoma. Cuando iban a negociar
sabían lo que estaban negociando. ¿Que mañana hay un Consejo de
Política Fiscal y Financiera? Nos parece bien, pero no se va a
corregir el acuerdo ya adoptado. Tenemos que avanzar en los acuerdos
que quedaron abiertos. Se tiene que celebrar ese consejo y nos parece
muy bien.
Vamos a aprobar dos leyes que son importantísimas porque dan un paso
sin precedentes en la configuración de la España de las autonomías.
El sistema de financiación común que se ha ido configurando a lo
largo del tiempo se ha basado en acuerdos adoptados en el seno del
Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejo, que fue creado
en el artículo 3 de la LOFCA como órgano consultivo y de
deliberación, es el que ha impulsado todos los acuerdos de
financiación que se han celebrado. Ahora por primera vez se ha
adoptado un acuerdo por unanimidad, porque se pueden distinguir tres
etapas claras, y yo sé que usted lo sabe, señor Bel, la primera,
hasta 1986, donde las comunidades autónomas recibían fundamentalmente
transferencias del Estado a partir de que habían asumido competencias
con el gasto ya determinado; una segunda fase entre 1987 y 1996,
donde se les iban cediendo impuestos a las comunidades autónomas,
pero sin capacidad normativa y con acuerdos que se abrían en canal
cada cinco años; y a partir de 1997, donde se cede a las comunidades
autónomas capacidad normativa en impuestos muy importantes. Ahora,
una vez concluido el proceso de transferencias, estamos en un momento
adecuado para pegar el gran avance en el modelo de financiación
autonómica, un modelo que sea estable en el tiempo. Esa es la
voluntad que nos ha movido. Como usted sabe, señor Bel, si ha leído
lo que escribió el presidente Zaplana y lo que escribí yo mismo, uno
de los primeros requisitos era estabilidad. ¿Por qué? Porque ningún
país con descentralización política tiene modelos de financiación
inestables, ningún país tiene modelos de financiación que cada cinco
años se abran en canal, y hemos estudiado muchísimos países, señor
Bel, y usted los conoce también: Suiza, Canadá, Estados Unidos,
Alemania. Las comunidades autónomas requieren saber cuál va a ser su
horizonte de financiación, y por eso este modelo partía con un
objetivo básico que nos parecía esencial: dar estabilidad a la
financiación autonómica, y como queríamos un modelo estable, señor
Bel, dijimos -y ya lo escribía yo también, ya que me ha leído, señor
Bel, porque no hemos cambiado de opinión- que tenía que ser un modelo
que contara con un consenso que lo hiciera estable en el tiempo. Nos
parecía muy importante quela estabilidad viniera amarrada con el
consenso, porque
si no sería el modelo de unos, el modelo de otros, el modelo del
que mande, y eso abriría la puerta para que fuera modificado cuando
cambiaran las mayorías parlamentarias. Nosotros a esto dijimos que
no, que tenía que ser un modelo que no fuera el modelo de nadie, sino
el modelo de todos, señor Bel. Nos parecía esencial que no pudiera
decir nadie, cuando aprobáramos en esta Cámara el modelo de
financiación autonómica, que este era el modelo de uno o el modelo de
otro, sino que fuera el modelo de la España de las autonomías, que
fuera el modelo de los españoles, que fuera el modelo que garantizara
los servicios públicos de calidad a los españoles.
El señor Sevilla ha dicho muchas veces, y yo se lo he oído en público
y en privado, que hablar de financiación autonómica no es hablar del
dinero que reciben los gobiernos autonómicos; es hablar de los
servicios básicos que reciben los ciudadanos. Por eso el modelo tenía
que tener consenso. Por eso iniciamos hace mucho tiempo
conversaciones en dos ámbitos: en el ámbito político-parlamentario y
en el ámbito territorial; conversaciones con los grupos políticos y
conversaciones con los gobiernos autonómicos, fueran del color que
fueran: con gobiernos autonómicos donde tiene responsabilidad el
Grupo Socialista, con gobiernos autonómicos donde tiene
responsabilidad Convergència i Unió y también con comunidades
autónomas donde hay pactos de gobierno y donde también participa
Izquierda Unida. Nos parecía muy importante que el modelo tuviera
estabilidad y que por eso se forjara en el consenso. Por tanto, señor
Bel, no entiendo que en el Pleno rechacen las enmiendas de totalidad,
sin embargo en Comisión voten que no a la LOFCA y hoy se abstengan.
En la LOFCA no se hace otra cosa que recoger lo que pone el modelo
pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Uno puede
decir: es que a mí me gustaría que no fuera el 33 por ciento del
IRPF, sino que fuera el 40, y otro puede decir que sea el 25, y uno
puede decir que en los impuestos especiales no sea el 40 sino el 50 ó
el 30, pero lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera
son esos porcentajes, que son los que se han trasladado al proyecto.
Usted me puede decir que no es necesario ponerlo en la LOFCA. Ya sé
que no es necesario ponerlo en la LOFCA, pero si estamos haciendo un
modelo pactado, lo lógico y lo que se ha hecho siempre es modificar
la LOFCA. Si queremos modificarla en otro momento, se hará, pero lo
que se ha hecho siempre es incorporarlo a la LOFCA, porque ese es el
modelo que hemos pactado; un modelo, por otra parte, que aumenta la
suficiencia de las comunidades autónomas, pero no sólo va a aumentar
en un horizonte temporal futuro la suficiencia y la financiación de
las comunidades autónomas, sino que va a aumentar la financiación de
las comunidades autónomas desde el primer día.
El señor Sevilla dice que no lo sabe. Pues para no saberlo han hecho
declaraciones diciendo lo que les va a aportar el modelo la consejera
de Andalucía, la consejera de Castilla-La Mancha, por citar algunos
que son de su partido, y el consejero de Extremadura. Todos los
consejeros han ido a sus Parlamentos y han dicho lo que el modelo les
iba a aportar. Para no saberlo, bien que lo han hecho. Lo han hecho
porque lo saben, porque saben que este modelo les va a aportar más
financiación, porque, si no, no hubieran firmado y ustedes lo saben,
pero yo no sé si ahora el Grupo Socialista lo que está haciendo es
lanzar un mensaje a sus comunidades autónomas de que no firmen en la
comisión mixta. No sé si lo que está haciendo es eso o es decir a ver
quién manda aquí en el Grupo Socialista, si los barones, si el señor
Maragall o si el señor Zapatero, y entonces votamos cada vez una cosa
y al final, entre la confusión, uno se puede acoger a lo que votamos
en el Pleno, otro se acoge a lo que votamos en la Comisión y otros a
lo que votamos de vuelta en el Pleno, porque han votado ustedes que
sí, que no y abstención. Han batido todos los récords. (Aplausos.) En
cada trámite una cosa, que sí, que no y abstención. Han jugado
ustedes al 1-X-2. Seguro que aciertan el resultado.
Este modelo da más suficiencia a las comunidades autónomas y aumenta
la capacidad de autogobierno de las mismas, y ustedes lo saben. Lo
hemos discutido hasta la saciedad, señor Bel, y usted no lo puede
rebatir. Existen 15 grandes impuestos y el Estado sólo se reserva
dos: el impuesto sobre sociedades y el impuesto de las primas de
seguro. Sólo dos se quedan para las corporaciones locales -uno de
ellos con vocación de ser modificado-, el IBI y el IAE. El resto de
impuestos o están en su totalidad cedidos a las comunidades autónomas
o estas tienen una participación importante en ellos. Tienen cedidos
impuestos muy importantes: sucesiones y donaciones, transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos no documentados, electricidad,
etcétera, pero es que participan en el IVA, participan en los
impuestos especiales, participan en el IRPF y, además, participan
mejorando su capacidad normativa. Uno puede decir que se podría ceder
más capacidad normativa a las comunidades autónomas -en un libro del
señor Sevilla Segura que hemos tenido ocasión de leer a lo largo del
último año hay un desideratum de ceder más capacidad normativa-, pero
dentro del marco comunitario en el que España está presente se ha
cedido a las comunidades autónomas más capacidad normativa, y las
comunidades autónomas van a poder también hacer políticas con los
ingresos a partir de ahora y eso me parece muy importante.
Sólo hay una restricción en la capacidad normativa en el IRPF: que
sea progresivo, que el impuesto tenga los mismos tramos que el
impuesto estatal. Entiendo la enmienda del Grupo Socialista de querer
un tipo único para las comunidades autónomas, la entiendo, pero eso
no es progresivo; eso es liquidarse la progresividad del impuesto en
las comunidades autónomas. Entiendo dentro del debate político lo del
tipo único, pero eso no está en el acuerdo; es que el acuerdo pone
que las comunidades autónomas tengan una restricción, y así lo
firmaron los consejeros, los mismos tramos. Por tanto, señor Bel, sus
enmiendas no recogen los acuerdos, no es verdad, y le pongo un
ejemplo, el de la tarifa del IRPF. Que hay más capacidad de
autogobierno es evidente, lo dicen todos los consejeros, lo dicen
todos los analistas; que hay más solidaridad en este modelo, eso es
evidente; que se da un avance en la solidaridad, eso es evidente. Es
un modelo con más suficiencia, con más autonomía, con más
corresponsabilidad y con mayor solidaridad. Señor Rejón, hay más
solidaridad en este modelo. El fondo de suficiencia va a dotar a las
comunidades autónomas de recursos que les van a permitir prestar los
servicios públicos de calidad que tienen encomendados y lo va a
permitir porque se les da financiación para que lo hagan, porque este
modelo, que es el de todos los españoles, de todas las comunidades
autónomas, para todos los españoles y para todas las comunidades
autónomas, va a permitir que todos los ciudadanos reciban, vivan
donde vivan, un nivel de servicios públicos de calidad en materia
educativa, en materia sanitaria, en políticas sociales, y ese es un
avance que se da aquí en este modelo y se da también un avance en
solidaridad territorial con el Fondo de Compensación
Interterritorial...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez-Pujalte, le
rogaría fuese concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, voy concluyendo.
Se da un avance importante también en materia de solidaridad con el
Fondo de Compensación Interterritorial y se va a permitir que las
comunidades autónomas que están más alejadas de la renta per cápita
media de España tengan fondos para realizar inversiones que les
permitan acercarse a las comunidades autónomas más prósperas y se va
a permitir además que esas inversiones sean financiadas con el Fondo
de Compensación Interterritorial también en los gastos corrientes
durante los primeros ejercicios y eso, señor Bel, sabe usted que es
muy importante y que ha sido valorado muy positivamente por las
comunidades autónomas.
No sé al final, señor Bel, qué es lo que van a votar ustedes. Cuando
estemos celebrando la votación nos enteraremos, porque cada vez han
votado una cosa distinta. Espero que recobren el camino de la
coherencia en la financiación autonómica, porque sepan ustedes que si
votan que no van a ser desautorizados, creo, por los gobiernos donde
tiene responsabilidad el Partido Socialista, porque seguro que ellos
votarán que sí en las comisiones mixtas, porque estamos, señorías,
ante un modelo de financiación autonómica que mejora sustancialmente
el Estado de las autonomías, que va a permitir que los
ciudadanos reciban servicios de mejor calidad y que va a permitir de
verdad vertebrar la España de las autonomías con una mayoría, pero
con una mayoría que sabe dialogar y que llega a acuerdos y eso es lo
que se ha hecho en el modelo de financiación autonómica.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez-
Pujalte. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la votación de las
enmiendas y el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley
orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Sometemos a
votación las enmiendas números 27 y 28, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 97; en contra, 184; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, cuatro; en contra, 184; abstenciones, 107.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Puigcercós. En
primer lugar, las enmiendas números 31 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, cinco; en contra, 186; abstenciones, 102.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 32 y 35, también del
señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 98; en contra, 184; abstenciones,15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, seis; en contra, 277; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. En primer lugar, la enmienda número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, cinco; en contra, 181; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 24, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 101; en contra, 180; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, cinco; en contra, 271; abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, nueve; en contra, 279; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 103; en contra, 185; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 10; en contra, 187; abstenciones, 101.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda número
37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 114; en contra, 171; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 106; en contra 172; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 108; en contra, 173; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 107; en contra 175; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista. Han sido retiradas las enmiendas números 14 a 17 y la 20.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 96; en contra 185; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 98; en contra, 182; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 101; en contra, 174; abstenciones, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 97; en contra, 187; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar, los artículos 2
y 4 y la disposición adicional única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 182; en contra, 113; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 185; en contra, 11; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE
FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
La señora PRESIDENTA: Efectuamos a continuación la votación de
conjunto dado el carácter orgánico de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 187; en contra, 11; abstenciones, 104.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el mínimo de
los 176 votos exigidos. (Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y
ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos a continuación la votación de las
enmiendas al texto del dictamen del proyecto de ley por la que se
regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades
con estatuto de autonomía.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 20 del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, cinco; en contra, 185; abstenciones, 111.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, tres; en contra, 281; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. En primer lugar la enmienda número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 102; en contra, 183; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 103; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las enmiendas números 6,
7 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, nueve; en contra, 283; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 12, 13, 89 y 90.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 107; en contra, 185; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, siete; en contra, 285; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) En primer lugar las enmiendas números
33 y 43.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 14; en contra, 177; abstenciones, 110.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 113; en contra, 174; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 112; en contra, 172; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 114; en contra, 174; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 114; en contra, 171; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 111; en contra, 174; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 41 y 42.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 15; en contra, 270; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 53.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 113; en contra, 175; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 54.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 112; en contra, 174; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 55.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 113; en contra, 177; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 112; en contra, 177; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 112; en contra, 176; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, excepto las números 66 a 68, 72 a 77, 81, 86 y 87, que
han sido retiradas. En primer lugar votamos las enmiendas 78 y 85.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 99; en contra, 177; abstenciones, 29.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 84.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 99; en contra, 187; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 99; en contra, 188; abstenciones, 17.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen, en primer lugar, los
artículos números 2 y 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 284; en contra, 13; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los artículos 1, 7, 16, 17, 63, 64 y la
disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 186; en contra, 110; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los apartados I, II, III, V, VI y VIII de la
exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 186; en contra, 16; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos, por último, el resto del dictamen con la corrección técnica
al artículo 11.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 288; en contra, 10; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE GESCARTERA. (Número
de expediente 152/000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: Dictámenes
de comisiones de investigación. Dictamen de la Comisión de
investigación sobre Gescartera.
Para la presentación del dictamen de la Comisión tiene la palabra su
presidente, señor Mardones. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio o abandonen el
hemiciclo quienes lo vayan a hacer, también en silencio, a ser
posible. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y abandonen el hemiciclo quienes lo
vayan a hacer para poder continuar con el debate.
Adelante, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Comparezco cumpliendo este trámite reglamentario, una vez que han
terminado mis competencias como
presidente de la Comisión de Investigación Gescartera, para presentar
el dictamen que ha realizado la Comisión. Para tranquilidad de SS.SS.
sólo a efectos de visualización, este es el dictamen que ha elaborado
la Comisión, donde están todas las partes que yo voy muy somera y
sucintamente a señalar.
Se ha hecho un trabajo a lo largo de los dos meses -mandato que dio
el Pleno en esta Cámara precisamente para la creación de esta
Comisión- que se divide en la presentación actual en un primer punto
de antecedentes y actuaciones; un segundo que se refiere
fundamentalmente a los hechos que la Comisión ha ido desgranando,
viendo y analizando; un tercer punto donde está la valoración de las
actuaciones de las administraciones públicas y de otros sujetos; un
cuarto punto que es el de las responsabilidades políticas; un quinto
de conclusiones, y un sexto de propuestas de mejora.
En los antecedentes, desde aquella reunión de la Comisión de Economía
y Hacienda, el 2 de agosto pasado, con comparecencia de la entonces
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, doña Pilar
Valiente, se produce una serie de hechos que llevan al Pleno del 6 de
septiembre a crear esta Comisión y se le señalan diez objetivos a
cumplir, que van desde conocer a fondo la actuación de Gescartera, el
análisis del funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, la asistencia de cualquier figura cooperadora para el fraude
que se había evidenciado ya judicialmente, las irregularidades que
pudiera haber en la captación de inversiones públicas o privadas,
tratos de favor, régimen de incompatibilidades de personas implícitas
en las comparecencias o en las actuaciones del Banco de España con
relación a Gescartera.
Esta presidencia entiende que estos diez puntos han sido cumplidos en
análisis por la Comisión. La Comisión estaba constituida por 16
diputados, contando con la presidencia, y este presidente quiere
agradecer a los 15 la cooperación, el entendimiento de hacer posible
que avanzara una Comisión conflictiva por ser fundamentalmente una
Comisión parlamentaria política, y la política tiene la servidumbre
democrática, honrosa servidumbre, del debate, de la discrepancia.
Esta presidencia quiere decir aquí, en el informe que presenta ante
este Pleno, que ha tratado en todo momento de darle una credibilidad,
con el auxilio de los 15 restantes parlamentarios, una credibilidad
sin intermediarios expuesta ante todos los medios informativos, dado
que las sesiones de comparecencias fueron públicas, abiertas a todos
los medios de comunicación para que la opinión pública española
tuviera fiel reflejo de todo lo que allí se debatía.
La presidencia tuvo que realizar estos trabajos con el auxilio de la
Mesa que le acompañó, el vicepresidente y el secretario, a lo largo
de 24 sesiones celebradas, que contemplaron 54 personas que fueron
llamadas a comparecer y con un total de aproximadamente 190 horas
de trabajo en la Comisión formal. Eso ha llevado a la Comisión a
presentar una serie de conclusiones, en número de siete. Al ser
objeto de una votación de la Comisión, en un respeto democrático de
pluralismo, presentado el documento formal de estas siete
conclusiones, esta presidencia entiende que serán los portavoces de
los grupos parlamentarios los que fijen su posicionamiento ante ellas
para hacer vivo, democrático, transparente y profundo el debate.
Los siete puntos de estas conclusiones -que SS.SS. y los medios de
comunicación tienen a su disposición, por lo que hago gracia de su
lectura prolija e innecesaria- contienen las exigencias que pueda
haber de responsabilidades políticas y administrativas, bien de
personas que dimitieron, bien de personas que están o estuvieron al
frente de áreas de responsabilidad, bien de aquellas instituciones,
llámese Comisión Nacional del Mercado de Valores, llámese Agencia
Tributaria, llámese Banco de España, llámese organizaciones privadas,
que estuvieron presentes en los debates de esta Comisión y fueron
respondiendo disciplinada y legalmente al llamamiento producido.
Entiende la presidencia que estas siete conclusiones tienen que ser
glosadas y debatidas por los distintos portavoces dado que el
documento, como he dicho anteriormente, obra en poder de todos.
En los trabajos de la comisión, se añadió acertadamente a estas
conclusiones una serie de propuestas de mejora porque entendió la
Comisión que junto a lo que pudiera estar afectado, por respeto a las
distintas jurisdicciones y soberanías sobre personas y cargos
políticos o responsabilidades de terceros privados, había que
analizar alguno de los puntos que ha elaborado la Comisión, por
mandato del Pleno que se refieren a instituciones o administraciones
públicas o privadas. Creemos que se ha hecho una gran aportación con
este apartado tercero de propuestas de mejora, donde menos presentes
han estado el debate y la polémica política porque se han concitado
concordancia o similitud de pareceres entre todas las fuerzas
políticas parlamentarias representadas en la Comisión. Aquí se ha
extendido en una serie de llamadas a las distintas administraciones
públicas, como medidas cautelares unas, como medidas de reforma de
legislaciones presentes otras; tanto al sistema financiero español
como punto de ahorro de la ciudadanía española, como a aquellas
entidades que están obligadas por ley bien a su tutela, inspección
o supervisión, bien a la vigilancia de centros de inversión, desde la
Bolsa a las agencias de valores, bancos y cajas, que tienen que estar
aquí junto con los instrumentos del Estado, como puede ser la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o el Banco de España, y sobre
todo observaciones de propuestas de mejora dirigidas a instituciones
que han sido verdaderamente nucleares en los debates de la Comisión,
como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que se
dirige una amplia batería de propuestas de reforma y de
mejora. No han quedado fuera de ellas las instituciones financieras.
Por ejemplo, en la propuesta de reforma número 17 se incide en
fomentar la asociación de sociedades gestoras de cartera para que
ellas mismas generen en una sociedad civil la autorregulación de
estas agencias de valores y de las sociedades gestoras de patrimonio.
Hemos insistido fundamentalmente en que se debe prestar atención, por
el legislador y por el poder del Estado residenciado en el Gobierno,
a las sociedades que se dedican desde el mundo privado a prestar
funciones de auditoría (ha sido una de las piezas a la que los
señores diputados miembros de la Comisión han dedicado su atención
preferente en el análisis del comportamiento de las sociedades de
auditorías de empresas) para que la auditoría sea un elemento garante
y de confianza ante la Administración y ante los administrados.
No falta en este informe una referencia fundamental a un
comportamiento de esta Cámara. Eso se refleja en tres puntos que esta
presidencia, terminando ya su exposición ante SS.SS., quiere
evidenciar aquí. En primer lugar, proponer que el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezca ante la Comisión
de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una vez cada
periodo de sesiones para presentar la memoria anual e informar del
desarrollo de los trabajos del organismo. En segundo lugar, esta
Cámara tiene soberanía para tomar la decisión, que viene en esta
propuesta, de remitir al ministerio fiscal, a través de la mesa de la
Cámara, los diarios de sesiones correspondientes a las comparecencias
celebradas ante la Comisión, así como toda la documentación aportada
por los comparecientes durante o como consecuencia de la misma. Todo
ello para colaborar con la investigación que se está desarrollando en
relación con Gescartera en el Juzgado de Instrucción número 3 de la
Audiencia Nacional. Esta Cámara tiene que cooperar con el Poder
Judicial a través de la residenciación de esta documentación, en
presunción de que pudieran haberse cometido delitos, como no podía
ser de otra manera.
Finalmente en la recomendación número 22 se insta al Congreso de los
Diputados, señora presidenta, para que realice una regulación
detallada de las comisiones de investigación, de acuerdo con la
experiencia manifestada en la Comisión de Investigación sobre
Gescartera y los antecedentes de otras comisiones de investigación,
dentro del proyecto de reglamento de la Cámara, actualmente en
trámite. Señora presidenta, esta es una recomendación a la cual el
presidente de la Comisión quiere prestar el mejor apoyo de
participación con el anuncio de que, con los servicios de la Cámara
que han acompañado en su asistencia letrada a esta presidencia y a la
Mesa de la Comisión, elevaremos a la presidenta de nuestra Cámara un
escrito de reflexiones que va en la línea de cumplimentar este
acuerdo para que la Comisión de Reglamento del Congreso
pueda dotar a las comisiones de investigación de un reglamento
concreto para que la posición del presidente no sea de precariedad y
para que, cuando se invoca el derecho de amparo al presidente, no sea
éste el más desamparado por el Reglamento en el funcionamiento de la
Comisión. Señora presidenta, este presidente creyó entender, en un
sentido democrático de dignidad, que había que velar por el prestigio
de la Comisión, prestigio ante los medios de comunicación, prestigio
ante la opinión pública, prestigio de autoestima ante nuestra propia
Cámara, y por eso hizo una interpretación flexible de aquellos
artículos del Reglamento que, con referencia genérica a las
comisiones parlamentarias, pudieran no constreñir el derecho de los
diputados a utilizar amplitud de tiempos en los interrogatorios de
las comparecencias, en el análisis de la documentación y en corregir
todas las deficiencias posibles.
Quiere esta presidencia señalar esta necesidad de un nuevo reglamento
para que la credibilidad esté junto a la eficacia y que el nuevo
reglamento contenga mandatos imperativos a las distintas
administraciones públicas para la colaboración con esta Cámara. Esto
lo tiene que referir esta presidencia por la polémica que se ha
suscitado ante medios de opinión pública con el problema de la
garantía. Este nuevo reglamento y la legislación que afecte a
organismos oficiales y a las distintas administraciones públicas
tiene que recoger el deber inmediato de cooperación con la Cámara,
órgano soberano de la voluntad popular española, de acuerdo con
nuestra Constitución, para que no se produzcan hechos como que
demandas de documentos a una administración pública determinada el
día 11 de septiembre hayan obtenido respuesta el 8 de noviembre,
incluso dejando a la presidencia fuera de una actuación competencial,
al interpretarse, de acuerdo con el artículo 51 de nuestro
Reglamento, que las funciones de una comisión terminan en el momento
de cumplir con su cometido y mandato. El día 7 de noviembre
terminaron las competencias de la Comisión, de acuerdo con el mandato
del Pleno, y también terminaron las competencias de la presidencia,
pero las secuelas han continuado. Ese amparo que merece cualquier
ciudadano debe estar recogido ahí. Todas las administraciones
públicas tienen que sentirse obligadas por un mandato imperativo de
cooperación con el Congreso de los Diputados, con las comisiones de
investigación soberanas para que no ocurran estas dilaciones, porque,
incluso, podría producirse, como se ha producido, la imposibilidad de
amparo a alguna persona determinada. Lo tengo que referir aquí porque
están los hechos sumariales de nuestro dictamen. La entonces
presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores compareció
ya sin serlo y documentos que han producido menoscabo de los rigores
de garantía de información han traídoproblemas, tanto a la
presidencia de esta Cámara, como
a la presidencia de la Comisión de Investigación de Gescartera.
Para finalizar, señora presidenta, quiero expresar aquí mi
agradecimiento de una manera específica a los dos letrados que la
presidencia puso a disposición de esta Comisión, don Alberto Dorrego,
director de comisiones de esta Cámara, y doña Mónica Moreno, que
dieron arropamiento y seguridad jurídica a las decisiones de orden
interno que tuvo que adoptar la presidencia. Quiero agradecer a los
servicios de la Cámara las horas y horas, y malos ratos nocturnos que
han tenido que soportar para facilitar a todos los comisionados el
inmenso caudal de documentos llegados y las peticiones reiteradas de
documentos a distintas personas y entidades públicas;
fundamentalmente el agradecimiento a los quince compañeros, en este
momento diputados de todas las fuerzas parlamentarias, que supieron
entender las dificultades de la presidencia para llevar adelante,
como digo, el trabajo de una Comisión sin reglamento o utilizando
retales y remiendos del Reglamento de la Cámara para comisiones
generales. A todo ello la Comisión ha prestado un importante servicio
de transparencia ante la opinión pública porque, cualquiera que haya
sido después la aplicación aritmética del voto, ninguna fuerza
política parlamentaria se ha quedado sin expresar su pensamiento en
la Comisión. De las deficiencias de funcionamiento puede ser
responsable solamente el presidente que hoy, una vez más y al final,
se acoge sencillamente al amparo de la cámara para que las comisiones
de investigación en el futuro puedan trabajar con el valor, la fuerza
y el asentamiento democrático que un Estado de Derecho, como el
nuestro, reconoce.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Tras la presentación del dictamen, corresponde el turno a favor de
los votos particulares por el orden de presentación.
En primer lugar, para defensa y presentación del voto particular del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha votado en contra del
dictamen de la Comisión, y sigue con sus opiniones votando en contra
de las alternativas que se han dado a esta situación; es como la voz
que clama en el desierto, aunque consta desde primera hora que
nosotros somos la voz y vosotros sois el desierto.
Señora presidenta, nosotros hemos empezado esta Comisión viendo cómo
el señor Aznar con rotundidad, incluso con elegancia, esgrimía el
eslogan de caiga
quien caiga. A partir de ahí hemos visto cómo se producía un cierre
en vida de la Comisión en dos etapas: una primera cambiando el
formato que nos habíamos dado a la hora de aprobar los planes de
trabajo, fundamentalmente para proteger a los ministro Rato y
Montoro, en un momento en que los trabajos de la Comisión, ese
parlamentarismo hasta cierto punto de nuevo tipo estaba arraigando en
mucha gente. No podía continuarse por esta vía y se cortó
radicalmente sustituyendo los planes de trabajo por otros que se
había dado la mayoría absoluta en sus reuniones correspondientes;
después se produjo el cerrojazo final, abrupto y astillado.
Pensamos que el Ministerio de Administraciones Públicas se ha quedado
absolutamente fuera de juego, y no basta con disfrazarse de pulga
para no cumplir con las responsabilidades con esta Cámara. Cuando
llegan nuevos documentos a la misma, al menos después del cierre
definitivo en Comisión, hasta cierto punto se reabre la Comisión y
son necesarias desde nuestro punto de vista otras comparecencias, por
ejemplo, la del señor Posada; por ejemplo, la de don Enrique
GiménezReyna que hubiera tenido que comparecer por segunda vez, ya
que aparece absolutamente clara su responsabilidad a la hora de
mezclar lo público con lo privado, a la hora de establecer un poder
público como ayuda personal en función de sus contactos comerciales y
clientelares de todo tipo. Al mismo tiempo quedaba una vía por
investigar, en la que no hemos podido entrar.
Había dicho un altísimo dirigente del Partido Popular que Gescartera
es una gran lavadora de dinero negro. Pues bien, no hemos podido
entrar en esa lavadora, en los trabajos de esa lavadora. Sí hemos
visto que en la Comisión el tema del dinero negro utilizado por
Gescartera se usaba como arma arrojadiza para intentar callar a unos
y a otros. Hemos visto también que del informe que se iba hacer, al
final se hablaba simplemente de actuaciones personales, con lo cual
nunca vamos a acceder a un informe global, enterizo, a un redactado
con respecto a la utilización, al trasiego de dinero negro a través
de Gescartera. Nosotros pedimos la prolongación de los trabajos de
esta Comisión y, señora presidenta, pedimos que esta parte específica
de nuestro voto particular se segregue y tenga una votación aparte.
Señorías, hemos comprobado que el caiga quien caiga, al final, ha
sido más un eslogan del Gran Wyoming que un discurso solemne y
ponderado del presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, pensamos que
se intenta cerrar, falsificar el sentido de esta Comisión cuando se
quiere eludir el problema de las responsabilidades políticas.
Voy a ir en corto y por derecho a lo que decía el señor Aznar en la
oposición, con el que estábamos de acuerdo, con el que seguimos
estando de acuerdo. Él decía: Hay que separar culpas de
responsabilidades. Llegó a decir en un momento: No más datos, hay
suficientes datos; ahora hay que ir a los responsables, hay
que ir a quien nombró a los responsables, hay que ir al máximo
responsable siempre, el presidente del Gobierno. Y se le instaba al
presidente del Gobierno: Señale usted a los responsables, porque si
usted no los señala, usted será el responsable. Esa era la
estilística, ese era el criterio. Ese criterio, por coherencia y por
decencia, hay que mantenerlo con mayoría absoluta y sin ella, hay que
mantenerlo en la oposición y en el Gobierno. El responsable es quien
elige y el elegido. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que
el señor Aznar, el Partido Popular, no ha sido coherente con lo que
es la matriz exacta del funcionamiento democrático, la ética de la
representatividad. Ustedes no creen en ella y han utilizado la lucha
contra la corrupción como un instrumento meramente de tipo electoral.
Saltará en esta Cámara, como ha saltado en algunos medios de
comunicación, una frase que sin duda es efectiva en el trabajo
mediático de cara al contacto con los electores y electoras, con los
ciudadanos, pero falsifica el objetivo de esta Cámara y falsifica el
objetivo de la comisión de investigación. La frase muy simple, pero
que se va a repetir, es: No se ha demostrado que el señor Rato
estuviese detrás de la trama de Gescartera. No se trata de eso. Ese
es un discurso jurídico, ese es un discurso penal, ese es un discurso
que no se corresponde con la búsqueda de una responsabilidad
política. Nosotros no tenemos que demostrar que se ha pillado al
señor Rato en un delito flagrante, no tenemos por qué demostrar que
se le ha cogido con las manos en la masa; tenemos que demostrar que
ha elegido mal, que no ha controlado a aquellos que ha elegido y que
los reguladores, puesto que él es el regulador de reguladores, no han
funcionado y han funcionado fatalmente en algún caso. Voy a poner un
ejemplo para que se entienda, aterrizando de inmediato. Lo contó el
señor Ramallo en la Comisión. Cuando lo llama el señor Rato al dejar
este Congreso, le pregunta: ¿Tu que quieres, Transmediterránea o la
Comisión Nacional del Mercado de Valores? El señor Ramallo contestó:
En función de lo que yo voy a hacer en el futuro, prefiero la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esa es la responsabilidad
del señor Rato, esa forma de elegir. (Aplausos.) La responsabilidad
del señor Rato es que en un momento determinado, «partidizando» la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, manda a tres guerreros de
la división al consejo de la CNMV, a doña Pilar Valiente, a don Luis
Ramallo y al señor Roldán Alegre. Esta división, que neutraliza y
aborta las posibilidades de intervención, es la que está en la base y
en la relación de causa efecto con respecto de la provocación de la
estafa y al agujero de 18.000 millones de pesetas. Ésa es la
responsabilidad del señor Rato, haber dividido la Comisión, no
haberla dejado funcionar y haber permitido que cambiara la dialéctica
desde la intervención a la protección de Gescartera. Ésa es la
responsabilidad y esa responsabilidad está absolutamente mostrada,
demostrada y comprobada.
Desde luego, es responsabilidad nombrar, proponer al gobernador del
Banco de España, señor Caruana, anterior miembro del consejo de la
CNMV, anterior director general del Tesoro y en la línea directa de
una negligencia, de una imprudencia, de una falta de actuación de los
reguladores, porque como ha dicho el señor Aznar, menos gobiernos,
menos controles, menos reguladores, mercado libre; y en ese mercado
libre se produce otra decisión: el nombramiento de don Enrique
Giménez-Reyna. Se conocía cómo actuaba, se conocía que mezclaba su
influencia en la Agencia Tributaria, en el Ministerio de Hacienda con
sus intereses privados. Se conocía a fondo, pero claro desde un punto
de vista neoliberal, eso es normal -se nos ha dicho en la Comisión-,
así funcionan todos los sistemas financieros de Europa. Eso es
absolutamente normal, comer con los clientes, mezclar los consejeros
de la CNMV con Gescartera, saludar la elección como presidenta de
Gescartera de doña Pilar Giménez-Reyna. Nos han dicho que eso es
normal. Entonces lo anormal en todo caso es que se le haya cogido en
este tipo de cosas a don Enrique Giménez-Reyna.
Descendamos, si ustedes quieren, a los datos concretos, a los datos
que no admiten duda y que prácticamente están en todos los medios de
comunicación y en todos los votos particulares. El 16 de abril de
1999, hay una reunión cuyas pruebas circunstanciales anuncian que
hacía falta la intervención, un informe de supervisión encima de la
mesa, y se dice que hay un posible agujero de 4.500 millones de
pesetas. ¿Qué impide intervenir? La división del consejo, la
politización, con comillas, que ha practicado el señor Rato,
neutralizando la iniciativa del presidente y de uno de los consejeros
que se reúnen un día antes con el señor Vives, jefe de la división de
supervisión. No se interviene y a partir de ahí se puede empezar a
cometer un enorme error, un enorme defecto por imprudencia. El 17 de
junio de 1999 sucede una serie de cosas que parece que son normales,
pero tienen un sentido profundo. El señor Botella, que sustituye al
señor Vives, realiza un gesto simple: cambia la fecha de referencia
del expediente de supervisión. Eso significa que todo lo actuado,
todo lo investigado por el señor Vives se segrega y desaparece del
expediente, ni más ni menos. Se anuncia una medida tranquilizadora en
el seno de la reunión del consejo, se dice: se va a constituir una
SICAV en Luxemburgo y esto es -textualmente- una noticia
tranquilizadora; SICAV que nunca se constituye. Invirtiendo la
dialéctica, si el anuncio de la constitución de la SICAV supone una
noticia tranquilizadora para empezar a proteger Gescartera, ¿por qué
nunca supone una noticia intranquilizadora que no se constituya la
SICAV? Porque hay ya una filosofía de protección. Se pasa de la
filosofía de la intervención de Gescartera a la filosofía del
salvamento de Gescartera. Una prueba más. A partir de fallar la
posibilidad de constitución de una SICAV o SIMCAV en Luxemburgo, el
señor Camacho engaña a todo
el mundo, y ahora veréis como el engaño es un engaño que se puede
conectar con las películas de Toni Leblanc de la postguerra. Le dice
a un señor que se llama Rodríguez Gil: dame tres talones por 3.900
millones. Rodríguez Gil le dice: oye, que yo no tengo ni un duro. Le
vuelve a decir: dame tres talones por 3.900 millones, toma estos tres
talones míos por 3.900 millones y guárdalos; si tú sacas dinero de
ahí yo me gasto los tuyos. El señor Camacho coge los tres talones y
empieza a pelotear con ellos, termina ingresándolos en la Caixa y
nadie comprueba que esos tres talones del señor Rodríguez Gil, que
dirige Hari 2000, son tres talones sin fondos, engaña a todo el
mundo. Y con esos tres talones sin fondo se habla de constituir una
SICAV, que tampoco se constituye nunca porque era falsa. La Caixa, la
CNMV y todos se dejan engañar por el señor Rodríguez Gil, que terminó
llorando después del interrogatorio de la Comisión de investigación.
Todavía pasa más, algo que han reiterado hasta la extenuación,
incluido el señor Rato, ya que se produce en ese momento la entrega
de una auditoría de Deloitte & Touche que está limpia y que no tiene
salvedades. Y se les olvida que, en función del Decreto de 1990, que
ellos corrigen subrepticiamente al final, en el marco de la
trasposición de una directiva que tiene veintitantos folios, los
auditores no tienen que investigar el patrimonio de los clientes,
solamente las cuentas que se les entrega. Eso lo saben ellos, pero
corrigen y hacen la chapuza en pleno verano del año 2000 y
constantemente repiten: la auditoría no tenía salvedades, la
auditoría era limpia. Porque no podía ser de otra manera, como todas
las auditorías en este país. Existen, sin duda, agencias de valores
tocadas en este momento, no voy a ir más allá, pues las auditorías
que conforman la situación contable no patrimonial de esta agencia de
valores son limpias todas, no tienen ninguna salvedad.
Bien, julio del año 2000, para que vean ustedes la chapuza que se
viene produciendo en esta filosofía de salvar Gescartera y, para
algunos, como sea; algunos que ya están recibiendo regalos. Se
produce la dialéctica del vigilado obsequioso que captura al
vigilante, llegando al esperpento que el modelo de vigilado es el
señor Camacho y el modelo de vigilante es el señor Ramallo, en julio
del año 2000. En este mes, en uno de los primeros puntos del orden
del día, desemboca el expediente que va a dar con la sanción a
Gescartera, y en uno de los últimos puntos del orden del día se
propone la elevación -voy a utilizar el mismo término que el señor
Rato- de Gescartera de sociedad de gestión de cartera a agencia de
valores. Se aprueba el primer punto pasando la sanción de muy grave a
grave y el mismo día se aprueba la elevación de Gescartera a agencia
de valores. Julio del año 2000.
Fíjese cómo siguen las cosas. El 5 de agosto, en pleno verano, entra
la propuesta de elevación, firmada por el señor Martínez Pardo y
aprobada en consejo por unanimidad, en la Dirección General del
Tesoro,
dependiente directamente del señor Rato. Y la Dirección General del
Tesoro, en un gesto que se ha producido muy pocas veces, entre el 5
de agosto y el 1 de septiembre, que es la fecha de la orden
ministerial, aprueba la elevación de Gescartera. En pleno verano, en
pleno mes de agosto, entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre. Firma
el señor Folgado el 1 de agosto, con firma delegada del señor Rato, y
esa orden ministerial tiene -me van a permitir una metáfora- un gran
aroma prevaricador. Esa orden ministerial tendría que ser estudiada
en todas las facultades de Derecho a partir de ahora, porque dice: sí
-desvaído- y no. Y se queda con no, y ese «no» no reproduce el
acuerdo del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Estuvo el señor Pardo y dijo: esta orden ministerial tiende a la
confusión, yo no hubiera aceptado el contenido de esta orden
ministerial. ¿Por qué? Porque el consejo aprueba que para elevar
Gescartera tiene que participar la ONCE en un 10 por ciento en
Gescartera Dinero y en un 25 por ciento en Gescartera Holding. Hay
que dejar a Camacho en minoría, Camacho tiene que dejar la
presidencia, lo mismo que el señor De la Serna el apoderamiento de
Gescartera, y hay que pasar a una serie de técnicos de la ONCE a
Gescartera, porque poco a poco se va a ir convirtiendo Gescartera en
la división financiera de la ONCE. Pues bien, nada de esto ocurre
excepto lo del 10 por ciento. Y en lo que aprueba el consejo de la
CNMV se dice: al tiempo, el 10 por ciento en el accionariado y la
participación del 25 por ciento en Gescartera Holding. ¿Esto es
ayudar o no a Gescartera? Pues claro que sí, señorías. Aquí hay un
papel que lo dice clarísimamente. Desde ese punto de vista, nosotros
creemos que hay aquí una gran responsabilidad política.
Febrero del año 2001. Se produce la inscripción de Gescartera, se
aprueba, se cumplen una serie de trámites y hay que inscribir, y
solamente se recoge el requisito del 10 por ciento. Otra cosa más: no
se observa de manera adecuada el cumplimiento del artículo 67 de la
Ley del Mercado de Valores. Ese artículo dice que para esa elevación,
o cosas similares, tiene que probarse la honorabilidad no sólo del
presidente -ha sido sustituido Camacho por Pilar Giménez-Reyna-, sino
de los accionistas destacados, y el señor Camacho tiene el 90 por
ciento de Gescartera cuando se produce la transformación en agencia
de valores; no se cumple el artículo 67 de la Ley del Mercado de
Valores.
El 14 de junio del año 2001, tres meses y medio después, en un solo
día cae el castillo de naipes, en un solo día, con menos garantías
formales que el 16 de febrero de 1999. Se dijo que Armesto había
citado de un día para otro; Pilar Valiente cita el mismo día. Se dijo
que no se conocía sino desde la mañana el informe de supervisión del
señor Vives; no hay informe de supervisión el 14 de junio del año
2001. Se dijo que se había discutido poco tiempo, dos horas y media;
se discute en una hora y cuarto la intervención inmediata, sin
informe del consejo de supervisión, sin orden del día. Eso sí, de
pronto, el 14 de junio, recupera la inteligencia la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y ve que los depósitos en dos bancos son
falsos, lo ve de pronto. Reciben de Atlanta un fax, que el señor
Camacho ha encargado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por primera vez, a simple vista, descubre que el fax de Atlanta no
reproduce sino una falsificación de los depósitos de Gescartera; de
pronto ha recuperado la inteligencia y se produce la intervención.
Qué casualidad, un día después -esto está comprobado por la
declaración del señor Botella- de que se les llame desde Cajamadrid y
se les diga que se ha intentado falsificar por dirigentes de
Gescartera un sello de Cajamadrid. A partir de ahí todo estalla,
llamadas telefónicas, parece que todo se descubre, coincide el
descubrimiento de los depósitos falsos. Sin orden del día, sin
informe de supervisión, se interviene Gescartera. ¿Se tenía que haber
intervenido? Sí, claro que sí, el 14 de junio de 2001 y el 16 de
abril de 1999. ¿Cuál es la responsabilidad política, y veremos qué es
lo que dice el artículo 121 del Código Penal por imprudencia? Pues
que en lugar de intervenir con 4.500 millones de agujero se
interviene con 18.000 millones de agujero, en un proceso de
protección política a Gescartera. No hay responsabilidad ahí, no se
sigue desde el punto de vista del político responsable ni desde el
punto de vista del político que a la hora de elegir, que a la ahora
de vigilar al elegido, tiene que seguir cumpliendo su misión. Son
hechos y son responsabilidades políticas.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya.
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Hay otro problema más: los reguladores no funcionan. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores tiene un proceso de funcionamiento
degenerativo. El Banco de España, como mínimo, un proceso abúlico,
que no tiene competencias y las pocas que tiene no las cumple. La
Dirección General del Tesoro lleva un funcionamiento absolutamente
irregular e inaceptable y la Agencia Tributaria igualmente no
funciona y se producen inhibiciones absolutamente sospechosas. ¿Y
quién es, señorías, el regulador de reguladores? El señor Rato,
ministro de Economía, quien marca los cauces, el terreno de juego, la
posibilidad de intervenir o no políticamente. (Aplausos.)
A partir de ahí, las medidas que plantea el Partido Popular no son
aceptables. Parece decirnos con sus medidas que todo estaba bien, que
eso es normal en el mundo financiero, que el funcionamiento de ellos
es normal pero que han caído unos cuantos sobre la marcha porque han
sido descubiertos y ha sido muy descarado, y plantea medidas
absolutamente superficiales. Y algunas dimisiones no se producen en
función de una
asunción de responsabilidad política, no. Doña Pilar Valiente dimite
cuando se publica un dietario que la implica, no cuando ella asume
una responsabilidad política. (Aplausos.)
Por tanto, señorías -termino, señora presidenta-, aquí no vale con
que dimitan el ecónomo y dos figurantes (Rumores.), máxime cuando me
acabo de enterar que el ecónomo tiene indulgencia plenaria. (Risas.)
Aquí hay que ir a la responsabilidad política real y, en función de
ella, nosotros pedimos el cese por el señor Aznar de los señores
Montoro y Rato y la dimisión del señor Caruana. Y entre las medidas
de fondo, de las cuales hasta ahora no nos han aceptado ni una coma
(ni siquiera nos han aceptado que se graben en vídeo o audio las
reuniones del consejo de la CNMV), planteamos, por ejemplo, que el
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se elija y
se controle por el Congreso, tramitándose el informe semestral que
tiene que rendir ante este Congreso de los Diputados.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya. Sabe que ha
sobrepasado en mucho su tiempo. (Protestas.-Varios señores diputados:
¡Siempre igual!)
El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Planteamos que se democratice la ONCE, planteamos que la Iglesia se
dedique a lavar almas y nada más (Aplausos.), que rinda un balance
anual de todo el dinero que reciba del Estado, de óbolos, de
limosnas, de lo que sea, y planteamos, en definitiva, que haya
medidas de fondo. Porque a partir de aquí, señores del Partido
Popular, lo que puede empezar a pensar mucha gente es que el Partido
Popular no es que sea incompatible con la corrupción, sino que es
incompatible con la transparencia.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro,
señorías, nos sorprenden enormemente las ausencias de los ministros
del Gobierno y de los diputados del Partido Popular (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) en un debate político tan importante
como éste, incluso del presidente Aznar. (Varios señores diputados:
Ahí, ahí.) El Partido Popular y el Gobierno que este sustenta nos han
traído hoy aquí este asunto de forma precipitada, para dar carpetazo
a un tema que les compete, les afecta y que empezaba a hacerles daño
desde el punto de vista político.
La filosofía de luz y taquígrafos y del caiga quien caiga del señor
Aznar no se ha aplicado en la Comisión
de investigación de Gescartera. Muy al contrario, el Partido Popular,
pilotado por el Gobierno, ha dirigido y orientado todo el proceso,
utilizando sin reparos la posición de mayoría absoluta que tiene en
esta Cámara. Desde que comenzamos los trabajos pudimos observar que
los intereses de los grupos parlamentarios no eran los mismos, que
unos queríamos contribuir a esclarecer los hechos y que otros,
fundamentalmente el Partido Popular, pretendían tapar los hechos que
pudieran afectar al Gobierno y al Partido Popular. (Varios señores
diputados: Sí, sí, sí.-Rumores.) Los comisionados del Partido Popular
han conducido el proceso controlando a los comparecientes,
estableciendo quiénes y cuándo debían comparecer, controlando la
información recibida, imponiendo el calendario y el ritmo de trabajo,
cambiando el formato de las últimas cuatro comparecencias, las de los
señores Folgado, Caruana, Montoro y Rato, con el fin de evitar que
tuvieran que responder algunas preguntas comprometidas para ellos; en
definitiva, dándoles un trato discriminatorio difícil de explicar a
los ciudadanos que han seguido con interés y preocupación este
asunto. Tan sólo la colaboración de ciertos comparecientes, el
trabajo y las preguntas realizadas por los comisionados,
informaciones aparecidas en los medios de comunicación, que han
seguido la Comisión con auténtico interés, y las declaraciones de los
implicados en la Audiencia Nacional nos han permitido saber algunas
cosas relevantes y avanzar en la investigación.
A tenor de lo que hemos conocido con gran esfuerzo, a juicio de este
comisionado y del Grupo Vasco, el caso Gescartera no es un caso de
estafa financiera con implicaciones políticas, en nuestra opinión, el
caso Gescartera se evidencia cada vez más como un caso de corrupción
política con consecuencias de estafa financiera. (El señor Hernando
Fraile: ¡Bueno, vaya chorrada!- El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela:
¡Las tragaperras!-Un señor diputado: ¡Tranquilo!) Debe ser una
chorrada, según los señores del Partido Popular, suba aquí y explique
por qué, señor Hernando. A nuestro grupo le preocupan los cientos de
inversores bien intencionados que han perdido sus ahorros acumulados
a lo largo de años de duro trabajo, pensando en garantizarse el
futuro. Por ello, trabajaremos en la búsqueda del dinero y apoyaremos
cualquier medida para resarcir a los inversores de los perjuicios que
Gescartera les haya ocasionado. Sin embargo, en esta Cámara tenemos
fundamentalmente que delimitar y esclarecer las responsabilidades
políticas habidas, y este es nuestro empeño hoy y en el futuro.
Si han leído SS.SS. el dictamen que ha sido resumido hoy aquí por el
señor presidente de la Comisión, en el que se han incorporado la
mayoría de las propuestas de Convergència i Unió y algunas marginales
del resto de los grupos, habrán colegido que el asunto Gescartera es
un tema insignificante, que todo el mundo ha actuado de forma
correcta, haciendo y decidiendo en
cada momento lo que tenían que hacer o decidir, que la CNMV ha sido
engañada, que la Agencia Tributaria ha actuado correctamente, al
igual que el Banco de España, y que los ministerios de Economía y
Hacienda, en el ánimo de llegar al fondo de las cosas, han abierto
múltiples investigaciones de las que se concluye algo realmente
inesperado y sorprendente: que no ha habido irregularidades y, por
supuesto, que se demuestra claramente que no ha habido
responsabilidades políticas. Es obvio que nuestro grupo no puede
apoyar este dictamen. De las autoinvestigaciones realizadas queda
demostrado que no hay más responsabilidades políticas que las que ya
han sido depuradas. Señores del Gobierno, señores del Partido
Popular, los ciudadanos españoles no son tontos y ustedes no les
pueden engañar de esta manera. Se merecen unas explicaciones más
creíbles de su partido guía. En el dictamen de la Comisión se realiza
una descripción light de algunos hechos, obviando otros realmente
relevantes. No hay un análisis ni una reflexión política sobre los
mismos, y mucho menos algo de autocrítica. En definitiva, se oculta
la realidad y a sus protagonistas con el fin de proteger al Gobierno
y al Partido Popular.
El Grupo Vasco tiene otra versión y otra visión de lo que ha
acontecido, y es por lo que hemos presentado un voto particular al
dictamen elaborado por los comisionados del Partido Popular. Frente a
la teoría de las casualidades del Partido Popular, por la que explica
que, actuando todo el mundo correctamente, un cúmulo de casualidades
al azar han llevado a que se produzca una estafa financiera, en el
Grupo Vasco creemos que ha sido la actitud negligente y connivente de
personas concretas y responsables vinculados al Gobierno lo que ha
permitido que el tema Gescartera fuera tan lejos y afectara a un
número de clientes tan elevado. Lo hemos tratado de poner de
manifiesto en las diferentes reuniones de la Comisión y en muchas de
las comparecencias habidas. Hoy no es posible materialmente
reproducir con cierto detalle nuestra posición, tan sólo podemos
dejar constancia de la misma. Nos interesa resaltar algunos hechos a
modo de flash que, en nuestra opinión, han quedado diluidos en el
dictamen que hoy se ha presentado aquí y que son relevantes y
esclarecedores de lo que ha ocurrido en el asunto Gescartera.
El 14 de junio es intervenida Gescartera. El consejo de la CNMV, en
sesión extraordinaria, sin orden del día previo y sin informe técnico
que lo soporte, interviene la sociedad. Los inversores afectados
-ahora parece que son alrededor de 1.300- ven desaparecer al menos
15.500 millones de pesetas, sin contar los detentores de dinero
negro, de los que desconocemos el número y el importe del mismo. Esta
sociedad intervenida, Gescartera, antes Bolsa Consulting, venía
mostrando irregularidades en su funcionamiento desde el inicio. Ya en
1994 se impuso a Bolsa Consulting una sanción de más de 128 millones
de pesetas, sanción recurrida e impagada.
Las inspecciones realizadas por la CNMV a Gescartera han sido
numerosas a lo largo de los últimos diez años. En todas ellas se
observan ocultaciones de información sobre el patrimonio gestionado,
manipulaciones contables, demoras en la rendición de cuentas,
falsificaciones de documentos, etcétera; en definitiva, engaños y
tomaduras permanentes de pelo al órgano supervisor. El órgano
supervisor, la CNMV, en lugar de actuar con diligencia, demora sus
actuaciones y busca justificaciones para no invertir. Prefieren
defender a una sociedad que comete irregularidades que los intereses
de cientos de inversores que han arriesgado, sin saberlo, en exceso
su dinero.
El 16 de abril de 1999 se convoca un consejo extraordinario de la
CNMV para tratar sobre la posible intervención de Gescartera. El
denominado informe Vives pone de manifiesto un desbalance patrimonial
superior a los 4.500 millones de pesetas, entre otras cuestiones. Sin
embargo, ante la pregunta de si hay certeza de que falta dinero, se
decide no intervenir y adoptar medidas cautelares como solución de
consenso. Las posiciones entre los consejeros son inicialmente
opuestas. Pilar Valiente, Luis Ramallo, José María Roldán y el
secretario, Antonio Alonso Ureba, están por la no intervención. Es
más, en las comparecencias querían hacer ver que de la intervención
no se habló. Juan FernándezArmesto y José Manuel Barberán defendieron
las posiciones de David Vives, quien sí planteó la intervención. Los
defensores del chiringuito de Camacho evitan la intervención en
perjuicio de los inversores.
En julio de 1999 se cambió el equipo supervisor; se crea un equipo ad
hoc y se reorienta la investigación, cambiando el período base del
informe anterior. Desaparece el desbalance. Van apareciendo
justificaciones teóricas y supuestas explicaciones de dónde puede
estar el dinero. Primero es en una SICAV en Luxemburgo y
posteriormente son cheques falsos de Bakinter y La Caixa los que
tranquilizan a la CNMV y les permiten demorar la intervención.
Paralelamente, se está tramitando una petición de Gescartera para que
ésta pase de ser gestora de carteras a agencia de valores. El mismo
día en que se le rebaja una sanción de falta muy grave a grave, la
CNMV aprueba en su consejo la transformación de la sociedad en
agencia de valores. El Ministerio de Economía tramita este expediente
en agosto de 2000 y lo firma el secretario de Economía el 1 de
septiembre, si no modificando, sí ocultando los requisitos exigidos
por la CNMV. La CNMV, y en concreto el señor Basallote Ureba, se
dirige a Gescartera para exigirle los requisitos de la CNMV y del
Ministerio de Economía y, sin recibir respuesta satisfactoria, el
señor Camacho decide dar el paso e inscribir Gescartera en el
registro de la CNMV.
El relato de estos hechos pone de manifiesto el papelón de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en este asunto. También
queremos destacar la inacción,
la falta de explicaciones y el desconocimiento que tenemos en la
Comisión sobre los famosos cuatro expedientes relacionados con
Gescartera y que han sido paralizados y no inspeccionados
suficientemente en la Agencia Tributaria. Ahora sabemos por otros
medios, no por el responsables de la Agencia Tributaria ni por el
ministro de Hacienda, lo cual es increíble, que dos de las cuatro
inspecciones abandonadas y prescritas (ahí radica la responsabilidad
de la agencia) investigaban al padre de Antonio Camacho; las otras
dos iban dirigidas a Gescartera y a Bolsa Consulting. Resulta
igualmente curioso que la Agencia Tributaria no haya detectado a
priori las bolsas de fraude que se estaban produciendo en su entorno,
lo que cuestiona la eficacia de la agencia. Quizá también sea sólo
una casualidad que el señor don Enrique Giménez-Reyna presidiera la
Agencia Tributaria en un momento como el descrito.
De la misma manera, a nuestro juicio, el Banco de España ha perdido
gran parte de su necesaria credibilidad en este proceso. Es increíble
la confusión que generó en su comparecencia el señor Caruana con las
cuentas numeradas y la responsabilidad de que éstas existan en el
sistema financiero español. Igualmente, las actuaciones del Banco de
España con relación a las entidades financieras vinculadas a
Gescartera ha sido insuficiente y deficiente.
No podemos ignorar el papel jugado por el señor Giménez-Reyna en todo
este proceso ni las responsabilidades que de ello se derivan para el
Ministerio de Hacienda. El ex secretario de Estado y presidente de la
Agencia Tributaria actuaba de intermediario entre la CNMV y
Gescartera en defensa de los intereses de la empresa en la que su
hermana era presidenta, concertando comidas y entrevistas en las que
él también participaba. Es también destacable la relación o el
contacto entre Luis Ramallo y Enrique Giménez-Reyna el 15 de abril de
1999, víspera de la posible intervención de Gescartera. Resulta
también curiosa la concentración en unos pocos sectores de los
clientes más importantes de Gescartera. Destacan, entre ellos, las
instituciones religiosas como el Arzobispado de Valladolid; la
Mutualidad de Huérfanos de la Guardia Civil, cuyo responsable, el
señor Blanes, era el superior inmediato de José Giménez-Reyna,
hermano de Pilar y Enrique, cuya relación con Antonio Camacho era muy
estrecha, según sus propias declaraciones; la Mutua de la Policía,
afectada por 1.500 millones de pesetas; las Fuerzas Armadas y las
empresas públicas de la SEPI, como Cetarsa y SAES, en las que se ha
sacrificado a algunos de los supuestos responsables. Creemos que la
actuación de estos denominados clientes importantes o especiales
merece la adopción de medidas políticas contundentes que el Gobierno
no va a tener la valentía de adoptar.
Se ha producido igualmente un trasvase significativo de personas
vinculadas al ministro de Economía de unos puestos a otros y que han
tenido un papel estelar
en el asunto Gescartera. Me estoy refiriendo, sin ánimo de ser
exhaustivo, a personas como Pilar Valiente, que pasa como vocal a la
CNMV de la Inspección de Tributos, para ocupar posteriormente el
puesto de presidenta; Luis Ramallo, que pasa del Congreso a
vicepresidente de la CNMV y de allí a su despacho de notario con una
nutrida cartera de clientes obtenidos en la CNMV y vinculados a
Gescartera, o Antonio Alonso Ureba, que pasa de secretario de la CNMV
a secretario del consejo de Teléfonica, aparentemente sin hacer más
que esperar en su casa a que le llamen, según su propia declaración
en la Comisión.
Tampoco comprendemos muy bien en nuestro Grupo parlamentario la
actuación del Ministerio de Administraciones Públicas en el control
de las incompatibilidades. No se exigen las declaraciones con rigor.
En los informes solicitados por la Comisión de investigación la
pretensión exculpatoria se impone siempre a preservar las garantías
de ejercicio no contaminado de un puesto público. Estoy pensando en
Luis Ramallo y en las declaraciones de bienes y actividades del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. Me van a
permitir que les traiga a colación una frase del señor Ramallo que
considero ilustrativa. El 12 de octubre de 1989 el señor Ramallo
decía literalmente: España va a ser pronto el país con mayor densidad
de sinvergüenzas por metro cuadrado de la Unión Europea. A tenor de
lo ocurrido, convendrán ustedes conmigo que estas palabras parecen
reflejar más una amenaza que una premonición.
Quedan otras muchas cuestiones pendientes como el papel de la ONCE y
de la Fundación ONCE o la actuación incomprensible de la auditora
Deloitte & Touche, a las que por falta de tiempo no me voy a referir.
En definitiva, y a tenor de lo expuesto, nuestras principales
conclusiones son que se han producido importantes anomalías en el
funcionamiento de la Comisión de investigación de Gescartera que han
impedido una mejor averiguación de los hechos y responsabilidades
políticas. Ha quedado patente el irregular funcionamiento de los
órganos de control, comenzando por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, pasando por el Banco de España y la Agencia Tributaria,
además de la Dirección General del Tesoro. Sólo un comportamiento
anómalo de estos organismos ha hecho posible la existencia y
funcionamiento de Gescartera y, por lo tanto, del fraude cometido. Se
considera desacertada la política de nombramientos en los órganos
reguladores, basada más en la búsqueda de fidelidades personales que
en la competencia y solvencia profesional. Ha habido un claro
incumplimiento de la legalidad en las incompatibilidades que
acompañan al desempeño de cargos públicos; falta de respeto tanto de
los propios cargos como de la Administración encargada de
controlarlos. También se ha producido un incumplimiento por parte del
Gobierno de la obligación legal de constituir el fondo de garantía
para hacer frente a este
tipo de insolvencias. Han quedado en evidencia las responsabilidades
políticas. Actuaciones de responsables y altos cargos de los
ministerios de Economía y de Hacienda, así como de responsables de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y de la
Agencia Tributaria, han permitido la estafa financiera de Gescartera.
En coherencia con estas conclusiones, el Grupo Parlamentario Vasco en
el Congreso propone, en primer lugar, introducir elementos de control
parlamentario en la designación, o en los trámites previos, del
presidente y vicepresidente de la CNMV, del gobernador del Banco de
España y del director de la Agencia Tributaria. Reforzar, a su vez,
las responsabilidades de los consejeros de la CNMV en relación con
las áreas que tengan encomendadas, además de las responsabilidades
colegiadas. Exigir, en segundo lugar, la cualificación técnica
predefinida como necesaria para el adecuado desempeño de los puestos
de responsabilidad de la CNMV. Exigir que por el Ministerio de
Administraciones Públicas se vigile el estricto cumplimiento de la
normativa de incompatibilidades, dando periódica cuenta al
Parlamento. Exigir al presidente del Gobierno el cese del
vicepresidente segundo y ministro de Economía, don Rodrigo Rato, y
del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; igualmente se solicita
la dimisión del gobernador del Banco de España, don Jaime Caruana.
Quisiera señalar, para concluir, tal y como decía al principio, que
esta Comisión de investigación se ha cerrado en falso, que el tiempo
va a sacar a la luz temas aún desconocidos y que van a reflejar la
auténtica dimensión política del asunto Gescartera. Si el Partido
Popular y el Gobierno tuvieran la suficiente honestidad política, se
comprometerían hoy a reabrir la Comisión y a ahondar en las
responsabilidades que pudieran derivarse de ello. Significaría
respeto a la democracia y a los ciudadanos, que tenemos derecho a
conocer toda la verdad y a que se depuren todas las
responsabilidades. Me temo que todos nos quedaremos con las ganas.
Será su responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor López.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señorías, día de
conclusiones en la Comisión de investigación de Gescartera y lo que
hemos escuchado decir al grupo mayoritario de esta Cámara ha sido
sentenciar con regocijo que la Comisión Gescartera no solamente no ha
cumplido sus objetivos sino que además se ha vuelto en contra del
Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.) Bien. Y, si es así, ¿por
qué no permiten que se vuelva en nuestra contra un mes más, como
hemos solicitado? (Aplausos.) ¿Por qué no permiten que se vuelva en
nuestra contra el 70 por ciento de la
documentación que hemos solicitado y que nunca ha llegado a la
Comisión de investigación? ¿Por qué no permiten que se vuelva en
nuestra contra ese 60 por ciento de comparecencias solicitadas que
nunca han tenido lugar? (Rumores.-Aplausos.) Yo se lo voy a decir,
señores del Grupo Popular. No lo permiten porque nunca estuvo en la
idea del Grupo Popular que la Comisión de investigación cumpliese sus
objetivos, nunca estuvo en su proyecto que la Comisión pudiera
cumplir sus objetivos. Por el contrario, han puesto todas las trabas
inimaginables, desde el principio. Y, como resultado, de los 10
puntos que se había propuesto cubrir la Comisión de investigación,
hemos cubierto apenas 2 y 8 se quedan sin explorar. Manifiestamente.
Mucha de la información relevante ha sido enviada amputada, recortada
o sencillamente no ha llegado jamás y en cuanto ha aparecido alguna
línea de investigación en la que a ustedes les llegaba el agua al
cuello, inmediatamente han cercenado los trabajos de la Comisión de
investigación y han intentado cortar el tiempo político de la
Comisión para eludir sus responsabilidades.
El ejemplo seguramente más grave es el incumplimiento manifiesto del
punto número 7, que es el que habilitaba a la Comisión a investigar
cualquier comportamiento irregular que fuese detectado en el curso de
la investigación de cualquier persona física o jurídica, pública o
privada. Porque han surgido comportamientos irregulares en el curso
de la Comisión de investigación en la Administración tributaria, que
ustedes nos han impedido conocer en su totalidad, o en las conexiones
financieras de Gescartera con esos bancos extranjeros no sujetos a la
supervisión del Banco de España y que ustedes no han permitido
investigar en su totalidad. Pero quizás el incumplimiento más
flagrante y más democráticamente intolerable es la conculcación de
las propias reglas de trabajo de la Comisión, el incumplimiento del
artículo 52 del Reglamento del Congreso y de la Ley orgánica de
comparecencias, que nos mandata a cumplir nuestro propio plan de
trabajo, con la desnaturalización de la Comisión de investigación que
les permitió que, cuando llegaba el momento de las responsabilidades
políticas -que es de lo que se trata, que para eso está una comisión
de investigación, para depurar responsabilidades políticas, porque es
un instrumento de control parlamentario-, ustedes desnaturalizan la
Comisión de investigación para convertirla en incienso y blindaje
pretoriano para los miembros del Gobierno, para que no tengan que
responder a las preguntas de la oposición, para que no tengan que
someterse a las preguntas que les son incómodas. (Aplausos.)
Con ello, evidentemente, ustedes están diciendo a la sociedad
española que hay algo que ocultar al Parlamento y que hay algo que
explica ese blindaje pretoriano. Hay algo en lo que ustedes se han
empleado a fondo desde el comienzo de la Comisión de investigación,
que es intentar, por todos los medios a su alcance, retratarse
moralmente, intentando enfangar y enturbiar a la oposición desde el
primer día. Todavía estamos esperando que aparezca ese socialista, o
algo que se le parezca, que ustedes han estado buscando
desesperadamente desde el primer día y que el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular se permitió anticipar, en esta tribuna, el día
en que se abrieron los trabajos de esta Comisión de investigación.
Todavía estamos esperando que se mantengan en pie con esa bravuconada
inadmisible con la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y
hasta el ministro de Hacienda, en diversas ocasiones, ha blasonado
conocer implicaciones de socialistas que acabarían apareciendo en el
curso de la Comisión de investigación pero que nunca han aparecido.
(Protestas.) Todavía estamos esperando que ustedes sean capaces de
mantener sus afirmaciones, las afirmaciones de quienes rebajaron la
dignidad parlamentaria de esta Cámara para mantenerla a la altura de
su propia catadura moral, lanzando imputaciones falsas que desde el
primer día intentaron desviar el foco y la tensión del trabajo de la
Comisión. (Aplausos.)
A estas alturas produce sonrojo recordar el grito de caiga quien
caiga o el grito que constituyó la Comisión de investigación, porque
aquí no ha caído nadie. Ninguna responsabilidad política. Ustedes
presentan como responsables políticos a los que están imputados como
consecuencia de acciones judiciales puestas en marcha y que,
naturalmente, no han concluido, pero no ha habido ninguna
responsabilidad política. Ha habido gritos desaforados y un trabajo
salpicado de falseamientos de la realidad. En primer lugar, la
Comisión de investigación no la ponen en marcha ustedes, la solicita
el Grupo Socialista el 3 agosto. Ustedes, un mes después. Un mes
después. (Aplausos.) En segundo lugar, la Comisión de investigación
se pone en funcionamiento cuando el Grupo Popular no tiene ni le
queda a Aznar ninguna otra salida, porque es una exigencia de
esclarecimiento frente al fracaso clamoroso de instituciones de
regulación y de supervisión del mercado de valores que estuvieron en
el origen del escándalo y de la investigación. Ustedes han intentado,
durante todo este tiempo, amputar y obstaculizar la información que
llegaba a la Comisión. Finalmente, el formato privilegiado, que es un
retrato muy acabado del estilo de gobierno del Partido Popular. Para
los ciudadanos de a pie, la ley, a palo seco; para los amigos y los
miembros del Gobierno, tratamiento privilegiado, blindaje frente a la
ley que no les gusta. (Aplausos.) Se llame Montoro, se llame Piqué o
se llame señor Rato. Blindaje frente a la ley cuya aplicación a
ustedes no les gusta. Siempre encuentran un subterfugio legal para
que, al final, la ley que se aplique a los ciudadanos sea una ley
distinta a la que ustedes se autoaplican. De manera que lo que ha
caído ha sido efectivamente un telón, un telón de hierro sobre la
Comisión y sus posibilidades de esclarecer la verdad; un telón de
hierro sobre las connivencias y
complicidades que hicieron posible a Camacho y a Gescartera; y un
telón de hierro sobre el fariseísmo y la doble moral de los altos
cargos del Partido Popular que se distinguieron en el pasado como
martillos herejes, como grandes inquisidores, como torquemadas de
corruptos, pero que se aplican a sí mismos la ley del embudo; embudo
grande para sí, la parte pequeña para los demás. (Aplausos.) El más
indigno doble rasero con olímpico desprecio a lo que pueda pensar la
estupefacta mayoría de los ciudadanos de este país, que tienen tantas
dificultades para creerse que ustedes estaban interesados en
esclarecer la verdad del caso Gescartera como para creerse que se
pueda comprar una moto de 350 centímetros cúbicos por 35.000 pesetas
o un piso en el centro de Madrid por 2 millones de pesetas.
(Aplausos.) No resulta creíble, señores del Partido Popular.
Ustedes han intentado cerrar en falso la Comisión de investigación
cuando todavía queda muchísima documentación por llegar y sigue
llegando. Cuando todavía quedan testimonios que acabarán dando de sí
y produciendo revelaciones, ustedes se autoabsuelven, se
autoexculpan. La sociedad, no; la sociedad no les absuelve, no les
exculpa. (Rumores.-El señor Albendea Pabón pronuncia palabras que no
se perciben.) La sociedad tiene clara percepción de cuáles son las
responsabilidades que hay detrás de lo que ustedes consideran que es
el fracaso.
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías! Señor Albendea, le ruego guarde
silencio.
El señor LÓPEZ AGUILAR: La sociedad tiene clara noticia de cuál es su
comportamiento ante lo que consideran el fracaso de la Comisión
Gescartera. Con un mes más de fracaso nos arreglamos. Es lo que hemos
solicitado, ampliar el trabajo para poder hacer lo que ustedes
prometieron que iban a hacer: dar esa oportunidad de careo entre
comparecientes que han incurrido en contradicciones flagrantes,
testar la verdad, llegar hasta el fondo, atrevernos desde este
Parlamento a ver la luz al final de ese túnel. Ya lo hemos dicho,
Gescartera llama dos veces y estamos convencidos de que Gescartera va
a tocar en su puerta, en la puerta de su responsabilidad tantas veces
como haga falta para esclarecer cómo fueron posible Camacho y su
sociedad estafadora, detrás de la cual se escondía una lavandería de
dinero negro. Este Parlamento tiene derecho a saber más y por eso
hemos solicitado -lo anunciamos en el debate de presupuestos- una
comisión de investigación sobre la Agencia Tributaria, a la que
ustedes han pervertido y manipulado. Una comisión de investigación
sobre la Agencia Tributaria que nos permita averiguar cómo fue
posible que no se siguiera la pista de todos los indicios que había,
de que efectivamente en Gescartera se estaba traficando con dinero
negro, de que efectivamente las cuentas de Gescartera
eran sospechosas y que aquellos expedientes tributarios que
se abrieron y se cerraron sospechosamente debieron haber llegado
hasta el final. Sólo con posterioridad nos hemos enterado de que
detrás de esos expedientes sospechosos estaban el padre de Camacho,
el propio Camacho, Bolsa Consulting, la médula espinal de Gescartera.
Por eso les anunciamos que la investigación no va a parar. Pero lo
que hemos vivido ya ha puesto de manifiesto un buen rosario de hechos
probados, de hechos que no admiten contestación, de hechos que ya no
son controvertidos por la opinión pública. Les voy a recordar
algunos. En primer lugar, que ustedes han tenido en su Gobierno a un
secretario de Estado, el número dos del Ministerio de Hacienda,
nombrado por el ministro de Hacienda, que está imputado por
favorecer, desde esa posición tan importante, sus intereses y
negocios personales y familiares; por ayudar en esos negocios a una
hermana que era la presidenta de Gescartera, hermana que cobraba en
dinero negro y que presidía lo que a todas luces ha resultado ser una
lavandería de dinero negro. La hermana del secretario de Estado de
Hacienda, que es el que tiene la obligación y el deber de crujirnos
fiscalmente a todos para que cumplamos con nuestras obligaciones
tributarias, la hermana del secretario de Estado de Hacienda, que es
el responsable de la legalidad y la igualdad tributaria de los
españoles, era beneficiaria de las connivencias y la complicidad del
responsable de la legalidad y de la igualdad tributaria.
En la propia Agencia Tributaria, en segundo lugar, hubo señales de
irregularidades, al menos desde 1996 y notablemente en 1998. No
solamente no se siguió la pista, sino que se paralizaron las
inspecciones tributarias más relevantes para determinar la verdadera
naturaleza y la entidad del fraude. La Agencia Tributaria finge
todavía hoy no haberse enterado de nada, no haber sabido nada del
dinero negro que circulaba a través de Gescartera. (Rumores.) En
tercer lugar, en la Secretaría de Estado de Economía se procedió a la
aprobación de un expediente de transformación irregular que no
verificó los requisitos de legalidad en cuanto a los socios, ni a su
idoneidad y honorabilidad de la sociedad gestora de carteras que
aspiraba a su conversión en agencia de valores y se contradijo el
informe condicionado que vino remitido desde la Dirección de Fomento
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el Banco de España
tampoco la actuación fue correcta. No se hizo lo debido para
averiguar cuál era el origen o el destino de 138 cuentas opacas, que
sacaban dinero de España, que estaban siendo manipuladas por un banco
extranjero con sucursal en España, aun cuando estuviese implicado el
riesgo grave de que alguna de esas cuentas opacas tuviese algo que
ver con alguna organización de criminalidad organizada. Aun cuando
ese riesgo severísimo debió haber sido investigadoen su totalidad,
desde el Banco de España se tuvo
una actuación sencillamente negligente. Lo mismo sucedió naturalmente
en todas y cada una de las terminales de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, a la que ustedes han degradado a través de un
proceso degenerativo hasta la putrefacción. (Protestas.- Aplausos.)
En la Comisión Nacional del Mercado de Valores no solamente no se
intervino Gescartera sino que se la toleró, se la alentó, se la
apoyó, se convivió con sus mentiras al borde de lo imposible, se
propuso su ascenso de categoría, se consintieron documentos
mercantiles y bancarios manifiestamente falsos y sobre todo se
decepcionó de forma intolerable la función para la que fue concebida
la Comisión Nacional del Mercado de Valores: inspeccionar, supervisar
el mercado de valores y sancionar a las empresas incumplidoras.
Tienen que oír ustedes a las empresas del mercado de valores que
alguna vez han sido sujetos pasivos de una sanción para que
cumplieran la ley, empresas cumplidoras de la ley que por algún tipo
de transgresión se han visto sujetos pasivos de una sanción impuesta
por la Comisión. ¿Qué credibilidad les puede merecer ahora esa
sanción que ellos recibieron después de haber visto que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores era una olla conspirativa de personas
que dedicaban su tiempo útil a pelearse entre sí, a recibir regalos y
a confiar políticamente para obtener recompensas en sus otros
expedientes de los que entendiera la Comisión Nacional del Mercado de
Valores? (Aplausos.)
Todo eso sucedió con su tolerancia en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, que además ha dado una versión absolutamente
falsa de lo que sucedió. No se intervino Gescartera como consecuencia
de la diligencia de la Comisión. No fue así. Por el contrario,
incluso después de esa intervención que ha sido descrita en una
intervención anterior, incluso cuando se produce la intervención, se
actúa con negligencia, no se insta de la justicia penal las medidas
cautelares, que eran las adecuadas para impedir que hubiese
dificultades con posterioridad para seguir el rastro del dinero. Pero
todas las personas que participaron de ese modo de operar fueron
recompensadas por el Gobierno, todas, y sus nombres han salido muchas
veces en el curso del trabajo de la Comisión de investigación: Pilar
Valiente, Antonio Alonso Ureba, Luis Ramallo, Enrique Giménez-Reyna,
José María Roldán Alegre -más alegre desde que fue promovido a la
Dirección general del Banco de España-, Jaime Pérez Renovales,
personas de confianza del señor Rato, que no responden en su
actuación a ninguna casualidad. Ustedes tenían que defender en el
mejor de los casos un ejercicio soberano de incompetencia y vista
gorda, pero con todas las razones para sospechar algo muy distinto.
Finalmente, claro, el Banco, que era la escotilla por la que
respiraba Gescartera, ese banco extranjero que ha demostrado tener
tanta relevancia y que, cuando resulta que surge en el curso de la
Comisión de investigación un punto de conexión con un relevante
miembro del Gobierno,
ustedes, siguiendo instrucciones, se las arreglan para filtrar datos
en unos términos que violentaban las reglas de trabajo de la Comisión
de investigación, obteniendo primero conocimiento de ello los
diputados del Grupo Popular antes que ningún otro grupo de la Cámara;
en segundo lugar, para impedir el acceso a la declaración de
actividades y de bienes del vicepresidente del Gobierno e impedirnos
certificar que en ese crédito se pone de manifiesto una participación
accionarial del 33 por ciento, superior por tanto a la tolerada por
la Ley de incompatibilidades de altos cargos de 1995. (Aplausos.)
Ustedes no han hecho nada para esclarecer la verdad de todo eso. Por
el contrario, oscurantismo, ocultación, falta de transparencia. Todo
esto nos lleva naturalmente a apostar por modificaciones normativas
que impidan que esto pueda volver a suceder, modificaciones
normativas institucionales que aseguren que este resultado
catastrófico no puede volver a repetirse, pero también naturalmente a
la exigencia de responsabilidades políticas.
En cuanto a las modificaciones normativas, para empezar, de la propia
Comisión de investigación, tenemos que reforzar los poderes de una
Comisión de investigación parlamentaria para asegurar que podemos
acceder a la documentación que resulta relevante para esclarecer la
verdad, que no se puede aducir un secreto inexistente de ciertas
empresas que pueden poner de manifiesto que desde esas empresas,
joyerías o tiendas de regalos, pudieron ser enviados o fueron
enviados regalos a centros públicos y de la Administración del Estado
y que eso no pueda ser conocido por la Comisión de investigación.
Tenemos que conseguir potenciar la capacidad de inspección de los
asuntos que estén en la médula espinal de los trabajos de una
comisión de investigación, haciéndolo de acuerdo con un único
procedimiento que no permita de ninguna manera que cuando llega el
momento de la responsabilidad política la comisión de investigación
deja de serlo para convertirse en una comparecencia ordinaria en
incienso de un miembro del Gobierno, que puede negarse así a
responder a las preguntas que resultan relevantes para el
esclarecimiento de la verdad. Proponemos también medidas de
reforzamiento y garantía de los inversores en el mercado de valores,
la articulación de un fondo de garantía de inversores de carácter
privado que garantice adecuadamente sus aportaciones, la elaboración
de una normativa clara y precisa sobre inversiones financieras de las
empresas con participación estatal y de las organizaciones no
gubernamentales o sin ánimo de lucro, y naturalmente la prohibición
de que puedan hacerlo en empresas que no tengan garantías de
solvencia y que no hayan sido autorizadas por el responsable político
del organismo público o del departamento de la Administración del
Estado al que estén adscritos esos organismos. (Rumores.) Proponemos
también reforzar las auditorías a las empresas de servicios de
inversión, reforzar la capacidad de inspección sobre las entidades
financieras para que no puedan colaborar con tramas de blanqueo de
capitales o de dinero negro, y sobre todo reformar en profundidad la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, permitiendo al Parlamento
participar de los nombramientos, para que no puedan, politizada y
partidariamente, desvirtuar y desnaturalizar hasta términos
monstruosos y hacerla irreconocible la función que justificó la
creación y la existencia de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, potenciar su eficacia y su responsabilidad y por supuesto su
régimen de incompatibilidades.
El Grupo Socialista apuesta también por una modificación profunda de
la operativa de la Administración tributaria, mejorando su sistema de
información, mejorando el rigor de la motivación formal de sus
decisiones de inspección y la revisión periódica de sus actuaciones,
potenciando la planificación relativa a todas las áreas de gestión de
la Administración tributaria. En el Banco de España, por supuesto
apostamos por promover los acuerdos necesarios entre la Unión Europea
y la Confederación Helvética para poder seguir la pista del dinero
negro que pueda estar titulada por organizaciones delictivas e
incluso por organizaciones criminales de carácter transnacional.
Finalmente, sobre incompatibilidades, proponemos cerrar el paso a
esas interpretaciones benevolentes y munificentes de las
incompatibilidades de los altos cargos, que resultan jurídicamente
disparatadas. Jurídicamente disparatadas, señor Posada. Esas
incompatibilidades de las que han disfrutado altos cargos que han
estado en el epicentro de la Comisión de investigación tienen que ser
certificadas por un organismo provisto de autonomía funcional, no,
como ahora, sometido a la jerarquía de la responsabilidad política
del propio Gobierno. Pues bien, concluimos hablando de
responsabilidades políticas.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego vaya concluyendo.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo, señora presidenta.
En el curso de su comparecencia, el señor Rato nos urgió a los
socialistas a explicar nuestra teoría de la responsabilidad política.
Pues se la vamos a explicar. En primer lugar, entérense, la
responsabilidad política no es un deshonor, ni es una infamia, ni es
la muerte civil ni política de quien ostenta un alto cargo; la
responsabilidad política es una relación vital en democracia y
enaltece a quien la ostenta porque es el vínculo de confianza entre
quien ejerce un cargo público y quien le ha dado la confianza para
ello. Si el cargo es representativo, la responsabilidad política se
ejerce ante los electores, que le sitúan a uno en un mandato
representativo; si el cargo es ejecutivo y uno está en él por
depósito de confianza de quien es responsable político ante los
electores se ejerce la responsabilidad ante quien le ha
nombrado a uno. La responsabilidad política es una relación digna y
enaltecedora tanto en su origen, porque procede del pueblo, como en
su ejercicio, porque obliga a explicar los fundamentos de las propias
decisiones. La responsabilidad política no es sujeción a la ley; eso
es responsabilidad jurídica. La responsabilidad política es acertar,
señores del Grupo Popular, hacer las cosas bien, acertar o tomar
decisiones oportunas. Y resulta que uno es responsable cuando, desde
una posición de responsabilidad ante el Parlamento, nombra a altos
cargos que perpetran profundos desaciertos, que son valorados así de
forma universal, que producen perjuicios a las instituciones públicas
y a su credibilidad, que producen perjuicios al prestigio de las
instituciones que encarnan.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego que concluya, por
favor.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: No, le ruego que concluya ya. (Protestas.)
¡Señorías!
Señor López Aguilar, el tiempo previsto son quince minutos y usted es
consciente de que lleva ocho consumidos en exceso sobre los quince.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo, señora presidenta. Le ruego
que sea generosa conmigo, como lo ha sido con otros portavoces de
otros grupos parlamentarios y como lo será sin duda con el portavoz
del Grupo Popular. Se lo ruego. (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, un momento.
Señor López Aguilar, el portavoz de Izquierda Unida, que ha
intervenido antes que usted, ha recibido el aviso de esta presidencia
cuando llevaba seis minutos consumidos de exceso de su tiempo y ha
abandonado la tribuna cuando llevaba nueve minutos consumidos.
A usted le faltan 40 segundos para alcanzar al portavoz del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que es el que más tiempo ha
consumido.
Puede continuar. (Rumores.)
El señor LÓPEZ AGUILAR: Bien. Se es responsable cuando uno se
equivoca al nombrar y esos nombramientos producen efectos
perjudiciales para la Hacienda pública o cuando uno es pasivo o
negligente en la vigilancia de los subordinados. Me parece que este
es exactamente el caso que afecta a los miembros del Gobierno. El
señor Montoro nombró al secretario de Estado, Enrique Giménez-Reyna,
que dedicó su tiempo a coadyuvar y a impulsar los negocios de su
hermana, involucrando intereses personales y familiares, y, además,
no hizo todo lo posible para que la Agencia Tributaria pudiese
esclarecer las cuentas irregulares que se
han puesto de manifiesto en el expediente de Gescartera. La
responsabilidad del señor Rato no puede estar más clara. Es el
responsable de haber nombrado, al menos, a altos cargos que
fracasaron de manera insuperable en el cumplimiento de las funciones
que tenían encomendadas. Convirtió la Comisión Nacional del Mercado
de Valores en una conspiración permanente contra sí misma, contra el
mercado de valores y contra los sujetos pasivos de ese mercado de
valores, perjudicando no solamente al prestigio de la institución
sino a las empresas que tienen derecho a poder fiarse de ella.
Además, ha actuado con oscurantismo y falta de transparencia en todo
esto. (Rumores.)
Inexorablemente, el Grupo Socialista solicita la dimisión de los
ministros Rato y Montoro o su cese por el presidente del Gobierno,
aunque sólo sea, señores del Grupo Popular (Prolongados aplausos.),
aplicando la teoría de la responsabilidad política con la que ustedes
quisieron llenarse la boca con hipocresía, que ahora queda puesta de
manifiesto, cuando involucraban la responsabilidad del presidente del
Gobierno en fracasos producidos en los segundos y terceros escalones
de la Administración del Estado. (Rumores y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, señor López Aguilar, le
ruego que abandone la tribuna en 30 segundos. (Protestas.)
El señor LÓPEZ AGUILAR: De manera que ustedes no van a poder parar
esta investigación, no van a poder parar a una justicia
independiente, no van a poder parar a la opinión pública, no van a
poder parar al Grupo Parlamentario Socialista, que va a seguir
empedrando con nuevas revelaciones el camino que conduce a su
responsabilidad política. (Prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Para la defensa de los votos particulares presentados por los
distintos miembros del Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer
lugar la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Puigcercós.
Al objeto de que no extrañe, la intervención del Grupo Parlamentario
Mixto va a correr toda a cargo de usted.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro -porque sólo hay
uno en este caso-, hablo en representación de los partidos políticos
Bloque Nacionalista
Galego, Partido Andalucista, Esquerra Republicana de
Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Eusko Alkartasuna y Chunta
Aragonesista. (Pausa.) No se vayan todavía, como diría la Warner
Bross, que aún hay más. (Risas.-El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la presidencia.)
Estamos aquí en esta recta final, en esta especie de prórroga de la
Comisión de investigación Gescartera y uno tiene la sensación de que
hemos asistido a una guerra de trincheras donde el Partido Popular
iba retrocediendo sistemáticamente con el tiempo. Primero se dijo que
esto era un caso de estafa, lo es; un delito común sin implicaciones
políticas, sin responsabilidad del Gobierno; luego pasamos a la
famosa subcomisión de investigación del señor Arenas; y, al final, el
Gobierno tuvo que ceder y nos encontramos ante una Comisión de
investigación. El retroceso, abandonando trinchera tras trinchera. El
Gobierno sólo pudo encontrar un búnker en la falta de información, el
del escamoteo permanente de la información, de la documentación que
llegaba a la Comisión, y sobre todo cerrando en falso esta Comisión
de investigación. Este búnker en el cual se ha refugiado el Partido
Popular también se ha visto con el pie en el acelerador. Hemos visto
cómo había comparecencias en la Comisión cuando aún no había llegado
la documentación. Los primeros días de la Comisión de investigación
los diputados y diputadas que asistíamos teníamos que preguntar,
requerir a los comparecientes con retales de los diferentes medios de
comunicación. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Porque aún no había llegado la documentación a la Comisión; o, lo que
era peor, a veces la documentación llegaba el mismo día que el
compareciente, produciéndose una especie de maratón permanente
subiendo y bajando escaleras de los comisionados hacia el centro de
documentación económica.
Esta Comisión se creó con la voluntad clara de detectar
responsabilidades políticas y vamos a demostrar que sí las ha habido;
anomalías en el sistema financiero, también las ha habido; y afrontar
las reformas necesarias. Las propuestas no han sido precisamente bien
acogidas por el grupo mayoritario que da apoyo al Gobierno. El
funcionamiento de la Comisión, como hemos dicho, fue irregular, pie
en el acelerador, dándole prisa a las comparecencias. Hubiera faltado
una segunda vuelta de comparecientes, parece lógico que el señor
Enrique Giménez-Reyna tuviera mucho que decir, asimismo podríamos
haber cotejado y contrastado algunas de las mentiras que se dijeron
en las primera comparecencias. El cambio de formato de los
interrogatorios es el ejemplo más ilustrativo del búnker delPartido
Popular y del Gobierno. Se protegió, se blindó,
se bunkerizó a los dos ministros y al gobernador del Banco de España
para que no pudieran contestar como lo hicieron los demás
comparecientes. Aún hay clases en España. Falta documentación que aún
está llegando a la Comisión, con la situación de esperpento que se
produce cuando en estos momentos aún falta documentación o se ha
escamoteado desde el Gobierno. En buena lógica, una de las
conclusiones claras de este debate sería reabrir la Comisión. Hay
elementos claros para reabrirla a no ser que, como han afirmado y han
requerido otros grupos, tengamos que crear otras Comisiones de
investigación, en este caso sobre la Agencia Tributaria o incluso
sobre el Banco de España. Este diputado, en representación del Grupo
Mixto, se pregunta qué sentido tiene una Comisión de investigación
con una mayoría absoluta, legítima, claro está, pero una mayoría
absoluta que ha utilizado esta aritmética, repito, para bloquear,
para boicotear, para, en definitiva, desorientar habitualmente a la
Comisión. También queda claro que hay que reglamentar por ley las
funciones de una Comisión de investigación y hay que buscar que los
comisionados tengan la capacidad de documentación, de información y
de requerimiento de las comparecencias, y no como ha sucedido hasta
ahora.
Vamos a demostrar en este debate por qué el Gobierno es responsable.
El Gobierno del Partido Popular es responsable político del caso
Gescartera; es responsable político de que la sociedad de valores
llegara hasta el mes de junio del año 2001 y que facilitara la
desaparición de 13.500 millones de pesetas, con más de 1.300
víctimas, del caso Gescartera. En primer lugar, el Gobierno es
responsable político por los nombramientos del consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y, por tanto, también de la gestión
supervisora de ésta. La Comisión Nacional del Mercado de Valores da
muestras de la incapacidad, la negligencia y el trato de favor ante
un expediente que se arrastra durante cinco años. En primer término,
una incapacidad que se traduce en la impotencia de supervisión para
detectar un fraude como el de Gescartera. En segundo término, un
trato de favor que se basa en el puenteo, la obstaculización y la
erosión permanente de altos cargos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores hacia la división de supervisión y, en concreto,
hacia el señor Vives. En tercer término, la negligencia que se
traduce en el cambio de responsable de supervisar Gescartera
y empezar el expediente de nuevo, que le permite a la empresa del señor
Antonio Camacho sobrevivir nuevamente. En cuarto término, la
incompetencia para detectar la falsificación bancaria que se repite
al menos tres veces. En quinto término, la indolencia -la abulia que
decía el señor Alcaráz-, la indolencia absoluta para detectar la
falsa SICAV luxemburguesa, que sirve de excusa para esquivar,
nuevamente, la intervención y ampliar la estafa. Y, en sexto término,
el trato de favor en la división de fomento para utilizar la
transformación de Gescartera en agencia de valores, sin el compromiso
escrito, ratificado y claro de la Fundación ONCE. Todo ello es muy
grave, pero más grave es el hecho de que la mejor garantía que
exhibía Gescartera para engañar a los clientes era el sello de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por estas razones, el grupo
que represento exige el cese del ministro de Economía y responsable
último de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el señor don
Rodrigo Rato.
En segundo lugar, el Gobierno también es responsable de la función y
el funcionamiento de la Agencia Tributaria. No detectar a una empresa
como Gescartera Holding, inviable económicamente, inviable
fiscalmente, inviable financieramente, implica una incapacidad
manifiesta. Durante todos estos años la Agencia Tributaria ha
aparcado, no cuatro, veinte actuaciones del grupo Gescartera, veinte
expedientes dirigidos al núcleo duro de accionistas y ejecutivos de
Gescartera. Aparcados y sin resolver. Es más que un cúmulo de
errores, es clara negligencia. Más cuando se ha confirmado que el ex
secretario de Estado de Hacienda, señor Enrique Giménez-Reyna, se
interesó claramente por los expedientes de instituciones y clientes
relacionados con Gescartera. Ni tampoco detectó el dinero negro que
se presume tanto en Bolsa Consulting como en Gescartera. Por esta
razón este grupo exige también el cese del ministro de Hacienda,
señor Montoro, porque es el responsable político y último de la
negligencia manifiesta de la Agencia Tributaria.
El Gobierno es responsable, en tercer lugar en el orden de
responsabilidades, del nombramiento del gobernador del Banco de
España y de la tutela de éste. Uno se pregunta qué pintaba el señor
Caruana como representante nato del Banco de España en el seno del
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Uno se pregunta qué pintaba
el señor Miguel Martín a posteriori. Tenían que coordinar el Banco de
España con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenían que
cruzar información. Tenían que crear automatismos. ¿Qué pintaban
allí? A mí me parece que como se autodenominó el señor Jaime Morey,
pintaban como el padre de la novia. Con la experiencia que tenían en
el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fueron
incapaces, desde el Banco de España, de iniciar trámites, de buscar
qué de falso, qué de fraude podía haber en Gescartera. Tenían,
repito, la función de cruzar la información, de coordinarla. No lo
hicieron. El Banco de España ya no es un banco emisor. Sólo le queda
la facultad de inspección y no la ejerce. Es esa sensación de abulia.
En términos cinematográficos, uno tiene la sensación de que, como en
la película Star Gate, hay una puerta estelar en Madrid, una puerta
estelar en la torre Picasso, en la que se entra con dinero negro y se
aparece de súbito en un paraíso fiscal con todo blanqueado. Esto
existe. Star Gate no lo hubiera podido contar mejor en su película. Y
esto también esresponsabilidad del Banco de España. El máximo
responsable
de esta situación de descontrol e inseguridad es el señor
Jaime Caruana, hoy gobernador del Banco de España y antes miembro
nato de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya dimisión
pedimos.
Cuarta responsabilidad del Gobierno en este caso. El Gobierno es
responsable de no detectar o no querer detectar el papel del ex
secretario de Estado de Hacienda, señor Enrique Giménez-Reyna. El
señor Enrique Giménez-Reyna, como mínimo, media, negocia, presiona,
recaba información, asesora e influye a favor de Gescartera. El
Gobierno lo permite, lo tolera y el señor Rato y el señor Montoro lo
defienden; al principio lo defienden. En otra versión cinematográfica
lo defienden porque, evidentemente, es uno de los nuestros. Esta es
la versión por la cual el señor Enrique GiménezReyna llega hasta el
final, hasta su dimisión. Uno de los nuestros, cierran filas. Luego,
en este retroceso de trincheras es cuando, evidentemente, tienen que
abominar de la imagen y de la persona del señor Enrique Giménez-
Reyna.
Quinta responsabilidad. El Gobierno también es responsable de asumir
el cúmulo de despropósitos, negligencias, errores y trato de favor
con el broche final, que es la autorización de la transformación de
Gescartera en agencia de valores. El Gobierno elevó, con la rúbrica
del señor Folgado, en delegación del señor Rato, a Gescartera a
agencia de valores. Es el broche de oro al cúmulo de despropósitos.
Pero hay también responsabilidades de carácter menor. El Gobierno es
responsable, como mínimo por omisión, de la sensación que hay hoy en
el Estado español de que las auditorías se hacen a la carta, y
tenemos un ejemplo muy claro en el caso de Gescartera. También es
responsable de la situación que se ha generado en ONCE y en Fundación
ONCEpor permitir que una entidad que recibe dinero público, que tiene
subvenciones públicas en definitiva, tenga esta sensación de que
puede invertir alegremente en cualquier parte. Todo esto da la
sensación de que el Gobierno es responsable político de la situación
de Gescartera, y lo es también por cómo se ha demostrado en este caso
que el régimen de incompatibilidades no se cumple. Pero hay más, aquí
tenemos una muestra de dónde nos ha llevado el modelo de capitalismo
popular que vende el Partido Popular. El Partido Popular vendió a la
ciudadanía un liberalismo y una defensa de la libre competencia que
no aparece por ningún lado. Tenemos un mercado tutelado por
reguladores designados por el mismo Gobierno, algunos incluso ungidos
por el Gobierno; un Gobierno bajo permanente sospecha por mezclar el
interés público con los intereses privados. Telefónica y el compañero
de pupitre del señor Aznar fue un anticipo; ahora tenemos un caso
parecido en Gescartera; o los avales que las empresas del
vicepresidente segundo del Gobierno, señor don Rodrigo Rato, tienen
de bancos poco transparentes e inexplicables. ¿Cómo un Gobierno que
presume de liberalismo permanentemente puede tolerar tales muestras
de amiguismo,
de endogamia y trato de favor? Primero, de amiguismo y
endogamia, como los nombramientos de la señora Valiente. La señora
Valiente ya tiene un currículum ganado a pulso. Recordemos el falso
escándalo -por llamarlo de alguna forma- de los 200.000 millones de
amnistía de la Agencia Tributaria. El señor Ramallo al que, como ya
se ha dicho en esta tribuna, se le ofreció elegir entre
Trasmediterránea y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el,
como buen extremeño, renunció a esta potestad que fue la tumba de
algún político catalán, renunció a Trasmediterránea y prefirió la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta es la sensación,
favores prestados; lo dijo el señor Ramallo, no quería permanecer de
aprietabotones en el Congreso. El señor Roldán Alegre, ex jefe de
gabinete en este caso del señor Rato; nadie niega su capacidad
profesional ni técnica, pero con sus antecedentes no eran las
personas más indicadas para tomar las decisiones en el seno de un
órgano regulador de creciente importancia.
Trato de favor. Con esta relación en el entorno gubernamental ¿estaba
el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
condiciones de objetividad para analizar y tratar el caso Gescartera?
Claro que no. La respuesta es que no. Se aparcaron expedientes en la
Agencia Tributaria y se impidió la intervención en 1999 por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En definitiva, se dio trato
de favor a una sociedad apadrinada, asesorada por Enrique Giménez-
Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, y de la entera confianza
del presidente del Gobierno, el señor José María Aznar López. ¿Quién
vigila, pues, a los vigilantes? Este Gobierno ha perdido su
virginidad pública en cuanto a corrupción. Sin el apoyo de Giménez-
Reyna Gescartera no habría llegado hasta junio del 2001. No. Y si
fuera de otra manera, peor que peor. Esta sería la teoría que en
algún momento barajó el Partido Popular, la teoría del caos, la
teoría de la fatalidad: esto ha pasado porque es una fatalidad, no se
detectó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se aparcaron
actuaciones de la Agencia Tributaria. El Banco de España tiene una
puerta estelar en la torre Picasso y no se entera. Esta es la
fatalidad; o la teoría del caos que viene a ser lo mismo. Si eso
fuera verdad sería terrible, aún sería peor. ¿Cuántas Gescarteras
andan sueltas hoy en día en la Agencia Tributaria y en la Comisión
del Mercado de Valores? Para impedir un nuevo caso Gescartera hay que
crear reguladores independientes elegidos por una mayoría cualificada
del Congreso. Esto es fundamental. Un regulador no lo puede elegir el
Gobierno, no lo puede elegir el Ejecutivo y la mejor muestra es esta
Comisión de investigación y las conclusiones a las que ha llegado.
También parece necesario descentralizar la sede de los reguladores y
alejarla del centro del poder político para evitar interferencias de
éste. No lo decimos nosotros, lo dice el círculo deeconomía de
Cataluña, nada sospechoso ni de redentorista
ni de atrabiliario ni de independentista. El círculo de
economía sostiene que el alejamiento de los reguladores de los
centros de poder, y en este caso de la capital del reino, mejora su
independencia y evita interferencias. Esto es de cajón. Los países
con tradición federal, con tradición de Estado compuesto y plural,
como la República Federal Alemana, así lo hacen. Un Banco de España
independiente, inflexible y volcado en sus tareas actuales a la
inspección sin interferencias ni recomendaciones. Esto implica,
señores de la mayoría, poner en su sitio a algunos directivos de la
banca española. Un Gobierno que no tiene ni independencia ni manos
libres no está en condiciones de hacerlo. De ahí la abulia y la
relajación del Banco de España ante la fuga de divisas y el blanqueo
del dinero. Una Agencia Tributaria que acabe con la sensación de que
sólo las clases medias y trabajadoras tienen obligaciones fiscales,
éstos pagan, y las grandes fortunas y las grandes rentas pactan. Esta
es una sensación creciente con el Gobierno del Partido Popular: las
clases populares pagan y las clases altas pactan con Hacienda. Esta
sensación se transmite también en el caso Gescartera. Uno creía que
el escándalo de los inspectores Huguet y Aguiar era el techo máximo
del descrédito del sistema tributario, pero por lo que estamos viendo
se está superando. ¿Con qué legitimidad piensan afrontar las
actuaciones fiscales el Gobierno con todas aquellos que no lucen ni
apellido, ni contactos, ni protección de miembros del Gobierno? Esta
es una pregunta que queda en el aire en estos momentos. Esta es la
consecuencia de Gescartera, descrédito e inseguridad en víctimas que
requieren todo lo contrario y en instituciones que lo que requieren
es la seguridad, la credibilidad y la objetividad del sistema. Todo
esto con un Gobierno que en lugar de tomar decisiones, de acelerar
ceses y dimisiones, se escuda, repito, en la fatalidad. Aquí, señores
del Gobierno, la única fatalidad es la de más de 1.300 reclamantes o
víctimas que han perdido el dinero y de muchas sociedades y agencias
de valores, honestas y excelentes profesionales que han visto mermada
su credibilidad. Esto es responsabilidad del Gobierno. Cuéntenle
ustedes a las sociedades de valores, a las agencias de valores que
hacen bien su trabajo, que trabajan profesionalmente, que tienen
cuidado de sus clientes. Díganselo, ¿qué credibilidad tienen ahora
ante el mercado? (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
Para acabar, señorías, esta Comisión cerrada en falso ha determinado
que hay responsabilidades políticas. El rodillo de la mayoría
absoluta refugiado en su búnker va a votar que no. Nosotros creemos
que sí, hay pruebas objetivas, hay elementos claros e indicios,
negligencia, trato de favor y amiguismo. Decía el señor Cuevas, en un
periódico independiente de la mañana: compadreo. Hace poco estaba
haciendo un artículo para un diario catalán el Avui y esta palabra me
parecía difícil de traducir -los idiomas tienen esto-, compadreo. Esa
es la palabra, compadreo. Compadreo, repito,
amiguismo, trato de favor y endogamia. Hay responsabilidad política.
Si hay o no culpabilidad, es cosa de los tribunales. Aquí no vamos a
entrar. Vamos a respetar la decisión de los tribunales, que hagan su
trabajo, pero lo que es evidente, a nuestro entender, es que hay
responsabilidad política del Gobierno. Por eso pedimos el cese del
ministro, don Cristóbal Montoro, el cese del señor Rodrigo Rato y la
dimisión del don Jaime Caruana, como Gobernador del Banco de España.
El sistema ha quedado tocado, la credibilidad del Gobierno también.
El capitalismo popular y la intervención -menos Gobierno como
repetían el Gobierno del Partido Popular y el señor Aznar- han
quedado también tocados. No hay las mismas reglas de juego para
todos, hay apellidos y están los demás.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, señora
presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.) Señor Mauricio, por Coalición
Canaria.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, el Grupo de Coalición Canaria ha vivido en los últimos
años en este Congreso de los Diputados la creación de varias y
sucesivas comisiones de investigación. En la época del Gobierno
socialista se crearon coincidiendo con un momento político muy
importante, la presidencia española en la Unión Europea, cuando
presidía el Gobierno el señor Felipe González. En aquel periodo hubo
un momento de deterioro del poder político, unos sucesivos escándalos
y se crearon varias comisiones de investigación en este Parlamento en
algunas de las cuales partició este diputado. El Grupo de Coalición
Canaria defendió en aquel tiempo que las Comisiones de investigación
son unos instrumentos políticos democráticos de particular
importancia, de gran trascendencia, porque sirven no sólo para el
control del Gobierno, sino también para la lucha contra las
degeneraciones del poder político, las corrupciones y tienen el
objeto de fijar las responsabilidades políticas de los cargos
públicos, evitar la impunidad de éstos, crear un elemento de
ejemplaridad hacia la sociedad y que ésta comprenda que el poder
político no es generalizadamente corrupto, sino que se pueden crear
instrumentos que le corrigen y controlan.
Cuando el Grupo Popular en aquel entonces actuaba -es verdad que con
el ariete del señor Ramallo casualmente, porque yo participé junto
con él en varias Comisiones de investigación- con procedimientos y
métodos que nuestro grupo no compartía, como tampoco los compartía el
Grupo de Convergència i Unió, decíamos que la primera cuestión era
saber exactamente cuáles eran las responsabilidades políticas, unas
directas y otras de negligencia; segundo, que no se trataba de
generalizar la responsabilidad encadenando hacia arriba, porque una
Comisión de investigación debe de investigar los hechos y no
convertirse en una moción de censura encubierta para sustituir un
gobierno. Lo que hay que buscar de verdad son las responsabilidades
penales, que son de los tribunales, y la Comisión de investigación
debe ofrecer elementos, responsabilidades políticas de los cargos
públicos directas y las que son de negligencia y, por último,
establecer conclusiones que mejoren los instrumentos de control de la
sociedad, como en este caso la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, porque muchas veces los instrumentos de vigilancia deben ser
vigilados. Es verdad que cuando Coalición Canaria defendía esas tesis
en esta tribuna los señores del Partido Popular me miraban con
reproche y me criticaban duranmente -hay que decirlo-, porque
consideraban que nosotros, que no teníamos ningún pacto con el Grupo
Socialista, ninguno, éramos cómplices suyos porque no generalizábamos
las responsabilidades ni atacábamos al Gobierno. Ese mismo criterio
es el que me sirve a mí, con la autoridad que me da nuestro grupo, el
único que, junto al Grupo Catalán (Convergència i Unió) -tengo que
decirlo con admiración-, ha defendido siempre estas tesis en la
Cámara. Lo que veo ahora es el mundo al revés. Lo que hizo en un
momento el Grupo Popular ahora lo hace, de manera tremenda y muy
irresponsable, el Grupo Socialista. De lo que se trata es de
aprovechar esta situación para generalizar las responsabilidades del
Gobierno, para ver si un adversario político que está bien situado en
la línea de lucha por la sucesión del señor Aznar puede ser derrotado
hoy aquí y no en las urnas, como tendrá que ser derrotado
democráticamente en las próximas elecciones. Mi grupo, repito, no
utilizó nunca esos elementos (y los había, como los hay hoy, de
situación grave, de irresponsabilidades políticas) para generalizar
una lucha contra un Gobierno, como el del Partido Socialista, e hizo
enormes esfuerzos para que, de cara a la presidencia europea del
señor González, como viene ahora la del señor Aznar, no fuera un
elemento de deterioro del Estado y sirviera, simplemente, para
fortalecer las posiciones del Gobierno de España y del Estado español
en esta presidencia.
Nosotros vivimos también una experiencia muy interesante y es que
cuando hay que corregir los instrumentos de control hay que tener
muchísimo cuidado de no ir de un extremo a otro. Mi grupo recuerda la
experiencia de la reforma de la Ley de Contratos del Estado. Cuando
el señor Borrell denunció que había corrupción y comisiones de las
empresas constructoras, aquí todos nos pusimos muy nerviosos e
hicimos una corrección de la Ley de Contratos del Estado, como ahora
hay que hacerla de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
excesivamente pendular, que produjo efectos tan negativos que tuvimos
que corregirla posteriormente.
Dicho eso, entro en la experiencia de lo que es Gescartera, con el
mismo criterio, con la misma responsabilidad,
la nuestra, de una voz menor en esta Cámara (sabemos que
somos una voz menor y que nuestras posiciones no tienen mayor
trascendencia); pero, chiquititos que somos, mantenemos la misma
posición antes y ahora. Ahora nuestra posición es la siguiente. En
primer lugar, se ha producido una estafa de carácter gravísimo, pero
no nos caemos del guindo ni somos ingenuos. Vivimos en una sociedad
en la que estas cosas pasaban antes y pasan ahora, en una sociedad
que crece económicamente, donde se producen pelotazos, donde ahora no
hablamos de sociedad de valores sino de valores de la sociedad, que
muchas veces están deteriorados hasta el punto de que instituciones
respetables juegan papeles lamentables. Es verdad que no hemos
llegado al Banco Ambrosiano, en Italia, pero hemos empezado un
poquito por ese camino. Instituciones respetables deben de
reflexionar y debemos de reflexionar todos porque no existe sólo un
escándalo Gescartera en la sociedad española, hay muchos escándalos
que tenemos que detectar, analizar y corregir. En el ranking
internacional de las corruptelas de la Administración y de la
corrupción, España ocupa el puesto número 22, según las instituciones
y los organismos internacionales, y debemos mejorar ese puesto. No es
un puesto tan malo, de los ciento y pico países del mundo, pero
deberíamos estar en el 15 ó en el 16 y no en el 22. Debemos de estar
en el 15 ó en el 16 porque no es posible corregirlo todo, no seamos
ingenuos, porque la lucha contra la corrupción tiene, primero, un
elemento moral, que es el más importante, pero tiene también un
elemento de eficiencia política y económica. Los países que tienen un
buen nivel en el ranking mundial contra la corrupción son países
eficientes, son países rigurosos, países que funcionan bien, como los
países nórdicos de Europa, por ejemplo, que todos ocupan los primeros
puestos. Nosotros debemos luchar y aprovechar estas experiencias. El
Partido Popular debe perder la inocencia, caerse del guindo también,
y darse cuenta de que las corrupciones no son sólo de un lado. Las
corrupciones están en la sociedad y los políticos caen una vez que el
ejercicio del poder político se alarga demasiado tiempo. Aquí no hay
maniqueísmos, cualquier poder político puede, de alguna manera, tener
complicidades o responsabilidades con la corrupción. No hay partidos
anticorrupción y partidos de la corrupción. Todo ejercicio del poder
tiene un peligro y debemos estar siempre con la prevención puesta y
con los controles de observación preparados porque, si no, se
producen situaciones como la de Gescartera. Lo que debería haber
habido aquí es un debate político serio sobre que todos podemos caer
en eso y que todos tenemos responsabilidades. Debemos pactar entre
todos para ver cómo luchamos contra eso.
La lucha hay que dirigirla en primer lugar a investigar para que los
estafadores tengan responsabilidades penales y se produzca un
elemento básico en el ejerciciode la justicia, que es el de
ejemplaridad a partir de
la sanción. No puede quedar impune una estafa como ésta, porque la
sociedad tiene que valorar que este no es un problema generalizado,
sino que es un problema en el que el que la hace la paga. En segundo
lugar, hay que ver cuáles son las responsabilidades políticas, y las
responsabilidades políticas son o de complicidad, y las ha habido, en
la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en algunos cargos
públicos como la Secretaría de Estado de Hacienda, sin duda, o por
elementos de negligencia en el control de esa situación. Nosotros
estamos por condenar políticamente las responsabilidades políticas,
como hace el dictamen de la Comisión, y, al mismo tiempo, deberíamos
haber ofrecido un debate que no fuera el de la mina antipersona -me
parece que todos hemos apoyado aquí que en las convenciones
internacionales hay que acabar con las minas antipersonas-, pero la
lucha y el canibalismo político de ir contra el hombre, contra el
responsable, sea quien sea, generalizando la responsabilidad para
derrotar a un adversario político, es un instrumento lamentable con
el que nosotros no jugamos.
En el Parlamento de Canarias nosotros hemos tenido alguna experiencia
de este tipo. Hemos vivido una experiencia donde un responsable
político del Gobierno era responsable de actos realmente graves y le
hemos ofrecido al Partido Socialista y al Partido Popular su condena.
No. Ambos votaron -asunto Tindaya- para que la responsabilidad fuera
general del Gobierno, ¿recuerdan? Nosotros eso no lo aceptamos,
porque no era una responsabilidad general del Gobierno, era de un
solo responsable político. Luego hemos vivido una experiencia con los
fondos del INEM, donde no había ningún tipo de lucro personal o de
aprovechamiento de un partido político. Había habido irregularidades
en la Administración y se dijo que había corrupción. Lamentable.
Después hemos vivido en estos últimos meses la experiencia de un
responsable político del Gobierno de Canarias, de nuestro partido,
que ha denunciado hechos que se han producido en un Gobierno anterior
de nuestro propio partido. ¿Qué se ha hecho en el Parlamento de
Canarias? Ir contra el denunciante, porque lo que importa no es si se
lucha contra la corrupción, sino cómo destruir un proyecto político,
cómo utilizar cualquier escándalo, no para buscar los responsables.
Aquí se ha hablado de trincheras y es verdad que en las guerras y en
las comisiones de investigación la primera víctima es la verdad,
porque no se busca la verdad, se busca el intento de generalizar una
responsabilidad causando un deterioro en la sociedad, en los valores
y en la opinión pública para que aparezca que todos son responsables
y que aquí la política es corrupta, sea cual sea el partido, y si un
partido tuvo una condena política en unas elecciones, de lo que se
trata es de que ahora el otro sufra la misma condena para poder
sustituirle, pero así no se crea una alternativa. Cuando hay una
experiencia de este tipo, si se hubiese hecho un
debate serio y responsable para ver, primero, las responsabilidades
penales para denunciarlas a los juzgados, segundo, las
responsabilidades políticas reales, que se expresan en el dictamen,
y, tercero, los elementos de negligencia, se hubiese originado un
serio deterioro al Gobierno. Sin embargo, cuando no se ha querido ver
los elementos de negligencia y lo que se ha hecho son ataques
personales sobre la fortuna, las empresas o los créditos pedidos por
una empresa de un vicepresidente del Gobierno, lo que se ha hecho es
disparar y el tiro ha chamuscado al que lo ha disparado. Entonces, la
guardería no ha llegado a la mayoría de edad y por eso no hay
alternativa. La mayoría de edad de una alternativa se configura sobre
la base de la responsabilidad política y de ofrecer una alternativa
responsable, no echando tinta de calamar a todo el mundo para
generalizar la confusión y la responsabilidad y a ver cómo entre
todos deterioramos el sistema político.
Nosotros no jugamos a eso, ni vamos a jugar, aunque el Partido
Popular, en el asunto Tindaya, lo haya aprovechado para generalizar
una responsabilidad nuestra que sabe muy bien que no era tal. Cuando
nosotros, en la época de Felipe González, no seguimos al Partido
Popular ni al señor Ramallo en aquella actitud y defendimos la misma
de hoy con respecto al Gobierno socialista, ustedes nos reprochaban,
y ahora han comprendido que lo que importa de verdad es buscar la
verdad, definir la responsabilidad y corregir el sistema político
para que no se vuelvan a producir situaciones como la de ahora. Mi
grupo sólo valora aquí, y lo digo con toda sinceridad, que nosotros
hemos aprendido -aquí no somos nosotros los árbitros o los que
tenemos la fuerza moral- de un grupo como el de Convergència i Unió,
que ha mantenido siempre esa posición de responsabilidad en esta
Cámara, en la época de González y en la época de Aznar.
Hoy, el mismo día en que se está intentando transmitir a la sociedad
española un mensaje de generalización de la corrupción y de
problemas, de que si la familia, el hermano, la hermana, la monja o
no sé cuánto, se ha aprobado aquí en esta Cámara la ley de
financiación autonómica, que es un acontecimiento histórico para la
sociedad española, y pasa desapercibido, aquí no importa y nadie se
acuerda que se ha ganado hoy aquí un gran acuerdo histórico en el
proceso de la construcción europea. En este momento yo digo aquí que
lo que importa es la financiación autonómica y lo que importa es que
la sociedad reciba un mensaje de que no hay impunidad para los
estafadores, que no hay impunidad para las responsabilidades
políticas, pero que toda la Cámara, todo el Gobierno y todos los
partidos políticos no son corruptos, que la mayoría de los políticos
de esta sociedad no son corruptos, sino, al contrario, hacen un
esfuerzo y un sacrificio enorme para seguir soportando acosos como
los que se hacen aquí, dentro de la responsabilidad que hay para
dirigir y gobernar un país que se está convirtiendo en un país
modélico en la
Unión Europea y no un país que dé vergüenza y nos humille ante la
Unión Europea y ante el mundo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
Por eso, amigos, compañeros, nosotros votaremos a favor del dictamen
y ya sé que nos dirán desde este lado (El señor diputado señala la
izquierda del hemiciclo.) que somos cómplices del Gobierno, como nos
dijeron ustedes (El señor diputado señala la derecha.) que éramos
cómplices del Gobierno anterior.
Muchas gracias. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, permítanme que desde el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) exprese hoy aquí lo que
creo que es un sentimiento unánime de toda la Cámara, nuestra
condolencia por la muerte ayer, en la provincia de Huelva, de 19
personas de la tercera edad, catalanas, que pasaban unos días de
vacaciones en Andalucía. Permítame, pues, señora presidenta, que
muestre esa condolencia en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, pero soy consciente de que lo hago en nombre de
toda la Cámara. (Aplausos.)
Señora presidenta, señorías, el 6 de septiembre creamos en esta
Cámara una comisión de investigación sobre Gescartera. Escuchaba
ahora al señor Mauricio, que explicaba una posición que ha sido
siempre compartida por Convergència i Unió a lo largo de las
distintas legislaturas. Nuestro grupo, señora presidenta, nunca ha
sido partidario de crear comisiones de investigación cuando los
hechos están en conocimiento de la justicia. No lo hemos dicho ahora,
lo hemos dicho siempre. Hemos considerado que las comisiones de
investigación pueden ser útiles, aunque tienen también un componente
de erosión política, legítima; muchas veces, las comisiones de
investigación tienen dentro de sí más ruido que voluntad expresa de
esclarecer lo que ha pasado. Esto lo hemos dicho siempre. Lo decíamos
cuando el Grupo Popular estaba en la oposición y las pedía, y en eso
coincidíamos entonces con el Grupo Socialista; lo decíamos en época
de UCD, lo hemos dicho siempre. Si cogemos la normativa, por ejemplo
de la Asamblea Nacional francesa, vemos que allí no se puede crear
una comisión de investigación si de ese hecho conoce la
Administración de justicia, y si está conociendo el Parlamento, debe
parar la investigación y pasarla a la Administración de justicia. El
propio reglamento del Parlamento Europeo dice lo mismo: no se puede
crear una comisión de investigación dentro del mismo si está
conociendo de ello la Administración de justicia. A pesar de ello, el
6 de septiembre nuestro
grupo se sumó a lo que era un consenso unánime de esta Cámara para
crear una comisión de investigación con una voluntad explícita -se
decía ese día-: esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades
y plantear propuestas para que un caso como Gescartera no pueda
volverse a producir. Así pues, las líneas de la comisión eran:
hechos, responsabilidades y propuestas.
Pues bien, hoy llegan al Pleno de esta Cámara las conclusiones.
Nuestro grupo, señora presidenta, ha introducido 28 puntos concretos
en estas conclusiones. En el documento que hoy se vota hay 28 puntos
que son de puño y letra de nuestro grupo parlamentario. Paso a
relatar, en primer lugar, los hechos. ¿Cuáles son los hechos que nos
trae hoy aquí esta comisión de investigación? Un hecho claro es que
debemos mejorar el funcionamiento interno de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Hemos detectado disfunciones en esa comisión. Las
comparecencias lo han demostrado. Señorías, como no todos ustedes han
estado en esa comisión, les voy a poner seis ejemplos detectados de
funcionamiento no óptimo de esa comisión y seis aspectos que hemos
introducido con nuestras enmiendas en el dictamen que hoy se va a
votar.
En primer lugar, la división de supervisión, con el señor Vives al
frente, realizó un informe que traigo hoy aquí en el que se valoraba
la situación de Gescartera a 17 de mayo del año 1999. Ese informe
decía, por ejemplo: los diferentes certificados facilitados por
Gescartera son falsos. También decía ese informe: se ha detectado una
importante diferencia entre la liquidez de clientes informada por
Gescartera y la confirmada por Bankinter por importe de 4.518
millones de pesetas. Asimismo decía: la sociedad Gescartera ha
respondido por escrito a diversos requerimientos con manifestaciones
cuya falsedad hemos podido constatar mediante confirmación de
terceros. Ese informe estaba en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en el mes de mayo de 1999 y ningún miembro del consejo, ni el
señor Fernández-Armesto ni la señora Valiente ni nadie del consejo
sabía de ese informe. Yo les pregunté a ellos por el informe y
desconocían su contenido, lo cual demuestra que no funcionaba bien,
porque ¿cómo no iba a conocer el presidente Fernández-Armesto un
informe tan claro y tan nítido? Por tanto, nosotros hemos puesto esto
en las conclusiones y hemos dicho que debemos mejorar el sistema para
que, a partir de ahora, cualquier documento que afecte a una
supervisión llegue a los miembros del consejo.
Les voy a poner un segundo ejemplo. Se decía: el Arzobispado de
Valladolid hoy nos dice que son 30 millones de pesetas y mañana nos
dice que son más de 1.000 millones los que tiene en Gescartera. Dice
la CNMV con buen criterio: hagamos una circularización a distintos
clientes para comprobar cuál es su saldo. Todos contestan igual. ¿Por
qué? Todos contestan igual porque presumiblemente esa respuesta venía
a través de la propia Gescartera. Nuestras conclusiones dicen
que a partir de ahora esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer
mayores comprobaciones cuando la respuesta de los distintos clientes
es idéntica.
Un tercer ejemplo de esas disfunciones es que hemos podido asistir a
una comisión de investigación en la que cada consejero nos daba su
versión de lo que había ocurrido, por ejemplo, el 16 de abril de
1999, fecha en la que no se intervino pero en la que, unánimemente,
se acordaron unas medidas provisionales aceptadas por todos. Cada uno
daba su versión y eso es también una disfunción. En cuarto lugar -lo
decía también el señor Alcaraz-, se cambia la fecha de referencia
para realizar la supervisión. Unos dicen que el cambio está bien
hecho y otros dicen que no. Aclarémoslo. Pongámoslo también en las
conclusiones.
Otro ejemplo más. Gescartera es elevada a agencia de valores el mismo
día en que se la sanciona; el mismo día que sancionamos una conducta
irregular proponemos que se eleve a agencia de valores. ¿Qué dice el
informe? Dice que a partir de ahora, el comité consultivo que debe
hacer dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el
informe para elevar de rango a una gestora deberá contemplar
expresamente las sanciones graves o muy graves que esa gestora tiene
impuestas. Esto no estaba y a partir de ahora esperamos -porque está
en estas conclusiones, y estoy convencido que el proyecto de ley
financiero que llegará pronto a esta Cámara las recogerá- que esto
cambiará, como debe cambiar el control que hace la Comisión Nacional
del Mercado de Valores antes de inscribir en el registro una nueva
agencia de valores. En el informe destacamos que no realizó el
control exhaustivamente porque la inscribieron sin que se hubiera
comprobado que la Fundación ONCE había adquirido el 25 por ciento de
Gescartera Holding y ese era un requisito. Esto también figura en el
informe que hoy vamos a someter a votación de esta Cámara. Por tanto,
dentro de los hechos constatamos que hay disfunciones en el
funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las auditoras tampoco en este supuesto han dado una respuesta
efectiva. No han logrado reflejar el estado contable real de las
empresas auditadas. Debemos cambiar el sistema. Debemos prestigiar a
las auditoras porque este caso ha hecho daño a la auditoría en
general. Debemos darles prestigio pero también identificar un
procedimiento claro de sus actuaciones e incrementar los mecanismos
de comunicación entre el supervisor y el auditor. Cuando la Comisión
Nacional del Mercado de Valores está investigando a una agencia
debería comunicarlo también al auditor de esa agencia o de esa
gestora; hay que establecer una mejor comunicación.
Otros hechos conocidos son que ha habido poca prudencia por parte de
organizaciones no gubernamentales o asociaciones sin fines de lucro.
No pueden invertir alegremente el dinero que les confían las
personas, y muchas veces se trata de donaciones. Ha habido falta
de prudencia y hemos tenido constancia de ello en la Comisión; falta
de prudencia también por parte de aquellos que administraban fondos
públicos de entidades y empresas integradas en el sector público.
Esto también lo decimos en las conclusiones y en las enmiendas
aportadas por nuestro grupo, así como que no hemos conseguido saber
dónde está el dinero que falta y que los clientes reclaman. Sabemos
que quizá parte de ese dinero está en un paraíso fiscal, fuera de
España. Por eso en las conclusiones decimos expresamente que debemos
atajar esos paraísos fiscales, que en el ámbito de la Unión Europea y
en el de los distintos países del mundo debemos intentar que
desaparezcan paraísos fiscales que son encubridores de actuaciones
delictivas. Lo decimos en nuestras conclusiones. Por tanto, hay unos
hechos constatados.
A continuación debíamos esclarecer responsabilidades. Ha dimitido el
secretario de Estado de Hacienda, ha dimitido la presidenta de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero ¿son suficientes esas
dimisiones? ¿Con eso hemos acabado con las responsabilidades
políticas? Cada uno puede tener su visión sobre este aspecto. Se nos
dice por parte de otros grupos que uno es responsable cuando se
equivoca al elegir. Nuestro grupo siempre ha mantenido en esta Cámara
en todas las legislaturas -los diputados del Grupo Socialista y de
otros grupos que llevan ya muchas legislaturas en esta Cámara lo
saben- que para exigir una responsabilidad política del Gobierno
debemos probar que ese miembro del Gobierno conocía y permitía la
situación irregular. En opinión de nuestro grupo debemos probarlo.
Para otros es suficiente haber elegido mal; para nosotros no y no
vamos a cambiar hoy de criterio. En las distintas comparecencias,
preguntas y documentos no hemos encontrado una prueba que
responsabilice a un miembro del Gobierno. Así lo decimos en las
conclusiones, porque no se ha encontrado. De momento, esa
responsabilidad, con lo que se ha visto en la comisión y con el
criterio que ha aplicado siempre nuestro grupo en esta Cámara, no se
ha encontrado. También se afirmó por varios dirigentes que Gescartera
era una lavadora de dinero negro del PSOE o del PP. Tampoco se ha
podido probar que Gescartera sirviera para financiar irregularmente
al Partido Socialista, al Partido Popular o a cualquier otro partido
de la Cámara. De esto también queremos dejar constancia hoy en estas
conclusiones finales.
Señora presidenta, finalmente, hay una propuesta que hoy votaremos y
que plantea que debemos reglamentar las comisiones de investigación.
Señora presidenta, quiero abrir una reflexión pública. Nos hace falta
una normativa, porque no podemos estar discutiendo en medio de una
comisión que si viene el Gobierno tenemos este formato o aquel otro.
No podemos, debemos tenerlo fijado y que sirva para todos para
siempre.
No podemos, señora presidenta, conculcar el deber de secreto que los
miembros de una comisión de investigación
tenemos sobre aquello que entra con tal carácter. Voy a
poner dos ejemplos y creo que los medios de comunicación me
entenderán de forma correcta. Los responsables de cualquier medio de
comunicación, legítimamente, deben buscar una información, sea
secreta o no. Es la labor profesional que deben hacer; como están
obligados -y ellos tienen el deber de guardar secreto- a no
manifestar la fuente de una información que han recibido. Pues bien,
los diputados de esta Cámara, señora presidenta, tenemos el deber de
secreto de aquello que nos llega con ese carácter y no lo podemos
conculcar. Es responsabilidad de todos. A esta Cámara han llegado
documentos que no podía conocer cualquier miembro del hemiciclo, sólo
los dieciséis que éramos miembros de la Comisión de investigación. Si
iba un diputado que no era miembro de esa Comisión, la Cámara le
decía que no podía acceder al documento y si iba uno que lo era,
abrían una caja fuerte, sacaban el documento y se lo enseñaban. Pues
bien, ese documento salía después reflejado en los medios de
comunicación. Yo puedo asegurar que no ha sido por parte de nuestro
grupo parlamentario (Rumores.), pero con esta práctica, señora
presidenta, estamos conculcando una norma que nos hemos dado todos,
el artículo 16 del Reglamento de esta Cámara, que nos obliga a un
deber de secreto. Por tanto quiero que en un futuro reglamento de las
comisiones de investigación dejemos bien fijado esto, porque no es de
recibo que no se conozca nunca el contenido de un documento secreto y
confidencial que custodia la Administración y que, sin embargo, entre
en este Parlamento y se conozca media hora después. Esto debemos
atajarlo, porque no redunda en el buen prestigio de esta Cámara, y es
responsabilidad de todos, no de un diputado en concreto, de todos en
general. Deberíamos ser conscientes de que en un futuro deberíamos
cambiar esta práctica, porque es responsabilidad de todos los
diputados no conculcar el derecho a la intimidad de nadie, esté o no
imputada esa persona. No tenemos ningún derecho a facilitar el dato
de que una persona vive en un sitio determinado si ha llegado con
carácter confidencial. Esto no podemos hacerlo porque estaríamos
conculcando un derecho constitucional de esa persona. Esto no lo ha
hecho nunca la Administración, ni en época socialista ni ahora ni en
época de UCD, ni tampoco debe hacerlo esta Cámara. Debemos ser muy
cuidadosos en estos aspectos y, por tanto, bienvenido sea ese
reglamento de funcionamiento de las comisiones de investigación que
debemos aprobar.
Señora presidenta, quiero terminar agradeciendo a los servicios de la
Cámara la labor que han hecho durante esta Comisión de investigación,
que se ha reunido durante casi 200 horas. Es la comisión más larga de
la historia de este Parlamento. Quiero agradecer expresamente la
labor de los servicios de la Cámara con la documentación que ha
llegado. Quiero también agradecer a todos los miembros pertenecientes
a los
distintos grupos que integran la Comisión los momentos de
coincidencia y de discrepancia. Han sido muchas las horas que hemos
compartido y quiero en este momento agradecer a todos el talante que
hemos tenido, con sesiones maratonianas, que en ocasiones nos han
cansado, en otras nos han divertido o crispado. Quiero agradecer
también la labor que han hecho los medios de comunicación, en
sesiones de seis, siete y hasta más de doce horas. Uno se giraba y
los veía en la sala, como un faro, cubriendo la crónica para el
periódico del día siguiente, realizando una labor -no sé si sus
responsables se lo van a agradecer- que me consta que ha sido dura
para ellos, porque tenían que escucharnos y posteriormente sintetizar
lo que habíamos dicho durante horas y horas; por ello quiero
agradecerlo de forma expresa.
Las propuestas que vamos a aprobar son constructivas. Mi grupo
parlamentario ha incorporado una relativa a la necesidad de que el
nombramiento del presidente de la CNMV pase por este Parlamento, de
que haya un hearing previo. Sería bueno también que se nombrara al
presidente y a todo su equipo, porque después hay disfunciones de los
miembros del propio consejo y sería conveniente reflexionar sobre si
no es mejor nombrar un presidente con un equipo que pueda realizar la
labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Otra propuesta
de nuestro grupo, que se aprobó, es la necesidad de prohibir que un
técnico de la CNMV pueda pasar a prestar sus servicios para la
entidad que está supervisando. Que no se vuelva a producir nunca más
un caso como el del señor Ruiz de la Serna, que trabajaba e
investigaba a Gescartera y, de repente, el señor Camacho lo ficha
porque se dice: este tiene un buen conocimiento de la cocina interna
de la CNMV. Que no se dé nunca más un caso de pase directo de un
funcionario de la CNMV a trabajar en la entidad que estaba
gestionando.
Por último, señora presidenta, hoy aprobamos una conclusión que es
importante. Hay un proceso judicial abierto que va a continuar. Mi
grupo tiene la impresión de que si esta Comisión continuara sus
trabajos un mes más, las conclusiones de los votos particulares
serían muy similares a las de hoy y las conclusiones finales de la
Comisión también. Mi grupo cree que trabajar otro mes supondría
conocer algunos datos más, pero me temo que las conclusiones de unos
y de otros al final serían muy similares a las que vemos en el Pleno
de hoy. Me temo que esto sería así. (Rumores.)
Señora presidenta, señorías, quiero señalar que vamos a remitir todos
los trabajos, los documentos y los diarios de sesiones de todas las
comparecencias al ministerio fiscal, para que si de esas
comparecencias se deduce algún hecho delictivo, pueda actuar la
Administración de justicia. Creemos que este es el camino adecuado,
porque, repito, nuestro grupo siempre ha sido partidario de que si de
un asunto conoce la justicia, no debe conocer el Parlamento.
Termino, señora presidenta, con un agradecimiento especial a la
diputada Mercè Pigem, que ha colaborado conmigo en los trabajos de la
Comisión. Hemos estado trabajando con rigor para preparar las
distintas comparecencias y formular las preguntas a todos aquellos
que hemos convocado desde el Parlamento.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías. Subo a
esta tribuna con la conciencia del deber cumplido. (Aplausos.-
Risas.- Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, hemos trabajado durante
estos últimos meses en la Comisión de investigación para dar
cumplimiento a lo que el Parlamento nos demandó el 6 de septiembre y
para dar cumpliento también a lo que nos demandó la dirección del
Grupo Parlamentario Popular, y no es otra cosa, señorías, que
transparencia, claridad y llegar a la verdad hasta el final.
(Aplausos.- Protestas.)
Mi grupo parlamentario y los diputados de mi grupo parlamentario no
tenemos que sumar puntos ante nadie, no tenemos tampoco la necesidad
de que nos den una segunda oportunidad. (Aplausos.) Hemos trabajado,
señorías, para llegar hasta el fondo en el caso Gescartera y desde
luego todos los ciudadanos saben que, después de la Comisión de
Gescartera y gracias al impulso que ha dado a esta Comisión el Grupo
Parlamentario Popular, hoy se sabe mucho más de Gescartera.
(Aplausos.)
Señorías, al Partido Socialista y a los diputados del Partido
Socialista los mandaron en su grupo no a saber la verdad, los
mandaron de cacería y han vuelto con el morral vacío. (Aplausos.-
Risas.) Señorías, yo creo que los diputados de la Comisión de
Gescartera del Grupo Socialista no es que lo hayan hecho mal, como
pueden entender algunos, es que lo que les encargaron no se podía
demostrar. Se han demostrado, y está en las conclusiones de la
Comisión, todos los hechos y las responsabilidades a que hubiera
lugar, pero no a la cacería que el Grupo Socialista quiso montar, y
por eso, señorías, cuando el señor Zapatero monta su estrategia
política en los últimos meses en dos direcciones, en las elecciones
gallegas y en Gescartera, se puede decir, y se puede decir con
claridad, que en eso ha fracasado; ha fracasado en las elecciones
gallegas y ha fracasado en el caso Gescartera, señorías. (Aplausos.-
Protestas.)
Señorías, yo, después de estar atento a lo que ha dicho el señor
López Aguilar, creo que antes de hablar de conclusiones hay que
hablar de algunos puntos básicos. Señor López Aguilar, primero, usted
omite cosas; usted en esta tribuna ha omitido cosas y, claro, la
película le sale a usted con el final que le han diseñado en su
dirección, pero usted omite cosas, y se las voy a demostrar. Señor
López Aguilar, usted ha hablado de regalos, y yo le voy a hablar de
regalos, ¿sabe usted que en la lista de regalos que figuran en la
Comisión de Gescartera el único cargo público actual, actual, que ha
recibido un regalo de Gescartera es un miembro elegido por el Grupo
Socialista en el consejo de Radiotelevisión Española? ¿Saben ustedes
esto, señorías? (Aplausos.- Protestas.) Porque yo no le quería hablar
de esto. (Protestas.- Varios señores diputados pronuncian palabras
que no se perciben.)
En la lista... (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.-La
señora Serna Masiá pronuncia palabras que no se perciben.) Señora
Serna, le ruego guarde silencio.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, aquí hay un distinto nivel
para medir las responsabilidades, y ustedes tienen otro. ¿Saben que
ese miembro del consejo de Radiotelevisión Española -por si no lo
saben SS.SS. les voy a ilustrar-, cuando cumplió 23 años, empezó a
trabajar en el periódico El Socialista y que a partir de los 25 ha
ocupado siempre cargos (Fuertes y prolongadas protestas.) en el Grupo
Socialista? Ha sido responsable de prensa del grupo parlamentario,
jefe de prensa de diversos ministerios con el Gobierno socialista, ha
sido director general de la Presidencia con el señor González y ha
sido portavoz del Gobierno de Andalucía. (Rumores.-Aplausos.) Pero no
se acaban ahí las omisiones, señorías. (Protestas.) El señor López
Aguilar ha omitido algunas cosas y conviene ilustrarle. (Continúan
las protestas.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que
no se perciben.) ¿Saben ustedes que entre los amigos del señor
Camacho...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor MartínezPujalte.
Señora Cunillera, que yo sepa, usted no está interviniendo ni está en
el uso de la palabra. Le ruego guarde silencio en su escaño.
(Rumores.) Señora Cunillera, le ruego guarde silencio en su escaño.
(Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio también en
el otro lado de las bancadas.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decía, señor López Aguilar, que
usted ha omitido en su película algunas cosas. ¿Sabe usted que entre
las relaciones del señor Camacho, que son las personas que invita
a su próximo enlace matrimonial, estaba el señor Chaves, presidente
de la Junta de Andalucía? (Aplausos.- Protestas.) Pues está aquí
demostrado. (Continúan las protestas.-Algunos señores diputados
pronuncian palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, ruego guarden silencio, y además de guardar silencio ruego
que se abstengan de emitir las palabras que desde las últimas filas
de esa bancada se están diciendo. Señorías, ruego guarden silencio.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Le llamo al orden por primera
vez.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Por si SS.SS. no lo saben, les voy a
ilustrar. ¿Saben que entre la lista de felicitaciones de Gescartera
figura el director general de Tesorería y Política Financiera de una
comunidad autónoma y que esa comunidad autónoma es la Junta de
Andalucía? El señor González Marín. (Rumores.) El único que figura.
¡Qué película, señor López Aguilar, hubiera organizado usted con esos
datos!
El señor López Aguilar omite también que entre los clientes de
Gescartera está una persona próxima a un grupo parlamentario, está el
cuñado del señor Yáñez. (Risas.-Fuertes y prolongadas protestas.)
Señorías, yo les ruego que no se pongan nerviosos. (Varios señores
diputados: ¡Oh!) Estoy aportando algunos datos a la película del
señor López Aguilar para intentar que tenga un final más feliz que el
que ha tenido hasta ahora. No estoy intentando otra cosa. ¿Saben que
también el señor Nevado, miembro del consejo de Radiotelevisión
Española del Grupo Socialista, tenía inversiones en Gescartera?
(Rumores.) Sí, señorías.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, me supongo que todos los miembros de esta Cámara, sin dejar
ninguno, estamos interesados en que lo que esta mañana se está
debatiendo aquí pueda ser escuchado fuera de estas paredes con la
suficiente claridad y nitidez. Les puedo asegurar, señorías, (El
señor Blanco López, pronuncia palabras que no se perciben.), le puedo
asegurar, señor Blanco, que con el nivel de murmullo y de
intervenciones (El señor Blanco López, pronuncia palabras que no se
perciben.) Señor Blanco, le llamo al orden. Señor Blanco. (Rumores.-
Fuertes protestas.)
Señorías, guarden silencio. (Rumores.)
Estaba diciendo desde la presidencia que les puedo asegurar que con
el nivel, no de murmullo, sino de vocerío que hay en los escaños es
imposible que los ciudadanos que están fuera de esta casa, a través
de ningún medio de comunicación puedan escuchar lo que se
está diciendo. (Rumores.) Sus señorías seguramente recuerdan que las
sesiones se retransmiten en directo por el canal de televisión, con
lo cual hay ciudadanos que lo pueden estar viendo en este momento. En
cualquier caso, creo que todos estaremos especialmente interesados en
que todo lo que se diga aquí desde la tribuna por los diputados que
están en el uso de la palabra pueda trascender. Por lo cual les ruego
que guarden silencio, respeten los turnos de palabra y conseguiremos,
insisto, que todos los españoles puedan conocer exactamente lo que
aquí se está diciendo.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, continúo. Entiendo que
estos datos no le gusten al Grupo Socialista y de hecho los omito,
pero son datos relevantes señorías. (Rumores.) Son datos relevantes
que le hubieran permitido al señor López Aguilar hacer otra película.
Quizá, incluso, le hubieran permitido hacer otro organigrama, esa
especie de parodia, de divertimento que ayer hicieron ante los medios
de comunicación y que hoy no se ha atrevido a mantener en la tribuna
(Aplausos.-Protestas.) por que era una parodia más propia del rigor
como dibujante, que del rigor jurídico, señor López Aguilar, más
propia de otro tipo de actitud que del rigor en esta Comisión.
(Rumores.)
Les decía que habían omitido, pero les quiero decir también,
señorías, que en su intervención caen en la irresponsabilidad. No se
puede, señor López Aguilar, acusar sistemáticamente a toda la Agencia
Tributaria, a todo el Banco de España, a todos los funcionarios del
Ministerio de Economía; no se puede responsabilizar a todos porque a
usted le venga bien para su película; no se puede, señor López
Aguilar, decir, porque a usted le venga bien para su película, que
son los funcionarios los que han hecho posible la trama de
Gescartera. (Rumores.) Sí, señorías, sí. El señor López Aguilar dijo,
por si ustedes no lo saben y se lo quieren recordar: Sin la ayuda de
esos funcionarios Gescartera y Camacho no serían explicables. Señor
López Aguilar es una irresponsabilidad querer manchar a los
funcionarios y a las instituciones para el desarrollo de su propia
película. (Rumores.)
Señorías, si he hablado de omisiones y de irresponsabilidades también
hay que hablar de acusaciones falsas. Han estado haciendo acusaciones
falsas un día sí y otro también. Decían que un ministro viajaba con
el señor Camacho de Londres a Barcelona, a los diez minutos cambian y
es de Londres a Madrid, y hasta la fecha, señorías, eso es una
falsedad, una falsedad de la que no se han retractado, señorías.
(Rumores.)
En su voto particular hablan de inversiones públicas, y omiten una
cosa, señor López Aguilar, que la inversión pública más importante es
la sugerida por el cuñado del señor Yáñez, como él mismo reconoció en
esta Comisión. (Rumores.-Aplausos.-La señora López i Chamosa : ¿Dónde
está la bomba?)
La señora PRESIDENTA: Señora López, guarde silencio. (Rumores.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor López Aguilar, hay un cuarto
elemento antes de hablar de conclusiones que me gustaría reseñar:
inmadurez. Vinieron a la Comisión con pataletas, y perdonen la
expresión, que si me voy, que si me quedo, y han acabado la Comisión
sin querer saber la verdad e intentando focalizarla hacia otro sitio,
y eso es por inmadurez. Señor López Aguilar, no se puede decir una
cosa y la contraria, no se puede decir -y usted ha sido jefe de
gabinete en el Ministerio de Administraciones Públicas- que se emplea
la ley para unos y para otros no, no se puede decir eso porque usted
sabe, porque ha sido miembro de la Comisión, que el presidente de la
CNMV, y antiguo ministro socialista, a los tres meses de estar en la
CNMV pasó a desempeñar un cargo en el consejo de administración de
una empresa que salió a Bolsa a los tres meses, y eso usted lo omite,
señor López Aguilar. (La señora López i Chamosa: ¡Es la bomba!) ¿Qué
diría, señor López Aguilar, hablando de incompatibilidades, si el
jefe de gabinete de un ministro nuestro aprovechara su cargo para
sacar una oposición a cátedra? (Rumores.-Aplausos.)
Señorías, el Partido Popular ha impulsado esta comisión de trabajo,
el Partido Popular con sus votos mayoritarios hizo posible que
existiera la Comisión de Gescartera, y hemos hecho un trabajo con luz
y taquígrafos, un trabajo que los medios de comunicación conocen
bien. Hemos interrogado a más de cincuenta personas. (Un señor
diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Señorías, no hablaremos de cuentas en Suiza si no quieren (Algunos
señores diputados: Sí, sí.), pero también se puede hablar. (El señor
Blanco López: Hablemos, hablemos.-La señora López y Chamosa: ¡Délas!)
La señora PRESIDENTA: Señora López, le llamo al orden.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Que lo diga ya, que suelte la bomba.
La señora PRESIDENTA: Señora López, le llamo al orden por segunda
vez.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Y por tercera si quiere.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, me perdonarán, y yo no
quería, pero si el líder, señor Blanco, me dice que lo saque, yo lo
saco. ¿Sabe quién tenía cuentas en Suiza, señor Blanco? Diputados
del Grupo Socialista: el señor Navarro, el señor Galeote,
y presidentes autonómicos. (La señora Rumí Ibáñez: Las de ahora, no las
de antes.)
La señora PRESIDENTA: Señora Rumí, le ruego guarde silencio. (Varios
señores diputados de ambos lados de la Cámara pronuncian palabras que
no se perciben.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se
perciben.) Señor Hernando, le ruego guarde silencio, también.
(Rumores.)
El señor MARTÍNEZ PUJALTE: Señorías, yo no quería hablar de cuentas
en Suiza, han sido ustedes los que me lo han dicho. (Rumores.) Pero
si tienen interés, se lo voy a decir. No se priven. (La señora López
i Chamosa: Saca las cuentas, Pujalte, saca las cuentas. ¿Dónde
están?) En una cuenta en Suiza, la número 519788 BH, la tenían
abierta el señor Navarro, diputado socialista y el señor Galeote.
(Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!- El
señor Blanco García: ¡A la cuestión, a la cuestión!- Rumores y
protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. ¡Señor
Blanco, le llamo al orden! (Rumores.)
El señor BLANCO GARCÍA: ¡A la cuestión, a la cuestión!
La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, le llamo al orden por segunda
vez. (Fuertes y prolongadas protestas.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Se ponen nerviosos, señorías, lo
siento pero yo respondo al requerimiento del líder, señor Blanco, que
es el que me ha dicho que hablara de esto. Y le estoy diciendo,
señorías,...(Fuertes y prolongadas protestas.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte ....(Rumores y
Protestas.) Señorías, en tanto en cuanto no sea posible escuchar al
interviniente que está en el uso de la palabra, el Pleno no va a
continuar. (Fuertes y prolongadas protestas.)
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, si quiere el señor Blanco,
sigo hablando de esto. Si me dice que no siga, no sigo hablando de
esto. Pero si el señor Blanco quiere que siga, yo sigo. Porque,
señorías...( Rumores.-Protestas.-El señor CalderaSánchez-Capitán: El
Reglamento, el Reglamento. Artículo 102.-La señora Cunillera i
Mestres pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señora Cunillera! guarde silencio, por favor.
Adelante, señor Martínez-Pujalte, continúe con su intervención.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El señor López Aguilar ha hablado de
cuentas en Suiza y yo le estaba informando de que los que tenían
cuentas en Suiza son el señor Navarro, el señor Sala, diputados
socialistas...(Varios señores diputados: ¡Gescartera!, Gescartera,
Gescartera!) Sí, señorías, y tenían cuentas en Suiza los presidentes
autonómicos socialistas, señor Urralburu y señor Otano, y está en las
actas judiciales. (Aplausos.) Señorías, yo no lo quería sacar. (El
señor Caldera Sánchez-Capitán, pide la palabra.) Señor Caldera, no se
ponga nervioso, ahora le sigo diciendo. Y tenían cuentas en Suiza
donde está demostrado...(Varios señores diputados: ¡Gescartera,
Gescartera, Gescartera!) Y tenían cuentas en Suiza donde se
ingresaban las comisiones de Filesa. Lo ha declarado recientemente en
el juzgado el presidente de la sociedad El Viso, que es una sociedad
de publicidad cuyo presidente era del comité electoral del Partido
Socialista, que le pagaban con cargo a esas cuentas trabajos que
hacía para el Partido Socialista. (Varios señores diputados:
¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte.
El señor BLANCO GARCÍA: A la cuestión. (El señor Caldera Sánchez-
Capitán pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, no es preciso que auxilie a esta
presidencia en la dirección del debate. (Rumores.-Varios señores
diputados: Sí, sí.-El señor Caldera Sánchez-Capitán, pide la
palabra.) Señorías, el Reglamento le da a la presidencia la
competencia para dirigir el debate y, por tanto, lo voy a seguir
ejerciendo. Señor Caldera, le daré la palabra cuando termine el señor
Martínez-Pujalte.
Señor Martínez-Pujalte, le ruego termine en tres minutos.
(Protestas.-Rumores.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, vuelvo a la cuestión. Se
pagaban con cargo a esas cuentas en Suiza gastos de la campaña
electoral del PSOE, y esas cuentas eran de Filesa, y, ¿saben,
señorías...( Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera,
Gescartera, Gescartera!)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte, por favor.
Señorías, en tanto en cuanto las intervenciones espontáneas de
determinados bancos de este hemiciclo se sigan produciendo, no vamos
a terminar este debate ni va a ser posible que el diputado que está
en el uso de la palabra lo haga. Señorías, el Reglamento le concede
a la presidencia... (Rumores.) Señorías, guarden silencio. El
Reglamento le concede a la presidencia la dirección de los debates,
lo que el Reglamento no le concede, porque no es posible, es impedir
que SS.SS. emitan
sonidos y gritos desde sus bancos. Pero como sí me permite suspender
el debate...(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.-Protestas.) Señorías, les
llamo al orden.
Estaba diciendo, y ruego que guarden silencio todos los diputados,
que en tanto en cuanto no sea posible que la intervención del
diputado que está en el uso de la palabra sea audible, vamos a seguir
con este planteamiento. Por tanto, señorías, insisto, como el
Reglamento lo que no me posibilita es que ustedes sigan emitiendo
sonidos, la única forma que me cabe es la de que solamente le dé la
palabra al diputado interviniente cuando haya un suficiente nivel de
silencio en la Cámara que permita seguir el debate.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, concluyo con este tema,
pero digo que una persona ligada al entorno de Filesa está ligada al
entorno de las empresas de Gescartera. (Varios señores diputados:
¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!) No, si es que están ligadas las
personas, señorías; están ligadas las personas. (Aplausos.) Señorías,
esta Comisión se inicia porque el 14 de junio la CNMV decide
intervenir la sociedad sin que hubiera mediado ni reclamación de
cliente ni salvedad en la auditoría. Se hace porque en esa reunión
del 14 de junio se descubre que hay descuadre patrimonial y es la
Comisión la que decide intervenir e ir a los órganos
jurisdiccionales. (Rumores.) Sé que les sienta mal, pero eso es así,
señorías. Desde entonces hemos trabajado con intensidad, tanto la
Comisión de Gescartera como el Gobierno apoyando a los órganos
jurisdiccionales. Desde luego, señorías, mucho más que cuando hubo
otros casos en España, cuando el Grupo Popular por responsabilidad,
criticó a los estafadores y no criticó a los órganos de supervisión;
por responsabilidad, señorías, que ustedes no han demostrado.
Señorías, estamos ante una gran estafa, y mi grupo lo sabe, sabemos
que hay otros sujetos implicados y así lo hemos hecho constar. pero
también decimos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
desde su fundación hasta ahora, ha hecho un buen trabajo. Es verdad
que se ha equivocado con Gescartera, desde el inicio. Señorías, en
1994, teniendo una sanción grave el señor Camacho, el señor Croissier
le deja seguir funcionando. Eso, señoría, el señor López Aguilar lo
pasa de largo.
Señorías, ustedes han hablado de irregularidades. Yo les quiero
decir, para que lo sepan todas SS.SS., que los informes de auditorías
internas, de entidades independientes, de organismos de la función
pública con alta profesionalidad e independencia han puesto de
manifiesto que no ha habido irregularidad alguna ni en la Agencia
Tributaria, ni en los centros directivos de Hacienda, ni en los
centros directivos de Economía. Así
figura, señorías, aunque el señor López Aguilar lo quiera ocultar
esta mañana a la Cámara. Por eso, mi grupo cree que no hay
responsabilidad política adicional en el caso de Gescartera. Mi grupo
cree que los señores Rato y Montoro han hecho y están haciendo un
trabajo extraordinario en beneficio de todos los españoles y, desde
luego, una tarea de primer orden para modernizar y dar transparencia
a la estructura económica, que se está traduciendo en crecimiento y
empleo. Mi grupo felicita al señor Rato y al señor Montoro por su
tarea. (Aplausos.)
Señorías, nos ha hecho el señor López Aguilar una digresión jurídica
sobre la responsabilidad que no aplica a su propio grupo. Hay
responsabilidad cuando un nombramiento no se ajusta al perfil
adecuado o cuando se conocen los hechos irregulares y se tapan. Eso
es lo que sucedió con el gobernador del Banco de España en épocas
socialistas, que conociendo los hechos se taparon. Ahora, es el Grupo
Popular el que los ha descubierto, el que le ha dado transparencia y
el que ha llegado hasta el final. (Rumores.-Aplausos.)
Señorías, ni en la documentación ni en las comparecencias se ha
desprendido implicación alguna, ni directa ni indirecta, de algún
miembro del Gobierno, ni de ningún otro cargo, aparte de los ya
señalados que SS.SS. conocen. Mi grupo también ha propuesto medidas
positivas para que esto no pase. Estamos ante una Comisión, señorías,
que ha supuesto un fracaso para el Partido Socialista, vinieron a
cazar y se han ido de vacío, señorías, pero nosotros hemos llegado
hasta el final, hemos dado un ejemplo a la democracia española de
transparencia y de claridad y además, señorías, hemos propuesto
mejoras para el futuro. (Rumores.- Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LOPEZ: Concluyo, señora presidenta.
Señoría, es ridículo el papel del Grupo Socialista, llevado al máximo
apogeo en el organigrama que ayer hicieron, ridículo, señoría. Al
Partido Popular le ha valido este caso para demostrar nuestro
compromiso con la transparencia y con la claridad. (Risas.), para
demostrar que es un partido donde no cabe la corrupción y un partido,
señorías, donde el que la hace la paga. Mientras, en el Grupo
Socialista están en el sálvese quien pueda porque lo han hecho fatal.
(Fuertes y prologados aplausos de las señoras y señores diputados del
Grupo Popular puestos en pie.-Varios señores diputados del Grupo
Socialista: ¡Rato dimisión! ¡Rato dimisión!-El señor López Aguilar
pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor López Aguilar. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
Un momento, señor López Aguilar, que el señor Alcaraz pide la
palabra. ¿Señor Alcaraz?
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, con la venia, suponemos
que corresponde, en función de la sesión que estamos viviendo, un
turno de réplica, aunque sea mínimo, a todos y cada uno de los
grupos.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, en principio no ha habido turno
en contra porque se ha utilizado el turno de fijación de posición...
Déjeme que termine, no haga gestos, señor Alcaraz.
Había visto que me pedía la palabra el señor López Aguilar y pensé
que era el único que la pedía, por eso se la he dado a él, pero veo
que hay otras peticiones de los grupos que han presentado votos
particulares y entonces, como usted planteaba, por un tiempo mínimo
vamos a seguir el mismo orden. En primer lugar, tiene usted la
palabra. (Pausa.) Está en el uso de la palabra, señor Alcaraz, porque
si mal no recuerdo ha sido el primero en intervenir defendiendo su
voto particular.
El señor ALCARAZ MASATS: Acepto que usted haya estado flexible en
este momento, pero también le digo que es una flexibilidad ponderada,
por cuanto usted en el trámite oportuno debiera haber anunciado si
alguien pedía el turno en contra, cosa que no se ha hecho desde la
presidencia en su momento.
La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, cuando desde la presidencia no
se ha hecho es porque tenía conocimiento -porque así se lo habían
hecho llegar los grupos que no habían presentado votos particulares-
de que no iban a pedir turno en contra. Es un dato que seguramente le
faltaba a usted.
Adelante.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros, señora presidenta, hemos hecho un trabajo serio de
investigación por cuanto pensamos que la democracia se consolida día
a día. A nuestro juicio, las mayorías absolutas no son favorables a
la transparencia, pensamos que este tema se ha demostrado de manera
sobrada no sólo en este debate aquí en Pleno, sino a lo largo de los
trabajos de la Comisión.
La Comisión de investigación empezó a trabajar autoasignándose unos
planos de trabajo que han sido muy positivos, que el señor presidente
tenía a gala proteger y así lo ha hecho prácticamente hasta el final,
en el sentido de que estábamos marcando una nueva forma de hacer
parlamentarismo desde este Congreso y de conectar con la sociedad.
Nosotros pensamos que los intereses partidarios en ningún caso
hubieran debido abortar esta situación a través de los cambios de
formato de los planes de trabajo. Por tanto, esa es nuestra primera
protesta.
En segundo lugar, yendo al fondo de la cuestión, la democracia
fundamentalmente se basa en algo que se llama la ética de la
representatividad y en la ética de la representatividad va incurso,
inserto el tema de la responsabilidad política. No se trata de
demostrar ningún delito ni presunto delito; aquí se ha estado
defendiendo, más que a un partido político, la irracionalidad del
forofismo, del futbolismo, del fútbol y de los partidos de fútbol. No
estamos de acuerdo con esa forma de hacer política, señora
presidenta, y lo decimos aquí. Se han demostrado cuestiones de
responsabilidad política que no se asumen; una mayoría absoluta, por
muy absoluta que sea, no puede votar que un tomate es un mamífero y
meter el tema en el Boletín Oficial del Estado, y eso es un poco lo
que se está intentando aquí.
Le digo al señor portavoz del Partido Popular, que sabe que lo tengo
en estima como a un portavoz cualquiera de cualquier otro grupo en
cualquier otro momento de los trabajos de esta Cámara, que su
discurso tenía que haber sido político. Usted puede hacer el discurso
que quiera, pero se trata de contrastar argumentos políticos en
función de un objeto que nos ha reunido aquí: la búsqueda de una
responsabilidad política. Ese discurso político no se ha hecho. A
partir de ahí y en función del nerviosismo de la Cámara, estamos
generando una noticia que no es positiva para la Cámara, que no es
positiva para la democracia. El cruce de argumentos, la dialéctica
argumental ha dejado paso a otro tipo de cuestiones que no dignifican
precisamente la imagen democrática de esta Cámara, por una parte
y por otra.
Señora presidenta, yo quiero dejar constancia aquí de que nosotros
hemos querido que se hiciera un debate con todos los argumentos,
desde la serenidad y contrastando realmente el peso de cada argumento
desde el principio hasta el final. No ha sido posible. Se ha abortado
el estilo de la Comisión de investigación, se ha abortado la
prolongación necesaria de esta Comisión de investigación y ahora, al
final, en función de unas cosas y de otras, se ha abortado que se
concluya con un debate político de altura. Lo sentimos de verdad,
señora presidenta, y queremos decir que los trabajos de la Comisión,
serios y rigurosos, no se corresponden con el debate que ha tenido
lugar esta tarde aquí, en el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta. Muy
brevemente.
Hoy hemos asistido a un espectáculo de alguna manera lamentable. La
Cámara está excitada y lo que nos dice esta excitación es que el tema
era realmente
importante. Pues bien, yo creo que aquí hemos puesto el dedo en la
llaga de lo importante los grupos de la oposición, y el Partido
Popular no ha dicho absolutamente nada de lo que pasó en Gescartera,
pero nada de nada. (Aplausos.) La habilidad del señor Pujalte para
irse por las ramas es realmente increíble. La sociedad no se ha
enterado de lo que ha pasado hoy aquí, sólo se va a enterar de que ha
habido un follón terrible, pero lo que pensarán -y yo creo que esto
lo van a tener claro- es que el Partido Popular no ha contribuido en
absoluto a esclarecer los hechos. Frente a las explicaciones que
hemos dado unos, las no respuestas y las descalificaciones de los
otros. A nosotros no nos ha descalificado porque no somos nadie,
porque somos el Partido Nacionalista Vasco y no entra dentro del
juego político. No se trataba de aclarar cuestiones, se trataba de
hacer un partido de ping-pong entre los partidos mayoritarios, y creo
sinceramente, señores del Partido Popular, que esto es realmente un
error.
No hay que confundir. Nosotros no estamos diciendo, por lo menos
nuestro grupo, que el señor Rato, el señor Montoro y el señor Caruana
sean culpables, no; estamos diciendo que son responsables. Señor
Pujalte, usted ha reconocido que hay sujetos implicados. Pues bien,
para pasar de sujetos implicados a sujetos responsables, en política,
simplemente basta con ser coherentes y profundamente demócratas, y
esto hoy aquí no se ha producido. Realmente lo siento. Me gustaría
tener la oportunidad de que este debate no quedara aquí, que los
ciudadanos supieran qué es lo que ha pasado. No traten de tapar este
debate de forma artificial. Este es un debate real de un problema
real, con responsabilidades reales, y esto no se puede tapar con
algaradas salidas de tono en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Señorías, el Grupo Socialista habló de
responsabilidades y no nos van a parar, ni a la justicia ni al
Parlamento ni a la opinión pública. Le digo al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que usted no habla con el señor López Aguilar,
cuyo nombre ha repetido 25 veces, usted habla con el Grupo
Parlamentario Socialista, habla con ocho millones de votantes y habla
con millones de españoles que tienen derecho a saber la verdad sobre
el caso Gescartera, sobre lo que usted no ha dicho ni una sola
palabra. (Aplausos.) Le digo también que no va a conseguir rebajar el
tono del Grupo Socialista para situarlo a su propia estatura moral,
señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señor Martínez-
Pujalte, no va a conseguir rebajar nuestro tono para que tengamos que
explicarle que cumplimos con nuestro deber. No ha
habido ninguna cacería, aunque comprendo que el Grupo Parlamentario
Popular se encuentra muy incómodo con la cacería porque se siente
mucho más cómodo con las monterías con trofeos amañados, que sé que
les gusta mucho a los portavoces del Grupo Popular. (Aplausos.)
Monterías con trofeos amañados, pero aquí el trofeo no estaba
amañado, era la verdad sobre el caso Gescartera, a cuyo
esclarecimiento ustedes no han contribuido en absoluto. Cumplimos con
nuestro deber y créame que estamos convencidos y seguros de que,
entre la inmadurez y la putrefacción, somos capaces de encontrar un
punto medio con millones de españoles. Entre la inmadurez y la
putrefacción, hay un punto medio en el que los socialistas quieren
poner la verdad sobre el caso Gescartera, que ha sido el motivo de
nuestro trabajo.
Usted nos pide que hagamos frente a nuestras contradicciones; no
vamos a rebajar el discurso del Partido Socialista para hablar de
contradicciones con quien un lunes dijo que admitir el paso a una
comisión de investigación era igual que admitir el dolo en el
comportamiento del Gobierno y al martes siguiente se vio obligado
a desdecirse con desvergüenza. (Aplausos.) Se vio obligado a desdecirse
al martes siguiente porque le contradijeron los hechos, la presión de
la opinión pública y la exigencia de la constitución de la comisión
de investigación.
No va a obligar a bajar el tono del Grupo Socialista para explicarle
que nuestra investigación sobre la Agencia Tributaria no afecta a
30.000 funcionarios, afecta a sus cargos políticos. Créame que nos
preocupan los 30.000 funcionarios de la Agencia Tributaria, pero nos
preocupa mucho más 16 millones de contribuyentes que tienen derecho a
fiarse de la Agencia Tributaria, tienen derecho a tener confianza en
la Agencia Tributaria. Los expedientes de inspección no pueden ser
manipulados con criterios selectivos dirigidos por altos cargos de
confianza del Partido Popular, que pueden ser sorprendidos a las dos
y media de la mañana, manipulándolos sin ofrecer ninguna explicación.
(Aplausos.) Esos 16 millones de contribuyentes tienen que ser
ciudadanos que puedan exigir de su inspección tributaria
transparencia y fiabilidad.
Créame que en algunos momentos de la intervención del Grupo
Parlamentario Popular he sentido vergüenza ajena compartida, con toda
seguridad, por el Grupo Popular. (Rumores.-El señor Arenas Bocanegra:
¿Vergüenza?-El señor de Grandes Pascual: ¡Caradura!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Créanme que he compadecido y compadezco a los
diputados del Grupo Popular que han tenido que sufrir esta ducha de
vergüenza ajena durante la intervención que hemos escuchado.
(Aplausos.) y compadezco especialmente a esos diputados del
Grupo Popular que no son capaces de sonreír ni siquiera cuando se
habla de cuentas en Suiza, los compadezco. (Aplausos.) Cuando se
habla de cuentas de Suiza, hay algún diputado del Grupo Popular que
ni siquiera puede sonreír, ni siquiera entonces, y lo comprendo,
porque usted con su intervención, absolutamente extemporánea, les ha
obligado a pasar un mal rato de vergüenza ajena. Permítame que le
diga que ciertas intervenciones en esta Cámara sitúan su aportación a
la dignidad parlamentaria al mismo nivel que la aportación del
ecónomo de Valladolid a la teología y a la moral, exactamente al
mismo nivel. (Risas y aplausos.)
Ustedes se han proclamado aquí incompatibles con la corrupción; de lo
único que tenemos noticia los españoles, los ciudadanos que tenemos
derecho a saber la verdad sobre el caso Gescartera, es que ustedes
son compatibles con todo. (Aplausos.) Son compatibles con los
negocios privados desde los cargos públicos, compatibles con la
connivencia, compatibles con la tolerancia, compatibles con la ley
del embudo que ustedes se han aplicado. Yo les he explicado la teoría
de la responsabilidad política por la cual, cuando uno comete un
error, o bien ofrece una explicación plausible en democracia que
pueda convencer o sencillamente se va. Yo creo que no hay mayor
prueba del nueve de su total, palmaria incapacidad para ofrecer una
explicación plausible de cómo fue posible Gescartera que el hecho de
que usted suba a esta tribuna y sea incapaz de hablar un solo minuto
de Gescartera, porque no puede mirarle a la cara de la verdad sobre
el caso Gescartera. Tiene que recurrir, como predijimos desde el
primer día, al pasado y a la infamia, pero es incapaz de hablar ni un
solo minuto de su responsabilidad política en el año 2001. (Rumores.)
Mírense a su espejo, si son capaces, señores del Grupo Parlamentario
Popular, y recuerden su doctrina. Recuerden su historial, recuerden
cómo bramaban y gritaban, cómo braceaban como han braceado hoy
(Rumores.-Protestas.), recuerden cómo bramaban y cómo gritaban
ustedes cuando estaban en la oposición exigiendo responsabilidades
políticas a la Presidencia del Gobierno cada vez que se descubre un
error o una gestión impresentable en los segundos y terceros
escalones de la administración, y cómo ahora eluden su
responsabilidad política siendo incapaces, incluso cuando suben a
esta tribuna, de hablar ni un solo segundo del asunto que estaba en
el orden del día. Yo creo que eso ha retratado la altura
parlamentaria del Grupo Popular. En eso -y estoy en lo cierto- se han
quedado absolutamente solos. Nadie en esta Cámara era capaz de
comprender a qué estaban dedicando su tiempo los portavoces y los
diputados del Grupo Parlamentario Popular y a qué lo han dedicado
aquí, a hablar de cualquiercosa menos de Gescartera.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego que concluya, por
favor.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Nada más, señora presidenta. (Fuertes y
prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez-Pujalte, creo que su discurso hace un flaco favor a
esta Cámara porque hurta el debate político. Uno es nuevo y afrontaba
esta Comisión de investigación y este debate de hoy con novedad. Al
ver cómo ha actuado usted, en el próximo debate vamos a venir con
chubasquero porque la táctica del ventilador, señor Martínez-Pujalte,
ha funcionado, pero no ha dado ninguna razón ni ninguna argumentación
de la postura del PP ante este hecho. No sólo ha hurtado usted el
debate político, sino que los dos ministros, con su ausencia, han
hecho un flaco favor al Congreso. Les falta altura política al señor
don Rodrigo de Rato y al señor Montoro para estar hoy aquí.
(Aplausos.) Lo mínimo que podían hacer, si tal es la seguridad, es
estar hoy aquí.
Señor Martínez-Pujalte, me parece inconcebible que usted se refugie
en el búnquer -en este caso, búnquer barraqueta- y no sea capaz, en
ningún momento, de un solo atisbo de autocrítica del Gobierno y del
grupo que apoya al Gobierno sobre la actuación de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y sobre la Agencia Tributaria, ni un
atisbo de autocrítica. Este es un flaco favor a la Cámara. Creo,
incluso, que sus electores habrían aceptado y agradecido autocrítica
por su parte. No ha habido ni una palabra del innombrable. En este
debate hay un innombrable para el Partido Popular, el ex secretario
de Estado de Hacienda, el señor don Enrique Giménez-Reyna. No han
dicho ni una palabra, ni una mención, no lo hicieron en la Comisión
ni en su dictamen ni en su voto, en definitiva. Es altamente
sospechoso que haya un personaje con responsabilidad en este caso
como el señor Giménez- Reyna.
Finalmente, me parece también fuera de lugar que el señor
representante de la mayoría sea incapaz de dar argumentos a las
propuestas constructivas que se han hecho desde la oposición. Ya lo
hicieron en la Comisión. Ni un argumento se dio acerca de porqué, por
ejemplo, la conclusión principal fuera que el Congreso nombrara al
presidente y a los miembros no natos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. No han dado ni un argumento. Tendrían dos, uno
concebible que sería el celo habitual del Ejecutivo en no ceder
competencias al Legislativo, pero hay otro que es la sensación de que
ustedes no quieren que los vigilantes sean vigilados. No quieren que
los vigilantes, en ese
caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sean vigilados por
esta Cámara. Aquí no han dado explicaciones y no son capaces darlas.
Para acabar, usted ha dicho que el Partido Popular había llegado
hasta el fondo. Me parece difícil. Estamos hablando en el caso
Gescartera de una fosa abisal y en las fosas abisales hay mucho barro
y mucho lodo. En este caso creo, señor Martínez-Pujalte, que el lodo
también les ha encharcado a ustedes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte López.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los españoles, gracias al Partido
Popular, han tenido más información de Gescartera que de ningún otro
escándalo que salpicó en la época socialista a todos los españoles,
(Rumores.) se ha dado más información que nunca, señorías.
(Aplausos.)
Hemos dedicado a la Comisión de Gescartera más horas de trabajo que a
ninguna otra comisión; hemos tenido más comparecientes que nunca -y
eso lo saben también los medios de comunicación que nos han
acompañado- y hemos hablado de lo que ha sucedido en Gescartera, pero
ustedes, señores del Grupo Socialista, nunca han querido saber la
verdad. Lo que el primer día dijeron en la tribuna parlamentaria ya
estaba augurando las conclusiones que querían sacar; dijo el señor
Cuevas en tribuna parlamentaria que lo único que le interesaba de la
Comisión Gescartera era buscar pruebas para las conclusiones que ya
tenían establecidas. Por eso no les han importado los informes.
Señores del Grupo Socialista, creo que harían muy bien en leerse los
documentos que figuran en la Comisión. Auditorias de organismos
independientes, Inspección de los Servicios de la Administración
pública, que es un organismo independiente y profesional, todos
reseñan en sus conclusiones: Como resultado de lainvestigación no se
han constatado conductas concertadas tendentes a favorecer a los
contribuyentes analizados en el informe del Servicio de Auditoría
Interna. Eso es lo que ha sucedido, señorías. Hemos hecho un trabajo
intenso que nos ha permitido conocer a fondo lo que ha sucedido en
Gescartera y hemos visto, señorías, que la Administración pública ha
actuado con corrección, que los funcionarios han actuado con
corrección y que no ha habido responsabilidad política más allá de la
que ya se conoce y se constata en el documento de conclusiones,
señorías.
Yo no sé a qué se refería el señor López Aguilar cuando hablaba de
putrefacción e inmadurez. ¿Se refería, en esa disyuntiva entre
putrefacción o inmadurez, a las dos direcciones socialistas?
(Rumores.) ¿Se refería
al antes y al ahora de la dirección socialista? (Rumores.- Aplausos.)
¿Se refería al hablar de putrefacción a lo que todos los españoles
han conocido y al hablar de inmadurez a la actitud que hemos visto
del señor Zapatero? ¿A eso se refería el señor López Aguilar?
(Aplausos.) Porque desde luego, señorías, el señor López Aguilar
tenía ya la réplica escrita, ya sabemos que tenía la réplica escrita,
se lo había oído antes al señor Caldera ahí, en el bar, previamente a
este discurso; ya la tenía escrita. (Rumores.-Risas.-protestas.)
Señorías, hemos hablado de Gescartera, pero de lo que ustedes no
quieren hablar es de que el único señor que ha recibido regalos y
conserva un cargo público es del Grupo Socialista y está en el
consejo de Radiotelevisión Española. (Rumores.-Protestas.) Señorías,
hemos hablado de Gescartera a fondo, pero por mucho ruido que hagan,
señorías, no van ocultar el fracaso que han tenido. Desde luego,
señorías, la altura moral no necesita alzas, no necesita ruido; la
altura moral la ha manifestado nuestro grupo parlamentario aceptando
una comisión de investigación con mayoría absoluta (Risas.-
Protestas.), algo que ustedes no hicieron ni hacen ahora donde tienen
responsabilidad de Gobierno. (Protestas.) No lo hacen, señorías. No
vamos a hablar de actitudes personales porque algunos de su grupo
tienen mucho que ocultar.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Rumores.- Protestas.-Varios señores
diputados: Ramallo, Ramallo.-Los señores ministros de Economía y
Hacienda entran en el hemiciclo.-Varios señores diputados: ¡Cobardes,
cobardes, cobardes!)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del dictamen de la
Comisión de investigación sobre Gescartera, así como de los votos
particulares que han sido presentados.
Empezamos con la votación del voto particular presentado y defendido
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Dentro de este
voto particular votamos, en primer lugar, el nuevo apartado de dicho
voto incluido en virtud de lo solicitado mediante escrito, número de
registro 51.288.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 119; en contra, 181; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación las propuestas números 4 y 16 del voto
particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 131; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 120; en contra, 185.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del voto particular presentado por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, la propuesta número 2
de dicho voto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 130; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto del voto particular del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 118; en contra, 187.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del voto particular del Grupo Parlamentario
Socialista. En primer lugar, sometemos a votación el nuevo apartado
de dicho voto incluido en virtud de lo solicitado mediante escrito,
número de registro 51.504.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 118; en contra, 187.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación el apartado 3.1 de las propuestas incluidas en
el voto particular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 131; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el resto del voto particular presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 119; en contra, 186.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del voto particular del Grupo Mixto. En primer
lugar, el apartado relativo a la descentralización
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
incluido en las propuestas relativas a cambios normativos del voto
particular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 131; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Resto del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 119; en contra, 186.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Realizada la votación de los votos particulares, sometemos a votación
el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 186; en contra, 119.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.
(Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran las tres y diez minutos de la tarde.