Ogi-apurra
Argitalpenak
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 111, de 04/10/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 111
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 106
celebrada el jueves, 4 de octubre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores Diputados.
(Número de registro 046255.) . . . (Página
5395)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales:
- Enmiendas al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, aprobadas por la undécima reunión de las
partes, en Pekín, el 3 de diciembre de 1999. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 156, de 8 de junio de 2001. (Número de
expediente 110/000090.) . . . (Página 5395)
- Acuerdo sobre aplicación de las disposiciones de la Convención de
las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, de 10 de diciembre de
1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de
peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios,
hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y declaraciones
interpretativas que España desea Formular. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 159, de 15 de junio de 2001. (Corrección
de error en serie A, número 188, de 10 de septiembre de 2001. (Número
de expediente 110/000091.) . . . (Página
5395)
- Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República de Perú, hecho en Madrid el 8 de noviembre de
2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 162, de 29 de
junio de 2001. (Número de expediente 110/000092.) . . .
- Convenio entre el Reino de España y la República de Eslovenia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Liubliana el
23 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número
163, de 29 de junio de 2001. (Número de expediente 110/000093.) . . .
(Página 5396)
- Canje de notas, de fechas 16 de enero y 6 de marzo de 2001, por el
que se modifica el artículo 2 del Convenio de cooperación cultural
entre el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República
Argentina de 23 de marzo de 1971. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 167, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente
110/000094.) . . . (Página 5396)
- Protocolo de finalización del Convenio para la conservación de los
recursos vivos del Atlántico Sudoriental, hecho en Madrid el 19 de
julio de 1990. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 168,
de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000095.) . . .
(Página 5396)
- Canje de notas, de fechas 19 y 22 de enero de 2001, constitutivo de
Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la
prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica
y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria
y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 169, de 13 de julio de 2001. (Número de
expediente 110/000096.) . . . (Página 5396)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador
relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios,
hecho en Madrid el 29 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 170, de 13 de julio de 2001. (Número de
expediente 110/000097.) . . . (Página 5396)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Madrid el 9 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, número 171, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/
000098.) . . . (Página 5396)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Madrid el 9 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, número 172, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/
000099.) . . . (Página 5397)
- Proyecto de denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre
España y Colombia sobre supresión de visados. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 173, de 13 de julio de 2001. (Número de
expediente 110/000100.) . . . (Página 5397)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre
el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en
Madrid el 9 de mayo de 2001. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie
A, número 174, de 13 de julio de 2001. (Número de expediente 110/
000101.) . . . (Página 5397)
- Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño,
sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva
York el 25 de mayo de 2000, y Declaración que España va a formular en
el momento de su ratificación. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 177, de 23 de julio de 2001. (Número de expediente
110/000102.) . . . (Página 5397)
- Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño,
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de
mayo de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 178,
de 23 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000103.) . . .
(Página 5397)
- Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre
el Reino de España y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 181, de 30 de julio
de 2001. (Número de expediente 110/000104.) . . .
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
de Letonia al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de
mayo de 1971. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 182,
de 30 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000105.) . . .
(Página 5398)
- Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del
Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el 29 de
enero de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 183,
de 30 de julio de 2001. (Número de expediente 110/000106.) . . .
(Página 5398)
- Enmiendas al Convenio del Consejo General de Pesca del
Mediterráneo, adoptadas en Roma el 6 de noviembre de 1997. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 184, de 30 de julio de
2001. (Número de expediente 110/000107.) . . .
(Página 5398)
- Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 185, de 8 de agosto de
2001. (Número de expediente 110/000108.) . . .
- Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número
186, de 8 de agosto de 2001. (Número de expediente 110/000109.) . . .
(Página 5398)
- Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional,
hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 187, de 8 de agosto de 2001. (Número de
expediente 110/000110.) . . . (Página 5399)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 9 de febrero de
2001. (Número de expediente 121/000029.) . . .
- Proyecto de Ley Orgánica complementaria a la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie
A, número 30-1, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 121/
000030.) . . . (Página 5399)
- Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas
y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de
2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 39-1, de 15
de junio de 2001. (Número de expediente 121/000039.) . . .
(Página 5416)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados . . .
(Página 5395)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de excelentísimos señores diputados . .
. (Página 5395)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
diputados, es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 5395)
Enmiendas al protocolo de Montreal relativo a las sustancias que
agotan la capa de ozono, aprobadas por la undécima reunión de las
partes, en Pekín el 3 de diciembre de 1999 . . .
Sometido a votación se aprueba por 222 votos a favor.
Acuerdo sobre aplicación de las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,
relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces
transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, hecho
en Nueva York el 4 de agosto de 1995 y declaraciones interpretativas
que España desea formular . . . (Página 5395)
Sometido a votación, se aprueba por 226 votos a favor.
Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de
España y la República de Perú, hecho en Madrid el 8 de noviembre de
2000 . . . (Página 5395)
Sometido a votación, se aprueba por 226 votos a favor y dos
abstenciones.
Convenio entre el Reino de España y la República de Eslovenia para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Liubliana el
23 de mayo de 2001 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 229 votos a favor y una
abstención.
Canje de notas de fechas 16 de enero y 6 de marzo de 2001, por el que
se modifica el artículo 2 del Convenio de cooperación cultural entre
el Gobierno del Estado Español y el Gobierno de la República
Argentina de 23 de marzo de 1971 . . . (Página
5396)
Sometido a votación, se aprueba por 232 votos a favor y una
abstención.
Protocolo de finalización del Convenio para la conservación de los
recursos vivos del Atlántico Sudoriental, hecho en Madrid el 19 de
julio de 1990 . . . (Página 5396)
Sometido a votación, se aprueba por 235 votos a favor.
Canje de notas, de fechas 19 y 22 de enero de 2001, constitutivo de
Acuerdo entre España y los Estados Unidos de América, sobre la
prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre cooperación científica
y técnica en apoyo a los programas de exploración lunar y planetaria
y de vuelos espaciales tripulados y no tripulados a través del
establecimiento en España de una estación de seguimiento espacial,
firmado en Madrid el 29 de enero de 1964 . . .
Sometido a votación se aprueba por 236 votos a favor y una
abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador relativo
a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, hecho en
Madrid el 29 de mayo de 2001 . . . (Página
5396)
Sometido a votación, se aprueba por 237 votos a favor.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Chile sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y
técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en
Madrid el 9 de mayo de 2001 . . . (Página
5396)
Sometido a votación, se aprueba por 241 votos a favor y una
abstención.
Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y
técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en
Madrid el 9 de mayo de 2001 . . . (Página
5397)
Sometido a votación, se aprueba por 243 votos a favor.
Proyecto de denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre
España y Colombia sobre supresión de visados . . .
Sometido a votación, se aprueba por 242 votos a favor.
Acuerdo entre el Reino de España y la República de Honduras sobre el
libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares
dependientes del personal diplomático, consular, administrativo
y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en
Madrid el 9 de mayo de 2001 . . . (Página
5397)
Sometido a votación, se aprueba por 242 votos a favor y dos
abstenciones.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño,
sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva
York el 25 de mayo de 2000, y Declaración que España va a formular en
el momento de su ratificación . . . (Página
5397)
Sometido a votación, se aprueba por 243 votos a favor.
Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño,
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de
mayo de 2000 . . . (Página 5397)
Sometido a votación, se aprueba por 244 votos a favor.
Acuerdo sobre protección mutua de la información clasificada entre el
Reino de España Y Suiza, hecho en Madrid el 22 de mayo de 2001 . . .
(Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 245 votos a favor.
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República
de Letonia al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de
accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de
mayo de 1971 . . . (Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 246 votos a favor.
Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del
Convenio sobre la diversidad biológica, hecho en Montreal el 29 de
enero de 2000 . . . (Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 245 votos a favor.
Enmiendas al Convenio del Consejo General de Pesca del Mediterráneo,
adoptadas en Roma el 6 de noviembre de 1997 . . .
Sometido a votación, se aprueba por 245 votos a favor y una
abstención.
Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional, hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 . . .
(Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 246 votos a favor.
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000 . . . (Página 5398)
Sometido a votación, se aprueba por 247 votos a favor y uno en
contra.
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de las
Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional,
hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000 . . .
Sometido a votación, se aprueba por 247 votos a favor.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 5399)
Proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria . . .
(Página 5399)
Proyecto de ley orgánica complementaria a la general de estabilidad
presupuestaria . . . (Página 5399)
En defensa de las enmiendas mantenidas a los dos proyectos de ley,
intervienen los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa y
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y Fernández Marugán y la
señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Cámara
Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas mantenidas por los grupos
parlamentarios al proyecto de ley general de estabilidad
presupuestaria, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación el texto del dictamen.
Sometidos a votación los artículos 2, 8, 20, 25 y la exposición de
motivos, se aprueban por 184 votos a favor, 111 en contra y 14
abstenciones.
Sometido a votación el artículo 3, más la disposición final segunda,
se aprueban por 180 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.
Sometido a votación el resto del dictamen del referido proyecto de
ley, se aprueba por 196 votos a favor y 113 en contra.
A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas, del
dictamen y a la votación de conjunto.
En primer lugar, son sometidas a votación las enmiendas mantenidas al
proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley general de
estabilidad presupuestaria, que son rechazadas.
A continuación se somete a votación la exposición de motivos del
texto del dictamen, que es aprobado por 182 votos a favor, 126 en
contra y una abstención.
Sometidos a votación los artículos 6, 8, 9 y 10 y la disposición
adicional única, se aprueban por 181 votos a favor, 127 en contra y
una abstención.
Sometido a votación el resto del dictamen, se aprueba por 195 votos a
favor, 112 en contra y dos abstenciones.
Votación de conjunto . . . (Página 5416)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley por tener carácter
de orgánico, se aprueba por 180 votos a favor y 129 en contra,
habiendo superado el número de votos previstos para las leyes
orgánicas.
Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por
España del Tratado de Niza por el que se modifican el Tratado de la
Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas
y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de
2001 . . . (Página 5416)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García Breva, del Grupo
Parlamentario Socialista, y Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Sometido a votación el texto del dictamen del proyecto de ley
orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del
Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y
determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001,
se aprueba por 290 votos a favor y seis abstenciones.
Votación de conjunto . . . (Página 5422)
Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley aprobado, por su
carácter de orgánico, se aprueba por 290 votos a favor y siete
abstenciones.
Se levanta la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana con carácter secreto.
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS.
(Número de registro 046255.)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES:
- ENMIENDAS AL PROTOCOLO DE MONTREAL RELATIVO A LAS SUSTANCIAS QUE
AGOTAN LA CAPA DE OZONO, APROBADAS POR LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LAS
PARTES EN PEKÍN EL 3 DE DICIEMBRE DE 1999. (Número de expediente 110/
000090.)
La señora PRESIDENTA: Punto VIII del orden del día: dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En
primer lugar, enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, aprobadas por la undécima
reunión de las partes en Pekín el 3 de diciembre de 1999. ¿Algún
grupo desea intervenir? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
222; a favor, 222.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, DE 10 DE DICIEMBRE DE
1982, RELATIVAS A LA CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS POBLACIONES DE
PECES TRANSZONALES Y LAS POBLACIONES DE PECES ALTAMENTE MIGRATORIOS,
HECHO EN NUEVA YORK EL 4 DE AGOSTO DE 1995, Y DECLARACIONES
INTERPRETATIVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/
000091.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre aplicación de las disposiciones
de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de
10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de
las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces
altamente migratorios, hecho en Nueva York el 4 de agosto de 1995, y
declaraciones interpretativas que España desea formular.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
226; a favor, 226.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE PERÚ, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE
2000. (Número de expediente 110/000092.)
La señora PRESIDENTA: Tratado de asistencia judicial en materia penal
entre el Reino de España y la República de Perú, hecho en Madrid el 8
de noviembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
228; a favor, 226; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA PARA
EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIAL
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO, HECHO EN LIUBLIANA
EL 23 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000093.)
La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la
República de Eslovenia para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, hecho en Liubliana el 23 de mayo de 2001. ¿Algún grupo
desea intervenir? (Pausa.)
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
230; a favor, 229; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 16 DE ENERO Y 6 DE MARZO DE 2001, POR EL
QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL
ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO ESPAÑOL Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA DE 23 DE MARZO DE 1971. (Número de expediente 110/000094.)
La señora PRESIDENTA: Canje de Notas de fechas 16 de enero y 16 de
marzo de 2001 por el que se modifica el artículo 2 del Convenio de
cooperación cultural entre el Gobierno del Estado Español y el
Gobierno de la República Argentina, de 23 de marzo de 1971.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
233; a favor, 232; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO DE FINALIZACIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS
RECURSOS VIVOS DEL ATLÁNTICO SUDORIENTAL, HECHO EN MADRID EL 19 DE
JULIO DE 1990. (Número de expediente 110/000095.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo de finalización del Convenio para la
conservación de los recursos vivos del Atlántico Sudoriental, hecho
en Madrid el 19 de julio de 1990.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
235; a favor, 235.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- CANJE DE NOTAS, DE FECHAS 19 Y 22 DE ENERO DE 2001, CONSTITUTIVO DE
ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SOBRE LA
PRÓRROGA DEL ACUERDO ENTRE AMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA
Y TÉCNICA EN APOYO A LOS PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN LUNAR Y PLANETARIA
Y DE VUELOS ESPACIALES TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVÉS DEL
ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL,
FIRMADO EN MADRID EL 29 DE ENERO DE 1964. (Número de expediente 110/
000096.)
La señora PRESIDENTA: Canje de notas de fechas 19 y 22 de enero de
2001, constitutivo de Acuerdo entre España y los Estados Unidos de
América, sobre la prórroga del Acuerdo entre ambos países sobre
cooperación científica y técnica en apoyo a los programas de
exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales tripulados y no
tripulados a través del establecimiento en España de una estación de
seguimiento espacial.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
237; a favor, 236; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS,
HECHO EN MADRID EL 29 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/
000097.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Ecuador relativo a la regulación y ordenación de los flujos
migratorios, hecho en Madrid el 29 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
237; a favor, 237.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CHILE SOBRE EL
LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICO DE
MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 9 DE
MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000098.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Chile sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 241; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE EL
LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN
MADRID EL 9 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000099.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
Argentina sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
243; a favor, 243.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROYECTO DE DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 26 DE MAYO DE 1961 ENTRE
ESPAÑA Y COLOMBIA SOBRE SUPRESIÓN DE VISADOS. (Número de expediente
110/000100.)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de denuncia del canje de notas de 26
de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
242; a favor, 242.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE HONDURAS SOBRE
EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES
DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y
TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN
MADRID EL 9 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000101.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Honduras sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para
familiares dependientes del personal diplomático, consular,
administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas
Consulares, hecho en Madrid el 9 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
244; a favor, 242; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS, HECHO EN NUEVA
YORK EL 25 DE MAYO DE 2000 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN
EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000102.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo facultativo de la Convención sobre
los derechos del niño, sobre la participación de niños en conflictos
armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y declaración que
España va a formular en el momento de su ratificación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
243; a favor, 243.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO,
RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA
UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA, HECHO EN NUEVA YORK EL 25 DE
MAYO DE 2000. (Número de expediente 110/000103.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización
de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de
2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
244; a favor, 244.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ACUERDO SOBRE PROTECCIÓN MUTUA DE LA INFORMACIÓN CLASIFICADA ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA Y SUIZA, HECHO EN MADRID EL 22 DE MAYO DE 2001.
(Número de expediente 110/000104.)
La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre protección mutua de la
información clasificada entre el Reino de España y Suiza, hecho en
Madrid el 22 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
245; a favor, 245.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA
DE LETONIA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE
ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE
MAYO DE 1971. (Número de expediente 110/000105.)
La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la
adhesión de la República de Letonia al convenio sobre la ley
aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera,
hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
246; a favor, 246.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGÍA DEL
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA, HECHO EN MONTREAL EL 29 DE
ENERO DE 2000. (Número de expediente 110/000106.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la
biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho en
Montreal el 29 de enero de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
245; a favor, 245.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- ENMIENDAS AL CONVENIO DEL CONSEJO GENERAL DE PESCA DEL
MEDITERRÁNEO, ADOPTADAS EN ROMA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 1997. (Número de
expediente 110/000107.)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas al Convenio del Consejo General de
Pesca del Mediterráneo, adoptadas en Roma el 6 de noviembre de 1997.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
246; a favor, 245; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
- CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRANSNACIONAL, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000.
(Número de expediente 110/000108.)
La señora PRESIDENTA: Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
246; a favor, 246.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR TIERRA, MAR Y
AIRE, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE
NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000109.)
La señora PRESIDENTA: Protocolo contra el tráfico ilícito de
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional,
hecho en Nueva York el 15 de noviembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
248; a favor, 247; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
- PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS,
ESPECIALMENTE MUJERES Y NIÑOS, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL,
HECHO EN NUEVA YORK EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente
110/000110.)
La señora PRESIDENTA: Por último, protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional, hecho en Nueva York el 15 de
noviembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
248; a favor, 247; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de
expediente 121/000029.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA A LA GENERAL DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000030.)
La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre iniciativas legislativas.
Señorías, de acuerdo con la ordenación del debate, se debatirán
conjuntamente el proyecto de ley general de estabilidad
presupuestaria y el proyecto de ley orgánica complementaria a la Ley
General de Estabilidad presupuestaria. En cumplimiento del Reglamento
anuncio a la Cámara que la votación de conjunto de carácter orgánico
del proyecto de ley complementaria a La ley General de Estabilidad
presupuestaria no se producirá antes de las once de la mañana.
Señorías, vamos a iniciar el debate del dictamen de Comisión de los
dos proyectos de ley referidos. (Rumores.)
Ruego una vez más a SS.SS. que ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo en silencio.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas mantenidas por el
Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds nuestras enmiendas al proyecto de ley de
estabilidad presupuestaria en el marco de lo fue la intervención
política en el debate de enmienda a totalidad. Desde Iniciativa per
Catalunya-Verds rechazamos esta ley tanto desde la perspectiva social
como desde la perspectiva autonómica. Dijimos y reiteramos hoy que
esta es una ley rechazable socialmente, porque para nosotros el
objetivo presupuestario del Estado español no ha de ser, en primer
lugar, el déficit cero o el superávit, como plantea esta ley, sino
que en el marco del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea el
objetivo fundamental es la convergencia social del Estado español con
los países de la Unión Europea. Quiero recordar que España gasta 7 ú
8 puntos menos del producto nacional bruto que la media de los países
de la Unión Europea en gasto social. Por tanto, esta ley va a tener
consecuencias negativas sobre la calidad de vida de los ciudadanos.
Estamos de acuerdo y hemos defendido el Pacto de Estabilidad de la
Unión Europea, pero no tiene ninguna justificación que el Gobierno
español quiera ir más allá de las obligaciones que impone el pacto de
estabilidad impidiendo, por tanto, el desarrollo y la construcción de
guarderías, de centros para la tercera edad o de mayor gasto social.
Por tanto, el primer motivo de rechazo es desde la perspectiva social
y el segundo desde la perspectiva autonómica.
Estamos ante una ley que supone una clara involución y regresión
autonómica. Me atrevo a decir, señoras y señores diputados, que esta
es la ley de mayor agresión al Estado de las autonomías desde la
LOAPA. Después de la LOAPA esta ley es la que agrede de forma más
profunda al Estado de las autonomías, es una ley que, en caso de
aprobarse, va a determinar que el Gobierno del Estado español pueda
adecuar de forma uniforme todos los presupuestos de las comunidades
autónomas. Es una ley que incrementa de forma innecesaria las
condiciones para acceder al endeudamiento de las comunidades
autónomas. Es una ley que intensifica las relaciones directas entre
el Estado y los entes locales. En definitiva, estamos ante una
iniciativa legislativa que condiciona la autonomía de gasto de las
comunidades autónomas, que condiciona la autonomía financiera de las
comunidades autónomas y que, por tanto, condiciona la autonomía
política. Nos encontramos ante una ley que recorta las competencias
de los parlamentos autónomos, que en ningún caso -insisto- se puede
justificar por el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea.
Señoras y señores diputados, estoy convencido de que esta ley acabará
también en el Tribunal Constitucional. Decía hace pocos días en el
debate de la Ley de universidades que una de las líneas de fondo del
desarrollo legislativo del Partido Popular es el intento de
recortar, de limitar, de hacer una regresión al actual Estado
autonómico. Pues bien, esta es la ley más importante desde el punto
de vista de recortar el Estado de las autonomías. Iniciativa per
Catalunya hace un llamamiento al conjunto de grupos políticos que
coinciden en que esta ley es una ley de involución autonómica para
que 50 diputados y diputadas acudamos al Tribunal Constitucional, en
el convencimiento de que esta ley tiene aspectos inconstitucionales y
que es necesario que el Tribunal Constitucional así lo declare.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, antes de empezar Esquerra
Republicana de Catalunya ya manifiesta aquí que hemos hecho los
trámites oportunos y, confirmando lo que decía el señor Saura, vamos
a llevar esta ley, cuando llegue a su puerto, al Tribunal
Constitucional. Esta es la ley que nos prometió el señor Aznar en el
debate de investidura. Su argumentación toral sobre esta legislatura
se basaba fundamentalmente en dos leyes: la ley de estabilidad
presupuestaria -ya decayeron las enmiendas a la totalidad- y la ley
de cooperación autonómica -aún por ver y en fase de trámite-. Son dos
leyes que no sólo cercenan definitivamente la autonomía, la raquítica
autonomía que tenemos ya todas las comunidades autónomas, sino que
incluso ahondan aún más la mala situación que tienen hoy los
ayuntamientos en cuanto a su financiación. Nuestras enmiendas van en
la dirección de que esta ley sólo se aplique a la Administración del
Estado, por una razón muy sencilla: Ustedes tienen en el fondo de
reserva de la Seguridad Social la solución a cualquier problema de
déficit, la solución a cualquier problema -digámoslo en términos
domésticos- de caja; no es esta la situación de ayuntamientos y
comunidades autónomas.
Es una ley que se basa en cuatro disparates. Primer disparate: Es una
ley absurda, que pretende dejar a comunidades autónomas y
ayuntamientos en la indefensión, sin poder diseñar su propia política
económica ni diseñar su política de inversiones a medio y a largo
plazo. Déficit cero, sí, pero de media. Podríamos hablar de déficit
cero siempre, pero con un balance de cinco o seis años. Eso sería lo
deseable, lo normal. Cualquier economista liberal reconocería que
déficit cero, sí, pero de media, nunca en un balance de un año.
Disparate número dos: No entiende de ciclos económicos y se basa en
la creencia de que el crecimiento económico será sostenido, y en los
presupuestos del año que viene, los del cacareado superávit, bajamos
a déficit cero; ya veremos cómo acaba esto.
Disparate número tres: Es muy fácil imponer el déficit cero a
comunidades autónomas y ayuntamientos, como decíamos antes, mientras
ustedes disponen del fondo de reserva de la Seguridad Social, que les
evita recurrir a la deuda si fallan sus previsiones.
Disparate número cuatro: Exigir a los ayuntamientos que los gastos de
los capítulos 1 al 7 se financien solamente con los ingresos de los
capítulos 1 al 7. O sea, que las inversiones -capítulo 6- y los
gastos de capital -capítulo 7- no se pueden financiar con préstamos
y, en cambio, sí -solución- las amortizaciones de los préstamos de
capital, de los préstamos ahora vigentes. Esto es una locura. Todo
esto sin un plan serio y racional de saneamiento económico-financiero
de los ayuntamientos, que son los que han llevado a cabo el gasto
social más importante en estas últimas décadas en el Estado español.
Cuatro disparates y tres consecuencias. Primera: Comunidades
autónomas y entes locales van a perder toda capacidad de inversión y
la mínima -raquítica, decíamos antes- autonomía política y financiera
de la que disfrutaban. A partir de ahora habrá que jugársela a las
generosas subvenciones del Gobierno. Esta va a ser la única solución
para muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, cuando habían
superado ya con creces esta dependencia política, esta dependencia de
clientelismo del Gobierno.
Segunda consecuencia: Los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos
tendrán que renunciar a muchas subvenciones europeas, como el FEDER,
y de carácter local, como los pagos únicos de obras y servicios entre
otros, porque habitualmente la mayoría de estas subvenciones no
cubren el cien por cien de las inversiones. Se van a perder recursos
de la Unión Europea y muchos ayuntamientos no podrán conseguir estas
subvenciones.
Tercera consecuencia: El sector de la construcción, ejecutor de buena
parte de las inversiones de los gobiernos locales y de los gobiernos
autónomos, así como el sector servicios, sufrirán un impacto negativo
brutal, hecho que sólo va a beneficiar a las grandes constructoras,
capaces de financiarse, capaces de buscar sistemas especulativos; es
decir, a las grandes constructoras, a los grupos económicos amigos
del Gobierno.
Voy a hacer una reflexión final, para ir acabando -podríamos hablar
aquí del presidente de un gran equipo de fútbol-. Con esta ley y la
ley de cooperación autonómica, como decíamos, pueden irse ustedes,
señores de la mayoría, de vacaciones. Ayuntamientos y comunidades,
Cataluña entre ellas, cautivos y desarmados; misión cumplida para
esta legislatura. Lo amenazó aquí el señor Aznar y lo están
cumpliendo con creces, pero por medio se van a quedar inversiones, se
van a quedar ayuntamientos y se va a quedar la raquítica, pequeña y
muchas veces insostenible autonomía política y financiera de los
gobiernos de las comunidades autónomas y, evidentemente, también de
los ayuntamientos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna para defender las enmiendas que el Bloque
Nacionalista presenta, tanto al proyecto de ley de estabilidad
presupuestaria como al proyecto de ley orgánica complementaria de la
de estabilidad presupuestaria, y para dar por defendidas las
enmiendas de Eusko Alkartasuna y del Partido Andalucista.
Dijimos ya en el debate de totalidad, cuando debatimos las enmiendas
a la totalidad, la de devolución del Bloque Nacionalista Galego, que
estamos ante proyectos de ley que, en primer lugar, no están
justificados. Los proyectos de ley no obedecen a un incumplimiento, a
un mal funcionamiento de los escenarios de consolidación
presupuestaria, que han tenido en las comunidades autónomas un
seguimiento casi generalizado, y tampoco obedecen a nuevas exigencias
comunitarias. Son proyectos de ley elaborados al margen del Consejo
de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas, que es
donde el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas,
debe elaborar el marco, el escenario presupuestario, y son proyectos
de ley que quieren servir a un objetivo, a un principio, el de
estabilidad presupuestaria, que no aparece recogido en la
Constitución, donde sí, por cierto, aparecen otros principios, como
la estabilidad económica -¿se dan ustedes cuenta de que son dos cosas
distintas?- o el pleno empleo.
Podríamos establecer unas leyes, podríamos entre todos colaborar en
la elaboración de proyectos de ley que estableciesen que las
políticas presupuestarias, las políticas económicas de las diferentes
administraciones, de los diferentes entes territoriales, tendiesen al
pleno empleo, pero desde luego ése no es, a pesar de que lo diga la
Constitución, el objetivo de este Gobierno ni el objetivo del Grupo
Popular, o a objetivos como promover el progreso social y económico o
como superar, en una línea de convergencia real, la brecha que separa
actualmente a unos territorios de otros.
Con esta ley lo que se pretende es congelar el actual statu quo, es
decir, impedir que comunidades, que países, como Galicia, que tienen
un grado de subdesarrollo relativo notable con relación al resto del
Estado y aún más con relación a la media de la Unión Europea, puedan,
a través de una política económica expansiva, ir superando esta
brecha, ir eliminando esta diferencia.
Ya se ha dicho que el Estado -ustedes- no tiene ningún problema. Como
se ha hecho este año, no mejoramos prestaciones, seguimos racaneando
en los complementos de mínimos, pero si hay que cuadrar las cuentas,
aunque sea con unas previsiones de crecimiento del PIB y unas
previsiones de inflación irreales, que de nuevo pagarán funcionarios
y perceptores
del salario mínimo interprofesional, para cuadrarlas sacamos 650.000
millones de la caja de la Seguridad Social. ¿Qué podrían hacer las
comunidades autónomas? Efectivamente, crear nuevos impuestos o nuevos
recargos, pero ya se encargaron ustedes, en el Congreso y en el
Senado, de cercenar gravemente esta potestad tributaria de las
comunidades autónomas. Olvidan ustedes que, si hablamos de escenarios
y de objetivos plurianuales, las comunidades autónomas deberían
participar. De nuevo es la Constitución, a la que ustedes tantas
veces aluden y que luego tantas veces incumplen en lo cotidiano, la
que, en su artículo 131, dice que las comunidades autónomas deben
participar en la planificación económica general. Estamos ante dos
leyes de planificación general de la economía, en las que ustedes no
han contado con las comunidades autónomas, a las que, por cierto,
quieren rebajar o quieren situar en la posición de meras diputaciones
provinciales.
Quiero decirles que, por supuesto, mantenemos todas nuestras
enmiendas y que desde el Parlamento galego, supongo que ya desde una
posición de gobierno distinta en Galicia, instaremos la interposición
de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que, como ya se
ha dicho, es, desde la LOAPA, el ataque más grave contra la autonomía
no sólo presupuestaria y fiscal sino también la autonomía política de
las comunidades autónomas Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, de poco valen
ya las palabras y los argumentos. Desde que celebramos en esta Cámara
el debate de totalidad relativo a los proyectos de ley de estabilidad
presupuestaria, y yo diría que desde mucho antes, nuestro grupo, el
Grupo Vasco, ha venido argumentando el sinsentido económico y la
tropelía jurídica y política que se puede llevar a cabo de aprobarse
definitivamente estos proyectos, y desgraciadamente este parece el
fin de los mismos. Hace dos semanas, cuando discutíamos las enmiendas
en la Comisión, señalaba que me resultaba increíble que estos
proyectos fueran concebidos por personas con cierta formación
económica, dudando incluso que el señor Montoro fuera el padre de las
criaturas; por el contrario, me inclinaba a pensar que la autoría
procedía de una mente jurídica y política un tanto retorcida,
tendente a creer que se puede legislar en contra de la naturaleza y
de la esencia de las cosas.
Sin ir más lejos, el señor Aznar López declaró ayer que con estas
leyes se está haciendo historia económica. Yo quisiera humildemente
puntualizar. En mi opinión,
lo que se está haciendo es el mayor ridículo de la reciente
historia económica. En el texto justificativo de nuestra enmienda a
la totalidad y, posteriormente, en el debate señalábamos -y hoy
conviene recordarlo- que los proyectos de ley de estabilidad
presupuestaria encadenan un cúmulo de despropósitos, que van desde el
ámbito económico o macroeconómico hasta el jurídico y el político.
Decíamos entonces, y lo mantenemos ahora con mayor firmeza, que el
fin último de los proyectos no era, tal y como aparece en el
preámbulo, el contribuir, a través del déficit cero y superávit del
conjunto de las administraciones públicas que conforman el sector
público estatal, a una estabilidad presupuestaria que favorezca el
crecimiento económico y el empleo en el marco de la Unión Europea y
conforme a los compromisos adoptados en el seno de la misma.
Sabemos que el déficit público hoy es prácticamente inexistente,
aunque también deberíamos tener en cuenta que en la actual coyuntura
económica y política internacional es posible que aumente
paulatinamente. El acuerdo entre las partes fue una guía entre el
Gobierno central y las comunidades autónomas para reducir el déficit
y endeudamientos públicos cuando los problemas financieros de las
administraciones locales eran acuciantes e importantes, y el déficit
fue contenido con éxito. Hoy, sin apenas déficit, en el conjunto de
las administraciones se quiere imponer la ley del déficit cero. Es
cuestión, sin duda, de talantes políticos y de mayorías absolutas y
relativas. En este caso, la mayoría absoluta nos conduce al
despropósito absoluto.
Decíamos también que la irrelevancia del objetivo y la innecesariedad
de hacerlo por ley ponen en evidencia la intención oculta del
Gobierno del Estado, que no es sino la de entrometerse en el ámbito
económicofinanciero de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales, con el fin de usurparles competencias que les
corresponden en exclusiva. También el señor Aznar López señaló ayer
que estas leyes no suponen un ataque a la autonomía financiera de las
comunidades autónomas, recordando igualmente que las autonomías nunca
habían tenido tantos recursos económicos como ahora ni tantas
competencias. Quisiera decirle al señor Aznar López y a su Gobierno
que respecto a lo primero, los tribunales tendrán que pronunciarse,
en tanto que en relación con los recursos y competencias, me gustaría
preguntarle si se arrepiente de ello.
Este es nuestro diagnóstico. Sin embargo, dado el espíritu
constructivo de nuestro grupo parlamentario, hemos presentado
enmiendas a ambos proyectos, que lógicamente han sido rechazadas de
pleno por el Grupo Popular. Con ellas se pretendía solventar algunas
cuestiones que consideramos clave, y nos tendrá que explicar con
mayor detalle y con argumentos sólidos por qué no han sido aceptadas.
Entendemos, por contundente, el argumento de que al Partido
Nacionalista Vasco, ni
agua, y si el Grupo Vasco dice A, el Grupo Popular dice B. Pero ello
nos parece dialécticamente pobre, esperamos algo más.
Nuestras enmiendas, y sin ánimo de reproducirlas literalmente, iban
orientadas fundamentalmente a: en primer lugar, a delimitar el
objetivo y alcance de los proyectos a los requerimientos europeos
reflejados en el Pacto de Estabilidad y crecimiento. Las definiciones
de lo que es estabilidad en los proyectos no responde en absoluto a
lo que por tal se entiende en el mencionado Pacto europeo. Tanto en
el Consejo Europeo de Florencia como en el de Amsterdam se trata,
como no puede ser de otra forma, de la plasmación de la idea de la
adecuación del presupuesto al ciclo en una perspectiva a medio plazo,
que es la que se ha llamado también la hacienda funcional. Su
objetivo es evitar el déficit excesivo promoviendo la consolidación
fiscal en momentos de bonanza para afrontar las situaciones de
crisis, hasta el punto de que admite incluso la superación del margen
del 3 por ciento. ¿Se han planteado los señores del Gobierno qué
medidas van a adoptar ante la recesión o fuerte ralentización, como
prefieran, que estamos viviendo a nivel internacional? ¿Va a ser el
Gobierno capaz de cumplir sus propias leyes en el futuro inmediato?
Nosotros tenemos dudas razonables. Si no lo ven claro, esperen y
metan los proyectos en el congelador si no los quieren tirar a la
basura. Desde luego, va a ser curioso ver cómo el Gobierno es incapaz
de cumplir ya el primer año con el objetivo de déficit cero. Curioso
ridículo el que se puede producir. El grupo vasco quiere evitarles
ese sonrojo.
En segundo lugar, entendemos que la relación entre instituciones
públicas han de ser de cooperación y colaboración y no de imposición.
En estos proyectos no se respetan los ámbitos competenciales de las
diferentes instituciones, no se respetan los objetivos y los
procedimientos, sólo se imponen los criterios del Gobierno central.
Creemos desde el grupo vasco que el acuerdo y el consenso son más
eficaces que el ordeno y mando, al menos a medio y largo plazo. Las
enmiendas planteadas por nuestro grupo en este sentido tampoco han
sido consideradas por el Grupo Popular. También nos gustaría oír
razones de peso al respecto.
En tercer lugar, y esto es realmente serio, desde el punto de vista
político, quiero que los tengan en cuenta el señor Montoro y el
Gobierno, al igual que estos proyectos constituyen una afrenta al
concierto económico y en consecuencia al País Vasco. Esperamos desde
el grupo vasco que se corrija este tema antes de su aprobación
definitiva. Aprovechen el paso de los proyectos por el Senado si no
lo quieren arreglar hoy. Lo hemos intentado en la Comisión, hemos
ofrecido textos alternativos a nuestra enmienda inicial y ustedes los
han rechazo frívolamente. No sé cómo va a explicar esto el Partido
Popular en el País Vasco, desde luego lo tendrá que hacer con
muchísimo cuidado.
Me voy a referir con ciertos detalles a dos de las enmiendas
planteadas por nuestro grupo a cada uno de los proyectos y que
entendemos que son fundamentales. En relación al proyecto de ley
general de estabilidad presupuestaria, proponemos añadir una
disposición adicional segunda con la siguiente redacción: Territorios
forales. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin
prejuicio de los regímenes financieros forales de los territorios
históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra. Tenemos que tener en cuenta que los territorios
históricos forales conservan un régimen especial en materia
económico-financiera en lo que se refiere a su propia naturaleza de
órganos forales, incluyendo su tradicional tutela sobre las entidades
locales. En relación a la Comunidad Autónoma de Euskadi, es
tradicional el reconocimiento que las distintas leyes de nuestro
ordenamiento jurídico han venido prestando a estas especialidades,
como ocurre, por ejemplo, en la disposición adicional segunda de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
en la disposición adicional decimoctava de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, así como en el propio
concierto económico. Con el ánimo de continuar por el mismo camino
exigido por la especialidad foral, habría que incurrir en esta ley
una disposición como la indicada por nuestro grupo, la necesidad de
adaptar la ley a las especialidades forales han sido reconocidas por
el propio Consejo de Estado.
La segunda enmienda a la que me referiré es una enmienda de
modificación de la disposición final del proyecto de ley orgánica
complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.
Creemos desde el grupo vasco que ésta debería merecer toda la
atención del Partido Popular. En caso de no ser considerada en su
redacción actual o en cualquiera de las dos alternativas ofrecidas
por nuestro grupo al Partido Popular, entendemos que ustedes
cometerán una gran agresión al concierto económico. El texto de la
misma es el siguiente: Territorios forales. En virtud de su régimen
foral propio, la actividad financiera de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra se ajustará a los
sistemas de concierto económico y del convenio económico,
respectivamente. Creemos que el proyecto de ley no contempla la
especialidad de las relaciones económico-financieras entre el Estado
y la Comunidad Autónoma de Euskadi. Quiero insistir en que, a nuestro
juicio, los compromisos y obligaciones a asumir por la comunidad
autónoma del País Vasco en su relación con estos proyectos de ley,
deberían ser acordados en el marco de las relaciones bilaterales, en
el seno de la Comisión mixta de cupo u órganos similares, evitando
así imposiciones legales que no tienen encaje en el adecuado sistema
de relaciones económico-financieras entre el Estado y el País Vasco,
consagrado en el Estatuto de
Autonomía del País Vasco y en su concierto económico. Como pueden
observar, no me he referido a la Comunidad Foral de Navarra, puesto
que, a propuesta de UPN, partido integrado en el Partido Popular, el
tema de Navarra ha quedado relativamente solucionado, pero no es así
en el caso del País Vasco, que es donde se crea, además, un
importante agravio a todas luces incomprensible. Tengo que señalar en
este sentido que los responsables del Partido Popular en Euskadi han
puesto menos empeño o han tenido menos éxito que los diputados de
UPN. La garantía política de la bilateralidad previa y eficaz entre
el Estado y la comunidad autónoma ha quedado en entredicho. El
Partido Popular tendrá que dar explicaciones en Euskadi al respecto.
Por ello sean consecuentes con lo que el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) está planteando hoy, corrijan al menos estas graves
deficiencias en su paso por el Senado y quedará en nuestro recuerdo
tan sólo como una anécdota parlamentaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, después del
largo periplo de esta ley denominada de estabilidad presupuestaria,
largo periplo que no ha sido en nuestra opinión negativo, el Gobierno
y el señor Montoro deberían hacer algo racional y lógico en
condiciones de hoy, que es retirar esta ley denominada de estabilidad
presupuestaria, porque esta ley, que era anacrónica en el momento de
su presentación, en estos momentos es una ley totalmente anacrónica.
Imagínense, señores diputados del Grupo Popular, que nos estuvieran
viendo los diputados, no les digo de ningún parlamento con mayoría
progresista o de izquierdas, con mayoría republicana del Congreso
norteamericano o que nos estuvieran viendo los diputados de mayoría
conservadora de cualquiera de los países europeos. Seguramente
pensarían que estábamos fuera del tiempo o algunos llegarían incluso
a pensar que estamos haciendo el ridículo. Precisamente en el momento
en que hay un cambio en el ciclo económico y todos los países se
aprestan a políticas económicas expansivas, a políticas de
reactivación de sus economías, nosotros, en España, al margen del
resto, proponemos una política de congelación, una política de
estabilidad presupuestaria. Desde luego, no hay mayor anacronismo. Lo
que era anacrónico en un principio, es en estos momentos aún más
anacrónico. Lo que era para muchos de nosotros una obra de teatro en
clave de tragedia al comienzo de la iniciativa legislativa, del
proyecto de ley, hoy ha pasado por tragicómico a una verdadera
comedia. En estos momentos estamos ante una comedia, porque ustedes
interpretaron la
constitucionalización del déficit de Reagan y de Margaret Thatcher,
que, a propósito, no llegaron nunca a plasmar en sus constituciones,
al estilo de la España cañí, que era convertir la
constitucionalización del déficit en la legalización del déficit.
En aquellos tiempos, en el inicio de la tramitación parlamentaria,
esta iniciativa de estabilidad presupuestaria no solamente era para
nosotros una iniciativa que provenía del delirio conservador, sino
que además significaba una afrenta a la autonomía parlamentaria, a la
autonomía de este Parlamento, y también a la autonomía de comunidades
autónomas y municipios. Era un delirio conservador, solamente
comprensible a partir de la euforia de la mayoría absoluta, solamente
a partir de esa euforia se puede entender que alguien pretenda
constitucionalizar o legalizar el déficit, como si los ciclos
económicos no existieran. Lo que más nos preocupaba a nosotros, o lo
que también nos preocupaba, era el ataque a este Parlamento. No tiene
precedente que un grupo parlamentario intente limitar la autonomía de
este Parlamento a través de una ley que puede ser modificada por ley
en cada una de las leyes presupuestarias; es un absurdo político,
pero como se trata fundamentalmente de mostrar al mundo y a la Unión
Europea que el señor Aznar sigue liderando las políticas de
contención del déficit, vayamos adelante con ello, aunque esto
signifique atentar contra el funcionamiento de este Parlamento.
Además ustedes han tenido que elaborar dos leyes para camuflar una
ley de armonización de las comunidades autónomas. El Consejo de
Estado les dijo que estaban peligrosamente en el borde de una ley de
armonización y, como ustedes no quieren someterse en el Congreso y en
el Senado a las prescripciones del artículo 150 sobre la armonización
de las comunidades autónomas, lo que han hecho ha sido camuflarlas a
través de dos leyes que en todo caso no eluden, en nuestra opinión,
la grave afrenta a la Constitución española que significan estas
iniciativas legislativas del Partido Popular. Desde el punto de vista
del procedimiento seguido mediante unas leyes que intentan camuflar
una ley de armonización, esta iniciativa legislativa es totalmente
anticonstitucional, y por tanto nosotros intentaremos, con otros
grupos y desde los gobiernos y los parlamentos de las comunidades
autónomas donde tenemos influencia, presentar recursos de
inconstitucionalidad.
Además, en cuanto a sus propios contenidos, esta ley también es
inconstitucional, esta ley significa el intento de utilizar el
precepto de planificación y coordinación económica, de
intervencionismo -entre comillas- económico en el sentido más
conservador, en el sentido de limitar la autonomía de gestión a las
comunidades autónomas y a los municipios, y por lo mismo se podría
decir que por qué ustedes no limitan el endeudamiento o el recurso al
déficit por parte de las entidades privadas. En todo caso, podrían
hacerlo si en este delirio
conservador pueden ustedes seguir adelante no solamente con lo
público, sino también con lo privado.
Decía que, a pesar de esta iniciativa en términos dramáticos al
principio de esta legislatura, en nuestra opinión una iniciativa
conservadora, que vulnera nuestra Constitución, que ataca la
autonomía de las comunidades autónomas y de este propio Parlamento,
en estos momentos la iniciativa es prácticamente un esperpento; y lo
es, señorías, como decía antes, porque en un momento de bajada del
ciclo económico, de retroceso en el crecimiento de la economía,
ustedes proponen lo contrario de las políticas económicas que se
están realizando no solamente en los países donde hay mayorías
progresistas, sino, en general, en todos los países occidentales
y ayer mismo en los Estados Unidos. Ustedes verán cómo casan estas
propuestas de contención del déficit con el incremento que en los
Estados Unidos se ha planteado a los presupuestos de defensa, con el
incremento de los presupuestos en los salarios o con el incremento de
los presupuestos en materia de desempleo. El Grupo Parlamentario
Popular no tiene posibilidad de hacer congruente su política con el
conjunto de las políticas económicas hoy en marcha frente a la
amenaza de la recesión económica.
Además esta iniciativa es conflictiva, señorías, ya les he dicho que
va a ser conflictiva con las comunidades autónomas, van a encontrarse
ustedes con recursos de las comunidades autónomas, comunidades
autónomas representativas de la mayoría de los españoles.
Contradictoriamente, aprobarán en esta Cámara, con su mayoría, esta
iniciativa, pero recibirán recursos de la mayor parte de los
ciudadanos gobernados por comunidades autónomas a nivel del Estado, y
eso es una materia de conflicto. Esta iniciativa va a ser también
materia de conflicto, se lo aviso, en la presidencia española del
señor Aznar, en la presidencia española de la Unión Europea,
señorías, porque su propuesta de liderar la contención del déficit
público a trancas y barrancas va a provocar, como decía en el día de
ayer en la Comisión de Asuntos Europeos, la polarización en la Unión
Europea entre países que, en su gran mayoría, van a proponer cuentas
expansivas con un recurso al déficit, racional pero con un recurso al
déficit, y países como el que ustedes gobiernan en este momento, que
van a hacer del dogma conservador un elemento de polarización de la
actividad política y de enfrentamiento en el marco de la Unión
Europea.
Lo peor de esto, señorías, no es que esta iniciativa sea anacrónica,
es que es una iniciativa hipócrita, porque en los Presupuestos
Generales del Estado presentados por su Gobierno para el próximo año,
ustedes camuflan el déficit público, es decir, no solamente ocurre lo
que se ha denunciado por otros grupos parlamentarios, que ustedes
utilizan el fondo de reserva de la Seguridad Social para equilibrar
una parte del déficit que se va a producir en este próximo año, sino
que además, a través de empresas, entes públicos y emisión de
todo tipo de ingeniería financiera, ustedes están ocultando en esos
presupuestos no 600.000 millones de pesetas que financian a través de
los fondos de reserva, están ocultando más de billón y medio de
pesetas en esos Presupuestos Generales del Estado, es decir, no
cumplen ni sus propios criterios de déficit, que el próximo año no va
a ser el año del 0,5 del déficit público, va a ser el año en que
ustedes, de nuevo, estén por encima del 1 por ciento del déficit
público, y con ello demostrarán que esta ley no es solamente una ley
anacrónica, no es solamente una ley también, ridícula en nuestra
opinión, sino que es una ley hipócrita que ustedes piensan mantener
únicamente en los papeles, piensan vulnerar en la realidad y
únicamente quieren que sirva de enseña del Partido Popular en la
Unión Europea y también, si acaso, de cachete del Partido Popular a
las comunidades autónomas y a los municipios dentro de su concepción
centralista.
Mal camino lleva, señorías, esta ley, y yo les invito a que la
retiren, porque esta ley puede tener sentido en un momento de euforia
de la mayoría absoluta, pero no tiene ningún sentido en un momento de
depresión como es la que viven ustedes en este momento.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, estamos debatiendo acerca dos proyectos de ley sobre los
cuales ya ha habido pronunciamientos, debates en esta Cámara, en la
Comisión de Economía, desde el momento en que debatimos en este Pleno
las enmiendas de devolución presentadas por diversos grupos
parlamentarios.
El Grupo Catalán de Convergència i Unió, se aproxima a estos dos
proyectos de ley con una sensación ciertamente ambivalente, pero
inequívoca, por tanto, dos son los análisis que efectuamos de estos
dos proyectos de ley. Así, desde el punto de vista presupuestario,
desde el punto de vista de lo que es política económica, el Grupo
Parlamentario Catalán está a favor del principio de que las
administraciones públicas no gasten más de lo que ingresan. En eso
nos separamos de buena parte del resto de grupos parlamentarios que
han intervenido anteriormente y supongo, al hilo de lo que hemos
podido conocer en debates anteriores, bien sea en Pleno, bien sea en
Comisión, también del Grupo Parlamentario Socialista, que
posteriormente intervendrá, aunque no quiero hacer predicciones sobre
lo que dirá otro grupo parlamentario porque al tema de las
predicciones y la futurología me referiré con posterioridad. Por
tanto, desde el punto de vista de la política presupuestaria, estamos
a favor de un esfuerzo adicional en pro del rigor, de la disciplina
presupuestaria.
Aunque también hemos dicho reiteradamente en anteriores debates sobre
estos proyectos de ley, que esta ley -la propia fuerza de los hechos,
la evolución de los últimos años lo han demostrado- no es necesaria
para cerrar los presupuestos en equilibrio presupuestario. El rigor
presupuestario que se ha seguido en los últimos años ha permitido
mejorar ciertamente la situación de las cuentas, las finanzas
públicas y el endeudamiento público y se ha hecho sin dos leyes que
sirvan de marco para esta gestión, para esta labor propia de la
política presupuestaria, pero qué duda cabe que incidir en este rigor
presupuestario lo valoramos positivamente. Por tanto, estamos a favor
del principio de que las administraciones publicas no gasten más de
lo que ingresen.
Me refería al inicio de mi intervención a que la aproximación del
Grupo Parlamentario Catalán a estas leyes se hace desde una sensación
de ambivalencia. Desde el punto de vista de la política
presupuestaria, valoración favorable; pero desde el punto de vista
político, y sobre todo de incidencia en competencias autonómicas,
nuestra posición política es negativa y rotundamente crítica respecto
de la incidencia de estas dos leyes, fundamentalmente el proyecto de
ley con carácter orgánico complementaria a la general de estabilidad
presupuestaria, en virtud de su incidencia en el ámbito competencial
de las comunidades autónomas. Esta posición política, -política de
carácter general- ya fue advertida por el Grupo Parlamentario Catalán
en el primero de los debates que se celebró en este hemiciclo al
conocer y votar las enmiendas de devolución presentadas. Ya
anunciamos en aquel momento la presentación de una serie de enmiendas
al articulado cuyo buen fin era importante para poder considerar
nuestra posición política final en la votación sobre estos dos
proyectos de ley. Cierto es que alguna de estas enmiendas fueron
aprobadas en la Comisión de Economía que se celebró hace poco más de
quince días; enmiendas que, en si mismas consideradas, fueron y son
valoradas positivamente por este grupo parlamentario: mayor presencia
del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la fijación del
objetivo de estabilidad con carácter general en el ámbito de la ley
ordinaria, que el informe de la Intervención General de la
Administración del Estado sobre el cumplimiento del objetivo de
estabilidad presupuestaria sea remitido al Consejo de Política Fiscal
y Financiera, incorporar el principio de audiencia de las
administraciones que hubieran podido contribuir al incumplimiento de
los objetivos establecidos para el Estado español en el marco del
pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea, una presencia
reiterada de que el trazado de tutela financiera que atribuye a la
Administración del Estado el proyecto de ley general de estabilidad
presupuestaria, no afecte a las competencias de tutela financiera de
las comunidades autónomas que las hayan asumido en virtud de
sus estatutos de autonomía y también el hecho de que los planes de
reequilibrio aprobados por las comunidades autónomas sean aprobados
por las comunidades autónomas en sus parlamentos y no, como en el
proyecto de ley en una ciertamente desafortunadísima redacción,
fueran aprobadas directamente por el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Son enmiendas que en sí mismas valoramos positivamente,
pero no son suficientes para que el Grupo Parlamentario Catalán deje
de considerar que estos dos proyectos de ley afectan, vulneran,
competencias de las comunidades autónomas, y el respeto competencial
de las comunidades autónomas, como todos sabemos, es uno de los ejes
fundamentales de nuestra identidad política. Insisto, este
planteamiento político respecto del ámbito competencial afectado no
quiere decir en absoluto que Convergència i Unió no esté a favor de
que las ndministraciones públicas no gasten más de lo que ingresen.
Por tanto, insisto, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay
algunos puntos que son importantes para el Grupo Parlamentario
Catalán que siguen presentes en la ley y condicionan el sentido
negativo de nuestro voto.
Sin ánimo de exhaustividad y dando por defendidas las enmiendas
presentadas por mi grupo parlamentario, tengo que indicar algunos de
estos puntos. Por ejemplo, si estos dos proyectos de ley son un
traslado, tal como reza el contenido del artículo 1 del proyecto de
ley general de estabilidad presupuestaria, de los objetivos, de los
principios y de los contenidos del pacto de estabilidad y
crecimiento, no entendemos que en el artículo 3 del proyecto de ley
general de estabilidad presupuestaria no se admita, siquiera con
carácter meramente coyuntural, un déficit presupuestario. Estamos
a favor de la corrección del rigor presupuestario pero, si tenemos que
trasladar lo que prevé el pacto de estabilidad y crecimiento
deberíamos haberlo hecho en todos sus extremos.
También consideramos que el artículo 8 del proyecto de ley orgánica,
respecto de los planes de reequilibrio de las comunidades autónomas,
se ha visto mejorado con el trámite de la Comisión, pero también
creemos que el papel, los quórum y, fundamentalmente, esa presencia
ulterior del Consejo de Política Fiscal y Financiera no son
satisfactorios tal como aparecen formulados en estos momentos en el
proyecto de ley orgánica.
Quisiera detenerme en el contenido de la disposición adicional única
del proyecto de ley orgánica complementaria a la general de
estabilidad presupuestaria, fundamentalmente en la redacción que se
da al artículo 14.3 de la Ley orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas al establecer este precepto que, en todo caso,
las operaciones de crédito a que se refieren los apartados 1 y 2
anteriores precisarán autorización del Estado cuando, de la
información suministrada por las comunidades autónomas, se constate
el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.
¿Qué quiere decir esto? Si tenemos en cuenta que el apartado 1
del artículo 14 hace referencia a las operaciones de crédito con un
plazo máximo de un año para cubrir necesidades transitorias de
tesorería, ¿quiere esto decir que, si una comunidad autónoma incurre
en un déficit coyuntural del 0,1 por ciento para cubrir una necesidad
transitoria de tesorería, requerirá autorización del Estado? Esta es
la dicción que se desprende de la disposición adicional única del
proyecto de ley orgánica. Los dos puntos anteriores -el objetivo de
reequilibrio presupuestario, los planes de reequilibrio de las
comunidades autónomas- y este último respecto al endeudamiento, sin
perjuicio de otros temas contenidos en enmiendas también presentadas
por mi grupo parlamentario, afectan, entendemos -y sin ánimo de
exhaustividad en lo jurídico-, al principio de autonomía financiera
contenido en los artículos 156 y 157 de la Constitución Española.
Por tanto, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a
votar hoy aquí que no a estas leyes, sin perjuicio de recordar -y
creo que es tradición parlamentaria de mi grupo en esta Cámara- el
espíritu constructivo con el que ha participado en los debates
parlamentarios celebrados respecto de esta ley. Es norma de nuestra
casa tratar de mejorar las leyes, de lo que es para nosotros mejorar
las leyes, aportando diálogo, aportando búsquedas de consenso. Quiero
dejar aquí patente también el carácter constructivo del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto de este tema.
Ya que estamos en un contexto de reflexión sobre lo que ha sido el
íter parlamentario en la tramitación de estas dos leyes, no puedo
sino dejar de lamentar determinadas predicciones hechas sobre la
posición política que mi grupo parlamentario iba a adoptar respecto
de estas dos leyes, predicciones hechas por parlamentarios del Grupo
Socialista. En futurología es fácil errar porque se hacen
predicciones del futuro. Errar es humano y lo comprendemos pero,
cuando más que un error es una cantinela política estratégica hecha
más en clave de política catalana que en clave del debate que estamos
haciendo de política general en este ámbito, es lícito, es
respetable, pero permite formar opinión política a otros grupos
parlamentarios, y a este grupo parlamentario le parece que estas
predicciones que algún portavoz socialista hizo hace unos 15 días de
que Grupo Catalán (Covergència i Unió) iba a votar que sí, porque no
tiene identidad política y estas zarandajas, generan que haya falta
de rigor político.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) está a
favor del rigor presupuestario, del rigor político y en contra, hoy y
siempre, de leyes que vulneren o puedan vulnerar competencias de las
comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, señor Fernández
Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, ¿cómo es posible que
estemos discutiendo en un momento como éste un tipo de ley como la
que hoy nos presenta el Grupo Popular? De un tiempo a esta parte, la
economía mundial viene funcionando con creciente ralentización,
ralentización que ha ido generalizándose y sincronizándose. Esas
tendencias, lamentablemente, se han visto acentuadas después del
shock del 11 de septiembre de este ejercicio. Por eso, en el mundo se
alzan voces que tratan de contrarrestar el curso de los
acontecimientos, que quieren una respuesta sensata destinada a paliar
las dificultades que hoy padecen múltiples personas.
Un economista de prestigio como el señor Samuelson decía
recientemente que era preciso actuar para producir un giro en los
acontecimientos, que era necesario fustigar a quienes se prestan a
hacer predicciones acomodaticias y, sobre todo, que es preciso
fustigar a quienes no tienen conciencia de lo limitado de su
conocimiento y no ponen por lo tanto límite a su ignorancia. Aunque
él no lo supiera, yo creo que estaba haciendo una radiografía cierta
de algunos miembros del Gobierno de España. En este momento, son
muchas las voces que dicen que es necesario que el mundo democrático
tome una iniciativa que evite el declive de la actuación económica y,
como consecuencia de esa iniciativa, más vale pecar por hacer que por
dejar de hacer, que los poderes públicos no deben dejar de
preocuparse y que no existe ningún tipo de censura cuando se dedican
a hacer más cómoda y más soportable la vida a los ciudadanos.
Frente a esta visión, existe otra que es la que ha dado origen a este
proyecto de ley que hoy discutimos y del que en este momento podemos
decir claramente que está totalmente desfasado. Lo es por cuatro
razones; yo también voy a utilizar cuatro razones, como hacía el
representante de Esquerra Republicana de Cataluña. Primero, porque
carece de un sistema de resolución de conflictos. Es cierto que el
ámbito de este proyecto de ley es un ámbito hipócrita, el sector
público español está preñado de entes, de agentes, de gerencias que
hacen que la universalidad presupuestaria haya desaparecido y que
nosotros establezcamos enfáticamente un principio de control sobre un
ámbito cada vez más reducido. En segundo lugar, estamos asistiendo a
la discusión de un proyecto de ley que es un mal reglamento; esta ley
la va a incumplir el Gobierno del Partido Popular desde el momento en
que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, es una ley rígida,
reglamentista, distorsionadora, burocrática, es un tipo de ley
profundamente desacreditada; lo es desde el punto de vista de la
arquitectura jurídico
administrativa y también desde el punto de vista político. Deberíamos
buscar la estabilidad de la economía, pero deberíamos buscarla a lo
largo del ciclo, no ejercicio por ejercicio, y no solamente en
aquello que se refiere al área pública, habría que hacer un esfuerzo
desde los poderes públicos por conseguir que el PIB real se aproxime
lo más posible al PIB potencial sin crear graves desajustes. Eso es
lo que dice la literatura especializada y lo que han dicho órganos
como el Banco Central Europeo y la propia Unión Europea, que han
señalado que, en unos momentos como los que estamos viviendo, no es
bueno ni conveniente hipotecar el futuro fiscal, hipotecar la
posibilidad de recurrir a este tipo de política. Gastar más cuando la
economía es débil y gastar menos cuando hay superávit es una norma
que ha venido funcionando con eficacia, que forma parte del sentido
común y que se aleja de un planteamiento que, de manera automática,
ha ido más allá del objetivo del 3 por ciento que establece el
Tratado de Maastricht para situarse en el cero por ciento. En este
sentido se cumple o se trata de cumplir una máxima tradicional: el
señor Aznar se ha vuelto más papista que el Papa.
No son sólo estas dos consideraciones las que llevan a mi grupo a
oponerse a este tipo de ley, sino que también lo hacemos porque
creemos que los mecanismos que establece para la elaboración, para la
ejecución y para el control del presupuesto ni son solventes ni son
rigurosos. Es un hecho que todos podemos admitir que, en materia
presupuestaria, no actúa del todo la ley de la gravedad; es verdad,
aquí la mayor parte de las veces lo que sube no baja. También es
cierto, como decía ya hace mucho tiempo con pesimismo Calvin
Coolidge, que el dinero público se gasta como si no lo fuera, con
bastante alegría, como si no tuviera que estar sometido a algún
elemento de control. Que ocurra esto no evita que haya que tener
fundamentos muy profundos para hacer una norma como ésta.
Todo proceso de liquidación necesita un liquidador y, si el
liquidador en este momento es Montoro, debería decirnos cuáles son
las razones que le llevan a producir una norma de esta naturaleza,
porque yo no querría creer que el Gobierno ha tirado la toalla y ha
dejado de postular una política juiciosa para controlar el gasto
público. No querría creer que estamos al borde o en vísperas de un
desbordamiento general del gasto público y que lo que algunos tratan
de tejer a lo largo de unas jornadas, con alguna frecuencia se lo
destejen día a día en uno de los bancos que se sitúa a la derecha de
donde se sienta el señor Montoro, y que en este momento . Llo que
ocurre en este momento es que el sector público español tiene
comprometido, en un programa de infraestructuras ignorado por el
Parlamento y por el Gobierno, un, un volumen cuantioso de recursos
para los próximos ejercicios. Por que, dDee ser así, uno tendría que
admitir que las cosas se hacen de otra forma, que es
necesario seguir un proceso político para colocar las cosas en su
lugar.
En materia presupuestaria no hay Papá Noël, no hay fórmula mágica, no
hay grial presupuestario, hay proceso político. Si hay proceso
político y en este momento el Gobierno de España se encuentra con que
ese conjunto de entes, de agentes, de agencias y de ministerios se
comportan en el presupuesto definiendo de antemano sus proporciones,
si creen algunos que el presupuesto es su iínsula Barataria, debería
el Gobierno de España presentar una iniciativa política destinada a
que la Cámara comprendiera esos hechos. Si no es así, si de lo que se
trata única y exclusivamente es de dotar de poder, de trasladar poder
territorial a poder central y poder de los departamentos a la
ooficina central de Ppresupuestos, me temo que el señor Montoro se ha
equivocado, o al menos no puede creer que algunos grupos le vamos a
acompañar.
El ciclo presupuestario ha sido un ciclo muy bonancible desde la
perspectiva del ingreso y ha permitido gastar con una enorme
intensidad, pero hoy ya sabemos que en España actúan los
estabilizadores automáticos y, como consecuencia de la existencia de
esos estabilizadores, bien haría el Gobierno de España en invertir en
conocimiento para saber qué va a pasar con algunos acontecimientos
económicos, invertir en una buena y sensata administración para
disponer de un sistema presupuestario eficiente y desde luego debería
hacer una inversión en consenso. Una ley de esta naturaleza es,
literalmente, un estorbo porque no facilita ninguna de estas tareas.
Por último, otro de los motivos por los cuales mi grupo se opone a
este proyecto de ley es porque no facilita la cohesión social. El
Partido Popular ha hecho una opción presupuestaria clara. Ha dicho, y
lo está haciendo, que es necesario restringir las dotaciones
presupuestarias de los servicios públicos y de aquellos elementos que
se vinculan a prestaciones sociales, y está tratando de sacar del
control de la Cámara la inversión pública. Lo que hace esta ley es
poner de relieve algunas de estas contradicciones. Krupman decía con
razón, hace poco tiempo, que un gobierno tenía que ser como un
honrado padre de familia, que un gobierno debería preocuparse por la
innovación, por la infraestructura, por el desarrollo tecnológico,
por hacer avanzar una determinada sociedad, pero un gobierno que, en
lugar de hacer eso, se dedica a consumir, o a la dulce vida cuando
existe abundancia de recursos públicos es un mal gobierno. Este
Gobierno se ha portado de esa manera. España es la sociedad europea
que menos atención dedica a la inversión productiva. España es una
sociedad que tiene que plantearse sus potencialidades de futuro.
Entonces, si esto ocurre, ¿para qué esta ley? Esta ley sólo tiene una
finalidad, señorías: sacar del presupuesto el descontrol de la
inversión pública y poner restricciones a la política social. Lo
estamos diciendo muchos grupos en esta Cámara. En el próximo
futuro va a haber excedentes en Seguridad Social por encima de dos
billones de pesetas. Dicen que van a dedicar al fondo de reserva un
billón. ¿Y el resto? ¿Qué van a hacer con el resto? ¿Van a seguir
utilizando la Seguridad Social como el colchón presupuestario para
cubrir las desviaciones de gasto, que deberían encontrarse en el
Estado y que hoy las financia la Seguridad Social, o van a seguir
haciendo una política regresiva en materia de impuestos, que prive a
los agentes y a los institutos públicos de los recursos necesarios
para hacer de esta sociedad una sociedad cohesionada? Esa es la
opción que hay detrás de esta política presupuestaria.
Termino ya, señora presidenta, y le agradezco infinito su amabilidad.
Yo no les voy a decir que retiren la ley; solamente les anuncio que
la vamos a votar enteramente en contra. No les voy a recomendar que
la olviden en el Senado; no, tampoco se lo voy a recomendar. Sólo les
voy a decir sinceramente que esta ley es un excelente escaparate de
su ideología política, que está llena de tópicos, de falacias, de
prejuicios que han servido de pretexto a un ministro reaccionario
para presentar un texto de esta naturaleza y que lamentablemente ha
encontrado el apoyo de un presidente autoritario. Aquel canto de la
ranchera mejicana que decía lo del más grande entre los grandes lo
puede decir el señor Aznar. Es hoy, dentro de los grandes países de
la Unión Europea, el único capaz de hacer una ley de esta naturaleza.
Sinceramente, si ustedes fueran sensatos, si vieran en este momento
cómo y de qué manera están envueltos, se verían, lamentablemente,
como tantas veces ha estado la derecha española, en la autarquía
intelectual. Esta ley es una quimera y serán ustedes los primeros que
la incumplirán. Por eso nosotros la vamos a votar en contra.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.
Señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Yo no voy a cantar la ranchera mejicana, pero sí me gustaría que el
señor Montoro nos hiciera un poquito de caso.
No puedo evitar, estando en esta tribuna, dejar de hablar de algo que
han dicho todos los grupos y que quizás resulte un poco repetitivo.
Me estoy refiriendo al momento económico, a la situación de
incertidumbre que estamos viviendo. Hemos pasado de una especie de
ralentización del crecimiento económico a la seguridad, a la
convicción de que la crisis, la recesión, resulta ya inevitable,
señor Montoro. Estar debatiendo una ley como la de estabilidad
presupuestaria, que antes de esta situación además de resultar inútil
generaba una serie de problemas, no puede deberse más que aun cierto
empecinamiento, que no se entiende muy bien
a qué responde, si a la inseguridad o a una fidelidad a un modelo
económico que es poco riguroso y está basado en un fundamentalismo
presupuestario que nadie entiende. A lo mejor, me voy un poco al
campo académico, pero renunciar a un instrumento de política
económica tan importante como es el presupuesto, renunciar a la
política anticíclica, a los estabilizadores automáticos o responde a
un academicismo sectario y poco riguroso o es pura necedad. Por
tanto, tiene que quedar muy claro que el que estemos debatiendo esto
ahora aquí tiene muy poco sentido, pero sigamos.
Me voy a referir a la ley orgánica general de estabilidad
presupuestaria, que en lo único en que está basada es en la
desconfianza. Tiene un importante sustrato de desconfianza, una
desconfianza respecto al comportamiento de las comunidades autónomas,
respecto a sus actuaciones de manera democrática y responsable. Se ha
pretendido pasar de un sistema de coordinación y cooperación de las
distintas comunidades autónomas a una situación en la que prima la
relación jerárquica del Estado. Por tanto, prima la subordinación de
las comunidades autónomas al Estado. Es decir, se trata -quiero que
esta calificación conste en el «Diario de Sesiones»- de una loapa
financiera, señor Montoro. (Aplausos.) ¿Y qué es lo que ha pretendido
la misma? Dos cosas importantes: primero, que el objetivo de
estabilidad se establezca por los órganos estatales en lugar de por
cada una de las comunidades autónomas; esto es, a las comunidades
autónomas se les impone un objetivo de estabilidad. ¿Y qué ocurre en
una situación de desequilibrio, en una situación en que las cuentas
no estén claras? Que es el órgano estatal el que también debe
comprobar y controlar el plan de saneamiento económico y financiero
que deben presentar las comunidades autónomas. Por tanto, decir que
el sustrato de esta ley orgánica es la falta de confianza en las
comunidades autónomas no es decir nada raro, sino que es lo que
realmente pasa; sin embargo, señor Montoro, no ha habido razones
suficientes para que esto sea así, sino todo lo contrario. Lo que han
hecho las comunidades autónomas durante todo este proceso ha sido
colaborar precisamente en una situación de equilibrio presupuestario.
Nuestras enmiendas van encaminadas a mantener esa situación de
autonomía financiera de las comunidades autónomas, concretamente las
números 87, 89 y 90, que pretenden que se respete a los órganos de
cada una de las comunidades autónomas.
Veo que se me está acabando el tiempo, pero no puedo finalizar mi
intervención -el portavoz de Convergència i Unió me ha dado pie
además para ello- sin hablar de una enmienda transaccional que se
aprobó en el trámite de Comisión; me refiero a la enmienda
transaccional del Grupo Popular a la número 99 de Convergència i
Unió. Lo que pretendía dicha enmienda -al menos así se vendió en
Comisión- era resolver el problema de la intromisión estatal en
las competencias autonómicas, pero lo único que hacía era empeorar
más la situación. La verdad es que no alteraba el hecho de que fuera
un órgano estatal el que impusiese el objetivo de la estabilidad
presupuestaria. Lo único que hacía era trasladar al Parlamento la
aprobación del plan, con lo cual, teniendo en cuenta que luego tenía
que ser revisado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo
único que se conseguía era un enfrentamiento entre dos órganos, uno
autonómico legislativo, la Asamblea de la comunidad autónoma, y otro
ejecutivo de coordinación autonómica, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. Es decir, la enmienda transaccional era una verdadera
chapuza y por otra parte, por lo que ha dicho el representante de
Convergència i Unió, ha servido para que este grupo parlamentario se
conciencie de lo que realmente supone esta ley, a pesar de lo
ambivalente que ha sido el señor Padrol desde esta tribuna. Así pues,
quiero dar la bienvenida a quienes tienen muy claro lo que esta ley
supone para las comunidades autónomas, a Convergència i Unió; usted
se queda solo, señor Montoro, aunque quiero reconocer desde esta
tribuna que ha sido gracias a las reflexiones que se han hecho -un
debate en Comisión ha servido para reconsiderar una postura y eso es
bueno- y también gracias al Partido de los Socialistas de Cataluña
que lo han conseguido. En cualquier caso, bienvenidos. (Aplausos.)
Señor Montoro, mi compañero ha manifestado que no quería decirle que
la deje morir en el Senado, pero haga usted algo por olvidar, porque
va a ser mejor para todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Turno en contra de las enmiendas? ¿Fijación de
posición? (Pausa.)
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mauricio.
El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores y señoras diputados, sin duda estamos en el debate de estas
dos leyes que es un debate realmente complicado, en un momento
difícil y que además tiene una gran carga pasional y de debate de
fondo. Lo cómodo es que un grupo como el nuestro pudiera adoptar una
posición pasiva y de dejar pasar el debate, pero se ha entrado en
algunas cuestiones que quiero dejar claras desde la dimensión de un
grupo pequeño como el mío, porque es un debate muy importante para el
Estado, para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Este
debate tiene dos aspectos a los que quiero referirme brevemente: uno,
el primero, sobre las políticas de estabilidad y crecimiento y, el
segundo, sobre el papel de las autonomías financieras y fiscales de
las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
Los dos temas están implicados y coordinados, pero la intervención de
los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista han abierto un
debate interesante e importante que se está teniendo en estos
momentos a escala europea, y que es la antesala, señor Montoro, del
gran debate del proyecto de ley de presupuestos que vamos a tener
dentro de tres semanas.
En un marco de incertidumbre, como el que se ha abierto el día 11 de
septiembre y en el que ya antes se marcaban indicadores claros de una
desaceleración de la economía mundial, ¿se esta abriendo un nuevo
ciclo, en el que hay que seguir con las políticas de estabilidad que
se habían marcado en los seis años anteriores y que habían llevado a
la convergencia en los acuerdos del Tratado de Maastricht, o hay que
cambiar de política, hay que buscar políticas expansivas y modificar
las políticas de estabilidad para evitar la recesión? Este es el gran
debate que algunos países europeos ya han abierto en función de que
además tienen una cita electoral a lo largo del próximo año, como son
Francia y Alemania. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón,
ocupa la presidencia.) En este marco de incertidumbre -esta ley que
estaba hecha con cierta facilidad, en un periodo mucho más fácil, en
el que durante varios años el crecimiento de la economía española ha
sido alto, alrededor del 4 por ciento- había mucho margen para las
políticas de reducción del déficit público e ir avanzando hacia el
déficit cero. Esta ley se ha hecho en el momento más fácil, pero
ahora por el Gobierno se mantiene en el momento más difícil y el
debate que se abre es si corresponde o no retirarla. La posición de
mi grupo es que es conveniente mantenerla.
No es casualidad que el Consejo Europeo de Bruselas, celebrado hace
dos semanas, haya aprobado por unanimidad de todos los Gobiernos
europeos la necesidad de reafirmar las políticas de estabilidad y
crecimiento; esto tiene unos riesgos. Es verdad que el presupuesto
para el próximo año, que ya ha sido presentado por el Gobierno
español, se enmarca dentro de esta ley y abre el debate de si nos
mantenemos en el déficit cero -la previsión de crecimiento de
ingresos ya es mucho más corta de lo que pudiéramos haber tenido
otros años- y si eso puede afectar o no a las políticas de gasto y a
las políticas sociales. Esto abre un debate para el Consejo Europeo
de Barcelona -y es algo que ha planteado el Grupo Socialista- sobre
si vamos a mantener el déficit cero a costa de los gastos sociales y
de la Seguridad Social. La Seguridad Social va a aumentar sus
ingresos si sigue teniendo éxito la política de empleo, pero si esta
falla entonces también entraría en déficit la Seguridad Social. Esto
aconseja que por este marco de incertidumbre que se abre haya que
reafirmar las políticas de estabilidad y crecimiento. Ahora el debate
es si la política de estabilidad es también de crecimiento o si
impulsa la recesión. Hemos tenido demasiados años de alegría en el
gasto, de falta de equilibrio presupuestario y esas políticas
expansivas produjeron
efectos muy negativos en la economía española con un crecimiento del
paro muy alto. Al primer síntoma de preocupación o de alarma no
tenemos que volver atrás, sino reafirmar las políticas de estabilidad
y crecimiento en espera de que se despejen determinadas
incertidumbres y veamos si efectivamente podemos seguir avanzando en
esta dirección. Generar hoy, inmediatamente después del 11 de
septiembre, un clima de desconfianza ante la incertidumbre no haría
sino alimentar ese incertidumbre y provocar sin duda ninguna una
recesión.
Las políticas presupuestarias tienen hoy margen suficiente, con una
previsión de ingreso por encima incluso de lo que fuera real en el
futuro, si hay una mayor recesión de la esperada, para mantener un
ligero déficit en la práctica, en la realidad, aunque teóricamente
estemos en un escenario presupuestario de déficit cero. Como todo
esto es el debate presupuestario que vamos a tener próximamente, lo
único que queremos decir es que estamos con el Consejo Europeo de
Bruselas y seguimos manteniendo que las políticas progresistas y no
las conservadoras se pueden desarrollar mejor en un marco de plan de
estabilidad y crecimiento que en política de expansión y de
incremento del déficit, que se decía que teóricamente eran para
efectos positivos de carácter social y han producido efectos nefastos
y perturbadores en la economía y en la sociedad.
En segundo lugar, hay un problema de coordinación y de autonomía
económica y financiera. El nuevo dato ya no es la incertidumbre, sino
el nuevo modelo de financiación autonómica. Si alguien no está de
acuerdo con las políticas de estabilidad y crecimiento y aprueba el
nuevo modelo de financiación autonómica, no sé por qué lo aprueba. En
el modelo de financiación autonómica hemos buscado incrementar la
capacidad de las comunidades autónomas en las políticas de ingresos
con la corresponsabilidad fiscal, por tanto dentro de la política de
rigor la política del gasto. Si en el modelo de financiación
autonómica hay una previsión de crecimiento y de capacidad financiera
de las comunidades autónomas, hemos ganado capacidad de actuación. Lo
que ocurre es que esa capacidad de actuación no es para seguir
manteniendo déficit que provoquen costes a la larga. En esta ley más
que rigideces de carácter económico hay una nueva cultura política
que nosotros defendemos con toda claridad. Esa nueva cultura política
es que los gobernantes públicos se tienen que acostumbrar a que lo
fácil es gastar más de lo que uno tiene, crear gasto basado en
clientelismos electorales y ganar elecciones, y así repetir el ciclo
una y otra vez; eso no sólo para las administraciones públicas, sino
también muchas veces para la empresa privada. La política alocada de
incrementar los gastos no teniendo en cuenta los ingresos produce
consecuencias negativas. Hay que crear una nueva cultura de rigor y
de austeridad en una nueva generación de políticos. Si uno quiere
gastar más le tiene que explicar a los ciudadanos que tiene que
incrementar sus impuestos, pero si hay que incrementarlos, demos a la
comunidad autónoma y a los ayuntamientos más capacidad. Todo el mundo
sabe que los ayuntamientos de España tienen en el impuesto de bienes
inmuebles y en otros instrumentos fiscales una gran capacidad para
incrementar el ingreso y luego el gasto, pero explíquele a los
ciudadanos qué los incrementa.
El problema no es descargar la administración más próxima a los
ciudadanos sobre la siguiente. Nosotros lo vivimos en la Comunidad
Autónoma de Canarias. Los cabildos y los ayuntamientos piden a la
comunidad autónoma que incremente sus ingresos por la vía del
presupuesto de la comunidad autónoma, y a continuación reivindica a
Madrid. Somos una fuerza nacionalista y tenemos dos conceptos que
defendemos incluso en momentos de adversidad, por coherencia con
nuestra política, aunque respetamos y defendemos también otras
posiciones. En primer lugar, la Unión Europea en estos momentos de
incertidumbre tiene que mantener las políticas de estabilidad
y crecimiento con rigor. Esto es lo que estamos defendiendo en estos
momentos en los presupuestos del Estado, y esta ley es una afirmación
de esas políticas y un aviso a todos. En segundo lugar, todas las
administraciones públicas tienen que responder ante los ciudadanos de
que gastan lo que ingresan y no más; eso no obsta para decir al señor
Montoro que esperamos que en el trámite del Senado -como ha venido
insinuando de alguna manera en sus declaraciones- determinados temas
que afectan al proyecto constitucional español, como la disposición
adicional primera sobre el régimen foral y el concierto económico
vasco, o la disposición adicional tercera sobre el régimen económico
y fiscal de Canarias, sean recogidos con las matizaciones que han
sido propuestas por diferentes grupos parlamentarios. Estamos seguros
de que esto hará que la ley tenga definitivamente un consenso mucho
más amplio que el que tiene en estos momentos.
Nuestro grupo, a pesar de ser minoritario, muy pequeñito, y de lo
fácil que sería hacer una política contraria a esta ley, está a favor
del rigor y de la estabilidad presupuestaria, a las duras y a las
maduras. Ya hemos estado a favor en los momentos fáciles, ahora lo
estamos en los momentos difíciles.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Mauricio.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.
El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, tenía razón el señor Fernández Marugán: Esta ley es un
estorbo; pero es un estorbo para ustedes. Es un estorbo para quien
propugna en esta Cámara, como se ha hecho el día de hoy, la
resistencia política al control de las administraciones públicas; es
un estorbo para el modelo político que defiende el Grupo
Parlamentario Socialista de resistencia a las políticas de
crecimiento y de estabilidad; y es un estorbo a la vuelta a la España
del despilfarro. Efectivamente en ese sentido es un estorbo,
señorías.
En estos proyectos de ley aparecen dos modelos políticos, incluso dos
modelos intelectuales diferentes y dos modelos de encarar la política
económica. El señor Fernández Marugán y algún otro grupo han hablado
de cuatro razones; como yo represento a la mayoría, voy a hacer
referencia a cinco, una más. (Risas.) Primera: Hay dos modelos de
encarar la política económica. Conocemos la manera de encarar la
política económica protagonizada por el coyunturalismo político, por
las políticas de parcheo, por acudir de modo apresurado a esta Cámara
a presentar decretos; la conducta política caracterizada por la
precipitación, la improvisación, etcétera. Nuestro grupo
parlamentario, sin embargo, acude hoy a defender dos proyectos de ley
con otra actitud política y con otro modelo intelectual, señor
Fernández Marugán. Nuestro grupo propone el refuerzo de instrumentos
de carácter estructural, como las leyes que ahora debatimos, con una
visión ambiciosa y de largo recorrido, que trata de seguir
corrigiendo los desequilibrios básicos con los que nuestra economía
se encontró en el año 1995; hay que decir que la corrección de estos
desequilibrios se ha realizado con notables resultados. En
definitiva, señorías, se trata de apostar bien por seguir avanzando
en políticas de estabilidad y de crecimiento, o bien por orientar
inadecuadamente la política fiscal de nuestro país y que esto se
convierta en un factor de interrupción del crecimiento de nuestra
economía.
También hay dos formas de entender la organización del Estado. Hay
una que niega al Gobierno, -como se negó durante el trámite de
Comisión, aunque esta mañana no ha habido semejante atrevimiento-, la
capacidad y la posibilidad de asumir obligaciones de carácter
constitucional, como se establece en el texto constitucional, y otra,
que es la que está presente en las leyes de estabilidad, que favorece
la coordinación institucional y la corresponsabilidad de las
comunidades autónomas y de los entes locales en el compromiso que
España asume en su conjunto. Es extraordinariamente difícil para
algún grupo de esta Cámara el poder asistir a este debate de hoy con
normalidad. El Grupo Parlamentario Socialista acude a esta Cámara con
una dificultad extraordinaria. El Grupo Socialista tiene que dar
cobertura política a muchas cosas, a muchas situaciones políticas en
España; tiene que dar cobertura política al federalismo asimétrico
del señor Maragall en Cataluña, al nacionalismo atlántico del
señor Beiras en Galicia, al hiperrealismo extremeño del señor
Rodríguez Ibarra, al invitado del señor Camacho en Andalucía; tiene
que dar cobertura política a demasiadas realidades políticas en
España, que hacen que en el día de hoy hayan tenido que ser dos
portavoces los que mantengan discursos políticos diferentes. Esta es
la realidad de la oposición política de España. (La señora López i
Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-La señora Cunillera i
Mestres: La patente se la dais vosotros.) Y no sólo hay dos formas de
entender la política económica sino que hay tantas como necesidades
políticas de carácter territorial. Esta es la realidad, señorías.
Además, no se han leído la ley. No se la han leído porque hablan con
cierta ligereza de que las leyes de estabilidad presupuestaria
prohiben el déficit, pero no es así. Lo que establece la ley de
estabilidad presupuestaria es un cambio de mentalidad radical de las
administraciones públicas, por tanto un cambio de carácter
estructural en el entendimiento que han de tener las administraciones
públicas respecto a cómo se comportan con los presupuestos que
gestionan. Lo que no se puede es aceptar un mayor número de
responsabilidades en cuanto al ingreso, aceptar como bueno el modelo
de financiación autonómica que se plantea por parte del Gobierno del
Partido Popular y no querer ninguna obligación de carácter regulador
con respecto al gasto en las comunidades autónomas. Esto
sencillamente es la resistencia política al control a la que hacía
mención al principio de la intervención.
También -y es la cuarta- hay dos formas de encarar los compromisos
que España como conjunto tiene con la Europa de la Unión: una con la
resignación y la debilidad de otros tiempos, aceptando para España un
papel secundario en el concierto internacional, que permitiría
allanarse a mantener nuestras históricas diferencias con otros
países, y otra con la ambición del Gobierno del Partido Popular,
consistente en querer superar los niveles mínimos de exigencia, que
incluso aparecen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Efectivamente estas leyes de estabilidad van más allá de las
exigencias mínimas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero lo
cierto y verdad es que España debe converger en términos de empleo y
de renta con Europa, por lo que nuestro esfuerzo ha de ser mayor que
el que hacen otras economías en el resto de Europa. Quinta,
efectivamente, también hay dos modelos para responder a las
expectativas de los españoles. En una recentísima encuesta del CIS se
pregunta a los españoles: ¿Cree usted que el Estado debe gastar más,
debe gastar menos o debe gastar lo mismo? El 72 por ciento de los
españoles responde a esta encuesta diciendo que se debe gastar menos
o lo mismo. Por tanto, estas leyes están plenamente entroncadas en lo
que quieren los españoles; a esto es a lo que necesita dar respuesta
esta Cámara en el día de hoy: a si estas leyes dan o no respuesta a
lo que los españoles
quieren que sea el comportamiento de sus administraciones
públicas, y eso lo hacen plenamente estas dos leyes. Los españoles no
quieren que las administraciones se comporten de modo diferente a
como se hace en las economías familiares -esto también se pone de
manifiesto en estas dos leyes- en la encuesta a que hago referencia.
Además en el día de hoy se ha hecho mención en demasiadas ocasiones a
que se trata de unos proyectos de ley en los que se incluye una
política económica equivocada. Incluso se ha hablado por algún
representante de estrépito, de equivocación, de error, de hipocresía,
¿verdad, señor Llamazares? Es cierto que las consecuencias de los
terribles atentados del 11 de septiembre se ciernen sobre este
Parlamento y sobre otros muchos, pero en opinión del Grupo
Parlamentario Popular es la estabilidad económica y el equilibrio de
las cuentas públicas lo que permitió a España afrontar con mayores
garantías la crisis asiática financiera del año 1998; fue la
estabilidad de nuestras cuentas públicas y los criterios de carácter
económico que se pusieron en marcha con ocasión del shock petrolífero
de hace no tanto tiempo los que permitieron a España resistir de
mejor modo que otros países de Europa aquellos acontecimientos. Las
aportaciones de otros grupos, sin embargo -recuerden, señorías-, era
que había que bajar los impuestos de hidrocarburos. Alguno quizá se
arrepiente todavía de aquella insistencia en tantas y tantas sesiones
de control que hubieran pronosticado un futuro poco alentador para la
posición de España en relación con esa cuestión.
España está hoy sin ninguna duda en mejores condiciones para afrontar
las dificultades que puedan proporcionar las consecuencias políticas
y económicas de los atentados del 11 de septiembre de lo que estaba
hace unos años. Nuestra propuesta, ambiciosa, es seguir intentando
mantener a España en las mejores condiciones para afrontar con
garantías las dificultades que puedan aparecer en el horizonte de
nuestra economía, y estas leyes, señorías, son la mejor garantía para
que eso sea así. Esa es nuestra ambición, por lo que insistiremos en
la necesidad de aprobar estos proyectos de ley. Y no es un modelo
rígido, como se ha dicho por parte de algún grupo parlamentario, ni
muchísimo menos. En estos proyectos se prevén cosas que algunas de
SS.SS. no se han leído. Se ponen en marcha mecanismos reglados para
actuar en caso de tener que atender y dar respuesta a contingencias
desfavorables con las que nos podamos encontrar, y es un modelo en el
que el papel de las comunidades autónomas va a ser decisivo. En
Comisión aprobamos una importante serie de propuestas, algunas
transaccionadas y otras no, en las que precisamente se reforzaba el
papel de las comunidades autónomas, siendo sus asambleas legislativas
las que iban a aprobar los planes de reequilibrio en los casos en los
que hubiera que afrontar situaciones y contingenciasdesfavorables.
Por lo tanto, estamos hablando
de un modelo que no sólo no es rígido, sino que además compromete
a la responsabilidad de las comunidades autónomas a restablecer el
equilibrio de las cuentas públicas, sin perder de vista que el
objetivo de la ley es precisamente mantener la estabilidad
presupuestaria. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Además
se refuerza el control democrático del Gobierno. Ningún grupo
parlamentario en el día de hoy ha hecho referencia a esta cuestión,
pero a nuestro grupo se le antoja inconcebible e irresponsable que
algún grupo de esta Cámara quiera que no se aborde el debate político
sobre el umbral de gasto que aparece en los textos del proyecto de
ley. Realmente esto es un ejemplo más de la política de oposición que
están haciendo las señorías del Grupo Parlamentario Socialista en
esta Cámara. Se resisten al control de las administraciones públicas,
se resisten al rigor presupuestario y se resisten a reforzar el
control democrático del Gobierno.
Voy acabando, señora presidenta. En contra de lo que se ha dicho en
esta Cámara en el día de hoy, en estos proyectos de estabilidad
presupuestaria se refuerza el papel de las comunidades autónomas y de
las entidades locales. Las comunidades autónomas van a desempeñar un
papel importantísimo y nuclear en la consecución de los objetivos de
estas leyes, porque se va asumiendo un nivel creciente de
corresponsabilidad fiscal, para lo cual es preciso perfeccionar los
mecanismos de coordinación interinstitucional como los que aparecen
en estas leyes; además las comunidades autónomas, en contra de lo que
se ha dicho, van a seguir decidiendo de forma autónoma, como no puede
ser de otra manera, los umbrales de gasto y de ingresos. Por lo
tanto, van a seguir teniendo responsabilidad sobre los ingresos y
responsabilidad sobre el gasto. El Consejo de Política Fiscal y
Financiera es el que está llamado a desempeñar un papel clave en la
coordinación de este proceso de asunción presupuestaria de los
objetivos de estabilidad, que se ha reforzado con las enmiendas
presentadas por nuestro grupo parlamentario en Comisión. Las
asambleas legislativas de las comunidades autónomas pasan a tener un
papel protagonista en la asunción de esta responsabilidad respecto a
las comunidades autónomas. Se atribuyen al Consejo nuevas e
importantes atribuciones que han sido silenciadas en la mañana de
hoy, pero son nuevas las atribuciones de supervisión por parte del
Consejo de Política Fiscal y Financiera; se incorporan procedimientos
de audiencia en caso de incumplimiento a través de enmiendas de
nuestro grupo y se posibilita que las comunidades autónomas tomen a
su cargo cuantas medidas estimen pertinentes para llegar al objetivo
de estas leyes. Por tanto, estas leyes, en vez de suponer una
involución autonómica como se ha dicho esta mañana, suponen todo lo
contrario. Suponen un decisivo refuerzo del control que van a ejercer
las comunidades autónomas sobre sus
propias normas y sobre sus propios textos y cuentas de carácter
presupuestario.
Respecto al régimen foral del País Vasco, señor Azpiazu, celebro que
siga usted aquí, pero mientras siga usted aquí preste atención a lo
que tiene que decir el Grupo Parlamentario Popular. Las enmiendas
presentadas por su grupo son insuficientes y tienen única y
exclusivamente un contenido gramatical. Lamentablemente para ustedes
el Grupo Parlamentario Popular ha mostrado más ambición en relación a
la defensa del procedimiento que se establece respecto al País Vasco
y Navarra y esta es la realidad; así que mientras sigan permaneciendo
en la Cámara, señores del Partido Nacionalista Vasco, comprueben la
existencia de otras enmiendas que lo que hacen es reforzar el papel
de la Comunidad Autónoma del País Vasco respecto a sus relaciones
financieras con el Estado. Además, las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular no sólo refuerzan sino que suponen una
garantía adicional de la que establece sin ningún género de dudas sus
enmiendas; por tanto, hagan un esfuerzo y voten en esta ocasión,
aunque les pueda resultar duro, las enmiendas presentadas por nuestro
grupo.
Finalmente, señorías, estas leyes operan un cambio de mentalidad en
las administraciones públicas. Se trata de optar porque la excepción
en los presupuestos públicos sea el déficit y sea el equilibrio
presupuestario el punto de partida sobre el que se elaboran los
presupuestos de todo el sector público. Se trata de este cambio de
mentalidad. Apartarse de la seducción fácil del déficit y optar por
el equilibrio y la estabilidad de nuestra economía para poder seguir
apostando por políticas de crecimiento. Esto es lo que demandan los
españoles, señorías. Resistirse a esa demanda y por tanto a estas
leyes, es sencillamente resistirse a la voluntad de los españoles y,
so capa de pretendidas relaciones y excusas políticas, supone además
optar por el despilfarro, optar por el estancamiento económico
y optar porque España vuelva a papeles secundarios. Esto, señorías,
sencillamente es algo a lo que el Grupo Parlamentario Popular no va a
contribuir nunca, razón por la que nuestro grupo votará a favor de
ambos proyectos de ley.
Nada más, señora presidenta y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Vamos a iniciar la votación, en primer lugar de las enmiendas y luego
del dictamen de la Comisión, del proyecto de ley general de
estabilidad presupuestaria.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto
presentadas por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 118; en contra, 177; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas de la señora Lasagabaster
Olazábal.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 116; en contra, 179; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 116; en contra, 179, abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 116; en contra, 179; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 114; en contra, 181; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Puesto que las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
han sido retiradas, votamos en primer lugar la enmienda 102, del
Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 107; en contra, 180, abstenciones, 22.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 179; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 127; en contra, 179, abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan Rechazadas.
Por último, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. (El señor Silva
Sánchez, pide la palabra.)
Señor Silva.
El señor SILVA MUÑOZ: Además de la votación separada que ha
solicitado mi grupo, desearía que juntamente con los artículo 2, 8,
20 y 25, se votase la exposición de motivos.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Silva. El resto, ¿tal y como
estaba previsto? (Asentimiento.)
Iniciamos, como decía, la votación del texto del dictamen. En primer
lugar votamos los artículos 2, 8, 20, 25 y la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 184; en contra, 111, abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen de los
referidos artículos. (Rumores.)
Señorías, por favor.
Votamos el artículo 3, más la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 180; en contra, 127; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados dichos artículos.
Por último, votamos el resto del dictamen del referido proyecto de
ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 196; en contra, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
(Rumores.)
Señorías, iniciamos la votación, en primer lugar de las enmiendas y
después del dictamen y del conjunto, del proyecto de ley orgánica
complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar
las firmadas por el señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 116; en contra, 179; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos a continuación las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
307; a favor, 115; en contra, 179; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 114; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el señor
Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Al haber sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, iniciamos la votación de las enmiendas presentadas
y defendidas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer
lugar la número 74.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 114; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 127; en contra, 180; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Por último, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. (El señor Silva pide la
palabra.)
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Solicitamos también votación separada de la
exposición de motivos de la ley orgánica.
La señora PRESIDENTA: ¿Votación independiente o acumulada?
El señor SILVA SÁNCHEZ: Independiente.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
Iniciamos la votación del texto del dictamen correspondiente a la
exposición de motivos. (Pausa.)
Comienza la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 182; en contra, 126; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la exposición de motivos de
acuerdo con el texto del dictamen.
Votamos a continuación el texto del dictamen de los artículos 6, 8, 9
y 10 y la disposición adicional única.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 181; en contra, 127; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos
artículos.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 195; en contra, 112; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Por último, iniciamos la votación de conjunto
del proyecto de ley por tener éste el carácter de orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 180; en contra, 129.
La señora PRESIDENTA: Al haber superado el número de votos previstos
-176- queda aprobado en votación de conjunto el carácter orgánico de
este proyecto de ley. (Prolongados aplausos.-Rumores.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR
ESPAÑA DEL TRATADO DE NIZA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA
UNIÓN EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Y DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN NIZA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE
2001. (Número de expediente 121/000039.)
La señora PRESIDENTA: Anuncio a SS.SS. que vamos a iniciar el debate
del proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación
por España del Tratado de Niza, proyecto de ley que no tiene
enmiendas, con lo cual la duración de este debate es imprevisible,
pero en cualquier caso no parece que vaya a ser excesivamente largo.
Señorías, este proyecto de ley tiene también el carácter de orgánico.
La votación de conjunto no se producirá antes de las 12 del mediodía.
(Pausa.-Rumores.)
Vamos a continuar con el debate, por lo cual le ruego que permitan
que en el hemiciclo haya las condiciones precisas para poder hacerlo.
Señorías, guarden silencio, ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
En nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds quiero expresar nuestra
intención de voto, que va a ser de abstención.
Desde una visión europeísta, profundamente europeísta, el Tratado de
Niza fue políticamente una gran frustración que recogió el propio
Parlamento Europeo en la resolución que efectuó una vez acabados los
trabajos de dicho tratado. Voy a leer literalmente tres o cuatro de
las razones que el Parlamento Europeo expresó en relación al Tratado
de Niza, y quiero destacar que es de las primeras veces que el propio
Parlamento Europeo no hace indicación a los parlamentos nacionales de
cuál debe ser la votación en los mismos. La resolución del Parlamento
Europeo -insisto en que leo literalmente- lamenta profundamente que
el Tratado de Niza sólo haya dado una respuesta tímida y en algunos
casos insuficiente a los asuntos de la Agenda. Destaca el Parlamento
Europeo entre los aspectos más negativos de la Conferencia
Intergubernamental el hecho de que haga más confuso y menos
transparente el proceso decisorio dentro de la Unión, que no respete
el principio de extender la codecisión y que no integre la Carta de
los Derechos Fundamentales en los tratados. Sigue diciendo la misma
resolución que la preparación y las negociaciones del Tratado de
Niza, como ocurrió anteriormente con el Tratado de Amsterdam,
pusieron de manifiesto -esto es muy importante- el agotamiento del
método puramente intergubernamental; exige el Parlamento Europeo la
convocatoria de una nueva conferencia con un proceso radicalmente
distinto que permita la participación de los ciudadanos, y acaba
diciendo la resolución del Parlamento Europeo que reconoce que el
Tratado de Niza concluye un ciclo que se inició en Maastricht y
prosiguió en Amsterdam, y exige la apertura de un proceso
constitucional que se vea coronado por la adopción de una
Constitución de la Unión Europea.
En síntesis, la resolución del Parlamento Europeo califica de tímidas
e insuficientes las cuestiones referentes al déficit democrático y a
la reforma institucional, denuncia el hecho de que el Tratado de Niza
no integre la Carta de los Derechos Fundamentales pero, a mi
entender, lo más importante de esta resolución es que expresa
claramente que se ha agotado el método puramente intergubernamental
de la construcción de la Unión Europea y llama a los parlamentos
nacionales a que en el momento de la ratificación del Tratado de Niza
se pronuncien favorablemente sobre el compromiso de realizar la
convocatoria de una convención.
Es cierto que hace ahora 15 días, en una reunión informal de los
ministros de Asuntos Exteriores en Genval, se ha iniciado una
reflexión para superar el método utilizado hasta ahora -que creo que
está agotado- de trabajo intergubernamental. Sería importante que hoy
esta Cámara y todos los grupos políticos expresaran su voluntad
manifiesta de trabajar en la dirección de que la construcción europea
esté más cerca de los ciudadanos y que la próxima Conferencia
Intergubernamental sea producto del trabajo
participativo de las instituciones, pero también de la sociedad
civil.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
En los sucesivos debates que hemos tenido, tanto de las enmiendas en
este Pleno como posteriormente en ponencia y comisión, nuestro grupo
ha tenido ocasión de manifestar su apoyo claro, tajante y terminante
a la ratificación por parte de España, por parte en este momento del
Parlamento español, del Tratado de Niza. Estuvimos de acuerdo desde
el primer texto y cuando el presidente del Gobierno español, señor
Aznar, compareció en diciembre del pasado año para dar cuenta de los
acuerdos que se habían adoptado en la cumbre de los días 7, 8 y 9 en
Niza.
Entendíamos que por parte de Coalición Canaria se mantenía el
reconocimiento que venía del Tratado de Amsterdam, en su artículo
299.2, referido a las regiones ultraperiféricas, lugar donde nos
encontramos, reconocido y reflejado en una carta de derechos a
desarrollar con su propio estatuto para que estas regiones
ultraperiféricas, como es el caso en España de Canarias, encuentren
acomodo fácil, respetuoso y al mismo tiempo exigente y solidario con
el resto del territorio español y, por supuesto, del territorio de la
Unión Europea. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Nosotros entendíamos que Niza no podía quedar en un
simple debate dialéctico de si era un eje de prepotencia francoalemán
o si Alemania sacaba un mayor porcentaje de poder dentro de la Unión
Europea. Nosotros entendíamos que toda ampliación tiene un precio y
que el Tratado de Niza, hecha ya la valoración desde nuestro punto de
vista territorial de comunidad autónoma, debía ser compromiso de
España dentro de la Unión Europea; que había que pagar entre todos un
cierto complemento de responsabilidad para encontrar un marco nuevo,
que era la ampliación.
Niza significa fundamentalmente la ampliación de la Unión Europea y
hay que pagar un precio. Por un lado España tiene 50 parlamentarios
en el Parlamento Europeo, y por otro pasamos de 8 a 27 en el Consejo,
en la responsabilidad del voto; se han reducido aquellas materias que
podían ser vetadas y se han reducido sensiblemente las cuestiones que
necesiten mayoría absoluta o las que necesiten mayoría simple, donde
tiene que haber acuerdos de bloqueo y donde no tiene que haber
acuerdo de bloqueo. Nos parece que todo esto es una política de
convivencia con los problemas que hay que resolver. Es cierto que se
ha desplazado alaño 2004 el comportamiento de esta Unión Europea
ampliada. Tenemos tiempo hasta 2004. Deviene para España una
responsabilidad valiosa y especial con la presidencia de la Unión
Europea en el primer semestre del próximo año. Coalición Canaria cree
que tenemos que dar un apoyo político al Gobierno español desde este
instante para que pueda ejercer la presidencia del gobierno europeo
con el respaldo del Parlamento, ratificando la aprobación ya firmada
por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea el pasado
26 de febrero y al que nosotros hoy damos el carácter solemne de
compromiso político apoyando este tratado. ¿Que se han aplazado
problemas hasta 2004? Por supuesto. De acuerdo. Esas son todas las
fases. Siempre hemos dicho que en un solo tratado no se resuelven los
problemas, que además son propios del crecimiento de una potencia
económica, social, política y en todos los órdenes, e incluso de
proyección de política exterior de defensa y seguridad como se tiene
encomendado.
Nuestro grupo tiene puestas muchas ilusiones; desde el desarrollo de
los artículos de región ultraperiférica que nos afectan hasta el
compromiso de vinculación política, social, económica y de todo orden
que implica el complemento del Tratado de Niza, sumándose a todos los
tratados de la Unión Europea, cuyo texto articulado se sigue
manteniendo, como es el caso al que me he referido y que viene desde
el Tratado de Amsterdam. Por tanto nuestro voto va a ser político, en
el mejor sentido de la palabra, de responsabilidad parlamentaria. De
ahí que aboguemos por su ratificación para que el Gobierno español
pueda presentar los documentos pertinentes ante las instancias de la
Unión Europea, votando hoy favorablemente la ratificación del Tratado
de Niza.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo se va a abstener en esta votación, como ya hicimos en
la anterior ocasión que vino a esta Cámara, porque entendemos que el
Tratado de Niza supone una frustración para las aspiraciones de una
Europa más democrática.
El pasado martes, el portavoz del Grupo Popular nos venía a decir que
lo mejor que podía hacer Europa era exportar democracia al Tercer
Mundo, que era la panacea para acabar con todos los males. Pues bien,
señorías, mal ejemplo damos desde esta Europa cuando seguimos
manteniendo una Europa en la que la democracia no es ni siquiera
formal y en la que todavía queda muy lejos que el Parlamento Europeo
sea un Parlamento de verdad, que realmente pueda adoptar decisiones
y en el que exista un gobierno que verdaderamente se someta a
la mayoría popular. Por lo tanto nuestro voto va a ser de abstención.
Presentamos enmiendas al tratado, que por cuestión de procedimiento
tuvieron el carácter de enmiendas a la totalidad, que trataban de
hacer una Europa con más democracia y una Europa más social, porque
entendemos que es otra de las grandes frustraciones de Niza. Ya se ha
dicho por otro portavoz cómo la Carta de Derechos Fundamentales ha
quedado, una vez más, en el cajón del olvido. Así no se avanza hacia
esa Europa que pueda ser ejemplo para otras zonas del mundo; así no
se avanza hacia una Europa en la que todos nos veamos integrados y no
solamente en la cuestión económica, sino en la social. Este no es el
camino. Con la abstención, Izquierda Unida quiere hacer esa llamada
de atención para evidenciar que no es el camino que Europa necesita,
puesto que Europa necesita más democracia y más contenido social. A
partir de ahí, la ampliación puede tener sentido, en la medida en que
a los países que se integren no les suceda lo que a España, que se
integró porque evidentemente hay que integrarse en la Unión Europea,
pero después vinieron las frustraciones, como muy bien sabemos los
que somos portavoces de la Comisión de Agricultura. Por consiguiente,
esa frustración que pueden sufrir los países que ahora están deseosos
por la integración es lo que intentamos evitar. Los que han tomado la
decisión serán responsables de ese futuro y esperemos que se pueda ir
modificando, como muy bien reclama el Parlamento Eeuropeo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para manifestar nuestro apoyo y aprobación a
este proyecto de ley de ratificación del Tratado de Niza y anticipo
que, lógicamente, nuestro voto va a ser favorable a la ratificación
del mismo.
La escasa confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en sus
socios de la Unión Europea para conducir el proceso de integración
obligará, cuando menos, a realizar una amplia discusión sobre el
futuro de Europa. La desorientación de la última década ha afectado a
todos los países por igual, ya que, de una parte, los países pequeños
creen amenazadas sus señas de identidad y temen contar cada día menos
en una Europa gobernada por los grandes. Y, de otra parte, éstos, los
grandes, creen que la Unión Europea ya no responde a sus intereses,
como ocurría en los viejos tiempos.
En el caso de España, que no somos ni una cosa ni la otra, nuestras
aspiraciones han ido hacia ser considerados como grandes para ser
tenidos en cuenta y pequeños para continuar recibiendo fondos
comunitarios. El Tratado de Niza aleja a nuestro país del grupo de
los países pequeños y medianos, pero con nuestros 27 votos ponderados
en el futuro tampoco puede considerarse que estemos en el grupo
selecto de los grandes.
Una vez más, el Tratado de Niza ha puesto en evidencia dos cosas: la
primera, la capacidad de acordar siempre en el último minuto las
reformas precisas para despejar el camino de la ampliación. Y, la
segunda, la apariencia de no existir límites en la capacidad de
absorción de la propia Unión Europea.
Ya desaparecieron, hace tiempo, los frenos que en el Tratado de Roma
limitaban la capacidad de expansión de la Unión Europea. En 1987,
cuando se aprobó el Acta Única Europea todavía no existía el veto
sobre cualquier decisión. Tras Maastricht, Amsterdam y Niza nos
lamentamos de que sólo se haya eliminado el veto de 29 de las 50
políticas en que aún permanecía. Admitimos, sin embargo, que es muy
positiva la elección por mayoría del presidente de la Comisión y la
del señor Pesc gracias a este Tratado. Nuestra capacidad de bloqueo,
así como la de alianzas, cambia el mapa de decisiones de la Unión,
pero debería preocuparnos el hecho de que una política agrícola
mediterránea no se resolverá por el momento con la suma de nuestros
votos, los de Portugal y los de Grecia.
Los acuerdos para determinar el sistema electoral proporcional común
y único para toda la Unión deberán complementarse con una nueva
definición de la circunscripción electoral más cercana al ciudadano y
a la vez más próxima a la configuración territorial de cada país. El
Tratado de Niza crea por una parte las condiciones para la
ampliación, pero al mismo tiempo lanza un proceso para profundizar en
el marco de una Conferencia Intergubernamental en el año 2004, que
estará presidida de un debate sobre el futuro de Europa. Por otro
lado, siendo la entrada en vigor condición necesaria para las
adhesiones de los países candidatos, parece casi obligado, por un
deber de responsabilidad y solidaridad de la próxima presidencia de
la Unión Europea, que corresponde al Estado español, agilizar al
máximo los trámites para que el tratado pueda ser ratificado cuanto
antes.
Convergència i Unió considera que el Tratado de Niza es un salto
considerable en el camino de la integración y la ampliación, pero es
del todo insuficiente. En Niza primaron por encima del interés común
europeo los intereses particulares de los Estados miembros. Si por
una parte esto es comprensible desde la óptica de la soberanía
estatal, por la otra resulta un serio obstáculo a la hora de la toma
de decisiones, el establecimiento de posiciones comunes y, sobre
todo, la rapidez de respuesta ante conflictos tanto internos como
externos
de la Unión Europea. A título de ejemplo, esta debilidad
decisoria se ha manifestado tanto en Yugoslavia como en Kosovo.
Lo que resulta sorprendente y a tener en cuenta es el hecho de que
Europa reacciona a posteriori, nunca a priori, y que la reciente
situación internacional de inseguridad y globalización del terrorismo
ha constituido un acicate a procesos que deberían haberse puesto en
marcha por sí mismos si no hubieran intervenido los centralismos
estatalistas, recelosos de ceder parte de su soberanía, sobre todo en
lo que atañe a política exterior, seguridad y defensa. Europa debe
responder con una sola voz y anticiparse, pero esto significa
generosidad de soberanía y voluntad política. Este es el camino que
abre el Tratado de Niza y esta ley va en este camino y, como hemos
manifestado, señorías, tendrá nuestro voto afirmativo.
Muchísimas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Gracias, señor presidente.
En los últimos diez años se ha producido un cambio sustancial en el
proceso de construcción europea. A raíz de la desintegración del
sistema de influencia soviético se hace necesaria una respuesta
política en el proceso de construcción europea, que se lleva a cabo a
través de la articulación de la unión económica y monetaria y la
formulación del proceso de la unión política. A través de ese
proceso, a lo largo de los años noventa, la Unión Europea se plantea
la voluntad decidida de poner en marcha un proyecto de unión
política. El desarrollo del segundo y tercer pilar de una política
exterior y de defensa y de una política de libertad, seguridad
y justicia no sólo supone un incremento sustancial de las competencias
de la Unión y el inicio de la reforma institucional, sino, sobre
todo, la consagración constitucional de la política en la Unión
Europea.
Desde esta perspectiva histórica, la reforma de las instituciones y
el propio Tratado de Niza son la expresión de la voluntad política de
avanzar también en la ampliación a los países de la Europa central y
oriental. Seguramente, el mensaje más claro y contundente que hoy
debe salir del Congreso de los Diputados es la decisión española
inequívoca y rotunda hacia la ampliación y la decisión de mandatar al
Gobierno que haga el máximo esfuerzo para que la ampliación sea una
realidad para las próximas elecciones europeas. Sin embargo, el
Tratado de Niza no resuelve los problemas institucionales que plantea
la unión política de una Europa ampliada. La visión excesivamente
aritmética y de reparto de poder y la falta de un proyecto europeo,de
visión de Europa, evidente sobre todo en el Gobierno
español, han conducido a unos resultados, los de la conferencia de
Niza, que no están a la altura de los retos que Europa tiene por
delante, la ampliación en primer lugar, y ha transmitido a las
opiniones públicas la impresión de unos gobernantes encerrados, sin
contacto con las demandas de los ciudadanos y sin implicarles en las
cuestiones que se debatían. El agotamiento del método
intergubernamental está implícitamente reconocido en la declaración
sobre el futuro de la Unión, anexo al Tratado de Niza, y esa
declaración lo que implica es que la próxima Conferencia
Intergubernamental debe conducir a un acuerdo de carácter
constitucional para construir Europa de otra manera.
Los resultados de Niza, por lo que se refiere a la toma de
decisiones, aumentan en su conjunto el déficit democrático, y por lo
que se refiere a ponderación del voto y composición del Parlamento
Europeo reflejan los conflictos de intereses entre los Estados más
grandes y los más pequeños, reforzando la deriva intergubernamental
frente al carácter supranacional de la Unión y el impulso
comunitario. Con el Tratado de Niza no se cierra la reforma
institucional de la Unión, sino que se abre la perspectiva para
fortalecer el método comunitario y la superación del simple enfoque
intergubernamental.
Nuestro grupo va a votar a favor de la ratificación de este tratado,
porque es la condición indispensable para abrir el proceso post-Niza
y para preparar la ampliación. La construcción europea demanda ya un
cambio cualitativo hacia la unión política que ponga, en primer
lugar, los valores compartidos por los europeos, que responda a las
demandas de los ciudadanos, que acabe con el déficit democrático, que
defienda y desarrolle el modelo social europeo, que intervenga con
criterios propios en la globalización y que culmine la ampliación,
sin convertir la Unión Europea en una nueva zona de libre cambio.
El Grupo Parlamentario Socialista, con su voto favorable, quiere
trasladar a la Cámara, tal y como ya lo ha hecho recientemente el
Parlamento Europeo, nuestro compromiso a favor de un proceso
constituyente para la Unión, a través de una reforma de los tratados,
que dé respuesta a las exigencias de democracia, legitimación
y eficacia que plantea el futuro de la construcción europea. Ese
proceso constituyente debe reforzar el método comunitario para que
todas las decisiones legislativas sean adoptadas por el Consejo, por
mayoría cualificada, y para que en todos los casos, se aplique, sin
excepción, la codecisión del Parlamento Europeo. Asimismo debe
reforzar las instituciones más europeas, como son la Comisión y el
Parlamento Europeo. La votación de hoy debe constituir un mandato al
Gobierno español para que en la próxima conferencia de Laeken se
decida la convocatoria de una convención que prepare la reforma de
los tratados y en la que participen los gobiernos, la Comisión, el
Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, los países candidatos
a la ampliación, el Comité de las Regiones y el Comité Económico
Social, en un partenariado que aliente la participación de la opinión
pública, que esté lo más cerca posible de los ciudadanos y de toda la
sociedad civil, para elaborar una propuesta para la Conferencia
Intergubernamental que no solamente se limite a resolver los flecos
de Niza. Las cuatro cuestiones previstas en las declaración sobre el
futuro de la Unión y del tratado no han de ser las únicas, ya que el
proceso de reflexión que se ha abierto es mucho más amplio. Se trata
de definir el papel que Europa debe tener en el mundo y en el siglo
XXI. Este hecho hace que, además de la delimitación de competencias
entre la Unión y los Estados, el Estatuto de la Carta de Derechos
Fundamentales, la simplificación de los tratados y la función de los
parlamentos nacionales en la Unión, se deben establecer también
nuevas políticas.
A este respecto el Grupo Parlamentario Socialista presentó, el pasado
mes de junio, su propuesta sobre la ampliación y la profundización de
la Unión Europea, en la que proponíamos cinco políticas básicas:
políticas de libertad y seguridad interna, política económica y de
desarrollo, políticas de cohesión, territorial y social, políticas de
ciudadanía, dando un carácter vinculante a la Carta de Derechos
Fundamentales, y una política propia para gobernar la globalización.
Además, el euro va a demandar un gobierno económico de la Unión, la
definición de una verdadera Europa social, la armonización fiscal y
un presupuesto suficiente, que obtenga los ingresos a través de un
nuevo sistema, y que esté de acuerdo con los objetivos que se deben
alcanzar, fundamentalmente la ampliación y la cohesión. Por si todo
esto no fuera suficiente, el ataque terrorista acaecido en Estados
Unidos pone de manifiesto la urgente necesidad de profundizar en el
proyecto europeo, sobre todo en su dimensión política. Son sumamente
importantes los acuerdos que tomaron los ministros de Justicia e
Interior el pasado 20 de septiembre. Europa es el futuro, es nuestro
futuro y una parte importante y decisiva de nuestro presente y, sobre
todo, de nuestra seguridad.
La votación de hoy nos hace exigir al Gobierno un proyecto europeo,
una visión de Europa, que abandone la táctica de la permanente
indefinición, o incluso el silencio, para hablar cuando ya lo han
hecho los demás, para comprometerse ahora y no al final del proceso,
comprometerse en la ampliación, en el modelo social europeo y en el
proceso de la unión política. Debemos abandonar la manía o la
preocupación de si somos grandes o pequeños, que tanto repetía el
Gobierno en relación con la Cumbre de Niza, y cambiar esta actitud
por otra más constructiva y positiva para facilitar compromisos
permanentes y para profundizar en la Unión Europea. Nuestra posición
intermedia entre grandes y pequeños es la más idónea también para
defender los intereses españoles.
Finalmente, cabría pedir al Gobierno más coherencia entre los
objetivos que para el futuro de Europa
marca el Tratado de Niza y sus comportamientos con respecto a las
relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas. Articular
esas relaciones es una necesidad urgente para repensar nuestra
política regional, para delimitar las competencias e incorporar a las
comunidades autónomas al diálogo de las decisiones que en Bruselas
afecten a sus competencias. Este ha de ser un proceso siempre abierto
y más cuando los intereses de convergencia de nuestras regiones
demandan una mayor participación de las comunidades autónomas, el
mantenimiento de los fondos estructurales, una mayor
descentralización de la gestión y un replanteamiento profundo de la
selección de objetivos, porque de aquí al 2006 nos preocupa
enormemente la eficacia de los fondos europeos tanto como su
cuantificación.
Hoy, señorías, el Parlamento español a través de este debate es parte
activa del futuro de Europa. Es imprescindible que a partir de ahora,
y no sólo a través de las dos subcomisiones creadas en el seno de la
Comisión mixta de la Unión Europea, sino a través de todas las
comisiones del Parlamento español, el Parlamento sea un instrumento
permanente de creación de opinión, de elaboración y discusión de
propuestas y de difusión de una nueva cultura política, la de la
Unión Europea como proyecto político, como proyecto integrador y
abierto, como proyecto, en definitiva, de felicidad para todos
aquellos hombres y mujeres que estamos en Europa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor García Breva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez Casañ.
El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Quiero señalar la solemnidad de este trámite parlamentario, puesto
que la firma del Tratado de Niza, el día 26 de febrero de 2001, nos
permite llevar a término el proceso iniciado por el Tratado de
Amsterdam, con el fin de preparar las instituciones de la Unión
Europea para funcionar en una Unión ampliada. Quiero resaltar que nos
encontramos, como hemos dicho en muchas ocasiones, en una política de
pasos. Desde Maastricht la Unión se encuentra en un continuo proceso
constituyente, que pasa a ser de un simple mercado común a un
proyecto de Unión Europea con dos vertientes en aquel momento, el de
la unión política y monetaria y el de la unión política. Amsterdam
significó en su momento un avance al profundizar en los pilares
intergubernamentales de la política exterior y de seguridad común -en
este momento ya se contempla la defensa- y en el tercer pilar de
interior y justicia, desde los cuales se instauraron al principio ya
las pasarelas que permiten pasar al método comunitario.
Los tristes acontecimientos del 11 de septiembre demuestran lo
acertado de este proyecto de integración
europea, de este proyecto de integración de Estados seculares con
culturas diversas, lenguas distintas y una larga historia de
confrontaciones bélicas y alianzas estratégicas y comerciales con
otros países de ultramar.
En segundo lugar, este proceso de ampliación histórica a los países
de Europa central y del Este que por razones ajenas a ellos mismos y
a la voluntad de sus ciudadanos se han encontrado inmersos durante 50
años en un mundo que no les convenía, en un mundo que los denigraba y
en un mundo del que se han esforzado por salir en los últimos años.
La negociación de este nuevo tratado, no desprovista de dificultades,
ha demostrado, señorías, el alto perfil político de nuestro Gobierno,
el peso específico de España en la Unión Europea y su firme
compromiso por liderar las transformaciones hacia una Unión más
democrática, más transparente y más cercana a los ciudadanos. El
tratado introduce importantes modificaciones que afectan a la
composición y funcionamiento de las instituciones y órganos de la
Unión, al sistema jurisdiccional, mayorías cualificadas,
cooperaciones reforzadas, derechos fundamentales, seguridad
y defensa, cooperación judicial y penal y tratado de la CECA.
A partir del 1 de enero de 2005, cuando se haya completado el proceso
de ratificación, entrará en vigor una reponderación de voto atribuido
a cada Estado miembro en el Consejo, que tiene más en cuenta el
factor demográfico y las nuevas reglas para determinar la mayoría
cualificada. El tratado establece una nueva composición de la
Comisión, que entrará también en vigor a partir del año 2005, y que
modifica el modo de designación de su presidente y miembros y
refuerza considerablemente las competencias del presidente. El
sistema jurisdiccional de la Unión es objeto de una profunda reforma
en el que el Tribunal de Justicia será competente y garante de la
unidad de la interpretación y aplicación del derecho. Veintisiete
disposiciones pasan íntegra o parcialmente de la unanimidad a la
mayoría cualificada, y varias de éstas se regirán en adelante por el
procedimiento de codecisión. Se facilita el recurso a las
cooperaciones reforzadas en el ámbito del primer y tercer pilar,
necesario para iniciar este proceso de ampliación, y se abre la
posibilidad de instaurarlas también en el campo de la política
exterior y de seguridad común.
El Tratado de la Unión Europea ha sido modificado a fin de reflejar
en él los progresos realizados en el ámbito de la seguridad y la
defensa, y me parece necesario y justo mencionar las funciones del
Eurojust. Señorías, el tratado, como todos los tratados, refleja un
compromiso. España hubiese deseado avanzar más en algunos aspectos,
lo que desafortunadamente no ha podido ser, pero un tratado es un
compromiso, una postura común; por ejemplo, España luchó hasta el
final para que la Carta de Derechos Fundamentales formase parte
integral del cuerpo de los tratados y no fue así.
Sin embargo en esta política de pasos, en esta política de
compromisos, la decisión no ha sido mala. Se ha abierto un nuevo
proceso de reflexión que conducirá a la Conferencia
Intergubernamental del año 2004, en el que los cuatro puntos más
importantes pendientes de resolución han quedado abiertos al debate:
la simplificación de los tratados, la inclusión de la Carta de
Derechos Fundamentales, el papel de los parlamentos nacionales y el
reparto de competencias entre la Unión y los Estados miembros.
España, que a partir de la ratificación de Niza pasa a ser un país
grande y que en este momento está a las puertas de su tercera
presidencia de la Unión Europea, impulsará, desde las capacidades que
le otorga su presidencia, los trabajos de la convención. Una de las
prioridades del Gobierno español es iniciar los trabajos de la
convención, para que la próxima reforma del año 2004 cuente con el
mayor respaldo popular, el mayor respaldo de los ciudadanos, y sea
capaz de reflejar lo que de verdad siente la ciudadanía de la Unión
Europea. La ratificación de este tratado permite a la presidencia
española iniciar los trabajos de la convención y continuar con el
inicio de la negociación de los capítulos más difíciles que quedan
por cerrar en la negociación de la ampliación, con un compromiso y
una tarea de gran envergadura.
Por todo ello, señor presidente, señorías, porque la ratificación de
este tratado permite a España continuar con el proceso de reformas de
una Unión que queremos que sea cada vez más democrática, más justa,
más transparente y más cercana a los ciudadanos, y porque mediante la
ratificación de este tratado queremos continuar y facilitar el
proceso de ampliación de la Unión Europea a los países de Europa
central y del este, votaremos a favor de la ratificación.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez Casañ.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a someter, en primer lugar, a votación el
texto del dictamen del proyecto de ley orgánica por la que se
autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que
se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001, para en una
votación posterior de conjunto someter a la Cámara el carácter
orgánico del referido proyecto de ley.
Iniciamos las votaciones con la del dictamen del referido proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 290; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Iniciamos la votación de conjunto, dado el carácter de ley orgánica
del referido proyecto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 290; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la votación de conjunto del
proyecto de ley orgánica.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.