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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 101, de 12/09/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 101
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 96
celebrada el miércoles, 12 de septiembre de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . (Página
4913)
Preguntas . . . (Página 4913)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene
previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para
las familias españolas representa el comienzo del curso escolar.
(Número de expediente 172/000111.). . . . (Página
4931)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
actuaciones del Gobierno en orden a modificar la legislación que rige
las relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y
la Iglesia Católica. (Número de expediente 172/000113.) . . .
(Página 4936)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Pacto de Estado por la
Justicia. (Número de expediente 172/000112.) . . .
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día . . . (Página
4913)
La Presidencia, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que los
puntos cuarto a octavo, que quedaron pendientes de tramitación en la
sesión del martes día 11, pasen a ser tramitados en la mañana del
jueves día 13, tras el debate del punto 35, lo que se aprueba por
asentimiento.
Preguntas . . . (Página 4913)
Del Diputado don José Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cómo es posible que
ante la gravísima situación de colapso de tráfico sufrida estos
últimos veranos en la CN-340 entre Guadiaro y Estepona, el Gobierno
haya fijado el plazo vigente de finalización de las obras de
duplicación de calzada en agosto de 2002, sin previsión de medidas
extraordinarias que permitan poner en servicio este tramo antes del
comienzo del verano de 2002? (Núm. expte. 180/000804.) . . .
(Página 4913)
Del Diputado don José Segura Clavell, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles
son las medidas que va a adoptar el Gobierno para mejorar las
comunicaciones aéreas de la Ciudad de Melilla con otras ciudades
peninsulares? (Núm. expte. 180/000809.) . . .
Del Diputado don Guillermo Hernández Cerviño, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuáles
son las razones por las que el Gobierno no ha llevado a cabo
actuaciones en la autovía del Cantábrico desde el año 1996? (Núm.
expte. 180/000810.) . . . (Página 4915)
Del Diputado don Ramón Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento: ¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones
contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para los años
2000 y 2001 relativas a la línea ferroviaria entre Lleida-La Pobla de
Segur (proyecto de inversión 1999-17-20-0680)? (Núm. expte. 180/
000815.) . . . (Página 4916)
De la Diputada doña Ana Cristina Guarinos López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las aportaciones del nuevo modelo de financiación
autonómica respecto al anterior? (Núm. expte. 180/000817.) . . .
(Página 4917)
De la Diputada doña Consuelo Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad
y Consumo: ¿Cuáles han sido las actuaciones del Gobierno ante los
problemas detectados con el uso del medicamento «Lipobay»? (Núm.
expte. 180/000811.) . . . (Página 4918)
Del Diputado don Alberto Fidalgo Francisco, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la Excma. Sra. Ministra de Sanidad y
Consumo: ¿Cuáles son los mecanismos de control de los que dispone el
Ministerio de Sanidad y Consumo para garantizar la salud de los
pacientes que deben someterse a diálisis? (Núm. expte. 180/000812.) .
. . (Página 4919)
Del Diputado don Xavier Sabaté Ibarz, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro del Interior: ¿Se debe el cese del Subdelegado
del Gobierno de Tarragona a las informaciones sobre el tráfico de
favores en la legalización de extranjeros en los municipios de la
Costa Dorada? (Núm. expte. 180/000807.) . . .
Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Tiene
previsto el Gobierno revisar la regulación de las Administraciones
Independientes? (Núm. expte. 180/000814.) . . .
Del Diputado don Víctor Morlán Gracia, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Medio Ambiente:
¿Considera el Ministro de Medio Ambiente que se están gestionando
adecuadamente los fondos comunitarios destinados a la protección de
la naturaleza? (Núm. expte. 180/000813.) . . .
Del Diputado don Eduardo Javier Contreras Linares, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En
qué plazo de tiempo tiene previsto el Ministerio de Administraciones
Públicas presentar el Proyecto de Ley sobre arbitraje administrativo?
(Núm. expte. 180/000825.) . . . (Página 4924)
Del Diputado don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno del funcionamiento de las Sociedades Estatales de Aguas
desde su constitución hasta hoy? (Núm. expte. 180/000818.) . . 4924
Del Diputado don Miguel Campoy Suárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones
tiene el Gobierno en relación a la puesta en marcha de nuevas
Sociedades Estatales de Aguas? (Núm. expte. 180/000819.) . . .
(Página 4925)
Del Diputado don Manuel José Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Ciencia y Tecnología: ¿Qué intervención tendrá el
Ministerio de Ciencia y Tecnología en la coordinación y gestión de
los proyectos previstos por el Gobierno en materia de investigación
genómica, especialmente en la recién creada Fundación para la
Investigación del Genoma Humano (FIGH)? (Núm. expte. 180/000816.) . .
. (Página 4926)
De la Diputada doña Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene
el Gobierno previsto algunas acciones específicas, durante el período
español de presidencia europea, con respecto a la producción
audiovisual europea y a su presencia en el contexto internacional?
(Núm. expte. 180/000824.) . . . (Página 4927)
Del Diputado don Joaquín Calomarde Gramage, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Gobierno plantear acciones específicas en materia de archivos
o bibliotecas, durante la presidencia española de la Unión Europea, de
cara a la interconexión e internacionalización de los fondos
bibliográficos y archivísticos? (Núm. expte. 180/000826.) . . .
(Página 4928)
Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Justicia: ¿Comparte
el Gobierno los motivos del Fiscal General del Estado para relevar al
fiscal del «caso Ercros»? (Núm. expte. 180/000808.) . . .
De la Diputada doña María Reyes Costas Manzanares, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno para permitir que cualquier
abogado pueda ejercer en todos los países de la Unión Europea? (Núm.
expte. 180/000822.) . . . (Página 4930)
Del Diputado don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En
qué fase se encuentran las obras del nuevo Palacio de Justicia de
Salamanca? (Núm. expte. 180/000827.) . . . (Página
4930)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 4931)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene
previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes que para
las familias españolas representa el comienzo del curso escolar . . .
(Página 4931)
Presenta la interpelación urgente la señora Valcarce García, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista. La iniciativa trata del
fuerte incremento de los gastos escolares en el comienzo de curso,
que se concentran en los libros de texto y en el material y
transporte escolar, y del desembolso notable que han de hacer las
familias españolas. Asimismo aprovecha la oportunidad para recordar
que la Cámara se pronunció a favor de que a los profesores se les
reconociera la jubilación anticipada voluntaria y pide que se ponga
en marcha ya con carácter indefinido. Apuesta por la igualdad en la
educación, buscando una mayor cohesión social, para lo que solicita
que se ponga en marcha un plan de medidas que incluya una política de
becas, un programa nacional para la integración escolar y social de
los inmigrantes y un programa nacional de garantía social.
Contesta la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del
Castillo Vera), en nombre del Gobierno, ateniéndose al contenido
estricto de la interpelación, dejando para una posterior
interpelación los otros temas planteados. Da una serie de
explicaciones acerca de la acción del Ministerio de Educación y su
impacto en el coste para aquéllos que tienen menos recursos
económicos y sobre el sistema de ayudas y becas. Considera que,
aunque las ayudas siempre pueden parecer pocas, se está en unos
niveles razonables de asistencia a aquellas familias que tienen
verdaderos problemas y en unos niveles razonables de costes derivados
de los gastos escolares que se tienen que asumir, habida cuenta del
carácter público de la enseñanza hasta los dieciséis años.
Replica la señora Valcarce García, duplicando la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre actuaciones
del Gobierno en orden a modificar la legislación que rige las
relaciones entre las autoridades educativas públicas españolas y la
Iglesia Católica . . . (Página 4936)
Presenta la interpelación urgente el señor Rejón Gieb, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Pregunta sobre los
casos acaecidos de no contratación de profesoras y profesores de
religión por la Iglesia Católica por causas como vivir o casarse con
personas separadas, no ir a misa o por tomar copas con los amigos.
Critica duramente la postura de la Iglesia y el acuerdo firmado entre
la Santa Sede y el Estado español en 1979 y pide que se pongan en
marcha los mecanismos necesarios para modificarlo.
Contesta la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del
Castillo Vera), en nombre del Gobierno, exponiendo las diferencias,
desde un punto de vista jurídico, entre las opiniones del
interpelante y las suyas y explicando el nuevo procedimiento de
contratación de los profesores de religión, demandado por los mismos
profesores de religión que acudieron a los tribunales pidiendo una
equiparación retributiva con el resto de los profesores, sin que se
introdujera novedad alguna en cuanto a la facultad de las confesiones
religiosas de determinar los contenidos de libros de texto y
profesorado competente para la enseñanza de religión en el acuerdo de
1979. Por lo tanto, muestra su extrañeza ante el hecho de que estos
problemas de no renovación de contrato se hayan producido exactamente
este año y no a lo largo de los años que lleva vigente este sistema,
que es desde 1979.
Replica el señor Rejón Gieb.
Conforme al artículo 71 del Reglamento, la Presidencia concede a la
señora Valcarce García un turno por alusiones.
En turno de dúplica interviene la señora ministra de Educación,
Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).
Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al pacto de Estado por la
Justicia . . . (Página 4943)
Presenta la interpelación urgente la señora Lasagabaster Olazábal, en
nombre del Grupo Parlamentario Mixto. Explica las tres
características de su
interpelación -ser urgente, pretender ser informativa, ya que se
trata de obtener información del ministro de Justicia, y pretender
ser constructiva- y se queja de que la actuación del Ministerio de
Justicia en esta cuestión no haya sido todo lo correcta que debiera
haber sido con muchas formaciones políticas de la Cámara,
especialmente con Eusko Alkartasuna.
Contesta el señor ministro de Justicia (Acebes Paniagua), en nombre
del Gobierno. Explica que el pacto para la reforma de la justicia que
se suscribió entre los dos principales grupos parlamentarios y el
Gobierno, que sienta las bases para una nueva administración de
justicia, moderna, ágil, eficaz, capaz de afrontar una reforma, tuvo
desde el principio una vocación de estabilidad y permanencia y un
carácter global de la misma. Asegura que no se quiso llevar a cabo
esta reforma de una manera unilateral, sino desde el consenso y con
el máximo grado de participación posible, realizándose las
principales fases del proceso, en contra de lo dicho por la
interpelante, precisamente en sede parlamentaria. Contesta de forma
resumida a las principales cuestiones planteadas en la interpelación
e invita a los grupos parlamentarios a participar activa y
positivamente en una posible comisión de seguimiento de la reforma de
la justicia.
Replica la señora Lasagabaster Olazábal, duplicando el señor ministro
de Justicia.
Se suspende la sesión a las siete y treinta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, hay una propuesta de modificación del orden del día.
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que los
puntos 4 a 8, que quedaron pendientes de tramitación en la sesión del
martes día 11, pasen a ser tramitados en la mañana del jueves día 13
tras el debate de totalidad del proyecto de ley orgánica por la que
se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el
que se modifica el Tratado de la Unión Europea, los tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos
conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda
aprobada la modificación del orden del día.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ NÚÑEZ CASTAIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CÓMO ES POSIBLE QUE, ANTE
LA GRAVÍSIMA SITUACIÓN DE COLAPSO DE TRÁFICO SUFRIDA ESTOS ÚLTIMOS
VERANOS EN LA CN-340 ENTRE GUADIARO Y ESTEPONA, EL GOBIERNO HAYA
FIJADO EL PLAZO VIGENTE DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE DUPLICACIÓN
DE CALZADA EN AGOSTO DE 2002, SIN PREVISIÓN DE MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS QUE PERMITAN PONER EN SERVICIO ESTE TRAMO ANTES DEL
COMIENZO DEL VERANO DE 2002? (Número de expediente 180/000804.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: Preguntas. En primer
lugar se harán las dirigidas al señor ministro de Fomento. Pregunta
número 9, que formula el diputado don José Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, conoce perfectamente que el tramo de la carretera 340
Estepona-Guadiaro, que debería de enlazar mediante autovía Cádiz y
Málaga, es un punto negro que lleva décadas dibujado en los planes
directores de infraestructuras, que está desde hace varios años en
los Presupuestos Generales del Estado sin ejecutarse, que se ha
prometido muchas veces, que incluso en la ejecución actual debería de
haber estado terminado en junio de este año y, sin embargo, seguimos
en obras. Sabe S.S. que se producen importantísimos colapsos en
verano.
La pregunta, dada la información del Gobierno de que la fecha de
terminación es agosto del año que viene, es si piensa el Gobierno
tomar medidas extraordinarias para que el verano que viene no
tengamos que vivir retenciones que han llegado a los 40 kilómetros,
como este verano, y atrasos que hacen que el tiempo empleado en el
trayecto Estepona-Algeciras haya sido algunos días del verano de
siete horas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora
presidenta, señor diputado, el criterio del Gobierno sobre todas las
obras que realiza el Ministerio de Fomento es el de intentar
garantizar el cumplimiento de los plazos y, si es posible, acortarlos.
En el caso de esta obra, el plazo oficial de terminación es el
31 de julio del año 2002, y he de decirle que este Gobierno y el
partido al que represento consideran que esta obra debería de haber
entrado en servicio hace quince años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señor ministro, quería insinuarle que aunque
la fórmula de ejecución de esta carretera está cargada sobre la
empresa adjudicataria de la autovía que también se está ejecutando
-por tanto la empresa tendrá una obligación de fechas y en principio
no se le puede obligar a adelantar esa fecha- , sepa que aunque la
empresa no tenga daños si no adelanta, la sociedad sí, y que puede
haber importantísimas pérdidas económicas y riesgo de accidentes que
justificarían una negociación del Gobierno para acelerar estas obras
aunque supusiera un coste económico. Creo que es de las veces que
queda claro que no es razonable que se acaben el 31 de julio, es
bastante más razonable que se acaben a principios de junio por la
operación del paso del Estrecho, por el turismo y porque en verano
del año que viene vamos a vivir otra vez esta tortura si no logramos
que se termine dos meses antes esta obra.
Respecto a que debería haber estado terminado hace quince años estoy
absolutamente de acuerdo: este tramo, los tramos de la costa de
Granada que están sin terminar y los tramos que conectan con Cádiz,
que están sin terminar y que ahora no tienen asignación
presupuestaria importante de su Gobierno en los Presupuestos
Generales del Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señor
diputado, lamento que S.S. sea tan frágil de memoria con la historia,
porque esta autopista estaba comprometida en el Plan de
infraestructuras 1984-1991 y en el año 1991 no se había nada hecho
-eso no lo ha dicho S. S., lo está diciendo este Gobierno-, y del
Plan director de infraestructuras 1993-2007 en el año 1996 sólo se
había hecho el estudio informativo y la información pública. Es este
Gobierno el que, desde el año 1996, ha hecho la declaración de
impacto ambiental, ha ordenado el anteproyecto, ha licitado el
concurso para la autopista y el desdoblamiento en autovía de la 340,
ha aprobado el proyecto, ha aprobado una declaración de impacto
ambiental adicional, en junio del año 2000 ha aprobado el proyecto
definitivo y ha establecido un período para las obras de 16 meses.
Son obras de una autopista de 22 kilómetros y una autovía
de 19, con un presupuesto de 31.000 millones de pesetas; se van a
hacer al mayor ritmo en que se va a construir una autopista y una
autovía en España en estos momentos, señor diputado. Si al final su
problema son quince días, lleva usted quince años de retraso.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ SEGURA CLAVELL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS
MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA MEJORAR LAS COMUNICACIONES
AÉREAS DE LA CIUDAD DE MELILLA CON OTRAS CIUDADES PENINSULARES?
(Número de expediente 180/000809.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 14, que formula el diputado don
José Segura Clavell.
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno
para mejorar las comunicaciones aéreas de la Ciudad Autónoma de
Melilla con otras ciudades peninsulares?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señor
diputado, las que ya ha adoptado y que conoce S.S., más un borrador
de un proyecto de decreto que está estudiando para eliminar el tope
en las subvenciones al transporte aéreo de Ceuta y de Melilla.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor ministro, lamento profundamente su
contestación porque adolece claramente de rigor, de metodología y de
búsqueda de solución para el futuro. Este grupo parlamentario al que
pertenezco -le consta y está en el «Diario de Sesiones»- ha venido
denunciando reiteradamente en los seis últimos años la mala calidad
del transporte aéreo entre la Ciudad Autónoma de Melilla y muchas
ciudades peninsulares. Hechos desgraciados, a los que por razón de
ética parlamentaria no me voy a referir y que todos tenemos en
nuestra mente, acaecidos a un avión de la compañía Pauknair en el año
1998 y otro, recientemente, de la compañía Binter Mediterráneo
ponen de manifiesto la necesidad de buscar soluciones inmediatas de
futuro. No es posible que una sola compañía preste, en régimen de
monopolio, con aviones con calidades discutibles en lo que a
mantenimiento se refiere, el servicio aéreo entre una ciudad
profundamente aislada y el resto del Estado español.
Señor ministro, su Gobierno, el anterior ministro de Fomento y usted
personalmente han incumplido, de forma flagrante, un mandato del
Pleno del Congreso de los Diputados adoptado por unanimidad.
Concretamente el 20 de mayo de 1997, como consecuencia del debate que
se produjo en aquel momento en relación con una moción, a instancia
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en
materia de transporte aéreo entre la Península y los archipiélagos,
el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda, que se
aprobó por unanimidad en este Pleno, que dice textualmente: Se
mandata al Gobierno a iniciar negociaciones con los gobiernos de las
ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla para la declaración de
obligaciones de servicio público en los tráficos aéreos con la
Península, conforme a lo previsto en el Reglamento comunitario 2408
del año 1992. Si ustedes ejecutan este acuerdo, la libre competencia
y la calidad en el servicio van a dar un salto de gigante, que es lo
que necesitan los ciudadanos melillenses.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Gracias,
señora presidenta.
Señor diputado, yo comprendo que es mucho más cómodo decir lo que hay
que hacer en Melilla a partir del año 1996, cuando no se hizo nada
desde 1982 a 1996. (Rumores.-Aplausos.) Yo comprendo que es muy
cómodo y es una de las ventajas de la oposición, que le garantiza
muchos éxitos en la oposición, señor Segura, pero dudo que le asegure
algún éxito en Melilla. (Rumores.)
En primer lugar, este Gobierno es el que ha aprobado el Plan director
de Melilla para ampliar la pista del aeropuerto de Melilla, lo ha
hecho en el mes de julio y lo sabe S.S. porque se ha publicado en el
Boletín Oficial del Estado. Y no le voy a detallar las mejoras. Le
digo que la pista va a aumentar en 175 metros y le digo que, en
cumplimiento del Plan director, se va a instalar el sistema para
mejorar la aproximación y el vuelo instrumental al aeropuerto de
Melilla con el sistema DVOR-DME, que mejora el anterior y que,
además, va a permitir el acceso al aeropuerto de Melilla en horario
nocturno, ampliando los horarios de funcionamiento del aeropuerto de
Melilla en las mejores condiciones de seguridad. Segunda iniciativa
adoptada ya, y en marcha, por este Gobierno. En tercer lugar, señor
diputado, desde el
punto de vista de establecer obligaciones de servicio público en
cumplimiento de la normativa europea o de mejorar la política de
subvenciones al transporte aéreo de Melilla, sin necesidad de acudir
a las obligaciones de servicio público, creemos que esta primera
fórmula es mejor para atender a las necesidades de los pasajeros de
Melilla. Por eso, por iniciativa de este Gobierno, se va a levantar
el tope de 8.500 pesetas por pasajero y viaje cuando se apruebe el
proyecto de real decreto que actualmente estamos tramitando y que le
he anunciado a su señoría. Todo esto son mejoras objetivas en la
operatividad del aeropuerto, en la seguridad de la navegación y en
las ventajas a los pasajeros. Así se ayuda a Melilla, señor diputado.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON GUILLERMO HERNÁNDEZ CERVIÑO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO:
¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO NO HA LLEVADO A CABO
ACTUACIONES EN LA AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO DESDE EL AÑO 1996? (Número
de expediente 180/000810.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 15, que formula el diputado don
Guillermo Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuáles son las razones por las que el Gobierno no ha
llevado a cabo actuaciones en la autovía del Cantábrico desde el año
1996?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora
presidenta, no tengo tiempo en este turno para detallar todas las
actuaciones en la autovía del Cantábrico en Cantabria, en Asturias y
en Galicia. Me basta con constatar que hasta el año 1996 en la
autovía del Cantábrico en Galicia no se había hecho nada, incluida la
etapa en la que era Secretario de Estado de Infraestructuras el
actual candidato del Partido Socialista a la Xunta de Galicia.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, cómo les llama a ustedes el pasado. Usted responde
pero no contesta. Me imagino que supondrá mi interés especialmente
por Galicia, porque en Galicia no se ha construido ni un solo metro
de una autovía que es vital para la comunicación de todo el norte de
España. Es probable que se sienta orgulloso, aunque creo que no. El
proyecto lo hicieron suyo en el año 1996 y el Ministerio de Fomento
se comprometió en el año 1997 a que las obras correspondientes a los
tramos occidentales de Asturias, excepto dos de ellos, y las obras
correspondientes a la prolongación hasta Galicia estarían en marcha a
principios del año 2001. Pues bien, poca suerte ha tenido Asturias
con el Partido Popular, pero menos ha tenido Galicia. Usted mismo, en
el balance publicado hace año como ministro de Fomento, reconoce que
ha puesto en servicio 6,2 kilómetros en Asturias y cero metros en
Galicia; eso sí, los mapas son fantásticos en colores pero no hay ni
un metro. ¿Qué problemas impiden realmente la ejecución? La falta de
voluntad política hacia el noroeste. En el 90 por ciento de las zonas
por donde discurriría la autovía en Galicia no habría ningún problema
para asumir la construcción y la ejecución rápida de ese proyecto,
pero ni siquiera existe un compromiso presupuestario. Sólo exigimos
que no haya impacto ambiental, que no se destrocen zonas agrícolas ni
ganaderas, que no se desconecten las zonas industriales y que la
cohesión del territorio sea evidente.
Por respeto a quienes representamos, cumpla con su obligación de
gobernar. Comprometa usted aquí mismo fechas, plazos y presupuestos
sin refugiarse en el pasado. Otra respuesta es inútil, señor
ministro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Hernández.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señora
presidenta, admiro el temple parlamentario de quien acaba de
intervenir, porque la realidad produce sonrojo a la hora de escuchar
una intervención como la que se acaba de producir relativa
a Cantabria y Asturias.Y no voy a dar los datos porque no quiero
consumir el tiempo (Rumores.) Voy a consumirlo en lo que de verdad
nos interesa.
El estudio informativo de la autovía del Cantábrico en la provincia
de Lugo y Asturias se puso en marcha el 6 de diciembre de 1996, el
estudio informativo se adjudicó en diciembre de 1997, se culminó el 5
de mayo de 2000, se publicó la información pública del estudio
informativo de la autovía del Cantábrico en Galicia en el Boletín
Oficial del Estado del 7 de agosto de 2000 y el expediente...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Señorías,
todos estos son los pasos que hay que seguir para poner en marcha una
gran obra pública. Y el 20 de noviembre de 2000 el expediente de la
autovía del Cantábrico en Galicia se remitió al Ministerio de Medio
Ambiente para poder proceder a obtener la declaración de impacto
ambiental, a partir de la cual se redactarán los proyectos. No hay
otro camino para construir autovías y autopistas en España y en
Europa, y ustedes saben que no hay otro camino. Y hoy no se están
licitando obras de la autovía del Cantábrico en Galicia porque
ustedes no hicieron ni siquiera el estudio informativo de la autovía
del Cantábrico. (Aplausos.) Donde había estudios informativos y
proyectos este Gobierno ha terminado las obras y por eso hay 614
kilómetros de autovía Rías Baixas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Ese es el
ejemplo de lo que hace un Gobierno que trabaja frente a un Gobierno
que... (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO: ¿CUÁL ES EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA LOS AÑOS
2000 Y 2001 RELATIVAS A LA LÍNEA FERROVIARIA ENTRE LLEIDA-LA POBLA DE
SEGUR (PROYECTO DE INVERSIÓN 1999-17-20-0680)? (Número de expediente
180/000815.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Pregunta número 20, que formula el diputado don Ramón Companys
Sanfeliu.
El señor COMPANYS SANFELIU: Señor ministro, durante el año 1998 hubo
una serie de conversaciones con el entonces ministro de
Infraestructuras, Arias-Salgado, en las que le trasladamos la
situación lamentable de conservación de la línea férrea Lleida-La
Pobla y la necesidad de mejorarla. Para que tenga una idea de la
situación de degradación de la misma le diré que, por ejemplo, en el
año 1984 se tardaba una hora y media en recorrer una distancia de 90
kilómetros, en el año 1995 se empleaban dos horas y en el año 2000 se
necesitan
dos horas y media, lo que supone una velocidad media de 36 kilómetros
por hora. Se hicieron los estudios pertinentes, se aprobó el proyecto
plurianual, que suponía una inversión de alrededor de 950 millones de
pesetas: 300 para el año 2000, 517 para el 2001 y 133 para el 2002.
Así consta en los presupuestos que se han ido aprobando de forma
sucesiva. Por ese motivo, señor ministro, le preguntamos cuál es el
grado de ejecución de las inversiones contempladas en los
Presupuestos Generales del Estado para los años 2000 y 2001 relativas
a la línea ferroviaria Lleida-La Pobla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Álvarez-Cascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor diputado, la obra por la que se interesa S.S. tiene un
presupuesto de adjudicación de 1.337 millones de pesetas y un plazo
de adjudicación y un plazo vigente de finalización -incluyendo una
prórroga de seis meses que se concedió sobre los 18 iniciales- de 24
meses, que termina oficialmente el 30 de diciembre de este año. Por
tanto, las previsiones presupuestarias contemplan el abono total de
los 1.300 millones en los ejercicios 2000 y 2001. Debe saber S.S. que
en el año 2000, aunque en los presupuestos figuraban 300 millones de
pesetas, finalmente se abonaron en esta obra 635 millones de pesetas
con cargo a los presupuestos del año 2000, y que en el año 2001 la
dotación prevista es de 517 millones de pesetas, que en el supuesto
de que finalice el 30 de diciembre será necesario incrementar con
otros 200 millones de pesetas para abonar la integridad de la obra.
Sólo en el supuesto de que por algún retraso alguna de las
anualidades se pospusiera al año 2002, esta diferencia entre los
presupuestos que le acabo de citar y el importe total de la obra se
haría con cargo a los presupuestos del año que viene. En todo caso,
es interés del Ministerio que se cumplan los plazos y, por tanto,
estamos en condiciones de acometer las obligaciones presupuestarias
derivadas del cumplimiento de los plazos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor ministro, por su
información.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA CRISTINA GUARINOS LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES
SON LAS APORTACIONES DEL NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
RESPECTO AL ANTERIOR? (Número de expediente 180/000817.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de
Hacienda. Pregunta número 22, que formula la diputada doña Ana
Cristina Guarinos López.
La señora GUARINOS LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 27 de julio, el Consejo de Política Fiscal
y Financiera, instrumento de coordinación donde se encuentran
representadas las 15 comunidades autónomas de régimen común y el
Gobierno de la nación, acordó el nuevo sistema de financiación
autonómica. Este sistema sustituye al vigente desde 1997, que ha
resultado altamente positivo al facilitar a las comunidades autónomas
mayor cantidad de recursos y permitir avanzar en el autogobierno y en
la corresponsabilidad fiscal. Pese a ello, era necesario un nuevo
modelo de financiación que supusiera un paso adelante en la
institucionalización del Estado descentralizado que consagra el
capítulo VIII de nuestra Carta Magna y que avanzase en la
corresponsabilidad fiscal, la suficiencia financiera y la solidaridad
interterritorial, principios estos dos últimos que son básicos en la
ordenación del sistema financiero de las comunidades autónomas, tal y
como proclaman la propia Constitución y la Ley Orgánica de
financiación de las comunidades autónomas.
El nuevo modelo de financiación, que supone la aportación por parte
del Ejecutivo de 300.000 millones de pesetas nuevos para el 2002, ha
sido fruto de una intensa negociación y, aunque partía con algunas
asimetrías, ha conseguido superar el actual dualismo entre las
comunidades autónomas de régimen común, al ser unánimemente aprobado
por todas ellas, incluidas Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura, las tres comunidades autónomas gobernadas por
socialistas que en 1996 rechazaron el sistema actualmente vigente y
que en consecuencia, como compensación por el dinero que dejaron de
percibir en el quinquenio 1997-2001 y como resultado de su
incorporación al nuevo modelo, recibirán 94.000 millones de pesetas.
Estamos, pues, ante una nueva etapa en la financiación autonómica,
ante un nuevo sistema de financiación que entrará en vigor el próximo
día 1 de enero y que debe constituir la garantía de la estabilidad y
de la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. Por todo
ello, señor ministro, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son
las aportaciones del nuevo modelo de financiación autonómica respecto
al anterior?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guarinos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señora Guarinos, como SS.SS. conocen y la señora Guarinos ha
destacado esta tarde, con el acuerdo alcanzado el 27 de julio sobre
el nuevo sistema de financiación autonómica el Gobierno de la nación,
los gobiernos autonómicos y los grupos políticos que lo sustentan
hemos proporcionado un futuro más claro, más transparente, a la
prestación de los servicios públicos básicos de nuestro país, a su
equiparación en todo el territorio nacional y hemos dado un paso
definitivo en el aumento de la corresponsabilidad fiscal de nuestras
comunidades autónomas. Es decir, hemos avanzado en el Estado de las
autonomías, hemos vertebrado ese Estado de las autonomías y hemos
avanzado definitivamente en el proceso de descentralización
administrativa que caracteriza a nuestra democracia y a nuestro país.
La financiación autonómica va a contar, pues, a partir del primero de
enero del año 2002 con un sistema estable, ya que integra todas las
competencias pendientes de transferir, avanza -como S.S. ha destacado
inteligentemente- en los recursos en manos de esas comunidades
autónomas y supone -como he destacado yo mismo esta tarde- un
incremento considerable en la corresponsabilidad fiscal. Además, el
valor político del acuerdo es muy alto. Esa unanimidad conseguida
refuerza la estabilidad del modelo para el futuro, hace que cualquier
reforma futura que se plantee de ese sistema de financiación
autonómica tenga que volver a tener como base un nuevo acuerdo.
Gracias a la integración de las competencias comunes de sanidad y del
Imserso en un solo sistema, hemos progresado en la transparencia en
beneficio del ciudadano.
He insistido esta tarde en lo que supone el incremento de la
corresponsabilidad, el aumento de la capacidad normativa de nuestras
comunidades autónomas a la hora de decidir bajar o subir impuestos y,
en definitiva, doy el dato también a la Cámara de que los recursos
autónomos que ellas mismas dispondrán pasarán del total del 49 por
ciento de sus ingresos al 68 por ciento de los mismos.
Quiero acabar esta intervención refiriéndome a los avances en materia
de suficiencia financiera, de garantía de solidaridad y de
coordinación entre comunidades autónomas y Administración central.
Es, pues, el fruto mismo de la experiencia acumulada anterior del
modelo vigente y también de la propia evolución de nuestras
comunidades autónomas lo que ha permitido alumbrar un nuevo sistema...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CONSUELO RUMÍ IBÁÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA
MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿CUÁLES HAN SIDO LAS ACTUACIONES
DEL GOBIERNO ANTE LOS PROBLEMAS DETECTADOS CON EL USO DEL
MEDICAMENTEO LIPOBAY? (Número de expediente 180/000811.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Sanidad y Consumo. En primer lugar la número 16, que formula la
diputada doña Consuelo Rumí Ibáñez.
La señora RUMÍ IBAÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cuáles han sido las actuaciones del Gobierno ante
los problemas detectados con el uso del medicamento Lipobay?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Señoría, el día 8 de agosto las agencias del medicamento prohíben y
retiran del mercado el medicamento Lipobay. Pues bien, la Agencia
Española del Medicamento envió la primera nota informativa sobre las
reacciones adversas del uso de la cerivastatina asociada al
gemfibrocilo el día 30 de mayo a las comunidades autónomas y a las
instituciones sanitarias, 68 días antes de que se retirara por las
autoridades sanitarias el producto. Durante la reunión del grupo de
trabajo de farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento,
celebrada el día 12 de junio, la Agencia española presentó un informe
de evaluación sobre esta cuestión. El 27 de junio la Agencia Europea
del Medicamento y el resto de las agencias europeas autorizan la
restricción urgente de seguridad en que se incluye la
contraindicación absoluta del uso de la cerivastatina asociada al
gemfibrocilo. Como ve, señoría, las instituciones de
farmacovigilancia españolas han actuado no solamente con eficacia
sino con gran diligencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señora presidenta, señora ministra, todo lo
que ha hecho, como siempre en usted, llega tarde.
Lo cierto es que ha sido una empresa quien ha tomado la decisión de
retirar del mercado un medicamento con efectos nocivos para la salud.
¿Qué hacía mientras tanto la ministra de Sanidad? Nada. No tomar la
iniciativa. Y no insista en algo que ya hemos oído en demasiadas
ocasiones, porque la alarma no la provoca quiendenuncia la existencia
de un problema, sino quien opta
por la pasividad y renuncia a ejercer su responsabilidad, y eso es lo
que ha sucedido.
En este caso -y ya son varios- se ha demostrado de nuevo las graves
carencias en fármaco-vigilancia, ya que no ha sido capaz de detectar
y de generar medidas eficaces en prevención de las consecuencias
-aquí, fatales- del uso de un determinado medicamento.Explíquenos
dónde está el fallo, porque supongo que no negará que ha existido. Su
responsabilidad es detectarlo de inmediato, adoptar las medidas para
que no vuelva a ocurrir. La realidad es contundente: ya hay muertos y
todavía no sabemos si va a haber más.
Se ha tenido la sensación este verano de que el Ministerio de Sanidad
ha estado de vacaciones, y no le hablo de los profesionales sino de
los responsables políticos, y, hablando de sanidad, le aseguro que
esto es muy preocupante, tanto como para que usted hubiese
comparecido a petición propia, pero hoy mismo su grupo impide que
comparezca para este tema. ¿Qué quieren ocultar? Están pasando cosas
graves en sanidad, y eso no se resuelve sólo con llamadas a la
tranquilidad. Se necesita liderazgo, algo de lo que se carece.
Conteste, señora ministra, a lo que le pregunto, no se escabulla, no
haga demagogia y ahórrenos la paradoja de que para usted todo el
mundo es responsable de los problemas de la sanidad menos la primera
autoridad sanitaria. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-
Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero):
Escuchándola, me sorprende que sea usted la responsable de que me
haga una pregunta sobre sanidad, porque pareciera que es la primera
vez que se retira un medicamento en el sistema sanitario del mundo
desarrollado y del conjunto del mundo. Por lo tanto, parece que
desconoce usted cuál es el proceso.
La iniciativa la ha tomado el Ministerio de Sanidad. La Agencia
alemana ratifica que fue España el primer país que alertó sobre el
Lipobay y, basándose en el informe español, la Agencia alemana, el
Gobierno alemán, se va a querellar -dicen- contra Bayer. Primero
habrá que analizar si es posible o no.
La iniciativa la hemos tomado. Ha sido España quien ha conseguido que
se retire este medicamento, no es Bayer el que lo retira, lo retiran
las agencias del medicamento y, en cualquier caso, si una empresa
farmacéutica considera que quiere retirar un producto que ella
produce, puede hacerlo en cualquier momento. Que haya sido adecuado o
no eso se verá con el tiempo.
La demagogia hace que ante una situación como ésta se reaccione de
forma diferente. Me gustaría que analizara usted cuando gobernara su
partido qué hacía el
Partido Popular, qué hacía cuando tenían que retirar un medicamento.
(Risas.) Se lo voy a decir: hacer una pregunta escrita, llamar por
teléfono al ministro e informarse, pero nunca generar alarma social,
que es lo único que saben hacer ustedes. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO FIDALGO FRANCISCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO:
¿CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS QUE DISPONE EL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LOS
PACIENTES QUE DEBEN SOMETERSE A DIÁLISIS? (Número de expediente 180/
000812.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, del diputado don Alberto
Fidalgo Francisco.
El señor FIDALGO FRANCISCO: Señora presidenta, señora ministra, en
España hay casi 20.000 ciudadanos que dependen para vivir de una
máquina de diálisis y de la seguridad que les proporciona el sistema
sanitario. ¿Cuáles son los mecanismos de control establecidos por el
Ministerio de Sanidad y Consumo para garantizar la salud de los
pacientes que deben someterse a diálisis?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fidalgo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Imagino, señoría, que se refiere usted a las garantías que podemos
dar en torno a los elementos que intervienen en el proceso de
diálisis. En ese sentido, le quiero decir que se dirigen, en primer
lugar, al altísimo nivel y cualificación profesional de todos los
profesionales de la sanidad que componen los servicios de nefrología;
en segundo lugar, los mecanismos previstos en la Ley de sanidad, en
la Ley del medicamento y en el decreto que regula la creación del
sistema de vigilancia de productos sanitarios.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Fidalgo.
El señor FIDALGO FRANCISCO: A pesar de todo ello, señora ministra, es
evidente que algo ha fallado y es su obligación, como responsable
política, explicarlo aquí a los ciudadanos y es la mía exigir
transparencia y
velar por el derecho a la información. Es verdad que tenemos un buen
sistema sanitario, pero usted tiene el deber de trabajar para
mejorarlo y tiene sobre todo el deber como ministra de transmitir
seguridad y confianza en los momentos difíciles. Pues bien, ni lo uno
ni lo otro.Las repetidas crisis sanitarias del último año preocupan
a los españoles porque pueden ser el indicio de un deterioro de la
calidad del sistema, sólo disimulado hasta ahora por el esfuerzo de
los profesionales. Algo está fallando en su gestión, señora ministra.
¿Cómo puede afirmarse que los sistemas de alerta sanitaria han
funcionado si fueron necesarias doce muertes para que usted saliera
del agujero? Por cierto, como siempre, desviando responsabilidades.
¿Cómo es posible que cuatro muertes de pacientes dializados en tres
días en un hospital del Insalud -gestión, por tanto, de
responsabilidad suya directamente- sean atribuidas por un alto
responsable de su Ministerio a la casualidad?¿Cómo es posible que no
se alertasen las administraciones en previsión de otros casos
evitables? Demasiadas crisis y demasiadas casualidades durante su
gestión, señora ministra. ¿Qué concepto tiene usted del principio de
precaución, cuando hace dos meses incendia el país y hace crujir el
sector olivarero por un benzopireno incrustado en un rifirrafe con el
señor Cañete y ahora necesita doce muertes para aplicarlo? Creemos
que su principio de precaución se aplica más con relación a su
delicada situación política que a la seguridad de los ciudadanos y de
los pacientes.
Por ironías del destino, ayer miles de enfermos en diálisis sufrían
la incertidumbre de lo ocurrido. Hoy, además, se añade el temor a la
dependencia de una coyuntura que puede dificultar los suministros.
Por eso le pido, señora ministra, que de esta nueva crisis derive
usted, al menos, algo positivo. Aproveche la coyuntura para
revitalizar el sistema de trasplantes, últimamente algo decaído. Si
no es capaz de transmitir seguridad, abra, al menos, la puerta a la
esperanza. Si usted misma es la crisis, ya sabe usted cómo
resolverla.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Fidalgo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
presidenta.
Me preocupa que un profesional de la sanidad como es usted, un
médico, vierta esa serie de cuestiones en torno a este tema porque
usted lo conoce bastante mejor que yo.
El concepto de precaución que tiene usted me preocupa mucho porque no
sé muy bien a qué afecta. ¿Entiende usted que el principio de
precaución no es tomar las medidas oportunas cuando se sabe y se
conoce que hay un riesgo para la salud? Creo que tendrá usted que
compartirlo conmigo. Me preocupa mucho
que usted solamente lo aplique cuando tenga otro tipo de intereses en
ese modelo concreto del concepto de precaución. ¿Usted cree que lo
que usted y el Partido Socialista están haciendo da esperanzas a esos
20.000 españoles que dependen de la diálisis para vivir? (Rumores.)
¿Cree usted eso, señoría?
El sistema de diálisis en España es el mejor del mundo, con el índice
de mortalidad más bajo del mundo, el 14 por ciento. Son enfermos
graves, y usted lo sabe igual que yo y lo comparte. Por tanto, esa
esperanza la tenemos que dar entre todos y no yo sola.
A mí me parece que la utilización política llega a un límite,
señoría. Ustedes han dicho que me calle; ahora me dicen que por qué
me callo y que me ponga al frente de qué manifestación: ¿de la
alarma, del miedo? No, señoría, estamos haciendo exactamente lo que
hay que hacer: investigándolo. Espero que podamos hablar lentamente
y con más tiempo en la Comisión ya que, como usted sabe, he pedido una
comparecencia para hablar de ello con tranquilidad. Espero que en esa
comparecencia tenga usted un poquito más de sentido común del que ha
tenido hoy aquí. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON XAVIER SABATÉ IBARZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DEL INTERIOR: ¿SE DEBE EL CESE DEL SUBDELEGADO DEL
GOBIERNO DE TARRAGONA A LAS INFORMACIONES SOBRE EL TRÁFICO DE FAVORES
EN LA LEGALIZACIÓN DE EXTRANJEROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA
DORADA? (Número de expediente 180/000807.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Administraciones Públicas. En primer lugar, la número 12, que formula
el diputado don Xabier Sabaté Ibarz.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la situación en la representación del Gobierno en
Tarragona es grave y está produciendo alarma social. Hay una
investigación judicial en marcha, una dimisión o destitución -no lo
sabemos todavía- del subdelegado, leyes y procedimientos
administrativos que presuntamente se conculcan y parece que a ustedes
les importa muy poco porque no han dicho nada hasta hoy que se lo
pedimos nosotros. De ahí la pregunta, que dice lo siguiente: ¿Se debe
el cese del subdelegado del Gobierno en Tarragona a las informaciones
sobre el tráfico de favores en la legalización de extranjeros en los
municipios de la Costa Dorada?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sabaté.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
El cese del subdelegado del Gobierno en Tarragona se ha debido a que
con fecha 29 de agosto, miércoles, me dirigió una carta comunicándome
que había sido citado a declarar en calidad de imputado en las
diligencias previas que se están siguiendo en un juzgado de
Tarragona. En la citada carta me indicaba igualmente que, ante esos
hechos que se le imputaban, ponía el cargo a mi disposición.
El día 30, al día siguiente, declaró por esos hechos ante el juez, el
día 31 yo acepté esa dimisión que me presentaba y, con fecha 31 de
agosto, ese mismo viernes, la delegada del Gobierno firma la
resolución del cese del señor Navarro. En el Boletín del 4 de
septiembre apareció publicado el cese.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Sabaté.
El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, algo más hemos sabido hoy, pero me temo que esta
respuesta no va a disipar las dudas que ustedes están obligados a
despejar en este asunto. La nota escueta oficial de la Subdelegación
del Gobierno en Tarragona se remitía a motivos de salud, que era
debido a problemas de salud, pero éstos parecen como las gomas de
mascar, que se ensanchan y se encogen dependiendo de las
circunstancias.
El subdelegado de Tarragona, en noviembre de 1995, consiguió una
pensión de más de seis millones de pesetas de la Seguridad Social
porque no podía ejercer su profesión habitual o por lo menos tenía
dificultades. A los pocos meses ustedes lo nombraron delegado de
Trabajo y más tarde subdelegado del Gobierno en la provincia, y ahora
ha pedido el reingreso a la profesión habitual que antes tenía
dificultades para ejercer. Por tanto, dudamos de estos motivos de
salud.
En cualquier caso, señor ministro, el centro del problema no es éste
ni lo que podría deducirse de su aclaración a las preguntas, porque
no ha aclarado nada. El centro del problema y lo que inquieta a los
ciudadanos es si la Administración del Estado, en un tema tan
delicado como el de la regularización de inmigrantes, actúa en
Tarragona con imparcialidad, con transparencia y de acuerdo con la
ley y si existen los medios policiales suficientes para perseguir el
crimen organizado. Eso es lo que los ciudadanos y muy particularmente
los funcionarios esperan: una voz autorizada del Gobierno aclarando
que por lo menos, hasta donde conoce el Gobierno, las cosas se hacen
bien
y que en el caso de que quede alguna duda se va a abrir alguna
investigación. Eso es lo que esperamos y lo que hoy le pedimos, como
también que aumenten los efectivos policiales para evitar el
incremento de delitos que reconoce la Fiscalía provincial, que
reconocen los ayuntamientos de la zona y el propio ex subdelegado
para garantizar la seguridad ciudadana de forma adecuada. Y no me
diga, como podría pensar que me va a decir luego, que esperarán hasta
que la justicia se pronuncie. También hay otros asuntos de candente
actualidad en manos de la justicia y hasta ponemos en marcha
comisiones de investigación en este Parlamento. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sabaté.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Señor
Sabaté, yo puedo asegurarle que desde luego el Gobierno, a través de
todos los subdelegados del Gobierno, actúa con imparcialidad
y buscando la aplicación de la ley, en la Ley de inmigración y en
cualquier otra ley.
En este caso el subdelegado del Gobierno me manifestó, en las
conversaciones que tuve, que él se considera inocente de las
imputaciones que se le hacen. Yo espero, deseo y confío en que sea
así, pero no soy quién para juzgarlo, esto está en un tribunal.
Cuando el tribunal dictamine se actuará en consecuencia.
Usted me pide que yo haga investigaciones simultáneas. No puedo.
Nosotros vamos a colaborar al máximo, yo como ministro y todos los
funcionarios de la Subdelegación de Tarragona que dependen de mí, con
la autoridad judicial para llegar al fondo del asunto, una vez que se
ha abierto este procedimiento. Desde luego sí le digo que cuando ese
procedimiento se sustancie actuaré administrativamente de la forma
oportuna por si hay otras responsabilidades en el ámbito de la
Administración. Creo que el Gobierno en este caso ha actuado con
claridad, con rapidez y con transparencia, y lo seguirá haciendo así
siempre en todos los casos que ocurran.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
PREVISTO EL GOBIERNO REVISAR LA REGULACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
INDEPENDIENTES? (Número de expediente 180/000814.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, que formula el diputado don
Josu Iñaki Erkoreka Gervasio.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿tiene previsto el Gobierno revisar la regulación de
las administraciones independientes?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
A una pregunta hecha con tal amplitud yo sólo puedo contestarle que
depende de a qué Administración independiente se refiera usted.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Se lo digo, señor ministro. Como bien sabe usted, las
administraciones independientes, entre las que se encuentra la
tristemente famosa Comisión Nacional del Mercado de Valores, son
aquellas a las que el ordenamiento jurídico reconoce expresamente
autonomía funcional o una especial independencia con respecto a la
Administración general del Estado. La razón de ser de este singular
estatus jurídico radica en la necesidad de asegurar que en ciertos
ámbitos económicos y sociales se produzca la intervención de un
organismo público que actúe de acuerdo, con arreglo a criterios
estrictamente técnicos, con absoluta imparcialidad, objetividad y
neutralidad. En el caso de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, la independencia funcional tiene por objeto precisamente, y
lo dice la ley de creación, la transparencia de los mercados de
valores y la protección de los inversores. Lo acontecido en relación
con lo que ya se conoce como el escándalo Gescartera pone de
manifiesto, al margen de las responsabilidades políticas que resulten
de la Comisión expresamente constituida al efecto, en las que no me
voy a meter en este momento, que las especialidades organizativas que
hasta el momento presente se consideraban suficientes para garantizar
una actuación estrictamente independiente, imparcial, objetiva y
técnica de las administraciones independientes, ya no lo son, y no lo
son porque no impiden ni la injerencia de la Administración general
del Estado, ni las actuaciones irregulares que obedezcan a criterios
distintos a los estrictamente técnicos, ni la producción -y esto es
mucho más grave- de daños a los agentes económicos y sociales
directamente implicados en los sectores a proteger. Que les pregunten
si no a los inversores que salen perjudicados en este caso. El
escándalo Gescartera, señor ministro, marca claramente un antes y un
después en relación con la historia de las administraciones
independientes y exige una revisión urgente de su régimen jurídico
que asegure su independencia y refuerce los controles sobre su
actuación y la de sus responsables. Y no lo digo yo, lo reconoció el
propio presidente del Gobierno
cuando habló el 26 de agosto de reforzar los órganos de control y
supervisión de los mercados. Usted es el ministro responsable del
área de las administraciones públicas y supongo que tendrá algún
criterio al respecto. Si no, se lo ofreceremos con mucho gusto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
Es una costumbre muy española, señor Erkoreka, llegar a las
conclusiones antes de establecer las premisas. El Gobierno no va a
actuar así. La Comisión de investigación de Gescartera tiene en sus
propósitos analizar el funcionamiento de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y otras administraciones en relación con la
historia de estas empresas desde 1992, proponer medidas para ampliar,
en su caso, el control de los órganos de supervisión sobre las
empresas y seguir impulsando la transparencia e igualdad en los
mercados financieros y analizar y evaluar las actuaciones realizadas
por el Banco de España, otra de las administraciones independientes
en relación con Gescartera, y el marco de supervisión.
Lo que usted ha dicho, que tiene su sentido, debe transmitírselo a su
compañero de grupo, que está presente en la Comisión de
investigación. Él lo dirá allí. Estoy seguro que otros miembros de
otros grupos van a tener ideas similares, diferentes, pero entre
todos y con lo que en la investigación surja, habrá unas
recomendaciones, unas mayoritarias y quizás otras minoritarias, y
todas las estudiará el Gobierno con atención. Hay una propensión a
modificar la legislación, a modificar ese funcionamiento, pero ¿en
qué dirección? El Gobierno, respetuoso con la Cámara, espera que la
Comisión de investigación de Gescartera dé indicaciones para
seguirlas, si le parece adecuado, y proponerlas a la Cámara.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON VÍCTOR MORLÁN GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE:
¿CONSIDERA EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE QUE SE ESTÁN GESTIONANDO
ADECUADAMENTE LOS FONDOS COMUNITARIOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN DE
LA NATURALEZA? (Número de expediente 180/000813.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Medio
Ambiente. En primer lugar, la
número 18, que formula el diputado don Víctor Morlán Gracia.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro ¿considera que se están gestionando adecuadamente los
fondos comunitarios destinados a la protección de la naturaleza?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Creo que la Presidencia se ha saltado una pregunta. En cualquier
caso, que terminen el diputado y el ministro de Medio Ambiente y
luego volvemos a la pregunta dirigida al ministro de Administraciones
Públicas.
Adelante, señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, desde mi punto de vista, sí, pero estoy convencido de que
las aportaciones y las iniciativas de S.S. y de su grupo
parlamentario pueden ayudarnos a mejorar la gestión de los mismos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, parece que no sabe por dónde va. Desde 1997 a 1999
Medio Ambiente incumplió sus compromisos de inversión forestal al
haber retirado estos proyectos de los fondos de cohesión y no
plantear alternativa alguna. Por ejemplo, la Comunidad andaluza
perdió 17.000 millones de pesetas. En los años 2000 a 2006 las
comunidades autónomas han planteado programas operativos integrados,
que van a suponer que desde el Feoga-Orientación van a acudir al
Estado español 120.000 millones de pesetas en ese período 2000/2006.
Esto es bueno, lo que sucede es que la gestión de esos fondos no es
la más correcta ni la más adecuada. De un lado, por ejemplo, en
silvicultura, ustedes retienen el desarrollo de esa medida, lo que
concretamente a la misma Comunidad andaluza le va a suponer el no
invertir del orden de 19.000 millones de pesetas. Por otro lado,
señorías, cuando gestionan los fondos nos encontramos con que las
relaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades
autónomas tienen algunas dificultades. La Comisión Nacional de
Protección de la Naturaleza no sabe todavía qué instrumento articular
para llevar a cabo que las relaciones entre Ministerio de Medio
Ambiente y comunidades autónomas estén perfectamente perfiladas.
Ustedes son los responsables de que esos 120.000 millones de pesetas
se inviertan en España. Las comunidades autónomas han cumplido con su
objetivo de elaborar los programas operativos, pero lo que está
pasando hasta ahora, por ejemplo, señor ministro, es que en los años
2000 y 2001, en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha van a dejar de ingresar para
inversiones 545 millones de pesetas. En la Comunidad extremeña
-curiosamente socialista, no sé qué pasará con las otras- también son
varios cientos de millones de pesetas los que se van a dejar de
invertir. Por tanto, entre esta falta de inversión que se produce,
más la falta de colaboración, nos encontramos con que usted está
haciendo un flaco servicio a la gestión de estos fondos. Yo le pido,
señor ministro, que se aclare y que si tiene problemas los solucione
-sobre todo si son los de Baleares- cuanto antes, y que no haga como
el perro del hortelano; deje comer a los demás, que también tienen
derecho a hacerlo. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Morlán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Sabía yo que lo que a usted le preocupaba era la inversión en
Andalucía. Las cifras de que disponemos en el Ministerio -espero que
no estén equivocadas, señoría- demuestran que en el pasado quinquenio
en el caso concreto de Andalucía, que es el que a usted especialmente
le ha motivado a hacer esta pregunta debido a una discrepancia que se
produce dentro de la Conferencia sectorial, se realiza una ejecución
por encima de la cantidad total programada, alrededor de 146
millones, y en el fondo global de todas las comunidades autónomas del
Objetivo 1 prácticamente sólo hay una diferencia de inejecución de
unos 200 millones de pesetas. Pero de cara al futuro, que creo que es
lo más importante, señoría, deberíamos dejar los conceptos claros.
Estamos hablando de competencias de las comunidades autónomas,
estamos hablando de obras que el Estado no tiene ámbito competencial
para ejecutar, y yo creo que, tratándose en muchos casos de medidas
de prevención de lucha contra incendios, tendríamos entre todos que
hacer un esfuerzo para que estas inversiones pudieran ser superiores.
El Estado lo que hace es, sin tener competencias, aportar una ayuda,
la ayuda que puede de acuerdo con sus presupuestos, y que yo me he
comprometido a que será la más importante posible a lo largo de los
próximos años. Estoy seguro de que al final, si usted hace una media
y un balance de todos los años, compensará con creces cualquier
previsión que se hubiera hecho desde la comunidad autónoma y desde la
Administración central. No obstante, tratándose, insisto, de
competencias propias de la comunidad autónoma, si la comunidad
autónoma pone dinero hay retorno por parte de la Unión Europea,
y como además creo que acabamos de firmar un sistema de financiación
autonómica que acaba de...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON EDUARDO JAVIER CONTRERAS LINARES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN
QUÉ PLAZO DE TIEMPO TIENE PREVISTO EL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE ARBITRAJE ADMINISTRATIVO?
(Número de expediente 180/000825.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, dirigida al señor ministro
de Administraciones Públicas, que formula el diputado don Eduardo
Javier Contreras Linares.
El señor CONTRERAS LINARES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, uno de los aspectos sensibles de la Administración
es, sin duda, su relación con los ciudadanos. Facilitar esa relación
es mejorar la Administración pública.
Muchos son los pasos que se han dado en este sentido procurando una
mayor fluidez de tal relación e introduciendo medidas que faciliten
la gestión de muchos de los trámites que los ciudadanos tienen que
resolver, a la vez que se mantiene la seguridad jurídica que debe
presidir todo acto administrativo. El arbitraje es una fórmula que
está dando buenos resultados en la solución de problemas entre
particulares, de éstos con empresas o de empresas entre sí, evitando
así largos y costosos procesos que no siempre justifican el resultado
obtenido. Quizá el ejemplo más notorio pueda ser el arbitraje de
consumo.
De acuerdo con esa experiencia y recogiendo opiniones en diversos
foros en el sentido de extender el arbitraje a la Administración, le
formulo, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿en qué plazo de
tiempo tiene previsto el Ministerio de Administraciones Públicas
presentar el proyecto de ley sobre arbitraje administrativo?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Contreras.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
Dentro de la prudencia con la que hay que hablar de plazos, porque el
anteproyecto debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y enviado
al Congreso, las previsiones que tengo ahora mismo son las de que
podamos enviarlo al Congreso antes de que concluya el presente
período de sesiones.
Como S.S. ha dicho -y creo que con mucha razón-, este es un proyecto
importante, o por lo menos así se lo parece al Ministerio y al
ministro de Administraciones Públicas. Se trata del arbitraje, una
figura inédita en el derecho administrativo español, que plantea una
novedad muy importante: que la Administración pueda dejar de ser juez
y parte en los procesos que dirimen controversias entre los
ciudadanos y la Administración pública. Es una gran innovación que el
ciudadano pueda elegir un camino que culmine en el arbitraje por un
árbitro imparcial, al que la Administración se somete
obligatoriamente y el ciudadano voluntariamente, porque siempre tiene
la posibilidad de seguir el trámite del recurso de alzada, reposición
y contencioso-administrativo. Esto agilizará mucho el funcionamiento
de lo contencioso-administrativo e, indudablemente, facilitará a los
ciudadanos una resolución rápida de los conflictos.
Tiene problemas, eso es indudable. Estamos trabajando con el
Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda porque hay que
hacer algunas modificaciones de nuestro sistema jurídico ya que, como
he dicho, se trata de una modalidad nueva; no obstante, creo que es
muy aceptable. Espero que en este período de sesiones pueda estar
aquí este proyecto -insisto, y con esto termino-, que tendrá grandes
ventajas para el ciudadano.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE AGUAS
DESDE SU CONSTITUCIÓN HASTA HOY? (Número de expediente 180/000818.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 23, formulada al ministro de
Medio Ambiente por el diputado don Juan José Ortiz Pérez.
El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado de 1996, definió distintos sistemas de financiación de
obras públicas estableciendo bases de concesión, construcción y
explotación de obras hidráulicas y regulando, además, la constitución
de sociedades estatales que tengan por objeto la construcción y
explotación de obra pública hidráulica. Con el fin de desarrollar los
mecanismos citados, se modificó igualmente el artículo 21 de la Ley
de aguas en el sentido de otorgar nuevas competencias
a los organismos de cuenca para que estas entidades pudieran formar
parte tanto de las sociedades estatales como de las empresas que se
constituyeran específicamente para la construcción y explotación de
una determinada infraestructura hidráulica. El Ministerio de Medio
Ambiente, en el período comprendido entre 1997 y 2001, ha constituido
distintas sociedades en el ámbito de sus respectivas confederaciones
hidrográficas.
Queremos conocer la opinión del Gobierno en esta sesión de control y,
para ello, le formulo la pregunta escrita en el orden del día de la
misma.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ortiz.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, las sociedades estatales de agua fueron concebidas como un
instrumento eficaz de gestión y ejecución de obra pública hidráulica.
Junto a lo que son las obras que se financian única y exclusivamente
con presupuesto general del Estado, la Ley 13/1996, de
acompañamiento, estableció para el año 1997 los mecanismos necesarios
para la gestión de determinadas obras públicas mediante estas
sociedades mercantiles. Esta modalidad ha dotado al sector público de
una mayor flexibilidad y, sobre todo, ha permitido abrir nuevas vías
de financiación y de participación de la iniciativa privada en el
desarrollo de las infraestructuras hidráulicas, favoreciendo una
mayor responsabilidad de los usuarios en el aprovechamiento y en la
explotación de los recursos hídricos. Desde el 17 de diciembre de
1997, fecha en que se creó la Sociedad de Aguas de la Cuenca del
Ebro, se han ido constituyendo sociedades vinculadas a cada una de
las cuencas hidrográficas y otras destinadas a la ejecución de
determinadas obras de gran envergadura o de características
especiales: canal de Navarra, canal Segarra-Garrigues y depuración
del Baix Llobregat. En algo más de tres años han entrado en
funcionamiento más de doce sociedades con un capital social de
228.000 millones, con una inversión prevista de más de 873.000
millones de pesetas. Ya se han licitado proyectos de obras y
asistencias técnicas por más de 309.000 millones de pesetas y se han
adjudicado contratos por un importe aproximado de 200.000 millones de
pesetas. Estas son las cifras que dan cuenta de la realidad de este
buen instrumento de gestión que está consiguiendo sus objetivos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL CAMPOY SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES
TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS
SOCIEDADES ESTATALES DE AGUAS? (Número de expediente 180/000819.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
Miguel Campoy Suárez.
El señor CAMPOY SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Después de escuchar la respuesta del señor ministro a la pregunta
precedente, se constata con satisfacción que las sociedades estatales
de aguas están respondiendo al objetivo para el que fueron creadas.
El Gobierno ha sido capaz en pocos años de poner en funcionamiento
doce sociedades, que están desarrollando un importante paquete de
infraestructuras hidráulicas con criterios de eficacia y de
colaboración con la iniciativa privada en lo concerniente a la
financiación de las obras. Habida cuenta de los resultados que están
obteniendo y del acierto en llevar a cabo la gestión de determinadas
obras públicas hidráulicas mediante sociedades mercantiles y, por
último, ante el gran reto que supone el desarrollo y ejecución del
Plan hidrológico nacional, recientemente aprobado por las Cortes, le
formulo, señor Ministro, la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones
tiene el Gobierno en relación a la puesta en marcha de nuevas
sociedades estatales de aguas?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campoy.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el Consejo de Ministros del pasado 4 de mayo culminó el
proceso de constitución de estas sociedades estatales de aguas
vinculadas a cada una de las cuencas hidrográficas. Este proceso que,
como he dicho antes se inició en el año 1996, recoge las
disposiciones necesarias para el desarrollo de esta figura de gestión
en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas. Se han ido creando
distintas sociedades para llevar a cabo determinadas obras, como he
mencionado en la pregunta anterior, y, sin perjuicio de que puedan
surgir necesidades puntuales para la ejecución de determinadas
actuaciones, la previsión del Gobierno a corto y medio plazo es crear
y desarrollar una sociedad estatal que va a gestionar y ejecutar las
infraestructuras necesarias para la transferencia de recursos entre
cuencas previstas en el Plan hidrológico nacional. El trasvase del
río Ebro por sus características propias, complejidad y envergadura
reúne las condiciones necesarias para que su gestión sea encomendada
a una sociedad estatal. Queremos que la sociedad quede constituida
antes de finalizar este año y tendrá por objeto la contratación
y explotación en su caso de las obras necesarias para llevar a cabo
este tipo de infraestructuras, además de las actuaciones
preparatorias, complementarias o derivadas del mismo, movilizando
para ello los recursos y colaboraciones tanto del sector público,
estatal y comunitario, como del sector privado.
El presupuesto de la inversión que se tiene que llevar a cabo es de
unos 700.000 millones de pesetas y el plazo previsto de ejecución de
las obras es hasta el año 2008, plazo temporal establecido en la Ley
del Plan hidrológico. Tal como dispone el artículo 36.4 de la propia
Ley del Plan hidrológico nacional, esta transferencia no se hará
efectiva hasta que la mayor parte de las infraestructuras incluidas
en el pacto del agua de Aragón no se encuentren terminadas o en
ejecución, en aplicación del principio general de garantía de las
demandas actuales y futuras de la cuenca cedente al que se refiere
esta ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿QUÉ INTERVENCIÓN TENDRÁ EL MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROYECTOS
PREVISTOS POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN GENÓMICA,
ESPECIALMENTE EN LA RECIÉN CREADA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DEL
GENOMA HUMANO (FIGH)? (Número de expediente 180/000816.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21 dirigida a la señora
ministra de Ciencia y Tecnología, que formula el diputado don Manuel
José Silva Sánchez.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el pasado 20 de febrero la Comisión interministerial
de Ciencia y Tecnología acordó dar un impulso a la investigación
genómica y proteómica en España, intentando hacer efectiva esa
participación en esa segunda fase de investigación, ya que en la
primera fase nos mantuvimos bastante al margen. En dicha Comisión se
adoptaron una serie de acuerdos, como la creación de la fundación
para la ciencia y la tecnología, la creación de una fundación para la
investigación del genoma humano, así como también la creación de un
comité de ética de la investigación científica y tecnológica.
Sin perjuicio de manifestar una cierta preocupación por el tiempo
transcurrido hasta el día de hoy -al parecer estos acuerdos no han
sido implementados-, la inquietud que tenemos en estos momentos es
acerca del papel que jugará su Ministerio en la fundación para la
investigación del genoma humano. De ahí que la pregunta consista en
solicitar que la señora ministra nos informe de qué intervención
tendrá el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la coordinación y
gestión de los proyectos previstos por el Gobierno en materia de
investigación genómica y muy especialmente en la anunciada fundación
para la investigación del genoma humano.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, en la Comisión interministerial a la que usted hace
referencia se tomaron toda esta serie de acuerdos. Tengo que
informarle, en lo que hace referencia a la fundación de ciencia y
tecnología, que está constituida, está finalizando su proceso de
registro y de hecho está trabajando como tal. Desde el punto de vista
de presentación a la opinión pública, creo que va a poder realizarse
antes de terminar el presente mes.
Está acordada la creación de la comisión de ética y en estos momentos
se está trabajando para que la misma quede adscrita a la fundación de
ciencia y tecnología, una vez que ésta quede constituida.
En cuanto a la fundación para el genoma y la proteómica, como usted
sabe se acordó dar este fuerte y ambicioso impulso, creo que sin
precedentes (de hecho no se tomaron las decisiones pertinentes para
que así fuera en la fase anterior), para que España esté presente en
esta fase de investigación de genómica y proteómica, fase que plantea
nuevos retos tanto en lo que es la biología de desarrollo, la
biotecnología y la biomedicina, que están entrando en una nueva era.
Estamos en estos momentos trabajando en la creación de la fundación.
Está muy avanzada, pero ello ha de servir para impulsar y reforzar la
investigación, que es de capital importancia no sólo en el campo de
la salud, evidentemente, y en el de la industria, sino que requiere
un esfuerzo coordinado en el mundo científico, sanitario,
tecnológico, industrial. La estructuración de la fundación y su
finalidad es la de ser precisamente la plataforma en la que se
integren todos estos ámbitos.
Del patronato de la fundación formarán parte las ministras de Sanidad
y Consumo y de Ciencia y Tecnología, así como otros miembros del
departamento para la definición, aprobación y ejecución de los planes
y programas de desarrollo. Para reforzar la labor de la fundación ya
se han tomado una serie de medidas y de iniciativas, como las ayudas
para la genómica y proteómica
del programa de fomento de la investigación y de la innovación
técnica; las otorgadas en el marco de la convocatoria de ayudas a los
parques científicos y tecnológicos y las propias subvenciones ya
presentes este año para proyectos de investigación en esta materia
donde tiene preeminencia este ámbito.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra, ha concluido
su tiempo.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señora ministra, nos congratulamos de que la
fundación para la ciencia y la tecnología se encuentre prácticamente
constituida y finalizando el proceso de registro. Encarecemos la
necesidad de constituir cuanto antes este comité de ética para la
investigación científica y tecnológica y permítanos sobre todo que
insistamos, como hicimos en la primera pregunta que tuve el honor de
formularle en esta legislatura, en el papel crucial, centralizador y
coordinador que tiene para Convergència i Unió precisamente su
Ministerio.
Nos preocupó -y ese es el motivo de esta pregunta- la información
aparecida el 26 de marzo en un diario de amplia circulación, ya que
según esa información parecía que era precisamente el Ministerio de
Sanidad el que asumía el liderazgo en materia de fundación para la
investigación del genoma humano. De ahí que lo que instemos o
solicitemos en cualquier caso es que sea precisamente su Ministerio
-atendidas esas consecuencias industriales, económicas, no puramente
sanitarias que tiene esta materia-, el que ejerza ese liderazgo que
está llamado a asumir precisamente en función de la reestructuración
del Gobierno que se efectuó al inicio de esta legislatura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZ- SALMONES CABEZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE
EL GOBIERNO PREVISTO ALGUNAS ACCIONES ESPECÍFICAS, DURANTE EL PERÍODO
ESPAÑOL DE PRESIDENCIA EUROPEA, CON RESPECTO A LA PRODUCCIÓN
AUDIOVISUAL EUROPEA Y A SU PRESENCIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL?
(Número de expediente 180/000824.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, la número 29, que
formula la diputada doña Beatriz Rodríguez Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, señora
presidenta.
Señora ministra, este Parlamento muy recientemente, hace dos meses,
aprobó el nuevo marco regulador del sector español del cine y el
audiovisual, además de los nuevos e incrementados sistemas de apoyo.
A lo largo del trámite parlamentario, a lo largo del debate, hemos
tenido ocasión de oir a los representantes del sector, de reflexionar
y de conocer sus problemas. Hemos comprobado que la situación del
cine español se puede decir que era excelente, pero también
sustentada todavía en cierta precariedad y fragilidad industrial.
Esta situación la comparten también el cine y el audiovisual de otros
países de la Unión Europea.
Además de esta situación de fragilidad, los retos nuevos nos ponen
siempre en una situación de competencia muy dura y de necesidad de
una flexibilidad grande, porque las innovaciones tecnológicas, por
ejemplo, próximamente el cine a través de Internet, van a requerir
constantes modificaciones en el marco.
Ante esta situación que, insisto, calificamos de excelente pero
también de frágil, quisiéramos saber si la señora ministra y el
Gobierno tienen previsto trabajar en esta cuestión durante la
presidencia europea.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora Ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, durante el período de la presidencia
española de la Unión Europea se celebrará en Madrid los días 18 y 19
de abril de 2002 la conferencia euroiberoamericana del sector
cinematográfico y audiovisual, cuyos objetivos principales van a ser
analizar la situación de la industria audiovisual, tanto la ficción
como la animación y la documental, y se va a tratar también de las
medidas de apoyo en la región iberoamericana con el fin de lograr un
espacio cultural común y de realizarunas propuestas de acción para un
futuro inmediato.
Está previsto que participen sesenta expertos del sector audiovisual
de Europa e Iberoamérica y los temas a tratar serán fundamentalmente
los siguientes. En primer lugar, la situación del mercado
cinematográfico y audiovisual en Europa e Iberoamérica, los datos
actuales y las tendencias que se están desarrollando; el programa
ibermedia en Iberoamérica, el impacto y el resultado de este
programa; el programa media en Europa; las medidas a desarrollar en
los siguientes sectores: el de formación de profesionales,
financiación y coproducción, marketing y distribución, exhibición,
nuevas tecnologías y conservación del patrimonio cinematográfico
y audiovisual. También se va a abordar la colaboración
euroiberoamericana y posibles acciones en este sentido.
El programa de la conferencia contará con tres sesiones plenarias y
dos sesiones de las comisiones de trabajo en régimen simultáneo y en
la sesión de clausura están previstos distintos documentos de
conclusiones al respecto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JOAQUÍN CALOMARDE GRAMAGE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO PLANTEAR ACCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE ARCHIVOS O
BIBLIOTECAS, DURANTE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNIÓN EUROPEA, DE
CARA A LA INTERCONEXIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS FONDOS
BIBLIOGRÁFICOS Y ARCHIVÍSTICOS? (Número de expediente 180/000826.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula el diputado don
Joaquín Calomarde Gramage.
El señor CALOMARDE GRAMAGE: Gracias, señora presidenta Señoras y
señores diputados, señora ministra, los archivos y las bibliotecas,
sin dudarlo, son la memoria de las naciones y, por tanto, de Europa
entera. Bibliotecas y archivos recogen fielmente el inmenso legado
español y europeo de la cultura escrita. Son pues, como digo, focos
permanentes de las fuentes de la memoria, un patrimonio colectivo de
primera magnitud que por serlo bien merece la mayor atención por
parte de los países cultos y con sentido de la historia. Es por ello
que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 establecen
un ambicioso plan de fomento de la cooperación bibliotecaria
internacional, de modo que se garantice la presencia de las
bibliotecas y de los bibliotecarios españoles en foros técnicos y
profesionales internacionales y, en general, dichos presupuestos
buscan potenciar las relaciones en el campo bibliotecario entre
España y otros países, con especial atención a los países de la Unión
Europea y a los de la comunidad iberoamericana.
Sin duda, debe ser importante para la presidencia española de la
Unión Europea profundizar y estimular todo tipo de acciones, de cara
a garantizar la conexión internacional de los fondos de archivos y
bibliotecas europeos.
Por todo ello, señora ministra, me permito plantearle la siguiente
pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno plantear acciones específicas
en materia de archivos o bibliotecas durante la presidencia española
de la Unión
Europea, de cara a la interconexión e internacionalización de los
fondos bibliográficos y archivísticos?
Muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Calomarde.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en relación a la pregunta que me formula tengo que decirle
que, efectivamente, en el ámbito de la interconexión de los fondos
bibliográficos y archivísticos el Ministerio tiene dos proyectos
específicos que va a desarrollar durante la presidencia española de
la Unión Europea.
El primero de ellos es el proyecto archivos estatales en red, o AER.
El proyecto archivos estatales en red, que se presentará durante la
presidencia española en la Unión Europea, supone, por un lado, la
interconexión de archivos estatales, como el Archivo General de
Indias, el Archivo Histórico Nacional o el Archivo de la Real
Cancillería de Valladolid, y, por otro, la posibilidad de consulta y
demanda de documentos a través de la red.
Desde el portal AER se podrá gestionar, por ejemplo, la tarjeta
nacional de investigador, realizar búsquedas de documentos sobre uno
o varios archivos estatales, visualizar los documentos digitalizados
o solicitar la reserva de documentos para consulta en sala de
investigadores y demandar copias de esos documentos.
En segundo lugar, está prevista una reunión de directores de archivos
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, que se
celebrará en Valladolid los días 11 y 12 de marzo del año 2002, y los
temas a tratar en estas reuniones de directores van a ser
sustantivamente los siguientes: En primer lugar, la presentación del
proyecto archivos estatales en red, proyecto AER, los proyectos de
interconexión de fondos documentales conservados en archivos
europeos, la digitalización de documentos y la difusión del
patrimonio documental, la normativa legal europea sobre el acceso a
la documentación oficial y los avances sobre el informe de la
Comisión Europea denominado: Los archivos en la Unión Europea.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:
¿COMPARTE EL GOBIERNO LOS MOTIVOS DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
PARA RELEVAR AL FISCAL DEL CASO ERCROS? (Número de expediente 180/
00808.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Justicia. En primer lugar la número 13, que formula el diputado don
Jaime Javier Barrero López.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
La pregunta que formulo al Gobierno dice: ¿Comparte los motivos del
fiscal general del Estado para relevar al fiscal del caso Ercros?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, el Gobierno lo que hace es respetar el ministerio fiscal y
el ordenamiento jurídico, que establece que éste ejerce sus funciones
por medio de órganos propios, con sujeción a tres principios:
legalidad, imparcialidad y plena autonomía funcional, de conformidad
con lo que establecen el artículo 124 de la Constitución y el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor ministro.
Señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Acebes, el fiscal general del Estado ha relevado hace unos días
al fiscal del Tribunal Supremo, que en dos ocasiones ha propuesto
imputar, por los delitos de apropiación indebida y estafa, al
ministro, señor Piqué. Lo ha hecho, además, por su relación con el
caso Ercros y como consecuencia de la desaparición de más de 20.000
millones de pesetas.
El fiscal general del Estado ha trasladado de sección a este fiscal
del Tribunal Supremo para que no participe en los debates que esta
sección tenga sobre el caso Ercros, a sabiendas de que la mayoría de
los fiscales estaban de acuerdo en imputar al señor Piqué.
Señor Acebes, una decisión de este tipo es la primera que se adopta
en nuestra democracia. No tiene precedentes en nuestra democracia,
constituye una represalia clara a un fiscal y, desde luego, es una
agresión gravísima al Estado de derecho, puesto que, cuando un fiscal
del Tribunal Supremo investiga durante años posibles actos de
corrupción de un miembro de este Gobierno, se le releva y se le
traslada de manera forzosa.
Señor Acebes, una sociedad democrática no puede resistir la visión de
un presidente de Gobierno, de un Gobierno y de un fiscal general del
Estado que obstruyen
la acción de la justicia. Esto tiene consecuencias gravísimas.
Primero, la sensación de que el Gobierno goza de impunidad penal; por
tanto, que este Gobierno acepta dos tipos de justicia: la de los
poderosos y la del resto de los ciudadanos. En segundo lugar, es un
golpe casi definitivo al prestigio del fiscal general del Estado y,
desde luego, a la confianza de los ciudadanos en la Administración de
justicia. Yo sé que iba a decir lo de la autonomía y que el fiscal no
recibe instrucciones. Puedo creérmelo, señor Acebes. Este fiscal no
las necesita, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, de manera
que si el Gobierno mantiene al fiscal general del Estado, se
convierte... (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Barrero, su tiempo ha
concluido.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Efectivamente,
señora presidenta, señorías, ¿cómo no iba a recordarle la autonomía
funcional del ministerio fiscal y su actuación conforme a un
principio de imparcialidad?
Usted no ha contado toda la verdad de lo que ha ocurrido. Han
existido dos discrepancias entre el superior y el inferior jerárquico
y, al final, el superior jerárquico ha solicitado a la fiscalía
general que resuelva esa discrepancia cambiándolo de su sección y
manteniéndolo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta es la
verdad, de la que ustedes han querido hacer un mundo y, a través de
ello, hacer una política de oposición imaginativa.
Siendo tolerante la intervención que usted ha tenido, no se compadece
con muchas de las afirmaciones del Grupo Socialista, fundamentalmente
de su portavoz. Intentar transmitir que el Gobierno ha dado
instrucciones al fiscal general del Estado es, simple y llanamente,
mentira (Risas.) El señor Caldera, el 5 de septiembre de 2001, dijo
en los pasillos del Congreso: Es seguro que el Gobierno da
instrucciones al fiscal general del Estado para proteger al señor
Piqué. Lo único seguro es que el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista miente; si hubiese tenido la más mínima prueba de que esto
era así, hoy habría traído al Parlamento esas pruebas y lo habría
justificado. No se puede hacer oposición inventándose las causas. Es
verdad que lo tienen difícil, que no hay motivos para la oposición,
pero no van a conseguir nada inventándose las causas de la misma.
Creo que es necesario un poco más de seriedad, un poco más de rigor,
cuando estamos hablando de justicia, de las instituciones del Estado,
que actúan conforme al ordenamiento jurídico; busquen otros caminos
por donde realizar la oposición...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA REYES COSTAS MANZANARES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACTUACIONES HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA PERMITIR QUE CUALQUIER
ABOGADO PUEDA EJERCER EN TODOS LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA?
(Número de expediente 180/000822.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, de la diputada doña Reyes
Costas Manzanares.
La señora COSTAS MANZANARES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, en el tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, la supresión de los obstáculos a la libre
circulación de personas y servicios entre los Estados miembros se
estableció como uno de sus objetivos. Dicha libertad implica para los
nacionales de los Estados miembros la facultad de ejercer una
profesión, por cuenta propia o ajena, en un Estado miembro distinto
de aquel en que hayan adquirido su título profesional.
La Directiva comunitaria de 16 de febrero de 1998 confiere a los
abogados el derecho a ejercer con su título profesional de origen en
otro Estado miembro en las mismas condiciones que los abogados del
país de acogida. Con arreglo a esta directiva europea, los abogados
plenamente cualificados en un país de la Unión Europea deben
inscribirse ante la autoridad competente del Estado miembro de
acogida, previa presentación de una certificación de su inscripción
en el Estado miembro de origen.
Por ello, señor ministro, le pregunto, ¿qué actuaciones ha llevado a
cabo el Gobierno para permitir que cualquier abogado pueda ejercer en
todos los países de la Unión Europea?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, la libertad de circulación y de establecimiento de los
profesionales es un presupuesto, como bien conoce, de la Unión
Europea y, en el caso de los abogados, como ha recordado, la
Directiva 98 facilita el ejercicio permanente de la profesión de
abogado en un Estado miembro distinto de aquél en el que se haya
obtenido el título. Su trasposición se ha llevado a cabo por real
decreto, que fue aprobado el 3 de agosto y que establece los
requisitos y el estatuto de los abogados comunitarios que ejerzan en
España, así como determinadas disposiciones que afectan al régimen
aplicable de los abogados españoles que ejerzan en otros países
de la Unión Europea. La trasposición se ha realizado tras la
aprobación del nuevo Estatuto General de la Abogacía, que se realizó
el pasado 22 de junio, pues era un requisito necesario según ya
estableció el propio Consejo de Estado en su dictamen sobre el real
decreto.
Para el ejercicio de los abogados comunitarios en España se establece
una doble vía. En primer lugar, la inscripción en el colegio de
abogados correspondiente al domicilio profesional. A partir de ahí,
los abogados inscritos podrán asesorar en derecho, por cuenta propia
o ajena y de forma individual o en grupo, aplicándose las mismas
reglas que a los abogados con título español. Sin embargo, para
actuaciones jurisdiccionales, deberán actuar concertadamente con un
abogado español colegiado durante los tres primeros años;
transcurrido este tiempo, podrán integrarse plenamente en la abogacía
española. En segundo lugar, se mantiene el procedimiento de
reconocimiento del título profesional. Respecto a los abogados con
título español que se establezcan en otros Estados de la Unión
Europea, el real decreto dispone que la autoridad que certificará la
condición de abogado será el colegio de abogados correspondiente a su
domicilio profesional.
Con todo ello estaremos facilitando el ejercicio profesional entre
todos los países de la Unión Europea.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Acebes.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿EN QUÉ FASE SE ENCUENTRAN LAS OBRAS DEL NUEVO PALACIO DE JUSTICIA DE
SALAMANCA? (Número de expediente 180/000827.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32, que formula el diputado don
José Antonio Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, en los próximos días se cumplirán tres
años desde que el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de
Salamanca firmaran un convenio para la mejora de las infraestructuras
de la Administración de justicia en la ciudad de Salamanca. En
cumplimiento del mismo, como usted bien sabe, el Ayuntamiento ha
cedido un edificio de su propiedad, el antiguo convento de los
Trinitarios Descalzos, para que el Ministerio de Justicia lleve a
cabo la construcción de un nuevo palacio de justicia en Salamanca.
Una infraestructura -y conviene recordarlo- a todas luces necesaria,
que venía siendo demandada desde hace ya
tiempo por instituciones salmantinas, y sobre todo por los
profesionales del mundo del derecho, y que permitirá que los
servicios judiciales de la ciudad de Salamanca, actualmente dispersos
en siete edificios, se agrupen en una sola sede. Ello, sin duda, se
traducirá en una mayor comodidad para los ciudadanos, en un menor
coste para la Administración y, sobre todo, en una mejora de las
condiciones en que se desarrollan las actividades de los
profesionales del derecho; en definitiva, en seguir avanzando en ese
gran objetivo de la modernización de los servicios de la
Administración de justicia que ha sido, por cierto, una de las
constantes de la política de su Ministerio.
Pues bien, cumplidos y superados los preceptivos trámites
administrativos para la realización de esta infraestructura tan
importante para la ciudad de Salamanca, interesa ahora conocer en qué
términos y en qué tiempos se van a ejecutar las obras. Por eso, señor
ministro, le pregunto: ¿En qué fase se encuentran las obras del nuevo
palacio de justicia de Salamanca?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, las obras -importantes, como ha dicho- del nuevo palacio de
justicia de Salamanca están ya comenzadas. En concreto, el pasado día
4 de septiembre se iniciaron y está prevista su conclusión a finales
del año 2003. Se trata de un proyecto muy importante para la ciudad
de Salamanca. Se adjudicó el 13 de julio, por un importe de 1.315
millones de pesetas y con un plazo de ejecución de 26 meses. Este
nuevo palacio de justicia, situado en la plaza de Colón, consta de un
edificio histórico (como ha recordado, los restos del antiguo
convento de los Trinitarios Descalzos del siglo XVII) y, además, de
un edificio de nueva planta. La superficie total construida será de
casi 11.000 metros cuadrados.
En el edificio histórico se van a ubicar las dependencias comunes, el
decanato, la Fiscalía, el Registro Civil y el Juzgado de menores,
mientras que en el nuevo edificio se situarán los 15 juzgados
restantes de Salamanca, incluido el que hemos aprobado recientemente
y que entrará en funcionamiento el 17 de diciembre de 2001. Asimismo,
queda reservado espacio para 5 juzgados más ante posibles futuras
ampliaciones de la planta judicial en Salamanca.
Con el nuevo palacio de justicia se logran varios objetivos. En
primer lugar superar la actual dispersión de los juzgados que existen
en la ciudad de Salamanca, con un proyecto que además contribuye a
conservar nuestro patrimonio histórico-artístico. En segundo lugar
dotarles de lugares adecuados pues van a estar equipados con las
nuevas tecnologías y con los medios y amplitud que una Administración
de justicia moderna
y eficaz debe ofrecer a los ciudadanos y a los profesionales del
derecho y previendo las necesidades futuras. Pero nuestra
perspectivas de futuro no nos impide trabajar para el presente. El
pasado 31 de agosto se recibieron las obras de una nueva sala de
vistas en el actual palacio de justicia, en la calle Gran Vía, tras
una reforma que comenzó el 17 de julio y que ha finalizado antes del
plazo previsto con una inversión que ha superado los 7 millones y
medio de pesetas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE
PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LOS ELEVADÍSIMOS COSTES QUE PARA
LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS REPRESENTA EL COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR.
(Número de expediente 172/000111.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Interpelaciones
urgentes. En primer lugar del Grupo Parlamentario Socialista sobre
las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los
elevadísimos costes que para las familias españolas representa el
comienzo del curso escolar.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora presidenta, señorías, señora
ministra, acaba de comenzar el curso escolar 2001/2002. Están
llamados a las aulas 6.700.000 niños y jóvenes españoles, ciertamente
son casi 100.000 menos que en el curso pasado; sin embargo hay una
novedad muy importante: se incrementa y en proporciones muy elevadas
el número de niños y jóvenes hijos de inmigrantes que se incorporan a
nuestra aulas. Muchas familias afrontan el comienzo del curso
escolar, un curso escolar que también vemos como distinto; tiene una
significación importante ya que la Ley General de Educación de 1970
ha concluido su recorrido, además en este curso escolar también se
completa la implantación de la Logse, probablemente en el mismo curso
escolar será donde se decida su reforma o su modificación. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Pero las familias españolas y los profesores seguramente van a estar
más atentos a otras cuestiones. Las familias se enfrentan a un
importantísimo volumen de gastos para afrontar el comienzo de curso.
Las organizaciones de consumidores no recuerdan los últimos diez años
incrementos tan importantes en el desembolso en gastos escolares de
comienzo de curso. Las organizaciones
de consumidores señalan que las familias españolas tienen que
hacer un gasto entre 50.000 y 200.000 pesetas, dependiendo de si el
centro es público, concertado o privado. En cualquier caso es un
gasto muy importante, un desembolso con diferencias muy notables
y conviene pasar a un desglose de las mismas.
En primer lugar, quiero señalar donde se concentran los incrementos
de precio. Estos incrementos se concentran en los libros de texto, en
el material y en el transporte escolar. Los libros de textos
incrementan sus precios en el 4,5 por ciento, es decir no ha habido
ninguna rebaja en los precios de los libros, no ha caído el precio de
los libros, se mantiene. Este año los centros comerciales, los
distribuidores comerciales de libros de texto pueden aplicar
descuentos; lo están haciendo, y sin duda las familias lo están
aprovechando, pero, ¡ojo!, eso no supone que las familias vayan a
gastar menos. Si tenemos en cuenta el crecimiento de precios de los
materiales escolares, podemos ver que crecen punto y medio -es decir
hasta el 6 por ciento- por encima de la subida del precio de los
libros de texto; por tanto se puede decir tranquilamente que las
subidas de los precios se deslizan hacia el material escolar, donde
no hay descuentos, aunque también el transporte escolar se ha
incrementado el 8 por ciento. Todo esto supone un importante
desembolso. Además, muchas familias se preguntan por qué en la cuenta
de gastos del inicio de curso no sólo hay que incorporar los libros
de texto, los materiales, el transporte y el comedor escolar, sino
también otras cuestiones colaterales que nada tienen que ver con la
educación, con la enseñanza, ni con su mejora, como son los
uniformes, una exigencia ya generalizada no sólo en los centros
privados sino también en los centros concertados, pasando a tener un
carácter de auténtica obligatoriedad. Señora ministra, ¿cree el
Gobierno que esa exigencia es concordante con las previsiones de la
LODE, que demandan que en los centros concertados se garantice la
gratuidad de la enseñanza? Esa pregunta conviene hacerse. Tenemos que
preguntarnos en este momento qué entendemos por centros sostenidos
por fondos públicos. ¿Se está garantizando la gratuidad en los
centros sostenidos con fondos públicos? Sean públicos o concertados,
tenemos que abrir el debate de la gratuidad de la enseñanza. Es un
clamor, porque si miramos hacia los países de nuestro entorno europeo
veremos que dentro del concepto de gratuidad de la enseñanza se
incorpora la gratuidad de los libros y materiales escolares. Ahí está
el problema, señora ministra, estos son los dos asuntos que queremos
colocar sobre la mesa: por un lado que los centros sostenidos con
fondos públicos sean gratuitos y no haya elementos ajenos a la
enseñanza y a la educación, pero exigibles en esos centros, como los
uniformes, las matrículas, las fundaciones, las aportaciones,
etcétera, que de hecho conculcan las previsiones de la LODE, y por
otro lado que los libros de texto se incorporen por fin a lo que
entendemos como gratuidad de la enseñanza.
Cuando comienza el curso escolar, nuestra mirada no sólo se puede
dirigir hacia las familias que preparan el comienzo de curso, sino
también hacia los centros, y sobre todo hacia los profesores.
Queremos detener nuestra mirada sobre estos últimos, especialmente
cuando el Gobierno de España abre un cambio de rumbo educativo. Usted
anuncia reformas y las proyecta sin los profesores. Señora ministra,
cuando se plantean las reformas no se puede olvidar a sus principales
protagonistas: los profesores. En el comienzo de curso conviene
señalar al menos dos cuestiones. Una de ellas es la necesidad de
apoyar la tarea docente, de recuperar el prestigio social de la
misma. Eso se puede hacer de muchas maneras. El Gobierno tiene la
obligación moral de hacerlo, pero también tiene que subrayar su apoyo
a los profesores simbolizándolo en alguna iniciativa.
Queremos aprovechar esta oportunidad para recordarle una exigencia.
Esta Cámara se ha pronunciado a favor de que a los profesores se les
reconozca la jubilación anticipada voluntaria, lo que se conoce como
jubilación Logse. Le pedimos que la ponga ya en marcha y con carácter
indefinido. Nos referimos a que cuando se abre un curso se abren
expectativas para las familias, pero también para los profesores, y
es una deuda contraída por el Gobierno con los profesores que debe
ser aplicada con carácter inmediato. En este comienzo de curso además
de la carestía, además de la ausencia del Gobierno ante las
necesidades expresadas por los profesores, ante las necesidades
expresadas por los padres de familia, nos preocupa que se haya
iniciado con un escándalo, con el escándalo que afecta a los
profesores de religión. No es posible continuar desde el silencio; no
es posible ni un momento más señora ministra. Usted ha iniciado el
comienzo de curso con un gravísimo escándalo y tiene que darle una
respuesta. Señora ministra, no es posible que el Gobierno mire hacia
otro lado. Si el Gobierno estima que el problema no está en el
convenio del año 1999, si cree que el problema no está en el convenio
que el Gobierno del señor Aznar ha suscrito con la Conferencia
Episcopal, ¿por qué sigue vigente? Si usted cree que el problema es
el Concordato resuélvalo, pero no puede decir que esto no tiene
solución. La tiene. La más grave irresponsabilidad es no hacer nada
cuando se están vulnerando derechos constitucionales, cuando se están
vulnerando los principios y los valores constitucionales.
Hoy muchos ciudadanos sentimos que somos testigos de un hecho que
tendrá una influencia muy notable en la historia. Lo que ayer ha
acontecido es algo que no sólo nos ha sobrecogido por lo horrible y
lo que tiene de sufrimiento por las consecuencias políticas,
económicas y sociales. Además están en juego los valores y la
formación y cuanto están en juego valores como la paz y la
solidaridad, muchas miradas se vuelven hacia el mundo educativo.
Cuando las miradas se vuelven hacia el mundo educativo con exigencias
para obtener respuestas, nosotros tenemos la responsabilidad de
transmitir no sólo nuestro compromiso con esos valores, sino que
también tenemos que reforzar nuestro compromiso con aquellas
personas, con los profesores a los cuales les estamos exigiendo que
desde su puesto de trabajo, desde la escuela, estén defendiendo y
formando a las nuevas generaciones en esos valores. Por eso queremos
que en este comienzo de curso se tengan en cuenta estas cuestiones.
Cuando hablamos de los valores hay uno que tenemos que colocar por
delante, y es el de la igualdad. Señora ministra, cuando le
recordábamos que éste va a ser el curso de los grandes debates
educativos porque usted y el Gobierno del que forma parte han
decidido un cambio en el rumbo educativo, le recordamos que las
desigualdades generan a veces conflictos gravísimos y que las
desigualdades en la escuela son la raíz de las desigualdades
sociales. Por eso le pedimos una reflexión en este comienzo de curso
sobre esos cambios educativos que proyecta su Gobierno, para que no
vayan en la dirección de la desigualdad y sirvan para una mayor
integración social.
Vamos a ser, señora ministra, muy modestos en nuestras peticiones
porque cuando hablamos de apostar por la igualdad buscamos una mayor
cohesión social. Por eso pedimos que ponga en marcha un plan de
medidas que incluya al menos tres. Una de ellas se refiere a la
política de becas. Este año habrá menos dinero para las becas y habrá
menos becarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora Valcarce, le
ruego que vaya concluyendo, porque ya se ha excedido en el tiempo
establecido para las interpelaciones.
Le ruego concluya.
La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, muchas gracias, señora vicepresidenta.
Usted sabe que el que el presupuesto para becas del año 2001 sólo ha
crecido el 2,4 por ciento. Es necesaria una política de becas en
favor de la igualdad, porque el presupuesto de becas en términos
reales ha descendido y además es un presupuesto de becas inferior al
del año 2000. Le pedimos que ponga en marcha un programa nacional
para la integración escolar y social de los inmigrantes y un programa
nacional de garantía social para que los desfavorecidos, que también
los hay en nuestro país y muchos, puedan tener la formación que les
capacite para su incorporación al empleo y poder ejercer sus derechos
en plenitud.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, cuando recibí el contenido de la
interpelación
decía: Interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas
que tiene previsto adoptar el Gobierno ante los elevadísimos costes
que para las familias españolas representa el comienzo del curso
escolar.
Evidentemente, usted puede incluir en su intervención con pie en esa
pregunta todo aquello que considere oportuno, pero no me negará que
ha empezado hablando de los uniformes, ha pasado a hablar de la
jubilación Logse, ha continuado hablando con los profesores de
religión, nos ha hablado del impacto que tienen estos temas
educativos y en la política que pueda hacer el Gobierno los tremendos
sucesos del día de ayer en la ciudad de Nueva York. Usted puede
hacerlo como le parezca oportuno, pero no me negará que es un poco
desconcertante el título como reza la razón de la interpelación
urgente y los contenidos que usted ha introducido.
Lógicamente me voy a atener a contestar al contenido de la
interpelación tal y como está formulada, pero como va a haber ocasión
en una interpelación posterior de hablar de uno de los asuntos que
usted ha planteado, eso me permitirá contestar en un marco razonable
de tema preguntado y tema respondido y no ante esta globalización de
la interpelación que me veo incapaz de asumir en mi propia respuesta.
Por tanto, me voy a atener al objeto de su interpelación en su caso,
y en el de la siguiente que viene a continuación.
Usted, como en un ritual de la oposición al inicio de un comienzo de
curso, comenzaba planteando los elevadísimos costes que tiene la
vuelta al colegio, pero creo que más allá de que esto haya que
entenderlo como algo necesario y casi obligado desde la oposición, al
menos las referencias de datos que se manejan deben responder como
mínimo a lo publicado; luego puede haber otras que se tengan por
otras fuentes, pero por lo menos las publicadas que realmente se
correspondan en su exactitud a las que se hace referencia.
En ese informe de la Asociación de Consumidores que se ha publicado
recientemente y es al que usted se ha referido, la media de gasto en
los colegios públicos, con la excepción de comedor y transporte, es
de 37.000 pesetas por alumno, la media de gasto de los colegios
privados en esos conceptos es de 135.000 y si se le suman otros como
comedor y transporte llegan a 167.000.
La enseñanza privada, como usted bien sabe, acoge una cuota de
alumnos porcentualmente muy reducida en España que prácticamente no
llega al 10 por ciento, además es algo voluntario, y por tanto
voluntariamente uno se puede gastar lo que le parezca oportuno, menos
o más. En los colegios concertados la única variante realmente
importante entre el colegio público y el colegio concertado es el
uniforme. En concepto de uniforme no se incluye nada en estos datos
en el colegio público y en el colegio concertado en concepto de
uniforme se recoge una cuantía de 69.000 pesetas. Visto en abstracto
69.000 pesetas de gasto de vestido para uncurso escolar, habría que
preguntar a los padres si prefieren
que sus hijos vayan con uniforme, en relación al gasto y al
desembolso que supone o que vayan sin uniforme, y si les sale más
barato en términos de vestido el que vayan sin uniforme o que lo
hagan con uniforme. No sé si usted ha tenido que gastar en uniformes
versus no uniformes, pero siempre sale más caro que los niños vayan
sin uniforme que lo contrario. En todo caso, es la variante más
sustantiva que hay entre el colegio público y el concertado y luego
hay una variante superior en comedor o en transporte escolar. Esto es
importante decirlo porque no sé si lo que está pidiendo es que los
uniformes también sean gratuitos, es decir que se financien los
uniformes para que su coste no tenga ese impacto en el total de lo
que se gastan en los colegios concertados, versus los colegios
públicos, pero no entiendo con estos datos a dónde podemos llegar.
En lo que se refiere a los libros de texto, otro de los elementos que
usted ha puesto en juego, el informe que le digo habla, y se lo voy a
leer textualmente: Tras la polémica generada en años anteriores por
los temas de descuentos del precio de los libros de texto en las
librerías, que tenía limitada esta posibilidad al 12 por ciento para
el curso 2001/2002, al igual que en el curso anterior, la aplicación
del Real Decreto -y cuenta el contenido que liberaliza ese descuento-
ha supuesto descuentos en grandes superficies de hasta el 25 por
ciento y consideramos que las 27.956 pesetas que de media supone el
gasto de libros de texto y cuadernos puede llegarse a un ahorro de
6.739 pesetas, lo que supone una cantidad muy importante. A
continuación, en el siguiente cuadro aparecen alguno de los
establecimientos y el descuento que realizan que evidentemente no voy
a leer. De manera que parece, porque está en la lógica de la propia
medida, que si se posibilita un descuento mayor eso tenga repercusión
positiva finalmente en el coste del libro.
Desde un punto de vista más global acerca de la propia acción del
Gobierno, del Ministerio de Educación y su impacto en el coste para
aquellos que tienen menos recursos económicos, me voy a referir a
todos los conceptos de gastos, con excepción de los uniformes, que
conlleva para las familias el comienzo del curso escolar y para los
que existe una respuesta por parte de las distintas administraciones
educativas.
En primer lugar y por lo que se refiere en general al puesto escolar,
gasto de matrícula y mensualidades, como sabe muy bien desde hace ya
bastantes años la oferta de las distintas administraciones educativas
de plazas sostenidas con fondos públicos en todos los niveles de la
enseñanza es no sólo suficiente sino muy amplia y permite a cualquier
familia que lo desee escolarizar a sus hijos en centros que gocen de
financiación pública.
Por lo que se refiere al comedor y al transporte, las comunidades
autónomas a lo largo del proceso de asunción de competencias que
venía ejerciendo el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han
recogido la
prestación de los servicios gratuitos de transporte y comedor escolar
en los niveles obligatorios de los centros públicos, así pueden
acceder al uso gratuito de estos servicios tanto los alumnos que no
disponen de centro docente en su propio municipio como aquellos que
pertenecen a familias con mayores dificultades socioeconómicas.
Por otra parte, en los niveles no obligatorios es el sistema de becas
el que viene a paliar los gastos que por razón de desplazamiento a
los centros docentes tienen que afrontar los estudiantes y sus
familias. En este sentido, las convocatorias de becas que anualmente
hace públicas el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecen
ayudas concretas de desplazamiento y residencia fuera del domicilio
familiar.
La convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general para
el curso académico 2001/2002 prevé las siguientes ayudas de
transporte interurbano que afectan también a los alumnos de
bachillerato, según las distancias, que no las voy a detallar para
hacer menos premiosa la intervención: de 5 a 10 kilómetros 23.000
pesetas, de 10 a 30 kilómetros 46.000, y así hasta más de 50
kilómetros con 112.000 pesetas.
Por lo que se refiere a los libros de texto y material didáctico en
niveles obligatorios, desde el curso académico 1997/1998 se han
venido convocando por parte del Ministerio unas ayudas para la
adquisición de libros y material didáctico que benefician a unidades
familiares con bajos niveles de renta. Quisiera destacar que estas
ayudas no existía anteriormente.
Por otra parte, y en consonancia con el acuerdo de la Comisión de
Educación y Cultura del Congreso de los Diputados, adoptado en su
sesión del 25 de noviembre de 1999, en relación al tema de la
gratuidad de los libros de texto, un objetivo al que debe tenderse de
forma gradual, creemos que por las ayudas que da el Ministerio este
objetivo de gratuidad efectiva en los niveles de renta más bajos se
está produciendo, pero es que además a través de la Conferencia
Sectorial, en un acuerdo de inicios del mes de julio, se ha creado
una comisión específica para ver qué tipo de ayudas se pueden
desarrollar en este sentido en el conjunto de las comunidades
autónomas.
Por otra parte quiero referirme a la evolución del número de ayudas
convocadas para becas y las cuantías de las mismas. El número de
ayudas que se han convocado, como saben, en el curso 1997/1998 fue de
200.000 -y esto ya lo he dicho yo varias veces creo que en esta
Cámara y en sesiones de Comisión-; en el curso 1998/1999 de 300.000;
en el curso 1999/2000 de 325.000; y en el curso 2000/2001 de 625.000.
Para el curso 2001/2002 se han convocado 650.000 ayudas, con una
cuantía de 12.500 pesetas, lo que supone un incremento superior al 4
por ciento en relación con la cantidad que se concedía en el curso
2000/2001. Este incremento es superior al aumento del precio previsto
para los libros de texto que en fecha de elaboración de la
convocatoria
de subvenciones era del 3,4 por ciento de media, no para
primaria, que usted ha mencionado los de primaria, según la
Asociación Nacional de Editores del Libro de Texto y Material de
Enseñanza. Estas ayudas, como sabe, se conceden a unidades familiares
que se considera pueden verse más perjudicadas por el desembolso
relacionado con la adquisición del material didáctico.
En los niveles no obligatorios las convocatorias de becas también
recogen ayudas específicas para atender estos gastos. Para este curso
2001/2002 el número de ayudas a libros y el importe global previsto
es el siguiente: en el caso de bachillerato y FP 160.000 ayudas -la
cuantía de la ayuda es de 19.000 pesetas-, con un importe total de
3.040 millones de pesetas; en el caso de la universidad es de 195.000
ayudas, con un importe total de 5.655 millones de pesetas y una
cuantía por ayuda de 29.000; en total estamos en un número de ayudas
que suponen un importe total de 16.820 millones de pesetas.
Señoría, quiero acabar aquí. Creo que las ayudas siempre pueden
parecer pocas, el dinero en abstracto siempre puede ser más, pero yo
creo que estamos en unos niveles razonables de asistencia a aquellas
familias que tienen verdaderos problemas, que estamos en unos niveles
razonables de costes determinados o derivados de los gastos escolares
que tienen que asumir las familias, habida cuenta del carácter
público, por tanto de la financiación de la enseñanza hasta los 16
años. Siempre se pueden hacer esfuerzos mayores. El Ministerio y el
Gobierno están haciendo esos esfuerzos, pero creo que estamos
situados en unos niveles razonables de prestaciones y de ayudas, que
hemos ido a mejor y que el dramatismo al plantear estos temas, salvo
su justificación, comprensible porque se plantea desde la oposición,
no debería ser muy elevado. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora ministra. En el turno de réplica, tiene la palabra la señora
Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora ministra, es una verdadera
desgracia que usted no sea sensible a los problemas de los
ciudadanos. Es una auténtica desgracia que sea un clamor general la
carestía del comienzo de curso para las familias españolas y usted
prefiera, junto con el Gobierno, permanecer impasible. Cuando
hablamos de una situación de precios elevados no afectan por igual a
todos. En eso tiene usted razón. Hay familias que pueden afrontar
esos gastos sin problema, familias que eligen la enseñanza privada.
Pero yo le he planteado un problema y es el que se refiere a las
familias que han elegido la enseñanza concertada y que lo han hecho
en el convencimiento de que son centros sostenidos con fondos
públicos y, por tanto, donde se garantiza la gratuidad, y, desde
luego, eso no está garantizado, porque usted no ha respondido a si
cree que se está conculcando la LODE o, por el contrario, si
medidas como la exigencia obligatoria de uniformes, que es un gasto
añadido, la exigencia de desembolsos por matrícula, reserva de plaza,
donaciones a fundaciones, etcétera, si todo eso es concordante con la
LODE o no. Por eso yo le digo que eso no está garantizando la
gratuidad de la enseñanza en los centros sostenidos con fondos
públicos.
El Partido Socialista no le va a pedir la gratuidad de los uniformes
¡sólo faltaba eso!, pero sí le recuerdo que el señor Villapalos
estudia la gratuidad de los uniformes para determinados alumnos en
determinados centros. Por el contrario, en comunidades con gobierno
socialista lo que se hace es implantar la gratuidad de los libros de
texto. Porque, señora ministra, lo que también le ha recabado hoy mi
grupo parlamentario es la opinión del Gobierno para saber si entiende
que la gratuidad de los libros y los materiales escolares conforman
la gratuidad de la educación, y usted ha preferido no responder a esa
cuestión, que es de profundo calado y que tienen resuelta muchos
países, pero no el nuestro, y ya va siendo hora de resolverla.
En cualquier caso, la política de igualdad de oportunidades se hace
también a través de las becas, pero no se está haciendo bien, y usted
lo sabe, por dos razones: porque el presupuesto no crece -en términos
reales desciende-, porque usted sabe que las becas de libros de texto
son de 12.500 pesetas, y los libros, elija usted el nivel escolar que
quiera, cuestan como mínimo el doble. Por tanto, no cubren el gasto.
Muy pocas familias, se lo recuerdo, señora ministra, pueden acceder a
las becas, porque no se elevan los umbrales para que más familias
reúnan los requisitos económicos para poder acceder a las becas. Por
eso nos encontramos con que usted presupuesta pero no gasta. Podemos
ir a la ejecución del presupuesto y verá que nunca supera en el
capítulo de becas el 93 por ciento de la ejecución. En ninguno de sus
capítulos. Esta es la cuestión. Estamos ante un problema que ha
sensibilizado a la opinión pública, que son los costes de la
educación, no sólo un derecho, sino un servicio básico. El Gobierno
no sólo no lo atiende sino que hoy se ha mostrado insensible. Le
hemos preguntado por las medidas. Usted nos ha dicho que ninguna. Es
una desgracia.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Valcarce.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Gracias, señora presidenta.
Yo soy de la opinión (pero cada uno puede tener la suya y definir sus
actitudes en el ejercicio de sus responsabilidades como le parezca
más oportuno) de que el empleo de una serie de palabras y de frases
rotundas pero con escasísimo fundamento, si no a veces ninguno,
realmente no ayudan a que podamos colaborar
muchas veces en la solución de problemas reales, porque da igual lo
que se diga; si acabo de decir que cuando se presenta la tabla y el
informe a los que usted ha hecho referencia en relación al gasto en
los colegios públicos y concertados los uniformes determinan una
variación fundamental entre lo que se gasta en un colegio público y
en un colegio concertado, ése será un aspecto que habrá que
considerar. Me imagino que el colegio público no pone el concepto
uniforme pero tendrá que poner el concepto de gastos que esa familia
hace en vestir a sus hijos para ir al colegio, que a lo mejor es
similar o superior al que se hace en el colegio concertado con el
uniforme. A mí me parecería una cosa un tanto pintoresca el que ahora
pudiéramos plantear una polémica sobre gratuidad de uniforme versus
gratuidad de libros de texto, como usted ha planteado, diciendo que
el consejero Villapalos va a hacer la gratuidad de uniformes en
ciertos colegios y que en cambio ustedes lo que hacen es la gratuidad
de los libros de texto. Realmente debemos hacer un esfuerzo por
plantear las cosas de otra manera.
Yo le he dado los datos que están publicados sobre las becas que da
el Ministerio de Educación en sus distintos conceptos, su desarrollo,
su incremento, las ayudas para libros de texto, las ayudas para
transporte escolar, etcétera, y creo que evidentemente hay cosas que
se pueden mejorar, sobre todo para aquellas familias que realmente lo
necesitan, o bien por la renta familiar, o bien por la combinación de
la renta familiar y el número de hijos, etcétera. Pero creo que hay
una situación no alarmista. No comparto con usted la existencia de
ese clamor popular, frase tan querida por algunos. No comparto la
existencia de ningún clamor popular en esa situación. Comparto la
preocupación razonable, lógicamente, de muchos padres por los gastos
que tienen que afrontar y sobre los que se hacen una serie de
acciones de gobierno y se desarrollan una serie de ayudas que hemos
ido incrementando, no lo olvide; hemos ido mejorando e introduciendo
algunas ayudas que no había en etapas anteriores. Creo que estamos en
una situación mejorable pero desde luego muy razonable.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora ministra de Educación y Cultura.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA SOBRE
ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A MODIFICAR LA LEGISLACIÓN QUE RIGE
LAS RELACIONES ENTRE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS PÚBLICAS ESPAÑOLAS Y
LA IGLESIA CATÓLICA. (Número de expediente 172/000113.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Interpelación del
Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sobre actuaciones del Gobierno en orden a
modificar la legislación que rige las relaciones entre las
autoridades educativas públicas españolas y la Iglesia católica.
Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señora ministra, señorías,
hace unos meses, cuando la problemática de esta especie de epidemia
de la no ratificación, expulsión o no contratación de profesoras y
profesores de religión empezaba a tomar cuerpo, este diputado se
dirigió al Gobierno por medio de pregunta escrita y le planteó lo
siguiente: en el caso de que esto se produzca más veces, ¿estarían
ustedes dispuestos a estudiar e iniciar un proceso de revisión de los
acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede?
La respuesta es digna de ser incluida en el Guiness. Decía: La
cuestión indicada por el señor diputado no se basa en una premisa
objetiva y verificable, sino que es una hipótesis no corroborada por
la realidad (en el caso de que sigan produciéndose supuestos como el
descrito) -lo ponían entre paréntesis como diciendo despectivamente
que no se iban a seguir produciendo casos como el descrito-. La
respuesta concluía: las circunstancias objetivas no autorizan ni
inducen a presumir que vayan a seguir produciéndose tales supuestos.
Como verá, se trata de una de esas respuestas que a uno le gustaría
no haber escrito ni firmado nunca.
Pues bien, por lo visto, no eran solamente impresiones subjetivas de
este diputado. Luego llegaron una serie de despidos, y otra nueva
serie de ellos se van a ir conociendo: en Toledo, una monja, para
colocar en su lugar a alguien que le gusta más a la diócesis, y otras
personas que, por vergüenza, miedo o una determinada manera de
entender las relaciones con los medios de comunicación, no lo hacen
público.
Convendrá conmigo y con este grupo, señora ministra, en que, a partir
de esta respuesta, se produjo una cadena de expulsiones o de no
contrataciones -me es indiferente el término jurídico-laboral que
usted quiera utilizar o el más preciso-. Nos encontramos con personas
a las que se les dice que no se les contrata porque viven o están
casadas con personas separadas, por estar amancebadas -en términos
muy queridos por la Iglesia católica- o, en el colmo del disparate,
porque no va a misa los domingos lo suficiente y toma copas con los
amigos.
No voy a entrar en valoraciones sobre el daño personal o la
intromisión en la vida privada de esas personas, que entrarían
indiscutiblemente en el terreno de un derecho civil privado de tales
personas y tendrían que ver con las autoridades, la jerarquía
eclesiástica o las personas que se hayan entrometido haciendo un daño
moral por el que los distintos sujetos pedirán las responsabilidades
correspondientes. Bien es cierto que podría entrar, porque muchas de
estas chulerías se producen
porque alguien tiene en la mano la llave de la contratación, y
el comer en este país o en cualquier otro es una cosa muy importante;
alguien se puede permitir tal chulería porque tiene la seguridad de
determinado dinero.
Cuando se han producido después de esta contestación suya una serie
de despidos, que ya digo que van a seguir, cuando se han producido
denuncias gravísimas y documentadas por parte del Feper, alguien
debería reflexionar, señora ministra, y no sólo eso, sino que debería
también tomar decisiones inmediatamente.
Vamos a echar la vista atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En virtud de
qué estamos trabajando aquí? En el año 1979 se produjeron unos
acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español y, curiosamente, un
grupo que me es muy querido, embrión o parte fundamental de Izquierda
Unida -el Partido Comunista-, votó en contra de la ratificación de
aquellos acuerdos. Fue una intervención magnífica del entonces
diputado del Partido Comunista Solé Tura, que hago mía de principio a
fin. Otros grupos, el partido Unión de Centro Democrático -embrión en
gran parte de ustedes- y el Partido Socialista votaron a favor. No es
cuestión de insistir.
No estoy de acuerdo en que ese famoso acuerdo - perdón por la
redundancia- de 1979 sea el origen de todos los males. Es verdad que
nosotros votamos en contra; estábamos esperando la Ley de libertades
religiosas, entendíamos que las relaciones entre la Iglesia y el
Estado no tenían que tener la forma de un convenio internacional...;
en fin, por razones de peso externo e incluso interno del propio
acuerdo, pero la enseñanza no era lo peor de aquel acuerdo.
Sin embargo, luego hemos visto cómo la jerarquía eclesiástica -no la
Iglesia, que es una cosa totalmente distinta-, o gran parte de ella,
ha hecho un uso torticero de aquella legislación en cuanto a la
enseñanza, que no era lo peor de aquel acuerdo; ha hecho un uso que
ha ido dañando considerablemente el prestigio de esa parte de la
enseñanza y que está produciendo en este momento en la sociedad
cuando menos cierto escándalo público ante esta situación. ¿Por qué
se produce esto? Miren ustedes, cuando en un régimen constitucional
como el nuestro, que lo estábamos iniciando en 1978-1979, se llega a
acuerdos con organizaciones que no son democráticas, como la Iglesia...
No es nada democrática, nada, porque todavía no conozco las
elecciones en la Iglesia; y ya que usted sonríe le recordaré a
alguien tan poco sospechoso como el jesuita José María Castillo, que
en la última reunión de teólogos decía que los problemas no provienen
de que la fe esté mal planteada, sino de que el ejercicio del poder
eclesiástico se ha organizado y funciona en contradicción con el
evangelio. Más adelante dice: la Iglesia entera está organizada como
una monarquía absoluta. Pues bien, cuando una institución está
organizada como una monarquía absoluta, que no ha hecho la transición
democrática -yo todavía no la he visto como a
otras organizaciones o instituciones pedir perdón por algunos apoyos
a la santa cruzada de 1936-1939 y posterior- e, independientemente de
eso, cuando esta organización -que es verdad que tuvo algún que otro
Tarancón, pero tuvo muchos más Guerra Campos que tarancones- se
encuentra en un marco muy idílico como es una Constitución,
sencillamente este grupo actúa utilizando la Constitución en
beneficio propio y no en beneficio general. Es por eso por lo que,
con una norma que aparentemente estaba medianamente bien, se ha hecho
una utilización torticera por parte de la Iglesia católica.
Nos encontramos, señorías, con que en lugar de haber hecho una
vigilancia por parte de los sucesivos gobiernos y administraciones,
vigilancia exquisita, sin duda, haber hecho un control del desarrollo
de aquella legislación, de aquel acuerdo de 1979, los sucesivos
desarrollos reglamentarios, salvo el de Mayor Zaragoza de 1982,
señora ministra, han ido hacia atrás, han sido entreguismo, han sido
dejaciones y han sido irresponsabilidades.
A mí me gustaría, señora ministra, que usted respondiera por qué del
artículo 3º del acuerdo de 1979, que dice que la Administración
elegiría a los profesores entre las varias propuestas que le hiciera
la Iglesia católica, se ha pasado a: esta es mi propuesta, este el
horario y este el colegio. Díganme ustedes qué ciclo se ha pasado,
por qué se ha permitido eso, por qué de las órdenes primeras que
desarrollaban el artículo de 1979, de la orden ministerial de 1982 de
Mayor Zaragoza que decía: la recolocación será automática, salvo que
hubiera una justificación de despido, por qué ha desaparecido eso de
pronto. Señora ministra, ¿me quiere usted decir por qué en el
contrato que le hace la Administración -una Administración laica- a
los profesores de religión pone una cláusula séptima que dice: no
obstante lo previsto en la cláusula anterior el contrato se
extinguirá a propuesta de la confesión religiosa cuando, según
criterio de la misma, el trabajador haya dejado de reunir los
requisitos de idoneidad que motivaron su contratación? ¿Quién ha
autorizado a la Administración, al funcionario o alto técnico a
redactar el contrato de esa manera? ¿En qué ley, orden, acuerdo o
convenio se sustenta, señoría? Me he leído hasta la saciedad todos
los convenios. Se habla de competente, no de idoneidad. Es verdad que
hay un título de idoneidad, pero un título con mayúsculas, como un
título de FP 2. Se habla de competencia, y la diferencia entre
competencia e idoneidad está en que una persona es competente cuando
tiene la titulación o los elementos jurídicos para poder actuar, y la
idoneidad es ya un elemento subjetivo del elemento contratante; es
decir, se le da a no se sabe quién, al margen de la Constitución y de
la ley, la posibilidad de que utilice los argumentos que le dé la
gana para decir si una persona es o no idónea. Señora ministra,
¿quién ha tenido autorización para introducir ese párrafo en el
contrato? ¿Qué es esto, un
cortijo en el que cada uno pone lo que le da la gana en un momento
determinado, señora ministra?
A partir de ese momento ¿qué debemos hacer? Señora ministra, en
primer lugar, creo que ya que todo el mundo ha planteado que el mal
está en aquel famoso acuerdo de 1979, habrá que poner los mecanismos
en marcha para modificar, aunque sea solamente para quitar las dudas,
aunque sea también para quitar de aquel acuerdo de 1979 el que el
Gobierno se compromete a que los medios de comunicación no ataquen,
por ejemplo, a la Iglesia católica -que viene en el acuerdo de 1979-,
o aquello de que además de la enseñanza religiosa, en el resto de la
enseñanza, en historia, etcétera, etcétera, el Gobierno obligará o
vigilará que se haga dentro de la ética cristiana. Como usted
comprenderá, señora ministra, es algo totalmente desfasado también.
Pero aparte de eso, habrá que entrar en la modificación, porque se
está convirtiendo en un origen de dudas; y habrá que modificar
también -tiene usted seis meses para iniciar la denuncia- el convenio
del año 1999 que sin duda está hecho sin respetar los acuerdos, es
mucho más restrictivo hacia el hecho público y mucho más complaciente
hacia la jerarquía eclesiástica que el acuerdo de 1979, no sé por qué
se ha hecho, en qué marco, y desde luego es claramente
anticonstitucional. Por tanto, habrá que ir revisando sin duda todo
eso.
Mientras tanto, señorías, ¿qué? Los olivos se cavan de uno en uno
-soy de una parte de Andalucía donde se suele decir eso-; no vamos a
plantear, como no podía ser menos, señora ministra, el programa
máximo de Izquierda Unida, porque no estamos jugando en ese sentido,
sino que queremos que se resuelvan los problemas, y para que se
resuelvan los problemas, señora ministra, creo que sería muy
conveniente que usted como Gobierno, como Ejecutivo democrático,
constitucional, pusiera a esa parte de la jerarquía eclesiástica que
no acata la Constitución en su sitio, ponerla en su sitio, pero
sencillamente. No se lo estoy diciendo, señora ministra, desde un
despotismo más o menos ilustrado de decir: ahora se van a enterar,
no; no le voy a decir que haya que ponerlos en ningún sitio especial
ni voy a decir la baladronada aquella de un gran político, sin duda,
aquello de que España ha dejado de ser católica, esas tonterías las
dejamos; sencillamente su sitio es el mismo sitio en que está usted,
en el que están SS.SS., en el que están los millones de españoles, en
el sitio de la Constitución, en ese sitio es en el que le pido que
ponga a la jerarquía. Porque miren ustedes, en su partido, en su
Gobierno, hay divorciados y divorciadas; en su partido hay personas
que son, más o menos reconocidos, gays y lesbianas, en su partido y
en el resto de los partidos, y eso además les honra y nos honra a
todos, porque somos sociedad y porque sencillamente eso es lo que nos
da...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Rejón, le ruego
concluya.
El señor REJÓN GIEB: Voy terminando, señora presidenta.
Pues bien, lo que nosotros, que somos representantes del pueblo,
asumimos como hecho normal y constitucional no puede ser convertido
en un hecho discriminatorio por alguien que está utilizando
legislación pública y está utilizando fondos públicos. Por tanto,
señora ministra, póngala, como le decía, en su sitio, que es
justamente el de la Constitución. ¿De qué manera? Señora ministra,
usted tiene capacidad para contratar a las personas que han sido no
contratadas o despedidas, digamos, tiene usted capacidad,
contrátelas, señora ministra, inicie el procedimiento de modificación
de los marcos que tienen un plazo más largo, acuerdo y convenio de
1999, y ponga en vigencia mientras -está vigente, pero déjelo claro-
la orden de Mayor Zaragoza.
Termino. Ha habido, aparte de todo esto, denuncias muy serias y muy
graves por parte de la Federación Española de Enseñantes de Religión,
se habla del impuesto revolucionario, habría que hablar del impuesto
revolucionario...
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Rejón, por
favor, le ruego concluya ya.
El señor REJÓN GIEB: Le pido a la señora ministra que abra una
investigación sobre ese tema. Usted lo tiene en la mano, ha habido
unas denuncias muy serias, muy fuertes, muy documentadas, si no tiene
la documentación yo se la hago llegar o se la hacen llegar ellos.
Recíbalos, por cierto, porque le han pedido varias citas. Y si en un
tiempo razonable no se produce investigación nosotros, sin duda, como
fuerza política se la pediremos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señora ministra de Educación y Cultura.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, ha dado usted una interpretación,
tanto jurídica como de otra naturaleza, de los hechos que se han
planteado con la no propuesta de la renovación del contrato para las
tres profesoras que ya es conocido que no comparto en algunos
aspectos muy sustantivos. Desde el punto de vista jurídico -que creo
que es un tema que es obligado tratar-, hay algunas diferencias
fundamentales entre cómo lo ve usted y cómo lo veo yo, y me voy a
referir primero a ellas para hablar luego otros aspectos.
En primer lugar, señoría, el marco jurídico esencial del derecho a la
libertad religiosa está integrado por el artículo 16 de la
Constitución, que lo define y lo regula de forma general, y por el
artículo 27.3, que lo vincula al derecho a la educación. En nuestro
derecho positivo
vigente, señoría, el desarrollo del derecho a la libertad religiosa
se lleva a cabo, como bien sabe, por la Ley orgánica 7/1980, de 5 de
julio. El artículo 2.1 de la ley desgrana el contenido del derecho
que se extiende, según reza ese artículo en su letra c), a recibir e
impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea
oralmente, por escrito o por cualquier otro procedimiento; elegir
para sí y para los menores no emancipados e incapacitados bajo su
dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Por tanto, este derecho queda configurado como un derecho de los
ciudadanos, no de las confesiones religiosas, a elegir la educación
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Pero el derecho de libertad religiosa, que había nacido para impedir
la entrada de los poderes públicos en el ámbito de intimidad de las
personas, se convierte, por virtud de la evolución histórica de los
derechos fundamentales y la consideración del Estado como garante de
éstos, en lo que se denomina un derecho-protección. Esta
característica prestacional se refleja claramente en el tenor del
artículo 2.3 de la Ley orgánica de libertad religiosa que
textualmente dice: Para la aplicación real y efectiva de estos
derechos los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para
facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos,
militares, hospitalarios, asistenciales, así como la formación
religiosa en centros públicos. Corresponde así a los poderes públicos
una obligación positiva de contribuir a la efectividad del derecho de
libertad religiosa. Ello no entra e contradicción con el carácter
aconfesional del Estado que proclama la propia Constitución en su
artículo 16.3; aconfesionalidad, señoría, que no es sinónimo de
laicidad, sino que hace referencia a la neutralidad del Estado ante
el hecho religioso. Esa neutralidad que se refiere al reconocimiento
de la incompetencia del Estado para entrar a valorar el contenido de
las religiones o a inclinarse por una de ellas en perjuicio de las
otra, no implica, sin embargo, una posición pasiva del Estado frente
al fenómeno religioso. De ahí que el artículo 16.3 de la
Constitución, que ya he citado, tras establecer la aconfesionalidad
del Estado declare que los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás
confesiones.
La posición del Estado en relación con el derecho de libertad
religiosa queda así perfectamente fijada con arreglo a los siguientes
principios: neutralidad religiosa, que es tanto como decir
aconfesionalidad, y apoyo efectivo al ejercicio ciudadano de su
derecho a recibir la asistencia y la enseñanza religiosa de su
elección. En aplicación de esos principios se ha llevado una política
religiosa a lo largo de todo nuestro sistema democrático desde el año
1979 hasta la actualidad que permite a los ciudadanos recibir
voluntariamente la enseñanza
religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones y que
obliga a los poderes públicos a sostener con cargo a sus fondos el
coste de dicha enseñanza.
El hito fundamental en el panorama normativo sobre esta materia -y en
referencia a la religión católica, a la confesión católica- es el que
quedó plasmado, como yo he señalado y a lo que usted se ha referido,
en el acuerdo de 3 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede
sobre enseñanza y asuntos culturales. Este acuerdo, dada la
personalidad jurídica internacional de la Santa Sede tiene carácter
de tratado internacional.
En este acuerdo y en las disposiciones que lo desarrollan en lo que
se refiere a la enseñanza religiosa se determina que es la Iglesia
quien fija los contenidos de los libros de texto de las respectivas
enseñanzas y designa los profesores competentes para impartirlas. Por
su parte, el Estado garantiza el derecho a recibir esas enseñanzas y
hace frente al coste del profesorado que las imparte.
La legislación el Estado, la puramente estatal, también refleja el
respeto a dichos principios y a la importancia de la colaboración
entre el Estado y las confesiones religiosas. De esta manera, la Ley
de ordenación general del sistema educativo, Logse, promulgada en
1990 bajo el Gobierno socialista, establece literalmente en su
disposición adicional segunda: La enseñanza de la religión se
ajustará a lo establecido en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos
culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español, y, en su
caso, a lo dispuesto en aquellos otros que pudieran suscribirse con
otras confesiones religiosas. A tal fin y de conformidad con lo que
dispongan dichos acuerdos, se incluirá la religión como área o
materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta
obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los
alumnos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Logse y con el fin de
garantizar la plena financiación de la enseñanza católica, el
Gobierno socialista suscribió, el 20 de mayo de 1993, un acuerdo con
la Conferencia Episcopal española. Dicho acuerdo equiparaba al
profesorado religioso con los profesores interinos a efectos
retributivos, y establecía un período de cinco años para alcanzar la
plena equiparación retributiva. El modo de hacer efectiva la
financiación del Estado era a través de una transferencia mensual a
la Conferencia Episcopal de las cantidades globales correspondientes
al coste íntegro de la actividad prestada por las personas propuestas
por el ordinario, obispo del lugar, y designadas por la autoridad
académica para la enseñanza de la religión católica. En cuanto al
régimen de la Seguridad Social se preveía que los profesores de
religión quedasen incluidos en el régimen especial de trabajadores
autónomos. Pero ocurrió una cosa, que se incumplió el convenio, y eso
generó una serie de recursos, una multiplicidad de litigios
judiciales promovidos por los profesores de religión que no veían
satisfechas sus expectativas económicas, las que se había acordado
que
hubiera en el convenio, con un plazo de desarrollo de esa
equiparación retributiva.
Así las cosas, por el Gobierno del Partido Popular se decidió hacer
frente a la situación y asumir formalmente los pronunciamientos del
Tribunal Supremo, en el sentido del reconocimiento y la obligación de
la equiparación retributiva. En cuanto a la equiparación retributiva
se fijaba un nuevo calendario para alcanzarla, que empezaba en 1999 y
terminaba en el año 2002 y, dicho sea de paso, conviene matizar que
este calendario se está cumpliendo escrupulosamente y que además,
y también escrupulosamente, el Estado se hace cargo de la Seguridad
Social de estos profesores, como no podía ser de otra manera,
asumiendo estas responsabilidades.
En desarrollo de la nueva disposición, el 26 de febrero de 1999 se
celebró un nuevo convenio entre el Estado y la Conferencia Episcopal,
a fin de precisar el régimen económico y laboral de los profesores de
religión. El objeto de este convenio se limitaba a fijar, de manera
detallada, el nuevo procedimiento de contratación de los profesores
de religión, demanda efectuada por muchos profesores de religión -por
lo menos por algunos, no sabría cuantificarlos-, cuando menos por
aquellos que acudieron a los tribunales pidiendo una equiparación
retributiva con el resto de los profesores.
Como digo, se fijó el nuevo procedimiento de contratación de los
profesores sin que se introdujera novedad alguna en cuando a la
facultad de las confesiones religiosas, en este caso obviamente de la
Iglesia católica, de determinar los contenidos de libros de texto y
profesorado competente para la enseñanza de religión. Se mantenía así
el hilo conductor iniciado en los acuerdos de 1979 y seguidos por la
Logse en esta materia.
Esta es la situación actual. Efectivamente, el Gobierno suscribe los
contratos y retribuye a los profesores, y con esta fórmula garantiza
la equiparación retributiva con los profesores, así como la cobertura
en materia de Seguridad Social, que no estaba cubierta antes en toda
su extensión. Mire usted, con relación a lo que han hecho los
anteriores gobiernos, el Gobierno del Partido Popular ha hecho
exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo. En aquellas
materias en las que el Estado puede intervenir, como la retribución
de los profesores, el régimen de su seguridad laboral y dar garantías
de equiparación, de homologación, de una mayor estabilidad, el Estado
ha intervenido como no habían intervenido gobiernos anteriores. En
las demás materias se han mantenido los mismos contenidos de los
acuerdos, que derivan del Acuerdo de 1979, que es un tratado
internacional, señoría, y de la propia Constitución española.
Para acabar, le tengo que decir muy brevemente una cosa, señoría. Me
imagino que en el turno de réplica usted me contestará algo parecido
o adicional en la misma línea -me imagino que en la misma línea, no
va a cambiar de línea en la réplica-, pero yo también
ampliaré mi respuesta con algunos aspectos más. Tengo que decir una
cosa, señoría, a usted y a la diputada del Grupo Socialista, que
también ha hecho una mención poco ajustada teniendo en cuenta que su
partido ha tenido responsabilidades de Gobierno durante catorce años;
sabiendo lo que es tener responsabilidad de Gobierno y habiendo
gestionado esta materia, ahora desde la oposición no se puede actuar,
a mi modo de ver, con la cierta alegría con la que actúan. Han tenido
ocasión, durante catorce años, de denunciar, de solucionar, con
cualquier fórmula y como hubieran querido, los problemas que usted
menciona ahora. Sería un tanto sorprendente que estos problemas por
no renovar contratos se hubieran ocasionado exactamente este año y no
a lo largo de los años que lleva vigente este sistema, es decir desde
el año 1979. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, creo que, en el ejercicio de la responsabilidad política,
hay que tener siempre una actitud de enorme responsabilidad y que hay
asuntos que hay que tratar con extraordinaria prudencia y serenidad.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, le ruego concluya.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Ya acabo, señoría, un segundo.
Parece que se ha convertido en un pequeño detalle, pero no olvidemos
que se trata de una materia que se refiere a la doctrina de una
confesión religiosa y que además no es obligatoria, se refiere a la
doctrina de una confesión religiosa. Parece que este detalle se
convierte en menor y se olvida en el debate, cuando francamente me
parece un dato absolutamente sustantivo para el fondo del mismo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, ¿puedo hacer una alusión
fuera de tiempo? Que yo sepa, el interpelante era Izquierda Unida y
me he encontrado con que gran parte de la respuesta de la señora
ministra era para el PSOE, que ya tiene sus mecanismos y sabe
preguntar y responder por su tiempo.
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, usted sabe que no hay un corsé o
límite para ninguno de los intervinientes en los debates. En todo
caso, tiene ahora la oportunidad de replicar a la señora ministra y
la señora ministra tendrá después la oportunidad de replicarle a
usted.
El señor REJÓN GIEB: Señora ministra, la he escuchado con bastante
atención durante sus doce minutos,
que ha rebasado, una magnífica defensa de los derechos de la
jerarquía eclesiástica; no le he oído ni quince segundos hablar de
los derechos de los profesores y profesoras de religión, que son los
dañados en este momento. Magnífico, señora ministra, porque usted
misma se ha fotografiado.
Quiero recordarle sencillamente que es verdad que existe un artículo
16 de la Constitución, y un 1, un 2 y un 3, pero también un 14: Los
españoles y las españolas -por cierto, las despedidas son solamente
mujeres, es curioso- son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social. Este es uno de los derechos que por lo visto a usted no le
sonaba.
Usted me habla de los marcos legales. Pues bien, ninguna legislación
puede permitir ni en su texto ni en su desarrollo actitudes o formas
contrarias a la Constitución española. Porque pueden haberse
aprobado, pero son contrarias a la propia Constitución. En todo caso,
cuando yo le decía: Señora ministra, contrate, es porque entiendo que
usted tiene el marco legal suficiente. En el Boletín Oficial del
Estado de 16 de octubre de 1982 podemos leer la orden de Mayor
Zaragoza de la que le hablaba, que dice: Los profesores de religión
serán nombrados por la autoridad...; dicho nombramiento tendrá carácter
anual y se renovará automáticamente, salvo propuesta en contra del
mencionado ordinario efectuada antes del comienzo de cada curso. ¿Le
han hecho la oferta en contra? No, le han comunicado otro nombre. Y
hubo desarrollos posteriores de esta orden en los que se establecía
que la comunicación de por qué no se renovaba el nombramiento tenía
que ser justificada. Lo que pasa es que la jerarquía eclesiástica no
es tonta y no le va a poner a usted por escrito las causas de un
despido que puede ser irrisorio totalmente. Sencillamente, le da otro
nombre y a buenas horas mangas verdes. Le estoy diciendo que a usted
le ampararía perfectamente la legislación si usted contratara y
dijera: Contrato automáticamente, puesto que no se me ha comunicado
ninguna razón del despido. Hemos hecho las consultas pertinentes al
Boletín Oficial del Estado y al Ministerio y nos han dicho que la
orden que estoy leyendo está completamente vigente. Por lo tanto,
contrate usted, y hágalo por la LODE si quiere. La LODE, de 1985 ya
plenamente constitucional, al referirse a los centros concertados
(estamos hablando de una enseñanza mucho más amplia en el sentido de
permitir a colegios religiosos, de religión católica, enseñar
historia, matemáticas, etcétera), señala que cuando no se cumplieran
los mecanismos de despido y de contratación podrían ser sancionados.
Señora ministra, fíjese cómo las palabras nos traicionan, y son muy
importantes en este proceso. Usted ha dicho, leyendo, que es la
autoridad eclesiástica quien designa a los profesores de religión. No
es así. El artículo 3 del acuerdo entre España y la Santa Sede
señala que la enseñanza religiosa será impartida por las personas
que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad
académica -es la autoridad académica quien designa-, entre aquellas
-por lo tanto, varias- que el ordinario diocesano proponga para
ejercer esta enseñanza. Fíjese cómo incluso estamos talándonos,
autopodándonos, usted o quien fuera. No es la autoridad eclesiástica
quien designa, sino la autoridad académica; usted lo ha dicho al
contrario. Vea cómo los juegos de palabras son muy importantes, sobre
todo cuando hablamos de la diplomacia eclesiástica, de la diplomacia
de la Santa Sede.
Por último, le pido por favor que abra una pequeña investigación para
saber quién ha autorizado lo de la idoneidad en el texto del contrato
laboral de la Administración. Me lo dice usted, pero yo no lo he
visto en ningún sitio. Otra cosa es el certificado o el diploma de
idoneidad eclesiástica, que se obtiene después de hacer un curso de
un año, pero eso es un título más. No estamos hablando de la
idoneidad como un valor a tener en cuenta.
Los profesores de educación religiosa han hecho unas denuncias, muy
serias, señora ministra. Han hablado del impuesto reaccionario -de
impuesto revolucionario nada, ni ése ni el otro, por supuesto; el
otro menos todavía-, han hablado de que a algunos profesores les
obligan a guardar lealtad y sumisión al obispo de la diócesis
correspondiente, de que tienen que hacer unos cursos determinados
porque, si no, no se les contrata. Le han denunciado muchas
cuestiones con papeles y no ha habido desmentidos claros por parte de
la autoridad eclesiástica. Señora ministra, abran una investigación.
Cuanto menos, no se ponga de un lado ni de otro, simplemente, abra
una investigación. Usted es la responsable del Ejecutivo, quien tiene
que impulsar la acción del Gobierno, etcétera; ábrala usted. ¿Que no?
Pues, dentro de un mes o un mes y medio, nosotros traeremos aquí la
petición de una comisión de investigación sobre esas denuncias,
porque son muy graves. Hay que poner a cada uno en su sitio, ya que
el pueblo nos pone a nosotros en nuestro sitio cuando no le gusta
nuestra acción política. Todo esto son cosas normales, pero todos
estamos al lado de la Constitución y sobre todo huyendo de alguna
baladronada de si hay campaña anticlerical.
El otro día en la fiesta de la Fuensanta en Córdoba tuve que aguantar
que el obispo de Córdoba dijera que todo esto que hemos señalado
procedía de una rancia campaña anticlerical. Tengo la carta del
obispo de Córdoba a los feligreses cuando se autorizó la píldora del
día después y curiosamente dice que todos los políticos, por razones
sucias políticas y económicas, estamos cometiendo un montón de
asesinatos. Aquí todo el mundo puede llamar asesino a quien le da la
gana en un momento determinado.
Le repito lo que le decía antes, ni España ha dejado de ser católica
ni me voy a plantear, como alguien muy
bien me enseñó en mi casa, la expulsión de los jesuitas porque ¿para
qué?, siempre vuelven. Estas cosas son esfuerzos inútiles que no hay
que hacer.
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, concluya por favor.
El señor REJÓN GIEB: Sencillamente, si meter a una parte de la
autoridad eclesiástica en la práctica de la contratación y en otras
prácticas de la Constitución española es anticlerical, no me
importaría serlo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. (La señora
Valcarce García pide la palabra.)
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Solicito un breve turno al amparo de los
artículos 71 y 73 del Reglamento, para responder a las alusiones
directas formuladas por la señora ministra de Educación.
La señora PRESIDENTA: Señora Valcarce, usted sabe que el artículo 71
que invoca, y que ampara el turno por alusiones, se refiere a cuando
se haya hecho juicio de valor sobre una diputada o un grupo
parlamentario. (La señora Cunillera Mestre: Se ha hecho.) Señora
Cunillera si permite, la Presidencia termina de hablar.
Señora Valcarce, le estaba diciendo que el artículo 71 lo que prevé
es que se conceda un turno por alusiones cuando se haya hecho un
juicio de valor sobre la conducta de un diputado, de una diputada o
de un grupo parlamentario. Deduzco por el final del debate que yo he
presenciado cuando me he incorporado a la Presidencia que no era un
debate sobre el fondo de la cuestión. En cualquier caso, como no
estaba presente en el hemiciclo, le concedo un minuto, pero señora
Valcarce sin entrar en el fondo de la cuestión que es lo que recoge
el artículo 71, a cuyo amparo usted pide el derecho por alusiones.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora presidenta, voy a responder a las
alusiones directas que se han formulado a este grupo parlamentario y
dirigidas a la diputada que le está hablando.
En ese sentido, señora presidenta me voy a dirigir a la señora
ministra. Estoy segura, además, que la señora ministra lo ha hecho en
la voluntad de esperar una respuesta y quiero dársela en nombre de mi
grupo parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Señora Valcarce, sigo insistiendo en que tiene
un minuto para aclarar exactamente lo que recoge el artículo 71:
Cuando se hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o
inexactitudes sobre la persona o la conducta de un diputado o un
grupo parlamentario. En ningún caso para entrar en el fondo de la
cuestión, independientemente de que la
señora ministra espere o no réplica. Esta Cámara tiene mecanismos
suficientes como para que haya tantos cuantos debates cada diputado
quiera para interpelar a un ministro. Le ruego que en un minuto,
insisto, conteste a la inexactitud o juicio de valor pero no entre en
el fondo del debate, por favor.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, este escándalo se produce ahora y aquí, en el año
2001. Es un escándalo que afecta a cerca de 16.000 profesores que
están viendo cómo se está atacando sus derechos y no se está
reconociendo ni su profesionalidad ni su dignidad. Es un asunto que
afecta a los valores constitucionales.
La señora PRESIDENTA: Señora Valcarce, le ruego que dé por terminada
su intervención por cuanto lo que está haciendo es entrar en el fondo
del debate, y desde luego esta Presidencia de sus palabras no deduce
que esté aclarando ni una inexactitud ni un juicio de valor sobre la
conducta de un diputado ni del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora Valcarce, ha terminado su turno por alusiones.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): No voy a entrar en esto porque realmente este último tema no
puedo entrar.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, le hago la misma indicación
que a la señora Valcarce.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Perdón, tengo todavía una cierta bisoñez parlamentaria.
Voy a responder a algunas de las consideraciones que ha hecho su
señoría. Yo entiendo el desasosiego personal -y parece que hay unas
personas que están afectadas por este caso que están sentadas en las
tribunas- que pueda sentir una persona que ve que al año siguiente no
tendrá su puesto de trabajo y, por tanto, no podrá desarrollar su
labor, como le ocurre a otras muchas personas. Realmente quiero decir
que ese desasosiego personal se produce por razones muy variadas.
Ahora no estamos hablando de las razones, sino de la percepción
subjetiva del desasosiego que puede tener una persona. Comprendo esa
percepción subjetiva de desasosiego, de inquietud, que tiene una
persona específica, con nombres y apellidos, un ser humano que se
enfrenta a esa situación. Ahora bien, señoría, en este tema o yo
estoy muy equivocada o me parece que a veces falta una base
importante de sentido de la realidad y de sentido común. Estamos
hablando de una situación que procede de la propia Constitución
española, que está en uno de los pilares, fundamentos y
corazones del gran pacto constitucional que se hizo en España y que
se plasmó en la Constitución de 1978. (Rumores.) Sí, señorías, el
tratamiento de la religión en España está en uno de los corazones del
pacto constitucional. Esta es la verdad. Ese ha sido un acuerdo
complicado, un acuerdo al que hemos llegado todos los españoles y que
ha tenido un desarrollo posterior que se ha ido ajustando
precisamente a los principios constitucionales en esta materia. Como
resultado de todo esto, señoría, lo que se imparte en los colegios,
con carácter voluntario, no con carácter obligatorio, es la enseñanza
de la doctrina de una confesión religiosa, que es la Iglesia
católica. No se da otra cosa; no es otra cosa. Esa es una materia en
la que están implicados elementos de creencia, de fe, etcétera, en
los que el Estado aconfesional no puede intervenir para determinar
qué persona tiene la idoneidad, la competencia, la concordancia con
esos principios para poder transmitirlos. Francamente, desde el punto
de vista democrático, sería una cosa terrible que, en una casuística
tan variada como la que se puede plantear, el Estado interviniera
para decir: estas causas sí, estas causas no. Estamos hablando de
eso, porque ese es el contenido de la materia que se imparte; no es
otro en su dimensión histórica, no es otro en su dimensión
filosófica, es específicamente la doctrina de una confesión
religiosa, en este caso la Iglesia católica. De verdad, señoría,
reflexione sobre si es posible que el Estado determine por algún
criterio la idoneidad de unas personas de acuerdo con las creencias y
la fe que pueden tener en esa religión. ¿Cómo sería posible eso?
Señoría, si habláramos sobre este tema fuera de un foro público,
estoy segura de que usted acabaría diciéndome que llevo toda la
razón.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA AL PACTO DE ESTADO POR LA
JUSTICIA. (Número de expediente 172/000112.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Mixto, relativa al pacto de Estado por la justicia.
Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, buenas tardes.
Esta interpelación que hemos presentado pretende tener tres
características. Es una interpelación urgente no sólo porque para ser
una interpelación necesita ser urgente, sino porque lo es en términos
mayúsculos; es una interpelación que pretende ser informativa, ya que
trata de obtener información del ministro de Justicia, y
es una interpelación que pretende ser constructiva. Pero antes de
explicar las tres características de esta interpelación faltaría a la
verdad -sólo va a ser un inciso, señor ministro- si no dejara
constancia en el «Diario de Sesiones» de que entendemos que la
actuación del Gobierno, de su Ministerio, en esta cuestión no ha sido
todo lo correcta que debiera haber sido para con muchas formaciones
políticas de esta Cámara, desde luego con la nuestra. En un tema tan
sustancial, tan vital para el buen funcionamiento de una sociedad,
como es un pacto de Estado por la justicia, nos solicitaron desde
hace mucho tiempo colaboración y realizamos aportaciones razonables y
correctas, ofreciendo todo nuestro apoyo tanto en este foro como en
otros que ustedes pueden conocer, para ayudar de manera muy honesta.
Nos encontramos con un portazo radical, un portazo repentino, sin
ningún tipo de justificación, que además no es bueno para el objetivo
que pretendíamos y que pretenden ustedes. La actuación del Ministerio
no se cohonesta con sus palabras en este foro y, por tanto, con este
inciso que no repetiré pero del que quiero dejar constancia, entro ha
debatir esta interpelación.
Es una interpelación urgente porque el pacto de Estado por la
justicia -no voy a repetir lo que ya hemos dicho hasta la saciedad-
no es que sea urgente, debe ser rápido, inmediato y es absolutamente
necesario. Era y es urgente llegar a este pacto con todos, desde
nuestro punto de vista, porque ya habíamos hablado mucho. Incluso
muchas veces en sus comparecencias usted había hablado de propuestas,
de líneas generales, aunque no voy a citar cada una de esas
intervenciones que usted ha realizado. Esta interpelación era urgente
pero si no tengo mal la información, y creo tener buena memoria, esta
es la primera ocasión, 12 de septiembre, desde que firmaron el pacto
el 28 de mayo, en que usted como ministro de un Gobierno comparece en
esta Cámara para explicarnos de qué estamos hablando, de qué trata
este pacto o qué es lo que pretenden con este pacto. Desde el 28 de
mayo al 12 de septiembre ha pasado tiempo y ha tenido que ser una
interpelación la que le ha traído a esta Cámara a explicarnos una
cuestión tan esencial. Dicho todo ello, la razón de urgencia es
inequívoca. Esta interpelación es informativa. He leído en Internet
como ciudadana -aunque alguien me dijo que me habían enviado el
pacto, lo he revisado y no ha sido así- el pacto que ustedes
realizaron, el pacto entre el Gobierno, el Partido Popular y el
Partido Socialista, cosa bastante curiosa. No sé si quedarme en casa
a partir de ahora y leer por Internet las cosas porque no haga falta
que venga. A lo mejor es un ahorro para todos, pero no es lo
importante.
Esta interpelación es informativa porque me gustaría que el señor
ministro me dijera de primera mano determinadas cuestiones. Soy
consciente de que diez minutos no dan mucho de sí y, por tanto, en la
moción, que trataré de que sea también informativa y constructiva, le
pediré mayores detalles respecto de lo que se piensa hacer y cómo se
piensa hacer. Por ejemplo, la concreción
de los aspectos generales de esos 23 puntos de las líneas
básicas de la reforma, planificación y calendario para abordar las
distintas cuestiones de la reforma, precisiones de las iniciativas
legislativas, unas tan concretas y otras no, aunque algunas ya se
hayan puesto en marcha recientemente y otras no. También las
prioridades temporales entre los distintos aspectos de la reforma.
Somos conscientes de que no se va a hacer en poco tiempo ¿Cuáles son
las prioridades temporales de este pacto? ¿Cuáles son los
interlocutores, las instituciones con las que se ha previsto mantener
reuniones de trabajo para articular, recibir, obtener, conceder o dar
aportaciones en la búsqueda del consenso más allá del consenso
general? ¿Cuáles son las diferentes áreas de trabajo que vamos a
tener que articular o que van a tener que articular en el futuro? No
sé si incluirme entre ellos, vamos a decirlo en impersonal. ¿Qué
dotaciones presupuestarias va haber? Es algo muy importante. Hay que
poner nombre y apellidos a cada una de las áreas de las reformas
¿Cuál es la dotación presupuestaria necesaria para abordar la reforma
de la justicia? ¿Con cargo a qué créditos se va a realizar? ¿Cómo se
puede hacer partícipes de la misma a las comunidades autónomas en
esta materia concreta de la dotación presupuestaria? En algunos casos
puede ser factible para algunas comunidades autónomas y en otro no;
es decir, son cosas que hay que poner encima de la mesa.
Ustedes aludían en el punto 21, si no recuerdo mal, de ese pacto que
firmaron el 28 de mayo a que hacían suyos o ratificaban los acuerdos
del 22 de mayo de 2001 que las siete comunidades autónomas con
competencias en justicia habían suscrito en Las Palmas de Gran
Canaria. Queremos saber cómo se va a desarrollar, en lo que
corresponda al Ministerio, esa serie de acuerdos y su opinión
respecto de los mismos.
Me he limitado a señalar una serie de cuestiones que en un pacto de
Estado en materia de justicia son esenciales, pero podríamos hablar
de muchas cosas más. Hablaremos y sobre todo pediremos información
respecto a cómo vamos a articular en las coordenadas de espacio y de
tiempo toda esa serie de cuestiones. Hay una petición, una
interpelación informativa que será la primera vez que oigamos por
parte del Gobierno en esta Cámara y que me parece sustancial.
También queremos ser constructivos. ¿Cómo podemos arreglar este
-dicho coloquialmente- entuerto? Porque nos encontramos con un pacto
de Estado por la justicia firmado por dos fuerzas parlamentarias, que
no dudo que por su representación son muy importantes, pero no me
parecería apropiado que se excluyera a otras fuerzas parlamentarias
de esta Cámara que también tienen su legitimidad, su credibilidad y
la representación de muchos ciudadanos y ciudadanas.
Queremos saber también cómo vamos a participar. Tenemos distintas
posibilidades. La primera posibilidad es que ustedes sigan en
solitario, ustedes dos y el Gobierno con este pacto, y las demás
fuerzas políticas, cada una
con su propia voluntad y entendimiento, simplemente nos limitemos a
evaluar cada una de las reformas que se vayan presentando periódica y
puntualmente en la Cámara. Puede ser una solución; no creo que fuera
la más correcta pero puede ser una solución. Una segunda solución
-usted me dirá si me equivoco pero quizá les pueda parecer la mejor-
es que hagamos una especie de contrato de adhesión a un pacto ya
hecho en el que si se han tenido en cuenta nuestras aportaciones
-todavía nadie nos lo ha dicho- nos parece poco razonable que en el
trabajo y en el desarrollo de una actividad parlamentaria fuerzas
políticas se adhieran sin más ni más, sin saber cuál va a ser su
papel en el futuro en una comisión de seguimiento como un contrato de
adhesión. Habrá que establecer unas fórmulas y unos procedimientos.
No fuimos parte de un pacto. ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿Hacemos
de claque o aportamos algo? Nadie nos lo ha comentado todavía. Podía
ser la segunda posibilidad, que me parece que les es la más cercana o
a la que más afecto le tienen. Hay una tercera posibilidad que
nosotros podríamos proponer y es darle fórmula parlamentaria a esta
cuestión. Es verdad que a nosotros no nos ha gustado el inicio de
este pacto, pero como somos constructivos creemos que lo mejor es
resolver las cuestiones que desde nuestro punto de vista no han sido
suficientemente bien planteadas y entrar todos. Quizás podría ser una
comisión, una subcomisión, como parezca mejor, o la fórmula
procedimental más oportuna para dar forma parlamentaria a lo que
entendemos debe ser un trabajo parlamentario. Es evidente que habrá
conversaciones, reuniones y negociaciones en privado, en bilateral,
en multilateral, lo que usted quiera, pero un pacto de Estado de esta
envergadura ha de tener una cobertura parlamentaria. El Pacto de
Toledo habrá tenido miles de reuniones bilaterales, multilaterales,
aquí y allá, en cenas o comidas -los periodistas nos han detallado
muy bien todos los prolegómenos del pacto-, pero con todo ello, que
me parece estupendo, tuvo una cobertura y una estructura
parlamentaria, y éste también la debería tener.No voy a decir ahora
al detalle cómo debe realizarse, pero tiene que tener sustento
parlamentario y, en ese caso, entraríamos todos con la misma
legitimidad a este evento. Resolvamos lo que no ha sido buen comienzo
pero sí se puede resolver, y yo creo que es lo constructivo de la
interpelación y lo que entendemos que debe ser. Por tanto, de estas
tres posibilidades ya adelanto que a nosotros nos gusta más la
tercera porque estamos en igualdad de condiciones, sabemos que
tenemos el mismo papel y sabemos que podemos hacer aportaciones en
términos de igualdad y de equilibrio, cosa bastante razonable.
Dicho todo ello, lógicamente de lo que hemos leído tenemos algunas
valoraciones. No voy a entrar en todo -sería una cosa inaudita
pensarlo-, entre otras cosas, porque como no tengo información de
primera mano esta diputada, en su pobre razonamiento, se ha hecho una
composición de lugar que no sé si es acertada o no. Yo le voy a decir
lo que he sacado en conclusión y
usted me dice si estoy equivocada o no, porque es bueno desterrar
equívocos cuando no se está acertado. A ver qué le parece. Entiendo
que puede significar que ustedes busquen el mejor servicio para los
usuarios de la justicia y que en esa especial preocupación hay que
desarrollar distintas iniciativas y para ganar eficacia puede que
piensen que las comunidades autónomas tengan mayor competencia para
la gestión de este asunto. Puede significar que crean que sea
necesario acercar las estructuras de los puestos de la Administración
de justicia a un sistema similar al del resto de la Función pública,
y en ese caso la forma de ordenar el personal sería a través de las
relaciones de puestos de trabajo en los que podrán establecerse los
requisitos específicos y el sistema retributivo será análogo al de la
Función pública general. Puede ser que entiendan que el bilingüismo
es importante en materia de derecho de defensa y por tanto en los
juzgados y que respecto a las lenguas autonómicas, además de ser
cuestión de mérito general, puede ser que para acceder a algunos
puestos se determine una condición específica.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, señora presidenta, concluyo esta
primera parte enseguida.
Tengo otras múltiples interpretaciones en las que no voy a entrar,
pero está también elaborar una carta de derechos de los ciudadanos,
cosa que en la Comunidad Autónoma del País Vasco ya está hecha; las
oficinas de información al público y recogida de quejas, que también
está hecha en la Comunidad Autónoma del País Vasco; y así hasta 15
puntos que tenía preparados, pero como esto es el inicio de una
colaboración conjunta lo dejo en este momento.
Creo, señor ministro, que en este sentido de ser positivos tenemos
que volver a empezar, como decía la película, y vamos a ver si
hacemos entre todos lo que debiéramos haber empezado entre todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, efectivamente el pasado día 31 de mayo se suscribió el pacto
para la reforma de la justicia entre los dos principales grupos
parlamentarios de esta Cámara y el Gobierno y que sienta las bases
para una nueva Administración de justicia, moderna, ágil, eficaz,
capaz de afrontar una reforma que, como ya afirmé en mi comparecencia
en esta Cámara el 24 de mayo del 2000, tenga dos características
básicas: una vocación de estabilidad y permanencia y un carácter
global de la misma. Desde un primer momento -y usted me
ha escuchado decirlo en distintas ocasiones- hemos tenido presentes
estos objetivos, pero no se ha querido llevar a cabo esta reforma de
una manera unilateral, no, sino desde el consenso y se ha impulsado
un proyecto para que cuente con el máximo grado de participación
posible. Lejos de lo que afirmaba S.S. al comienzo de su
intervención, las principales fases de este proceso se han realizado
precisamente en sede parlamentaria y me permitirá que se las recuerde
muy brevemente.
Su anuncio lo efectuaba el presidente del Gobierno en el debate de
investidura desde esta tribuna. Más tarde, en mi primera
comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de
Justicia e Interior, el día 24 de mayo del 2000, expuse los rasgos
principales de la reforma con una oferta expresa de diálogo, de
participación, de aportaciones que cada uno de los grupos
parlamentarios y sectores implicados quisieran hacer. Posteriormente,
el 14 de febrero del 2001, después de analizar las distintas
propuestas que se habían elaborado desde algunos grupos
parlamentarios, desde algunos partidos y desde algunas instituciones,
presenté también en sede parlamentaria un documento de trabajo que
sirviera de punto de partida para una reflexión colectiva. Creo que
lo desarrollé y desarrollamos con todos los grupos parlamentarios de
manera pormenorizada y extensa en una sesión muy amplia en la que
tuvimos oportunidad de debatir y tratar cada uno de los puntos que
aportaba como elementos esenciales de ese pacto y que fueron la base
de los puntos que finalmente suscribimos en el documento del pacto de
Estado para la justicia. Posteriormente mantuvimos 25 reuniones con
grupos parlamentarios, entre los que se encuentra S.S., y también con
las comunidades autónomas y todos los protagonistas del mundo del
derecho. Por tanto, como consecuencia de esta voluntad manifiesta de
diálogo y de articular un nuevo modelo de justicia que superase las
confrontaciones, se alcanzó un acuerdo abierto a otros grupos
parlamentarios, como hemos manifestado desde el primer momento.
Tendrá que entender S.S. que para llegar a un acuerdo es necesaria
una sistemática y que era lógico que el primer paso fuese alcanzar
ese pacto entre los dos principales grupos de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista con el
Gobierno, pero no sólo así, como usted misma ha recordado, sino
también abierto, realizado, plasmado y suscrito con todas las
comunidades autónomas. Yo creo que es una base importante y espero
que se vayan incorporando, no desde un contrato de adhesión, sino
porque en ese mismo acuerdo se encuentran los elementos esenciales
que cada uno de los grupos parlamentarios, tanto en sede
parlamentaria como en las reuniones posteriores que hemos tenido, han
ido aportando y que prácticamente la totalidad de ellos son
compatibles y existe un gran acuerdo, insisto, no sólo en el
Parlamento sino en la valoración que han hecho todos los
protagonistas del derecho sobre cuál es la dirección que marca ese
pacto.
Ese objetivo que el propio documento contiene quedó claramente puesto
de manifiesto en la primera medida adoptada en desarrollo de ese
pacto, que decía usted que no había vuelto a sede parlamentaria. Sí,
y además con una votación que obtuvo el respaldo del 98 por ciento
del Congreso de los Diputados; la primera medida, insisto, en
desarrollo de ese pacto. Por tanto, el proceso de reforma yo creo que
no es una exageración afirmar que está presidido por el espíritu de
diálogo y de consenso, y una vez más se lo reitero en esta tarde.
Voy a tratar de manera muy resumida de contestar a las principales
cuestiones que ha suscitado en su interpelación. Yo creo que las
líneas básicas las conoce: un nuevo modelo de justicia que se va
plasmando en medidas concretas que se encuentran especificadas y
reflejadas en el acuerdo; un nuevo mapa judicial, la agilización de
los procedimientos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal
Supremo, en el resto de los tribunales, una redefinición de los
tribunales superiores de justicia en las comunidades autónomas, la
reforma de la carrera judicial y fiscal, un nuevo estatuto del
personal al servicio de la Administración de justicia, la
modernización de la oficina judicial y la incorporación de las nuevas
tecnologías.
La reforma, como manifestó el presidente del Gobierno en el pasado
debate sobre el estado de la Nación, donde también se trató sobre
este asunto, afectará a más de una decena de leyes. Algunas de estas
reformas ya han sido abordadas. En apenas veinte días, como
recordábamos, se aprobó la Ley Orgánica de modificación del Poder
Judicial, por la que se reformó el sistema de elección del Consejo
General del Poder Judicial, así como las necesarias reformas del
Congreso y del Senado. Otra de las previsiones del pacto era un nuevo
estatuto general de la abogacía, que se aprobó por el Real Decreto de
22 de junio de 2001. También -lo hemos recordado esta misma tarde-
por el Real Decreto 936, de 3 de agosto, se ha traspuesto la
directiva comunitaria que facilita el ejercicio permanente de la
profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquél en el que
se haya obtenido el título. Hemos creado desde entonces un total de
75 nuevas plazas judiciales entre plazas de magistrados y juzgados,
lo que viene a reforzar el mapa judicial y a facilitar un mayor
acercamiento de la justicia al ciudadano, objetivo también del pacto
para la justicia. Por otra parte, el pasado viernes en el Consejo de
Ministros tuve la oportunidad de presentar el anteproyecto de ley
concursal del que, sin perjuicio de su remisión para dictamen del
Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado, también hemos
dado traslado a todos los grupos parlamentarios, incluido el de S.S.,
pidiéndoles que antes de que comience la tramitación parlamentaria, y
precisamente por ese ánimo de consenso en la concreción de las cosas
puntuales y de desarrollo que usted solicitaba, hagan aportaciones,
sugerencias y manifestaciones que se estudiarán desde el primer
momento en que se ponga en
marcha su tramitación. Junto con la ley concursal ha iniciado su
marcha también una ley orgánica que modifica la del Poder Judicial
para la creación de los juzgados de lo mercantil, juzgados
especializados, otra de las previsiones del pacto de Estado. Como
verá, desde el día de la fecha de su firma hasta hoy se han
desarrollado proyectos muy importantes.
Me preguntaba por otras iniciativas legislativas. Están la reforma de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del
ministerio fiscal y una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Una de
las prioridades a la hora de ponerse a trabajar es crear el grupo de
trabajo que comience a elaborar una ley de jurisdicción voluntaria.
Entre las prioridades también está la reforma de la oficina judicial,
que es preciso modernizar e incorporarle las nuevas tecnologías. Todo
aquello -como usted recordaba, la carta de derecho de los ciudadanos-
que afecte directamente al ciudadano en sus relaciones con la
Administración de justicia deben ser los elementos prioritarios a la
hora de abordarlos. Durante la tramitación de cada uno de estos
proyectos se va a mantener ese espíritu de diálogo.
El acuerdo con las comunidades autónomas, que sin duda conoce, fue
adoptado en la conferencia sectorial en mayo de 2001. El pacto ha
incorporado como parte importante y sustancial del mismo ese acuerdo
alcanzado con todas las comunidades autónomas y aprobado por
unanimidad. Es un paso importantísimo compartir las líneas generales
y el diseño de la justicia que queremos para el futuro. Establece un
escenario de consenso como punto de partida también para ese modelo
global y estable de justicia que decía al comienzo de mi
intervención.
En definitiva, el pacto de Estado para la reforma de la justicia es
un instrumento fundamental para ofrecer al ciudadano, un servicio
público a la altura de las necesidades de una sociedad moderna como
la española, que como habrá podido comprobar S.S. se basa en el
diálogo, en el consenso, en dar pasos importantes para su ejecución y
nos hemos puesto a ello desde el primer momento. Comparto algo de lo
que ha afirmado desde esta tribuna: los estudios y los trabajos,
cuanto sean necesarios, pero haciéndolos compatible con poner en
marcha medidas y ejecutarlas porque los destinatarios de este pacto,
que son los ciudadanos, necesitan que tomemos decisiones y que
hagamos compatible el debate, los estudios y los trabajos con ir
tomando decisiones que mejoren nuestra justicia, que la agilicen y
que la acerquen. El instrumento para el acuerdo, para el diálogo y
para el consenso existe ya como previsión en el propio pacto y es la
creación de una comisión de seguimiento del mismo donde la ley
concursal y cualquier otra de las medidas que vayamos aportando se
vayan discutiendo. Esa es la previsión que hay. El formato no lo
puede determinar el Gobierno; deben ser ustedes, los grupos
parlamentarios, los que lo decidan. Pero insisto en que ya hay una
previsión, que es esa comisión de seguimiento en la que ojalá
participen activa
y positivamente todos los grupos parlamentarios, que es el deseo
del Gobierno para que juntos en ese foro podamos desarrollar esa
reforma de la justicia que es el objetivo esencial que debemos
compartir todos. ElGobierno les invita y quiere esa participación,
ese consenso y ese protagonismo de todos en una reforma en que el
único protagonista debe ser el ciudadano.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, he sacado alguna cosa positiva; vamos a ver si nos
ponemos de acuerdo. Primero, podría recoger sus palabras del 14 de
febrero del 2001, cuando señalaba que iniciábamos la segunda fase. La
iniciamos. Del 14 de febrero hasta hoy no ha habido ninguna otra
intervención del señor ministro en esta Cámara. De iniciar a culminar
hay un trecho, con lo cual esta es la última comparecencia que usted
ha tenido en esta Cámara en esta materia. Otra cosa son los debates
puntuales. ¡Faltaría más! Es que si no hay debates puntuales en esta
Cámara, señor ministro, me parecería ya una cosa inaudita. Los hay
con pacto y sin pacto. O sea que no mezclemos las cosas. Realmente lo
que había era el inicio de un consenso. Ahora, si usted me dice que
para usted pacto de Estado es pacto de los dos grandes partidos
mayoritarios del Estado con el Gobierno, si esa es su interpretación,
no tengo nada más que decir. Yo entiendo por pacto de Estado otra
cosa. Ahora bien, si usted entiende eso, evidentemente hablamos de
cosas distintas. Pero yo entiendo que si se pretende un pacto de
Estado será como han sido otros muchos pactos de Estado. No vamos a
estar todos de acuerdo en la mayoría de las cosas, pero hacemos un
intento y finalmente llegamos a un consenso en el que todos dejamos
pelos en la gatera. Por tanto, esa primera interpretación diferente
es lo que quizás tenemos, pero creo que lo que le he dicho no es
desacertado. Por tanto, lo del 14 de febrero -no lo voy a leer
literalmente porque no tengo tiempo- no es el pacto, es el inicio de
la segunda fase de exposición, y habrá mucho más tiempo para hacer
cosas, dijo usted literalmente. Eso es verdad. Además, les hubiera
sido fácil incorporarnos a todos. Hay muchas cosas del pacto de
Estado de la justicia en las que todos estamos de acuerdo -estoy
convencida- y podemos colaborar.
Segunda consideración: ¿cómo avanzamos? Yo siempre he pensado que
ustedes eran de la teoría de ir hacia una comisión de seguimiento. Me
está diciendo que hagamos las propuestas u observaciones en la
tramitación parlamentaria, no tenemos inconveniente, pero entonces
estamos hablando de otra cosa. A lo positivo, a lo que voy, es que a
lo mejor podemos dar fórmula parlamentaria a esa comisión de
seguimiento,
en cuyo caso podríamos tener un único enlace o un nexo común y
empezamos los trabajos. Podemos ponernos de acuerdo. El Gobierno
evidentemente no lo tiene que hacer, pero como en este caso ha sido
Gobierno- PP-PSOE, pues yo lo suscito aquí en el foro para que se
oiga suficientemente, a ver si esto es factible. En todo caso, hay
temas muy importantes. En algunos no estaremos de acuerdo. Bien sabe
el señor ministro que una de las consideraciones, además de ofrecer
nuestra colaboración en todo lo que podíamos y en algunas cosas por
tener responsabilidades en esta materia, como las han tenido otros
partidos, por ejemplo en el Gobierno vasco, no sólo Eusko
Alkartasuna, no nos vamos a hacer merecedores de un éxito que ha sido
de mucha gente y de otros partidos también, pero estamos muy
avanzados en materia de informatización y en muchas otras cosas que
podrían ser una aportación buena -dicho de todo corazón- para el
resto del Estado.
Le pedíamos también algo sustancial. La línea general de esa reforma
va hacia la línea general de lo que ya se está haciendo, por ejemplo,
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, como es llegar a acuerdos
sindicales para mejorar la retribución y los salarios del personal,
pero acompañados de compromisos en materia de calidad de servicio,
etcétera. Nos parecía razonable y quizá es el único punto que voy a
mencionar -hay otros muchísimos- en el que pudiera ser susceptible de
buena voluntad la retirada de esos recursos, que en el fondo y en el
contenido están en la misma dirección de lo que ustedes pretenden
hacer y que está siendo de alguna manera -permítanme el lenguaje
coloquial- perjudicada la situación por los recursos. Creo, señor
ministro, que tenemos muchas cosas en común para avanzar en esta
materia. También creo que, por razones que quizás no pueda usted
decir aquí, no fuimos suficientemente bien tratados -dicho con toda
sinceridad- y que podemos intervenir porque sabemos de lo que estamos
hablando. En concreto, Eusko Alkartasuna tiene responsabilidades en
este momento en materia de justicia en el Gobierno vasco y es pionero
en muchas cosas de las que están hablando ustedes ahora. Podemos
beneficiarnos mutuamente, pero tenemos que conseguir llegar a una
solución y creo que podríamos hacerlo: dar fórmula parlamentaria
a una comisión en la que tenemos que entrar con cierta dignidad y en la
misma situación de equilibrio a la hora de trabajar conjuntamente. Un
pacto de Estado es un pacto de todas las fuerzas políticas que
representan a los ciudadanos. Es razonable pensar así.
En definitiva, hay mucho tiempo para trabajar y muchas cosas que
hacer. Vamos a ver si conseguimos enderezar lo que no empezó
correctamente, desde nuestro punto de vista, y terminar el trabajo de
manera tambiéncorrecta.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Señora presidenta,
señora diputada, estoy de acuerdo esencialmente con todo lo que ha
dicho en su intervención, salvo con una cosa que ha dicho también en
la anterior: que algo comenzó mal. No quiero que eso quede como
resultado de este debate. Además, me parece que no se ajusta
exactamente a la realidad de los acontecimientos, a cómo se han
desarrollado, ni desde luego a la voluntad del Gobierno, ni siquiera
a la enorme participación que han tenido los grupos parlamentarios
-incluida S.S.- en el desarrollo del acuerdo y, al final, en el pacto
mismo.
Estamos de acuerdo con lo que ha dicho S.S. -no podía ser de otra
manera- de que esto comienza con dos sesiones en el Parlamento en que
se establecen los principios básicos y esenciales sobre los que
iniciamos un diálogo. El diálogo se realiza con todos los grupos
parlamentarios y también con S.S., que tuvo la amabilidad de acudir a
una reunión con el Gobierno para transmitirle y presentarle los
documentos que eran la base del acuerdo y del pacto que se alcanzó
con el Grupo Parlamentario Socialista y con las comunidades
autónomas. Tuvieron esa documentación con antelación, como había
anunciado previamente, y además la invitación a realizar
aportaciones, sugerencias y modificaciones para cambiar lo que fuese
preciso, de modo que saliese de ahí un acuerdo de todos. De las
sugerencias, modificaciones y aportaciones que recibimos, del
documento que les habíamos entregado y del proceso de conversaciones
surge el pacto que realizamos con todas las comunidades autónomas y
con el principal grupo de la oposición. En el documento buscamos que
nada de esas sugerencias, modificaciones y aportaciones que por
escrito o verbalmente habían realizado los interlocutores fuese
incompatible y que todo ello estuviese en la dirección o en la línea
de lo que se pretendía: un diseño de la justicia a través de una
serie de medidas concretas que se establecen en una serie de puntos.
No se puede decir por tanto que es un mal comienzo: un acuerdo entre
en Gobierno, el principal grupo del Parlamento, el principal grupo de
la oposición y todas las comunidades autónomas por unanimidad, fruto
de un proceso de diálogo con el resto de los grupos parlamentarios, y
la invitación a que se desarrolle en una comisión de seguimiento en
la que estén los grupos parlamentarios; una comisión de seguimiento
para desarrollar cada uno de los puntos que se establecen y se
recogen. Por tanto, me parece que es un buen comienzo, fruto del
consenso y de la participación de todos y no es cosa de infravalorar
esas aportaciones, porque han sido tenidas en cuenta. ¿Que es
necesario un proceso de comenzar con unos antes que con otros? Bien,
pero es que creo que no hay otra forma de materializarlo y de
aplicarlo. En definitiva, lo importante es que ahora tenemos un
acuerdo como no había existido en ningún otro momento desde la
transición para abordar un proceso de reforma y de modernización de
nuestra justicia; que tenemos unos principios que están especificados
y que además son compartidos por la inmensa mayoría de los grupos
parlamentarios de esta Cámara con los que hemos mantenido muchas
horas de debate y de negociación, incorporando sus sugerencias. Estoy
pensando en el Grupo de Convergència i Unió que está aquí delante,
que ha realizado aportaciones y propuestas que se han ido recogiendo.
Hay un altísimo grado de consenso en este Parlamento. La primera
votación, como he dicho antes, tuvo un respaldo del 98 por ciento
sobre un tema esencial y que había sido elemento permanente de
confrontación entre los grupos parlamentarios y los partidos
políticos, pero se sustituye esa confrontación por el acuerdo y el
consenso. Pero es que además los protagonistas de la justicia han
valorado positivamente y se encuentran cómodos con ese modelo de
reforma de la justicia que hemos acordado y diseñado.
Convengamos en esta intervención y donde haga falta en que lo
necesario ahora es desarrollar cada uno de los aspectos concretos,
para que el ciudadano perciba cuanto antes las mejoras de ese nuevo
diseño y modelo de justicia que se ha realizado entre todos desde el
diálogo y el consenso. Ese es el mejor esfuerzo que podemos realizar,
esa es, insisto, la voluntad del Gobierno, que cuanto antes sigamos
trabajando sobre las iniciativas concretas que desarrollan un nuevo
modelo de justicia eficaz, cercano, ágil y próximo a los ciudadanos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.