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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 22/05/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 84
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 80
celebrada el martes, 22 de mayo de 2001
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de
regulación de las empresas de inserción. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 84-1, de 11 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 122/000071.) . . . (Página
4231)
Modificación del orden del día . . . (Página
4238)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso
de conciertos entre las Administraciones competentes con la finalidad
de agilizar los procesos de adopciones internacionales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 175, de 11 de mayo de
2001. (Número de expediente 162/000279.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relativas a la
adopción internacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 161, de 9 de abril de 2001. (Número de expediente 162/000283.)
. . . (Página 4238)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte
del Gobierno de la Ley de Haciendas Locales en lo referente a las
compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 175, de 11 de mayo
de 2001. (Número de expediente 162/000287.) . . .
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980,
de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se
regula la elección parlamentaria del Director de Radiotelevisión
Española. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 52-1, de
12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000042.) . . .
(Página 4251)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y
Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del
Director de Radiotelevisión Española. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 56-1, de 22 de mayo de 2000. (Número de
expediente 122/000046.). . . . (Página 4251)
Mociones consecuencia de Interpelaciones Urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el
Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación
del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos. (Número de expediente
173/000064.) . . . (Página 4260)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del INSALUD. (Número de
expediente 173/000065.) . . . (Página 4266)
- Del Grupo Parlamentario Calatán (Convergència i Unió), sobre
medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno
para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el
sector privado, las situaciones de dependencia. (Número de expediente
173/000066.) . . . (Página 4270)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se modifica la disposición transitoria
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de
febrero) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 32-1, de
9 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000032.) . . .
(Página 4275)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . .
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación
de las empresas de inserción . . . (Página
4231)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor
Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència
i Unió). Manifiesta que el objetivo de esta iniciativa es
impulsar el fortalecimiento de un instrumento que, nacido en la
sociedad civil, actúe para combatir de manera eficaz los problemas
derivados de la pobreza y la exclusión social, como son las empresas
de inserción, explicando su filosofía y forma de actuar. Recuerda que
en la pasada legislatura el Pleno de la Cámara aprobó una proposición
no de ley que instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley
reguladora de dichas empresas de inserción, que Izquierda Unida
planteó una proposición de ley reguladora de las empresas de
inserción y que la Comisión de Política Social y Empleo por tres
veces acordó instar al Gobierno a la regulación de dichas empresas.
Por lo tanto, añade, existennumerosas iniciativas en la Cámara sobre
esta materia,
iniciativas que, por otra parte, responden a una amplia demanda
social. Convergència i Unió entiende que la toma en consideración de
esta proposición de ley apuesta claramente por la sociedad civil, por
la colaboración con el tercer sector y con aquellos sectores de la
sociedad que, desde el compromiso social y desde la lógica
empresarial, apuestan desde hace años por acceder al empleo.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez
Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora
Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor
Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; y las señoras García Pérez, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación
de las empresas de inserción, se rechaza por 139 votos a favor y 145
en contra.
Modificación del orden del día . . . (Página
4238)
Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo
con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de
la Cámara que los números 2 y 3 del punto I del orden del día,
relativos a la toma en consideración de proposiciones de ley, sean
debatidos tras el número 6 del punto II, relativo a proposiciones no
de ley, y antes del punto III, relativo a mociones consecuencia de
interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.
Proposiciones no de ley . . . (Página 4238)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso
de conciertos entre las administraciones competentes con la finalidad
de agilizar los procesos de adopciones internacionales . . .
(Página 4238)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relativas a la
adopción internacional . . . (Página 4238)
En primer lugar presenta la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso el señor Azpiroz Villar, quien
agradece la oportunidad que le brinda su grupo, la receptividad que
ha encontrado la proposición no de ley, que se va a debatir
conjuntamente con otra del Grupo Parlamentario Socialista, y la
posición mantenida por la señora del Campo, que ha permitido llegar a
un texto conjunto en el que se incorporan iniciativas y
sensibilidades de otros grupos de la Cámara. Se trata de una
resolución que, bajo la forma de proposición no de ley, favorecerá la
mejor defensa de los intereses del menor, las legítimas expectativas
y aspiraciones de muchas familias y matrimonios españoles y permitirá
que se ahonde en una mejor regulación de lo que hasta el momento ha
venido haciendo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Explica
el proceso a seguir en una adopción internacional y los problemas que
se plantean, así como el texto de la proposición no de ley, para la
que pide el voto favorable.
En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas relativas a la adopción internacional,
interviene la señora Del Campo Casasús. Se suma, en primer lugar, a
las manifestaciones de alegría por haber conseguido un texto que
recoge las propuestas de los grupos Popular y Socialista y los
distintos matices enmendados por otros grupos, y que satisface las
exigencias del interés del menor, suponiendo una sensible mejora en
los procedimientos de adopción internacional. A continuación explica
el motivo de la presentación de su proposición no de ley y de la
aceptación del texto transaccional. Por último muestra su
convencimiento de que se ha hecho un buen trabajo entre todos, que
permite plantear al Gobierno una serie de medidas que tienen que
mejorar en un futuro inmediato la situación de los menores que
esperan ser adoptados o de aquellos que ya están en proceso de
adopción internacional.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pigem i
Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el
señor Rejón i Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora
Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Sometido a votación el texto transaccional al que han llegado los
grupos Popular y Socialista, que sustituye a las dos proposiciones no
de ley defendidas y presentadas por ambos, se aprueba por 280 votos a
favor y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte del
Gobierno de la Ley de Haciendas Locales en lo referente a las
compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles .
. . (Página 4245)
Presenta la proposición no de ley el señor Martínez Sanjuán, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a la Ley
reguladora de haciendas locales aprobada en el año 1988, que supuso
un hito importante en la financiación de las corporaciones locales en
cuanto que les dio carta de naturaleza en su autonomía fiscal y
tributaria, dotando a los ayuntamientos de una auténtica
corresponsabilidad tributaria, y al artículo 9 de dicha ley que
estableció la posibilidad de que las Cortes Generales, a través de
leyes específicas, pudiera establecer exenciones fiscales en aquellos
tributos de responsabilidad local y, concretamente, fijó en el
artículo 9.2 la estrategia a seguir en las ocasiones en que por ley
se establecían beneficios fiscales en materia de tributos locales,
recordatorio que todos los años en las diferentes leyes de
Presupuestos Generales del Estado se vuelven a establecer con
carácter anual. Se pregunta por qué en los presupuestos del año 2001
no aumenta la partida de entes territoriales de la misma manera que
aumenta la financiación local, en la medida en que la mayor parte de
los impuestos podían ir aumentando de acuerdo con lo que creciera la
economía del país, y propone en su proposición no de ley que se
cumpla el auténtico espíritu de la Ley reguladora de haciendas
locales, es decir, que se compense a las corporaciones locales de
aquellas exenciones fiscales que se toman muchas veces sin su
consentimiento y que se aumente esta partida de acuerdo con la
evolución lógica de las compensaciones, informándose desde la
Administración Tributaria y desde la Dirección General de
Coordinación de Haciendas Territoriales de cuáles son los derechos de
las corporaciones locales.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz
López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez-
Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor
Martínez Sanjuán.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales en lo referente a las compensaciones
por deducciones fiscales a los municipios españoles, en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, se rechaza por 115
votos a favor, 151 en contra y 15 abstenciones.
Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) . . .
(Página 4251)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980,
de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se
regula la elección parlamentaria del Director de Radio Televisión
Española . . . (Página 4251)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y
Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del
Director de Radio Televisión Española . . .
Presenta la primera de las proposiciones de ley para su toma en
consideración el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que la iniciativa que su grupo
presenta es de enorme trascendencia por su contenido y por el momento
en que se discute, pasando a defender el tema de fondo, que es la
elección por el Parlamento del director general de Radiotelevión
Española, y solicitando de los grupos de la Cámara que no planteen
enmiendas parciales porque no es el momento procedimental. Explica
cómo funcionarían las cosas con un director general elegido por esta
Cámara y cómo funcionan con un director general elegido por el
Gobierno. Finalmente queda a la espera de los argumentos del Partido
Popular ante las iniciativas del Grupo de Izquierda Unida y del señor
Saura, que la defenderá a continuación.
En segundo lugar interviene el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto, para defender la toma en consideración de la
proposición de ley sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de
enero, del Estatuto de Radio y Televisión, por la que se
regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión
Española. Manifiesta que Iniciativa per Catalunya-Verds plantea
también la modificación del Estatuto de Radiotelevisión para que la
elección de su director se haga por el Parlamento. Proponen que le
designe el Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados, con un
voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y
diputadas, una vez oído el Consejo de Administración, siendo la
duración del mandato de cuatro años y estipulándose también las
causas por las cuales el Congreso de los Diputados podría cesarle. En
cuanto al problema planteado por el señor Alcaraz del déficit
democrático en el funcionamiento de Radiotelevisión, afirma que, en
24 años de democracia y 20 de promulgación del Estatuto, una de las
grandes asignaturas pendientes ha sido que la radiotelevisión pública
deje de estar vinculada a intereses partidistas de cada Gobierno,
planteándose como reto el asegurar la independencia de
Radiotelevisión Española de los respectivos gobiernos. Finalmente
resume el contenido de su propuesta en que los medios de comunicación
públicos estén al servicio del conjunto de la sociedad, en que el
director general de Radiotelevisión sea producto de un amplio
consenso de la Cámara y en que, en otro trámite parlamentario, se
equipare con el resto de los países de la Unión Europea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grau
Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díaz-
Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ballestero de
Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980,
de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se
regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión
Española, se rechaza por 114 votos a favor, 164 en contra y una
abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y
Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del
director de Radiotelevisión Española, se rechaza por 113 votos a
favor, 162 en contra y una abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el
Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación
del acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos . . .
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que la
interpelación que el Bloque Nacionalista Galego presentó la semana
pasada sobre las medidas concretas que iba a poner en marcha el
Gobierno ante la situación en que se encuentra la flota que faenaba
en el banco canario-sahariano se debía la alarma despertada ante la
inoperancia mostrada por el Gobierno para defender los intereses de
esa flota y conseguir un marco en el que pudiese mantener su
actividad, alarma que se ha visto acrecentada tras la respuesta del
señor Arias Cañete en el debate. Critica la política seguida por el
Gobierno y la falta de respuesta a los problemas planteados por lo
que en su moción instan al Gobierno a adoptar las medidas necesarias
para reabrir las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Vázquez Vázquez.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el
Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación
del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos, en los términos
derivados del debate y con la incorporación de la enmienda que ha
sido aceptada por parte del grupo proponente, se rechaza por 109
votos a favor y 161 en contra.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud . . .
(Página 4266)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Valentín Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Justifica la presentación de su interpelación porque el Tribunal de
Cuentas, en su informe del año 1998, ponía de manifiesto una serie de
irregularidades en la gestión del gasto farmacéutico hospitalario,
así como en los distintos procedimientos de contratación utilizados
por el Insalud, que les llevaron a la conclusión de que el
descontrol, el incumplimiento de la ley y los sobrecostes que se
daban en este tipo de adquisiciones en el Insalud debían ser objeto
de una serie de medidas urgentes por parte del Gobierno, para hacer
una gestión de los fondos públicos eficaz y eficiente. Se refiere a
determinados aspectos de dicho informe y explica el contenido de la
moción.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la
señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y el señor Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Valentín Navarro.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud, en los
términos derivados del debate, se rechaza por 102 votos a favor, 153
en contra y 12 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector
privado, las situaciones de dependencia . . .
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Manifiesta que el debate que su grupo planteó
la semana pasada con el ministro de Trabajo y la moción que hoy
presentan pretenden fundamentalmente impulsar la participación de las
Cortes Generales en la definición de las grandes líneas de futuro de
la política
de dependencia que se deberá desarrollar en España en los
próximos años. Considera que las cuestiones relacionadas con la
dependencia como el reto demográfico, la asunción de la presencia
importante y masiva de las personas mayores en la sociedad, las
necesidades sociosanitarias de esas personas mayores, las
transformaciones en los comportamientos de las familias, la dimensión
europea de este debate, la necesaria presencia de la mujer en el
mercado de trabajo, la necesidad de articular un concepto de
dependencia que supere estrictamente el concepto de las personas
mayores y permita incorporar a aquellas personas que tienen
enfermedades crónicas, enfermedades terminales, demencias y
discapacidades físicas que afectan al sistema nervioso central, con
graves trastornos de conducta, hacen necesario que desde la Cámara se
impulse un pronunciamiento político claro e inequívoco. Finaliza su
intervención exponiendo los tres grandes ejes de su moción: primero,
que el Gobierno presente a la Cámara antes de finalizar el año 2002
las líneas maestras de su política de atención a la dependencia;
segundo, impulsar un amplio pacto institucional; y tercero, facilitar
a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo los contenidos
materiales necesarios para incorporar esta cuestión a las
recomendaciones que los grupos parlamentarios aprobarán dentro de
unos meses.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras
Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castro
Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
afrontar desde el sistema público y en colaboración con el sector
privado las situaciones de dependencia, en los términos derivados del
debate y de acuerdo con el texto transaccional expuesto por el grupo
proponente, se aprueba por 162 votos a favor, 97 en contra y una
abstención.
Enmiendas del Senado . . . (Página 4275)
Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y
determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de
febrero) . . . (Página 4275)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/
1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados
artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la
Competencia, que son aprobadas.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE
REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. (Número de expediente 122/
000071.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Anuncio a SS.SS. que, tras la votación del primer punto del orden del
día, se someterá por parte de la Presidencia a aprobación la
propuesta de modificación del orden del día con respecto a los puntos
segundo y tercero. En primer lugar, punto primero del orden del día:
Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación de las
empresas de inserción. Para la defensa de la iniciativa, tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta a la Cámara para su toma en consideración una proposición de
ley reguladora de las empresas de inserción. Con esta iniciativa
Convergència i Unió pretende impulsar el fortalecimiento de un
instrumento que nacido en la sociedad civil actúa para combatir de
manera eficaz los problemas derivados de la pobreza y la exclusión
social. Esta no es ni mucho menos la primera vez que en esta Cámara
en los últimos cinco o seis años abordamos esta cuestión.
Las empresas de inserción son iniciativas y fórmulas empresariales
que desde la economía y desde la propia lógica empresarial apuestan
por la inclusión de aquellas personas que, excluidas de los procesos
de inserción social y laboral, no pueden participar en plenitud de su
condición de ciudadanos. La empresas de inserción suponen una
superación de la exclusión desde la lógica del acceso al mundo del
trabajo, que aún hoy constituye el elemento central para el ejercicio
de esa plena ciudadanía. Las empresas de inserción son una apuesta
por permitir que aquellas personas que no gozan de aquellas
condiciones de empleo puedan acceder al mercado de trabajo. Las
empresas de inserción suponen una concepción activa y dinámica de las
políticas sociales, de las políticas dirigidas a las personas con
menos oportunidades de nuestra sociedad. En último término, las
empresas de inserción suponen también un compromiso de la sociedad
civil, un compromiso de los sectores no lucrativos, un compromiso del
sector en la creación y en la generación de empleo, un compromiso del
tercer sector en el ámbito de las políticas sociales.
Hoy las denominadas empresas de inserción hace años que existen en
nuestra realidad social y económica, no es este un fenómeno de los
últimos años. Hoy estas empresas, sin un marco legal a nivel del
Estado o, incluso, sin un marco legal a nivel autonómico, han podido
desarrollar sus actividades. Lo que les planteamos desde Convergència
i Unió es precisamente la puesta en marcha de un marco legal que
consolide y facilite la actuación de estas iniciativas; unas
iniciativas que -insisto- en esa ausencia de marco legal para poder
desarrollar sus actuaciones, muchas veces han impulsado sus
políticas, han impulsado sus compromisos desde la incomprensión de
muchas de las administraciones, desde la inseguridad por la falta del
marco jurídico y muchas veces desde la competencia que en muchos
ámbitos, en los sectores lucrativos en el sentido estricto, les
pueden haber creado.
Decía también que no es la primera vez que en la Cámara discutimos y
abordamos esa cuestión. Ya en la última legislatura con mayoría
socialista este Pleno aprobó una proposición no de ley que instaba al
Gobierno a presentar un proyecto de ley regulador de las empresas de
inserción. Incluso en aquella legislatura el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida planteó una proposición de ley reguladora de las
empresas de
inserción. En la pasada legislatura -1996-2000- por tres veces la
Comisión de Política Social y Empleo apostó por mandatar al Gobierno
precisamente a la regulación de estas empresas de inserción. El
informe de la Comisión de Política Social y Empleo sobre la pobreza,
una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán planteada
en la Comisión de Política Social y Empleo y una moción aprobada por
el Pleno de esta Cámara de impulso de medidas en el ámbito del tercer
sector, todas ellas mandataban al Gobierno sobre la necesidad de
poner en marcha esta legislación. Incluso en la pasada legislatura un
grupo de trabajo constituido por las organizaciones del sector y el
propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales avanzaron en la
configuración de ese marco legal. En la pasada legislatura no fue
posible abordar esta regulación global de las empresas de inserción,
pero sí optamos por introducir, a través de la Ley de acompañamiento
para el año 2000, un primer paquete de modificaciones a las
contrataciones que para la inserción realizasen estas empresas. En
definitiva, existe también un mandato amplio de la Cámara en esa
materia -que, por otro lado, responde a una amplia demanda social-
desde la plataforma de las ONG de acción social, que en diversas
ocasiones se han manifestado sobre la necesidad de dar categoría de
ley a la regulación de las empresas de inserción, hasta los
pronunciamientos de las patronales de la economía social. La semana
pasada la propia Cáritas, en sus propuestas al Gobierno a la hora de
la elaboración del plan por la inclusión social, remarca como una
necesidad de las políticas públicas en su lucha contra la pobreza y
la exclusión social el hecho de articular una ley de empresas de
inserción. Por tanto, señorías, no se trata de compromisos asumidos
por esta Cámara a lo largo de los últimos cinco, seis, siete años,
sino que son de amplios sectores que desde la sociedad civil trabajan
en este ámbito.
Para Convergència i Unió, la posibilidad de que esta Cámara tome en
consideración esta proposición de ley supone, en primer lugar, un
reconocimiento político e institucional del compromiso que existe en
la sociedad civil en la creación de empleo para aquellos sectores que
están más al margen del progreso, más al margen del crecimiento
económico; en segundo lugar, un compromiso de los poderes públicos
con este modelo de políticas activas en materia de integración
social, compromiso que implique al conjunto de las administraciones
a la hora de entender que precisamente desde el tercer sector podemos
ser capaces de crear empleo, podemos ser capaces de crear condiciones
que permitan a aquellas personas que viven al margen incorporarse con
plenitud a la sociedad y, en tercer lugar, dar seguridad jurídica y
confianza a las actividades que realizan las empresas del tercer
sector.
Los mandatos de la cumbre de Lisboa de marzo del año 2000, orientados
precisamente a reforzar la perspectiva de la cohesión social del
espacio europeo; el
artículo 9.2 de la Constitución, donde se afirma que corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social, y la asunción de la
existencia de pobreza en nuestra sociedad, como prioridad política
importante del conjunto de nuestra acción institucional, son tres
factores importantes a este respecto.
Estos días, durante la elaboración del Plan para la inclusión social,
en los borradores que hasta ahora ha utilizado el propio Gobierno, se
han apuntado cifras del mapa de la pobreza en el Estado español. Por
ejemplo, en el propio documento del Plan para la inclusión social se
dice que la población-objetivo de personas en pobreza extrema en el
conjunto del Estado es de más de 528.000; que los hogares con mucha
dificultad para llegar a fin de mes se acercan a los dos millones de
personas; que los beneficiarios de las rentas mínimas impulsadas por
los diversos gobiernos autonómicos son cerca de 200.000. (La señora
vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Todo ello
configura un espacio en relación con el cual hay que afirmar que
también hoy en España existe la pobreza y, por tanto, el valorar esta
toma en consideración supone que a la política le preocupa esa
realidad.
Además, esto se produce en un contexto -y también Cáritas lo hacía
público la semana pasada- en el que el conjunto de presupuestos
orientados a la lucha contra la pobreza, en parámetros comparativos
con la Unión Europea, está lejos de haber asumido los estándares
correspondientes. Hoy, Europa destina una media del 0,4 por ciento de
su PIB a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y en el
Estado español nos movemos en el 0,2 por ciento.
Finalmente, planteamos esta iniciativa hoy, en el momento en que el
Gobierno está terminando de elaborar su plan por la inclusión social,
y nos parece que el compromiso de la Cámara de tomar en consideración
esta proposición de ley puede reforzar las políticas que España
deberá presentar ante la Unión Europea en esta materia. ¿Existen
razones hoy para que esta Cámara se oponga a la tramitación de esta
proposición de ley? A nuestro entender, no. Se puede discrepar sobre
aspectos concretos de la proposición de ley y, en todo caso, quede
claro que a través de la correspondiente tramitación parlamentaria
podremos corregir cualquier disfunción que pueda existir en relación
al texto que propone Convergència i Unió.
Tres veces ha solicitado esta Cámara al Gobierno la elaboración de
ese proyecto de ley, y hoy se refuerza dicha solicitud con la
necesidad de que por fin iniciemos su tramitación. Alguien puede
entender que quizá no sea necesaria una regulación a través de la
ley, sino
que con la normativa de rango inferior se puede dar respuesta a las
necesidades en esta materia. Nosotros entendemos que desde el
compromiso que nos marca la Constitución existe la obligación del
Estado de promover las empresas de inserción y hacerlo con la máxima
fuerza legal posible. También puede haber quien diga que las empresas
de inserción podrían introducir algún tipo de competencia desleal en
el funcionamiento de nuestros mercados, y tenemos que responder que
esa afirmación tan sólo puede producirse desde una visión
economicista, sin ningún conocimiento de la realidad de las empresas
de inserción. Incluso se podría plantear que con los instrumentos que
ya existen en las políticas activas de empleo podemos crear
condiciones que nos permitan ayudar a aquellas personas que no pueden
participar de los procesos de acceso al mercado de trabajo. Nosotros
afirmamos que hoy el conjunto de políticas activas convencionales no
son suficientes para dar respuesta a las necesidades de empleo y de
acceso al mercado de trabajo a los sectores de la sociedad que viven
más marginados.
Señorías, Convergència i Unió entiende que la toma en consideración
de esta proposición de ley es claramente una apuesta por la sociedad
civil, una apuesta por la colaboración con el tercer sector, una
apuesta de colaboración con aquellos sectores de la sociedad que,
desde el compromiso social y desde la lógica empresarial, desde hace
años quieren acceder al empleo. La toma en consideración en el día de
hoy de esta proposición de ley es una apuesta por la innovación
social, por la movilidad, por la capacidad de ser creativos, por la
capacidad de no instalarnos en la comodidad, por la capacidad de dar
respuestas a las necesidades de los más necesitados. En último
término, la toma en consideración de esta proposición de ley es una
apuesta por situar de verdad como prioridad política de nuestra
acción pública la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión
social. Desde Convergència i Unió estamos convencidos de que si hoy
tomamos en consideración esta iniciativa, podemos estar en
condiciones de generar en el trámite parlamentario un amplio acuerdo
social con los sectores sociales implicados en esta necesidad, a
través de los instrumentos que incorpore el plan por la inclusión,
con el diálogo con los agentes sociales, con los sindicatos y las
organizaciones sociales y, en último término, con el diálogo con las
administraciones públicas que hoy son competentes en materia de
servicios sociales, que son las administraciones autonómicas. Nos
parece que la toma en consideración nos permite abrir vía hacia ese
objetivo. Desde Convergència i Unió estamos convencidos de que esta
tarde daremos por fin a este sector una esperanza concreta en el
ámbito legal.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Campuzano.
¿Turno en contra? (Pausa.)
En el turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, estamos ante uno de los problemas graves que tiene
nuestra sociedad, el problema de la pobreza, el problema de la
exclusión social. Y si grave es en la sociedad española, una mayor
sensibilización aún hay que tener sobre este tema desde aquellos
territorios que, dentro de España, tienen unos indicadores más bajos
de pobreza. Según los últimos informes de Cáritas, en Andalucía
supera los dos millones la población que se puede considerar pobre y
más de 300.000 personas pueden pasar hambre. En definitiva, hablar de
esta proposición de ley, hablar de estos intentos de regulación para
incluir a las personas excluidas es hablar de justicia, no de
limosna. A nosotros nos parece que una de las causas fundamentales de
esta exclusión es la falta de formación y el analfabetismo de una
parte importante de la población, causa que han de tener en cuenta
estas empresas. Creemos que habría que incentivarlas con políticas
activas de empleo (aprovecho la intervención para exigir una vez más
la transferencia de estas políticas a la Administración andaluza, a
la más cercana), así como articular estas medidas con otras como la
ley de exclusión social, que está ahora mismo en borrador al menos en
el Parlamento andaluz, que hagan de ésta una medida integral de
política social.
Los andalucistas vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece que
es una de las más primarias de nuestra sociedad y es una iniciativa
activa. No es limosneo, es enseñar a pescar y no dar pescado; es
provocar que haya movimiento, incentivado desde lo público, para
generar empleo y así evitar este problema.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La presente proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) es positiva al introducir una regulación de
empresas de inserción definidas como empresas que tienen como objeto
prioritario, además de la obtención de beneficios derivados de su
actividad empresarial, la inclusión de personas en riesgo de
exclusión social, en procesos de inserción laboral en la propia
empresa, dándoles así la oportunidad de reintegrarse en la actividad
laboral y abandonar situaciones de marginación.
El Bloque Nacionalista Galego considera positivo reconocer esa labor
y, por tanto, dotarles de un marco jurídico propio que les conceda un
tratamiento fiscal más favorable que les permita desarrollar
adecuadamente sus actividades. Además, creemos positiva la propuesta
de regulación de un marco laboral propio en el que confluyan los
intereses empresariales y de los trabajadores en exclusión social que
se incorporan a esas empresas de inserción. En este sentido, es más
positiva la regulación del contrato de trabajo para la adaptación
socio-laboral que se define en esta iniciativa legislativa que la
solución ofrecida por el Gobierno, a través de la reforma laboral de
2001, a determinados grupos sociales en riesgo de exclusión social
(parados mayores de larga duración, inmigrantes residentes en el
Estado español con dificultades de empleo), consistente en incluirlos
dentro del contrato de formación con retribuciones reducidas, incluso
por debajo del salario mínimo interprofesional, y desposeídos de
derechos sociales básicos como el de desempleo. Esta proposición de
ley deja a salvo todos sus derechos salariales, fijando las
retribuciones de las personas contratadas bajo la modalidad de
trabajo para la adaptación social, en función de los convenios
colectivos sectoriales y sin merma de derechos de protección social.
El Gobierno, apoyando la tramitación legislativa de esta proposición
de ley, tiene una buena oportunidad para corregir la precarización
del contrato de formación incluida en el Real Decreto-ley 5/2001. En
definitiva, el Bloque Nacionalista Galego reconoce que las políticas
generalizadas de formación y reciclaje de la mano de obra no han
acabado con las desigualdades en el mercado laboral, como pretendía
la teoría del capital humano, y por lo tanto las empresas de
inserción que propone esta proposición de ley pueden ser un
instrumento útil y corrector, aunque limitado, para volver a
incorporar a la vida socio-laboral a muchas personas que por causa de
la falta de ocupación laboral se encuentran en riesgo de exclusión
social. Por tanto, es positivo que gocen de un marco jurídico que les
otorgue seguridad para continuar desempeñando sus actividades y el
reconocimiento de su función social a través de la concesión de
beneficios fiscales y laborales. Por todo esto, vamos a apoyar la
toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios
Reyes.
La señora JULIOS REYES: Buenas tardes y muchas gracias, señora
presidenta.
Nuestro grupo también quiere manifestar su apoyo a esta iniciativa
presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Ya se ha dicho en la
Unión Europea, y recientemente el congreso de Niza acordó instar a
los Estados miembros el desarrollo y presentación de planes
nacionales de inserción social. En esta línea, es ahora el momento
propicio para no perder la oportunidad de dar respuestas innovadoras,
activas y decididas, y una de ellas es favorecer el desarrollo de las
empresas de inserción social porque somos conscientes de que en
países como el nuestro, es decir, incluso dentro de los países
desarrollados, a pesar de las mejoras de nuestros indicadores
sociales y económicos se viven situaciones de pobreza y marginación.
Además, en la mayoría de casos de exclusión social no se trata de
situaciones coyunturales en la vida de esas personas, sino que sus
causas son múltiples, y aunque no vamos a profundizar en ellas ahora
es común y frecuente que dichas causas les acompañen a lo largo de su
vida aislándoles y enquistándoles en la marginación.
El acceso a la normalización de la vida social no se hará de una
forma espontánea. La exclusión conlleva dificultad para acceder a un
puesto de trabajo, por sus carencias sociales, económicas,
educativas, falta de cualificación laboral, desmotivación personal,
abandono o desconocimiento de hábitos sociales y laborales básicos.
Una de las obligaciones que tenemos es tender puentes con la sociedad
normalizada. Esa es también una de las responsabilidades de los
poderes públicos, del Gobierno y de la Administración y, por
supuesto, una responsabilidad que hoy debiera asumir este Parlamento.
Uno de los puentes a tender es buscar todo tipo de soluciones a la
falta de empleo, que es el principal factor de riesgo de situaciones
de marginación y exclusión social. El empleo, además de una fuente de
ingresos, es el vehículo que permite conectar con toda una red de
relaciones sociales que facilitan la integración. Igual que se están
tomando medidas dentro del desarrollo del fomento de empleo, que
recientemente se ha aprobado, para estimular la contratación de
personas en situaciones de exclusión social por las empresas
normalizadas, hay que entender que hay otras opciones, y una de ellas
es ésta. No es contradictorio con lo anterior el desarrollo de un
marco normativo que permita potenciar las numerosas empresas que ya
existen en nuestro Estado, cuyo principal objetivo es la inserción
social. Es necesario promover un mercado de trabajo abierto a todos,
inclusive a los excluidos. No se entendería bien que se siguiera
vetando desde esta Cámara la posibilidad de desarrollar un marco
normativo estatal para estas empresas. No se debe ver ni como un
peligro para la economía, ni como un elemento de competencia desleal
para las empresas normalizadas. Son ya numerosas las empresas de
inserción social que existen en España: federaciones, asociaciones de
empresas de este carácter en las comunidades autónomas, etcétera. En
Canarias existe ya una red de promoción de inserción sociolaboral,
que tiene una experiencia de quince años en la
promoción de este tipo de proyectos y empresas. En general, en todo
el Estado, son muchas las iniciativas.
En Europa existe ya desarrollo normativo y están surgiendo
iniciativas legislativas en este sentido por parte de las comunidades
autónomas y las corporaciones locales. No sería lógico que en este
terreno no se produjese el necesario desarrollo legislativo en el
ámbito del Estado. Es un derecho y un deber de los ciudadanos para y
por los sectores excluidos. En última instancia son muchos los
beneficios y pocos los perjuicios o los problemas que se pueden
producir tras el desarrollo de una normativa como la que se presenta.
Beneficios de utilidad para todo el sector y beneficios para la
sociedad en general: disminuye el número de personas beneficiarias de
salarios sociales en la medida en que se fomenta este tipo de
empresas, aumentan las cotizaciones a la Seguridad Social y las
aportaciones a los impuestos. Debe entenderse como un reto el fomento
de empresas que combinen la lógica empresarial con una metodología de
inclusión de los excluidos sociales, que tengan en cuenta los
procesos de desarrollo de itinerarios de inserción en los sistemas
productivos.
El ministro de Trabajo nos decía recientemente en la Comisión de
Política Social y Empleo, en donde expuso las líneas que iba a
desarrollar el Gobierno del Estado en torno al Plan de inserción
social, que en España existen diferencias. Hay cinco comunidades
autónomas -comentaba él-, que coinciden con las que tienen menos
renta: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias,
que son las que presentan los índices más altos de pobreza relativa.
Nuestro grupo, Coalición Canaria, hace una apuesta por que hoy se
apruebe la presente proposición de ley, con independencia de que
estamos seguros de que, de ser así, el debate se enriquecería y se
buscaría el máximo consenso para poder llevar a cabo una ley de estas
características.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al margen del texto normativo de la proposición de ley cuya
toma en consideración para su trámite parlamentario realizamos en
esta sesión, queremos agradecer al grupo proponente la oportunidad de
corregir un nuevo acto de dejación de funciones por parte del
Gobierno. Para corroborar esta afirmación, les recordaré que, con
ocasión del debate del estado de la Nación, celebrado el 24 de marzo
de 1999, se aprobó una resolución, concretamente la número 61,
instando al Gobierno a aprobar, en el plazo más breve posible, un
proyecto de ley de inserción que configure un marco jurídico estable
para las empresas de inserción laboral
y contemple a las mismas como instrumentos necesarios y positivos
para combatir la exclusión social. Apareció en el Boletín Oficial de
las Cortes Generales, sección Congreso de los Diputados, del 7 de
octubre de 1999. Esto ya lo había anunciado el señor Pimentel en ABC,
el 11 de julio del mismo año. También es cierto que el Gobierno, sin
el señor Pimentel, optó por utilizar una vía más lenta,
desregularizada y, por tanto, más ineficaz mediante el proyecto de
ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social para el
año 2000, limitándose a la incentivación de la contratación de estos
colectivos, medida rechazada por el Consejo Económico y Social por
entender que deberían formularse en una ley de inserción laboral. Sin
embargo, tenemos que decirles que ésta no es la primera vez que
debatimos la conveniencia o no de dichas medidas. Para confirmárselo
tengo que recordar la proposición de ley, que presentó el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida en 1995, sobre regulación de
las empresas de economía solidaria y alternativa, que trataba de dar
cobijo a los distintos colectivos que vienen reclamando desde hace
años el reconocimiento oficial de estas entidades y asociaciones que
tanto aportan a la cohesión social.
Asimismo, el Grupo Socialista, en septiembre de 1995, presentó una
proposición no de ley sobre regulación de las empresas de inserción.
Ambas propuestas son recogidas en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales, con fechas 11 y 29 de septiembre de 1995. No queremos
olvidarnos de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), en 1998, solicitó del Gobierno la regulación de estas
empresas, es decir, nuevamente un grupo parlamentario clama por un
marco legal regulador de las empresas de inserción. Por ello,
esperamos que, esta vez sí, el Gobierno y el Partido Popular que lo
sustenta permitan la aprobación de esta propuesta, aunque solamente
sea para, acatando los mandatos del Parlamento, saldar la deuda que
tiene con los excluidos y con los trabajadores y empresarios de este
tipo de empresas. En cuanto al resto, estamos de acuerdo con el
espíritu y, por tanto, les adelantamos que vamos a votar
favorablemente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Tenemos que hacer algunas objeciones que en su
momento intentaremos plasmar mediante enmiendas al texto original.
Estas objeciones se refieren, primero, a que en su preámbulo, el
grupo proponente establece como causas de la exclusión social las
transformaciones producidas por la economía, el cambio de hábitos
laborales, los sistemas de organización del trabajo y la pérdida de
lazos familiares y sociales. Si bien estas razones existen, son de
carácter coyuntural o al menos así aparecen expresadas, no dando la
sensación de que además de causas coyunturales existen otras de
carácter estructural del modelo de sociedad que la mayoría de SS.SS.
defienden, que dividen a la población entre los de dentro y los de
fuera.
Estas razones estructurales están inmersas en la esencia del sistema
neoliberal y son aquellas que, a causa de los déficit de los sistemas
de reparto de excedentes económicos, permiten que una empresa como
Telefónica obtenga unos beneficios paradigmáticos después de ser
privatizada y no tenga ninguna responsabilidad con los trabajadores
de Sintel, o que Repsol, también después de privatizarse, obtenga en
el año 2000 unos beneficios escandalosos, mientras que con una subida
del IPC del 4 por ciento para ese mismo año, entre otras cosas por la
subida de precios de los teléfonos o de la gasolina, el Gobierno de
todos, eso sí, impone una subida salarial del 2 por ciento, al menos
donde puede imponerla, aunque los transportes en Madrid suban un 7
por ciento, es decir, hay otras razones de la propia lógica del
sistema que excluye gente, que la margina. Por tanto, en el
desarrollo de esta propuesta tendremos que trocar otras lógicas del
sistema si queremos que funcione.
En segundo lugar, nos encontramos en el texto un apartado dedicado a
las exenciones fiscales: sí a la Seguridad Social, pero no a la
fiscalidad. Estas deducciones deben aparecer específicamente, dado el
trabajo que realizan por el propio fin que tienen las empresas de
inserción. Queremos reproducirles las palabras de don Eduardo Rojo
Torrecilla, catedrático de derecho del trabajo y Seguridad Social de
la Universidad de Gerona: Estas empresas posibilitan la
rehabilitación social de un número no desdeñable de personas y dan un
resultado positivo para las finanzas públicas cuando se efectúa un
balance de coste-beneficio de las estructuras de inserción y se
compara con el de otros dispositivos de prevención del desempleo y de
creación de empleo, habida cuenta de los subsidios ahorrados y de las
cargas e impuestos pagados.
En tercer y último lugar, queremos destacar otra carencia, a nuestro
entender de gran importancia, que tiene que ver con la que dijimos
anteriormente, sobre tocar las estructuras económicas en este caso.
Nos falta un apartado relativo al reconocimiento de las cláusulas
sociales de los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos
de la Administración pública. Es evidente que esto significa tener
que tocar la Ley de contratos del Estado, pero, como le decía
anteriormente, es imprescindible acabar con la especulación. No
ponemos objeciones a que las empresas tengan beneficios, pero no
podemos estar de acuerdo con los privilegios de algunas grandes
empresas, con situaciones como las que posibilitan que empresas tipo
Eulen acaparen el trabajo social, como la ayuda a domicilio, con un
riesgo añadido del que hablaremos en otro momento, con lo que supone
de negativo que se obtengan beneficios en el trabajo social siendo
los clientes más necesitados de ayuda los que a veces, aunque esté
subvencionada, no la pueden pagar. Esta necesaria modificación de la
Ley de contratos del Estado debe permitir que ámbitos económicos del
trabajo social no sean accesibles a grupos
empresariales privados cuyas plusvalías no generan beneficios
sociales o que si les son accesibles tengan que revertir los
beneficios en los propios clientes.
Señorías, por lo expuesto, deseamos que se apruebe esta toma en
consideración con el fin de que podamos empezar a trabajar todos en
la dirección adecuada. Cuenten con nuestra colaboración en la medida
de nuestras posibilidades.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: Señora presidenta, señorías, desde el Grupo
Socialista consideramos importante el momento en el que estamos
debatiendo esta proposición de ley, porque si bien es cierto, como ya
han establecido los distintos intervinientes, que ha habido múltiples
intentos por regular este tipo de iniciativas y hasta ahora no se ha
conseguido, también es cierto que hoy todas las empresas,
organizaciones y personas que trabajan en este campo nos están
pidiendo a todos los grupos políticos la necesidad de este marco
normativo. Además, creo que la toma en consideración de esta
proposición de ley podrá llegar a buen efecto, porque la proposición
que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió y el anteproyecto
realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1999 son
prácticamente idénticos, con lo cual entendemos que no existirán
muchas discrepancias en este sentido.
Es necesario que se dote de mecanismos a nuestro ordenamiento
jurídico para evitar los riesgos de exclusión social de determinados
colectivos que, por diferentes razones, tienen dificultades para
integrarse en la sociedad. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Perdón, señora
diputada. Un momento que vamos a solicitar de la Cámara un poquito
más de silencio y de atención. A las señoras y señores diputados que
están de pie les ruego que, o abandonen el hemiciclo, o tomen asiento
para que la señora diputada pueda, con toda tranquilidad, terminar su
intervención.
Ruego, señora García Pérez, me excuse, pero creo que había que decir
algunas palabras.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Uno de los principales factores en esta inserción, sin duda, es el
mundo laboral, no sólo porque posibilite una independencia económica,
sino porque sirve para el desarrollo personal de estas personas y
para su integración en la sociedad. Dado que el desempleo se
configura, cada vez más, como una realidad estructural, laintegración
social de estas personas con riesgo de
exclusión social son el objetivo principal de muchas organizaciones
sociales que coinciden en señalar la importancia del empleo en los
procesos de inserción. Además, el hecho de que estas empresas
empiecen a ser reconocidas por su valor social, escapando de la ayuda
asistencialista que existía hace tiempo para optar por un sistema de
formación y capacitación, tanto profesional como social, hace
necesario un marco legislativo que las regule. Ya se ha hecho también
referencia por parte de otros intervinientes a que dentro del Plan de
inclusión social de nuestro Estado se establece como una de las
formas de integración para estas personas el empleo y la organización
de estas empresas. Es por ello que el Grupo Socialista va a apoyar la
toma en consideración de esta proposición de ley, esperando su
aprobación para dar lugar a un debate posterior en el que se pueda
enriquecer y mejorar con las aportaciones de los diferentes grupos
políticos. Digo esto porque, aun compartiendo la necesidad de este
marco jurídico, hay cuestiones que no compartimos o que entendemos
que se deben de matizar.
En cuanto a lo que en la proposición de ley se establecen como
sujetos de inserción laboral, se podrían hacer algunas
puntualizaciones como, por ejemplo, que en esta proposición se asume
la posibilidad de que haya personas que no puedan acceder a una renta
mínima de inserción por falta de disponibilidad presupuestaria.
Nuestro grupo no comparte esa asunción y pensamos que se podría
modificar.
Hay otros temas que también pueden ser matizados a lo largo del
debate, como pueden ser el número de trabajadores mínimos para
establecer una empresa de inserción social, el tanto por ciento de
reinversión de los beneficios en los procesos de inclusión o la
duración mínima de los contratos que se deben establecer. Todos ellos
son temas que entendemos que pueden ser debatidos por los distintos
grupos políticos y a los cuales podemos llegar, en cuestiones
concretas, a buenos acuerdos.
Otro tema que entendemos que se debe matizar es todo lo que tiene que
ver con los niveles competenciales. En este sentido, se debe combinar
el respeto de la competencia de las administraciones, de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales, con evitar el
riesgo que se puede crear por las desigualdades en derechos,
desarrollo y funcionamiento que pudieran darse por parte de las
diferentes comunidades autónomas en su voluntad de regular y promover
el empleo de inserción. Asimismo debemos partir de la idea de que el
objetivo principal de estas empresas ha de ser la inserción laboral y
no tanto la estimulación del rendimiento. Bajo esta óptica, habría
también que modificar el sentido de alguno de los artículos.
En definitiva, son muchas las cuestiones que se pueden matizar, pero
es sólo uno el objetivo que hoy nos trae aquí a todos, y es el que,
de una vez por todas, se pueda desarrollar este marco normativo tan
necesario
en estos momentos. Es por ello que reitero el voto favorable de
nuestro grupo a esta proposición de ley. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, subo a esta
tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular en
relación a la toma en consideración de la proposición de ley
presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que
posibilitaría la regulación de las empresas de inserción.
Este es un tema importante, apasionante, y yo creo que es verdad que,
como dice la exposición de motivos de la proposición de ley, que he
leído detenidamente, es un problema que afecta a toda la sociedad
moderna, que ya se ha estudiado en algunos países de la Unión
Europea, que nos afecta a todos, porque todos tenemos la posibilidad
de conocer a personas que están excluidas del mercado laboral en
situación de exclusión social, pero si bien en Europa se han hecho
cosas, también en España en ese ámbito se han puesto en marcha muchas
iniciativas legislativas para mejorar a todas aquellas personas que
en un momento dado están o han estado en situación de exclusión
social.
Es cierto que hay que luchar contra la marginación y la pobreza, hay
que llevar a cabo y debatir en este Parlamento todas aquellas
iniciativas que fomenten el empleo, pero también es cierto que las
cosas hay que hacerlas en su justo momento, con estudios detallados,
con toda la información necesaria, con todos los documentos que se
puedan aportar para completar una memoria que puedan facilitar una
regulación acorde con las demandas de nuestra sociedad.
Yo creo que en estos cinco años de Gobierno de la fuerza política a
la que represento en este momento se han hecho muchas cosas en el
ámbito social, en el ámbito de fomentar una mejor calidad de vida,
una mayor integración laboral de los excluidos socialmente: se ha
aprobado un Plan de choque experimental en cien municipios,
propiciado por el Gobierno, para que a nivel local se puedan llevar a
cabo esos estudios, esas acciones formativas, esas acciones de
práctica para que las personas excluidas socialmente puedan
integrarse en ese mercado laboral; todavía es pronto para saber el
resultado en toda su extensión de la viabilidad y de los avances que
hayan podido suponer en este sector. Se han elaborado programas de
tutoría individualizada, asignando un tutor en materia de orientación
profesional y de práctica para las personas que están excluidas de la
integración laboral en nuestro país. Se han fomentado programas de
escuelas taller para mayores de veinticinco años que brindan una
formación en prácticas
en obras y servicios de utilidad pública, promovidos tanto por
entidades públicas como privadas sin ánimo de lucro.
En el presente año, en el Plan nacional de fomento del empleo ya se
puso en marcha el programa de renta activa de inserción y la
consiguiente modificación para incrementar y ampliar la protección de
personas pertenecientes a estos colectivos que estamos analizando en
un número de 65.000, y se dota por primera vez este programa con
50.000 millones para que pueda dar sus frutos a lo largo de los
próximos años.
Es verdad que tenemos una cierta prevención en relación a la
proposición de ley, por varios motivos. Si bien tengo que dejar muy
claro que el Grupo Parlamentario Popular coincide y hace suya la
exposición de motivos y las necesidades de la misma, creo que es
prematuro el poder votar esta proposición de ley favorablemente,
porque sería necesario que todos los grupos políticos tuviéramos un
estudio mucho más detallado de la orientación de la regulación
adecuada de la proposición.
Señor Campuzano, mi grupo también ha debatido con el sector.
Entendemos que el sector, que viene realizando tareas de ayuda para
la inserción social, coincidiría más en una ley conceptual de
dominación de unos rasgos menos rígidos, una proposición de ley menos
constreñida y más generalizada que pudiera hacer efectivos esos
proyectos de empleo entre personas excluidas socialmente. Adolecemos
de una memoria detallada que pueda poner de manifiesto las
consecuencias que se pueden derivar. Porque en la proposición de ley
sólo se habla de una bonificación del 60 por ciento en el capítulo V,
cuando el proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara en
estos momentos, que ha modificado el contrato de inserción social,
habla de bonificaciones del 65 por ciento para determinados casos de
exclusión social. Por tanto, existen razones que nos llevan a ser
prudentes en este terreno, porque si no hacemos un estudio adecuado,
no sabemos la incidencia que podría tener el desplazamiento de
creación ordinaria de empleo al sector de inserción social, ya que
podría crear problemas a la economía productiva activa que no
necesita de una especial protección con relación a empresas que están
ubicadas dentro del mercado laboral de trabajo regulado por el
Estatuto de los Trabajadores.
Señor Campuzano, propondría que todos los grupos parlamentarios nos
pusiéramos de acuerdo para fomentar una mesa de negociación en la que
las partes implicadas fomentaran un estudio y nos hicieran llegar la
expectativa que requiere el sector, cosa importante en nuestra
sociedad, dadas las continuas transformaciones que sufre la economía
de mercado, la propia sociedad y la evolución de las empresas. Pero
debemos ser cautos, tener un poco de paciencia y fomentar esa mesa de
negociación para conocer los problemas y las soluciones que puedan
derivarse, conseguir un éxito próximo
en el terreno de la inserción social y poder desterrar a las personas
que están en situación de exclusión.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley:
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación
de las empresas de inserción.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 139; en contra, 145.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del
Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los
grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación
del orden del día, en el sentido de que los puntos 2 y 3 del apartado
I, relativos a toma en consideración de proposiciones de ley, sean
debatidos tras el punto 6 del apartado II, relativo a proposiciones
no de ley, y antes del apartado III, relativo a mociones consecuencia
de interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO
DE CONCIERTOS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES CON LA FINALIDAD
DE AGILIZAR LOS PROCESOS DE ADOPCIONES INTERNACIONALES. (Número de
expediente 162/000279.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS RELATIVAS A LA
ADOPCIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 162/000283.)
La señora PRESIDENTA: Punto II: Proposiciones no de ley.
En función de lo acordado en la Junta de Portavoces, se debatirán
conjuntamente las siguientes iniciativas: la proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso
de conciertos entre las administraciones competentes con la finalidad
de agilizar los procesos de adopciones internacionales, y la
proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas relativas a la adopción internacional.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
(Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, ruego
guarden silencio! (Pausa.)
Adelante, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Hoy tengo el honor (y se
lo agradezco a mi grupo parlamentario) de intervenir en una
proposición no de ley que trata de mejorar las condiciones de acceso
a las adopciones internacionales. He de agradecer también la
receptividad que he encontrado a una proposición no de ley que se va
a discutir conjuntamente con la del Grupo Popular (la del Grupo
Popular ya fue objeto de una iniciativa idéntica a la que hoy
debatimos a finales del año 1999 y caducó al finiquitar la
legislatura precedente), y he de agradecer la posición que ha
mantenido doña Carmen del Campo en esta cuestión, que nos ha
permitido llegar a un texto conjunto y nos ha permitido incorporar
iniciativas y sensibilidades de otros grupos de la Cámara,
manifestadas en las enmiendas... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Azpiroz.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Para mí es un honor y es un día de agradecimiento y de felicitación
porque creo que este Congreso de los Diputados va a aportar una
resolución, bajo la forma de proposición no de ley, que favorezca la
mejor defensa de los intereses del menor, que favorezca también las
legítimas expectativas y aspiraciones de muchas familias
y matrimonios españoles y, en definitiva, que se ahonde en una mejor
regulación de lo que hasta el momento ha venido haciendo el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la materia.
Como es conocido por quien ha tenido que pasar el trámite de una
adopción internacional, en ocasiones dificultosa y problemática,
existen problemas iniciales de información, problemas relativos a la
agilidad en la concesión de los certificados de idoneidad y no
siempre a un cierto criterio más o menos homogeneizado o conjunto que
sería deseable plantear en las diversas comunidades autónomas
competentes, para el mejor conocimiento de los ciudadanos y por un
principio que, respetando esas competencias, salvaguarde y no quebrante
el principio de igualdad de nuestros conciudadanos. Hay
problemas cuasi insalvables para no poder adoptar en el país que uno
desee cuando en el lugar de residencia de las personas que lo
pretenden no existe la ECAI, la entidad de colaboración en la
adopción internacional, acreditada en dicho territorio. Y a nosotros
nos parece que hay que favorecer que las personas, previo concierto
con las comunidades que tienen acreditada y certificada dicha agencia
y las comunidades que carecen de ella, que los ciudadanos no se vean
impelidos a no poder adoptar en determinados países, por razones de
agilidad temporal, por razones de un menor tiempo de permanencia en
el Estado o en la nación origen del adoptado, por razones de coste
económico, por razones de seguridad o por razones de mero interés en
adoptar en un país y no en otro, en función de la afinidad biológica
o de la afinidad o no lingüística o cultural de la persona adoptada
con la integración de los padres y el matrimonio que pretende adoptar
e integrarla en su familia.
Por todo ello, hemos presentado una proposición no de ley que ha sido
objeto de una fusión con un resultado que enriquece notablemente
tanto la que aportaba mi grupo como la del Grupo Socialista, en pro
de facilitar todos estos trámites, garantizando siempre el derecho
del menor, el respeto a la Convención de La Haya de 29 de marzo de
1993 y las competencias de las cuales son titulares las comunidades
autónomas. Hemos hecho un texto en el cual se promueven, en primer
lugar, criterios relativos a la protección del menor; en segundo
lugar, hay criterios acordados para la acreditación de las ECAI,
entidades de colaboración de la adopción internacional, de manera que
no haya una dispersión o contradicción en función del territorio de
que se trate y que en Madrid una pueda no estar acreditada y en
Navarra, sí, o viceversa, porque se debe tratar de unas garantías
mínimas que conformen y respeten la legalidad vigente y que, por
descontado, preserven y salvaguarden la mejor defensa del menor como
se debe realizar. En tercer lugar, planteamos el impulso de convenios
con las comunidades autónomas para la validez de las entidades
colaboradoras de la adopción internacional, como he dicho hace un
momento, que estén presentes en otro territorio. Ha habido acuerdos
intracomunitarios de directores generales de las comunidades
autónomas en estas materias en los años 1997 y 1998; ha habido
esfuerzos, que hay que reconocer y valorar en su justa medida, por el
Ministerio de Trabajo, pero nos parece que, en la práctica, no son
realmente suficientes para las legítimas aspiraciones y los problemas
de nuestros conciudadanos y que se deben mantener y mejorar los
mecanismos hasta ahora existentes para que los ciudadanos, como he
dicho, si quieren adoptar en Bulgaria y en el lugar de residencia no
hay una ECAI que trabaje allí lo puedan hacer, porque hay que
facilitar que un menor sea adoptado, que no permanezcaun tiempo
innecesario en la salvaguardia de los lugares
de tutorización del país de origen, y que tampoco se genere una
situación de extrema incertidumbre, de tensión innecesaria, en unos
padres ansiosos de poder adoptar, que es algo bueno para el niño,
para sus padres y para toda nuestra sociedad, más todavía con el
escaso nivel demográfico que tiene la nuestra.
Se han acreditado en esta fusión de las proposiciones no de ley cinco
aspectos. Unido a lo que he dicho, agilizar la información, que es
importante, y agilizar los procesos de adopción. Vinculado a ello,
precisar conciertos con las oficinas consulares, de modo que
faciliten un mejor conocimiento de la legislación interna del país de
origen, que faciliten los trámites, que faciliten los visados o
pasaportes y que, en definitiva, preserven el interés del menor y el
legítimo interés de las familias. Me tengo que felicitar, señora
presidenta, por poder presentar un texto que puede acoger las
diversas sensibilidades y planteamientos que los diversos grupos hoy
han presentado. Hemos llegado a un acuerdo expreso en la materia con
el Grupo Socialista, que, insisto, agradezco, y con el Grupo de
Convergència i Unió, que también agradezco, y recogemos alguna
formulación puntual efectuada desde Izquierda Unida en la materia.
En definitiva, señora presidenta, proponemos y apoyaremos un texto
que dice lo siguiente -y que a continuación entregaremos-: Primero,
promover acuerdos con las comunidades autónomas en el seno de las
conferencias sectoriales pertinentes para que, con relación a las
adopciones internacionales, mejoren los mecanismos de colaboración
entre las mismas y para que cada una de ellas garantice el
cumplimiento de los principios relativos a la protección del menor y
a la cooperación en materia de adopción internacional, en el marco de
lo establecido en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993.
Segundo, agilizar los trabajos de colaboración con las comunidades
autónomas para que, en un plazo máximo de seis meses, se llegue a
adoptar acuerdos en cuanto a los criterios para conceder la
acreditación de las entidades colaboradoras, siempre que se garantice
que tengan como objetivo en sus estatutos la protección de los
menores, así como la eficacia de su acción y su carácter de
organizaciones sin ánimo de lucro. Tercero, impulsar convenios para
que las entidades colaboradoras en los procesos de adopción
internacional, ECAI, puedan trabajar en todo el territorio nacional
mediante acuerdos entre aquellas comunidades autónomas donde estén
acreditadas y aquellas otras que lo estimen oportuno, profundizando
en los acuerdos de cooperación interautonómica adoptados por los
directores generales de las comunidades autónomas en fechas 4 de
noviembre de 1997 y 10 de noviembre de 1998. Cuarto, establecer una
colaboración fluida entre las comunidades autónomas y el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, con la finalidad de garantizar la
rapidez de la información y agilizar estos procesos en aras del
interés del menor. Quinto -y último-,
establecer conciertos con las oficinas consulares para que se preste
la asistencia y asesoramiento necesarios a las familias adoptantes,
ayudándolas, siempre desde el respeto a los procedimientos y
disposiciones locales en la materia, en la agilización de los
trámites para formalizar la adopción ante las autoridades competentes
del país de origen del menor.
Nos parece, señora presidenta, señorías, que hemos llegado a un
texto, como dije antes, que ha profundizado, ha mejorado y ha
enriquecido los textos iniciales que han dado lugar al debate que
ahora tenemos en la Cámara. Creemos que hoy estamos dando una
legítima satisfacción a las aspiraciones de muchas familias y muchos
matrimonios, desde una perspectiva doblemente garantista: por una
parte, la fundamental de garantizar los legítimos intereses y
derechos del menor y, por otra, siendo escrupulosamente respetuosos
con nuestro orden constitucional, con nuestro marco comunitario, con
nuestro marco competencial.
Estamos dando una respuesta no sólo a esas peticiones de una parte
importante, cada día creciente, en nuestra sociedad, sino que estamos
atendiendo legítimas aspiraciones de entidades colaboradoras de la
adopción internacional que ven muchas veces frustradas las
posibilidades de atender razonables peticiones de ciudadanos
españoles que quieren que sean atendidas y quieren plantear
adopciones en países que esas entidades colaboradoras tienen
concertados, que están acreditadas ante dichos países y ante nuestras
comunidades y sin embargo no lo están en el lugar de residencia, en
el domicilio de dichos padres. Solventar esto nos parece que es un
avance que va a facilitar dos cosas fundamentales: la garantía del
menor y seguir acreciendo con una adopción internacional dinámica que
responda a una reivindicación social cada día mayor y que da una
respuesta garantista a los derechos de todas las partes implicadas.
Tiempo habrá, sin duda, en otro momento, de abordar -probablemente en
esta misma Cámara- debates colaterales que hoy no podemos abordar.
Por ejemplo, los relativos a costos, los relativos a algunos países,
en relación con la seguridad jurídica que nos dan a la hora de saber
si realmente se está procediendo a una adopción o a otra cuestión,
pero que afectan, en todo caso, a modificaciones legales que hoy no
pretendemos. Hoy pretendemos una modificación para que haya acuerdo
de voluntades, que haya concierto, que haya convenio, que haya
impulso, que existe pero que queremos que se profundice, desde el
Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas, para llegar al
doble fin que hemos propuesto y al que ya me he referido en demasía.
Muchas gracias y felicidades a todas SS.SS. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Azpiroz.
Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra la
señora Del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero
también sumarme a la felicitación por haber conseguido hoy un texto
que recoge las propuestas del Grupo Popular, las propuestas del Grupo
Socialista y distintos matices enmendados por otros grupos; un texto
que para nosotros satisface las exigencias del interés del menor y
supone además, aunque sea lo secundario, una sensible mejora en los
procedimientos de adopción internacional.
Después de esta felicitación, desde el Grupo Socialista quisiéramos
explicar por qué nos sentimos movidos a presentar esta proposición no
de ley y por qué hemos suscrito el texto transaccional, que nos
parece que la respeta y la mejora. Y es que, señorías, la adopción
internacional es un fenómeno en una expansión vertiginosa en España:
942 adopciones internacionales hubo en el año 1997; 1.447, en 1998;
2.000, en 1999; más de 3.000, en el año 2000. Estamos multiplicando
por cuatro la cifra de adopciones de hace cuatro años. Y, ante un
fenómeno que crece de esta manera, es fundamental que haya un
control, sobre todo en un fenómeno en el que la materia prima, el
objeto a tratar, es tan delicado, es nada menos que niños. Ha de
haber el control adecuado para que lo que nació como una
manifestación de solidaridad no degenere en sangrantes casos de
tráfico de niños.
España fue firmante del Convenio de La Haya de 1993, cuyo objeto era
fundamentalmente establecer garantías para que este tipo de adopción
se hiciera en consideración al interés del menor y al respeto a los
derechos fundamentales que todo niño tiene. La Ley orgánica de
protección jurídica del menor, la Ley 1/1996, reguló la adopción
internacional de acuerdo con lo establecido en el convenio,
definiendo las funciones de las entidades públicas y las de aquellas
entidades sin ánimo de lucro que podían ser acreditadas por las
entidades públicas para actuar como mediadoras en el proceso de
adopción. La verdad, señorías, es que nuestra legislación de 1996 era
una legislación excelente, no hubo discrepancia entre los partidos en
este punto, pero la práctica ha venido demostrando que existen graves
dificultades en el día a día de los procedimientos de adopción,
graves dificultades que convierten la adopción para el niño que es
adoptado en una aventura peligrosa que muchas veces atenta contra su
propio interés y para el adoptante en un largo calvario difícil y
arriesgado.
La proposición no de ley del Grupo Socialista trataba de poner
solución a algunos de los más importantes de esos problemas que se
producen en el día a día de la adopción internacional. Ante todo, al
hecho de que las entidades colaboradoras de adopción que están
acreditadas en las comunidades autónomas son variopintas,
no sólo en la eficacia de su acción sino también en su carácter de
auténticas entidades protectoras de menores y sin ánimo de lucro. Hay
comunidades que tienen perfectamente definidos los requisitos
necesarios para acreditar una agencia colaboradora de adopción
internacional y que tienen perfectamente regulado su funcionamiento,
pero también es cierto que hay lugares donde la insuficiencia
normativa o la inadecuación de ésta origina casos peligrosos, un
marco de permisividad que puede crear graves perjuicios, tanto para
el menor como para quienes solicitan adopción, y que es además una
fuente constante de denuncias, de intervenciones administrativas e
incluso de retiradas de habilitación que dejan en la estacada a los
niños y a quienes en ellas trataban de solicitar la adopción de
alguno de ellos.
Sabemos que el Gobierno y las comunidades autónomas llevan tiempo
tratando de establecer criterios comunes para la acreditación de
estas agencias. Sin embargo, aunque, por lo que sabemos, ninguna de
las partes tiene inconveniente en la adopción de estos criterios,
también es lo cierto que hasta hoy estos acuerdos no han
fructificado. Nosotros creemos que ya es tiempo de poner un plazo, un
límite, para que fructifiquen y para que todas las comunidades
autónomas dotadas de esos criterios puedan tener la garantía de que
las agencias de adopción responden a la función que la ley previó
para ellas. Pretende también nuestra proposición resolver una
situación administrativa complicada que se crea en España con la
aplicación del Convenio de La Haya y que es más complicada aún porque
hasta ahora no se ha encauzado adecuadamente. De hecho, de acuerdo
con las disposiciones del Convenio de La Haya, las autoridades
centrales competentes en materia de adopción internacional son las
comunidades autónomas. Sin embargo, la autoridad competente, a
efectos de transmisión de comunicaciones, es el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, cosa que no sería ningún problema si la
comunicación fluyera rápidamente de ese Ministerio a las comunidades
autónomas. Pero, por desgracia, no sucede así y con eso los
perjudicados son, primero, los adoptantes, que muchas veces ven su
calvario burocrático a la hora de adoptar duplicados ante una y otra
Administración y, segundo, los niños, que muchas veces ven cómo esta
prolongación de los trámites burocráticos les aleja cada vez más las
esperanzas de tener una auténtica familia.
Deseamos, por tanto, que se busquen fórmulas para garantizar la
fluidez de esta comunicación y también para mejorar la asistencia de
nuestro servicio consular a quienes pretenden adoptar en el
extranjero. Porque, señorías, lo cierto es que hay países en la Unión
Europea, como Alemania o Italia, en que un solicitante de adopción
que llega a un país extranjero tiene a un funcionario consular que le
atiende, contribuye a aliviarle las actuaciones judiciales
administrativas, garantiza que obtenga la información necesaria y, en
fin, hace que sea más sencillo ese trámite difícil, largo y siempre
complicado, para un ciudadano que se tiene que mover en el
extranjero, y mucho más cuando hay por medio un niño que está
esperando ser adoptado. Sin embargo, lo cierto es que los ciudadanos
españoles estas ventajas sólo las tienen por la buena voluntad de los
funcionarios consulares aislados.
La experiencia ha demostrado que esta falta de asesoramiento in situ
puede dar lugar a auténticos fraudes y a tristes casos de venta de
niños. Además, señorías, hoy por hoy, la cifra de adopciones por
parte de españoles en algunos países extranjeros es sumamente alta.
El año pasado, por ejemplo, casi 500 adopciones en la Federación
rusa; 583, en Rumania; 475, en China; o 420, en Colombia, justifican
de sobra que haya funcionarios dedicados a la atención de estos
ciudadanos que quieren adoptar y de estos niños que esperan ser
adoptados. Precisamente a esta exigencia respondía el último punto de
nuestra proposición no de ley. De aquí nuestra satisfacción de que el
texto transaccional que hemos aprobado entre todos no sólo recoja los
puntos planteados por el Grupo Socialista, sino matizaciones hechas
por Convergència i Unió y por Izquierda Unida, y, aunque no recoja
todo su texto, sí el espíritu de las enmiendas de Izquierda Unida,
puesto que al fin y al cabo las medidas que en el texto consensuado
se proponen no son sino medidas, y las más efectivas y concretas,
para luchar contra las mafias y contra el tráfico de niños. Además,
incluye dos puntos presentados por el Grupo Parlamentario Popular que
nos parecen interesantes, especialmente el segundo, el que trata de
profundizar en los acuerdos ya existentes de cooperación para que las
entidades colaboradoras de adopción internacional puedan facilitar la
adopción en países extranjeros a ciudadanos de otra comunidad
autónoma cuando en su comunidad autónoma no haya una entidad que
trabaje con ese concreto país extranjero.
Por tanto, señorías, creemos que hoy, con más o menos dificultades,
hemos hecho un buen trabajo entre todos, un trabajo que nos permite
plantear al Gobierno una serie de medidas que tienen que mejorar y
que tienen que mejorar en un futuro inmediato la situación de los
menores que esperan ser adoptados o de aquellos que ya están en
proceso de adopción internacional.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Del Campo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, la señora
Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para fijar nuestra posición con respecto al
texto consensuado que
nos han presentado los grupos parlamentarios Popular y Socialista.
Desde Convergència i Unió compartimos las preocupaciones, las quejas
incluso que manifiestan los ciudadanos por los escollos con que se
encuentran en la tramitación de las adopciones internacionales y
compartimos también con los grupos proponentes la necesidad de
adoptar políticas que de una manera eficaz o, por lo menos, de la
manera más eficaz posible coadyuven a resolver los problemas que en
el largo camino de las adopciones internacionales aparecen y que, tal
y como se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa
socialista, convierten esta adopción en una empresa generalmente
difícil y penosa para los adoptantes. Y, lo que es más, tal como se
señala en la iniciativa del Grupo Popular, en muchas ocasiones, las
dificultades que aparecen, en especial la gran lentitud de trámites
administrativos, hacen que pueda llegar a conculcarse el interés
superior del menor porque se le está retrasando el derecho que tiene
de gozar de la atención y afectividad que le son imprescindibles para
su desarrollo personal y que le va a proporcionar, sin duda, su
familia adoptiva.
Fruto de nuestra preocupación por este tema y desde la convicción que
también tiene Convergència i Unió de que deben adoptarse medidas
eficaces para allanar el camino de las adopciones internacionales,
habíamos presentado una enmienda a las iniciativas Socialista y
Popular. Ahora se nos presenta por los grupos proponentes, Socialista
y Popular, un texto no sólo consensuado con todos los grupos, sino
enriquecido con las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda
Unida y por nuestro propio grupo. Quiero, en primer lugar, agradecer
el esfuerzo que los proponentes han hecho para poder llegar a este
acuerdo y decir también que creemos sinceramente desde Convergència i
Unió que el texto resultante es un buen texto. Pensamos que
profundizar en los acuerdos de cooperación interautonómica ya
adoptados por los directores generales de las comunidades autónomas
con respecto a que las ECAI puedan trabajar en todo el territorio del
Estado, por una parte; establecer una colaboración fluida entre las
comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
para dar rapidez a la información que los adoptantes solicitan, para
evitar duplicidad en las gestiones y para, en definitiva, agilizar
los procesos de adopción en aras del interés del menor, por otra, y,
especialmente, una buena asistencia de las oficinas consulares, estas
tres medidas, en su conjunto, significarán un gran proceso en la
agilización de estos trámites e incluso es posible que supongan un
abaratamiento en el coste de los mismos.
Con respecto a los puntos primero y segundo, donde se han aceptado
con generosidad nuestras enmiendas por parte de los grupos
proponentes, pensamos que la redacción actual, que la redacción
final, no sólo es absolutamente respetuosa con las competencias,
punto
para nosotros de gran relevancia, sino que también se ajusta más a lo
que es desde nuestro punto de vista capital en este tema y es que,
más allá de criterios puramente unificadores, la regulación de todas
las comunidades autónomas garantice el cumplimiento de los principios
relativos a la protección del menor y a la cooperación en materia de
adopción internacional en el marco de lo establecido en el Convenio
de La Haya de 29 de mayo de 1993, garantías que se dan, y así nos
consta, en muchas de las regulaciones, y especialmente quiero citar
la de Cataluña. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
como es natural, apoyará el texto resultante.
Finalizo felicitando sinceramente a todos los grupos por haber sido
capaces de consensuar un texto que todos podamos votar y que sin duda
mejorará la tramitación de la adopción internacional, en interés
evidente de los ciudadanos adoptantes, pero, en especial, en interés
del menor.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, empiezo como ha terminado la portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), agradeciendo a todos los
grupos o, mejor, agradeciéndonos todos los grupos haber llegado a
este punto de encuentro.
Ya en la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Popular presentó
la misma proposición no de ley sobre la adopción internacional. Si en
1999 eran evidentes los variados problemas que aquejaban a los
procesos de adopción internacional, hoy, dos años después, esos
problemas no solamente no se han solucionado, sino que siguen estando
ahí, agravados, por lo cual es netamente saludable volver a presentar
esta proposición no de ley. Vaya por delante nuestra felicitación a
los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular por suscitar de nuevo
esta cuestión, ya que, como decía antes, los problemas de
burocratización, la disparidad de criterios administrativos y
garantías antifraude, así como la lentitud en materia de adopción
internacional, siguen necesitando soluciones de las administraciones
públicas.
En primer lugar, con respecto a la proposición del Grupo
Parlamentario Popular y de cara a su posterior desarrollo, debo decir
que, aun estando de acuerdo con el texto, es notorio el interés del
PP por insistir en los retrasos como consecuencia de la
burocratización, en las disparidades de criterio de las
administraciones públicas competentes y en la situación de presunta
desigualdad de los ciudadanos. Sin negar la existencia de alguno de
esos problemas, que lo son, este grupo
parlamentario entiende que éste, como otros muchos asuntos, en un
Estado de las autonomías, es un tema que debe ser objeto de profunda
y leal cooperación interadministrativa. No es menester echar la culpa
a nadie, ni el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el bueno
de la película y las comunidades autónomas son las malas, ni al
revés. Más bien al contrario, todas ellas son administraciones
competentes en la materia y está abocadas a dialogar, a entenderse y
a trabajar codo con codo. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.) A pesar de estos matices que, como ya he comentado, no
nos agradan -esa preocupación por la celeridad, quizá un tanto en
demérito de las garantías necesarias en este tipo de adopciones, que,
irremediablemente, implican tiempo, o esa pasión por la uniformidad,
un tanto incompatible con nuestro autonomismo asimétrico-,
consideramos de forma positiva el texto del Grupo Parlamentario
Popular -mucho más el texto de encuentro por entender que es más lo
que tiene de bueno que lo que tiene de malo. Es evidente que en el
texto del PP se hace una apelación a las conferencias sectoriales que
nos parece muy oportuna, se hace mención a la protección del menor
como eje central, se tiene en cuenta la cooperación internacional y
se contempla el trabajo en red a nivel interautonómico.
Con respecto al Grupo Socialista, tengo que decir que, aparentemente,
el texto que han presentado es muy similar al del Grupo Parlamentario
Popular, sin embargo, Izquierda Unida entiende que éste, en vez de
centrarse exclusivamente en la celeridad administrativa, como hace el
PP, ha tenido en cuenta otros factores que a nosotros nos parecen
claves, como es la necesidad de crear un clima de trabajo conjunto,
fluido, entre el Ministerio competente y las comunidades autónomas y
la reivindicación de un papel central de la administración consular
española en la asesoría de los padres y madres en busca de una
adopción internacional. También apreciamos en el texto del Grupo
Parlamentario Socialista una mayor precaución por las cautelas, las
garantías y la lucha contra la irregularidad en materia de adopción
internacional. En virtud de esos elementos, hubiéramos votado, con
pequeñas enmiendas, tanto a favor de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular como de la del Grupo Parlamentario
Socialista, mucho más en este caso habiendo un texto de encuentro. Es
interesante la cuestión de la mafia de adopciones y otras
terminologías concordantes con el espíritu del texto socialista.
Señorías, termino convencido de que hemos alcanzado un buen texto
para impulsar al Gobierno a que colabore con las comunidades
autónomas en la solución de los problemas que en este momento aquejan
a los procesos de adopciones internacionales. Y reitero una vez más,
como no podía ser menos, nuestro apoyo a un texto que ya de por sí,
separadamente, aunque con pequeñas cautelas, hubiéramos apoyado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar a favor de esta iniciativa. Como ha anunciado el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se ha realizado una labor
de síntesis para resolver un problema que origina que en este momento
las personas que en España desean recurrir a la adopción
internacional entren en un laberinto de trabas burocráticas. Diríamos
que hay un triángulo de problemas. En primer lugar, la excesiva
burocratización en el Estado de los trámites impuestos por las leyes
del Registro Civil hace que tengamos que superar esta tremenda
barrera burocrática. Tan es así que España está considerada como uno
de los países de mayores impedimentos y dificultades para la adopción
interna, como se comprueba cuando se intenta la adopción exterior,
pues las facilidades en otros países son apabullantes. Yo invitaría a
cualquier diputado a navegar por Internet y contactar con los lugares
en los que en Estados Unidos de Norteamérica se ofertan las
adopciones, no solamente de demanda de adopción, sino también con
aquellos que ofertan criaturas para ser adoptadas por parejas o
matrimonios. Pues bien, las facilidades de la legislación
norteamericana en estos momentos hacen que los impedimentos
burocráticos sean prácticamente nulos si se comparan con los
españoles.
El segundo problema con el que nos encontramos es la disparidad de
los instrumentos de adopción en las competencias que las comunidades
autónomas tienen en España, hasta tal punto que funcionan también
agencias que podemos llamar de colocación o de gestión, es decir,
gestorías que facilitan información a las personas que quieren
adoptar niñas o niños, que ante las dificultades y la carencia de
ofertas por la disminución de la tasa de natalidad española, para
adoptar niños nacidos en España, tienen que acudir a las ofertas
internacionales. Pues bien, hay unos circuitos informativos que
señalan qué comunidades autónomas tienen determinadas estructuras que
favorecen esta gestión y cuáles no, y se empieza a producir un
verdadero agravio comparativo inconstitucional, a juicio de este
portavoz, porque la Constitución garantiza la igualdad de derechos de
todos los españoles, que les está frustrando por la ausencia
legislativa de coordinación entre las distintas comunidades
autónomas.
El tercer punto de este triángulo es que tenemos que armonizar
nuestra legislación civil con los acuerdos del Convenio de La Haya y
la Ley 1/1999, para que salga cuanto antes una disposición, dentro
del sistema de cooperación y colaboración, que acertadamente se ha
recogido como labor de síntesis en la enmienda transaccional
entre las enmiendas presentadas en la Cámara. Mi grupo se
congratula de esta iniciativa porque en estos momentos la Comunidad
Autónoma de Canarias quiere tener una resolución lo antes posible. En
una comunidad donde hay una población residencial extranjera nos
estamos dando cuenta de que los extranjeros residentes en Canarias
tienen más posibilidades para efectuar una adopción internacional que
las parejas o matrimonios españoles, que se ven incluso agraviadas
frente a las facilidades que tienen ciudadanos de la Unión Europea
residentes en Canarias. De aquí, señora presidenta -con esto termino-
que mi grupo vaya a votar con gran entusiasmo la aprobación de esta
iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular y el Grupo Socialista traen a la Cámara dos
iniciativas que hacen referencia a una realidad cada vez más
frecuente, las adopciones internacionales. Cuando en la legislatura
pasada modificamos el artículo 9. 5 del Código Civil, también en
relación con las adopciones internacionales, ya expresó mi grupo su
parecer de que era una apuesta corta.
Como he manifestado, estamos ante una realidad cada vez más frecuente
pero necesitada de mejoras en su regulación. Un dato que demuestra la
evidencia de lo que manifiesto es que el último premio otorgado por
la prestigiosa revista jurídica La Ley haya sido para un
interesantísimo trabajo sobre la regulación de las adopciones
internacionales. Pensamos que el grupo mayoritario, el propio
Gobierno, debiera preocuparse e interesarse por traer cuanto antes a
esta Cámara una regulación más completa de este instituto que
efectivamente -y no es una opinión sino un dato- somete a multitud de
familias, posibles adoptantes, a un auténtico calvario.Desde esta
perspectiva, mi grupo ha formado su opinión además de buscar el
superior interés del menor, que es en definitiva de lo que se trata.
No les ocultaré a SS.SS. que las dos iniciativas que se presentan son
de las que en principio suscitan ciertas suspicacias en partidos
nacionalistas como el que represento, defensores de las competencias
asumidas por las comunidades autónomas. Siempre está bien mejorar y
coordinar actuaciones, pero uno se pregunta sobre qué título
competencial se actúa con estas iniciativas. En las exposiciones de
motivos de ambas proposiciones se alude a la acreditación de las
entidades que pueden ser mediadoras en materia de adopciones, y esto
es microadministración, es título que corresponde a las comunidades
autónomas. Se dice que muchas no
lo han regulado. La Comunidad Autónoma vasca sí, porque tiene desde
el año 1996 un decreto. Y también se alude al deficiente
funcionamiento de las comunidades autónomas. Será en unas sí y en
otras no. Visto el contenido de las dos iniciativas -resaltaré en la
socialista la llamada que se hace a la colaboración de la
Administración consular, que nos ha gustado especialmente- y visto el
texto de la transacción, mi grupo entiende que se mueve en el terreno
de lo que es mera coordinación. Coordinación que no es regular, sino
establecer mecanismos técnicos y metodológicos y a eso no se opone la
formación política a la que represento.
Señor Azpiroz, sí nos hubiera gustado poder formar parte de los
consensos a los que usted ha llegado pese a no haber formulado
enmiendas al texto. Aun no habiendo sido llamados al acuerdo, mi
grupo no tiene ningún inconveniente en votar a favor del texto que se
ha transaccionado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Azpiroz, señora Del Campo, del contenido del debate se puede
deducir que son retiradas las dos iniciativas y que se somete a
votación únicamente el texto transaccional. (Asentimiento.)
Señorías, vamos a someter a votación el texto consecuencia de la
transacción a la que han llegado tanto el Grupo Parlamentario Popular
como el Grupo Parlamentario Socialista y que sustituye a las dos
proposiciones no de ley defendidas y presentadas por ambos grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 280; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto transaccional sometido
a votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CUMPLIMIENTO POR PARTE
DEL GOBIERNO DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES EN LO REFERENTE A LAS
COMPENSACIONES POR DEDUCCIONES FISCALES A LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES.
(Número de expediente 162/000287.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de
haciendas locales en lo referente a las compensaciones por
deducciones fiscales a los municipios españoles.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra
el señor Martínez Sanjuán. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, ocupen sus escaños o abandonen el
hemiciclo.
Adelante, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Gracias, señora presidenta.
La Ley reguladora de haciendas locales aprobada en el año 1988, que
supuso un hito importante en la financiación de las corporaciones
locales en cuanto que les dio carta de naturaleza en su autonomía
fiscal y tributaria y que marcó un nuevo camino en la libertad y la
autonomía de los ayuntamientos, dando auténtica responsabilidad...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez Sanjuán. (Continúan
los rumores.)
Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la
palabra, cosa que le resulta harto difícil por el nivel de murmullo
que hay en la Cámara.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias por su amparo, presidenta.
Creo que decía, cuando me he callado, que la Ley de haciendas locales
al instaurar una auténtica autonomía financiera de los ayuntamientos,
les dotó de una auténtica responsabilidad y corresponsabilidad
tributaria. Ahora que se está hablando del nuevo modelo de
financiación autonómica, también parece que se habla del nuevo modelo
de financiación local al hilo de esta discusión futura de la
financiación autonómica. Tanto que se habla de la corresponsabilidad
fiscal, quiero defender en esta tribuna la autonomía y la
corresponsabilidad de los ayuntamientos, dado que en este país fueron
y siguen siendo los ayuntamientos, los alcaldes y las corporaciones
locales los auténticos corresponsables en materia de fiscalidad. A
ellos les atribuye la Ley de haciendas locales la autonomía para
fijar los tipos de las principales figuras tributarias: IBI, IAE,
transmisiones, padrón sobre circulación de vehículos y licencia de
obras, fundamentalmente, y a ellos les corresponde asumir sus
responsabilidades delante de sus vecinos, de su electorado, porque
son los auténticos conocedores y agentes que desde la responsabilidad
que marca la Ley de haciendas locales establecen sus decisiones
tributarias. Sin embargo, la Ley reguladora de haciendas locales fue
inteligente también cuando en el artículo 9 fijó la posibilidad de
que el Estado, las Cortes Generales a través de leyes específicas,
pudieran establecer exenciones fiscales en aquellos tributos que son
de responsabilidad local. Concretamente, estableció en el artículo
9.2 el camino y la estrategia que se debiera llevar a cabo en las
ocasiones en que por leyes se contemplaban beneficios fiscales en
materia de tributos locales, recordatorio que todos los años en las
diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado se fija con
carácter anual, concretamente este año en el artículo 73.
En la medida en que en los últimos años los diferentes tributos
locales han venido aumentando el número de exenciones fiscales en las
diferentes leyes de presupuestos
o decretos leyes convalidados luego por esta Cámara, mi grupo
parlamentario pensaba que la partida correspondiente, recogida en los
Presupuestos Generales del Estado en la sección 32, entes
territoriales, con el transcurrir de los años iría en aumento. Cuál
ha sido mi sorpresa, al comparar los últimos presupuestos del año
2001 en relación con los del año 2000 y anteriores, que observo que
esta partida no aumenta tanto como la financiación local, después del
último pacto de financiación autonómica o municipal, en la medida en
que la mayor parte de los impuestos podía ir aumentando, de acuerdo
con lo que creciera la economía de este país. Me preocupé por este
hecho y también pensé en un momento determinado que, debido a los
cambios que se producen en función de los resultados electorales y a
la falta de medios técnicos, personales y económicos, los miles de
ayuntamientos no reclamaban lo suficiente a las agencias tributarias
a través del reparto de estas cantidades a las diferentes
corporaciones locales. Una parte de la explicación me fue dada en un
principio por esta interpretación. Por una parte, porque Hacienda
normalmente no hace demasiados esfuerzos por informar a los
ayuntamientos de cuáles son sus obligaciones o necesidades y, por
otra, porque los ayuntamientos en demasiados casos no reclaman lo
suyo. Así que se juntaba, como se suele decir, el hambre con las
ganas de comer. Y esta partida a la que posiblemente muchos
ayuntamientos tienen derecho a reclamar no se ejecuta en las
oportunidades necesarias. También pensé que estas exenciones no eran
importantes y por eso pedí información al Gobierno, a través del
artículo 7 del Reglamento, preguntando cuáles eran las exenciones que
continuaban vigentes en las diferentes figuras tributarias locales,
tanto en IBI, como en IAE, como en otras figuras tributarias. Y
realmente las exenciones fiscales son importantísimas. Así que pensé
que tampoco era razón suficiente.
Después de haber escuchado al secretario de Estado de Organización
Territorial, señor Elorriaga, últimamente en la Comisión de
Administraciones Públicas, descubrí cuál era la razón fundamental por
la que no crecía, y en muchos casos decrecía, la partida
correspondiente a subvencionar o financiar las exenciones fiscales a
las corporaciones locales. Y es que desde el año 1998 cuando se han
introducido bonificaciones o exenciones en figuras tributarias
siempre han ido acompañadas de la coletilla de que no eran
compensables desde los presupuestos del Estado, cambiando el
espíritu, el auténtico sentido, de la Ley reguladora de haciendas
locales y concretamente de su artículo 9. Para que nos entienda todo
el mundo: el Gobierno invita a copas a mucha gente con cargo a la
tarjeta de crédito de los ayuntamientos. Queda bien con diferentes
colectivos, diciendo: les eximo de determinadas figuras tributarias,
pero luego no compensa a los ayuntamientos. Se está rompiendo el
espíritu de la Ley reguladora de haciendas locales. Me
dio la razón en este caso el secretario de Estado, señor Elorriaga,
cuando le preguntaba si no se estaba produciendo también algún
elemento negativo en cuanto a la información de la Administración
estatal a las corporaciones locales. Contestó: Es posible que algunos
ayuntamientos, por falta de información o por una insuficiente
coordinación, no estén haciendo las solicitudes de compensación que
legalmente les corresponden.
Con esta proposición no de ley, con esta decisión que quiere proponer
el Grupo Parlamentario Socialista a este Congreso, queremos
restablecer el auténtico espíritu de la Ley reguladora de haciendas
locales. Es decir, que se compense a las corporaciones locales de
aquellas exenciones fiscales que muchas veces se toman sin su
consentimiento, que se aumente esta partida de acuerdo con la
evolución lógica de lo que debiera ser una filosofía normal en la
evolución de estas compensaciones y que realmente se informe por
parte de la Administración Tributaria y desde la Dirección General de
Coordinación de Haciendas Territoriales de cuáles son los derechos de
las corporaciones locales.Este es el sentido de nuestra proposición
no de ley, restablecer un espíritu, restablecer una forma de trabajo,
restablecer una corresponsabilidad en las decisiones fiscales en
función de las diferentes administraciones tributarias y, en
definitiva, devolver a las corporaciones locales toda su potencia
recaudadora, toda su potencia fiscal y económica para resolver los
problemas que las corporaciones locales tienen que resolver en el
ejercicio diario de su corresponsabilidad.
Estamos demasiado acostumbrados a ver que estas partidas, que muchas
veces no forman parte de lo que se llama habitualmente el Fondo de
Cooperación Municipal, que constituye el núcleo fundamental de una
parte de la financiación de las corporaciones locales, no lleven el
mismo ritmo que lo que evoluciona el resto de los ingresos
tributarios del Estado en la financiación de las corporaciones
locales, como son la financiación en el transporte público, el plan
de obras y servicios de los pequeños municipios o, lo que estamos
planteando ahora, las compensaciones fiscales. Por eso, señora
presidenta, señoras y señores diputados, hemos presentado, casi al
hilo de lo que nos sugería el propio secretario de Estado de
Organización Territorial, señor Elorriaga, una proposición no de ley
sensata, razonable, justa para lo que realmente son las necesidades
del Ayuntamiento.
Apoyaremos la enmienda de adición que ha presentado el Bloque
Nacionalista Gallego, porque va en la misma línea y, sin embargo,
señora presidenta, no podemos aceptar la enmienda de sustitución del
Grupo Catalán de Convergència i Unió porque está planteando la
solución del problema cuando se vuelva a discutir -si se discute
algún día- la nueva financiación de las corporaciones locales o la
nueva ley de haciendas locales. El problema, señor Padrol, lo tienen
hoy los ayuntamientos;
ellos tienen los problemas fiscales hoy y mañana, y hoy y
mañana todavía no tenemos una nueva ley de financiación de haciendas
locales. Nos hubiese gustado poder asumir el espíritu como una
enmienda de adición no como una enmienda de sustitución al conjunto
de nuestra proposición no de ley.
Señores parlamentarios, piensen en los problemas de las corporaciones
locales, piensen en sus problemas económicos, y den un voto, a través
de la proposición no de ley, a la autonomía y a la responsabilidad de
los ayuntamientos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, como bien ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista la Administración general del Estado cuando modifica las
deducciones fiscales de los impuestos municipales está tomando una
decisión política tributaria que se corresponde en este caso con el
carácter de los municipios que no tienen esa capacidad legislativa,
pero también es una decisión que afecta gravemente a la propia
financiación de los municipios españoles.De esa disociación entre
capacidad legislativa estatal y gestión tributaria municipal nacen
problemas como el que denuncia el Grupo Parlamentario Socialista, que
tienen dos grandes grupos de consecuencias: en primer lugar, la
reducción de la financiación de las corporaciones locales mediante el
aumento de las deducciones fiscales supone poner en peligro los
servicios públicos municipales y con ello, si ustedes me permiten
esta expresión, el Estado de bienestar local. En segundo lugar, la
reducción de la financiación local implica un ataque real y efectivo
a la autonomía municipal para la gestión de los intereses propios de
las corporaciones locales, tal y como es protegida por el artículo
137.1 de la Constitución. Pues bien, ante este problema real y grave
de las corporaciones locales a la hora de enfrentarse diariamente a
su necesaria suficiencia financiera, nos parece oportuna la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, así como su
apelación al cumplimiento efectivo de la letra y el espíritu de la
Ley de haciendas locales. Por ello, apoyaremos esta proposición no de
ley con nuestro voto y sumaremos nuestra voz a la del Grupo
Socialista en la exigencia al Gobierno de un incremento de las
compensaciones de las corporaciones locales por las recaudaciones
perdidas como consecuencia de la actividad legislativa reductora de
la Administración general del Estado. Pero nuestro apoyo a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista no es un
apoyo acrítico o carente de matices propios. Hemos querido
introducir, a través de enmiendas, dos asuntos directamente
relacionados con el problema que hoy tratamos y que pensamos que
pueden ser resueltas de forma conjunta. En primer lugar, una
comprensión del Estado de las comunidades autónomas, coherente con el
espíritu y la letra del título VIII de la Constitución, implica que
las decisiones legislativas en materia tributaria que vayan a afectar
a la vida diaria y a la financiación de las corporaciones locales
deben ser objeto de cooperación interadministrativa. Es reiterada y
bien conocida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a favor
de una lectura de la Constitución proclive a la cooperación
interadministrativa y a la comprensión del Estado español como un
Estado donde la cooperación prevenga y evite los conflictos entre la
Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las
corporaciones locales. Pues bien, a estos efectos, hemos presentado
una enmienda parcial a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista que esperamos que goce del apoyo de los
grupos parlamentarios de esta Cámara.
En segundo lugar, hemos querido tratar en esta proposición no de ley
el tema específico del tratamiento fiscal de las concesiones de
autopistas que también dañan, tal y como nos han informado varios
municipios, a las haciendas de las corporaciones locales. A estos
efectos, hemos introducido una enmienda por la que se insta al
Gobierno a compensar a las corporaciones locales que sufran pérdidas
financieras por este motivo y a suprimir el beneficio fiscal en el
caso de renovaciones de concesiones de autopistas, por entender que
en estos casos no debe existir beneficio fiscal alguno, al estar ya
las inversiones amortizadas y ser estas autopistas fuente de
beneficios comerciales.
Termino reiterando nuestro apoyo a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista y pidiendo el voto favorable para las dos
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra le señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Anuncio también el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a
esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y voy a
explicar el sentido de nuestra enmienda.
Sabemos que algún día se tendrá que discutir el sistema de
financiación de las entidades locales. Nuestra propuesta es que la
financiación local se internalice, es decir, que se discuta a nivel
de cada comunidad autónoma.
En cualquier caso, lo que estamos tratando hoy es un problema
previo a la determinación de cuál sea el modelo de financiación local
que se acoja. Como señaló el diputado del Grupo Parlamentario
Socialista que defendió la proposición no de ley, el problema es que
desde hace ya algunos años el Estado no compensa las exenciones que
introduce en tributos locales. Pero, atendiendo a declaraciones
recientes del señor Montoro, tampoco parece dispuesto a compensar
reformas que se van a acometer en el sistema de tributación local, en
el sistema de financiación de los entes locales. Se habla de la
eliminación o de la reforma del IAE, se habla de la revisión de las
figuras tributarias locales relacionadas con el suelo y con la
edificación, y el propio señor Montoro adelantó que no esperaran los
ayuntamientos, las entidades locales que esta reducción de ingresos
fuera a ser compensada en un cien por cien. Pues bien, para hacer
frente a esa posibilidad, a esa inexistencia de una compensación al
cien por cien es por lo que el Bloque Nacionalista Galego introduce
la enmienda de adición a la proposición no de ley del Grupo
Socialista, en la que propone que en las sucesivas reformas de
impuestos comprendidos en la Ley de haciendas locales se prevean las
compensaciones económicas necesarias para asegurar la indemnidad
económica de los municipios, es decir, para asegurar una compensación
total de los ingresos que los municipios venían percibiendo por esos
tributos. En este sentido, nos congratulamos de que por parte del
Grupo Socialista se haya admitido nuestra enmienda de adición y
reiteramos nuestro voto favorable a la propuesta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) se muestra de acuerdo con el principio que
inspira la presentación de la proposición no de ley por parte del
Grupo Parlamentario Socialista, y la verdad es que no puede ser de
otra manera. Qué duda cabe que si quien tiene la potestad tributaria
originaria para establecer y modificar tributos, como es el Estado,
toma decisiones de carácter normativo a través de sus distintos
poderes (Legislativo, Ejecutivo) que afecten a los ingresos
tributarios de la Administración local, en buena lógica, y en
concreto en aplicación del artículo 9 de la Ley 39/1988, de haciendas
locales, debe producirse esta compensación. Por tanto, estamos de
acuerdo con el principio de indemnidad financiera cuando una
determinada Administración territorial, la local en este caso, ve
afectados sus recursos financieros por medidas tomadas en el
ámbito del Estado, máxime sabiendo que en los años de vigencia de la
Ley 39/1988 se han tomado distintas medidas que han afectado
precisamente a estas fuentes de ingreso tributario de carácter local.
A modo de una breve enumeración tenemos el resultado de los
contenidos de la Ley 20/1990, de régimen fiscal de cooperativas, los
centros educativos concertados y el IBI de naturaleza urbana que no
deben tributar por él, los efectos de la sequía que han dado lugar a
la adopción de medidas normativas excepcionales por vía de diversos
reales decretos-leyes, también las inundaciones o incluso el impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica en el caso de bases americanas
situadas en España. Repito, con el principio estamos de acuerdo.
Pasando a ver en concreto el contenido específico de esta proposición
no de ley, manifestamos distintas diferencias respecto de su
formulación, insisto, de carácter concreto. Algunas de ellas son
diferencias menores en este debate, sin embargo en otros serían
bastante o muy importantes. No compartimos la valoración
extraordinariamente positiva que se hace de esta Ley 39/1988, de
haciendas locales, porque si bien es cierto que supuso un incremento
en el peso de los ingresos tributarios, en el estado de ingresos de
los entes locales, a esta ley también le cabe el dudoso honor de
haber alumbrado el nacimiento de una figura tributaria como es el
impuesto sobre actividades económicas, cuya configuración técnica y
su valoración política ha quedado bastante clara en pronunciamientos
y debates anteriores de esta Cámara, particularmente protagonizados
por mi grupo parlamentario. Por tanto, esta discrepancia menor sí la
querríamos dejar sentada. Otra diferencia de valoración respecto de
la proposición no de ley que estamos debatiendo es que el análisis se
basa en una excesiva generalización, tanto cuantitativa como
cualitativa. En cuanto a la generalización cuantitativa, la verdad es
que comparar cuantías o dotaciones globales de créditos de un año a
otro sin entrar a analizar, sin profundizar en los porqués de las
diferencias de cuantías, nos parece un ejercicio de generalización
delicado y peligroso.
Por lo que se refiere a las generalizaciones de tipo cualitativo,
decir que todas las excepciones a la aplicación de las compensaciones
que prevé el artículo 9.2 de la Ley de haciendas locales son per se
incorrectas, no es acertado desde nuestro punto de vista. Como
ejemplo concreto podría citar el de la disposición adicional novena
de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
para el año 2000, relativa a Salamanca, Capital Europea de la Cultura
2002, que encaja perfectamente con el contenido de este artículo 9.2
(invocado precisamente en la proposición no de ley que estamos
debatiendo) al indicar que estas fórmulas de compensación tendrán en
cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las
entidades locales procedentes de los tributos respecto de los cuales
se establezcan los correspondientes beneficios fiscales. Hasta aquí
las diferencias de enfoque que van a hacer que mi
grupo parlamentario no vote a favor -se abstenga, por lo tanto- de
esta proposición no de ley, pero también hay diferencias de carácter
mayor respecto de la concreta proposición no de ley que debatimos. En
la proposición analizada, resulta muy claro que no se está hablando
de la corrección de un déficit de compensación de carácter concreto,
sino de un replanteamiento de las compensaciones que tiene un
carácter general. No se trata de un tema particular, sino de un tema
general que, por tanto, exige una acción política amplia y de
carácter global. Lo cierto es que, si no se trata de corregir
situaciones particulares, no valdrán las acciones de carácter
particular, sino una visión más amplia, una visión de carácter
estructural. Este es el motivo de la enmienda que ha presentado mi
grupo parlamentario. Estando anunciada una reforma del sistema de
financiación local para dentro de un año y pico (concretamente para
el año 2003), si hay una falta de aplicación del sistema de
compensaciones de las administraciones locales, debe tratarse no con
acciones políticas de carácter particular, sino en un marco de
reforma de carácter más amplio.
Mi grupo comparte la preocupación y el principio de la proposición no
de ley (por ello no vamos a votar en contra), pero no tratándose de
una falta de compensación de carácter particular, sino de un
planteamiento global, es mejor aprovechar el cauce que se brindará
ahora -habrá la correspondiente tramitación parlamentaria- para
tratar este tema de forma más amplia, para introducir en la Ley del
año 1988 los mecanismos que permitan asegurar esta corrección de las
compensaciones y la máxima transparencia que sea posible.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, vamos a
votar estar tarde una proposición no de ley que hemos debatido en la
que, para que SS.SS. lo sepan, lo que se pide es que se haga lo que
se está haciendo y lo que está en la ley. Estamos debatiendo una
proposición no de ley en la que se dice, simplemente, que cumplamos
la ley que se está cumpliendo, como demostraré en mi intervención.
Yo me pregunto, cuando debatimos una proposición no de ley que nos
trae aquí el Grupo Socialista, en concreto el señor Martínez Sanjuán,
para decir a esta Cámara que dediquemos un tiempo a hacer lo que se
está haciendo, ¿qué es lo que está buscando el señor Martínez
Sanjuán? Yo sé que S.S. es un buen diputado, es un diputado
experimentado y que tiene alguna intencionalidad. ¿Qué hace el señor
Martínez Sanjuán trayéndonos una proposición no de ley superflua,
innecesaria
e intrascendente? ¿Acaso se ha convertido al municipalismo y
nos quiere convencer de que su grupo defiende las haciendas locales?
No, no me lo puedo creer, nunca ha sido así. ¿Acaso hace una
propuesta interesante de financiación local hablando del IAE o de
cesión de suelo? No, tampoco hay nada interesante en la proposición
no de ley. Esta proposición no de ley no levanta ninguna expectación,
señor Martínez Sanjuán, porque lo que estamos debatiendo (yo sé que
usted lo sabe) es decirle al Gobierno que sea bueno y salvífico. Pues
bien, ya lo es, ya está intentando serlo y ya lo estamos intentando
hacer, como ahora demostraré. Aquí lo único que se quiere es ver qué
vota el Gobierno, qué vota el grupo que defiende al Gobierno para
intentar dar una percepción de que si votamos que no no defendemos
a los ayuntamientos o que si votamos que sí vamos al rebufo del Grupo
Socialista. Mire, estamos votando, señor Martínez Sanjuán, una
intrascendencia y mi grupo no va a entrar en ese juego, porque mi
grupo va a decir: Esto no es necesario y lo que hemos hecho aquí es
perder el tiempo esta tarde. Cuando no se propone nada el debate es
nada, y por eso mi grupo va a votar que no.Pero además, señor
Martínez Sanjuán, a corto plazo a lo mejor las percepciones tienen
alguna rentabilidad partidista, pero a medio y largo plazo los
ciudadanos saben quién se preocupa de las haciendas locales, quién se
preocupa de bajar los impuestos,quién se preocupa de tener un sistema
tributario justo y ese es el Grupo Parlamentario Popular. A corto
plazo a lo mejor crea alguna percepción, a largo y medio plazo
indudablemente no, señor Martínez Sanjuán.
Usted traía a este debate el artículo 9 de la Ley de haciendas
locales; este artículo -como usted muy bien sabe, señor Martínez
Sanjuán y por si no se lo digo- dice que cuando se establezcan
beneficios fiscales se determinará en la ley que los establece,
porque los beneficios fiscales -y esto es muy importante, señorías,
por lo que luego voy a decir- se establecen por ley. El artículo 9 de
la Ley de haciendas locales dice que cuando se establezcan esos
beneficios fiscales se determinará la fórmula de compensación y que
cuando se otorguen moratorias de esas bonificaciones además se les
dará a los ayuntamientos actualizadas las compensaciones necesarias.
Señor Martínez Sanjuán, usted dice en esta tribuna: No se ha
compensado. Cuando hemos establecido bonificaciones a los
ayuntamientos, ¿usted ha votado que sí o que no en esta Cámara? Me he
preocupado de saber en los últimos años lo que su grupo -y usted
también porque cumplía con la disciplina del grupo- ha votado, sí o
no. ¿Sabe usted, señor Martínez Sanjuán, lo que ha votado usted?
Siempre que sí en los últimos años. Cuando en el Real decreto-ley 2/
1998 para reparar daños causados por inundaciones de 1997 y 1998
había exenciones de cuotas de IBI, exenciones de IBI de naturaleza
urbana, de naturaleza rústica, reducciones en el IAE, ¿usted qué
votó? Que sí. En el Realdecreto 4/1999, que también establecía
deducciones y
bonificaciones, ¿qué votaron? Que sí. En el Decretoley de 9 de
febrero 3/2001, ¿qué votaron? Que sí. En el Decreto-ley 6/2001,
reciente, hace poco, ¿qué votaron? Que sí. En el Decreto 7/2001,
también reciente, ¿qué votaron? Que sí. Señorías, siempre han votado
que sí y siempre se han establecido las compensaciones. Me he
entretenido en buscar -porque si no hubiera habido compensaciones el
señor Martínez Sanjuán, con esa sensibilidad municipalista que tiene,
habría presentado alguna enmienda diciendo: Que se le compense-, si
hay enmiendas del Grupo Socialista y no hay ninguna, señorías; es
curioso por lo menos. Usted dice que tenemos que compensar y yo digo:
Se han establecido bonificaciones por causas como inundaciones,
pedriscos, por catástrofes naturales; en ese caso hemos concedido
bonificaciones de IBI y se ha compensado. Pero ¿han presentado
ustedes enmiendas? Ninguna, señor Martínez Sanjuán, su grupo no ha
presentado ninguna enmienda; o sea, estamos hablando de la nada. Lo
que sí ha hecho este Gobierno, señor Martínez Sanjuán, es avanzar en
la autonomía de las haciendas locales. Señor Martínez Sanjuán, usted
dice que la Ley de haciendas locales es muy buena y yo le comprendo,
porque la hizo su grupo, pero incluso el señor Sevilla Segura -no el
que nos acompaña en esta Cámara, sino su hermano mayor, que fue
secretario de Estado con un Gobierno socialista- dice que la Ley de
haciendas locales hay que reformarla porque no es buena, y dice que
hay que reformarla en los tributos, en la autonomía, en la
solidaridad. Señor Martínez Sanjuán, no será tan buena; y yo me guío
por este libro que le aconsejo que lea porque es francamente bueno.
Lo que ha hecho este grupo parlamentario ha sido avanzar en dar
autonomía a las haciendas locales y alguna vez, señor Martínez
Sanjuán, nosotros hemos votado en esta Cámara no conceder deducciones
ni bonificaciones en IAE o en IBI; hemos dicho que los ayuntamientos
puedan establecer deducciones o bonificaciones. ¿Para qué? Para que
los ayuntamientos, en función de sus propias decisiones, puedan
establecer o no esas deducciones. A veces nosotros hemos dicho que
los ayuntamientos puedan dar una bonificación en el IAE según qué
casos, que los ayuntamientos puedan dar una bonificación en el IBI.
Los ayuntamientos deciden si lo hacen o no. Mi grupo parlamentario,
como usted decía, señor Martínez Sanjuán, nunca ha dictado normas, ha
aprobado normas para pagar café a nadie con el dinero de otros.
Cuando se han establecido deducciones o bonificaciones ha sido por
causas graves, como los estragos producidos por terremotos, como
sucedió en Murcia, por inundaciones, por causas naturales que han
provocado quiebras en la capacidad de pago de algunos contribuyentes;
y por eso se han establecido esas deducciones, nunca para gastos
innecesarios. Lo que hemos hecho ha sido aumentar la capacidad de los
ayuntamientos para dictar esas normas.
Mi grupo parlamentario -y algún otro diputado se ha referido a eso-
quiere avanzar en un sistema tributario más moderno, lo que exige
clarificar bien los niveles de administración: Administración
central, Administración autonómica y Administración local. Por eso
estamos avanzando en reformas profundas de los impuestos de la
Administración central, por eso vamos a avanzar en un nuevo sistema
de financiación autonómica y por eso, de acuerdo con los
ayuntamientos, ha habido un previo pacto local que ya se ha empezado
a establecer con la Federación Española de Municipios y Provincias,
porque antes de traer normas a esta casa mi grupo habla con los
afectados y ya estamos empezando a hablar. Lo estamos tratando ya
porque queremos avanzar en la supresión del IAE, queremos avanzar en
la modernización de los tributos, queremos avanzar en rebajar los
impuestos, queremos avanzar en construir un marco que permita el
crecimiento y el empleo.
Señor Martínez Sanjuán -y concluyo-, le quiero decir que me alegra
mucho que ustedes descubran hoy, por lo que he leído en algún medio
de comunicación, que es bueno bajar los impuestos. Me da alegría que
ustedes lo descubran, después de lo que yo he tenido que oír en esta
Cámara sobre las reformas del IRPF, después de lo que su grupo nos
dijo cuando rebajábamos los tramos del IRPF, cuando yo oía que
nosotros estábamos construyendo un sistema injusto; por eso, que hoy
me encuentre con que ustedes se pasan al liberalismo, al
republicanismo americano más a ultranza, me da un cierto rubor. Pero
yo le digo, señor Martínez Sanjuán...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que concluya.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, señora presidenta.
Le digo, señor Martínez Sanjuán, que bienvenidos, pero para hacer
propuestas correctas en la buena dirección, que esas son las que hace
mi grupo.
Esta proposición, por trivial e insuficiente, tenemos que votarla en
contra. Pero los ayuntamientos saben que nosotros vamos a construir
un sistema que les dé autonomía y suficiencia y los ciudadanos que
van a tener un sistema tributario, justo, equitativo y que promueva
el crecimiento y el empleo.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte.
Señor Martínez Sanjuán, de su primera intervención he deducido que
aceptaba la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, que rechazaba la
enmienda de CiU y únicamente queda que manifieste su opinión con
respecto a la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, señora presidenta, no había
hecho referencia a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda
Unida, que vamos a aceptar.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, señor Martínez
Sanjuán.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de
haciendas locales en lo referente a las compensaciones por
deducciones fiscales a los municipios españoles, en los términos
derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
281; a favor, 115; en contra, 151; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1980,
DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA QUE SE
REGULA LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DEL DIRECTOR DE RADIOTELEVISIÓN
ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000042.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE RADIO Y
TELEVISIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DEL
DIRECTOR DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/
000046.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley:
Del Grupo parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980,
de 10 de enero, del Estatuto de Radio y Televisión, por la que se
regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión
Española y, de acuerdo con lo acordado en la Junta de Portavoces, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de
la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de Radio y Televisión,
por la que se regula la elección parlamentaria del director de
Radiotelevisión Española.
Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus
escaños o abandonen el hemiciclo en silencio al objeto de poder
continuar con el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
La iniciativa que hoy defendemos aquí, a nuestro juicio, es de enorme
importancia por su contenido y por el momento en que se discute. Ya
lo hicimos otra vez en noviembre de 1999, aunque la habíamos
presentado en 1997, y si entonces tenía... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz. Señorías, hay un
diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra si el nivel
de murmullo habitual en esta Cámara se lo permite. (Pausa.) Adelante,
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Y si entonces, en 1999, tenía sentido, ahora
también lo tiene y mucho más. Por lo tanto, vamos a defender el tema
de fondo y rogaría que no se hicieran a este tema de fondo enmiendas
parciales, no es el momento procedimental. El tema de fondo es que se
elija por el Parlamento al director general de Radiotelevisión
Española. Por consiguiente, no valen en este momento enmiendas
parciales, si es por dos tercios, tres quintos o mayoría absoluta, si
es por cuatro o por cinco años o si tiene o no que intervenir el
Senado, todo eso es admisible por el ponente que en estos momentos
les habla. Estamos hablando del fondo, que el director general sea de
extracción parlamentaria. ¿En qué momento presentamos esta
iniciativa? Cuando acabamos de sufrir -y me refiero a la precampaña y
a los momentos anteriores a la precampaña- uno de los períodos de
menos pluralidad, de menor facilidad de acceso social y político a la
televisión pública. Por lo tanto, cuando nosotros defendemos esta
iniciativa queremos ir marcando a la hora de caracterizar el presente
cómo funcionarían las cosas con un director general elegido por el
Gobierno o con un director general elegido por esta Cámara. Con un
director general elegido por el Gobierno ya hemos visto cómo
funcionan las cosas: mal.
Estas elecciones se han desarrollado bajo mínimos democráticos y
nosotros tenemos derecho a esa protesta que hemos presentado en su
momento, en tiempo y forma, ante la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española. Las cosas han funcionado mal, ha habido una
orgía de desaparición de partidos políticos, de grupos
parlamentarios, de noticias que se daban en la realidad y no
trascendían ni a la radio ni a la televisión pública. Con un director
general elegido por esta casa se hubiera establecido un control real
desde la pluralidad real
de esta Cámara, cosa que ha sido imposible hasta este momento. Pero
es más, estamos atravesando un momento muy singular.
La SEPI, ese hospital de reflotamiento de empresas, al intervenir a
Radiotelevisión Española, interviene al director general e interviene
al consejo de administración. Por tanto, en este momento están
intervenidos no sólo el director general y el consejo de
administración, sino también la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española de esta Cámara. Porque no sabemos realmente
a quién preguntamos. Si ahora mismo las competencias de
Radiotelevisión Española en una parte dependen de Presidencia y en
otra del Ministerio de Hacienda, ¿a quién le estamos preguntando
cuando intentamos controlar democráticamente al director general de
Radiotelevisión Española? No lo sabemos, pero tampoco lo sabe el
director general de Radiotelevisión. Con un director general elegido
por esta Cámara, incluso aunque se hubiera dado esta auténtica
barbaridad de la intervención por parte de la SEPI, no funcionarían
las cosas igual. Hoy mismo hay una entrevista entre los trabajadores
de la casa y la SEPI porque hay huelgas parciales convocadas y, de
cara al 15 de junio, una huelga general de 24 horas. Miren ustedes
con quién se entrevistan los trabajadores: se entrevistan con la
SEPI, fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda, con el señor
Montoro, a través de personas interpuestas, porque ni el director
general ni el Ministerio de la Presidencia ni esta casa pintan
realmente nada en este momento de intervención por parte de la SEPI.
Con un director general elegido por esta casa no pasarían, en
absoluto, las cosas de esta manera. Por lo tanto, estamos atravesando
un déficit democrático y de identidad como nunca se había sucedido en
esta Cámara con respecto al funcionamiento de Radiotelevisión
Española. Por eso pensamos que es el momento de aprobar esta
iniciativa, que sería el principio de la reorientación progresista de
la radio y la televisión públicas. Es una figura de gran importancia
que, por cierto, nunca se contempló por parte del Partido Popular a
lo largo del debate que tuvimos en el seno de la subcomisión nombrada
al efecto. Cuando, al final, el Partido Popular nos dio su versión
sobre el futuro de Radiotelevisión Española, nunca dijo las medidas
democratizadoras que había que acometer de cara al futuro de la radio
y la televisión públicas -por ejemplo, el nombramiento de los
consejos de redacción, por ejemplo, el tema del desarrollo del
derecho de acceso a la pluralidad social y sindical de la radio y
televisión pública mediante el desarrollo de una parte del artículo
20 de la Constitución, como existe en todos los países de la Unión
Europea o, por ejemplo, el tema de la Comisión de Control- ni se
habló por parte de dicho partido sobre la posibilidad de elegir por
esta Cámara al director general de Radiotelevisión. Se adoptaron
otras posibles medidas, otros posibles alcances, otras perspectivas,
pero nunca los cambios de la Ley 4/1980 de cara a
democratizar el ente. Por cierto, que ahora vemos a estas alturas que
todo lo que hicimos en la subcomisión no era verdad, como dijo este
diputado ante las risas de sus señorías. Este diputado en el último
período de la subcomisión dijo constantemente que ya se había
encargado a la SEPI un estudio de viabilidad de cara al futuro de
Radiotelevisión Española. Se nos contestó constantemente que no era
verdad, en esta misma Cámara el señor Cabanillas nos contestó que no
era cierto, cuando desde el 1 de enero de este año la SEPI ha
intervenido Radiotelevisión Española, a pesar de los mensajes que
dieron en contra en el seno de la subcomisión y en la Comisión de
Control de esta Cámara el director general, el ministro y los
distintos representantes del Partido Popular.
Hay también otra causa que no puede invocar el Partido Popular a la
hora de rechazar esta iniciativa. Cuando la presentamos, en noviembre
de 1999, el Grupo Popular dijo que era extemporánea con respecto al
límite que tenía la legislatura, que estaba a punto de acabar y que
no habría tiempo para, junto al tema de la elección del director
general, cambiar otra serie de temas en la Ley 4/1980. En este
momento no se puede invocar esto como argumento de fondo; no creo que
la legislatura esté cercana a su extinción, sino que, como mínimo,
quedan tres años. Por tanto, este argumento que entonces utilizó el
Partido Popular no puede ser esgrimido en este momento.
Señorías, tenemos un gravísimo problema sobre la mesa ante el que no
hay otra autoridad posible que el Gobierno y la SEPI, con un director
general prácticamente en funciones, que no puede responder: el
problema de la deuda y de la dimensión de la casa. Respecto a la
deuda, se sigue diciendo que es de Televisión Española o de la radio
pública y no es cierto, es una deuda del Estado para con Televisión
Española, de aproximadamente 800.000 millones de pesetas, que se iba
a enjugar en una serie de plazos hasta cumplir ese horizonte al que
vamos a llegar este año. En estos momentos no tenemos noticia alguna
de cuál es la estrategia por parte del Estado para asumir esa deuda
y, al mismo tiempo, la SEPI, cuando se entrevista con los
trabajadores, el único lenguaje que sabe utilizar directa o
indirectamente, por muy oblicua que ponga la semántica, es el de
reducir la dimensión de la casa. Precisamente en esta misma dirección
van los estudios que está lanzando la dirección general del ente
hacia la SEPI. Por ejemplo, en uno de esos estudios se recoge que las
delegaciones territoriales no tienen sentido en una empresa de
comunicación si no es entendiendo que se crearon por motivo de
compromisos políticos. Es decir, todo apunta a una reducción de la
dimensión de la casa, a un expediente de regulación de empleo y al
inicio de un proceso de privatización de un sector de la radio y
televisión públicas, y nos encontramos con que no hay nadie dentro de
la casa que pueda defenderla, porque el director general está en
funciones, como he dicho anteriormente,
y porque, al ser elegido por el Gobierno, no tiene ningún
tipo de independencia. Todos estos motivos, unos coyunturales, otros
estratégicos y de fondo, abonan la necesidad de aprobar esta
iniciativa, que, al mismo tiempo, abriría paso a que en ciertas
comunidades autónomas gobernadas por partidos de otro color también
tuvieran que tener en cuenta esta posibilidad de elección de la
figura del director general por extracción parlamentaria.
Quedamos a la espera de los argumentos del Grupo Popular ante esta
iniciativa del Grupo de Izquierda Unida y del señor Saura, al que
saludo, que también va a defender su iniciativa, similar a la
nuestra. Le dejo la tribuna a él, aguardando con atención los
argumentos del Grupo Popular, que, repito, no pueden ser los mismos
que la vez anterior, ya que, primero, no estamos al final de la
legislatura; segundo, la subcomisión terminó sin acuerdo y, tercero,
el documento del Partido Popular nunca contempló ningún tipo de
medidas democratizadoras, como ésta de la elección, al mismo tiempo
que muchos diputados del Partido Popular, o por lo menos uno que yo
conozco en Andalucía, están pidiendo que allí, en Andalucía, al
director general lo nombre la Cámara andaluza. Esperamos que sepan
mantener la coherencia desde esta tribuna.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, sin que sirva de precedente, estoy
totalmente de acuerdo con la intervención del señor Alcaraz, de
Izquierda Unida, para decir, en nombre de Iniciativa per Catalunya-
Verds, que lo que planteamos también es la modificación del Estatuto
de Radiotelevisión para que se regule la elección parlamentaria de su
director general. Por lo tanto, lo que proponemos, igual que el Grupo
de Izquierda Unida, es que este nombramiento lo designe el Gobierno a
propuesta del Congreso de los Diputados, con un voto favorable de las
dos terceras partes de los diputados y diputadas, una vez oído el
consejo de administración, y que la duración de este mandato sea para
cuatro años. En nuestra iniciativa parlamentaria se estipula además
cuáles serían las causas por las cuales el Congreso de los Diputados
también podría cesar al director general de Radiotelevisión.
El señor Alcaraz planteaba la gravedad del problema del déficit
democrático en el funcionamiento de Radiotelevisión. Yo iría más allá
y diría que en 24 años de democracia en este país y en veinte años de
promulgación del estatuto, posiblemente una de las grandes
asignaturas pendientes es que la radiotelevisión pública deje de
estar vinculada a intereses partidistas de cada Gobierno que en su
caso corresponda, del anterior
Gobierno y de éste, y que por lo tanto el reto que tenemos hoy es
asegurar que Radiotelevisión Española sea independiente de los
respectivos gobiernos.
También decía el señor Alcaraz que los dos grandes problemas de la
Radiotelevisión, especialmente de televisión, son el de su
financiación -el del endeudamiento- y el de la manipulación de
Televisión Española. Estos fueron dos caballos de batalla que el
Partido Popular utilizó cuando estaba en la oposición, pero, a decir
verdad, desde 1996 la situación cada vez ha empeorado más y en estos
momentos no hay ninguna respuesta ni ningún planteamiento del
Gobierno del Partido Popular que permita ver en el horizonte una
solución a estos problemas. Desde ese punto de vista, quiero decir
también que el nivel de manipulación de Radiotelevisión Española
crece día a día, que ha habido sucesos escandalosos en la última
campaña electoral del País Vasco y que los propios trabajadores de
Radiotelevisión Española han denunciado la manipulación y la
instrumentalización que Radiotelevisión Española ha hecho de algunos
aspectos de la campaña electoral vasca.
De lo que se trata hoy, como ocurrió en la anterior legislatura, es
de asegurar que los medios de comunicación públicos no están al
servicio del Gobierno. En ese sentido, en la anterior legislatura y
en esta ha habido dos iniciativas claves: en la anterior legislatura,
diversos grupos planteamos la creación del consejo de la comunicación
y también, como el señor Alcaraz decía, Izquierda Unida planteó en
noviembre o diciembre de 1999 la elección del director general de
Radiotelevisión por el Parlamento. En la anterior legislatura se votó
en contra del consejo de comunicación con unos argumentos peregrinos,
se ha vuelto a votar en contra hace pocas semanas, y resulta que
España es una de las pocas lamentables excepciones que en la Unión
Europea adolecen de una autoridad administrativa independiente del
Gobierno. Es decir, España, desde el punto de vista de control
democrático por una autoridad independiente del Gobierno en la que
estén representados sectores profesionales y sociales, es, insisto,
lamentablemente, una excepción. A pesar de que tanto la Comisión
Especial del Senado, en 1995, como dos o tres informes del Defensor
del Pueblo, en 1996 y 1997, repetidamente, tanto desde la Comisión
del Senado como desde el informe del Defensor del Pueblo, se insistía
en la necesidad de crear un consejo de la comunicación, un consejo de
los audiovisuales que tuviera funciones de control democrático
independiente del Gobierno. Quiero también resaltar que hay diversas
comunidades autónomas que ya en el Estado español han creado la
figura del consejo audiovisual. ¿Por qué presentamos hoy esta
iniciativa sabiendo que el Grupo Popular va a votar en contra? Digo
que estoy seguro de que va a votar en contra porque dudo de que
después de la instrumentalización y de la manipulación que se ha
hecho de los medios de comunicación
pública, el Partido Popular quiera modificar esa línea de
orientación. Planteamos esta iniciativa porque, como también ha dicho
el señor Alcaraz, es prácticamente imposible que un director nombrado
por el Gobierno sea independiente de éste. Es prácticamente
imposible; es decir, un director que nombra y que puede cesar el
Gobierno está a las órdenes del Gobierno, y ese es el tema de fondo.
¿Queremos unos medios de comunicación que dependan de una persona que
depende del Gobierno, o precisamente la superación del déficit
democrático de unos medios de comunicación públicos exige que sobre
esa figura exista un consenso amplio en esta Cámara que permita
asegurar que los medios de comunicación públicos están al servicio de
la sociedad?
Sólo me queda insistir en que nuestra propuesta se basa en que los
medios de comunicación públicos estén al servicio del conjunto de la
sociedad, que el nombramiento del director general de Radiotelevisión
cuente con un amplio consenso -dos terceras partes de esta Cámara- y
que en otro trámite parlamentario el Estado español se equipare
finalmente o converja con lo que es hoy la realidad del resto de
países de la Unión Europea, donde existen consejos de comunicación
que de alguna manera controlan o garantizan que los medios de
comunicación privados y públicos no están al servicio de nadie ni
están manipulados.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de
Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Los grupos Federal de Izquierda Unida y Mixto están planteando
exactamente lo que en este momento está vigente en el Parlamento
vasco para la elección del director de Euskal Telebista. Es un dato
que no se ha aportado al debate, tanto que se habla de transparencia,
de extracción parlamentaria, de control parlamentario. Este es
exactamente el modelo vigente en el Parlamento vasco y también fue
defendido con mucho ahínco por parte del Grupo Popular en dicho
Parlamento. Por tanto, entenderíamos razonable que estas iniciativas
fuesen adoptadas hoy en esta Cámara. No es verdad el argumento que
ahora se intenta esgrimir de que mientras las demás televisiones
públicas no sigan o no comiencen este camino, Televisión Española no
lo va a empezar, ya que en el Parlamento vasco este es el modelo
vigente. Luego la unidad de modelo, que precisamente partía del
estatuto de Radiotelevisión Española, está rota desde hace tiempo, y
todos los grupos parlamentarios entendieron en el Parlamento vasco
que
era razonable el planteamiento de que el director general de
Radiotelevisión Española, de la televisión pública, fuese de
extracción parlamentaria.
Los dos portavoces han expuesto un planteamiento correcto sobre la
realidad de lo que es la dirección del ente Radiotelevisión Española
y la propia campaña vasca ha dado buenas muestras de un
funcionamiento incorrecto por parte de la dirección de un ente
público que tiene encomendadas funciones de servicio público y que,
en vez de dedicarse al cumplimiento del interés general, usa y abusa
de la televisión hasta extremos insospechados. Otra vez han
presentado la campaña electoral vasca en blanco y negro, con un
planteamiento muy maniqueo. El problema, señora presidenta, es cuando
los ciudadanos vascos dicen que lo blanco es negro y lo negro es
blanco, entonces se produce el shock y no hay manera de hacer
reaccionar a una ciudadanía que se encuentra sorprendida ante las
propias decisiones democráticas que se toman con ciudadanos que están
tan cerca suyo y que a la vez se encuentran tan lejos. Por ello es
razonable el cambio del modelo que se propone en estas iniciativas,
de forma que el trabajo profesional en un modelo público de
televisión pueda ser llevado a cabo con normalidad en parámetros de
profesionalidad que son habituales en otros sectores.
No nos valen los planteamientos que habitualmente hacen los
directores generales que comparecen en la Comisión parlamentaria de
Control de RTVE: remiten a los profesionales todo el trabajo que se
está desarrollando como si ellos fuesen angelitos blancos que no
tienen que ver con el asunto. La propia campaña electoral, tal como
se ha manifestado, ha dejado buenas muestras de que los propios
trabajadores de Radiotelevisión Española, sobre todo los del centro
territorial del País Vasco, viendo cómo se manipulaban las
informaciones que desde dicho centro territorial se iban planteando
en la propia dirección general han sido capaces de realizar sus
planteamientos en público y mostrar las discrepancias con una
televisión que ha realizado una labor muy partidista, muy poco
profesional. En consecuencia, en la Comisión de Control de
Radiotelevisión Española hemos venido solicitando la dimisión del
actual director, señor González Ferrari, primero, porque pinta muy
poco, y segundo, porque donde pinta, pinta mal. Desde esta
perspectiva, es muy razonable que esta Cámara asuma las
responsabilidades de la elección de un director de Radiotelevisión
Española que pueda contar con un perfil determinado para cumplir con
estas funciones de servicio público. En opinión del Grupo
Parlamentario Vasco, o la radiotelevisión pública encuentra su forma
de imbricación con los elementos parlamentarios o el tiempo la va a
privatizar, va a caer por su propio peso, y eso no merece la pena.
Tras una campaña electoral, no es cuestión de entrar en debates
demagógicos sobre tú más o tú menos. Si tenemos capacidad de observar
lo que se está haciendo desde la radiotelevisión pública española,
podremos
valorar si está al servicio del interés general o si los niveles de
manipulación llegan hasta extremos insospechados. Por eso creemos que
esta iniciativa que se presenta hoy es muy oportuna en el tiempo. La
propia campaña electoral ha puesto en evidencia lo que este grupo
parlamentario, junto con otros, ha venido planteando una y otra vez
en la Comisión de Radiotelevisión Española, que es la necesidad de
que se encuentren perfiles distintos para la Dirección de la
radiotelevisión pública en el Estado. Entendemos razonable que,
siguiendo el modelo vasco, se pueda realizar esta elección
parlamentaria y que lo que hemos conocido en esta última campaña
electoral vasca sea una página del pasado, una página que hayamos
pasado de una santa vez.
Debemos encontrar las fórmulas adecuadas para que el modelo de
radiotelevisión pública se imbrique en una sociedad moderna, en una
sociedad transparente, en una sociedad que encuentra con comodidad su
imbricación en ámbitos parlamentarios, para que a su director no le
suponga un dolor de cabeza cada comparecencia en esta casa. Señora
presidenta, comparecer en esta casa debería ser un motivo de alegría
para cualquier demócrata, un motivo de satisfacción. Sin embargo,
venir a contar lo que están realizando al frente de un ente como
Radiotelevisión Española, les supone, a uno tras otro, un auténtico
potro de tortura. Es la prueba del nueve todos los meses, una y otra
vez, comprobar cómo los distintos directores de Radiotelevisión
Española van encontrando serias dificultades para poder explicar en
esta casa lo que están realizando.
Para que esta página pueda ser pasada y pueda ser considerada una
página del pasado, es razonable que estas iniciativas se tomen hoy en
consideración. En consecuencia, nosotros las votaremos
favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.
PRESIDENTA:
La señora Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Las propuestas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y
de Iniciativa per Catalunya-Verds nos presentan una configuración del
perfil del director general del ente Radiotelevisión Española sujeto
a una aprobación de esta Cámara, con una mayoría de dos tercios en
las dos propuestas.
Entiendo que ambas propuestas parten de unos principios de
transparencia en la gestión, de pluralidad de criterios y de clara
objetividad en la información, pero una propuesta de este estilo
debería traerse a esta Cámara con el consenso de todos los grupos.
Sin embargo, tras 21 años desde la aprobación de la Ley 4/1980 y
habiendo pasado por el Gobierno los dos grupos
de esta Cámara que tienen mayor representación en el Estado, esto
no ha sido así.
El Estatuto de Radiotelevisión Española señala al consejo de
administración como el elemento en el que se sustenta el control
parlamentario. Los dos tercios de los votos de los miembros del
consejo de administración se definen por los dos tercios de los
miembros de esta Cámara. La nominación de los citados miembros del
consejo de administración ya fue objeto de debate, a raíz de una
propuesta que establecía un sesgo a favor de incluir en el consejo de
administración a miembros de todo el arco parlamentario, sobre la
base de un criterio de pluralidad y no de mayoría absoluta; pero esto
tampoco prosperó en aquel momento.
Una vez nombrado el consejo de administración, es coherente con esta
línea que la designación del director general lo sea por decisión
mayoritaria de este consejo de administración, porque es en este caso
y por ley una de las funciones delegadas por la Cámara. La cesión de
la responsabilidad se realiza ante este consejo de administración,
que es a quien corresponde nombrar al director general del ente a
partir de una propuesta que realiza el Gobierno. Esta escala de
responsabilidades es coherente con la exigencia de información que de
su gestión realiza el director general en la correspondiente Comisión
de esta Cámara, puesto que no hay dejadez de responsabilidad de los
grupos políticos que la integran, frente a una gestión del director
general con la que puede estarse de acuerdo más o menos o no estar de
acuerdo en nada. Estas diferencias se cubren en la Comisión de
control que realiza esta Cámara de forma mensual y no discutimos en
este momento la oportunidad o no de la Comisión de control
parlamentario.
La propuesta que realizan los dos grupos proponentes es insuficiente
porque debería ser una oferta más global y comprender de forma más
coherente la totalidad de los elementos de gobierno y elección del
ente, en el sentido de marcar unas líneas de actuación que contemplen
la transparencia de la gestión y su objetividad, sin perder en ningún
momento la responsabilidad del Gobierno en la prestación del servicio
público que tiene encargado. No corresponde, por tanto, la
designación de director general a esta Cámara porque es
responsabilidad del Gobierno en la gestión. Radiotelevisión Española
es un organismo autónomo, pero a la vez es un servicio público del
cual el único responsable frente a los presupuestos es el Gobierno,
que debe responder ante esta Cámara de la eficacia de la gestión, de
la utilización correcta de los fondos públicos asignados, de la
objetividad de la información, de la posible rentabilidad y, en
definitiva, de la transparencia de la gestión.
Hoy, con esta moción no discutimos sobre la objetividad de la
información ni sobre ningún sesgo partidista o de falta de
objetividad en la gestión del ente. Hoy tampoco presentamos una
moción de censura a la gestión.Solamente estamos para definir un
sistema de
nominación del director general. Nuestro grupo está muy interesado en
la evolución y en la propuesta que el Gobierno piensa hacer mediante
la enajenación de la mayor parte de Radiotelevisión Española a la
SEPI. Esta propuesta debe hacerse en un marco de claridad, de
información previa a esta Cámara, de forma que quede clara la
definición de servicio y de su incardinación con el Gobierno y con el
control de esta Cámara, que sea a su vez preservada la directiva
europea que cataloga las televisiones estatales de servicio público y
que queden definidas sus responsabilidades. (La señora
vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Nuestro grupo entiende que, ante el cúmulo de cambios que deben
producirse al entrar elementos de titularidad pública o privada,
deberá acometerse de forma más completa una nueva definición del
Estatuto del ente para la nueva situación que va a generarse, y será
entonces cuando procederá revisar en su totalidad el Estatuto de
Radiotelevisión Española. Será también entonces el momento de
estudiar la oportunidad de que las televisiones autonómicas sean
consideradas también como servicio público, con derecho a la fijación
de su partida presupuestaria dentro del marco compatible que se
determine para la futura Radiotelevisión Española y que no sea de
aplicación una desconexión territorial a las cadenas estatales
únicamente como solución de territorialización del servicio público.
Habrá que poner en el saco de las transferencias esta apreciación.
Convergència i Unió, pues, apuesta por una televisión pública en el
ámbito estatal y en el ámbito autonómico y, en consecuencia,
abogaremos por que en su momento el Estatuto contemple estos
derechos. Insistimos en nuestro posicionamiento contrario a esta
propuesta, en la confianza de que será de mayor utilidad en su
momento la revisión total y global del Estatuto de Radiotelevisión
Española.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz
Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sin duda la modificación del Estatuto de Radio y Televisión
para regular la elección parlamentaria del director general de
Radiotelevisión Española, tal y como se plantea en la proposición de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
y por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del señor Saura,
entendemos que contribuye a configurar un modelo que refuerza la
independencia en la gestión del ente público, y que, como muy bien se
dice en la exposición de motivos, ofrece un ámbito de consenso
amplio de las distintas formaciones políticas con representación
parlamentaria; posibilidad de consenso que se establece con el
requisito de exigir una mayoría cualificada en esta Cámara para
elegir al director general de Radiotelevisión Española. Por tanto, es
una reforma necesaria la que se plantea, a juicio del Grupo
Parlamentario Socialista, en esta proposición de ley. Además, creemos
que es importante para alcanzar los objetivos de independencia y de
búsqueda de un amplio acuerdo. Ya les anticipo que el Grupo
Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración
de esta iniciativa. Pero también entendemos que esta propuesta debe
ir acompañada de una reforma profunda del actual modelo de
Radiotelevisión Española.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que es necesario un pacto
de Estado para dotar a Radiotelevisión Española de una nueva
regulación que garantice plenamente su independencia y la dote de un
carácter participativo, innovador y equilibrado, tanto en términos
territoriales como de programación, y que sirva de referencia para el
resto de las empresas audiovisuales públicas. La reforma del Estatuto
de Radio y Televisión es inaplazable y prioritaria. Transcurridos,
como ya se ha dicho, más de veinte años desde su aprobación, se hace
necesaria una nueva ley que regule el modelo, funcionamiento y
financiación de la radio y televisión pública desde una perspectiva
moderna, participativa y profundamente democrática. Sus principios
podrán extenderse posteriormente a la legislación autonómica,
y quiero subrayar que no estamos planteando una reforma sólo del modelo
de Radiotelevisión Española, la estamos planteando como básica para
el conjunto de las radiotelevisiones públicas que existen en nuestro
país.
Desde el punto de vista institucional, es importante volver a definir
e incluso crear nuevas figuras que garanticen este modelo. Si el
estatuto en su día fue un gran paso adelante, ahora es el momento de
dar continuidad a la democratización profunda de Radiotelevisión
Española. Si la radio y la televisión pública debe ser, como dice el
actual estatuto, un vehículo esencial de información y participación
política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de
cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura
española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital
para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y
efectivas con especial atención a la protección de los marginados y
la no discriminación de la mujer, es evidente que en la actualidad
estos planteamientos no se cumplen.
Para el Grupo Parlamentario Socialista la reforma de Radiotelevisión
Española, además de apoyar la iniciativa que estamos debatiendo, pasa
por abordar las siguientes cuestiones que enuncio de manera
telegráfica. Primero, creación del consejo superior de lo
audiovisual, como ocurre en la práctica totalidad de los países de la
Unión Europea, configurando este órgano con
un carácter independiente, cuya misión fundamental será asegurar la
transparencia en la titularidad de los medios audiovisuales y velar
para que se respeten los principios de pluralismo político,
económico, cultural y religioso por los operadores de radio y
televisión.
Segundo, establecimiento de principios base en Radiotelevisión
Española, tales como ofrecer calidad en su programación, fomentar la
participación y garantizar el acceso de todos a los medios de
comunicación públicos. La información debe ser imparcial, rigurosa y
respetar el pluralismo político y social. Se debe atenter a los
intereses de las minorías. La radio y televisión públicas deben
renunciar a cierto tipo de programas por su contenido zafio,
degradante para las personas o simplemente de mal gusto.
Radio Nacional y Televisión Española han de ser un elemento de
cohesión política, social, económica y cultural de todos los
españoles. Radiotelevisión Española ha de ser un motor del sector
audiovisual y debe ser también un modelo de gestión desde un
planteamiento de ética empresarial para que no se provoquen los
problemas y situaciones como la que ha constatado recientemente el
Tribunal de Cuentas en su informe anual sobre la gestión del sector
público estatal en 1998, en relación a las contrataciones de
Radiotelevisión Española. En él se critica por el Tribunal de Cuentas
la falta de justificación, o la justificación deficiente en el 90 por
ciento de las contrataciones analizadas. En ocasiones es la falta de
publicidad, en otras la ausencia de libre competencia, e incluso la
falta de previsión, lo que ha ocasionado la acumulación de contratos
con un mismo objeto; es decir, se trata de establecer un modelo de
gestión que, además, aproveche de una forma íntegra todo el potencial
de recursos humanos y materiales que no se está realizando en estos
momentos como consecuencia de una exagerada salida al mercado con las
productoras externas.
Tercero, reforzar y volver a definir las competencias del consejo de
administración de Radiotelevisión Española; también de la Comisión de
Control Parlamentario de Radiotelevisión Española y de los actuales
consejos asesores. Se deben crear nuevas figuras como las del
defensor del oyente y del teleespectador y la creación del
observatorio del ciudadano, así como el comité profesional de
programas e informativos.
Finalmente, el establecimiento de un sistema de financiación estable
y suficiente que aborde, de una manera definitiva, la situación
actual en relación con la deuda y establezca un modelo de ingresos de
Radiotelevisión Española acorde con el modelo que existe en los
países de nuestro entorno. En definitiva, señorías, se trata de
abordar la definición de un modelo de Radiotelevisión Española que,
manteniendo su triple vocación generalista en los contenidos,
mayoritaria en audiencia y exigente en la calidad de su programación,
asuma con plenitud su función como servicio público. De hecho el
Tratado de Amsterdam atribuye a los Estados
miembros la obligación inexcusable de establecer y definir de
forma precisa y transparente el servicio público televisivo,
específicamente encomendado a aquellas empresas públicas a las que se
otorga financiación, de tal modo que dicha financiación pueda
justificarse plena y detalladamente en las concretas cargas y
obligaciones encomendadas a esas específicas empresas. Se trata, por
tanto, señorías, de un ofrecimiento de abordar la reforma en
profundidad de radiotelevisión pública que sirva como modelo a la
reforma del conjunto de las radios y televisiones públicas de nuestro
país, desde la búsqueda de un amplio acuerdo, como en su momento se
planteó en al elaboración y aprobación del estatuto actualmente
vigente.
Creemos, y este es un ofrecimiento sincero, que el Grupo
Parlamentario Popular tiene la posibilidad de acogerse o no a esta
propuesta. Lamentaríamos que el Grupo Parlamentario Popular pueda
seguir amparándose en supuestos o reales problemas en la gestión del
pasado de Radiotelevisión Española para justificar y sostener el
deterioro de un servicio público esencial que afecta a derechos
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Creemos que nunca
más se debería producir, siquiera como pura confusión mental, que por
parte de algún directivo de Radiotelevisión Española se pueda afirmar
que su consejo de administración es el Gobierno, según las
declaraciones de la directora de Radio Nacional de España. Si el
consejo de administración sabemos que no es el Gobierno, o no debería
serlo -legalmente no lo es, otra cosa es que lo pueda ser de hecho-,
estaríamos dotando, desde el punto de vista institucional, desde el
punto de vista de la configuración de un servicio público y desde la
búsqueda de un marco de financiación estable, un modelo que sea
creíble y que recoja las aspiraciones que se plantean en nuestra
Constitución cuando regula un servicio público que afecta a derechos
fundamentales. Tenemos, con esta iniciativa, una oportunidad de
iniciar ese camino, desde el planteamiento por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, de que sería bueno buscar un gran pacto que
sirva para mejorar la situación que atraviesa Radiotelevisión
Española. Si es posible le pediría al Grupo Parlamentario Popular que
intente analizar el presente y plantear soluciones para el futuro,
aunque está en su derecho, como he dicho anteriormente, de ampararse
en el pasado.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Díaz-Cano.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Voy a defender la posición de mi grupo, que obviamenteva a votar en
contra de estas dos proposiciones
de ley, que ya debatimos en noviembre de 1999. Si me permiten,
previamente y en nombre de mi grupo -y supongo que estarán de acuerdo
conmigo el resto de los grupos parlamentarios- quiero manifestar
nuestro pésame, en un debate como el que nos ocupa hoy de una
televisión pública, por el fallecimiento de tres trabajadores de la
televisión pública vasca.
Tenemos dos opciones ante estas dos proposiciones de ley: pensar bien
o pensar regular, nunca lo voy a hacer mal. Pensando bien, ¿qué se
nos plantea en ellas? Con la justificación de que hay una
manipulación por parte del Gobierno, de que hay un déficit
democrático ocasionado por la acción del Gobierno en Radiotelevisión
Española, se pretende decir que la solución es nombrar al director
general con el apoyo de dos tercios del Congreso de los Diputados.
Ante esto, si pensamos bien tenemos que votar que no, porque se
plantea un problema, que desde luego nosotros no compartimos que
exista en absoluto, y se ofrece una solución que no sirve
absolutamente para nada. Pero si pensamos regular, porque mal ya digo
que no queremos, tenemos que llegar a la conclusión de que hay
determinados grupos que con sus iniciativas, y otros, como es el
Partido Socialista, con su postura y sus actuaciones durante estos
últimos años lo que pretenden probablemente, y eso lo quiero enunciar
aquí esta tarde, sea dar el portazo a Radiotelevisión Española.
Entrando en el fondo del asunto, ¿qué se alude? Se alude a la
manipulación, al déficit democrático de Radiotelevisión Española.
Desde luego, el de la manipulación no es un concepto jurídico
determinado, sino algo muy subjetivo, que supongo que como lo ven
determinados grupos será distinto de nuestra propia opinión. Yo he
intentado buscar algún elemento objetivable, alguna manera empírica
para ver si hay o no esa manipulación. Aquí se ha hablado de
manipulación, pero no se ha dado ni un solo dato, como
permanentemente se hace en la Comisión de Control. (Rumores.) Al ir a
los hechos le voy a poner encima de la mesa lo siguiente: en primer
lugar, audiencia de los informativos de Radiotelevisión Española. En
estos momentos la audiencia de los informativos de Radiotelevisión
Española es la mejor que ha habido desde 1994, año en que la
competencia de las televisiones era muchísimo menor y mucho más
difícil que ningún informativo consiguiera estos índices de
audiencia.
Estoy de acuerdo con que audiencia y credibilidad no son directa y
exactamente proporcionales, pero ese dato sí es objetivo. Además, si
se pregunta qué piensan los españoles, sólo el 4 por ciento opina que
en los informativos de Televisión Española hay un cierto sesgo
político, que por cierto es el mismo porcentaje de sesgo político que
entienden los españoles que tienen el resto de las televisiones,
luego supongo que esto sí será también un dato objetivo de
manipulación. Como supongo que lo será qué piensan los profesionales,
porque a ellos se les pregunta y se puede ver todos los días
si hay o no manipulación. Los presentadores de los telediarios de
Radiotelevisión Española últimamente parecen actrices y actores de
éxito, están todo el día recogiendo premios. En los años 2000 y 2001,
hasta la fecha, más de cuarenta premios han recibido los informativos
de Radiotelevisión Española a nivel nacional e internacional, en
España y en el extranjero; los últimos: la Antena de Oro al señor
Urdaci y los premios de la Academia de la Televisión, que votan entre
los profesionales de modo secreto y no son susceptibles de estar
manipulados en ningún caso por el Partido Popular. Esa es la opinión
de los profesionales de Radiotelevisión Española sobre
Radiotelevisión Española.
Además, le pondré un último ejemplo de manipulación que se ha tocado
esta tarde en el debate: los resultados electorales de las elecciones
vascas. Durante los días previos a las mismas tuvimos que oír por
parte del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y del Partido
Nacionalista Vasco que éstas no iban a ser unas elecciones libres,
que no había democracia a la hora de votar y que la responsable era
Radiotelevisión Española. Esta tarde he echado de menos una
rectificación de algunos sobre esas palabras. (Aplausos.)
Efectivamente, no hubo libertad, pero yo estuve en Basauri, en 20
mesas electorales, y vi por qué no había libertad, porque había unos
señores de HB que llevaban camisetas en las mesas electorales, porque
había pancartas presionando en los colegios electorales. Por eso no
hubo de verdad libertad y democracia a la hora de votar. Pero quien
sí ha defendido la libertad y la democracia allí han sido los
profesionales de Radiotelevisión Española, que tienen que llevar sus
unidades móviles pintadas de blanco porque si no se las queman. Eso
es falta de democracia y de libertad y no lo que hizo Radiotelevisión
Española. Y si no, ahí están los resultados electorales. De verdad
hemos echado de menos esta tarde, aquí o en cualquier sitio, una
rectificación sobre esas declaraciones.
La realidad es que quienes plantean estas proposiciones de ley y
algunos que las apoyan, cuando hablan de manipulación, a los que
gobernaron durante muchos años en gran medida les pesa en el
subconsciente cómo manipularon día tras día su gestión al frente de
Radiotelevisión Española y, sobre todo, la total y absoluta falta de
propuestas e irresponsabilidad que están teniendo en este tema en sus
actuaciones durante los últimos años.
Pero es que a este problema, que supuestamente había pero que los
hechos parece que no dicen exactamente lo mismo, ¿qué solución se da?
Pues una solución inadecuada que lo que podría traer es que se
paralizase la actividad de Radiotelevisión Española. No se puede
plantear una reforma de la elección del director general de un modo
parcial como se hace en estas proposiciones de ley. No se puede venir
a hablar del director general y no hablar de sus competencias, no
hablar de la influencia de estas competencias en el consejo de
administración o hacerlo de un modo separado de lo que hay que hablar
de verdad, que es de la reforma y del nuevo modelo de Radiotelevisión
Española. No se puede tener este debate de un modo separado. Tampoco
se puede dejar fuera de ese nombramiento al Senado, como se hace en
esta proposición. Además, intentar que para nombrar al director
general la mayoría sea de dos tercios es cuando menos curioso. Con
esa mayoría lo único que se hace son modificaciones constitucionales.
Los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder
Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas, del Defensor
del Pueblo se hace con mayoría cualificada pero de tres quintos. Pues
aquí pedimos una mayoría de dos tercios. Pero esa mayoría ya vemos
que no ha funcionado en otras ocasiones, porque por dos tercios se
nombra a los consejeros del consejo de administración de
Radiotelevisión Española, y el Partido Socialista ha estado
boicoteando e impidiendo durante una legislatura la renovación. Con
lo cual llegaríamos a la conclusión de que no podríamos ni nombrar ni
cesar al director general. Por tanto, ahí está probablemente la
trampa de acabar con el funcionamiento ordinario de Radiotelevisión
Española, y entenderán que a esto nosotros no nos podemos prestar.
Pero sí que es una propuesta original. Yo he tenido la curiosidad de
ver dónde nombra el gobierno al director general de radiotelevisión.
Tras estudiar más de 20 países en toda Europa, he visto que hay una
democracia consolidada, como la de Eslovaquia, donde se nombra de
esta manera al director de radiotelevisión. Yo desde luego me voy a
mirar en otro modelo. De momento, nos podemos mirar en modelos como
el alemán, el austriaco, o el inglés que lo nombran de otra manera.
Pero si me permiten, de momento elegiremos mejor un modelo más
apropiado que el eslovaco, porque sinceramente no me vale.
Señorías, arreglar el supuesto problema de la manipulación no está en
cómo se nombre al director general, está en cómo se hagan las cosas y
quién las haga. Y para eso les doy dos ejemplos. El mejor sistema que
siempre se pone como ejemplo de democracia, de funcionamiento
correcto de una radiotelevisión pública, es el sistema BBC, donde la
reina, a través del primer ministro, nombra a los consejeros, de los
que sale el director de radiotelevisión. Ese es el ejemplo que se
pone permanentemente y es una radiotelevisión pública que nos puede
valer a todos. El problema contrario de cómo se puede manipular es lo
que hace el Partido Socialista, no aquí cuando se sube a la tribuna a
decir algo, sino cuando tiene la oportunidad de gobernar. Y no voy
hablar de lo que se hizo durante 14 años. Ha querido la casualidad
que seamos dos castellano-manchegos, el señor Díaz Cano, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, y yo, del Grupo Parlamentario
Popular, quienes vengamos a hablar de este tema. Y le voy a decir qué
está haciendo en estos momentos, qué va a aprobar pasado mañana el
Gobierno del señor
Bono en la Junta de Comunidades. Ahora mismo se está poniendo en
marcha la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha. Primera
acción: se nombra a Jordi García Candau, cuya foto sale en los
diccionarios al lado de la palabra manipulación, director general de
esa radiotelevisión; el hombre que llevó a la etapa más vergonzante a
Radiotelevisión Española. (Aplausos.) En segundo lugar, se dice:
vamos a crear un consejo de administración entre cuyas funciones
están las presupuestarias y las relacionadas con la plantilla. Llega
la hora de nombrar a la plantilla, no se reúne al consejo de
administración, se intenta vestir, a través de una sociedad, el
nombramiento de los trabajadores y se saltan a la torera las
funciones de ese consejo. Pero había una trampa, para convocar el
consejo el quórum requería la presencia de la mitad más uno de sus
miembros. Quiere la casualidad que, siendo siete socialistas y seis
del Partido Popular, haya una vacante porque a un socialista lo
nombran delegado provincial. Entonces se tiene que reunir el consejo
y, lógicamente, los consejeros del Partido Popular no se prestan a
esa farsa en la contratación y no van al consejo de administración,
que no se puede reunir. ¿Saben ustedes cómo se soluciona esto cuando
gobierna el Partido Socialista?
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Ballestero, ha
concluido su tiempo. Termine, por favor.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Concluyo, presidenta. ¿Saben ustedes
cómo solucionan esto? Pasado mañana, batiendo todos los récords,
siendo la ley que va a tener la tramitación más breve de la historia
del Parlamento de Castilla-La Mancha, se modifica el quórum y se dice
que con un tercio se puede reunir el consejo de administración. Esto
es lo que yo llamo un auténtico ejemplo de cacicada y lo que bajo
ningún concepto se puede hacer en ninguna radiotelevisión pública.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!) Esto es un ejemplo. Valga, por tanto,
este argumento para diferenciar bien qué hay que hacer y qué no hay
que hacer, señorías.
Concluyo diciendo que, efectivamente, llega dentro de poco el informe
de la SEPI. Entendemos que hay que subirse aquí a intentar calentar
el ambiente, que hay que estar agitando a los trabajadores de
Radiotelevisión Española, pero el paso del tiempo dirá qué están
haciendo unos y cuál está siendo su actuación y qué estamos haciendo
otros, porque este Gobierno, le pese a quien le pese, ha decidido
arreglar el problema de radiotelevisión, y dijo, primero, que
traeríamos un modelo de viabilidad financiera a través de la SEPI, y
aquí se traerá y aquí se arreglará; y posteriormente, se hablará de
todas esas cuestiones que se han planteado y de muchas más, para, de
verdad, tener un modelo para una futura radiotelevisión pública. Esos
van a ser los
plazos; entre tanto, hay quien puede dedicarse a tirotear el
consenso...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Ballestero,
termine.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Termino, presidenta.
Hay quien puede dedicarse a tirotear el consenso y hay quien puede,
cuando llegue la oportunidad, debatir todas estas cosas. Nosotros,
como siempre, tendremos nuestra mano tendida.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10
de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la
elección parlamentaria del director de Radio Televisión Española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
279; a favor, 114; en contra, 164; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.
Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la
Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la
que se regula la elección parlamentaria del director de Radio
Televisión Española.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
276; a favor, 113; en contra, 162; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la iniciativa de
referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA NO RENOVACIÓN
DEL ACUERDO DE PESCA CON EL REINO DE MARRUECOS. (Número de expediente
173/000064.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va
a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la
no renovación del Acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, si el Bloque Nacionalista Galego
presentó la pasada semana una interpelación al Gobierno para que éste
diera a conocer las iniciativas concretas que iba a poner en marcha
para dar respuesta a la situación en la que se encuentra la flota que
faenaba en el banco canario-sahariano, al amparo del anterior acuerdo
de pesca con Marruecos, es porque estábamos alarmados por la
inoperancia mostrada por el Gobierno para defender los intereses de
esta flota y conseguir un marco que pudiese mantener su actividad.
La verdad es que, después del debate de esta interpelación y después
de oír, por tanto, al señor Arias Cañete, nuestra alarma y nuestra
preocupación no ha hecho sino aumentar. En líneas generales, confirmó
el señor ministro que el Gobierno, por un lado, no tiene el menor
interés -nosotros ya lo sabíamos y así lo dijimos el pasado
miércoles- en intentar reanudar el diálogo con Marruecos para
alcanzar un nuevo acuerdo de pesca y, por otro lado, tiene menor
interés aún en utilizar los mecanismos de negociación global capaces
de hacer que a Marruecos le convenga firmar ese acuerdo, y desde
luego al dar por cerrada esta vía coloca a la flota de la que
hablamos en una situación más que delicada.
Pero es que además el Gobierno no sabe qué iniciativas debe poner en
marcha para intentar paliar la situación que el fracaso de las
negociaciones creó para esta flota. Hoy mismo dice una asociación de
armadores: No hay reconversión creíble ni reubicación realista. Creo
que es suficientemente concreta la opinión que expresa el sector a
este respecto y realmente le pone a cualquiera los pelos de punta
pensar que a la falta del acuerdo de pesca se sume la incapacidad del
Gobierno para buscar soluciones alternativas que, por cierto, en
ningún caso iban a permitir el mantenimiento de la actividad, sino
simplemente minimizar en parte las consecuencias. Pone también los
pelos de punta que a estas alturas, a pesar de ser una de las
hipótesis con las que vino trabajando el Gobierno, aún no tenga
mínimamente perfilado y concretado ese plan alternativo. El Gobierno
sigue remitiéndose a declaraciones de intención o de voluntad de
impulsar medidas de reubicación, sociales, de diversificación
económica de las comarcas afectadas, pero la realidad es que no tiene
nada concretado, no sabe cuántos barcos y para qué modalidades de
pesca puede reubicar en caladeros de terceros países;
no tiene cerrado ningún acuerdo en este sentido. Eso sí, cuando
menos reconoce, por cierto, que ya de reubicación en aguas propias
pocos barcos y con dificultades.
Yo ya citaba el otro día el caso de que el Ministerio nos hablaba de
Senegal cuando aún no se había renovado el acuerdo anterior, pero es
que el día anterior, el señor ministro nos ubicaba a la mayoría de la
flota a recolocar en Mauritania, que era la gran esperanza. Hete aquí
que Mauritania, en este momento, está ya planteando para renovar el
acuerdo con la Unión Europea, para empezar, entre otras cuestiones,
la reducción del número de unidades que hay en su caladero en la
actualidad; eso para empezar. Por tanto, díganme ustedes en qué se
concretaría tal posibilidad. No sabe qué medidas de tipo social y de
protección de los trabajadores va a poner en marcha, lo cual, desde
luego, resulta absolutamente alarmante. Que a estas alturas los
trabajadores no tengan más alternativa que o bien seguir acogiéndose
a las ayudas que les están dando como consecuencia del paro de la
flota mientras este dure o buscarse la vida por sus propios medios,
que no sepan aún en qué situación pueden quedar si tienen que estar
en paro, es absolutamente increíble e intolerable.
Tampoco sabe el Gobierno qué iniciativas va a poner en marcha para
impulsar planes capaces de regenerar el tejido productivo de las
comarcas más afectadas. El Gobierno sigue remitiéndose a vaguedades
referidas a la creación de suelo, turismo o comunicaciones que,
vuelvo a insistir, por sí solas no generarán ese empleo alternativo;
por cierto, vaguedades que valen igual para comarcas con
posibilidades de desarrollo absolutamente distintas, vaguedades que
sirven igual para Barbate que para Morrazo.
Por último, tampoco sabe el Gobierno, ni por asomo, cuánto le va a
costar el plan alternativo ni de dónde va a sacar la financiación
necesaria para abordarlo. Una vez más, el Gobierno se encuentra, de
entrada, con la reticencia de la Unión Europea a financiar planes
inconcretos, cuando, por cierto, el Gobierno daba por seguro que no
existía ninguna dificultad en ese sentido porque, según su versión,
ya en la cumbre de Niza a este respecto había quedado todo atado.
Por tanto, la preocupación en este escenario no puede hacer más que
aumentar. Desde luego, si la fortuna no lo remedia o si el Gobierno
no cambia la política que está llevando hasta el momento, se abre un
panorama más que desolador para esta flota, también para las comarcas
que dependen de ella y, por supuesto, para el empleo directo y para
el indirecto. Este papel que está jugando el Gobierno en Europa
vuelvo a repetir que es el de: aparte de burro, apaleado. No
solamente se aplaude la política de pesca de la Unión Europea, como
aconteció con las negociaciones de Marruecos, sino que, como premio,
ni siquiera le consuelan con los fondos que necesita para esos
hipotéticos planes alternativos.
La enmienda que presenta el Grupo Popular a nuestra moción, que es
absolutamente inconcreta y que no establece ningún compromiso, no
hace más que confirmar todo lo que he dicho hasta este momento. El
Gobierno en este momento no sabe, no contesta, simplemente se
lamenta. Quiero decirles, señoras y señores diputados -ya sé que
probablemente con escaso éxito y fundamentalmente dirigiéndome al
grupo mayoritario-, que en esta situación es necesario que los grupos
políticos de esta Cámara tomen cartas en el asunto para hacer de
alguna manera que el Gobierno rectifique el rumbo que está llevando
hasta este momento, porque si sigue por esos derroteros francamente
la cuestión no hará más que empeorar y ser más que preocupante.
Por tanto, la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego, con
esa intención de modificar el rumbo, insta al Gobierno, en primer
lugar, a adoptar las medidas necesarias para reabrir las
negociaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con el
fin de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca. Nosotros creemos que es la
única posibilidad real de mantenimiento de la actividad de la flota.
Como sabemos también que el Gobierno está en esa posición, en su
defecto creemos que el Gobierno debe presentar de inmediato, porque
la flota no puede permanecer sine die en la incertidumbre...
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, su tiempo ha concluido. Le
recuerdo el compromiso de no consumir más que los siete minutos que
ya ha consumido.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo, señora presidenta, haciendo caso
a ese compromiso, diciendo que efectivamente debe presentarse de
inmediato ese plan alternativo cuyas líneas generales figuran en los
sucesivos apartados de nuestra moción; que ese plan se negocie con
las organizaciones sociales representativas y que se someta a debate
de la Cámara, porque supongo que al Gobierno buena falta le hará el
apoyo de la misma para demandar lo que haya que demandar donde haya
que demandarlo.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia
de la interpelación, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, realmente el
debate sobre la situación de la flota pesquera en Marruecos es cada
vez más desolador, más indignante. El Gobierno sigue siendo cómplice
de una situación porque no se puede hacer peor. Nos negamos a creer
que le haya pillado de sorpresa, que
sea fruto de la improvisación. Sinceramente creemos que esto
corresponde a una decisión predeterminada del Gobierno, desde hace
años, de ir a la reconversión de la flota que pescaba en Marruecos y,
a partir de ahí, ha dejado, como hacen los malos toreros, que el toro
vaya por su cauce, que pase los tres avisos y que, al final, se
devuelva al corral. Eso es lo que ha hecho el Gobierno, repito,
esperar, como los malos toreros, a que devuelvan el toro al corral
porque en ningún momento ha querido torearlo.
Se habla de ampliar los caladeros y no se hace nada. Se dice que se
van a buscar nuevos caladeros y se debía haber hecho,
independientemente del acuerdo marroquí. Se dice que hay que mirar
otros caladeros y esta mañana el Partido Popular vota en contra de
una propuesta de nuestro grupo para hacer un plan para el caladero
del mar Cantábrico. Por tanto, que no se nos diga a estas alturas que
el Gobierno está haciendo otra cosa que ser cómplice del
desmantelamiento de una parte importante de nuestra flota.
Por estos motivos, Izquierda Unida presenta una enmienda en la que,
en primer lugar, rechaza la actitud mantenida por el Gobierno en todo
el proceso de negociación, porque ha sido una actitud nefasta,
negativa a los intereses de este país, negativa para un sector
pesquero y negativa, en definitiva, para todo aquel que ha confiado
en que el Gobierno de España iba a hacer lo que tenía que hacer,
defender los intereses de nuestro país. Hay que partir de una
realidad, y es que el Gobierno pretende desmantelar la flota. Desde
Andalucía creemos que lo que pretende es iniciar un proceso
especulativo en la zona de Barbate, poner esta zona en manos de
especuladores en lugar de plantear una alternativa real. En el tiempo
que llevamos negociando el acuerdo pesquero algo se podía haber
hecho, no se ha hecho nada en aquella zona, y ahora se ofrece el
desarrollo turístico como la panacea. Señores del Partido Popular,
esto llega tarde y mal.
Nosotros planteamos en nuestra enmienda una serie de propuestas que,
como en cierto modo están recogidas en la moción que presenta el
Bloque Nacionalista Galego, no pretendemos que sean asumidas tal
cual. El objeto de nuestra enmienda es reflejar en este debate cuál
es la postura de Izquierda Unida con respecto a la situación actual.
Anunciamos que votaremos a favor de la moción que presenta el Bloque
Nacionalista Galego y, recalcando lo que ya se ha dicho en esta
tribuna, pensamos que la enmienda del Partido Popular es lamentable.
Que a estas alturas el Partido Popular venga a presentar esa enmienda
significa, ni más ni menos, su rendición, demuestra hasta dónde hemos
llegado en manos del Partido Popular en este tema. No se puede a
estas alturas presentar una enmienda que no dice nada. El Partido
Popular tiene que estar a la cabeza, pero es
una evidencia que cada vez que se ha discutido de pesca en esta
tribuna ha sido impulsado por la oposición y siempre ha votado en
contra de lo que se le planteaba. Hoy se plantea una vez más y
posiblemente no será la última, porque no nos vamos a rendir, no
vamos a permitir que desmantelen no sólo un sector económico
importante sino toda una cultura en Andalucía y en otras zonas del
Estado; no vamos a permitir que sigan los dictados de esos centros
económicos, porque pretenden convertir a Andalucía y a otras zonas
del Estado en una zona desierta económicamente y fruto sólo del
sector servicios para poder determinar mejor su futuro económico; no
nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando desde Barbate, desde
Málaga y desde otros sitios pesqueros; vamos a seguir luchando para
que se puedan alcanzar las soluciones que todo el mundo reconoce
menos ustedes. Todo el mundo reconoce que se podía haber llegado a un
acuerdo; todo el mundo reconoce que no se ha hecho lo suficiente,
menos el Gobierno del Partido Popular, menos el señor ministro, Arias
Cañete, que brilla por su ausencia una vez más cuando se debaten
estos temas en esta Cámara.
A estas alturas poco más se puede decir, pero tenemos que seguir
planteando al Partido Popular sus propias responsabilidades, que
tiene la obligación de gobernar este país, de prevenir, y que no
puede seguir improvisando. Tenía que haber presentado ese plan que se
le reivindica y haberlo elaborado hace meses, porque el acuerdo hace
años que terminó. Hace más de cuatro años que se sabía que era el
último y el Partido Popular tenía que tener preparado un plan para el
caso de no firmar el acuerdo. Sin embargo, el Partido Popular no ha
hecho nada, no sólo no ha negociado, sino que no ha tenido previstas
alternativas, no ha previsto posiciones. Por tanto, repito, el
Partido Popular sigue actuando en este momento totalmente en contra
de los intereses de este país, totalmente en contra de los intereses
del sector pesquero y en ese sentido de nuevo nos va a tener
enfrente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, el miércoles pasado,
16 de mayo, el señor ministro de Agricultura dibujó un panorama
idílico para la flota que faenaba en Marruecos. En esa intervención
había turrón para todos. La mayoría tenía garantizada su
recolocación. La decisión dependía únicamente de los
armadores. Para el resto, continuidad de ayudas, cursos de formación
o primas individuales de cese de actividad y acciones en las comarcas
dependientes, acciones que incluían planes de diversificación y apoyo
a la industria no extractiva. Simultáneamente, el día 15, la Comisión
Europea, en respuesta a una pregunta socialista, decía que las
indemnizaciones al sector se intentan prorrogar hasta el 30 de junio,
pero el tema debe pasar por el Parlamento, o sea, aún no están
cerradas; que el plan de reestructuración debe pasar con la Comisión,
Parlamento y Consejo y que no hay plan ni está aprobado; que los
recursos económicos comprometidos son únicamente los fondos IFOP
asignados a España para la flota; que los hipotéticos fondos
suplementarios de los que se habló en Niza no son seguros, están
condicionados a las perspectivas presupuestarias y aún más, los
responsables de pesca y presupuestos de la Unión Europea remarcan que
en Niza la Unión Europea no garantizó a España ayudas sociales y
regionales para diversificar las zonas afectadas.
Señorías, esta es otra versión, una versión menos optimista, que nos
habla de que estamos ante un problema gravísimo. La irresponsabilidad
del Gobierno y su propio peso en la Unión Europea, fruto de alianzas
equivocadas y estrategias mal orientadas, nos llevó a perder
caladeros y nos puede llevar a la liquidación del sector pesquero. El
plan que nos vendió el señor Cañete es humo en globos de colores. Lo
único cierto es que se rompían las negociaciones con Marruecos, se
cerró una puerta y no hay nada concreto. Lo que hay es
irresponsabilidad e improvisación. Hoy por hoy no hay caladeros
alternativos rentables para la mayoría de la flota, los interiores
están saturados y los exteriores -los más atractivos como Mauritaria
y Senegal- tienen acuerdos pendientes de negociación que vencen en
julio y encima en Mauritania parece que hay petróleo en la costa y si
hay petróleo, adiós pesca. Por otra parte, las empresas mixtas chocan
con una normativa europea que les pone dificultades, normativa, por
cierto, que el Gobierno actual ayudó a endurecer. Por otro lado, los
millones de la Unión Europea son sólo para reducir capacidad, o sea,
para liquidar flota.
Señores, nosotros no queremos ser cómplices de tanto despropósito y,
una vez más, queremos contribuir positivamente a dar una salida al
problema. Nosotros también creemos que aún existen posibilidades de
llegar a un acuerdo con Marruecos. Esto es así si España y la Unión
Europea revisan su estrategia y la nueva estrategia se enmarca en un
amplio programa de cooperación para el desarrollo. De no ser así,
para nosotros cualquier salida pasa, en primer lugar, por mantener la
capacidad extractiva de la flota que faena en Marruecos. Estamos, en
consecuencia, en contra de desguaces
que reduzcan nuestra capacidad. Somos el Estado europeo que más
redujo su capacidad y no podemos hacer nuevas reducciones para que
otros países de la Unión Europea vendan más pescado en España.
También nos oponemos a que los fondos IFOP se destinen
preferentemente a atender las necesidades de la flota de Marruecos,
ya que esto provoca que otras flotas queden desatendidas. Por ello,
nosotros demandamos del Gobierno un fondo específico para ayudas
sociales y diversificación productiva en las zonas afectadas que debe
ser negociado con la Unión Europea. Los 500 millones de euros que no
se pagan a Marruecos no puede ahorrarlos la Unión Europea a costa del
sector español. Resumiendo, nuestra posición es que la
reestructuración del sector no puede implicar reducción de capacidad
y que ni la necesaria diversificación ni las políticas sociales se
pueden pagar únicamente por España.
El Gobierno lo hizo mal, tan mal que estamos abocados a eso, a
detraer de la cuota española de los fondos estructurales, del fondo
Feder y del fondo social, los recursos para minimizar el impacto del
fracaso de los acuerdos con Marruecos. Ustedes, señores del Grupo
Popular, son un peligro para los intereses de España.
La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, su tiempo ha concluido.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por
el Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, después de escuchar las intervenciones de los portavoces
del Bloque Nacionalista Galego y de Izquierda Unida, me sorprende
muchísimo que digan que recientemente se ha presentado un plan,
etéreo, según dice el señor portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Me gustaría preguntar a los diputados presentes y a los que nos están
escuchando desde sus despachos, sin duda, qué opinarían si hace un
año o año y pico se hubiera presentado ya un plan alternativo para la
flota de Marruecos. Dirían que el Gobierno no defiende la flota
pesquera, que ya habían abandonado los intereses de Marruecos,
etcétera. Por tanto, si hacemos una cosa, está mal, y si hacemos la
otra, está peor. Eso es así y usted bien lo sabe, señor Vázquez. Su
política es la de siempre, la política del no, pero se lo diré un
poquito después.
Nosotros tenemos una enmienda a su moción totalmente constructiva. En
el tema de Marruecos, lógicamente hay aspectos que hay que
considerar. Tenemos que intentar mantener el máximo número de buques
faenando, tenemos que mantener el máximo de tripulantes faenando en
Marruecos o en cualquier otro caladero, tenemos que intentar reubicar
a nuestros tripulantes en otras flotas, tenemos que intentar, sin
duda, mantener un equipo productivo en tierra, equipo que da, sin
duda, un elevado número de puestos de trabajo. Eso es nuestra
enmienda. Cualquiera de los cuatro puntos está en nuestra enmienda y
los suyos, no. Su planteamiento inicial es volver a iniciar, o
intentarlo, las negociaciones con Marruecos.
Señor Vázquez, no sé si estuvo en la manifestación de anteayer en
Cangas, en la cual el lema era: Defensa de los intereses de Marruecos
y defensa del Frente Polisario. Sin duda, son intereses totalmente
homogéneos, pero estoy convencido de que habría grandes amigos suyos
al frente de esa manifestación. Lo que le quiero comentar es que, si
ustedes quieren realmente un acuerdo con Marruecos, ustedes no
solamente tienen que instar al Gobierno a que intente lograrlo, sino
que también tienen que, con su sindicato amigo, por todos los medios,
intentar apoyar un acuerdo y no bloquearlo. Ayer, en la autovía de
Tuy a Vigo -lo sabe también-, hubo una manifestación, cortaron la
carretera, como siempre, y había mucha gente con pasamontañas. ¿Por
qué? Porque siempre son los mismos, señor Vázquez. Es el antipeaje,
es el antimejillón, es el antiMarruecos. Siempre son los mismos. Y
resulta que, al frente de ellos, estaba su gran amigo, que,
curiosamente, lo habían detenido todavía no hacía muchos días en otra
lucha que hubo sobre un tema conflictivo de transporte escolar. Pero
es el mismo y siempre serán los mismos.
Por tanto, le vuelvo a repetir que el Gobierno está intentando por
todos los medios buscar soluciones y lo lleva haciendo desde que
asumimos el Gobierno en 1996. Usted bien sabe que hemos tenido
reuniones con los alcaldes de El Morrazo, La Guardia, Ribeira y
Barbate. También quiero decir a SS.SS. que El Morrazo, Cangas, Moaña
y Bueu, especialmente, eran el fortín del Bloque Nacionalista Galego,
y en las últimas elecciones municipales, en las que no tuvo demasiado
éxito el Partido Popular en Galicia, precisamente esas tres alcaldías
las ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta. Por algo
sería, señor Vázquez, por algo sería. Es que ustedes lo estaban
haciendo terroríficamente mal y siguen haciéndolo. Vuelvo a repetirle
que nosotros estamos intentando consensuar con los alcaldes, que son
los conocedores del problema, y esos alcaldes nos han dicho que su
problema fundamental es el terreno industrial. Por poner un ejemplo,
le diré que, en
estos momentos, el metro cuadrado de nave industrial alrededor de
Vigo está en 110.000 pesetas. Y no hay terreno industrial. Estoy
convencido de que en la zona de Bueu y Cangas, si se consigue terreno
industrial, se generarán industrias y seremos capaces de mantener los
puestos que tenemos en estos momentos. Si ustedes colaboran con el
Gobierno, si ustedes colaboran con sus amigos apoyando al Gobierno,
estamos convencidos de que, a corto plazo, el problema de Marruecos
no existirá.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hablaré desde el escaño y con la máxima brevedad posible.
Desde hace algún tiempo, estamos hablando de forma continuada sobre
la situación del sector pesquero y de forma especial de lo que hace
referencia al banco de pesca saharaui-marroquí. La problemática
actual de la pesca con Marruecos no es más que el resultado de la
falta de planificación y, quizá, de una cierta autosuficiencia, que
nos ha llevado a la creencia de que Marruecos está dispuesto a que la
Unión Europea y el sector extractivo español continúen trabajando en
sus aguas por un tiempo indefinido. Somos muchos los que hace tiempo
adelantamos que el sector pesquero español tiene una potencia de
pesca que no está compensada por la capacidad del Ministerio de
Asuntos Exteriores de crear ambientes favorables en terceros países
que nos permitan un desarrollo adecuado. Estamos en un momento en que
todo el mundo habla de globalización y, si hay algo que efectivamente
debe ser global y coherente, debe ser la política de un país y, de
forma especial, la política exterior, que es la que proyecta nuestra
acción sobre el resto del mundo.
Por tanto, nos encontramos ante una cierta paradoja: la Unión
Europea, por delegación, está asumiendo algunas competencias, en
materia de pesca, que hasta hace algunos años habían estado llevando
los Estados: En ese momento, su mala gestión al respecto y la propia
Unión Europea no asumen, a nuestro entender, los resultados de esta
mala negociación. La Unión Europea no aplica una visión globalizada a
la problemática y no intenta hacer unas negociaciones mucho más
globales. Por ejemplo, seria una broma de mal gusto que la Unión
Europea dedicase una cantidad importante -se hablaba de 3.500
millones de pesetas- a la modernización
de la flota marroquí, como se ha apuntado, mientras que la
flota española está en un proceso drástico de reestructuración. Como
decía, la política exterior de un Gobierno es global y la estabilidad
del Magreb no sólo es buena, sino necesaria. A nuestro entender, la
Unión Europea mira con excesiva intensidad hacia los países Pecos, en
detrimento del Magreb, que, por cierto, son los que crean más
problemas, básicamente a Alemania. Por tanto, una visión de la Unión
Europea más cercana en relación con la problemática del Magreb a lo
mejor hubiera resuelto alguno de los problemas que en este momento
tenemos encima de la mesa.
No crean, señoras y señores diputados, que una política exterior
española más intensa, unida a una mayor voluntad política de
encontrar soluciones al problema, serían elementos suficientes para
intentar resolver la problemática. Por ejemplo, en este momento el
presidente del Gobierno está en Rusia y parece ser que van a firmar
una serie de convenios sobre transporte. Sería interesante que
hubiesen hablado de pesca, de la posibilidad de que una parte de
nuestra flota se hubiese situado en la zona del mar Báltico, en
Baring. Son temas importantes, que se deberían haber puesto encima de
la mesa. La situación en este momento es dramática y tengo la
sensación de que no encontramos aliados importantes en la Unión
Europea. De hecho, el refortalecimiento del frente franco-alemán da
la impresión de que va a debilitar la posición española. Si el
Gobierno español sólo tiene el soporte de la Italia de Berlusconi, el
futuro es, desde luego, poco preciso.
Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario, en esta
situación difícil, insta también al Gobierno a que dedique los
esfuerzos necesarios para que la solución que se debe encontrar no
afecte de una forma negativa al sector, que desde hace tiempo lo está
pasando muy mal.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Vázquez, de su intervención hemos podido deducir en la
Presidencia el rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, pero falta que manifieste su criterio con respecto a las
enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del
Grupo Socialista.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: No sé, señora presidenta, si de mi
intervención se podía deducir que no íbamos a aceptar la enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, pero después de la intervención del
señor portavoz,
obviamente, sí tenemos ya muchos más motivos para no
aceptarla.
En todo caso, como simple aclaración, a efectos del «Diario de
Sesiones», tengo que decir que la manifestación a la que alude ...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Vázquez, usted sabe que este
trámite es única y exclusivamente para indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas. No es un turno de aclaraciones ni de
réplica, que en el trámite de mociones no lo hay.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta, lo comprendo.
Sólo quería hacer una aclaración, pero la haré en otro momento.
Como he indicado, no podemos aceptar la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, porque en esencia lo que propone es que el
Gobierno siga en la inconcreción e inoperancia en las que se
mantiene, por lo que no es de recibo.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, no vamos a aceptar la
primera, de adición al punto 2, porque creemos que no aporta nada que
no esté recogido en nuestra moción. Y sí vamos a aceptar la enmienda
que, aunque no está numerada, creemos que correspondería al número 2,
que desarrolla medidas concretas para la diversificación económica de
las comarcas afectadas; aunque la intención de nuestra moción no era
entrar en concreciones, no altera el contenido.
Las enmiendas de Izquierda Unida, aun compartiendo buena parte de su
filosofía, no las vamos a aceptar, porque lo que proponen se
contempla en líneas generales en los puntos de la moción del Bloque
Nacionalista Galego y además sería de difícil encaje en la misma.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez. (Pausa.)
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las
consecuencias derivadas de la no renovación del Acuerdo de Pesca con
el Reino de Marruecos, en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por parte del grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
270; a favor, 109; en contra, 161.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CRITERIOS DE POLÍTICA
GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y OTROS PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS EN LOS HOSPITALES DEL INSALUD. (Número de
expediente 173/000065.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Valentín. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio, al objeto de poder continuar con el
debate. (Pausa.)
Adelante, señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista presentaba hace una semana una
interpelación en el Pleno del Congreso para que la señora ministra
nos explicara cuáles eran los criterios de política general que se
utilizaban en los hospitales del Insalud para adquisición de fármacos
y otros productos farmacéuticos y hospitalarios. Queríamos esta
información porque el Tribunal de Cuentas, en su informe del año
1998, ponía de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión
del gasto farmacéutico hospitalario, así como en los distintos
procedimientos de contratación utilizados por el Insalud, que nos
llevaron a la conclusión de que el descontrol, el incumplimiento de
la ley y los sobrecostes que se daban en este tipo de adquisiciones
en el Insalud debían ser objeto de una serie de medidas urgentes por
parte del Gobierno para hacer una gestión de los fondos públicos lo
más eficaz y lo más eficiente posible.
El informe del Tribunal de Cuentas analizaba de una forma
pormenorizada una partida presupuestaria que, en el año 1998, se
incrementó en un 18,20 por ciento con respecto al año anterior y en
el año 1997 tuvo una subida de un 22,7 por ciento con respecto al año
precedente. Señorías, el propio Tribunal llega a la conclusión de
recomendar al Insalud y al propio Ministerio de Sanidad que han de
homogeneizar los precios de adquisición de los medicamentos de forma
que los centros del Insalud no paguen por un producto médico o
farmacéutico un precio superior al que pueda encontrarse en el
mercado, ni que distintos centros del Insalud paguen precios
diferentes por un mismo medicamento. Del propio informe se deduce que
en algunos casos
estas diferencias superan el 104 por ciento -más caro- de un hospital
a otro.
Señorías, interpelamos a la señora ministra. De aquella interpelación
solamente me quedó clara una cosa, que el Ministerio de Sanidad no
sabe qué camino tomar con la política de medicamentos que se ha de
aplicar en los hospitales del Insalud y, por tanto, aunque tuviera
voluntad y quisiera, no puede realizar una gestión eficiente de los
recursos farmacoterapéuticos y de los fondos públicos que lleva
aparejados.
El Grupo Socialista es consciente de que el objetivo final de la
política sanitaria es el mantenimiento de la salud de las personas o
la curación del paciente en el supuesto de enfermedad. Somos
conscientes de que un servicio público tan esencial como es el
sanitario ha de ser eficaz, ha de ser eficiente y de calidad. Somos
conscientes de que en el tema que nos ocupa, de farmacia
hospitalaria, tan importante es saber comprar los medicamentos como
saber usarlos. Es imprescindible que por parte de los hospitales y
por parte del Insalud se sepa qué se utiliza en cada hospital, dónde
se utiliza y para qué se utiliza, o, lo que es lo mismo, cuánto se
gasta, dónde se gasta y para qué se gasta. Desde el Grupo Socialista
tenemos claro que la política de medicamento en los hospitales tiene
la suficiente importancia como para que los gestores sanitarios se
ocupen de ello, entre otras cosas, porque la sanidad pública la
financiamos todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos y
hemos de rentabilizar al máximo, desde el punto de vista social,
todos los recursos sanitarios públicos.
Por todo ello y por responsabilidad política de este grupo,
presentamos la moción que hoy debatimos, con una serie de propuestas
que estamos convencidos de que pueden ser útiles para mejorar la
gestión de estos recursos públicos. En la moción instamos al
Gobierno, en primer lugar, a que se fijen precios de referencia
máximos para medicamentos de utilización en el ámbito hospitalario,
precios de referencia ligados a principios activos y ligados a las
características genéricas, cuando se trata de productos farmacéuticos
y sanitarios, y precios de referencia revisados anualmente. Sobre
estos precios de referencia, los centros sanitarios hospitalarios
celebrarán los correspondientes contratos en la forma de adjudicación
que en cada caso sea de aplicación de acuerdo con la normativa
estatal.
En segundo lugar, es imprescindible que los hospitales del Insalud
estén dotados de un sistema de información a través de la red
informatizada, de modo que las adquisiciones de medicamentos o
productos que se hagan en un hospital pasen directamente a los
servicios centrales del Insalud para que se pueda analizar
mensualmente con el fin de permitir una utilización eficiente
de esos recursos públicos. La potenciación de las comisiones de
farmacia y terapéutica de los hospitales, el fortalecimiento de la
formación continuada del personal al servicio del Sistema Nacional de
Salud, de modo que se oriente por la propia Administración cuáles son
las líneas prioritarias de formación y no sea la industria
farmacéutica la que haga este tipo de orientaciones. O la política de
uso racional del medicamento, o el control riguroso de las
autorizaciones y registros de los nuevos fármacos. Son propuestas de
sentido común.
La señora PRESIDENTA: Señora Valentín, su tiempo ha concluido.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Termino, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señora Valentín, le recuerdo que el compromiso
es terminar inmediatamente.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Son propuestas de sentido común y pediría
su apoyo a los grupos de la Cámara, porque vamos a mejorar el
funcionamiento y la eficiencia de los hospitales.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Castro. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la
Presidencia.)
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para decir una vez más, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que en este caso
concreto el Partido Socialista tiene un gran sentido de la
oportunidad, porque éste es un tema que está preocupando a la
población y está teniendo últimamente una gran influencia mediática.
Voy a hacer unas breves consideraciones para que la señora presidenta
no me tenga que cortar porque no sé ceñirme al tiempo.
Para Izquierda Unida, la política del Ministerio de Sanidad para
controlar el gasto farmacéutico registra un exceso de medidas
puntuales, como son la restricción de medicamentos, lo que hemos
venido en llamar medicamentazo o decretazo, precios de referencia,
sin que se acabe abordando nunca una política global e integrada ante
la excesiva prescripción de medicamentos. Es necesario, pues, desde
nuestro punto de vista,
adoptar estrategias globales e integradoras en la gestión del gasto
farmacéutico en contraposición con las políticas parciales y
reduccionistas. La necesaria racionalización del consumo de
medicamentos en España tiene su origen lógico, tanto en su evolución
como en el nivel diferencial del gasto farmacéutico soportado por
nuestro sistema sanitario, con relación a los países de nuestro
entorno más cercano. Lo importante no es, señorías, el mayor gasto
farmacéutico por persona, sino el porcentaje del gasto farmacéutico
en el conjunto del gasto sanitario público.
El abordaje de este problema requiere, pues, la combinación de
distintos principios de farmaco-economía. Las políticas de copago o
los precios de referencia aisladamente no sirven, no porque lo diga
esta parlamentaria ni el Grupo de Izquierda Unida, no sirven porque
está demostrado el fracaso de las políticas que la señora ministra y
el Gobierno actual han puesto en marcha sobradamente.El abordaje
requiere, pues, la combinación de instrumentos de regulación,
políticas de integración de servicios, comprar salud y no servicios
sanitarios, primando a proveedores no lucrativos, regulando de forma
estricta la distribución y utilización de los beneficios e
involucrando a médicos, usuarios y farmacéuticos. El gasto
farmacéutico es una parte más del gasto en atención sanitaria y debe
valorarse exclusivamente su efectividad y eficiencia. Debe valorarse
en el conjunto de los recursos utilizados en la sanidad pública. En
el sistema sanitario español, medidas como el copago farmacéutico
están desfasadas y, a pesar de la normativa del 40 por ciento del
coste a cargo de los usuarios, apenas el 8 por ciento del gasto total
es sufragado por ellos. El copago tampoco favorece la equidad. Existe
un importante trasvase de recetas de activos hacia pensionistas y no
hay evidencia de que sean éstos los que se concentren en los tramos
de renta y riqueza más pobres de este país.
En lo que a los precios de referencia se refiere, hay que decir que
el impacto de éstos es probablemente limitado por varias razones: el
diferencial de precios de los productos de marca y los pocos
genéricos es bastante reducido. Conocen bien SS.SS. la situación. La
cuota de mercado de los productos potencialmente objeto de aplicación
de los precios de referencia es escasa. España es uno de los países
de la Unión Europea en el que los nuevos productos farmacéuticos
consiguen rápidamente una mayor cuota de mercado y están protegidos
por la patente. Los precios de referencia refuerzan la presión por
introducir en el mercado nuevos productos de precio más elevados y
pueden no estar afectados por esta regulación, señora Valentín, como
ya le decía a usted en conversación privada. De
ahí que nuestras enmiendas vayan en la línea de nuestras
preocupaciones.
El gasto farmacéutico en España es, sobre todo, un problema de
sobreconsumo y costes de dispensación. Las medidas que aquí se
discuten deberán estar englobadas -iba a decir que me dirijo al
Gobierno, pero diré al grupo que sustenta al Gobierno, porque en
estos momentos no hay ningún representante en la Cámara- en el plan
integral de medidas del control del gasto farmacéutico y del uso
racional del medicamento, aprobado por esta Cámara en diciembre del
2000, que el Gobierno se ha comprometido a presentar en el mes de
junio. Allí nos volveremos a ver y tendremos de nuevo la oportunidad
de reflexionar sobre esta materia.
No obstante, señorías, y termino...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Castro, tiene
que terminar pues ha terminado su tiempo.
La señora CASTRO FONSECA: No digo nada más.
Espero solamente que la portavoz del Grupo Socialista tenga a bien
aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, porque tengo la plena convicción de que
es el camino para avanzar en el tema que nos ocupa hoy en la Cámara.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra el señor Castillo.
El señor CASTILLO JAÉN: Señora presidenta, señorías, he echado de
menos hoy y el otro día en la interpelación, hablando de política
sanitaria, un hito histórico que se ha dado en el Ministerio de
Sanidad. Digo histórico porque es la primera vez que se produce una
contención del gasto del 5 por ciento, en el mes de marzo pasado. Una
contención del gasto, año tras año, del 6 por ciento, en
contraposición con el 14 ó 15 por ciento de otro gobierno, hecho que
merece destacarse y que pone de manifiesto que se está haciendo una
política eficiente, que se está preocupado por el gasto y por
factores sanitarios. La política farmacéutica que conlleva los
genéricos, los precios de referencia, la contención del gasto, no
puede esconder que se está actuando de manera prudente pero eficaz.
El Grupo Socialista ha hecho un estudio del informe del Tribunal de
Cuentas del ejercicio de 1998 un tanto sesgado y sin demasiado
detenimiento. Ha carecido de la prudencia y de la objetividad
necesarias para analizar
los años precedentes y, mucho menos, observar datos comparativos
con otros sistemas sanitarios tanto nacionales como internacionales.
De haberlo hecho así, su portavoz hubiera tenido la oportunidad de
haber observado tres hechos fundamentales. En primer lugar, que el
informe referido es poco analítico, muy poco generalizado y
continuación de informes de años anteriores, incluso de años de
Gobierno socialista con lo que hay similitud en sus conclusiones. En
segundo lugar, que los procedimientos de adquisición de medicamentos
por el Insalud son similares en todos los sistemas sanitarios y
adolecen de la misma problemática, sin distinción de comunidades
autónomas. Los gerentes de los hospitales de todos los sistemas
sanitarios tienen el mismo problema a la hora de adquirir, por lo
tanto no se puede generalizar en un sistema sanitario. El principal
problema del encarecimiento en la adquisición de los medicamentos
hospitalarios y ambulatorios tiene tres orígenes fundamentales: en
primer término, el envejecimiento de la población que conlleva
ingresos de crónicos en los hospitales. En segundo lugar, la
aparición de patologías emergentes, que tiene tratamientos nuevos de
alta tecnología y con precios muy caros. Este suministro ambulatorio
de medicación para algunas enfermedades como el sida, la esclerosis
múltiple y otras como la nueva enfermedad de Gaucher, es
eminentemente caro, factor que condiciona sanitariamente. El sida ha
pasado de ser una enfermedad aguda y mortal a una enfermedad crónica
y controlada gracias a los medicamentos. No podemos ver el componente
puramente económico. Valga el ejemplo de que al Servicio Nacional de
Salud se le ha incrementado la facturación, el precio de los
medicamentos ambulatorios, de un 26 a un 29 por ciento en el año
2000. Sigo insistiendo en que no es un problema de una comunidad
u otra, sino generalizado.
Si hubiera recopilado un poco de información publicada en todos los
textos del Insalud, hubiera llegado S.S. a la percepción de que, tras
el informe del Tribunal de Cuentas del año 1998, el Insalud,
organismo responsable, se puso en movimiento y lo primero que hizo
fue analizar cuáles son las consecuencias que le llevaron a esa
desviación y automáticamente poner en marcha mecanismos correctores.
Creo que eso es de una responsabilidad seria. Nosotros hemos
presentado una enmienda con tres puntos para hacerle ver a los
representantes del Grupo Socialista que ya estaban iniciadas todas
estas acciones. Queremos instar al Gobierno a que continúe lo ya
iniciado porque es importante. Si se hubiera tenido un poco de
interés en preguntar información, la representante del Grupo
Socialista hubiera visto que por lo menos el 90 por ciento de su
mociónya estaba desarrollada. Cuando se habla de continuar
con las acciones iniciadas para la convocatoria de un acuerdo marco
para adquisición de medicamentos en el ámbito hospitalario, debemos
responder que ya se ha iniciado. Lo único que le pedimos al Gobierno
es que acelere su funcionamiento y se llegue a ese acuerdo marco.
Potenciar las condiciones de farmacia terapéutica de los hospitales
en su vertiente de garantizar calidad, seguridad y eficacia en la
prescripción farmacéutica, siempre con el objetivo de optimizar la
atención farmacéutica hospitalaria. Continuar con el desarrollo de
los temas ya definidos como prioritarios y publicados en el contrato
de gestión de 2000. Todos los temas que menciono están publicados...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Castillo, lo
siento pero ha finalizado su tiempo, señoría.
El señor CASTILLO JAÉN: Finalizo, señora presidenta, diciendo que no
podemos aceptar la moción del Grupo Socialista, porque es un tema que
está perfectamente iniciado. Sólo nos resta animar al Insalud y al
Gobierno para que sigan en la línea responsable y aceleren esta
gestión en beneficio de los ciudadanos.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Castillo. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRIA: Señora presidenta, señorías, no soy
revanchista y no quisiera parecerlo, pero he seguido con enorme
interés esta interpelación y la moción subsiguiente por su enorme
parecido -sólo cierto parecido, en el actuar administrativo hay una
gran distancia- con algo sucedido en Euskadi, protagonizado por los
parlamentarios populares en plan enorme gresca con aparataje
mediático que ha precedido a las elecciones recientemente celebradas.
La interpelación tiene su origen, como todos ustedes saben, en el
informe del Tribunal de Cuentas que destapa múltiples irregularidades
en las adquisiciones de 1998, sobre todo, de fármacos con destino a
los hospitales del Insalud. En Euskadi, y respecto de las mismas
fechas, el Tribunal de Cuentas Públicas vasco en su informe dice
textualmente que Osakidetza cumple razonablemente con la normativa
legal que regula su actividad económico-financiera y, añade, que en
los sucesivos informes que el Tribunal ha tenido ocasión de examinar
se aprecian sustanciales y progresivas mejoras a lo largo de los
últimos años. Eso sí, el propio
Tribunal señala algunas disfunciones que él mismo atribuía a que en
el citado año 1998 se había producido el cambio de Osakidetza pues
pasó de ser organismo autónomo a ente público, pero dice que, en modo
alguno, puede calificarse de conducta dolosa, negligente, fraudulenta
o corrupta.
Ante esta situación, los parlamentarios del Grupo Popular pidieron
primero una comisión de investigación, con gran revuelo mediático, y
a continuación el cese del consejero de Sanidad. Me parecía- y ahí
viene la equiparación- que tamaña preocupación por la rectitud en la
gestión del sistema sanitario llevaría al Partido Popular, a la vista
del enorme varapalo que da al Insalud el Tribunal de Cuentas, a la
inmediata petición de creación de una comisión de investigación en el
Congreso o a solicitar numerosos ceses, pero hasta ahora no ha
mostrado la más leve preocupación ni siquiera por hablar de concursos
centralizados que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco se llevan ya celebrando hace muchos años.
La moción socialista es prudente pero propone actuaciones que en
nuestro ámbito ya se vienen haciendo. Me permitirán señalar que el
que en una moción se inste al Gobierno a cumplir la ley me resulte a
mí, que creo en la obligatoriedad de cumplir el derecho vigente,
sorprendente en cuanto reconocimiento de que se está ignorando o
inaplicando. Espero que no se acepte la enmienda que propone el Grupo
Popular, porque, a pesar de la inaplicación de las normas que se
reconoce, plantea en tres apartados un seguir, un continuar y un
continuar; es decir, más de lo mismo, más de incumplimiento de la
normativa vigente. Se justifica como mejora técnica, justificación
que, perdónenme, me parece indescriptible. Mejoras técnicas, muchas
mejoras técnicas, es lo que le está haciendo falta a la gestión
sanitaria en el territorio Insalud.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Uría.
Para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la
palabra la señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, presidenta.
Respecto a las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida aceptamos las dos últimas, rechazando la
primera por respeto a las comunidades autónomas y a la autonomía de
gestión propia de los hospitales.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, la rechazamos porque no aporta nada nuevo, es más de lo
mismo, seguidismo total en la
política del Gobierno y, por tanto, no soluciona el problema que
existe en este momento.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Valentín. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política
general para la adquisición de fármacos y otros productos
farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud, que se
somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
267; a favor, 102; en contra, 153; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CALATÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO
PARA AFRONTAR, DESDE EL SISTEMA PÚBLICO Y EN COLABORACIÓN CON EL
SECTOR PRIVADO, LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA. (Número de expediente
173/000066.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para
afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector
privado, las situaciones de dependencia.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la correspondiente
moción consecuencia de interpelación, sobre medidas de carácter
general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar, desde
el sistema público y en colaboración con el sector privado, las
situaciones de dependencia. El debate que planteó nuestro grupo
parlamentario la semana pasada con el ministro de Trabajo y la moción
que hoy presentamos pretenden impulsar la participación de las Cortes
Generales en la definición de las grandes líneas de futuro de la
política de dependencia que se deberá desarrollar en
España en los próximos años. Proponemos reforzar uno de los debates
de futuro más importantes que debe abordar la sociedad.
El debate del miércoles pasado puso de manifiesto determinadas
coincidencias con el análisis que hacía el señor ministro de las
cuestiones relacionadas con la dependencia: el reto demográfico, la
asunción de esa presencia importante y masiva de las personas mayores
en nuestra sociedad, las necesidades sociosanitarias que se deriven
de esa mayor presencia de las personas mayores, las transformaciones
en los comportamientos de las familias, la dimensión europea de este
debate, reforzada con la cumbre de Lisboa de marzo del 2000, la
necesaria presencia de la mujer en el mercado de trabajo, la
necesidad de articular un concepto de dependencia que supere
estrictamente el concepto de las personas mayores y permita
incorporar a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, con
enfermedades terminales, con demencias, con discapacidades físicas
que afectan al sistema nervioso central y con graves trastornos de
conducta. Por tanto, una concepción amplia de las dependencias. La
coincidencia en las políticas que el Estado español deberá impulsar
en esta materia deben ser el resultado de un amplio debate social y
político. Hoy es imposible imaginar la configuración de estas
políticas sin escuchar a las administraciones autonómicas, a las
administraciones locales, al sector privado de carácter lucrativo, al
tercer sector de carácter no lucrativo y a los agentes sociales.
Desde la coincidencia de que esta política, que debe ser
necesariamente duradera y sostenible, debe ser fruto de un amplio
consenso político e institucional.
Estas cuestiones son las que nos permiten entender que es necesario
impulsar un pronunciamiento político claro e inequívoco en la
necesidad de articular en el seno del Parlamento este debate sobre
las políticas de dependencia. Es evidente -y la semana pasada así se
puso de manifiesto, y el debate que estos días, poco o mucho, existe
en nuestra sociedad; quizás aún con poca trascendencia pública, pero
es evidente que en los sectores profesionales implicados en estas
cuestiones ese debate ya está abierto- que existen cuestiones que no
tenemos resueltas, desde la financiación de estas nuevas políticas
sociales, pasando por la insuficiencia de los actuales recursos
destinados a las mismas, el nivel de desarrollo de la participación
de los seguros privados en estas contingencias, la implementación de
la cooperación entre el sector sanitario y el sector social, la
articulación de las prestaciones que se deriven de la atención a la
dependencia, su nivel de gratuidad o de pago por parte de los
usuarios, la configuración de los mercados proveedores de dichos
servicios, la articulación con relación a las competencias que hoy
tienen las
comunidades autónomas en esta materia, en el caso de Cataluña
evidenciando que si es necesaria esta presencia de la dimensión
autonómica no es tan sólo porque lo marquen los títulos
competenciales correspondientes, o porque creamos que la proximidad
de esos servicios a los ciudadanos necesitan una gestión desarrollada
desde el ámbito autonómico, sino sobre todo porque la provisión de
esos servicios en el Estado es muy diferente. Señorías, en opinión de
nuestro grupo parlamentario, son cuestiones que configuran parte del
debate a impulsar en los próximos meses, junto con una discusión
importantísima, que es el relativo a la transición a ese modelo de
atención a la dependencia de carácter universal desde la actual
situación, seguramente, de un modelo más graciable, más de
voluntariedad de las administraciones públicas, en función de sus
competencias. Eso forma parte del debate que debemos impulsar en esta
legislatura.
Convergència i Unió, el miércoles pasado, no pretendió abrir un
debate sobre la actual política de atención a la dependencia que
desarrolla el Gobierno del Estado español ni sobre los niveles de
estas actuaciones que puedan desarrollar las comunidades autónomas.
Es evidente que ahí podríamos tener puntos de coincidencia con lo que
manifestaba el señor ministro, pero también -estoy seguro- con
determinadas consideraciones que los grupos de la oposición podamos
hacer: desde la mala financiación de los planes concertados -desde la
perspectiva del Grupo Parlamentario Catalán-, hasta la necesidad de
lo que el Gobierno ha hecho bien, como es articular una primera
política de conciliación de la vida familiar y laboral. En la
interpelación Convergència i Unió exponía los grandes objetivos en
esa materia, a medio y largo plazo.
La moción que hoy presentamos marca tres grandes ejes. En primer
lugar, que el Gobierno presente a la Cámara, antes de finalizar el
año 2002, una comunicación sobre sus líneas maestras de política de
atención a la dependencia, enlazando esa fecha con la finalización de
los trabajos que debe realizar el grupo que se indica en el acuerdo
de mejora de la protección social al que llegó el Gobierno con los
agentes sociales. En segundo lugar, que el Gobierno...
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, muchas gracias, pero su tiempo
ha concluido.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, si me deja un
minuto, digo dos cosas más.
La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, esta Presidencia puede darle
un minuto, pero insisto en lo que le dije la semana pasada. Hay un
acuerdo de Junta
de Portavoces de cumplir estrictamente los cinco minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sólo 20 segundos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: 20 segundos, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Y dos puntos más: impulsar un amplio
pacto institucional y facilitar a la Comisión no permanente del Pacto
de Toledo los contenidos materiales necesarios para incorporar esta
cuestión a las recomendaciones que los grupos parlamentarios
aprobaremos dentro de unos meses.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, Coalición Canaria quisiera felicitar al Grupo
Catalán por traer esta iniciativa a la Cámara y abrir un debate que
va a formar parte de los principales retos que tenemos que afrontar
para el mantenimiento y la mejora del Estado de bienestar, no sólo en
el presente, del cual podemos estar disfrutando las generaciones que
hoy vivimos en España, sino pensando en las que están por crecer y
por nacer. El mantenimiento futuro de parte de nuestro Estado de
bienestar va a depender precisamente de la capacidad de resolver no
sólo el día a día de los prestaciones sociales que hoy se demandan,
sino de la visión estratégica que se tenga para dar respuesta a las
nuevas necesidades, afrontando con agilidad las nuevas demandas de
una sociedad como la nuestra, que está sometida a cambios constantes
y profundos. Entre los principales cambios a los que estamos
sometidos están los demográficos, además de los sociales y
económicos, así como los culturales. La incorporación de España a la
vida europea ha sido, si nos comparamos con otros países europeos de
nuestro entorno, relativamente más reciente; pero también es cierto
que no por ser de los últimos somos de los más lentos. En muchos
casos lo estamos haciendo de una forma bastante acelerada, lo que nos
obliga también a tener respuestas más ágiles y más rápidas para que
estos procesos se hagan sin perder cohesión social y sin producir
fracturas importantes. Si nosotros observamos las tendencias
demográficas en España, por ejemplo, veremos que de ser un país con
elevadas tasas de natalidad
hemos pasado a un periodo de transición hacia una población con
tendencia a envejecer y lo hemos hecho de una forma vertiginosa, de
manera que hoy por hoy encabezamos la lista de países con tasa de
natalidad más baja. Esto, unido también a que afortunadamente
encabezamos la lista de los países con mejores expectativas y
esperanzas de vida, nos lleva al importante incremento de la
población dependiente, tanto por razones económicas como por la
capacidad disminuida de realizar actividades de la vida cotidiana.
Además a estos acontecimientos, señorías, hay que añadir el de la
incorporación de la mujer al trabajo, los cambios en los roles, en la
configuración de la nueva familia y, en definitiva, la crisis de los
llamados cuidadores o cuidadoras informales, que todos sabemos que ha
sido fundamental y tradicionalmente un papel asumido por la mujer.
Aunque es cierto que cuando hablamos de población dependiente nos
referimos sobre todo a la tercera edad, no debemos olvidar que
también hay otros sectores de población dependiente por otras causas
en las que no vamos a profundizar. Sabemos que están apareciendo
nuevas patologías, incluso algunas que sin ser nuevas antes no eran
mortales -actualmente son susceptibles de tratarse-, pero sí que
producen de forma crónica invalideces y generan dependencias tanto
sanitarias como sociales.
No voy a extenderme, pues no es el momento, pero estoy convencida de
que todo lo que podamos avanzar para mejorar la respuesta social a
las situaciones de dependencia será positivo y extensible a todos los
colectivos que sufren situaciones de dependencia, sea cual sea su
causa.
Hemos presentado una enmienda de adición al primer punto de la moción
de CiU en la que se aborda la necesidad de incluir en el estudio y en
la valoración el desarrollo de propuestas de forma consensuada con
las comunidades autónomas, tal como plantea la propia moción de CiU,
propuesta de definición de catálogo de derechos y prestaciones
sociales básicas ante las situaciones de dependencia. En España no
hay tampoco una ley básica de servicios sociales como la que hay, por
ejemplo, en sanidad, la Ley general de sanidad, lo que retrasa las
políticas de servicios sociales y su adecuada dotación
presupuestaria, generando estas ausencias efectos negativos. Todos
somos conscientes de que al final gran parte de estas deficiencias
terminan recargando el sistema sanitario de una forma inadecuada,
recargando las prestaciones sanitarias, desbordándolas a veces ante
una demanda que no puede ser correctamente satisfecha desde una
prestación estrictamente clínica o asistencial, de asistencia
sanitaria, y que debe ser, por tanto, encauzada desde un ámbito mixto
sociosanitario
o en algunos casos desde un ámbito exclusivamente social.
La señora PRESIDENTA: Señora Julios, muchas gracias; su tiempo ha
concluido.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta, gracias,
señorías.
Izquierda Unida va a apoyar la moción de Convergència i Unió en la
medida en que constituye una necesaria reflexión sobre la mejora de
la calidad de vida de las personas más necesitadas en la sociedad
española. Dentro de estos grupos desfavorecidos se encuentran las
personas más mayores, que siempre a partir de una cierta edad
mantienen alguna disfunción motora y, por tanto, algún grado de
necesidad de asistencia. Hablamos de casi un millón y medio de
personas de más de ochenta años y casi siete millones que superan los
sesenta y cinco años, de los que el 14 por ciento cuenta con algún
problema de dependencia. Según el Consejo de Europa por dependencia
se entiende aquella persona que por razones ligadas a la falta o a la
pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tiene necesidad
de asistencia o ayuda importante para la realización de las
actividades de la vida diaria y cotidiana. Los expertos que trabajan
en este campo, señorías, estiman que hay 1,5 millones de personas con
algún grado de dependencia y que 700.000 personas más requieren
atención directa y personal. El gasto para la atención a estas
personas se cifra en 1,2 billones de pesetas y son las familias, las
comunidades autónomas, el Estado y otras instituciones las que
soportan este gasto. Nos referimos también a un sector que funciona
en buena parte bajo el esquema de economía sumergida, una situación
que a todas luces debe ser regulada de modo inmediato. Hablamos,
pues, de un sector, el de la asistencia a las personas dependientes,
que puede convertirse, por otra parte, en un potente sector económico
-eso que llaman los especialistas los nuevos yacimientos de empleo-,
en el que las aspirantes fundamentales somos las mujeres, que podría
traducirse más o menos en 300.000 nuevos puestos de trabajo.
La alternativa en la que trabaja el Gobierno es regular el seguro de
dependencia. Detrás de esta perspectiva se encuentra el interés
mercantil de aseguradoras y reaseguradoras.Sin embargo, no escuchamos
ninguna
idea sobre el incumplimiento a todas luces de los objetivos y de las
prácticas comprometidas por el plan de gerontología que se refieren,
por ejemplo, al porcentaje de plazas para mayores en residencias, a
la necesaria extensión de la ayuda domiciliaria -este ha sido uno de
los temas que hemos tratado hoy en la Comisión del Defensor del
Pueblo-, a plazas de teleasistencia o al desarrollo de programas
sociosanitarios. Lo que proponemos es plantear servicios
sociosanitarios suficientes y eficaces para el tratamiento de estas
personas, creados dentro de la esfera pública, siendo complementario
en todo caso el papel de la empresa privada, favoreciendo a empresas
y a entidades sin ánimo de lucro que operen bajo la relación
administrativa de conciertos. Este criterio, señorías, señor
Campuzano, explica alguna de las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y que desgraciadamente usted
no ha tenido en cuenta o no ha podido considerar.
Otro de los puntos de discrepancia es este plazo de año y medio que
plantea el resto de la moción. El Gobierno ha tenido dos
legislaturas, señor Campuzano, dos legislaturas completas para poner
en marcha el plan gerontológico nacional y esta acción que se propone
sería únicamente complementaria de aquél. No compartimos, por tanto,
su idea de incluir el sector empresarial en el texto de la moción; no
deseamos subvencionar a empresas lucrativas, aunque están haciendo un
buen servicio en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. No
estamos de acuerdo con subvencionar a estas empresas o a otras de
cualquier signo -no voy a decir ningún nombre-, sino que queremos
aplicar el incentivo de la subsidiación al campo antes mencionado del
sector público, señor Campuzano, y a las empresas sin ánimo de lucro.
Es imprescindible que la propuesta que se hace al Gobierno determine
la eficacia, la eficiencia y la suficiencia del plan para evitar
encontrarnos ante un nuevo ejercicio de política virtual. Al mismo
tiempo, esta política debería servir para potenciar las empresas de
economía social; no podemos permitir que los empresarios de este
sector se enriquezcan a costa de las necesidades de los más débiles
ni tampoco podemos permitir que empresas sin ánimo de lucro compitan,
rebajando la calidad de las prestaciones y de sus servicios, con
grandes grupos financieros.
Nuestras enmiendas, pues, entiende esta diputada, permitirían en
buena medida mejorar el futuro inmediato de nuestros ciudadanos,
sobre todo de los mayores, de los hombres y mujeres mayores que
sufren discapacitaciones. Unicamente me resta decir, señorías, que a
pesar de la falta de generosidad de Convergéncia i Unió el Grupo de
Izquierda Unida va a votar a favor de la propuesta.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero decir que nos ha llamado poderosamente la
atención ver la inclusión de una interpelación sobre el tema de la
dependencia, máxime teniendo en cuenta que el día 23 de marzo nuestro
grupo parlamentario presentó una proposición no de ley con este mismo
fin. Produce un cierto rubor ver el contenido de la moción porque lo
único que se pretende es dilatar en el tiempo la asunción de medidas
frente a este problema. Digo que produce sonrojo, señorías, porque es
necesario, como ha dicho un interviniente anterior del Grupo
Parlamentario Popular, que la oposición tiene que colaborar con el
Gobierno. Pues bien, vamos a colaborar, pero tenemos que recordar los
incumplimientos que en esta materia ha efectuado el Gobierno del
Partido Popular.
En el año 1999, señorías, a instancias del Grupo Parlamentario
Popular, se presentó una enmienda a la Ley de presupuestos del año
2000. En la misma se daba un plazo de seis meses a la Dirección
General del Seguro para presentar un informe relativo al seguro de
dependencia. Todavía -y estamos en mayo del año 2001- no ha sido
presentado a la Cámara. Segundo, cuando se finalizaron las
transferencias en materia de servicios sociales a las comunidades
autónomas se acordó en una conferencia sectorial elaborar un plan
gerontológico; pues bien, el Partido Socialista cumplió este
compromiso, elaboró el primer Plan gerontológico y todavía estamos
esperando, desde el año 1997, que el Gobierno elabore el segundo
plan. Tercero, no podemos pasar por alto el plan de Alzheimer.
Señorías, ha habido tres iniciativas parlamentarias presentadas por
Convergéncia i Unió, por el Grupo Federal de Izquierda Unida y por el
Grupo Parlamentario Popular, tres iniciativas en las que se daba seis
meses al Gobierno para elaborar el plan de Alzheimer. Nos consta que
después de seis borradores todavía estamos esperando en esta Cámara
la remisión del plan de Alzheimer. ¿Por qué? Porque las comunidades
autónomas, cuando vieron que el borrador que les proponía el Gobierno
del Partido Popular no llevaba aparejada ninguna cuantía económica,
decidieron no aprobar dicho plan y, por tanto, ha dormido el sueño de
los justos.
Podemos referirnos a sus compromisos presupuestarios, señorías, con
relación al tema de la dependencia. En el plan gerontológico han
incrementado 835 millones. ¿Saben cuánto han incrementado para el
ámbito de las inversiones? Siete millones de pesetas. Con eso podemos
hacer muchísimo en colaboración con las comunidades autónomas. Año
tras año han rechazado las enmiendas que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista y nos parece un sinsentido, señorías, porque
en la política social es donde se ven las diferencias y aquí
realmente lo que queda claro, patente y demostrado es que está
gobernando la derecha. Parece urgente también analizar el papel que
Convergència i Unió ha desempeñado en esta moción, que nos parece un
brindis al sol, porque realmente lo que hace es ralentizar y dilatar
en el tiempo los compromisos que tiene que asumir el Gobierno.
Señorías, si tuviésemos el informe de seguro de dependencia que hace
año y medio debía estar hecho y se solicitó por parte de ustedes, del
Grupo Parlamentario Popular; si hubieran actuado con rigor en la
elaboración del plan gerontológico; si estuviera confeccionado el
plan de Alzheimer con una serie de propuestas económicas que lleva
aparejadas, más de la mitad del trabajo estaría concluido y no sería
necesaria esta actuación. El acuerdo para la mejora y el desarrollo
del sistema de protección social es cierto que en el punto octavo ha
incluido el tema de la dependencia, pero lo ha incluido sin ningún
compromiso añadido a este tema. Quiero, desde esta tribuna, señorías
-y tenemos la obligación de hacerlo-, agradecer y alabar el trabajo
de los funcionarios expertos en esta materia, de las ONG que están
vinculadas, de los agentes sociales. Realmente este es un problema
que abarca una inmensidad de personas, estamos hablando de más de
millón y medio de personas dependientes, de personas que necesitan el
plan gerontológico, el plan Alzheimer y el compromiso de un proyecto
de ley sobre el seguro de la dependencia. ¿Para cuándo esperan
acometerlos? Puede que con estos ritmos se les pase también la VII
Legislatura, como ya ocurrió con la VI, pero si no cumplen el
mandato, si no cumplen la atención de los estados de necesidad de las
personas, cada día estarán más cerca de perder el Gobierno.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cortajarena.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Buenas noches, señorías. Nosotros agradecemos el debate que se ha
suscitado ahora en la Cámara y me parece que es un debate importante,
probablemente uno de los grandes debates del inicio del siglo XXI en
cuanto se refiere a la sociedad de bienestar. Se ha dicho por alguno
de los intervinientes que es un debate que concierne a lo que es el
envejecimiento de la población, a los cambios demográficos de la
sociedad española, a las técnicas sanitarias que afectan a la
prolongación de la vida, al llamado espacio sociosanitario y su
definición, a la terapia génica, a las nuevas posibilidades técnicas
y también afecta a los cambios sociales, como he dicho hace un
momento, y a la transformación de la familia, a la soledad en
determinados supuestos de nuestros conciudadanos, a la dependencia
económica, al aseguramiento privado, a la estabilidad del sistema de
la Seguridad Social, a las transformaciones sociales, a las
minusvalías, a la incapacidad de dementes y a las incapacitaciones
civiles que también en esos estadios de la enfermedad se pueden
plantear. Se trata, en consecuencia, de una cuestión compleja y
multidisciplinar, afecta, por una parte, a diversas instituciones y a
las comunidades autónomas, en primer lugar, pero materialmente
también afecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la
sanidad, a Hacienda, a la Seguridad Social, a la educación y, cómo
no, al Ministerio de Administraciones Públicas.
Nosotros agradecemos este debate, que en el tiempo se profundizará
sin duda. Hemos formulado una enmienda porque el Gobierno del Grupo
Popular el día 9 de abril suscribió un acuerdo con Comisiones Obreras
y con la patronal, en cuyo punto octavo se establecía un capítulo en
torno a la dependencia, la dependencia como fenómeno global, como
cuestión integral, como problema que debemos abordar progresivamente
y en profundidad, como cuestión compleja y también como cuestión que
va a requerir la utilización de recursos públicos de todas las
administraciones implicadas en cuantías que probablemente hoy poco
imaginamos, por lo que he escuchado hasta el momento. Y nuestra
enmienda, concorde con este acuerdo que ha suscrito justamente el
Gobierno con los interlocutores sociales, hecha excepción de la Unión
General de Trabajadores, plantea que se remita a esta Cámara antes de
finalizar el año 2002 un informe sobre las propuestas que elabore la
comisión creada en el apartado octavo del acuerdo para la mejora y el
desarrollo del sistema de protección social sobre la política, y
seguimos ya con el texto que ha planteado Convergència i Unió.
El punto segundo de nuestra enmienda de sustitución supone impulsar
un amplio debate político y social con las administraciones públicas,
organizaciones sociales, el tercer sector y el sector privado sobre
los
ejes de la política de atención a la dependencia, con la finalidad de
desarrollar una política estable y sostenida de atención a las
personas dependientes. Y eso lo hacemos dentro de un ámbito en el
cual los interlocutores sociales, estudiando el Pacto de Toledo y la
viabilidad del sistema de Seguridad Social, nos han dicho que son
conscientes de que el fenómeno de la dependencia está adquiriendo
actualmente una dimensión inédita, debido básicamente al aumento de
la esperanza de vida, y que su solución es compleja y exige el
esfuerzo de todos y de todas las administraciones que son competentes
y están implicadas en la materia. En consecuencia, afirma el acuerdo
que en el plazo de tres meses se constituirá una comisión de trabajo
con la participación de los ámbitos competentes en las tres
administraciones públicas (la general, la autónomica y la local) con
la finalidad de llevar a cabo un análisis y elaborar las propuestas
adecuadas sobre el marco jurídico en el que ha de incardinarse la
cobertura de las situaciones de dependencia, así como elaborar las
líneas básicas de actuación en esta materia, cuyos trabajos deberán
estar finalizados antes del 30 de junio del año 2002. Por
consiguiente, nosotros, ante este compromiso de que exista este
informe antes del 30 de junio del año 2002 y sabiendo como sabemos
que son inhábiles los meses de julio y agosto, hemos puesto como
fecha tope la finalización del año 2002 para que el informe pueda ser
presentado en la Cámara.
No puedo concluir, señora presidenta, ante esta complejidad
reconocida por quienes actúan de forma directa en la materia y que
recogen un compromiso de hacer un informe y traerlo aquí, sin
recordar que se pueden criticar muchas cosas, pero no se deben
olvidar otras. Si hay un plan de Alzheimer es porque el Gobierno del
Partido Popular lo hizo, ya que hasta entonces no existía ninguno que
contemplara el tratamiento de esta demencia senil; si hay un
incremento, creo recordar, en el presupuesto de este año del 37 por
ciento, ha sido por el Gobierno del Partido Popular y si hay un
acuerdo sobre la dependencia, lo ha sido también, como acabo de
exponer, por un acuerdo suscrito por nuestro Gobierno. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor Campuzano, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de
las enmiendas.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Hemos facilitado a los servicios de la Cámara y éstos a los diversos
grupos parlamentarios la enmienda transaccional que supone aceptar
los puntos 1 y 2 de la propuesta
del Grupo Popular más un añadido de la enmienda de Coalición
Canaria, manteniendo el punto 3 del Grupo de Convergència i Unio en
su literalidad. Esta es la propuesta, por tanto, que sometemos a
votación, lamentando no poder aceptar las propuestas de los grupos
parlamentarios de Izquierda Unida y del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que
tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar desde el sistema
público, y en colaboración con el sector privado, las situaciones de
dependencia. Se somete a votación en los términos derivados del
debate y de acuerdo con el texto transaccional expuesto por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
260; a favor, 162; en contra, 97; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.
ENMIENDAS DEL SENADO
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA
SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO,
Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE
FEBRERO. (Número de expediente 121/000032.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: enmiendas del
Senado. Proyecto de ley por la que se modifica la disposición
transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, procedente del Real Decreto-ley
2/2001, de 2 de febrero. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra la señora Urán. (Rumores.)
Ruego silencio, por favor. Hay una diputada esperando para hacer uso
de la palabra. Les ruego que ocupensus escaños y guarden silencio.
Adelante, señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida va a votar en contra de las enmiendas que el Senado
ha introducido al proyecto de ley de modificación de la disposición
transitoria sexta de la Ley del sector eléctrico y a la modificación
de Ley de defensa de la competencia. Al mismo tiempo, el Senado -como
viene siendo habitual, aspecto al que nos tiene acostumbrados- ha
incluido una modificación a una ley que nada tiene que ver con lo que
debatimos en esta Cámara con respecto a estas modificaciones.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Urán, por favor. (Pausa.)
Adelante.
URÁN La señora GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Desde el Senado, a través de sus enmiendas, se ha introducido una
modificación a determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre introducción del euro. A nosotros nos parece muy
bien que el Gobierno intente aprovechar cualquier iniciativa que está
en debate en las Cámaras para subsanar aquellos olvidos que se le
producen y, desde luego, éste nos parece que es de los más
clamorosos, puesto que se está haciendo campaña por todo el Estado
para que las empresas adecuen sus instalaciones y sus
infraestructuras a la entrada en vigor del euro en nuestro país, pero
-mira por donde- al propio Gobierno se le había olvidado que tenía
que modificar la Ley de introducción del euro para poder acomodar los
redondeos en diferentes tramos. Nosotros no vamos a entrar a valorar
si es correcta o no la modificación que hace el Gobierno, porque,
entre otras cosas, estamos cansados de criticar constantemente que el
Gobierno utilice de una manera fraudulenta desde nuestro punto de
vista las enmiendas del Senado para introducir modificaciones
legislativas que impiden el debate en el Congreso de los Diputados y
que impiden a los grupos parlamentarios presentar enmiendas.
Sencillamente, se nos da como un hecho consumado y para eso,
señorías, no necesitamos una Cámara de representación como la que
tenemos en este país y que, desde luego, merece todos los respetos de
mi grupo parlamentario, pero no parece que los merezca así del propio
Gobierno.
Por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de esta modificación
y vamos a votar en contra también de la modificación que se ha
introducido a la disposición transitoria sexta de la Ley del sector
eléctrico, entre otras cosas porque, además de que no ha aportado
nada
el debate en el Senado, introduce una modificación que, a nuestro
juicio, sólo va a llevar al Estado a una serie de pérdidas por
ingresos en el impuesto sobre sociedades. Señorías, que las empresas
puedan descontarse en un ejercicio las posibles pérdidas que la
introducción de la competencia en el mercado les haya podido producir
significa que en ese ejercicio el Estado va a dejar de tener los
ingresos necesarios para mantener su nivel de funcionamiento, incluso
el nivel de las prestaciones no solamente con esta medida sino
también con las otras muchas que desde el Gobierno se están
planteando. También se establece un mecanismo que es poco
transparente, porque, además de no ser transparentes ya los costes de
transición a la competencia que ustedes se empeñan en seguir
reconociendo en este texto legislativo, introducen más beneficios
para un sector que, desde luego, no merece la caridad de esta Cámara
y mucho menos el beneficio tan amplio que se les está otorgando en su
funcionamiento. Supongo que muchos sectores de nuestra economía
habrían pretendido un paso a la libre competencia en las mismas
condiciones que lo ha tenido el sector eléctrico, al que ustedes
deben de seguir debiendo muchos favores, porque siguen
beneficiándoles de una manera bastante descarada, bajo nuestro punto
de vista.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el trámite final de un real decreto-ley que podríamos
calificar de cajón de sastre, pero de desastre, de verdadero
desastre, porque, como ya hemos dicho en todos los debates que se han
ido celebrando y que han sido varios, como real decreto, como
proyecto de ley y en las enmiendas a la totalidad, lo único que ha
reflejado ha sido una política errática del Gobierno en materia
energética. Una política errática cuyo reflejo ha sido precisamente
la historia de los CTC, que se inició en la anterior legislatura con
un ministro de triste recuerdo no sólo porque hizo desaparecer el
Ministerio de Industria, sino también por otras razones, que se
empeñó en dar luz a unas compensaciones a priori por costes de
transición a la competencia y con la posibilidad de que fueran
pagadas de una vez a través de la titulización, cuando lo único que
la Ley eléctrica reconocía era la posibilidad de establecer unas
compensaciones a posteriori cuando hubiera un mercado competitivo.
Este era el marco, se pretendió en esta legislatura, por un
problema muy concreto como fue la cuestión de la fusión de las dos
grandes empresas eléctricas, arreglar el tema de los costes de
transición a la competencia y se hizo un real decreto, se supone que
por motivos de urgencia, que todavía en estos momentos estamos
debatiendo porque ha sido producto de una serie de enmiendas por
parte del grupo proponente o por el grupo que apoya al Gobierno, que
es el que propone el proyecto de ley. Unas enmiendas por las que en
este trámite del Congreso se introduce una modificación a un proyecto
de ley de dos artículos que modifica dos leyes. Se introduce en el
Congreso una enmienda que modifica la elección de los miembros del
Tribunal de Defensa de la Competencia, que no tiene nada que ver,
pero es que finalmente llegamos al Senado y se introducen dos nuevas
enmiendas, una de las cuales lo único que pretende es arreglar un
problema contable de las empresas a la hora de computar los CTC y que
lógicamente mi grupo no apoya porque no acepta la valoración que se
hace de los costes de transición a la competencia. La segunda
enmienda que se introduce en el Senado, como bien ha dicho la
portavoz que ha intervenido anteriormente, lo único que pretende es
arreglar un olvido del Gobierno, olvido del Gobierno que resulta
francamente chocante, pero haciendo un análisis se ve que hay un
problema con las tarifas, y en este caso, hablando del sector
eléctrico, consideramos que es mejor arreglarlo a que las cosas
queden mal. Por tanto, mi grupo parlamentario apoyará la disposición
adicional de introducción o modificación de la ley del euro para
ordenar el tema tarifario. En cambio, votará que no al punto 6 del
artículo 1, que responde a la contabilización de los CTC. De todas
formas, resulta triste que tengamos que estar haciendo, y no sólo con
la Ley de medidas fiscales de fin de año, esa recogida de ley escoba,
y que incluso cuando pretendemos arreglar un tema concreto, como es
el caso del señor Rato con la fusión de las eléctricas, nos
dediquemos a recoger con este real decreto todo lo que queda por el
camino. Nada más. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor
Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Presidenta, señorías, en cuanto a las dos
enmiendas, quiero destacar en la primera, la relacionada con el euro,
que en el tema de fondo hay un amplio consenso entre la mayoría de
los grupos parlamentarios. El amplio consenso es sobre que era
necesario elevar esa normativa a rango de ley. Cuando en el fondo se
está de acuerdo, los problemas de forma, si se hace o no a través de
una enmienda del
Senado, cobran menos importancia. Comprendo lo que usted ha dicho
sobre las enmiendas del Senado cuando se trata de problemas en los
que en el fondo hay una gran discrepancia, pero cuando el propio
Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de esta enmienda en el
Senado, demos a la forma la importancia que tiene si resuelve un
problema en el que la gran mayoría de los grupos estamos de acuerdo
sobre que en el fondo debía ser resuelto.
En lo referente a la segunda, se trata de una enmienda técnica que,
dado un sistema ya aprobado por el Congreso y por el Senado
relacionado con los CTC, lo hace más coherente. En ese sentido,
lamento la profunda discrepancia, como he dicho, con los dos grupos
anteriores, por ejemplo, con el Grupo Parlamentario Socialista,
porque su postura lógica debería ser decir: dado que tengo un enfoque
distinto, errático, cambiante -ya en los «Diario de Sesiones» viene
la maestría en los cambios de postura y en la contradicción que ha
tenido dicho grupo en estos temas relacionados con la energía, entre
ellos en los CTC-; dado que se aprueba o que se va a aprobar un
bloque concreto, si el Grupo Parlamentario Socialista piensa que su
última idea, la de ahora, la última, es diferente, lo lógico sería en
último grado que se abstuviera diciendo: ese no es mi campo de juego,
luego en una enmienda que lo que hace es más coherente el campo de
juego del otro, me abstengo. Pero votar en contra de algo que en todo
caso hace más coherente lo que se va aprobar, no tiene lógica.
Acabaré diciendo que hoy aprobamos por fin una normativa legal que
tiene su origen en este decreto-ley y que lo que da es... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gámir, por favor. Señorías,
ruego guarden silencio, es imposible escuchar las intervenciones.
(Pausa.)
Adelante, señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Gracias, señora presidenta.
Quisiera destacar que lo que se hace con ello es incrementar la
concurrencia, la competencia del sector energético. El sector
energético que se heredó en el año 1996 no va a tener nada que ver
con el sector energético que el Partido Popular va a dejar en
funcionamiento después del año 2003. En el año 2003 habrá una total
liberalización desde el lado de la demanda; y desde el lado de la
oferta, el sector será mucho más concurrencial, mucho más
competitivo. Para que sea mucho más concurrrencial, mucho más
competitivo hay que aprobar normas como las actuales. En resumen, va
a haber dos sectores eléctricos o dos sectores
energéticos muy distintos: el que recordaremos del año 1996,
prácticamente de planificación central, y un sector liberalizado
desde la demanda y adecuadamente competitivo desde la oferta, que es
el que Partido Popular podrá presentar a las próximas elecciones del
2004. Entre ellos dos, la sociedad decidirá.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamir.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la
disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del sector eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de
17 de julio, de defensa de la competencia.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas al artículo 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
252; a favor, 159; en contra, 93.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Resto de las enmiendas del Senado del citado proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
251; a favor, 247; en contra, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto de las enmiendas del
Senado del referido proyecto de ley.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.